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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 16, de 28/05/1996
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 16



CONSTITUCIONAL



PRESIDENTE: DON GABRIEL CISNEROS LABORDA



Sesión núm. 2



celebrada el martes, 28 de mayo de 1996



ORDEN DEL DIA:



Aprobación de la delegación en favor de la Mesa. a la que hace referencia
la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983,
en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los
Diputados. (Número de expediente 042/000004) (Página 42)



Aprobación de la celebración de las comparecencias del Ministro de la
Presidencia (números de expedientes 214/000012, 213/000018 y 213/000019.)
A propuesta de la Mesa de la Comisión, acordada en su reunión del día
24-5-96 (Página 42)



Comparecencia del señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos
Fernández), a petición propia, para informar sobre las líneas generales
de la política de su Departamento. (Número de expediente 214/000012)
(Página 43)



Comparecencia del señor Vicepresidente Primero y Ministro de la
Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández), para informar de las previsiones
y líneas generales a desarrollar en su Departamento, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000018) (Página 43)



Comparecencia del señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos
Fernández), para dar a conocer las líneas generales y proyectos a
desarrollar por su Departamento. (Número de expediente 213/000019)
(Página 43)



Página 42




Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados de la Comisión
Constitucional, señor Vicepresidente Primero y Ministro de la
Presidencia, señor letrado, señoras taquígrafas y representantes de los
medios de comunicación, sean bienvenidos.

En primer lugar, rogaría a todos aquellos señores miembros de la Comisión
que porten teléfonos móviles que tuvieran la bondad de inutilizarlos.

Vamos a entrar en el examen del orden del día de esta primera sesión
ordinaria de la Comisión Constitucional --después aludiré a la presencia
del señor Vicepresidente del Gobierno--, no sin antes expresar en nombre
de la Comisión --pienso-- la satisfacción por el hecho de que estas
comparecencias informativas del nuevo Gobierno empiecen precisamente por
esta Comisión y por la persona del Ministro de la Presidencia y
Vicepresidente Primero del Gobierno, que, como saben, con su declaración
programática va a preceder a las que rendirán a partir de mañana ante las
respectivas Comisiones los restantes compañeros del señor Alvarez-Cascos
miembros del Gabinete.

Ruego al señor letrado que dé lectura al artículo 44 del Reglamento, así
como a la Resolución interpretativa de la Presidencia número 10, de 2 de
noviembre de 1983, suscrita por el entonces señor Presidente del
Congreso, don Gregorio Peces Barba.




El señor LETRADO: El artículo 44 del Reglamento dice:
«Las Comisiones, por conducto del Presidente del Congreso, podrán
recabar:



1.ºLa información y la documentación que precisen del Gobierno y de las
Administraciones Públicas, siendo aplicable lo establecido en el apartado
2 del artículo 7.º
2.ºLa presencia ante ellas de los miembros del Gobierno para que informen
sobre asuntos relacionados con sus respectivos Departamentos.

3.ºLa presencia de autoridades y funcionarios públicos por razón de la
materia objeto del debate, a fin de informar a la Comisión.

4.ºLa comparecencia de otras personas competentes en la materia, a
efectos de informar y asesorar a la Comisión.»
La Resolución de la Presidencia sobre delegación por las Comisiones en
sus respectivas Mesas de las facultades a que se refiere el artículo 44
del Reglamento dice así:
«El artículo 44 del Reglamento faculta a las Comisiones para acordar que
se recabe información y documentación del Gobierno y de las
Administraciones Públicas, la presencia de miembros del Gobierno, de
autoridades y funcionarios o de otras personas. Se viene observando que
la reunión de las Comisiones, al efecto de adoptar los acuerdos de
referencia, resta agilidad y eficacia a la actividad de las Comisiones,
produciéndose una demora innecesaria en la recepción de la información o
en la celebración de las comparecencias. En consecuencia, esta
Presidencia, previo parecer favorable de la Mesa y la Junta de
Portavoces, conforme al artículo 32 del Reglamento, ha resuelto lo
siguiente:
Primero.Las Comisiones pueden delegar en sus respectivas Mesas la
adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento.

Segundo.Los acuerdos se tramitarán por conducto del Presidente del
Congreso.




Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 1983.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba Martínez.»



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor letrado.

Obviamente, he pedido al señor letrado que diera lectura a estas normas
reglamentarias para que SS. SS. fueran conscientes de la razón de ser de
los puntos 1 y 2 de este orden del día, reglamentariamente previos a la
entrada en el objeto propio de la sesión que, sin duda, es la
comparecencia del señor Ministro de la Presidencia.




--APROBACION DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE HACE
REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE 2 DE NOVIEMBRE
DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000004.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el examen del orden del día: Aprobación,
en su caso, de la delegación en favor de la Mesa, a la que hace
referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre
de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de
los Diputados.

¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)



El señor SOLE TURA: Señor Presidente, lo aprobamos, pero a reserva para
el futuro de la necesaria interpretación y adecuación del precepto que ha
leído el señor letrado, porque entendemos que en este momento hay
demasiada heterogeneidad en la interpretación del mismo en las distintas
Comisiones.




El señor PRESIDENTE: Comparto su preocupación por esa heterogeneidad de
criterios. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular ha elevado dicha
interpretación a los servicios de la Cámara, y creemos que se está
considerando por parte de la Mesa. Pero convendrá conmigo el señor Solé
Tura que en este punto concreto, tratándose de una comparecencia, el
atenimiento a los preceptos reglamentarios ha sido absolutamente
escrupuloso.

En consecuencia, queda aprobado el punto 1 del orden del día por
asentimiento.




--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DEL MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (números de expedientes



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214/000012, 213/000018 y 213/000019). A PROPUESTA DE LA MESA DE LA
COMISION, ACORDADA EN SU REUNION DEL DIA 24-5-96.




El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto 2 del orden del día: Aprobación
de la celebración de las comparecencias del Ministro de la Presidencia
(números de expedientes 214/000012, 213/000018 y 213/000019). A propuesta
de la Mesa de la Comisión, que celebró su reunión el pasado viernes 24 de
mayo.

¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (ALVAREZ-CASCOS
FERNANDEZ), A PETICION PROPIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS LINEAS GENERALES
DE LA POLITCA DE SU DEPARTAMENTO. (Número de expediente 214/000012.)



--COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ), PARA INFORMAR DE LAS PREVISIONES
Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO, A PETICION DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000018.)



--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (ALVAREZ-CASCOS
FERNANDEZ), A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, PARA DAR A CONOCER LAS LINEAS GENERALES Y PROYECTOS A
DESARROLLAR POR SU DEPARTAMENTO. (Número de expediente 213/000019.)



El señor PRESIDENTE: En el Registro de la Cámara se produjo la solicitud
de la comparecencia del señor Vicepresidente Primero y Ministro de la
Presidencia, don Francisco Alvarez-Cascos, creo recordar que el 6 de
mayo, expediente 213/18, suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista;
en la misma fecha del 6 de mayo, con el número de expediente 213/19, por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, dos
días después, a petición propia, la solicitud de comparecencia del
Ministro de la Presidencia. Esta solicitud de comparecencia a petición
propia del señor Ministro y las dos anteriormente expuestas son las que
vamos a tramitar simultáneamente, aunque naturalmente esta orden de
precedencia en las solicitudes sí que afectará al orden de palabra cuando
se produzca la exposición informativa del señor Ministro de la
Presidencia.

En primer lugar tendrá la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista; después lo hará el del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y, sucesivamente, los restantes portavoces
de los Grupos con arreglo a las previsiones reglamentarias, es decir, de
menor a mayor.

Dicho esto, quiero saludar con afecto, con respeto, la presencia entre
nosotros del señor Vicepresidente Primeros y Ministro de la Presidencia,
que ostenta desde hace algunas semanas una muy alta responsabilidad en el
Ejecutivo. Yo animo a todos los señores comisionados, y le animo a él
también, a que sobre esta dimensión de la que no puede desprenderse, que
es su responsabilidad institucional, en su espíritu y en su talante
prevalezca siempre en esta Casa su condición de número uno de la lista
electoral por Asturias, que encabezaba en representación del Grupo
Popular, de suerte que, sin que podamos desprendernos de esa
consideración de respeto institucional hacia el Vicepresidente del
Gobierno, todos veamos siempre en él, antes y por encima de todo, al
compañero Diputado don Francisco Alvarez-Cascos.

Para informar de las previsiones y líneas generales a desarrollar en su
Departamento, tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia, don Francisco Alvarez-Cascos.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, señorías, me honro en
comparecer ante ustedes como Ministro de la Presidencia, a petición del
Gobierno así como de los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para presentar ante esta Cámara las
líneas básicas de la acción del Departamento en esta legislatura.

A partir de hoy y a lo largo de los próximos días, todos los Ministros
del Gobierno comparecerán en el Congreso de los Diputados, de tal suerte
que el acortamiento de los plazos que venían siendo habituales en estas
primeras comparecencias habla ya por sí mismo de la voluntad del Gobierno
de contribuir en la media de sus responsabilidades al fortalecimiento del
papel del Parlamento en la vida pública española. Es verdad que esto no
es sólo una cuestión de plazos, pero no es menos cierto que el
alargamiento de los plazos de tramitación de iniciativas o de
convocatorias de reuniones aleja al Parlamento de la calle, reduce buena
parte de su interés y no contribuye en nada a la defensa de su prestigio.

Si la vida parlamentaria requiere respuestas ágiles, la naturaleza de sus
genuinas funciones reclama un compromiso permanente de diálogo tanto para
consagrar mayorías estables de decisión como para brindar permanentemente
a las minorías cauces de participación en la formación de la voluntad de
las Cámaras. Por todo ello, en la medida en que mi Departamento tiene
atribuidas las competencias de las relaciones del Gobierno con las
Cortes, deseo ofrecer a SS. SS. al comienzo de mi intervención el
compromiso colegiado del Gobierno y el mío personal de facilitar cuantos
cauces de encuentro, debate, diálogo, negociación o acuerdo sean
necesarios para situar al Parlamento en el centro de la vida política
nacional.

Tras la reestructuración ministerial decidida por el Gobierno, el
Ministerio de la Presidencia mantiene todas las funciones previstas en la
normativa anterior, con cambios



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significativos en su estructura orgánica. Se han suprimido tres centros
directivos: la Dirección General de Servicios, cuyas funciones se
atribuyen a la Subsecretaría; las Direcciones Generales de Relaciones con
el Congreso y de Relaciones con el Senado, que se refunden en una única
Dirección General de Relaciones con las Cortes, y las Direcciones
Generales de Comunicación y de Cooperación Informativa, refundidas en una
Secretaría General de Información. Asimismo, se ha elevado el rango de
dos secretarías generales a secretarías de Estado. Me refiero a la
Secretaría General de Relaciones con las Cortes que, con el mismo nombre,
en estos momentos ostenta el rango de secretaría de Estado, y la
Secretaría General del Portavoz del Gobierno, en la actualidad Secretaría
de Estado de Comunicaciones. Es decir, el Ministerio de la Presidencia,
antes de la reestructuración, contaba con diez centros directivos y,
ahora, con siete centros directivos; antes contaba con cuatro centros
directivos de nivel de subsecretario o secretario general y seis
direcciones generales, y ahora cuenta con dos centros directivos con
rango de secretario de Estado, tres de subsecretario y dos direcciones
generales. Pero, además, esta estructura orgánica atiende asimismo las
funciones propias de la Vicepresidencia atribuida a este Ministerio, sin
duplicar ni añadir nuevos cargos o centros directivos.

A través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, el
Ministerio de la Presidencia se propone impulsar las iniciativas
anunciadas por el Presidente del Gobierno, don José María Aznar, en su
discurso de investidura, para revitalizar el Parlamento. En este sentido,
el Gobierno reitera, en primer lugar, su disposición a cooperar en el
funcionamiento de una oficina presupuestaria, si la Cámara cree oportuna
su creación.

En cuanto al Senado, bajo el imprescindible presupuesto del consenso, el
Gobierno colaborará en la reflexión que sobre su reforma se inició la
pasada legislatura. Y con la misma intención de intensificar el papel del
Senado como Cámara de representación territorial, el Gobierno favorecerá
la potenciación de la Comisión General de Autonomías de dicha Cámara.

Convencidos de que los españoles nos reclaman a todos, Gobierno y
oposición, emprender una decidida acción de revitalización democrática y
de fortalecimiento de los valores constitucionales en las instituciones y
en la vida pública, colaboraremos para que las designaciones que
corresponden a las Cámaras para la formación de órganos como el Tribunal
Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española o la Junta Electoral se basen
en la integridad y la autonomía de criterios de las personas designadas,
acreditadas a través de sus trayectorias profesionales. Si con todos los
resultados alcanzados no se acreditasen suficientes para garantizar el
impecable funcionamiento de aquellas instituciones, buscaríamos los
acuerdos parlamentarios precisos para introducir las reformas legales que
favorecieran la consecución de aquel fin.

Esta voluntad política de favorecer la recuperación del papel del
Parlamento requiere también algunas implementaciones prácticas que
faciliten y conviertan en realidad las voluntades manifestadas.

En la línea de las soluciones prácticas y alternativas concretas es en la
que me propongo analizar la actual situación del área informática de la
Dirección General de Relaciones con las Cortes. La informática y las
aplicaciones tecnológicas de la llamada sociedad digital son elementos
esenciales que facilitan una mejor y más rápida comunicación y que
racionalizan el trabajo y el esfuerzo humano. No adaptarse a esta nueva
situación o adaptarse sólo parcialmente es, en nuestra opinión,
involucionismo o ir en contra de la sociedad moderna. Nos proponemos
adaptar las aplicaciones y los recursos informáticos para que cumplan dos
objetivos fundamentales. Primero, agilizar la comunicación
Gobierno-Parlamento y, en consecuencia, facilitar el trabajo
parlamentario en todas sus facetas. Segundo, colaborar en la
racionalización de costes de toda la Administración, evitando las
duplicidades que, aparte de innecesarias, ralentizan esa misma
comunicación.

Las aplicaciones informáticas y sus posibilidades de interconexión no son
hoy lo suficientemente operativas ni prestan los servicios y las
facilidades que las nuevas tecnologías de la información permiten. Es
obvio que existe una información acumulada de gran valor, tanto para el
seguimiento de las iniciativas parlamentarias y del Gobierno, de los
compromisos de éste, como de las comunicaciones con los distintos
departamentos ministeriales, pero también es verdad que alimentar las
bases de datos en estos momentos representa una duplicidad del trabajo de
los funcionarios. El actual sistema obliga a que prácticamente toda la
información remitida por el Congreso y el Senado a esta Dirección General
tenga que ser tecleada de nuevo para ser introducida en la base de datos,
situación, señorías, absurda en 1996.

El diseño y funcionalidad de las bases de datos no ha sido adaptada a los
nuevos diseños y programas, que permitirían una mejor visualización de la
información almacenada y mayor facilidad en la introducción de datos. El
sistema de correo electrónico instalado para la comunicación con los
departamentos ministeriales debe ser de utilización general. La red de
interconexión entre las Cámaras y la Dirección General aún no es
operativa y, si no se toman nuevas iniciativas, cuando lo sea sólo
serviría para la transmisión de información, no como sería lo ideal: para
la reducción y eliminación de la actual duplicidad de trabajo. ¿Hasta qué
punto, planteo antes ustedes, sería conveniente unificar las partes
comunes de las bases de datos del Congreso, del Senado y del Gobierno?
Estos son algunos de los problemas más relevantes. Se podría hacer un
análisis más amplio sobre qué es lo que impide el lógico funcionamiento
de las aplicaciones informáticas, la correcta utilización de éstas y el
que las mismas sirvan para reducir los trabajos mecánicos, que es el gran
objetivo de la informática, y no para duplicarlos, como sucede
actualmente.

En la voluntad manifestada anteriormente por este Ministerio de que las
bases de datos parlamentarios sean útiles a los miembros de las Cámaras,
les facilite y agilice su actividad y permita su racionalización de
esfuerzos, este departamento emprenderá una serie de actuaciones
destinadas a cumplir con este objetivo. Constitución de una comisión



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de análisis, adaptación y actualización del sistema informático puede ser
el instrumento adecuado para canalizar la consecución de este objetivo.

