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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 20, de 05/06/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 20
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON FRANCESC HOMS I FERRET
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles, 5 de junio de 1996
ORDEN DEL DIA:
Aprobación de la delegación en favor de la Mesa a la que hace referencia
la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de noviembre de 1983,
en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los
Diputados (Página 172)
Aprobación de la celebración de las comparecencias del señor Ministro de
Industria y Energía (Piqué i Camps). A propuesta de la Mesa y portavoces
de la Comisión, acordada en su reunión del día 22 de mayo de 1996.
(Números de expedientes 213/000011 y 213/000024) (Página 172)
Nombramiento de la Ponencia especial del Informe del primer semestre de
1995, del Consejo de Seguridad Nuclear. (Número de expediente 401/000001)
(Página 172)
Comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps),
para informar sobre:
--Previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000011) (Página 173)
--Líneas generales y proyectos a desarrollar por su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 213/000024) (Página 173)
--Líneas generales de la política de su Departamento. A petición propia.
(Número de expediente 214/000008) (Página 173)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
--APROBACION DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA A LA QUE HACE
REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la Comisión de Industria, Energía y
Turismo. Doy la bienvenida a todas sus señorías. Empezamos formalmente la
segunda sesión de esta Comisión y más exactamente los primeros trabajos
parlamentarios de esta Comisión en esta legislatura.
Quiero dar, en nombre de toda la Comisión y en nombre de la Mesa, la
bienvenida al señor Ministro, y procedemos a iniciar el orden del día que
tenemos establecido.
El primer punto es la aprobación, en su caso, de la delegación en favor
de la Mesa a la que hace referencia la resolución de la Presidencia de la
Cámara, de 2 de noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del
Reglamento del Congreso de los Diputados. De acuerdo con lo establecido
por la Mesa y Junta de Portavoces, procede someter a la aprobación por
parte de la Comisión el siguiente acuerdo: la Comisión resuelve delegar
en la Mesa, oídos los portavoces de los grupos parlamentarios en la
misma, las facultades conferidas por el artículo 44 del Reglamento de la
Cámara, siempre y cuando el acuerdo se adopte por unanimidad. De lo
contrario, se someterá la decisión final al parecer de la Comisión.
¿Aprueban todas SS. SS. esta decisión? (Asentimiento.) Queda aprobada.
--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DEL SEÑOR MINISTRO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA (PIQUE I CAMPS), A PROPUESTA DE LA MESA Y
PORTAVOCES DE LA COMISION, ACORDADA EN SU REUNION DEL DIA 22 DE MAYO DE
1996. (Números de expediente 213/000011 y 213/000024.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es
aprobación de la celebración de la comparecencia del excelentísimo señor
Ministro de Industria y Energía, a propuesta de la Mesa y portavoces de
la Comisión, acordada en su reunión del día 22 de mayo de 1996.
¿Aprueba también la Comisión esta comparecencia? (Asentimiento.) Queda
aprobada.
--NOMBRAMIENTO DE LA PONENCIA ESPECIAL DEL INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE
1995, DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. (Número de expediente
401/000001.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto, nombramiento de la ponencia
especial del informe del primer semestre de 1995 del Consejo de Seguridad
Nuclear. Sin perjuicio de que todas SS. SS. conozcan exactamente la
composición de esa ponencia especial encargada del estudio del informe de
las actividades realizadas por el citado Consejo durante el período
correspondiente al primer semestre de 1995, procedo a leer los nombres de
los miembros que van a constituir esta ponencia. Si una vez relacionados
hubiera alguna observación a comentar, ruego a los portavoces que me lo
señalen y lo corregiríamos. Por parte del Grupo Parlamentario Popular,
tres miembros, que van a ser don Antonio Landeta Alvarez-Valdés, don
Federico Souvirón García y don Luis Navarro Elola; por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, dos miembros, don José Luis Ros Maorad y don
Gerardo Torres Sahuquillo; por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, doña Presentación Urán González; por
parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Joan
Miquel Nadal i Male; por parte del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), don
Joxe Joan González de Txabarri Miranda; por parte del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, don Jesús Gómez Rodríguez, y por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, don Francisco Rodríguez Sánchez.
¿Hay algún portavoz que quiera expresar alguna observación en relación
con esta ponencia? Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
El señor SANTISO DEL VALLE: Es para una cuestión muy sencilla. Dado que
ya tenemos en nuestro poder el informe del segundo semestre, yo sugeriría
que la ponencia se extendiera también, por tanto, al análisis del informe
del segundo semestre de 1995 del Consejo de Seguridad Nuclear.
El señor PRESIDENTE: Este era también el sentido del acuerdo que adoptó
la Mesa y Junta de Portavoces y, por consiguiente, procederemos a hacerlo
tal como usted ha indicado.
¿Hay alguna otra observación en cuanto a esa ponencia? ¿Aprueba la
Comisión esa ponencia y todos sus componentes? (Asentimiento.) Queda, por
consiguiente, constituida dicha ponencia, y que proceda, pues, a
desarrollar los trabajos que tenga que hacer en cuanto al contenido que
tiene encomendado.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (PIQUE I CAMPS),
PARA INFORMAR SOBRE:
--PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO, A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000011.)
--LINEAS GENERALES Y PROYECTOS A DESARROLLAR POR SU DEPARTAMENTO, A
SOLICITUD DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 213/000024.)
--LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO, A PETICION PROPIA.
(Número de expediente 214/000008.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día,
comparecencia del excelentísimo señor Ministro de Industria y Energía,
para informar sobre las previsiones y líneas generales a desarrollar por
su Departamento y las líneas generales y proyectos a desarrollar por su
Departamento, ambas iniciativas a instancias de dos grupos distintos, el
Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y también a petición propia por parte del
señor Ministro.
Por consiguiente, si les parece bien a SS. SS., vamos a concederle la
palabra al excelentísimo señor Ministro para que luego los dos grupos
proponentes hagan la primera intervención, y a continuación los restantes
de menor a mayor, concluyendo el Grupo Parlamentario Popular, y acto
seguido habría una réplica del señor Ministro y, si hubiera necesidad,
daríamos otra vez un turno de puntualizaciones, que en principio sería
deseable que no fuera necesario.
Por tanto, tiene la palabra el excelentísimo señor Ministro de Industria
y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchísimas
gracias, señor Presidente, componentes de la Mesa, señorías. Justo mañana
se cumple un mes de mi toma de posesión como Ministro de Industria y
Energía. La verdad es que, desde la perspectiva personal de este
Ministro, se trata de un tiempo escaso para aprehender y profundizar en
todos los aspectos y ámbitos de mi departamento ministerial con un
conocimiento preciso y profundo, pero también es cierto que es tiempo
suficiente para poderles esbozar ya las líneas generales de actuación de
mi Ministerio, los principios orientadores de su política y su puesta en
contraste, como es natural, con las fuerzas políticas parlamentarias que
todos ustedes representan.
En este corto período, acogido con ilusión y la verdad es que muchísimo
trabajo, hemos reorganizado el Ministerio con el nombramiento de su
equipo de dirección y se han establecido ya múltiples contactos y
análisis para ir acercándonos a la realidad industrial y energética de
nuestro país, que en definitiva es la base para la actuación del
Ministerio de Industria y Energía.
La realidad industrial española, como ustedes saben perfectamente, es una
realidad compleja, en algunos casos problemática, pero que tiene una base
sólida.
Me permitirán empezar mi intervención con algunos datos, desde el punto
de vista estructural y, después, seguiré con la situación coyuntural para
que veamos el contexto en el cual la actuación del Ministerio de
Industria quiere situarse.
Muchas veces se dice que en los últimos años se ha producido un proceso
de desindustrialización de nuestro país dado que, por ejemplo, en los
últimos quince años la participación de la industria en la producción
total se ha reducido sustancialmente, en algo más de cinco puntos
porcentuales.
Quisiera decir que esto es cierto, pero lo es en términos nominales. En
términos reales, es decir, desde el punto de vista de la base productiva,
esta participación se ha mantenido prácticamente estable, en torno al 28
por ciento del PIB en pesetas de 1986. Ello muestra, desde mi punto de
vista, que la pérdida de peso, en términos nominales, no se ha debido a
la pérdida de peso cualitativo de la industria en el conjunto de nuestra
economía, sino a una evolución de los pesos industriales mucho más
moderada que los precios de los demás sectores y, en particular, del
sector servicios.
Esto tiene efectos positivos dado que ha supuesto una menor contribución
a la inflación como resultado de la auténtica competencia global a la que
se somete a la industria, en particular desde nuestra adhesión a la
Comunidad Económica Europea en 1986, y a diferencia de muchos sectores en
el ámbito de los servicios que, como ustedes saben, por su propia
capacidad de protección frente al exterior, pueden subir sus precios de
manera superior a la de la industria.
Este mantenimiento del peso de la industria en términos reales ha sido
compatible con un intensísimo proceso de apertura de nuestra economía. En
términos reales el grado de apertura, es decir, la suma de importaciones
y exportaciones sobre el PIB, se ha doblado desde 1980 hasta 1995, ha
pasado de representar el 30 por ciento a representar el 60 por ciento.
Hay que hacer notar, además, que el peso de la industria en el producto
español es muy parecido al promedio comunitario y la participación del
empleo industrial, en cambio, es algo inferior a la media comunitaria, lo
que sugiere
que la productividad en nuestro sector industrial, por una serie de
razones que comentaré después si tengo ocasión, es ligeramente superior
incluso a la de la propia media comunitaria.
Estos pequeños datos muestran, desde mi punto de vista, que algunos
mensajes agoreros que han tratado de ligar nuestra apertura al exterior
con un intenso proceso de desindustrialización de nuestra economía, no
son ciertos. En realidad, la industria española ha sido, en general,
capaz de transformarse y sobrevivir a la creciente competencia externa.
Aunque quisiera añadirles un matiz; si se observan las series temporales
--y las tengo a disposición de SS. SS., si es necesario--, se verá que
normalmente la industria española ha reaccionado razonablemente bien a
todos los diferentes procesos de apertura al exterior que ha habido a lo
largo de nuestra historia. Fue así en el Plan de Estabilización, fue así
en el Acuerdo Preferencial de 1970 y también lo ha sido cuando se ha
producido nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea entonces, la
Unión Europea ahora.
Pero esto que es cierto en líneas generales --y desde luego hoy lo es--,
no lo ha sido en momentos en los que el entorno competitivo ha sido
excesivamente negativo en términos de tipo de cambio y en términos de
tipos de interés reales. Quiero decir, por tanto, que mi conclusión es
que nuestra industria es competitiva, es capaz de hacer frente a la
globalización de la economía, lo ha demostrado a lo largo del tiempo y en
los únicos períodos en los que ha pasado por auténticas dificultades --y
estoy pensando, por ejemplo, en los años 1990, 1991, hasta 1992-- ha sido
por una política macroeconómica poco consistente, poco coherente con las
necesidades de nuestro sistema productivo, en concreto, con un tipo de
cambio excesivamente apreciado, o con tipos de interés reales muy altos.
Cuando la situación se normaliza, desde el punto de vista del equilibrio
macroeconómico, nuestra industria es capaz --y así lo ha demostrado-- de
competir desde una base sólida.
También es cierto que la participación del empleo industrial en el empleo
total ha caído de forma significativa, más de seis puntos en estos
últimos quince años; pero ello también creo que es una muestra del
aumento de la productividad que ha tenido lugar en el sector industrial,
incluso, algo superior al de la Unión Europea, lo que me mueve a hacer
dos reflexiones: la primera es que el proceso de ajuste a la competencia
se ha hecho a través de inversiones intensivas en capital y ahorradoras
de trabajo, con fuertes aumentos de la formación bruta de capital en los
momentos buenos del ciclo económico. La segunda es que este proceso
agudiza la necesidad de buscar mecanismos, mediante el diálogo y la
negociación, que permitan la generación de empleo estable, sobre todo en
los sectores potencialmente generadores del mismo y en las nuevas
actividades ligadas a los nuevos servicios que se van desarrollando con
el crecimiento económico y la globalización de la economía.
En cualquier caso, estos datos --y con este termino esta reflexión
general-- muestran que nuestro tejido industrial es sólido, capaz de
competir, de adaptarse constantemente al entorno cuando éste es
favorable. Es verdad que España no cuenta, en general, con grandes
empresas multinacionales propias, como producto de un determinado proceso
histórico, pero sí cuenta con una clase empresarial en la industria que
ha demostrado sus cualidades --en contra de algunas opiniones, desde mi
punto de vista frívolas, que se han expuesto muchas veces desde los
ámbitos políticos o administrativos--, tenemos buenos empresarios y
probablemente lo que nos ha faltado muchas veces es una buena
Administración que haga una buena política económica orientada al
fortalecimiento de nuestro tejido productivo.
Esta es la situación, desde el punto de vista estructural, que anticipa
ya algunos de los principios inspiradores de la filosofía que va a tener
este Ministerio.
Desde el punto de vista coyuntural, la situación merece algunos
comentarios. El sector industrial, como ustedes saben perfectamente, fue
el que sufrió más intensamente la recesión de los años 1992 y 1993; pero
también al mismo tiempo, como suele suceder, ha sido el motor de la
recuperación en los años 1994 y 1995. Esta recuperación ha estado
liderada, desde el lado de la demanda agregada, por el dinamismo de las
exportaciones y después también por la formación bruta de capital, en
particular, en bienes de equipo.
Es cierto que desde el primero o el segundo trimestre del año 1995, según
los sectores, se observa una ralentización importante en la evolución
económica en general y en la producción industrial en particular. No
obstante, quisiera matizar varias cosas. De hecho, en otras fases de
recuperación, en experiencias cíclicas anteriores, también se ha
producido este tipo de --entre comillas-- «alto en el camino», como
proceso normal de adecuación de los stocks acumulados tras intensos
aumentos de producción registrados en trimestres anteriores en el momento
más intenso de recuperación.
También es verdad que, desde otra perspectiva, creo que hay una realidad
que debemos tener en cuenta permanentemente, que es que el ciclo
económico español está cada vez más íntimamente ligado al ciclo europeo
y, en particular, de la Europa continental, en un proceso rápidamente
creciente y al que nos debemos acostumbrar. Cada vez es más importante
para nosotros saber cómo se está comportando la economía alemana, o la
francesa, para saber cómo nos va a afectar a nosotros y de una manera,
además, muy significativa.
En cualquier caso, creo que hay unos signos para la esperanza que yo
centraría en dos ámbitos: por un lado, la estructura de costes de
nuestras empresas industriales está razonablemente saneada. Por una
parte, se mantiene la moderación salarial; por otra, los tipos de interés
han bajado sustancialmente y es previsible, y deseable desde luego, que
continúen bajando --ayer tuvimos una pequeña muestra por parte del Banco
de España--. Todo ello hace que la rentabilidad de las empresas se
mantenga en niveles elevados, probablemente los más altos desde el año
1987. Rentabilidad que, en general, se ha cursado vía incremento del
ahorro empresarial, aumentando inversiones en eficiencias de
coste,noengeneralen incrementosdecapacidad --creo que ésa es una buena
enseñanza derivada del ciclo anterior, en la que se produjeron intensos
incrementos de
capacidad de producción que, al caer la demanda, provocaron caídas de
precio extraordinarias y, sobre todo --y creo que eso es muy bueno--, ese
incremento del ahorro empresarial se ha dirigido a una disminución de los
endeudamientos de las empresas, con lo cual en estos momentos contamos
con balances bastantes más saneados, como nos dicen los propios datos del
Banco de España. Esto desde el lado de la oferta.
Desde el lado de la demanda, ustedes saben que la principal preocupación,
no estrictamente española, sino de todos los países de Europa, es que
este proceso de recuperación que ha habido desde finales de 1993 --que
empezó primero por el sector exterior y, después por la formación brutal
de capital y, por tanto, siguiendo un patrón normal y sano de crecimiento
económico-- no ha sido acompañado por un crecimiento intenso de la
demanda de consumo, que ha seguido mostrando debilidades. Esto es así en
todos los países de Europa, responde a causas muy complejas que creo que
no es objeto de esta Comisión analizar, pero sí quisiera introducir
algunos elementos de esperanza. De hecho, el índice de confianza de los
consumidores viene recuperándose desde mediados de 1995, también ha
habido un fuerte incremento del ahorro por parte de las familias, y el
crédito al sector privado también viene recuperándose desde estas fechas.
Hay otros datos que son muy coyunturales y que no me atrevería a decir
que fueran base para la consolidación de unas determinadas expectativas,
pero no me resisto a comentárselos a ustedes. Por una parte, la encuesta
de coyuntura industrial del mes de abril marca un cambio en la tendencia
negativa observada en la encuesta de coyuntura industrial del primer
trimestre; hay una mejora de las expectativas empresariales; creo también
que los últimos datos de paro y evolución del empleo de los meses de
abril y mayo pueden ser un signo para esa esperanza, y también es verdad
que, en el conjunto de la economía española, esperamos un buen año tanto
en el sector agrícola como en el sector turístico. Todo esto me lleva a
pensar que, probablemente, estemos más cerca de la opinión de aquellos
analistas que consideran que estamos haciendo un alto en el camino y que
el segundo semestre puede ser mejor que este primer semestre y, por
tanto, que el año que viene puede ser un buen año para la economía, que
no las tesis de otros especialistas que, sobre todo, fijándose en la
evolución de las economías europeas, creen que estamos en una fase de
desaceleración que va a ser más persistente. La respuesta nos la dará la
realidad, pero creo que, en cualquier caso, pase lo que pase, es
absolutamente necesario hacer, primero, una política macroeconómica, una
política económica, en general, favorecedora del desarrollo de la
economía y que sea rigurosa desde el punto de vista de las cuentas
públicas, por supuesto también acompañada de políticas de carácter activo
y, en concreto, de política industrial activa, todo lo cual iré
desarrollando a lo largo de mi exposición.
Este marco general configura un esquema para la política económica que
requiere el sector industrial, y he anticipado ya algunos elementos. Sin
embargo, yo creo que hay un principio básico que me gustaría dejar muy
claro ante esta Comisión, en tanto que es una convicción firme de este
ministro. El principio básico del que partimos es el de que la iniciativa
privada es la que tiene que tener el protagonismo del desarrollo
industrial del país. La política económica debe asegurar las mejores
condiciones posibles para que este desarrollo sea factible y, en la
medida en que subsisten muchos obstáculos, se trata de eliminarlos, al
objeto de garantizar mejores condiciones de competitividad para nuestra
industrias. Por ello, más que hablar de políticas activas de fomento
industrial a la antigua usanza, mediante programas sectoriales basados en
subvenciones o aportaciones públicas, nosotros preferimos hablar de
medidas de estabilización y flexibilización de la economía, así como, por
supuesto también, de medidas puntuales de apoyo temporal a ciertos
sectores, aprovechando los programas de promoción lanzados por la Unión
Europea, y desarrollando medidas de carácter horizontal que ayuden a la
adaptación competitiva de nuestras empresas, a través de los factores de
diferenciación del producto, más allá del precio, como puedan ser diseño,
calidad, marcas, internacionalización de la economía, desarrollo
tecnológico, etcétera.
Desde este punto de vista, uno de los criterios básicos de la política
económica orientada al desarrollo productivo y al industrial, pasa por la
estabilidad macroeconómica. No me voy a extender mucho en este punto,
porque creo que existe un consenso básico respecto a la importancia de
este asunto. Necesitamos un marco que sea predecible, que fomente la
inversión y, en general, los intercambios comerciales; es imprescindible
controlar la tasa de inflación, para conseguir que los tipos de interés,
nominales y reales, sean suficientemente bajos y, desde luego,
comparables a los de los países de nuestro entorno; es necesario para
todo ello, como es bien sabido, reducir el déficit público, para poder
desarrollar una política monetaria más expansiva, que evite, por una
parte, incrementos de tipos de interés, apreciaciones de tipo de cambio y
efectos crowding-out y, con independiencia de estos efectos positivos,
que creo que todos compartimos, yo pienso que hablar del saneamiento de
las finanzas públicas también se justifica por un criterio de higiene
política.
La generación sistemática de déficit y la acumulación permanente de deuda
contribuyen a lanzar un mensaje a la opinión pública de una cierta
desidia por parte del sector público, lo cual resta autoridad y
credibilidad a las acciones que éste pretenda llevar a cabo, y puede, en
la medida en que no es posible acumular deudas indefinidamente, ser
fuente permanente de conflictos. Desde el sector público debemos, por
tanto, dar ejemplo de rigor en la gestión de los recursos, de austeridad
y ser capaces de romper las inercias del pasado. Obviamente, todo eso al
final, tiene un corolario: todo este conjunto de medidas aseguran un tipo
de cambio adecuado a la peseta en un marco de estabilidad cambiaria, pero
que tiene que ser el suficiente como para asegurar la competitividad de
nuestra exportaciones.
El otro ámbito de actuación de la política económica que tiene un claro
impacto sobre la capacidad de nuestras industrias para competir es el de
la flexibilidad de los mercados, lo que podríamos llamar la flexibilidad
microeconómica;
es decir, asegurar un funcionamiento eficiente de la economía que
facilite la rápida adaptación a los cambios que, de forma cada vez más
ágil, vienen del exterior. Desde nuestro punto de vista, es importante
que esa flexibilidad exista, sobre todo en los campos que representan
inputs, que representan elementos de coste, de formación del precio para
nuestras empresas. Está claro que estoy hablando, por ejemplo, del
mercado de la energía, que después desarrollaré con detalle, o del
mercado de trabajo, sin olvidar, por supuesto, una clara atención a la
formación de nuestro capital humano, al objeto de, por la vía de la
flexibilidad, alcanzar las mejores condiciones posibles de
competitividad. En este sentido, les reitero una cosa que ustedes conocen
perfectamente, y es que el Gobierno, en su conjunto, está empeñado en un
amplio programa de desregulación y liberación de la economía, con un
paquete que saldrá a corto plazo, y otras serie de reformas que irá
poniendo en marcha en los próximos meses.
Hay un tercer elemento de la política económica que no me gustaría dejar
de lado. Se trata de que todo esto asegure una cierta equidad
redistributiva. El esquema anterior, que he desarrollado, basado en la
estabilidad macroeconómica y en la flexibilidad microeconómica, debe
completarse con un adecuado grado de equidad redistributiva, y ello por
dos motivos: primero, por una cuestión de justicia social y, segundo,
porque también es una cuestión de eficacia productiva, dado que la
experiencia nos muestra que redistribuciones desequilibradas de la renta
generan dinámicas de exclusión social que, más allá de los altos costes
personales que generan, por supuesto, acaban siendo también una rémora
económica importante para el conjunto de la sociedad. Está claro que este
objetivo de justicia social en algunos momentos puede parecer que entra
en conflicto o en contradicción con los objetivos, citados anteriormente,
de estabilidad macroeconómica y de flexibilidad microeconómica, pero es
ahí donde, efectivamente, la política y los políticos debemos tomar
decisiones y, una vez tomadas éstas, asegurar las soluciones posibles más
asumibles.
La política económica se hace para los ciudadanos y sus intereses deben
ser tomados en cuenta permanentemente para modular los efectos de
aquélla, partiendo de la necesidad de rigor, disciplina y determinación
en los objetivos básicos. Por todo ello, se tenderá --y lo pongo como
ejemplo-- a la eliminación o reducción de las ayudas que sostengan
ineficiencias o distorsionen la actuación de otros agentes económicos,
pero prestaremos una especial atención al diálogo con los agentes
sociales y al mantenimiento de la cohesión social. Esto es lo que
distingue a esa Europa en la que nos queremos sentir plenamente
integrados en relación con otras grandes áreas del planeta.
En este contexto general, los ejes de la política industrial y energética
del Ministerio de Industria y Energía serán los siguientes. Yo creo que,
a efectos descriptivos y metodológicos, podemos desarrollar este punto a
partir de tres ejes de actuación, que no derivan tanto de una distinción
o de una clasificación por sectores, funciones e instituciones, sino que
marcan las grandes líneas de actuación sobre la base de los receptores,
en algunos casos, o a los emisores de esa política. Me refiero a la
política del Ministerio de Industria y Energía en relación a la empresa
privada; a la política del Ministerio de Industria y Energía en relación
a la empresa pública y a la política del Ministerio de Industria y
Energía en relación a la política energética que debe desarrollarse para
asegurar la competitividad del conjunto de nuestro tejido productivo.
Por lo que se refiere a la política en relación a la empresa privada, yo
creo que hay unos grandes principios que, en buena medida, se han ido
desarrollando y en los que conviene, desde luego, profundizar e
intensificar. He apuntado ya que la iniciativa privada debe ser
protagonista máximo en el ámbito industrial, no puede ser de otra forma,
y debe ser así cada vez más. El Ministerio de Industria y Energía lo que
pretende en este marco es ser vehículo de canalización hacia la
Administración de los problemas, sugerencias y propuestas que lleguen
desde los diferentes sectores y, en general, desde el sector privado. Por
tanto, es voluntad de este Ministerio y de este Ministro ser
extraordinariamente receptivo, mostrar toda la sensibilidad de la que
seamos capaces, poner toda nuestra atención y toda nuestra disposición
para el diálogo permanente con los sectores productivos, trasladando sus
necesidades al conjunto de la acción del Gobierno.
