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DS. Senado, Pleno, núm. 37, de 18/05/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 37
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 18 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de ley Orgánica para la cooperación con el Tribunal
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de la ex-Yugoslavia (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 28, de fecha 20 de abril de
1994). (Número de expediente S. 621/000028.) (Número de expediente C. D.
121/000028.)
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de
ley sobre Medidas urgentes para la cinematografía (procedente del Real
Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre). Se tramita por el procedimiento
de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 33, de fecha 12 de mayo de 1994). (Número de
expediente S. 621/000033.) (Número de expediente C. D. 121/000027.)
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de San Marino sobre la supresión de exigencia de pasaportes
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 52, de fecha 20 de abril de 1994). (Número de expediente S.
610/000052.) (Número de expediente C. D. 110/000049.)
--Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España
y la República de Colombia, firmado en Madrid el 28 de abril de 1993
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 53, de fecha 20 de abril de 1994). (Número de expediente S.
610/000053.) (Número de expediente C. D. 110/000050.)
--Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a
la readmisión de personas en situación irregular, firmado en Granada el
15 de febrero de 1993 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 54, de fecha 20 de abril de 1994).
(Número de expediente S. 610/000054.) (Número de expediente C. D.
110/000051.)
--Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno del Reino de España y
el Gobierno de la República de Indonesia, relativo a los servicios aéreos
regulares (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 55, de fecha 20 de abril de 1994). (Número de
expediente S. 610/000055.) (Número de expediente C. D. 110/000052.)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República Tunecina, firmado en Madrid el 28 de
mayo de 1991 y Canje de Notas de 10 de mayo de 1993 y de 13 de septiembre
de 1993 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 56, de fecha 20 de abril de 1994). (Número de
expediente S. 610/000056.) (Número de expediente C. D. 110/000053.)
--Denuncia del Acuerdo de supresión de Visados entre el Reino de España y
la República de Gambia constituido por Canje de Notas de 9 y 10 de junio
de 1966 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 57, de fecha 20 de abril de 1994). (Número de
expediente S. 610/000057.) (Número de expediente C. D. 110/000054.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Turquía sobre exención de visado para pasaportes
diplomáticos y de servicio, realizado en Madrid el 9 de agosto de 1993 y
25 de octubre de 1993 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 58, de fecha 20 de abril de 1994).
(Número de expediente S. 610/000058.) (Número de expediente C. D.
110/000055.)
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que
se insta al Gobierno a que adopte, tanto ante la Unión Europea como a
nivel interno, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de
la normativa comunitaria y defender los derechos de nuestros pescadores.
(Número de expediente 671/000007.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, mediante las disposiciones normativas que procedan, se
establezca que, una vez los trabajadores autónomos en situación de
Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) hayan declarado de manera
fehaciente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que han
cesado temporalmente en su actividad, los recibos mensuales del pago de
cuotas a esta entidad queden en suspenso hasta que dichos trabajadores
reanuden su actividad al ser dados de alta por haber cesado en dicha
situación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 109, de fecha 18 de abril de 1994). (Número de
expediente 662/000055.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que defina concretamente la alternativa técnica seleccionada
para garantizar la disponibilidad de gas natural en Galicia y el plazo en
que este tipo de energía va a estar disponible, apoyando políticamente
todas las actuaciones encaminadas al logro de este fin (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 120,
de fecha 10 de mayo de 1994). (Número de expediente 662/000068.)
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, por la que el
Senado insta al Gobierno para que, en estrecha coordinación con la
Comunidad Autónoma de Canarias, gestione ante los órganos competentes de
la Unión Europea, la creación de una Oficina para el Desarrollo en el
Atlántico Sur (Africa y América), con sede en el archipiélago canario, al
constituir la frontera sur comunitaria y acreditar las condiciones
precisas para favorecer los flujos y relaciones positivas de dichos
espacios continentales e insulares con la Unión Europea (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 85, de
fecha 4 de marzo de 1994). (Número de expediente 662/000043.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y quince minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 1907)
Proyecto de ley Orgánica para la cooperación con el Tribunal
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de la ex-Yugoslavia. (Página 1907)
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Bolinaga
Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ibarz i
Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
López Henares, por el Grupo Popular, así como la señora Sauquillo Pérez
del Arco, por el Grupo Socialista. El señor Presidente anuncia la
presentación a la Mesa de un texto de corrección de la redacción
original, apoyada por todos los Grupos Parlamentarios, que es aceptado
por la Cámara.
Se aprueba el proyecto de ley Orgánica por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 1912)
De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de ley
sobre Medidas urgentes para la cinematografía (procedente del Real
Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre). Se tramita por el procedimiento
de urgencia. (Página 1912)
El señor Grimaldos Grimaldos presenta el dictamen. A continuación, hace
uso de la palabra la señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller). El
señor Van-Halen Acedo defiende la enmienda de veto del Grupo Popular. La
señora Camps i Cervera consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Torrontegui Gangoiti, por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Brito González, por el Grupo
de Coalición Canaria; Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, y Van-Halen Acedo, por el Grupo Popular,
así como la señora Camps i Cervera, por el Grupo Socialista.
Se rechaza la enmienda de veto del Grupo Popular, por 93 votos a favor y
132 en contra.
Comienza el debate del articulado.
El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, defiende las enmiendas números 1 a 4. El señor Torrontegui
Gangoiti defiende las enmiendas números 5 a 14, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Brito González defiende las enmiendas
números 15 a 33, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Fernández
Aguilar defiende las enmiendas números 45 a 70, del Grupo Popular. La
señora Camps i Cervera consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el
Grupo Mixto; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Brito González, por el Grupo de Coalición Canaria,
y Fernández Aguilar, por el Grupo Popular. El señor Codina i Castillo
interviene por alusiones. Asimismo lo hace el señor Fernández Aguilar. La
señora Camps i Cervera hace uso de la palabra nuevamente en nombre del
Grupo Socialista. Vuelve a intervenir el señor Fernández Aguilar.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1, del señor Cuevas González y la señora
Vilallonga Elviro, por 13 votos a favor, 211 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, por 15 votos a favor, 120 en contra y 93
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 4, del señor Cuevas González y la señora
Vilallonga Elviro, por 103 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 107 votos a favor, 119 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 6 a 12 y 14, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor, 119 en contra y 95
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 23, del Grupo de Coalición Canaria, por 107
votos a favor, 121 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 24 a 28, del Grupo de Coalición
Canaria, por 9 votos a favor, 125 en contra y 95 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 15 a 22 y 29 a 33, del Grupo de
Coalición Canaria, por 13 votos a favor, 121 en contra y 95 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 49, del Grupo Popular, por 100 votos a
favor, 119 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 70, del Grupo Popular, por 108 votos a
favor, 120 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 56 a 60, del Grupo Popular, por 105
votos a favor y 124 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 65 y 66, del Grupo Popular, por 100
votos a favor, 124 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 45 a 48, 50 a 55, 61 a 64, y 67 a 69,
del Grupo Popular, por 95 votos a favor y 134 en contra.
Se aprueba una enmienda transaccional, suscrita por los Grupos
Parlamentarios Socialista, de Convergència i Unió, Nacionalistas Vascos y
Mixto, sustentada en la número 13, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos y relativa a la disposición adicional primera, por 126 votos a
favor, 97 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley en su totalidad, con las modificaciones
introducidas, por 129 votos a favor, 95 en contra y 5 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 1934)
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de San Marino sobre la supresión de exigencia de pasaportes.
(Página 1934)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y
la República de Colombia, firmado en Madrid el 28 de abril de 1993.
(Página 1934)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la
readmisión de personas en situación irregular, firmado en Granada el 15
de febrero de 1993. (Página 1935)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Indonesia, relativo a los servicios aéreos
regulares. (Página 1935)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República Tunecina, firmado en Madrid el 28 de mayo
de 1991 y Canje de Notas de 10 de mayo de 1993 y de 13 de septiembre de
1993. (Página 1935)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Denuncia del Acuerdo de supresión de Visados entre España y la República
de Gambia constituido por Canje de Notas de 9 y 10 de junio de 1966.
(Página 1935)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Turquía sobre exención de visado para pasaportes
diplomáticos y de servicio, realizado en Madrid el 9 de agosto de 1993 y
25 de octubre de 1993. (Página 1935)
El señor Bolinaga Bengoa consume un turno a favor al mismo tiempo que
propone que el Senado realice una declaración institucional al respecto.
No se consumen turnos en contra ni de portavoces.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. (Página 1936)
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se
insta al Gobierno a que adopte, tanto ante la Unión Europea como a nivel
interno, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la
normativa comunitaria y defender los derechos de nuestros pescadores.
(Página 1936)
El señor Gangoiti Llaguno defiende la moción. El señor Bayona Aznar
defiende una propuesta de modificación
relativa a esta moción. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria, y
Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, así como la señora Agüero Ruano, por el Grupo Popular, y el señor
González Laxe, por el Grupo Socialista.
Se aprueban la propuesta de modificación, que afecta a los puntos 2, 3 y
5 de la moción, así como el texto original en sus restantes apartados,
por asentimiento de la Cámara.
Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.
MOCIONES. (Página 1939)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, mediante las disposiciones normativas que procedan, se
establezca que, una vez los trabajadores autónomos en situación de
Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) hayan declarado de manera
fehaciente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que han
cesado temporalmente en su actividad, los recibos mensuales del pago de
cuotas a esta entidad queden en suspenso hasta que dichos trabajadores
reanuden su actividad al ser dados de alta por haber cesado en dicha
situación. (Página 1939)
El señor Someso Salvadores defiende la moción. El señor Aguilar Belda
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Galindo Santana, por el Grupo de Coalición Canaria; Codina i
Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Someso Salvadores, por el Grupo Popular, y Aguilar Belda, por el Grupo
Socialista.
Se retira la moción del Grupo Popular.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que defina concretamente la alternativa técnica seleccionada
para garantizar la disponibilidad de gas natural en Galicia y el plazo en
que este tipo de energía va a estar disponible, apoyando políticamente
todas las actuaciones encaminadas al logro de este fin. (Página 1946)
El señor Chao Gómez defiende la moción. El señor González Laxe defiende
una propuesta de modificación suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria, y Grau i Buldú,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Chao
Gómez interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, por la que el
Senado insta al Gobierno para que, en estrecha coordinación con la
Comunidad Autónoma de Canarias, gestione ante los órganos competentes de
la Unión Europea, la creación de una Oficina para el Desarrollo en el
Atlántico Sur (Africa y América), con sede en el archipiélago canario, al
constituir la frontera sur comunitaria y acreditar las condiciones
precisas para favorecer los flujos y relaciones positivas de dichos
espacios continentales e insulares con la Unión Europea. (Página 1951)
El señor Brito González defiende la moción. El señor Segura Clavell
defiende una enmienda a la moción. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán de
Convergència i Unió, y Ramírez Pery, por el Grupo Popular.
Se aprueba la enmienda del Grupo Socialista por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la modificación introducida,
por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y quince minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA LA COOPERACION CON EL TRIBUNAL
INTERNACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE
VIOLACIONES
GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMETIDAS EN EL TERRITORIO
DE LA EX-YUGOSLAVIA. (S. 621/000028) (C. D. 121/000028.)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Conocimiento directo
por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
Proyecto de ley orgánica para la cooperación con el Tribunal
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de la ex-Yugoslavia. Se publicó, como saben sus señorías, en
los boletines correspondientes con fecha 20 de abril de 1994.
No se han presentado enmiendas a este proyecto dentro del plazo que al
efecto se señaló, por lo cual, por aplicación del artículo 107.3 del
Reglamento, está incluido en este orden del día para conocimiento
directo. No obstante, ha llegado a la Mesa el parecer de distintos grupos
parlamentarios en el sentido de que tal vez se haga llegar alguna
enmienda de modificación apoyada en el artículo 125 del Reglamento pero,
en cualquier caso, estamos a la espera.
Vamos a abrir, por lo tanto, el debate previsto.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Abrimos el turno de portavoces comenzando por dar la palabra, en su caso,
al Grupo Parlamentario Mixto del Senado. (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
Como portavoz de su Grupo, tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley orgánica que hoy se nos presenta a debate y
consideración difícilmente puede en sí mismo ser objeto de contradicción
por los grupos políticos representados en esta Cámara desde el momento en
que se significa como una respuesta decidida y de gran valor a la
solicitud de colaboración formulada por las Naciones Unidas a fin de que
el Tribunal Internacional, creado en virtud de la resolución número 827
del Consejo de Seguridad, desarrolle de la forma más eficaz posible la
tarea de depurar responsabilidades por delitos cometidos contra el
derecho internacional humanitario sobre el territorio ex-yugoslavo desde
1991 y hasta el logro de la paz en dicho territorio.
Se trata, por tanto, señorías, de cooperar con el Tribunal Internacional
habilitado para juzgar a personas presumiblemente responsables de haber
cometido o dado orden de cometer infracciones graves contra la Convención
de Ginebra del 12 de octubre de 1949.
Todos somos conscientes de la oportunidad y de la necesidad de las
medidas que se disponen. Los crímenes de guerra, la sistemática violación
de los derechos humanos y el genocidio que envuelve a los territorios de
la ex-Yugoslavia exigen una clara respuesta de la comunidad
internacional. Es por ello por lo que el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que algo conoce del tema por experiencia propia, no
puede menos que congratularse por la decisión adoptada por el Consejo de
Seguridad y sentir la satisfacción de colaborar con su voto afirmativo
para tan justa labor apoyando este proyecto de ley. Y al hilo de este
debate no podemos sustraernos a ciertas reflexiones que sus señorías van
a permitirnos que las formulemos «in voce» y de manera muy breve.
Hay que reconocer que es Europa, con un terrible y gran conflicto bélico
y genocida en su propio seno, quien en su conjunto, precisamente, más ha
apoyado y apoya la creación de este Tribunal Internacional «ad hoc» y
quien más aboga por una leal y comprometida colaboración con el mismo.
Buena prueba de esa aseveración, y en lo que a España concierne de modo
particular, es este proyecto de ley en todos sus contenidos. No obstante,
señorías, tan loable determinación no debe estar carente de una buena
dosis de inculpación propia por actitudes mantenidas en tiempos pasados
ni debe carecer de una autocrítica sincera ni de un propósito leal de
enmienda futuro desde los países de Europa concretamente.
En efecto, Europa no ha sido solamente la cuna del colonialismo y de su
consecuente, tal vez debiéramos decir inconsecuente, carga opresora a lo
largo y ancho del mundo, sino que Europa es el lugar donde se han
desatado dos guerras mundiales, o sea, dos de los capítulos más negros y
más nefastos de la historia mundial que acarrearon sufrimientos inmensos
y un número incontable de víctimas de todo orden y destrucciones sin
cuento que solamente deben mantener el valor de su irrepetibilidad.
Por tanto, señorías, en pura lógica y con la lección bien aprendida,
podemos decir que si Europa es quien se muestra más dispuesta a la
aceptación de una jurisdicción universal es en parte porque desde un
punto de vista histórico ostenta una tasa muy importante de culpabilidad
por los yerros cometidos; yerros y errores que, a veces y aun hoy,
asociamos con grandezas del pasado sin admitir que dichas grandezas se
obtuvieron a costa del sufrimiento ajeno y del aniquilamiento en
ocasiones de otras civilizaciones ya existentes en su tiempo y lugar.
A través de este proyecto de ley contemplamos un tribunal «ad hoc», es
decir, con competencia «ratione loci» sobre Yugoslavia, su espacio
terrestre, su espacio aéreo y sus aguas territoriales, y con competencia
«ratione temporis» que se extiende al período comprendido entre el
primero de enero de 1991 y el fin de las hostilidades, al tiempo que
mantiene la primacía sobre las jurisdicciones nacionales con la
particularidad del «non bis in idem»; y es bueno que así sea, señorías,
aunque no sea más que por aquello de que cada mal exige su remedio.
Siendo así, nosotros preferimos que este Tribunal Internacional sea como
un banco de prueba, si es que se nos permite la expresión, o una
experiencia enriquecedora de cara a la constitución futura de un tribunal
permanente bajo los auspicios de Naciones Unidas, según voluntad
expresada en la recomendación número 1.218 de 27 de septiembre de 1993
por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a la que tengo el
honor de pertenecer por designación generosa de esta Cámara. La misma
recomendación sigue invitando a sus Estados miembros a firmar y
ratificar la convención europea sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra adoptada en el año
1974.
En definitiva, tal y como detalla acertadamente en su informe el Letrado
de la Comisión de Justicia es patente la necesidad de permanencia de un
Tribunal de esta naturaleza en el seno de las Naciones Unidas como medida
eficaz de denuncia y persecución de todo acto contrario al derecho
internacional humanitario.
Por otra parte, señorías, las violaciones de los derechos humanos y la
perpretación de crímenes contra la humanidad en la ex-Yugoslavia muestra
con claridad meridiana cuán difícil resulta proteger hasta los derechos
más elementales una vez que se ha iniciado un conflicto armado. Por eso,
la comunidad internacional debe ser hoy bien consciente de que en materia
de derechos humanos la prevención es el medio más eficaz para su
sostenimiento y para su defensa.
A nuestro juicio, el carácter permanente de un Tribunal Internacional
para la represión de violaciones graves del derecho humano internacional
fructificaría en dos aspectos esenciales, tales como el efecto político
de una parte y el efecto preventivo de otra. Todo ello con una posible
repercusión directa en relación a cualquier parte del mundo, ya sea en
los Balcanes, en Ruanda o donde quiera que sea, por aquello de que la
virtud no radica en vencer la mala tentación, sino en evitar la tentación
del mal, aunque no sea más que por temor a las consecuencias derivables
desde una sociedad vigilante y celosa de la salvaguardia de los derechos
humanos internacionales, patrimonio común de todos ante el que jamás,
jamás de los jamases, debe plegarse ni una sola de las banderas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ibarz.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió se sumará con su voto favorable al proyecto de ley con que el Estado
español compromete su cooperación a la resolución 827 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas por la que se creó el Tribunal
Internacional para el enjuiciamiento de los responsables de las
violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de la ex-Yugoslavia.
El proyecto, que deseamos ver aprobado por la unanimidad de la Cámara,
viene a sumarse a otras iniciativas recientes mediante las cuales el
Estado español se alinea con aquellos países que militan en la defensa de
los derechos humanos.
Estoy convencido de que los que estamos presentes en este hemiciclo, sin
excepción alguna, compartimos los sentimientos de frustración e
impotencia ante las atrocidades que se producen en el conflicto
balcánico. Creo interpretar el sentir mayoritario de la Cámara si expreso
el estupor con que los europeos hemos visto sangrar a un país vecino a
causa de una explosión salvaje de la intolerancia y el odio entre los que
hasta fechas recientes convivían como ciudadanos de un mismo Estado.
Cuando el continente aún convalece de los efectos devastadores de una
guerra que llegó a involucrar al mundo y algunos países aún restañan las
heridas de la división causada por la confrontación, el conflicto de la
ex Yugoslavia ha venido a recordarnos dramáticamente los riesgos que
entraña alimentar el recelo y la animadversión entre los pueblos.
Por ello, señor Presidente, desde Convergència i Unió deseamos que el de
hoy no se limite a ser un acto formal a través del cual los
representantes del pueblo manifestemos nuestro rechazo a una situación
que por lejana nos pueda parecer ajena, sino que más allá del voto que
nos disponemos a emitir nos lleve a reflexionar sobre las causas del
horror que a duras penas la comunidad internacional, con la contribución
de España intenta paliar.
La intolerancia y la falta de respeto por lo diferente son sentimientos
que calan fácil y profundamente en el ser humano. Laten en el
subconsciente durante largo tiempo y afloran cuando se les atiza para
escarnio de la convivencia y de la razón.
Señorías, Convergència i Unió hace votos para que los sentimientos que
hoy nos produce la experiencia balcánica y el recuerdo de la nuestra
propia, no tan lejana, lleguen a constituir un legado imborrable en la
memoria colectiva que haga imposible la repetición de la historia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ibarz.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador López
Henares.
El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, señorías, habida cuenta de que
no se ha presentado ninguna enmienda al proyecto de ley orgánica que nos
ocupa --proyecto que en el Congreso fue aprobado por unanimidad--, y dado
el loable propósito que persigue dicho proyecto de ley, es previsible que
el mismo sea igualmente aprobado por unanimidad.
Ello no obstante, y ya que tengo el honor de representar al Grupo
Parlamentario Popular, me complace hacer en nombre de mi Grupo una breve
intervención en un acto que consideramos de importancia histórica puesto
que es la primera vez que el Parlamento español, Congreso y Senado, toman
parte en un asunto de tan trascendental importancia en la evolución hacia
un orden internacional más justo y mejor establecido.
Es cierto que esto ha sido provocado por la tragedia que está teniendo
lugar en la ex Yugoslavia, pero como ya han dicho algunos de los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, lo deseable
sería que, al hilo de esta tragedia, este Tribunal, establecido ahora con
carácter temporal, llegara a figurar, dentro de ese ambicionado orden
internacional, como un órgano permanente para sancionar o perseguir
conductas como las que ahora se pretenden enjuiciar.
Señor Presidente, este proyecto de ley orgánica, como dice su propio
título, trata de establecer la cooperación con el Tribunal Internacional,
establecido por la Resolución número 827 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas de 25 de mayo de 1993, Resolución que a su vez se basa en
el Título VII de la Carta de las Naciones Unidas, la cual atribuye a
dicho Consejo la posibilidad de establecer las medidas necesarias para
hacer frente al quebrantamiento y a las violaciones de la paz y de los
derechos. Es cierto asimismo que todos los hechos y conductas que se
pretenden enjuiciar están recogidos en los distintos convenios
internacionales que fueron suscritos por la propia ex Yugoslavia.
El contenido de la Resolución, que es el antecedente inmediato del
proyecto de ley que nos ocupa, alude a la composición de este Tribunal.
Establece el estatuto del mismo, su residencia, que será en La Haya, y
también hace alusión a un minucioso procedimiento de enjuiciamiento de
los presuntos responsables de los actos contra el derecho humanitario,
derecho que está recogido tanto en la normativa sobre las violaciones de
los derechos humanos como en las leyes y usos de la guerra o el
genocidio, recogidos también en la Convención.
Y quiero citar a este respecto un hecho elocuente. En la Convención del
genocidio, que data de 1948, se establecía ya que se organizaría un
tribunal, pero hasta la fecha ese tribunal no ha sido organizado, lo que
pone de manifiesto, lamentablemente, la resistencia de la comunidad
internacional a adoptar una medida de este tipo. Esta es la razón, señor
Presidente, por la que nuestro Grupo aprovecha esta oportunidad para
poner de manifiesto su deseo de que se establezca con carácter permanente
una institución de esta naturaleza.
Los hechos son bien conocidos. La tragedia de la ex Yugoslavia, que nos
angustia a todos, ha conducido a los países europeos, a pesar de que se
trata de un fenómeno que tenemos próximo, a una situación de pasividad en
muchos casos y en otros a una situación de perplejidad ante la
incapacidad e impotencia para dar una solución a este problema.
Residenciada la solución de este problema en las Naciones Unidas, el
Consejo de Seguridad ha adoptado este acuerdo que nos parece acertado. En
la mencionada Resolución se alude a que los distintos países adoptarán
las medidas pertinentes para cooperar en el funcionamiento del Tribunal
Internacional ya mencionado. Esta es, pues, la razón del proyecto de ley
orgánica que nos ocupa.
Pero hay una cosa interesante sobre la que quiero llamar la atención de
sus señorías; me refiero a lo que dice el artículo 29 de la Resolución
cuando alude a la responsabilidad. Aquí es donde me parece que se da un
paso de gigante en relación con los precedentes históricos: la
responsabilidad por haber impulsado, organizado o promovido estos actos
de violencia contra el derecho comunitario internacional, se residencia
en los Jefes de Estado, en los Jefes de Gobierno o en los funcionarios
que han cometido tales hechos. Pero no solamente se trata de esto. El
artículo mencionado, con buen acuerdo --es un principio que conviene
tener presente--, hace también responsables a los Jefes de Estado o de
Gobierno no solamente porque hayan propugnado estas ideas, sino por lo
que podríamos llamar negligencia culpable. Es decir, cuando son los
subordinados de estos Jefes de Estado quienes han cometido tales hechos,
también se les considera responsables a esos Jefes de Estado, no sólo si
han tenido conocimiento de ello, en cuyo caso estaría plenamente
justificado, sino en aquellos casos en que deberían haber tenido
conocimiento. Es decir, debe tenerse en cuenta la negligencia culpable
ante la magnitud de tales violaciones.
Señor Presidente, por esta razón apoyamos con entusiasmo este proyecto en
el que se recoge básicamente --se trata de un proyecto corto-- la
diferenciación de competencias de los órganos españoles del Ministerio de
Justicia para sus relaciones exteriores y comunicación con el Tribunal
Internacional y en el orden interno las de la Audiencia Nacional y las de
nuestros tribunales. Como es natural, también se establece el apoyo
económico para su funcionamiento, así como todas las medidas necesarias
para conseguir la deposición de los testigos en caso necesario, la
tramitación de documentos, la detención de las personas y la entrega y
traslado de los encausados cuando así sea requerido por el Tribunal.
Señor Presidente, hemos presentado unas breves propuestas de modificación
firmadas por todos los portavoces de los Grupos que serán trasladadas a
la Mesa a fin de que sean corregidas algunas erratas que existen en el
texto.
Para terminar, señor Presidente, quisiera hacer una brevísima
consideración. Nuestro Grupo estima que, si bien damos nuestro apoyo con
decisión y con entusiasmo --insisto en ello--, sin embargo, nada
resultaría más equivocado que estimar que con esto tranquilizamos
nuestras conciencias respecto de la tragedia que está viviendo la ex
Yugoslavia, en la que hay que recordar que han muerto ya más de 175.000
personas y donde actos de una barbarie extrema como la purificación
étnica, la violación masiva y sistemática de mujeres, los asesinatos, la
destrucción caprichosa de monumentos y ciudades que formaban parte del
tesoro de la humanidad, por ejemplo Dubrovnik, puedan quedar impunes.
Señor Presidente, tales hechos no solamente han de movernos a establecer,
propugnar y aceptar en este caso una jurisdicción que pueda enjuiciar y
en su caso sancionar a los responsables de tales actos, sino que nos
deben llevar a una profunda meditación. Y es que esta situación que se ha
producido en la ex Yugoslavia es debida en gran parte a la pasividad de
los países europeos, a su falta de anticipación y de sentido político
para conocer cuál era la realidad que allí existía para poder haber
adoptado en su momento las medidas oportunas que hubieran evitado tal
tragedia. Por otra parte, señor Presidente, en estos momentos en que una
vez aprobado el Tratado de Maastricht y establecidos el principio y las
bases de una política exterior de seguridad y de defensa común, debemos
impulsar a los Gobiernos europeos, entre ellos el nuestro, a que tengan
una postura más decidida en una materia de tal naturaleza.
Si el quebrantamiento de este derecho humanitario es siempre doloroso,
por apartado que sea el rincón del mundo en donde se produzca, cuanto
esto tiene lugar precisamente
a pocos kilómetros de lo que constituyen las fronteras de la Unión
Europea, cuando ocurre con personas que pertenecen a nuestra cultura,
debemos ser especialmente sensibles y, sobre todo, ser conscientes de la
barbarie a que puede conducir la naturaleza humana si no se pone coto con
anticipación a las ideas que dan base para estas actitudes y, sobre todo,
hacer frente también a los hechos de violencia en tiempo oportuno a fin
de poder evitar males de una naturaleza tan execrable.
Por todo ello, señor Presidente, nuestro Grupo apoya el proyecto de ley,
y pasará ahora a sus señorías el texto de las correcciones que proponen
todos los Grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Henares.
La Senadora Sauquillo Pérez del Arco tiene la palabra.
La señora SAUQUILLO PEREZ DEL ARCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es un honor para mí como Senadora defender este Proyecto de ley
orgánica por varias razones: Primera, por mi dedicación durante estos
últimos años a la ayuda a las víctimas de este conflicto bélico, y por mi
participación, también, en una Misión de la Comunidad Europea dedicada a
la investigación sobre las violaciones a mujeres musulmanas, informe
conocido como «Misión Warburton».
Durante el mes de enero de 1993 tuve la oportunidad de presenciar y
escuchar relatos directos de mujeres que fueron violadas durante el
período de mayo a junio de 1992. Nuestro informe determinó que dichas
violaciones de mujeres musulmanas se habían usado como estrategia de
guerra. A pesar de las dificultades que tuvimos para conseguir
testimonios directos, porque muchas de ellas eran reticentes a dar
detalles de las atrocidades de las que habían sido objeto, sin embargo
tuvimos la oportunidad de escuchar bastantes relatos, algunos de los
cuales nos espeluznaron.
Segunda, por la importancia que considero que tiene este Proyecto de ley
en defensa del derecho humanitario como un instrumento para una verdadera
paz, condenando a quienes aparezcan como responsables de crímenes contra
la humanidad. El derecho humanitario ha llegado a ser parte del derecho
consuetudinario, y esto a mí me parece que es muy importante.
Tercera, por haber conseguido unanimidad alcanzada entre todos los
diversos Grupos parlamentarios, como lo demuestra que tanto en el
Congreso como en el Senado no haya existido ninguna enmienda.
Por otro lado, el orgullo moral de que España ha sido uno de los primeros
países en cumplir la Resolución del Consejo de Seguridad. Justo dos días
después de haberse constituido el Tribunal de La Haya en noviembre de
1993, el Gobierno aprobaba y traía el proyecto de ley orgánica y lo
elevaba a las Cámaras.
Por último, por ser ésta mi última intervención en defensa de un proyecto
de ley en esta Cámara, ya que la abandono para presentarme a las
elecciones al Parlamento Europeo del 12 de junio. Quiero manifestar mi
agradecimiento por la colaboración prestada en el trabajo que en muchas
ocasiones he realizado juntamente con sus señorías.
¿Cuáles son las características de este proyecto? Una de ellas es que los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a iniciativa de uno
de los países comunitarios, Francia, adoptaron el acuerdo de crear un
Tribunal Internacional para juzgar a aquellos responsables de violaciones
del Derecho internacional. Posteriormente se dictaron las Resoluciones
808 y 827. El primer antecedente con el que nos encontramos es el del
proceso de Nuremberg del 20 de noviembre de 1945, en que se abrió un
proceso internacional contra los crímenes de guerra del III Reich. El
segundo antecedente podía ser, pero no es igual, el proceso de Tokyo que
tuvo lugar entre junio de 1946 y noviembre de 1948 por el que se juzgó a
los criminales de guerra japoneses. El tercero fue el Tribunal Russell,
el 2 de agosto de 1966; en él Bertrand Russell anunció la creación de un
Tribunal para juzgar los crímenes de guerra destinados a instruir un
proceso a los dirigentes estadounidenses por su agresión a Vietnam. Dicho
Tribunal en 1979 fue sustituido por el llamado Tribunal Permanente de los
Pueblos, formado fundamentalmente por intelectuales, entre los que se
encontraba el escritor Julio Cortázar. Pero este Tribunal nunca tuvo un
carácter jurídico, sino más bien tuvo un carácter de provocación polémica
en la sociedad.
Desde el final de la II Guerra Mundial ha habido varios intentos de crear
un Tribunal permanente para juzgar esos casos de crímenes contra la
humanidad pero, desgraciadamente, el enfrentamiento entre las dos grandes
potencias en el marco de la guerra fría impidió que esto se pudiese
llevar a efecto, de forma que situaciones también parecidas a la de la
ex-Yugoslavia, como fueron las provocadas por los Jemeres Rojos, en
Camboya, o las masacres perpetuadas en Sabra y Chatila, nunca pudieron
plantearse ante un Tribunal.
