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DS. Senado, Pleno, núm. 53, de 02/11/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 53
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 2 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 18, 19 y 20 de octubre de 1994.
Preguntas:
--De don Albert Vallvé i Navarro, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno para
atender a la situación creada en la Comunidad Autónoma de Cataluña y
especialmente en Tarragona, como consecuencia de las lluvias torrenciales
producidas el día 10 de octubre de 1994 (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de
octubre de 1994). (Número de expediente 680/000305.)
--De don Jesús Pedroche Nieto, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si puede garantizar el Gobierno una suficiente presencia
policial en las calles de Madrid que conlleve un descenso en los actuales
niveles de inseguridad ciudadana (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de octubre de
1994). (Número de expediente 680/000309.)
--De don Josep Maria Bertrán i Soler, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, sobre la repercusión práctica que va a
tener la Directiva Comunitaria 457 en la formación específica de médicos
generales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de
expediente 680/000306.)
--De don Juan de Dios Martínez Soriano, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre el tipo de investigación que ha llevado a cabo el
Ministerio de Sanidad y Consumo con respecto a las denuncias sobre
experimentación en pacientes humanos con medicamentos radiactivos en el
Hospital de Bellvitge, en Barcelona (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha
31 de octubre de 1994). (Número de expediente 680/000308.)
--De don José Luis Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los criterios seguidos para establecer el baremo de
puntuación de méritos en la reciente convocatoria del concurso de
traslados para médicos especialistas, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado», de 22 de marzo de 1994 (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de
octubre de 1994). (Número de expediente 680/000312.)
--De don Santiago Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para que España se
equipare al resto de los países europeos en cuanto al tiempo medio de
consulta y a otros indicadores de calidad de la asistencia sanitaria
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 184, de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de expediente
680/000313.)
--De doña Isabel Vilallonga Elviro, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
las medidas de protección del Patrimonio Histórico Español que ha
adoptado el Gobierno respecto del proyecto de remodelación de la plaza de
Oriente de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de la capital (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
184, de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de expediente 680/000307.)
--De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las previsiones del Gobierno acerca de destinar alguna cantidad del
presupuesto del Plan Nacional de Catedrales para 1995, consignado en los
Presupuestos Generales del Estado, para la restauración de la Catedral de
Astorga (León) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de octubre de 1994).
(Número de expediente 680/000311.)
--De don José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los términos que definen la postura defendida por el
Gobierno español respecto a la negociación abierta sobre la reforma de la
Organización Común del Mercado (OCM) del vino (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha
31 de octubre de 1994). (Número de expediente 680/000310.)
--De don José Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
fecha prevista por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para llevar a cabo la redistribución de la reserva nacional de la cuota
de producción láctea (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de octubre de 1994).
(Número de expediente 680/000317.)
--De don Blas Díaz Bonillo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para que situaciones como la
denunciada por el pesquero almeriense «Martínez Carrillo», que faenando
en aguas jurisdiccionales españolas fue obligado por pesqueros marroquíes
a abandonar la zona, no vuelvan a producirse (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha
31 de octubre de 1994). (Número de expediente 680/000315.)
--De don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que los
españoles podamos tener una oferta variada en cuanto a precios de
carburantes, evitando las posibles prácticas restrictivas a la
competencia que pudieran originar algunas compañías petroleras que operan
en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de
expediente 680/000318.)
--De doña Rosario Ballester Angulo, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones que está desarrollando el Ministerio de Asuntos
Sociales para hacer frente a la publicidad de carácter sexista (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
184, de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de expediente 680/000314.)
--De doña Gemma Zabaleta Areta, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas previstas por el Ministerio de Asuntos Sociales para
incorporar en sus programas la prevención y atención del maltrato
doméstico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de
expediente 680/000316.)
--De don Octavio Granado Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las previsiones del Gobierno acerca de la puesta en marcha de un
segundo Plan Integral de Juventud (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de
octubre de 1994). (Número de expediente 680/000319.)
Interpelaciones:
--De don Esteban González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los propósitos del Gobierno en materia de política de
protección a la familia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de octubre de 1994).
(Número de expediente 670/000092.)
--De don Francesc Codina i Castillo, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, sobre los propósitos del Gobierno en
orden a garantizar el acceso a los establecimientos, locales y
transportes públicos o de uso público, a las personas con disminución
visual total o parcial que vayan acompañadas de perros guías (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
184, de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de expediente 670/000094.)
--De don Oswaldo Brito González, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado, sobre el alcance de la política de seguridad
ciudadana en todo el Estado y sobre las razones de la no inclusión del
archipiélago canario en el Plan de Seguridad Ciudadana diseñado por el
Ministerio de Justicia e Interior (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de
octubre de 1994). (Número de expediente 670/000095.)
--De don Clemente Sanz Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con los
recursos hídricos subterráneos para su incorporación a la política
hidráulica general (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de octubre de 1994).
(Número de expediente 670/000096.)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1993 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Sección Cortes Generales, Serie A, número 26, de fecha 9 de
junio 1994). (Número de expediente S. 780/000002.) (Número de expediente
C. D. 260/000002.)
Elección de dos vocales del Consejo General del Poder Judicial. (Número
de expediente 726/000001.)
Elección de cinco miembros del Consejo de Universidades. (Número de
expediente 729/000003.)
Elección de seis miembros del Consejo de Administración del Ente Público
RTVE. (Número de expediente 729/000004.)
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la Federación
de Rusia, hecho en Madrid el 11 de abril de 1994 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 105,
de fecha 5 de octubre de 1994). (Número de expediente S. 610/000105.)
(Número de expediente C. D. 110/000106.)
--Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de las
Bahamas al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 106, de fecha 5 de octubre de 1994). (Número de expediente S.
610/000106.) (Número de expediente C. D. 110/000107.)
--Declaración de Aceptación de España de la extensión a los Departamentos
y Territorios de Ultramar Franceses del Convenio sobre reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones alimenticias con
respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958 (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
107, de fecha 5 de octubre de 1994). (Número de expediente S.
610/000107.) (Número de expediente C. D. 110/000108.)
--Declaración de Aceptación de España de la extensión a las Antillas
Holandesas del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en
materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La
Haya el 15 de abril de 1958 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 108, de fecha 5 de octubre de
1994). (Número de expediente S. 610/000108.) (Número de expediente C. D.
110/000109.)
--Declaración de Aceptación de España de la adhesión de Liechtenstein al
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15
de abril de 1958 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 109, de fecha 5 de octubre de 1994).
(Número de expediente S. 610/000109.) (Número de expediente C. D.
110/000110.)
--Tratado de asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y
Canadá, firmado en Madrid el 4 de julio de 1994 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 110, de fecha
5 de octubre de 1994). (Número de expediente S. 610/000110.) (Número de
expediente C. D. 110/000111.)
--Declaración de Aceptación de España de la declaración de continuidad de
la República Checa al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a
menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 111,
de fecha 5 de octubre de 1994). (Número de expediente S. 610/000111.)
(Número de expediente C. D. 110/000112.)
--Declaración de Aceptación de España de la declaración de continuidad de
Surinam al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en
materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La
Haya
el 15 de abril de 1958 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 112, de fecha 5 de octubre de 1994).
(Número de expediente S. 610/000112.) (Número de expediente C. D.
110/000113.)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Venezuela al
Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
113, de fecha 5 de octubre de 1994). (Número de expediente S.
610/000113.) (Número de expediente C. D. 110/000114.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Principado de Andorra sobre el régimen de circulación de personas, de 25
de mayo de 1994 y 17 de junio de 1994 (publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 114, de fecha 5 de
octubre de 1994). (Número de expediente S. 610/000114.) (Número de
expediente C. D. 110/000115.)
--Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la
Federación de Rusia, firmado en Madrid el 12 de abril de 1994 (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
115, de fecha 5 de octubre de 1994). (Número de expediente S.
610/000115.) (Número de expediente C. D. 110/000116.)
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a que proponga al Consejo de Ministros de Pesca de la
Unión Europea la abolición total del arte de pesca de túnidos con redes
de enmalle a la deriva, a partir del 1 de enero de 1995 (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184,
de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de expediente 671/000013.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que disponga las medidas necesarias tendentes a fomentar, en
las superficies obligatoriamente retiradas de la producción, en el marco
del Reglamento (CEE) número 1765/1992 del Consejo, cultivos no
alimentarios para la obtención de biocombustibles (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184,
de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de expediente 671/000014.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que procure que, en la venta de acciones por parte del socio mayoritario
de la Sociedad General Azucarera de España, S. A., se valoren las ofertas
existentes, priorizando aquellas que demuestran una mayor vocación de
permanencia en las zonas españolas en que esta actividad se ha venido
desarrollando tradicionalmente (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184, de fecha 31 de octubre de
1994). (Número de expediente 662/000102.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que modifique el Real Decreto 477/1993, de 2 de abril, por el
que se establece un régimen de ayudas destinado a fomentar el cese
anticipado en la actividad agraria, en el sentido de adecuarlo a la
normativa comunitaria y suprimir aquellos requisitos que tienden a
disuadir a los agricultores de acogerse al mismo (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 184,
de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de expediente 662/000104.)
--Del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a que
remita con carácter de urgencia a las Cortes Generales un Proyecto de ley
por el cual se supriman las penas de privación de libertad en relación
con la conducta de insumisión al servicio militar obligatorio (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
184, de fecha 31 de octubre de 1994). (Número de expediente 662/000103.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 18, 19 y 20 de octubre de 1994. (Página 2696)
Se aprueba el Acta.
PREGUNTAS. (Página 2696)
De don Albert Vallvé i Navarro, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno para
atender a la situación creada en la Comunidad Autónoma de Cataluña y
especialmente en Tarragona, como consecuencia de las lluvias torrenciales
producidas el día 10 de octubre de 1994. (Página 2696)
El señor Vallvé i Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Vallvé i Navarro. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).
De don Jesús Pedroche Nieto, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si puede garantizar el Gobierno una suficiente presencia
policial en las calles de Madrid que conlleve un descenso en los actuales
niveles de inseguridad ciudadana. (Página 2698)
El señor Pedroche Nieto formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pedroche Nieto. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).
De don Josep María Bertrán i Soler, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la repercusión práctica que va a
tener la Directiva Comunitaria 457 en la formación específica de médicos
generales. (Página 2699)
El señor Bertrán i Soler formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán).
De don Juan de Dios Martínez Soriano, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre el tipo de investigación que ha llevado a cabo el
Ministerio de Sanidad y Consumo con respecto a las denuncias sobre
experimentación en pacientes humanos con medicamentos radiactivos en el
Hospital de Bellvitge, en Barcelona. (Página 2701)
El señor Martínez Soriano formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Martínez Soriano. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador
Millán).
De don José Luis Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los criterios seguidos para establecer el baremo de
puntuación de méritos en la reciente convocatoria del concurso de
traslados para médicos especialistas, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado», de 22 de marzo de 1994. (Página 2703)
El señor Sainz García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sainz García. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán).
De don Santiago Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para que España se
equipare al resto de los países europeos en cuanto al tiempo medio de
consulta y a otros indicadores de calidad de la asistencia sanitaria.
(Página 2705)
El señor Cervera Soto formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cervera Soto. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán).
De doña Isabel Vilallonga Elviro, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
las medidas de protección del Patrimonio Histórico Español que ha
adoptado el Gobierno respecto del proyecto de remodelación de la plaza de
Oriente de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de la capital. (Página 2707)
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las previsiones del Gobierno acerca de destinar alguna cantidad del
presupuesto del Plan Nacional de Catedrales para 1995, consignado en los
Presupuestos Generales del Estado, para la restauración de la Catedral de
Astorga (León). (Página 2707)
El señor Lobo Asenjo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Lobo Asenjo. En turno de dúplica,
lo hace la señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller).
De don José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los términos que definen la postura defendida por el
Gobierno español respecto a la
negociación abierta sobre la reforma de la Organización Común del Mercado
(OCM) del vino. (Página 2708)
El señor Molina García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza
Serna). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Molina García.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Atienza Serna).
De don José Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
fecha prevista por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para llevar a cabo la redistribución de la reserva nacional de la cuota
de producción láctea. (Página 2710)
El señor Blanco López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza
Serna).
De don Blas Díaz Bonillo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para que situaciones como la
denunciada por el pesquero almeriense «Martínez Carrillo», que faenando
en aguas jurisdiccionales españolas fue obligado por pesqueros marroquíes
a abandonar la zona, no vuelvan a producirse. (Página 2711)
Esta pregunta ha sido aplazada a petición del Gobierno.
De don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que los
españoles podamos tener una oferta variada en cuanto a precios de
carburantes, evitando las posibles prácticas restrictivas a la
competencia que pudieran originar algunas compañías petroleras que operan
en España. (Página 2711)
El señor Serrano Alvarez-Giraldo formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Industria y Energía
(Eguiagaray Ucelay).
De doña Rosario Ballester Angulo, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones que está desarrollando el Ministerio de Asuntos
Sociales para hacer frente a la publicidad de carácter sexista. (Página 2712)
La señora Ballester Angulo formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso).
De doña Gemma Zabaleta Areta, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas previstas por el Ministerio de Asuntos Sociales para
incorporar en sus programas la prevención y atención del maltrato
doméstico. (Página 2713)
La señora Zabaleta Areta formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Zabaleta Areta.
De don Octavio Granado Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las previsiones del Gobierno acerca de la puesta en marcha de un
segundo Plan Integral de Juventud. (Página 2714)
El señor Granado Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso).
Interpelaciones. (Página 2715)
De don Esteban González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los propósitos del Gobierno en materia de política de
protección a la familia. (Página 2715)
El señor González Pons realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma la señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi
Alonso). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace la
señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso). En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Travieso Darias, por el Grupo de
Coalición Canaria, y Rigol i Roig, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Cierra el debate la señora Ministra de Asuntos
Sociales (Alberdi Alonso).
De don Francesc Codina i Castillo, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre los propósitos del Gobierno en orden
a garantizar el acceso a los establecimientos, locales y transportes
públicos o de uso público, a las personas con disminución visual total o
parcial que vayan acompañadas de perros guías. (Página 2727)
El señor Codina i Castillo realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Asuntos Sociales
(Alberdi Alonso). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo
hace la señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso). En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Galindo Santana, por el
Grupo de Coalición Canaria, y Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora San Baldomero Ochoa,
por el Grupo Popular. Cierra el debate la señora Ministra de Asuntos
Sociales (Alberdi Alonso).
De don Oswaldo Brito González, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado, sobre el alcance de la política de seguridad
ciudadana en todo el Estado y sobre las razones de la no inclusión del
archipiélago canario en el Plan de Seguridad Ciudadana diseñado pro el
Ministerio de Justicia e Interior. (Página 2733)
El señor Brito González realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra el señor Codina i Castillo, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la señora Luzardo
Romano, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de
Justicia e Interior (Belloch Julbe).
Se suspende la sesión a las quince horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
De don Clemente Sanz Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con los
recursos hídricos subterráneos para su incorporación a la política
hidráulica general. (Página 2739)
El señor Sanz Blanco realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente (Borrell Fontelles). Vuelve a intervenir el señor
interpelante. Asimismo lo hace el señor Ministro de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Beguer i Oliveres, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Sanz Blanco, por el Grupo
Popular. Interviene de nuevo el señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles). Hace uso de la palabra
en último lugar el señor Sanz Blanco.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE EL AÑO 1993. (Página 2748)
La señora Defensora del Pueblo en funciones (Retuerto Buades) presenta el
informe. A continuación, intervienen los señores Travieso Darias, por el
Grupo de Coalición Canaria; Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Bados Artiz, por el Grupo Popular, y Fernández
Ramos, por el Grupo Socialista.
ELECCION DE DOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DE CINCO
MIEMBROS DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES Y DE SEIS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DEL ENTE PUBLICO RTVE. (Página 2758)
Efectuada la votación, quedan proclamados vocales elegidos para el
Consejo General del Poder Judicial don Luis Pascual Estevill, con 199
votos, y don Gregorio García Ancos, con 214 votos. Se computan 4 votos en
blanco y 14 nulos.
De la misma manera, quedan elegidos por el Senado para formar parte del
Consejo de Universidades don José Antonio Martín Pereda, don Luis Ignacio
Sánchez Rodríguez, don Manuel Martí Recober, don Vicente Pedraza Muriel y
don Luis García Moreno, con 215 votos. Se computan 2 votos en blanco y 15
nulos.
Por último, para el Consejo de Administración de Radiotelevisión
Española, son elegidos don José Vila Abelló, don Ander Landáburu, don
Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, don Juan Ignacio Unda Urzaiz y don José
Antonio Pérez-Nievas Heredero, con 216 votos, así como don Miguel Angel
Gozalo Sainz, con 201 votos. Se computan 2 votos en blanco y 13 nulos.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 2760)
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la Federación de
Rusia, hecho en Madrid el 11 de abril de 1994. (Página 2760)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de las
Bahamas al
Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. (Página 2760)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la extensión a los Departamentos y
Territorios de Ultramar Franceses del Convenio sobre reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones alimenticias con
respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958. (Página 2760)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la extensión a las Antillas
Holandesas del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en
materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La
Haya el 15 de abril de 1958. (Página 2761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la adhesión de Liechtenstein al
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15
de abril de 1958. (Página 2761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado de asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y
Canadá, firmado en Madrid el 4 de julio de 1994. (Página 2761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la declaración de continuidad de
la República Checa al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a
menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958. (Página 2761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la declaración de continuidad de
Surinam al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en
materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La
Haya el 15 de abril de 1958. (Página 2761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Venezuela al
Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. (Página 2761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Principado de Andorra sobre el régimen de circulación de personas, de 25
de mayo de 1994 y 17 de junio de 1994. (Página 2762)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la Federación
de Rusia, firmado en Madrid el 12 de abril de 1994. (Página 2762)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPRETACION. (Página 2762)
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a que proponga al Consejo de Ministros
de Pesca de la Unión Europea la abolición total del arte de pesca de
túnidos con redes de enmalle a la deriva, a partir del 1 de enero de 1995
. (Página 2762)
El señor Gangoiti Llaguno defiende la moción. No se consume turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Blanco Rouco, por el Grupo Popular, y González Laxe, por el Grupo
Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por
asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que disponga las medidas necesarias tendentes a fomentar, en
las superficies obligatoriamente retiradas de la producción, en el marco
del Reglamento (CEE) número 1765/1992 del Consejo, cultivos no
alimentarios para la obtención de biocombustibles. (Página 2765)
El señor Bernáldez Rodríguez defiende la moción. El señor Alonso Colacios
defiende una propuesta de modificación, firmada por todos los Grupos
Parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
y Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES. (Página 2768)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que
procure que, en la venta de acciones por parte del socio mayoritario de
la Sociedad General Azucarera de España, S. A., se valoren las ofertas
existentes, priorizando aquellas que demuestran una mayor vocación de
permanencia en las zonas españolas en que esta actividad se ha venido
desarrollando tradicionalmente. (Página 2768)
El señor Arguilé Laguarta defiende la moción, así como una enmienda a la
misma, presentada por el Grupo Socialista, y al mismo tiempo da por
defendida una propuesta de modificación, suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Gangoiti
Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Companys i
Sanfeliú, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Aguirre Gutiérrez, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción, junto con la enmienda a la misma y la propuesta de
modificación, por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que modifique el Real Decreto 477/1993, de 2 abril, por el que
se establece un régimen de ayudas destinado a fomentar el cese anticipado
en la actividad agraria, en el sentido de adecuarlo a la normativa
comunitaria y suprimir aquellos requisitos que tienden a disuadir a los
agricultores de acogerse al mismo. (Página 2773)
El señor Prim Tomás defiende la moción. El señor Galán Cano defiende una
propuesta de modificación, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Companys i
Sanfeliú, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Prim Tomás, por el Grupo Popular.
Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a que
remita con carácter de urgencia a las Cortes Generales un Proyecto de ley
por el cual se supriman las penas de privación de libertad en relación
con la conducta de insumisión al servicio militar obligatorio. (Página 2776)
El señor Petrizán Iriarte defiende la moción. El señor Granado Martínez
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria;
Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Vallvé
i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así
como la señora Vindel López, por el Grupo Popular. Los señores Petrizán
Iriarte y Granado Martínez intervienen de nuevo en virtud del artículo
87. El señor Vallvé i Navarro lo hace por alusiones.
Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 101 votos a favor, 117 en contra
y 2 abstenciones.
Se levanta la sesión a las veintidós horas y treinta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Antes de comenzar, solicito su atención. El orden del día ha sido
modificado después de la reunión de la Mesa, oída la Junta de Portavoces,
en los siguientes extremos. Como punto cuarto bis, del orden del día
--punto que abordaremos, previsiblemente, a las seis de la tarde-- se
procederá a la elección de los miembros correspondientes a elegir por el
Senado del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de Universidades y del
Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Como digo, este
punto se tratará aproximadamente a las seis de la tarde, tras el debate
del Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada en 1993.
En cuanto al punto segundo del orden del día, las modificaciones
introducidas afectan exclusivamente al orden de debate de las preguntas.
En primer lugar, el Senador Vallvé formulará su pregunta y, en segundo
lugar, el Senador Pedroche formulará la suya. Son las preguntas números
15 y 16. A continuación se formularán las demás en el orden que figura en
el orden del día provisional que conocen sus señorías desde la pasada
semana.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 1994.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, con estas modificaciones iniciamos el
orden del día con el punto primero de lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 18, 19 y 20 de
octubre.
¿Existe alguna observación al Acta? (Pausa.)
Queda aprobada.
PREGUNTAS:
-- DE DON ALBERT VALLVE I NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA
ATENDER A LA SITUACION CREADA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA Y
ESPECIALMENTE EN TARRAGONA, COMO CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES
PRODUCIDAS EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 1944. (680/000305.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
preguntas.
En primer lugar, la pregunta formulada por el Senador Vallvé i Navarro,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
sobre las previsiones del Gobierno para atender a la situación creada en
la Comunidad Autónoma de Cataluña, especialmente en Tarragona, como
consecuencia de las lluvias torrenciales producidas en octubre del año en
curso.
Tiene la palabra el Senador Vallvé i Navarro para exponer su pregunta.
El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia del señor Presidente, formularé
la pregunta en los términos en que está redactada en el orden del día. Es
una pregunta que no ha perdido su actualidad y aunque se presentó el día
14 del presente mes, por Reglamento de la Cámara no ha podido formularse
hasta este momento.
Lo cierto es que el día 28 de octubre el Consejo de Ministros publicó un
Real Decreto-ley que, de alguna manera, viene a intentar paliar parte de
las consecuencias de las lluvias torrenciales que acaecieron en Tarragona
el día 11 de octubre.
A pesar de la rápida intervención legislativa del Gobierno y del interés
que mantuvo la Administración Central en desplazarse al lugar de los
hechos para tener conocimiento exacto de lo que sucedía, entendemos que
la pregunta continúa teniendo su vigor. No sólo hay que atender a las
infraestructuras que como consecuencia de los aguaceros se vieron
afectadas, sino que también debe atenderse a la situación creada en
empresas y particulares, ya que, sin género de dudas, un defectuoso
trazado o construcción de las infraestructuras ha agravado de modo muy
importante las consecuencias del siniestro.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, deseo subrayar, en primer lugar, la extremada urgencia con que
actuó el Gobierno durante todo este proceso. Las inundaciones tuvieron
lugar, como sus señorías saben, el día 10 de octubre. El día 14 de
octubre ya se acordó en Consejo de Ministros poner en vigor las medidas
previstas en la Orden de 18 de marzo de 1993 para situaciones de
emergencia o catástrofe. Dicho día se creó la Comisión Interministerial
que debería estudiar el conjunto de propuestas sectoriales necesarias
para atender a ese fenómeno. En seis días la Comisión --del día 14 al
20-- había terminado sus trabajos que, debido, precisamente, a la
entidad, envergadura y naturaleza de las medidas adoptadas, requerían de
un Real Decreto-ley. Con absoluta urgencia el Consejo de Estado dictamina
ese Real Decreto-ley y el día 27, efectivamente, en Consejo de Ministros
se aprueba.
En definitiva, me parece evidente, señoría, que el Gobierno ha actuado
con la máxima celeridad imaginable, dado que se trataba nada menos que de
un Real Decreto-ley.
En cuanto al contenido, en efecto, está pendiente de publicación. Creo
que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el
conjunto de medidas. Sólo está pendiente su publicación material. Sin
embargo, sí creo que tiene cierto interés indicar que la solución final
va a ser una buena coordinación de la Administración Central,
junto con la Administración de la Comunidad Autónoma y con las entidades
locales.
Entre el paquete de medidas que se adoptan para todos los municipios
afectados, destacaría las siguientes: ayuda a las entidades locales para
la reparación o sustitución de infraestructura; facultar al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para declarar zonas de actuación
especial, como son, precisamente, las afectadas por las inundaciones;
concesión de moratorias en créditos hipotecarios y pignoraticios;
exención de la cuota del Impuesto de Bienes Muebles; minoración de la
cuota tributaria correspondiente al impuesto especial para la adquisición
de determinados medios de transporte que sean sustitutivos de otros
medios que hayan sufrido siniestro total con ocasión de las inundaciones;
beneficios arancelarios para la reposición de materiales y equipos
dañados; moratorias a empresas y trabajadores por cuenta propia de un año
sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social;
exención a los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el régimen
especial agrario de la Seguridad Social, del pago de sus cuotas durante
el último trimestre del año 1994; moratorias a las sociedades,
cooperativas y sociedades anónimas laborales en el pago de los préstamos
concedidos por el fondo de protección al trabajo; consideración de los
expedientes de regulación de empleo que se produzcan por estos hechos
como determinados por causa de fuerza mayor; posibilidad de establecer
conciertos entre Comunidades Autónomas, organismos de la Administración
General del Estado y entidades locales, para la realización de obras de
reparación mediante trabajos de colaboración social; consideración de
emergencia de las obras y servicios, adquisiciones y suministros
afectados, a los efectos de lo prevenido, tanto en la Ley de Contratos
del Estado como en la Ley de Expropiación Forzosa; declaración, asimismo,
de inhábiles a todos los efectos de los días 10 y 11 de octubre en toda
la Comunidad Autónoma y, en su caso, en 19 de octubre en los términos
municipales que determine el Ministerio de Justicia e Interior; creación
de una línea de crédito con el ICO para préstamos de bajo interés y,
asimismo, la fijación de un fondo de 7.000 millones como crédito
extraordinario ampliable para atender a las necesidades de financiación.
Esto es lo sustancial de las medidas adoptadas, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Vallvé i Navarro.
El señor VALLVE I NAVARRO: Muchas gracias, señor Ministro.
Como le decía, somos sensibles y agradecemos al Gobierno el interés que
ha demostrado en la rápida toma de contacto con el problema y en la
solución del mismo. Pero, señor Ministro, aunque el problema,
evidentemente, es reparar los desperfectos que se ocasionaron, éste va
más allá.
Tarragona ciudad y los pueblos de las comarcas lo que pretenden es que
por parte del Gobierno --porque es su competencia-- se adopten aquellas
medidas que, en el futuro puedan evitar la repetición de estos hechos. En
concreto, y por lo que hace referencia al término municipal, el río
Francolí desemboca en Tarragona con la circunstancia --afortunada o no--
de que coincide con el puerto. Ya hace años se realizó un nuevo trazado
del río Francolí, con lo que cuando llueve --como en esta ocasión-- la
naturaleza vuelve por sus fueros y este erróneo trazado que en su momento
se realizó lo único que hace es generar una especie de presa natural que
pone en peligro el barrio pescador de Tarragona --el Serrallo-- y, como
han demostrado estos hechos, otras urbanizaciones que se han construido
en las cercanías del río Francolí.
En este momento existe una gran preocupación por parte de propietarios de
casas y de inmuebles, que se han visto afectados en sus cimientos como
consecuencia de este desbordamiento, preocupación que no se ha salvado
del todo --en un cien por cien-- por las medidas del Gobierno.
Existe también otra circunstancia, y es que el polígono conocido como
entrevías, es un polígono industrial que se ha convertido en una balsa,
como consecuencia del talud del ferrocarril y del eje transversal, que es
una vía rápida que comunica el exterior de Tarragona con el puerto.
Evidentemente, señor Ministro, no estamos en contra de que el Gobierno se
gaste el dinero y haga ejes transversales y vías rápidas, pero lo cierto
es que la infraestructura ha sido, y se ha demostrado, insuficiente, y
que corresponde al Gobierno, como ya tiene previsto, realizar las
actividades para corregir esta circunstancia. Su señoría es un jurista y
sabe que si de alguna manera se logra demostrar que las consecuencias de
la riada son más graves debido a esta imprevisión --no sé si de ésta o de
anteriores Administraciones--, le corresponderá al Estado atender, como
responsable directo de esas circunstancias, las consecuencias del
siniestro.
Por ello, en primer lugar, quiero agradecer al Gobierno el interés que se
ha tomado por el asunto, pero entiendo que el tema no acaba aquí, que
tiene que estudiarse y que el Estado tiene que ver hasta qué punto llega
y alcanza su responsabilidad directa como consecuencia de estas
circunstancias.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señoría, estoy
convencido de que por parte del Ministerio de Obras Públicas y por parte
del resto de los Ministerios afectados se evaluarán todas las situaciones
a las que alude su señoría. Para eso se ha creado una Comisión
interministerial, con la presencia del Delegado del Gobierno en Cataluña
y del Gobernador Civil de Tarragona, que estudiarán punto por punto todas
las cuestiones a las que su señoría alude.
Yo estoy convencido de que tanto el Gobierno central como el de la
Generalitat, respectivamente, asumirán sus responsabilidades para tratar
de evitar fenómenos semejantes en el futuro.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DON JESUS PEDROCHE NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI PUEDE GARANTIZAR EL GOBIERNO UNA SUFICIENTE PRESENCIA
POLICIAL EN LAS CALLES DE MADRID QUE CONLLEVE UN DESCENSO EN LOS ACTUALES
NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA. (680/000309.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador don Jesús Pedroche Nieto, del
Grupo Parlamentario Popular, sobre si puede garantizar el Gobierno la
suficiente presencia policial en las calles de Madrid.
Tiene la palabra el Senador Pedroche.
El señor PEDROCHE NIETO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero preguntarle por la presencia policial en las calles madrileñas,
porque a mi Grupo le gustaría, señor Belloch, que usted confirmase ante
esta Cámara, para dar posteriormente soluciones, los datos que obran en
poder de este Grupo y que son, como luego vamos a comentar, datos de
escándalo en relación con la presencia policial en Madrid capital.
Sepa que hoy la seguridad en Madrid es motivo de una honda preocupación y
de una enorme alarma ciudadana, ya que sólo en los primeros ocho meses de
este año se han denunciado en comisaría casi 90.000 delitos, y tampoco
quiero ocultarle al señor Ministro que esta pregunta no es ajena a una
absurda medida que su Departamento dispuso hace 15 días, retirando de las
calles madrileñas a 370 funcionarios policiales, que así abandonaban la
atención al ciudadano para pasar a vigilar edificios y embajadas en
Madrid.
Mi Grupo espera que en su turno usted asuma, con perdón, señor Ministro,
la torpeza que ha supuesto para la seguridad en Madrid esta medida.
Nada más por el momento y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Con ocasión de la interpelación tuve la oportunidad de indicar que la
ciudad de Madrid va a ser, como es natural, una de las grandes ciudades
que va a entrar en el Plan integral de libertad y seguridad ciudadana,
cuya efectiva puesta en vigor se sitúa en el 1 de enero de 1995, a lo
largo de la cual y, terminado el proceso, se logrará que la presencia
policial en las calles, por término medio, se incremente en un 76 por
ciento respecto de la policía presente en la actualidad. Se realizará en
dos fases y Madrid va a ser una de las grandes ciudades que se va a
beneficiar del citado Plan de libertad y de seguridad ciudadana.
Estamos completamente convencidos de que la aplicación de ese Plan va a
incidir positivamente en la disminución del número de delitos y también
en la disminución del clima de inseguridad a que su señoría ha hecho
alusión.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Pedroche.
El señor PEDROCHE NIETO: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo le he hecho esta pregunta, señor Ministro, para hablar de hoy, del mes
de noviembre de 1994, no del mes de enero del año que viene, del que, ya
se lo anuncio, hablaremos.
Lo suyo son permanentemente, señor Ministro, buenas intenciones y mi
pregunta, porque es una pregunta que usted se hará con los responsables
policiales en unos días, es de dónde va a sacar a la policía. No le
cuadran, no le pueden cuadrar los números. Señor Ministro, habla usted de
10.000 funcionarios policiales más dedicados a la atención al ciudadano.
Salvo que usted les conceda el don de la bilocación, es imposible
metafísicamente que haya 10.000 funcionarios más. De dónde los va a sacar
usted, ¿de las vigilancias estáticas, señor Ministro, y va a desatender
las vigilancias de los edificios y embajadas? ¿Sabe usted que está muy
corto de presupuesto? ¿Van a abandonar las tareas burocráticas los
funcionarios policiales y, si es así, con quién los va a sustituir, señor
Ministro? Además, esos funcionarios necesitarían reciclajes en su
formación, porque en estos momentos no son operativos.
De todos modos, vamos a hablar, con el permiso del Presidente, de hoy,
¿Sabe usted, señor Belloch, el número de vehículos policiales que
patrullan hoy en Madrid? ¿Trescientos, doscientos: Señor Ministro, en
Madrid hay 44 vehículos policiales patrullando las calles diariamente
atendiendo al ciudadano. Este número no me lo invento yo, son los
vehículos policiales que salieron a las calles a patrullar el pasado 28
de octubre de este año, hace exactamente cinco días.
No hay derecho, señor Ministro, a que una ciudad como Madrid, una ciudad
que tiene más de tres millones de habitantes, cuente para atender a sus
ciudadanos con la ridícula cifra de cuatro coches zeta. ¿Se imagina,
señor Belloch, que la ciudad de Bilbao, en la que usted ha residido,
contase con sólo dos coches oficiales? ¿Sabe por qué se lo digo, señor
Ministro? Porque hay un distrito en Madrid, que es el de Arganzuela, que
tiene una población semejante a la ciudad de Bilbao, que tiene dos coches
policiales para patrullar sus calles. ¿Hay derecho a que un distrito
madrileño como el de Universidad, poblado por 160.000 habitantes, toda la
provincia de Avila junta, tenga un coche zeta, señor Ministro? ¿O el de
Carabanchel, con más de 200.000 personas residiendo allí, tres coches?
Le voy a dar tres ejemplos más. San Blas tiene 320.000 habitantes y
cuenta con tres coches zeta. Vallecas, 160.000 habitantes, cuenta con dos
vehículos policiales para patrullar las calles. Fuencarral, 220.000
habitantes, cuenta con dos coches.
Por increíble que parezca, y voy terminando, señor Presidente, éstos son
los datos de la protección policial al ciudadano en la capital de España.
No trate usted, señor Belloch, a los madrileños como ciudadanos de
segunda y tenga la valentía de reconocer hoy ante esta Cámara la
desprotección policial que hoy sufre Madrid. Si usted no reconoce la
desprotección policial que hoy sufre Madrid, es muy difícil que usted
llegue a soluciones.
Acabo diciéndole una cosa, señor Ministro, y es que más quisiera el
Partido Popular que usted acertase con sus planes y proyectos.
Sinceramente, creo que no lo está haciendo, señor Ministro, que es usted
muy largo en palabras, pero muy corto en los hechos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señoría, sinceramente creo que afirmaciones como las suyas son las que
contribuyen a generar el sentimiento subjetivo de inseguridad. Y los
hechos no son así. Estoy convencido de que los datos que le voy a dar
ahora, como son datos positivos --esto ocurre normalmente dentro de su
lógica--, les van a entristecer a usted y a su Grupo Parlamentario.
Lo cierto es que ya podemos evaluar los nueve primeros meses del año 1994
en la Comunidad Autónoma de Madrid y resulta --lo siento, desde la
perspectiva de sus señorías-- que se ha producido una notable mejoría,
muy por encima del nivel de la media nacional. Concretamente, en esos
nueve meses la media nacional del número de delitos conocidos por la
policía y la Guardia Civil ha disminuido en un 3,58 por ciento. Ese
porcentaje en la Comunidad Autónoma de Madrid supone el 5,66 por ciento,
es decir, se ha disminuido el índice de delitos conocidos por la policía
y la Guardia Civil en un 5,66 por ciento sólo en los nueve primeros meses
de este año. Es más, en lo que constituye el núcleo urbano, pasa de 5,66
al 6 por ciento de disminución sólo en nueve meses. Eso, señorías, supone
algo evidente, y es que ha mejorado, sin ninguna duda, el clima objetivo
de seguridad ciudadana. Y si no se utilizara este tipo de elementos como
una pura herramienta electoral, supongo que cara a las próximas
elecciones municipales, estos datos cantarían por sí solos. Los
responsables deberían renunciar a manejarlos de manera frívola y, por el
contrario, deberían tener conciencia de que es algo positivo para todos;
porque la seguridad es un problema de Estado. Si el dato de que se haya
logrado en la ciudad de Madrid un 6 por ciento de disminución en nueve
meses no les parece suficientemente positivo es porque está utilizando
los datos de una manera parcial e interesada, señorías, se lo digo con
toda sinceridad.
Por otro lado, que esto se haya producido se debe, entre otras cosas, a
que, afortunadamente, ya han empezado en Madrid los juicios rápidos, que
producen una incidencia inmediata en la disminución de determinados tipos
de delitos. Esa es la razón sustancial, al margen de la labor preventiva
de la policía y, en general, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ya
han comenzado los juicios rápidos en Madrid; concretamente, el último
dato que tengo es que de febrero a junio se han realizado aproximadamente
1.000 juicios, en los que, por cierto, se ha logrado una inmediación en
la respuesta y, consiguientemente, un altísimo nivel de condenas, el 92
por ciento, concretamente; una satisfacción del interés de la víctima de
manera inmediata y, desde luego, un efectivo producto de prevención y de
disminución de la delincuencia.
Se trata de hacer cosas serias, y para eso hace falta prever un programa
con una cierta calma y tranquilidad. Yo no le puedo decir a 1.º de
noviembre que me he comprometido para el 1.º de enero, entre otras cosas,
porque antes ese programa tendrá que ser examinado, como comprenderá su
señoría, por el Consejo de Ministros. Una vez aprobado por el Consejo de
Ministros, con mucho gusto compareceré ante esta Cámara, incluso pediré
una comparecencia voluntaria ante la Comisión de Justicia e Interior para
explicar con detalles el plan, y allí, con mucho gusto, podremos discutir
los posibles aciertos, los posibles errores y yo espero que las posibles
sugerencias que su señoría y su grupo hagan para mejorar ese plan en su
aplicación, que es lo que realmente nos tiene que preocupar a todos.
Nada más, señoría, muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON JOSEP MARIA BERTRAN I SOLER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN
EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA REPERCUSION PRACTICA QUE VA A
TENER LA DIRECTIVA COMUNITARIA 457 EN LA FORMACION ESPECIFICA DE MEDICOS
GENERALES. (680/000306.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Bertrán i Soler, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la
repercusión práctica que va a tener la Directiva Comunitaria 457.
El Senador Bertrán tiene la palabra.
El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, este Senador reconoce que estuvo tentado de empezar la
justificación de la pregunta con un: Diga usted si es cierto que existe
una Directiva Comunitaria 457 de 1986 que obliga a los médicos, a partir
del 1.º de enero de 1995, a poseer la formación específica en medicina
general para poder ejercer en el sector sanitario público.
Tuve esta tentación de inquirir al modo de abogados y fiscales porque, a
la vista de los acontecimientos, parece que no exista tal Directiva, y no
voy a empezar así, señora Ministra, porque tengo la sospecha fundada de
que el Ministerio
de Sanidad y Consumo quisiera tener ya resuelta la cuestión que voy a
exponer.
El artículo 2 apartado b) de la Directiva 457 del Consejo de Comunidades
Europeas de 15 de septiembre de 1986 determina que la formación
específica en medicina general será de al menos dos años, a realizar
después de los seis años de licenciatura en Medicina, y se efectuará bajo
control de las autoridades y organismos competentes.
Asimismo, explicita que todos los Estados miembros están obligados, a
partir del 1.o de 1995, a condicionar el ejercicio de la medicina general
en el sector sanitario público a la posesión de la formación específica
en medicina general. Han pasado más de ocho años desde la adopción de
esta Directiva y estamos a menos de dos meses de la entrada en vigor de
las obligaciones que comporta. Pues bien, ahora mismo, el sector afectado
desconoce cuál va a ser la decisión del Gobierno, y es motivo de
preocupación la aparente divergencia de criterios entre el Ministerio de
Sanidad y el Ministerio de Educación.
Señora Ministra, no seré yo quien diga que existen discrepancias entre
los dos Ministerios, pero deberá usted darme la razón si afirmo que los
médicos generales, los especialistas en medicina familiar y comunitaria y
los estudiantes de Medicina están soportando un clima de indecisión que
en nada contribuye al consenso que todos deseamos para este sector
profesional de la atención primaria.
Un número considerable de médicos generales ve con buenos ojos la
denominada actitud del Ministerio de Educación, que apoyaría una
formación específica en dos años con el amparo de las facultades de
Medicina. Por otro lado, los especialistas y los residentes de medicina
familiar y comunitaria ven peligrar el futuro de la formación MIR en
medicina general y se alinean con la postura atribuida al Ministerio de
Sanidad.
Por último, los estudiantes de Medicina interpretan que no podrán tener
acceso al ejercicio de la medicina general en el sector público al
terminar la licenciatura, como sucede ahora, porque el cumplimiento de la
Directiva les obliga a poseer una formación específica en medicina
general; formación específica, por cierto, que los estudiantes no saben
si continuará a través del sistema MIR en tres años o en dos, si prospera
la hipótesis atribuida al Ministerio de Educación.
Señora Ministra, yo creo que deben decidir, deben disponer las normas de
aplicación de la Directiva. No se puede titubear, no se puede vacilar,
porque se está generando una confusión que puede tener unas consecuencias
perversas.
Si usted me responde que no existen discrepancias entre los dos
Ministerios y que toda esta situación es fruto de oscuras estrategias,
apresúrese a reglamentar, por aquello de la mujer del César. Si, por el
contrario, me contesta que están próximos a llegar a un acuerdo, pensaré
que les gusta el morbo de articular soluciones al límite de la
cronología. Y en el caso --le aseguro que no deseado-- de que no pueda
vislumbrar una inmediata convergencia de criterios, puede estar segura de
que propondré una fiesta patronal nueva para el sector afectado: el 28 de
diciembre.
Sabe usted, señora Ministra, que tanto este Senador como el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió estamos a su
disposición para contribuir a un rápido desenlace a este conflicto,
porque conocemos su esfuerzo para conseguirlo.
Por los motivos expuestos, formulo al Gobierno, señor Presidente, la
siguiente pregunta: ¿Qué repercusión práctica va ejercer la Directiva
Comunitaria 457 en la formación específica de los médicos generales?
Muchas Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Ministra tiene la palabra.
La SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Muchas gracias, señor Senador, por su pregunta y por el planteamiento que
hace, que comparto en su mayor parte porque ha sintetizado muy
correctamente cuál es la situación. Por tanto, agradezco a su señoría la
formulación de esta pregunta, que a lo mejor nos permite avanzar en la
clarificación de un problema que preocupa a todo el mundo sanitario.
Creo que su señoría puede tener la seguridad de que tanto la
Administración sanitaria como la educativa hemos venido trabajando para
buscar la mejor solución que haga compatibles los intereses del sistema
educativo con los del sistema sanitario, y algún acontecimiento, señoría,
se ha producido que justifica por qué estamos llegando al límite del
tiempo disponible, porque explica que van abriéndose paso, clarificando
la situación, algunos conceptos. Y me refiero, por ejemplo, a la reunión
que se ha celebrado recientemente, exactamente el 19 de octubre de 1994
en Copenhague, y a la reunión del Comité Consultivo para la Formación de
Médicos de la Unión Europea, que en su última reunión del día 26 de
octubre ha coincidido en considerar que tres años son imprescindibles
para la formación de los médicos generales.
De manera, señoría, que hay varias razones que explican que hayamos
avanzado en profundizar en la solución óptima. Yo no creo que sea exacto
hablar de discrepancias entre el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Sanidad, sino que de lo que se trata más bien es de distintos puntos
de vista que, además, son coherentes con las distintas responsabilidades.
Sin embargo, hemos atravesado un proceso largo de análisis en el que,
efectivamente, han existido diferentes puntos de vista, diferentes
matices que, precisamente por el tiempo transcurrido y por el trabajo que
hemos realizado, se han ido superando.
La Directiva, como bien conocen sus señorías y como ha explicado el señor
Senador, impone a los Estados miembros la necesidad de otorgar una
formación específica en Medicina General con el objetivo de que se adapte
al desarrollo de las ciencias médicas, y esta necesidad, como sabe el
señor Senador, había sido considerada por nuestro país que creó nada
menos que en 1978, hace ya mucho tiempo, la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria, con un sistema de formación de tres años.
Precisamente
esta solución ha sido ampliamente respaldada en las dos recientes
conferencias a las que he hecho referencia, que, a mi juicio, revisten
una enorme trascendencia.
Nos encontramos, por tanto, ante un cambio importante para el sistema
sanitario. A partir de 1995 el título de Licenciado en Medicina no
habilita directamente para el ejercicio de la Medicina General. Alemania,
señor Senador, como sabe, ha resuelto el problema en julio de este año.
Italia, por ejemplo, aún no lo ha hecho y está demandando información
para tomar decisiones. España está en mejor situación, porque no tenemos
pendiente ninguna obligación impuesta por el Derecho comunitario que
necesitemos incorporar. Ahora bien, sí debemos responder a la inquietud
de los estudiantes de Medicina respecto a poder optar a la formación
específica en Medicina General o Medicina Familiar, que viene a ser lo
mismo. Por ello, hemos mantenido reuniones, señor Senador, con los
representantes estudiantiles; la última, el pasado jueves, 27 de octubre,
y en esa reunión hemos debatido cuál es la orientación que nos parece más
acorde con el problema que tenemos planteado.
Tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Sanidad, con la
ayuda definitiva de la Comisión Nacional de la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria, estamos haciendo grandes esfuerzos para conseguir
acreditar y financiar hasta un máximo de 500 plazas más sobre la oferta
actual para la formación en Medicina Familiar y Comunitaria en la próxima
convocatoria MIR. A nuestro juicio, ésta es la solución del problema, es
decir, obtener un número de plazas que garantice la salida para los
estudiantes de Medicina. Si tenemos en cuenta que en 1981 la oferta de
plazas de esta especialidad era de 235, puede valorarse el enorme
esfuerzo que supondría que consigamos la ampliación hasta 500 plazas. Por
otra parte, creo que la solución, señoría, tiene que enmarcarse dentro
del sistema de formación mediante residencia en las instituciones
sanitarias acreditadas para la docencia. Me parece que ésta es la única
vía que, de forma contratada, permite asegurar la calidad que es
imprescindible garantizar a nuestros profesionales y a nuestro sistema
sanitario.
Como su señoría conoce, por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha
tenido en cuenta la situación de los médicos establecidos en nuestro país
antes del 1 de enero de 1995 que reúnen las condiciones necesarias para
obtener el título de Licenciado en Medicina y Cirugía, y por ello el
Decreto 853, de 4 de junio de 1993, les ha reconocido los derechos
adquiridos y los médicos que lo soliciten pueden obtener su certificación
acreditativa que les permita ejercer como médicos generalistas en el
sistema de salud.
Por último, me gustaría decirle, señoría, que, de acuerdo con los datos
oficiales de que disponemos, el 87 por ciento de los licenciados en
Medicina acceden a la formación como especialistas, tras superar la
prueba MIR, en un plazo máximo de dos años después de concluir su
licenciatura. Por tanto, únicamente un 13 por ciento de licenciados no
acceden a la formación especializada, aunque, naturalmente, como su
señoría conoce, están legalmente habilitados para la actividad
profesional privada y para el desarrollo de actividades docentes e
investigadoras.
Por tanto, reconozco que hemos agotado el plazo y que estamos en el
límite para tomar la decisión, pero espero, señoría, que el tiempo
transcurrido y ese agotamiento del plazo nos haga llegar a una solución
que sea, de entre las posibles, la óptima.
Gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DON JUAN DE DIOS MARTINEZ SORIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE EL TIPO DE INVESTIGACION QUE HA LLEVADO A CABO EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO CON RESPECTO A LAS DENUNCIAS SOBRE
EXPERIMENTACION EN PACIENTES HUMANOS CON MEDICAMENTOS RADIACTIVOS EN EL
HOSPITAL DE BELLVITGE, EN BARCELONA. (680/000308.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Martínez Soriano, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre el tipo de investigación que ha llevado a
cabo el Ministerio de Sanidad y Consumo con respecto a las denuncias
sobre experimentación en pacientes humanos con medicamentos radiactivos.
Senador Martínez Soriano, tiene su señoría la palabra.
El señor Martínez SORIANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, con fecha 12 de septiembre de 1994 fue dirigido un
escrito al Ministerio de Sanidad en el que se denunciaba la fabricación
en el Hospital Príncipe de España, de Vellvitge, de un equipo radiactivo
para la obtención de inmunoglobulina humana marcada con indio 111. Esta
manipulación no estaba autorizada y este radiofármaco posteriormente fue
utilizado en pacientes humanos.
¿Que tipo de investigación ha llevado a cabo el Ministerio que usted
preside? Desde luego, le agradecería a la señora Ministra que me
comentase las conclusiones obtenidas de esta investigación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, efectivamente, puedo contestarle con rotundidad que en
estos momentos no se están realizando experimentaciones en pacientes
humanos, por emplear la terminología de su señoría, con radiofármacos,
que son los medicamentos radiactivos a que se refiere en la pregunta. No
está en marcha ningún ensayo clínico con radiofármacos
en pacientes, según la información de que dispone el Ministerio.
En efecto, como su señoría ha dicho, el Ministerio de Sanidad recibió dos
denuncias sobre la utilización de radiofármacos no presentados a registro
y preparados en los servicios de medicina nuclear de dos hospitales, uno
de Cataluña y otro de Aragón. La Dirección General de Farmacia realizó
las comprobaciones iniciales necesarias y trasladó el contenido de las
denuncias a los servicios de salud de las respectivas Comunidades
Autónomas, porque, como su señoría conoce, son las competentes para el
control y la inspección de los ensayos clínicos.
La Dirección General de Farmacia está siguiendo el curso de estas
actuaciones, y en el caso de la primera de ellas, que lleva fecha de
noviembre de 1993, ha tenido conocimiento de que el expediente ha sido
sobreseído. El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Bellvitge
tiene acreditación provisional para impartir docencia en esta
especialidad porque cumple todos los requisitos profesionales y de
instalación.
Si su señoría desea que le amplíe la información, con mucho gusto lo
haré.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el Senador Martínez Soriano.
El señor MARTINEZ SORIANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Me alegro de que el Ministerio haya actuado y, por lo menos, se haya
informado de que, efectivamente, en la actualidad no se está produciendo
ningún experimento de este tipo, pero se han producido.
En primer lugar, lo que se denuncia es la manipulación de una
especialidad farmacéutica, la inmunoglobulina, en indicaciones no
autorizadas. Como consecuencia de esta manipulación se obtiene un
radiofármaco tampoco autorizado. La producción de este nuevo medicamento
es realizado por personas no autorizadas para adquirir, manipular,
preparar, controlar y dispensar medicamentos de ningún tipo, aunque
tengan permiso de docencia. Por otro lado, estos hechos se realizan en
instalaciones tampoco autorizadas para la manipulación y fabricación de
medicamentos; no es una farmacia. Y el colmo es la realización de ensayos
clínicos empleando muestras de estas sustancias sin garantía de calidad
ni seguridad y en los que se producen dosis de radiación no justificadas
en los pacientes.
Todo este tipo de faltas están tipificadas como graves y muy graves en la
Ley del Medicamento. También violan el primer artículo del Real Decreto
de protección radiológica de los pacientes sometidos a exploraciones
médicas y hay una posible violación de los artículos 341 y siguientes del
Código Penal.
Sin embargo, señora Ministra, los hechos denunciados en este hospital son
una mera anécdota de lo que está ocurriendo en España con estos
radiofármacos. Ya le hice una serie de preguntas relacionadas con estos
medicamentos con fecha de 10 de mayo de 1994, preguntas que aún no me han
sido contestadas y respecto de las que espero que usted tome interés y se
contesten cuanto antes.
Y para terminar, señora Ministra, diré que en España estos medicamentos
se están importando sin control alguno, de tal manera que incluso se
importan sustancias prohibidas en sus países de origen. Su distribución
no se hace por los canales reglamentados, la distribución farmacéutica
normal, sino incluso por correo y venta a domicilio. Se manipulan por
personas y en condiciones no autorizadas y se administran a pacientes e,
incluso, a persona sanas, lo que, como usted sabe, no resulta ser lo
mejor para hacer ningún tipo de ensayo clínico. Se hace sin previo
control y sin autorización de la Administración sanitaria. Y el colmo es
que estos ensayos son sufragados económicamente con fondos públicos, en
lugar de por el promotor, como dice la ley que debe hacerse. Lo que es la
vida: usted, por un lado, ahorrando; y, por otro, desperdiciándose el
dinero público.
Como estos temas son muy llamativos y pueden producir alarma social --que
no es mi intención--, no tengo inconveniente en remitirle, posteriormente
a este debate, un listado de lugares donde se estén realizando o se hayan
realizado ensayos clínicos con estos medicamentos, esperando que usted
tome cartas en el asunto y controle esta realidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, el asunto que me plantea tiene la importancia suficiente como
para que yo resuma aquí cuál es el marco legislativo y le ruegue que, si
tiene conocimiento de alguna infracción a este marco, sea tan amable de
denunciarlo por la vía que considere oportuna. Además, debo decirle que
esas preguntas han sido contestadas porque al preparar la respuesta a
ésta me he cerciorado de que así había sido, aunque es probable que su
señoría todavía no las conozca.
Debemos recordar que los radiofármacos a los que su señoría se refiere
son productos que llevan incorporado un isótopo, de forma que la
radiación que emite permita detectar las tumoraciones. Y no son nuevos,
como sabe su señoría, sino que llevan utilizándose desde hace tiempo;
pero la primera vez que se consideran medicamentos es en la Directiva
89/343, incorporada, como su señoría ha recordado, a nuestra Ley del
Medicamento. Posteriormente, el Real-Decreto de 2 de abril de 1993,
número 479, ha regulado los requisitos de autorización, producción,
control y utilización, estableciendo un período de seis meses para que se
pueda presentar la documentación necesaria de los radiofármacos ya
comercializados en España para su autorización y registro. Pero es
evidente que la utilización de radiofármacos está sometida a un doble y
estricto control: al control general, propio de todos los medicamentos, y
al control específico que se deriva de su carácter radiactivo y que es
realizado en dos niveles: por los responsables de su utilización en los
hospitales, el médico prescriptor, el laboratorio
fabricante y el servicio hospitalario que los elabora, y por el Consejo
de Seguridad Nuclear, que realiza periódicos controles de los servicios,
del personal y de los pacientes que intervienen en el proceso.
Los radiofármacos, como sabe su señoría, se utilizan para diagnóstico «in
vivo» y para investigación «in vitro», y pueden ser utilizados a través
de dos vías, aunque lo habitual es su utilización intrahospitalaria. La
utilización comercial requiere una autorización que debe ser otorgada por
la Dirección General de Farmacia, a quien corresponde también la
autorización del preceptivo ensayo clínico previo y su evaluación final;
el control y la inspección del ensayo son competencia de las Comunidades
Autónomas, así como la utilización intrahospitalaria de los radiofármacos
que se utilizan habitualmente para diagnóstico y son preparados
específicamente, cada vez, para su aplicación a un paciente concreto. La
preparación, dosificación y administración de los radiofármacos se
realiza en los servicios de medicina nuclear de los hospitales que, como
he dicho, es el único servicio hospitalario que cuenta con la protección
radiológica necesaria para la manipulación de estos preparados. No son
almacenados en los servicios de farmacia hospitalaria, sino en cámaras
con protección radiológica situadas en el servicio de medicina nuclear, y
no son preparados ni distribuidos en los servicios de farmacia como el
resto de los medicamentos, sino que para cada caso puntual el servicio de
medicina nuclear del hospital solicita la cantidad de isótopo necesaria y
prepara el radiofármaco para su aplicación al paciente concreto.
Por último, señoría, me gustaría recordar que en el ámbito europeo los
radiofármacos están incluidos en una lista única que está siendo
estudiada por procedimiento coordinado-simplificado, es decir, teniendo
en cuenta que llevan siendo utilizados desde hace tiempo y no es
necesario realizar ensayo clínico previo. Y en el ámbito nacional, la
Dirección General de Farmacia se ha dirigido a las sociedades de medicina
nuclear y radiofarmacia para dar pautas de actuación ante los diferentes
casos que se presentan en la práctica hospitalaria habitual con los
radiofármacos. En esta comunicación, señorías, se reitera la necesidad de
ajustarse a la normativa sobre ensayos clínicos o uso compasivo. Y para
los radiofármacos de preparación propia extemporánea en los servicios de
medicina nuclear, ampliamente conocidos, que no tuvieran alternativa en
el mercado, se va a crear un grupo de expertos para constituir un listado
único, por lo que ya no va a ser necesaria la petición de ensayo clínico.
Esto es, señoría, cuanto puedo informarle hoy, pero, en todo caso, le
agradezco su preocupación por este asunto de enorme trascendencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON JOSE LUIS SAINZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS CRITERIOS SEGUIDOS PARA ESTABLECER EL BAREMO DE
PUNTUACION DE MERITOS EN LA RECIENTE CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE
TRASLADOS PARA MEDICOS ESPECIALISTAS, PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO, DE 22 DE MARZO DE 1994. (680/000312.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador don José Luis Sainz García, del
Grupo Parlamentario Popular, sobre los criterios seguidos para establecer
el baremo de puntuación de méritos en la reciente convocatoria del
concurso de traslados para médicos especialistas, publicada en el Boletín
Oficial del Estado, de 22 de marzo de 1994.
Senador Sainz, tiene su señoría la palabra.
El señor SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra: ¿Qué criterios han seguido para establecer el baremo de
puntuación de méritos en la reciente convocatoria del concurso de
traslados para médicos especialistas del Insalud?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, los criterios que se han seguido en el Insalud para
establecer el baremo de puntuación de méritos han sido los que prevé el
artículo 16.2 del Real-Decreto del año 1991, que regula la provisión de
plazas en relación con la disposición adicional novena del mismo Decreto.
El primero dice que la adjudicación de las plazas convocadas en el
concurso de traslados se ha de efectuar de acuerdo con un baremo de
méritos que valore, principalmente, el tiempo de servicios prestados en
las Administraciones y servicios públicos, etcétera. Y la disposición
adicional dice que las bases generales de convocatoria y los baremos a
que se refiere este Decreto han de fijarse previa negociación en la
correspondiente Mesa sectorial. De manera que ésos han sido los dos
criterios fundamentales que se han seguido para la fijación del baremo.
La valoración del tiempo de servicios prestados han dado lugar a que en
el baremo la experiencia profesional se fijara en un 70 por ciento; y la
necesidad de negociar con las centrales sindicales determinó que, desde
enero de 1993, en que se iniciaron esas negociaciones, hasta enero de
1994 se elaboraran y discutieran diversos estudios sobre el baremo a
aplicar, tomando en consideración algunas de las propuestas de las
organizaciones sindicales que demandaban que se tuviera casi
exclusivamente en cuenta el tiempo de servicios prestados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Sainz García.
El señor SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, aunque el concurso haya estado apegado a la legalidad,
como usted afirma, ¿cómo puede usted justificar que las bases del
concurso y el baremo de las puntuaciones fueran establecidos en unos
términos que modifican el anterior concurso de 4 de julio de 1993, de
atención primaria, en los que se valora principalmente, como usted ha
dicho --siguiendo el «Boletín Oficial» del jueves 7 de febrero de 1991--
la antigüedad en el puesto de trabajo, la experiencia profesional y
aquellos servicios públicos que tengan la función de igual contenido a la
que se está desarrollando en la plaza? Se introducen méritos a valorar
que no están incluidos, como el MIR y la formación universitaria, que ya
fueron valorados para la obtención de la plaza y que dan derecho, con
toda legalidad, a participar en ese concurso de traslados. Ese fue el
motivo por el cual CEM y CESIF impugnaron en su día la convocatoria; la
coalición CEM-SATSE, si no recuerdo mal, y Comisiones Obreras también se
oponen al concurso por valorarse mal la experiencia profesional. ¿Cómo
puede justificar ahora, señora Ministra, que el Director General del
Insalud sea quien firme las bases del concurso modificando y puntuando
unos méritos que no están recogidos aquí, máxime si la base sexta de la
convocatoria es la que debe aprobar y publicar dicho concurso, así como
las reclamaciones que sobre ella se hagan? Da la casualidad de que quien
firma ese concurso es el Director General del Insalud, en aquel momento
el señor Temes, el cual se presenta, lícitamente, a un concurso de
traslados. ¿Y no le parece a usted, señora Ministra, que en estos
momentos se está convirtiendo en juez y en parte al mismo tiempo?
¿Cómo puede justificar, señora Ministra, las prisas e improvisaciones de
la convocatoria? Estas convocatorias se aconseja realizarlas todos los
años, pero por otras circunstancias, que tampoco entiendo, no se han
convocado y se hace ahora deprisa y corriendo. Sale una convocatoria el
22 de marzo de 1994 y con tantas prisas se les olvida incluir a otros
sanitarios, como son los biólogos, los veterinarios o los químicos, y
acto seguido, 15 días después de haber publicado este concurso, hacen
otro complementario para incluir a estos sanitarios que habían quedado
fuera. Señora Ministra, ¿cómo puede justificar que estos hechos no ponen
de manifiesto que los actuales cargos de su Ministerio consideran a la
sanidad como un coto privado y que sin ningún pudor intentan asegurarse
su futuro? Hacen un concurso y quieren hacer un traje a la medida
directamente de su destino profesional.
