BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VI LEGISLATURA

Serie A: 21 de octubre de 1999 Núm. 186-3 PROYECTOS DE LEY

ENMIENDAS DE TOTALIDAD

121/000186 Presupuestos Generales del Estado para el año 2000

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de

la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES de las enmiendas a la totalidad presentadas en

relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado

para el año 2000 (núm. expte. 121/000186).


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 1999.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


ENMIENDA NÚM. 1

PRIMER FIRMANTE:


Don Francisco Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Francisco Rodríguez

Sánchez y don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputados del Bloque

Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento

de la Cámara, presentan la siguiente enmienda de totalidad por la que

se propone la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2000.


JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año

2000 obedece a una doble motivación restrictiva y electoralista a la

vez.


Por un lado, el Gobierno desea aparecer ante la sociedad como el

garante del Estado del bienestar, adoptando medidas propagandísticas

de escaso calado presupuestario y, a todas luces, insuficientes para

paliar la dramática situación de miles y miles de desempleados/as y

pensionistas que carecen de cobertura social o bien subsisten con

pensiones todavía muy inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.


Estas medidas no constituyen más que la escenificación del arranque

de la precampaña para las próximas elecciones generales, o lo que es

lo mismo, el maquillaje social que el Gobierno necesita aplicarse

para aparecer, con buena cara, ante los electores.


La verdadera filosofía económica del Proyecto de Ley de PGE para el

año 2000 responde, sin embargo, a otra motivación bien distinta al

cumplimiento al dictado de las condiciones del llamado Pacto de

Estabilidad impuesto por la Unión Monetaria Europea e impuesto, a su

vez, por el Gobierno a todos los ciudadanos/as, sin mediar consulta

previa.


La aplicación a la reducción del déficit público de los ingresos

obtenidos por la dilapidación del sector público empresarial a lo

largo de esta legislatura, así como la excesiva reducción del mismo

prevista en este proyecto de presupuestos, incrementada por el exceso

de todos los derechos reconocidos sobre los inicialmente previstos,

es decir, es todo un lujo para un Estado que ostenta simultáneamente

la mayor tasa de paro de la UE y los niveles más bajos de

prestaciones sociales, que sólo se puede explicar bajo dichas

condiciones de estabilidad.


A lo largo de esta legislatura y, mediante sucesivas modificaciones,

el Gobierno ha conseguido convertir el Sistema Fiscal del Estado

español en un sistema radicalmente regresivo, donde el Impuesto sobre

el Valor Añadido se erige en la principal figura recaudatoria. En las

previsiones de ingresos contenidas en este Proyecto de Ley de

Presupuestos la recaudación por impuestos indirectos

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supera ampliamente a la recaudación derivada de la imposición

directa.


La evolución de los precios durante este año ha contribuido

sustancialmente a elevar los ingresos por impuestos indirectos, muy

especialmente la recaudación por IVA y por el impuesto especial de

hidrocarburos, y el Sistema Fiscal diseñado por el Gobierno ha

contribuido a elevar los precios. En un sistema basado en la

imposición indirecta, cuanto más suben los precios y, por lo tanto,

cuanto más se deteriora la capacidad adquisitiva de los

contribuyentes, más suben los ingresos fiscales y, mayor es, el

esfuerzo fiscal de los contribuyentes con rentas más bajas.


La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que

entró en vigor al comienzo del presente ejercicio y que ya está

dejando sentir sus efectos no hará sino acentuar este carácter

regresivo.


Mientras asistimos a un proceso de convergencia de precios a nivel

europeo -los precios en el Estado español crecen más rápidamente que

en los países del centro de la Unión Europea, que partían con niveles

de precios más altos- no ocurre lo mismo con los salarios y las

prestaciones sociales, lo que se traduce en un proceso de divergencia

en términos reales. Numerosos colectivos de trabajadores verán

reducidos sus salarios reales por no haber previsto cláusulas de

revisión en sus convenios colectivos, de ellos, el caso de los

funcionarios públicos es uno de los más sangrantes por sufrir una

situación de congelación salarial prolongada durante los últimos

años. La previsión de actualización salarial del 2 por 100 contenida

en el proyecto de presupuestos para este colectivo, contribuirá a

deteriorar, todavía más, su poder de compra.


