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DS. Senado, Pleno, núm. 33, de 28/04/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 33
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el jueves, 28 de abril de 1994
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados (Continuación):
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
proyecto de Ley orgánica por la que se incluye una Disposición Adicional
Cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
(desglosado del Artículo séptimo, uno) --Artículo 67.3 del Estatuto de
los Trabajadores-- del proyecto de Ley por la que se modifican
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 27, de fecha 25 de abril de 1994)
(número de expediente S. 621/000027) (número de expediente C. D.
121/000044).
--De la Comisión Constitucional en relación con el proyecto de Ley de
modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de
asilo y de la condición de refugiado (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 22, de fecha 19 de abril
de 1994) (número de expediente S. 621/000022) (número de expediente C. D.
121/000002).
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que adopte las medidas necesarias en orden a conseguir el
efectivo saneamiento y eficacia del Sector Público Empresarial (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
111, de fecha 25 de abril de 1994) (número de expediente 671/000005).
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que el Senado insta al
Gobierno a que, en el plazo de seis meses, presente a la Cámara para su
análisis y discusión una Ley sobre Protección y Recuperación de la
Calidad de las Aguas, que suponga la transposición de la Directiva 91/271
y garantice su cumplimiento, coordinando los esfuerzos de todas las
Administraciones implicadas (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 96, de fecha 23 de marzo de
1994 (número de expediente 662/000046).
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno de la Nación a que no se adopte medida alguna de cierre,
reducción o transformación del Hospital Militar de La Coruña y se
propone, como fórmula alternativa para el caso de que dicho Hospital no
resultara necesario para los fines de la Defensa, que se proceda a
afectarlo al Ministerio de Sanidad y Consumo para que pueda ser
transferido a la Comunidad Autónoma de Galicia junto con los créditos
necesarios para su adecuado mantenimiento (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 85, de fecha 4
de marzo de 1994) (número de expediente 662/000042).
--Del Grupo Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se
insta al Gobierno a que negocie ante la Unión Europea, en el marco del
Consejo de Ministros de Pesca, la prohibición definitiva de las volantas
para la captura de túnidos, cara a la nueva campaña (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 111,
de fecha 25 de abril de 1994) (número de expediente 662/000063).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos.
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el proyecto
de Ley orgánica por la que se incluye una Disposición Adicional Cuarta en
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (desglosado
del Artículo séptimo.uno --Artículo 67.3 del Estatuto de los
Trabajadores--, del proyecto de Ley por la que se modifican determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral). Se tramita por el procedimiento de
urgencia (Página 1658).
El señor Arija Hernández, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Cuenca Doblado,
quien así lo hace a continuación. No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del artículo único.
El señor Lobo Asenjo defiende la enmienda número 1, del Grupo Popular. El
señor Cuenca Doblado consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Lobo Asenjo, por el Grupo Popular, y
Cuenca Doblado, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Popular, por 94 votos a favor,
110 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el texto del dictamen en su totalidad, por 110 votos a favor y
94 en contra.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de Ley.
De la Comisión Constitucional en relación con el proyecto de Ley de
modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de
asilo y de la condición de refugiado (Página 1660).
El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, comunica a la
Cámara que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Guía
Marqués, quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad.
El señor Cucó Giner consume un turno a favor.
Se abre debate del artículo único, disposiciones transitorias y finales y
Exposición de Motivos.
El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 21 a 36, del
Grupo Mixto. El señor Sanz Cebrián retira las enmiendas números 1 a 9,
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Travieso Darias
defiende las enmiendas números 37 a 40, 42 y 43, retirando las números 44
a 47, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Rigol i Roig
retira las enmiendas números 10 a 15 y 17 a 20, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. El señor Cucó Giner consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Cuevas González, por el Grupo Mixto; González Pons, por el Grupo Popular,
y Cucó Gine, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 21 a 36, del Grupo Mixto, por 7 votos a
favor, 214 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 37 a 40, 42 y 43, del Grupo de
Coalición Canaria, por 6 votos a favor, 215 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueban dos enmiendas al artículo veintiuno, apartado 2, de la Ley
que se modifica, suscritas por todos los Grupos Parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda de nueva redacción para la disposición
transitoria primera del proyecto, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban el artículo único, las disposiciones transitorias primera y
segunda, las disposiciones finales primera a tercera y la Exposición de
Motivos, con las modificaciones introducidas, por 225 a favor y 1
abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que adopte las medidas necesarias en orden a conseguir el
efectivo saneamiento y eficacia del Sector Público Empresarial (Página 1671)
El señor Utrera Mora defiende la moción. El señor Cercós Pérez consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Armas Rodríguez, por el Grupo de Coalición Canaria, y Cambra i Sánchez,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Los señores
Utrera Mora y Cercós Pérez intervienen de nuevo en virtud del artículo
87.
Se rechaza la moción del Grupo Popular por 95 votos a favor, 116 en
contra y 9 abstenciones.
MOCIONES
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que el Senado insta al
Gobierno a que, en el plazo de seis meses, presente a la Cámara para su
análisis y discusión una ley sobre Protección y Recuperación de la
Calidad de las Aguas, que suponga la transposición de la Directiva 91/271
y garantice su cumplimiento, coordinando los esfuerzos de todas las
Administraciones implicadas (Página 1676).
El señor Segura Clavell defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto;
Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Grau i Buldú, por
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Sanz Blanco, por el
Grupo Popular, y Segura Clavell, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno de la nación a que no se adopte medida alguna de cierre,
reducción o transformación del Hospital Militar de La Coruña y se
propone, como fórmula alternativa para el caso de que dicho Hospital no
resultara necesario para los fines de la Defensa, que se proceda a
afectarlo al Ministerio de Sanidad y Consumo para que pueda ser
transferido a la Comunidad Autónoma de Galicia junto con los créditos
necesarios para su adecuado mantenimiento (Página 1683).
El señor Hernández Cochón defiende la moción. El señor Barreiro Gil
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Caballero
Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano
González, por el Grupo de Coalición Canaria, y Sala y Canadell, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Los señores Hernández
Cochón, Barreiro Gil y Cuevas González intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Popular por 94 votos a favor, 115 en
contra y 10 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se
insta al Gobierno a que negocie ante la Unión Europea, en el marco del
Consejo de Ministros de Pesca, la prohibición definitiva de las volantas
para la captura de túnidos, cara a la nueva campaña (Página 1693).
El señor Gangoiti Llaguno defiende la moción. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Petrizán Iriarte, por el Grupo Mixto;
Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Ferrer i Profitós,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Blanco Rouco,
por el Grupo Popular, y González Laxe, por el Grupo Socialista. Vuelve a
intervenir el señor Gangoiti Llaguno.
Se aprueba la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por
asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY ORGANICA POR EL QUE SE INCLUYE UNA DISPOSICION ADICIONAL
CUARTA EN LA LEY ORGANICA 11/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE LIBERTAD SINDICAL
(DESGLOSADO DEL ARTICULO SEPTIMO.UNO) --ARTICULO 67.3 DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES-- DEL PROYECTO DE LEY POR EL, QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS
ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO ARTICULADO DE LA
LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(S. 621/000027) (C. D. 121/000044).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social, en relación con el proyecto de ley orgánica por el que se incluye
una disposición adicional cuarta a la Ley orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical (desglosado del artículo séptimo.uno)
--artículo 67.3 del Estatuto de los Trabajadores-- del proyecto de ley
por el que se modifican determinados artículos del Estatuto de los
Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.
Saben sus señorías que se tramita por el procedimiento de urgencia y que
se publicó en los boletines correspondientes, con fecha 25 de abril de
1994.
Senador Arija, ¿tiene la bondad de indicarme si alguien va a presentar el
proyecto?
El señor ARIJA HERNANDEZ: El Senador Cuenca.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Cuenca Doblado.
El señor CUENCA DOBLADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para cumplir el trámite de presentar el dictamen de la
comisión del proyecto de ley orgánica por el que se incluye una
disposición adicional cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad
Sindical.
La tramitación separada del proyecto de ley orgánica, por el que se
incluye una disposición adicional cuarta en la Ley 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, tiene su origen en el acuerdo adoptado por
la Presidencia del Congreso de los Diputados el 3 de enero pasado en
ejercicio de la delegación conferida por la Mesa en su reunión del día 28
de diciembre de 1993.
La redacción textual que recibía dicho artículo 67.3 en el proyecto
original era la siguiente: la duración del mandato de los delegados de
personal y de los miembros del comité de empresa será de cuatro años,
entendiéndose que se mantendrán en función en el ejercicio de sus
competencias y de sus garantías hasta tanto no se hubiesen promovido y
celebrado nuevas elecciones, sin que los representantes con el mandato
prorrogado se computen a efectos de determinar la capacidad
representativa de los artículos 6 y 7 de la Ley orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical.
La nueva redacción introducía la novedad de excluir a los representantes
sindicales que se encuentren en dicha situación, la de prorrogado del
cómputo que se ha de efectuar para determinar la capacidad representativa
que otorgan los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical a
determinados sindicatos. Es, por tanto, este último aspecto el que
interesa a la hora de atribuir a dicho precepto el carácter de orgánico.
La ley consta de un artículo único, por el que se incluye una disposición
adicional cuarta en la Ley 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical,
con la siguiente redacción: Los delegados de personal y los miembros del
comité de empresa, con el mandato prorrogado, no se computarán a efectos
de determinar la capacidad representativa de los artículos 6 y 7 de la
presente ley.
A la presente ley se ha presentado una sola enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, la número 1, que pide su supresión y que fue
rechazada por mayoría en el trámite de Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuenca.
Se abre el debate de totalidad, con turnos a favor, en contra y
portavoces. (Pausa.)
Muchas gracias.
Entramos en el debate de las enmiendas.
En primer lugar, para la defensa de su enmienda número 1, tiene la
palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, Senador Lobo
Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
A este proyecto de ley mi Grupo ha presentado a su artículo único una
también única enmienda de supresión y lo hacemos por coherencia con los
argumentos de las enmiendas globales de supresión que presentábamos y
defendíamos en la noche de ayer a la hora de debatir el artículo 7 del
Título II del proyecto de ley que ha reformado el Estatuto de los
Trabajadores, argumentos que no son otros que nuestro convencimiento de
que todas las modificaciones que se introducen en la normativa electoral
sindical deberían haber sido contempladas en un proyecto de ley separado.
No discutimos, y no entra en cuestión, el carácter de ley orgánica de
este proyecto, pero seguimos manteniendo, señorías, eso sí, que este
proyecto debería haber tenido este carácter no solamente en la parte que
afecta a la prolongación de los mandatos de los representantes
sindicales, sino también, por ejemplo, debería haberlo tenido a la
capacidad de mayor representatividad que se les viene --entre comillas--
a otorgar a los sindicatos mayoritarios o llamados más representativos.
Asimismo, presentamos esta única enmienda de supresión no sólo por
pretender que en este proyecto se contempla una ampliación de las
capacidades que la Ley Orgánica de Libertad Sindical concede a los
sindicatos mayoritarios, concretamente que los mandatos prorrogados se
computarán a efectos de las nuevas elecciones sindicales, sino porque, a
nuestro entender, este mini proyecto encierra, aun en la brevedad de su
artículo único, todos los defectos que para nosotros tiene, y lo ha
venido a tener y lo hemos demostrado con el debate de estos días, el
Título II. Y éstos, desde nuestro punto de vista y compendiando nuestros
argumentos, no son otros que la inoportunidad política y, lo que es más
grave aún, el posible rompimiento de algunos conceptos muy sólidos, como
son los introducidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Decíamos anoche, señorías, que la representación sindical en nuestro país
va más allá, en razón de nuestro sistema, de la simple configuración de
un comité de empresa. Por eso creemos, señorías, que deberíamos ser
especialmente cuidadosos, que deberíamos haberlo sido a la hora de
adoptar medidas que afectan al mapa representativo sindical, mapa que con
este proyecto de ley se ha consolidado «ad infinitum», que consolida
situaciones que hoy son las que son pero que, lógicamente, desconocemos
cuáles van a ser en el futuro.
Por todo ello, mi Grupo mantiene la enmienda y solicita su voto
afirmativo.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cuenca.
El señor CUENCA DOBLADO: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve en la contestación porque creo que anoche ya hicimos
gran parte del debate. Fueron vistos los argumentos de uno y otro grupo
y, por lo tanto, pienso que no hay que extenderse.
Su señoría hace referencia a que esta Ley de Libertad Sindical viene a
agravar lo dispuesto ya en el artículo 67.1. Señoría, lo que hacía el
artículo 67.1 era exactamente recoger lo que dice la Ley de Libertad
Sindical, la cual, en su artículo 6, párrafo 2, establece cuál es el
sindicato que tiene el carácter de sindicato más representativo, y eso es
lo que dice el artículo 67.1. Por lo tanto, no sólo no se modifica la Ley
de Libertad Sindical en ninguno de sus aspectos --únicamente en el
concerniente al que estamos discutiendo en este momento--, sino que se
respeta profundamente esa Ley. Por consiguiente, no es ningún problema.
Dice usted que consolida el mapa sindical. Esta Ley consolidará el mapa
sindical en la medida en que quieran los trabajadores. En tanto en cuanto
los trabajadores quieran cambiar ese mapa sindical, estará en sus manos
hacerlo a través de las elecciones de representantes o empresas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuenca.
¿Abrimos turno de portavoces? ¿Algún señor portavoz va a hacer uso de la
palabra en ese debate?
Tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Mi intervención también va a ser telegráfica. Sólo deseo decirle al señor
Cuenca y a los señores del Grupo mayoritario de la Cámara que si lo que
en realidad quieren son unos sindicatos, como yo decía ayer, petrificados
o cristalizados, unos sindicatos a los que el Gobierno les viene a
reconocer el 50 por ciento de consideración como sindicatos más
representativos, con lo que todo esto supone de influencia, de disfrute
de medios económicos y de disfrute del patrimonio sindical acumulado que
les ha proporcionado el Ministerio de Trabajo, desde nuestro punto de
vista están haciendo un flaco servicio a esas organizaciones sindicales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Cuenca.
El señor CUENCA DOBLADO: Gracias , señor Presidente.
Señor Lobo, tengo que decir que, realmente, usted es muy consecuente y,
por lo tanto, pone mucho énfasis en defender argumentos que no se
consolidan en ningún apartado. El que los sindicatos decidan que se
reparten el 50 por ciento de la representación en las distintas
instituciones es porque, previamente, han obtenido el 80 por ciento de la
representación en la empresa, y los acuerdos que ellos decidan entre
ellos, por ser los sindicatos más representativos, no es algo que
concierna, ni mucho menos, a la Ley ni que tenga nada que ver con ella.
Dice usted que esto ha dado lugar a que estos sindicatos disfruten de una
serie de medios, entre otros, por ejemplo, del patrimonio sindical. Yo
quiero decirle a usted que hoy, por sentencia del Tribunal
Constitucional, todos los sindicatos, incluso esos que usted defiende,
tienen patrimonio sindical, y tienen patrimonio sindical muchas veces
porque, a través de la ley y a través del propio Gobierno, se les ha
facilitado. Lo que pretenderá usted es que, por parte del Gobierno, se
preste la misma atención a un sindicato que representa a 300 delegados en
toda España que un sindicato que representa a más de 150.000.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a someter a votación la enmienda y el dictamen.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 1, del Grupo
Parlamentario Popular, que acaba de ser defendida por el Senador Lobo
Asenjo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 94; en contra, 110; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el texto del dictamen. Se inicia la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 110; en contra, 94.
El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado el proyecto de ley
orgánica por la que se incluye una disposición adicional cuarta en la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Muchas gracias.
--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
MODIFICACION DE LA LEY 5/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE
ASILO Y DE LA CONDICION DE REFUGIADO (S. 621/000022) (C. D. 121/000002).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Constitucional en relación
con el proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo,
Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado. Se
publicó este dictamen en los boletines correspondientes con fecha 19 de
abril de 1994.
Ruego al presidente de la Comisión Constitucional me indique quién va a
presentar el dictamen.
El señor AGRAMUT FONT DE MORA: Señor Presidente, la Comisión
Constitucional, en su reunión del 14 de abril pasado, acordó designar al
Senador don Carlos Guía para la presentación del dictamen en este Pleno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Senador Guía tiene la palabra.
El señor GUIA MARQUES: Con la venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores, me cabe el honor de presentar, a
propuesta de la Comisión Constitucional, el dictamen de la Comisión sobre
el texto de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del
Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado.
Remitida por el Congreso de los Diputados, se presentaron las enmiendas
correspondientes, que fueron debatidas y puestas a consideración de la
Ponencia que, en su día, las rechazó por mayoría. Finalmente, en fecha 14
de abril, señalada para unos por unos motivos y por ser el Santo del
Presidente de la Comisión, se aprobó el dictamen del texto que viene hoy
a Pleno.
Quedan vivas las diferentes enmiendas presentadas por el resto de grupos
políticos de la Cámara, que serán objetos de debate a continuación. Sólo
quisiera resaltar cuatro aspectos fundamentales de lo que hoy viene aquí
como proyecto de ley, que va a ser luego ley y que yo pienso que
significa un avance respecto de lo que la legislación sobre asilo y
condición de refugiado venía recogiendo hasta ahora.
En primer lugar, se suprime la doble figura de asilo y de refugio con
estatuto diferenciado, recogiendo así lo que la Convención de Ginebra de
1951 contiene respecto de la condición de asilo.
En segundo lugar, se establece una fase previa de examen de solicitud que
permite la denegación rápida de aquellos supuestos manifiestamente
abusivos o infundados de petición de asilo. Este aspecto es el más
importante
que introducimos en la modificación de la legislación, puesto que se da
participación al ACNUR, Alto Comisariado de Naciones Unidas.
En tercer lugar, se modifican los efectos de la resolución denegatoria de
asilo, evitando así que la dualidad de sistemas existente hasta el
momento perjudicara a aquellos peticionarios de asilo que de verdad
tenían causa para pedirlo en beneficio de los que sólo lo utilizaban como
un instrumento más para acceder a un país.
Y en cuarto lugar, el proyecto que hoy vamos a tratar aquí refrenda una
sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 que suprime la facultad del
Ministro del Interior para la suspensión de asociaciones de extranjeros.
Reitero que quedan vivas 47 enmiendas del resto de grupos políticos; que
pienso, como creo que piensa la Comisión, que es un proyecto de ley
correcto en sus términos y que se deja al debate de esta Cámara la
resolución final.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Vamos a abrir el debate de totalidad, con los correspondientes turnos a
favor y en contra.
¿Qué señores portavoces quieren intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el
Senador Cucó.
El señor CUCO GINER: Señor Presidente, señorías, hace escasas semanas se
han cumplido los diez años de la proclamación por las Cortes Generales de
la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, de
la que el Senador que les habla tuvo el honor de ser ponente en esta
Cámara y que, como sus señorías conocen perfectamente, constituye la
primera disposición legal española que regla entre nosotros tales
materias, cumpliendo el artículo 13.4 de la Constitución.
Es más de siglo y medio de azarosa vida política en nuestro país, la
protección de los extranjeros perseguidos no fue nunca prevista por
nuestros predecesores ni contemplada como un derecho fundamental. Bien al
contrario, han sido muchos nuestros conciudadanos que hubieron de buscar
refugio a lo largo de este extenso período histórico en países más
tolerantes. De Goya a Indalecio Prieto, de Blanco White a Pau Casals se
podrían confeccionar una interminable lista de nuestro exilio que
seguramente ilustraría una de las diásporas más nutridas y, seguramente,
más ilustres también de la historia de la Europa contemporánea.
Es sin duda el peso de una trayectoria como la que sugiero la que
aconsejó a nuestros constituyentes variar una tradición ancestral. La
España que surgía de los horrores de la última contienda civil y de la
interminable dictadura subsiguiente iba a modificar, a través de su
Constitución, una omisión secular y prometía en erigirse por primera vez
en tierra de asilo. A ello contribuirían también circunstancias externas,
pero no por ello lejanas. Me refiero al impacto indudable que
significaron para la joven democracia española los acontecimientos
acaecidos durante los años setenta en toda la América austral, un inmenso
territorio con el que nuestras vinculaciones de todo tipo son de sobra
conocidas y donde también, a mayor abundamiento, había tenido lugar la
generosa acogida de miles y miles de nuestros exilados a partir de 1939.
Las sanguinarias dictaduras militares de Videla, en Argentina, de
Alvarez, en Uruguay, de Pinochet, en Chile, con su terrible secuela de
asesinatos, de desaparecidos y de exiliados, conmovió a sectores muy
extensos de nuestra opinión pública que, por tantas y tantas razones, se
identificó con un drama colectivo que, aunque geográficamente lejano,
sentía como propio. Sin embargo, y la contradicción era palmaria, se
carecía en aquellos momentos de instrumentos jurídicos adecuados, ya que
los existentes eran a todas luces obsoletos, para enfrentar a la nueva
situación, que se concretaba cada día en la llegada a nuestras fronteras
de grupos cada vez más numerosos de argentinos, uruguayos o chilenos,
anhelantes de hallar cobijo entre nosotros.
Un tozudo voluntarismo democrático suplió, como pudo, las carencias
legales. De él se derivan, por ejemplo, la creación con muy precarios
medios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR; este mismo
Senado constituía en su primer Pleno, tras la victoria electoral de los
socialistas en octubre de 1982, una Comisión de Investigación sobre los
Desaparecidos en América Latina, que no dudó de calificar de crímenes
contra la humanidad los sucesos allí acaecidos. Muy pocos meses después,
el primer Gobierno de Felipe González enviaba a las Cortes Generales la
Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, una
Ley, insisto, pionera, que recibió en su día los más explícitos elogios
por parte de las organizaciones internacionales más prestigiosas y entre
ellas, los de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
Diez años han transcurrido desde aquellas fechas. En el transcurso de la
última década, los enormes cambios económicos, sociales, políticos
acaecidos en el planeta han incidido profundamente en numerosos ámbitos
de nuestra vida colectiva. Me referiré ahora, para no hacer excesivamente
prolija esta intervención, a uno que entiendo especialmente
significativo: la conversión de los países de la cuenca norte del
Mediterráneo, y entre ellos destacadamente España, de países de
emigración tradicional en países de inmigración. El giro copernicano que
implica este hecho se ha reflejado claramente en el perfil de los
solicitantes de asilo y refugio, que en general sólo de forma escasa
responden a la definición de refugiado de la Convención de Ginebra de
1951, esto es, a quienes tienen fundados temores de ser perseguidos
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas, sino que cada vez más responde a la
del migrante económico, figura que, como es evidente, debe ser
contemplada con unos parámetros distintos, ni mejores ni peores,
simplemente distintos, que la figura del refugiado.
Carezco de tiempo para ilustrar a sus señorías en un estudio comparativo
del material estadístico que en los últimos años ha provocado la
Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.
Reduciéndome a las del año 1992, que son las últimas que poseo, les diré
que de alrededor del 57 por ciento de los solicitantes de asilo y refugio
en España, pertenecían a Perú el 22 por ciento; a Polonia, el 10,2 por
ciento; a la República Dominicana, el 8,9 por ciento; a Senegal, el 8,2
por ciento; a Rumanía, el 7,6 por ciento. Lugares donde hemos de
convenir, señorías, en que es difícil aplicar con realismo la definición
de refugiado tal como lo hace la Convención de Ginebra de 1951.
Paradójicamente, otros países en los que sí podrían darse tales
circunstancias tienen un número de peticiones de asilo infinitamente
menor. Me refiero, por ejemplo, a los casos de Irak y Cuba, los primeros
países que, según las estadísticas del Ministerio del Interior serían
susceptibles de ser analizados con la óptica de la Convención de Ginebra.
Sin embargo, las peticiones de asilo provenientes de tales lugares no
sobrepasan el 3,8 por ciento cada uno de ellos. Incluso un territorio con
las características de la actual Yugoslavia, características que no será
necesario comentar ante la Cámara, solamente arroja una cifra del 2 por
ciento del total de peticionarios de asilo, exactamente 238 peticiones
para 1992. Todo indica, señorías, que es norma habitual la utilización
por parte de migrantes económicos del sistema de protección de los
refugiados, con el consiguiente perjuicio, lógicamente, para los propios
refugiados.
Conducir de nuevo las aguas a sus cauces debe ser, por tanto, un
propósito central en la reforma de la Ley que ahora abordamos. No es, por
supuesto, el único. El proyecto de ley que hoy nos ocupa trata igualmente
de clarificar ciertos rasgos, como la doble figura de asilo y refugio con
estatutos diferenciados, que la experiencia ha señalado como una fuente
de confusión y abusos. En el mismo sentido, se trata también de agilizar
al máximo los procedimientos, tanto de admisión como de denegación de
solicitudes abusivas o infundadas. En este último extremo, el texto prevé
la estrecha colaboración con ACNUR, prestigioso garante internacional.
El proyecto de Ley de reforma de la Ley de asilo y de la condición de
refugiado ha tenido, señor Presidente, una elaboración concienzuda y
dialogante a su paso por las Cortes Generales, que ha hecho posible el
logro de un algo grado de consenso por parte de la mayoría de los Grupos
Parlamentarios. En su último trámite, en la Comisión Constitucional de
este Senado, se aprobó sin ningún voto en contra y con solamente dos
abstenciones.
Tengo, por mi parte, la confianza en que a lo largo del debate del Pleno
todavía podremos aproximar más las posiciones que, en realidad, creo que
no divergen en sus aspectos esenciales. Me parece que sería un buen
resultado del necesario método parlamentario de la reflexión y del
diálogo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Senador Cucó Giner.
Entramos seguidamente en el debate del artículo único del proyecto de
ley.
En primer lugar, el voto particular número 1 del Grupo Parlamentario
Mixto, de los Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro.
Tiene la palabra el señor Cuevas González.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestra Constitución, que creo que es una de las pocas que existen en
Europa, tanto en su Preámbulo como en parte del articulado reconoce el
derecho de asilo. Con este motivo, desde Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya creemos que al reconocer este aspecto la Constitución traspasa
los límites de cualquier acuerdo internacional, como el de la Convención
de Ginebra, aquí mencionado, porque todos los constituyentes, a la hora
de redactarla lo asumieron. Por tanto, yo casi lo consideraría como un
derecho fundamental, y hay que ejercerlo.
