Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 67-11, de 15/10/1997
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie A:
PROYECTOS DE LEY 15 de octubre de 1997 Núm. 67-11
APROBACION POR EL PLENO
121/000062Sector Eléctrico.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del pasado día
9 de octubre de 1997, ha aprobado, con el texto que se inserta a
continuación, el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico (núm. expte.
121/62), tramitado por el procedimiento de urgencia.
Se ordena la publicación en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO (EXPED. N.º 121/62), APROBADO POR EL
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN SESION CELEBRADA EL DIA 9 DE
OCTUBRE DE 1997.
Exposición de Motivos
El suministro de energía eléctrica es esencial para el
funcionamiento de nuestra sociedad. Su precio es un factor decisivo de la
competitividad de buena parte de nuestra economía. El desarrollo
tecnológico de la industria eléctrica y su estructura de
aprovisionamiento de materias primas determinan la evolución de otros
sectores de la industria. Por otra parte, el transporte y la distribución
de electricidad constituyen un monopolio natural: se trata de una
actividad intensiva en capital, que requiere conexiones directas con los
consumidores, cuya demanda de un producto no almacenable --como la
energía eléctrica-- varía en períodos relativamente cortos de tiempo.
Además, la imposibilidad de almacenar electricidad requiere que la oferta
sea igual a la demanda en cada instante de tiempo, lo que supone
necesariamente una coordinación de la producción de energía eléctrica,
así como la coordinación entre las decisiones de inversión en generación
y en transporte de energía eléctrica. Todas estas características
técnicas y económicas hacen del sector eléctrico un sector necesariamente
regulado.
La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer
la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo
de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho
suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello
sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere
especial relevancia dadas las características de este sector económico.
Sin embargo, a diferencia de regulaciones anteriores, la presente Ley se
asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico,
su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la que
la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el
Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que
integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio
público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida
de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía
del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro
del territorio nacional. La explotación unificada del sistema eléctrico
nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal
desarrollado por el Estado mediante una sociedad de mayoría pública y sus
funciones son asumidas por dos sociedades mercantiles y privadas,
responsables respectivamente de la gestión económica y técnica del
sistema. La gestión económica del sistema, por su parte, abandona las
posibilidades de una optimización teórica para basarse en las decisiones
de los agentes económicos en el marco de un mercado mayorista organizado
de energía eléctrica.
La planificación estatal, por último, queda restringida a las
instalaciones de transporte, buscando así su imbricación en la
planificación urbanística y en la ordenación del territorio. Se abandona
la idea de una planificación determinante de las decisiones de inversión
de las empresas eléctricas, que es sustituida por una planificación
indicativa de los parámetros bajo los que cabe esperar que se desenvuelva
el sector eléctrico en un futuro próximo, lo que puede facilitar
decisiones de inversión de los diferentes agentes económicos.
El propósito liberalizador de esta Ley no se limita a acotar de
forma más estricta la actuación del Estado en el sector eléctrico. A
través de la oportuna segmentación vertical de las distintas actividades
necesarias para el suministro eléctrico, se introducen cambios
importantes en su regulación. En la generación de energía eléctrica, se
reconoce el derecho a la libre instalación y se organiza su
funcionamiento bajo el principio de libre competencia. La retribución
económica de la actividad se asienta en la organización de un mercado
mayorista. Se abandona el principio de retribución a través de unos
costes de inversión fijados administrativamente a través de un proceso de
estandarización de las diferentes tecnologías de generación eléctrica.
El transporte y la distribución se liberalizan a través de la
generalización del acceso de terceros a las redes. La propiedad de las
redes no garantiza su uso exclusivo. La eficiencia económica que se
deriva de la existencia de una única red, raíz básica del denominado
monopolio natural, es puesta a disposición de los diferentes sujetos del
sistema eléctrico y de los consumidores. La retribución del transporte y
la distribución continuará siendo fijada administrativamente evitándose
así el posible abuso de las posiciones de dominio determinadas por la
existencia de una única red. Asimismo, para garantizar la transparencia
de esta retribución, se establece para las empresas eléctricas la
separación jurídica entre actividades reguladas y no reguladas en cuanto
a su retribución económica.
La comercialización de energía eléctrica adquiere carta de
naturaleza en la presente Ley. No se trata de una posibilidad sometida a
la consideración del Gobierno, sino de una realidad cierta, materializada
en los principios de libertad de contratación y de elección de
suministrador que se consagra en el texto. Se establece un período
transitorio para que el proceso de liberalización de la comercialización
de la energía eléctrica se desarrolle progresivamente, de forma que la
libertad de elección llegue a ser una realidad para todos los
consumidores en un plazo de 10 años.
De esta forma, se configura un sistema eléctrico que funcionará bajo
los principios de objetividad, transparencia y libre competencia, en el
que la libre iniciativa empresarial adquirirá el protagonismo que le
corresponde. Todo ello sin perjuicio de la necesaria regulación propia de
las características de este sector, entre las que destacan la necesidad
de coordinación económica y técnica de su funcionamiento.
La presente Ley incorpora a nuestro ordenamiento las previsiones
contenidas en la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior
de electricidad. Se trata de una directiva que permite la coexistencia de
distintas formas de organización del sistema eléctrico, en las que
introduce aquellas exigencias que son indispensables para garantizar la
convergencia paulatina hacia un mercado europeo de electricidad.
El presente texto legal también supone la plasmación normativa de
los principios del Protocolo suscrito entre el Ministerio de Industria y
Energía y las principales empresas eléctricas el 11 de diciembre de 1996.
El citado Protocolo, carente de la eficacia normativa de toda norma
general, supuso la concreción de un diseño complejo y global de
transición de un sistema intervenido y burocratizado a un sistema más
libre de funcionamiento del sector. Supuso, asimismo, el acuerdo con los
principales agentes económicos de la industria sobre una profunda
modificación del sistema retributivo hasta ahora vigente y sobre el
escalonamiento progresivo de las distintas etapas conducentes a la
liberalización del mercado. El Protocolo se configuró, en definitiva,
para que, considerado en toda su extensión, fuese elemento inspirador de
un profundo proceso de cambio.
El sector eléctrico tiene unas caractéristicas de complejidad
técnica que hacen necesario garantizar que su funcionamiento en un marco
liberalizado se produzca sin abusos de posiciones de dominio y con
respeto estricto a las prácticas propias de la libre competencia. Por
ello, en la presente Ley se dota a la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico de amplias facultades en materia de solicitud de información y
de resolución de conflictos, y se arbitra su colaboración con las
instancias administrativas encargadas de la defensa de la competencia.
Simultáneamente, se escalonan con más precisión los ámbitos de actuación
de la Administración General del Estado y de la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico, se mejoran los mecanismos de coordinación entre ambos
y se dota de mayor continuidad a las labores de la Comisión al establecer
un esquema de renovación parcial de sus miembros.
Por último, la presente Ley hace compatible una política energética
basada en la progresiva liberalización del mercado con la consecución de
otros objetivos que también le son propios como la mejora de la
eficiencia energética, la reducción del consumo y la protección del medio
ambiente. El régimen especial de generación eléctrica, los programas de
gestión de la demanda y, sobre todo, el fomento de las energías
renovables mejoran su encaje en nuestro ordenamiento.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y PLANIFICACION
ELECTRICA
Artículo 1.Objeto.
1.La presente Ley regula las actividades destinadas al suministro de
energía eléctrica, consistentes en su generación, transporte,
distribución, comercialización e intercambios intracomunitarios e
internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema
eléctrico.
2.La regulación de dichas actividades tiene por finalidad:
a)La adecuación del suministro de energía eléctrica a las
necesidades de los consumidores, y
b)La racionalización, eficiencia y optimización de las mismas.
3.Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica se
ejercerán de forma coordinada bajo los principios de objetividad,
transparencia y libre competencia.
Artículo 2.Régimen de las actividades.
1.Se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de
las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas
en la presente Ley.
2.Estas actividades se ejercerán garantizando el suministro de
energía eléctrica a todos los consumidores demandantes del servicio
dentro del territorio nacional y tendrán la consideración de servicio
esencial.
Artículo 3.Competencias administrativas.
1.Corresponde a la Administración General del Estado, en los
términos establecidos en la presente Ley:
a)Ejercer las facultades de planificación eléctrica en los términos
establecidos en el artículo siguiente.
b)Establecer la retribución de la garantía de potencia y de aquellas
actividades que tienen la consideración de reguladas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11.2 de la presente Ley y fijar el régimen
económico de la retribución de la producción de energía eléctrica en
régimen especial.
c)Regular la estructura de precios y determinar, en su caso,
mediante tarifa el precio del suministro de energía eléctrica y mediante
peaje el correspondiente al uso de redes de transporte y distribución,
así como establecer los criterios para el otorgamiento de garantías por
los sujetos que corresponda.
d)Ejercer las funciones de ordenación previstas en el Título II.
e)Regular la organización y funcionamiento del mercado de producción
de electricidad, así como crear otros mercados organizados de
electricidad que puedan derivar de aquél.
f)Regular los términos en que se ha de desarrollar la gestión
económica y técnica del sistema.
g)Establecer la regulación básica de la generación, del transporte,
de la distribución y de la comercialización de energía eléctrica.
h)Sancionar, en el ámbito de su competencia, la comisión de las
infracciones establecidas en la presente Ley.
i)Establecer los requisistos mínimos de calidad y seguridad que han
de regir el suministro de energía eléctrica.
2.Son instalaciones de competencia estatal aquéllas cuyo
aprovechamiento afecte a más de una Comunidad Autónoma o en las que el
transporte y distribución de energía salga del ámbito territorial de una
de ellas.
3.Corresponde, asimismo, a la Administración General del Estado
respecto de las instalaciones de su competencia:
a)Otorgar las autorizaciones en los términos y condiciones
establecidas en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen.
b)Impartir instrucciones relativas a la ampliación, mejora y
adaptación de las redes e instalaciones eléctricas de transporte y
distribución, en garantía de una adecuada calidad y seguridad en el
suministro de energía, con un mínimo impacto ambiental.
c)Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, a través, en su
caso, de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, y con la
colaboración de los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma donde se
ubiquen las instalaciones, las condiciones técnicas y, en su caso,
económicas y el cumplimiento de las condiciones establecidas en las
autorizaciones otorgadas.
d)Sancionar, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y
disposiciones que la desarrollen, las infracciones cometidas.
4.Corresponde a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
respectivos Estatutos:
a)El desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecución de la
normativa básica del Estado en materia eléctrica.
b)Autorizar las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento
no afecte a otras Comunidades o el transporte no salga de su ámbito
territorial, así como ejercer las competencias de inspección y sanción
que afecten a dichas instalaciones.
c)Impartir instrucciones relativas a la ampliación, mejora y
adaptación de las redes e instalaciones eléctricas de su competencia,
para la adecuada prestación del servicio.
d)Inspeccionar, en el ámbito de las instalaciones de su competencia,
las condiciones técnicas y económicas de las empresas titulares de las
instalaciones y el cumplimiento de las condiciones establecidas en las
autorizaciones otorgadas.
e)Sancionar, de acuerdo con la Ley, la comisión de las infracciones
en el ámbito de su competencia.
5.La Administración General del Estado podrá celebrar convenios de
cooperación con las Comunidades Autónomas para conseguir una gestión más
eficaz de las actuaciones administrativas relacionadas con las
instalaciones eléctricas.
Artículo 4.Planificación eléctrica.
1.La planificación eléctrica, que tendrá carácter indicativo salvo
en lo que se refiere a instalaciones de transporte,
será realizada por el Estado, con la participación de las Comunidades
Autónomas.
2.La planificación eléctrica será sometida al Congreso de los
Diputados.
3.Dicha planificación deberá referirse a los siguientes aspectos:
a)Previsión de la demanda de energía eléctrica a lo largo del
período contemplado.
b)Estimación de la potencia mínima que debe ser instalada para
cubrir la demanda prevista bajo criterios de seguridad del suministro,
diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección del
medio ambiente.
c)Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y
distribución de acuerdo con la previsión de la demanda de energía
eléctrica.
d)El establecimiento de las líneas de actuación en materia de
calidad del servicio, tendentes a la consecución de los objetivos de
calidad, tanto en consumo final, como en las áreas que, por sus
características demográficas y tipológicas del consumo, puedan
considerarse idóneas para la determinación de objetivos diferenciados.
e)Las actuaciones sobre la demanda que fomenten la mejora del
servicio prestado a los usuarios así como la eficiencia y ahorro
energéticos.
f)La evolución de las condiciones del mercado para la consecución de
la garantía de suministro.
g)Los criterios de protección medioambiental que deben informar las
actividades de suministro de energía eléctrica.
4.En la regulación de la prestación se tendrán en cuenta los planes
y recomendaciones aprobados en el seno de los Organismos Internacionales,
en virtud de los Convenios y Tratados en los que el Reino de España sea
parte.
Artículo 5.Coordinación con planes urbanísticos.
1.La planificación de las instalaciones de transporte y distribución
de energía eléctrica cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no
urbanizable, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento
de ordenación del territorio. Asimismo, y en la medida en que dichas
instalaciones se ubiquen en cualquiera de las categorías de suelo
calificado como urbano o urbanizable, dicha planificación deberá ser
contemplada en el correspondiente instrumento de ordenación urbanística,
precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los
terrenos y estableciendo en ambos casos, las reservas de suelo necesarias
para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las
existentes.
2.En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la
planificación eléctrica en instrumentos de ordenación descritos en el
apartado anterior, o cuando las razones justificadas de urgencia o
excepcional interés para el suministro de energía eléctrica aconsejen el
establecimiento de instalaciones de transporte o distribución y siempre
que en virtud de lo establecido en otras Leyes, resultase preceptivo un
instrumento de ordenación del territorio o urbanístico según la clase de
suelo afectado, se estará a lo dispuesto en el artículo 244 del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio o texto
autonómico que corresponda.
Artículo 6.Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
1.La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, como ente regulador
del sistema eléctrico, tiene por objeto velar por la competencia efectiva
en el mismo y por su objetividad y transparencia, en beneficio de todos
los sujetos que operan en el sistema y de los consumidores.
La Comisión se configura como un organismo público con personalidad
jurídica y patrimonio propio, así como plena capacidad de obrar. La
Comisión sujetará su actividad a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Adminsitraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común cuando ejerza potestades
administrativas, a la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas su contratación de bienes y servicios, sometiéndose en el resto
de su actividad al derecho privado.
El personal que preste servicios en la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico estará vinculado a la misma por una relación sujeta a las
normas de derecho laboral. La selección del mismo, con excepción del de
carácter directivo, se hará mediante convocatoria pública y de acuerdo
con sistemas basados en los principios de mérito y capacidad. Dicho
personal estará sujeto al régimen de incompatibilidades establecido con
carácter general para el personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico elaborará anualmente un
anteproyecto de presupuesto con la estructura que señale el Ministerio de
Economía y Hacienda y lo remitirá a éste para su elevación al acuerdo del
Gobierno y posterior remisión a las Cortes Generales integrado en los
Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto tendrá carácter
estimativo y sus variaciones, cuando no afecten a las subvenciones, serán
autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, si su importe no
excede del 5 por 100 de lo previsto y por el Gobierno en los demás casos.
El control económico y financiero de la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico se llevará a cabo por la Intervención General de la
Administración del Estado, sin perjuicio de las funciones que
correspondan al Tribunal de Cuentas.
La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico estará adscrita al
Ministerio de Industria y Energía, el cual ejercerá el control de
eficacia sobre su actividad y se regirá por lo dispuesto en la presente
Ley y en las normas de desarrollo de la misma, por las Disposiciones de
la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y por la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
2.La Comisión estará regida por un Consejo de Administración,
compuesto por el Presidente, que ostentará la representación legal de la
Comisión, y por ocho Vocales.
El Ministro de Industria y Energía, el Secretario de Estado de
Energía y Recursos Minerales, o alto cargo del Ministerio en quien
deleguen, podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administración,
con voz pero sin voto, cuando lo juzguen preciso a la vista de los
asuntos incluidos en el correspondiente orden del día.
3.El Presidente y los Vocales serán nombrados entre personas de
reconocida competencia técnica y profesional, mediante Real Decreto, a
propuesta del Ministro de Industria y Energía, previa comparecencia del
mismo y debate en la Comisión competente del Congreso de los Diputados,
para constatar el cumplimiento por parte de los candidatos de las
condiciones indicadas en este apartado.
El Presidente y los Vocales de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser
renovados por un período de la misma duración.
No obstante, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico renovará
parcialmente sus miembros cada tres años. La renovación afectará
alternativamente a cinco o cuatro de sus miembros según corresponda.
Si durante el período de duración de su mandato se produjera el cese
de uno de sus miembros, su sucesor cesará al término del mandato de su
antecesor. Cuando este último cese se produzca antes de haber
transcurrido un año desde el nombramiento no será de aplicación el límite
previsto en el segundo párrafo de este apartado, pudiendo ser renovado el
mandato en dos ocasiones.
4.El Presidente y los Vocales cesarán por las siguientes causas:
a)Expiración del término de su mandato, continuando en funciones
hasta el nombramiento de los nuevos miembros que procedan a su
sustitución.
b)Renuncia aceptada por el Gobierno.
c)Incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones,
incompatibilidad producida con posterioridad a su nombramiento como
miembro de la Comisión o condena por delito doloso, previa instrucción de
expediente por el Ministerio de Industria y Energía y cese por el
Gobierno, a propuesta motivada del Ministro de Industria y Energía.
5.El Presidente y los Vocales de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico estarán sujetos al régimen de incompatibilidades establecido
para los altos cargos de la Administración General del Estado. Al cesar
en el cargo y durante los dos años posteriores, no podrán ejercer
actividad profesional alguna relacionada con el sistema eléctrico.
Reglamentariamente se determinará la compensación económica que
corresponda percibir en virtud de esta limitación.
6.Los recursos de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico estarán
integrados por:
a)Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los productos
y rentas del mismo.
b)Los ingresos percibidos de acuerdo con lo previsto en el artículo
16.5 de esta Ley.
c)En su caso, las transferencias efectuadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 7.Consejo Consultivo de la Comisión.
1.Como órgano de asesoramiento de la Comisión se constituirá un
Consejo Consultivo integrado por un número máximo de treinta y dos
miembros en el que estarán representados la Administración General del
Estado, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Comunidades Autónomas, las
compañías del sector eléctrico, los operadores del mercado y del sistema,
los consumidores y usuarios y otros agentes sociales y de defensa de la
preservación del medio ambiente. El Consejo será presidido por el
Presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
2.El Consejo Consultivo podrá informar respecto a las actuaciones
que realice la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en el ejercicio de
sus funciones atribuidas por el artículo 8. Este informe será a su vez
preceptivo sobre las actuaciones a desarrollar en ejecución de las
funciones segunda, tercera, cuarta y séptima.