Lógicamente, todo ello tiene que ser compatible con otro principio afín a
la iniciativa privada. Se trata de desarrollar una mayor coordinación, y
una mayor coordinación administrativa, desde el punto de vista de la
actuación del propio Ministerio, con las comunidades autónomas y la Unión
Europea, por una parte, y dentro de la propia Administración central del
Estado; con las comunidades autónomas, en la línea, ya muy desarrollada,
de la Administración única y, con la Unión Europea, lógicamente, para
seguir defendiendo los intereses españoles y permitir el máximo acceso
posible a los recursos comunitarios, desde el punto de vista también de
la integración de las diferentes iniciativas que en los distintos ámbitos
de la Administración se puedan desarrollar.
Dentro de la propia Administración central del Estado y, en concreto,
dentro del propio Ministerio de Industria y Energía, hemos procedido ya a
una simplificación de la estructura del propio Ministerio, con una
reestructuración, que ahora les comentaré, de la Dirección General de
Industria; la simplificación de las antiguas direcciones generales de
tecnología y de calidad y seguridad industrial, para fusionarlas, que
tienen, a su vez, unos ejes específicos de actuación que les explicaré un
poco más adelante.
Es muy importante también asegurar la coordinación con otros ministerios
y, en particular, con el Ministerio de Economía y Hacienda,
fundamentalmente en lo que se refiere al ámbito de la pequeña y mediana
empresa, así como la coordinación con los Ministerios de Medio Ambiente y
de Trabajo y Asuntos Sociales, con especial incidencia en la
participación del Ministerio de Industria y Energía en el diálogo social,
principalmente en el ámbito de la empresa pública, o también la
coordinación con el Ministerio de Defensa, por las industrias de defensa,
o con el Ministerio de Fomento, por las infraestructuras orientadas al
desarrollo industrial.
En lo que se refiere a la actuación de la Dirección General de Industria,
por tanto en el ámbito de industria
--después desarrollaré el ámbito más específicamente energético--,
nuestra perspectiva es, de cara a la reestructuración y a su actuación,
que hay que superar definitivamente concepciones desfasadas, que han
orientado la actuación del Ministerio, en términos históricos de una
forma estanca, hacia un conocimiento sectorial de la industria, en lo que
lo sustantivo de la actuación del Ministerio, más que fomentar o
favorecer el desarrollo productivo, estaba centrado en la fiscalización
de las actuaciones de los agentes económicos. Todo ello lógicamente
estaba asociado a una concepción del Ministerio como una especie de
mecanismo generador de ayudas o subvenciones a los diferentes sectores
productivos en función de la capacidad de presión y de influencia de cada
uno de ellos.
La realidad económica actual, en la que los factores competitivos son
absolutamente determinantes para la supervivencia de cada centro
productivo y donde la competencia no sólo se plantea entre empresas, sino
muchas veces entre diferentes centros productivos de una misma empresa,
todo esto debe servir de estímulo para reforzar aquellos aspectos que nos
hacen avanzar posiciones y disminuir el impacto de aquellos aspectos que
los lastran. En consecuencia, la política industrial deberá dirigirse a
favorecer las condiciones que ayuden a los agentes emprendedores y
dinámicos a mejorar su posición competitiva, tanto en el ámbito de la
empresa privada como, según veremos después, en el ámbito de la empresa
pública.
Todo lo anteriormente expuesto se traduce, en el caso de la Dirección
General de Industria, en las siguientes actuaciones. Por una parte, se
eliminan todas las subdirecciones generales sectoriales y se sustituyen
por una nueva estructura administrativa orientada funcionalmente con sólo
tres subdirecciones generales, la Subdirección General de Industria, la
Subdirección General de Promoción e Incentivos y la Subdirección General
de Programación de Programas Industriales. Además, se intenta conseguir
una mayor coordinación entre los agentes económicos para canalizar sus
inquietudes y necesidades a través de la Subdirección General de
Industria, colaborar en los programas de promoción e incentivos mediante
actuaciones horizontales, por ejemplo la coordinación entre la industria
y los centros de compra de la Administración del Estado, o la propuesta
de incentivos regionales para el establecimiento de centros productivos
en determinadas zonas. Esto se sitúa en el ámbito de la Subdirección
General de Promoción e Incentivos.
En el ámbito de la Subdirección General de Programas Industriales, los
objetivos serían los siguientes. Desarrollar algunos programas de
actuación. Les puedo dar algunos ejemplos, como los planes de ayuda al
sector naval, las primas a la construcción, ayudas a la reducción de
capital, programas de capacidad, programas de ayuda en el sector
aeronáutico y espacial, el plan de competitividad del sector
textil-confección en el marco de un programas europeo denominado Retex,
el plan de apoyo tecnológico a los sectores básicos y transformadores,
los planes que ha habido de ayuda a diferentes sectores de la automoción
--los famosos planes Renove en su momento--, etcétera. Todo esto se trata
de seguir desarrollándolo en función de las necesidades, coordinando
todos los programas y ayudas del Ministerio con las comunidades autónomas
y con la Unión Europea. Esto es competencia básica de la Subdirección
General de Programas Industriales.
Con independencia de esta estructura orgánica, como ustedes saben hay
otros entes dependientes del Ministerio, en particular los institutos de
actuación industrial que hasta el momento son básicamente dos: el IMPI y
el Cedeti. Las competencias de pequeña y mediana empresa de carácter
genérico, que estaban muy desperdigadas entre diferentes ministerios, se
han centralizado ahora en la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
Pequeña y Mediana Empresa, en particular todos aquellos aspectos de apoyo
financiero y de unificación de medidas de subvención de carácter general.
A mí me parece que ésta es una medida necesaria para asegurar la correcta
asignación de los recursos, pero van a persistir, y así está establecido
en el decreto correspondiente, en el ámbito del Ministerio de Industria
todas aquellas competencias de carácter industrial que hasta ahora venía
desarrollando el IMPI, y en particular los programas de apoyo a elementos
como el diseño industrial, los programas tecnológicos y, en general,
todas las actuaciones específicas hacia la pequeña y mediana empresa
industrial. La idea sería, aprovechando el otro gran instrumento, el otro
brazo armado, entre comillas, de la actuación del ministerio, que es el
Cedeti, agrupar en un único instituto todas aquellas actuaciones
orientadas a la promoción y al apoyo a nuestro tejido industrial. Además,
como ya se ha dicho, debe ser objetivo del ministerio aportar a otros
ámbitos de reflexión y decisión las inquietudes y sensibilidades
industriales de país como un elemento imprescindible a considerar en las
decisiones del conjunto del Gobierno.
Así pues, la política industrial debe ser activa, entendiendo por tal, no
una actuación intervencionista, sino una actitud constante y activa por
parte del Ministerio en la mejora de los factores competitivos de la
economía y en la traslación a todos los ámbitos de las necesidades de los
agentes económicos que son, al fin, los verdaderos actores de la política
económica.
En el ámbito de la Dirección General de Tecnología, Calidad y Seguridad
Industrial, los argumentos que son la base de la política que va a
desarrollar serían los siguientes: por una parte, es obvio que las
empresas españolas han de competir en mercados cada vez más globales e
interdependientes. También es verdad que la normativa europea es cada vez
más estricta en lo que se refiere a la seguridad, tanto la relativa a las
personas como al medio ambiente. Por tanto, la innovación tecnológica es
fundamental para que nuestras empresas se adapten a unos estándares de
seguridad personal y medioambiental cada vez más existentes. Se trata
también de introducir una mayor cultura de estrecha colaboración
tecnológica entre empresas, que en nuestro país existe en muy escasa
medida, y de colaboración tecnológica entre empresas y el mundo académico
y universitario.
En consecuencia, la promoción de una política horizontal de apoyo al
desarrollo tecnológico, gracias a sus efectos de difusión para el
conjunto del tejido industrial, debe convertirse
en un instrumento clave en manos de la Administración para mejorar la
capacidad de nuestras empresas para competir.
Sobre estos argumentos, los objetivos concretos a desarrollar por la
Dirección General serían los siguientes. Crear centros de difusión
tecnológica y asesoramiento próximos a los usuarios, capaces de dar
respuestas rápidas a sus necesidades. Impulsar la cooperación en materia
tecnológica entre pequeñas y medianas empresas y aprovechar la clara y
decidida política de la Unión Europea en ese ámbito. Potenciar nuestra
imagen como país con capacidad tecnológica propia y promover la difusión
de nuestras realizaciones tecnológicas en el exterior. Hay ahí algunos
ejemplos concretos que seguramente todos ustedes conocen, en el sentido
de buscar, a través de exposiciones como las «expotecnias», la proyección
y la divulgación de la tecnología española en los mercados exteriores y,
de forma especial, en un ámbito territorial que nos es próximo y
particularmente importante como es Latinoamérica. En concreto, el próximo
mes de noviembre en Brasil se va a celebrar una «expotecnia», la del año
1996, que va acoger a unas 400 empresas españolas y a la que le estamos
dando una gran importancia.
A partir de ahí, los ejes fundamentales que se centran en el fomento de
todos los factores que influyen en nuestra competitividad serían, por una
parte, la tecnología, el fomento de proyectos innovadores de I+D,
incluyendo la generación de tecnologías limpias, la difusión de los
resultados generados en los procesos de investigación y desarrollo hacia
los procesos productivos, el análisis del cambio técnico y el desarrollo
de la prospectiva tecnológica, el fomento de la participación empresarial
en programas tecnológicos de cooperación internacional y las acciones de
proyección de la tecnología española en el exterior.
Además de estos programas, una especial atención a la creación de
infraestructuras tecnológicas, por ejemplo unidades de I+D en las
empresas, infraestructuras tecnológicas de utilización colectiva,
promoción de actividades de cooperación tecnológica y, finalmente,
formación de los recursos humanos en ese ámbito.
Hay otro gran apartado de actuación que es el referente a la calidad y a
la seguridad. Lógicamente, debemos promover la mejora de la seguridad de
productos e instalaciones, difundir, formar e informar y sensibilizar en
los ámbitos de seguridad y calidad industrial. Fortalecer y conseguir un
reconocimiento internacional de la infraestructura española común de
seguridad y calidad industrial; también fomentar la implantación de
proyectos empresariales en este ámbito.
Todo esto puede configurar una especie de programa tremendamente genérico
y ambicioso, que no les puedo ocultar que padece dos restricciones. Una
restricción obvia que es de tipo presupuestario. Por tanto, desde ese
punto de vista, es imprescindible integrar y coordinar las actuaciones,
aprovechando sinergias y evitando duplicidades. Esto exige reforzar al
máximo la cooperación con las comunidades autónomas y con el Ministerio
de Educación y Cultura y, en su caso, también con el resto de
ministerios, en particular el de Economía y Hacienda.
Por otra parte, el elevado número de programas existentes en este
Ministerio de Industria y Energía hasta ahora con sus correspondientes
ventanillas, provoca, desde nuestro punto de vista, confusión en las
empresas y una dispersión de esfuerzos que hace difícil la coordinación
entre los diversos gestores.
Por ello, pretendemos poner en marcha un plan operativo que recoja, bajo
un solo paraguas, todas las acciones de iniciativas en las materias
relacionadas con la competitividad industrial, de forma que se facilite
la labor, tanto a las empresas, como a la propia Administración,
agilizando y dinamizando los procesos y consiguiendo beneficiosos efectos
multiplicadores de los fondos aplicados. En la gestión del plan
participarán, lógicamente, las unidades del departamento relacionadas con
la materia: la Dirección General de Industria, la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial y el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, Cedeti. Este último organismo, como ya he dicho,
va a ser reforzado para acentuar y optimizar su función como instrumento
especializado del departamento en la puesta en marcha de toda esta
política de apoyo a la innovación tecnológica. Lógicamente, a partir de
ahí será preciso delimitar más claramente los ámbitos de aplicación de
las ayudas, la selección de los beneficiarios en función de las
propuestas que presenten y los métodos de gestión, tratando de conseguir
una mayor conexión entre los sectores industriales y científicos en el
seguimiento de las actuaciones.
Como estructura del plan, y de una forma muy esquemática, les puedo
anticipar que el plan se va a reestructurar en una serie de áreas
prioritarias. La primera, el área de tecnologías industriales:
tecnologías de la información en las comunicaciones, videotecnología,
tecnologías químicas, de materiales, farmacéuticas, alimentarias, una
serie de sectores que nos parecen especialmente estratégicos o
relevantes; el área de formación, infraestructuras tecnológicas y
acciones horizontales y el área de seguridad y calidad industrial.
Lógicamente, todo esto se debe hacer fomentando las medidas de carácter
horizontal y en algunos casos ampliando algunos esquemas que ya existen,
como puedan ser desgravaciones fiscales a la I+D. El Ministerio de
Industria cree que es preciso analizar nuevas medidas fiscales favorables
para incentivar actuaciones de interés especial o, en cualquier caso,
reforzar las existentes. Las subvenciones, en su caso, deben servir para
apoyar de forma más selectiva aquellos proyectos de sectores o áreas con
contenidos tecnológicos prioritarios, horizontales o difusores, o
acogidos a los programas internacionales I+D. Es verdad que también puede
haber otros instrumentos a desarrollar fundamentalmente por parte del
Ministerio de Economía, como puedan ser créditos blandos, créditos a
interés cero, préstamos renovables, que intentaremos que se sigan
ampliando y desarrollando en el conjunto de la acción del Gobierno.
También creemos que debe apoyarse más la creación de un mercado inversor
en capital-riesgo hasta ahora desarrollado de manera muy primaria en
nuestro país. Esto en el ámbito de la empresa privada.
El segundo eje de actuación que le comentaba es el referente a las
empresas públicas. Las empresas públicas en
España son objeto de constante atención y en estos momentos de
controversia. La verdad es que su importancia en términos de contribución
al producto interior bruto es relativamente modesta, sobre todo si lo
comparamos con otros países de la Unión Europea, pero lo que sí nos
preocupa es que esa contribución sí que es elevada desde el punto de
vista de la alta dependencia de los presupuestos que estas empresas
públicas tienen. Para este año las aportaciones en los presupuestos al
conjunto de las empresas públicas, no sólo las industriales, van a
superar el billón de pesetas, del cual aproximadamente el 40 por ciento
son aportaciones destinadas a aquellos sectores industriales integrados
en la Agencia Industrial del Estado. Lógicamente, éstas son cifras
suficientemente relevantes como para que tengamos la obligación de tener
una política específica que permita su mejora por la vía de su reducción
y por la vía de la mejora de la eficiencia.
En relación a la política respecto a las empresas públicas industriales,
creo que estoy en condiciones de avanzarles algunos principios básicos en
el marco de un programa de reordenación del sector público industrial del
Estado, que va a incluir en su seno el Plan estratégico de
privatizaciones que, como todos ustedes conocen, es un compromiso de
investidura del Presidente del Gobierno, don José María Aznar. Estos
principios básicos --de forma muy telegráfica-- podrían ser los
siguientes. Por una parte, queremos que exista una dependencia mucho más
directa, un grado de conexión mucho más directo entre los ministerios
competentes, en este caso el Ministerio de Industria, y las empresas
públicas, a través de un control de la gestión muchísimo más activo que
el actual y la búsqueda de una coherencia constante con las directrices
que emanen del Gobierno. Por otra parte, otro de los principios básicos
va a ser la reducción progresiva de la presencia pública, ya sea en su
titularidad, ya sea en las aportaciones que reciben algunas empresas.
Después les daré algunos argumentos por los cuales yo creo que esto es
absolutamente necesario. A corto y medio plazo ello debe traducirse en la
privatización de las empresas que están integradas en la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales y también en una progresiva reducción de
las aportaciones presupuestarias que en estos momentos reciben las
integradas en el marco de la Agencia Industrial del Estado. A largo
plazo, incluso estas empresas que están integradas en la Agencia
Industrial del Estado, deberían ser susceptibles de privatización como
elemento tendencial basado en la recuperación de su competitividad y de
su rentabilidad en aquellos casos en que sea posible.
Otro de los principios que vamos a desarrollar en este plan de
reordenación es el de una reestructuración de la actual estructura
organizativa de la empresa pública industrial. Saben ustedes que hay una
serie de holdings y subholdings, en particular una relación entre la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y el Grupo Téneo, que
nosotros creemos que debemos modificar en la línea de simplificar esta
estructura organizativa actual, que es excesiva y a veces contradictoria
con los objetivos marcados por el Gobierno. A efectos de la política a
articular a corto y medio plazo conviene distinguir lógicamente, y de
hecho ya lo he hecho de manera implícita, entre las empresas integradas
en la Agencia Industrial del Estado y las que están integradas en la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que recoge, como
ustedes recordarán, las integradas en el subgrupo Téneo, y todas aquellas
participaciones residuales que derivan de las antiguas participaciones
accionariales del Instituto Nacional de Hidrocarburos.
En las empresas de la Agencia Industrial del Estado la característica
básica ustedes la conocen tan bien como yo mismo. Se trata, en general,
de empresas no rentables que absorben muchísimos recursos o que tienen
todavía pendientes importantes esfuerzos de reestructuración, aunque el
ciclo económico permita que en ciertos momentos generen resultados. Aquí
se han producido sin duda muchos avances. Nuestra opinión es que hay que
profundizarlos todavía más en el sentido de, respetando los
contratos-programa que ya están firmados, introducir una tensión
permanente en la gestión de estas compañías. No se trata sólo de que
porque haya una garantía de recepción de determinadas aportaciones
públicas no perseguir diaria, constantemente y de forma intensa la mejora
en la gestión para, a su vez, mejorar los rendimientos de estas empresas.
Desde luego, ya les anticipo que en la negociación de los nuevos
contratos-programa vamos a procurar exigir unos grados de eficiencia y
rentabilidad, o menor rentabilidad negativa, mucho más ambiciosos que los
actuales.
En cuanto a las empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, en principio se trata de empresas rentables, o por lo menos
potencialmente rentables, y nuestra intención es ir procediendo de manera
pausada y de manera absolutamente tranquila a privatizarlas a lo largo de
la legislatura. Esta privatización se hará mediante una serie de
requisitos que les explicitaré en sus líneas más generales, puesto que el
procedimiento concreto se va a incluir en el Plan estratégico de
privatizaciones, dentro de este marco de reordenación del conjunto del
sector público industrial que antes les comentaba y que, como está
pendiente de presentación al Consejo de Ministros, yo les rogaría que me
permitieran no ser en estos momentos mucho más preciso. Por supuesto que
cuando se produzca la aprobación, si se produce por parte del Consejo de
Ministros, del plan que presentemos, me emplazo ya en estos momentos a
venir a esta Comisión a comentarles ampliamente y con todo detalle sus
concreciones.
Este plan va a introducir una metodología, un procedimiento de
privatización que sea un esquema aplicable a todas las empresas a
privatizar. Esta metodología de privatización se inspirará en los
principios que pueden resumirse en lo siguiente. Por una parte, va a
haber una separación drástica de la gestión de las empresas y del proceso
de privatización. Los gestores deben gestionar, se debe controlar su
gestión desde fuera, pero las decisiones desde el punto de vista
accionarial corresponden lógicamente a los accionistas, y sólo a ellos.
La máxima transparencia y publicidad, la máxima objetividad y
profesionalidad en el desarrollo de todo el proceso. En ese sentido creo
que el Parlamento y esta Comisión deben jugar un papel excepcionalmente
relevante. Estamos considerando en este marco la conveniencia de
establecer un consejo consultivo de privatizaciones,
formado por personas de indudable prestigio social, económico y
académico, que permita añadir un elemento más de garantía para la
sociedad española: que la negociación o las transacciones que podamos
hacer sobre los recursos públicos sean perfectamente justificables,
asumidas y comprendidas por dicha sociedad española. Es obvio que hay que
rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, pero también constantemente a las
comisiones correspondientes del Congreso y del Senado y debe ser, como es
natural, un proceso flexible que tenga en cuenta las circunstancias
económicas y sociales en cada caso y que justifica esta denominación de
proceso, digamos, pausado y tranquilo que les comentaba antes. De hecho,
ese plan de privatizaciones debe ejecutarse de acuerdo con un esquema
coherente y consistente que enmarque todas las actuaciones, dejando de
hacer una cosa que desde mi punto de vista se ha hecho excesivamente en
los períodos anteriores. Hay que dejar de hacer operaciones o
transacciones ad hoc, no conectadas muchas veces entre sí, en función de
oportunidades específicas, y me atrevería a decir que incluso en algunos
casos procesos de desinversión orientados por los propios gestores de las
compañías implicadas.
A partir de ahí el plan, con estos principios, va a proceder a una
clasificación de las empresas por su posición inicial, por ejemplo, las
privatizables inmediatamente, que las hay; las que necesitan previamente
la desregulación de los sectores en los que actúan; las que necesitan un
previo saneamiento desde el punto de vista patrimonial y, desde luego,
las que entendemos que no son privatizables ni a corto ni a medio plazo
pero que deben desarrollar alternativas de viabilidad. El plan debe
incluir también las modalidades jurídicas de privatización, vía mercado
de valores o no; la conveniencia o no de desarrollar en algunos casos
núcleos estables en el accionariado; la conveniencia o no de seguir
manteniendo controles estatales en base a las leyes existentes o aquellas
otras que se pudieran desarrollar. Lógicamente, el plan también tiene que
anticipar un avance muy aproximativo desde el punto de vista de la
programación temporal del proceso, y poca cosa más, porque creo que nadie
puede demandar a los eventuales vendedores que descubran a priori sus
intenciones a los eventuales compradores. Lo que sí es cierto es que va a
ser extraordinariamente preciso en cuanto al método, para que todo el
mundo tenga la absoluta seguridad y garantía de que el proceso va a ser
completamente transparente y completamente objetivo.
Los argumentos para llevar adelante este plan estratégico de
privatizaciones creo que todos ustedes los conocen y en buena medida
estoy seguro de que muchos de ustedes comparten. Estamos en un entorno
cada vez más competitivo, con unas exigencias crecientes de capital, de
tecnología, de redes comerciales, mejoras organizativas, alianzas
estratégicas que difícilmente, en un mundo que cada vez es más nuestro
mercado --el mercado es el planeta--, son asumibles por las limitaciones,
que desde mi punto de vista son obvias, del sector público para
satisfacer dichas demandas adecuadamente, sin caer al final en lastres o
en costes inaceptables. También es verdad que en muchos casos se ha
producido por esa ampliación, por esa apertura de la economía hacia el
exterior, la pérdida del carácter de monopolios naturales que muchas de
estas empresas tenían y que desde luego ahora ya no se justifican en las
circunstancias actuales. Hay que tener en cuenta, por supuesto, la
restricciones que nos comporta el mercado europeo, que también nos lleva
en la dirección de ir reduciendo la presencia pública en las empresas.
Puede haber argumentos adicionales que desde mi punto de vista son
secundarios, pero desde luego no deben ser descuidados, como son los de
contribuir al desarrollo del mercado de capitales secundario en nuestro
país y la contribución, por supuesto, al equilibrio de las cuentas
públicas, aunque quisiera dejar de nuevo claro que las privatizaciones no
se hacen para obtener caja, no tienen motivos recaudatorios, sino que se
basan en la búsqueda de la eficiencia y de la mejora de la competitividad
del conjunto de nuestra economía. Todo ello, por supuesto, garantizando
la plena coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda y otros
ministerios en los que también se van a emprender acciones de
reordenación de las empresas públicas en sus ámbitos respectivos.
Finalmente --entiendo que mi intervención es quizás un poco más larga de
lo que desearía la Comisión y el Presidente de la misma--, me voy a
referir a los ejes de actuación del ámbito energético. En el ámbito
energético el objetivo básico de la política del departamento de
Industria y Energía es mejorar la competitividad de la industria española
a través de una reducción de los costes energéticos. Este es el
frontispicio de nuestra política energética. El objetivo final es reducir
los costes energéticos para el conjunto de nuestro tejido industrial,
porque entendemos que es un elemento fundamental para la capacidad de
competir de nuestras empresas industriales. Este objetivo --que creo que
es absolutamente deseable y difícilmente discutible-- debe alcanzarse en
un marco definido por una serie de requisitos o, si me apuran, de algunas
restricciones. Hay que tener una consideración absoluta por la evolución
de los estados financieros de las empresas energéticas, que constituyen
piezas claves, como ustedes saben, del entramado industrial español. Es
verdad que el endeudamiento de las empresas eléctricas, después de la
reducción derivada de la titulización de la moratoria nuclear, se sitúa
en 2,6 billones de pesetas. Es verdad que en términos relativos la
situación ha mejorado respecto a años anteriores y que la reducción
experimentada y previsiblemente todavía mayor en el futuro de los tipos
de interés contribuirá a reducir el problema, pero no cabe duda de que
estamos tratando todavía con magnitudes que nos obligan a tenerlas
constantemente presentes.