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, le ruego que concluya puesto que
terminó su tiempo.
El señor SAINZ GARCIA: Estoy concluyendo, señor Presidente.
Señora Ministra, altos cargos de su Ministerio han aprovechado sus
puestos para ganar un concurso de traslados que tantos médicos están
esperando durante años. Dígame usted con qué ética y con qué dignidad
puede la misma persona que firma un concurso de traslados en el «Boletín
Oficial» optar como un aspirante más al mismo. Nace en la sanidad, señora
Ministra, una nueva figura: un Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo
como. No es ésta la ética ejemplar que necesitamos, y permítame, señora
Ministra, que dude de la honradez y la ética que hasta ahora...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.
El señor SAINZ GARCIA: Le pido disculpas, señor Presidente, termino en un
minuto.
El señor PRESIDENTE: Es que no puede ser, señor Senador, no me puede
pedir un minuto más puesto que lleva su señoría dos y medio más del
tiempo reglamentario. Le ruego que concluya inmediatamente.
El señor SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente, por su benevolencia.
Señora Ministra, he defendido sin arrogancia, pero sin ningún complejo,
su seriedad y su honestidad, y aquí hay personas que lo pueden avalar
porque lo he hecho públicamente. En estos momentos creo que los altos
cargos de su Ministerio le han fallado y me surge la duda, señora
Ministra, de si los que han fallado han sido ellos o es que me ha fallado
usted. Usted ha llegado a un puesto de responsabilidad en el que sabe lo
que tiene que hacer y lo que debe hacer; si usted no sabe lo que tiene o
lo que debe hacer, señora Ministra, o no le dejan hacer lo que tiene que
hacer, lo que tiene que hacer es marcharse.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Muchas gracias, señor Senador, por traer a esta Cámara lo que en los
últimos días se ha discutido en otros medios y, por lo tanto, darme la
oportunidad de aclarar cuestiones tan trascendentes como las que su
señoría ha planteado aquí, y digo trascendentes porque les permiten hacer
afirmaciones que no estoy dispuesta a tolerar.
Señoría, como le acabo de decir, el concurso de traslados empezó a
convocarse --y la prueba es que entonces ya se empezaron a celebrar las
reuniones con los sindicatos-- en enero de 1993, fecha en la que el
Director General del Insalud era otra persona. Difícilmente ha podido
convocarse un concurso a la medida del Director del Insalud cuando
llevaba trabajándose en el mismo --y hay rastro documental y hay
reuniones celebradas con los sindicatos-- con muchos meses de antelación.
En segundo lugar, señoría, las razones por las que el baremo se estudia,
se modifica y se discute son los distintos puntos de vista entre los
sindicatos y los responsables de la Administración, y en un acta que
tengo aquí se dice textualmente que mientras los sindicatos piden que se
considere exclusivamente la antigüedad, por parte de la Administración se
entiende que los méritos que un profesional
tenía en el momento de su ingreso en el sistema deben mantenerse a lo
largo de su vida laboral y, por tanto, deben seguir valorándose cada vez
que participe en un concurso. Es decir, hay distintos puntos de vista,
señoría, que dan como resultado que entre la propuesta inicial de que se
valore como cien por cien la antigüedad, la que se fijó en un momento
dado, que era el 51, y hasta el 70 que finalmente se establece, se traten
de coordinar y poner de acuerdo todos ellos. En todo caso, como bien ha
dicho, el baremo está impugnado, está en sede jurisdiccional, y vamos a
tener todos la seguridad de que los tribunales van a revisar la
procedencia o no del mismo. Pero en ningún caso ese proceso laborioso de
negociación con los sindicatos --y seguramente ésa es la razón, señoría,
entre otras cosas, de que no se convoquen con más frecuencia los
concursos-- no da pretexto ni excusa a nadie, y menos a un grupo
político, para atentar contra el honor, la dignidad y la legalidad de la
convocatoria y de las personas que han concurrido a ella.
Señorías, es carente de todo fundamento poner en cuestión ahora los
conceptos que se valoran en el Decreto que le he leído, cuando hay un
artículo del Reglamento de las Situaciones Administrativas que dice que a
los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el
tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y
derechos pasivos. No discute nadie la capacidad --y su señoría lo ha
dicho-- de concurrir legítimamente, lícitamente, por parte de los altos
cargos del Ministerio, cargos de la Administración sanitaria, que
sistemáticamente han trasladado su plaza, porque es bastante indigno
afirmar y manipular la información de forma que parezca que los altos
cargos han conseguido algo que no tuvieron. Las personas que han
concurrido a este concurso eran titulares de una plaza en propiedad desde
hace muchos años; a lo único que han optado es al traslado a una plaza
equivalente, a una plaza de igual categoría, y en un traslado que se
consigue por la suma automática de los puntos que otorga, según el
baremo, la antigüedad. Quiero decirle que en el caso del Director General
del Insalud de entonces, y hoy Subsecretario, con cualquiera de los tres
baremos que se han barajado hubiera conseguido la plaza exclusivamente
por el criterio de la antigüedad, exclusivamente...
El señor PRESIDENTE: Señora Ministra, le tengo que hacer la misma
advertencia que al señor Senador: concluya, por favor.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor
Presidente.
De manera que no existe más que el afán de tergiversar.
Y por último, quiero decirle, señor Senador, para su tranquilidad que
como algunos cargos de esta Administración están dispuestos a extremar el
sacrificio que supone a veces soportar imputaciones tan injustas como
infundadas, el doctor Temes me ha comunicado que va a desistir de su
derecho a ser adjudicatario de esa plaza, a pesar de que concurren toda
la legalidad y toda la licitud para que la hubiera obtenido. Pero a la
vista de cómo su Grupo y otros estamentos han manipulado esa información,
no estamos dispuestos a darles pretexto alguno para que sigan en esa
dirección.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ruego a sus señorías que intenten hacer un esfuerzo para ajustarse a los
tiempos reglamentariamente establecidos. La duración de este Pleno tiene
que estar más ajustada que la de otros por razones que todos conocemos.
--DE DON SANTIAGO CERVERA SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA QUE ESPAÑA SE
EQUIPARE AL RESTO DE LOS PAISES EUROPEOS EN CUANTO AL TIEMPO MEDIO DE
CONSULTA Y A OTROS INDICADORES DE CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA.
(680/000313.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Cervera Soto, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre las medidas previstas por el Gobierno para
que España se equipare al resto de los países europeos en cuanto al
tiempo medio de consulta y otros indicadores de calidad de la asistencia
sanitaria.
Senador Cervera, tiene la palabra.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, estadísticas contrastadas muestran que el tiempo medio
de consulta médica en el sistema sanitario público español es en estos
momentos de tres minutos, frente a series homogéneas que en otros países
europeos indican que, por ejemplo, se dedican catorce minutos en Francia,
nueve minutos en Alemania, ocho minutos en el Reino Unido e, incluso,
cinco minutos en Italia.
Siendo, desde nuestra perspectiva, el tiempo medio de consulta un
indicador de calidad asistencial del sistema público, especialmente en lo
que se refiere a la calidad percibida por el paciente o usuario del
sistema, creemos adecuado preguntar al Ejecutivo: ¿Qué medidas va a tomar
el Gobierno para que España se equipare al resto de los países europeos
en cuanto al tiempo medio de consulta y a otros indicadores de calidad de
la asistencia sanitaria?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora Ministra de Sanidad y Consumo tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, no coinciden nuestros datos. La reforma de la sanidad, que puso
en marcha el Gobierno Socialista y que se concreta en la Ley General de
Sanidad, ha permitido que dispongamos hoy de unos niveles equiparables a
los
de cualquier país, también en los indicadores de consulta, que a su
señoría le preocupan.
En el ámbito del Insalud, señor Senador, las consultas de medicina
general y de pediatría en los servicios de atención primaria tienen una
duración media superior a seis minutos, equiparable a los países de
nuestro entorno; las consultas programadas tienen una duración media de
veinte minutos, y respecto a las consultas externas hospitalarias por su
propia naturaleza y por la diversidad de contenido no cabe medir el
tiempo medio de consulta de manera exacta y se ajustan en cada caso, o
tratan de ajustarse, a las necesidades concretas del paciente.
Permítame, señoría, además, que le manifieste la dificultad de responder
con concreción a la equiparación de los indicadores de calidad, porque
hay más indicadores de calidad de los que su señoría relaciona. Hay
indicadores que reflejan el estado de salud de la población, y en ese
caso tengo que recordarle que las tasas de mortalidad perinatal, infantil
y materna españolas son las mejores de la Unión Europea, y son mejores
que los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud. De
manera que no conviene olvidar tampoco esos indicadores.
Si hablamos de las tasas de enfermedades vacunables, resulta que la
española es equiparable a la del conjunto de Europa con tasas muy bajas
de sarampión o de tétanos. En cuanto a la difteria no se produce ningún
caso desde el año 1987, y en cuanto a la polio desde el año 1990.
Si analizamos otros indicadores que reflejan el funcionamiento de los
servicios sanitarios más complejos, como pueden ser la extracción y
trasplantes de órganos, también es suficientemente conocido que España
tiene una posición de liderazgo en la actividad trasplantadora, con
excelentes resultados de supervivencia previa y posterior a la
intervención.
Por tanto, señoría, conviene recordar todos los indicadores, y de su
conjunto le aseguro que extraemos una conclusión muy favorable para el
sistema sanitario público español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Senador Cervera, tiene la palabra en turno de réplica.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, los datos que hemos manejado a la hora de elaborar esta
pregunta son los referentes a estadísticas manejadas por la propia OCDE y
por los organismos internacionales sanitarios que tienen conocimiento no
solamente de nuestra realidad, sino también de la realidad de otros
sistemas con los cuales aspiramos a compararnos.
Los indicadores de calidad asistencial, a los cuales nosotros nos
referíamos en nuestra pregunta, no son los que su señoría ha puesto como
evidencia de la bonanza de la sanidad pública española. Usted hacía
mención, incluso, a indicadores de mortalidad infantil que, como usted
sabe, no son estrictamente referentes a la calidad del sistema sanitario,
sino que se refieren a otros factores ambientales, genéticos, sociales,
que nuestro país, efectivamente, muestra con orgullo frente a la
Comunidad Científica mundial.
En cualquier caso, quiero decirle que si por parte de su Gobierno se ha
renunciado, por un lado, a un cambio estructural de nuestra sanidad
pública que, por supuesto, garantice en todo caso, como nosotros también
defendemos, la universalización de la cobertura y siga manteniendo la
equidad en su acceso, pero al mismo tiempo --y ésa es nuestra postura en
política sanitaria frente a la que representa el Gobierno Socialista--,
incorpore nuevos mecanismos de financiación del sistema y también
reconozca que la libertad del individuo y de las familias es un
componente esencial en el derecho a la salud, y por otro lado, desde su
Ministerio se habla y también se practica sobre la contención del gasto
sanitario, que en términos de producto interior bruto, como usted sabe,
seguimos siendo el farolillo rojo de Europa, ¿qué queda a la hora de
hablar de las ventajas en cuanto a la calidad que el ciudadano, el
usuario del sistema público recibe del propio sistema sanitario español?
Lo que queda es hablar de unas ciertas mejoras en la calidad, una de las
cuales se puede referenciar perfectamente con el tiempo medio de la
consulta que el especialista o también el médico de atención primaria
dedica a ese paciente; y --como le decía al inicio de esta intervención
de réplica-- nuestras estadísticas siguen teniendo poca comparación con
las que pueden exhibir otros países europeos. La cifra principal a la que
nosotros hacemos referencia, la del tiempo medio de consulta, es una
cifra valiosa por lo que es pero también por lo que significa; es una
cifra que demuestra, como le decía, distancia frente a Europa, pero
además significa un sentido esencialmente profundo en cuanto a la
relación de la calidad que pueda tener el paciente con su médico; es una
cifra valiosa en términos estadísticos pero mucho más valiosa en términos
definitorios de cuál es el tipo de sanidad que el Estado puede ofrecer a
los ciudadanos.
Por tanto, queremos hacerle en este momento un llamamiento, y ciñéndome
al tiempo que ya se anuncia escaso, a que desde nuestra óptica política
vamos a estar permanentemente atentos a estos indicadores de calidad, que
los seguimos considerando valiosos por lo que le decíamos, y que estoy
seguro que desde su postura de gestión en el Ministerio y también desde
nuestra postura de lealtad política en esta materia estamos empeñados en
que cada vez se acerquen más a los estándares europeos sobre los cuales
todavía permanecen en diferencias notables.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Señora Ministra, tiene la palabra cuarenta y ocho segundos.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
En cuarenta y ocho segundos le voy a contestar, señor Senador, que la
mortalidad infantil tiene mucho que ver con cómo funciona el sistema
sanitario, y si no basta comparar
nuestras tasas con las de Portugal, por ejemplo, que es un país con
factores ambientales muy parecidos a los nuestros, y la diferencia es
extraordinaria.
Hemos llegado al fondo de la cuestión: es verdad que nuestro modelo es
distinto, señor Senador. Es verdad que nosotros no defendemos esa
libertad de aseguramiento que defienden ustedes, y le voy a decir por
qué: porque quien elige la libertad de aseguramiento no es nunca el
paciente, es la compañía de seguros que selecciona a las personas sanas y
a las personas jóvenes, y manda a la sanidad pública los tratamientos
costosos, las personas mayores y las enfermedades graves, y eso no es
equitativo y no vamos a compartir nunca esa teoría. De manera que
manteniendo las discrepancias del modelo de fondo que mantenemos, señor
Senador, naturalmente que queremos controlar el crecimiento del gasto y
naturalmente que aspiramos a mejorar en calidad. Y algunas cosas se han
hecho, señor Senador: en una escala de valoración de 1 a 7, los usuarios
de la sanidad pública otorgan una calificación del 5,26 a la atención
hospitalaria y del 5,46 a la atención primaria, datos de octubre de 1994;
y el 5,46, en una escala de 1 a 7, es un buen resultado.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DOÑA ISABEL VILALLONGA ELVIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
LAS MEDIDAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL QUE HA
ADOPTADO EL GOBIERNO RESPECTO DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE
ORIENTE DE MADRID, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL.
(680/000307.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta de la Senadora Vilallonga Elviro fue
retirada.
--DE DON JAIME LOBO ASENJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE DESTINAR ALGUNA CANTIDAD DEL
PRESUPUESTO DEL PLAN NACIONAL DE CATEDRALES PARA 1995, CONSIGNADO EN LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, PARA LA RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE
ASTORGA (LEON). (680/000311.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Lobo Asenjo, del Grupo Popular,
sobre las previsiones del Gobierno acerca de destinar alguna cantidad al
Presupuesto del Plan Nacional de Catedrales para 1995, consignado en los
Presupuestos Generales del Estado, para la restauración de la Catedral de
Astorga.
El Senador Lobo Asenjo tiene la palabra.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, es evidente que mi opinión difiere notablemente de la de
un Director General de su Departamento, quien acaba de afirmar
públicamente que le parece desmesurada y obsesiva la actual preocupación
por el estado de nuestras catedrales --y cito textualmente sus palabras--
cuando dice que lo cierto es que no van a caerse todas en 1994. Como
quiera que a mí, no sé si obsesivamente o no, sí me preocupa el estado de
nuestro patrimonio, y no es mi deseo esperar a expresar esta preocupación
cuando las catedrales estén en el suelo, como al parecer quiere el señor
Director General y como además, al igual que las Catedrales de Burgos y
León, ya ha empezado a caerse la Catedral de Astorga, al haberse
derrumbado en días pasados parte del basamento que en el ábside sostiene
la estatua de Pedro Mato, uno de los símbolos más característicos de las
dos veces milenaria ciudad de Astorga, es por lo que nos gustaría conocer
si en el programa presupuestario para restauración de catedrales de su
Departamento está prevista o consignada alguna cantidad para reparar y
restaurar la Catedral de Astorga.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Ministra de Cultura tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muchas gracias, señor
Presidente.
Con toda precisión, señoría, le respondo a su pregunta. En el programa
presupuestario que figura en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 1995, con el epígrafe Plan Nacional de Catedrales, figura, en
efecto, una consignación presupuestaria de 40 millones de pesetas para la
realización de ciertas obras de emergencia en la Catedral de Astorga.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Lobo Asenjo tiene la palabra.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, le doy las gracias por su respuesta, y en nombre de los
astorganos gracias por esos 40 millones de pesetas que se anuncian, que
unidos a los 20 que consigna la Junta de Castilla y León aliviarán, sin
duda, la grave situación de deterioro en que se encuentra esa olvidada y
desconocida Catedral gótica de Astorga, buque insignia de una de las
diócesis más extensas de España.
Pero convenga conmigo, señoría, en que es necesario que ustedes
intervengan en otros monumentos y también en éste de una forma mucho más
decidida y generosa en la conservación de nuestro patrimonio de lo que lo
están haciendo o al menos, y no sería mucho pedir, que sean tan generosos
como lo son con determinados museos de titularidad privada o con los
créditos blandos a la cinematografía o con ese pozo sin fondo que es el
Teatro Real. A nosotros nos gustaría que, como criterio prioritario de su
Departamento,
hubiera menos cultura espectáculo y más conservación del Patrimonio.
Por último, señora Ministra, quiero decirle, como leonés, que si usted
quiere visitar León para decirnos alguna cosa seria y esperanzadora en
relación con nuestro Patrimonio puede hacerlo cuando usted lo desee, y
que no tiene ninguna necesidad de realizarlo bajo ningún manto ni bajo
ningún disfraz. Usted, señora Ministra, no necesita disfrazarse, y mucho
menos pedirnos a los leoneses que nos disfracemos, porque nos cuesta
trabajo disfrazarnos hasta en el carnaval.
Muchas gracias, señora Ministra, por esa cantidad que figura en los
Presupuestos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias.
Muchas gracias por su invitación para visitar León, aunque ya me ha sido
cursada por otras autoridades, y pienso hacerlo en breve. Pero vamos a
dejar aparte las bromas, a olvidarnos de mi persona y a hablar de
política, del Patrimonio histórico, que es lo que nos trae aquí en este
momento.
Quiero dejar constancia, precisamente en el Senado, de que en los
Presupuestos Generales del Estado para este año se ha multiplicado por
ocho la cantidad prevista en 1994 para restauración y mantenimiento de
nuestras catedrales. Por lo tanto, yo creo que esto es una muestra
clarísima de la sensibilidad del Gobierno hacia este problema que
queriendo ser, como debe serlo, respetuoso con el marco competencial que
prevén tanto la Constitución como los estatutos de autonomía, quiere, no
obstante, participar activa y significativamente en la salvaguarda y
valoración para el conjunto de los ciudadanos de un riquísimo patrimonio
como es el de nuestras numerosas catedrales.
De hecho, señoría, como titular del Ministerio de Cultura, en el pasado
mes de febrero tomé la iniciativa de reunirme con el Presidente de la
Conferencia Episcopal y los responsables del patrimonio de la Iglesia
Católica para fijar un plan de trabajo que nos permitiera determinar las
actuaciones prioritarias a seguir en este tipo de monumentos. A este
encuentro han seguido algunos más, y todavía hay previsto algún otro que
tendrá lugar esta misma semana, de forma que espero que, antes de fin de
año, podamos contar con este plan para que sea plasmado con el
correspondiente convenio de cooperación entre el Ministerio y la Iglesia
Católica. Paralelamente, porque tenemos que trabajar en muchos niveles,
estamos determinando con las Comunidades Autónomas --que, como su señoría
sabe, tienen competencia exclusiva en materia de Patrimonio-- cuáles son
sus prioridades en este aspecto y, por consiguiente, incluir tanto los
bienes patrimoniales que se consideran prioritarios, ya sean de carácter
civil o de carácter religioso. Y todo ello partiendo, como debe ser, de
un análisis riguroso que garantice que cualquier intervención en
monumentos tan singulares y tan importantes como son las catedrales se
haga con todas las garantías y de acuerdo con los correspondientes planes
directores.
Señoría, en este clima de cooperación institucional y de rigor en las
actuaciones que se llevan a cabo para la salvaguarda de nuestro
Patrimonio es en el que seguiremos actuando, por encima de cualquier otro
interés y con independencia de cualquier falso debate que se quiera
introducir en este campo. Todos los esfuerzos son insuficientes en este
terreno, dada nuestra riqueza patrimonial, por lo que seguiremos dando
pasos para aunar esfuerzos y optimizar recursos en lugar de enfrentarlos.
En este caso, como en otros muchos, es importantísima la colaboración con
las Comunidades Autónomas y con la Iglesia Católica como titular de este
amplísimo patrimonio.
Por tanto, en este marco de colaboración consideramos absolutamente
necesario poner en marcha, bien por parte del Ministerio de Cultura, bien
por parte de las Comunidades Autónomas que así lo deseen, el estudio de
los planes directores de las catedrales para poder asumir con todo rigor
esta rehabilitación y estas conservaciones de las catedrales, pero, al
mismo tiempo, dedicamos una partida presupuestaria importante para
aquellas obras de emergencia que pudieran surgir. Por tanto, vamos a
atender a las obras de emergencia y a efectuar los planes directores con
todo el rigor necesario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON JOSE MANUEL MOLINA GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS TERMINOS QUE DEFINEN LA POSTURA DEFENDIDA POR EL
GOBIERNO ESPAÑOL RESPECTO A LA NEGOCIACION ABIERTA SOBRE LA REFORMA DE LA
ORGANIZACION COMUN DEL MERCADO (OCM) DEL VINO. (680/000310.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Molina García, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre los términos que definen la postura
defendida por el Gobierno español respecto a la negociación abierta sobre
la reforma de la Organización Común del Mercado del vino.
Para exponer su pregunta, tiene la palabra el Senador Molina.
El señor MOLINA GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quería conocer los términos que defiende el Gobierno con
respecto a la negociación de la OCM del vino en dos aspectos
fundamentales, no sólo sobre la oposición, que ya es conocida de forma
pública, de su Gobierno y de la mayoría de los sectores sociales, sino,
además, sobre las actuaciones previstas en este trámite y sobre sus
acciones futuras.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el 10 de mayo, cuando apenas llevaba cuatro días como Ministro,
su señoría me interpeló para conocer la posición española ante el
documento de reflexión entonces elaborado por la Comisión Europea sobre
la reforma de la OCM del vino. En aquella ocasión le expliqué con detalle
cuál era esa posición. Pocos días después, conocimos la propuesta de
reglamento de la Comisión, y la oposición frontal del Gobierno no se hizo
esperar. Así, en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura del
pasado mes de septiembre, tuve ocasión de exponer con detalle la firmeza
de nuestro rechazo.
Por otro lado, la oposición del Gobierno no se ha improvisado: ha sido
consensuada con todos los consejeros de agricultura de las regiones
vitivinícolas. El propio Presidente de su Comunidad Autónoma, el señor
Bono, me ha trasladado personalmente la opinión de los profesionales de
su Comunidad. Puesto que he dedicado a este asunto mucho tiempo, he
tenido oportunidad de reunirme con todos los colectivos afectados que me
han trasladado su preocupación, y el propio Presidente del Gobierno ha
ratificado la posición española en repetidas ocasiones, y la última vez,
en la reunión que ha mantenido con los representantes de la Mesa para la
Defensa del Vino, el día 27 de octubre.
No ha habido novedades en la postura del Gobierno. Sigue siendo la misma.
La propuesta actual es inaceptable para España. Está siendo discutida,
todavía en una primera lectura, en la Comisión Especial de Agricultura, y
si no se modifica su redacción seguirá siendo rechazada sin paliativos y
con toda la energía. La opinión pública conoce bien la firmeza de
nuestros planteamientos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica, tiene la palabra su señoría.
El señor MOLINA GARCIA: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Ministro.
Usted, en efecto, ha mencionado una fecha: la del 10 de mayo. Yo quiero
recordarle el documento que le enseñé a usted, señor Ministro,
precisamente en aquella época, y sobre el cual dijo: Este no va a ser el
definitivo, o al menos parece que no va a serlo. No habían pasado ni
veinticuatro horas desde el debate cuando la Comisión aprobó dicho
documento con el riesgo que supone para los intereses de España. En la
interpelación, con toda claridad, no le pedía la oposición, pues todos
nos oponemos a este documento. La diferencia entre usted, señor Ministro,
y este Senador que le habla es que usted tiene una responsabilidad de
Gobierno, y al tener responsabilidad de Gobierno tiene unos instrumentos
que no se tienen en otras opciones políticas, y uno de ellos es el
derecho a veto, sobre el que le hemos pedido en reiteradas ocasiones que
aclare cuál es la posición del Gobierno, pues todavía no se sabe, al
menos con certeza, si el Gobierno lo va a ejercer.
En segundo lugar, señor Ministro, hay un punto fundamental. Se está
hablando de una oposición a ese documento, oposición en la cual todos
estamos de acuerdo. ¿Pero qué pasa si se aprueba, señor Ministro? Aquí
hay también una doble diferencia. Usted, que está en el Gobierno, tiene
una responsabilidad en él, y debemos saber qué postura va a adoptar su
Gobierno para defender los intereses de los agricultores en Castilla-La
Mancha, donde más afecta este documento, y en el resto de España, y esa
postura tiene que ser clarificada, tiene que ser transparente. No basta
con grandes discursos en estos casos. Hay que actuar con contundencia,
porque si no, a ver si nos vamos a encontrar con lo mismo que sucedió con
la leche, en la cual, cuando aplicaron los excedentes en la Comunidad
Europea, su Gobierno aceptó una cuota inferior al consumo, y ahora,
cuando en España tenemos excedentes, el Gobierno no debe mostrar ningún
tipo de debilidad al exigir el mismo tratamiento sobre los excedentes
comunitarios porque, de otra forma, en algunos casos, estamos actuando a
favor a la Unión Europea, y cuando podemos beneficiarnos precisamente de
ese mismo tratamiento, se nos perjudica con total y absoluta impunidad.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Señor Presidente, señorías, la posición del Gobierno ha sido expresada
con total rotundidad y firmeza donde tiene que expresarse, que es en el
Consejo de Ministros, y además ha sido expuesta con una gran claridad en
todas y cada una de sus manifestaciones que han sido permanentemente
coherentes, aunque éste no ha sido siempre el caso de su propio grupo
parlamentario.
A mí me puede caer simpático que haya un poco de anarquía, pero tanta
como la que están exhibiendo ustedes es claramente perjudicial para los
intereses del sector vitivinícola. Y le voy a poner dos ejemplos. Hemos
luchado para que no se produzca chaptalización con la remolacha. Pero el
otro día leo en un periódico de La Mancha que el portavoz agrario del
Partido Popular dice que la chaptalización no debe suprimirse totalmente,
pero sí, al menos, reducirse y llevarse a cabo de forma mixta con el
enriquecimiento con mosto y con azúcar de remolacha.
Esto que dice en sus declaraciones su portavoz agrario no lo ha aceptado
el Gobierno de forma clara y rotunda. Pero lo mismo le podría decir si
hablamos de otro tema de batalla como es el del arranque del viñedo. Su
Grupo presentó una proposición no de ley no hace tanto tiempo que dice
textualmente: Se pide al Gobierno que incentive mediante el
establecimiento de las ayudas económicas suficientes el arranque de vides
en aquellas regiones productoras con excedentes de vinos de mesa,
ofreciéndoles a su
vez la posibilidad de cultivos alternativos suficientemente rentables
para los agricultores tanto en el mercado interior como en el
comunitario.
La posición del Gobierno está meridianamente clara. La posición de su
Grupo es rotundamente anárquica, y lo mejor que pueden hacer, como ya les
sugerí en el Congreso de los Diputados, es que convoquen una conferencia
interna, que lo debatan y que lleguen a posiciones comunes. Por mi parte
les reitero el ofrecimiento que les hice para que el Ministerio de
Agricultura les pueda proporcionar el asesoramiento técnico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON JOSE BLANCO LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA
FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
PARA LLEVAR A CABO LA REDISTRIBUCION DE LA RESERVA NACIONAL DE LA CUOTA
DE PRODUCCION LACTEA. (680/000317.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Blanco López, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para llevar a cabo la redistribución de
la reserva nacional de la cuota de producción láctea.
Tiene la palabra el Senador Blanco López.
El señor BLANCO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, desde el año 1987, y en mucha ocasiones con gran
incomprensión por parte de los ganaderos, se estuvo trabajando para que
fuera asumida la cuota láctea en nuestro medio rural y para que se
comprendiera que este sistema de regulación suponía una garantía para el
productor ya que garantiza un mercado seguro a precios razonables.
En Lugo son 21.000 familias y unas 65.000 en toda Galicia las que viven
de la producción láctea y que esperan que se ponga en marcha la
distribución de la reserva nacional procedente de los programas de
abandono que posibilitan a numerosos ganaderos aumentar su producción y
garantizar su estabilidad y futuro en este medio.
No le sorprenda, pues, señor Ministro, que me preocupe este tema dada mi
condición de Senador de la provincia que produce en España el mayor
número de leche. Señor Ministro, establezcan los criterios de reparto que
posibiliten el reforzamiento de este sector, despejen las incógnitas que
alarmaron a muchos agricultores de mi Comunidad con el borrador del
decreto que establecía un límite muy alto para verse beneficiados de este
reparto, sean generosos en la inclusión de zonas, no incluyan solamente
las desfavorecidas y las de montaña, sino también las de los objetivos 1
y B5, y tengan en cuenta, aunque sólo sea parcialmente, la producción de
la campaña 1993-1994.
Señor Ministro, no dudo de su voluntad ni de su rigor y espero que la
distribución de la reserva nacional fortalezca la credibilidad del
sistema de cuotas y revitalice este sector frente al derrumbe que no se
ha producido, como pronosticaban en nuestra Comunidad Autónoma algunas
fuerzas políticas.
Por ello, señor Ministro, le pregunto: ¿para cuándo se piensa
redistribuir la reserva nacional que se formó por los últimos abandonos
que se han hecho por el Ministerio? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la aplicación del régimen de cuotas lácteas tiene sin duda sus
ventajas y sus inconvenientes; sus ventajas se derivan, indudablemente,
de que se está permitiendo un incremento importante en los precios
percibidos por la leche para los ganaderos; y los inconvenientes se
derivan de la limitación de las expectativas de incremento en la
producción que tiene cada uno de los ganaderos.
Para poder superar estos límites individuales de producción se han
establecido algunos mecanismos de flexibilización que permiten que un
ganadero pueda incrementar su producción de leche, por un lado, mediante
cesiones temporales o alquiler de cantidades de referencia individuales,
que ya están actualmente reguladas mediante la Orden Ministerial de
septiembre de 1993, corregida por la Orden de agosto de 1994 y, por otro
lado, por transferencias de cuotas entre particulares mediante una orden
de próxima aparición en el Boletín Oficial del Estado en la que se va a
contemplar el principio de desvincular la cuota individual de la propia
explotación con determinadas excepciones. Podemos decir que se va a
aplicar un régimen de transferencia libre en una misma Comunidad Autónoma
y con condicionantes severos dirigidos a potenciar el papel de
reestructuración cuando esté afectada más de una Comunidad Autónoma.
El tercer mecanismo a través del cual se puede incrementar la producción
es el de la redistribución de la reserva nacional. Este mecanismo está
siendo objeto en estos momentos de discusión en una última ronda con las
Comunidades Autónomas con el fin de poder sacarlo en los próximos días.
Su señoría se ha referido a este último caso y, por ello, voy a tratar de
explicarle cómo se va a efectuar.
Para el plan de abandono último se han rescatado 295.000 toneladas de
cuota láctea que han pasado a la reserva nacional, de los cuales 95.000
se han destinado a los recursos interpuestos por los ganaderos, quedando
en reserva las otras 200.000 toneladas a las que se van a añadir 150.000
toneladas de trasvase de venta directa a entrega a industrias.
Disponemos, por tanto, de 350.000 toneladas para distribuir entre los
ganaderos, pero hay que añadir, además, los planes de abandono efectuados
por las Comunidades Autónomas con cargo a sus propios presupuestos que
ascienden
a 105.000 toneladas, 50.000 en Andalucía, 10.000 en Navarra, 10.000 en el
País Vasco y 35.000 en Galicia.
El sistema que va a seguirse para la redistribución de la reserva
nacional tratará de atender las situaciones individuales perfectamente
justificadas para mejorar las posibilidades de producción de ciertas
explotaciones. Para tener derecho a la reasignación se van a exigir una
serie de requisitos: que tengan cantidad de referencia asignada, es
decir, que sean productores actuales, que sean agricultores a título
principal, que no se hubieren acogido a ningún plan de abandono de la
producción, que no hayan efectuado transferencia previa de cuotas y que
en el último período de cuotas no hubieran dejado de producir o cedido
temporalmente más de un porcentaje de su cantidad de referencia, salvo
causas de fuerza mayor.
Los criterios van a primar a las explotaciones ubicadas en las zonas
desfavorecidas, a los jóvenes agricultores y a las agrupaciones de
productores agrarios, a quienes ejerzan la producción de leche como
actividad principal, a quienes cumplan ciertas condiciones del código
general de higiene y a quienes hubieran efectuado planes de mejora al
amparo de los reglamentos de apoyo a la modernización estructural. Estos
son los criterios básicos que se van a seguir en la reasignación de la
reserva nacional en los próximos días.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON BLAS DIAZ BONILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE SITUACIONES COMO LA
DENUNCIADA POR EL PESQUERO ALMERIENSE «MARTINEZ CARRILLO», QUE FAENANDO
EN AGUAS JURISDICCIONALES ESPAÑOLAS FUE OBLIGADO POR PESQUEROS MARROQUIES
A ABANDONAR LA ZONA, NO VUELVAN A PRODUCIRSE. (680/000315.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta del Senador Díaz Bonillo ha sido
aplazada a petición del Gobierno.
--DE DON NARCISO SERRANO ALVAREZ-GIRALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE LOS
ESPAÑOLES PODAMOS TENER UNA OFERTA VARIADA EN CUANTO A PRECIOS DE
CARBURANTES, EVITANDO LAS POSIBLES PRACTICAS RESTRICTIVAS A LA
COMPETENCIA QUE PUDIERAN ORIGINAR ALGUNAS COMPAÑIAS PETROLERAS QUE OPERAN
EN ESPAÑA. (680/000318.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, a la pregunta del Senador
Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para que los españoles podamos
tener una oferta variada en cuanto a precios de carburantes, evitando las
posibles prácticas restrictivas a la competencia que pudieran originar
algunas compañías petroleras que operan en España.
Tiene la palabra el Senador Serrano Alvarez-Giraldo.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, a principios de 1993 el Gobierno autorizó a las empresas
dedicadas al refinado de productos petrolíferos a establecer los precios
de venta al público entre un máximo y un mínimo que fija el propio
Gobierno mediante una fórmula que recoge, si no es inexacta mi
información, la media de seis países comunitarios y los mercados
internacionales de Rotterdam y Génova, a la que se añaden dos pesetas más
los impuestos correspondientes.
A la vista de la experiencia de estos casi dos años, los precios en la
totalidad del territorio peninsular son prácticamente idénticos aunque
vendan distintos operadores. Los precios de venta al público han dejado
de tener margen respecto de los máximos autorizados hasta llegar a
coincidir invariablemente con ellos, sin tener en cuenta las reglas que
razonablemente deberían influir en los mismos según las leyes del libre
mercado.
Hoy por hoy, señor Ministro, da lo mismo repostar en una gasolinera que
esté a 100 metros de una refinería que en otra que esté a 100 kilómetros.
El carburante cuesta igual en una estación de servicio atendida por
personal asalariado que en otra donde el cliente tiene que autoservirse.
Los precios son idénticos en un puesto de una carretera comarcal que en
la más moderna área de servicio de cualquier autovía. Es indiferente
llenar el depósito con carburante de una multinacional francesa,
americana o española. Todas tienen el mismo precio.
Por todo ello, a este Senador le interesaría saber lo siguiente: ¿Qué
medidas piensa adoptar el Gobierno para que los españoles podamos tener
una oferta variada en cuanto a precios de carburante, evitando de este
modo las posibles prácticas restrictivas a la competencia que pudieran
originar algunas compañías petroleras que operan en España?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Senador, con mucho gusto le contesto.
Las medidas que el Gobierno pretende adoptar van en la misma línea de las
que ya viene adoptando desde el año 1985, y no son otras que las de
introducir más y más competencia. En esa dirección han ido todos los
esfuerzos. De todos modos, me va a permitir que matice algunas de sus
afirmaciones ya que en parte no han sido contrastadas y en parte están
basadas en algunos datos o en alguna afirmación que no son exactos.
El Gobierno no establece precios máximos y mínimos sino que establece
solamente precios máximos. Es decir, que la liberalización en materia de
precios se ha ido produciendo al pasar de precios fijados a precios que
en este momento son máximos, precios que afectan a una serie de
productos, fundamentalmente a las gasolinas de 92 y 97 octanos, y a los
tres tipos de gasóleo existentes. Sin embargo, hay otros productos que
están ya totalmente liberalizados, como es el caso del fuelóleo.
En segundo lugar, la competencia se ha venido produciendo merced a la
introducción de nuevos operadores en el sector, lo que significa, desde
finales de 1993, un total de 33 operadores, a lo que se une una creciente
introducción de otros nuevos aparte de los originarios. Recuerde que
partimos de la situación de monopolio de 1985, situación que se ha ido
reduciendo en el tiempo con la aparición de operadores nacionales,
internacionales y multinacionales, además de que ha aumentado el número
de estaciones de servicio, que en junio de 1994 era de 6.885 puntos de
venta, habiéndose producido entre enero de 1992 y mayo de 1994 un
porcentaje de crecimiento en las inscripciones definitivas de estaciones
de servicio del 11 por ciento. Por tanto, ha habido un nivel de
crecimiento notablemente superior al que existe en otros países
comunitarios como consecuencia de las transformaciones que se están
operando en el sector.
Pero creo que su principal afirmación consiste en decir que en este
momento los precios son iguales a los precios máximos. Sin duda alguna
usted ignora, o al menos no lo ha expresado, que la competencia en este
momento no se produce solamente en las gasolineras, donde se dispensan
determinados carburantes u otros servicios a clientes individuales, sino
que se produce sobre todo en el mercado al por mayor. Tan es así, que del
volumen total de productos petrolíferos que hoy se venden a los
consumidores, un 40 por ciento tiene lugar ya a través de ventas directas
al por mayor y no a través de las distintas estaciones de servicio. Esta
es una tendencia creciente y, además, compatible con lo que ocurre en
otros lugares del mundo.
En segundo término, usted está prestando una especial atención al tema de
las gasolinas, que es donde se produce una mayor coincidencia entre lo
que se suministra en las gasolineras y lo que finalmente supone la
demanda total del sector, pero recuerde --esto quizá le sirva de
clarificación-- que del total de los 33 millones de toneladas de consumo
anual, las gasolinas solamente suponen nueve millones mientras que otros
carburantes, querosenos, gasóleos, fuelóleos, etcétera, significan el
resto. Por tanto, en esos otros carburantes es donde se está produciendo
una competencia, fundamentalmente a través de las ventas al por mayor,
que en algunos casos suponen más del 40, 50, 60 y hasta el 90 por ciento
de los suministros que se producen.
En tercer lugar, ni siquiera es cierto --si se hace el análisis, y
nosotros lo hacemos-- que no haya diferencia de precios entre unas
estaciones de servicio y otras. Es verdad que se parecen mucho los
precios medios practicados a los precios máximos aunque, no obstante, hay
diferencias de precios debido a razones geográficas. Hay más diferencias
de precios en relación con los máximos en la periferia del sistema, en la
cercanía a las refinerías, que en el centro del sistema, fundamentalmente
en el centro de la meseta.
Con independencia de eso, la mayor competencia, que tendrá que ser la
receta para conseguir todavía ulteriores rebajas en relación con los
precios máximos, tiene que venir derivada de un aumento de los
operadores, de un aumento de nuevos centros de abastecimiento y,
asimismo, de una medida que está a punto de adoptar el Gobierno,
siguiendo esta línea de liberalización en ese sector, que es la
liberalización definitiva en lo que se refiere a las distancias entre
gasolineras.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DOÑA ROSARIO BALLESTER ANGULO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTA DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE ASUNTOS
SOCIALES PARA HACER FRENTE A LA PUBLICIDAD DE CARACTER SEXISTA.
(680/000314.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Ballester Angulo sobre las
actuaciones que está desarrollando el Ministerio de Asuntos Sociales para
hacer frente a la publicidad de carácter sexista.
Tiene la palabra la Senadora Ballester Angulo.
La señora BALLESTER ANGULO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, los ciudadanos y las ciudadanas nos vemos diariamente
asaltados por una publicidad omnipresente desde la que se nos sirve una
imagen de la mujer manipulada y manipuladora. Desde las revistas, las
emisoras de radio, las de televisión y desde las vallas publicitarias se
proyecta un modelo de mujer unidireccional, bien sea en el papel de
esposa, madre y reina del hogar únicamente obsesionada por el blanco,
blanquísimo de sus camisas, bien sea en el papel de mero objeto sexual. A
esto se suma también el contenido gravemente sexista de determinados
programas y series televisivas que abundan en esta imagen estereotipada y
tendenciosa.
Nuestra sociedad demanda de manera creciente que también en estos ámbitos
se recoja la realidad social: la presencia activa de la mujer en el
trabajo, en los movimientos sociales y en las instituciones públicas, así
como la necesidad de educar a nuestros niños y niñas en los valores de la
igualdad, rompiendo los modelos tradicionales y los roles establecidos.
Por todo ello, señora Ministra, le pregunto lo siguiente: ¿Qué
actuaciones está desarrollando desde su Ministerio para hacer frente a la
publicidad sexista?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sonadora.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, el Ministerio de Asuntos Sociales viene actuando de forma
contundente para erradicar la imagen que de la mujer se transmite en los
medios de comunicación y en la publicidad, a fin de que no se siga
utilizando a la mujer en función de esa imagen estereotipada de labores
tradicionales o en función de su utilización como objeto sexual.
El segundo Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres contiene un
área específica de actuación que está dirigida precisamente a difundir
una imagen social de las mujeres ajustada a su realidad actual, y tiene
determinados claramente sus objetivos: eliminar la imagen discriminatoria
de las mujeres, potenciar la presencia de las mujeres en los medios de
comunicación y en la vida pública, en la toma de decisiones, y evitar que
la publicidad de cualquier tipo utilice la imagen de la mujer o se dirija
a ésta desde sus papeles tradicionales.
De acuerdo con el desarrollo de estas medidas y objetivos, hemos llevado
a cabo una serie de acciones. Hemos creado, en primer lugar, un
observatorio de la publicidad que constituye un foro de observación, un
foro de análisis, un foro de canalización de las denuncias que se
producen a raíz de anuncios sexistas, y para esto tenemos un teléfono que
funciona las 24 horas del día que está dando resultados óptimos. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Además, hemos
constituido un consejo asesor de imagen en el que participan
profesionales procedentes de distintos sectores, y en el que es
especialmente importante la participación de publicistas y empresas
publicitarias, que actúan desinteresadamente en esta materia y con el
compromiso de trabajar en esa línea. Además, está en fase de elaboración
un proyecto de código para el tratamiento no sexista de la imagen de la
mujer en la publicidad y en los medios de comunicación. Esto viene
auspiciado y defendido además por el tercer Plan de Acción Comunitario,
es decir, viene apoyado por una acción de la Comunidad Europea.
También hemos impulsado desde el Ministerio de Asuntos Sociales la
utilización al máximo de los mecanismos que prevé la vigente Ley de
Publicidad de 1988, que no son pocos, que permiten a los organismos
responsables del ámbito de la mujer actuar de oficio, requiriendo a
aquellos anunciantes o medios de difusión que utilicen la imagen de la
mujer inadecuadamente que retiren la publicidad sexista o el programa de
que se trate. Esto nos está dando resultados óptimos; hemos conseguido ya
la retirada de bastantes anuncios y la de algún que otro programa.
Me gustaría aprovechar la oportunidad de la pregunta para decirle que en
la Unión Europea se ha tratado mucho de este tema en cuanto a los ámbitos
de autorregulación, pero queremos ir más allá y las ministras y ministros
responsables de la condición femenina estamos estudiando la posibilidad
de ir a una directiva específica que desarrolle los contenidos del
tratamiento de la imagen de la mujer en los medios de comunicación. De
ahí que vemos, como una prioridad política desde el Ministerio de Asuntos
Sociales y, concretamente, en ejecución del segundo Plan de Igualdad de
Oportunidades, la importancia que tiene cada vez mayor la imagen que se
dé de la mujer en los medios de comunicación por lo que conforma, como
usted muy bien ha dicho, la educación de las nuevas generaciones, pero
también por lo que conforma el respeto y la dignidad que la mujer se
merece.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Gracias, señora Ministra.
--DE DOÑA GEMMA ZABALETA ARETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES PARA
INCORPORAR EN SUS PROGRAMAS LA PREVENCION Y ATENCION DEL MALTRATO
DOMESTICO. (680/000316.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Continuamos con la siguiente
pregunta, formulada por doña Gemma Zabaleta Areta, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Ministerio
de Asuntos Sociales para incorporar en sus programas la prevención y
atención del maltrato doméstico.
Su señoría tiene la palabra.
La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, cada año mueren y son víctimas del maltrato doméstico y
de las agresiones sexuales un número muy importante de mujeres que
además, por desgracia, sufren esta vejación en el ámbito de lo privado y
muchas veces en el drama de la soledad de su mundo interior.
Teniendo en cuenta que la información y la orientación son unos elementos
clave para determinar las posibles soluciones a esta tremenda situación,
quiero preguntarle cuáles son los planes del Ministerio de Asuntos
Sociales en orden a la prevención y a la resolución de los diferentes
problemas y de las diferentes consecuencias que se suscitan de esta lacra
social.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra de Asuntos Sociales.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, es uno de los temas que más nos preocupan desde el Ministerio de
Asuntos Sociales. Ulntimamente hemos visto en los medios de difusión cómo
aparecían los datos de los últimos casos de denuncias de malos tratos
que, en ocasiones, han llevado a la muerte de muchas mujeres, y
únicamente las denuncias que se producen son el 10 por ciento de los
casos que realmente ocurren. Por ello, todo lo que sean programas de
prevención y de atención
posterior al maltrato doméstico forma parte de una de las prioridades del
Ministerio de Asuntos Sociales.
La labor que llevamos a cabo se centra, fundamentalmente, en dos tipos de
actuaciones: por un lado, programas experimentales de prevención,
precisamente para prevenir situaciones de riesgo que conducen a este tipo
de violencia, y, por otro lado, nos centramos en los programas de
actuación posterior dirigidos a mujeres que ya han sido víctimas de los
malos tratos.
En cuanto a las primeras, tenemos los programas de colaboración que
suscribimos con las Comunidades Autónomas, y la verdad es que éstas
trabajan muy activamente en este tipo de colaboración y de trabajos.
Tenemos 13 convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en el área
de prevención y de este tipo de atención y tratamiento a la situación de
maltrato, que se amplía no sólo a las mujeres, sino también al maltrato
infantil.
Y con respecto al tema relativo a las mujeres maltratadas, es decir, al
segundo tipo de actividades, tenemos todo lo que va en el ámbito del 0,5
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; también llevamos a
cabo un trabajo muy importante que se realiza en colaboración con el
movimiento asociativo, las ONG.
Quiero mencionar las actividades formativas que dirigimos a
profesionales, y precisamente forma parte del primer Plan de Igualdad de
Oportunidades y ha continuado en el segundo, que ha recogido, entre los
objetivos, facilitar la asistencia y protección policial a las mujeres
que acuden a denunciar malos tratos tanto a las comisarías como a la
Guardia Civil.
Justo es decir que, con la colaboración del Ministerio del Interior, hoy
de Justicia e Interior, hemos llevado a cabo seminarios de formación para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se han desarrollado en todas las
Comunidades Autónomas. Ahora tenemos pendiente de firma un convenio, que,
probablemente, se firmará los próximos días, para llevar a cabo
seminarios de formación que van a tener lugar en Valencia en el mes de
noviembre y en Cantabria en el mes de diciembre. Se va a constituir una
comisión --en la que interviene por primera vez el Ministerio de
Sanidad-- para elaborar un protocolo de actuación conjunta en los casos
de malos tratos y agresiones sexuales; es decir, no sólo los Ministerios
de Justicia e Interior y Asuntos Sociales, sino también el Ministerio de
Sanidad para la atención posterior que muchas mujeres precisan. Además,
seguimos trabajando activamente en las casas de acogida para mujeres
maltratadas, con el fin de impulsar la homologación de las casas de
acogida en todas las Comunidades Autónomas.
Señoría, es claro que uno de los objetivos principales del Ministerio de
Asuntos Sociales y del Gobierno es luchar contra este tipo de acciones y
de actitudes de las que son víctimas las mujeres y los niños.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
En turno de réplica tiene la palabra la señora Senadora.
La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente intervengo para desear que esta información y su difusión
sirva para que todas las mujeres que vivan esta situación rompan la
barrera del miedo y denuncien estas situaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
--DE DON OCTAVIO GRANADO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA PUESTA EN MARCHA DE UN
SEGUNDO PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD. (680/000319.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente pregunta,
que es la que formula don Octavio Granado Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la
puesta en marcha de un segundo Plan Integral de Juventud.
Tiene la palabra su señoría.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el Gobierno de la nación puso en marcha el primer Plan
Integral de la Juventud, que supuso el primer intento serio de
globalización de actuaciones de los diferentes departamentos de la
Administración y de las diferentes Administraciones públicas en una
materia tan importante como es la política de juventud.
Desde la Comisión Especial de Juventud del Senado hemos conocido la
evaluación que de los logros y carencias del primer Plan ha desarrollado
la propia Administración del Estado, y también su posible intención de
continuar este primer Plan Integral de la Juventud con un segundo Plan
que completara las actuaciones dejadas pendientes en el primero.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para poner en marcha este segundo Plan
Integral de la Juventud?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, en primer lugar, quiero manifestarle que desde el Ministerio de
Asuntos Sociales y desde el Gobierno se valora muy positivamente la
función y el trabajo que realiza la Comisión Especial de Juventud del
Senado, donde hemos tenido ocasión de presentar la evaluación, como usted
muy bien ha dicho, del primer Plan de Juventud, y donde tendremos la
oportunidad --espero--, si se prorrogan las actuaciones de esta Comisión,
de presentar el segundo Plan de Juventud.
El Gobierno también evaluó, recientemente, el primer Plan de Juventud y
se constató la necesidad de seguir actuando
con todo tipo de iniciativas de carácter global e integral en relación
con los temas que tienen planteados los jóvenes españoles.
Esta evaluación, la evaluación que hicimos como Gobierno del primer Plan
--una evaluación positiva--, nos ha servido para detectar qué necesidades
nuevas podían plantearse y cómo debíamos acometer el nuevo Plan de
Juventud que tendrá una vigencia desde finales de este año 1994 hasta el
fin de la legislatura en 1997. Precisamente tenemos previsto --por ello
la oportunidad de la pregunta que se me formula-- presentar este segundo
Plan de Juventud en los próximos Consejos de Ministros, quizá no sea en
el de esta mañana, sino en el de la que viene o la otra.
Tengo noticias de que va a evaluarse el trabajo de la Comisión en esta
Cámara, y, por tanto, sería bueno que pudiéramos incorporar aquellas
sugerencias que nos vengan de la Comisión de Juventud para enriquecer lo
que ya venimos trabajando.
Lo que sí le puedo decir es que se establecen una serie de políticas
prioritarias en el nuevo Plan, las políticas que el Gobierno considera
necesarias para el desarrollo de los planes y las actividades en relación
con los jóvenes y, en función de esa prioridad política, se establecen
las acciones que se van a llevar a cabo desde prácticamente todos los
ministerios. Esa es una novedad muy importante de este segundo Plan, no
es una agregación de acciones que realicen los ministerios, sino que se
diseña un objetivo político y, en base a él, se diseñan las actuaciones
que se van a llevar a cabo.
Otra novedad importante que nos habían pedido las Comunidades Autónomas
es su participación activa en este Plan de Juventud, y así estamos
trabajando en colaboración y de la mano también con las Comunidades
Autónomas.
También hay que señalar, aunque no es una novedad en este Plan, ya fue
así en el anterior, la importancia de la participación del Consejo de la
Juventud. El Consejo de la Juventud, donde están representadas las
juventudes de todos los partidos, juventudes de movimientos de todo tipo
en los que están comprometidos los jóvenes, participa activamente y va de
la mano con nosotros en la elaboración de este Plan.
Para terminar, sólo dos palabras sobre lo que son los ejes principales
del Plan. Se basa en principio en los valores: los valores de
solidaridad, los valores de responsabilidad de ayuda al Tercer Mundo,
ayuda por la paz, defensa de una serie de principios que los jóvenes
tienen por encima de todo y con independencia de unas generaciones u
otras. En base a la defensa de esos valores y al apoyo a esos valores se
desarrollan una serie de posibilidades sobre la autonomía de los jóvenes
y la participación de los jóvenes. En el ámbito de la autonomía, es muy
importante el que los jóvenes puedan tener independencia, puedan tener su
acceso a la vida adulta, puedan tener acceso a la vivienda, y se
establecen una serie de medidas acordes con ese objetivo de obtención de
la autonomía.
Con respecto a la participación, la participación de la juventud sobre
esos principios de solidaridad, pero colaborando activamente. Quizá
tenemos que potenciar algo que la juventud desde los años 1990 está
considerando como una realidad, y es que a través de su participación
puede cambiar la realidad y empiezan a concebir que eso es posible,
porque quizá en la década de los ochenta hubo un cierto rechazo, pensando
que no cambiaban la realidad con su actuación.
Yo creo que es importante este Plan de Juventud y tendremos, espero, la
oportunidad de traerlo a esta Cámara, que ha demostrado esa enorme
sensibilidad constituyendo una Comisión específica para el tratamiento de
las políticas a desarrollar con nuestros jóvenes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
INTERPELACIONES:
--DE DON ESTEBAN GONZALEZ PONS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS PROPOSITOS DEL GOBIERNO EN MATERIA DE PROTECCION A LA
FAMILIA. (670/000092.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al siguiente punto del
orden del día, interpelaciones, con la de don Esteban González Pons, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los propósitos del
Gobierno en materia de política de protección a la familia.
Tiene la palabra el Senador González Pons. (El señor Vicepresidente, Ortí
Bordás, ocupa la Presidencia.)
El señor GONZALEZ PONS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, permítanme que empiece esta interpelación, que
va a trasladarnos al marco de las relaciones familiares, expresando la
rotunda condena por parte de mi Grupo Parlamentario del nuevo brote de
violencia contra la infancia que recientemente nos ha impresionado en
Argelia. Nada hay más reñido con el espíritu que representa la familia en
España que la intolerancia y el fanatismo.
Señora Ministra, entrando en el asunto que nos ocupa, el pasado 4 de
octubre comparecía usted, a petición propia, ante la Comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados para exponer, según rezaba
la misma solicitud de comparecencia, las líneas generales de la política
de su Departamento. En ese marco parlamentario, y en curso de una
pormenorizada intervención, la señora ministra sintetizó la política
familiar del Gobierno en los siguientes extremos. Primero, presentación
de un plan de actividades para el año internacional de la familia;
segundo, presentación de un informe sobre la situación de la familia en
España; tercero, aportación de ideas a la Ponencia sobre la familia
creada en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los
Diputados; cuarto, nuevos tipos de deducciones fiscales en los
Presupuestos para 1995; quinto, la
conversión de la incapacidad laboral transitoria por maternidad en pura
prestación por maternidad; sexto, la elaboración de un proyecto de ley de
parejas de hecho estables y, séptimo, la creación de un grupo
interministerial de trabajo sobre familias monoparentales.
Pues bien, señorías, si tenemos presente que tanto la Ponencia creada en
el Congreso de los Diputados como el grupo interministerial sobre
familias monoparentales son iniciativas parlamentarias, que responden a
la voluntad manifestada por las Cámaras de representación y no al impulso
gubernamental, convendría empezar reduciendo estos siete campos de
actuación original de la Administración a sólo cinco. Y si tenemos
presente, señorías, que la señora Ministra de Asuntos Sociales se
desvinculó públicamente del encargo del informe sobre la situación de la
familia en España, muy anterior --según sus propias palabras-- a su
entrada en el ministerio, aún tendremos que reducir el ámbito de
ocupación del actual equipo gestor de nuestra política familiar a cuatro
materias. Más aún, si analizamos detenidamente el plan de actividades del
Ministerio de Asuntos Sociales, para el año internacional de la familia
observaremos que, después de catorce folios dedicados a la meritoria
acción editorial del Departamento, sólo en la última página aparece el
epígrafe «política familiar» y con el único objeto de mencionar de nuevo
el grupo interministerial de trabajo sobre familias monoparentales
creado, como saben sus señorías, a instancia de esta Cámara y no del
Gobierno. Siendo éste un plan cerrado el 25 de mayo de 1994, cuando el
año internacional de la familia ya se aproximaba a su ecuador, creo que
no nos equivocaremos si lo tildamos también de irrelevante al efecto de
clarificar la política familiar del Gobierno.
Por lo que respecta a los nuevos tipos de deducciones fiscales para las
familias, contenidos en el proyecto de presupuestos para 1995, por más
que insuficientes, si es cierto que responden, como reconocía la señora
Ministra en la comparecencia citada, a una propuesta del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, que no forma parte del Gobierno,
sería injusto que nadie que no fuera el propio Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió se considerara el mérito de la idea. Por lo tanto, en
pura justicia material tampoco podemos ubicar estas medidas fiscales en
el haber inventivo de la política familiar del presente Ministerio de
Asuntos Sociales.
No quisiéramos creer que toda la acción del Ejecutivo español en favor de
sus familias quede reducida, como parece, sólo a la necesaria y urgente
ampliación de la prestación por maternidad y a la presentación de un
proyecto de ley sobre parejas de hecho estables. Sin embargo, la tozuda
contundencia de los hechos y la fría realidad de los boletines oficiales
parecen poner de manifiesto la inexistencia de políticas familiares en
los planes de nuestro Gobierno.
Resulta sorprendente en este sentido el rotundo silencio que mantiene al
respecto el informe sobre la situación de la familia en España que, como
decíamos, este Ministerio no ha encargado, pero que ha hecho suyo. A lo
largo de 500 páginas, a lo largo de dos volúmenes que tratan desde la
problemática penal de la familia hasta la influencia futura de la
reproducción asistida en su conformación, pasando por el grado de
analfabetismo de las familias españolas, señorías, ni un capítulo, ni un
apartado hacen referencia a las políticas familiares, a la relación de
las familias con el Estado y del Estado con las familias, a las
prestaciones familiares por parte del Estado, o a la consideración y
tratamiento fiscal de la familia. Es una laguna, cuando menos, expresiva
y sorprendente.
¿Qué motivos pueden haber tenido los expertos convocados a la elaboración
de este informe para no tratar un asunto tan central como el de las
políticas familiares? Seguramente no ha sido un descuido impropio de su
reputada pericia, y seguramente también alguna pista nos dan sobre esta
omisión consciente cuando en la página 484, entre las conclusiones del
trabajo, incluyen el siguiente párrafo: Plantearse una política de
familia implica, sobre todo, ser conscientes de los efectos e influencias
que las diferentes políticas sectoriales y la actuación pública en
general tienen sobre las decisiones que se toman en los distintos
escenarios familiares. Sin este «feedback» la política pública en materia
de familia se da en forma silvestre y espontánea, inconsciente,
irracional y descontrolada. Es una oportunidad, pues, el debate a que
puede dar lugar este informe --continúa diciendo--, para que el Estado
español se pregunte y arbitre mecanismos de información suficientes sobre
el modo en que está regulando el tejido familiar.
Pues bien, es indudable, señorías, que el año internacional de la familia
supone una oportunidad irrepetible para fijar una política familiar de
Estado que elimine viejas desconfianzas nuevos prejuicios respecto de las
familias, de sus misiones públicas y de sus relaciones privadas. Pero, al
mismo tiempo, es difícil producir esta reflexión mientras el Gobierno
flota, aparentemente, entre la ausencia de ideas y el desconcierto
político. Como han señalado reconocidos sociólogos, la experiencia
demográfica demuestra que en España, como en los demás países del sur de
Europa, el predominio de los tipos familiares que aparecen en la
literatura demográfica como más tradicionales han sido compatibles con
una brusca caída de la fecundidad. Esto es, que la familia española, cuya
crisis terminal ha sido anunciada repetidas veces, ha sido capaz de
adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias. Algunos
datos confirman contundentemente esta conclusión; así, sobre un máximo de
cinco puntos, el índice medio de satisfacción con las familias, expresado
por los españoles en la reciente encuesta de nuevas demandas del Centro
Superior de Investigaciones Científicas, es de más de cuatro puntos. Así,
mientras el porcentaje medio europeo de hogares uninucleares no llega al
67 por ciento, en España, después de la llamada segunda transición
demográfica y pese a la crisis económica sigue superando el 71 por
ciento. Según los datos de la encuesta de población activa en las dos
últimas décadas el ritmo de crecimiento de los hogares españoles ha sido
superior al de la población y la densidad de población por hogar en
España es todavía hoy superior a la que presentaban Dinamarca o Alemania,
en los años sesenta o Inglaterra o Francia en los años setenta.
