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DS. Senado, Pleno, núm. 16, de 21/12/1993
Año 1993 V Legislatura
Núm. 16
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 21 de diciembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 7, de fecha 17
de diciembre de 1993) (número de expediente S. 621/000007) (número de
expediente C. D. 121/000013) (continuación).
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de
Ley de medidas fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función
Pública y de la Protección por Desempleo. Se tramita por el procedimiento
de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 10, de fecha 20 de diciembre de 1993) (número de
expediente S. 621/000010) (número de expediente C. D. 121/000014).
(El debate de ambos proyectos de Ley continúa en el «Diario de Sesiones»
número 17, del miércoles, 22 de diciembre de 1993.
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 (Continuación) (Página 621).
Título V, artículos 46 a 61. Anexos III y IV. Sección 06.
El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 849 a 852 y 950,
del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Se da por
defendida la enmienda número 1.234, del señor Ramón i Quiles, del Grupo
Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana. El señor Torrontegui Gangoiti
defiende las enmiendas números 1.302 y 1.303, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Barbuzano González defiende la enmienda
número 1.157, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Alierta Izuel
defiende las enmiendas números 122 a 129, 131 a 138, 225, 226 y 232, del
Grupo Popular. El señor Segura Clavell consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González,
por el Grupo Mixto; Alierta Izuel, por el Grupo Popular, y Segura
Clavell, por el Grupo Socialista.
Título VI. Artículos 62 a 80.
El señor Cañellas Fons, del Grupo Popular, defiende las enmiendas números
1.569 y 1.570. El señor Cuevas González defiende las enmiendas números
853 a 879, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El
señor Utrera Mora, del Grupo Popular, da por defendida la enmienda número
1.824. El señor Torrontegui Gangoiti defiende las enmiendas números 1.294
a 1.298, 1.305 y 1.306, retirando la número 1.304, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Barbuzano González defiende las enmiendas
números 1.158 a 1.160, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Cambra i
Sánchez defiende las enmiendas números 1.829 y 1.838, del Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. El señor Rigol i Roig defiende las
enmiendas números 1.862 y 1.863, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. El señor Utrera Mora defiende las enmiendas números
139 a 162, del Grupo Popular. El señor Segura Clavell defiende la
enmienda número 1.874, del Grupo Socialista. Consume un turno en contra
de las demás enmiendas presentadas el señor Segura Clavell. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el
Grupo Mixto; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición
Canaria; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, retirando en este acto las enmiendas números 1.862 y
1.863; Utrera Mora, por el Grupo Popular, y Segura Clavell, por el Grupo
Socialista. El señor Utrera Mora vuelve a intervenir por alusiones. El
señor Torrontegui Gangoiti hace una aclaración respecto de una enmienda
de su Grupo Parlamentario. Cierra el debate el señor Segura Clavell.
El señor Presidente plantea diversas cuestiones relativas a la votación
del Título VI. A este respecto intervienen los señores Granado Martínez,
Utrera Mora y Cambra i Sánchez.
Título VII, artículos 81 a 96. Secciones 32 y 33.
El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 880 a 893 y 1.147
a 1.149, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Se
dan por defendidas las enmiendas números 1.231 y 1.241, del señor Ramón i
Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana. Se dan por
defendidas las enmiendas números 1.649, del señor Garzarán García, 1.726,
de los señores Ortí Bordás, Agramunt Font de Mora y González Pons, y
1.788, de los señores Ruiz-Gallardón Jiménez, Pedroche Nieto y Van-Halen
Acedo, así como de la señora Vindel López todos ellos del Grupo Popular.
El señor Barbuzano González defiende las enmiendas números 1.161 a 1.165,
del Grupo de Coalición Canaria. El señor Bris Gallego defiende las
enmiendas números 163 a 181 y 785, del Grupo Popular. El señor
Pleguezuelos Aguilar consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto;
Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Bris Gallego, por
el Grupo Popular, y Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Título I, artículos 1 a 11. Anexos I y II.
Se rechazan las enmiendas números 806 a 814, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por 9 votos a favor, 214 en contra y 12 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.233, del señor Ramón i Quiles, del Grupo
Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, por 3 votos a favor, 227 en
contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.175 y 1.176, del Grupo de Coalición
Canaria, por 13 votos a favor, 221 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 42, 46 a 65, 222 y 223, del Grupo
Popular por 98 votos a favor, 133 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 43 a 45, del Grupo Popular por 97 votos
a favor, 133 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 224, del Grupo Popular por 97 votos a
favor, 134 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueban los artículos uno, cinco, siete, ocho, nueve y diez del
Título I, así como el Anexo II, según el texto del dictamen, por 134
votos a favor, 98 en contra y 5 abstenciones.
Título II, artículos 12 a 20. Anexos V y VI.
Se rechazan las enmiendas números 815 a 823 y 946, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 5 votos a favor, 134 en contra y 99
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.287 a 1.293, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 10 votos a favor, 128 en contra y 93
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 66, 68 a 76, 78, 79 y 227 a 229, del
Grupo Popular por 100 votos a favor, 128 en contra y 11 abstenciones.
Se aprueban los artículos 12 a 20, Título II, y los Anexos V y VI, según
el texto del dictamen, por 135 votos a favor, 97 en contra y 7
abstenciones.
Título III, artículos 21 a 35.
Se rechaza la enmienda número 1.567, de los señores Cañellas Fons, Juan
Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni, del Grupo Popular, por 101
votos a favor, 130 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 824 a 844, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por 6 votos a favor, 231 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas 80 a 116, del Grupo Popular, por 96 votos a
favor, 131 en contra y 9 abstenciones.
Se aprueban los artículos 21 a 35. Título III, según el texto del
dictamen, por 136 votos a favor, 101 en contra y 2 abstenciones.
Títulos IV y IX, artículos 36 a 45, 101 y 202. Sección 07.
Se rechazan las enmiendas números 845 a 848 y 897 a 903, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 4 votos a favor, 134 en contra y 100
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.237, del señor Ramón i Quiles, del Grupo
Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, por 9 votos a favor, 132 en
contra y 97 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.300 y 1.301, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 109 votos a favor, 127 en contra y 1
abstención.
Se rechaza la enmienda número 1.156, del Grupo de Coalición Canaria, por
11 votos a favor, 128 en contra y 99 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 233, del Grupo Popular, por 99 votos a
favor, 133 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 117 a 119, 121, 187 y 188, del Grupo
Popular, por 106 votos a favor, 129 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 120, del Grupo Popular, por 100 votos a
favor, 130 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueban los artículos 36 a 45, 101 y 102, Títulos IV y IX, y Sección
07, según el texto del dictamen, por 132 votos a favor, 101 en contra y 5
abstenciones.
Título V, artículos 46 a 61. Anexos III y IV. Sección 06.
Se rechazan las enmiendas números 950 y 849 a 852, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 7 votos a favor, 135 en contra y 97
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.234, del señor Ramón i Quiles, del Grupo
Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, por 9 votos a favor, 131 en
contra y 96 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.302 y 1.303, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 129 en contra y 98
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.157, del Grupo de Coalición Canaria, por
12 votos a favor, 129 en contra y 98 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 122 a 129, 131 a 133, 135 a 137, 225,
226 y 232, del Grupo Popular, por 100 votos a favor, 133 en contra y 7
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 138, del Grupo Popular, por 101 votos a
favor, 129 en contra y 10 abstenciones.
Se aprueba una enmienda de adición de un nuevo apartado 2 al artículo 60,
sustentada en la enmienda número 134, del Grupo Popular, y suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 47 a 61, Título V, con las modificaciones
introducidas, y Anexos III y IV, así como la Sección 06, según el texto
del dictamen, por 137 votos a favor, 101 en contra y 1 abstención.
Título VII, artículos 81 a 96. Secciones 32 y 33.
Se rechazan las enmiendas números 1.147 a 1.149, 880 a 882 y 884 a 893,
del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 105 votos a favor, 130 en
contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 883, del señor Cuevas González y la señora
Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por 225 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.231 y 1.241, del señor Ramón i
Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, por 106 votos
a favor, 127 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.649, del señor Garzarán García, del Grupo
Popular, por 102 votos a favor, 126 en contra y 11 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.726, de los señores Ortí Bordás,
Agramunt Font de Mora y González Pons, y 1.788, de los señores
Ruiz-Gallardón Jiménez, Pedroche Nieto y Van-Halen Acedo, así como de la
señora Vindel López, del Grupo Popular, por 106 votos a favor, 129 en
contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.161 y 1.162, del Grupo de Coalición
Canaria, por 109 votos a favor, 129 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1.163 a 1.165, del Grupo de Coalición
Canaria, por 106 votos a favor, 128 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 163 a 171, 174 a 181 y 785, del Grupo
Popular, por 103 votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 172, del Grupo Popular, por 235 votos a
favor y 3 abstenciones.
Se aprueba una enmienda de adición de un nuevo párrafo 5 al artículo 83,
sustentada en la enmienda número 173, del Grupo Popular, y suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 81 a 96, Título VII, con las modificaciones
introducidas, así como las Secciones 32 y 33, según el texto del
dictamen, por 130 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.
Se suspende la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.
Título VIII, artículos 97 a 100. Anexo VIII.
El señor Cuevas González da por defendidas las enmiendas números 894 a
896, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor
Barbuzano González defiende las enmiendas números 1.166 y 1.167, del
Grupo de Coalición Canaria. El señor Soravilla Fernández defiende las
enmiendas números 182 a 186, del Grupo Popular. El señor Granado Martínez
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Soravilla Fernández, por el Grupo Popular, y Granado
Martínez, por el Grupo Socialista.
Disposiciones adicionales 1.ª a 24.ª, 26.ª y 27.ª
El señor Alierta Izuel, del Grupo Popular, defiende la enmienda número
1.452. El señor Font Barceló, del Grupo Popular, defiende las enmiendas
números 1.571 y 1.572. El señor Cuevas González defiende las enmiendas
números 904 a 930, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. El señor Olivencia Ruiz, del Grupo Popular, defiende la
enmienda número 1.717. Se dan por defendidas las enmiendas números 1.226
y 1.283, de Ramón i Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista
Valenciana. El señor Torrontegui Gangoiti defiende las enmiendas números
1.299 y 1.308, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Barbuzano González defiende las enmiendas números 1.168 a 1.172,
retirando la número 1.173, del Grupo de Coalición Canaria. El señor
Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1.845, 1.846 y 1.866, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Alierta Izuel
defiende las enmiendas números 189 a 214, del Grupo Popular. El señor
Cercós consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Torrontegui
Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cambra i
Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
retirando en este acto las enmiendas números 1.845, 1.846 y 1.866;
Alierta Izuel, por el Grupo Popular, y Cercós Pérez, por el Grupo
Socialista.
Disposiciones transitorias 1.a a 9.a
El señor Cuevas González da por defendidas las enmiendas números 931 a
943, así como las presentadas a las disposiciones finales por el Grupo
Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Ramón i Quiles,
del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, da por defendida la
enmienda número 1.240. El señor Torrontegui Gangoiti defiende la enmienda
número 1.309, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Alierta Izuel defiende la enmiendas números 215 y 217 a 219, del Grupo
Popular. El señor Granado Martínez consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Alierta Izuel, por el
Grupo Popular, y Granado Martínez, por el Grupo Socialista.
Disposiciones finales 1.a a 3.a
Decae la enmienda número 1.174, del Grupo de Coalición Canaria. El señor
Alierta Izuel defiende la enmiendas números 220 y 221, del Grupo Popular.
El señor Granado Martínez consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Alierta Izuel, por el
Grupo Popular, y Granado Martínez, por el Grupo Socialista.
Disposición derogatoria, nueva.
El señor Torrontegui Gangoiti defiende la enmienda número 1.310, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Granado Martínez
consume un turno en contra.
Se procede a votar.
Título VI, artículos 62 a 80.
Se aprueban las enmiendas números 1.569 y 1.570, de los señores Cañellas
Fons, Font Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni, del
Grupo Popular, por 108 votos a favor, 76 en contra y 23 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 853 a 879, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por 2 votos a favor, 225 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.824, del señor Utrera Mora, del Grupo
Popular, por 104 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.
El señor Torrontegui Gangoiti retira en este acto la enmienda número
1.295, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se rechazan las enmiendas números 1.294, 1.296 a 1.298, 1.305 y 1.306 del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 122 en
contra y 103 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.158, del Grupo de Coalición Canaria, por
111 votos a favor, 123 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1.159 y 1.160, del Grupo de Coalición
Canaria, por 11 votos a favor, 124 en contra y 101 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 139 a 162, del Grupo Popular, por 106
votos a favor, 123 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 1.874, del Grupo Socialista, por 134 votos
a favor, 100 en contra y 1 abstención.
Se aprueba una nueva redacción para el artículo 70,9, suscrita por los
Grupos Parlamentarios y que se sustenta en la enmienda número 1.829, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueba una nueva redacción para el artículo 74,4, nuevo, apoyada
sobre las enmienda número 1.173, del Grupo de Coalición Canaria, y 1.838,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió y suscrita por la
mayoría de los Grupos Parlamentarios, por 135 votos a favor, 2 en contra
y 98 abstenciones.
El señor Presidente anuncia la inmediata votación del texto del Título
VI. El señor Bayona Aznar solicita votación separada del artículo 74,4 y
expone una serie de consideraciones al respecto.
Se suspende la sesión unos instantes.
Reanudada la misma, el señor Presidente aclara a la Cámara el tenor de la
subsiguiente votación. El señor Ruiz- Gallardón Jiménez solicita se dé
lectura del texto objeto de votación, al mismo tiempo que pide un informe
de los servicios jurídicos de la Cámara sobre el particular. Vuelven a
intervenir a este respecto los señores Bayona Aznar y Ruiz-Gallardón
Jiménez. El señor Presidente anuncia que, habiendo deliberado la Mesa
sobre la cuestión, se va a reunir la Junta de Portavoces y se va a
producir el informe jurídico requerido. Vuelven a hacer uso de la palabra
sobre este aspecto los señores Bayona Aznar y cuevas González. El señor
Presidente pospone la votación del Título VI en espera de que sea
resuelto el problema de procedimiento suscitado.
Título VIII.
Se rechazan las enmiendas números 894, 895 y 896, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 4 votos a favor, 131 en contra y 107
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.166 y 1.167, del Grupo de Coalición
Canaria, por 13 votos a favor, 127 en contra y 101 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 182 a 186, del Grupo Popular, por 100
votos a favor, 137 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueban los artículos 97 a 100, Título VIII, y Anexo VIII, según el
texto del dictamen, por 139 votos a favor, 100 en contra y 3
abstenciones.
Disposiciones adicionales 1.a a 24.a, 26.a y 27.a
Se rechaza la enmienda número 1.452, del señor Alierta Izuel, del Grupo
Popular, por 111 votos a favor, 127 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.571 y 1.572, de los señores Cañellas
Fons, Font Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni, del
Grupo Popular, por 101 votos a favor, 137 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 904 a 930, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por 3 votos a favor, 131 en contra y 106 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.717, del señor Olivenza Ruiz, del
Grupo Popular, por 111 votos a favor, 127 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.226 y 1.283, del señor Ramón i
Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, por 107 votos
a favor, 127 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.299 y 1.308, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 13 votos a favor, 128 en contra y 100
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.168 a 1.172, del Grupo de Coalición
Canaria, por 13 votos a favor, 127 en contra y 101 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 204 y 211 a 214, del Grupo Popular, por
100 votos a favor, 132 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 189 a 203 y 205 a 210, del Grupo
Popular, por 101 votos a favor, 132 en contra y 8 abstenciones.
El señor Ramón i Quiles realiza una aclaración respecto al sentido de su
votación.
Se aprueban las disposiciones adicionales 1.a a 24.a, 26.a y 27.a, según
el texto del dictamen, junto con tres disposiciones nuevas introducidas,
por 133 votos a favor, 106 en contra y 1 abstención.
Disposiciones transitorias 1.a a 9.a
Se rechazan las enmiendas números 931 y 933 a 943, del señor Cuevas
González y la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 4 votos a favor, 132 en contra y 106
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.240, del señor Ramón i Quiles, del Grupo
Mixto Esquerra Nacionalista Valenciana, por 8 votos a favor, 127 en
contra y 105 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.309, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 11 votos a favor, 128 en contra y 99 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 215 a 219, del Grupo Popular, por 101
votos a favor, 127 en contra y 12 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional de supresión del punto primero de
la disposición transitoria quinta, uno, que se sustenta en la enmienda
número 934, del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, del
Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 140 votos a
favor y 100 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones transitorias 1.a a 9.a, con las
modificaciones introducidas, por 136 votos a favor, 102 en contra y 2
abstenciones.
Disposiciones finales 1.a a 3.a
Se rechazan las enmiendas números 944 y 945, del señor Cuevas González y
la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por 105 votos a favor, 130 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 220 y 221, del Grupo Popular, por 102
votos a favor, 137 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones finales 1.a a 3.a, según el texto del
dictamen, por 139 votos a favor, 100 en contra y 2 abstenciones.
Disposición derogatoria.
Se rechaza la enmienda número 1.310, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 13 votos a favor, 127 en contra y 101 abstenciones.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de Medidas Fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función
Pública y de la Protección por Desempleo. Se tramita por el procedimiento
de urgencia (Página 692).
Se rechaza la enmienda de veto al proyecto de Ley del Grupo Popular, por
103 votos a favor, 131 en contra y 7 abstenciones.
Título I, artículos 1 a 9 bis.
El señor Cuevas González da por defendidas las enmiendas números 1 a 13 y
51 a 65, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El
señor Torrontegui Gangoiti da por defendidas las enmiendas números 16 a
28, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Travieso Darias
defiende las enmiendas números 158 a 160 y retira la número 161, del
Grupo de Coalición Canaria. El señor Marca i Cañellas defiende las
enmiendas números 336 a 338, retirando las números 347, 355 y 356, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Utrera Mora
defiende las enmiendas números 170 a 209, del Grupo Popular. El señor
Segura Clavell consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Marca i Cañellas, por el grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Utrera Mora, por el Grupo Popular, y
Segura Clavell, por el Grupo Socialista.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Iniciamos el debate del Título V, artículos 46 a 61, los anexos III y IV,
así como la Sección 06.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Cuevas González, para la
defensa de sus enmiendas números 950 y 849 a 852, incluido un voto
particular de veto a la Sección 06.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña presentamos un veto y
varias enmiendas al Título V y a la Sección sexta, en lo que se refiera a
la deuda pública.
Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña no es insensible a las posibles
causas que en un futuro pudieran constituir una rémora para la futura
gestión de este país. Pero, en cualquier caso, desde Izquierda
Unida-Iniciativa por Cataluña, tampoco queremos satanizar el elemento de
la deuda pública. Nosotros creemos que no viene sola, sino que es una
situación que se produce como consecuencia de una determinada política y,
por tanto, es responsabilidad de quien la ejerce. Además, tampoco
planteamos --como algunos podrían pensar-- más déficit para gastos
sociales --creo que ése no es el tema--, sino que también habría que
tener en cuenta otra situación, como es el fraude fiscal en este país.
No se le ha metido la mano a fondo y nos encontramos con la situación que
nos encontramos de déficit, de fraude fiscal y siempre a costa de los que
menos tienen. Nosotros decimos en nuestra propuesta de veto que estamos
de acuerdo con contener el déficit público. No queremos más déficit
público, pero las previsiones del Gobierno, parecen ser reducirlo al 0,5
por ciento y nosotros queremos invertirlo en más acción pública.
En este sentido, la enmienda número 849 da una relación de inversiones.
Por citar alguna, señalo la política de vivienda, de infraestructura
agraria, cooperación local, atención a la salud, en fin, una serie de
acciones públicas con cargo a ese 0,5 por ciento que liberaríamos del
déficit público.
En segundo lugar, planteamos la enmienda número 851. Es un compromiso de
varios gobiernos y un mandato de la ONU que se destine el 0,7 por ciento
del producto interior bruto para ayuda al tercer mundo o para el Fondo de
Ayuda al Desarrollo. Nosotros entendemos que la solidaridad se demuestra
aportando y no simplemente con buenas declaraciones y no vale decir que
en períodos de crisis hay que recortar estos fondos de la solidaridad,
puesto que la situación internacional necesita, para que no ocurran cosas
como las que están sucediendo en este país y en Europa, esta
colaboración.
En tercer lugar, la enmienda número 852 puede parecer una contradicción,
pero no lo es. Nosotros queremos que este 0,7 por ciento o las cantidades
que se aprueben en los presupuestos no sean entregadas a países que los
utilicen para compras de armas, ya que, como todos sabemos, son varios
los que en vez de utilizar los Fondos de Ayuda al Desarrollo para avanzar
en su país los usan para otras misiones que no tienen nada que ver con la
paz, sino con la guerra.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El senador Ramón y Quiles defendió su enmienda 1.234, por lo que le
corresponde al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos la defensa de sus
enmiendas números 1.302 y 1.303.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Estas dos enmiendas son idénticas a las que ha presentado mi predecesor.
La enmienda 1.302 pretende abrir un nuevo apartado que diga que «quedan
excluidas de las operaciones con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo
aquellas que tengan por objeto la adquisición de material bélico o
susceptible de uso militar». Hoy en día no es fácil saber
qué es material de tipo bélico, ya que al final también se puede utilizar
para uso civil. Yo creo que esta enmienda es más testimonial que otra
cosa.
La enmienda número 1.303 pretende ampliar los créditos FAD en 65.000
millones para que se alcance en la medida que se pueda el 0,7 por ciento
del PIB. Está en relación con otra enmienda del siguiente capítulo, la
1.308. Simplemente pretende ampliar ese crédito FAC.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Enmienda 1.157 del Senador Barbuzano, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Tiene la palabra su señoría.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 1.157 al artículo sesenta y uno, párrafo segundo, está
en la línea de lo expresado por los compañeros que me han precedido en el
uso de la palabra. Aunque esta enmienda da cifras exactas, sólo pretende
incrementar en la medida de lo posible los fondos que el Estado tiene
para esto, no exactamente hasta el 0,7 por ciento del PIB, como pide
muchísima gente, sino el máximo posible. Nosotros hemos visto las
dificultades que la Comunidad Económica Europea tiene para la cooperación
al desarrollo en países donde no hay ni con quien hablar de cooperación.
Por tanto, es casi una enmienda testimonial, de solidaridad con los
países en vías de desarrollo y con los países que están pasando unas
hambrunas considerables y pide que se aumenten en la medida de lo posible
esas ayudas a la cooperación al desarrollo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Grupo Popular mantiene como votos particulares a este Título y a la
Sección 06 las enmiendas 122, 232, 123 a 138, así como la 225 y 226.
Tiene la palabra el señor Alierta para su defensa.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
El Título V trata de las operaciones financieras y su aspecto más
importante se refiere a la regulación del endeudamiento en 1994, y como
la Sección 06 trata de la deuda pública en el aspecto de gastos
financieros que se prevén para 1994, se van a debatir conjuntamente.
Quizás lo que se puede destacar del título V nada más iniciar su lectura
es que durante 1994 está previsto un endeudamiento, si consideramos el
límite máximo que se autoriza al Gobierno más la cantidad que se les
permite como endeudamiento a los organismos autónomos y entes públicos,
del orden de los cinco billones de pesetas, cinco millones de millones.
Para que sus señorías se hagan una idea de lo que es esta cifra, deben
tener en cuenta que la deuda pública viva del Estado español en 1982 era,
según dice la Intervención General de la Administración del Estado, de
5,4 billones de pesetas, es decir, que según el proyecto de ley que
estamos debatiendo en estos momentos lo que está previsto de
endeudamiento en 1994 entre el Estado y lo que se autoriza a los
organismos autónomos y entes públicos va a ser una cantidad similar a lo
que debía el Estado español en 1982 cuando los socialistas se hicieron
cargo del Gobierno. En un año, lo que se había acumulado de deuda hasta
1982.
Evidentemente, sólo este aspecto ya puede inducir a la reflexión de quién
en estas condiciones está dispuesto a apoyar estos presupuestos. En unos
momentos en los que la deuda pública es uno de los elementos que se
considera que se debe controlar, incluso reducir, y que está entre los
criterios de convergencia de la Unión Europea, en 1994 nos encontramos
con que el Estado español se va a endeudar por una cantidad equivalente a
lo que se debía en 1982. Creo que ésta es una causa suficiente como para
que mi Grupo presente una enmienda de veto al Título V del proyecto de
ley de presupuestos, que justifica además, puesto que estamos hablando de
un asunto nodal dentro del sistema presupuestario, la presentación de la
enmienda de veto a la totalidad de los presupuestos. Este no es un
elemento incidental en el presupuesto de 1994, sino clave. Si el
endeudamiento alcanza estas magnitudes y si se tienen en cuenta las
declaraciones de todos los partidos políticos, e incluso del Gobierno,
sobre su preocupación por la deuda pública, unos Presupuestos que tienen
estas magnitudes de endeudamiento para 1994 son difícilmente admisibles.
Pero no sólo hay que hacer esa comparación entre las cifras que les acabo
de dar de endeudamiento para 1994 y la que había en 1992, que tiene un
componente histórico, sino que hay razones adicionales; porque el
endeudamiento, señoras y señores Senadores, no es en sí malo, sino que,
dependiendo de para qué, cómo y en qué circunstancias, puede ser
positivo, y por eso se faculta. Pero, ¿cómo podemos saber si estas cifras
son positivas o pueden dejar de serlo? Pues bien, se suelen utilizar dos
criterios en el tema del endeudamiento en el caso de los Estados y de las
Administraciones públicas: uno de ellos es si la política financiera que
se está siguiendo permite mantener un nivel de endeudamiento estable, es
decir, nos endeudamos, pero el nivel de endeudamiento con respecto al
producto interior bruto se mantiene en una proporción estable. ¿Es éste
el caso? Evidentemente no. Como nos dijo ayer el señor Ministro, anticipa
para fin de 1993 un endeudamiento del 53 por ciento del producto interior
bruto. Si a esto se añade un 6 por ciento, que equivale a la previsión de
déficit para el próximo ejercicio, nos encontraremos ya una cifra del 60
por ciento; es decir, estamos en una situación en la cual el nivel de
endeudamiento con respecto al producto interior bruto
va creciendo, pero que no es sólo un problema para 1994, sino que en 1982
esta proporción era el orden del 26 por ciento. En diez años, el nivel de
endeudamiento de este país ha pasado de un 26 a un 53 por ciento, pero
este proceso no sólo no se detiene, sino que se está acelerando. Entramos
en un mecanismo en el que la proporción de deuda con respecto al producto
interior bruto se va acelerando, y llegamos a una situación de
aceleración en la que las cargas financieras que lleva aparejadas el
endeudamiento son cada vez más crecientes e inducen a nuevo endeudamiento
sólo para pagar los intereses que corresponden al endeudamiento; es
decir, una situación financiera explosiva en la que nos encontramos. Y
desde luego, los datos que vienen en los Presupuestos para 1994 con las
cifras que acabo de dar a sus señorías no permiten ser optimistas en
cuanto a que 1994 sea un ejercicio en el cual se inicie una tendencia que
rompa la que venimos teniendo en los últimos diez años. En absoluto.
Porque las cifras que acabo de dar a sus señorías dan idea de cómo esa
tendencia sigue creciendo en un proceso acumulativo que puede conducir a
una explosión de la deuda pública y, en consecuencia, a una quiebra de
las finanzas públicas. Pero como este criterio fue ampliamente expuesto
en el Congreso de los Diputados, yo no me voy a extender en él.
Hay un segundo criterio para determinar si el endeudamiento público es o
no oportuno, y es saber cuál es su finalidad. Hay una regla, que se suele
llamar la regla de oro, que dice que endeudamiento sí, pero siempre que
se dirija a inversiones, es decir, puede estar justificado el
endeudamiento si se dirige a realizar inversiones en infraestructuras que
de alguna forma permitan aumentar la capacidad productiva del país para
que pueda sostener en el futuro las cargas financieras asociadas a este
endeudamiento, así como su devolución.
Pues bien, en estos Presupuestos que estamos debatiendo, el endeudamiento
previsto, como dice el Informe Económico y Financiero para 1994, alcanza
los cuatro millones de millones, es decir, cuatro billones de pesetas, y,
sin embargo, las operaciones de capital previstas por Capítulo VI,
Inversiones Reales, e incluso considerando el Capítulo VII,
Transferencias de Capital, alcanzan un billón ochocientos mil millones de
pesetas, es decir que cuando en los Presupuestos para 1994 se dice que el
nivel de endeudamiento necesario va a ser de cuatro, las inversiones,
tomando todos los conceptos, capítulos VI y VII, Inversiones Reales y
Transferencias de Capital, van a alcanzar la cifra de 1,8. Es decir,
todavía quedan dos billones largos de pesetas por los que nos vamos a
endeudar, pero no van a ser orientados a las inversiones públicas. Es
especialmente importante que resaltemos este tema en esta Cámara; si es
una Cámara de representación territorial, es especialmente idóneo
considerar el tema de las inversiones públicas en estos momentos. Porque
cuando uno va a sus respectivas regiones, provincias o comarcas, los
Presupuestos, al fin, son las inversiones que realiza el Estado en esa
provincia, esa comarca o esa Comunidad Autónoma. Porque el endeudamiento
futuro lo van a tener que asumir como cualquier otro español, pero las
inversiones les llegarán o no en función de que haya inversiones. Y
suponiendo --que no es así-- que todas las inversiones fueran
regionalizables y tuvieran una adscripción geográfica, resulta que menos
del 50 por ciento de lo que van a tener que asumir las Comunidades
Autónomas o las provincias por endeudamiento les va a venir en forma de
inversiones, y si se consideran las inversiones regionalizadas, una
proporción todavía mucho menos importante.
Desde este punto de vista, aplicando la regla de oro de que el
endeudamiento debe ser dirigido a las inversiones, no está justificado en
los Presupuestos que estamos debatiendo el endeudamiento previsto en
cuanto que los niveles de inversiones son muy inferiores a los del
endeudamiento previsto. Está justificado, señoras y señores Senadores,
que los Senadores que representamos circunscripciones repartidas a lo
largo y a lo ancho de la geografía española vengamos aquí a plantear
reivindicaciones, a plantear demandas de nuevas inversiones en nuestras
circunscripciones, en nuestras Comunidades Autónomas o en el conjunto del
Estado español, porque las personas que residen en esas circunscripciones
van a soportar las consecuencias del endeudamiento público. Y tenemos que
venir a decir aquí, en esta Cámara, especialmente en el Senado, que las
inversiones no son las que debieran ser, y si nosotros consideramos que
sólo el endeudamiento se dirige a inversiones, hay campo suficiente para
las enmiendas que hemos presentado y para muchas más. Si se suman las
enmiendas que hemos presentado, son muy inferiores a ese margen de
endeudamiento que no se va a invertir, y esto hay que resaltarlo,
independientemente de los ingresos que tiene el Estado, porque estoy
hablando del endeudamiento previsto, pero es que aparte de este
endeudamiento previsto, el Estado, como se ha dicho, durante el próximo
ejercicio va a tener también unos ingresos de 13 billones de pesetas,
alguna parte de los cuales se podía dirigir también a inversiones. Es
decir que, incluso dejando de lado en este momento los 13 billones de
pesetas por ingresos no financieros que va a tener el Estado en 1994, ni
siquiera el endeudamiento adicional se va a dirigir a inversiones. Desde
el punto de vista territorial, teniendo en cuenta la importancia que en
los diferentes territorios se da a las inversiones que hace el Estado,
¿está justificado este endeudamiento? No. Como consecuencia, ¿es lógico
que se presente una enmienda de veto a este título? Sí. Si este tema de
las inversiones en los territorios, que es importante, no está
justificado en este título, ¿estos Presupuestos son los que convienen a
los territorios que componen el Estado español? No, señoras y señores
Senadores. Quien quiera apoyarlos puede hacerlo, pero
que sepa que, desde el punto de vista territorial, desde el punto de
vista de inversiones territoriales, las cuentas no cuadran; que aquí, en
la Administración central se ingresa mucho más dinero por ingresos
corrientes y se va a asumir un grado de endeudamiento muy superior a lo
que luego va a repercutir a nivel de inversiones. Y, repito, incluso
suponiendo que todas las inversiones tengan una adscripción territorial,
que no es el caso.
Endeudamiento que va creciendo y que no se refleja en inversiones son
aspectos del título V. Correlativamente, en la sección 06, que habla de
la deuda pública y donde se analizan las consecuencias de los gastos
financieros, tenemos sistemas y evoluciones que reflejan lo que ha habido
hasta estos momentos: 2,8 billones de pesetas 2.800.000 millones de
pesetas están previstos para pagos de intereses en 1994, una cifra,
repito, superior a la propia de inversiones previstas en los Presupuestos
que les acabo de dar a sus señorías: frente a 1,9 billones de pesetas que
les he dicho que figuran como inversiones, 2,8 de gastos financieros. Es
decir, se va a gastar en intereses más que en inversiones, como
consecuencia de una deuda pública que se ha ido acumulando, como
consecuencia de una evolución en las finanzas públicas que muestra
elementos francamente negativos desde esta perspectiva.
En 1982, según la Intervención General de la Administración del Estado,
se pagaron 80.000 millones de pesetas por gastos financieros; en 1983
crecieron, pero se mantuvieron en una cifra de ese orden; en 1994, están
previstos 2 billones 860.000 millones de pesetas, treinta y cinco veces
más en pagos de intereses que en 1982.
Dice el Informe Económico --también ayer hizo alusión al mismo el señor
Ministro-- que en 1982 un parte importante de la deuda era apelación al
Banco de España, que como consecuencia de esa reestructuración ha subido
el coste. Es inevitable hacer la reflexión de que si reestructurar una
deuda cuyo coste son 80.000 millones significa pasar a 2 billones 860.000
millones, mala reestructuración será, porque de 80.000 millones, haciendo
reestructuraciones, no podría llegar a 120.000 o a 140.000 millones; pero
de 80.000 millones a 2 billones 860.000 millones no deja de ser una
gracia, recogida para deleite de los futuros investigadores en el Informe
Económico y Financiero que acompaña a los Presupuestos.
Desgraciadamente, no es la reestructuración de la deuda la que produce
estos aumentos de intereses, sino ese movimiento explosivo, acelerado o
avanzado en el crecimiento de la deuda pública. Comparemos estas cifras
para saber qué es lo que estamos haciendo, porque las cifras en sí no
dicen nada salvo que las podamos poner en alguna perspectiva y podamos
ver cómo pueden compararse. En 1982, las inversiones reales y por
transferencias de capital en los Capítulos VI y VII fueron de 871.000
millones de pesetas, es decir, fueron diez veces más las inversiones que
los pagos financieros. Pues bien, estos 871.000 millones de inversiones
del año 1982 han pasado a ser 1 billón novecientos, como les decía, es
decir, han aumentado 2,1 veces. Los gastos financieros han pasado de
80.000 millones a 2 billones 860.000 millones, es decir, han aumentado 35
veces. La preocupación de los ciudadanos, en las provincias, en las
comarcas, en las Comunidades Autónomas, ¿es el pago de gastos
financieros? No. ¿Es el problema de la falta de inversiones? Sí. ¿Debemos
admitir en una Cámara territorial estos Presupuestos como los que
necesitan nuestros territorios? No. En un tema como éste, fundamental,
¿son estos Presupuestos los que necesita este país? No. Todo el mundo
dice que necesita inversiones en infraestructuras para aumentar su
productividad, etcétera, y, sin embargo, esto es lo que nos presenta el
Gobierno.
En consecuencia, señoras y señores Senadores, los datos que recogemos en
el Título V, de las operaciones financieras, y las cifras que aparecen
recogidas en la Sección 06, Deuda Pública, nos demuestran una situación
financiera que no es la que este país necesita, ni las previsiones para
1994, vuelvo a repetir, nos dicen que en estas tendencias negativas de
estos diez últimos años haya elementos suficientes para pensar que se van
a quebrar difinitivamente e inducir una nueva sensación; de ahí por
tanto, señorías, las razones de los vetos, tanto al Título V como a la
Sección 06.
Y hay más enmiendas --más concretas, más circunscritas-- sobre elementos
importantes en sí pero menos que los del contexto que acabamos de
desarrollar. En primer lugar, en el Título V, De las operaciones
financieras, y en el Capítulo I, donde se analiza la Deuda Pública,
haremos la observación de que unas cláusulas por las cuales ese límite de
4 billones de pesetas de que les he hablado, y que se le autoriza al
Gobierno como límite máximo para endeudarse en 1993, desaparezcan o se
modifiquen --enmienda alternativa-- por una cláusula que diga que ese
límite sólo pueda ser sobrepasado mediante ley autorizada en Cortes.
Razones: en los Presupuestos para 1993 existía una autorización genérica
de endeudamiento por un límite máximo de 1,7 billones de pesetas; pues
bien, las modificaciones en 1993, las disminuciones de los ingresos --que
también estaban previstas cuando se aprobaron los Presupuestos en 1993--
introducen modificaciones por valor de 2,8 billones de pesetas. Es decir,
que la Ley autoriza al Gobierno a endeudarse hasta un límite máximo de 4
billones cuando el año pasado el límite era de 1,7 billones; pero a
continuación, se especifica: este límite puede ser modificado si varía
esto, si se modifica aquello... Pues bien, esas modificaciones --sólo dos
de las cuatro que recogía el proyecto de ley de 1993-- son 2,8 billones
de pesetas, es decir, mucho más que el límite con que se autorizaba al
Gobierno a endeudarse. Esto es aprobar una ley con la que, evidentemente,
no se sabe lo que se aprueba.
Señoras y señores Senadores, estas cláusulas en sí, están bien, pero lo
están cuando en la práctica significan unos porcentajes asumibles de
variación respecto del límite de endeudamiento que se hace. Es decir, si
estos límite pueden ser cifras relativamente pequeñas --aunque sean
importantes-- con respecto al límite de endeudamiento, pueden ser
asumibles; pero si se autoriza un límite de endeudamiento de 17 y las
cláusulas de variación son 28, deja de tener sentido todo el articulado,
así como las limitaciones y las cláusulas de salvaguardia. Incluso es
lógico que si usted viene por ley a pedirme autorización para 17, venga
también a las Cámaras a pedirme autorización por ley para los 28
adicionales. Consecuencia: la razón de estas enmiendas.
Primer cupo de enmiendas: aquellas que se refieren a modificar las
facultades de variar los límites del endeudamiento, porque otra cláusula
es que en ese límite de 4 billones se incluya el endeudamiento que se
autoriza a los Organismos Autónomos y Entes Públicos, puesto que hay un
límite de endeudamiento para el Estado, pero luego, por otro lado, se
autoriza a los Organismos Autónomos y Entes Públicos otra cantidad que
sumada al Anexo III alcanza la cifra de 1 billón de pesetas, que también
es importante; pues que se incluya en ese límite genérico, y en el Anexo
III que se reduzcan estas cifras que alcanzan 1 billón de pesetas para el
endeudamiento de Organismos Autónomos y Entes Públicos.
Segundo tipo: métodos de financiación; también recoge el articulado que
el Estado asumirá deuda del INI. Este es un procedimiento de financiación
colateral o por la puerta de atrás. En vez de financiar las actividades
del INI y que éste lleve su política financiera, de endeudamiento o la
que corresponda, y decida, asumimos una parte de su deuda, con lo cual
aumenta el endeudamiento del Estado pero no se refleja en las
transferencias correspondientes, con lo que estaría incluido en el
déficit de caja; ni siquiera como un préstamo, con lo cual aparecería en
el concepto --menos conocido por la opinión pública-- de Necesidad de
financiación. En estos últimos ejercicios se venía haciendo este proceso
de financiación, pero parece que empieza a generalizarse, porque en este
Ejercicio para 1994, en el cual se proclama desde el Gobierno la voluntad
de ortodoxia financiera, de que el déficit de caja refleje lo que
verdaderamente es la actividad financiera del Estado, este procedimiento
colateral para financiar organismos autónomos se amplía, y donde en los
últimos ejercicios sólo aparecía el INI aparecen ahora el INI y
Radiotelevisión Española. Si hay que mandar dinero a estos organismos,
hágase de tal forma que aparezca reflejado en las cuentas
correspondientes. En consecuencia, nosotros planteamos sendas enmiendas
para su supresión, fundamentalmente por el procedimiento de financiación,
así como la del Anexo IV, que recoge la asunción de deuda.
El señor PRESIDENTE: Senador Alierta, le ruego que vaya concluyendo, por
favor.
El señor ALIERTA IZUEL: Termino muy rápidamente, señor Presidente.
En el Capítulo II del Título V, que se refiere fundamentalmente a los
avales públicos, se establecen unas enmiendas por las cuales se reducen
los límites que se fijan en el Proyecto de ley y se solicita más
información sobre estos avales públicos otorgados, especialmente en el
caso de los otorgados por el Instituto de Crédito Oficial.
En cuanto al Capítulo III, Relaciones del Estado con el Instituto de
Crédito Oficial, se solicita mayor información sobre todas las
actividades que realiza el Instituto de Crédito Oficial.
En una de las enmiendas al artículo sesenta y uno, que se refiere al
Fondo de Ayuda al Desarrollo, se solicita se dé información detallada a
las Cortes trimestralmente.
Quiero hacer hincapié en que en intervenciones anteriores se nos ha
tachado de falta de sensibilidad en este tema. Nos extrañan estos
calificativos cuando hemos demostrado un verdadero interés por conocer
las actividades del Fondo de Ayuda al Desarrollo y tenemos verdaderas
dificultades para conocer cuáles son los créditos y las actividades
realizadas. En otra de nuestras enmiendas se solicita que se presente,
además, un estado comprensivo de la situación en que se encuentran todos
los préstamos y otras ayudas bilaterales desde la creación del Fondo de
Ayuda al Desarrollo.
Evidentemente que hemos tenido sensibilidad, y por parte de
parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular se han hecho numerosas
preguntas y no tenemos todavía la información sobre el estado del Fondo
de Ayuda al Desarrollo que nos gustaría. En consecuencia, yo creo que
mejoraríamos todos y seríamos más coherentes si no se hablara sólo de
sensibilidad respecto al Fondo de Ayuda al Desarrollo, sino también de
clarificación y transparencia sobre cuáles son estas operaciones.
Por último, otra de nuestras enmiendas deja en evidencia las acusaciones
de falta de sensibilidad con este tema, por la cual el Grupo
Parlamentario Popular propone que en el Fondo de Ayuda al Desarrollo el
límite de ayuda, que se fija en el Proyecto de ley en 80.000 millones de
pesetas, se vea incrementado con los ingresos obtenidos durante el año
correspondiente a las devoluciones de préstamos concedidos, así como los
intereses y comisiones que se perciban. Es decir, que recogemos una
cláusula por la cual ese límite se amplía en las condiciones que la
enmienda desarrolla.
Resumiendo, Señor Presidente, las razones expuesta para las enmiendas
particulares que se han presentado son las que se acaban de relatar. Las
razones para los vetos al Título V y a la sección 06, Deuda Pública,
son las que se han indicado al principio de mi exposición, en la cual se
pone claramente de manifiesto que, desde el punto de vista financiero, y
especialmente desde el punto de vista de necesidades de los territorios
de este país que valoran especialmente la realización de las inversiones,
ni por los gastos financieros que se dedican en los Presupuestos, ni por
comparación con el endeudamiento previsto, está justificado este título;
en consecuencia, hay razones suficientes para mantener un veto a dicho
Título y a la Sección.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Alierta.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, obviamente, el Grupo Parlamentario Socialista tiene que
manifestarse a través de este portador --mejor dicho, portavoz, aunque
aprovechando este lapsus, podría decir portador de ideas-- en oposición a
las afirmaciones llevadas a cabo por algunos portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra pidiendo la retirada de este Título.
¿Cómo no se va a pedir que se retiren los Títulos V y VI del Proyecto de
ley, en coherencia con lo manifestado por parte de quienes han defendido
la retirada íntegra de la ley? Naturalmente, la retirada del Título V,
vinculado a la deuda pública y a todo un conjunto de anexos en los cuales
se recoge la financiación que la Administración del Estado produce en una
serie de Entes Públicos, de Organismos Autónomos, de Administraciones
dispersas de la propia Administración Central del Estado, supondría,
prácticamente, la retirada de la ley, por cuanto significaría dejar a los
distintos organismos de la Administración del Estado sin la fuerza
financiera, sin la posibilidad de financiar las actividades que los
diferentes órganos tienen que llevar a cabo por mandato imperativo legal.
Y, en efecto, se argumenta que España, concretamente en el Proyecto de
Presupuestos para 1994, recoge una realidad innegable, realidad que el
Grupo Parlamentario Socialista no esconde por cuanto no consideramos que
debamos manifestarnos en contra de políticas que han llevado a esta
situación, porque han sido precisamente políticas que a lo largo de los
últimos años han elevado el conjunto de prestaciones y la actividad de
apoyo social a una cota de bienestar de la cual los socialistas nos
sentimos satisfechos y de la que no nos vamos a alejar, aun cuando
estamos impulsando mecanismos de transformación de una realidad social
que tiene que readaptarse a la dinámica económica del momento presente.
Señorías, los datos y los indicadores económicos son los que son. Aquí
han sido expuestos por el portavoz socialista en el primer tramo del
debate del Proyecto de ley y han sido expuestos también por el señor
Ministro en la defensa que hizo del Proyecto y, naturalmente, los datos
económicos, los datos financieros, no pueden enmascararse.
Es cierto que el gasto público, entendido como el total de empleos no
financieros del conjunto de las Administraciones Públicas en toda su
extensión, alcanzará en el año 1993, cuando se produzca la liquidación
definitiva del Presupuesto, una cifra probablemente superior al 50 por
ciento del Producto Interior Bruto; en efecto, casi 9 puntos por encima
del que se registró en el año 1986. Y es cierto, señorías, y es un hecho,
que el gasto público ha venido creciendo por encima del ritmo de
crecimiento global de la economía, tanto en los años en los que hubo
expansión como en épocas de recesión, como ha sido en los dos últimos
años. El fuerte aumento del gasto público en los últimos seis años se
explica esencialmente por el intenso aumento de las prestaciones
sociales, de lo que nos sentimos orgullosos y en gran parte vinculados,
por un hecho sociológico que nosotros no podemos truncar, como es el que
está vinculado a las pirámides de edades y a la realidad social de un
país que ha ido creciendo a lo largo de los diez últimos años con un
ritmo muy acelerado, superior al de muchos países que desde la década de
los años 40 habían dado pasos sucesivos, y que, consiguientemente, a lo
largo de 40 ó 50 años han dispuesto de una evolución temporal, de un
período de tiempo en el cual han alcanzado las metas sociales que
nosotros hemos llevado a cabo a lo largo de diez años, sólo la cuarta
parte del período de tiempo invertido por los restantes países europeos.
Y es cierto, señorías, que ese ritmo de crecimiento del gasto público en
España --repito, ritmo del crecimiento del gasto público en España-- es
de los más altos de los países comunitarios, de acuerdo con fuentes
gubernamentales y de acuerdo con organismos especializados. Nosotros
también entendemos que este ritmo de crecimiento de la deuda pública en
circulación en los últimos años plantea incógnitas para la oposición a la
hora de efectuar previsiones a las que todos estamos, lógicamente,
inclinados.
Nosotros entendemos que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular se
haya expresado con reiteración acerca de que este déficit público no
resuelve los problemas que tiene planteado este país. El portavoz del
Grupo Popular ha reiterado hasta la saciedad --me pareció haberlo anotado
en tres o cuatro ocasiones consecutivas-- que el déficit público «per se»
ni es bueno ni es malo, que lo malo es precisamente el uso que se ha dado
a los dineros públicos que han dado origen a ese déficit público; que la
deuda pública en sí misma tampoco es mala o es buena, sino que está en
función de la inversión de las actuaciones; y ha reiterado que ésta es
una Cámara autonómica, territorial, en la que necesariamente las señoras
y señores Senadores procedentes de los distintos puntos del Estado
español, de
los distintos rincones de las Comunidades Autónomas, no pueden sentirse
satisfechos porque, en lo que a inversiones se refiere, hay una mala
distribución, hay una mala actuación del Gobierno, ausente de
planificación. (El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la
Presidencia.)