Este Tribunal sobre el que estamos discutiendo, en la actualidad se
refiere únicamente a la ex-Yugoslavia pero puede servir, y yo espero que
sirva, de advertencia a los responsables de este tipo de acciones en otra
parte del mundo que hasta ahora no temían que hubiera ningún tipo de
reacción internacional. Desgraciadamente, algunos de estos presuntos
criminales de guerra son hoy dirigentes políticos en sus Estados y en
algunas ocasiones están negociando los mismos planes de paz propuestos
por distintas instancias internacionales; es cierto que en algunos casos
estos mismos dirigentes han sido elegidos democráticamente en sus países.
Todo ello dificultará seguramente el sometimiento a juicio.
¿Qué características tiene este Tribunal? No tiene precedentes, como ya
hemos visto. No es un Tribunal creado por vencedores de una guerra para
juzgar los crímenes cometidos por los vencidos, sino que es el conjunto
de la sociedad internacional a través del Consejo de Seguridad el que se
ha dotado de los medios necesarios para instituir una justicia
humanitaria.
No es un Tribunal militar, como fue en Nuremberg o el de Tokyo, sino una
nueva forma de entender y aplicar el
capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, según el cual el Consejo de
Seguridad puede adoptar las medidas que considere necesarias, incluido el
uso de la fuerza, para poner fin a las situaciones que pongan en peligro
la paz y la seguridad internacional. En este Tribunal está excluida la
posibilidad de que se aplique la pena de muerte y, en realidad, cualquier
otra pena, salvo verse reducida la libertad de circulación al territorio
de los Estados a los que pertenezcan los declarados «criminales de
guerra».
Sobre las características procesales, aunque no me quiero centrar en
ellas, quiero dar algunos datos concretos: En primer lugar, es una ley
medida. Nace para regular una situación temporal y cesará, como dice la
Disposición Final, cuando acabe ésta. Sin embargo, me parece importante
que se tenga en cuenta para otra serie de hechos desgraciados que también
pueden ocurrir.
En segundo lugar, el artículo 2 da eficacia a las normas internacionales
al decir: la cooperación se prestará de conformidad con la Resolución 827
y el Estatuto del Tribunal.
En tercer lugar, el Tribunal Internacional tendrá primacía respecto a los
Tribunales nacionales en cualquier etapa en que se encuentre el
procedimiento.
En cuarto lugar, se prohíbe cualquier planteamiento de un conflicto
jurisdiccional.
En quinto lugar, no es necesario que exista un procedimiento formal de
extradición.
Por todo ello podemos concluir diciendo que la violación de ciertos
derechos humanos es un crimen internacional y esto es lo que me parece
más importante de los que vamos a aprobar hoy, no tanto el aspecto
jurídico, sino el aspecto político. Nuestra propia Ley Orgánica del Poder
Judicial en su artículo 23 reconoce la competencia de la jurisdicción
española para conocer hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera
del territorio nacional, susceptibles de tipificar según la Ley española,
como pude ser el genocidio u otros actos contra la humanidad.
La Ley que vamos a a probar responde a la exigencia de responsabilidad
internacional por la Comisión de Crímenes Internacionales, como es el
genocidio, que significa la máxima garantía del sistema jurídico
internacional frente a la violación masiva de los Derechos Fundamentales
que se han producido en la antigua Yugoslavia.
Esperemos, y así confiamos en esta Cámara yo creo que todos los
parlamentarios, que nunca vuelvan a ocurrir atrocidades como las que
hemos tenido que vivir y se siguen viviendo desgraciadamente en la
ex-Yugoslavia.
Esperemos que el nuevo Parlamento Europeo que salga el 12 de junio logre
también una política exterior comunitaria de derechos humanos y una
política exterior comunitaria más unida y que, por tanto, pueda fomentar
políticas de desarme y solución pacífica de los conflictos.
¡Ojalá que hagamos que nuestras acciones correspondan en muchas ocasiones
a nuestras palabras!
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias Senadora Sauquillo.
Efectivamente, como ha anunciado el Senador López Henares a la Mesa, ha
llegado un escrito, que tiene el apoyo de los portavoces de todos los
Grupos parlamentarios, donde se califica de enmiendas, que pretenden
subsanar incorrecciones terminológicas o gramaticales, las siguientes
cuestiones:
En primer lugar, en los párrafos primero, tercero y cuarto de la
Exposición de Motivos y en el artículo 1 del proyecto de ley, se debe
iniciar en mayúscula la palabra «derecho», pues se hace referencia al
ordenamiento jurídico.
En el artículo 4.1 debe configurarse el participio pasivo «requeridas» en
masculino, por hacer alusión a los tribunales.
Por último, en el artículo 4.2, el verbo «remitirán» debe expresarse en
singular --«remitirá»--, ya que el sujeto hace alusión al juez o
tribunal.
La Mesa considera que estas correcciones terminológicas o gramaticales no
tienen el carácter de enmiendas. Por tanto, vamos a corregir el texto del
proyecto, con lo cual, si sus señorías están de acuerdo, será
definitivamente aprobado por las Cortes Generales.
¿Está conforme la Cámara con esta interpretación? (Pausa.) ¿Se puede
entender que el proyecto se aprueba por asentimiento de la Cámara?
(Pausa.)
Así se declara, y queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales
el proyecto de ley orgánica para la cooperación con el Tribunal
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de
violaciones graves del Derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de la ex Yugoslavia.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA CINEMATOGRAFIA (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 19/1993, DE 10 DE DICIEMBRE).
(S. 621/000033) (C. D. 121/000027.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en relación con el
proyecto de ley sobre medidas urgentes para la cinematografía, procedente
del Real Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre. La Cámara conoce que se
tramita por el procedimiento de urgencia y que su texto está publicado en
los Boletines correspondientes, con fecha 12 de mayo de 1994.
En primer lugar, vamos a dar la palabra al Senador o Senadora que haya
sido designado por la Comisión para presentar el dictamen. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Grimaldos.
El señor GRIMALDOS GRIMALDOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señoras y señores Senadores, me cabe hoy el honor de
presentar, en nombre de la Comisión de Educación y Cultura, el proyecto
de ley de cinematografía. Este tuvo entrada en esta Cámara el día 30 de
abril de 1994, como texto aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados relativo al proyecto de ley de medidas urgentes para la
cinematografía, procedente del Real Decreto-ley 19/1993, de 10 de
diciembre.
Durante el plazo para la presentación de enmiendas, que concluyó el día 4
de mayo, a las 12 de la noche, fueron presentadas una propuesta de veto y
70 enmiendas. Al tratarse de una tramitación por el procedimiento de
urgencia --con un plazo de 20 días--, la Comisión optó por no designar
Ponencia y dictaminar directamente el proyecto sin utilizar, por tanto,
la facultad que, en tal sentido, concede el artículo 110 del Reglamento
del Senado.
El dictamen de la Comisión ha introducido 12 enmiendas al texto remitido
por el Congreso de los Diputados, las propuestas por el Grupo Socialista,
y una enmienda transaccional con el Grupo de Convergència i Unió. Por
otro lado, hay que resaltar la modificación del título del proyecto, que
ha pasado a llamarse proyecto de ley de protección y fomento de la
cinematografía. Para el debate durante la sesión plenaria han quedado
vivas 19 enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; 10, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 4, de don Andrés
Cuevas y doña Isabel Vilallonga, del Grupo Parlamentario Mixto, y 26
enmiendas y un veto, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Grimaldos.
Tiene la palabra la Ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, permítanme que, de entrada, les exprese la satisfacción que
siento al presentar el proyecto de ley de protección y fomento de la
cinematografía ante el Pleno de esta Cámara. Esta también es una ocasión
para felicitar a sus señorías por el trabajo que han desarrollado,
mejorando un texto que nació movido por la urgencia y que ahora aspira,
por muy sólidas razones, a convertirse en la referencia legal que el cine
de nuestro país necesita para hacer frente a los retos del presente y del
futuro inmediato.
La ley de protección y fomento de la cinematografía tuvo su punto de
partida en el Real Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre, de medidas
urgentes para la cinematografía, que el Gobierno presentó para su
convalidación parlamentaria en uno de los momentos más delicados de la
larga negociación del GATT. Sus señorías lo recordarán, y recordarán que
la aprobación de aquel Decreto, junto con otras acciones de carácter
diplomático y los oportunos pronunciamientos de los responsables
comunitarios de la política cultural y audiovisual, contribuyeron a que
los productos audiovisuales quedaran fuera del acuerdo general. En
consecuencia, ayudaron a que nuestro país, al igual que los demás países
de la Unión Europea, conserve la plena potestad para legislar y
establecer políticas de protección y fomento de las cinematografías
nacionales, sin contravenir el espíritu ni la letra de la nueva
organización mundial del comercio.
Considero importante recordar estos hechos, porque el éxito en la defensa
de los intereses del audiovisual europeo parece, paradójicamente, haber
llevado a algunos a poner en tela de juicio la urgencia que,
indudablemente, tuvieron en su momento las medidas contenidas en el Real
Decreto-ley, que el Gobierno quiso que, posteriormente, pasaran a la
oportuna discusión parlamentaria para esclarecer su alcance, perfeccionar
su articulado, mejorar su contenido y, en definitiva, para convertirlas
en la ley que ahora les presento, en esta fase final de su tramitación
parlamentaria.
Dejando de lado el contexto del GATT, otra de las necesidades a las que
responde esta ley y que, atendiendo a las nuevas formulaciones
introducidas por sus señorías, queda perfectamente resuelta, es la
adecuación de nuestra legislación a la realidad europea en la que estamos
integrados. En este sentido, hay que destacar los aspectos referidos a la
definición de obra audiovisual y de obra cinematográfica europeas y, de
manera sobresaliente, la equiparación del trato dispensado a las obras
originarias de los demás países de la Unión Europea con las que tendrán
las obras españolas en algunos de los mecanismos de protección previstos
con carácter temporal, así como la apertura de los criterios para que
también queden incluidas determinadas obras de países que forman parte de
los convenios de cooperación del Consejo de Europa.
Todos estos aspectos conforman un tratamiento coherente del audiovisual,
que sitúa a nuestro país en la vanguardia de la cooperación europea en el
terreno de la industria y la cultura en este campo. Estos avances en la
legislación, que impulsa la integración de un espacio audiovisual
europeo, constituyen --y a sus señorías no se les oculta la trascendencia
del hecho-- una aportación emblemática, precisamente cuando discutimos la
reforma de la política de la Unión Europea en el terreno del audiovisual
y cuando nuestro país está en la obligación de empezar a preparar la
Presidencia de la Comisión, momento en el que, previsiblemente, deberán
tomarse decisiones trascendentales en este terreno.
Otro de los aspectos importantes de la ley --que, sin ninguna duda, se ha
beneficiado del estudio y las modificaciones propuestas por esta
Cámara--, es el que se refiere a la profundización de aquellos contenidos
que recogían la nueva realidad autonómica y que en su redacción actual
permite al Gobierno modificar las cuotas de pantalla y de distribución,
estableciendo normas más amplias o más restrictivas, en especial, con
arreglo a criterios lingüísticos.
Dejar establecida una relación clara entre la política de protección y
fomento de la cinematografía y las políticas lingüísticas que desarrollan
las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales, es --estoy
convencida-- otro de los aciertos de la ley y contribuirá, por una parte,
a reforzar el prestigio y el uso de esas lenguas y, por otra, a hacer más
coherente la colaboración entre la industria del cine y la de la
televisión, en las respectivas Comunidades Autónomas.
Llegados a este punto, quiero plantear a sus señorías una de las
consideraciones que mayor debate ha suscitado
y, como es fácil de advertir, que más afecta al fundamento filosófico y a
las finalidades principales de esta ley. Me refiero a la regulación de
las cuotas de pantalla y las cuotas de distribución cinematográfica y, de
modo complementario, a las nuevas medidas de fomento que ayuden a nuestra
industria a la plena superación de la crisis del sector audiovisual.
Al presentar el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la
cinematografía tuve mucho interés en destacar, en contraste con las
opiniones de quienes presentaban y siguen presentando un panorama
catastrofista y desalentador para nuestra industria cinematográfica, una
visión que responde a los análisis más ponderados.
La industria cinematográfica española ha atravesado, como sucede con las
industrias de países próximos al nuestro, sea Francia, Italia o Alemania,
una grave crisis, motivada por razones económicas, técnicas y también de
orden estético o artístico. No olvidemos, además, que la industria más
poderosa y saludable en estos momentos, es decir, la estadounidense,
vivió su propia crisis, profunda y extensa durante los años sesenta y
setenta. Pero al igual que el cine norteamericano superó el impacto de
los cambios industriales y culturales, nuestro cine empieza a dar
muestras de vitalidad, capacidad de adaptación, excelencia artística y
técnica y voluntad de futuro.
La presencia de nuestra cinematografía en el ámbito internacional ha
experimentado un notorio incremento. Esto es algo que se manifiesta en el
reconocimiento y éxito de obras españolas no sólo en los concursos y
festivales de mayor relieve universal, sino también en el muy competitivo
mercado de salas de Europa, Iberoamérica o Estados Unidos. Estos son los
signos evidentes de que la cinematografía española es un sector que, aun
teniendo problemas, tiene también las soluciones que pueden impulsar la
capacidad de creación y el buen hacer profesional que tantas veces
consiguen, más allá de nuestras fronteras, un reconocimiento que muchas
veces aquí cuestionamos.
Y partiendo de estas consideraciones, es sencillo entender por qué la
intención del texto legal del que hoy hablamos se propone, por una parte,
flexibilizar el cumplimiento por los exhibidores de la cuota de pantalla
y adaptar la cuota de distribución a las exigencias del mercado,
estableciendo para esta medida un período de duración limitado a partir
de la promulgación de la presente ley, de modo que al final de este
período se liberalice plenamente el doblaje de películas de terceros
países a las lenguas oficiales españolas.
Se trata, por tanto, de avanzar en el proceso de integración de nuestra
industria y de nuestro mercado en el contexto de la industria y del
mercado internacionales; se trata, además, de hacerlo con la suficiente
prudencia y con el apoyo adecuado de los poderes públicos para que el
cine español pueda, en un plazo que se estima adecuado, competir en
condiciones de igualdad relativa con las industrias de otros países.
El proceso de tramitación parlamentaria ha sido muy útil porque, entre
otras cosas, ha servido para sensibilizar a la opinión pública acerca de
las necesidades de la cinematografía de nuestro país y de los países
europeos. Nos ha permitido avanzar, igualmente, en la discusión con los
propios interesados, que gracias a la iniciativa propiciada por sus
señorías en esta Cámara podrán canalizar de manera permanente sus puntos
de vista y la defensa de sus intereses en el seno del Consejo Superior de
la Cinematografía, órgano que, estoy persuadida, va a jugar un papel
decisivo en este proceso de aunar los intereses de los diferentes
sectores, con el objeto de preservar un espacio propio para nuestra
cinematografía.
Finalmente, también ha contribuido esta tramitación como proyecto de ley
a despejar las dudas que el mismo sistema actual de ayudas planteaba y
que en el momento del desarrollo reglamentario y con los nuevos
mecanismos de consulta ya en pleno funcionamiento estoy segura de que
podremos perfeccionar al máximo, así como ajustarlos a las necesidades
que el mercado nos vaya indicando.
En este orden de cosas, pienso que será de una extraordinaria importancia
la colaboración de los productores y las televisiones públicas y
privadas. La complejidad de la cinematografía, que es industria y es
cultura, que está cargada con la extraordinaria historia de sus cien
primeros años y que juega un papel preponderante en la conversación y
enriquecimiento de las identidades culturales, nos obliga a los
responsables políticos a actuar con el máximo grado de acuerdo.
Esta es una ley, y con esto concluyo, señorías, que se produce en un
contexto tremendamente dinámico, pues, como bien saben ustedes y he
tenido ocasión de recordar hace un momento, la Unión Europea está
planteándose en la actualidad los parámetros que definirán la política
audiovisual europea a medio plazo. Asumiendo plenamente la
responsabilidad española en este proceso de definición de una nueva
política, el Ministerio de Cultura piensa seguir ofreciéndose como un
cauce de diálogo y participación para todos los profesionales del sector.
La Ley de Fomento y Protección de la Cinematografía será, estoy segura,
uno de los instrumentos básicos para que ese diálogo y esa participación
redunden en beneficio de la industria y la cultura cinematográfica de
nuestro país.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Se abre el debate en relación con la enmienda de veto presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Van-Halen Acedo.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor Presidente, señora Ministra, señorías, la
señora Ministra ha empezado su intervención agradeciendo a esta Cámara el
enriquecimiento que producen las enmiendas en el proyecto de ley. Todo ha
quedado en casa, puesto que las únicas enmiendas aceptadas han sido las
del Partido Socialista.
Comenzaré recordando que este proyecto de ley procede del Real
Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre, convalidado en el Pleno del
Congreso de los Diputados el 21 de diciembre. En el debate de la
convalidación, el Grupo Parlamentario Popular argumentó una serie de
razones sobre las medidas que contenía aquel Real Decreto-ley
y anunció su voto en contra, que fue cambiado en voto de abstención
cuando se aseguró que sería tramitado como proyecto de ley, como así ha
sido.
Los contenidos del antiguo Real Decreto-ley adolecían de parcialismo, ya
que no habían sido consultados con los sectores implicados, y mi Grupo
Parlamentario en el Congreso estimó que la tramitación como proyecto de
ley abriría la posibilidad del entendimiento, ya que estimábamos y
estimamos que una regulación como la que era necesaria debería llegar en
el camino del consenso y de la confluencia, escuchando a todos los
sectores afectados y enriqueciendo por vía de enmiendas el texto
propuesto en las Cámaras.
Ahora, cinco meses más tarde, la tramitación de aquel proyecto de ley
llega al Senado después de una sucesión de debates a la espalda, desde
aquella primitiva y previa convalidación en el Congreso hasta los debates
en Pleno y Comisión en el propio Congreso y el debate en Comisión en el
Senado.
En el Congreso, mi Grupo Parlamentario presentó un texto alternativo en
el que figuraban medidas nuevas que podían justificar el carácter de
protección y fomento de la cinematografía que se quería dar a la ley.
Desgraciadamente para el cine español, la tramitación parlamentaria hasta
este momento --y no creemos, desgraciadamente, que tampoco en este
momento-- ha aportado prácticamente ninguna mejora al texto, puesto que
no se ha admitido ni en el Congreso ni en el debate en Comisión en esta
Cámara ninguna modificación sustancial sobre el viejo planteamiento del
Real Decreto-ley. Incluso, señorías, la tramitación ha supuesto, a
nuestro juicio, un empeoramiento del texto inicial al incorporarse
enmiendas que hacen más compleja e intervencionista la primitiva
propuesta.
El Gobierno socialista nos ha demostrado, como en aquel viejo principio,
que todo es susceptible de empeorar y resulta evidente que el proyecto
que hoy llega al Pleno del Senado es un ejemplo de ello.
La señora Ministra de Cultura, aquí presente, comenzó su intervención en
el Congreso de los Diputados el día 21 de diciembre de 1993 en el debate
del antiguo Real Decreto-ley, que desembocó en este proyecto de ley,
señalando que no parece necesario a estas alturas explicar que la
cinematografía española atraviesa desde hace algunos años una grave
crisis. Desde luego que es así, señora Ministra. Lo que no dijo, señora
Ministra, es que esa crisis se ha acentuado precisamente desde 1982, el
inicio de la llamada década prodigiosa, que ya para muchos españoles es
la década del desencanto.
En un decenio se ha pasado de 176 millones de espectadores a 78 millones.
En un decenio se ha pasado de 4.096 cines a 1.773. En cuanto a
producción, los datos tampoco mueven al optimismo, señora Ministra: en
1982 se producían en España 146 películas y en 1990, 47. Del total de las
películas producidas entre 1982 y 1991, exactamente 714, 72 no llegaron
siquiera a estrenarse porque no consiguieron interesar al distribuidor.
Son datos oficiales del Ministerio de Cultura que usted rige, luego no
serán nada catastrofistas. Podría decirse --y usted alguna vez lo ha
dicho, señora Ministra-- que la crisis también afecta al cine europeo en
general, y es cierto, pero no en la medida ni con la gravedad que al cine
español. El cine británico, por ejemplo, uno de los más afectados
--naturalmente menos, mucho menos que el español--, en 1982 produjo 45
películas y en 1990, 53. El índice de subida fue de más 82,8 por ciento,
mientras en los mismos años el cine español sufrió en su producción una
variación de menos 151 por ciento, según cifras también del Ministerio de
Cultura, que rige la señora Ministra.
¿Podemos achacar a la casualidad que el agravamiento de la crisis hasta
llegar a la situación de emergencia a que se ha referido en algunas
ocasiones usted misma coincida con el período en que desde el Gobierno el
socialismo ha protegido, orientado y tutelado la cinematografía española?
Cada decretazo conocido por un nombre propio, como «los tifones», Miró,
Semprún, Alborch, ha supuesto para el cine un nuevo golpe, una nueva
vuelta de tuerca. Las supuestas medidas protectoras han ahogado al cine
español. Señores del Gobierno socialista, no protejan tanto que alguna
vez alguien pueda decir aquello de: Virgencita, Virgencita, déjenos como
estamos. Para este viaje no se necesitaban alforjas ni para este proyecto
tanta urgencia.
Nadie ignora, naturalmente, que el cine español juega con enorme
desventaja --y tiene usted razón-- frente a otras cinematografías,
particularmente la norteamericana, y debemos entenderlo así porque es
así, y carece de los resortes básicos para mantener una infraestructura
medianamente competitiva en sus tres parcelas, producción, distribución y
exhibición. La cuestión es encontrar la vía para solucionar la situación.
¿Qué política habría que desarrollar para poner a flote ese barco que es
la cinematografía y que hace agua?
Desde luego, no creemos que ese pretendido salvavidas lanzado por el
Gobierno socialista fundamentado en medidas proteccionistas que contempla
esta ley desde un intervencionismo multifacético que favorece a aquellos
sectores de la industria cinematográfica más afines, despreciando las
preferencias del público. Por ejemplo, no nos merece confianza el sistema
de subvenciones, sin más, que favorece el clientelismo político y la
picaresca. El intervencionismo en los procesos creativos ha resultado
siempre nefasto. La creatividad supone, o debe suponer, libertad.
Justificar las medidas intervencionistas desplegando la idea, por
ejemplo, de que Hollywood ha colonizado las salas españolas no deja de
ser cuanto menos la rabieta de los menos capaces.
En el debate en Comisión, la portavoz socialista habló de tutela del
cine, como si al cine hubiese que llevarle de la mano. El sistema de
subvenciones, según lo ha entendido el Gobierno socialista, o sea, un
sistema arbitrario de protección, solamente conduce a la pereza mental o
al bochornoso «tente mientras cobro», ya que ha habido películas
generosamente subvencionadas que ni siquiera han llegado a estrenarse y
es dudoso que se haya culminado su producción.
Se dirá que el cine necesita dinero, y debe quedar claro, señorías, que
en el último decenio el cine español ha recibido
35.000 millones de pesetas de la bolsa del contribuyente --son también
datos del Ministerio de Cultura--. ¿Cuántas de esas 72 películas
producidas pero no estrenadas entre 1982 y 1991 obtuvieron subvenciones?
Conocemos algunos títulos, y en otra iniciativa parlamentaria algún
título salió en esta tribuna por parte de este Senador, pero tenemos
incluso películas que recibieron 50 millones de subvención y recaudaron
en taquilla 13.800 pesetas, por no hablar de «El Dorado» y otros
bochornos.
Resumiendo el caso de las subvenciones por proyecto, en los años
inmediatos, por referirme a un período cercano, de las 39 películas
subvencionadas en 1990 sólo seis obtuvieron en taquilla ingresos iguales
o superiores a la subvención recibida. En 1991 fueron siete de 33 las que
pasaron el listón, y en 1992, siete de 32 --siguen siendo datos del
Ministerio de Cultura--. El sistema de subvenciones por proyecto, avalado
por los socialistas, ha resultado un perjuicio para el cine español; por
eso no entendemos una auténtica política de protección y fomento de la
cinematografía sin un replanteamiento riguroso que desemboque en las
ayudas automáticas, que es una reivindicación reiterada de los sectores
cinematográficos, con los que yo sé que usted se ha encontrado varias
veces, que no quieren estar al capricho del Ministerio de Cultura, sino
depender del respaldo del espectador.
Junto al mantenimiento, señorías, de las subvenciones por proyecto, otra
grave discrepancia con la política cinematográfica socialista recogida en
este proyecto de ley concierne a las licencias de doblaje, que a nuestro
juicio deberían suprimirse. Ambos, sistema de subvenciones y licencias de
doblaje, han sido palancas utilizadas por el Gobierno para pastorear o,
mejor, tutelar el sector cinematográfico español.
La señora Ministra de Cultura ha declarado repetidamente que este
proyecto de ley trataba de liberalizar el sector y que gracias a él nos
acercábamos a Europa por homologación. O sea, que la exigencia de una
licencia, de un permiso para doblar o traducir una película es
liberalización en los finales del siglo XX. La homologación con Europa
tampoco se entiende, ya que el sistema de licencias de doblaje no existe
en países de la Unión Europea, y para buscar una norma similar habría que
ir, según unos libros especializados, precisamente a la legislación
nigeriana. Señorías, España y Nigeria son los únicos países que mantienen
las licencias de doblaje. Mi compañero el Diputado Miguel Angel Cortés se
preguntaba en el Congreso si entraría en la cabeza de alguien que hiciera
falta una licencia para traducir un libro. Naturalmente, nadie entendería
tal aberración, pero desde luego nadie llegaría a la inconsecuencia de
llamar a tal cosa liberalización u homologación con Europa.
El Gobierno socialista, que ha conseguido ya que paguemos impuestos como
en Suecia y que recibamos servicios como en Mauritania, ha conseguido
también que tengamos licencia de doblaje como en Nigeria. ¡Bien por la
progresía! Además, para conseguir esas licencias de doblaje será
necesario que la película en cuestión obtenga en taquilla unos ingresos
brutos de 20 millones para la primera licencia y de 30 millones para la
segunda, siendo preciso en este último caso que la película haya sido
exhibida al menos en dos lenguas oficiales españolas.
De las 39 películas subvencionadas en 1990 --y me remito al debate en el
Pleno del Congreso-- con 2.000 millones de pesetas, solamente 10
obtuvieron más de 20 millones en taquilla --17 por ciento no llegaron a
estrenarse--; en 1991 fueron solamente nueve de las 33 películas
subvencionadas las que obtuvieron más de 20 millones, y no se estrenaron
tampoco 17 de las subvencionadas. Quiere decirse que esta cuota al
espectador incorporada por el nuevo proyecto de ley hace la norma de
imposible o muy difícil cumplimiento, otro bochorno en este tiempo de
bochornos proclamados. Mientras, el Tribunal de Defensa de la Competencia
y el propio Ministerio de Cultura reconocen que estas licencias de
doblaje son en parte la causa de las dificultades de distribución de las
películas españolas. ¿Por qué entonces se castiga a la cinematografía
española con las llamadas, de forma curiosa, licencias europeas
homologables con Europa, cuando no lo son? Curiosa forma de proteger y
fomentar la industria del cine.
He pronunciado el verbo fomentar, y éste es otro motivo por el que no
podemos estar de acuerdo con este proyecto de ley: no fomenta. Por vía de
una enmienda socialista aprobada en Comisión se introdujeron en el título
de la ley los vocablos «protección» y «fomento», como ha señalado la
señora Ministra en su intervención. Una enmienda similar, por cierto, del
Grupo Parlamentario Popular, naturalmente, fue rechazada. Pero, señorías,
si a todo cuanto he expuesto se le puede considerar proteger y fomentar,
hay que pedir a Dios que no nos fomente más España el Gobierno
socialista, porque apañados iríamos, y ya lo vamos mucho.
Como se explicará en el debate de las enmiendas parciales por mi
compañero el Senador Fernández Aguilar --no voy a ser tan ingenuo de
pensar que se va a ganar la votación de este veto--, incorpora el Grupo
Parlamentario Popular una serie de enmiendas que dan sentido al título
del proyecto de ley, o sea, fomentan. En el texto que ha salido de la
Comisión el fomento no se deja ver por ninguna parte.
Señorías --y voy terminando--, el cine atraviesa un momento difícil en
una crisis agravada por una política cinematográfica de parcheos e
improvisaciones, amiguismos y decretazos, emanada de este decenio
desencantado y triste que consideramos felizmente en su ocaso. Sería muy
importante dirigir los esfuerzos de todos a redimir nuestro cine por los
caminos de la promoción y de la formación. Hay muchos jóvenes en España
con imaginación y vocación para narrar historias en imágenes y el talento
existe, pero las vías para fomentarlo desde la Administración no son
suficientes ni son idóneas.
Hay jóvenes que con el sistema actual jamás tendrán oportunidades de
demostrar si sirven o no. ¿Qué medios tienen para aprender, practicar y
acceder al mundo del cine? El cine nunca se acaba de aprender, escribió
Jean Renoir después de haber rodado películas capitales de la historia
del cine.
A la formación, investigación y promoción debería tender igualmente una
ley que pudiera titularse rigurosamente
de promoción y fomento de la cinematografía, que a eso respondía el texto
alternativo que presentamos en el Congreso de los Diputados. El proyecto
que debatimos esta mañana no llega a eso, no quiere o probablemente no
puede llegar a eso. Algún día, desde otras políticas, este país tendrá la
ley de cinematografía que merece y que todos debemos a nombres
importantes que ha aportado el cine español a la historia de la
cinematografía universal.
Hoy por hoy, señorías, la ocasión se pierde. Es otro parche más cuando el
problema del sector precisa una reparación seria y completa. Yo sé que
los socialistas están preocupados por otras cosas, que tienen en la
cabeza títulos de películas, pero no precisamente porque hayan acudido a
alguna proyección cinematográfica últimamente. «El golpe», «El fugitivo»,
«Solo ante el peligro», «Acorralado», «El quinteto de la muerte», «Alí
Babá» (Risas en los escaños de la derecha.--Rumores en los escaños de la
izquierda.) o «El bueno, el feo y el malo» son títulos que tienen cierta
actualidad. Señor Presidente, señorías, como en un programa doble,
después de «La noche de los muertos vivientes» puede proyectarse
«Horizontes de grandeza»: una es el terror y otra la esperanza.
Por el bien del cine español sería saludable que este proyecto volviese
al Gobierno para que pudiera llegar al Parlamento una nueva ley desde las
necesidades de todos los sectores afectados y que resultase estable y
rigurosa.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Camps.
La señora CAMPS I CERVERA: Señor Presidente, señora Ministra, señorías,
subo a esta tribuna con satisfacción para defender un proyecto de ley de
protección y fomento de la cinematografia, que me parece de la máxima
importancia, y para rechazar el veto del Grupo Parlamentario Popular, que
creo que incurre en una contradicción fundamental.
Según ha dicho el Senador Van-Halen, el Grupo Parlamentario Popular
aceptaría en principio la idea de que hay que proteger el cine español,
que hay que proteger el cine comunitario. Ha hecho una lista de
deficiencias del cine español, pero no proponen como remedio de ese mal
estado del cine español más que la ausencia de cualquier política
cultural. Eso es una contradicción. No se puede luchar contra el mal
estado sin intervenir de alguna forma y proponer una política cultural
que ayude a fomentar y a proteger al cine español.