Esta comisión --abierta, por supuesto, a las sugerencias y propuestas de
SS. SS.-- podría estar formada por representantes de la Dirección General
de Relaciones con las Cortes y representantes del Congreso de los
Diputados y del Senado. Esta comisión podría tener como tarea emitir
inicialmente un informe global sobre la actual problemática y plantear
las alternativas, tanto de orden técnico como de orden político, para su
mejor funcionamiento. Los trabajos de esta comisión podrían estar
finalizados en un plazo razonable.

En este sentido, en la medida en que expreso la voluntad del Gobierno,
dejo sobre la Mesa de esta Comisión, sobre la Mesa de la Cámara, nuestro
propósito de encontrar ese cauce de colaboración con los grupos
parlamentarios para que, en el plazo más breve posible, las actuales
bases de datos de la Dirección General de Relaciones con la Cortes sean
un instrumento útil para la agilización e informatización del trabajo
parlamentario y la operativa de la misma implique una racionalización y
reducción de costes de los trabajos administrativos.

El talante y la disposición del Gobierno en lo que se refiere a la
política informativa descansa en el convencimiento, compartido por SS.

SS., de que la transparencia, la igualdad en el acceso a la información,
el rechazo de cualquier mecanismo que pudiera dar lugar a la opacidad
informativa es no sólo condición de una democracia moderna, sino el
instrumento básico del diálogo y la crítica necesaria en la acción
política. Y esto es compatible con la mejora humana y técnica de los
canales de comunicación del Gobierno con los ciudadanos.

La responsabilidad en la ejecución de la política informativa
corresponde, como conocen SS. SS., a la Secretaría de Estado para la
Comunicación. El órgano preexistente, la Secretaría General del Portavoz
del Gobierno, que tenía encomendada la ejecución de la política de
comunicación e información del Gobierno, en cumplimiento de las
competencias atribuidas al mismo, adolecía, a nuestro juicio, de algunas
carencias y desaprovechamientos de sus recurso humanos. No es, por tanto,
un problema de configurar nuevas competencias, cuya última base legal
figura en el Real Decreto de 5 de agosto de 1994, cuya lectura les
ahorro, cuanto de establecer directrices claras que aseguren la
transparencia, la agilidad y la facilidad de acceso a la información del
Gobierno por parte de todos los ciudadanos. Para ello, es preciso una
reasignación de tareas y la mejora de los medios técnicos que permitan a
los medios de comunicación cumplir con su labor en condiciones de
igualdad y máxima eficacia. Esta reasignación de tareas, la mejora
tecnológica y la permanente disponibilidad del Gobierno redundarán en una
mayor facilidad de los ciudadanos a disponer, en condiciones de igualdad,
de la información que precisen. En este sentido, se completará el
programa de información vía Internet que alcanza no sólo a los
potenciales usuarios residentes en España, sino también a los españoles
en el extranjero.

El área de la Subsecretaría denominada Secretariado del Gobierno, cuyo
titular tiene rango de Director General y que funciona bajo la
dependencia directa del Subsecretario de la Presidencia, desarrolla un
conjunto de actividades administrativas de especial importancia para la
acción gubernamental. En síntesis, corresponden a tal Secretariado las
siguientes funciones: la preparación, organización y seguimiento de las
reuniones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del
Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios; la ordenación y control de las disposiciones y actos que
deban insertarse en el «Diario Oficial del Estado» y la ejecución de los
acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en relación con los
conflictos constitucionales y con las declaraciones de
inconstitucionalidad. Estas funciones constituyen el núcleo
administrativo básico de la acción gubernamental y, en consecuencia, su
desarrollo puntual preciso y riguroso garantizan una eficaz, ordenada y
coherente actividad del Ejecutivo. El Gobierno en este singular ámbito
administrativo desea continuar con la política de perfeccionamiento
progresivo de los servicios y, con tal finalidad, tiene previsto
modernizar y actualizar los sistemas y procedimientos de actuación de los
órganos colegiados del Gobierno --Consejo de Ministros, Comisiones
Delegadas y Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios--,
de tal suerte que se pueda alcanzar progresivamente un mayor grado de
agilidad y eficacia en el funcionamiento de tales estructuras orgánicas.

Señorías, me referiré ahora al Centro de Investigaciones Sociológicas.

Esta institución que tiene ya casi treinta años de existencia, en los
últimos seis, bajo la forma de organismo autónomo de carácter
administrativo, constituye un activo de primera magnitud en el campo de
la investigación social, fundamentalmente a través del método de
encuesta, y debe servir a la sociedad española materializando los
principios de objetividad y neutralidad en su actuación y de igualdad de
acceso a sus datos. Quiero empezar por reconocer, al referirme al Centro
de Investigaciones Sociológicas, los esfuerzos que a lo largo de
diferentes etapas se han realizado en orden a su perfeccionamiento
técnico. Indudablemente, las herramientas de carácter informático han
permitido en los últimos años introducir algunas facilidades tanto para
los usuarios como para el personal investigador que deben perfeccionarse
en la medida que lo permiten las disponibilidades presupuestarias.

Convendrán SS. SS. conmigo que la disputa sobre este centro investigador
ha estado centrada en las condiciones de accesibilidad a su banco de
datos tanto en lo que se refiere al acceso de los ciudadanos como al de
las instituciones. Este Gobierno desea cerrar definitivamente esa
polémica dando cumplimiento a la Ley 39, de 1995, de Organización del
Centro de Investigaciones Sociológicas, que es justamente el punto de no
retorno a viejas confrontaciones. El acceso a los estudios y banco de
datos del centro ha estado, como muy bien conocen SS. SS., sometido a
controles y restricciones que han originado en esta Cámara iniciativas de
muy diverso orden por parte de los grupos políticos. Felizmente, esta ley
39/1995, aprobada en esta Cámara con un amplísimo respaldo, a iniciativa
entonces del grupo político que represento, vino a poner las bases para
cerrar esa etapa y ponernos a trabajar en lo que constituyen



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los objetivos del centro; es decir, la programación de sus tareas
específicas, el perfeccionamiento de sus recursos humanos y técnicos y el
diseño de los mecanismos que le permitan ofrecer un mejor servicio a la
sociedad española.

El objetivo que se marca el Gobierno en cuanto a garantizar la
transparencia y el principio de igualdad de acceso a su banco de datos
pasa, en primer lugar, por la exigencia escrupulosa del cumplimiento de
los mecanismos de transparencia y disponibilidad que la propia ley antes
mencionada impone al centro y que son los siguientes:
Primero, presentación en esta Cámara de la memoria relativa a la
ejecución del programa correspondiente al ejercicio precedente en el
primer trimestre de cada año. Segundo, la disponibilidad de los datos en
el plazo señalado en el artículo 6.3 de la ley. Tercero, presentación a
la Cámara del informe trimestral con la relación circunstanciada de los
trabajos finalizados e ingresados en el banco de datos. Cuarto, remisión
a esta Cámara de los avances provisionales de los resultados de sus
encuestas que se refieran a intención de voto, valoración de partidos y
valoración de líderes en el plazo de quince días señalado por la ley.

Obviamente, para hacer operativas estas exigencias y garantizar el acceso
a toda persona natural o jurídica, pública o privada, a los estudios y
datos del centro, el Gobierno se compromete al desarrollo reglamentario
previsto por la propia ley. A tal fin, confía en poder presentar, antes
del inicio del próximo año, el oportuno reglamento que permita, partiendo
de la experiencia del período 1993-1996 en el que el proceso de
disponibilidad se regía por la Orden Ministerial de marzo de 1993,
perfeccionar los procedimientos, despejar algunas ambigüedades y cubrir
algunas lagunas de la mencionada Orden.

En cuanto a los trabajos y proyectos del banco de datos, tres son los
principios orientadores que informan la política en esta materia. En
primer lugar, se deben completar los trabajos en curso, tanto en lo que
se refiere a la base de datos como a la atención de usuarios y difusión
de los datos. En segundo lugar, elaborar los planes a corto y medio plazo
que permitan situar al centro en la vanguardia internacional de este tipo
de institutos investigadores. En tercer lugar, avanzar tecnológicamente
en la informatización completa del centro.

En cuanto a los programas que a corto y medio plazo están ya previstos, y
sin pretender agotar los temas de este apartado, cabe señalar por su
utilidad y trascendencia pública la incorporación a Internet, que
posibilitará el acceso de los usuarios de esta red a páginas electrónicas
de información sobre el centro. Hay que señalar que los usuarios
potenciales de Internet en España sobrepasan actualmente el cuarto de
millón. La potencialidad difusora de este servicio es de una gran
magnitud por el crecimiento geométrico del mercado de la informática
profesional y doméstica. Asimismo, se tratará de establecer acuerdos de
intercambio de productos con centros especialmente cualificados como el
que ya existe con el Ropper Center, en Estados Unidos, u otros nuevos
como el que se proyecta con el Centro para Estudios Sociales Europeos
(CEUS), en Mannheim (Alemania).

En cuanto a la mejora tecnológica, se hace preciso implantar redes
locales de microinformática en el centro, mejorar el acceso de los
usuarios a la base de datos, que en la actualidad abarca ya 75.000 items,
y renovar en la medida de nuestras posibilidades el parque de
ordenadores.

En curso de investigación se continuará mensualmente con la ejecución de
los barómetros mensuales correspondientes a lo que queda de año y se
finalizarán los dos estudios en curso de realización, el correspondiente
a actitudes y opiniones sobre los avances tecnológicos y el de encuesta a
emigrantes en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Se desarrollarán asimismo nuevas líneas de investigación, entre
las que quiero destacar la que hace referencia a las actitudes y
opiniones de los españoles sobre la Unión Europea, la que hace referencia
a las pautas culturales de la juventud, a la opinión pública y la
política fiscal, a la Constitución y al sistema democrático y a la
identidad nacional y regional, entre otras, a las que habrá que añadir
los estudios que se consideren necesarios para el seguimiento de aspectos
relevantes de la coyuntura de opinión así como aquellos estudios que
atiendan peticiones institucionales instrumentadas a través de los
preceptivos convenios de colaboración. Se continuará trabajando en los
proyectos internacionales ya comprometidos y se potenciará la
participación del centro en nuevos proyectos de investigación de carácter
internacional.

El Gobierno está convencido, en este sentido, de la necesidad de la
presencia del CIS en el ámbito iberoamericano, y en esta dirección se
pondrá en marcha la participación en el latinobarómetro, un proyecto en
el que participan más de catorce países del área y que recibió el encargo
de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Este proyecto, además,
está apoyado por diferentes organismos internacionales como la ONU, la
Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.

Finalmente, señorías, es necesario también para la buena marcha y
prestigio del centro completar su vinculación y participación con las
asociaciones científicas nacionales e internacionales. En este sentido,
el CIS se afiliará y participará en la Asociación Internacional de
Ciencia política y Consorcio Europeo de Investigación Política, en el que
ya participó, y se ignoró, en los últimos años. Así pues, señorías, tengo
el convencimiento de que todos vamos a trabajar desde la exigencia y el
compromiso por mejorar este instituto investigador, que tiene unas
obligaciones tasadas, para dar cuenta a esta Cámara de sus trabajos en
cada ejercicio.

El «Boletín Oficial del Estado» se configura legalmente como un organismo
autónomo de carácter comercial, dependiente del Ministerio de la
Presidencia. Su creación se remonta a tres siglos atrás y, a lo largo de
este dilatado período de tiempo, sin perder su esencia primigenia de
diario oficial, ha experimentado diversas e importantes transformaciones.

No voy a referirme a las funciones que correspondan al «Boletín Oficial
del Estado», pero sí me permito anunciarles la continuidad del apoyo del
Gobierno a las iniciativas en curso, que se orientan en las siguientes
direcciones:



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en primer lugar, el traslado del «Boletín Oficial del Estado» de su sede
actual al nuevo emplazamiento de Manoteras, que representa una importante
modernización de todas las instalaciones de la imprenta oficial y el
sustancial incremento de las superficies utilizables, con una mejora
general de los servicios; en segundo lugar, la sustitución de la práctica
totalidad de rotativas, equipos y máquinas del BOE, lo que permitirá
mejorar la calidad de sus trabajos e imprimir mayor rapidez a su
ejecución, con un incremento de la seguridad en el desarrollo de las
diferentes actividades, y finalmente, la instauración del correo
electrónico entre el secretariado del Gobierno y el diario oficial,
innovación que facilitará una mayor celeridad y precisión en el
desarrollo de las actividades.

En cuanto al Centro de Estudios Constitucionales, como organismo de
estudios e investigación que depende del Ministerio de la Presidencia y
que realiza funciones de apoyo al Gobierno en materia de Derecho público,
será objeto de especial atención, con el fin de consolidar sus
actividades en la celebración de cursos para el diploma de
especialización en Ciencias políticas y Derecho constitucional; sus
actividades en la organización de conferencias y debates, y sus
actividades en la edición de publicaciones en el campo de las ciencias
sociales. En este sentido, quiero resaltar de manera singular el apoyo
decidido del Gobierno al proyecto editorial más ambicioso que se
encontraba en curso y que culminará en el año 1997: me refiero a la
publicación de las obras completas de don Francisco Tomás y Valiente.

En relación con Radiotelevisión Española, el Gobierno, como no podía ser
de otra manera, velará por el cumplimiento de los compromisos
constitucionales y estatutarios para garantizar el pluralismo, la
libertad de expresión y el derecho a la información en un entorno
cambiante, en el que las innovaciones tecnológicas inciden de manera
decisiva en aquellos valores.

En esta cuestión hemos tenido ocasión de conocer desde hace tiempo las
respectivas posiciones de los grupos parlamentarios y recientemente las
propuestas electorales para poner fin a lo que en estos momentos se
presenta como una necesidad. Por un lado, la reforma de la norma
reguladora del Ente Público Radiotelevisión Española y, por otro, la
situación de extrema gravedad financiera por el desorbitado nivel de
endeudamiento del Ente Público.

El Gobierno, dentro del espíritu de consenso con que se aprobó en su día
el Estatuto de Radiotelevisión, está dispuesto a estudiar a fondo la
reorganización de sus órganos rectores, a fin de que, con unas
competencias adecuadas, puedan velar por los principios de objetividad,
veracidad e imparcialidad de una forma eficaz y a la altura de los
tiempos.

Asimismo, la viabilidad de este modelo de radiotelevisión pública estatal
exige un estudio a fondo de la situación actual. Diseñar un modelo viable
para la radiotelevisión pública es un compromiso y una responsabilidad
que a todos alcanza.

En estos momentos, por encargo del Gobierno, la Dirección General de
Radiotelevisión Española está realizando un análisis del Ente Público
centrado, en un primer momento, en un estudio de la situación y contenido
tanto de Radiotelevisión Española como de sus empresas, para precisar la
situación económica real frente a la presupuestaria, así como la
tesorería disponible o no disponible para 1996 y 1997. En paralelo, la
dirección general evaluará las distintas actividades del Ente, con el fin
de proponer a corto plazo un programa de actuaciones extenso, con
objetivos de programación, estructura y financiación.

Tras este análisis, y con un conocimiento preciso de la situación del
grupo, la Dirección General deberá proponer un programa de acción global,
incluyendo estructura de funcionamiento, plan de viabilidad económica,
plan de actividades internacionales y plan frente a las nuevas
tecnologías, por ejemplo la televisión digital y las redes de
telecomunicaciones. En cualquier caso, este programa de actuaciones y su
ejecución en el tiempo estarán directamente vinculados a los recursos
financieros disponibles, por lo que su realización deberá estar prevista
en etapas.

Asimismo, el panorama audiovisual público se completa con las
competencias de las comunidades autónomas en materia de radiotelevisión.

