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DS. Senado, Pleno, núm. 41, de 15/06/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 41
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 15 de junio de 1994
ORDEN DEL DIA:
Delegación de competencia legislativa.
--En la Comisión de Economía y Hacienda para la tramitación del Proyecto
de Ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido. (Número de expediente 621/000039.)
Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados.
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de ley de
reforma del artículo 54 de la Ley del Registro Civil (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 32,
de fecha 8 de junio de 1994). (Número de expediente S. 621/000032.)
(Número de expediente C. D. 121/000040.)
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de ley de
responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 35, de fecha 8 de junio de 1994). (Número de expediente S.
621/000035.) (Número de expediente C. D. 121/000026.)
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley por la
que se modifica el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sobre la destrucción de la droga decomisada (antes Proposición de ley por
la que se modifica el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sobre la efectiva destrucción de la droga decomisada) (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número
15, de fecha 8 de junio de 1994). (Número de expediente S. 624/000002.)
(Número de expediente C. D. 122/000035.)
Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.
--Proposición de ley de modificación de la Ley de Registro Civil, de 8 de
junio de 1957, para la identificación del recién nacido (autor: Grupo
Parlamentario Popular en el Senado) (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 14, de fecha 16 de
mayo de 1994). (Número de expediente 622/000012.)
Mociones consecuencia de interpelación.
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, en el plazo de un mes, formule denuncia ante el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea contra las organizaciones agrarias
francesas y el propio Gobierno francés por realizar y consentir prácticas
restrictivas, dirigidas a limitar el derecho a la libre competencia y a
la libertad de comercio que asiste a los agricultores y transportistas
españoles, dentro de las normativas comunitarias (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 135,
de fecha 13 de junio de 1994). (Número de expediente 671/000008.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, en el plazo de tres meses, remita a las Cortes Generales
un Proyecto de ley de televisión por cable, que establezca condiciones
objetivas para la selección de los operadores de las distintas
demarcaciones (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 135, de fecha 13 de junio de 1994). (Número de
expediente 671/000009.)
Mociones.
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que el Senado insta al
Gobierno para que adopte las medidas oportunas a efectos de la defensa de
la conservación de las ballenas piloto en la Comunidad Autónoma de
Canarias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 70, de fecha 3 de febrero de 1994). (Número de
expediente 662/000034.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que, tras las correspondientes consultas con las Comunidades Autónomas,
promueva la elaboración de una norma básica respecto de las
denominaciones de origen, específicas y genéricas de productos
agroalimentarios, modificando la Ley 25/1970, del Estatuto del vino y
alcoholes (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 96, de fecha 23 de marzo de 1994). (Número de
expediente 662/000047.)
--Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que el Senado insta al Gobierno a
que remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley por el que se
supriman la obligatoriedad del Servicio Militar y la Prestación Social
Sustitutoria, la obligación de realizar actos propios de la
Administración Militar por parte de las Entidades Locales, así como la
anulación de las condenas y procedimientos por el delito de insumisión
que afecta a cientos de jóvenes, en su mayoría navarros (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 96, de
fecha 23 de marzo de 1994). (Número de expediente 662/000049.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.
DELEGACION DE COMPETENCIA LEGISLATIVA. (Página 2085)
En la Comisión de Economía y Hacienda para la tramitación del Proyecto de
Ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido. (Página 2085)
Se autoriza la delegación por asentimiento de la Cámara.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 2085)
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de ley de reforma
del artículo 54 de la Ley del Registro Civil. (Página 2085)
El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Hernández de
Cáceres, quien así lo hace a continuación.
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el Proyecto de Ley por asentimiento de la Cámara.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de ley de
responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos.
(Página 2086)
El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Guía Marqués,
quien así lo hace a continuación.
No se produce debate de totalidad. Comienza el debate del articulado.
Se dan por decaídas las enmiendas números 5 a 7, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Barbuzano González da por
defendidas las enmiendas números 26 a 33, del Grupo de Coalición Canaria.
El señor Ibarz i Casadevall defiende la enmienda número 4, retirando las
números 1 y 3, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Prada Presa
defiende las enmiendas números 16 a 25, del Grupo Popular. La señora
Fernández Arias y el señor Guía Marqués consumen un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ibarz i
Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Prada Presa, por el Grupo Popular, y Guía Marqués, por el Grupo
Socialista.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 26 a 33, del Grupo de Coalición
Canaria, por 5 votos a favor y 221 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 16 a 25, del Grupo Popular, por 98
votos a favor y 127 en contra.
Se aprueba una enmienda transaccional, firmada por los Grupos
Parlamentario Socialista, Convergència i Unió y Coalición Canaria, que se
sustenta en la número 4 del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, por 132 votos a favor y 92 en contra.
Se aprueban los artículos 1 a 5, según el texto del dictamen, por 226
votos a favor de los 226 emitidos.
Se aprueban los artículos 6 y 11, según el texto del dictamen, por 133
votos a favor y 89 en contra.
Se aprueban los artículos 7 a 10 y 12 a 15, con la modificación
introducida, por 224 votos a favor y 1 en contra.
Se aprueba la disposición final segunda, según el texto del dictamen, por
132 votos a favor, 92 en contra y 1 abstención.
Se aprueban las disposiciones adicional, transitoria, finales primera,
tercera y cuarta, así como la Exposición de Motivos, según el texto del
dictamen, por 224 votos a favor de los 224 emitidos.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley por la
que se modifica el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sobre la destrucción de la droga decomisada (antes Proposición de ley por
la que se modifica el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sobre la efectiva destrucción de la droga decomisada). (Página 2091)
El señor Iribas Sánchez de Boado presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Vallvé i Navarro, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Iribas Sánchez de Boado, por
el Grupo Popular, y Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la Proposición de Ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO. (Página 2093)
Proposición de ley de modificación de la Ley de Registro Civil, de 8 de
junio de 1957, para la identificación del recién nacido (autor: Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). (Página 2093)
El señor Cervera Soto defiende la toma en consideración. El señor Galán
Pérez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Cervera
Soto, por el Grupo Popular, y Galán Pérez, por el Grupo Socialista.
Se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Popular, por 105 votos a favor y 122 en contra.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. (Página 2099)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, en el plazo de un mes, formule denuncia ante el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea contra las organizaciones agrarias
francesas y el propio Gobierno francés por realizar y consentir prácticas
restrictivas, dirigidas a limitar el derecho a la libre competencia y a
la libertad de comercio que asiste a los agricultores y transportistas
españoles, dentro de las normativas comunitarias. (Página 2099)
El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de
modificación a esta moción, suscrita por los Grupos Parlamentarios
Socialista, Popular,Nacionalistas Vascos, Convergència i Unió y Coalición
Canaria.
El señor Esteban Albert defiende la moción originaria. El señor Arguilé
Laguarta defiende la moción alternativa. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Ramón i Quiles, por el Grupo Mixto;
Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Ferrer i Profitós,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se aprueba la moción alternativa por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, en el plazo de tres meses, remita a las Cortes Generales
un Proyecto de ley de televisión por cable, que establezca condiciones
objetivas para la selección de los operadores de las distintas
demarcaciones. (Página 2103)
El señor Ortiz Pérez defiende la moción. En turno de portavoces, hace uso
de la palabra el señor Aleu i Jornet, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la modificación suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES. (Página 2104)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que el Senado insta al
Gobierno para que adopte las medidas oportunas a efectos de la defensa de
la conservación de las ballenas piloto en la Comunidad Autónoma de
Canarias. (Página 2104)
El señor Segura Clavell defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Barbuzano González, por el Grupo de
Coalición Canaria; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, y Molina Fernández de Miranda, por el Grupo
Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista por 223 votos a favor de los
223 emitidos.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que, tras las correspondientes consultas con las Comunidades Autónomas,
promueva la elaboración de una norma básica respecto de las
denominaciones de origen, específicas y genéricas de productos
agroalimentarios, modificando la Ley 25/1970, del Estatuto del vino y
alcoholes. (Página 2107)
El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de
modificación a esta moción.
El señor Milia Méndez defiende la moción originaria. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Companys i Sanfeliú, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y López San Miguel,
por el Grupo Popular. El señor Milia Méndez vuelve a intervenir en virtud
del artículo 176.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la modificación
introducida, por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que el Senado insta al Gobierno a
que remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley por el que se
supriman la obligatoriedad del Servicio Militar y la Prestación Social
Sustitutoria, la obligación de realizar actos propios de la
Administración Militar por parte de las Entidades Locales, así como la
anulación de las condenas y procedimientos por el delito de insumisión
que afecta a cientos de jóvenes, en su mayoría navarros. (Página 2112)
El señor Petrizán Iriarte defiende la moción. El señor Rojo García
consume un turno en contra. Vuelve a intervenir el señor Petrizán
Iriarte. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Sala i Canadell,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Soravilla
Fernández, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 4 votos a favor, 202 en contra y
16 abstenciones.
Se levanta la sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
DELEGACION DE COMPETENCIA LEGISLATIVA:
--EN LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO
DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. (621/000039.)
El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en el cuarto punto del orden del
día, voy a solicitar de la Cámara, de acuerdo con lo que ayer se
manifestó por unanimidad en la Junta de Portavoces, la autorización para
que se proceda a la delegación de competencia legislativa en la Comisión
de Economía y Hacienda para la tramitación del proyecto de ley por la que
se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
¿Está de acuerdo la Cámara con esta propuesta. (Pausa.)
Entiendo que se aprueba por asentimiento y, por tanto, queda delegada en
la Comisión de Economía y Hacienda la competencia legislativa plena para
tramitar el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Muchas gracias, señorías.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE JUSTICIA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
REFORMA DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL. (S. 621/000032.)
(C. D. 121/000040.)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Dictámenes de
Comisión sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso
de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Justicia, en relación con el proyecto de ley
de reforma del artículo 54 de la Ley de Registro Civil. Saben sus
señorías que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en
las series correspondientes, con fecha 8 de junio de 1994.
No se presentaron votos particulares, por lo cual solicito al señor
Herrero Merediz indique si alguien va a hacer la presentación del
dictamen.
El señor HERRERO MEREDIZ: Señorías, la Comisión de Justicia ha designado
al Senador Hernández de Cáceres para presentar el dictamen.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Senador Hernández de Cáceres tiene la palabra.
El señor HERNANDEZ DE CACERES: Señor Presidente, señorías, el proyecto de
ley de reforma del artículo 54 de la Ley del Registro Civil entra en el
Congreso de los Diputados el día 15 de enero de 1994. La Mesa de la
Cámara, con fecha 18 de febrero, encomendó la aprobación con competencia
legislativa plena a la Comisión de Justicia e Interior. Tras el
correspondiente paso por el Congreso, tuvo entrada en el Senado el 27 de
abril de 1994.
Durante el plazo para la presentación de enmiendas, que concluyó el día
10 de mayo, fueron presentadas un total de seis enmiendas: dos lo fueron
por el Grupo Parlamentario Socialista y cuatro por el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria del Senado.
La Comisión de Justicia designó Ponentes a los Senadores don Adolfo
Fernández Aguilar, don Joaquín Jesús Galán Pérez, don Francisco Javier
Hernández de Cáceres, don Miguel Ortiz Zaragoza y don Albert Vallvé i
Navarro.
La Ponencia emitió el correspondiente informe y una vez debatido éste en
el seno de la Comisión, se aceptó por unanimidad incorporar la propuesta
coincidente que se contiene en las enmiendas número 2, del Grupo
Parlamentario Socialista, y 5, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado. Asimismo, se aprobó una enmienda transaccional a las
enmiendas número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, y número 3, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado. Las enmiendas
números 4 y 6, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado,
fueron retiradas.
Por otro lado, hay que resaltar la modificación de la Exposición de
motivos del proyecto de ley mediante un nuevo texto aceptado por la
totalidad de los grupos presentes en la Comisión.
Por último, quiero señalar que para el debate en el Pleno de la Cámara no
ha quedado viva ninguna enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, se abre, en principio, debate de totalidad, por si algún
miembro de la Cámara quiere intervenir en los correspondientes turnos a
favor, en contra y portavoces. (Pausa.)
La Presidencia entiende que este proyecto puede ser aprobado por
asentimiento de la Cámara. (Pausa.)
Muchas gracias.
Así se declara, y tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución,
se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de
los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa
a la sanción definitiva por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS.
(S. 621/000035.) (C. D. 121/000026.)
El señor PRESIDENTE: De la Comisión de Justicia, proyecto de ley de
responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos.
Se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en las series
habituales, con fecha 8 de junio de 1994.
Solicito de nuevo criterio del Senador Herrero Merediz, Presidente de la
Comisión de Justicia, para que me indique si alguien presenta el
dictamen.
El señor HERRERO MEREDIZ: La Comisión de Justicia ha designado al Senador
Guía para presentar el dictamen.
El señor PRESIDENTE: El Senador Guía tiene la palabra.
El señor GUIA MARQUES: Con la venia de la Presidencia, con fecha 12 de
mayo se remitió por el Congreso de los Diputados el texto del proyecto de
ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos
defectuosos.
Después del plazo de presentación de enmiendas, se designó la Ponencia,
que estuvo constituida por la Senadora doña María Nelly Fernández Arias,
por quien les habla, por don Manuel Ibarz i Casadevall, por don César
José Mera Rodríguez y por don Alfredo Prada Presa, que emitió su informe,
en el que se admitieron una serie de enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, alguna del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, las del Grupo
Parlamentario Socialista, a tenor de algunas indicaciones del Letrado de
la Comisión, y quedaron para revisión por el Pleno un total de 22
enmiendas que hoy debatiremos.
En definitiva, se trata de un proyecto de ley que es la trasposición de
una directiva, que tiene enmiendas vivas y a cuyo debate vamos a proceder
en este Pleno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Guía.
De nuevo solicito criterio sobre si va a haber intervenciones en el
debate de totalidad.
Si no es así, entiendo que este proyecto también puede ser aprobado por
asentimiento de la Cámara.
¿Alguna objeción? (Varios señores Senadores piden la palabra.)
Perdón. Las prisas del Presidente han convertido mi ilusión en error.
No hay intervenciones para el debate de totalidad y hay votos
particulares.
En primer lugar, estarían para su defensa los correspondientes a los
Senadores Cuevas y Vilallonga, que no se encuentran en la sala. Por
tanto, el voto particular número 1, enmiendas 5 a 7, decae.
Al Senador Barbuzano le concedo la palabra que antes le había negado
porque proclamo que mantiene el voto particular número 4, enmiendas
números 26 a 33, a esta hora de la mañana.
Tiene su señoría la palabra.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Si no me equivoco, nosotros tenemos, efectivamente, las enmiendas números
26 a 33. Estas enmiendas fueron defendidas ampliamente en Comisión, por
lo que son totalmente conocidas por quienes tienen la posibilidad de
aprobar algunas de ellas o transaccionarlas, y por tanto en este acto no
vale más que darlas por defendidas en sus propios términos y esperar de
la magnanimidad mañanera de quienes tienen la posibilidad de abrir las
llaves del cielo que las abran.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
Voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, enmiendas números 1, 3 y 4, salvo error.
Senador Ibarz, tiene la palabra su señoría para defenderlas.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió mantiene para este trámite el voto particular referido a las
enmiendas números 1, 3 y 4 de las presentadas en su momento.
En este acto deseo manifestar a la Presidencia la voluntad de retirar las
enmiendas números 1 y 3 y mantener para su votación la enmienda número 4.
Esta enmienda tiene por objeto introducir en el artículo 12 un nuevo
apartado, que sería el número 3, con objeto de que el proyecto de ley
contemplara de forma expresa los daños morales derivados de los hechos
regulados en el proyecto que estamos debatiendo. El mantenimiento de esta
enmienda obedece básicamente a dos razones: en primer lugar, por
coherencia con lo que ya está previsto en el artículo 10, punto 2, la
referencia expresa de los daños morales en el texto, a la vez que, en
segundo lugar, propiciar que la reclamación de dichos daños, cuando
traigan causa de hechos protegidos por esta ley, tenga reconocido el
mismo plazo de prescripción que en los restantes supuestos. Y ello porque
entendemos que nuestro ordenamiento jurídico es extremadamente parco en
referencias a los daños morales... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senador Ibarz. Ruego, por favor,
silencio señorías. Hay un orador en el uso de la palabra, y es a veces
difícil seguir su intervención. Gracias.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Entendemos que esta falta de referencias explícitas a los daños morales
ha conllevado históricamente grandes dificultades para verlos reconocidos
ante los tribunales. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió entiende que su inclusión contribuirá a consolidar
una jurisprudencia que en los últimos años se ha empezado a manifestar
tímidamente en el sentido de reconocerlos. Y en consonancia con esto,
también entendemos que es coherente con el conjunto del proyecto que la
prescripción de dichos daños, cuando traiga causa en los hechos previstos
en esta ley, tenga el mismo plazo que las demás responsabilidades civiles
que puedan ser objeto de reclamación.
Nada más, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Popular, corresponde
a sus enmiendas números 16 a 25. Para su defensa, tiene el señor Prada la
palabra.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Mi grupo presenta a este proyecto de ley diez enmiendas, números 16 a 25,
con las que se pretende, en algunos casos, una mejora técnica del
proyecto y en otros, y fundamentalmente en relación con los artículos 6,
11 y la disposición final segunda, dar a este proyecto una verdadera
viabilidad, un futuro, y que no quede en mero papel mojado.
Nuestra enmienda número 16, referente al artículo número 1, es de
modificación, y en ella proponemos modificar el término «principio
general» por el de «personas responsables». La enmienda tiene como
finalidad definir más correctamente el objeto de esta ley y hacerlo de
una forma más precisa.
Nuestra enmienda número 17, relativa al artículo 3, punto 1, de
modificación, pretende que la definición del producto defectuoso esté en
relación con las normas vigentes para su elaboración y distribución.
Con nuestra enmienda número 18, relativa al artículo 5, también de
modificación, pretendemos concretar de forma más correcta de lo que lo
hace este proyecto de ley los requisitos para obtener una indemnización.
Nuestras enmiendas números 19, 20 y 21 se refieren al artículo 6, que,
como decía anteriormente, es nuestro caballo de batalla, junto con el
artículo 11 y la disposición final segunda de este proyecto de ley. La
enmienda número 20 es simplemente una mejora de redacción. La enmienda
número 19, por el contrario, es de adición a los supuestos de exoneración
de responsabilidad que contempla el proyecto de ley, y ello porque
entendemos que con esta adición, que estaría en relación con lo dispuesto
en el artículo 9 del proyecto, se daría una causa de exoneración de
responsabilidad cuando el usuario no siguiera las instrucciones del
fabricante o del importador, y en su consecuencia, se debería eximir a
éstos de cualquier responsabilidad.
Con la enmienda número 21 solicitamos la supresión del punto 3 del
artículo 6 del proyecto, y para el supuesto de que no se aceptara nuestra
enmienda, el fabricante o importador de medicamentos, alimentos o
productos alimentarios no estaría exento de responsabilidad ni siquiera
en el momento de la puesta en circulación del producto. El artículo 6,
punto 3, tal como queda reflejado en estos momentos en el proyecto de
ley, nos parece gravísimo, y a nuestro juicio se está creando un absurdo
jurídico.
La enmienda número 22, de modificación, es otra de las enmiendas básicas
que mi grupo presenta, no sólo porque supone una mejora técnica al
proyecto actualmente redactado, sino porque nos referimos a la
responsabilidad, ya sea individual o conjunta, para el supuesto de que
haya varios intervinientes en la conformación del producto.
Al artículo 12, punto 1, presentamos la enmienda número 23, de
modificación, que pretende la mera reducción de un plazo de prescripción
de tres a dos años, por entender nuestro grupo que con el plazo de dos
años sería suficiente.
Por último, presentamos las enmiendas números 24 y 25, relacionadas entre
sí. En la enmienda número 24 solicitamos la supresión de la disposición
final segunda, porque entendemos que si la directiva no obliga a crear el
fondo de garantía y, por parte de los fabricantes o importadores, el
seguro obligatorio, esto supondría mermar la competitividad de las
empresas españolas y, de alguna manera, encarecería los costes.
Por el contrario, con la enmienda número 25 pedimos la modificación, para
el supuesto de que no se acepte la enmienda número 24, de la disposición
final primera, y donde se pide la supresión de determinados artículos de
la Ley de Consumidores y Usuarios del año 1984, solicitamos que se
incluya el artículo 30, que está en relación con la obligatoriedad que
tenía el Gobierno de crear un Fondo de Garantía, así como un seguro
obligatorio. Entendemos que esta obligatoriedad debe suprimirse.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Prada.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Fernández Arias.
La señora FERNANDEZ ARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente para decirle a Coalición Canaria que mantenemos la misma
postura que hemos mantenido en Comisión.
Realmente no se trata de no querer aceptar enmiendas, ni mucho menos,
sino que hay que tener en cuenta que esto es la trasposición de una
directiva, y la mayoría de sus enmiendas se puede decir que no se ajustan
a la misma. Tenemos suficiente Derecho comparado, puesto que la Directiva
es del año 1985 y nosotros teníamos una buena Ley General de Defensa de
los consumidores, de 1984. De aprobarse sus enmiendas, por ejemplo,
nuestros fabricantes podrían encontrarse, con relación a los fabricantes
de
otros países de la Comunidad, en desigualdad a la hora de competir. La
primera enmienda lo único que hace es llevar otros artículos a esos
principios generales que tiene la ley cuando ésta va desarrollándolos
artículo por artículo, teniendo en cuenta quién es el fabricante, y quién
es el importador, qué culpabilidad tiene el dañado, etcétera.
Lo sentimos, pero, por los motivos expuestos, tenemos que ajustarnos a la
Directiva, tenemos que tener en cuenta el suficiente Derecho comparado
que existe con respecto de esta trasposición y, por tanto, mantenemos la
misma postura que en Comisión de no aceptar las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora. (El señor Guía Marqués
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Guía.
El señor GUIA MARQUES: Perdón, señor Presidente, pero es que habíamos
distribuido el turno en contra.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular,
no voy sino a reiterar las argumentaciones que expusimos en Comisión para
decir que el Grupo Parlamentario Socialista no puede admitirlas. Según el
criterio que nuestro Grupo mantiene en este proyecto de ley, no es
admisible ninguna de las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario
Popular. En concreto, hay algunas enmiendas que el Grupo Parlamentario
Popular entiende que son modificaciones de carácter técnico que
mejorarían, desde su punto de vista, el sentido de la Ley; pero desde el
punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista entendemos que no sólo
no lo mejoran sino que, incluso, pueden llegar a perjudicarlo, siempre
desde la lógica jurídica que a cada Grupo nos ampara.
Pero sí quisiera hacer especial incidencia en un grupo de enmiendas que,
desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, son más
importantes y pueden tener, incluso, diferencias de carácter ideológico,
como la enmienda que pide la supresión del artículo 6.3. Entendemos que
en el proyecto de ley lo que se hace con este artículo 6.3 es configurar
lo que se denomina por la doctrina el «riesgo de desarrollo», y sería
peligroso suprimir esa posibilidad de riesgo de desarrollo. Si suprimimos
el artículo 6.3 no tendría sentido incluir dentro de la normativa de este
proyecto de ley todo lo relacionado con laboratorios farmacéuticos,
investigación de medicamentos, etcétera.
En idéntico sentido quisiera argumentarle la enmienda número 22, del
Grupo Parlamentario Popular, donde se propone una nueva redacción del
límite de la responsabilidad de carácter económico. Como sabe el Senador
Prada, estuvimos intentado buscar un texto transaccional para dar mayor
claridad a la redacción del proyecto. Después de analizarlo en
profundidad, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que no se puede
dar mayor claridad porque hay tres tipos de entidad: de objeto, de causa
y de resultado, y limitar o intentar clarificar el criterio que viene en
el proyecto de ley entendemos que limitaría también las posibilidades de
indemnización de cara a los ciudadanos; si lo tocamos, podemos
encontrarnos --ejemplos que le ponía en Comisión-- con que un fabricante
de automóviles sería responsable sólo por el producto defectuoso o por la
fabricación de ese producto, y tendría un límite de responsabilidad de
diez mil quinientos millones de pesetas. Pero pensemos que ese coche que
fabrica ese productor de automóviles puede tener tres defectos, puede
tener un defecto en las ruedas, otro en los frenos y otro en la
dirección; entonces, si clarificamos el artículo 11, limitaríamos a la
baja el límite de responsabilidad, lo bajaríamos, daríamos menos
garantías económicas a los ciudadanos. Ese es el sentido que impera en el
Grupo Parlamentario Socialista para rechazar esta enmienda.