La señora Ministra ha dicho muy bien que de lo que se trata en este
proyecto de ley es de poner al día las medidas protectoras del cine
español, equiparándolas a las de los países de la Unión Europea, con el
fin de defender la identidad cultural europea y fortalecer la industria
cinematográfica, sobre todo frente a un enemigo fundamental, que es la
industria norteamericana. Creo que éste es el punto principal que hay que
tener en cuenta para enjuiciar la ley. Deben ser medidas que permitan
controlar mejor la distribución cinematográfica sin cambiar
fundamentalmente las reglas existentes, aunque también haya que hacerlo.
Pero lo que hay que hacer es dar un paso más para mejorar las cuotas del
mercado del cine español.
Nuestra ley propone, pues, flexibilizar, por una parte, el cumplimiento
de las cuotas de pantalla, que en esta ley que proponemos van a quedar
como unas cuotas menos rígidas y, por otra parte, adaptar las cuotas de
distribución y las licencias de doblaje a las exigencias actuales del
mercado y a las realidades de las Comunidades Autónomas sin dejar de
prever medidas de fomento que fortalezcan el cine español, como la
coproducción entre las televisiones y los productores independientes.
En la justificación del veto que presenta el Grupo Parlamentario Popular
se dice que este proyecto de ley es perjudicial, es inconveniente y no
cuenta con todos los sectores afectados. Creemos que ninguna de estas
calificaciones es cierta. Se ha contado con todos los sectores afectados,
pero se ha intentado proteger a los sectores menos favorecidos,
concretamente al sector de la producción. Esta ley no nos parece
perjudicial ni nos parece inconveniente.
El Grupo Parlamentario Popular --se verá en el turno de enmiendas--
propone convertir esta ley en una ley de subvenciones y de medidas
fiscales, en una ley de incentivos y en una ley de créditos
cinematográficos. Creemos que esto no es suficiente. El Grupo
Parlamentario Popular propone suprimir las cuotas de licencias de
doblaje. Pensamos que sería una medida altamente imprudente que dañaría
de forma grave al cine español. Permítame que le recuerde, Senador
Van-Halen, por si no lo sabe, que el sistema de doblaje fue una invención
franquista, una invención destinada a manipular las películas extranjeras
con el fin de suprimir las escenas escabrosas y las lecciones políticas
poco edificantes para el pueblo español. Con ese sistema de doblaje de
películas se ha conseguido fomentar en España una industria de doblaje
que quizá sea la mejor del mundo, pero que ha dañado gravemente al cine
español. ¿Qué necesidad había de hacer cine español cuando venía todo el
cine extranjero y estaba enteramente traducido? ¿Qué necesidad había de
fomentar la creación cinematográfica española? Por eso pensamos nosotros
que hay que poner coto a las licencias de doblaje, que son las que
interfieren más en ceder paso en la distribución cinematográfica a las
películas españolas.
Por otra parte, no estamos contra el fomento a partir de subvenciones y a
partir de anticipos o incentivos fiscales. Todo esto es bueno, pero
creemos que no es la única medida ni la más apropiada en estos momentos.
¿De qué serviría, señoría, subvencionar películas españolas si luego
éstas no pueden estrenarse porque no encuentran distribuidores para ello?
Es algo que podríamos trasladar también al mercado del libro. ¿De qué
serviría subvencionar a escritores si luego esos escritores no
encontraran editores, no encontraran distribuidores que hicieran que sus
libros estuvieran en todas las librerías?
Hay que tener en cuenta --usted ha dado muchos datos, yo le voy a dar
sólo unos cuantos-- que, actualmente, la recaudación de taquilla en los
cines españoles es la siguiente: el 77 por ciento, norteamericano,
únicamente el
14 por ciento, comunitario, y sólo el 9 por ciento, español, cuando el
coste medio de producción de las películas españolas es el más bajo. El
objetivo tiene que ser pues, si queremos fomentar el cine español,
mejorar y facilitar la distribución cinematográfica española, y no hay
modo de fomentar la distribución del cine español o comunitario sino
limitando la distribución del cine de terceros países. No podemos
aceptar, señorías, el liberalismo que ustedes proponen. Voy a pasar a un
nivel un poco más teórico de la argumentación, que es por donde creo que
hay que empezar.
Sin protección institucional, sin una política cultural firme, peligra la
cultura, que en estos momentos está subordinada a criterios industriales
y no a criterios únicamente culturales. No hay que pensar que lo que se
pretende con esta ley --porque sería una interpretación muy simplista--
es limitar por ley la libertad de mercado. La libertad de mercado no es
sino la libertad de las empresas que pueden competir y condicionar la
oferta. Hoy, los exhibidores carecen de libertad para programar la
cartelera que quieren. Es equivocado decir que la oferta está determinada
por la demanda del público. Hago aquí la misma intervención que hice
cuando defendí la creación de la Comisión para estudiar los contenidos
televisivos: son las expectativas de beneficio de los distribuidores
privados en el caso del cine las que determinan de hecho la oferta; en el
cine no existe la libertad de opción de los espectadores, son los
distribuidores los que le dictan al espectador lo que debe elegir. ¿Cómo
van a optar si no se les ofrecen más que películas norteamericanas?
Además, la ley de la máxima audiencia y de la rentabilidad a corto plazo,
impuestos por un gran sistema de distribución mundial, sería la muerte de
las películas innovadoras y de las películas minoritarias. El cine no
sólo lo hace la gran industria.
Por otra parte, la política cultural tiene la obligación de promover lo
propio. Hace unos días decía un joven director de cine español: nuestro
cine está de moda en todo el mundo menos aquí. No se puede apreciar lo
propio, no se puede estimar nuestro cine si es extremadamente dificultoso
verlo. Lo que queremos es ayudar a los productores, a los directores, a
los creadores, actores y actrices más allá de las subvenciones, para que
puedan sobrepasar el poder de las distribuidoras norteamericanas.
En conclusión, señorías, lo que necesitamos --y en eso estamos todos de
acuerdo-- es un cine más sólido, pero para lograrlo debemos reforzar
nuestro flanco más débil, y el flanco más débil, a nuestro juicio, es el
que tenemos colonizado por las empresas distribuidoras norteamericanas.
Nada más. Señorías, señora Ministra, señor Presidente, muchas gracias.
(Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Sendora Camps.
Turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente, señoras
y señores Senadores. Señora Ministra, agradecemos su presencia en esta
Cámara.
Utilizamos este turno de portavoces para dar nuestra opinión sobre el
proyecto de ley denominado ahora, y una vez transcurrido el debate en la
Comisión en el que se modificó su título, como de protección y fomento de
la cinematografía, procedente del Real Decreto-Ley 19/1993, de 10 de
diciembre, título más adecuado a la pretensión del proyecto, cuyo
objetivo final pretende, justamente, la protección y el fomento del cine
español frente a los acosos europeos y, sobre todo, americanos. Otra cosa
será que lo logre, pues las dificultades parecen importantes.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos considera
que el Grupo Socialista ha hecho un esfuerzo, un avance, aunque no
excesivo, en la tramitación e inclusión de las enmiendas en la Comisión,
excepto con las números 40 y 41, lo que denota una falta de valentía y
decisión, cediendo a la interpretación del Tribunal Constitucional como
competenciales lo que debería quedar expresado claramente en la ley sin
tener que recurrir a este tercer Parlamento carente de sensibilidad, al
menos en la medida en que la discusión o el debate parlamentario debiera
ejercerse en la Cámara.
Nuestro Grupo ha presentado diez enmiendas, de las cuales la mitad se
refieren al artículo 6, denominado Cuota de pantalla, que pretenden
acomodar la realidad española a la media europea y no al revés, como
podía desprenderse de la definición del artículo 1. Presentamos una
enmienda con un nuevo artículo referente a la explotación comercial de
obras cinematográficas en salas de exhibición, para que la cuantía del
precio por la cesión de las películas fuese fijada libremente entre las
partes contractuales dentro de unos límites más adecuados a la realidad
competencial del mercado, como defensa y protección de dicho colectivo.
El resto de las enmiendas tienen como base, como siempre, la necesaria
defensa competencial, donde se nos obliga a echar el resto --como
vulgarmente se dice-- para que se protejan las singularidades de las
Comunidades Autónomas con realidades lingüísticas propias. Durante todo
el trámite parlamentario hasta este debate en el Pleno del proyecto no
hemos podido incorporar ninguna de nuestras enmiendas; sin embargo, ahora
tenemos la promesa de incorporar nuestra enmienda número 13, de
modificación de la Disposición Adicional, en la que se recoge que las
Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial podrán, oídas las
asociaciones afectadas, adaptar las modalidades de cumplimiento a que se
refieren los artículos 6 y 7 de esta ley. No creemos que sea necesario
hacer ningún comentario, pues entendemos que lo único que hace es adaptar
la ley a la realidad, como debe ser, aunque agradecemos y nos alegra la
sensibilidad mostrada al completar y mejorar el texto con dicha enmienda.
En lo que se refiere a la propuesta de veto del Grupo Parlamentario
Popular, entendemos que no debemos apoyarla, puesto que comprendemos las
dificultades, sobre todo sectoriales, de engarce de los eslabones de la
cadena que existen entre productores, exhibidores y distribuidores y la
responsabilidad por la intervención y el riesgo que implica la incursión
en aquellas parcelas defendidas a capa y espada por los diferentes
sectores. Sí apoyamos algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
porque estimamos
que completarían la ley, las que corresponden a la propuesta de nuevos
artículos en cuanto a control de taquilla, defensa de la competencia,
promoción del cine español, así como la conservación y difusión del
patrimonio cinematográfico español, y un proyecto de ley de audiovisual
en el que se regulen los problemas comunes al cine, televisión, vídeo y
demás tecnologías. Sin embargo, y en definitiva, señorías, no apoyaremos
la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
puesto que estimamos que la ley mejora la regulación de la cinematografía
y su aplicación tiene más bien carácter de urgencia; siempre habrá tiempo
para mejorarla, y no debemos ni podemos rechazarla para que vuelva al
Gobierno.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señora
Ministra.
Señorías, en esta fijación de posición de nuestro Grupo no vamos a
entrar, por supuesto, a explicar lo que sin duda ya desde el trámite en
el Congreso ha sido la filosofía y la línea alternativa y constructiva
que hemos querido incorporar a través del tracto legislativo a esta
iniciativa planteada por el Gobierno.
En medio de esas reacciones emotivas al nombrarse a un histórico General
que siempre se producen en esta Cámara, nos ha preocupado, en algunas de
las posturas manifestadas a la hora de defender su veto por el Grupo
Parlamentario Popular, el que, en definitiva, se pueda confundir la
legítima posición de defensa de un veto con un debate político de
carácter mucho más general, que puede llevar, de producirse la aceptación
del veto, a una paralización de las medidas que haya que aplicar en un
sector que está afectado por problemas indudables que hay que afrontar
con seriedad.
Asimismo, también estamos en contra de algunas manifestaciones que nos
preocupan porque pueden dar lugar a un paternalismo institucional y a esa
coincidente llamada a no aceptar la colonización de tipo cultural o
cinematográfico, debiendo ser coherentes de forma que a continuación no
entonemos, en sonido de película, el «bienvenido Mister Marshall» tan
habitual en la historia de este país. Por tanto, debemos hacer un
esfuerzo de coherencia en no rechazar determinados tipos de colonización
cultural, cinematográfica, cuando, por otro lado, los estamos
introduciendo en pautas de consumo, en pautas televisivas, es decir, en
una serie de actuaciones que afectan también a la cultura y a la
identidad de las diferentes culturas o realidades del Estado español.
Desde esa perspectiva, y sin dejar, lógicamente, de defender
posteriormente nuestras enmiendas y alternativas constructivas al
proyecto de ley, vamos a oponernos al veto, aunque coincidamos con
algunas de las críticas que se han formulado, pues entendemos que la vía
correcta en esta última fase del tracto parlamentario es la defensa de
las propias enmiendas, parciales y puntuales, que intenten, esperemos que
así sea, mejorar el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Brito.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto del proyecto de ley
que, después del debate del veto que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular, entraremos a debatir con mayor profundidad. Pero, a la vez,
quiero hacerlo ahora puesto que conocerán sus señorías que nuestro Grupo
no ha mantenido ninguna enmienda en el Senado y, por tanto, hemos pensado
que éste era el momento procesal más adecuado para expresar en una sola
intervención cuál es nuestro posicionamiento con respecto al veto del
Grupo Parlamentario Popular y por lo que hace a la Ley.
Señora Ministra, le agradecemos su presencia hoy en esta Cámara puesto
que demuestra un interés que no se le puede escapar a nadie que en estos
momentos debe ser no sólo del Gobierno sino de todas y cada una de las
fuerzas políticas. La crisis que ha atenazado durante muchos años al cine
español no es fruto de la casualidad. Yo no estaría tan de acuerdo en que
sea única y exclusivamente una responsabilidad del Gobierno socialista
que esta crisis haya tenido la acentuación que ha tenido porque, de ser
así, no sería lógico que dejáramos de reconocer que en otras Comunidades
gobernadas por otros partidos políticos u otras coaliciones esa misma
crisis también se ha notado, y me tengo que referir a aquellas
Comunidades que tenemos una lengua propia y unas características
culturales determinadas.
Pienso que ni en Euskadi ni seguramente en Galicia, y seguro que tampoco
en Cataluña, hemos sido ajenos a esta crisis. Pienso que la crisis se ha
generado, básicamente, por una innovación de todos lo que han sido los
medios audiovisuales; ha sido consecuencia de una fuerte implantación,
dentro de este campo, de los vídeos familiares, con lo que ha habido
menos participación de espectadores en las pantallas y, como
consecuencia, también una menor producción del cine, en este caso español
y también, en nuestro caso particular, del cine catalán. No es menos
cierto que en Cataluña, que supongo que sí se nos reconoce una cierta
preocupación por todo lo cultural, hasta después de conseguir nuestro
Estatuto de Autonomía y tener competencias y, sobre todo, posibilidades
de poder realizar acciones directas para proteger la industria
cinematográfica, no se ha notado un cierto avance, sin dejar de reconocer
que ha sido un avance muy por debajo de lo que ha sido siempre nuestro
caminar hacia el mundo cultural. Y no era difícil de entender, puesto que
en la situación particular de Cataluña en época política pretérita era
muy difícil poder desarrollar nuestra propia cultura, y el cine no se
escapaba de ello. Pero después de esto se ha ido avanzando y podemos
hoy citar con orgullo una producción cinematográfica que se transmite a
través de Televisión de Cataluña, una producción que se llama «Poble Nou»
(Pueblo Nuevo) que pienso que cuando termine en Cataluña se verá en
España y, seguramente, fuera de España, porque se ha conseguido un nivel
de calidad importante. Pero, insisto, no por ello debemos dejar de
reconocer que la crisis del cine la hemos pasado todos, aquellas
Comunidades o el Estado, en este caso regidos desde 1982 por el Partido
Socialista, y otras Comunidades regidas por otros partidos políticos. Por
tanto, como decía ayer un Ministro, no tanto «Piove, porco governo; non
piove, porco governo»; no es éste el caso, pero no sería lógico dejar de
citarlo en este contexto y reconocer cada uno las dificultades que hemos
tenido.
Este proyecto de ley, desde nuestra perspectiva, es un buen proyecto de
ley, seguramente porque desde su redacción la participación que hemos
tenido los nacionalistas catalanes algo ha tenido que ver, y la realidad
es que en el Congreso de los Diputados fueron aceptadas todas las
enmiendas, y ya en el Senado queremos resaltar la participación que
tuvimos en Comisión sin mantener ninguna enmienda, porque no es
casualidad que el artículo 8, tal como ha quedado redactado, sea fruto,
si puede decirse, de una enmienda «in voce» de nuestro Grupo aceptada por
todos los Grupos y, especialmente, por el Grupo Parlamentario Socialista,
que ha permitido una redacción que pienso que nos satisface a todos mucho
más. Y respecto de otra parte de una enmienda socialista, que colocaba
dentro del debate la Directiva europea por lo que hacía referencia a
Televisión, nuestra intervención también permitió que el Grupo
Parlamentario Socialista reflexionara y en esa enmienda particular del
Grupo retiraran aquella parte de la enmienda que pensábamos --y creo, con
toda sinceridad, que ustedes también-- que no encajaba dentro de este
proyecto de ley.
Por tanto, parece obvio que, aunque no tenemos ninguna enmienda, sí nos
sentimos satisfechos de cómo ha quedado el proyecto y debamos votar en
contra de la propuesta que hoy nos hace el Grupo Parlamentario Popular y
a favor del conjunto de la ley. Más aún si se acepta, como parece, la
enmienda número 13, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, que introduce unos mecanismos que, desde nuestra perspectiva,
añaden además lo que hace referencia no sólo a los artículos 6 y 7, sino
también al artículo 8, y en ese sentido sí recoge ampliamente una
inquietud que, por parte de nuestro Grupo, se ve absolutamente contestada
con la aceptación, según parece, de una enmienda transaccional que
permítanme que les diga de paso que es un poco rara, porque lo que
deberían hacer es aceptar plenamente la enmienda del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos. Es decir, lo que hace el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos es presentar una
enmienda; ustedes deberían aceptarla y no haría falta transaccionar. Pero
en este caso pienso que no tiene mayor trascendencia y lo que importa es
que se recoja prácticamente la enmienda del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Nosotros la vamos a votar favorablemente.
Respecto a las enmiendas de los otros Grupos, aun a pesar de que hay
algunas con las que en principio podríamos estar de acuerdo, reiteramos
que en general vamos a apoyar totalmente el proyecto del Gobierno.
Según nuestra lectura, nos parece entrever que las enmiendas que presenta
el Grupo Parlamentario Popular tienen un marcado cariz --y nos parece que
es bueno-- de protección hacia lo que es puramente la industria del cine
español y el conjunto de las variedades dentro de dicho cine, pero nos ha
parecido notar una falta importante de sensibilidad desde el punto de
vista cultural.
Tenemos en España, y en Europa en general, dos posibilidades de obtener
cine. Bien un cine americano, un cine basado en una cultura anglosajona
que, para ellos, es básicamente industria, y no quiero dejar de citar que
en Estados Unidos la segunda actuación en importancia en lo que hace
referencia a la importación es, precisamente, la industria
cinematográfica; es decir, hay un acento muy marcado por lo que es
industria y no tanto por lo que es cultura. Frente a esto tenemos un
modelo, el europeo, el español, y el catalán en nuestro caso, que también
debemos proteger, porque tiene matices mucho más culturales que
industriales. Me parece que esto se ha dicho por parte de la
representante del Grupo Parlamentario Socialista y es un convencimiento
que imagino tenemos todos los miembros de esta Cámara.
Existen estos dos modelos. ¿Qué debemos hacer? Gracias a que en los
acuerdos del GATT se pudieron aislar los aspectos culturales y,
especialmente, los aspectos cinematográficos, debemos realizar una
actuación de protección --que es lo que pretende esta ley-- de este
modelo diferenciado del modelo de cine americano. En esta línea nos
encontrarán --ya nos han encontrado-- y vamos a seguir luchando, desde
nuestra modestia, aquí, en esta Cámara, y desde el Congreso de los
Diputados para influir en aquello que pienso debe ser una responsabilidad
de todas las fuerzas políticas, no sólo del Gobierno, que es el
compromiso en la protección de un modelo de cine que debe favorecer,
repito, no sólo al cine español sino, en nuestro caso particular, también
el cine catalán. Si todos tomamos este compromiso de protección a este
modelo determinado de cine, si lo hacemos, vamos a dejar sólo a la
responsabilidad de los productores, de los directores, de la industria
cinematográfica el hecho de que después los clientes, entiéndase por ello
los espectadores, decidan según su criterio aquellas producción que son
buenas, aquellas que tienen aceptación y las que no la tienen.
Nosotros habremos hecho lo que hemos podido; protegerles, ayudarles,
intentar que hagan su producto y, si luego el público decide elegir un
tipo en lugar de otro, alguna responsabilidad tendrán aquellos que hagan
el cine, pero la clase política deberemos descansar si cumplimos con esta
parte de nuestro compromiso.
Señor Presidente, señorías, señora Ministra, hasta aquí nuestra
intervención. Como le decía, vamos a votar favorablemente y deseamos que
con este proyecto, con su aplicación y su reglamento --aquí hay un
compromiso de la señora Ministra con nuestro Grupo-- consigamos de verdad
proteger este modelo de cine europeo, este modelo de
cine que conviene a España y que conviene también a la industria
catalana.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Codina.
Para turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, si bien estamos en el turno de veto y no de enmiendas
parciales, quiero agradecer la posición de algunos grupos que se han
mostrado partidarios de algunas de nuestras enmiendas.
Evidentemente, yo no entiendo a la señora portavoz del Grupo Socialista
al decir que no tenemos una alternativa a esta ley cuando sabe
perfectamente que en el Congreso de los Diputados, donde se podía
presentar, se presentó un texto alternativo de «pe a pa» a la ley y hay
enmiendas parciales, de la número 10 a la 17, que suponen, desde luego,
un planteamiento absolutamente diferente y, a nuestro juicio, mejorado de
la ley.
Señora Camps, yo la tengo por una persona inteligente y usted no puede
decir seriamente que nosotros no tenemos una política cultural porque
ello sería no ya sólo falso, sino un insulto a la inteligencia de los
Senadores. Usted puede disentir de la política cultural del Grupo
Popular, jamás decir que no la tiene. Yo pienso, señora Camps, que
teniendo ustedes una política cultural, sin embargo, llevan diez años
haciendo cultura para su política y no política para la cultura, pero sí
creo que tienen una política cultural. Le ruego que, en rigor, en un
debate de un tema cultural no salga usted a la tribuna y diga: «Ustedes
no tienen una política cultural», porque sí la tenemos; léase las actas.
(Rumores.) Incluso los que gritan tienen una política cultural, aunque no
lo parezca.
Señora Camps, usted afirma que con esta ley se nos equipara a Europa,
pero no me ha respondido en su intervención a la pregunta clave cuya
respuesta debería haber sido: «Señor Senador, no tiene usted razón, los
únicos países que tienen esta norma que nosotros proclamamos no son
Nigeria y España; son España, Inglaterra, Italia, Holanda...» Esa hubiera
sido una respuesta, pero como usted esa respuesta no la tiene, reitero,
ustedes nos acercan a Europa por el camino de Nigeria.
Por otra parte, ha dicho usted algo que también me parece muy poco
riguroso porque demuestra que su grupo le encomienda defender una ley y
usted no conoce lo que pasa en el sector. ¿Sabe con qué pasaporte circula
por el mundo una película norteamericana, que seguramente conoce, llamada
«Instinto Básico», que ha batido los récords de taquilla en Estados
Unidos y en media Europa? Pues, con lo que usted protege, con matrícula
holandesa. Es decir, con este proyecto de ley las películas del señor
Garci y del señor Trueba van a tener las mismas subvenciones que va a
tener una película que usted cree que nos protege del gran colonialismo
norteamericano y que está circulando exactamente con matrícula holandesa.
Si quiere le doy unas cuantas muestras más de películas norteamericanas.
No le voy a hablar de subterfugios --sería una ingenuidad tremenda por mi
parte-- pero, naturalmente, existen subterfugios para que una película
norteamericana aparezca con matrícula holandesa y ustedes le dan una
subvención igual que si fuera de Trueba; «Instinto Básico», si no la ha
visto, se la recomiendo.
Señora Camps, usted habla de las licencias de doblaje, pero desde 1990 y
en 1991 --y le repito el dato porque tampoco me lo ha rebatido-- sólo 19
películas de las que han recibido subvención hubieran podido recibir una
primera licencia de rodaje, y ya no me meto en las que hubieran podido
recibir una segunda porque serían siete películas. Usted dice que esto es
normal y puede decir lo que quiera. Afirmar que nosotros somos
partidarios de la subvención --y también ha falseado, sin intención,
obviamente, la realidad-- y que no tenemos política cultural es
sencillamente desconocer nuestra política general. Nosotros somos
absolutamente no partidarios de la subvención, ustedes sí lo son, porque
quien paga, manda; nosotros no. En este proyecto de ley, en la enmienda
correspondiente que será defendida en el siguiente trámite parlamentario,
decimos justamente lo contrario de lo que usted dice; lo que queremos es
que la subvención no la mangonee el Ministerio de Cultura, señora Camps,
está clarísimo. Nosotros hablamos de criterios objetivos: del 80 por
ciento de subvenciones automáticas y del 20 por ciento de subvenciones
directas, pero, evidentemente, sin mangoneo del Ministerio.
Ha sacado usted un tema muy querido para mí --y con esto termino, señor
Presidente-- que es la política del libro. Ha citado usted la política
del libro y ha hablado de los escritores, de qué ocurrirá con los
escritores. Señora Camps, sé muy bien lo que ocurre con los escritores,
si tiene usted el gusto de hacerlo, pida a la señora Ministra de Cultura
o a algún colaborador que le dé la lista de los escritores que van
invitados a todas las manifestaciones del Ministerio de Cultura y verá
que son siempre los mismos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Senadora Camps, para el turno de portavoces, tiene la palabra.
La señora CAMPS I CERVERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la comprensión de los Grupos
Nacionalistas Vasco, Coalición Canaria y Convergència i Unió, que apoyan
en principio el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Al Senador Van-Halen querría decirle varias cosas; no he contestado a
algunas de sus preguntas porque me parecía obvio que ustedes conocieran
lo que ahora dice que conocen. En primer lugar, estas políticas que
nosotros proponemos son realmente una equiparación de la normativa
europea. Hay políticas europeas, por ejemplo, en Francia, que tienen
cuota de pantalla y cuotas de licencias de doblaje; no es una política
únicamente nigeriana, como dicen ustedes.
Por otra parte, lo de «Instinto Básico» lo sabemos todos, y precisamente
porque lo sabemos todos no caeríamos en el error de aceptar un truco de
las distribuidoras consistente en hacer pasar por películas que no son
americanas películas que de hecho son americanas, eso lo hacen con
películas inglesas y con otro tipo de películas.
En mi intervención yo me he referido a que nosotros estamos intentando,
en parte, con la política cultural rectificar una política que viene del
franquismo. (Rumores.)
Refiriéndome otra vez a películas concretas, Senador Van-Halen, usted
debe creer que ha visto la película «Casablanca»; no la ha visto usted,
porque el doblaje de «Casablanca» se sigue transmitiendo en los vídeos y
es un doblaje trucado. El doblaje de las películas hace daño no sólo al
cine español, sino al cine auténticamente norteamericano.
Dice usted que desconozco su política cultural. Es culpa suya que
desconozca la política cultural del Grupo Popular, no tienen suficiente
habilidad para difundir en sus programas esa política cultural. (Aplausos
en los escaños de la izquierda.)
Para terminar, Senador Van-Halen, sólo quería decir una cosa: ser liberal
es bueno cuando todo el mundo puede ser liberal, pero eso no ocurre
nunca; no podemos ser todos liberales cuando hay poderes económicos que
impiden a mucha gente actuar libremente.
Muchas gracias. (Varios señores Senadores: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos
en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el veto del Grupo
Parlamentario Popular.
Vamos a iniciar la votación pendiente que nos permitirá, a continuación,
abrir el debate de las enmiendas.
Antes, quiero recordar a los miembros de la Cámara que en una reunión de
la Mesa, tras ser oída la Junta de Portavoces, ésta decidió comunicar
como acuerdo a los señores portavoces, con el ruego de que se hiciera
extensivo al conjunto de los miembros de la Cámara, que, a los efectos de
tener unas reglas claras en orden a proceder a efectuar las votaciones,
el único acceso al salón de sesiones en el transcurso de las mismas,
cuando la Presidencia lo ordena, sea el que se corresponde con las dos
puertas principales que están contiguas a la Presidencia y no por ninguna
otra puerta de acceso a este recinto.
Solicito, en nombre de la Mesa de la Cámara y de los señores portavoces,
la colaboración de todos y cada uno de los miembros de la Cámara a los
efectos de evitar incidentes que luego deterioran el prestigio de las
instituciones parlamentarias.
Por tanto, vamos a someter a votación el voto particular número 4, del
Grupo Parlamentario Popular, enmienda de veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 93; en contra, 132.
El señor PRESIDENTE: No habiendo alcanzado la mayoría necesaria, queda
rechazado.
Vamos a entrar en el debate de las enmiendas de los votos particulares
correspondientes al articulado, a las disposiciones adicionales, a la
disposición derogatoria, disposiciones finales, exposición de motivos y
título.
Hago esta advertencia porque, al dar la palabra a los enmendantes, éstos
van a disponer del tiempo por el total de sus enmiendas presentadas al
conjunto del proyecto, porque entendemos que así se ha procedido en
Comisión y parece más claro desde el punto de vista de entender el
sentido de las mismas.
Vamos a conceder, en primer lugar, la palabra al Senador Cuevas González,
a los efectos de que proceda a la defensa de sus enmiendas contenidas en
el voto particular número 3.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, creo que no hay duda en esta Cámara de que el Grupo Mixto y,
sobre todo, el componente de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
siempre se ha mostrado bastante reticente a medidas urgentes. Recuerdo
unas que han entrado y hemos debatido en esta Cámara hace poco tiempo,
que empezaron como medidas urgentes --y me estoy refiriendo a las de
fomento del empleo-- y terminaron saliendo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, Senador Cuevas.
Solicito silencio, por favor. Gracias.
Está en el uso de la palabra, señoría.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En un tema como el del cine, rogaría que se guardara un poco de silencio
cuando intervengo, que intervengo poco.
Quería decir, señor Presidente, señorías, que hemos sido siempre poco
partidarios de este tipo de medidas urgentes y ponía un ejemplo que hemos
debatido hace poco.
Nos hubiera gustado que todos, la Cámara y el Gobierno, hubiésemos
aprovechado este momento para regular de una vez para siempre, todo lo
que se refiere a la cinematografía y al audiovisual. Además, hubiese sido
más coherente, incluso, con la propia exposición de motivos del proyecto
de Ley que hoy debatimos. En cualquier caso, desde el Grupo Mixto, desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, vamos a apoyar el presente
proyecto de Ley y ello por una cuestión de necesidad. Insistimos en que
creemos necesario regular toda la temática de la cinematografía y del
audiovisual, sobre todo, ante esa política liberal que ha defendido la
Senadora del PSOE y que me gustaría que expresara también en otros temas,
por ejemplo, en lo referente al mercado de trabajo. Estoy de acuerdo en
que no se puede ser liberal si todos no somos liberales. Siempre pongo el
ejemplo del saxofón de Clinton, quien propugna una economía de mercado
muy libre pero, al final, termina protegiendo su saxofón. Nos impone la
liberalización a los demás, pero él no se la impone a sí mismo. Por
tanto, creíamos que era un momento interesante para desarrollar este
proyecto de Ley y por eso lo vamos a apoyar.
En cualquier caso, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hemos
presentado cuatro enmiendas que creemos que mejorarían el proyecto, sobre
todo, en el tema autonómico, porque creemos que, con la configuración del
Estado de las Autonomías, éstas deberían tener un papel importante en
esta ley y, en segundo lugar, por garantizar un control democrático del
desarrollo de la misma. Por ejemplo, cuando proponemos el consejo
superior del audiovisual, lo hacemos en coherencia con la propia
exposición de motivos, con el discurso político que hemos manifestado y
para que esta ley se pueda desarrollar, porque, como sus señorías bien
saben, a veces las leyes --sobre todo, cuando hay mucha dispersión
normativa-- se quedan en papel mojado porque no se sabe cuándo es
competencia de unos y cuándo es competencia de otros. En definitiva, no
sabemos quién lo ejecutaría. Por eso, desde nuestro punto de vista, ese
consejo superior del audiovisual garantizaría, primero, la participación
de todos los sectores y, segundo, el desarrollo de la ley. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Nosotros creemos que hay bastante material humano en España para que se
haga un buen cine y, además, para que sea bien distribuido.