Señorías, no nos olvidemos de que la deuda pública no es mala --decía el
Senador Alierta--, siempre y cuando se llevase a cabo esencialmente en
actuaciones de infraestructura, por cuanto que en temas de naturaleza
social, si la deuda pública es alta y, consiguientemente, el déficit
público también, como consecuencia de la atención a prestaciones
sociales, lo que vamos haciendo es dejando una losa muy pesada sobre
generaciones futuras, que no ven palpablemente un aumento de las
infraestructuras del entorno de la sociedad en la cual se desarrollan.
Señorías, ésa es nuestra diferencia esencial. Nosotros pensamos que es
fundamental llevar a cabo actuaciones en materia de infraestructura, pero
también es fundamental aportar el mínimo de calidad de vida, el mínimo de
prestación social a millones y millones de ciudadanos españoles que lo
necesitan, y eso no es despilfarrar el dinero, eso no es dilapidar el
dinero.
No obstante, en lo que a infraestructuras se refiere, no nos olvidemos de
que el propio Gobierno ya ha dado a conocer públicamente un plan director
de infraestructura para el período de tiempo que va desde 1993 hasta el
año 2007; un plan director de infraestructuras que supondrá una
financiación extrapresupuestaria superior a los cinco billones de
pesetas, es decir, prácticamente el 20 por ciento a cargo de inversiones
privadas y el 80 por ciento de actuación pública; un plan director de
infraestructura para todo el Estado, para todas las Comunidades
Autónomas, elaborado desde la perspectiva del rigor procedimental en base
a un software mantenido, a un software cualificado, como consecuencia del
conocimiento de las necesidades reales en materia de infraestructura de
redes viarias, en atención a calidad de agua, en potenciación de los
mecanismos de comunicación, ya sean ferrocarriles o las infraestructuras
necesarias en puertos, en aeropuertos, o el establecimiento de
inversiones para posibilitar un transporte combinado, moderno y adecuado
a las necesidades actuales; en suma, un plan director de infraestructuras
para los próximos 15 años que, naturalmente, supondrá el incremento del
endeudamiento, y que es un endeudamiento del que no podemos dejarnos de
sentir satisfechos.
Pero somos conscientes de que el déficit público representa un problema
económico en una estructura social como la española, en la que, en
efecto, hay unos descensos de competitividad y una recesión que no
podemos negar, vinculada también a toda una situación de un contexto
internacional y del que nosotros tenemos, como es obvio, como ejecutores
de una labor de gobierno, la responsabilidad de conducir, y tenemos
también la responsabilidad con estos Presupuestos de cortar de una vez
este mecanismo de autoalimentación lamentable que existe, por el que un
fenómeno de crisis económica real se alimenta con una especie de crisis
psicológica y sociológica que permanentemente se impulsa con elevadas
dosis de pesimismo.
Nosotros creemos que la Ley de Presupuestos de 1994, esta que
coloquialmente estamos denominando en los últimos meses Ley de
acompañamiento de los Presupuestos y medidas que el propio Gobierno
elevará a esta Cámara en los primeros meses del año próximo, tiene que
convertirse en mecanismos que trunquen de una vez por todas esta especie
de desazón, esta especie de peligrosidad social, vinculada a la apatía
que puede surgir como consecuencia de la pérdida de la moralidad
colectiva, de la pérdida de la ilusión colectiva. Y son precisamente
estos Presupuestos los que conllevan y arrastran en cada uno de los
títulos actuaciones en esa línea de generar ilusión, de producir el
necesario impulso político y económico que necesita este país.
Señorías, nosotros creemos que precisamente el gasto público que se
recoge en este proyecto de Presupuesto no es esencialmente expansivo,
como se le ha venido acusando en reiteradas ocasiones a lo largo de su
tramitación parlamentaria en las dos Cámaras, sino que conlleva una
componente social --y, consiguientemente, también descartamos esa
acusación que se nos hace desde otras opciones políticas,
fundamentalmente desde Izquierda Unida o desde los sindicatos, que han
producido ya la convocatoria formal de una huelga para finales de enero,
como aquí se ha manifestado a lo largo de la tarde de ayer en varias
ocasiones--, es un Presupuesto y son un conjunto de actuaciones
económicas que el Gobierno plantea desde una perspectiva moderadamente
restrictiva en estos Presupuestos de 1994 con respecto a los de 1993. En
estos instantes todos tenemos las cifras en estos folios que manejamos
vinculados a los gastos financieros, a transferencias corrientes del
Estado que, en efecto, crecen un 12,7 por ciento, aunque permanecen igual
en porcentaje del Producto Interior Bruto; y, en efecto, en las
diferentes secciones y anexos de este Título se recogen los destinos de
esos caudales a los Organismos Autónomos administrativos; por ejemplo, al
Instituto Nacional de Empleo Social, a Comunidades Autónomas, a
diferentes empresas públicas y a entes públicos que se han ido creando
como consecuencia de decisiones de las Cortes Generales en los sucesivos
proyectos; por ejemplo, el del Organismo Autónomo Puertos del Estado,
consecuencia de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
aprobada a finales de 1992, o del Organismo Autónomo Aeropuertos
Nacionales, recogido por decisión parlamentaria de los Presupuestos del
año 1991, y así sucesivamente.
Nosotros creemos que el gasto público se encuentra
en la cota en la que está, y es una cota que en los años próximos puede
ir experimentando una reconducción razonable, que en la línea de lo
recogido en los Presupuestos de 1994 nos puede situar en una plataforma
de reactivación de la actividad económica, de esa actividad económica
productiva que todos deseamos, y todos, desde los escaños del Partido del
Gobierno o desde los Partidos que ejercen la necesaria labor de
oposición, una vez que se produzca la aprobación de estos Presupuestos,
podemos estar en condiciones de impulsar actuaciones ante la sociedad que
permitan que esa retroalimentación negativa, a la que acabo de hacer
referencia, apoyándose en la crisis real, no produzca actuaciones
económicas por parte de los sectores particulares esperando a ver qué
pasa, pues son precisamente las Cortes Generales del Estado español las
que tienen la obligación de impulsar esa llamada al optimismo en base a
una acción presupuestaria, con la que el Grupo Parlamentario Socialista
se identifica, se identifica en los contenidos de este Título y en los de
todos los que integran el proyecto de Ley, por lo que, consiguientemente,
iremos manifestando nuestra oposición a los vetos que sucesivamente se
han venido planteando.
Señorías, señor Presidente, nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señoría.
Abrimos el turno de portavoces. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el
Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que no sé cómo se le ocurre al Senador
Segura plantear que con el veto de Izquierda Unida queremos paralizar
diferentes entes autonómicos de la Administración, cuando a lo largo de
la tramitación de los Presupuestos, como verá el señor Segura, lo que
pretendemos es inyectar algún dinero más o, por lo menos, que se gestione
mejor el presupuesto de esos entes autónomos. Por tanto, no me he dado
por aludido, pero quiero que conste en el «Diario de Sesiones», porque no
me parece una apreciación muy correcta la que hace el Senador Segura
sobre el veto de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En nuestra primera intervención hemos dicho que nos preocupa el estado de
la deuda pública, a todo el que debe dinero le debe preocupar, incluso al
Estado. Tampoco es alarmante, yo tengo aquí unas tablas y no somos de los
más morosos o tramposos de Europa, hay otros países en los que la deuda
pública está muy por encima de la del Estado español. Además, hemos
planteado una alternativa, lo dijimos ayer y lo vuelvo a repetir hoy.
Estamos preocupados por el déficit público; contengamos el déficit
público, liberemos a estos presupuestos del 0,5 por ciento que el
Gobierno pretende reducir y gastemos esa cantidad de dinero en
inversiones o en cosas productivas, en gastos sociales o en lo que
ustedes quieran, pero invirtámoslo. Porque ustedes tendrán que reconocer
conmigo que ante la apatía inversora, pese a las buenas condiciones que
tiene hoy la iniciativa privada, el Estado tendrá que jugar algún papel,
porque si no cerramos el Estado y nos vamos. Con todas las facilidades
que se le están dando, existe una apatía importante de la iniciativa
privada. El Gobierno incluso renuncia a más ingresos públicos y, sin
embargo, estas facilidades no se corresponden con la inversión. Yo, por
el partido al que pertenezco, soy de los que digo que hay que dar algún
que otro palo al Gobierno, pero también hay que dar algún otro palo a la
iniciativa privada. Yo no culpo exclusivamente al Gobierno de que este
país esté en punto muerto, o, cuando menos, semimuerto; también hay un
sector al que se le da facilidades y tampoco tira. Por tanto, desde mi
punto de vista y el de Izquierda Unida, no solamente por el marco
ideológico en el que nos movemos, sino por la situación en la que nos
encontramos, el Estado tiene que jugar un papel importante, sobre todo,
para poder redistribuir después los ingresos o los beneficios.
Yo creo que los españoles en general somos optimistas, no somos
pesimistas. Yo no veo a la gente pesimista, están un poco enfadados, eso
sí, pero no pesimistas, y lo están porque las cosas no están como para
cantar malagueñas: tres millones y pico de parados, las prestaciones
sociales --señor Segura, le guste o no-- recortadas, y lo vamos a ver
cuando empiecen a llegar las nóminas a las Cajas de Ahorros y los
viejecitos y viejecitas vayan a cobrar --ya se lo preguntaré a mi
madre--. Por tanto, no somos pesimistas, lo que pasa es que entre la
niebla y la crisis económica no es para estar muy optimistas. De ahí --y
esta mañana no quería empezar con este tema-- ese estado de enfado
general de los sindicatos y de la gente produce lo que produce: una
huelga general el día 27, que no ha sido convocada por los sindicatos
porque Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez estén muy aburridos, sino
porque existe una situación social preocupante, ustedes tienen que
reconocerlo, y lo han dicho algunos de sus dirigentes políticos. Y cuando
uno viene aquí con toda la buena voluntad del mundo a dar una
alternativa, yo no digo que sea la solución de la crisis, en la
contención del déficit público, estoy seguro de que usted la va a
rechazar.
Por tanto, nada de que queremos paralizar la Administración, sí queremos
colaborar. Otra cosa es que ustedes, aunque haya cambiado el mapa
político, continúan erre que erre; muy bien, continúen ustedes erre que
erre y el 27 de enero nos veremos en la calle, usted paseando y yo en la
huelga general.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Cuevas.
¿Desea hacer uso de la palabra el portavoz de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿De Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Popular? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Básicamente, las consideraciones que se han hecho sobre las consecuencias
del incremento en la deuda pública y sobre las relaciones entre deuda
pública, endeudamiento y realización de inversiones en 1994, no han sido
contestadas por el portavoz del Grupo Socialista. Los argumentos estaban
allí y me da la impresión de que, después de su intervención, no han sido
puestos en tela de juicio en cuanto que no han sido rebatidos. Su
argumentación ha ido más bien de una forma colateral; es decir, hace
falta gasto público y protección social. Evidentemente, hace falta gasto
público y protección social, no es éste el tema del debate del Título V y
de la Sección 06 de Deuda Pública, pero puesto que lo ha suscitado en su
contestación el portavoz del Grupo Socialista, yo quisiera hacerle unas
reflexiones para situar el problema del endeudamiento en el marco más
amplio en el que evidentemente se encuentra. Hemos hablado de
endeudamiento, pero se han hecho pocas referencias a los ingresos que ha
tenido el Estado. Yo quiero decirle al portavoz del Grupo Socialista y a
las señoras y señores Senadores, que el año que viene, en 1994, hay
previstos unos ingresos no financieros de 13,2 billones de pesetas. Es
una cantidad importante con la que se pueden y se deben hacer muchas
cosas, desde educación hasta sanidad; pasando por protección social,
atención de la justicia, incluso, infraestructuras. Por tanto, no hay
sólo endeudamiento, hay también ingresos no financieros --los ingresos
normales del Estado-- con los cuales se pueden hacer. Y que,
paralelamente al incremento del endeudamiento, también han tenido una
evolución muy importante en los últimos años. En 1982, los ingresos no
financieros del Estado fueron 2,6 billones de pesetas, y al año que
viene, se espera que sean 13,2. Es decir, casi cinco veces más desde 1982
a 1994. Evidentemente, se han hecho muchas cosas, ¡faltaría más! Existe
una reforma fiscal que dejó la UCD, una economía española que ha ido
pagando esfuerzos, una sociedad que ha ido pagando sus impuestos, unos
recursos que ha dispuesto el Estado; y lo que se debe exigir no es la
responsabilidad de si han hecho o no han hecho, sino la de si lo que han
hecho está en proporción con los recursos que la sociedad ha puesto en
sus manos, y, como verá su señoría, este aumento de recursos en los
últimos diez años es muy importante. ¿El mérito es de la sociedad
española que les ha dado sus recursos o del Gobierno socialista que los
ha gastado? Vamos a situar las cosas en su contexto. Además de este
importante incremento en los recursos hay que tener en cuenta lo que se
ha discutido: aparte de este importantísimo incremento en los ingresos no
financieros ha habido un incremento muy importante en la deuda pública.
¿Hay una correspondencia entre lo realizado y los recursos dispuestos por
ingresos normales y por incremento del endeudamiento? Evidentemente es
opinable, pero es difícilmente asumible que lo que se ha hecho en estos
últimos diez años responda, de alguna forma, a los recursos de que han
dispuesto por ingresos y por el incremento del endeudamiento.
Respecto a 1994, el portavoz del Grupo Socialista nos ha dado un dato,
dice que va a haber un plan director para los próximos quince años y se
van a hacer unas inversiones --que él ha citado-- de más de cinco
billones de pesetas. Pues bien, ésta es la cifra de endeudamiento que va
a haber en 1994. Si se aplicara el criterio que he señalado, es decir,
que el endeudamiento debe dirigirse a las inversiones, todo este plan
director, en esa magnitud que ha señalado el portavoz del Grupo
Socialista de cinco billones de pesetas, debería de financiarse con el
endeudamiento que va a haber en 1994, pero la diferencia es que el
endeudamiento va a ser en un ejercicio, el de 1994, y la ejecución de las
inversiones en quince años. ¿Quiere, señor Segura, que nos sumemos
entusiásticamente a esta política financiera del Gobierno Socialista?
Pues mire usted, señor Segura, no; cada uno puede hacer lo que quiera
según sus criterios, pero si el endeudamiento de cinco billones va a
venir en un año y las inversiones en quince, no parece que sea un
procedimiento muy ortodoxo, y menos en las circunstancias en las cuales
estamos actualmente. Y como esto viene pasando habitualmente y resulta
que en 1994 va a ocurrir también, no se trata de que queramos
obstaculizar ni muchísimo menos ningún proyecto de ley, porque como Grupo
hemos dado muchas facilidades para que se tramitara en un mes en esta
Cámara y se cumplieran los plazos para poder estar en «Boletín Oficial
del Estado» antes del fin del ejercicio. Es decir, que como Grupo hemos
dado en cuanto a plazo y tramitación todas las facilidades, pero en
cuanto a contenido nos tenemos que manifestar diciendo lo que
verdaderamente pensamos y sentimos trayendo a esta Cámara --como se ha
señalado antes-- la preocupación de los territorios, de las provincias,
de las Comunidades de este país, que ven cómo tendrán que asumir un
endeudamiento en el futuro, pero no ven que las inversiones y las
realizaciones en infraestructuras y en otras instalaciones necesarias
respondan a ese endeudamiento que les va a llegar. Esa preocupación es la
que traemos aquí y queremos que conste en el «Diario de Sesiones» para
que se sepa que esto se ha dicho en esta Cámara y es públicamente
conocido. Luego, que cada uno decida su voto con arreglo a su
responsabilidad y que se responsabilice ante sus electores, pero aquí se
ha dicho porque hay que decirlo, y no porque tratemos en absoluto de
obstaculizar algo.
En cuanto a que haya pesimismo, en absoluto. Sabe, señor Segura, que este
Senador que le habla es esencialmente optimista en cuanto al porvenir de
España; ahora, eso no es óbice para que uno sea realista y conozca las
cifras tal como son, se expongan y se saquen las consecuencias que deben
deducirse y que son, en líneas generales, las que he expuesto ante esta
Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Alierta.
El Senador Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, comenzaré contestando al Senador Cuevas.
Mi querido Senador y compañero, yo espero que a finales del próximo mes
de enero, como consecuencia de la sensatez, que no le quiero negar ni a
Izquierda Unida ni a los diferentes sindicatos, en lugar de encontrarnos
usted en la calle enarbolando una pancarta y quien a usted se dirige en
la acera, con desazón, presenciando una innecesaria manifestación
pública, en lugar de vernos en ese escenario al que usted ha hecho
referencia nos veamos en una sala de Comisiones de esta Cámara,
discutiendo y apoyando actuaciones que, procedentes del Gobierno,
razonablemente puedan ser apoyadas por su Grupo político. Es a eso a lo
que yo me he querido referir. No digo que la globalidad del entramado
social de nuestro país no se encuentre en una cierta sensación de
irascibilidad, porque el paro es real, porque la situación de crisis
económica que vivimos ni la ha querido enmascarar el Gobierno ni este
Grupo parlamentario, al que represento en esta intervención en estos
instantes, ni ningún sector social, ni la Confederación de empresarios.
Nadie la ha querido enmascarar. Pero yo he querido hacer una llamada y
sumarme a las que han hecho el Presidente del Gobierno y miembros del
Ejecutivo en la línea de que es necesario impulsar un cierto sentido de
ilusión, de esperanza, de credibilidad en unos proyectos legislativos que
están tramitándose en estos órganos que representan la soberanía del
pueblo español; para que nuestro pueblo no piense que estas leyes que
vamos a ir aprobando sucesivamente son leyes rutinarias que no se
enmarcan en un mecanismo de avance hacia, precisamente, la consecución de
unas situaciones sociales que actualmente no nos gustan. Además, hay que
incentivar al inversor; hay que transmitirle la imagen de unas Cortes
Generales con personalidad, trabajando firmemente por estos proyectos y,
en efecto, estableciendo mecanismos, con dificultades, pero insertos en
una política, como aquella a la que nosotros nos debemos de la Unión
Europea, que posibiliten que salgamos de esta situación de bache en la
que nos encontramos en los últimos años.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista pretende, en este turno de
portavoces, reiterar manifestaciones que hemos realizado en otros
momentos y, desde luego, ofrecer la cooperación a distintos grupos, y
concretamente al Grupo Parlamentario Popular, mediante la aceptación de
una enmienda transaccional en base a la enmienda número 134, en una línea
de establecimiento de un mejor y más claro mecanismo de control del
Tesoro Público. Concretamente, añadimos un nuevo apartado dos al artículo
sesenta, apoyándonos --insisto-- en la enmienda 134 que era al artículo
cincuenta y cinco, que dice: «El Tesoro Público comunicará
trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los
Diputados y del Senado las operaciones de crédito y avales concedidos por
el ICO de los que responda subsidiariamente, según lo estipulado en el
artículo 54 de la presente Ley.»
En relación a las restantes enmiendas, señorías, nos vemos en la
obligación de rechazarlas porque, o bien unas son enmiendas de supresión,
o bien otras establecen mecanismos que supondrían encorsetamientos
innecesarios en la acción de Gobierno. Ello no significa, en modo alguno,
nuestro rechazo, que nosotros no nos sumemos a una actitud global de la
Cámara de control del Gobierno. Somos, precisamente, los más interesados.
En los sucesivos artículos de este Título V, tanto en la fase de
tramitación en el Congreso de los Diputados, como actualmente en el
Senado, pensamos que se han introducido, por primera vez, unos filtros
obligatorios por los cuales el Ejecutivo tendrá que prestar cada
trimestre una explicación y aportarla con datos y con la personación ante
las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado de los
responsables correspondientes. Consiguientemente, pensamos que la pureza
democrática, que tiene precisamente que presidir toda actuación en una
vida parlamentaria democrática, está respaldada y apoyada
fundamentalmente por todas esas decisiones adoptadas, repito, a lo largo
de la tramitación de esta ley.
Señorías, por lo que se refiere a las distintas preocupaciones,
manifestadas en diferentes enmiendas por varios Grupos parlamentarios,
sobre los Fondos de Ayuda al Desarrollo, créanme que también nosotros
estamos preocupados por el buen establecimiento de mecanismos de control
de un buen uso de esos fondos.
Señorías, no podemos aceptar la filosofía de duda que rezuma en alguna de
esas enmiendas --y no voy a referirme a ninguna de ellas en concreto--,
de desconcierto, de desazón ante lo que puede imputarse al Gobierno como
ligereza a la hora de conceder esos préstamos. Precisamente con los
mecanismos establecidos en la Ley cada tres meses vamos a estar en
condiciones de conocer milimétricamente las cuantías, los
criterios para la asignación de esas cuantías dinerarias y los mecanismos
suficientes de control de hacia dónde llega el dinero. Nos preocupa, qué
duda cabe, el que algunos de esos fondos --y así lo han manifestado en
sus enmiendas y verbalmente algunos portavoces-- puedan tener una
utilización de tipo bélico.
Señorías, en ocasiones resulta muy difícil hacer un seguimiento de quién
recibe la transferencia del capital correspondiente una vez que se
produce, sea un país o sea una organización de diferente naturaleza.
Nuestra preocupación se suma a la que ustedes han manifestado en sus
enmiendas, en el sentido de que es necesario incrementar los filtros, los
mecanismos de control y las actuaciones que impidan que ese dinero, o que
una fracción de él, por pequeña que sea, se invierta en un proceso de
alimentación o retroalimentación bélica en algunos de los países
destinatarios. Creemos que vamos a estar en condiciones de impedirlo.
Y termino, señorías --soy consciente de que finaliza el tiempo que
reglamentariamente me asigna la Presidencia--, diciendo que el Título V
es de los títulos políticamente más sugestivos para un Grupo
Parlamentario de la oposición para, en efecto, incidir y llevar a cabo
una oposición dura desde la perspectiva parlamentaria y del control.
Yo quiero agradecer a los Grupos que sus intervenciones, a través de sus
Portavoces, no hayan tenido un carácter agrio o de desmantelamiento de
una estructura. Entendemos que han perseguido el establecimiento de
mecanismos de control del Gobierno y de disminución de la deuda pública,
que innegablemente a todos nos preocupa y que es patrimonio del pueblo
español. Desde esa perspectiva hemos recibido la crítica, pero no hemos
podido aceptar en absoluto el rechazo correspondiente del Título V por
cuanto ello significaría el desmantelamiento de un mecanismo básico de
redistribución financiera de los fondos del Estado para el buen
funcionamiento de organismos autónomos, precisamente en aras de la
eficacia del servicio público.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Segura.
Pasamos ahora al Título VI, que comprende, como sus señorías bien saben,
los artículos sesenta y dos a ochenta.
Tiene la palabra el Senador Cañellas para la defensa de sus enmiendas.
El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Los Senadores por Baleares tenemos presentadas a este Título dos
enmiendas, la 1.569 y la 1.570, ambas tendentes a que en dos supuestos
completamente distintos se produzca una reducción del IVA, que se liquida
sobre determinados conceptos. En el caso de la enmienda 1.569, se
pretende que el transporte de viajeros y equipajes a las islas sin
aeropuerto se tribute al tipo reducido del 3 por ciento, habida cuenta de
la dificultad que tienen esos territorios insulares en lo que concierne a
su acceso.
En el segundo caso, la enmienda 1.570 pretende que las obras, trabajos y
servicios que contraten las Corporaciones Locales para sí mismas tributen
también a ese tipo del 3 por ciento.
Resulta absurdo que con arreglo a la Ley del IVA los trabajos que
realizan, por ejemplo, las compañías suministradoras de gas o de agua
estén exentos del IVA y, en cambio, los trabajos que realizan las
Corporaciones Municipales en beneficio de toda la Comunidad, no lo estén.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Cañellas.
Tiene la palabra el Senador Cuevas para la defensa de sus enmiendas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
A juicio de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, partimos de la
segunda modificación de la Ley 18/1991, puesta en vigor en el año 1992.
Ahora, de nuevo, presentan otra modificación más, modificación que nos
parece bastante injusta, que se vuelve a cargar otra vez en los impuestos
sobre las personas que tienen nóminas.
En este nuevo cambio de la Ley, aunque sea vía Presupuestos, los
trabajadores con nómina van a pagar los 439.000 millones que se le van a
deducir a empresas y sociedades. Por tanto, señor Segura, verá usted que
la cosa no va bien. Es decir, 439.000 millones se deducen a sociedades y
empresas y se cargan en las tablas del IRPF. Yo sé que el señor Segura me
va a decir que las tablas no se han subido ni se han bajado, y es cierto.
Pero con este enfriamiento de los salarios, dispuestos a coger algún
resfriado, al no reducirse las tablas los trabajadores van a seguir
pagando más. Entre la inflación y que los salarios están congelados, lo
van a pagar de forma indirecta, cosa que no nos parece demasiado
correcta.
Planteamos también desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que,
dado que el Gobierno prevé --y ojalá no se equivoque-- 3,5 puntos de
inflación, se deflacte de las tablas, con lo cual los trabajadores al
menos se quedarán como están. No cobrarán más ni menos, pero se quedarán
como están.
Otro bloque de enmiendas va dirigido a incorporar reducciones que se han
hecho otros años, por ejemplo
en el rendimiento del trabajo independiente. Nosotros proponemos una
reducción de 30.000 pesetas en los salarios que van de un millón a un
millón 800.000 pesetas. De los salarios más bajos ya ni hablamos. También
proponemos deducciones por gasto de custodia, que también se contemplaban
en años anteriores, como cuidado de ancianos, minusválidos, asistencia a
menores y escuelas infantiles.
En definitiva, señor Presidente, tratamos de que en período de crisis nos
repartamos la crisis. Pero, como sería lógico, que hagan más sacrificios
los que pueden hacerlo y menos sacrificio los que no pueden hacerlo.
Para concluir, señor Presidente, le voy a aceptar la invitación que el
señor Segura me hizo para trabajar en una comisión después de la huelga
general, una invitación que significará que el Gobierno había rectificado
su política económica. Pero mucho me temo, señor Segura, que a pesar de
su buena voluntad y la mía, me voy a quedar soltero y sin compañero.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Cuevas.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene derecho a hacer uso de la palabra
el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
La doy por defendida en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Utrera.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el señor
Torrontegui tiene la palabra.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto a nuestra enmienda número 1.294, quisiéramos decir que la
familia, tal y como indicábamos ayer, ejerce, dentro de los presupuestos,
una labor natural de contenido económico-social muy importante. Por
tanto, nosotros ampliaríamos las deducciones por alquiler. En ese
impuesto sólo se contemplan las declaraciones individuales y no las
conjuntas, nosotros matizaríamos tanto la deducción por alquiler
conjunto, de la unidad familiar, como individual. Para ello introducimos
que el sujeto pasivo no tenga rendimientos netos superiores a dos
millones de pesetas anuales, cuando se trata de declaraciones
individuales. Sin embargo, para las declaraciones conjuntas aumentaríamos
quinientas mil pesetas más por cada miembro de la unidad familiar. Con
esto, realmente, no se distorsionan nada los ingresos de la Hacienda
Pública y, en cambio, sí se mejora la redistribución entre
contribuyentes, favoreciendo a las familias con más miembros a su cargo.
La enmienda 1.295 es una defensa del «leasing» como un producto
financiero que en este momento puede estar en cierta forma adormilado.
Nos gustaría que tuviese su activación económica, por lo que estimamos
que conviene que se estudie esta enmienda a fondo. Nuestra propuesta es
muy sencilla. Donde en el proyecto de ley se dice: «No serán acogibles a
la deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos los
bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero», nosotros
suprimimos el término «no» y decimos que «serán acogibles». Entendemos
que esta figura requiere de un estudio detenido y estaríamos dispuestos,
si se presenta una transaccional, a observarla con detenimiento.
Con la ampliación de la letra m) en el artículo sesenta y dos creemos
que, en parte, se cumple lo que nosotros proponíamos, en la enmienda
número 1.304, al incluir en aquel apartado las exenciones sobre IRPF de
las pensiones de mutilados de guerra. No obstante, creemos que no se ha
incluido en este colectivo a los retirados por incapacidad física como
consecuencia del servicio prestado, puesto que las pensiones especiales
de guerra no les corresponden. Retiramos, por tanto, la enmienda 1.304,
si bien dejamos vigente esta denuncia por parte de nuestro Grupo.
El resto de las enmiendas, las números 1.296, 1.297 y 1.298, tratan de
mejorar el tratamiento fiscal de los centros de enseñanza sobre el IBI,
el IAE e IVA. Son enmiendas a los artículos setenta y uno, setenta y dos
y setenta y cuatro respectivamente.
Las enmiendas 1.904 y 1.905, referentes al artículo setenta y cuatro,
también son mejoras requeridas para los centros de enseñanza, que
estimamos muy oportunas.
Sin más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Si no estoy confundido, presentamos las enmiendas 1.158, 1.159 y 1.160.
La enmienda 1.158 al artículo setenta y cuatro va encaminada a aligerar
exenciones y dar posibilidades a las empresas para crear desarrollo,
además de pretender adecuarnos a la Directiva 77/388 la Comunidad
europea, que fue aprobada --o, al menos, así son nuestras noticias-- en
el último consejo de Ecofin del pasado año.
La enmienda 1.159 al artículo setenta y ocho es de adición. Es una
reivindicación bastante defendida por nuestra parte cuando tratamos la
Ley 38/1992. Reivindicamos de nuevo la gestión, liquidación, recaudación,
inspección, revisión, etcétera, del Impuesto Especial sobre determinados
medios de transporte, lo que nosotros denominamos impuesto de
matriculación, que es
un impuesto de un desarrollo específico en la Comunidad Autónoma de
Canarias y que deseamos «moverlo», valga la expresión, entre comillas en
la Comunidad.
La enmienda 1.160 al artículo ochenta, apartado uno, pide la aplicación
de un coeficiente reducido para los aeropuertos canarios y baleares en
los vuelos interinsulares, dado que una vez más la normalización de
determinadas normas --valga la redundancia-- en todo el territorio del
Estado español afecta a la especificidad archipielágica de Canarias y
Baleares. Solicitamos una reducción del 0,9, porque, si se aplica el
coeficiente que contempla el proyecto de ley de Presupuestos, de nuevo
los insulares seríamos penalizados.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a proceder a defender las enmiendas 1.829, 1.838, y las enmiendas
1.862 y 1.863 las defenderá el Senador Rigol, para lo que nos vamos a
distribuir el tiempo asignado para ello.
Respecto a la enmienda 1.829, tiene por objeto compatibilizar las
deducciones por inversiones en activos fijos y la financiación a través
de la fórmula del «leasing». Con ello perseguimos dos objetivos: por un
lado, devolver la competitividad perdida a la fórmula de financiación de
inversiones del «leasing», y, por otro, favorecer a las pequeñas y
medianas empresas, que son las que utilizan esta fórmula para financiar
sus inversiones básicamente. Las dos ventajas fiscales que aquí
contemplamos las matizamos a través de un coeficiente que evite una
duplicidad de beneficios fiscales.
En cuanto a la enmienda 1.838, tendente a potenciar el sector turístico,
tiene por objeto unificar el tipo de IVA aplicable a los sectores de
hostelería y restauración. Se ha presentado ya a esta Mesa una enmienda
transaccional, firmada por cuatro grupos de esta Cámara, con lo cual esta
enmienda se centra en cambiar el tipo del IVA en los restaurantes de tres
tenedores, reduciéndolo del 15 por ciento actual al seis por ciento. Con
ello creemos que ya conseguimos la parte principal de nuestros objetivos,
ya que es en este sector de restauración y, concretamente, en este tipo
de establecimientos donde mayor problema se creaba, manteniendo el tipo
del 15 por ciento exclusivamente para los hoteles de cinco estrellas y
los restaurantes de cuatro y cinco tenedores.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Cambra.
Para la defensa de las dos enmiendas restantes que a este Título tiene
presentadas el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra el Senador Rigol.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.
La primera de las dos enmiendas que presento tiene por objetivo una menor
desgravación por ingresos totales, y con esto conseguir un fondo para
poder aplicarlo en función del número de hijos por familia. Estas dos
enmiendas intentan ir en la línea de poder arbitrar una serie de ayudas a
las familias.
Como sus señorías saben, en Europa hay cuatro tipologías de ayudas a las
familias: una, que va directamente hacia el incremento de la natalidad,
como en Francia, por ejemplo, y algunos «länders» alemanes; otra, que no
ayuda directamente a la familia pero sí establece una red de ayudas a las
que tienen problemas específicos: familias rotas, familias con miembros
en paro, etcétera. Una tercera política es la de los países nórdicos, que
intentan hacer una redistribución de renta para que cada uno asuma su
modelo de familia propio pero que también hace que el tener hijos no sea
una excesiva heroicidad. Y, por último, están los países mediterráneos,
como el nuestro, Italia o Portugal, que, francamente, no tienen política
de ayuda a la familia.
Con estas enmiendas intentamos, pues, modestamente, empezar esta línea en
la que poder tener hijos sea visto como un bien común y generalizado y
que, por tanto, el Estado, en su función de redistribución de rentas,
intenta implementarlo. Lo hacemos con estas fórmulas muy modestas y
procurando no incrementar el gasto público, sino con la redistribución de
los distintos gastos del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Rigol.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, señorías, voy a defender las
enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular presenta al Título VI, de
Medidas Fiscales, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado.
Voy a intervenir en nombre de mi Grupo para, en primer lugar, echar en
falta a algún miembro del Gobierno en esta reunión, tras la aparición
fugaz del Ministro de Economía y Hacienda, de quien me habría gustado
obtener, no ya una respuesta, pero sí por lo menos una atención a la
argumentación que aquí desarrollemos. Resulta cuando menos sorprendente
el escaso compromiso que el Gobierno parece tener con su propio proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado.
No nos extraña que ese compromiso sea tan débil, porque el deterioro de
las cuentas públicas, al término del ejercicio 1993, es de tal magnitud y
responde a causas tan profundas que no puede corregirse sin abordar una
reforma a fondo de los criterios que han dado lugar precisamente a ese
deterioro en las cuentas públicas. Estamos convencidos de que,
lamentablemente, para resolver los problemas de déficit público y de
deuda pública que tiene nuestro país, no basta con enunciados vagos y,
desde luego, no basta con pequeños reajustes, austeridad en algunas
partidas de gasto público, sacrificios pedidos a funcionarios,
pensionistas y otros grupos sociales, y no basta tampoco con mantener las
tarifas del Impuesto sobre la Renta, aumentando de forma oculta la
presión fiscal de los contribuyentes; todo ello no basta si no se procede
a una reforma en profundidad de los criterios inspiradores de esa inercia
expansiva del gasto público.
Por el lado de los impuestos hemos de señalar, en primer lugar, que la
presión fiscal en España ha crecido, y mucho, durante los últimos años.
Si atendemos a la serie histórica, los datos homogéneos comparables con
los países de la OCDE, observamos que desde el año 1982, año en el que la
presión fiscal ascendía al 25,6 por ciento en términos de producción
nacional, de producto interior bruto, el total de lo recaudado por
impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social era la cuarta parte del
valor de los bienes producidos en la economía: el 25,6 por ciento. En el
año 1992 hemos pasado al 36 por ciento, un crecimiento ligeramente
superior a los diez puntos, exactamente en diez años. Esto significa que,
en promedio, salimos a un punto de aumento en la presión fiscal cada año.
¿Qué significa un punto de aumento de presión fiscal cada año? Pues en
pesetas del año 1993 significa que cada año el total de las
Administraciones Públicas --pero principalmente el Estado-- ve crecer su
recaudación fiscal por ingresos fiscales en la misma medida en que crece
la economía y, además, un punto de producto interior bruto más. Hecho un
pequeño cálculo numérico con datos actuales, ese crecimiento de un punto
supondría en el año 1993, más de 600.000 millones de pesetas adicionales;
para el año 1994, de seguir esa tendencia, supondría un aumento de
ingresos fiscales de las Administraciones Públicas de en torno al 8 por
ciento --e insisto--; de seguir esa tendencia, que es la que se ha
llevado durante diez años, esto reflejaría que, mientras que a
contribuyentes, mientras que a trabajadores se les piden sacrificios, las
Administraciones Públicas, y especialmente las Administraciones
centrales, han visto crecer sus ingresos hasta tasas muy superiores, para
ir absorbiendo un trozo del pastel, un trozo de la producción nacional
cada vez mayor. Pero ese crecimiento de presión fiscal no ha sido
suficiente. El gasto público ha ido por delante --esto es especialmente
cierto en los últimos tres años--, y el déficit público no ha hecho más
que crecer. Concretamente, el año 1993 marca un récord histórico --el 7,2
por ciento del valor del producto nacional-- que nos sitúa en una
posición muy delicada con vistas al futuro. Hemos iniciado --y de eso
estamos convencidos en el Grupo Parlamentario Popular-- un camino de
autoalimentación del déficit público. La deuda pública de hoy va a
comprometer los déficit públicos del futuro, y a un ritmo que, me da la
impresión, el Grupo Parlamentario Socialista --y quizá algún otro en esta
Cámara-- no ha llegado a percibir o, por lo menos, no lo está reflejando
en sus intervenciones.
En comparación con los otros países de la OCDE, este ritmo tan vivo de
aumento de la presión fiscal en nuestro país nos ha llevado a superar
--ya lo hemos hecho-- el nivel promedio de presión fiscal en los países
más desarrollados. Ya lo hemos superado, si tomamos la media en términos
ponderados; es decir que, habida cuenta el producto interior bruto de
toda la organización de cooperación y desarrollo económico, de la OCDE,
dividido por el total de recursos fiscales obtenido en el área de la
OCDE, nos daría un nivel de presión fiscal ligeramente inferior al que ya
tenemos en España. Si a esto añadimos métodos algo más complejos para
valorar la carga fiscal que están soportando los contribuyentes
españoles, como sería la medida del esfuerzo fiscal, o como sería la
presión fiscal potencial, resulta bastante evidente, desde nuestro punto
de vista, no tanto desde la perspectiva del Gobierno y del Partido que lo
sustenta, que en España se pagan muchos impuestos, y lo que es peor:
quienes en España pagan impuestos pagan mucho más que los que se pagan en
la OCDE, y precisamente por eso los promedios, cuando se promedian los
contribuyentes que pagan y los contribuyentes que no pagan, nos salen al
mismo nivel que los países de la OCDE. Por tanto, diremos que, en España,
la presión fiscal ha dejado ya de ser baja hace algunos años: es
sustancialmente mayor que la que se produce en los países más dinámicos
de la OCDE y, desde luego, está muy próxima a la de países que
consideramos un modelo a seguir, como es el caso, por ejemplo, de
Alemania o del Reino Unido.
Si en España la presión fiscal es elevada --al menos es comparable a la
de los países de la OCDE--, parece claro que avanzar una propuesta de
contención del avance de la presión fiscal es perfectamente razonable:
que no crezca más del nivel actual, en torno al 36 por ciento del valor
de la producción nacional, en que se encuentra. Pero, al mismo tiempo,
esa contención del avance de la presión fiscal ha de realizarse mediante
la racionalización del propio sistema, o sea, ambas cosas. Para, frenar
la presión fiscal para, posteriormente, cuando lo permita el déficit
público, reducirla y, desde luego, racionalizar el sistema desde el
propio ejercicio de 1994, parecen objetivos bastante coherentes. Porque
sabemos ya que sobre la actividad económica,
tanto como el valor absoluto de la presión fiscal, tanto como su nivel
--36 por ciento en estos momentos en España-- influyen negativamente su
ritmo de crecimiento e influye, también negativamente, la estructura, los
impuestos que permiten obtener esa recaudación. En ambos casos podemos
decir que la presión fiscal española es de una categoría, de una calidad
peor a la de otros países, primero, porque el ritmo de crecimiento ha
sido muy vivo en los últimos diez años. Si bien es cierto que algunos
países comunitarios tienen todavía un nivel de presión fiscal algo mayor
que el nuestro, también lo es que en los últimos diez años la presión
fiscal en España ha crecido a un ritmo del 35 por ciento, mientras que en
Europa lo ha hecho a un ritmo inferior al 5 por ciento, es decir, que la
sensación que los contribuyentes tienen respecto de la carga fiscal que
soportan ha aumentado en nuestro país siete veces más deprisa que en los
países comunitarios.
En segundo lugar, si analizamos la estructura del sistema fiscal español,
resulta que son precisamente los impuestos empresariales, Impuesto sobre
Sociedades, transmisiones patrimoniales y otros impuestos, como el
Impuesto de Actividades Económicas, y las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social, las fuentes principales de recursos tributarios, y,
desde luego, están muy por encima de lo que esas fuentes tributarias
generan en otros países. Es decir, si lo que pretendemos es relanzar la
actividad económica, estamos actuando justamente sobre los impuestos
sobre los que no se debería de actuar, sobre impuestos en la actividad
empresarial.
Por ello, nosotros pensamos que la complacencia que se está demostrando
en todo el debate presupuestario con el sistema fiscal que tenemos, con
pequeños retoques que son necesarios, como la deducción de alquileres en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o algunas otras
actuaciones sobre la familia, etcétera, no dejan de ser insuficientes.
Hay que proceder a una reestructuración del sistema tributario. Pero aquí
el Gobierno nos espeta que hay un coste recaudatorio que no se puede
asumir. Y, por tanto, se tamiza, se condiciona, cualquier intento de
reordenación del sistema tributario en función de las posibilidades
recaudatorias del sistema, o lo que es tanto como decir en función de un
déficit público que parece que ha caído sobre nuestro país, igual que la
niebla estos días, como una amenaza genérica que no se sabe de dónde
procede, cuando en realidad ese déficit público ha sido fruto de unas
actuaciones presupuestarias de años anteriores. Por tanto, no nos puede
sorprender que lleguemos a este punto.
Dicho de otra forma; si para corregir el déficit público hemos de frenar
la necesaria reforma fiscal, la reordenación de nuestro sistema
tributario, al final nos encontraremos que ni vamos a frenar el déficit
público ni vamos a tener un sistema tributario que incentive la actividad
económica. Ambos objetivos se pueden realizar simultáneamente o, lo que
nos tememos, se pueden perder simultáneamente: el déficit público y la
racionalización del sistema fiscal.
No nos cabe ninguna duda de que en este proyecto de presupuestos para
1994 aumenta la presión fiscal, de que hace crecer la presión fiscal.
Para ello, me gustaría remontarme a ese extraño y dudoso concepto que es
la presión fiscal individual, diseñado por algún alto cargo del
Ministerio de Economía y Hacienda. Este concepto de presión fiscal
individual no tiene sentido ninguno, es un concepto erróneo, lógicamente,
pero sugiere que los individuos verán aumentar sus cargas fiscales. Este
proyecto de presupuestos va a hacer aumentar las cargas fiscales de los
individuos primero, porque no se deflactan las tarifas del IRPF. Segundo,
en el caso de los trabajadores, porque aumentan las cotizaciones a la
Seguridad Social en medio punto, que es bastante. Tercero, porque
aumentan los impuestos especiales. Y en cuarto lugar, porque aumentan los
valores catastrales, que tienen efectos en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, en el Impuesto sobre el Patrimonio y en algunos otros, como
las transmisiones patrimoniales, sin que en realidad se esté produciendo
incremento de valor en el mercado de los inmuebles. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Por tanto, les diré qué incremento de presión fiscal individual --vuelvo
a repetir, extraño concepto--, si se va a dar. ¿Va a reducir el
incremento de la presión fiscal el déficit público? Ya hemos dicho que
sustancialmente no. Pero también --y esto nos produce escepticismo
respecto de las posibilidades de reforma fiscal-- el crecimiento del
gasto publico presupuestado para el año 1994 en términos agregados de
todas las Administraciones Públicas centrales del 10 por ciento
inhabilita la posibilidad de proceder a esta reordenación.
¿En qué consiste el programa fiscal del Gobierno para el año 1994? Pues
miren, supondrá más impuestos para todos y más contribuyentes que otros
años. Concretamente, desempleados, sujetos aquejados de incapacidad,
etcétera, tributarán más porque ahora tributan por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. En segundo lugar, consistirá en que
empresarios, profesionales, sociedades y agricultores tendrán que esperar
algún tiempo más para que el sistema tributario recoja lo que es propio
de sus actividades empresariales o profesionales. Es decir, un año más
los agricultores van a tributar con un sistema, el de estimación objetiva
mediante coeficientes, que no les resulta apropiado. Un año más se hace
un retoque, un parcheo rápido a los módulos de la estimación objetiva
para pequeños empresarios, en lugar de revisar el concepto mismo de los
módulos y cómo se determina el beneficio empresarial. Un año más, las
sociedades van a tributar por un Impuesto sobre Sociedades, que ya desde
el año 1991 el Gobierno aseguró que iba a reformar. Va a llegar el año
1995, como pronto, y las sociedades seguirán tributando por un impuesto
que, ciertamente, no recoge las particularidades de la actividad
societaria, de la actividad empresarial en estos ejercicios. Los
trabajadores también tributarán más y, precisamente, por el impuesto que
más penaliza el factor trabajo, que son las cotizaciones a la Seguridad
Social. Este es el programa fiscal que el Gobierno nos propone en esta
ley de Presupuestos.
¿Cuál es el nuestro? Pues bien, en primer lugar, nuestras propuestas
fiscales se distribuyen entre este proyecto de ley, el de presupuestos, y
el de Medidas Financieras, que veremos esta tarde o mañana en este Pleno.
Ambos conjuntamente, con propuestas en la ley de Presupuestos y en la ley
de Medidas de Acompañamiento, configuran no una propuesta de reforma
fiscal completa del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sino
simplemente el conjunto de medidas mínimas para que realmente se consiga
el objetivo que el Gobierno dice que este presupuesto pretende alcanzar,
que es la reactivación de la economía.
Por ello, y hago una breve referencia a alguna de nuestras enmiendas
principales, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
proponemos que se aplique de una vez la no nata, la nunca aplicada tarifa
del Impuesto sobre la Renta que fue diseñada en la última reforma para
ser aplicada en el año 1992. Recuerden que en 1991 se aprobó una ley de
un impuesto con toda una fundamentación teórica por parte del Ministerio
y con todo un apoyo mayoritario de los grupos de las Cámaras, con
excepción del Grupo Parlamentario Popular. Ese apoyo mayoritario dado a
ese texto, que aunaba el entusiasmo de todos los grupos parlamentarios
--con excepción del Popular--, al cabo de unos pocos meses de andadura, y
con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tuvo que ser abandonado
precipitadamente porque las cuentas públicas no resistían más, porque en
las cuentas públicas se veía ya venir, y estamos hablando de 1992, el
deterioro que ahora ya parece resultar irreversible.
Esa tarifa, por otro lado bastante moderada, establece unos tipos máximos
del 53 por ciento, cuando los países con los cuales nos estamos cruzando
en competencia establecen tarifas menores, por ejemplo, del 40 por ciento
en Reino Unido y poco más del 30 por ciento en Estados Unidos. Además,
son tarifas que están reduciéndose, que están bajando los tipos
impositivos. Sin embargo, nuestra peculiar solución hispana es aumentar
las tarifas del Impuesto sobre la Renta cuando todo el mundo las está
reduciendo. Así, tenemos en estos momentos una tarifa al 56 por ciento, y
el 20 por ciento del tipo mínimo, que no se corresponde con lo que se
está aplicando en el resto de los países occidentales, no guarda relación
con lo que se hace en los principales países occidentales. Es más, el
Gobierno y todos los votantes a favor de aquel proyecto de ley de
presupuestos están, de nuevo, incumpliendo una disposición transitoria
del mismo, porque se decía que ya en el año 1993 la tarifa original de
1991 sería revisada a la baja otra vez para establecer sus tipos mínimos
y máximos en el 18 y 50 por ciento respectivamente.