3.En el seno del Consejo Consultivo se constituirá una Comisión
Permanente con objeto de facilitar sus trabajos. Estará compuesta por
doce miembros, de acuerdo con la siguiente participación: seis
representantes de las Comunidades Autónomas; un representante de las
empresas productoras, un representante de las empresas distribuidoras,
así como, un representante del operador del mercado y un representante
del operador del sistema, un representante de la Administración General
del Estado y un representante de los consumidores cualificados.
Los representantes de las Comunidades Autónomas serán designados de
la siguiente manera: dos, de las Comunidades Autónomas con mayor nivel de
producción eléctrica; dos, de las Comunidades Autónomas con mayor nivel
de consumo eléctrico por habitante y los dos restantes serán designados,
para períodos de dos años, de entre aquellas Comunidades Autónomas que no
estén representadas en base a los criterios anteriores, según el orden
que se derive de su mayor nivel de producción y consumo eléctrico.
Artículo 8.Funciones de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
1.La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico tendrá las siguientes
funciones:
Primera: actuar como órgano consultivo de la Administración en
materia eléctrica.
Segunda: participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de
elaboración de disposiciones generales y en particular del desarrollo
reglamentario de esta Ley.
Tercera: participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de
la planificación eléctrica.
Cuarta: participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de
elaboración de los proyectos sobre determinación de tarifas y retribución
de las actividades del sector.
Quinta: informar en los expedientes para autorización de nuevas
instalaciones de producción y transporte cuando sean competencia de la
Administración General del Estado.
Sexta: emitir los informes que le sean solicitados por las
Comunidades Autónomas cuando lo consideren oportuno en el ejercicio de
sus competencias en materia eléctrica.
Séptima: dictar las Circulares de desarrollo y ejecución de las
normas contenidas en los Reales Decretos y las Ordenes del Ministerio de
Industria y Energía que se dicten en desarrollo de la presente Ley,
siempre que estas disposiciones le habiliten de modo expreso para ello.
Estas disposiciones recibirán la denominación de Circulares y serán
publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Octava: realizar la liquidación de los costes de transporte y
distribución de energía eléctrica, de los costes permanentes del sistema
y de aquellos otros costes que se establezcan para el conjunto del
sistema cuando su liquidación le sea expresamente encomendada.
Asimismo, informará semestralmente al Ministerio de Industria y
Energía sobre la liquidación de la energía que lleve a cabo el operador
del mercado en colaboración con el operador del sistema.
Novena: inspeccionar, a petición de la Administración General del
Estado o de las Comunidades Autónomas competentes, las condiciones
técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las autorizaciones, las condiciones económicas y
actuaciones de los sujetos del sistema eléctrico en cuanto puedan afectar
a la aplicación de las tarifas y criterios de remuneración de las
actividades eléctricas, así como la efectiva separación de estas
actividades en los términos en que sea exigida.
Décima: actuar como órgano arbitral en los conflictos que se
susciten entre los sujetos que realicen las actividades a que se refiere
el artículo 9 de la presente Ley.
El ejercicio de esta función arbitral será gratuito y no tendrá
carácter público.
Esta función de arbitraje, que tendrá carácter voluntario para las
partes, se ejercerá de acuerdo con la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de
Arbitraje y con la norma reglamentaria aprobada por el Gobierno que se
dicte sobre el correspondiente procedimiento arbitral.
Undécima: determinar, en los términos previstos en la presente Ley,
los concretos sujetos del sistema a cuya actuación sean imputables
deficiencias en el suministro a los usuarios y que determinen reducciones
en la retribución de sus actividades.
Duodécima: acordar la iniciación de los expedientes sancionadores y
realizar la instrucción de los mismos, cuando sean de la competencia de
la Administración General del Estado e informar, cuando sea requerida
para ello, aquellos expedientes sancionadores iniciados por las distintas
Administraciones.
Decimotercera: velar para que las actividades a que se refiere la
presente Ley se lleven a cabo en régimen de libre competencia. A estos
efectos, cuando la Comisión detecte la existencia de indicios de
prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, lo pondrá en conocimiento
del Servicio de Defensa de la Competencia, aportando todos los elementos
de hecho a su alcance y, en su caso, un dictamen no vinculante de la
calificación que le merecen dichos hechos.
Decimocuarta: resolver los conflictos que le sean planteados en
relación con la gestión económica y técnica del sistema y el transporte
y, en especial, respecto a los contratos relativos al acceso de terceros
a las redes de transporte y distribución, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
Decimoquinta: autorizar las participaciones realizadas por
sociedades con actividades que tienen la consideración de reguladas, de
acuerdo con el apartado 2 del artículo 11, en cualquier entidad que
realice actividades de naturaleza mercantil. Sólo podrán denegarse las
autorizaciones como consecuencia de la existencia de riesgos
significativos o efectos negativos, directos o indirectos, sobre las
actividades reguladas en esta Ley, pudiendo por estas razones dictarse
autorizaciones que expresen condiciones en las cuales puedan realizarse
las mencionadas operaciones.
Decimosexta: informar preceptivamente sobre las operaciones de
concentración de empresas o de toma de control de una o varias empresas
eléctricas por otra que también realice actividades eléctricas cuando las
mismas hayan de ser sometidas al Gobierno para su decisión, de acuerdo
con la legislación vigente en materia de competencia.
Decimoséptima: realizar aquellas otras funciones que le atribuye la
presente Ley o que reglamentariamente le encomiende el Gobierno a
propuesta del Ministro de Industria y Energía.
Decimoctava: acordar su organización y funcionamiento interno,
seleccionar y contratar a su personal.
Decimonovena: elaborar anualmente una memoria de actividades que se
remitirá a las Comisiones competentes del Congreso de los Diputados y del
Senado.
2.La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico podrá recabar de los
sujetos a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley cuanta
información resulte precisa en el ejercicio de sus funciones. Para ello,
la Comisión dictará Circulares que deberán ser publicadas en el «Boletín
Oficial del Estado», en las cuales se expondrá de forma detallada y
concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar,
especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es
precisa tal información y el uso que se pretende hacer de la misma.
La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico podrá realizar las
inspecciones que considere necesarias con el fin de confirmar la
veracidad de la información que en cumplimiento de sus Circulares le sea
aportada, en la medida que resulte preciso para el ejercicio de sus
funciones.
Los datos e informaciones obtenidas por la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico en el desempeño de sus funciones que tengan carácter
confidencial, sólo podrán ser cedidos al Ministerio de Industria y
Energía y a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
El personal de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico que tenga
conocimiento de estos datos estará obligado a guardar secreto respecto de
los mismos.
Asimismo, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico tendrá acceso a
los registros regulados en la presente Ley.
3.Contra las resoluciones adoptadas por la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico en el ejercicio de las funciones a que se refiere el
apartado 1 del presente artículo, y contra sus actos de trámite en las
mismas materias que determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso
ordinario ante el Ministro de Industria y Energía.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las resoluciones
que se dicten en el ejercicio de la función decimocuarta del apartado 1
del presente artículo y de las Circulares que se refieran a materia de
información, que pondrán fin a la vía administrativa.
TITULO II
ORDENACION DEL SUMINISTRO
Artículo 9.Sujetos.
1.Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica a
que se refiere el artículo 1.1 de la presente Ley serán desarrolladas por
los siguientes sujetos:
a)Los productores de energía eléctrica, que son aquellas personas
físicas o jurídicas que tienen la función de generar energía eléctrica,
así como las de construir, operar y mantener las centrales de producción.
b)Los autoproductores de energía eléctrica, que son aquellas
personas físicas o jurídicas que generen electricidad fundamentalmente
para su propio uso. Se entenderá que un autoproductor genera
electricidad, fundamentalmente para su propio uso, cuando autoconsuma el
30 % de la energía eléctrica producida por él mismo, si su potencia
instalada es inferior a 25 Mw y el 50% si su potencia instalada es igual
o superior a 25 Mw.
c)Quienes realicen la incorporación a las redes de transporte y
distribución nacionales de energía procedente de otros sistemas
exteriores mediante su adquisición en los términos previstos en el
artículo 13.
d)El operador del mercado, sociedad mercantil que tiene las
funciones que le atribuye el artículo 33 de la presente Ley.
e)El operador del sistema, sociedad mercantil que tiene las
funciones que le atribuye el artículo 34 de la presente Ley.
f)Los transportistas, que son aquellas sociedades mercantiles que
tienen la función de transportar energía eléctrica, así como construir,
mantener y maniobrar las instalaciones de transporte.
g)Los distribuidores que son aquellas sociedades mercantiles que
tienen la función de distribuir energía eléctrica, así como construir,
mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar
la energía en los puntos de consumo y proceder a su venta a aquellos
consumidores finales que adquieran la energía eléctrica a tarifa o a
otros distribuidores que también adquieran la energía eléctrica a tarifa.
h)Los comercializadores que son aquellas personas jurídicas que,
accediendo a las redes de transporte o distribución, tienen como función
la venta de energía eléctrica a los consumidores que tengan la condición
de cualificados o a otros sujetos del sistema.
2.Los consumidores podrán adquirir la energía eléctrica a tarifa
regulada o por los procedimientos previstos en la presente Ley cuando se
trate de consumidores cualificados. Reglamentariamente se determinará qué
consumidores tendrán la condición de cualificados en función de su
volumen de consumo anual por punto de suministro, por su actividad o por
instalación para consumo propio.
3.Los productores que participen en el mercado de producción, los
distribuidores y los comercializadores, tendrán, en todo caso, la
consideración de cualificados a los efectos de la adquisición de la
energía.
Artículo 10.Garantía del suministro.
1.El suministro de energía eléctrica se realizará a todos los
consumidores que lo demanden dentro del territorio nacional en las
condiciones de calidad y seguridad que reglamentariamente se establezcan
por el Gobierno, con la colaboración de las Comunidades Autónomas.
2.El Gobierno podrá adoptar, para un plazo determinado, las medidas
necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica cuando
concurra alguno de los siguientes supuestos:
a)Riesgo cierto para la prestación del suministro de energía
eléctrica.
b)Situaciones de desabastecimiento de alguna o algunas de las
fuentes de energía primaria.
c)Situaciones de las que se pueda derivar amenaza para la integridad
física o la seguridad de las personas, de aparatos o instalaciones o para
la integridad de la red de transporte o distribución de energía
eléctrica.
En las situaciones descritas, el Gobierno determinará el régimen
retributivo aplicable a aquellas actividades que se vieran afectadas por
las medidas adoptadas garantizando, en todo caso, un reparto equilibrado
de los costes.
Cuando las medidas adoptadas por el Gobierno de acuerdo con lo
previsto en este apartado afecten sólo a alguna o algunas Comunidades
Autónomas la decisión se adoptará en colaboración con las mismas.
3.Las medidas que se adopten por el Gobierno para hacer frente a las
situaciones descritas en el apartado anterior podrán referirse, entre
otros, a los siguientes aspectos:
a)Limitaciones o modificaciones temporales del mercado de
electricidad a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la presente
Ley.
b)Establecimiento de obligaciones especiales en materia de
existencias de seguridad de fuentes primarias para la producción de
energía eléctrica.
c)Supresión o modificación temporal de los derechos que para los
autoproductores y los productores en régimen especial se establecen en el
Capítulo II del Título IV.
d)Modificación de las condiciones generales de regularidad en el
suministro con carácter general o referido a determinadas categorías de
consumidores.
e)Supresión o modificación temporal de los derechos y garantías de
acceso a las redes por terceros.
f)Limitación o asignación de abastecimientos de energías primarias a
los productores de electricidad.
g)Cualesquiera otras medidas que puedan ser recomendadas por los
Organismos Internacionales de los que España sea parte o que se
determinen en aplicación de aquellos convenios en que se participe.
Artículo 11.Funcionamiento del sistema.
1.La producción de energía eléctrica se desarrolla en un régimen de
libre competencia basado en un sistema de ofertas de energía eléctrica
realizadas por los productores y un sistema de demandas formulado por los
consumidores que ostenten la condición de cualificados, los
distribuidores y los comercializadores que se determinen
reglamentariamente.
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior podrán pactar
libremente los términos de los contratos de compra venta de energía
eléctrica que suscriban, respetando las modalidades y contenidos mínimos
previstos en la presente Ley y en sus Reglamentos de desarrollo.
2.La gestión económica y técnica del sistema, el transporte y la
distribución tienen carácter de actividades reguladas, cuyo régimen
económico y de funcionamiento se ajustará a lo previsto en la presente
Ley.
Se garantiza el acceso de terceros a las redes de transporte y
distribución en las condiciones técnicas y económicas establecidas en
esta Ley.
3.La comercialización se ejercerá libremente en los términos
previstos en la presente Ley y su régimen económico vendrá determinado
por las condiciones que se pacten entre las partes.
4.Salvo pacto en contrario, la transmisión de la propiedad de la
energía eléctrica se entenderá producida en el momento en que la misma
tenga entrada en las instalaciones del comprador.
En el caso de los comercializadores, la transmisión de la propiedad
de la energía eléctrica se entenderá producida, salvo pacto en contrario,
cuando la misma tenga entrada en las instalaciones de su cliente.
Artículo 12.Actividades en territorios insulares y extrapeninsulares.
1.Las actividades para el suministro de energía eléctrica que se
desarrollen en los territorios insulares y extrapeninsulares, serán
objeto de una reglamentación singular que atenderá a las especificidades
derivadas de su ubicación territorial, previo informe de las Comunidades
Autónomas afectadas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2.La actividad de producción de energía eléctrica, cuando se
desarrolle en territorios insulares y extrapeninsulares, podrá estar
excluida del sistema de ofertas y se retribuirá tomando como referencia
la estructura de precios prevista en el artículo 16.1. No obstante, el
Gobierno podrá determinar un concepto retributivo especial que tendrá en
consideración los costes específicos de estos sistemas.
Las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica en
los territorios insulares y extrapeninsulares serán retribuidas de
acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 16.
3.Los costes derivados de las actividades de suministro de energía
eléctrica cuando se desarrollen en territorios insulares y
extrapeninsulares y no puedan ser sufragados con cargo a los ingresos
obtenidos en dichos ámbitos territoriales, se integrarán en el conjunto
del sistema a efectos de lo previsto en el artículo 16.
Artículo 13.Intercambios intracomunitarios e internacionales de
electricidad.
1.Podrán realizarse libremente los intercambios intracomunitarios de
electricidad en los términos previstos en la presente Ley.
2.Las adquisiciones de energía en otros países comunitarios podrán
ser realizadas por los productores, distribuidores, comercializadores y
consumidores cualificados, previa autorización del Ministerio de
Industria y Energía, que sólo podrá denegarla cuando en el país de
generación de la energía adquirida los sujetos equivalentes no tengan
reconocida la misma capacidad de contratación.
Dicha energía podrá adquirirse mediante cualquiera de las
modalidades de contratación que se autoricen en el desarrollo de la
presente Ley.
En consecuencia, los sujetos comunitarios podrán participar en el
mercado en las condiciones y con la retribución que reglamentariamente se
establezca y que atenderá, entre otras circunstancias, a la potencia
efectiva que garantice al sistema.
3.Las ventas de energía a otros países comunitarios podrán ser
realizadas por los productores y comercializadores nacionales, previa
comunicación al operador del sistema y autorización del Ministerio de
Industria y Energía, que podrá denegarla, exclusivamente, cuando implique
un riesgo cierto para el suministro nacional.
4.Los intercambios a corto plazo que tengan por objeto el
mantenimiento de las condiciones de calidad y seguridad del suministro de
energía eléctrica en el sistema serán realizados por el operador del
sistema en los términos que reglamentariamente se establezcan.
5.Los intercambios de energía eléctrica con países terceros estarán,
en todo caso, sometidos a autorización administrativa del Ministerio de
Industria y Energía.
6.El régimen retributivo al que se someterán los intercambios
intracomunitarios e internacionales se regulará reglamentariamente
respetando los principios de competencia y transparencia que han de regir
el mercado de producción. En todo caso, los sujetos que realicen
operaciones de exportación de energía eléctrica habrán de abonar los
costes permanentes del sistema que proporcionalmente les correspondan.
Artículo 14.Separación de actividades.
1.Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las
actividades reguladas a que se refiere el apartado 2 del artículo 11
deben tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas sin
que puedan, por tanto, realizar actividades de producción o de
comercialización, sin perjuicio de la posibilidad de venta a consumidores
sometidos a tarifa reconocida a los distribuidores.
2.No obstante, en un grupo de sociedades podrán desarrollarse
actividades incompatibles de acuerdo con la Ley, siempre que sean
ejercitadas por sociedades diferentes. A este efecto, el objeto social de
una entidad podrá comprender actividades incompatibles conforme al
apartado anterior, siempre que se prevea que una sola de las actividades
sea ejercida de forma directa, y las demás mediante la titularidad de
acciones o participaciones en otras sociedades que, si desarrollan
actividades eléctricas, se ajusten a lo regulado en el apartado 1.
3.Aquellas sociedades mercantiles que desarrollen actividades
reguladas, podrán tomar participaciones en sociedades que lleven a cabo
actividades en otros sectores económicos distintos al eléctrico previa
obtención de la autorización a que se refiere la función decimoquinta del
apartado 1 del artículo 8.
TITULO III
REGIMEN ECONOMICO
Artículo 15.Retribución de las actividades reguladas en la Ley.
1.Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica
serán retribuidas económicamente en la forma dispuesta en la presente Ley
con cargo a las tarifas, los peajes y los precios satisfechos.
2.Para la determinación de las tarifas o peajes y precios que
deberán satisfacer los consumidores, se establecerá reglamentariamente la
retribución de las actividades con criterios objetivos, transparentes y
no discriminatorios que incentiven la mejora de la eficacia de la
gestión, la eficiencia económica y técnica de dichas actividades y la
calidad del suministro eléctrico.
Artículo 16.Retribución de las actividades y funciones del sistema.
1.La retribución de la actividad de producción incorporará los
siguientes conceptos:
a)Sobre la base del precio ofertado al operador del mercado por las
distintas unidades de producción, la energía eléctrica se retribuirá en
función del precio marginal correspondiente a la oferta realizada por la
última unidad de producción cuya entrada en el sistema haya sido
necesaria para atender la demanda de energía eléctrica de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23 de la presente ley.
Este concepto retributivo se definirá considerando asimismo las
pérdidas incurridas en la red de transporte y los costes derivados de las
alteraciones del régimen normal de funcionamiento del sistema de ofertas.
b)Se retribuirá la garantía de potencia que cada unidad de
producción preste efectivamente al sistema, que se definirá tomando en
consideración la disponibilidad contrastada y tecnología de la
instalación, tanto a medio y largo plazo como en cada período de
programación, determinándose su precio en función de las necesidades de
capacidad a largo plazo del sistema.
c)Se retribuirán los servicios complementarios de la producción de
energía eléctrica necesarios para garantizar un suministro adecuado al
consumidor.