He escuchado con atención al compañero del Grupo Parlamentario Socialista
cuando hacía las alabanzas y enumeraba los logros que se han conseguido
en esta materia, y puedo estar de acuerdo, en parte, con él. Creo que en
un determinado tiempo político se avanzó en esta materia, que todos
aplaudimos y reconocimos. Pero creo que en este momento no podemos
alegrarnos tanto, porque ha habido un cierto retroceso en este proyecto
de ley. Un proyecto de ley que se mueve dentro del contexto de Europa,
una Europa muy cerrada a las migraciones, porque ahí tenemos el Acuerdo
de Schengen, que en muchos momentos y lugares restringe los derechos de
libre circulación a ciudadanos que no son europeos, y en muchos casos
incluso permite las violaciones de derechos humanos en esta materia. Por
tanto, yo creo que en este contexto de la Unión Europea, Europa a la que
pertenece España, se debería de ponderar siempre, por encima de cualquier
acuerdo, como decía al principio de mi intervención, el tema
constitucional. Fue un compromiso de los constituyentes y un
compromiso de los ciudadanos españoles que votamos, o no votamos, la
Constitución.
Es por eso, señor Presidente, señorías, por lo que yo quería plantear que
no debería haber recelos --y en esta ley se contemplan-- con los
inmigrantes económicos. Es decir, no deberíamos recortar elementos de la
ley por miedo a la inmigración económica. Creo que en este tema
deberíamos ser francamente sinceros y no respaldarnos, como ha dicho el
compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, en poner un poco
como excusa que habría que recortar algo --cosa que él no ha dicho pero
que se desprende del espíritu de la Ley-- de esos movimientos
migratorios.
Hay elementos que vienen a confirmar esto que les digo. Por ejemplo,
¿cómo es posible que en esta Ley sólo se contemple un plazo de cuatro
días para ver la documentación de un refugiado o asilado? Señorías, en
cuatro días ustedes saben que eso es prácticamente imposible, porque hay
refugiados políticos que cuando salen huyendo de su país tienen que
hacerlo de una forma no muy normal, por ser perseguidos, y a veces no
podrían acreditar ni la documentación. Desde Izquierda Unida entendemos
que el plazo de cuatro días no es suficiente.
Además, para nosotros el tema de la tutela judicial es fundamental,
porque nos podríamos encontrar con el supuesto de una petición de asilo o
de un ciudadano que estuviera dentro del Estado español ya al que le
fuera recabada la documentación, que fuera expulsado, que recurriera a
los tribunales y le dieran la razón al ciudadano, pero ya estaba
expulsado. Es como si a un ciudadano se le condena a muerte --aunque sea
un ejemplo macabro a primera hora de la mañana--, se le ejecuta y luego
se le dice que podría recurrir, cosa difícil porque ya estaba ejecutado.
Por tanto, la tutela judicial es fundamental para garantizar los derechos
que nuestra propia Constitución reconoce.
Nosotros no entendemos por qué se suprime en este Proyecto de ley el
asilo por razones humanitarias, cuando para nosotros es fundamental. En
el mundo están sucediendo muchas cosas, los tiempos son realmente
cambiantes, con lo que las condiciones de vida, políticas, etcétera, van
cambiando también; luego no entendemos por qué no se contempla este tema
en la ley.
También nos preocupa que respecto a los desplazamientos el Partido del
Gobierno no haya sido sensible a las peticiones de varios grupos, con los
cuales coincidimos en sus enmiendas. Se me va a decir desde la tribuna
que esta ley está basada en los acuerdos de Ginebra y que lo que
contempla nuestra Constitución son los acuerdos de Ginebra, pero,
señorías desde los acuerdos de Ginebra hasta hoy --como bien decía el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- ha cambiado también mucho
la situación, detectándose nuevas formas de vida a las que hay que dar
respuesta.
En consecuencia, creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo para
mantener, al menos, lo que conseguimos en su día, y debería ser posible,
tras diez años de experiencia, avanzar aún más. Ese es el sentido de las
enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene las
enmiendas números 1 a 9. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz,
el Senador Sanz.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar tenemos el deber de expresar nuestra
condolencia y condena por el siempre vil y cruel asesinato del que ha
sido objeto esta mañana un guardia civil en el Valle de Trápaga, en
Vizcaya. Es ostensible que el terrorismo pega allí donde más duele y
cuando más le conviene. Desde nuestro punto de vista, no se les debe dar
tregua ni razón.
Penetrando ya en la defensa de nuestras enmiendas, el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos debe decir que ha presentado nueve
enmiendas al Proyecto de ley, caracterizadas por la defensa de los
derechos fundamentales de los extranjeros solicitantes del asilo. Con
esta finalidad se ha propuesto reconocer el derecho de asilo por razones
humanitarias de forma que se evite la discrecionalidad absoluta de los
poderes públicos a la hora de su denegción.
Hemos tratado de suprimir del texto emitido por la Ponencia aquellas
expresioens cuya interpretación pudiera provocar inseguridad jurídica
para el extranjero, así como otorgar una tutela judicial de mayor
efectividad, dar al solicitante de asilo asistencia letrada desde el
mismo momento de la confección de su solicitud, prestar también desde ese
momento la colaboración de intérpretes y posibilitar que las asociaciones
legalmente reconocidas puedan contactar con el solicitante de asilo desde
el primer instante, cuando más lo necesita. También hemos pretendido
garantizar que la expulsión o denegación del asilo sólo alcance en
efectividad cuando hayan ganado firmeza en vía administrativa o judicial
las diferentes resoluciones. Hemos recabado la instrucción de las
solicitudes de asilo con la participación de un representante de las
Comunidades Autónomas, partes integrantes del Estado, como se dijo en la
Comisión constitucional, y hemos abundado en nuestros razonamientso por
la implicación que en las propias Comunidades Autónomas y en sus
competencias sectoriales necesariamente se ha de derivar de la entrada de
los asilados en su territorio. Además, hemos abogado porque la resolución
que decida la inadmisión a trámite de la solicitud de asilo sea utilizada
con un carácter excepcional y exclusivamente cuando existan razones de
peso notables. Y, por último, en esta lista de pretensiones hemos
sostenido que las consecuencias desfavorables o restricciones de derechos
individuales para los
extranjeros no se apliquen con carácter retroactivo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.3 de la Constitución.
Todo lo que acabamos de detallar hemos pedido y nada se nos ha concedido
en la Comisión constitucional. Somos conscientes que de mantener nuestras
enmiendas en este trámite parlamentario estarían destinadas al fracaso.
No nos arredra una votación contraria a nuestras enmiendas; los Grupos
minoritarios estamos acostumbrados a navegar por mares difíciles y a
sufrir los embates del oleaje en las procelosas aguas de la vida
parlamentaria. Pero, por contra, nos preocupa mucho que en asuntos
fundamentales para la política de Estado no se alcance el consenso y
prevalezca en su lugar el estéril interés partidista, al que, en honor a
la verdad, en ciertas ocasiones nadie hemos sido ajenos. Por ello, y en
aras del consenso, anuncio la retirada formal de nuestras enmiendas.
Finalmente, quiero expresar nuestra satisfacción por la supresión del
adverbio «sólo» que figura en el apartado 2 del artículo veintiuno por su
loable finalidad de que los magistrados intervinientes del orden
contencioso-administrativo no se vean constreñidos a adoptar la medida de
suspensión sólo cuando el actor así lo haya solicitado e informe
favorablemente la representación del ACNUR, sino también cuando así lo
decida la propia sala de lo contencioso-administrativo, o en su momento,
cuando se creen, y deseamos que pronto, los juzgados unipersonales de
dicho orden jurisdiccional, con arreglo a la legislación vigente y
aplicando las leyes y criterios de la sana crítica. A decir verdad, el
mérito de esta apreciación no sólo es nuestro, como Grupo de Senadores,
aunque hayamos enmendado este artículo, sino que creemos que hay que
ponerlo en el haber de todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara que
lo han transaccionado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Entiendo, por tanto, Senador Sanz, que el conjunto de sus enmiendas han
sido retiradas en este momento. Muchas gracias.
El voto particular número 4 del Grupo Parlamentairo de Coalición Canaria
del Senado va a ser defendido por el Senador Travieso Darias, que tiene
la palabra.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este momento quiero retirar las cuatro últimas enmiendas que
teníamos aún vivas a partir de la Comisión de Constitución.
Respecto al resto de las enmiendas, debo decir que básicamente los
argumentos son iguales a los de Izquierda Unida, Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos y Convergència i Unió, por lo que no voy a incidir
mucho más. Son las cuestiones de los desplazados, de intentar lograr la
condición de refugiado por razones humanitarias y lograr la intervención
del juez en el momento de la retención en frontera para lograr la
efectiva tutela judicial.
Creemos que, aparte de los Grupos que hemos firmado estas enmiendas, hay
otro sector amplio de la sociedad civil, como la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado --donde hay bastantes personalidades de los propios
Grupos que no van a aceptar estas enmiendas, como el Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Parlamentario Socialista; creo, incluso, que su
Presidente es un miembro destacado del Partido Socialista-- y otra serie
de personalidades públicas de prestigio que están apoyando todo esto. Por
ello pedimos un esfuerzo a los Grupos mayoritarios, porque entendemos que
las cuestiones que se pretenden resolver con estas enmiendas son de
verdadera importancia y son necesarias para un mayor trato solidario con
las personas que están en un momento difícil y que tienen que huir, por
cualquier cuestión, de su país de origen.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para dejar constancia de ello, ¿cuáles serían los
números de las enmiendas de su Grupo que se mantienen para votación?
El señor TRAVIESO DARIAS: Se retiran las cuatro últimas, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, de la número 44 a la 47. Gracias.
Voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergéncia i Unió, enmiendas números 10 a 15 y 17 a 20.
Sendor Rigol, tiene la palabra.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros también vamos a retirar todas las enmiendas que tenemos todavía
vivas. Y lo vamos a hacer, como lo han hecho también otros Grupos, por
diversas razones. El posicionamiento de nuestro Grupo a lo largo de todo
el trayecto parlamentario de esta ley ha sido el de intentar defender al
máximo los derechos de los presumibles asilados en nuestro país. Y lo
hemos intentado hacer de muchas maneras.
Debemos decir que a lo largo de todo el proceso parlamentario se han
acogido muchas de nuestras ideas y de nuestras proposiciones, por
ejemplo, el hecho de que los asilados tengan derecho a intérprete, a
médico, así como a asesor jurídico. Se nos ha admitido asimismo que en la
formulación de la petición no se presuma si está bien fundamentada o no a
derecho, sino que la carga de la prueba recaiga sobre la propia
Administración y no sobre el asilado, y creemos que esto también ha sido
importante en la defensa del asilado. Hay otras
muchas propuestas aceptadas a través de enmiendas transaccionales que han
conformado una propuesta de ley que nosotros asumimos como nuestra. Quizá
hubiéramos pedido un poco más; hubiéramos pedido que el tema se tratara
no tanto desde un punto de vista administrativo, como desde un punto de
vista jurídico, donde tuvieran más importancia los elementos judiciales
que los elementos administrativos.
Creemos que se ha hecho una buena tarea y en este sentido retiramos estas
enmiendas, señalando, no obstante, dos puntos de atención: Uno, sobre el
cómo y otro sobre el qué.
Sobre el cómo debemos decir que se ha hecho un trabajo de consenso
importante. El hecho de que haya habido un consenso muy importante en
esta Cámara significa que no saldrá mañana en los titulares de los
periódicos, aunque un conjunto de políticos del arco parlamentario de
esta Cámara ha trabajado concienzudamente para llegar a un acuerdo. Y
cuando se trata de llegar a acuerdos prima la razón sobre la pasión, y
esto ha sucedido en la cotidianeidad del trabajo parlamentario. Creemos
que esto es importante porque seguramente es un contrapeso, humilde si
ustedes quieren, de una situación política general que estamos viviendo
que no va en esta línea. Se prima mucho más la crispación, se prima mucho
más el distanciamiento como espectáculo político pero, concretamente en
esta Comisión, hemos trabajado buscando líneas de razón y de consenso, y
pienso que ésta es una buena noticia para nosotros.
Y el segundo y último punto de atención, aunque no por ello menos
importante, radica en el qué. No estamos reduciendo el derecho a los
asilados, estamos precisándolo. Precisar el derecho de los asilados no
quiere decir que estemos intentando hacer un favor a unos señores que nos
van a pedir refugio, sino que España se está haciendo un favor a sí misma
luchando y militando en favor de los derechos humanos, de la libertad de
expresión, de la libertad política, de la libertad sindical. Y el Estado
español al mantener una actitud militante ante estos derechos, no está
haciendo favores a unas presuntas personas que puedan ser acogidas por
España, sino que se está poniendo en la línea de la militancia de los
valores. En definitiva, estamos diciendo una cosa importante, y es que el
Estado no es un muro ante el humanismo de ámbito más universal de los
derechos humanos, sino que la soberanía de un Estado debe trascender en
la lucha para que en el conjunto del mundo vayan imperando estos valores
de humanismo, de libertad y de democracia. Y en esto España no está a la
defensiva ni mantiene una actitud neutra. Pienso que éste es el sentido
último de lo que estamos diciendo. No estamos limitando unos derechos de
desplazamiento de personas que necesitan un soporte económico, sino
afirmando una serie de valores que por la importancia que tienen precisan
exactamente del contenido de esta ley.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rigol.
Pasamos al turno en contra de las enmiendas.
Tiene la palabra el Senador Cucó.
El señor CUCO GINER: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quisiera insistir en este turno en las últimas palabras que acaba de
pronunciar el Senador Rigol. Esta ley, evidentemente, es una ley de
consenso que ha tenido un largo íter a través de las dos Cámaras; un
camino que comienza en la legislatura anterior, aunque la disolución de
las Cámaras, el 12 de abril de 1993, impidió que pudiera consumarse su
trámite final en este Senado. A través de este largo camino, señor
Presidente, yo creo que ha habido una discusión muy fructífera, que, como
ha dicho el Senador Rigol, no suele salir en los periódicos y me interesa
remarcar esa expresión desde mi escaño. En los periódicos suelen salir
otras expresiones haciendo alusión a hipotéticos rodillos, sin embargo,
no suele salir el trabajo fructífero, el trabajo bien hecho, el trabajo
dialogante que se realiza en las Cámaras. Este yo creo que es un caso de
la última tipología. Se ha trabajado bien, y no solamente, señor
Presidente, se ha profundizado en este consenso entre los Grupos, sino
que muchas veces en el interior de cada Grupo Parlamentario ha habido que
aunar puntos de vista que no siempre eran concordantes. Por tanto, dentro
de los Grupos y con el diálogo entre los mismos se ha podido llegar a
unos acuerdos que entiendo que son altamente razonables y que no
implican, como decía el Senador Cuevas hace un momento, un retroceso de
la ley, sino una reconducción de la ley hacia aquellos puntos que debe
contemplar ciertamente una ley reguladora del asilo y de la condición de
refugiado.
El Senador Cuevas ha hecho alusión a los migrantes económicos, alusión
que yo mismo había recogido en el turno a favor de la totalidad. Me
interesa remarcar ahora en este segundo turno una opinión que, en todo
caso, subraya los primeros asertos. Señorías, esta ley trata de reglar la
condición de refugiado y no otra cosa y entiende la definición de
refugiado tal y como lo contempla la Convención de Ginebra de 1951 y las
demás leyes concordantes, así como los Tratados a los cuales España se
obliga. Esa definición de refugiado que contempla la Convención de
Ginebra entiende por refugiado, insisto, a quien tiene fundados temores
de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social, u opiniones políticas. Esta es la
definición del refugiado. Es obvio que los temas de migración económica
deben ser reglados por otro tipo de preceptos legales y que no tienen
en absoluto acogida, ni tienen por qué tenerla, dentro de la ley que
contemplamos.
Dentro de los temas que han sido objeto de discusión tanto en esta Cámara
como el Congreso de los Diputados hay dos que se repiten prácticamente en
todas las enmiendas de los demás Grupos Parlamentarios y que son el común
denominador de los debates que hemos tenido.
Y aprovecho este turno para agradecer concretamente al Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió y también, en parte, al Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, la retirada de sus
enmiendas, con lo que entiendo que también han colaborado al consenso al
cual antes he hecho referencia. Y digo que hay dos temas que se repiten
en todas las enmiendas, que son la cuestión de la entrada por razones
humanitarias de refugiados y la tutela judicial. Me voy a referir
brevemente a ellos porque entiendo que las demás enmiendas han quedado
decaídas y no vale la pena que entre en su discusión.
Señor Presidente, en cuanto a la cuestión de las razones humanitarias, me
parece que hay que partir de un hecho muy claro. Tal y como dispone la
Convención de Ginebra de 1951 y demás disposiciones concordantes, se
entiende que los derechos de los refugiados se encarnan en personas
individuales --subrayo la expresión--. Son las personas individuales el
sujeto del derecho. Otra cosa sería apartarse de la correcta definición
de lo que es un refugiado. Cuando se habla o cuando se apela aquí a
razones humanitarias se alude fundamentalmente --y así lo entiende el
Senador Cuevas-- a derechos --muy respetables, por otra parte, como
inmediatamente intentaré explicitar-- de colectivos --no de personas
individuales, sino de colectivos--, que, por tanto, ya no reciben la
condición de refugiados, sino de desplazados, por lo que, obviamente, no
tienen entrada, a mi juicio y al de mi Grupo Parlamentario, en la
presente Ley.
Es cierto que hemos de reglar también las condiciones de estos
desplazados, esto es, de aquellos colectivos que por razones de guerra,
de catástrofes naturales, etcétera, en algún momento dado puedan pedir la
entrada, insisto, colectivamente, en nuestro país. Pero esta situación no
debe reglarse, en absoluto, por una ley de asilo y de la condición del
refugiado, sino, en todo caso, por las disposiciones generales que se
enmarcan en el trato que los extranjeros deben recibir en nuestro país,
esto es, hay que reconducirlos a la Ley de Extranjería.
Aun así, el artículo 17.2 del presente proyecto de Ley ya regla las
condiciones excepcionales mediante las cuales este grupo de desplazados o
de refugiados pueden tener entrada entre nosotros, abundando en la
disposición 12.4 de la Ley de Extranjería, que contempla fórmulas muy
similares.
Por tanto, en resumen, y por lo que a este punto respecta, no podemos
hacer, señor Presidente, un «totum revolutum» y mezclar las condiciones
de refugio con las condiciones de acogida de los desplazados. Son dos
temas metodológicamente diferentes.
En segundo lugar, está la tan traída y llevada cuestión de la tutela
judicial que, en principio, entiendo que trata de dar garantías
suficientes a los refugiados, impidiendo acciones unilaterales abusivas
del Ejecutivo.
Creo que en buena parte esta discusión, señorías, ha sido de carácter
nomilalista, como ya dije en Comisión. Me refiero a que ciertamente el
problema consiste en saber si las garantías de los peticionarios de
refugio son respetadas seriamente o no y, a mi juicio, el presente
proyecto de Ley, después de una discusión ardua, una discusión que ha
significado renuncias por parte de unos y otros Grupos e insisto, incluso
en el interior de determinados Grupos, ha llegado a una fórmula
transaccional que me parece muy razonable, esto es, el poner como un
elemento de garantía a un organismo internacional tan prestigioso como
ACNUR, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Ya dije en Comisión que no quería hacer ningún canto lírico a lo que
significa o ha significado la trayectoria de ACNUR en los últimos
cuarenta años de la historia del mundo, pero si un organismo
internacional se ha ganado a pulso un prestigio en la comunidad
internacional, éste ha sido ACNUR, que ha velado por la condición de los
refugiados en toda la geografía del planeta, desde Afganistán hasta
Nicaragua, y creo que no puede existir una garantía más seria que la
presencia de ACNUR.
Quisiera, en todo caso, evocar las palabras que el representante de ACNUR
en España pronunció en la audición celebrada en el Congreso de los
Diputados el 11 de noviembre de 1993. Decía textualmente lo siguiente,
señor Presidente: En lo referente al proceso de inadmisión a trámite que
incluye este proyecto recoge la práctica llevada a cabo en otros países
europeos. El ACNUR recoge con satisfacción el papel que la nueva Ley le
atribuye en este procedimiento y espera poder desempeñarlo con
efectividad en colaboración con los organismos no gubernamentales
competentes y las autoridades españolas.
Me parece que es una cita de autoridad, señor Presidente, absolutamente
competente, porque subraya dos aspectos que considero importantes. En
primer lugar, la homologación de nuestra legislación con la práctica
llevada a cabo por otros países europeos. Primera cuestión. Este proyecto
de Ley no hace sino adaptar las condiciones de refugio a nuestro entorno
más inmediato y esto me parece razonable. Es el tipo de modelo político
que mi Grupo tiene y creo que es el que hay que defender. En segundo
lugar, la satisfacción que ACNUR expresa por poder colaborar de manera
suficiente con
las autoridades españolas y con los organismos no gubernamentales.
Creo que con estos precedentes, señor Presidente, las garantías que los
peticionarios de asilo y de refugio reciban en España están completamente
garantizadas. El resto, como decía hace un momento, es en buena parte
estricto nominalismo.
Y voy a terminar, señor Presidente, solamente haciendo una consideración,
y es que, considerando esta aproximación de los grupos políticos, tengo
la satisfacción de anunciar a la Cámara que han sido presentadas dos
enmiendas transaccionales, que espero que obren en poder de la
Presidencia, que creo que completan un ciclo de aproximación y de
diálogo, que me ha parecido altamente razonable y por el cual me felicito
y felicito a toda la Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de
la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en esta Cámara algunas veces discutimos leyes que son puramente
técnicas, algunas con contenido político pero prioritariamente técnicas.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario socialista, creo que en esta
ocasión no deberíamos hablar de tecnicismos, sino de política. Que me
diga usted que la Convención de Ginebra de 1951 califica al refugiado o
al perseguido con unas determinadas características, en los tiempos en
que estamos no vale. Tengo la suerte de vivir en Andalucía y, sobre todo,
de vivir en la zona costera del Mediterráneo, donde, no le voy a decir
que todos los días, pero sí muy frecuentemente se apresa a personas que
llegan desde Africa. ¿Cómo calificaría usted este hecho? ¿Se trata de
emigrantes económicos o de refugiados políticos? ¿Quién objetiva esto? No
me dirá usted que, por ejemplo, una persona procedente de Marruecos y que
llega a España, más concretamente, a Andalucía, a buscar un lugar seguro
es un emigrante económico. No me lo podrá usted afirmar.
¿Cómo objetiva cuando es un emigrante económico, un refugiado político,
un desplazado o hay que aplicarle la ayuda humanitaria? Este es un tema
de decisión política y no de reglamentismo político.
¿Qué me diría usted cuando el Tribunal Supremo ha dado la razón, en más
de un tercio de las sentencias a los que han solicitado el Estatuto de
Refugiado o de expulsados de este país? La Administración se ha
equivocado. El Tribunal Supremo le ha dicho muchas veces al Ministerio
del Interior y a la Administración en general que no está aplicando el
derecho de asilado. Y se ha equivocado. Por tanto, yo creo que eso habría
que recogerlo en esta Ley.
Yo no voy a ponerme en plan negativo. No quisiera que los compañeros
entendieran que estamos en el pozo del catastrofismo, porque no es
verdad. He reconocido que en este país se ha avanzado en el tema de
libertades. Lo que digo es que hay que avanzar más, y en ese sentido van
las enmiendas de Izquierda Unida. ¿Por qué tienen ustedes miedo a la
tutela judicial? ¿Cree que es razonable que en las condiciones en que
viene un refugiado o un asilado a este país con los papeles hechos polvo,
se le diga que si no acredita su documentación en cuatro días, se la
mandará a la frontera, y si lo desea, puede recurrir? Yo creo que eso no
debe ser así. Esta Ley no puede insistir mecánicamente en conceptos que
están atrasados, porque, como usted ha reconocido, los movimientos del
mundo son cambiantes y, por tanto, habrá que acoplarse a ellos.
No remita usted a los desplazados a la Ley de Extranjería porque si
creemos que esto es un retroceso, la Ley de Extranjería ha sido duramente
criticada, incluso desde las propias filas de su partido.
Para terminar, señor Presidente, quiero decirles que deberían reflexionar
sobre el tema seriamente, porque no se puede hacer un canto a lo malo,
pero tampoco a lo perfecto. El propio representante del ACNUR ha
presentado interesantes enmiendas que no veo en el texto, algunas de las
cuales coinciden con el espíritu de las que presenta Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Es más, son bastantes las organizaciones
humanitarias que han criticado duramente este Proyecto, por tanto alguna
razón llevaremos Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, yo no digo que
ustedes no la lleven, pero nosotros también llevaremos alguna.
Creo que lo que deberían ustedes hacer, aunque por su discurso, no creo
que lo hagan, sería mirar con cariño --nosotros hemos transaccionado
algunas porque creíamos que eran interesantes-- las enmiendas de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y no por lo del guiño, sino por
razones que políticamente se deben tomar, porque si no, me ratifico en lo
que decía al principio de mi otra intervención. Creo que esta Ley está en
consonancia con lo que están planteando, insolidariamente, los países de
la Unión Europea.
En el mundo hay 17 millones de refugiados y Europa tiene en su seno
solamente 5 millones. El año pasado en España solicitaron asilo el 1 por
ciento de refugiados. ¡Fíjese qué cantidad tan importante para poner en
peligro la economía española! El fondo de esta Ley es que ustedes no se
fían de los inmigrantes que vienen, y se remiten al concepto de lo que
dice Ginebra, que el refugiado tiene que ser alto, rubio y moreno. Porque
aunque la inmigración no sea el tema de debate hoy, sí quiero apuntar
algo: nos inunda la hipocresía, porque cuando se habla del refugiado y
del inmigrante no se habla de color ni de estatura, se habla de gente
rica
o pobre. No he visto todavía a un jugador de baloncesto de color --y me
alegro-- que meta cien canastas en un partido y tenga problemas para
conseguir el permiso de inmigración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
(Pausa.)
¿Algún otro Grupo parlamentario quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González
Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la ilusión de muchos por llevar algo adelante, hace que muchas
veces sus manos se amontonen superponiéndose los impulsos y que, al
final, la confusión impida apreciar toda la fuerza de un solo movimiento.