Pues bien, no se ha reducido, sino que, por el contrario, ha aumentado la
tarifa del impuesto. ¿Qué supone esto? Pues supone nada más y nada menos
que año tras año esta tarifa que no se mueve desde los años 1991, 1992,
1993, y que va a seguir en 1994, está agrediendo las rentas monetarias
que obtienen los contribuyentes. Es decir, hay un aumento de la presión
fiscal de forma oculta, de forma poco evidente, pero lo cierto es que los
contribuyentes pagan más cada año, tributan porcentualmente más por este
impuesto.
En segundo lugar, junto a la actualización de las tarifas, proponemos un
régimen fiscal llamémosle transitorio o definitivo, nos da igual, pero
con el que, en cualquier caso, pretendíamos que se discutiera sobre esa
propuesta de sistema fiscal para los agricultores.
El Gobierno, una vez más, al igual que hace con el Impuesto sobre
Sociedades, que nos lo promete para 1994 cuando nos lo prometió para
1991, señala que los agricultores deben esperar a que salga en su momento
un sistema de módulos --tendremos ocasión de analizarlo más adelante--,
pero lo cierto es que los agricultores van a tributar por las rentas
obtenidas en el ejercicio de 1993 de acuerdo con un sistema que no se
adapta bien a las actividades agrarias. Por eso nosotros proponemos un
sistema fiscal diferente que consiste --explicado sucintamente-- en la
aplicación de unos coeficientes únicos que se recogen en el antiguo
sistema de estimación objetiva singular simplificada al que podían
acogerse aquellos agricultores que tuvieran un volumen de ventas muy
reducido. Por otro lado, proponemos el establecimiento de coeficientes
más altos para gastos deducibles, gastos más difíciles de justificar en
la agricultura que en cualquier otra actividad empresarial. La situación
del campo español así como la reestructuración a que se está abocando a
estos contribuyentes exigen una consideración fiscal específica para
estas actividades.
En tercer lugar, proponemos también para los empresarios individuales una
reforma del sistema de módulos, de esos módulos que a casi nadie han
contentado y cuya única virtud es la simplicidad. Por otra parte, su gran
inconveniente es que no llegan a determinar el verdadero beneficio que
obtienen los empresarios. Así, nos encontramos con que en un sistema
tributario que se dice moderno se están determinando los beneficios
empresariales mediante ese sistema arcaico de módulos, cuyos estudios
básicos para su determinación se realizaron en los años 1988, 1989 y en
algunos casos determinados en 1990, tratan de aplicarse en el año 1994
cuando se van a dar unas situaciones económicas completamente
distintas a las que se dieron durante esas épocas anteriores que he
mencionado. Pero el Gobierno resuelve esta cuestión dando un capotazo y
bajando en un 9 por ciento, creo recordar, lo que los módulos señalan que
es el beneficio empresarial.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Utrera, «decíamos
ayer...».
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, termino en dos minutos.
Estaba diciendo que según eso, nos quedamos sin que quede bien
determinado el beneficio empresarial y al mismo tiempo con esa sensación
que tienen los empresarios de que están tributando en exceso a causa de
este sistema de módulos.
Por otro lado también solicitamos que el sistema de módulos sea
intercambiable con el de coeficientes en la determinación del beneficio
en estimación objetiva. ¿Qué razón hay si algún contribuyente no está de
acuerdo con los módulos establecidos en su sector para que no pueda
beneficiarse del sistema de estimación por coeficientes, sistema muy
semejante al de estimación directa? ¿Qué razón hay? ¿Por qué llevarle al
sistema de estimación directa en el que las obligaciones formales le
impiden absolutamente poder determinar sus beneficios cuando se trata de
pequeñas actividades empresariales? No entendemos la razón, pero el
Gobierno y el Grupo Parlamentario que lo sustenta se niegan a esta
posibilidad de que los contribuyentes estén en estimación objetiva bien a
través de módulos, bien a través de la estimación por coeficientes.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades se han presentado las medidas
fiscales como una ayuda a la inversión empresarial. Es cierto que algo
hay de eso, pero hay que decir que esa ayuda se evapora en nuestras
mentes toda vez que el coste fiscal de la misma, recogida en la Ley de
Presupuestos, no superará en 1994 los 5.000 millones de pesetas. Es
decir, todo el programa de relanzamiento a la inversión empresarial
recogida en los Presupuestos Generales del Estado se cifra en dos
pesetas. Con esa cifra, poco relanzamiento va a haber. Las medidas que
sugerimos para incentivos empresariales son más importantes aún en la Ley
de Medidas Financieras que veremos posteriormente, pero en cualquier caso
solicitamos un aumento de los incentivos para la inversión empresarial
tanto en activos fijos como en formación profesional o en contratación
laboral de minusválidos.
Por último, y haciendo un resumen rápido de las enmiendas que ha
presentado mi Grupo a esta parte fiscal del proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado, quiero decirles que en el Impuesto
sobre el Valor Añadido nosotros pedimos --otros grupos de la Cámara
también lo solicitan, por tanto, anuncio ya que pediremos la votación
individualizada de algunas de estas enmiendas para que todos los grupos
nos podamos definir sobre nuestras verdaderas pretensiones fiscales-- que
tanto en lo que se refiere a bebidas refrescantes, a actividades de
hostelería, concretamente en lo relativo a hoteles de cinco estrellas y
restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores, como en lo que se refiere
al transporte marítimo y aéreo --me refiero concretamente al transporte
marítimo cuando no existe posibilidad de transporte aéreo en entornos
insulares porque no se dispone de infraestructuras para dicho
transporte-- los tipos impositivos se pongan al 6 por ciento en el
Impuesto sobre el Valor Añadido excepto en el último caso que he
mencionado en el que el tipo sería del 3 por ciento. ¿Qué significa esto?
Sencillamente proporcionarle al turismo español, actividad principal
dentro de nuestro tejido productivo, y a unos servicios concretos que
están sometidos a una exclusión transitoria en algunos casos del tipo que
les corresponde, de ese 6 por ciento...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, permítame que le
llame la atención por segunda vez. Su señoría se ha excedido en un cuarto
de hora del tiempo del que tenía disponible.
Le ruego termine.
El señor UTRERA MORA: Sí, señor Presidente, termino enseguida.
Por tanto, concluyo diciendo que en lo que se refiere a estas actividades
es nuestra intención proponer --así lo hicimos en nuestras enmiendas--
que el tipo impositivo sea el reducido en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Muchas gracias, señor Presidente. Le agradezco una vez más el tiempo que
con tanta amabilidad me ha concedido.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Utrera.
Pasamos a la enmienda número 1.874 del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el Senador Segura por un tiempo de tres minutos.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor Presidente.
En nuestra enmienda número 1.874 el Grupo Socialista propone introducir
una modificación en el apartado cuatro del artículo setenta y cuatro del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 por la que
se cambiaría el texto del párrafo primero de la disposición transitoria
undécima de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, quedando la redacción de la siguiente forma: Durante el
año 1994 tributarán al tipo impositivo del 15 por ciento los servicios de
transporte aéreo y marítimo de viajeros y sus equipajes.
Señorías, la Directiva 92-77, de 19 de octubre de 1992, sobre
armonización de tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido en
la Comunidad Europea, hoy día Unión Europea, establece que, salvo las
excepciones aplicables a determinados países o a determinadas
operaciones, los Estados miembros deberán aplicar un tipo general que no
sea inferior al 15 por ciento, y podrán aplicar uno o dos tipos reducidos
que no sean inferiores al 5 por ciento para la entrega de los bienes y
las prestaciones de servicios que se comprende en un anexo de esa
Directiva.
Consecuentemente, los referidos transportes podrán tributar en los
Estados miembros de la Comunidad Europea al tipo general o beneficiarse
de algunos de los tipos reducidos previstos en sus legislaciones
interiores e incluso aquellos Estados miembros que aplicaran a dichos
servicios el tipo cero antes de 31 de diciembre de 1991 podrán seguir
aplicándolo durante el régimen transitorio en virtud de la excepción
prevista en el apartado 4.A de la mencionada Directiva de armonización.
De acuerdo, por tanto, con las citadas normas de armonización y según el
informe de la representación permanente de España, los diferentes Estados
miembros de la Comunidad aplican a los transportes aéreos interiores de
pasajeros tipos impositivos muy variados. Así, Alemania aplica un 15 por
ciento, Bélgica un 6 por ciento, España un 15 por ciento, Francia un 5,5
por ciento, Grecia un 8 por ciento (Irlanda está exenta), Italia un 12
por ciento y Luxemburgo un 6 por ciento.
Por consiguiente, establecer distintas fiscalidades entre unos vuelos y
otros creemos que originaría distorsiones de competencias entre las
compañías dedicadas a esos diferentes vuelos y las consiguientes
reclamaciones por parte de las compañías discriminadas así como un cierto
riesgo de cometer con ello una infracción a las disposiciones del Tratado
comunitario.
Pensamos que debe señalarse también que los vuelos regulares o «charter»
a las Islas Baleares disfrutan actualmente de una importante reducción en
la base imponible como consecuencia de atravesar espacios situados fuera
del ámbito del impuesto, concretamente el espacio en que se sobrevuelan
las aguas no jurisdiccionales, lo que en la práctica se resuelve
aplicando un tipo reducido que varía entre el 2 y el 9 por ciento. Estos
vuelos, por tanto, ya están favorecidos en relación con los que se
efectúan en el resto del territorio nacional.
En consecuencia, podemos decir que no hay precedentes en los demás
Estados miembros de la Comunidad Europea en lo que se refiere a aplicar
tipos distintos a los vuelos regulares y a los «charter». En este
sentido, establecer una distinción entraña un cierto riesgo de cometer
una infracción de las disposiciones del Tratado comunitario aunque
también existan manifestaciones verbales por parte de la Comisión, a las
que hemos tenido acceso, que sostienen actitudes contrarias.
Por tanto, señor Presidente, señorías, con el fundamento al que acabo de
hacer referencia, el Grupo Parlamentario Socialista defiende esta
enmienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Segura.
Para el turno en contra de todas las enmiendas presentadas, su señoría
tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Título IV, Normas Tributarias, motivo del actual debate, ha
sido analizado exhaustivamente por el Senador Utrera en su condición de
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quien ha llevado a cabo una
serie de consideraciones desde la perspectiva de su Grupo, que reconozco
--por mi afición al academicismo-- que están impregnadas por su
planteamiento como profesor de Hacienda Pública, ya que un profesional de
la enseñanza nunca puede despojarse de su condición y la superpone a su
actividad política.
Pero ésta es una Cámara de naturaleza política y no un foro académico, y
si bien su señoría ha intentado mantener un equilibrio entre ambas
componentes, debe entender que sus consideraciones no sean compartidas
por el Grupo Parlamentario Socialista, ya que la verdad absoluta no se
encuentra en ninguna de las manifestaciones que cualquiera de los
miembros de esta Cámara pueda llevar a cabo; sobre todo, en una ciencia
como ésta, con un importante componente empírico.
Su señoría ha argumentado que existe una carga fiscal excesiva y que la
presión fiscal individual --concepto que, según ha dicho, no es
claramente definible-- y colectiva han venido aumentando durante la
acción de Gobierno del Partido Socialista en algo más de un punto, año
tras año.
Por razones metodológicas, dada la existencia de vetos a este Título,
permítanme que comience argumentando las razones que nos conducen a su
mantenimiento. Pensamos que este Título, uno de los más sugestivos del
proyecto de ley, contiene una serie de actuaciones que, si bien en su
globalidad pueden suponer un incremento de la presión fiscal, no debe ser
objeto de rechazo o de no aceptación global. El incremento de la presión
fiscal es necesario para la consecución de determinadas metas desde la
perspectiva social, de la contención del gasto público y la Deuda Pública
y del relanzamiento de una economía productiva, que tanto desean los
diferentes Grupos de esta Cámara.
Pero merece la pena que la normativa tributaria que recoge el proyecto de
ley sea rápidamente expuesta por este portavoz socialista, con lo cual se
manifiesta el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista al Título en
cuestión.
Por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
se adoptan una serie de medidas, como la exención de las prestaciones por
incapacidad sólo para los casos de permanente absoluta y gran invalidez,
y la ampliación del límite máximo de renta que da derecho a la deducción
por alquiler de vivienda, como su señoría ha señalado. En el Impuesto
sobre Sociedades, se posibilita de forma opcional que se realicen los
pagos a cuenta en función de los resultados del ejercicio en curso, y se
eleva al 25 por ciento la deducción en cuota correspondiente a las
inversiones realizadas en beneficio de la internacionalización de las
empresas.
Con respecto a las modificaciones de naturaleza tributaria en materia de
imposición directa, tanto para los Impuestos Especiales, como para el
Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que se refiere al primero, se
aumentan entre un 5 y un 7,5 por ciento las tarifas del impuesto especial
sobre la cerveza; se incrementan los tipos de impuesto especial sobre
productos intermedios en un 7 por ciento y se aumenta un 4 por ciento el
tipo general del impuesto especial sobre el alcohol y bebidas derivadas,
lo que nos parece correcto. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, se suprime la posibilidad
de renunciar a la exención de las operaciones inmobiliarias a los sujetos
pasivos acogidos al régimen de recargo de equivalencia, y se aplica el
tipo superreducido, del 3 por ciento, a las viviendas de protección
especial en régimen especial, o de promoción pública.
Por lo que respecta a la imposición directa, destaca esencialmente el
aumento del 0,3 por ciento en la recaudación del IRPF con relación al
presupuesto de 1993, variación que pasa a ser del 6,3 por ciento, si la
comparación se efectúa con la liquidación estimada para este año. Ello
supone que el IRPF representará el 84,7 por ciento de los ingresos por
impuestos directos del Estado, frente al 79,2 por ciento del Impuesto de
1993, y el 8 por ciento del producto interior bruto, frente al 7,9 por
ciento de la liquidación de 1993.
Para estimular la recuperación de la economía española, pensamos que es
imprescindible fomentar el ahorro interno, considerado como un mecanismo
fundamental de financiación de la inversión. De ahí la necesidad --y
estamos convencidos de ello-- de adoptar una serie de medidas recogidas
en el articulado de este Título.
En el Impuesto sobre Sociedades, que ha sido objeto de análisis tanto en
la Comisión de Presupuestos, como en la de Economía y Hacienda --en
primer lugar--, para la ley de presupuestos y, en segundo, para la que
hemos llamado de acompañamiento--, y que constituye una figura de
importancia fundamental en la tributación directa, disminuye la
recaudación en un 33,5 por ciento con relación al presupuesto inicial de
1993. Su señoría estará de acuerdo conmigo en que la previsión de esta
caída es consecuencia del descenso de los beneficios y de las
modificaciones introducidas en su gestión.
Las medidas de incentivación fiscal anunciadas y recogidas en el Título
son positivas. Es más, en ocasiones podemos pensar que pueden ser
insuficientes, pero insisto en que son positivas. ¿Que podría adoptarse
un mayor número de medidas, contenidas en el Título I de la ley de
acompañamiento y en el Título VI de la presente ley? Posiblemente, pero
se están dando pasos positivos.
No podemos aceptar esa larga y exhaustiva intervención de su señoría en
el sentido permanente, manifestado por todos los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular allá donde se encuentren --en campaña electoral, en
un foro académico, en una asociación de vecinos, en manifestaciones
públicas, en las Cortes Generales, o en un ayuntamiento--, de que los
socialistas incrementan la presión fiscal sobre el contribuyente y que
con dicho incremento obtienen una recaudación para posibilitar
determinadas formas de hacer política de las que el Grupo Parlamentario
Popular discrepa y no comparte, lo que es razonable.
Sin embargo, el pragmatismo diario de los hombres y mujeres del Grupo
Popular en acción de gobierno se contradice permanentemente, tanto en
ayuntamientos como en Comunidades Autónomas, con actuaciones de esa
índole. A modo de ejemplo, y dado que éste no es un debate exhaustivo,
por cuanto es de prever que a lo largo del año 1994, tanto en esta Cámara
como en el Congreso de los Diputados, tengan lugar debates sobre
fiscalidad, habida cuenta de que es un parámetro perfectamente adaptable
a la realidad económica y un hecho motivo de confrontación dialéctica y
política constante, si usted lee un periódico de hoy comprobará cómo en
el Ayuntamiento de Madrid se ha producido un incremento de un 15 por
ciento en la tarifa del transporte urbano. Y no lo critico, porque no
dispongo de los elementos rigurosos que me permitan hacerlo. ¿Eso es
incrementar la presión fiscal sobre el ciudadano que utiliza el
transporte público en el área metropolitana de Madrid, o no lo es? Yo
podría mencionarle una larga serie de Comunidades Autónomas y
ayuntamientos gobernados por el Grupo Parlamentario Popular en los que se
producen actuaciones de esa índole, porque una cosa es la teoría y otra
la realidad del ejercicio de la responsabilidad pública en cualquier
Administración, sea cual sea su naturaleza.
Señorías, el contenido de las enmiendas presentadas por los diferentes
Grupos nos ha llevado a aceptar y a plantear enmiendas transaccionales.
Por ejemplo, hemos planteado una enmienda transaccional a las enmiendas
números 1.173 y 1.838 de los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria y
Catalán de Convergència i Unió, respectivamente. Son enmiendas vinculadas
a un planteamiento que ha sido objeto de
debate en ambas leyes, que también lo ha hecho el Grupo Parlamentario
Popular, pidiendo la reducción en las figuras impositivas del Impuesto
sobre el Valor Añadido en determinadas actuaciones de servicios. En esta
enmienda transaccional, concretamente, bajamos al tipo reducido y queda
como sigue: Los servicios de hostelería, balneario y acampamento, los de
restaurantes y, en general, el suministro de comidas o bebidas para
consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del
destinatario. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior: a) Los
servicios prestados por hoteles de cinco estrellas; b) Los servicios
prestados por restaurantes de cuatro y cinco estrellas; c) Los servicios
mixtos de hostelería.
Nosotros pensamos que los restaurantes de tres tenedores adquieren así
una herramienta para ser más competitivos. Es una enmienda transaccional
que no da satisfacción al planteamiento máximo demandado por diferentes
Grupos Parlamentario que han venido pidiendo en esta Cámara, mediante
proposición de ley y enmiendas parciales, la disminución de la figura
impositiva del IVA para hoteles de cinco estrellas.
Concretamente, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha
planteado unas enmiendas de diferentes características y contenidos. Las
enmiendas números 1.862 y 1.863 nos resultan especialmente queridas. Las
ha defendido el Senador Rigol y rezuman un planteamiento social y de
defensa de una componente esencial en nuestra vida desde nuestra
perspectiva como es la potenciación del apoyo a la familia. Es cierto que
una sociedad dinámica como la nuestra requiere de impulsos en materia
fiscal y en materia de apoyo de muy diferente naturaleza a la familia y a
sus miembros. Ese es el sentido de las dos enmiendas defendidas por el
Senador Rigol.
En estos momentos no estamos en condiciones, como tal Grupo
Parlamentario, de aceptarlas definitivamente. En ellas se plantea --como
ha comentado dicho Senador-- menor desgravación por ingresos totales y
desgravaciones para la familia por el número de hijos. Ha hecho un
análisis comparativo de medidas que se adoptan en distintos países de la
Unión Europea y creemos que tenemos que asumir --estamos en condiciones
de hacerlo como Grupo Parlamentario Socialista-- el planteamiento social
de las mismas, a efectos de su canalización al Ejecutivo y,
consiguientemente, a través de esta intervención estamos recogiendo en el
«Diario de Sesiones» el firme compromiso de adoptar medidas en una línea
de establecimiento de menor desgravación, como consecuencia del número de
hijos y de hijos con minusvalía acentuada.
La enmienda número 1.829, presentada también por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió, está vinculada a los temas de
arrendamiento financiero. Señorías, este portavoz manifestó en la
Comisión de Presupuestos, como consecuencia de una enmienda individual
presentada por el Senador Utrera y de otras presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, el deseo de trabajar políticamente para poder
estar en condiciones de presentar una enmienda alternativa que planteara
solución a un problema que, en mi condición de Senador por una de las
islas de la Comunidad Canaria, dije incluso que era consciente de su
existencia en las Islas Canarias. Es decir, al no estar claramente
establecidos unos mecanismos de desgravación, los contratos de
arrendamiento financiero están en condiciones de indefensión ante otros
mecanismos fiscales. Consiguientemente, éste es un tema que hay que
resolver desde la perspectiva de la neutralidad fiscal y, señorías, si en
este momento todavía no me encuentro en condiciones de poder ofrecer, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda transaccional
correspondiente a la que me comprometí, es muy posible que cuando esta
tarde tratemos el Título I de la Ley de acompañamiento, sea en ésta donde
encuentre el acomodo adecuado. Con ello he querido manifestar la firme
voluntad que tenemos de buscar una solución que a todos nos satisfaga.
Señorías, han sido muchas --en número superior al centenar-- las
enmiendas que se han planteado a este Título; la mayor parte de ellas se
han visto en Comisión y si bien es cierto que no todas han recibido
contestaciones individuales y específicas, también lo es que la mayor
parte de ellas han sido objeto de análisis. No obstante, señorías, el
planteamiento de todo el conjunto de enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular ha sido en una línea de coherencia con el análisis
vinculado a la fiscalidad y a la crítica de los mecanismos fiscales que
el Gobierno ha impulsado.
Señorías, no puede negársele al actual Gobierno la intención de producir
una neutralidad fiscal que cada vez sea más intensa sobre los diferentes
sectores productivos, tanto individuales como colectivos, en el seno del
Estado español. Es injusto que se diga lo que aquí se ha manifestado: que
es excesiva la presión fiscal sobre el ciudadano, que hay una capacidad
recaudatoria por parte del Gobierno también elevada, que con ello no se
reducirá el déficit público, etcétera. Se ha hecho un dibujo tan
castastrofista que no quisiera reproducirlo en sus contenidos. Sin
embargo, no se quiere reconocer que el actual Gobierno --a través del
Ministerio de Economía y Hacienda-- adopta pasos consecutivos en esa
línea del establecimiento de mecanismos para combatir el fraude fiscal,
tanto el que cometan los ciudadanos como las empresas. La unidad especial
para el estudio y propuesta de la prevención y corrección del fraude se
constituyó realmente en el mes de octubre pasado; es algo reciente. Según
manifestaciones del propio Ministro de Economía y Hacienda, dicha unidad
debe analizar las modalidades de fraude en ingresos y en gastos públicos,
la modificación de los sistemas de detección y prevención del fraude
y realizar propuestas de actuación. El señor Ministro ha explicado
exhaustivamente las actividades que esta unidad tendrá que llevar a cabo,
cuyo diseño de actuación se presentará al Gobierno en los primeros meses
de 1994 y que, a buen seguro, a lo largo del año producirá resultados
apetecibles.
Sus señorías tampoco podrán negar que en esa línea de detección y de
eliminación o reducción en lo posible del fraude fiscal el Grupo
Parlamentario Socialista ha defendido del orden de 17 enmiendas, que ha
introducido tanto a este Título VI de la Ley de Presupuestos de 1994,
como al Título primero de la ley financiera de acompañamiento, vinculados
precisamente al fraude que sabemos que se produce en el oro de inversión,
en esa escala en la que quien importa el oro lo vende a quien lo
comercializa previa transformación. Ahí existía una laguna y, con una de
las enmiendas introducidas en el informe de la Ponencia en la fase de
comisión, este Grupo Parlamentario ha hecho una aportación, lo mismo que
ha hecho con el establecimiento de tasas en el nuevo mecanismo de la
Comisión Nacional de Valores y lo mismo que con los depósitos fiscales,
en los que utilicé como ejemplo en la Comisión de Economía y Hacienda un
caso puntual vinculado a la detección de la fiscalidad y en qué momento
se produce una vez que los diferentes derivados, por ejemplo, procedentes
del crudo salen de una refinería y entran en las redes de
comercialización.
Es decir, nosotros pensamos que la globalidad de las enmiendas, y ahora
habrá un nuevo turno, son injustas en lo que se refiere a imputar al
Gobierno falta de sensibilidad con respecto a una presión fiscal
imputable excesiva y, por otro lado, los datos que tenemos del Fondo
Monetario Internacional nos permiten suscribir que la estrategia del
Gobierno, consistente en intentar la introducción de reformas
estructurales al mismo tiempo que aplica una consolidación fiscal
importante, también se continúa con una política monetaria dirigida a la
estabilización de precios, en la que cada vez más vamos a estar
condicionados por los mecanismos europeos que se han establecido a lo
largo de este año y que se irán estableciendo en los próximos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Segura.
Se abre el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
En nombre de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña y en el mío propio,
quiero agradecer al Senador Segura el interés que se ha tomado por las
enmiendas de mi componente dentro del Grupo Mixto y creo que no ha sido
por una descortesía parlamentaria --en absoluto, yo sé que en la segunda
parte me va a dar buena respuesta--, sino porque está de acuerdo con las
enmiendas y a lo mejor hace un esfuerzo y nos aprueba alguna. Tómeselo en
ese sentido y no en el que decía al principio.
Quiero decir que me parece muy bien lo que ha explicado el señor Segura y
los demás portavoces, pero Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña
insiste en que se vuelve a cometer un atropello contra las rentas más
bajas en este país. Lo del IRPF es una cosa que clama, no sé dónde, pero
clama. Algunos datos están sobre el pupitre. Mientras que a las
sociedades se les condonan o perdonan unos 439.000 millones, la tabla de
rendimiento de personal ni se toca. Al no tocarse, la inflación sube, los
salarios se congelan y, por tanto, hay una diferencia en pesetas que
siempre va a los mismos bolsillos y parece que no interesa hablar de este
asunto en esta Cámara. Pero es más, lo que se prevé recaudar con el
Impuesto sobre sociedades para 1994 es menos del 30,9 por ciento de lo
previsto para 1993 y el 35 por ciento de lo realmente recaudado. Por
tanto, volvemos a lo de siempre, a hacer pagar al pato a las economías
más débiles.
Es más, en este capítulo se proponen una serie de medidas de exenciones
fiscales para empresas y después de proponerlas, resulta que el propio
Gobierno reconoce que, a pesar de todo, no se va a generar empleo. Dígame
usted entonces cómo se viste esto, cómo pueden generar medidas de
fiscalidad positivas para las nuevas empresas y al final no se genera
empleo. Yo creo que es una política bastante errónea, pero allá ustedes
con las consecuencias.
Para que usted no me diga, señor Segura, que no hay alternativa, le diré
que nosotros hemos puesto una que pienso que es importante, aparte de
otras que también lo son, que es vital y que atraviesa todo el capítulo.
Le hemos dicho: vamos a deflactar de las tablas del IRPF la inflación y
así los trabajadores quedarán como el que fue a Lourdes: se quedarán como
estaban y por lo menos ni perderán ni ganarán. Le vuelvo a repetir que ya
no es una cuestión de amistad ni de voluntad ni de atención ni de
cortesía parlamentaria, sino de que, como decía en una intervención
anterior, el mapa político ha cambiado, el asunto está cambiando y
ustedes mantienen la misma posición. Yo creo que al final algún portavoz
dirá, yo no, que este acto es constitucional, reglamentario, pero, como
se dice en mi tierra, tiene más pinta de paripé que de otra cosa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero decir al portavoz socialista que aunque no he estado
en el hemiciclo, he estado en mi
despacho y no sé si ha contestado a mis enmiendas. Una de ellas la hemos
defendido con bastante ahínco y se refiere a la modificación de la unidad
familiar, es decir, a las 500.000 pesetas. Nosotros decíamos que no se
hacía ninguna merma en los ingresos y se mejoraba la redistribución.
Quizá con sus estudios han llegado a otras conclusiones.
Tampoco he oído nada del «leasing». Decía que se podría estudiar alguna
transaccional o mirar esta enmienda, que nos parece, en principio,
interesante.
El resto las dejamos en sus propios términos.
Me gustaría saber si me ha contestado, porque a través del televisor no
he captado nada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Nosotros tenemos una enmienda, que la hemos puesto como disposición
adicional, que casi presenta los mismos términos que la que defendió el
señor Rigol. Por tanto, aceptamos al portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, no al portavoz socialista, ese compromiso de trasladar al
Gobierno ejecutivo que se pueda encaminar la sustancia de esa enmienda.
Entiendo que una respuesta a una intervención de tanta enjundia como la
que ha realizado el portavoz Popular le haya ocupado todo el tiempo y no
haya podido responder a alguna de las enmiendas puntuales que le
planteamos. Sobre todo me gustaría conocer la opinión del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en lo referente a este Título, relativo al
traslado a la Comunidad Autónoma canaria de la gestión, liquidación,
recaudación, inspección, etcétera, del Impuesto de matriculación, el
Impuesto sobre determinados medios de transporte, como es su nombre
correcto, y la reducción del coeficiente a aplicar en los vuelos
interinsulares, lo que produce, como su señoría sabe tan bien como este
Senador, la igualación de ese coeficiente para todo el territorio del
Estado y una dañina actuación sobre los insulares de Baleares y Canarias.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El Senador Cambra tiene la palabra por el Grupo
Catalán de Convergència i Unió.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Referente a las contestaciones dadas por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la enmienda número 1.829, relativa al
«leasing», aunque nosotros seguimos creyendo que la fórmula que hemos
propuesto es perfectamente válida y viable, quedamos a la espera de la
anunciada enmienda transaccional que el Grupo Parlamentario Socialista
nos va a presentar.
En cuanto a la enmienda número 1.838, ya he dicho anteriormente que
estamos de acuerdo con la enmienda transaccional que ha sido presentada.
Por lo que hace referencia a las enmiendas números 1.862 y 1.863, sobre
ayuda a la familia, nos alegra la sensibilidad demostrada por el Senador
Segura en nombre de su grupo parlamentario referente a este problema y
esperamos que se concrete en el ejercicio de 1995, como ha comentado, en
una mejora de estas ayudas a la familia. Por tanto, una vez oídas sus
explicaciones y buenas intenciones referentes a este tema, en este
momento nuestro grupo retira las enmiendas números 1.862 y 1.863.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador
Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente, voy a intervenir
muy brevemente en este turno de réplica.
La verdad es que me ha sorprendido toda la intervención del Senador
Segura por cuanto nos ha dicho, primero, que la presión fiscal aumenta,
cuando en el proyecto de Presupuestos se nos dice lo contrario, que no
aumenta, que se estabiliza, y, segundo, que nosotros manifestamos que los
socialistas incrementan la presión fiscal, que es una realidad
constatable, es decir, desde el año 1982 al año 1992 tenemos el aumento
de presión fiscal que tenemos. Y dice a renglón seguido el portavoz que
defiende las enmiendas a este título de la ley de Presupuestos del Estado
que es una injusticia decir que la presión fiscal en España es excesiva.
Pues ni es una injusticia ni es un acto de justicia; es simplemente
constatar, reflejar que la presión fiscal es del 86 por ciento del valor
de la renta nacional; que ese nivel ya ha sobrepasado ligeramente el
promedio de los países de la OCDE y que, por tanto, no hay injusticia en
comentar lo que es un hecho. Sí que hay injusticia --pensamos nosotros--
en un sistema tributario que obviamente está necesitado de una
modificación y es desde luego un acto muy poco constructivo que se diga,
a lo largo de una intervención bastante prolija, que se están haciendo
cosas en la dirección correcta cuando todo el mundo académico al que se
refería el señor Senador, no yo, está señalando precisamente que son
necesarias modificaciones importantes en el sistema tributario.
También nos ha sorprendido que se diga que una tarifa de transporte
urbano es presión fiscal. Pues no; la presión fiscal es un concepto que
está muy acuñado, muy definido: son ingresos fiscales coactivos, es
decir, no pagos por prestaciones de servicios más cotizaciones
a la Seguridad Social. Eso es la presión fiscal y, por tanto, nada tiene
que ver el pago de una prestación de servicios, en este caso de
transporte colectivo, o cualquiera otra. Eso no es presión fiscal ni en
España ni en ningún otro país de la Unión Europea. Por tanto, los
ayuntamientos que hagan eso estarán estableciendo unas tasas, unos
precios públicos, por cierto regulados por ley a instancia de un Gobierno
que presentó una ley muy discutible en cuanto a la fijación de precios
públicos, y por tanto eso no es presión fiscal, sino otro tipo de
relación entre un prestador de servicios colectivos y los usuarios de los
mismos.
Por lo demás, al hablarnos de las enmiendas transaccionales que aquí ha
expuesto el portavoz del Grupo Socialista, parece que estamos asistiendo
a una película de «suspense». Nosotros conocemos las enmiendas desde hace
ya mucho tiempo, sabemos cómo se ha manifestado cada uno de los grupos y
resulta que se nos va a mantener en vilo hasta la última hora, y
posiblemente hasta el último minuto, sobre qué se hace con una enmienda
para permitir la deducción fiscal en el impuesto sobre Sociedades de las
inversiones financieras a través del sistema de «leasing». Yo creo que
esto no merece demasiada reflexión, a no ser que de lo que se trate en
realidad sea de que el señor Senador esté pidiendo permiso al Gobierno
sobre hasta dónde puede llegar en esa transacción por un incentivo fiscal
que no es que sea o no necesario, no nos engañemos, porque el sistema no
se va a desplomar por que no introduzcamos este incentivo, pero qué duda
cabe que precisamente para hacer el sistema más neutral, sería
conveniente que no se discriminaran por la forma de financiación las
inversiones empresariales durante el año 1994, como se ha venido haciendo
durante los últimos años.
Por lo demás, doy las gracias y al mismo tiempo he de señalar que en el
Grupo Parlamentario Popular contemplamos con bastante escepticismo la
corrección del déficit público, a la que usted dice que estas propuestas
fiscales van a contribuir, y pensamos que para constatar este hecho
tiempo tenemos y dentro de unos meses hablaremos de cómo va el déficit
público. Por otro lado, también manifestamos nuestra decepción porque el
sistema tributario español tendrá que esperar mucho tiempo todavía, al
menos un año, para que se pongan en marcha esas reformas que pensamos que
son imprescindibles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Utrera Mora.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Utrera, este interviniente ha manifestado en reiteradas ocasiones
en relación con las enmiendas del Grupo Socialista el interés por
encontrar una enmienda transaccional en el tema planteado por diferentes
grupos sobre el sistema de «leasing».
Si usted intenta ridiculizar mi actitud cuando los ponentes de la Ley de
Presupuestos y los de la Ley de Medidas de Acompañamiento intentamos,
dialogando con el Gobierno y con la dirección del Grupo Parlamentario
Socialista de ambas Cámaras, ofrecer una solución que satisfaga los
planteamientos de sus señorías y que, además, permita buscar una solución
de competitividad a las empresas para que se acojan al método que estimen
más oportuno de deducción por inversiones o de arrendamiento financiero,
tengo que decirle que yo hubiese querido estar en condiciones de ofrecer
una fórmula que fuese aceptada por todos los grupos. Hasta estos
momentos, esto no ha sido posible.
Yo he querido reiterarles que me parece que una actitud permanente de
crítica al Partido Socialista y al Gobierno por incremento de presión
fiscal no les ha dado hasta ahora ningún resultado. Es decir, en cuanto a
que el Grupo Parlamentario Socialista apoye las medidas recogidas
globalmente en el título VI y en lo que se refiere a los dos tipos
globales de figuras impositivas, imposición directa e indirecta, he
intentado hacer una valoración de cuáles suben, cuáles bajan, en cuáles
se producen descensos importantes de presión fiscal y, consiguientemente,
de ingresos en la Hacienda pública y en cuáles se van a producir
incrementos. Este ha sido el objeto de mi intervención anterior. En
efecto, pensamos que se va a producir un ligero incremento de presión
fiscal, así está recogido en el proyecto de ley y así lo hemos comentado
también en la Ley de Acompañamiento; pero no es incompatible, desde
luego, con lo que los diferentes organismos internacionales han dictado,
tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional, o lo que indica la
propia Comisión Europea. Creemos que con los retoques que se producen en
los distintos artículos, y en las enmiendas introducidas a esos artículos
de la Ley Presupuestaria, se configura una actuación fiscal bastante
aceptable en el seno del Estado español para poder afrontar un año 1994
en el que es necesario que nos situemos en un primer escalón de ese
necesario crecimiento para impulsar la competitividad de nuestros
productos, para impulsar la reactivación de la economía productiva y para
generar, como dije en mi intervención relativa al Título V, la ilusión
colectiva que necesita este pueblo, la ilusión colectiva que necesitan
todas las Administraciones Públicas y todos los colectivos sociales,
empresariales, que tienen que jugar un papel en esa reactivación.
Respecto de las diferentes enmiendas que han presentado los distintos
Grupos, le diré al Senador Cuevas que recuerdo perfectamente que el lunes
13, en el que se debatió en Comisión este Título para producir el Informe
y el Dictamen correspondiente que se han elevado a esta Cámara, contesté
a algunas de sus enmiendas;
no obstante, ahora lo haré para algunos artículos singulares que voy a
analizar en contestación conjunta a los diferentes Grupos.
En el artículo sesenta y dos, relativo al IRPF, la enmienda número 140,
del Grupo Popular, no la aceptamos por cuanto pensamos que en el
planteamiento que hacen de las exenciones a las anualidades por alimentos
recibidos por parte de los padres en virtud de decisión judicial se puede
producir una grave discriminación respecto de otros casos en los que no
media intervención judicial, por ejemplo, en los casos en los que existen
problemas en el seno del matrimonio, de muy diferente naturaleza, los
padres mantienen, como es su obligación, a los hijos y no deducen cuantía
alguna por dicha alimentación.
La enmienda número 1.304, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tampoco podemos aceptarla porque creemos que otra
enmienda equivalente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
que está recogida en el Informe de la Ponencia, es más globalizadora en
sus contenidos propios que la que ustedes plantean.
A modo de ejemplo --por cuanto soy consciente de que voy a seleccionar
ocho o diez enmiendas para su contestación puntual dado que las casi 150
que se hacen a este Título, al ser diferenciadas unas de otras, hacen
materialmente imposible dar una contestación globalizada--, la enmienda
número 854 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pretende que el
artículo sesenta y dos, en sus apartados Uno, f), g) y h), se redacte con
diferentes contenidos, y hacen referencia al «20 por ciento de los
premios de lotería, juegos y apuestas del Organismo Nacional de Lotería y
Apuestas del Estado». Nosotros creemos que la admisión de esta enmienda
supondría que a partir del 1.º de enero de 1994 solamente estaría exento
el 20 por ciento de los premios de lotería, juegos y apuestas del
Organismo Nacional de Lotería y Apuestas del Estado, o los juegos
organizados por las diferentes Comunidades Autónomas en el ejercicio de
competencias en esa materia que les sean propias, lo cual chocaría
claramente con el planteamiento que hizo el Grupo Parlamentario
Socialista en la tramitación de la Ley, en el año 1991, por cuanto
consideraba en aquel momento procedente eximir del impuesto los premios
cuya exención solicita ahora Izquierda Unida. Lo mismo valdría para la
enmienda número 853, porque creemos que otras enmiendas socialistas
--como, por ejemplo, la número 1.869-- la han mejorado de manera notable.
Señorías, al artículo sesenta y tres, Rendimientos del trabajo, se han
presentado un conjunto de enmiendas --como la número 141, del Grupo
Parlamentario Popular-- también en la línea de lo que fueron sus
argumentos en la tramitación de la Ley en 1991. Su no aceptación por el
Grupo Parlamentario Socialista viene como consecuencia, en primer lugar,
de que la redacción planteada no nos parece oportuna, por cuanto aplica
un coeficiente del 24 por ciento al volumen total de operaciones del
Ejercicio; nosotros no sabemos si se trata de aplicar una deducción del
24 por ciento sobre el volumen de operaciones o si bien establece como
volumen de operaciones solamente el 24 por ciento, con lo cual la
deducción podría llegar a ascender hasta casi el 76 por ciento. Lo mismo
ocurre con las sucesivas enmiendas al artículo sesenta y cuatro, sobre la
escala individual de los rendimientos del trabajo, o al artículo sesenta
y cinco, deducciones del IRPF, o en el artículo sesenta y seis a la
Escala conjunta del IRPF. Señorías, las sucesivas enmiendas que plantean
los diferentes Grupos tienen contenidos equivalentes a los que ya se
dieron en esta Cámara, hace algo más de dos años, en la tramitación de
dicha Ley.
En la Sección 2.ª, Impuesto sobre Sociedades, en el artículo sesenta y
ocho y siguientes, en el tipo de gravamen a aplicar en el Impuesto y en
las deducciones de la cuota, las enmiendas planteadas en este Título VI y
en esos artículos, y las que se plantean también en el Título I de la Ley
de Acompañamiento, configuran un mecanismo que pretende impulsar y
reactivar la economía productiva; por ejemplo, en la del Título I de la
Ley de Acompañamiento --voy terminando, señor Presidente-- se pretende
impulsar la creación de nuevas sociedades que, junto con las decisiones
que en ésta se toman, establecen, en efecto, una forma reactivadora de
nuestra economía, hoy, evidentemente, en situación de atonía. Las
iniciativas vinculadas a los diferentes artículos para los impuestos
locales fueron objeto de análisis tanto en el Título I de la Ley como en
Comisión, y nosotros creemos que son oportunas y aceptables, así como las
que contiene el texto de la Ley en el Título VI, y, desde luego, su
modificación no aportaría una savia económica nueva a la que el propio
Gobierno, a través de su texto legislativo, ha pretendido aportar a la
sociedad española.
Nada más y muchas gracias. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Senador Utrera, ¿en concepto de qué pide la palabra?
El señor UTRERA MORA: Por alusiones, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El Senador Utrera tiene la palabra por alusiones.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
El Portavoz socialista ha señalado que he pretendido ridiculizar una
enmienda que yo mismo he firmado. Eso es un contrasentido por dos
razones: primero, porque si no no la hubiera firmado; y en segundo lugar,
porque cuando he dicho que parece una película
de «suspense» --y me reafirmo en ello-- es porque resulta que es la Ley
de Presupuestos, y no a la Ley Financiera, a la que tres Grupos
Parlamentarios que aquí se sientan han presentado esta enmienda al
«leasing». Da la casualidad que lo que llevamos visto del articulado de
la Ley de Presupuestos se tiene que votar ahora, suponemos que antes de
que finalice esta sesión matinal, y, por tanto, nosotros deseamos que se
vote esta enmienda, y no queremos los cien pájaros volando de que esta
tarde hablaremos en la Ley Financiera de un arreglo que no conocemos, y
es por eso por lo que digo que están manteniendo el «suspense» hasta el
último minuto, pero no porque yo no dé la importancia debida a una
enmienda que, como digo, he firmado yo mismo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero aclararle al portavoz socialista que la enmienda
número 1.304, a la que nos ha aludido, está retirada.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Utrera, yo no dije --y cuando relea usted el «Diario de Sesiones»
lo podrá comprobar-- que usted había dicho que ridiculizaba la enmienda,
sino que se podía desprender que ridiculizaba mi actitud, en el sentido
de que yo le puedo asegurar a usted que estamos intentando buscar en dos
posiciones no excesivamente contrapuestas una situación de acomodación, y
al no estar en condiciones hasta estos momentos en esa búsqueda
exhaustiva de solución satisfactoria para todos, es por lo que le estoy
pidiendo que acepte el retraso hasta dentro de muy pocas horas, cuando
discutamos la ley de acompañamiento, pues es muy posible que entonces
encontremos la fórmula común.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Segura.
Habíamos convenido iniciar las votaciones de las enmiendas, artículos y,
en su caso, secciones, a partir de la una de la tarde, es decir, dentro
de una hora. Como en este Título se han anunciado enmiendas
transaccionales, en concreto una sobre la base de la enmienda número
1.829, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, de la que no dispone la Mesa en este momento, y como la Mesa quiere
facilitar que puedan producirse aproximaciones, pregunto a los portavoces
si antes de esa hora tendremos los textos o si se nos va a solicitar que
este Título sea votado esta tarde.
¿Tiene alguna respuesta a mis dudas, Senador Granado?
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, el problema que se plantea
con la votación del Título VI es que hay algunas enmiendas, del Grupo
Parlamentario Popular entre otros, que se han presentado al Título VI de
la ley de Presupuestos y que son de un tenor bastante similar a algunas
del Grupo Parlamentario Socialista a la ley de acompañamiento que todavía
quedan vivas en cuanto a la incorporación al Proyecto de ley. En este
sentido, parecería razonable llegar, si fuera posible, a un acuerdo que,
al estar vinculado a los dos Proyectos de ley, solamente sería posible si
el Título VI del Proyecto de ley de Presupuestos se vota después de la
discusión de la ley de acompañamiento, porque, de lo contrario, nos
obliga a producir votaciones que pueden impedir que con posterioridad se
llegue a una transacción.
Por esta razón nosotros habíamos hecho la solicitud de cara a presentar
alguna fórmula que pudiera concordar las enmiendas de ambos Grupos. Lo
mismo ocurre con la enmienda de «leasing» que han planteado diferentes
Grupos Parlamentarios, respecto a la cual los Senadores socialistas
tenemos la duda de cuál es el lugar más adecuado para introducirla, si en
la ley de Presupuestos o en la ley de medidas. De ahí nuestra petición de
retrasar la votación, sin voluntad, en ningún caso, de dilatar o marear
el trabajo de la Cámara.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado.
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Por nuestra parte no hay inconveniente alguno en retrasar la votación del
Título VI de la ley de Presupuestos hasta que se hayan votado previamente
las medidas fiscales del Título I de la ley de acompañamiento. Pero
vuelvo a insistir en lo que decía antes: no me parecía razonable dejarlo
para un futuro debate, en el cual ningún Grupo Parlamentario había
planteado una enmienda al «leasing», porque en este caso no es que haya
aproximación o divergencia, es que no hay enmiendas de nadie a la ley
financiera, con lo cual no hubiéramos podido meter este incentivo. Por
esta razón yo quería --y lo señalo nuevamente-- que esto se votara a la
una de la tarde, si la Presidencia no decide aplazar la votación del
Título VI hasta después de que se haya visto la ley financiera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Senador Cambra, tiene criterio sobre este asunto?
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Por parte de nuestro Grupo nos parece oportuno que se posponga esta
votación del Título VI hasta ver la ley de acompañamiento, tal como ha
expuesto el portavoz socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría
Salvo que los Grupos Parlamentarios dieran resueltos a la Mesa los puntos
en los que hay criterio de aproximación, dejaríamos pendientes las
votaciones del Título VI hasta el momento en el que viéramos la ley de
acompañamiento.
Desde luego, la Mesa lo agradece, porque en un trámite de Presupuestos de
esta complejidad al final somos nosotros los responsables de un documento
que tiene que ir al Congreso de los Diputados y, en su caso, al «Boletín
Oficial del Estado», y no es una cuestión baladí la que se está tratando.
Por tanto, les agradezco mucho su disposición, señorías.
Seguidamente pasamos al debate del Título VII, que comprende los
artículos ochenta y uno a noventa y seis, así como las Secciones 32 y 33.
El Senador Alierta Izuel tiene presentada a este Tìtulo VII una enmienda
individual, la número 1.462. Para su defensa, le concedo la palabra.
(Pausa.) Al no estar presente, ha decaído --la enmienda, no el Senador.
A las Secciones 32 y 33 el Senador Cuevas González y la Senadora
Vilallonga Elviro tienen presentados sendos vetos y las enmiendas números
880 a 893 y 1.148. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cuevas
González.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentamos una serie de
enmiendas al Título VII y a las Secciones 32 y 33, en coherencia con lo
que ha sido hasta ahora nuestro discurso político en esta y en la otra
Cámara en lo referente a la financiación de los ayuntamientos y de las
Comunidades Autónomas, desde la perspectiva de que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya mantiene que tanto las Comunidades
Autónomas como los ayuntamientos conforman parte esencial del Estado.