Reglamentariamente, se determinará qué servicios se consideran
complementarios, así como su régimen retributivo, diferenciándose
aquellos que tengan carácter obligatorio de aquellos potestativos.
2.La retribución de la actividad de transporte se establecerá
reglamentariamente y permitirá fijar la retribución que haya de
corresponder a cada sujeto atendiendo a los costes de inversión,
operación y mantenimiento de las instalaciones, así como otros costes
necesarios para desarrollar la actividad.
3.La retribución de la actividad de distribución se establecerá
reglamentariamente y permitirá fijar la retribución que haya de
corresponder a cada sujeto atendiendo a los siguientes criterios: costes
de inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones, energía
circulada, modelo que caracterice las zonas de distribución, los
incentivos que correspondan por la calidad del suministro y la reducción
de las pérdidas, así como otros costes necesarios para desarrollar la
actividad.
4.La retribución de la actividad de comercialización que corresponda
ser abonada por clientes a tarifa, se realizará atendiendo a los costes
derivados de las actividades que se estimen necesarias para suministrar
energía a dichos consumidores, así como, en su caso, los asociados a
programas de incentivación de la gestión de la demanda.
La retribución de los costes de comercialización a consumidores
cualificados será la que libremente se pacte por los comercializadores y
sus clientes.
5.Tendrán la consideración de costes permanentes de funcionamiento
del sistema los siguientes conceptos:
-- Los costes que por el desarrollo de actividades de suministro de
energía eléctrica en territorios insulares y extrapeninsulares puedan
integrarse en el sistema de acuerdo con el apartado 3 del artículo 12.
-- Los costes reconocidos al operador del sistema y al operador del
mercado.
-- Los costes de funcionamiento de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico.
6.Tendrán la consideración de costes de diversificación y seguridad
de abastecimiento las primas a que se refiere el artículo 30.4 de la
presente Ley.
7.La retribución de la energía excedentaria definida en el artículo
30.2, cedida por los productores en régimen especial, será la que
corresponde a la producción de energía eléctrica, de acuerdo con el
apartado 1 de este artículo y, en su caso, una prima que será determinada
por el Gobierno de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4.
8.Reglamentariamente se establecerá el régimen de los derechos por
acometidas y demás actuaciones necesarias para atender los requerimientos
de suministro de los usuarios. Los derechos a pagar por acometidas serán
únicos para todo el territorio nacional en función de la potencia que se
solicite y de la ubicación del suministro. Los ingresos por este concepto
se considerarán, a todos los efectos, retribución de la actividad de
distribución.
Artículo 17.Tarifas eléctricas.
1.Las tarifas que deberán ser satisfechas por los consumidores del
suministro eléctrico, excepto los acogidos a la condición de
cualificados, serán únicas en todo el territorio nacional, sin perjuicio
de sus especialidades.
Estas tarifas incluirán en su estructura los siguientes conceptos:
a)El coste de producción de energía eléctrica, que se determinará
atendiendo al precio medio previsto del kilovatio hora en el mercado de
producción durante el período que reglamentariamente se determine y que
será revisable de forma independiente.
b)Los peajes que correspondan por el transporte y la distribución de
energía eléctrica.
c)Los costes de comercialización.
d)Los costes permanentes del sistema.
e)Los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento.
2.Anualmente, o cuando circunstancias especiales lo aconsejen,
previos los trámites e informes oportunos, el Gobierno, mediante Real
Decreto, procederá a la aprobación o modificación de la tarifa media o de
referencia.
Cuando la evolución del mercado de energía eléctrica lo haga
recomendable, el Gobierno podrá suprimir total o parcialmente el sistema
de tarifas en relación con los precios de la electricidad para
consumidores cualificados.
3.Las tarifas y peajes aprobados por la Administración para cada
categoría de consumo no incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En caso de que las actividades eléctricas fueran gravadas con
tributos de carácter autonómico o local, cuya cuota se obtuviera mediante
reglas no uniformes para el conjunto del territorio nacional, al precio
de la electricidad resultante del mercado de ofertas o a la tarifa se le
podrá incluir un suplemento territorial, que podrá ser diferente en cada
Comunidad Autónoma o entidad local.
En todo caso se deberá justificar la equivalencia entre el coste
provocado a las empresas eléctricas por estos tributos y los recursos
obtenidos por el suplemento territorial.
4.Con el fin de que exista la mayor transparencia en los precios del
suministro de energía eléctrica, se desglosarán en la facturación al
usuario, en la forma que reglamentariamente se determine, al menos los
importes correspondientes a la imputación de los costes de
diversificación y seguridad de garantía de abastecimiento y permanentes
del sistema y los tributos que graven el consumo de electricidad, así
como los suplementos territoriales cuando correspondan.
Artículo 18.Peajes de transporte y distribución.
1.Los peajes correspondientes al uso de las redes de transporte
serán únicos sin perjuicio de sus especialidades por niveles de tensión y
uso que se haga de la red.
2.Los peajes correspondientes al uso de las redes de distribución
serán únicos y se determinarán atendiendo a los niveles de tensión y a
las características de los consumos indicados por horario y potencia.
3.Los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el
Gobierno en la forma que reglamentariamente se determine y tendrán el
carácter de máximos.
Las empresas transportistas y distribuidoras deberán comunicar al
Ministerio de Industria y Energía los peajes que efectivamente apliquen.
Las diferencias entre los peajes máximos aprobados y los que, en su
caso, apliquen los transportistas y distribuidores por debajo de los
mismos serán soportados por éstos.
4.El procedimiento de imputación de las pérdidas de energía
eléctrica en que se incurra en su transporte y distribución se
determinará reglamentariamente teniendo en cuenta niveles de tensión y
formas de consumo.
Artículo 19.Cobro y liquidación de las tarifas y precios.
1.Las tarifas eléctricas serán cobradas por las empresas que
realicen las actividades de distribución de la energía eléctrica mediante
su venta a los consumidores, debiendo dar a las cantidades ingresadas la
aplicación que proceda de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de pago que
deberán seguir los consumidores cualificados por sus adquisiciones de
energía eléctrica. En todo caso, los consumidores cualificados deberán
abonar, además de
los costes derivados de las actividades necesarias para el suministro de
energía eléctrica, los costes permanentes del sistema y los costes de la
diversificación y seguridad de abastecimiento en la proporción que les
corresponda.
2.El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de
reparto de los fondos ingresados por los distribuidores y
comercializadores entre quienes realicen las actividades incluidas en el
sistema, atendiendo a la retribución que les corresponda de conformidad
con la presente Ley.
3.Los titulares de unidades de producción, los transportistas, los
distribuidores, los comercializadores y los consumidores cualificados se
adherirán a las condiciones que conjuntamente establezcan el operador del
mercado y el operador del sistema para la realización de las operaciones
de liquidación y pago de la energía, que serán públicas, transparentes y
objetivas.
Artículo 20.Contabilidad e información.
1.Las entidades que desarrollen actividades reguladas en esta ley,
llevarán su contabilidad de acuerdo con el capítulo VII de la Ley de
Sociedades Anónimas, aun cuando no tuvieran tal carácter.
El Gobierno regulará las adaptaciones que fueran necesarias para el
supuesto de que el titular de la actividad no sea una sociedad anónima.
2.Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales de
contabilidad a las empresas que realicen actividades reguladas por esta
Ley o a las sociedades que ejerzan control sobre las mismas, el Gobierno
podrá establecer para las mismas las especialidades contables y de
publicación de cuentas que se consideren adecuadas, de tal forma que se
reflejen con nitidez los ingresos y gastos de las actividades eléctricas
y las transacciones realizadas entre sociedades de un mismo grupo.
Entre las especialidades contables a establecer por el Gobierno para
las empresas que realicen actividades eléctricas, se concederá especial
atención a la inclusión en las cuentas anuales de la información relativa
a las actuaciones empresariales con incidencia sobre el medio ambiente,
con el objetivo de integrar progresivamente los criterios de preservación
del entorno en los procesos de decisión económica de las empresas.
En el caso de las sociedades que tengan por objeto la realización de
actividades reguladas, llevarán en su contabilidad interna cuentas
separadas que diferencien entre los ingresos y costes imputables
estrictamente a la actividad del transporte, a la actividad de
distribución y, en su caso, los correspondientes a actividades de
comercialización y venta a clientes a tarifa.
Las sociedades que desarrollen actividades eléctricas no reguladas
llevarán cuentas separadas de la actividad de producción, de
comercialización y de aquellas otras no eléctricas que realicen.
Los autoproductores y productores en régimen especial llevarán en su
contabilidad interna cuentas separadas de las actividades eléctricas y de
aquéllas que no lo sean.
3.Las entidades deberán explicar en la memoria de las cuentas
anuales los criterios aplicados en el reparto de costes respecto a las
otras entidades del grupo que realicen actividades eléctricas diferentes.
Estos criterios deberán mantenerse y no se modificarán, salvo
circunstancias excepcionales. Las modificaciones y su justificación
deberán ser explicadas en la memoria anual al correspondiente ejercicio.
4.Las empresas deberán proporcionar a la Administración la
información que les sea requerida, en especial en relación con sus
estados financieros, que deberá ser verificada mediante auditorías
externas a la propia empresa. La obligación de información se extenderá,
asimismo, a la sociedad que ejerza control de la que realiza actividades
eléctricas o a aquéllas del grupo que realicen operaciones con la misma.
5.Deberá incluirse información en las cuentas anuales, relativa a
las actuaciones empresariales que se materialicen en proyectos de ahorro,
eficiencia energética y de reducción del impacto medioambiental para los
que se produzca la deducción por inversiones prevista en la presente Ley.
TITULO IV
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA
CAPITULO I
Régimen ordinario
Artículo 21.Actividades de producción de energía eléctrica.
1.La construcción, explotación y modificación sustancial, de cada
instalación de producción de energía eléctrica estará sometida al régimen
de autorización administrativa previa en los términos establecidos en
esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo. La trasmisión y el cierre
de las instalaciones de producción, asimismo, estará sometida a
autorización administrativa previa.
El otorgamiento de la autorización administrativa tendrá carácter
reglado y se regirá por los principios de objetividad, transparencia y no
discriminación.
2.Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de
producción de energía eléctrica deberán acreditar los siguientes
extremos:
a)Las condiciones de eficiencia energética, técnicas y de seguridad
de las instalaciones propuestas.
b)El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del
medio ambiente.
c)Las circunstancias del emplazamiento de la instalación.
d)Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la
realización del proyecto.
3.Las autorizaciones administrativas a que se refiere el apartado 1
del presente artículo serán otorgadas por la
Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones
que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del
territorio y al medio ambiente.
La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización a
que se refiere el presente artículo, tendrá efectos desestimatorios. En
todo caso, podrá interponerse recurso ordinario ante la autoridad
administrativa correspondiente.
4.Se crea en el Ministerio de Industria y Energía un Registro
Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía en el cual
habrán de estar inscritas todas aquellas instalaciones de producción de
energía eléctrica que hayan sido autorizadas, las condiciones de dicha
instalación y, en especial, la potencia de la instalación.
Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán
crear y gestionar los correspondientes registros territoriales en el que
deberán estar inscritas todas las instalaciones ubicadas en el ámbito
territorial de aquéllas.
Reglamentariamente, previo informe de las Comunidades Autónomas, se
establecerá su organización, así como el procedimiento de inscripción y
comunicación de datos al Registro Administrativo de Instalaciones de
Producción de Energía Eléctrica.
5.La inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de
Producción de Energía Eléctrica será condición necesaria para poder
realizar ofertas de energía al operador del mercado. Las Comunidades
Autónomas tendrán acceso a la información contenida en este Registro.
6.Los titulares de las autorizaciones estarán obligados a mantener
la capacidad de producción prevista en las mismas y a proporcionar a la
Administración la información que se les requiera de cuantos datos
afecten a las condiciones que determinaron su otorgamiento.
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que
determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, en los
términos previstos en el régimen sancionador aplicable.
7.La actividad de producción incluirá la transformación de energía
eléctrica, así como, en su caso, la conexión con la red de transporte o
de distribución.
Artículo 22.Aprovechamientos hidráulicos necesarios para la producción de
energía eléctrica.
1.Cuando el establecimiento de unidades de producción eléctrica
requiera autorización o concesión administrativa conforme a lo dispuesto
en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se estará a lo establecido
en la citada Ley.
2.Cuando, tanto en materia hidráulica como energética, sea
competente el Estado, el otorgamiento de la autorización de unidades de
producción y de la concesión para el uso de las aguas que aquéllas han de
utilizar podrá ser objeto de un solo expediente y de resolución única,
con la participación de los Departamentos ministeriales o, en su caso,
organismos de cuenca competentes, en la forma y con la regulación que
reglamentariamente determinen, sin perjuicio de las competencias propias
de cada Departamento.
En lo que se refiere a la explotación hidroeléctrica, la
autorización deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 21.
3.En el procedimiento de otorgamiento de concesiones y
autorizaciones para el uso de agua para la producción de energía
eléctrica o necesario para el funcionamiento de unidades de producción no
hidráulicas instado por particulares, será preceptivo el informe previo
de la Administración competente en materia energética que deba autorizar,
conforme a lo dispuesto en la presente Ley, las citadas unidades de
producción.
Las autorizaciones y concesiones para los usos señalados en el
párrafo anterior no podrán ser otorgadas cuando sea desfavorable el
informe emitido por la Administración competente para autorizar las
unidades de producción.
Artículo 23.Mercado de producción. Sistema de Ofertas.
1.Los productores de energía eléctrica efectuarán ofertas económicas
de venta de energía a través del operador del mercado por cada una de las
unidades de producción de las que sean titulares, cuando no se hayan
acogido a sistemas de contratación bilateral que por sus características
queden excluidos del sistema de ofertas.
Aquellas unidades de producción de energía eléctrica cuya potencia
instalada sea superior a 50 Mw, o que a la entrada en vigor de la
presente Ley estén sometidas al régimen previsto en el Real Decreto
1538/1987, de 11 de diciembre, sobre la determinación de la tarifa de las
empresas gestoras del servicio público, estarán obligadas a realizar
ofertas económicas al operador del mercado para cada período de
programación, salvo en los supuestos previstos en el artículo 25 de la
presente Ley.
Las unidades de producción de energía eléctrica no incluidas en el
apartado anterior, cuando tengan una potencia instalada inferior a 50 Mw
y superior a 1 Mw podrán realizar ofertas económicas al operador del
mercado para aquellos períodos de programación que estimen oportunos.
2.Reglamentariamente, se establecerá la antelación mínima con que
deben realizarse las ofertas al operador del mercado, el horizonte de las
mismas, el período de programación y el régimen de operación.
3.El orden de entrada en funcionamiento de las unidades de
producción de energía eléctrica se determinará partiendo de aquélla cuya
oferta haya sido la más barata hasta igualar la demanda de energía en ese
período de programación, sin perjuicio de las posibles restricciones
técnicas que pudieran existir en la red de transporte, o en el sistema.
Artículo 24.Demanda y contratación de la energía producida.
1.La contratación de energía eléctrica podrá realizarse libremente,
en los términos previstos en la presente Ley y en sus Reglamentos de
desarrollo.
2.Los consumidores cualificados y los sujetos cualificados a que se
refiere el artículo 9.3 de la presente Ley podrán presentar a través del
operador del mercado ofertas de adquisición de energía eléctrica que, una
vez aceptadas, se constituirán en un compromiso en firme de suministro
por el sistema.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que se
hayan de realizar las citadas ofertas de adquisición y los casos en que
proceda la petición por el operador del mercado de garantías suficientes
del pago. Asimismo, se podrán regular los procedimientos necesarios para
incorporar la demanda en el mecanismo de ofertas.
Las ofertas de adquisición realizadas a través del operador del
mercado habrán de expresar el período temporal para el que se solicita
dicho suministro, y la aceptación de la liquidación que se realice.
El contrato se entenderá formalizado en el momento de la casación y
se perfeccionará cuando se haya producido el suministro de energía
eléctrica.
3.También podrán formalizarse contratos entre los consumidores
cualificados y los restantes sujetos cualificados. Estos contratos habrán
de contemplar el precio de adquisición de la energía, el período temporal
del suministro, así como el sistema de liquidación, que podrá serlo al
precio del mercado o por diferencias con respecto a dicho precio.
Reglamentariamente se determinará qué elementos de estos contratos
deberán ser puestos en conocimiento del operador del mercado.
4.Reglamentariamente se regularán diferentes modalidades de
contratación. Entre otros, se regulará la existencia de contratos de
carácter financiero, que respetarán, en todo caso, el sistema de ofertas,
así como contratos formales de suministro realizados directamente entre
los consumidores cualificados y los productores que estarán exceptuados
del sistema de ofertas.
Artículo 25.Excepciones al sistema de ofertas.
1.El Gobierno podrá establecer los procedimientos, compatibles con
el mercado de libre competencia en producción, para conseguir el
funcionamiento de aquellas unidades de producción de energía eléctrica
que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas, hasta
un límite del 15 por ciento de la cantidad total de energía primaria
necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado
nacional, considerada en períodos anuales, adoptando las medidas
necesarias dirigidas a evitar la alteración del precio de mercado.
2.De acuerdo con lo establecido en el capítulo II del presente
Título, los productores de energía eléctrica en régimen especial podrán
incorporar al sistema su energía excedentaria sin someterse al sistema de
ofertas.
3.Los autoproductores podrán incorporar al sistema su energía cuando
la misma tenga por objeto abastecer sus propias instalaciones o sus
filiales, cuando su participación sea mayoritaria, debiendo abonar los
costes permanentes del sistema, en la proporción que reglamentariamente
se determine, cuando dicho abastecimiento exija el uso de redes de
transporte o distribución. Si realizado dicho abastecimiento, estos
autoproductores tuvieran energía excedentaria, la misma habrá de
someterse a lo establecido para el régimen ordinario en la presente Ley,
salvo que su producción se realice en régimen especial.
A estos efectos, no tendrán la consideración de autoproductores
aquellas empresas, nacionales o extranjeras, que directa o indirectamente
realicen algunas de las actividades reguladas a que se refiere el
apartado 2 del artículo 11.
4.De acuerdo con lo previsto en el artículo 12, la producción de
energía eléctrica en territorios insulares y extrapeninsulares podrá
quedar excluida del sistema de ofertas.
5.Estarán excluidos del sistema de ofertas los intercambios
intracomunitarios o internacionales que, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 13.4 de la presente Ley, pueden ser realizados por el operador
del sistema, así como aquellas operaciones de venta de energía a otros
sistemas que se determinen reglamentariamente.
6.De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.4 de la presente Ley,
reglamentariamente se podrán determinar modalidades contractuales que por
sus características hayan de estar excluidas del sistema de ofertas.