Respecto a las enmiendas números 24 y 25, relativas a las disposiciones
finales, en relación a suprimir la nueva redacción del artículo 30 de la
Ley de Consumidores y Usuarios, entendemos --así lo explicamos en
Comisión--, sin ningún tipo de acritud, que la Directiva no impide que el
Gobierno establezca de modo facultativo, o sea, no con carácter
obligatorio, la posibilidad de que exista un seguro, precisamente porque
la experiencia nos va a ir demostrando si es necesario que exista un
seguro o no. Aquí no se pone ninguna norma de carácter obligatorio, de
obligado cumplimiento; se abre la posibilidad de que el Gobierno, en el
desarrollo de la Ley, si lo cree conveniente establezca ese seguro
obligatorio, en función de cómo se vaya desarrollando esta ley.
En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, agradecemos la retirada de sus enmiendas números 1 y 3, y estamos
en disposición de plantear una transaccional respecto de su enmienda
número 4, que creo que está redactándose en este momento.
Muchas gracias, señor Presidente, señores Portavoces.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Guía.
Turno de portavoces. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Ibarz por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
En este trámite parlamentario estamos tratando sobre la trasposición de
la Directiva 85/374 de la Comunidad Europea. La propia Exposición de
Motivos del proyecto recuerda el largo y complejo proceso de elaboración
que tuvo esta Directiva en el seno de la actual Unión. En este caso,
teniendo en cuenta que su publicación data de 1985, sería justo hablar
respecto del Estado español de un largo, aunque no excesivamente
complejo, proceso de trasposición, exactamente nueve años.
Ello no obstante, Convergència i Unió se congratula de que por fin se
cumpla el trámite parlamentario que hará posible su aplicación, por
cuanto supone un paso más en el proceso de integración del Estado español
en la Unión Europea; proceso que, como en el proyecto de ley que nos
ocupa, viene a introducir en nuestro ordenamiento jurídico conceptos
nuevos, que, por una parte, igualan el grado de protección de nuestros
conciudadanos al que es común al resto de los europeos y, por otra parte,
equipara las condiciones
de concurrencia de nuestros industriales y comerciantes a las que rigen
en el mercado interior, siendo de resaltar que la supresión de
diferencias conlleva la incorporación a nuestro Derecho, en este caso, de
dos figuras jurídicas novedosas: por una parte, la responsabilidad
objetiva y, por otra, la posibilidad de que la responsabilidad civil
alcance, de forma expresa, a los daños morales. Ello, sin duda,
comportará un cambio jurisprudencial a medio plazo, en tanto que viene a
llenar un vacío que entendemos será beneficioso.
Con ocasión de defender ante esta cámara, hace unos meses, una moción
instando al Gobierno a trasponer las Directivas encaminadas a la defensa
de los consumidores y usuarios, ya tuve ocasión de exponer a sus señorías
algunas reflexiones sobre la necesidad de que el proceso de equiparación
de las condiciones de acceso a los bienes y servicios de nuestros
conciudadanos no sufriera retrasos injustificables e innecesarios. Y debo
añadir que ello también es condición necesaria para nuestros productores
de bienes y servicios concurran en las adecuadas condiciones de
competitividad en el ámbito de la Unión. Por tanto, debo reiterar una vez
más que las diferencias en este terreno sólo pueden favorecer a
actividades o prácticas indeseables o a situaciones susceptibles de
producir indefensión. Nuestro mercado no puede ser el espacio donde
campen por sus respetos las actividades y productos que han sido
erradicados de otros mercados europeos. Como decía en aquel momento,
nuestro mercado no puede ser un «mercado basura».
Por tanto, señorías, aceptando la propuesta que nos formula el Grupo
Parlamentario Socialista de transaccionar nuestra enmienda número cuatro
por el texto que nos acaba de ser propuesto, retiraremos con mucho gusto
la enmienda que teníamos viva y votaremos al conjunto del proyecto en los
términos del dictamen de la Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En todo caso, dependiendo del número de firmas que tenga la redacción
propuesta, se podrá retirar o no la enmienda que soporta la transacción.
Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada
Presa.
El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, señorías, como decía el Senador
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
estamos ante una ley que tiene por objeto la adaptación al Derecho
español de una directiva comunitaria.
Señorías, a juicio de nuestro Grupo, estamos ante una ley necesaria ya
que, aunque la legislación española se había anticipado en este caso a la
comunitaria --concretamente en 1984, un año antes de la directiva, en la
que se promulgó la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios 26/1984--, ha quedado perfectamente acreditado, y se ha
demostrado con el devenir de los tiempos, que esta legislación es
insuficiente para determinar la responsabilidad civil de los daños
causados por productos defectuosos.
Según mi Grupo, señorías, estamos ante una ley que es necesaria y que,
una vez más --y hay que decirlo-- llega con retraso a las Cámaras,
concretamente con nueve años de retraso: desde que se aprueba la
directiva hasta hoy, en que se traspone. En este sentido conviene
recordar, porque creo que es conveniente que conste en el «Diario de
Sesiones», que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, en la legislatura anterior, solicitó la trasposición de la
directiva y que, dado el juego de mayorías y minorías, no lo consiguió.
No sólo es importante esta ley por el retraso señalado, sino porque la
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo era y es tendente a la
objetivación de la responsabilidad civil, y sí se debía recoger y así se
recoge de alguna manera en este texto legislativo.
Nos congratulamos en cuanto al consenso que supimos alcanzar en el
trámite de la ponencia para mejorar este proyecto de ley en lo que se
refiere a los aspectos técnicos. Por el contrario, lamentamos que, al
final, este proyecto de ley se apruebe con tres cuestiones --dos
artículos y una disposición final-- que, a nuestro parecer, son
fundamentales y que pueden hacer que esta ley sea considerada una buena
ley o, por el contrario, una mala ley.
Por lo que se refiere al artículo 6 del proyecto de ley, en el que se
establecen, como decíamos al defender nuestras enmiendas, las causas de
exoneración de responsabilidad, en nuestra opinión, debería haberse
incluido ese nuevo apartado. No tiene absolutamente nada que ver con lo
dispuesto en el artículo 3, porque en una ley deben figurar expresamente
cuáles son las causas de exoneración, y si el consumidor o el usuario,
siguiendo la instrucciones del fabricante o del importador, no utilizan
correctamente el producto, ese importador o ese fabricante no pueden ser
responsables del mal uso dado por el consumidor o por el usuario.
Lamentamos igualmente que, dentro del referido artículo 6, se mantenga el
punto 3, en el que, como el Senador Guía decía, se pretende regular el
riesgo de desarrollo. A nuestro juicio lo hace, pero creando inseguridad
jurídica, y cuando, precisamente en un texto de una nueva ley, se crea
inseguridad jurídica, no es bueno.
En lo que se refiere al artículo 11 del proyecto, estamos de acuerdo con
el límite de responsabilidad establecido en 10.500 millones de pesetas,
pero el matiz de mi Grupo es que debe ser un límite máximo, tanto
individual como conjunto, y con una redacción menos farragosa.
En definitiva, señorías, lamentamos que no se recojan nuestros criterios
expresados en las enmiendas que van a ser rechazadas por el Grupo
mayoritario en esta Cámara.
Por último, diré que no podemos compartir lo que establece la disposición
final segunda, que modifica el artículo 30 de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios. Señorías, el Gobierno lleva diez
años de incumplimiento de un mandato imperativo que se recogía en la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, en la que
se obligaba al Gobierno a establecer un fondo de garantía y a que los
fabricantes tuvieran un seguro obligatorio para protección de los
consumidores. El Gobierno ha incumplido durante diez años este
mandato imperativo y ahora, precisamente en esta ley, sin que la
directiva obligue a ello --yo no digo que no faculte o que no lo podamos
hacer--, sin que incluso lo mencione, se está estableciendo la
posibilidad --que no digo el mandato-- de que se cree ese fondo de
garantía y que los fabricantes o importadores tengan un seguro
obligatorio. A nosotros nos parece que dicha posibilidad supone un gran
riesgo por una simple razón: porque encarecería los productos de nuestros
fabricantes, de nuestros importadores. En definitiva, iría en perjuicio
de la competitividad de las empresas españolas.
Por ello, señorías --y termino--, con la finalidad de proteger
escrupulosamente los derechos de los consumidores españoles, pero también
y a su vez, con la firme voluntad de defender la competitividad de las
empresas españolas, votaremos a favor de este proyecto de ley, con las
excepciones que hemos señalado a sus señorías.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
¿Grupo Parlamentario Socialista?
Tiene la palabra el Senador Guía.
El señor GUIA MARQUES: Con la venia, Presidente.
Deseo abundar en la argumentación que han expuesto en este Pleno tanto el
Senador de Convergència i Unió como el Senador del Grupo Parlamentario
Popular, Alfredo Prada. En general, todos estamos bastante de acuerdo en
lo que es esta trasposición de directiva, en lo que es este proyecto de
ley que se va a convertir en ley a partir de esta tramitación
parlamentaria. Digo en general, y eso es bueno, y así lo ha resaltado
también el representante del Grupo Parlamentario Popular. Es bueno el
grado de consenso alcanzado en la elaboración de esta ley, son buenas las
mejoras técnicas que hemos podido conseguir, y siempre, como en todo
proyecto de ley --si no, sería malo--, hay matices de carácter ideológico
o de carácter de técnica política, de programa político, de actuación
política, en los que, necesariamente, alguna vez tenemos que discrepar, y
son aquellos a los que ha hecho referencia el Senador Prada en relación
con el artículo 6 del proyecto de ley, con el artículo 11 y con la
disposición final.
Respetamos el criterio que mantiene el Grupo Parlamentario Popular --y
sabe bien el ponente de dicho Grupo que intentamos llegar a una enmienda
transaccional sobre el artículo 11--, ahora bien, el Grupo Socialista ha
entendido que no se puede simplificar el texto de la ley sin menoscabar
las garantías, los derechos de los ciudadanos, y es un criterio razonable
que es distinto del que mantiene el Grupo Parlamentario Popular. No por
ello debemos rasgarnos ningún tipo de vestiduras, pero sí conviene
resaltar que la supresión del apartado 3 del artículo 6, en el que se
prevé el riesgo de desarrollo, dejaría con una minoración de garantía
respecto de los ciudadanos lo que es fundamental en este proyecto de ley,
que son aquellos productos que, precisamente, están sometidos a un mayor
riesgo: los medicamentos, los productos de laboratorio y demás. Y sobre
la argumentación que hace, con toda su lógica, el Senador Prada, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, de que creamos inseguridad
jurídica, ya le dije en comisión que creo que no, porque todo este
proceso se revisa a través de un procedimiento judicial, y un juez no
crea inseguridad jurídica aplicando una ley, porque valora en su conjunto
toda la prueba. No hay inseguridad jurídica; sencillamente se prevé un
mayor grado de protección para el consumidor y para el usuario.
La argumentación sobre la disposición final es idéntica. Ustedes piden la
obligatoriedad o no, la inclusión de la posibilidad de establecer un
seguro. La argumentación es muy clara. No pensamos que vaya en perjuicio
de los ciudadanos, sino más bien al contrario: se abre una puerta, no de
carácter obligatorio, sino que se faculta al Gobierno para que el día de
mañana, si se considera necesario, no tengamos que volver a tramitar otro
proyecto de ley. Se deja ya la puerta abierta, sin carácter obligatorio,
para que, en función de la aplicación real, en función de la aplicación
práctica de esta ley que vamos a aprobar, si se considera conveniente
establecer cualquier tipo de seguro, como en su día se consideró con el
seguro del automóvil, se establezca sin que tengamos que acudir a una
legislación o regulación de una ley específica para establecer ese tipo
de seguro.
Por otra parte, acabo mi intervención diciendo que debo manifestar el
agradecimiento del Grupo Parlamentario Socialista al resto de los grupos
políticos de la Cámara por su colaboración, ya que creo que entre todos
hemos mejorado en su base, en lo fundamental, lo que es el texto de esta
ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a someter a votación los votos particulares vivos, así como el
texto del dictamen. (Pausa.)
Señorías, vamos a iniciar las votaciones pendientes.
En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas números 26 a 33
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, cinco; en contra, 221.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Después
pasaré a dar lectura a la enmienda transaccional que sobre la número 4
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha llegado a la Mesa.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular son las correspondientes a
los números 16 a 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 98; en contra, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A la mesa ha llegado una enmienda transaccional sostenida por los Grupos
Parlamentarios Socialista, Convergència i Unió, Nacionalistas Vascos y
Coalición Canaria, referida a la enmienda número 4 del Grupo
Parlamentario de
Convergència i Unió al artículo 12. La enmienda solicita la sustitución
del punto dos por el siguiente texto: «Cuando se ejerciten acumuladamente
a la anterior acciones no fundadas en la presente ley, pero derivadas de
la responsabilidad civil por los daños causados, incluidos los morales,
por productos defectuosos, el plazo de prescripción será el previsto para
la acción de reparación en el apartado primero.» Según esto, el actual
punto dos pasaría a ser un nuevo punto tres.
Vamos a someter a votación la enmienda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 132; en contra, 92.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación el texto del dictamen. (El señor Prada Presa
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero solicitar la votación separada de los artículos 6 y 11, así como
de la disposición final segunda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Estaba informado del deseo de su Grupo porque, cumplidoramente como
siempre, ha llegado un texto a la Mesa.
Vamos a someter a votación los artículos 1 a 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 226.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos ahora los artículos 6 y 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 133; en contra, 89.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos los restantes artículos del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 224; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Vamos a votar la disposición final segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 132; en contra, 92; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos conjuntamente las demás disposiciones, así como la exposición de
motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 224.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por todos los votos emitidos en la
Cámara. Muchas gracias.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY POR LA
QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 338 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL,
SOBRE LA DESTRUCCION DE LA DROGA DECOMISADA (ANTES PROPOSICION DE LEY POR
LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 338 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL,
SOBRE LA EFECTIVA DESTRUCCION DE LA DROGA DECOMISADA. (S. 624/000002.)
(C. D. 122/000035.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen también de la Comisión de Justicia en
relación con la proposición de ley por la que se modifica el artículo 338
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la destrucción de la droga
decomisada, antes proposición de ley por la que se modifica el artículo
338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la efectiva destrucción
de la droga decomisada. Se publicó en los boletines correspondientes con
fecha 8 de junio de 1994.
Para presentar el dictamen de la Comisión de Justicia, tiene la palabra
el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor, por haber sido designado a tal efecto por la
Comisión de Justicia de esta Cámara, de presentar el dictamen de la
proposición de ley por la que se modifica el artículo 338 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, sobre la destrucción de la droga decomisada
(antes denominado sobre la efectiva destrucción de la droga decomisada).
La tramitación de la referida proposición tiene su origen en una
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados que fue admitida a trámite por la Mesa de dicha Cámara el 30 de
noviembre del pasado año 1993 y tomada en consideración por su Pleno el
15 de febrero del presente año. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senador Iribas.
Ruego, por favor, silencio, puesto que con el murmullo continuado no hay
manera de entender al orador. Gracias.
Puede continuar, Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Tras la preceptiva tramitación, que dio
lugar a oportunas novedades, siempre en un clima de consenso o
entendimiento entre todos los Grupos, el 5 de mayo del presente año tuvo
entrada en esta Cámara el texto aprobado el 28 de abril del mismo año por
el Pleno del Congreso de los Diputados. Ese mismo día se publicó en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, concretamente en el número 15 A,
ordenando la remisión de dicha proposición de ley a la Comisión de
Justicia como la competente, y señalando el plazo para la presentación de
enmiendas, que terminaría el 17 de mayo pasado. Ese mismo día se designó
la Ponencia, la cual estuvo integrada por los Senadores del Grupo
Parlamentario Socialista señores Arévalo Santiago y Reverte Ortega, del
Grupo Parlamentario Popular señor Barrero Valverde y quien les habla, y
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
señor Vallvé i Navarro.
El 18 de mayo pasado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, lo que se hace al día siguiente, concretamente
en el número 15 B, de las enmiendas presentadas, que en concreto eran
cinco, todas ellas del Grupo Parlamentario Socialista, y que suponían
básicamente mejoras técnicas o de redacción. Todas ellas fueron aceptadas
por unanimidad por la Ponencia, la cual, además, por razones de
coherencia gramatical, decidió otra modificación puntual de una concreta
forma verbal. Así, el 25 de mayo pasado se ordenó igualmente la
publicación del informe emitido por la Ponencia, lo cual se llevó a
efecto en el Boletín 15 C del día 27 de mayo. Finalmente, la Comisión de
Justicia, celebrada el 2 de junio pasado, aprobó por asentimiento el
informe de la Ponencia.
Los motivos inspiradores de la proposición son los de introducir una
concreta modificación en el segundo párrafo del artículo 338 de la
vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de dar prácticamente
carácter automático a la destrucción de la droga que haya sido
decomisada.
La proposición de ley consta de un artículo único y una disposición final
y no quedan enmiendas vivas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iribas.
Debate de totalidad. ¿Algún miembro de la Cámara desea consumir el turno
previsto, a favor o en contra? (Pausa.) Gracias.
¿Portavoces que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia del señor Presidente.
He pedido el uso de la palabra para dejar constancia de la «Pax Romana»
que ha presidido los trabajos tanto de la Ponencia como de la Comisión,
así como de la inestimable colaboración y buen consejo --y me hubiera
gustado referirme a ello también en la intervención que he realizado en
el debate del proyecto de ley de reforma del artículo 54 de la Ley del
Registro Civil-- que a la Comisión de Justicia proporciona siempre el
Letrado asesor.
Diciendo esto, y diciendo que la idoneidad de la proposición es evidente
--lo cual ha provocado el consenso de todos los grupos parlamentarios,
porque, en definitiva, se respeta el principio de garantía de defensa--,
entendemos que debemos dar nuestra conformidad a la proposición.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas
Sánchez de Boado.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero señalar la gran satisfacción que supone para este
Grupo Parlamentario Popular constatar cómo una iniciativa que había sido
impulsada en el Congreso de los Diputados precisamente por el Grupo
Parlamentario Popular, a la que se han incorporado una serie de
aportaciones técnicas de los distintos Grupos --como ha sido destacado
por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió--, va a ser aprobada en esta Cámara Alta.
Entendemos que la modificación del artículo 338 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal va a suponer un importante cambio en la norma
vigente, puesto que si anteriormente tan sólo permitía o posibilitaba,
dándole una facultad discrecional o potestativa al juez, la destrucción
de la droga decomisada, ésta se va a convertir ahora en la norma general
con carácter imperativo y de obligatoriedad, con las excepciones que
pueda aducir el juez en auto motivado. Es una modificación que por simple
que pueda parecer tiene un importante calado político al invertir la
regulación actual, y es una modificación que acoge una clara demanda
social, incluso de eminentes juristas, ante la alarma que se había
producido en ocasiones con la desaparición o mal uso de la droga
decomisada. Creemos que con esto se va a evitar que pueda pasar de mano
en mano, o de almacén en almacén, una sustancia tan peligrosa y tan
lucrativa en su comercio con fines ilícitos; esto supone una evolución en
la normativa que sin duda va a perfeccionar, como era preciso, y así
había sido destacado tanto por la propia realidad como por las numerosas
instrucciones que tanto la Fiscalía General del Estado como la
Presidencia del Tribunal Supremo iban dictando, recordando a los jueces y
fiscales la posibilidad de utilizar lo que antes era una mera facultad y
hoy se va a convertir en una obligación, debido a que esta facultad se
ejercía muy desigual e irregularmente.
La tramitación se ha realizado en un clima de eminente consenso; ha
habido una colaboración por parte de todos los grupos y una importante
colaboración técnica. Creemos que se salvaguardan perfectamente todas las
garantías jurídicas que son precisas en un proceso penal y, en
definitiva, nos sentimos legítimamente satisfechos, no ya sólo de haber
sido el Grupo que adoptó la iniciativa, sino de cómo ha transcurrido toda
la tramitación de la misma y de que con la aprobación de ésta se puedan
evitar situaciones de riesgo, que lo único que hacían era mermar los
esfuerzos
reales que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
la lucha contra el narcotráfico, y que con esta modificación normativa
sin duda se va a ver reforzada.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, la proposición de
ley que modifica el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha
tenido a lo largo de su tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso
como aquí en el Senado, numerosas modificaciones, todas para mejorar el
texto previamente presentado por el Grupo Parlamentario Popular, y que
dan lugar a una ley que, modificando el artículo 338 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, atribuye al juez la inmediata destrucción de la
droga, conservando las muestras que considere suficientes o determinando
también la conservación de la totalidad; la custodia en adelante le
corresponderá exclusivamente al juez y se evitan de esta manera los
peligros que el almacenamiento de la droga decomisada pudiera haber
tenido en el pasado. Es una satisfacción que esta proposición haya
contado con las mejoras propuestas por los grupos parlamentarios y con el
consentimiento de todos ellos para aprobarla en este acto y poderla
remitir al Congreso de los Diputados, ya que han sido introducidas en
Ponencia cinco enmiendas que nosotros formulamos en su día.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo.
Deduzco por las intervenciones de sus señorías que estamos en condiciones
de aprobarla por asentimiento, sin llamar a votación. (Pausa.)
Así se declara.
Por tanto, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción definitiva por Su Majestad el Rey.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:
--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL, DE 8 DE
JUNIO DE 1957, PARA LA IDENTIFICACION DEL RECIEN NACIDO. (622/000012.)
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día. Toma en
consideración de proposiciones de Ley.
Proposición de Ley de modificación de la Ley de Registro Civil, de 8 de
junio de 1957, para la identificación del recién nacido. Proponente,
Grupo Parlamentario Popular. Se publicó en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, en las series correspondientes, con fecha 16 de mayo
del año en curso.
Para la defensa de la toma en consideración de la proposición, en tanto
que no se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, tiene la
palabra el Senador Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me corresponde defender, en nombre del Grupo Popular, una
iniciativa parlamentaria, de la que solicitamos de esta Cámara su
aprobación, referida a la modificación de la actual Ley de Registro Civil
en cuanto a la identificación del recién nacido. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Delimitar, señorías, la identidad de una persona puede parecer un
cometido bastante simple y bastante evidente a nuestros ojos. La
realidad, sin embargo, muestra que no lo es en absoluto. La identidad se
define como la expresión de la personalidad anatómico-antropológica de un
ser humano, cuyos signos vitales distinguen a un individuo de todos los
demás en la vida e incluso después de la muerte. Estos signos o
caracteres singulares de cada individuo no constan en el acta de
nacimiento del Registro Civil, como oficina pública encargada
precisamente de la identificación de las personas. Este hecho impide en
muchos casos que se pueda reconocer con efectividad real a cada uno el
derecho a la seguridad sobre su persona y el reconocimiento de su
personalidad jurídica, como consta en los artículos 3 y 6 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se promulgó en el año
1948.
En la actualidad, los datos, cuya obligación de constatación existe en el
Registro Civil acerca de las personas, son insuficientes, en opinión del
Grupo Parlamentario Popular de esta Cámara; son insuficientes para
garantizar su relación efectiva con una persona determinada, con la
persona que acaba de nacer, de tal manera que la conexión entre los datos
de una inscripción de nacimiento o de fallecimiento y la persona a que se
refieren es completamente insegura. De esta manera, es un hecho
constatable que puede inscribirse el nacimiento de una persona y
aplicarse a la vida de otra, de la misma forma que puede inscribirse la
muerte de una persona cuando en realidad es otra la fallecida.
Por tanto, el lazo de unión entre el dato oficial y el nuevo ser, el dato
oficial y el ser que ha dejado de existir en su caso, resulta inseguro y
solamente conjeturable mediante presunciones, en función del sexo, la
edad u otras condiciones. Entre los datos que figuran como los que
obligatoriamente hay que declarar ante el Registro Civil, el único de
carácter antropológico es el dato del sexo y que, como sus señorías
saben, siendo ésta una variable dicotómica, no permite en absoluto
identificar al recién nacido y hacerle merecedor de la consideración
civil en cuanto a su nueva ciudadanía y en cuanto a los derechos y
obligaciones que desde ese mismo momento los poderes públicos deben
garantizarle.
El problema que les enunciaba lo es desde que existe el concepto de
paternidad-maternidad y el de filiación y de él podemos encontrar en
antecedentes históricos multitud de
anécdotas respecto de la preocupación que ha existido en diversos
ámbitos, muchos de ellos oficiales, respecto a la identificación
exhaustiva y cierta del recién nacido en cuanto a esa relación que tiene
que existir entre sus condiciones ya civiles, como nuevo ciudadano, y sus
condiciones antropológicas, como ser vivo único e irrepetible.
Ese problema --les decía-- existe desde que existe el propio concepto de
paternidad-maternidad y filiación, pero es un problema también acuciado
en los últimos tiempos, en las últimas épocas, principalmente por dos
motivos: de un lado, la existencia en nuestro país de un sistema público
sanitario de asistencia al parto en el que el alumbramiento se realiza
generalmente, y en un porcentaje numerosísimo de veces, en centros
hospitalarios públicos, con el problema de masificación que esto
conlleva. Asimismo, conocen sus señorías que como segundo motivo de
circunstancia concreta de nuestro tiempo para dar solución a este tema ya
histórico es que nuevas formas delictivas, o antiguas formas delictivas,
hoy cada vez más reiteradas respecto al tráfico de niños, a la venta
ilícita de bebés, etcétera, hacen que sea necesario adoptar una medida
que desde algunos medios profesionales se ha calificado como el DNI
infantil, que aporte a la sociedad entera y, por supuesto, al recién
nacido una garantía de que su identidad y su filiación es la que es y no
la que se ha podido conjeturar a través de cualquier equivocación.