Pues bien, en este sentido, el compromiso expresado por el Presidente del
Gobierno en el debate de investidura se materializará con el debate en
esta Cámara de un proyecto de ley, abierto al consenso de todos los
grupos, bien sea a iniciativa del Gobierno o bien a partir de una
iniciativa legislativa, en virtud del artículo 87.2 de la Constitución,
por parte de alguna comunidad autónoma coincidente con esta voluntad
manifestada por el Gobierno, con el fin de permitir que las comunidades
autónomas que lo deseen procedan a privatizar sus emisoras de radio y de
televisión.

Finalmente el Gobierno también recaba el esfuerzo de SS. SS. para proveer
a nuestro sistema audiovisual de los mecanismos de protección adecuados
para la defensa de los valores democráticos de nuestra sociedad, la
defensa de la infancia y la defensa de la dignidad de la persona, que
podrían verse dañados por la masiva entrada de nuevas señales de la
televisión digital. En este sentido, los trabajos de la comisión creada
al efecto en el Senado creo que son de gran utilidad.

Señorías, concluyo. El Ministerio de la Presidencia es un departamento
cuyas obligaciones, por la naturaleza de las funciones que he descrito
--cuyas obligaciones, digo--, son básicamente la apertura a los demás; la
apertura a las Cortes Generales; la apertura a los restantes
departamentos ministeriales; la apertura a las comunidades autónomas y
corporaciones locales, y la apertura a numerosas comunidades científicas
del mundo de las ciencias sociales.

Me gustaría transmitirles, señorías, en ésta mi primera comparecencia, en
nombre del Gobierno y en nombre también de las personas que conmigo
dirigen las tareas del departamento, ese mismo espíritu de apertura y ese
mismo espíritu de comunicación, no tanto por las obligaciones contraídas
en el desempeño de nuestras funciones cuanto por la vocación de servicio
a la sociedad española, que en este trámite a todos nos compromete.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.

Vamos a proceder a dar la palabra a los distintos portavoces, con arreglo
al orden antes expuesto.

Les recuerdo que la norma reglamentaria aplicable al caso es la previsión
del artículo 203 del Reglamento, pero no tengan cuidado SS. SS., que
seremos generosos en la administración de los tiempos, es decir, no se
van a ver constreñidos a esos diez minutos que el Reglamento señala, y
daremos después la palabra al señor Vicepresidente del Gobierno.

Si me permito encarecer a los señores portavoces que tengan en
consideración la naturaleza de esta reunión, este carácter de sesión
informativa, y que, en consecuencia, sus intervenciones tengan como
referente y como interlocutor al propio señor compareciente, el
Vicepresidente del Gobierno. Es decir, que no abran entre sí debates,
contradicciones o impugnaciones que naturalmente me obligarían a dar la
palabra para ser replicadas por parte de los señores portavoces, pero
como ustedes saben muy bien, no es ése el objeto de una sesión de esta
naturaleza.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra S. S., don Jordi
Solé Tura.




El señor SOLE TURA: Muchas gracias, señor Ministro de la Presidencia, por
su presencia aquí. Quiero saludarle en nombre del Grupo Socialista y
agradecerle su intervención, a la cual voy a hacer algunos comentarios.

La verdad, señor Ministro, que en algún momento de su intervención he
tenido la tentación de encontrar un calificativo global, y he pensado que
por la longitud que usted ha dedicado a algunos temas casi parecía que el
Gobierno al que usted representa podía pasar a la historia como el
Gobierno de Internet, y lo único que nos faltaba saber era la marca de
los ordenadores que se van a utilizar y los horarios laborales de los que
se van a ocupar de ellos; pero, evidentemente, hay otros temas que han
salido y algunos que no han salido y a los que sí haré mención.

Se ha referido usted a la estructura de su ministerio. La primera
pregunta que le quería hacer al respecto es la siguiente: si yo no me
equivoco, en el área que usted representa, durante el Gobierno anterior
había dos Secretarías de Estado; ahora, si entendemos como órgano de ella
la Oficina Presupuestaria, hay cinco. Quisiera que me aclarara si esto es
así exactamente y cómo se compadece esto con el anuncio que ustedes
habían hecho de recortar altos cargos en una cifra importante.

Evidentemente eso se refiere también a un aspecto más general, al que
luego haré mención, respecto a ese mismo tema y a la forma en que se ha
presentado, porque en un momento determinado su actual portavoz o el
Secretario de Estado de Comunicación habló de que se había producido un
gran error al respecto, y puesto que le tenemos a usted ante nosotros,
creo que sería bueno nos aclarara algo. Por ejemplo, en un primer momento
se habló de que se iban a reducir altos cargos en un número muy
importante; se habló de que se podía prescindir de más de 6.000 cargos.

Al final, el señor Secretario de Estado de Comunicación dijo que había
habido un error y que en vez de esos 6.000 y pico altos cargos, se
trataba sólo de unos 400, de los cuales que yo sepa hasta ahora se han
reducido 140 más o menos. No sé si las cifras son exactas, pero en todo
caso el error es tan descomunal, la distancia es tan enorme respecto a lo
que se anunció --y se anunció a bombo y platillo durante la campaña
electoral-- que nos gustaría tener una idea clara sobre las causas y las
consecuencias de dicho error. Creo importante que esto quede claro para
que todos tengamos también las ideas claras al respecto.

He escuchado su intervención con placer cuando ha hablado usted de la
transparencia informativa. De todas maneras, también sería interesante
que usted nos dijese algo del coste que van a representar todas estas
modificaciones a que usted se refería en cuanto a la informatización. Ya
sé que éste no va a ser un problema de enorme trascendencia, pero
conviene tener las ideas claras.

Respecto a su propia estructura, quisiéramos saber si ya se ha tomado
alguna decisión sobre quién va a ser el portavoz del Gobierno, puesto que
primero se anunció que sería una Ministra, luego no hemos visto a
ninguna, han aparecido personas distintas, incluso el propio Presidente
del Gobierno, y quisiéramos saber si existe alguna decisión al respecto
y, si es posible, adelantar nombres o institución que va a ejercer este
cargo.

Toma nota de su buena disposición en relación con el Parlamento. También
quisiera decir alguna cosa sobre este punto. Si he entendido bien --no sé
si me habré equivocado, por eso se lo pregunto--, cuando hablaba usted
del área informática, a la que tanto espacio ha dedicado, hablaba usted
de una Comisión Mixta entre el Gobierno y las Cortes. Se entiende que
sería una comisión mixta de análisis y de propuestas, pero Comisión Mixta
Gobierno-Cortes, ¿no le parece a usted una comisión un poco atípica? Se
trataría de técnicos o se trataría de parlamentarios. Lo digo para que no
se produzca una confusión entre dos niveles, porque no es lo mismo, señor
Ministro, el Ejecutivo que el Legislativo.

En lo que respecta a las relaciones con el Parlamento, hemos tomado nota
de todo lo que usted ha dicho. Por consiguiente, entendemos que van a
continuar algunas prácticas que ya existían como, por ejemplo, el llamado
debate sobre el estado de la Nación, si se producirá o no, si lo tienen
ustedes previsto; he tomado nota de que usted se ofrecía, incluso con
nosotros, a impulsar la creación de una oficina presupuestaria. Me parece
bien. Le quería preguntar, señor Ministro, si usted, si el Gobierno tiene
algún criterio ya formado sobre la posible reforma del Reglamento de las
Cortes, del Congreso y del Senado, reforma de la que se viene hablando,
de la que ya hubo algunos intentos pero que finalmente no se plasmó en
nada concreto.

En cuanto a las instituciones a las que usted se ha referido, en relación
con la designación de cargos de algunos órganos institucionales en los
que participan el Congreso y el Senado como, por ejemplo, el Consejo
General del Poder Judicial, me ha parecido entender, no sé si me equivoco
en la nota que he tomado, pero me ha parecido que usted se refería a que
había algunas modificaciones legales para el supuesto de no lograrse un
acuerdo satisfactorio en sede parlamentaria para la designación de sus
miembros.




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Si eso es así, si no me equivoco, me gustaría que nos concretase a qué
modificaciones legales se refiere o en qué modificación legal está usted
pensando, y, si no es así, le ruego me disculpe porque habré entendido
mal lo que usted ha dicho.

También quisiéramos saber cuál es la opinión del Gobierno sobre la
adecuación o la reforma de un órgano tan importante como es el Tribunal
de Cuentas para reforzar sus aspectos fiscalizadores. ¿Qué criterio tiene
el Ministro de la Presidencia sobre esto? ¿Considera necesaria esa
reforma? Si la considera necesaria, ¿en qué sentido?
Tampoco se ha referido en su intervención a las posibles leyes de
partidos políticos y, sobre todo, de financiación de los partidos
políticos. Fue un tema importante discutido, sobre el que se presentaron
iniciativas legislativas, en concreto por el Partido Socialista, pero
sería interesante saber cuál es la opinión del Gobierno respecto a eso,
si sigue pensando que son necesarias estas leyes, muy especialmente la de
financiación, y en ese caso cuáles serían las líneas básicas en que está
pensando el Gobierno.

También he seguido con atención su referencia al Centro de
Investigaciones Sociológicas, y me ha parecido bien e importante lo que
ha dicho. En relación con el Centro de Investigaciones Sociológicas y con
el «Boletín Oficial del Estado» simplemente quiero subrayar que usted ha
puesto el acento en respetar la continuidad de lo que ya existía, que es
una forma de decir que lo que ya existía estaba bien hecho y que, por
consiguiente, ustedes piensan continuarlo. Tomo nota de ello porque
también nos satisface que se considere y reconozca que lo que se había
hecho en ambos sentidos, concretamente en el CIS y en el caso del BOE,
estaba bien orientado.

En cuanto al Centro de Estudios Constitucionales, se ha referido usted a
la voluntad de impulsarlo --éste es un tema muy importante-- y ha
mencionado el apoyo al proyecto editorial en curso, el más importante de
todos, de las obras de la ilustre víctima del terrorismo señor Tomás y
Valiente. Nosotros estamos de acuerdo en apoyar el proyecto editorial en
curso. Quisiera saber si este apoyo es compatible con un posible cambio
de director y, si se produce dicho cambio, con qué criterio se hará.

Hay un aspecto que usted no ha tratado. Me refiero a la Agencia Efe.

Hasta ahora existía una cobertura en relación con dicha agencia para la
prestación directa de servicios de información de interés público, que
ascendía a 5.600 millones. ¿Van ustedes a eliminar esta partida? ¿Van
ustedes a modificar el carácter de la Agencia Efe? Nos gustaría conocer
su opinión al respecto.

En el terreno de la radiotelevisión usted ha hablado de la reforma de la
norma reguladora, de la reorganización en general, sobre la base del
consenso --cosa que nos parece bien--, pero nos gustaría saber cuál es su
opinión respecto a la reorganización y a las funciones del Consejo de
Administración, puesto que usted sabe que hay una discusión sobre el
carácter que ese Consejo debe tener.

No nos ha quedado claro cuál va a ser, en todo caso, la reorganización
global del sistema; por ejemplo, cuál va a ser la relación entre la
primera y la segunda cadena de televisión pública, si es que se mantienen
como televisiones públicas las dos. Sobre esto también nos gustaría tener
una idea clara.

En cuanto al proyecto de ley de privatización de emisoras y de
televisiones de las comunidades autónomas, tiempo tendremos de hablar de
ello.

Respecto a las competencias de coordinación propia de su ministerio,
quisiéramos saber algo más, porque la verdad es que no hemos tenido una
idea muy clara cobre cuál va a ser su papel en relación con esas
competencias, que son muy importantes. ¿Es éste el departamento donde se
preparará y seguirá la ejecución del programa gubernamental? ¿Cuál va a
ser su papel en la preparación de los trabajos de las comisiones
delegadas del Gobierno, de la Comisión General de Secretarios de Estado y
de Subsecretarios, etcétera?
Ha hablado usted de la política informativa del Gobierno y ha dicho que
será transparente --así lo esperamos--, que será respetuosa con el
pluralismo --así lo esperamos--, y en ese sentido estaremos atentos a lo
que pueda ocurrir.

En cuanto a la regulación de determinados derechos constitucionales que
pasan por esta Comisión y, por consiguiente, también pasan por su propia
competencia ministerial, nos gustaría saber si tienen ustedes alguna idea
clara sobre el desarrollo de algunos derechos fundamentales, como el
respeto de la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los
periodistas.

Volviendo al tema de la radiotelevisión, nos gustaría saber no sólo cómo
se va a proceder a la reforma del Consejo de Administración en su
contenido, sino también si nos pudiese explicar algo que ya se ha
planteado en esta Cámara, pero no ha quedado claro, sobre la forma de
nombramiento de la directora general por el Consejo en funciones, que es
precisamente el método que se utilizó en otra legislatura y que fue
duramente criticado por ustedes.

Finalmente quería plantear el siguiente problema. No ha dicho nada, señor
Ministro de la Presidencia, sobre los servicios de inteligencia y, sin
embargo, nosotros conocemos declaraciones de usted hoy mismo en el
sentido de que iba a hablar de ello y de que procederán a alguna reforma.

Nos gustaría saber si tiene algo que decir al respecto, si nos puede
informar de algo, porque se ha producido una gran confusión en las
sucesivas intervenciones que ha habido. No sabemos si habrá una reforma
del Cesid y en qué sentido. No sabemos si la reforma alcanzará a otros
servicios, cuáles y cómo, ni si incidirán en su coordinación y cómo. Este
es un problema enormemente importante. Siempre se habla de coordinación,
pero la coordinación ni aquí ni en ningún país del mundo es una tarea
fácil y difícilmente se puede dejar en manos de órganos ad hoc
específicos que se solapen o que incluso intentan estar por encima de los
respectivos órganos de la inteligencia. Nos gustaría saber algo al
respecto, si es que nos lo puede usted decir sobre este asunto, así como
si seguirán dependiendo o no de tal o cual Ministerio, por ejemplo, de
Defensa, en contra de lo dicho antes; por ejemplo, si el Cesid seguirá
dependiendo o no del mismo Ministerio.

Estas son algunas de las preguntas que le queríamos hacer. No quiero
terminar mi intervención sin referirme a lo



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que usted ha dicho al principio sobre su voluntad de diálogo, su
capacidad de diálogo y que será el diálogo el elemento clave de esta
legislatura que ahora empieza. Nos satisface mucho que éste sea el
talante general. Quiero recordar, sin embargo, que cuando hace tres años
se produjo la comparecencia de su antecesor el señor Pérez Rubalcaba,
toda su intervención aquí se basó sobre la necesidad de un diálogo, sobre
la oferta de diálogo y, sin embargo, tuvimos lo que tuvimos: de diálogo,
más bien poco. Esperamos que, por fin, el diálogo sea una realidad. Le
puedo decir que por parte de nuestro Grupo seguiremos en esa línea que
entonces se expresó porque a nosotros lo que nos interesa es que se
discutan los problemas reales, que se discutan sin aumentar la crispación
de la sociedad, más bien sin crearla, y siendo todos responsables; pero
cuando digo todos quiero decir eso: todos.




El señor PRESIDENTE: No existe previsión reglamentaria específica sobre
la ordenación de la respuesta del señor compareciente, de suerte que
dejamos a su arbitrio que responda separadamente a aquellos grupos que
han formulado petición expresa y agrupadamente a los restantes, o bien lo
haga en una sola intervención al final. Queda a juicio del señor
Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Si no tiene inconveniente la Presidencia, me
gustaría contestar separadamente a los distintos grupos por facilitar la
claridad y la precisión del debate.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, tiene la palabra el señor
Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Solé Tura, por su
intervención.

Hacía S. S. una consideración previa en relación con los temas que
planteé en mi intervención, sobre si éste era el Gobierno de Internet. En
todo caso, señor Solé Tura, si éste fuera el Gobierno que diera un
impulso a la Administración pública española para que ésta se situara en
la vanguardia de la era informática, de la era de la digitalización, de
la era de las tecnologías de la comunicación, creo que sería un buen
servicio que el Gobierno prestaría a la sociedad española. En este
sentido las referencias a lo que en estos momentos es el sistema más
importante a nivel mundial de comunicación por ordenador tiene que ser
básica en tanto en cuanto no tengamos alternativas propias para
integrarnos en nuevos sistemas o, en todo caso, para que a nivel interno
en las relaciones del Gobierno con las Cortes, o de todos con la
sociedad, seamos capaces de desarrollar nuevas fórmulas de comunicación
ágil, barata y eficaz.