Pero, señorías, no es sólo que la familia siga siendo el primer centro de
desarrollo de la afectividad y de la sociabilidad entre nuestros
conciudadanos, es que, además, la
dureza de la presente crisis económica ha recuperado a la familia como
primer centro distribuidor de la solidaridad entre los hombres, al margen
del Estado. Con una cifra de paro que supera con mucho los tres millones
de desempleados y que quiebra la capacidad del Gobierno para atender a
las necesidades básicas de la población, están siendo las familias las
que, compartiendo sus bienes y sus rentas, hacen frente a las
dificultades y las desesperanzas, las que integran y orientan a sus
miembros, a lo que hay que añadir que, desgraciadamente, y según recogen
las sucesivas encuestas de población activa, más del 29 por ciento de los
hogares españoles no tienen hoy ocupado a ninguno de sus miembros.
En este espacio social un Gobierno responsable debería reconocer la
importancia cívica de la institución familiar como instrumento de
vertebración y cooperación ciudadana; debería aceptar que las familias
cumplen una función pública esencial en la formación, cuidado y auxilio
de sus miembros, y debería asumir que determinadas prestaciones de
interés general las ejercen las familias con mayor inmediatez y calidad
que cualquier órgano del Estado. Ahora bien, responsabilidad no significa
legitimidad y aunque no lo juzguemos responsable, tampoco de ilegítima
una política desconfiada precisamente en las capacidades democráticas y
solidarias de la familia. Sólo rogamos, señora Ministra, que si éste es
el punto de vista del Gobierno, que así se declare, sin miedo a las
cámaras, con transparencia y con sinceridad. Porque no parece confiada
con las capacidades de las familias una política que mantiene las ayudas,
por ascendiente y descendiente a cargo, más bajas de nuestro entorno
económico y cultural, según reconoce el observatorio permanente de
política de familia de la Unión Europea creado en el seno de la Comisión
Europea; una política que no considera la renta per cápita familiar como
parámetro determinante de ninguna de sus acciones asistenciales o de
bienestar; una política que ignora, en el conjunto de su sistema
tributario, que la familia es el agente económico principal de nuestro
mercado distribuyendo el conjunto de sus ingresos entre el ahorro y el
consumo.
Precisamente, el pasado 17 de octubre, el Secretario de Estado de
Hacienda justificaba en el Congreso de los Diputados la ausente
sensibilidad familiar de la política fiscal del Ejecutivo señalando que
la familia, desde el punto de vista impositivo, no es más que una reunión
de personas físicas. Señorías, éste es precisamente el punto de vista,
ignorante de la trascendencia social del hecho familiar, que las
conclusiones del informe sobre la situación de la familia en España
califican de silvestre y espontáneo. Y, desde luego, es contradictorio
con lo que la señora Ministra de Asuntos Sociales ha venido defendiendo a
lo largo del Año Internacional de la Familia. Por eso, no debe extrañar
que en esta interpelación nos preguntemos si la Ministra nos engaña con
sus pronunciamientos en favor de políticas familiares comprometidas o son
los compañeros de Gabinete de la Ministra los que la engañan a ella
ignorando sus esfuerzos por asumir políticas familiares comprometidas.
El pasado fin de semana, sin ir más lejos, hemos contemplado cómo las
manifestaciones de la Ministra de Asuntos Sociales a favor de reconocer
la calidad de familia numerosa a partir del tercer hijo eran contradichas
por un portavoz parlamentario del Partido del Gobierno que hasta el día
de hoy, que sepamos, no es el partido de la señora Ministra. Precisamente
al respecto el Presidente de Unió Democrática de Cataluña, señor Durán i
Lleida, ha declarado a los medios de comunicación que esta decisión pone
de manifiesto la insensibilidad del Gobierno que por cuatro duros no
puede articular ayudas a las familias pero sí malgastar miles de millones
en temas nada sociales, como es la propaganda. Señorías, no hemos hechos
estas declaraciones nosotros, la oposición, sino un representante
autorizado del Grupo que apoya los Presupuestos de Gobierno y que debe
saber bastante sobre los duros que se destinan a las familias y los que
se destinan a propaganda.
Señora Ministra, es cierto que los Presupuestos Generales del Estado para
el próximo año aumentan la deducción por ascendientes y descendientes a
cargo en 500 ó 700 pesetas en el menor de lo casos, y en 10.000 pesetas
en el mayor; pero no es menos cierto que incrementan los impuestos
indirectos que son los que más sufren las familias por su mayor necesidad
de consumo y lo que precisamente más discriminan a las familias más
humildes. Y no es menos cierto que nuestro Impuesto sobre la Renta sigue
sin permitir la división de los ingresos entre los esposos cuando uno de
los dos no trabaja, como sugirió el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 45/1989, al efecto de gravar la renta real de las familias. Y
no es menos cierto que las tablas de retención del Impuesto sobre la
Renta siguen estando diseñadas para los contribuyentes que realizan
declaración individual, perjudicando a las familias que por tener un solo
perceptor de renta optan por la declaración conjunta y se ven forzadas a
adquirir la condición obligada de prestamistas, a largo plazo, del
Estado.
No se trata de reclamar políticas natalista, ni políticas de inmersión
sociológica, sino algo tan sencillo como exigir solidaridad pública para
quienes están asumiendo cargas como compartir la escasez de viviendas
asequibles, invertir en la educación y formación de la juventud o
integrar y cuidar a enfermos sociales y marginados, cargas, señora
Ministra, que benefician a toda las sociedad. Resulta insólito, señorías,
por ejemplo, que el Estado ayude a quienes envían a sus mayores a
residencias y, sin embargo, no coopere el mantenimiento de los que acogen
a sus mayores en su hogar. Señorías, nuestra familias están auxiliando al
bienestar de los ciudadanos que no llega a prestar el Estado en
exclusiva.
La crisis económica, el desempleo, la falta de oportunidades de nuestros
jóvenes, la droga, o la pura pobreza en estos últimos años han hecho que
nuestras familias expresen al máximo su capacidad solidaria y asistencial
y nos han situado a los representantes públicos ante un punto de
reflexión sin retorno. O confiamos y apoyamos el protagonismo social de
las familias con ayuda económica pero también con delegación, de
responsabilidades de interés general, o no confiamos y no apoyamos el
protagonismo social de las familias y seguimos pensando en el Estado como
garante único de todas las responsabilidades ciudadanas, pese a su
posible insuficiencia financiera, y a los
más de 30 años transcurridos desde el mes de mayo de 1968.
En este sentido, sólo podemos solicitarle al Gobierno, desde la
legitimidad de esta Cámara, claridad en su pronunciamiento. Señora
Ministra, la escisión que puede producirse entre el lenguaje del poder y
la acción del poder de seguir el Gobierno apoyando verbalmente a las
familias, mientras que sus políticas sólo las consideran un agregado de
individuos, no conduce más que al desprestigio de las instituciones y al
desánimo de los ciudadanos. El divorcio entre el lenguaje del poder y la
acción del poder que, desgraciadamente, ayuda al poder a eludir su
control democrático también impide un debate constructivo como el que
debemos a nuestra sociedad civil. No negamos sus buenas intenciones,
señora Ministra, dudamos...
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor González Pons, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor GONZALEZ PONS: Disculpe, señor Presidente. Termino enseguida.
Decía que no negamos sus buenas intenciones, señora Ministra; sólo
dudamos de la credibilidad que éstas le merecen a sus compañeros de
Gabinete. Por eso, le interpelamos para que exponga sus propósitos en
materia de protección a la familia, con la impresión de que la
asilvestrada y espontánea política familiar de los gobiernos de los
últimos doce años no va a variar sustancialmente, aunque se deduzca otra
cosa de los discursos de este Año Internacional.
No le pedimos que adopte nuestras políticas, sino que clarifique las
suyas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor González Pons.
Tiene la palabra la Ministra de Asuntos Sociales.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, a mi juicio, se parte de la idea errónea de que no se ha hecho
nada en materia de políticas familiares y por ello se pregunta, tras una
crítica bastante demoledora, si se va a hacer algo al respecto. Sin
embargo, creo que se han hecho cosas, aunque no todas las que se deberían
--y ahora explicaré hacia dónde debemos tender y todo irá paso a paso--,
y se harán más.
Para el Ministerio de Asuntos Sociales y el Gobierno la familia
constituye un objetivo prioritario, y precisamente ese especial
protagonismo que ha adquirido como institución a partir de la celebración
del Año Internacional de la Familia ha tenido como resultado el que se
haga un mayor esfuerzo para promover políticas de familia y concentrar
las que se están realizando desde distintos ámbitos.
La institución familiar ocupa un papel central en la sociedad española y,
como usted muy bien ha dicho, se encuentra entre las más valoradas por
los españoles. Pero la familia y nuestro sistema familiar se encuentran
en un proceso de cambio, en constante evolución. Por tanto, en el
desarrollo de las políticas que afectan a la familia hay que tener en
cuenta ese proceso de cambio al que la institución familiar está
sometida; cambios que vienen derivados de elementos muy diversos:
demográficos, culturales, económicos, e incluso jurídicos.
Voy a hacer una breve semblanza de los cambios más significativos que, en
mi opinión, influyen en la institución familiar y que lo harán en las
políticas que diseñemos en relación con ella. En primer lugar, se ha
producido un cambio fundamental, como es el fenómeno demográfico, de
creciente preocupación en los países desarrollados. España presenta, en
clara correspondencia con el resto de Europa, una evolución que afecta a
dos cuestiones centrales, como son una baja en la tasa de natalidad y un
envejecimiento de la población. Quizá la singularidad de España con
respecto al área regional europea se encuentre en el distinto calendario
e intensidad de dicha evolución y posiblemente eso nos permita confiar
--como han dicho algunos demógrafos-- en una recuperación de la natalidad
en los próximos años, como ha pasado en los países nórdicos.
Por otro lado, la política demográfica, muy ligada al tema familiar, no
puede plantearse al margen de la sociedad civil o de los ciudadanos, como
si fuera sólo un asunto de los gobiernos. En este sentido, nuestra
política está orientada a que los hombres y mujeres tengan los hijos que
voluntariamente deseen y que responsablemente puedan criar y educar.
Tenemos, pues, la obligación de establecer el marco adecuado para que eso
se pueda producir. Al igual que ha dicho el interpelante, debe existir un
ejercicio de solidaridad por parte de la sociedad para con quienes deseen
llevar a cabo la función de la paternidad y la maternidad. A esta
cuestión me referiré luego, cuando hablemos de las políticas fiscales.
Por tanto, hacer posible que haya elección para los ciudadanos es la
mejor garantía para contribuir a desarrollar una paternidad y maternidad
responsables. Y en la medida en que desarrollemos una serie de servicios
propios de una sociedad y de un Estado del bienestar, ofreceremos más
posibilidades a las personas que vayan a ejercer dichas opciones.
Un aspecto importante que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar
las políticas familiares son las modificaciones que se han producido en
la estructura familiar. España ha pasado de tener un solo modelo de
familia nuclear, a diversas formas familiares. Surgen, pues, nuevos tipos
de familias: las de parejas de hecho, las de cohabitantes, las
monoparentales, o las reconstituidas, y muchas personas pasan por
diferentes situaciones familiares a lo largo de su vida.
Otro elemento fundamental a mi juicio, por el nuevo papel de la mujer en
la sociedad y en el seno de la familia, es la democratización de la vida
familiar. No en vano, uno de los objetivos de las Naciones Unidas durante
el Año Internacional de la Familia es erigir la democracia más pequeña en
el corazón de la sociedad. Este elemento --la democratización de la vida
familiar-- gira en torno a un debate sobre el reparto igualitario y
equitativo de las tareas
del ámbito doméstico entre todos los miembros de la institución familiar.
También hay que tener en cuenta los vínculos familiares. En este sentido,
actualmente los vínculos horizontales son menores que los verticales,
porque hay una mayor posibilidad de vida y, por tanto, la coexistencia de
las distintas generaciones dura mucho más tiempo. Esto ha dado lugar a
que la familia también tenga que ocuparse del apoyo a la red familiar y
que sea la que esté desempeñando la sobrecarga que supone el cuidado de
los ancianos, de enfermos crónicos y personas dependientes. También se ha
referido a ello el interpelante, y creo que es un tema importante que hay
que poner sobre la mesa a la hora de diseñar las políticas familiares.
Me gustaría resaltar otro aspecto, antes de referirme a las políticas que
se están diseñando desde el Gobierno. Se trata de que, muchas veces, en
las relaciones entre la economía y la familia se ignora que una gran
cantidad de recursos y servicios no monetarios --porque se hace un
análisis muy monetarista de la familia--, fundamentalmente, el trabajo
doméstico, no se tienen en cuenta a la hora de valorar el trabajo que se
hace desde las familias. Se olvida cómo las unidades familiares
contribuyen al bienestar de sus miembros a través del trabajo doméstico o
del que no pertenece propiamente a la dimensión monetaria de la familia.
Por tanto, no podemos llevar a cabo una aproximación a las políticas de
familia sin tener en cuenta este elemento.
Por otro lado, el interpelante se ha referido a algo en lo que creo que
tiene toda la razón y todos estamos de acuerdo, como es que hoy en día la
familia española está jugando, sin duda, un papel importantísimo como
amortiguador de muchos problemas de determinados colectivos --máxime, en
situación de crisis--, como pueden ser los de los jóvenes, o de los
parados de larga duración.
Este breve recorrido por los elementos que pueden afectar más claramente
a las políticas de familia me parece que puede centrar el tema. Asimismo,
desde el punto de vista jurídico, a partir de la Constitución y de los
desarrollos legislativos producidos en las normas de rango inferior
tenemos un marco jurídico que ha cambiado el planteamiento de la familia,
que ha contribuido a reflejar en las normas algo que ya era una realidad
en el contexto social.
Quiero poner sobre la mesa otro elemento que es importante que conozcan
sus señorías. Se trata de que también las políticas familiares se
realizan desde las Comunidades Autónomas, ya que nuestra Constitución les
confiere un importante papel a éstas en la acción protectora de la
familia. En este sentido, tienen atribuida la competencia exclusiva en
muchas materias --lo que se manifiesta a través de la producción
normativa en sus Asambleas legislativas--, que afectan a la asistencia
social, los servicios sociales, la enseñanza, la vivienda, el urbanismo,
etcétera. Es decir, que hay muchos supuestos y situaciones en los que la
acción protectora o de apoyo a las familias no es una competencia
monopolizada o exclusiva del Estado, sino que --como en este caso
concreto-- se atribuye de forma manifiesta y expresa a la legislación y
el desarrollo autonómicos.
No obstante, también hay muchas competencias en esta materia que le
siguen correspondiendo al Estado; toda la legislación básica en materia
de Seguridad Social --a la que me referiré a continuación-- que afecta a
este tema, las leyes orgánicas que desarrollan principios que afecten a
este área, normas fiscales de carácter general, etcétera.
Por tanto, tenemos que partir de una realidad en la cual tenemos una
obligación y unas competencias por parte de la Administración General del
Estado, que coexiste con la que desarrollan y tienen que desarrollar las
Comunidades Autónomas.
Señorías, les he expuesto una introducción sobre ese marco en el que nos
movemos, por un lado, con las referencias sociales de cambios que afectan
al ámbito de la familia y, por otro, con las referencias competenciales
en las que nos podemos mover para desarrollar políticas familiares.
En este sentido, yo tengo que decirles que, desde la perspectiva del
Gobierno del Estado --sin perjuicio, naturalmente, de las competencias
que llevan a cabo las Comunidades Autónomas--, estamos actuando en varios
aspectos y áreas, en contra de lo que se ha dicho, dando como cierto que
no llevábamos a cabo ningún tipo de política.
Pues bien, estamos actuando en protección familiar y servicios sociales,
en Seguridad Social, en educación, en vivienda y urbanismo, en régimen
fiscal y en función pública.
En el primer aspecto --protección familiar y servicios sociales--
llevamos a cabo, desde el Ministerio de Asuntos Sociales, políticas
familiares, no de reforma legal o de la normativa fiscal, que más
adelante comentaré, sino de apoyo a la familia. Concretamente desde la
aportación del 0,5 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, tenemos toda una distribución de ayudas económicas que se
realiza con la inestimable colaboración de las ONG, del movimiento
asociativo, que nos ayudan a diseñar las políticas prioritarias en esta
materia, de cuidado de ancianos, familias monoparentales, menores en
situación de desamparo, familias desestructuradas. Diseñamos una serie de
programas prioritarios para llevar a cabo con la ONG y, posteriormente,
llevamos a cabo la ejecución a través del trabajo que se realiza en el
movimiento asociativo.
Por tanto, esa es una acción social que se lleva a cabo y que se
implementa también con motivo de este ejercicio, puesto que ha habido un
aumento en temas de atención a servicios integrales familiares. con
motivo del año internacional de la familia, este año hemos incluido en el
0,5 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas un
apartado específico de atención integral a familias, dirigido,
fundamentalmente, a familias desestructuradas. Por tanto, ahí hay una
política concreta que ha olvidado el interpelante.
También en el marco del plan concertado de prestaciones básicas de
servicios sociales tenemos programas de apoyo familiar orientados a
optimizar la red básica de servicios sociales. Aquí también se incluye
atención a familias, a mujeres maltratadas, a niños en situación de
maltrato infantil. Este año hemos aumentado un 22 por ciento el crédito
destinado al plan concertado de prestaciones básicas,
precisamente para poder incidir más en ese ámbito de cuidado a los
mayores que corresponde también al área de las familias.
También tenemos el crédito destinado a guarderías infantiles, por un
importe de 1.160 millones que distribuimos entre las Comunidades
Autónomas, y el de 700 millones destinados a atención a primera infancia,
de cero a tres años. Por tanto, desde el Ministerio de Asuntos Sociales
realizamos protección familiar y servicios sociales.
En materia laboral de Seguridad Social hemos introducido algunas medidas
en el proyecto de 1995. La ley de acompañamiento, aprobada por el
Gobierno, introduce una modificación en el ámbito laboral --a la que se
ha referido el interpelante--, y es, precisamente, la prestación por
maternidad, que será equivalente al cien por cien y ya deja de ser
incapacidad laboral transitoria. Esto es positivo y forma parte de las
medidas que vamos llevando a cabo.
En el proyecto de ley de permiso parental y por maternidad, que
actualmente está en tramitación en el Congreso de los Diputados, también
se prevé la modificación del régimen de excedencia para atender a los
trabajadores y trabajadoras en el cuidado de hijos, en el sentido de que
la reserva del puesto de trabajo, prevista actualmente durante un año, se
prorrogue a tres. Esto también constituye una medida de apoyo a las
familias a quienes tienen hijos, de solidaridad con esa opción que muchos
llevan a cabo.
Sobre este aspecto también quiero destacar las prestaciones de protección
por hijo a cargo, en sus modalidades contributivas y no contributivas,
por cada hijo menor de 18 años o mayor afectado por una minusvalía, de
grado igual o superior al 65 por ciento.
En el ámbito educativo también estamos llevando a cabo medidas desde el
Gobierno desde distintos ámbitos. Por un lado, tenemos que realizar
medidas que se dirijan a una concepción más actualizada de lo que se
entiende por núcleo familiar y ahí incluir en el currículum de la
enseñanza obligatoria los distintos tipos de familia que existen hoy en
nuestras sociedades. Por otro lado, medidas que favorecen la
participación de la familia en las decisiones de las instituciones
escolares. Y, por último, medidas dirigidas a aumentar la oferta
efectiva, que van a repercutir en una mayor amplitud de horario. Este
tema de la apertura de los colegios es una experiencia piloto para
facilitar una mejor organización familiar. Y para facilitar el que
hombres y mujeres se hagan cargo de las responsabilidades del cuidado de
los hijos, tenemos una experiencia de posibilitar la apertura de los
colegios desde las siete treinta horas, lo que supone la compatibilidad
con el horario de trabajo de los profesionales, de los progenitores que
trabajan fuera del hogar. También hemos hecho ofertas de comedores para
adaptar los horarios escolares a los profesionales. Me parece una medida
importante, que en otros países de la Comunidad Europea está teniendo una
gran eficacia, concretamente en Italia, donde se está debatiendo,
incluso, una nueva ley de horarios.
En materia de vivienda y urbanismo, le puedo decir que también se está
trabajando. Aunque hay una gran actividad por parte de las Comunidades
Autónomas, la actuación del Gobierno se dirige a ponderar aún más, si
cabe, las variables para beneficiar el acceso a la vivienda: número de
hijos, jóvenes, fuentes de ingreso, familia monoparental. En esta línea,
el proyecto de ley de arrendamientos urbanos, que en este momento se
encuentra en fase parlamentaria, contiene algunas medidas que favorecen
el acceso y la permanencia en la vivienda, en el marco de la política
global sobre la familia. Es decir, ayudas de acceso a la vivienda,
favorecer a los arrendatarios con personas con minusvalías y
actualización progresiva de las rentas de alquiler. Por tanto, hay
también medidas en este ámbito.
Existen, asimismo, medidas en el régimen fiscal. A ello se ha referido el
interpelante diciendo que poco se había hecho en este aspecto. Y es
cierto. Le tengo que decir que pondero muy positivamente la sensibilidad
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
respecto a las familias y todo el elenco de medidas que ha propuesto en
la Ponencia. Ha sido bastante rico en cuanto al número y, además, la
mayoría de ellas con un contenido muy positivo. Hasta ahora sólo hemos
podido tomar en cuenta la relativa al aumento de las deducciones
familiares, que pasan a ser de 27.200 para los dos primeros hijos, de
25.000 para el tercero y 30.000 para el cuarto.
En cuanto a la cuantía parece que no es una medida muy significativa, que
no es extraordinaria, pero yo le digo al Senador interpelante que es muy
importante, porque significa reconocer la necesidad de avanzar en este
camino. Y aunque ahora hayamos tomado desde el Gobierno esta medida, no
supone la totalidad de las que pensamos que desde el Ministerio de
Asuntos Sociales podrían o deberían tomarse, no sólo para este ejercicio,
sino para posteriores. Debido a que este ejercicio presupuestario todavía
es un presupuesto que tiene como objetivo la contención del déficit, del
gasto, y que no podemos hacer excesivas concesiones en cuanto a gastos en
este terreno, se ha estimado que sólo podíamos llegar a este punto, pero
no quiere decir que cejemos en ello y que para próximos ejercicios no
sigamos luchando para que haya un mayor reconocimiento de medidas, bien
sea aumentando las deducciones por gastos de guardería o de vivienda, que
es uno de los objetivos que también habíamos presentado desde el
Ministerio de Asuntos Sociales...
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señoría, ruego vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): En cuanto a la
función pública también hay una serie de medidas y, en definitiva,
señorías, tenemos tres objetivos prioritarios: generar condiciones
favorables para que los ciudadanos y ciudadanas que deseen crear nuevas
familias, especialmente los jóvenes, se encuentren en condiciones de
hacerlo; promover la solidaridad de toda la sociedad con las personas que
tienen una familia, que tienen mayores y personas con minusvalía a su
cargo; y mejorar las condiciones de vida y de vivienda para todos los
ciudadanos.
El interpelante se ha referido a la Comisión Técnica Interministerial
sobre familias monoparentales. Está trabajando activamente. Se ha creado
hace meses. Les tendremos
informados sobre las conclusiones que se lleven a cabo. Desde luego, uno
de los objetivos prioritarios del Gobierno es el atender a este tipo de
familias que, además, están en un porcentaje muy alto llevadas por
mujeres y en las que se concentra un cierto fenómeno de feminización de
pobreza.
La Ponencia que se constituyó en el Congreso de los Diputados está
trabajando. Hay que pensar que terminará sus trabajos, probablemente, a
lo largo de este año, pero también debemos pensar que no significa que no
haya tomado todavía ninguna resolución o acuerdo al respecto. Yo estoy
todavía pendiente de comparecer también en esa Ponencia y plantear cómo
vemos las medidas que han de tomarse desde el Ministerio de Asuntos
Sociales.
Usted ha dicho que hay un alto valor de la familia, que se atribuye
socialmente el reconocimiento de los españoles a la familia. Es cierto,
así está en todas las encuestas y tenga usted la seguridad de que ese
alto valor también se lo atribuye el Gobierno, como ese lugar de afectos
y solidaridad, pero también como elemento fundamental de cohesión social.
Yo creo que el Gobierno quiere hacer un importante esfuerzo en el tema de
la familia. Ya ha hecho algunos. Yo le he enumerado el elenco. No sólo
son medidas fiscales las relativas al apoyo a la familia. Hay medidas de
todo tipo. Yo le he relacionado algunas.
Usted se ha referido al Informe de familia. Dice que el Informe de
familia no alude al tratamiento político...
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señoría, le ruego que concluya. Ha
transcurrido su tiempo con exceso.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Ya voy
concluyendo. Gracias por su benevolencia, señor Presidente.
Unicamente quiero decir dos palabras con respecto al Informe de familia,
si se me permite. Lo que hace el Informe de familia es dar un mapa, un
diseño de la realidad para poder facilitar así a quienes tenemos la
responsabilidad política la posibilidad de diseñar las políticas más
adecuadas con respecto a la familia.
Me hubiera gustado contestarle concretamente a algunos aspectos que usted
me ha planteado con respecto a la política de confianza en la familia.
Tenga usted la seguridad de que tenemos confianza en la familia. Tiene
que haber un mayor protagonismo social de la familia. No piense usted que
es contradictorio que yo defienda medidas de apoyo a la familia y que no
pueda llevar adelante todas las que me gustaría, pero vamos sacando
algunas. Es decir, yo sé que le pido que vea la parte positiva de lo que
hemos sacado adelante y que no pierda de vista que no descarto seguir
trabajando para conseguir más y entre esas medidas está, quizás --si no
es en este ejercicio, en el próximo--, la de familias numerosas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor González Pons, por un tiempo no superior a
cinco minutos.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, efectivamente, el Informe sobre el Año Internacional de
la Familia ha servido para ilustrar a las autoridades, puesto que la
primera parte de su intervención se ha reducido a hacer un resumen del
primer volumen de ese Informe realizado para el Gobierno y remitido por
el Gobierno a las Cámaras.
Es una lástima que ese Informe, como he dicho antes, no contenga ningún
juicio sobre políticas de familia, porque eso ha provocado que la segunda
parte de su intervención no se corresponda con el tono general que
mantiene el Informe. Precisamente ese Informe defiende que lo que son
políticas de familia son aquellas que, con un criterio global y con un
punto de vista general, entienden que cualquier política del Estado
afecta a la familia, es decir, que cualquier Ministerio tendría que tener
presente a la familia a la hora de diseñar sus políticas, porque la
familia no es sólo un ente más de la sociedad, sino que es el ente que
realiza la solidaridad y la democracia primera en la sociedad y además la
que educa y socializa a los individuos.
Sin embargo, usted ha presentado un elenco de medidas que, siendo todas
ellas necesarias y siendo todas ellas importantes, se reducen sólo al
ámbito de su Ministerio, señora Ministra, sólo al ámbito de Asuntos
Sociales. Usted no ha podido presentar aquí relación de ningún otro
Ministerio que esté colaborando con usted en la regulación de políticas
de familia y la única referencia que ha hecho, que ha sido al Ministerio
de Economía y Hacienda, ha sido para tener que reconocer que no le hacen
caso.
Por eso, no se extrañe de que nosotros, confiando en su buena voluntad,
nos preguntemos qué es lo que sucede, ya que usted está haciendo un
discurso favorable a la familia, pero las políticas de su Gobierno no se
corresponden con su discurso. Esto a lo mejor tiene alguna relación con
su conocida solvencia e independencia.
Señora Ministra, dice que las Comunidades Autónomas son competentes.
Efectivamente, lo son. Galicia acaba de clausurar un Congreso y ha creado
una Consejería específica de familia, con la intención de que la idea de
potenciar las políticas familiares impregne a todos los órganos de
gobierno. Lo mismo está sucediendo en Castilla y León. Mallorca va a
celebrar un Congreso, por poner sólo tres ejemplos, dentro de dos
semanas, donde espero que podamos vernos.
Señora Ministra, tengo que terminar diciéndole nada más que tres cosas.
Creo sincera y honradamente que su Gobierno no tiene políticas
familiares. Tiene, como usted ha dicho a lo largo de toda la
intervención, «medidas». No ha empleado más que la expresión «medidas».
Señora Ministra, medidas no son políticas. Hay una diferencia
terminológica sustancial, que se convierte en una diferencia política
sustancial, pero estoy seguro de que usted apreciará. No sé si porque no
le escuchan o porque usted no habla, pero espero que esa defensa que hace
de la familia la traslade al Consejo de Ministros.
Termino diciéndole dos cosas. Propone para próximas legislaturas la
regulación, la reducción de los beneficios de familia numerosa al tercer
hijo. Yo le ruego que vaya anticipando en su Ministerio los trabajos a
este respecto, porque la moción consecuencia de interpelación que
presentaremos en esta Cámara instará al Gobierno a iniciar inmediatamente
las reformas normativas necesarias para que se considere familia numerosa
a partir del tercer hijo. Si todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara cumplen con los compromisos que tienen adquiridos públicamente,
antes de dos semanas, señora Ministra, usted tendrá la obligación
democrática de estar trabajando en este asunto.
Y permítame que termine diciéndole que cuando en un Estado se generaliza
la opinión según la cual el Gobierno ayuda, atiende y paga más a un
pollo, una lechuga o un ternero que a un niño o a un anciano cuidado por
sus familiares es que o en ese Gobierno no hay responsable de política
familiar o, si lo hay, no la ejerce con responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor González Pons.
Señora Ministra, ¿desea hacer uso de la palabra en estos momentos?
(Pausa.)
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias,
señor Presidente.
Precisamente porque no he podido desarrollar completamente la idea que
tenía sobre el informe...
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Dispone de cinco minutos, señoría.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias,
señor Presidente.
El Informe que hemos hecho sobre familia no diseña exactamente, como he
dicho, las políticas de familia, pero sí crea el marco y el conocimiento
de la realidad para poder llevar a cabo ese diseño de políticas.
Usted dice que sólo contiene medidas lo que he enumerado, que se realizan
a través de los distintos Ministerios, y que sólo son políticas del
Ministerio de Asuntos Sociales. Hay políticas del Ministerio de Asuntos
Sociales incluso anteriores al Año Internacional de la Familia de enorme
importancia, que dan cuenta del compromiso del Ministerio de Asuntos
Sociales y del Gobierno con las políticas que afectan a los colectivos de
menores, mayores, persona dependientes, personas con minusvalía y, por
tanto, a la familia. Son medidas del Estado de bienestar que afectan a la
familia y que la ayudan.
Por consiguiente, en primer lugar, le tengo que decir que no sólo es el
Ministerio de Asuntos Sociales, sino que también están colaborando el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social --ya he mencionado las medidas
que se han hecho desde este Ministerio--, el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente --aquí está todo el tema de la
vivienda y urbanismo y también de la ley-- y el Ministerio de Economía y
Hacienda, aunque no se han tomado en su totalidad las medidas que
podíamos haber llevado a cabo.
En relación con el discurso favorable a la familia, dice que lo hago pero
que no hay una correspondencia. En absoluto. Hay un discurso favorable a
la familia desde del Gobierno, desde los responsables que estamos ahora
en la función de Gobierno, desde el Presidente a los Ministros. Ese
discurso favorable significa que reconocemos a la familia el valor social
que tiene, el valor de solidaridad, el valor de lugar de afectos, el
valor de cohesión social. Por tanto, todo lo que hagamos en relación con
la familia desde el Gobierno de la nación, pero también desde las
Autonomías, es positivo y valorado.
En cuanto a que el Gobierno no tiene políticas familiares, yo discrepo,
porque muchas veces las políticas se desarrollan en medidas concretas, en
actuaciones concretas. Yo me he referido a las medidas que se están
desarrollando desde diversos ámbitos, desde diversos ángulos, lo cual no
quiere decir, en modo alguno, que no haya una política familiar. Hay una
política familiar y quizá con motivo del Año Internacional de la Familia
convendría diseñar de una forma global esas políticas familiares e
integrar las políticas que se están realizando desde los diversos
Ministerios para que tengan una mayor efectividad y las que se están
realizando desde las Comunidades Autónomas, los entes locales y las
asociaciones, a las que apoyamos financieramente a través del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Yo creo que esa integración de políticas hace que seamos mucho más
efectivos o que podamos ser mucho más efectivos, porque quizá lo que no
se ha hecho es dar a conocer de una forma clara, desde el ángulo de la
política familiar, las políticas que se venían realizando y que puestas
en común son bastantes y muy avanzadas. Ahora bien, estoy de acuerdo con
que pueden y deben realizarse más.
Por último, se ha referido a la familia numerosa ya que van a hacer una
petición. Tanto Convergència i Unió como diversos grupos han planteado la
posibilidad de ampliar la consideración de familia numerosa al tercer
hijo. En el Ministerio de Asuntos Sociales estamos trabajando en ello.
Hay una horquilla de entre 3.000 y 9.000 millones en los estudios que
hemos realizado, en cuanto al coste que supondría la reducción de las
tasas escolares y de los transportes. Son dos cuestiones muy bien
acogidas por la sociedad y dos medidas que podrían llevarse a efecto si
hacemos un análisis a fondo del tema, por lo que si no se pueden incluir
en este ejercicio presupuestario, no hay que dejarlas de la mano y
continuar para poder incluirlas en otro. Lo que quiero decirle es que no
entienda que hay una diferencia entre las posturas de defensa de la
familia que yo mantengo, y que hago oír permanentemente en el Consejo de
Ministros, y las posibilidades que tenemos. Al fin y al cabo, la política
es una cuestión de prioridades y muchas veces en el diseño político hay
que determinar las prioridades, es decir, ver qué podemos hacer con el
presupuesto y a qué aspectos damos prioridad. Y yo, desde luego, estoy
luchando para que también se dé prioridad al tema del apoyo a las
familias, en esta línea de actuación en la que
venimos trabajando, pero hay que tener en cuenta que hay otros aspectos
que requieren la prioridad del Gobierno y que, por tanto, debemos
considerar.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me parece recordar que fue Antonio Cánovas del Castillo quien
dijo que la familia ha sido reputada como la primera y más justa de las
asociaciones humanas y debiera ser el perpetuo modelo de todas ellas.
Pero, a pesar de ser válida la afirmación, es lo cierto que la concepción
de la familia ha variado sustancialmente con el paso del tiempo, como
bien ha dicho la Ministra.
Así, en la familia tradicional el abuelo y la abuela eran toda una
institución en sí misma, merecedores del mayor respeto y consideración.
Los ancianos, en las sociedades humanamente más avanzadas, han tenido
siempre el carácter de venerables, pero en la sociedad de hoy resulta que
el anciano es improductivo. Nuestra tradicional familia, que fue numerosa
y generosa con sus mayores, se ha transformado en lo que los sociólogos
llaman la familia nuclear: son los padres y los hijos, en la que los
abuelos han pasado a ser una carga, generalmente, sin perjuicio de la
existencia de otro tipo de familias, como puede ser, singularmente, la
familia monoparental, cuyo auge no podemos olvidar.
También hay que reconocer que la capacidad de adaptación y la madurez
están apenas desarrolladas en la infancia. Los niños son los que más
sufren los desajustes familiares. Niños y ancianos están, pues, en
desventaja en nuestra sociedad, y por ello son dos grupos que requieren
una atención específica de los poderes públicos.
Usted, señora Ministra, ha hablado del cambio constante de la concepción
de la familia, al que anteriormente hemos aludido. Es cierto, pero, desde
nuestra perspectiva, ello no es justificación para lo que consideramos
situación de actual desprotección de la institución familiar. Y mientras
decimos esto, nuestra sociedad está envejeciendo paulatinamente por la
continua y progresiva disminución de la tasa de nacimientos. El problema
es grave. La media de nacimientos en la Unión Europea ha disminuido en
más de un 38 por ciento en los últimos diez años. Las mujeres en edad de
procrear han pasado de tener 2,73 hijos a 1,68, muy por debajo de lo que
se estima línea de flotación del 2,1, a partir de la cual se considera
que una población empieza a hundirse. La historia enseña que un declive
demográfico va acompañado siempre de una decadencia económica y cultural
y que, de persistir, pone a un pueblo en vías de desaparición.
Nuestro grupo parlamentario, frente a la situación descrita, propone una
decidida política de protección y apoyo a la familia, como unidad básica
de la sociedad y por constituir la mejor garantía de bienestar y
desarrollo de las personas, con especial atención a las siguientes
propuestas.
En primer lugar, mejorar el tratamiento fiscal de la familia, suavizando
las cargas impositivas de las familias con hijos, promoviendo, entre
otras actuaciones, el incremento de las deducciones por hijos para las
familias numerosas, y considerando que una familia es numerosa a partir
del tercer hijo, en congruencia con las manifestaciones realizadas en su
día por la propia Ministra, posteriormente descalificadas por el Ministro
de Hacienda. Aquí se viene olvidando --es otra alusión que creo que es
importante-- el papel que la familia desempeña como generadora de ahorro,
obligatorio, pero ahorro al fin y al cabo, que es importante para un
país.
En segundo lugar, se debe adecuar el marco de protección sociolaboral a
la situación específica de la mujer embarazada y de la madre lactante.
Falta aquí todavía algo por hacer, o al menos creemos que se debería
incidir más en este aspecto.
En tercer lugar, estimular iniciativas tendentes a la dotación de una
adecuada infraestructura de guarderías.
En cuarto término, promover la formación y el reciclaje profesional de
aquellas personas que deseen acceder de nuevo o por primera vez al
mercado laboral, por haberse dedicado anteriormente al cuidado de su
familia.
En quinto lugar, dispensar un trato preferente a aquellas familias que
realicen un mayor esfuerzo social por mantenerse, es decir, las formadas
por gente mayor, por personas discapacitadas o con menores recursos.
En sexto lugar, la reimplantación de la protección de ayudas por hijo en
el sistema público de la Seguridad Social.
En séptimo término, la configuración de una política educativa que
considere la prioridad en el ámbito de acceso a las becas de estudio de
la existencia de familias numerosas.
Y, por último, consolidar las asociaciones familiaristas como
interlocutores de los poderes públicos en los problemas relativos a la
familia.
Y frente a estas medidas de política familiar, señora Ministra, ¿qué ha
hecho el Gobierno? Realmente, creemos que poco. Se nos han dado
explicaciones de índole presupuestaria, pero no nos convencen. ¿Y qué va
a hacer el Gobierno, señora Ministra? Mucho me temo que, si nadie lo
remedia, vamos a tener una nueva ley del aborto, una ley de plazos, una
ley llamada de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cabe mayor
desprecio a la vida humana, simbolizada en el feto, que una nueva ley de
abortos, señora Ministra? Para mí --y hablo en términos estrictamente
personales--, el aborto es un mal en sí mismo y, en algunos casos, es
sencillamente un crimen.
Estas ideas, señorías, les pueden parecer trasnochadas, obsoletas o
incluso superadas, pero gracias a ellas estamos aquí presentes y gracias
a ellas también nacieron quienes ahora pretenden no dejar nacer a los
demás.
Nada más y gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Sanz
Cebrián. (El señor Travieso Darias pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasó su turno, a pesar de lo cual
tiene su señoría la palabra por tiempo no superior a cinco minutos.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, en principio pido perdón porque desconocía
este cambio de orden de grupos. Vamos a ver si podemos solucionar la
papeleta y volver al turno anterior.
Voy a intervenir brevemente, primero, para felicitar al Senador González
Pons por traer aquí a debate un tema tan importante como éste; segundo,
para decir que nuestra intervención no va a entrar en los aspectos de
fondo de este tema, ya que pensamos que el protagonismo deben tenerlo el
Senador interpelante y la señora Ministra, por lo que únicamente vamos a
manifestar nuestra posición general sobre este tema.
Nosotros también consideramos la importancia de la familia en la sociedad
como el elemento que vertebra toda sociedad humana, por lo que el Estado
tiene que adoptar una serie de medidas que favorezcan ese desarrollo.
Decía la señora Ministra, según yo lo he entendido, que el poder tenía
que promover las condiciones necesarias para que los ciudadanos decidan
libremente qué tipo de familiar quieren, en lo que yo creo que estamos
todos de acuerdo, y cuando hablo de familia no me refiero a un concepto
unívoco, sino al concepto amplio que hoy tenemos en las sociedades de lo
que es una familia como la unión de varias personas que conviven en
sociedad y que tienen que salir adelante unidas. Pero también está claro
que depende de las condiciones que se den en la sociedad el que esas
familias puedan o no prosperar.
Hoy en día resulta costosísimo mantener una familia. Si se continúa con
esa serie de limitaciones económicas, aparte de las responsabilidades
educacionales y tradicionales que tiene la familia, se imposibilitará que
éstas se decidan a aumentar el número de miembros, lo que tan importante
es para la situación demográfica de este país.
Por eso, le pedimos a la señora Ministra que intensifique la política de
su Ministerio enfocada a la coordinación del resto de políticas
departamentales, las cuales algunas veces influyen mucho más en la
familia que la de su propio Departamento, si bien consideramos que es
este Ministerio el abocado a coordinar e impulsar todas las medidas
necesarias para potenciar la familia.
Para terminar, sólo quiero aclarar que, a pesar de estar de acuerdo en la
importancia de la familia, al contrario que el compañero que me ha
precedido en el uso de la palabra, no considero que el tema del aborto se
refiera directamente a la potenciación o no de la familia, dado que se
trata de otra cuestión que se debe mirar desde otro punto de vista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Travieso.
El señor Rigol tiene la palabra.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para aportar, desde mi Grupo Parlamentario, nuestros criterios
políticos sobre estas cuestiones, intentando hacerlo desde un punto de
vista positivo, no polémico, y sin considerar la circunstancia del Año
Internacional de la Familia, puesto que creo que este es un tema que
desborda absolutamente lo que significa un año conmemorativo y entra de
lleno en lo que es el nervio de la propia sociedad. Asimismo, también
deseo manifestar que tratar este tema en una interpelación más bien me
pone en una situación incómoda, dado que en cinco minutos debo condensar
lo que es incondensable; pero lo intentaré.
Primer punto, nuestra sociedad considera la familia como el máximo valor
por el cual las personas de nuestra comunidad son capaces de asumir todas
las contradicciones en el mundo del trabajo y en el mundo de la sociedad
para tirar de la familia adelante.
Segundo, desde el punto de vista político, debemos entender que la
familia siempre es un proyecto personal, un proyecto libre y un proyecto
de la intimidad, por lo cual nadie, desde el punto de vista ideológico, o
desde el punto de vista político, puede entrometerse en modelos
determinados de familia. La fuerza de ésta es la creatividad de la
relación entre las personas que asumen este proyecto en común. Pero a
pesar de esto, la Administración pública tiene sus obligaciones, si bien
no puede ser que un proyecto, por ejemplo, como el de tener tres hijos
sea una heroicidad en el contexto de nuestra sociedad. El Estado tiene la
obligación, como redistribuidor de rentas, de permitir que sean posibles
los diversos proyectos familiares.
Tercer punto. A menudo los políticos pensamos en la familia cuando nos
afectan problemas políticos. Por ejemplo, cuando el Estado del bienestar
no puede conceder la ayuda a todos los ancianos que precisan de la misma,
entonces los políticos nos acordamos de que la familia es la institución
de la solidaridad. En definitiva, lo que hacemos es intentar hacer ver
que la respuesta que les deberíamos dar no llega.
Otro caso sería el del político que trata el descenso de la tasa de
natalidad. Evidentemente, los políticos debemos estar preocupados por la
tasa de natalidad de nuestros países, pero habitualmente invocamos a la
familia para que tengan más hijos en función de esta tasa, como si las
familias tuvieran hijos para intentar aumentar un índice determinado de
un país, lo que no es verdad. Muchas veces los políticos intentamos
acomodar los problemas de la familia a nuestros problemas de políticos,
cuando debe ser a la inversa. En palabras muy sintéticas, es el Estado el
que debe ser subsidiario de la familia, no la familia subsidiaria de los
problemas del Estado. Creo que éste es uno de los temas que desde el
punto de vista político debemos tener muy presente, de tal modo que la
política familiar que se arbitre no debe ser el elenco de servicios que
el Estado debe dar --a ver cuál es el Estado que da más cosas a la
familia, lo que, evidentemente, se debe contemplar--, sino saber si se
considera a la familia como uno de los elementos vertebradores de la
propia sociedad. No es tanto lo que el Estado debe dar como lo que la
familia debe dar a la sociedad.
Y creo que éste es otro gran principio que se debe tener en cuenta a la
hora de articular una política familiar.
¿Pero qué es lo que aporta fundamentalmente la familia a la sociedad,
dicho muy brevemente? Todos nosotros hemos aprendido nuestra necesidad de
ser altruistas a través de la experiencia de nuestros padres, que nos han
dado su amor sin pedirnos nada a cambio. Esto es muy simple y muy
sencillo, pero es lo que permite que un grupo pueda llegar a ser una
sociedad o una comunidad. O, por ejemplo, nuestro sentido de la historia
no sería posible si no la hubiésemos interiorizado a través de la
experiencia de las diversas generaciones de nuestras familias, o de la
responsabilidad que nosotros tenemos ante nuestros hijos. La experiencia
de la historia nos viene, por ejemplo, a través de nuestra familia.
¿Seríamos capaces de ver una sociedad como la nuestra si le extirpamos
toda la capacidad de iniciativa social y económica de la familia? ¿Qué
quedaría entonces de esta sociedad? Cuántos padres al ir a trabajar, al
asumir responsabilidades o riesgos, lo hacen principalmente por esta
motivación, básica y fundamental, que es la familia. Todos estos
elementos forman parte de lo que podemos llamar principios fundacionales
de la propia sociedad. Y ante esta cuestión, personalmente, considero que
la política familiar debe ser una política complementaria. No debe
tratarse de convertir a las familias en una especie de clientes de los
servicios que la Administración pública presta, sino de intentar buscar
esta sinergia de valores que da la experiencia personal, íntima y libre
de las personas con la proyección de unos valores sociales y cívicos que
deben transformar nuestra sociedad, humanizándola un poco más. Debemos
ser sinérgicos, por lo que la política familiar no es, a mi entender, una
política fundamentalmente sectorial, sino global, de opción básica entre
las diversas opciones que puede tener la propia política en un Estado.
Y así podríamos repasar muy rápidamente cuáles serían los sectores
importantes. Por ejemplo, ¿es posible decir hoy que tenemos una política
de apoyo a la familia, cuando una pareja, para poder tener un piso, debe
disponer aproximadamente de quince millones de pesetas, lo cual quiere
decir cuatro o cinco millones de entrada y diez u once de una hipoteca
hecha en cualquier institución financiera? ¿Sabemos lo que significa el
que una pareja que tiene un contrato de trabajo para dos o tres años
tenga que comprometerse a una hipoteca a diez o quince años, por ejemplo?
Y bien es verdad que la política social de vivienda pública acorta estas
distancias aproximadamente a la mitad; pero es la mitad de un largo
trecho. Por tanto, una política familiar comprende, lógicamente, como ya
se ha dicho aquí, la política de vivienda. Pero también comprende
asimismo el saber que la mujer y el hombre deben trabajar en igualdad de
condiciones. No obstante, resulta que si una pareja tiene una hipoteca
han de trabajar los dos a la fuerza. Y entonces, ¿cómo se tienen que
simultanear las obligaciones laborales y profesionales con el trabajo en
familia? Evidentemente, debemos flexibilizar esta relación si somos una
sociedad que cree que tirar de la familia adelante es una cuestión muy
importante. Y nos podríamos referir en este punto, por ejemplo, al tema
de guarderías.
Pero hay otro tipo de temas que no se centran tanto en la formación de la
familia como en su continuidad. Muchas veces las familias hemos abdicado
en la sociedad, aunque sabemos que cuando llevamos a nuestro hijo a la
escuela no debemos delegar absolutamente en aquélla para que nos lo
forme, sino que debemos intentar formar parte de la comunidad educativa.
Pero como a veces no tenemos el nivel cultural suficiente, vamos a la
escuela sin capacidad de encontrar una relación recíproca y dialogante
entre la escuela y la propia familia, por lo que resulta que el sistema
educativo no tiene el nivel adecuado que precisa nuestra sociedad. Y éste
es un gran reto que nos debemos plantear a la hora de hacer una política
familiar.
O, por ejemplo, en sanidad. Algunos de nosotros hemos pasado por la
experiencia bien simple de llevar a una persona de nuestra familia a un
servicio de urgencias de cualquier hospital importante. Lo han tratado lo
mejor posible, pero han dejado a la familia como si ésta no estuviera
padeciendo juntamente con el enfermo que están tratando allí. Humanizar
el sistema sanitario es un ejemplo, tan importante o más, para ver qué es
lo que exige la familia ante la sociedad, que ir buscando toda una serie
de servicios públicos a los que ir clientelarmente.
Otro gran tema es el que se refiere a aquellos problemas que provienen de
la desestructuración de familias. La sociedad que vive su experiencia
familiar como un hecho positivo, como un hecho de un proyecto fundamental
de sí misma, ¿con qué sensibilidad puede valorar que a una familia que no
funcione no se le presten los servicios necesarios para intentar que esto
pueda llevarse a cabo?
Del tema anterior se deducen los de la tercera edad y los abuelos, porque
ahora nos encontramos muchas veces ante unas personas que a los 60 ó 65
años tienen la jubilación; pero se jubilan de todo: se jubilan del
trabajo y se jubilan de toda obligación. Y nosotros debemos decir que en
una sociedad los abuelos son imprescindibles para que la familia nuclear
no se convierta en una familia refugio, en una familia centrada sobre sí
misma. La familia nuclear debe expandir sus valores, y el primer círculo
concéntrico que tiene es precisamente el de los abuelos, el de la familia
extensa, estando nuestra labor en cómo y de qué manera debemos proyectar
una política de la tercera edad integrada perfectamente en la familia.
Y en el último capítulo, referido a los impuestos, recordar el
coeficiente familiar francés o el «splitting» nos servirá para ver que es
por estos mecanismos modernos y actuales, que no se derivan por la vía de
la subvención sino por la vía de la declaración de la renta, donde un
Estado debe demostrar su sensibilidad y su respuesta ante un hecho tan
básico como es el familiar. Sobre este hecho, tanto con el Gobierno como
con toda la clase política en general nos comprometemos para ayudar a
comprender que, si convertimos la familia en un núcleo de la
conflictividad política, en ese mismo momento nos invalidamos para
sacarla adelante. Pido, por consiguiente, un gran debate, un debate en
profundidad; pero un debate que implique que quien va a salir beneficiada
al final no es mi opción o la opción del otro, sino, fundamentalmente, la
familia. Y en una política de campanario que me voy a permitir, ya que
antes
se han mencionado las distintas Comunidades Autónomas que tienen este
proyecto, diré que Cataluña también lo tiene.
El Senador interpelante va a permitir que le diga un servidor, Presidente
de Unió --aunque en un partido ser Presidente no quiere decir mandar, y
en un partido democrático, como el suyo y el mío, mandar tampoco es lo
más relevante-- (Risas.), que todas las estrategias políticas tienen su
lógica. Y si nosotros conseguimos que el tercer hijo sea considerado ya
familia numerosa, quien se va a apuntar de veras el tanto es Convergència
i Unió, que lo ha planteado desde la colaboración con el Gobierno y no lo
va a plantear como un triunfo personal suyo, sino de toda la sociedad. Lo
que no queremos es que dentro de nuestra estrategia nos pongan
contradicciones. Seguiremos nuestro camino, que es el que hemos diseñado:
contribuir con todo nuestro potencial a que en España estos criterios se
vayan asumiendo y vayan calando dentro de la sociedad y del mundo
político. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Rigol.
¿Desea intervenir de nuevo, señora Ministra? (Pausa.)
Tiene su señoría la palabra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias, señor
Presidente.
Señorías, después de la réplica que he efectuado al representante del
Grupo Parlamentario Popular han intervenido tres Grupos Parlamentarios,
PNV, Coalición Canaria y Convergència i Unió, y les quiero insistir,
señorías, en que tengan la seguridad de que sí hay una responsabilidad
por parte del Gobierno en cuanto a la valoración de la familia como
institución, como lugar de socialización, de afecto, de solidaridad, y
que, por lo tanto, es una prioridad trabajar en pro de medidas y de
políticas para la familia.
El representante del PNV ha iniciado el debate con el tema de los niños y
de los ancianos. Yo quiero decir que las medidas de la familia afectan al
apoyo a mayores y a niños; pero si hay una política que se haya llevado
con verdadera intensidad desde el proyecto socialista ha sido el apoyo a
los mayores, así como el apoyo a los niños. El apoyo a los mayores es uno
de los ejes en los que se ha trabajado más activamente desde las
políticas públicas de bienestar social, y muchas veces se nos ha
criticado que teníamos puesto el acento en la política de apoyo a los
mayores. Yo creo que todo lo que hagamos en la política pública de
bienestar social de apoyo a los mayores será poco, y tendremos que seguir
haciendo más debido al envejecimiento que se está produciendo --y que se
va a producir en mayor medida en los próximos años-- en la población de
tercera edad.
Yo creo que no hay desprotección hacia la familia; pero lo que no hay es
el reconocimiento de una labor que se realiza desde distintos ángulos y
que quizás este Año Internacional de la Familia ha servido para poner en
común y para que se vea el trabajo que se está haciendo en conjunto, así
como la necesidad de hacer más. Reconozco la oportunidad de la
interpelación, la oportunidad de la propuesta que ha hecho Convergència i
Unió en el seno de la Ponencia de política familiar de la Comisión de
Trabajo y Empleo del Congreso de los Diputados; y recibo con interés las
propuestas que se hacen, concretamente desde el PNV, de mejora de
tratamiento fiscal, de concebir a la familia también como generadora de
ahorro, y me he referido a ello al contestar a la interpelación; de ver
el ámbito de reciclaje de las personas dedicadas al cuidado familiar, y
algo muy importante que ha dicho el representante del PNV: tener en
cuenta a los interlocutores, a los que trabajan en el tema de la familia.
Desde el Ministerio de Asuntos Sociales estamos llevando a cabo un
trabajo muy eficaz. En el Comité del Año Internacional de la Familia, que
ya se ha reunido dos veces a lo largo del año, contamos con la presencia
de todas las asociaciones familiares a nivel estatal que hay en España. Y
tenemos asociaciones de todos los ámbitos, desde las que, por
entendernos, podríamos llamar más conservadoras, hasta las más
progresistas. Pero todas luchando por un mínimo común denominador de
medidas en las que todos estamos de acuerdo. Y estamos trabajando
activamente en lo que nos une, aunque luego haya aspectos en los que
discrepamos; pero, por lo menos en ese trabajo, yo creo que estamos
siguiendo una línea de actuación positiva que se verá en las medidas que
luego se lleven a cabo. No vamos a dejarlo todo al resultado de la
Ponencia. Es importante que haya una Ponencia. Esa Ponencia está
trabajando; pero también se tiene que trabajar desde la sociedad. Y
también debe haber una valoración --como ha dicho el representante de
Convergència i Unió-- de la familia como elemento vertebrador, como lugar
de socialización. Y me ha gustado especialmente algo que ha dicho, qué
aporta la familia en la socialización: aporta la enseñanza de la
solidaridad; la enseñanza de los afectos; la enseñanza del compromiso con
el problema del que tienes más cerca, de tu ser cercano, de tu ser
querido, de la persona que está cerca de ti. Eso se aporta desde la
familia, y a mí me parece muy importante.
Y aunque todavía no hayamos llegado a esa concreción de medidas, sí les
digo que venimos haciendo una labor importante. A lo largo de este año se
ha puesto sobre la mesa, en la sociedad y en los medios de difusión, el
debate sobre la familia, y ése es uno de los objetivos. Cuando las
Naciones Unidas auspician un año para declararlo Año Internacional de la
Familia sirve para que no sólo en España, sino en todos los países del
mundo se debata sobre el tema de la familia, sobre la función de la
familia, sobre el cambio que se ha producido en el seno de la familia, el
nuevo papel de la mujer en la familia, familias que hoy son democráticas
y en las que participan todos sus miembros. Esto es importantísimo. Y
quizá teniendo ese concepto nuevo, ese debate que hemos tenido sobre el
tema de la familia, estemos en mejor disposición --no sólo los
convencidos, entre los que me cuento, sino otros que no lo estén tanto--
de atraer a todos hacia esa idea de arbitrar más medidas para la familia
y tener el apoyo mayoritario de la sociedad. A mi juicio, este año está
sirviendo para que existan el reconocimiento y la toma de conciencia de
que hay
que llevar a cabo este tipo de medidas. Y en este sentido tenemos que ser
optimistas, e insisto en que desde el Estado de bienestar y con la labor
que se ha hecho desde el proyecto socialista se ha avanzado muchísimo y
podemos poner el elenco de realizaciones a las que me he referido muy
brevemente. Pero aún podemos avanzar más, y si no en este ejercicio
pensemos que puede haber otros ejercicios con una posibilidad económica
mayor, con una situación de expansión de la economía en la que, como ya
se ha iniciado mínimamente en éste, podamos ampliarlo y mejorarlo.
Yo confío mucho en el trabajo de los grupos parlamentarios y en el
trabajo que va a llevar a cabo esa Ponencia del Congreso de los
Diputados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría.
--DE DON FRANCESC CODINA I CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN
EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LOS PROPOSITOS DEL GOBIERNO EN
ORDEN A GARANTIZAR EL ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS, LOCALES Y
TRANSPORTES PUBLICOS O DE USO PUBLICO A LAS PERSONAS CON DISMINUCION
VISUAL TOTAL O PARCIAL QUE VAYAN ACOMPAÑADAS DE PERROS GUIAS.
(670/000094.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos a la siguiente
interpelación. Para su exposición, tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, subo a la tribuna para interpelar al Gobierno
con referencia a las personas con disminución visual acompañadas por
perros guías.
Señora Ministra, a alguien que no fuera usted podría parecerle que, por
ir dirigida esta preocupación hacia un colectivo relativamente reducido,
no era necesario plantear una cuestión como ésta aquí, en el Senado, y
quizá tampoco debatirla; pero yo sé, señora Ministra, que usted no se
encontraría en ese colectivo de supuestas personas que pensaran que los
temas que afectan a poca gente no son problemas. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Sé de su
sensibilidad y estoy convencido de que del debate que emprendo en esta
primera intervención va a salir alguna conclusión en la línea de la
colaboración y en la línea de la verdadera preocupación por aquellas
cosas que, aun siendo menores o pudieran parecerlo por el número de
personas a que se refieren, a la clase política deben preocuparnos más y
más; problemas a los que con frecuencia, y a veces con demasiada
frecuencia, los que tenemos responsabilidades para resolverlos --ya sean
Gobiernos, ya sean partidos políticos, cada uno en el papel que le toca
en un momento determinado de la historia-- no sólo no les hacemos
suficiente caso, sino en los que a menudo --insisto, a veces demasiado a
menudo-- dejamos para el día siguiente cosas que deberían resolverse con
inmediatez.
De todas maneras, señora Ministra, el hecho de reconocer su preocupación
y su sensibilidad por todos los temas sociales, y de una forma especial
por los de servicios sociales, no me impide decir que la acción del
Gobierno no es satisfactoria, desde nuestro punto de vista, al cien por
cien. Antes de seguir con mi intervención quiero decirle que su labor al
frente del Ministerio nos parece positiva en general --lo sabe porque lo
hemos dicho repetidamente--, pero no se ha hecho todo aquello que
nosotros desearíamos, y que seguramente usted misma desearía, a fin de
poder seguir dando respuesta a aquellos problemas que tenemos planteados.
Hace pocos días, en el último Pleno de esta misma Cámara, debatimos una
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular que pretendía la
modificación de la Lismi. Al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió le parecía mucho más interesante la propuesta de la
moción que el texto que salió finalmente consensuado, texto que nos
pareció «light», sin la profundidad que sí tenía la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Popular. Señora Ministra, este modesto Senador
piensa que hay aspectos de la Lismi que deberíamos corregir, y en aquella
sesión hacía referencia --y me va a permitir que hoy, aprovechando que
está usted en la sala, se lo recuerde-- a que, por ejemplo, en la Ley de
pensiones no contributivas ha habido algunos aspectos en los que se han
dado pasos no al frente, sino hacia atrás. En concreto, según la Lismi
existía la posibilidad de que el disminuido mantuviera sus derechos por
sí mismo, por el derecho propio del disminuido, y en cambio con la Ley de
pensiones no contributivas ese derecho no existe por sí solo, sino que
depende del núcleo familiar que le rodea, siendo éste, además, variable.
He aquí uno de los aspectos en los que hemos ido hacia atrás, pero no es
menos cierto que tanto el Gobierno central como los Gobiernos autónomos
hemos trabajado, y mucho, en el campo de los servicios sociales y se ha
avanzado, si bien queda todavía mucho por hacer.
Señora Ministra, a menudo ustedes, nosotros y muchos miembros de esta
Cámara que nos venimos ocupando de los temas de servicios sociales
estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero muchas veces no lo estamos
con el tratamiento; vemos el problema, lo analizamos, compartimos la
problemática, pero a la hora de adoptar medidas para solucionarlo no
tomamos las mismas. Esto es absolutamente lógico y más aún en el campo de
la política, porque para eso están las diferentes opciones que conllevan
que a veces cada uno, desde su planteamiento, adopte diferentes medidas
frente a un mismo problema.
Los políticos, como representantes de la sociedad española, tenemos que
demostrar que somos capaces de defender a aquellas capas sociales que más
lo necesitan. Con la aprobación de la Lismi se iniciaba una época de
expectativas y sólo faltaba por ver si éramos capaces de poner en
práctica todo lo que quedaba plasmado en la Ley y seguir
avanzando. Decía antes también que sería de necios afirmar que lo que
hemos hecho entre todos no ha sido avanzar; no sería cierto. Tengo
confianza, señora Ministra --y se lo digo con toda la sinceridad y el
respeto que me merece-- en que su preocupación por los temas de asuntos
sociales, y en concreto de servicios sociales, va a hacer que entre todos
sigamos avanzando y vayamos resolviéndolos.