Quien haya asistido alguna vez al traslado de una imagen por sus devotos
entenderá cuál es el efecto que se produce por la suma irrefrenable de
muchas voluntades particulares, cuando parece que se hace más lento el
paso de costaleros incontables que el de unos cuantos esforzados.
En nuestra opinión, esta suma desordenada de ilusiones es la que está
acompañando a la presente reforma de nuestra legislación de asilo y de
refugio político. Todos en esta Cámara somos partícipes, por convicción,
del derecho de asilo, y todos en esta Cámara somos deudores, por herencia
histórica, de los beneficios del derecho de refugio político. Somos,
señorías, parte de la generación de españoles que incluyó el derecho de
asilo en las páginas de la vigente Constitución junto a los valores
sagrados de nuestro orden democrático. Al mismo tiempo, somos, señorías,
parte de la generación de españoles que, mirando al futuro, han dejado de
exportar refugiados políticos para acogerlos.
No es de extrañar, por tanto, que en este trámite nos empujemos unos a
otros intentando todos dar las máximas garantías al contenido del
derecho, y tratando de mostrar el máximo de generosidad con quienes ayer
y antes de ayer nos protegieron y hoy pudieran necesitar nuestra
protección.
Si de este modo se explican todas las enmiendas bien intencionadas que
han mantenido su opción hasta este Pleno, no sería justo que por ese
esfuerzo colectivo de reforma y de mejora se ocultase el profundo logro
que supone el texto de la ley en curso.
En este sentido es preciso destacar con carácter de prólogo el origen de
iniciativa parlamentaria de los artículos que vamos a introducir en
nuestro ordenamiento jurídico, porque aunque el origen parlamentario no
añada legitimidad a la ley, dice mucho en favor de su oportunidad
democrática, y porque las iniciativas parlamentarias terminen
convirtiéndose en Ley no ha sido una práctica frecuente en la última
década. Es más, no sólo este Proyecto se corresponde con una iniciativa
del Parlamento, sino que es fruto de una iniciativa cuyo objeto es
concretar, perfilar mejor y unificar el concepto de asilo y del refugio
político para evitar su utilización inadecuada y su restricción
circunstancial.
Amnistía Internacional ha reconocido este esfuerzo común en los
siguientes términos: Amnistía Internacional considera de gran interés
esta reforma en lo que concierne a la supresión de la doble figura de
asilo y refugio con Estatutos diferenciados, dada la gran confusión que
ello motiva actualmente y el hecho de que la unificación de ambos
Estatutos en el de refugiado, según la Convención sobre el Estatuto de
Refugiados de Ginebra de 1951, supone un incremento de garantías de
seguridad para las personas objeto de persecución política.
Señorías, estamos añadiendo seguridades formales y materiales a los
titulares del derecho de refugio en España. No podemos ni debemos olvidar
que el refugio político o el asilo no son una concesión administrativa o
una gracia gubernamental, sino un auténtico derecho subjetivo y que, por
tanto, es un derecho de la persona que ostenta su titularidad. Así,
asegurar la efectividad de este título fundamental pasa necesariamente
por diferenciarlo de otras circunstancias que, aunque en su aspecto
fáctico pudieran parecerse, como es el caso de los desplazados, sin
embargo en su configuración política son sustancialmente distintas. Es el
caso, ya lo he dicho, del refugio por razones humanitarias y es el caso
de los sujetos y familias desplazadas. Son razones de elemental
naturaleza humana las que obligan a los Estados democráticos a prestar
auxilio y cobijo bastante y dignos. Ahora bien, esas razones implícitas
en el conjunto de la Declaración de Derechos del Hombre y que deben ser
garantizadas por todas las instituciones, no constituyen en sí un derecho
de orden subjetivo, sino, en todo caso, una obligación social de las
naciones. Así es que debe ser otro el lugar y la forma en que el refugio
por razones humanitarias y las situaciones de desplazamiento deben
tratarse en nuestro ordenamiento jurídico, no porque las consideremos de
menor categoría, sino porque no podemos desnaturalizar la categoría
propia del derecho de refugio político. Si se nos pregunta si somos
partidarios de una regulación generosa del refugio por razones
humanitarias y de la situación de desplazado por causa ajena a la
voluntad y no económica, como una guerra o un desastre natural, la
respuesta es afirmativa, categóricamente afirmativa, dogmáticamente
afirmativa. Sin embargo, si se nos pregunta si creemos que ambas
situaciones deben verse limitadas a un tratamiento residual junto al
derecho de refugio, responderemos con la misma contundencia que no.
Responderemos que lo apropiado a las tristes circunstancias de estas
situaciones tan próximas a nosotros en la actualidad es su tratamiento
especializado, su tratamiento diferenciado y, también por ello, su
tratamiento absolutamente comprometido.
Por otro lado, el proyecto de ley merece que destaquemos la inclusión del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en el proceso de
reconocimiento del derecho de refugio político. Los derechos se
reconocen, las concesiones, como dice su nombre, se conceden. Creo que
por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico otorgamos facultades
decisorias en el orden estatal a un órgano que no lo es del Estado, es
decir, que por primera vez reconocemos una facultad vinculada en última
instancia al principio de soberanía a un órgano que no es producto de la
soberanía ordinaria del Estado, sino de la soberanía primaria de la
sociedad civil internacionalmente organizada. Ni que decir tiene que éste
es un paso adelante en la construcción del Estado democrático de Derecho
y que, al mismo tiempo, constituye un precedente del cual vamos a poder
extraer muchas consecuencias para el futuro.
Señorías, los intentos más serios, desde el punto de vista teórico, que
se realizan en la actualidad para señalar una salida a la crisis de
implicación de los ciudadanos con las naciones-Estado en las democracias
occidentales pasan por reinterpretar el depósito de soberanía que la
sociedad civil otorga al Estado y aquel que la sociedad civil pudiera
haberse reservado para su funcionamiento como un sistema comunitario.
Incluyendo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
Políticos en el proceso de reconocimiento del derecho de asilo, estamos
dando carta de naturaleza jurídica a la capacidad de la sociedad civil
ordenada y solidaria para cooperar con las funciones, necesidades y
utilidades del Estado.
El proyecto de ley, de todos modos, forzoso es reconocerlo, llegó a esta
Cámara manifestando una debilidad técnica, y es que al regular, en el
punto segundo del artículo 21, la participación del Alto Comisionado de
Naciones Unidas en el procedimiento de reconocimiento del derecho de
asilo se decía: «Sólo suspenderá el acto administrativo cuando la
representación en España de ACNUR hubiera informado favorablemente.» La
utilización de la expresión «sólo suspenderá» parecía dar a entender que
se estaba negando la capacidad de los tribunales de lo
contencioso-administrativo de suspender ese mismo acto según su régimen
ordinario de funcionamiento. Con esa confusión, la deseable cooperación
entre sociedad civil y Estado parecía convertirse en sustitución del
Estado por la sociedad civil, de modo que aparentemente en lugar de
producirse una innovadora confluencia de la legitimidad primaria de la
sociedad civil con la legitimidad orgánica del Estado, parecía suplirse
la soberanía constitucionalizada del Estado por la soberanía no
constitucionalizada de la sociedad civil.
Convencidos todos los Grupos de que esa contradicción era sólo de
apariencia, puesto que el espíritu constructivo y avanzado del proyecto
de ley no apuntaba en esa dirección, los miembros de esta Cámara hemos
firmado conjuntamente una enmienda para eliminar la expresión «sólo», de
manera que el reconocimiento de facultades extraordinarias al Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados no suponga una merma
de las facultades ordinarias de nuestro poder judicial. El Derecho,
señorías, tiene estas cosas: a veces, la sola supresión de una palabra
significa la apertura de un mundo.
El Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente al proyecto de
ley. En el trámite del Congreso de los Diputados fueron aprobadas todas
nuestras enmiendas y, consecuentemente, a partir de ese instante nuestra
voluntad se hizo concordante con la del proyecto. El proyecto podría
mejorarse desde algún punto de vista; desde el nuestro no sólo es muy
bueno por sus características técnicas, sino también profundamente
democrático por su alcance y por el amplio acuerdo logrado en su
elaboración. Este proyecto, ya se ha dicho, ha sido consensuado en dos
legislaturas distintas y, lo que es más importante, ha sido consensuado
por las organizaciones sociales comprometidas con los Grupos
parlamentarios, de modo que ha implicado al Parlamento con la sociedad a
la que representa.
Aprovecho esta ocasión para agradecer la actitud constructiva mostrada
por los Grupos de Senadores Nacionalistas Catalanes, Canarios y Vascos en
la retirada de enmiendas, que supone un paso más hacia la unificación de
criterios en defensa no de esta ley, sino de aquellos a los que esta ley
pretende defender.
Con este apoyo el Grupo Parlamentario Popular, señorías, se hace
corresponsable con el proyecto de ley, pero no puede, y quiero
manifestarlo en esta tribuna, ni debe, sin embargo, corresponsabilizarse
del uso que el Ministerio del Interior haga del mismo. Sólo haremos
constar, para que así quede, que a este efecto nuestra vocación es que el
espíritu que ha acompañado a la tramitación parlamentaria del texto
acompañe también a su aplicación.
Señorías, debo terminar por confesarles que es un orgullo par este
Senador poder defender un proyecto de ley como el presente. La historia
de nuestra nación, como la de otras, está traspasada por los exilios, los
desplazamientos, los destierros y las expulsiones; y, sin embargo, hoy
los españoles nos hemos convertido en hogar de acogida y queremos con
este texto, sin duda, mejorar esa acogida.
Señorías, uno quisiera tener presentes en este momento en la tribuna de
invitados a nuestros judíos y a nuestros moriscos, arrojados de la
península por la ignorancia y la desconfianza. Señorías, uno quisiera
tener presentes en la tribuna de invitados a nuestros liberales,
incomprendidos y vagabundos por Europa. Uno quisiera, señorías, tener
presentes en la tribuna de
invitados a nuestras órdenes religiosas desahuciadas. Quisiera tener
presentes, señorías, en la tribuna de invitados a los protagonistas de
nuestro movimiento obrero, expulsados y perseguidos. Uno quisiera que
estuvieran presentes en la tribuna de invitados hoy, señorías, todas las
víctimas inocentes de todas nuestras guerras civiles, y a tantos y tantos
españoles que desde Arnau de Vilanova hasta Antonio Machado han tenido
que dejar su hogar por alguna razón relacionada con la falta de
tolerancia. Sin embargo, no se me oculta que todos, señorías, todos los
presentes, somos de alguna manera descendientes de aquellos judíos, de
aquellos moriscos y de aquellos cristianos y que, por ello, con su
presencia ausente y en su nombre, podemos responsable y felizmente
aprobar esta ley que viene a reconocer que desde 1978 hemos sido capaces
de cambiar el curso de la historia de España.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: El Senador Cucó tiene la palabra en turno de
portavoces.
El señor CUCO GINER: Señor Presidente, voy a consumir el último turno que
procesalmente me corresponde, con toda brevedad, porque me da la
impresión de que aquí ya ha sido todo dicho, aunque en ocasiones, como
decía André Gide, todo ha sido dicho, pero hay gentes que no se enteran y
conviene repetirlo cada día. En este sentido haré alguna matización, y lo
haré utilizando un turno de portavoces «estricto sensu», esto es, no para
dar lecciones de derecho constitucional, no para hacer cantos líricos,
sino estrictamente para fijar la posición de mi Grupo.
Señor Presidente, ésta es una buena Ley porque fija de una manera nítida
cuál es la condición de asilo y de refugiado en España. Distingue
plenamente lo que es la migración económica del refugio político --ya lo
he puesto de relieve en una de mis intervenciones anteriores--, porque
aquí lo que no se puede hacer es postular una política absoluta de
puertas abiertas, por dos tipos de razones: En primer lugar porque, como
decía la Secretaria General del Consejo de Europa, Caterin La Lumière, en
alguna ocasión que pude escucharla, Europa no puede ser la esponja de
todas las miserias. Esta sería una buena razón.
No es que yo desconozca la enorme violencia estructural que existe en el
mundo, pero también es cierto que el no reglar con una cierta sabiduría y
templanza el enorme fenómeno de la migración económica, puede significar,
como de hecho está ya significando en muchos países europeos, no
solamente la presencia de grupos de extrema derecha que hacen de ello
caballo de batalla, sino también el crear una opinión xenófoba
generalizada que siempre, a mi juicio, es uno de los peligros más
importantes que tiene planteada la opinión pública europea hoy.
Tenemos que reglar eso, pero las circunstancias no son iguales para todos
los países europeos, por tanto, hay que hacerlo de acuerdo con las
potencialidades económicas y con la capacidad de receptividad social en
cada uno de ellos.
También tenemos que saber distinguir lo que es un migrante económico de
un refugiado político porque, si no, entraremos en una situación caótica
que nos puede complicar las cosas de una manera muy grave.
Senador Cuevas, no voy a insistir en el tema de la tutela judicial, ya se
han dado todos los argumentos y no creo que corresponda repetirlo en este
turno de portavoces, pero sí diré a ese respecto que entiendo que las
garantías reales de los refugiados políticos están absolutamente
garantizadas por esta Ley.
He invocado el punto de vista de ACNUR, por cierto, no sé cuándo ACNUR
haya podido presentar enmiendas a este proyecto de ley, a no ser que
ACNUR sea un nuevo grupo parlamentario que yo desconozco. ACNUR ha podido
hacer las sugerencias pertinentes, sugerencias que están reflejadas en el
texto que ahora contemplamos.
En resumen, esta Ley no significa un retroceso, sino una distinción muy
correcta entre lo que es el refugio político de la inmigración económica,
agiliza básicamente los procedimientos de admisión y de denegación de
refugiados, pone elementos de cautela internacional a los actos soberanos
de España, y todo ello me parece un avance importante.
Por otra parte, ha sido una metodología en la que el consenso ha sido
explícito, laborioso y positivo, y sólo posiciones de tipo intransigente
han quedado fuera de esta labor de consenso.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a efectuar las votaciones pendientes.
En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas números 21 a
36, ambas inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, siete; en contra, 214; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado quedan vivas las
enmiendas números 37 a 40, 42 y 43 que se someten conjuntamente a
votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, seis; en contra, 215; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Tal y como ha sido anunciado, se han presentado y han sido suscritas por
todos los grupos parlamentarios dos textos de modificación al punto 2,
artículo 21, referido a los recursos. Se propone la supresión de la
palabra «sólo» del punto dos del artículo 21.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
El segundo texto propone una redacción nueva a la disposición transitoria
primera: Solicitudes de trámite. Uno. La tramitación de las solicitudes
de asilo presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley
se regirá por lo dispuesto en la Ley 5/1984 en cuanto a competencia,
procedimiento y efectos de la denegación de asilo previsto en el artículo
20 del Reglamento para la aplicación de la citada ley.
Dos. El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un informe sobre
la situación de las personas que puedan ver afectada su situación
conforme al contenido de esta disposición transitoria con indicación, en
todo caso, de lo siguiente:
a)Número de solicitudes en trámite en la fecha de entrada en vigor de la
ley.
b)Tiempo medio de duración del expediente.
c)Análisis estadístico de la situación personal.
d)Previsión de las resoluciones y número de personas afectadas.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Muchas gracias. Así
se declara.
Sometemos, por tanto, a votación el artículo único, las disposiciones
transitorias primera y segunda, disposiciones finales primera a tercera,
así como la Exposición de Motivos, en un solo acto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 225; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Muchas gracias, Señorías.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN ORDEN A CONSEGUIR EL
EFECTIVO SANEAMIENTO Y EFICACIA DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL
(671/000005).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo del orden del día: mociones
consecuencia de interpelación.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta
al Gobierno a que adopte las medidas necesarias en orden a conseguir el
efectivo saneamiento y eficacia del sector público empresarial.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 11, de fecha 25 de abril de 1994.)
Para un turno a favor, tiene la palabra el Senador Utrera Mora.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
El pasado 12 de abril tuve ocasión de interpelar al Gobierno, en la
persona del Ministro de Industria, señor Eguiagaray, sobre la situación
actual de la empresa pública y sus perspectivas a medio plazo tanto
presupuestarias como de política de ajuste.
La moción del Grupo Parlamentario Popular que ahora se presenta es
consecuencia de aquella interpelación y pretende principalmente dos
cosas. En primer lugar, mejorar la información que sobre la empresa
pública ha de tener la sociedad y este Parlamento, y en segundo lugar,
conocer las líneas básicas, las líneas directrices de actuación tanto en
materia presupuestaria com privatizadora del Gobierno para los próximos
años.
Un breve resumen de las conclusiones principales en las que habría un
grado de acuerdo razonable de la interpelación del pasado 12 de abril se
puede centrar en seis puntos.
En primer lugar, que los resultados del INI, y por extensión de la
empresa pública española, durante el año 1993 fueron muy negativos,
decepcionantes podríamos decir.
En segundo lugar, el propio Ministro de Industria reconoció que los
problemas de la empresa pública son muy graves y que el Gobierno ha
cometido errores, en la mayoría de los casos lógicamente por dificultades
surgidas posteriormente, a partir de las decisiones tomadas en la
reorientación estratégica de los grupos empresariales públicos.
En tercer lugar, el Gobierno considera indispensable el saneamiento de
las empresas públicas en pérdidas y que, además, ha de reducir las
participaciones industriales públicas.
En cuarto lugar, que la competencia, así lo manifestó el Gobierno, es
necesaria para garantizar la eficiencia en la actuación de la empresa
pública en la mayor parte de los sectores en los que esto es posible. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
En quinto lugar, que hay que reducir las transferencias que desde los
Presupuestos, ya sea por vía estrictamente presupuestaria o
extrapresupuestaria, se realicen a las empresas públicas en los próximos
años para equilibrar los presupuestos.
Y en sexto y último lugar, en este repaso muy somero de lo que entonces
se dijo, que hay que revaluar --ése
fue el término que utilizó el señor Eguiagaray-- la estrategia, la
política de actuación de algunas empresas en concreto --y se citaba
Iberia-- y de todo el grupo empresarial de empresas en pérdidas en
general.
Con esta moción el Grupo Parlamentario Popular se hace eco de esas
conclusiones básicas del debate que tuvo lugar hace dos semanas. No
pretende intervenir en la gestión de las empresas públicas, ello es
imposible, no se corresponde con los medios materiales a disposición del
Parlamento y, además, no se corresponde, y esto es lo principal, con la
función del mismo. La función del Parlamento es la de establecer
directrices genéricas, grandes líneas de actuación del sector público,
empresarial en este caso, y para ello, así lo entendemos nosotros, es
necesario, en primer lugar, mejorar la información disponible sobre la
empresa pública española y, en segundo lugar, conocer las intenciones del
Gobierno en materia de política de empresa pública para los próximos
años.
A ambas cuestiones están dirigidas las propuestas que se incluyen en esta
moción. Concretamente, para mejorar la información sobre la empresa
pública los apartados primero, tercero y quinto establecen unas
peticiones o exigencias muy concretas al Gobierno.
En primer lugar, se le pide que se elabore un registro de sociedades
públicas y también de participaciones significativas públicas para
conocer en su cuantía real la magnitud del sector público empresarial y
los sectores productivos en los que interviene.
En segundo lugar, se pide también al Gobierno que remita a las Cámaras la
misma información referida a las empresas públicas que las empresas,
tanto privadas como públicas, remiten trimestralmente a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores cuando esas empresas cotizan en Bolsa.
En tercer lugar, se pide la comparecencia semestral del Gobierno,
personada posiblemente en el Ministro de Economía y Hacienda como
responsable de la actuación económica del mismo y también como
responsable de la actuación de la empresa pública en general, para que
explique, previo informe, un avance de resultados del cumplimiento de los
proyectos de actuación de estas empresas públicas y, en definitiva, para
que se valore la situación en que éstas se encuentran y se puedan evitar
sorpresas como la que todos nos hemos llevado en el ejercicio de 1993.
En cuanto a la segunda cuestión, la política del Gobierno en materia de
empresa pública para los próximos años, son dos los apartados de esta
moción que se refieren a esta materia, el segundo y el cuarto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, usted y yo tenemos
una cita con el tiempo ya pasado.
El señor UTRERA MORA: Le ruego un minuto más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Continúe su señoría.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
En el apartado segundo de la moción que presentamos se pide al Gobierno
una actualización del malogrado programa de convergencia --aunque tenemos
entendido que ya tiene intención de realizarla debido a compromisos
comunitarios-- por la que se establezca un calendario concreto de
contención de las aportaciones presupuestarias y extrapresupuestarias a
las empresas públicas para los próximos años.
El cuarto apartado consiste en un programa de privatización que sea
flexible, que aproveche las oportunidades del mercado, que esté sometido
a control parlamentario y que, en definitiva, permita mejorar la eficacia
de los sectores productivos.
Tengo poco más que añadir. Se agota el tiempo que tenemos para presentar
esta moción.
Desearía simplemente solicitar el voto favorable de los demás grupos
parlamentarios. Nosotros pensamos que las pretensiones incluidas en esta
moción son las mínimas para poder controlar o vigilar de cerca el
fenómeno de la empresa pública ya que mi Grupo Parlamentario está
convencido de que en los próximos años el grave problema presupuestario
de este país podrá deberse precisamente a la empresa pública, a ese
fenómeno cuyas tendencias básicas actuales hay que corregir empezando
inmediatamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo, en representación de mi Grupo Parlamentario, para oponerme a
la moción que el Senador Utrera ha defendido en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.
Los argumentos y razones que ha dado su señoría distan mucho del
contenido de la moción. Su señoría propone fundamentalmente en los puntos
1, 3 y 5 de la moción precisamente aumentar el control sobre las
empresas, lo que no se compadece con las afirmaciones que hizo aquí el
señor Ministro, afirmaciones que, de ser compartidas por su señoría,
deberían haberle dejado muy claro que, cuando se trata de abordar la
problemática del sector empresarial, ello no debe hacerse desde el punto
de vista de si se trata del sector empresarial público o del privado. Lo
que tenemos que examinar en España es la situación en que se encuentra
nuestro tejido industrial e intentar que dicho tejido esté constituido
por empresas españolas, sean éstas públicas, privadas o bien pertenezcan
al sector público con participación de capital privado.
Hemos de intentar que nuestras empresas sean competitivas, y el que
lleguen a serlo depende de cuestiones que están en relación con su
escala, con su tamaño, de que se constituyan grupos empresariales que
verdaderamente alcancen una competitividad, Senador Utrera; pero, repito,
que esto no se compadece con la moción que presentan sus señorías.
En cuanto a los controles a las empresas estatales, ya los hay
exhaustivos, y están abiertos al público. Por una parte, están los
propios programas y planes de inversión en los PAIF anuales que preparan
las empresas públicas, que están recogidos en los Presupuestos Generales
del Estado y que todos los parlamentarios podemos conocer, pero también
existe otro control referido al cumplimiento de toda la legislación
mercantil. Los administradores de estas empresas preparan anualmente las
cuentas, según se establece en el artículo 171 del texto refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas, que son aprobadas en sus juntas generales. Se
establecen las auditorías correspondientes, y el informe auditor es
depositado en el Registro Mercantil en función también de lo establecido
en los artículos 218 a 222 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tiene, pues,
un control de transparencia absoluta y también un control de gestión
puesto que las propias empresas remiten las cuentas correspondientes a la
Intervención General del Estado que, a su vez, elabora una información
con carácter trimestral en documentos normalizados para que la
Intervención introduzca las correcciones que considere precisas en las
cuentas anuales y en los anexos y puedan pasar más tarde al Tribunal de
Cuentas.
Creemos, pues, que existe un control exhaustivo de la gestión de estas
empresas. Establecer más controles significaría establecer algo que
también exigiría modificaciones reglamentarias; incluso, comparecencias
del Ministro de Hacienda, tal y como se propone a través de una remisión
de información previa que fuera recogida en el Reglamento de la Cámara
para que ésta asumiera ese papel, frente a la declaración constitucional
que de hecho tiene el Tribunal de Cuentas, órgano máximo fiscalizador de
toda actividad del sector público.
Sus señorías reiteran ese punto por una componente ideológica, pero
nosotros opinamos que el sector público empresarial no puede ser
planteado sino con pragmatismo, Senador Utrera.
Se ha hecho un esfuerzo importante desde 1985 hasta este momento. Se ha
desinvertido en cuarenta y una empresas --y se privatizarán otras dos a
lo largo de este año, Endesa y Repsol--. Repito que se ha hecho un
esfuerzo importante; se ha estudiado caso a caso cada circunstancia, cada
oportunidad, pero, señorías, no puede hacerse lo que sus señorías
proponen, un listado de las empresas a privatizar. Lo primero que eso
causaría sería una distorsión, una perturbación en las estrategias, pero
no sólo en las de las propias empresas del sector público, sino también
en las del sector privado. Y no olvide su señoría que aquellos sectores
en que participan las empresas públicas son los que realmente dirigen o
conforman la política del sector público
Senador Utrera, no es posible plantear esa opción. No es posible hacer un
listado. Sería la antítesis de lo que es en sí la gestión empresarial. La
gestión empresarial debe ser siempre sigilosa a la hora de estudiar las
circunstancias, las posibilidades, su interés en acudir a un mercado de
capitales, a cotizar en Bolsa. Pero eso hay que hacerlo con auténtica
responsabilidad y con secreto profesional. Si se hiciera un listado
público en el que constaran las empresas que va a privatizar el INI, por
ejemplo, automáticamente se rompería la estrategia y quedaría afectado el
tejido industrial de nuestro país.
Les ruego, señorías, que consideren lo que les digo desde la
responsabilidad de que nuestro Grupo no asume este tema por ningún
planteamiento ideológico. Se está gestionando un INI que es fruto de toda
una serie de circunstancias históricas. Piense su señoría que sus
dieciocho empresas más problemáticas causan el 80 por ciento de las
pérdidas, empresas que fueron recogidas por el INI en otras etapas
históricas ya que no había empresarios privados que pudieran competir.
Señorías, por ese camino no podemos aceptar lo que proponen sus señorías.