Creo que nadie podría negar en esta Cámara las continuas reivindicaciones
de los municipios ante su situación económica y competencial. La última
asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias, celebrada
en Galicia, hizo una serie de propuestas al Gobierno --basadas, incluso,
en compromisos anteriores que el Gobierno contrajo con la Federación y
que al final fueron incumplidos--, en las que se fundamentan las
enmiendas que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
pretenden solucionar de una vez para siempre, o por lo menos llegar a un
punto de encuentro, las relaciones entre el Gobierno central, los
ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.
Sobre la base de estas propuestas y resoluciones de la Asamblea de la
Federación Española de Municipios y Provincias hemos efectuado este
bloque de enmiendas que, como decía anteriormente, vienen por lo menos a
abrir un camino de encuentro entre las distintas Administraciones. Pero
no lo hacemos sólo porque haya sido una resolución de la Federación, sino
porque --como todos sabemos en esta Cámara y creo que nadie lo negará--
los ayuntamientos españoles están pasando por una situación crítica. En
la provincia de donde provengo ha habido una suspensión de pagos dado el
estado de quiebra en que se encontraba el ayuntamiento. Hay que reconocer
que el Gobierno dio una respuesta tibia, pero en tiempo, para, por lo
menos, paliar alguna de las dificultades que el Ayuntamiento de Málaga
padecía, y a raíz de esto ha habido una catarata de noticias en la que
todos los ayuntamientos planteaban la situación en la que se encontraban
que, además, era dramática.
Porque entendemos que, desde la concepción federal que Izquierda Unida
tiene del Estado español, la distribución del gasto público, de los
ingresos estatales, no está en proporción a los servicios que algunos
entes dan; por ejemplo, los ayuntamientos se ven abocados, incluso sin
competencias, a prestar servicios que como decía anteriormente, no son ni
de su competencia, pero como elemento político de cercanía hacia el
ciudadano no pueden negar. Hay veces que los ayuntamientos, sin dinero
incluso, cuando los ciudadanos reivindican, por ejemplo el tema de la
vivienda, sanidad u otros que no son de su competencia, tienen que dar
respuesta rápida, porque el receptor de la queja es el receptor de la
crítica, y el ciudadano no entiende si es competencia autonómica, estatal
o de quién es la competencia; el ciudadano lo que quiere es que el
problema se le resuelva o, por lo menos, que haya un intento de solución.
En ese sentido, hay que reconocer que desde la transición hasta la
instauración de la democracia ha habido un avance importante respecto de
los ayuntamientos tanto en competencias como en realizaciones; pero
también ha habido un momento en este período de tiempo en que no se les
ha provisto de contenido ni de recursos económicos. De ahí la situación
precaria de los ayuntamientos.
Por otro lado, y aunque sea un Senador autonómico, tengo que reconocer
que se ha producido un fenómeno extraño en este país, de pasar de un
Estado muy centralizado a un Estado autonómico, donde el Gobierno central
ha cedido competencias a las Comunidades Autónomas
y se está produciendo un hecho bastante curioso --por lo menos en la
Comunidad Autónoma donde yo vivo y que represento en el Senado-- de pasar
de un centralismo de Madrid al centralismo en este caso de la capital
política de Andalucía que es Sevilla, con lo cual a los ayuntamientos
doblemente se les priva de competencias y de capacidad política; lo que
antes le negaba el Gobierno central, ahora parece ser --y ésa es la queja
de los ayuntamientos--, que se lo niegan doblemente: por un lado, el
Gobierno central, por otro, las Comunidades Autónomas.
Yo creo que el debate político debería estar --desde el punto de vista de
Izquierda Unida-- en considerar a los ayuntamientos una parte importante
del Estado español --porque así lo dice la Constitución-- y no solamente
basta escribirlo en papeles y en acuerdos, si no que hay que practicarlo.
Esa política finalista dirigida a los ayuntamientos desde los entes
autonómicos y desde el propio Estado, restan posibilidad de acción a los
municipios para hacer la política que ellos crean conveniente en función
de las necesidades de los ciudadanos. (El señor Vicepresidente, Rigol y
Roig, ocupa la Presidencia.)
Para terminar, señor Presidente, diré que en esta línea van dirigidas las
enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que, además,
pretenden una financiación estable de los municipios, que éstos no tengan
una financiación en función del Partido o de la coalición que esté en el
poder, sino que sea una financiación estable, o en función de varios
parámetros, como el número de ciudadanos, servicios a prestar, dónde
estén integrados, con lo cual, garantizaríamos que los ayuntamientos no
estuvieran, como he dicho anteriormente, secuestrados --vistas sus arcas
económicas-- en función del gobierno de turno, aunque sea legítimamente
elegido por los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.
Tenemos dos enmiendas del Senador Ramón i Quiles que se han dado por
defendidas.
Para defender las enmiendas del Senador Soravilla Fernández, que es una
enmienda original del Senador Garzarán García, tiene la palabra su
señoría.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La mantenemos y la damos por defendida en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Las enmiendas que presenta el Senador Soravilla Fernández, que son las
siguientes, se han dado por defendidas. Por tanto, tiene la palabra el
señor Barbuzano González, de Coalición Canaria.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
A este Título VII hemos presentado las enmiendas números 1.161 a 1.165.
Voy a hacer una intervención global de todas ellas, porque todas se
refieren al mismo problema.
Todo parte de una directriz del Gobierno del momento, del año 1981, cuya
base argumental se ha venido repitiendo hasta los Presupuestos del pasado
año, y era que las entidades locales, municipios y cabildos de Canarias,
debido a su especial régimen económico y fiscal --anterior a la Ley
20/1991--, por la Ley 30/72 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias a
partir de 1991 por lo que queda en vigor de la ley citada en aspectos
fiscales que fueron aprobados en la Ley 20/1991, se consideraba que
tenían unos ingresos complementarios en la participación de esos
municipios en los Tributos del Estado que compensaba que en la fórmula
polinómica que da el monto de la participación de los municipios en los
tributos del Estado, la componente de esa fórmula polinómica que hablaba
de la población, la componente poblacional, fuese un tanto por ciento
reducido respecto a la componente poblacional que en esa fórmula se
utilizaba para averiguar esa participación en los Tributos de los
ayuntamientos de la Península y de Baleares. Durante unos años creo
recordar que fue aproximadamente del 11 por ciento de lo que se
consideraba para los municipios peninsulares y baleares. Después de una
batalla --entre comillas--, de una reivindicación, desde el año 1981 se
logró pasar al 31 por ciento aproximadamente creo --porque tiene un
cálculo complicado la fórmula polinómica.
Con estas enmiendas pretendemos simplemente que los municipios canarios y
los cabildos, de una vez por todas, y más aún a partir de la sentencia de
la Sección 1.ª de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional,
en un recurso interpuesto el año 1982 --creo recordar-- por los
ayuntamientos canarios, puedan colocar el término que interviene en la
fórmula polinómica poblacional que estaba por debajo, digamos, en un
tanto por ciento respecto a los municipios peninsulares. Ponerlo correcto
avalado por la sentencia viene a reconocer que como se hacía no era
correecto.
Los ayuntamientos están enfrascados, me imagino, que en un diáligo
político, porque el cálculo es complicado desde el año 1981, en el
sentido de qué es lo que se les ha dejado --entre comillas-- de abonar en
la participación de los tributos del Estado, y será objeto, me imagino,
de un arreglo político el abono del monto.
Todas estas enmiendas van encaminadas al reconocimiento de los resultados
o considerandos, creo que los abogados lo llaman así, de esa sentencia,
es decir, de las razones por las que la Audiencia Nacional ha llegado a
la conclusión de que es correcta la reivindicación que venían haciendo
esos municipios para igualarse en el término poblacional de la fórmula
que
da la participación en los tributos del Estado, a los municipios de la
península. Este es un tema en el que todas las fuerzas políticas que
desarrollan su labor --valga la redundancia-- política, en el
archipiélago, están de acuerdo, incluida la minoría mayoritaria de esta
Cámara que apoya al Gobierno del Estado. Se trata simplemente de que le
echen «corazón» y aprueben esta enmienda.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador
Barbuzano.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Bris Gallego.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías al Título VII, el Grupo Popular ha presentado una enmienda de
devolución, la número 163; otra enmienda a la totalidad del Capítulo I de
dicho Título, la número 164, y otra más, la número 178 al Capítulo II,
Comunidades Autónomas. Las 13 enmiendas, de la número 165 a la 177
inclusive, son al articulado del Capítulo I de dicho Título VII, y las
tres restantes, de la 179 a la 181, al Capítulo II. A la Sección 32 de
Entes Territoriales que se debate con este Título VII, hay una enmienda
de devolución.
La enmienda 163 es, como se ha dicho, a la totalidad del Título VII de
Entes Territoriales. En primer lugar, hemos manifestado reiteradamente
que nos parece que las cantidades previstas para las corporaciones
locales en los Presupuestos son insuficientes, como se ha venido
comprobando y denunciando por todos los Grupos de la oposición desde hace
varios años. La situación económica de las corporaciones locales, bien
sean ayuntamientos, diputaciones, cabildos o consejos insulares, se puede
decir que es casi de ruina absoluta. Algunos ayuntamientos ya se han
declarado en suspensión de pagos, otros se han decidido por no pagar a
los bancos y los hay que prefieren no hacer frente a gastos como los de
la Seguridad Social.
Hemos estado viendo que, a pesar de esta situación de los ayuntamientos,
el Gobierno en vez de aplicar una política de ampliación de porcentajes
en los Presupuestos Generales del Estado, los va disminuyendo de manera
alarmante. Han pasado los tiempos en que el Partido Socialista --y lo
repetimos siempre, proque así fue desde la oposición-- recomendaba cómo
se debería hacer el gasto de los presupuestos: el 50 por ciento debería
ir al Estado, el 25 por ciento a las Comunidades Autónomas y el otro 25
por ciento restante a las corporaciones locales.
Los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares han
manifestado su preocupación hace escasas semanas en la reunión que ha
celebrado la Federación Española de Municipios y Provincias en La Coruña.
Se han iniciado conversaciones con el Gobierno pidiendo reflexión y
solicitando que se aumente la cantidad consignada en los presupuestos
estatales y se adopten, además, otro tipo de medidas.
Estas enmiendas que hemos presentado recogen el espíritu de lo que
pretende la FEMP. Hay que recordar que es una redacción regida por un
alcalde del mismo Grupo político que ustedes y, por tanto, esperamos que
esa sensibilidad que tiene la FEMP, también la tenga el Parlamento y no
parezca que se están haciendo un doble juego.
Por otra parte, hay una Ley, la de Financiación de las Haciendad Locales,
que ustedes presentaron en el Parlamento como la solución de todos los
males de las corporaciones locales en el sentido económico, porque iba a
resolver todos sus problemas. Se ha demostrado que ha sucedido casi
exactamente lo contrario: no sólo no resuelve los problemas, sino que los
agrava, al no existir dentro de ella ninguna fórmula que permita a las
corporaciones locales tener liquidez, cuya carencia es el principal mal
que tienen en el plano económico.
Por otro lado, aquello que podría favorecer a las corporaciones locales,
como era el gasto equivalente, y que estaba contemplado en la mencionada
Ley, ha sido cambiado por el Ministerio de Economía y Hacienda y ha sido
objeto de diversas impugnaciones y reclamaciones en las liquidaciones
efectuadas con esta aplicación, estando a la espera de que el Gobierno o
bien rectifique o una sentencia de los tribunales le obligue a ello. Es
un tema en el que todas las corporaciones locales, cualquiera que sea el
signo político de las mismas, están totalmente de acuerdo.
Las corporaciones locales están obligadas a ejercer numerosas
competencias pero realmente no reciben los recursos suficientes para
poder llevarlas a cabo. Por ello hemos presentado esta enmienda con el
fin de que el Título VII sea devuelto al Gobierno para que sea redactado
de nuevo. Creemos necesario rediseñar un sistema estable de financiación
de las haciendas locales, ya que transcurrido el quinquenio 1989-1993, en
el que se habían fijado normas para determinar la participación en los
tributos del Estado, estamos casi en enero de 1994 y no se está aplicando
nada de lo que al respecto señala la Ley reguladora de Haciendas Locales.
Se han fijado unas cantidades en los Presupuestos Generales del Estado,
no sabemos con qué criterios.
Por otra parte, nos parece fundamental --la portavoz Socialista me
comunicó que eran muchos los ayuntamientos de toda España, más de 8.000 y
que no era lo mismo que hablar de diputaciones, cabildos y consejos
insulares-- que el pago a los ayuntamientos se realice mensualmente, para
evitar tener que recurrir a unos sistemas, como las operaciones de
tesorería, que son gravosos para las arcas municipales.
En tercer lugar, las entregas a cuenta deben ser hechas no sobre la
última liquidación definitiva, que puede
tener un retraso de dos o tres años, sino sobre la última liquidación
practicada que es la del ejercicio anterior. Y esta liquidación se debe
hacer siempre dentro del primer trimestre del año siguiente.
Además, sería importante y necesario recuperar el espíritu de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales en lo que se refiere al cálculo del
gasto equivalente, por lo que pedimos que se fijen las reglas del juego,
que el Gobierno se comprometa a cumplir sus propias leyes y se pague en
tiempo y forma a los ayuntamientos y al resto de las corporaciones
locales.
En relación con las Comunidades Autónomas habría que recalcar que en este
caso sí hay un sistema de financiación, con el que estamos de acuerdo,
pero hemos enmendado en su totalidad el Capítulo correspondiente, porque
el Gobierno no cumple sus compromisos. Entre ellos, uno, que tiene, nada
más y nada menos, que un retraso de trece años, es el que señalaba la
lofca en 1980 para que los presupuestos asignasen cantidades para
subvención de servicios mínimos. Tampoco se recogen en el Capítulo II
fórmulas de corresponsabilidad fiscal. Ni se cumple en estos presupuestos
el compromiso del Gobierno Socialista de que el tema de sanidad estaría
resuelto en enero de 1993. Por tanto, el Título VII no prevé sistemas de
corresponsabilidad fiscal que permitan esa nivelación de servicios
públicos ni se recoge el espíritu de solidaridad, del que habla la
Constitución española, tan necesario y obligado para evitar los
desequilibrios territoriales. Por ello, presentamos esta enmienda a la
totalidad.
En las enmiendas al articulado, la número 165 y la 168 son enmiendas a
los artículos ochenta y uno, uno, y ochenta y dos, uno, en las que se
solicita que la cantidad que figura en los Presupuestos Generales del
Estado de 597.000 y 345.000 millones, respectivamente, para ayuntamientos
y diputaciones, se sustituya por la que correspondería aplicando, como
antes señalábamos, la Ley de Financiación de las Haciendas Locales, y no
con un criterio subjetivo que no conocemos bien y con el que, al parecer,
se ha establecido.
La enmienda número 166, al artículo ochenta y uno, dos, se refiere a las
liquidaciones. Es una enmienda de adición y en ella se reitera la
necesidad de que las mismas se hagan conforme a lo dispuesto en los
artículos 113 y 114 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Se
fijan en la enmienda las variables para el cálculo de gasto equivalente.
De esta forma, únicamente pretendemos recuperar la redacción original de
la disposición adicional duodécima de la Ley 39/1988 modificada por la
Ley de Presupuestos de 1992, lo mismo para los ayuntamientos que para
diputaciones, cabildos y consejos insulares.
La enmienda número 167 pide la supresión del artículo ochenta y uno, dos,
dado que va a terminar el quinquenio 1989-1993 que fijó la participación
de las corporaciones locales en los tributos del Estado y ante la
indefinición manifiesta que figura en la ley de Presupuestos para 1994 es
preciso tener en cuenta el artículo 112 de la Ley reguladora de Haciendas
Locales que establece las normas para ello.
Lo mismo sucede con la enmienda 171.
Hay otra enmienda, la número 169, que se refiere a la cantidad de
aportación a la asistencia sanitaria común de 1994. Mediante ella
pretendemos cambiar la cantidad de 62.000 millones de pesetas,
aproximadamente, que figura en los Presupuestos Generales del Estado por
el importe exacto que suponga el cien por cien del Fondo de aportación de
la asistencia sanitaria común, ya que las cantidades consignadas en los
Presupuestos se fijan por debajo de la realidad.
Hemos hablado, al tratar el veto, de la necesidad que tienen los
ayuntamientos del cobro mensual de las participaciones en los tributos
del Estado, y mediante la enmienda 172 pretendemos que, al igual que
sucede con el resto de las corporaciones locales, se efectúen los abonos
con esta periodicidad que estamos señalando.
También relacionada con la liquidación definitiva de la participación en
los tributos del Estado, figura la enmienda 173, mediante la que se
pretende añadir un nuevo artículo ochenta y tres bis, con el fin de que
la misma se haga en los seis meses siguientes del año posterior. Con ello
se trata de garantizar a las corporaciones locales que no existan demoras
en la liquidación de la participación en los tributos del Estado. De no
poder hacerse así, la liquidación provisional se haría a los seis meses
siguientes y la definitiva en los tres posteriores. Por otra parte, esta
enmienda contempla también, al tratarse de un ejercicio en el que se
aprueban los nuevos criterios para el quinquenio, el establecer las
cautelas para el caso de que tal aprobación se demore.
La enmienda 174, al artículo ochenta y cuatro, aumenta el dinero
presupuestado para el servicio del transporte colectivo urbano, que está
gravando enormemente a los ayuntamientos y la subida de este año es
insignificante. Mediante esta enmienda pretendemos pasar de 5.857
millones de pesetas a la cantidad de 6.016 millones, produciéndose
únicamente un aumento del cinco por ciento.
Hay enmiendas que pretenden igualar los territorios de España
precisamente en esa política de solidaridad; intentamos que no se
produzcan desequilibrios territoriales. Así figura la enmienda 175, al
artículo ochenta y cuatro, referente a los municipios integrados en el
Consell Metropolitano de L½Horta y que pretendemos igualar con el área
metropolitana de Madrid y con la extinta corporación metropolitana de
Barcelona.
Al artículo ochenta y ocho se ha presentado la enmienda 176, referente al
artículo 55 de la Ley de Bases de Régimen Local en lo que respecta al
derecho a percibir la ayuda destinada a financiar el servicio del
transporte público colectivo de viajeros.
Otra enmienda es la 177, que pretende modificar el
artículo ochenta y nueve del proyecto de Ley, referente a las retenciones
a practicar a los municipios en aplicación de la disposición adicional
decimocuarta de la Ley de Haciendas Locales, para que estas retenciones
no excedan del 25 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva
corporación.
Estas son enmiendas al Capítulo I.
Al Capítulo II presentamos tres enmiendas referentes a Comunidades
Autónomas.
La número 179, al artículo noventa y dos, propone la adición de un nuevo
apartado 6 a dicho artículo con el fin de que, si el Estado se retrasa en
las transferencias a las Comunidades Autónomas, estas transferencias se
devenguen con el interés legal del dinero.
En este mismo sentido va la enmienda 181.
La enmienda 180, al artículo noventa y dos, apartado 3, se hace con el
fin de que se cumpla el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera sobre que la liquidación definitiva de 1994 se realice durante
el primer trimestre de 1995.
Estas son las enmiendas que tenemos, señorías, al Título VII, a la
Sección 32, entes territoriales, Capítulos primero y segundo. También se
ha presentado una enmienda de veto, la número 765, porque estimamos que
las cantidades que se consignan son insuficientes y tampoco se introducen
criterios de corresponsabilidad fiscal.
Les pediría, señorías, que en un tema como el referente a los
ayuntamientos, que está siendo objeto de preocupación por parte de todos
los grupos políticos y que forma, quizás, el primer núcleo de la política
y la más cercana al ciudadano, que no pasemos por él de una forma fría e
indiferente, sino que se estudie qué tipo de enmiendas se pueden aprobar
--las de casi todos los Grupos están presentadas en sentido muy
parecido--, para dar respuesta a los ayuntamientos y a las corporaciones
locales, dado que verdaderamente lo necesitan y están esperando,
precisamente, que sea el Parlamento, en estos momentos el Senado, el que
les conteste sobre sus justas reivindicaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bris
Gallego.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, en este turno de intervención por parte del Grupo
Parlamentario Socialista para rechazar determinadas enmiendas,
básicamente las de veto, me gustaría anunciar también a sus señorías
alguna revisión puntual que se ha hecho sobre ciertas enmiendas y
posibles acuerdos que estoy dispuesta a ofrecerles en este momento.
Creo que es importante --y es una primera reflexión al respecto--, como
planteaba el Senador Bris con sus últimas palabras, por ser tan
preocupante la situación de los ayuntamientos, trasladar cierta serenidad
al debate, porque el rigor del mismo nos exige que hagamos un estudio
mucho más glogal y detallado, en el que no sólo abordemos esa pieza tan
importante que es la financiación, sino también algunos otros aspectos,
incluso de tipo competencial, como han señalado el representante del
Grupo Mixto, Senador Cuevas, y usted mismo.
Por tanto, es importante en ese sentido trasladar cierta serenidad y
rigor al debate, porque, Senador Bris, creo que las enmiendas de
totalidad que su Grupo plantea, básicamente, más que cuestionar el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, concretamente este
Título, lo que cuestiona es el sistema de financiación y, si bien,
evidentemente, es legítimo, sobre todo en vísperas de elaborar un nuevo
mecanismo o método en este sistema para el próximo quinquenio, también es
verdad que parecería mucho más acertado que todas esas propuestas fuesen
dirigidas a ese estudio o reflexión global que he expresado anteriormente
y que va a ser motivo de discusión. Básicamente, la oferta la ha
planteado el Gobierno y la propuesta la ha hecho la Federación Española
de Municipios y Provincias. Tras ese proceso, sin duda, van a venir
proyectos con carácter legislativo que tendremos que abordar y quizás
algunas de las propuestas que han planteado sus señorías tengan cabida y
capacidad suficiente para que las desarrollemos con bastante más
detenimiento.
Desde esa óptica, quisiera indicarle que su señoría, Senador Bris,
siempre está bastante renuente ante el cumplimiento del artículo 15 de la
LOFCA y debo decirle que, si bien aquel grupo de expertos decidió cómo se
abordarían los aspectos que recogía dicho artículo, también es verdad que
no se llegaba a aspectos concretos, y el último acuerdo que tuvo el
Consejo de Política Fiscal y Financiera al respecto determinó que un
nuevo grupo de expertos independientes tratasen temas ya muy concretos
que pudieran especificar la determinación de los niveles de los servicios
para todo el territorio nacional y, consecuentemente, cómo abordar ese
problema.
El problema de la financiación local es un problema que preocupa
fundamentalmente a todos los Grupos y, como no podía ser de otra manera,
al Socialista. Vamos a proponer una transaccional a la enmienda número
885 del Senador Cuevas, que se corresponde casi literalmente,
precisamente porque son fruto de ese espíritu de la Asamblea de la
Federación Española de Municipios y Provincias, con la 173 del Grupo
Parlamentario Popular, relativa a las liquidaciones definitivas.
Quiero anunciarles la aceptación de la enmienda número 172, del Grupo
Parlamentario Popular, que equivale
en su literalidad, también, a la enmienda número 883, del Senador Cuevas.
Creo, senadores, que es una muestra que pone de manifiesto que la
preocupación del Grupo Parlamentario Socialista en este tema es grande.
La literalidad de la propuesta que hacía el Grupo Parlamentario Popular
en su enmienda número 173 tiene dificultades de su puesta en común, pero
la enmienda número 172 da carácter mensual a la entrega a cuenta, si bien
--como le decía en Comisión, Senador Bris-- son más de 8.000 municipios y
supone un trabajo relativo a abrir tantos expedientes. Lo que sí es
verdad es que para este Grupo y este Gobierno es fundamental y está por
encima de ello la tesorería de los ayuntamientos y la liquidez a la que
nos estamos refiriendo.
La enmienda número 173, relativa a las liquidaciones definitivas, prevé
para el ejercicio de 1994, si esas liquidaciones no se hubiesen podido
practicar antes del 30 de junio de 1995, proceder a hacer entregas a
cuenta adicionales para completar hasta el porcentaje del 99 por ciento
de esas cantidades que sirvieron de base a este Proyecto de ley.
Creo, por tanto, señorías, que mi Grupo ha tratado de llegar a un acuerdo
en aquello puntos que de manera inmediata pueden dar soluciones también
inmediatas para los ayuntamientos sin, en ningún momento, olvidar que
existe una propuesta y un compromiso global de estudio y un futuro
acuerdo del nuevo método para el quinquenio 1994-98 en cuanto a los
ayuntamientos.
La preocupación del Senador del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado se ha ido manifestando a lo largo de distintos procedimientos
legislativos y básicamente en los distintos proyectos de Presupuestos por
parte del Grupo Socialista coincidió con la de algunos otros Grupos, que
concluyeron básicamente en proponer enmiendas dirigidas a que la
participación en el Capítulo II del Fondo de Cooperación municipal se
incrementase desde el 17 por ciento al 31 por ciento al que su señoría
hacía referencia. Si bien todo ello era relativo a la imposición
indirecta y es verdad que está muy por encima del resto de los
ayuntamientos de régimen común de la península. No obstante, en lo
relativo a la participación en los tributos del Estado sí que podríamos
decir que la cantidad no es sustancial y que hay una propuesta de la
Federación Española de Municipios y Provincias que mi Grupo tendrá en
cuenta en el sentido de que se eleve esa participación en los
ayuntamientos canarios. Y creo oportuno esperar al informe de la
respectiva subcomisión de régimen económico financiero y fiscal de esa
Comisión Nacional de Administración Local, además de que se enfoque con
carácter global lo que es ese procedimiento para el quinquenio 1994-98.
Respecto a las enmiendas puntuales, Senador Bris, he tratado de rechazar
las enmiendas de veto en mi reflexión general, y pasando puntualmente a
algunas de las enmiendas que su señoría a título particular ha expuesto,
le diré que globalizando las enmiendas números 165, 166, 167, todas ellas
al artículo ochenta y uno, así como las números 68, 70 y 71, 170 y 171,
al artículo ochenta y dos, podríamos decir que lo que hacen es modificar
cantidades correspondientes a la entrega a cuenta en la participación de
los municipios en los tributos del Estado, o determinar normas en los
casos en los que su señoría apuntaba que por no haberse llegado a un
nuevo sistema de financiación se produjese una prórroga.
En primer lugar, señoría, querría indicarle que la prórroga no se produce
en el sistema, se produce en las cantidades que se consignan
presupuestariamente a cuenta porque --recuerde su señoría-- estamos
hablando del quinquenio 1989-94, y si bien estamos abordando los
presupuestos para 1994, éstos se liquidarán en 1995. Tenemos tiempo para
adquirir ese consenso deseado por todos los Grupos para, en todo caso,
asignar las consignaciones presupuestarias que complementen esos
términos. De todas formas, como es obvio, rechazamos en esos términos,
las enmiendas que planteaba su Grupo.
Respecto a la enmienda número 169, que de alguna manera, pretende que el
fondo de aportación de la asistencia sanitaria se incremente o que sea
finalmente del 100 por cien, quiero indicarle que la asignación por
aportación sanitaria está sujeta exactamente a las mismas normas que la
participación en los tributos del Estado. Deberíamos respetar los
respectivos acuerdos, tanto en el ordenamiento local como en las
Comunidades Autónomas. Consecuentemente, se rechaza dicha enmienda.
La enmienda número 174, que puntualmente también coincidía con la número
886, del Senador Cuevas, porque también refleja uno de los acuerdos de la
Federación de Municipios y Provincias tratando de incrementar en un 5 por
ciento la subvención a las entidades locales por servicio de transporte
colectivo urbano, quiero indicar a su señoría lo que ya le he dicho. No
se trata de cubrir todas las necesidades en este aspecto. El Estado tiene
en estos momentos y en este Capítulo unas cargas financieras que no van
más allá de la cooperación, no desde luego a cubrir absolutamente todos
los gastos, porque estamos hablando de muchos beneficiarios y tendría que
hacerse una liquidación correspondiente con un orden sustancial mucho más
importante de esa cantidad.
La enmienda número 175, en la que ahondando en estos términos del
transporte colectivo urbano se refería su señoría específicamente al área
metropolitana de Valencia, tratando de alguna manera de equipararla a lo
que usted llamaba «áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona», no creo
que tenga cabida en estos Presupuestos Generales del Estado por una
razón. Sabe
su señoría que lo que ha ocurrido con el área metropolitana de Madrid y
de Barcelona es que se ha producido una consolidación de la financiación
anterior a 1989. En estos momentos la financiación del área metropolitana
no cabe en la participación de los tributos del Estado, consecuentemente
va contra la Ley de regulación de las Haciendas Locales, por lo que no
procede admitir la enmienda. Lo que hemos hecho es dar cumplimiento a un
acuerdo anterior.
La enmienda número 177, que también defendía con carácter singular su
señoría, pretende convertir en norma lo que recoge el texto del artículo
como una excepcionalidad. Trataba su señoría de reducir el porcentaje del
50 al 25 por ciento de la cuantía que se asigna a las respectivas
Corporaciones, tanto en lo que son las entregas a cuenta como en la
liquidación definitiva.
Señoría, sabe usted que el último apartado del artículo ochenta y nueve
tiene en cuenta ese precepto, lo que pasa es que se les exige a las
Corporaciones locales deudoras que previamente hagan un uso, que creo que
es el correcto, que es justificar ese tipo de deuda y ese tipo de desfase
para efectuar los pagos. Creo, señoría, que con esto doy respuesta a las
enmiendas relativas a las Corporaciones locales.
Usted ha defendido también, creo recordar, tres enmiendas del Capítulo II
de este Título, que hacen referencia a las Comunidades Autónomas.
Las enmiendas números 179 y 181 lo que plantean son aspectos relativos a
los plazos de esa liquidación definitiva y reclaman incluso devengos por
intereses de demora. Creo que no existe ningún tipo de justificación para
que se establezca una discriminación como ésta para las Comunidades
Autónomas, de manera que se pueda cobrar ese tipo de devengo de demora.
De todas formas mi Grupo entiende que de alguna manera la transaccional a
la enmienda número 173 podría suponer que su señoría retirara estas
enmiendas.
Para finalizar, la enmienda número 180 a este Capítulo II, relativo a
Comunidades Autónomas, se refiere también a la liquidación definitiva, y
pide que se realice en el primer trimestre de 1995. Creo que a la vista
exactamente igual en los términos en los que nos hemos referido a las
enmiendas que o bien mi Grupo ha aceptado o ha transado con sus señorías,
parece oportuno que algunas de las enmiendas a este Título pudieran ser,
como mínimo, retiradas por su Grupo.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
Turno de portavoces. (Pausa.) Tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En algunas cosas coincidimos y en otras disentimos. Coincidimos --y creo
que es una coincidencia importante-- en que hay que abrir un debate en
profundidad sobre el papel que los Ayuntamientos tienen que jugar dentro
del Estado español; además, a nuestro juicio, debe terminar con una nueva
Ley de Régimen Local, donde sitúe el papel de los Ayuntamientos y de las
Diputaciones. Porque hablamos de los Ayuntamientos, y nos olvidamos de
las Diputaciones, pero como bien sabe su señoría nosotros tenemos hasta
ahora un concepto de las Diputaciones que no es muy favorable.
No coincidimos en que partiendo del agradecimiento, más que de Izquierda
Unida de los propios Ayuntamientos, que son los que lo piden, por la
aceptación de estas enmiendas que realmente vienen a paliar en parte un
problema de ahogo económico, tendrá que convenir conmigo la Senadora en
que nos mostremos un poco escépticos aunque esté acordado y se vaya a
aprobar, no porque seamos unos incrédulos, sino porque los Ayuntamientos
creo que están cansados de oír promesas, contratos, acuerdos con el
Gobierno incumplidos. Por tanto, desde el agradecimiento de los
Ayuntamientos y de Izquierda Unida permítame que le muestre mi
escepticismo.
En cualquier caso yo creo que podrían haber sido un poco más generosos en
la explicación de las enmiendas porque no se ha tocado un tema importante
tanto para los Ayuntamientos como para las Comunidades Autónomas. Y es
que debido a los atrasos que se producen en los pagos de la
Administración Central y de la Administración Autonómica a los
Ayuntamientos, y luego de la Central a la Autonómica, se produce un
desfase económico de dinero, de solvencia económica que obliga en muchas
ocasiones tanto a las Administraciones autonómicas como a las municipales
a solicitar créditos unas veces en lo que queda de la banca pública en lo
que se mantiene de la banca privada. Eso conlleva a una serie de gastos,
de intereses que nunca son abonados, en el caso de las Comunidades
Autónomas por el Gobierno central y en el caso de los Ayuntamientos ni
por el Gobierno central ni por las Comunidades Autónomas. Eso significa
que muchos Ayuntamientos y la inmensa mayoría de las Comunidades
Autónomas, por no decir todas, el recurrir a estos gastos y el tener que
devengar estos intereses les supone una merma importante en la
disponibilidad económica; al tener que pagar estos intereses de su propio
dinero, la merma económica se la traslada a los servicios de los
ciudadanos.
Yo creo que algunas de nuestras enmiendas que iban encaminadas en ese
sentido las tendrían que haber estudiado con el mismo cariño que se han
estudiado las otras, porque aparte de solucionar un problema importante
como es percibir un dinero, también deberíamos de mirar los perjuicios
que en ocasiones origina este retraso.
En cualquier caso, yo saludo la disposición del Partido
Socialista Obrero Español a retomar el tema de los Ayuntamientos, de las
Diputaciones y de las Comunidades, y no le quepa duda de que, si todavía
estoy aquí en el Senado, en ese camino --que no tenemos que coincidir en
todo pero sí en bastante-- y en esa coincidencia seguro que encontrará el
apoyo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.
¿Por el Grupo Nacionalista Vasco? (Pausa.)
Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el
Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy rápido, Señoría, le agradezco el tono y la amabilidad de su
respuesta. La FEMP está de acuerdo -- no sé si lo habrá transmitido a los
responsables de este tema del Gobierno del Estado-- porque procede de una
sentencia a la Audiencia Nacional.
Las enmiendas no van sobre la valoración, es decir, sobre la dotación de
partidas económicas. En un cálculo bruto, grueso, que ha hecho este
Senador --que se le da un poquillo el tema de los números, aunque muy
poco, sí algo-- salen unos 8.000 millones desde el año 1981. Se trata de
una negociación política, dadas las condiciones económicas del país. Y la
Federación Canaria de Municipios o a través de la FEMP, a la que está
federada, iniciará ya una negociación. Consiste en suprimir de la Ley de
Presupuestos Generales de 1992 los supuestos de reparto, cuando habla del
País Vasco, de los que tienen conciertos o regímenes especiales, como es
el nuestro. Nuestras enmiendas van en ese sentido y no en cuantificarlo
exactamente, de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional.
Para los no iniciados, sobre la sustancia de lo que dicen las enmiendas,
que no les quede ningún resquicio mental de pensamiento de que es un
privilegio o algo de eso. Desde 1981 en esa fórmula el parámetro --aunque
esa palabra no me hace ninguna gracia-- poblacional no estaba contemplado
como opinábamos nosotros que se debía contemplar, porque el régimen
económico y fiscal es debido a la insularidad y al alejamiento. En
cualquier país serio, civilizado y desarrollado del mundo, sus islas y
sus archipiélagos los contempla obviamente con regímenes especiales por
el alejamiento y por la insularidad, y así lo reconoce hasta la
Constitución española. Por tanto, insisto en que no les quede a ninguna
señoría ningún resquicio mental de que es un privilegio.
Y como nosotros tenemos más moral que el Alcoyano y somos inasequibles al
desaliento, seguiremos batallando con este asunto.
Finalmente quiero decirle que le agradezco muchísimo su tono.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador
Barbuzano.
Por Minoría Catalana no hacen uso de la palabra.
Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el Senador Bris Gallego.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero agradecer a la Senadora Pleguezuelos el tono del debate
y la voluntad que tiene en sacar adelante las enmiendas o en tratar de
buscar algún tipo de solución a los problemas que tienen las
Corporaciones Locales. Indudablemente esa voluntad que nosotros
agradecemos, en cierto modo no es correspondida por el propio Gobierno,
porque si bien agradecemos que las enmiendas hayan sido aceptadas, las
números 172 y 173 que se refieren a pagar bien, a pagar a tiempo, a pagar
en su momento, lo cual eso es rectificar una postura que hacía mal
pagador al Estado ante las Corporaciones Locales, también es cierto que a
los grandes problemas de los Municipios, de las Diputaciones, Cabildos y
Consejos Insulares, que son los problemas económicos, los problemas del
dinero, pues no se ha dado contestación alguna: No se ha dicho si las
partidas destinadas a los Ayuntamientos y a las Diputaciones, Cabildos y
Consejos Insulares se van también a aumentar o no, como eran nuestras
propuestas, y las de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Yo no entiendo demasiado que a pesar de que todos los Grupos políticos o
una mayoría estamos representados en la FEMP, y todos hacemos nuestras
enmiendas, después al llegar a la Cámara realmente, cuando posiblemente
el porcentaje de participación de los Grupos sea exactamente igual que el
de la FEMP, a esas enmiendas se les dice que no. Realmente parece duro. Y
yo creo que mañana los Ayuntamientos y Corporaciones Locales de España
van a tener una gran desilusión cuando se enteren de cómo ha ido el
debate en el Senado porque ellos están con la esperanza de que aquí se
les diera algún tipo de solución.
Las corporaciones locales nunca han estado en una situación tan mala como
en la que están en estos momentos. Si no nos concienciamos de que esa
situación es real, de que hay que dar algún tipo de solución que no sea
llevarlas a la ruina, no sabremos en verdad lo que en estos momentos está
esperando la sociedad, puesto que no hay que olvidar que, por ejemplo,
los municipios son la primera institución que los ciudadanos encuentran
para que les ayuden a resolver sus problemas.
Hablaba usted, Senadora Pleguezuelos, del quinquenio 1989/1994. No; es
1989/1993. En el año 1994 ya se tiene que hacer otro nuevo estudio, otro
nuevo sistema
de financiación, y es lo que nosotros estamos reclamando. No sabemos cómo
se han obtenido esas cantidades que figuran en los Presupuestos, y
creemos necesario que se aplique la ley, pero de verdad, con lo que
representa el gasto equivalente, y no que de pronto, porque un ministro
de Hacienda vea que ese gasto equivalente representa mucho dinero para
los ayuntamientos, lo cambie mediante una ley presupuestaria del año 1992
y, lo que es más grave, esto se haga con efectos retroactivos. Senadora
Pleguezuelos, estamos hablando de converger con Europa. En estos momentos
estamos muy lejos de Europa. Los ayuntamientos y corporaciones locales
están muy lejos de Europa, por tanto, yo le pediría que, de verdad, se
hiciera un esfuerzo mayor para que tratásemos de igualarnos con ellos.
Se me dice: Han presentado ustedes unas enmiendas al Capítulo II,
Comunidades Autónomas, en las que se nos piden intereses de demora. ¡Pues
si es lógico! A nosotros, a los ayuntamientos, a las diputaciones, cuando
no pagamos a su debido tiempo una contrata de servicios, se nos piden
intereses de demora, y muchas veces no podemos pagar a esa contrata o a
ese proveedor precisamente porque no se nos ha pagado la cantidad que se
nos adeuda. Por consiguiente, me parece que éste es un debate necesario.
Todos los años es muy parecido, aunque yo diría que no es que sea más
parecido, sino que cada vez es más grave, porque cada vez se degrada más
el presupuesto del Título VII.
Como es lógico, agradezco su esfuerzo, pero yo le pediría que se hiciera
realmente algo más por las corporaciones locales y que diéramos algún
tipo de solución a lo que están esperando en estos momentos.
Por último, usted ha hablado de enmienda transaccional. ¿Son enmiendas de
aceptación de todo su contenido, o son enmiendas transaccionales que los
portavoces no conocemos todavía? De todas formas, muchas gracias.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bris
Gallego.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, voy a exponer una cuestión de método, Senador Bris,
tanto el portavoz de su Grupo en Presupuestos como el portavoz de su
Grupo en el Senado tienen conocimiento de la enmienda transaccional a la
enmienda número 173, e incluso tengo conocimiento de que la han firmado.
En consecuencia, le resuelvo esa duda.
En primer lugar, deseo agradecer a todos los intervinientes en esta
cuestión el tono que han empleado, porque como yo hacía constar en mi
intervención, es algo que nos preocupa muchísimo a todos los grupos de la
Cámara.
Senador Cuevas, yo no puedo hacer más que, con la manifestación de la
voluntad de mi Grupo y de mi Gobierno, que también es el de usted, tratar
de resolver ese escepticismo que usted tiene y ponernos en la senda del
acuerdo. No tenga usted la menor duda de que para el Grupo Socialista es
importantísimo no sólo sanear la situación económica de los ayuntamientos
y Comunidades Autónomas, que es de lo que estamos hablando en este
debate, sino llegar a acuerdos puntuales en todo lo que es el desarrollo
normativo competencial para que los tres niveles del Estado trabajen en
coordinación financiera, económica y política. Creo que es importante, de
eso se trata, y ése debe ser uno de los elementos de trabajo que tengamos
en los próximos meses.
Senador Bris, cuando usted dice que la enmienda que le ha aceptado mi
Grupo, con una voluntad que usted observa que es positiva pero que no
detecta en el Gobierno, he de decirle que la voluntad de mi Grupo
coincide bastante --literalmente, al cien por cien-- con la voluntad del
Gobierno. Lo que ocurre es que no es que se reconozca en la enmienda
número 172 o en la transaccional --la número 173-- que el Estado pagaba
mal y, consecuentemente, resuelve ese problema pero no aborda el resto de
ellos. No, señoría. Creo que he sido bastante clara en la exposición. Se
trata de resolver estos problemas. Cuando debatíamos cómo resolver la
enmienda que luego, afortunadamente, hemos resuelto a través de la
enmienda transaccional, la número 173, nos encontrábamos con que no
podíamos aceptársela en toda su literalidad porque a veces se producen
retrasos fruto de que no se conocen los índices de evolución tanto del
PIB como de recaudación del IAE y de determinados aspectos por los cuales
el Gobierno, y el Estado en este caso, al hacer las respectivas
liquidaciones definitivas, tiene auténticos problemas y lo demora en sus
contenidos.
Señoría, no ha debido entender usted lo que he dicho referente al
quinquenio. Yo no he dicho que el quinquenio fuera el de 1994/1998. He
dicho que en el quinquenio 1989/1994 estamos en prórroga de cantidades,
no de sistema de financiación, para abordar el acuerdo en el nuevo
quinquenio, pero es seguro que su señoría va a coincidir conmigo en que
todos los grupos de esta Cámara estaremos de acuerdo en que siempre es
preferible una prórroga en esas cantidades, si eso va en aras de obtener
un magnífico consenso en lo que son todas estas áreas que estamos
tratando en el debate.
Señorías, para terminar, tengan la seguridad de que, en debates
posteriores, el Grupo y el Gobierno socialista segurirán abordando estos
problemas que, en definitiva, son problemas de todos los ciudadanos
españoles y que nos preocupan profundamente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
Pido que se llame a votación. (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, vamos a someter a
votación diversas enmiendas defendidas hasta este momento. Del Título I
vamos a votar las enmiendas presentadas por el Senador Cuevas González
que van de la número 806, correlativamente, hasta la 814 inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, nueve; en contra, 214; abstenciones, 12.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 1.233 del Senador Ramón i
Quiles.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, tres; en contra, 227; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas 1.175 y 1.176 del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 13; en contra, 221; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 42 a 65
y 222 a 224. (El señor Bayona Aznar pide la palabra.)
Senador Bayona, tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, tal como se anunció en el
debate, el Grupo Parlamentario Socialista pide la votación separada de la
enmienda 224.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Alguna otra indicación? (El señor Torrontegui Gangoiti pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Señor Presidente, pedimos votación
separada de las enmiendas 43, 44 y 45.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a efectuar tres votaciones. En primer lugar, votaremos
agrupadamente las enmiendas números 42, 46 a 65, 222 y 223.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 98; en contra, 133; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas números 43, 44 y 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 97; en contra, 133; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, sometemos a votación la enmienda número 224.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 97; en contra, 134; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación conjuntamente los artículos uno a once, es
decir, el Título I y el Anexo II del texto de dictamen. Los artículos
dos, tres, cuatro, seis y once y Anexo I los votaremos al final del
proyecto de ley. Por tanto, votaremos el Título I y el Anexo II del texto
del dictamen conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 134; en contra, 98; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Informo a la Cámara, porque así me
lo advierte la Secretaria General Adjunta, de que en la votación del
Título I hemos sometido a votación los artículos del uno al once, excepto
el dos, tres, cuatro, seis y once que votaremos al final cuando cuadren
los sumatorios. Se entiende que hemos sometido a votación los artículos
correspondientes a ese Título I y el Anexo II del texto del dictamen.
Dejo expresa constancia por si hubiera alguna duda
Entramos en el Título II. Sometemos a votación conjuntamente, en primer
lugar, las enmiendas de los Senadores Cuevas y Vilallonga números 815 a
823, así como la 946.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, cinco; en contra, 134; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sometemos a
votación conjuntamente las enmiendas 1.287 a 1.293.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a
favor, 10; en contra, 128; abstenciones, 93.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Popular votamos conjuntamente las enmiendas
números 66, 68 a 76, 78, 79, 227, 228 y 229.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, 100; en contra, 128; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el Título II, artículos 12 a 20, Anexo V y Anexo VI del texto del
dictamen conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, 135; en contra, 97; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al Título III, artículos veintiuno a treinta y cinco.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 1.567 de los Senadores
Cañellas Fons, Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 101; en contra, 130; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda de los Senadores Cuevas González y Vilallonga números 824 a 844.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, seis; en contra, 231; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 80 a 116 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 96; en contra, 131; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el dictamen de la Comisión sobre el Título III,
artículos veintiuno a treinta y cinco.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, 136; en contra, 101; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Títulos IV y IX, artículos treinta y seis a cuarenta y cinco, ciento uno
y ciento dos y Sección 07.
Votamos las enmiendas números 845 a 848 y 897 a 903 de los Senadores
Cuevas González, Vilallonga Elviro.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, cuatro; en contra, 134; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 1.237 del Senador Ramón i Quiles.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, nueve; en contra, 132; abstenciones, 97.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las enmiendas números 1.300 y 1.301 del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 109; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 1.156 del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 11; en contra, 128; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a efectuar dos votaciones para las enmiendas del Grupo Popular.
Votaremos en primer lugar las enmiendas números 117, 118, 119 y 233 así
como las números 121, 187 y 188. La enmienda número 120 se votará por
separado.
¿Desea intervenir algún señor Senador?
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Señor Presidente, si no hay inconveniente,
desearíamos que los vetos que se corresponden con las enmiendas números
117 y 233 se votaran por separado.
Gracias. (El señor Barbuzano González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Entiendo que la única enmienda de veto es la que
cabe a la Sección 07, la número 233, ya que al articulado no caben vetos.
Es una enmienda de supresión del artículo. Por tanto, votaremos por
separado el veto a la Sección 07.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Solicitamos lo mismo que el Senador
Torrontegui, es decir, que se vote el veto por separado.
El señor PRESIDENTE: Vamos a efectuar tres votaciones.
En primer lugar vamos a votar la enmienda de veto número 233 a la Sección
07.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 99; en contra, 133; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación conjunta las enmiendas números 117, 118, 119, 121,
187 y 188.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 106; en contra, 129; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, la enmienda número 120.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 100; en contra, 130; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación conjunta los artículos treinta y seis a cuarenta y
cinco, que integran el Título IV, los artículos ciento uno y ciento dos
del Título IX, así como la Sección 07 según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 132; en contra, 101; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a las votaciones del Título V.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 950, 849 a 852 de los
Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, siete; en contra, 135; abstenciones, 97.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 1.234 del Senador Ramón i Quiles.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, nueve; en contra, 131; abstenciones, 96.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 1.302 y 1.303, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 11; en contra, 129; abstenciones, 98.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1.157, del Grupo Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, 12; en contra, 129; abstenciones, 98.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, para las que vamos a efectuar
tres votaciones. Entiendo que las enmiendas números 122 a 129, 232, 131 a
133, 135 a 137, así como las números 225 y 226, pueden someterse a
votación agrupadamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 100; en contra, 133; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 138.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 101; en contra, 129; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sobre la base de la enmienda número 134, del Grupo Popular, los
portavoces de todos los Grupos de la Cámara proponen una enmienda de
adición de un nuevo apartado dos al artículo sesenta, pasando a ser el
actual artículo el texto del apartado uno. Su tenor sería el siguiente:
«Dos. El Tesoro Público comunicará trimestralmente a las Comisiones de
Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado las operaciones
de créditos y avales concedidos por el ICO de los que responda
subsidiariamente, según lo estipulado en el artículo 54 de la presente
Ley.»
¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Así se declara, y se incorpora al texto del dictamen, que votaremos
seguidamente.
El Título V comprende los artículos cuarenta y seis a sesenta y uno,
aunque el cuarenta y seis se votará al final del proyecto de ley, junto
con los artículos antes citados, números dos, tres, cuatro, seis y once.
Al mismo tiempo, votamos los Anexos III y IV y la Sección 06
conjuntamente, con las modificaciones incorporadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, 137; en contra, 101; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
De acuerdo con lo que he anunciado en el transcurso del debate, en nombre
de los portavoces que han intervenido en el relativo al Título VI, éste
se votará posteriormente.
Por tanto, vamos a someter a votación las enmiendas y el dictamen del
Título VII. La enmienda 1.462, del Senador Alierta, decayó. Las enmiendas
1.147 y 1.149, así como las números 880 a 882, 884 a 893 y 1.148,
constituyen el conjunto de enmiendas de los Senadores Cuevas y Vilallonga
a este Título y Secciones del proyecto. (El señor Granado Martínez pide
la palabra.)
Senador Granado, su señoría tiene la palabra.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, solicitamos que la enmienda
883, de los Senadores Cuevas y Vilallonga, del Grupo Mixto, sea votada a
la vez que la enmienda 172, del Grupo Popular, porque son del mismo tenor
literal y queremos explicitar un voto diferente.
El señor PRESIDENTE: Senador Granado, ¿podemos votar conjuntamente las
enmiendas 172 y 883?
El señor GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente. Si se quieren votar por
separado, que se haga, pero insisto en que son literalmente idénticas.
(Varios Senadores del Grupo Popular: Eso no es así.)
El señor PRESIDENTE: Parece que ni siquiera en eso están de acuerdo.
(Risas.)
Los servicios de la Cámara me indican que son literalmente exactas.
Podemos someter a votación, en primer lugar, la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, y con posterioridad, ya que el Presidente no plantea
ningún inconveniente a las redundancias, podemos votar la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, para evitar contagios. (Risas.)
Sometemos a votación las enmiendas que antes he enunciado, con excepción
de la número 883, para la que el Senador Granado ha solicitado votación
separada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 105; en contra, 130; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 883.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 225; en contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas números 1.231 y 1.241, del Senador Ramón i Quiles.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 106; en contra, 127; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Senador Soravilla sostuvo la enmienda número 1.649, del Senador
Garzarán, que se somete a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, 102; en contra, 126; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El Senador Soravilla también sostuvo las enmiendas originales de
distintos Senadores y la suya fue suscrita junto con los Senadores
Ruiz-Gallardón, Pedroche, Van-Halen y Vindel. Son las enmiendas números
1.726 y 1.788, que entiendo pueden someterse conjuntamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, 106; en contra, 129; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación las enmiendas números 1.161 a 1.165, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. (El señor Barbuzano González pide la
palabra.)
¿Senador Barbuzano?
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Si es posible, señor Presidente, prefiero
que se voten las enmiendas números 1.161 y 1.162 por separado y las
demás, a su vez, agrupadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Se someten a votación las enmiendas números 1.161 y 1.162.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, 109; en contra, 129; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a la votación conjunta de las enmiendas números 1.163 a 1.165.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 106; en contra, 128; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a proceder a efectuar tres votaciones de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular. La primera se referirá a las enmiendas números
163, 164, 178 y 785; la segunda, a las enmiendas números 165 a 171, y la
tercera, a las enmiendas números 174 a 181 agrupadamente. (El señor
Granado Martínez pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, sin duda le he escuchado
mal, porque sobre la enmienda número 173, del Grupo Parlamentario
Popular, hay una enmienda transaccional, firmada también por los
portavoces de los seis Grupos Parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado.
No había anunciado la enmienda número 173 porque, efectivamente, hay una
redacción que descansa sobre ella. Por tanto, se someten a votación todas
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, excepto las enmiendas
números 172 y 173.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 103; en contra, 129; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 172, del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.) (Aplausos en los escaños de la derecha.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 235; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Esta enmienda ha tenido más votos.
Queda aprobada.
Sobre la base de la enmienda número 173, se propone una adición, suscrita
por los portavoces de los Grupos, de un nuevo párrafo cinco al artículo
ochenta y tres que dice: En caso de que las liquidaciones definitivas de
la participación en los tributos del Estado para el año 1994, a favor de
los ayuntamientos, diputaciones y entes asimilados, no pudieran
practicarse antes del 30 de junio de 1995, se procederá a realizar una
entrega a cuenta adicional para completar el total de las mismas hasta el
99 por ciento de las cantidades que han servido de base para realizar las
previsiones de crédito en los Presupuestos Generales del Estado para 1994
por tal concepto. No obstante, dicha entrega será realizada con cargo a
los créditos que a tal fin se habiliten en la Sección 32, para proceder a
practicar la liquidación definitiva del año 1994.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada. Por
tanto, queda incorporada al dictamen, que vamos a votar seguidamente.
Procedemos a votación del Título VII, artículos ochenta y uno a noventa y
seis, así como las Secciones 32 y 33. Se someten a votación
conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a
favor, 130; en contra, 105; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se suspende la sesión hasta las cuatro horas y quince minutos.
Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se reanuda la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al debate de las
enmiendas presentadas al Título VIII, artículos noventa y siete a cien, y
Anexo VIII.
El señor Cuevas González tiene la palabra para defender sus tres
enmiendas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Las doy por defendidas en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el señor Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros tenemos las enmiendas números 1.166 y 1.167. En cuanto a la
primera de ellas, mi compañero hizo una corrección «in voce» en comisión,
ya que estaba mal el texto. Al final se dice «así como a su
representación en el Consejo de Administración». Aquí debe ir el punto y
se acabó la enmienda 1.166, que simplemente se refiere a que la Comunidad
Autónoma tenga posibilidades de intervenir en los Consejos de
Administración de las sociedades, empresas o entes públicos participados
por el Estado.
La enmienda número 1.167 es al artículo noventa y ocho. Ya la presentamos
el año pasado y se trata de la posibilidad que da el proyecto de ley al
Gobierno del Estado para enajenar, arrendar, gravar edificios o terrenos,
tanto a entidades públicas como a particulares, que pertenecen al
Patrimonio del Estado, pero que están utilizados por militares. Contra
esta posibilidad, y lo aclaramos en el debate sobre los Presupuestos del
pasado año, ASUCAM interpuso un recurso contra el Real Decreto 1751/90
que decía exactamente lo mismo que dice el texto del artículo noventa y
ocho. El Tribunal Supremo se manifestó diciendo que lo que contemplaba
ese decreto en el artículo 5.2 no era correcto. El pasado año, el
portavoz del Grupo Socialista nos dijo: Lo estudiaremos, y si
efectivamente la sentencia dice eso, se eliminará esa posibilidad. Pero,
sorprendentemente, en el articulado del proyecto de ley de este año
volvemos a encontrárnoslo. Eso lo recordará el Senador Galán, que fue el
que me contestó en aquella ocasión. Y como lo repite el articulado,
nosotros repetimos la enmienda, a ver si algún día alguien es capaz de
estudiarse profundamente esa sentencia del Tribunal Supremo y eliminar
esta cuestión del articulado.
Muchas gracias, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Barbuzano.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre de mi Grupo defenderé las enmiendas al Título VIII,
al que presentamos una enmienda de veto, que es la número 182, y en cuya
defensa me extenderé muy poco en cuanto que la heterogeneidad de materias
comprendidas en él justifica que me remita a los argumentos para el
mantenimiento de otros vetos por mi Grupo, vertidos desde esta tribuna
por mis compañeros como, por ejemplo, el del Título III. Además, es de
sobra conocido por sus señorías el plan de austeridad que ya propusimos
en el trámite correspondiente de este mismo proyecto de ley en el
Congreso de los Diputados, sobre el que, realmente, habríamos deseado una
reflexión más razonable antes que un rechazo dogmático que hubiera
permitido una colaboración seria y real, yo creo que difícil de entender
por sus señorías socialistas, porque tienden a confundir la colaboración
con la complicidad, que es justo a lo que no nos prestamos. Sin duda, si
pudiera aplicarse este plan aliviaría la delicada situación económica en
que nos han sumergido, y yo les recuerdo que aún es posible si así lo
decidieran con su apoyo parlamentario en este trámite.
Por otra parte, hemos presentado tres enmiendas al artículo noventa y
siete, las números 183, 184 y 185 que, si se me permite, defenderemos de
forma agrupada. Tal y como figura en el proyecto, el artículo noventa y
siete autoriza al Gobierno a transformar, suprimir, refundir o modificar
organismos autónomos o entidades públicas mediante real decreto a lo
largo de 1994. Las circunstancias por las que el Gobierno puede llevar a
cabo estas medidas vienen recogidas en el programa de convergencia de
1992, consecuencia de la cumbre de Maastricht, y son haber cumplido estos
organismos o entes su objetivo, por demostrar su falta de utilidad o por
haber sido transferidas sus competencias a las Comunidades Autónomas,
según su propio compromiso.
Nuestra opinión, que creo que es razonable, es que tales modificaciones o
supresiones deben ajustarse a ese compromiso, no como una mera facultad
del Gobierno, sino como deben ser: como una obligación con plazos
determinados y con propuestas concretas, razonadas y finalistas,
susceptibles de ser debatidas por las Cámaras, porque, señorías, estos
casos modifican algo más: modifican políticas de personal, por ejemplo,
transformando funcionarios en laborales que, cuando no aceptan la
transformación, engrosan las plantillas funcionariales de los ministerios
--por otra parte ya bastante saturadas-- y, en ocasiones, enmascaran
subidas de sueldo para los directivos que habrían sido imposibles de no
haberse producido la modificación. Yo creo que no basta con el argumento
de la agilidad de decisión de un mercado más dinámico si esa agilidad no
va acompañada de la exigible garantía de la transparencia, y esa
transparencia y su garantía pasa por
unas propuestas concretas y un plazo establecido por la ley, y esto,
sencillamente, es lo que pedimos.
Respecto a nuestra enmienda número 186 diré que solicitamos la supresión
del artículo noventa y nueve por varias razones que paso a exponer.
Albergamos esperanzas de que esta enmienda nos sea aceptada, porque la
primera razón está en línea con el discurso del Senador Granado: es la de
que su contenido nada tiene que ver con la materia presupuestaria, y que
conste que nosotros también velamos por mantener las esencias de este
debate. Porque, señorías, pedir una prórroga de la Ley 28/1984, por la
que se creó la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, que ni
siquiera está contemplada en su propio articulado, no parece que tenga
encaje, ni siquiera con bolillos, en este proyecto. El artículo uno de
esa misma ley, la 28/1984, dice textualmente en su último párrafo: el
organismo mencionado --y se está refiriendo a la Gerencia-- tendrá
carácter temporal y su duración no podrá exceder de diez años. Es decir,
que el Gobierno no sólo no cumple su propio compromiso del plan de
convergencia sino que, realmente, nos propone infringir la norma legal
que a todos vincula. Y corríjame el Senador Granado si en un Estado de
Derecho no vincula al propio Gobierno; incluso, ilústreme, si es
necesario, con sus recientes lecturas de Bertrand Russell.
Desde luego, como ajeno a este debate, tampoco expondré nuestras críticas
a esta Gerencia, para que no diga, pero sí diré que no ha cumplido su
función satisfactoriamente, como lo demuestra esta petición ilegal de
prórroga. Pero, además, es que era una de las circunstancias contempladas
en su plan de convergencia, amén de la drástica reducción de organismos y
temas. Por la propia Ley 28/1984, su existencia legal expira el próximo
31 de julio, que es cuando se cumplirán los diez años, es decir, que lo
que nos proponen es ampliar su existencia durante un año, al margen de la
ley, cuando lo que se amplía en realidad son sólo cinco meses, y en
nuestra opinión sería preferible aprovechar sus últimos siete meses de
existencia legal para rendir cuentas, evaluar su gestión y su necesidad
en las Cámaras y, posteriormente, si así se considerase, ampliar el
término temporal de sus actividades con arreglo a la estricta legalidad y
al trámite adecuado. Por estas razones solicitamos la supresión de este
artículo, que no supondría, como me decía en Comisión, la supresión
inmediata del organismo, sino establecer la posibilidad parlamentaria de
la evaluación de su eficacia y cumplir la ley. Yo no sé si puede pedirse
menos a los propios legisladores.
Con esto damos por defendidas las enmiendas de mi Grupo al Título VIII,
para las que solicito el voto favorable de sus señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Paso a comentar las enmiendas que han sido defendidas en este trámite
parlamentario.
En primer lugar, diré que lo que quería señalar al Senador Barbuzano es
que la respuesta que da el Gobierno a sus preocupaciones en el artículo
noventa y ocho del proyecto de ley es precisamente la coherente y la
derivada de la sentencia que el Senador ha invocado desde su escaño,
porque lo que la sentencia del Tribunal Supremo razona en el fundamento
de Derecho, que determina la nulidad del artículo 5.2 del Real Decreto
1751/1990, de 20 de diciembre, es que la Ley de Patrimonio del Estado
constituye una disposición específicamente reguladora del Sistema General
del Régimen Jurídico del Patrimonio del Estado de obligado cumplimiento
y, por ello, para que una norma de la Ley General de Presupuestos
Generales del Estado pueda habilitar a la enajenación de inmuebles objeto
de regulación en la Ley Patrimonial, es preciso que de modo expreso y
determinante así lo disponga, y he hecho una cita literal. ¿Qué quiere
decir esto? Pues que precisamente la disposición de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1990 y el decreto que la
desarrolla no eran una norma legal de suficiente rango como para cambiar
una ley tan específica como la Ley de Patrimonio del Estado, porque la
Ley de Presupuestos no decía expresamente que cupiera que el Instituto de
Vivienda de las Fuerzas Armadas tuviera las finalidades que se
comentaban, y lo que hace actualmente el proyecto de ley en este sentido
en su artículo noventa y ocho es darle expresamente al Instituto de
Vivienda de las Fuerzas Armadas las facultades que, a nuestro juicio,
debe tener, que son la enajenación y la capacidad de gravar, de arrendar
locales, edificios, terrenos, tanto a entidades públicas como a
particulares.
Quiero señalar al Senador Barbuzano, portavoz del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que cuando se está pensando en el tenor literal de
este artículo del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado,
se está pensando tal vez en que lo que va a hacer el Instituto de la
Vivienda para las Fuerzas Armadas va a ser realizar una política de
enajenación de bienes. En muchos casos, no es así. En muchos casos, lo
que se quiere es dar al Instituto la posibilidad de arrendar, ceder o
vender a particulares, fundamentalmente a cooperativas de militares, a
cooperativas de los propios funcionarios de las Fuerzas Armadas, la
posibilidad de que emprendan sus proyectos de construcción de viviendas,
etcétera, por entender que ése es un sistema eficaz para la creación de
un patrimonio de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. En este sentido
no tiene tanto la
finalidad de devolver esos bienes al tráfico jurídico, sino la
posibilidad de que entidades particulares, entidades públicas, a veces
ayuntamientos, a veces comunidades autónomas, a veces mancomunidades de
ayuntamientos utilicen esos bienes para los fines que el propio Instituto
tiene encomendados, y en este sentido el artículo es la respuesta legal
conveniente para la sentencia. Derogar el artículo nos supondría dejar al
Instituto sin la posibilidad de realizar esas actuaciones que nos parecen
sobradamente convenientes.
En cuanto al Senador Soravilla, me gustaría señalarle que yo creo que la
mejor argumentación al veto del título VIII del proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 es que no podía haber un
título de este proyecto de ley que no tuviera un veto del Grupo Popular.
Y como se ha planteado un veto al título I, al II, al III, al IV, al V,
al VI y al VII, habría que plantear un veto al título VIII. Usted sabe
que el título VIII tiene tres artículos, y no parece que haya demasiadas
razones para justificar su rechazo global.
En todo caso, sí que me interesaría comentar al Senador Soravilla que
nosotros entendemos que sus enmiendas son precisamente, y particularmente
en este título, incoherentes. Nos propone en sus enmiendas que, por
razones de política económica, durante el primer trimestre de 1994, el
Gobierno, mediante real decreto, a propuesta conjunta de los ministerios
para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, proceda a la
supresión de organismos autónomos.
Senador Soravilla, en estos momentos, y precisamente derivado del Pacto
Autonómico que va a permitir la aprobación en esta Cámara en el mes de
febrero o marzo de las modificaciones correspondientes de los estatutos
de autonomía, el Gobierno está embarcado en una dinámica de
transferencias a las Comunidades Autónomas. El procedimiento habitual
para la supresión de esos organismos autónomos que van a quedar vaciados
de contenido después de la transferencia efectiva de sus funciones y
servicios a las Comunidades Autónomas es la extinción del organismo
autónomo una vez culminado el proceso de transferencias. Lo que nos
proponen ustedes es extinguir el organismo autónomo sin haberse producido
los decretos de traspaso de funciones y servicios a las comunidades
autónomas. Se sobreentiende que a su personal y a medios humanos los
incorporamos a la Administración General del Estado y, después de
realizado este proceso, producimos la transferencia a las Comunidades
Autónomas, porque ni está en manos del Senador Soravilla ni del Grupo
Popular ni de la Cámara en pleno garantizar que en el primer trimestre
del año 1994 las respectivas comisiones mixtas de transferencias van a
llegar a los acuerdos que permitan la formalización de los decretos de
traspasos de funciones y servicios.
Yo creo que nuestro punto de vista es más racional, porque lo que impone
es que se haga primero la transferencia y, después de hecha, suprimir el
organismo autónomo, y no suprimir el organismo autónomo, incorporarlo a
la Administración General y hacer la transferencia a las Comunidades
Autónomas. Es un proceso que creo que añadiría más complejidad
burocrática y más posibilidades de manipulación, en el sentido que
indicaba el Senador Soravilla, que el proceso que nosotros planteamos,
porque las plantillas de los organismos son conocidas, son públicas, son
notorias, y a través de las diferentes leyes de presupuestos se conoce
cuál es la evolución de su gasto y la liquidación del mismo en los
sucesivos ejercicios.
Si ahora cogemos esos organismos autónomos --y estoy pensando, por
ejemplo, en el Inserso, que es el que fundamentalmente va a verse
afectado por la transferencia-- y los incorporamos a la Administración
General del Estado por mor de su extinción, probablemente la capacidad de
cálculo que tengan las Comunidades Autónomas y las comisiones mixtas de
transferencias para conocer si la transferencia se realiza en buenas o
malas condiciones se vea considerablemente mermada. En este sentido, yo
creo que ustedes hacen un flaco favor a la Administración del Estado,
pero también a las Comunidades Autónomas defendiendo su enmienda y si
hablaran con alguno de los consejeros que están negociando las
transferencias de las Comunidades Autónomas que gobiernan, les dirían --y
yo podría darle alguna indicación en ese sentido-- que la enmienda, en sí
misma, es incoherente y supondría, de ser aprobada, un auténtico
disparate.
En cuanto a la enmienda número 184, creo que es una consecuencia directa
de la anterior. Se pretende que el Gobierno dé cuentas a las Cortes de
algo que se le exige que haga en un plazo formalizado de tiempo.
Respecto a la enmienda número 185, aquí existe también una evidente
contradicción en sus propios términos porque se señala que el Gobierno
debe presentar un programa en el que se contemple a los organismos
autónomos y entidades públicas que pretenden transformar, suprimir,
refundir o modificar en el desarrollo de este precepto, y este programa
vendrá determinado por los propios decretos de transferencias, porque, en
función de cómo negocien las Comunidades Autónomas, de qué servicios y
funciones vayan a ser transferidos y de qué posibilidades de colaboración
haya que empezar a desarrollar en cumplimiento de ese pacto autonómico,
que también tiene un título dedicado a la colaboración entre las
Comunidades Autónomas y la Administración del Estado, habrá que
determinar qué funciones, si les queda alguna, corresponden al organismo
autónomo en el que se han producido las transferencias o si, por el
contrario, no queda ninguna función y cabe su extinción. Y es volver a
poner el rábano, con perdón, delante de las hojas, o, mejor todavía,
poner el carro detrás o delante de los bueyes, según se mire dónde están
los bueyes y el carro.
En cuanto a la enmienda al artículo noventa y nueve, del Senador
Soravilla, que poco tiene que ver con mis lecturas de Bertrand Russell,
sean recientes o antiguas, le puedo decir al Senador Soravilla que hace
mucho tiempo que yo vengo leyendo a Bertrand Russell y no me importaría
incluso regalarle un ejemplar de alguno de sus libros porque tengo uno de
ellos en el despacho, y no es el libro del que saqué las citas que
comenté ayer en el discurso. Vamos a entendernos en los siguientes
términos. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 decreta
en un artículo que un organismo público que tuviera una vigencia temporal
hasta 31 de julio de 1994 pudiera cumplir sus funciones hasta el 31 de
diciembre. Tanto vincula la Ley de Presupuestos del Estado para 1994 al
Gobierno como la Ley de Creación de la Gerencia, y en la misma medida que
la Ley de Gerencia está siendo votada por las Cortes Generales, lo está
siendo este artículo concreto del proyecto de Ley de Presupuestos.
En este sentido, no es novedad que una ley cambie otra ley, sino que
podemos decir que es lo más habitual; precisamente, las leyes se hacen
para cambiar otras leyes, y no entendemos cuáles son las razones que
tiene el Partido Popular para solicitar lo que está en el fondo de su
enmienda, que es la desaparición de la Gerencia. Y yo creo que esto es lo
que tiene que explicar su señoría. Cuando se elaboró la Ley de Creación
de la Gerencia se pensó que podía desarrollar sus funciones en un plazo
de diez años; en estos momentos, nosotros pensamos que en función, entre
otras cosas, de algo tan elemental y que conoce el Senador Soravilla
mucho mejor que yo porque él es portavoz de su grupo en la Comisión de
Defensa, como es la existencia de un nuevo plan de despliegue de nuestras
Fuerzas Armadas, la Gerencia puede tener trabajo para los próximos años,
porque si han cambiado las necesidades de despliegue de nuestras Fuerzas
Armadas, también han cambiado las necesidades que en materia de
infraestructuras soportan esas necesidades cambiantes de despliegue. Y lo
que ustedes tienen que decir en esta tribuna es si quieren que la
Gerencia siga existiendo o no. Si quieren que la Gerencia siga
existiendo, la única vía razonable es, precisamente, retirar esta
enmienda y mantener el artículo noventa y nueve del actual proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. Si desean que
desaparezca la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa tendrán que
darnos alguna razón sustantiva que justifique esta desaparición, y no
simplemente que su plazo de vigencia en el año 1984 se previó que
terminara después de siete meses, porque en estos momentos nosotros
creemos que ha cambiado el mundo; han cambiado, por tanto, nuestras
necesidades de defensa; han cambiado nuestros imperativos de despliegue
de nuestras Fuerzas Armadas, y parece razonable que a todos esos cambios
haya de suceder también alguna pervivencia de un organismo que, entre
otras cosas, da sustento a unas necesidades de despliegue ya comentadas.
Por tanto, tampoco podemos aceptar su enmienda al artículo noventa y
nueve, y comentados todos y cada uno de los artículos que forman parte de
este título VIII de la Ley de Presupuestos, entiendo que el rechazo
particular de cada una de sus enmiendas también argumenta el rechazo a su
veto al título VIII.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Grupo Popular? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Lo que noto, señor Granado, es que lo que le molesta realmente son las
coherencias de mi grupo, es decir, la coherencia en el veto. Ya le he
explicado que este veto es coherente con los de otros títulos, puesto que
es muy heterogéneo.
Con respecto a la segunda parte, me dice usted que el Gobierno está en la
dinámica, y a mí me parece una dinámica muy rara, fuera del mundo de la
física porque no se mueve. Lo que nosotros proponemos, efectivamente, es
que nos presenten los programas, los planes oportunos y que se rinda
cuentas en un plazo determinado y dentro de los debates de esta Cámara,
porque parece que se hace todo en abstracto. Y por poner una metáfora
gastronómica, como la del rábano y las hojas, le diré que están ustedes
en la situación de la pescadilla que se muerde la cola, porque no se sabe
si son antes las tranferencias o qué, de tal manera que no arrancamos
nunca y estamos siempre anclados en el mismo sitio. Es una dinámica digna
de estudio por los físico-cuánticos.
Con respecto al artículo noventa y nueve dice usted que las leyes se
hacen para cambiarlas. Yo pensaba que era todo lo contrario, que siempre
se pretendía que las leyes tuvieran una determinada vigencia,
precisamente para que pudieran tener un efecto real. En este caso, yo
diría algo más: las leyes no sólo las hacen ustedes para cambiarlas, sino
también para infringirlas. Me dice que va a tener trabajo en los próximos
años, y lo que yo quiero es, exactamente, que se nos rinda cuenta de lo
que ha hecho, y si realmente va a tener trabajo en los próximos años,
definirlos democráticamente en estas Cámaras y por el mismo argumento que
usted da, precisamente por los cambios a los que su señoría estaba
haciendo referencia. Lo único que me producen los argumentos que usted me
da es el convencimiento y el entendimiento del por qué se le ha
encomendado por su Grupo la defensa de estos Presupuestos: porque los
argumentos que usted nos da no son jurídicos ni económicos, sino de
ciencia-ficción, y siendo usted un experto, probablemente es el más
adecuado para su defensa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Senador Soravilla, usted dice que su Grupo es coherente; estoy dispuesto
a aceptarle una parte de esa afirmación, porque creo que su Grupo es
contumaz, es decir, perseverante en el error. Todos los años viene
planteando sistemáticamente las mismas propuestas que, además, tienen la
coherencia de la reducción al absurdo. Como a ustedes no les gusta el
proyecto de Ley de Presupuestos, vetan uno por uno todos los Títulos, o
sea, que para manifestar su descontento lo vetan todo: si hubiera 18
títulos, vetarían los 18, y si hubiera 25, pues los 25. Es decir, ustedes
presentan los vetos multiplicativos; en las Secciones, presentan los
vetos a la Sección, y dentro de los vetos a la Sección los vetos a los
Programas, y dentro de éstos, como ya no existe posibilidad de descender
más bajo en el nivel del veto, ahí se quedan, pero si existiera alguna
posibilidad reglamentaria, vetarían los artículos, los conceptos, los
subconceptos, los proyectos presupuestarios, etcétera.
En cuanto a la intervención del Senador Soravilla, volvemos a estar en la
misma contradicción. Le he explicado a su señoría que su enmienda no se
puede aceptar porque es absurdo producir la extinción de organismos
autónomos antes de producirse los decretos de transferencias. Si usted
está de acuerdo en que es absurdo, retire la enmienda; y si no está de
acuerdo, arguménteme por qué no lo es, porque sigue siendo absurdo, antes
de que usted hablara, después de que hable yo y después de que votemos. A
lo mejor pueden ustedes ganar alguna votación, aunque no parece que sea
este el tenor de la legislatura, pero en futuras legislaturas pueden
ganar alguna; sin embargo, seguiría siendo absurdo que ustedes
propusieran que se hicieran las cosas de esa manera. Y esta convicción la
tienen algunos de los consejeros de las Comunidades Autónomas que
gobiernan ustedes; no es que yo quiera utilizar este argumento, pero
podría hacerlo.
En cuanto a la Gerencia, volvemos a estar en lo mismo, Senador Soravilla.
Usted me lo ha dicho todo, menos lo fundamental. ¿Quieren ustedes que
siga funcionando la Gerencia o no? Porque nosotros queremos que la
Gerencia siga funcionando; creemos que tiene un trabajo por hacer y
creemos que el nuevo Plan de Despliegue de las Fuerzas Armadas necesita
de una Gerencia de Infraestructuras que lo ponga en marcha y que
determine qué va a pasar con esas infraestructuras que van a quedarse
obsoletas y otras que habrá que construir en función del nuevo Plan de
Despliegue, eso lo sabe usted, y, en este sentido, la Gerencia es un
instrumento imprescindible. ¿Que usted quiere que el Gobierno le rinda
cuentas de la Gerencia? Pues presente usted, en nombre de su Grupo, una
interpelación, una moción, una solicitud de comparecencia, pero no haga
usted una enmienda a los Presupuestos que no pretende eso que usted dice,
porque su enmienda pretende que la Gerencia desaparezca. Surtiría ese
efecto si desapareciera este artículo noventa y nueve en el proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado, y, en este sentido, Senador
Soravilla, yo no sé dónde hay más fantasía, si en sus intervenciones o en
las mías, pero creo que las mías están bastante más apegadas a la
realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado.
Pasamos a la discusión de las enmiendas a las Disposiciones Adicionales
de la Primera a la Veintisiete.
Hay una primera enmienda del Senador Alierta Izuel, que puede hacer uso
de la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la enmienda 1.452 se propone una Disposición Adicional nueva del
siguiente tenor: «Sorteo Especial ``Universiada 95''. El Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado destinará, durante 1994, los
beneficios de un Sorteo Especial de Lotería a favor de la Comisión
Organizadora de la ``Universiada 95''. Si los beneficios de este sorteo,
conjuntamente con el autorizado en 1993 con esta misma finalidad, superan
la cifra de 1.600 millones de pesetas, el exceso se ingresará en el
Tesoro.»
Esta enmienda se defendió en Comisión en sus propios términos, y en este
trámite este Senador estaría dispuesto a presentar una enmienda
transaccional a esta Disposición Adicional nueva que, en el mismo tenor,
diría: El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado destinará
durante 1994 los beneficios de un sorteo especial de Lotería Nacional a
favor de la Comisión Organizadora de la Universiada 95, organizadora de
la Universiada que se celebrará en este año, de acuerdo con las normas
que dicte al efecto el Ministerio de Economía y Hacienda. Si los
beneficios de este sorteo superan los 800 millones de pesetas, el exceso
se ingresará en el Tesoro. En la transaccional que se propone se
disminuye el límite máximo de 1.600 millones que había en la enmienda
original por 800 millones de pesetas.
Es evidente que la organización de esta Universiada merece un sorteo, de
la misma forma, por ejemplo, que se está haciendo para otros
acontecimientos similares, como el Sierra Nevada-95, que también son unos
campeonatos mundiales de esquí.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alierta.
Hay dos enmiendas adicionales, formuladas por diversos Senadores, los
señores Cañellas Fons, Font Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y
Vidal Bibiloni.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Font Barceló.
El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, seré breve. De las dos enmiendas, la primera es sobre la
posibilidad de reducir el IVA en lo que se refiere al transporte de
mercancías y servicios en las Islas Baleares. Conozco la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista por la que se prorroga
durante 1994 el 15 por ciento establecido y yo les pediría que
entendieran que la situación de Baleares no es la misma que la de
Canarias pero, excepto ésta, es distinta a la de cualquier otra parte del
Estado español, y por tanto, les rogaría que este IVA, repito, se
redujese.
La segunda enmienda, la 1.572, creíamos que iba a aprobarse debido a que
las conversaciones mantenidas entre el Ministerio, el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado y el Gobierno Balear iban adelante. Nosotros
pedíamos --y pedimos-- que se crease un programa plurianual que se
declarase de interés general para poder dotar presupuestariamente mejor
las carreteras de Baleares. En las contestaciones que he recibido me han
dicho que es imposible declararlo de interés general sin que haya partida
presupuestaria, y lo único que añadiría es que referente al Real Decreto
3/92, de 22 de mayo, donde se declaraban tres obras para las desaladoras
y abastecimiento de aguas para Mallorca, Ibiza y Formentera, desde 1992
han estado sin consignación presupuestaria, y creo que sería un paso
importante que se pudieran aprobar estas obras de interés general aunque
para 1994 aún no hubiera consignación presupuestaria y sí la tuvieran
ustedes para 1995.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Font
Barceló.
Tiene la palabra el Senador Cuevas González para la defensa de las
enmiendas del Grupo Mixto.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentamos varias
enmiendas a estas Disposiciones Adicionales de la Primera a la
Veintisiete, y, siendo todas importantes, querríamos destacar algunas de
ellas. La primera, una en la que tratamos de trasladar a las
Administraciones Públicas el Acuerdo Nacional de Formación Continua. Esto
ya fue pactado por el Gobierno y los sindicatos en la empresa privada, y
creemos que sería bueno, interesante e importante que tal acuerdo de
formación continua se llevara a la Administración Pública.
Por otro lado, planteamos en la misma enmienda la puesta en
funcionamiento de un auténtico programa de formación y reciclaje y,
aunque parezca una contradicción, hemos vetado políticamente --sabe usted
que técnicamente ha decaído, porque no se ha presentado el escrito--, el
Título II de la Ley de acompañamiento, que acompaña mal a estos
Presupuestos, pero como sabíamos que se iba a aprobar, por la correlación
de fuerzas de las Cortes Generales, para dar un poco de coherencia hemos
planteado también esta enmienda y así llenar de contenido este Título II,
con objeto de que se ponga en funcionamiento en el plazo de tres meses, o
por lo menos se traiga a las Cámaras, un programa de formación y
reciclaje. Otra enmienda, que para nosotros también es bastante
interesante así como para los afectados, plantea la necesidad de
revalorizar las pensiones por hijos a cargo. Yo creo que nadie puede
dudar ahora mismo de que las pensiones que se dan por hijos a cargo en
los Presupuestos suponen «el chocolate del loro».
Presentamos otra enmienda creando una nueva disposición adicional en la
que solicitamos un incremento y redistribución nueva para ayuda al
desarrollo. Al mismo tiempo, pedimos la creación de un organismo que
administre, dé cuenta y distribuya estos dineros. Estimamos que la
creación de este organismo podría disipar muchas dudas en cuanto a qué
porcentaje o cómo se distribuyen los dineros para el Fondo de Ayuda al
Desarrollo.
Otra enmienda que venimos planteando cada año --parece que con poco
éxito, a pesar de que hay un compromiso del Gobierno y hubo un compromiso
de esta Cámara, si no a través del voto, sí a través del discurso-- es la
creación de un fondo de garantía de pensiones para mujeres que, una vez
terminado todo el proceso judicial y señaladas tales pensiones, por
incapacidad de la ley o incapacidad de quien sea no las perciben.
Estimamos que en estos Presupuestos, aunque restrictivos, ya es hora de
que se pueda contemplar este fondo, porque alguien se tiene que
responsabilizar de que la Justicia, en este caso, no sea capaz de hacer
cumplir lo que ella misma dicta. Sabe el señor Presidente que hay
montañas y montañas de sentencias en los tribunales y juzgados donde se
condena a pagar indemnizaciones a mujeres e hijos y que, a la hora de la
realidad, no se pagan, incluso acudiendo luego a peticiones de ejecución
de sentencias o denuncias a la Policía Nacional,
pero los resultados están ahí, las encuestas están ahí y, por tanto,
creemos que, como anticipo, alguien tiene que hacerse responsable de lo
que no se es capaz de hacer cumplir.
Por último, pedimos --también venimos haciéndolo con bastante asiduidad--
que se amplíe la edad para poder acceder a una pensión a las personas que
en la etapa, afortunadamente pasada, sufrieron cárcel por defender, por
ejemplo, que hoy estemos aquí debatiendo los Presupuestos Generales del
Estado. Ampliamos el límite de edad para que estas personas puedan
acceder a la pensión, porque creemos que es una deuda pendiente que los
demócratas tenemos con ellos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas
González.
Enmienda del Senador Olivencia Ruiz. Para su defensa, tiene la palabra su
señoría.
El señor OLIVENCIA RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Por sus singulares características, la ciudad de Ceuta ha dispuesto
siempre de un régimen especial económico-financiero vital para su
desarrollo.
En la actualidad, este régimen está configurado por el carácter de
territorio franco y por una serie de exenciones y bonificaciones fiscales
que se están revelando como absolutamente insuficientes. Hay una serie de
causas: el progresivo proceso de liberalización del comercio
internacional --acuerdos de la Ronda Uruguay--, la competencia que se
viene desarrollando desde Gibraltar, los precios cada vez son más
elevados de los transportes marítimos, etcétera. Son serie de causas que
inciden en que la economía de Ceuta se esté viendo inmersa en una grave y
peculiar crisis económica distinta de la que, con carácter general,
estamos padeciendo.
El comercio, al ir perdiendo su atractivo, está decayendo; la industria
está ya reducida a una mínima expresión; el puerto, que fue líder en la
actividad de suministros en la zona del Estrecho, languidece y, lo que es
peor, el paro, el desempleo, se están multiplicando en los últimos años
--llega ya a un índice aproximado del 30 por ciento--. Todo ello,
teniendo en cuenta además que en zonas inmediatas a Ceuta existe un
paraíso fiscal que se llama Gibraltar, y se está montando otro, que se
llama Tánger, exige que se adopte con urgencia un nuevo marco legal, unas
medidas concretas y apropiadas que sean capaces de revitalizar la
economía de Ceuta. En este sentido va la enmienda que propongo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Olivencia Ruiz.
Las dos enmiendas siguientes, del Senador Ramón i Quiles, se dan por
defendidas.
A continuación, tenemos las dos enmiendas del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, para cuya defensa tiene la palabra el Senador
Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Antes de empezar a defender la enmienda número 1.299, pediría cierta
benevolencia a su señoría para que me deje un poco más de tiempo para
poder explicar esta enmienda de adición a una nueva Disposición Adicional
sobre Mutualidades de Previsión Social, que dice así: «La Disposición
Adicional cuadragésima octava de la Ley 46/85, de 27 de diciembre, no
será aplicable a las Mutualidades de Previsión Social. Los beneficios
fiscales de que gozan los Planes y Fondos de Pensiones así como los
concedidos a las Mutualidades de Previsión Social se exceptúan de la
consideración de recursos financieros públicos a los solos efectos de
liberar a sus prestaciones de la naturaleza de pensiones públicas.
Asimismo, las prestaciones satisfechas por las Mutualidades de Previsión
Social se declaran no concurrentes, en consecuencia, no se computarán a
efectos de cálculo de los límites de pensión pública.»
Quisiera llamar la atención de sus señorías, puesto que la justificación
de esta enmienda puede resultar interesante, ya que se produce un efecto
discriminatorio entre empresas y trabajadores del sector público y
trabajadores y empresas del sector privado, al plantearse algunos
problemas serios de equidad. La discriminación alcanza también a las
diferentes instituciones de provisión existentes; así, en tanto que las
Mutualidades de Previsión Social están excluidas de toda posible
financiación pública, con algunas excepciones, y sus prestaciones
forzadamente incorporadas al catálogo de pensiones públicas, los planes y
fondos de pensiones no soportan ninguna de esas dos dificultades.
Por otra parte, el artículo sesenta y tres, números uno, dos y cuatro de
la Ley de Presupuestos para 1988 exceptúa a las pensiones derivadas de
los referidos planes y fondos del carácter de públicas, con objeto de
evitar los efectos reductores que implica esa calificación. Contraviene,
desde luego, el principio constitucional general de igualdad y quizá
también el de igualdad ante las cargas fiscales.
La enmienda que se propone obedece al propósito de eliminar las
discriminaciones aludidas y facilitar el desarrollo generalizado de la
previsión voluntaria, en cuanto vía alternativa para impulsar el
crecimiento de las prestaciones sociales.
Señorías, en Comisión tratamos de defender y leer una justificación
amplísima que obraba en mi poder y que en su día entregamos tanto al
Senador socialista que trataba de «contraenmendar» esta enmienda, como a
los Taquígrafos para que la transcribieran en el «Diario de Sesiones».
Aún no se ha publicado el «Diario de Sesiones», pero tampoco tengo esta
vez tanto
tiempo, porque aunque el Presidente es benevolente, requeriría entre
cinco y diez minutos. En cualquier caso, yo creo que podríamos proponer
alguna enmienda transaccional, algo que realmente dé una salida a estas
Entidades de Previsión social, que en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco tienen una tradición y una seguridad, complementando los
fondos de pensiones de una manera bastante seria.
Ya que también obra en poder del Senador socialista la enmienda de
adición, rogaría que el Gobierno la mirara con detenimiento y estimara
esta buena enmienda en el sentido de que favoreciera tanto el ahorro
popular como el complemento de pensiones, porque de todos es sabida la
preocupación que tenemos acerca de la continuidad de la Seguridad Social
en cuanto a un complemento amplio. En este sentido, quisiéramos que esa
discriminación existente entre el funcionariado público y el
funcionariado privado tenga las mínimas discrepancias.
La enmienda número 1.308 --que también defendimos en Comisión-- trata de
la cuantía que dedicará España para la ayuda oficial al desarrollo. Es
una Disposición Adicional también larga, meditada, y en su día dijimos en
Comisión que convendría que entre todos los grupos políticos de esta
Cámara hiciéramos al menos alguna reflexión y alguna alusión dando
satisfacción a esta cooperación al desarrollo, que tan necesaria es.
Nosotros tenemos datos de cómo se hace el seguimiento del PACI y
realmente vemos que todavía estamos muy lejos del 0,7, ya que en el año
1992 el porcentaje de las ayudas oficiales al desarrollo sobre el PIB
español era del 0,265 por ciento. En la Comunidad Autónoma por la que he
sido nombrado Senador estamos en unas cifras similares, y este año
dedicábamos 1.000 millones de pesetas, cifra algo inferior a los 1.100
millones del año anterior, aunque superior a la de hace tres años. Sin
embargo, sabemos que el Ayuntamiento de Vitoria cumple exactamente este
0,7 por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, ha multiplicado por dos
su tiempo disponible.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Entonces, nada más, señor Presidente,
muchas gracias por su benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a intentar defender las enmiendas que tenemos a la
Disposición Adicional Segunda, según hemos visto que ha quedado reflejada
en el Dictamen de la Comisión, y una serie de disposiciones adicionales
nuevas, adelantando que retiramos la enmienda número 1.173 dado que tiene
una transaccional a ella de todos los Grupos de la Cámara --y agradecemos
al Grupo Parlamentario Socialista que haya tenido la iniciativa.
Estas enmiendas, no sólo la que hacemos a la Disposición Adicional
Segunda, sino también las otras que proponemos como nuevas, se refieren a
materia sanitaria, por lo que subo a esta tribuna medio temblando, y subo
precisamente para leerlas literalmente, no vaya a ser que después le
digan a uno que ignora esta materia.
Proponemos la enmienda a la Disposición Adicional Segunda porque
entendemos que sigue en vigor la LISMI... (Un señor Senador: ¡No, no!)
¿La Ley no sigue en vigor? Pues sí que voy bien. (Risas.) Nosotros lo
entendemos así, y por ello lo que propone la enmienda es que se cambien
las 24.935 pesetas que aparecen en el Proyecto de ley por el 50 por
ciento del salario mínimo interprofesional, ya que, vuelvo a repetir,
nosotros opinamos que eso sigue en vigor. Es decir, que la Ley 26/1990,
que deroga el subsidio de garantía con sus salvedades correspondientes,
no deroga ese precepto de que sea el 50 por ciento del salario mínimo
interprofesional, aunque ya me estoy imaginando la contestación.
La enmienda número 1.169, referida a los fondos del INEM, cuyo reparto
entre las diferentes Comunidades Autónomas no es --podemos decir siendo
buena persona-- muy riguroso con los distintos índices de desempleo,
trata de que sea una norma legal la que haga ser progresistas a dichos
fondos en este reparto en las Comunidades Autónomas, es decir, que vaya a
aquellos proyectos y a aquellos lugares donde tengan más deficiencia de
desarrollo y tengan más índice de paro.
La enmienda número 1.170, que añade una nueva Disposición Adicional, lo
único que hace es sectorizar las inversiones en sanidad, en puertos y
aeropuertos en la Comunidad Autónoma de Canarias, y obviamente tendrá,
como las otras, una vida efímera.
Tengo la impresión de que la enmienda número 1.171 es similar a una que
defendió el Senador Rigol esta mañana, y como él lo hizo con muchísimo
más rigor y conocimientos que yo, la doy por defendida en sus propios
términos.
La enmienda número 1.172 se refiere también a la Ley de Integración
Social de Minusválidos en el sentido de que --y siento que sea así--
nosotros interpretamos que el artículo 47 de la LISMI está en vigor, y
simplemente lo decimos aquí, con muchísima cautela, pero lo decimos.
Nada más, muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barbuzano
González.
Para defender las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Sixte Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La primera de nuestras tres enmiendas es la número 1.845, que tiene por
objeto resolver la discriminación que sufre parte de la clase de tropa de
la Guardia Civil en reserva activa, y con la misma lo que pretendemos es
englobar a las clases de tropa de la Guardia Civil en la consideración de
reserva activa, extender la retroactividad hasta el día 1.º de agosto de
1981 para todos los colectivos afectados y permitir la inclusión de todos
aquellos que, cumpliendo los demás requisitos legalmente establecidos,
tuvieron el 1.º de año de 1981 una edad inferior a 60 años.
La enmienda número 1.846 pretende reconocer los años de servicio en la
Administración Civil a miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para determinar su pensión.
Con ello pretendemos evitar la situación discriminatoria que afecta a
este colectivo y que se originó como consecuencia de la disposición
transitoria cuarta de la Ley 50/1984 de Presupuestos Generales del Estado
para 1985.
Por último, la enmienda número 1.866 tiene como objetivo declarar de
interés general para el Estado aquellos planes de saneamiento de aguas
residuales que estén financiados, al menos, en un 80 por ciento, por
medio de tasas a los usuarios incorporadas en el recibo del agua. De esta
forma pretendemos que este tipo de inversiones puedan beneficiarse de los
fondos de cohesión ya que, según la normativa europea, han de destinarse
al menos en un 50 por ciento a inversiones de medio ambiente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sixto
Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas,
tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré exponer de forma esquemática el contenido de las enmiendas
presentadas a las diferentes disposiciones adicionales, así como de las
enmiendas que proponen disposiciones adicionales nuevas. Dado que son
numerosas me limitaré a una breve exposición de su contenido.
En primer lugar, respecto a aquellas que tratan de enmendar las
disposiciones adicionales incluidas en el proyecto de ley, he de señalar
que en una de ellas solicitamos que en la disposición adicional tercera,
asignación tributaria a fines religiosos y otros, se establezca que el 25
por ciento de los ingresos que están destinados a «otros fines», con una
cuantía máxima de 3.000 millones de pesetas, se destinen a atender a los
afectados por el síndrome del aceite tóxico. Y que esta cifra se
actualice progresivamente en la ley de Presupuestos.
Asimismo, dentro de esa disposición adicional, otra de nuestras enmiendas
solicita que las campañas de orientación hechas por el Gobierno se
inspiren en criterios de neutralidad y objetividad, de tal forma que los
ciudadanos tengan una idea clara de cuáles son las opciones abiertas para
su elección.
Otra de nuestras enmiendas a la disposición adicional décima trata de la
convocatoria de provisión de plazas para formación sanitaria
especializada y pretende que se incluya una frase en la que se señale que
esta convocatoria estará orientada a cubrir las necesidades del sistema y
que no responda únicamente a criterios economicistas como se desprende de
la actual redacción de dicha disposición adicional.
A la disposición adicional decimosegunda hemos presentado dos enmiendas.