Otro elemento a tener en cuenta es que la reducción de costes energéticos
deberá producirse en el marco de una política de desregulación y de
liberalización, establecidas de forma coordinada, con la clara tendencia
a la creación del mercado único europeo de la energía al que después me
referiré. Quisiera, sin embargo, resaltar que este avance coordinado con
la evolución europea no significa necesariamente simultaneidad. La
desregulación y liberalización de los mercados energéticos se enmarca, a
mi juicio, dentro de este conjunto de reformas estructurales de que está
necesitada la economía española. La atención a nuestros problemas no debe
retratarse en función de prolijas negociaciones en Bruselas. La tendencia
liberalizadora es clara y en ella debe insertarse nuestra acción de
gobierno con una cierta independencia de ese proceso. Además, esta
política de desregulación deberá tener, en general, carácter previo a la
privatización de los intereses del Estado en los sectores energéticos. No
tiene, en principio, mucho sentido que se beneficie a determinados
inversores a través de un proceso de privatización de posibles posiciones
de dominio, que después supongan extracostes sobre un precio de mercado
hipotético para los consumidores españoles. Privatizar primero y
desregular o ajustar el marco normativo del sector después supondría,
desde mi punto de vista, una cierta falta de rigor que penalizaría al
final un proceso privatizador tan amplio como el que se pretende. Por
otra parte, la reducción de costes energéticos debe compatibilizarse con
una diversificación de las fuentes energéticas que asegure el
aprovisionamiento y disponibilidad de la energía en España en un plazo
temporal amplio. Y esa misma diversificación y disponibilidad de energía
debe complementarse con una aspiración del conjunto de los consumidores
españoles en el sentido de una mejora de la calidad de dicho
aprovisionamiento en todo el territorio. Por último, como es natural,
formará parte de la política energética de mi departamento una
escrupulosa atención a la mejora del medio ambiente, en plena
colaboración y coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente.
La búsqueda de este objetivo básico de reducción de los costes
energéticos y su compatibilidad con los condicionantes que hemos descrito
se efectuará siempre en un marco de diálogo permanente con todos aquellos
interlocutores que tengan algo que decir en este ámbito. En este sentido,
creo estar en condiciones de anunciarles que en breve plazo van a quedar
resueltos los conflictos planteados entre las empresas eléctricas y la
Administración del Estado que había encima de la mesa al hacerme cargo de
este Ministerio. La consecución del objetivo básico descrito, la
reducción de costes energéticos, insisto, supone necesariamente la
adopción de una serie de medidas a corto plazo, entre las que me gustaría
destacar las encaminadas a posibilitar el acceso a terceros a las grandes
redes primarias de transporte de energía, es decir, gasoductos,
oleoductos, parques de almacenamiento de productos petrolíferos y red de
transporte de alta tensión en el campo eléctrico. Nos proponemos
garantizar este acceso de terceros haciendo incidencia en la necesaria
reciprocidad por parte de otros países miembros de la Unión Europea, así
como manteniendo las necesarias garantías frente a los compromisos a
largo plazo que pudieran existir en los contratos de aprovisionamiento
energético de nuestro país. Se trata de introducir competencia sin
afectar a los equilibrios financieros a los que hacía referencia al
principio y en un marco de adaptación de las empresas perfectamente
asumible. En esencia, se trata de asegurar desde la Administración que
las posiciones dominantes que pudieran existir como fruto de la evolución
histórica del sector no cristalicen en situaciones escasamente
competitivas que pudieran ser lesivas al final para el conjunto de la
industria española y su competitividad.
Una vez que se haya asegurado la existencia de un mercado competitivo,
iremos progresivamente avanzando en la desregulación y liberalización de
los diferentes mercados. Desregular sin existir garantías de acceso al
mercado de nuevos operadores o sin solucionar problemas de desequilibrios
o, si se prefiere, ausencias de equidad en el trato entre diferentes
empresas de un mismo sector es apostar por el mantenimiento de
situaciones de dominio negativas al final para la creación de riqueza. En
este sentido aprobaremos con carácter rápido, inmediato, la supresión de
los precios máximos de los gasóleos, productos en los que en principio
entiendo que se ha alcanzado ya un grado suficiente de competencia en la
oferta. Asimismo entendemos que a lo largo de los próximos dos años será
posible, en función de la evolución del mercado y de nuestra capacidad
para liberalizarlo, proceder también a la supresión de los precios
máximos de las gasolinas, sin que ello signifique obstaculizar todavía
más el objetivo de control de la inflación. Lógicamente, esta
liberalización de precios se irá ampliando progresivamente a otros
subsectores energéticos hoy sometidos al establecimiento de precios desde
la Administración.
Como ya he indicado, el convencimiento de que existe un grado suficiente
de competencia va a ser el desencadenante de las sucesivas medidas que
vayamos adoptando en esta dirección. Dentro de este proceso de
desregulación, el sector eléctrico deberá sufrir una profunda
transformación que, como ya se ha dicho, irá precedida del diálogo entre
todas las partes implicadas. Esta profunda transformación del sector
eléctrico estará basada en los siguientes principios.
Primero, separación entre generación, transporte y distribución de
energía eléctrica, si bien los mecanismos retributivos de estas dos
últimas fases del negocio, transporte y distribución, deberán seguir
temporalmente regulados, se procederá a la inclusión de mecanismos
incentivadores de eficiencia. Por su parte, la generación deberá, cada
vez más, ir avanzando hacia la plena competencia.
Segundo, la competencia en generación pasa por la creación del sistema
independiente. Aunque nos movemos todavía en una fase que yo me atrevería
a calificar como conceptual, considero de enorme utilidad que nos vayamos
aproximando al concepto de sistema independiente, considerándolo como
aquella parte del mismo que funciona al margen de un sistema de costes
reconocidos y, por consiguiente, de precios prefijados, sin que
ineludiblemente el sistema independiente deba ser, por lo que se refiere
a la generación, algo distinto de lo que hoy existe.
Tercero, como es lógico, la profunda transformación del sector eléctrico
pasa por la introducción de competencia en todos los niveles del negocio
eléctrico, una vez superada la fase de desarrollo de la Ley de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, Losen, que estamos empezando a abordar.
En este sentido, la implantación del acceso negociado de terceros a las
redes de transporte de energía eléctrica de alta tensión contribuirá de
una manera clara a profundizar la introducción de competencia en el
sector eléctrico, ya que permitirá alcanzar acuerdos directos entre
productores y consumidores, que es, en esencia, la premisa básica para el
desarrollo del sistema independiente que está previsto en la Lose.
Mediante la puesta en ejecución de este conjunto de principios esperamos,
por una parte, lograr una importante disminución de las tarifas
eléctricas que pagan el consumidor y el industrial español que, como
ustedes saben, son altas en la actualidad, dentro de las
vigentesendiferentes países europeos y, por otra, movernos al compás de
las tendencias impuestas en el marco de la Unión Europea.
Me interesa asimismo en este ámbito destacar la posible aprobación,
después de cuatro años de trabajos, en el próximo Consejo de Ministros de
Energía de la Unión Europea que se celebrará el día 20 de este mes en
Luxemburgo, de una directiva relativa a la implantación del mercado único
eléctrico en la Unión, que servirá de impulso a nuestras propias
actuaciones internas que obviamente van en la misma dirección que las
previstas a nivel comunitario. Como he indicado anteriormente, la
introducción de mecanismos que garanticen la competencia y esta segunda
fase de desregulación y de liberalización deberán ir seguidas por la
privatización de los intereses públicos en el sector energético.
Considero importante reafirmar la voluntad del Gobierno en este ámbito,
si bien adelanto, porque se trata de empresas estratégicas, que el
Gobierno no descarta la posibilidad --no digo que lo contemple-- de hacer
uso de las facultades que le confiere la Ley 5/95, de 23 de marzo, de
Régimen Jurídico de Enajenación de Participaciones Públicas en
determinadas empresas, procediendo a reservarse, por tanto, una capacidad
de intervención importante en aquellas materias que se consideran
básicas.
Dentro de este marco general no quisiera dejar de hacer referencia,
finalmente, a dos sectores especialmente sensibles por motivos
diferentes, como son el carbón y la energía nuclear. Respecto al carbón,
considero que la resolución de cualquier problema debe contar con una
base de partida sólida; en este caso, base de partida constituida por los
siguientes elementos. Primero, los contratos-programa de Hunosa, la
Camocha y Figaredo, si bien este último está pendiente de aprobación, y
cuya vigencia, como ustedes saben, finaliza el 31 de diciembre de 1997.
En segundo lugar, el Real Decreto 2.203/95, de 28 de diciembre, de ayudas
al carbón, en el que se consagra que el 5 por ciento del importe de la
tarifa eléctrica se ha destinado a este menester. Tercero, la decisión de
la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, del año 1993, que
enmarca en un horizonte temporal el tipo de ayudas y su posible
evolución. En este sentido, me interesa destacar que las ayudas para 1996
fueron objeto de decisión favorable de la Comisión de la Unión Europea
del 30 de abril de este año.
Desde esta base de partida, y contando con un diálogo permanente con
sindicatos, empresarios y comunidades autónomas, es necesario afrontar la
elaboración de un plan de carbón a partir de dos premisas básicas.
Primera, hacia el horizonte temporal del año 2002 deberán producirse
reducciones progresivas de la capacidad productiva en la minería del
carbón, y estas reducciones progresivas, en segundo lugar, sólo podrán
operarse teniendo en cuenta, como es natural, el problema económico de
las zonas mineras, para las que es imprescindible --y de hecho hemos
empezado ya a reflexionar sobre ese punto-- diseñar soluciones
alternativas al monocultivo económico de la minería energética.
Antes de pasar a otro tema, el de la energía nuclear, me interesa
resaltar que el problema de la seguridad minera formará parte de forma
permanente de las prioridades de mi departamento. Como ustedes conocen
muy bien, la actividad minera constituye una de las profesiones con mayor
riesgo, lo que exige de todas las partes involucradas, administraciones
públicas, empresas y trabajadores, la mayor atención y esfuerzo para
lograr que se trate de un riesgo lo más controlado posible, cuyas causas
sean perfectamente conocidas y, en definitiva, que sea posible que la
actividad se desarrolle con las máximas garantías de prevención. En este
sentido pretendemos, como primera medida en este ámbito y en el marco de
las competencias de la Administración central del Estado, impulsar de
acuerdo con las comunidades autónomas la actualización y redefinición del
actual Plan de seguridad minera del año 1987, con objeto de disponer en
el futuro de un marco normativo armónico, claro y concreto, capaz de
prevenir los riesgos posibles, sin establecer requerimientos innecesarios
que dificulten la actividad y, además, propiciar el conocimiento de dicho
marco por parte de los profesionales del sector y, por supuesto,
alcanzando un nivel óptimo de equipamiento y cumplimiento reglamentario
mediante la implantación de un sistema que facilite la incorporación
inmediata de las innovaciones que en materia de seguridad se vayan
produciendo en el mercado.
Respecto a la energía nuclear me interesa destacar algunas ideas.
Primero, durante los próximos años va a seguir siendo una fuente
importante de generación de energía eléctrica. No obstante, con el actual
grado de desarrollo tecnológico entendemos que no tiene sentido económico
el desarrollo adicional de generación de energía eléctrica basado en esta
fuente de energía. La internalización de los costes de procesamiento de
los residuos generados hacen prohibitivo cualquier planteamiento en este
sentido. En efecto, el coste del tratamiento de los residuos producidos
en las centrales nucleares en operación en estos momentos supera en la
actualidad un uno por ciento del coste total de la tarifa eléctrica, es
decir, unos 20.000 millones en 1996, cantidad que puede verse
incrementada en el futuro ante las dificultades que todos ustedes conocen
para encontrar un emplazamiento seguro y definitivo para ubicar dichos
residuos, que en la actualidad se encuentran, en general, en las piscinas
de las propias centrales nucleares que los producen.
El problema de la gestión futura de los residuos nucleares, desde mi
punto de vista, debe ser estudiado y analizado en profundidad por esta
Cámara, por la totalidad de los grupos políticos presentes en la misma,
ya que sin el consenso de todos y del conjunto de toda la sociedad va a
ser muy difícil, a pesar de que ya existe prácticamente la financiación
adecuada, resolver este grave problema que tenemos planteado. Sin
embargo, no quiero dejar de aprovechar esta ocasión para garantizar que
la operación de las
centrales nucleares españolas es segura y que, a nuestro juicio, el
funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear, que como ustedes saben
es un organismo que depende directamente del Parlamento y, por tanto,
independiente de mi Ministerio, está siendo plenamente satisfactorio. Los
datos de que disponemos relativos a la central de Almaraz, de actualidad
estos últimos días, son plenamente tranquilizadores, y aprovecho esta
ocasión para reafirmarlo. Por otro lado, estamos trabajando en el
desmantelamiento de la central de Vandellós-I y evaluando a este
respecto, entre otras alternativas, la posibilidad de su reconversión a
una central de ciclo combinado de gas.
Por último quisiera referirme a los instrumentos de los que disponemos en
el ámbito energético para el fomento de la eficacia energética y la
potenciación de las energías renovables en nuestro país. Como SS. SS.
conocen bien, las medidas encaminadas a fomentar el consumo eficiente de
energía, tanto en los procesos de transformación de recursos primarios
como en los usos finales, es uno de los objetivos prioritarios de la
Unión Europea en el ámbito energético. Inicialmente, la potenciación de
las energías renovables como medio para aumentar la diversificación
energética y la mejora medioambiental es otro objetivo que, lógicamente,
goza de gran predicamento. Nuestra intención en esta legislatura es
potenciar, a través de los organismos específicos, Ciemat en lo que se
refiere a la investigación, e Idae en lo relativo a la demostración de
tecnologías emergentes, la mejora de la eficacia del consumo energético
en nuestro país y aumentar el porcentaje de la participación de las
energías renovables en el balance energético nacional, si bien
lógicamente siempre en un marco básico de racionalidad económica.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Procede ahora pasar al turno de intervenciones de cada uno de los
portavoces de los grupos. Vamos a comenzar por los titulares de los
grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia, y siguiendo el
mismo orden que consta en el orden del día concedo la palabra al portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, don Juan Pedro Hernández Moltó, para
que intervenga y fije la posición de su grupo.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, por cortesía parlamentaria y por justicia, quiero dar la
bienvenida al señor Ministro a esta Comisión, que le garantizo que va a
ser muy familiar para usted en los próximos meses, y desearle
sinceramente suerte en su gestión y en esta titánica pelea que desde
fuera del Gobierno se viene observando entre su Ministerio y el
Ministerio de Economía para dar sentido a lo que no observamos que sea
una prioridad del Gobierno del señor Aznar, que es la política industrial
y energética. Por tanto, le deseamos suerte en esta pelea a brazo partido
que desde fuera observamos que prácticamente --al igual que en la
literatura de algunas guerras civiles se toma manzana a manzana-- se toma
ministerio a ministerio, subdirección general a subdirección general y
competencia a competencia, colocándonos en una situación francamente
difícil, fundamentalmente en relación a explicar qué sentido y qué papel
va a tener el Ministerio de Industria en los próximos meses.
Al margen de esto, mi grupo observa una clara división en la exposición
necesariamente genérica --lo cual entendemos-- de la política de su
propio Ministerio para esta legislatura, que, como habrán podido observar
todos los que han seguido atentamente su intervención, ha constado de una
primera y algo más apasionada parte sobre la industria, la privatización
y las distintas actuaciones en política industrial y de una segunda parte
más de trámite, leída de corrido, en relación al sector energético, que
sinceramente consideramos que es más porque aún no ha habido tiempo
suficiente para que el Ministro aterrice en este sector y ha tenido más
experiencia o más interés en la primera de las facetas.
En cualquier caso, señor Ministro, yo quiero iniciar este primer debate
que tenemos con usted en este Parlamento agradeciéndole la sinceridad que
ha tenido en el diagnóstico de la situación económica y de la situación
industrial. Ha demostrado usted valentía --tengo que reconocerlo-- al
hacer, yo creo, el análisis que podríamos haber compartido muchos grupos
políticos en la desautorización más precisa de lo que ha venido siendo la
posición del Partido Popular en relación al diagnóstico de la política
económica y de la política industrial. He tomado nota puntualmente. Usted
ha hecho --como, por otra parte, es su función de animador del sector
industrial-- un diagnóstico positivo de la situación del sector
industrial en España y, lo que para nosotros tiene más mérito, ha hecho
un reconocimiento expreso de la política industrial y económica que en
los dos últimos años se ha llevado a cabo en este país, que sinceramente
pone en evidencia lo que por curiosidad intelectual traía a esta Comisión
por si era necesario leerlo, y efectivamente fue acertada la decisión,
pone en evidencia lo que es el frontispicio del programa electoral del
Partido Popular en relación a la política industrial, donde habla de que
una de las funciones básicas del Gobierno va a ser acabar con el proceso
de desindustrialización provocado por el PSOE, en una situación en
relación a la Unión Europea, en fin, haciendo lo que usted no ha tenido
ningún complejo en calificar de diagnóstico agorero de la situación
económica e industrial. Yo pondría nombres y apellidos a esos agoreros
que usted señalaba abiertamente. Los «Diarios de Sesiones» de esta Cámara
están llenos de algunos de esos calificativos. Por cierto, que después
hemos podido contemplar que en el ámbito político y académico ha habido
un cierto comportamiento proporcional: tanto más agorero y tanto más
errático en el diagnóstico de la situación, tanto más cargo público le
han dado en el Gobierno, en el Partido Popular, y me refiero a algunos
estrategas y a algunos diagnosticadores de la realidad económica que, por
cierto, fueron aplaudidos en el último año con el premio económico a la
CEOE y que hoy observamos cómo animan el desconcierto de la situación
económica con rango de categoría de Estado de política y control
presupuestaria. Espero que el conjunto del sentido común del Gobierno y
de la Administración pública española nos proteja de algunos analistas de
la economía española que no han hecho más que falsificar y trucar lo que
usted, repito, con sinceridad hoy ha calificado como una política que ha
venido siendo acertada y una política que ha incrementado productividad y
competitividad en la industria española, con un balance claramente
positivo en la orientación de la política económica realizada en los dos
últimos años, y situándose en lo que han sido las tesis del Grupo
Socialista antes y después de las elecciones, dando un ánimo a los
inversores, a los empresarios y también a los ciudadanos españoles de que
estamos en una clara senda de recuperación y que algunos de los
planteamientos de desaceleración, fundamentalmente en el ámbito del
consumo, han venido más condicionados por circunstancias de carácter
puramente coyuntural. Por consiguiente, en eso estamos absolutamente de
acuerdo, y le reitero nuestro agradecimiento por la sinceridad y por la
valentía con que ha querido reconocer esta situación económica y con la
que ha descalificado abiertamente la posición de los últimos años del
partido que le ha colocado a usted en el Gobierno.
Ahora bien, he de decir que su propia intervención nos genera,
lógicamente, algunas intranquilidades. Es lógico y usted lo comprenderá.
Una de ellas, repito, el papel que el Gobierno tiene destinado al propio
Ministerio de Industria. ¿Es un ministerio con cáscara exclusivamente o
en realidad va a tener almendra? ¿Es un ministerio que se va a limitar
exclusivamente a pelear por competencias en el campo de la política de la
mediana y pequeña empresa en relación al Secretario de Estado del
Ministerio de Economía? ¿Es un ministerio que va a contemplar con una
forma dontancredista cómo desde otros ámbitos del Gobierno marcan los
ritmos de privatización de empresas, incluso imponen a algunos de los
responsables de esas empresas, o sinceramente va a asumir planteamientos
que, por cierto, escuchaba al partido que en este momento también apoya
parlamentariamente al Gobierno, Convergència i Unió, que durante los dos
últimos años ha pretendido que en el Ministerio de Industria se iniciara
una política de reanimación del tejido productivo, de políticas
sectoriales, de políticas microeconómicas?
La verdad es que son preguntas que hoy no han tenido respuesta. Hoy ha
habido simplemente una enumeración de actividades, de funciones de algún
subdirector general que ya anunciamos que o le duplican el sueldo o desde
luego irá generando en sí mismo un organigrama diferente del que usted ha
anunciado en esta primera comparecencia, y al final, sinceramente, nos
quedamos con esas dudas. En cualquier caso, a nosotros hoy nos apetecería
en una convocatoria como ésta, al margen de darle el tiempo suficiente
para que vayan concretándose sus ideas y sus proyectos, marcar nuestra
posición también, que va a ser lo que presida el debate político en los
próximos años. Una posición --ya le anticipaba-- que le va a hacer a
usted familiarizarse mucho con este parlamento porque va a ser la de un
seguimiento muy preciso de todas y cada una de las actuaciones que en el
ámbito que más exhibición pública está teniendo en los últimos días, que
es el ámbito de las privatizaciones, a nosotros nos tiene seriamente
preocupados porque, sinceramente, lo que ha venido siendo el discurso y
los compromisos políticos que ustedes han generado con la sociedad
española se está desviando de ese intento de profesionalización de la
empresa pública española, se está creando una clara imagen de amiguismo
en el nombramiento de algunos responsables públicos de la empresa
española. Sinceramente, echo en falta una declaración del Ministro de
Industria para valorar el papel de los gestores públicos de esas empresas
de los últimos años, que mi grupo juzga que han sido gestores públicos
altamente profesionales y que han contribuido a crear una imagen
claramente distinta de la empresa pública española y a conseguir los
objetivos de saneamiento, de competitividad y de presencia en el interior
y en el exterior de las empresas públicas españolas que, desde mi punto
de vista, merecerían algún acto de reconocimiento público superior al que
el Gobierno español está dando y que, por ejemplo, están teniendo fuera
de nuestras fronteras. Usted, desde luego, estará teniendo un especial
seguimiento de algunas de las voces que se están alzando en la prensa
económica internacional advirtiendo al Gobierno español, al Gobierno del
señor Aznar, sobre el riesgo que tiene alterar la composición de algunos
consejos de administración que habían generado confianza en la captación
de esos capitales y de esos socios internacionales, y que hoy se ven
sorprendidos por cambios que, desde luego, no estaban en el ámbito de lo
esperado en el horizonte de lo programado. Por lo tanto, es una
intranquilidad que le traslado, pero no le es ajeno que esta
intranquilidad se está dando entre muchos socios nacionales e
internacionales de las empresas públicas a las que hacía referencia.
Además, señor Piqué, creo que está produciendo una situación en el ámbito
político nacional que usted debería explicar hoy en relación a estos
movimientos previos a los procesos de privatizaciones que se están dando
por parte de algunas empresas públicas, por algunas cuasi públicas o por
algunas que por su dimensión y el papel financiero que tienen, supongo
--estoy convencido de ello-- que responden a informaciones previas que el
Gobierno ha tenido. Por tanto, en esta serie de intranquilidades que
ponemos de manifiesto, también le voy a formular alguna pregunta. ¿Está
teniendo el Gobierno conversaciones previas o información previa de las
tomas de posición que entidades como La Caixa, Argentaria o el BBV están
adoptando en el sector eléctrico español?
Supongo que usted entenderá que nos levante una cierta preocupación
observar cómo en este proceso previo de colocación privilegiada en
determinados sectores, que a eso, a lo mejor, ustedes le llamen
privatización, y que estemos haciendo una especie de prestidigitación
política llamando privatización a la colocación de entidades que, por
unas razones u otras, le interese más al Ministerio o al propio Gobierno.
No sé si ése es el proceso de transparencia al que usted se refería, pero
desde luego no es el proceso que nosotros esperamos que presida la línea
de conducta en la reorganización del sector público empresarial o de las
posibles privatizaciones que se puedan realizar en nuestro país.
Sobre estas cuestiones supongo que entenderá que le preguntemos, porque
nos están colocando en una situación de cierto desconcierto. Estamos
viendo muchas prisas en algunos sectores y entidades que deberían estar,
cuando menos, coordinadas y queríamos saber, en una comparecencia como
ésta, si realmente ello responde a una estrategia del Gobierno. Porque no
se me antoja a mí que Argentaria vaya a actuar de la noche a la mañana de
forma autónoma, sin esa comunicación que usted ya ha comentado hoy que va
a tener el Gobierno; ha dicho que el Ministerio va a tener una presencia
y un control mucho más estricto del que hasta ahora ha tenido respecto de
las empresas públicas.
Yo creo que gran parte de lo que usted ha dicho no ha sorprendido a
nadie. Gran parte de lo que usted ha dicho está puesto en marcha ya en
este país. En ese sentido quizá sería ahora una buena oportunidad para
pedirle una valoración, si usted se sitúa en el ambiente del Libro Blanco
de la industria que este Parlamento discutió en los últimos meses y que
recoge un buen número de los compromisos e iniciativas que usted ha
lanzado. Digo esto para crear un marco de relación estable, no vaya a ser
que gran parte del discurso que tengamos los primeros meses sea para
volver después a la situación de origen. Con ello quiero salir al paso de
lo que ha sido un trabajo no estrictamente del Gobierno, sino de fuerzas
económicas, empresariales y sociales españolas que dieron como resultado
un diseño, un diagnóstico, una fijación de objetivos y un compromiso de
puesta en marcha de instrumentos de carácter empresarial. Todo ello sería
muy positivo conocer, para evitarle trabajo en el futuro y, sobre todo,
para evitarnos que nos sorprendan las nuevas situaciones, si el marco de
referencia del libro blanco de la industria española puede ser una buena
guía de conducta para el Ministerio en los próximos meses. Me parecería,
cuando menos, correcto desde el punto de vista de la cortesía política,
que se hiciera referencia a lo que no es entrar en una situación en la
que se parte de cero, sino en una situación en la que se parte de un
camino recorrido, duro, que sin duda alguna ha contribuido a poner al
sector privado empresarial y al sector público empresarial en cotas que,
probablemente, nunca había tenido en nuestro país.