La señora Ministra sabe perfectamente que casi todas las Comunidades
Autónomas tenemos competencias en materia de servicios sociales; por lo
tanto, yo sé que ante esta interpelación sería fácil por parte de la
señora Ministra subir a responderme que lo que le planteo es un tema de
competencia autonómica y que deben ser las Comunidades las que lo
resuelvan. Yo puedo caer en un discurso que le ponga fácil esta
respuesta, pero no vea en mi intervención, señora Ministra, ganas de
poner tres pies al gato, ni muchísimo menos. Lo que pretendo con esta
interpelación es que debatamos este tema y que se vea desde su Ministerio
qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer.
En el caso de la Comunidad que más conozco, lógicamente, la de Cataluña,
se ha hecho un cuerpo legislativo en temas de servicios sociales que nos
parece que todavía es corto, pero se ha avanzado. En su momento tuvimos
la oportunidad de sacar adelante lo que llamamos el «Decreto 100», la
supresión de barreras arquitectónicas --sé que la señora Ministra lo
conoce y está muy interesada--, la Ley de creación del Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales, la Ley de servicios sociales, la Ley
del voluntariado, etcétera. De todas estas leyes hoy quiero hablar de
una, señora Ministra, que es la ley que permite el acceso a las personas
con capacidad visual nula o disminuida acompañadas por perros guías a
determinados sitios públicos. Como decía en un principio, ésta es una
cuestión que por ir dirigida a un colectivo pequeño de gente podría
parece que no es importante, pero vamos a analizarla, aunque sea
brevemente.
En España hay aproximadamente entre 45-48.000 personas de los llamados,
calificativo un tanto extraño, ciegos legales --en el argot de los
invidentes el ciego legal es el que tiene unas características
determinadas--, y seguramente llegaremos a los 50.000 si tenemos en
cuenta al resto. Personas invidentes que vayan acompañadas de perros
guías en todo el Estado debe haber, como mucho, unas 500. Son muy pocas,
pero ¿por qué son pocas? En primer lugar, y creo que en esto estaremos
absolutamente de acuerdo, debemos convenir en que para una persona
invidente el perro guía es sus ojos, es un instrumento extraordinario
para su buen funcionamiento y, sobre todo, para su integración en la
sociedad --integración de la que todos los políticos hablamos y que a
veces no somos capaces llegar a concretar--. ¿Pero por qué hay pocos?
¿Qué institución ha sido la que se ha preocupado de ayudar a resolver
este problema? Ha sido una concreta, la ONCE. Por las razones que sea, ni
el Gobierno central ni los Gobiernos autonómicos se han preocupado por
crear otras escuelas aparte de la que tiene actualmente en vigor la ONCE.
¿Cómo un invidente, una persona con discapacidad visual, puede llegar a
adquirir un perro guía? Sólo tiene la posibilidad de obtenerlo a través
de la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos de España, a través
de su propia escuela situada en Madrid o a través de los acuerdos que
tiene con una escuela de Rochester, en Estados Unidos, de donde también
se pueden importar estos animales. Todos los gastos van a cargo de la
Fundación, y la persona invidente se convierte en un usuario, pero son
muy pocos. Para que se les pueda entregar un perro guía aproximadamente
hay cuatro o cinco años de espera, y además, como usted sabe, señora
Ministra, se necesita que haya un acoplamiento y unas características
determinadas entre la persona y el animal que le va a ayudar, ya que no
todos los perros van bien a las mismas personas, y, repito, el tiempo que
suele transcurrir es alrededor de unos cuatro o cinco años. Además quiero
también decir que el costo de la educación de cada uno de estos perros es
aproximadamente de un millón de pesetas, pero a pesar de ello va habiendo
cada vez más la posibilidad de que salgan más perros guías y, por tanto,
más gente que los pueda tener.
Sin embargo la gran contradicción, señora Ministra --después veremos por
qué los Gobiernos autonómicos y el Gobierno Central no han hecho nada en
ello--, está en que con el esfuerzo de todos se consiguen más perros
guías para dar esos ojos, como decíamos antes, a los invidentes, pero
después, cuando tienen el perro guía, no pueden acceder a los locales
públicos. ¡Qué gran contradicción! Deberíamos tomar las medidas para que
este acceso fuera del todo libre, y desde este punto de vista, insisto,
sí que soy consciente de que es una competencia autonómica y, por tanto,
quien tenga la principal responsabilidad que la asuma, pero pienso que es
de la suficiente envergadura, y --repito-- no tanto por el número de
gente que queda afectada, sino por lo que representa de sensibilidad
social. Sería bueno saber qué es lo que piensa el Ministerio con respecto
a esta promoción y qué es lo que se puede hacer más allá de lo que se
está haciendo hasta ahora. No hay otra escuela en España más que la de la
ONCE, como le decía. No ha habido otra posibilidad aparte de que desde
otras instancias se fuera educando --y permítaseme la expresión-- a los
perros guías, y deberíamos, creo yo que entre todos, encontrar soluciones
para que esto no quede tal y como está.
Además, otra contradicción es que en Comunidades Autónomas que en este
momento tienen regulado el acceso (una es Cataluña, la otra es la región
de Murcia y creo que en Galicia en estos momentos se está elaborando una
ley de unas características similares), una persona invidente que tenga
un perro guía y que esté viviendo en Murcia --y pongo esta Comunidad como
ejemplo para no citar la mía-- se desplaza unos kilómetros, por ejemplo,
a la Comunidad Valenciana, y allí puede encontrar unas dificultades que
en su Comunidad no tiene.
Por tanto, señora Ministra, yo que estoy convencido de que usted sabrá
valorar la intención de esta interpelación, me gustará en nombre de mi
Grupo conocer qué es lo que piensa el Ministerio al respecto y qué es lo
que se puede hacer, y sé que no caerá en esa supuesta respuesta fácil de
decir que éste es un tema que no es de nuestra competencia, porque la
señora Ministra ha demostrado--y lo digo con la misma sinceridad que me
he expresado hasta
ahora-- que su Ministerio ha querido intervenir en materia de servicios
sociales, y ha sido criticado porque las competencias son de quien son;
en cambio, eso no debería de estar reñido con la posibilidad que desde el
Ministerio se colaborara sobre todo con aquellas Comunidades Autónomas
que puedan tener más dificultades para solucionar problemas de estas
características pero, en cualquier caso, todo lo que sea ayudar a este
sector de la población que más necesita de los poderes públicos me parece
que será bien recibido.
Con la confianza de escuchar en su intervención la respuesta que estoy
seguro que nos va a dar, y a la espera, en todo caso, en un hipotético
turno de réplica para aclarar alguna cosa más, señora Ministra, espero y
aguardo su contestación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, en primer lugar, quiero decirle que veo totalmente adecuada la
presentación de esta interpelación. El hecho de que aparentemente sea un
tema que pueda considerarse menor por atender, por dedicarse o por
afectar a un número menor de ciudadanos y de ciudadanas, no me parece que
sea menor en importancia. Es sumamente importante el poder atender a este
grupo de personas deficientes físicos visuales al que hay que dirigir
también nuestras políticas por ser un grupo más vulnerable.
Me dice también que no es posible llegar a un cien por cien de acuerdos;
naturalmente, sería muy difícil, pero en este tema quizás es en el que
estamos casi todos los Grupos Parlamentarios, y en el Gobierno también,
más cerca del diagnóstico y también de las soluciones. En el tratamiento
vamos avanzando en una línea bastante pareja que yo creo que refleja la
sensibilidad de la sociedad española y de sus representantes en el
Congreso y en el Senado de atender a este tipo de temas y de buscar
soluciones para las personas con minusvalía, en este caso minusvalía de
tipo visual.
Desde luego, yo lo que le quiero decir es que desde el Gobierno hay dos
tipos de actuaciones que pueden llevarse a cabo: por un lado, todo lo que
es regular el ejercicio del derecho de acceso en compañía de perros
guías, esto es evidente y la percha la tenemos en el texto
constitucional, en el artículo 49 y en el artículo 9.2. Por tanto, las
actuaciones públicas de regular el ejercicio está claro que es una de las
actuaciones que se pueden y se deben llevar desde el Gobierno de la
Nación. Y también tenemos desde el Gobierno, desde el Ministerio de
Asuntos Sociales la función de apoyar todas las tareas que realiza la
Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, que cumple un mandato de
servicio público en este terreno.
Además se ha aludido por su señoría a la Lismi. Naturalmente, la Lismi
--Ley de Integración Social de los Minusválidos, de 1982-- nos da una
percha, y además muy clara, cuando uno de los objetivos de esa Ley es que
en relación con las personas discapacitadas sea una realidad el derecho
de estas personas a tener una completa realización personal y a su total
integración social. Por tanto, está claro que desde esa filosofía que
informa la Ley de Integración Social de los Minusválidos estamos con
suficiente percha o apoyo legal para desarrollar todas las medidas en
este terreno.
Hay que señalar que la implantación de los perros guías en España es
bastante tardía en relación con otros países, y que todavía tenemos un
número reducido de españoles invidentes que utilizan este sistema porque
no ha habido tanto apoyo a ese desarrollo de los perros guía,
especialmente desde hace pocos años.
Sí que le puedo decir que hay un compromiso desde la ONCE, desde la
Organización Nacional de Ciegos, de apoyar todo este tipo de experiencias
y avanzar más. Para esto están contando con una Organización de gran
prestigio internacional como es la Organización de la Guía de Perros Guía
para apoyo a la Asociación Internacional de Ciegos, y están en
colaboración con la ONCE para avanzar en esto. Pero, desde el principio,
sí que hay que decir que no ha sido una de las medidas que lleve má
tradición y más tiempo en España pero, a pesar de eso, en desarrollo de
la propia Ley de Integración Social de los Minusválidos tenemos la
normativa precisa a nivel estatal que cubre estas necesidades y es el
Real Decreto de 7 de diciembre de 1983 de Presidencia del Gobierno en el
que se regula la normativa de uso de perros guías para deficientes
visuales. En su artículo 1.º se dice claramente que tendrán acceso a
lugares, alojamientos, establecimientos, locales y transportes públicos
en la forma y con los requisitos que se determinan: requisitos
sanitarios, requisitos de diverso orden que se establecen en la normativa
de desarrollo, en la Orden de 18 de junio de 1985. Por lo tanto, tenemos
dos normas estatales sobre el uso de perros guías para deficientes
visuales: el Real Decreto de 7 de diciembre de 1983 y la Orden de 18 de
junio de 1985. En esta Orden se detalla de una forma exhaustiva todo lo
que son los lugares, locales, establecimientos públicos, centros de
enseñanza, alojamientos de uso turístico, medios de transporte a los que
tiene acceso la persona con deficiencia visual, acompañada del perro
guía. También se establecen en esta Orden las condiciones sanitarias y de
identificación que resaltan la necesidad de que el animal porte un
distintivo especial y que esté en determinadas condiciones sanitarias. Yo
creo que esto es importante, y lo es sobre todo que la normativa se
cumpla. En efecto, ahí han demostrado su sensibilidad tanto la Comunidad
Autónoma de Cataluña, con su Ley de 8 de octubre de 1993, que desarrolla
esta cuestión, como la Comunidad Autónoma de Murcia, con la reciente Ley
de 26 de julio de 1994.
También le diré que la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos,
la ONCE, ha organizado un seguimiento sobre cómo se cumple la normativa
vigente, y está demostrando una enorme preocupación con este asunto. Los
objetivos de la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos de Perros
Guías son el seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente y que
se puedan modificar
los aspectos que sean más deficientes o que no hayan podido tener el
desarrollo necesario.
Entre los objetivos de esta Fundación está, fundamentalmente, facilitar
la adquisición de perros guías, porque hay muchos invidentes que no
tienen esa posibilidad; financiar el coste real; instruir y acoplar el
perro guía, previa selección del usuario; asistencia y apoyo técnico y
jurídico para que conozcan la normativa vigente; la divulgación de los
fines y objetivos de la Fundación; y, sobre todo, hay un objetivo muy
importante de la Fundación, que es que llegue a calar en la sociedad la
necesidad de tener otro planteamiento con respecto a los perros guía y a
las personas que utilizan estos animales, para poder salvar las barreras
de comunicación que tienen en este terreno. Ese es, quizás, uno de los
elementos más importantes: que la sociedad tome conciencia de la
necesidad de asumir este derecho de las personas invidentes. En este
aspecto sí que hay que hacer un llamamiento a esa cultura de la
solidaridad, porque muchas veces es en los propios establecimientos o
centros en los que tiene que entrar la persona invidente con su perro
guía donde no se cumple con esto.
Hay que hacer hincapié también en todo lo que son los locales públicos y
los transportes. Es muy importante que haya esa sensibilidad. Desde
luego, el cumplimiento de la ley es muy importante, y sí que le diré que
la ONCE, como organización, está haciendo un seguimiento extraordinario
de esto, aparte de dar el apoyo a esa Fundación, y me hicieron llegar, me
parece que fue en el mes de marzo o en abril, un proyecto de unificación
de las sanciones. Era un proyecto de ley que venía a desarrollar tanto el
decreto de 1983 como la Orden de 1985, y que pretendía la unificación del
régimen sancionador. Quizá sea aquí donde estribe el mayor problema: en
que se cumpla ese régimen sancionador que está previsto, pero las
sanciones están dispersas, están en distintos organismos, incluso dentro
de la Administración General del Estado. Hay sanciones previstas en
centros turísticos, que dependen del Ministerio de Comercio, otras
dependen del Ministerio de Hacienda, otras dependen del Ministerio de
Trabajo. Es decir, que ahí hay una cierta dispersión en cuanto a la
normativa vigente sancionadora. A su vez, además de esa petición con
respecto a la unificación del sistema de sanciones, que habría que
estudiar, porque no es fácil, como a su señoría no se le oculta, tenemos
todo el trabajo que se puede hacer desde las Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, yo creo que es muy importante que el interpelante haya
tenido la iniciativa de traer a esta Cámara el problema de la atención a
este tipo de personas que, para poder manejarse en la vida con
normalidad, se asiste de los perros guía. Tenga usted la seguridad de que
desde el Gobierno se intenta aplicar la legislación vigente, con esa
dificultad de la dispersión en la normativa sancionadora, y que contamos
con la colaboración inestimable de la ONCE y, sobre todo, de la Fundación
específica que hay para la atención a estas personas que utilizan perros
guías. Yo creo que hemos demostrado, desde el proyecto socialista y desde
el Gobierno, el compromiso político que tenemos de atender a las personas
con minusvalías de todo tipo: físicas, sensoriales o, como en este caso,
de tipo visual. Ese compromiso abarca también a todo lo que es la
supresión de barreras de todo tipo: de accesibilidad de comunicación. Y,
sobre todo --yo siempre lo digo-- hay que insistir en que la sociedad
tiene que tomar conciencia de la necesidad de superar las barreras
mentales, porque muchas veces es la misma sociedad la que añade barreras
a las que ya de por sí tienen estas personas que sufren minusvalías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Francesc Codina, de Convergència i Unió.
El señor CODINA I CASTILLO: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve.
Señora Ministra, gracias por su contestación, pero permítame que hagamos
alguna puntualización más y alguna aportación sobre lo que ha sido la
puesta en práctica de la ley.
Hay graves dificultades. Tenemos una ley que yo pienso que está muy bien,
que regula perfectamente el acceso, que castiga a aquellos que la
incumplen, pero lo que hay es una gran dificultad en cuanto a que quien
debe respetar la ley, y sentirse obligado por ella, no la conoce. Si me
lo permite, señora Ministra, le diré que faltan, por tanto, campañas de
sensibilización en dos direcciones. La dirección principal es la de
sensibilizar a la población para que sepa que hay conciudadanos nuestros
que tienen graves dificultades para circular debido a las carencias que
tienen, y en este caso, además, como le decía antes, acompañados por
perros guías, lo cual debería ser una ventaja --y lo es-- y, en cambio,
se encuentran con dificultades a la hora de acceder a los locales y a los
transportes públicos, como decía usted muy bien.
Ha hablado de la regularización a través de la Orden de 1985 y del
Decreto de 1983. Es verdad que existe esta regularización, pero no es
menos cierto que hay un gran incumplimiento y que la dispersión en la
forma de regular las multas que se deben aplicar en su caso ha hecho que
algunas Comunidades Autónomas hayan pensado que era mejor regularlo por
ley, precisamente para que tuvieran un matiz y una fuerza que no tienen
sólo con el Decreto y con la Orden.
Es bueno que el seguimiento lo haga la Fundación ONCE de Perros Guías,
que así es como se llama esta Fundación que se dedica exclusivamente a
ello. Pero le repito que no es fácil hacerlo, y que deberíamos empeñar
nuestros esfuerzos en estas campañas de sensibilización hacia unos, en
dos direcciones, y hacia otros.
De todas maneras convendrá conmigo, señora Ministra, en que hay pocos
perros guías. La ONCE es la única que está trabajando en estos momentos
en esto, y yo no sé si las Administraciones --y hablo en plural-- pueden
quedarse tranquilas sabiendo que lo que se está haciendo es poco. Es
algo, pero es poco. Y nosotros, entre tanto, movemos poco o nada para
hacerlo. Escuelas, sólo hay una en toda España, la de Madrid. Lo que le
pido son campañas de sensibilización.
Es una de las aportaciones que pienso que deberían hacerse desde el
Ministerio, y le repito que en dos direcciones, a los dos colectivos a
los que van dirigidas: a uno de ellos, el principal, que es toda la
población, y al otro, que son aquellas empresas, aquellos servicios
públicos que deberán tener el suficiente conocimiento para que el acceso
sea absolutamente libre.
Usted dice que se preocupa --y lo sé-- de todo lo referente a los
minusválidos en general, y me ha hablado de las barreras, pero déjeme
también, señora Ministra, que la ponga un poco frente al espejo. Usted
decía que la sensibilidad del Gobierno socialista ha hecho que nos
preocupemos por estas cuestiones y, en parte, es cierto, pero leyes de
accesibilidad o de supresión de barreras arquitectónicas en todo el
Estado, pocas. Cuando usted ha hablado de sensibilidad socialista, he
entendido que no se refería exclusivamente al Gobierno central sino que
es un proyecto de partido, de grupo: pues estaría bien que lo aplicaran,
señora Ministra. El interés que tenemos todos los miembros de la Cámara,
los partidos y los grupos por los disminuidos ha hecho que muchas veces,
lo he dicho también en mi primera intervención, consiguiéramos que
hubiera consenso porque convenía, porque es lo que tocaba, para dar la
sensación de que vamos todos a una.
Creo, señora Ministra, que usted, con la fuerza que le da su Ministerio,
puede influir no sólo desde el Gobierno sino incluso haciendo uso de la
ideología socialista que usted defiende, para que se supriman las
barreras. Hágalo y hágalo de verdad.
Señora Ministra, me va a permitir que le diga ahora, porque está usted
delante, aunque ya se lo dije en la última intervención del día que
discutimos la Lismi, que no debemos medir el grado de calidad de la
sociedad ni por el número de carreteras, ni por las rentas per cápita, ni
por muchos de los valores estrictamente económicos. Usted que se define
como una mujer de izquierdas entenderá...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, se le está
terminando el tiempo.
El señor CODINA I CASTILLO: Termino, señor Presidente. Voy a ser breve.
Estaba diciendo... --el señor Presidente me ha cortado el hilo, la señora
Ministra me perdonará-- que no debemos medir a la sociedad por sus
aspectos materiales, sino que el valor y las cualidades de una sociedad
--usted, una mujer de izquierdas, lo entenderá así-- deben de medirse por
los esfuerzos que hagamos hacia aquellos que más lo necesitan.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. Tiene la
palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, creo que, efectivamente, no se conoce suficientemente la
normativa y que, como he dicho, hay que sensibilizar a la población. Tal
vez deberíamos desarrollar una campaña, quizá en colaboración con la
ONCE, para hacer llegar a la sociedad la necesidad de que hay que
trabajar más para suprimir las barreras y, naturalmente, para dar apoyo a
la iniciativa de los perros-guía para las personas invidentes.
Debemos desarrollar, dada la falta de conocimiento, una campaña de
sensibilización. Hay que insistir en la aplicación del régimen
sancionador, precisamente porque no se conoce suficientemente, incluso,
por la propia persona destinataria de esa posible sanción, que puede ser
la persona que rengenta un local o que está en un centro turístico. El
desconocimiento hace que no se lleve a cabo el cumplimiento de la
normativa vigente y, quizá, ahí tienen un papel importante que jugar la
aplicación del régimen sancionador, unido a la campaña que le digo.
En cuanto a la Fundación de la ONCE de perros-guía hace una labor muy
meritoria y, desde luego, la ONCE también. Usted dice que no tiene que
ser una labor exclusiva de la ONCE, sino que tiene que ser realizada
también desde los poderes públicos. Pues bien, la ONCE, como corporación
de derecho público y como entidad destinataria nada menos que de una
parte del monopolio de la lotería del cupón, tiene entre sus
obligaciones, junto con las prioridades del Gobierno, la atención a estos
colectivos. Para esto está el protectorado de la ONCE, que es donde nos
sentamos conjuntamente los representantes de la ONCE y los del Ministerio
a diseñar las políticas prioritarias y cómo se van a llevar a cabo esas
políticas. Por tanto, que lo haga la ONCE con nuestras supervisión,
cooperación y trabajo conjunto es también una forma de hacerlo desde el
Estado.
Decía usted, además, que todos teníamos que influir sobre la opinión
pública para avanzar en la supresión de barreras de todo tipo. Le doy
toda la razón. Yo soy también de la opinión de que la calidad de una
sociedad, la calidad de los integrantes de una sociedad, el compromiso de
las personas que formamos parte de una sociedad se mide, desde luego, por
la atención a los temas sociales y por la atención a los grupos más
vulnerables, entre ellos las personas que hoy nos ha tocado tratar en
esta interpelación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado, tiene la palabra el Senador Galindo.
El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, subo a la tribuna para expresar nuestra
opinión sobre la interpelación del Senador Codina del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió.
El ponente ha dejado perfectamente claro el acierto de la interpelación.
La exposición de la señora Ministra ha puesto también de manifiesto su
gran predisposición para resolver este grave problema. ¿Qué es lo que
puede aportar Coalición Canaria? Señorías, la vista es el órgano vital
del ser humano, el órgano esencial, el órgano que casi imposibilita
a quien padece esta deficiencia. No obstante, las personas que tienen
esta deficiencia quieren sentirse útiles en la sociedad, quieren sentirse
dignos en la sociedad, quieren ser productivos en el contexto general de
la sociedad. Por tanto, señora Ministra, hemos de preguntarnos, ¿a quién
podemos ayudar nosotros? Pues a aquellos que lo merecen y, mucho más aún,
a aquellos que buscan esta ayuda y se preocupan. Por ello, si este sector
de la sociedad está dispuesto a ser dignificado y a ser útil --el señor
Codina lo planteaba con toda la razón del mundo--, pongamos a su alcance
los instrumentos necesarios y esenciales que dignifiquen mucho más a ese
sector y a esas personas que padecen este infortunio o esa deficiencia.
Para agilizar más el tema, me voy a limitar a felicitar al Senador Codina
por lo acertado de su interpelación, y a decirle a la señora Ministra,
que compartimos su gran predisposición a resolver los problemas de este
sector, y a reclamarle que próximamente nos explique los criterios de su
Ministerio y del Gobierno respecto de este problema tan importante.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
En aras de la brevedad hablaré desde el escaño. Saludo desde aquí a la
señora Ministra. Quiero decir que la iniciativa parlamentaria que ha
llevado a cabo nuestro compañero, el Senador Codina, es muy interesante.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con su exposición y con los medios
que se adoptarán para resolver este problema.
A nosotros nos hubiera gustado que no solamente se hablara de estos 500
casos, sino que se hubiera puesto algún énfasis en las ayudas de
cobertura complementarias para este colectivo marginal. No obstante, la
iniciativa parlamentaria nos parece muy interesante y la apoyamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora San
Baldomero.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Senador
Codina, a 4 de octubre son 200 los usuarios de perros-guía los que hay en
España, 100 a través de la Fundación ONCE y 100 de la Escuela de
Rochester.
El Presidente de la Fundación, Pablo Martín Lopesino, nos decía que tiene
preparado un anteproyecto de ley para defender los intereses de los
ciudadanos y que lo iba a consultar con los distintos grupos políticos.
Todo lo que usted ha dicho es absolutamente correcto. El Grupo
Parlamentario Popular lo mantiene y se lo confirma. El problema, señora
Ministra, es que continuamente tenemos que estar recordando las acciones
sociales que se tienen que llevar a cabo. El Partido Popular, en el
tiempo que llevamos de legislatura, ha llevado al Congreso de los
Diputados una ley de supresión de barreras arquitectónicas en pisos de
alquiler, y al pasado Pleno del Senado, una moción para instar al
Gobierno a la revisión, actualización y adecuación de la Lismi, así como
un plan de prevención de minusvalías llevado por el Senador Fernández
Pelegrina. Asimismo, en el mes de junio esta Senadora, que actúa de
portavoz en este momento, solicitó la utilización en la televisión
pública de los signos del lenguaje y de subtítulos para los sordos; hemos
formulado cinco enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado... En
una palabra, señora Ministra, le diré que todo lo que la Constitución
reconoce en su artículo 49 después no se desarrolla.
El ámbito legal que usted nos ha nombrado está ahí, señora Ministra, pero
nos falta llevarlo a cabo. En este momento en España tenemos muchas
dificultades que en el resto de la Unión Europea incluso para los
animales de compañía, lo que también significa a veces una acción social.
Por ello, señora Ministra, yo quisiera intentar sensibilizar a su señoría
al decirle simplemente que los grupos políticos le estamos recordando
continuamente a su señoría que hay una serie de acciones que deben
llevarse a cabo.
Y a propósito de esto, Senador Codina, no sé si estaré confundida, pero
me han comentado que este verano ha estado prohibida la presencia de
perros en las playas de la Costa Dorada.
En una palabra, animamos a todos los grupos parlamentarios y, sobre todo,
al Gobierno, que es el responsable, para que se lleve a efecto cualquier
cosa que signifique una acción social bien hecha, pero bien hecha no
tanto por la cantidad sino por la calidad con que sea realizada. Esto se
puede hacer y, señora Ministra, querer es poder. Eso es lo que tenemos
que conseguir entre todos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias, señor
Presidente.
Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al representante de
Coalición Canaria por sus palabras de apoyo hacia toda la labor que
podamos hacer. Asimismo, quiero agradecer la oportunidad que hoy tenemos
de poder debatir esta interpelación presentada a iniciativa del Grupo de
Convergència i Unió.
En cuanto a la intervención del representante del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, efectivamente, hay que aumentar el número de
perros-guía, cuestión que quizá plantea, no ya que trabajemos en este
ámbito, sino también en otros que afecten a la cobertura de otra serie de
problemas relacionados con las personas con minusvalías. Y esto es
cierto. Hemos tenido muchas oportunidades, tanto en esta Cámara como en
el Congreso, de atender a interpelaciones,
preguntas e iniciativas diversas relativas a personas con deficiencias,
bien de tipo físico, bien de tipo psíquico o sensorial. En cualquier
caso, creo que está clara la responsabilidad y el compromiso del Gobierno
en cuanto a seguir trabajando. A pesar de que se ha hecho mucho, queda
todavía mucho por hacer en lo referente a la atención a las personas con
minusvalía.
También quiero agradecer a la representante del Grupo Popular su
intervención en el sentido de que nos dice que estamos continuamente
recordando temas referentes a minusvalías, lo que es cierto en alguna
medida. Por ejemplo, hubo una intervención del Senador Fernández
Pelegrina, con quien hemos trabajado conjuntamente en el Ministerio de
Asuntos Sociales en una serie de temas que se nos han sugerido, que yo le
agradezco. Es decir, creo que es muy importante trabajar en este sentido
siempre y cuando haya sugerencias positivas a este respecto y las mismas
estén en la línea de apoyar a los grupos con minusvalías.
Su señoría también se ha referido a los signos para sordos. Tengo
ultimado y casi cerrado un acuerdo con Radiotelevisión Española que les
va a afectar muy positivamente, acuerdo por el que podrán disponer de la
transcripción de signos y de programas específicos a determinadas horas.
Le agradezco ese apoyo que da al Gobierno para seguir trabajando en esta
línea.
También me dice su señoría que querer es poder; yo le digo que sí, que
eso es cierto pero que no siempre. Muchas veces, y gracias al apoyo de
los grupos, se puede seguir avanzando, pero no siempre es cierto que
querer es poder.
Muchas gracias.
--DE DON OSWALDO BRITO GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION
CANARIA DEL SENADO, SOBRE EL ALCANCE DE LA POLITICA DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN TODO EL ESTADO Y SOBRE LAS RAZONES DE LA NO INCLUSION DEL
ARCHIPIELAGO CANARIO EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DISEÑADO POR EL
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR (670/000095).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Esta Presidencia es consciente de la hora que es, pero tenemos un Pleno
bastante cronometrado. Les voy a pedir a sus señorías un esfuerzo para
poder sustanciar ahora la tercera interpelación.
Interpelación del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre el
alcance de la política de seguridad ciudadana en todo el Estado y sobre
las razones de la no inclusión del Archipiélago canario en el Plan de
Seguridad Ciudadana diseñado por el Ministerio de Justicia e Interior.
Tiene la palabra don Oswaldo Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Con premura voy a comenzar con esta interpelación sobre la política de
seguridad --premura debida a problemas de orden gastronómico y de
tiempo--, asunto que, en nuestra opinión, es de enorme importancia, tanto
que ya tuvo lugar un debate sobre este aspecto de la seguridad ciudadana
el pasado 4 de octubre.
También queremos entrar en aspectos muy concretos, que nos preocupan en
la actualidad, desde la perspectiva de la situación específica de la
seguridad ciudadana en Canarias.
Señor Ministro, quiero decirle que, por supuesto, presentamos nuestra
interpelación desde un sentido fundamentalmente constructivo, es decir,
orientada a la búsqueda de soluciones y concreciones a los problemas
específicos que hay planteados. En ese sentido, nos gustaría conocer en
qué medida lo que inicialmente se formuló como grandes líneas de
actuación del Ministerio a través de la circular 83/92 sobre
reorganización de los servicios operativos de la Policía, que luego se
terminó de completar en una comparecencia del anterior Ministro del
Interior, señor Asunción, en el Congreso de los Diputados el día 2 de
marzo de este año, en qué medida, digo, y partiendo de esas líneas
generales, se está planteando una mejora de los servicios, que era el
objetivo que se formulaba, y asimismo si se está dando atención
prioritaria a algunas líneas de actuación. Por ejemplo, se apuntaba la
necesaria reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
que se entendía debía ser reformada incluso en profundidad, lo que
sugería el anterior Ministro en el sentido de adecuar significativamente
todo lo que era el modelo policial español. También se apuntaba el
desarrollo de la Ley de la Policía Judicial, un tema muy importante, y
asimismo se apuntaba la realización del mapa en relación con la
delincuencia en el conjunto del Estado. También se hablaba de promover un
debate de carácter general respecto al Plan Nacional sobre Drogas. En
este aspecto, señor Ministro, yo insistiría en la conveniencia de
utilizar esta Cámara y concretamente la Comisión General de Autonomías
para que, en el ajuste competencial, se pueda producir realmente ese
debate importante sobre la problemática de la drogadicción.
En este sentido, señor Ministro, solamente quiero hacer dos breves
apuntes complementarios. Primero, desearía saber en qué medida su
Ministerio va a actuar --entiendo que de una forma ejemplarizante--
contra algunas irregularidades, particularmente sobre aquello que genera
un cierto estado de inquietud en la opinión pública. Hoy mismo ha
aparecido una información sobre la situación de los procesados de la
Ucifa pero no sabemos qué actuación está llevando a cabo el Ministerio
sobre este particular.
Quiero referirme a la también reciente y todavía viva polémica entre dos
Ministerios, el de Justicia e Interior y el de Administraciones Públicas
sobre el papel definitivo de los tan traídos y llevados gobernadores
civiles. En clave de humor quiero recordarle al señor Ministro que en
esta materia no sé si el Gobierno actúa como unos ciudadanos de las Islas
Canarias, a los que usted tuvo ocasión de conocer directamente en su
época de Judicatura, ciudadanos a los que cuando se les preguntaba en
algún trámite judicial respondían: si usted lo dice, señor juez... En
este sentido quisiera saber si el planteamiento del Gobierno es el que en
este momento está defendiendo el Ministro de Justicia e Interior o si,
por el contrario, éste es un asunto que no ha sido objeto de un estudio,
de una definición concreta y determinada en la línea que había apuntado
el Presidente, don Felipe González, en el reciente debate sobre el Estado
de las Autonomías.
Pero entrando ya directamente en la materia referente a la actuación del
Ministerio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, quería
mencionar una cuestión de tipo incidental. Señor Ministro, ¿qué ha
ocurrido con esa protesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por no haber sido convocada ninguna de sus representaciones --incluso hay
una queja pública del Alcalde-- a participar entre las diez ciudades
mayores para tratar de la puesta en marcha del Plan de Seguridad a partir
del 1 de enero de 1995? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha sido un lapsus del
Ministerio? Por el contrario, ¿se trata de un lapsus del propio
Ayuntamiento? Nos parece que ahí hay una situación que es importante se
clarifique, situación que ha generado un cierto grado de inquietud y
preocupación en Canarias.
Señor Ministro, usted sabe perfectamente que la situación del
Archipiélago es singular desde diferentes puntos de vista,
fundamentalmente ante el hecho de que Canarias está en este momento
porcentualmente en niveles muy cercanos a Cataluña, es decir, está en un
23,3 por ciento como receptora de visitantes, un 20 por ciento del total
de los turistas a nivel de todo el Estado español. Se prevén más de ocho
millones de visitantes para el conjunto de este ejercicio, y usted sabe
que el producto interior bruto de la economía canaria depende en más del
78 por ciento de la actividad del turismo y los servicios.
En este sentido, nos parece gravemente deficiente, señor Ministro, la
situación actual en lo que se refiere a atención de aeropuertos, en todo
lo que hace referencia a los asuntos de extranjería y en algo que es para
nosotros extremadamente preocupante, la actuación de redes y grupos
organizados de delincuencia económica e internacional. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
En este sentido, señor Ministro, es preocupante que en este momento en
Canarias apenas exista un total de seis funcionarios judiciales, por
ejemplo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y un número
equivalente en Las Palmas de Gran Canaria que se dediquen a estas tareas,
y más aún con el incremento de responsabilidades derivado de los acuerdos
a nivel internacional y, por supuesto, de las obligaciones derivadas
también de los acuerdos y los tratados de la Unión Europea.
Queremos resaltar que Canarias no puede ser analizada, desde el punto de
vista del despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
como si fuera un territorio continental. Desde esta perspectiva se ha
considerado a Las Palmas --y es lógico-- entre las diez grandes ciudades,
pero el señor Ministro sabe que, por ejemplo, el área metropolitana Santa
Cruz-Laguna tiene 340.000 habitantes, que si se amplifica la continuidad
del espacio habitado puede llegar a tener 360.000 habitantes, y ahí no se
ha contemplado una actuación en esta materia, entre otras cosas, porque
no es lo mismo tratar la perspectiva de la capitalidad en un territorio
continental que en unas islas donde saben ustedes que, por las
características espaciales, desde los centros operativos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad situados en las capitales provinciales, hay que
actuar en grandes concentraciones, fundamentalmente en los núcleos
turísticos. Quisiéramos saber la opinión del Ministerio sobre esta
materia y si realmente se va a incorporar por igual el área metropolitana
Santa Cruz-Laguna y la de Las Palmas junto a los núcleos turísticos, que
tienen una elevada presión de tipo poblacional y de visitantes, a esa
estrategia que se va a desplegar a partir del 1 de enero de 1995,
fundamentalmente porque en algunas áreas turísticas, en concreto en el
sur de la isla de Tenerife, la situación es muy grave.
El señor Ministro sabe que, según datos del turismo de 1992, la isla de
Tenerife concentra 992.484 turistas británicos, que son una fuente
permanente de conflicto y que está planteando en el sur de la isla,
precisamente por la tardanza en construir el edificio de la policía y la
situación de falta de dotaciones y de recursos adecuados, una situación
que nos está perjudicando gravemente en las campañas internacionales
porque muchas de ellas están deformando los niveles de delincuencia, pero
nos está afectando gravemente a esa imagen internacional del turismo en
la isla de Tenerife y en Canarias. Ha habido campañas en la prensa
sensacionalista británica o, incluso, alemana sobre este particular.
Hay que decir, además, que las islas, por su posición estratégica en los
tráficos intercontinentales, son un lugar de gran atracción para el
desarrollo y el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y la
delincuencia internacional. En este sentido hay que señalar una realidad
social que no nos satisface en absoluto a los canarios; es decir, el
tener un 38 por ciento de familias, más de 450.00 personas, por debajo
del umbral internacional, considerado como nivel mínimo de la pobreza, o
un 28 por ciento del paro, son factores complementarios que hay que tener
en cuenta a la hora de la seguridad ciudadana.
Señor Ministro, desde esa perspectiva nos gustaría saber cómo se va a
plantear o qué posibilidades existen de plantear en Canarias la
aplicación de la justicia rápida. Usted sabe perfectamente, como experto
en la materia, que hay bloqueos gravísimos en determinados juzgados o
áreas de la actividad judicial en Canarias, bloqueos que no han hecho
sino acrecentarse en los últimos tiempos, a pesar del notable esfuerzo
--y hay que reconocerlo-- en inversiones y en dotación de medios, pero la
situación es de tanta presión que hay que tomar medidas urgentes. Quizá
la solución de la justicia rápida sería una fórmula para aligerar la
carga que en este momento tienen determinados juzgados o partidos
judiciales que usted conoce perfectamente. Quisiera saber en qué medida
existe una disponibilidad por parte del Ministerio respecto a esta
cuestión.
En segundo lugar, nos parece preocupante la situación de la seguridad
privada. En el Archipiélago, según los datos que poseo en este momento,
existen un total de 1.642 personas pertenecientes a un total de unas 60
empresas de seguridad reguladas, pero hay que sumar varios cientos de
personas que actúan por la vía del intrusismo. En este sentido, ¿qué se
piensa hacer en esta materia? ¿Para cuándo el
desarrollo reglamentario pleno de la Ley 23/1993, de 30 de julio, de
Seguridad Privada? ¿Qué medidas se van a adoptar para evitar esa
recomendación, yo pienso que producto de un lapsus del Delegado del
Gobierno en la Comunidad recomendando al sector turístico canario que se
busque sus propias medidas de seguridad, cuestión que usted sabe que
choca con los criterios y las obligaciones propias del Estado de Derecho?
¿Cómo se va a desarrollar la atención al ciudadano? Usted sabe que ésta
era una de las prioridades que la circular de 1992 señalaba como un
objetivo fundamental que era implicar a los colectivos ciudadanos y a los
ciudadanos en general en la actividad de la seguridad ciudadana. Pero
esto no se puede hacer con menos de 12 personas para todo el
Archipiélago, que están frustradas, que detectan y manifiestan la falta
de posibilidades para atender las demandas colectivas. Sería importante
que usted nos apuntara cuáles son las líneas de su Departamento en esta
materia.
Nos gustaría saber también en qué medida se piensa desarrollar en
Canarias todo lo que se refiere a la Guardia Civil del Mar y a la
vigilancia marítima, fundamental para evitar gran parte de los tráficos
ilegales, entre ellos, el de droga, en el Archipiélago. Y, además, qué
planes especiales de acción se piensan desarrollar respecto a la pequeña
delincuencia que está generando un nivel de inseguridad y de preocupación
porque tiene un incremento realmente preocupante en Canarias,
especialmente en la zona sur de las islas.
Igualmente nos gustaría conocer si existe voluntad de crear en las áreas
metropolitanas oficinas únicas administrativas para los asuntos de
extranjería, tema que también se ha apuntado en alguna ocasión como línea
de actuación del Ministerio y que en Canarias podía ser algo importante
en esta materia.
Señor Ministro, para simplificar la intervención, nos gustaría saber
también si el Ministerio está en disposición de celebrar, como se ha
comentado en alguna ocasión, una cumbre sobre seguridad ciudadana en el
Archipiélago, en la que pueda participar la propia Comunidad Autónoma,
que sabe usted que tiene competencias que no ha desarrollado, pero,
posiblemente, sería interesante estudiar modelos como el gallego, el
valenciano o el andaluz para poder vertebrar una actuación mucho más
vinculada al territorio y a las competencias estatutarias que tiene la
Comunidad Autónoma.
En definitiva, señor Ministro, en qué medida lo que suele ser el
tratamiento para un territorio continuo y continental, puede evitar que
lo que la Comunidad Autónoma reconoce como un territorio ultraperiférico,
y la cierta distancia, lejanía y dificultad que existe en este momento en
el ámbito de la seguridad ciudadana, no nos lleve a encontrarnos aún más
alejados y con más dificultades en el caso concreto de Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, efectivamente la proximidad de la anterior interpelación creo
que hace aconsejable --porque realmente desde el 4 de octubre hasta ahora
no ha habido modificación en cuanto a las líneas generales-- que
aproveche el tiempo en hablar más concretamente de la Comunidad Autónoma
de Canarias, sin perjuicio de dejar claro que, desde luego, la
modificación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrá que estar
en función de que hayamos concebido el nuevo modelo policial. Ya dije
entonces que concebir un modelo policial no se puede improvisar, por ello
hemos creado un servicio exclusivo: uno de los gabinetes de la Secretaría
de Estado de Interior no tiene otra finalidad que la de elaborar un
modelo de policía judicial. Cualquier reforma de la Ley de Fuerzas y
Cuerpos debe ser posterior a la concepción de un modelo global que es,
sin duda, una de las grandes apuestas de la Secretaría de Estado de
Interior e, incluso, del conjunto del Ministerio para esta legislatura. Y
otro tanto podemos hablar de la policía judicial.
Respecto de la policía judicial parece evidente que habrá que determinar
policía judicial sí, pero... La policía local, ¿en qué ámbito? La policía
autonómica, ¿en qué ámbito? Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, ¿en qué ámbito? es decir, no parece razonable avanzar en ninguno
de los aspectos parciales sin partir de un modelo global policial que es,
sin duda, el gran reto, como le he indicado.
Respecto de temas concretos de procedimientos en marcha, su señoría sabe
que jamás hago ningún comentario sobre ningún procedimiento judicial en
marcha, salvo el de respetar siempre el necesario juego autónomo e
independiente de las instituciones del Estado.
Señoría, el análisis que ha realizado respecto de la Comunidad Autónoma
de Canarias y sus características específicas desde el punto de vista de
la libertad y de la seguridad ciudadana, sinceramente, lo comparto; lo
comparto yo diría al cien por cien. Es usted, evidentemente, un hombre
con experiencia política en Canarias desde hace muchos años y conoce esa
realidad. Yo particularmente también tengo algún conocimiento de ella y,
desde luego, mis expertos coinciden en su análisis; está claro que en
cuanto a la descripción de las características que plantean los problemas
de libertad y seguridad en Canarias la coincidencia es plena; su análisis
es el análisis del Gobierno.
En definitiva, parece evidente que no es posible aplicar a Canarias los
mismos ratios --por traducirlo en algo muy concreto-- de presencia
policía/habitante que en otros territorios del Estado. No es posible, no
es razonable --los motivos los ha alegado y los comparto-- y,
ciertamente, ésa es la línea que vamos a intentar seguir. Hoy por hoy, de
hecho el archipiélago dispone ya de medios policiales superiores a la
media nacional; concretamente estamos en el 1,31 por mil, mientras la
media nacional está en el 1,28 por mil. Hay un diferencial --yo reconozco
que escaso--: las circunstancias específicas de Canarias, no sólo de la
insularidad, sino del conjunto de fenómenos que usted ha relatado,
justificarían que esa ratio siguiera creciendo siempre a favor de mayor
presencia policial en el Archipiélago; estoy convencido de ello,
únicamente apunto que estamos en
esa línea. De hecho, desde el año 1992 hasta 1994 se ha seguido este
criterio, produciéndose un incremento del 5,57 por ciento en la policía,
también superior a la ratio del conjunto de España, y en Guardia Civil
algo más, el 7,75 por ciento en los dos últimos años. En definitiva, no
sólo es que se mantenga la necesaria diferencia a favor de la necesidad
de Policía y Guardia Civil en Canarias, sino que también hemos seguido
esta línea en estos dos últimos años y vamos a continuar mientras tenga
la responsabilidad en el Ministerio.
Creo que es particularmente significativo la mayor presencia de la
Guardia Civil en la población en los últimos tiempos, que se ha traducido
en mayor número de información, y en mayor número de denuncias. Uno de
los fenómenos más interesantes en los dos últimos años es que está
emergiendo buena parte de la delincuencia sumergida que ha existido
tradicionalmente en Canarias, tanto como consecuencia de unos sistemas
estadísticos no demasiado fiables, como de una cierta actitud de omisión
por parte de los ciudadanos para denunciar conductas delictivas. Se está
produciendo un fenómeno interesante de emergencia del número de delitos
y, en último término, de una mayor confianza de la población en sus
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En el ámbito policial, a lo largo de 1993 se podrían destacar por lo
menos dos medidas: la creación de la Décima unidad de intervención
policial para atender los conflictos inmediatos --yo creo que es un paso
positivo-- y la puesta en marcha de la base de helicópteros que aunque
sólo cuente con dos unidades, sin embargo, tiene un extraordinario
interés operativo.
De entre las medidas que están en marcha y que vamos a continuar a lo
largo de este año yo destacaría una de las que usted ha indicado: por fin
va a realizarse el despliegue de la Guardia Civil del Mar en Canarias,
que es imprescindible tanto en la lucha contra el contrabando como en la
lucha contra el narcotráfico; el que por fin tenga buenos visos la
construcción de la Jefatura Superior de Policía en Las Palmas --digo por
fin porque ha sido una obra a la que desde hace demasiado tiempo venimos
dándole vueltas--, que ya se está construyendo, afortunadamente, con un
coste total de 1.470 millones de pesetas. También se ha comenzado otra de
las deudas que, sin duda, tiene la Secretaría de Estado del Interior y el
conjunto del Ministerio con Canarias, que es la Comisaría de Playa de las
Américas. Evidentemente, es una necesidad urgente y prioritaria y se ha
iniciado ya el proceso de construcción, con un presupuesto total de 476
millones de pesetas.
Hay otro tipo de factores que creo que su señoría comprenderá que son
particularmente importantes, y es la descentralización en el sistema de
tribunales de acceso para obtener, en su caso, la condición de policía o
guardia civil; la descentralización de los cursos de formación, los
cursos de mejora y formación especializada y de ascenso. Este conjunto de
medidas tiende a algo muy concreto, y es tratar de paliar el efecto de
insularidad que en ocasiones se produce para frenar el atractivo de las
plazas destinadas en las islas. Desde ese punto de vista, este conjunto
de medidas va a garantizar que la formación especializada, la promoción,
el ascenso, incluso el acceso, se verifique en las propias islas,
propiciando con ello un mayor atractivo de las plazas, así como la
posibilidad de incorporación de personas que de manera estable vivan en
las islas Canarias.
Efectivamente, a principios de enero de 1995 Las Palmas va a estar
incluida --ya lo ha indicado su señoría-- dentro de las ciudades
afectadas por las actuaciones conjuntas en materia judicial y policial.
La verdad es que se ha incluido en la última fase de análisis; los
problemas de método que se hayan podido producir es porque,
efectivamente, la inclusión de Las Palmas es una inclusión no diré de
última hora, pero sí de los últimos meses; no estaba en el plan inicial y
se decidió incluir a Las Palmas dentro del mismo. Eso es lo que
seguramente puede explicar ciertos errores habidos en convocatorias o
actos semejantes, que supongo se corresponderían al primitivo borrador
del plan y no estaría en el borrador definitivo, aunque, señoría,
desconozco la circunstancia concreta. Me imagino que estará en función de
ese factor, que la incorporación de Las Palmas ha sido una decisión que
yo anuncié en el Senado y hasta ese momento no existía esa decisión; se
cambió como consecuencia de una decisión tomada en el seno de una
discusión en esta misma Cámara.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la idea es que se incorpore al
plan, pero no con fecha 1.o de enero de 1995, señoría. Le hemos dado
muchas vueltas y no podemos. Va a incluirse en una segunda fase, junto
con otras nueve ciudades, pero no en esta primera fase. Incluir Santa
Cruz de Tenerife, pese a todas las características especiales que reúne
ese caso, hubiera obligado a incluir, por razones de equiparación, a
otras nueve ciudades. Hacerlo en una primera fase hubiera implicado,
simplemente, reducir la importancia de la propia operación de las once
ciudades a las que queremos concentrar en el año 1995 el Plan de libertad
y seguridad ciudadana. Va a estarlo en la segunda fase, junto con otras
nueve poblaciones.
La prioridad de actuación de Las Palmas en relación con Santa Cruz de
Tenerife creo que está completamente justificada. En números redondos, en
Tenerife hubo unos 24.000 delitos en el año 1993; en Las Palmas, unos
38.000. Insisto en que las cifras no son exactas, los métodos
estadísticos no son particularmente correctos y sigue habiendo índices de
delincuencia sumergida pero, en términos globales, ese tipo de variables
serían aplicables lo mismo a Santa Cruz de Tenerife que a Las Palmas.
Pues bien, en números redondos, insisto, Tenerife estaría en torno a los
24.000 delitos, frente a los 38.000 de Las Palmas. Es decir, en Las
Palmas hay un 58 por cien más de actividad delictiva. Sin embargo, la
dotación policial y guardia civil en ambas provincias es sustancialmente
idéntica; concretamente, unos 1.000 agentes del Cuerpo Nacional de
Policía y unos 90 Guardias Civiles en cada una de las provincias. Es
evidente que hay una pequeña diferencia, pero sustancialmente la dotación
es idéntica. Ante igual presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
una u otra provincia, y en particular en una y en otra capital, está
claro que debe ser prioritaria la situación de Las Palmas, en donde se ha
producido un 60 por ciento más de delitos. Esto, insisto, no
supone en modo alguno disminuir la importancia de los problemas de
seguridad en Santa Cruz de Tenerife y en general en Tenerife, ni mucho
menos. Es simplemente que hay que elegir prioridades y, de acuerdo con
las ratios que hemos manejado y hemos tratado de ser objetivos, el caso
de Las Palmas era evidentemente una omisión injustificada, mientras que
el caso de Tenerife no lo era y deberá entrar en una segunda fase.
Comprendo perfectamente la sensibilidad de estos temas en Canarias, pero
éstos son los hechos objetivos y a ellos es obligado que nos atengamos
todos.
Efectivamente, el Plan de libertad y seguridad ciudadana que quiere el
Ministerio que entre en vigor el 1.o de enero de 1995, va a comprender
actividades que no sólo se despliegan en el área de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, sino necesariamente también en el área de la Justicia.
Espero que ese plan pueda llevarse al próximo Consejo de Ministros o al
siguiente y estar en condiciones de presentarlo ante esta Cámara y ante
la opinión pública.
En el área de Justicia, en este momento se ha realizado un esfuerzo real
--lo saben sus compañeros y lo sabe usted, señor Senador--. Por primera
vez en muchos años, todos los órganos de las islas están plenamente
constituidos y dotados; con 19 magistrados en el Tribunal Superior de
Justicia y 24 en las Audiencias Provinciales de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife, y eso no ha sido así desde hacía muchísimos años. Los
órganos unipersonales están constituidos en un 90 por ciento, no es lo
ideal hay que llegar al cien por cien, pero, de nuevo, supone un
porcentaje muy superior al alcanzado nunca. Todos los juzgados de lo
penal ya están constituidos. Se están convocando y se convocarán plazas
de personal auxiliar que van a garantizar una mayor estabilidad de los
funcionarios en los juzgados y tribunales de Canarias.
En concreto, y de nuevo estamos en un tema parecido al anterior, es
propósito del Ministerio lograr que en Las Palmas se incorpore la
metodología de los juicios rápidos. Esa es, efectivamente, la pretensión
del Ministerio. Conviene decir que, así como el área de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado depende del Ministerio, en el tema de la
justicia rápida son muchas las entidades y las instituciones que deben
colaborar para que, de hecho, se ponga en práctica. En efecto, el
Ministerio puede, y es lo que va a hacer, ofrecer a Las Palmas y a otras
grandes ciudades una serie de mecanismos de incentivación: apoyos,
ayudas, informatización, más personal, pero, finalmente, saben sus
señorías que ahí tiene mucho que decir la Junta de jueces, el Decano, el
Consejo General del Poder Judicial, el Colegio de Abogados, los Colegios
de Procuradores, etcétera. En definitiva, el Ministerio de Justicia e
Interior puede estimular o facilitar que determinadas ciudades se
incorporen al mecanismo de los juicios rápidos, pero después es
imprescindible la colaboración del Poder Judicial desde luego, y también
de instituciones como los colegios de abogados o los colegios de
procuradores. Nuestro proyecto es incluir Las Palmas entre las grandes
ciudades que van a ser objeto de medidas específicas de estímulo por
medio de apoyos personales y materiales para que se puedan realizar los
juicios rápidos.
Lo que está claro es que la confluencia de justicia rápida y mayor
presencia policial en la calle, libertad y seguridad ciudadana dicho en
términos más conceptuales, tiene una interacción indubitada. En los
sitios donde se ha ensayado en plan piloto, se ha comprobado cómo
determinadas categorías de delitos, los tipos delictivos que precisamente
son objeto de enjuiciamiento por la vía de los juicios rápidos, llegan a
sufrir no ya un descenso de la delincuencia de un 5,66 con respecto al
año anterior, como tuve ocasión de responder a una pregunta esta mañana,
sino que empiezan a darse índices de disminución del 15 o del 17 por
ciento. Es así de impresionante, esas cifras ya no se pueden tapar
estadísticamente, son obvias. Se produce un efecto inmediato de una
extraordinaria importancia. Nuestra obligación efectivamente es
concienciar al conjunto de instituciones, colaborar con el Poder Judicial
para que comprendan que es un proyecto imprescindible para la seguridad y
para la libertad de los ciudadanos, pero insisto, en ese segundo ámbito
nuestra responsabilidad es lógicamente compartida. Sí que les aseguro,
señorías, que vamos a hacer todos los esfuerzos que estén en nuestra mano
para que, por la vía de los instrumentos de cooperación y colaboración
con las demás instituciones concernidas, pueda funcionar de hecho el
sistema de justicia rápida de manera paralela a la mayor presencia de la
policía en las calles y la mayor rapidez en la atención al ciudadano, que
es otro de los temas que su señoría ha indicado y que me parece
especialmente importante.
Se trata de lograr mayor velocidad o rapidez en la respuesta desde que el
ciudadano demanda la ayuda de la policía hasta que ésta se produzca y que
ese intervalo de tiempo se reduzca drásticamente. Hay objetivos
específicos, con planes perfectamente controlados y con capacidad para
evaluarlos con el fin de lograr reducir el tiempo que media entre la
petición de auxilio o ayuda policial y la presencia efectiva de la
policía en el sitio donde se la requiera. Eso mismo es aplicable al
ámbito de la justicia rápida; si la víctima tiene la posibilidad de que
su caso se vea de una manera inmediata a los hechos, es evidente que las
consecuencias negativas de la victimización se reducen drásticamente y
que se mejora el grado de eficacia, que las pruebas no pierden su vigor,
que los testigos siguen recordando los hechos, etcétera. En definitiva,
nosotros partimos de que es la integración de los dos elementos lo que
puede producir resultados francamente espectaculares en el ámbito de la
prevención y de la seguridad ciudadana y en ellas estamos. Insisto en que
cuando el plan sea aprobado por el Gobierno lo expondré con todo detalle
ante las Cámaras.
Voy terminando y me lo van a agradecer, sobre todo por el horario. A los
efectos de la lucha contra la delincuencia está claro que esto no es una
situación final. Comprendo que sería ideal que yo pudiera haber dicho
aquí; también Santa Cruz de Tenerife. Señoría, no lo puedo decir por
sentido de la responsabilidad; si dijera Santa Cruz de Tenerife tendría
que decir diez ciudades más y no podría cumplir ese proceso. Comprendo
que es difícil aceptarlo desde cualquier óptica concreta. Yo, en todo
caso, le aseguro que estoy dispuesto, no en este marco que sería muy
premioso, pero sí dentro de los servicios de la Secretaría de Estado
del Interior, a discutir con su señoría si lo desea la ratio, los
motivos, las razones, por si nosotros no hemos acertado en el
diagnóstico. Desde luego, lo que me dicen todos los expertos es que, hoy
por hoy, la eficacia del plan precisa de que lo hagamos en dos tiempos;
en el primer tiempo va a estar Las Palmas, y Santa Cruz de Tenerife
tendrá que esperar al segundo tiempo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Senador Brito, tiene la palabra por el turno correspondiente.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias señor Presidente.
Señor Ministro, quiero manifestarle que nuestra preocupación por la
evolución de las dotaciones y de los medios no es algo que simplemente se
pueda ver desde la perspectiva de las macrocifras, sino desde una
realidad muy concreta. Hemos mantenido contactos con funcionarios y
responsables de los distintos cuerpos policiales en ambas provincias y
efectivamente la situación es preocupante. Y es preocupante porque se dan
circunstancias, en mi opinión, lamentables, por ejemplo, la
descoordinación absoluta que se produce entre la Jefatura Superior de
Policía y la actuación de la Jefatura correspondiente en Santa Cruz de
Tenerife. En la última toma de posesión, muy reciente, del Jefe Superior
de Policía sólo se habló del ámbito concreto de una provincia y no de la
otra, lo cual además generó conflictos importantes entre los diferentes
responsables.
Quiero darle solamente un dato que no es una opinión, sino un dato
oficial; en 1984 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo,
había 1.010 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y en 1994 estamos en
776, con una reducción de 234 efectivos, aunque ciertamente también en
1994 se haya incrementado el número en 197 por la dotación de Playa de
Las Américas y del Aeropuerto Reina Sofía, pero lógicamente se han
reducido las dotaciones y los medios de algunos servicios.
Le voy a dar otro dato concreto, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna ya no
sólo responden al hecho de la capitalidad; ahí hay un área metropolitana.
Pienso que no existe ningún agravio con otras capitales que tienen
continuidad y cercanía en el funcionamiento de la estructura
uniprovincial, sino que hay unas circunstancias sustancialmente distintas
respecto a este tema. Debo indicarle que realmente hay momentos, y lo he
verificado, en que las dotaciones de los coches zeta del 091 son uno o
dos para toda Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. O situaciones tan
ridículas como la ocurrida hace pocas fechas en la que, por lo visto,
después de muchas dificultades se consiguieron 300.000 pesetas para
llenar un depósito de la Comisaría de La Laguna. Llegó el vehículo del
suministro y como no lo sabía, llenó todo el depósito, hasta 700.000, y
hubo que estar sacando el combustible para ajustarse a las 300.000
pesetas. Es decir, hay cosas que evidentemente sí requieren una
investigación muy concreta sobre el particular.
Nosotros seguimos insistiendo en que la particularidad territorial y los
problemas específicos no plantean problemas de agravio, incluso, con la
escala de las provincias. Por ejemplo, el área metropolitana, que tiene
continuidad clara, Santa Cruz-La Laguna tiene 320.092 habitantes a los
cuales hay que sumarle los de las zonas circundantes que también están
introducidas en muchos casos, con cuatro municipios más, lo cual hace
subir la cifra a 370.000 personas. Estamos hablando ya de unos niveles
que sitúa ese equivalente de área metropolitana a ciudades que ocupan el
séptimo u octavo lugar del conjunto de las capitales del resto de las
provincias de las Comunidades Autónomas del Estado. Por tanto, a nosotros
nos parece que para evitar, no tanto los equilibrios artificiales o las
polémicas, sino fundamentalmente la problemática que tiene en este
momento la isla de Tenerife, con dos centros turísticos y la propia
conurbación metropolitana, se hace necesario hacer por lo menos un
estudio. Yo insistiría al señor Ministro para que en colaboración con los
propios responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Canarias y
de la Comunidad Autónoma se hiciese un estudio sobre el particular.
Antes le he preguntado, muy concretamente, si existía disponibilidad para
realizar ese estudio o debate, en un encuentro --lógicamente, en
Canarias-- con los responsables de la Comunidad Autónoma y de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no he recibido contestación al
respecto. No sé si la callada por respuesta --como decimos en mi tierra--
significa una negativa implícita, o si me puede dar una contestación en
ese sentido.
En cualquier caso, el señor Ministro sabe perfectamente que no hay
posibilidad de comparar el movimiento en territorios continentales, donde
el desplazamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de una provincia
a otra se puede hacer en un plazo muy corto de tiempo en momentos o
circunstancias difíciles, con el realizado en un territorio insular, con
mar por medio, dificultades de transporte y donde la concentración de
fuerzas y dispositivos en torno a la Jefatura Superior de Las Palmas --lo
que entendemos que es lógico y necesario-- ha supuesto el que, por
ejemplo, en estos momentos se encuentren concentradas allí unidades
operativas o de intervención que en ocasiones hay que desplazar
temporalmente a la otra isla, con unos costes que, en todo caso, nos
parecen inaceptables, ya que estamos hablando de los recursos limitados
del Ministerio.
Le insisto, pues, en que se reconsidere este tema y, en cualquier caso,
me gustaría que a la mayor brevedad posible se tuviera una reunión al
máximo nivel en nuestra Comunidad Autónoma para estudiar con detalle, con
una valoración puntual, estos problemas que yo simplemente he enunciado y
que usted ha reconocido en el análisis que le he planteado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de portavoces, y por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Gracias, señor Presidente.