Me he referido en mi intervención a la Oficina Presupuestaria como un
compromiso programático del Partido Popular y como puso de manifiesto en
la investidura el Presidente del Gobierno. Se trata de una oficina
parlamentaria y, por tanto, su creación debe decidirla esta Cámara, debe
decidirla el Congreso de los Diputados. Estoy hablando de la oficina
parlamentaria de seguimiento del presupuesto, y el Gobierno brinda su
colaboración para hacer posible el funcionamiento de esa oficina. Al
mismo tiempo, en nuestro programa electoral y en la sesión de investidura
el Gobierno se ha comprometido a crear una Oficina Presupuestaria de
control propio de la evolución del presupuesto, y esta Oficina
Presupuestaria depende directamente del Presidente del Gobierno. Esa es
la razón por la que en la descripción del organigrama y de las funciones
de este ministerio yo no he hecho referencia a la Oficina Presupuestaria,
que depende del Presidente del Gobierno. Ni siquiera un día en el que el
Ministro de la Presidencia está en funciones de Presidente, ni siquiera
ese día, he caído en la tentación de asumir funciones que corresponden al
Presidente del Gobierno.

Se refiere S. S. al anuncio y a las decisiones que ha tomado el Gobierno
sobre la reducción de altos cargos. Yo creía que las comparecencias
parlamentarias de la sesión de control del pasado miércoles habían sido
útiles para poder concretar exactamente lo que representa el compromiso
político del Gobierno de reducir la Administración, de introducir
criterios de austeridad en la Administración, comenzando por su cabeza.

Con mucho gusto lo reitero ante esta Comisión.

El error a que se refería el Secretario de Estado para la Comunicación
consiste en la interpretación que hacen algunos de considerar que el
concepto de alto cargo se reduce, en la expresión habitual que se ha
venido manejando, habida cuenta de que no hay una definición legal y
precisa del alto cargo, a los secretarios de Estado, a los
subsecretarios, a los secretarios generales, a los directores generales o
a los asesores de los ministros o de los secretarios de Estado. Esa
interpretación es errónea. El Partido Popular, el Grupo Popular en su día
y el Gobierno en la actualidad consideran englobada en ese concepto de
alto cargo una serie de cargos de libre designación que, desde nuestro
punto de vista de manera innecesaria, se han multiplicado excesivamente
en los últimos años y que, en estos momentos, necesitan de un esfuerzo
decidido de reducción.

El Gobierno, en la reestructuración orgánica de los departamentos, ha
comenzado por la reducción de ministerios --hay uno menos--, de
secretarías de Estado, de subsecretarías o secretarías generales con
rango de subsecretaría, de direcciones generales y de asesores de
ministros y de secretarios de Estado. En ese grupo de cargos, la
reducción aprobada por el Gobierno es del 33 por ciento. A S. S. le
parece muy poco reducir el 33 por ciento de los cargos directivos y me
parece muy respetable su posición; a nosotros nos parece un esfuerzo
considerable. Repito, es un esfuerzo de reducción no sólo de personas
sino de centros directivos, lo cual implica la reducción de una serie de
gastos que conlleva el funcionamiento de ese centro directivo. no debe
olvidar S. S. que, en los decretos de reorganización del Gobierno,
figuran unas disposiciones finales segunda y tercera en las que se da a
los distintos ministerios interesados un plazo de tres meses para
continuar adaptando la estructura orgánica y la de los organismos
autónomos o entes públicos que de ellos dependen a esa voluntad



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reductora del tamaño de la Administración. Por tanto, ya que le preocupa
a S. S., es previsible que, en estos plazos, el número de altos cargos de
otro nivel, que forman parte del compromiso de reducción ofrecido por el
Partido Popular, tenga ya en números absolutos el tamaño de la reducción,
cifras mucho más significativas de las que a S. S., desdeñando el
porcentaje del 33 por ciento en estos momentos, le han servido para decir
que no era una reducción significativa.

Señor portavoz, me excuso si, en la descripción del ofrecimiento que he
hecho a esta Cámara en esta Comisión --creo que no porque he revisado mi
intervención--, se ha deslizado la palabra mixta en la referencia a una
comisión de trabajo para estudiar la posibilidad de compartir los bancos
de datos del Congreso, del Senado y del Ministerio de la Presidencia del
Gobierno. No he hecho ningún ofrecimiento en términos de formalidad
parlamentaria; he puesto sobre la mesa de esta Comisión y a disposición
de la Cámara la voluntad política del Gobierno de encontrar una fórmula
de utilización conjunta de las bases de datos del Parlamento y del
Gobierno, precisamente en beneficio de la agilidad parlamentaria y para
evitar reducciones de gastos burocráticos, que en estos momentos nos
parecen excesivos. ¿Cómo se puede articular esa colaboración o cómo se
puede configurar esa comisión? Yo hago el ofrecimiento abierto y,
probablemente, lo razonable sea que una representación de técnicos y
especialistas en esta materia preparen las propuestas que, en el plano
político de las decisiones del Congreso y del Senado y en el nivel de
decisiones del Gobierno, constituyan la base final para un acuerdo, si es
que consideran S. S. útil la posibilidad de alcanzarlo.

No he hecho ninguna referencia a la reforma de los Reglamento del
Congreso y del Senado porque creo que ésa es una iniciativa que
corresponde, de manera nítida y exclusiva, a las propias Cortes, a sus
grupos parlamentarios, y no he querido ni siquiera insinuar algún tipo de
voluntad que pudiera interpretarse como una injerencia en la autonomía e
independencia propias de la institución parlamentaria. Por tanto, creo
que los grupos parlamentarios de esta Cámara, como los grupos
parlamentarios del Senado, son soberanos para decidir la adopción de
iniciativas en relación con las mejoras pertinentes en el Reglamento de
las Cortes, si fueran necesarias.

En cuanto a las reformas de los sistemas de designación de los miembros
del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del
Consejo de Radiotelevisión Española o de la Junta Electoral, en mi
intervención me proponía señalar y resaltar la conveniencia de que, en el
plazo más breve posible, se impulsaran los acuerdos necesarios para
proceder a la renovación que en estos momentos corresponde a estos
órganos institucionales, y lo hacía reiterando unos criterios ya
conocidos de prestigio y profesionalidad en los perfiles de los
candidatos que deberían ocupar estos puestos, de tal manera que sea
justamente el perfil de los candidatos, su competencia y su autonomía los
que sirvieran de referencia inequívoca y de garantía ante la sociedad de
que el funcionamiento de estas instituciones se iba a ajustar a las
previsiones que cada una de la mismas tiene establecidas en las
disposiciones legales que las rigen. En el supuesto de que, sobre la base
de los actuales sistemas de designación, el resultado final del
funcionamiento de las instituciones no fuera satisfactorio, ofrecíamos un
consenso al resto de grupos parlamentarios para tratar de introducir, si
fuera necesario y se considerara conveniente, reformas en el propio
sistema de elección de los representantes en estos órganos
institucionales.

Deliberadamente no he hecho referencia a ningún tema relacionado con
partidos políticos y su financiación, y digo deliberadamente, porque ésta
fue una iniciativa que, en la pasada legislatura, abordaron los distintos
grupos parlamentarios, el suyo, el Grupo Popular, los restantes grupos de
esta Cámara, a través de una comisión de investigación, que también tenía
como tarea la formulación de conclusiones en relación con las posibles
reformas en la financiación de los partidos políticos. Esa Comisión
conoció las propuestas de reforma que cada uno de los grupos políticos
ultimó para intentar llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión. En la
medida en que he tenido el honor de representar a mi grupo en esas
conversaciones puedo decir que, en la pasada legislatura, el acuerdo
estaba prácticamente hecho y las formalidades no pudieron materializarse
por el acortamiento de la legislatura.

Creo que son los grupos políticos los que, haciendo uso del patrimonio de
sus propias iniciativas, podrían replantear en estos momentos aquel
acuerdo. En todo caso, si es criterio de los grupos que el Gobierno
remitiera a esta Cámara un proyecto de ley de reforma de la financiación
sobre la base de las aportaciones que en la legislatura anterior habían
hecho los demás grupos, con mucho gusto el Gobierno se ofrece a tomar la
iniciativa de presentación de ese proyecto de ley de reforma del sistema
de financiación de partidos políticos; recalco sistema de financiación de
partidos políticos, que es la materia sobre la que el acuerdo estaba
prácticamente cerrado al concluir la legislatura anterior.

En estos momentos, señor portavoz, no tengo ninguna iniciativa ni
propuesta que plantear en relación con el cambio de director del Centro
de Estudios Constitucionales. En el momento en que el Gobierno considere
oportuno nombrar un director de este centro, previa deliberación del
Consejo de Ministros, lo haría público, sin que en estos momentos, como
digo, exista ningún propósito y, por tanto, esté guardando ninguna
información que yo no quiera dar a esta Cámara a requerimiento de su
señoría.

En relación con la Agencia Efe es propósito del Gobierno mantener los
convenios vigentes y, por supuesto, mantener sus características y su
personalidad como organismo clave en el mundo de la información al
servicio del conjunto de los medios de comunicación y al servicio de la
sociedad española.

En el caso de Radiotelevisión a mí me parece como a S. S., que me
gustaría tener unas ideas claras, y el problema es que en estos momentos
el Gobierno no tiene unas ideas claras, sencillamente porque, entre otras
cosas, las cuentas no están claras. De ahí que en mi intervención, en la
parte que corresponde a la voluntad política del Gobierno de intentar
reformar el marco legislativo que sirve



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de cauce al ente público Radiotelevisión Española, yo haya puesto sobre
la mesa esa voluntad de consenso para, en contacto o colaboración con los
demás grupos, plantear una renovación de la que los grupos políticos
venimos hablando y discutiendo desde hace varias legislaturas, que yo
recuerde desde la legislatura de 1986 a 1989. Pero lo que es imposible
plantear sin un conocimiento real de la situación es la posibilidad de
abordar la crisis de Radiotelevisión Española derivada del volumen de su
deuda. En este sentido, precisamente para hacer planteamientos
responsables, que al final son los que van a dar la mejor garantía de
continuidad de Radiotelevisión como servicio público, como un servicio
que permita desarrollar su actividad con objetividad, con veracidad y con
imparcialidad, creo que es un deber de todos despejar cualquier duda
sobre la situación económica real, que afecta a los ejercicios 1996 y
1997, y a partir de esos datos reales proponer las medidas oportunas para
garantizar la viabilidad del servicio público Radiotelevisión Española.

Las referencias que yo he hecho a las funciones del Ministerio de la
Presidencia en las tareas de coordinación del Gobierno no suponen,
básicamente, ningún cambio en las competencias que habitualmente se
venían desempeñando por parte del Ministerio de la Presidencia en su
tarea de dirección de la Comisión de Subsecretarios. El Gobierno sí ha
tomado una decisión, y es encargar la dirección de la Comisión Delegada
de Asuntos Económicos al Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda y la dirección de la Comisión Delegada de Autonomías al
Vicepresidente Primero, que les habla en estos momentos.

Finalmente, el señor Solé Tura ha hecho una referencia al interés de su
grupo por conocer los proyectos del Gobierno en relación con los
servicios de inteligencia. Yo no he hecho referencia a ello en mi
intervención porque he querido ceñirme a lo que son en estos momentos los
planes o los programas propios de mi departamento, de los que respondo,
si usted quiere, de una manera personal y directa. Los servicios de
inteligencia nacionales en estos momentos dependen del Ministerio del
Interior (me refiero a los de la Dirección General de la Policía y a los
de la Dirección General de la Guardia Civil) y del Ministerio de Defensa
(me refiero a los del Cesid), y van a seguir dependiendo orgánicamente de
ambos Ministerios. Su señoría no habrá encontrado ninguna declaración
política, por lo menos que yo conozca, de responsables del Partido
Popular que planteen la sustitución o el cambio de las dependencias
orgánicas de ambos servicios. Es decir, los servicios de inteligencia del
Ministerio de Defensa seguirán en Defensa y los servicios de inteligencia
del Ministerio de Interior seguirán en Interior.

Lo que he anunciado en reiteradas declaraciones, que por cierto no son
novedosas con relación a las intervenciones del Grupo Parlamentario
Popular en varias legislaturas en esta Cámara, es la necesidad de dotar a
los servicios de inteligencia españoles de las carencias que los
diferencian de otros servicios de inteligencia occidentales. España es el
único país de los importantes cuyo servicio de inteligencia nacional, el
Cesid, no goza de una cobertura con rango de ley. El Cesid está regulado
por una norma legal de rango inferior a ley, por un decreto en el que se
establecen una serie de precisiones en orden a la regulación de sus
fines, de sus objetivos, de sus medios, y recientemente, después de
algunas iniciativas legislativas de esta Cámara, están también regulados
algunos de los sistemas de control que afectan a las informaciones del
Cesid, en especial todas aquellas que están clasificadas como secretos
oficiales. Es propósito del Gobierno impulsar la elaboración y la
presentación ante las Cortes de un proyecto de ley que regule
definitivamente el Cesid. El Cesid, a juicio del Gobierno, es un centro
fundamental que, salvo las adaptaciones necesarias a la evolución de los
tiempos, no tiene por qué ver recortadas sus funciones y sus
competencias, pero que deberá coordinarse con los restantes servicios de
inteligencia españoles. Porque ésta es la segunda carencia de los
servicios de inteligencia en España: no existe formalmente un órgano
coordinador que, por una parte, por razones de eficacia, regule la
concurrencia de los distintos servicios en funciones similares o en
funciones que puedan ser solapables y, por otra parte, esa misma carencia
resta capacidad de control por falta de dirección, al no existir una
dirección que represente esa coordinación, un control que también a nivel
político podrían echar de menos las Cortes Generales y que, de hecho, en
alguna ocasión hemos echado de menos. Pues bien, ésos son los dos
objetivos, las dos propuestas, los dos proyectos. Por una parte, impulsar
la elaboración y la aprobación por las Cortes Generales de la ley que
regule el Cesid y, por otra parte, definir el órgano de coordinación que
por un lado establezca objetivos y límites a las actividades de los
distintos servicios de información y, por otro, en esa coordinación
establezca los controles necesarios para que la coordinación redunde en
eficacia de los servicios y en garantías de transparencia y de
sometimiento a los principios fundamentales de la ley y del Estado de
Derecho para tranquilidad de todos los ciudadanos.

Su señoría concluía con una apelación al diálogo reiteradamente ofrecida
en esta Cámara por mi antecesor el Ministro de la Presidencia. Me
permitirá S. S. que una vez más, y en esta Comisión, yo le rinda un
tributo de admiración a mi antecesor en este cargo. Con él he tenido
muchas ocasiones de cultivar la virtud del diálogo. De mi predecesor he
aprendido, en buena parte, cómo se puede articular también desde el
Gobierno la parte de diálogo que corresponde a la Administración en
momentos en los que no era precisamente fácil encontrar cauces de
diálogo, y en la medida de lo posible creo que la mejor referencia que yo
puedo hacer de dedicación o de voluntad personal al servicio de ese
diálogo es decirle que me gustaría continuar en ese terreno el tono, el
talante y el estilo que marcó el señor Pérez Rubalcaba.




El señor PRESIDENTE: Escuetamente, a los solos efectos de formular alguna
petición de aclaración complementaria, el señor Solé Tura tiene la
palabra. Son tres minutos, como bien sabe.




El señor SOLE TURA: Como comprenderá, señor Ministro, mi referencia al
Gobierno de Internet era simplemente una muestra de buen humor, que es lo
que creo que



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necesitamos, pero también porque ha dedicado usted una parte muy
importante de su intervención a esto y, en cambio, no se ha referido a
otras cuestiones que me parecían fundamentales. Desde luego, yo no tengo
nada en contra de este proceso. Creo que los procesos de informática son
importantísimos, pero, en definitiva, el gran tema en nuestro país no
será Internet sino quién controle el cable, y ése es otro cantar; otro
cantar que no creo que corresponda tratar aquí, o quizá sí, no lo sé muy
bien.