Querríamos plantearle en el día de hoy estas cuestiones junto a otras que
están en el ámbito de preocupaciones de mi grupo y estoy convencido que
de algunos más. Me refiero a las preocupaciones en torno a las
influencias que desde el Gobierno se puedan tener en relación a su
Ministerio y al proceso de privatización. Tengo intranquilidad por
conocer qué presión está manteniendo la CEOE en relación al Gobierno y al
Ministerio de Industria en las prisas por la privatización. Estamos
observando que estamos poniendo quizá el carro delante de los bueyes.
Llevamos meses y semanas hablando con una cierta precipitación --y
reconocerá usted conmigo también que en muchas ocasiones con unas ciertas
contradicciones-- de la privatización como si fuera la prima donna de la
política industrial para los próximos años. Quizá sería bueno que
fuéramos definiendo de qué estamos hablando.
Mi grupo ha tenido ocasión de formularle esta pregunta en el Pleno, pero
probablemente no era el lugar apropiado, porque por cuestión
reglamentaria de tiempo no habría sido posible que explicara lo que, sin
duda, hoy va a tener la oportunidad de explicar. ¿Privatizaciones para el
Gobierno del señor Aznar y para el Ministro de Industria es la
desaparición absoluta del sector público en las empresas en las que en
este momento existe? ¿Privatización es la renuncia a perder las
posiciones de control que, obviamente no tienen por qué estar en los
niveles de presencia que en este momento tiene el accionariado de estas
empresas? Si eso es así, ¿por qué considera el señor Ministro que la
Administración debe desaparecer sin que su presencia perjudique a la
competitividad y a la productividad de esas empresas en sectores como en
el de la telecomunicación, el financiero o el energético? ¿No considera
que, más bien lo contrario, la experiencia en nuestro país nos ha llevado
a que precisamente la presencia del sector público en esos campos haya
contribuido a la competitividad que el sector privado nunca supo
concederle? ¿No le parece al señor Ministro que sería una posición
especial para realizar actuaciones arbitrarias o incluso caprichosas por
cuestiones conceptuales que no están del todo definidas?
Yo creo que debería dedicar algo más de tiempo a hacer precisiones de
carácter conceptual para saber de qué estamos hablando. Porque si no
probablemente podríamos estar montando un debate que a lo mejor es falso,
tan falso como que algunas de las declaraciones que hemos oído del
Gobierno y del propio señor Ministro empiezan a ser distintas cuando se
generan en el ámbito de un marco empresarial o parlamentario a cuando se
realizan en determinadas circunscripciones como, por ejemplo, ayer o
anteayer tuvo la oportunidad de expresar en Asturias. Parece que al
recorrer la distancia desde Madrid a los lugares en los que hay problemas
concretos el discurso se va distorsionando o diluyendo. Estas cuestiones
forman parte de nuestras preocupaciones, que hoy no quisiera acentuar
mucho más, al margen de que sería muy conveniente que usted matizase
algunas cuestiones que de una forma muy sibilina ha planteado encima de
la mesa y que tienen que ver con la política económica del Gobierno
respecto a flexibilizar la microeconomía de algunas empresas. ¿Tiene eso
algo que ver con el mercado laboral, es una posición de Gobierno, es una
reflexión exclusivamente intelectual del Ministro que la lanza hoy en
esta Comisión? Como verá hay muchas cuestiones pendientes que tendremos
oportunidad de ir desgranando. Es una oportunidad que no creo que el
señor Ministro deba desaprovechar hoy para contarnos que si en la
experiencia de este mes que ha transcurrido al frente de su Ministerio,
en una situación mucho más concreta, ha tenido oportunidad de reducir
muchos gastos en la gestión y en la administración del Ministerio. ¿Se ha
encontrado muchos huecos en el despilfarro que el Partido Popular
anunciaba que iba a encontrar en la Administración pública? Porque si los
ha encontrado habrá tenido la oportunidad de reducirlos en este
penelopiano proceso de recorte del gasto público, esos 200.000 millones
de pesetas con los que el señor Rato nos ha tenido entretenidos durante
quince días. Será ésta una buena oportunidad para que el señor Ministro
nos comente también si ha encontrado un Ministerio desproporcionado, que
ha malgastado, si las
empresas públicas, de verdad, eran empresas públicas que estaban
gestionadas por políticos o más bien eran profesionales. Nos gustaría
saber algo más de lo que nos ha dicho hasta ahora, porque ello
contribuirá a que los grupos formemos un mejor criterio sobre la
situación en la que se encuentra la industria y concretamente el
Ministerio de Industria y sobre las cuestiones que vaya a realizar de
cara al futuro.
Por último, en relación al futuro de las actuaciones que vaya a llevar el
Ministerio y en orden a lo que ha sido el acento que han puesto su
Ministerio y su Gobierno en muchas ocasiones, como ha sido el nivel de
transparencia en el proceso privatizador que se va a llevar, he escuchado
y leído en algunos de los medios de comunicación que van a ser muy
escrupulosos en la Oficina de Privatizaciones con la elección de órganos
de consulta, expertos y profesionales que puedan asesorar y dar la
información adecuada para que las decisiones sean lo más solventes y lo
menos discutibles posible. Por ello le hago una propuesta: que en ese
órgano de control, de seguimiento y transparencia pueda también
incorporar lo que sin duda alguna va a ser después una presencia activa
en este proceso como son los grupos parlamentarios.
Ha habido alguna sugerencia ya por parte de algún grupo de esta Cámara en
relación a crear una ponencia para el seguimiento de las privatizaciones.
Hubo una oferta del Partido Popular, que tuve la ocasión de recordar en
el Pleno, por parte del antiguo portavoz de industria del Partido
Popular, para que esta Comisión recibiera información similar a la que
recibe la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre todas y cada una
de las empresas públicas. Nosotros incluso lo consideramos
desproporcionado por el nivel de discreción con que esa información se
deba manejar --digo lo que está recogido en el «Diario de Sesiones», otra
cosa es que ya no sea la posición del Partido Popular unos meses después,
estas cosas pasan, ya sabe usted--. Quizás es una buena oportunidad para
situarnos en una posición en la que haya información adecuada, al
momento, de suficiente transparencia por parte de los grupos
parlamentarios, en ámbitos diferentes y tal vez menos espectaculares que
el ámbito de una comisión para discutir los problemas de una o de otra
empresa. Tiene usted una oportunidad de oro, recoja esta oferta y esta
sugerencia como una oferta de lo que sin duda alguna va a ser la posición
del grupo que represento, que es la de una leal y constructiva oposición
que hoy iniciamos en relación a su Ministerio y que yo espero que dé el
fruto adecuado para una nueva política industrial que tenga los
resultados que nosotros esperamos y el nivel de transparencia que
nosotros deseamos, y desde luego ya le garantizo que usted va a tener el
nivel de control que usted espera.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Mariano Santiso del
Valle.
El señor SANTISO DEL VALLE: En primer lugar, muchas gracias, señor
Ministro, por su comparecencia. Le deseo lo mejor en cuanto a su gestión,
si bien tenemos que decir también que por lo escuchado hasta este momento
en esta Comisión e incluso por las declaraciones previas que hemos podido
leer todos, especialmente, por citar alguna, en el diario «El País»,
donde el titular era ya el anuncio de la privatización a lo largo de esta
legislatura de todo el sector público, de las empresas públicas,
sinceramente nos parece un error iniciar una legislatura en la que lo más
emblemático de lo expresado hasta este momento ha sido precisamente la
supuesta política de privatizaciones, es decir, el anuncio previo incluso
de un plan estratégico de privatizaciones, sin haber tenido la
oportunidad de discutir todavía un plan industrial o qué política
industrial de fondo se va a realizar desde el propio Gobierno.
Al mismo tiempo nos parecen muy preocupantes algunos de los rasgos
generales que usted ha expresado, porque en definitiva parecen reafirmar
alguna frase de épocas anteriores donde se decía que la mejor política
industrial es la que no existe. (El señor Vicepresidente, Gómez
Darmendrail, ocupa la Presidencia.) Yo creo que, de cumplirse las
previsiones de su propio Ministerio, y sobre todo si se consiguen colocar
en el mercado rápidamente los activos de determinadas empresas, su
Ministerio se va a quedar prácticamente sin función, porque más parece un
Ministerio destinado en este momento a la subasta pública del sector que
a realizar una política que impulse el tejido industrial de este país, ya
tan castigado en los últimos años.
Por tanto, creemos que no se ha definido un modelo industrial y que al
mismo tiempo no hay una apuesta por la empresa con proyecto y vocación
industriales y por mantener la presencia del sector público como garantía
en determinados sectores de control, de mantenimiento del empleo y con la
función social que en algunos casos le ha tocado jugar, precisamente
porque una parte del sector público ha llegado a esta situación por el
fracaso del sector privado.
Hay también, entendemos, algunas contradicciones de fondo en algunas de
las manifestaciones que se han venido haciendo y en las que hoy mismo se
han hecho, porque por una parte se reconoce que una de las grandes
dificultades es precisamente el tamaño del sector industrial español y,
sin embargo, al mismo tiempo parece que se va a una política inmediata de
privatizaciones de empresas importantes que yo creo tienen una buena
gestión --podríamos citar algunas como el grupo Téneo-- y que pueden
verse afectadas también en su tamaño industrial, en su participación en
el mercado y en unas mejoras de competencia.
Sinceramente yo creo que lo que se quiere es hacer caja a corto plazo.
Por mucho que se quiera enmascarar, la única explicación razonable, con
criterios empresariales, para que el sector público se desprenda de sus
mejores empresas, las más rentables, las que pueden aportar
sistemáticmente, año a año, ingresos significativos al Estado, la única
razón objetiva para intentar ponerlas en el mercado a tan corto plazo no
puede ser otra que hacer caja para ayudar a cumplir determinados
objetivos. Sin embargo, curiosamente y en paralelo con esto las medidas
que se anuncian van a repercutir precisamente en la otra parte, que son
los ingresos del Estado, puesto que hasta ahora lo que hemos conocido son
promesas de continuar con desfiscalizaciones a determinadas empresas o a
determinados sectores.
Ahí está, por ejemplo, la promesa, parece que efectuada, de reducir el
impuesto de matriculación, por citar una pequeña pero significativa, y de
otro tipo de desfiscalizaciones de las que ahora ya se dice, sí, que
tienen que ir acompañadas de determinadas garantías de que creen empleo
estable, y no como había sucedido anteriormente con este tipo de ayudas,
que no ha habido después ninguna garantía de que determinadas medidas de
bajar la presión fiscal sobre las empresas hayan ido acompañadas
realmente de creación de empleo o de apuestas, por ejemplo, en
investigación y desarrollo.
Nosotros creemos que es una idea equivocada que al mismo tiempo alguien
que quiere vender, partiendo incluso de ese supuesto, lo anuncie y ponga
en el mercado de repente un montón de posibilidades de participación en
determinadas empresas públicas. Yo creo que eso no genera además ni
siquiera las mejores condiciones para una venta razonable en términos
exclusivamente económicos y, además, tengo mis dudas también de la propia
capacidad del mercado y de cuál es el volumen que en definitiva podría
absorber, salvo que demos entrada masiva a capitales extranjeros que de
nuevo vayan copando nuestras mejores empresas públicas.
Yo me ratifico también en una pregunta que hacía el portavoz socialista
en cuanto a qué opinión tiene sobre el famoso libro blanco, que aquí no
pudimos ni discutir, porque fue ya al término de la legislatura,
prácticamente nos lo leyeron o explicaron y no nos dio tiempo tampoco a
entrar en un debate en profundidad, pero que sí contiene reflexiones
producidas en distintas mesas con agentes sociales de determinados
sectores de política industrial. Sería muy interesante conocer cuál va a
ser la posición del Ministerio sobre los aspectos debatidos en todo ese
proceso de elaboración del libro blanco o si usted cree que ya no es
necesario el libro blanco de la industria.
Ya ha contestado a algunas cuestiones generales sobre la Agencia
Industrial del Estado, sobre el SEPI y sobre Téneo. Sin embargo,
continúan grandes incertidumbres en estos sectores y a algunos grupos
políticos en algunas comunidades se nos ha acusado de un cierto alarmismo
social, e incluso con calificativos superiores, aunque yo creo que la
alarma social la provocaron las primeras declaraciones desde el ámbito
del Gobierno, desde la Oficina Presupuestaria del Gobierno por ejemplo,
que daban casi un carácter inmediato a las primeras medidas de
privatización, incluso con una posible amenaza de reducir las
aportaciones a las empresas situadas en la Agencia Industrial del Estado.
Por tanto, nos gustaría una mayor concreción en determinadas empresas,
como puede ser Hunosa, por ejemplo, todo lo que afecta a la cooperación
siderúrgica integral, entre otras cosas, porque hay noticias de prensa,
de contactos entre miembros de su gabinete y empresarios leoneses, como
el señor Victorino, parece ser o por lo menos así decía «El País», para
sondear las posibilidades de colocación de Hunosa en el sector privado.
Al hilo de esto, quiero decirle que tienen ustedes un concepto de la
privatización muy sui generis, que no comparto. Es decir, en la
privatización lo único que cambia es el sujeto receptor de las ayudas,
pasamos de concentrar las ayudas en holdings públicos o empresas
públicas, por tanto bajo control público, que permiten garantizar más
allá de insistirse en su mejora y transparencia en la gestión. Me parece
que fomentar un determinado tipo de empresario que, en definitiva,
continúa viviendo de lo público y por tanto obteniendo sus beneficios de
lo público, no es la mejor fórmula, ni tampoco ir a un camino conocido
ya. Aquí se han presentado grandes inversiones extranjeras --y algunas
usted las conoce de cerca, como el propio KIO-- que terminan después con
grandes fracasos y aportaciones multimillonarias desde el sector público
a un sector privado que en la fase inicial ha estado fuera de control por
parte del propio sector público. Por consiguiente, son modelos falsamente
liberalizadores.
Al mismo tiempo, usted exponía otras condiciones, otras razones
favorables a las posibles privatizaciones que eran su competitividad, su
eficacia, etcétera. En algunas empresas de las que estamos hablando sobre
su posible privatización eso está superdemostrado. Han sido y son
empresas rentables, con un papel importantísimo en sus sectores, como
puede ser el sector eléctrico y nadie --insisto-- que fuera propietario,
si fuera un empresario privado, las pondría en venta y mucho menos las
trocearía o diversificaría, precisamente para mantener su tamaño
industrial. Por ello sigo sin entender muy bien cuáles son esos
criterios.
Otra posibilidad que a veces se baraja mucho desde criterios
supuestamente ideológicos de aumentar también la competencia y, por
tanto, mejorar o bajar los precios, etcétera, es que hay sectores en los
que ya se ha probado. Podemos hablar de los combustibles, de las
gasolinas y díganme ustedes quién ha notado en este país algún efecto en
sus bolsillos o si usted encuentra una gasolinera donde haya precios
competitivos o diferentes y no un monopolio encubierto, aunque lo
gestionen distintas empresas o participen distintas empresas. Yo no he
visto por ninguna parte cuál ha sido la eficacia para la competencia
entre empresas y, por tanto, su traslación al consumidor de estos
beneficios en sectores de este tipo. Esto puede reiterarse como se vaya a
aun abandono --como se decía antes-- de sectores estratégicos, como puede
ser el sector energético.
Me gustaría saber también qué piensa de Santa Bárbara, qué piensa del
sector naval, en concreto si se van a respetar los acuerdos y planes de
empresa pactados y si se están cumpliendo los planes de inversiones.
En cuanto a Iberia, las noticias que tengo es que el plan de empresa va
bien más o menos. Quisiéramos tener más información y nos preocupa una
supuesta toma de posición de la British de un diez por ciento,
aproximadamente, que podría provocar un control y, por tanto, que Iberia
pierda mercado en razón de esa participación. ¿Qué noticias hay sobre
esto? ¿Tiene usted más noticias? Nos gustaría que Iberia continuara
teniendo una importancia como empresa aérea y que no se abandone a otros
operadores extranjeros sin más.
En cuanto al tema energético, insisto en la pregunta. ¿Se quiere trocear
Endesa o se va a mantener como grupo? ¿Qué estrategia va a mantener? Creo
que su rentabilidad ha sido demostrada, así como la buena gestión, todo
hay que decirlo, del Presidente actual, por lo menos en nuestra
opinión. Ahí tienen ustedes un reto, como se decía antes, a la hora de
poner a alguien al frente de las empresas, para analizar si los
anteriores han hecho una buena o mala gestión o simplemente se van a
limitar a una ocupación política de determinadas empresas significativas
de este país.
Desearíamos saber qué pasará con las actividades de diversificación de
Endesa, es decir, cable, etcétera. Tenemos ciertos temores también ante
el riesgo de que el capital extranjero pueda hacerse con el control,
sobre todo en un momento en el que quiere anunciarse o parece anunciarse
una puesta en el mercado de tan gran número de acciones que es muy
posible que el propio mercado español en solitario no pueda hacerse con
el control. En esto reitero una observación que se hacía antes: es
curioso cómo en determinados ámbitos políticos, no solamente del Partido
Popular, sino también de Convergència, se insista en la privatización
mientras estimulan la participación de la Caixa y otros entes económicos
semipúblicos, lo que como mal menor no me parece mal, pero no se haga un
falso discurso de privatización mientras se toman rápidamente posiciones
o se estimula a grupos bancarios como BBV o BCH en la toma de posiciones
para el futuro.
Me gustaría que nos explicara un poco más algunos anuncios que se están
haciendo sobre el sistema tarifario y sus cambios, teniendo en cuenta que
el sistema tarifario actual es fruto de los intercambios financieros de
1985-1993. Usted anunciaba como algo positivo la retirada de los recursos
por parte de algunas compañías eléctricas. Quisiera saber cuánto nos va a
costar porque es donde suelen terminar este tipo de acuerdos, ya que en
ocasiones se ha acusado a Endesa de tener ciertos privilegios en la
aplicación tarifaria por el origen de sus combustibles, pero al mismo
tiempo se olvida que se le obligó a comprar en determinadas condiciones,
ahí está el ejemplo de Ascó a cuya compra se le obligó a Endesa en
condiciones que lógicamente no hubiera comprado ninguna otra empresa
privada.
Se olvida asimismo, al hablar una vez más de la eficacia y de la
eficiencia de lo público y lo privado, de cómo nuestra tarifa y nuestros
usuarios van a estar soportando durante unos 25 años, según el nuevo
sistema, que parece que ustedes han diseñado, de subvencionar o avalar
desde lo público --precisamente la apuesta de los bonos famosos--, la
moratoria nuclear, ya que eso transforma el modo de ver las
privatizaciones y de diversificar las ayudas en otro sentido. Quiero
recordar una vez más que la moratoria nuclear se produce por un fracaso
en la gestión privada o por una apuesta equivocada de lo privado, como
usted reconocía hace un momento, por lo cual parece que en términos no
medioambientales, sino en términos económicos se ha llegado a la
conclusión de que el sector nuclear no es rentable, al mismo tiempo que
hemos cargado en las cuentas del Estado casi 700.000 millones en este
momento, producto de ese fracaso de lo privado y una vez más es lo
público quien tiene que afrontar esas consecuencias.
Por lo que se refiere a Enresa, nos gustaría saber cómo se explica --son
medidas que se han tomado en este período-- la modificación que se ha
hecho en el Real Decreto de 1 de marzo, del que curiosamente desaparecen
los artículos 5.º y 8.º, cuando el artículo 5.º se refería a la necesidad
de establecer planes de carácter anual y el artículo 8.º a la obligación
de informar al Parlamento, si no recuerdo mal. Nos preocupa que
precisamente aquellos elementos que son de transparencia y de gestión, en
mi opinión, desaparecen del Decreto-ley. Creo que eso sería corregible.
También desearíamos saber cómo se van a distribuir los fondos que en este
momento tiene Enresa procedentes de la tarifa eléctrica que creo están en
torno a los 200.000 millones de pesetas.
Por último, quiero insistir en algo que nos parece fundamental desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es la política de I+D sobre
la que, en mi opinión, se ha dicho muy poco, y, además, hacerle algunas
preguntas y consideraciones.
El 8 de mayo de este año se publica en el «BOE» la refundición en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de aquellos organismos
autónomos adscritos a los diferentes departamentos ministeriales que
desarrollen actividades de investigación o experimentación. Nos parece
que el documento es ambiguo y quisiéramos una urgente aclaración sobre
los objetivos concretos que la nueva Administración se ha fijado para el
sistema público de I+D, en particular sobre los dos organismos públicos
de investigación, es decir el Ciemat y el Instituto Tecnológico Geominero
de España, ya que las informaciones sobre el Ciemat son contradictorias.
Parece ser que va a quedar todo en Industria pero quisiéramos la
ratificación, aunque así, más o menos, se deducía de la intervención de
la señora Ministra de Medio Ambiente. Quisiéramos saber también qué va a
suceder con este tipo de institutos, si seguirán o cambiarán de
Departamento, cuál será el destino de Enresa y Enusa, si es posible
separarlas del Ministerio encargado del sector eléctrico. Yo creo que no.
Otra cuestión se refiere a las ayudas destinadas a promoción y fomento de
I+D empresarial centralizadas en el Plan de Actuación Tecnológica e
Industrial. ¿Es voluntad del Ministerio mantener esa línea de actuación?
¿Qué medidas concretas propone el Ministerio para incrementar los gastos
financieros y recursos humanos destinados por las empresas a actividades
del I+D que, como reconocen todos los analistas, suponen el principal
lastre que impide el despegue del sistema científico español? ¿Cuál será
el destino del programa de promoción e investigación de tecnologías del
medio ambiente, seguirá en este Ministerio o pasará al Ministerio del
Medio Ambiente?
Respecto al libro blanco de política industrial, no discutido pero sí
elaborado, en el mismo se situaba el sector energético como eje de la
política tecnológica. ¿Mantiene su Ministerio este criterio, y, si lo
hace, cuáles son las previsiones para este asunto? ¿Cuál es el futuro del
programa Stela, de proyectos de investigación en el campo energético en
que se engloban los fondos Ocide, procedentes de la factura de la luz, y
que ha tenido una favorable acogida en los medios de investigación,
sindicales, etcétera? Por último, si se mantiene el Centro de Desarrollo
Tecnológico e Industrial como gestor de todos los fondos relacionados con
promoción y fomento de I+D empresarial.
Estas son algunas de las consideraciones. Creo, efectivamente, que
tendremos oportunidad, en próximas Comisiones,
de intentar seguir directamente los procesos de posible privatización y
espero que la información, como se ha prometido, sea transparente y ágil
y, en todo caso, por favor, que no se den a posteriori de las decisiones
ya tomadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores
Diputados, después de escuchar la intervención del señor Ministro, creo
que sería conveniente, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista
Galego, empezar por hacer una serie de consideraciones de carácter
general, para, después, poder ilustrar mejor algunas cuestiones de
carácter particular.
En primer lugar, está claro que el señor Ministro empezó curándose en
salud, al intentar ocultar que la participación del sector industrial del
Estado español en el producto interior bruto es menor en la actualidad
que en la década de los 70; y no creo que se pueda obviar este tipo de
problemas, esta caída en la participación del producto interior bruto, a
través de observaciones de carácter cualitativo que no pueden ocultar
que, en todo caso, también hay una caída clara del empleo en el sector
industrial.
En segundo lugar, es curioso que en su intervención dejara claro que en
los demás Estados de la Unión Europea, sobre todo en los Estados
centrales, el peso del sector público es muchísimo mayor que en el caso
del Estado español. En esto veo una contradicción, en todo caso, porque
si el modelo es la Unión Europea y los Estados que están más avanzados
dentro de ella, parece que hay una clara contradicción entre el afán por
desmanterlar el sector público en el Estado español y una cierta
tendencia, particularmente en los sectores políticos que están a favor de
las privatizaciones, en el caso de Francia o de Alemania, de mantener,
por lo menos, una parte sustancial en el sector público del Estado,
porque saben que es su arma defensiva fundamental a la hora de una
economía trasnacionalizada y de mantener cierto grado propio de decisión
en un mundo internacionalizado, pero donde está claro que la autonomía
política de cada uno vale, en términos relativos, bastante. Bajo nuestro
punto de vista, es preocupante además porque el propio señor Ministro
reconoció que, prácticamente, no existían muchos sectores
trasnacionalizados que tengan poder de decisión o sede central en el caso
del Estado español. Por tanto, en este proceso de internacionalización de
la economía, que si podemos criticar, no podemos poner en duda que es
cierto, vemos con preocupación que el Estado español se desproteja tan
alarmantemente en un momento tan crítico.