Quiero decir que la posición del Grupo de Convergència i Unió quedó muy
clara respecto de la política que se debatió el día 4, a través de la
moción que presentó el Grupo Popular. Por tanto, por respeto a la
interpelación del día de hoy, referida exclusivamente a una parte del
territorio de Canarias, entendemos que en este tema, muy localista, no
debemos decir más que lo que dijimos entonces, referido a política
general.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la Senadora Luzardo.
La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor Presidente.
Agradezco a los Senadores que no son canarios su presencia en esta sala
porque, dada la hora, me imagino que tendrán ganas de almorzar.
Señor Ministro, para nosotros este tema es muy importante y por eso hemos
considerado oportuna la interpelación del Senador Brito. Por otro lado,
puede estar de acuerdo con las razones que el Ministerio ha estimado para
no incluir en este caso a Santa Cruz de Tenerife y para que esté
incluida, por fin --creo que oficialmente--, Las Palmas de Gran Canarias.
Tengo algunas notas sobre la interpelación del día 4 de octubre, pero
como es muy reciente, creo que todos la tenemos en mente. Lo importante
es que este plan tenía como objetivo aumentar la dotación de la policía
en las calles y reducir el tiempo de respuesta a las llamadas urgentes al
091.
Usted, señor Ministro, ha citado a algunas medidas que probablemente
supongan una mayor presencia policial, pero diría que eso se nota en los
centros oficiales y no en la calle. También es consciente de los
esfuerzos que tuvo que hacer en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canarias cuado se aprobó la licencia de construcción de esa
Dirección General que, afortunadamente, se está construyendo. Digo esto,
porque supongo que sabrá que soy concejal del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria y el otro día, durante el Pleno, para nosotros era muy
importante saber por qué motivo la Secretaria de Estado de Interior, doña
Margarita Robles, no citó al concejal de policía. Hasta tal punto era
importante para nosotros, que estábamos dispuestos a pedir el cese del
concejal si había sido convocado y no había acudido, después de los
esfuerzos que hicimos para que se incluyera en este plan.
Creo que usted sabe que el tráfico de drogas es uno de los desafíos más
importantes para nosotros y que Canarias, por su situación privilegiada
entre Europa y Africa, es una escala importante y un lugar para
distribuirla, sobre todo, entre los jóvenes. A este respecto, existen
barrios donde hay verdaderos guetos en los que prevalece la ley de los
traficantes, por lo que creo que en este tema no se deben escatimar
medios ni personal.
En cuanto al turismo, creo que el Ministerio de Interior debería tener en
cuenta no sólo Las Palmas de Gran Canaria, sino los municipios
turísticos. Coincido con el interpelante, Senador Brito, en que
probablemente el sur de Tenerife sería una zona que habría que
considerar, así como el sur de Gran Canaria.
Para finalizar, deseo que este plan de choque sirva para mejorar la
seguridad ciudadana y usted sabe, como le dijo el Senador Pedroche, que
nuestro Grupo lo apoyará. Por tanto, le pedimos que estudie la
posibilidad de incluir los municipios turísticos en el plan, así como
Santa Cruz de Tenerife en su segunda fase.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, desde luego, estamos dispuestos a estudiar este tema. Además,
como he dicho desde la tribuna, rectificaremos si no tenemos razón. La
verdad es que lo hemos intentado hacer a fondo, pero me temo que no va a
ser posible incluirlo en la primera fase. En cualquier caso, estoy
dispuesto a que se reabra y estudie esta cuestión.
En cuanto a la invitación para realizar una cumbre en materia de
seguridad ciudadana, no he querido contestar al respecto porque he
considerado algo vaga la propuesta. Tendríamos que precisar en qué marco
se haría, etcétera, aunque no tengo ningún inconveniente en hacerla.
Tanto es así, que he propuesto en Consejo de Ministros que Canarias sea
sede de la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la
Unión Europea, con lo cual, soy particularmente sensible a los temas de
seguridad en Canarias. Podría realizarse en ese marco, o llevarse a cabo
algo semejante. Por tanto, como digo, estoy dispuesto a analizar el tema
con mucho gusto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Se suspende la sesión, que se reanudará dentro de cincuenta y siete
minutos.
Eran las quince horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
--DE DON CLEMENTE SANZ BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO EN RELACION CON LOS
RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS PARA SU INCORPORACION A LA POLITICA
HIDRAULICA GENERAL. (670/000096.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación es la
que formula el Senador don
Clemente Sanz Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre
las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con los recursos
hídricos subterráneos para su incorporación a la política hidráulica
general.
Tiene la palabra el Senador Sanz Blanco.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, la ley de Aguas de 1986 introdujo como
principales novedades en nuestro ordenamiento jurídico de aguas la
incorporación de la totalidad de los recursos hídricos, subterráneos y
superficiales, el dominio público hidráulico y, por otra parte, la
planificación hidrológica como instrumento fundamental al que deberá
someterse toda actuación sobre el dominio público.
Transcurridos varios años, señor ministro, desde el comienzo de su
vigencia, ha llegado el momento de debatir en este Pleno el grado de su
cumplimiento y, por otra parte, ofrecer al señor Ministro la oportunidad
de exponer las medidas que se han adoptado y los objetivos que se han
alcanzado en la integración de la totalidad de los recursos hídricos en
la planificación hidrológica.
La política hidráulica seguida por su Ministerio con anterioridad a la
promulgación de la Ley de Aguas de 1986 y su entrada en vigencia era una
política eminentemente sectorial y estructuralista, basada exclusivamente
en la fase superficial de ciclo hidrológico. Esta visión parcial sigue
vigente aún en las actuaciones del Ministerio de Obras Públicas, a pesar
de la incorporación por ley de la totalidad de los recursos hídricos al
dominio público hidráulico.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, yo diría
que obsesivamente convencido de que nuestro país está hidráulicamente
desequilibrado y, por tanto, necesitado de una urgente operación
quirúrgica, continúa actuando en clave sectorial, de tal manera que la
única solución para corregir esos supuestos y mal llamados desequilibrios
naturales puede encontrarse solamente en la construcción de grandes
presas que permitan la articulación de una red importante de trasvases
para las transferencias hídricas.
Mientras se utiliza la terminología hidrológica al uso, como explotación
combinada, uso conjunto de las aguas superficiales y aguas subterráneas,
los programas de inversión anuales y los denominados planes puente sólo
recogen actuaciones duras a base de hormigón.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente continúa
anclado, a mi entender, en el enfoque que orientó la política hidráulica
de los tiempos de Joaquín Costa y Lorenzo Pardo y se ha decantado, por lo
tanto, por las grandes obras hidráulicas, que generalmente rompen
equilibrios naturales en lugar de dar prioridad a actuaciones más
conformes con las posibilidades y con la naturaleza que lo que ofrece la
explotación integrada de las fases del ciclo hidrológico y, por
consiguiente, más eficaces, más perdurables y probablemente menos
costosas económicamente.
Esta política hidráulica desarrollada por su Ministerio nos ha conducido
a una situación yo diría que bastante grave. Grandes zonas de nuestro
territorio presentan déficit en sus abastecimientos o carencia para sus
cultivos. Los humedales se encuentran en coma ecológico. Nuestros ríos no
son ya cauces con agua limpia. Los decretos de sequía, a pesar de las mil
presas construidas en España, continúan siendo una triste realidad. Las
situaciones, por otra parte, de sobreexplotación y salinización de
acuíferos, que era una de la justificaciones de la Ley de Aguas par
modificar el anterior régimen jurídico de aguas privadas, no se han
corregido y yo diría que lo más grave es que en muchos casos han
empeorado.
En general, podemos afirmar que la política hidráulica de su ministerio
se ha anclado fuertemente en un concepto sectorial y estructuralista,
basado en la gestión, exclusivamente, de las aguas superficiales, que en
muchas ocasiones impide otras alternativas para resolver los problemas
que en estos momentos tiene planteados el país. No pretendo, por
supuesto, señor ministro, minimizar o negar la importancia que tienen las
aguas superficiales. El problema radica en un cierto concepto maniqueo
existente en su ministerio, que hace que la fase subterránea sea la mala
y maldita y, por tanto, excluida de la planificación hidrológica.
El activo hidráulico que constituyen los ríos españoles es del orden de
110.000 hectómetros cúbicos año, de los cuales solamente pueden
utilizarse con garantías de éxito 13.000 hectómetros cúbicos año como
caudales regulados naturalmente; es decir, un 12 por ciento de nuestro
techo teórico de disponibilidades hídricas superficiales. Lógicamente,
ello ha obligado a realizar importantes obras de regulación en nuestra
red hidrográfica para incrementar las disponibilidades hídricas que
demanda la sociedad española. Pero en ningún caso esas grandes
infraestructuras para incrementar la oferta hídrica han estado precedidas
del estudio y análisis de otras alternativas posibles relacionadas con
los recursos subterráneos o con la utilización conjunta de la fase
superficial de la fase subterránea. Es más, a veces obras mastodónticas,
destinadas a la regulación superficial, no sólo han estado
sobredimensionadas, sino que en algunos casos, después de estar varios
años construidas, no han entrado en funcionamiento o sólo lo han hecho
parcialmente por falta de aportaciones, con lo que ello conlleva de
despilfarro económico y mala gestión del Ministerio.
Por otra parte, los recursos subterráneos renovables anuales suelen ser
rutinariamente evaluados desde hace treinta años en unos 20.000
hectómetros cúbicos por año. En la actualidad, esta estimación, según
técnicos competentes, pasaría a no menos de 30.000 hectómetros cúbicos
por año, es decir, del orden del 36 por ciento de las disponibilidades
hídricas superficiales teóricas y del orden del 58 por ciento de las
disponibilidades reguladas. Además, la capacidad de embalse de los
recursos subterráneos se estima en unos 400.000 hectómetros cúbicos, lo
que supone ocho veces más que la capacidad de todos los embalses
construidos en España.
Estas cifras, señor Ministro, son suficientemente significativas para
poner de manifiesto que la política seguida por el Ministerio ha sido
equivocada, no porque no se les haya reconocido importancia a los
recursos subterráneos,
que no se les ha reconocido, sino simplemente porque no han existido en
la mente del planificador del Ministerio de Obras Públicas.
Esta visión conceptual del ciclo hidrológico, estrictamente parcial,
sectorial y equivocada, y avalada por el Ministerio, entra en
contradicción, por supuesto, con la definición del ciclo hidrológico,
pero también con la propia realidad. El hecho de que, según los datos de
algunos responsables de los servicios técnicos de su Ministerio, se
suministren exclusivamente con recursos subterráneos el 22 por ciento de
los abastecimientos, es decir, del orden de 4.000.000 de habitantes, y se
rigen más de 900.000 hectáreas, equivalentes al 28 por ciento del regadío
nacional, y con un producto económico agropecuario muy superior y también
con una eficiencia muy superior, pone claramente de manifiesto la
equivocación de la política hidráulica de su Ministerio. Pero si a estos
datos añadimos, por otra parte, que cerca de 15.000.000 de habitantes y
la mayor parte de los turistas que nos visitan tienen satisfechas sus
demandas hídricas gracias a las aportaciones complementarias de los
recursos subterráneos, tenemos que concluir necesariamente que planificar
a espaldas de estos recursos subterráneos tan estratégicos y tan
importantes solamente puede conducir a una planificación hidrológica
cuando menos equivocada.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, casi diez
años después de la entrada en vigor de la Ley de Aguas, en la que se
incorporan al dominio público hidráulico los recursos subterráneos, no ha
generado medidas presupuestarias ni técnicas ni administrativas capaces
de cumplir razonablemente bien lo mandado en la Ley.
Por una parte, señor Ministro, se reconoce la sobreexplotación de los
acuíferos y los graves problemas que tienen de salinización y
contaminaciòn y, por otra, se subraya su importante papel de fuente de
recursos y, sobre todo, su gran importancia para cubrir los períodos de
sequía que se presentan en nuestro país. La proliferación de pozos que se
han perforado en los últimos años para hacer frente a las necesidades
perentorias que se han presentado es una buena muestra de lo que digo.
Sin embargo, señor Ministro, ¿cuál es el volumen de recursos
presupuestarios que ha dedicado el Gobierno desde la entrada en vigor de
la Ley de Aguas a los recursos subterráneos? ¿Cuánto representa
porcentualmente respecto a la inversión del Ministerio en el conjunto de
los programas de las infraestructuras hidráulicas?
Si, por otra parte, como usted sabe muy bien, los grandes trasvases no se
van a realizar, por razones que su señoría conoce muy bien, yo le
pregunto, señor Ministro: ¿Cuáles son las previsiones presupuestarias en
el futuro en relación con las aguas subterráneas?
Además, en materia normativa europea relacionada con las aguas
subterráneas no parece que su Ministerio esté homologado con la
preocupación e interés que demuestran los países de nuestro entorno:
directivas que se trasponen mal al Derecho español, como la 80/68, y el
Ministerio, posteriormente, se ve obligado por una carta de emplazamiento
del Consejo de Europa a ratificar el Reglamento del dominio público
hidráulico, o como la 91/676, que aún no está traspuesta a nuestra
legislación. Si a este cierto caos en la aplicación de la normativa
europea añadimos que la actual legislación en materia de aguas
subterráneas se ha mostrado inoperante, difícilmente podemos conseguir
los objetivos planteados en el actual ordenamiento jurídico de aguas.
Aspectos como el régimen concesional, régimen de explotación y gestión,
asociaciones de usuarios, protección y conservación, planificación y
seguimiento de acuíferos, medio ambiente y aguas subterráneas y régimen
de autorización de vertidos han puesto de manifiesto que la actual
legislación no resulta eficaz.
Las propias confederaciones hidrográficas no conocen en la actualidad, ni
de forma aproximada, el número de pozos que hay en nuestro país, y mucho
menos los caudales que se extraen. Según declaraciones de un alto cargo
de su Ministerio, el número de captaciones censadas por el MOPTMA es del
orden de 100.000. El total es desconocido --añade--, pero estima --dice--
al menos en un millón el número de captaciones existentes de aguas
subterráneas.
Ante este caos normativo y legislativo, ¿piensa, señor Ministro, cambiar
la legislación actual? ¿Ha puesto en marcha los mecanismos adecuados,
análogos a los de los países de nuestro entorno? ¿Ha elaborado el
Ministerio algún plan de acción sobre tan importante materia? La
incorporación de los recursos subterráneos al dominio público hidráulico
difícilmente se puede llevar a la práctica sin el conocimiento previo de
los mismos. En este sentido no ha mejorado y diría que en muchos aspectos
también ha empeorado.
La materia prima con la que se está trabajando procede de actuaciones que
casi quedan en el recuerdo. Las cifras de recursos, las reservas mal
conocidas, los esquemas de funcionamiento hidrológico y las relaciones
río-acuífero, así como los parámetros hidrológicos que se manejan,
corresponden a técnicas válidas en su día pero que en la actualidad están
totalmente o casi obsoletas. Los datos, tanto piezométricos como de
calidad y contaminación, no corresponden en la mayor parte de los casos a
la realidad actual por haber sido obtenidos a partir de redes antiguas,
incompletas y mal diseñadas.
Los estudios que han servido, señor Ministro, para la elaboración del
Plan Hidrológico y en los que su Ministerio se ha gastado miles de
millones de pesetas son meros refritos de los estudios que se hicieron
casi hace tres décadas, con criterios válidos en su día, pero, como le
digo, totalmente obsoletos en la actualidad.
¿Qué proyectos de investigación ha realizado el Ministerio en las últimas
décadas en relación con las aguas subterráneas? ¿Qué proyectos ha
ejecutado contemplando conjuntamente la fase subterránea y la fase
superficial del ciclo hidrológico? El interés por la incorporación de los
recursos subterráneos al dominio público hidráulico no ha estado ligado a
medidas efectivas que hicieran posible el mandato legal. Han faltado
medidas presupuestarias, normativas, técnicas, pero tampoco han
acompañado a las medidas administrativas de organización en el
Ministerio. La
planificación hidrológica moderna es un tema complejo, que requiere
cambiar de actitudes intelectuales, de hábitos presupuestarios y de
mecanismos administrativos en el propio Ministerio y en las
confederaciones hidrográficas.
Los órganos administrativos con cometidos en este campo presentan una
gran dispersión e ineficacia, que me imagino que el señor Ministro
reconocerá. A los servicios de las confederaciones hidrográficas y
administraciones hidráulicas de las cuencas comunitarias se superponen
los servicios de la Dirección General de Obras Hidráulicas, Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Dirección General de
Calidad de las Aguas, Instituto Tecnológico Geominero de España,
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, agencias
medioambientales, etcétera, que, constituyendo una maraña de actuaciones
que en unos casos se repiten y en otros son inexistentes, lo que sí
consiguen es generar confusión e ineficacia, señor Ministro.
La propia administración hidráulica dependiente del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente presenta una situación caótica,
que se va agravando con el tiempo. Existen dos centros directivos,
Dirección General de Obras Hidráulicas y Dirección General de Calidad de
las aguas, que, en contra del sentido común de coordinación de
actividades, dependen de dos Secretarías de Estado distintas, sin
conexión entre ellas y, a tenor de lo que dicen los funcionarios de su
Ministerio, con excesivos y frecuentes enfrentamientos. Las últimas
reorganizaciones del MInisterio se han hecho atendiendo a las personas
que predeterminadamente ocuparían los puestos, en lugar de fijar como
objetivos la racionalización de funciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, se le ha terminado
el tiempo.
El señor SANZ BLANCO: Termino, señor Presidente.
Porque, ¿cómo pueden disociarse la cantidad de la calidad del agua y
estos aspectos, a su vez, de los ecosistemas soportados por el agua? A su
vez, La Dirección General de Política Ambiental está descoordinada de las
otras, sufriendo presiones para que apruebe sin dilación los estudios de
impacto ambiental «sin poner pegas», señor Ministro. Como broches de la
desorganización, las Confederaciones Hidrográficas dependen de un tercer
órgano, la Subsecretaría del Ministerio, con lo que se asegura la más
absoluta maraña de relaciones, que tiene como resultado que cada centro
organice a su buen saber y leal entender.
Termino, señor Presidente. Ante este caos administrativo de
desorganización, superposición de funciones, burocratización, secuestro
de funciones por cargos de designación política, ¿qué planes tiene el
señor Ministro? ¿Piensa generar esquemas de funcionamiento administrativo
adecuados a las exigencias de la planificación hidrológica moderna?
Por otra aparte, uno de los principios en que se fundaba la Ley de Aguas
era el régimen de participación de los usuarios en la gestión del
recurso. En el caso de las aguas subterráneas, el principio se
concentraba en las comunidades de usuarios da acuíferos, asociaciones
cuya constitución era forzosa según el término utilizado por el artículo
151, apartado 4, de la citada ley. Señor Ministro, ¿podría decirnos
cuántas comunidades de usuarios de acuíferos tienen su reglamento
aprobado? ¿Podría indicarnos cuál es el nombre de los acuíferos
declarados sobreexplotados y en cuáles de ellos se han constituido
comunidades de usuarios con estatutos aprobados? ¿Podría decirnos cuáles
son los planes de ordenación de las extracciones aprobados
correspondientemente a los acuíferos declarados sobreexplotados?
Espero, señor Ministro, que conteste a las múltiples preguntas que le he
hecho a lo largo de mi intervención, y le diré que la situación de las
aguas subterráneas después de su incorporación al dominio público no ha
mejorado; yo diría que, en muchos aspectos, ha empeorado por falta de las
medidas que le acabo de reseñar. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sanz
Blanco.
Después de los correspondientes aplausos, tiene la palabra el señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señoras y señores Senadores, por su atención.
El Apocalipsis según San Juan se queda pequeño, don Clemente. Se queda
pequeño al escuchar la descripción que usted hace del problema que hoy
nos trae aquí. No sé si se da usted cuenta de lo exagerado de su
planteamiento. Un planteamiento que forma parte de un viejo conflicto,
con raíces corporativas que todo el mundo conoce, entre los Ingenieros de
Caminos, por una parte, a los que la leyenda atribuye la intención de
construir presas, y los Geólogos o Ingenieros de Minas, a los que la
leyenda también les atribuye la intención de hacer pozos. Y entre las
presas y los pozos y unos y otros se va cociendo una vieja enemistad
profesional que tiene implicaciones en todos los ámbitos. (Risas.)
Yo no soy Ingeniero de Caminos, ni de Minas, ni Geólogo, pero no sé si
está usted en idéntica condición; no sé si usted no es parte de este
conflicto corporativo y si su visión del problema no está condicionada
por una experiencia o una formación que le hacen ver el problema con un
cierto sesgo. Sean cualesquiera las razones, es evidente que usted lo ve
con un sesgo que aprovecha para adjuntar cualquier argumento y sacar
aquí, desde las churras hasta las merinas, cualquier consideración, venga
o no a colación al problema que hoy nos trae aquí.
Sin embargo, el problema de las aguas subterráneas en España merece un
tratamiento serio, no el que usted le ha dado hoy aquí. Y hay que
reconocer que la Ley de Aguas de 1985 --usted lo ha dicho y yo lo
corroboro; una ley, por cierto, de los socialistas-- ha consagrado la
unidad en el ciclo hidrológico, y que desde esta ley hay que hablar de
forma unitaria de los recursos hídricos, con independencia
de la fase del ciclo en que se encuentren, como estoy seguro de que usted
está de acuerdo y como veremos a lo largo de mi respuesta a su
interpelación. Pero existe una tendencia a tratar de forma independiente
la fase subterránea, posiblemente por la existencia de un régimen
jurídico anterior a la Ley de 1985, un régimen jurídico privado de las
aguas subterráneas, y por el respeto que el legislador tuvo por estos
derechos adquiridos, lo que hace que algunas de las decisiones de
explotación de estos recursos sigan tomándose en el ámbito privado, en
contraposición con las decisiones de explotación de los recursos
superficiales, que son siempre de carácter público.
Tenemos recursos importantes en aguas subterráneas. Una evaluación
--usted ha hecho una y yo le ofrezco otra-- los sitúa en unos 20
kilómetros cúbicos, de los que aprovechamos de una manera directa entre
cinco y seis kilómetros cúbicos, dependiendo de la mayor o menor
pluviometría de cada año. Pero no hay que confundir --y creo que usted lo
hace-- el aprovechamiento directo mediante extracciones con el
aprovechamiento sustentado en la base que estos recursos representan
sobre los caudales de los ríos y que se aprovechan posteriormente a
través de captaciones superficiales. No se puede ver el agua subterránea
como una mina que se explota hasta que se agota, como una reserva, un
volumen determinado, como si de un yacimiento minero se tratara, porque
esa misma unidad de ciclo hace que el agua que es subterránea hoy sea
superficial mañana y viceversa y, por lo tanto, el aprovechamiento
superficial está condicionado por el que se hace por técnicas de
extracción y viceversa.
No ha hablado usted --y, sin embargo, debe se considerado como un
elemento determinante del problema y de su solución-- de la contaminación
de estos acuíferos; no sólo de la sobreexplotación, sino también de la
contaminación. Tenemos casi 100 acuíferos sobreexplotados, con un riesgo
de estarlo importante y un volumen de sobreexplotación que supera el
kilómetro cúbico, y en cambio no somos capaces de cuantificar ni de
describir todavía los problemas derivados de la contaminación, una
contaminación creciente que es debida, fundamentalmente, a prácticas
agrícolas, que no son independientes de la política ambiental a la que
usted ha hecho referencia.
Pero, señoría, déjeme que le sitúe las aguas subterráneas en el marco de
la política hidráulica general, como usted me ha solicitado, sin tonos
dantescos, bajando a la realidad de las cosas y sin querer escandalizar a
la audiencia de esta tarde o a los medios de comunicación que siguen el
debate, situemos el problema de las aguas subterráneas en las directrices
de los planes de cuenca. Y en estas directrices ya se ha realizado una
valoración de las potencialidades del recurso, así como de las medidas
necesarias para protegerlo. Todo ello se desarrolla y recoge en los
planes de cuenca, que no están todavía aprobados pero que deberíamos ser
capaces de aprobar antes de la próxima primavera, y a su vez estos planes
deben engarzarse en el Plan Hidrológico Nacional, en cuyo anteproyecto de
ley ya se avanza --y usted lo sabe, o debería saberlo-- un conjunto de
medidas de carácter legislativo orientado a la protección de la calidad
de los recursos subterráneos y al fomento de su uso. Este tipo de
propuestas --entre las que se cuentan, por ejemplo, la delimitación de
los perímetros de protección de las captaciones para abastecimiento, la
protección de las zonas húmedas asociadas a las descargas de acuíferos y
la solución a los problemas de sobreexplotación mediante la aportación de
recursos externos al área, porque hay acuíferos que no se recargarán
solos, naturalmente, sino que necesitarán de aportaciones externas, como
es el caso de las Tablas de Daimiel-- se han visto refrendadas y
reforzadas en el informe que el Consejo Nacional del Agua realizó sobre
este anteproyecto, lo que pone de manifiesto un alto clima de acuerdo
sobre estas medidas.
En cualquier caso, fruto de una reflexión --según usted inexistente-- y
de un consenso social que usted ignora, se ha propuesto la realización de
un programa de aguas subterráneas, repito, un programa de aguas
subterráneas que constituye un elemento crucial en el Plan Hidrológico
Nacional y que puede ser puesto en marcha de forma independiente ya que
no requiere un marco legislativo para ello. Repasemos en qué consiste
este programa de aguas subterráneas. Es un programa que se enmarca en las
recomendaciones de la Reunión Interministerial de la Unión Europea que
tuvo lugar en La Haya en noviembre de 1991, como resultado de la cual se
señalaron 22 tipos de actuaciones relacionadas con el uso de las aguas
subterráneas que deben conformar los programas de los distintos países
miembros y que deben ser puestos en práctica antes del año 2000. Nuestra
posición no solamente es acorde con estos planteamientos comunitarios,
sino que pretende adelantar su puesta en vigor, incluso antes de la
aprobación de una posible directiva sobre la materia que ya está
trabajando la Comisión y un grupo de expertos gubernamentales. Existe ya
formulado, señorías, un programa específico español de actuación en aguas
subterráneas que deberá tener su correspondiente reflejo presupuestario y
que ha sido formulado por el Ministerio con la colaboración del Instituto
Tecnológico Geominero de España. Este programa, que requerirá unas
inversiones próximas a los 140.000 millones de pesetas --digo bien,
140.000 millones de pesetas--, plantea desarrollar a lo largo de los
próximos 20 años, el horizonte del Plan Nacional, un conjunto de
actuaciones que deben clasificarse en cuatro tipos: de control, de
ordenación, de protección y de fomento del uso de los recursos hídricos
subterráneos en el marco de un desarrollo sostenible. Para ello la base
fundamental es la mejora del conocimiento hidrogeológico, y por ello una
de las actuaciones básicas de este programa es actualizar y mejorar el
conocimiento hidrogeológico de nuestro territorio, entroncando con el
viejo plan de investigaciones en aguas subterráneas de los años setenta
en una doble dirección: Por una parte, en aquellos acuíferos considerados
como poco productivos, pero que pueden contribuir a la solución de
problemas locales y, por otra, en aquellas zonas que a lo largo de estos
años han tenido una intensa explotación de sus recursos. Dentro de las
previsiones de desarrollo de este programa está previsto que se empiece a
actuar durante este mismo año en unas seis unidades hidrogeológicas ya
identificadas.
La siguiente línea de actuación es el diseño de una red completa de
observación de los recursos hídricos subterráneos. Es imprescindible
contar con una red de control que abarque a la totalidad de las unidades
hidrogeológicas del territorio y que revise, integre y complemente la que
en la actualidad están ya desarrollando distintos organismos y en
particular el Tecnológico Geominero de España. Se han previsto tres tipos
de controles, el piezométrico, los de calidad y los de descarga
naturales, tanto en manantiales como en distintos tramos de río. A lo
largo del año 1995 acabaremos el diseño de esta red y completaremos la
realización de estas redes en términos físicos en un horizonte de cinco
años más.
Pero la premisa para un desarrollo sostenible y una utilización racional
de los recursos subterráneos es la resolución de los problemas de
sobreexplotación. Y el Plan en su actual redacción plantea como uno de
sus objetivos básicos la resolución de estos problemas que ha sido
especialmente tomada en cuenta por el Consejo Nacional del Agua, de cuyas
deliberaciones, señoría, parece que hace usted caso omiso. En la
actualidad hay en España 99 unidades hidrogeológicas --usted ha pedido
que le diga cuántas son y cuáles son, le hago gracia del relato
pormenorizado de las 99, simplemente le indico cuántas con--, y de ellos
48 se encuentran salinizados en mayor o menor grado. Por eso hay que
desarrollar actuaciones tendentes a la protección de la calidad de estos
recursos y a la eliminación de los procesos contaminantes, porque si bien
es cierto que nuestros recursos subterráneos no están tan deteriorados
como en otros países de nuestro entorno, salvo en casos concretos de
contaminación intensa procedente de vertidos urbanos orgánicos o
prácticas agrícolas, resulta urgente realizar acciones tendentes a la
protección adecuada de nuestros recursos. En España, tiene usted razón,
no es posible disociar los problemas de calidad de los de una correcta y
adecuada gestión de la cantidad, y por eso están ambos problemas
sometidos a la misma tutela política del Ministro que tiene el honor de
contestar a su interpelación en la misma estructura ministerial aunque
especializados en centros directivos, uno de ellos poniendo especial
énfasis en una política transferida de protección de la calidad de las
aguas, y otro en la planificación y ejecución de las obras de regulación.
No veo yo qué tiene eso de contradictorio. En energía, por ejemplo, hay
una Dirección General de la Energía y otra de Planificación Energética.
¿Quiere esto decir que la energía y la planificación energética no andan
al mismo paso, sometidas y dirigidas por la autoridad del mismo ministro?
¿Qué ve usted de raro en que lo pongamos en dos centros directivos
especializados, uno en depuradoras y otro en planificación y ejecución de
infraestructuras de regulación? Nada más que ganas de plantear el
problema en ese aspecto truculento, que tanto les encanta a ustedes, de
las estructuras orgánicas de los ministerios.
Hemos diseñado distintas actuaciones tendentes a la caracterización de
los elementos contaminantes, todas ellas coordinadas entre sí, con los
correspondientes planes de prevención detectados.
Finalmente, deseo decirle que la adecuada utilización de los recursos
subterráneos constituye uno de los objetivos del Plan Hidrológico
Nacional. La adecuada utilización --se lo repito, señoría-- de los
recursos subterráneos es uno de los objetivos del Plan Hidrológico
Nacional, y el programa de Aguas Subterráneas constituye el conjunto de
medidas de fomento en el uso de estos recursos, que entroncan en una
política del mejor aprovechamiento de nuestros recursos hídricos
generales.
Pero esto no implica, señoría, como usted seguramente entiende en su
concepción minera del problema, que la solución pase por incrementar las
extracciones, sino que están orientadas a la mejora de los rendimientos
globales del ciclo hidrológico; a la mejora de los rendimientos globales
del ciclo, no al aumento de la extracción, como si hubiésemos encontrado
una mina de algún mineral raro, aprovechando características específicas
de las aguas subterráneas como son, entre otras, su capacidad de
almacenamiento y la inercia en sus respuestas. En ese sentido, se
plantean actuaciones de mejora en el abastecimiento de núcleos urbanos
que en la actualidad presentan deficiencias continuadas, y se prevén
también actuaciones de choque para resolver los problemas más acuciantes.
Para incrementar el rendimiento del ciclo, hemos seleccionado sesenta y
cinco actuaciones para realizar recargas artificiales de acuíferos,
utilizando para ello recursos no regulados o aguas residuales depuradas,
y en este momento estamos realizando ya, en colaboración con la Junta de
Castilla y León, los proyectos correspondientes a las zonas del
Carracillo y Santiuste, en la provincia de Segovia, que usted debe de
conocer bien, cuya ejecución se realizará a lo largo del año próximo o,
igualmente, por ejemplo, la presa del Algar de Palancia, en Valencia,
cuya construcción se ha iniciado recientemente, incorporando una
importante función de recarga.
Por todo lo expuesto, señoría, he de afirmar que la ordenación y
aprovechamiento de los recursos hídricos forman parte de la planificación
hidráulica en general, sin perjuicio de haber elaborado un programa
propio para ellos que será el que, basándose en las líneas generales de
la planificación hidrológica, concrete las actuaciones específicas para
las aguas subterráneas.
Señoría, tenía aquí más información para darle más datos relativos a
algunas de las cuestiones que usted ha planteado sobre la política de
aprovechamiento de las aguas subterráneas, pero no tengo tiempo
suficiente para extenderme en todas ellas. Podría hablarle, por ejemplo,
del aprovechamiento del sistema Pas-Pisueña para el abastecimiento de
Santander, o de la operación del sistema del Beninaz-Delta del Adra, en
Almería, o del trasvase, por vía de un acuífero subterráneo, de tres
metros cúbicos por segundo, entre los ríos Carrión y Pisuerga, y de otros
ejemplos en la comarca de la Axarquía, en las cuencas del Júcar, en
aluviales del Guadalquivir, en acuíferos costeros de la bahía de Cádiz,
etcétera, veintisiete actuaciones, de las que puedo darle cumplida
información, que representan una inversión de casi 4.000 millones de
pesetas y que se enmarca dentro de este programa de aguas subterráneas,
con una inversión total cercana a los 140.000 millones de
pesetas, que constituye una cumplida respuesta, muy concreta,
perfectamente diseñada a su discurso apocalíptico, que creo,
sinceramente, que parte de un desconocimiento de la realidad o de la
voluntad de presentarla como una caricatura deformada para un ejercicio
de maniqueísmo. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Sanz Blanco por cinco minutos.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en primer lugar, tengo que decirle que yo no soy minero;
minero sería, según la canción, Antonio Molina. Señor Ministro, una vez
más, a pesar de su moderación en esta interpelación, le ha aflorado esa
cierta irascibilidad intelectual que le caracteriza y que debe estar
vinculada a algún dogmatismo especial de inspiración no muy determinado.
Lógicamente, señor Ministro, ello le lleva a enfrentamientos verbales no
sólo con la oposición, sino también con sus compañeros de partido o de
gabinete.
En el recuerdo de todos, en esta irascibilidad que acostumbra a demostrar
el señor Ministro, están aquellas reacciones airadas de su señoría o
aquellos duelos al sol en la época veraniega por el río Cabriel,
simplemente porque el señor Bono insinuaba que no estaba de acuerdo con
las transferencias hídricas o con el trazado de la autovía
Madrid-Valencia que su señoría proponía.
Decía Plutarco, señor Ministro, quien no sabe disimular que no gobierne.
Creo que está usted muy lejos de ese temple humano y de esa continencia
verbal que aconsejaba Plutarco. Y la verdad es que lo lamento, señor
Ministro, porque sus ambiciones personales, yo diría que no disimuladas,
le auguro que se van a ver frustradas no porque yo tenga una visión
profética de futuro, sino porque el señor Ministro no controla su
presente.
Usted nos ha contestado a algo que yo no le he preguntado. La disciplina
escolástica obliga a emplear el término justo y que el debate esté
predeterminado por la definición de los temas que se van a tratar. Yo,
señor Ministro, le he definido con claridad el «status quaestionis» en mi
interpelación. Le he preguntado: ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno
para incorporar a la planificación hidrológica general la totalidad de
los recursos subterráneos y superficiales? Es decir, le he preguntado qué
medidas ha adoptado el Gobierno desde la fecha de entrada en vigor de la
Ley de Aguas hasta el momento actual.
Todas mis preguntas a lo largo de la interpelación han estado formuladas
en el mismo tiempo y en el mismo modo verbal en el cual se hizo la
interpelación. Pero usted, señor Ministro, una vez más, nos ha hecho una
disertación que no tenía nada que ver con las preguntas que yo le he
formulado. No ha contestado sobre el tema que se le ha interpelado; como
siempre, ha preferido hablar del futuro, hablar de programas, de
programas que, como el Plan Hidrológico u otros muchos, pueden quedarse
por falta de planificación o de rigor en la planificación en meros entes
de razón. Usted prefiere, como decía un gran pensador, hablar del futuro
para olvidarse del pasado en una huida hacia adelante.
Señor Ministro, le ruego que conteste a mi interpelación. No nos lea el
discurso que previamente le han escrito en su Ministerio; conteste a mi
interpelación y mi interpelación ha sido muy clara: ¿cuáles son las
medidas que el Ministerio, que el Ministro ha adoptado desde la fecha de
entrada en vigor de la Ley de Aguas hasta el momento actual?
Señor Ministro, todos estamos de acuerdo en que la planificación moderna
integra la combinación de las aguas superficiales y las aguas
subterráneas, pero además vinculadas al medio natural. Esto nadie lo
discute. Su política hidráulica administrativa, señor Ministro, no ha
resuelto las tradicionales carencias que padecía el Ministerio para
diseñar una planificación hidráulica moderna y, sin embargo, se ha
incrementado el barullo administrativo, como le acabo de decir, pero
usted no me ha contestado ni me ha dicho nada a propósito de las medidas
administrativas.
También ha desencantado a los funcionarios. Genera burocracia pero no
genera equipos técnicos capaces de valorar los múltiples contratos de su
generosa Administración con empresas privadas. Con su organización
administrativa, señor Ministro, ¿ha mejorado la planificación
hidrológica? Rotundamente le digo que ha empeorado. (El señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Borrell Fontelles, conversa
con varios Senadores.)
Señor Ministro, en el Pleno celebrado el día 4 de junio --señor Ministro,
a no ser que tenga capacidad de omnisciencia, desearía que me escuchara
porque si no después no me va a saber responder--, decía, señor Ministro,
que en el Pleno del día 4 de junio de 1991, decía su señoría textualmente
lo siguiente: ello obligará a modificar la dimensión operativa de algunas
de las unidades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
incorporando personal técnico en mayor cantidad y capacidad para
dedicarlo a los numerosos problemas relacionados con las cuestiones
objeto de su interpelación. Interpelación que estaba destinada a un tema
muy parecido al que hoy estamos tratando, el de las aguas subterráneas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, el tiempo también fluye
y está ya agotado.
El señor SANZ BLANCO: ¿Dónde está ese personal técnico en mayor cantidad
y calidad, señor Ministro?
Probablemente se los ha reservado el señor Ministro para clientes
políticos sin oficio pero sí con beneficio, señor Ministro.
¿Ha empeorado la política hidráulica o ha mejorado desde el año 1982? Le
puedo asegurar que no ha mejorado. Sin embargo, señor Ministro, en el año
1982 había 351 funcionarios con un nivel superior al 26; en 1992 había
538 funcionarios de nivel superior. ¿Dónde están esos funcionarios
técnicos preparados para desarrollar esa política hidráulica?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdón, señoría.
Se lo he advertido ya, pero no sé qué impacto le ha hecho mi advertencia.
El señor SANZ BLANCO: Termino ya, señor Presidente.
¿Qué ha ocurrido, señor Ministro, con la política hidráulica sectorial,
estructuralista y que ahora es más «trasvasista» que la que había en el
año 1992? Se lo voy a decir brevemente, señor Ministro.
En primer lugar, ha generado demandas incontroladas, pero, además, señor
Ministro, ha puesto una bomba de relojería en las relaciones
institucionales entre las Comunidades Autónomas y entre éstas y la
Administración del Estado, señor Ministro.
¿A qué nos ha llevado su política hidráulica? Le podría dar múltiples
ejemplos, señor Ministro, de las diferentes actividades.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, este Presidente era
crédulo y pensaba que iba a terminar. Le agradeceré mucho que lo haga.
El señor SANZ BLANCO: Señor Presidente, termino en breve.
Señor Ministro, de las múltiples presas que se han construido todas se
han realizado con esa política que usted llama estructuralista, con esa
política sectorial, políticas ambas que no han cumplido su misión. Presa
de La Serena, señor Ministro: 3.200 hectómetros cúbicos en estos
momentos, después de haber hecho ir a inaugurarla a Su Majestad el Rey,
después de haber sido cantada como la primera presa de España. Esa presa
no llega a tener una capacidad del cinco por ciento. ¿Con qué métodos y
con qué técnicas ustedes valoran los recursos superficiales? ¿Con qué
técnicas valoran ustedes también los recursos subterráneos, señor
Ministro? Hay cientos de viaductos que son la admiración de los
transportistas que a su vez se preguntan cómo se pueden hacer
despilfarros tan grandes, tan importantes con una economía tan
empobrecida en nuestro país?
Señor Ministro, yo le repetiría aquella sentencia de Séneca: los vicios
de antes son costumbres de ahora, en su Ministerio, señor Ministro.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Borrell
Fontelles, pide la palabra.)
Señor Ministro, puede intervenir ahora, pero si su señoría lo desea puede
hacerlo al final de las intervenciones. (Pausa.)
De acuerdo. Tiene su señoría la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Quisiera intervenir ahora sin perjuicio de que pueda
volver a intervenir más adelante.
Señoría, de vicios de antes no sé gran cosa, quizá sepa usted más que yo.
De los vicios de antes seguramente está usted bastante más informado de
lo que pueda estarlo yo porque yo no soy de antes, soy de ahora, ¿sabe
usted?
No comprendo en absoluto la perorata que nos ha largado metiendo a
Plutarco, a Séneca y a mi compañero Bono en una especie de mejunje
dialéctico aderezado con frases como «dogmatismos especiales de
inspiración no determinada». La gallina, señor Senador, «dogmatismos
especiales de inspiración no determinada».
¿Qué quiere usted decir? Diga usted lo que quiera, pero cuando hable de
la política de contratación no utilice insinuaciones subterráneas. ¿Qué
quiere usted decir cuando señala que estamos contratando generosamente
con ciertas empresas? ¿Tiene usted algo que decir? Dígalo, pero no
insinúe malévolamente lo que no se atreve usted a decir, si es que tiene
algo que decir. ¿Qué quiere decir que estoy haciendo clientelismo
político con gente sin oficio pero con beneficio? ¿Qué quiere usted
decir? Tenga la gallardía de explicarlo. Cuando uno sube a la tribuna de
las Cortes, del Senado o del Congreso, tiene que tener lo que hace falta
tener para criticar lo que quiera criticar diciendo de qué se trata, y si
no tiene usted nada que decir en concreto, ahórrese estas insinuaciones
malévolas que degradan el debate en esta Cámara.
El Gobierno no está dispuesto a aceptarle ni a usted ni a nadie esta
clase de insinuaciones o de medias palabras o de sentidos que todo el
mundo puede entender como le convenga. Ni estamos contratando
generosamente con ciertas empresas, ni estamos repartiendo favores
políticos a personas sin oficio pero con beneficio, señoría.
Tiene usted la oportunidad ahora de volver a subir a la tribuna y
explicarme a qué se refiere usted cuando habla de eso. No le pido
explicaciones sobre el «dogmatismo especial de inspiración no
determinada», no le quiero poner en un compromiso intelectual, pero sí
quiero que me explique usted a qué se refiere cuando lanza el polvillo de
la calumnia disfrazada en frases que no acaba usted de dar ningún sentido
concreto.
Hemos venido aquí a hablar de aguas subterráneas, señoría, si quiere
hablamos de La Serena, si quiere hablamos de eso que usted llama la
insinuación del Presidente Bono en contra del trasvase. Hombre,
insinuación, insinuación... no estoy yo seguro de que habría que llamarle
insinuación ¿verdad? Pero, en fin, si es así como usted percibe las cosas
y usted percibe que el Presidente de Castilla-La Mancha solamente insinuó
su oposición al trasvase, no me extraña nada que tenga una visión tan
equivocada de tantas cosas. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
El señor Beguer tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, después de la intervención del Senador Sanz y
de la réplica del señor Ministro, mi intervención
les va a defraudar porque, evidentemente, tiene muy poca carga política.
Se ha manifestado --me parece que en eso estamos todos de acuerdo-- que
la atención a la política hidráulica de las aguas subálveas, de las
subterráneas ha sido escasa en períodos anteriores. Me parece que se ha
nombrado a Joaquín Costa y, efectivamente, en la época de Joaquín Costa y
posteriores se hablaba de grandes planes de obras pensando sólo que
existían las aguas superficiales y casi nunca se ha planteado en serio la
existencia de aguas subterráneas.
Dicen los expertos, dicen los estudiosos que la escasa coordinación que
hubo entre instituciones y su excesiva dispersión retrasó la
sistematización del estudio de las aguas subterráneas.
Este Senador entiende que, en la actualidad, sí se está prestando
atención, exactamente no sé si la debida o no, pero se está en una línea,
la marcada por la Ley de Aguas, y creo que nadie concibe una política
hidráulica sin la atención necesaria a las aguas subterráneas. No podría
ser de otra manera; cualquier política al respecto se ha de basar en el
equilibrio entre la infrautilización de las aguas subterráneas y su
sobreexplotación. Es evidente que se ha de estudiar su dimensión, su
volumen, la carga del acuífero; se ha de estudiar el acuífero como un
embalse subterráneo hiperanual, acondicionándolo si es preciso,
recargándolo cuando proceda, teniendo en cuenta que ha de ser un medio
que a su adecuado nivel puede ser perfectamente una fuente de
abastecimiento --y lo es en algunos sitios--, y no sólo de abastecimiento
en pueblos, como se ha manifestado en alguna ocasión, sino de
abastecimiento en ciudades o en barrios de ellas. Sus señorías
posiblemente conozcan que, por ejemplo, Long Island, en Nueva York, se
abastece por aguas subterráneas. Y cuando hablamos de las aguas
subterráneas, naturalmente se ha apuntado que hay que controlar su
contaminación y hay que hablar del peligro de la sobreexplotación, y no
sólo de la sobreexplotación, sino de su mismo control, tanto en lo que
respecta a fertilizantes --por la posible presencia de nitratos--, como
de pesticidas, de insecticidas, de residuos de animales, etcétera.
Creo que no debemos olvidar que los organoclorados como el DDT, tardan
diez años en degradarse y que se encuentran muy frecuentemente en las
aguas subterráneas. Nosotros estamos, como sus señorías saben, en línea
paralela con el Plan Hidrológico Nacional; creemos que todo ello debe
considerarse, y deben considerarse, evidentemente, las aguas
superficiales, las subterráneas, las presas que sea conveniente hacer,
porque nadie pone la menor duda sobre la importancia del agua y llevamos
ya algunos años en un encendido debate a este respecto.
En este sentido creo que sí es últil una interpelación en la que se pueda
estudiar a fondo qué debe hacerse en cada uno de estos campos aunque, a
mi juicio, la interpelación señala un exceso de tintes negros que no
creemos que sea la línea actual de trabajo.
Y hoy, señor Ministro, que hablamos de las aguas subterráneas, y
paralelamente subyace el trasfondo del Plan Hidrológico General, como el
señor Ministro conoce, un importante diario, «El País», publica hoy una
noticia que dice: El Plan Hidrológico Nacional se retrasará un año hasta
que se aprueben los planes de cuenca.
Yo, señor Ministro, aprovechando la circunstancia de esta interpelación
--en donde, insisto, en el fondo de ella está el Plan Hidrológico
Nacional--, creo que sería conveniente que aclarase en esta Cámara --y en
todo caso cumpliendo con aquella moción que se aprobó en esta Cámara-- si
es cierto que estas fuentes del Ministerio que señalaba «El País»
confirman que el Plan Hidrológico Nacional se retrasará un año hasta que
se aprueben los planes de cuenca.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vicent
Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sanz
Blanco.
El señor SANZ BLANCO: Señor Presidente, simplemente quiero dar una
contestación al señor Ministro por sus alusiones, un tanto agresivas,
como suele ser costumbre en su proceder.
Señor Ministro, en relación a eso con lo que usted tanto se ha molestado
de la contratación, generosamente, de obras en su Ministerio, yo
simplemente le remito al Congreso de los Diputados, en las
interpelaciones que ha habido allí, y me remito también a lo que han
dicho los diferentes medios de comunicación en relación con algunas
empresas de alguna dirección general.
Y en relación con el dogmatismo que usted me decía, señor Ministro, a
usted y a mí nos separan dos cosas muy fundamentales. No es que usted y
yo seamos de ayer, ni de hoy, ni de anteayer, son dos maneras distintas
de concebir la vida y la administración; usted cree en las ideas innatas
y, por eso, su propensión siempre a dogmatizar; yo, señor Ministro, creo
mucho más en la teoría del empirismo, del padre del liberalismo, que
dice: «Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sens.»
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Después de esta máxima,
exactamente aristotélica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, esto se esta poniendo divertido. Yo le he preguntado y se lo
vuelvo a preguntar, por respeto a la Cámara, y le ruego que me conteste
en una lengua que pueda entender (Risas.), ¿a qué se refiere usted cuando
dice que estoy repartiendo y haciendo clientelismo político en favor de
personas sin oficio, pero con beneficios? Por respeto a la Cámara, ¿puede
usted explicar, con nombres y apellidos, a qué personas sin oficio, pero
con beneficios, estoy haciendo yo una tarea de clientelismo político? Si
no puede, le ruego que acepte usted que estas palabras se borren del
«Diario de Sesiones».
¿Me puede usted decir cuáles son las empresas concretas con las cuales
estamos contratando generosamente? No me remita usted a lo que los
periódicos dicen. ¿Puede usted decir aquí qué es lo que hay detrás de su
acusación? Si no puede, también creo, señor Presidente, que sería bueno
para su decoro y el de la Cámara que quedaran borradas estas
insinuaciones del «Diario de Sesiones». Pero, atrévase usted a decirlo,
dígalo, ¿cuáles son las personas con las que estamos haciendo
clientelismo, dándoles beneficio cuando no tienen oficio? Y, si no, no se
deje usted arrastrar por la pasión dialéctica. Tenga usted moderación,
eso que me recomienda a mí. No venga aquí a hacer retratos psicológicos
de los ministros, que somos como somos, y no necesitamos que usted nos
describa.
Al amparo de las aguas subterráneas, o de cualquier otro tema que usted
quiera traer a debate, haga el favor de no calumniar. Simplemente eso,
señoría; no intente envolver las calumnias con latinajos, porque lo que
yo le he preguntado sigue sin ser contestado por su señoría y no lo
arregla usted soltando una frase en latín. Estoy esperando su respuesta.
(Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, la respuesta debería ser
por el artículo 87, que el Reglamento sólo lo permite por una vez y ya ha
sido agotado en su caso. De todas formas, quizá por alusiones personales
tiene su señoría un minuto, aquel minuto de 60 segundos.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero decirle al señor Ministro que, lógicamente, él quiere
desviar el debate de algo por lo que se siente profundamente preocupado.
(Rumores.) Pero el fondo del debate, señor Ministro, la interpelación que
hemos traído aquí para que nos contestara sobre las medidas que ha
adoptado el Ministerio para la incorporación de todos los recursos
hídricos a la planificación hidrológica general, usted no la ha
contestado. Yo estoy convencido, señor Ministro, que porque no ha sabido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le ha terminado el
tiempo. Muchas gracias.
--INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE EL AÑO 1993. (S. 780/000002) (C. D. 260/000002.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al cuarto punto del orden
del día: informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1993.
Tiene la palabra su señoría.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades): Gracias,
señor Presidente.
Señores miembros de la Mesa, señorías, es la segunda vez que, en
representación de la institución del Defensor del Pueblo, cumplo el
mandato que impone a dicha institución la Ley Orgánica que la regula y
comparezco ante el Pleno del Senado para dar cuenta de la gestión
realizada en el período que se comprende desde el último informe, que sus
señorías conocen bien.
Para ello, después de haber analizado todas las comparecencias anteriores
relativas a la institución ante esta Cámara, creo que hay que hablar de
forma diferente; hay que introducir un factor de novedad, como es el
análisis de las actuaciones del Defensor del Pueblo en el marco
autonómico. Dividiré, pues, mi intervención en dos reflexiones. La
primera, como es obligado, relativa a un análisis de la gestión realizada
en 1993 por la institución que en estos momentos presido y, la segunda,
referente a unos apuntes, aunque sean breves, sobre el ámbito propio de
las actuaciones de la institución y las Comunidades Autónomas.
Evidentemente, no dejaré de hacer mención en este apartado a las
relaciones de coordinación y cooperación con los comisionados
parlamentarios autonómicos.
Paso, por tanto, a referirme al primer punto al que he hecho mención: un
análisis de los datos de gestión. Aprovecho estas palabras que sirven de
pórtico a mi intervención, para reiterar cuál ha sido el objetivo que ha
orientado todas las actuaciones realizadas en este período, que no han
sido otras que la estabilidad y la consolidación institucional, en los
términos en que fue diseñado por los constituyentes: como una institución
de garantía, de integración y actuaciones que, para realizar este
objetivo, se han realizado siempre de forma normalizada, rápida y con
óptimos resultados. Este, y no otro, era el compromiso de quien asumía su
titularidad y la responsabilidad de su representación, cualquiera que
fuera el momento en que la institución se encontrase. Cuatro afirmaciones
se deducen de lo anterior. La primera, que ésta ha seguido siendo una
institución de encuentro y diálogo, además de garantías constitucionales.
En este período hemos profundizado en ese encuentro, diálogo y garantías
desde una dimensión de control constitucional, con la presentación de un
recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Asilo, y desde la dimensión
del control ordinario de todas las Administraciones públicas, con
investigaciones que están recogidas en el Informe parlamentario.
Como ya expresé en anteriores comparecencias, el Defensor del Pueblo es
también una institución de integración dentro del espíritu de la
Constitución, y en la medida en que acerca a los ciudadanos de todas las
Comunidades Autónomas a sus intereses y a la gestión que de éstos
realizan las Administraciones, tanto central, como de las Comunidades
Autónomas, el Defensor del Pueblo añade un plus de representatividad a la
democracia participativa como medio de legitimar las instituciones.
El «Ombusdman», desde su concepto original escandinavo, es una
institución que ha continuado teniendo las mismas características que la
definieron en su principio, por una parte, como una institución
parlamentaria que elige al comisionante y ante la cual él responde; por
otra, su único patrimonio de autoridad es la credibilidad, basada
en su radical independencia, y su fácil accesibilidad, sin obstáculos
para atender los problemas reales y cotidianos con los que tiene que
enfrentarse el ciudadano de hoy frente a todas las Administraciones.
Porque, como bien dijeron nuestros clásicos, las Administraciones
acompañan al ciudadano desde que nace hasta la sepultura. Tan importante
es este dato de accesibilidad y de credibilidad de la institución, que en
una encuesta cualitativa que hemos realizado, ante la pregunta: ¿por qué
tuvo usted la idea de acudir al Defensor del Pueblo?, la contestación más
unánime fue: motivada por algunos de los rasgos especiales de la
institución: independencia, fácil acceso, prestigio. Una segunda
apreciación es la absoluta normalidad. Es más, hemos funcionado sin
conflictos en el desarrollo de la actividad de la institución, no sólo
durante el año al que se contrae este Informe, sino durante todo el largo
período de interinidad.
Por eso afirmé en anteriores comparecencias que mi primer objetivo y
responsabilidad fue no dejar a la institución en una parálisis
esterilizante. Y los datos de gestión demuestran una actuación creciente,
constante y selectiva. Hemos continuado consolidando con firmeza y
normalidad el papel del Defensor del Pueblo y el reto que suponía en una
fase de crecimiento atender y cumplir la obligación constitucional de que
no quedaran desatendidos los derechos de las minorías y de los grupos
diferenciados --emigrantes, enfermos psíquicos, reclusos, detenidos,
minorías étnicas o religiosas, mujeres o menores en especial situación de
vulnerabilidad--, y tampoco los del ciudadano de a pie, que se ve tantas
veces impotente ante un sistema rígido y burocrático que, en vías de
acomodación, todavía no ha encontrado el exacto equilibrio, el punto de
tensión exacto, en las relaciones Administración y administrados.
La tercera afirmación es que no ha disminuido en todo este período la
confianza de los ciudadanos ante la institución del Defensor del Pueblo.
Es algo que reiteradamente se me pregunta y no puedo por menos que
contestar siempre de la misma manera. No ha disminuido la confianza. Hoy
mismo en la institución han entrado más de 200 quejas y más de 75
llamadas preguntando cómo acudir al Defensor del Pueblo.
¿Qué razones avalan esta afirmación? El peso histórico del nombre --el
Defensor del Pueblo-- puede ser una, pero no es suficiente para dar una
explicación coherente. Las mismas estadísticas --antes he hecho
referencia a una de ellas-- demuestran que muchos clichés creados en
torno a la institución se están rompiendo. Y si afirmamos que el Defensor
del Pueblo es una institución próxima al ciudadano, también hemos
analizado el porqué, cómo ven los usuarios de la institución la capacidad
real de acceso a la misma. Y ante la pregunta de si antes de acudir al
Defensor del Pueblo había intentado solucionar el problema de alguna
forma --gestiones personales, vías administrativa y judicial--, nos
encontramos que en un 75 por ciento los ciudadanos habían intentado
solventar su problema, pero no habían encontrado una respuesta adecuada,
lo que viene a demostrar la falta de capacidad del sistema para
acomodarse a nuevas exigencias y a nuevos planteamientos de las
relaciones ciudadanas.
Aranguren --glosando aquel famoso verso de León Felipe: hablo a la altura
de los hombres-- decía que no hay que hacer hombres para las
instituciones, sino instituciones para las personas. Pues bien, si hay
una institución a la altura de los ciudadanos es el Defensor del Pueblo.
El perfil sociológico de quien acude a la institución demuestra que es
una institución viva, que no está anquilosada y que refleja las
variaciones de la sociedad española y, en cierta medida --no es
arriesgado afirmarlo--, sus aspiraciones. ¿Cómo, si no, explicar el
rejuvenecimiento constante de quienes acuden a la institución o el
incremento de la tasa de feminización de las mujeres, con una disminución
de la diferencia que hay de porcentajes entre hombres y mujeres? En 1993
hay un 14 por ciento de diferencia de puntos, frente al 40 por ciento en
el año 1988. Hay que romper clichés y esa ruptura implica también nuevas
exigencias sociales, nuevas demandas, no solamente de las relaciones con
la Administración, sino también en cómo deben interpretarse por las
Administraciones públicas los derechos fundamentales.
Día a día aparecen nuevos ejemplos, como el consentimiento informado que
marca la Ley de Sanidad cuando el titular del derecho sea un menor y sus
padres tengan que hacer ejercicio de esa titularidad, en el caso de
transfusiones sanguíneas. El criterio manifestado recientemente por el
Defensor del Pueblo para estos casos ha sido asumido por la Ministra de
Sanidad y Consumo, quien coincide plenamente con el sustentado por la
institución. En su contestación coincide en que el deber deontológico
obliga a los responsables sanitarios a intervenir en estos supuestos y,
en todo caso, en dar cumplida respuesta, recabar, cuando sea necesario,
el amparo judicial inmediato.
Pero más importante es algo que la Administración no había detectado. La
Presidenta del Consejo Interterritorial de la Salud afirma que hasta
ahora estas cuestiones ético-médico-jurídicas o médico-éticas no habían
sido tratadas, no habían sido objeto de resolución por parte del Consejo
Interterritorial y que en la próxima reunión del Consejo con los
representantes de Sanidad de las distintas Comunidades Autónomas se iban
a intentar fijar unas pautas de referencia, de acuerdo con los criterios
fijados por el defensor del Pueblo.
La cuarta conclusión de este capítulo es que no importa cuántas quejas
recibe el Defensor del Pueblo, sino cuánta respuesta afirmativa, cuál es
el resultado de la eficacia de sus actuaciones y cuál es la valoración
que la institución hace de la mismas.
Señorías, la actuación del Defensor, el Informe que cada año ha
presentado, los doce informes que ha presentado ya, no son un relatorio
de males crónicos. Se puede demostrar la eficacia del Defensor del Pueblo
por sus resultados. En el año 1993, el 78 por ciento de los expedientes,
es decir, 10.773 casos, tuvieron una respuesta positiva frente a sólo 494
casos, en los cuales la Administración entendió que no tenía obligación
de atender a los requerimientos del Defensor.
No es ahora el momento de realizar un exhaustivo y pormenorizado repaso
de todas las recomendaciones o sugerencias en las que se ha dejado sentir
la presencia del
Defensor del Pueblo y que ustedes, señorías, también como ciudadanos han
podido comprobar. Por ejemplo, la suspensión de las líneas de valor
añadido o 903 y el control de las mismas, sobre las cuales esta Cámara se
pronunció en su día. O, por ejemplo, el derecho a la intimidad de los
menores cuando sean víctimas de un delito que ha motivado la instrucción
2/93 de la Fiscalía General del Estado. O la regulación de la situación
de los internos clasificados en primer grado, primera fase FIES, que está
en curso dentro del sistema de reforma del Reglamento Penitenciario.
Todo esto en el ámbito de la Administración central. Pero volvamos a lo
que quizá les interese a ustedes. ¿Existen ejemplos, me podrían
preguntar, en el ámbito de la Administración autonómica? Existen y
buenos. Por ejemplo, la recomendación dirigida a la Generalitat
valenciana sobre abono de las becas en formación del personal
investigador, que ha sido aceptada. O la notificación e información a los
interesados que han solicitado el ingreso en residencias públicas de la
tercera edad en la Comunidad Autónoma de Madrid. O la recomendación sobre
requisitos formales de las resoluciones en materia de pensiones de
invalidez, aceptada por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Canarias. O la aceptación por el Consejero de Enseñanza de
la Generalitat de Cataluña de la recomendación sobre acreditación de las
condiciones físicas y psíquicas para reintegro en el servicio activo de
los funcionarios de la Generalitat.
Para terminar este breve esbozo de recomendaciones aceptadas, pongamos
que hablo de Madrid. Baste señalar que en competencias concurrentes entre
tres Administraciones, central, autonómica y local, ha sido aceptada una
recomendación por estas tres Administraciones sobre un tema importante,
relativo a la calidad de vida y del medio urbano, que es aminorar el
impacto acústico de la M-40 en su paso por el barrio de San Lorenzo de
Madrid. Como es conocido, después del informe técnico evacuado por el
CEDEX y la firma de un convenio suscrito por las tres Administraciones,
se ha determinado la responsabilidad concurrente de cada una de ellas. Al
ayuntamiento le corresponde la aportación del suelo municipal y la
financiación se fijará entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de
Obras Públicas y, asimismo, los plazos para su ejecución.