En cuanto a la oficina parlamentaria de presupuesto, he tomado nota --se
lo he dicho antes-- de que usted se refería a la oficina parlamentaria de
seguimiento del presupuesto. Lo que nos preocupa es el papel real de esta
oficina presupuestaria que, aunque usted dice que depende de Presidencia
del Gobierno, está muy directamente vinculada a lo que podríamos
denominar el complejo que existe en la Moncloa. Nos gustaría saber si
esta oficina presupuestaria es simplemente una oficina de consulta o si
es algo más, porque no sabemos exactamente cuál es la relación entre esta
oficina parlamentaria y los mecanismos de control presupuestario que ya
existen en el conjunto de nuestro sistema, tanto a nivel parlamentario
como fuera de él.

En relación a la reducción de altos cargos, como usted comprenderá, no se
trata aquí de jugar con tres o cuatro cifras. Este ha sido un asunto muy
importante en los últimos meses, especialmente en una campaña electoral
tan dura como ha sido la reciente, y respecto al cual parecía que
existían dos criterios: uno, el del partido que multiplicaba altos cargos
simplemente con efectos clientelares y, dos, el del partido que iba a
resolver este problema de una vez por todas. Ahora nos encontramos con
que no es así. Ustedes dicen: nos hemos equivocado. Los efectos de esto
ya se han producido políticamente, pero sería bueno que hubiese una
segunda fase en la que dijesen: nos hemos equivocado y, por consiguiente,
nos equivocamos también cuando lo denunciábamos con tanta fuerza. Las
cosas quedan, y nosotros no queremos de ninguna manera que quede como una
situación de hecho que unos despilfarraban y otros van a arreglar el
asunto. No ha habido despilfarro. Ahora mismo sale constantemente en la
prensa que hay personas que se resisten a aceptar altos cargos porque
están mal pagados. Eso ya lo decíamos nosotros y, a pesar de ello, los
aceptábamos. Esta es una cuestión fundamental que tiene que quedar clara
para que también queden claras las responsabilidades de cada uno, lo que
ha hecho cada uno, porque nosotros no estamos dispuestos a aceptar esta
dualidad.

Efectivamente usted, señor Ministro, no ha hablado de Comisión Mixta
Gobierno-Congreso sobre informática, he sido yo quien ha dicho que se
parecía a una comisión mixta, pero tendría que quedar claro qué es,
porque o es una Comisión Mixta entre Gobierno y parlamentarios o es una
comisión de funcionarios, en cuyo caso estamos en otro terreno que,
digamos, tiene poco que ver con el sentido de lo que usted nos ha dicho;
o son funcionarios del Congreso o no lo son y, a lo mejor, no nos
concierne.

En relación con los acuerdos para la renovación de órganos
institucionales, usted ha hablado de la urgencia del consenso, en lo que
estamos completamente de acuerdo, pero también se ha referido a la
posibilidad de ir hacia ciertas modificaciones legales si no hay acuerdo.

¿A qué modificaciones legales se refiere? Porque pueden ser
modificaciones legales de un tipo o de otro. Por ejemplo, puede tratarse
de una modificación legal que deje la elección del Consejo General del
Poder Judicial en manos de las propias asociaciones de magistrados y
jueces o puede tratarse de un modificación de otro tipo. ¿Van ustedes por
esta vía?
Tomo nota de lo que ha dicho sobre Efe, sobre el Centro de Estudios
Constitucionales y sobre Radiotelevisión. Aquí el problema es que hay un
gran hueco financiero y la solución tiene que tomarse entre todos. Hay
que ver exactamente qué es lo que hay de verdad y cuáles son las vías
para la superación de los problemas, pero yo le he hecho una pregunta a
la que no me ha contestado: ¿cómo se concibe el futuro papel del consejo
de administración? ¿Tiene que ser un órgano de control? ¿Tiene que ser un
órgano de dirección? ¿Tiene que pasar el control a la comisión
parlamentaria que se refiere a eso, al control? Son problemas que hay que
aclarar para que no se produzca confusión.

He visto que, gracias a mi petición, usted se ha referido a los servicios
de inteligencia. Por cierto, señor Ministro, ha tenido un lapsus linguae
al referirse a que necesitaba dotar las carencias. Claramente se trata de
superar las carencias. En fin, como digo se trata de un lapsus.

Dice que el Cesid no goza de cobertura con rango de ley --por
consiguiente se supone que el Gobierno va a presentar este proyecto de
ley-- y que deberá coordinarse con otros servicios. El problema está ahí,
en la coordinación, por eso le he preguntado si piensan ustedes en un
órgano concreto de coordinación o si piensan en otra fórmula. Eso es muy
importante para conocer el futuro que aguarda a estas instituciones
porque, en definitiva, quizá más que grandes leyes lo que hace falta es
resolver con claridad el problema de los secretos oficiales, que es donde
está la base del asunto.

Aparte de esto, agradezco su respuesta. Seguiremos a la expectativa,
señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Simplemente quería hacer una precisión sobre
algo que, por su importancia, no puedo dejar pasar. Ni en mi intervención
ni en mi posterior explicación se ha incluido el que cualquier
ofrecimiento de consenso para reformar los sistemas de designación de los
representantes en los órganos institucionales pueda interpretarse como
una respuesta a la falta de acuerdo. El acuerdo debe producirse y debe
producirse con arreglo al cumplimiento, tanto del espíritu como de la
letra, de las normas vigentes. Lo que yo he planteado es que si los
nombramientos y la nueva etapa en los órganos institucionales cuya
renovación depende de las Cortes no producen los resultados efectivos de
recuperación de la eficacia y del prestigio de estas instituciones y
fuera necesario plantearse una reforma en profundidad, no una renovación
de las personas sino una reforma de los sistemas



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de elección de las personas, estamos dispuestos a abrir un proceso de
consenso, a buscar los acuerdos parlamentarios precisos para introducir
las reformas legales que favorecieran la consecución de aquel fin.

En relación con los servicios de inteligencia, le diré que esa
coordinación es una necesidad, y yo no quiero en estos momentos invocar
las razones más poderosas que hoy, desde el punto de vista del interés de
la opinión pública, hacen más evidente esa necesidad, sino que me basta
con decir que ese órgano de coordinación existe, que los modelos no hace
falta inventarlos, están a la vista, son conocidos, y que ese órgano de
coordinación deberá adaptarse exclusivamente a las peculiaridades de los
distintos servicios de información españoles para potenciar sus
capacidades, para que la falta de coordinación cuando se producen solapes
no se traduzca en ineficacia, para que sea justamente la coordinación la
que permita que la concurrencia de la acción de los servicios de
información sobre asuntos u objetivos comunes multiplique el rendimiento
de la información que ofrece el conjunto de los servicios de inteligencia
españoles. En este sentido, tendremos muy presente la experiencia
comparada de los distintos órganos de coordinación de los servicios de
inteligencia que hoy funcionan razonablemente bien en los países de
nuestro entorno.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz Ramos.




El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Presidente, es lógico que mis primeras
palabras, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sean para agradecer al señor Vicepresidente del Gobierno y
Ministro de la Presidencia su pronta comparecencia, así como sus
reiteradas ofertas de diálogo y de consenso. Creo que es un valor que
siempre es bueno y que no está de más resaltar al principio de esta
intervención. Pero el señor Vicepresidente me permitirá que con la misma
intensidad le diga que la información aportada en su intervención ha sido
francamente desigual. Créame que me alegro de que no haya que teclear las
iniciativas parlamentarias que lleguen a su ministerio, pero no deja de
ser una paradoja destacable el contraste que se produce entre un
Ministerio político del de las características del que usted ostenta con
una intervención tan tecnocrática como la que ha efectuado. Esto nos
lleva a una primera cuestión que nosotros quisiéramos plantearle.

Usted ha sido calificado desde diversos medios de comunicación como
superministro, el que va a dirigir el núcleo duro del poder político, y
expresiones similares. Yo no sé qué impresión le causa a usted, pero lo
que sí parece cierto es que la impresión en la opinión pública, y me
atrevería a decir también entre algunos grupos parlamentarios, es que
usted va a concentrar una gran cuota de poder. En este inicio de la
legislatura eso es importante tenerlo en cuenta, porque me temo que nos
podemos encontrar a lo largo de la misma con un poder que ostente usted
difuso y con una fuerza expansiva que haga realmente difícil ejercer un
adecuado control parlamentario. Por eso será siempre deseable que en la
medida de lo posible usted acote el trabajo político que desempeña en
cuanto que Vicepresidente político fundamentalmente, no tanto en cuanto a
Ministro de la Presidencia, que hay una serie de parámetros ya
establecidos que usted ha expuesto prolijamente. En definitiva, la
primera pregunta que formulo es si puede precisar los límites políticos
concretos de su Vicepresidencia, que se podría desglosar en algunas
materias. Por ejemplo, ¿va a coordinar usted la Administración del Estado
en su sentido más amplio? ¿Cuándo podrá dar cuenta de la anunciada
simplificación, que es algo más que la reducción de altos cargos, esa
simplificación de la Administración, y cuál va a ser en definitiva su
significado político?
Habida cuenta de que usted también ha planteado en una de sus
intervenciones que va a encargarse de la coordinación de aspectos
relacionados con el Estado de las Autonomías, me gustaría, de pasada,
recordarle que el grupo parlamentario que ahora represento ha hecho una
propuesta de comisión parlamentaria de estudio para la reforma del Estado
de las Autonomías. Me gustaría saber si el Gobierno apoyará la iniciativa
de constituir esta comisión.

Creo que hay otro bloque muy importante, al que usted también ha aludido
y en el que yo quisiera insistir, que es el de las políticas de
comunicación. Creo que no es un tema baladí, que no es un tema marginal
en esta legislatura. Va a ser un tema absolutamente central que, si no se
aborda en las Cámaras parlamentarias de manera global, difícilmente se va
a poder perfilar un panorama de la información para el próximo siglo
adecuado.

Están bien la buenas intenciones que usted expresaba de la transparencia
del Gobierno. No es extraño encontrar diversos cargos dedicados a
diversas tareas relacionados con ellos: un Director General de
Información de la Vicepresidencia del Gobierno, un Secretario de Estado
de Comunicaciones, que por cierto acude a los consejos de ministros, lo
que ha causado una cierta sorpresa que me gustaría que aclarara. En
definitiva, cabría hacer una pregunta directísima: ¿Va a ser usted, en
cuanto que Vicepresidente Primero de Gobierno, el responsable político de
las políticas de comunicación? De las políticas globales, porque ya
sabemos que otras se van a difuminar en una serie de ministerios. Si es
así --y entendemos que así debe ser--, me gustaría que precisara, más de
los que ya ha hecho en sus intervenciones, si el Gobierno tiene alguna
política global de privatizaciones. Va a ser prácticamente imposible
definir un nuevo panorama televisivo y audiovisual como no haya una
política global. Por eso hemos de lamentar que el Gobierno no tenga ideas
claras sobre Radiotelevisión Española. Entiendo que se le pida un informe
a la Dirección General para que estudie una situación concreta existente,
pero eso no puede eximir al Gobierno de que hoy, aquí, plantee cuál es la
voluntad política del Gobierno sobre esta materia, porque si no se estará
cometiendo el primer error grave en esta cuestión: se estará delegando en
un órgano de Radiotelevisión Española, que debe ser neutral
políticamente, un análisis con un nítido contenido político. Además, es
difícil plantear qué va a pasar con Radiotelevisión Española, con los
terceros canales y su posibilidad de



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privatización, si al mismo tiempo no se aborda, en un mismo paquete de
medidas, políticas legislativas en su caso, el desarrollo de todo lo
relacionado con la ley del cable y también con la política de
privatizaciones, porque es un tema que está estrechamente ligado con la
política de concentración de medios, o cómo evitarlas, porque si no todas
las buenas intenciones expresadas aquí de transparencia, de respeto a los
derechos fundamentales relacionados con la información, como no se
produzcan medidas que atajen esa concentración de medios se van a quedar
absolutamente en nada.

Dejo para el final de mi intervención lo relacionado con los servicios de
información e inteligencia, que aquí ya han aparecido, pero creo que hay
algunas cuestiones sobre las que merece la pena insistir. Hay noticias
abundantes, aunque algunas de ellas me reconocerá usted que algo
crípticas, sobre una coordinación de estos servicios, y usted ha tratado
ahora de explicar algunas cosas más, que yo agradezco, algunas de las
cuales creo que son satisfactorias pero globalmente todavía no los son.

Yo no sé si es casualidad, pero el señor Vicepresidente el día de su
primera comparecencia nos ha enviado un mensaje, vía la prensa, sobre la
cuestión de la coordinación de los servicios de inteligencia, y digo que
no sé si es una casualidad o una forma --supongo que no-- de evitar el
tema aquí y tener más tiempo para hablar de informática, por ejemplo.

Nosotros saludamos esa iniciativa de coordinación, como no puede ser de
otra forma, pero, después de las explicaciones recibidas, seguimos sin
entender cuál es el alcance real de esa coordinación. Una pregunta muy
concreta: ¿Esa regulación se va a hacer por ley? Porque si se anuncia que
se va a hacer una regulación por ley del Cesid, que es el principal
servicio de inteligencia, y al mismo tiempo no se regula por ley la
coordinación entre el Cesid y otro servicio de inteligencia, parece que
algo en el entramado legal va a fallar. Yo creo que sería importante que
eso se acabara de precisar. Ya que usted ha hablado y parece que se ha
comprometido aquí a regular por ley, como digo, el Cesid, me gustaría
preguntarle si puede comprometerse a una fecha indicativa, lógicamente,
para presentar ese proyecto de ley.

Desgraciadamente, hablar en estos días del servicio de inteligencia o del
Cesid supone hablar de los documentos clasificados como secretos y
solicitados reiteradamente por los jueces que investigan al GAL. Hay unas
declaraciones suyas, del 19 de mayo, en un medio de comunicación, que a
mí me parecen curiosas sobre esa cuestión, que me voy a permitir
recordarle a través de la lectura de una breve cita textual. Yo tengo muy
claro --decía usted-- que lo que no debe hacer un Gobierno es clasificar
bajo secreto oficial documentos que no afectan a la seguridad nacional, y
eso jamás lo hará un Gobierno del PP, pero no tengo tan claro si un
Gobierno puede levantar la reserva a los papeles clasificados como
secretos por el Gobierno anterior. Aquí acaba la cita. Esto parece
implicar, o al menos es una lectura posible y plausible, que considera
que esos papeles, como usted dice, al menos en parte no afectan a la
seguridad nacional. Esa duda jurídica que usted expresa (en la entrevista
luego habla de que recurrirá a expertos en Derecho comparado o algo así)
no parece fundada. Es obvio que el Gobierno puede desclasificar. Es la
institución la que decide con independencia de los componentes del
Gobierno. Parece que esto es obvio desde el punto de vista jurídico y si
no hay razón jurídica, y si esos papeles parece, según se desprende de
sus declaraciones, que no afectan a la seguridad nacional, sólo podrá
aducir el Gobierno para no desclasificar la inoportunidad política.

Entonces la pregunta que se impone es qué criterio sigue el Gobierno para
entender que es inoportuna esa desclasificación, porque en definitiva
incurre usted o incurre el Gobierno en una grave contradicción. Y no me
refiero sólo a cambio de actitud respecto de lo que defendieron cuando
estaban en la oposición --creo que esto es algo a lo que tendremos que ir
acostumbrándonos--, me refiero a otra contradicción concreta. El Gobierno
se niega a la investigación parlamentaria del caso GAL, pese a que usted
ha reconocido en otras declaraciones que la responsabilidad política no
prescribe; se niega a esa investigación parlamentaria porque dice que
están abiertas a otras de carácter judicial, lo cual parece en principio
adecuado. Pero si ustedes dicen que no cabe la investigación política
porque está en el plano judicial, pero no facilitan el trabajo a los
jueces en los único en los que el Gobierno puede colaborar, esa
contradicción no se resuelve. Agradecería, por tanto, que nos explicara
cómo piensan resolver esta contradicción en el futuro, porque de lo
contrario el nuevo Gobierno comienza con mal pie en una cuestión tan
delicada. Al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya nos va a tener que dar muchos argumentos para que nos puedan
convencer de la actitud que hasta ahora están desarrollando en esta
materia y, lo que es más grave, me temo que muchos argumentos también que
convenzan a la opinión pública. Créame que nosotros lamentaríamos que
también el nuevo Gobierno se atragantara con el caso GAL.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchísimas gracias, señor Alcaraz, portavoz
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por su intervención. Con
mucho gusto voy a tratar de contestar a las cuestiones que me ha
planteado.