Quiero expresarles, señorías, que existen también razones de congruencia
con normativa internacional, en algunos casos incluso instada por
parlamentarios españoles ante foros internacionales, que exigen de las
Cortes Generales la toma en consideración de propuestas como las que les
proponemos en cuanto a mantener esa congruencia sobre lo que se expone
fuera de nuestras fronteras y lo que tenemos que incorporar en nuestro
propio ordenamiento jurídico.
En efecto, la Convención de los Derechos del Niño, celebrada en Nueva
York en el año 1989, expresó en su artículo 7.1 que el niño será
registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde
éste a un nombre. En el artículo 8.1 de esa misma Convención, que fue
aprobada también por el Congreso de los Diputados español el 11 de
noviembre de 1990 y publicada en el Boletín Oficial del Estado del último
día de ese mismo año, 31 de diciembre de 1990, se ordena a los Estados
firmantes que se comprometan a respetar los derechos del niño y a
preservar su identidad.
Además de esta Convención de los Derechos del Niño, y mucho más
recientemente, la representación de las Cortes Generales en la
Conferencia de la Unión Interparlamentaria celebrada en Canberra emitió
una resolución el día 18 de septiembre de 1993 según la cual la
nonagésima Conferencia Interparlamentaria urgía a todos los países a
adoptar las medidas precisas para establecer y poner en vigor el derecho
de cada niño y de cada niña a su propia identidad y a ser identificados
por los medios científicos apropiados existentes en el momento de su
nacimiento, con el fin --decía esta resolución-- de evitar la pérdida y
la confusión, que siempre causan desamparo, particularmente en casos de
conflicto armado.
Por tanto, es obligación --entendemos nosotros-- de las Cortes Generales,
de esta Cámara en estos momentos, emitir una norma de Derecho positivo
como la que hoy les proponemos.
Permítanme, señorías, que añada a esta razón de congruencia con la
normativa internacional una razón de congruencia política, especialmente
dirigida a la actual minoría mayoritaria de esta Cámara, puesto que el
Gobierno, amparado con los votos del Grupo Socialista, en concreto el
Ministerio de Asuntos Sociales, dentro de sus campañas de protección a la
infancia y de los derechos, sobre los cuales quiere hacer hincapié en
cuanto al reflejo que la sociedad debe tener de ellos, señala en un lugar
destacado y en las propias publicaciones del Ministerio de Asuntos
Sociales, el derecho a la identidad, identificado éste, según la
propaganda oficial, como la necesidad que tienen los niños de tener un
nombre y una nacionalidad desde su nacimiento.
Existe hoy día, señorías, un método científico, irrefutado hasta el
momento, respecto a la identificación que es posible ejercer del recién
nacido. La historia de la ciencia muestra, especialmente en el último
siglo, que han sido múltiples las preocupaciones de los expertos en el
tema para conseguir un dato que de manera ineludible causara esa pareja
similitud entre lo que es la identificación civil de la partida de
nacimiento, de la inscripción en el Registro Civil, y lo que es la propia
mismidad de ese nuevo ser. Esta preocupación, que, como digo, ha sido
especial durante el último siglo, se ha visto de alguna manera limitada
en cuanto a la existencia de una técnica que permitiera la
identificación, como decía, exclusiva y unívoca del nuevo ser.
La técnica, tenemos que decirlo, señorías, se ha conseguido, y es, ni más
ni menos, que la de la impresión dactilar, vulgarmente reconocida como la
huella digital, en el mismo momento del nacimiento. Hoy es el día en el
que la ciencia ha desarrollado una técnica que, como les decía, es
fiable, puesto que marca un nexo biunívoco entre el nuevo ser y su propia
identificación civil. Es una técnica que protocolizada y perfectamente
explicitada es sencilla de aplicar, que es perfectamente incorporable a
los protocolos de atención al parto y a los cuidados neonatales y que,
por cierto, ha sido desarrollada y mostrada al mundo por un español, el
profesor Garrido Lestache, sin que --entiende nuestro Grupo
Parlamentario-- ésta puede ser razón para desechar, sino todo lo
contrario, las aportaciones que también desde el ámbito científico
español se han lanzado a la comunidad científica mundial.
En este mismo sentido, la Asociación Española de Pediatría tiene
instaurado en su seno un comité de identificación del recién nacido que
trataba justamente de dar solución técnica a este problema, que no sólo
debe de preocupar al legislador en este caso, sino que también preocupa,
y mucho, a la comunidad científica pediátrica de nuestra nación.
A la pertinencia científica de la prueba de la impresión dactilar del
recién nacido se ha unido la conveniencia expresada incluso por expertos
policiales en identificación del área científica de la policía española
en cuanto a demostrar
que la medida que les proponemos para la modificación de la Ley de
Registro Civil no solamente es eficaz en términos genéricos y, por tanto,
en términos científicos, sino que además está dotada de efectividad, es
decir es posible realizarla de manera sistemática, no costosa y coherente
con el fin que se propone. El reconocimiento de estos efectos jurídicos y
civiles a estas determinadas comprobaciones es un hecho ineludible para
esta Cámara en este momento puesto que observamos que la enunciación de
los derechos no debe quedarse en sí misma, sino que tiene que ser
ejecutada de manera obligada y efectivamente contemplada por nuestro
ordenamiento jurídico. Entendemos que este derecho, que antes les
anunciaba, que viene incluso referido en declaraciones internacionales
sobre los derechos del niño, efectivamente está enunciado en nuestro país
pero no está desarrollado, como antes les comentaba.
Por tanto, entendemos que la normativa que se propone hoy por parte de
nuestro Grupo no puede ser considerada por nadie como un mero formalismo
administrativo; no creemos que esta normativa pueda ser integrada en
nuestro ordenamiento únicamente a través del rango reglamentario sino que
debe incorporarse a una norma de derecho positivo con rango de ley para
que exista ese desarrollo de un derecho básico del recién nacido desde el
momento en que entra a formar parte de la ciudadanía y es sujeto de
derechos y obligaciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le ruego vaya
abreviando.
El señor CERVERA SOTO: Así lo hago, señor Presidente.
No vale aplicar estas medidas por la vía reglamentaria, y, por tanto,
recabamos de su favorable votación la admisión a trámite de esta ley a la
que se le pueden incorporar las correcciones que los grupos
parlamentarios tengan a bien considerar.
Por tanto, y ya terminando, señor Presidente, la votación que nosotros
solicitamos esta mañana tiene que hacerse mirando, por un lado, los
derechos civiles y, por otro, una determinada visión de calidad de la
sanidad pública en cuanto a que puede dar una garantía a las personas
respecto de su propia identidad y de su propia relación
paterno-materno-filial y sobre todo, señorías, esta votación es también
un indicador de la permeabilidad que sus señorías y el Parlamento en
general tengan respecto a la incorporación al ordenamiento jurídico y
legal de lo que el progreso científico ha podido expresar como solución
de un problema que, como antes les decía, viene de antiguo. (Aplausos en
los escaños de la derecha.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cervera.
¿Hay turno a favor? (Pausa.)
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la venia.
Subo a la tribuna para utilizar un turno en contra de la toma en
consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular
para la modificación de la Ley de Registro Civil, de 8 de junio de 1957,
en lo relativo a la identificación del recién nacido.
La Proposición de ley es prácticamente idéntica a la presentada en el
Congreso de los Diputados y debatida el 22 de febrero de 1994, que no fue
tomada en consideración. Pretende, en definitiva, la modificación de tres
artículos de la Ley de Registro Civil, los artículos 42, 44 y 85, que no
alterarían en modo alguno la concepción que en nuestro ordenamiento
jurídico tiene de la institución registral pero que sí tendrían
determinada trascendencia práctica no exenta de dificultades
procedimentales.
Antes de entrar en la consideración de las razones, la mayoría de ellas
de índole formal, que determinan nuestra posición contraria a la toma en
consideración de la proposición, quiero detenerme mínimamente en el
contenido de las reformas propuestas.
En lo que respecta al artículo 42 de la Ley, se establece que la
declaración para la práctica de la inscripción del nacimiento se
formulará a partir del momento mismo del nacimiento, mientras que el
precepto vigente establece que se formule a partir del transcurso de las
primeras veinticuatro horas tras el alumbramiento. Es una modificación
legal mínima, pero creo que la reforma propuesta es insuficiente ya que
chocaría de manera frontal con todo el sistema establecido en el artículo
30 del Código Civil, en virtud del cual «... sólo se reputará nacido el
feto que tuviera figura humana y viviera veinticuatro horas enteramente
desprendido del seno materno». Es evidente, por tanto, que en modo alguno
los derechos de ese recién nacido a su propia identidad, a su filiación,
a la determinación de su sexo, etcétera, pueden empezar a tener efecto
antes de las veinticuatro horas, salvo que la modificación que hiciéramos
fuera muchísimo más profunda, que entrara de lleno en la determinación
del momento en el cual se producen los derechos a la personalidad, el
inicio de la capacidad jurídica y, por tanto, la determinación de la
existencia de una nueva persona, según nuestro propio Código Civil.
Creo que lo que básicamente pretende la proposición de ley no es esta
modificación puramente de plazo y, como digo, insuficiente para modificar
todo el ordenamiento jurídico en la materia, sino que lo que realmente
pretende la modificación del artículo 44 en lo relativo a los
nacimientos, y del artículo 85 en lo relativo a las defunciones, es que
conste en el Registro Civil la huella dactilar del recién nacido y de la
persona fallecida. Se trata, por tanto, de añadir una garantía más la
huella dactilar, a las ya existentes en orden a la correcta inscripción
del nacimiento o de la defunción.
Obviamente el nacimiento es un presupuesto, no ya de los derechos
constitucionales, sino de cualquier derecho, de la propia capacidad
jurídica al determinar la personalidad --artículo 29 de nuestro Código
Civil--, pero el modo de practicar una inscripción registral del
nacimiento, las garantías que deben presidirla y el procedimiento
material para realizarla es algo que a nuestro juicio en modo alguno
queda dentro del principio de reserva de ley y puede perfectamente
abordarse desde el plano específico del ámbito reglamentario.
Cualquier mejora en los métodos de identificación del recién nacido, que
se verifique de forma controlada, con las adecuadas garantías, y que
resulte útil claramente, es para nosotros elogiable. Por tanto, desde
aquí elogiamos ese intento, que está claramente detrás de la proposición
del Grupo Parlamentario Popular, de perfeccionar esas garantías y de
evitar cualquier caso de la figura delictiva del tráfico de niños o de
cualquier confusión en la identificación del recién nacido.
Debemos explicar ahora por qué nos oponemos realmente a la toma en
consideración de esta iniciativa concreta del Grupo Parlamentario
Popular.
En primer lugar, negamos con toda rotundidad la afirmación que se
contiene en la exposición de motivos como la de que en la actualidad
nuestro ordenamiento no garantiza el derecho a la identidad de las
personas. Creo que ese derecho está plena y ampliamente garantizado en
los términos que lo recoge la Convención de los Derechos del Niño,
derecho a un nombre, a una nacionalidad, a conocer a sus padres, como lo
está el derecho a ser identificado por los medios adecuados (y que esa
identificación se recoja en el Registro Civil), derechos regulados en la
constitución, en el Código Civil y en la propia Ley del Registro Civil.
Yo creo que ya no desde el año 1957, sino desde la vieja Ley del Registro
Civil del siglo XIX nunca el sistema español de Registro Civil, concebido
como instrumento para la constancia oficial de la existencia, estado
civil y condición de las personas, pudo considerarse un sistema menor, un
sistema de insuficientes garantías que tuviera que ver con los viejos
registros parroquiales, las llamadas reconstituciones registrales en base
a documentales o testificales de relativa solvencia, o los denominados
censos de uno u otro rigor, que eran las técnicas más practicadas en los
Estados de la época, en los Estados del siglo XIX.
En segundo lugar, creemos que los sistemas de identificación que hoy día
se emplean en la red sanitaria pública que, como sus señorías saben,
consiste en la utilización de la huella plantar del recién nacido junto a
la huella dactilar de la madre y la numeración de la ficha donde aparecen
estos datos en la pulsera identificativa que se coloca al recién nacido,
nos parece, repito, que, en principio, no tienen por qué ser menos
eficaces que el sistema que ustedes plantean en la proposición. Yo creo
que la inscripción correcta del nacimiento está garantizada por esa doble
declaración que se exige en nuestro Ordenamiento no sólo de quien tenga
conocimiento cierto del hecho del nacimiento, sino también por el médico
o profesional sanitario que haya asistido al parto con las garantías en
los supuestos de posibles disfunciones que con toda claridad en la Ley y
específicamente en el Reglamento del Registro Civil se establecen para
los casos de dudas en el momento de la inscripción.
En tercer lugar, creemos sinceramente, después de haber analizado la
literatura científica última al respecto, que la utilización de la huella
dactilar --e indico dactilar y no plantar-- como medio de prueba de la
identificación de cada persona es algo absolutamente defendido y
defendido con nitidez en la innegable y valiosa aportación que el
profesor Garrido Letache ha hecho a la investigación en la materia. Pero
siendo indudablemente muy valiosa esa aportación, yo creo que en el
momento actual no goza aún del consenso generalizado de la comunidad
científica; es más, datos de autoridad fueron citados, por ejemplo, por
el profesor López Garrido, el portavoz de Izquierda Unida en el debate
del Pleno del 22 de febrero en el Congreso de los Diputados, donde se
señalaba que estaba bastante extendida la opinión de que por lo que
respecta a la huella dactilar --y no a la plantar, como digo-- a veces la
fiabilidad para muchos no era clara hasta los cinco o seis meses
posteriores al nacimiento.
En cuarto lugar, no creemos que la Convención de los Derechos del Niño,
evidentemente suscrita por España y aplicable en nuestro país, obligue
exactamente a la necesidad de la toma de huellas dactilares del recién
nacido como fórmula única que garantice, mediante su incorporación al
Registro Civil, el derecho a la identidad de las personas.
Por último, creemos que la exigencia de la regulación de estas garantías
de identificación, en base al artículo 53 de la Constitución en normas
con rango de ley, en base a la existencia de un derecho fundamental
implícito y previo a todos los derechos fundamentales, el derecho a la
identidad, pese a ser una construcción que personalmente me ha resultado
atractiva, y que su señoría construye, sin embargo desde el punto de
vista doctrinal sabe perfectamente el Senador Cervera que es considerada
una construcción evidentemente forzada y que, como digo, no tendría en
absoluto fundamento para el supuesto, por ejemplo, de la modificación del
artículo 85, que contempla la inscripción y la utilización de la huella
dactilar en la inscripción registral de la defunción de quien fue persona
pero al morir ha perdido ya su propia personalidad, conforme al artículo
32 del Código Civil y, por tanto, no es sujeto de derechos ni
fundamentales ni no fundamentales.
Creemos que la regulación del artículo 274 y siguientes del Reglamento es
exhaustiva en cuanto a los extremos que deben figurar en el parte médico
de defunción, siendo indudable la existencia de que establecer estas
garantías con carácter general sería de imposible cumplimiento en
determinados casos --pensemos de accidentes aéreos, supuestos de
atentados terroristas, etcétera, donde es imposible claramente recoger la
huella--, por lo que nos parecería absurdo su exigencia con carácter
general. No vemos tampoco acertada la incorporación de esta garantía de
uso de la huella dactilar del difunto en la inscripción de defunción
cuando difícilmente va a poder ser comprobada con posterioridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señoría, vaya terminando, por
favor.
El señor GALAN PEREZ: En definitiva, y termino, señor Presidente, nos
vamos a oponer a la toma en consideración porque creemos, en principio,
que esa reforma de la Ley de Registro Civil es innecesaria; en segundo
lugar, es inoportuna, quizá por precipitada. Esperemos que la doctrina
científica vaya realmente centrándose en considerar las investigaciones
del doctor Garrido Letache como absolutamente inatacables. Creemos que lo
que se pretende puede conseguirse sencillamente con la modificación, a
nivel reglamentario, de esas garantías que están en nuestro Reglamento de
Registro Civil y, por último, sería una modificación totalmente
perturbadora para la espina vertebral del Ordenamiento Civil, el Código
Civil. Llamo la atención de deficiencias de técnicas legislativas, como
que se alteran los artículos 42, 44 y 85, y no se altera el artículo 40
de la Ley de Registro Civil, que se remite claramente al artículo 30 del
Código Civil, absolutamente contradictorio con la reforma introducida en
el artículo 42.
Por tanto, nuestra posición, valorando la buena intención de la que está
cargada la proposición, va a ser contraria y vamos a votar contra la toma
en consideración de la iniciativa del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces. ¿Grupo Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador don Ricardo Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, para el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos es una
satisfacción anunciar el voto favorable a esta proposición de ley que
persigue una finalidad muy loable, como es contribuir a garantizar la
identidad de las personas a través de la constancia de la huella dactilar
del recién nacido en el Registro Civil. Frente a quien pudiera albergar
dudas acerca de la trascendencia de esta proposición, conviene señalar
que el Registro Civil es necesario no solamente para el individuo, para
la Administración, sino incluso para los terceros, para los ciudadanos en
general. Respecto al individuo, para poder probar su condición de
ciudadano, hijo, cónyuge, pariente, mayor de edad, etcétera. Respecto a
la Administración del Estado, para poder elaborar sus padrones, censos y
colaborar en una mejor prestación de los servicios administrativos. Y
respecto de terceros porque en el Registro Civil se recogen un conjunto
de circunstancias de las que resultará la capacidad o incapacidad para
celebrar negocios jurídicos.
Expuesta de esta forma concisa la importancia capital, a nuestro juicio,
del Registro Civil como lugar idóneo para identificar al recién nacido a
través de su huella dactilar, por los efectos jurídicos que de tal
identificación se deducen, y principalmente, como creo que ha reconocido
el señor Galán, por la seguridad, porque contribuye a dotar de una mayor
garantía, y esto lo decimos en su más amplia acepción. Es también, a
nuestro juicio, pertinente incidir singularmente en que la inscripción de
nacimiento constituye la pieza fundamental de nuestro sistema de Registro
Civil por contener la mayor parte de los asientos relativos al estado
civil de las personas y la referencia, por nota marginal, a las restantes
secciones. Por ello, entendemos que la inscripción de nacimiento, a la
que también se ha llamado doctrinalmente folio personal básico del
individuo, se hallará, a través de esta proposición, mejor detallada que
en la forma actual.
Asimismo, y a reserva de las enmiendas que pudiéramos presentar durante
la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, caso de que ésta
sea admitida a trámite, es obligado indicar que el objetivo perseguido
puede quedar sin efecto si no se dota al Registro Civil de los
instrumentos eficaces y adecuados para la recogida y constancia de ese
nuevo dato que es la huella dactilar. Reconozco que la proposición
insiste al final en este particular, pero creo que es mejor detallarlo de
una forma mucho más concreta.
Por último, manifestamos la conveniencia de cohonestar esta proposición
con las previsiones de la Ley de regulación del tratamiento automatizado
de datos de carácter personal, precisamente para evitar una inadecuada
difusión de este tipo de datos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
El Senador Ibarz tiene la palabra.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición de ley de modificación de los artículos 42, 44 y 85 de la
Ley de Registro Civil coincide, como ya ha resaltado el Senador Galán,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con un texto prácticamente
idéntico, que ya fue presentado en su día ante el Congreso de los
Diputados, y que fue rechazado en la sesión plenaria del 22 de febrero de
1994. En coherencia con la posición expresada en aquel trámite por el
Diputado de nuestro Grupo Parlamentario señor Casas i Bedós, me
corresponde anunciar el voto negativo de Convergéncia i Unió en el día de
hoy. Debo manifestar que no apoyaremos la moción, a pesar de que
compartimos tanto el espíritu de la misma como la preocupación que late
en su justificación. Estamos convencidos de que los objetivos que se
propone alcanzar la proposición de ley no pueden obtenerse con la
modificación propuesta. Intentaré explicar brevemente el motivo.
En mi intervención tenía previsto insistir en la idea, que ya ha
expresado el Senador Galán, respecto de los requisitos exigidos por
nuestro Código Civil para el nacimiento de la personalidad jurídica,
hecho del que derivan todos los derechos de los ciudadanos, pero su
exposición me exime de insistir en el tema. Ahora bien, debo manifestar,
además, que nuestro ordenamiento jurídico civil confiere al nacido la
personalidad jurídica en tanto que individuo tutelar de derechos. Pero
ello, y de acuerdo con los orígenes históricos de nuestro derecho, sobre
la base de un rasgo, que es el que tradicionalmente se ha considerado que
identifica al nacido, que no son tanto sus características físicas,
sino aquello que le diferencia de los demás, que es la filiación.
La filiación, y especialmente la filiación consanguínea, es denominada
por el Código Civil la filiación por naturaleza y determina los
apellidos, que en nuestro ordenamiento es lo que, a la postre, define la
identidad. El nacido, como persona, se identifica por su filiación.
En consonancia con esta concepción de la identidad, el Registro Civil
está concebido como un instrumento para la constancia oficial de la
existencia, el estado civil y la condición de las personas, y así lo
expresa en su exposición de motivos. De manera que el artículo 1 de la
Ley, cuya modificación se pretende, determina de forma taxativa cuáles
son los hechos que han de tener constancia registral: nacimiento,
filiación, nombre y apellidos, etcétera, sin que, por el momento, tengan
cabida otras menciones distintas a las relacionadas en el mismo.
De lo dicho se desprende fácilmente la existencia en nuestro ordenamiento
de un vacío legal en cuanto a la identificación del nacido, especialmente
en aquello que sea susceptible de individualizarlo respecto a sus
características físicas. Pero no es menos cierto que difícilmente se
puede conseguir llenar esta laguna con la reforma que se propone si no es
a través de una revisión en profundidad de todo el sistema del Registro
Civil con el propósito de dotarlo de los medios idóneos para cumplir los
fines propuestos.
El Senador Galán ha dicho que algunos centros sanitarios han dado los
primeros pasos en este sentido, implantando métodos diversos de
identificación y, probablemente, el más extendido sea, de momento, el de
la huella plantar. La generalización de este método, o el propuesto por
el doctor Garrido Lestache, sin la menor duda pueden contribuir a paliar
o solucionar algunos de los problemas que el proponente ha mencionado,
pero nuestro Grupo piensa que ello comportará, inevitablemente, la
creación de un nuevo Registro, un Registro Civil completamente distinto
al que tenemos en este momento. Para ello, cuando proceda, nos encontrará
dispuestos a trabajar en la reforma. No obstante, y entre tanto no llega
este momento, votaremos en contra de la proposición.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ibarz.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo de manera escueta y desde este escaño para agradecer, en
primer lugar, al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos la
aceptación de nuestra propuesta y, sobre todo, el buen entendimiento que
han hecho de los argumentos con que nosotros la defendíamos.
En segundo lugar, especialmente referido al Grupo Parlamentario
Socialista y al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, y dirigiéndome al Senador Galán en el mismo tono de moderación
parlamentaria, que agradezco y que me obligo a devolver, he de decirle
que el derecho a la identificación del recién nacido, como le decía en la
exposición desde la tribuna, está enunciado hoy día, pero no está
garantizado, según entendemos nosotros.
Habrá visto en nuestra exposición que no hemos hecho valer ningún tipo de
estadísticas porque creemos que aquí no estamos para hacer catastrofismo,
sino para resolver un problema que es cierto. Huimos del alarmismo, pero,
al mismo tiempo, somos conscientes de que existen casos constatados y
perfectamente referenciados, que son pruebas frente a las conjeturas, que
señalan la evidencia de que este problema existe y que, por tanto, su
solución está enunciada, pero no está en ningún caso garantizada.
Respecto a los métodos de identificación que ahora se utilizan en cuanto
al uso en el sistema público de la huella plantar y de la pulsera
identificativa y sin entrar en su valoración técnica o científica,
quisiera decir que esos mecanismos no sólo no están protocolizados, sino
que no están siquiera normativizados ni amparados en ley o reglamento
alguno. Y lo que nosotros solicitábamos de esta Cámara esta mañana era
justamente que diera o tratara de encontrar una solución normativa a lo
que es un problema cierto.
Respecto a la validez o no de la huella dactilar respecto de la biunívoca
identificación del recién nacido, recogiendo palabras textuales del
Senador Galán, que se refería al debate del Congreso en el que se dijo
que existía la opinión de que ése no era un método de identificación
universalmente aceptado, he de decirle que en la ciencia no valen las
opiniones, sino las constataciones y, de momento, las investigaciones que
se han aportado a la comunidad científica están irrefutadas y, por tanto,
se consideran no sólo valiosas, sino, además, válidas desde el punto de
vista científico.