Divergencia con respecto a la media de la UE y también divergencia

interna, dentro del Estado, entre las distintas comunidades autónomas

y naciones que lo integran. Los Presupuestos Generales del Estado

para el año 2000 demuestran claramente la inexistencia de una

política efectiva de redistribución y de equilibrio territorial en el

Estado español. Después de cuatro años de Gobierno del Partido

Popular, las comunidades beneficiarias del Fondo de Compensación

Interterritorial siguen siendo las mismas que al principio de la

legislatura, porque ninguna de ellas ha alcanzado el nivel mínimo del

75 por 100 de la renta media de la UE.


Desde 1996 las dotaciones para el FCI descienden en términos reales y

lo mismo sucede en el actual proyecto de presupuestos.


La política económica del Gobierno no contribuye a reducir las

diferencias territoriales, muy al contrario, como se puede comprobar

en el detalle de inversiones territorializadas para el año 2000, la

política de inversiones reales del Gobierno contribuye a incrementar

las diferencias. Naciones como Galicia, que arrastran un enorme

déficit histórico en inversiones públicas estatales, se ven excluidas

de proyectos billonarios en materia de infraestructuras; ni se acaban

las autovías, ni se mejoran los puertos, ni los aeropuertos, ni se

invierte en materia de medio ambiente, ni, por supuesto, llega el

tren de alta velocidad (el de velocidad alta, tampoco). Por todo

ello, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de

Presupuestos para el año 2000.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1999.-

Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado. Guillerme Vázquez Vázquez,

Diputado.-Pilar Rahola i Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario

Mixto.


ENMIENDA NÚM. 2

PRIMER FIRMANTE:


Don José María Chiquillo Barber (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Chiquillo Barber, Diputado de Unió Valenciana, adscrito al

Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en los

artículos 110 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara

tiene el honor de presentar la siguiente Enmienda a la Totalidad al

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año

2000, con solicitud de devolución del mencionado Proyecto de Ley al

Gobierno para su reforma, todo ello, en virtud de la siguiente:


JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año

2000, que ha confeccionado el Gobierno del Partido Popular, se

enmarca dentro de un contexto económico excesivamente optimista, ya

que el escenario macroeconómico previsible para el 2000 es similar al

actual y aún se padecerán las secuelas de la crisis financiera

internacional de los últimos años, a lo que hay que sumar la

aparición de nuevas amenazas: la tendencia alcista de la inflación y

unos tipos de interés en alza.


Es muy aventurado estimar que se va a alcanzar una tasa de inflación

del 2 por 100 cuando se está produciendo un fuerte aumento de la

demanda interna y la política monetaria europea es demasiado

expansiva para la coyuntura española. De hecho, el Gobierno ha tenido

que rectificar sus expectativas para finales del 99, ya que la

trayectoria de los precios durante el presente año no se ha ajustado

a los datos estimados en primera instancia.


Durante el 99, el incremento de los precios del petróleo ha provocado

un retroceso de la oferta en los países industrializados que está

repercutiendo negativamente en la inflación, con el agravante de que

en España sus efectos están siendo más acentuados que en el resto de

países de la zona euro, inclusive tras la adopción de medidas

gubernamentales para contener los rebrotes inflacionistas; lo cual

subsiguientemente influirá negativamente en la actividad económica y

en el empleo.


Así las cosas, el comportamiento previsto para la inflación es

inaceptable a sabiendas de la importancia de acercar la tasa de

inflación española a las europeas, pues

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si se agudiza el diferencial entre la tasa española y las del resto

de países europeos no se produciría el esperado incremento de

exportaciones, lo que supondría una pérdida de competitividad para la

economía española, con el riesgo de no alcanzar las previsiones de

crecimiento económico y de crecimiento del empleo. Además, el no

cumplimiento del nivel de inflación estimada provocará una importante

desviación del gasto al alza, a la vez que rebajará el poder

adquisitivo de los ciudadanos, especialmente de pensionistas y

funcionarios.


Tampoco hay que olvidar que la mejora de la realidad económica

durante los últimos años se ha sustentado, en buena medida, en la

evolución positiva de los tipos de interés, y actualmente las

expectativas señalan una tendencia alcista, lo cual provocaría un

retroceso de la demanda interna.


Las perspectivas del Gobierno respecto a la creación de empleo hay

que considerarlas más que dudosas, ya que no se anuncian políticas de

empleo ambiciosas que consigan superar este problema estructural,

además, son insuficientes las medidas previstas para consolidar el

empleo estable, ya que la búsqueda, a toda costa, de la disminución

en el número de parados deriva en una despreocupación del Gobierno

por la precariedad laboral existente.