Esta disposición adicional trata de pensiones asistenciales y subsidios
económicos de la Ley 13/1982 de Integración Social de Minusválidos. En
una de las enmiendas solicitamos que el subsidio de garantía de ingresos
mínimos suba de 24.935 pesetas a 25.808. Y que el subsidio por ayuda a
tercera persona pase de 9.725 a 10.065 pesetas, lo cual supone recoger un
incremento en estas prestaciones del 3,5 por ciento con respecto a las
vigentes. La segunda enmienda que hemos presentado a dicha disposición
adicional solicita que las pensiones asistenciales pasen de 25.935
pesetas a 25.808, recogiendo asimismo el incremento del 3,5 por ciento
que se solicita para el próximo año.
A la disposición adicional decimonovena que trata del interés legal del
dinero, hemos presentado una enmienda por la cual se solicita que dicho
interés, que en este momento es del 9 por ciento, pase al 7 por ciento. Y
que el interés de demora del 11 por ciento, tal como se establece en el
artículo 58.2 de la Ley General Tributaria, pase al 9 por ciento,
adecuándose a las situaciones del mercado. No se trata tanto de evitar
posibles penalizaciones, como de evitar circunstancias complejas puesto
que el hecho de que los intereses legales o de demora estén fuera del
mercado plantean problemas que pueden afectar a determinados colectivos.
En consecuencia, entendemos que al reducirse los tipos de interés es
conveniente que estos tipos fijados legalmente se adecuen a los mercados
financieros.
A la disposición adicional vigésima segunda que trata de los ingresos por
venta de bienes y servicios prestados a terceros de instituciones
sanitarias, hemos presentado dos enmiendas. En una de ellas se solicita
que durante 1994 el Ministerio de Sanidad y Consumo fije el régimen de
precios y tarifas de tales atenciones, prestaciones y servicios en base a
sus gastos reales. Y
a medida que los centros de gasto adquieran autonomía de gestión, podrán
determinar libremente los precios y tarifas citados. A la misma
disposición adicional hemos presentado otra enmienda en la que se
solicita que durante 1994 los ingresos a que se refieren los apartados
anteriores se destinarán íntegramente a cubrir gastos de funcionamiento y
de inversión de reposición de las instituciones sanitarias, revirtiendo
el 70 por ciento en los centros cuya actividad los genere, y destinándose
el resto a otras instituciones, o a atender objetivos asistenciales que
se determinen.
Por último, a la disposición adicional vigésima tercera, que trata de las
subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla, se ha presentado una enmienda con la que se pretende que
se autorice al Gobierno para que durante 1994 modifique al alza las
cuantías de las subvenciones al transporte aéreo para residentes de
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, actualmente vigentes, o reemplace
dicho régimen por otro sistema de compensación en función de la evolución
del mercado de servicios de transporte aéreo, que no suponga un perjuicio
para los residentes respecto a su situación actual y del que deberá
informar con carácter previo a las Cortes Generales.
Por otra parte, hay bastantes enmiendas presentadas por nuestro Grupo que
solicitan disposiciones adicionales nuevas. Las voy a enumerar brevemente
y están distribuidas en dos tipos. Entre aquellas que solicitan del
Gobierno que remita a las Cortes algún proyecto de ley o alguna
disposición, la enmienda número 200 que se refiere a ayudas y
subvenciones públicas solicita que antes del 1.º de abril, el Gobierno dé
plena efectividad al contenido de la Ley 31/1990 de 27 de diciembre con
la finalidad de poder conseguir un mayor control en la concesión de
ayudas y subvenciones públicas.
Otra de las enmiendas solicita que el Gobierno remita en el primer
trimestre de 1994 un plan de privatización de empresas públicas que
contenga criterios de publicidad y transparencia. Este plan tendrá entre
sus objetivos alcanzar unos ingresos aproximadamente de 450.000 millones
de pesetas y tendrá que establecer un calendario, el método y la
finalidad de dicho proceso de privatización. Se establece que los
ingresos se destinen a amortización de la Deuda Pública y, asimismo, que
informe trimestralmente de las privatizaciones realizadas a las
Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado.
La enmienda número 203 también solicita del Gobierno que en el plazo de
tres meses remita los proyectos de ley regulando las plantillas de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la segunda actividad
de la situación de reserva de estos colectivos.
Otra de nuestras enmiendas solicita del Gobierno que en el plazo de tres
meses proceda a la supresión de organismos autónomos y entes públicos
cuando cumplan alguno de los siguientes requisitos: que hayan cumplido
los objetivos iniciales para los que fueron creados, o hayan demostrado
de forma clara su ineficacia en las funciones que les han sido asignadas,
o cuyas funciones hayan sido transferidas a las Comunidades Autónomas.
La enmienda número 207 solicita del Gobierno que mediante un Real Decreto
establezca la dependencia de la Escuela Oficial de Turismo del Ministerio
de Educación y Ciencia.
La enmienda número 210 pretende del Gobierno que trimestralmente remita
información de cuál es la situación de los activos financieros y,
concretamente, de la concesión de préstamos al sector público, Capítulo
ocho del Presupuesto de Gastos, artículo ochenta y dos, concesión de
préstamos al sector público. En los últimos ejercicios en el estado de
gastos ha habido unas magnitudes por estos conceptos muy importantes.
Entre 1990 y 1993 los préstamos concedidos al sector público han
ascendido a 799.000 millones y, sin embargo, los reingresos a 191.000. Es
decir, el Estado concede préstamos pero no reingresa. En los Presupuestos
para 1994, por ejemplo, hay previstos préstamos al sector público por
638.000 millones y, sin embargo, los ingresos previstos por el mismo
concepto ascienden a la cifra de 28.000. Es decir, se están dando
préstamos pero no se están reingresando. En consecuencia, se solicita la
información pertinente en este tipo de activos financieros.
Por último, en otra enmienda se solicita al Gobierno que con respecto a
la financiación de la asistencia sanitaria de los servicios sociales a la
Seguridad Social, gradualmente y durante 1994 vaya estableciendo un plan
para que esta financiación acabe siendo exclusivamente con cargo a las
aportaciones del Estado.
Adicionalmente a estas enmiendas que solicitan disposiciones adicionales
nuevas, en las cuales se pide algún tipo de actuación al Gobierno, otras
solicitan disposiciones adicionales nuevas que establecen regulaciones
que paso a enumerarles a sus señorías.
Por una de dichas enmiendas se solicita que la Administración pague, en
el caso de deudas, intereses de demora. Se señala en la enmienda que se
propone que estos intereses de demora se devengarán automáticamente en el
plazo de un mes a partir del día de la resolución judicial o
reconocimiento de la obligación. Asimismo, en la misma enmienda, se
solicita que el Gobierno informe a las Cortes trimestralmente de las
deudas contraídas.
Por otra enmienda que solicita una Disposición adicional nueva se pide
que se establezca un fondo de garantía de pensiones alimenticias para
hijos de padres separados o divorciados, y se solicita una dotación
inicial de 517 millones de pesetas y que se actualice en futuras leyes de
presupuestos. Debe señalarse que a pesar de haberse recogido en el
artículo 487 bis del Código Penal la penalización de esta falta de
cumplimiento,
siguen siendo muy numerosos los casos en los cuales los hijos de padres
separados o divorciados se ven desatendidos de lo que legítimamente les
corresponde, encontrándose circunstancias a las cuales hay que hacer
frente.
Por otra enmienda se solicita que la asignación de puestos de trabajo
correspondientes a gabinetes y calificados de confianza se dé preferencia
al personal al servicio de la Administración del Estado y de sus
Organismos Autónomos.
Otra enmienda solicita una Adicional nueva en la que se establezca que la
retribución de altos cargos y funcionarios por asistencia a reuniones de
órganos colegiados de la administración de empresas con capital o control
público, no reciban remuneración por estas asistencias a partir del 1.º
de enero de 1994.
Una nueva Disposición Adicional nueva se solicita para establecer que las
consignaciones para atenciones protocolarias y representativas tengan un
carácter global en cada Ministerio u organismo autónomo y que la
autorización para su uso sea de responsabilidad del centro directivo, con
lo cual al centralizar estos gastos se espera que tengan un mayor control
y un mayor nivel de eficacia.
Asimismo una Disposición Adicional nueva se solicita para establecer que
los gastos corrientes en bienes y servicios no se autoricen por encima de
434.000 millones de pesetas, es decir, un 70 por ciento de lo
presupuestado. En la enmienda que se presenta asimismo se establece la
distribución con una serie de reducciones en las partidas que se indican,
y también se reconoce la posibilidad de que el Estado acuda a créditos
extraordinarios cuando haya razones justificadas. Debe señalarse que en
los Presupuestos para 1994 las dotaciones previstas para gastos
corrientes de bienes y servicios ascienden a 620.000 millones de pesetas,
por lo cual la reducción que se solicita importa 180.000 millones de
pesetas.
Una nueva enmienda solicita una nueva Disposición Adicional por la que se
establezca que no se extiende al cargo de Secretario de Estado los
aspectos de la Ley de Clases Pasivas, 74/1980.
En otra enmienda se solicita una Disposición Adicional nueva por la cual
se permita, en el año 1994, a los funcionarios sometidos al régimen
especial de la Seguridad Social así como a aquellos que estén recogidos
al régimen de autónomos, una opción asistencial como se permite en otras
circunstancias.
Por último, con respecto a los afectados por el desmoronamiento de la
Presa de Tous, en una Disposición Adicional nueva se señala que estos
afectados tendrán derecho a igual indemnización incluso en el caso de que
no se hubieran personado en su momento. Las indemnizaciones deberán ser
iguales para todos y el pago de estas indemnizaciones debe hacerse en un
plazo de treinta días. Es hacer justicia, ya que es una reclamación muy
extendida que aquellas personas entre los afectados como consecuencia del
desmoronamiento de la Presa de Tous que no se personaron en el
procedimiento tengan las mismas indemnizaciones que aquellos que sí lo
hicieron. Además debo de señalar que esto es un tema que formó parte de
la campaña electoral del propio Partido Socialista, en la Comunidad
Autónoma de Valencia, por tanto tendría total lógica que se incluyera y
se aprobara la inclusión de esta Disposición Adicional.
Asimismo en otra enmienda se solicita una Disposición Adicional nueva en
la que se establezca un contrato-programa entre la Administración del
Estado y el Ayuntamiento de Valencia para el apoyo y fomento del
transporte colectivo urbano, y que este contrato se establezca en el
plazo de seis meses. Es evidente que Valencia tiene tantos méritos como
cualquier otra ciudad de España para que estos contratos-programas para
el apoyo y fomento del transporte colectivo urbano también le alcancen.
Siento haber tenido que ser tan esquemático en mi exposición, pero el
propio contenido del Título de las Disposiciones Adicionales hace que por
la variedad de temas a los cuales hay que referirse sea muy difícil una
sistematización de sus contenidos, y evidentemente la exposición no deja
de ser un mero relato de los contenidos de disposiciones que pretenden
finalidades muy diversas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alierta.
Para un turno en contra tiene la palabra el Senador Cercós Pérez por un
tiempo máximo de veinte minutos.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a intentar dar respuesta a parte de las Disposiciones Adicionales
porque hay cerca de un centenar. Ya anticipo a sus señorías que
procuraremos dar respuesta a las más posibles. Si fueran cien pero
referidas a un artículo, como tantas veces ocurre, podríamos dar
respuesta a todas, pero si son cien adicionales y cada una tiene un
contenido, comprenderán sus señorías que algunas quedarán, por razones de
tiempo, sin poderse contestar.
He seleccionado las que considero más importantes según un criterio que
no trata de discriminar a ningún Grupo y, en todo caso, valoren el
esfuerzo que tengo que hacer para contestar a la mayoría de las enmiendas
de sus señorías.
La enmienda número 189 del Grupo Popular es la que propone que se
detraiga una partida del 0,5239 «Otros fines» y se destine un 25 por
ciento de ella para el síndrome del aceite tóxico. Lo que tengo que
señalar a sus señorías es que la partida del 0,5239 no se puede
movilizar,
no se puede cambiar, puesto que su reparto y distribución está fijado en
el Real Decreto 825/1988 de 15 de julio, e incluso ha sido modificado
recientemente por el Real Decreto 223/1991 de 22 de febrero. Es decir,
esta regulación es la que establece a qué asociaciones, a qué
organizaciones no gubernamentales, a qué entidades sin fines de lucro se
les entrega el dinero para programas de cooperación y voluntariado
sociales. Y esto es inamovible, señorías. Por tanto, tenemos que rechazar
la enmienda, pero diciendo algo en positivo y es que los afectados por el
síndrome tóxico pueden concurrir al reparto de esos fondos, y sería una
organización más que acudiría; es decir, pueden estar presentes.
Por otra parte, también en este momento, en los Presupuestos que estamos
aprobando en el programa 313 c), Prestaciones de Asistencia Social del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se recogen partidas para
prestaciones económicas para los afectados por el síndrome tóxico.
Más todavía, señorías. En el Ministerio de Sanidad y Consumo existe ya en
este momento una partida de 334 millones de pesetas para atenciones a los
afectados por el síndrome tóxico.
Por estas razones creemos que no se puede aceptar esta enmienda.
La enmienda 191, también del Grupo Parlamentario Popular, pretende añadir
la precisión de que «la convocatoria de provisión de plazas de Formación
Sanitaria Especializada... estará orientada a cubrir las necesidades del
sistema». Como saben sus señorías, la convocatoria se hace cada año por
acuerdo del Ministerio de Sanidad y Consumo con el Ministerio de
Educación y Ciencia y son unas convocatorias que tienen unas pruebas para
seleccionar quiénes asisten a los cursos de especialización, que son las
famosas pruebas MIR, que acaban de celebrarse y evaluarse hace muy pocas
fechas, y que no tienen nada que ver porque las personas que hacen el
curso MIR se preparan en una especialización profesional, y sin embargo
no entran en el sistema sanitario. No se trata de proveer plazas del
sistema sanitario y de ahí que entendamos que la enmienda que se propone
no es aceptable puesto que las plazas van cada año saliendo a
convocatoria y, señorías, este año ha habido más plazas para formación
especializada que licenciados que han terminado la carrera. Esas plazas
se hacen de acuerdo con las demandas de las instituciones hospitalarias,
privadas y públicas, a las cuales se les exige y se les controla mediante
unas auditorías docentes para que tengan siempre el número de
profesionales adecuados que necesitan para la prestación de sus
actividades sanitarias y médicas en las mejores condiciones de calidad y
garantía para los pacientes. De ahí que las plazas convocadas en España,
que, por cierto, van disminuyendo y tendrán que amoldarse puesto que el
número de estudiantes universitarios de la carrera de medicina es cada
vez menor, cada año descienden un 10 por ciento. Estas razones nos hacen
rechazar la enmienda, porque hay que llevar un control absoluto y total
de las plazas que se cubren y tienen que corresponder al Capítulo de
gastos, Capítulo I, las partidas que se prevean mediante los estudios a
los que acabo de referirme.
En tercer lugar existe una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que es la 1.864, que propone la
condonación de la deuda de algunos hospitales con la Seguridad Social.
Estamos de acuerdo con que se haga dicho esfuerzo, y en esa línea
quisiéramos caminar, es decir, se propone la condonación. Lo tenemos muy
claro, no hay discriminación entre los hospitales públicos y aquellos
otros que están concertados. Quiero dejar constancia en el «Diario de
Sesiones» de que no hay diferencias porque tanto unos como otros tienen
que acudir a pagar los correspondientes intereses de demora por las
cuotas de la Seguridad Social aplazadas y que no estén ingresadas. Pero
hay que distinguir entre intereses de mora y los llamados recargos de
mora.
Los intereses de mora nadie los puede tocar, ni siquiera la Secretaría
del Tesoro de la Seguridad Social; no es competencia del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, solamente los recargos de mora son los que
pueden ser afectados y condonados por el propio Ministerio, y a los
distinguidos compañeros y colegas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió les tenemos que decir que recogemos la
preocupación de la enmienda que se ha planteado, pero es propósito del
Grupo Parlamentario trasladar su contenido, tras las consideraciones que
he hecho, a la Comisión creada al efecto para el estudio de la
financiación de las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial
de Salud, que me consta que está estudiando este tema. Por tanto, la
aspiración pretendida por sus señorías tendrá respuesta en ese Consejo.
Existen otras enmiendas propuestas por varios Grupos Parlamentarios, las
números 910, 911, 912, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y las
192 y 193, del Grupo Parlamentario Popular. También ha hablado el Senador
Barbuzano respecto del mismo tema pero referida a otra cuantía. Se
plantea en estas enmiendas el incremento de la cuantía establecida para
el subsidio de garantía de ingresos mínimos y para las pensiones
asistenciales, y tenemos que hablar del tema con mucha claridad. Las
pensiones LISMI o las FNAS, si siguen así es porque quieren, y a sus
señorías yo les diría que hagan el favor de decirles que se cambien a las
pensiones no contributivas, porque la no contributiva que se está pagando
y estamos aprobando en los presupuestos del Estado es de mayor cuantía,
incluso si se aplicara aquella regla que decía que fuera el 50 por ciento
del salario mínimo interprofesional cuando se hizo la primera Ley de
Integración Social de Minusválidos sería mayor. Tiene ventaja, sin duda.
Debería
ser una tarea decir a todos los que se dirigen a los Parlamentarios que
les conviene pasar a las no contributivas porque necesitan menos
requisitos y porque ofrecen mayores prestaciones en las pensiones. Eso
está previsto y posibilitado, porque la Ley 26/1990, de 20 de diciembre,
por la que se establecieron en la Seguridad Social las pensiones no
contributivas suprimió --que es lo que quería decirle al Senador
Barbuzano-- los subsidios de garantía de ingresos mínimos y el subsidio
por ayuda a terceras personas, que había fijado la Ley 13, del año 1982,
de Integración Social de Minusválidos.
Entonces pueden preguntarme, ¿y por qué siguen estos señores así Porque
esa ley preveía con carácter transitorio que quienes tuvieran el derecho
reconocido a estas prestaciones del LISMI o de las FNAS continuaran en el
percibo de las mismas, salvo que pasasen a percibir una pensión no
contributiva; es decir les daba la opción de pasar a la no contributiva.
Los dos reales decretos que desarrollan esta Ley de Pensiones no
contributivas, tanto la que desarrolla las prestaciones por hijo a cargo,
que es el Real Decreto 365, del año 1991, como la que desarrolla, por
otra parte, la materia propia de pensiones no contributivas, que es el
Real Decreto 357, del año 1991, inciden en la posibilidad que tienen los
beneficiarios de los referidos subsidios de pasar a percibir una pensión
no contributiva.
En resumen, ésta es la situación que puedo decir a sus señorías y que
pueden trasladar a quienes planteen las consultas. Les interesa a todos
ellos, sin duda, acudir rápidamente al Inserso para hacer el cambio de
esas pensiones LISMI o FNAS por otras pensiones que tienen mejores
cuantías, más facilidades y que les darán una mayor satisfacción.
Hay otra enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, la número 1.866, que solicita que se declare de
interés general para el Estado aquellos planes de saneamiento de aguas
residuales que estén financiados en, al menos, un 80 por ciento por medio
de tasas a los usuarios incorporados en el recibo del agua.
La enmienda, señorías, pretende hacer una declaración general. Nosotros
recogemos el interés de esa declaración general y desde esta tribuna le
puedo decir que el Gobierno tiene el compromiso, lo anuncia a través de
mis palabras, de presentar una Ley en la que se estudiará esta situación
que sus señorías plantean de que sean instalaciones depuradoras
financiadas con el 80 por ciento, como se dice en la enmienda. Pero la
regulación que planteará el Gobierno comprenderá, en todo caso, la
sugerencia planteada en la enmienda de sus señorías, es decir que también
incluirá otras medidas de financiación, como pueden ser aportaciones del
Estado en cada caso, o ayudas de instituciones de la Unión Europa. La
respuesta a la enmienda que plantean sus señorías es que el Gobierno
tiene en preparación una norma completa legislativa que vendrá a la
Cámara y que es la que yo anuncio aquí.
Quisiera referirme a dos enmiendas que se presentaron por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, las números 1.308 y 913,
de los Senadores Andrés Cuevas e Isabel Vilallonga, que están referidas
al 0,7 por ciento y que recogían las peticiones que habían planteado los
trabajadores que estaban en huelga de hambre hasta fechas recientes.
El Senador que habla, no desde ahora, sino desde hace ya muchos años, en
muchas tribunas nacionales e internacionales lleva luchando el tema del
0,7 por ciento. Por tanto, no puedo ser dudoso en las palabras que pueda
dirigir a sus señorías en este punto concreto de trasladarles lo que se
les dijo como voluntad del Gobierno. Es decir, España ha hecho un
esfuerzo importante en el tema del 0,7 por ciento, puesto que en el año
1983, señorías, la ayuda oficial al desarrollo era el 0,04 por ciento
sobre el Producto Interior Bruto.
En el año 1992 se destinaron 155.463 millones de pesetas para ayuda
oficial al desarrollo y el porcentaje pasó ya el año pasado al 0,2649 por
ciento. Con las partidas incluidas en el año 1993, según los datos,
señorías, que he manejado, con absoluta objetividad, está alrededor del
0,30 por ciento.
En el Congreso de los Diputados se creó una ponencia que trabajó sobre el
tema y aprobó una resolución el día 10 de septiembre de 1991, también con
la idea de tratar de impulsar la aproximación a ese 0,7 por ciento. Dicho
porcentaje se aprobó por las Naciones Unidas para los países más
industrializados y se ha hecho también eco de este reto la Comisión de
Ayuda al Desarrollo, la CAD, a la que pertenece España desde hace dos
años. No obstante, tengo que decir a su señoría que solamente cuatro
países han alcanzado el 0,7 por ciento: Noruega, Dinamarca, Suecia y
Holanda. Esta es la pura realidad. La media de la contribución de todos
los países pertenecientes a la Comisión de Ayuda al Desarrollo ha sido en
el año 1992 del 0,33. España en 1993, según los datos de que dispongo, ha
llegado a 0,30 por ciento. Así pues, estamos próximos a la media de los
países miembros de la Comisión de Ayuda al Desarrollo.
Y hay algo más. Si comparamos estas aportaciones con relación al PIB, que
es algo que hay que hacer, porque no es igual el esfuerzo de cada país,
España sería el décimo en aportaciones a la ayuda al desarrollo, según la
comparación de la ayuda real cuantitativa.
El Gobierno está dispuesto a continuar en esta línea de avance y estoy
autorizado, puesto que lo he recogido de los propios huelguistas, de las
palabras que se les han comunicado --y lo he contrastado--, para decir
que comparte los objetivos propuestos por los ciudadanos que durante casi
un mes protagonizaron una huelga de hambre para conseguir la asignación
de esta cifra ideal del 0,7 por ciento del producto interior bruto para
ayuda oficial al desarrollo.
Compartiendo, repito, ese objetivo y el planteamiento de reivindicación
de esos huelguistas, en este momento quiero recordar que el ritmo que
marcaba el informe que elaboró el Congreso de los Diputados en el año
1992 establecía el 0,35 por ciento para el año 1995 y el 0,7 por ciento
para el año 2000, el coeficiente perseguido por los huelguistas.
Como resumen, quiero reiterar desde esta tribuna el compromiso de
introducir a corto plazo las mejoras de gestión y organización que
parezcan convenientes a este respecto y hacer lo posible para alcanzar
los objetivos marcados por el Congreso de los Diputados en su día.
Hay otra enmienda, la número 1.846, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que analiza dos situaciones de colectivos
militares. El tema es verdaderamente complejo, pero nosotros, de partida,
sí queremos hacer el esfuerzo que se pueda, junto con sus señorías, por
esta cuestión, que legislatura tras legislatura y en cada debate
presupuestario tratamos en esta Cámara.
No obstante, la propuesta que hacen sus señorías en esta enmienda tiene
tres aspectos que hay que conocer muy claramente, para saber su
trascendencia.
Lo primero que quisiera señalar este Senador al respecto es que, en mi
opinión, no existen motivos, a la vista del texto de su enmienda, que
expliquen el origen de la iniciativa, salvo que pueda tratarse de
situaciones individuales de discriminación, ya que la inclusión de los
empleos desde capitán a sargento que se efectuó a través de la Ley
51/1984 y de la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 4/1990
tuvo su razón de ser en que dichos empleos tenían fijadas --y esto es lo
importante, señores representantes del Grupo de Convergència i Unió--,
según pertenecieran a un cuerpo o a otro, distintas edades para el retiro
en el momento de la aplicación de la citada Ley 20/1981. Esas diferencias
de edades para pasar a la reserva es lo que planteaba y sigue planteando
el problema, lo que trató de corregir, buscando el principio de equidad,
la reforma que se hizo en su momento de la Ley de pensiones.
¿Qué sucedía? Que una parte del personal de las Fuerzas Armadas se pudo
integrar en la reserva activa, pero no así otra, también del Cuerpo de la
Guardia Civil, de una misma edad y empleo --esto es lo importante--
simplemente porque los cuerpos a que pertenecían, tenían establecida una
edad inferior de retiro forzoso, lo que no ocurre para las clases de
tropa de la Guardia Civil.
Esta razón y otras más que podría añadir son las que nos hacen decir al
digno representante del Grupo de Convergència i Unió que hay aspectos muy
importantes que exigen actuar con muchísima cautela, pero que, no
obstante, es voluntad de nuestro Grupo Parlamentario, sin duda alguna,
recoger el interés de la propuesta, reiterada durante varios años en el
debate de Presupuestos por parte de sus señorías. Vamos a estudiarlas a
fondo y nos gustaría que si ustedes conocen casos de discriminación nos
las aportaran. Trataremos de evaluarlos, para ver en qué forma se podrían
corregir esas situaciones, sin causar más discriminaciones respecto de
otros colectivos sociales, porque lo importante es que en este tema
tenemos que andar con delicadeza.
A este respecto le recuerdo que, por ejemplo, los servicios prestados
después de la jubilación, por lo que corresponde a clases pasivas, todos
los funcionarios, sólo cuentan los trienios. Fíjese si mover situaciones
sin carácter general no podría levantar ampollas. Por eso le reitero que
recogemos su interés. Veamos casos concretos, veamos si existen
soluciones que no rompan el equilibrio con relación a otros colectivos
sociales. Irán teniendo tratamiento a lo largo de la Legislatura, pero
corresponden a situaciones muy particulares y no conviene agudizarlas con
planteamientos discriminatorios.
El Senador Alierta plantea una enmienda referida a la solicitud de unos
beneficios para la llamada Comisión Organizadora de la Universiada'95,
tomando como referencia los beneficios del sorteo especial que se hizo a
favor del programa Sierra Nevada'95, que es la organizadora de los
campeonatos del mundo de esquí alpino que se celebrarán el año 1995.
Para el caso de Sierra Nevada'95 se establece que, si los dos sorteos de
los dos años consecutivos rebasan la partida de 1.600 millones de
pesetas, se tendrá que devolver al Tesoro. El problema...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Cercós, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor CERCOS PEREZ: Termino, señor Presidente.
¿Qué problema se plantea? Universiada'95 no ha tenido sorteo en el año
1993. Sin embargo, a este Senador le parece que es un objetivo
importante. Vamos a estudiar qué medidas o pasos podemos dar para que
exista también un apoyo para Universiada, por sus contenidos y objetivos
para 1995, pero no podemos incluirlo en esta Ley, dado que supone un
incremento presupuestario que en una situación de recesión no podemos
asumir. No obstante, compartiendo los objetivos de Universiada'95,
insisto, veremos si hay posibilidad de dar una respuesta, que en este
caso no se puede hacer aceptando la enmienda, puesto que no hubo sorteo
en el año 1993. Se trataría de una dotación «ex novo», que exigiría, en
primer lugar, la aprobación de un sorteo específico para su caso, con una
dotación para este año y, si fuera preciso, otra en el año siguiente. En
definitiva, la razón es que no se puede recoger esta iniciativa en los
Presupuestos, a pesar del interés con que ha estudiado este Senador la
enmienda que ha propuesto su señoría.
Señoras y señores Senadores, tengo que cortar aquí,
es decir, el tiempo me impide abordar más disposiciones adicionales. Lo
siento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cercós.
La parca del tiempo es inexorable.
Turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Cuevas González.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que me admiro de la sensibilidad y de lo bien que comparten
todo el Gobierno y el partido que lo sustenta. Comparten la
reivindicación de los huelguistas de hambre, el tema de las pensiones,
etcétera. Lo comparten todo, pero al final de tanto compartir terminan
partiéndolo. Esa es la realidad. A mí no me vale que todo se comparta, me
vale que se actúe.
El amigo Cercós me decía el otro día, cuando hablábamos del desempleo,
que España es el país donde los desempleados están mejor. Eso me lo decía
ayer. Y ahora viene y me dice que solamente cuatro países son los que
cumplen con el 0,7 por ciento. Pues bien, que sea España el quinto, que
no seamos ni el primero ni el último, que seamos el quinto. Creo que es
una reinvindicación justa y que como ha sido dictada por un organismo
internacional deberíamos cumplir.
Yo sé los sacrificios que les estamos pidiendo a los pensionistas, pero
140.000 millones se lo gastan ustedes en bolígrafos. Por tanto, tampoco
es un problema muy importante. A mí lo que me sorprende es que ustedes lo
comparten todo; lo comparten todo y luego, al final, hacen lo que les
parece bien o lo que creen que tienen que hacer; yo más bien creo que
hacen lo que les parece, pero respeto que ustedes crean que hacen lo que
tienen que hacer.
Ustedes no quieren tener mala conciencia, pero nos la quieren crear a los
demás, quien hacernos creer que somos malos porque les exigimos
compromisos que ustedes tendrán que tratar en la ONU, ustedes u otros
gobiernos. No nos creen ustedes mala conciencia, porque la mala
conciencia que tenemos es la de no poder decir que ustedes nos apoyan en
esta enmienda. Esta enmienda iba encaminada en varias direcciones.
Decíamos en nuestra enmienda, y el señor Cercós no lo ha mencionado, no
por olvido, sino por el tiempo de que dispone, es que queríamos crear un
organismo autónomo para que, precisamente, hubiera más transparencia en
los fondos. Esta mañana hacíamos mención a una enmienda que aludía a esos
fondos, y decíamos que no queríamos que esos fondos fuesen destinados a
países que los utilizaran para comprar armas. Quizás un organismo
autónomo que no estuviera metido en toda la maraña de los presupuestos de
algún Ministerio podría tener mejor control. Incluso, hemos detallado en
la enmienda una serie de años y la cantidad de dinero de PIB que
queríamos reflejar.
En fin, yo sé que la enmienda no va a tener mucho éxito y, por tanto, voy
a dedicarme a otra cosa. La enmienda que voy a defender no es de
Izquierda Unida, sino de uno de los grupos que la componen, Esquerra
Nacionalista Valenciana, dado que el Grupo Parlamentario Mixto es
variable y plural y en él hay varias formaciones políticas.
Este Grupo presenta una enmienda sobre la Presa de Tous. Y al respecto
les diré que es curiosa la respuesta que le dieron ustedes el pasado año
a la misma enmienda. Esta enmienda fue presentada el pasado año por el
mismo grupo político y creo que fue el mismo Senador Cercós quien dijo
que no podía ser aceptada porque la enmienda podría ser ilegal porque el
juicio se encontraba «sub iudice». Qué casualidad que se anticipan las
elecciones generales y es el propio partido al que pertenece el señor
Cercós, el amigo Cercós, el que no tarda ni un momento en traspasar su
propia legalidad, la legalidad que él aquí nos quería imponer, el que
empieza a tomar contacto con la gente que estaba «sub iudice» a través
del programa electoral y el que hace la oferta de que, pasara lo que
pasara, se pagarían las indemnizaciones. Ahora resultaría curioso que no
nos aprobara al Grupo Parlamentario Mixto, y concretamente al grupo que
la ha presentado, esta enmienda, ya que se solicita precisamente para las
personas que no estaban «sub iudice».
Creo que aunque uno sea de Izquierda Unida, el señor Cercós va a tener
que poner mucha carne en el asador para poder echarla atrás, porque he
utilizado las palabras que el señor Cercós empleó cuando en aquel momento
la denegó y he recordado los argumentos electorales que ellos utilizaron
en Valencia para dar solución al problema. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Quería decir también, que creo que por motivos de tiempo el señor Cercós
no ha entrado en materia, no diré que no ha prestado atención porque yo
sé que el señor Cercós es un hombre muy atento. Pero hay enmiendas que yo
he defendido aquí porque me parecían interesantes, por ejemplo, la que
aludía al fondo de pensiones para mujeres separadas que fue motivo de un
debate en esta Cámara como consecuencia de una interpelación de Izquierda
Unida y donde hubo un compromiso político para terminar no sé qué estudio
que había en el Instituto de la Mujer para incluir este año lo que fuera
en los Presupuestos. Digo lo que fuera, pero parece ser que no hay nada
porque en los Presupuestos no aparece absolutamente nada y por lo que veo
en el ambiente el Grupo Parlamentario Socialista no va a aceptar la
enmienda.
Creo que es lamentable que a estas alturas las Cortes Generales y el
Gobierno no sean capaces, primero,
de hacer cumplir a la justicia las propias sentencias que dicta. Y
segundo, hay un problema de solidaridad con los que decimos ser
representantes de los ciudadanos, que lo somos, por no tomar medidas, por
lo menos, para paliar lo que la justicia no es capaz de hacer cumplir
dejando en una indefensión total a personas que, en cualquier caso, son
personas bastante castigadas.
Por tanto, le rogaría al señor Cercós y al Grupo del PSOE que se tomara
este tema con todo el cariño que se merece e hiciera un esfuerzo para
llegar a una transaccional o algo parecido, pues sabemos que cuando
ustedes tienen voluntad lo hacen, y creemos que merece la pena.
Creo que un tema importante también es el de las prestaciones por hijo a
cargo. Hoy por hoy, lo he dicho claramente en mi intervención, o aumentan
ustedes lo que se recibe por hijo anualmente o lo quitan, porque el
chocolate del loro no va a solucionar ningún tipo de problemas. Además,
es un tema de voluntad política, pues se trataría de ayudar un poco a las
economías familiares que, desde luego, no están desesperadas, pero que
tampoco pueden tener el optimismo que ustedes les piden. Por tanto, les
rogaría al señor Cercós y a su Grupo una rápida reflexión para que, por
lo menos, en el tema del fondo de la mujer y en el de los fondos FAD
pudiéramos llegar a alguna transaccional que reflejase realmente la
voluntad, si es que se tiene, de que se quieren sacar los temas adelante.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quería decir que el énfasis con que he intentado defender mi
enmienda sobre entidades de previsión social voluntarias no se le ha
contagiado a mi amigo, el Senador Cercós. Por eso, me gustaría que me
comentara algo por lo menos.
Respecto de la otra enmienda, agradezco a todos los grupos de esta Cámara
que hayan mostrado su sensibilidad por la ayuda oficial al desarrollo que
todos deberíamos de tener en cuenta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, queremos agradecer las explicaciones que con referencia
a nuestras tres enmiendas nos ha dado el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista; todas ellas cargadas de buenas intenciones y sensibles, según
manifiestan por su parte, a las inquietudes y problemas que en ellas se
reflejan.
Vamos a dar un voto de confianza para que las cosas se resuelvan a corto
plazo, según ha manifestado el portavoz. Y en concreto, queremos hacer
referencia a la enmienda 1.866 para que se posibilite en este proyecto de
ley que nos ha anunciado el señor Cercós que los planes de saneamiento de
aguas se beneficien de los fondos de cohesión, ya que creemos que esto es
muy importante. En vista de ello, damos por retiradas nuestras enmiendas
1.845, 1.846 y 1.866.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Debo hacer constar que las enmiendas que hemos presentado y que han sido
debatidas lo han sido, precisamente, para solicitar actuaciones nuevas,
modificación del actual redactado de normas jurídicas o la introducción
de nuevos redactados. Por tanto, la contestación que se nos ha dado de
que las enmiendas suponen modificaciones de regulaciones actualmente
existentes no es suficiente. No es una contestación que tenga entidad por
sí misma en cuanto que la propia existencia de las enmiendas deriva de la
intención de que se modifiquen en algunos casos regulaciones existentes.
Que el admitir una enmienda supondría la modificación de la regulación
legal existente es algo evidente. Ese es uno de los objetivos que se
persiguen con la enmienda. Por eso, contestarnos que admitir la enmienda
supone la modificación de la regulación legal existente entendemos que no
es una contestación suficiente.
Con respecto a la enmienda concreta presentada por este Senador que les
habla, se propone una enmienda transaccional por la que se establezca un
único sorteo para la Universiada'95 en los presupuestos de 1994 y para
que ese tope por encima del cual los ingresos de ese sorteo revertirían
en el Tesoro, en lugar de estar en los 1.600 millones que aparecían en la
enmienda original se reduzca a 800 millones, es decir, a la mitad, puesto
que se trata sólo de un sorteo. Así se evitarían los inconvenientes que
ha señalado el Senador Cercós.
Yo propondría al Grupo Socialista que apoyara que esta enmienda
transaccional fuera admitida a trámite y que en su momento la apoyara con
su voto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
El Senador Alierta ha hecho referencia a esa enmienda en particular pero
no ha entrado en las demás.
Señoría, puedo decirle, en cuanto a la enmienda transaccional, que
nuestro Grupo ha estado buscando con el máximo interés su aceptación,
pero eso no es posible porque, por ejemplo, mientras que para el programa
Sierra Nevada'95 se requiere una tramitación administrativa con
participación del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas, es
decir, de las instituciones relacionadas entre sí, ésta no se da en el
caso de la Universiada'95 que se plantea.
Senador Alierta, lo que le he trasladado es la buena voluntad y la buena
disposición de mi Grupo para intentar alguna línea de soluciones aunque
hemos visto que no hay ninguna que tuviera cabida en estos presupuestos.
De todos modos, quisiéramos apoyar y alentar que se hiciera un estudio
oportuno para que se pueda decidir en su caso la posibilidad de celebrar
un sorteo para la Universiada'95.
Agradezco al representante de Convergència i Unió la retirada de sus
enmiendas.
Senador Torrontegui, quisiera contestarle a algunos puntos concretos.
Hemos estudiado el documento que su señoría nos facilitó. Podría hacerle
una serie de precisiones que recogen la síntesis de un problema para el
que nuestro Grupo Parlamentario también podría buscar soluciones que no
están en el proyecto de ley de presupuestos. Si la aplicación de la nueva
ordenación de los seguros, por ejemplo, si la nueva regulación de las
mutualidades ha podido crear algún tipo de problema en el territorio al
que usted representa, lo estudiaremos con el máximo interés, no le quepa
duda a su señoría. Pero con las regulaciones en la mano eso es algo
imposible de hacer.
Señoría, la disposición que ustedes proponen es innecesaria ya que existe
una Ley que recoge en su disposición final segunda, la Ley 8/1987 de
Planes y Fondos de Pensiones, de 8 de junio, que los organismos y
entidades --a los que se refiere la disposición adicional cuadragésima
octava de la Ley de Presupuestos Generales para 1986 que sus señorías
manejan tan bien-- pueden promover planes y fondos de pensiones que en
todo caso tendrían naturaleza privada. Esta es la primera aclaración que
quería hacer: no son fondos públicos. Lo dice la propia Ley de Planes y
Fondos de Pensiones.
Segunda cuestión. La disposición cuadragésima cuarta de la Ley 46/1985
dice que se pueden crear sistemas de previsión social distintos o
complementarios de la Seguridad Social que pudiesen tener constituidos
los entes y organismo públicos a que se refiere el artículo 11.1.2 de la
Ley que acabo de mencionar, así como las empresas o sociedades de
carácter público, pero con las aportaciones de sus socios. Por tanto, sin
ninguna aportación pública. Las prestaciones que tuvieran lugar tendrían
naturaleza privada.
Esa disposición adicional cuadragésima cuarta fue derogada por la
disposición derogatoria primera de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre,
que admitió la posibilidad de financiar con recursos públicos una serie
de supuestos concretos a esas mutualidades como las entidades de
previsión. El tema ha sido ratificado por la Ley 33/1987 de Presupuestos
Generales del Estado, de 23 de diciembre, que asimismo establece los
términos y circunstancias en que la financiación de dichas mutualidades
puede realizarse a cargo de fondos públicos.
Pues bien, señoría, si están financiadas con fondos públicos, las
prestaciones tienen carácter público. Y si tienen ese carácter tienen que
estar sometidas a los principios de limitación, de concurrencia,
etcétera, que está en el resto de las pensiones del sistema.
Senador Torrontegui, como todavía tiene que llegar a esta Cámara una
normativa de regulación del seguro pero falta todavía por incorporar
alguna Directiva --teníamos un proyecto de ley a punto para empezar a
debatir cuando finalizó la anterior legislatura, proyecto que
incorporaría ya la nueva Directiva que ha salido--, ése quizá será el
momento para seguir analizando en profundidad esas situaciones para que
ningún tipo de entidades de previsión de esta naturaleza, por ejemplo,
las mutuas de cualquier punto del territorio del país, estuvieran
discriminadas.
Senador Cuevas, el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho el esfuerzo
que entendía debía hacer en el tema del 0,7 por ciento. Puede creer que
en el Senado se han aumentado las dotaciones. Incluso en ese fondo del
0,52 por ciento va a ser posible que la dotación que se da a los
emigrantes, que también es una ayuda al Tercer Mundo y que este año ha
sido de 400 millones, pase a ser de 1.000 millones de pesetas. Se ha
hecho un esfuerzo pero todos tenemos que seguir peleando por ello.
Comparto lo que ha dicho su señoría, que debe ser un interés de todos los
parlamentarios que pueda seguirse adelante en el incremento de las
dotaciones para el 0,7 por ciento.
Ha aludido también al tema de la presa de Tous. Si su señoría ha leído la
enmienda de su distinguido compañero habrá visto que esa enmienda
propone, en primer lugar, establecer un crédito extraordinario de 30.000
millones de pesetas. En segundo lugar, se dice en ella que se financie
con los fondos FAD incluidos en el proyecto de ley presupuestos para
1994. Pero, señoría, ahí se dan dos irregularidades. La ley de
presupuestos generales para 1994 no puede recoger créditos
extraordinarios. En segundo lugar, no se puede dotar con cargo a los
fondos FAD ya que están acordados internacionalmente y que tienen
comprometido su destino con la Unión Europea. En tercer lugar, en el mes
de abril se aprobó un crédito de 19.000 millones de pesetas y las
peticiones hasta el momento han sido exclusivamente de 1.898 millones de
pesetas.
Señor Presidente, termino diciendo dos palabras sobre
otra petición de dos grupos, aludida por el Senador Cuevas, para que se
cree un fondo de garantía para el pago de pensiones alimenticias en el
caso de incumplimiento de la sentencia por parte del sujeto obligado al
pago.
Con la independencia de que la situación de incumplimiento por parte del
sujeto obligado al pago está penalizada por la modificación del artículo
47 bis del Código Penal, puedo decir, señorías, que está en estudio por
voluntad del Gobierno la creación de un fondo nacional de garantías para
hacer frente a este impago de pensiones. Pero ese fondo, por su
naturaleza, debe pasar por un estudio delicado y meditado en el que se
valoren las situaciones, las cuantías económicas y las garantías
jurídicas para que tenga una mayor eficacia. No creemos que, dados los
contenidos que debe tener una ley de presupuestos, recordados por
sentencia del Tribunal Constitucional, se deba recoger en esta ley de
presupuestos una enmienda de esta naturaleza. Pero pueden tener garantía
los Senadores del Grupo Popular y el Senador Cuevas del Grupo de
Izquierda Unida, que solicitan esta petición, de que este fondo de
garantías está en estudio en este momento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señoría.
Vamos a iniciar el debate de las disposiciones transitorias, a las que se
han presentado las enmiendas números 931 a 943, de los Senadores Cuevas y
Vilallonga.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Doy por defendidas las enmiendas a las disposiciones transitorias y, si
me lo permite, también a las relativas a las disposiciones finales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Senador Ramón i Quiles tiene reservada la enmienda 1.240 como voto
particular.
Para su defensa, su señoría tiene la palabra.
El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente, pero la di por
defendida en el primer turno.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa de la enmienda 1.309, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la enmienda 1.309 tratamos de modificar la disposición transitoria
séptima, que se refiere al Banco de España, estableciendo unas
amortizaciones inferiores a las que se proponen, con un plazo de
veinticinco años. Estos plazos fueron en su día de cuarenta años; ahora
de veinticinco, y nosotros tratamos que sean de seis años, ya que esta
financiación privilegiada del Estado va en contra del Tratado de la Unión
Europea, del Estatuto del Banco de España y de los bancos centrales
europeos y de la independencia de la institución que ahora se configura.
Por ello, entendemos que debe desaparecer esta deuda privilegiada.
Por otra parte, y dado que la amortización directa e instantánea sería
financiera y presupuestariamente insostenible, creemos que debe darse un
plazo coherente para ello y éste puede ser, por ejemplo, el establecido
en el Tratado para la fecha más tardía de la unión monetaria, prevista
para 1999.
Tampoco debe olvidarse que una parte de esa financiación privilegiada del
Estado mediante apelación al Banco de España se ha hecho a través de los
coeficientes de caja y certificados de dicho Banco, para los cuales la
fecha tope de amortización prevista es el año 2000.
Para su conocimiento, diré que, en este momento, entre los agregados
monetarios crediticios y activos de caja la cifra de los depósitos de las
entidades de crédito hasta agosto sería de un billón 500.000 millones de
pesetas, y hasta septiembre, de 976.000 millones de pesetas. Se trata del
Colectivo de cajas de ahorro, cooperativas, bancos, e incluso otras
entidades. Como los coeficientes de caja están afectos, tenemos interés
en esta cuestión, porque el banco vasco depende de parte de dichos
coeficientes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
La enmienda número 216, del Grupo Popular, fue defendida en su momento
--salvo error-- por el Senador Lobo Asenjo, en el turno correspondiente.
Restan por defender las números 215, 217, 218 y 219.
Para su defensa, el Senador Alierta tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 215 se refiere a la disposición transitoria segunda, relativa
a las relaciones de puestos de trabajo, y con ella se solicita que éstas
estén definitivamente aprobadas antes del 31 de marzo de 1994 ya que se
han cumplido ocho años desde la vigencia de la Ley 30/84 y, por tanto, ha
transcurrido el tiempo suficiente para que la totalidad de las relaciones
de puestos de trabajo hayan sido elaboradas, aprobadas y publicadas.
La enmienda 216 ha sido defendida. En consecuencia, paso a referirme a la
número 217, a la disposición transitoria cuarta, relativa al haber en
mano del personal militar. Con nuestra enmienda se solicita que se
suprima desde: ... quedando en suspenso lo previsto en el artículo 37,
párrafo primero, de la Ley Orgánica
13/1991, del Servicio Militar. Entendemos que no es procedente dejar en
suspenso lo dispuesto en dicha Ley Orgánica. Al mismo tiempo, se solicita
que se señale la cuantía, que asciende a 1.500 pesetas.
La disposición adicional quinta trata de la oferta de empleo público
durante 1994 y, como sus señorías conocen, dispone esencialmente que
durante dicho año se suspenda en el ámbito de la Administración general
del Estado, de sus organismos autónomos y de la Administración de la
Seguridad Social la vigencia de la regulación que le afecta. Sin embargo,
en el párrafo tres, excepcionalmente, se señala que en el caso de que se
trate de puestos de trabajo presupuestariamente dotados que se encuentren
desempeñados interina o temporalmente, podrán cubrirse estas plazas.
Entendemos que no procede esta excepción, por lo que la enmienda número
218 propone la supresión del apartado tres de la disposición transitoria
quinta.
Por último, la enmienda 219 pretende una nueva disposición transitoria,
con lo cual se solicita que la edición oficial de los presupuestos
generales del Estado comprenda, además de las normas que se aprueban y
las cifras de que constan los presupuestos, las demás leyes de medidas
económicas propuestas por el gobierno que entren en vigor el 1.º de enero
de 1994.