Por último, y ya como consideración general, quiero decir a los
representantes de los grupos parlamentarios Socialista y Catalán en el
Senado de Convergència i Unió que lo que nosotros pretendíamos esta
mañana era que se admitiera a trámite una proposición de ley que,
lógicamente, tiene que tener su tramitación, y esperábamos la solución de
algunos problemas de congruencia normativa e incluso de solvencia en
cuanto al contenido de lo que les proponíamos, que perfectamente puede
ser debatido, modulado y modificado en la tramitación parlamentaria que
pedíamos.
Solicitábamos, como antes decía, y con esto concluyo, la solución
normativa que esta Cámara tenía obligación de dar respecto de un problema
que es cierto y, por supuesto, no sólo atendiendo a nuestros criterios
sino atendiendo a los criterios que emanan de una tramitación
parlamentaria en la que los grupos parlamentarios pueden aportar
perfectamente sus nociones en la materia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al Senador Cervera el tono de su
intervención, tanto la inicial como la actual. Después de su primera
intervención yo no podía hacerlo en un tono diferente al que lo he hecho.
En segundo lugar, quiero reiterar nuestro interés en intentar mejorar al
máximo las garantías de identificación del recién nacido. Creo que lo que
está detrás de su proposición es algo absolutamente loable y su Grupo y
el mío pueden recorrer juntos un trayecto importante e interesante.
En tercer lugar, quiero insistir en que, en los últimos días y con motivo
de esta iniciativa, he leído distintas opiniones desde el punto de vista
científico. Por ejemplo, algunos entienden que es mucho más útil la toma
de la huella talar del recién nacido en vez de la dactilar. Es algo que
efectivamente tendría que someterse a consideración. Me parece que las
últimas investigaciones del doctor Garrido Lestache no han sido
contradichas desde el punto de vista científico pero, por ejemplo, en la
mayoría de los países, la utilización en los sistemas hospitalarios de la
huella en la ficha de nacimiento que allí se utiliza para la
identificación de cada niño que va naciendo se hace también sobre la
huella talar, curiosamente, combinándola con la dactilar de la madre.
Creo que es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar más
detenidamente.
Y, por último, quiero insistirle en que, de verdad, donde a nuestro
juicio está la oposición es en que si aceptamos la toma en consideración,
por mucho que intentáramos mejorar los defectos de técnica jurídica que
hay en el texto de la ley como, por ejemplo, la redacción de ese artículo
segundo en relación con la vigencia de la norma que nos parece
absolutamente extraña e inadecuada tal como viene propuesta, o algún otro
tema, como al que he hecho referencia en relación con el artículo 85
respecto a la huella dactilar para las inscripciones registrales de las
defunciones, me parece que nos encontraríamos con un problema más grave
de articulación global del ordenamiento. Yo creo que hay que modificar no
sólo la Ley de Registro Civil, sino otros extremos del Código Civil mucho
más complicados. Me parece que crearíamos un vacío si nos limitamos a si
en el registro debe constar la huella dactilar, que es algo que podemos
abordar desde el punto de vista reglamentario, teniendo claro que cambiar
la estructura del registro supone que debe haber un funcionario del
Registro que en cada centro hospitalario garantice realmente esos
extremos de identificación, o si lo que pretendemos es un objetivo global
en cuanto a la consagración de un derecho a la identidad como base del
resto de los derechos fundamentales en los términos de una regulación
global, me parece, repito, que el vacío al que hacía referencia el
Senador Ibarz es evidente y sería totalmente insuficiente la reforma de
una Ley instrumentada, al fin y al cabo, como es la de Registro Civil,
para ir a una regulación global de este derecho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la toma en consideración
de la proposición de ley de modificación de la Ley de Registro Civil, de
8 de junio de 1957, para la identificación del recién nacido.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 105; en contra, 122.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE INSTA AL
GOBIERNO A QUE, EN EL PLAZO DE UN MES, FORMULE DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA CONTRA LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS
FRANCESAS Y EL PROPIO GOBIERNO FRANCES POR REALIZAR Y CONSENTIR PRACTICAS
RESTRICTIVAS, DIRIGIDAS A LIMITAR EL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA Y A
LA LIBERTAD DE COMERCIO QUE ASISTE A LOS AGRICULTORES Y TRANSPORTISTAS
ESPAÑOLES, DENTRO DE LAS NORMATIVAS COMUNITARIAS. (671/000008.)
El señor PRESIDENTE: Sexto punto del orden del día, mociones consecuencia
de interpelación. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario
Popular, por la que insta al Gobierno a que, en el plazo de un mes,
formule denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
contra las organizaciones agrarias francesas y el propio Gobierno francés
por realizar y consentir prácticas restrictivas, dirigidas a limitar el
derecho a la libre competencia y a la propia libertad de comercio que
asiste a los agricultores y transportistas españoles dentro de las
normativas comunitarias.
A esta moción se ha propuesto otra, de modificación, suscrita por los
Grupos Socialista, Popular, Nacionalistas Vascos, Convergència i Unió y
Coalición Canaria. Por tanto, en primer lugar, vamos a dar la palabra al
representante del Grupo Parlamentario Popular para la defensa de su
moción original. (Rumores.)
Señorías, por favor, ruego faciliten al señor Senador el uso de la
palabra que le voy a conceder en breves instantes.
Tiene la palabra el Senador Esteban.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es mi intención subir a esta tribuna para la defensa de la
moción y para que así, además, se me escuche. Espero que la defensa tenga
mayor éxito que la intención de ese humilde Senador de que se me atienda
en el uso de la palabra.
Decía que subo a esta tribuna a defender esta moción consecuencia de
interpelación que presenta mi Grupo con
un espíritu nuevo, con un espíritu de ilusión, con un talante de diálogo
y también con un nuevo espíritu de confianza en que los acuerdos en
política son factibles y en que es necesaria la negociación. Y es que, en
definitiva, el verdadero beneficiario de esas negociaciones y de esos
acuerdos es el ciudadano, quien, a mi juicio, debe ser el objetivo último
de la acción política y, sobre todo, el objetivo último de la acción de
quienes de modo soberano representamos su confianza. (Rumores.)
Cuando en la interpelación del pasado Pleno demandábamos del Gobierno
información sobre la situación a que se ven sometidos en Francia, nuestro
país vecino, nuestros agricultores y transportistas, pensábamos que era
conveniente que con motivo de aquella interpelación se presentara la
correspondiente moción, pero hubo quien dijo que esa moción podría tener
algo de electoralista, algo de oportunista y que podría incluso resultar
inútil. (Fuertes rumores.)
Señorías, creo que la razón de los hechos han dado de nuevo la razón a
esta iniciativa parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senador Esteban.
Señorías, por favor, les ruego que hagan un pequeño esfuerzo por mantener
silencio.
Gracias.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que después de esa interpelación, desgraciadamente han vuelto a
tener lugar nuevos ataques a nuestras mercancías y a nuestros
transportistas por parte de los agricultores franceses, lo cual significa
que las tímidas intervenciones que nuestro Gobierno y la Comisión Europea
a través de su Comisario habían tenido con el Gobierno francés no han
surtido el efecto que sin duda todos pretendíamos.
Cuando nosotros presentamos la interpelación lo hacíamos desde dos
aspectos: desde el aspecto formal que se establece en el Reglamento de
demandar información al Gobierno sobre la situación actual del sector, y
también desde otro aspecto, el de informarnos sobre las medidas que
pensaba adoptar el Gobierno para intentar paliar cuando menos la
situación a que estaban siendo sometidos nuestros agricultores, a lo que
añadíamos asimismo nuestro deseo de captar el grado de sensibilidad por
parte del Gobierno en cuanto a la contundencia de las medidas que éste
anunciaba iba a tomar. Pero también intentábamos, desde un punto de vista
práctico --por qué no decirlo--, espolear al Gobierno, a las autoridades,
a la Administración, para que defendieran esta cuestión con una postura
que fuera incluso más allá de esa otra que, pudiendo resultar cómoda en
el exterior y pudiendo proporcionar una cierta imagen al Gobierno de la
nación, sin duda iba en contra de la defensa de nuestros propios
intereses, es decir, iba en contra de la defensa de los intereses de los
ciudadanos. Señorías, de ahí que vengamos hoy a presentar esta moción.
Pero antes de concluir quisiera decir que el objetivo que pretendemos con
la presentación de esta moción puede valorarse desde tres aspectos
diferentes: el económico, el político y el humano. El aspecto económico
en cuanto que, sin duda, de todos es conocido el grave deterioro que en
este sentido está suponiendo para los intereses de nuestros agricultores,
no solamente la destrucción de sus mercancías, sino también la de las
cuotas de mercado ya que éstas se están perdiendo debido al temor que los
comerciantes y los distribuidores franceses están empezando a tener a
causa de las represalias que están tomando contra nosotros los
agricultores franceses. En alguna revista especializada se comenta que
solamente en lo que va de año se han podido perder en el sector de la
fresa más de 3.000 millones de pesetas.
Pero siendo ello importante, también cabría valorar otros aspectos, los
aspectos políticos que, sin duda, tienen una gran trascendencia. Es
decir, habría que valorar que con estas actuaciones que hoy demandamos
aquí --estoy seguro de que van a ser acordadas por todos los grupos
políticos-- se genera un clima de defensa de lo que fue en un principio
el espíritu del Tratado de Roma que vino a consolidarse después en el
Tratado de la Unión Europea: la libertad de circulación de mercancías,
personas, capitales y servicios. Si de todo esto sale que el Gobierno
español y la Comunidad Económica Europea se tomen con interés este asunto
--creo que debe ser así--, no solamente les habremos resuelto un problema
a nuestros ciudadanos sino que, además, habremos resuelto un problema de
consolidación en el proyecto europeo. Pero también dentro de estos
aspectos políticos, tal y como le comentábamos al señor Ministro de
Asuntos Exteriores a propósito de la interpelación en el pasado Pleno, el
funcionamiento de las instituciones comunitarias pasa también por poner a
prueba el proyecto de la unidad europea.
Señor Presidente, en cuanto a los aspectos humanos, es necesario que
defendamos desde España nuestra dignidad nacional, que nuestros
trabajadores sepan que su esfuerzo no solamente se va a ver gratificado
por el lucro que lógicamente deben obtener, sino por el respeto por parte
de todos ante su sacrificio, ante los intereses que debe conllevar ser
ciudadanos europeos.
Señor Presidente, permítame que termine mi intervención diciéndole que el
acuerdo que hoy se produce en esta Cámara lo recibimos con gran ilusión y
con un espíritu de esperanza. Creemos que probablemente éste es el
principio para poder encontrar en bien de nuestros ciudadanos ese
espíritu de negociación que genere una mayor confianza en el sistema
democrático. Señorías, a mi juicio es necesario devolverle al español el
orgullo de serlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Para la defensa de la propuesta de modificación tiene la palabra el
Senador Arguilé Laguarta.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la actitud de los agricultores franceses ha sido históricamente
agresiva hacia todo lo que suponía competencia con sus productos, y en
esta actitud continúan a excepción
de algunos espacios de tiempo en que remitieron esas posturas agresivas
hacia productos que son competitivos con los suyos propios.
Todos sabemos que los agricultores franceses tienen un gran peso sobre el
Gobierno francés, por lo que muchas veces incluso modifican las actitudes
de dicho Gobierno. Debido a ello, el Gobierno francés tiene siempre una
posición demasiado tibia. Este peso de los agricultores franceses frente
a su Gobierno quedó bien reflejado en el Tratado de Adhesión a la
Comunidad Económica Europea al ser declarado como un sector sensible el
de frutas y hortalizas francés debido al temor que tenían a la
competitividad que ofrecen nuestros productos mediterráneos.
Hacía ya un cierto tiempo que no se producían este tipo de ataques, pero
en este año de 1994 han vuelto a aparecer con mucha virulencia tanto en
el sector de la agricultura como en el pesquero. Sin embargo, esto no
sólo ha ocurrido con productos españoles sino también con productos de
otros países, y todo ello, naturalmente, vulnera el principio de la Unión
y el del Tratado de Roma como muy bien acaba de decir el Senador Esteban.
Sus señorías saben que el Gobierno español se hizo eco inmediatamente de
esta situación, y concretamente el día diez de mayo, hace pocas fechas,
se producía la primera pregunta a este respecto formulada por el Senador
socialista, don Antonio García Correa, sensibilizado especialmente --el
señor García Correa es de Huelva-- por la situación a que se veían
sometidos los productores y los transportistas que llevaban cargamentos
de fresas procedentes de esa provincia como igualmente ha reflejado el
Senador Esteban.
Como saben sus señorías, en el Consejo de Ministros de los días 25 y 26
de abril el Ministro de Agricultura presentó una solicitud para que el
Consejo condenase los hechos acaecidos a camiones españoles días antes.
Asimismo, solicitó un sistema eficaz de sanción para los transgresores de
la libre circulación de personas y bienes.
Después de la declaración formal del Ministro de Agricultura francés,
todos sabemos que los agricultores franceses siguieron cometiendo actos
vandálicos. Por tanto, ante esta actitud --como ya he dicho-- tibia del
Gobierno francés, el Gobierno español no sólo elevó otra protesta ante
él, sino que también lo hizo ante la Comisión Europea.
A su vez, el Comisario de Agricultura, instado por el Gobierno español,
comunicó al Gobierno francés que reaccionase con contundencia para
garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y la libre
circulación de personas y mercancías. Además, la Comisión sabe que las
exportaciones de fresas españolas distan mucho de los límites
establecidos por el mecanismo comunitario de intercambios, al que este
producto todavía está sometido.
Con esto, quiero indicar que, inmediatamente después de que se produjeran
estos hechos, el Gobierno español se puso en marcha de forma diplomática,
y quizá no fue suficiente ante la actitud del Gobierno y los agricultores
franceses.
El 31 de mayo de 1994, don Arturo Esteban interpeló al Gobierno y le
contestó el Ministro de Asuntos Exteriores, quien insistió en las medidas
que ya había puesto de manifiesto el Ministro de Agricultura. Por otro
lado, no se habían producido grandes novedades entre el 10 y el 31 de
mayo. Por consiguiente, tanto esta Cámara como el Gobierno han estado
sensibilizados por lo que ocurría al otro lado de la frontera española.
El 3 de junio --es decir, dos días antes de que el Grupo Popular
presentase en el Registro esta moción--, el Embajador de España ante la
Unión Europea dirigió, por encargo del Gobierno español, una solicitud al
Secretario General de la Comisión de la Unión Europea para que la
Comisión iniciase el oportuno procedimiento de infracción contra la
República Francesa, por no garantizar la libre circulación de mercancías
dentro del mercado interior, vulnerando con ello el artículo 30 del
Tratado.
Hoy estamos analizando la moción presentada por don Arturo Esteban, del
Grupo Popular --conociendo todos los antecedentes que acabo de exponer--,
a la que hemos presentado una modificación que ha sido admitida por todos
los grupos parlamentarios. Creemos que de esta forma tendrá mucha más
efectividad ya que, en nuestra modesta opinión, la moción tenía dos
defectos que no hubieran hecho posible la tramitación de dicha petición
al Gobierno español.
El Grupo Parlamentario Popular fijaba un plazo de un mes para que el
Gobierno formulara una denuncia directamente ante el Tribunal de Justicia
contra las organizaciones agrarias francesas y, naturalmente, contra el
Gobierno francés. Sin embargo, el artículo 155 del Tratado de Adhesión
concede competencias a la Comisión en orden a preservar el Tratado; el
artículo 169 da competencias a la Comisión para que actúe ante cualquier
transgresión de los acuerdos del Tratado, y el artículo 170 establece
que, si la Comisión no lo hace, el Estado perjudicado puede instarla a
que haga valer su competencia. Si la Comisión no adopta una decisión en
tres meses, el Gobierno perjudicado --en este caso, el español-- debe
dirigirse directamente al Tribunal de Justicia. Por tanto, pensamos que
se debía modificar la moción para que, a instancia del Grupo Popular, se
hiciera mención a los artículos del Tratado a los que me acabo de
referir, números 155, 169 y 170. Así lo hemos propuesto a la Cámara, y ha
sido admitido por todos los grupos parlamentarios.
Creemos, pues, que no ha habido dejación de nuestros derechos y deberes,
y tanto la Cámara Alta, el Senado, como el Gobierno español, desde el
momento en que empezaron a producirse acontecimientos que perjudicaban
los intereses de los ciudadanos españoles --en este caso, de los
agricultores--, se pusieron en marcha. También hay que felicitarse por el
hecho de que, al ser agredidos por un país, todos nos hayamos puesto de
acuerdo en aunar esfuerzos e ir contra los que vulneran, no sólo los
intereses de un país miembro, sino el Tratado de la Unión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arguilé.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles, del
Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero comunicar a la Cámara que, a pesar de que el Grupo
Parlamentario Mixto no haya firmado la enmienda de modificación, va a
apoyarla sin reservas, ya que, de una vez por todas, debemos evitar esa
tradicional actitud vandálica gala hacia las mercancías y los
transportistas españoles, que en muchos casos son valencianos.
Por tanto, reitero que vamos a votar a favor de esta enmienda de
modificación, como también habríamos apoyado la moción originaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a explicar, brevemente, la posición del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, que también es favorable al texto de esta moción.
Estamos completamente de acuerdo con su contenido, y creo que ya se ha
dicho de forma suficiente que no hay derecho a estas actitudes
vandálicas, que se repiten año tras año por parte de los agricultores
franceses en perjuicio de los agricultores y transportistas del Estado
español, lo que es mucho más inadmisible desde la entrada en vigor del
Acta Unica Europea y la Europa sin fronteras de 1993. También llama
poderosamente la atención el que, frente a esta actitud que, desde luego,
no concuerda con la Europa del Acta Unica, el Gobierno francés se lave
las manos y no tome medidas al respecto.
Por tanto, como he dicho, vamos a votar a favor de esta moción para que
el Gobierno adopte todas las medidas posibles con el fin de que estos
hechos no se repitan y que el Gobierno francés sea llevado ante las
instancias de la Unión, con el objeto de que ésta también tome medidas al
respecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Señoría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el Senador Barbuzano tiene la palabra.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero mostrar nuestra conformidad con la propuesta de modificación de la
moción presentada por el Grupo Popular, enmienda que es de tipo técnico,
de concreción de acuerdo con el Tratado de la Unión, pero que no
desvirtúa el fondo de la moción originaria, con la que estamos totalmente
de acuerdo.
Debo llamar la atención sobre el hecho de que hace muy poco en esta misma
Cámara se denunció la pesca de determinadas especies en el Golfo de
Vizcaya. Hoy es el transporte de determinados productos que tienen que
atravesar por carretera Francia hacia la Unión Europea. Esto ya ha
sucedido en otras ocasiones, creo recordar, en años anteriores. Si el
Gobierno del Estado español no toma medidas, que estén de acuerdo con los
tratados y con las leyes, muchísimo más fuertes y acepta en alguna medida
unas compensaciones, como en casos anteriores, que traten de salvar el
fondo del problema, que es el incumplimiento por parte de un país miembro
de la Unión Europea de alguno de sus artículos y de alguno de sus
convenios internacionales, estos actos seguirán sucediendo.
No quisiera imaginarme que detrás de la suavidad con que se toma estos
asuntos el Gobierno francés y de alguna forma detrás de la suavidad con
que se toma estos asuntos el Gobierno español, hubiese complicaciones de
trasvases de acuerdos de otro tipo. No quisiera pensarlo. Dejémoslo en
los incumplimientos de un país miembro de la Unión Europea y en que el
Gobierno español tiene que tomar medidas muy serias y de presión muy
drásticas de una vez, por no intercalar una expresión en castellano
muchísimo más fuerte.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo se felicita, al igual que los demás, por haber llegado hoy en el
Senado a este acuerdo sobre la situación que habían creado los ataques
vandálicos de los agricultores franceses a los productos que salían del
Estado español.
Nosotros hace dos semanas, cuando se presentó la interpelación y creo que
es reconocible, introdujimos dos reflexiones, que nosotros creemos que
son importantes y que de alguna forma se han recogido en la propuesta de
modificación de la moción. Nosotros dijimos que aparte de otras
actuaciones lo que se tenía que hacer era denunciar esto a la institución
correspondiente. Yo mismo en aquel momento le manifesté al Ministro de
Asuntos Exteriores que otras veces se había producido contra nosotros y
sacaba a colación el ejemplo de los MCI de 1987. También hicimos un
análisis de un producto muy localizado, como eran las fresas del sur del
Estado, y nos referimos a todo lo que eran las frutas y hortalizas del
Estado español, o sea, expusimos las consecuencias negativas que estas
actuaciones estaban produciendo y, sobre todo, iban a producir en el
futuro en las cotas de mercado que con tanto sacrificio han ido ganando
en cada campaña los productos españoles.
Todo esto lo dijimos. Nos ratificamos en los mismos planteamientos ahora
y yo creo, sobre todo, que estamos dando a los agricultores españoles un
mensaje de tranquilidad, es decir, estamos tratando de resolver un
problema en el momento en el que se da. O sea, se producen unos ataques
vandálicos y parecía que esta Europa libre iba a ser la Europa del más
fuerte o del más vandálico. Había organizaciones españolas de
agricultores que reaccionaban con las mismas armas con las que eran
atacados; otra, se quería separar de lo que era la Asociación Europea de
Organizaciones Agrarias, como es COGECA; otra, intentaba seudoamenazar
a los productos que venían de Europa hacia el Estado español. Ibamos a
situarnos en una dinámica peligrosa y perjudicial para nuestros productos
y para los productores de frutas y hortalizas del Estado español.
Yo pienso que hemos acertado: Que el Gobierno español inste a la Comisión
con urgencia y que, dentro de la más estricta normalidad europea, se
denuncie al Tribunal si la Comisión no actúa, como en este momento no
tenemos que dudar que puede actuar. Y no por otras consideraciones, esto
tendría que ser una norma de actuación, que cada día será más frecuente,
para que se respeten los derechos consagrados en el Tratado de la Unión y
ratificados con la libertad de comercio que se ha aprobado en la Ronda
Uruguay de los países del GATT. Aparte de otras consideraciones, mi Grupo
entiende que la razón principal es una: que se nos respete la dignidad de
ser europeos de pleno derecho.
Por todo ello, señor Presidente, vamos a votar favorablemente esta
moción, con la enmienda de modificación introducida, y lo hacemos con
mucha satisfacción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: No tiene su señoría turno, ni tampoco el Grupo
Parlamentario Socialista, que han intervenido y, por tanto, ya lo han
consumido.
Entiende el Presidente que quizá no sea necesario someter a votación la
moción, puesto que la moción modificada ha contado con el respaldo de los
intervinientes. De tal manera, ¿puede ser aprobada por asentimiento de la
Cámara? (Pausa.)
Gracias, así se declara.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE EN EL PLAZO DE TRES MESES REMITA A LAS CORTES GENERALES UN
PROYECTO DE LEY DE TELEVISION POR CABLE, QUE ESTABLEZCA CONDICIONES
OBJETIVAS PARA LA SELECCION DE LOS OPERADORES DE LAS DISTINTAS
DEMARCACIONES. (671/000009.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que
se insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses remita a las Cortes
Generales un proyecto de ley de televisión por cable.
Para defender la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Ortiz Pérez.
El señor ORTIZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que ahora defendemos viene como consecuencia de la
interpelación debatida en el Pleno de la Cámara el día 31 de mayo pasado.
En dicho debate el Ministro decía que es intención del Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Perdone, Senador Ortiz Pérez.
Ruego silencio, por favor.
Gracias, señorías.
El señor ORTIZ PEREZ: Decía en ese debate el señor Ministro que es
intención del Gobierno remitir el proyecto de ley de televisión por cable
a la vuelta del verano, en otoño, pero, en todo caso, de forma inmediata.
Cabe señalar que el proyecto de ley ha sido informado por el Consejo
Asesor, por lo que cabe pensar que el Gobierno ya dispone del borrador
del texto definitivo.
Como manifestaba en la intervención de la sesión plenaria a la que antes
he hecho referencia, no estamos ante un servicio público de interés
general, no es un servicio esencial, pero sí es una oferta adicional a la
de la televisión en sus actuales modalidades.
La presentación del proyecto de ley de televisión por cable, que en su
momento debe ser complementado por otro proyecto de ley de televisiones
locales de baja potencia, permitirá completar el espacio radioeléctrico
en ese proceso inevitable de la liberalización de las telecomunicaciones.