Aunque esto ha significado un paso hacia adelante, nosotros hemos pedido
y vamos a seguir pidiendo que en un plazo breve se profundice mucho más
para desarrollar en una normativa general la cinematografía y el
audiovisual para frenar esa capa de liberalismo que nos va a invadir, no
solamente en el cine, sino en otros aspectos --y espero que la Senadora
tome posiciones iguales en otras materias-- porque --como dije en
Comisión-- si no tomamos medidas nos podemos encontrar en una situación
ridícula: podemos estar viendo horteradas americanas en televisores
japoneses.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas
González.
El voto particular número 2 corresponde al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en aras a la brevedad, y como todos los argumentos están
esgrimidos y discutidos en distintos foros dentro y fuera de las Cámaras,
damos por defendidas en este acto nuestras enmiendas en los propios
términos en que se justifican en nuestra propuesta.
Agradecemos al Grupo Parlamentario Socialista, a la señora Ministra y a
los restantes Grupos que la han firmado, la enmienda transaccional sobre
la base de la enmienda número 13. Creemos que debemos retirar nuestra
enmienda para aceptar de buen grado la sustitución del párrafo segundo a
la Disposición Adicional Primera, que debe decir: «Las Comunidades
Autónomas con más de una lengua oficial española podrán, oídas las
asociaciones afectadas, adaptar las modalidades de cumplimiento a que se
refieren los artículos 6, 7 y 8 de esta Ley.»
Tanto al Senador Codina como a su grupo, debo agradecerle el interés y el
apoyo de esta enmienda, como no podría ser de otra forma. Por una vez, y
no es frecuente, se nos ha admitido la enmienda prácticamente en los
mismos términos en que la presentamos, simplemente se han hecho dos
correcciones, una referente al artículo 8, que no estaba incluido y que
trata del tema de criterios lingüísticos, y otra, la referencia que hacía
nuestra enmienda al Real Decreto-ley, que ahora es un proyecto de ley.
Por tanto, creemos que queda mejor de esta forma.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
Quiero advertirle que no puede retirar la enmienda número 13 porque es la
que da soporte a la transaccional.
Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Intervengo
también con la máxima brevedad para defender el conjunto de nuestras
enmiendas. Nosotros antes manifestamos que no apoyaríamos el veto por las
razones expuestas, pero hemos presentado un conjunto de enmiendas tanto
en el trámite del Congreso de los Diputados como del Senado.
Nos preocupa que estemos en este momento, y espero que sea de forma
transitoria, manteniendo mecanismos de protección que puedan debilitar
para el futuro de la competencia --competencia que se va a producir en
los próximos años-- la producción e industria cinematográficas españolas.
Creemos que la línea seguida por otros países de la Unión Europea en el
sentido de estimular los incentivos fiscales a la propia distribución y
exhibición como elemento fundamental hay que completarlo con la
incorporación de la obligación a las cuotas de pantalla de las
televisiones, porque, sin duda alguna, con los hábitos de tipo cultural y
audiovisual que se están generando vinculados a las televisiones, poco
puede hacerse exigiendo determinadas cuotas y obligaciones a
distribuidores, fundamentalmente a exhibidores, si realmente no
introducimos tales obligaciones en paralelo en la televisión, con el peso
decisivo que está teniendo a nivel de los propios consumidores del
producto audiovisual.
Nuestras enmiendas han tratado, por una parte de mejorar técnicamente el
proyecto, y, por otra, de incorporar elementos como la propia obligación
de cuotas de pantalla en la televisión --como indica nuestra enmienda
número 21-- y de evitar la imposibilidad de cumplimiento por parte de las
salas, en muchos casos por la entidad o las características de las
propias empresas exhibidoras, de las cuotas correspondientes y las
obligaciones de las cuotas de pantalla. En ese sentido queremos
manifestar algo con lo que no estamos de acuerdo, y es que nos parece muy
bien la incorporación del artículo 8 en su actual redacción para atender
los factores de tipo lingüístico, pero esto significa que en la práctica,
con la enmienda transaccional que se ha planteado, se discrimina a las
Comunidades Autónomas
con competencias exclusivas en función de un hecho que nos parece
importante proteger, que es el elemento lingüístico, que está protegido
en el artículo 8, pero al aplicar las modalidades de los artículos 6 y 7
se está conculcando a aquellas Comunidades Autónomas que tienen
competencias también exclusivas en el mismo nivel que las Comunidades que
tienen una lengua cooficial.
Nos parece loable y positiva la transaccional que se ha planteado
respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, pero nos parece excesivo que se excluya de las posibilidades de
modulación a aquellas Comunidades Autónomas que tienen competencias
exclusivas en materia cultural. Se produce un vacío preocupante que
habría que haberlo vinculado al artículo 8 introducido en el tracto
legislativo, pero no, evidentemente, tal cual se ha planteado, porque
respecto a los artículos 6 y 7 no se está exclusivamente en problemas de
naturaleza lingüística, que es lo singular y peculiar, sino en materia de
naturaleza competencial. Aquí se está afectando a Comunidades Autónomas
que tienen el máximo nivel competencial en materia cultural y, por tanto,
cinematográfica.
Nos parece también excesivo el marco del reglamento sancionador,
fundamentalmente en una economía que se define de libre mercado, que debe
impulsar los factores positivos y no los meramente sancionadores, porque,
al ser excesivamente uniformador, aplica las mismas sanciones a las
grandes empresas que a las salas pequeñas de exhibición, que se pueden
ver en dificultades evidentes para cumplir cuotas de pantallas y
obligaciones derivadas de la Ley. Sería importante, si no se admitieran
algunas de las enmiendas que hemos formulado desde la perspectiva de
mejorar y modular la aplicación de los criterios de la ley, el que, a
nivel reglamentario, se precisasen y puntualizasen los aspectos de
desarrollo y de aplicación de estas medidas sancionadoras que por su
entidad están más pensadas para las grandes salas que para un porcentaje
importantísimo, casi el cuarenta por ciento, de salas, que no llegan, en
ocasiones, a facturaciones anuales que superen los 10 millones de
pesetas, por tanto, pequeñas salas de exhibición.
Apuntamos la necesidad de una participación corresponsable de las
Comunidades Autónomas en materia de ordenación, de fomento y de impulso
de la actividad cinematográfica, y en ese sentido hemos planteado seis
enmiendas, pero, en cualquier caso, y ésta es la línea fundamental,
pensamos que hay que ir modulando y reduciendo temporalmente las
excesivas políticas de protección, introduciendo mecanismos de auditoría
y control efectivos que hasta ahora no se han aplicado o se ha hecho de
forma reducida, y no ir en un sentido contrario al que hoy tiene la
industria cinematográfica europea, que está precisamente yendo a
mecanismos graduales de desprotección para impulsar medidas de estímulo,
de apoyo de tipo indirecto, por ejemplo en el sistema fiscal, como ocurre
en el caso italiano, en el Reino Unido o en Alemania.
Esperamos que el desarrollo posterior, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, pueda perfeccionar los aspectos que, en nuestra
opinión, siguen siendo deficientes o insuficientes en la Ley.
Confiamos que en algunas de las enmiendas que hemos formulado podamos
encontrar el apoyo y el respaldo de la Cámara porque no se está
cuestionando la necesidad de esta Ley, sino fundamentalmente el
perfeccionamiento del sistema que estimule la iniciativa y la capacidad
creativa frente al proteccionismo que a veces puede llevar a un
parasitismo preocupante, por muchas singularidades excepcionales que
existan y todos tenemos en la mente la película «Belle Epoque», pero las
bellas épocas a veces no son tan fructíferas y positivas en la
creatividad y a veces los sistemas de protección excesivos y no
suficientemente modulados pueden llevar a fenómenos de desmotivación de
la iniciativa, del riesgo empresarial, y, en definitiva, de la mejora de
la actividad competitiva.
No olvidemos que la directiva comunitaria nos obliga en este momento a
adoptar un sistema de cuotas de pantalla aplicado al ámbito de la
Comunidad Europea. Puede darse el efecto perverso de que cualquier
exhibidor pueda, aplicando los criterios de las directivas comunitarias,
no exhibir ni una sola película de producción española, sino todas las
del resto de los países de la Unión Europea, lo cual entra,
evidentemente, en contradicción con el objetivo fundamental de esta ley
que es la protección de la producción y la creatividad audiovisual y
cinematográfica española.
Hay que tener cuidado con estos planteamientos porque puede ocurrir que
aplicando rigurosamente la ley y las directivas comunitarias pueda no
exhibirse ni una sola película de producción española. Por tanto,
pensamos que es necesario introducir rectificaciones y cautelas que,
respetando los criterios de las directivas comunitarias, puedan apoyar
realmente la producción cinematográfica española sin detrimento,
lógicamente, de las obligaciones que tiene asumidas el Estado español en
la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Brito
González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Aguilar.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular procede seguidamente a defender
los votos particulares al texto del proyecto de ley de medidas urgentes
para la cinematografía contenidos en las enmiendas presentadas que van de
la 45 a la 70, ambas inclusive.
Nuestra primera enmienda, la 45, ha sido formulada al título de la ley,
ya que defendemos una ley de fomento del cine y no una ley
proteccionista. Por eso queremos incorporar incentivos fiscales y medidas
correctoras frente al matiz claramente intervencionista que tiene este
proyecto.
No nos merece confianza el sistema de subvenciones propuesto que fomenta
el intervencionismo del Estado y al que parecen aferrarse determinados
sectores de la industria, despreciando las preferencias y opiniones del
público.
Nosotros aceptamos las subvenciones al cine, pero queremos cambiar el
criterio con que se conceden. Deseamos que no se premie al fracaso, sino
que se premie al éxito.
Nuestra enmienda 46 pretende sustituir la redacción contenida en el
dictamen por un nuevo texto más acorde con nuestras enmiendas presentadas
a continuación y favorecedoras de medidas de fomento que permitan la
recuperación del cine español incentivando la creación para que se
consolide una infraestructura industrial cinematográfica competitiva y de
calidad frente a aquellas otras dirigidas a la intervención del mercado.
Proponemos que se suprima la cuota de distribución y el sistema de ayudas
por proyecto, potenciando las ayudas automáticas sobre taquilla y la
posibilidad de obtener créditos y anticipos en condiciones muy
favorables.
En la enmienda 47 proponemos la sustitución del artículo uno por un nuevo
texto que, aparte de dotarle de un rótulo del que carecía en Comisión,
aporte la definición del objeto de la presente ley y proponga que se
evite en su redacción la genérica equiparación de la obra cinematográfica
de los países de la Unión Europea con la obra cinematográfica española.
También consideramos adecuado incorporar como apartado segundo de dicho
artículo el artículo 4 del proyecto que guarda, sin duda, una estrecha
relación con el contenido del precepto. Asimismo, proponemos la supresión
del artículo 2 porque es una ley del cine.
Nuestra enmienda 48 está plenamente justificada porque la definición de
obra audiovisual europea no tiene mucho sentido en una ley de medidas
para la cinematografía. Su lugar sería una ley del audiovisual, que es
objeto de una enmienda de adición de una nueva Disposición Final.
Con la enmienda 49, señorías, ampliamos considerablemente el contenido
del artículo 3 e incluimos definiciones de conceptos que posteriormente
se utilizarán en el resto del articulado.
En nuestras enmiendas se definen sucesivamente la obra cinematográfica,
los autores de la obra, del argumento, de la adaptación, del guión o de
los diálogos, del compositor de la banda musical de la película y del
director. Asimismo, se establece qué se entiende por cortometraje y
largometraje, qué se entiende por obra cinematográfica española y por
obra cinematográfica comunitaria.
Todas estas definiciones, señorías, no nos parecen ociosas porque se
amplía y precisa el artículo 3, y como en el resto de la ley se vienen
utilizando continuamente estos términos, conviene reglarlos desde el
punto de vista legal.
En la enmienda 50 proponemos un nuevo texto para el artículo 4, ya que en
una enmienda anterior pasábamos el texto primitivo a un nuevo apartado
del artículo 1. Esta enmienda se refiere exclusivamente a la política de
ayudas y subvenciones. En ella pretendemos fijar el marco básico de las
ayudas directas a la cinematografía, estableciendo como regla las
subvenciones automáticas sobre taquilla para la amortización de
largometrajes más otras ayudas. Pero no queremos que el apoyo al cine se
base en decretos o decretazos que siempre llevan el nombre del dirigente
que los ha puesto en marcha, como el decreto «Miró» o el decreto
«Semprún».
Consideramos que es de gran importancia para este proyecto que se regule
y se sistematice el régimen de anticipos. Por eso, la enmienda 51 propone
la sustitución del artículo 5 del dictamen de la Comisión por uno nuevo.
Con esta enmienda proponemos que se extraiga de este cuerpo legal la
regulación de las cuotas de coproducción entre las televisiones y
productores independientes, y llevarla a la normativa que regule las
entidades que prestan directa o indirectamente el servicio público de
televisión.
No entendemos que en esta ley se contemplen componentes de la Directiva
Europea de Televisión sin Fronteras, que se tramita en estos momentos en
el Congreso de los Diputados.
Por otra parte, en todos los decretos de subvenciones el riesgo recaía
hasta ahora sobre el contribuyente y, en definitiva, señorías, sobre el
Estado. Ahora, a la vista de nuestra propuesta, el riesgo recaería sobre
las empresas. Según el éxito que tuviera la película, así sería de
exigible el anticipo y nunca lo afrontaría el erario público. Serían
anticipos a cuenta.
Con la enmienda número 52 proponemos modificar el texto del artículo 6.
La enmienda contiene un texto alternativo para la cuota de pantalla. Esta
se puede cumplir en un período de dos años naturales en lugar de un año,
como dice el proyecto, para dar un mayor margen al exhibidor en la
elección de las películas destinadas a cubrir dicha cuota. Hemos de tener
en cuenta que la producción de un año respecto de otro puede ser muy
desigual en cantidad y calidad. Nuestra enmienda flexibiliza así el
cumplimiento de la cuota de pantalla.
En segundo lugar, se suprime la letra c) del apartado uno que introducía
un criterio «corrector» de la proporción establecida.
En tercer lugar, se introduce un nuevo apartado dos que recoge la
previsión del proyecto de ley de trasposición de la Directiva Europea de
Televisión sin Fronteras para las «cuotas de emisión».
Señorías, en esa especial consideración que España debe tener con
respecto a Hispanoamérica en atención a su identidad cultural común,
propugnamos para esas películas el mismo trato que se les da a las
películas comunitarias a efectos de cumplir la cuota de pantalla.
Un sector muy importante y de gran trascendencia en la industria
cinematográfica es el de doblaje, por lo que nos referimos a él a través
de nuestra enmienda número 53. A tenor de nuestra propuesta de derogación
de las cuotas de distribución, suprimimos toda referencia a dicho
sistema, que ha estado unido desde su origen a las licencias de doblaje,
y defendemos que las películas puedan ser dobladas libremente en
cualesquiera de las lenguas españolas.
En consecuencia con la propuesta de derogación del sistema de las cuotas
de distribución que proponemos, nuestra enmienda número 54 pretende
transformar el artículo 8 en un precepto de infracciones suprimiendo los
apartados 1.b) y 1.d), este último de acuerdo con lo expuesto
anteriormente en la enmienda al artículo 5 sobre la conveniencia de que
todas las obligaciones que hayan de cumplir las entidades que presten
directa o indirectamente el servicio público de televisión deben
recogerse, no aquí, sino en la ley que regule dicho servicio.
En relación con el artículo 9, en el que se recoge el régimen de
sanciones, presentamos nuestra enmienda número 55. Con nuestra propuesta
solicitamos que se rebajen las cuantías establecidas en el proyecto y que
se elimine la sanción extraordinaria prevista de cierre de local ya que
la consideramos desproporcionada. Las demás modificaciones en la
redacción son meras mejoras técnicas.
En cuanto a las siguientes enmiendas, señor Presidente, señorías,
numeradas correlativamente de la número 56 a la 63, ambas inclusive,
justifican sobradamente que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular
sea la de una ley alternativa, una verdadera ley de fomento de la
cinematografía. Nuestras enmiendas pretenden en su conjunto el desarrollo
y concreción de un texto alternativo que se centre, no en el
proteccionismo, sino en el fomento del cine español.
Frente a unas subvenciones a la cinematografía que inciden de manera
fundamental en las subvenciones por proyecto, decididas por el Gobierno
libre y arbitrariamente según el grado de favor y apoyo de los
responsables del Ministerio de Cultura --algunas veces hay película
subvencionadas y no estrenadas o estrenadas con fracaso rotundo o ni
siquiera conocidas por el público--, nosotros defendemos un sistema de
subvenciones que destine mayoritariamente las ayudas públicas a aquellas
películas que cuenten con la simpatía y con el favor del espectador, esto
es, del contribuyente español. Esta es la idea política central que
defendemos y que se contempla en el articulado nuevo que aportamos y que
abarca del artículo 10 al 17 ambos inclusive.
Nuestra enmienda número 56 se refiere a un nuevo artículo 10 que regule
el control de taquilla. Consideramos que una ley de fomento debe
sustentarse en las recaudaciones que obtienen las películas en las salas
de exhibición.
La número 57 propone un nuevo artículo 11 que establezca la defensa de la
competencia. Creemos que el Ministerio de Cultura tiene el deber de
controlar la situación de competencia de dicho mercado en colaboración
con el servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Pero al llegar a este punto, el Grupo Parlamentario Popular debe hacer
una manifestación de gratitud y asimismo una aclaración. Nuestra gratitud
va dirigida a la presencia de la señora Ministra de Cultura; la
aclaración se refiere a que la señora Ministra influye sobre el Grupo que
sustenta al Gobierno en defensa de sus propios postulados. Y es que los
propios artículos 12, 13, 14 y 15 que nosotros proponemos responden
exactamente a las medidas que se contienen en el texto de un proyecto
presentado por la actual Ministra, señora Alborch, en la Sociedad General
de Autores de España ante una representación de profesionales y
personalidades todos ellos interesados en la industria cinematográfica.
Pero no basta con que lo propuesto por la Ministra se recoja
posteriormente en los reglamentos. Nosotros defendemos que tenga un mayor
rango, que tenga rango de ley. Por eso incorporamos estas aspiraciones en
el proyecto a través de los nuevos artículos números 12, 13, 14 y 15.
Estamos seguros de que el Grupo Socialista los va a votar favorablemente
por el deber que tiene de no contradecir al Gobierno que sustenta, salvo
riesgo de incurrir en una grave incoherencia, como ocurrió en el debate
en Comisión.
Nosotros defendemos una promoción de la cinematografía española más
eficaz. Ese es uno de los problemas que tiene actualmente planteados
nuestro cine y que debe necesariamente ser afrontado.
La conservación y difusión del patrimonio cinematográfico español forma
parte del deber que tiene el Estado de garantizar el acceso de todos los
ciudadanos a la cultura y al patrimonio cultural español y, por tanto, y
dentro de éste, también al patrimonio cinematográfico. Ambas ideas se
expresan en nuestras enmiendas números 58 y 59 y configuran los nuevos
artículos 12 y 13.
Nuestras enmiendas al proyecto de ley pretenden recoger unas nuevas vías
tan sumamente importantes para el fomento del cine como lo son la
enseñanza y la investigación. Es irrenunciable para este proyecto el
campo de la formación de profesionales y el que se facilite el acceso de
todas cuantas personas quieran dedicarse como profesionales a las
distintas actividades cinematográficas. Señora Ministra, estas ideas
también están contenidas en nuestras enmiendas números 60 y 61, que
proponen los artículos nuevos 14 y 15.
Hay muchos jóvenes en España con imaginación y con vocación para narrar
historias con imágenes, nos decía antes brillantemente el Senador
Van-Halen. Hay jóvenes que no encuentran camino para su promoción y
formación. Esta es otra asignatura pendiente más de esta era de Gobiernos
socialistas. Es de obligada referencia citar las escuelas de cine de
Italia, Polonia, Francia y Cuba, sin contar las Universidades
norteamericanas, para comprender la valiosa aportación que se puede hacer
a la industria cinematográfica desde la docencia.
Sin embargo, este puede ser el camino al que, desgraciadamente, se va a
renunciar hoy por los votos en contra del Grupo Socialista y de
Convergència i Unió si no se toma en consideración nuestro texto
alternativo.
Nuestra enmienda número 62 pretende asegurar una vía de financiación
importante basada no sólo en condiciones favorables al crédito oficial
sino también al crédito privado mediante convenios.
Finalmente, en nuestra enmienda número 63 se solicita la adición de un
nuevo artículo 17. Se propugna con dicho artículo la exoneración o
moderación del pago de las tasas cinematográficas. Nadie duda de que una
buena película constituye un valioso medio de difusión de la identidad de
un pueblo. En este sentido, consideramos que las tasas que se cobran para
el rodaje de una película no sólo suelen ser elevadas, sino que también
resultan contraproducentes ya que dificultan la difusión de nuestros
distintos entornos urbanos o rurales y la de nuestro propio patrimonio
histórico-artístico. Y a propósito de esto no debemos olvidar la tan
citada película en la mañana de hoy, Belle Epoque, película que
precisamente por haber tenido una propuesta de tasas muy altas tuvo que
ser rodada en Lisboa.
En cuanto a la disposición adicional recogida en el texto del dictamen,
mantenemos y defendemos nuestras enmiendas números 64, 65 y 66, que se
refieren respectivamente a la revisión de la cuota de pantalla, a los
incentivos fiscales a la producción y al tratamiento fiscal de la
exhibición.
La justificación de la enmienda número 65 se basa en que el texto elimina
toda referencia a las cuotas de distribución y en que se establece la
obligación del Gobierno, no sólo la facultad, de revisar la cuota de
pantalla de forma que, en la medida de lo posible, su aplicación vaya
siendo regresiva.
La segunda se justifica porque entendemos que para que una ley sea de
fomento debe recoger incentivos fiscales que lleven hasta una
modificación del Impuesto sobre Sociedades en lo referente a la
cinematografía; y la Disposición Adicional Tercera propone la
modificación del tratamiento fiscal de la exhibición, porque la regla
general de tributar según los metros cuadrados de superficie del local en
el Impuesto de Actividades Económicas es muy perjudicial para las salas
de exhibición cinematográfica, que son locales necesariamente muy amplios
y, sin embargo, de muy baja rentabilidad.
A la Disposición Derogatoria Tercera (nueva) presentamos una modificación
a través de la enmienda 67 en la que proponemos la derogación del Real
Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, porque defendemos un nuevo marco de
ayudas a la producción y no el de ayudas sobre proyecto.
A las Disposiciones Finales destinamos nuestras tres últimas enmiendas
números 68, 69 y 70, con el fin de acabar con el sistema de licencias de
doblaje o cuotas de distribución y, finalmente, aportamos la iniciativa
de que el Gobierno elabore en el plazo de seis meses, desde la entrada en
vigor de la presente ley, un proyecto de ley del audiovisual en el que se
contemple una regulación conjunta de los problemas comunes a la
cinematografía, la televisión, el vídeo y las nuevas tecnologías.
Señor Presidente, señorías, el cúmulo de enmiendas presentadas por el
Grupo Popular constituye un verdadero texto alternativo que supone una
auténtica ley de fomento del cine español. No nos quedamos en las cuotas
y las subvenciones, que es a lo máximo que llega el socialismo, sino que
proponemos estímulos fiscales y desgravaciones a la producción y a la
exhibición, medidas de defensa de la competencia para que sea posible una
correcta distribución y una serie de medidas de promoción de la
cinematografía que incluyen la formación de profesionales, la
conservación y difusión del patrimonio cinematográfico español y otras
tantas medidas benefactoras que, desgraciadamente para el cine, sabemos
que van a ser rechazadas.
El Partido Popular, señorías, que tiene ideas, que tiene programas y
tiene soluciones para los problemas actuales de la sociedad española,
ofrece su ayuda incondicional. Hemos ofrecido nuestro apoyo para que se
cree un marco estable para el cine español que permitiera el buen uso del
dinero de los contribuyentes, la libertad de todos los que participan en
la producción, la exhibición y la distribución cinematográfica y el
respeto a los espectadores.
La única posibilidad de que en España se pueda crear una industria
cinematográfica firme es dotándola de un marco estable. El marco que nos
ofrece el Grupo Socialista es el mismo de los últimos once años de
Gobierno Socialista, el de una política que ha hundido al cine español en
una crisis de gravedad evidente y cuya supervivencia actual es casi
milagrosa.
No quisiera compartir, señorías, bajo ningún concepto --repito, bajo
ningún concepto-- la opinión de Néstor Almendros, el gran director de
fotografía ya desaparecido, respecto a que el cine español huele a cocido
y chorizo. De ser cierto eso, tendríamos que luchar con todas nuestras
fuerzas para eliminar tales olores, sobre todo el olor a chorizo.
Señorías, por el bien del cine español, pedimos el voto favorable de esta
Cámara a nuestras enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Aguilar.
Para un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la Senadora Victoria Camps.
La señora CAMPS I CERVERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a referirme brevemente a todas las enmiendas presentadas,
puesto que ya se discutieron en Comisión y algunos de los argumentos ya
se han traído aquí a propósito de la primera parte de este debate.
Al representante de Izquierda Unida, el Senador Cuevas, quería decirle
dos cosas. En primer lugar, que esta Senadora pretende ser socialista no
sólo en política cultural, sino en todas las políticas. Espero poder
demostrarlo. En segundo lugar, que aunque no hemos podido aceptar su
enmienda de creación de un consejo superior del audiovisual, sí que hemos
aceptado la idea y hemos propuesto como enmienda alternativa --la
propusimos ya en Comisión y fue aceptada-- la creación de un consejo
superior de cinematografía. Nos parece más adecuado ese consejo en el
contexto de la presente ley, y pensamos que en este terreno, en el
terreno del audiovisual, que es un terreno que cambia mucho y que no se
pueden prever los cambios, hay que ser modesto y hay que ser prudente; no
hay que ser demasiado ambicioso. No hay que proponerse consejos que luego
no sepamos llenar de las competencias adecuadas. Nos parece que su idea
era interesante, pero la hemos transformado en cierto modo en la
propuesta de un consejo superior de cinematografía que suponemos que será
muy bueno para la supervisión de la normativa de esta ley.
Al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos simplemente
quiero decirles, en cuanto a las enmiendas presentadas respecto a cuotas
de pantalla y de distribución, que ustedes querían hacerlas más
flexibles, que esta ley ya suaviza la Ley anterior de 1980, ya amplía la
cuota de terceros países de uno a tres para poblaciones de menos de
125.000 habitantes. No nos parece adecuada su propuesta en cuanto a
reducir la propuesta de cuotas de pantalla a una vigencia de cinco años.
En suma, aceptar sus
enmiendas supondría favorecer demasiado el cine norteamericano.
Lo mismo ocurre con las propuestas que hacen a propósito de las licencias
de doblaje, liberalizarlas más significaría establecer en la ley un
coladero que favorecería seguramente el incumplimiento de la misma.
En cualquier caso, hemos aceptado, como ya ha avanzado usted, la enmienda
número 13. Es una enmienda que nos parece altamente positiva para el uso
que pueden hacer de las competencias que tienen en este terreno las
Comunidades Autónomas con dos lenguas, puesto que les permite aceptar la
responsabilidad para adaptar las modalidades de cumplimiento de las
cuotas y porcentajes según las características de cada Comunidad.
Al Senador Brito, de Coalición Canaria, le quiero decir que sentimos no
poder aceptar todas las enmiendas que se refieren al aumento de las
competencias de las Comunidades Autónomas en este terreno. Sentimos
también que no pueda satisfacerles a ustedes la enmienda número 13,
puesto que se refiere a las Comunidades con dos lenguas oficiales, pero
pensamos que el artículo número 8 es lo suficientemente amplio para que
puedan meter en él muchas de las modalidades que han pretendido
introducir a través de otras enmiendas. Sólo quiero recordarle que en
esta materia de cinematografía no existen competencias exclusivas para
las Comunidades Autónomas como se pone de manifiesto en el artículo 149
de la Constitución: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias: Normas básicas del régimen de prensa, radio y, en
general, todos los medios de comunicación social.
No podemos, pues, llegar a concreciones, como proponen ustedes en alguna
enmienda, obviando la Constitución y la interpretación que de ella hace
el Tribunal Constitucional.
Con respecto a las enmiendas números 22, 23 y 25, relativas a las cuotas
de pantalla y a la liberalización de las licencias de doblaje, insisto en
que en esta ley ya se han liberalizado bastante dichas cuotas.
En cuanto a las medidas que ustedes proponen para favorecer al exhibidor
y, sobre todo, al de cines pequeños, ha habido que consensuar esta
materia con muchos sectores y hemos optado por proteger al que nos
parecía menos favorecido, como es el de los productores. En este caso,
los exhibidores están muy vinculados a los distribuidores, y aunque
ustedes aluden a cuotas y a porcentajes de difícil cumplimiento, sobre
todo, en épocas de crisis económica, creo que es en éstas cuando hay que
atender a los intereses generales y no sólo a los de un sector, por
difícil que a éste le sea adaptarse a lo que se propone.
Por lo que se refiere a las medidas fiscales que presentan, ésta no es
una ley de carácter fiscal y no se puede legislar la incentivación fiscal
en todas las leyes. Existen reglamentos adecuados para ello y, además,
hay que subordinar esos incentivos fiscales a los presupuestos generales
del Estado. Ya en los últimos presupuestos se elevó el porcentaje
relativo a los incentivos fiscales del 5 al 10 por ciento. Asimismo,
existe un convenio con Argentaria que también favorece este aspecto.
Insisto, pues, en que creemos que no es ésta la ley en la que haya que
tratar dichos incentivos.
Su señoría también se ha referido a enmiendas relativas a la televisión,
pero las cuotas para televisión tampoco son objeto de esta ley, sino de
la Directiva de la televisión transfronteriza. Por tanto, no tiene
sentido que se reflejen en este texto.
En resumen, Senador Brito, nos parece que esta ley establece un marco lo
suficientemente amplio --que es lo que debe hacer una ley-- para que
todas las inquietudes que ustedes plantean se puedan ir solventando por
la vía reglamentaria, a medida que se vaya adaptando. Por tanto, no
podemos aceptar sus enmiendas.
En cuanto al Senador Fernández Aguilar, del Grupo Popular, he de decirle,
en primer lugar, algo fundamental: no podemos aceptar ninguna de sus
enmiendas, porque ustedes proponen otra ley; es decir, no están
discutiendo la que nosotros hemos presentado, sino otra, que les parece
más adecuada.
En conjunto, sus medidas son excesivamente drásticas y pensamos que
perjudicarían gravemente no sólo al cine comunitario, sino también al
español, que ustedes afirman querer defender. No me voy a referir a las
mejoras técnicas propuestas por su Grupo a los primeros artículos, puesto
que ya se trató de ellas en Comisión. Por otro lado, creo que se trata de
mejoras desde el punto de vista de su proyecto, pero no desde el nuestro.
Ya me he referido a la supresión de las licencias de doblaje en la
primera parte de este debate. Además de los argumentos que he dado al
respecto, creemos que la ley establece medidas más restrictivas para
dichas licencias, con lo que se va a favorecer la industria
cinematográfica española, restringiendo los doblajes de películas
extranjeras, o fijando unas condiciones determinadas. Pero, además, hay
que tener en cuenta que la ley prevé un plazo de cinco años para mantener
esas restricciones, que no es exagerado para la reconversión de la
industria del cine que ustedes proponen.