Yo no sé si la referencia a la información tecnocrática tiene algún
ribete de devaluación en la calificación de mi intervención, pero como
tengo una cierta desviación profesional, por mi condición de ingeniero,
lo he recibido como un elogio. En ese sentido, si su intención era
devaluar el carácter de mi intervención, siento decirle que ha conseguido
el objetivo contrario, que es sentirme especialmente gratificado por
ella, porque en estos momentos, en muchas de las cuestiones que tenemos
ante nosotros, el que los políticos también seamos capaces de introducir
en la Administración las innovaciones tecnológicas y tecnocráticas va a
permitir que funcionemos de una manera más eficaz, más transparente y más
ágil al servicio de los ciudadanos. Yo no voy a caer en estos momentos en
la casuística de los



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muchos problemas que podríamos resolver si nos lo planteamos con un
cierto realismo y una cierta visión del futuro, pero tenga en cuenta que
la capacidad de este Parlamento de responder a las expectativas y a las
esperanzas de la opinión pública española en estos momentos tiene mucho
que ver con la capacidad de adaptarnos a los avances tecnológicos. Aquí
no tenemos que debatir políticamente, como hace muy poco tiempo debatió
el Parlamento británico, si la televisión accedía o no a la Cámara de los
Comunes, porque esas cuestiones, que parecen marginales, son esenciales
para que el sentido, la idea, el modelo de relaciones entre el Parlamento
y los ciudadanos marche en una determinada dirección o en otra. En este
sentido, creo que el Parlamento y el Gobierno tienen ante sí el reto de
acertar en el aprovechamiento, en la optimización del uso de las modernas
tecnologías, para que ese servicio que tenemos que rendir a los
ciudadanos cumpla con las esperanzas y con las expectativas que ellos han
depositado en nosotros. Pienso que esas valoraciones políticas sobre las
competencias, las atribuciones, las concentraciones de cuotas de poder,
la naturaleza más o menos difusa del mismo, la fuerza expansiva de ese
potencial al que usted hace referencia tiene mucho que ver con los
espejismos que a veces distorsionan la realidad. Yo digo siempre que los
espejismo son un problema de la distancia; que no hay mejor medida,
frente a los espejismos, que acercarse a la realidad para ver cómo se
desvanecen por sí solos. En este sentido, no sólo invito a S. S. y a su
grupo a acercarse al Ministerio de la Presidencia y al Ministro de la
Presidencia, sino que le aseguro que en el caso de que ustedes no se
muevan el Ministro de la Presidencia va a venir al Congreso. Como las
concentraciones de poder y la cantidad de poder difuso a veces distraen
las dedicaciones elementales, la aseguro que sea cual sea la que me
asigne el Gobierno, y en particular el Presidente, en las tareas de
coordinación que el Presidente pueda delegar en los vicepresidentes, voy
a ser especialmente cuidadoso con la atención a mis deberes
parlamentarios en mi doble condición de Diputado y de miembro del
Gobierno. Esa proximidad va a ser la mejor medicina, señoría, para que
esas imágenes y esos espejismos se desvanezcan por sí solos y cada uno de
nosotros responda de las competencias, de las funciones y del trabajo
real que desempeñamos en nuestras responsabilidades de gobierno.

En relación con la comisión parlamentaria que su grupo ha presentado,
quiero aplicar los mismos criterios que en relación con algunas de las
cuestiones que planteaba el portavoz del Grupo Socialista. No es
propósito del Gobierno anticiparse ni suplantar la voluntad de decisión
política de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, la toma de posición
de mi grupo parlamentario sobre esa comisión, que deberá debatirse en el
seno del Congreso, deberá ser decidida por la dirección del grupo y por
el conjunto del grupo parlamentario, y a ello se atendrá el Gobierno.

El señor portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha hablado
de la sorpresa por la presencia de los Secretarios de Estado en el
Consejo de Ministros. La verdad es que no veo la razón de la sorpresa. El
señor portavoz podrá discutir la conveniencia o no, pero la presencia de
los Secretarios de Estado en los Consejos de Ministros tiene respaldo
legal desde el año 1977. En segundo lugar, sin que yo haya escuchado
objeciones de su grupo parlamentario en el Parlamento, por el Consejo de
Ministros han pasado Secretarios de Estado de UCD (la señora Posada y el
señor Aguirre) y al menos un Secretario de Estado del Gobierno socialista
(el señor Sotillos). Por tanto, no veo la razón de la sorpresa. Y dudas
acerca de su oportunidad o conveniencia pueden ser planteadas, pero en
los términos de la reforma de la legislación desde el año 1977 hasta
ahora en la intervención de S. S. no había tenido ningún tipo de
objeción.

Respecto a las políticas globales de comunicación, yo separaría --y en
este sentido aprovecho para hacer una precisión que omití en la
contestación al señor Solé Tura-- que las competencias en lo que
podríamos llamar política de comunicación, que hace referencia, por
ejemplo, a la política de cable, recae en el Ministerio de Fomento. En
ese sentido, prefiero que sea la comparecencia del Ministro de Fomento en
esta Cámara la que sirva de soporte del debase que SS. SS. deseen
plantear al Gobierno en relación con la política global de comunicación.

Yo me he ceñido, en mi referencia, a los problemas que platea en estos
momentos Radiotelevisión Española en el doble frente de la revisión del
Estatuto que sirve de marco legal de sus funciones y competencias y a los
problemas que plantea su situación económico-financiera en relación con
su gestión. Yo discrepo de que en estos momentos se pueda hacer un
análisis político sin un conocimiento riguroso de la realidad económica
de la radiotelevisión pública. No es posible, en estos momentos, hacer
dibujos en el aire. Actualmente se podrán hacer muchas cosas en
Radiotelevisión Española, siempre u cuando los presupuestos sean capaces
de soportar los proyectos. Los presupuestos tienen mucho que ver con la
disponibilidad o no que exista en estos momentos en la tesorería, en
función de los compromisos adquiridos en los años 1996 y 1997, de cara a
cualquier reestructuración o reorganización que se quiera hacer ante el
futuro del Ente. Por eso prefiero remitirme primero a un programa
riguroso que parta del conocimiento real de la situación para, a partir
de esa realidad, formular propuestas responsables que puedan ser capaces
de encontrar el compromiso de todos y de llevarse a cabo en los plazos
comprometidos.

Finalmente, el señor portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
plantea de nuevo la referencia a mis declaraciones en relación con los
servicios de información y la coordinación de los servicios de
inteligencia. Yo no he pretendido lanzar ningún mensaje. En todo caso,
podría interpretarse en positivo el hecho de que mis declaraciones de
ayer sirvieran para abrir un debate sobre esta materia. En ningún caso,
señoría, he tratado de sustituir ni de suplantar el debate en el
Parlamento, que desconocía en qué medida formaba parte del interés
prioritario de ustedes. No hay ninguna novedad en lo que hemos dicho en
estas últimas semanas con lo que venía sosteniendo en esta Cámara --y
están los «Diarios de Sesiones» para dejar constancia de ello-- en
relación con la necesidad de regular el Cesid por ley, es decir, de
definir en una ley sus funciones, sus



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medios y sus mecanismos de control y, por otra parte, la creación de un
órgano de coordinación del conjunto de los servicios de información y de
inteligencia nacionales.

Agradezco la sugerencia que hace S. S. y la tomo por lo que vale y, por
tanto, será tenida en cuenta en la discusión y decisión posterior que
adopte el Gobierno en relación con la conveniencia, a juicio de su grupo,
de darle rango de ley a la disposición que regule este órgano de
coordinación.

En todo caso, en cuanto a la interpretación que usted hace de las
responsabilidades del Gobierno para afrontar los requerimientos de la
justicia que afectan a la aplicación por parte del Gobierno de la Ley de
Secretos Oficiales. Su señoría ha dado una serie de argumentos para decir
que éste era un problema de oportunidad o inoportunidad, y deseo
manifestarle que es un problema, básicamente, de legalidad y, por tanto,
el Gobierno en estos momentos quiere dar una respuesta en Derecho a la
petición en Derecho de determinados jueces al Gobierno para solicitar la
desclasificación de determinados documentos. Además, en lo que conozco en
estos momentos, alguno de los documentos solicitados --no sé cuántos-- no
constan en los registros del Cesid. Por tanto, demos tiempo a que el
Ministerio de Defensa atienda a los requerimientos de la justicia, que
atienda a esos requerimientos dando respuesta en Derecho a los argumentos
que plantean los jueces y a que sea el Gobierno el que con la ley en la
mano dé la respuesta o adopte el acuerdo más oportuno, que no tiene nada
que ver con la inoportunidad a la que usted hace referencia, sino con el
cumplimiento de los principios del Estado de Derecho.

Para terminar, no he hecho ninguna referencia a los plazos de
prescripción de las responsabilidades políticas. He dicho que la
exigencia de las responsabilidades políticas tiene en los usos
parlamentarios convencionales un cómo y un cuándo, que subvertir el cómo
y el cuándo de la exigencia de responsabilidades políticas no favorece al
funcionamiento ni a la estabilidad de la democracia y creo que las
responsabilidades políticas las exigen los parlamentos a los gobiernos en
el momento en el que están ejerciendo su acción. No hay precedentes en
los usos o tradiciones democráticas de que un gobierno entrante reclame
responsabilidades políticas a un gobierno saliente. Señoría, no conozco
ningún precedente. En este sentido, la página de las responsabilidades
políticas del Gobierno anterior ha pasado, las responsabilidades
políticas serán las que SS. SS. consideren oportunas. Mi grupo ya ha
dicho en su momento las que consideraba que correspondían a aquel
Gobierno, y ahora no vamos a reabrir el libro de la página de las
responsabilidades políticas por la que corresponde a esta legislatura.




El señor PRESIDENTE: En los términos y con los límites a que me refería
cuando concedí la palabra al señor Solé Tura, tiene la palabra el señor
Alcaraz Ramos.




El señor ALCARAZ RAMOS: Lamento que el señor Vicepresidente se haya
sentido personalmente dolido con la alusión al término tecnocrático. Creo
que la distinción entre la necesidad de tecnologías que perfeccionen la
vida humana en este final de siglo es una cosa siempre respetable y que
la tecnocracia como modelo de gestión política es otra bien distinta. La
alusión a la tecnocracia creo que estaba suficientemente justificada --y
así lo mantengo-- por el tiempo que ha dedicado en su comparecencia y la
atención que ha prestado a una serie de temas. Le recuerdo, por ejemplo,
que del Cesid usted no ha hablado en su comparecencia. Se ha dedicado
mucho más a hablar de cuestiones técnicas que de argumentos esencialmente
políticos.

Usted, que es un amante de estas cosas, recordará aquella cita de un
novelista que decía que una tecnología suficientemente desarrollada no se
diferencia en nada de la magia. Yo espero que a partir de ahora sea
práctica habitual en su Ministerio centrarse en los problemas
esencialmente políticos, porque está maravillosamente bien informatizar
el BOE, pero nos va a interesar mucho más --y usted lo entenderá-- el
contenido del BOE que la forma en que se escribe.

En cuanto a las políticas globales de comunicación, insistimos en que
hacen falta que se desarrollen y creemos que su Ministerio es el adecuado
para coordinar, con independencia de que algunos aspectos técnicos
recaigan en el Ministerio de Fomento o que algunos aspectos tengan que
estudiarse por el Ministerio de Cultura o Educación. Eso es evidente.

Pero si no hay política global de comunicación, no hay futuro para el
audiovisual y la televisión en España. Entre otras cosas, porque si se
pretende ir poniendo parches, el problema no van a ser los agujeros que
tenga Radiotelevisión Española, sino la capacidad de inversión económica
para que haya una televisión autóctona, europea, etcétera. Y eso, o se
aborda globalmente o no tiene solución.

Lamento de nuevo --y no insistiré, en aras de la brevedad-- la
indefinición del Gobierno sobre Radiotelevisión Española. Me causa una
cierta estupefacción que insista tanto en ese desconocimiento, no ya de
cifras concretas, sino que no sea capaz de pergeñar lo que estaba en su
programa electoral, porque eso puede servir de armadura e implementar
políticas futuras a partir de los resultados de esa investigación que se
hace, que, por cierto, no sé si va a tener también un carácter de
investigación sobre el Gobierno anterior, ya que parece ser que en
algunas cosas hay dudas o contradicciones.

Finalmente, en cuanto a la desclasificación de los documentos del Cesid,
no puedo por menos que lamentar que haya documentos que se hayan perdido
--en eso vamos a estar todos de acuerdo y no insistiré--, pero sigo
teniendo mis dudas, no acabo de entender de ninguna forma cuáles son las
dudas, desde la legalidad, para que este Gobierno pueda desclasificar
unos documentos clasificados anteriormente por otro. Sigo sin entender la
argumentación jurídica. De todas formas, de su respuesta creo entender
que en ningún momento ha argüido que esa documentación afecte a la
seguridad nacional, que es el tema políticamente importante. Creo que ésa
es la cuestión en la que hay que insistir, en que el Gobierno no ha
aducido en ningún momento que esos documentos clasificados afecten a la
seguridad nacional.




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Por lo demás, concluyo agradeciendo sinceramente la invitación de
acercamiento a su Ministerio, de trabajo en común y de ese contacto con
lo concreto que pueda hacer desaparecer el fantasma de la grandilocuencia
que el título de Vicepresidencia política del Gobierno, o algo así,
significa. Desde luego, nuestro grupo lo tendrá en cuenta, y le reitero
el agradecimiento por su invitación.




El señor PRESIDENTE: Señor Vicepresidente, tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Tomo la palabra para insistir en los
principios de legalidad, que serán la única y exclusiva referencia en la
decisión del Gobierno a la hora de dar respuesta a los requerimientos de
desclasificación que han formulado tres juzgados en relación con los
llamados papeles del Cesid. Será el cumplimiento estricto de los
principios de legalidad, el sometimiento a la legalidad vigente, la
referencia que inspirará la decisión que en su momento adopte el Consejo
de Ministros a propuesta del Ministro de Defensa.




El señor PRESIDENTE: No lo tomen como una desconsideración los restantes
señores portavoces, nos atenemos a la consideración discriminatoria
determinada por el hecho de existencia de peticiones por parte de los
grupos parlamentarios Socialistas y de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y, en consecuencia, ruego al señor Vicepresidente que ahora dé
una respuesta global a las intervenciones sucesivas de los portavoces que
restan.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, S. S. don Francisco Rodríguez Sánchez
tiene la palabra.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Les hablo por el Grupo Parlamentario Mixto,
desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego.

La intervención del señor Vicepresidente del Gobierno, del señor Alvarez
Cascos, fue muy precisa en las cuestiones de carácter técnico y no la
vamos a discutir, entre otras cosas porque doctores tiene la Santa Madre
Iglesia y sabrán desde dentro de la cocina cómo tienen que hacer los
guisos respectivos todos los días, cuánto se ahorra y lo que significa
eso desde el punto de vista funcional.

Sin embargo, no cabe duda que, desde el punto de vista del funcionamiento
político del país y en una Comisión que se denomina Constitucional, sería
de agradecer algo más de precisión en las cuestiones políticas que
interesan, creo, a todos los grupos parlamentarios y a una parte
importante de la población del Estado. Me gustaría plantearle una serie
de cuestiones desde esta óptica constitucional.