Son auténticas razones de fondo las que nos llevan a creer que el INI ha
pasado por circunstancias difíciles en 1993 --y el señor Ministro de
Industria lo exponía desde esta tribuna--, circunstancias motivadas por
la coyuntura económica nacional e internacional, por ejemplo, en el
sector del transporte aéreo, debidas a la reestructuración de todos los
«holdings» internacionales y de todos los grupos competitivos. Pero
también es cierto, señor Presidente --y con esto termino--, que se ha
hecho un esfuerzo importante y que las mejores empresas que están
trabajando en ciertos sectores de nuestro tejido industrial son empresas
públicas que incorporaron capital privado después de realizar un
cuidadoso estudio, una cuidadosa metodología para llegar a saber el
momento oportuno en que deben acudir a esa desinversión. Son empresas
como Repsol, Endesa y algunas otras, que son auténticas perlas, como se
ha dicho en algunos debates parlamentarios. Y a propósito de este tema,
hay toneladas de información sobre debates producidos en las Cámaras por
parte de todos los grupos políticos.
Señorías, creemos que debe bastar en lo que a esto se refiere con dos de
las resoluciones que se aprobaron el otro día en el debate sobre el
estado de la nación, una perteneciente al Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista. El
Gobierno tiene unos compromisos por los que debe informar realmente y
seguir adelante en ese intento
de llevar la racionalización al sector industrial para lograr el
saneamiento de todas las empresas con participación pública, de tal modo
que éstas lleguen a formar parte del tejido industrial como empresas
españolas competitivas y de talla y alcance internacionales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cercós.
Abrimos el turno de portavoces para los grupos que todavía no hayan
intervenido.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ante una moción que plantea un tema realmente
importante --al que, desde luego, es necesario dar una solución en un
momento determinado--, como es toda la problemática del sector público,
de la empresa pública.
A nivel estatal, la empresa pública arrastra grandes deficiencias del
pasado y, en muchos casos, incluso del Régimen anterior. Muchas de las
empresas que hoy son públicas constituyeron un rosario de empresas
fracasadas en su momento. Ahora bien, recuerdo que en la legislatura que
se inició en 1986, el señor Croissier hizo unas declaraciones en las que
afirmaba que, a lo largo de la misma, se conseguiría un INI rentable.
Pero en estos momentos no es ésa la situación, sino que hay un incremento
de las pérdidas, mayor endeudamiento y mayor déficit.
Ante esta situación, hay que atacar este problema, tratar de sanear el
sector público y privatizarlo, aunque no totalmente, sino en todo aquello
que creamos oportuno. A este respecto, creo que sanear y privatizar son
las dos grandes soluciones para frenar el déficit presupuestario, cada
vez más alto, la sangría de pérdidas que se produce en las empresas
públicas, la competencia desleal que se produce en muchos casos con
empresas privadas, y el hecho de que las empresas públicas se beneficien
de unos tipos de interés más bajos que los de muchas empresas privadas.
Asimismo, en el sector servicios privatizar significará asestar un golpe,
quizá definitivo, a la inflación. Tenemos que ser conscientes de que en
estos momentos la inflación a nivel de Estado no está generada tanto por
la industria y la agricultura como por el sector servicios y, si vamos
hacia la desregulación y privatización de éste, habremos dado un paso
importante en la lucha contra la inflación.
Por tanto, creemos que hay que atacar este problema y encontrar una
solución, a corto plazo, en esa doble dirección, es decir, saneando las
empresas públicas y privatizándolas, teniendo en cuenta que siempre
deberán existir algunas por razones sociales, estratégicas e, incluso,
regionales.
La postura de nuestro Grupo respecto de esta moción va a ser de
abstención, al hilo de lo que ya señalamos durante el debate de la
interpelación, cuando afirmamos --tal y como he dicho hoy-- que éste es
un problema grave que no afrontaron los anteriores Gobiernos socialistas,
aunque en estos momentos vemos que, por parte del actual Gobierno y, en
concreto, del Ministro de Industria, existe voluntad de buscar una
solución.
Por tanto, como digo, nos vamos a abstener, sin que eso signifique, ni
mucho menos, dar un cheque en blanco al Gobierno, sino la posibilidad de
que, a lo largo de este año, adopte la iniciativa de presentar en las
Cámaras un proyecto concreto, sector por sector y empresa por empresa, de
cara al saneamiento del sector público y a la privatización de las
empresas que se consideren oportunas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Armas
Rodríguez.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo considera que lo que se pide en esta moción puede contribuir a
tener una visión clara del sector público empresarial. Y, teniendo esta
información, se pueden adoptar las medidas precisas para que este sector
tan importante en nuestra economía obtenga resultados acordes con el
enorme esfuerzo presupuestario que se viene realizando para mantener a
flote parte del mismo.
En un momento tan delicado como éste, en que el paro se ha disparado, la
economía está sufriendo unas circunstancias difíciles y cuando se está
intentando por parte de todos salir de una situación económica
preocupante, contamos con empresas públicas importantísimas por su
volumen que no tienen una programación adecuada ni una política
industrial a medio plazo tendente a rentabilizar las mismas y sobre las
que no existe el control necesario, por lo que creemos que tenemos que
procurar que las mismas sean un motor que contribuya a hacer despegar el
sector económico, para que no se conviertan en empresas que sean un
rémora para dicho sector.
No obstante, no estamos de acuerdo con algunos de los puntos en los que
se insta al Gobierno, por lo que nuestra postura va a ser de abstención.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Armas
Rodríguez.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que ha presentado el Grupo Popular sobre el sector
público empresarial se refiere a un tema que ha sido objeto de gran
preocupación por parte de nuestro Grupo, como se ha demostrado en
repetidas ocasiones, tanto en esta Cámara, como en el Congreso de los
Diputados.
Precisamente, la preocupación que mantiene el Grupo de Convergència i
Unió respecto de este tema le movió a presentar en el Congreso de los
Diputados, hace ya más de dos meses --concretamente, en el de febrero--,
una proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno que elabore,
en un plazo no superior a seis meses, un plan orientado a racionalizar y
modernizar el sector público empresarial que contemple lo siguiente. En
primer lugar, los criterios que justifiquen su presencia en determinados
sectores y la progresiva privatización de aquellas empresas en las que no
sea necesario su carácter público, atendiendo a criterios económicos,
exigencias sociales o razones estratégicas. En segundo lugar, las bases
que deberían definir una nueva normativa general sobre el estatuto de las
empresas públicas. Y, en tercer lugar, el establecimiento de un plan de
competitividad del sector público empresarial.
Creemos que el enfoque de esta cuestión, iniciado por nuestro Grupo a
través de la presentación de esta proposición no de ley en el Congreso de
los Diputados, es el mejor camino que se puede seguir para afrontar este
problema. Por tanto, no vamos a apoyar esta moción, por cuanto ya se ha
iniciado un proceso que, a nuestro entender, es más racional y permitirá
afrontar, en buena parte, lo que ustedes pretenden presentando esta
moción. Además, creemos que esto se va a realizar habiendo clarificado
previamente lo que entendemos como más importante: la dimensión y la
razón de ser que debe tener el sector público empresarial en el momento
por el que atraviesa la economía española, e incluso diría que la
economía mundial. Si a este problema añadimos su incidencia sobre el
déficit público, a través de las transferencias que se producen, hay que
afrontar esta cuestión en esta legislatura, y lo antes posible.
Muchas gracias. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.
Señor Utrera, los grupos que ya han intervenido no tienen derecho a
volverlo a hacer en turno de portavoces, y creo que no ha existido
ninguna alusión personal.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, pido la palabra por el artículo
87.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): En ese caso, tiene usted medio
minuto de tiempo.
El señor UTRERA MORA: Aunque el Reglamento prevé cinco minutos, veo que
el señor Presidente ha decidido en mi caso reducir el tiempo a la décima
parte.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, en cuanto a los tiempos,
normalmente usted tira por lo alto, pero debe ajustarse a lo que la
Presidencia decida.
El señor UTRERA MORA: Iba a decirle, señor Presidente, que le agradezco
que me conceda este medio minuto.
Simplemente, quería señalar que las opiniones del resto de los grupos, en
lo que a esta moción se refiere, nos decepcionan un poco; pero nos
decepciona más la argumentación del Senador socialista, señor Cercós,
quien, llevado de su entusiasmo habitual, no ha entendido nada de lo que
aquí se ha dicho. Ha hablado de que nosotros queremos controlar la
empresa pública, cuando lo que hemos pedido es información, y no hemos
hablado de control.
En segundo lugar, se ha referido a un programa de privatización rígido,
cuando nosotros hemos hablado de un programa muy flexible, en el que no
tienen que incluirse necesariamente todas las empresas públicas que haya
que privatizar, pero en el que se detallen, en cualquier caso, los
criterios para llevar a cabo esa privatización.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Utrera.
Por el artículo 87, tiene la palabra, por un tiempo de medio minuto, el
señor Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Utrera, precisamente porque he entendido bien lo que ha expuesto
su señoría es por lo que tenemos que oponernos a su moción; porque lo he
entendido demasiado bien.
Si el examen se hace en la forma que plantean sus señorías, se provocaría
el desmantelamiento o la afectación grave del sector público estatal
empresarial. Y este Senador ha dicho desde la tribuna que lo que defiende
es que España tenga un planteamiento autonómico en los órdenes económico
e industrial y que, para ello, tendrá que haber empresas españolas que
sean competitivas y que tengan el tamaño, la escala y la dimensión para
competir. Cuando logremos esas empresas, comprobaremos si son públicas o
privadas o si son públicas con participación del capital privado. Eso es
lo que ha expuesto su señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno
a que adopte las medidas necesarias en orden a conseguir el efectivo
saneamiento y eficacia del Sector Público Empresarial.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 95; en contra, 116; abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
MOCIONES
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE EL SENADO INSTA AL
GOBIERNO A QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, PRESENTE A LA CAMARA PARA SU
ANALISIS Y DISCUSION UNA LEY SOBRE PROTECCION Y RECUPERACION DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS, QUE SUPONGA LA TRANSPOSICION DE LA DIRECTIVA 91/271
Y GARANTICE SU CUMPLIMIENTO, COORDINANDO LOS ESFUERZOS DE TODAS LAS
ADMINISTRACIONES IMPLICADAS (662/000046).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al siguiente punto del
orden del día, que es la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por
la que el Senado insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses,
presente a la Cámara para su análisis y discusión una ley sobre
protección y recuperación de la calidad de las aguas, que suponga la
transposición de la Directiva 91/271 y garantice su cumplimiento
coordinando los esfuerzos con todas las Administraciones implicadas.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Socialista de esta
Cámara presentó en su momento en el Registro la moción que comenzaré a
defender como interviniente, en representación de este Grupo, con una
breve exposición de motivos en cuya transcripción literal se decía
textualmente que en los últimos años la calidad de las aguas se ha
convertido en uno de los problemas ambientales importantes en todos los
países desarrollados. Factores como el crecimiento de las ciudades, el
desarrollo industrial y las técnicas de agricultura intensiva han
colocado la calidad del agua entre los grandes problemas que tiene hoy
nuestra sociedad.
En nuestro país, la irregularidad en las precipitaciones, agravada en
algunas regiones, ha provocado el agravamiento también de los problemas
de calidad del agua. En poco más de diez años España ha conseguido
avanzar desde un 10 por ciento de población conectada a sistemas de
depuración hasta casi un 60 por ciento en el día de hoy. Esto refleja,
por una parte, el camino recorrido, pero también lo que aún queda por
realizar.
La Directiva comunitaria 91/271 marca para todos los países de la Unión
Europea unos plazos determinados para la depuración de las aguas
residuales urbanas, que acaban en el año 2000 para las poblaciones de más
de 15.000 habitantes-equivalentes y en el año 2005 para poblaciones de
más de 2.000 habitantes-equivalentes.
Señorías, en España las competencias en la depuración de aguas residuales
urbanas corresponden a los ayuntamientos, tal como establece la Ley de
Bases de Régimen Local, y las de auxilio a las corporaciones en este
campo se han transferido a las Comunidades Autónomas, a excepción de la
Vasca. Esta división competencial no contradice el que la responsabilidad
del cumplimiento de la normativa comunitaria corresponda al Gobierno, así
como las obligaciones derivadas de los derechos señalados en el artículo
45 de la Constitución.
Consiguientemente, el Grupo Parlamentario Socialista pretende, con la
presente propuesta, que el Senado inste al Gobierno a que, en el plazo de
seis meses, presente ante las Cortes Generales, y, particularmente, ante
esta Cámara, para su análisis y discusión una ley sobre protección y
recuperación de la calidad de las aguas, que suponga la transposición de
la Directiva 91/271 y garantice su cumplimiento, coordinando los
esfuerzos de todas las Administraciones implicadas.
Señorías, la defensa de esta propuesta pretendemos hacerla en un doble
sentido argumental; en primer lugar, justificando la necesidad de la
misma y, asimismo, la necesariedad de la normativa al respecto. En
segundo lugar, argumentando desde la perspectiva técnica de la realidad
actual de la depuración de las aguas y la proyección que deberá tener en
un futuro.
Queremos dejar claro, consiguientemente, que con esta moción no estamos
instando al Gobierno a la presentación o a la elaboración de un plan
nacional de saneamiento integral del agua, del ciclo integral del agua,
de depuración del agua o de cualquier otra denominación que pudiese tener
este plan nacional.
Señorías, nosotros estamos planteando en esta moción un mandato al
Gobierno, al objeto de que elabore y presente ante las Cortes Generales
una ley de protección y recuperación de las aguas, que suponga una
transposición de la Directiva antedicha a nuestro Ordenamiento legal.
Señorías, pensamos que es menester recordar que esta
Directiva del Consejo, a la que estamos haciendo referencia, del 21 de
mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en su
artículo tercero impone textualmente que los Estados miembros velarán
porque todas las aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas colectores
para las aguas residuales urbanas. A más tardar, el 31 de diciembre del
año 2000, en el caso de las aglomeraciones con más de 15.000
habitantes-equivalentes o, a más tardar, el 31 de diciembre del año 2005,
en el caso de las aglomeraciones que tengan entre 2.000 y 15.000
habitantes-equivalentes.
Consiguientemente, señoras y señores Senadores, el objetivo de la
Directiva 1991/271, de 21 de mayo, relativa al tratamiento de las aguas
residuales urbanas, es el de atajar el problema de la contaminación
debida a un tratamiento insuficiente de dichas aguas, que genera
repercusiones negativas en el medio ambiente nacional. Para ello, se
establece en esa Directiva la obligación de disponer de sistemas
colectores, dando unos plazos para su cumplimiento en función del número
de habitantes de las aglomeraciones urbanas afectadas.
Señorías, en la defensa que estoy realizando en estos momentos de esta
moción, quisiera volver a remarcar, a efectos de que quede muy clara la
diferenciación del planteamiento de la misma y de que no haya dudas al
respecto, que se pretende la transposición de la Directiva al
Ordenamiento jurídico español, en el ejercicio propio del ámbito
competencial de la Administración General del Estado, sin violentar --y
esto quiero destacarlo--, en modo alguno, ámbitos competenciales de otras
administraciones públicas, ya sean éstas autonómicas o locales. Insisto,
sin violentar otros ámbitos competenciales.
En efecto, señorías, el artículo 149.1, párrafo 22, de la Constitución,
atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación,
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando
las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, en tanto que el
artículo 148.1, párrafo 10, de la Constitución, los Estatutos de
Autonomía y la Ley Orgánica 9/1992 han atribuido a las Comunidades
Autónomas competencias sobre los proyectos, construcción y explotación de
aprovechamientos hidráulicos y, en general, sobre ordenación y
concesiones de los recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las
aguas discurran íntegramente sobre su ámbito territorial. Por su parte,
el artículo 149.1, párrafo 23 de la Constitución, reserva al Estado la
competencia de establecer la legislación básica sobre protección del
medio ambiente, habiendo asumido las Comunidades Autónomas las
competencias de desarrollo legislativo y ejecución de esta materia en su
ámbito territorial.
Señorías, el proyecto de ley que, desde nuestra perspectiva política,
debe elaborar el Gobierno tendrá, a su vez, que completar y perfeccionar
el Ordenamiento jurídico relativo a la calidad de las aguas, a cuyo
efecto ese proyecto de ley, para cuya presentación instamos al Gobierno
en esta Cámara en un plazo de seis meses, debería, desde nuestra
perspectiva, instaurar un marco jurídico que propicie las relaciones de
cooperación entre las distintas Administraciones públicas responsables en
cualquier medida de la calidad de las aguas; debería facilitar el
cumplimiento efectivo de las obligaciones que el Estado asume frente a
los órganos de la Unión Europea; debería fijar las condiciones básicas de
autorización de los vertidos en los cauces públicos y en las redes de
saneamiento; debería establecer claramente los mecanismos de cooperación
de todas las Administraciones, de todas las políticas de formación de los
consumidores, de todas las políticas plurales de investigación y
promoción de estudios en ese ámbito científico y tecnológico. Asimismo,
tal texto legislativo debería obligar al Gobierno, y, consiguientemente,
a las Cortes Generales, a la elaboración de un plan nacional de
saneamiento y depuración como instrumento con el que se dote a la
Administración General del Estado a efectos de propiciar el cumplimiento
efectivo de su competencia de coordinación de las actuaciones de las
Administraciones públicas en tal ámbito de gestión.
Por otro lado, señorías, sin duda alguna, cada Comunidad Autónoma deberá
elaborar, como lo han hecho ya algunas, su propio plan de saneamiento y
depuración, con la necesaria cooperación con las entidades locales de su
territorio. Tales planes de saneamiento y depuración de las Comunidades
Autónomas deberán ser coherentes con las determinaciones que al respecto
se contengan en los planes hidrológicos de cuenca debidamente aprobados;
también se tendrá que definir en ese plan nacional de saneamiento y
depuración de las aguas al que aspiramos las obras de interés general,
sus mecanismos de ejecución y cooperación con otros entes, la
financiación, los controles, etcétera.
Es decir, señorías, somos conscientes de que el Grupo Parlamentario
Socialista con esta propuesta no hace un planteamiento excesivamente
original; somos conscientes de que tanto en el Congreso de los Diputados
como en el Senado, en las respectivas Comisiones y en Plenos, los
diferentes grupos parlamentarios han puesto de manifiesto su preocupación
no sólo por el Plan Hidrológico Nacional, que no es el tema que motiva
esta moción, sino también la necesidad de la transposición a nuestro
Ordenamiento legal de directivas comunitarias como ésta a la que nos
estamos refiriendo; somos conscientes de que el acceso a los Fondos de
Cohesión comunitarios pasan por la delimitación jurídica y organizativa
de toda una serie de planes de actuación a efectos de presentarlos en los
órganos de la Unión Europea racionalmente vertebrados y, por
consiguiente, acceder a esos mecanismos de financiación para asuntos
infraestructurales de naturaleza medioambiental tan importante como éste;
somos conscientes de que todos y cada uno de los ayuntamientos
españoles, de que todas y cada una de las Comunidades Autónomas del
Estado español están sensibilizadas por una cuestión que, además,
acompaña a la propia cultura de nuestro pueblo; somos conscientes de la
gran actuación institucional que los ayuntamientos pretenden llevar a
cabo a efectos de conectar a una red de saneamiento a todos y cada uno de
los domicilios de sus respectivos municipios y somos conscientes de que
la teoría del ciclo integral del agua es compartida supermayoritariamente
por toda la ciudadanía española.
Desde esa perspectiva, insisto, y sin arrogarnos en absoluto el monopolio
ni intelectual ni político de un asunto tan común y de supervivencia para
los ciudadanos españoles, desde esa óptica, hemos presentado esta
iniciativa para forzar al Gobierno, en primer lugar, a la elaboración de
un proyecto de ley, que tendrá que presentar en las Cortes Generales, que
garantice el saneamiento integral, que regule el ciclo integral del agua.
Y ese proyecto de ley supondrá, reitero, en primer lugar, la
transposición de los contenidos de la Directiva; en segundo lugar, los
mecanismos de cooperación respetuosa y constitucional con las distintas
Administraciones públicas y, en tercer lugar, la elaboración, con plazos
temporalmente delimitados, de ese plan nacional de saneamiento integral
del agua.
Esa es, señoras y señores Senadores, señor Presidente, la intencionalidad
del Grupo Parlamentario Socialista al realizar la defensa de la moción
presentada y que es objeto del debate en este punto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Segura
Clavell.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Si a algún grupo parlamentario de esta Cámara se le hubiera ocurrido
presentar esta moción, yo creo que la respuesta hubiera sido la
siguiente: es muy oportuna, es muy importante, pero, como estamos
pendientes del Plan de Infraestructuras o del Plan Hidrológico, la
tenemos que rechazar. Izquierda Unida no va a mantener ese planteamiento
y va a apoyar sin ningún tipo de reservas la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Pero quería hacer una corta reflexión, a causa del tiempo, señor
Presidente, y decir que, en el fondo de todo esto, creo que lo que trata
de hacer la moción del PSOE es dar un balón de oxígeno a ese Plan
Hidrológico Nacional que tantas veces ha sido anunciado como el maná,
pero que nunca llega. Entiendo que sea un balón de oxígeno, pero no lo
comparto. Yo creo que si la Directiva comunitaria dice lo que dice, lo
que hay que hacer es cumplirla, y punto. Pero hecha esta observación,
vamos a pasar a apoyar el tema.
Lo que creo es que el agua, como bien decía el Senador Segura, es un bien
cada día más escaso y, por lo tanto, hay que cuidarlo y conservarlo. Pero
me parece que lo fundamental no debe ser una ley muy «regulada», una ley
con muchos artículos, respetuosa con las normas --que tiene que serlo--,
respetuosa con la Comunidad Europea --que tiene que serlo--. Yo creo que
lo que necesita el Estado español es un pacto por el agua, pacto por el
agua en el que, como teóricamente decía el Senador Segura --y en la
teoría coincidimos, lo que pasa es que luego, en la práctica, podemos
divergir--, estén implicadas todas las Administraciones, pero implicadas
a tope, desde recursos económicos hasta apoyo técnico. Y ahí es donde
empezamos a discrepar. Es cierto que la Administración ha dado
competencias legislativas a las Comunidades Autónomas y que éstas han
traspasado competencias a los ayuntamientos. Competencias teóricas,
porque yo siempre digo que en política, si no hay dinero, no hay
competencias. Por tanto, es una regla de tres, es un círculo del que no
nos podemos salir.
Pero hay otra cuestión importante para hacer ese pacto por el agua y esa
ley a la que se refería el señor Segura, cuya moción vamos a aprobar. El
Gobierno todavía tiene «trincadas» las competencias de las
confederaciones hidrográficas. Ese es un elemento importante para llegar
a ese pacto por el agua y a esa ley sin mermar en absoluto lo que el
Senador Segura plantea. Mientras el Gobierno, como ayer reconocía el
señor Borrell, no suelte ni un «litro» de competencias en el tema de las
confederaciones --y yo creo en la buena voluntad del Grupo Socialista y
del señor Segura--, es prácticamente inviable el llegar a un acuerdo con
las Comunidades Autónomas. Porque se podrá teorizar mucho sobre una cosa,
pero a la hora de poner lo blanco sobre el negro siempre nos
encontraremos con esa cuestión.
No he presentado enmiendas, pero me habría gustado que usted hubiera
incluido en ese asunto las transferencias de las confederaciones a las
diferentes Comunidades Autónomas, pues yo creo que ya es hora de que el
Estado se dé cuenta de que también saben administrar el agua en
condiciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Sólo deseo decir que, en principio, nuestro Grupo
Parlamentario iba a votar en contra
de esta moción porque nos temíamos que detrás de ella pudiera haber un
planteamiento con vistas a una invasión de competencias de otras
instituciones de un rango inferior al del Estado, como puedan ser
Comunidades Autónomas diputaciones o ayuntamientos.
Por otro lado, en la moción se habla de coordinación, y nosotros tenemos
miedo a esa palabra, porque coordinación es cada vez más sinónimo, en
algunas actuaciones, de armonización, y preferimos el término de
colaboración.
Ahora bien, tras la exposición del portavoz del Grupo Socialista, en la
que ha habido un planteamiento claro de que lo que se trata única y
exclusivamente es de hacer una transposición de nuestra legislación a la
legislación comunitaria para actualizarla y poder acceder a los diversos
fondos comunitarios y al Fondo de Cohesión, y en la que se ha dejado bien
claro que en ningún momento va a haber invasión de competencias de otras
instituciones, nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente a
esta moción y a que el Gobierno presente ese proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Miguel Angel Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, Presidente.
De entrada, deseo anunciar que vamos a votar favorablemente la moción del
Grupo Parlamentario Socialista que ha defendido el Senador Segura.
Opinamos --y a él no se le oculta porque ambos hemos trabajado bastante
en esto-- que el problema que existe es que quizá la Directiva venga a
solucionar o a intentar solucionar el desafortunado Plan de
Infraestructuras Hidráulicas de 1967, que llenó los municipios de una
serie de depuradoras de aguas residuales, de las cuales calculo que
aproximadamente el 80 por ciento no funcionan. El Plan y la ejecución de
esas infraestructuras fueron un verdadero desastre. Hay Comunidades que
van avanzando incluso en la reutilización de esas aguas y que, por tanto,
lo que la Directiva va a hacer es actualizar, hacer un inventario de qué
es lo que existe en ese terreno, que es prácticamente a lo que insta el
Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno: hacer un inventario de toda
esa infrautilización de depuración de aguas y poner en orden un asunto
tan fundamental como ése. Nosotros, en la Comunidad Canaria, ya vamos
incluso un paso por delante de la propia depuración, y estamos en la
reutilización de esas aguas depuradas para determinados aspectos de la
agricultura, en el mismo orden en que van países avanzados como la Unión
Surafricana o Israel. Por lo tanto, nosotros no podemos sino
congratularnos de que el Gobierno --si no es en seis meses, que sea en
diez, pero que lo haga-- envíe ese proyecto de ley que pone orden en esta
cuestión tan fundamental, sobre todo en islas donde la contaminación de
los niveles freáticos, si no existe depuración de aguas, es
verdaderamente horrorosa.
Lo único que siento es que se hable sólo de agua potable, y yo apruebe
este tema, y que cuando se habla de aguas jurisdiccionales, que son aguas
de mar, no se apruebe. Pero en fin, esperaremos mejores vientos.