Además, y a la vista de la presentación del proyecto de ley ante las
Cámaras, tendremos la oportunidad todos los grupos parlamentarios de
fijar nuestra posición respecto a la citada ley, concretar la forma de
participar de Telefónica y quiero aprovechar la ocasión para reiterar
que, en principio, nuestro Grupo está de acuerdo en que participe
Telefónica en los distintos servicios, aunque en este momento y sin
conocer en qué forma va a participar, es decir, como operador sin red o
con red, como propia compañía, con compañías filiales o participadas por
ella, no podemos dar un cheque en blanco al Gobierno en esta cuestión.
(El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.) En todo
caso, nuestra pretensión es que lo haga en condiciones de igualdad y en
sana y real competencia.
Por último, cabe señalar que el proyecto de ley permitirá establecer el
régimen de concesiones, la competencia en cada demarcación y, sobre todo,
lo que se está produciendo en dos Comunidades Autónomas, como son la
catalana y la vasca, que, acogiéndose a una sentencia del Tribunal
Constitucional, están organizando sus redes de cable, ya que cabe señalar
que hasta tanto no entre en vigor la ley, estas iniciativas tienen
cobertura legal.
Para terminar, señor Presidente, y a modo de conclusión, quiero agradecer
a los demás grupos parlamentarios de esta Cámara el apoyo a la moción
original y también el acuerdo en presentar una enmienda de modificación
que, no reformando la esencia de la moción original, permite en este caso
al Gobierno disponer de un plazo prudencial y flexible para presentar el
proyecto de ley ante las Cámaras.
Señorías, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Ortiz.
No hay turno en contra. Abrimos, por tanto, turno de portavoces.
El Senador Aleu tiene la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero manifestar nuestra posición de acuerdo con la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Hemos asistido en el pasado Pleno a un debate amplio y agradable en el
sentido de que se han puesto de manifiesto las dificultades para llevar a
término una ley de estas características, pero, según explicó el señor
Ministro, estaba ya en un proceso avanzado y era perfectamente posible
presentarla ante las Cámaras en un corto período de tiempo. Habló de la
primavera y, en cualquier caso, después del verano, y por esto nosotros
presentamos una propuesta de modificación única y exclusivamente,
ampliando el plazo al próximo período de sesiones, lo cual representa un
período de un mes y medio más largo que la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular.
Agradecemos la acogida y el tono en el que se ha producido este debate y
entendemos que debemos estar esperanzados por las manifestaciones hechas
por el Grupo Parlamentario Popular y por el Ministro de ser capaces de
llegar a un acuerdo en esta ley que puede ser el inicio de la
liberalización de las telecomunicaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias.
Existiendo, como se ha puesto en evidencia en la tribuna, una propuesta
de modificación suscrita por todos los grupos parlamentarios, pregunto si
procede, en opinión de los señores portavoces, aprobar por asentimiento
esta moción del Grupo Parlamentario Popular. (Pausa.) Queda aprobada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE EL SENADO INSTA AL
GOBIERNO PARA QUE ADOPTE LAS MEDIDAS OPORTUNAS A EFECTOS DE LA DEFENSA DE
LA CONSERVACION DE LAS BALLENAS PILOTO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS. (662/000034.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Para la defensa de la moción del
Grupo Parlamentario Socialista por la que el Senado insta al Gobierno
para que adopte las medidas oportunas a efectos de la defensa de la
conservación de las ballenas piloto en la Comunidad Autónoma de Canarias,
tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Socialista presentó
ante el registro de la Cámara en el mes de enero pasado una proposición
como consecuencia de hacernos eco de unas preocupaciones que han
manifestado los diferentes grupos parlamentarios del Parlamento regional
y diferentes instituciones, como ayuntamientos de la isla de Tenerife o
la institución órgano de gobierno como es el Cabildo Insular, en el
sentido de propiciar mecanismos de cooperación entre las distintas
Administraciones, tanto autonómicas como locales como de la
Administración General del Estado, a través de sus ministerios
competentes, a efectos de producir actuaciones que permitan la protección
de un conjunto de cetáceos, de mamíferos que han creado a lo largo de los
últimos decenios unos hábitats en la zona marina delimitada entre el
suroeste de la isla de Tenerife y la isla de La Gomera en la Comunidad
Canaria.
Porque, señorías, lamentablemente, en esas zonas tan ricas desde el punto
de vista de la biología marina a la que acabo de hacer referencia,
geográficamente situadas entre las islas de Tenerife y de La Gomera, de
las 73 especies de mamíferos marinos que están catalogadas por la
bibliografía científica internacional, se han detectado en esas aguas un
número comprendido entre 22 y 25 especies, es decir, prácticamente el 30
por ciento de las especies incluidas en los catálogos científicos
internacionales, que hoy en día están sometidas a una actuación
progresiva de agresión que está generando una modificación de sus
comportamientos.
Señorías, lamentablemente, en la Comunidad Canaria son muchas las
especies animales que están sufriendo los efectos negativos de
determinadas actividades humanas, y una de estas especies, la denominada
«Globicephala Macrorhynchus» o, comúnmente, calderón tropial, es un
cetáceo que mantiene una importante población residente en aguas próximas
a la costa suroccidental de la isla de Tenerife. En el último decenio se
ha divulgado la presencia de estas llamadas popularmente ballenas piloto,
hasta el punto de ser hoy una de las principales atracciones turísticas
de naturaleza marítima de la zona sur de la isla.
Efectivamente, se ha producido un espectacular incremento de
embarcaciones de recreo que parten desde los distintos puntos del litoral
sur de la isla de Tenerife, que ofrecen fundamentalmente excursiones
turísticas con el objeto de observar «in situ» a estos interesantes
cetáceos. Esta actividad turística, hoy en aumento, no está sujeta a
ningún tipo de regulación o control, lo que de hecho está llevando a un
deterioro evidente de tales cetáceos. La población de calderones
residentes en Tenerife de estas ballenas piloto se ha estimado en un
número próximo a los 500 ejemplares, además de otros migratorios o no,
situados en la zona o situados coyunturalmente. Se reproducen en verano y
se alimentan de noche, teniendo a lo largo del día etapas de descanso,
por lo cual constituye un hecho preocupante el que la presión humana que
se ejerce, siempre de día y de forma más acusada durante la etapa estival
del año, origina un efecto doblemente negativo sobre estas poblaciones
que, además, tiene como consecuencia un ciclo reproductor más lento que
el habitualmente señalado por expertos en zoología marina.
Las embarcaciones turísticas producen contaminación acústica y muchas
veces navegan en zonas muy próximas a los cetáceos, acercando las
embarcaciones a efectos de que los turistas y los visitantes las observen
de la manera más próxima posible.
Señorías, las amenazas sobre las ballenas piloto en aguas del sur de
Tenerife tan sólo evidencian un problema mayor, como es el de la
conservación de los cetáceos en Canarias. Señorías, sabemos que esto es
una preocupación
global manifestada por todos los países del mundo que hace muy pocas
fechas, en la ciudad mejicana de Puerto Vallarta, han celebrado una
convención internacional que ha alcanzado resultados importantes y que ha
marcado un hito en la temática de la conservación del mundo animal
marítimo.
Nosotros planteamos que justamente convirtiéndose la Administración
General del Estado en coordinadora de preocupaciones que han puesto de
manifiesto Administraciones de otros niveles, como ayuntamientos, la
propia Comunidad Canaria, el Parlamento de la Comunidad Canaria,
colectivos de ecologistas y colectivos ciudadanos, se adopten decisiones
a efectos de producir la protección de casi 25 especies de cetáceos que
han sido localizados en las aguas canarias, entre los cuales se han
detectado ya poblaciones de delfines grises, en las proximidades del
norte de la isla de Gran Canaria, así como diferentes grupos de
cachalotes, ubicados permanentemente en tales aguas.
Pese al interés que despierta este tipo de mamíferos marinos, aún no
existen actuaciones concretas desarrolladas por las Administraciones
públicas a efectos de preservarles en su hábitat, en su parque natural
marítimo, y esto es lo que pretende esta moción. Señorías, se carece de
legislación autonómica o estatal sobre cetáceos, a pesar de estar
protegidos por la Directiva de Hábitats de la Comunidad Europea y por
convenios internacionales ratificados por España, como son los Convenios
de Bonn, de Berna, o el célebre Convenio Cites y, paradójicamente,
ninguna de las especies de cetáceos de Canarias está incluida en la lista
canaria de especies protegidas.
Señorías, las competencias para la defensa y preservación de estos
cetáceos no están nada claras. Es menester que todas las Administraciones
coadyuven y se impliquen en la defensa de los mismos. Y a la
incertidumbre administrativa sobre este tema habría que añadir algunas
otras, como prácticas amenazantes tales como la continua degradación de
las áreas costeras, la reciente proliferación de deportes náuticos en las
proximidades del hábitat de los mismos, así como las labores de barcos
arrastreros próximos a la costa, con redes de hasta casi dos kilómetros
de largo que, incluso, muchas veces están a la deriva, convirtiéndose así
en verdaderas trampas mortales para muchas especies.
Señorías, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, a través del
interviniente en este tema, no pretendemos en absoluto ser originales ni
erigirnos en defensores en solitario de un planteamiento que sabemos que
es rotundamente compartido por la gran mayoría de la población canaria y
de la población mundial. Nosotros pedimos, y lo reiteramos, coordinación
entre las Administraciones, adopción de acuerdos, adopción de medidas que
permitan esa preservación. Nosotros pretendemos que se regule el número y
el tipo de embarcaciones que actualmente ofrecen servicios turísticos
para la observación de las ballenas, y pensamos que constituye ámbito
competencial de la Dirección General de Marina Mercante, del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que ha de coordinar esas
competencias con las que están transferidas a la Comunidad Canaria.
Queremos regular el ejercicio de tal actividad turística; no queremos
eliminarlo, esto debe quedar claro, y lo queremos regular mediante el
ejercicio de licencias para la observación de ballenas a aquellas
embarcaciones que cumplan requisitos tales como la utilización de motores
de bajo impacto acústico, la inutilización de ecosonda o la presencia de,
al menos, guías especializados en estas temáticas. Queremos el
establecimiento de una distancia mínima entre la embarcación y el núcleo
en el que se encuentran los cetáceos; que se regule la ruta marítima
adecuada a efectos de eliminar esa rotunda contaminación acústica, ese
impacto tan feroz que se produce sobre los cetáceos.
Señorías, tengo en mis manos en estos instantes un amplio documento que
lleva el título de «Impacto de las embarcaciones sobre la vida de los
cetáceos en las aguas de Canarias». Este es un documento científico,
fruto de un amplio trabajo de investigación multidisciplinar, realizado
por diferentes profesionales de la investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, del Instituto Natural de Productos Naturales
de la Universidad de La Laguna, de los departamentos de Zoología Marina
de la Universidad de La Laguna y de la Facultad de Ciencias Marinas de la
Universidad de Las Palmas, coparticipando investigadores de algunas
universidades de California y del sur de Inglaterra.
Consiguientemente, éste es un trabajo --publicado en revistas
especializadas, rigurosas en lo que se refiere a la exigencia de los
contenidos de los trabajos que en ellas se publiquen-- que, obviamente,
no voy a leer a sus señorías, porque no me parece procedente en estos
instantes, pero es un trabajo cuya lectura me ha inducido a proponer al
Grupo Parlamentario Socialista esta moción que hoy estamos defendiendo
ante el Pleno de la Cámara. En ese trabajo se ha analizado el impacto que
la contaminación acústica en esas aguas ha producido sobre estos
animales. Es una metodología cienfítica, rigurosa; es una metodología
propia de un trabajo de investigación. Tiene un conjunto de datos que,
realmente, resultan espectaculares, y propone, en el capítulo de
recomendaciones, una serie de actuaciones, algunas de las cuales hemos
recogido en la propuesta de moción que estamos defendiendo, y otras que
--no voy a cansar a sus señorías con su lectura-- este Senador se
compromete ante la Cámara a entregar a cada uno de los representantes de
los diferentes Grupos Parlamentarios intervinientes en esta moción, y
hacerlas llegar a la Administración General del Estado a efectos de la
toma de decisiones.
Señorías, pensamos que si la Cámara Alta, si el Senado de las Cortes
Generales españolas aprueba esta moción, se va a convertir, naturalmente,
en una institución parlamentaria que, al igual que otras instituciones
parlamentarias del mundo entero, manifiesta su preocupación por la
conservación, en este caso concreto de las ballenas piloto, de los
calderones tropicales y de más de 23 especies de mamíferos marinos que se
encuentran en aguas de la Comunidad Canaria, que pueden correr el riesgo,
progresivo y paulatino, de su desaparición como consecuencia de la falta
de sensibilidad de los ciudadanos y de la propia vida vinculada al sector
turístico.
Señorías, termino recordándoles que hay un número sinfín de leyes de
protección de mamíferos marinos vigentes en otros países. En los Estados
Unidos, el Acta de Protección de los Mamíferos Marinos, del año 1972. En
Nueva Zelanda, el Acta de Protección de Mamíferos Marinos, que procede
del año 1978, en la que se prohíbe tomar, capturar, matar, herir, atraer,
envenenar, y se propone tranquilizar, agrupar, etcétera, a tales
mamíferos. En Gran Bretaña ha sido precisamente el Parlamento quien ha
aprobado innumerables Actas de Protección, que van desde el año 1934
hasta la última de la que yo he tenido conocimiento, del año 1992. En
Méjico, la ley Federal para el Fomento de la Pesca del año 1972. En
Canadá, el Acta para la Conservación de los Mamíferos Marinos, que
procede del año 1970. Y en otras localidades de muy diferentes lugares
hay reglamentaciones específicas como en la costa sureste de los Estados
Unidos; en la costa noroeste, en California; en Alaska; en la Columbia
Británica; en el noroeste de Canadá; en Méjico; en el Caribe; en el
Ecuador; en Francia, concretamente para la isla de Córcega; en Argentina,
el santuario marino de Punta Chubut o el santuario marino del Golfo de
San José; en el Ecuador, el Parque Nacional de las Islas Galápagos; en
Méjico la reserva marina del Mar de Cortés, y así sucesivamente.
Consiguientemente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista se
consideraba en la obligación de llevar a cabo una actuación parlamentaria
que indujese esa necesaria cooperación que trajera consigo actuaciones
que han demandado importantes grupos de científicos, colectivos
ecologistas y las administraciones públicas canarias.
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Segura.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, voy a ser muy
breve. Sólo deseo mostrar nuestra conformidad, lógicamente, con la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, aunque sí voy a hacer
una puntualización muy simple. Si el hábitat de estos mamíferos marinos y
de otras muchas especies está entre el sur de la isla de Tenerife y la
isla de La Gomera, si el Grupo Parlamentario Socialista hubiese votado a
favor de la proposición de ley sobre aguas jurisdiccionales de Canarias,
estaría en condiciones mucho mejores para proteger el hábitat de estos
animales dado que esas aguas serían consideradas como aguas interiores y,
por lo tanto, su regulación en cuanto a todos estos asuntos y a otros más
que están considerados en el Convenio de Jamaica de 1982, de Montego Bay,
estarían protegidos, y no como ahora, que con esta loable iniciativa
--con la que estamos de acuerdo--, el Grupo Parlamentario Socialista
tiene un trámite nacional y otro internacional, tremendamente
conflictivo, que no se le oculta a nadie.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señorías, entendemos que la
moción del Grupo Socialista --evidentemente oportuna-- se enmarca en el
amplio manifiesto de Río de Janeiro, aprobado hace dos años en la
Conferencia de Río, el 5 de junio de 1992, y suscrito ya por más de 150
países en cuanto se refiere al convenio sobre la diversidad biológica.
Estimamos que, dentro de los objetivos claros que prevé ese convenio
sobre diversidad biológica, está la conservación de los ecosistemas y los
hábitats naturales y el facilitar el mantenimiento y la recuperación de
las poblaciones viables de especies en sus propios entornos naturales.
La Conferencia de Río apelaba no sólo a la conciencia individual y
nacional sino a la colaboración internacional e incluso a la Carta de la
Naciones Unidas. Por tanto, creemos que la moción presentada y defendida
por el Senador Segura está plenamente justificada en un marco, como
decía, que la Conferencia de Río señaló de un modo claro y al que la
mayor parte de los países del mundo se han adherido y están actuando en
esta línea. Por consiguiente, el conservar una especie tal y como
claramente ha manifestado el Senador Segura --el calderón tropical o la
«globicephala macrorhynchus», del que parece ser que existen sólo unos
trescientos ejemplares en el archipiélago canario-- nos parece una
iniciativa perfectamente loable, razonable y que permitirá, a través de
la regulación, el mantenimiento de la misma y, por tanto, el actuar
dentro de la línea de la defensa de los ecosistemas que nos corresponde a
todos y, desde luego, muy claramente, a esta Cámara. Es por ello por lo
que, como es evidente, nuestro Grupo va a votar a favor esta moción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría.
El señor MOLINA FERNANDEZ DE MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra brevemente en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para fijar nuestra posición en la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista por la que se pretende instar al Gobierno con
objeto de que adopte medidas en defensa de la población de calderones o
ballenas existente en el archipiélago canario.
El texto de la moción pone en evidencia la preocupación existente ante la
presencia cada vez mayor de embarcaciones en tales aguas, lo que puede
afectar gravemente a los modos de vida y al hábitat de dicha especie.
Si nos remontamos en el tiempo, podemos ya apreciar que en el siglo XV la
pesca de cetáceos se encuentra organizada por empresas, detectándose la
presencia incluso de
pescadores en las zonas de Groenlandia e Islandia. A principios ya de
este siglo, su captura se extiende a todos los continentes, llevándose a
cabo su práctica de forma vertiginosa, con riesgo de su desaparición. Por
esta razón, fue necesaria su reglamentación internacional, y en el
acuerdo de Washington de 1946 se crea la Comisión Internacional
Ballenera, cuyo objeto es la fijación anual de unidades, latitudes donde
se puede pescar, así como tallas mínimas. Recientemente, el 27 de mayo de
1994, ha habido un acuerdo trascendente de esta Comisión Ballenera
Internacional en tanto en cuanto que se ha creado una reserva marina en
la mayor parte de la zona del hemisferio sur.
Por otro lado, la utilización de artes de pesca prohibidas también está
ocasionando graves daños en las colonias de cetáceos de nuestras costas.
Así, en el Mediterráneo, es frecuente apreciar en nuestras playas
cachalotes y delfines, lo que no deja de constituir un auténtico atentado
contra estas especies en vías de extinción.
En unas recientes jornadas celebradas en Madrid para debatir la
aplicación del Convenio sobre Biodiversidad elaborado en la Cumbre de Río
de Janeiro de 1992, se puso de manifiesto que, de continuar la presión
del hombre sobre el medio ambiente, el 25 por ciento de las especies del
planeta desaparecería en estos próximos treinta años. Lugares que hasta
ahora resultaban accesibles sólo a los científicos están siendo invadidos
por turistas ávidos de conocer a cualquier precio tales lugares aún no
degradados por la presencia humana. Los datos son elocuentes. En la
Antártida, se ha pasado de 300 visitantes en 1988 a 4.000 en 1993, y está
prevista la llegada en 1994 de 8.000 personas. Ello ha obligado a los
seis Estados miembros del Tratado Antártico a establecer una serie de
medidas de control a fin de evitar daños irreversibles en la fauna y en
la flora del continente blanco.
En el caso concreto de la moción presentada por el Senador Segura, las
tres especies de cetáceos existentes en aguas del archipiélago canario,
en su denominación común, son el calderón tropical, el cifio común y el
delfín mular. Todos ellos tienen unas longitudes que alcanzan de cuatro a
seis metros.
La importancia de estos cetáceos, hoy en día en grave peligro de
extinción, la acredita el hecho de que figuren incluidos en los convenios
internacionales de protección, tanto en la Convención de Washington como
en el Convenio de Berna, concretamente en su apéndice tres, relativo a la
conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. Sin
embargo, el catálogo nacional de especies amenazadas no hace mención
expresa de ellos.
Nos parece oportuno y conveniente, para la protección y conservación de
tales cetáceos, la adopción de medidas de control que regulen la
utilización ecoturística de este recurso, ya implantadas en otras aguas,
como en el caso del Mar de Cortés, en el Golfo de California, que han
evitado, en términos generales, impactos para las especies marinas allí
existentes; medidas tendentes a racionalizar las visitas, no a
prohibirlas, determinando la frecuencia de las mismas, su posible
limitación en épocas de reproducción, regulando las clases de
embarcación, los tipos de motor, etcétera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular apoya la moción del Grupo
Parlamentario Socialista en los mismos términos en que está redactada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Molina. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación la
moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista por la que el
Senado insta al Gobierno para que adopte las medidas oportunas a efectos
de la defensa de la conservación de las ballenas piloto en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 223.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta moción ha sido aprobada por
la unanimidad de los presentes. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE, TRAS LAS CORRESPONDIENTES CONSULTAS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS,
PROMUEVA LA ELABORACION DE UNA NORMA BASICA RESPECTO DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN, ESPECIFICAS Y GENERICAS DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS, MODIFICANDO LA LEY 25/1970, DEL ESTATUTO DEL VINO Y
ALCOHOLES. (662/000047.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente moción.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno
a que, tras las correspondientes consultas con las Comunidades Autónomas,
promueva la elaboración de una norma básica respecto de las
denominaciones de origen, específicas y genéricas de productos
agroalimentarios, modificando la Ley 25/1970, del Estatuto del vino y
alcoholes.
A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación. Para la
defensa de la moción, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Socialista, Senador Milia.
El señor MILIA MENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Socialista presenta
ante el Pleno de la Cámara una moción que recoge la preocupación de este
Grupo por todo aquello... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ruego a sus señorías que permitan
intervenir al Senador que está en el uso de la palabra. Insisto, pido
silencio, por favor.
Tiene la palabra el Senador Milia.
El señor MILIA MENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como decía, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
recoge la preocupación que este Grupo tiene por todo aquello que atañe a
la viticultura y a sus órganos reguladores, preocupación que creo
comparten los demás grupos de esta Cámara.
Señorías, los Consejos Reguladores se rigen actualmente por un Reglamento
ajustado al Real Decreto 157/1988 que, a su vez, se apoya en la Ley
25/1970, del Estatuto de la viña, del vino y alcoholes. Señorías, es
necesario modificar esta Ley, que tiene veinticuatro años de vida. Pero
antes de entrar en los motivos que justifican una nueva normativa, me
gustaría hacer un pequeño resumen histórico de las bases legislativas en
el sector vitivinícola de estos últimos años.
Si hacemos un pequeño resumen histórico, tendremos que remontarnos al
Decreto del 8 de septiembre de 1932 que aprobó el primer Estatuto del
vino, elevado posteriormente a Ley el 26 de mayo de 1933, tal como lo
demuestra su capítulo IV que atañe a las denominaciones de origen.
Siguiendo estos requisitos, quedaron protegidas como denominaciones de
origen veintinueve zonas, comarcas y regiones, de las cuales hoy muchas
se encuentran consolidadas y otras desaparecidas. Ya entonces había un
órgano, los Consejos Reguladores, que funcionaban con un presidente, que
entonces era el Director de la Estación Enológica o, en su caso, el Jefe
de Servicio Agronómico Provincial, dos viticultores elegidos por las
correspondientes asociaciones y dos criadores de vinos exportadores
elegidos por la Junta Vitivinícola Provincial. Una vez que ese órgano
estaba constituido, proponía al Ministerio de Agricultura y Comercio la
zona vitícola de producción, expresando condiciones de cultivo,
climatología y suelo, la zona de crianza, si la había, y también las
características de los vinos, así como un Reglamento para la inspección y
vigilancia. Señorías, esto nos demuestra cómo el concepto de denominación
de origen liga al vino con el medio natural en el que se desarrolla la
vid.
Esta actuación a nivel nacional constituyó en su momento una importante
innovación y aportación en el ámbito internacional. Pero, señorías, con
el paso del tiempo, nada menos que treinta y siete años, la evolución de
los sistemas tecnológicos de elaboración, las nuevas condiciones
socioeconómicas, así como las reglamentaciones producidas en otros países
sobre nuevos enfoques de definición y protección de una denominación de
origen y los avances, por supuesto, experimentados en la viticultura,
hicieron necesario actualizar el antiguo Estatuto del vino del año 1932
mediante la aprobación de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, conocida,
como saben sus señorías, como Estatuto de la viña, del vino y de los
alcoholes, modificada por los correspondientes Reales Decretos
posteriores.
Señorías, con este nuevo Estatuto del vino se introducen importantes
modificaciones con respecto al ya viejo Estatuto aprobado en el año 1932;
se perfeccionan normas sobre denominaciones de origen y se amplía la
protección a otros productos; se crea el Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen como organismo autónomo adscrito al Ministerio
de Agricultura, en el que se integran los Consejos reguladores como
órganos desconcentrados de los mismos; se crea una importante figura,
como es la denominación de origen calificada; se define la nueva
composición de los Consejos reguladores y se les dota de capacidad
inspectora y sancionadora, así como recaudadora con exacciones fiscales.