En tercer lugar, otra de las cuestiones que nos llamó la atención de la
intervención del señor Ministro es la de que mantiene el criterio de que
una política industrial debe de impulsar la justicia social, y no sé si
por justicia social se entiende también una cierta nivelación entre los
territorios del Estado español. Aunque no lo haya citado, yo creo que sí
tiene que ver con la justicia social, si se entiende ésta como colectiva
y no solamente como una cuestión de individuos aislados. En este sentido,
nosotros pensamos que es incompatible este criterio con el proceso de
disminución de la presencia del Estado en sectores productivos claves de
la economía o bien de la presencia del Estado en zonas del territorio
donde la iniciativa privada no tiene capacidad de acumulación por sí
misma para enfrentar determinado tipo de sectores productivos y donde
incluso hay ventajas comparativas muy claras.
En cuarto lugar, nos gustaría señalar también el hecho de que el Estado
se sitúe exclusivamente al servicio de nuevas alianzas estratégicas entre
el capital financiero o el capital industrial lo hace entrar en
contradicción con lo que son los intereses de la mayoría. En esa línea,
el propio señor Ministro reconoció que las empresas rentables serían las
primeras en empezar un proceso de privatizaciones. No se puede entender
por qué razón lo rentable no puede mantenerse en el terreno de lo público
y utilizarlo precisamente para impulsar incluso economía privada de
pequeña o de mediana escala; o incluso por qué no se utiliza lo público
rentable para armonizar en justicia social y en nivelación territorial.
El señor Ministro habló también sobre la desregulación y previo
saneamiento de las empresas antes de su privatización. Yo creo que habría
que empezar por desregular aquello que está en el sector público y que es
curioso que hoy, muchas veces, por motivos estrictamente políticos, está
impedido de poder funcionar con corrección. Me estoy refiriendo a algunas
empresas vinculadas al sector naval, que sufren prohibiciones que, desde
el punto de vista de la libre competencia o de la desregulación, no
tienen sentido alguno; o de otras vinculadas confesionalmente al
Ministerio de Defensa, es decir, a los Presupuestos del Estado,
obligatoriamente. Empecemos por regular lo que está en manos del Estado
en el sentido positivo, no de hacerlas privadas, pero sí hacerlas
funcionar con eficacia en el concierto de la macroeconomía en la que tan
preocupados estamos por injertarnos.
Por último, quiero decir, en relación con el problema de las
contradicciones, que hay muchas empresas que ya fueron públicas, después
se privatizaron, después volvieron a ser públicas y ahora se vuelven a
privatizar; yo creo que esto ya existe. Como ejemplo podría citar, por
limitarme al caso de Galicia, que este proceso lo padeció un sector como
Alúmina-Aluminio, que ahora, parece ser que se va a privatizar otra vez
mediante un proceso de internacionalización; lo vimos también con el caso
de la filial de Babcock Wilcox, Imenosa; lo vimos con el caso, por
ejemplo, de GEA, Grupo de Empresas Alvarez, que, curiosamente,
desapareció, después de un proceso de privatización, y así sucesivamente.
Sería cuestión de que se pensase mucho si estos procesos no colocan al
conjunto del Estado español en una situación muy grande de precariedad,
lo cual no quiere decir, por supuesto, y entiéndaseme bien, que todo
tenga que ser propiedad pública, propiedad del Estado, y que no haya que
mejorar sensiblemente la gestión de estas empresas de carácter público.
Hablando de compromisos y de contratos-programa, a mí me gustaría que el
Esatdo fuera consecuente y empezase
por pagar las deudas que tiene con otras empresas públicas, por ejemplo,
el Ministerio de Defensa, o por atender compromisos que se hacen en
contratos-programa que después no se cumplen, caso, por ejemplo, de Santa
Bárbara, con la que hay una serie de contratos comprometidos por el
Estado y que, después, por motivos de presión política, siempre oscuros,
no se acaban cumpliendo de cara al centro de trabajo con el que había ese
compromiso; o, simplemente, por qué razón no se habla en esta
intervención de si el Plan Estratégico de Competitividad para el sector
naval reúne todos los requisitos de integración en la macroeconomía con
el criterio de competitividad y de diferenciación entre los distintos
centros, pero también a la hora de aclarar su cuenta de resultados; o por
qué no se dice, cosa fundamental, que el reparto dentro del Estado
español de la carga de trabajo en sectores claves, como el sector naval,
debería llevar consigo una discusión en el sentido de disputar la cuota
de mercado internacional, porque hay una cosa indudable: el Estado
español, en la década de los 70, tenía una cuota de mercado en el sector
naval que hoy no detenta, esto es innegable, y aun, encima, dentro del
Estado español se reparte con unos criterios que no tienen en cuenta ni
la capacidad tecnológica ni la cualificación de la mano de obra ni nada
que tenga que ver con criterios objetivos de una empresa rentable. Con
estos criterios, está claro que hace falta mejor gestión, pero yo creo
que también hace falta otro tipo de actitud del Estado, empezando por las
empresas públicas y por la relación entre los ministerios.
Por fin, hay dos cosas de carácter general que me gustaría que el señor
Ministro tuviese en cuenta. Si queremos diversificar la industria,
tecnológicamente mejorar y hacer programas de investigación y desarrollo,
nosotros creemos que las empresas públicas tienen un papel fundamental.
Piénsese, por ejemplo, en el papel tan importante de Endesa o de la
propia Bazán o de Astano en este terreno, que están siendo totalmente
desaprovechado. No creemos que haya sector privado alguno que lo pueda
hacer con más capacidad que el sector público.
En último lugar, me gustaría decir al señor Ministro que, en relación con
el campo energético, pensamos que es necesario abaratar el coste de la
energía para la pequeña y mediana empresa y, además, hacer una política
de justicia social que hoy no se hace. Quiero comunicar al señor Ministro
la sensibilidad que existe en una sociedad como la gallega, porque
tratándose de una gran productora de energía eléctrica, resulta que
nuestras empresas familiares de tipo rural no tienen la tensión adecuada.
Conocerá el Plan Mega que no acaba de finalizarse y que tiene a todo el
sector lácteo en vilo, porque sólo con los tanques de frío se funden los
plomos de cualquier pequeña industria, por no hablar de lo que significa
la falta de inversiones en tejido productivo alrededor de una empresa
como Endesa.
Para acabar, no entrar en más contradicciones y desde el punto de vista
de la legalidad del Estado español, sería interesante que por el señor
Ministro se considerase que la Constitución española está todavía vigente
y que el artículo 131 da legitimidad política para decir que el Estado,
mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para
atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el
desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y
de la riqueza y su más justa distribución. El Gobierno elaborará los
proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean
suministradas por las comunidades autónomas y el asesoramiento y
colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales,
empresariales y económicas. Sabemos que existe el Consejo Económico y
Social, pero eso dista mucho de ser un elemento clave de planificación de
la economía, sobre todo, con participación de las comunidades autónomas.
En definitiva, señor Ministro, pensamos que no es el momento, ahora ni
nunca, aun en el caso de que la economía privada tenga un papel
fundamental, de limitar al Estado a ser un poco comparsa de intereses que
no son mayoritarios y que, sin embargo, el Estado intente representarlos
en exclusiva. Por eso nos gustaría que dijese si en los consejos de
administración de las empresas públicas, las que dan ganancias y las que
no las dan, van a estar presentes las comunidades autónomas, y si va a
haber una política en la que las empresas públicas no sean empresas de
enclave sin estar encardinadas en su contexto social.
Para terminar, es claro que ningún Estado moderno se puede permitir el
lujo de no contar con el aparato estatal como contrapeso, como regulación
de lo que es el poder de los grandes grupos financiero-industriales, que
hoy día se ve en cualquier periódico que se están reformulando en lo que
usted llamó alianzas estratégicas. Pensamos que no se debería hacer
oficialmente una política seguidista, sino que dentro de ese marco, que
estamos de acuerdo no es el momento de discutir, se actuase con mayor
creatividad. En todo caso, le pido que no piense que estas palabras son
propias de un agorero, sino simplemente de un gallego, en definitiva de
una comarca disminuida donde el desmantelamiento industrial (que a algo
habrá que vincularlo, no a la incapacidad tecnológica, ni a la capacidad
de la mano de obra), es un desierto de tal calibre que logró convertir a
la comarca que tenía una renta per capita más alta de un país ya pobre,
en la última de todo el país, incluidos Lugo y Ourense.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Mi breve intervención se va a iniciar con una
llamada a la ilusión y a la esperanza por el talante y formación del
nuevo Ministro que hoy nos acompaña, el señor Piqué, y que va a suponer
una garantía de su gestión por cuanto lo que podemos llamar su hoja de
servicios así lo acredita.
Me ha alegrado mucho que las noticias sobre la marcha del sector
industrial no sean tan tristonas como aparecían, sino una exposición más
realista, lo cual revela el buen quehacer del anterior Ministro.
Señor Presidente, no voy a hacer preguntas al mes de la toma de posesión,
pero permítanme que dirija algunas sugerencias que desde la óptica de
este archipiélago español
que son las islas Canarias, tenemos allá, a 2.000 kilómetros de donde
estamos sentados. En primer lugar, en materia de privatizaciones, que es
una materia sugestiva, preciosa y trascendental en la economía y que
creemos es la continuidad de una tendencia mundial, pero poniéndose de
acuerdo en el concepto de qué es privatización. A veces, a través de las
intervenciones, parece vislumbrarse que no hay un conocimiento de lo que
es la privatización que, si no engañan los libros de economía, supone que
el dominio y gestión de la empresa hasta ahora pública, por los procesos
de selección y prioridades que fueran necesarios, pase al sector privado,
lo cual no quiere decir que en el sector público no haya habido figuras
relevantes y que en el sector público no se haya acertado en muchísimas
actuaciones; pero la tendencia de la economía mundial hoy día es que en
una visión macroscópica disminuya el aparato público para que pase al
sector privado más competitivo, más racional y más profesional.
En este orden de cosas, mientras no se publique el plan estratégico de
privatización, no quiero someter al señor Ministro a preguntas que son
lógicas, como las que se han hecho hoy aquí, porque primero hay que saber
la actitud definitiva del Gobierno y entrar luego en el período de
críticas.
Quisiera que el señor Ministro tuviese en cuenta que en esa elaboración
de normas se siguiesen unas directivas, porque ya somos europeos, no
podemos olvidarnos de ello y no podemos permanecer en una actitud
proteccionista cerrada. Hemos de tener claro que tiene que haber una
armonización de la legislación que debe afectar a todas las esferas de la
Administración, a la central, a la autonómica y a la local.
He sido presidente de un cabildo, soy auditor y he conocido cómo en
algunas autonomías existen escandalosos contratos de blindaje en las
empresas públicas, cómo existen facultades omnímodas de algún gerente
para disponer de 300 y 400 millones con su sola firma, cómo no se
publican los balances periódicamente y cómo no hay una información
pública al contribuyente sobre estas materias. Creo que sin inmiscuirse
en el derecho inalienable que tienen las autonomías para regularse en
esta materia, se deben dictar, en armonía con la Unión Europea, las
normas fundamentales de lo que debe gestionarse en una empresa pública y
cómo hay que hacer las privatizaciones.
Quisiera referirme, señor Ministro, a tres cuestiones muy sencillas.
Cuando ha hablado de las energías, no nos olvidemos que Canarias no tiene
materias primas ni energías; la única energía que hay son los hombres y
mujeres por trabajar y sobrevivir. Que se tenga en cuenta ese hecho
diferencial, reconocido como está en la Constitución española y
reconocido en el discurso programático del nuevo Presidente del Gobierno,
como también fue reconocido por el anterior Presidente. Consideramos muy
importante la energía aérea por la cuestión de los vientos en las islas y
creemos que debe ser apoyada debidamente.
También pensamos que todas esas empresas y organismos públicos que
existen en las autonomías, de promoción industrial de la pequeña y
mediana empresa, como elemento básico para la lucha contra el paro, sigan
recibiendo ayudas. Que en estos recortes y ajustes que considero
necesarios porque somos europeos y tenemos que pensar en los criterios de
convergencia, se haga una priorización y una selección en materia de
ayudas. Que se tenga en cuenta también todo lo referente a I+D, y que se
armonicen y coordinen los diversos esfuerzos que se están haciendo a
través de toda la geografía española por diferentes universidades y por
diferentes empresas, pero que no coordinan todas estas actividades.
Por último, que desde el ministerio se apoye que el Plan General de
Contabilidad obligue, con carácter inmediato, a la señalización, en el
grupo contable que fuera necesario, de la inversión o gasto que haga la
empresa en medio ambiente, y que tenga como premio también deducciones
fiscales.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a interrumpir por tres minutos la
sesión y la reanudamos en seguida.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, y por el Grupo Vasco, tiene la
palabra el señor González de Txabarri Miranda.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Comenzaré también mi intervención
agradeciendo al señor Ministro su disponibilidad, su presencia hoy en
esta Cámara, y con los mejores deseos, por parte del Grupo Vasco, del
Partido Nacionalista Vasco, de éxito en su gestión, tanto a nivel
personal como a nivel político, no voy a regatear ningún adjetivo, máxime
cuando el discurso que hemos tenido oportunidad de escuchar a lo largo de
la mañana en su intervención, coincide tanto en la música como en la
letra con los grandes parámetros de política industrial que mantiene y
defiende tradicionalmente el Partido Nacionalista Vasco.
Para nosotros no es ninguna sorpresa. Se está discutiendo por parte de
los portavoces, de distintos grupos parlamentarios la paternidad de dicho
programa. Yo creo que es un programa de Gobierno que coincide con los
componentes industriales que el Presidente del Gobierno, señor Aznar,
introdujo en su discurso de investidura y que empieza de alguna forma a
concretarse a través de las intervenciones del señor Ministro y del
ministerio que él preside. Digo que nos suenan la música y la letra tanto
en lo que corresponde a política macroeconómica, como a política
microeconómica, pues que exista estabilidad a efectos macroeconómicos,
flexibilidad a niveles microeconómicos, como usted ha indicado, son
precisamente los criterios que el Partido Nacionalista Vasco presentó en
la última campaña electoral, y nos sentimos satisfechos con que se vean
reflejados en el programa de Gobierno. Creo que existe un cambio
sustancial sobre los discursos que veníamos oyendo en las últimas
legislaturas --cuando más lejos en el tiempo mayor cambio--, y nosotros
coincidimos en que los criterios industriales, los criterios de
producción de la economía real sean los criterios directores de la
política económica del Gobierno; que la política microeconómica,
con flexibilidad, esté dirigida a potenciar la actividad productiva, y
esos anuncios que ha hecho en el sentido de reducir burocracias,
intervencionismos y de potenciar la liberalización. Es por esto, señor
Presidente, que desde el Grupo Vasco haría un llamamiento a los demás
grupos en el sentido de superar los tópicos y oír lo que se dice. Yo creo
que el discurso del señor Ministro en la mañana de hoy ha sido el
discurso de un partido, de un grupo parlamentario, en definitiva de un
Gobierno de centro europeo, de la derecha ilustrada, que mantiene
criterios a favor de un procedimiento estable y solidario. Ha hablado, yo
creo que con profusión, de justicia social, ha hablado de cohesión
social, de una Europa social, etcétera, en el sentido de compatibilizar y
conjugar criterios de competitividad y solidaridad, de lo cual nos
alegramos. Por ello, señor Presidente, el Grupo Vasco manifiesta
coincidencia básica de criterios con la primera parte de la exposición
que ha realizado el señor Ministro.
Es verdad que nos ha llamado también la atención la nula referencia al
Libro Blanco de política industrial. Creemos que ha sido un debate muy
importante, que existe una serie de documentos que ahí están, que han
sido generados desde una dinámica social que nosotros hemos apoyado con
profusión. Creemos que los agentes sociales y las administraciones con
competencias en materia industrial han puesto mucho empeño en dicha
labor, y lamentaríamos que todo eso quedase ahí, en un saco perdido en
algún despacho del ministerio. Entendemos razonable que se retome este
debate o que, por lo menos, haya alguna línea de continuidad en relación
a un debate social muy importante sobre política industrial que se
desarrolló en el Estado.
En relación a lo que parece ser el tema estrella de las privatizaciones,
en el programa electoral que presentó el Partido Nacionalista Vasco en la
última campaña electoral también había una parte importante, y en este
sentido coincidimos con los criterios que el Ministro ha expuesto en su
intervención, si bien quisiéramos hacer algunas matizaciones.
Nos parece que es una afirmación muy voluntarista, quizá poco rigurosa o
generalista la realizada por el señor Ministro en la prensa, en concreto
en el diario «El País», en el sentido de que todas las empresas públicas
se van a pivatizar en esta legislatura. Hoy se anuncia una metodología de
privatización, pero creo que el centro de esta discusión debería estar en
los objetivos a cumplir y, de alguna forma, en cómo hilvanar este
criterio, que compartimos, con esos otros anunciados por el señor
Ministro en el sentido de que exista justicia social, cohesión social,
etcétera, y quizá la clave o la piedra angular en relación a este debate
está precisamente en saber conjuntar las dos piedras preangulares de este
debate. Sí quisiéramos que, de alguna forma, esa piedra angular existiera
para que este debate no nos lleve precisamente a que haya menos cohesión
social, menos justicia social, cosa que entendemos no está en la
intención del señor Ministro.
Nos ha llamado la atención, señor Presidente, que tampoco haya habido
referencias al desarrollo legislativo que prevé el ministerio para esta
legislatura. Señor Ministro, ésta es básicamente una Cámara legislativa.
Tenemos en este momento una legislación quizás excesivamente profusa en
relación a estos temas y nos interesaría conocer las intenciones
legislativas que tiene el ministerio de cara a esta legislatura que ahora
comenzamos.
Haciendo algunas referencias en lo que puede ser la fijación de posición
del Grupo Vasco, del Partido Nacionalista Vasco en relación a estos
temas, le indicaré, primero, sobre la LOSEN que el Grupo Vasco, con otros
grupos, concretamente con el Popular, presentó enmienda a la totalidad a
este proyecto de ley, que entendemos habría que modificar y quisiera
conocer las intenciones del ministerio en relación a este desarrollo
legislativo o, por lo menos, para cuándo el reglamento que desarrolle la
LOSEN. Si el ministerio, por lo que he podido entender, no tiene
intención de abordar la reforma legislativa en relación al sector
eléctrico, qué evolución prevé, si va a mantener el marco estable.
Ha hecho un anuncio, que compartimos desde el Grupo Vasco, sobre la
potenciación del sistema independiente. Es una de las reivindicaciones
clásicas del Grupo Vasco en esta Cámara y ante el Ministerio de Industria
y Energía. Entendemos que el sistema independiente debe de conocer un
desarrollo, un avance y superar las trabas burocráticas e
intervencionistas que desde el ministerio se le han venido adjudicando en
los últimos años.
Quisiéramos conocer mayores especificidades sobre la evolución que puede
llevar la tarifa eléctrica, y cuáles pueden ser los cambios previsibles a
corto y medio plazo.
Entendemos que las externalidades que en este momento conoce la tarifa
eléctrica en relación al carbón, por ejemplo, la moratoria nuclear, son
gravámenes que no tienen mayor sentido dentro de los criterios que ha
podido anunciar el señor Ministro de competitividad a la industria del
país de una oferta competitiva. Entendemos que hay que corregir
genéricamente el factor intervencionista de la LOSEN y hay que
desarrollar más concretamente el papel del Consejo Nacional del Sistema
Eléctrico.
En relación a las externalidades, entendemos que hay que buscar
alternativas para que las subvenciones al carbón dejen de gravar las
tarifas eléctricas, con el objetivo de reducir los costes energéticos de
la industria.
Nos ha llamado la atención alguna noticia de prensa de hoy mismo en el
sentido de que parece que el ministerio pude tener alguna intención de
reducir las tarifas eléctricas suprimiendo el programa I+D del sector
eléctrico, lo cual, en principio, nos llama la atención.
Ha realizado el señor Ministro en su intervención un detalle bastante
exhaustivo en relación a las competencias del propio ministerio por lo
que se refiere a otros ministerios, en relación a las comunidades
autónomas, también a las universidades. Creo que ha habido un eje central
en su intervención de interrelación de las competencias del ministerio
con otras áreas de gobierno y de las comunidades autónomas.
Entendemos, señor Ministro, la preocupación que ha expresado el portavoz
socialista, señor Hernández Moltó, en el sentido del valor secundario que
pudiera tener este ministerio, posición que no compartimos en ningún
caso. Le digo al señor Hernández Moltó que para nosotros es
una situación conocida en el sentido de que fue el anterior Gobierno
socialista el que ofreció al Grupo Vasco un Ministerio de Industria en
una situación bastante similar. Es una situación que nosotros no
compartimos, no aceptamos en su día el Ministerio de Industria en esas
condiciones y deseamos al señor Ministro el mayor peso político dentro
del gabinete para que el Vicepresidente segundo pueda entender que los
criterios de política industrial y de política de la producción real, de
la economía real, sean los criterios que presidan las políticas
macroeconómicas y microeconómicas.
Pensamos que es bastante difícil de entender que las pymes estén la
Secretaría de Estado de Comercio, turismo y pymes y quisiéramos conocer
cuáles han sido las razones que ha valorado el gabinete para llegar a ese
marco de distribución de competencias. En principio, al Grupo Vasco le
gustaría contar con un Ministerio de Industria y Energía que tuviese
prioridad dentro de las labores del Gobierno porque al final aquí se
genera la riqueza, aquí se generan los factores que hacen posible que
exista justicia social y los factores que generan empleo.
Entendemos que esta posición subsidiaria que se podría dar
hipotéticamente debe conocer por parte del señor Ministro una actitud
política de subrayar la importancia de este ministerio, cosa que no
dudamos está en la intención del señor Ministro.
Es un ministerio bicéfalo de industria y energía. Nos ha llamado la
atención también que esta parte de la energía haya quedado para un
segundo nivel. Quizá el tiempo de intervención del señor Ministro le
hacía, de alguna forma, avanzar a un ritmo más apretado en esta parte;
pero por lo que he podido observar no ha habido ninguna referencia al
sector gasista. El tema del gas ha quedado relegado en su intervención y
entendemos que es un tema fundamental de cara a generar esas condiciones
industriales para fomentar la competitividad de las industrias del
Estado. Pensamos que hay que desregularizar el sector del gas, hay que
superar el actual marco legal en relación a este sector y que también
aquí debiera fomentarse el desarrollo reglamentario en breves plazos para
que el sector gasista conozca una situación más competitiva que la
actual.
En relación a la participación de las comunidades autónomas, ha anunciado
que va a funcionar con el criterio general del Gobierno de administración
única. Creo, señor Ministro, que no sabemos exactamente lo que es eso en
relación a los demás ministerios y observamos con atención cuáles pueden
ser los movimientos del Gobierno en relación a este tema.
Es más difícil entender cómo se pueden llevar estos criterios de
administración única en un ministerio como el Ministerio de Industria y
Energía. Quizá en lo que es la intención de las delegaciones del Gobierno
en las comunidades autónomas sea fácil entenderlo. A lo mejor el
Ministerio de Industria y Energía tiene competencias propias que de
alguna forma debe llevar adelante y eso difícilmente se puede hacer con
los criterios anunciados por el Gobierno de administración única. Nos
contentaríamos con que existiera, de alguna forma, una colaboración leal
con las comunidades autónomas que tienen también competencias de política
industrial.
En su intervención no ha hecho ninguna referencia en relación a planes
que están aprobados en las comunidades autónomas y gozan de consensos
amplios en los distintos parlamentos; por ejemplo, en el Parlamento Vasco
hay un acuerdo básico entre los grupos parlamentarios. En este sentido,
entendemos sería razonable que el ministerio, en las comunidades
autónomas que tienen competencias en materia industrial y, además, planes
concretos aprobados por sus respectivos parlamentos, funcionase dentro de
los criterios que están enunciados en dichos acuerdos o en dichos
compromisos parlamentarios.
Con referencia a las empresas públicas y su privatización, sí quisiéramos
conocer las posiciones del ministerio en relación a estas empresas
públicas que están radicadas en comunidades autónomas, cuál puede ser la
participación de éstas en sus consejos de administración, para que ese
criterios de Administración única pueda concretarse en algo, cuáles
pueden ser los criterios sobre nombramientos de los presidentes de dichas
empresas públicas y el nivel de autonomía que estas empresas puede
conocer para consigo mismas o la autonomía que puede tener la cabecera
del holding.
A partir de estas preocupaciones, recogidas un poco al hilo de la
intervención del señor Ministro, para concluir, señor Presidente,
agradecer la oferta de colaboración que ha realizado al final de su
intervención y anunciarle que por parte del Grupo Vasco recogemos el
guante, que estamos a disposición de un ministerio que puede actuar
dentro de los criterios que ha anunciado el señor Ministro en su
comparecencia de hoy y que en la consolidación de mayorías, tan
necesarias en esta Cámara, el señor Ministro nos tendrá a su entera
disposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en primer lugar, agradecer la comparecencia
voluntaria del señor Ministro de Industria y Energía, por primera vez
ante esta Comisión.