Como del contenido de las enmiendas que se han expuesto se desprenden las
razones que avalan su defensa y la solicitud de un voto en su apoyo, doy
por concluida mi intervención con este trámite.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar, quiero hacer una
consideración sobre una enmienda no defendida, que va a explicar la
posición de mi Grupo en el debate. Se trata de la enmienda planteada por
los Senadores Cuevas y Vilallonga, del Grupo Mixto, para la supresión de
la disposición transitoria quinta. Nuestro Grupo va a pedir votación
separada del apartado uno de la mencionada disposición, por entender que
se trata de un precepto modificado que la ley de medidas --que
discutiremos después del proyecto de ley de presupuestos-- vuelve a
modificar, por lo que no tiene ningún sentido esa doble modificación. Por
tanto, queremos suprimirlo votando en contra del apartado uno de la
citada disposición, con lo cual, daríamos satisfación, en parte, a la
pretensión del Grupo de Senadores que ha presentado la mencionada
enmienda.
En cuanto a la enmienda 1.309, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, creo que existe una razón de fondo que justifica su presentación,
aunque hay una argumentación contradiccitoria.
La razón de fondo se refiere a que, en efecto, es conocido el criterio
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, congruente con el del
Partido Nacionalista Vasco, de reclamar la creación de un banco público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi que podría financiarse con los
coeficientes de caja. En este sentido, cabría interpretar --aunque no
digo que literalmente-- que la disposición transitoria séptima afectaría
a la posible creación de dicho banco público vasco, sobre el que no tengo
ninguna intención de pronunciarme en este momento porque no afecta al
contenido de la enmienda. Pero en cualquier caso, la argumentación que se
da en la enmienda en el sentido de decir que no supone privilegio, que no
incumple el Tratado de Maastricht hablar de que en un plazo de seis años
se amortizarán los depósitos del Estado en el Banco de España, pero sí es
privilegio mantener el texto del proyecto de Ley del Gobierno que habla
de 25 años no es correcta. Si existiera privilegio, yo creo que existiría
tanto en un plazo como en el otro, porque el plazo de 1999 de dicho
Tratado es un plazo de previsiones, no de formalización jurídica. El
Tratado de Maastricht está formalizado jurídicamente una vez que todos
los Estados que lo han signado lo han ratificado, se ha ratificado por el
Parlamento Europeo, etcétera. En este sentido, tan privilegiada o tan
incumplidora de la Ley --si pudiéramos utilizar esta expresión de mal
castellano-- sería una fórmula como la otra. Por tanto, lo único que
cabría señalar es que su enmienda produce un perjuicio al erario público,
en el sentido de que, evidentemente, le obliga a amortizar los depósitos,
las deudas del Estado en el Banco de España mucho antes y con un coste
financiero y económico superior. En este sentido no podemos aceptar su
enmienda y tampoco estamos de acuerdo con la interpretación de que el
hecho de que exista un crédito del Estado en el Banco de España a 25 años
tenga que ver con el temor que ha explicitado en esta Tribuna el Senador
Torrontegui sobre el Banco Público Vasco; cuestión sobre la que no me voy
a pronunciar desde esa Tribuna porque es complicada.
Paso a referirme a las enmiendas que ha defendido el Senador Alierta en
nombre del Grupo Parlamentario Popular. La primera de ellas, la número
215, hace referencia a las relaciones de puestos de trabajo en la
Administración del Estado y da un plazo de tres meses, que concluye el 31
de marzo de 1994, para su definitiva publicación. No podemos aceptar esta
enmienda. De la defensa de la enmienda se deduciría que la situación
actual de la Administración General del Estado es muy diferente de la que
en estos momentos es. Respecto al personal funcionario de la
Administración General del Estado, únicamente quedan fuera de las
relaciones de puestos de trabajo, es decir, en lo que se conoce como
catálogo de puestos de trabajo, es decir, en lo que se conoce como
catálogo de trabajo, los siguientes organismos: la Administración del
Estado en el exterior, el Ministerio de Defensa y sus organismos
autónomos, la Delegación del Gobierno en el monopolio de tabacos, el
Tribunal Económico Administrativo, la Intervención General entre la
Administración del Estado, el Parque Móvil Ministerial, el Patronato de
Casas de la Guardia Civil, la Organización de Trabajos Portuarios, las
Unidades Provinciales del Ministerio de Comercio y Turismo, los Servicios
Provinciales del Ministerio de Cultura y el área del Presidente del
Ministerio de la Presidencia. El Senador Alierta coincidirá conmigo en
que si excluimos el Ministerio de Defensa, que tiene algunas
características singulares que justificarían, incluso, el que existiera
una relación de puestos de trabajo absolutamente diferenciada y de un
tenor distinto al de los demás organismos, puesto que sus puestos no son
susceptibles de ser cubiertos por un personal proveniente de otros
Ministerios en la inmensa mayoría de los casos, sino que tienen un
régimen retributivo diferenciado, con unas características propias, unas
categorías personales en función de sus empleos, etcétera, si excluimos
al Ministerio de Defensa --digo-- el resto de los organismos, o muy
probablemente quedarán suprimidos en el año 1994, porque tienen una
existencia absolutamente marginal en lo que es la Administración del
Estado y van a desaparecer en función de reorganizaciones
administrativas, o bien suponen unas cuantías mínimas del personal
funcionario al servicio del Estado. En cuanto a los organismos que
queden, sí reiteramos la voluntad del Gobierno de proceder a la
aprobación de sus respectivas relaciones de puestos de trabajo durante el
año 1994, pero no durante marzo de dicho año, porque, en algunos casos,
estos organismos no van a entrar en relación de puestos de trabajo ya
que, muy probablemente, van a ser suprimidos, no en el primer trimestre,
pero sí en los siguientes de 1994.
La enmienda número 217 hace una referencia al haber en mano. Ya ha sido
defendida en alguno de los artículos de la Ley. Nuestro Grupo únicamente
tiene que hacer una objeción a la enmienda, que es, evidentemente, la
cuantía de la misma, es decir, su coste para el erario público. Tenemos
la firme intención de incrementar la cuantía del haber en mano fijada
para los soldados que cumplen su servicio militar, tanto en el Ejército
de Tierra como en la Armada, como en el Aire, pero, desde luego, la
actual situación no nos permite la alegría presupuestaria que daría al
Grupo Socialista --y al resto de los Grupos-- la aprobación de dicha
enmienda.
En cuanto a la enmienda número 218 planteada a la Disposición Transitoria
quinta, es paradójico que, una vez más, nos encontremos con una enmienda
que coincide literalmente con las enmiendas presentadas por los Senadores
de Izquierda Unida, pero su argumentación es radicalmente contraria. Es
decir, la enmienda de Izquierda Unida quería hacer desaparecer la
Disposición Transitoria quinta porque estimaba que no podía haber tal
constricción en los puestos de servicio públicos que debieran cubrirse en
el año 1994. Y en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
curiosamente, plantea que debe desaparecer dicha Disposición porque da
demasiadas facultades al Gobierno para saltarse la congelación de la
oferta pública de empleo. A nuestro juicio, existe tal constricción real,
tanto en los créditos presupuestarios, como en la voluntad del Gobierno,
como en el propio tenor literal de la Disposición Transitoria quinta que,
realmente, es difícil justificar, como ustedes dicen en la justificación
de su enmienda, que no se avalan las razones exigidas en el número dos
para, excepcionalmente, convocar algunos puestos de trabajo que queden
vacantes durante el ejercicio de 1994 en la Función Pública, porque
estamos hablando de plazas que pudieran quedar vacantes, que pudieran ser
fundamentales para la cobertura de un servicio público que se presta
directamente a la ciudadanía, como puede ser Sanidad y Educación y que no
es posible cubrirlas íntegramente dentro de la Función Pública.
La enmienda número 219 hace una referencia a la publicación de los
Presupuestos Generales del Estado. Dice que al lado de la edición oficial
de dichos presupuestos se publiquen las demás leyes de medidas económicas
propuestas por el Gobierno que entren en vigor el 1.º de enero de 1994.
Evidentemente, estas leyes se publicarán, si no el mismo día, el día
anterior o el siguiente a que se publiquen los Presupuestos Generales del
Estado. En cualquier caso, la publicación de los Presupuestos Generales
del Estado en el «Boletín Oficial del Estado» --valga la redundancia-- se
realiza en cumplimiento del Código Civil y de las disposiciones que lo
regulan, que establecen taxativamente cómo se realiza la publicación,
hasta tal punto que, incluso, si existieran errores materiales en la
aprobación de los presupuestos por parte de la Cámara, debería ser ésta
la que los corrigiera y no podría hacerlo de oficio el Gobierno aunque
los hubiera apreciado. En este sentido, no tiene demasiada justificación
que se diga que deba producirse la publicación el mismo día o que deba
producirse una única publicación de las leyes de acompañamiento a la ley
de medidas con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, porque el
Código Civil es taxativo en este sentido, marca un procedimiento
determinado y habla únicamente de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
No entiendo cómo se puede hablar --como hacen ustedes en la justificación
de su enmienda-- de opacidad en cuanto a los Presupuestos Generales del
Estado en 1993, porque las leyes y los decretos que han regulado el
régimen retributivo de los funcionarios se han publicado en el «Boletín
Oficial del Estado», como, por ejemplo, el Real Decreto-Ley 1/1993, de
ocho de enero, que fijó el incremento de las retribuciones de los
funcionarios. Constituye una cierta exageración hablar de opacidad cuando
se habla de textos que son tan públicos
y notorios, como que han sido publicados en el «Boletín Oficial del
Estado». Por esas razones, vamos a rechazar la enmienda número 219, así
como las restantes del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado.
Solicito la atención de los portavoces Socialista y del Grupo Mixto, en
relación con lo que se acaba de exponer en la Tribuna referido a la
enmienda número 934 del Senador Cuevas González. Dicha enmienda propone
la supresión de la Disposición Transitoria quinta. El Senador Granado ha
manifestado que querrían votar una parte de la enmienda, o bien
negativamente una parte del dictamen, a los efectos de dejar sólo viva la
segunda parte de la actual redacción de la Disposición Transitoria quinta
según el dictamen. Pero el efecto de votar así no produce lo que se
persigue, de manera que tendrían que hacernos llegar una redacción
firmada por los portavoces, porque, de lo contrario, volveríamos al texto
del Congreso, es decir, a encontrarnos con la misma redacción, ya que no
se ha modificado en el transcurso de los trabajos de ponencia y de
Comisión. Entonces, al votar en contra del dictamen, volveríamos a
encontrarnos con el texto del Congreso. Si se quiere buscar la supresión
de la primera parte de esa disposición transitoria, sería necesario que
sus señorías nos hicieran llegar, con la firma de la mayoría de los
portavoces, un texto para poder lograr el objetivo pretendido.
Turno de portavoces.
Senador Cuevas, ¿su señoría va a hacer uso del turno? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular?
Tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir que la enmienda a la disposición transitoria quinta, Oferta
de empleo público durante 1994, que hemos presentado no afecta a la
esencia de la disposición transitoria, que es que en 1994 se suspenda lo
que se entiende por oferta pública de empleo, que es lo que es objeto de
la enmienda presentada por Izquierda Unida: la supresión del conjunto de
la disposición transitoria, es decir, no dejar en suspenso la oferta
pública de empleo. Nuestra enmienda únicamente propone que se suprima el
párrafo tres, que hace una excepción a esa suspensión de la oferta
pública de empleo por las razones que se especifican en el punto tres.
Nuestra enmienda no propone, como la de Izquierda Unida, la supresión del
espíritu de la transitoria quinta, sino, más bien lo contrario: la
supresión de una excepción a lo que es el espíritu fundamental de la
transitoria quinta, la suspensión durante 1994 de la oferta pública de
empleo.
En cuanto a la enmienda transaccional que se nos quiere proponer, si se
suprimiera la primera parte de la disposición transitoria quinta,
quedaría sin esencia todo el conjunto de la disposición transitoria
quinta en cuanto que su objetivo está recogido en el primer párrafo y los
dos puntos siguientes son excepciones y matizaciones al contenido del
primer párrafo que se recoge en el proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo entiendo el espíritu de la enmienda de los Senadores del Partido
Popular, pero el tenor literal de su enmienda es de supresión de la
transitoria quinta desde el punto primero al siguiente. El Senador
Alierta me hace señas de que es el punto tercero. Yo tengo delante la
enmienda y propone la supresión de la transitoria quinta. Igual estoy
equivocado, porque la fotocopia no se ve muy bien.
En cualquier caso, aun aceptando su corrección en cuanto al espíritu de
su enmienda, quiero señalarle la imposibilidad material que tiene cumplir
su pretensión, que es que el Gobierno, por razones de interés nacional,
no pueda, en circunstancias excepcionales, cubrir puestos que queden
vacantes, siquiera interinamente, durante el año 1994. En este sentido,
nosotros entendemos que puede haber circunstancias excepcionales que
justifiquen la cobertura de esas vacantes, por lo que no podemos aceptar
su supresión.
En cuanto a la supresión del punto número uno, tengo que decir que a lo
que obliga es a leer el texto de la disposición transitoria quinta en
relación con el conjunto de las medidas que vamos a aprobar en la ley de
medidas que acompañan al texto de la ley de presupuestos. Es decir, la
ley de acompañamiento va a modificar el artículo 18 de la Ley 30/1984, de
Reforma Urgente de la Función Pública, y en ese marco es donde habrá que
interpretar lo que quede de disposición transitoria quinta para el año
1994. Es verdad que es un hecho complicado, pero también sería paradójico
que esta Cámara aprobara una disposición transitoria en la ley de
presupuestos y, a continuación, modificara esa misma disposición a través
de la ley de acompañamiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Las enmiendas números 944 y 945, de los Senadores Cuevas González y
Vilallonga, a las disposiciones finales, ya están defendidas.
La enmienda número 1.174, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado, decae.
Enmiendas números 220 y 221, del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
La disposición final primera autoriza al Presidente del Gobierno para que
por real decreto y con su propuesta personal modifique el número de
departamentos, la organización y la distribución de la Administración.
Entendemos que es una capacidad que no está regulada en el ordenamiento
jurídico español y su utilización puede suponer un incremento de gasto,
pero, en todo caso, está fuera de control. En consecuencia, proponemos la
supresión de esta disposición final primera.
La segunda enmienda propone una enmienda alternativa a esta adicional
final primera si es aprobada, por la cual se solicita que se añada un
punto segundo, que establece que a 31 de marzo se haga por el Gobierno
una limitación de altos cargos y puestos de alto nivel en departamentos,
organismos autónomos y entes públicos, y se cuantifica que alcance para
subsecretarios y asimilados, 50; para directores generales y asimilados,
250; para subdirectores generales y asimilados, 500 y para subdirectores
generales, adjuntos, vocales y cargos de similar categoría y asimilados,
1.000. Sólo la exposición del contenido de las enmiendas justifica su
presentación, en cuanto creemos que hay razones para que puedan ser
admitidas y, por tanto, no me extiendo más en su defensa.
Unicamente quiero precisar, con respecto al malentendido que se haya
podido producir en cuanto a nuestra enmienda a la disposición transitoria
quinta, que en el redactado de la enmienda original figura claramente que
la enmienda es exclusivamente a la disposición transitoria quinta, tres.
En consecuencia, creemos que se ha producido un malentendido, se ha
interpretado mal el contenido de nuestra enmienda. No afecta al punto
dos, en el cual, por circunstancias excepcionales, se puede autorizar al
Gobierno a cubrir plazas por necesidad de mantener servicios esenciales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero reconocer que es un error de este Senador, que es
el responsable de su equivocación con respecto a la enmienda anterior del
Grupo Parlamentario Popular, ya que sí se refería a la disposición
transitoria quinta, punto tres, y era un contenido que aparecía borrado
del texto de mi copia de la enmienda.
En cuanto a las enmiendas números 220 y 221, quiero hacer un par de
reflexiones. La primera es que si es al Presidente del Gobierno al que
constitucionalmente corresponde proponer al Rey el nombramiento y
separación de los miembros de Gobierno, parece que no es exagerado
desprender de este precepto del artículo 100 de la Constitución española
que corresponde al Presidente definir la variación en el número, la
denominación y las competencias de los departamentos ministeriales. Por
esta razón no aceptamos la enmienda número 220 del Grupo Parlamentario
Popular.
En lo referente a la enmienda número 221, sinceramente nos parece que el
número de altos cargos y de puestos de alto nivel que propone el Grupo
Parlamentario Popular en su enmienda es absolutamente arbitrario y no se
corresponde con un principio de eficacia en la Administración Pública.
Por ponerle un ejemplo, en mi Comunidad Autónoma, que no es una Comunidad
Autónoma gobernada por el Partido Socialista, sino por el Popular, entre
puestos de nivel de subdirector general, coordinadores de área, jefes de
área, jefes de servicio territorial y otros jefes de servicio --jefes de
servicios centrales de las consejerías--, hay aproximadamente unos 180 ó
190 funcionarios. Pero mi Comunidad Autónoma tiene menos de un 1 por
ciento del presupuesto consolidado del Estado, y no sé por qué puede
considerarse que 1.000 es un número de puestos suficiente en la
Administración del Estado, cuando en Comunidades Autónomas que gobiernan
ustedes y que tienen un nivel de competencias y de gasto público muy
inferior se acepta que sean casi 200. Me parece, sinceramente, que
podríamos producir entre todos los grupos un estudio que determinara el
número de altos cargos y de puestos de alto nivel en la Administración
pública, y a lo mejor nos ponemos de acuerdo, pero no iba a ser en cifras
con tantos ceros, que se han redondeado por la magia de los números con
un cierto pitagorismo y que no responden más que a un interés de
disminuir el nivel de eficacia de la Administración disminuyendo su
capacidad de dirección.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Me parece interesante la propuesta que hace el portavoz del Grupo
Socialista de estudiar el número de altos cargos en la Administración y
para todo el conjunto de las Administraciones, pero debo señalar que
normalmente es la Administración central la que de alguna manera marca
las pautas y da ejemplo a las demás. Es
decir, no es la Administración central la que suele tomar ejemplo de una
Comunidad Autónoma o de una diputación provincial para ver cómo organizar
su Administración o llevar a cabo su política financiera, sino que más
bien es un pequeño ayuntamiento o una diputación o una Comunidad Autónoma
la que toma ejemplo de la Administración central.
No deja de tener oportunidad presentar una enmienda que solicita de la
Administración central que empiece dando ejemplo, porque si este ejemplo
sale de la Administración central, no cabe duda de que se acabará
extendiendo al conjunto de las Administraciones. En cambio, si el ejemplo
de la Administración central no es todo lo ejemplar --valga la
redundancia-- que hubiera sido de desear, tampoco debe sorprender que en
las Administraciones territoriales y locales haya mayor número de
personas de lo que quizá fuera deseable. En consecuencia, es interesante
hacer un esfuerzo entre todos, pero también es necesario señalar que el
protagonismo, el ejemplo debe corresponder a la Administración central.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Granado tiene la palabra.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Nosotros tenemos un punto de vista diferente, aunque evidentemente
tenemos que aproximar posiciones sobre esta cuestión, por lo que sería
necesario que hubiera un acuerdo entre los diferentes grupos políticos, y
probablemente alguna de las leyes anunciadas por el Gobierno pueda ser un
punto de partida interesante para esa aproximación. Pero el punto de
vista de los Senadores socialistas es pensar que a la capacidad de
dirección de la Administración se responde con los principios de eficacia
y economía. Por ello, es necesario que haya los altos cargos suficientes
para garantizar un funcionamiento eficaz de la Administración, aunque sea
el menor número que aconseje la productividad y las necesidades de
organización económica. Es decir, estamos de acuerdo en limitar en la
medida que sea posible el número de categorías de altos funcionarios o de
altos cargos, pero no hasta el punto de que eso disminuya la eficacia de
la Administración. Yo creo que a veces es más cara una Administración con
una capacidad de dirección más pequeña que una Administración con una
capacidad teórica de dirección más amplia.
En mi Comunidad Autónoma --y le hablo de ella porque, al ser Senador por
la comunidad, tengo alguna experiencia de lo que esto ha supuesto--,
cuando en 1987 el entonces Presidente de la Junta, José María Aznar,
anunció la desaparición de algunos altos cargos de algunas consejerías,
todos lo recibimos con alguna esperanza de efectos positivos. A los seis
años de puesta en marcha aquella medida, hemos comprobado cómo los
sucesivos gobiernos del mismo partido político que sustenta al actual
gobierno de la Comunidad han ido recreando, por necesidades estrictamente
funcionales, buena parte de los órganos entonces suprimidos o hechos
desaparecer. Y lo que se ha producido en estos años con esas
desapariciones ha sido una merma de la eficacia del funcionamiento de la
Administración.
Yo creo que es más importante que la Administración funcione bien que el
hecho de tener un director general más o menos. A veces, por ahorrarnos
cinco, perdemos cinco mil, y por ahorrarnos cinco millones, podemos
perder muchos miles de millones de pesetas por mal funcionamiento de la
Administración.
En todo caso, tengo que señalarle que a la hora de predicar con el
ejemplo, esto es algo que debemos exigirnos todos. Ustedes, naturalmente,
consideran que debe ser el Gobierno el primero que dé ejemplo, y yo les
diría que es una función que todos debemos cumplir. Si uno predica con el
ejemplo, no puede exigir a los demás que sean ejemplares, y en este
sentido, ayer salía en un diario nacional, con un titular absolutamente
explícito a tres columnas, una nota que decía: Fraga olvida la
austeridad, el Presidente gallego aumenta el número de asesores y altos
cargos. Con esto no quiero hacer aquí la imputación al señor Fraga, que
no se encuentra presente y no puede defenderse, sino simplemente
comentarles que existe alguna necesidad de que lo que ustedes dicen se
corresponda con lo que ustedes hacen.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La enmienda número 1.310, presentada por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, propone una disposición derogatoria nueva.
Para defender la enmienda, tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Si tenemos tiempo suficiente, vamos a dar lectura a esta enmienda de
adición de una disposición derogatoria, puesto que antes existía una
derogación parcial a la disposición transitoria tercera del Real Decreto
480/1993, del 2 de abril. La enmienda diría así: «Queda derogado el tipo
adicional de cotización del 8,20 por ciento, en todo el período
establecido, dispuesto en la parte final del apartado primero y en el
apartado segundo de la Disposición transitoria tercera del Real Decreto
480/1993, de 2 de abril, por el que se integran en el Régimen General de
la Seguridad Social al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Funcionarios de la Administración local».
La justificación de esta enmienda es que en el cálculo de la compensación
económica de esta integración,
a juicio del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, no se han tenido en
cuenta algunas variables. Una de ellas es que no se ha computado la deuda
de 39.666 millones de pesetas que determinadas instituciones mantenían al
31 de diciembre de 1992 con la extinta Munpal en el cálculo de bases de
cotización anterior al 1.º de abril de 1991, según la ley 31/1990, de 27
de diciembre, que determinarán prestaciones inferiores a las que se
hubieran producido en el Régimen General durante los próximos ocho años.
La no consideración de ausencia de financiación estatal a este Régimen
específico, al contrario que en el Régimen General, exigiendo una
integración equilibrada en un régimen que no lo está; el cálculo del
coste se ha hecho en función de un régimen de prestaciones futuro que,
según se reconoce por el propio Gobierno, no puede mantenerse; el injusto
agravio producido por el reparto del coste entre ayuntamientos
penalizando a aquellos que, cumpliendo estrictamente la ley, han
procedido a cubrir plazas de funcionarios en lugar de laborales; el
diferente y desorbitado tipo adicional en relación con otros procesos de
integración de empresas de derecho privado que han negociado un recargo
del 1 al 2,2 por ciento, todos estos hechos colocan a las
Administraciones locales en la situación de financiar unas prestaciones
que no se van a satisfacer, perjudicándolas en general, y en particular
en relación con el sector privado y demás, imputándoles
indiscriminadamente los resultados de la gestión del propio Estado.
Finalmente, esta integración crea un peligroso precedente para la
Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas en el supuesto
de integración en el Régimen General del Sistema de Clases Pasivas del
Estado.
Si el señor Presidente me lo permite, seguiría leyendo una nota acerca
del sobrecoste de integración de la Munpal en la Seguridad Social. Este
sobrecoste representa solamente para el territorio autónomo 24.350
millones de pesetas en valor actual, con un interés técnico del 8 por
ciento, y 61.375 millones de pesetas corrientes, con una inflación del 4
por ciento. Sin embargo, tenemos algunas objeciones más: el tema de la
deuda pendiente, el estudio actuarial, que no ha tenido en cuenta el
período transitorio en el que la equiparación es parcial. Es decir, que
en la medida en que los ocho años pueden afectar a más del 20 por ciento
del colectivo el efecto es sensible, pudiendo llegar a un 0,8 por ciento
del sobrecoste; la aportación estatal supone el 25,9 por ciento de los
ingresos de la Seguridad Social. El sobrecoste se justifica en la medida
en que la Seguridad Social mantenga las prestaciones y no se incremente
la aportación pública.
Decimos que las razones que han propiciado la quiebra técnica de la
Munpal han beneficiado a la Seguridad Social porque la Munpal era un
sistema gestionado por el Estado y, sin embargo, ha recibido un trato de
integración peor que algunas empresas como, por ejemplo, Telefónica. En
conclusión, nosotros diríamos que el sobrecoste podría ser del siguiente
tenor: si se aplica durante ocho años, o, en su defecto, de diez a partir
de 1995 --porque no es para este año, sino a partir de 1995-- si la
Telefónica pagaba como un cinco por ciento de sobrecoste, le quitamos las
cantidades adeudadas por valor de un 1 por ciento, un 0,8 por ciento del
período transitorio y otro 0,83 por la aportación estatal del 25,96 por
ciento, la aportación real tendría que ser del 2,37 en lugar del 8,20;
si, además, tenemos en cuenta los beneficios de la Seguridad Social por
el superávit de los jóvenes y las prestaciones que ha dejado de pagar, es
planteable, incluso, un coste nulo.
Sin más, señor Presidente, creyendo que es un tema importante para todos
aquellos interesados en el tema de los municipios, doy por concluida la
defensa de esta enmienda a la espera de la contestación del Portavoz
socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero empezar por algunas de las afirmaciones que ha hecho al final el
Senador Torrontegui, porque creo que no se ajusta la realidad, en modo
alguno, que la integración de la Munpal en la Seguridad Social haya
discriminado a la primera sobre otro tipo de mutualidades de previsión
social, como las provenientes de la Compañía Telefónica Nacional de
España, etcétera, puesto que en cada caso se ha aplicado el cálculo
actuarial elemental que supone el computar cuáles son las cargas futuras
que asume la Seguridad Social con la integración y cuáles son los
ingresos que va a recibir a cambio.
En el caso de la Munpal, puedo decirle al Senador Torrontegui que las
diferencias, en todo caso, hubieran supuesto --si no hubiera existido una
cierta aportación del Estado y una cierta, digámoslo así, generosidad de
la Seguridad Social -- una cuota muy superior a la que se ha fijado para
financiar esta integración, que hubiera supuesto, en todo caso, un
sobrecoste de más del 10 por ciento a los ayuntamientos. Porque de la
misma manera que nos preocupa --y mucho-- la situación financiera de
nuestros ayuntamientos, debe preocuparnos también, y mucho, la situación
financiera de nuestra Seguridad Social, de la que dependen --como en
cualquier régimen de aseguramiento, aunque en este caso sea un
aseguramiento socializado-- las pensiones de millones de españoles.
En este sentido, debo decirle que cuando la Munpal se integró en la
Seguridad Social la propia Mutualidad
estaba en una situación que, en una serie de años, probablemente hubiera
abocado a la quiebra técnica, porque la Munpal no habría podido hacer
frente a las obligaciones que le hubieran reclamado sus pensionistas con
los ingresos previstos; y, de hecho, la Munpal hubiera entrado en quiebra
mucho antes de finales de los años 80 de no haber sido por el incremento
de personal que sufrieron las corporaciones locales; además, cuando se
produce la integración, la Seguridad Social se subroga en todas las
deudas que tenían determinadas instituciones locales con la Munpal, y
estas deudas, por desgracia, se siguen manteniendo, asumiendo la
Seguridad Social todas las pensiones reconocidas por la Munpal, así como
a todos los activos que en aquel momento estaban en la Munpal el derecho
a generar una situación de pensión en la Seguridad Social. En función de
toda esta realidad, se llegó a un cálculo del 8,20 por ciento que, en
todo caso, es muy inferior a los costes que la integración ha tenido para
el Régimen General de la Seguridad Social .
De la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
parece desprenderse que la Seguridad Social ha hecho un negocio con la
integración de la Munpal cuando en la práctica no ha sido tal, sino
asumir una carga que no parece que se le deba incrementar por la vía de
la disminución de ingresos a que nos obligaría la aceptación de la
enmienda del PNV. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de portavoces.
¿Senador Torrontegui? (Pausa.) Muchas gracias.
Vamos a efectuar los avisos para iniciar las votaciones. (Pausa.)
Recuerdo a sus señorías que tenemos pendiente efectuar la votación
correspondiente al Título VI, pero vamos a iniciarlas por el Título VIII.
Cuando terminemos, votaremos el Título VI, debido a que los Grupos han
presentado la redacción de una enmienda transaccional de la que no
tenemos copia aún; por tanto, vamos a esperar a que lleguen las copias
para pasar a efectuar las votaciones correspondientes al Título VI.
Una vez que terminemos con las votaciones correspondientes al Proyecto de
ley, entraremos en la votación, sin debate, del veto a la ley que
coloquialmente llamamos de acompañamiento, y proseguiremos a continuación
con el debate de esa ley. (Pausa.) Debido a que tenemos ya los textos a
que antes me había referido, vamos a iniciar las votaciones por el Título
VI, artículos sesenta y dos a ochenta.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas suscritas por los
Senadores Cañellas, Font y otros, números 1.569 y 1.570.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 108; en contra, 76; abstenciones, 23. (Aplausos en los bancos de
la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Silencio, por favor. (El señor Bayona Aznar pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, mientras su señoría ponía a
votación las enmiendas, el portavoz en la Comisión de Presupuestos en
este debate le hacía señas para que indicara qué es lo que se iba a
votar. (Protestas en los bancos de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señorías, vamos a tomarnos en
serio esta cuestión.
El señor BAYONA AZNAR: Entiendo que el Presidente no veía al portavoz,
porque estaba hablando con el Secretario General, pero cualquier otro
miembro de la Mesa puede indicarle que el portavoz, señor Granado, estaba
pidiendo aclaración en el sentido de la votación. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento mucho, pero la votación está efectuada,
señorías. (Aplausos en los bancos de la derecha.) Ruego a sus señorías
que no aplaudan cuando se adoptan decisiones que afectan al orden de las
votaciones.
Enmiendas del Senador Cuevas González y de la Senadora Vilallonga Elviro,
números 853 a 879.
Se inicia la votación. (El señor Granado Martínez pide la palabra.)
¿Senador Granado, hay algún problema en las votaciones, me pide su
señoría la palabra?
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, el problema con las
votaciones es que por culpa exclusivamente mía, por responsabilidad de
este Senador que dirige las votaciones de su Grupo, no sé lo que estamos
votando. No sé en qué Título estamos votando porque como su señoría ha
hecho algunas precisiones sobre que había alterado el orden de la
votación, y que el Título VI se iba a votar después del Título VIII, al
final no sabía si estábamos votando el Título VI o el Título VIII.
(Rumores.) Y sigo sin saberlo, por lo que quería pedir una aclaración y,
desde luego, la primera votación en mi Grupo se ha producido en términos
absolutamente anómalos porque ninguno de nosotros sabía qué estábamos
votando. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Esta segunda votación queda anulada.
Al comienzo de las votaciones se ha anunciado, efectivamente,
que comenzábamos las mismas por el Título VIII, pendiente de la recepción
del texto transaccional al Título VI, tal y como se solicitó en el
transcurso del debate. Como el texto ha llegado entre mi anuncio y el
inicio de las votaciones, yo también he anunciado en dos ocasiones que
pasábamos a efectuar las votaciones pendientes del Título VI, que es en
el que estamos.
Como comprenderá el portavoz socialista, la contrariedad que yo siento
seguramente es superior a la que él siente, pero realmente, en el
ejercicio de mis funciones, yo he anunciado que votábamos el Título VI y
se han procedido a votar las dos primeras enmiendas suscritas
individualmente por los Senadores Cañellas y Font, que han resultado,
seguramente por error y contra la voluntad de los votantes, aprobadas,
luego formalmente están aprobadas.
Vamos a proceder a votar de nuevo, para que sus señorías sepan
exactamente lo que vamos a votar, las enmiendas de los Senadores Cuevas
González y Vilallonga Elviro a este Título VI, es decir, artículos
sesenta y dos a ochenta, números 853 a 879.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, dos; en contra, 225; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1.824, del Senador Utrera Mora, del Grupo Parlamentario
Popular. Se somete a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 104; en contra, 128; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Granado Martínez pide la
palabra.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, me parece que la enmienda
número 1.824, del Senador Utrera, sustentaba una enmienda transaccional
y, en este sentido, debería haber sido sometida a votación junto con la
enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que sostenía la
misma enmienda transaccional. Tal vez el error ha sido que en la enmienda
transaccional se mencionaba la enmienda como del Grupo Popular en vez del
Senador Utrera como, en efecto, ha sido presentada.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, en el texto que tiene la Mesa la
enmienda transaccional está sustentada en las enmiendas números 1.829,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y
número 1.824, del Grupo Popular. En estas circunstancias, los números de
las enmiendas no los retengo; sí retengo los Grupos que todavía hay en la
Cámara.
De manera que esta enmienda está rechazada, pero como tenemos la del
Grupo de Convergència i Unió, la enmienda transaccional sigue teniendo
percha.
Proseguimos las votaciones.
Enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos números 1.294 a
1.298 --la enmienda número 1.304 fue retirada--, y enmiendas números
1.305 y 1.306 que, agrupadas con las anteriores, se someten conjuntamente
a votación. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Utrera Mora.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, en un escrito que entregamos esta
mañana habíamos solicitado votación individual para la enmienda número
1.295. En cualquier caso, pedimos en este momento una votación
individualizada para esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón su señoría.
Sometemos la enmienda número 1.295 a votación por separado. (El señor
Torrontegui Gangoiti pide la palaba.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Señor Presidente, esta enmienda versa
sobre el «leasing», igual que la enmienda anterior, por lo que
posiblemente tendríamos que haberla retirado. La retiramos en este
momento porque ya hemos transaccionado y estamos de acuerdo con la otra
enmienda presentada.
El señor PRESIDENTE: Está en su derecho, señoría, no la votamos. Muchas
gracias.
Votamos, por tanto, las enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco que no han
sido objeto de retirada en el transcuso del debate, o sea, las números
1.294, 1.296, 1.297, 1.298, 1.305 y 1.306.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 11; en contra, 122; abstenciones, 103.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
De las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Grupo
Parlamentario Popular pidió votación separada de la número 1.158.
Sometemos esta enmienda a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 111; en contra, 123; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 1.159 y 1.160, del mismo Grupo Parlamentario. Se
someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 11; en contra, 124; abstenciones, 101.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Las enmiendas números 1.829 y 1.838, del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, están afectadas por transaccionales, y las números
1.862 y 1.863, del mismo Grupo, fueron retiradas en el transcurso del
debate. Por tanto, no sometemos ninguna de ellas a votación.
Al Título VI el Grupo Parlamentario Popular interpuso las enmiendas
números 139 a 162, que se someten conjuntamente a votación, salvo
indicación en contrario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 106; en contra, 123; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A este Título el Grupo Parlamentario Socialista mantiene vivo el voto
particular número 1.874, el cual se somete a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 134; en contra, 100; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El artículo setenta, nueve, ha sido modificado por una redacción que se
soporta en la enmienda antes citada, concretamente en la número 1.829,
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que es la que permanece
viva, con la redacción suscrita por los Grupos Parlamentarios de la
Cámara.
El artículo setenta, nueve, queda redactado de la siguiente manera:
«Quinta. Serán acogibles a la deducción... etcétera.» Los señores
Portavoces conocen la redacción y no hace falta pasar a dar lectura de la
misma.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento. (Pausa.) Queda aprobado.
Al artículo setenta y cuatro, cuarto (nuevo) y sobre las enmiendas número
1.173, presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado, y número 1.838, a la que me acabo de referir, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, se propone una
redacción suscrita por la mayoría de los Grupos Parlamentarios. Artículo
setenta y cuatro, cuarto (nuevo). Cuarto. Artículo 91. Uno 2., 2.º: Los
servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurante y,
en general, el suministro de comidas o bebidas para consumir en el acto,
incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario. Se exceptúan
de lo dispuesto en el párrafo anterior: a) Los servicios prestados por
hoteles de cinco estrellas. b) Los servicios prestados por restaurantes
de cuatro y cinco tenedores. c) Los servicios mixtos de hostelería,
espectáculos, discotecas, salas de fiestas, barbacoas u otros análogos.
Se somete a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 135; en contra, dos; abstenciones, 98.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el Título VI con las modificaciones introducidas, artículos
sesenta y dos a ochenta del texto del dictamen. (El señor Bayona Aznar
pide la palabra.)
Tiene la palabra Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada del artículo setenta y cuatro, apartado
cuatro, referente al artículo 91.2.2, que dice así: Las prestaciones de
servicios siguientes: 1.º) Reparación de coches..., etcétera. 2.º) Los
transportes de viajeros..., etcétera.
El señor PRESIDENTE: Estamos verificando cómo es el texto del Congreso
para comprobar el efecto.
Yo agradecería al portavoz socialista que nos precisara su petición.
Tiene la palabra su señoría.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo puedo precisar con mayor claridad. Al texto del dictamen se han
incorporado algunos textos, concretamente, artículo setenta y cuatro,
apartado cuarto, referente al artículo 91.2.2, y artículo setenta y
cuatro, apartado quinto, referente al artículo 91.2. Dicho más
claramente, los textos incorporados por una votación incorrecta, basados
en las enmiendas 1.569 y 1.570, deseamos votarlos separadamente a la hora
de votar el texto del dictamen.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Yo pediría al portavoz socialista que nos precisara
exactamente en qué términos se produce la votación y, concretamente,
sobre qué parte del dictamen se quiere efectuar la misma. Se entiende que
la Cámara se ha pronunciado ya sobre las modificaciones del dictamen.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, en primer lugar, el Grupo
Socialista ha manifestado su protesta por la decisión anterior del
Presidente respecto de la votación de una enmienda, y he entendido la
decisión del Presidente como la posibilidad de poder votar en contra el
texto del dictamen modificado por esas dos enmiendas. En la intervención
anterior no he querido hacer alusión a antecedentes al respecto. Yo puedo
decir, puesto que se insiste en ello, que el 24 de abril de 1991, y me
consta por experiencia propia, se repitió una votación solicitada por el
Partido Popular por un error muy similar a éste. Los miembros del Grupo
Popular no sabían qué se estaba votando. Yo he pedido al Presidente que
preguntara a los miembros de la Mesa si era cierto lo que yo estaba
diciendo de que el Grupo Socialista había solicitado la palabra en el
momento mismo de someterse a votación las enmiendas. Para no interrumpir
más, he creído que el procedimiento más fácil era votar en contra del
texto que había quedado como dictamen en ese momento.
Por tanto, solicito, si así se me permite, que en lugar de volver a
reconsiderar la votación anterior, se voten separadamente los apartados
cuarto, artículo 91, puntos 2.2 del artículo setenta y cuatro, y el
apartado quinto, artículo 91.2. Es decir, el texto que se incorpora al
dictamen por efecto de una votación que sigo entendiendo errónea.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante cinco minutos.
(Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señorías, la Mesa, por mayoría, ha decidido someter a votación el
dictamen del artículo setenta y cuatro, que es el que ha sido solicitado
por el portavoz socialista, de manera separada. Pero a los efectos de
conocimiento de sus señorías, se entiende que, en relación con la
redacción resultante de la aprobación de las enmiendas de los Senadores
Cañellas y otros y también de la incorporación de la enmienda
transaccional, las enmiendas del Senador Cañellas y otros serían
consideradas punto sexto (nuevo) --por el orden cronológico de
incorporación en el transcurso del debate--. Séptimo (nuevo), y sería
considerado octavo (nuevo) el texto transaccional que ha sido aprobado
también en el transcurso de las votaciones anteriores.
Repito: el artículo setenta y cuatro, que especifica la modificación de
preceptos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, contiene los siguientes
puntos: Primero; Segundo; Tercero, procedentes del texto aprobado por el
Congreso de los Diputados. Como dictamen de la Comisión del Senado, el
punto Cuarto es nuevo, introducido en el dictamen de la Comisión. El
punto quinto es nuevo, introducido por el dictamen de la Comisión. Los
puntos sexto y séptimo serían incorporaciones derivadas de la aprobación
de las enmiendas del Senador Cañellas y otros firmantes, y el punto
octavo sería resultado de la incorporación de la enmienda transaccional,
que suscrita por mayoría, creo recordar, de portavoces de los Grupos
Parlamentarios, ha sido aprobada por la Cámara. (El señor Ruiz-Gallardón
Jiménez pide la palabra.) El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Señor
Presidente, nosotros, al amparo del artículo 89 del Reglamento de la
Cámara, solicitamos que se dé lectura del dictamen de la Comisión, que es
aquello que en estos momentos la Presidencia anuncia que va a ser
sometido a votación, al efecto de ver si en el dictamen de la Comisión
están o no incorporadas las enmiendas que han sido aprobadas por el Pleno
de esta Cámara.
Entendemos que sobre aquello que se ha pronunciado el Pleno de la Cámara,
que no forma parte del dictamen de la Comisión, no puede volver a
pronunciarse la Cámara, porque sería tanto como reproducir una votación
y, por tanto, violentar aquello que se ha convertido en voluntad del
Senado mediante una votación realizada con anterioridad. (Aplausos en los
escaños de la derecha. Protestas en los escaños de la izquierda.)
Entendemos, señor Presidente, que ésta es una decisión de extraordinaria
gravedad, que genera un precedente de inseguridad jurídica e inseguridad
constitucional (Protestas en los escaños de la izquierda.) que ha sido
adoptada por la Mesa sin ser oída la Junta de Portavoces, y en este acto,
como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, solicito: primero, señor
Presidente, la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces; segundo,
que a esa Junta de Portavoces se acompañe un informe debidamente
detallado de los Letrados y de los Servicios jurídicos de la Cámara sobre
si puede incorporarse y calificarse como dictamen de la Comisión aquellos
extremos de una voluntad manifestada por la propia Cámara. Y, en tercer
lugar, solicito que, mientras este informe jurídico se produzca, se
suspenda la votación sobre el artículo en cuestión.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.--Varios señores Senadores: ¡Muy bien!--El señor Bayona Aznar
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente,
En primer lugar, debo manifestar el agradecimiento a la Mesa por haber
restablecido la clara voluntad de la Cámara ante una votación sobre la
que reiteradamente ha expresado el Grupo Socialista que había habido
error por parte del Grupo y de la Mesa en el momento de producirse la
misma. (Protestas en los escaños de la derecha.) En el Diario de Sesiones
quedará clara constancia de que el Presidente dice que se vota el Título
VI, y sucesivamente que se vota el Título VIII. Por tanto, difícilmente
era claro qué Título se votaba.
Por otra parte, en el Reglamento, el artículo 124 dice: «La Mesa del
Senado, a petición de un Grupo Parlamentario, podrá acordar la votación
del dictamen en su totalidad o mediante agrupación de artículos». Y en el
artículo 125 se refiere a la incorporación al dictamen de enmiendas de
modificación. Por tanto igual que en Comisión se vota el Informe de la
Ponencia modificado por las enmiendas aceptadas por la misma, el dictamen
que se vota en el Pleno es el dictamen de Comisión modificado por las
enmiendas. Y así figura en todos los precedentes de esta Cámara respecto
a los errores de votación.
Y quiero significarle al portavoz del Grupo Popular --y reitero la fecha
del día 21 de abril de 1991-- que cuando el Grupo Popular tenía algún
error de estas características, era el Grupo Socialista el que solicitaba
que se repitiera la votación. Esa ha sido la cortesía entre los Grupos
Parlamentarios en esta Cámara en la pasada Legislatura. (Aplausos en los
escaños de la izquierda.) Y la intervención que ha hecho el portavoz del
Grupo Popular, además de montar un artificio pseudojurídico, únicamente
anuncia --y sería de lamentar-- un nuevo estilo distinto de relaciones
entre Grupos y de falta de colaboración con la Mesa. (Aplausos en los
escaños de la izquierda.--Varios señores Senadores: ¡Muy bien!) Gracias.
(El señor Ruiz-Gallardón pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Tiene la
palabra el señor Ruiz-Gallardón.
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.
Agradezco extraordinariamente la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, porque lo que queda constancia en Acta es que
se ha producido, según ellos, un error en la votación y lo que ahora se
pretende es, mediante un artificio jurídico distinto, corregir un error
de una votación que ha sido declarada válida por la Presidencia. Y de eso
queda constancia en Acta. Por tanto, aquí no estamos en estos momentos
discutiendo tanto lo que la Presidencia dice que ha sometido a cuestión
de la Mesa, sino una fórmula de enmendar un error que, tengo que decirlo,
por no haber invocado el artículo 89 en el momento reglamentario
oportuno, no ha corregido el propio Grupo Parlamentario Socialista.
En segundo lugar, señor Presidente, antes de escuchar la resolución de la
Presidencia sobre las peticiones que ha hecho este Grupo Parlamentario,
quiero dejar bien claro que tanto el artículo 124 como el 125 especifican
que el contenido del dictamen se refiere al dictamen de la Comisión, que
siempre que se habla de dictámenes es el dictamen de la Comisión, y que
lo que aprueba esta Cámara no es dictamen de la Comisión, sino que es el
texto legislativo que habrá de ser remitido al Congreso de los Diputados,
que son dos conceptos jurídicos distintos.
En tercer lugar, señor Presidente, quiero hacer, puesto que se nos ha
invocado una falta de cortesía parlamentaria, simplemente dos
precisiones.
En primer lugar, que lo que aquí se está discutiendo, en definitiva, por
aplicación del propio artículo 90 de la Constitución y por ser esta
Cámara de segunda lectura, es algo sobre lo que habrá de pronunciarse el
Congreso de los Diputados. Luego no es tanto un texto definitivo como la
vanidad de un Grupo Parlamentario lo que en estos momentos estamos
sometiendo a juego. (Aplausos en los escaños de la derecha.) En segundo
lugar, señor Presidente, el nuevo estilo de cortesía parlamentaria se
inauguró en esta Cámara, efectivamente, no hoy sino ayer, cuando se
utilizó como argumento político que de mil enmiendas nuestro Grupo
Parlamentario había reproducido algunas y había cometido algunos errores
formales. (Rumores.) Cuando se utilizan esos argumentos es cuando se
tuercen los tiros.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la derecha.) El
señor PRESIDENTE: Señor Ruiz-Gallardón, no reproduzcamos el debate de
ayer. (El señor Bayona Aznar pide la palabra.) Tiene la palabra el señor
Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente,
No quiero entrar en la línea en la que descendientemente está entrando el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y me atengo a los hechos. El
Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado y ha invocado el artículo 89
cuando ha iniciado la votación. Otra cosa es que el Presidente no lo haya
visto. El portavoz de Presupuestos ha levantado la mano y el Presidente
no lo ha visto, y yo he invocado en ese momento que se consultara a
cualquier miembro de la Mesa.
En segundo lugar, yo no debato con la Mesa; acato las decisiones de la
Mesa. (Rumores.--Un señor Senador: ¡Ya se nota!) Por tanto, no discuto
sobre argumentos jurídicos, simplemente le digo al Grupo Parlamentario
Popular: no tema la voluntad de la Cámara, sometemos los nuevos apartados
Sexto y Séptimo a la voluntad de la Cámara, porque creo que es mejor, no
es una cuestión de vanidad. Creo que es mejor que sea la voluntad de esta
Cámara la que exprese el destino final del contenido de una enmienda que,
efectivamente, supone muchos cientos de miles de millones para el erario
público.