Soy consciente, señorías, de que un informe no agota las normas, no se
agota en los datos y defender una gestión no significa únicamente
reflejar cifras como si se tratase de un balance de cuenta de resultados.
No creo que las estadísticas reflejen toda la verdad ni que el lenguaje
de los números lo diga todo, pero basta este apunte de algunas magnitudes
de la gestión realizada para ver el impacto cualitativo de la actuación
del Defensor del Pueblo y, sobre todo, la claridad y la transparencia con
la que ha expuesto a sus señorías --y así está contenido en el Informe--
todas sus actuaciones.
Expuse en anteriores debates de la Comisión Mixta y ante el Pleno del
Congreso algunos bloques temáticos que ahora solamente reitero para
recordarlos, como, por ejemplo, la protección de la cultura, una mayor
protección a la cultura de la intimidad, la modernización de las
Administraciones públicas o los sectores sociales más vulnerables y el
reflejo de la crisis económica. No voy a entrar en el análisis detallado
de cada uno de ellos porque creo que ya se han debatido suficientemente.
Quedan a la consideración de sus señorías en el Informe que ahora se
ofrece. Pero para cumplir el nuevo compromiso que he asumido en mi
presentación, voy a entrar en el segundo bloque de reflexión al que en
principio hice referencia, que es el ámbito propio de actuación del
Defensor del Pueblo y las Comunidades Autónomas.
En unas recientes jornadas académicas que se celebraron para presentar la
nueva ley de Procurador del Común de Castilla y León expuse que este
hecho supone un nuevo salto cualitativo en la difusión de la vieja
institución escandinava del «Ombusdman» y que el Procurador del Común
tiene una doble función: la misma que tiene el Defensor del Pueblo y la
misma que tienen los distintos siete comisionados parlamentarios
autonómicos que hoy existen en nuestras autonomías, absolutamente
consolidados.
Es cierto que el reflejo territorial de la aparición en el artículo 54 de
la Constitución de la figura del Defensor hizo que pronto esta figura
fuera trasladada a los Estatutos de ocho Comunidades Autónomas. La propia
Ley del Defensor del Pueblo del año 1981, antes de que entraran en debate
y se trasladaran y se formalizaran los distintos comisionados
parlamentarios autonómicos, ya preveía la posibilidad de que tuvieran
relaciones de coordinación y de colaboración. El éxito de la
consolidación de la institución a nivel del Estado ha hecho que se haya
ido incorporando a los ordenamientos jurídicos autonómicos, pero no es
ésa la única razón. Hay razones de más peso, como son el reconocimiento
del hecho diferencial autonómico, la búsqueda de mayor eficacia en la
toma de decisiones, lo más próximas posible a los ciudadanos, así como
las nuevas atribuciones que configurarán al Senado como Cámara
territorial dentro del diseño del Estado de las Autonomías que establece
la Constitución, como se puso de relieve recientemente en esta Cámara.
Todo ello va a configurar un nuevo marco de relaciones del Defensor del
Pueblo, compaginando sus facultades universales de investigación con las
instituciones autonómicas, tanto sean de control como de gobierno. Por
ello, entiendo --y ése es el mensaje que expongo en este momento-- que
esta Cámara del Senado tendrá en su proyección futura el gran papel que
le corresponde como foro permanente de debate entre tres actores:
Defensor del Pueblo, comisionados autonómicos y Administraciones de las
Comunidades Autónomas, sin olvidar las corporaciones municipales, que
juegan un papel fundamental en el Estado de las Autonomías.
Desde la experiencia histórica que suponen casi tres lustros de vida en
esta institución, han evolucionado muchas cosas en España que afectan a
la actividad del Defensor del Pueblo. Primero, los ciudadanos entienden
lo que es la cultura de la reclamación; se sienten sujetos activos y
elevan el nivel de exigencia de la actuación de todas las
Administraciones públicas. Segundo, han variado las formas de relación
con las Administraciones públicas, mediante fórmulas de mediación, de
arbitraje y de conciliación.
Tercero, el amplio modelo de descentralización territorial del conjunto
de las instituciones del Estado, que ha abierto un amplio panorama en las
técnicas de coordinación, cooperación y colaboración interadministrativa.
No se han previsto mecanismos de mediación en la Ley del Defensor del
Pueblo; sin embargo, sí están previstos en la Ley de Comisionados
Parlamentarios autonómicos, como en el Sindic de Greuges de Cataluña, en
el Justicia de Aragón o en el nuevo Procurador del Común de Castilla y
León.
Pero vuelvo al objetivo sustantivo de este Informe. Recuerdo que en el
Informe que hoy se somete a la consideración de la Cámara hay un capítulo
tercero dedicado al análisis de las demandas que recibe el Defensor del
Pueblo desde las Comunidades Autónomas y el capítulo cuarto, que pone el
acento en el control de la actuación municipal. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
En el primero se incluyen aspectos que afectan a situaciones concretas
y/o generales, problemas de ordenación de la actividad económica
territorial, electrificación rural, información pública en el tema de
solicitudes de atribución directa de explotaciones mineras en Asturias,
ordenación del suelo y tendido de líneas eléctricas de alta tensión que
sobrevuelan diversos municipios de la Comunidad de Madrid --sobre lo que
ya hay una moción de la Asamblea de Madrid que la institución no
desconoce--, o también cuestiones de carácter general, como, por ejemplo,
las recomendaciones dirigidas a las autonomías de Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Valencia para garantizar la
conservación y defensa de las vías pecuarias.
Todas las administraciones han tomado medidas desde que en 1992 el
Defensor del Pueblo comenzara sus investigaciones. El Ministerio de
Agricultura ha presentado el proyecto de Ley básica de vías pecuarias y
otras administraciones han empezado actuaciones de amojonamiento,
actuaciones para preservar el impacto ecológico, actuaciones que permiten
un uso alternativo de las mismas y, sobre todo, medidas que permitan la
conservación ecológica de este patrimonio.
Me dirán ustedes, y con razón, que quizá lo que les estoy señalando son
determinaciones de orden técnico o muy próximas a grandes capítulos de la
realidad de las administraciones públicas. Pero detrás de todas estas
cuestiones subyacen aspectos eminentemente jurídicos y muy complejos
desde el punto de vista de la técnica jurídica, como son la concurrencia
de títulos competenciales, la aplicación del Derecho comunitario,
delimitación del dominio público, caducidad en la concesión,
responsabilidad de las administraciones por el funcionamiento normal y
anormal de los servicios públicos.
Abuso de su paciencia, señorías, y desbordaría el marco de esta
intervención si siguiera haciendo una relación de otras cuestiones que
afectan al ámbito autonómico, como son aspectos derivados de la salud
mental, el desarrollo del diseño, la insuficiencia de estructuras
intermedias u otras cuestiones sobre servicios sociales que afectan tanto
a las Comunidades Autónomas, como a las corporaciones locales. En
definitiva, los problemas ecológicos, de vivienda, sanidad y servicios
sociales constituyen cualitativamente la mayor incidencia de las
denuncias recibidas por el Defensor del Pueblo desde las Comunidades
Autónomas.
Como resumen, el primer punto que quería señalar es que, desde la
dimensión del fortalecimiento de los derechos constitucionales, los
ejemplos que les he referido hacen que hoy día nadie pueda discutir la
competencia universal prevista en el artículo 54 de la Constitución, que
permite una investigación general del Defensor del Pueblo en todas las
Comunidades Autónomas, lo que exige una mayor cooperación y coordinación
con los comisionados autonómicos, que ya se está llevando a la práctica a
través de los convenios de colaboración y coordinación, de los cuales ya
se han suscrito dos, con el Sindic de Greuges y con el Procurador del
Común.
Si alguna vez hubo dudas de esta competencia del defensor del Pueblo,
creo que estas dudas se aventaron como cenizas en la medida en que en el
Senado tiene sentido el debate de todos los problemas que afectan a los
ciudadanos en sus relaciones con las Comunidades Autónomas, en la medida
en que se puede generalizar qué soluciones son las más eficaces y qué
problemas son los que con mayor cadencia se detectan, desarrollando una
visión coordinada para poder encontrar soluciones a todas estas
cuestiones.
En cuanto a la colaboración con los comisionados autonómicos, las
posibilidades son inmensas. El nuevo bloque de traspaso de competencias a
las Comunidades Autónomas, fundamentalmente los derechos de contenido
económico-social, va a hacer que cada vez tengamos que intensificar más
los trabajos entre el Defensor del Pueblo y los comisionados
parlamentarios autonómicos. Se va a establecer un nuevo modelo de
relaciones institucionales que consolidará el existente pero dará también
pasos adelante, pasos futuros, en una idea que no está basada en la
competitividad, sino en la profundización de las garantías y mejoras en
los comportamientos de las distintas administraciones públicas, según un
modelo de convivencia desarrollado y solidario que señala la Constitución
española.
Este y no otro ha sido el objetivo que con toda lealtad ha pretendido
cubrir durante el período en el cual he asumido la responsabilidad de
esta Institución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Defensora, y enhorabuena.
De acuerdo con las previsiones del debate intervendría, en primer lugar,
la representación del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado?
Tiene la palabra el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, nuestro Grupo quiere felicitar públicamente a
la señora Retuerto y a su equipo en la oficina del Defensor del Pueblo
por haber aguantado durante este tiempo de interinidad --tiempo que ya
quisieran para sí algunos trabajadores fijos-- el tipo del espíritu de
la oficina del Defensor del Pueblo; por aguantar con su trabajo y
responsabilidad la integridad de esta Institución y no verse arrastrada
por el vergonzante y vergonzoso espectáculo que, a nuestro entender, han
dado las dos fuerzas mayoritarias de este país al no ponerse de acuerdo
respecto de una Institución tan importante como ésta, que con tanto
cariño se introdujo en nuestra Constitución, que hace gala a todos los
niveles, incluso exterior, del prestigio e importancia que tiene en
España, lo cual se puede constatar en la práctica puesto que es una
Institución altamente considerada por los ciudadanos al tener aureola de
independiente y de sensibilidad, como acaba de decir la señora Retuerto.
En este sentido hacemos nuestra crítica.
Esperamos que no se vuelva a producir un hecho como éste. Si han logrado
ponerse de acuerdo en dos días no sólo sobre un persona, sino sobre dos o
tres, incluso sin contar con el consentimiento de las mismas, eso lo
podría haber hecho año y pico antes y nos habríamos ahorrado este
espectáculo de desprestigio que se da a las Instituciones del Estado. Si
bastante desprestigiada está ya la clase política, no sigamos con este
tipo de actuaciones. Para el futuro, ruego a todas las fuerzas políticas
que hagan el esfuerzo en estos temas institucionales de ponerse de
acuerdo tal y como manda la Constitución, tal y como se estableció para
esta Institución, con una mayoría bastante alta, pues era intención que
no fuera sólo de un partido sino que representara a las Cortes Generales
como Alto Comisionado.
Sobre el Informe de la señora Defensora del Pueblo, únicamente quiero
indicar la importancia que tiene esta Institución que, como se ha dicho,
es el amparo de minorías y grupos diferenciados, y que, en definitiva,
sirve un poco de azote de la Administración, porque si hay alguien
incumplidor en este país es la propia Administración. Se falta mucho al
respeto a todos los ciudadanos; no se les contesta cuando se les tiene
que contestar; no se les garantizan las resoluciones que se les tienen
que garantizar. Y esta Institución ha demostrado que es eficaz para
recibir todas las quejas de los ciudadanos, incluso para resolver muchas
de ellas, como nos ha dicho la señora Defensora del Pueblo; y para hacer
ver, a la Administración y al Gobierno, los fallos que se contemplan,
tanto en la legislación como en las prácticas administrativas.
Deseamos que esta Institución siga adelante con el buen pie con el que
tiene que seguir, y de antemano le deseamos las mejores buenaventuras al
nuevo Defensor del Pueblo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra su portavoz, el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en las sesiones previas celebradas por la Comisión Mixta del
Defensor del Pueblo llamábamos la atención sobre la situación de
interinidad que padece la institución y elogiábamos la labor que en
situación tan anormal, por su inexplicable prolongación en el tiempo,
viene realizando Doña Margarita Retuerto en particular y todo el equipo
adscrito al Defensor del Pueblo en general. Hoy, en esta sesión, volvemos
a ratificar todo cuanto entonces expresábamos y volvemos a mostrar
nuestra extrañeza ante la realidad de la existencia de una persona válida
para encarnar definitivamente la Institución. ¿Por qué, entonces, se ha
buscado fuera lo que ya tenemos en casa? Preguntábamos en la Comisión
Mixta y reiteramos ahora. ¿No vale más lo bueno conocido que lo bueno por
conocer aún? Espero y deseo que los portavoces del los grupos
parlamentarios mayoritarios, tanto del Grupo Parlamentario Socialista
como del Grupo Parlamentario Popular, expliquen a esta Cámara y a la
ciudadanía por qué razón no se ha cubierto antes el cargo vacante y por
qué razón no se ha designado a quien ha demostrado con creces su
capacidad y su entrega.
Por tanto, señores portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario Socialista les emplazo a que den las explicaciones
pertinentes en esta misma sesión y también les hago una advertencia
previa en forma de pregunta: ¿con qué legitimidad, moral y política,
pueden ustedes juzgar o criticar el funcionamiento del Defensor del
Pueblo cuando su anormal situación ha sido imputable en exclusiva a sus
respectivos Partidos? Nuestro Grupo Parlamentario ha sido un auténtico
convidado de piedra en las negociaciones para la provisión de tan
fundamental vacante institucional, pero no por eso ha dejado de proponer,
que yo recuerde desde el mes de junio, tanto en el Congreso, como en el
Senado, como en la Comisión Mixta, la candidatura de doña Margarita
Retuerto, sin que por ello hayamos vetado la posibilidad de otros
candidatos, como el señor Jiménez de Parga o como ahora don Fernando
Alvarez de Miranda. Por lo tanto, insisto, volvemos a pedir una respuesta
al respecto. ¿Por qué entonces, señores portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, han puesto en
tela de juicio la credibilidad de la Institución al prolongar de forma
tan irresponsable, a nuestro juicio, la interinidad?
Aquí y ahora ustedes, representantes de los grupos parlamentarios
mayoritarios, no pueden decir que nuestras preguntas son ajenas al orden
del día, y me curo en salud puesto que el propio Informe del Defensor del
Pueblo correspondiente al año 1993, en su presentación, pone especial
énfasis en la situación anormal que hemos descrito cuando señala que en
esta ocasión, sin embargo, concurren circunstancias que hacen de este
Informe algo inusual, en clara alusión a la situación de vacancia en el
cargo declarada por Resolución de 16 de marzo de 1993 del Presidente del
Congreso de los Diputados por expiración del plazo de nombramiento de su
titular. Por lo tanto, nuestras preguntas, nuestro emplazamiento, son
acordes y pertinentes con el debate que ahora sostenemos.
Pero a pesar de esta situación de interinidad hasta aquí expuesta, el
Defensor del Pueblo ha demostrado que los ciudadanos confían en él y que
es una institución consolidada, como lo acredita la actividad creciente
que arroja un incremento de 2.659 reclamaciones en relación con el año
1992, a las que debe añadirse el aumento en la resolución de expedientes
con resultado positivo para el interesado, en cuyo supuesto la
Administración reconoció total o parcialmente
su error, y que se pueden cuantificar en 11.335 casos, lo que a su vez
supone un incremento del 62 por ciento de las investigaciones abiertas.
Otro dato significativo abordado en el Informe es el que se refiere a las
garantías del ciudadano en sus relaciones con la Administración Pública.
El Informe demuestra que en numerosas ocasiones la Administración no
respeta la legalidad ni las garantías de los ciudadanos, y quiero hacer
aquí una precisión previa para que no se nos tache de partidistas: cuando
hablo de Administración me refiero tanto a la Administración central,
como a la Administración autonómica, como a la Administración local, como
a la Administración institucional. De esta forma se han visto afectados
principios procedimentales tan fundamentales como el de información,
dándose la ocasión de que se han colocado todo tipo de barreras que han
obstaculizado la participación ciudadana, individual o colectiva, o el
acceso a los expedientes de archivos administrativos para facilitar y
permitir una eficaz información a los ciudadanos, y que llega en
ocasiones a omitir la publicidad o los requisitos básicos de las
notificaciones, provocando con ello la ignorancia de los afectados y, por
ello, su posible indefensión. En ocasiones esta omisión ha alcanzado a
los instrumentos legales y a los recursos administrativos judiciales que
permiten el amparo de los derechos presuntamente vulnerados.
Todavía, y estamos hablando del siglo XX, en los albores prácticamente
del siglo XXI, nuestra Administración Pública adopta resoluciones sin
motivación o con apenas motivación. Todavía se tarda en contestar a las
peticiones de los interesados, cuando no se da la callada por respuesta
escudándose en el silencio administrativo, sin que la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común,
haya podido poner remedio a tales cuestiones por sus lagunas y carencias,
tal y como refleja adecuadamente el informe de nuestro Alto Comisionado.
De otra parte, el deficiente funcionamiento de la Seguridad Social en su
vertiente inspectora, recaudatoria y de reconocimiento y pago de
prestaciones, correctamente reflejada en el Informe, demanda no ya una
desconcentración de su Administración, sino incluso el urgente traspaso
de dicho organismo de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas que
así lo han solicitado.
Agradecemos y valoramos en su justa medida la colaboración desarrollada
por la Institución, por el Defensor del Pueblo, con los restantes
defensores autonómicos. Pero además, y en cumplimiento de nuestro deber
de apoyar la eficaz labor del Defensor del Pueblo, es obligado dejar
constancia de nuestra queja, utilizando precisamente la misma
terminología que utilizan los ciudadanos cuando acuden a la Institución,
acerca de las recomendaciones y sugerencias correspondientes al año 1993
y que, según datos de 30 de septiembre de este año 1994, se encuentran
pendientes de respuesta por parte de la Administración Pública. Supongo
que sus señorías tendrán especial curiosidad por saber qué personalidades
son las que han incumplido la contestación, el deber más elemental de
cortesía que puede existir hacia nuestro Alto Comisionado parlamentario.
Pues bien, se lo voy a decir, y queremos dejar por ello patente nuestra
queja y consiguiente protesta contra el Ministro para las
Administraciones Públicas y contra el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social por no haber respondido a las recomendaciones de fecha 24 de marzo
y 5 de agosto de 1993 sobre aplicación de las normas de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de los funcionarios públicos. Causamos protesta
contra la omisión de respuesta por parte del Director General del
Instituto Nacional de la Salud acerca de la recomendación del Defensor
del Pueblo, de 4 de junio de 1993, sobre selección y cese del personal
interino y eventual en instituciones sanitarias de la Seguridad Social.
Hacemos patente nuestra respetuosa queja contra el Ministro de Educación
y Ciencia por no dar respuesta a la recomendación de 25 de junio de 1993
sobre regulación de la situación de merma de facultades para el desempeño
de la función docente. Y por no hacer excesivo el listado de agravios
cometidos por insignes representantes de la Administración Pública,
citaremos sucintamente a otros responsables de que el «vuelva usted
mañana», lejos de ser una reliquia histórica, sea una realidad tangible
hoy día, y citamos así al Presidente del Consejo de Universidades, al
Director General del Gabinete del Ministro de Defensa, Ministra de
Asuntos Sociales, Director General de Investigaciones Científica y
Técnica, Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del
Ministerio de Hacienda, etcétera.
Pero con ser grave la omisión de respuesta a las recomendaciones o
sugerencias del Defensor del Pueblo, mayor reproche merecen los diversos
responsables de Administraciones que no han contestado a la primera
petición de informe y a los sucesivos requerimientos de la Institución,
incumpliendo con ello la obligación contenida en el artículo 18 de la Ley
Orgánica 3/1981, de 6 de abril. Tales incumplimientos requieren, según
nuestro entender, la tipificación del delito de desobediencia a las
peticiones de informe y subsiguientes requerimientos del Defensor del
Pueblo en el proyecto del Código Penal, recientemente remitido por el
Gobierno al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Señorías, no es bocado de buen gusto, no nos sabe bien subir a este
estrado y desgranar las cuentas de este rosario de infracciones de las
que es responsable nuestra Administración Pública sin distinciones;
Administración Pública, insisto, en su más amplia acepción y, por tanto,
admito el tanto de culpa que nos pueda corresponder a los representantes
de ciertas autonomías o de los partidos mayoritarios en ciertas
autonomías.
Pero el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos está comprometido con la
defensa y garantía de los derechos y libertades fundamentales, al igual
que nuestro más alto Comisionado Parlamentario para las garantías y
defensa de los ciudadanos, que es el Defensor del Pueblo, a quien
nuevamente expresamos nuestro agradecimiento y confianza por la labor
bien hecha.
En nuestro idioma, solemos decir en estas ocasiones: «Eskerrik asko».
Hasta siempre, Margarita Andrea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con el informe de 1993, presentado por doña Margarita Retuerto,
en funciones de Defensor del Pueblo, hemos llegado a la undécima edición.
Once largos años, desde la presentación del primer informe por don
Joaquín Ruiz Jiménez, continuado por don Alvaro Gil-Robles y,
posteriormente, por la citada doña Margarita Retuerto, que han dado a la
institución que representa el Defensor del Pueblo un prestigio y un
arraigo en la sociedad española difícil de superar, y que pocos habíamos
previsto. La opinión pública ha entendido el sentido de la institución
--buena prueba de ello es el gran aumento de consultas, peticiones y
súplicas de año en año-- y confía en ella, y la Administración va
aprendiendo que rectificar es sano si así lo aconseja el Defensor del
Pueblo. El exceso de rigurosidad sumado a un amor propio mal entendido
había desprestigiado años atrás a buena parte de nuestra Administración.
Las señales empiezan a notarse, y al Defensor del Pueblo hay que
atribuirle buena parte del cambio, aunque hoy nos ha manifestado que la
burocratización de las administraciones aún no ha encontrado el justo
equilibrio. El resultado es, pues, el fruto de un trabajo profesional
imparcial y ecuánime de largos años de la institución.
Motivos personales de salud me impidieron asistir a la presentación que,
en la Comisión Mixta Congreso Senado, hizo el actual Defensor del Pueblo.
Hoy, sobre mi mesa, he hallado el ejemplar con los trabajos del año 1993.
Con sólo una simple ojeada, uno puede darse cuenta de la cantidad y
calidad de los temas y de las soluciones.
Capítulo aparte merece el libro que acaba de llegar hoy a mis manos, en
el que se transcriben las recomendaciones y sugerencias que el Defensor
del Pueblo hace durante el ejercicio al Gobierno, a sus ministros, a los
secretarios de Estado, a los directores generales, etcétera, y, en su
caso, a las administraciones autónomas y a sus consejeros. Ninguna
plataforma mejor que la del Defensor del Pueblo para recomendar y sugerir
a las administraciones centrales o autonómicas variaciones, cambios y
mejoras para que los administradores y los administrados se sientan
observados los unos y protegidos los otros.
El detalle de las sugerencias no atendidas por las administraciones o
instituciones que nos ha hecho llegar a la Comisión, de las que ella ha
hablado largamente, y ha remachado el portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, hablan por sí solas de que el arraigo
todavía no es total, y que queda camino por recorrer. Es sabido que no es
sordo el más sordo, sino el que no quiere oír.
Termino con dos consideraciones. La primera, es manifestar que la
coordinación con los defensores del pueblo de las Comunidades Autónomas
--Sindic de Greuges, en el caso de Cataluña-- es fructífera y continuada.
El trabajo en común no aportará tan sólo un mejor conocimiento de los
problemas, sino que ayudará a la comprensión, por parte de los que
quieran comprender, de los distintos planteamientos que la diversidad de
las nacionalidades promueven.
La segunda consideración que hago es que ha sido lamentable que hayan
tardado dos largos años los dos grupos en discordia en ponerse de acuerdo
para nombrar, entre otros, al Defensor del Pueblo. La profesionalidad y
la dedicación de doña Margarita Retuerto ha paliado esta anómala
situación en la que nunca debieran haber caído el grupo que gobierna y
una oposición civilizada y constructiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Marca.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bados.
El señor BADOS ARTIZ: Con la venia, señor Presidente.
La señora Retuerto ha dado cuenta de la gestión de su departamento
durante el período del pasado año 1993 con un análisis y una valoración
exhaustiva, con el rigor y animosidad a que nos tiene acostumbrados, así
como con la vehemencia e ilusión, ya proverbiales, en la Defensora del
Pueblo, virtudes que creemos que son, no nos cabe la menor duda,
compartidas por todo su equipo en la institución, y tampoco dudamos de
que la vehemencia y la animosidad estén fundamentadas profundamente. Por
todo ello, quiero expresar con toda sinceridad a la Defensora del Pueblo
y a todo su equipo nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena, que creo
personalmente que se merecen. Y lo ha hecho por segundo año consecutivo,
1992 y 1993, siendo Defensora del Pueblo en funciones con fidelidad al
espíritu constitucional, que debe ser una institución de encuentro y de
diálogo.
En el informe se da cuenta de entendimientos, encuentros y, en muchas
ocasiones, de soluciones para altos mandatarios, viudas, soldados,
funcionarios, ancianos, niños, mujeres solitarias y maltratadas, presos,
jubilados, renteros y arrendatarios, enfermos, objetores de conciencia,
insumisos, disminuidos físicos y psíquicos, estudiantes y hasta un pastor
y algún que otro sacerdote. También los extranjeros legales e ilegales
han aumentado sus quejas. Y ello se ha hecho gracias a los rasgos
esenciales de la institución del Defensor del Pueblo: independencia,
acceso fácil y confianza. No obstante, reconocemos que el desconocimiento
de la sociedad sigue siendo numeroso, a pesar de la labor de propaganda
que nos consta que está haciendo la institución, que debería tener más
medios para la ampliación general de este cometido publicitario.
Podemos contabilizar más de 22.000 quejas, de unas Comunidades más que de
otras. En las zonas urbanas hay más quejas que en las rurales. Debe, por
tanto, intensificarse la publicidad de la institución para realizar el
adecuado trámite de las quejas. El incremento de admisibilidad es del 67
por ciento. El encuentro y el diálogo con las administraciones estatales,
autonómicas y municipales va mejorando, no lo deseable, pero va
mejorando. Y todo ello para solucionar las injusticias y abusos, aunque
hay algunos
casos llamativos en algunas administraciones que dan como respuesta el
silencio o, como decía el señor Sanz, el descuido o desprecio como norma.
No sé cómo ni hasta dónde debiera ostentar la institución poderes y
competencias para solventar estos casos, pero algo habría que hacer.
No obstante, a lo largo del Informe podemos ver que las instituciones que
están al servicio del ciudadano, y por los miles de quejas recibidas, no
funcionan adecuadamente.
Hay quejas en abundancia de la Telefónica; de Correos: pérdidas de envíos
postales, ausencia de reparto domiciliario, deficiente atención al
usuario; de Renfe: esa peligrosidad de los pasos a nivel, la falta de
atención al usuario; de transporte aéreo, aunque vemos que el informe no
se ocupa en lo que se refiere a comunicaciones de otros temas de análogo
interés como, por ejemplo, seguridad de la circulación, retrasos,
etcétera.
Creemos, también lo cree este parlamentario, que los cometidos del
Defensor del Pueblo no deberían limitarse a la intermediación del
ciudadano con la Administración para la tramitación de quejas concretas
que, posiblemente, no hayan encontrado cauce adecuado en otras
instancias. Sería útil que se llevase a cabo una labor de detección de
los males que de forma colectiva afectan al ciudadano español
principalmente en relación con la actuación de todo tipo de
administraciones, como sería útil también vigilar el cumplimiento de
medidas correctoras que eviten su repetición. Se aprecian también quejas
numerosísimas --y estoy hablando siempre de los defectos de la
Administración al servicio del pueblo, no solamente de nuestra
Administración estatal sino también de las autonómicas y locales-- sobre
el área del trabajo y protección social.
Asimismo, hay todo tipo de quejas personales de las Administraciones
públicas o de la estatal, con graves deficiencias en nombramientos,
traslados y demás. Las quejas sobre el área de obras públicas y vivienda
abarcan un buen número de páginas: en obras públicas, expropiaciones
forzosas, quejas de todo tipo verdaderamente llamativas por causas
verdaderamente injustas. Hay en el Informe miles de quejas sobre la
vivienda, así como en el área de la educación, que tan personalmente nos
puede afectar a algunos de los Senadores. Este Informe continúa
manteniendo una sistemática que desde el punto de vista de algunos de
nosotros resulta bastante improcedente ya que entre las quejas
presentadas se seleccionan algunas sin indicar nunca el número de las
mismas ni el tanto por ciento de las que han sido solucionadas por las
distintas administraciones.
Hay quejas relativas a provisión de puestos de trabajo, relativas al
acceso a la función pública docente en algunas Comunidades Autónomas
concretas. Hay quejas que, desde luego, nuestras administraciones
deberían tomar en cuenta, referentes a deficiencias en instalaciones de
centros docentes, a deficiencias de escolarización, de admisión de
alumnos, del derecho a la libre elección de centro, referentes a la
implantación de enseñanzas previstas por la Logse, quejas continuas,
abundantes. Quejas sobre la implantación anticipada del segundo ciclo de
educación secundaria obligatoria, quejas sobre las enseñanzas musicales,
de los derechos y deberes de los alumnos no digamos, y de la educación
especial. Qué cantidad de quejas y qué tremendamente llamativas y amargas
son algunas de ellas. Quejas de escasa dotación de personal
especializado, falta de escolarización, escolarización inadecuada,
imposibilidad de movilidad y transporte, falta de fiscalización de
centros concertados. En la educación universitaria, quejas sobre las
tasas académicas, la ineficacia de las pruebas de aptitud, el régimen
disciplinario de los estudiantes universitarios; quejas sobre los títulos
de enseñanza superior, con un serio retraso en la homologación de títulos
extranjeros, becas y ayudas con retrasos en los cobros, en las
adjudicaciones. En cuanto a los derechos fundamentales y libertades
públicas, hay unas quejas tremendamente agudas, llamativas, amargas sobre
el funcionamiento de la Administración de Justicia e Interior en
cárceles, etcétera.
Señorías, finalizo con algunas recomendaciones o, al menos, peticiones o
sugerencias respetuosísimas, que desearíamos se tomasen aún con más
interés por la Institución, o que nosotros mismos, los parlamentarios,
nos concienciáramos para dotar a la Institución, que tanto alabamos, de
más medios, operatividad y efectividad.
Primero, más publicidad de la institución del Defensor del Pueblo.
Segundo, más competencias para incoar expedientes a las Administraciones
olvidadizas, perezosas o insensibles. Y para nosotros en concreto,
parlamentarios Senadores, más relaciones, encuentros y colaboración con
la institución. Para finalizar, voy a expresar un gran deseo, después de
tantos avatares para el nombramiento del futuro Defensor del Pueblo, que
ya parece que, definitivamente, se ha conseguido, y es que se llegue a la
altura en que la señora Retuerto está dejando, ha dejado o va a dejar la
Institución. Como decimos en Navarra con nuestros fueros: «Que amejore la
Institución», de lo cual no nos cabe la menor duda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
El señor Fernández Ramos tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor FERNANDEZ RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista agradece la información
expuesta por la excelentísima Defensora del Pueblo, doña Margarita
Retuerto. Igualmente, agradece el trabajo realizado por ella y por su
adjunto, don Antonio Rovira, y, en conjunto, por toda la plantilla de la
Institución.
Tengo la convicción de que el Defensor del Pueblo se ha convertido en una
instancia fiable de reclamación para las ciudadanas y ciudadanos
españoles. El Informe es un verdadero termómetro medidor de los errores y
actuaciones carenciales del conjunto de las Administraciones públicas, a
las cuales ayuda la Institución con sus recomendaciones y sugerencias que
sirven para acabar con las causas que motivan las quejas. Bueno es
recordar que el Informe recoge las quejas y los problemas planteados por
la Administración estatal y de las 17 Comunidades Autónomas, 40
Diputaciones y Cabildos, Ceuta y Melilla y más de 8.000 ayuntamientos.
Del propio Informe me parece interesante resaltar que, a lo largo de este
período de tiempo, la Institución y el equipo que la compone han seguido
actuando convencidos de que la situación de interinidad es un mecanismo
administrativo que tiene por objeto asegurar la continuidad de las
instituciones frente a cualquier contingencia, pero que no rebaja ni las
obligaciones ni las facultades que la Constitución atribuye al Defensor
del Pueblo.
Al hilo de esta misma reflexión, se puede afirmar que la situación que a
lo largo de este año ha atravesado la Institución ha tenido la virtud de
poner de manifiesto que existe un espacio institucional propio para el
Defensor del Pueblo, que los ciudadanos confían en él, incluso en
situación de provisionalidad, que es una institución consolidada y, por
lo tanto, es capaz de superar circunstancias adversas, y que se justifica
también por sus resultados.
Coincidimos, cómo no, con la señora Defensora del Pueblo en que la
institución es de encuentro y de diálogo, luchando por un pacto para la
convivencia en lo fundamental y de proximidad a la sociedad, o cuando se
refiere a la mediación como método de resolución de los conflictos para
la institución, un medio complementario de los recursos
administrativo-jurídicos.
En relación a las 28 Administraciones autonómicas y locales que no han
contestado a la petición de la Defensora del Pueblo y, por lo tanto, han
entorpecido su labor, participamos en el criterio de utilizar la
posibilidad razonable de poner en conocimiento del Fiscal General del
Estado estas actuaciones. En el Informe de la Comisión se menciona que
por parte de las Administraciones se ha aumentado el grado de
reconocimiento del error. Esta capacidad de quienes ejercen el poder
indica una madurez democrática digna de aplaudirse.
Como es costumbre en mis intervenciones que tienen relación con el
Informe del Defensor del Pueblo, hago un apartado para la estadística
porque, aun sabiendo de la frialdad de los números, también hay que tener
en cuenta la estadística, según Mínguez, es la ciencia que tiene por
objeto aplicar las leyes de la cantidad a los hechos sociales para medir
su intensidad, deducir las leyes que lo rigen y hacer su predicción
próxima.
En línea con lo que estamos diciendo, la propia intervención en Comisión
de la excelentísima señora Defensora del Pueblo apuntó que la cifra
global de quejas es indicativa, pero no debe ser interpretada
directamente como índice del malestar de los ciudadanos. Del estudio que
realiza la Institución, cada una de ellas permite asegurar que en muchos
casos unas pocas quejas representan un problema de mayor magnitud y
trascendencia que cientos de quejas sobre un asunto que no afecta a la
actuación de las Administraciones públicas, o sea, un problema de menor
envergadura.
Sugiero a la Institución, pasados ya los once años de Informes anuales,
la elaboración de un estudio monográfico --o anexo al próximo Informe--
estadístico de lo ocurrido en dichos años. Los 22.000 expedientes del año
1993 suponen un incremento del 13 por ciento sobre el año anterior. En el
36 por ciento de los casos, uno de cada tres, no son quejas, sino
insuficiencia de información que la Defensora del Pueblo, en la medida de
lo posible, trata de erradicar; 11.000 quejas, el 50 por ciento,
pertenece a catorce grupos que son quejas idénticas o sustancialmente
iguales, pero presentadas de forma individual y con una investigación de
forma agrupada. Por ejemplo, si hay un vertedero de basuras que molesta a
un barrio y se recogen 1.000 firmas, el problema es uno y no mil. Las
quejas de la Administración central son 15.000, y el Defensor del Pueblo
entiende correctas 3.200 actuaciones, lo que supone el 21 por ciento; es
decir, una de cada cinco de las protestas eran actuaciones correctas de
la Administración. Se han subsanado por la misma --la Administración
Central-- 10.600, lo que supone el 66 por ciento que, sumadas con las
anteriores, llegan prácticamente al 90 por ciento entre correctas y
subsanadas; sólo quedan pendientes 1.129, que es un 6 por ciento, que no
representa una gran cantidad como para preocupar globalmente, aunque sí
para el ciudadano que tiene que esperar más tiempo para la resolución de
su problema.
Entrando en temas concretos, en cuanto a la objeción de conciencia, el
enorme incremento de las peticiones para acogerse a ella en el Servicio
Militar ha provocado excesivos retrasos en la resolución de las
solicitudes, porque se han desbordado las previsiones organizativas de la
Administración. Para asegurar que los objetores de conciencia realicen la
prestación social sustitutoria se elaboró el Plan de Objeción de
Conciencia; se crea una Dirección General de Objeción de Conciencia,
aumentando la dotación de medios personales y materiales adscritos; se
descentralizan determinadas funciones, etcétera, con lo cual se pretende
regular la situación de la objeción de conciencia en el año 1996.
En otro apartado, la búsqueda de medios eficaces y reales para proteger
los derechos de los extranjeros y para erradicar el racismo y la
xenofobia están presentes de nuevo en la comunicación del Defensor del
Pueblo, haciendo un llamamiento a la sociedad para que comparta con la
Administración la responsabilidad de combatir la discriminación,
llamamiento que apoya el Grupo Socialista. Con este llamamiento a la
sociedad, el Defensor del Pueblo agradece en materia de malos tratos la
colaboración de la Fiscalía General del Estado, de la que destaca la
prontitud y la exhaustividad con la que atiende sus solicitudes. Me
consta la especial importancia que este tema reviste para Justicia e
Interior, que realiza un análisis cuidadoso de las quejas sobre presuntos
malos tratos. En este sentido, nos referimos a Cuerpos de Seguridad del
Estado, policías autonómicos, policías municipales y compañías privadas
de seguridad.
El Informe sigue sugiriendo la necesidad de adoptar medidas cautelares,
especialmente, la suspensión de funciones en ciertos supuestos contra los
funcionarios. Sobre ello, cuando se abre el expediente disciplinario se
examina con la debida proporcionalidad entre la conducta y el rigor de la
misma. Sólo se decide la suspensión provisional de funciones en los casos
en que la gravedad apriorística de la misma la haga adecuada y
proporcionada. Ahora bien, la continuación de los expedientes
disciplinarios sin producirse el pronunciamiento judicial no nos parece
adecuado,
ya que generalizaría una posibilidad que el ordenamiento jurídico maneja
con extrema cautela, aparte del riesgo que supone adoptar una medida
hiriente, aun de carácter provisional, que puede resultar contradicha en
el fallo definitivo. Se trata de un problema de valoración necesariamente
individualizada en función de cada uno.
Destaca el Informe del Defensor del Pueblo que las quejas tramitadas en
cuanto a novatadas han sido escasas e insta al Ministerio a que continúe
en la misma línea de erradicar estas prácticas vejatorias que atentan
contra la dignidad de los soldados que cumplen el servicio militar. No
obstante, como ya se ha advertido en otras ocasiones, para la
erradicación absoluta de las mismas es preciso, en muchos casos, contar
con la colaboración de los propios soldados pues el medio en que se
realizan éstas es precisamente entre ellos, siendo los más antiguos o de
mayor experiencia quienes se prevalen de la misma para cometer las
novatadas. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
En relación con los extranjeros y respecto a las normas existentes de
entrada en España, la misión de los agentes policiales es permitir el
paso sólo de las personas que reúnan los requisitos establecidos en
nuestro ordenamiento jurídico. De cada extranjero rechazado se levanta un
informe y se le notifican los motivos por los que no se le permite la
entrada, también se informa a sus familiares ya que no es está
incomunicado. Es necesario apuntar que la próxima entrada en vigor del
Convenio para la aplicación del Acuerdo de Schengen contribuirá a la
armonización de criterios en esta materia entre todos los Estados
miembros.
Pasamos al problema de la intimidad personal y familiar que se está
viendo afectada por una sociedad que en su actual estructura demanda y
consume informes. En este sentido, también inciden las garantías y
protección del derecho a la intimidad de los menores y se hace referencia
a la instrucción del Fiscal General del Estado que tuvo como fundamento
una serie de gestiones realizadas por distintas instituciones, entre
ellas el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Asuntos Sociales y
organizaciones no gubernamentales más representativas que operan en el
ámbito de la infancia, quienes solicitaron la elaboración de una norma de
instrucción a los fiscales, de forma que extremaran el celo en el
cumplimiento de la Ley Orgánica del derecho a la intimidad personal y a
la propia imagen. En todo caso, el Ministerio de Asuntos Sociales es un
Departamento con escaso volumen de quejas, posiblemente debido al alto
nivel de descentralización logrado a través de las transferencias de
competencias a las Comunidades Autónomas.
El Defensor del Pueblo dedica varios puntos de su Informe a recoger las
quejas que se han formulado sobre las listas de espera, tanto las de
intervenciones quirúrgicas programadas como las de exploraciones
diagnósticas y las de acceso a consultas de centros de especialidades.
Nos consta que la disminución de las listas de espera y la demora media
es uno de los principales objetivos del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En cuanto a la intervención quirúrgica, se pretende disminuir el tiempo
de espera a menos de seis meses a base del incremento de la
productividad, utilización del quirófano, desarrollo de unidades de corta
estancia y cirugía ambulatoria. También se contempla la utilización
complementaria de recursos ajenos, especialmente los públicos y
posteriormente los privados. La falta de centros adecuados para el
tratamiento de la salud mental vuelve a ser, como en años anteriores, uno
de los asuntos de la problemática sanitaria. En este apartado el Defensor
del Pueblo manifestó el problema de aquellos pacientes que deben hacer
frente a los gastos de internamiento sanitario en un centro ajeno a la
Seguridad Social y que han sido determinados por los especialistas de
dicho sistema. En este tipo de pacientes psiquiátricos se entremezclan
los problemas de índole sanitario, social e incluso familiar. Para
satisfacer los reintegros de gastos generales para estas situaciones se
exige que la prestación no hubiera sido atendida por falta de recursos en
las instituciones propias de la Seguridad Social, que hubiera sido
prescrita por un especialista de ésta, que el internamiento esté motivado
por un proceso médico --en concreto, psiquiátrico-- y no condicionado por
factores de tipo social, cultural o de otra índole, que resulten ajenos a
la esfera estrictamente sanitaria y que, por tanto, no puedan ser
asumidos con cargo a la Seguridad Social.
No obstante todo lo manifestado, debe indicarse que se han producido
avances importantes en el campo de la asistencia psiquiátrica, ya que la
atención de la salud mental, y en concreto la asistencia psiquiátrica,
que incluye el diagnóstico y el seguimiento clínico y, en su caso, la
hospitalización, aparece recogida como una prestación sanitaria del
sistema nacional de salud en el proyecto de Real Decreto, actualmente en
avanzado estado de tramitación.
Cambiando de tema, en el informe anual se manifiesta, por un lado, la
inquietud sobre determinados aspectos de la prestación del servicio
público postal por cierta dispersión normativa en ese ámbito y, por otro
lado, la insuficiente atención y cobertura del servicio postal en el
ámbito rural y las urbanizaciones. Se reconoce por la Defensora del
Pueblo que algunos de los problemas puestos de manifiesto por la
institución han sido debidamente abordados por la Administración postal,
adoptándose las medidas necesarias para solventarlos.
Con respecto a la insuficiente atención y cobertura en el ámbito rural y
en las urbanizaciones, se identifica con zonas rurales de gran dispersión
demográfica y zonas de segunda residencia que suponen el 0,8 por ciento
del total de la población nacional. Los objetivos específicos marcados
para el presente año pretenden dar cobertura al reparto de un 20 por
ciento de la población que actualmente no dispone de ella, previéndose
cubrir las necesidades de todos los usuarios en un plazo de tres años.
La facturación del servicio telefónico es uno de los problemas que
tradicionalmente son tratados en los informes del Defensor del Pueblo.
Ello puede deberse a que en un colectivo de más de catorce millones de
abonados siempre hay un grupo que apreciará errores en el servicio por su
prestación anómala, desgraciadamente. Por otro lado, como recoge el
informe, se autorizó la implantación progresiva de la facturación
detallada del servicio telefónico, estando previsto alcanzar a cinco
millones y medio de abonados en 1994 y a la totalidad de ellos en 1997.
Con respecto a la problemática de la vivienda en cuanto a los efectos
negativos de la legislación de arrendamientos urbanos de 1964 y por la
supresión de la prórroga forzosa de los arrendamientos urbanos de 1985,
es conocido por la Defensora del Pueblo y por sus señorías que, a
propuesta del Gobierno español, el Parlamento está tramitando el
correspondiente proyecto de ley de arrendamientos urbanos, trámite que
hoy finaliza en el Congreso de los Diputados.
En cuanto a las indemnizaciones por tiempo de prisión, se exponen
determinadas quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo. La mayoría de
éstas corresponden a los solicitantes de la indemnización citada que aún
no han acreditado documentalmente los períodos de prisión sufridos por
motivos políticos al no haber encontrado antecedentes en los archivos y
registros consultados. A este respecto, es bueno informar que de las
101.000 solicitudes que se han presentado se han resuelto, hasta la
fecha, 96.000 expedientes, quedando pendientes 5.000 por no haber
completado la documentación, y habiéndose cursado en todos los casos al
menos hasta tres requerimientos a cada interesado, a fin de que incorpore
los documentos necesarios para resolver la solicitud.
Finalmente, no es menos importante el derroche de trabajo que representan
las 257 recomendaciones y sugerencias realizadas por la Defensora del
Pueblo ante la Administración, de las cuales 91 han sido aceptadas y 128
están pendientes.
La independencia que muestra la institución en sus actuaciones y el hecho
de que sea capaz de recoger los avances que se están produciendo en las
diversas administraciones son aspectos dignos de felicitación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Ramos.
--ELECCION DE DOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
(726/000001.)
--ELECCION DE CINCO MIEMBROS DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (729/000003.)
--ELECCION DE SEIS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ENTE
PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA. (729/000004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al siguiente punto del
orden del día, consistente en la elección de dos vocales del Consejo
General del Poder Judicial, cinco miembros del Consejo de Universidades y
seis miembros del Consejo de Administración del Ente Público
Radiotelevisión Española.
Solicito a los servicios de la Cámara que llamen a votación. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías presten atención, porque vamos
a entrar en el punto del orden del día relativo a la elección de los dos
vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y tal y como hemos
convenido en la reunión de la mesa, oída la Junta de portavoces, vamos a
efectuar de manera simultánea la elección de los cinco miembros del
Consejo de Universidades, que corresponde elegir a esta Cámara, así como
la elección de los seis miembros del Consejo de Administración del Ente
Público de Radiotelevisión Española. Por tanto, vamos a efectuar la
votación de los tres puntos simultáneamente.
En relación con la elección de los dos vocales del Consejo General del
Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116.1 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, el Presidente del Consejo ha puesto en
conocimiento de esta Cámara los ceses de los vocales de dicho Consejo:
doña María Teresa Fernández de la Vega y Sanz, que en su día fue elegida
por el Senado entre abogados y otros juristas de reconocida competencia
en cumplimiento del artículo 112.2 de la referida Ley, y don Eligio
Hernández Gutiérrez, que en su día fue elegido por el Senado entre jueces
y magistrados de todas las categorías judiciales en servicio activo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la citada norma.
Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado y
en relación con los artículos 111 y 112 de la misma, procede que el
Senado proponga al nombramiento de su Majestad el Rey a dos nuevos
vocales de dicho Consejo que sustituyan a don Eligio Hernández Gutiérrez
y a doña María Teresa Fernández de la Vega y Sanz, por mayoría de tres
quintos.
Dentro del plazo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento, se han
presentado las siguientes candidaturas --suscritas por el Grupo
Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió y por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos--: la
de don Luis Pascual Estevill y la de don Gregorio García Ancos.
De manera que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 184.3, en
relación con el 187 del Reglamento, la votación ha de hacerse por
papeletas, en las que cada Senador podrá incluir tantos nombres como
puestos a cubrir. La Mesa hará el escrutinio y proclamará elegidos a los
candidatos, que deberán obtener la mayoría de tres quintos del número de
Senadores. Y dado que la Cámara está integrada actualmente por 256
Senadores, la mayoría de tres quintos es de 154 Senadores. De los dos
electos, uno habrá de ser juez o magistrado de todas las categorías
judiciales y el otro abogado o jurista de reconocida competencia y con
más de quince años de ejercicio en su profesión.
En caso de no obtenerse la mayoría de tres quintos para alguno de los
puestos, se repetirá la votación entre aquellos dos candidatos que sin
alcanzar dicha mayoría hayan obtenido mayor número de votos. De
producirse empate, se repetirá la votación entre los que hubieran
obtenido igual número de votos y, en su caso, entre los que le sigan en
la medida necesaria para cubrir las restantes vacantes.
En relación con la elección de cinco miembros del Consejo de
Universidades, el artículo 24.3.c) de la Ley Orgánica 11/83, de Reforma
Universitaria, establece que el Consejo de Universidades estará integrado
por 15 miembros
nombrados por un período de cuatro años entre personas de reconocido
prestigio o especialistas en los diversos ámbitos de la enseñanza
universitaria y de la investigación, designados del siguiente modo: cinco
por el Congreso de los Diputados, cinco por el Senado y cinco por el
Gobierno. En consecuencia, corresponde elegir a la Cámara, en su caso,
cinco miembros del Consejo de Universidades.
De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Reglamento del
Senado, la elección por el Senado de los miembros del Consejo de
Universidades seguirá el mismo procedimiento dispuesto en el artículo
184. Por ello, procede lo siguiente: Cada grupo parlamentario o diez
Senadores pueden presentar tantos candidatos como puestos a cubrir entre
las personas que reúnan las condiciones establecidas. La presentación de
candidaturas se hará no más tarde del inicio de la sesión en que se haya
de celebrar la elección.
Dentro del plazo establecido, se han presentado las siguientes
candidaturas por los grupos parlamentarios Socialista y Popular,
Convergència i Unió y de Senadores Nacionalistas Vascos: don José Antonio
Martín Pereda, don Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, don Manuel Martí
Recober, don Vicente Pedraza Muriel y don Luis García Moreno. La votación
se hará por papeletas en las que cada Senador podrá incluir tantos
nombres como puestos a cubrir. La Mesa efectuará el escrutinio y
proclamará elegidos a los cinco candidatos que obtengan mayor número de
votos, siempre que éste equivalga al menos a los tres quintos del número
de Senadores que en este momento integran la Cámara, y ya he señalado que
en estos momentos la mayoría de tres quintos es de 154 Senadores. Las
demás reglas, en caso de no obtención de mayoría o de empate, son las
anteriormente enunciadas.
En relación a la elección de los seis miembros del Consejo de
Administración del Ente Público RTVE, el artículo 7.1 de la Ley 4/80, de
10 de enero, establece que el Consejo de Administración del Ente Público
estará compuesto por 12 miembros elegidos para cada legislatura, mitad
por el Congreso de los Diputados y mitad por el Senado, mediante mayoría
de dos tercios, entre personas de relevantes méritos profesionales. Por
tanto, procede que el Senado, en este acto, elija por la citada mayoría a
los seis miembros del Consejo de Administración que le corresponda
designar.
En cumplimiento del artículo 188 del Reglamento se aplicarán, dentro de
lo posible, las normas contenidas en el artículo 184 de nuestro
Reglamento. Por tanto, procede que cada grupo parlamentario o diez
Senadores puedan presentar los candidatos a puestos a cubrir, y haciendo
uso de esta facultad se ha presentado, con las firmas de los portavoces
de los grupos Socialista, Popular, Convergència i Unió y de Senadores
Nacionalistas Vascos, la candidatura integrada por los siguientes
señores: don Miguel Angel Gozalo Sainz, don José Vila Abelló, don Ander
Landáburu, don Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, don Juan Ignacio Unda Urzaiz
y don José Antonio Pérez-Nievas Heredero.
La mayoría requerida, reitero, en este caso de dos tercios, exige que
cada uno de los elegidos tenga la votación favorable de al menos 171
miembros de la Cámara. Las reglas, en caso de no obtenerse mayoría y de
empate, son las que sus señorías conocen.
Hemos situado, como sus señoría pueden ver, las tres urnas, que tiene
rótulos correspondientes al color de las papeletas de que disponen sus
señorías. La de color blanco procede para la elección del consejo general
del Poder Judicial, la de color azul para el Consejo de Universidades y
la de color sepia para el Consejo de Administración del Ente Público de
Radiotelevisión Española. Existen, por tanto, papeletas de votación con
estos tres colores que, en su caso, sus señorías pueden rellenar con los
nombres a los que acabo de dar lectura.
Sabe la Mesa que los grupos parlamentarios han facilitado también
papeletas con los nombres previamente impresos que, por lo tanto, serán
las que en su caso utilicen sus señorías.
Vamos a pedir su colaboración para que se pueda efectuar la votación y el
recuento correspondiente sin incurrir en errores. Ruego a los señores
secretarios que procedan a iniciar el llamamiento con una regularidad que
nos permita seguir las votaciones y efectuar el control de los votos
emitidos.
Me señalan que sería tal vez conveniente que estableciéramos una
dirección para efectuar las votaciones y se eviten así embotellamientos.
Entonces, quizás sus señorías puedan entrar por el lado de la izquierda y
terminar por el lado de la derecha, sin que ese orden prejuzgue ninguna
intencionalidad. (Risas.)
¿Alguna duda que pueda ser resuelta por la Mesa? (Pausa.)
Los señores secretarios pueden dar comienzo al llamamiento y a efectuar
las votaciones.
Por el señor Secretario Segundo, Rojo García, y el señor Secretario
Cuarto, Hernández Cochón, se procede a efectuar el llamamiento de las
señoras y de los señores Senadores, por orden alfabético.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún miembro de la Cámara no ha efectuado la
votación? (Pausa.) Se da por concluida ésta.
Iniciamos el recuento de la votación efectuada para elegir a los dos
miembros del Consejo General del Poder Judicial. A los efectos de que los
señores Secretarios tomen nota, la candidatura completa, es decir,
aquella que contenga los dos nombres que figuraban en ella, la citaré
sólo como candidatura para no repetir los nombres propios.
Comienza el escrutinio (Pausa.)
Realizado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: El resultado del escrutinio, coincidente el recuento
realizado por todos los señores Secretarios, ha sido el siguiente: Don
Luis Pascual Estevill, 199 votos; don Gregorio García Ancos, 214 votos;
cuatro votos fueron efectuados en blanco y 14 papeletas nulas.
Por lo tanto, quedan proclamados Vocales elegidos para el Consejo General
del Poder Judicial don Luis Pascual
Estevill y don Gregorio García Ancos, cuyos nombres serán propuestos a Su
Majestad el Rey para su nombramiento.
Procedemos al escrutinio, con el mismo procedimiento, de la candidatura
completa, del Consejo de Universidades.
Comienza el escrutinio Pausa.)
Realizado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido el siguiente:
los señores que integraban la propuesta de candidatura, es decir, don
José Antonio Martín Pereda, don Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, don
Manuel Martí Recober, don Vicente Pedraza Muriel y don Luis García Moreno
han obtenido 215 votos todos ellos; dos votos han sido en blanco y 15 han
sido declarados nulos. Por lo tanto, quedan elegidos por el Senado para
formar parte del Consejo de Universidades los citados señores, don José
Antonio Martín Pereda, don Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, don Manuel
Martí Recober, don Vicente Pedraza Muriel y don Luis García Moreno.
A continuación efectuamos el recuento de la candidatura del Consejo de
Administración del Ente Público Radio Televisión Española con el mismo
procedimiento. La candidatura está integrada por don Miguel Angel Gozalo
Sainz, don José Vila Abelló, don Ander Landáburu, don Jesús Ruiz-Huerta
Carbonell, don Juan Ignacio Unda Urzaiz y don José Antonio Pérez-Nievas
Heredero.
Comienza el escrutinio. (Pausa.)
Terminado el escrutinio dijo:
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido el siguiente:
Para el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, con 216
votos, han resultado elegidos don José Vila Abelló, don Ander Landáburu,
don Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, don Juan Ignacio Unda Urzaiz y don José
Antonio Pérez-Nievas Heredero. También ha sido elegido con 201 votos don
Miguel Angel Gozalo Sainz y ha habido 13 votos nulos y dos votos en
blanco.
Por tanto, hemos efectuado la elección de los dos vocales del Consejo
General del Poder Judicial, que serán propuestos para el nombramiento a
Su Majestad el Rey, los cinco miembros del Consejo de Universidades que
ha elegido el Senado y los seis miembros del Consejo de Administración
del Ente Público de Radiotelevisión Española.
Muchas gracias.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACION
DE RUSIA, HECHO EN MADRID EL 11 DE ABRIL DE 1994. (S. 610/000105) (C. D.
110/000106.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proseguir el estudio de nuestro orden del
día, iniciando el debate del quinto punto, conocimiento por el Pleno de
tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los
Diputados.
En primer lugar, el Convenio de Seguridad Social, entre el Reino de
España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 15 de abril de 1994,
que se publicó en los boletines correspondientes con fecha 5 de octubre
del año en curso.
No hubo propuestas. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
Entiendo que puede ser aprobado por asentimiento de la Cámara. Así se
proclama y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento.
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE LAS
BAHAMAS AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION
INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (S.
610/000106) (C. D. 110/000107.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación por parte de España de la
Adhesión de las Bahamas al convenio sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980, publicado en los boletines correspondientes con fecha 5 de
octubre del año en curso.
Tampoco se presentaron propuestas. ¿Algún miembro de la Cámara quiere
hacer uso de la palabra en los turnos correspondientes? (Pausa.)
Entiendo que la Cámara está dispuesta a que sea esta Declaración aprobada
por asentimiento, y por lo tanto se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA EXTENSION A LOS DEPARTAMENTOS
Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR FRANCESES DEL CONVENIO SOBRE RECONOCIMIENTO Y
EJECUCION DE DECISIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS CON
RESPECTO A MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 15 DE ABRIL DE 1958. (S.
610/000107) (C. D. 110/000108.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación de España de la extensión
a los Departamentos y Territorios de Ultramar Franceses del Convenio
sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de obligaciones
alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de abril de
1958, publicado en los boletines correspondientes con fecha 5 de octubre
del año en curso.
Tampoco se presentaron propuestas. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
Entiendo que puede ser aprobado por asentimiento de la Cámara. Así se
declara y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA EXTENSION A LAS ANTILLAS
HOLANDESAS DEL CONVENIO SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE DECISIONES EN
MATERIA DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS CON RESPECTO A MENORES, HECHO EN LA
HAYA EL 15 DE ABRIL DE 1958. (S. 610/000108) (C. D. 110/000109.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación de España de la extensión
a las Antillas Holandesas del Convenio sobre reconocimiento y ejecución
de decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a
menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958. Se publicó en las
mismas fechas que el anterior.
No se presentaron propuestas. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
Entiendo que la Cámara está dispuesta a aprobar dicha declaración por
asentimiento. Así se declara y se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE LIECHTENSTEIN AL
CONVENIO SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE DECISIONES EN MATERIA DE
OBLIGACIONES ALIMENTICIAS CON RESPECTO A MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 15
DE ABRIL DE 1958. (S. 610/000109) (C. D. 110/000110.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación de España de la adhesión
de Liechtenstein al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a
menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958. Se publicó en las
mismas fechas que el anterior.
No se presentaron propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
Se declara aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de esta
Declaración.
--TRATADO DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
CANADA, FIRMADO EN MADRID EL 4 DE JULIO DE 1994. (S. 610/000110) (C. D.
110/000111.)
El señor PRESIDENTE: Tratado de asistencia mutua en materia penal entre
el Reino de España y Canadá, firmado en Madrid el 4 de julio de 1994,
publicado con fecha 5 de octubre del año en curso.
Tampoco hubo propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
Entiendo que puede ser aprobado por asentimiento de la Cámara y así lo
declaro, quedando, por lo tanto, en este acto autorizado el Gobierno a
prestar su consentimiento para obligarse.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA DECLARACION DE CONTINUIDAD DE
LA REPUBLICA CHECA AL CONVENIO SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE
DECISIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS CON RESPECTO A
MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 15 DE ABRIL DE 1958.(S. 610/000111) (C. D.
110/000112.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de Aceptación de España de la
declaración de continuidad de la República Checa al Convenio sobre
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de obligaciones
alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de abril de
1958. Se publicó también en fecha 5 de octubre del año en curso.
No se presentaron propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
Entiende la Presidencia que puede ser aprobada por asentimiento y así se
declara, y, por lo tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA DECLARACION DE CONTINUIDAD DE
SURINAM AL CONVENIO SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE DECISIONES EN
MATERIA DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS CON RESPECTO A MENORES, HECHO EN LA
HAYA EL 15 DE ABRIL DE 1958. (S. 610/000112) (C. D. 110/000113.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de Aceptación de España de la
declaración de continuidad de Surinam al Convenio sobre reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones alimenticias con
respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958.
No se presentaron propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
Entiendo que se aprueba por asentimiento y así lo declaro, autorizándose
en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para
obligarse.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE VENEZUELA AL
CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA
CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (S.
610/000113) (C. D. 110/000114.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de Aceptación de España de la adhesión
de Venezuela al Convenio relativo a
la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil,
hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
No se presentaron propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
Se entiende que la Cámara lo aprueba por asentimiento y así se declara, y
se autoriza, por lo tanto, en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
PRINCIPADO DE ANDORRA SOBRE EL REGIMEN DE CIRCULACION DE PERSONAS, DE 25
DE MAYO DE 1994 Y 17 DE JUNIO DE 1994.(S. 610/000114) (C. D. 110/000115.)
El señor PRESIDENTE: Canje de notas constitutivo de acuerdo entre el
Reino de España y el Principado de Andorra sobre el régimen de
circulación de personas, de 25 de mayo de 1994 y 17 de junio de 1994.
No se presentaron propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
Se declara aprobado por asentimiento y, por lo tanto, se autoriza en este
acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse.
--TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
FEDERACION DE RUSIA, FIRMADO EN MADRID EL 12 DE ABRIL DE 1994. (S.