7.Aquellas unidades de producción que, en aplicación de lo previsto
en este artículo, no estén obligadas a realizar ofertas económicas,
podrán percibir una retribución por venta de energía equivalente al
precio marginal para cada período de programación de acuerdo con lo
establecido por el artículo 16, sin perjuicio de las especialidades del
régimen retributivo que les fuera aplicable de acuerdo con lo establecido
en la presente Ley.
No obstante, todas las unidades de producción a que se refiere el
presente artículo, deberán comunicar al operador del mercado en los
términos que reglamentariamente se establezcan, la producción prevista
para cada período de programación.
8.En los supuestos a que se refiere el apartado 2 del artículo 10,
el Gobierno podrá adoptar medidas que puedan suponer, directa o
indirectamente una alteración del sistema de ofertas.
Artículo 26.Derechos y obligaciones de los productores de energía
eléctrica.
1.Serán derechos de los productores de energía eléctrica:
a)La utilización en sus unidades de producción de aquellas fuentes
de energía primaria que consideren más adecuadas respetando, en todo
caso, los rendimientos, características técnicas y las condiciones de
protección medioambiental
contenidas en la autorización de dicha instalación.
b)Contratar la venta de energía eléctrica en los términos previstos
en la Ley y sus disposiciones de desarrollo.
c)Despachar su energía a través del operador del sistema.
d)Tener acceso a las redes de transporte y distribución.
e)Percibir la retribución que les corresponda de acuerdo con los
términos previstos en la presente Ley.
f)Recibir la compensación a que pudieran tener derecho por los
costes en que hubieran incurrido en supuestos de alteraciones en el
funcionamiento del sistema, en los supuestos previstos en el artículo
10.2 de la presente Ley.
2.Serán obligaciones de los productores de energía eléctrica:
a)El desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para
producir energía eléctrica en los términos previstos en su autorización
y, en especial, en lo que se refiere a seguridad, disponibilidad y
mantenimiento de la potencia instalada y al cumplimiento de las
condiciones medioambientales exigibles.
b)La presentación de ofertas de venta de energía eléctrica al
operador del mercado, en los términos previstos en el artículo 23.
c)Estar dotados de los equipos de medida que permitan determinar,
para cada período de programación, la energía efectivamente vertida a la
correspondiente red.
d)Adherirse a las condiciones de funcionamiento del sistema de
ofertas, especialmente en lo que se refiere al procedimiento de
liquidación y pago de la energía.
e)Aplicar las medidas que, de acuerdo con el artículo 10 de la
presente Ley, sean adoptadas por el Gobierno.
f)Todas aquellas que puedan derivarse de la aplicación de la
presente Ley y sus normas de desarrollo.
CAPITULO II
Régimen especial
Artículo 27.Régimen especial de producción eléctrica.
1.Las actividades de producción de energía eléctrica tendrán la
consideración de producción en régimen especial en los siguientes casos,
siempre que la potencia instalada no supere los 50 Mw:
a)Autoproductores que utilicen la cogeneración u otras formas de
producción de electricidad asociadas a actividades no eléctricas siempre
que supongan un alto rendimiento energético.
b)Instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los
sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada
igual o inferior a 25 Mw, que satisfagan los requisitos de tendimiento
energético.
c)Cuando se utilicen como energía primaria, energías renovables o
cualquier tipo de biocarburante o energía hidráulica cuando su titular no
realice actividades de producción en el régimen ordinario.
d)Cuando se utilicen como energía primaria residuos no renovables.
2.La producción en régimen especial se regirá por sus disposiciones
específicas y, en lo no previsto en ellas, por las generales sobre
producción eléctrica en lo que le resulten de aplicación.
Artículo 28.Autorización de la producción en régimen especial.
1.La construcción, explotación, modificación sustancial, la
transmisión y el cierre de instalaciones de producción de energía
eléctrica en régimen especial, estará sometida al régimen de autorización
administrativa previa que tendrá carácter reglado.
Las instalaciones autorizadas para este tipo de producción de
energía eléctrica gozarán de un trato diferenciado según sus particulares
condiciones, pero sin que quepa discriminación o privilegio alguno entre
ellas.
2.Los solicitantes de estas autorizaciones deberán acreditar las
condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas, el
adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente
y la capacidad legal, técnica y económica adecuada, al tipo de producción
que van a desarrollar y, una vez otorgadas, deberán proporcionar a la
Administración competente información periódica de cuantos datos afecten
a las condiciones que determinaron su otorgamiento.
3.Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1 serán otorgadas
por la Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones
que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del
territorio y al medio ambiente.
La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización a
que se refiere el presente artículo, tendrá efectos desestimatorios. En
todo caso, podrá interponerse recurso ordinario ante la autoridad
administrativa correspondiente.
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que
determinaron su otorgamiento podrá dar lugar a su revocación.
Artículo 29.Destino de la energía producida en régimen especial.
La energía excedentaria definida en el artículo 30.2.a) se someterá
a los principios de ordenación del Título II y a aquellos de los Títulos
III y IV de la presente Ley que les sean de aplicación.
Artículo 30.Obligaciones y derechos de los productores en régimen
especial.
1.Serán obligaciones generales de los productores de energía
eléctrica en régimen especial:
a)Adoptar las normas de seguridad, reglamentos técnicos y de
homologación o certificación de las instalaciones e instrumentos que
establezca la Administración competente.
b)Cumplir con las normas técnicas de generación así como con las
normas de transporte y de gestión técnica del sistema.
c)Mantener las instalaciones en un grado óptimo de operación, de
forma que no puedan causar daños a las personas o instalaciones de
terceros.
d)Facilitar a la Administración información sobre producción,
consumo, venta de energía y otros extremos que se establezcan.
e)Cumplir adecuadamente las condiciones establecidas de protección
del medio ambiente.
2.Los productores en régimen especial gozarán, en particular, de los
siguientes derechos:
a)Incorporar su energía excedentaria al sistema, percibiendo la
retribución que se determine conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
A estos efectos, tendrá la consideración de energía excedentaria la
resultante de los saldos instantáneos entre la energía cedida a la red
general y la recibida de la misma en todos los puntos de interconexión
entre el productor-consumidor, el productor o el autogenerador y la
citada red en general.
Excepcionalmente, el Gobierno podrá autorizar que instalaciones en
régimen especial que utilicen como energía primaria, energías renovables
puedan incorporar al sistema la totalidad de la energía por ellas
producida. No obstante, cuando las condiciones del suministro eléctrico
lo hagan necesario, el Gobierno, previo informe de las Comunidades
Autónomas, podrá limitar, para un período determinado, la cantidad de
energía que puede ser incorporada al sistema por los productores del
régimen especial.
b)Conectar en paralelo sus instalaciones a la red de la
correspondiente empresa distribuidora o de transporte.
c)Utilizar conjunta o alternativamente en sus instalaciones la
energía que adquiera a través de otros sujetos.
d)Recibir de la empresa distribuidora el suministro de energía
eléctrica que precisen en las condiciones que reglamentariamente se
determine.
3.El régimen retributivo de las instalaciones de producción de
energía eléctrica en régimen especial se ajustará a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 16 para los productores de energía eléctrica.
4.Adicionalmente, la producción de energía eléctrica mediante
energías renovables no hidráulicas, biomasa, así como por las centrales
hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 10 Mw percibirán una prima
que se fijará por el Gobierno de forma que el precio de la electricidad
vendida por estas instalaciones se encuentre dentro de una banda
porcentual comprendida entre el 80 y el 90 % de un precio medio de la
electricidad que se calculará, dividiendo los ingresos derivados de la
facturación por suministro de electricidad entre la energía suministrada.
Los conceptos utilizados para el cálculo del citado precio medio se
determinarán excluyendo el IVA y cualquier otro tributo que grave el
consumo de energía eléctrica.
Para la determinación de las primas se tendrá en cuenta el nivel de
tensión de entrega de la energía a la red, la contribución efectiva a la
mejora del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la
eficiencia energética, y los costes de inversión en que se haya
incurrido, al efecto de conseguir unas tasas de rentabilidad razonables
con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales.
No obstante, para las instalaciones de producción de energía
eléctrica a que se refiere el artículo 27.1, letra b) y d), para las
instalaciones de producción de electricidad mediante energías renovables,
aun cuando superen los 50 Mw de potencia instalada y para las centrales
hidroeléctricas de potencia comprendida entre 10 y 50 Mw, el Gobierno
determinará la percepción de una prima que complemente su régimen
retributivo.
5.También tendrá derecho a la percepción de una prima la energía
eléctrica incorporada al sistema por las instalaciones a las que se
refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 27, cuando su potencia
instalada sea inferior a 10 Mw, durante un período máximo de diez años
desde su puesta en marcha, en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.
Artículo 31.Inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de
Producción de Energía Eléctrica.
Las instalaciones de energía eléctrica en régimen especial habrán de
estar inscritas en el Registro Administrativo de Instalaciones de
Producción de Energía Eléctrica a que se refiere el apartado 4 del
artículo 21 de la presente Ley. La inscripción especificará, en cada
caso, el régimen retributivo al que se encuentren acogidos.
TITULO V
GESTION ECONOMICA Y TECNICA
DEL SISTEMA ELECTRICO
Artículo 32.La gestión económica y técnica.
Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico
dentro del marco que establece la presente Ley, corresponde al operador
del mercado y operador del sistema respectivamente, asumir las funciones
necesarias para realizar la gestión económica referida al eficaz
desarrollo del mercado de producción de electricidad y la garantía de la
gestión técnica del sistema eléctrico.
Artículo 33.Operador del mercado.
1.El operador del mercado, como responsable de la gestión económica
del sistema, asume la gestión del sistema de ofertas de compra y venta de
energía eléctrica en los términos que reglamentariamente se establezcan.
El operador del mercado ejercerá sus funciones respetando los
principios de transparencia, objetividad e independencia, bajo el
seguimiento y control del Comité de Agentes del Mercado a que se refiere
el apartado 4 del presente artículo.
Actuará como operador del mercado una sociedad mercantil de cuyo
accionariado podrá formar parte, cualquier persona física o jurídica
siempre que la suma de su participación directa o indirecta en el capital
de esta sociedad no supere el 10 %. Asimismo, la suma de participaciones,
directas o indirectas, de los sujetos que realicen actividades en el
sector eléctrico no deberá superar el 40%, no pudiendo sindicarse estas
acciones a ningún efecto.
2.Serán funciones del operador del mercado las siguientes: a)La
recepción de las ofertas de venta emitidas para cada período de
programación por los titulares de las unidades de producción de energía
eléctrica.
b)La recepción y aceptación de las ofertas de adquisición de energía
y las garantías que, en su caso, procedan.
c)La casación de las ofertas de venta y de adquisición partiendo de
la oferta más barata hasta igualar la demanda en cada período de
programación.
d)La comunicación a los titulares de las unidades de producción así
como a los distribuidores, comercializadores, consumidores cualificados y
al operador del sistema de los resultados de la casación de las ofertas,
la programación de entrada en la red derivada de la misma y el precio
marginal de la energía.
e)Recibir del operador del sistema la información relativa a las
alteraciones introducidas sobre la casación, en razón de alteraciones
técnicas o situaciones excepcionales en la red de transporte o, en su
caso, de distribución.
f)La determinación de los precios finales de la producción de la
energía para cada período de programación y la comunicación a todos los
agentes implicados.
g)La liquidación y comunicación de los pagos y cobros que deberán
realizarse en virtud del precio final de la energía resultante del
sistema, del funcionamiento efectivo de las unidades de producción, de la
disponibilidad de unidades de producción en cada período de programación
y de aquellos otros costes que reglamentariamente se determinen.
h)Recibir la información relativa a los sujetos que se han dirigido
al operador del sistema, a fin de que éste confirme las incidencias que
justifiquen la excepción de pedir ofertas.
i)Informar públicamente sobre la evolución del mercado con la
periodicidad que se determine.
j)Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le
asignen.
3.El operador del mercado tendrá acceso directo al Registro
Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a que
se refiere el apartado 4 del artículo 21, así como al Registro de
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados al que se
refiere el apartado 4 del artículo 45 y coordinará sus actuaciones con el
operador del sistema.
4.Se crea el Comité de Agentes del Mercado que tendrá como funciones
la supervisión del funcionamiento de la gestión económica del sistema y
la propuesta de medidas que puedan redundar en un mejor funcionamiento
del mercado de producción.
En el Comité de Agentes del Mercado estarán representados todos los
sujetos que tengan acceso al mercado, así como los consumidores
cualificados y el operador del mercado y del sistema.
Reglamentariamente se desarrollará la composición y funciones de
este órgano.
Artículo 34.Operador del sistema.
1.El operador del sistema, como responsable de la gestión técnica
del sistema, tendrá por objeto garantizar la continuidad y seguridad del
suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción
y transporte.
El operador del sistema ejercerá sus funciones en coordinación con
el operador del mercado, bajo los principios de transparencia,
objetividad e independencia.
Actuará como operador del sistema una sociedad mercantil de cuyo
accionariado podrá formar parte cualquier persona física o jurídica
siempre que la suma de su participación directa o indirecta en el capital
de esta sociedad no supere el 10 por ciento. Asimismo la suma de
participaciones, directas o indirectas, de los sujetos que realicen
actividades en el sector eléctrico no deberá superar el 40 por ciento, no
pudiendo sindicarse estas acciones a ningún efecto.
La sociedad que actúe como operador del sistema desarrollará, en su
caso, sus actividades de gestión técnica y de transporte con la adecuada
separación contable.
2.Serán funciones del operador del sistema las siguientes:
a)Prever indicativamente y controlar el nivel de garantía de
abastecimiento de electricidad del sistema a corto y medio plazo.
b)Prever a corto y medio plazo, en coordinación con el operador del
mercado, la utilización del equipamiento de producción, en especial del
uso de las reservas hidroeléctricas, de acuerdo con la previsión de la
demanda, la disponibilidad del equipamiento eléctrico y las distintas
condiciones de hidraulicidad que pudieran presentarse dentro del período
de previsión.
c)Programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir del resultado de la casación de las ofertas
comunicada por el operador del mercado, las excepciones que al régimen de
ofertas se puedan derivar de la aplicación de lo previsto en el artículo
24 y las restricciones técnicas del sistema, utilizando criterios de
mercado.
d)Impartir las instrucciones necesarias para la correcta explotación
del sistema de producción y transporte de acuerdo con los criterios de
fiabilidad y seguridad que se establezcan, y gestionar el mercado de
servicios complementarios que sean necesarios para tal fin.
e)Determinar la capacidad de uso de las interconexiones
internacionales y establecer los programas de intercambio de electricidad
a corto plazo con los sistemas eléctricos exteriores, en los términos
previstos en el artículo 13.4 de la presente Ley.
f)Recibir la información necesaria sobre los planes de mantenimiento
de las unidades de producción, averías u otras circunstancias que puedan
llevar consigo la excepción de la obligación de presentar ofertas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la presente Ley, a fin de
confirmarlas con el procedimiento que reglamentariamente se establezca,
lo que comunicará al operador del mercado.
g)Coordinar y modificar, en su caso, los planes de mantenimiento de
las instalaciones de transporte, de manera que se asegure su
compatibilidad con los planes de mantenimiento de los grupos de
generación y se asegure un estado de disponibilidad adecuado de la red
que garantice la seguridad del sistema.
h)Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de
producción y transporte, afectando a cualquier elemento del sistema
eléctrico que sea necesario, así como los planes de maniobras para la
reposición del servicio en caso de fallos generales en el suministro de
energía eléctrica y coordinar y controlar su ejecución.
Cuando como consecuencia de lo anterior haya de alterarse el orden
de entrada en funcionamiento de unidades de producción de energía
eléctrica derivado de la casación de ofertas, el operador del sistema
procurará, cuando las condiciones técnicas lo permitan, respetar el orden
de precedencia económica derivado de dicha casación.
i)Colaborar con el operador del mercado en la liquidación de la
energía.
j)Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones que
sean adoptadas por el Gobierno en ejecución de lo previsto en el apartado
2 del artículo 10.
k)Impartir las instrucciones de operación de la red de transporte,
incluidas las interconexiones internacionales, para su maniobra en tiempo
real.
l)Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas con las
anteriores que sean convenientes para la prestación del servicio, así
como cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por las
disposiciones vigentes.
TITULO VI
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
Artículo 35.La red de transporte de energía eléctrica.
1.La red de transporte de energía eléctrica está constituida por las
líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos con
tensiones iguales o superiores a 220 KV y aquellas otras instalaciones,
cualquiera que sea su tensión, que cumplan funciones de transporte o de
interconexión internacional y, en su caso, las interconexiones con los
sistemas eléctricos españoles insulares y extrapeninsulares.
Asimismo, se consideran elementos constitutivos de la red de
transporte todos aquellos activos de comunicaciones, protecciones,
control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y demás elementos
auxiliares, eléctricos o no, necesarios para el adecuado funcionamiento
de las instalaciones específicas de la red de transporte antes definida.
2.El gestor de la red de transporte será responsable del desarrollo
y ampliación de la red de transporte en alta tensión definida en este
artículo, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una
red configurada bajo criterios homogéneos y coherentes. El gestor de la
red de transporte podrá realizar actividades de transporte en los
términos establecidos en la presente Ley.
3.Se establecerán cuantas normas técnicas sean precisas para
garantizar la fiabilidad del suministro de energía eléctrica y de las
instalaciones de la red de transporte y las a ella conectadas. Estas
normas se atendrán a criterios de general aceptación, y serán objetivas y
no discriminatorias.
Artículo 36.Autorización de instalaciones de transporte de energía
eléctrica.
1.La construcción, explotación, modificación, transmisión y cierre
de las instalaciones de transporte contempladas en el artículo 35.1
requerirá autorización administrativa previa en los términos establecidos
en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
La autorización administrativa de cierre de una instalación podrá
imponer a su titular la obligación de proceder a su desmantelamiento.
2.Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de
transporte de energía eléctrica deberán acreditar suficientemente los
siguientes extremos:
a)Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y del
equipo asociado.
b)El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del
medio ambiente.
c)Las características del emplazamiento de la instalación.
d)Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la
realización del proyecto.
3.Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1 serán otorgadas
por la Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones
que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del
territorio y al medio ambiente.
La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización a
que se refiere el presente artículo, tendrá efectos
desestimatorios. En todo caso, podrá interponerse recurso ordinario ante
la autoridad administrativa correspondiente.
En el caso de instalaciones de transporte cuya autorización deba ser
otorgada por las Comunidades Autónomas, éstas solicitarán informe previo
a la Administración General del Estado, en el que ésta consignará las
posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de
desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen
económico regulados en esta Ley, que la Administración autorizante deberá
tener en cuenta en el otorgamiento de la autorización.
Los criterios que determinarán el otorgamiento de las autorizaciones
atenderán, entre otras circunstancias, a la calificación técnica de los
solicitantes y a la incidencia de la instalación en el conjunto del
sistema eléctrico.