Por otra parte, coincidimos plenamente en la necesidad de que exista una
política cinematográfica de fomento; incluso, de una política que, a la
larga, pueda ser menos intervencionista, pero hay que dar tiempo para que
eso ocurra. Por otro lado, creemos que las medidas de fomento están ya
previstas de forma adecuada en otros reglamentos y disposiciones
vigentes, por lo que es innecesario que se incluyan en esta ley. Me
refiero, como ustedes saben perfectamente, al Real Decreto 1.282/1989 y a
la Ley 1/1982, en la que se habla de la conservación del Patrimonio, de
las ayudas a la investigación y a la enseñanza, y de las medidas urgentes
para el audiovisual --que ustedes solicitan en una de sus enmiendas--,
presentadas por la señora Ministra a la Sociedad General de Autores,
relativas a la formación de profesionales.
Por tanto, aunque tenemos en cuenta todos estos aspectos, no pensamos que
deban ser objeto de esta ley, que se refiere a otras medidas correctoras
y más eficaces en estos momentos para proteger y fomentar la
cinematografía española, ya que --insisto-- esas medidas de subvención
y fomento están previstas en otros reglamentos, y ya se aplican.
En cuanto a los incentivos fiscales, le repito el argumento dado al
Senador Brito: deben tener un tratamiento aislado, y su cauce no es la
presente ley.
Por otro lado, y volviendo a sus propuestas generales sobre medidas de
fomento, subvenciones, e incentivos, en realidad, la política del
Ministerio está en la línea que ustedes proponen, es decir, dedicar la
mayoría de los recursos a subvencionar películas en función del
rendimiento de taquilla. No estamos, pues, en total desacuerdo con esa
idea, pero pensamos que el cambio no puede ser tan brusco como el que
ustedes pretenden, que consiste en establecer una ayuda del 50 por ciento
--que ahora se destina a subvenciones de proyectos de otro tipo-- para
las subvenciones por rendimiento de taquilla, reduciendo aquéllas al 20
por ciento, con lo cual, comenzaríamos a primar aquellas películas que
obtienen un rendimiento de taquilla seguro --por tanto, películas
taquilleras--, y que no son necesariamente las mejores. Pensamos que esa
medida no puede contemplarse en ninguna política cultural que pretenda
proteger las películas de calidad, realizadas por nuevos creadores, o
minoritarias.
Con el mismo criterio, tampoco podemos aceptar su propuesta relativa a la
creación de un artículo nuevo sobre el control de taquilla para otorgar
las subvenciones. Estas deben seguir estableciéndose mediante reglamento
y siempre de acuerdo con los presupuestos. No es correcto, pues,
introducir en una ley como ésta unas medidas que impidan flexibilizar el
método de subvenciones, de acuerdo con los presupuestos generales del
Estado.
Por otra parte, ustedes insisten en algunas enmiendas que pretenden, en
cierto modo, discriminar positivamente al cine español, al pensar que
esta ley ayuda demasiado globalmente al cine comunitario y no
especialmente al cine español. A este respecto, quiero recordarle que ya
en Comisión se aceptó nuestra enmienda al artículo 8 que, teniendo en
cuenta criterios lingüísticos y de otro tipo, establece modalidades que
ayuden concretamente al cine español ante el comunitario.
En resumen, Senador Fernández Aguilar, creemos, como es lógico, que esta
ley está bien pensada y es consecuente con nuestra política cultural, que
no es mercantilista, como la que ustedes proponen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Camps.
En turno de portavoces, y por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador
Cuevas González.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, no era mi intención calificarla como más o menos socialista; no
tengo ninguna duda acerca de que usted lo sea, aunque otra cosa es que
ejerza de ello en la Cámara.
He dicho que me hubiera gustado que usted también hubiera practicado la
no liberalización en relación con otras medidas, como en las relativas a
la reforma del mercado laboral. Pero lo he comentado a título de
anécdota, ya que ese tema no tenía nada que ver con el debate, y para
poner las cosas en su sitio.
Le agradezco, por lo menos, que reconozca que la idea de ese Consejo que
planteamos en la enmienda sea positiva. Pero lo que no me resulta su
respuesta es satisfactoria, porque me da la impresión de que ustedes se
van a quedar aquí, o sea, que en los temas del cine y del audiovisual no
van a avanzar más. Lo que creo es que se van a atener a lo que diga la
Comunidad Económica Europea. Por eso, yo planteaba en Comisión que no es
una cuestión de prisas, sino de coherencia, incluso, con el propio texto
o con la exposición de motivos de la ley, donde se habla en muchas
ocasiones del tema del audiovisual y de lo que eso significa.
Por tanto, yo pienso, con todos los respetos, que nuestra enmienda era
mucho más coherente que la del Partido Socialista, ya que nosotros
queríamos englobarlo todo. Repito lo que decía al principio de mi
intervención, y es que políticamente me da la impresión de que ustedes,
una vez que se ha acabado el conflicto del cine, se han cerrado en banda
y no van a avanzar más. Hemos planteado la enmienda con la idea de que
ustedes no se olviden de que aquí no se acaba el problema del cine ni del
audiovisual, sino que esto va a seguir, porque es un problema enorme. En
cualquier caso, ya habíamos anunciado nuestro apoyo al proyecto de ley,
porque menos pringue da una berenjena.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas
González.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo no iba a intervenir, pero a la señora Camps debo decirle que con
las enmiendas que hemos presentado no tenemos ningún interés ni
intencionalidad de favorecer al cine norteamericano, ni que esto sea un
coladero, sino todo lo contrario, pensamos que debemos proteger al cine
español, pero le ponemos un límite concreto y decimos que, por lo menos,
sea de cinco años, para que el cine español tenga tiempo de madurar y de
estar al nivel competitivo que requiere el mercado. Quizá haga falta una
mayor flexibilidad para poder discutir la ley.
En Comisión dijimos, por ejemplo, que «Parque Jurásico», que es el título
de mayor éxito últimamente, distribuida por United International
Pictures, ha sido cedida en toda Europa y en todos los demás países al 50
por ciento de la recaudación en taquilla, mientras que en España se ha
llegado a cobrar el 65 por ciento. Creemos que para competir no tenemos
que volver a Biarritz o a Perpiñán, como se iba antes por otros motivos,
sino que necesitamos tener las películas que se están viendo en todo el
mundo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Brito
González.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Camps, yo pienso que usted actúa de oídas en algunos aspectos, y
se lo digo con el máximo respeto y cariño. Que usted diga que las
enmiendas que hemos presentado conculcan poco menos la Constitución
española y sentencias del Tribunal Constitucional, me parece que es
desconocer lo que es el juego competencial previsto en la propia
Constitución y en los Estatutos de Autonomía. Fíjese, usted llama poco
menos que inconstitucional o presuntamente inconstitucional, para ser
correcto, un texto que dice que en sus respectivos ámbitos competenciales
la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas
regularán reglamentariamente los órganos competentes en la instrucción y
sanción de las infracciones previstas en esta ley. Estamos hablando de
sus respectivos ámbitos competenciales. ¿En qué se conculca aquí la
Constitución española o las sentencias del Tribunal Constitucional?
Con posterioridad, en las enmiendas a la disposición adicional segunda o
a la disposición final segunda en ningún momento se plantea que el
concepto de competencia exclusiva excluya las competencias del Estado del
artículo 149 para dictar o promover las normas básicas. ¿Qué tiene que
ver la competencia exclusiva con la legislación básica que todos
conocemos? Es decir, son conceptos no antagónicos y me parece que están
aplicados incorrectamente.
Si se aplicase ese criterio, habría que dar la misma calificación a la
introducción del artículo 8.9 en el dictamen de la Comisión o en la
propuesta transaccional que están ustedes planteando, porque también en
ese caso podría, incluso con más razón, afectarse a la competencia
exclusiva del Estado al dictar la legislación básica. No lo plantean en
este caso, sino con respecto a las enmiendas que estamos formulando.
Aquí, como mínimo, por lo menos detecto un nivel de contradicción. Otra
cosa es que a nivel dialéctico usted pueda expresar lo que estime
oportuno, como que no le parecen bien las enmiendas que formulamos, pero
no entrar en consideraciones que me parece que exceden, en cualquier
caso, el trámite de debate normal en el proceso de mejora de un proyecto
de ley.
Usted dice que se trata, después de un amplio debate y consenso, aunque
no todos los sectores tienen el mismo criterio y ni tan siquiera han sido
oídos, de proteger al sector, en principio, más perjudicado y con más
limitaciones. Dice usted que es digno de protección y de atención de una
forma modulada y gradual el sector de los pequeños locales de exhibición,
por ejemplo, que no son grandes grupos de presión ni tienen grandes
intereses, que directamente transmiten la posibilidad de opción
cinematográfica a las pequeñas poblaciones. Ahí se puede producir un
cierre en cadena, con afectación al derecho de los ciudadanos de las
pequeñas localidades o ciudades a tener acceso al derecho al cine y a la
cinematografía. ¿Es que eso no es un derecho legítimo importante a
proteger? ¿Por qué se aplica un criterio uniforme para toda la realidad,
estableciendo un sistema diferenciado de cuotas de población que no
contempla la propia realidad de la distribución espacial de la población
en el conjunto del Estado? Este es el tema central que hemos formulado y
criticado.
En este asunto, como en todos, intervienen muchos factores y muchos
grupos de presión y no lo son menos los de aquellos que acogiéndose a una
situación de crisis, que no discutimos, pueden convertirse en sectores
parasitarios de los Presupuestos Generales del Estado y de las
subvenciones, no afrontando el riesgo que significa invertir como
cualquier otro inversor en cualquier otra actividad.
En una cosa estamos todos de acuerdo, y es en la necesidad de proteger
los valores culturales, la creatividad en sectores como el cultural, que
no es competitivo en el mercado. Pero debemos aplicar las reglas
generales a todo el sector audiovisual, a todos por igual y teniendo en
cuenta la necesidad de que para que haya competencia y posibilidad de
protección de los derechos de todos los que tienen intereses legítimos en
presencia hay que hacer un esfuerzo de buscar coincidencias, no
favoreciendo a uno, porque automáticamente se perjudica a otro y el
perjuicio a otro puede significar que lo que estamos hoy aplicando como
una medida salvadora para la industria cinematográfica se convierta al
final en su ruina, desde el momento en que el medio de comunicación a la
población, como pueden se exhibidores o salas pequeñas o medianas en este
caso, pueda irse cerrando en cadena y, por tanto, tener un efecto
perverso y nocivo para los intereses que se pretenden defender en el
proyecto de ley.
Lamentamos que nuestras enmiendas, que van en un sentido constructivo y
positivo, no hayan tenido la acogida, por lo menos, puntual y parcial que
se nos había anunciado en fecha anterior. Por lo visto, han recibido
mensajes de la superioridad cambiando el sentido de esa disponibilidad.
Es lógico, cada cual se debe a la jerarquía política, partidaria y
parlamentaria --a la que se tiene derecho, por supuesto, y no estoy
discutiendo--, pero nuestra posición, que ha sido eminentemente
constructiva desde el primer momento, en este caso se ha visto frustrada
por planteamientos excesivamente rígidos y uniformizadores de las
soluciones, con la búsqueda de un futuro competitivo y estimulante de la
producción cinematográfica y audiovisual en el ámbito del Estado y
teniendo en cuenta, no nos olvidemos, todas las culturas, todas las
sensibilidades y todas las realidades, cosa que parece que en este caso
no se está en disposición de contemplar.
Comprendo que en determinadas circunstancias los condicionantes de las
coaliciones políticas obliguen a cosas, pero también deben obligar en el
sentido del interés general de todas las Comunidades Autónomas y, por
supuesto, respetando a aquellas que tienen singularidades concretas, como
son las lenguas oficiales, pero no excluyendo a otras que también tienen
valores culturales, históricos y singularidades que hay que respetar,
pienso yo, con el mismo criterio del principio de igualdad y equilibrio
que establece la Constitución.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador
Fernández Aguilar.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero decir al señor Cuevas que me parece coherente
toda su intervención en el turno de portavoces por cuanto está de acuerdo
con la ideología que defiende y tiene una idea distinta a la que nosotros
mantenemos. Por consiguiente, lo respeto totalmente, al igual que al
resto de los portavoces.
Al señor Torrontegui, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, hemos de dar las gracias muy sinceramente por el apoyo de voto
favorable que va a prestar a determinadas enmiendas de nuestro Grupo, al
mismo tiempo que le felicito por su concepción global de lo que debe ser
una ley de fomento del cine.
Al señor Brito, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado,
tengo que decirle que suscribo totalmente, palabra por palabra, punto por
punto, coma por coma, cuanto ha dicho esta mañana aquí en el Pleno, pero
sin embargo no comprendo por qué va a votar en contra de todo lo que
nosotros proponemos, que es exactamente lo mismo que está diciendo él. No
conocemos su voto todavía; ojalá me equivoque y sea favorable, en cuyo
caso se lo agradecemos muy sinceramente, y yo hago aquí una petición de
disculpas, porque me daría una doble alegría haberme equivocado.
Al representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió tengo que decirle que, después de ver su cambio de
posición de voto en cuanto al tema del fondo de garantía de pensiones,
que nosotros defendimos y del que ellos fueron inventores, votando luego
en contra de nuestra propuesta, no me sorprende tampoco su intervención
de hoy.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergéncia i Unió
comparece esta mañana en el hemiciclo sin ningún voto particular, porque
lo que quieren mostrar a la Cámara es que el proyecto que aquí vamos a
votar de ley de protección del cine español es el de ellos, porque todo
el mundo sabe que la ideología del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió es, evidentemente, proteccionista e
intervencionista. Por consiguiente, el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió vota en su totalidad las propuestas del
Partido Socialista, coherentemente con tantas actuaciones que está
teniendo a lo largo de esta legislatura.
A la señora Camps he de decirle que me ha encantado --lo digo con
auténtica sinceridad y con auténtica lealtad-- su segunda intervención.
La he encontrado atemperada y próxima a la comprensión, como mínimo, de
cuanto defendemos nosotros. La señora Camps dijo en su primera
intervención que el Grupo Parlamentario Popular no presentaba
alternativa, y sin embargo, ahora, después de mi intervención, nos ha
dicho que lo que hemos hecho nosotros es presentar una verdadera ley
alternativa, tal como nosotros venimos defendiendo.
Señorías, la cuestión es francamente simple y sencilla. Se encuentran
frente a frente en las antípodas dos posiciones: una posición defendida
en primer lugar por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que es decisiva para esta vocación, y por el Grupo
Parlamentario Socialista, en una ley de protección y fomento de la
cinematografía, que es una ley que contiene medidas restrictivas y sobre
la que la señora Camps nos anuncia que comprende nuestra posición, pero
que se corren riesgos, que hay que ir poco a poco, y es una ley
intervencionista la que va a votar favorablemente el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, repito.
Por contra, nosotros presentamos una ley con un carácter liberal y de
fomento de la cinematografía, con ayudas de todo tipo. Yo lamento que se
haya ido la Ministra. (Un señor Senador hace señas desde su escaño.)
¿Está por aquí? ¿Va a entrar ahora? Bien, espero que entre a tiempo
porque me parece que no tenía previsto estar en este turno, en el que me
hubiera encantado oírla. He resaltado ante la Cámara, señorías, que el
Grupo Parlamentario Popular, en sus enmiendas números 58, 59, 60 y 61,
que son de promoción de la cinematografía española, conservación y
difusión del patrimonio cinematográfico español, investigación y
enseñanza, y formación de profesionales, no son ideas nuestras, sino de
la señora Alborch. Claro que ella se ha ido para no dejar en evidencia al
Grupo Parlamentario Socialista, que va a votar en contra de lo que dice
la señora Ministra.
Nada más, señorías, muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Francesc Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Voy a intervenir por alusiones, por
contradicciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Así se entiende.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador representante del Grupo Parlamentario Popular, la
intervención que he realizado esta mañana en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió creo que ha
sido tremendamente explícita. No hemos presentado enmiendas porque he
explicado que en el proceso de debate, tanto en el Congreso como aquí en
el Senado, se habían recogido todas nuestras inquietudes.
Y usted califica nuestra actuación de intervencionista y de no sé cuántas
cosas más. Señoría, con otras mayorías, en unas circunstancias parecidas,
ustedes también estarían de acuerdo con este proyecto al que usted acusa
de ser en
buena parte un proyecto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Si ustedes pretenden ser alternativa, y lo son, deberán, con mucha
probabilidad, contar con nuestros votos. Rectifiquen y moderen sus
actitudes con respecto a nuestro grupo y respétennos, como nosotros lo
hacemos con ustedes. (Protestas en los escaños de la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vaya terminando.
El señor CODINA I CASTILLO: Háganlo, como nosotros lo hacemos con
ustedes, y en un futuro inmediato también intentaremos que nuestros
proyectos cuenten, llegado el caso, con su propuesta. Pero siempre y
sobre todo desde el respeto.
Hoy hemos votado y vamos a votar un proyecto que nos parece casi nuestro.
Es así. La calificación añádala usted, señoría.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Fernández Aguilar pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por un minuto tiene la palabra su señoría.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, he sido absolutamente moderado, y además quiero ser
totalmente respetuoso y cariñoso con usted. En ningún momento he sido
agresivo. Lo único que digo es que no entiendo qué van a decir ustedes en
Cataluña, cómo van a explicar a los catalanes que ustedes votan a favor
de una ley proteccionista, intervencionista, porque no va con su
ideología; no lo entiendo. Con esto no soy agresivo. Yo digo que dan
apoyo al Partido Socialista en algo que es incoherente con su ideología y
que tendrán que explicarlo en Cataluña. Y yo no querría que ustedes
quedaran en evidencia. Voten, por favor, nuestras propuestas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la Senadora doña Victoria
Camps.
La señora CAMPS I CERVERA: Gracias, señor Presidente.
Senador Cuevas, no quiero repetir lo que ya he dicho porque ya lo
discutimos en Comisión. Yo sí creo, sinceramente, que este Consejo
Superior de la Cinematografía servirá como el primer paso para crear un
Consejo Superior de lo Audiovisual, que seguro que va a hacer mucha falta
en los tiempos que vienen, puesto que la audiovisual es una industria que
se va a desarrollar muchísimo y que para muchos sectores, como es la
televisión, nos va a hacer falta dicho Consejo Superior de lo
Audiovisual. Por tanto, tengan ustedes paciencia, que ya llegará. Creo
que es una primera medida que había que tomar.
Senador Torrontegui, sólo quiero repetir que hemos querido fortalecer el
sector de los productores de cine, no el de los distribuidores, que ya
está fortalecido. Creemos que este es el objetivo fundamental de la ley
que presentamos, que es la corrección que en estos momentos había que
hacer y que nos parece justa. Por tanto, no puedo añadir nada a lo que ya
he dicho al defender nuestra posición frente a sus enmiendas.
Al Senador Brito tengo que volver a decirle que siento que no les
satisfagan las correcciones que hemos hecho para ampliar el marco
competencial de las Comunidades Autónomas porque les parece que la
Comunidad Autónoma Canaria no puede aprovecharse de esa rectificación. Yo
insisto aquí en que las competencias en este terreno no son exclusivas
sino que son concurrentes, y hay que tener mucho cuidado a la hora de
hacer interpretaciones abusivas de la Constitución en este campo.
En cuanto al daño a los exhibidores, yo no sé hasta qué punto se puede
medir el daño al exhibidor de una forma tan precisa como pretenden
ustedes hacerlo y decir que el exhibidor pequeño se va a sentir más
dañado que el exhibidor con salas grandes. Es posible y no es posible.
Creo que deberían haber presentado ustedes unos parámetros de medida
quizá más precisos para convencernos de que esto va a ser así. En
cualquier caso, insisto en que los exhibidores y los distribuidores están
muy unidos en estos momentos, y nuestro intento de controlar la
distribución ataca también en parte, necesariamente, al exhibidor.
Deseo manifestar el Senador Fernández Aguilar que yo no creo haber dicho
que ustedes presentaban una ley alternativa, entre otras cosas porque no
tiendo nunca a utilizar la palabra alternativa. Me parece demasiado
vinculada a los toros y no me gusta utilizarla en otro contexto, por lo
tanto, no creo haber dicho eso de que ustedes presentaban otra ley
alternativa. Ustedes, en efecto, propusieron otra ley en el Congreso, y
es una ley que yo he leído con cuidado, es una ley que se puede derivar
de todas las enmiendas que han propuesto ustedes aquí, y nos parece que
es una ley de la cual está totalmente ausente una política cultural. Es
una ley puramente liberalizadora de todo.
Para acabar con este turno, insisto, por tanto, en que su política
cultural es una política subsidiaria de los intereses mercantiles y que
no atiende a intereses culturales, que es lo que hace falta en este caso.
Usted se ha referido, en un determinado momento (El señor Fernández
Aguilar muestra un documento desde su escaño.) ... Sí, es la otra ley que
proponían. No sé lo que me está enseñando, pero quiero citarle sólo una
anécdota, ya que se ha referido usted a esa frase de Néstor Almendros de
que el cine español huele a cocido y a chorizo. Yo le voy a contar una
anécdota referente al director de la Warner Bros. y a un pensador y
político francés. El director de la Warner Bros. le dijo: Los franceses
saben hacer muy bien los quesos y nosotros, los norteamericanos, hacemos
muy bien el cine: déjennos a nosotros hacer cine y sigan ustedes haciendo
quesos. No podemos alimentarnos sólo de queso. Si no queremos que nuestro
cine siga oliendo a chorizo, lo que debemos hacer es una política
cultural que impida que sólo los productos que tengan salida en el
mercado sean los beneficiados.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Fernández Aguilar solicita la palabra.)
Por un tiempo de medio minuto, tiene la palabra el Senador Fernández
Aguilar.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Sólo voy a emplear medio minuto para decir a la señora Camps, en primer
lugar, que las fábricas de chorizos están localizadas y, en segundo
lugar, que no comprendo cómo dice que no tenemos una política cultural
concreta por lo que respecta a la cinematografía y a muchísimas cosas.
Para aclarar su duda, le pido su voto favorable a las enmiendas números
60 y 61, que le enseñaba, y que son bastante claras. El Grupo
Parlamentario Popular propugna que esta ley contenga una norma
favorecedora de la investigación y de la enseñanza...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, por favor, medio minuto
son treinta segundos.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: ... y, además, de la formación de
profesionales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a someter a votación las enmiendas
y después el texto del dictamen, complaciendo los criterios que han
llegado a la Mesa en cuanto a votaciones separadas de las enmiendas. En
el caso de que haya algún error ruego a sus señorías que nos lo indiquen
antes de que sometamos las enmiendas a votación.
En primer lugar, voto particular suscrito por los Senadores Cuevas y
Vilallonga, del Grupo Parlamentario Mixto. Sometemos a votación la
enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 13; en contra, 211; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las enmiendas números 2 y 3, del mismo Grupo
Parlamentario y de los mismos Senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 15; en contra, 120; abstenciones, 93.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 4 de los mismos autores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 103; en contra, 124; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en primer
lugar sometemos a votación la enmienda número 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 107; en contra, 119; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación conjuntamente las restantes enmiendas de este
Grupo Parlamentario, excepto la número 13, que es la que sostiene una
enmienda transaccional que posteriormente someteré a consideración de la
Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 14; en contra, 119; abstenciones, 95.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Abran las puertas, por favor. (Pausa.) Gracias.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado en tres grupos. En primer lugar, votamos la enmienda
número 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 107; en contra, 121; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 24 a 28, ambas inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, nueve; en contra, 125; abstenciones, 95.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos las demás enmiendas del voto particular sostenido por
Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 13; en contra, 121; abstenciones, 95.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar sometemos a votación la
enmienda número 49.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, vio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 100; en contra, 119; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación la enmienda número 70.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 108; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se someten a votación las enmiendas números 56 a 60, ambas incluidas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 105; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 65 a 66.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 100; en contra, 124; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos las demás enmiendas del voto particular del Grupo
Parlamentario Popular que aún no han sido sometidas a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 95; en contra, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Suscrita por los Grupos Parlamentarios Socialista, Convergència i Unió,
Nacionalistas Vascos y Mixto, y en base a la enmienda número 13, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, hay una enmienda
transaccional que propone la sustitución del párrafo segundo de la
Disposición Adicional Primera por la siguiente redacción: Las Comunidades
Autónomas con más de una lengua oficial española podrán, oídas las
asociaciones afectadas, adoptar las modalidades de cumplimiento a que se
refieren los artículos 6, 7 y 8 de esta Ley.
Se somete a votación dicha enmienda transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 126; en contra, 97; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Solicito criterio sobre si podemos someter a votación el dictamen
completo en un solo acto. (Pausa.) Gracias.
Sometemos a votación el texto del dictamen comprensivo, por tanto, de los
artículos, disposiciones, Exposición de Motivos y título.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 129; en contra, 95; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA DE SAN MARINO SOBRE LA SUPRESION DE EXIGENCIA DE PASAPORTES.
(S. 610/000052) (C. D. 110/000049.)
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Conocimiento por el
Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso
de los Diputados.
En primer lugar, Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la República de San Marino sobre la supresión de exigencia de
pasaportes. Se publicó en los Boletines correspondientes con fecha 20 de
abril de 1994. No se presentaron propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se
declara y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Canje de Notas constitutivo
de Acuerdo entre el Reino de España y la República de San Marino sobre la
supresión de exigencia de pasaportes.
--TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA, FIRMADO EN MADRID EL 28 DE ABRIL DE 1993. (S.
610/000053.) (C. D. 110/000050.)
El señor PRESIDENTE: Tratado sobre traslado de personas condenadas entre
el Reino de España y la República de Colombia, firmado en Madrid el 28 de
abril de 1993, publicado en los Boletines correspondientes con fecha 20
de abril de 1994. Tampoco se presentaron propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se
declara y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Tratado sobre traslado de
personas condenadas entre el Reino de España y la República de Colombia,
firmado en Madrid el 28 de abril de 1993.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA RELATIVO A
LA READMISION DE PERSONAS EN SITUACION IRREGULAR, FIRMADO EN GRANADA EL
15 DE FEBRERO DE 1993. (S. 610/000054.) (C. D. 110/000051.)
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República
Portuguesa relativo a la readmisión de personas en situación irregular,
firmado en Granada el 15 de febrero de 1993.
Tal y como advirtió un vocal en la Comisión de Asuntos Exteriores, me
indica el Letrado de la misma que hay un error del que simplemente hago
mención para que figure en el «Diario de Sesiones» y a efectos del
«Boletín Oficial del Estado», y es que en las Disposiciones Finales,
donde pone cinco en números romanos, por lógica tiene que ser IV en el
conjunto de la numeración correlativa.
Hecha la advertencia, y en tanto no se presentaron propuestas ni se
solicitaron intervenciones, ¿puede entenderse aprobado por asentimiento
de la Cámara con la corrección anunciada? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de este
Convenio.
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA, RELATIVO A LOS SERVICIOS AEREOS
REGULARES. (S. 610/000055.) (C. D. 110/000052.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la República de Indonesia, relativo a
los servicios aéreos regulares, publicado en los Boletines
correspondientes con fecha 20 de abril de 1994.
No hubo propuestas y tampoco se han solicitado previamente
intervenciones.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de este
Acuerdo.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA TUNECINA, FIRMADO EN MADRID EL 28 DE
MAYO DE 1991 Y CANJE DE NOTAS DE 10 DE MAYO DE 1993 Y DE 13 DE SEPTIEMBRE
DE 1993. (S. 610/000056.) (C. D. 110/000053.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República Tunecina, firmado en
Madrid el 28 de mayo de 1991 y Canje de Notas de 10 de mayo de 1993 y de
13 de septiembre de 1993, publicado en los Boletines correspondientes con
fecha 20 de abril de 1994.
No hubo propuestas ni se han solicitado previamente intervenciones.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio de este Acuerdo.
--DENUNCIA DEL ACUERDO DE SUPRESION DE VISADOS ENTRE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA DE GAMBIA CONSTITUIDO POR CANJE DE NOTAS DE 9 Y 10 DE JUNIO DE
1966. (S. 610/000057.) (C. D. 110/000054.)
El señor PRESIDENTE: Denuncia del Acuerdo de supresión de Visados entre
España y la República de Gambia constituido por Canje de Notas de 9 y 10
de junio de 1966, publicado en los Boletines correspondientes con fecha
20 de abril de 1994.
Tampoco ha habido propuestas ni se han anunciado intervenciones previas.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio de esta Denuncia de Acuerdo.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA DE TURQUIA SOBRE EXENCION DE VISADO PARA PASAPORTES
DIPLOMATICOS Y DE SERVICIO, REALIZADO EN MADRID EL 9 DE AGOSTO DE 1993 Y
25 DE OCTUBRE DE 1993. (S. 610/000058.) (C. D. 110/000055.)
El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y la República de Turquía sobre exención de visado para
pasaportes diplomáticos
y de servicio, realizado en Madrid el 9 de agosto de 1993 y 25 de octubre
de 1993.
No se han presentado propuestas en relación con este Canje de Notas
dentro del plazo que al efecto se señaló. (El señor Bolinaga Bengoa pide
la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Bolinaga Bengoa.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la mayor brevedad posible intervengo para manifestar ante esta Cámara
que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos muestra su
satisfacción por todo aquello que se significa como materia de
entendimiento y cooperación entre pueblos, naciones y Estados. Así
acontece a través de estos Tratados, Acuerdos y Convenios que estamos
aprobando hoy en este Senado, entre los cuales figura el Canje de Notas
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Turquía sobre exención de visados para pasaportes diplomáticos y de
servicio.
Por nuestra parte, señorías, insisto en que no tenemos nada que objetar
sobre el particular; bien al contrario, deseamos que se incremente el
número de Acuerdos y buenas relaciones, tanto en el orden diplomático
como en el orden humano, si bien es cierto que en el orden humano ha de
mantenerse en la exigencia recíproca de unos condicionamientos
inequívocos que amparen los derechos humanos sin reticencias de ninguna
clase.
Precisamente en lo concerniente al orden y a los valores humanos, y con
referencia a la República de Turquía, concretamente por nuestra condición
de parlamentarios y en justa correspondencia con la línea ética de toda
relación interparlamentaria, que no debe conocer fronteras, debo
expresar, señorías, la gran preocupación de nuestro Grupo por la innoble
situación de detenidos en la que se encuentran seis parlamentarios kurdos
del Parlamento de Turquía como consecuencia de un arbitrario e
injustificado atentado contra su inmunidad parlamentaria y sin más
motivación que castigar e impedir su libertad de expresión por vía
democrática en favor del pueblo kurdo; el pueblo kurdo que en estos
mismos instantes ve cómo sus poblaciones están siendo acosadas y
masacradas indiscriminadamente con la utilización de medios cruentos a
través de unas operaciones destructivas fríamente calculadas. Ello hace
que nos encontremos ante un genocidio más que se está llevando a cabo en
el Kurdistán, hasta el punto de bien merecerse este caso de genocidio un
tribunal internacional para juzgar las violaciones graves del Derecho
humanitario. Un tribunal internacional, señorías, del tenor que hemos
tratado y aprobado esta mañana en esta misma Cámara.