610/000115) (C. D. 110/000116.)
El señor PRESIDENTE: Tratado de Amistad y cooperación entre el Reino de
España y la Federación de Rusia, firmado en Madrid el 12 de abril de
1994. Se publicó con fecha 5 de octubre de 1994.
Tampoco hubo propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
Entiendo que puede declararse este Tratado aprobado por asentimiento del
Senado. Así se declara y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse por medio del Tratado de Amistad
y cooperación entre el Reino de España y la Federación de Rusia, firmado
en Madrid el 12 de abril de 1994.
--MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE
PROPONGA AL CONSEJO DE MINISTROS DE PESCA DE LA UNION EUROPEA LA
ABOLICION TOTAL DEL ARTE DE PESCA DE TUNIDOS CON REDES DE ENMALLE A LA
DERIVA A PARTIR DEL 1.º DE ENERO DE 1995. (671/000013.)
El señor PRESIDENTE: Sexto punto del orden del día. Mociones consecuencia
de interpelación.
En primer lugar, corresponde el debate de la moción del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a que
proponga al Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea la
abolición total del arte de pesca de túnidos con redes de enmalle a la
deriva a partir del 1.º de enero de 1995.
Para la defensa de la moción, el Senador Gangoiti Llaguno tiene la
palabra.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Dado, por un lado, el consenso que espero que exista sobre esta moción,
que, al fin y al cabo, significa el defender los intereses de los
pescadores de toda la cornisa cantábrica, de las Comunidades Autónomas de
Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, y dado lo avanzado del
Pleno, trataré de ser breve.
Para todos --y yo creo que es uno de los temas en los que la ciudadanía
tiene una mayor conciencia-- el Tratado de Adhesión de 1986 a lo que
entonces era Comunidad Económica Europea y hoy es Unión Europea no fue
satisfactorio, y no estoy criticando aquí, ni mucho menos, a los
negociadores, porque, al fin y al cabo, se trataba de una negociación
global. Pero si hay un sector que quedó marginado y discriminado es el
sector pesquero. Un sector que ha sido, que sigue siendo y que yo espero
que continúe siéndolo, si somos capaces de impulsar al Gobierno, líder a
nivel de esa Unión Europea.
Y en la problemática concreta que nos trae aquí, el tema de los túnidos,
un tema importante para la flota de bajura del Cantábrico, vemos con
preocupación lo que dijimos aquí todos los Grupos Parlamentarios en la
primavera de este año, en vísperas de que comenzase la faena: que el
Estado francés estaba por el hecho de incumplir, repito, de incumplir, la
normativa comunitaria. No hay más que ver las declaraciones del
Subsecretario de Pesca del Gobierno francés por aquella época, y no hay
más que ver los tristes acontecimientos, peligrosos acontecimientos,
desde un punto de vista humano, que se han desarrollado durante este
verano. Y es que estamos ante un hecho que no es un enfrentamiento, como
piensa el Gobierno francés y como plantea el Gobierno francés a la
opinión pública, entre nuestra flota y la suya. Estamos ante un
enfrentamiento de dos tipos de artes: entre un tipo de arte que es el
tradicional de nuestra flota y de parte de la flota francesa; y ante un
arte depredador que todas las grandes organizaciones ecologistas y de
consumidores han denunciado que es contrario a los principios del medio
ambiente, de la conservación y de la calidad de los productos, que
utiliza parte de la flota francesa. Una parte de la flota francesa que se
incorporó a la pesca de los túnidos después de llevar una actuación
depredadora en la flota de altura. Y son ellos los que en estos momentos,
después de llevar esa actitud y de arrasar parte de las especies de
altura, se reconvierten a bajura utilizando esas artes. Unas artes que no
se utilizaban todavía en vísperas de nuestra adhesión a la Unión Europea.
Por lo tanto, señorías, creo que nos asiste toda la razón jurídica. Nos
asiste toda la razón desde un punto de vista
ecológico, nos asiste toda la razón desde el punto de vista de defensa
del consumidor y nos asiste también toda la razón política desde que el
29 de septiembre de este año el Parlamento Europeo aprobaba una
resolución por la cual exigía la desaparición de las volantas, de ese
arte depredador de pesca, a partir del 1.o de enero del próximo año. Una
sesión del Parlamento Europeo que se vio enturbiada --ya lo dije en la
interpelación-- por la intervención del Comisario de Pesca griego que,
desoyendo la voluntad mayoritaria y popular de la ciudadanía europea,
decía que las volantas podían seguir existiendo hasta 1997 y que podíamos
ir hacia una reducción paulatina de las mismas.
Y aquí, señorías, tenemos que ser serios. Aquí, señorías, cualquier
experto en el tema puede decir que las volantas de dos kilómetros y medio
que se están utilizando hoy en día no son rentables. Cualquier volanta ha
de tener un kilómetro por pescador; y los barcos que se dedican a la
pesca de los túnidos llevan alrededor de ocho pescadores, por lo cual
sería necesaria la existencia de ocho kilómetros de esas volantas. Y como
el control comunitario realmente no es posible, y no se realiza bien
porque depende de los Estados, y en este aspecto las pesquerías están en
manos básicamente de los franceses, no llegamos a una solución.
Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario --yo creo que reflejando el
sentir no sólo de los pescadores de todo el Golfo de Vizcaya y de la
cornisa cantábrica, sino de todos los grupos parlamentarios-- pide a
nuestro Gobierno que en los dos próximos Consejos de Ministros de Pesca
de la Unión Europea que se van a celebrar en noviembre y diciembre, en el
momento en el que se presente esta problemática, solicite de la Unión
Europea la abolición total de este arte de pesca, que está sancionado por
Naciones Unidas y que está sancionado, como he dicho, por organizaciones
de consumidores y por organizaciones ecologistas y medioambientales.
Tal y como decía al principio, dado que nosotros somos la primera flota
de toda la Unión Europea, Francia y sus aliados en este aspecto no pueden
demostrar la prepotencia que están demostrando hasta estos momentos. El
Tratado de Adhesión fue fruto de unas circunstancias, y aquí está una de
las personas que trabajó en él y que creo que va a representar al Grupo
Parlamentario Socialista, si bien no sé cuál es su postura. Señor
González Laxe, yo recuerdo aquel día de San José de 1985, cuando usted,
junto con el señor Morán, Ministro de Asuntos Exteriores, y el señor
Marín, Secretario de Estado para las relaciones con la CEE, estaban
negociando el Tratado de Adhesión y en concreto el tema pesquero. Yo
estaba allí como Diputado de a pie --ustedes estaban arriba y yo estaba
abajo, pero estuvimos hablando sobre el tema-- y quiero decir claramente
que aunque el Tratado en el tema pesquero quedó mal, como ya he dicho,
debo reconocer públicamente que las tres personas que he citado, y sobre
todo quien era Subsecretario y conocía mejor los temas, lucharon hasta el
final, e incluso quiero recordar que la negociación se rompió aquella
tarde-noche para retomarla y llegar a un acuerdo una semana después.
Por lo tanto, señorías, señores del Gobierno, esta moción, tal y como
decía, no significa en ningún momento buscar, por decirlo en un sentido
coloquial, las cosquillas al Gobierno; significa reforzar la postura
negociadora para que se consiga el 1.o de enero del año que viene lo que
nosotros planteamos. En este sentido, y con esto acabo, señor Presidente,
quiero decirles que nosotros reconocemos la postura que mantuvo la
Administración, que mantuvo el Gobierno español y que mantuvo el por
entonces Subsecretario de Pesca y hoy Senador, señor González Laxe, en
aquellas difíciles negociaciones, aunque el resultado fue malo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Señor Presidente, señorías, mi intervención
es solamente para expresar el sentido afirmativo del voto del Grupo de
Convergència i Unió. Voy a apartarme de la reiteración de los argumentos
que hemos dado estos días y de recurrir a otros planteamientos que
hicimos en esta misma Cámara tanto en primavera como el día 18.
La moción que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos es desde todos los puntos de vista totalmente lógica y justa. No
puede ser que la dureza de una actividad como la pesca, que tiene que
luchar con estos mares cantábricos embravecidos y con estas galernas que
aparecen inesperada y violentamente, tenga además que luchar en
desventaja con estos artes de pesca que usan, sobre todo, los pescadores
franceses. No se ha hecho caso de las recomendaciones de las Naciones
Unidas, ni se ha hecho caso del acuerdo que en septiembre tomó el
Parlamento Europeo. Es lógico que todos los Grupos instemos al Gobierno,
nuestro Grupo así lo hace, para que de una vez se logre la abolición
total de dicho arte de pesca con redes de volanta, también llamadas redes
de la muerte. Repito, también en nombre de mi Grupo, lo que dije en mi
intervención cuando se debatió la interpelación: no es un voto a favor de
la moción y en contra del Gobierno, sino que es un voto para apoyar la
acción del Gobierno en sus discusiones con el resto de los miembros de la
Comunidad Económica Europea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Blanco Rouco.
El señor BLANCO ROUCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el transcurso de esta legislatura en las Cámaras españolas,
tanto la del Congreso como la del Senado, se han presentado iniciativas
que fueron siempre aprobadas por unanimidad, iniciativas relativas a la
pesca con volanta que algunas flotas pesqueras realizan con total
impunidad, principalmente una parte de la flota francesa. Estas diversas
propuestas tuvieron siempre un factor común que era que el Gobierno de
España negociase y obligase a que en la Unión Europea se respetase el
Reglamento 345/1992, que no sólo no fue observado por las flotas que lo
infringían, sino que incluso su incumplimiento fue practicado por un
mayor número de buques a lo largo de las últimas costeras, como lo
constata el hecho de que en 1987 había sólo cinco barcos que faenaban la
costera del bonito con redes de enmalle a la deriva y en la actualidad
hay más de cien. No vamos a volver a exponer las causas por las cuales
esta moción pasó, ya que de todos son conocidas. Lo que sí es necesario
destacar es que España prohibió el uso de la volanta a la deriva y
nuestra flota, una de las más importantes flotas del mundo en cuestiones
de pesca, cumplió dicha prohibición. Como el Reglamento 345/1992 sirvió
de disculpa malintencionada para continuar faenando ilegalmente, ya que
las inspecciones comunitarias no fueron eficaces, se pidió, como sus
señorías saben, la supresión total del arte de enmalle a la deriva.
Creo que estas peticiones que hemos hecho en varias ocasiones los
representantes del pueblo no son tomadas en serio, y esto lo digo
convencido al comprobar que el señor Ministro de Pesca de este Gobierno,
que se supone que debe llevar ante los foros europeos propuestas que
defiendan los intereses nacionales, no lo hace así, sino que plantea unas
negociaciones no compatibles con lo que aquí acordado, en muchísimas
ocasiones, y, por el contrario, parece que se inclina a aceptar la
supresión de las volantas el 31 de diciembre de 1997. Señorías, o se toma
en serio lo que aquí se dice o es mejor que se deje de marear la perdiz
en estos asuntos de la pesca con volanta.
Esto que se propone una y otra vez es muy importante, ya que somos el
país que tiene la mayor flota pesquera de la Unión Europea y una de las
más importantes del mundo en número de embarcaciones y en tonelaje de
capturas. Somos el primer consumidor de pescado de Europa y uno de los
primeros del mundo, y nuestra industria conservera es también de las
primeras.
Por lo que antecede, la moción que hoy se propone, una vez más, es seria
y ha de ser tratada con firmeza. Es necesario que se suprima la volanta
el 31 de diciembre de este año 1994. No se debe prorrogar hasta 1998,
como el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español dice
al afirmar que se podría aceptar esta fecha como oferta límite. Ahora es
el momento oportuno, ya que el día 23 de noviembre se reúne el Consejo de
Ministros de Pesca de la Unión Europea y allí se debe actuar con firmeza,
porque en este asunto de suprimir las redes de enmalle a la deriva el
Gobierno está avalado y apoyado por todos los grupos de la Cámara. Está
también apoyado por el Parlamento Europeo, que el 28 de septiembre
último, como también se ha dicho ya en otras veces, aprobó
mayoritariamente la propuesta de la Eurodiputada popular, Carmen Fraga.
Las Naciones Unidas respaldan también el sentir de esta moción, como
otros muchos foros internacionales que saben que este arte de pesca es
destructor de la riqueza de los mares.
España es una potencia pesquera que se está debilitando por falta de
firmeza del Gobierno. Basta recordar los problemas que día a día nos
surgen en todos los lugares en donde faenamos: Canadá, Marruecos, Namibia
y en la misma Unión Europea, en la que estamos discriminados, en la que
no se nos permite pescar en igualdad de condiciones con los demás países
pesqueros de la Comunidad.
Una vez más, desde esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular y apoyando la moción del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, solicitamos que se negocie con la seriedad y
firmeza que sean necesarias la supresión del arte de enmalle a la deriva
el 31 de diciembre de 1994, y no a partir de 1998, como quiere la Unión
Europea y estaría dispuesto a aceptar el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, dado que, de llegar en estas fechas, sería ya tarde para
los intereses pesqueros españoles.
Socialmente es necesario; 7.000 pescadores dedicados a la pesca del
bonito, por lo tanto, 7.000 familias, pueden perder su trabajo. Hay
razones medioambientales ya conocidas por todos, y hay razones económicas
que perjudican a España, pues a menos capturas, menos competitividad y
menos exportaciones. Y existe también la amenaza de la pérdida de
mercados en países que tienen prohibida la venta de pescado capturado con
volanta.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Blanco Rouco, le pido que
vaya terminando.
El señor BLANCO ROUCO: Termino, señoría.
Políticamente --y hay que decirlo una vez más-- el Gobierno español
--que, como hemos visto, cuenta con todos los apoyos necesarios-- debe
exigir la aprobación y el cumplimiento de esta moción por parte de la
Unión Europea. De no hacerlo así, habrá que pensar que este Gobierno, el
Gobierno de España, de viejo, se ha hecho más débil y necesita que otros
más jóvenes, o tal vez más eficientes, puedan llevar a cabo esta y otras
muchas justas reivindicaciones que, en otro tiempo, fueron mal enfocadas
y hoy son destructoras de nuestros intereses. De aquellos fangos, estos
lodos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Blanco Rouco.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta moción dice exactamente: el Senado insta al Gobierno para que
proponga al Consejo de Ministros de Pasca de la Unión Europea la
abolición total de dicho arte a partir del 1.º de enero de 1995.
Esto es lo que tenemos que votar. Esta es la moción que presenta el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Y a esto el Grupo
Parlamentario Socialista dice que sí porque no tiene que añadir ni una
coma ni una letra ni una palabra. Estamos completamente de acuerdo, y no
hay nada más claro y más rotundo que la posición del Gobierno socialista
en esta materia.
En su día, el Tratado de Adhesión a la CEE de 1986 prohibía la
utilización de las volantas por ser nocivas y depredadoras, porque
provocaban un enfrentamiento entre artes y porque generaban una disputa
por el espacio marítimo. En todos los Consejos de Ministros de Pesca de
la Unión Europea, y antes de la Comunidad Económica Europea, España ha
venido repitiendo hasta la saciedad y con rotundidad que había que abolir
las volantas como arte de pesca a utilizar por los tripulantes y las
embarcaciones. Con la misma insistencia, el Gobierno español socialista
mantuvo en los foros internacionales, FAO y Naciones Unidas, esta
exigencia y esta recomendación. En consecuencia, sería lógico que el
Grupo Parlamentario Socialista apoyara esta moción en consecuencia de
toda una coherencia histórica.
Pero aquí no estamos discutiendo esto, y miro para el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Usted ha dicho que las peticiones no han sido
tomadas en cuenta por el Gobierno socialista. Señor Blanco Rouco, si
España, Grecia y Portugal son los únicos países que están manteniendo
este pulso con otros países comunitarios, esto querrá decir que todas
aquellas resoluciones aprobadas en las Cortes, tanto en el Congreso de
los Diputados como en el Senado, se están llevando a la práctica. Y ojalá
que el día 23 de noviembre otros gobiernos europeos de ideologías
diferentes comprendan en el Consejo de Ministros de Pesca esa labor de
concienciación y de presión que se está realizando.
Dice usted también, señor Blanco Rouco, que el Ministro se inclina a
aceptar la prohibición de las volantas hasta el 31 de diciembre de 1997.
Sabe usted muy bien, porque no creo que la expresión que usted utiliza
sea malvada, que eso es el informe de la Comisión Europea al Consejo y al
Parlamento Europeo, es decir, Paleokrasas, aquel para el que el señor
Gangoiti pedía la dimisión.
No me enseñe usted periódicos, lea los reglamentos, lea las discusiones.
No se fíe de lo que le digan, porque si se fía de lo que le dicen, sus
datos no serán fiables. Usted sabe que la producción de aquella Comunidad
Autónoma de la que usted es representante y yo también está descendiendo
año a año, desde que tiene competencias exclusivas en acuicultura, así
como su valor y el empleo, y eso es competencia exclusiva de nuestra
Comunidad Autónoma. Por tanto, no hay que fiarse de lo que nos digan, hay
que fiarse de la realidad.
La realidad es que Paleokrasas quiso un período «interimaire» hasta el 31
de diciembre de 1997, con la desaparición definitiva en su día, y lo más
peligroso, que es a lo que usted hizo referencia, recabar un informe del
Comité Científico Técnico Económico de Pesca para buscar una salida a los
barcos franceses. Pero no sigamos esa tesis, sigamos la que ha expuesto
el Senador Gangoiti: desde el 1.º de enero de 1995 quedan abolidas las
volantas y, en consecuencia, estamos eliminando ese peligro depredador,
ese peligro de enfrentamiento y ese peligro de disputa del espacio
marítimo.
Señor Blanco Rouco, para que siga informándose bien de los temas de pesca
le digo que lo importante es, sabiendo cómo es la historia pesquera
comunitaria, que los informes de la Comisión sobre el control y la
gestión de la pesca de los años 1991 y 1992 y la reciente comunicación de
la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, titulada «Las crisis del
sector de la pesca en la Comunidad», del 19 de julio de 1994, dicen
claramente que hay países que no cumplen los programas de orientación
plurianual, que hay países que no cumplen los Tax y que hay países que no
cumplen los controles. Y uno de esos países, entre otros, es Francia. Por
eso, habría que ejercer presión, habría que hacer un «lobby», que es lo
que se está reclamando aquí, del sector pesquero español, compuesto por
los vascos, cántabros, asturianos y gallegos de la zona cantábrica, para
que sus organizaciones profesionales presionaran para que los Gobiernos
francés, irlandés o del Reino Unido puedan modificar su posición y para
que el día 23 de noviembre de 1994 se apruebe por mayoría absoluta, por
mayoría si quiere cualificada, y a partir del 1.º de enero de 1995 no
haya volantas en esa zona.
Voy a decir una cosa más y termino, señor Presidente, porque me quedan ya
muy pocos segundos. En Galicia podemos decir, afortunadamente, que en el
puerto principal que se dedica al bonito, que es el puerto de Burela, las
cifras de la campaña 1994, a pesar de los conflictos, han aumentado
respecto de las del año 1993. Si en 1993 se habían descargado 1.973.000
kilos, hasta el 20 de septiembre de 1994, según los datos que poseo, se
habían descargado 2.249.982 kilos, pero lo importante es que los
marineros gallegos de este puerto de Burela dedicados a la captura del
bonito --especie competitiva con las capturas de las volantas francesas--
han multiplicado en un 30 por ciento el importe económico.
En consecuencia, señor presidente, señorías, la moción presentada por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos contará con nuestra aprobación.
Les repito a los otros portavoces que lo mejor es que se estudien los
papeles antes de subir a esta tribuna a hablar.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Laxe.
Solicito que se proceda al llamamiento de los señores Senadores para
votar esta moción. (Pausa.)
¿Declaran sus señorías que se puede aprobar la misma por asentimiento?
(Pausa.)
Queda constancia de que dicha moción ha sido aprobada por asentimiento.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS TENDENTES A FOMENTAR, EN
LAS
SUPERFICIES OBLIGATORIAMENTE RETIRADAS DE LA PRODUCCION, EN EL MARCO DEL
REGLAMENTO (CEE) NUMERO 1.765/1992 DEL CONSEJO, CULTIVOS NO ALIMENTARIOS
PARA LA OBTENCION DE BIOCOMBUSTIBLES. (671/000014.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos ahora a la siguiente
moción, que es la que formula el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a que disponga las medidas
necesarias tendentes a fomentar, en las superficies obligatoriamente
retiradas de la producción, en el marco del Reglamento de la Comunidad
Económica Europea número 1.765/1992 del Consejo, cultivos no alimentarios
para la obtención de biocombustibles.
A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una
propuesta de modificación por los Grupos Socialista y Popular en el
Senado, Senadores Nacionalistas Vascos, Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, Coalición Canaria del Senado y Grupo Mixto.
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el representante del
Grupo Popular.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, el pasado 18 de
octubre tuve la oportunidad de someter a la consideración de esta Cámara
una interpelación sobre la promoción y desarrollo de biocarburantes.
Consecuencia de dicha interpelación es la moción que sometemos hoy a la
consideración de la misma.
En efecto, los biocarburantes responden a preocupaciones de nuestro
tiempo en los sectores energético, medioambiental, económico y agrícola.
En el campo de la energía, España importa la totalidad de la energía
líquida consumida por nuestro país. La utilización de carburantes
provenientes de nuestro propio suelo reduciría nuestra dependencia de los
combustibles fósiles.
Uno de los objetivos prioritarios de la política energética comunitaria
es la diversificación de las fuentes de energía. El petróleo representa
en Europa y en España la principal fuente de energía en un 50 por ciento.
En el sector del transporte el petróleo constituye casi en un cien por
cien la única fuente energética. Por ello, el interés de los
biocarburantes reside en que si el 5 por ciento de los carburantes que se
emplean para el transporte por carretera fuera reemplazado por
biocarburantes, ello permitiría una economía neta en energía fósil de un
2 por ciento de la energía total consumida por los transportes.
Los biocarburantes constituyen, pues, una fuente de energía renovable que
depende sólo del crecimiento de los cultivos como materia prima, mientras
que las extracciones petrolíferas han de tener una limitación temporal.
En el sector de la economía, al ser un recurso nacional, el empleo de los
biocarburantes contribuye a disminuir las importaciones de crudos y a
mejorar, por tanto, la balanza comercial. En otros tiempos los costes de
producción de los biocarburantes habían sido superiores que los de los
derivados del petróleo, por lo que tenían una escasa viabilidad. No
obstante, esta apreciación se ha visto recientemente modificada. Así, la
disminución del precio de los cereales permitirá obtener bioetanol a
menor coste de producción, al igual que el proveniente de la remolacha.
Asimismo, un derivado del bioetanol, el ETBE, se vende abundantemente
desde la entrada en vigor de las normas que limitan el contenido de plomo
de las gasolinas.
Simulaciones económicas realizadas por la Unión Europea arrojan las
siguientes conclusiones: la sustitución de un 5 por ciento de la energía
total produciría una creación de empleo de 160.000 puestos de trabajo, un
aumento del 0,34 por ciento del PIB, una mejora de la balanza comercial
del 0,03 por ciento y una recuperación fiscal de impuestos del orden del
80 por ciento. Además, han de contribuir a mantener y crear nuevos
empleos agrícolas y agroindustriales en el medio rural.
En el campo del medio ambiente, durante los últimos años la opinión
mundial está fuertemente sensibilizada por el deterioro que supone el
vertido a la atmósfera de contaminantes gaseosos procedentes de la
combustión de combustibles fósiles. Entre estos contaminantes merece
especial consideración el CO2, cuyo efecto nocivo es contribuir al
recalentamiento de la superficie terrestre debido al efecto invernadero,
de consecuencias aún imprevisibles, aunque parece seguro que incidirá
directamente en los actuales cambios climáticos.
El aumento continuo de CO2, en la atmósfera se ha incrementado de forma
más alarmante en la última década como consecuencia del consumo del
petróleo, del carbón y a causa de las deforestaciones tropicales. Entre
las medidas para reducir el aumento anual de CO2, en la atmósfera cabe
citar la utilización más eficiente de combustibles fósiles, el uso de
energías alternativas, tales como la eléctrica, la eólica y la solar, y
el uso de biocarburantes procedentes de la biomasa generada en
plantaciones energéticas, los cuales son neutros a efectos del balance de
CO2, ya que todo el CO2, producido en la utilización de dichos
combustibles ha sido extraído previamente de la atmósfera.
Por tanto, los biocarburantes responden al principal objetivo de la
política medioambiental, es decir, lograr un crecimiento en armonía con
el medio ambiente, objetivo que coincide también con el de la PAC
reformada en lo que respecta al papel del agricultor como gestor del
medio ambiente.
En el dominio de la agricultura, millones de hectáreas han de quedar
desocupadas en aplicación de la nueva PAC. Es necesario, pues, pensar en
otro tipo de producciones no alimentarias que puedan dar rentabilidad a
las tierras sujetas a «set aside» y que no estén sujetas a
contingentaciones por la saturación de los mercados. En este sentido, uno
de los sectores cuya demanda supera ampliamente al alimentario es el
energético, sobre todo, en los países desarrollados.
Por ello, uno de los objetivos de futuro de la agricultura, a fin de
diversificar actividades, podría ser la agroenergética, es decir, la
producción de biomasa transformable en productos energéticos. Por tanto,
el mercado energético puede ser una de las opciones del sector agrario, a
la que se podrá acceder de forma competitiva aplicando los conocimientos
científicos y genéticos actuales. Las amplias posibilidades del sector
agrario para satisfacer parcialmente la demanda energética de la
población española quedan, pues, ampliamente demostradas. (El señor
Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.)
Señorías, hemos analizado sucintamente razones energéticas,
medioambientales, económicas y agrícolas en cuanto al uso de
biocarburantes. A mayor abundamiento, el Parlamento Europeo se ha
pronunciado recientemente a este respecto aprobando una resolución con el
voto de todos los eurodiputados españoles sobre una fiscalidad más
adecuada a la promoción de dichos biocarburantes. En la misma línea se
manifiesta el programa comunitario Altener, cuyo objetivo es triplicar la
producción energética a partir de las energías renovables y captar para
los biocarburantes una cuota de mercado del 5 por ciento del consumo
total de los vehículos con motor. Beneficiarios de dicho programa podrían
ser las agencias y los organismos nacionales y regionales de promoción de
las energías renovables y todos los sectores implicados en la promoción
de las energías renovables. Asimismo, dicho programa financiará cuatro
categorías de acciones, como son: estudios y evaluaciones técnicas,
medidas de apoyo a las iniciativas de los Estados miembros, medidas que
tengan por objeto fomentar la creación de una red de datos y acciones
industriales piloto destinadas a transformar la biomasa en energía.
Por último, cabe señalar también la importancia que tiene para nuestro
país obtener una superficie histórica respecto al cultivo de
biocarburantes. En ese sentido, como objetivo último cabría esperar que
el cupo mínimo fuese igual al número de hectáreas retiradas de los
cultivos herbáceos.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, señorías, ruego el
apoyo a esta moción, que con posterioridad ha sido modificada por otros
Grupos y, por lo tanto, parece lógico que toda la Cámara la vote
favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Bernáldez.
A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación firmada por
los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios. Para su defensa, tiene
la palabra su señoría.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, como información a toda la Cámara diré que el Grupo
Parlamentario Socialista presentó una enmienda de modificación a esta
moción, que fue retirada como consecuencia de una propuesta de
modificación, que es la que a continuación paso a defender ante todos
ustedes, con motivo del acuerdo entre todos los grupos políticos de esta
Cámara.
La propuesta de modificación a la moción consecuencia de interpelación
número 14, suscrita por el Grupo Parlamentario Popular, dice: «Para que
el Senado inste al Gobierno a que continúe fomentando en las superficies
obligatoriamente retiradas de la producción, en el marco del Reglamento
Comunitario 1765/92, los cultivos no alimentarios para la obtención de
materias primas destinadas a producir biocarburantes, fijando las
condiciones de utilización de los productos obtenidos, formulando los
principios normativos que sirvan al desarollo de aquéllos e incentivando
la realización de específicos programas en I+D, con especial incidencia
en el campo medioambiental.
El objetivo fundamental de esta propuesta de modificación es profundizar
y mejorar las iniciativas que al respecto está realizando el Gobierno de
España junto a otras, concretamente la aprobada recientemente por el
Congreso de los Diputados en el Pleno celebrado el 25 de mayo último.
Asimismo, con la presentación de esta propuesta de modificación, al
llegar al máximo acuerdo todos los Grupos Parlamentarios del Senado
--cosa de la que tenemos que felicitarnos todos-- nos sirve para que
trabajemos conjuntamente entre todos para fomentar este tipo de
biocarburantes.
Seré breve, señorías, pues mi deseo es no insistir demasiado sobre la
información y argumentaciones ofrecidas sobre el tema, tanto por parte
del Gobierno de España, a través del señor Eguiagaray, como por los
distintos representantes de los Grupos Parlamentarios hace unos días en
esta Cámara --concretamente el pasado 18 de octubre-- a una interpelación
del señor Bernáldez.
Efectivamente, señor Presidente, un conjunto de variables confluyen
positivamente para desarrollar la producción de biocarburantes en los
distintos países de la Unión Europea y también en España: variables
energéticas, medioambientales y de política agrícola común, es decir, de
ahorro energético y de mantenimiento de rentas en las zonas rurales, que
han motivado que por parte del Gobierno de España se hayan tomado un
conjunto de acciones --fundamentalmente desde los Ministerios de
Industria y de Agricultura-- que se han plasmado en decisiones de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que, en su reunión
de 21 de julio de 1994, examinó la problemática del cultivo de
oleaginosas para usos no alimentarios en las tierras retiradas de cultivo
como consecuencia de la reforma de la política agraria comunitaria,
teniendo en cuenta razones de tipo social, económico y medioambiental. En
esta reunión se acordó conceder al biodiesel obtenido a partir de aceites
de colza y de girasol un tratamiento fiscal que hiciera viables estos
cultivos en España en cantidades significativas dentro de un objetivo de
producción para el próximo año del orden de las 150.000 hectáreas.
Además, señor Presidente, señorías, el Gobierno de España que sustenta mi
Grupo Parlamentario ha dado un paso más y ha incluido dentro del proyecto
de Presupuestos Generales del Estado y, en concreto, en el anteproyecto
de ley de medidas tributarias sociales de gestión del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y de organización, un texto
sobre exenciones y tipo reducido del impuesto sobre hidrocarburos para
que, en las condiciones que reglamentariamente se determinen y, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado uno, del artículo 54 de esta
ley, estén exentos del impuesto de fabricación e importación
una serie de productos destinados a su uso como carburantes en el campo
de proyectos pilotos para el desarrollo tecnológico de productos menos
contaminantes; concretamente, estamos hablando del bioetanol, del metanol
y de aceites vegetales derivados de la colza y del girasol.
Señor Presidente, señorías, finalizo ya, como dije al principio de mi
intervención, satisfecho por el acuerdo al que hemos llegado entre todos
los grupos parlamentarios ante esta moción. Moción que, como saben sus
señorías, de forma novedosa añade al final que también es muy necesario
trabajar en todos aquellos programas de investigación y desarrollo
tecnológico en el campo medioambiental para prever los posibles impactos
de tipo medioambiental en los fenómenos de cambio climático que pudiera
tener la utilización de estas sustancias. Por consiguiente, esperamos que
lógicamente sus señorías aprueben esta propuesta de modificación que
ahora les he presentado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Alonso.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Seré breve al manifestar que nuestro grupo Parlamentario apoya esta
moción del Grupo Parlamentario Popular. Al fin y al cabo, los
planteamientos que se hacen en la misma creo que son terriblemente
lógicos, son muy claros y van a redundar en beneficio de muchos
ciudadanos de las diferentes Comunidades Autónomas y del Estado. Y, al
fin y al cabo, también tengo que reconocer que de alguna forma nuestro
Grupo Parlamentario en el Congreso, del Grupo del Partido Nacionalista
Vasco, presentó una proposición no de ley en el mismo sentido.
Por tanto, y resumiendo, por congruencia política y porque creo que esta
moción es terriblemente acertada en estos momentos de cara a una serie de
ciudadanos de nuestro Estado, el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos va a votar favorablemente esta iniciativa importante
del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tanto por economía parlamentaria como por cortesía, ya que se
trata de una propuesta de modificación de la moción del Grupo
Parlamentario Popular que hemos firmado todos los grupos, creo que sería
inconsecuente hacer una larga intervención sobre esta moción respecto a
la promoción y desarrollo del uso de los biocarburantes.
La moción definitiva creo que recoge el espíritu total de la
interpelación que estuvimos debatiendo el pasado día 18 de octubre, tanto
desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista
económico y recoge algo muy importante como es el aumento de rentas que
se ocasionará con el aprovechamiento de las tierras que la modificación
de la PAC, a través del «set aside», obliga a los agricultores a
abandonar.
Al mismo tiempo, desde el punto de vista medioambiental --también
contemplado en la propuesta de modificación de la moción-- supone un
beneficio importante. Por otro lado, reducir la dependencia de las
materias energéticas del exterior hoy en día sería muy beneficioso para
la economía del Estado español.
Por todas estas razones, para ir sustituyendo paulatinamente estos
cultivos sin cesar las investigaciones a través de programas de I+D para
alcanzar lo antes posible los dos objetivos que pretendía la
interpelación y que propone la moción, como son la reducción de la
dependencia exterior de materias energéticas y la sustitución de las
provenientes de fósiles por materias vegetales, el Grupo de Convergència
i Unió votará favorablemente la moción que estamos tramitando en este
momento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Ferrer.
Como antes he indicado, a esta moción se ha presentado una propuesta de
modificación, suscrita por los portavoces de todos los grupos
parlamentarios. Por tanto, entiendo que puede ser aprobada por
asentimiento. ¿Es así? (Pausa.) Queda aprobada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE PROCURE QUE, EN LA VENTA DE ACCIONES POR PARTE DEL SOCIO MAYORITARIO
DE LA SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA, SE VALOREN
LAS OFERTAS EXISTENTES, PRIORIZANDO AQUELLAS QUE DEMUESTRAN UNA MAYOR
VOCACION DE PERMANENCIA EN LAS ZONAS ESPAÑOLAS EN QUE ESTA ACTIVIDAD SE
HA VENIDO DESARROLLANDO TRADICIONALMENTE. (662/000102.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos a la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que procure
que, en la venta de acciones por parte del socio mayoritario de la
Sociedad General Azucarera de España, Sociedad Anónima, se valoren las
ofertas existentes, priorizando aquellas que demuestran una mayor
vocación de permanencia en las zonas españolas en que esta actividad se
ha venido desarrollando tradicionalmente.
Para la defensa de esta moción, en nombre de su Grupo Parlamentario,
tiene la palabra el Senador Arguilé.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Si su señoría me lo permite, voy a defender simultáneamente la moción y
la propuesta de modificación que hemos presentado a la misma.
Señorías, en España la remolacha constituye un cultivo social si se
tienen en cuenta --y voy a dar unos datos que indican la importancia de
la moción-- las 170.000 hectáreas dedicadas al mismo. Como saben, el
tamaño medio de las explotaciones está en torno a las cuatro hectáreas,
el número de explotaciones es de 45.000, y el de jornales, dos millones.
Por su parte, el sector industrial azucarero está regulado en la Unión
Europea por un régimen de cuotas distribuidas por países que asigna a
España un millón de toneladas de azúcar, que se reparten por la
Administración española entre las distintas empresas de la siguiente
forma: a Ebro Agrícolas, el 54,08 por ciento; al Grupo Sociedad General
Azucarera de España, el 24,17 por ciento; a Acor, el 14,78 por ciento, y
a Azucareras Reunidas de Jaén, el 6,97 por ciento.
El volumen de facturación de las citadas empresas, con 21 fábricas en
total, alcanza los 120.000 millones de pesetas, con un inmovilizado de
120.400 millones.
Desde el punto de vista social, hay que señalar que esta industria
proporciona cerca de 5.000 puestos de trabajo directos y al estar
ubicadas sus fábricas muy cerca del medio rural, donde normalmente existe
poca actividad industrial, constituye un elemento dinamizador de la
actividad económica del mismo. Si sus señorías observan donde están
ubicadas las azucareras, verán que son en su mayoría pueblos rurales.
Señorías, destacada la importancia del sector azucarero remolachero en
España y en relación con el primer punto de la propuesta de modificación
de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que yo me
honro en representar, he de manifestarles que todos somos conscientes de
que el principal problema del sector en España es su falta de
competitividad con respecto al de la Unión Europea y que se concreta en
unos menores rendimientos y en unos mayores costes de producción.
Estos hechos son achacables, tanto a la producción de remolacha como a su
transformación en fábrica, en algunos casos con tecnología obsoleta. La
estructura industrial en España, señorías, es enormemente más débil que
la de nuestros países competidores de la Unión Europea. Por ofrecer un
dato significativo a la Cámara que corrobore lo que acabo de afirmar, les
diré a sus señorías que la dimensión media de las fábricas en España es
de 44.000 toneladas año y fábrica, mientras que la media europea se sitúa
en las 75.000 toneladas fábrica y año.
Señorías, estos hechos, junto a la importancia que tiene este sector
--como les he dicho-- desde el punto de vista social y desde la
perspectiva económica, justifican la necesaria reestructuración del
sector en sus ámbitos industrial y agrícola.
En el aspecto industrial saben sus señorías que la Unión Europea ha
reconocido la evidencia de una peor situación fabril en España y en un
Reglamento publicado en 1992 autoriza a España a que lleve a cabo un plan
de adaptación subvencionado solidariamente entre la Unión Europea y el
Estado español. Con esta base de acuerdo se elaboró un plan plurianual de
inversiones que se valoró, como sus señorías conocen, en 23.000 millones
de pesetas hasta el año 1997. Conducía a fomentar y acelerar y para
fomentar y acelerar el plan --incluso mejorarlo, si cabe-- es para lo que
introducimos este primer punto de la propuesta de modificación de la
moción que presentamos. Pretende posibilitar un acuerdo entre los cuatro
grupos industriales productores de azúcar para racionalizar los costes
industriales, sobre todo, a través del ahorro energético, con el objeto
del abaratamiento del producto final, sin olvidar, naturalmente, el
esfuerzo que han de realizar las empresas azucareras españolas en el
plano medioambiental a través de la inclusión en el plan de una mejora en
la depuración de residuos.
En el segundo punto que se aborda en la propuesta de modificación de la
moción que hemos presentado, señorías, es también clave, en nuestra
opinión, para la permanencia de la producción en España y para evitar
riesgos --en estos momentos quizá teóricos-- que se pudieran derivar de
un accionariado foráneo mayoritario en las empresas azucareras españolas.
Sus señorías son conscientes de que la Organización común de Mercado del
azúcar históricamente se ha orientado para que la cuota de producción sea
nacional, anteponiendo criterios sociales, regionales y de economía
nacional al criterio de otros países de especialización productiva. La
nueva Organización Común de Mercado que se va a realizar parece ser que
tiene --o mejor dicho, tendrá cuando se termine de elaborar y se
apruebe-- la misma orientación, pero no debemos obviar que hay países
miembros, especialmente Francia y Holanda, que presionan para que la
cuota sea comunitaria y prime el criterio de la especialización del
cultivo y la producción sobre el criterio social o el territorial.
Podría suceder, pues, señorías --si quieren pueden decir que ya es hacer
un poco de futurismo--, que una vez concluidos los cinco o siete años
--no sabemos cuál será el plazo de vigencia de la próxima Organización
Común de Mercado del azúcar--, debido a las presiones que impusieran una
mayor apertura de mercados, derivada naturalmente del espíritu del GATT y
como consecuencia de las presiones de países miembros interesados en la
especialización de la producción, surgieran tentaciones por parte de las
empresas de producir su cuota en aquellos lugares de Europa que arrojen
una mayor rentabilidad como consecuencia de un mayor rendimiento. Ello
sería posible si permitimos una colonización --entre comillas-- del
accionariado de las empresas azucareras españolas y si, como decimos, se
produce un cambio de criterio y de orientación en la Organización Común
de Mercado del Azúcar.
Pero también, señorías, existen otros riesgos. Aunque es intención de la
Comisión dejar las cuotas en el mismo nivel que en la actualidad, existe
la potencial amenaza de una reducción de las mismas por no producir de
forma continuada la cuota que España tiene asignada. Y saben sus señorías
que ello podría suceder, simplemente, si se reduce la superficie de
cultivo por falta de rentabilidad del mismo. Ello podría ocurrir también
por falta de rentabilidad
de las propias empresas si no llevan a cabo un plan de inversiones para
modernizar sus instalaciones o por preferenciar éstas, que también podría
ser el mantenimiento o aumento de los dividendos antes que pagar precios
aceptables a los agricultores. Sin embargo, señorías, esta situación en
el caso de que el capital de las empresas azucareras españolas fuese
mayoritariamente de empresas de otros países que gozan de altos
rendimientos en sus producciones remolacheras, podría provocarse con la
intención de trasladar cuota de producción, a la vez que mayores
rendimientos al capital, a azucareras de otros países europeos. Este es
un riesgo evidente que denuncio en esta Cámara, pero sería mucho menor si
hablamos de una empresa con capital nacional a la que no le queda otro
remedio que tomar las medidas necesarias para producir su cuota
necesariamente en España.
De ahí nuestro segundo y tercer punto de la moción, que dice que en la
venta de acciones por parte del socio mayoritario, este caso es muy
concreto, de la Sociedad General Azucarera, se valoren las ofertas
existentes, priorizando aquellas que demuestren, en función de los
intereses de sus promotores, una mayor vocación de permanencia en las
zonas españolas en que esta actividad se ha venido desarrollando
tradicionalmente, siempre que exista igualdad de condiciones económicas y
sin menoscabo de la libertad de mercados.
También instamos al Gobierno a que defienda, como tercer punto, ante las
instituciones comunitarias que las modificaciones previstas en la reforma
de la Organización Común de Mercado del Azúcar contribuyan a obtener un
sector cada vez más competitivo y permitan la consolidación del cultivo
en las zonas que tradicionalmente se vienen haciendo en España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Arguilé.
Como sus señorías se han percatado, el Senador que ha hecho uso de la
palabra no solamente ha defendido la moción, sino también la enmienda a
la misma presentada por su Grupo Parlamentario.
Además, existe una propuesta de modificación, suscrita por los portavoces
de todos los grupos parlamentarios, a esta moción.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Arguilé.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Señor Presidente, la doy por defendida.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Arguilé.
Se abre el turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente .
Simplemente quiero mostrar nuestro acuerdo con el producto parlamentario
final, que es la moción original más las adiciones que por vía de
enmiendas, proposiciones, modificaciones, como se les denomine, se han
presentado.
Nada más y muchas gracias. ( El señor Ruiz-Gallardón Jiménez: ¡Eres
grande, Barbuzano!)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Barbuzano.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: También voy a ser telegráfico, señor
Presidente.
Quiero mostrar nuestro apoyo a esta moción y a las enmiendas presentadas
al respecto. Nosotros consideramos que es un tema importante de cara al
subsector azucarero y que el texto que va a salir de esta Cámara es
beneficioso desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista
de los trabajadores del subsector. En ese sentido, nosotros vamos a
apoyar este texto.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió,
tiene la palabra el Senador Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, pienso que es importante la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista que les ha llevado a presentar en el Pleno de esta Cámara una
moción en la que se pide al Gobierno del Estado que, en el marco de la
normativa comunitaria, esté atento a la entrada en nuestros sectores
productivos de capitales e influencias externas que puedan poner en
entredicho el futuro de algunos sectores productivos y romper desde
dentro el frágil equilibrio interregional.
De hecho, el grupo Parlamentario Socialista, con la presentación de esta
moción no ha hecho otra cosa que poner sobre la mesa una preocupación
generalizada no sólo de los sectores de transformación y
comercialización, sino también fundamentalmente del sector productivo.
Los esfuerzos que países como Francia, Holanda, Bélgica, Alemania,
etcétera, han realizado en los últimos 20 años para reestructurar los
diversos sectores, así como para mejorar los canales de comercialización,
han sido inmensos y, a nuestro entender, no comparables con los que se
han hecho en el Estado español.
Nuestro sector productivo y de transformación está en muchas ocasiones en
inferioridad de condiciones para poder competir con la presión que
nuestras industrias sufren por parte de los industriales comunitarios,
que es muy importante, posibilitando en muchas ocasiones que el poder de
decisión de sectores que hasta hace poco tiempo habíamos considerado como
estratégicos pasen a manos de grandes compañías multinacionales, cuyos
intereses en un momento determinado pueden no confluir con los sectores
productivos españoles.
Es sabido por todos cómo a través de las grandes cadenas de alimentación
y de las grandes superficies no sólo se
pone en entredicho la viabilidad de una parte del sector comercial --me
refiero a los pequeños comerciantes--, sino que en realidad son unos
magníficos canales para la penetración de productos de otros países.
No quiero que se me malinterprete en mi intervención: nuestro grupo
siempre se ha destacado por su vocación europea, pero lo que sí es cierto
es que nuestros productores no encuentran las mismas facilidades en el
momento de llegar a los mercados exteriores. Por tanto, es bueno que el
Gobierno tenga presente esa realidad, y creemos que la propuesta que hace
el Grupo Parlamentario Socialista está suficientemente razonada para que
llegue al Gobierno esa preocupación, pero entendemos que la propuesta
sería insuficiente y no sería bueno que la Cámara Alta, el Senado, se
convirtiese en el centro de recepción de mociones para cada empresa o
cada sector que se encontrase en condiciones semejantes.
Por ese motivo, nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición, que
ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, que
añade un nuevo apartado a la enmienda de modificación número 102 del
Grupo Parlamentario Socialista y en la que se pretende dejar el tema
abierto al resto de actividades productivas del Estado, con la siguiente
redacción: Y como norma general, y siempre con el máximo respeto a la
normativa por lo que hace referencia a liberar el mercado, en los casos
de sectores estratégicos en los que el Estado, de una forma u otra, tenga
la posibilidad de intervenir, procure que, en igualdad de condiciones, se
dé prioridad a aquellas ofertas que demuestren una mayor vocación de
permanencia y desarrollo en el Estado español.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores
Senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Companys.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Aguirre.
El señor AGUIRRE GUTIERREZ: Señor Presidente, señorías, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular me corresponde pronunciar desde esta tribuna
nuestro posicionamiento al respecto de esta moción y a sus enmiendas de
adición; moción mediante la que se pretende que el Gobierno se posicione
en asuntos que, de ser bueno el propósito, son de gran importancia para
el sector remolachero azucarero español.
En lo que hace referencia al primer punto de la moción y a su enmienda de
adición, que solicita un acuerdo entre los cuatro grandes grupos
azucareros para llevar a cabo un plan de inversiones que racionalice
costes, depure residuos e incentive el ahorro energético, abaratando, por
consiguiente, el producto final del azúcar, les digo, señorías, que es
muy positivo. Sin embargo, refiriéndonos a los tres primeros apartados de
este primer punto de la moción, costes, eliminación de residuos y ahorro
de energía, tengo que decir que estos tres puntos ya los contempla,
señorías, señor Arguilé, el denominado Plan-97, suscrito por tres de los
cuatro grandes grupos azucareros.
Asimismo, haré constar que es una pena que, respecto al cuarto grupo, la
cooperativa ACOR se autoexcluya desde hace años de firmar el acuerdo
marco interprofesional y, por consiguiente, de todos los planes de mejora
y modernización que este grupo, conjuntamente con los cultivadores de
remolacha, lleva a cabo año tras año a través del acuerdo marco
interprofesional. Lo que sucede --y hay que decirlo-- es que este Plan no
cuesta ni una sola peseta al Ministerio de Agricultura y que posiblemente
por esa razón algunos no saben que existe.
Este Plan, en materia medioambiental, por ejemplo, dedica un solo
capítulo en exclusiva a temas de eliminación de residuos. Y como anécdota
debo decir que una hectárea de remolacha regenera un volumen de aire
equivalente al que pueda producir en oxígeno una hectárea plantada de
pinar. Por ello creo que lo correcto en este punto sería que, además de
lo solicitado al Gobierno, se le pidiera que participara económicamente
para que el período de ajuste sea lo más corto posible, pues los defectos
son conocidos por todos, tales como la falta de productividad de las
fábricas azucareras españolas, la falta de competitividad de nuestras
producciones y un largo etcétera, como decía anteriormente. A modo de
resumen, si se compara, por ejemplo, la media de las fábricas, puede
decirse que en Europa se molturan 7.500 toneladas por día como media,
mientras que las fábricas nacionales sólo vienen molturando del orden de
las 4.500 toneladas. Es, pues, necesario hacer un esfuerzo a tres bandas:
Gobierno, industrias y agricultores, aunque a estos efectos tengo que
destacar que el sector remolachero está utilizando las mismas tecnologías
que el resto del sector en Europa. Por consiguiente, deben ser otros los
costos y otros los escollos a superar por el Gobierno.
En el segundo punto de la moción se solicita al Gobierno que, de
producirse la venta del 47 por ciento de las acciones de Sociedad General
Azucarera, se valoren, además de las cuantías económicas, aquellos
aspectos que demuestren una mayor vocación, por resumir, de españolidad y
que garanticen una estabilidad en la actividad remolachera.
Antes de proseguir, quisiera que quedara muy clara una cuestión. El Grupo
Parlamentario Popular ha optado con anterioridad y opta hoy por una
solución nacional al problema. Ya lo hicimos en el caso de Koipe, aunque
sin éxito, y en este caso nos decantamos igualmente y de manera nítida
por la opción nacional. Por otra parte, creo que no estaría de más, para
explicar las razones, hacer un breve repaso al historial de nuestro
sector remolachero-azucarero desde nuestra incorporación a la Comunidad
Económica Europea, sabiendo cuáles son hoy las demandas del sector
productor. Además, lo encuentro, señorías, necesario porque en el segundo
punto de la moción se hace referencia a la estabilidad, concretamente a
la que nace del hecho de que la industria tenga la mayor vinculación
posible con las zonas de producción donde de manera tradicional se ha
venido desarrollando el cultivo.
Hay que conocer que desde nuestra entrada en la actual Unión Europea cada
vez se ha perdido más esta vinculación
entre el sector productor y el sector transformador, vinculación que
venía siendo normal hasta los años ochenta y que cambios de directivos en
sociedades azucareras sin más razón que la política, divisiones
provocadas en las organizaciones de remolacheros y la no aplicación de
ayudas de adaptación contempladas en el artículo 110 del Tratado de
Adhesión han hecho que en esta última década se haya producido un
distanciamiento y se provoquen situaciones que posibiliten casos como
éste. El sector se hace --y nosotros nos hacemos-- una pregunta al
respecto: por qué hoy tiene mucho más atractivo para las sociedades
extranjeras la compra de acciones de empresas agroalimentarias en España
que para las propias sociedades nacionales. Yo creo que se debe
simplemente a la falta de expectativas de futuro, y el hecho de comprar
hoy participaciones o acciones de la Sociedad General Azucarera por parte
de sociedades extranjeras puede permitirles trasvasar cuota a otros
países.
Además, cuando hablábamos de estabilidad debíamos hacer alguna mención
expresa al sector. No he visto una sola mención expresa al sector
productor como partícipe de las compras de las mencionadas acciones, y
creo que se debería incluir, pues si es así como entendemos su
reestructuración, difícilmente lo vamos a conseguir. Creo que éste es uno
de los defectos que contiene esta enmienda. También desde el Grupo
Parlamentario Popular entendemos la necesidad de solicitar al Gobierno,
de manera expresa y en el caso concreto que nos ocupa, que las ofertas
nacionales, esas ofertas que se barajan, siempre que el banco poseedor de
las acciones las vuelva a poner a la venta, se tengan en cuenta para la
compra de esas acciones. Por supuesto que siempre serán prioritarias,
pero también entendemos que deben estar participadas por el sector
productor como manera de conseguir una mayor estabilidad en este punto.
En cuanto al tercer punto de la enmienda y de la moción, por la que se
insta al Gobierno a que defienda ante las instituciones comunitarias que
las modificaciones previstas en la reforma de la OCM del azúcar
contribuyan a obtener un sector cada vez más competitivo, tengo que
decir, señorías, que lo que en realidad preocupa o debería preocuparnos a
todos nosotros en estos momentos no debe ser sólo quién detenta las
acciones de SGA, que, indiscutiblemente, tiene su grado de importancia.
Lo realmente inquietante para el sector es su viabilidad futura y qué
planes de reestructuración se van a aplicar dentro de nuestro país para
aumentar en unos casos y mantener en otros, su competitividad. Lo
importante, pues, a nuestro juicio, es el mantenimiento dentro del
sistema de cuotas de las mismas, las cuotas de transformación que tiene
en estos momentos el Estado español y que disfrutan las industrias
azucareras. Por consiguiente, para nosotros es prioritario cómo va a
quedar la inminente reforma de la OCM del azúcar. La cuota es lo que
realmente ha preocupado y preocupa al sector remolachero-azucarero, y
esta cuota de producción, sin la cual difícilmente podemos mantener un
sector productor y transformador de futuro, solamente podemos llevarla a
buen fin atendiendo las demandas del sector de una forma real.
Para evitar situaciones que, como la actual, pudieran volver a repetirse,
es necesario recordar la política aplicada por el Gobierno en esta
materia para conocer con detalle sus efectos y sus defectos. Debemos
saber del olvido, yo diría que casi constante, en políticas de
dinamización para con los remolacheros, con su continua negativa a poner
en práctica medidas, como las ya apuntadas por mí, que se contemplan en
el Tratado de Adhesión. Y para ello, permítanme que haga una lectura
somera y rápida de las demandas que en estos momentos hace la
Confederación Española de Remolacheros y Cañeros, que creo que, como
organización sectorial que representa más del 76 por ciento de la
producción nacional, son de gran importancia y que nosotros hacemos
nuestras.
El primer punto, lógicamente, habla de que el Tratado de Adhesión de
España a la CEE, en su artículo 110, señala --como decía antes-- que
hasta el 31 de diciembre de 1995 el Reino de España está autorizado a
otorgar ayudas nacionales a la adaptación del cultivo. Hasta ahora, que
yo sepa, el Gobierno de España no ha dado ninguna, simplemente han sido
algunas Comunidades Autónomas las que han puesto en práctica este tipo de
ayudas.
Pese al esfuerzo realizado por los cultivadores de remolacha, persisten
dificultades estructurales para aplicar las modernas técnicas de
producción, circunstancia que no ha posibilitado todavía la adaptación.
Por consiguiente, éste es otro punto más a tener en cuenta a la hora de
solicitar ayudas al Gobierno.
Que las ayudas nacionales de adaptación...
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Senador Aguirre, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor AGUIRRE GUTIERREZ: Gracias, señor Presidente.
En definitiva, pedir al Gobierno que a la hora de la reforma de la OCM
del azúcar tenga en cuenta estos hechos y que el Ministerio se oponga de
manera rotunda a que sea cambiado el actual sistema de cuotas nacionales,
como se pretende, por un sistema de cuota europea, y que esta reforma
contemple una clara prórroga del actual sistema para España, pudiéndose
arbitrar dentro de la misma las necesarias ayudas encaminadas a
reestructurar y modernizar el sector remolachero-azucarero español.
Para terminar, y pese a la timidez de la moción y admitiendo su parte
positiva, nuestro Grupo, como he dicho, votará afirmativamente con el
propósito de que, aprovechando la decisión tomada por el Banco detentor
de las acciones de Sociedad General Azucarera de suspender, al menos
temporalmente, la venta de las mismas, se abra un período de reflexión
que permita a todas las partes --remolacheros, azucareros, políticos y
también hombres de finanzas-- encontrar esas medidas a aplicar capaces de
evitar en un futuro sobresaltos como el actual.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos en los escaños de
la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Aguirre.
A esta moción se han presentado una enmienda y una propuesta de
modificación, como antes he indicado, suscritas por todos los grupos. ¿Se
entiende que se puede aprobar por asentimiento la moción modificada por
la enmienda, en primer lugar, y por la propuesta de modificación en
segundo término? (Asentimiento.) Queda aprobada.
Transcurridas cinco horas de debate en esta sesión, y de acuerdo con el
artículo 77 del Reglamento del Senado, solicito autorización de la Cámara
para proseguir el mismo. (Asentimiento.) Gracias, señorías.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE MODIFIQUE EL REAL DECRETO 477/1993, DE 2 DE ABRIL, POR EL
QUE SE ESTABLECE UN REGIMEN DE AYUDAS DESTINADO A FOMENTAR EL CESE
ANTICIPADO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA, EN EL SENTIDO DE ADECUARLO A LA
NORMATIVA COMUNITARIA Y SUPRIMIR AQUELLOS REQUISITOS QUE TIENDEN A
DISUADIR A LOS AGRICULTORES DE ACOGERSE AL MISMO (662/000104.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos al debate de la moción del
Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a que
modifique el Real Decreto 477/1993, de 2 de abril, por el que se
establece un régimen de ayudas destinado a fomentar el cese anticipado en
la actividad agraria, en el sentido de adecuarlo a la normativa
comunitaria y suprimir aquellos requisitos que tienden a disuadir a los
agricultores de acogerse al mismo.
Para la defensa de esta moción, y en representación de su Grupo, tiene la
palabra el Senador Prim.
El señor PRIM TOMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el pasado 8 de marzo este Senador interpelaba al entonces
Ministro de Agricultura, señor Albero, sobre los planes del Gobierno para
mejorar las tres medidas de acompañamiento de la PAC en base a la reforma
llevada a cabo en 1992. Esas tres medidas eran: el establecimiento de
programas de producción agraria compatibles con la protección del medio
ambiente, sobre la forestación de tierras arables y sobre el cese
anticipado en la actividad agraria. Es precisamente la última
referenciada, es decir, la del cese anticipado en la actividad agraria,
la que traemos hoy a esta Cámara.
Señorías, antes de entrar en el fondo de esta moción, permítanme
adelantar que el Grupo Parlamentario Popular considera más que razonable
volver sobre esta medida de acompañamiento a la vista de los lamentables
resultados que está teniendo en todo el territorio nacional; bien se
puede considerar como lamentable fracaso dentro de la política agraria
del Gobierno.
Quisiéramos, señorías, hacer un breve recordatorio de lo que en aquellas
fechas del 8 de marzo se dijo en esta Cámara por parte del entonces
responsable de agricultura, el ex Ministro Albero. Entre otras cosas dijo
que la previsión del Gobierno dentro del período 1993-97 era que
accedieran a las ayudas 26.750 agricultores, con un coste hasta el año
2007 de 132.000 millones de pesetas. Y seguía diciendo que el éxito de la
medida dependería de la divulgación que hicieran las Comunidades
Autónomas y de la confianza de los responsables políticos, para acabar
alegando: ya sé que tiene muchas limitaciones y que ésta está produciendo
una cierta retención en la demanda (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Señorías, éstos eran algunos datos, opiniones y objeciones
de un miembro del Gobierno, que me imagino que el Grupo Socialista
continuará corroborando.
Pues bien, han pasado sólo unos meses y el Gobierno en respuesta escrita
a este Senador cuantifica el número de solicitudes correspondientes a
cada una de las Comunidades Autónomas que se han acogido al régimen de
ayudas para el fomento del cese anticipado, y que se ha recibido en el
Ministerio de Agricultura hasta el pasado 30 de junio. Escuchen,
señorías, esta cuantificación: Andalucía, 3; Aragón, 92; Asturias, 189;
Castilla-La Mancha, 36; Castilla y León, 173; Cataluña, 5; La Rioja, 46.
En total sólo 544 expedientes. Y como habrán comprobado sus señorías,
faltan Comunidades como Baleares, Murcia o Valencia, sacando además como
conclusión, a la vista de estos lamentables números, que en el litoral
mediterráneo sólo hay cinco expedientes, los correspondientes a Cataluña.
Señorías, recordemos que el cese anticipado en la actividad agraria está
dictado según la normativa española en el Real Decreto 477/1993, basado
en el Reglamento Comunitario 2.079/1992 sobre ayudas a la jubilación
anticipada en la agricultura, que es realmente como se le debería de
conocer; aquí en España se nos ocurrió el titulito de cese anticipado,
cuando hubiera sido más útil y coloquial el de jubilación.
El Grupo Parlamentario Popular considera que esta línea de ayudas es
fundamental, si tenemos en cuenta que el objetivo básico, según el
preámbulo del Decreto, es el rejuvenecimiento de los titulares de las
explotaciones agrarias para contribuir a mejorar la viabilidad de éstas.
Si de verdad el Gobierno desea modernizar las caducas y arcaicas
explotaciones agrarias, creemos, señorías, que es básico adecuar la
normativa a la realidad nacional, defendiendo asimismo a cada una de las
peculiaridades de las Comunidades o regiones. Es por ello que en aquella
interpelación del mes de marzo se señalaran una serie de graves defectos
que en opinión del Grupo Parlamentario Popular estaban impidiendo que la
jubilación o cese anticipado en la agricultura fuera más real y efectiva.
Señorías, pretendemos hoy en esta Cámara repasar esos defectos que deben
ser tenidos en cuenta a la hora de una posible modificación del
referenciado Decreto. En algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la
valenciana, el condicionante de las UDES para el cesante y el cesionario
son tan disparatadas que prácticamente ningún agricultor puede acceder a
la jubilación, si tenemos en cuenta que las explotaciones tipo de regadío
en la Comunidad valenciana no llegan a 1,5 hectáreas; por ello
comprenderemos rápidamente que en una localidad citrícola en la que al
cesante
se le exigen 1,8 hectáreas y al cesionario 2,29, nadie puede acceder a
esas condiciones ni, por supuesto, a las 5,5 hectáreas de la explotación
resultante. Y si nos vamos al secano, la explotación resultante con
almendros se sitúa en las 28,4 hectáreas, y si son olivos para aceite en
las 90,5 hectáreas. En la provincia de Castellón, de la que este Senador
proviene, en la Comunidad valenciana o en Murcia o en Cataluña, etcétera,
es dificilísimo, por no decir imposible, llegar a esas cifras. Por ello
creemos que deberían de revisarse a la baja las dimensiones mínimas de
las UDES en las explotaciones.