Las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de
transporte podrán ser otorgadas mediante un procedimiento que asegure la
concurrencia, promovido y resuelto por la Administración competente. En
este supuesto, el informe de la Administración del Estado tendrá por
objeto, adicionalmente, las bases del concurso.
Las bases del concurso podrán incorporar, en su caso, condiciones
relativas al destino de la instalación para el caso de cese en la
explotación de las mismas por su titular y que podrán suponer su
transmisión forzosa o desmantelamiento.
4.Los titulares de autorizaciones de instalaciones de transporte
deberán revestir la forma de sociedad mercantil de nacionalidad española
o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión Europea con
establecimiento permanente en España.
Artículo 37.Contenido de las autorizaciones de instalaciones de
transporte.
1.Las autorizaciones de instalaciones de transporte contendrán todos
los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación.
Los titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica
tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a)Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las
disposiciones aplicables, prestando el servicio de transporte de forma
regular y continua con los niveles de calidad que se determinen y
manteniendo las instalaciones en las adecuadas condiciones de
conservación e idoneidad técnica.
b)Facilitar el uso de sus instalaciones para los movimientos de
energía resultantes de lo dispuesto en la presente Ley, y admitir la
utilización de sus redes de transporte por todos los sujetos autorizados,
en condiciones no discriminatorias, de acuerdo con las normas técnicas de
transporte.
c)Maniobrar y mantener las instalaciones de su propiedad de acuerdo
con las instrucciones y directrices a las que hace referencia el apartado
k) del artículo 34.2.
d)El reconocimiento por parte de la Administración de una
retribución por el ejercicio de su actividad dentro del sistema eléctrico
en los términos establecidos en el Título III de esta Ley.
e)Exigir que las instalaciones conectadas a las de su propiedad
reúnan las condiciones técnicas establecidas y sean usadas en forma
adecuada.
2.El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que
determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
Artículo 38.Acceso a las redes de transporte.
1.Las instalaciones de transporte podrán ser utilizadas por los
sujetos y consumidores cualificados y por aquellos sujetos no nacionales
autorizados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13. El precio por
el uso de redes de transporte vendrá determinado por el peaje aprobado
por el Gobierno.
2.El gestor de la red de transporte sólo podrá denegar el acceso a
la red en caso de que no disponga de la capacidad necesaria.
La denegación deberá ser motivada. La falta de capacidad necesaria
sólo podrá justificarse por criterios de seguridad, regularidad o calidad
de los suministros, atendiendo a las exigencias que a estos efectos se
establezcan reglamentariamente.
3.En aquellos casos en que se susciten conflictos en relación con la
aplicación de contratos de acceso a la red, dichos conflictos se
someterán a la resolución de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la presente Ley.
TITULO VII
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
Artículo 39.Regulación de la distribución.
1.La distribución de energía eléctrica se regirá por lo dispuesto en
la presente Ley y será objeto de ordenación atendiendo a la necesaria
coordinación de su funcionamiento, a la normativa uniforme que se
requiera, a su retribución conjunta y a las competencias autonómicas.
2.La ordenación de la distribución tendrá por objeto establecer y
aplicar principios comunes que garanticen su adecuada relación con las
restantes actividades eléctricas, determinar las condiciones de tránsito
de la energía eléctrica por dichas redes, establecer la suficiente
igualdad entre quienes realizan la actividad en todo el territorio y la
fijación de condiciones comunes equiparables para todos los usuarios de
la energía.
Dicha ordenación consistirá en el establecimiento de la normativa
básica, en la previsión del funcionamiento y desarrollo
coordinado de las redes de distribución en el territorio nacional y en
las condiciones de tránsito de la energía eléctrica para las mismas.
3.Los criterios de regulación de la distribución de energía
eléctrica, que se establecerán atendiendo a zonas eléctricas con
características comunes y vinculadas con la configuración de la red de
transporte y de ésta con las unidades de producción, serán fijados por el
Ministerio de Industria y Energía, previo acuerdo con las Comunidades
Autónomas afectadas, con el objeto de que exista la adecuada coordinación
del desarrollo de las actividades de distribución.
Artículo 40.Autorización de instalaciones de distribución.
1.Estarán sujetas a autorización administrativa la construcción,
modificación, explotación y transmisión y cierre de las instalaciones de
distribución de energía eléctrica, con independencia de su destino o uso.
La autorización administrativa de cierre de una instalación podrá
imponer a su titular la obligación de proceder a su desmantelamiento.
La Administración competente denegará la autorización cuando no se
cumplan los requisitos previstos legalmente o la empresa no garantice la
capacidad legal, técnica y económica necesarias para acometer la
actividad propuesta, o cuando tenga una incidencia negativa en el
funcionamiento del sistema.
Los solicitantes deberán revestir la forma de sociedad mercantil de
nacionalidad española o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión
Europea con establecimiento permanente en España.
2.La autorización en ningún caso se entenderá concedida en régimen
de monopolio ni concederá derechos exclusivos.
3.Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1 serán otorgadas
por la Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones
que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del
territorio y al medio ambiente.
La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización a
que se refiere el presente artículo, tendrá efectos desestimatorios. En
todo caso, podrá interponerse recurso ordinario ante la autoridad
administrativa correspondiente.
Artículo 41.Obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras.
1.Serán obligaciones de las empresas distribuidoras:
a)Realizar el suministro de energía a los usuarios a tarifa en los
términos previstos en el Título siguiente.
b)Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las
disposiciones aplicables, prestando el servicio de distribución de forma
regular y continua, y con los niveles de calidad que se determinen,
manteniendo las redes de distribución eléctrica en las adecuadas
condiciones de conservación e idoneidad técnica.
c)Proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución
cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro
eléctrico, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen
que reglamentariamente se establezca para las acometidas eléctricas.
Cuando existan varios distribuidores cuyas instalaciones sean
susceptibles de ampliación para atender nuevos suministros y ninguno de
ellos decidiera acometerla, la Administración competente, determinará
cual de estos distribuidores deberá realizarla, atendiendo a sus
condiciones.
d)Comunicar al Ministerio de Industria y Energía las autorizaciones
de instalación que les concedan otras Administraciones, así como las
modificaciones relevantes de su actividad, a efectos del reconocimiento
de sus costes en la determinación de la tarifa y la fijación de su
régimen de retribución.
e)Comunicar al Ministerio de Industria y Energía y a la
Administración competente la información que se determine sobre precios,
consumos, facturaciones y condiciones de venta aplicables a los
consumidores, distribución de consumidores y volumen correspondiente por
categorías de consumo, así como cualquier información relacionada con la
actividad que desarrollen dentro del sector eléctrico.
2.Serán derechos de las empresas distribuidoras:
a)El reconocimiento por parte de la Administración de una
retribución por el ejercicio de su actividad dentro del Sistema Eléctrico
Nacional en los términos establecidos en el Título III de esta Ley.
b)Adquirir la energía eléctrica necesaria para atender el suministro
de sus clientes.
c)Percibir la retribución que le corresponda por el ejercicio de la
actividad de distribución.
3.El Gobierno publicará en el «Boletín Oficial del Estado», las
zonas eléctricas diferenciadas en el territorio nacional de de acuerdo
con el apartado 3 del artículo 39, así como la empresa o empresas de
distribución que actuarán como gestor de la red en cada una de las zonas.
La determinación de las zonas eléctricas y del gestor o gestores de
la red en cada una de las zonas, se realizará previa audiencia a las
empresas de distribución y previa solicitud de informe a las Comunidades
Autónomas correspondientes, cuando la zona afecte al ámbito territorial
de más de una Comunidad Autónoma y previo acuerdo con la Comunidad
Autónoma correspondiente, cuando la zona se ciña a su ámbito territorial.
El gestor de la red de distribución en cada zona determinará los
criterios de la explotación y mantenimiento de las redes garantizando la
seguridad, la fiabilidad y la eficacia de las mismas, de acuerdo con la
normativa medioambiental que les sea aplicable.
El gestor de la red deberá preservar el carácter confidencial de la
información de la que tenga conocimiento en
el desempeño de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse
problemas de índole comercial, sin perjuicio de la obligación de
información a las Administraciones Públicas derivada de la presente Ley o
sus normas de desarrollo.
Artículo 42.Acceso a las redes de distribución.
1.Las instalaciones de distribución podrán ser utilizadas por los
sujetos y consumidores cualificados y por aquellos sujetos no nacionales
que puedan realizar intercambios intracomunitarios e internacionales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 para el tránsito de
electricidad. El precio por el uso de redes de distribución vendrá
determinado por el peaje aprobado por el Gobierno.
2.El gestor de la red de distribución sólo podrá denegar el acceso a
la red en caso de que no disponga de la capacidad necesaria.
La denegación deberá ser motivada. La falta de capacidad necesaria
sólo podrá justificarse por criterios de seguridad, regularidad o calidad
de los suministros, atendiendo a las exigencias que a estos efectos se
establezcan reglamentariamente.
3.En aquellos casos en que se susciten conflictos en relación con la
aplicación de contratos de acceso a la red, dichos conflictos se
someterán a la resolución de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la presente Ley.
Artículo 43.Líneas directas.
1.Los productores y los consumidores cualificados podrán solicitar
autorización administrativa para la construcción de líneas directas de
transporte o distribución, quedando su uso excluido del régimen
retributivo que para las actividades de transporte y distribución se
establecen en la presente Ley.
2.Los solicitantes de autorizaciones para la construcción de líneas
directas deberán acreditar su capacidad legal, técnica y económica para
acometer la obra propuesta, así como las características del
emplazamiento de la instalación y el cumplimiento de las condiciones de
protección del medio ambiente.
3.La construcción de líneas directas queda excluida de la aplicación
de las disposiciones que en materia de expropiación y servidumbres se
establecen en el Título IX de la presente Ley, sometiéndose al
ordenamiento jurídico general.
4.Las líneas directas sólo podrán ser utilizadas por los sujetos
titulares de la autorización administrativa y por sus instalaciones o
filiales en las que cuenten con una participación significativa, no
pudiéndose conceder acceso a terceros.
La apertura a terceros del uso de la red exigirá su venta, cesión o
aportación a una empresa transportista o distribuidora de forma que dicha
red quede integrada en el sistema general.
TITULO VIII
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
CAPITULO I
Suministro a los usuarios y gestión
de la demanda eléctrica
Artículo 44.Suministro.
1.El suministro de energía eléctrica a los usuarios será realizado
por las correspondientes empresas distribuidoras cuando se trate de
consumidores a tarifa, o por las empresas comercializadoras en el caso de
consumidores acogidos a la condición de cualificados.
2.Aquellas personas jurídicas que quieran actuar como
comercializadoras, habrán de contar con autorización administrativa
previa, que tendrá carácter reglado y será otorgada por la Administración
competente, atendiendo al cumplimiento de los requisitos que se
establezcan reglamentariamente, entre los que se incluirán, en todo caso,
la suficiente capacidad legal, técnica y económica del solicitante. La
solicitud de autorización administrativa para actuar como
comercializador, especificará el ámbito territorial en el cual se
pretenda desarrollar la actividad.
En ningún caso la autorización se entenderá concedida en régimen de
monopolio, ni concederá derechos exclusivos.
Para poder adquirir energía eléctrica con el fin de suministrar a
sus clientes, las empresas comercializadoras a que se refiere este
apartado deberán estar inscritas en el Registro a que se refiere el
artículo 45.4 de la presente Ley y presentar al operador del mercado
garantía suficiente para cubrir su demanda de energía de acuerdo con lo
que se establezca reglamentariamente.
Artículo 45.Obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras y
comercializadoras en relación al suministro.
1.Serán obligaciones de las empresas distribuidoras en relación al
suministro de energía eléctrica:
a)Atender en condiciones de igualdad las demandas de nuevos
suministros eléctricos en las zonas en que operen y formalizar los
contratos de suministro de acuerdo con lo establecido por la
Administración.
Reglamentariamente se regularán las condiciones y procedimientos
para el establecimiento de acometidas eléctricas y el enganche de nuevos
usuarios a las redes de distribución.
b)Proceder a la medición de los suministros en la forma que
reglamentariamente se determine, preservándose, en todo caso, la
exactitud de la misma y la accesibilidad a los correspondientes aparatos,
facilitando el control de las Administraciones competentes.
c)Aplicar a los consumidores la tarifa que, conforme a lo dispuesto
por la Administración General del Estado, les corresponda.
d)Informar a los consumidores en la elección de la tarifa eléctrica
más conveniente para ellos.
e)Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados
por la Administración.
f)Procurar un uso racional de la energía.
g)Asegurar el nivel de calidad del servicio que, de acuerdo con los
criterios de diferenciación por áreas y tipología del consumo a que se
refiere el siguiente capítulo, se establezca reglamentariamente.
h)Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus
actividades, realizando el pago de sus adquisiciones de acuerdo con el
procedimiento de liquidación que al efecto se establezca.
2.Serán obligaciones de las empresas comercializadoras, en relación
al suministro:
a)Proceder directamente o a través del correspondiente distribuidor
a la medición de los suministros en la forma que reglamentariamente se
determine, preservándose, en todo caso, la exactitud de la misma y la
accesibilidad a los correspondientes aparatos, facilitando el control de
las Administraciones competentes.
b)Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados
por la Administración.
c)Procurar un uso racional de la energía.
d)Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus
actividades, realizando el pago de sus adquisiciones de acuerdo con el
procedimiento de liquidación que al efecto se establezca.
3.Las empresas distribuidoras y comercializadoras tendrán derecho a:
a)Exigir que las instalaciones y aparatos receptores de los usuarios
reúnan las condiciones técnicas y de construcción que se determinen, así
como el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las condiciones
establecidas para que el suministro se produzca sin deterioro o
degradación de su calidad para otros usuarios.
b)Facturar y cobrar el suministro realizado.
4.Se crea, en el Ministerio de Industria y Energía, el Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Cualificados. Reglamentariamente, previo informe de las Comunidades
Autónomas, se establecerá su organización, así como los procedimientos de
inscripción y comunicación de datos a este Registro.
La inscripción en el Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Cualificados, será condición necesaria
para la presentación de ofertas de adquisición de energía al operador del
mercado. Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán
crear y gestionar los correspondientes registros territoriales en el que
deberán estar inscritas todas las instalaciones ubicadas en el ámbito
territorial de aquéllas.
Artículo 46.Programas de gestión de la demanda.
1.Las empresas distribuidoras y comercializadoras, en coordinación
con los diversos agentes que actúan sobre la demanda, podrán desarrollar
programas de actuación que, mediante una adecuada gestión de la demanda
eléctrica, mejoren el servicio prestado a los usuarios y la eficiencia y
ahorro energéticos.
El cumplimiento de los objetivos previstos en dichos programas podrá
dar lugar al reconocimiento de los costes en que se incurra para su
puesta en práctica conforme a lo dispuesto en el Título III. A los
efectos de dicho reconocimiento los programas deberán ser aprobados por
el Ministerio de Industria y Energía, previo informe de las Comunidades
Autónomas en su ámbito territorial.
2.Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá adoptar
medidas que incentiven la mejora del servicio a los usuarios y la
eficiencia y el ahorro energéticos, directamente o a través de agentes
económicos cuyo objeto sea el ahorro y la introducción de la mayor
eficiencia en el uso final de la electricidad.
Artículo 47.Planes de ahorro y eficiencia energética.
1.La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas,
en el ámbito de sus respectivas competencias territoriales, podrán,
mediante planes de ahorro y eficiencia energética, establecer las normas
y principios básicos para potenciar las acciones encaminadas a la
consecución de los siguientes fines:
a)Optimizar los rendimientos de los procesos de transformación de la
energía, inherentes a sistemas productivos o de consumo.
b)Analizar y controlar el desarrollo de proyectos de creación de
plantas industriales de gran consumo de energía, según criterios de
rentabilidad energética a nivel nacional.
c)Mejorar el rendimiento o sustituir el tipo de combustible en
empresas o sectores de alto consumo energético, a tenor de los intereses
a nivel nacional.
Cuando dichos planes de ahorro y eficiencia energética establezcan
acciones incentivadas con fondos públicos, las citadas Administraciones
podrán exigir a las personas físicas o jurídicas participantes la
presentación de una auditoría energética de los resultados obtenidos.
CAPITULO II
Calidad del suministro eléctrico
Artículo 48.Calidad del suministro eléctrico.
1.El suministro de energía eléctrica deberá ser realizado por las
empresas titulares de autorizaciones previstas en la presente Ley con las
características y continuidad que reglamentariamente se determinen para
el territorio nacional,
teniendo en cuenta la diferenciación por zonas a la que se refiere el
número siguiente.
Para ello, las empresas de energía eléctrica contarán con el
personal y medios necesarios para garantizar la calidad del servicio
exigida por las reglamentaciones vigentes.
Las empresas eléctricas y, en particular, las distribuidoras y
comercializadoras promoverán la incorporación de tecnologías avanzadas en
la medición y para el control de la calidad del suministro eléctrico.
2.La Administración General del Estado establecerá las líneas de
actuación en materia de calidad del servicio, tendentes a la consecución
de los objetivos de calidad, tanto en consumo final como en las zonas
que, por sus características demográficas y tipología del consumo, puedan
considerarse idóneas para la determinación de objetivos diferenciados.
Para la implantación de dichas líneas de actuación se instrumentarán
programas de actuación en colaboración con las Comunidades Autónomas que,
sin perjuicio de otras medidas, podrán ser tomados en consideración para
el reconocimiento de costes a efectos retributivos, previo informe de la
Administración competente para autorizar las instalaciones de
distribución correspondientes, en el que se constate que dichas
inversiones responden a la consecución de los objetivos de calidad
previstos.
La Administración General del Estado determinará unos índices
objetivos de calidad del servicio, así como unos valores entre los que
estos índices puedan oscilar, a cumplir tanto a nivel de usuario
individual, como para cada zona geográfica atendida por un único
distribuidor. Estos índices deberán tomar en consideración la continuidad
del suministro, relativo al número y duración de las interrupciones y la
calidad del producto relativa a las características de la tensión. Las
empresas eléctricas estarán obligadas a facilitar a la Administración la
información, convenientemente auditada, necesaria para la determinación
objetiva de la calidad del servicio. Los datos de los índices antes
citados serán hechos públicos con una periodicidad anual.
Las empresas eléctricas podrán declarar la existencia de zonas en
que tengan dificultad temporal para el mantenimiento de la calidad
exigible, presentando a la vez un Plan de Mejora de la calidad del
suministro que habrá de ser aprobado por la Administración competente.
3.Si la baja calidad de la distribución de una zona es continua, o
pudiera producir consecuencias graves para los usuarios, o concurrieran
circunstancias especiales que puedan poner en peligro la seguridad en el
servicio eléctrico, la Administración competente podrá establecer las
directrices de actuación que deberán ser llevadas a cabo por las empresas
distribuidoras para restablecer la calidad del servicio.