Muchas gracias, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Grau i Buldú.
El señor GRAU I BULDU: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestra posición con respecto a esta moción va a ser la de voto favorable
por cuanto que era casi una obligación que tenía el Gobierno de
transponer esta Directiva de la Unión Europea a la normativa del Estado
español.
Entendemos que el espíritu que ha guiado la propuesta es el de ofrecer un
convencimiento de la necesidad de tratar las aguas, de la necesidad de
esta reutilización o, al menos, de que los vertidos no sean
contaminantes. Por nuestra parte, aceptamos, pues, el espíritu que ha
manifestado al señor Segura en la solicitud del proyecto de ley al
Gobierno. Nosotros nos temíamos que se tratara --una vez más, en
cuestiones de medioambiente-- de invadir una competencia transferida a la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Nosotros entendemos que el espíritu no es
éste, sino el de coordinar. Por lo tanto, nuestro voto va a ser
favorable.
Lamentamos que el Plan de Saneamiento que tiene Cataluña haya carecido de
la cooperación por parte del Gobierno para la posibilidad de acceder a
los Fondos de Cohesión, y esperamos, pues, que la nueva ley, a cuya
presentación se insta al Gobierno, permita la coordinación que hasta
ahora no ha existido.
Reiteramos, por tanto, nuestro voto favorable a la moción y confiamos en
la toma en consideración de la opinión que hemos manifestado.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Grau.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sanz.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señorías.
Estoy convencido de que todos los aquí presentes, y
también los ausentes, estamos de acuerdo en que el agua es un bien
necesario y un bien escaso y que, por lo tanto, necesita que se arbitren
mecanismos para su protección.
En el gran marco del tema del agua debemos incluir cuestiones muy
importantes, pero, sin duda, por lo que supone de utilidad del recurso,
debemos destacar como cuestión prioritaria la depuración de las aguas
residuales. La imagen de muchos de nuestros ríos y el entorno de los
mismos distan muy mucho del patrimonio hídrico y ambiental que en armonía
y en equilibrio nos legó la naturaleza, y eso con grave riesgo para la
salud humana, para la agricultura, para el turismo, para el gran
patrimonio hídrico subterráneo y también para una adecuada protección del
medio ambiente.
El Consejo de Europa, consciente de la gravedad de esta situación y de la
importancia de la protección del agua, aprobó el 21 de mayo de 1991 la
Directiva 91/271 sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. La
Directiva indica que todos los Estados miembros velarán por que las aguas
residuales, antes de verter, tengan un tratamiento secundario, y para
ello proponen tres horizontes distintos, en función de los habitantes
equivalentes con horizontes temporales, hasta el año 2000 y 2005.
Comprendo la dificultad que entraña la aplicación de esta Directiva al
caso concreto español, debido principalmente a la gran cantidad de
núcleos afectados y, sobre todo, al gran esfuerzo presupuestario que se
necesita en este tema de inversión para estas infraestrucutras, situación
que se agrava aún más si tenemos en cuenta que entre el 50 y el 60 por
ciento de la población española carece de algún sistema de depuración,
según afirma el propio Gobierno, por supuesto, no muy coordinado con el
Grupo Parlamentario Socialista, que afirma que el 60 por ciento de la
población está dotada de sistemas de depuración de aguas residuales.
Situación, por otra parte, que queda agravada si tenemos en cuenta que de
las 1.400 estaciones depuradoras de aguas existentes, 1.200 --es decir,
el 85 por ciento-- están paradas habitualmente y otras están mal
dimensionadas, principalmente en las zonas turísticas, por falta de
previsión, como decía antes, con graves problemas para la salud, para el
turismo, para la economía y para el medio ambiente.
Si añadimos a esto que el propio Gobierno incumple la normativa
comunitaria como se desprende de la propia moción del Partido Socialista,
el problema se agrava alarmantemente por lo que supone de punto de
referencia y de mal ejemplo. El Gobierno tenía la obligación de elaborar
y remitir al Consejo de Europa una lista de zonas sensibles antes del 31
de diciembre de 1993, cosa que no ha hecho. El Gobierno tenía la
obligación de transponer a nuestra legislación la Directiva comunitaria
271/91, cosa que tampoco ha hecho. Según informaciones que tenemos,
parece ser que lo único que va a hacer el Gobierno para salir del paso e
ir tirando es enviar antes del 10 de junio a Bruselas un simple borrador.
De puertas afuera realmente hemos quedado bastante mal porque hemos
incumplido una Directiva que estaba consensuada previamente por el
Gobierno español y por los demás Estados miembros, pero de puertas
adentro la situación tampoco ofrece muchas garantías. En octubre de 1992,
el Ministro de Obras Públicas --con muchas palabras, y yo diría que con
gran confusión de ideas, como nos manifestó el otro día en la
presentación del Plan de Infraestructuras-- anunció la puesta en marcha
de un plan nacional de depuración calificado en estos momentos por el
señor Ministro como de imprescindible y como uno de los ejes
fundamentales de la política hidráulica, y su puesta en marcha fue
considerada por el propio Ministro como urgente y necesaria. Este plan,
como tantos otros proyectos en materia de medio ambiente, no llegó a ver
la luz, y la depuración de las aguas residuales sigue en una situación
muy lejana a la media comunitaria y sin cumplirse.
Estamos de acuerdo, señor portavoz del Grupo Socialista, con la moción
que ha pesentado su grupo, por lo que supone de esfuerzo recordatorio al
Gobierno para que nuestra legislación asuma esa Directiva que ha sido
consensuada por el propio Gobierno. Pero me da la impresión de que, dado
el horizonte temporal que contempla la moción, el Partido Socialista ha
carecido de sentido profético porque, tal y como están las cosas en el
Gobierno y en los alrededores, «demasiado largo me lo fiáis», que diría
un hombre de mi tierra.
La adaptación de nuestra legislación a la Directiva comunitaria es un
paso importante, pero no se resuelve todo con la simple aplicación en
nuestra legislación de la Directiva comunitaria; existen otros escollos
muy importantes como es el de la coordinación, que se puede resolver
fácilmente si el Gobierno no invade las competencias de las Comunidades
Autónomas y si existe voluntad de entendimiento y colaboración de todas
las partes.
Sin embargo, el verdadero escollo, el grave problema se plantea en el
tema de la financiación. No basta con que la Directiva comunitaria sea
traspuesta a la legislación española, que por supuesto hay que hacerlo,
sino que para que el cumplimiento de la misma sea posible es necesario
que se dote a las instituciones competentes en su gestión de los medios
económicos adecuados y necesarios.
Como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
las corporaciones locales son competentes y responsables en el tema de
los vertidos urbanos residuales. Sin embargo, las corporaciones locales y
las Comunidades Autónomas necesitan de una dotación presupuestaria
adecuada. Las cifras que se barajan exceden con mucho los presupuestos de
las corporaciones locales y de las Comunidades Autónomas:
un billón 500.000 millones de pesetas, decía el señor Borrell aquí en
esta misma tribuna en la presentación del Plan de Infraestructuras. Pero
dada la falta de rigor, la falta de valoración y la falta de datos a los
que nos tiene acostumbrados el señor Borrell, nosotros nos vamos a quedar
con las valoraciones que hacen técnicos cualificados e independientes en
relación con la depuración de las aguas residuales, que las cifran en
tres billones 500.000 millones de pesetas, sin tener en cuenta los costes
de explotación y mantenimiento, que son a largo y medio plazo los más
caros. Cifras éstas que, como pueden comprender sus señorías, son a todas
luces imposibles de asumir por las Comunidades Autónomas y por las
corporaciones locales sin las transferencias de los fondos del Estado o
de la Unión Europea.
No va a ser nuestro partido el que diga que no se ha hecho nada en el
tema de la depuración. La UCD llevó a cabo importantes acciones en este
tema, en colaboración con los ayuntamientos: ejemplo, el caso de Madrid.
Los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas están haciendo también una
labor muy importante en el tema de la depuración de las aguas residuales
y están profundamente sensibilizados. Y, por otra parte, el Gobierno
socialista también ha hecho cosas, no tantas como dice ni tan bien
enmarcadas en la estructura de un Estado autonómico como el nuestro, pues
da la impresión de que se olvida de la vertebración autonómica del Estado
y de las competencias transferidas que sobre este tema tienen las
corporaciones locales y las Comunidades Autónomas, en función de sus
actuaciones concretas en determinadas Comunidades Autónomas.
Las actuaciones del PSOE en esta materia están enmarcadas yo diría que en
esquemas anteriores al proceso autonómico. Señor portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, si la gestión de la depuración de aguas
residuales urbanas ha quedado fuera del ámbito competencial de la
Administración central, no tiene explicación a estas alturas que los
recursos económicos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado
o de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea destinados a este fin no
sean transferidos a las Comunidades Autónomas, que son las que tienen
transferidas las competencias de auxilio a las corporaciones locales.
Ello evitaría dudas y probables falsas acusaciones de sectarismo y
electoralismo. No hay razón que justifique --por un principio de economía
llamémoslo procesal o de gasto público-- que, existiendo las Comunidades
Autónomas con competencias en este tema, la Administración central, a
estas alturas, esté envuelta todavía en la contratación de obras de
depuración y saneamiento de las aguas residuales en ciertas partes de la
geografía española o en ciertos ayuntamientos.
Se podrá exigir, como decía muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, que sean transferidos esos fondos a las Comunidades Autónomas
que tengan elaborado su propio plan de saneamiento y depuración, ya que,
como ha dicho muy bien, hay muchas Comunidades que tienen elaborado ese
plan. Pero quienes conocen las prioridades, quienes conocen los problemas
son las Comunidades Autónomas y no la Administración Central que tiene,
por cierto, prioridades competenciales muy importantes en otros ámbitos y
que necesita todo el tiempo del mundo para programar, ejecutar y no ser
engañada en su propia gestión.
Como decía el señor Cuevas, si esta moción hubiera sido iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular o de otro Grupo de la Cámara distinto del
Grupo Parlamentario Socialista, estoy convencido de que el Partido
Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista, con los tópicos de
siempre: que no es oportuno, que no es necesario, que el Gobierno está
trabajando en ello..., hubiera votado negativamente a esta moción.
Nosotros, por un sentido de responsabilidad, vamos a votar
afirmativamente a esta moción, aunque temo que en su aplicación quedará,
como el prometido Plan de Depuración de Aguas Residuales, en papel
mojado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sanz
Blanco.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Segura
Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, consumo este turno de Portavoces por el
Grupo Parlamentario Socialista obviamente por razones de cortesía y para
contestar a las preguntas que han formulado cada uno de los
intervinientes.
El Senador Cuevas, por el Grupo Parlamentario Mixto, ha planteado que es
necesario en España un pacto nacional por el agua. Su señoría ha
planteado también que es necesaria una cooperación y una colaboración de
todas las Administraciones Públicas y, naturalmente, con ambos
planteamientos estoy totalmente de acuerdo por cuanto ponen de manifiesto
la preocupación que el señor Cuevas ha expresado respecto de un bien
escaso, de un bien de todos que es menester preservar y potenciar su
calidad pues es un producto indispensable para la vida.
Ese «pacto nacional», como él lo llama, inexorablemente tiene que ser un
mecanismo legislativo. Me parece intuir que el avance que el Gobierno ha
ido produciendo ha sido con iniciativas legislativas y con planteamientos
globalizadores, no con la intención de equiparar, de igualar, de
homogeneizar las diferentes Comunidades ni los diferentes núcleos, porque
todos tienen características diferenciadas. ¡Qué no va a decirles a
ustedes un parlamentario canario acerca de la
problemática diferenciada del agua en mi Comunidad con respecto de la que
exista en otra Comunidad! En la Comunidad Canaria no podemos esperar el
trasvase mediante conducción de aguas excedentes de otra Comunidad a la
nuestra o de la nuestra hacia otras. Nosotros tenemos que establecer un
mecanismo de autoabastecimiento, en lo que la Comunidad Canaria es
bastante pionera dentro del Estado español, como ha manifestado el
Senador Barbuzano. No solamente la depuración sino la reutilización es
algo que en los últimos quince años se ha venido produciendo en la
Comunidad Canaria.
Consiguientemente no se pretende con la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista --y permítanme que lo haya utilizado como
ejemplo puntual-- el establecimiento de un mecanismo de «café para
todos», coloquialmente hablando. Dentro de la variedad y de las
singularidades específicas de cada uno de los puntos del Estado español,
es menester el establecimiento de un mecanismo solidario. ¿Cómo no vamos
a hablar de un Plan Nacional de Meteorología? ¿O es que acaso los
problemas meteorológicos de una Comunidad son específicos y singulares de
esa Comunidad? Serán diferenciados; hay unas zonas más secas y otras
zonas más húmedas en el Estado español, pero tendrá que haber todo un
mecanismo legislativo que ordene, que vertebre, que posibilite la
cooperación común.
Señorías, al Senador Gangoiti, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, quiero expresarle mi reconocimiento --y
el de mi Grupo-- por su intervención, en la que ha puesto de manifiesto
que, si bien inicialmente alertado por una preocupación acerca de una
posible penetración en ámbitos competenciales no propios de la
Administración General, sin embargo, como consecuencia de la intervención
de este Senador, cambiaron la posición, cosa que yo valoro.
Señorías, la Administración General del Estado ha cooperado enormemente
en uno de los planes más singulares del Estado español como es el Plan de
Saneamiento del Gran Bilbao. En el Estado español la sensibilidad ha ido
creciendo y las actuaciones se han ido modificando.
Ahora, con el proyecto de ley que queremos que se presente en esta Cámara
no rehuimos en absoluto la crítica larvada al Gobierno, por cuando el
artículo 17 de la Directiva comunitaria, Senador don Clemente Sanz,
interviniente Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta materia,
dice textualmente: Los Estados miembros elaborarán, a más tardar el 31 de
diciembre de 1993, un programa para la aplicación de la presente
Directiva. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión la
información sobre el programa a más tardar el 30 de junio de 1994.
Somos conscientes de que han pasado los plazos, de que el Gobierno tenía
que haber presentado, precisamente en cumplimiento de esa Directiva, el
correspondiente mecanismo. Y el Grupo Parlamentario Socialista le dice al
Gobierno: Preséntelo. No rehuimos esa crítica larvada que el propio Grupo
hace pero, señorías, sin querer participar, porque no era la intención de
la moción, en un debate con el Portavoz del Grupo Parlamentario
mayoritario de la oposición, es ortodoxo que su señoría critique la labor
del Gobierno, y además es su obligación, pero también tiene que entender,
y lo digo desde una perspectiva honesta, que los avances que se han
producido en España en los últimos años han sido colosales en un problema
de extrema gravedad.
Su señoría conoce perfectamente el Sistema Automático de Información de
Calidad de las Aguas, SAICA --se lo menciono a título de ejemplo-- que es
tan popular en los sectores técnicos, cada vez más amplios en sus
franjas, y que constituye un proyecto pionero en el mundo para llevar a
cabo el control y la vigilancia de los ríos españoles. De hecho, señoría,
ninguno de los países de nuestro entorno cuenta con algo similar, y
únicamente algunos Estados de los Estados Unidos de Norteamérica disponen
de elementos semejantes, si bien con el defecto de no vertebrar un
sistema homogéneo o un sistema integrado en sí mismo. Pues bien, este
Sistema que está poniendo en marcha el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente con el uso de un «software» muy sofisticado
y con el empleo del Satélite Hispasat --que ha sido objeto de análisis en
distintas Comisiones en las Cortes Genera-les--, constituye un elemento
de tecnología punta, de avanzadilla, que ha aportado el Ministerio como
un mecanismo más de control, de vigilancia permanente las 24 horas del
día a tantos y tantos desaprensivos particulares, o colectivos o
industriales, que vierten aguas contaminadas en nuestros ríos. El
subsuelo de nuestro país, el subsuelo de todas las Comunidades Autónomas
está contaminado, y con la trasposición de esta Directiva el deseo es,
precisamente, que vaya disminuyendo esa contaminación.
Señorías, referirme a la posibilidad de los accesos a los fondos
comunitarios, al marco comunitario de apoyo, me parece que desborda el
planteamiento de la moción. Yo le reitero que si bien es cierto que hay
que dar numerosos pasos, se han dado pasos sólidos, firmes, estables, con
aportación de tecnologías modernas, con la participación de la iniciativa
privada --y éste es un tema que me es muy querido por mi experiencia
municipalista y en la Administración local-- en el tema de la depuración
de las aguas y en la sensibilidad de la ciudadanía.
Espero que sobre esto podamos celebrar algún debate en otro momento, en
otro foro más reposado, sin la premura del tiempo, pero le agradezco que
compatibilice la crítica con el planteamiento de apoyo positivo a la
propuesta de resolución que conlleva la moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Segura
Clavell.
Esta Presidencia ha cometido un error al dar turno de portavoces al
portavoz socialista, porque según la reforma del reglamento no le
correspondía un turno de portavoces. Pide disculpas y a partir de ahora,
lógicamente, nos atenderemos a lo que marca el Reglamento. Muchas
gracias.
Vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista
por la que el Senado insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses,
presente a la Cámara para su análisis y discusión una ley sobre
protección y recuperación de la calidad de las aguas que suponga la
trasposición de la Directiva 91/271 y garantice su cumplimiento,
coordinando los esfuerzos de todas las administraciones implicadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a
favor, 217.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada por unanimidad.
(Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO DE LA NACION A QUE NO SE ADOPTE MEDIDA ALGUNA DE CIERRE,
REDUCCION O TRANSFORMACION DEL HOSPITAL MILITAR DE LA CORUÑA Y SE PROPONE
COMO FORMULA ALTERNATIVA PARA EL CASO DE QUE DICHO HOSPITAL NO RESULTARA
NECESARIO PARA LOS FINES DE LA DEFENSA QUE SE PROCEDA A AFECTARLO AL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA QUE PUEDA SER TRANSFERIDO A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA JUNTO CON LOS CREDITOS NECESARIOS PARA SU
ADECUADO MANTENIMIENTO (662/000042).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente moción del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno
de la Nación a que no se adopte medida alguna de cierre, reducción o
transformación del Hospital Militar de La Coruña y se propone como
fórmula alternativa para el caso de que dicho hospital no resultara
necesario para los fines de Defensa que se proceda a afectarlo al
Ministerio de Sanidad y Consumo, para que pueda ser transferido a la
Comunidad Autónoma de Galicia junto con los créditos necesarios para su
adecuado mantenimiento.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Hernández Cochón. (Rumores).
El señor HERNANDEZ COCHON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a ver si podemos cumplir el turno con brevedad...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Un momento, señor Senador.
Pido a sus señorías que para una conversación larga salga, por favor, de
la sala de plenos, a fin de tener el debido respeto con el Senador que
nos habla.
Puede continuar, Senador Hernández.
El señor HERNANDEZ COCHON: Gracias, señor Presidente.
Decía que tenemos que hablar de un tema para nosotros importante, el de
un hospital que está en la Comunidad Autónoma de Galicia, que está
funcionando a entera satisfacción de los usuarios, que está cubriendo una
parcela de atención sanitaria importante y que está en trance de ser
cerrado. Es el Hospital Militar de La Coruña, del cual nos habló aquí
hace, aproximadamente, dos meses, el señor Ministro de Defensa ante una
interpelación presentada por el Senador que ahora está en esta tribuna.
Realmente, el Ministro se mostró receptivo en aquel momento; nosotros le
agradecimos esa receptividad mostramos nuestra satisfacción por ello
porque asumió aquí dos compromisos: el primero, no cerrar el Hospital
Militar en tanto no se llegara a un acuerdo con la Xunta de Galicia para
su transferencia y, en segundo lugar, proteger los derechos del personal,
que no tuvieran que sufrir despidos ni desplazamiento alguno.
Pero junto a esta satisfacción detectamos una serie de inexactitudes en
lo que nos dijo aquí el señor Ministro. Por ejemplo, hablando del
Hospital de La Coruña, nos dio una serie de datos como referidos al año
1992, cuando realmente eran datos del año 1990. Esto no tendría mucha
importancia si no fuera a devaluar el trabajo que se está haciendo en el
Hospital Militar de La Coruña, porque estos datos --que eran sacados de
un boletín de estadística de establecimientos sanitarios-- no se
corresponden en absoluto con los datos de la memoria elaborada para el
año 1990 por el propio Hospital Militar. Pero el personal de este
Hospital, que estaba muy atento a aquella interpelación, como en este
momento está muy atento al resultado de esta moción, detectó estas
inexactitudes y se las hizo saber por escrito al propio señor Ministro.
Ahora bien, como decimos, nos satisfizo lo que aquí dijo el Ministro y
por eso no presentamos una moción consecuencia directa de aquella
interpelación. Abrimos un compás de espera a ver cómo evolucionaba el
tema y, desde luego, el tema está absolutamente estancado. En este
momento está cundiendo el desánimo no solamente entre el personal del
Hospital Militar de La Coruña, sino entre toda la población de La Coruña,
que no quiere de ninguna manera que este hospital deje de prestar
servicio como centro sanitario, que este Hospital
pueda ser cerrado. Desde luego, tengo que decir que si no hubiéramos
presentado la interpelación, si el señor Ministro no hubiera tenido que
venir aquí y no se hubiera comprometido en público, el Hospital ya
estaría cerrado, porque pocos días antes de presentar la interpelación
llegó un oficio al Hospital Militar en el cual se decía que ese Hospital
había dejado de existir como tal.
Yo hablaba aquí de la desorganización general de la sanidad militar en
este país en el momento actual, y el escrito del que les hablo es una
muestra evidente de esta tremenda desorganización. Porque, aparte de
decir que ya ese Hospital está transformado en enfermería de base
reforzada, dice que la plantilla de esta enfermería estará formada por 14
médicos especialistas y tres sin especialidad, y a renglón seguido añade
en el párrafo siguiente que está por determinar cuáles son las
especialidades. Señorías, díganme si una planificación racional es decir
primero el número de especialistas y después buscar cuáles son las
especialidades que se van a poner en ese hospital.
Pero yo, desde luego, para que quede debida constancia, vuelvo a
agradecer al Ministro su doble compromiso y espero que lo siga cumpliendo
como lo ha cumplido hasta el momento actual. No nos podemos estancar,
tenemos que profundizar, tenemos que avanzar para conseguir que, de una
vez por todas, se le dé una solución definitiva a este hospital.
Izquierda Unida presentó una proposición no de ley hace muy poco tiempo
en el Congreso de los Diputados que fue aprobada por unanimidad en la
Comisión correspondiente, pero con una modificación sustancial del texto,
presentada por el Grupo Socialista, que descafeinaba totalmente la
intención primitiva del texto que proponía Izquierda Unida. Nuestro Grupo
aprobó aquella proposición no de ley porque por lo menos era un paso
adelante.
Pero esto no es suficiente. Mi Grupo en esta Cámara trabajó activamente
en la búsqueda de una solución y creo que hemos encontrado la idónea para
este problema. Es una solución que, por un lado, atiende las exigencias
de los distintos interesados, tanto del Ministerio de Defensa como de la
población de La Coruña como de los propios trabajadores de este hospital
y, por otro lado, es absolutamente respetuosa con la ley. Probablemente
recuerden sus señorías la base argumental que expusimos cuando
interpelamos al señor Ministro de Defensa. Yo se lo voy a recordar muy
esquemáticamente y con mucha brevedad.
El Ministro de Defensa, dentro de sus planes de reestructuración, decide
cerrar una serie de hospitales que a su juicio no eran útiles a los fines
logístico-operativos que deben tener este tipo de establecimientos
militares. Y decide cerrar hospitales útiles que están prestando un
servicio a la población, que la población que acogen se encuentra
debidamente atendida y satisfecha del nivel de atención que reciben, y
entre ellos está el Hospital Militar de La Coruña que tiene, además, 350
personas trabajando, y trabajando bien.
Por otra parte, el Hospital Militar de La Coruña se encuentra en una zona
en la cual hay un déficit importante de camas hospitalarias. Sabemos que
en todo el país existe este déficit de camas hospitalarias, que se agrava
en Galicia, pero muy significativamente en algunas zonas como la de La
Coruña y su área de influencia. Naturalmente en estas circunstancias de
déficit de camas hospitalarias es impensable, absolutamente inviable
desde el punto de vista político y social, pensar en cerrar camas
hospitalarias útiles ante esta situación de precariedad, de medios de
atención sanitaria, como la que se da en la ciudad de La Coruña, como la
que se da en Galicia y la que se da en España en general.
En este momento el Ministerio ya ha decidido, y lo ha decidido
definitivamente cerrar el Hospital Militar de La Coruña. Yo creo que lo
había decidido desde el principio; yo creo que fue un objetivo que tuvo
desde el día en que pensó en una reorganización, pero en este momento ya
es un hecho su cierre. Y surge la posibilidad, así manifestada por el
Ministerio de Defensa, de transformarlo en otro organismo que denominaron
en principio enfermería de base, después enfermería de base reforzada, el
Ministro ya le cambió aquí la denominación y le llamó clínica de
guarnición y ahora en Defensa ya le han vuelto a cambiar de nombre y le
llaman enfermería de guarnición que no es más que las antiguas
enfermerías de los cuarteles pero todas reunidas en un solo
establecimiento. Esto como pueden comprender no tiene nada que ver con un
hospital y el resultado de esta transformación no es ni más ni menos que
la pérdida de camas hospitalarias en La Coruña y la consecuente pérdida
de puestos de trabajo. Y vuelvo a insistir en que son camas hospitalarias
y puestos de trabajo útiles.
Ante esta situación, La Coruña se movilizó total y absolutamente. Se
movilizaron, por supuesto, los trabajadores del hospital y se movilizó La
Coruña en pleno. No hace ni mes y medio hubo una masiva manifestación a
la que acudió todo el mundo: el Alcalde socialista, el Presidente de la
Diputación socialista, el Partido Popular, el resto de los partidos
políticos, los sindicatos, las organizaciones ciudadanas y los coruñenses
de a pie, los que no tenían ningún tipo de significación política ni de
adscripción a ningún grupo social ni de otro tipo. Los participantes en
esta manifestación, que fue absolutamente pacífica y donde se expusieron
este tipo de reivindicaciones, conocieron el objeto de esta moción y
puedo asegurar que La Coruña en pleno, los trabajadores del Hospital, los
ciudadanos de La Coruña, apoyan la misma porque da la solución al
problema del Hospital Militar de La Coruña.
