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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 7, de 19/10/1993
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1993 V Legislatura Núm.7
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA
PRESIDENTE: DON ANTONIO MARTINON CEJAS
Sesión núm. 2
celebrada el martes, 19 de octubre de 1993, en el Palacio del
Senado
ORDEN DEL DIA:
-Delegación de facultades en la Mesa (números de expediente: S.
572/000002; C. D. 042/000007)
-Comparecencia, a petición propia, del Delegado del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, Excmo. Sr. don Baltasar Garzón
Real (números de expediente: S. 713/000014; C. D. 212/000014)
Se abre la sesión a las once horas.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Comenzamos la reunión de la Comisión Mixta para el Estudio del
Problema de la Droga.
-DELEGACION DE FACULTADES EN LA MESA (S. 572/000002, C. D.
042/000007)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día:
Delegación en la Mesa de las facultades relativas a las
solicitudes de comparecencias y petición de información y
documentación.
¿Puedo entender que existe conformidad por parte de la Comisión?
(Pausa.) Muchas gracias.
Por otro lado, y en cuanto a las normas de funcionamiento de la
Comisión se refiere, la Mesa y la Junta de Portavoces proponen
que la Comisión se rija por el Reglamento del Congreso de los
Diputados, si fuera necesario utilizarlo en algún momento de sus
trabajos. ¿Se entiende adoptado este acuerdo? (Pausa.) Muchas
gracias.
-COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS (S. 713/000014, C. D. 212/000014).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
que se refiere a la comparecencia de don Baltasar Garzón,
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Bien venido a la Comisión. Su señoría tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Garzón Real): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados y Senadores, comparezco ante la
recién creada Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del
Problema de la Droga, a petición propia. Mi intención era,
además, haber presentado la Memoria de actividades de 1992 en
este mismo acto, para que nos sirviera de motivo de reflexión y
discusión de los problemas que en ella se recogen, y de su
contenido en general. Pero, a pesar de ser ese mi firme deseo,
circunstancias coyunturales han impedido que dicha presentación
se produzca. La convocatoria adelantada de elecciones y la
sustitución del Delegado anterior por quien les habla, han
imposibilitado que la Memoria se presentara en las fechas en que
era habitual otros años, y esas circunstancias hicieron
aconsejable no retrasar más su presentación pública.
No obstante, hubiera sido mi deseo que los grupos parlamentarios
hubiesen tenido conocimiento del contenido de la Memoria antes de
su presentación en rueda de prensa pero, como he señalado,
circunstancias ajenas a mi voluntad han impedido que eso fuera
así, aunque su remisión se hizo de forma anticipada.
En cualquier caso, la asunción de responsabilidades por mi parte,
al frente de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, hacía
necesaria mi comparecencia, para que expusiera ante esta Comisión
los nuevos proyectos y los que ya se están ejecutando y, a la
vez, para pedir y ofrecer una colaboración intensa de la
Delegación a esta Comisión, ya que considero que éste debe ser el
foro en el que se lleven a cabo un debate intenso y las
discusiones que sean necesarias, porque entiendo que tenemos que
afrontar el problema de la droga entre todos los sectores
implicados.
Comparezco, señorías, con una doble motivación, de preocupación e
ilusión, por la responsabilidad que tengo que ejercer.
Preocupación, porque no cabe desconocer que la droga es uno de
los problemas que siguen siendo acuciantes, uno de los más
importantes para todos los españoles. Por ello, debe constituir
un principal motivo de reflexión.
No nos podemos engañar: los problemas que plantean las drogas no
tienen una solución fácil; probablemente, sea muy difícil
encontrar una solución global y que satisfaga a todos los
afectados. No obstante, como ya he dicho, es necesario el
esfuerzo y la colaboración de todos los sectores implicados:
Administración, administraciones autonómicas, ayuntamientos,
organizaciones sociales, Parlamento, etcétera. Tendremos que
ponernos, de forma conjunta, manos a la obra.
La droga ha sido, y será siempre, un tema prioritario, no sólo en
España, sino en el resto de los países civilizados, y en todos en
general. Por eso, debe intentarse afrontar esta cuestión con
medidas que afecten a cada uno de los frentes en los que hay que
desplegar esas actividades: a los de la prevención, la
rehabilitación y la represión y, además, hacerlo de una forma
coordinada, tanto interna como externamente, es decir, dentro de
nuestras fronteras y fuera de ellas.