El señor PRESIDENTE: La Mesa ha deliberado sobre esta cuestión. De las
manifestaciones del portavoz
del Grupo Parlamentario Popular el Presidente retiene la necesidad de
reunir la Junta de Portavoces. Dejaremos la votación de este Título para
una sesión posterior. (Aplausos en los escaños de la derecha.) No
necesito aplausos, señorías. Y habrá el correspondiente informe jurídico,
porque lo que estamos intentando es atenernos precisamente al Reglamento
y a la Constitución.
Muchas gracias.
Pasamos a iniciar las votaciones referidas al Título VII.
Enmiendas 1.147 y 1.149. (El señor Bayona Aznar pide la palabra.)
El señor Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Una aclaración, señor Presidente, para el buen
funcionamiento a partir de ahora de las votaciones. ¿Lo que se deja
pendiente de votación es todo el Título VI, o solamente el artículo
setenta y cuatro?
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Bayona, ¿puede repetir?
El señor BAYONA AZNAR: Entiendo, señor Presidente, que sobre el resto del
Título VI no había controversia alguna, y, por tanto, me extrañaba que
quedara pendiente de votación todo el Título VI. Pregunto, por
aclaración, si lo que queda pendiente de votación es el Título VI
íntegro, o únicamente el artículo setenta y cuatro. (Varios señores
Senadores: Todo.) Recuerdo al señor Presidente que la votación sobre el
Título VI condicionaba el debate y la votación del proyecto de ley de
Medidas.
Gracias. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, el criterio de la Presidencia es
someter a votación el conjunto del Título VI mañana, cuando tengamos el
Informe Jurídico completo. Creo que es mejor para todos actuar con pleno
conocimiento de causa, aunque ha sido suficientemente deliberado, salvo
que su señoría exprese alguna razón de procedimiento que nos lleve a
votarlo. (El señor Bayona Aznar pide la palabra.)
Tiene su señoría la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Yo quiero manifestar que en este debate --y, por
cierto, y como consta en acta de Junta de Portavoces, contra el criterio
de este portavoz--, se defendieron conjuntamente los vetos a ambos
proyectos de ley. Se hizo un procedimiento de debate en el que
legítimamente se ha ido condicionando lo que se aprobase y transaccionase
en un proyecto de ley a lo que se hiciese en otro. Ese es el motivo de
que este Título VI haya quedado postergado respecto a otros Títulos del
proyecto de ley de Presupuestos.
En este momento, precisamente la introducción del contenido del artículo
setenta y cuatro, en el que se han incorporado por vía de enmienda tres
modificaciones sustanciales, una de ellas por la enmienda presentada por
el Secretario de la Mesa, señor Cañellas, y otras dos por enmiendas de
los distintos Grupos Parlamentarios, podía afectar a un proyecto de ley o
a otro. Por tanto, mi Grupo entiende que no podemos proceder a entrar en
el debate ni en la votación del proyecto de ley de Medidas mientras no se
resuelva cómo queda el proyecto de ley de Presupuestos, porque eso
condiciona que pudiéramos introducir estas enmiendas en el otro proyecto
de ley, y ésas son las razones que se adujeron para condicionar el Título
VI al debate del proyecto de ley de Medidas.
Esa es la lógica política, más allá de formalismos jurídicos de otro
tipo.
El señor PRESIDENTE: Senador Bayona, el Título VI ha quedado pendiente de
votación precisamente porque lo solicitaron distintos Grupos
Parlamentarios en función de enmiendas transaccionales que venimos
conociendo coloquialmente como enmiendas derivadas del asunto el
«leasing», que han sido modificadas e introducidas en las votaciones.
Creo que podemos pasar a votar los demás Títulos pendientes de votación,
pasar a votar inmediatamente el veto, y si sus señorías en el transcurso
del debate de la ley de Acompañamiento consideran que algunas partes de
ese proyecto están afectadas por lo que está pendiente de votar, podemos
adoptar la misma decisión: dejar en suspenso la consideración y
votaciones sobre esos puntos, que en todo caso no se van a producir esta
noche, y tener suficientes criterios para poder pronunciarnos.
La reunión de Junta de Portavoces es un requisito que ha sido solicitado
por un Grupo y me parece considerable atender esa petición. (El señor
Bayona Aznar pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
Unicamente desde la confianza --que espero que se restablezca entre las
relaciones de los Grupos-- que permite entender que si hay alguna
dificultad en el contenido de algún artículo o enmienda del proyecto de
ley de acompañamiento podrá suspenderse la decisión sobre el mismo,
solamente desde esa confianza y pensando en que este debate de
Presupuestos se realiza en fechas difíciles para la Cámara, el Grupo
Parlamentario Socialista acepta que pueda procederse a continuar las
votaciones.
Gracias. (El señor Cuevas González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, yo pediría un respeto para las personas que no hemos
intervenido en este debate que nos ha hecho perder un montón de tiempo.
En un momento determinado la Presidencia ha tomado una decisión, pero la
Mesa no representa a toda la Cámara, sino a la mayoría de la Cámara, por
ejemplo al Grupo Mixto no la representa. Pero yo respeto a la mayoría.
Yo lo que pediría, repito, es que no se desvirtúe más el debate de los
Presupuestos, que no se nos pida que dejemos por votar artículos de la
ley que vamos a debatir y mezclarlo todo, porque al final nos haremos
aquí un lío.
Yo creo que esto no es un problema jurídico ni de Junta de portavoces,
sino que es un problema político, y creo que se va a resolver
políticamente. ¿Cómo hay que resolverlo? Pues la verdad es que yo no lo
sé. (Risas y aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Senador Cuevas, le ruego que termine inmediatamente.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Yo le rogaría al señor Presidente que me diera
la misma oportunidad.
El señor PRESIDENTE: Senador Cuevas...
El señor CUEVAS GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Senador Cuevas, quiero manifestarle en nombre de
todos los miembros de la Mesa que emplear tiempo en resolver un problema
de procedimiento nunca es perder tiempo. La Mesa creo que representa a
todos los Grupos Parlamentarios cuando para proteger precisamente el
procedimiento ha suspendido la sesión y ha intentado encontrar una
fórmula de resolución de un problema formal, que no político, con todas
las garantías constitucionales.
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar el Título VIII, porque el Título VII fue ya objeto ya de
votación.
Título VIII, artículos noventa y siete a cien, y Anexo VIII.
Enmiendas números 894, 895 y 896 de los Senadores Cuevas González y
Vilallonga, que se someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, cuatro; en contra, 131; abstenciones, 107.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1.166 y 1.167 de los Senadores de Coalición Canaria,
que se someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 13; en contra, 127; abstenciones, 101.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 182 a 186 del Grupo Parlamentario Popular, que se
someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 100; en contra, 137; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el Título VIII, artículo noventa y siete a cien y
Anexo VIII del texto del Dictamen conjuntamente, que se somete a
votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, 139; en contra, 100; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposiciones Adicionales Primera a Vigésimo séptima, excepto la vigésimo
quinta que fue suprimida por el Dictamen de la Comisión. A ellas se han
presentado las siguientes enmiendas que pasamos a someter a votación.
En primer lugar, la 1.452 del Senador Alierta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 111; en contra, 127; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 1.571 y 1.572 del Senador Cañellas y otros Senadores, que se
someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 101; en contra, 137; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 904 a 930 del Senador Cuevas y Senadora Vilallonga, que
se someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, tres; en contra, 131; abstenciones, 106.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda del Senador Olivencia Ruiz, del Grupo parlamentario
Popular, número 1.717, que se somete a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 111, en contra, 127; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 1.226 y 1.283 del Senador Ramón i Quiles, que se
someten a votación Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 107, en contra, 127; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1.299 y 1.308 del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, que se someten a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 13, en contra, 128; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
De Coalición Canaria las enmiendas números 1.168 a 1.172, que se someten
a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 13, en contra, 127; abstenciones, 101.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmiendas de Convergència i Unió fueron retiradas.
Enmiendas números 189 a 214 del Grupo Popular, que se someten a votación.
(El Senador Ramón i Quiles pide la palabra.)
Perdón, el Senador Ramón i Quiles tiene la palabra.
El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de las enmiendas 204, 211, 212, 213 y 214.
El señor PRESIDENTE: Las enmiendas números 204, 211, 212 y 213 entiendo
que pueden ser sometidas conjuntamente a votación. ¿Y la 214, también?
El señor RAMON I QUILES: Sí.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 100, en contra, 132; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las restantes enmiendas de este Grupo Parlamentario
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 101, en contra, 132; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen de las Disposiciones Adicionales Una a Veintisiete,
según la numeración remitida, excepto la veinticinco que fue suprimida.
(El señor Ramón i Quiles pide la palabra.) El Senador Ramón i Quiles
tiene la palabra.
El señor RAMON I QUILES: Señor Presidente, únicamente quiero manifestarle
que este Senador ha entendido al revés el sentido de votación, y por eso
ha aparecido como voto de abstención lo que pretendía yo que fuera voto
válido a esas enmiendas que yo había pedido que se votaran separadamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sometemos a votación las disposiciones adicionales primera a vigésimo
cuarta, vigésimo sexta y vigésimo séptima, a la que se añaden tres
disposiciones nuevas introducidas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 133, en contra, 106; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Se someten a votación las disposiciones transitorias primera a novena,
enmiendas números 931 a 943 de los Senadores Cuevas y Vilallonga. (El
señor Granado pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Granado.
El Señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
A la enmienda 934 existe una transaccional que se ha hecho llegar a la
Mesa firmada por los portavoces de cinco grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: El texto propone una enmienda transaccional a la
enmienda número 934 del
Grupo Parlamentario Mixto de supresión del apartado uno en la Disposición
Transitoria Quinta.
Se someten a votación las enmiendas del Senador Cuevas y de la Senadora
Vilallonga, excepto la 934.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, cuatro; en contra, 132; abstenciones, 106.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente pasamos a votar la enmienda 1.240 del Senador Ramón i
Quiles.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, ocho; en contra, 127; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se somete a votación la enmienda número 1.309 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 11; en contra, 128; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se someten a votación las enmiendas números 215 a 219 del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 101; en contra, 127; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda transaccional a la que
antes me he referido de supresión del punto primero de la Disposición
Transitoria Quinta, uno.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 140; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada e incorporada al texto del dictamen.
Sometemos a votación las disposiciones transitorias primera a novena.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a
favor, 136; en contra, 102; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Se someten a votación las disposiciones finales, primera a tercera,
enmiendas números 944 y 945 de los Senadores Cuevas González y Vilallonga
Elviro.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a
favor, 105; en contra, 130; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
números 220 y 221.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 102; en contra, 137; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación las disposiciones finales primera a tercera del
texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 139; en contra, 100; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Se somete a votación la enmienda 1.310 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 13; en contra, 127; abstenciones, 101.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION
PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO (S. 621/000010) (C. D.
121/000014)
El señor PRESIDENTE: Tal y como acordamos en la Junta de Portavoces vamos
a someter a votación, en relación con el proyecto de ley de medidas
fiscales de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la
protección de desempleo, la enmienda de veto sostenida como voto
particular por el Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 103; en contra, 131; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: No habiendo alcanzado la mayoría necesaria queda
rechazado.
Entramos, a continuación, en el debate del dictamen de la Comisión de
Economía y Hacienda en relación con el citado proyecto de ley. Comenzamos
con el Título I, artículos uno a nueve bis. Voto particular número tres
de los Senadores Cuevas, Vilallonga, etcétera, enmiendas números 1 a 13 y
51 a 65.
Tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Desde un punto de vista constitucional y democrático lo damos por
defendido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Enmiendas números 16 a 28, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
(Fuertes rumores.)
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Torrontegui. (Fuertes
rumores.)
Silencio, por favor.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: No es que yo conozca muy bien el
funcionamiento de esta Cámara, pero, desde luego, yo ya daba por
terminada la sesión de hoy, señor Presidente, aunque se había establecido
que íbamos a continuar hasta las diez de la noche, pero veo que ahora
tenemos que empezar con un tema completamente distinto aunque sigamos
mañana con los presupuestos. De todas formas, intentaré arrancar con este
proyecto de ley, si es que su señoría no me indica otra cosa, ya que,
debido a la espantada de todos los Senadores, no sé si vamos a poder
referirnos con claridad a las enmiendas que hemos presentado a este
proyecto.
La enmienda número 16 y las siguientes hasta la número 28 fueron
debatidas previamente en el Congreso de los Diputados y fueron rechazadas
en su totalidad en esta Cámara en la Comisión correspondiente. Incluso
diría que anteayer, cuando deliberábamos sobre la presentación y la forma
que iba a tener el Pleno de presupuestos, ya indicábamos prácticamente el
contenido político que tienen estas enmiendas, adicionales todas ellas, y
que con ellas tratábamos de enmendar estos presupuestos añadiendo nuevos
artículos al texto del proyecto de presupuestos en lo que se refiere a
medidas fiscales.
Por este motivo las voy a dar por defendidas en los mismos términos que
hemos justificado en toda esta trayectoria en que se nos ha ido diciendo
que no iban a ser aceptadas.
Por tanto, señor Presidente, casi me voy a ahorrar explicar una vez más
lo que desde nuestra posición de Senadores Nacionalistas Vascos
hubiéramos deseado que se hiciera en estos presupuestos de crisis:
reordenar y mejorar el proyecto pronunciándonos en algo más drástico,
pero no seguir en una política continuista sino en una política por la
que se adoptaran medidas mucho más drásticas y que nos sacaran de esta
crisis secuencial y profunda.
Señor Presidente, sin más, doy por defendidas todas las enmiendas
referentes exclusivamente a medidas fiscales que tenemos presentadas a
este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Senador Torrontegui, ¿entiendo entonces que da por
defendidas todas las enmiendas de su Grupo a este proyecto?
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: No, señor Presidente. Doy por defendidas
todas las que se refieren a medidas fiscales exclusivamente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
El Grupo de Coalición Canaria tiene presentadas las enmiendas números 158
a 161.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Con la enmienda número 160 pretendemos ampliar el campo de los requisitos
exigidos para acogerse a la bonificación del Impuesto sobre Sociedades en
las empresas que se creen en 1994 aumentando el límite promedio de los
trabajadores hasta 25 con el fin de armonizar dicha bonificación con la
vigente legislación sobre Fondos de Garantía Salarial y con el artículo
51 del Estatuto de los Trabajadores.
La enmienda número 158 está en relación con la que acabo de comentar al
solicitar en ella que se amplíe el requisito a 25 trabajadores como
máximo.
Con la enmienda número 159 tratamos que se reconozca que el Estado ha de
compensar a las entidades locales los menores rendimientos producidos por
la aplicación de estas bonificaciones a los tributos locales.
Por último, señor Presidente, retiramos en este momento la enmienda
número 161.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmiendas números 336 a 356 del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió.
Tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas números 336, 337 y 338 se refieren a modificaciones del
apartado de exenciones del Impuesto
sobre el Patrimonio en el sentido de ampliar el ámbito de estas
exenciones y extenderlo a las actividades profesionales y a grupos
familiares en los que el capital social está dividido en porcentajes
inferiores al establecido, o bien en los grupos familiares en que uno de
sus miembros ejerza funciones directivas.
Entendemos que es aberrante la redacción que se pretende con la
modificación de la ley ya que con ella podría darse el caso, tan habitual
por otra parte, de que de una misma familia de socios de una empresa
familiar sólo desgravase el poseedor de más del 25 por ciento de las
acciones. Extendemos la exención incluso en el caso de usufructo, tan
habitual en el traspaso de bienes familiares.
Si la filosofía generalizada de estos presupuestos se sustenta en la
ayuda a la economía productiva, ¿qué mejor que apoyar a las empresas
familiares que representan una gran parte de la actividad comercial e
industrial de nuestro país y que son mucho más estimulables mediante
pequeñas ayudas --algunas más psicológicas que económicas-- que no a las
grandes empresas con las que hay que tomar medidas puntuales y distintas
en cada caso?
El hecho de extender los beneficios de la exención a los profesionales,
siempre que ejerzan de forma habitual, personal y directa la actividad, o
por su cónyuge, y constituya su principal fuente de venta, contribuirá a
que la aplicación de la ley lo sea en términos muchos más justos. Hasta
aquí, la defensa de esas tres enmiendas.
En cuanto a la número 347, la retiramos en este momento, por entender
que, aunque la variación del epígrafe que pretendemos podría paliar en
parte la competencia --hasta cierto punto ilícita-- que practican algunos
talleres de vehículos especializados, no es fundamental.
En cuanto a las enmiendas 355 y 356, hemos de señalar que desde el inicio
de los trámites de la ley de presupuestos y de la ley de medidas
financieras que la acompaña, pusimos un gran interés en propiciar la
reducción de los costes derivados de la refinanciación de los préstamos
con garantía hipotecaria. La moción que presentamos con este fin en el
Congreso el día 2 de noviembre pasado, que fue aprobada por unanimidad,
prevé esta reducción. Por tanto, conocedores de que se está estudiando
una variación de la Ley Hipotecaria mucho más amplia, que contendrá todas
nuestras aspiraciones, retiramos las dos enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Senador Marca, le rogaría que me indicara,
exactamente, qué enmiendas ha retirado su señoría.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Se trata de las números 347, 355 y 356.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Enmiendas números 170 a 207, del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la defensa de las enmiendas al Título I de la Ley que conocemos
como de acompañamiento a los presupuestos, puede resumirse en muy pocas
palabras. Cuando esta mañana defendíamos las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular al Título VI de la ley de presupuestos
argumentábamos --por lo menos, con extensión, aunque no con rigor, puesto
que a casi nadie hemos convencido para que vote a su favor-- sobre la
necesidad de cambiar el modelo fiscal de nuestro país.
Al estudiar estos artículos de la ley de acompañamiento nos da la
impresión de que se trata, fundamentalmente, de un conjunto de
compromisos sobre una intención inicial del Gobierno de llevar a cabo
unas modificaciones fiscales para el relanzamiento económico, para
reactivar la actividad económica; conjunto de compromisos que,
posteriormente, fue plegando alas sobre cada uno de los artículos de esta
ley que, al final, ha quedado bastante menguada en su objetivo principal:
promover empleo, actividad económica, e inversión.
Ya que se ha hablado hace unos minutos de artificiosidad en las
relaciones entre los grupos parlamentarios --esperemos que no sea así--,
opinamos que esta ley es artificiosa. Incentivos, hay pocos, y son
contradictorios con lo que se propone e indica, tanto en esta ley, como
en la de presupuestos.
Me van a permitir que lea algunos párrafos del reciente informe
presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas, el famoso Libro
Blanco, cuyo título es: «Crecimiento, competitividad, empleo. Retos y
pistas para entrar en el siglo XXI». Libro Blanco que ha merecido el
apoyo de los representantes de nuestro Gobierno que se han manifestado
sobre aquél, en el que se dice, por ejemplo: El elevado nivel de los
costes no salariales de la mano de obra desincentiva el empleo,
ejerciendo un efecto disuasorio. Fomenta la sustitución de trabajo por
capital y favorece la economía paralela. Afecta especialmente al empleo
de las PYME y, por último, da lugar a fugas de inversiones o de
actividades productivas.
Cada uno de los puntos que he detallado constituyen, precisamente, graves
problemas de nuestra economía, y si este informe se ha aceptado por
representantes de nuestro Gobierno, también se deberían aceptar las
consecuencias del mismo, es decir, no incrementar los costes no
salariales de la mano de obra.
Pero, señorías, se han incrementado mediante un aumento de las
cotizaciones a la Seguridad Social, del 0,5 por ciento. Y observen que
los costes no salariales, fiscales, que se valoran por los propios
servicios de la
Comisión, según datos de Eurostad y de la OCDE, relativos al total de
exacciones obligatorias aplicables al trabajo mediante la suma de los
pagos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
cotizaciones sociales, suponen en España para 1991 el 20,4 por ciento.
Bien es verdad que este porcentaje está un poco por debajo de la media de
Europa, aunque bastante por encima de los de Japón y Estados Unidos.
Pero lo que más sorprende de este análisis de la Comunidad --por lo que
parece que en realidad se esté refiriendo a España en el párrafo que
antes he citado-- es que en los últimos veinte años el crecimiento de la
presión fiscal sobre el trabajo en España ha duplicado el relativo a la
Europa comunitaria, ha multiplicado por cuatro el correspondiente a
Estados Unidos y ha aumentado con mucho en relación con el de Japón. Por
tanto, creo que nos encontramos ante un problema capital, al que no se da
solución en la ley de presupuestos, ni en la de medidas financieras.
Hablemos de la actividad económica, de la inversión. Como señalábamos
esta mañana, dudamos de que pequeños incentivos --en cuanto a su cuantía
y su efecto de estímulo, ya que se arrastran desde el pasado-- a la
inversión empresarial en el Impuesto de Sociedades supongan un factor de
arrastre suficiente para promover la inversión que necesita nuestro país,
de cara a esa teórica recuperación de 1994 que, según el Gobierno, se va
a producir y se va a basar, precisamente, en la inversión.
Existe una contradicción en las previsiones macroeconómicas del Gobierno.
Es la formación bruta de capital de la economía española la que va a
pasar de tasas negativas, del 10 por ciento, a tasas positivas, de casi
el 2 por ciento. Tan brusca alteración sólo se explica con una política
decididamente favorable a la inversión, que no encontramos en este texto,
en el que, simplemente, se prevé una exención en el Impuesto sobre el
Patrimonio que tiene la misma eficacia para incrementar la inversión que,
por ejemplo, la deducción de las rentas del capital hasta el importe de
25.000 pesetas en el Impuesto sobre la Renta para fomentar ahorro, y que
es ninguna, puesto que no guarda una relación directa con la inversión
productiva.
Nos encontramos con un incentivo para la creación de nuevas empresas que
reúnan determinadas condiciones. En realidad, o bien se producirán
operaciones que traten de esquivar y simular las condiciones establecidas
en el artículo 2 de esta ley o, alternativamente, muy poca inversión se
va a fomentar con las vacaciones fiscales.
En cuanto al artículo 1, lejos de favorecer los activos financieros que
en estos momentos están atrayendo el ahorro de las familias y las
empresas, como son los fondos y sociedades de inversión mobiliaria, se
les suprime su incentivo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, como es la exención de las muy pequeñas plusvalías que se pueden
generar enajenando hasta medio millón de pesetas al año. Es decir, es una
exención que puede cifrarse, dependiendo de la rentabilidad del fondo, en
no más de 40 ó 50.000 pesetas por año. Eso es lo que se está suprimiendo
en el artículo uno. Y todo eso se sustituye --ese activo de eficacia
probada para atraer el ahorro-- por un pájaro volando que son los planes
de ahorro popular, que todavía no están definidos ni reglamentados,
aunque eso sí, el Gobierno no nos garantiza que en algunos meses lo
estará. Aceptemos que sí lo estén, pero espero que acepten de nosotros
que podamos dudar de su eficacia o, por lo menos, cuestionarnos su
eficacia para atraer el ahorro. Por tanto, estamos desarmando uno de los
incentivos que podría servirnos --de hecho ha servido en los últimos
años-- para mantener ahorro en la economía.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie bastante amplia de
enmiendas al Título I del proyecto de Ley. Voy a repasar algunas de las
más importantes, dada la hora que es y el tiempo que tenemos que dedicar
a este debate. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, consideramos que
hay que dar solución --lo señalábamos esta mañana-- a los módulos y hay
que redefinir los módulos que afectan a las pequeñas empresas o unidades
productivas en aquellos sectores para los cuales se han fijado esos
índices para determinar su beneficio. Estarán de acuerdo conmigo todos
los Senadores aquí presentes en que los módulos, tal como están
definidos, recogen unos coeficientes de beneficio, es decir, vinculan
superficie de local, kilovatios de potencia, etcétera, a unos beneficios
que más bien son fruto de una fase expansiva anterior de la economía
española que los que se están produciendo en la realidad. Estamos en
pérdidas. La mayor parte de las empresas españolas están registrando
pérdidas y, especialmente, las muy pequeñas empresas que son las que se
ven sometidas por los módulos. Un empresario particular que pierde dinero
y encima los módulos le dicen que ha obtenido unos rendimientos durante
el año de 800.000 pesetas, demuestra --este caso es cada día más
frecuente-- que los módulos tienen que ser revisados como concepto, como
unidades, es decir, indicadores físicos que sirven para determinar el
rendimiento e, incluso, por sectores de actividad.
Hay una enmienda respecto de la que teníamos la esperanza de que fuera
incorporada al dictamen en la Comisión y, por tanto, no la perdemos en
cuanto a que sea aprobada en este Pleno. Dicha enmienda se corresponde
con una moción que recibió el voto prácticamente unánime de esta Cámara
hace un mes y medio --creo recordar-- relativo a las indemnizaciones que
reciben los agricultores procedentes de la Comunidad, para compensar la
pérdida de capital productivo. Es importante dar cobertura legal a unas
indemnizaciones que
no constituyen renta, por cuanto que lo único que pretenden es valorar y
resarcir a los propietarios de un capital productivo --viñedos, cabezas
de ganado, etcétera-- al que tienen que renunciar, precisamente, por esa
subvención. Esto no es renta, sea cual sea el concepto fiscal de renta
que queramos mantener y, consecuentemente, siguiendo el sentido de la
moción que se aprobó en este Pleno, esperamos que los Grupos
Parlamentarios se manifiesten en favor de esta enmienda.
Dentro del Impuesto sobre Sociedades, nosotros creemos que sí hay
incentivos y formas para promover la inversión empresarial. Y es más,
para el año 1994 --que tanto les preocupa; sobre todo a los miembros del
Grupo Parlamentario Socialista-- sin coste fiscal alguno. En el año 1994.
Bien es verdad que en los años sucesivos tendrá, incluso, algún coste y,
además, importante. Me estoy refiriendo a la libertad de amortizaciones y
a la regularización de balances. Haciendo memoria, a mediados de los años
80, cuando siendo Ministro de Economía el señor Boyer se aprobó la
libertad de amortizaciones para la inversión empresarial, el Gobierno se
ufanó durante años de que esa normativa fiscal que permitió la libertad
de amortizaciones había servido de estímulo inicial para promover la
inversión empresarial que posteriormente se registró durante los años
1985, 1986 y 1987. Nosotros pensamos que en realidad lo que estaba en
marcha era una recuperación internacional de la economía, que empujaba
muy fuerte por la reducción de precios de materias primas y por la
reducción del valor del dólar y, consecuentemente, había factores
externos que realmente permitían que la economía española se acogiera a
esa recuperación, aparte de una política de saneamiento previa que se
había practicado en nuestro país. En este debate de presupuestos --ayer
el Ministro y todos los portavoces socialistas no dejan de repetirlo en
sus discursos-- hablan de que la economía española está a un punto de la
recuperación, es decir, que falta solamente un paso. Nosotros pensamos
que no; que se está arrastrando por el fondo y no se termina de ver la
recuperación. Pero si ustedes tienen confianza en que la recuperación se
puede producir y, como por otro lado hay indicadores ciertos, como es la
recuperación en Estados Unidos y en el Reino Unido, la libertad de
amortizaciones es una medida muy eficaz, porque cuando se inicia una
expansión cíclica, la libertad de amortizaciones permite concentrar en el
tiempo de inversiones que se realizarían a medio y largo plazo.
Consecuentemente, esta medida tenía que haberla propuesto el Gobierno y
no nosotros. Y, desde luego, en el año 1994 el coste presupuestario es
cero. Si ustedes confían en que en el año 1994 van a equilibrar las
cuentas públicas tal como lo han anunciado, no tendrán problema en
aceptar esta enmienda, porque ya para el año 1995 con una economía que se
recupera según dice la OCDE y según dicen ustedes a un ritmo del 2,5 ó 3
por ciento, ya no habrá problema para obtener los ingresos fiscales
necesarios para compensar el coste tributario que supone aprobar la
libertad de amortización y la regularización de balances. Por esa razón
pensamos que estas enmiendas no deberían tener ninguna objeción por parte
de los Grupos Parlamentarios y de ellos esperamos que las apoyen.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, con nuestras propuestas hemos
mejorado, creo que sustancialmente, la propuesta original del artículo
tercero que incluye este proyecto de Ley. Pensamos que deberíamos debatir
sobre este impuesto. Es atípico. Ahora se apela a la experiencia francesa
de impuesto sobre grandes fortunas, cuando en realidad el Impuesto sobre
el Patrimonio español es otra cosa. El impuesto de grandes fortunas tiene
unos mínimos exentos de en torno a los 80 millones de pesetas. Aquí todo
propietario de un pisito ya es en principio contribuyente; está sujeto
por el Impuesto sobre el Patrimonio. Es decir, el impuesto francés y el
español tienen una estructura distinta. Pero hay dos aspectos en los
cuales hay que mejorar este Impuesto. Primero hay que elevar los mínimos
exentos y, por ello, proponemos que pasen de 15 a 25 millones;
precisamente para dejar exentos del impuesto a los muy pequeños
patrimonios que están concretados, sobre todo, en propiedad inmueble o
urbana. En segundo lugar, reducir al 60 por ciento --no al 70 como está
ahora establecida-- la tributación conjunta en el Impuesto sobre el
Patrimonio y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Además este 70 por ciento ahora tiene una cláusula restrictiva que puede
llevar esta tributación conjunta hasta superar el 100 por cien. ¿Por qué
esta enmienda? ¿Por qué el 60 por ciento de tope máximo? Porque toda esta
ley, incentivar no incentiva. Este artículo concretamente, incentivar la
inversión no la incentiva. Pero de lo que sí estamos convencidos
--estamos recibiendo noticias a diario de ello-- es de que la tributación
conjunta Impuesto sobre la Renta-Impuesto sobre el Patrimonio, a tipos
del 70 más porcentajes que pueden llegar al 100 por cien, está
incentivando la salida de españoles al extranjero y la salida de
inversiones fuera de España. Eso es lo que está incentivando. Es decir,
está afectando negativamente al tejido productivo español. Por tanto,
aunque sólo fuera por el sentido contrario que esta enmienda tiene, es
decir, por incentivar, o mejor dicho, por eliminar un desincentivo
existente, pido el apoyo de la Cámara a esta enmienda.
Ampliamos en nuestras enmiendas el concepto de créditos incobrables en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y lo aplicamos a los impuestos
especiales. Creo que ésta es una ausencia que este proyecto de ley no
debería tener. Aplicar los mismos criterios que permiten que al proveedor
se le devuelva el IVA que ha repercutido y que previamente ha abonado a
la Administración, a un cliente, ya sea por suspensión de pagos, ya sea
por quiebra o por cualquier otro criterio, y hayan transcurrido
más de dos años desde que se inició la gestión de cobro de estos
créditos, pensamos que esta inclusión tanto en el IVA como en impuestos
especiales, fundamentalmente en bebidas alcohólicas, debería ampliarse.
En cuanto a los impuestos especiales, proponemos una enmienda que cuesta
muy poco dinero, bastante menos que algunas de las propuestas que
incluyen los artículos del 1 al 3 inclusive, y que incentiva bastante más
la actividad productiva en nuestro país que cualquiera de los tres
artículos precedentes, que sería la reducción de cinco puntos en el
Impuesto sobre Matriculación, que recae sobre los vehículos que están
gravados por este impuesto.
¿Por qué decimos que cuesta bastante menos? Se ha sugerido que la
reducción de cinco puntos podría suponer unos 40.000 millones de pesetas.
Pensamos que es bastante menos de la mitad, en torno a 15.000, 18.000
millones y no llegaría a 20.000 millones una propuesta como ésta, que,
por un lado, supone una pérdida recaudatoria pero, por otro, dadas las
estadísticas de adquisiciones de este tipo de vehículos de transporte,
tendría un efecto inducido sobre ventas que permitiría recuperar una
parte significativa del coste fiscal, pero sobre todo tendría un efecto
repercutido sobre el coste social, como puede ser por regulación de
empleo, por jubilaciones anticipadas, que permitiría recuperar la otra
parte, es decir, hasta más de la mitad del coste aparente de una
propuesta fiscal de reducción de sólo cinco puntos del impuesto sobre
vehículos gravados por el Impuesto sobre Matriculación. Observen que es
una propuesta bastante moderada reducir del 13 al 8 por ciento, tan sólo
cinco puntos.
Por último, respecto de los impuestos locales, tanto el Impuesto de
Bienes Inmuebles como el de Actividades Económicas, tengo que decir que
se introducen algunas modificaciones técnicas que no creo que sea
necesario que comentemos en este momento.
Lo que sí se solicita, finalmente, en las disposiciones adicionales de
las enmiendas que propone el Grupo Parlamentario Popular, es una serie de
actitudes, compromisos por parte del Gobierno de que las cosas realmente
van a cambiar y no nos vamos a limitar a decretar unas vacaciones
fiscales que van a tener muy reducida eficacia y que van a actuar sobre
los mercados de forma muy poco neutral, como por ejemplo, la remisión
urgente de la nueva ley general tributaria, por lo menos en el apartado
del estatuto del contribuyente para regular, y hacerlo de una forma que
nosotros entendemos necesaria, las relaciones entre los contribuyentes y
la Administración fiscal.
También pedimos que se permita la compensación de deudas tributarias de
aquellos créditos que las administraciones no hayan pagado a los
proveedores, suministradores o por cualquier otra razón a acreedores de
las administraciones públicas.
En tercer lugar, creemos que es necesario un informe sobre el fraude
fiscal. Es necesario que esta sociedad se conciencie de que el fraude
fiscal es un peligro, no sólo social, sino económico. Es necesario
reformar la fiscalidad y es necesario, como dice el Libro Blanco, reducir
los costes no salariales de la mano de obra. Ello sólo se podrá conseguir
si aumentamos la base de contribuyentes y si cada uno paga lo que tiene
que pagar.
Por tanto, solicitamos ese informe urgente sobre el fraude fiscal, y con
ello creo que podríamos debatir en este Pleno una propuesta reformadora
que no esté tan condicionada por la pérdida recaudatoria y que ni el
Gobierno ni el partido que lo sustenta ni el que facilita la
gobernabilidad de ambos se sientan tan constreñidos, tan limitados por
los costes tributarios directos que tienen las propuestas que realiza el
Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Utrera.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado tres votos
particulares, pero no a los contenidos de este título I de la Ley, sino a
disposiciones adicionales, por lo que la defensa de los mismos la dejamos
para el momento procedimental oportuno.
Fijándonos en las intervenciones de los portavoces de los diferentes
grupos, el Grupo de Convergència i Unió, a través de su portavoz, Senador
Marca, ha defendido tres enmiendas vinculadas al artículo tercero de la
Ley, concretamente las números 336, 337 y 338, y quiero adelantar que el
Grupo Parlamentario Socialista no puede aceptar las enmiendas números 336
y 338, pero sí queremos aprovechar la oportunidad para producir «in voce»
un acuerdo transaccional modificando literalmente el contenido de la
enmienda. La enmienda dice: En el supuesto de que en varios sujetos
pasivos titulares de participación en el capital de la entidad concurra
la condición prevista en la letra siguiente de este apartado, el
requisito de participación del 25 por ciento..., y nosotros queremos
modificarla y cuantificarla en 20 por ciento. Con ese contenido, el Grupo
Parlamentario Socialista apoya la enmienda 337 presentada por el Grupo de
Convergència i Unió.
Los diferentes grupos han presentado un conjunto de enmiendas a este
título I de forma tal que el conjunto de enmiendas de los diferentes
grupos, al igual que las que presentaron al título VI de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, configuran la posición política de los
distintos grupos ante las normas tributarias y las medidas que el
Gobierno propone en el título VI, reitero, de la Ley de Presupuestos y en
este título I.
La posición del Grupo Parlamentario Socialista a este artículo primero,
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, concretamente
incrementos y disminuciones de patrimonio, es ya bastante coherente, como
es lógico, con la que hemos expuesto a lo largo del debate de hoy por la
mañana.
La enmienda número 51, presentada a este artículo primero por Izquierda
Unida --lo digo para que el Portavoz de Izquierda Unida, aun cuando no
está presente en esta Cámara, no pueda argumentarme lo mismo que esta
mañana, en el sentido de que no hice referencia a sus enmiendas--
pensamos que se contesta con el propio contenido y en los propios
términos de la ley General Tributaria. En efecto, el artículo cuarto de
la Ley General Tributaria afirma que los tributos, además de ser medios
para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumentos de la
política económica general, atender a las exigencias de estabilidad y
progreso social y procurar una mejor distribución de las rentas. Creemos
que el artículo primero del Título I de esta Ley responde a esa
filosofía, no la quiebra, y consiguientemente, pensamos que la enmienda
número 51, de Izquierda Unida, es rechazable.
También estimamos que la enmienda número 52 carece de fundamento, puesto
que en ella se plantea la desaparición de diversos párrafos del proyecto
de ley porque contienen, según dice la enmienda, una modificación del
artículo 44 de la Ley 18/91, del IRPF. Señorías, es razonable que
precisamente esta Ley modifique determinados preceptos de otra Ley, y,
desde luego, no se produce ninguna quiebra procedimental ni se violenta
el ordenamiento jurídico constitucional.
La enmienda número 53, también del Grupo de Izquierda Unida, podemos
argumentarla diciendo que a lo largo del debate de la mañana --vinculado
al Título VI de la Ley de Presupuestos--, y el actual, se han hecho
razonamientos de naturaleza fiscal de diferente índole. Permítasenos
decir que la diversidad de los diferentes tratamientos fiscales que
distintos Grupos políticos, en acción de gobierno, puedan llevar a cabo
para materializar los conceptos políticos que les son propios, sin duda,
tiene que afectar en la rentabilidad final de las inversiones, lo cual
puede llevar a la deslocalización en busca del régimen fiscal más
beneficioso. Es por ello por lo que el Gobierno español ha pretendido
preparar un sistema fiscal adecuado para posibilitar una libertad de
movimientos de capitales en 1993, desde la perspectiva de dos componentes
diferenciados.
Ante esos objetivos, situamos en primer lugar el establecimiento de una
estrategia ofensiva destinada a atraer a nuestro país capital procedente
de otros países, fomentando para ello la inversión de los no residentes,
es decir, la localización en el espacio financiero español del ahorro de
los residentes en otros países de la Unión Europea. En el texto
legislativo figura asimismo un planteamiento complementario en esa línea:
el establecimiento de una estrategia defensiva destinada a evitar que el
ahorro nacional se localice en otros mercados financieros diferentes al
de nuestro país, para lo cual es necesario el establecimiento de un
sistema fiscal para nuestros residentes que contribuya al equilibrio de
las rentabilidades financiero-fiscales ofrecidas --de manera
interesante-- por distintos mercados financieros competitivos con el
propio mercado nacional. Señoría, permítasenos decir que es preciso
recordar que los rendimientos obtenidos por el capital financiero de un
ciudadano español invertido como no residente en otro país tienen que
tributar en España, de acuerdo con lo que dice la normativa fiscal
española.
Desde esta doble perspectiva, el texto empieza --y es cierto-- a pergeñar
algo que el Grupo Parlamentario Socialista no va a rehuir, y es que el
Gobierno, desde el año 1991, tenía la obligación de haber puesto en
marcha los planes de ahorro popular. Razones argumentadas en las Cortes
Generales por los dos últimos Ministros de Economía y Hacienda, el señor
Solchaga y el actual Ministro, señor Solbes, nos permiten pensar que, en
efecto, nos estamos acercando al punto de la puesta en marcha de esos
planes de ahorro popular. Y ello lo decimos desde una lectura razonable
del artículo primero de la ley.
En efecto, los fondos de inversión mobiliarios, o los fondos
inmobiliarios, y los de distinta naturaleza, han tenido a lo largo de los
dos últimos años un «boom» --según datos procedentes de distintos
organismos y que están reflejados en la prensa-- realmente espectacular.
El Gobierno pretende ir produciendo la reconducción de esas actuaciones
financieras, vinculadas a sociedades o a particulares, en la línea de ir
estimulando, en el caso de particulares, el ahorro popular, y de ahí
precisamente el establecimiento de lo que recoge este artículo primero.
Señorías, desde esa óptica global, nosotros pensamos que esa estrategia
defensiva, junto con la intencionalidad de captación de capitales, va a
posibilitar una reactivación, no en solitario, sino junto con otras
medidas, del mercado financiero español que, como es evidente, a lo largo
de los últimos años ha pasado por auténticas situaciones de convulsión.
Determinados parámetros que ahí están, como es, por ejemplo, una
contención bastante razonable del índice de precios al consumo, o la
eclosión que se ha producido en la Bolsa en las últimas fechas, nos
permiten pensar que las medidas adoptadas por el Gobierno están
consiguiendo reactivaciones y generando ilusiones, a las que hice
referencia en el debate de esta mañana.
Rechazamos también la enmienda número 54, por cuanto, de hecho, no hace
ninguna aportación positiva desde la perspectiva de este Grupo
Parlamentario.
Las enmiendas números 171, 172, 174, 175, 177 y 178 del Grupo
Parlamentario Popular están en la línea argumental
de la exposición llevada a cabo por su portavoz en ambas sesiones, y
nosotros creemos que están en una línea de coherencia defendida por el
Grupo Parlamentario Popular, pero ofrecen un modelo de tributación
distinto al que plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
Voy a referirme ahora a la enmienda número 176, vinculada a la
tributación de explotaciones agrícolas. Señorías, es cierto que en esta
Cámara se produjo la aprobación de una moción, por unanimidad, en la que
fundamentalmente se planteaban actuaciones tributarias para agricultores
que, sometidos a situaciones de inclemencia del tiempo, a situaciones
adversas, reciban indemnizaciones a efectos de poder regenerar su
patrimonio y sus mecanismos de vida.
El Grupo Parlamentario Socialista le adelanta que no podemos aprobar la
enmienda número 176 que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular en
sus estrictos términos, y con ello pensamos que no estamos en absoluto ni
devaluando ni violentando el acuerdo producido en esta Cámara en la
moción de referencia, por cuanto este Grupo Parlamentario Socialista se
compromete a dirigirse al Gobierno para el establecimiento claro,
específico y monográfico, en los primeros meses del año próximo, de
mecanismos de financiación estimuladores de la vida económica en el
sector agrario, en el que este aspecto en concreto figurará claramente
recogido.
El Artículo Segundo, de Bonificación del Impuesto sobre Sociedades, se ve
afectado por un conjunto de enmiendas, las números 174, 180 y otras
cuantas más, en las que el Grupo proponente, el Grupo Parlamentario
Popular, reconduce el contenido de ese artículo a los regímenes de
transparencia fiscal, que pueden ser objeto de debate en otro momento y
en otras circunstancias, y en estos instantes simplemente adelanto,
señoría, nuestro voto en contra.
Sucesivas enmiendas, como las números 55, 58, 61, etcétera, de Izquierda
Unida y otras que plantea el Grupo Parlamentario Vasco, con una serie de
iniciativas que desbordan mucho la intencionalidad de esta Ley, con la
regularización de balances y la introducción de capítulos nuevos, el
Grupo Parlamentario Socialista no puede aceptarlas por cuanto, si bien es
posible que tengan contenidos densos y aplicación importante en el seno
de la Comunidad vasca, su extrapolación a toda la estructura del Estado
español desborda con mucho el ámbito de esta ley. De ahí nuestro rechazo.
Las enmiendas vinculadas al Artículo Tercero, las números 188 y 61,
produciendo modificaciones sustanciales en los tipos máximos del Impuesto
sobre el Patrimonio, en la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio
actual, tampoco pueden ser aceptadas por este Grupo Parlamentario, pues
suponen introducciones importantes en la desviación del planteamiento que
ha inspirado este proyecto de Ley, que no es en absoluto transformar en
plenitud leyes tributarias aprobadas por esta Cámara y,
consiguientemente, nos parece improcedente introducir en estos tres
artículos todas las modificaciones que los diferentes Grupos quieren
hacer, tal como quisieron hacer en la tramitación de la Ley del IRPF o en
la Ley sobre el Patrimonio, hace precisamente algo más de un año.
En el Impuesto sobre el Valor Añadido y en la modificación de la base
imponible recogido en el Artículo Cuarto, figura también, por parte del
Grupo Parlamentario Popular, la enmienda número 196, que rechazamos,
porque estimamos que la creación del régimen de franquicia determina un
riesgo de economías de opción de difícil control.
Las enmiendas números 194, 195, y la 269, del Grupo Parlamentario de
Nacionalistas Vascos, también las rechazamos.
En cuanto a los tributos locales, tanto para el Artículo Cinco, Exención
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a los centros
concertados, como para el Artículo Seis, Modificaciones en el Impuesto
sobre Actividades Económicas, lo que se refiere al Impuesto sobre
Actividades Económicas, bien saben sus señorías que existe una enmienda
transaccional, que ha sido firmada por los diferentes Portavoces, pero
que figura recogida en una disposición adicional, luego en estos momentos
no puedo producir su defensa. Creemos que con ello se da satisfacción a
demandas de la Federación Española de Municipios y Provincias y,
consiguientemente, al movimiento municipalista español.
Por lo que se refiere a los Artículos Siete, Ocho y Nueve no vamos a
aceptar ninguna modificación en su articulado, con lo cual, señor
Presidente, termino mi intervención en esta primera fase.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Segura.
Pasamos al turno de Portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Gracias, señor Presidente.
Sólo para decir al Portavoz Socialista que, dado que la votación no se
efectuará esta mañana, según tengo entendido, nos queda toda la noche
para poder pensar en el ofrecimiento que ha hecho el Senador Segura sobre
una transaccional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Le deseo mejor noche.
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Consumiré un brevísimo turno sólo para comentar una de las frases que ha
dicho el portavoz Socialista sobre que nosotros proponíamos un cambio
estructural --exactamente no sé el término que ha utilizado--, un cambio
excesivo en la estructura del Impuesto sobre el Patrimonio, simplemente
tratando de elevar el mínimo exento y reduciendo un coeficiente.
Cuestiones en las que estamos perfectamente informados sobre cómo se
pueden hacer, cuáles son sus consecuencias e, incluso, cuál es su coste y
sus efectos sobre los contribuyentes; mientras que no lo estamos tanto
sobre la modificación, que desde luego es mucho más estructural, que
introduce este proyecto de ley en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Por lo demás, me reitero en mis argumentos y en las enmiendas de mi Grupo
Parlamentario. Pensamos que constituyen un programa, un plan o si se
quiere, sencillamente un conjunto homogéneo de iniciativas que podrían
tener eficacia para relanzar la inversión. Lamentamos por último que el
proyecto de ley salga como parece que va a salir aprobado de esta Cámara,
porque, si se recupera la inversión, estamos convencidos de que será por
otro motivo totalmente distinto al de la aprobación de este proyecto de
ley y de las medidas que incluye.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Utrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Corresponde una breve intervención porque el Grupo Parlamentario Popular,
tanto en las exposiciones producidas en el Título VI de la ley de
Presupuestos como en éste, ha venido defendiendo el modelo que ha
defendido en esta Cámara en los últimos años. Pero esta ley de
acompañamiento, como la hemos denominado en términos familiares, viene a
constituir una ley complementaria de la ley de Presupuestos. Y si
analizamos las disposiciones adicionales, veremos que constituyen
iniciativas, bien del Gobierno o del Grupo Parlamentario Socialista en
ambas Cámaras, o de los otros Grupos, en la línea, precisamente, de
combatir el fraude fiscal, que ha sido una preocupación expuesta por el
Senador Utrera. Pero comprenderán sus señorías que, desde luego, la
aceptación de ese paquete importante de enmiendas que reiteran la
posición de los diferentes Grupos y que significan una coherencia con un
planteamiento político --no se puede negar en absoluto-- no es la
intencionalidad de este texto legislativo. Este texto tiene que
convertirse en un mecanismo de apoyo a la ley de Presupuestos, no en un
mecanismo distorsionador de los contenidos de dicha ley.
Por tanto, señorías, la posición del Grupo Socialista es la del rechazo a
esas enmiendas, desde esa perspectiva: por considerar que distorsiona la
intencionalidad recogida, al menos en el Título I de esta ley, que es
complementario del VI, de normas tributarias diferenciadas, que recoge la
ley de Presupuestos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Segura.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.