4.Reglamentariamente se establecerá el Procedimiento para determinar
las reducciones que hayan de aplicarse en la facturación a abonar por los
usuarios si se constatara que la calidad del servicio individual prestado
por la empresa es inferior a la reglamentariamente exigible.
Artículo 49.Potestad inspectora.
1.Los órganos de la Administración competente dispondrán, de oficio
o a instancia de parte, la práctica de cuantas inspecciones y
verificaciones se precisen para comprobar la regularidad y continuidad en
la prestación de las actividades necesarias para el suministro, así como
para garantizar la seguridad de las personas y de las cosas.
2.Las inspecciones a que alude el párrafo anterior cuidarán, en todo
momento, de que se mantengan las características de la energía
suministrada dentro de los límites autorizados oficialmente.
Artículo 50.Suspensión del suministro.
1.El suministro de energía eléctrica a los consumidores sólo podrá
suspenderse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro
que nunca podrá invocar problemas de orden técnico o económico que lo
dificulten, o por causa de fuerza mayor o situaciones de las que se pueda
derivar amenaza cierta para la seguridad de las personas o las cosas,
salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.
En el caso del suministro a consumidores cualificados se estará a
las condiciones de garantía de suministro y suspensión que hubieran
pactado.
2.Podrá, no obstante, suspenderse temporalmente cuando ello sea
imprescindible para el mantenimiento, seguridad del suministro,
reparación de instalaciones o mejora del servicio. En todos estos
supuestos, la suspensión requerirá autorización administrativa previa y
comunicación a los usuarios en la forma que reglamentariamente se
determine.
3.En las condiciones que reglamentariamente se determinen podrá ser
suspendido el suministro de energía eléctrica a los consumidores privados
a tarifa cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les
hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se
hubiera hecho efectivo. A estos efectos, el requerimiento se practicará
por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el
interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el
contenido del mismo.
En el caso de las Administraciones Públicas, transcurridos dos meses
desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago sin que el
mismo se hubiera efectuado, comenzarán a devengarse intereses que serán
equivalentes al interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos. Si
transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento, el pago no se
hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro.
En ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica
a aquellas instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como
esenciales. Reglamentariamente se establecerán los criterios para
determinar qué servicios deben ser entendidos como esenciales. No
obstante, las empresas distribuidoras o comercializadoras podrán aceptar
los pagos que perciban de aquellos de sus clientes que tengan suministros
vinculados a servicios declarados como esenciales en situación de
morosidad, al abono de las facturas correspondientes a dichos servicios,
con independencia de
la asignación que el cliente, público o privado, hubiera atribuido a
estos pagos.
4.Una vez realizado el pago de lo adeudado por el consumidor al que
se le ha suspendido el suministro, le será repuesto éste de inmediato.
Artículo 51.Normas técnicas y de seguridad de las instalaciones
eléctricas.
1.Las instalaciones de producción, transporte y distribución de
energía eléctrica, las destinadas a su recepción por los usuarios, los
equipos de consumo, así como los elementos técnicos y materiales para las
instalaciones eléctricas deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo
previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sin perjuicio
de lo previsto en la normativa autonómica correspondiente.
2.Las reglamentaciones técnicas a que alude el párrafo anterior
tendrán por objeto:
a)Proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los
bienes que puedan resultar afectados por las instalaciones.
b)Conseguir la necesaria regularidad en los suministros de energía
eléctrica.
c)Establecer reglas de normalización para facilitar la inspección de
las instalaciones, impedir una excesiva diversificación del material
eléctrico y unificar las condiciones del suministro.
d)Obtener la mayor racionalidad y aprovechamientos técnico y
económico de las instalaciones.
e)Incrementar la fiabilidad de las instalaciones y la mejora de la
calidad de los suministros de energía.
f)Proteger el medio ambiente y los derechos e intereses de los
consumidores y usuarios.
g)Conseguir los niveles adecuados de eficiencia en el uso de la
electricidad.
3.Sin perjuicio de las restantes autorizaciones reguladas en la
presente Ley y a los efectos previstos en el presente artículo, la
construcción, ampliación o modificación de instalaciones eléctricas
requerirá, con carácter previo a su puesta en marcha, la correspondiente
autorización administrativa en los términos que reglamentariamente se
disponga.
TITULO IX
EXPROPIACION Y SERVIDUMBRES
Artículo 52.Utilidad pública.
1.Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos
de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su
establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
2.Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de
la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus
emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas
o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o
la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.
Artículo 53.Solicitud de la declaración de utilidad pública.
1.Para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las
instalaciones aludidas en el artículo anterior, será necesario que la
empresa interesada lo solicite, incluyendo una relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de
necesaria expropiación.
2.La petición se someterá a información pública y se recabará
informe de los organismos afectados.
3.Concluida la tramitación, el reconocimiento de la utilidad pública
será acordado por el Ministerio de Industria y Energía, si la
autorización de la instalación corresponde al Estado, sin perjuicio de la
competencia del Consejo de Ministros en caso de oposición de organismos u
otras entidades de derecho público, o por el organismo competente de las
Comunidades Autónomas en los demás casos.
Artículo 54.Efectos de la declaración de utilidad pública.
1.La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso
la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
2.Igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de
dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las
Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la
provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de
servidumbre pública.
Artículo 55.Derecho supletorio.
En lo relativo a la materia regulada en los artículos precedentes
será de aplicación supletoria lo dispuesto en la legislación general
sobre expropiación forzosa y en el Código Civil cuando proceda.
Artículo 56.Servidumbre de paso.
1.La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la
consideración de servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma
y con el alcance que se determinan en la presente Ley y se regirá por lo
dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la
legislación mencionada en el artículo anterior.
2.La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el
predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos
para la sustentación de cables conductores de energía.
3.La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del
subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás
características que señale la legislación urbanística aplicable.
4.Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho
de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes
necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de
las correspondientes instalaciones.
Artículo 57.Limitaciones a la constitución de servidumbre de paso.
No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta
tensión:
a)Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos
deportivos y jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que
ya existan al tiempo de decretarse la servidumbre, siempre que la
extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea.
b)Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea
puede técnicamente instalarse, sin variación de trazado superior a la que
reglamentariamente se determine, sobre terrenos de dominio, uso o
servicio público o patrimoniales del Estado, Comunidades Autónomas, de
las provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de
propiedad privada.
Artículo 58.Relaciones civiles.
1.La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del
predio sirviente cercarlo o edificar sobre él dejando a salvo dicha
servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración competente,
que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia de
seguridad.
Podrá asimismo el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea,
si no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de
la variación.
2.La variación del tendido de una línea como consecuencia de
proyectos o planes aprobados por la Administración comportará el pago del
coste de dicha variación.
TITULO X
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 59.Principios generales.
1.Son infracciones administrativas las acciones y omisiones que se
tipifican en los artículos siguientes.
2.Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley
se entenderán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales o
de otro orden en que puedan incurrir las empresas titulares de
actividades eléctricas o sus usuarios.
Artículo 60.Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1.El incumplimiento de las condiciones y requisitos aplicables a
instalaciones, de manera que se ponga en peligro manifiesto a las
personas y los bienes.
2.El incumplimiento de los actos dictados por el operador del
mercado o del sistema o de las disposiciones sobre adquisición y
liquidación de energía.
3.La utilización de instrumentos, aparatos o elementos sujetos a
seguridad industrial sin cumplir las normas reglamentarias, cuando
comporten peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio
ambiente.
4.La interrupción o suspensión del suministro de energía eléctrica
para una zona o grupo de población sin que medien los requisitos legales
que lo justifiquen.
5.La negativa a suministrar energía eléctrica a nuevos usuarios, sin
que existan razones que lo justifique.
6.La negativa a admitir verificaciones o inspecciones reglamentarias
acordadas en cada caso por la Administración competente, por la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, o la obstrucción de su práctica.
7.La aplicación a los consumidores de tarifas no autorizadas por la
Administración.
8.La aplicación irregular de las tarifas autorizadas, de manera que
se produzca una alteración en el precio superior al 15 por 100.
9.El incumplimiento de las obligaciones resultantes de la aplicación
del sistema tarifario o de los criterios de recaudación.
10.Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de energía
eléctrica, que suponga una alteración porcentual de la realidad de lo
suministrado o consumido superior al 15 por 100.
11.La negativa, no meramente ocasional o aislada, a facilitar a la
Administración o a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico la
información que se solicite o a la de verificación y control contable
legalmente establecidos.
12.La reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o
de suministro de energía eléctrica.
13.La realización de actividades incompatibles de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ley.
14.El desarrollo de actividades eléctricas sin las debidas
autorizaciones o en instalaciones que carecen de ellas.
15.El incumplimiento habitual de las instrucciones relativas a la
ampliación, mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas,
para la adecuada prestación del servicio y la continuidad del suministro,
impartidas por la Administración competente.
16.La no presentación de ofertas, no meramente ocasional o aislada,
al operador del mercado por las instalaciones
de producción de energía eléctrica que estén obligadas a hacerlo de
acuerdo con la presente Ley sin que medie confirmación del operador del
sistema.
17.El carecer de la contabilidad exigida de acuerdo con la presente
Ley o llevarla con vicios o irregularidades esenciales que impidan
conocer la situación patrimonial y financiero de la entidad.
18.El desarrollo de prácticas dirigidas a falsear la libre formación
de los precios en el mercado de producción.
19.La denegación injustificada de acceso a la red de transporte o de
distribución.
20.Las infracciones graves cuando durante los tres años anteriores a
su comisión hubiera sido impuesta al infractor sanción firme por el mismo
tipo de infracción.
21.El incumplimiento reiterado de los índices objetivos de calidad
del servicio y la no elaboración de los Planes de Mejora de la calidad
del servicio, que se establecen en el artículo 48.2, de la presente Ley.
Artículo 61.Infracciones graves.
Son infracciones graves las conductas tipificadas en el artículo
anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan
calificarse de muy graves y, en particular:
1.La negativa ocasional y aislada a facilitar a la Administración o
a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico la información que se
reclame de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
2.El incumplimiento de las medidas de seguridad, aún cuando no
supongan peligro manifiesto para personas o bienes.
3.El retraso injustificado en el comienzo de la prestación del
servicio a nuevos usuarios.
4.El incumplimiento de las instrucciones relativas a la ampliación,
mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas, para la
adecuada prestación del servicio y la continuidad del suministro,
impartidas por la Administración competente.
5.El incumplimiento reiterado en el consumo de la energía eléctrica
demandada al operador del mercado por los consumidores cualificados,
distribuidores y comercializadores.
6.La aplicación irregular de las tarifas autorizadas, de manera que
se produzca una alteración en el precio superior al 5 por 100 e inferior
al 15 por 100.
7.Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de energía
eléctrica, que suponga una alteración porcentual de la realidad de lo
suministrado o consumido superior al 10 por 100.
8.La incorporación de energía al sistema, por parte de los
productores acogidos al régimen especial, en forma distinta a la prevista
en el artículo 30.2.a) de la presente Ley.
9.La no presentación de ofertas al operador del mercado por las
instalaciones de producción de energía eléctrica que estén obligadas a
hacerlo de acuerdo con la presente Ley sin que medie confirmación del
operador del sistema.
10.El incurrir el operador del mercado en retrasos injustificados en
su función de casación de ofertas o de liquidación.
11.El incurrir el operador del mercado en retrasos injustificados en
la comunicación de los resultados de la liquidación o de los deberes de
información sobre la evolución del mercado.
12.Cualquier actuación por parte del operador del sistema a la hora
de determinar el orden de entrada efectiva en funcionamiento de las
instalaciones de producción de energía eléctrica, que suponga una
alteración injustificada del resultado de la casación de ofertas.
13.La denegación o concesión de la autorización a que se refiere el
artículo 34.2.f) sin que medie justificación suficiente.
14.La falta de comunicación puntual por el operador del sistema al
operador del mercado de los datos relevantes para la liquidación.
15.El incumplimiento de los índices de calidad del servicio que se
establecen en el artículo 48.2 de la presente Ley.
Artículo 62.Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de
obligada observancia comprendidas en la presente Ley y en sus normas de
desarrollo que no constituyan infracción grave o muy grave, conforme a lo
dispuesto en los dos artículos anteriores.
Artículo 63.Determinación de las sanciones.
Para la determinación de las correspondientes sanciones se tendrán
en cuenta las siguientes circunstancias:
1.El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las
personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.
2.La importancia del daño o deterioro causado.
3.Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del
suministro.
4.El grado de participación en la acción u omisión tipificada como
infracción y el beneficio obtenido de la misma.
5.La intencionalidad en la comisión de la infracción y la
reiteración en la misma.
6.La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
Artículo 64.Sanciones.
1.Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán
sancionadas:
-- Las infracciones muy graves, con multa de hasta 500.000.000 de
pesetas.
-- Las infracciones graves, con multa de hasta 100.000.000 de
pesetas.
-- Las leves, con multa de hasta 10.000.000 de pesetas.
2.Cuando a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio
cuantificable, la multa podrá alcanzar hasta el doble del beneficio
obtenido.
3.La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a criterios de
proporcionalidad y a las circunstancias especificadas en el artículo
anterior.
4.Si prosiguiera la conducta infractora una vez transcurrido el
lapso suficiente para el cese de la misma, podrán imponerse nuevas
multas, previa la instrucción de los correspondientes procedimientos
sancionadores.
5.La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la
revocación o suspensión de la autorización administrativa y la
consecuente inhabilitación temporal para operar en el mercado por un
período máximo de un año. La revocación o suspensión de las
autorizaciones se acordará, en todo caso, por la autoridad competente
para otorgarlas.
A tal efecto, la Administración actuante pondrá los hechos en
conocimiento de la competente.
Artículo 65.Procedimiento sancionador.
El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a los
principios de los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y a lo dispuesto en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, o norma autonómica correspondiente, sin
perjuicio de que reglamentariamente se establezcan especialidades de
procedimiento para la imposición de sanciones previstas en esta Ley.
Artículo 66.Competencia para imponer sanciones.
1.En el ámbito de la Administración General del Estado, las
sanciones muy graves serán impuestas por el Consejo de Ministros y las
graves por el Ministro de Industria y Energía. La imposición de las
sanciones leves corresponderá al Director General de la Energía.
2.En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto
en su propia normativa.
Artículo 67.Prescripción.
Las infracciones muy graves previstas en este capítulo prescribirán
a los tres años de su comisión; las graves, a los dos años, y las leves,
a los seis meses.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los
tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las
impuestas por faltas leves, al año.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.Intervención administrativa de empresas eléctricas.
1.Cuando el incumplimiento de las obligaciones de las empresas que
realizan las actividades y funciones reguladas en la presente Ley pueda
afectar a la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, y a fin de
garantizar su mantenimiento, el Gobierno podrá acordar la intervención de
la correspondiente empresa de acuerdo con lo previsto en el artículo
128.2 de la Constitución, adoptando las medidas oportunas para ello.
A estos efectos serán causas de intervención de una empresa las
siguientes:
a)La suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
b)La gestión irregular de la actividad cuando le sea imputable y
pueda dar lugar a su paralización con interrupción del suministro a los
usuarios.
c)La grave y reiterada falta de mantenimiento adecuado de las
instalaciones que ponga en peligro la seguridad de las mismas.
2.En los supuestos anteriores, si las empresas que desarrollan
actividades y funciones eléctricas lo hacen exclusivamente mediante
instalaciones cuya autorización sea competencia de una Comunidad
Autónoma, la intervención será acordada por ésta.
Segunda.Ocupación del dominio público marítimo terrestre para líneas
aéreas de alta tensión.
A los efectos previstos en el artículo 32 de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, excepcionalmente y por razones de utilidad pública
debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de
los Ministerios de Fomento, Medio Ambiente y de Industria y Energía,
tomando en consideración los valores medioambientales y paisajísticos,
podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión en
el dominio público marítimo-terrestre, siempre que no se localicen en
tramos de costa que constituyan playa u otros ámbitos de especial
protección.
Tercera.Efectos de la falta de resolución expresa.
Las solicitudes de resoluciones administrativas que deban dictarse
conforme a lo dispuesto en la presente Ley y a la legislación específica
en materia nuclear se podrán entender desestimadas, si no recae
resolución expresa en el plazo que al efecto se establezca en sus
disposiciones de desarrollo.
Cuarta.Modificación de los artículos 2 y 57 de la Ley de Energía Nuclear.
1.El apartado 9 del artículo 2 de la Ley 25/1964, de 29 de abril,
reguladora de la Energía Nuclear, queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 2.Definiciones.
9.ÈÈResiduo radiactivo'' es cualquier material o producto de
desecho, para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está
contaminado con radionucleidos en concentraciones o niveles de actividad
superiores a los establecidos por el Ministerio de Industria y Energía,
previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear».
2.El primer párrafo del artículo 57 de la Ley 25/1964, de 29 de
abril, sobre Energía Nuclear, queda redactado en la forma siguiente:
«En el caso de instalaciones nucleares, la cobertura exigible, de
acuerdo con el artículo 55 de la presente Ley, será de 25.000 millones de
pesetas. No obstante, el Ministerio de Industria y Energía podrá imponer
otro límite, no inferior a 1.000 millones de pesetas, cuando se trate de
transportes de sustancias nucleares o de cualquier otra actividad, cuyo
riesgo, a juicio del Consejo de Seguridad Nuclear, no requiera una
cobertura superior. Estas cifras serán elevadas por el Gobierno, a
propuesta del Ministerio de Industria y Energía, cuando los compromisos
internacionales aceptados por el Estado español lo hagan necesario o
cuando el transcurso del tiempo o la variación del índice de precios al
consumo lo impongan para mantener el mismo nivel de cobertura.»
Quinta.Modificación del capítulo XIV de la Ley de Energía Nuclear.
El capítulo XIV de la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la
Energía Nuclear, queda redactado de la siguiente forma:
«CAPITULO XIV
De las infracciones y sanciones en materia
nuclear Artículo 91.
Artículo 91.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales o de otro
orden en que puedan incurrir las empresas que realicen actividades
reguladas en la presente Ley, serán infracciones administrativas las
acciones y omisiones que supongan incumplimiento o inobservancia de lo
dispuesto en la misma, en la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del
Consejo de Seguridad Nuclear, y sus disposiciones que las desarrollan.
a)Son infracciones muy graves:
1.Realizar, sin obtener la preceptiva autorización, cualquier
actividad que la requiera, de acuerdo con esta Ley o con sus normas de
desarrollo.
2.Continuar realizando una actividad cuando la autorización
correspondiente esté suspendida o caducada, o no paralizar o suspender de
forma inmediata, a requerimiento del Consejo de Seguridad Nuclear, el
funcionamiento de la instalación cuando exista probabilidad de grave
riesgo para la vida y salud de las personas o seguridad de las cosas.
3.Ejercitar cualquier actividad regulada en esta Ley sin tener
cubierta la responsabilidad civil por los daños que la misma pueda causar
en la forma y con los límites legal o reglamentariamente previstos, salvo
en lo referente a instalaciones radiactivas de segunda y tercera
categoría.