Se regula, pues, señorías, la actividad de los Consejos reguladores en
todo lo que atañe a la producción, elaboración y calidad de nuestros
vinos. Respecto a la producción, se fijan, como digo, zonas de
producción, tipos de variedades, prácticas de cultivo, densidad de
plantación, rendimiento por hectárea, tipo de poda, fecha de vendimia,
grado alcohólico, etcétera. En cuanto a la elaboración, se aplican las
nuevas técnicas y las prácticas enológicas y se crean distintos vinos
graduados en torno a la acidez y también en torno al propio grado.
También se crea algo importante, como son los registros: los registros de
viñas mediante la cartilla del viticultor, los registros de bodegas de
elaboración, los registros de bodegas de almacenamientos y los registros
de bodegas embotelladoras. Se regulan también los derechos y los deberes
de los miembros del Consejo regulador, estableciendo, por supuesto, una
nueva composición muy diferente a la aprobada en el Estatuto primero del
año 1932, dándosele una participación más amplia a los sectores, con un
presidente designado por el Ministerio de Agricultura o, en este caso,
una vez transferido, por la Consejería de Agricultura correspondiente de
la Comunidad Autónoma; un vicepresidente propuesto por el Ministerio, y,
en este caso, por la Consejería de Industria y Comercio, cinco vocales
del sector vitícola, cinco vocales del sector vinícola y, por supuesto,
se incorporan dos nuevos vocales técnicos a propuesta del Ministerio o de
donde está transferido por la Comunidad Autónoma correspondiente. Aquí se
establece también la financiación de los propios Consejos reguladores,
que no se contemplaba en el Estatuto de 1932, que se realiza mediante
subvenciones, donativos, tasas, bienes patrimoniales, etcétera.
Posteriormente, con la aprobación y promulgación de la Constitución en el
año 1978, se configuró el mapa autonómico español, que trajo consigo
transferencias del poder central al autonómico, entre las cuales se
encuentran las propias denominaciones de origen. Con la integración de
España en la Unión Europea se constituyó una parte del sistema de
protección también de las denominaciones de origen en torno a los vinos
de calidad producidos en región determinada.
Pues bien, señorías, nos encontramos en España con tres niveles
legislativos: legislación a nivel de la Comunidad, legislación a nivel
estatal y legislación a nivel de las propias Comunidades Autónomas.
Respecto a la legislación europea, ya hice mención antes al Reglamento
822/87, que establece la OCM, que está en estos momentos en proceso de
cambio, y el Reglamento 823/87, que hace mención a los vinos de calidad
producidos en región determinada; la legislación básica estatal está
centrada, sobre todo, en la Ley 25/1970 y en los Reales Decretos
832/1972 y 157/1988, y a esto tenemos que sumar la propia normativa de
las Comunidades Autónomas.
Señorías, por todo lo expuesto, nuestro Grupo considera que sería un buen
momento --dada la proximidad de nuevas reglamentaciones sobre el mercado
del vino-- para adecuar toda la normativa tanto a la Unión Europea como a
las necesidades del sector agroalimentario, instrumentando para ello
mecanismos legales que permitan a los Consejos reguladores ser más
operativos, con cambios en su estructura y composición, acentuando
ciertas funciones y dejando otras a interprofesionales del sector,
buscando, en definitiva, fórmulas legales que relacionen ambas figuras,
si bien, señorías, la legislación anterior ha permitido el desarrollo de
una importante política de calidad alimentaria basada en las producciones
diferenciadas, que ha redundado en un notable beneficio tanto para el
sector productor, que ha visto compensado sus esfuerzos en la obtención
de productos cualitativos a través de un incremento en su valor añadido,
como para el sector consumidor, puesto que le permite adquirir productos
que, efectivamente, hacen honor a las características peculiares que
esperan obtener de los mismos. De esta manera, existen actualmente en
España 77 denominaciones de origen, genéricas y específicas, con sus
correspondientes reglamentos, aprobadas y ratificadas por la
Administración del Estado. No deben tampoco confundirse, señorías, las
denominaciones de origen actualmente protegidas con los órganos de
control que tienen, que son los propios Consejos reguladores en el caso
de España, en el caso de Francia son los comités interprofesionales y en
el caso de Italia son los consorcios.
Señorías, esta incorporación de España a la Unión Europea, con la
legislación y adopción de su acervo jurídico, ha promovido la
inaplicación, por razón de incompatibilidad, de muchos preceptos del
Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes. Esto, unico a un
notable desarrollo de la legislación comunitaria después de las
incorporaciones, ha determinado que, efectivamente, la vigencia actual de
la legislación se encuentre en una situación obsoleta. Existen preceptos
en esta Ley que de hecho son inaplicables por incompatibilidad con
reglamentos comunitarios; existen disposiciones que podemos considerar
como superfluas por existir otras idénticas o similares en la legislación
comunitaria; la legislación comunitaria tiene preceptos muy estrictos o
rigurosos que, aun siendo viables desde el punto de vista de
compatibilidad, necesitan una revisión por haber cambiado sustancialmente
las condiciones socioeconómicas con respecto al año 1970; tiene materias
que corresponden a la competencia del Estado miembro y cuyos principios
deben ser establecidos y mantenidos con rango de ley, tal como es el caso
de las denominaciones de origen que nos ocupan, o bien el Título V de la
Ley 25/1970, dedicado al régimen sancionador. Además, tiene artículos,
como el 75 y el 76, derogados por la Ley 2/1993, de 17 de marzo. Por
ello, señorías, nuestro Grupo entiende que la modificación de la
legislación vigente, tanto en materia de denominaciones de origen como en
los otros aspectos contemplados en el Estatuto del vino, no solamente
conlleva el objetivo de una mayor claridad para los viticultores,
elaboradores y operadores del sector, sino que exigirá el reglamento de
la política vinícola en aquellos aspectos privativos del Estado miembro,
puesto que en el año 1970 existían solamente denominaciones de origen de
vinos y no justificaba otros productos amparados. Actualmente, el
desarrollo que ha adquirido en España este régimen de denominaciones de
origen en el ámbito de los productos agrarios y la reciente aprobación
del Reglamento comunitario 20-81/92, relativo a la protección, las
indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos
agrícolas alimentarios, que han entrado en vigor, como saben sus
señorías, el 26 de julio de 1993, aconsejan que esta materia sea tratada
en un cuerpo legal independiente, conectando debidamente con el
Reglamento comunitario 823/87, que hace referencia a los vinos de calidad
producidos en región determinada.
Por otro lado, está en proceso, como saben sus señorías, la revisión en
el seno de la Comunidad de la reforma de la Organización Común de Mercado
del Vino, que, sin duda, tendrá importantes repercusiones en este sector,
por lo que parece oportuno esperar a que se materialice esta reforma para
así adaptar nuestra propia legislación. Además, como también saben sus
señorías, está tramitándose en estas fechas un proyecto de ley reguladora
de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, que también
puede incidir, sobre todo en el artículo 1.º, apartado dos, sobre los
propios consejos reguladores.
A la vista de todo ello, parece evidente que, una vez aprobada la OCM del
Vino y la ley reguladora de las organizaciones interprofesionales, el
Gobierno, tras las correspondientes consultas con las Comunidades
Autónomas, modifique la legislación vigente en materia vitivinícola
recogida en el Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes, y,
además, que el Gobierno, también tras las correspondientes consultas con
las Comunidades Autónomas, promueva una ley de bases respecto de las
denominaciones de origen, indicaciones geográficas y otras denominaciones
tradicionales, tanto de productos vitivinícolas como de otros productos
agroalimentarios, estableciendo su régimen sancionador y todo lo
referente a la personalidad jurídica, competencia y funcionamiento de los
Consejos reguladores como órganos de control y vigilancia de aquéllas.
Señorías, si el vino ha constituido y constituye un pilar básico de
nuestro sistema agroalimentario, donde se funden tradición, cultura y
bienestar socioeconómico de muchas comarcas y regiones de nuestra
geografía, si el vino nos trae recuerdos de nuestros antepasados y es el
referente de las civilizaciones más avanzadas, no podemos permitir que
este hermoso legado cultural, lamentablemente, esté en crisis, por causas
muy diversas, algunas de ellas ya expuestas ante sus señorías.
Por todo ello, si prestamos nuestro apoyo a esta moción, la vid, esa
planta redentora que vive en perfecto equilibrio con el hombre y la
naturaleza, sabrá perdonar el olvido a que la sometió el Poder
legislativo.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Milia
Méndez.
Para la defensa de la propuesta de modificación, ¿algún Grupo quiere
intervenir? (Pausa.)
No siendo así, pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, nadie hace uso de la palabra.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos va a votar favorablemente esta
moción. De todas formas, nosotros queremos señalar al respecto, en primer
lugar, la coincidencia con la necesidad de modificación de la citada Ley,
que pensamos que debe hacerse extensiva a la totalidad de la misma y no
únicamente al Título III, sin perjuicio de que dichas modificaciones
deban ser abordadas mediante proyectos normativos diferenciados.
Admitida, pues, la necesidad de la modificación planteada por el Grupo
Popular, nosotros insistimos en que en materia de denominación de
orígenes específicas y genéricas estamos ante una competencia de las
Comunidades Autónomas en colaboración con el Estado, por lo cual
consideramos que el Gobierno central ha de ser especialmente cuidadoso
con las competencias autónomas y los posicionamientos de las
Administraciones correspondientes, estableciendo un marco amplio que dé
cabida a la muy diversa realidad que concurre en el conjunto del Estado,
con el fin de que el nivel de competencia autonómico sea el máximo
posible y que las intervenciones del Estado sean únicamente las mínimas
imprescindibles para la articulación de todo el sistema, teniendo en
cuenta, además, la creciente intervención de la Unión Europea en esta
materia.
En lo relativo a la clarificación de la naturaleza de los Consejos
reguladores, estimamos que, con carácter general, hay que prescindir de
su definición como órganos administrativos desconcentrados o de cualquier
otra que los mantenga en el ámbito de la Administración pública, para
configurarlos como entidades profesionales encargadas de la gestión de
los intereses económicos y sociales de las correspondientes
denominaciones sometidas a un especial control y tutela públicos en
relación a las funciones y responsabilidades atribuidas, pero lejos del
intenso intervencionismo que la normativa vigente está estableciendo para
estos organismos.
Por otra parte, nuestro Grupo no puede concluir sin dejar de señalar la
anómala situación que, con arreglo a la normativa vigente en la
actualidad, se produce cuando, como ya ha sucedido en algunos casos, se
llega a un acuerdo entre dos o más Comunidades Autónomas para compartir
una misma denominación, situación que produce que la denominación y su
Consejo regulador pasen a la dependencia administrativa de la
Administración central del Estado, aun cuando en la práctica el
protagonismo administrativo sigue correspondiendo a las Comunidades
Autónomas. Pensamos por ello que debe establecerse una regulación para
estos supuestos en la que los aspectos administrativos sean atribuidos a
las Comunidades Autónomas, con la previsión de un sistema de colaboración
entre ellas para aquellos asuntos y casos que lo precisen.
Tal y como decía al principio de mi intervención, nuestro Grupo va a
votar favorablemente la moción, pero quisiera hacer una aclaración.
Nosotros no hemos suscrito la propuesta de modificación, aunque la
vayamos a votar favorablemente, por una razón: porque se habla del
establecimiento de una ley de bases. Nosotros estamos de acuerdo con que
en muchos casos es necesaria una ley de bases, pero también hay que decir
que la experiencia que hemos tenido con las leyes de bases en numerosas
ocasiones ha sido la de que ha servido de disculpa para invadir
competencias de las Comunidades Autónomas. Esperamos que esta ley de
bases se base --valga la redundancia-- en el respeto a la autonomía
legislativa y política de los diversos Parlamentos autonómicos y que no
se incurra en esa acostumbrada invasión de competencias. En definitiva,
que esa futura ley de bases respete lo que esta Cámara aprobó hace poco,
hace uno o dos meses, sobre la base de una propuesta del Grupo de
Convergència i Unió, con objeto de que, tal y como decía anteriormente,
entremos en una nueva situación, a través de la cual las leyes de bases
cumplan su auténtica función y no la que han venido cumpliendo hasta
ahora.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
El Grupo de Coalición Canaria no hace uso de la palabra.
Por Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ramón Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, voy a intervenir brevemente y desde el escaño para fijar
nuestra posición sobre la moción presentada por el Grupo Socialista, con
el soporte de la mayoría de Grupos de la Cámara, que insta al Gobierno a
que, tras las pertinentes consultas a las diferentes Comunidades
Autónomas, promueva la elaboración de una normativa básica respecto a las
denominaciones de origen específicas y genéricas de los productos
agroalimentarios, modificando la Ley 25/1970, del Estatuto de la viña,
del vino y de los alcoholes.
La propuesta, a nuestro entender, tiene dos aspectos fundamentales. Por
un lado, pretende la modificación de la normativa vigente en materia
vitivinícola y, por tanto, la modificación del Estatuto de la viña, del
vino y de los alcoholes, y, en segundo lugar, promover la ley de bases
respecto a las denominaciones de origen.
Por lo que se refiere al primer apartado, entendemos que esta Ley, de
casi 25 años de antigüedad, fue un buen instrumento al servicio de la
ordenación del sector vitivinícola, pero, sobre todo desde el momento de
nuestra integración en la Unión Europea, a nuestro entender, ha quedado
totalmente obsoleta. Por tanto, más que modificarla, como pide la moción,
creemos que habría que derogarla y elaborar otra que situase a nuestros
productores, comerciantes e industriales vitivinícolas en el mismo nivel
de
competitividad que nuestros homólogos de la Unión Europea.
Por lo que hace referencia en el segundo apartado, a la elaboración de la
ley de bases que regule las denominaciones de origen, estamos en la misma
sintonía que ha expresado el portavoz del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos y, en principio, estaríamos de acuerdo siempre que
en realidad sea una ley de bases y que no interfiera en competencias que
les son propias a las Comunidades Autónomas, dejando para éstas la
aplicación y la regulación en sus propios territorios.
Resumiendo, nuestro Grupo dará soporte a esta moción, necesaria, a
nuestro entender, pero sus efectos hubiesen sido mucho más positivos si
esa adaptación de nuestras leyes a la normativa comunitaria se hubiese
realizado en el momento de nuestra integración en la Unión Europea y no
ahora, ocho años después.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Companys.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor López San Miguel.
El señor LOPEZ SAN MIGUEL: Señor Presidente, señorías, la moción que hoy
debatimos tiene, desde nuestro punto de vista, dos puntos bien
diferentes, como señalaba el portavoz del Grupo de Convergència i Unió.
Hay un tema referente exclusivamente al sector vitivinícola y un segundo
referente al resto de los productos agroalimentarios, en ambos casos
haciendo referencia a las denominaciones de origen y, por supuesto, a los
Consejos reguladores y los reglamentos que van a incidir en estas
denominaciones de origen. (El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la
Presidencia.)
En relación con el sector vitivinícola, nuestra actual legislación es la
Ley 25/1970, del Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes, una
Ley que, como ya se ha dicho desde esta tribuna, tiene 24 años de edad;
una Ley de la que tanto desde el sector vitivinícola como desde el propio
Grupo Popular hemos pedido su reforma reiteradamente a lo largo, sobre
todo, de estos últimos años, pues ha habido motivos sobrados como para
que hubiese tenido lugar una reforma de la misma.
En algunos casos, señorías, esta Ley es más restrictiva que los propios
reglamentos comunitarios, el 822/1987 y el 823/1987, por los que se
establecen la Organización Común de Mercado del Vino y las disposiciones
específicas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones
determinadas, es decir, nuestros vinos amparados en denominaciones de
origen. Un ejemplo bien claro de ello es el caso concreto del riego de la
viña, donde el Estatuto de la viña, de los vinos y alcoholes, la Ley
25/1970, lo prohíbe, mientras que los reglamentos comunitarios no lo
prohíben. Estos hechos diferenciadores entre nuestra legislación y la
legislación comunitaria han motivado que en la reforma que actualmente se
está haciendo de la Organización Común del Mercado del Vino estemos en
una situación de desventaja frente a nuestros socios comunitarios en el
sentido de que nuestras prácticas, tanto culturales de cultivo de la vid
como prácticas enológicas en la elaboración de los vinos, no han sido las
mismas que el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, y todo
ello, señorías, por mantener una ley totalmente obsoleta como es la Ley
25/1970.
¿Cuál es la situación actual en la que nos encontramos? En la situación
actual tenemos, por un lado, la reforma de la Organización Común del
Mercado del Vino; en esta reforma, como sus señorías saben, y ya se ha
debatido en esta Cámara, va a haber modificaciones importantes en lo que
respecta tanto a las prácticas culturales como a las prácticas enológicas
que van a incidir directamente en la Ley 25/1970. Nos encontramos también
con un proyecto de ley reguladora de las organizaciones
interprofesionales, que en este momento se está debatiendo en el Congreso
de los Diputados, que va a establecer, entre otros, el conocimiento y una
mayor transparencia de los mercados, función que en alguna medida ciertos
Consejos reguladores, por el vacío legal que existía, estaban realizando,
y que después de su debate en las Cortes Generales tendremos la
oportunidad de conocer exactamente de quién es la competencia y, por
consiguiente, si incide en la Ley 25/1970.
Por último, tenemos unos Consejos reguladores con unos reglamentos que,
como bien decía el portavoz del Grupo Socialista, no en todos los casos
son los mismos, y eso lleva consigo el que tengan caracteres
diferenciadores entre unos y otros. Nosotros entendemos que se deberían
de unificar, sobre todo, como señalaba su señoría, en el caso de la
representación y en cuanto a la posibilidad de voz y voto que tienen los
representantes de las Administraciones públicas en estos Consejos
reguladores.
Por ello, señorías, entiende el Grupo Popular que la Ley 25/1970 debe de
ser reformada de acuerdo con las Comunidades Autónomas, introduciéndose
los cambios necesarios para adaptarla a las futuras reformas de los
Reglamentos comunitarios, que antes he mencionado, el 822/1987 y el
823/1987, y donde se tenga en cuenta la futura reforma de la Ley de
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, si realmente índice
en ellas.
En relación al segundo apartado, relativo a que el Gobierno promueva una
ley de bases respecto a las denominaciones de origen tanto de productos
vitivinícolas como de productos agroalimentarios, señorías, se trata de
promover una ley de bases en la que de común acuerdo con las Comunidades
Autónomas se protejan las denominaciones de origen específicas y
genéricas e indicaciones geográficas de productos agroalimentarios, en
aras a proteger la calidad, el origen y los caracteres diferenciadores de
los productos agroalimentarios.
Según las estadísticas que el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación facilitó en el año 1992, en estos momentos tenemos a nivel
nacional doce denominaciones específicas de productos agroalimentarios
relativas a judías secas, espárragos, turrones, carnes frescas, arroz,
frutas, con reglamentos aprobados prácticamente casi todos a lo largo de
los años 1990, 1991 y 1992. Tenemos también diecisiete denominaciones de
origen de productos
agroalimentarios relativas a aceites vírgenes de oliva, jamones, quesos,
arroz, pimientos y frutas, con reglamentos aprobados entre 1977 y 1992.
Todos estos reglamentos, aunque han sido ratificados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, no se han ratificado en una norma
básica del Estado porque hasta este momento carecemos de ella. Este vacío
normativo, sin embargo, queda subsanado por los siguientes Reglamentos
comunitarios. Hay un Reglamento comunitario, el 2.081/1992, relativo a la
protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de
los productos agrícolas y alimentarios, en el cual se considera al resto
de los productos agroalimentarios con las mismas características que a
los vinos producidos en regiones determinadas, es decir, los vinos de
denominación de origen. Hay otro Reglamento comunitario, el 2.082/1992,
precisamente sobre certificaciones de características específicas de los
productos agrícolas y alimentarios, en el cual quedan amparados aquellos
productos con cualidades específicas no determinados por el origen
geográfico, sino más bien por la materia prima o por los procesos de
elaboración. Finalmente, el Reglamento 2.092/1991, relativo a los
productos obtenidos por la agricultura biológica.
Entendiendo que la modificación de la Ley 25/1970, del Estatuto de la
viña, del vino y de los alcoholes, y la promulgación de una ley de bases
respecto a las denominaciones de origen de todos los productos
agroalimentarios va a servir para proteger el origen, la calidad y puede
facilitar mejor incluso el funcionamiento de nuestros propios Consejos
reguladores, es por lo que el Grupo Popular votará favorablemente a la
moción presentada.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor López San
Miguel. (El Senador Milia Méndez pide la palabra.)
¿Por qué artículo solicita la palabra, señor Senador?
El señor MILIA MENDEZ: Para consumir el turno de portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Se la concedo por el artículo 176.
Tiene su señoría la palabra.
El señor MILIA MENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer el apoyo que han prestado los distintos Grupos de la
Cámara y destacar el consenso con que se aprueba esta moción, y estoy
seguro que tanto el sector productor, los agricultores, como el sector
elaborador y comercializador nos lo van a agradecer. Y al mismo tiempo
que comparto con los nacionalistas las preocupaciones por las cuestiones
de forma, y les agradezco este apoyo a esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias.
¿El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos estaría
dispuesto a que se sometiera a asentimiento la aprobación de esta moción,
dado que está suscrita por todos los Grupos Parlamentarios menos por el
suyo? (Pausa.) Bien, entonces se somete la moción a votación por
asentimiento de la Cámara. (Pausa.) Queda aprobada. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO A
QUE REMITA A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE
SUPRIMAN LA OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO MILITAR Y LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA, LA OBLIGACION DE REALIZAR ACTOS PROPIOS DE LA
ADMINISTRACION MILITAR POR PARTE DE LAS ENTIDADES LOCALES, ASI COMO LA
ANULACION DE LAS CONDENAS Y PROCEDIMIENTOS POR EL DELITO DE INSUMISION
QUE AFECTA A CIENTOS DE JOVENES, EN SU MAYORIA NAVARROS. (662/000049.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos a la Moción del Grupo
Parlamentario Mixto por la que el Senado insta al Gobierno a que remita a
las Cortes Generales un Proyecto de ley por el que se supriman la
obligatoriedad del Servicio Militar y la Prestación Social Sustitutoria,
la obligación de realizar actos propios de la Administración Militar por
parte de las Entidades Locales, así como la anulación de las condenas y
procedimientos por el delito de insumisión que afecta a cientos de
jóvenes, en su mayoría navarros.
Para la defensa de esta Moción, el señor Petrizán tiene la palabra.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hace algunos meses presenté en esta Cámara una interpelación al
Gobierno acerca de los problemas de la objeción de conciencia y la
insumisión, ya que éstos tenían una fuerte incidencia en mi Comunidad.
Pedía que el Gobierno diera a conocer su posición frente a aquel problema
y a la evolución que está teniendo. Centré mi intervención en la
insumisión por la alarma que causa el encarcelamiento masivo de decenas
de jóvenes, especialmente en Navarra, y pedía, en definitiva, que se
hincase el diente al problema.
Lamentablemente, la respuesta del portavoz del Gobierno del Estado se
remitió a una futura reforma del Código Penal en el sentido de cambiar
las penas de cárcel por diversas inhabilitaciones y también a una mayor
oferta de plazas en el caso de los objetores junto con la reforma del
Reglamento de la Prestación Social Sustitutoria, y de ambos problemas
hablaré más tarde con algún detenimiento.
Pero lo que quiero decir en esta primera parte de la intervención es que
la moción que presento viene como consecuencia directa de la respuesta a
la interpelación y también
de la respuesta, a mi parecer totalmente inadecuada, que dio el Ministro
de Justicia al problema de la objeción.
En este punto quiero que quede registrada la anécdota de que, pese a ser
el único representante del Grupo Parlamentario Mixto en la Comisión de
Justicia donde compareció el Ministro para dar cuenta de la previsible
reforma del Reglamento de la Prestación Social Sustitutoria, el
Presidente de la citada Comisión tuvo a bien no concederme la palabra ni
en el turno de portavoces ni en el turno final abierto a los Senadores,
decisión que si bien está ajustada al Reglamento de la Cámara en lo que
respecta a Comisiones, contraviene los usos y costumbres de su
funcionamiento, por lo menos en lo que ha visto este Senador en su
experiencia parlamentaria en esta cámara.
Ya que no tuve ocasión en aquella comparecencia de hacer algunas
preguntas al Ministro, las voy a formular aquí por si el portavoz del
Grupo mayoritario dispone de alguna respuesta.