En primer lugar, el señor Alvarez-Cascos se refirió al compromiso del
Gobierno para dar protagonismo y una vida social digna a la institución
en la que estamos en este momento, al Parlamento. Dejando de lado que
esta institución será creíble en la medida en que nosotros mismos la
hagamos creíble y seamos respetuosos con el pluralismo, la democracia y
el contraste de pareceres, y no sólo como una especie de tópico o
estereotipo sino como una realidad que se practica, dejando al margen
esto, nos gustaría preguntarle si el Gobierno tiene prevista alguna
medida o acción destinada a que los medios de comunicación de titularidad
pública, en concreto Radiotelevisión Española, se hagan un eco más amplio
de las actividades parlamentarias, más respetuoso con todos los grupos
parlamentarios, desde el primero hasta el último de la Cámara, y, además,
si este tipo de información va a ocupar algún espacio al margen del
exiguo que se les puede conceder en los telediarios del mediodía o de la
noche.

Por otro lado, nos gustaría recordarle que en el artículo 20 de la
Constitución (y es importante recordarlo porque esta Constitución, que
tuvo una posición crítica por parte de muchos grupos democráticos y
nacionalistas, está claro que con el paso del tiempo gana en
potencialidades, posiblemente porque la realidad empeora en muchos
aspectos) se dice que se garantizará el acceso de todos los grupos
sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la
sociedad y de las diversas lenguas de España. Creo que el pluralismo está
representado de forma suficiente, pero no hay que restringirlo más, al
que hay en el Parlamento del Estado y, por tanto, debía tener su
corolario lógico en estos medios de comunicación, al igual que cada una
de las lenguas que aquí se llaman lenguas de España, en el sentido de que
estos medios de ámbito estatal respetasen la toponimia, los nombres de
los lugares y que no se dejase a la influencia política de cada una de
las zonas del Estado o a los resultados electorales precisos que se
provocan en un momento determinado. En definitiva, querríamos saber si va
a haber una adecuación a este artículo de la Constitución española, tanto
en el pluralismo como en el respeto por los contenidos, la cultura y las
lenguas respectivas.

Por otra parte, habló el señor Vicepresidente de un tema muy sonado y muy
vigente que es la reforma del Senado. Todos los grupos parlamentarios
--pienso-- son conscientes de que esta reforma, si no queda en agua de
borrajas, tendrá que enfrentar algún tipo de preguntas muy determinadas,
que me gustaría formularle. En concreto, si se reforma el artículo 69 de
la Constitución española, cuál sería la posición del Gobierno en relación
con los siguientes temas: ¿Habría alguna diferencia cualitativa entre las
denominadas nacionalidades históricas y las que son consideradas
regiones, según el texto constitucional, implícitamente? Estas
diferencias, ¿tendrían algo que ver con el uso --por supuesto, totalmente
legal-- de las lenguas respectivas en esta Cámara territorial o
afectarían también a alguna cuestión de carácter cultural o económico, en
forma de mantener derecho de veto de estas comunidades históricas para
que no se aplicasen en sus respectivos ámbitos las leyes que se votasen o
que se dictaminasen a nivel estatal? Quisiera saber si no sería bueno
utilizar esta reforma para que los procesos electorales se hiciesen a
nivel de las comunidades autónomas, subiendo un peldaño en el proceso de
desaparición de las provincias y, en concreto, de las diputaciones
provinciales.

Por otro lado, nos gustaría conocer si el Gobierno piensa llevar a la
práctica y hacer efectivos artículos de la Constitución española que
quedaron también en vía



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muerta, sin que nadie se acordase de ellos, como puede ser el artículo
131, que hace referencia al Estado como institución capaz de planificar
la actividad económica mediante ley y elaborar los proyectos de
planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas
por las comunidades autónomas.

Por último, señor Ministro, en relación con los servicios de
inteligencia, me gustaría recordarle algo que --ya que usted está
enamorado de la informática-- tiene que ser muy preocupante para todos
los demócratas, como es si piensan tomar medidas para que los servicios
de inteligencia respeten escrupulosamente el artículo 18 de la
Constitución. Ya sabemos que grupos privados o grupos de seguridad que no
gozan de la legitimidad de lo público lo están violando continuamente.

Quisiéramos saber si el Gobierno va a ser cuidadoso con el respeto del
artículo 18 por parte de todos los servicios de inteligencia en lo que
hace referencia al secreto de las comunicaciones, en especial de las
postales, telegráficas y telefónicas y, además, si va a limitar el uso de
la información para que se garantice el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.




El señor PRESIDENTE: No hay ningún portavoz del Grupo de Coalición
Canaria presente en la sesión, como tampoco del Grupo Vasco (PNV).

En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Silva i Sánchez.




El señor SILVA I SANCHEZ: Mis primeras palabras, al igual que las de los
restantes grupos, han de ser de agradecimiento al señor Vicepresidente
del Gobierno por la premura con que ha comparecido ante esta Comisión,
invirtiendo lo que ha sido la práctica de gobiernos anteriores según la
cual el Ministro de la Presidencia comparecía, normalmente, en último
lugar. La verdad es que el señor Vicepresidente comparece bajo diversas
formas, por así decirlo. Por un lado, como cualquier ministro, es la
cúspide de un departamento ministerial, una de las ramas en las que se
agrupa la Administración --y algo de eso nos ha explicado--, en la que
cada miembro del Gobierno es corresponsable de esa función de dirección
política que tiene el Gobierno; pero comparece también, y eso podría ser
lo más interesante, en tanto que Vicepresidente, asumiendo funciones de
coordinación que desde la jerarquía, por el Presidente del Gobierno, se
le atribuyen. Obviamente, aquí se han hecho algunas afirmaciones que
podrían corresponder más a su función de líder político, de Secretario
General de un partido político y, por tanto, consideramos que, en modo
alguno, podrían entenderse en el sentido de intromisión en el
funcionamiento de los restantes órganos constitucionales del Estado.

En cualquier caso, y por lo que podría hacer referencia a la conexión de
su Ministerio y su Vicepresidencia con las Cortes Generales, nos damos
por informados de lo que aquí se ha manifestado, por las preguntas de
otros grupos y, atendida la hora, no vamos a profundizar más. Sin
embargo, sí desearíamos excitar el celo de su Vicepresidencia o de los
órganos a ella adscritos para cumplir aquellos compromisos de
presentación de iniciativas legislativas que, en algunos casos, son
desatendidos, aunque sea por circunstancias políticas a veces
comprensibles. Esta tarde tenemos la primera muestra. Se nos presenta a
través de una proposición de ley lo que debió ser un proyecto de ley a
presentar antes de finalizar el mes de junio del año pasado. Creo que en
eso el nuevo Gobierno debiera tomar buena nota y que en aquellos casos en
que existan --como existirán-- mandatos expresos de esta Cámara se
cumplan los plazos, aunque ya sepamos que parte del trabajo puede ser
estéril, por caducidades de los trabajos o disoluciones de legislaturas o
culminación de las mismas. Sin embargo, en ese sentido sería bueno ser
cumplidor.

También querría hacer al señor Vicepresidente la pregunta de si se tiene
previsto qué candidatos a ser nombrados altos cargos comparezcan ante la
comisión correspondiente de este Congreso, a efectos de ser sometidos, de
alguna manera, a encuesta o consulta para responder a las preguntas que
tengan a bien hacerles los Diputados de esta Cámara.

Finalmente, en relación a otros órganos constitucionales del Estado,
tenemos que decir que compartimos inicialmente su planteamiento en
relación al Consejo General del Poder Judicial. Entendemos que el cambio,
tanto de paisaje político como el que podría derivarse de la introducción
de una sana convención parlamentaria, podría obviar cualquier tipo de
modificación en cuanto al proceso de selección. Hay que recordar que el
Grupo Parlamentario Catalán, en su día, votó en contra de la enmienda
Bandrés, y así hay que manifestarlo. En cualquier caso, entendemos que el
cambio de paisaje político, y lo que podría ser el inicio de una
convención parlamentaria o de una sana práctica parlamentaria, podría
evitar modificaciones legislativas. El sistema hasta ahora no ha
funcionado, puede que no haya funcionado bien por responsabilidad del
intérprete o de la realidad política en que había que insertar esas
decisiones, pero cambiando las dos cosas puede que en este momento
funcione.

Sin embargo, señor Vicepresidente, queremos hacer hincapié en una
cuestión que no ha sido abordada por otros grupos. Ya sé que la política
está siempre apremiada por la actualidad y, a veces, más que por la
actualidad por aquellos elementos que pueden después tener repercusión en
los medios. Sin embargo, hay un tema que no es preocupante pero sí es de
gran interés en el sentido de que su Vicepresidencia también se orientase
hacia ese extremo. Es doctrina de nuestro grupo parlamentario que desde
1978 hasta ahora el ciudadano, en tanto que miembro de la comunidad
política, ha visto mejorado su estatus muchísimo. La prueba es que el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuando ha tenido ocasión de
indicar algunas leyes de desarrollo de derechos fundamentales, ha tenido
que aludir a la Ley de Partidos Políticos que, como sabemos, es de 1978 y
que habría que modificarla, o a la Ley reguladora de la Objeción de
Conciencia. Así como el ciudadano, en tanto que miembro de la comunidad
política, ha visto su estatus muy mejorado, no ocurre lo mismo en el caso
de este ciudadano sometido a la Administración, ya que padece y sufre los
procesos administrativos correspondientes,



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padece o sufre los procesos judiciales y padece y sufre mucho más si
tiene una sentencia favorable contra la Administración e intenta que esta
sentencia se ejecute. Entiende mi grupo que éste es un aspecto de mejora
de la situación jurídica del administrador en el que las funciones de su
Vicepresidencia, sus funciones de coordinación de los restantes
ministerios tendrían un amplio campo de desarrollo, y que ésta podría ser
la legislatura de mejora del estatuto del administrado. Hay que reconocer
que el Presidente del Gobierno en el discurso de investidura se refirió
parcialmente a un aspecto muy concreto de este administrado, como podía
ser su situación de contribuyente, e hizo referencia a esa regulación de
un estatuto del contribuyente. Ahora lo que le pediríamos sería ampliar
esa defensa del administrado a todos los ámbitos en que se relaciona con
la Administración y, como le digo, muy particularmente al ámbito de la
ejecución de las sentencias que condenan a la Administración y que no se
tenga a menos. Uno de los primeros discursos de Rocard en Francia fue
precisamente impulsar y exigir de los departamentos ministeriales
correspondientes ese comportamiento leal con los administrados y entender
que no hay Estado de Derecho si esas sentencias no se cumplen.

Hay que reconocer que es valiosa esta capacidad de introducir
innovaciones tecnológicas y tecnocráticas a que ha hecho referencia o el
espíritu de apertura de comunicación. Lo que también hace falta es la
existencia de una auténtica voluntad de cumplimiento de las obligaciones
que a la Administración le incumben respecto de los ciudadanos. Seguro
que se ha mejorado mucho en el control presupuestario y en los
correspondientes instrumentos técnicos, pero cuando --y con esto casi
acabo con esta parte de mi intervención-- un ciudadano obtiene una
sentencia de la Administración, los tres meses de trámite del crédito
extraordinario, del suplemento de crédito obviamente no se cumplen, y es
una cuestión más de voluntad que de mejoras técnicas que, en cualquier
caso, y en la medida en que repercutan sobre los administrados, deben ser
muy apreciadas.

Para acabar, quería saber si en virtud del espíritu que se plasmó en los
pactos entre su grupo político y la coalición de Convergència i Unió se
tiene prevista la revisión de aquellos conflictos y la posibilidad de
allanamiento en los conflictos constitucionales que todavía existen entre
el Gobierno la Comunidad Autónoma de Cataluña, revisión y estudio que
corresponden a su ministerio por sus atribuciones y que a la luz de la
filosofía de esos pactos convendría examinar.

También querría que nos informara de las prioridades legislativas que su
departamento ostenta en cuanto tal, así como del estado de la tramitación
interna o del estudio en que se encuentra en estos momentos la
modificación de la Administración Central del Estado y los estudios sobre
reforma y modificación de los órganos de la misma, así como de la
Administración periférica.

Por lo demás, le agradecemos su oferta de diálogo. Obviamente tendrá toda
la respuesta por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Asimismo, le agradecemos sus explicaciones que, en respuesta a los
restantes grupos, nos han parecido globalmente satisfactorias. Es mi
obligación manifestarlo así y, por tanto, ponernos a disposición en
cuanto al diálogo ofrecido.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
don Jorge Trías Sagnier.




El señor TRIAS SAGNIER: Señorías, señor Vicepresidente del Gobierno y
Ministro de la Presidencia, yo siento una enorme satisfacción y una
preocupada y personal responsabilidad ya que es la primera vez que
intervengo en este Congreso de los Diputados en esta VI Legislatura y es
la primera vez que accedo al Congreso de los Diputados.

Creo que la exposición que ha hecho el Vicepresidente del Gobierno y
Ministro de la Presidencia ha sido extraordinariamente informativa y ha
explicado muy detalladamente todos los planes de su Departamento, y
quiero significar un aspecto muy positivo: es el primer representante del
Gobierno que acude a esta Cámara mientras que, anteriormente, como ha
dicho nuestro amigo y representante de Convergència i Unió, era el último
que acudía a la Cámara, y, al fin y al cabo, de esta manera realzamos lo
que se dice en el artículo 46 del Reglamento donde se señala que la
Comisión Constitucional es la primera de las Comisiones que componen esta
Cámara.

Hay un aspecto al que quisiera referirme y del que ha hablado el Ministro
de la Presidencia y Vicepresidente del Gobierno: el retorno al
Parlamento, la importancia que va a dar y que da el Gobierno al
Parlamento como epicentro de la vida política de la nación, de la vida
política del Estado. Es exactamente lo que recogía el programa del
Partido Popular, lo que nosotros denominábamos la regeneración
institucional, lo que otros grupos denominaron impulso democrático pero
que no acertaron con detalle a realizar, ya que incluso el antecesor del
señor Ministro de la Presidencia, el señor Pérez Rubalcaba, lo expresó
también, según he podido leer en la comparecencia celebrada el 6 de
octubre de 1993, si mal no recuerdo, lamentándose de que durante los once
años anteriores no se había impulsado expresamente el papel del Congreso
de los Diputados como centro de la vida política de la nación.

Hay un aspecto al que también se ha referido el señor Vicepresidente y yo
quisiera reseñarlo: el principio de legalidad. Siempre he dicho y
sostengo --y lo he comprobado a lo largo de mi ya muy dilatada
experiencia profesional-- que no hay mejor cumplidor de la ley que,
probablemente, de un técnico, de un profesional técnico como, por
ejemplo, puede ser un ingeniero. Cuando la política entra en la casa de
la justicia, la justicia, se dice normalmente, salta hecha añicos por la
ventana, y cuando la justicia entra en la casa de la política también es
cierto que hay algo en la política que está enfermo, y es que tiene un
virus. La regeneración institucional a que se ha referido el
Vicepresidente del Gobierno y Ministro de la Presidencia, y que han
aplaudido todos los grupos parlamentarios, fortalecerá el papel vigoroso
que debe tener la Cámara en estos aspectos; esta Cámara y precisamente
esta Comisión, que tiene como preocupación más profunda el interés en la



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Constitución, y digo preocupación porque es una ocupación previa de esta
Comisión a la de todos sus demás intereses: el respeto y el desarrollo de
la Constitución, como también ha dicho el Vicepresidente del Gobierno y
Ministro de la Presidencia. Esa reflexión constitucional es uno de
nuestros objetivos esenciales para esta legislatura, que en el fondo es
dar cumplimiento a lo que dice el Preámbulo de la Constitución y al
desarrollo de lo que se expresa en el artículo 1.º, en el que, al fin y
al cabo, es donde se define nuestro Estado como un Estado social y
democrático de Derecho, donde la Ley se aplica igual para todo el mundo,
y eso es precisamente lo que fortalece nuestras instituciones. Esa
regeneración institucional, a la que se ha referido el Vicepresidente del
Gobierno y que ha desgranado en una serie de aspectos concretos que él ha
denominado soluciones prácticas, nos congratula a nuestro grupo
especialmente. Nos congratula especialmente el desarrollo informático del
CIS, que viene a completar, con la denominada red Internet, la red
Ibertex, que ya se conectó en las anteriores gestiones que se realizaron
en ese centro.