Hay que reseñar que el problema del desempleo es más acentuado en la

Comunidad Valenciana por cuanto los efectos del crecimiento económico

en el empleo no alcanzan en la misma proporción a toda la geografía

española, y en nuestra autonomía se vienen registrando durante años

tasas de paro por encima de la media nacional. A lo que hay que sumar

que la Comunidad Valenciana registra un salario medio de 191.985

pesetas/mes frente a la media española que se sitúa en 211.920

pesetas/mes.


El sistema de fiscalidad español mantiene la regresividad como en

ejercicios pasados. Al sobrepasar la recaudación por impuestos

indirectos a los ingresos por imposición directa, no se discrimina en

función de la renta de los ciudadanos y el peso fiscal no se

distribuye justamente, ya que no prima la capacidad económica de las

personas como factor determinante del gravamen tributario.


Que la consignación presupuestaria en gasto social haya aumentado

respecto al pasado ejercicio únicamente es una cuestión totalmente

intencionada ante la proximidad de las elecciones generales, y que no

evidencia una preocupación real del Gobierno por estas materias, que

se traduzca en niveles de gastos similares en el futuro.


En conclusión, estos presupuestos no abordan con efectividad

problemas y desequilibrios territoriales importantes que padecen las

regiones españolas -entre ellas la Comunidad Valenciana-, respecto a

inversión pública, expansión del crecimiento económico, o incrementos

en los niveles de renta.


Así, es desconcertante que el Gobierno condicione la recuperación del

crecimiento económico al impulso de las exportaciones, expectativa

que de cumplirse significaría que la Comunidad Valenciana -segunda

autonomía en comercio exterior- sería un motor importante para el

crecimiento económico en todo el ámbito estatal. Y que en

contrapartida se continúe postergando inversiones públicas

fundamentales para la competitividad productiva valenciana.


Así pues, la inversión pública según el presupuesto consolidado

subirá un 8,3 por ciento respecto a los pasados presupuestos, pero en

la Comunidad Valenciana se mantiene la misma tónica que en ejercicios

pasados registrando la inversión por habitante más baja de toda

España y que se cifra en la mitad de la inversión media estatal.


Esto quiere decir que el esfuerzo inversor del que hace gala el

Gobierno en los Presupuestos para el 2000 no alcanza ni de lejos a la

Comunidad Valenciana, donde persisten año tras año las mismas

carencias presupuestarias que restringen la competitividad de la

economía valenciana e impiden afrontar con garantías un expansivo

crecimiento de la actividad empresarial.


También este año el estado español privará a los valencianos de

inversiones primordiales para potenciar el correcto desarrollo de sus

sectores económicos y su calidad de vida. Son fundamentales mayores

inversiones, sobre todo en materia de infraestructura ferroviaria y

aeroportuaria, así como en proyectos medioambientales que solventen

las actuales carencias hídricas y permitan paliar los problemas de

escasez de agua en nuestras tierras.


El comportamiento del Estado para con los valencianos es claramente

agraviante, ya que, también, hay que denunciar que ha incumplido en

un 2,6 por ciento los recursos comprometidos para la Comunidad

Valenciana en el 2000 por la Ley de Presupuestos del 99; además, los

presupuestos de ejercicios anteriores contenían niveles de inversión

ridículos y aún así arrastran niveles de ejecución muy bajos, lo cual

implica que los escasos fondos destinados a nuestra autonomía se

materializan a un ritmo lentísimo.


Madrid, 18 de octubre de 1999.-José María Chiquillo Barber,

Diputado.-Pilar Rahola i Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario

Mixto.


ENMIENDA NÚM. 3

PRIMER FIRMANTE:


Doña Begoña Lasagabaster Olazábal (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster

Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna (EA), al amparo de lo

dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente

enmienda de totalidad por la que se propone la devolución del

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año

2000.


JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales para el año 2000 han sido elaborados,

según el Gobierno, para cumplir dos grandes objetivos: la creación de

empleo y la mejora y

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garantía del futuro del sistema de protección a la vez que pretende

una reducción importante del déficit público.


Resultan ser, estos presupuestos, unos presupuestos contradictorios y

en los que el cumplimiento de los objetivos depende de previsiones

que resultan más voluntariosas que creíbles.


Así, aunque posible, parece poco probable que el crecimiento para el

próximo año sea de 3,7% como sostiene el Gobierno sin excesiva

justificación para el mantenimiento de esta creencia. Tampoco explica

cómo se verá reducida la inflación desde el 2,5% hasta la cifra

objetivo.