He dicho que también comparecía con ilusión. Efectivamente, lo
hago así, porque estoy convencido de que se están aportando
soluciones válidas que muestran la tendencia a una reducción
constante, tanto del consumo de estupefacientes, como del daño
que se produce por los hábitos de consumo de determinadas
sustancias. Bien es cierto que en otras se está detectando un
aumento del consumo. También se está produciendo un cambio de
hábitos de consumo. Todo esto hay que entenderlo con la
relatividad necesaria, porque en asuntos como éste no se puede,
evidentemente, hacer una afirmación global, genérica y
definitiva.
Que esto es así se demuestra en la última memoria de situación de
la delegación del Plan Nacional sobre Drogas, la memoria
correspondiente a 1992, en la que se constata que en la última
década ha descendido la tasa de utilización de derivados del
cannabis y de la heroína y del número de drogadictos por vía
parenteral. En cambio, aumenta ligeramente el consumo de
cocaína y lo que puede ser más preocupante -dedicaré parte de mi
exposición posterior a ello-, se produce un aumento en el consumo
de las drogas llamadas vulgarmente de diseño.
También estoy seguro de que entre todos podemos encontrar y
aportar nuevas soluciones. Esfuerzo éste en el que estoy
convencido, señorías, y así sería deseable, que vamos a converger
todos y cada uno de los interesados en esta cuestión. El diálogo
permanente con los representantes del pueblo, que ya he iniciado
con otros sectores sociales, va a permitir la creación de ese
frente común que haga eficaces las labores de coordinación e
impulso que corresponde a la delegación del Plan Nacional sobre
Drogas.
La magnitud de los problemas que las drogas plantean exige que se
les haga frente para paliar sus efectos desde posiciones lo más
amplias posibles y siempre, insisto, con soluciones coordinadas,
expresión ésta que me oirán bastantes veces a lo largo de mi
exposición. El acopio de esfuerzos y la unidad integradora de
actuación son fundamentales para formar una especie de punta de
lanza que penetre en el corazón del fenómeno.
Acabo de hablar de los problemas, y lo hago en plural porque son
varios. Está el problema de los toxicómanos, que son las víctimas
inmediatas; está el de la incidencia, siempre negativa, en el
grupo social de este fenómeno; el de la actividad delictiva que
precede al consumo; el del dinero sucio o ilícito que pone en
circulación; el de la corrupción que genera ese dinero y que a
veces alcanza hasta los propios servicios del Estado y, en
definitiva, el de ser una de las actividades principales y
preferidas de las organizaciones criminales.
Todos estos frentes han de ser abordados y hacer en todos ellos
una política inteligente. Ninguno de ellos debe olvidarse. Para
ello, acepto y pido cualquier sugerencia, cualquier iniciativa,
cualquier manifestación crítica que pueda ayudar a superar las
deficiencias del actual diseño y que nos puedan servir de apoyo
para el desarrollo de nuevas medidas de intervención. Esta
petición la hago con total y absoluta sinceridad. Entiendo e
insisto en que el foro de debate adecuado debe ser el de esta
Comisión de estudio.
Nuestra sociedad está demandando una solución al respecto y todos
estamos obligados a conseguirla o, por lo menos, a intentar
buscarla. Un problema de Estado requiere una solución de Estado y
en una solución de Estado todos los interlocutores sociales han
de estar implicados. La democracia es un sistema de
discrepancias, pero también de encuentro y acuerdos y esa,
evidentemente, es su virtud.
Situaciones como a la que nos enfrentamos exigen una política de
amplio compromiso y consenso, consenso que si se plasma en la
generalidad de los sectores sociales implicados, ha de plasmarse
necesariamente en las instituciones, ha de tener un reflejo
institucionalizado entre sus legítimos representantes.
Hay que evitar a toda costa una disociación con el sentir social,
ya que únicamente saldría beneficiado por el problema que hoy nos
reúne, el de la droga, la sociedad. Con ello no solicito
indulgencia ante mi gestión, sino todo lo contrario: exigencia de
responsabilidad en la misma.
Antes me he referido a la necesidad de aunar voluntades y buscar
soluciones coordinadas. Estas dos ideas son las que han de
presidir cualquier reflexión sobre cuál es el estado actual y
cuáles son las vías que han de abordarse, que han de seguirse
para ponerle solución. Ya la conferencia sectorial de marzo de
1993 aprobó, a propuesta de la comisión interautonómica, que
sería conveniente, necesario abrir un proceso de reflexión, a fin
de reelaborar los contenidos y prioridades del Plan Nacional
sobre Drogas.