En segundo lugar, por descontado, desde Convergència i Unió desearle los
éxitos políticos que comporte su gestión al frente de dicho departamento,
ya que estamos convencidos de que estos éxitos conllevarán la consecución
de los objetivos que usted ha mencionado en su intervención, y también
conseguiremos, por descontado, una mayor competitividad de nuestro tejido
industrial.
De todas formas, quisiera iniciar mi intervención reiterando una
obviedad: Convergència i Unió y el Partido Popular han plasmado en el
acuerdo de investidura y gobernabilidad su coincidencia en cuestiones
importantes, entre otras, la necesidad de aplicar una política de apoyo a
la economía productiva y, a la vez, proceder al cumplimiento de los
criterios de convergencia para Maastricht. Así pues,
señor Ministro, no le quepa duda de que hallará nuestro soporte en
cualquier medida que nos acerque a tales objetivos y que, además, no será
Convergència i Unió quien ponga obstáculos a la superación de dicho
desafío. Encontrará usted, señor Ministro, el apoyo y la confianza
necesaria para abordar los objetivos propuestos; confianza que no dudo se
irá incluso acrecentando a medida que el éxito y el acierto acompañen sus
decisiones y su gestión al frente de dicho departamento.
La complejidad de la situación obliga, no obstante, a la prudencia, y en
modo alguno puede confundirse la rapidez con la precipitación; nuestra
economía no puede permitirse el lujo de cometer errores por la
improvisación. Dentro de esta prudencia necesaria a la que acabo de
aludir, quisiera significarle que no será nuestro grupo político quien le
fije plazos para medidas pretendidamente espectaculares, pero para ello
nosotros vamos a exigir, dentro de la cortesía parlamentaria, que siempre
vayan acompañadas de claridad en sus prioridades. Nuestra industria
necesita saber con claridad cuáles son sus objetivos y sus propuestas.
Como en ajedrez, es mejor y más útil definir la estrategia que no
proceder a la descoordinación de movimientos y de objetivos sin sentido.
En lo relativo a las medidas de apoyo a la economía productiva, en lo
relativo al tratamiento de la reordenación del sector público, en la
política de privatizaciones, es necesario perfilar un marco estable que
aporte una mayor seguridad a nuestras empresas en su toma de decisiones.
Quisiera que éste fuera uno de los criterios en cuanto a su futura
gestión al frente de dicho departamento. Sólo con ser claro, sólo con
definir prioridades y dar seguridad a nuestras empresas, a nuestro tejido
industrial, le garantizo, señor Ministro, que habremos progresado muy
mucho en lo que tenemos planteado para afrontar el futuro industrial de
nuestro país y acometer los retos fundamentales para poder ser un Estado
de primera categoría a mediados del año 1998.
En su intervención ha hecho una diagnosis de la actual situación
industrial, así como también ha hecho referencia a la historia reciente
del proceso de reindustrialización experimentado en nuestro tejido
industrial, básicamente a partir de la crisis industrial de los años
1992-93, y también estamos de acuerdo en el fuerte protagonismo que ha
tenido nuestro tejido industrial en los mercados exteriores y en los
éxitos conseguidos en el empuje de la demanda externa. Coincidimos
también con usted en sus manifestaciones en cuanto al comportamiento
favorable que ha tenido la inflación industrial, respecto a la sufrida en
otros sectores, como los servicios y los transportes, los cuales,
desgraciadamente, no han conseguido las cotas que ha habido en la
inflación industrial, ya que esto seguramente ha logrado que los límites
de la inflación no se hayan disparado más de lo que realmente lo han
hecho en los últimos dos años.
¿Cuáles son, a juicio de Convergència i Unió, los interrogantes
industriales que se plantean en esta nueva legislatura, cuáles son los
interrogantes que se plantean en el horizonte industrial del año 2000?
¿Cómo se verá afectada nuestra industria por estas transformaciones?
¿Será capaz de competir con éxito en el mercado interior europeo y, por
ende, en los mercados internacionales? ¿Qué papel deberá desempeñar el
sector público empresarial en el futuro? ¿Sabrá adaptarse a las nuevas
circunstancias? ¿Seremos capaces de superar los déficit históricos en
nuestro sector industrial en cuanto a la tecnología y formación de
recursos humanos? ¿Seremos capaces de realizar un salto cualitativo
importante para que nuestro sector industrial pueda superar el reto de la
internacionalización?
En su exposición ha detallado básicamente los objetivos de su
departamento. Si se consiguen estos objetivos y se incorporan las
propuestas que podamos aportar los diferentes grupos parlamentarios de la
Cámara; propuestas muchas de ellas ya materializadas e incorporadas en el
último debate del Libro Blanco sobre la industria, las cuales han quedado
perfectamente reflejadas, propuestas que también se han materializado
legislativamente a través del último debate sobre la racionalización del
sector público empresarial, celebrado en la anterior legislatura, creemos
sinceramente que con esto podremos dar solución a los interrogantes que
acabo de plantear.
Desde Convergència i Unió estamos totalmente convencidos de que nuestro
marco natural de referencia es, y debe seguir siendo, la Unión Europea.
El proceso de convergencia nominal --se dice a menudo-- debe ir
acompañado por una convergencia real, es decir, en términos de renta per
capita, con los países de nuestro entorno inmediato. Ahora bien, hay que
tener en cuenta que detrás de esta afirmación sobre la llamada
convergencia real se encuentran en realidad otras muchas convergencias
reales: la convergencia en términos de productividad, del capital, de los
recursos humanos, la convergencia tecnológica, de la cual usted también
ha hecho mención en su intervención, y, por descontado, nosotros también
queremos incorporar dentro de esta magnitud de convergencias y más
concretamente para poder desarrollar en esta Comisión, la convergencia
industrial, que entendemos ha de ser la estrella y el objetivo
fundamental de los grupos parlamentarios en esta nueva tarea legislativa
y, concretamente, en esta Comisión de Industria.
Desde Convergència i Unió queremos plantearle, señor Ministro, cuáles
son, a nuestro criterio, los ejes básicos (muchos de ellos coinciden en
las manifestaciones y en las introducciones que nos ha hecho en su
intervención) para poder conseguir estos objetivos de convergencia real,
para poder, en definitiva, conseguir resolver estos interrogantes que he
planteado en el inicio de mi intervención.
A nuestro modo de ver, existen ocho cuestiones básicas, que también en la
anterior legislatura hemos tenido ocasión de poderlas incorporar en los
diferentes debates que en el tema industrial se han realizado, que
creemos debían ser, conjuntamente, repito, con las aportaciones de los
demás grupos parlamentarios, la senda por la cual debería discurrir la
política industrial a lo largo de la presente legislatura.
En primer lugar, tendríamos que priorizar la creación de un marco
económico competitivo y estable para las empresas industriales del Estado
español. Esto significa la creación de un entorno empresarial
satisfactorio en relación al
conjunto de países de la Unión Europea, un entorno que no otorgue
privilegios especiales a nuestras empresas, pero que tampoco las castigue
injustamente ni les obligue a competir en desventaja a causa, entre otros
elementos, de un mercado laboral excesivamente rígido, de unos costes
energéticos demasiado altos, o de una burocracia administrativa
inoperante.
Estamos convencidos también, en segundo lugar, de que su departamento, y
también lógicamente en coordinación con el resto de ministerios del nuevo
Gobierno, tendrán que avanzar decididamente en una serie de reformas
estructurales que nosotros consideramos básicas para poder alcanzar los
criterios de convergencia de Maastricht para, en definitiva, poder
desarrollar una política industrial competitiva. Habrá que afrontar, si
el diálogo social entre sindicatos y empresarios no lo facilita, una
reforma del mercado laboral, en definitiva, con unos objetivos básicos,
crear más empleo estable y mejorar los índices de paro estructural que
hoy tiene nuestro país.
En segundo lugar, también pensamos que habrá que profundizar en la
reforma de los mercados financieros, así como nosotros también entendemos
que, dentro del sector industrial --y usted lo ha dicho en su
intervención--, habrá que profundizar en prácticas de políticas
horizontales, macroeconómicas y sectoriales y, por descontado, habremos
de profundizar en la reforma del sector de los servicios, garantizando un
entorno auténticamente competitivo, sin reglamentaciones ni protecciones
administrativas innecesarias, y evitando el corporativismo y las
restricciones gremiales amparadas en las barreras para evitar la presión
del comercio internacional.
Hay un tercer aspecto fundamental --y coincido básicamente con el
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-- y es que,
básicamente, creo que que la estrella de la Comisión de Industria y
Energía en el ministerio, y muy probablemente también la estrella de sus
objetivos y de su labor al frente de dicho ministerio, será la
reordenación del sector público empresarial español, la reestructuración,
la racionalización del mismo. Nosotros, desde Convergència i Unió,
siempre hemos estado de acuerdo en que éste era uno de los objetivos
fundamentales que había de acometer el Gobierno. También hay que decir,
en honor a la verdad, que en la pasada legislatura nosotros incorporamos
modificaciones importantes en la legislación para que hoy ustedes
pudieran acometer esta reestructuración del sector público empresarial
español. Creo que tienen en su mano una herramienta parlamentaria básica,
que es la Ley de Enajenaciones y Participaciones de Empresas Públicas, a
la cual también usted ha hecho mención en su intervención, que
seguramente les va a permitir delimitar cuáles son los sectores
estratégicos básicos sociales y económicos en los cuales va a ser
necesaria la presencia del Estado en los diferentes sectores públicos
empresariales y, a partir de esta definición, van a poder delimitar
cuáles van a ser las posibilidades de participación de grupos
empresariales, a ser posible autóctonos, para no perder controles de
compañías importantes del sector energético petrolífero, pero también,
lógicamente, a través de esta herramienta parlamentaria van a poder
conseguir ustedes controlar dichas compañías y ejercitar cualquier
posible variación que se produzca del accionariado y tener la posibilidad
de que, en función de determinadas participaciones accionariales, el
Estado pueda decidir si vende, no vende, a quién vende. Pienso
sinceramente que éste es un trabajo importante que realizó el anterior
Gobierno, también --todo hay que decirlo-- con la colaboración de la
mayoría de los grupos parlamentarios, y a ustedes les va a permitir en
estos momentos poder delimitar cuáles son estos sectores estratégicos
básicos, cuál va a ser la incidencia del Estado en dichas compañías
estratégicas.
Quisiera decir a continuación, y centrándome todavía en la
reestructuración del sector público empresarial español, que nosotros no
nos hemos cansado de decir desde Convergència i Unió que había que
delimitar cuáles eran estos sectores estratégicos, pero que también había
bastantes compañías, que hoy están en manos del Estado, que están en
competencia desleal con sectores privados que están manteniendo la misma
actividad. Seguramente, dentro del SEPI --Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales-- hay compañías públicas del sector del
aluminio, del sector electrónico, del sector metalúrgico, del sector
financiero, del sector de la construcción, del sector papelero que,
seguramente, en función de sus manifestaciones, serán las primeras que
entrarán en el futuro plan que el Gobierno presente al Parlamento
español.
Por tanto, nosotros hacemos mucha fuerza en que realmente éstas son las
primeras compañías que tendrían ustedes que privatizar para evitar la
competencia desleal con sectores privados que están haciendo las mismas
actividades, que están ofreciendo los mismos servicios.
En su intervención, en ningún momento ha profundizado en cuál sería el
futuro del sector público de transportes. En la pasada legislatura esta
Cámara fue personaje auténticamente activo en cuanto a los debates del
futuro de las compañías de aviación que existían en España
--concretamente, de Iberia--. Hoy hemos podido leer que usted ha
rechazado una participación a bajo precio por parte de una compañía
inglesa, de lo que nuestro grupo se congratula, y nos gustaría saber, en
cuanto a la empresa pública de transportes, si van a seguir una política
de privatizaciones o una política de alianzas con otros grupos
estratégicos que están actuando hoy en Europa y en el mercado
internacional.
También quisiéramos hacer mención a otra cuestión que hemos venido
reivindicando a lo largo de la pasada legislatura. Nosotros, desde
Convergència i Unió, siempre hemos partido de la base de que hay una
serie de empresas públicas también en competencia desleal con el sector
privado que están en manos del Patrimonio, del Ministerio de Economía y
Hacienda. Hicimos esfuerzos importantes para que dichas compañías no
estratégicas pasaran del Patrimonio a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, ya que daba la casualidad de que dichas
compañías también venían gozando de beneficios. A partir de esta
consideración, nuestro grupo, tal como hizo en la pasada legislatura en
el debate de reestructuración del sector público empresarial español, va
a presentar una iniciativa en el seno de la Comisión para crear una
ponencia sobre privatizaciones,
para poder seguir con detalle los posibles cambios de accionariado que se
puedan realizar a partir de esta legislatura y las posibles
privatizaciones, en concordancia con las manifestaciones que ha hecho en
su intervención sobre que es propósito del Gobierno separar la
privatización de la gestión y que, en todo momento, las privatizaciones
sean transparentes y podamos tener conocimiento de ellas a través de los
mecanismos parlamentarios correspondientes.
Hay un cuarto punto también importante a nuestro entender --que pensamos
que sería interesante que el Gobierno y su departamento lo tuviera en
cuenta--, que son todas aquellas cuestiones relacionadas con la
investigación y el desarrollo tecnológico, los cuales se han convertido
en verdaderos y auténticos motores de la competitividad industrial. Por
descontado, nosotros vamos a aportar todas aquellas cuestiones --que
también usted ha citado en su explicación sobre cuáles serían sus
objetivos-- relacionadas con la formación y el grado de capitalización y
de capacitación de los recursos humanos, ya que entendemos que la
formación de las personas va ligada a una auténtica competitividad del
tejido industrial.
Como quinto punto --usted también lo ha dicho en su intervención--,
quería comentar que, independientemente de que haya una parte importante
de las pequeñas y medianas empresas que se han incorporado al Ministerio
de Economía, nos ha tranquilizado la exposición que usted ha hecho en el
sentido de que todas aquellas cuestiones relativas al diseño industrial y
a los programas tecnológicos quedaban perfectamente amparados por su
departamento, pero tampoco vamos a dejar de incorporar todas aquellas
cuestiones relacionadas con las pequeñas y medianas empresas, con la
inversión, el desarrollo, la formación y todos aquellos incentivos
fiscales que van dirigidos a este importante tejido industrial que
componen básicamente el 90 por ciento de la población activa ocupada, que
está trabajando en estas pequeñas y medianas empresas.
Como sexto punto importante, y coincidiendo plenamente con el
protagonismo que usted ha dicho que debería tener la nueva política
industrial, puesto que la empresa privada era un factor fundamental,
entendemos que es preciso continuar fomentando --todo hay que decirlo,
también se fomentó en la pasada legislatura-- el llamado espíritu
empresarial. Es decir, convendría estimular los nuevos proyectos
empresariales y fomentar, por descontado, las vocaciones empresariales,
puesto que son las empresas, en definitiva, las que crean los puestos de
trabajo, generan riqueza y garantizan la prosperidad de un país. Un país
sin empresarios y sin personas emprendedoras es un país condenado a la
ruina. Ahora bien, para que haya personas así, es preciso crear un
entorno adecuado, fomentar dichas actividades y estimular los
comportamientos mencionados.
Consideramos también importante --como séptimo punto-- la desregulación y
la competencia de los servicios básicos, concretamente comunicaciones,
telecomunicaciones, mercados públicos, energía, correos y el conjunto de
los servicios institucionales que van desde los colegios profesionales a
las notarías, pasando por los diferentes registros oficiales. Entendemos
que este elemento --aunque no sea de competencia exclusiva de su
Ministerio-- contribuirá a la competitividad de nuestra economía.
Por último, entendemos que su departamento ha de generar una política de
suministros y de tarifas energéticas, garantizando estos suministros en
condiciones competitivas. Hemos recogido con alegría las manifestaciones
que el señor Ministro ha hecho en su comparecencia cuando ha dicho que
uno de los objetivos básicos y fundamentales de su Ministerio sería la
reducción de los costes energéticos.
El señor PRESIDENTE: La última intervención corresponde al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra don Francisco
Javier Peón Torre.
El señor PEON TORRE: Agradezco la comparecencia del señor Ministro en
esta Comisión de Industria, Energía y Turismo para exponer las
directrices de su departamento a lo largo de esta legislatura.
Empiezo mi intervención haciendo una valoración muy positiva de su
intervención. Le aseguro, señor Ministro, que no tiene que temer que su
intervención haya sido demasiado genérica, ni mucho menos extensa, porque
quienes hemos tenido ocasión de asistir a las explicaciones que otros
predecesores suyos en esa misma cartera realizaban en esta misma Comisión
--y dicho con todo respecto y afecto a esas personas--, podemos constatar
que resultaban bastante más extensas y bastante más confusas, siendo
mucho más difícil extraer principios y criterios claros de lo que se
quería hacer desde el Ministerio de Industria.
Voy a hacer una referencia muy breve, casi por alusiones, a alguno de los
grupos que han intervenido, concretamente al portavoz del Grupo
Socialista. Nosotros estamos satisfechos de que el Grupo Socialista
realice una leal oposición, e incluso me atrevería a decir que un apoyo
al Gobierno, porque yo no he encontrado puntos de significativa oposición
a lo que ha sido el discurso y el anuncio del Ministro de Industria en
este acto. Por tanto, nos alegramos de que exista una plena sintonía,
salvo pequeñas anécdotas, en lo que es la posición del Gobierno en este
momento.
En cambio, discrepo con el portavoz del Grupo Socialista respecto de la
interpretación que hace de por qué ustedes sintonizan con la política del
Ministro. Creo que no hace falta recordar que al actual Gobierno le apoya
el Partido Popular; es decir, es un Gobierno del Partido Popular, y
comprendo que ahora, cuando ustedes están en la oposición, les cueste
cambiar el registro de permanente descalificación de las posturas del
Grupo Popular. (Rumores.) Yo creo que ahora va a ser más difícil que lo
consigan, porque, como bien ha quedado expuesto, las políticas que apoya
el Partido Popular y que va a desarrollar el Gobierno del Partido
Popular, son políticas difícilmente contestables desde el rigor económico
e industrial. Por tanto, lo van a tener difícil, pero creo que lo van a
tener mucho más difícil si pretende, además, contar para ello con las
argumentaciones de un ministro del Gobierno del Partido Popular. Creo que
ahí van a tener una tarea realmente complicada. Y si, además, lo intentan
con argumentaciones que están tergiversadas y que no están explicadas en
su contexto, todavía lo van a tener mucho más difícil.
Para concretar a qué me refiero, recordaré que el portavoz del Grupo
Socialista empezaba su intervención afirmando que había habido una
desautorización a las posiciones que había mantenido el Partido Popular
en esta Cámara en la última legislatura y una legitimación de la política
del Gobierno anterior. Con todo respeto he de decirle que yo he
interpretado exactamente lo contrario. (Rumores y protestas.) Cuando se
hablaba de la desindustrialización que se ha producido en el sistema
económico español en estos años, nuestro programa electoral --y usted lo
sabe perfectamente-- hacía referencia a nuestra mayor industrialización
con respecto a la Unión Europea. Eso no lo dice el Partido Popular, lo
dice la OCDE. Porque la OCDE, en su memoria histórica 1960 a 1993,
determina cómo en España el valor añadido de la industria como porcentaje
del PIB en el año 1983 era del 27,7 y en el año 1993, que es el último
dato, era del 29,9. Y la media de la Unión Europea en el año 1983 era el
24,7; es decir, España estaba tres puntos por encima de la media de la
Unión Europea, y en el año 1993 estaba dos décimas por debajo de la media
de la Unión Europea.
Por tanto, en términos de cuál ha sido la evolución de la industria en
cuanto al valor añadido en el PIB en nuestro país, está claro que hemos
perdido posiciones con el resto de los países de la Unión Europea. Pero
es que, además, el Ministro tiene toda la razón cuando dice que nuestro
país no se ha desindustrializado. (Rumores.) Nuestro país tiene todavía
unos niveles de industrialización equiparables a los que existen en la
Unión Europea y nos alegramos por ello, porque, como le he dicho antes,
en el año 1993 estábamos en el 20,9 y la Unión Europea estaba en el 21,1.
Por lo tanto, existe un tejido productivo industrial, a pesar de esa
regresión comparativa en los últimos años, y nos alegramos por ello.
Nuestro Partido va a mantener, por coherencia y porque, además, se
corresponde con la realidad industrial de nuestro país, lo que ha
mantenido en la última legislatura y lo que mantenemos ahora que apoyamos
al Gobierno.
El señor Ministro en su exposición nos ha dicho qué es lo que él entiende
que ha funcionado mal en los últimos años respecto a la política
industrial, y así nuestro Grupo lo ha reiterado en esta Comisión. Durante
mucho tiempo hemos insistido al Gobierno anterior en su olvido permanente
de la importancia de los secretos macroeconómicos en lo que se refiere a
la estabilidad necesaria para que cualquier política industrial pueda ser
semilla fructífera que consiga crecer y desarrollarse. Desde una primera
intervención del Ministro de Industria, en la que no hubo ninguna alusión
a la importancia de esos equilibrios macroeconómicos, hemos pasado,
durante el transcurso del tiempo en estos años, a que en libro blanco de
la industria se reconociera, efectivamente, la importancia de esos
equilibrios. Durante este tiempo el Partido Popular tuvo que sufrir la
descalificación permanente en esta Comisión sobre su preocupación
excesiva por esos equilibrios macroeconómicos, y el Gobierno socialista y
el grupo que lo apoyaba seguía insistiendo en las bondades de la política
micro que, como muy bien ha definido el Ministro, se centraba más en la
subvención permanente, sin ningún tipo de control, por otra parte, y en
el intento permanente de control con una regulación de los mercados que
no parecía lo más favorable para la competitividad de nuestra economía.
Señor Ministro, por tanto, plena coincidencia en los planteamientos que
ha hecho en esta Comisión, plena coincidencia en el análisis estructural
y coyuntural y plena satisfacción por comprobar la sintonía de los
planteamientos que se realizan desde el Ministerio con los planteamientos
que el Grupo Popular ha mantenido en la anterior legislatura y que
comprometía a la opinión de los ciudadanos en las últimas elecciones
generales.
Se ha dicho por parte de otros grupos, y nosotros lo reiteramos también,
que es otra política industrial; hay una nueva política industrial, e
incluso me atrevería a decir que hay política industrial, lo que ya es
una diferencia respecto a la situación anterior; y algunos confunden la
existencia de una política industrial con la necesidad de que la política
industrial o el Ministerio de Industria deba ser un compartimento
estanco. Yo comprendo que algunas inercias del pasado sigan gastando
algunos discursos y algunas argumentaciones, pero es que es otro
Gobierno, es un nuevo Gobierno; no se produce una pelea entre diferentes
Ministerios, se produce una lógica coordinación, una lógica coherencia,
una lógica puesta en función de determinados instrumentos de política
global del Gobierno que inciden en esos aspectos macroeconómicos de la
política económica de nuestro Gobierno y que no pueden ser sólo,
lógicamente, como el propio señor Ministro explicaba, competencia del
Ministerio de Industria, sino que depende de otros Ministerios, y
abundaba por eso en la importancia de la coordinación en esas funciones
con otros Departamentos. Luego cuando se ha hecho política de subvención
y de control es posible que se pudiera pensar en un Ministerio de
Industria estanco e incluso celoso del poder de otros Ministerios, como
pasaba en la legislatura anterior; cuando se está hablando de la
importancia de las políticas macroeconómicas es absolutamente impensable
realizar una política de apoyo a la industria al margen o en contra de
los planteamientos que se hagan desde otros Departamentos ministeriales.
Una nueva política. No voy a poner calificativo a la misma, si es de
centro o no; nosotros creemos que es de sentido común, y a los intentos
que se han avanzado en estos días de distorsionar esa posición afirmando
que el Gobierno iba a dar lugar a un proceso de privatizaciones totales
sin tener en cuenta la situación y la peculiaridad de algunas empresas
que dependen de la Agencia Industrial del Estado, creo que no sólo ahora,
sino en intervenciones anteriores en esta misma Cámara, el señor Ministro
ha dado cumplida contestación, en el sentido de que, no sólo no va a ser
así, sino que, como él mismo ha reiterado y explicado en este acto, va a
haber una auténtica preocupación por lo que es la redistribución
equitativa de la riqueza que se genere en nuestro país, porque la
política, como muy bien se he dicho, no es un fin en sí misma, sino que
es un instrumento al servicio del progreso y el bienestar colectivo de
los ciudadanos de nuestro país.