Estas cuestiones resultan vitales para poder hacer frente a los

elementos expansivos del gasto que se recogen en los Presupuestos,

por otra parte, elementos estos que en muchos casos son objeto de una

magnificación por parte del Gobierno que supera la realidad de los

mismos.


En otro orden de cosas, los Presupuestos para el año 2000 siguen la

tendencia iniciada en anteriores ejercicios, acentuada en éste,

estableciendo una recaudación mayor indirecta que directa.


Así la recaudación por los impuestos indirectos (45,61 por 100)

superará a la recaudación obtenida por los impuestos directos (42,8

por 100), lo que implica una pronunciada regresividad del sistema

fiscal.


En lo que se refiere a la inversión pública tanto en infraestructuras

como en Investigación y Desarrollo tan necesarias para un crecimiento

sostenido como para el objetivo de lograr una convergencia real,

aunque aumenta para el año 2000, sin embargo, no recupera la

paralización de la misma producida en ejercicios presupuestarios

anteriores; en concreto, 1996 y 1997. Así el déficit de

infraestructuras seguirá probablemente incrementando con respecto a

los países de la UE.


Estos Presupuestos siguen siendo insolidarios en lo referente, no

sólo al ámbito interno del Estado sino también al externo.


Al término de esta Legislatura el Gobierno no ha cumplido los

compromisos adquiridos por el Partido Popular en cuanto a la

asignación del 0,7% del PIB destinado a Ayuda al Desarrollo.


Por último, y no menos relevante, al finalizar la Legislatura el

Gobierno sigue sin cumplir las previsiones contenidas en el Estatuto

de Autonomía del País Vasco, no habiendo procedido a la transferencia

de competencias tan relevantes para el autogobierno de la Comunidad

Autónoma del País Vasco como las relativas a la gestión del régimen

económico de la Seguridad Social (artículo 18, Estatuto de Autonomía

del País Vasco) o la relativa a la Investigación Científica y Técnica

en coordinación con el Estado (artículo 10.16 del Estatuto de

Autonomía del País Vasco), además de otras competencias referentes a

materias socio-laborales o empleo y formación como prestaciones por

desempleo, intermediación, promoción y gestión del empleo, formación

profesional, regulación Instituto Nacional de la Seguridad Social,

inspección de trabajo o fondo de garantía salarial.


Han transcurrido casi veinte años de la aprobación del Estatuto sin

que hasta la fecha hayan sido cumplidos por la Administración Central

los compromisos que en el mismo se contienen.


Por todas estas razones, Eusko Alkartasuna presenta esta Enmienda de

Totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000

con solicitud de devolución de los mismos.


Madrid, 18 de octubre de 1999.-Begoña Lasagabaster Olazábal,

Diputada.-Pilar Rahola i Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario

Mixto.


ENMIENDA NÚM. 4

PRIMER FIRMANTE:


Don Diego López Garrido (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el

artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo

Mixto formula enmienda de devolución a la totalidad del Proyecto de

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (núm.


expte. 121/000186), a instancia de los Diputados de Nueva Izquierda.


JUSTIFICACIÓN

En el contexto de un año electoral, el Gobierno propone unos

Presupuestos Generales del Estado que renuncian a adoptar soluciones

eficaces para reducir la inflación, principal diferencial de nuestro

país con respecto a la Unión Europea, con grave merma de la

competitividad, pero sobre todo con especial quebranto de las

condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos. El Gobierno,

así, no plantea medidas que, aun pudiendo incomodar a minorías

implantadas en sectores oligopólicos, tengan un efecto de reducción

efectiva de la inflación, mientras carga un año más el coste de la

misma sobre los empleados públicos que vuelven a perder poder

adquisitivo.


Con estos Presupuestos, el Gobierno prosigue su regresiva política de

fomento de la desigualdad social en nuestro país, fundamentalmente

mediante la continuación de la contrarreforma fiscal y de sus

actuaciones para poner en manos privadas servicios públicos

esenciales, como la Sanidad y la Educación.


No contempla tampoco el Gobierno, en estos Presupuestos, medidas

efectivas suficientes para la creación de empleo, renunciando a

desarrollar acuerdos con las organizaciones sindicales para la

implantación de la semana laboral de treinta y cinco horas, y

limitándose, un año más, a establecer bonificaciones a favor de los

empresarios por la realización de determinadas contrataciones.