Se impone abrir un debate general a través del primer congreso
nacional del Plan Nacional sobre Drogas, en el que se pongan a
prueba las actuales estrategias y se estudien otras vías. A este
debate ha de acudirse sin conclusiones apriorísticas y sin
postulados inamovibles, aparte de los ya indicados de buscar el
consenso y las políticas coordinadas.
A partir de ahí, entiendo que debemos plantear con claridad todas
y cada una de las reflexiones que sean menester, todas y cada una
de las discrepancias. Se trata, en definitiva, de hacer un parón,
de analizar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien;
si lo que estamos haciendo es lo que se debe hacer o si, por el
contrario, estamos absolutamente disociados de lo que es el
devenir de la sociedad en esta materia.
Entiendo que esta reflexión es importante. Así la he compartido
con representantes de Naciones Unidas y próximamente en la
Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar a partir
del día 26 de este mes, en mi intervención propondré también que
esta reflexión se lleve a cabo a nivel internacional. Para ello,
insisto, cuento con el apoyo de hecho del Director ejecutivo del
organismo de fiscalización internacional de drogas, del PNUFID.
Un debate de esta naturaleza, siendo imprescindible, en ningún
momento debe suponer una dejación o un frenazo en la acción de la
Administración en este campo. Para actuar, lo primero que se
requiere es conocer la realidad sobre la que vamos a trabajar. Es
necesario contar con un sistema fiable y lo más riguroso posible
de análisis de esa situación real, de esa realidad. Por eso, se
está elaborando un proyecto de ley para la creación del
observatorio español sobre drogas. Dicho observatorio supondrá la
creación de un sistema nacional de información integral sobre las
drogas, que se ocupará de la captación sistemática de
información, del análisis de esa información y, en definitiva, de
potenciar, adecuar y hacer más operativa la información de la que
se disponga, de la información aportada, evitando que se pierda
esa información, con lo cual
perderemos posibilidades de atacar y de conocer ese problema.
Por tanto, se tendrá que reforzar el sistema estatal de
información sobre toxicomanías, el SEIT, completándolo con datos
provenientes de distintas instituciones, como pueden ser la
Fiscalía especial antidroga, el Ministerio del Interior,
ayuntamientos, institutos anatómicos forenses, etcétera. Es
decir, se trata de abordar en su integridad esta información,
estableciendo, además, con carácter fijo un sistema de encuestas
de ámbito nacional. En la Comunidad Europea -también en esta
línea- se está preconizando y desarrollando lo que será en el
futuro el observatorio europeo sobre drogas.
La necesidad de contar con más información como instrumento
fundamental para la prevención eficaz, invita a desarrollar e
inspira dos encuestas. Una ya se está elaborando -la encuesta de
población global nacional- y, probablemente, sus resultados los
tendremos a finales del mes de noviembre o primeros de diciembre,
hecho del que oportunamente informaremos a sus señorías. También
se está trabajando en el diseño de la encuesta sobre población
escolar y aspiramos a que los resultados se produzcan a más largo
plazo: entre octubre y noviembre del año 1994. En estas
encuestas, sobre todo en la primera quizá ya no sea posible, pero
sí aspiro a que en la primera memoria del año 1993 se introduzcan
datos que actualmente no se recogen relativos, por ejemplo, al
blanqueo de dinero y a otra serie de puntos que muestren -como
decía antes- una visión más globalizada de todos los aspectos del
problema.
La ya aludida necesidad de consenso y de abrir amplios frentes,
debe inspirar las actuaciones del grupo de coordinación
interministerial. En este sentido también se está trabajando en
la elaboración de un borrador de Real Decreto para ampliar el
número de ministerios que tienen presencia en este grupo de
coordinación, es decir, extenderlo a los de Economía y Hacienda,
Asuntos Exteriores y de la Presidencia.