Nuestro Grupo, por tanto, aboga por el respeto debido a los
parlamentarios kurdos, demanda su libertad inmediata y solicita del
Gobierno de Turquía el debido esfuerzo de generosidad e inteligencia para
el establecimiento de los mecanismos más idóneos para llegar a una
convivencia más armoniosa con el pueblo kurdo y pueda éste desarrollar su
identidad y su cultura dentro del respeto que, como pueblo y
colectividad, le es debido por derecho inalienable. Al mismo tiempo,
nuestro Grupo tampoco está por admitir los actos terroristas del PKK,
cuyo cese de acciones violentas requiere «ipso facto», al tiempo que los
condena.
Y para terminar, señor Presidente, señorías, quiero señalar que nuestro
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos vería con
agradecimiento y con agrado que todos los grupos parlamentarios
dignamente representados en esta Cámara tuvieran a bien sumarse a nuestra
preocupación y a nuestras peticiones de manera que pudiéramos formular,
conjuntamente, una declaración institucional.
Muchas gracias, señorías. (Fuertes aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Recuerdo a la Cámara que en su momento no se presentaron propuestas en
relación con este Canje de Notas, por lo cual se ha procedido a su
directa inclusión en el orden del día del Pleno de la Cámara. ¿Entiendo,
en cualquier caso, que puede ser aprobado por asentimiento de la Cámara?
(Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Turquía sobre exención de visado para pasaportes
diplomáticos y de servicio, realizado en Madrid el 9 de agosto de 1993 y
25 de octubre de 1993.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE, TANTO ANTE LA UNION EUROPEA COMO A NIVEL
INTERNO, LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA COMUNITARIA Y DEFENDER LOS DERECHOS DE NUESTROS PESCADORES.
(671/000007.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto sexto bis del orden del día.
Solicito el criterio de los señores portavoces puesto que a la moción
consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, se ha presentado a su vez una propuesta
de modificación que, lógicamente, amplía en el tiempo el debate. Es
intención de la Presidencia suspender la sesión a las dos. En cualquier
caso, parece que conviene iniciar el debate ahora mismo, sin interrupción
de la sesión.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el Senador Gangoiti
Llaguno.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
En aras de la brevedad, y dado el amplio acuerdo que hay entre los
diversos grupos parlamentarios, trataré de ser breve y conciso.
Esta moción consecuencia de interpelación que presentamos sobre toda la
problemática de la anchoa que está afectando a los pescadores de todo el
Estado español tiene su base en que estamos ante un conflicto de artes y
ante una actitud constante de ilegalidad por parte de Francia. Un
conflicto de artes en el sentido de que mientras nuestras flotas utilizan
métodos artesanales que sirven para conseguir un producto de una mayor
calidad y, al mismo tiempo, para no arrasar con los «stocks», en cambio,
la flota francesa, tanto en aguas del Golfo de Vizcaya como en el
Mediterráneo, está utilizando artes pelágicas que son depredadoras, que
atentan contra la fauna y la flora marina y, a través de ellas, se
consigue un producto de una inferior calidad.
En segundo lugar, tal y como decía, estamos ante una actitud de
ilegalidad constante por parte francesa. Están pescando una cuota
superior a la que se le ha asignado por parte de la Comunidad Económica
Europea, no están respetando las tallas e, incluso, están exportando esos
productos hacia nuestro territorio.
Por tanto, y resumiendo mucho, estamos ante ese conflicto de artes y ante
una ilegalidad francesa que tiene su reflejo en una menor calidad para el
consumidor y ante el riesgo que puede haber, como se continúe faenando
con estas artes pelágicas, de que el «stock» de anchoa, que en estos
momentos es de los pocos «stocks» estables, vaya hacia abajo. Y también,
reitero, estamos ante un problema de una competencia ilegal por parte de
la flota francesa. Estas son las razones por las cuales nosotros pedimos
al Gobierno español que tome una serie de medidas urgentes en el marco
del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, con el fin, por un
lado, de garantizar los derechos de nuestros pescadores, preservar el
«stock» tanto en aguas del Mediterráneo como en aguas del Golfo de
Vizcaya y garantizar a los consumidores un producto adecuado. Por la
misma razón, consideramos que debe hacerse tal y como se hizo cuando se
produjo el conflicto de este año de la anchoa, cuando estuvo en
Fuenterrabía el señor Loira y se dijo que cualquier decisión de un
posible intercambio de cuotas entre la flota francesa y la española se
haría siempre de acuerdo con el sector. Creemos que eso es realmente
importante y esta moción también lo solicita.
Por último, todos sabemos que en estos momentos la Unión Europea está
estudiando la posibilidad de elaborar un reglamento de calidades
homogéneas. Nosotros solicitamos del Gobierno de esta moción que en el
caso de que la Comunidad elabore efectivamente ese reglamento de
calidades homogéneas se incluyan todos los aspectos que hemos citado, es
decir, que se respeten las tallas y que haya un control sanitario de la
anchoa. Y para el caso de que la Comunidad Económica Europea sea incapaz
de sacar adelante ese reglamento de calidades homogéneas y lo sustituya,
tal y como tiene previsto en ese caso, por un reglamento de calidad
subsidiario de carácter estatal, que el reglamento que se elabore a nivel
de Estado recoja esos planteamientos y esa voluntad que están expresando
nuestros pescadores, tanto del Cantábrico como del Mediterráneo, de cara
a preservar el «stock» y a garantizar el futuro.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Respecto a esta propuesta de modificación, ¿algún miembro va a hacer uso
de la palabra? (Pausa.)
El Senador Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Como primer firmante de la propuesta de modificación únicamente quiero
decir que como ésta es fundamentalmente técnica y no altera el contenido,
quizá sea preferible, pasar a un turno de portavoces sobre la misma.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
En efecto, a continuación, podemos abrir el turno de portavoces. ¿Algún
señor Senador quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra su
portavoz.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar que estamos de acuerdo con la propuesta de modificación
y que, dado que es un tema que últimamente se ha debatido de forma
directa o indirecta en dos o tres iniciativas parlamentarias, no creo que
este portavoz deba abrir un nuevo debate sobre el tema. Por tanto,
manifestamos nuestro acuerdo e, igual que antes dijo el Senador Bolinaga,
creo que este es un buen sistema para sacar adelante las mociones que
instan al Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Algún otro portavoz de los grupos que no hayan intervenido previamente
desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para expresar la posición de nuestro grupo que será de
apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, consecuencia de una interpelación debatida la
semana pasada.
Según nuestro criterio, todos estos inconvenientes que trata de subsanar
la moción son debidos, primero, al incumplimiento de las normativas
comunitarias, sobre todo, por parte de la flota francesa; segundo, a la
utilización de artes distintas a las artesanales, que son nocivas para la
fauna y flora mediterránea, y a la actitud de los barcos franceses que
supone un peligro ecológico ya que desequilibran los «stocks» de anchoa,
que todavía mantienen niveles aceptables y que, si no se respetan las
vedas y las artes de pesca, durarán poco. Además, mientras llegamos a
esta nefasta situación, las capturas son de calidad inferior y no se
respeta la calidad que los consumidores tienen derecho a exigir de las
capturas de anchoa.
No me alargo en consideraciones que ya expusimos en nuestra intervención
cuando se debatió la interpelación. Nuestro grupo considera esta moción
muy bien estructurada
tanto en la forma como en sus contenidos. Entendemos que en los tres
puntos primeros se insta al Gobierno para que se garantice la defensa de
los derechos de nuestros pescadores, de los consumidores y para preservar
los «stocks». También se insta al Gobierno para que la Unión Europea
adopte todas las medidas necesarias y pertinentes para hacer cumplir su
reglamentación y velar por los acuerdos de intercambio de cuotas de
anchoa y así evitar situaciones de conflictividad en la próxima costera
de la anchoa. Consideramos que en los tres puntos últimos se insta al
Gobierno a aplicar medidas técnicas respecto a tallas y a medidas
sanitarias en cuanto a calidad en las importaciones de la anchoa. En otro
punto se insta al Gobierno a que la Unión Europea, en caso de aprobar un
reglamento de calidades homogéneas, contemple tanto lo expuesto
anteriormente como la prohibición de consumir anchoa capturada por artes
pelágicas en el interior del país y a que, cuando la Unión Europea decida
crear reglamentos de calidad subsidiarios de carácter estatal, incluya
también todo lo apuntado anteriormente.
Señor Presidente, señorías, en la Europa moderna y democrática los
Estados tienen que hacer prevalecer sus derechos y, de no hacerlo, o de
no tener capacidad para hacerlo, se generalizaría un estado de
indefensión ante las cuestiones de la Unión que, en casos concretos, ya
se está insinuando.
Nada más, señor Presidente. Sólo quiero repetir que votaremos
afirmativamente la moción del Partido Nacionalista Vasco.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
La Senadora Agüero Ruano tiene la palabra.
La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo Parlamentario apoyará la moción presentada por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y, por supuesto, la
propuesta de modificación firmada por todos los Grupos, porque entiende
que el Gobierno tiene la obligación de tomar medidas ante la Unión
Europea y a nivel interno en defensa de los pescadores españoles.
Como ya dijimos en el Pleno pasado con motivo de la interpelación
presentada por el Senador Gangoiti, el uso de redes ilegales por parte de
los pescadores franceses volvió a abrir una vez más una vieja batalla en
la que los pescadores españoles ven peligrar su futuro. La administración
española, a la vista de los daños que este tipo de artes ocasiona en los
fondos marinos, ante la prohibición de utilizar en los caladeros
nacionales este tipo de redes y vigilando que no se supere el cupo de
pesca de anchoa establecido para Francia, debe solicitar de una vez por
todas ante la Unión Europea las medidas oportunas para garantizar que se
cumpla la reglamentación existente y que cuando se modifique sea oído el
sector afectado; pero todo el sector afectado, y no unos pocos a
conveniencia, como en años anteriores ha ocurrido, lo que ha provocado
pérdidas irreparables, daños imperdonables, unas veces por la mala
gestión y otras por la desidia del Gobierno socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Seré muy breve.
Salvo la última afirmación de la Senadora del Partido Popular, con la que
no estoy de acuerdo, y cuyo comentario considero totalmente falto de
realismo, respecto de la moción que será aprobada por todos los Grupos
después de la interpelación presentada en el Pleno pasado, bastaría
simplemente con que el Grupo Parlamentario Socialista leyera la
contestación del Ministro a la interpelación presentada por el Senador
Gangoiti, que dice, textualmente, lo siguiente:
«Señorías, por parte del Gobierno español se han adoptado todas las
medidas posibles para impedir que una parte de la flota francesa que
pesca anchoa con artes de arrastre pelágico infrinja, en primer término,
una disposición dictada por el propio Gobierno francés y, posteriormente,
un reglamento comunitario, desarrollando una actividad ilegal en aguas de
la zona económica exclusiva de Francia. Estas gestiones han dado como
resultado que la flota de arrastre pelágico francesa ha cesado en su
actividad, desarrollándose actualmente la campaña española de pesca de la
anchoa con absoluta normalidad.»
«Por último, señorías --sigue diciendo el Ministro español--, quiero
insistir en la voluntad del Gobierno español de proseguir la firma
defensa de los intereses de los pescadores españoles, tanto en lo que se
refiere a capturas, como a la utilización de artes no depredadoras, o
utilizar todos los instrumentos que nos permita la normativa comunitaria.
En este sentido, vamos a continuar manteniendo contactos con las
autoridades francesas, por supuesto, tras oír a las cofradías de
pescadores, con el fin de establecer acuerdos que puedan posibilitar que
las flotas pesqueras de ambos países puedan ejercitar la pesca en armonía
mediante un compromiso de intercambio de cuotas, que, sin duda, puede ser
beneficiosa para ambas partes a partir del mes de junio, fecha prevista
para la finalización de la campaña española, y siempre y cuando por la
parte francesa se mantenga el actual paro de la flota pelágica
sobre la pesquería de la anchoa. No es necesario insistir --continúa el
Ministro-- «en que vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro
alcance para que se cumplan las normativas, tanto la comunitaria, como
las establecidas por el Gobierno francés.»
Señora Senadora, con esta argumentación expuesta hace una semana,
solamente basta decir que el Gobierno español está defendiendo a nuestros
pescadores y está denunciando que a las flotas pesqueras francesas que
incumplen en cuanto artes y cuotas se les aplique la normativa
comunitaria. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista lo único
que hace es refrendar su posición y apoyar esta moción, que defiende los
intereses de nuestra flota pesquera española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Puede entenderse que quizás podamos someter estos
dos textos a votación por asentimiento de la Cámara? (Pausa.)
Así se declara.
Por tanto, se aprueba, en primer lugar, la propuesta de modificación que
sustituye la redacción de los puntos 2, 3 y 5.
Punto 2. «El Senado insta al Gobierno para que solicite de la Unión
Europea la adopción de las medidas pertinentes para hacer cumplir su
reglamentación y evitar cualquier conflicto en la próxima costera de la
anchoa.»
Punto 3. «El Senado insta al Gobierno para que todo acuerdo al que pueda
llegarse sobre el intercambio de cuotas de anchoa se lleve a cabo previa
consulta al sector.»
Punto 5. «El Senado insta al Gobierno para que, en el caso de que la
Unión Europea apruebe un reglamento de calidades homogéneas, éste incluya
lo señalado en el punto 4.»
Y quedan aprobados en su tenor literal los puntos de la moción original
que no están afectadas por estas modificaciones.
Así se declara.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y quince minutos.
Eran las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
MOCIONES
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE, MEDIANTE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE PROCEDAN, SE
ESTABLEZCA QUE, UNA VEZ LOS TRABAJADORES AUTONOMOS EN SITUACION DE
INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA (ILT) HAYAN DECLARADO DE MANERA
FEHACIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) QUE HAN
CESADO TEMPORALMENTE EN SU ACTIVIDAD, LOS RECIBOS MENSUALES DEL PAGO DE
CUOTAS A ESTA ENTIDAD QUEDEN EN SUSPENSO HASTA QUE DICHOS TRABAJADORES
REANUDEN SU ACTIVIDAD AL SER DADOS DE ALTA POR HABER CESADO EN DICHA
SITUACION. (662/000055.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Punto siguiente del orden del
día: Mociones.
La primera moción es la que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a que, mediante las disposiciones
normativas que procedan, se establezca que, una vez los trabajadores
autónomos en situación de Incapacidad Laboral Transitoria hayan declarado
de manera fehaciente al Instituto Nacional de la Seguridad Social que han
cesado temporalmente en su actividad, los recibos mensuales del pago de
cuotas a esta entidad queden en suspenso hasta que dichos trabajadores
reanuden su actividad al ser dados de alta por haber cesado en dicha
situación.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Someso Salvadores.
El señor SOMESO SALVADORES: Muchas gracias, señor Presidente, con la
venia.
Señorías, ante estos escaños representados por sus señorías nos toca hoy,
una vez más, hablar sobre un colectivo que es el de los trabajadores y
trabajadoras autónomas, que es una de las mayores fuerzas creativas de
empleo y de riqueza en nuestro país.
El colectivo de trabajadores autónomos, según algunos tratados de finales
del año 1993, alcanza la cifra, en Galicia, de 137.800, en España, de
2.157.900, y en Europa, de 23.980.000. Esta cifra puede ser de 150.000 en
Galicia o de 2.200.000 en España, pero es exactamente lo mismo. El hecho
cierto es que cuando en España hablamos de macroeconomía, a la hora de
reducir esta macroeconomía a números reales y concretos nos encontramos
con que, en muchos casos, las PYME ocupan el 80 o el 90 por ciento de la
creación de empleo y de riqueza. Pero si vamos más allá y estudiamos
estas PYME, nos encontramos con que, en su inmensa mayoría, están
formadas por empresas que tienen de uno a siete empleados o de uno a dos
o que son unipersonales. Esta es la función y donde encontramos al
trabajador y a la trabajadora autónoma que, silenciosamente, año tras
año, está contribuyendo a la creación de empleo y a la creación de
riqueza.
Lo que hoy proponemos en nuestra moción, si la separamos del contexto en
el que se desenvuelven el trabajador y la trabajadora autónoma --y quiero
recalcar lo de trabajadora autónoma porque, en España y en Galicia, uno
de los mayores medios de liberación y de igualdad de la mujer es la
creación de su puesto de trabajo por medio de la condición trabajadora
autónoma, porque no hay independencia e igualdad si no hay libertad e
independencia económica-- es una de las mayores fuerzas de creatividad en
nuestro país y de creación de empleo. Por lo tanto, no podemos separar
esta moción del contexto que están viviendo los trabajadores y
trabajadoras autónomas de forma continua y reiterada.
La presión fiscal en muchos casos, la política de un sistema impositivo
que, al entender de este modesto Senador y basándose en informes como,
por ejemplo el «informe Ruding», presentado a la Comunidad Europea, es
recesiva; es decir, se basa en un supuesto beneficio, en lo que va a
pasar en un año que no sabemos cómo será, cuando los impuestos se tiene
que basar en los beneficios económicos de la actividad, descontados todos
los posibles gastos para la misma --esto es lo normal y lo correcto--,
hacen que nos encontremos con un colectivo contra las cuerdas, un
colectivo desmoralizado y un colectivo preocupado por su futuro.
En España los medios de comunicación hablan de que hay discriminación en
nuestro país --y esto no es decir frases bonitas sino que son cosas que
siento hondamente--, y yo digo muy sinceramente, y así lo he manifestado
en algunos de esos medios, que yo sí me siento discriminado. No creo que
en España haya discriminación hacia otros colores. Yo, como trabajador
autónomo, sí me siento discriminado, y soy gordito, rubio y de ojos
azules, pero me siento discriminado, porque los horarios de 16 horas y
los ingresos inferiores a uno normal de subsistencia están a la orden del
día en nuestro colectivo.
En mi ficha de Senador verán ustedes que figuro como trabajador autónomo.
Tengo que confesar, señorías, que cuando rellené la ficha pregunté a los
servicios de la Cámara si me podían poner como trabajador autónomo en
excedencia. Me dijeron que era posible. Yo me siento aquí un trabajador
autónomo en excedencia que habla ante esta Cámara territorial de mi país,
y con la ventaja de que los que hemos sido votados lo hemos sido en
listas abiertas en las que se pone y se escoge a las personas. Estoy
convencido, señorías, de que todos los partidos políticos de esta Cámara
y todos ustedes están votados por distintas personas de distintas
ideologías, al menos en mi caso es así. Es decir, que cuando hablo de
trabajadores autónomos no es una bandera que el Partido Popular quiera
llevar o asumir o con la que quiere ir delante de la procesión; es una
bandera de justicia social de un colectivo marginado, humillado, ofendido
y sin ilusiones de ningún tipo hoy y aquí. No les hablo de años pasados,
no les hablo de años de futuro, hablo de hoy y aquí.
En este momento en las asociaciones de autónomos de todo tipo y en toda
España nos preguntamos muchas veces si aparte de tener asesores fiscales,
contables y cursos de formación no tendríamos que tener también
psicólogos porque los teléfonos están todo el día sonando y tenemos que
ayudar y animar a la gente para que no tire la toalla. Tenemos muchos
cuadros de estrés y de depresión que conducen a soluciones muchas veces
sin retorno. Yo he vivido hace unos meses estas situaciones a través de
miembros de mi asociación. Y por eso les digo que esta situación es
injusta y que tenemos que conseguir que este colectivo vea algún gesto
que le indique que se cuenta con ellos y no solamente para pagar
impuestos o para trabajar 16 ó 18 horas diarias, sino que le indique que
están integrados y que son miembros plenos de nuestro colectivo nacional.
La moción que trae aquí el Grupo Parlamentario Popular alude al Real
Decreto 2.319/1993 de 29 de diciembre, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» el 31 de diciembre de 1993 que en su disposición adicional
décima dispone lo siguiente: los trabajadores por cuenta propia o
autónomos que se encuentren en situación de incapacidad laboral
transitoria vendrán obligados a presentar, en la forma y con la
periodicidad que determine el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
una declaración sobre la persona que gestiona directamente el
establecimiento mercantil, industrial o de otra naturaleza del que sean
titulares o, en su caso, el cese temporal o definitivo de la actividad.
La declaración anterior será considerada documento preceptivo para el
reconocimiento en el derecho a la prestación económica por incapacidad
laboral transitoria con los efectos que se establecen en el artículo 71.1
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La falta de presentación de la
declaración originará, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.3 de la
Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones del Orden
Social, la suspensión cautelar del percibo de la correspondiente
prestación económica.
Es evidente que, ante lo que antecede, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social tendrá un control perfecto de la situación de cese
temporal de cada autónomo con incapacidad laboral transitoria. Por otra
parte, el trabajador o trabajadora autónomo que no disponga de la persona
idónea para gestionar el establecimiento durante su baja laboral tendrá
que cesar en la actividad y cerrar de forma temporal o definitiva. Al
mismo tiempo, el trabajador o trabajadora autónomo que cesa temporalmente
en su actividad sigue teniendo los gastos inherentes a la misma, entre
otros, el Impuesto sobre Actividades Económicas, módulos del IRPF,
alquiler, luz, agua, teléfono, etcétera, más un recibo mensual
correspondiente al pago de su cuota al régimen especial de la Seguridad
Social de los trabajadores autónomos, mientras que simultáneamente
percibe de la Seguridad Social la indemnización correspondiente a su baja
por incapacidad laboral transitoria.
Está claro que el cese temporal en la actividad supone una considerable
reducción en los ingresos de los autónomos que se encuentren en situación
de incapacidad laboral transitoria. Unicamente con la indemnización que
perciben de la Seguridad Social, que es su único ingreso, han de afrontar
no sólo sus gasto personales y familiares, sino también los gastos fijos
de la actividad que ya hemos señalado durante el tiempo que dure la
incapacidad laboral transitoria si quiere seguir manteniendo su puesto de
trabajo cuando recupere la salud.
En algunos casos, la indemnización percibida de la Seguridad Social puede
ser insuficiente para hacer frente a los gastos fijos de la actividad, lo
cual dejaría al autónomo en una situación precaria para poder atender sus
gastos personales y familiares.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular propone que se apruebe por el
Pleno de la Cámara la siguiente moción: el Senado insta al Gobierno para
que, mediante las disposiciones normativas que procedan, se establezca
que, una vez que los trabajadores y trabajadoras autónomos en situación
de incapacidad laboral transitoria hayan declarado de manera fehaciente,
repito, declarado de manera fehaciente, al Instituto Nacional de la
Seguridad Social que han cesado temporalmente en su actividad, los
recibos mensuales del pago de cuotas a la Seguridad Social del régimen
especial de trabajadores autónomos queden en suspenso, dejándose de
cobrar provisionalmente hasta que el citado autónomo reanude su actividad
al ser dado de alta por haber cesado en la mencionada situación de
incapacidad laboral transitoria. Los recibos pendientes se liquidarán sin
recargo de uno en uno una vez que el autónomo haya sido dado de alta,
acompañado del correspondiente del mes en curso, por lo que el trabajador
o trabajadora autónomo
pagarán dos recibos mensuales hasta la regularización de los mismos.
Señorías, en resumen, en esta Cámara ya hemos celebrado en algunas
ocasiones debates sobre los trabajadores autónomos. Se han presentado
mociones del Grupo Parlamentario Popular («Diario de Sesiones» de fecha 8
de noviembre de 1990 y 30 de abril de 1992); asimismo, se presentó una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya («Boletín Oficial de las Cortes
Generales», número 278, de fecha 28 de febrero de 1992), y otra moción
del Grupo Parlamentario Popular («Diario de Sesiones» de fecha 20 de
octubre de 1993).
Se han presentado enmiendas de adición del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió al proyecto de ley de medidas fiscales de reforma de
regímenes jurídicos de la Función Pública y de la protección por
desempleo. Estas enmiendas han sido aprobadas e incluidas en la
disposición adicional décima de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.
También se han presentado otras enmiendas del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió a la disposición adicional undécima, así como a
diferentes proyectos de ley de presupuestos generales del Estado,
etcétera.
Es decir, que aunque ha habido preocupación por este tema por parte de
todos los grupos de la Cámara, lo cierto es que nos encontramos ante un
hecho concreto que voy a explicar a continuación. Cuando debatíamos a
propósito de este tema los representantes de diferentes grupos
parlamentarios de esta Cámara, nos decíamos: ¿Cómo este colectivo se
presta muchas veces a que se haga un mal uso de sus derechos? ¿Es que no
hay control? Pues bien, en este momento concreto y debido a una
disposición legal hay un control exacto y riguroso, pero nosotros
queremos referirnos a un caso muy concreto, al del trabajador que cierra
su negocio y que no puede dejar al frente de él a otra persona porque
ésta no reúne las condiciones idóneas desde el punto de vista de la
Seguridad Social o porque no puede desempeñar ese puesto.
Es decir, tenemos una persona que tiene un puesto de trabajo, que tiene
un bien precioso en nuestro país hoy en día, pero que se ve obligada a
cerrar su negocio porque está enferma. Esta persona no tiene otros
ingresos. Por un lado, recibe la ayuda que le corresponde de la Seguridad
Social y por otro paga su cotización de autónomo, pero tiene que seguir
cotizando sus gastos de alquiler, los gastos de ese negocio que no
produce ningún tipo de ingresos. Con lo cual, nosotros nos preguntamos
sencillamente: el organismo que controla todo eso --y hay que felicitarle
al Gobierno socialista por él, lo digo claramente--, ¿está informatizado?
¿Están informatizados los recibos de los autónomos? Se trata tan sólo de
que se compruebe que ese trabajador está nuevamente en activo.
Nosotros, al igual que ustedes, sabemos positivamente, y lo consideramos
correcto, que la persona que tiene deudas en la Seguridad Social, la que
tiene problemas de pago, puede recurrir y pedir un aplazamiento de esas
deudas, pero lo cierto es que a la hora de la verdad no es una cosa
automática. Esa persona tiene que seguir los trámites correspondientes
oportunos aunque ya sé que no son demasiado complicados. Se trata, por
ejemplo, de trámites que están en función de una normativa del año 1974,
concretamente el artículo 82.2 del Decreto-ley 2.065. Pero yendo a
normativas más recientes, también estos trámites están basados en los
artículos 39 a 41 del Real Decreto 1.517/1991, de 11 de octubre, que
aprueba el reglamento general de recaudación de los recursos del Sistema
General de la Seguridad Social, o bien los artículos 11 a 30 de la Orden
Ministerial de 8 de abril de 1992.
Pero lo cierto es que nos encontramos, por ejemplo, con que la concesión
de un aplazamiento ordinario en el pago de deudas a la Seguridad Social
--lo que nos parece correctísimo y es según ley-- es de carácter
discrecional. Por otra parte, cualquier aplazamiento o fraccionamiento de
pago de deudas a la Seguridad Social conlleva el devengo de intereses, lo
cual es totalmente lógico, pero después hay que presentar la solicitud
correspondiente dentro de los primeros diez días naturales del plazo
reglamentario para el pago de la deuda. Y también se da otra cosa que es
la siguiente. Para tramitar la solicitud de aplazamiento el peticionario
debe haber ofrecido las garantías suficientes para el pago total de las
deudas aplazables así como los intereses exigibles sobre la cantidad
aplazada desde que empieza a surtir efecto la concesión del aplazamiento
hasta el momento del pago.
Es decir, hay una serie de trámites que no son complicados en sí, pero en
realidad estamos hablando de un colectivo con falta de información,
achacable seguramente a las propias organizaciones de cuyo colectivo yo
formo parte. Se trata de un colectivo que trabaja 14 y también 16 horas
al día.
Tengo que decir que muchas veces hablamos de «doña macroeconomía», pero
en realidad yo nunca me he encontrado con ella --no sé si sus señorías se
la habrán encontrado--. El hecho es que cuando desciendo a la
macroeconomía lo que me encuentro es con el señor Pascual, que me vende
los periódicos, o con la señora Manolita, que me vende los caramelos, y
así sucesivamente. Se trata de nombres y de personas concretas. Esa es la
economía que nosotros entendemos. Pero, desde luego, un frutero que acude
a un curso de formación, que se levanta a las seis de la mañana y que se
acuesta a las once de la noche cuando termina ese curso de formación para
poder reciclarse y ponerse en plan europeo --si llega vivo para cuando
estemos integrados plenamente en Europa--, no tiene tiempo material para
ninguna otra cosa. Y con el máximo respeto para todo funcionario,
desgraciadamente muchas veces no se informa como es debido. Tendría que
decirse: Usted tiene este derecho.
Buscamos un sistema simple, sencillo. Nos gustaría que todo el mundo
comprendiera que no es una oportunidad, y lo dije hace dos años aquí;
ahora tenemos elecciones europeas dentro de un mes, y me es indiferente
en este caso. Si esto fuera a hacerlo todo la Cámara, estaría feliz y
contento. Es un problema de justicia, es un problema oportuno y es un
problema plenamente correcto.
Creo firmemente, y no quisiera equivocarme, que no es un incremento
considerable de los gastos y del costo para
la Seguridad Social. Muchas veces hablamos de cifras tremebundas, por
ejemplo esta mañana hablábamos de instituciones que deben mil y pico
millones de pesetas a la Seguridad Social, pero yo estoy hablando de
cantidades, como puede ser un recibo, de veintitantas mil pesetas, pero
veintitantas mil pesetas es la gota del vaso que rebasa, es la gota que
lleva a desesperación a miles de familias, familias que han creado su
puesto de trabajo en muchísimos casos con recursos procedentes de la
emigración porque confiaban en nuestro país. Y en nuestro país, en la
Cámara Alta, nosotros somos sus representantes, confiaban en nosotros, y
nosotros tenemos que responder, y no es éste un discurso voluntarista, es
un discurso en el que creo firmemente en la sal de la tierra.
Vuelvo a repetir que se trata de un colectivo discriminado no solamente
en las leyes sino en el sentir de que la sociedad pasa olímpicamente de
él, seguramente porque estuvieron tanto tiempo trabajando y dedicándose a
defender a su familia y a su país que no han tenido tiempo de hacer
relaciones públicas ni de hacer relaciones de todo tipo, ni de dedicarse
a hacer un «lobby» de presión que hiciera que nosotros, los partidos
políticos, nos moviéramos como nos movemos ante otros sectores.
Por todo esto, señorías, modestamente como trabajador autónomo en
excedencia les pido su voto para esta moción que creo, vuelvo a repetir,
es justa y oportuna.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Someso
Salvatores.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Aguilar Belda.
El señor AGUILAR BELDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Someso, una vez que le ha escuchado en la tribuna, la
verdad es que uno no acaba de entender cuál es la estrategia y el modelo
de protección social que tiene el Partido Popular de cara al colectivo de
los trabajadores autónomos, porque durante dos años hemos venido
escuchando en esta tribuna al Grupo Popular presentar mociones en las
cuales nos pedían homologar y homogeneizar los sistemas de protección del
Régimen de Autónomos con el Régimen General de la Seguridad Social.
Hablaban de discriminación y de agravios comparativos con otros
regímenes, y reiteradamente desde nuestro Grupo les hemos venido diciendo
que no existía tal discriminación o agravio entre los beneficiarios de
estos dos regímenes. Tal como ha dicho también el Tribunal Constitucional
la desigualdad no es sinónimo de discriminación, sino que estamos ante
diferencias de trato jurídico distintas y de prestaciones diferentes,
pero porque se responde a situaciones de distinta naturaleza jurídica en
ambos tipos de prestaciones. La diferencia jurídica no está desprovista
de contenido real, sino que refleja también realidades diferentes que son
las de los trabajadores autónomos y la de los trabajadores por cuenta
ajena: diferencias de riesgo, de necesidades, de gravedad de esos
riesgos, etcétera.
Cuando se produce una baja laboral, una ILT en un trabajador por cuenta
ajena, automáticamente deja de percibir ingresos porque cesa de trabajar.