A ello, debe añadirse la decisión de no mejorar ni ampliar las

prestaciones por desempleo en un ciclo económico alcista, lo que se

traduce en la nueva disminución de la partida presupuestaria

destinada a la cobertura de desempleo.


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Siguen, por otro lado, sin cumplirse mínimamente los compromisos

preelectorales del Partido Popular, en cuanto a la asignación del 0,7

por 100 del PIB para la Ayuda al Desarrollo, por lo que son también,

en cuanto a su proyección exterior, unos Presupuestos insolidarios.


También es especialmente rechazable el escaso interés de este

Gobierno por los problemas ambientales, que presupuestariamente se

traducen en un incremento de las inversiones del Ministerio de Medio

Ambiente bastante inferior al que experimenta el conjunto de la

inversión estatal. Además, en el conjunto de inversiones que se

prometen, se echa en falta la introducción de criterios de

sostenibilidad que reduzcan su impacto ambiental y racionalicen el

uso de los recursos.


En conclusión, son estos unos Presupuestos que reflejan fielmente la

política económica y social del Gobierno del Partido Popular,

favorecedora de desigualdades y claramente tendente a la

desprotección de los grupos especialmente vulnerables de la sociedad.


Por todo ello, Nueva Izquierda propone la devolución al Gobierno de

este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año

2000.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1999.-Diego

López Garrido, Diputado.-Manuel Alcaraz Ramos, Diputado.-Ricardo

Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 5

PRIMER FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo

Parlamentario de Izquierda Unida, presenta la siguiente enmienda a la

totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales

del Estado para el año 2000 (121/000186).


JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 elaborados por

el Gobierno del Partido Popular, renuncian a trasladar el crecimiento

económico a todos los ciudadanos construyendo un modelo social justo

y estable y continúan la línea neoliberal que ha caracterizado la

política económica del Gobierno en los últimos cuatro años. Así, los

objetivos que se consideran prioritarios son la reducción del déficit

público, la contención de los precios y de costes laborales y la

liberación de una cada vez mayor cantidad de recurso hacia el sector

privado y los excedentes empresariales, profundizando un sistema

fiscal regresivo y relegando la aplicación

de necesarias políticas de gasto social y de dotación de

inversión pública imprescindibles para equiparar a nuestro país con

el área del euro y la UE. Pero es que además estos presupuestos nacen

con pies de barro en sus previsiones macroeconómicas por la

incapacidad del Gobierno para controlar la inflación, a pesar de los

dos paquetes de medidas aprobados a lo largo del año, con medidas

como la rebaja del precio de la bombona de butano, hidrocarburos y

telecomunicaciones, por lo que España se sitúa actualmente en el

doble de la media europea en inflación.


El Gobierno desarrolla una política de derechas alineada con una

minoría de la sociedad y alejada de las necesidades de nuestra

sociedad que debería avanzar hacia la convergencia real con Europea

mediante un esfuerzo diferencial tanto en niveles de protección

social y empleo como de infraestructuras públicas. Para el Gobierno

el único requisito realmente importante es la convergencia nominal en

precios y déficit público, al margen de que los indicadores de la

economía real se alejen de los objetivos ampliamente aceptados por la

sociedad española.


Según el Gobierno, la economía española crecerá en el año 2000 a un

ritmo similar al de 1999 (3,7 por ciento), con un aumento previsto de

precios del 2 por ciento, reduciéndose el déficit del Estado hasta el

0,8 por ciento y con un crecimiento del empleo del 2,7 por ciento.


Para el gasto público se estima un crecimiento en términos reales del

2,6 por ciento, inferior en 1,1 puntos al de la economía.


Las cuentas públicas que hoy nos propone el Gobierno vienen avaladas

por un pésimo nivel de ejecución y están sometidas a diversas

operaciones de maquillaje contable. El crecimiento del PIB no se

acompaña de una mejor utilización del gasto público como elemento de

distribución ni de un esfuerzo parecido en creación de empleo. Este

último crecería para el año próximo 0,5 puntos por debajo de lo

previsto para 1999, aun cuando el crecimiento del PIB se estima

idéntico en ambos años.


El patrón de la economía española que se consolida en estos dos

últimos años de legislatura apunta a un modelo de crecimiento sesgado

en contra de los salarios y favorable a los beneficios y a una

política de gasto e ingresos públicos que agrava la regresividad

inicial, al limitar el gasto en las áreas sociales y cargar la

presión fiscal básicamente en los salarios y el consumo. La evolución

de los costes laborales unitarios nominales, resultado de las subidas

salariales previstas y de la mejora de la productividad, pone al

descubierto la pérdida de participación de los salarios en la renta

nacional, como ejemplo del carácter conservador y regresivo del

crecimiento económico.