En primer lugar, y globalmente, habría que decir que en el fondo de la
reforma del Reglamento de la Prestación Social Sustitutoria hay un
objetivo de endurecimiento para desanimar a los que toman ese camino. No
me extraña que el señor Ministro de Justicia e interior dijera que le
dejara elegir sus héroes, haciendo referencia a los objetores respecto de
los insumisos, porque al parecer quiere poner condiciones heróicas a la
Prestación Social Sustitutoria. Además, en aquella comparecencia incurrió
en una contradicción evidente, porque, al parecer, después de haber
tratado en mi interpelación a los objetores como sus héroes, los
convirtió con pocos días de diferencia en unos villanos
«aprovechateguis», que necesitan un cambio de reglamento que permita
separar el trigo de la paja. Parece, pues, que los objetores han dejado
de ser unos héroes para convertirse en los malos de película. En este
sentido, analizando conductas, encontraríamos también muy coherente el
comportamiento de los insumisos que se exponen a castigos ejemplares,
incluida la cárcel, por ser congruentes con los dictados de su
conciencia.
Si se quiere arreglar un problema, es muy poco presentable plantear
medidas que lo agraven, como sucede, desde nuestra óptica, con la reforma
de la Prestación Social Sustitutoria.
En este punto, pues, me gustaría, como he dicho, formular ya una serie de
preguntas y cuestiones: ¿Por qué se endurecen el acceso y las condiciones
de la Prestación Social Sustitutoria? ¿No es suficiente el castigo
actual? Los objetores tienen ya tres meses más larga su prestación que el
Servicio Militar Obligatorio, y, además, los años de espera para poder
cumplir la Prestación Social Sustitutoria con los consiguientes
trastornos de todo tipo, especialmente en cuanto a la inserción al
mercado laboral. ¿No es cierto que el sacar a los objetores de sus
Comunidades agravará el problema? Porque esta acción presumiblemente
tiene unas Comunidades como objetivo, siendo éstas, en especial, la
Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, las cuales no
ofertan plazas, o muy pocas, para la Prestación Social Sustitutoria. ¿No
sería más inteligente preguntarse por qué en esas Comunidades no se
ofertan plazas? ¿Esta medida no fomentará, de hecho, la insumisión? Otra
cuestión sería plantear qué dinero va a costar esa reforma de la
Prestación Social Sustitutoria, porque si la cantidad es importante, como
seguramente lo va a ser, se podría destinar a realizar acciones que vayan
al fondo del problema. ¿Por qué no se delega también la inspección de la
Prestación Social Sustitutoria en las Comunidades Autónomas? ¿Hay
desconfianza en que esa inspección se realice con corrección? ¿Por qué se
presentan previsiones que son como mínimo irreales y que no van sino a
alargar el problema agravándolo?
Los números no cuadran ni a martillazos. Si el número de objetores en
1993 fue de 68.000 y las previsiones menos optimistas cifran en 1994 el
número en 100.000, teniendo en cuenta que el número de plazas ofertadas
en 1993 fue de 26.000 y en 1994 se ofrecen esas 26.000 más otras 28.000
que el Ministro ha prometido crear este año, quedan 116.000 objetores por
colocar. ¿Qué se piensa hacer con ellos, esconderlos bastante juntos para
que no abulten? Otra cuestión sería el exponer las reflexiones y
respuestas que ha provocado este anuncio de reforma del Reglamento de la
Prestación Social Sustitutoria.
Para las juventudes del Partido Popular, esta reforma coarta e intimida a
los jóvenes; los jóvenes del PSOE dicen que va a haber una avalancha de
objetores además de que no se les puede meter a los objetores en la
máquina de la verdad; los jóvenes de IU dicen que aumentará la insumisión
con estas medidas, además de que se van a suplantar puestos de trabajo.
Así pues, las juventudes de los partidos plantean varias preguntas y sólo
me detengo en dos de ellas. La posible puesta en marcha de una entrevista
para dictaminar el grado de sinceridad del joven objetor es, en mi
opinión, de una candidez que llama la atención; nos gustaría saber si en
todo este proceso se va a usar, en caso de duda, el Pentotal sódico o la
máquina de la verdad.
En segundo lugar, existe la preocupación de una posible suplantación
entre las plazas ofertadas a los objetores y los puestos de trabajo
normales. No se pueden inventar de repente miles de plazas, porque
seguramente algunas serán de servicios regulares. Pondré un ejemplo: las
plazas asignadas a extinción de incendios han causado un grave malestar
en algunos parques de bomberos, donde han sido muy mal recibidos los
objetores asignados, dándose incluso situaciones de enfrentamiento.
Para terminar esta tanda de preguntas, me pregunto si no sería mejor
admitir el absoluto fracaso del sistema de objeción. Por muchos parches
que se pongan, y lo que se ha hecho con esta reforma no es más que
agrandar los agujeros del pinchazo, este sistema no tiene futuro ni a
corto ni a medio ni a largo plazo. Hay que admitir la imposibilidad de
absorber a 100.000 objetores al año, y además, esto plantea el absoluto
fracaso del modelo de ejército actual, ya que se van a quedar sin
efectivos en breve plazo.
Llegados a este punto, no sabemos muy bien para quién trabaja el señor
Ministro y el mismo Gobierno del Estado, porque parece que siguen la
estrategia de los grupos antimilitaristas presentando un paquete de
medidas de reforma de la Prestación Social Sustitutoria, lo que ha sido
contestado por las juventudes de todos los Grupos políticos y por la
sociedad en general, que tiene mucho más avanzado el
debate sobre el modelo de ejército y, por tanto, sobre el Servicio
Militar Obligatorio, que lo que a primera vista pudiera parecer.
Una vez expuestos los motivos fundamentales que me llevaron a presentar
esta moción, me gustaría explicar formalmente su contenido haciendo
referencia al anteproyecto del Código Penal en lo que se refiere a las
propuestas de penas para la insumisión.
A la obligación del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, los
jóvenes plantean tres respuestas fundamentales: cumplirlo, hacerse
objetor o hacerse insumiso. Hasta hace pocos años el esquema tenía un
equilibrio evidente, es decir, el modelo de ejército planteado sobre el
reclutamiento forzoso funcionaba porque la inmensa mayoría cumplía ese
Servicio Militar; habría que decir que lo cumplía a regañadientes
aduciendo que era una inmensa pérdida de tiempo sin ningún sentido. Este
esquema empieza a resquebrajarse en el momento en que la objeción empieza
a tener un seguimiento masivo y plantea la crisis del modelo.
En un principio --hablo de la década de los ochenta--, la objeción era
una opción minoritaria propia de personas muy concienciadas alrededor del
fenómeno del pacifismo. Esa base minoritaria se ha ido ensanchando para
convertirse en masiva, y lleva camino de ser la mayoritaria en poco
tiempo. Los cálculos cifran en 114.000 los objetores en 1994. Tiene una
incidencia importante entre los jóvenes estudiantes, entre los que se dan
porcentajes altísimos de objetores. Se ha puesto en cuestión
repetidamente la conveniencia de estos jóvenes a hacerse objetores, pero
de lo que no hay ninguna duda es del rechazo al Servicio Militar
Obligatorio, que no es de hoy, ya que estos jóvenes lo han heredado de
sus padres. Por poner un ejemplo, diré que tanto en mi entorno familiar
como en mi entorno social no he oído hablar bien del Servicio Militar
Obligatorio salvo en rarísimas excepciones, y sospecho que ésta es la
percepción generalizada que tienen hoy los jóvenes.
Al final de la década de los ochenta es cuando la insumisión toma carta
de naturaleza entre las distintas respuestas que se dan al Servicio
Militar Obligatorio. En un principio fue una respuesta muy minoritaria,
pero cada vez se está haciendo más numerosa, produciéndose el caso de
que, por ejemplo, en alguna zona de Navarra se está convirtiendo en la
opción mayoritaria. Estas posibilidades de respuesta, la objeción y la
insumisión, se han producido no sólo por el arraigo de las ideas
antimilitaristas y pacifistas, sino también por la obsolescencia del
sistema militar obligatorio, por el rechazo que tienen los jóvenes ante
este servicio, el cual se venía demostrando en las encuestas desde hace
bastantes años, y también por el rechazo social generalizado del cual no
ha parecido enterarse nadie de los que debieran haberlo hecho desde el
Ministerio de Defensa, de Justicia y el resto del Gobierno, que parece
que esperan actuar para cuando el río esté bien salido del cauce.
La falta de reflejos con este problema ha sido proverbial y hay que
esperar a que el Ministro del ramo proponga titulares catastrofistas como
el siguiente: «Los objetores y los insumisos nos llevan a un callejón sin
salida.» En todo caso, nos llevan a un callejón sin salida en el modelo
actual. Lo que ha pasado en este problema es que se ha vivido de espaldas
a la realidad y, además, mirando a la pared.
La posición del Gobierno y de los Ministros afectados ha sido de una
irresponsabilidad que clama al cielo porque en el colmo del cinismo
político se les intenta endosar las responsabilidades propias a terceros,
objetores e insumisos, que, si bien tienen relación con el problema, no
tienen ninguna responsabilidad en su tratamiento.
Por si todo esto fuera poco, hay que reconocer que estos meses han sido
trepidantes en cuanto a titulares respecto al servicio militar
obligatorio. Hace unas semanas apareció el proyecto del nuevo Código
Penal, en el cual se da una nueva vuelta de tuerca al problema, en este
caso de la insumisión, proponiendo sanciones enloquecidas para los
insumisos. Se proponen de 10 a 14 años de inhabilitación para ejercer en
la Función Pública y alguna otra cosa, como la privación del carné de
conducir durante un número equis de años y, además, multas de diversas
cuantías.
Un periódico que hace gala de mesura valoraba en su editorial la
propuesta de la siguiente manera: La reforma está penalmente mal
orientada, porque responde a una concepción vindicativa y de represalia
impropia del sistema penal moderno y, además, es absolutamente
desproporcionada, añadiendo el asunto del carné de conducir que es,
seguramente, un caso de flagrante inconstitucionalidad.
Se han hecho también en diversos medios otras consideraciones jurídicas a
la reforma del Código Penal, y la verdad es que ésta queda muy mal
parada. La impresión que da es que se está intentando hacer cualquier
cosa con tal de no enfrentarse con el fondo del problema.
Para terminar, quiero exponer algunas consideraciones.
En primer lugar, quiero referirme al pequeño rifirrafe que se dio cuando
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Senador
Ruiz-Gallardón, propuso la existencia de un Ejército totalmente
profesional debido al fracaso del actual modelo de reemplazo y del
sistema de objeción de conciencia. Al día siguiente fue tachado de
irresponsable, frívolo y oportunista por los portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista. Yo, como es obvio, no voy a sacar las castañas
del fuego al señor Ruiz-Gallardón, que tiene una magnífica ocasión de
acreditar la sinceridad de aquella propuesta votando afirmativamente a
esta moción. Pero tampoco voy a defender la postura de los portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista, los cuales, aparte de los calificativos
brindados al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no decían
absolutamente nada sobre el tema objeto de la controversia, el sistema
militar obligatorio y, precisamente, lo que se puede decir al Grupo
Parlamentario Socialista es que, ante este problema, lo único que muestra
es un funcionamiento esclerotizado, es decir, pasividad e inhibición.
Quiero afirmar que tampoco es mi intención abrir un debate sobre el
modelo de Ejército que se puede proponer, dada la quiebra del actual.
Habitualmente se suele considerar que hay tres tipos de modelo de
Ejército: el profesional, el profesional más voluntariado y el
profesional más voluntariado más reclutamiento forzoso. Hasta ahora hemos
tenido el tercer modelo y, como se demuestra inviable,
en un corto plazo es urgente dar los pasos hacia la profesionalización
total de los efectivos militares, si acaso con una pequeña corrección en
la que cupiera el voluntariado. Esta es posibilidad que existe en la
actualidad y, cuando se quiera hacer, será tarde para tomar decisiones.
Decía que no era mi intención abrir un debate sobre el modelo de Ejército
porque, afortunadamente, la sociedad ya lo ha realizado, y lo ha
realizado para escarnio de las Cámaras de representación, porque ni
siquiera se ha abierto el debate en estos foros. Es evidente que la
sociedad opta mayoritariamente por un modelo de Ejército profesional.
La excusa habitual para no entrar en el debate sobre el cambio del modelo
de Ejército suele ser el problema presupuestario. Siempre hay alguien que
dice que es mucho más caro que el mantenimiento del actual, porque en el
momento de crisis actual sería una auténtica locura. Esta afirmación es
una cortina de humo para no encarar el problema. Hay que definir lo que
se quiere y después hacer una valoración presupuestaria porque, a lo
mejor, sale más barato, o el costo es sostenible, o se puede periodificar
el cambio, o se puede tomar alguna decisión.
Así pues, lo que propongo en esta moción es que se den los pasos
necesarios para caminar hacia la supresión del reclutamiento forzoso o,
lo que es lo mismo, del servicio militar obligatorio.
Concluiré diciendo dos cosas.
En primer lugar, es una simpleza interpretar, como se ha hecho desde
algunos foros, que la negativa de los jóvenes hacia el servicio militar
se debe a campañas de desprestigio de lo militar --aunque habría que
convenir que incidentes como el de las COES, por ejemplo, no ayudan a
prestigiar lo militar--, o bien a la falta de compromisos de estos
jóvenes con la sociedad o, simplemente, al egoísmo de los jóvenes. Esto
pone en evidencia el simplismo en el análisis de los fenómenos sociales.
En segundo lugar, quiero citar un editorial del periódico de mayor tirada
del Estado, que señalaba: Negar que el sistema de reclutamiento
obligatorio agoniza castigando a los objetores, recortando prórrogas a
los estudiantes y limitando las exclusiones médicas por inutilidad sólo
conseguirá hacer más sonoros sus estertores.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Petrizán.
Para turno en contra, el Senador Rojo tiene la palabra.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Petrizán, créame que le he escuchado con muchísima atención
pensando que nos iba a decir algo nuevo con respecto a su intervención
cuando presentó la interpelación. Y, una vez más, no ha dicho
absolutamente nada, se lo digo sinceramente. Este es un tema lo
suficientemente importante como para no acabar aquí de un plumazo
diciendo lo que usted ha dicho, cosas que en ningún momento ha señalado
ni el Grupo Parlamentario Socialista ni tampoco el Gobierno. Recordando
aquello de «a río revuelto ganancia de pescadores», usted trata de ir a
su Comunidad a decir que aquí el único que defiende los intereses de los
jóvenes es el señor Petrizán, que, como todo el mundo sabe, representa lo
que representa y hoy, entiendo, menos que ayer.
Señor Petrizán, creo que sería bueno, también para que lo conozcan los
jóvenes, decir qué es lo que se ha hecho para, al final, tener
conclusiones y dar salida a ese problema que es importante para todos los
jóvenes españoles y, en particular, para los jóvenes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Autónoma de Navarra.
Sería importante reconocer todo lo que se ha hecho con respecto a las
modificaciones y cambios --sobre los que usted ha dicho que no se ha
hecho nada-- en el Ejército y en la modernización de las Fuerzas Armadas.
Es importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho en diez años con
respecto a la reducción del servicio militar --usted reconocerá conmigo
que se ha hecho--, la reducción de miembros de las Fuerzas Armadas en
torno a 170.000 en los últimos diez años, la elaboración de la Ley de
Objeción de Conciencia, aplaudida por la mayoría de la sociedad española
como una Ley progresista. Esto hace que, por lo menos, la voluntad
política del Gobierno socialista y del Grupo al que represento quede más
que clara.
La Ley de Objeción de Conciencia, que era una reivindicación de todos los
progresistas de este país, determina y señala de qué forma aquellos
jóvenes que no quieren hacer el servicio militar pueden hacer la
prestación social sustitutoria tratando de que la realicen desde la
solidaridad y no desde otro punto de vista, y me hubiese gustado que
usted lo hubiese dicho. Pero le voy a decir algo que es cierto. Se han
cometido algunos errores y tenemos algunas carencias, no hace falta que
nos diga que existe un problema para aquellos jóvenes que, siendo
objetores de conciencia, como determina la propia Constitución en su
artículo 30.2, y acogiéndose a la prestación social sustitutoria, no
tengan la posibilidad de acogerse al derecho. Pero eso no solamente
depende del Gobierno, lo digo, sinceramente, desde la responsabilidad
municipal que yo también tengo. No solamente depende de hacer un plan
perfecto sobre la Prestación Social Sustitutoria; si no hay colaboración
de las administraciones es un plan que sale muerto. Yo creo que es una
irresponsabilidad, y se lo digo sinceramente, señor Petrizán, que se haga
un llamamiento, como ustedes han hecho tanto en la Comunidad Autónoma
vasca como en la de Navarra, a los ayuntamientos para que no ofrezcan
puestos para la Prestación Social Sustitutoria. Se lo digo, sinceramente,
señor Petrizán, es una irresponsabilidad. Se podrá estar en desacuerdo
con la ley, se podrá estar en desacuerdo con los postulados del Gobierno,
pero ustedes no dan una alternativa porque no es una alternativa decir:
sí al ejército profesional, no al Servicio Militar. Eso no son
alternativas; es no decir absolutamente nada. Digan qué es lo que hay que
hacer, qué es lo que tienen que hacer los jóvenes, porque ustedes saben
que, evidentemente, se va a hacer el Servicio Militar o la Prestación
Social Sustitutoria.
En ese afán de dar solución a los problemas de los jóvenes le voy a decir
que en el Senado hay una comisión, la
Comisión de la Juventud, de la cual usted es un destacado miembro, adonde
puede llevar todas estas cosas que nos ha dicho y muchas más para que,
como resolución de la misma, se puedan llevar a efecto. Eso es mucho más
importante que decir no a todo, que es lo que hacen ustedes.
Le explico esto porque en algunas cosas hemos avanzado ya. Le he hablado
de las carencias o de los errores que se han cometido en el pasado como
consecuencia de no poder dar respuesta a esos cientos de miles de jóvenes
que querían ser objetores. Yo creo que haríamos mal y haría usted mal,
porque así lo han hecho en nuestra Comunidad, y usted lo sabe, tratando
de mezclar la objeción de conciencia con la insumisión; sería un error.
Estamos mezclando cosas que no son iguales; hay jóvenes que quieren hacer
la Prestación Social Sustitutoria y no quieren ser insumisos, y ustedes
confunden lo uno con lo otro. Los jóvenes tienen problemas a la hora de
hacer la Prestación Social Sustitutoria pero no tiene nada que ver con la
insumisión, a pesar de que ustedes tratan de confundir a la opinión
pública diciendo que son cosas iguales. Como yo creo que son cosas
distintas y como entiendo que hay que dar respuestas a los jóvenes, es
por lo que le he dicho que en esa Comisión de la Juventud en el Senado es
donde se tienen que hacer esas propuestas, ofrecer esas alternativas,
para dar soluciones a los jóvenes y no frustración, que es lo que usted
con su intervención ha planteado en esta tribuna.
Y le voy a decir que ya se han hecho algunas cosas, concretamente,
existen resoluciones del Parlamento Europeo, que usted conoce
perfectamente, y que no ha querido comentar aquí, apoyadas
mayoritariamente por casi todos los grupos y, en especial, por el Grupo
Socialista que tratan de construir lo que todos llamamos esa gran nación
europea, en la que todos los países de la Unión en temas como el ejército
o la objeción de conciencia tengamos los mismos deberes y derechos
haciendo las mismas cosas. Es verdad que este país ha empezado más tarde,
pero lo importante es ver la voluntad política de un Gobierno y de un
partido, en este caso, el Partido Socialista, a la hora de reconocer que
efectivamente dura más tiempo la Prestación Social Sustitutoria que el
Servicio Militar. Es verdad, pero usted me reconocerá que la experiencia
que tiene este país con respecto a la Prestación Social Sustitutoria es
menor que la que pueden tener otros países.
Si usted analiza lo que se está haciendo en cualquier país de la Unión
Europea verá que estamos diciendo y haciendo cosas parecidas. Lo que
ustedes dicen no se hace en ningún sitio, en ningún país de la Unión
Europea, es algo que están creando ustedes. Y a ustedes que se han pasado
mucho tiempo diciéndonos que tenemos que ser iguales que los alemanes,
que los franceses, que los holandeses o que los belgas, yo les digo:
hagamos lo mismo, no hagamos cosas distintas, vayamos a hacer lo mismo
con respecto a la Prestación Social Sustitutoria o a crear una ley como
la de objeción de conciencia, en la que avancemos al máximo que se pueda.
Eso es lo que yo digo que se tiene que hacer en la Comisión de la
Juventud.
Le voy a decir más, entre esas resoluciones que han salido del Parlamento
Europeo, que a mí me parecen muy importantes, hay una de ellas en la que
se establece muy claramente que los países de la Unión tendrán que
estudiar cuáles son las experiencias de aquellos países que tienen
ejércitos profesionales para saber lo positivo o lo negativo de los
mismos. A mí eso me parece importante y positivo. No se trata de subir a
la tribuna y decir esto me parece mejor o peor como consecuencia de que
uno no tiene la responsabilidad de gobernar y, sobre todo, lo que es
peor, ninguna posibilidad de tenerla nunca, porque en este caso uno puede
subir a la tribuna a decir lo que le apetezca, a decir lo que usted
quiere que hoy le oigan en Navarra. Yo reconozco que es mucho más
responsable subir aquí hoy a decir lo que estoy diciendo yo, que también
soy navarro, que subir a decir: aquí no vale nada y no hace falta ni
mili, ni ejército, ni objeción de conciencia, ni nada de nada. Es mucho
más responsable plantear que es más importante hacer una ley del servicio
civil donde se hable de la solidaridad de los jóvenes y decirles que
merece la pena trabajar para la sociedad y hacer esfuerzos donde todos
tengan algo que aportar; unos entendiendo que tienen que hacer el
Servicio Militar y, otros, desde la ética de entender que quieren hacer
la objeción de conciencia. (Aplausos.) Eso es lo que hay que decir aquí;
no que no hay que hacer absolutamente nada. Se lo digo sinceramente
porque a mí me duelen algunas de las cosas que usted ha dicho aquí. No se
puede ir a la Comunidad Autónoma Vasca o a la de Navarra a decir que unos
son los buenos y otros son los malos. Yo no vengo a decir que los jóvenes
que están en la insumisión o los que están en la objeción de conciencia
tienen que ver con grupos violentos, no lo voy a decir. Lo que sí voy a
decir es que ustedes en ayuntamientos de la Comunidad Autónoma votan con
los que apoyan a los grupos violentos contra las medidas que estamos
comentando aquí. Es una irresponsabilidad, porque usted sabe que lo que
se debate en esta Cámara tiene resonancia en su Comunidad y en la
Comunidad a la que yo represento y tiene mucha más incidencia que la que
pueda tener en Andalucía o en Murcia.
Desde esa responsabilidad le voy a proponer que trabajemos juntos, que
vaya a la Comisión de la Juventud --que no va--, que haga propuestas
concretas y diga qué es lo que quiere. Que lo haga, trabaje y ponga las
resoluciones encima de la mesa. Tenga en cuenta que en algunas cosas no
coincidiremos, en otras, estoy convencido de que sí porque no estamos
hablando de cosas distintas a las que se pueden hacer en los países más
modernos, más avanzados y más progresistas de la Unión Europea.
Lo que yo estoy diciendo, y con esto termino, es más responsable, más
eficaz y, evidentemente, no es tirar cohetes a la galería para quedar
bien con unos, conscientes de que lo que dice no se puede llevar
adelante.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Rojo.
¿El señor Petrizán quería consumir un turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene su señoría la palabra.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, no sé por qué me hago acreedor de imputaciones
personales. No sé si el Senador Rojo va a la comisión a pasar lista de
quién va, o no, a la Comisión de Juventud. Yo le rogaría que no hiciera
esas imputaciones; no vayamos todos a ponernos a pasar lista. Si nos
ponemos todos, seguro que usted o personas de su grupo serán acreedores
de titulares de periódico desde luego mucho más extensos de los que yo
sería acreedor; seguro.
En segundo lugar, y haciendo referencia a la representación que tengo o
dejo de tener, yo asumo mi condición de minoritario y de minoría; lo que
no sé es si ustedes también lo asumen, por la misma regla de tres de lo
que usted ha dicho; porque las elecciones han sido para todos, para
ustedes también, y descalabros ha habido para todos, y han sido de gran
magnitud en esta ocasión.
Lo que en definitiva usted está diciendo se que yo no he dicho nada, que
es un discurso vacío. No, usted se equivoca de medio a medio. Yo expongo
aquello por donde me parece que va el problema y doy la única solución
que creo posible, pero esa solución se la están dando a ustedes los
editoriales de los periódicos, yo no me la he inventado. Las citas que he
hecho de esos dos editoriales no pertenecen precisamente a medios que me
traten bien. En ellos se dice que el sistema actual del ejército por
reclutamiento forzoso no tiene ningún futuro, es decir, no soy yo quien
dice eso ni quien se lo inventa. Estos días está siendo publicado
repetidamente que el señor Ministro de Defensa dice que los objetores e
insumisos ponen en quiebra el actual sistema. Eso no lo digo yo, lo dicen
ustedes. En ese sentido, como yo no he dicho nada, ustedes tampoco deben
decir nada. Lo único que yo he hecho ha sido repetir sus afirmaciones.