No ocurre lo mismo con un trabajador del régimen de autónomos que por su
propia definición dice que es aquel que realiza de forma habitual,
personal y directa una actividad económica a título lucrativo sin
sujeción a contrato de trabajo, aunque pueda utilizar el servicio de
terceras personas remuneradas. Esa es la definición del trabajador
autónomo. El trabajador por cuenta ajena en una situación de baja sufre
automáticamente la suspensión del contrato y la pérdida o imposibilidad
de obtener ningún tipo de recursos. Sin embargo, un trabajador autónomo,
con independencia de que pueda ejercer, o no, de forma directa esa
actividad, siempre conserva la titularidad de la empresa o del negocio y
la posibilidad de obtener ingresos del mismo.
No obstante, a lo largo de estos años el Grupo y el Gobierno socialista
han sido sensibles a esa demanda para la homologación y homogeneización
de los dos régimenes, y voy a enumerar una serie de medidas que se han
adoptado al respecto. Por ejemplo, la inclusión de la asistencia
sanitaria y de la ITL en el régimen de autónomos --para los que no se
contemplaban-- se ha conseguido en este decenio de Gobierno socialista.
También se ha logrado la equiparación de los períodos de carencia y la
forma de cálculo de la base reguladora, que antes era diferente para el
régimen de autónomos y que en estos momentos está homologada. Asimismo,
se ha extendido al régimen especial de trabajadores autónomos el derecho
a la prestación familiar por hijo a cargo, de la que antes no
disfrutaban. Para el acceso a pensiones de invalidez derivadas de
accidentes, no se exige --como ocurría antes-- ningún período de
cotización, por lo que hoy día está también homologado con el régimen
general. Por otra parte, se ha suprimido el requisito de que el
beneficiario de la pensión de invalidez permanente total tenga 45 años.
También puedo referirme a medidas de homogeneización y de discriminación
positiva en favor del régimen de trabajadores autónomos. Por ejemplo, se
han establecido las dos pagas extraordinarias para aquéllos, a las que no
tenían derecho sobre la base de su cotización; ni siquiera, sobre la base
de la forma en que se calculó su pensión cuando se jubilaron. Sin
embargo, esta medida ha supuesto un incremento importante de los ingresos
de los pensionistas autónomos, lo que se ha hecho de manera graciable,
por intentar homologarles a los trabajadores de otros regímenes.
Asimismo, se exigen 15 días de pago de ILT por parte del
empresario-trabajador, frente a los 20 días establecidos para los del
régimen general.
También se contempla la posibilidad de cotizar, o no, por la ITL, que no
se establece para los trabajadores del régimen general; por tanto,
únicamente se les permite a los trabajadores autónomos. Igualmente, se
prevé la posibilidad de que fijen la base reguladora para la obtención de
su pensión; es decir, mientras que en el régimen general el trabajador
tiene que cotizar por su salario real, en el régimen de autónomos puede
cotizar por la base reguladora
que él establezca en función de su nivel de ingresos, o de las
previsiones que quiera hacer para su futuro.
Podría seguir enumerando medida de homologación y de discriminación
positiva, pero lo que piden sus señorías --y de ahí mi sorpresa-- es que
deshomologuemos el régimen establecido para todos los trabajadores del
que disfrutan los autónomos. Por otra parte, también piden algo que ya
existe. En este sentido, su señoría ha citado el Decreto 1.517/1991, de
11 de octubre, y la Orden Ministerial de 8 de abril de 1992, en la que se
dictan normas que regulan el mecanismo y las condiciones de aplazamiento
y fraccionamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social, pudiéndose
conceder aplazamientos ordinarios y extraordinarios del mismo. Pero su
señoría se ha referido única y exclusivamente a los aplazamientos
extraordinarios reflejados en esa Orden. Según ésta, a aquellos
empresarios que pretendan un aplazamiento de cuotas superiores al millón
de pesetas, o por más de seis meses, se les exigirán garantías, tal como
figura en la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado de 15 de
abril de 1992, número 91, página 903. Los que pidan un aplazamiento de la
deuda o del pago superior al millón de pesetas, no sólo tendrán que
ofrecer garantías, sino solicitarlo al Director General de la Tesorería.
Y quienes pidan el aplazamiento de pagos por más de seis meses, también
tendrán que solicitárselo. Sin embargo, también se regula el aplazamiento
ordinario, según el cual, en estos supuestos no será necesario el
ofrecimiento de garantías, pero podrá requerirse informe indicativo,
etcétera. Se trata, pues, de una serie de cautelas.
Por tanto, lo que su señoría pide está normado y legislado hoy día para
aquellas personas que estén pasando por una situación de necesidad, por
una enfermedad, que posiblemente tengan que cerrar su negocio, aunque
serán los mínimos, ya que la gran mayoría de los autónomos tienen la
doble condición de trabajador y empresario. Su señoría decía que se
considera autónomo excedente. Posiblemente lo sea, a lo mejor estoy
haciendo una presunción que no es cierta, pero estoy casi seguro de que
su señoría en su declaración de la renta está recibiendo ingresos,
legítimos, por supuesto, del negocio de autónomo que tiene, porque tiene
la posibilidad de constituirse en empresario.
Yo, que soy trabajador por cuenta ajena, efectivamente, soy un excedente,
no recibo más ingresos que los que emanan de este Parlamento. Pero usted,
que tiene la doble condición de trabajador autónomo, que a la vez es
empresario y trabajador, no se debe considerar un trabajador excedente,
porque su señoría, y pondría la mano en el fuego y no me quemaría, recibe
ingresos, le digo que legítimos, de su negocio de trabajador autónomo.
O sea, un pequeño porcentaje de autónomos --pero importante, no le quiero
quitar la importancia que tenga--, cuando le surge un problema de salud,
de ILT, etcétera, puede pasar por dificultades y puede tener problemas,
pero para eso está la norma del año 1992, con la que se puede solicitar
al Director General de la Tesorería un aplazamiento de los pagos, sin que
se le exija ningún tipo de garantías. Si el aplazamiento es superior a
seis meses o es una previsión de más de un millón de pesetas, lo solicita
al Director General, pero todo está regulado. Es decir, le puedo leer
cómo tiene que ser el informe, cómo son las resoluciones, los plazos de
amortización, las notificaciones, los efectos de la denegación, los
efectos de la concesión del aplazamiento, o sea, está todo regulado por
ley. Nos está pidiendo que regulemos algo que ya lo está, que ya está
total y absolutamente normado. ¿Que hay que modificarlo o mejorarlo? Esa
sería otra moción, no la que presenta su señoría.
Además, le tengo que decir que existe, a instancias del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, y
que casi era voluntad de todos los grupos parlamentarios del Senado pero
éste se adelantó a la iniciativa, una Ponencia que está trabajando
específicamente sobre la problemática de la Seguridad Social, y en esta
Cámara tenemos una que está trabajando sobre la problemática de la
Seguridad Social Agraria. Yo creo que se trata de poner un remiendo, pero
un remiendo a algo que ya existe, señoría.
Senador Someso, esto ya está regulado. Puede decirme usted que le
gustaría que fuera de otra forma o que tuviera otras características,
pero lo que solicita en su moción, que es que tengan la posibilidad de
aplazar los pagos de las cuotas aquellos autónomos que tengan que cesar o
cerrar su negocio, está regulado, está permitido y está autorizado total
y absolutamente y, además, es de forma automática.
Me dice usted que los autónomos no lo saben. Ahí está la responsabilidad
de usted y de su asociación. Yo he visto en su «curriculum» que usted ha
presidido asociaciones de colectivos de autónomos. Yo creo que es labor
de una asociación profesional informar a su colectivo y decirle: oye, tú
te puedes acoger a esta medida. Esta mañana, en conversación mantenida en
los pasillos, me decía: sí, pero no se acogen. Nosotros ante eso no
podemos hacer nada. Damos el marco legal para que lo puedan hacer. Si no
lo hacen, será una labor de información por parte de las asociaciones
profesionales, del colectivo. Estamos hablando de un colectivo que es muy
variopinto, ya que no es lo mismo un señor que tiene una joyería de lujo
en la calle Serrano de Madrid que un señor que tiene un quiosco de prensa
y los dos tienen la consideración de autónomos.
Para eso está la labor de la asociación profesional, para informar y
decir: oye, tú te puedes ir diez días antes del vencimiento del pago de
la cuota a la Seguridad Social y manifestar: he tenido que cesar en la
actividad de mi negocio --estamos hablando de un porcentaje ínfimo en el
colectivo de autónomos, y su señoría lo sabe--, tengo problemas, tengo
una ILT y no tengo a nadie que me sustituya porque es un trabajo muy
específico o única y exclusivamente personal por mi consideración de
autónomo, ejerzo el trabajo a título personal, y tengo dificultades
económicas. Automáticamente, el Director provincial de la Tesorería le
hace un plan de viabilidad de cómo tiene que pagar esas cuotas y pide un
aplazamiento a tres, cinco, seis meses, a lo que dure la ILT o a lo que
prevean los servicios médicos que dura la ILT. En estos momentos, nos
está pidiendo algo que está total y absolutamente regulado y por eso nos
vamos a oponer a la moción que presenta su señoría.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Aguilar
Belda.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador don Ricardo Sanz
Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar debemos decir que compartimos con el Grupo
Parlamentario Popular su preocupación por la precariedad de los
trabajadores autónomos y de sus familias cuando aquéllos se encuentran en
situación de incapacidad laboral transitoria, pero no de todos los
trabajadores autónomos, sino de aquellos cuya capacidad contributiva se
vea comprometida cuando están en esta situación.
También debemos decir que agradecemos el entusiasmo del Senador Someso,
por cuanto que en este fin de siglo de crisis el entusiasmo es digno de
ser agradecido. Pero desde un punto de vista estrictamente político,
tenemos que decir que se ha abordado el tema de la Seguridad Social desde
una perspectiva también puramente fragmentaria y, además, incompleta.
Decimos fragmentaria porque, a nuestro juicio, el sistema de la Seguridad
Social está precisado de una urgente reforma o revisión de carácter,
además, integral, que debe partir de la unificación de los diversos
regímenes, el general y el especial, y además una revisión profunda del
seguro de accidentes de trabajo, de la homogeneización de las
prestaciones de nivel mínimo de protección no contributivo y --a nuestro
juicio esto es importante-- de la transferencia del Régimen Económico de
la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas que así lo demandan, como
es el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de un
particular régimen de concierto, de acuerdo o de convenio.
Manifestamos además, señorías, que el tema que se aborda aquí se está
haciendo de una forma, a nuestro entender, incompleta. La moción no
concreta si se tiene que distinguir, dentro de este colectivo de
trabajadores autónomos, entre aquellos de cierta capacidad contributiva o
económica y otros cuyos márgenes de actuación, por el sector en el que
laboran, no es comparable con éstos a los que nos acabamos de referir.
Gráficamente diríamos que no se puede meter en el mismo saco ni se puede
comparar a un joyero de prestigio con un zapatero remendón, aunque ambas
actividades son dignas de total y absoluta protección.
También hemos de señalar que después del repaso que se ha dado a la
legislación vigente, con un carácter pedagógico y docente, tanto por
parte del Senador Aguilar como por su parte, Senador Someso, hemos
sopesado ambas interpretaciones, ambos criterios, y consideramos que
ambos tienen cierto peso. Pero creemos que la legislación vigente abre
margen para que, a través de esa solicitud que contempla la normativa de
1992, se pueda llegar a soluciones de compromiso, soluciones negociadas.
Desde esta perspectiva, ustedes comprenderán, señorías, que nuestro voto,
ante la ponderación de unos valores que ciertamente usted ha defendido
con integridad, con honestidad y con entusiasmo, que agradecemos, y otros
que técnicamente han sido, con mucha cualificación, mantenidos, tenga que
ser de abstención, sin perjuicio de que hayamos aprovechado esta
intervención para hacer una valoración política que quizá no haya venido
muy a cuento, pero que nosotros, como grupo minoritario y en estos
momentos nos vemos forzados a hacer.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sanz
Cebrián.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Galindo.
El señor GALINDO SANTANA: Con la venia, señor Presidente.
Señor Someso, la verdad es que siempre que he tenido la oportunidad de
subir a esta tribuna a expresar la posición del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado sobre mociones presentadas por ustedes --y
lo digo con franqueza--, siempre hemos podido sintonizar en el
planteamiento. Señor Someso, en el tiempo que llevo en esta Cámara he
podido comprobar que el tema objeto de la moción que usted presenta
genera algo que al conjunto del Grupo Parlamentario Popular le preocupa
siempre tremendamente, con esto no quiero decir que no les preocupen
otros temas, pero sí tienen una enorme sensibilidad con respecto a los
trabajadores autónomos y por cuenta propia, tema que hoy nos preocupa,
incluso yo diría que con respecto a todos los trabajadores de este país.
En consecuencia, siempre hemos sintonizado con ustedes a este respecto,
porque para nosotros éste es un gremio terriblemente complejo dentro de
la sociedad en la que estamos viviendo y sobre el cual es difícil
legislar. Pero en esta ocasión yo le tengo que decir, además con una gran
tranquilidad, y ya lo ha reflejado el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, que lo que usted nos plantea ya existe en la legislación: el
Decreto 1.517/1992 tiene recogidas, me atrevería a decir que casi en un
cien por cien, las aspiraciones que ha planteado usted en su moción en
esta tribuna. Por tanto, le anuncio que en esta ocasión nuestra posición
con respecto a la moción va a ser contraria a la misma, si bien tengo que
reconocer que me he sentido identificado con multitud de propuestas que
el Grupo de su señoría ha presentado en esta Cámara, y creo que esto no
es ofensivo ni para este Senador ni, espero, para su Grupo.
He de confesar a esta Cámara que en esta ocasión, cuando el Senador
Alvaro Someso me informó de su intención, yo, desconociendo en
profundidad el contexto de la ley, me preocupé por el tema, y si bien
inicialmente le dije que me parecía razonable lo que planteaba, después,
tras estudiar el Decreto 1.517/1992, comprobé que efectivamente se recoge
el fraccionamiento, la moratoria en caso de enfermedad. Usted sabe tan
bien como yo, porque está clarísimo, que en el período de incapacidad
laboral transitoria, en ese infortunio que puede ocurrir a cualquier
trabajador, es cuando más medios económicos se necesitan en el hogar
porque es cuando menos se recibe y cuando más se gasta, ya que están los
gastos de medicación, de alimentación, etcétera; en resumen, están en el
peor momento.
En definitiva, tras las consultas que he hecho con respecto al tema, he
llegado a la conclusión de que lo que usted plantea en su moción se
refleja en el Decreto en cuestión. Por tanto, señoría, la posición del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado con respecto a este
tema, dado que ya está legislado y perfectamente reglado, no puede ser
otra que votar en contra.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Galindo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Francecs Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a manifestar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió respecto a una moción de la que ha
quedado claro que la preocupación sobre la misma va desde la del propio
proponente, en este caso en representación del Grupo Parlamentario
Popular --entiendo, pues, desde una posición, si se me permite hacer una
interpretación política, de centro-derecha--, hasta la de posiciones como
la que acabamos de escuchar por parte de un miembro de Coalición Canaria,
que se ha definido muchas veces como marxista. Es decir, estamos
realmente ante un problema social que nos preocupa a todos.
Y estamos discutiendo un aspecto sobre el cual yo creo que el problema
reside en que la razón la tienen todos, es decir, la tiene usted, el
Grupo Popular, cuando por su preocupación trae a debate esta moción, y la
tiene el Senador Aguilar Belda cuando defiende, y tiene razón, que ya
existe un Decreto que lo regula. Las dos cosas son ciertas, pero, si me
lo permiten, vamos a intentar analizarlas, aunque sea muy brevemente.
Estamos hablando de los trabajadores autónomos. Dentro de este
macro-paquete de trabajadores autónomos podemos tener desde el señor que
es trabajador único, por ejemplo, un zapatero, un comerciante que esté
solo en su tienda sin nadie más, es decir, que la capacidad de producir
que tiene esta persona es ella y nada más y en el momento en que tiene la
desgracia de enfermar u otro problema tiene que cerrar el negocio porque
nadie le puede sustituir; pero, asimismo, tiene la calidad de trabajador
autónomo el gerente de una empresa, patrono de la misma, que tenga
contratados a otros autónomos. La diferencia entre ambas situaciones, la
persona que tiene la circunstancia de ser ella sola enfrentada a la
situación de un gerente, también autónomo pero que tiene la posibilidad
de ser sustituido por otros cuatro más, es evidente. Se ha puesto como
ejemplo que no es lo mismo un peletero de una calle importante de Madrid,
o de una ciudad cualquiera de nuestra geografía, que el trabajador que
tiene su pequeño establecimiento y sus dificultades para salir adelante.
¿Qué debemos hacer ante una situación como ésta? ¿Debemos negar una razón
social clarísima como es la que plantea el Grupo Parlamentario Popular?
¿Debemos acogernos estrictamente a lo que está previsto en un Decreto
que, de una forma genérica, regula la posibilidad de que las coberturas
se ejerzan siempre? Creo que estamos ante una situación, como decía en un
principio, en que los dos tienen razón. Vamos a intentar encontrar un
punto de contacto, de confluencia, de convergencia, si se me permite, a
partir de que ha habido un reconocimiento --porque no puede ser de otra
manera-- de que, en todo caso, la norma existente debería modificarse si
es cierto que todos los representantes de esta Cámara estamos preocupados
por la situación que ha indicado el representante del Grupo Parlamentario
Popular.
En esta línea estamos nosotros, y lo estamos no sólo desde la teoría sino
desde la praxis. En la Comunidad Autónoma de Cataluña el Gobierno de la
Generalitat está subvencionando a las personas que están en situación de
paro para que puedan acceder a convertirse en trabajadores autónomos de
su pequeño negocio, de su pequeña acción. No tendría demasiado sentido
que estuviéramos aplicando esta práctica en un departamento de la
Generalitat y, a la vez, estuvieramos creando el problema que nos ha
planteado, insisto, el Senador del Grupo Parlamentario Popular.
He aquí, pues, una propuesta que lanzamos desde el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que, en cierto modo, creo
que es atípica, porque en los años que llevo en esta Casa no ha sido
común que fuera de esta manera. Pediría, en nombre de nuestro Grupo, al
representante del Grupo Parlamentario Popular que retire esta moción, que
no la someta a votación hoy, con el compromiso por nuestra parte de que
en el próximo Pleno habremos tenido tiempo de redactar una nueva moción
que estoy seguro que puede satisfacer no sólo la propuesta que hace hoy
el Grupo Parlamentario Popular sino a todos los Grupos de la Cámara,
porque en esa moción vamos a intentar dar satisfacción a la propuesta y,
a la vez, no contradecir la norma que hoy está en vigor dentro de nuestro
Ordenamiento jurídico.
Insisto en que sé que es una propuesta no demasiado común en esta Cámara,
pero, señorías, éste es un tema tan importante --aunque afecte a un
colectivo con el número de afectados que sea, es igual--, es tan
importante desde el punto de vista social que pienso que debemos
renunciar a posicionamientos políticos que pueden, a veces, llevarnos a
no tocar el suelo con los pies y mantener cada uno su posición por encima
de lo que debería ser un razonamiento basado en el sentido común.
Desde esta perspectiva le repito, Senador, que le ofrezco, le pido, le
insto a la reflexión para que ustedes retiren hoy esta moción y en los
próximos días podamos encontrar un redactado que, además, podamos ofrecer
a todos los Grupos de la Cámara, que pueda venir a debatirse aquí y, a
ser posible, ser aprobado por unanimidad. Como decía, Senador, éste es un
problema tan grave, tan importante que, o lo hacemos desde esta
responsabilidad o, de lo contrario --permítame una licencia que no suelo
utilizar, una expresión en catalán--, «fer vocar coloms»; es decir, no
tendremos nada concreto.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias por su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Francesc
Codina, nunca mejor dicho, Senador de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el Senador Someso Salvadores.
El señor SOMESO SALVADORES: Una cuestión de orden, señor Presidente.
En primer lugar, muchas gracias a todos los intervinientes, como dice el
señor Codina, por la convergencia. Vamos a retirar esta moción para
llegar a una moción, si es posible, de toda la Cámara. No es común esta
decisión, pero es que los autónomos tampoco somos comunes.
Señor Presidente, por otra parte, para solucionar el problema de las
ballenas, primero hubo que reconocer que la ballena es una especie a
extinguir; los autónomos, si no tomamos una solución, también somos una
especie a extinguir.
Muchas gracias, a toda la Cámara, retiramos la moción. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Aguilar Belda.
El señor AGUILAR BELDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco las intervenciones de todos los grupos parlamentarios y
agradezco la retirada de la moción por el Grupo Popular que, de alguna
manera, viene a reconocer lo que yo le decía; que existe legislación al
respecto (Protestas.), legislación que es perfeccionable. Pero en aras de
la perfección de la legislación existente no iba la moción que se
presentaba hoy. O sea, la moción que se presentaba hoy, indudablemente,
entraba en contradicción con la legislación que hay al respecto. Si esa
legislación y esa normativa es mejorable, unámonos todos para mejorarla,
pero agradezco el reconocimiento que se ha hecho aquí, en la tribuna, de
que eso es así.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE DEFINA CONCRETAMENTE LA ALTERNATIVA TECNICA SELECCIONADA
PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL EN GALICIA Y EL PLAZO EN
QUE ESTE TIPO DE ENERGIA VA A ESTAR DISPONIBLE, APOYANDO POLITICAMENTE
TODAS LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS AL LOGRO DE ESTE FIN. (662/000068.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto 27, que es la
moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la
que se insta al Gobierno a que defina concretamente la alternativa
técnica seleccionada para garantizar la disponibilidad de gas natural en
Galicia y el plazo en que este tipo de energía va a estar disponible,
apoyando políticamente todas las actuaciones encaminadas al logro de este
fin.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Luis Antonio Chao Gómez.
El señor CHAO GOMEZ: Con la venia, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, tengo el honor de presentar ante el Pleno
del Senado la moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se señala
la preocupación de este grupo por la creación de la imprescindible
dotación de infraestructura gasística para Galicia y se insta al
Gobierno, ante la actual situación de virtual paralización de los
trabajos encaminados a tal fin, a que dé los pasos necesarios para
convertir este propósito en una realidad en el menor plazo de tiempo
posible. (El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.)
Hay que decir que este deseo y esta intención son compartidos por todos
los grupos políticos de la Cámara y, sin duda, por toda la sociedad
española. Esta afortunada circunstancia ha hecho posible que,
aprovechando la percha de la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, hayamos sido capaces de redactar un texto que mejora
sustancialmente el inicial y expresa con contundencia la voluntad de los
grupos parlamentarios que suscriben la moción de que la Administración y
las empresas implicadas reanuden sin demora los trabajos encaminados a
conseguir la gasificación de Galicia.
Señorías, la facilidad para el acceso al suministro del gas natural es
fundamental para el desarrollo económico e industrial de una región. El
gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que se encuentra
embolsado, asociado a los yacimientos petrolíferos, de donde se extrae
para su uso en procesos industriales o como combustible. Es la materia
prima necesaria para determinados procesos petroquímicos y, asimismo,
constituye una fuente energética que, además de presentar un costo por
termia excepcional frente al carbón o los derivados del petróleo, resulta
escasamente contaminante.
Por otra parte, su distribución es fácil con los medios técnicos actuales
mediante su conducción en forma gaseosa por gaseoductos desde la fuente
de producción o de centrales de gasificación.
Todas estas cualidades han hecho que su consumo haya crecido en
progresión constante a nivel internacional y nacional a lo largo del
último medio siglo, de tal manera que incluso en estos últimos años, en
los que la crisis económica ha producido retrasos en los consumos
energéticos, las estadísticas oficiales muestran, al lado de los
retrocesos en el gasto de derivados del petróleo, la excepción de los
incrementos en el caso del gas natural. Es comprensible que, a la vista
de las interesantes propiedades energéticas e industriales de este
producto y de la relativa facilidad para construir la infraestructura
necesaria para su distribución, las distintas Administraciones pensaran
en el interés de llevarlo prácticamente a todas las regiones de España,
entre
ellas a Galicia. Y así se contempla en el Plan Energético Nacional
1991-2000, aprobado por el Gobierno como uno de sus principales
objetivos.
Señorías, los primeros trabajos y estudios realizados en pro de la
gasificación de Galicia se realizan en los años 1988 y 1989 por encargo
del Gobierno de la Xunta de Galicia, presidido en aquella ocasión por
nuestro ilustre colega el Senador don Fernando González Laxe, aquí
presente. Pero es en 1990 cuando nace en su concepto actual el proyecto
de gasificación del Noroeste y es en marzo de este año cuando don Juan
Fernández, Conxelleiro de Industria de la Xunta de Galicia, don Oscar
Fanjul, Presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos, y don Juan
Badosa, Consejero Delegado de Enagás, acuerdan que la gasificación de
Galicia debe realizarse sin demora. Dos años de estudio hicieron falta
para completar un proyecto para el desarrollo del gas natural en Galicia,
en cuya elaboración participaron expertos de la Comisión de Industria de
Galicia, conjuntamente con expertos del Ministerio de Industria y del
Instituto Nacional de Hidrocarburos.
Este proyecto fue aprobado por la Comisión delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos el 17 de febrero de 1992. La solución ideada consiste
en construir una planta de regasificación de gas natural líquido, con una
capacidad de almacenamiento de 200.000 metros cúbicos, en El Ferrol,
puerto capaz de acoger a barcos metaneros de 130.000 metros cúbicos de
capacidad, que es casi el doble de la capacidad de los que se reciben en
las plantas regasificadoras españolas del Mediterráneo. Desde esta planta
se proyecta construir una red de transporte, con un gasoducto de 26
pulgadas, desde El Ferrol a Villalba, en donde se enlazará con el
gasoducto Tuy-Oviedo, que desde San Ciprián será de 20 pulgadas, hasta
enlazar con el gasoducto Santander-Asturias. Esta nervadura básica será
complementada con los adecuados ramales para llegar hasta los mercados
industriales y las grandes ciudades.
La solución se presenta como atinada, ya que, por una parte, no es viable
la alternativa de prolongar la red asturiana para el suministro a
Galicia, dada la manifiesta insuficiencia de aquélla no ya para abastecer
este suministro adicional, sino, incluso, para cubrir las propias
necesidades del Principado a plazo medio, y, por otra parte, la
alternativa de suministrar a Galicia desde un ramal del gasoducto
Oporto-Braga supondría, caso de que no hubiese problemas de suficiencia
en el abastecimiento, dificultades, cuando menos, de plazo, ya que la
gasificación del norte de Portugal va muy retrasada. Además, la
instalación de la regasificadora de El Ferrol no sólo evitará a Galicia
el ser abastecida desde un ramal terminal, con los problemas que tal
situación comporta de escasez de caudal y de presión, sino que servirá
para mejorar las condiciones de abastecimiento de Asturias, Cantabria,
País Vasco y León, al potenciar la estructura en anillo-red, de manera
que, llegada la circunstancia necesaria, el gas de origen gallego pueda
viajar por los gasoductos actuales en dirección opuesta a la actual para
cubrir puntas o bajas de suministro en la actual red.
Señorías, una vez que los técnicos se pusieron de acuerdo, se redactaron
y firmaron dos protocolos: uno, el protocolo de colaboración entre la
Xunta de Galicia y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el
desarrollo del gas natural en Galicia, que firmaron don Claudio Aranzadi
Martínez, Ministro de Industria del Gobierno español, y don Manuel Fraga
Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia; y otro, el acuerdo de
colaboración entre la Xunta de Galicia y el Instituto Nacional de
Hidrocarburos para el desarrollo del gas natural en Galicia, firmado por
el Presidente gallego y don Oscar Fanjul Martín, Presidente del Instituto
Nacional de Hidrocarburos. Estos dos acuerdos constituirán el marco del
proceso de gasificación a Galicia.
En ellos se definen y comprometen las voluntades del Gobierno de la
nación y de la Xunta de Galicia, del Instituto Nacional de Hidrocarburos
y de Enagás de llevar a cabo el proceso, así como la forma en que el
mismo tiene que materializarse: proyectos, plazos, etcétera. En ellos se
comprometen gestiones, trámites, diseño de infraestructura, financiación
y colaboraciones.
No es cuestión, señorías, de precisar el detalle de los títulos de los
documentos citados. Baste con decir que en ellos se precisa de una manera
literal que habrá de construirse una terminal de regasificación de gas
natural líquido que se ubicará en El Ferrol y una red básica de
transporte con un eje principal desde Tuy hasta el límite con el
principado de Asturias y con ramales a las siete principales ciudades
gallegas.
En los protocolos se prevé que los gasoductos a Orense y Lugo, que en
principio no se consideran económicamente rentables, serán subvencionados
por la Xunta de Galicia con una aportación de casi 4.000 millones de
pesetas. Por su parte, la Administración Central se compromete a una
aportación que se evalúa en algo más de 19.000 millones para hacer viable
el proyecto, contemplándose asimismo aportaciones de fondos comunitarios
FEDER. Recogen también la voluntad de disponer del gas natural en Galicia
en 1995 y que el proyecto sea realizado y ejecutado por Enagás, y la
constitución de una sociedad mixta participada por el Instituto Nacional
de Hidrocarburos en el 65 por ciento y por la Xunta de Galicia en el 35
por ciento.
Pueden ver sus señorías que el entramado documental que soporta el
proyecto de gasificación de Galicia es estudiado, consistente y firme,
pero es insuficiente. ¿Se están cumpliendo los programas? ¿Galicia va a
tener infraestructura gasística en 1995? La respuesta es no. Y, ¿cómo
están las cosas en mayo de 1994? Se ha constituido la sociedad Gas
Galicia, S. A., para el desarrollo del gas, se han otorgado a Enagás las
concesiones comprometidas para la distribución inicial en 50 municipios y
a Gas Galicia la distribución doméstico-comercial, y están diligenciadas,
hasta donde es posible, todas las cuestiones de la competencia de la
Xunta de Galicia. Pero las obligaciones de Enagás, que consistían en
tramitar proyectos y licencias y en construir la planta de El Ferrol y
los gasoductos, van lentas o están paradas. De hecho la construcción de
la planta, cuyas obras estaba previsto que se iniciaran en el primer
trimestre de 1993, todavía no ha comenzado, y los gasoductos y redes,
cuyas obras deberían iniciarse el año en curso, no sólo no han comenzado,
sino que todavía no
se ha obtenido la calificación de utilidad pública para dar comienzo al
largo proceso expropiatorio necesario para conseguir el suelo. Es decir,
que ya no es posible cumplir con la fecha de 1995 ni con la de 1996. Y
para que en 1997 haya gas en Galicia hará falta que las cosas se agilicen
y cobren un ritmo normal.
Señorías, cuando uno indaga acerca de las causas de los retrasos --este
Senador ha efectuado consultas con técnicos de la Administración gallega
y con dirigentes de Enagás-- se reciben diversas argumentaciones que
pretenden justificar los retrasos. De una parte se plantean problemas de
financiación, ya que en principio se contaba con fondos FEDER hasta el 50
por ciento de la inversión, pero en Bruselas se ha limitado la
participación europea al 35 por ciento.
Pero ésta no puede ser una cuetión determinante, toda vez que el
compromiso de financiación adquirido por la Administración Central, según
se recoge en el Protocolo de 26 de febrero de 1992, no se condiciona a la
obtención de un mayor o menor porcentaje en la financiación por la vía de
fondos comunitarios. Además, puede buscarse financiación complementaria
por la vía de ayudas a proyectos transfronterizos.