La propuesta presupuestaria del Gobierno y su trámite en la Cámara

tiene como objetivo fundamental financiar el apoyo político de sus

socios, utilizando los PGE-2000 como instrumento de pago de las

peticiones bilaterales de los gobiernos autonómicos que le apoyan,

agrandando los agravios comparativos entre Comunidades Autónomas

y sus territorios y apostando por proyectos grandilocuentes poco

vertebradores del territorio.


Pero incluso los objetivos del Gobierno arrojan seriasdudas porque a

pesar de la moderación salarial y el recorte

310

del déficit público los precios siguen alejándose de los objetivos

iniciales. Ala fecha actual, y con el dato de IPC de septiembre, no

puede asegurarse que el objetivo anual para el año en curso pueda

cumplirse aun habiendo sido revisado recientemente hasta el 2,4 por

ciento. Por otra parte, el déficit público puede resentirse a medio

plazo en cuanto las diversas operaciones de ingeniería contable

agoten su eficacia y el coste en recursos públicos de la reforma del

IRPF manifieste toda su intensidad en la fase descendentes del ciclo

económico.


El Gobierno está acompañando la presentación de los presupuestos

generales con una amplia campaña de propaganda y publicidad a la que

ha destinado varios centenares de millones, con el objetivo de dar un

barniz electoralista a los pequeños acuerdos sociales en materia de

pensiones o función pública. El maquillaje o espejismo social es más

un deseo electoral que un compromiso cuantitativo con las políticas

sociales. Por ejemplo, los empleados públicos, cuyos sueldos se

convierten en referencia para el sector privado, han perdido un 10

por ciento del poder adquisitivo entre 1992 y 1997, y en 1999 pueden

volver a perder un 0,6 por ciento. Para el año 2000 el Gobierno ha

renunciado a recuperar esta pérdida, al tiempo que sigue

privilegiando a los colectivos de funcionarios más influyentes

mediante sistemas retributivos complementarios faltos de

transparencia.


En cuanto a la protección por desempleo el gasto presupuestario

desciende un 3,2 por ciento en términos reales. Ello significa que

sólo el 44,7 por ciento de los parados tendrán cobertura en el

próximo año. Puede compararse esta situación con los 700.000 millones

estimados de coste de la reforma del IRPF para apreciar hasta dónde

alcanza el esfuerzo social de los presupuestos para el 2000; o,

también, con la reducción de las cotizaciones por desempleo en 0,25

puntos que supondrá un coste aproximado de 40.000 millones.


El gasto total en pensiones, que ha tenido un impulso puntual para

contributivas y no contributivas, crecerá el próximo año al mismo

ritmo que el PIB, representando en ambos años, 1999 y 2000, el mismo

porcentaje, 8,8 por ciento del PIB, pero no se realiza un esfuerzo de

manera continuada por lo que no se recorta el diferencial con

relación a la UE en este capítulo; según los últimos datos de

EUROSTAT el gasto en protección social en España es inferior en 6,3

puntos a la media europea. La constitución del Fondo de Reserva

dotándole con 60.000 millones sigue sin dar respuesta a la necesaria

aportación que el Estado debería efectuar para el complemento de

mínimos de pensiones y que mostraría un superávit de las cuentas de

la Seguridad Social de 700.000 millones.


El Gobierno camufla en activos financieros actuaciones inversoras

desde todos los Ministerios en cantidades superiores al medio billón,

para sortear los criterios de déficit, y lo que es más grave, con el

fin de privatizar la inversión pública reduciendo transparencia tanto

en las prioridades de las obras a acometer como en la adjudicación de

las mismas.


La inversión pública no se corresponde con la de un país que crece

por encima de 4 billones al año. Al margen de la dificultad para

realizar comparaciones, la inversión del Estado se situaría el año

próximo en el 1,9 por

ciento del PIB, 3,4 por ciento para el conjunto de Administraciones

Públicas, muy lejos del 5 por ciento que representó en 1990. Estas

cifras tampoco se corresponden con la necesidad de infraestructuras

de nuestro país para converger productivamente con la UE.