Tipo de cambio, tipos de interés, inflación déficit, nivel de
endeudamiento..., no son caprichos de Maastricht, son
instrumentos de competitividad de nuestras empresas para poder competir
en el exterior. Por eso, cuando el Ministro afirmaba en su primera
intervención que ha sido la poco coherente política macroeconómica del
Gobierno anterior, con los tipos de cambio y los tipos de interés, lo que
había perjudicado el marco de actuación que las industrias españolas
necesitan --porque hay buenas industrias, han sido capaces de sufrir una
coyuntura desfavorable y salir adelante--, ha sido el marco el que ha
fallado, y ha sido, como el mismo Ministro ha expresado con absoluta
claridad, la poco coherente política macroeconómica del Gobierno la que
ha colocado a nuestras empresas en ese marco difícil para superar una
situación también difícil.
Se hablaba antes del libro blanco de la industria. Es verdad que en el
libro blanco de la industria que se presentó ya casi al final de la
legislatura, diríamos que casi en campaña electoral, hubo aportaciones
positivas, es cierto que las hubo, de los sectores implicados, de los
trabajos que se realizaron en esta Cámara también, pero sí existía una
especie de denominador común en el conjunto del libro que era más o menos
el siguiente: lo que hay de bueno en este momento en el sector industrial
español es mérito del Gobierno; lo que falta, las lagunas, las carencias,
es culpa de la falta de preparación, de la falta de iniciativa, de la
falta de voluntad, de la falta de interés o de la falta incluso de valía
de los empresarios, de los trabajadores, etcétera. Nosotros no estamos de
acuerdo con ese planteamiento, no lo estuvimos entonces y no lo estamos
ahora. Realmente habría aciertos del Gobierno y habría también errores
del Gobierno; desde luego la filosofía general que inspiraba el libro
blanco, en el sentido de que era casi más culpa de los empresarios y de
los trabajadores el que la industria española no saliera adelante,
nosotros dijimos entonces que nos parecía injusta y que no estábamos de
acuerdo con ese diagnóstico, y hoy tenemos la satisfacción de comprobar
que el Gobierno coincide con esa conclusión que nosotros ya adelantábamos
entonces.
Lo que sí existe ahora es una intención del Gobierno de asumir su parte
de responsabilidad, y se ha explicado aquí cómo la actuación desde el
Ministerio de Industria va a centrarse en la eliminación de obstáculos
que facilite un marco macroeconómico más favorable, una flexibilización
en lo que se refiere al entorno microeconómico, con desregulaciones con
prudencia en determinadas cuestiones, y que de alguna manera ponga el
acento en las políticas horizontales, fiscales, en una política también
horizontal para el conjunto de pymes, laborales, de I+D, de formación...
--lo han dicho también otros grupos--, un esfuerzo de crear un marco, un
entorno favorable para esa iniciativa privada que debe ser la que empuje
el desarrollo económico industrial de nuestro país.
Y también existe una asunción de responsabilidad en lo que se supone
asumir su parte de esfuerzo y lo que debe ser el conjunto del esfuerzo
del país para asumir una serie de planteamientos en beneficio de la
competitividad de nuestras empresas. En este sentido, el ajuste que ya el
propio Ministerio de Industria ha anunciado que se va a producir en su
departamento, también es una contribución a ese esfuerzo, teniendo en
cuenta además que hay muy poco margen para ello, porque no olvidemos que
los presupuestos actuales ya son un recorte sobre la situación anterior,
porque no son los del Gobierno, porque recordarán que en esta Cámara los
presupuestos que presentó el Gobierno no contaron, por su falta de
sintonía con las necesidades del país, con el apoyo mayoritario entonces
de la Cámara. Luego teniendo en cuenta la situación de prórroga de
presupuestos, ya hay poco margen de maniobra como para valorar todavía
con mayor satisfacción el esfuerzo de ajuste que se hace ahora por parte
del nuevo Gobierno.
No queremos dejar de referirnos, muy brevemente ya, a la reordenación del
sector público empresarial. Se ha insistido por parte del señor Ministro
en que el plan de privatizaciones no es un fin en sí mismo como tal, es
un instrumento al servicio de esa reordenación del sector público
empresarial que tiene un fin concreto: que la empresa pública sea más
eficiente para cumplir el fin social que le sea asignado, pero sin
distorsionar el marco de eficiencia del sistema económico general de
nuestro país. Ese es el fin, y no las privatizaciones en sí mismas, que
son un instrumento para alcanzar ese fin en el conjunto del marco de
reordenación del sector público empresarial.
Yo ahí sí querría incidir una vez más en lo que puede ser la conclusión
de la impresión que percibimos después de la primera intervención del
señor Ministro de Industria, que es que hay una nueva política
industrial, y si hay algo significativo para plasmar esta conclusión es
lo que se refiere al modelo de privatizaciones. Yo les voy a citar muy
brevemente, a propósito del debate del libro blanco de industria, lo que
decía el anterior Ministro sobre el tema de las privatizaciones. En el
debate sobre el libro blanco de industria del 27 de febrero de 1995,
decía el anterior Gobierno: «Una política de privatizaciones puede ser
perfectamente inadecuada como puede ser perfectamente adecuada. Hay que
analizar cada caso en su contexto y en una perspectiva más bien singular
que general.» Esto es lo que no va a ser el modelo que va a aplicar el
nuevo Gobierno; precisamente lo contrario. Esta arbitrariedad absoluta,
esta falta de modelo, esta falta de criterios objetivos que caracterizaba
al Gobierno anterior, es lo que se va a corregir ahora con un muy
concreto modelo, con un muy concreto plan, con unos criterios también muy
claros y que además se ha explicado que se circunscriben a una mejora del
control en la gestión de las empresas públicas, a una política coherente
a desarrollar por esas empresas públicas en relación con la política que
propugne el Gobierno y en lo que se refiere también a la auténtica
profesionalización en la gestión de esas empresas públicas.
Yo comprendo que el 90 por ciento de la exposición del portavoz del Grupo
Socialista haya girado en torno a sus inquietudes y preocupaciones por el
posible relevo, al frente de esas empresas públicas, de algunos gestores.
Comprendo que, al margen de la preocupación que dice el portavoz del
Grupo Socialista que tienen algunos agentes económicos internacionales
--que yo sinceramente no lo percibo--, puede haber también alguna
preocupación más cercana a nosotros por los posibles relevos que se
puedan producir en esas empresas públicas, pero, sinceramente, ahí no
vamos a hacer un apriorismo de si los que estaban
eran buenos o malos en función de nombramientos de determinadas amistades
que decía usted que se están produciendo ahora. Todavía no ha habido
grandes nombramientos, desde luego sí que había amistades conocidas en
los miembros anteriores.
Hablemos de resultados. Nuestro grupo cree que nadie, a nivel
internacional, se va a espantar o asustar porque se plantee el posible
relevo, por ejemplo, al frente de Astilleros Españoles, con unas pérdidas
de cientos de miles de millones en estos años, o al frente de Iberia, de
Hunosa o del CSI, con pérdidas multimillonarias. Le aseguro que los
agentes económicos internacionales no van a mostrar ninguna preocupación
por que ese relevo se produzca en empresas que han demostrado no ser
capaces de afrontar una situación de gravísimas y cuantiosísimas pérdidas
que han lastrado seriamente la evolución de la economía de nuestro país.
En cuanto a la transparencia y la información que se pueda prestar en
esta Cámara por parte del Gobierno en este proceso de reordenación del
sector público empresarial, me ha llamado la atención la crítica que
hacía el portavoz del Grupo Socialista a la fórmula que el Partido
Popular propuso en día, y me ha llamado la atención porque es verdad que
se opusieron reiteradamente a esa fórmula de información que propusimos,
pero al final acabaron cediendo ante lo que era una realidad de mejora en
la información y apoyando esa propuesta en el Pleno del Congreso del 27
de diciembre de 1995. De alguna manera, el portavoz del Grupo Socialista
autocrítica una posición o un cauce de información que su mismo grupo
aprobó en dicho Pleno. Pero nos parece bien que para coincidir ahora con
el Gobierno tenga que rectificar en algunos planteamientos de la
legislatura anterior (El señor Hernández Moltó pide la palabra).
Voy terminando, señorías. La información que se tiene en esta Cámara nos
parecerá buena cualquiera que sea la fórmula que plantee el Gobierno,
porque seguro que va a ser mejor que la anterior. La anterior se
caracterizó por la falta de información, cuando ésta se producía era a
posteriori, y nos tenía permanentemente en esta Comisión --y algunos
grupos también han hecho mención a esta circunstancia-- un poco con la
venda puesta sin saber muy bien qué es lo que se estaba cociendo en todas
estas cuestiones. No olvidemos, además, que estas privatizaciones se
producían en empresas muy significativas por su gran rentabilidad y, por
tanto, tenían una gran importancia en el sector público empresarial. Por
consiguiente, transparencia, control por parte de estas Cámaras
legislativas, y la fórmula que el Gobierno proponga --insistimos-- nos va
a parecer mucho mejor que la falta absoluta de transparencia, que era la
tónica en la legislatura anterior.
En cuanto a las empresas energéticas, nos satisface también el enfoque de
tener en cuenta específicamente para estas empresas una política
industrial activa. El objetivo es claro: procurar abaratar los costes
energéticos, que son muy superiores en nuestro país respecto a los que
soportan otras empresas de la Unión Europea. Nos parece también acertado
el enfoque de que la desregulación de determinados mercados se produzca
con prudencia. Ha puesto un ejemplo muy claro, el mercado de los
gasóleos, donde se puede avanzar ya una desregulación por la propia
situación del mercado, y en otros no será posible hacerlo, al menos
ahora, porque hay unas situaciones claras de desequilibrio en el mercado
de posiciones dominantes, de oligopolio en definitiva, lo que se
traduciría en un perjuicio para los consumidores y el conjunto del
sistema económico general español.
Me voy a referir muy brevemente a la tranquilidad que nos producen las
referencias que ha hecho el señor Ministro al Plan del carbón y al Plan
de seguridad minera que se van a poner en marcha, en diálogo con las
comunidades autónomas más directamente afectadas, y a la oferta de
diálogo con los agentes económicos y sociales y con los propios grupos de
esta Cámara para poder abundar en las cuestiones que se han explicado a
lo largo de la comparecencia. Igualmente creemos que es un motivo de
satisfacción comprobar que desde el Gobierno se tranquiliza también la
polémica que se había venido desarrollando en cuanto a las centrales de
Almaraz y Vandellós-1 y, por tanto, nos congratulamos de esa clara
definición del Gobierno en cuanto a que no hay motivos de alarma que
justifiquen esa intranquilidad.
En definitiva, señorías, señor Presidente --termino ya--, señor Ministro,
satisfacción y apoyo decidido a una política que entendemos de proyectos
claros. Se sabe de lo que se está hablando, el Gobierno sabe lo que se
trae entre manos en materia de política industrial y coincide en sus
planteamientos con los que ha mantenido nuestro grupo, lo que por otra
parte no puede sorprender a nadie, en la último legislatura. Además,
satisfacción porque ese planteamiento coincide, en sus líneas generales,
con otros grupos de esta Cámara que auguran una mayoría parlamentaria
sólida para llevar adelante esos proyectos. Coincidencia y sintonía que
tampoco es nueva, que ya en la última legislatura se venía produciendo
porque existían planteamientos de política industrial que eran, como he
dicho antes, no ideológicos sino estrictamente de sentido común.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, permítame un segundo
solamente.
A los efectos de no contribuir a seguir destrozando la comparecencia del
señor Ministro en una Comisión como ésta, he de decir que renuncio a
solicitar lo que lógicamente me correspondería: un turno de alusiones a
la intervención obsesiva del señor portavoz del Grupo Popular, que
pensaba que intervenía y que comparecía el Grupo Socialista (El señor
Peón Torres pide la palabra). En ese sentido, por cortesía con el señor
Ministro y para no seguir destruyendo la función de su comparecencia,
renunciamos a solicitar el turno de alusiones.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia ha constatado que ha administrado los
plazos y los tiempos con absoluta libertad y sin limitaciones, porque
creo que en esta primera comparecencia los portavoces deberían disponer
del tiempo necesario para exponer sus criterios y sus planteamientos. No
es mi deseo abrir, tras la inmediata intervención que va ha haber del
señor Ministro, un turno de dúplica,
aunque si ustedes lo solicitaran por un aspecto muy puntual y excepcional
lo consideraría. Pero si por alusiones quisieran ustedes hacer uso de la
palabra en algún punto. El Grupo Socialista ha renunciado, lo que le
agradezco, con lo cual podemos seguir como es habitual y normal esta
comparecencia, aunque veo inquieto al portavoz del Grupo Popular que
desea la palabra y se la concedo para que pueda expresar lo que quiera.
El señor PEON TORRES: No es inquietud, señor Presidente, es simplemente
para sumarme a la filosofía del portavoz del Grupo Socialista, que ya
aplicamos nosotros en primer lugar, porque cuando él intervino hizo una
permanente alusión no a la comparecencia del Ministro sino a las
posiciones del Grupo Popular, y yo entendí que no era momento de pedir la
palabra por alusiones y preferí hacer mi valoración en mi turno de
palabra. O sea, que yo también renuncio.
El señor PRESIDENTE: Neutralizadas las referencias, procede a conceder al
señor Ministro un turno de réplica, tras el cual, a no ser que ustedes lo
consideren de otra forma, esta Presidencia no estimaría abrir ningún
turno de dúplica.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias
a la Comisión en su conjunto porque para este Ministro, y creo que para
cualquier gestor público, siempre es de gran interés y utilidad recoger
las opiniones diversas, a veces contradictorias pero que son reflejo de
los respectivos cuerpos electorales, y por tanto, de los diferentes
intereses colectivos en presencia, que los gestores públicos tenemos la
obligación de intentar conciliar siempre de acuerdo con los objetivos y
la filosofía del Gobierno cuya responsabilidad nos toca enteramente.
Quiero también agradecer, en general, las referencias personales amables
que he tenido prácticamente de todos los portavoces, en algunos casos
generosamente se han añadido consideraciones políticas también en los
buenos deseos personales, lo cual agradezco pues no siempre ha sido así.
En cualquier caso, creo que puedo decir que en justa reciprocidad yo
también les deseo a todos ellos y a todos los grupos éxito y buen hacer
en sus cometidos, para lo que van a contar con mi total y plena
colaboración.
Algunas de las cosas que se han dicho han sido ya matizadas o
correspondidas por los diferentes portavoces y, por tanto, no quisiera
hacer ahora una intervención de contenido polémico, sino más bien una
intervención que tenga un sentido de reconsideración de algunas de las
cosas mencionadas. He intentado ir recogiendo el alud de precisiones y
temas concretos que los diferentes portavoces han ido desgranando y, en
la medida de lo posible --y pido disculpas a priori si en algún caso no
respondo con suficiente amplitud--, intentaré darles contestación.
En cuanto a las consideraciones de carácter general me gustaría, porque
ha salido el tema en diferentes ocasiones, hacer un comentario a lo que
ha sido mi valoración en el planteamiento inicial de mi intervención
respecto a cómo está nuestra industria. El estado de nuestra industria es
el resultado, como es natural, de determinadas acciones de los gobiernos
anteriores, no del anterior, ni tan siquiera de los gobiernos del Partido
Socialista, sino de muchos anteriores. Es el resultado de un proceso
histórico, en algunos casos complejo, que explica por qué tenemos una
determinada estructura industrial en cuanto al tamaño de las empresas, y
después haré referencia a este tema porque lo ha tocado el señor Santiso.
Obviamente eso es verdad, pero para mí hay una verdad por encima de ésta,
y es que el estado actual de nuestro tejido industrial es responsabilidad
fundamentalmente de nuestros empresarios, de las empresas del tejido
industrial y, por tanto, de los agentes económicos y sociales que en el
marco de la empresa han contribuido a que tengamos lo que tenemos. He
hecho alguna mención y he diferenciado etapas respecto a que en algunos
casos la acción del Gobierno ha podido facilitar las cualidades naturales
de nuestra clase empresarial y de nuestro tejido social en general, y en
otros casos y en otros períodos la verdad es que la acción del Gobierno
más bien las ha dificultado y, por tanto, la consolidación de nuestro
tejido industrial ha sido a pesar de la acción del Gobierno y no
precisamente por su favor. En consecuencia, yo quisiera quedarme con una
frase, con una reflexión, con una idea: el estado de nuestro tejido
industrial se debe a los agentes económicos y sociales, y lo que debe
hacer el Gobierno es facilitar su labor, y hacerlo desde un planteamiento
de política industrial que creo que muchos de ustedes comparten, así como
también que es difícil de definir, porque estamos en un período con unas
circunstancias históricas bastante distintas de las que podía haber
anteriormente. Creo que voy a decir una obviedad pero no me resisto a
decirla. La política industrial, entendida en su concepto moderno, no es
la que hace el Ministerio de Industria ni las consejerías de Industria de
las comunidades autónomas ni el Comisario de Industria de la Unión
Europea; ustedes lo saben perfectamente. La política industrial es una
política del conjunto del Gobierno, pasa por una acción global del
Gobierno orientada a generar un clima en el que el espíritu emprendedor
siga adelante, permita la creación de riqueza y la generación de puestos
de trabajo, y que lo haga de la manera más eficaz y más competitiva
posible, lo que no hace un Ministerio de Industria por poderoso que sea o
por muy delimitadas que tenga sus competencias. De ello soy absolutamente
consciente y, desde luego, no me preocupa (no tengo esa preocupación)
disponer de más o menos competencias con carácter exclusivo. Mi ambición
no es competencial. Mi ambición como Ministro de Industria es distinta;
es una ambición en los objetivos, y creo que todo lo que contribuya a
conseguir estos objetivos de mejora del clima económico, de mejora del
clima industrial, de facilitar la creación de riqueza, de que surjan
nuevas empresas, de que se vaya vertebrando nuestro tejido industrial en
el entorno internacional, todo ello es objetivo del Ministro de Industria
y lo hará a través del Ministerio de Industria, normalmente en poca
medida o lo intentará transmitir al conjunto de la acción del Gobierno.
Esa es la máxima ambición de este Ministro y de este Ministerio;
obviamente, desarrollar nuestras competencias como toque
y de la mejor manera posible, y en algunos casos creo que incidiendo
razonablemente, de forma significativa, en ese objetivo, pero también
particularmente por la vía de la influencia en el conjunto de la acción
del Gobierno. Para eso forma parte de nuestras prioridades una cosa que
ya he mencionado, que es la de establecer un permanente clima de diálogo,
sensibilidad, aproximación y receptividad a las inquietudes de los
sectores productivos e industriales. Creo que ésa no es una aportación
baladí. No tiene nada que ver con esa frase que muchas veces sacada de
contexto se ha repetido: la mejor política industrial es la que no
existe. No se trata de hacer una política industrial basada en actitudes
activas en favor de las necesidades de nuestra industria y, en la medida
de lo posible, si es factible, hacerlo a través del Ministerio de
Industria, pero si no es así, que normalmente no lo es, transmitirlas al
resto de departamentos ministeriales, al resto de administraciones, al
resto de agentes que pueden tener algún tipo de responsabilidad en ese
ámbito.
Esa política industrial, que entiendo que parte de un planteamiento
moderno que no implica para nada un ministerio potente porque da
subvenciones o porque tiene gran capacidad de intervención, precisamente
es un poco lo contrario, pasa por contribuir a desregular, por introducir
la competencia en sectores básicos, por intentar a través de esos
mecanismos bajar los costes en los mercados de inputs, fomentar, en
definitiva, el espíritu empresarial, todo lo cual tiene un fondo
filosófico, y no se lo voy a negar. El fondo filosófico es el que he
reiterado al principio: la responsabilidad del desarrollo industrial de
nuestro país, como de cualquier país moderno, como de cualquier país del
mundo occidental, como de cualquier país de los que llamamos del primer
mundo, y es aspiración de los que no lo están, corresponde a la
iniciativa privada, y el sector público, la Administración tiene la
obligación de ir generando este clima favorable y, en algún caso del
sector público, en la medida en que su existencia a veces es muy
significativa, incluso en países occidentales con mayor tradición de
economía de mercado que el nuestro, conviene que lo pensemos, porque ha
habido algunas referencias de algunos portavoces a que en el desarrollo
del modelo de crecimiento español, del sistema capitalista en España, las
únicas empresas con una cierta dimensión son las públicas, ya que no ha
habido capacidad de generar grandes grupos privados. Esto se decía como
una referencia crítica a la voluntad de privatizar, como si privatizar
fuera sinónimo de perder tamaño, y también iba acompañado de unas ciertas
reservas, que yo puedo compartir, en determinados ámbitos respecto a la
creación de lo que se llaman nuevos núcleos estables ligados a entidades
financieras o de otro tipo. Todo esto es opinable y discutible, pero yo
quisiera recordar a los señores portavoces que la realidad es tozuda y
tenemos lo que tenemos y hay lo que hay; y lo que hay es que
lamentablemente no tenemos grandes multinacionales privadas españolas,
lamentablemente --este Ministro preferiría que nos pareciésemos más,
desde ese punto de vista, a países como Suecia o como Holanda-- no las
tenemos , pero no las tenemos precisamente por la política de los
anteriores gobiernos, y desde luego no me remito a los más próximos sino
a los gobiernos incluso de la dictadura, en el sentido de mantener un
esquema de protección basado en las inercias históricas y en los
mantenimientos del status quo que, conservando un mercado relativamente
pequeño, impidió el desarrollo de grandes empresas, lo cual ahora nos
coge con una internacionalización y una globalización, con un tejido
industrial que tiene estas carencias y que hay que ir intentando
resolverlas, pero con lo que tenemos --lamentablemente el mercado de
capitales en España está poco desarrollado, hay que hacer esfuerzos para
seguir desarrollándolo, para capitalizar la economía del país-- y ya que
tenemos entidades importantes con recursos de reconocida solvencia, con
responsabilidad y con implicación con los intereses del país, yo pediría
a los portavoces que no hicieran manifestaciones prematuras o un tanto
superficiales respecto a la conveniencia o no de pensar en estos
términos.
Ligo esta reflexión con otro tema que ha sido recurrente y que me
gustaría también de alguna forma matizar. Se ha dicho que las
privatizaciones son el tema estrella de este Ministerio. Yo ya sé que no
voy a poder luchar contra los tópicos, y es verdad. En estos días he
descubierto que es muy difícil luchar incluso contra un titular
periodístico. Mi experiencia política ustedes saben que es muy corta y
ésta es una de las cosas que yo voy aprendiendo, que muchas veces no es
tan importante lo que uno dice sino lo que se interpreta de lo que uno
dice. Y sobre el titular famoso de El País, al que se ha hecho
referencia, en el sentido de que vamos a privatizar todas las empresas
públicas, si han tenido la paciencia y la bondad de leer el conjunto de
mis declaraciones, verán que es matizable desde ese mismo día. Es verdad
que también la propia realidad muchas veces obliga a matizar todavía más
y a ser más preciso en algunas de las apreciaciones que se hacen en el
marco de unas declaraciones periodísticas, pero les comento esto --que es
casi una anécdota personal, por lo cual pido disculpas-- para decir que
ya veo que no voy a poder luchar contra esta etiqueta de que el tema
estrella de este departamento va a ser el de las privatizaciones. Yo creo
sinceramente que va a ser --y obvio-- una parte importante de la
actuación de este Ministerio. Vamos a procurar hacerla bien, vamos a
poner los instrumentos necesarios encima de la mesa para hacerlo bien,
vamos a procurar salvaguardar esos principios que antes hemos mencionado
y a los que hacía referencia el portavoz del Partido Popular, en el
sentido de que queremos dar consistencia y coherencia a un proceso de
privatizaciones que hasta ahora había sido muy intenso, pero que era un
proceso ad hoc, muy concreto, muy coyuntural, y casi me atrevería a decir
que en algunos momentos un poco vergonzante. Vamos a hacerlo público,
vamos a hacerlo consistente, coherente, en el marco de un plan, pero,
sobre todo, vamos a intentar hacerlo transparente. Por tanto, quiero
reiterar también el ofrecimiento que he hecho y en el que sigo
insistiendo con total convicción, que es el de mantener este diálogo
permanente no ya con los interlocutores económicos y sociales y con el
conjunto de la sociedad española, a través de sus órganos de
representación, sino, en particular, en el marco de esta Comisión del
Congreso y en el Senado, para que no haya
duda alguna de que lo que estamos haciendo lo podemos explicar en cada
momento.
Volviendo a la reflexión sobre el conjunto del tejido industrial y, por
tanto, sobre el carácter de la política industrial que se puede hacer
desde un Ministerio de Industria, a finales del siglo XX, en un país
abierto a la competencia exterior e integrado en la Unión Europea --y
perdón por el conjunto de matices pero sin ellos yo creo que no se puede
comprender muy bien qué se define como política industrial--, está la
posible defensa de la iniciativa pública en el marco de las comparaciones
respecto a países de nuestro entorno. Se ha reconocido que el peso de la
empresa pública en España en algunos casos es inferior a la de los países
de nuestro entorno y, por tanto, si nos queremos parecer a la Unión
Europea ¿por qué no mantenemos lo que hay? No hace falta que les explique
que el proceso de privatizaciones que ha emprendido España y que está
dispuesto a seguir emprendiendo a través de este Gobierno es muy inferior
al que han emprendido países como Italia, Francia y por supuesto Gran
Bretaña. No hace falta tener una actitud papanata en el sentido de querer
hacer siempre lo que hacen los demás, pero los países que he dicho suelen
ser serios, unos más que otros, y si lo están haciendo por algo será.