Otras de las razones que pretenden justificar los retrasos son las
derivadas de dudas acerca de la realidad del mercado. Se plantean
incertidumbres acerca de la planta de alúmina de Inespal y acerca de la
ampliación de la Dupont en Asturias e instalaciones presuntamente grandes
consumidoras y que fueron definitorias a la hora de precisar el proyecto.
Estos mismos días los medios de comunicación informan del interés de
Unión Fenosa en reconvertir la central térmica de Sabón, y están en
estudio las reconversiones de algunas más. A nadie le puede caber duda de
que la materialización de la gasificación de Galicia no sólo hará más
viables los desarrollos de Inespal o Dupont sino que inducirá a
importantes empresas existentes a su reconversión y, además, fomentará la
instalación y crecimiento de empresas nuevas. No hay razón para creer que
la tasa de crecimiento del consumo de gas en las zonas que actualmente
tienen cobertura no vaya a producirse en Galicia.
Pero el principal problema que se plantea a la hora de explicar las
razones de los retrasos de Enagás es el derivado de la excesiva
vinculación del desarrollo de gasificación en Galicia a la disponibilidad
del gas de Nigeria. Desde el principio se ha dado por supuesto que la
planta regasificadora de El Ferrol iba a ser suministrada por gas de
Nigeria. Las características de los contratos de suministro, que
necesariamente son bastante cerrados y con plazos muy largos ya que ésta
es la única forma de viabilizar las cuantiosas inversiones necesarias
para construir las plantas licuadoras, hacen que la existencia de un
retraso en la construcción de la planta licuadora genere ese tipo de
dificultades. Pero en el mercado existen otras fuentes de suministro:
Argelia, Libia, Holanda, Dubay, los yacimientos del Mar del Norte,
Noruega, etcétera. De hecho, ya se contaba con un suministro esporádico
de gas argelino o libio para las cargas técnica y de prueba.
El suministro de gas de otras procedencias, mientras no sea operativa la
planta de Nigeria, puede ser algo más caro, pero es un problema resoluble
mediante un esfuerzo de gestión por parte de Enagás que en modo alguno
debe condicionar o provocar el retraso del acceso de Galicia a una
dotación que permitirá a su sector económico e industrial competir en
condiciones más equilibradas con los de las Comunidades Europeas y
españolas hoy dotadas de gas.
Hay que suponer, señorías --y en este sentido ha habido suficientes
garantías-- que la venta de Enagás a Gas Natural, cuyos principales
socios son Repsol y la Caixa de Barcelona, entidades en las que dominan
las prioridades económicas sobre las políticas, no va a ralentizar el
proyecto de gas en Galicia por razones derivadas de criterios meramente
económicos y de otro tipo. Esta Cámara, señoría, tiene que tomar y toma
sus decisiones con fundamentación en criterios políticos y sociales,
además de en los económicos, y para los miembros de esta Cámara tiene que
estar muy claro que una de las prioridades políticas de España está en el
desarrollo económico y social de la verde Galicia, para el cual es
necesario dotarla de las infraestructuras básicas entre las que está la
red gasística. Y esta idea, que se corresponde con el espíritu que se
desprende del contenido de nuestra Constitución y que se incardina con la
filosofía de la solidaridad que impregna nuestra Carta Magna, se
materializa en la voluntad que proponemos expresar al Senado de que la
gasificación de Galicia, como obra de infraestructura destinada a
promover el desarrollo de aquella autonomía, trasciende los meros
intereses económicos y por ello pasa a ser un objetivo en el que deben
volcarse las administraciones y empresas implicadas.
Y termino, señor Presidente. Repito que ha sido un honor para mí, en mi
condición de Senador autonómico elegido por el Parlamento gallego,
presentar esta moción en representación de mi Grupo Parlamentario, y he
de decir que, en nombre de Galicia, agradezco a los señores Senadores el
apoyo que van a mostrar a esta iniciativa encaminada a señalar a las
partes implicadas la voluntad política de esta Cámara y de los partidos
en ella representados de promover y acelerar la gasificación de Galicia.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Chao.
Ha llegado a la Mesa una propuesta de modificación de la moción que se
está debatiendo suscrita por los portavoces de todos los grupos
parlamentarios de la Cámara. En función de ello, sería de desear que
aquel grupo parlamentario que tuviera intención de hacer uso de la
palabra en defensa de esta propuesta nos lo indicara. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Sean mis primeras palabras para felicitar públicamente al Senador Chao,
puesto que ha hecho un relato fiel, fidedigno, exacto de todo lo
acontecido desde finales de la década de los ochenta hasta el día de hoy.
En consecuencia,
es lógico pensar que alguien como el Senador Chao, elegido por el
Parlamento de Galicia, y alguien como yo, elegido por la misma
institución, seamos capaces de ponernos de acuerdo, en representación del
Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Socialista y seguro
que del resto de los grupos, en algo que afecta y que estimulará, sin
duda alguna, el desarrollo de una Comunidad Autónoma como es la gallega.
Sus señorías saben que entre los objetivos del Plan Energético Nacional
estaba el incremento del consumo de gas natural, la diversificación del
aprovechamiento energético y la reducción de la dependencia de productos
petrolíferos. Para lograrlo era lógico que la competitividad del sector
dependiera del tamaño de las empresas y del grado de integración
vertical. En consecuencia, cuando queremos hablar del gas tenemos que
vertebrar el aprovisionamiento, el transporte, la distribución y la
comercialización.
El Gobierno socialista es sensible a que no quede, al doblar los mapas,
una Comunidad Autónoma fuera de España, sino que todas formen parte del
territorio español y, en consecuencia, se puedan utilizar y aprovechar
las potencialidades que revierten desde las buenas infraestructuras. Por
eso, en la página 122 de ese Plan Energético Nacional de 1991-2000 se
contempla taxativamente el gas para Galicia del siguiente modo: Los
proyectos de inversión en territorio nacional más importantes --dice esa
página 122-- son la gasificación de Galicia, la extensión y ámbito del
mallado de la red y el reforzamiento de infraestructuras de recepción y
almacenamiento de gas.
Con esto se quiere decir que el Gobierno socialista también quería que
las Comunidades Autónomas del noroeste peninsular no quedaran aisladas de
los primeros gasoductos que suministraban gas a las industrias ubicadas
en otras Comunidades Autónomas, que no se produjera un desplazamiento del
desarrollo económico basándose en esas ofertas de infraestructuras hacia
una zona determinada de España, sino que se conectara con la zona menos
desarrollada de nuestro territorio y, en consecuencia, se aportara de
forma decisiva e intensiva una gran cantidad de dinero para solventar el
déficit de las infraestructuras en general y del gas en particular.
Sus señorías saben, sobre todo si son estudiosos de este sector, que las
reservas de gas en el planeta son superiores a las del petróleo, aunque
su desarrollo es más lento debido a las dificultades de transporte y de
distribución. Saben también que las zonas geográficas en las que se
concentra el gas natural no coinciden con las de mayor demanda y que los
costes de transporte a través de gasoductos y buques metaneros son
elevados, lo que requiere una fuerte inversión que sólo se puede
rentabilizar si existe una elevada demanda. Todo ello ha contribuido a
dificultar los intercambios mundiales y a reducir el potencial de
producción.
Si he dicho esto es para poder entender qué es lo que ha sucedido en
Galicia y por qué, ya que los acuerdos firmados entre el Gobierno de la
Xunta de Galicia, el Ministerio de Industria, el INH y ENAGAS van con
cierto retraso.
Hemos dicho que está distribuido en el mundo de forma diferente a los
lugares donde se produce la demanda. Hemos dicho que los costes de
transporte son elevados. Hemos hablado de que hay que amortizarlo a
plazos muy largos, y hemos apuntado también las dificultades de los
intercambios mundiales.
Pues bien, si Galicia es una Comunidad Autónoma periférica menos
desarrollada que la media española; si su industrialización es más
dependiente en ciertos casos y predominan en ella las pequeñas y medianas
empresas; si cuenta con una escasa articulación sectorial; si tiene una
población muy diseminada --al igual que lo están sus industrias-- que da
lugar a la existencia de pequeños distritos industriales concentrados en
las ciudades, es lógico pensar que cualquier proyecto de esta categoría
relativo a la infraestructura del gas en Galicia presente, en primer
lugar, una escasa --por no decir negativa-- rentabilidad empresarial. En
segundo lugar, también es lógico que se requiera que los fondos
procedentes de la Comunidad Económica Europea sean mucho más elevados que
en otras zonas. En tercer lugar, también lo es que el abastecimiento sea
seguro y, en cuarto lugar, asimismo es lógico que existan unas cláusulas
de compromiso entre las Administraciones que lo hagan viable.
El Senador Chao, al presentar la moción, relató históricamente todo el
proceso. Aunque el mercado gallego de gas sea reducido, aunque la
financiación dependa de subvenciones comunitarias y de aportaciones
institucionales, y aunque el aprovisionamiento del gas proceda de zonas
como Nigeria, hoy estamos en condiciones de poder afirmar --y lo sabe su
señoría-- que a pesar de que el retraso acumulado se contabiliza ya en
dos años, se está en disposición de solventarlo, de tal forma que una vez
resuelto el problema con Nigeria, una vez resueltas las cuestiones
técnicas y financieras del consorcio encargado de la explotación del gas
en Nigeria, una vez resuelta también la nueva perspectiva que se abre a
través de los dictámenes y de las aportaciones del Comisario Europeo,
señor Christoffersen, respecto de los grupos de redes transeuropeas,
podremos buscar la manera de que aquellos compromisos firmados entre dos
Administraciones, aun cuando llevan un retraso también en esta Cámara,
gocen y cuenten con un impulso decisivo para poder avanzar.
La «adicionalidad» del gas de Nigeria, el contar con una nueva
financiación comunitaria --previa aprobación por la Comunidad para poder
obtener los fondos FEDER-- y al mismo tiempo contar con el compromiso
político de poder seguir diciendo que Galicia estará enlazada con las
redes del gas natural español y también con las europeas, hace que los
grupos parlamentarios hayan suscrito una propuesta de modificación que
conocen todos los portavoces y que, sin duda alguna, gozará del respaldo
de esta Cámara para que Galicia no quede fuera de ese mapa, para que, por
el contrario, quede integrada y, al mismo tiempo, para que nosotros
mismos seamos los vigilantes de ese cumplimiento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor González Laxe.
Tiene la palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Voy a expresar muy brevemente la posición de apoyo del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos a esta moción.
Creo que en ella hay un motivo de satisfacción realmente importante ya
que nos indica cómo debemos actuar en esta Cámara. El hecho de que se
llegue a un acuerdo por parte de todos los grupos políticos, el hecho de
que una iniciativa del Presidente de la Comisión de Industria, señor Chao
--de mi Comisión, puesto que yo pertenezco a ella--, sea apoyada por el
señor González Laxe, del Grupo Parlamentario Socialista, creo que es
importante.
Yo no voy a entrar en un debate sobre la importancia de la gasificación
de Galicia puesto que consideramos que es algo fundamental, por eso la
apoyamos, pero sí quisiera decir que también está en ello el hecho
político, el hecho de que el principio de todo este proceso se inicia
cuando el señor González Laxe, que me ha precedido en el uso de la
palabra, fue Presidente de la Xunta de Galicia y asimismo el hecho de que
todos los grupos de esta Cámara apoyemos esta proposición. Nosotros como
vascos, y con un concepto europeo de la futura Europa, defendemos lo que
es el eje atlántico. El señor González Laxe ha hablado de Europa, de los
fondos, y estamos ante un riesgo importante en esa zona del Atlántico que
va desde Bretaña hasta el sur de Portugal, en el sentido de que se están
primando dos ejes y esta zona puede quedar realmente un poco marginada,
como se ha dicho. Nosotros, como promotores en su momento de la idea del
eje atlántico, también apoyamos este proyecto de regasificación de
Galicia.
Por tanto, señorías, y yo con esto acabo, nosotros vamos a votar
afirmativamente la moción, y nos felicitamos de que, por encima de
diferencias y de ideologías políticas, sobre temas importantes que
afectan al día a día de nuestros ciudadanos, de nuestras nacionalidades y
regiones haya acuerdos. Y nos alegramos de que el debate que se ha
mantenido en base a la propuesta que ha presentado el Presidente de la
Comisión de Industria, señor Chao, y de quien fue el Presidente de la
Xunta de Galicia en su momento y que puso en marcha esta preocupación,
haya llegado a un término feliz.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Tiene la palabra el señor Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Este senador teniendo la tremenda presión de un partido de fútbol, al
parecer verdaderamente importante para el Estado y para una querida
Comunidad Autónoma de este país, va a ser tremendamente breve.
Vamos a apoyar efectivamente la moción alternativa o sustitutoria de la
anterior que ha sido consensuada por todos los Grupos porque nos parece
que hay que atender la gasificación de esas zonas del Estado español.
Quiero dar un apunte y es que nosotros, los canarios, también hace tiempo
que pretendemos que nos metan en ese plan de gasificación, no vaya a ser,
como decía el Senador González Laxe, que vayan a doblar el mapa, pues si
lo doblan, ¡imagínese usted dónde nos quedamos nosotros! Si doblan la
piel de toro nos quedamos ahí abajo, cerca del Golfo de Guinea. Lo digo
para que doblando el mapa, se le pueda hacer otro doblez y no nos
coloquen el carbón y el fuel, como están pensando, terminando el siglo
XX, no vaya a pasar lo que decía un célebre costumbrista canario sobre un
viaje a América desde las Islas, que iban dos compañeros en un buque y le
decía uno al otro: Saca el mapa, Gregorito. Miran el mapa, ven unos
puntitos y dicen: ¿Y esto qué será? Pues como sean cagadas de mosca,
estamos listos; si son islas todavía escapamos. No vaya a ser que
doblando el mapa, de muchas veces doblarlo, nos vayamos a quedar en lo
primero y no en islas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Barbuzano.
El Senador Grau tiene la palabra.
El señor GRAU I BULDU: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, desearía sumarme a la felicitación al señor Chao por la
explicación tan objetiva que ha realizado sobre la gasificación de
Galicia. Al mismo tiempo, el Grupo de Convergència i Unió se felicita por
el consenso obtenido en la explicación que ha dado en defensa de la
moción el Senador González Laxe.
La moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular ha sido consensuada
por todos los Grupos políticos, y consecuentemente esta intervención es
para ratificar el voto favorable de nuestro Grupo a la misma.
Quisiera, no obstante, agregar a la demanda al Gobierno una consideración
que aunque no explícita entendemos que se contempla dentro de las
posibilidades de actuación que la moción sugiere. En primer lugar,
nuestro Grupo entiende que la gasificación del noroeste debe aprovechar
al máximo los fondos FEDER para infraestructuras. En 1992, la previsión
era del 50 por ciento, y actualmente es del 35 por ciento. La inclusión
del plan gasístico gallego en las redes transeuropeas del Grupo
Christoffersen permitiría obtener unas ayudas de hasta el 85 por ciento
en fondos FEDER.
En segundo lugar, la interconexión con Portugal podría aprovechar el
ramal del gasoducto que, desde Cádiz hasta Braga, potenciaría la
gasificación de Extremadura en el mismo Plan Christoffersen, y daría a la
planta gasificadora de El Ferrol una entidad y una doble conexión con la
malla gasística, al tener la red dos salidas muy importantes: una, hasta
Asturias, y otra, hasta Portugal.
En tercer lugar, entendemos que la inversión que precisa la planta
licuadora de El Ferrol está muy relacionada con la construcción de una
planta licuadora de gas en Nigeria, que ha sido retrasada en razón de que
el principal consumidor de la misma --una central térmica italiana-- ha
sufrido, a su vez, retrasos.
Las alternativas de aprovisionamiento de gas son, pues, altamente
costosas y de difícil aplicación. Por ello, esta planta parece ser en
mayor medida un fin, que un medio en el plan de gasificación de Galicia.
Nuestro Grupo suscribe y apoya esta moción, en la confianza de que la
gasificación de Galicia no sufra --dentro de lo posible-- ningún retraso
en la ejecución de los planes previstos en los acuerdos de 1992 entre la
Xunta y el Gobierno español, de que se aprovechen todas las ayudas
posibles y de que la red tenga las interconexiones suficientes para
asegurar un servicio óptimo y su integración en la red nacional, no como
un ramal secundario, sino como un punto principal de la misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría. (El señor Chao
Gómez pide la palabra.)
Señoría, ¿sobre la base de qué artículo solicita la palabra?
El señor CHAO GOMEZ: Por el artículo 87, señor Presidente, al haber sido
aludido.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Tiene su señoría la palabra por
tiempo de tres minutos.
El señor CHAO GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero dar las gracias a los señores Senadores
intervinientes por sus amables palabras hacia mi persona y, sobre todo,
por su apoyo a esta intención, que es muy importante para Galicia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Chao.
Puesto que, como es reglamentario, la propuesta de modificación ha sido
presentada y suscrita por todos los grupos, ¿se puede entender que es
susceptible de ser aprobada por asentimiento de la Cámara? (Pausa.)
Queda, pues, aprobada. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA DEL SENADO, POR LA QUE EL
SENADO INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, EN ESTRECHA COORDINACION CON LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, GESTIONE ANTE LOS ORGANOS COMPETENTES DE
LA UNION EUROPEA LA CREACION DE UNA OFICINA PARA EL DESARROLLO EN EL
ATLANTICO SUR (AFRICA Y AMERICA), CON SEDE EN EL ARCHIPIELAGO CANARIO, AL
CONSTITUIR LA FRONTERA SUR COMUNITARIA Y ACREDITAR LAS CONDICIONES
PRECISAS PARA FAVORECER LOS FLUJOS Y RELACIONES POSITIVAS DE DICHOS
ESPACIOS CONTINENTALES E INSULARES CON LA UNION EUROPEA. (662/000043.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos a la moción del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, para cuya defensa tiene la palabra el
Senador Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, atendiendo a los gestos expresivos de algún que otro portavoz,
en el sentido de que reduzca el tiempo de mi intervención, voy a ser muy
breve en la defensa de esta iniciativa, que está fundamentada en cinco
puntos.
En primer lugar, por la necesidad de potenciar la política exterior
española en el Atlántico Sur, que ha tenido un recorrido en el tiempo en
ocasiones errático, asistemático, conmemorativo con América, y de
frecuente inhibición con Africa.
Entendemos que Canarias, como una plataforma territorial y frontera sur
de la Unión Europea, debe desempeñar un rol importante al servicio de los
intereses globales del Estado, recuperando el espacio de relaciones e
intereses con Africa y América, que hasta ahora ha estado bastante
cubierto por algunos Estados miembros de la Unión Europea y aprovechado
por intereses económicos internacionales que poco tienen que ver con los
propios intereses de Estado.
Desde la perspectiva de la actual oferta canaria de servicios, formación
técnico-profesional, tecnologías agrícolas avanzadas y enlaces aéreos y
portuarios, entendemos que es posible materializar una propuesta que, en
marzo de este año, tuvo lugar en la segunda reunión de la Conferencia de
Gobernadores y altos funcionarios de bancos centrales de Africa y América
Latina para la expansión del comercio sur-sur, que tuvo lugar en
Canarias. En dicha Conferencia, a propuesta de las Naciones Unidas y de
la UNCTAD, se planteó la posible sede en el archipiélago de una oficina
especial para esos tráficos sur-sur, con la necesidad de implementar
servicios avanzados en las telecomunicaciones y los transportes.
Por otro lado, es necesario que el archipiélago canario recupere una
actividad comercial que se ha ido debilitando en los últimos tiempos; en
particular, en el comercio con Africa, que ha pasado de 40.000 millones
de pesetas, en 1986, en tráficos de perfeccionamiento y reexportación, a
ser de apenas 3.800 millones en la actualidad, por falta de cobertura de
transportes y de mecanismos en relación con el ámbito africano. Si a ello
le añadimos que las limitaciones del Acuerdo de Schengen sobre el libre
tráfico internacional van a dificultar la posibilidad de ese llamado
tráfico de maleta, que se ve obligado a recorrer en ocasiones cientos de
kilómetros para conseguir un visado por la mala red de la estructura de
agregados comerciales de las embajadas y puntos comerciales en el
continente africano, comprenderán ustedes que es vital para los intereses
globales del Estado y, por supuesto, para Canarias la creación de una
Oficina operativa de la Unión Europea en las islas que permita la
conexión con los territorios ultraperiféricos, con los cuales ya existe
una coordinación importante, con los países integrados en el Tratado de
Africa, Caribe y Pacífico y, por supuesto, con el resto de Africa y
América.
En este sentido, esperamos confiadamente el apoyo de sus señorías a esta
iniciativa y como ya conocemos que el Grupo Parlamentario Socialista
presenta una enmienda, la cual, como le gusta decir a mi compañero,
compatriota y amigo, don José Segura, ya realiza un fino ajuste
lingüístico, que coincide con lo que es fundamental desde el punto de
vista del contenido, esperamos que se apruebe esta iniciativa, en la
perspectiva de conseguir dotar a Canarias de instrumentos operativos al
servicio de los intereses del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Brito.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Socialista.
Tiene la palabra el Senador Segura para la defensa de la misma.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
en efecto el Grupo Parlamentario Socialista en este turno consume el que
le corresponde como consecuencia de haber presentado una enmienda
alternativa a la propuesta recogida en la moción número 43, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, que acaba de defender el
Senador Brito.
El contenido establece en nuestra enmienda que el Senado inste al
Gobierno para que gestione ante la Comisión Europea la posibilidad de
crear una Oficina para el desarrollo en el Atlántico Sur, dependiente de
los órganos de la Unión Europea, con sede en el archipiélago canario,
cuya situación geográfica lo configura como lugar idóneo para favorecer
los flujos y relaciones entre los países de dicha área y la Europa
comunitaria.
Señorías, en muy diversas ocasiones, tanto en la Comisión Mixta
Congreso-Senado para las Comunidades Europeas, Comisión especializada en
la tramitación de las preocupaciones de materia comunitaria en las Cortes
Generales, como en el propio seno de este Senado, hemos sido varios los
intervinientes que hemos planteado la necesidad del establecimiento de
mecanismos de muy diferente naturaleza y de muy distinto orden a efectos
de intentar resaltar el papel que la comunidad canaria puede jugar en el
seno de la Unión Europea.
Señorías, nosotros pensamos que es indudable que la posición geográfica
de Canarias le proporciona unas posibilidades inmejorables para jugar un
papel importante en el diálogo y en las relaciones de todo tipo entre el
continente africano, Iberoamérica y la Unión Europea. ¡En cuántas
ocasiones hemos oído frases que en el transcurso del tiempo no han sido
nada más que literatura vacía, manifestaciones realmente literarias que
no se han visto acompañadas de actuaciones concretas! En efecto,
Canarias, puente de enlace entre Europa, América y los países más
próximos del continente africano, es una realidad que puede llegar a
convertirse en hecho palpable, con realidades palpables, y de ahí la
sensibilidad de las Cortes Generales y de esta Cámara, específicamente.
Entendemos que tanto el contenido de la moción del grupo proponente como
la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista son
planteamientos direccionales mediante los que nos dirigimos al Gobierno
para decirle que, a través de los mecanismos oportunos, elabore el
estudio correspondiente y con él se persone ante la Comisión Europea y
haga la oferta de que España, a través de su Comunidad Autónoma de
Canarias, juegue ese papel vertebrador de flujo de actuaciones de toda
índole. Al no tener este Senador un soporte documental que poder aportar
con el mayor rigor --ni es ésta tampoco nuestra intencionalidad ni
nuestra función--, hacemos solamente el planteamiento al que estoy
haciendo referencia, es decir, que nuestro Gobierno adopte la resolución
que tome a su vez este Senado, a efectos de que Canarias vertebre
intencionalidades, sirva como vehículo de conexión, de flujos
comerciales, de iniciativas comunitarias de muy diferente índole. Y ésta
es, señoras y señores Senadores, a grandes rasgos y a vuela pluma, la
intencionalidad que rezuma nuestra enmienda.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Segura.
¿Desea hacer uso del turno de contestación que le corresponde el defensor
de la moción? (Pausa.) Muy bien.
Pasamos a abrir el turno de portavoces. El Senador Sanz Cebrián tiene la
palabra.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo con suma brevedad para anunciar que para el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos es una gran satisfacción
votar a favor de la moción y de la propuesta de modificación conjunta de
la moción, entre otras razones, por las siguientes. En primer lugar, el
Archipiélago Canario --y esto no hay que decirlo-- es la ubicación idónea
no sólo por su situación geográfica, sino también por sus lazos afectivos
con el continente americano y con el africano. Además, la situación de la
oficina europea en las Islas Canarias, que alentamos desde aquí,
contribuye, a nuestro juicio, a potenciar el equilibrio territorial entre
las diferentes regiones europeas y favorece, por tanto, la cohesión
social: la Europa de los pueblos, la Europa de los ciudadanos, y no
solamente la Europa de los mercaderes.
Por otra parte, si bien Europea debe ser una unión política, a nuestro
entender, de naturaleza federal, entendemos que ésta no puede adoptar
formas centrípetas, sino que tiene que ir hacia fórmulas
descentralizadoras y desconcentradoras: abrir las ventanillas donde el
ciudadano esté próximo. En definitiva, entendemos que la moción planteada
por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado contribuye a
la incorporación progresiva de las nacionalidades y regiones, entendidas
como áreas de integración natural, al papel que les corresponde en las
relaciones exteriores, es decir, el auténtico protagonismo, junto al
Estado, y cada uno en sus respectivas materias, en sus respectivas
competencias, como sujetos activos del Derecho internacional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Sanz Cebrián.
Tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió votará favorablemente la moción y voy a
argumentar nuestro voto brevemente.
Señorías, en esta Cámara se recuerda con frecuencia que estamos en una
época de muy especiales transformaciones, se recuerda que hay
transformaciones en todos los órdenes --hay transformaciones en el mundo
económico, en el mundo social, etcétera-- y que vivimos en lo que algunos
analistas califican de un nuevo territorio. Es cierto que en este nuevo
territorio continúa existiendo una gran necesidad de incrementar las
relaciones de Africa y América Latina con Europa, y también es cierto que
existe la convicción y la voluntad europea de incrementar nuestras
relaciones con Africa y con América Latina. Así, pues, esta iniciativa de
Coalición Canaria puede ser un instrumento útil para este incremento de
relaciones que deseamos y estamos convencidos de que puede ser
fructífero. Por consiguiente, éste es el sentido de nuestro voto.
Este voto y esta moción, que previsiblemente será aprobada por
unanimidad, no descarta ni mucho menos el hecho de que el Gobierno
canario, en este contexto europeo en el que vivimos, deba tener un gran
protagonismo en esta iniciativa, porque hoy en Bruselas ya no solamente
es posible que una persona o unas pocas personas por parte de cada Estado
se preocupen de estos temas, sino que estamos ya en la Unión Europea de
respeto a la diversidad de los pueblos y, por consiguiente, esta moción
simplemente vendrá a complementar lo que estamos seguros es ya una
iniciativa muy activa por parte del Gobierno canario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ramírez
Pery.
El señor RAMIREZ PERY: Muchas gracias, Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular no se va a oponer y va a votar a favor de
la moción, en primer lugar, porque cree que todo lo que beneficia a
Canarias debe ser apoyado, y en este caso, entre otras cosas, tiene que
estar determinado por la Unión Europea, con lo cual estamos a la espera
de lo que diga la misma. En segundo lugar, iba a decir que no se opone
porque si no pondrían multa al 70 por ciento de la Cámara no presente,
pero, sobre todo, el Partido Popular desea hacer un pequeño análisis en
dos minutos de lo que creemos, como partido de gobierno que nos
consideramos, que debe ser tenido en cuenta, y estoy seguro de que es
compartido por el Partido Socialista, que es partido del Gobierno en este
momento.
Esta pregunta en sí misma, y prescindiendo de la buena fe evidente que
tiene el Grupo que la propone y de los beneficios que otorga a Canarias
si la Unión Europea lo decide --nunca dudamos de la buena fe de la gente
que propone las cosas--, tiene dos efectos: un efecto con respecto a
nuestro propio país y un efecto con respecto a Europa --yo tengo la
suerte de asistir a los foros europeos y sé que se nos mira desde lejos
en todas nuestras actuaciones, aunque nosotros creamos que no.
En primer lugar, la pregunta a mí, personalmente, no me gusta como está
formulada, por el tono un poco etéreo, un poco diluido, si se me permite
la expresión. La pregunta debía haber sido más concreta, entre otras
cosas porque hay que tener en cuenta que temas tan importantes como la
cooperación y el desarrollo deben ser llevados --y digo esto a pesar de
que soy canario y siento la «canariedad» como ustedes-- en España por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, y no por un afán de centralismo, sino
porque es este quien debe dirigir y unificar en lo posible las acciones
tendentes a la cooperación y el desarrollo, materia esta que es
precisamente objeto de una Ponencia que tenemos en este momento en la
Comisión de Asuntos Exteriores y que es no solamente muy compleja, sino
que, además, mueve ingentes intereses.
Tengo el temor de que una simple oficina colocada en Canarias, si no nos
comprometemos seriamente a que esté en contacto con quien pertenece aquí
en Madrid --porque, en definitiva, Madrid es Unión Europea-- no sólo
pueda estar desvinculada de los principios rectores de Europa sino que,
además, esté fuera de lo que estamos procurando en este momento en la
Comisión de Asuntos Exteriores y en el Ministerio, que haya unidad de
acción y que la unidad de acción y la unidad de inversión se verifiquen a
través del organismo competente.
Es distinto que el Ministerio al que corresponda debe hacer jugar un
papel importante a las Comunidades Autónomas en la acción exterior del
Estado, sobre todo en aquellos países en los que, efectivamente, exista
una presencia significativa de oriundos de la Comunidad Canaria, como
sucede sobre todo en Venezuela y en Cuba. Es un deber que nosotros como
Partido Popular hemos reclamado y estamos reclamando al Gobierno a través
del Ministerio de Asuntos Exteriores, e incumbe a esta pregunta, y
concretamente a la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional, desarrollar la llamada «cooperación oficial
descentralizada», lo cual significa no tener una oficina a ojo de buen
cubero marcada por Europa, sino que esté dentro de un sistema de
cooperación general y con los recursos de cooperación general que se
generen a través de Europa y que Europa, normalmente, los encauza a
través de los Ministerios de Asuntos Exteriores. Porque, señorías,
supongamos cuántos problemas podría haber si todas las regiones de Europa
solicitan una oficina independiente.
Hay un convenio marco que se va a aprobar, y hay unos planes anuales de
cooperación y una Comisión Interterritorial de Cooperación que se está
creando por el Ministerio. Yo sugiero, para no cansar a mis compañeros,
que todo
esto se tenga en cuenta porque además, y por desgracia, en el
funcionamiento de algunas actividades como hemos podido comprobar en Las
Palmas con la Feria del Atlántico, y otras semejantes, hay una desidia,
una apatía y una pereza lamentables. No demos ese espectáculo en Europa y
ojalá nos concedan la oficina.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Ramírez.
Vamos a proceder a la votación.
Ruego a la Cámara un momento de atención.
Como ha quedado claro en el transcurso del debate, hay una enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista a esta moción, pero según me comunican, el
grupo proponente y defensor de la moción está dispuesto a asumirla, así
como el resto de los grupos de la Cámara.
Siendo esto así, pregunto a los grupos si aprueban por asentimiento la
enmienda. (Asentimiento.) Asimismo, incorporada la enmienda al texto,
pregunto si votan por asentimiento el texto de la moción. (Asentimiento.)
Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y diez minutos.