Otro tema trascendental es recordar, señorías, que los padres de los
jóvenes que firmaron un acuerdo de colaboración en base a la Ley 49/1981,
de la explotación familiar agraria, no pueden cesar en la actividad,
puesto que en el Decreto 477/1993 se señala que deben existir dos
explotaciones con unos tamaños determinados. En el caso de la existencia
de un acuerdo de colaboración hay una sola explotación en la que el padre
es el jefe de la explotación y el hijo el colaborador. Es claro,
señorías, que tampoco pueden pasar esas explotaciones a otro cesionario
para jubilarse, puesto que tiene un compromiso firmado con el colaborador
que es el hijo, como dijimos. Este acuerdo de colaboración, que muchas
familias agrarias suscribieron en su momento, en las que hoy los padres
están en edad de cesar, priva de acceder a las ayudas por el cese
anticipado al exigir la ley que existan, como dije antes, dos
explotaciones distintas. Por eso, en una futura revisión del Decreto,
debería tenerse muy claro este tema que hemos apuntado, para que estos
acuerdos de colaboración no fueran obstáculos insalvables, y parece un
despropósito, pero no lo es, cuando al cesionario joven, que recibe las
tierras, sólo se le consideran las propias, no las del cónyuge. Ello es
rocambolesco cuando la Ley 49/1981 dice que la explotación familiar
agraria estará compuesta por las tierras de ambos cónyuges.
Hemos hecho referencia expresa a la existencia de dos explotaciones
diferentes, aspecto al que hace mención el Decreto cuando habla de los
requisitos de los cesionarios, los cuales deben tener una explotación
preexistente, como mínimo, un año antes de la fecha en que se firme el
cese por el cedente, hecho que se corrobora después al hablarse de los
requisitos de las explotaciones en las cuales se ven claramente las
dimensiones mínimas del cedente y del cesionario. Del Reglamento
Comunitario se podría desprender indirectamente que deben existir dos
explotaciones, pero nunca hace alusión ni al tiempo ni al tamaño.
Respecto al tiempo de un año, que es el que se menciona en la normativa
española, nosotros lo consideramos excesivo dado que hay jóvenes que se
instalan parcialmente, y si bien es cierto que en la actualidad tienen
dos años, lo deseable para cumplir la normativa del 1887/1991 sería que
llegasen a tener cuanto antes una explotación viable para dedicarse de
pleno empleo a la agricultura.
Respecto al tamaño de la explotación, consideramos que lo más importante
es que la resultante sea viable, debiéndose revisar y no teniendo
importancia que el cesante o el concesionario tuvieran más o menos
superficie «a priori».
En resumen, señorías, hemos deseado poner otra causa que provoca el no
poder acceder a esta línea de ayudas. Es evidente que existen muchas
familias agrarias cuyos padres e hijos trabajan en la explotación, y el
hijo, a la hora de convertirse en cesionario, no aporta ninguna
superficie en ese momento, pero puede, basándose en un arrendamiento o
compra, ampliar esa explotación resultante para así obtener más
rentabilidad.
Otro aspecto del Real Decreto 477/1993, que no llegamos a entender, es
por qué España emplaza a sus agricultores a los 60 años para poder
acceder a la jubilación anticipada, siendo el Reglamento comunitario el
que señala que esa condición será a los 55 años. Si estamos hablando del
envejecimiento de nuestra población agraria y de que la juventud se nos
va del campo, la medida de adelantar a los 55 años sería muy bien
recibida por los futuros cesantes y cesionarios. Además, señorías,
recordemos que, en aquella interpelación de medidas de acompañamiento de
la PAC, hacíamos especial referencia a que las ayudas españolas quedaban
cortas en comparación con las comunitarias. Seguimos insistiendo aquí en
que, en la jubilación anticipada, los agricultores cesantes deben tener,
al menos, el salario mínimo interprofesional, y si sus señorías hacen
números, verán que no llega, y ello no es realmente lo más justo. Si en
el año 1993, el presupuesto para esta línea era de 4.200 millones de
pesetas para 4.500 agricultores, y en 1994, de 4.022 millones de pesetas
para 2.500 agricultores, no entendemos cómo, en 1995, será de 8.300
millones de pesetas, a no ser que el Gobierno piense rectificar y mejorar
el Decreto.
Señorías, vamos a finalizar recordando aquellas cosas que dijo aquí el
Ministro de Agricultura Albero: El éxito de la medida dependerá de la
divulgación que hagan las Comunidades Autónomas. A nosotros nos consta
que los funcionarios las han divulgado, pero habría que decir rápidamente
que unas ayudas estimulan y divulgan cuando son populares y accesibles. Y
dijo también que dependerá del grado de confianza que podamos transmitir
todos los responsables políticos. El Gobierno tiene el compromiso
electoral de llevarlo a cabo.
Señorías, a la vista de esta segunda opinión, al Grupo Parlamentario
Popular sólo se le ocurre decir que, por parte de los políticos de este
Grupo Parlamentario que represento, sí que deseamos transmitir ese grado
de confianza, que se logrará, por supuesto, si el voto de la Cámara es
favorable a que el Senado inste al Gobierno de la nación para que
modifique el Real Decreto 477/1993, de 2 de abril, por el que se
establece un régimen de ayudas destinado a fomentar el cese anticipado en
la actividad agraria, en el sentido de adecuarlo a la normativa
comunitaria y suprimir aquellos requisitos que tienden a disuadir a los
agricultores de acogerse a él, sustituyéndolos por otros más acordes con
las condiciones reales de la actividad agraria en España. Si dicho
compromiso se ha asumido por el Grupo representante del Gobierno en esta
Cámara, habrá demostrado que el Decreto sobre el cese anticipado ha
dejado de ser electoralista para pasar a ser accesible para todos los
agricultores españoles.
Gracias, señorías. Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de
la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación suscrita por
todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, se entiende que dicho Grupo otorga la admisión.
Para la defensa de la propuesta de modificación, tiene la palabra el
Senador Galán.
El señor GALAN CANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender, en nombre del Grupo Socialista, la enmienda de
modificación de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
con la que coincidimos plenamente en el objetivo fundamental que es, como
han hecho ver todos los grupos a la hora de firmar esta propuesta de
modificación, que el proceso para el cese anticipado de la actividad
agraria sufra modificaciones que redunden en una mayor agilidad en la
concesión y en la realización de los trámites por parte de los
agricultores para que pueda aumentar de una manera adecuada el número
actual de expedientes que están hoy en condiciones de tramitarse y que
indudablemente todos valoramos como bajo.
Las circunstancias de la escasa acogida que tiene este proyecto son
varias y algunas tienen que ver mucho con la idiosincrasia de la propia
cultura del medio rural español. No cabe duda de que la preocupación que
el Gobierno ha tenido en estos años para propiciar el acceso de los
jóvenes y, por otra parte, el cese anticipado de la actividad agraria de
unos agricultores, ha quedado plasmada en la última comparecencia que
tuvo el Secretario General de Estructuras Agrarias, en la Comisión de
Agricultura del Senado, donde manifestó su preocupación y reconoció que
había que introducir modificaciones, pero no hablaba de modificaciones
puramente coyunturales del Decreto, sino de la modificación de una parte
de la legislación y de un conjunto de características que facilitaran el
proceso para que los agricultores no encontraran las dificultades que hoy
día encuentran.
De un análisis más profundo vemos que el agricultor español está apegado
a algunos elementos tradicionales de comportamiento que le impiden que
entienda este Real Decreto como una solución a su problema del cese
anticipado. De entre ellos, destacaremos el apego que tiene el agricultor
español a la propiedad de la tierra, pues antes de su jubilación, a los
65 años, le cuesta mucho ceder esa propiedad, aunque sea a su hijo.
Están, además, los múltiples sistemas de arrendamiento o aparcería que
hoy día hay en el campo y que impiden, según las regiones, que se pueda
disponer de la tierra con absoluta libertad por el propietario en unos
períodos cortos de tiempo. Las tradiciones hereditarias de la tierra en
algunas regiones, como en Cataluña, están más arraigadas y facilitan más
el proceso, en cambio, en otras dificultan notablemente el proceso de
cesión, incluso a los hijos.
Por otra parte, en la Directiva comunitaria hay un hecho indiscutible que
se contempla, naturalmente, en la reglamentación española, y es que el
objetivo fundamental no es sólo el cese, sino la constitución de una
explotación de mayor tamaño a la que existía anteriormente para tratar de
conseguir una explotación viable.
En la modificación que introducimos a la enmienda, aunque conserva el
objetivo fundamental que propone el Grupo Parlamentario Popular, nos
acogemos a la experiencia ya recogida en estos años, y es que es
absolutamente necesaria la colaboración de las Comunidades Autónomas. Por
tanto, hay que tratar de conseguir que la modificación del Gobierno se
haga en colaboración con las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta
que ellas son las responsables de la cofinanciación y de la ejecución del
programa directamente. El Gobierno de España no es el que ejecuta
directamente el programa.
Por otra parte, contemplamos en esta modificación que se debe hacer una
evaluación de todo el programa conjuntamente y, por tanto, se deben
aplicar las consecuencias que saquen de esa evaluación. Pero también
contiene dicha modificación un elemento que de alguna manera fuerza al
Gobierno a que en un período corto tenga que hacer dicha evaluación junto
con las Comunidades Autónomas, puesto que se le da un plazo no superior a
seis meses para obtener un diagnóstico de las modificaciones que hay que
introducir.
Introducimos también un elemento que es considerado por algunas
Comunidades, si no como indispensable, sí como facilitador de este
proceso de cese anticipado, elemento que consistiría en establecer un
servicio de transmisión de tierras por otro denominado a su vez como
banco de tierras o fondo de tierras que pudiera facilitarlo. No cabe duda
de que así se evitarían algunos de los problemas que he mencionado
anteriormente debidos a la diversidad de contratos de arrendamiento o de
aparcería.
Por último, señorías --quiero ser breve en esta intervención--, creemos
que con esta modificación se conseguirá un acuerdo importante no sólo
entre los grupos parlamentarios que hoy la aprueban en el Senado, sino
también entre las Comunidades Autónomas, que observan cómo los
agricultores en estas circunstancias a veces prefieren continuar con su
explotación debido a las últimas ayudas de la PAC, que estimulan la
siembra de algunos cultivos, y que pudieran ser más rentables que las
propias ayudas que se establecen por el cese anticipado.
Por tanto, consideramos que esta moción, con esta modificación que
introducimos con el acuerdo de los grupos parlamentarios, puede ser
beneficiosa para fomentar el cese anticipado de la actividad agraria para
que este proyecto vaya hacia adelante y podamos decir en un breve plazo
que se desbloquea de los bajos resultados que hoy está teniendo el
proyecto y, naturalmente, con la absoluta responsabilidad de las
Comunidades Autónomas --vuelvo a repetirlo--, que son las que ejercen la
acción directa para la ejecución del proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Señores portavoces que deseen intervenir en el debate? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, el día 25 de abril de 1988 el
Consejo aprobó el Reglamento 1096 por el que se establecía un régimen
comunitario de fomento del cese de la actividad agraria.
Ya en aquellos momentos se era consciente de que las perspectivas a medio
y largo plazo, por lo que se refería a los mercados agrícolas
comunitarios y mundiales, requerían de una política de precios que podía
afectar muy negativamente al sector agroganadero que, por cierto, y por
lo que se refiere al Estado español, es uno de los más débiles
estructuralmente.
Con el cese anticipado de la actividad se trataba de indemnizar, por el
abandono de la producción agrícola, bien fuera destinando la superficie
de la explotación a repoblación forestal, a fines no agrícolas
compatibles con el mantenimiento de la calidad del medio ambiente, bien
destinándola a la conservación de los espacios naturales.
El día 12 de diciembre de 1989 el Consejo modifica una serie de
reglamentos, entre ellos el 1096/1988, con objeto de acelerar la
adecuación de las estructuras de producción de la agricultura. Pero, en
realidad, la modificación de este Reglamento comporta que la Comunidad,
con fondos propios a partir de ese momento, ya sólo financiará el cese
orientado al abandono de la producción agraria, aunque los países podrán
continuar aplicando el cese con reestructuración mediante su inclusión en
programas operativos que, una vez aprobados por la Comisión, podrán ser
cofinanciados por la Comunidad.
Posteriormente, en el año 1992, el Consejo aprueba el Reglamento 2079,
que modificó los anteriores, y que contempla la jubilación anticipada
como instrumento para lograr la obtención de una renta para los cedentes,
el rejuvenecimiento de los empresarios agrarios, la mejora de la
viabilidad de las nuevas empresas y la recuperación de tierras para fines
no agrícolas.
Pero el Real Decreto 477/1993, de 2 de abril, que es el eje de la moción
que hoy estamos debatiendo, que tenía que resolver la aplicación del
Reglamento 2079 en el Estado español, a nuestro entender no lo ha hecho,
ya que no resuelve con efectividad ni siquiera el primer párrafo del
punto 1 del artículo 7 del Reglamento Comunitario, que señala
textualmente: los Estados miembros adoptarán las medidas legales
reglamentarias y administrativas necesarias para la correcta ejecución
del programa. Dichas medidas deberán permitir en particular lo siguiente:
Hacer que el programa resulte atractivo en relación con los regímenes de
jubilación anticipada que puedan existir en las zonas cubiertas por el
programa.
A nuestro entender el programa no es atractivo, sobre todo, si analizamos
las peticiones que se han presentado. Por tanto, estaríamos de acuerdo
con la propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en la
línea de efectuar, conjuntamente con la colaboración de las Comunidades
Autónomas, una evaluación de la citada normativa y, si procede, revisarla
en un plazo no superior a los seis meses.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Senadores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El Senador Prim tiene la palabra.
El señor PRIM TOMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Es evidente que todos los grupos parlamentarios hemos firmado y
consensuado una modificación. No obstante, el Grupo Parlamentario Popular
desea hacer una serie de consideraciones a esta propuesta en un corto
espacio de tiempo.
En primer lugar, se pretende que se efectúe una evaluación del referido
programa del cese anticipado y, a continuación, señala: Si procede, se
revisará la normativa. Pues bien, puede evaluarse el programa, estamos de
acuerdo, evalúese. Nosotros creemos que la evaluación está hecha y bien
hecha, pues los resultados ahí están y son bien elocuentes. Por tanto, sí
que procede revisar la normativa o, si no, que nos contesten las
Comunidades de Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia, Galicia, Baleares.
En segundo lugar, el último párrafo, que señala: Deberá estudiarse la
viabilidad de los servicios de transmisión de tierras, también diremos
que no tenía por qué haberse puesto, porque si vamos a revisar y a tratar
de modificar el Real Decreto veremos ese aspecto, u otro como las UDES, o
las ayudas, o los acuerdos de colaboración, etcétera.
Pero, señorías, en aras de demostrar el deseable consenso en estos temas
y en aras de que la voluntad sea la revisión positiva del Decreto
477/1993, el Grupo Parlamentario Popular, que tuvo la iniciativa, ha dado
luz verde a dicha modificación. No obstante, apostillemos que el plazo de
seis meses, establecido en la moción, debería acortarse al máximo por los
graves defectos apuntados anteriormente. No quisiéramos ni pensar que
esta enmienda va a servirle al Gobierno para dilatar el tiempo y que todo
siga igual; no debería ser así. Si todos los grupos apoyamos esta
modificación es para que el Gobierno revise y rectifique cuanto antes los
puntos del Decreto que han provocado los malos resultados del programa y
que a la vista están. Lo demás sería engañar a los agricultores, que ya
han padecido bastante, en relación con la promesa de la jubilación
anticipada y que no han podido optar a ella.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Entiendo que la Cámara aprueba por asentimiento la propuesta de
modificación a la moción 104 suscrita por todos los grupos
parlamentarios.
Sus señorías conocen el tenor literal de la modificación, por tanto, me
ahorro el tiempo de su lectura.
Se declara aprobada.
Muchas gracias.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE
REMITA CON CARACTER DE URGENCIA A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY
POR EL CUAL SE SUPRIMAN LAS PENAS DE PRIVACION DE LIBERTAD EN RELACION
CON LA CONDUCTA DE INSUMISION AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.
(662/000103.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se
insta al Gobierno a que remita con carácter de urgencia a las Cortes
Generales un proyecto de ley por el cual se supriman las penas de
privación de libertad en relación con la conducta de insumisión al
servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria. Esta
moción ha sido modificada por su firmante y aceptada esta modificación
por la Junta de Portavoces de manera unánime, de tal manera que para su
defensa, en los términos en los que finalmente ha quedado redactada,
tiene la palabra el Senador Petrizán Iriarte.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, como siempre, con la brevedad que me
caracteriza, voy a defender esta moción. Soy consciente de que en poco
tiempo he presentado tres iniciativas en torno a este tema. Pueden decir
que cada cual tiene sus obsesiones, como es mi caso, pero deberán
convenir todos ustedes conmigo en que estas obsesiones están de alguna
manera razonadas por la situación que mi Comunidad vive en relación con
este tema.
En primer lugar, expondré los motivos de esta moción. Como decía, no es
la primera que presento en relación con este tema, porque en febrero
vimos una interpelación en la cual solicitaba la posición del Gobierno en
concreto sobre la objeción de conciencia y la insumisión, y la respuesta,
resumidamente, fue la falta de movilidad que mantuvo aquí el Ministro del
Interior. Dijo que los objetores eran sus héroes, pero a los quince días
les pegaba inmediatamente en la cresta poniendo mucho más difíciles las
condiciones de la objeción, incluso poniendo una especie de examen de
conciencia para ver si eran sinceros o no.
Más tarde, en junio de este mismo año, presenté también una moción que
--ya que no fue aprobada-- al menos sirvió para conocer la posición de
los diferentes Grupos en torno a este tema. Ambas creo que me han ayudado
a conocer el pensamiento exacto de los Grupos en este tema --insisto--
para mí de gran importancia. Leyéndolas detenidamente, lo que he
intentado es buscar un mínimo común denominador, tanto de la
interpelación como de la moción --y no lo oculto--, algo en lo que
estemos de acuerdo todas las personas que esta Cámara han hablado sobre
la insumisión, sobre la objeción de conciencia. No les oculto que el
objetivo no era sencillamente tener un mínimo común denominador, sino
que, lógicamente, era encontrar vías para la excarcelación de decenas de
jóvenes en el caso de Navarra, que en este momento pasan de la centena.
Repito, esta moción, sencillamente ha querido ser un mínimo común
denominador, y si logro haber interpretado bien el sentir de la Cámara lo
veremos más tarde.
En las últimas semanas he visitado en concreto a siete insumisos, los
insumisos que salieron de la cárcel de Pamplona y han sido distribuidos,
entre comillas «dispersados», en siete cárceles. Después de estas
visitas, tengo que decir que en algunos casos llevan once meses en
prisión. El argumento que se ha dado en torno a la insumisión es el de la
insolidaridad. Yo diría que los insumisos deben ser insolidarios pero
también deben ser deficientes mentales, porque se van a pasar veintiocho
meses en prisión. (Un señor Senador: ¡Porque quieren!) Las visitas han
sido el empujón final para presentar esta moción. Yo añadiré, ya que se
ha oído algo por ahí, que, efectivamente, los insumisos quieren estar en
prisión porque han renunciado a estar en tercer grado, rompen el tercer
grado y se colocan automáticamente en segundo grado, pero tampoco se
podrá negar que van a estar esos veintiocho meses en la cárcel y que
alguna razón --aparte de las razones puramente de comodidad-- tendrán en
su conciencia cuando en las últimas semanas estos presos han sido
considerados por algunos organismos, como puede ser Amnistía
Internacional, como presos de conciencia. Tampoco debemos olvidar este
dato.
Después de estas visitas, y avanzando un poco en la trayectoria que he
seguido en la Cámara, he llegado a la conclusión de que estas personas no
deben estar ni un minuto más en prisión, y puede parecer una
perogrullada, pero es así. Lo malo es que esto que digo no sólo lo afirmo
yo, sino que al parecer lo afirma todo el mundo; desde los funcionarios
de prisiones en las que he estado que no se lo explican muy bien, los
propios directores de las prisiones que les podría relatar, la propia
sociedad y, curiosamente, como es público y notorio, hasta el propio
Ministro de Justicia e Interior que afirma que estas personas no deben
estar en prisión.
Con estos datos me he sentido en la obligación de intentar buscar una
posible solución y con carácter de urgencia a este problema. La urgencia
viene dada porque si esperamos a la reforma del Código Penal, y me
adelanto a la posible argumentación que alguien pudiera dar, tendremos en
Navarra exactamente 500 condenados por insumisión. Siendo en este
momento, con ciento y pico, una situación muy difícil, se va a convertir
en una situación totalmente insostenible cuando aproximadamente en julio,
al ritmo actual de las penas impuestas por los tribunales de Pamplona,
podamos tener, insisto, 500 condenados.
En cuanto a los motivos, quiero hacer también una advertencia: en esta
moción no hay nada más de lo que aparece. Es decir, no se cuestiona ni se
dice nada del modelo de ejército, ni se habla de posiciones más o menos
utópicas, sino que se trata única y exclusivamente de aprobar una
iniciativa que permita en el plazo más breve posible la excarcelación y
la no entrada en prisión de los insumisos. He buscado, pues, el consenso,
ganándome, por cierto, y se lo comento a ustedes también, las críticas de
los propios insumisos, por lo menos de algunos de ellos, cuando he
presentado esta iniciativa ya que, según su opinión, ni siquiera hablo de
la despenalización en la moción, aunque, y esto lo digo en mi defensa, la
moción obviamente ni prejuzga mi posición ni la de cada uno de los grupos
cuando la aprueben o no.
En segundo lugar, siguiendo la exposición y adelantándome al
pronunciamiento de los grupos, quiero hacer constar lo siguiente: todos
los grupos de esta Cámara, insisto, todos, se han mostrado en desacuerdo
con que los insumisos sufran penas de prisión. Me remito al «Diario de
Sesiones» para que podamos aprobar que todos se han mostrado en
desacuerdo con las penas de privación de libertad en el caso del delito
de la insumisión. Haciendo el catálogo de mayor a menor, podríamos pensar
que el Grupo Parlamentario Socialista, en principio, va a adoptar una
posición favorable. Insisto, el propio Ministro de Justicia e Interior ha
dicho claramente que hay una voluntad de que desaparezcan del Código
Penal las penas de privación de libertad para el delito de insumisión.
Podríamos pensar que el Grupo Parlamentario Popular, por las exposiciones
habidas en esta Cámara, tiene también una posición favorable a la moción
porque es público que no están de acuerdo con las penas de privación de
libertad. En cuanto a Convergència i Unió, siguiendo la resolución tomada
por el Parlament de Cataluña en la que se dice textualmente que exigen la
toma de medidas urgentes en el problema de la insumisión por los
problemas que está causando, lógicamente, podríamos pensar que esta
moción supone la toma de una medida urgente. El Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos también ha manifestado claramente su
posición sobre este tema en diversos debates. De Coalición Canaria, si
nos atenemos a sus intervenciones, podríamos pensar lo mismo. Y del Grupo
Mixto diré que los diferentes partidos que lo integran también están de
acuerdo en la desaparición de las penas de privación de libertad.
Para terminar, diré que he tratado de poner palabras --no sé si muy
afortunadamente, lo veremos al final-- a este sentir; he tratado de
buscar una redacción y un texto que aúnen los deseos de la Cámara y he
presentado una moción que ha intentado ser posibilista y que, como es
lógico, espero que sea aprobada. En todo caso, esta moción es una
respuesta política y no jurídica a una situación de alarma social que se
vive de forma específica en mi Comunidad, de la que he tratado de hacerme
eco, supongo que peor que mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Socialista ha dudado hasta el
último momento en intervenir en este turno en contra de la moción que se
discute. Incluso había llegado a considerar la posibilidad de intervenir
solamente en el turno de portavoces, porque hay aspectos de su contenido
con los que no puede sino estar de acuerdo. En este sentido, el Grupo que
apoya a un Gobierno que ha presentado un proyecto de Código Penal que
incluye para los objetores de conciencia que no quieran realizar la
prestación social sustitutoria una pena de inhabilitación absoluta tiene
que estar de acuerdo, como es lógico, con que las penas de privación de
libertad no sean las más adecuadas para estos objetores.
Pero paso a explicar el contexto de esta moción y a referirme a algunos
de sus aspectos para, a continuación, plantear algunas de las posibles
soluciones para el problema que nos ocupa, que han quedado reflejadas en
la voluntad de mi Grupo de presentar una enmienda transaccional, que no
ha sido aceptada por el Senador proponente, para conseguir el consenso
unánime de todos los grupos presentes en la Cámara.
Para empezar, diré que en España la objeción de conciencia se ejerce por,
aproximadamente, 160.000 españoles, de los que el 2 por ciento no quiere
someterse a la obligación de realizar la prestación social sustitutoria.
Desde luego, nuestro Grupo apoya de forma muy positiva a los objetores de
conciencia que cumplen con la prestación social sustitutoria y también
apoya a los españoles que cumplen con el servicio militar. No obstante
--y porque pensando uno aprende también a respetar a los que, pensando,
llegan a pensar de otra manera--, tenemos que respetar la libertad de las
personas que, alegando motivos de conciencia, consideran que los mismos
motivos que les llevan a ser objetores de conciencia les impiden realizar
esa prestación social sustitutoria. Y por llegar a entender a los que
piensan de manera distinta a la nuestra, hemos presentado un proyecto de
Código Penal que recoge penas de inhabilitación absoluta, y no de
privación de libertad, para esos objetores de conciencia.
Pero la moción que hoy se nos plantea no resuelve el problema de los
objetores de conciencia que no quieren hacer la prestación social
sustitutoria. La moción no distingue entre los objetores de conciencia
insumisos y los insumisos que no son objetores, es decir, las personas
que, no aceptando la objeción como derecho constitucional ni las
posibilidades constitucionales para ejercerlo --que no son otras que las
de ejercer un derecho que exceptúa de un deber, según la Constitución,
como es el de la defensa nacional, el de prestar el servicio militar--,
ni siquiera plantean su solicitud como objetores de conciencia. Por
tanto, no son objetores, no solicitan ver reconocido su derecho a la
objeción por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y, por tanto,
se convierten en insumisos, pero no al deber de realizar la prestación
social sustitutoria, sino al servicio militar, al que está obligado todo
español varón que no sea declarado objetor de conciencia o vea reconocido
su derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con la Ley de Objeción
y la interpretación que de la misma ha dado el Tribunal Constitucional.
¿Quiénes son esas personas? Son las que piensan que el Consejo Nacional
de Objeción de Conciencia no tiene por qué declararles objetores porque
niegan la soberanía del Estado español, por ejemplo, en su Comunidad
Autónoma o en otras, o personas que han solicitado ser declaradas
objetores de conciencia por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia
y han visto denegada esa solicitud. Esos son los insumisos al servicio
militar de los que hablaba usted, Senador Petrizan, en su moción
originaria. Porque usted se ha referido a la conducta de insumisión al
servicio militar obligatorio, y sólo esta mañana ha caído en la cuenta de
que eso era una equivocación y ha añadido la prestación social
sustitutoria. El texto presentado ante la Cámara hablaba de los insumisos
al servicio militar, que no son objetores de conciencia, porque éstos
pueden ser insumisos a la prestación social sustitutoria
pero no al servicio militar. Los que son insumisos al servicio militar
son aquellos que no quieren ser declarados objetores de conciencia, que
no son objetores, que se visten de objetores cuando son otras cosas. Y no
se pueden mezclar las churras con las merinas.
Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, Senador Petrizan, con que los
objetores de conciencia que no quieran hacer la prestación social
sustitutoria no se vean obligados a cumplir penas de privación de
libertad. Este es un acuerdo importante, porque somos el único país de
Europa que tiene un proyecto de ley que considera que los objetores de
conciencia que no quieran hacer una prestación social sustitutoria no
deben ser castigados con penas de cárcel. El único país de Europa,
Senador Petrizan. Todos los países que tienen prestación social
sustitutoria tienen penas de cárcel para los que no quieren cumplirla,
pero nosotros estamos de acuerdo con el conjunto de la Cámara en que no
tienen que ir a prisión. Pero ésos no son los objetores de los que habla
su moción; su moción habla de esos objetores, por mor de la última
incorporación, y de los objetores al servicio militar, que no son
objetores de conciencia; son personas que simplemente, en algunos casos,
niegan al Estado español o, en otros, pura y simplemente, niegan la
capacidad del Estado para reconocerles como objetores, o no les da la
gana o, por ejemplo, no pueden ser objetores porque su conducta no es
congruente con los motivos que alegan. Por ejemplo, alguien que tenga
antecedentes penales por delitos violentos no puede ser objetor de
conciencia.
En este sentido, nosotros tenemos que señalar, primero, que estamos
dispuestos a que esta Cámara llegue a un consenso sobre esta cuestión en
las resoluciones de la Comisión Especial de Juventud, que lleva
trabajando sobre este tema con mucho detenimiento desde hace algún
tiempo. Comisión Especial de Juventud que a propuesta suya, Senador
Petrizan, invitó a que acudieran los representantes del movimiento de
objeción de conciencia y no quisieron venir. Segundo, que estamos
dispuestos a que los objetores de conciencia que no quieran hacer la
prestación social sustitutoria no tengan que ser condenados a penas de
privación de libertad; pero ésos, los objetores, no los otros. Tercero,
que estamos dispuestos a que se aceleren los trámites legales para que
los textos legales en vigor realmente recojan la situación transitoria de
las personas que en estos momentos se ven obligadas a cumplir con la
legislación vigente. Pero esas personas, que tan poco interés tuvieron en
venir a esta Cámara a explicar sus razones, son las mismas que se
autoinculpan, que se niegan a recibir las prórrogas, que rechazan las
notificaciones del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que
después de sentenciados piden la ejecución de sentencia y rechazan el
tercer grado. En este sentido, Senador Petrizan, usted entenderá que le
señala que nosotros, que estamos dispuestos a hacer una regulación
detenida de esta cuestión, tampoco tenemos que vernos impulsados a
hacerlo de manera urgente por un grupo de personas que están utilizando
legítimamente, pero de manera estratégica, la legislación para
precisamente, defender que en un Estado de Derecho no prime la ley sobre
todos los ciudadanos, sino la desobediencia hacia algún precepto legal,
aunque sea por los muy loables motivos de conciencia.
Por todas estas razones, Senador Petrizan, usted entenderá que pensemos
que su moción no es la más adecuada, que le pidamos formalmente que la
retire y que intentemos ponernos de acuerdo en las resoluciones de la
Comisión Especial de Juventud en un texto que nos permita a todos los
grupos de la Cámara ponernos de acuerdo; un texto que tiene que defender
que los objetores de conciencia que no quieran hacer la prestación social
sustitutoria tienen que tener un castigo diferente al de las penas de
privación de libertad, pero que no permita que quienes se disfrazan de
objetores sin serlo, quienes utilizan la objeción de conciencia para
combatir al Estado democrático, quienes impugnan la legitimidad de esta
misma Cámara porque no quieren venir a comparecer ante la misma, ni
quieren reconocer las decisiones del Consejo Nacional de Objeción de
Conciencia, ni reconocen la objeción de conciencia como un derecho
constitucional porque no están de acuerdo con la Constitución ni aceptan
que ésta rija sus vidas, se beneficien, al socaire de una moción apoyada
por el Pleno del Senado, de un trato que nosotros sí que queremos
reconocer, precisamente, a los objetores.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.--El
señor Petrizan Iriarte pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Petrizan, su señoría ya ha consumido su
turno.
¿Quiere hacer uso de la palabra algún señor portavoz que no haya
intervenido en el debate? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Travieso Darias, en nombre del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, parece que el tema de las churras y las merinas hoy es
recurrente para los Senadores y Ministros socialistas. Deben estar
impresionados por la última manifestación realizada con ovejas por
Madrid, reivindicando las cañadas reales. Pero yo creo que el Senador
Petrizan no está confundiendo las churras y las merinas. Yo pienso que el
asunto está bastante claro. El interés y el fondo de la moción está
perfectamente claro.
En este momento no vamos a discutir sobre el tema de fondo, que es la
insumisión o la objeción de conciencia. A unos les parece reprochable y a
otros justificable, pero ésa no es la cuestión. Yo creo que todas las
fuerzas políticas están de acuerdo, y el propio Partido Socialista y el
propio Ministro de Justicia e Interior lo han manifestado, en que hay que
eliminar las penas de privación de libertad para la insumisión. De eso es
de lo que se trata, de que de forma urgente se presente un proyecto de
ley por el cual se supriman esas penas de privación de libertad. No se
puede esperar al nuevo Código Penal, que probablemente entre en esta
Cámara en septiembre o en octubre del año que viene. Este es un problema
grave, real, en el que hay un consenso generalizado y no entendemos por
qué en este momento y ante esta situación el Partido Socialista no lo
quiere aceptar,
aunque tenemos conciencia de que parte del Partido Socialista sí estaría
dispuesto a aceptarlo.
Por eso, mi Grupo va a votar a favor de esta moción, porque pensamos que
es un asunto urgente, en el que hay un consenso real por parte de todos
los grupos políticos y de la sociedad. Las penas de privación de libertad
para estos delitos son desproporcionadas y ya discutiremos en su momento
qué tipo de penas son las que se tienen que imponer a este tipo de actos.
Reitero que mi Grupo va a votar a favor de la moción del Senador
Petrizan.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Travieso.
Tiene la palabra, Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, al inicio de la intervención del Senador Petrizan, de las filas
del Grupo Socialista ha salido una voz que decía, refiriéndose a los
insumisos que van a prisión: ¡porque quieren! No sé si se ha dicho en un
tono un tanto despectivo o, tal vez, en un tono acusativo. De todos
modos, creo que es una expresión no muy agraciada. Porque, señorías, en
ese «porque quieren» es donde está la gran fuerza del colectivo de
insumisos y de cuantos les apoyan. Precisamente, ese «porque quieren» es
el que hace del fenómeno de la insumisión un valor mucho más elevado y
relevante ante la sociedad.
Por todo lo actuado hasta el presente y por todo lo escuchado hoy, cabe
decir, con respecto al tema de la insumisión, la insumisión bien
entendida --y remarco lo de la insumisión bien entendida, que por lo
mismo es un acto intrínseco de conciencia--, nos encontramos en la
situación de siempre y, lo que es peor, en una situación anómala que
parece tener visos de eternizarse.
Yo no puedo admitir, Senador Granado, y se lo digo con todo respeto, que
su señoría introduzca en un solo saco a todos los insumisos sin
excepción. (Varios señores Senadores: ¡No lo ha hecho!) Creo que no es
justo ni exacto, por lo menos tal como un servidor le ha entendido.
(Varios señores Senadores: ¡No ha dicho eso!) Si no lo ha dicho,
rectifico lo que acabo de pronunciar.
Por un lado, existe lo que se entiende como deber jurídico de solidaridad
con el Estado por parte de nuestros jóvenes, con exclusión, claro está,
de sus representantes femeninos, dicho sea de paso, y la aplicación penal
consiguiente para todos aquellos jóvenes que optan por no someterse al
cumplimiento obligado de tal deber jurídico, de lo que se llama
solidaridad con el Estado, cuya conceptuación, en lo que al servicio
militar obligatorio se refiere, no es personalmente asumible por este
Senador, en virtud de toda una serie de argumentaciones largamente
expuestas en no pocas sesiones plenarias anteriores a la presente.
Por otro lado, se da un problema social real de indudable gravedad ante
el cual parecemos empeñados en demostrar nuestra incapacidad para
facilitar una respuesta razonable, y ni siquiera proporcionalmente justa,
dado que, con el Código Penal en la mano, las alternativas son bien
escasas, por aquello de la aplicación del principio de legalidad que
hemos comentado y de que éste se sitúa por encima de cualquier otra
consideración por principio en un Estado de Derecho.
Como consecuencia de todo ello, nos encontramos ante un problema social
de magnitud nada despreciable y de consecuencias perversas que no pueden
menos de preocupar hondamente tanto al Poder Ejecutivo como al Poder
Legislativo y forzarlos a sendas reflexiones y urgentes decisiones
concordantes con unos planteamientos sociales que requieren, a su vez,
una respuesta humana apropiada, de manera que la única respuesta
permitida correcta no sea la pena privativa de libertad, que es lo que
acontece en la actualidad.
Tampoco nos valdrá como solución, según el criterio de mi grupo político,
que el nuevo proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal prevea
para los insumisos, en lugar de una pena privativa de libertad, una pena
de inhabilitación absoluta y la exclusión de cualquier ayuda, beca o
subvención por tiempo de diez a catorce años, además de prever una pena
pecuniaria.
Con una u otra pena aplicada, la de hoy y la de mañana, seguiremos
padeciendo la problemática de un fenómeno social de primer rango en
crecimiento constante, continuaremos ahondando en el detrimento de todo
cuanto sea aceptable a las Fuerzas Armadas, proseguiremos también con la
misma serie de considerandos, resultandos y sentencias de la judicatura
que se vienen significando por la disfuncionalidad y discordancia entre
sí, aunque, hoy por hoy y en medio de todo, con una particularidad
manifiesta, que no es otra que la imposición de las penas más graves y
generalizadas contra los jóvenes insumisos de Navarra.
La verdad es que cuanto hoy acontece con los insumisos no es muy
presentable en un país civilizado. Parece que funcionamos en relación a
ellos bajo la especie del quiero y no puedo, es decir, en medio de una
notable inseguridad jurídica por la incapacidad de precisar
equitativamente el valor primero entre la legalidad y la conciencia,
entre lo que debiera ser y lo que debe ser, entre lo que realmente se
siente y la disposición legal vigente. Y lo que sí parece de evidente
constatación es un intento mayoritario de evitar que la imposición de la
pena a la mayoría de los casos por insumisión sea un elemento
criminológico con la pretensión de que, así como el mismo Derecho Penal
es la última «ratio», la pena privativa de libertad sea también el último
recurso, tal y como debe ser siempre y en todo caso. Pese a ello,
señorías, aún estamos lejos de un tratamiento auténticamente racional.
Como quiera que sea, la sensibilidad social está ahí, entre nosotros,
nacida del servicio militar obligatorio y que, inapelablemente, podría
quedar reducida a su mínima expresión o, inclusive, morir justamente con
una nueva ley orgánica del servicio militar no obligatorio, sobre cuyos
aspectos y necesidades de implantación nos hemos manifestado
reiteradamente, por lo que no vamos a incidir ahora en nuestras
argumentaciones de siempre, por ser sobradamente conocidas.
Entretanto, señorías --y termino--, conscientes, muy conscientes de que
el transcurso del tiempo ha de incidir, queramos o no, en favor de los
insumisos y de que los argumentos
existentes a favor de unos ejércitos profesionales y de voluntariado al
cien por cien va a ir adquiriendo una solidez incuestionable, los
Senadores nacionalistas vascos demandamos, respetuosamente, que la
denominada insumisión sea despenalizada en todos sus términos, o bien,
como mínimo, se tracen con urgencia las vías más adecuadas para otorgar a
los insumisos el tratamiento más racional posible. Con ello nos hacemos
eco de la conclusión recientemente adoptada por el IX Congreso de Jueces
para la Democracia y tomamos en cuenta la cada vez mayor demanda social
en el mismo sentido.
Soy consciente, señorías, con todo, de las dificultades actualmente
existentes y que esta moción difícilmente va a prosperar hoy,
precisamente por imperativos del juego democrático en esta Cámara. No
obstante, pienso en la parte positiva que supone haber hecho un alto en
el camino y someter respetuosamente a reflexión las ideas o sentimientos
que a uno le embargan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Corresponde el turno de portavoces al Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. Tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia, señor Presidente.
Senador Petrizan, usted sabe de mis penas.
Hay una cuestión previa que me gustaría someter a la consideración de sus
señorías. Hay una disquisición legal necesaria para enfocar esta
cuestión: el concepto de objetor de conciencia y el de insumiso. El
primero de ellos está previsto y amparado por la Constitución española en
el artículo 30.2, que garantiza la objeción de conciencia. Sin embargo,
nada dice nuestra Carta Magna respecto a la insumisión. Por el contrario,
el propio artículo 30 de la Constitución establece la obligación del
servicio militar o civil al Estado.
No me hace feliz la idea, Senador Petrizan, de la cárcel ni de la
posibilidad de verse privado de libertad, pero no por ello podemos
admitir con tanta ligereza una moción que peca de cierta simplicidad. Es
un hecho curioso el que únicamente exista un problema de cumplimiento
efectivo de la pena en Navarra. Es decir, el Código Penal es de ámbito
nacional y el único lugar en que sabemos que se producen estos extremos
--indeseados, por otra parte-- es precisamente en Navarra.
Decía el Senador Petrizan que visitó a unos insumisos y que de esta
visita fue de donde salió la idea de presentar esta moción. En Tarragona,
mi circunscripción, también tuvimos un insumiso, cuya situación legal,
más que de insumisión, era de rebeldía procesal, porque este señor estaba
sujeto a un proceso penal y no compareció dentro de los términos legales
ante el juzgado correspondiente de Cádiz, por lo que el juzgado acordó su
busca y captura y presentación en el mismo. Lo que es cierto es que
después de presentarse en el juzgado de Cádiz fue puesto nuevamente en
libertad.
Dicho esto, añadiré que votaríamos favorablemente la moción si, en vez de
hacer referencia a la situación de insumisión, hiciese referencia a la
conducta de objeción de conciencia en situación de incumplimiento en el
momento de ejecutar la prestación social sustitutoria. Nótese que para
nosotros esta diferencia es muy importante y no es justo que su señoría
pretenda con una moción pequeña, corta y, a nuestro juicio, muy poco
fundamentada intentar llevar a la Cámara a un equívoco, cual es el de
conseguir amparo legal para una situación que en sí misma no es legal.
El Parlamento de Cataluña, como usted muy bien decía, tiene ya acordada
su postura en relación con las penas privativas de libertad en caso de
objeción de conciencia sin cumplimiento de la prestación. Ante todo, y
así se manifestó con ocasión de la interpelación que hace meses formuló
el propio autor de esta moción, el Senador Petrizan, el Parlamento de
Cataluña dejaba claros estos conceptos: el primero, el natural respeto a
la legalidad vigente y, el segundo, la necesidad de una urgente reforma
de la ley penal en evitación de situaciones de penas privativas de
libertad pero siempre referidas al objetor de conciencia. Bajo estos
auspicios, nuestro voto en aquel momento fue en contra de su
interpelación.
Ahora existe otro argumento de peso para que mantengamos este criterio,
cual es el proyecto de Código Penal, que dispone no la despenalización de
la objeción, pero sí el establecimiento de penas no privativas de
libertad, cosa diferente a lo que sucede con el insumiso. Si en el
Derecho Penal es aplicable la retroacción de la ley en favor del reo,
apliquemos este generoso principio de modo moral; pero siempre referido
al objetor que no cumpla, nunca al insumiso. Si el Ministerio de Justicia
e Interior ha considerado oportuno adelantar aspectos de la ley procesal
civil como es la regulación de la justicia gratuita, sin perjuicio de
repescar e introducir en la futura Ley de Procedimiento Civil este
aspecto, menos debe repugnar que se legisle, aunque sea adelantándonos al
Código Penal, acerca de una cuestión que mi Grupo considera moralmente
rechazable y que es la privación de libertad, pero siempre en el caso del
objetor.
La moción establece en su mandato suprimir las penas de privación de
libertad. Le queda al Gobierno la facultad de proponer una norma acorde
con la realidad social y que evite la prisión al objetor; pero, al mismo
tiempo, que garantice el cumplimiento del deber solidario del servicio
militar o cívico al Estado, estableciendo sanciones penales no privativas
de libertad al objetor que tengan igual o parecido efecto coactivo que el
que se pretende. Votaremos negativamente a la moción, pero quedamos
abiertos a las soluciones más técnicas que cubran de modo diferenciado
las situaciones derivadas de la negativa al cumplimiento del servicio
militar o prestación social sustitutoria, en cualquiera de sus opciones.
Como digo, señoría, nuestra voluntad es la de atacar este problema. No
somos felices al ver gente joven española metida en la cárcel, pero
entendemos que debe hacerse con mejores garantías para la propia
legislación del país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, si el factor calendario, o cualquier otro factor que
actualmente habita en la Moncloa, no tuerce los plazos reglamentarios del
Congreso de los Diputados y de esta propia Cámara, es más que probable
que dentro de un año hayamos aprobado el nuevo Código Penal. Para unos,
ya se sabe y ya se dice, el Código de la democracia; para otros, el del
siglo XXI. Un conjunto de normas y sanciones que, entre otras muchas de
las novedades que presenta, recoge la desaparición o, si prefieren, la
supresión de la pena privativa de libertad hacia la conducta de lo que
hoy se conoce como insumisión o movimiento colectivo que se opone a toda
normativa sobre el servicio militar y sobre la objeción de conciencia. Y
si para comienzos del año 1996 la insumisión no supondrá la cárcel --y
estamos hablando en términos aproximados de enero de 1996--, hasta ahora
ha significado y todavía significa, como saben muy bien sus señorías, de
cuatro meses a seis años de prisión, es decir, arresto mayor en su grado
máximo o prisión menor en su grado mínimo.
Yo, sinceramente, no sé por qué motivo o extraña razón España siempre se
sitúa a la cabeza de las estadísticas más incómodas o menos convenientes.
En materia de objeción de conciencia e insumisión no podíamos quedarnos
atrás: somos el primer país de Europa en número de objetores; ocupamos,
en cuanto a número e insumisos, el mismo lugar; nuestras penas son
también las más elevadas y, por si esto fuera poco y como rezaba el otro
día un titular de periódico, los jueces españoles son los que imponen las
condenas más altas, a la hora de calificar el delito, de toda la Unión
Europea. Señorías, qué dudoso honor.
A pesar de ello, el sistema judicial español no es ajeno a los
cortocircuitos que los procesos por insumisión están produciendo ya en la
vida de los tribunales de este país. Cada vez son más los casos en los
que se condena; pero, al propio tiempo, la sentencia solicita el indulto,
bien a iniciativa del juez o tribunal o a petición del mismo fiscal, a
pesar de que éste haya solicitado momentos antes una pena de dos años,
cuatro meses y veinte días. Es decir, son los propios magistrados los que
aplican, generalizadamente, atenuantes muy calificadas y eximentes para
rebajar las penas por este delito.
Tal vez por ello, la Audiencia de Sevilla, en concreto la Sección
Primera, ha sentado a comienzos de este año un importante precedente al
plantear cuestión de inconstitucionalidad por la extraordinaria dureza y
desproporcionalidad de las penas de cárcel para los insumisos, pudiendo
vulnerarse con ellas el artículo 1 de la Constitución, que consagra a
España como un Estado de Derecho; el artículo 9 de la Constitución,
relativo al principio de legalidad, y el artículo 10, también,
naturalmente, de la Constitución, sobre la dignidad de la persona.
Veremos qué dice el Tribunal Constitucional como máximo garante de los
derechos constitucionales. Por supuesto, también hay jueces que absuelven
del delito de insumisión, que aunque son los menos, todo hay que
reconocerlo, todavía merecen titulares de prensa, y me estoy refiriendo a
un caso tan reciente que se publicó hace menos de 72 horas.
Todos ustedes saben que al sancionar penalmente ciertas conductas se
están protegiendo determinados bienes jurídicos. Así, con el castigo
penal del homicidio y del asesinato se protege la vida; castigando
penalmente el robo protegemos la propiedad y la sanción penal de la
violación protege la integridad y la libertad sexuales. ¿Pero quieren
ustedes decirme, a finales del siglo XX, qué bien jurídico estamos
protegiendo al castigar con la cárcel la insumisión, conducta que, por
otro lado, se traduce en una respuesta penal de extraordinaria dureza,
dispuesta única y exclusivamente para la protección de un interés
administrativo, no exigido en la Constitución, y que en sí mismo carece
de entidad objetiva que justifique tal respuesta penal? ¿En qué
situación, señorías, hemos colocado a nuestros jueces y tribunales, que
por todo hecho probado se las han de ver con la conciencia del encausado,
convirtiéndose así en el proceso en un enfrentamiento entre dos
conciencias, la del juez y la del insumiso? Por no hablar, claro, de la
ausencia e inexistencia de cualquier efecto resocializador de la pena de
prisión para insumisos, que resulta ser, al fin y a la postre, un puro y
simple castigo.
Yo tengo que confesarles que todavía no alcanzo a comprender por qué
--como diría un castizo de mi tierra-- han de pagar justos por pecadores,
y me explico: por qué los jóvenes españoles a partir de determinada edad
han de ser los destinatarios, de un lado, de la acción de un Ministro que
a pesar de los años en el cargo no ha hecho nada, señorías, nada, por que
el servicio militar sea siquiera algo atractivo para ellos. Y tampoco
entiendo por qué han de ser ellos los sufridos destinatarios de otro
Ministro, que ante el brete en que puso el Parlamento Europeo al Gobierno
español con el informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos
Interiores, en el que se ponía de manifiesto la notoria incapacidad del
Gobierno español y la insuficiencia de la Administración española para
hacer frente a la demanda de plazas para realizar la prestación social
sustitutoria, destinó 8.000 millones de pesetas, creó una Dirección
General, creó otra Subdirección General y trastocó a 146 funcionarios;
todo, señorías, para que se llame a realizar la prestación social
sustitutoria a los objetores en un año en vez de en dos, o hasta tres,
como ocurre ahora, al tiempo que, eso sí, no le dolían prendas al
Ministro Belloch en reconocer que endurecería las condiciones en que se
realizaría la prestación social sustitutoria y confiaba por ello en que
un derecho constitucional reconocido, como es el derecho a la objeción de
conciencia, fuera menos ejercido por estos jóvenes y acabaran, por lo
tanto, aburridos, por incorporarse al servicio militar, con lo que --eso
sí, señorías, a costa de la iniciativa personal de esos jóvenes-- se
solucionaban dos problemas: uno para el Ministro de Defensa, otro para el
Ministro de Justicia e Interior.
Ni el Gobierno puede seguir haciendo dejación de sus responsabilidades,
ni puede culpar, desde luego, a objetores e insumisos de su propio
fracaso, ni tampoco el Poder Ejecutivo puede pasarle el problema, como se
está haciendo ahora, pervirtiéndose así el sistema, al Poder Judicial.
Es decir, al no saber dar contenido a un derecho constitucional, la
objeción de conciencia ha saturado aún más nuestros ya de por sí
saturadísimos tribunales, aumentando espectacularmente los procesos de
insumisos, nada menos, señor Presidente, que 300 en 1993.
Y ya que hablamos de conciencia, señoría, habrá que señalar que quizá
tenga algo de remordimiento el Poder Ejecutivo cuando impulsa una
política penitenciaria de aplicación automática del tercer grado para los
condenados por insumisión. Lo único que ocurre a estas alturas es que el
Gobierno debía haber pensado que al igual que no puede atraparse el agua
del océano con una mano, tampoco los insumisos iban a aceptar esa
concesión graciosa --y, naturalmente, el graciosa es por lo del antiguo
Ministerio de Gracia y Justicia-- de estar condenados y pasarse todo el
día fuera, pero dormir en la cárcel, lo que le puede llevar a aplicar el
mecanismo del indulto, con lo cual, señorías, se cuadra perfectamente el
círculo de esta farsa.
Me gustaría que por un momento alguien de este Gobierno se parara a
pensar en que este país no es más atractivo por el solo hecho de que así
lo proclame un Ministro. Quizá con ello nos evitaríamos expresiones tan
desafortunadas como la del Ministro de Justicia e Interior cuando hace
bien pocas fechas afirmaba sin más que --y cito textualmente-- «es
imprescindible que los ciudadanos comprendan que un Estado solidario al
final del milenio les exige a sus ciudadanos que empleen su tiempo al
servicio de los demás». Como si por disparar al gallo, señorías, fuera a
desaparecer el amanecer.
Entre los principios en que descansa el Derecho Penal moderno destaca el
de la intervención mínima. El aparato punitivo reserva su actuación para
los comportamientos cuya importancia o trascendencia no pueda ser tratada
más que con el recurso a la pena, y esta decisión se funda a su vez en la
importancia de los bienes jurídicos en juego y en la entidad objetiva y
subjetiva de las conductas que los ofenden.
Hace ya tiempo que existe unanimidad en la jurisprudencia y en la
doctrina españolas en cuanto a que nuestro sistema penal es quizá
demasiado amplio y que conviene ir en determinadas ocasiones a las penas
privativas de derechos, como es este caso, pero no de libertad. La
insumisión es una de esas ocasiones, y lo digo, señorías, por convicción,
porque no quiero más polvorines de conciencia en esta tierra ni que este
país figure en lista alguna de presos de conciencia de alguna
organización internacional.
Y concluyo, señor Presidente. Para quienes hayan seguido mi intervención
les será fácil adivinar que naturalmente el Grupo Popular votará a favor
de la iniciativa del portavoz del Grupo Mixto para que el Gobierno remita
un proyecto de ley con carácter de urgencia, suprimiendo las penas de
privación de libertad --sólo eso-- para los insumisos.
Pero el Senador Petrizan debe saber dos cosas: Una, que el esfuerzo
inútil produce melancolía, y dos, que esta Senadora todavía está
esperando que el Gobierno remita a las Cámaras un proyecto de ley muy
importante, fruto de la aprobación unánime de esta Cámara, de una moción
tramitada ante esta Cámara, y también debe saber el Senador Petrizan que
en abril de este año el Congreso de los Diputados, por mayoría y a
iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco, emplazó al Gobierno a que
presentara en tres meses un proyecto de ley reformando la Ley de Objeción
de Conciencia. Estamos en noviembre, le recuerdo, y todavía no se tienen
ni noticias sobre dicho texto.
Si con esta moción, caso de resultar aprobada, Senador Petrizan --si de
aquí al trámite de votación algún Grupo reflexiona, quizá resulte
aprobada-- el Gobierno hace lo mismo que con las otras, es decir, nada,
yo le animo, señoría, a que no caiga en la melancolía y sea usted mismo
quien presente la proposición de ley de supresión de cárcel para los
insumisos. En ese momento, Senador Petrizan, como ahora mismo, usted
tendrá todo el apoyo del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--El Senador Petrizan Iriarte
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Senador Petrizan, ¿en virtud de qué artículo me pide la palabra?
El señor PETRIZAN IRIARTE: Por el artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por dos minutos.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo, después de oír a la Senadora Vindel, puedo decir que el Senador
Octavio ha hecho un intento lamentable de vestir la mona. Mire usted, el
calificativo que le puedo dar como máximo a su esfuerzo es de patético.
Para ser muy rápido, como se me exige, quiero decir que esta moción ha
tenido una historia y es la siguiente. Yo la presenté, pero en el mismo
momento de presentarla le ofrecí al Senador Bayona, portavoz del Grupo
Socialista, que yo estaba dispuesto hasta a retirarla con tal de que
presentase cualquier iniciativa que la supliera y con carácter urgente
lograse el mismo efecto, cosa que no hizo ni aceptó. En segundo lugar,
esta moción tiene poco de original porque ha sido sugerida por el propio
Ministro de Justicia e Interior, señor Belloch, y por el Fiscal General
del Estado en reuniones con el Presidente del Parlamento de Navarra y de
la Comisión de Derechos humanos en Madrid la semana pasada y la anterior.
En tercer lugar, que yo he disfrutado y mucho a lo largo de esta mañana
por el espectáculo que ha dado el Grupo Socialista cuando se ha enterado
que el Partido Popular iba a votar a favor y ha empezado a haber
problemas. Pero cuando el Grupo de Convergència i Unió ha anunciado que
también votaba a favor, se les ha ido, como se dice en mi tierra
literalmente, la color. En este sentido, por la tarde parece que hemos
asistido, por lo que he oído, a una pugna entre el Ministerio de Defensa
y el de Justicia e Interior; parece que ha ganado el Ministerio de
Defensa a juzgar por las llamadas que ha recibido el Grupo de
Convergència i Unió para que cambiase su postura, que también la había
anunciado.
Yo lo único que le voy a decir es que agradezco la solidaridad de
Convergència i Unió ante el problema que tenemos en Navarra, y espero que
su comportamiento varíe en el futuro.
También quiero decirle al señor Vallvé que yo habría cambiado
gustosamente mi moción, pero que Convergència i Unió tenía que haber
presentado antes del debate esa modificación a la que ha hecho referencia
con el término de objeción de conciencia respecto al de insumisión.
Añadiré que pensaba, sigo pensando y tengo un concepto de seriedad
respecto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
que espero que el Senador Vallvé no me lo haya destrozado.
En ultimo lugar, quiero decir que dejo al Grupo Socialista el honor de
tomar la iniciativa a este asunto, y esperemos que hagan algo que han
anunciado y que nos liberen de este problema, al menos en un plazo
relativamente breve, porque si no insistiré en lo que antes he dicho en
la moción.
Deseo decirle al Senador Granado, respecto de la finta legal que nos ha
hecho sobre insumisión, objeción de conciencia, etcétera, que se lea la
sentencia y que nos deje tranquilos con ese tipo de disquisiciones que no
van a ninguna parte, porque en las sentencias figuran unos conceptos
clarísimos por los que esos señores están condenados.
En último lugar, deseo añadir simplemente que invito a los Senadores del
Grupo Parlamentario Socialista y a los del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió a que sean objetores a los mandatos de
su Grupo y que apoyen esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, solicito la palabra por un
tiempo de dos minutos.
El señor PRESIDENTE: Tiene su Señoría la palabra.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Petrizan, yo he querido decirle a usted que me parecía mal,
sinceramente, que quince días antes de que esta Cámara debatiera en el
Pleno las resoluciones de la Comisión Especial de la Juventud, en la que
se lleva discutiendo este tema durante año y pico, usted venga aquí con
una moción intentando protagonizar una iniciativa que podía haber
posibilitado un consenso entre todos los grupos de la Cámara. Esta es la
primera cuestión.
Segunda cuestión. La iniciativa parlamentaria, el Grupo Parlamentario
Socialista ya la ha hecho suya: es el proyecto de ley del Código Penal
que ha presentado el Gobierno de la nación, y en el que se suprimen las
penas de privación de libertad para los objetores de conciencia
insumisos, Senador Petrizan. Esos objetores son condenados en función de
la Ley Penal de Objeción de Conciencia, pero no de los que no quieren ser
declarados objetores de conciencia y, no obstente, no quieren hacer el
Servicio Militar, que es un problema distinto. Y puestos a leer, yo
animaría a su Señoría, como a algún otro portavoz, a que leyeran el
proyecto de ley del Código Penal del Gobierno. En él aparece, en el
artículo 507, la despenalización de la insumisión de los objetores de
conciencia, y luego, en el artículo 595, aparece cómo se mantiene la pena
de cárcel para aquellos que, no siendo declarados objetores de
conciencia, no quieren prestar el Servicio Militar. Y esto no es una
disquisición legal, Senador Petrizan. La objeción de conciencia es un
derecho constitucional, que emana de la Constitución y que exime de un
deber: el deber de servir a España. Eso lo dice el Tribunal
Constitucional. Por lo tanto, los objetores de conciencia que, aun no
queriendo hacer la prestación social sustitutoria siguen siendo
objetores, que no quieren hacer la PSS, tendrán un tratamiento legal, y
las personas que, no siendo objetores de conciencia, no quieran hacer el
Servicio Militar, tendrán otro tratamiento legal, porque eso es lo que
impone la Constitución, Senador Petrizan. ¿Puede ser el mismo
tratamiento? Eso es lo usted nos propone y con lo que nosotros no estamos
de acuerdo.
Deseo añadir únicamente que esperábamos que, en esta mínima comprensión
de lo que son las sentencias del Tribunal Constitucional y de los textos
legales, estuviéramos en sintonía con otros grupos de la Cámara, grupos
que dicen una cosas cuando se reúnen con la Junta de Jefes de Estado
Mayor o en las comisiones de Defensa de esta Cámara, y que hoy han venido
aquí a decir otras.
Gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.) (El señor Vallvé i
Navarro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
Sólo voy a tardar un minuto, ya que he sido aludido por el Senador
Petrizan.
Quiero decir a sus Señorías que hoy he aprendido mucho, y lo he hecho
porque a mí me parecía que la cortesía parlamentaria impedía poner en
público conocimiento cuestiones previas al debate, pero ya que veo que
ésta es una norma que no se observa, yo diré, replicando al Senador
Petrizan, que momentos antes del debate y mientras, de alguna manera, con
mala educación y dando la espalda al pobre Senador que hablaba, le hemos
llevado, junto con el Grupo Socialista, una propuesta alternativa en la
que, precisamente, se hacía mención a lo que yo he expuesto en mi
explicación de voto, es decir, que se hiciese referencia en la moción
única y exclusivamente a la supresión de la privación de libertad para
los objetores de conciencia, no para insumisos. Es decir, Senador
Petrizan, aténgase un poco a la verdad. Esto es cierto. Mis compañeros
socialistas pueden exhibir con tranquilidad el papel y lo verán.
(Aplausos en los escaños de la izquierda.)
Acabo, señor Presidente. Yo entiendo que es cortesía parlamentaria
llamarle compañero a cualquier Senador, sea de la derecha o sea de la
izquierda. (Aplausos.) Lo que
no entiendo es la suspicacia del Grupo Parlamentario Popular, tal vez sea
porque soy catalán. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la moción del Grupo
Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a que remita con
carácter de urgencia a las Cortes Generales un proyecto de ley por el
cual se supriman las penas de privación de libertad en relación con la
conducta de insumisión al servicio militar obligatorio y prestación
social sustitutoria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a
favor, 101; en contra, 117; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las veintidós horas y treinta y cinco minutos.