Por la parte de los ingresos públicos, estos crecerán para el año

2000 manteniendo la presión fiscal (impuestos sobre el PIB) en el

16,95 por ciento. Pero el mantenimiento de esta presión fiscal se

consigue con una distribución cada vez más regresiva al aumentar su

peso la imposición indirecta y perdiendo protagonismo el IRPF en la

recaudación. Por primera vez, en el año 2000, la recaudación por IVA

superará a la del IRPF. Además, el tratamiento fiscal de los salarios

empeora con la reforma del IRPF, aumentando su participación en el

total del tributo.


Los gastos fiscales previstos para el próximo año se elevan hasta los

5,89 billones de pesetas suponiendo el 35 por ciento de los ingresos

fiscales previstos. Se produce un importante aumento con respecto al

año anterior. Sólo los incentivos fiscales a la inversión y el ahorro

suponen 700.000 millones de pesetas, en la mayoría de los casos sin

justificación económica.


La financiación autonómica es uno de los mayores fracasos de esta

legislatura. Después de tres años ninguna Comunidad percibe el 30 por

ciento del IRPF, sigue sin articularse un modelo estable alejado de

los apoyos políticos coyunturales que distorsiona el sistema de forma

similar a la distribución territorial de las inversiones. En

cualquier caso es el Estado el que acaba pagando, con la revisión del

nuevo modelo operada en 1998, el coste de la reforma fiscal,

provocando, además, creciente desigualdades entre unas CC.AA. y otras

por la mala aplicación práctica del principio de corresponsabilidad

fiscal. El Fondo de Nivelación que era una innovación de este

Gobierno y que empezó a aparecer en los presupuestos del año 1997,

tras cuatro ejercicios presupuestarios, sigue sin hacerse efectivo,

mientras que sí se ha utilizado el fondo compensatorio para compensar

a las Comunidades Autónomas en sus pérdidas por capacidad de ingresos

del IRPF.


Las Haciendas Locales seguirán siendo el próximo año las perdedoras

del nuevo modelo de articulación del Estado. No sólo por la escasez

permanente de recursos para afrontar las competencias, que ya

existían, sino porque a raíz del llamado pacto local deberían asumir

otras nuevas competencias para las que no existe financiación. El

abandono de los Municipios no obsta para que el Gobierno acabe

primando por cauces oscuros a aquellos con los que mantiene

afinidades políticas.


La creación del Ministerio de Medio Ambiente en esta Legislatura como

un gran compromiso del Gobierno, se ha quedado en un brindis al sol,

puesto que el presupuesto es insignificante después de cuatro años,

quedando reducido a la escasa actuación en políticas de aguas y

siendo la cuantía global del Ministerio en conjunto inferior a la de

una Dirección General como la de Carreteras. Esto hace que el

Ministerio de Medio Ambiente sea más un Ministerio marginal que el

Ministerio globalizador de políticas más rigurosas con el medio

ambiente de todos los Departamentos del Gobierno, es decir, hacer

compatible con el medio ambiente las

311

actuaciones en industria, energía, Fomento, carreteras y ferrocarril,

agricultura, etcétera.


Por último, no puede olvidarse el trasvase recursos que se opera

desde el sector público al privado en áreas como la educación o la

sanidad. La potenciación de la escuela privada en detrimento de la

pública y la privatización que quiere imponerse mediante la vía de

las Fundaciones sanitarias no sólo no reduce el coste para el Estado

sino que, además, privilegia a unos sectores de la población en

perjuicio de la mayoría de los ciudadanos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1999.-Pedro

Antonio Ríos Martínez, Diputado. Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del

Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


ENMIENDA NÚM. 6

PRIMER FIRMANTE:


Grupo Socialista del Congreso

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de

dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo

110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar

la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, publicado en

el «B.O.C.G.», serie A, número 186, de 29 de octubre de 1999 (núm.


exp. 121/000186).


MOTIVACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 están

elaborados, así se deduce de las explicaciones y documentación

aportada, bajo unas premisas de alto crecimiento de la economía

mundial, de estabilidad del marco financiero internacional, de la

mejora de competitividad de la economía española y de un escenario de

los ingresos basado única y exclusivamente en el ciclo económico.


Marco que resulta, a juzgar del conocimiento de la evolución de

múltiples índices económicos y las tendencias internacionales, poco

creíble para sustentar con rigor del actual Presupuesto.


Nuevamente, el análisis de los gastos y las prioridades marcadas por

el Gobierno quedan superadas por la realidad actual en la que el

desfase entre presupuesto y gasto real (obligaciones reconocidas) es

evidente. Lo que parece una política incrementalista, no es tal a la

luz de la realidad actual.