Hay que destacar que el pueblo de La Coruña, los trabajadores
del hospital y de los partidos políticos no pretenden que este hospital
se transfiera a la Xunta de Galicia, no pretenden tampoco que este
hospital permanezca como hospital militar; lo único que pretenden es que
permanezca como hospital, les da igual que sea militar o que sea hospital
de la Xunta de Galicia, el caso es que permanezca como hospital. Y vuelvo
a insistir en que si no hubiera tenido que venir el Ministro a
comprometerse, el hospital estaría ya cerrado.
Visto que no es posible su permanencia como hospital militar no queda más
solución que su transferencia a la Xunta de Galicia para su integración
en la red pública de hospitales del Servicio Gallego de Salud. Pero aquí
es donde surge el obstáculo fundamental que es la Ley 28/1984 por la que
se crea la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa y que tiene un
artículo dos en el que dice que no es posible la cesión de ningún centro
desafectado de defensa si no es a título oneroso. Precisamente en esto es
en lo que se ampara el Ministerio de Defensa. Siempre dice lo mismo:
nosotros lo cederíamos gratuitamente pero tenemos que cumplir la Ley y la
Ley nos dice que no lo podemos ceder a título gratuito, sino que lo
tenemos que cobrar. Y aquí surgen los célebres 2.000 millones de los que
tanto se habló, de los que habló toda la prensa y de los que el Ministro
dijo que desconocía en absoluto su procedencia. Yo les puedo decir la
procedencia de la cifra de 2.000 millones que evidentemente no es exacta
--en eso tenía razón el Ministro--; la cifra es de 2.059 millones de
pesetas. El Director General de Personal, don José Llovet, en una
entrevista que mantuvo el 4 de enero de este año a las once horas en su
despacho con todo el comité de empresa, estando presente el representante
del personal de Comisiones Obreras y el secretario general de Comisiones
Obreras para la Defensa, dio esa cantidad como cifra de valoración y que
se ponía en principio para la venta de este centro hospitalario.
Una vez visto que no se podía ceder gratuitamente se plantean diversas
posibilidades. Se plantea la cesión bien en venta, en alquiler o en
«leasing» pero esto es absolutamente inviable. Es inviable porque la
Xunta de Galicia no dispone de los medios económicos adecuados. (El señor
Díez González: ¡Caixa de Galicia!) No se ría, señor Barreiro, que usted
sabe que es cierto y le tocará subir a esta tribuna, ya se explicará, así
que procure escuchar los argumentos. (Varios señores Senadores pronuncian
palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig). Por favor, eviten los diálogos y
escúchense mutuamente.
El señor HERNANDEZ COCHON: La transferencia sabe usted que se hizo en muy
malas condiciones porque se hizo con la ley de lo tomas o lo dejas y
aplicando el artículo 82 de la Ley General de Sanidad que era muy
desventajoso, pero hubiera sido mucho más desventajoso que la Xunta de
Galicia no hubiera asumido esta transferencia porque entonces todavía
seguíriamos financiados con el sistema anterior y por lo menos de esta
manera vamos aumentando la financiación cada año hasta llegar a una
financiación razonable que es la que corresponde al porcentaje de
población protegida.
Lo que está haciendo en estos momentos la Xunta de Galicia es un enorme
esfuerzo de contención del gasto, un enorme esfuerzo presupuestario para
poder, con menos medios, dar los mismos servicios que prestan otras
Comunidades Autónomas y un ejemplo, simplemente, es que el incremento del
presupuesto para servicios sanitarios está muy por encima del de la media
nacional, teniendo en cuenta que, además, hay una contención del gasto,
es decir, que con menos medios se prestan en estos momentos más
servicios.
Por tanto, no existe disponibilidad económica para comprar este hospital,
pero es que, aunque se diera esta disponibilidad, es una aberración
conceptual pensar que una Comunidad Autónoma que tiene transferidas y
asumidas las competencias sanitarias tenga que comprarle al Estado un
hospital público que es de utilidad, que está prestando servicios en un
territorio exclusivamente intracomunitario y que la población que le
corresponde se encuentra perfectamente atendida.
Hay un argumento elemental que les voy a exponer aquí y que comprenderán
perfectamente. ¿Qué hubiera pasado si la situación de necesidad de cierre
de hospitales se hubiese dado hace cinco años, cuando todavía no se
habían transferido a la Xunta de Galicia las competencias en asistencia
del Insalud? Habría dos posibilidades. Pudiera ser que se hubiese vendido
en pública subasta este hospital, como es el caso del Hospital militar de
Algeciras, que en mis papeles figura que es de interés para
instituciones, promotores, inversionistas, etcétera, o pudiera ser que lo
hubieran transferido al Insalud, bien mediante pago, o de forma gratuita.
En cualquier caso, cuando se produjeron las transferencias del Insalud,
este hospital militar se habría incluido en el paquete de transferencias.
Ahora se les quiere vender a la Xunta de Galicia lo que antes se le
hubiera transferido. Desde luego, señorías, no se puede penalizar a una
Comunidad Autónoma porque tenga asumidas ya las transferencias
sanitarias.
Ante este estancamiento, nosotros lo que hacemos es dar un paso adelante
y tratar de encontrar una salida y remover el obstáculo que se nos
presenta, que es una especie de muro con el que siempre se tropieza. Y
hemos encontrado la salida. En principio, pensamos que habría que
presentar una proposición de Ley para modificar el artículo que impide
que se ceda gratuitamente este tipo de establecimientos, pero no ha sido
necesario. La propia Ley 28/1984, a la que antes me referí, tiene una
disposición final tercera que dice textualmente que estas ventas de
hospitales se comunicarán a Hacienda
previamente, pudiéndose optar por mantener los bienes en el patrimonio
del Estado para afectarlos a cualquier otro servicio de la
Administración. Esta es la vía que nosotros hemos encontrado para
solucionar este problema.
He oído ya a lo largo de estos días una serie de argumentos que nosotros
no podemos aceptar. Se ha dicho, por ejemplo, que es ilegal que en este
momento el Ministerio de Sanidad o el Insalud tengan un hospital en
Galicia porque ya se han transferido las competencias. Lo que es ilegal
es que se haga sin las debidas autorizaciones. Si pide autorización a la
Xunta de Galicia, lo puede tener. Pero, resulta que es ilegal que el
Ministerio de Sanidad tenga un establecimiento sanitario en Galicia y no
es ilegal que tenga establecimientos sanitarios del mismo tipo el
Ministerio de Trabajo, porque este Ministerio tiene todavía a su cargo
todos los servicios del Instituto Social de la Marina en Galicia. Por
tanto, podría tener también este establecimiento. A nosotros, señorías,
nos da exactamente igual que se lo transfieran al Ministerio de Sanidad,
o que se lo transfieran al Ministerio de Trabajo para que posteriormente
pase a la Xunta de Galicia en el paquete de transferencias del Instituto
Social de la Marina, que en este momento está empezándose a negociar con
la Xunta.
¿Cuál es nuestro interés? El interés del Partido Popular sólo es uno, que
se transfiera en cualquier caso a la Xunta de Galicia este hospital, que
se preserven las camas hospitalarias públicas que sean útiles y que se
preserven también los puestos de trabajo. Aquí se trata exclusivamente de
un problema de voluntad, de negociar seriamente una transferencia que es
de gran importancia para la Comunidad Autónoma gallega y, concretamente,
para la población de La Coruña. Lo que ocurre es que en este sentido
nosotros no vemos ningún tipo de voluntad en estas transferencias. Vemos
que se están dando largas al asunto y mucho nos tememos que dentro de muy
poco tiempo vamos a ver en los periódicos un anuncio similar al que les
acabo de mencionar referido a Hospital Militar de La Coruña, diciendo que
se vende a los inversionistas y demás interesados hospital militar muy
bien ubicado, donde se pueden levantar edificios que supongan una
rentabilidad económica importante a los demás. Pero, a nosotros tampoco
nos importa eso, lo único que nos importa es que no se pierdan las camas
hospitalarias, porque realmente vemos que están peligrando en este
momento.
Creo haberme ceñido al tiempo, señor Presidente. Por el momento, nada más
y muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la derecha.) El señor
VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Solamente se han pasado diez segundos del tiempo.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Barreiro.
El señor BARREIRO GIL: Con su venia, señor Presidente.
Señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que acaba de
antecederme en el uso de la palabra casi terminó su discurso --no pudo
evitar terminarlo sin una inexactitud-- diciendo que el objetivo del
Grupo Popular es que el Hospital Militar de La Coruña siga siendo
Hospital civil, que en el Hospital Militar de La Coruña no se reduzca en
absoluto su equipamiento --digo más que él, que sólo dijo que no se
reduzcan las camas-- y que los derechos de los trabajadores sean
escrupulosamente respetados. Nosotros también y se lo dijimos a usted el
otro día. Por cierto, en su texto de moción no figura la referencia a los
derechos de los trabajadores y el otro día cuando desde esta tribuna le
pedí que oralmente precisase que apoyaba eso, tampoco lo dijo. Me alegra
que ahora lo diga.
Entonces, sus señorías se preguntarán qué discuten los gallegos. Yo
tampoco lo sé. En mi tierra decimos cuando hacemos un ridículo de estos
que estamos haciendo una gallegada y lo decimos con un sentido
peyorativo. Y creo que en estos momentos estamos haciendo una gallegada.
(Protestas en los escaños de la derecha.) Si todos estamos de acuerdo en
que debe seguir existiendo ese hospital, en que no debe cerrarse ni una
sola cama y en que todos los trabajadores deben tener sus derechos
respetados, ¿qué estamos discutiendo? El procedimiento administrativo que
mi estimado colega acaba de descubrir para tergiversar el costo público
de las decisiones.
Me explicaré, sin dejar de preguntarle antes tres cosas al Senador
Hernández Cochón. ¿Hay alguna cama cerrada hoy en ese hospital? ¿Alguna
de las puertas de acceso al hospital ha sido cerrada? ¿Alguno de los
enfermos atendidos en ese hospital ha sido desalojado? ¿Con qué autoridad
moral dice su señoría que el hospital está cerrado? Contésteme a las tres
preguntas que le he hecho.
Precisamente porque hubo una decisión de desafección de ese hospital a
los objetivos de la Defensa, empezando por la Administración municipal
--parece que la única consistente en este asunto--, se movilizaron y el
Ministro de Defensa reconoció la utilidad pública de que ese hospital
siga abierto. Está abierto y funcionando y todos queremos que siga
abierto y funcionando, no como hospital militar, sino como hospital
civil, integrado en el Servicio Público de Salud de Galicia, cuya
competencia en exclusiva le corresponde al Servicio gallego de la Salud,
dependiente de la Conxellería de Sanidad y Consumo de la Xunta de
Galicia, única institución que tiene legitimidad jurídica para asumir esa
competencia. No es posible que ninguna otra lo haga.
Pero la discrepancia que tenemos aunque su señoría
lo oculte, es el procedimiento, la triquiñuela administrativa que su
señoría parece haber descubierto para expresar desde la tribuna una
argumentación absolutamente sólida desde el punto de vista de un miembro
de la Cámara. Dice que esto no debe costarle un duro a la Xunta de
Galicia. No estamos diciendo a qué Administración le cuesta el duro, a
qué ciudadano le ha de costar menos dinero, de cualquier lugar de España,
porque ése es el señor que paga al final. ¿Qué importa cuál sea el
burócrata de turno que suscribe una orden de pago? Lo que estamos
haciendo es buscar el procedimiento administrativo más simple, más
constructivo (El señor Hernández Cochón hace signos negativos.) y, si el
Senador me permite continuar, más barato para la ciudadanía. Y el que
usted propone, Senador Hernández Cochón, no lo es. Ni es el más simple,
ni es el más barato. En el texto del Boletín ustedes tienen una
formulación de la moción en la que falta una frase. El Senador Hernández
Cochón ha criticado la Ley 28 de 1984 diciendo que quería modificarla,
pero posteriormente en su moción dice: que se proceda de conformidad con
el contenido de la Disposición Final Tercera de la ley 28/1984, de la
gerencia de infraestructura de la defensa. ¿Qué quiere decir eso,
señoría? Que el Senador Hernández Cochón parece haber descubierto un
procedimiento administrativo por el cual puede producirse la
transferencia definitiva de este hospital al servicio público de la
salud, pero que en vez de pagarlo la Comunidad Autónoma de Galicia, muy
atribulada en sus recursos, la pague el Ministerio de Economía y
Hacienda. Gran resultado: lo sigue pagando «Pepito español», el mismo
contribuyente.
Para que el Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con la
Disposición Final Tercera de esa Ley, pueda ejercer esa especie de
derecho de retracto que quiere decir: No, este hospital no se vende, se
queda con él el patrimonio del Estado para afectarlo a otros servicios
públicos, para que eso suceda, Senador Hernández Cochón, la Disposición
Final Tercera empieza diciendo: «Todas las ventas», es decir una vez que
se toma la decisión de vender un hospital, previamente cerrado como tal
para poder venderlo, el Ministerio de Economía y Hacienda puede ejercer
esa prerrogativa. Pero, además, para que se decida esa venta, para que dé
lugar a que su señoría pueda utilizar esta Disposición, el artículo 3
--que a su señoría tampoco le gusta-- dice: «las ventas se llevarán a
cabo normalmente por el procedimiento de pública subasta». Lo que está
proponiéndonos su señoría es que cerremos el hospital, que se saque a
pública subasta su instalación y que entonces el Ministerio de Economía y
Hacienda diga: Quietos, me lo quedo. Eso es lo que está proponiendo su
señoría con la Ley. Ese hospital, y otros muchos hospitales serán
vendidos por ese procedimiento, Senador Hernández Cochón, porque las
Comunidades Autónomas en donde están ubicados no tienen declarado un
interés de seguir conservándolos como hospitales en su Red Pública de
Salud. (Rumores.)
No le estoy proponiendo a su señoría que considere ninguna invención que
el Grupo Parlamentario Socialista hace respecto de esta moción o el caso
de Galicia. Los Senadores catalanes pueden testificarle que sobre el
hospital militar de Barcelona, sobre el hospital militar de Lleida, o los
Senadores vascos sobre el hospital militar de San Sebastián, se están
siguiendo el procedimiento, de negociación entre las partes, que yo le
estoy proponiendo que sigamos en este caso, y que su Grupo parlamentario
votó en el Congreso de los Diputados no hace ni dos meses, veintiún días
exactamente.
¿Quiere usted decirme que su compañera Diputada actuó con torpeza hace
veinte días? Quizá me quiera decir el Senador Cuevas, que luego
intervendrá, que su compañero de Izquierda Unida también actuó con
torpeza que, por cierto, fue quien propuso la proposición no de ley en el
Congreso de los Diputados que mereció el acuerdo unánime de todos los
Grupos parlamentarios. ¿Qué sucede en veinte días para que sus señorías
se vean obligados a desdecirse de un compromiso público en sede
parlamentaria? ¿Qué puede haber sucedido? ¿Es posible que una negociación
en curso entre dos administraciones tenga el aval de la confianza en la
lealtad recíproca si cuando le instamos a negociar, antes de veinte días,
los Grupos parlamentarios que apoyan a una de las partes interfieren el
proceso de negociación o de conversación para situar condiciones
bloqueadas de la capacidad negociadora de una de las partes?
Cuando su señoría dice que lo que pretende el Gobierno central es
transferir ese hospital a la Xunta de Galicia cobrándole 2.000 millones,
le contestaré muy simplemente: Su señoría miente. (Rumores.) Lo que
estamos procurando todas las administraciones, menos los que tenemos un
sentido patrimonial de nuestra presencia institucional es --lo repito--
que en la ciudad de La Coruña se sume al servicio público de la salud la
instalación hospitalaria que hoy ocupa el actual hospital militar; que en
ese proceso no se produzca la merma de ninguno de los recursos o
equipamientos que dotan al actual hospital militar; que los trabajadores
vean respetados sus derechos de acuerdo con la legislación y los
convenios que ellos mismos han suscrito, y le he propuesto a su señoría,
y ha rechazado... (El señor Hernández Cochón desde su escaño muestra unos
documentos.)
No me enseñe otra vez el papel de Algeciras. Le estoy diciendo que la
voluntad política de la Xunta de Galicia es distinta de la manifestada
por la Comunidad Autónoma donde está ese hospital. Ya me lo ha enseñado
85 veces, si quiere me retrato con él. Le he propuesto a su señoría que
antes de dos meses, antes de que termine este período de sesiones,
realizásemos en
esta Cámara un acto de control parlamentario sobre el Gobierno central
para pedir cuentas de las negociaciones o de los acuerdos alcanzados. Su
señoría se ha ocultado de la responsabilidad política.
No entiendo este debate. Sí le digo, y es bastante obvio, que cuando dos
partes están negociando buscando una solución constructiva y provechosa
para los ciudadanos y se interfiere de esta manera en la negociación, se
están echando arenas en los procesos de discusión y negociación. Esto es
perjudicial para encontrar una solución constructiva. (El señor Hernández
Cochón hace signos afirmativos.) Su señoría mueve el morro diciendo que
sí (Rumores.), y le diré que es perjudicial para los intereses de la
instalación y de los trabajadores del centro, a lo cual reclamo también
atención al Senador Cuevas, especialmente identificado con muchos de
ellos. Los trabajadores necesitan que esta negociación sea clara y
transparente y que no sirvan de coartada a los intereses de ninguna de
las dos administraciones para parapetar sus propios intereses
presupuestarios. Estoy en condiciones de decirle más: Mi Grupo
parlamentario se opondrá a cualquier resultado de esa negociación que
implique desequilibrios presupuestarios para cualquiera de las dos partes
y que, por tanto, debe buscarse entre los técnicos que negocien cuál sera
el procedimiento menos oneroso para todos, menos complicado para las dos
administraciones y que no suponga --repito-- condicionamientos
presupuestarios inasumibles o condicionantes para ninguna de las dos
administraciones. Dígame su señoría qué más quiere que le diga.
Me gustaría poder votar esta moción para que todo el mundo compartiese
conmigo el interés por ser respetuoso y satisfactorio con los intereses
sociales de mi país del Noroeste. Lamento verme cogido en la trampa de
una discusión parlamentaria más que no está discutiendo sobre la solución
de este problema, sino sobre la triquiñuela que va a enfrentarnos a la
derecha y a mí, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, no
sé para qué, seguramente porque este debate parlamentario puede tener
utilidad política fuera de este mismo local.
Me explicaré. Seguramente a muchas de sus señorías es necesario
ilustrarlas al respecto. Hace pocos días, un prestigioso semanario
americano, el «News-week» publicó que era contrario al mantenimiento del
embargo norteamericano sobre Cuba. Todos los diarios y los Gobiernos
europeos, empezando por el nuestro, que hace muchos años que se
proclamaron contrarios al bloqueo, analizaron la información de ese
semanario por ver si de sus análisis se desprendía que había un cambio de
actitud profundo en la política exterior de Estados Unidos respecto de
Cuba, y todos ellos publicaron editoriales y artículos de opinión,
haciendo seguimiento de esa información. En mi país del Noroeste, una
oficina administrativa de información institucional emitió un comunicado
--me parece muy bien que el Gobierno autónomo de Galicia también sienta
esta preocupación por seguir un hecho político internacional de primera
dimensión-- que los periódicos recogieron, alguna de ellos incluyendo
incluso el titular que había puesto la nota de la oficina institucional
de información. ¿Saben sus señorías cuál era?: El «News-week» apoya a
Fraga en el asunto de Cuba (Risas en los escaños de la izquierda.) Quizá
lo que suceda con este tema, como con tantos otros, es que mañana
descubriremos que lo que se está discutiendo aquí no es el interés de los
ciudadanos de La Coruña ni la búsqueda de una solución práctica a este
hospital militar, sino otra cosa en la que yo no entro, porque el
politiqueo me sigue pareciendo la dimensión más barata y más sosa de la
política. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barreiro.
En turno de portavoces, por los Grupos que no han intervenido, tiene la
palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Señor Barreiro, no me regañe usted antes de tiempo, antes de votar esta
moción. Tranquilo.
Yo no voy a desviar el tema a Cuba o al Sahara, porque si así lo hiciera,
a algunos se les pondría la cara muy colorada. Por tanto, vamos a hablar
del hospital de La Coruña, que es el motivo de la moción.
Me preguntaba desde la tribuna el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista y mi amigo señor Barreiro, como buen parlamentario que es qué
hacían mis compañeros de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presentando una moción. La respuesta es: Interesándose por el hospital de
La Coruña. ¿Por qué no lo ha traído usted aquí, que es Senador de La
Coruña? En los términos que usted quiera, pero tráigalo usted aquí, si
tanto le interesa o le importa el problema.
Usted me va a decir: Es que yo le he ofrecido a usted y a todos los
Grupos una transaccional. Y yo le respondo: Sí, pero era más de lo mismo.
Porque cuando aquí viene un Ministro y da unos datos, por ejemplo, lo de
los dos mil y pico millones, parece ser que no se entera, porque para mí
es tan creíble la palabra del Ministro como la de la persona que nos ha
dado los datos. Fue una reunión secreta y el Ministro no estaba, y no
creo yo que tenga mucho interés en engañarme la persona que nos ha dado
los datos, yo creo que ninguno.
Cuando el señor Ministro hace una serie de afirmaciones en su
comparecencia, que constan en el «Diario de Sesiones», y no se
corresponden con la realidad, nos tenemos que plantear otra cosa. Es
cierto que mis compañeros admitieron una transaccional de su Partido.
¿Sabe usted por qué lo hicieron? Porque tenían ganas de solucionar el
problema. Ustedes es que no arreglan
el problema. Ustedes nos galleguean. Y le voy a decir una frase que se
utiliza mucho en Andalucía, ustedes están en el hospital de La Coruña,
como en otros tantos temas, mareando la perdiz. (Aplausos en los escaños
de la derecha.--Un señor Senador señala hacia los escaños de la derecha.)
No es Izquierda Unida la que gobierna con votos de la derecha en algunos
ayuntamientos. Cuidado. Pero, además, le voy a decir una cosa. No sé
quién les mantiene a ustedes con la mayoría en el Congreso y en el
Senado. Yo no voy a hablar ni de la derecha catalana ni de nadie.
(Aplausos en los escaños de la derecha.) Aquí de pureza ideológica, ni un
gramo. (El señor Barreiro Gil pronuncia palabras que no se perciben.) Yo
no soy puro ideológicamente, pero...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por favor, señorías, no dialoguen
entre ustedes.
El señor CUEVAS GONZALEZ: ¿Me descontará usted el tiempo? (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Conmigo puede hacerlo, Senador
Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Señor Presidente, es que yo he estado más
calladito que en misa allí en el escaño.
Quería decir, señor Presidente, señorías --volviendo a lo del hospital--,
que lo hizo Izquierda Unida, como he dicho anteriormente, de querer
arreglar un problema. Pero como parece ser que el señor Ministro no sabe
ni por dónde va y el Hospital está en peligro, según mis informaciones
--yo hablo siempre según informaciones, porque creo que las
credibilidades son muy ambiguas--, por esa razón vamos a apoyar esta
moción. También la vamos a apoyar porque hay una necesidad social en
Galicia, y como en Andalucía también tenemos bastantes necesidades
sociales hospitalarias, los andaluces tenemos que ser solidarios con los
gallegos, con los catalanes y con los madrileños. Y no me hable usted de
la política de la Junta de Andalucía, porque ni se enteró del tema del
Hospital de Algeciras; es que no le dieron ni oportunidad. Usted ha
planteado aquí, amigo Barreiro --me gusta más el término amigo y espero
además me lo acepte--, una cuestión muy demagógica: Si se lo compra el
INSALUD, todos los ciudadanos españoles van a pagar el hospital de
Galicia, o al menos yo lo he entendido así. Yo le voy a preguntar a usted
cuánto van a recibir los ciudadanos de España de los 237 millones de este
Hospital. Demagogia, usted me plantea que los ciudadanos de España van a
pagar el Hospital de Galicia, pero dígame usted cuánto se va a recibir de
aquí. A lo mejor en el fondo --y me voy a permitir una cosa que creo que
es bastante irrespetable, pero lo voy a decir-- es el que el Ministerio
de Defensa no tiene el valor suficiente para evitar que esta gerencia de
infraestructuras de la defensa sea una agencia inmobiliaria. Que aparezca
aquí como de interés para instituciones promotoras e inversionistas una
gerencia de un estamento militar, yo creo que por lo menos es de poco
gusto. Yo no voy a sospechar de nadie, pero por lo menos es de muy poco
gusto. Usted sabe mejor que yo, porque es gallego, que en Galicia hay
déficit de camas y, como se ha apuntado aquí anteriormente y según las
estadísticas, la zona de La Coruña es una de las más afectadas.
Y no quiero reabrir un debate sobre la pureza ideológica, pero hay una
persona que yo admiro --y creo que ideológicamente estamos muy cerca,
aunque no militamos en el mismo partido-- el señor Vázquez, que no es
sospechoso de estar en Izquierda Unida ni en el Partido Popular, ni en
ningún Grupo parlamentario, sino que es Alcalde de La Coruña y pertenece
al PSOE, que se ha puesto, como tiene que hacer un alcalde, al frente de
una reivindicación popular. Y ha dicho que si el Hospital Militar entra
en una operación especulativa, dimite. A usted le ha traicionado el
subconsciente, pues ha mirado a su Grupo y ha dicho: A mí me gustaría
votar que sí a esta Moción.
Yo quisiera entrar muy brevemente en el tema (Risas.) Quisiera decirle,
señor Barreiro, señorías, señor Presidente, en cuanto a si lo tiene que
comprar Hacienda, si no lo tiene que comprar Hacienda, que eso está
arreglado con una peseta. Sí, con una peseta. ¿Cuántos terrenos han
donado ustedes a otras instituciones por una peseta, amigos? Si hay
voluntad política de solucionar el tema, yo le hago a usted una oferta:
yo me comprometo a traer al Senado una proposición de ley para cambiar lo
que se tenga que cambiar de esa ley, pero tengo que tener el compromiso
de que ustedes la van a votar, porque si no le doy la vuelta: Tráiganla
ustedes y yo la voto. Ya está arreglado: O se transfiere una peseta o se
cambia la ley. Ante una necesidad social, cambiemos la ley. Por tanto,
hay dos opciones: La traigo y ustedes me la votan o la traen ustedes y yo
la voto.