Hay además un argumento adicional que tiene poco que ver quizá con la
política, pero sí con los mecanismos psicológicos. Esta voluntad de
mantener los status quo, esta mentalidad conservadora basada en que no me
toquen lo que ya tengo, esta aversión al riesgo y al cambio claramente
percibida por aquellos que se sienten más desprotegidos y que, por tanto,
necesitan de la atención de los poderes públicos, cosa que no niego en
absoluto, pero a veces esa actitud psicológica, esa actitud personal se
transmite también a determinadas posiciones políticas. He tenido ocasión
de ver esto, y perdonen esta intrusión, en una reflexión personal de hace
pocos días. Recordaba el portavoz socialista que había estado en Asturias
hace poco. El tema de Asturias es bastante paradigmático de una reflexión
colectiva que todos nos debemos hacer. La defensa, si me permiten la
expresión entre comillas, numantina del esquema de empresa pública en
Asturias, por otra parte inevitable para mantener la cohesión social en
determinados sentidos, ha provocado cosas tan terribles como que los
jóvenes asturianos cuando acaban sus estudios no encuentran lugar donde
trabajar. Ha provocado cosas tan terribles como que el peso del empleo
público en Asturias, a pesar de la defensa de la empresa pública y de los
enormes recursos públicos que se han destinado a su mantenimiento, ha
caído prácticamente a la mitad en los últimos años. Ha propiciado una
cosa tan terrible como que el número de jubilados y prejubilados en estos
momentos sea superior al número de personas ocupadas. Ha propiciado una
cosa tan lamentable como que el peso de Asturias en el conjunto de la
economía española haya descendido significativamente en los últimos años.
Con eso no niego la necesidad de tener presente estos dos elementos y de
ser muy sensible al mantenimiento de la cohesión social en Asturias, pero
estoy absolutamente convencido de que o rompemos ese status quo, o
rompemos esa inercia y procuramos que la propia sociedad asturiana
reaccione más allá de lo que es una adaptación casi, diría, acomodaticia
a un esquema de empresa pública o el futuro es negro, el futuro es
negativo. Yo deseo fervientemente --y si podemos ayudar ayudaremos-- que
el futuro sea positivo y mucho más esperanzador para los asturianos.
Pongo el ejemplo de Asturias, pero podría poner bastantes más, aunque
tampoco quisiera detenerme mucho tiempo en esto.
Ha habido una serie de alusiones al Libro Blanco. Tengo que decir que
efectivamente no le he mencionado, pero hubiera podido hacerlo. No se
debe a un olvido inconsciente, sino que valoro el Libro Blanco en la
medida en que contiene una serie de reflexiones y aportaciones. Tengo que
decir que incluso alguna de ellas casi reconozco como personal o
institucional a través de alguna entidad de la sociedad civil que
colaboró en su confección. Por tanto, me parece que puede ser en sí mismo
un instrumento aprovechable, útil. Creo que estaremos todos de acuerdo en
que cuando uno busca el consenso acaba haciendo una cosa como muy light,
como muy poco comprometida, muy asumible por todo el mundo y por tanto
con poca fuerza para poderla hacer aceptable a todo el mundo. Desde mi
punto de vista la conclusión es clara. Hay muchas cosas del Libro Blanco
que se deben mantener, que se deben aprovechar y que se deben
desarrollar, sobre todo una que ha mencionado el portavoz del Grupo
Vasco, con la que estoy absolutamente de acuerdo: Nunca podemos dejar de
debatir sobre las necesidades de nuestra industria, sobre el futuro
industrial. El debate público sobre estos temas no sólo es necesario,
sino que es absolutamente conveniente, y este Gobierno y este Ministro lo
pide con vehemencia porque lo necesita.
Cambiando de tercio, pero como también se ha hecho alusión a ello, me
gustaría mencionarlo, de la misma manera a veces me sorprende esa
resistencia a discutir constantemente sobre el mal funcionamiento de
nuestro mercado de trabajo. Parece que mentemos fantasmas o que
mencionemos cosas que son intocables. Todo esto me parecería muy bien si
nuestra tasa de paro fuese fraccional, si tuviésemos una tasa de paro del
tres o del cinco por ciento, esa tasa de paro porque hay gente que va
cambiando de puesto de trabajo y siempre hay una parte fraccional. Pero
no es así. Tenemos una tasa de paro absolutamente escandalosa y negativa,
que tenemos que afrontar. A mí no se me ocurre otra manera de hacerlo que
mediante el diálogo, la discusión y el debate social permanente sobre
estos temas. Muchas veces esas descalificaciones a priori que se hacen
sobre determinadas posiciones responden al legítimo posicionamiento
político. Pero me gustaría que se incorporara también la idea de que
aquello que va mal es muy bueno que lo tengamos siempre encima de la
mesa.
Se me ha dicho también --y creo que pueden tener razón los portavoces
socialistas y del PNV-- que en los temas energéticos se me ha notado
--creo que ha utilizado la expresión-- menos pasión o un tono más
cansino. Probablemente. Notaba que me iba cansando a medida que iba
desarrollando mi intervención. Tengo que decir en honor a la verdad,
porque muchos de ustedes lo conocen, que éste es un sector nuevo para mí.
Todos ustedes saben también
que es un sector muy complejo. La prueba de su complejidad es que los
gobiernos anteriores que han hecho bastantes cosas en ese ámbito a veces
también han tenido que amagar y no dar, porque ante la complejidad y ante
todas las fuerzas en presencia muchas veces no se han podido hacer las
cosas que desde mi punto de vista son absolutamente necesarias. Quizá me
he expresado en un tono menos apasionado, pero desde luego no menos
firme. Yo les pediría, por favor, que superando el eventual aburrimiento
que les haya podido provocar mi intervención relean el texto recogido. Me
temo que se descubrirán bastantes cosas de fondo respecto a una reforma
seria de nuestros sectores energéticos, tanto en el campo eléctrico como
en el campo del gas. No sé quién ha hecho referencia antes al tema del
gas, yo he hecho referencia a liberalizar, a posibilitar el acceso a
terceros también de la red de gasoductos. Es una concesión
administrativa. He hecho también referencia a que eso sólo podía tener
dos límites desde nuestro punto de vista, uno la reciprocidad, cosa que
me parece obvia, y otro la necesidad de que esto no rompa con
determinados compromisos a largo plazo derivados de contratos de
suministro con terceros países. Por tanto, el gas es una de las
prioridades esenciales de la política energética del Gobierno y le vamos
a prestar la atención que se merece.
Ha habido después referencias un poco más precisas que intentaré ir
contestando con la mayor brevedad porque veo que son ya casi las dos. El
señor Hernández Moltó y algunos otros portavoces han mostrado una fuerte
preocupación, que yo agradezco en la medida en que detecto solidaridad,
respecto a las competencias del Ministerio. He dejado bastante claro que
mi ambición no es competencial sino de objetivos. Lo importante es que el
conjunto del Gobierno haga lo que tenga que hacer. Estoy absolutamente
convencido de la necesidad de coordinar desde un único ministerio todas
las competencias respecto a pequeñas y medianas empresas en general,
porque el peso de la pequeña y mediana empresa industrial, en el conjunto
del mundo de las pymes, cada vez es más pequeño y cada vez estamos
hablando de otros sectores, en el campo turístico, en los servicios, en
el comercio, en la agricultura, etcétera.
El señor Sánchez i Llibre ha hecho una relación exhaustiva de una serie
de medidas que podríamos llamar de política industrial. Si las repasamos,
observaremos que casi ninguna de ellas es competencia de este Ministerio.
Es así, Algunas sí lo son. La principal manera de apoyar a las pymes es
poniendo sus preocupaciones constantemente encima de la mesa, y sobre
todo --eso está en sus preocupaciones-- a través de la creación de un
marco adecuado en cuanto al acceso a la financiación, en cuanto al coste
de los recursos financieros que necesitan para desarrollar sus créditos
de inversión, en cuanto a poder disponer de un mercado de trabajo que
permita adaptar sus necesidades a la demanda en cada momento, incluso a
la legislación jurídico mercantil, y desde luego los aspectos
tributarios. Todo esto son elementos que en su mayor parte o están en el
Ministerio de Economía y Hacienda o están bajo la coordinación del
Vicepresidente Económico en el caso de este Gobierno. Yo, desde luego,
soy absolutamente solidario con esa posición, en el bien entendido de que
hay cosas que sí que creo que deben estar en el Ministerio de Industria y
que estoy absolutamente seguro de que van a quedar, que es todo lo
referente a las decisiones que desde la Secretaría de Estado de Pequeña y
Mediana Empresa se tomen respecto a la empresa industrial, y donde la
participación y la incidencia de este Ministerio van a ser decisivas, y
así está comprometido. Al mismo tiempo, todas aquellas competencias
específicamente industriales, como apoyos a programas de diseño
industrial, calidad, tecnología, I + D, etcétera, también van a
permanecer en el propio Ministerio de Industria integradas con el resto
de competencias que hoy están en el Cedeti. Por tanto, agradezco esa
preocupación por el contenido de mi Ministerio, que yo no comparto. De la
misma manera que tampoco comparto que haya habido --¿cómo lo ha
llamado?-- titánica pelea. Yo no tengo ninguna sensación personal de
haber estado sometido a ningún esfuerzo titánico más allá del trabajo que
supone adaptarse en un mes a las responsabilidades de un Ministerio,
sobre todo cuando uno viene del sector privado y le viene casi de
sorpresa. Pero no sólo no ha habido, en absoluto, titánica pelea, sino
que ha habido sintonía de criterios y, desde luego, en algunos casos
discrepancias desde el punto de vista objetivo, porque siempre van a
existir, con este Gobierno, con los anteriores y con los que vengan,
tensiones entre el Ministro de Economía y Hacienda y los ministros que
llamamos del gasto. Cuando la estructura de la empresa pública es lo
compleja que es en nuestro país, con diferentes dependencias orgánicas y
funcionales, siempre va a ver en algunos momentos contradicciones, pero
tienen una base objetiva y, desde luego, las estamos resolviendo desde la
plena solidaridad de todos y cada uno de los miembros del Gobierno y con
la solidaridad de este Ministro de Industria.
Ha hecho también alguna referencia a las presiones sobre el proceso de
privatización. Todo esto son posibilidades que desde luego existen, yo no
las voy a esconder. Ante procesos que van a suponer el manejo de muchos
recursos y de muchos miles de millones de pesetas, van a existir
presiones. Esto forma parte de la naturaleza de las cosas. Lo que sí les
digo es que si aseguramos, como vamos a hacer, un marco de coherencia y
transparencia para esos procesos, las presiones van a ser mínimas y va a
ser mucho más difícil que consigan tener éxito. Desde luego, es voluntad
de este Ministerio que se tomen las decisiones en virtud de los intereses
generales y nunca, en ningún caso, en virtud de determinados
posicionamientos particulares.
En cuanto a si he encontrado agujeros, no he encontrado agujeros, señor
Hernández Moltó, pero sí he encontrado ineficiencias; ineficiencias que
yo creo que tampoco responden, evidentemente, a una voluntad política
perversa. No es así. Creo que me concederán --y dispénseme, no intento
hacer ahora una controversia política-- todos ustedes, todos los
portavoces, que la Administración española necesita una reforma en
profundidad. No funciona, el esquema basado en la Administración y en el
sistema de funcionarios que ha existido comporta ineficiencia tales como
una cosa que desde luego yo estoy sufriendo: hay una serie de gente en el
Ministerio que trabajamos muchísimo,
y hay mucha gente en el Ministerio que no trabaja nada (Risas.) Eso pasa
probablemente también en otros sitios, es verdad, pero me da la impresión
de que en la Administración esto es particularmente relevante. Por tanto,
agujeros no hay, quédese tranquilo; ineficiencias, desde este punto de
vista, basado en la necesidad de ir reformando el esquema actual de la
Administración pública, sin duda.
Por lo que se refiere a las cuestiones planteadas por el señor Santiso,
algunas de ellas las he intentado responder, supongo que con poco éxito.
Usted seguirá pensando que mi papel es el de subastador de la empresa
pública. Yo voy a intentar que eso no sea estrictamente así, como es
natural. Pero lo que sí le digo es que si el criterio fuese el de que las
privatizaciones al final sólo responden al tema de hacer caja, no
hablaríamos de un proceso de privatizaciones a lo largo de la legislatura
para las empresas del grupo Téneo, no estaríamos hablando de la necesidad
de mantener en general a los sectores integrados en la Agencia Industrial
del Estado, todavía en manos públicas por lo menos a medio plazo. No es
así. Yo no le oculto que, desde luego, somos absolutamente solidarios con
una necesidad, compartida por el conjunto de la sociedad española y por
la mayoría de las fuerzas políticas, respecto a la conveniencia de que
reduzcamos el déficit público para poder cumplir con los criterios de
convergencia de Maastricht, a los que se ha hecho constante referencia,
como es natural. Yo creo que éste es un tema vitalmente estratégico para
el país y desde luego si con la política de privatizaciones --que no
responde a ese objetivo-- podemos contribuir al cumplimiento del mismo,
sin duda lo vamos a hacer. Pero los criterios son otros. Usted ha hablado
incluso de la capacidad de absorción de los mercados. Efectivamente, ése
es un elemento limitador, hay que tenerlo muy presente. Por tanto, puede
también marcar, influir, en el ritmo de aplicación del plan.
Ha mencionado usted que algunas de las intervenciones del Gobierno han
generado incertidumbre y en algunos casos alarma social. Yo creo que ha
sido una alarma social relativa, un poco limitada, que a la vista de cómo
se han ido desarrollando las cosas ha sido diluida. Creo que no es
necesario que yo le desmienta que haya ningún intento por parte del
Gobierno de privatizar Hunosa por alguna de las vías a las que usted ha
hecho alusión. No hace falta que se lo desmienta, ya lo he hecho en otras
ocasiones, ahora se lo reitero, pero creo que no tengo nada que decir.
Por otro lado, hablaba de la necesidad del sector público para evitar
determinadas situaciones de monopolio, etcétera. Ha hecho alusión a las
gasolineras, a la falta de competencia. Precisamente por eso en muchos
casos queremos privatizar, pero antes queremos desregular, porque en
algunos casos lo que se ha hecho ha sido, entre comillas, privatizar sin
desregular para, al final, consolidar monopolios de hecho. Creo que al
final eso es malo para los españoles, para los ciudadanos y para los
consumidores, y precisamente nosotros vamos en la dirección contraria.
Me ha hecho usted preguntas sobre empresas concretas, Santa Bárbara,
Iberia, la construcción naval. Respecto a Endesa, puedo ser muy claro: no
vamos a trocear Endesa. No está en nuestros planes el troceamiento de
Endesa. Creemos que, efectivamente, el déficit de grandes empresas al que
hacía referencia al principio nos obliga a considerar muy seriamente que
ésta no es una opción que pueda ser correcta en estos momentos.
Respecto a las otras empresas, por ejemplo Iberia --alguien ha hecho
alusión también al tema del transporte, creo que el portavoz vasco--, la
vía de las alianzas estratégicas a mí me parece absolutamente
imprescindible. Por tanto, la progresiva privatización o la progresiva
pérdida de control público sobre Iberia responde a un proceso
absolutamente válido en términos internacionales. Ha perdido todo su
sentido ya lo que antes llamábamos compañías de bandera de base estatal.
El espacio aéreo se ha liberalizado y, por tanto, estamos en un contexto
absolutamente nuevo que difícilmente justifica el mantenimiento de
empresas de base estatal pequeña, como puedan ser la de los países
europeos. Y ahí quisiera ser rotundo. La privatización no tiene por qué
afectar a la eficiencia, sino todo lo contrario, y pongo el ejemplo de lo
que está siendo un modelo de compañía aérea, que está funcionando
probablemente en estos momentos de la forma más eficiente en el mundo,
que es British Airways.
Sobre la construcción naval, ahora mismo hay un buen momento de demanda.
Por tanto nos da un cierto tiempo para ver si se cumplen las previsiones
del plan relativas a que en el año 1998 se van a recuperar los umbrales
de rentabilidad. Ya veremos, pero creo que ahí no podemos perder la
tensión y desde luego tener una actitud más o menos acomodaticia, hay que
estar muy encima del tema para que no se nos acabe descontrolando.
Por lo que se refiere a Santa Bárbara, casi prefiero no hablar, pero le
voy a decir una cosa. (Rumores.) Santa Bárbara comparte con los mejores
tiempos de Renfe un dudoso récord, que es el de que pierde muchísimo más
de lo que factura, y está normalmente a unas tasas de utilización de
capacidad que muchas veces no llega ni al 5 por ciento. Se llegó a unos
ciertos acuerdos para que de los ocho centros productivos se bajara a
tres, lo que no se han cumplido. Este tema nos lo vamos a tener que tomar
muy en serio.
Se ha hecho referencia también a los temas de I+D, a si seguía el PITMA
en el Ministerio de Industria; la respuesta es que sí. A la actuación del
Cedeti, si se va a potenciar; la respuesta es sí. A si Enresa y Enusa van
a seguir en el ámbito del Ministerio de Industria, y la respuesta es que
sí.
Señor Rodríguez Sánchez, del BNGA, ha hecho usted la primera referencia a
la participación de la industria. Creo que he intentado responder sobre
cuál es mi punto de vista. También en lo que se refiere a seguir el
modelo de la Unión Europea en cuanto a privatizaciones, creo que ahí hay
también procesos muy intensos que nos pueden servir de guía, un poco en
contradicción con lo que él decía.
Esa reflexión que ha hecho usted de: ¡Ojo con la disminución de la
presencia del Estado allí donde no hay iniciativa privada!, es verdad.
Comentaba el caso de Asturias, pero también podría ser aplicable a zonas
de Galicia.
Si me permiten de nuevo una incursión personal, es aplicable al pueblo
donde este Ministro nació. Allí desde
principios de siglo había una gran industria que garantizaba el empleo a
todos los habitantes del pueblo prácticamente sin discusión y durante
tres o cuatro generaciones, hasta casi los años 60, esa industria
conformaba la filosofía y la cultura de mis conciudadanos. Todo el mundo
sabía que al acabar los estudios iba a parar ahí y eso genera una
determinada manera de ver las cosas.
Cuando llega una de las crisis industriales, en particular en los años
70, esta industria pasa por enormes dificultades. Hoy afortunadamente
está recuperada, pero ha perdido como las tres cuartas partes del empleo
que había entonces. Entra en crisis y aunque se había ido generando un
cierto tejido industrial basado en las grandes empresas, el gran problema
de mis conciudadanos era que, a pesar de tener una clarísima mentalidad
industrial, porque estaban acostumbrados a mamar industria desde
pequeñitos, no había mentalidad emprendedora, no había mentalidad
empresarial, no había mentalidad de buscarse el futuro por uno mismo.
Esto, afortunadamente para mi pueblo, ahora ha desaparecido, pero ha
tenido que pasar por lo menos una generación para que esto cambiara y ha
habido que hacer grandes obras de infraestructura --y, por tanto, le
acepto que en caso de Galicia esto es fundamental-- que acerquen mi
propia ciudad al resto del tejido productivo de la zona; que vaya
cambiando la mentalidad de los jóvenes, que se vayan incorporando al
mercado de trabajo con otra perspectiva que la que le asegura la propia
garantía de tener una gran empresa a mano. Le digo esto porque es un
problema que he sentido como muy próximo y al que, por tanto, creo que
puedo ser sensible.
Ha hecho también referencia al plan Mega de electrificación del sector
rural. Esto lo vamos a analizar porque creo que usted plantea un problema
serio que tenemos que tener muy presente. En algunos casos hay todavía
zonas rurales que desde un punto de vista económico soy absolutamente
consciente de que no se justifica su electrificación, pero creo que el
conjunto de la sociedad española, un Estado como España, en el umbral del
siglo XXI, debe de hacer un esfuerzo para que estos problemas que afectan
a pocos ciudadanos, pero en todo caso muy sensibles, puedan ser
resueltos.
Desde luego, lo que no comparto es esa interpretación, digamos, parcial
que ha hecho usted de la Constitución. Es verdad que el artículo 131 dice
lo que dice, pero también es verdad que la Constitución hace una clara
apuesta por la economía de mercado y por la libertad. No creo que usted
se refiriera a que restablezcamos algo así como los planes quinquenales.
Me imagino que no. En todo caso, no es la filosofía de este Ministro que,
desde luego, se acerca mucho más a la frase ésta que comparto plenamente
de que cuanta más sociedad mejor y cuanto menos Estado mejor.
Al señor Gómez Rodríguez, de Coalición Canaria, le agradezco, en primer
lugar, muchísimo sus palabras.
Creo que ha manifestado una preocupación muy clara respecto a
determinados hábitos en la gestión de determinadas empresas públicas. Esa
preocupación la comparto. Creo que la podemos compartir todos. En general
creo que se han hecho las cosas con honestidad y bien, pero en algunos
casos efectivamente no ha sido así y esto siempre hay que tenerlo muy
presente para intentar corregirlo.
Ha hecho usted referencia al hecho diferencial. Le aseguro que lo
comparto desde el punto de vista de determinados planteamientos
energéticos y la necesidad de apoyar al tejido industrial basado en
pequeñas y medianas empresas.
También ha hecho una referencia a contemplar las inversiones en medio
ambiente, dentro del Plan General de Contabilidad, incluso para poder ser
objeto de subvenciones. Creo que la Ministra de Medio Ambiente, que ha
hecho ya su comparecencia, ha hablado ya de este tema y ha hablado, desde
luego, en el sentido que usted dice. Espero que efectivamente esto se
concrete lo antes posible.
Señor González de Txabarri, creo que muchas de las cosas que ha planteado
ya las he ido tocando.
He hablado del desarrollo legislativo. Creo que en mi intervención he
dicho que habría que desarrollar reglamentariamente la LOSEN, sobre todo
en aquellos aspectos en los que nos podamos sentir más identificados
--hay otros que no--, pero de momento no nos planteamos la reforma de la
Ley a corto plazo.
Creo que en el desarrollo de la liberalización del sector energético hay
un desarrollo legislativo importante, ya que el facilitar el acceso a las
redes de distribución primaria se tiene que hacer en algunos casos
mediante un desarrollo legislativo, ley o decreto-ley. Por tanto, ahí
también hay un cierto programa de desarrollo legislativo que en estos
momentos sinceramente no me siento en condiciones de concretar más.
Desde luego, pleno respeto y apoyo político a todos los esfuerzos que
desde cada ámbito territorial se puedan hacer entre los interlocutores
sociales y los gobiernos autónomos para desarrollar planes de
competitividad o planes de apoyo al tejido industrial.
En cuanto al señor Sánchez i Llibre, le tengo que decir que ha hecho un
análisis amplio, exhaustivo de la perspectiva de su grupo respecto a lo
que tiene que ser una política orientada al apoyo a la economía
productiva. Le tengo que decir --y no creo que sea ninguna sorpresa para
nadie-- que la comparto prácticamente en su totalidad.
Ha hecho una reflexión sobre la necesidad de que la complejidad de la
situación nos obliga a no perder tiempo, pero también a no precipitarnos
ni improvisar. Creo que compaginar las dos cosas es uno de los
componentes de eso que llamamos el arte de la política. Vamos a intentar
hacerlo así, pero, desde luego, debe haber claridad en las prioridades.
En esta primera intervención he procurado que quedara suficientemente
establecido, definiendo una estrategia y las condiciones que creo que
propician un marco estable para las empresas a la hora de tomar
decisiones.
Quiero hacer referencia también a la intervención del portavoz del Grupo
Popular, porque, como no podía ser de otra forma, la comparto plenamente.
De momento nada más. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
La verdad es que tras esta exhaustiva réplica del señor Ministro este
Presidente entiende que debiéramos concluir la sesión de hoy, no sin
antes informar a los miembros de la Comisión que ya tenemos bastantes
asuntos planteados formalmente, proposiciones no de ley y preguntas. Va a
haber muy próximamente una reunión de Mesa para ordenar qué prioridades
deberíamos contemplar. No obstante, tomen ustedes nota de la fecha del
día 20, que es la que los servicios de la Cámara nos han proporcionado
para una posible convocatoria de la Comisión y si la Mesa y la Junta de
Portavoces así lo estiman procederemos a convocarla.
Hemos tomado nota, señor Ministro, de toda su exposición y de todas sus
reflexiones y de una muy concreta, que ha sido su ofrecimiento inmediato
para que si el Gobierno aprueba en próximos plazos ese nuevo marco de
reordenación del sector público, usted se ofrecía a comparecer ante esta
Comisión para informar con mayor detalle. Le agradecemos la iniciativa y
estaremos a la espera de que esto suceda para que podamos realmente
conocer mejor este proyecto.
Nada más, señorías. Levanto la sesión.
Eran las dos de la tarde.