4.El incumplimiento de los términos, requisitos, obligaciones,
límites, condiciones o prohibiciones impuestos en las autorizaciones y
licencias o en los documentos oficiales de explotación cuando tal
incumplimiento implique un grave riesgo para la vida y la salud de las
personas, y la seguridad de las cosas.
5.La negativa absoluta, la resistencia reiterada a prestar
colaboración o la obstrucción voluntaria grave de las funciones de
inspección y control que al Consejo de Seguridad Nuclear corresponden.
6.La ocultación deliberada de información relevante, o su suministro
falso, a la Administración o al Consejo de Seguridad Nuclear, cuando
dicho comportamiento implique un riesgo grave para las personas o las
cosas.
7.La inaplicación de las medidas técnicas o administrativas que con
carácter general o particular se impongan a una actividad, el
incumplimiento de los plazos señalados para su puesta en práctica, y la
omisión de los requerimientos o medidas correctoras necesarias para el
cumplimiento de los preceptos legales o reglamentarios cuando en todos
los casos se produzca un grave riesgo para la vida y la salud de las
personas, y la seguridad de las cosas.
8.El incumplimiento o demora injustificados de las notificaciones
obligadas en supuestos de emergencia, que lleven aparejado un grave
riesgo para personas o bienes.
9.La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma, de
sustancias radiactivas o equipos productores de radiaciones ionizantes
intervenidos.
b)Son infracciones graves:
1.El incumplimiento de los preceptos legales o reglamentarios
aplicables o de los términos y condiciones de las autorizaciones o
documentos oficiales de explotación, cuando no constituya falta muy
grave, salvo los de escasa trascendencia.
2.La omisión de las medidas correctoras necesarias para el
cumplimiento de los preceptos legales o de los términos y condiciones de
las autorizaciones, así como la inaplicación de las medidas técnicas o
administrativas que con carácter general o particular pudieran imponerse
a una actividad, o el incumplimiento de los plazos señalados para su
puesta en práctica, cuando ninguno de los casos constituyan falta muy
grave.
3.Tener en funcionamiento instalaciones radiactivas que requieran la
pertinente declaración sin que ésta haya sido formulada.
4.La falta de comunicación a la autoridad que concedió la
autorización o al Consejo de Seguridad Nuclear de
los incumplimientos temporales de los términos y condiciones de aquélla.
5.El funcionamiento de las instalaciones radiactivas de segunda y
tercera categoría, sin tener cubierta la responsabilidad civil por los
daños que las mismas puedan causar en la forma y límites legal o
reglamentariamente previstos.
6.La ocultación de información, o su suministro falso, a la
Administración o al Consejo de Seguridad Nuclear, cuando no constituya
falta muy grave o leve.
7.Impedir, obstaculizar o retrasar las actuaciones inspectoras con
acciones u omisiones, siempre que dicho comportamiento no deba ser
calificado como falta muy grave o leve.
8.El incumplimiento o demora injustificados de las notificaciones
obligadas en supuestos de emergencia, siempre que no lleven aparejado un
grave riesgo para personas o bienes.
c)Son infracciones leves:
1.El retraso en el cumplimiento de las medidas administrativas que
no constituya falta grave o muy grave.
2.La falta de información a las autoridades que concedieron las
autorizaciones o licencias y al Consejo de Seguridad Nuclear, o su envío
incompleto, inexacto, erróneo, o con retraso, que dificulte el oportuno
control de las instalaciones o actividades, cuando no constituyan otra
infracción y carezcan de trascendencia grave.
3.No facilitar las actuaciones inspectoras, cuando se trate de un
mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones de información,
comunicación o comparecencia.
4.Las cometidas por simple negligencia, siempre que el riesgo
derivado fuera de escasa importancia.
5.Las simples irregularidades o cualquier incumplimiento meramente
formal de los preceptos legales o reglamentarios cuando asimismo tengan
escasa trascendencia.
Artículo 92.Calificación de las infracciones.
Para la calificación de las infracciones se tendrán en cuenta las
siguientes circunstancias:
1.El peligro resultante de la infracción para la vida y la salud de
las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.
2.La importancia del daño o deterioro causado a personas y cosas.
3.El grado de participación y beneficio obtenido.
4.El incumplimiento de las advertencias previas o requerimientos de
las autoridades competentes.
5.La intencionalidad o negligencia en la comisión de la infracción y
la reiteración.
6.El fraude y la connivencia en su ejecución.
7.La diligencia en la identificación de la infracción y en la
información a los organismos competentes, siempre que se adopten las
medidas correctoras oportunas.
8.La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
Artículo 93.
1.Tratándose de instalaciones nucleares y de las radiactivas de
primera categoría, las infracciones en materia de energía nuclear serán
sancionadas:
a)Las infracciones muy graves, con multa de hasta 500.000.000 de
pesetas.
b)Las infracciones graves, con multa de hasta 100.000.000 de
pesetas.
c)Las infracciones leves, con multa de hasta 10.000.000 de pesetas.
2.Las infracciones muy graves y graves podrán dar lugar,
conjuntamente con las multas previstas, a la revocación o suspensión
temporal de los permisos, licencias o autorizaciones.
La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los criterios
de proporcionalidad y a las circunstancias especificadas en el artículo
anterior.
Las multas se podrán reiterar en el tiempo hasta que cese la
conducta infractora.
3.Cuando se trate de instalaciones radiactivas de segunda y tercera
categorías, las sanciones económicas de multa se reducirán en su grado
máximo a la mitad de las señaladas anteriormente.
Artículo 94.
1.El procedimiento para la imposición de las sanciones se ajustará a
los principios del procedimiento de los artículos 127 a 138 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y a lo dispuesto en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.
2.El Consejo de Seguridad Nuclear propondrá la iniciación del
correspondiente expediente sancionador respecto de aquellos hechos que
pudieran ser constitutivos de infracción en materia de seguridad nuclear
y protección radiológica, poniendo en conocimiento del órgano al que
corresponda incoar el expediente tanto la infracción apreciada como los
extremos relevantes para su valoración y emitiendo los informes que sean
necesarios para la adecuada calificación de los hechos objeto del
expediente.
3.En el ámbito de la Administración del Estado, las sanciones por
infracciones muy graves cometidas por titulares de instalaciones
nucleares o radiactivas de primera categoría ser n impuestas por el
Consejo de Ministros y las graves por el Ministro de Industria y Energía.
La imposición de las sanciones leves corresponder al Director General de
la Energía.
Cuando se trate de sanciones por infracciones cometidas por los
titulares de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías,
las mismas serán impuestas por
el Ministro de Industria y Energía si constituyen faltas muy graves, y
por el Director General de la Energía en los supuestos de faltas graves o
leves.
En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto en
su propia normativa.
4.En todo lo que no se oponga a los tipos de sanciones descritos en
los precedentes artículos y sea complementario de los mismos, se
mantendrá en vigor el régimen de las infracciones y sanciones vigentes en
materia de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y de
instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines diagnósticos.
5.En ningún caso se impondrán varias sanciones por un mismo hecho,
aunque sí podrán exigirse otras responsabilidades que se deduzcan de
otros hechos o infracciones que concurran.
Artículo 95.
Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán: las
muy graves, a los cinco años; las graves, a los tres años, y las leves,
al año. El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en
que se hubiera cometido la infracción. La prescripción se interrumpirá
desde el momento en que el procedimiento se dirija contra el presunto
infractor, con conocimiento del interesado.
Las sanciones prescribirán: las impuestas por faltas muy graves, a
los cinco años; las impuestas por faltas graves, a los tres años, y las
impuestas por faltas leves, al año. El tiempo de prescripción comenzará a
correr desde la fecha en que la resolución sancionadora sea firme,
interrumpiéndose la prescripción por la iniciación, con el conocimiento
del interesado, del procedimiento correspondiente.»
Sexta.Fondo para la financiación del segundo ciclo del combustible
nuclear.
Las cantidades ingresadas por tarifa, peajes o precios, así como los
rendimientos financieros generados por éstas, destinadas a hacer frente a
los costes de los trabajos correspondientes a la segunda parte del ciclo
del combustible nuclear y gestión de residuos radiactivos producidos por
el sector eléctrico, se destinarán a dotar una provisión, teniendo dicha
dotación la consideración de partida deducible en el Impuesto de
Sociedades.
Igual tratamiento resultará aplicable a otras formas de financiación
de los costes de gestión de los residuos radiactivos.
Las cantidades recogidas en la provisión sólo podrán ser invertidas
en gastos, trabajos, proyectos e inmovilizaciones derivados de
actuaciones previstas en el Plan general de residuos radiactivos aprobado
por el Gobierno.
Las cantidades destinadas a dotar la provisión a que se refiere la
presente Disposición, tendrán la consideración de coste de
diversificación y seguridad de abastecimiento a los efectos de lo
previsto en el artículo 16.6 de la presente Ley.
Séptima.Paralización de centrales nucleares en moratoria.
Se declara vigente la Disposición adicional octava de la Ley
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, cuyo texto se actualiza y pasa a ser el siguiente:
1.Se declara la paralización definitiva de los proyectos de
construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y
unidad II de Trillo y la extinción de las autorizaciones concedidas.
2.Los titulares de los proyectos de construcción que se paralizan
percibirán, en los términos previstos en la presente disposición, una
compensación por las inversiones realizadas en los mismos y el coste de
su financiación mediante la afectación a ese fin de un porcentaje de la
facturación por venta de energía eléctrica a los usuarios.
La compensación deber ser plenamente satisfecha en un plazo máximo
de veinticinco años, contados a partir del 20 de enero de 1995.
El Ministerio de Industria y Energía establecerá el procedimiento de
cálculo de la anualidad necesaria para satisfacer la compensación, y en
consecuencia, del importe pendiente de compensación, que se determinará
con efectos a 31 de diciembre de cada año, por proyectos y titulares.
La determinación de los intereses asociados a la compensación
atenderá al tipo de interés sobre depósitos interbancarios en pesetas más
un diferencial del 0,30.
Si, de acuerdo con lo establecido en el párrafo primero del apartado
8, los titulares de los proyectos de construcción paralizados cedieran a
terceros el derecho a percibir la compensación o parte de la misma, los
distintos tipos de interés aplicables a la parte cedida se determinarán
atendiendo al tipo de interés sobre depósitos interbancarios en pesetas
más un diferencial de hasta el 0,50. Reglamentariamente se establecerán
los supuestos en los que las condiciones de cesión podrán realizarse a
tipo de interés de carácter fijo, determinado atendiendo a los de las
emisiones realizadas por el Estado más un diferencial máximo del 0,50 que
permitan la plena satisfacción de los importes pendientes de compensación
referenciados a un tipo fijo dentro del plazo máximo previsto. En todo
caso, las condiciones de cada cesión, incluido el interés aplicable a la
misma, deberán ser autorizados por acuerdo del Gobierno.
3.Como valor base para dicha compensación, con fecha a 20 de enero
de 1995 se establece el de 340.054.000.000 de pesetas para la central
nuclear de Valdecaballeros, 378.238.000.000 de pesetas para la central
nuclear de Lemóniz y 11.017.000.000 de pesetas para la unidad II de la
central nuclear de Trillo.
La distribución de la compensación correspondiente a cada uno de los
proyectos entre sus titulares se llevará a cabo en la cuantía y forma que
éstos acuerden. Los acuerdos
adoptados a tal efecto deberán ser sometidos a la aprobación del
Ministerio de Industria y Energía.
Este valor base será modificado, cuando sea preciso, por el
Ministerio de Industria y Energía para tener en cuenta las desinversiones
originadas por las ventas de los equipos realizadas con posterioridad a
dicha fecha y los gastos derivados de los programas de mantenimiento,
desmantelamiento y cierre de instalaciones que considere y apruebe dicho
Ministerio.
Las desinversiones deberán ser autorizadas por el Ministerio de
Industria y Energía. Los propietarios de las instalaciones deberán
realizar, mediante procedimientos que garanticen la libre concurrencia y
adecuadas condiciones de venta, las desinversiones que dicho Ministerio
determine.
Igualmente, el valor de la enajenación de los terrenos o
emplazamientos de las instalaciones será tenido en cuenta por el
Ministerio de Industria y Energía para calcular el importe pendiente de
compensación. En el caso de inicio de explotación por sus titulares,
dicho valor será el de mercado debidamente acreditado y autorizado por el
Ministerio de Industria y Energía.
4.El importe anual que represente la compensación prevista en la
presente disposición deber alcanzar al menos la cantidad de
69.000.000.000 de pesetas en 1994. Dicho importe mínimo se incrementará
cada año en un 2 por 100, hasta la íntegra satisfacción de la cantidad
total a compensar.
El importe resultante de la aplicación del porcentaje de la
facturación a que se refiere el apartado 5 y las cantidades mínimas
consideradas en el párrafo anterior deberán ser imputados a cada una de
las instalaciones cuyos proyectos de construcción han sido paralizados
definitivamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de esta
disposición y de acuerdo con los valores base y la forma de cálculo
establecidos en el apartado 3 anterior.
En el supuesto de que los importes referidos en el párrafo anterior
sean, en algún caso, insuficientes para satisfacer los intereses
reconocidos asociados a la compensación a los que se refieren los
párrafos tercero y cuarto del apartado 3 de la presente disposición, la
compensación para el correspondiente titular deberá alcanzar dicho año
los citados intereses.
En ningún caso, los titulares de los derechos de compensación
percibirán un importe superior al que les corresponda de los valores
establecidos en el apartado 4 de la presente disposición y los intereses
que procedan conforme a lo establecido en el apartado 3 de esta
disposición.
5.El porcentaje de facturación por venta de energía eléctrica afecto
a la compensación, que a los efectos del artículo 16.6 de la presente
Ley, tendrá el carácter de coste por diversificación y seguridad de
abastecimiento, se determinará por el Gobierno y será, como máximo, el
3,54 por 100.
La recaudación y distribución del citado porcentaje se llevará a
cabo en la forma prevista en el artículo 19 de la presente Ley. La
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico adoptará en el procedimiento de
liquidación las medidas necesarias para que los perceptores de la
compensación reciban la cantidad que les corresponda cada año antes del
31 de marzo del año siguiente.
6.En el supuesto de producirse cambios en el régimen económico o
cualquier otra circunstancia que afectase negativamente al importe
definido en el apartado 5 o a la percepción por los titulares de los
derechos de compensación de los importes establecidos en los párrafos
primero y tercero del apartado 4, el Estado tomará las medidas necesarias
para la efectividad de lo dispuesto en dichos apartados y la satisfacción
en el plazo máximo de veinticinco años citado en el párrafo segundo del
apartado 2 de esta disposición adicional.
7.Los titulares de los proyectos de construcción a los que se
refiere el apartado 1 de la presente disposición podrán ceder a terceros,
sin compromiso o pacto de recompra explícito o implícito, el derecho de
compensación reconocido en la presente Ley.
En particular, tales derechos podrán cederse, total o parcialmente
en una o varias veces, a fondos abiertos que se denominarán «Fondos de
Titulización de Activos resultantes de la moratoria nuclear», de los
contemplados en la disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14
de abril, por lo que se adapta la legislación española en materia de
entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se
introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero. A la
titulización mediante estos fondos le será de aplicación el número 3 de
la disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, y el
régimen previsto en los artículos quinto y sexto de la Ley 19/1992, de 7
de julio, para los Fondos de Titulización Hipotecaria, en todo aquello
que no resulte estrictamente específico de las participaciones
hipotecarias, con las particularidades siguientes:
a)El activo de los fondos estará integrado por los derechos a la
compensación que se les cedan y los rendimientos producidos por éstos y
su pasivo por los valores que sucesivamente se emitan y, en general, por
financiación de cualquier otro tipo.
b)No resultará de aplicación a estos fondos lo dispuesto en el punto
2.º del número 2 y en el párrafo segundo del número 6 del artículo 5 de
la Ley 19/1992, de 7 de julio.
c)El régimen fiscal de estos fondos será el descrito en el número 10
del artículo 5 de la Ley 19/1992, de 7 de julio, para los Fondos de
Titulización Hipotecaria y las Sociedades Gestoras de éstos.
La administración de estos fondos por las sociedades gestoras
quedará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Los Fondos de Titulización de Activos resultante de la moratoria
nuclear podrán, en cada ejercicio, dotar libremente el importe que
corresponda a la amortización de los derechos de compensación que figuren
en su activo.
d)Cuando los valores emitidos con cargo a Fondos de Titulización de
Activos resultantes de la moratoria nuclear vayan dirigidos a inversores
institucionales, tales como Fondos de Pensiones, instituciones de
inversión colectiva, o entidades aseguradoras, o a entidades de crédito o
a sociedades
de valores que realicen habitual y profesionalmente inversiones en
valores, que asuman el compromiso de no transmitir posteriormente dichos
valores a otros sujetos diferentes a los mencionados, o cuando dichos
valores vayan a ser colocados entre inversores no residentes y no se
comercialicen en territorio nacional, no será obligatoria su evaluación
por una entidad calificadora, su representación mediante anotaciones en
cuenta, ni su admisión en un mercado secundario organizado español.
e)El negocio de cesión o constitución de garantías sobre los
derechos de compensación sólo podrá ser impugnado al amparo del párrafo
segundo del artículo 878 del Código de Comercio, mediante acción
ejercitada por los síndicos de la quiebra, en la que se demuestre la
existencia de fraude en la cesión o constitución de gravamen, y quedando
en todo caso a salvo el tercero que no hubiera sido cómplice de aquél.
En caso de quiebra, suspensión de pagos o situaciones similares de
la entidad cedente de los derechos de compensación de la moratoria
nuclear o de cualquier otra que se ocupe de la gestión de cobro de las
cantidades afectadas a tales derechos, las entidades cesionarias de los
citados derechos, de compensación gozarán de derecho absoluto de
separación en los términos previstos en los artículos 908 y 909 del
Código de Comercio.
f)Las sociedades gestoras de Fondos de Titulización Hipotecaria
podrán ampliar su objeto social y ámbito de actividades al efecto de
poder administrar y representar Fondos de Titulización de Activos
resultantes de la moratoria nuclear, pudiendo sustituir, a tal fin, su
denominación legal actual por la de «Sociedades Gestoras de Fondos de
Titulización». Podrán, además, constituirse otras sociedades para la
gestión de los fondos de titulización de activos resultantes de la
moratoria nuclear en los términos que reglamentariamente se determinen.
8.La paralización producirá los efectos previstos en la legislación
fiscal para la terminación o puesta en marcha de los proyectos
correspondientes.
9.Si en virtud de las normas aplicables para determinación de la
base imponible en el Impuesto sobre Sociedades, ésta resultase negativa
como consecuencia de la paralización acordada en esta disposición, su
importe podrá ser compensado en un período que no excederá de diez años,
contados a partir del ejercicio fiscal en el que la mencionada base
imponible resultó negativa.