Yo creo que no hay que ser tan paternalista con los trabajadores; los
trabajadores que están en el Hospital de La Coruña saben lo que quieren:
quieren defender sus derechos pero, sobre todo, quieren mantener el
Hospital en la sanidad pública. Por tanto, está bien que se les ofrezca
un montón de cosas, pero no sean paternalistas con los trabajadores.
Ellos están luchando por la sanidad pública y por sus puestos de trabajo,
y saben lo que tienen que reivindicar que para eso tienen un sindicato.
En primer lugar, no creo que ningún trabajador vaya a ir contra sus
intereses y, en segundo lugar, tampoco va a ir, porque la clase obrera es
noble, contra los intereses de la población.
Para terminar, voy a hacer algunas ofertas: O mediante esa peseta --como
he dicho-- se transfieren todos los recursos económicos suficientes, o
cambian ustedes la ley, o yo traigo la propuesta y ustedes me la votan.
Hay tres opciones a elegir, en sus manos las dejo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para mostrar nuestra absoluta conformidad con el
fondo de la moción que hoy nos presenta el Partido Popular. Ahora bien,
nuestro Grupo entiende que el camino que se traza para el logro de un fin
con el que, insistimos, estamos de acuerdo, no es el adecuado. Tenemos
dudas de que jurídicamente pueda ser viable porque, a nuestro entender,
no se trata de una transferencia sanitaria, sino puramente patrimonial, y
de ahí nuestra abstención en la presente moción.
Endentemos que la vía es la negociación directa entre la Xunta y el
Ministerio de Defensa y que en la misma debe existir entendimiento y
buena voluntad. Dicho esto, también quisiéramos decir que si bien es
cierto que la cesión gratuita no la vemos posible por mandato legal, o
dicho de otro modo, que se exige un precio, no es menos cierto que hay
una variedad de precios, y que precisamente el del mercado no debería de
informar esta negociación, toda vez que un fin social pasa a otro de
igual naturaleza, aunque de distinta identidad, máxime cuando en el
asunto que nos ocupa muchas de estas instalaciones, propiedad del
Ministerio de Defensa, suelen ser en su origen cesiones gratuitas de las
administraciones locales.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
se va a abstener, haciendo votos para que exista un entendimiento que
favorezca a la Comunidad Gallega y en especial a los ciudadanos de La
Coruña.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El Senador Barbuzano tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Este Senador creía que esta moción era de tipo normal y que llegada esta
hora iba a tener intervenciones normales. Previamente al debate de esta
moción, en semanas anteriores, hablando con el Senador Hernández Cochón y
con el Senador Barreiro lo teníamos claro, parecía que iba a presentarse
una proposición alternativa que iba a votar todo el mundo, y que estaba
dentro de la racionalidad. Pero ahora este Senador confiesa que tiene una
confusión de Padre y muy Señor mío, cosa que no es rara, porque es un
modestísimo Senador.
El problema que se le presenta a La Coruña con el Hospital Militar es
similar al de Santa Cruz de Tenerife.
La sanidad en Canarias está como cinco o seis puntos por debajo de la
media nacional, no tiene las inversiones necesarias, pero hace un mes
hicimos el tremendo esfuerzo de recogerla acercando esa gestión a los
ciudadanos, pretendiendo que al acercarla y gestionarla íbamos a reducir
costos y mejorar la calidad, y la hemos absorbido.
El Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife, debido a una
reorganización de la sanidad militar, hace tiempo que está comenzando una
paulatina depauperación, y siento repetir argumentos que ya he dicho
aquí: no se cubren especialidades, no se incrementa la dotación de
implementos, etcétera. Pero, en definitiva, a los ciudadanos de la isla
de Tenerife, ¿qué les interesa? Que no desaparezcan las camas, que no
desaparezca el resto de la prestación sanitaria del hospital. Tenemos
unas listas de espera horrorosas y no estamos sobrados de camas
hospitalarias.
Si hemos absorbido las transferencias sanitarias, nos da exactamente lo
mismo el método que se utilice. Lo que queremos es que no se rebaje la
calidad de la prestación sanitaria de ese Hospital Militar; que no
desaparezca, por supuesto, pero que no se rebaje la calidad, que se
cubran las especialidades, que ese hospital siga prestando un volumen de
servicios sanitarios a esa Comunidad, sean militares con uniforme o con
uniforme de folclore, o sea, magos, como decimos en mi tierra, que vayan
vestidos como sea, pero que se preste la calidad sanitaria y no
desaparezca ni una cama, ni geriátrica, ni quirúrgica, ni de nada.
¿El método? El que sea, me da lo mismo. No entro en la «patrimonialidad»
porque, si es un elemento sanitario, alguien tendrá que decir que vaya a
la sanidad, a los otros elementos sanitarios que hacen la prestación. ¿Y
quién es en este momento? Ya no es el Insalud, es el Servicio de Salud
canario, pues que vaya al Servicio de Salud canario. ¿Cómo? Como la ley
lo diga, como la negociación o el convenio lo establezcan.
Si entramos a debatir este tema, cuando ya lo teníamos hablado, y me
empiezan a hablar de 2.000 millones de patrimonio y de que se va a vender
por solares, yo ya no entiendo nada.
¿Qué dice este Senador, que está en las mismas circunstancias que el de
La Coruña? No queremos que desaparezca el hospital, no creo que nadie lo
quiera; no queremos que desaparezca el volumen de prestación sanitaria
que da. Y administraciones responsables hoy y futuras de él, ¡allá que
hablen sobre las «perras»! Nosotros somos legisladores.
Además, ¿qué pasa aprobando una moción aquí? Nada, en esta Cámara lo que
valen son las proposiciones
de ley. Las mociones son obligaciones éticas y morales para los
gobiernos. Esté el gobierno que esté, a las mociones se le dan fondeos
administrativos, que se llaman, se meten en las últimas gavetas de las
mesas, en la mitad, en la de arriba si se va a sacar, esté quien esté.
Por tanto, arreglen ese tema de las dos Administraciones que tienen que
arreglarlo, la que va a ir y la que lo tiene ahora. Y no confundan más a
este pobre Senador.
Debido a la confusión, como sabio mago canario, me voy a abstener.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señor Barbuzano.
El Senador Sala tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.
El señor SALA I CANADELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo simplemente iba a exponer su posición sobre este
tema, pero ya que el Senador Cuevas ha hecho referencia a una cierta
derecha catalana --que los habrá más de derechas y más de izquierdas--,
quiero decirle, Senador Cuevas, que demagogia ninguna, porque nosotros no
tenemos votantes en Galicia. Nosotros hablamos con toda imparcialidad del
tema y del procedimiento administrativo, y me preocupa que Izquierda
Unida presentara en el Congreso de los Diputados una proposición no de
ley, que fue votada por mayoría en esta Cámara, en la que se expusieron
las mismas ideas que estamos planteando la mayoría de los que estamos hoy
aquí votando en ese sentido.
Por tanto, no veo ninguna demagogia en ningún sitio, es una posición.
Nosotros somos sensibles y compartimos la preocupación de los ciudadanos
de Galicia ante el problema del déficit de camas hospitalarias en su
Comunidad, así como la larga lista de espera que tienen que sufrir muchos
enfermos que tienen que ser visitados y atendidos. Todo este problema
podría tener una solución mediante el traspaso del Hospital Militar de La
Coruña, para evitar el cierre asistencial que tiene, a la Consellería de
Sanidad del Gobierno de la Xunta de Galicia, a través de unas
negociaciones --como hemos venido haciendo en Cataluña-- en profundidad y
efectivas, pues la necesidades así lo exigen.
Nuestro Grupo no ve que la viabilidad para conseguir ese traspaso sea que
el Ministerio de Defensa transfiera al Insalud la titularidad del
hospital, por tener ya totalmente traspasadas las atribuciones sanitarias
a la Xunta de Galicia, que es la única que puede responsabilizarse.
Creemos que la fórmula pasa porque la Xunta reciba toda clase de
facilidades, tanto económicas como políticas, por parte del Gobierno
actual, para que ello no sea una carga demasiado difícil de cumplir.
Expuesto nuestro criterio, sólo me queda dejar constancia de que nuestro
voto va a ser negativo a la moción por considerar inviable el
planteamiento a través del Insalud, y sí a través de las negociaciones y
acuerdos alcanzados entre las Administraciones de la Xunta y el
Ministerio de Defensa, y cuanto más baratas sean, mejor, y si puede ser
gratuito, mejor aún. Créanme, tienen que negociarlo, pues 350 puestos de
trabajo y 250 camas al servicio de los ciudadanos de Galicia así lo
exigen. Con todo pragmatismo, yo creo que es lo más viable.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sala (El
señor Hernández Cochón pide la palabra.)
¿Por qué pide la palabra, Senador Hernández Cochón?
El señor HERNANDEZ COCHON: Por el artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ustedes saben que en la última
reforma del Reglamento no hay turno de portavoces en estas mociones. Le
doy un minuto de tiempo, pero que no sea un turno solapado de portavoces.
Tiene la palabra.
El señor HERNANDEZ COCHON: Muchas gracias, señor Presidente.
La actitud del señor Barreiro lo descubre claramente. Esas exclamaciones
de «mover el morro», «decir mentiras» etcétera, nos hacen ver que usted
está absolutamente mediatizado por el Ministerio, por el Gobierno, que le
obligan a adoptar aquí una determinada actitud. Pero usted no quiere
llegar a La Coruña y enfrentarse como se va a tener que enfrentar con la
gente de allí y con el hospital militar.
He dicho antes que a aquellas manifestaciones asistió toda la población.
Tengo que rectificar: solamente asistió el sector guerrista del Partido
Socialista y no lo hizo el conservador. (Protestas en los escaños de la
izquierda.--Aplausos en los escaños de la derecha.)
Con el permiso del señor Presidente voy a contestar a su pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Con muy poco permiso, señor
Senador.
El señor HERNANDEZ COCHON: Preguntaba usted si había camas cerradas en el
Hospital Militar de La Coruña. Pues bien, no las hay gracias a la
interpelación de este Senador. El Ministro se tuvo que comprometer
aquí a no cerrarlas porque ya estaban cerradas según este oficio que
salió el día 2 de febrero de 1994.
Usted traía el discurso preparado y pone en mi boca cosas que yo no he
dicho. Yo no he dicho en absoluto que la Xunta de Galicia ni tiene que
poner un duro. (El señor Barreiro Gil pronuncia palabras que no se
perciben.) Usted trae el discurso preparadito e independientemente de lo
que se diga aquí usted suelta su rollo, queda bien con su Ministerio y
trata de quedar bien con la población de La Coruña y con los trabajadores
del hospital militar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le ha terminado el
tiempo. Debería usted terminar.
El señor HERNANDEZ COCHON: Perdone usted, señor Presidente, pero es que
el señor Barreiro ha hablado también del Hospital de Lleida. Y eso que ha
dicho sí que es una mentira. En Lleida no han vendido un hospital; esto
no es cierto, han vendido un edificio que en su momento fue hospital y lo
han vendido para otros fines que no son los fines hospitalarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, usted debe terminar ya,
por favor. Termine su discurso. Está usted haciendo un turno en contra.
El señor HERNANDEZ COCHON: Señor Presidente, he hecho una precisión
exclusivamente. (Protestas y rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, le pido que termine.
El señor HERNANDEZ COCHON: Termino, señor Presidente.
Es verdad que mi Grupo hace 290 días votó a favor de una proposición no
de ley presentada por Izquierda Unida. Pero nosotros habíamos presentado
esta moción el día 22 de febrero, aunque por circunstancias que usted
conoce bien no se ha podido debatir hasta este momento. Es muy anterior a
todo lo demás.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, le agradezco su
intervención. Termine ya.
El señor HERNANDEZ COCHON: Muchas gracias, señor Presidente.
Los trabajadores del Hospital Militar de La Coruña saben quién los
defiende y quién no. (Aplausos en los escaños de la derecha.--Protestas
en los de la izquierda.--El señor Barreiro Gil pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias. Tiene la palabra el
Senador Barreiro por un minuto. Le pido que no me lo ponga tan difícil.
El señor BARREIRO GIL: Muchas gracias, señor Presidente.
No se lo pondré difícil. No pretendo hacer trampeo reglamentario para
hablar.
El Senador Hernández Cochón hizo, en su momento, referencia en la tribuna
a que alguien le había dicho que podría ser ilegal la asunción de ese
hospital en Galicia por el Insalud. Se lo dije yo, sentados ambos en
estos dos escaños, en una larga conversación buscando soluciones. También
él me dijo en esta conversación privada que él lo que quería era que a la
Xunta no le costase un duro. Lo digo para que queden claras las alusiones
de cada cual. Yo las palabras que digo en privado las mantengo en
público, y no tengo ningún reparo en que me las conteste usted en la
tribuna o donde la parezca bien. Pero para no hacer con este turno,
porque me lo ha pedido el señor Presidente, un trampeo reglamentario, voy
a proponer una nueva vía de acercamiento, sin leerles el texto que el
Grupo Parlamentario Socialista propuso en su momento junto a otros
acuerdos, que no puede tramitarse porque el señor Hernández Cochón se
niega.
El señor Hernández Cochón manifiesta su respeto y admiración por función
institucional del señor Alcalde de La Coruña. Otros grupos
parlamentarios, incluido el de Izquierda Unida, que va a posicionarse
contra nosotros en esta moción, también lo han hecho. Propongo que el
señor Alcalde de La Coruña ejerza las funciones de mediación y
dinamización de las negociaciones que la Administración central y la
Administración autónoma deben tener en esta cuestión para buscar una
solución en la que no tengan que darme turnos psiquiátricos de réplica.
Gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.--El señor Cuevas
González pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con mucha brevedad. No quisiera que las palabras que he
dicho en la tribuna se hubieran malentendido. Solamente he reflejado la
situación que hay. Les repito que no quiero que se tomen a mal las
palabras que he pronunciado en la tribuna. He descrito una situación que
existe.
Yo tengo mucho respeto por la derecha democrática, por la izquierda
democrática, por el centro democrático y, sobre todo, por todos los
demócratas. Quiero que esto quede claro. No quiero ni pataleos ni
aplausos.
Al compañero del PSOE quiero dejarle una cosa clara. Yo no voy a votar
contra el PSOE. Voy a votar a favor
de la gente de La Coruña para que se mantenga su hospital comarcal.
(Aplausos.) Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado por la que se insta al Gobierno de la nación a que no se adopte
medida alguna de cierre, reducción o transformación del Hospital Militar
de La Coruña y se propone, como fórmula alternativa para el caso de que
dicho Hospital no resultara necesario para los fines de la Defensa, que
se proceda a afectarlo al Ministerio de Sanidad y Consumo para que pueda
ser transferido a la Comunidad Autónoma de Galicia junto con los créditos
necesarios para su adecuado mantenimiento.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 94; en contra, 115;
abstenciones, 10.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado el texto de la
moción.
--DEL GRUPO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE NEGOCIE ANTE LA UNION EUROPEA, EN EL MARCO DEL CONSEJO DE
MINISTROS DE PESCA, LA PROHIBICION DEFINITIVA DE LAS VOLANTAS PARA LA
CAPTURA DE TUNIDOS DE CARA A LA NUEVA CAMPAÑA (622/000063).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la moción que presenta
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se
insta al Gobierno a que negocie ante la Unión Europea, en el marco del
Consejo de Ministros de Pesca, la prohibición definitiva de las volantas
para la captura de túnidos, de cara a la nueva campaña.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gangoiti. (Rumores.)
Señorías, les pido silencio para escuchar con atención la intervención
del Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
El objetivo de la moción que presentamos es, como se dice en ella, que de
cara al Consejo de Ministros de Pesca del próximo día 10 de junio de la
Comunidad Económica Europea, se llegue a un acuerdo para prohibir
totalmente el uso de las volantas.
Son múltiples las razones que avalan nuestra tesis. En primer lugar,
mencionaré razones de tipo ecológico. Todos sabemos que las redes de
malla a la deriva, las volantas, están causando un gran daño a la flora
marina. Todavía en otoño del año pasado, el Comité Científico y Técnico
de la Pesca de la Comunidad Económica Europea cifraba en 1.600 los
delfines que son capturados ilegalmente por el uso de estas volantas, de
estas redes de malla a la deriva. Pero, además, estas redes, que han sido
denominadas como redes de la muerte y que sólo son utilizadas por la
flota francesa de bajura, podrían llevar a una situación, en el caso de
que las demás embarcaciones decidieran utilizarlas, preocupante, pues se
crearía un espacio de redes a lo largo del mar de cerca de 5.000
kilómetros.
Por otro lado, les diré, de cara a la defensa de los intereses del
consumidor que en una Europa en la que gracias al Tratado de Maastricht
se relanza la defensa de los intereses del consumidor, los productos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Gangoiti, espere un
momento, por favor.
De veras, señores Senadores, que se hace muy difícil mantener el nivel de
atención mínima para el que quiera seguir con detenimiento lo que está
expresando el Senador que tiene el uso de la palabra.
Les pido que si tienen que mantener alguna conversación larga no la
tengan en esta Sala de Plenos. Creo que el respeto mutuo que nos
merecemos exige un grado de atención colectiva suficiente como para
permitir que quien quiera escuchar pueda hacerlo.
Les agradezco de veras su atención.
Puede continuar, señor Senador.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Tal y como decía, de cara a la defensa de los intereses del consumidor,
los túnidos pescados por este método resultan de calidad inferior --por
una serie de razones en las que no me voy a extender-- en comparación con
los pescados por nuestra propia flota artesana. Pero existe también otra
razón: la competencia desleal que significa este arte; e incluso hay
otras más.
El Parlamento Europeo, en la sesión del 11 de octubre de 1991, ya se
pronunció a este respecto al pedir la abolición total, a partir del día
31 de diciembre del pasado año, de las volantas de más de cinco
kilómetros, y todavía recientemente, también en el año 1993, el propio
Parlamento Europeo ha pedido la desaparición total de este tipo de arte
de pesca nociva. También las Naciones Unidas se pronunciaron en una
resolución por la que pedían a los Estados miembros que para el 31 de
diciembre de 1992 no se utilizasen en ninguno de los mares del mundo este
tipo de arte. Dentro de la propia Comunidad Económica Europea, 35.000
pescadores están en contra de este arte frente a unos 300 ó 400, todos
ellos de origen francés, que son los que están utilizando estos métodos.
Pero es que, además, nos encontramos ante un tipo de arte depredadora
que, por otra
parte, no tiene tradición alguna. Este arte lo introducen los pesqueros
franceses más o menos hacia 1986, coincidiendo con nuestra adhesión a la
Comunidad Económica Europea, y ante un hecho muy claro: la mayor
capacidad, mayor cualificación de nuestra flota llevó a los franceses a
tomar este tipo de decisión.
Desde que la flota francesa introdujo este tipo de arte, la ilegalidad en
que han estado faenando es constante. Una comunicación de la Comisión de
Pesca al Consejo de Ministros de la CEE, de fecha 8 de abril de este
mismo año, decía que aunque sólo 37 buques franceses estaban autorizados
para operar con estar redes, en la actualidad son 64 los buques que están
actuando de esta forma. Por tanto, la gran mayoría de buques que han
faenado con redes de enmalle a la deriva lo han hecho ilegalmente. Esto
lo dice la Comisión de Pesca de la Comunidad Económica Europea, como
acabo de decir, en una comunicación del día 8 de abril del presente año.
Esta ilegalidad llevó también a la propia Comunidad a lo largo del pasado
año a levantar diversas actas de infracción, actas que en estos momentos
se encuentran ante la Corte de Justicia de Luxemburgo y sobre las que no
ha habido ninguna sentencia al respecto.
La situación es grave, además, porque nos encontramos en vísperas de que
empiece la costera del bonito. Aparte de que todo ello supone un desafío
intolerable, es realmente preocupante que el Ministro de Pesca francés
haya anunciado ya que los barcos franceses saldrán a pescar con estas
redes de enmalle a la deriva. Desde luego, los pescadores, en especial
los de la isla de Yeu, ya se han manifestado a ese respecto.
Todo esto es grave porque significa un desafío a la legislación
comunitaria por parte de un Ministro de la propia Comunidad, y es grave
también por el sistema de control de las aguas comunitarias que llevan a
cabo los Estados.
En lo que a temas de control se refiere, hemos asistido hace unos quince
días a una reunión celebrada con motivo del conflicto de la anchoa --lo
recordarán sus señorías--, en la que pudimos constatar que cuando se
produjo ese conflicto entre los buques del Cantábrico y los buques
franceses se encontraban allí dos patrulleras francesas, la «Reseda» y la
«Mauve», que permanecieron impasibles ante el hecho de que su flota
estuviera faenando ilegalmente ya que no tenían derecho a seguir pescando
anchoa al haberse cubierto ya la cuota comunitaria. Esta actitud era muy
diferente a la que se produjo en el año 1983 -- también lo recordarán sus
señorías-- cuando un buque francés sorprendió a un barco de Ondárroa que,
según las autoridades francesas, estaba pescando ilegalmente. La actitud
de dichas autoridades fue la de optar por lanzarle un cañonazo.
Por tanto, como les iba diciendo, en vísperas de que comience esta nueva
costera de los túnidos, nos encontramos ante una situación terriblemente
difícil. Francia está convirtiendo el mar en la selva y, en definitiva,
está sustituyendo el derecho del mar por la ley de la selva, por la ley
del más fuerte.
Podríamos preguntarnos si existe una política pesquera comunitaria o si
en realidad lo que existe es una política francesa que hace lo que quiere
en el ámbito de la Comunidad Económica Europea.
Ante estos hechos, creo que es necesario adoptar una serie de medidas
para salvaguardar los intereses de nuestros pescadores. En este sentido,
es posible que tengamos que empezar a plantearnos si mientras Francia
sigue conservando estas artes no habrá que prohibir la importación de
túnidos en el Estado español.
Existen razones técnicas para examinar el tamaño y el peso, existen
razones sanitarias para llevar a cabo de alguna forma un cierre legal de
las fronteras a ese respecto, y es que se da un hecho terriblemente
curioso: la francesa es la única flota de toda la CEE que pesca con estas
artes depredadoras, pero el único mercado al que venden sus productos es
el mercado del Estado español, y es que los conserveros franceses --y
aquí aparece una de las grandes paradojas-- no compran esos túnidos
pescados con volantas porque saben de su baja calidad por las razones que
antes he citado.
El que los franceses continúen en esta actitud puede provocar el cese de
las importaciones a los Estados Unidos de túnidos que hayan sido pescados
por países pertenecientes a la Comunidad Europea. Los Estados Unidos ya
han anunciado que si se sigue faenando en aguas del Golfo de Vizcaya con
volantas --por una serie de razones a las que no me voy a referir
ahora--, prohibirán la exportación de túnidos a la Comunidad Económica
Europea.
En consecuencia y resumiendo, tal y como decía, estamos ante una
situación difícil. El día 10 de junio se va a celebrar un Consejo de
Ministros de Pesca en el que se deberá tomar una decisión al respecto,
pero antes de ese día comenzará la costera de los túnidos. En nuestra
opinión, hay que exigir, antes de dicha fecha, un auténtico control de la
actitud de los barcos franceses para que no actúen como lo están haciendo
hasta ahora. Por tanto, a partir de la celebración de ese Consejo de
Ministros, el Gobierno español deberá proponer e intentar conseguir la
prohibición total de este arte de pesca y no sólo su reducción a los dos
kilómetros y medio, como se está diciendo ya por parte de las autoridades
francesas, ya que ésa es la gran trampa. Está demostrado y reconocido
científicamente por todos que estas redes de enmalle a la deriva sólo son
rentables si tienen siete u ocho kilómetros como mínimo, es decir, un
kilómetro por tripulante, pero si tienen dos kilómetros y medio --éste es
uno de los planteamientos que hace ahora el Consejo de Ministros de la
Comunidad-- no son rentables en absoluto. El problema está en que si se
permiten redes de dos kilómetros y medio,
que no son rentables, ¿quién va a controlar si las redes que sueltan los
buques franceses en las aguas del Golfo de Vizcaya van a ser de dos
kilómetros y medio --no lo van a ser porque no son rentables-- o van a
ser de ocho o diez kilómetros?
En este sentido, conviene recordar que el alcalde de un puerto francés,
una de las personas más beligerantes en este tema, el señor Lataillade,
Presidente a su vez de la Subcomisión de Pesca del Parlamento Europeo, ya
en el debate que se celebró el día 11 de octubre de 1993, que he
mencionado antes, cuando dicho Parlamento se pronunciaba por la abolición
de las volantas de cinco kilómetros para estos usos, proponía que incluso
se tenía que llegar a volantas de ocho o diez kilómetros por las razones
que he mencionado.
Por tanto, señorías --y acabo ya--, nosotros presentamos esta moción para
reforzar la postura negociadora del Gobierno español en el Consejo de
Ministro de pesca del día 10 de junio y conseguir, de una vez por todas,
la abolición total de las volantas.
Quiero decir también que hemos asistido recientemente al conflicto de la
anchoa y que el verano pasado ya hubo importantes incidentes entre
nuestra flota y la francesa, precisamente con motivo de la utilización de
este arte de pesca. Y quiero advertir que, si no se pone coto a esto, si
el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea no adopta el
día 10 de junio la decisión que estamos proponiendo y si antes de esa
fecha no hay un control del cumplimiento de la legislación comunitaria,
nos podemos encontrar ante gravísimos incidentes durante los meses de
julio y agosto en aguas del Golfo de Vizcaya. En el caso de que eso se
produzca --y no estoy, ni mucho menos, animando a nadie a que lleve a
cabo actuaciones violentas, porque no corresponde a mi forma de ser--,
sólo habrá dos responsables: el Gobierno de París, que infringe la
legislación comunitaria, y el Comisario de Pesca, señor Paleokrasas, que
no es capaz de tomar una decisión al respecto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
¿Turno en contra? (Pausa.)