Pero ya que su señoría ha mencionado mi Comunidad, sí quiero decir varias
cosas al respecto. Yo no quiero que los insumisos estén en la cárcel. Eso
no lo quiero. Tampoco quiero que los objetores tarden años en empezar a
cumplir la prestación social sustitutoria, porque ello les impide una
inserción normal en el mercado de trabajo dado que el sistema es incapaz
de absorberlos. Eso es lo que no quiero. En definitiva, lo que quiero es
que se termine con el problema pero de una manera no violenta, de una
manera normalizada. Si un modelo no funciona o se ha quedado sin
posibilidades, habrá que cambiar a otro.
También es un argumento recurrente ese de mezclar insumisos con
objetores, y en este punto me limito a expresar la opinión del movimiento
de objeción de conciencia --no me voy a referir a la del movimiento de
insumisión-- ya que es, creo yo, el que coordina a la mayor parte de los
objetores de este país. Los objetores dicen que la suya es una respuesta
distinta a un mismo problema que está basada en parámetros parecidos, por
ejemplo, en el antimilitarismo y en el pacifismo. Y esto no lo digo yo,
lo dicen ellos.
Por otra parte le diré que eso de meter en el mismo saco a todos lo
dijeron hasta aquellos objetores que fueron a Bosnia, a quienes se
presentó como héroes y cuya labor era ciertamente meritoria.
Su señoría me dice también que lo que yo digo no se hace en ninguna
parte, pero eso no es así. Hay países de la Unión Europea, por ejemplo
Holanda, que están dando pasos hacia la profesionalización del ejército
que es lo que vale. Creo que tampoco sirve en estos momentos que usted
ponga de pantalla la cuestión europea. Entiendo que el problema es muy
complejo, pero lo que no entiendo en absoluto es esa esclerosis múltiple
--yo lo llamo así-- que subyace en todo esto, es decir, no decir nada a
nada. Usted dice que está claro que han hecho cosas. Si, efectivamente,
en estos últimos tres o cuatro meses que han transcurrido entre la
interpelación y la presentación de la moción se ha planteado un nuevo
Código Penal que ha sido criticado duramente por todos, especialmente por
los jóvenes incluyendo a los de su Partido. Y también ha tenido lugar una
nueva propuesta de nuevo reglamento de la prestación social sustitutoria
enloquecida --así la he calificado-- en la que se propone castigar aún
más a los jóvenes. Eso es lo que ustedes hacen, pero para mí eso es en
realidad huir del problema aunque no sé si hacia adelante o hacia atrás.
En cualquier caso, el problema sigue estando ahí. El número de objetores
este año es de 114.000 y el Estado no puede absorberlos. ¿Qué hacemos
entonces? Pienso que algo habrá que hacer, aunque no creo que sea yo
quien tenga que proponer ninguna solución desde la minoría de mi Grupo.
Yo les puedo proponer soluciones globales como, por ejemplo, la
profesionalización del ejército, pero serán ustedes los que tengan que
dar los pasos oportunos, aunque si ustedes me ponen tarea igual se la voy
haciendo en la medida de mi capacidad y de mis posibilidades.
Ustedes siguen diciendo que han hecho cosas, incluso se arrogan el haber
hecho una Ley de Objeción. ¡Pues claro que han hecho una Ley de Objeción!
Pero esa Ley ha sido ya sobrepasada y hay que admitirlo, nada más.
Para terminar lo único que quiero decir es que no he confundido mi
ideología con el contenido de esta moción. Es posible incluso que usted
se lleve alguna sorpresa si algún día llego a explicarle --estoy
dispuesto a ello-- mi ideología acerca del militarismo. No he confundido
nada; lo que he intentado, desde el más estricto pragmatismo, ha sido dar
una respuesta a un problema que existe hoy en día. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Petrizán.
En turno de portavoces y en representación del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos toma la palabra para
mostrar una vez más su preocupación por el tema objeto de la presente
moción.
Somos conscientes de que no resulta bueno para nadie que estemos
cuestionando con exasperante regularidad una Ley aprobada por las
Cámaras, pero también afirmamos con absoluta rotundidad que resulta peor
ignorar una realidad cual es el rechazo generalizado de nuestra juventud
al sistema del servicio militar obligatorio. La propia evolución de la
objeción de conciencia, su imparable crecimiento, cuyos datos todos
conocemos, son una muestra clara de lo que hacemos.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene los mismos criterios
que en su día le llevaron a oponerse a la Ley del Servicio Militar
Obligatorio. Hoy reafirmamos nuestro convencimiento en un ejército
profesional, hacia cuya concreción debemos caminar. El proyecto de ley de
plantillas de Fuerzas Armadas ha supuesto un avance en esta cuestión, y
reclamamos que no se dé por concluido.
Nuestro posicionamiento político en materia de defensa nos obliga, no por
tozudez, sino por convencimiento, a instar al Gobierno a que avance, en
la transformación paulatina del actual modelo de Fuerzas Armadas, hacia
un ejército de base voluntaria. Esta innovación progresiva que reclamamos
redundará en un ejército más acorde con las exigencias y misiones a que
tiene que responder, y ayudará a solucionar un problema que, como el de
la objeción de conciencia y el de la insumisión, se ha convertido en un
fenómeno social de primera magnitud y que, estando las cosas como están,
continuará creciendo.
No olvidemos, señorías, que el ejercicio de un derecho constitucional fue
penalizado. La disposición adicional tercera de la Ley 48/1984 implica
una auténtica sanción al objetor, el cual, por el hecho de alegar una
determinada concepción o creencia moral que le impide el uso de la
fuerza, se ve obligado a realizar una prestación social sustitutoria
superior en tiempo al que han de cumplir el resto de ciudadanos que optan
por hacer el servicio militar. Esa quiebra del principio de igualdad debe
ser corregida y ampliado el propio ejercicio del derecho de forma que se
reconozca la objeción sobrevenida.
Por ello, y en consonancia con la proposición de ley que el Grupo
Parlamentario Vasco presentó en el Congreso de los Diputados, solicitamos
la modificación de la vigente Ley de Objeción de Conciencia para que se
contemplen en ella las Recomendaciones del Parlamento Europeo de 7 de
febrero de 1983 y de 13 de octubre de 1992 en las que se recomienda la
equiparación de la duración del servicio militar con la de la prestación
social sustitutoria y el respeto a los motivos de conciencia que impulsan
al objetor, sin que ninguna comisión o tribunal pueda arrogarse el
derecho a investigar la conciencia de una persona. Asimismo se contempla
el mencionado de la objeción sobrevenida a que he hecho referencia.
Estos principios a nuestro juicio deben ser contemplados, no sólo porque
entendemos que de este modo adaptaremos nuestra normativa a las
orientaciones más progresistas que nos ofrece el Derecho comparado, sino
también porque la injustificada discriminación que establece la Ley no
supone una alternativa, como debería serlo, sino que es interpretada como
una humillación y como un castigo que favorecen sin lugar a dudas --al
menos a nuestro juicio-- la propia insumisión, problema que también es
político y que debemos resolver. La objeción de conciencia no debe ser
equiparada a la insumisión, pero, a nuestro juicio, los errores cometidos
han favorecido esta práctica cuya solución no puede pasar por la
criminalización de la conducta ni tampoco por la infracción
administrativa.
Nuestra respuesta política debe ser otra. Junto a las medidas que
proponemos para una modificación de la Ley de Objeción de Conciencia,
deberíamos contar en nuestro ordenamiento jurídico con una ley de
servicio civil concebida como alternativa al servicio militar pero no
como sustitutoria de la misma, una ley de servicio civil que contemple
ese deber de solidaridad que prevé la Constitución y que, sin duda, exige
la convivencia en sociedad.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos se va a abstener en la
votación de esta moción, no porque no sea oportuna ni refleje una
realidad, sino porque desde el punto de vista práctico adolece de
defectos. ¿Cómo es posible que en un Estado de Derecho el Ejecutivo
ordene la anulación de condenas o la paralización de procedimientos
penales?
Señorías, como afirmó mi compañero de Grupo, señor Bolinaga, en el Pleno
del pasado día 22, no podemos permitirnos el lujo inhumano de tener
presos de conciencia, ni hacer caso omiso de los artículos 18.1, de la
Carta Internacional de los Derechos del Hombre y 9.1, de la Convención
Europea de los Derechos del Hombre, ni tampoco de la Resolución 337, o de
la Recomendación 816 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
En consecuencia, es obligada la despenalización urgente de la insumisión
y la posterior aplicación de las medidas que las propias leyes prevén
para la inmediata excarcelación de los penados. Entendemos que este es el
camino, que pasa por la adopción de un paquete de medidas urgentes, como
las señaladas, que acomoden la ley a la realidad social, porque creemos
que no es otro el fin del legislador.
Nuestro Grupo opina que para la resolución eficaz de un problema que, si
hoy es grave, mañana será de mayor magnitud, además de la urgente
despenalización antedicha, es necesario, en primer lugar, que el Gobierno
proceda a la transformación progresiva del actual modelo de Fuerzas
Armadas en un ejército de base voluntaria. En segundo lugar, que presente
un proyecto de ley de modificación de la objeción de conciencia en el que
se contemplen el derecho a la objeción de conciencia sobrevenida, la
equiparación del tiempo de duración del servicio militar al de prestación
social sustitutoria y la admisibilidad de todas las declaraciones de
objeción en las que concurran los requerimientos formales de la ley, sin
que puedan valorarse ni investigarse las razones de conciencia alegadas,
considerándose el silencio administrativo como positivo. Por último, es
necesario que el Gobierno proceda a la elaboración de una ley del
servicio social como alternativa al servicio militar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar brevemente nuestra posición. En el programa que
elaboramos para las elecciones --que prácticamente lo consideramos como
un contrato con los ciudadanos-- señalábamos que nuestra meta política en
este tema sería llegar a un ejército profesional, teniendo en cuenta todo
lo que conlleva esta afirmación en cuanto a la organización de que tiene
que dotarse el Estado y las posibilidades que posea para alcanzar esta
meta. Al parecer, en estos momentos estamos avanzando en lo que se podría
considerar un ejército mixto pero, al igual que han hecho otros
portavoces, instamos a que el Estado, dentro de sus posibilidades, siga
avanzando, según nuestra concepción programática, hacia un ejército
profesional.
Por otro lado, dada la situación que existe actualmente en el país, con
la prestación social sustitutoria y la realización del servicio militar,
también instamos a que se igualen los períodos de tiempo de los mismos.
Estamos completamente de acuerdo en que se trate de regular de nuevo la
prestación social sustitutoria, que creo que va a pasar por una
tramitación parlamentaria como consecuencia del debate del estado de la
Nación, en la que se contemplará la objeción de conciencia, e incluso la
tan polémica objeción de conciencia sobrevenida, que confesamos que
todavía no tenemos clara.
Por tanto, y para expresar nuestra postura claramente, estamos de acuerdo
con la mejora de la regulación actual de la objeción de conciencia y de
las relaciones del Gobierno del Estado y el Ministerio del ramo con todas
las instituciones para que éstas colaboren en la elaboración de un
catálogo más amplio de puestos para la prestación social sustitutoria,
pero no lo estamos con la insumisión, por considerarla como un acto
insolidario para con la sociedad española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Barbuzano.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Sala.
El señor SALA I CANADELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo no va a añadir nada nuevo sobre este tema, del
que siempre hemos dicho lo mismo. En realidad, voy a hacer referencia a
una intervención de un compañero de mi Grupo, el Senador Vallvé, cuando
el Senador Petrizán presentó una interpelación sobre este tema.
En aquella ocasión, mi compañero dijo que esta cuestión fue objeto de una
moción que fue aprobada en el Parlamento de Cataluña el 18 de noviembre
de 1993, cuando, haciéndose eco del sentimiento mayoritario de los
jóvenes de Cataluña y de la sociedad catalana, entendió que debían
promoverse valores y actitudes que supusieran un verdadero compromiso
social, manifestando su voluntad de avanzar en la transformación del
actual modelo de Fuerzas Armadas en un ejército de base voluntaria.
El Parlamento de Cataluña, al aprobar aquella moción, constataba la
necesidad de modificar el actual marco jurídico del derecho a la objeción
de conciencia, mediante la elaboración de una ley de servicio civil que
entienda la prestación social más como una alternativa que como una
sustitución. El Parlamento de Cataluña manifestó su preocupación por el
actual tratamiento penal de la insumisión al servicio militar obligatorio
y la desobediencia en el cumplimiento de la prestación social
sustitutoria, reclamando su urgente modificación.
Señorías, ésta es la postura del Parlamento de Cataluña, aprobada por
todos los grupos parlamentarios que lo componen y que, lógicamente,
comparte el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
En resumen, entendemos que este problema debe situarse en el rechazo al
sistema del servicio militar obligatorio y en el reconocimiento del
fracaso de la Ley de Objeción de Conciencia.
Como la moción contenía cuatro puntos determinados, en primer lugar, voy
a referirme a la obligación de realizar actos propios de la
Administración militar por parte de las entidades locales. En este
sentido, en el programa de Convergència i Unió se establece que se
subvencionará económicamente a los ayuntamientos, con el fin de atender
el coste de las tareas de reclutamiento que prestan en sus respectivos
municipios.
En cuanto a la supresión del servicio militar obligatorio como base, voy
a citar lo que dice nuestro programa de gobierno, para que quede clara la
que siempre ha sido nuestra posición al respecto: La prestación del
servicio militar obligatorio será sustituida progresivamente por un
sistema de servicio militar voluntario en el marco de un ejército
profesionalizado. Este modelo se enmarcará en el proceso de supresión de
los ejércitos de masas por otros más tecnificados, potentes, móviles y
mejor entrenados, donde también sea posible la incorporación voluntaria
de la mujer. Mientras no se consiga la total profesionalización del
ejército, se tendría que llevar a cabo una progresiva reducción del
tiempo de prestación del servicio militar y se pondrá una atención
especial en los aspectos siguientes: se potenciará el voluntariado
especial a través de una adecuada retribución salarial y la mejora
sustancial de la formación cultural, científica y tecnológica que se
imparta en el período del servicio.
Por tanto, señorías, con esto daríamos una solución al problema de la
prestación social sustitutoria, ya que el Ejército sería profesional, al
de la insumisión y, en consecuencia, al de la insolidaridad.
Sin entrar en más detalles, quiero manifestar que vamos a abstenernos en
esta votación, ya que creemos que se podrían hacer modificaciones de
forma progresiva como, por ejemplo, que la prestación social sustitutoria
tuviera un límite de nueve meses, y como ésta, muchas otras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Sala.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna un poco sorprendido por el tipo de
argumentaciones hechas tanto por el Senador Petrizán como por algún otro
portavoz, porque yo creo que la moción se ha convertido en otra distinta,
en algo relativo, exclusivamente, a la prestación social, a la objeción
de conciencia. Pero yo me voy a ceñir a un texto, porque, en definitiva,
es un texto lo que vamos a votar, por cierto, un tanto confuso, Senador
Petrizán.
De entrada le voy a decir que el Grupo Parlamentario Popular se va a
oponer a esta moción, porque los términos de su redacción, como he dicho,
son confusos, pero también nos obliga a ello la oportunidad, ya que si
esta moción se aprobara traería unas consecuencias indeseables.
En este aspecto querría puntualizarle algo, a lo que ha hecho usted
referencia, sobre unas declaraciones que hizo mi portavoz. Creo que en la
argumentación verá cuál era el sentido de ello, porque usted se ha
referido mucho a los editoriales de prensa y, como sabe, a veces se
pierden matices. Se lo voy a aclarar. Lo que usted pide en la moción,
dicho en un lenguaje positivo, es que cambiemos de inmediato el modelo
actual de nuestras Fuerzas Armadas por un ejército profesional. Semejante
propuesta supondría en estos momentos, señorías, la práctica desaparición
de nuestros ejércitos y, desde luego, un vacío insostenible en nuestra
defensa.
El Senador Petrizán dice que él no viene a proponer un modelo
alternativo. Yo digo que sí nos propone un modelo alternativo. Lo que me
parece es que ni siquiera se ha dado cuenta, ni siquiera ha valorado el
alcance que tiene su propia moción. Yo no sé si él lo desea o no, pero la
verdad es que el alcance lo tiene. Nosotros, sinceramente, creemos en las
Fuerzas Armadas, las respetamos y estamos profundamente convencidos de la
necesidad de la defensa y de la garantía que supone esa defensa para la
seguridad y para la estabilidad, no sólo nacional sino también
internacional. Y como así lo creemos, lo venimos defendiendo y lo
defenderemos siempre con un sentido de política de Estado, ello no nos
impide, muy al contrario, ejercer una crítica al Gobierno siempre que
percibamos que esas Fuerzas Armadas no son tan eficaces como debieran ser
y, sobre todo, lo que solemos y queremos exigir siempre es que sean
creíbles, en su vertiente disuasoria y para nuestros socios, no sólo en
cuanto a la operatividad, sino en cuanto a los compromisos que podamos
contraer.
Estas son las razones por las que consideramos que sigue siendo válido el
llamado modelo de las Fuerzas Armadas 2000, que se aprobó en el Congreso
de los Diputados en el año 1991, no sin denunciar, como lo voy a hacer
ahora, la escasa efectividad y determinación del Gobierno socialista en
la aplicación de este compromiso.
Yo acepto que el único objetivo --el Senador socialista que ha
intervenido en turno en contra lo ha dicho-- ha avanzado en una
progresiva reducción hacia esos 180.000 efectivos que estaban propuestos.
Pero lo que ha significado al final ha sido un debilitamiento, porque no
ha ido acompañado de la consecuente modernización, que era imprescindible
para reforzar la operatividad. Por otra parte, el crecimiento de la tasa
de profesionalización es lentísima, mientras que los presupuestos, al
ritmo de incremento de este ejercicio, nos llevan a un 2 por ciento, que
estaba previsto para el año 2040, y hay que recordar que faltan
escasamente seis años para llegar a esto.
Nosotros lo que deseamos con toda firmeza es que se planteen soluciones,
señor Petrizán, en un mundo real, y para ello queremos manejar el más
radical de todos los materiales, que son las ideas. El mundo utópico, el
pacifismo, esta ausencia de defensa donde parece que su señoría se mueve,
creemos que debe quedar donde debe estar, que es en el mundo de la
literatura, porque cada vez que esa utopía se aplica en la práctica
política, la demostración es que se producen siempre situaciones
extremadamente duras y peligrosas.
Lo que nosotros pedimos es que se cumplan en serio y en el plazo previsto
los acuerdos parlamentarios, y a partir de ahí coindicimos con la mayoría
de los portavoces en que debemos seguir avanzando, porque consideramos
que ese acuerdo no es algo cerrado, que puede seguir desarrollándose
hacia unos nuevos horizontes temporales, con las correspondientes
exigencias del modelo adecuado. Ahora bien, con realismo y con
racionalidad consideramos necesario en este momento un servicio militar
obligatorio para nuestra defensa y no cabe duda de que el actual se
encuentra en crisis y hay razones de sobra para ello. Entre otras, le
puedo enumerar las condiciones de habitabilidad de algunos cuarteles, yo
diría que muchos; el mínimo haber en mano; la escasa formación que
reciben los jóvenes, que produce en ellos una sensación frustrante de
pérdida de tiempo. Es cierto que esta dinámica perversa está convirtiendo
la prestación en un servicio cada vez de más dudosa utilidad y todo ello
está produciendo un rechazo social indeseable y una indiferencia hacia la
última razón de ser que tiene, que es la defensa nacional.
Pero esto, señorías, no es un problema del Servicio Militar obligatorio,
porque se puede observar en otros países, es, sencillamente, una grave
responsabilidad del Gobierno, como lo es también el aumento desmesurado
de la Objeción de Conciencia y la pésima gestión que ha hecho de la
Prestación Social Sustitutoria, que ha puesto en crisis el propio modelo.
Pero el Gobierno socialista ya nos tiene acostumbrados a la perseverancia
en ese mismo error cuando se enfrenta a un problema que, por cierto, la
mayoría de las veces él mismo crea. Primero espera que se solucione por
sí solo, eso es lo que oímos con frecuencia del «ya escampará», y cuando
se da cuenta de que le sobrepasa, de que amenaza el colapso, entonces
intenta convencernos de que él no es el responsable, se invoca a la
política de Estado y pretende un apoyo incondicional del resto de las
fuerzas políticas para unas medidas de urgencia que suelen ser
irreflexivas y costosas. En síntesis, éste es el esquema del llamado plan
Belloch sobre la Objeción de Conciencia y la Prestación Social
Sustitutoria.
A nuestro entender, ni el método del Gobierno ni el de esta moción son
los más adecuados para resolver asuntos de tanta importancia como son los
de la defensa en su conjunto y de las Fuerzas Armadas en particular. Y
por eso criticamos el primero y nos vamos a oponer al segundo. Nosotros
preferiríamos un diálogo sosegado de futuro, basado en el amplio consenso
parlamentario de 1991 en torno a la posible y deseable evolución del
modelo en su conjunto.
Así lo hemos propuesto en una moción que ya está registrada en esta
Cámara y que tendremos la oportunidad de poder debatir aquí. Y no nos
parece prematuro iniciarlo ya, pues, como sus señorías bien saben, tanto
desde la perspectiva industrial como desde la operativa, las Fuerzas
Armadas y toda la política de defensa en general necesitan de una
estabilidad y de unos planteamientos a medio y largo plazo para que sean
de verdad efectivas.
Si esta reflexión compartida nos condujera, por convencimiento, por
razones de eficacia y por capacidades, tanto económicas como
demográficas, entre otras, a la posibilidad de avanzar hacia un ejército
profesional o alcanzarlo plenamente, nos introduciría también en un nuevo
planteamiento del modelo del Servicio Militar voluntario, como parece que
nos propone su señoría y en el que, en principio, parece que estamos casi
todos de acuerdo. Pero todo ello con suma calma, Senador Petrizán, y bien
analizado, porque el modelo profesional tampoco crean sus señorías que es
la panacea. Sin duda es más eficaz, pero tiene otros inconvenientes y
dificultades que deben ser sopesados.
Voy a acabar, porque creo que la concatenación lógica de las peticiones
que hace el Senador Petrizán en su moción supone que oponernos a la
primera de ellas nos obligue, de alguna manera y lógicamente también, a
oponernos al resto, pues las consideramos, en realidad, carentes de
sentido si las desvinculamos. Si lo hiciéramos así, si singularizáramos
cada una de ellas, supondría una discriminación intolerable. Yo espero
que esa discriminación no sea deseada por su señoría, porque se cometería
la discriminación entre aquellos ciudadanos que cumplen con sus deberes
militares frente a los que optan por la objeción de conciencia y su
consecuente prestación social. Además, les advierto que probablemente
habría de mantenerse algún tipo de prestación, incluso dentro y con un
modelo de ejército profesional, donde todavía sería más necesaria una
auténtica reserva movilizable, de la que, por cierto, hoy también
carecemos por desidia del Gobierno socialista, como también carecemos
hasta la fecha de leyes complementarias como la civil o la del
voluntariado.
Y este mismo argumento serviría también, Senador Petrizán, si
singularizamos esa confusísima y un tanto absurda petición de lo que
viene a ser una amnistía para los insumisos. No voy a insistir en más
argumentos, que usted bien conoce, pero le pediría, con todo respeto, una
mayor precisión en la redacción de estas mociones y, sobre todo, en el
uso del idioma. Porque la insumisión no se ejercita, como su señoría dice
en la moción; según el Diccionario de la Lengua, lo que pueden
ejercitarse son las artes o las profesiones, y a mí no me parece que una
actitud de este tipo, que hoy por hoy, además, está tipificada en el
Código Penal, pueda encajar en concepto de profesión o de arte.
Reitero una vez más el sentido adverso que va a tener nuestro voto y
agradezco la atención de todas sus señorías. (Aplausos en los escaños de
la derecha.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Soravilla.
Vamos a someter a votación esta moción. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) (El señor Petrizán Iriarte pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué me pide la palabra, Senador Petrizán?
El señor PETRIZAN IRIARTE: Sólo le pido un minuto para intervenir,
amparado por el artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Senador Petrizán, el Vicepresidente había llamado a
votación y, por tanto, procesalmente no puede ser. No tengo elementos de
juicio y, a riesgo de equivocarme, atiendo el criterio común de la Mesa.
Lo siento, señoría, no tiene la palabra.
Vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto por la
que el Senado insta al Gobierno a que remita a las Cortes Generales un
proyecto de ley por el que se supriman la obligatoriedad del Servicio
Militar y la Prestación Social Sustitutoria, la obligación de realizar
actos propios de la Administración Militar por parte de las entidades
locales, así como la anulación de las condenas y procedimientos por el
delito de insumisión que afecta a cientos de jóvenes, en su mayoría
navarros.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, cuatro; en contra, 202; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.