Por ello, estos Presupuestos son claramente insuficientes de cara a

las necesidades de la sociedad española y se ven frustradas las

lógicas ansias de amplios colectivos de nuestra sociedad (mundo del

trabajo, educación, sanidad...), que tras años de importante

crecimiento económico

han visto uno y otro ejercicio que los poderes públicos no

daban respuestas a sus lógicas demandas.


La necesaria modernización de España, la superación de las

desigualdades sociales y territoriales, el acercamiento de los

servicios básicos a los ciudadanos, la mejora de la competitividad de

la economía española están insuficientemente tratadas en los

Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.


El Gobierno mantiene así una lógica conservadora del papel del

Presupuesto como instrumento de solidaridad, el Gobierno consolida

una política de los ingresos ajena a la necesidad de la mayor parte

de la sociedad y presenta una política de Gasto Público con la que es

difícil coincidir tanto por la distribución de los principales

programas de gasto como por la perseverancia de mantener la filosofía

de diferir a futuro importantes cantidades de gasto público.


Por todo ello, pedimos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1999.-Luis

Martínez Noval, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.


ENMIENDA NÚM. 7

PRIMER FIRMANTE:


Don Joan Saura Laporta (Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el

artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo

Mixto formula enmienda de devolución a la totalidad del Proyecto de

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (expte.


núm. 121/000186), a instancia del Diputado Joan Saura Laporta y la

Diputada Mercè Rivadulla Gracia (Iniciativa per Catalunya-Verds).


JUSTIFICACIÓN

Iniciativa per Catalunya-Verds propone al Congreso de los Diputados

la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos

Generales del Estado para el 2000, por distintos motivos, entre los

que cabe destacar la deficiente política de empleo y protección a los

parados, de la que pueden realizarse una crítica de tres puntos.


La aportación de la administración del Estado a las políticas de

empleo y de protección por desempleo es de 45.000 millones de

pesetas, cantidad que merece la calificación de testimonial, si

consideramos que el total del presupuesto es de dos billones de

pesetas. De esta forma, dichas políticas se financian con las

cotizacionessociales de formación y desempleo más la aportación del

312

Fondo Social Europeo. Según cálculos de Comisiones Obreras, en la

práctica, esto puede comportar un excedente presupuestario de 30.000

millones de pesetas.


Actualmente -como ya afirmamos en el último debate del estado de la

nación- más de la mitad de personas paradas no cobran ninguna

cobertura de desempleo, un problema de bienestar social que

calificamos como el más importante del Estado y que no había merecido

ninguna referencia en el discurso que realizó el Presidente del

Gobierno. Pues bien, el proyecto de Ley de PGE para el 2000 no

registra ninguna línea de trabajo como la que los sindicatos

mayoritarios propusieron al Gobierno: extender el subsidio a las

personas paradas con cargas familiares y a las mayores de 45 años de

larga duración, que no perciben ningún tipo de prestación. Estamos

refiriéndonos a un colectivo de 300.000 personas que se encuentra

entre los más necesitados de la sociedad. Ya en su momento nos

cuestionamos la sensibilidad social de este Gobierno y se confirma

con la redacción de dicho presupuesto que, muy probablemente,

conseguirá, al final del ejercicio, un superávit real de las

cotizaciones por desempleo respecto a las prestaciones económicas,

calculado en unos 500.000 millones de pesetas, aproximadamente.


Otra valoración negativa es la que hacemos respecto al aumento

insuficiente en los programas de formación y empleo (un 6,28 por

ciento respecto a 1999) y, a pesar que existe un incremento mayor en

los programas de contratación, escuelas taller, talleres empleo,

etc., todos ellos siguen siendo una parte muy pequeña del conjunto de

las políticas activas. Además, no se ha producido la reorientación

que los sindicatos mayoritarios habían reclamado hacia los programas

de empleo, que son los que permiten adquirir una experiencia

profesional y, al mismo tiempo, están retribuidos.


En materia fiscal, el PGE profundizan en un modelo de redistribución

de riqueza injusto -que Iniciativa Verds viene denunciando desde el

año 1998- para la mayoría de la población y que perjudica a las

personas con menos recursos.


Dichos motivos, entre otros, son los que nos permiten calificar el

proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000

de insolidario y de regresivo, una vez más, respecto al Estado del

Bienestar.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1999.-Mercè

Rivadulla Gracia, Diputada.-Joan Saura Laporta, Portavoz Adjunto del

Grupo Parlamentario Mixto.