En turno de portavoces, y en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el
Senador Petrizán.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a aprovechar el turno de portavoces para anunciar la
posición favorable de Eusko Alkartasuna, y también del Grupo Mixto,
respecto de esta moción. Esta mañana, representantes de todos los grupos
hemos mantenido una reunión con los de las cofradías del Cantábrico --de
la Comunidad Autónoma Vasca, Cantabria, Asturias y Galicia-- para tratar
de los problemas de la pesca, en general, y de estas artes, llamadas
volantas, en particular, que han sido objeto de esta moción.
Tras esta reunión, sumada a los acontecimientos de la semana pasada en la
denominada «guerra de la anchoa» --a la que también ha aludido el señor
Gangoiti--, tengo que hacer patente mi perplejidad por el comportamiento
de la Administración española con respecto al sector pesquero.
Llama poderosamente la atención que el sector pesquero del Cantábrico
crea que está en una absoluta indefensión ante las repetidas
transgresiones del sector pesquero francés, que incumple los reglamentos
comunitarios con total desfachatez, año tras año, campaña tras campaña,
sin que pase absolutamente nada. Según las palabras de los representantes
de los pescadores, éstos no se sienten representados ni defendidos por la
diplomacia española, a la que acusan, como mínimo, de pasividad ante las
infracciones repetidas de la flota francesa.
Es curioso comprobar que las autoridades francesas han tomado medidas
--como, por ejemplo, precintar las redes pelágicas el jueves o el viernes
de la semana pasada--, no tras los esfuerzos diplomáticos del Ministerio
correspondiente, sino después de que quedara patente la postura de fuerza
que han mantenido los propios pescadores en la ya citada «guerra de la
anchoa». En el futuro, podremos hablar de la «guerra del bonito», en la
costera que se realizará dentro de poco tiempo.
Por tanto, el sentido de mi interpelación es exigir al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca un comportamiento duro y exigente ante
esta cuestión, tanto a la Unión Europea, como, especialmente, a la
Administración francesa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Petrizán.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Travieso
Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero expresar nuestro apoyo a la moción que acaba de
presentar el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, asumiendo todos los
argumentos expuestos por el Senador Gangoiti, que reflejan claramente la
razón que se tiene en este asunto. Por tanto, reitero nuestro apoyo pleno
a esta moción, que creemos muy oportuna y necesaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Travieso.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ferrer i
Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para expresar la posición del Grupo Catalán
de Convergència i Unió y, a pesar de que no quiero que mi intervención
sea muy extensa, por respeto a los pescadores que han estado reunidos
esta mañana con los representantes de todos los grupos políticos, quiero
manifestarles el apoyo de nuestro Grupo.
La moción presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos se
refiere a su preocupación por el daño que está ocasionando la actual
situación de incumplimiento de la legislación comunitaria por parte,
sobre todo, de la flota francesa. Y nuestro Grupo comparte totalmente
esta preocupación que existe en este sector de la pesca, al igual que en
el caso de otros sectores, en los que se producen agresiones por otros
países de la Unión, de las cuales el Gobierno no acierta a defenderse.
Por otro lado, dicha preocupación está totalmente justificada si vemos
los negativos efectos --sobre todo, económicos-- que está produciendo
para la flota que se dedica a pescar túnidos artesanalmente --y que
faena, sobre todo, por la cornisa cantábrica--, lo que, de forma
subsiguiente, también ocasiona daños en la industria conservera del norte
de la Península. De no arreglarse, esto podría obligar al amarre de
muchos barcos que se dedican a faenar en estas pesquerías tan
tradicionales y antiguas, ocasionando la desaparición de centenares de
puestos de trabajo, ya que se encuentran en una situación de clara
desventaja al verse sometidos cada día a conflictos, que no cesarán
mientras no se remedie el problema.
En este sentido, Francia continúa utilizando las volantas, las redes de
enmalle a la deriva estableciendo una competencia desleal y perjudicando
gravemente la actividad de este tipo de pesca llevada a cabo por la flota
vasca, pero que también afecta a todos los pescadores de la cornisa
cantábrica. La flota francesa, o su Administración --que ha sido citada
por el representante del grupo de Senadores Nacionalistas Vascos--, está
haciendo caso omiso de las medidas propuestas por el Reglamento 345/92 de
la Unión Europea, y del posicionamiento en contra que tuvo, en su día, el
Parlamento Europeo en sesión plenaria.
Por otra parte, muchos países han eliminado las artes de volanta por los
perjuicios que ocasionan a toda la flora marina; especialmente, desde el
punto de vista ecológico, ya que se arrasa todo y daña directamente a
otras variedades pesqueras. Además, hay que referirse a la inferior
calidad de los atunes pescados por este procedimiento. El Senador
Gangoiti no se ha referido a esta cuestión, a la que yo, aunque no soy
especialista en pesca, voy a hacer mención, ya que un atún pescado y
puesto enseguida en cubierta tiene una calidad muy superior a la de otro
capturado en volanta, que a lo mejor está durante veinticuatro horas
muerto entre ese amasijo de peces que esa red fantasmagórica va
recogiendo por los caladeros de nuestros mares. Por otro lado, este
procedimiento hace menos competitiva la flota artesanal, porque es obvio
que los costes de este arte de pesca son mayores que los que suponen esa
red kilométrica que lo arrasa todo y que con menos esfuerzo recoge muchos
más kilos de pescado.
Por lo que estoy diciendo, es obvio que nuestro Grupo apoya la moción
presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Anteriormente
apoyamos en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, que
se presentó el 26 de octubre del año 1993, que insta al Gobierno para que
negocie ante la Unión Europea --y pueda decir que tiene el apoyo, yo
quisiera que fuera total, de esta Cámara, del Senado, porque el Consejo
de Ministros del 10 de junio está muy próximo-- la prohibición definitiva
de las volantas para la captura de túnidos, cara a la nueva campaña que
va a iniciarse, aproximadamente, dentro de un mes.
Pero antes de acabar, nuestro Grupo quisiera hacer una última reflexión.
La entrada en la Comunidad en el año 1986 despertó grandes ilusiones,
grandes expectativas que en este momento, de no corregirse ciertas
actuaciones gubernamentales, pueden convertirse en una desilusión
desesperada.
Desde nuestro punto de vista, esto tendría que obligar al Gobierno del
Estado, por una parte, a una constante y continuada defensa no sólo de
los intereses de este sector de la pesca, sino de todos; y, por otra, a
vigilar el cumplimiento estricto por todos los países de la Unión de toda
la legislación de todas las normas que se vayan aprobando a continuación.
Y tiene mecanismos que se deben utilizar, ya sea amparándose en cláusulas
de salvaguarda o en controlar el cumplimiento de los contingentes que en
algunos casos se aprueban para no perjudicar los intereses económicos de
los colectivos del Estado que se dedican a las artes de la pesca, a las
frutas y hortalizas o a otras actividades económicas.
El otro día decía en la Comisión de Agricultura --mi compañero Companys
es testigo; él mismo también lo ha dicho, aunque creo que muchas veces se
dice injustificadamente que al Senado le queda tiempo para hacer otras
actividades parlamentarias-- que se podrían crear ponencias o
subcomisiones de control para que se ejerciera un seguimiento estricto y
permanente del cumplimiento de las normas por parte de todos los países e
ir denunciando seguidamente los incumplimientos a nuestro Gobierno para
que estuviera informado de cuál es la situación de los TAC en el caso de
la pesca, de la estabilidad relativa, de las cuotas, etcétera. Es decir,
se trata de que exista un respeto total a las normas que se van aprobando
sucesivamente. Hay que hacerlo
así. Hoy están indignados los pescadores por la situación de los túnidos
y se hace la «guerra de la anchoa» o del atún, pero hace cuatro días se
hacía la «guerra de las fresas» porque quemaban los camiones, una vez que
habían traspasado las fronteras, o la de las frutas y hortalizas. Existe
un desafío constante por parte de ciertos países, que demuestran tener un
apoyo de sus Gobiernos para realizar estas acciones, porque si no,
seguramente no lo harían.
Esto necesita una solución inmediata, porque si no, van a tener razón
aquellas voces que en su día se oponían a nuestra integración a la Unión
Europea, y yo creo que ni el Gobierno ni nosotros deberíamos consentirlo
y tolerarlo.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ferrer i
Profitós.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Blanco.
El señor BLANCO ROUCO: Señor Presidente, señorías, traer a esta Cámara la
presente moción es asunto de gran actualidad e interés para los
trabajadores españoles de la mar, en especial, para aquellas regiones
españolas de la cornisa Cantábrica que tienen en la captura de túnidos
una de las principales fuentes de sus recursos pesqueros. Me refiero
principalmente a Galicia, al País Vasco y, en la misma medida, a
Cantabria y a Asturias.
La gran actualidad es que estamos a las puertas de la costera del atún,
la cual --si Dios no lo remedia-- traerá problemas sin fin, como ha
ocurrido ya en el pasado verano con el amarre de la flota del Cantábrico,
a causa del uso de este arte de pesca por los pescadores franceses.
España, por medio del Gobierno, como todas sus señorías saben --y se ha
dicho hoy en esta Cámara abundantemente-- está a la vanguardia en la
lucha contra este arte. Esta pugna, en la que el Gobierno fue asistido
por todos los partidos políticos presentes en las diversas Cámaras en
varias ocasiones, parece que de nada sirvió; ya sea por debilidad ante la
Unión Europea, ya sea porque otros intereses nacionales son capaces de
amortiguar y debilitar las exigencias de nuestro Gobierno. Convencido
éste de que las capturas obtenidas con este arte de pesca eran nocivas
para la conservación no sólo del atún, sino de otras especies,
comerciales o no, lo ha prohibido en España desde el año 1990. Desde
entonces, el Gobierno español, atendiendo al sentir general, en todos los
foros en que ha tenido participación se ha puesto siempre en contra de
estas artes de pesca: en las Naciones Unidas, en la FAO, en el ICAP y en
la Unión Europea.
De esta manera, en octubre de 1992, en el Consejo de Ministros de la
Comunidad Europea, se aprobó el Reglamento 345/92, que prohíbe el uso de
redes superiores a 2,5 kilómetros de longitud. La política común pesquera
se ponía un poco de acuerdo con las aspiraciones españolas. Esta
prohibición fue un gran paso, pero no el definitivo, y la imperfección de
la Ley originó un sinfín de problemas entre los españoles y franceses,
que son los pescadores más cercanos e interesados en la captura del atún
o del bonito del norte.
El Reglamento 345/92 permitió una excepcionalidad aplicada a un número
reducido de barcos franceses --37 en total--, que podían faenar con redes
de hasta cinco kilómetros de largo hasta el 31 de diciembre de 1993. A
partir de esta fecha, era necesario solicitar una prórroga o su
eliminación total. Esta excepcionalidad permite abrigar serias dudas de
que la normativa 345/92 se cumpla en los términos establecidos y en el
momento actual, ya que se sabe que para que sea rentable --como se ha
dicho en esta Cámara-- el enmalle a la deriva, se necesita un kilómetro
de red por tripulante de barco. Por ello, y pensándolo bien, el enmalle
de 2,5 kilómetros es una excusa para poder continuar faenando con artes
de más de dos kilómetros y medio e, incluso, de cinco.
Se tiene conocimiento de que en el Cantábrico se están usando redes de
más de cinco kilómetros, como también en el Mediterráneo en donde hace
pocos días fueron apresados dos barcos con mallas de 12 y 18 kilómetros.
¿Quién puede controlar, señorías, a los buques de bandera, cuando los
propios países se resisten a eliminar el uso de las redes de enmalle a la
deriva? Y aquí arranca el verdadero sentido de la moción presentada por
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y que ya en
varias ocasiones ha sido motivo de varias iniciativas en el Congreso de
los Diputados por parte del Grupo Parlamentario Popular, entre las que se
encuentran --por citar las más recientes-- la proposición no de ley, de
fecha 17 de agosto de 1993, por medio de la que se insta al Gobierno para
que se mejore la situación por la que atraviesan los pescadores españoles
del bonito y una nueva proposición no de ley, con fecha de 22 de
noviembre de 1993, relativa a la prohibición de la comercialización de
especies pesqueras capturadas con artes prohibidos. Ambas iniciativas
fueron aprobadas por unanimidad.
También en esta Cámara el Senador Font Barceló, del Grupo Parlamentario
Popular, ha hecho una pregunta al Gobierno en relación con el control de
los barcos pesqueros con redes a la deriva en la zona de Baleares. Por
ello, el Gobierno de España debe plantear con la máxima energía ante la
Unión Europea que se erradique de una vez el uso del arte de pesca de
enmalle a la deriva.
Es necesario, como primera medida, que no haya prórroga de la moratoria,
petición apoyada ante la Comunidad por varios Comisarios europeos, entre
ellos el señor Matutes, para evitar daños ecológicos, riesgos de
perturbaciones sobre el mercado, eventual reacción de la opinión pública
y porque, vigente el Reglamento de la red de 5 kilómetros, es imposible
hacer controles más eficaces.
Francia, pese a todo, está empeñada en impedir la prohibición de este
arte de pesca. Y pese a la decisión de la Comisión de Pesca de la Unión
Europea de aplazar hasta el 10 de junio próximo tomar una decisión sobre
la derogación o no de la malla de 5 kilómetros de largo y la supresión de
los 2,5 kilómetros, pese a todo, Francia dice que en la actual campaña
del atún utilizará el enmalle de 5 kilómetros actualmente prohibido.
Esto hay que evitarlo a toda costa, señorías, no sea que la animosidad
latente de los presidentes de las cofradías del Cantábrico, que hoy hemos
visto que está a flor de piel, irrumpa con violencia entre los pescadores
de ambos países, hechos que lamentaríamos y que se van a producir, y de
los que tendría la máxima responsabilidad el Gobierno de la nación. No
podemos ahora hablar de los acuerdos de Noruega y demás, cuando, según
las mismas cofradías, en un plazo de dos o tres años la flota de bajura
estaría totalmente destruida si los franceses continuasen con este arte
tan depredador.
Por lo anteriormente expuesto y por lo que ya se ha dicho en esta Cámara,
hay suficientes razones por las que se debe exigir que el enmalle a la
deriva quede totalmente prohibido; causas científicas y ecológicas no
deseables, ya que es un arte no selectivo causante de gran mortandad en
especies no comerciales y comerciales, cuya cantidad capturada muchas
veces supone el 80 por ciento de lo capturado; por razones de
productividad y de hacer una pesca responsable, en orden a la
explotación, conservación y ordenación de los recursos vivos; por razones
económicas, ya que evita la competencia desleal de un producto que se
vende casi íntegramente en nuestro país y en condiciones de precio mucho
más ventajoso para el pescado importado que para el capturado por
nuestros propios pescadores, que hacen una pesca artesanal, frente a una
pesca esquilmadora y deslealmente competitiva; por razones de calidad, ya
que el atún capturado con redes de enmalle a la deriva es de peor calidad
que el capturado con otras artes y, por razones obvias, más barato; por
razones sociales, anteriormente dichas, que quizás son las más
importantes y las que tenemos que impedir, en evitación de problemas y
enfrentamientos violentos entre nuestros pescadores y los franceses, que
arrojan ante nuestros pescadores las redes de enmalle, mientras que a los
nuestros les está prohibido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular apoya la moción del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en los mismos términos en
los que está planteada, los de prohibir totalmente este arte de enmalle a
la deriva, para lo cual el Gobierno español ha de utilizar con urgencia
la fuerza que le otorgan las Cámaras, las cofradías, los propios
pescadores y armadores, los grupos ecologistas, sin olvidar otras medidas
propias de un buen Gobierno, como son la sensibilización del problema a
instancias superiores, la persuasión, los acuerdos políticos y
diplomáticos, llegándose, si fuese el caso, a medidas más contundentes
--que también se han expuesto en esta Cámara-- como vetar la entrada de
productos de pesca provenientes de Francia u otros países que hagan uso
de este arte de pesca, que, tal como ya se ha solicitado y aprobado en el
Congreso de los Diputados, solicitamos desde aquí y el propio señor
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado ya en algún
momento, ante la decisión francesa de pescar con mallas de más de dos
kilómetros y medio de longitud en la presente costera.
Así pues, el Grupo Parlamentario Popular apoya la moción del Grupo Vasco
en los términos establecidos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Blanco
Rouco.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna, por indicación del Grupo Parlamentario Socialista,
con muchísima ilusión, con muchísima alegría y con muchísimo
convencimiento. Lo digo porque, aunque sea el último punto del orden del
día y afecte casi en exclusiva a las regiones periféricas y marítimas,
sin duda alguna éste es un problema de Estado y, en consecuencia, el
Senado, en esta moción que va a provocar la unanimidad de todos, tiene
que transmitir la conciencia política de España en los foros
internacionales y tiene que ser un auténtico aldabonazo. Por eso, cuanto
se diga aquí para defender la pesca tiene que ser claro, rotundo y
enérgico.
Los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han explicado
ya prácticamente todo y, por tanto, a uno le quedan pocas lagunas,
solamente las que se han dejado los diferentes grupos parlamentarios.
Pero, sin duda alguna, si se combina lo que es el análisis de la mente
con el del corazón, creo que aún se puede complementar alguna que otra
cuestión.
Primero, cómo se debe conformar esa política pesquera común que los
pescadores están sufriendo. Sabemos que es desagregada y que es a varias
velocidades. Está desagregada por materias, por especies, por zonas, por
criterios y está a varias velocidades, porque está en función de las
coyunturas, de las ampliaciones, de los nuevos escenarios. Los pescadores
españoles saben de forma cierta que existen algunos incumplimientos por
parte de algunos Estados, que existen ciertas discriminaciones para
ciertos Estados y que existen
ciertas contradicciones dentro de la propia política pesquera. Y en esos
incumplimientos, esas discriminaciones y esas contradicciones debemos
encajar el gran problema de las volantas o artes de enmalle a la deriva.
Creo que se tiene conciencia clara en la costa española, no solamente en
el Cantábrico sino también en el Mediterráneo, de que la utilización de
estas artes de pesca tiene efectos negativos. Desde el punto de vista
ecológico, existe una gran presión al utilizar este tipo de arte sobre
los recursos, que va a depauperar progresivamente los «stock» pesqueros,
repercutiendo negativamente en lo que son las expectativas de futuro. Por
tanto, si desde el punto de vista ecológico es malo o digamos que no es
bueno, tratemos de atajar y de paliar los efectos de utilización de estas
artes de pesca.
Desde el punto de vista de la calidad del pescado, sin duda alguna
estamos aquí ante un arte de pesca que diferencia claramente lo que son
las artes de pesca selectivas y las artes de pesca no selectivas,
concretamente el enmalle a la deriva, que tiene unas características
especiales que la convierten en la más depredadora. Como dijo con gran
acierto el Senador Gangoiti, son las especies de las redes de la muerte.
Asimismo, políticamente podemos distinguir algo que todos los portavoces
de los grupos parlamentarios han recalcado. Desde el punto de vista
jurídico, la Unión Europea tiene ya dictaminada, a través de su
reglamento, la limitación de dichas artes y el Parlamento Europeo se
posicionó en contra de la utilización de dichas artes. Desde el punto de
vista político, Naciones Unidas recomienda la eliminación en todos los
mares de estas grandes redes de enmalle a la deriva. Y, también desde el
punto de vista político, los Estados deben cumplir el último convenio que
han firmado, como es el Convenio de la Biodiversidad y el Cambio
Climático de Río de Janeiro, cuyo resultado será el establecimiento en la
nueva convención de Cancún de un nuevo concepto, que es el de pesca
responsable, y un nuevo código de conducta que debe ser asumido por todos
los Estados. En consecuencia, si la Unión Europea ya tiene su Reglamento
y si los Estados han firmado la Convención de Río, deberán cumplirlo de
forma taxativa.
Pero desde la óptica de la ordenación pesquera, que es lo que preocupa a
los armadores, a los trabajadores, a los marineros, al sector pesquero
español, ellos establecen otros tres criterios que vale la pena mencionar
para complementar las informaciones y los discursos que los portavoces
han realizado esta mañana.
Primero, las artes de deriva ocupan un espacio marítimo muy grande e
impiden que trabajen otras artes. Segundo, tecnológicamente es un
material que está pescando de forma permanente a lo largo de mucho
tiempo. Tercero, capturan por ese mecanismo otras especies distintas al
objeto inicial que se ha buscado.
En consecuencia, estos tres argumentos que los armadores y tripulantes de
nuestros barcos utilizan para defender las artes selectivas,
tradicionales y un código de conducta pesquera responsable, es lo que
favorece que los grupos políticos y la conciencia política española
lleven a plantear cuáles son las acciones que se deben emprender.
Sus señorías han citado el Reglamento de la CEE 345/1992. Ahí se
consideraba de forma taxativa que la expansión y el incremento de la
pesca con redes de malla y de deriva puede presentar serios
inconvenientes, y recomendaba que no se utilizaran estas artes. Y estas
artes, además, están siendo utilizadas por un país comunitario, están
siendo tímidamente utilizadas por otro país comunitario en el
Mediterráneo, y están siendo contagiados miméticamente otros países
comunitarios como el inglés y el irlandés. Si tenemos que las Naciones
Unidas, que el ICAD, que el Parlamento Europeo, que la Subcomisión
Europea está en contra de la utilización de estas artes, que las
consideran nocivas, que no son recomendables, que depredan, lo que
debemos exigir, en consecuencia, es que las leyes se cumplan y que los
franceses, que son quienes ignoran tales limitaciones, ya que usan redes
prohibidas, comercializan sus productos e incluso mantienen una
competencia desleal en la comercialización y en la producción, se pongan
al nivel que deben cumplir las normas comunitarias. Cualquier ampliación
de la prórroga, derogaciones especiales, ampliación de los conceptos en
el tamaño de las artes, deben ser desechados por todos aquellos Estados
que quieran cuidar sus propios recursos y que, sobre todo, sean
consecuentes y congruentes con lo que los propios Estados están
cumpliendo, firmando y diciendo públicamente.
Esto no se puede consentir, y yo creo que de los Grupos Parlamentarios
presentes en esta sesión del Senado debe salir un aldabonazo para llamar
la atención de otros Gobiernos europeos sobre el hecho de que la
conciencia política española, en lo que respecta a la pesca, y
concretamente de la cornisa cantábrica, están en contra de la utilización
de unas redes de pesca que los franceses están utilizando, infringiendo
la propia reglamentación comunitaria.
Debemos también denunciar todo ese tipo de infracciones francesas, no
solamente en esta materia, sino también en su comercialización, y debemos
rechazar de forma taxativa las últimas declaraciones del Ministro de
Pesca francés anunciando, como si fuera un desafío, que en la próxima
costera del bonito iba a seguir pescando. Yo creo que eso no debe ser
consentido por la conciencia política, por los Grupos Parlamentarios
españoles presentes aquí en el Senado, y no sólo debemos apoyar la moción
que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
sino que también debemos expresar nuestro apoyo a los pescadores en el
inicio de la costera.
Debemos manifestar asimismo nuestro apoyo a la Administración pesquera
española, a nuestro Gobierno español,
que fue el primero en lanzar la idea de ir en contra de estas redes de
deriva presidiendo el Consejo de Pesquerías de la FAO, interviniendo en
el ICAD, manteniéndose en el Comité de Expertos de la OCDE y en todos
cuantos foros se están desarrollando.
Si respaldamos a nuestros pescadores, si respaldamos la gestión política
de la Administración pesquera española y si exigimos a la Comisión que
cumpla con sus obligaciones y sus propias resoluciones, nosotros también
podemos decir algo más. Tenemos que exigir a los Estados miembros una
mayor vigilancia, que ésta no sólo se haga para nuestros propios
pescadores, sino para los franceses. Vigilancia en la mar, vigilancia en
los puertos, donde es más fácil el control de las artes de pesca. Y si no
bastaran estos dos criterios, vigilancia en la comercialización, no bajo
el espíritu del proteccionismo, del que nos van a acusar y del que
estamos en contra, pero sí bajo el de la defensa ecológica de lo que son
los mares, ya que si no se producirá el perjuicio de su esquilmamiento.
Por tanto, señorías, es lógico que esta moción deba aprobarse por
unanimidad. Pero también es lógico que de esta moción salga ese
compromiso político de que lo que está haciendo el Gobierno español, y
sobre todo lo que están haciendo nuestros pescadores, vaya en consonancia
con el espíritu que tienen todos los Grupos Parlamentarios, y eso
requiere un mayor apoyo político a quien negocia en la Unión Europea, a
quien tiene que estar presente en el Consejo de Ministros del día 10 de
junio, a quien tiene que participar en las comisiones internas de pesca
comunitaria, a quien tiene que defenderlo en el Coreper y, sobre todo,
apoyar la acción de nuestros pescadores tratando de que se encuentren
respaldados por los Grupos Parlamentarios, que se encuentren respaldados
por su propio Gobierno y que sepan que, enfrente, aunque hoy haya un
francés, mañana un italiano en el Mediterráneo o pasado mañana un
irlandés o un británico en otras zonas, la razón, la historia, la
conciencia ecológica, administrativa y política están de nuestra parte.
Por todo lo anterior, señorías, solicito el apoyo a esta moción que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Vascos que, en definitiva,
está respaldando a los pescadores de la cornisa cantábrica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Laxe.
Por un tiempo de un minuto, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo deseo agradecer a todos los Grupos Parlamentarios el apoyo a esta
iniciativa nuestra y decirles que el día en que consigamos --y yo creo
que lo vamos a conseguir-- la desaparición de esas redes de la muerte, lo
cual será beneficioso para nuestros pescadores, nosotros consideraremos
que esta iniciativa, que fue una iniciativa vasca, es ya en estos
momentos una iniciativa y un éxito de todos, así como de los grupos
políticos por la gran generosidad que han demostrado hacia nuestra
propuesta.
Muchas gracias a todos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
En esta misma línea expresada por el Senador Gangoiti, quiero advertir a
esta Cámara que el texto que vamos a someter a votación tiene un cambio
lógico. En vez de decir: Por todo ello y ante el inminente inicio de la
campaña del bonito, el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos..., dirá:
El Senado insta al Gobierno, etcétera.
Solicito el criterio de la Cámara sobre si podemos votar esta moción por
asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta. (Aplausos.) Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y diez minutos.