Creo que uno de los aspectos fundamentales también de esta legislatura, y
que ha resaltado el Vicepresidente del Gobierno, es el inicio de la
denominada cultura del pacto; cultura del pacto que está en todo el
discurso del debate de investidura, como señaló nuestro Presidente del
Gobierno, don José María Aznar; cultura del pacto que llevó a firmar un
pacto de investidura y de gobernabilidad a los grupos aquí presentes de
Convergència i Unió, del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición
Canaria. Es una cultura esencialmente distinta a la del rodillo, de la
que ya se lamentaba también el antecesor en el Ministerio de la
Presidencia, el señor Pérez Rubalcaba.

Permítame, casi para acabar, hacer una pequeña incursión en lo que
también es un mundo para mí muy grato, que es el mundo literario. Es la
dialéctica bachelardiana, señorías, la materia y la forma, la democracia,
es el reino de las formas. Por ello yo creo que la claridad y la
trasparencia, a la que ha hecho referencia y gala el Vicepresidente del
Gobierno y Ministro de la Presidencia, son fundamentales en esta VI
Legislatura que acaba de abrirse. Frente a la oscuridad romántica,
nosotros lo que preconizamos en el fondo es la luz del espíritu clásico.

En una palabra, señorías la luz de Apolo frente a la borrachera --muchas
veces borrachera del poder-- de los hijos de Dionisos. Preconizamos,
pues, señor Vicepresidente, señor Ministro de la Presidencia, esa
claridad de la que usted ha hecho gala y de la que de verdad nos
congratulamos mucho.

Esa política de gobierno que usted nos ha esbozado es precisamente la
antítesis de lo que algunos denominan los programas ocultos; programas
ocultos que en nuestro caso no existen. Ahí están los pactos que se
firmaron con otros grupos parlamentarios y ahí está el programa de
Gobierno que ha venido a expresarnos el señor Vicepresidente del Gobierno
y Ministro de la Presidencia en la primera sesión informativa en una
Comisión parlamentaria que, como digo, es la Comisión Constitucional, la
primera de las Comisiones Permanentes según el artículo 46 de nuestro
Reglamento.

Quiero decir que dentro de esta Comisión adquiere especial significado el
desarrollo y potenciación de los valores constitucionales, ya que,
además, tenemos que ubicarnos en un mundo que está en permanente tensión.

Creo que nosotros debemos potenciar desde aquí, en la medida que podamos
la aceptación consciente y enriquecedora de todo lo que podríamos
determinar sobre el otro; desterrar de nuestra sociedad algo que
últimamente viene siendo tan presente, como son los brotes de xenofobia,
de racismo; volver a instalar en nuestro ordenamiento esta especie de
escuela de ciudadanos, que es lo que debe ser un Parlamento: el
patriotismo constitucional, la lealtad a la Constitución, que en el fondo
es la lealtad al servicio a la ley, de la que ha hecho gala el
Vicepresidente del Gobierno y Ministro de la Presidencia, que nos ha
explicado detalladamente. Sería ocioso que yo ahora me pusiese a glosar
la bondad del programa del Gobierno, puesto que el señor Vicepresidente y
Ministro de la Presidencia lo va a hacer muchísimo mejor que yo.

Para acabar --y permítame esta alusión personal-- quiero decir que me
siento enormemente gratificado de estar en esta Comisión con dos personas
a las que yo admiro profundamente, que son redactoras de la Constitución
Española de 1978: mi antecesor en la portavocía, el actual Presidente don
Gabriel Cisneros, y mi maestro en la cátedra del profesor Jiménez de
Parga, el señor Solé Tura, que hace ya la friolera de 30 años le tuve
como catedrático en la Universidad de Barcelona.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Trías Sagnier, en nombre
del señor Solé Tura y en el mío propio.

Para responder conjuntamente a los señores Rodríguez Sánchez, Silva
Sánchez y Trías Sagnier, tiene la palabra el señor Vicepresidente del
Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.

Me preguntaba el portavoz del Grupo Mixto, don Francisco Rodríguez, sobre
las medidas o iniciativas que el Gobierno va a tomar para que
Radiotelevisión Española se haga eco de una política informativa que dé
mayor cobertura a la información parlamentaria. Al mismo tiempo me pedía
compromisos acerca de las garantías que podía ofrecer el Gobierno sobre
la aplicación de los principios reconocidos en nuestra Constitución en
defensa del pluralismo.

Quiero decir al señor Rodríguez que el Gobierno velará por el
cumplimiento de los principios establecidos en nuestra Constitución
--artículo 20--, donde se exige el respeto al pluralismo de la sociedad y
de las diversas lenguas de España y también en desarrollo del mismo, a lo
que explícitamente se recoge en el artículo 4.º del Estatuto de
Radiotelevisión. Ya que se ha hablado a lo largo de la mañana en varias
ocasiones de las posibilidades de reformar o de modificar y las
direcciones en las que se podría producir, quiero decirle que el Gobierno
está plenamente identificado con los principios que inspiran la actividad
de



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los medios de comunicación social del Estado, que no son otros que la
objetividad, la veracidad e imparcialidad de las informaciones, la
separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes
desarrollan estas últimas y su libre expresión, con los límites del
número 4 del artículo 20 de la Constitución; el respaldo al pluralismo
político, religioso-social, cultural y lingüístico, el respeto al honor,
la fama, la vida privada de las personas y cuantos derechos y libertades
reconoce la Constitución; la protección de la juventud y de la infancia y
el respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la
Constitución.

Estas son referencias inequívocas para que cualquiera que quiera
plantearse en estos momentos los compromisos del Gobierno en relación con
el funcionamiento de los medios de comunicación públicos y, en particular
de Radiotelevisión, ya sabe dónde tiene un marco de referencia concreto,
que no va a permitir que sea el Gobierno quien concrete, a través de
algún ministro, las líneas básicas de la programación porque esto no
corresponde al Gobierno. La programación, en todo caso, corresponderá, en
función de que se mantenga o no, si hay una reforma del actual juego
competencial, bien al director general, bien al Consejo de
Administración, pero en ningún caso serán los ministros del Gobierno o el
Gobierno colegiadamente quienes marquen directrices de programación. Si
mal no recuerdo, en otras legislaturas, cuando ha habido alguna
reivindicación o alguna aspiración de solicitud de mayor cobertura
informativa a los debates parlamentarios, los grupos parlamentarios han
dado curso a esas iniciativas y a esas propuestas a través de los propios
órganos de gobierno del Congreso y del Senado: su Mesa y su Presidente.

En relación con la reforma del Senado, el Gobierno hace suyas las
propuestas que el Grupo Popular ha defendido en la pasada legislatura, y
especialmente el consenso al que han llegado los grupos representados en
aquel momento en la Cámara. En todo caso, ni el Grupo Popular, en lo que
yo conozco, puesto que no figura en el programa del Partido, ni el
Gobierno, porque ni siquiera se lo plantea en el discurso de investidura,
van a tomar iniciativa en la dirección que sugiere S. S. de desaparición
de las provincias y diputaciones provinciales. Creo que la provincia está
constitucionalizada y la desaparición de la provincia exigiría una
reforma constitucional. En todo caso, requiera o no esa reforma en la
organización del Estado, mi grupo considera a la provincia y a las
diputaciones provinciales como instituciones necesarias en estos
momentos, que pueden formar parte del proyecto de reforma de la
Administración general, de la Administración periférica, de la
Administración local, en ese proyecto de Administración única, donde se
pueden decidir y asignar nuevas competencias para simplificar las que
ahora se reparten entre las administraciones local, autonómica y
nacional, pero en ningún caso implicando propuestas de desaparición.

La preocupación de S. S. en relación con el cumplimiento del artículo 18
de la Constitución es plenamente compartida por el Gobierno. En este
sentido, de la misma manera que la protección a la intimidad frente al
uso de la informática está razonablemente recogida en la Ley de 1992, de
Protección de Datos Informáticos, es verdad que en cuanto al secreto de
las comunicaciones es posible y necesario ir más allá. Por ejemplo, mi
grupo ha sido responsable de los progresos que se han introducido en la
legislación penal para tipificar primero y perseguir después las
violaciones en el secreto de las comunicaciones. Es probable que, en esta
materia, también sea necesario establecer mecanismos de prevención y de
persecución de este tipo de delitos. Puesto que S. S. hace una referencia
concreta a la necesidad de que no sean los propios servicios del Estado
los que vulneren estos derechos fundamentales, quiero decirle que, al
mismo tiempo que se hacía una referencia a la regulación legal del Cesid,
también se debe interpretar que una de las virtudes que puede tener la
regulación, con rango de ley, del Cesid es justamente la de reflejar en
esa ley los límites a su actividad para evitar cualquier colisión con la
defensa de esos derechos al mantenimiento del secreto de las
comunicaciones de los ciudadanos.

El señor Silva, en nombre de Convergència i Unió, plantea en su
intervención algo que parece obvio. En todo caso, el Gobierno está
dispuesto a esforzarse para que, sobre la base de la experiencia
adquirida, no se reediten sucesos anteriores. Por tanto, el Gobierno hará
el máximo esfuerzo para velar y también para cumplir con los plazos de
los mandatos expresos de esta Cámara en relación con la presentación de
iniciativas.

Sobre la posibilidad de lo que él llamaba encuestas con los candidatos a
ocupar puestos en los distintos órganos constitucionales, creo recordar
que uno de los pioneros en plantear esa posibilidad a esta Cámara fue mi
grupo político. Esa posibilidad sigue estando abierta y es necesario que,
en el seno de la propia Cámara, los grupos políticos encuentren una forma
de encauzar esas comparecencias y de establecer y definir la naturaleza
de las mismas para ajustarse a las características de las candidaturas
que se van a someter a examen, de tal manera que sirvan para reforzar la
decisión del Congreso o del Senado, y el refuerzo exige necesariamente
que ayuden a ampliar las posibilidades de elección y no establecer unos
mecanismos que puedan resultar perversos y contribuir a disuadir la
aceptación de candidaturas por parte de las personas que, con prestigio y
autonomía, estén en condiciones de aceptar su candidatura para formar
parte de estos órganos constitucionales.

Celebro la preocupación del Grupo de Convergència i Unió en relación con
la situación jurídica de los administrados. Creo que ésta es una tarea de
todos, del Gobierno y de los grupos parlamentarios, y espero que, con la
colaboración de S. S. y de su grupo, podamos avanzar en nuevas
iniciativas (algunas a las que ha hecho referencia el portavoz de
Convergència i Unió en su intervención ya estaban recogidas en el
programa de mi partido y en el discurso de investidura) y también poder
aportar cualquier otra iniciativa desde su grupo para incorporarla a las
que puedan alcanzar la confianza y aprobación de las Cámaras.

En cuanto a los conflictos constitucionales, señor portavoz, es una tarea
de todos, no sólo de una de las partes firmantes del acuerdo. Creo que
con los ejemplos ilustro mejor lo que pretendo transmitirle en respuesta
a su inquietud.




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Con ocasión de los acuerdos del Partido Popular y otras fuerzas políticas
--Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición
Canaria--, que el Gobierno ha asumido como compromisos de referencia de
la acción del Gobierno, el Gobierno de la Xunta de Galicia ha retirado
dos recursos de inconstitucionalidad, precisamente porque los nuevos
acuerdos y las expectativas de cambio en la normativa vigente permitían
rectificar alguna de las razones que inspiraban estos recursos. Por
tanto, invito a que ambos, Convergència i Unió y el Gobierno, su grupo
parlamentario y el nuestro, reflexionemos sobre los conflictos
constitucionales planteados en estos momentos, por si los acuerdos o los
cambios políticos que están comprometidos hacen innecesario someter a una
instancia jurisdiccional distinta las diferencias que antes de los
acuerdos separaban los criterios de Convergència i Unió y del Gobierno.

En cuanto a los anuncios que pueda hacer de reformas legislativas, quiero
decirle que ya ha entrado en la Comisión de Subsecretarios la iniciativa
legislativa de la Lofage, el proyecto de ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, promovido por el
Ministerio de Administraciones Públicas. Aunque en estos momentos no
estoy en condiciones de fijar unos plazos concretos para su aprobación
por el Gobierno y remisión a las Cortes, espero que, en un plazo de pocas
semanas, este primer proyecto de ley pueda ser sometido a la tramitación
parlamentaria y a la aprobación de las Cámaras.

Finalmente, quiero dar las gracias al señor Trías y al Grupo Popular por
su intervención y por las palabras de apoyo y confianza. En relación con
esa confianza y enlazándolo con las referencias que ha hecho el señor
Trías a la cultura del pacto, quiero decirle que el Gobierno no entiende
la cultura del pacto como una cuestión exclusiva de una de las partes o
de los protagonistas políticos de la vida parlamentaria, sea el
Parlamento o sea el Gobierno. La cultura del pacto tiene muchas
implicaciones y el pacto no necesariamente es la esencia de una
legislatura sin mayorías suficientes; creo que la cultura del pacto tiene
que ser una preocupación permanente. El compromiso del pacto se tiene que
articular en torno a un programa y a la presentación de ese programa en
el Parlamento en un régimen parlamentario, que es el discurso de
investidura. En este caso, la cultura del pacto obliga al Gobierno a
asumir los acuerdos entre el grupo de S. S., el Grupo de Convergència i
Unió, el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo del Partido Nacionalista
Vasco, pero tenga la seguridad, señor Trías, de que, aunque en estos
momentos el Gobierno sólo tuviera como referencia el compromiso del
programa de su partido porque hubiera resultado de las elecciones un mapa
político distinto, seguiríamos cultivando la cultura del pacto,
seguiríamos apelando a la necesidad de acuerdos con otras fuerzas
políticas y seguiríamos brindando, como reitero al terminar mi
intervención, todas las oportunidades de acuerdo y de participación, que
en la medida en que nuestro programa lo permita, brindo también al resto
de las minorías que en este momento no están en el pacto en virtud del
cual el Gobierno de José María Aznar ha obtenido la mayoría necesaria
para alcanzar la investidura.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

Los señores Rodríguez Sánchez, Silva i Sánchez y Trías Sagnier me han
indicado la renuncia al turno de la repregunta. En consecuencia, retengo
sólo un minuto su atención para agradecer al señor Vicepresidente del
Gobierno la latitud de sus explicaciones y su esfuerzo --llevamos aquí
cerca de tres horas-- y expresar mi gratitud al señor letrado, a los
señores taquígrafos y a los representantes de los medios de comunicación.

Quiero hacer una observación final. Por parte del señor Trías Sagnier se
ha hecho referencia muy bellamente al Estado de Derecho y al régimen
parlamentario como el reino de las formas y por parte del señor Silva
creo recordar que se ha aludido a las sanas convicciones parlamentarias.

Yo, señor Rodríguez Sánchez, no creo ciertamente conculcar el artículo 20
de nuestra Constitución, aquel que él ha invocado haciendo referencia a
la libertad de expresión, al encarecer a SS. SS. una petición. Puesto que
el señor Vicepresidente nos ha adentrado un poco en el horizonte de la
prospectiva al hacer referencia a las posibilidades tecnológicas al
servicio del parlamentarismo, yo voy a poner un contrapunto arcaizante.

Quiero pedirles que me ayuden a restaurar el tratamiento de señoría como
fórmula usual de referencia en el diálogo parlamentario como ocurre
prácticamente en todos los parlamentos occidentales, parlamentos en los
que debemos fijarnos como ejemplo, tratamiento que estaba un poco en
crisis o en declive en nuestros usos parlamentarios. Yo me permito
formularles esa exhortación encarecidamente.

Realmente ha sido no sólo grata sino fácil la conducción de esta sesión,
por la exquisita cortesía parlamentaria con que todos los señores
portavoces intervinientes y el señor Vicepresidente del Gobierno se han
producido.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.




Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.