10.La amortización correspondiente a los activos afectos a los
proyectos cuya construcción se paraliza definitivamente se realizará como
máximo en el plazo de diez años a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley.
Octava.Modificación de la Ley de Creación del Consejo de Seguridad
Nuclear.
1.Se modifica la letra d) del artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22 de
abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que queda redactado
en los siguientes términos:
«d)Llevar a cabo la inspección y control de las instalaciones
nucleares y radiactivas durante su funcionamiento, con objeto de asegurar
el cumplimiento de todas las normas y condicionamientos establecidos,
tanto de tipo general como los particulares de cada instalación, con
autoridad para suspender su funcionamiento por razones de seguridad.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley
25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, el Consejo de Seguridad
Nuclear, iniciado un procedimiento sancionador en materia de seguridad
nuclear y protección radiológica, emitirá, con carácter preceptivo,
informe en el plazo de dos meses, para la adecuada calificación de los
hechos objeto de procedimiento.
Este informe se emitirá cuando dicha iniciación lo fuera a instancia
de otro organismo, o en el supuesto de que habiéndose incoado como
consecuencia de petición razonada del propio Consejo de Seguridad
Nuclear, consten en dicho procedimiento otros datos además de los
comunicados por dicho ente.»
2.Se modifica el artículo 10 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de
Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, añadiendo los siguientes
apartados:
«3.m)Los servicios de inspección y control que sea necesario
realizar para garantizar al máximo la explotación y funcionamiento
adecuados, así como la seguridad de las instalaciones nucleares de
fabricación de combustible y la fabricación adecuada del mismo.»
«5.m)Los servicios de inspección y control reseñados en el apartado
m) del número 3 de este artículo quedarán gravados con la cuota única
mensual resultante de aplicar el tipo del 0,8 por 100 al valor de la
facturación por ventas de elementos combustibles fabricados en la
instalación.
El tributo se devengará mensualmente y deberá autoliquidarse por el
sujeto pasivo durante el mes siguiente a cada mes vencido».
Novena.Sociedades cooperativas.
Las sociedades cooperativas de consumidores y usuarios podrán
realizar, en los términos que resulten de las leyes que las regulan, las
actividades de distribución, de acuerdo con la presente Ley y las
disposiciones que la desarrollen.
Dichas sociedades cooperativas deberán ajustar su contabilidad a lo
dispuesto en el artículo 20.1 y sus actividades a lo dispuesto en el
artículo 14 de la presente Ley.
Décima.Legislación especial en materia de energía nuclear.
Las instalaciones de producción de energía eléctrica a las que sea
de aplicación la legislación especial en materia de energía nuclear se
regirán por la misma además de por lo dispuesto en la presente Ley.
Undécima.Actualización de sanciones.
El Gobierno, por Real Decreto, procederá periódicamente a la
actualización del importe de las sanciones previstas en el Título X de la
presente Ley y en el capítulo XIV de la Ley 25/1964, de 29 de abril,
modificado por la disposición adicional sexta de la presente Ley,
teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo.
Duodécima.Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986.
1.Se amplía la lista de obras, instalaciones y actividades sometidas
a evaluación de impacto ambiental contenida en el Anexo I del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, con la inclusión de la siguiente actividad:
«Construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con una tensión
igual o superior a 220 KV y una longitud superior a 15 Km.»
2.Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación a los
expedientes de autorización de líneas aéreas de energía eléctrica con una
tensión igual o superior a 220 KV y una longitud superior a 15 Km.,
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
Decimotercera.Costes de stock estratégico del combustible nuclear.
El Gobierno podrá determinar una cuantía que, con cargo a los
ingresos por consumo de energía eléctrica, sea destinada a financiar los
costes asociados al stock estratégico de combustible nuclear.
Las cantidades a que se refiere la presente Disposición tendrán la
consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento
a los efectos de lo previsto en la presente Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.Aplicación de disposiciones anteriores.
En tanto no se dicten las normas de desarrollo de la presente Ley
que sean necesarias para la puesta en práctica de alguno de sus
preceptos, continuarán aplicándose las correspondientes disposiciones en
vigor en materia de energía eléctrica.
Segunda.Efecto de autorizaciones anteriores.
1.Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley sean titulares de
instalaciones autorizadas podrán continuar en el ejercicio de sus
actividades dentro de los términos de la autorización. Estas
autorizaciones se entenderán transferidas a las sociedades que deban
constituirse en su momento de acuerdo con la disposición transitoria
quinta.
2.Los expedientes de autorización de instalaciones eléctricas
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se
tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior.
Tercera.Renovación de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley la actual Comisión del
Sistema Eléctrico pasará a denominarse Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico, asumiendo las competencias atribuidas a esta última por la
presente Ley. Los miembros de la actual Comisión Nacional lo seguirán
siendo de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico hasta el final del
período de cinco años para el que fueron nombrados.
Transcurrido el período citado en el párrafo anterior se procederá a
la designación de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. En el período de tres meses
desde su designación, se celebrará un sorteo entre la totalidad de los
miembros del Consejo de Administración de la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico para determinar la primera renovación, de acuerdo con
lo previsto en el apartado 3 del artículo 6 de la presente Ley.
Cuarta.Carbón nacional.
1.El Gobierno podrá establecer los incentivos necesarios para
conseguir que los titulares de instalaciones de producción de energía
eléctrica consuman carbón nacional en cantidades que cubran las fijadas
anualmente como objetivo por el Ministerio de Industria y Energía. Este
objetivo respetará, en todo caso, a partir del año 2004, el límite a que
se refiere el artículo 25.1 de la presente Ley.
Dichos incentivos incorporarán, en su caso, una prima máxima
promedio equivalente a una peseta/Kw-h para aquellos grupos de producción
y en la medida que hayan efectivamente consumido carbón nacional y por la
cuantía equivalente a su consumo de carbón nacional.
2.Asimismo, el Gobierno podrá determinar una cuantía que, con cargo
a los ingresos por consumo de energía eléctrica, sea destinada a
financiar las existencias de carbón nacional por encima del stock de
seguridad, los trasvases de carbón entre las diferentes cuencas, las
actuaciones destinadas a financiar iniciativas que promuevan el
desarrollo económico de las comarcas mineras, así como las ayudas
previstas en los artículos 3 y 4 de la Decisión 3632/93/CECA. El importe
total de estos conceptos no podrá superar el 5% anual de los ingresos por
consumo de energía eléctrica.
Las cantidades a que se refiere la presente Disposición, tendrán la
consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento.
Quinta.Separación de actividades.
1.La exigencia de separación de actividades reguladas y no reguladas
mediante su ejercicio por personas jurídicas diferentes establecidas en
el artículo 14 de la presente Ley será de aplicación a las entidades que
en el momento de su entrada en vigor realicen actividades eléctricas de
generación y distribución conjuntamente, cuando el Gobierno así lo
disponga por Real Decreto, que será de aplicación antes del 31 de
diciembre del año 2000. La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico
emitirá un informe antes del 31 de diciembre de 1998 sobre los efectos
que se puedan producir en las sociedades afectadas derivadas de
circunstancias o compromisos existentes en el momento de entrada en vigor
de la presente Ley, así como sobre la incidencia de la separación
jurídica en el tratamiento retributivo de las sociedades, proponiendo una
fecha para su efectividad. En cualquier caso, entre la emisión del
informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y la decisión del
Gobierno por Real Decreto prevista, deberá mediar un plazo mínimo de un
año.
Las personas jurídicas que se constituyan con posterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ley, únicamente podrán obtener
autorizaciones para la construcción de instalaciones de producción de
energía eléctrica o para actuar como comercializadoras si acreditan el
cumplimiento de las exigencias que se derivan de su artículo 14.
2.A las aportaciones de los activos afectos a las diferentes
actividades eléctricas que se efectúen en cumplimiento de la exigencia de
separación de actividades prevista en esta Ley se les aplicará el régimen
previsto para las aportaciones de ramas de actividad en la Ley 29/1991,
de 16 de diciembre, modificada por la Ley 43/1995, de 27 de diciembre,
reguladora del Impuesto sobre sociedades, de adecuación de determinados
conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades
Europeas, aun cuando se realicen con anterioridad al acuerdo del Gobierno
referido en el apartado 1.
Los aranceles de Notarios, Registradores Mercantiles y de la
Propiedad correspondientes a los actos necesarios de adaptación a la
exigencia de separación de actividades impuesta por la presente Ley
quedarán reducidos al 10 por 100.
3.Hasta que, de acuerdo con el apartado 1 de esta disposición, se
establezca la exigencia de separación de actividades, las empresas
eléctricas deberán proceder a separar contablemente sus actividades
eléctricas reguladas.
Las transacciones relativas a producción, intercambios
intracomunitarios e internacionales, transporte y distribución con los
distintos sujetos del sistema eléctrico serán imputadas separadamente,
actuando las empresas en los distintos conceptos de generadores y
distribuidores en forma segregada.
Sexta.Costes de transición a la competencia.
Se reconoce la existencia de unos costes de transición al régimen de
mercado competitivo, previsto en la presente Ley, de las sociedades
titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica, que a 31
de diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, sobre determinación de la
tarifa de las empresas gestoras del servicio eléctrico, la percepción de
una retribución fija, expresada en pesetas por KWh, que se calculará, en
los términos que reglamentariamente se establezcan, como la diferencia
entre los ingresos medios obtenidos por estas empresas a través de la
tarifa eléctrica y la retribución reconocida para la producción en el
artículo 16.1 de la presente Ley.
Durante un plazo máximo de 10 años desde la entrada en vigor de la
presente Ley, el Gobierno podrá establecer anualmente el importe máximo
de esta retribución fija con la distribución que corresponda. No
obstante, si las condiciones del mercado lo hacen aconsejable, una vez
cumplidas las condiciones y compromisos establecidos en esta Disposición
Transitoria, el Gobierno podrá reducir el citado período de 10 años.
Los costes que se deriven de esta retribución serán repercutidos a
todos los consumidores de energía eléctrica como costes permanentes del
sistema, en los términos que reglamentariamente se establezcan y su
importe base global, en valor a 31 de diciembre de 1997, nunca podrá
superar 1.988.561 millones de pesetas, incluyéndose en este importe el
valor actual de los incentivos al consumo garantizado de carbón a que
hace referencia el apartado primero de la Disposición Transitoria Cuarta.
Si el coste medio de generación a que se refiere el artículo 16.1 de
la presente Ley a lo largo del período transitorio, resultara en media
anual superior a 6 pesetas por KWh., este exceso se deducirá del citado
valor actual.
Séptima.Inscripción en Registros Administrativos.
Las instalaciones de producción de energía eléctrica que a la
entrada en vigor de la presente Ley se encontraran autorizadas
comunicarán al Ministerio de Industria y Energía y al órgano competente
de la Comunidad Autónoma, en el plazo de tres meses, los datos a que se
refiere el apartado 4 del artículo 21, a fin de quedar formalmente
inscritos en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de
Energía Eléctrica.
En el mismo plazo de tres meses, los distribuidores y clientes que
de acuerdo con lo previsto en la presente Ley tengan la condición de
cualificados, comunicarán al Ministerio de Industria y Energía y al
órgano competente de la Comunidad Autónoma sus datos, en especial los
relativos a su consumo, para la inscripción en el Registro de
Distribuidores, Comercializadores y Clientes Cualificados previsto en el
apartado 4 del artículo 45.
Octava.Primas a la producción por cogeneración.
1.Aquellas instalaciones autorizadas en régimen especial con
cposterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, que produzcan
electricidad de forma asociada a
actividades no eléctricas, cuando supongan un alto rendimiento energético
y su potencia instalada sea superior a 10Mw e igual o inferior a 25 Mw
así como las instalaciones de cogeneración con dicha potencia,
percibirán, una prima a la producción, que se aplicará sobre los precios
resultantes del sistema de ofertas.
El Gobierno, tomando en consideración los elementos que
reglamentariamente se establezcan, fijará el importe de las primas,
valorando, en todo caso, el nivel de tensión de entrega de la energía,
así como los costes de inversión en que los titulares de la instalación
hubieran incurrido, al efecto de conseguir unas tasas de rentabilidad
razonables con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales.
Esta prima podrá ser percibida en tanto subsista la retribución de
los costes de transición a la competencia de las empresas productoras de
energía eléctrica a que se refiere la Disposición Transitoria Sexta.
2.Aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica que a la
entrada en vigor de la presente Ley estuvieran acogidas al régimen
previsto en el Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre
producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de
cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía
renovables, mantendrán dicho régimen, en tanto subsista la retribución de
los costes de transición a la competencia de las empresas productoras de
energía eléctrica a que se refiere la Disposición Transitoria Sexta.
A partir del año 2000, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos y por Orden Ministerial, se podrán
modificar los valores establecidos en el artículo 14 del Real Decreto
2366/1994, atendiendo a las variaciones que se produzcan en la estructura
de costes del sistema eléctrico y en el sistema tarifario para conseguir
una convergencia progresiva desde los precios de la energía excedentaria
del año 2000 hasta los precios finales resultantes del sistema de ofertas
al final del período transitorio siempre que ello no suponga
discriminación con la retribución percibida por el resto del sistema
eléctrico ordinario.
No obstante, las instalaciones de producción a que se refiere el
apartado anterior podrán, mediante comunicación expresa al operador del
mercado, optar por acogerse al régimen económico que les sea aplicable de
acuerdo con la presente Ley.
Novena.«Red Eléctrica de España, S. A.».
1.«Red Eléctrica de España, S. A.» podrá ejercer las funciones
atribuidas en la presente Ley al operador del sistema y al gestor de la
red de transporte.
La adecuación de las participaciones sociales a lo dispuesto en el
artículo 34.1 deberá realizarse en el período de seis meses desde la
entrada en vigor de la Ley, mediante la transmisión de acciones o, en su
caso, de derechos de suscripción preferente. Dentro del plazo citado
deberán modificarse los estatutos sociales para introducir la limitación
de participación máxima establecida en dicho artículo.
La limitación de participación máxima a que se refiere el artículo
34.1 no será aplicable a la participación correspondiente a la sociedad
estatal de Participaciones Industriales hasta el 31 de diciembre del año
2000.
2.La sociedad mercantil que, de acuerdo con el artículo 33 de la
presente Ley, ha de asumir las funciones del operador del mercado será
constituida por «Red Eléctrica de España, S. A.» que suscribirá aquella
parte del capital que no sea atendida por otros accionistas, debiendo en
el plazo de seis meses proceder a la enajenación de dicha participación.
3.Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13.4 de la presente
Ley, los contratos que, teniendo por objeto intercambios
intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica a largo plazo
hubieran sido suscritos por «Red Eléctrica de España, S. A.» con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, mantendrán su
vigencia hasta que se produzca su extinción, conforme al período de
finalización pactado en el contrato.
La energía que tenga su origen en los mencionados contratos, se
retribuirá al precio y en las condiciones previstas en los mismos y
quedará excluida del sistema de ofertas.
Décima.Beneficios de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre.
Las instalaciones de producción eléctrica que, conforme a
disposiciones y resoluciones anteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley, disfruten de alguno de los beneficios regulados por la Ley
82/1980, de 30 de diciembre, mantendrán su derecho a los mismos después
de dicha entrada en vigor.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y procedimiento
de adaptación de tales instalaciones al régimen de producción en régimen
especial regulado en la presente Ley.
Undécima.Régimen retributivo especial para distribuidores.
Hasta el año 2007 los distribuidores que vinieran operando con
anterioridad al 1 de enero de 1997, a los que no les es de aplicación el
Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, sobre determinación de la
tarifa de las empresas gestoras del servicio eléctrico, podrán acogerse
al régimen tarifario que para estos distribuidores apruebe el Gobierno,
que garantizará, en todo caso, una retribución económica adecuada.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3 de la presente Ley,
los distribuidores a que se refiere la presente Disposición Transitoria
podrán adquirir energía como clientes cualificados. Tales adquisiciones
supondrán la renuncia definitiva en esa cuantía al régimen tarifario que
se establezca de acuerdo con el apartado anterior.
Estos distribuidores deberán adquirir, en todo caso, la energía
eléctrica como sujetos cualificados, en aquella parte de su consumo que
exceda del realizado en el ejercicio
económico de 1997, incrementado en el porcentaje de su crecimiento
vegetativo que reglamentariamente se determine.
Duodécima.Gestor de la red de distribución.
En tanto se establezca, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
41.3, la sociedad o sociedades distribuidoras que han de actuar como
gestor de la red de distribución en cada zona, tendrán tal consideración
los titulares de las redes de distribución, que asumirán las obligaciones
que para el gestor de la red de distribución se establecen en la presente
Ley.
Decimotercera.Consumidores cualificados.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.2 de la presente
Ley, a la entrada en vigor de la misma tendrán la consideración de
consumidores cualificados, aquellos cuyo volumen de consumo anual por
punto de suministro o por instalación sea igual o superior a 20 GWh.
Al menos en el año 2000, tendrá la consideración de cualificados
aquellos consumidores cuyo consumo sea superior a 9 GWh/año y para el año
2001 para aquellos consumidores con un consumo mayor o igual a 5 GWh/año.
En el plazo de diez años el Gobierno ampliará la consideración de
cualificados a todos los consumidores de energía eléctrica.
Decimocuarta.Traspaso de funciones de OFICO.
La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico asumirá las funciones de
la Oficina de Compensación de Energía Eléctrica (OFICO), en la forma que
determine el Gobierno.
Reglamentariamente se regulará el traspaso de tales funciones y de
los medios necesarios para su desempeño. Efectuado el traspaso se
extinguirá la citada Oficina.
Decimoquinta.Sistemas insulares y extrapeninsulares.
Para la actividad de producción de energía eléctrica que se
desarrolle en los sistemas insulares y extrapeninsulares a que se refiere
el artículo 12 de la presente Ley, se establece un período de transición
a la competencia hasta el 31 de diciembre del año 2007 siempre que los
mismos se mantengan aislados del sistema eléctrico peninsular.
Durante este período transitorio no será exigible la separación
jurídica de actividades, siendo no obstante exigible la separación
contable de las actividades reguladas y no reguladas a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional, salvo la Disposición adicional octava y
cualquier otra norma en cuanto se oponga a lo dispuesto en esta Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.Carácter de la Ley.
1.La presente Ley tiene carácter básico, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución.
2.Se excluyen de este carácter básico las referencias a los
procedimientos administrativos, que serán regulados por la Administración
competente, ajustándose en todo caso a lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
3.Los preceptos del Título IX, relativos a expropiación forzosa y
servidumbres, son de aplicación general al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1.8.ª y 18.ª de la Constitución.
4.Las instalaciones a que se refiere el artículo 149.1.22.ª de la
Constitución se regirán por lo dispuesto en esta Ley y en sus
disposiciones de desarrollo.
Segunda.Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el ...
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 1997.