Por su parte, la Conferencia Sectorial y la Comisión
Interautonómica seguirán siendo el marco y el foro de consenso y
relación con las Comunidades Autónomas. Pero en esa suma de
esfuerzos no puede olvidarse los que surgen de la sociedad, los
cuales deben canalizarse y aglutinarse para que el conjunto de
todos ellos tengan un peso específico ante la propia sociedad y
ante las propias instituciones. Para ello, la Delegación del
Gobierno quiere impulsar -ya está trabajando en ello- la creación
del consejo asesor en materia de lucha contra la droga. En
efecto, al ser la droga una lacra social que afecta a la sociedad
en su conjunto, ésta debe implicarse necesariamente en su
erradicación y en esa línea se enmarca el proyecto de creación de
ese consejo, para que constituya una especie de vehículo de
participación social. En él queremos que tengan presencia
asociaciones de ayuda a toxicómanos, asociaciones juveniles,
personalidades de relevancia, medios de comunicación, organismos
no gubernamentales, etcétera. En este sentido, ya se han llevado
a cabo varios contactos y entrevistas personales con los
potenciales interesados. En definitiva, se trata de dar los
primeros pasos -en ello también pido la ayuda y colaboración de
la Comisión- para que ese foro de consenso social sea lo más
amplio posible.
Pero tampoco podemos olvidarnos de trabajadores y empresarios en
un tema como el de la droga. Soy consciente de que en este ámbito
los problemas serán mayores, si cabe, por la especial
sensibilidad de estos temas y por las dificultades añadidas que
puedan presentarse y afectar a la relación laboral. Pero es
necesario avanzar y, por ello, ya estamos trabajando y
contactando con los representantes de las centrales sindicales y
estamos a punto de hacerlo también con los representantes de la
CEOE, con el fin de diseñar lo que podría ser el proyecto o
borrador de convenio tripartito que diera paso a la creación de
la Comisión Nacional para el estudio de todos los problemas y
temas de prevención en el ámbito laboral. Es cierto que ya en
algunas Comunidades Autónomas se ha abordado la creación de dicha
Comisión.
Debemos plantearnos marcos de actuación en política social y
asistencial que incidan principalmente sobre programas
específicos e inespecíficos de prevención, lo mismo que sobre las
medidas de rehabilitación y de reinserción social y personal de
los toxicómanos. Pero, señorías, tampoco debemos olvidar que es
competencia de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas la
propuesta de programas y la actuación en la lucha contra el
tráfico de drogas, así como la evaluación de las acciones y
políticas realizadas por los Departamentos Ministeriales
implicados en este tema. Esto significa una gran responsabilidad
porque no ha de eludirse ningún tema y no dejará de cuestionarse
un solo tema que se considere que se está llevando a cabo
inadecuadamente por cualquiera de los departamentos afectados. La
labor de la Delegación ha de ser crítica en todos los ámbitos,
comenzando por la propia Delegación y, a su vez, de apoyo
permanente a las políticas coordinadas que se inicien y exija la
sociedad. Este ámbito de programas represivos, aunque distinto a
los anteriores, es necesariamente complementario a ellos. Es
lógica y, además, imprescindible en ese sentido la intervención
de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas en el diseño de
una política criminal en materia de tráfico de drogas.
Entre los problemas prioritarios que pretendo acometer en materia
de política social -aparte de los que ya he ido enunciando con
carácter general- quiero prestar una atención preferente a los
siguientes: En primer lugar, al derivado del uso de drogas
legales y, principalmente, el alcohol. Cada día el alcohol es un
tema de mayor preocupación por su principal incidencia e
influencia en la juventud. Si en relación al consumo de drogas
clásicas se constata un progresivo envejecimiento
de la población consumidora -20,4 años de edad media en el año
1992-, la proporción se invierte alarmantemente cuando se trata
del inicio al consumo del alcohol. Quizá conozcan los datos
estadísticos que les voy a citar, pero por ilustrar la exposición
no está de más mencionarlos. A partir de los trece años el 60 por
ciento de los jóvenes confiesa haberse emborrachado alguna vez y
el 70 por ciento se convertirá en bebedores habituales. En este
ámbito, los problemas no afectan sólo a la salud individual del
propio sujeto -problemas de alcoholismo, enfermedades, etcétera-,
sino que también afecta a la propia seguridad de los demás. No
olvidemos que el 50 por ciento de los accidentes de tráfico
tienen su origen en la ingestión de alcohol. Este provoca el 40
por ciento de los 7.000 muertos anuales en accidentes de tráfico
-uno de cada tres tiene menos de 25 años-, el 20 por ciento de
los accidentes laborales y unos 12.000 muertos por cirrosis
hepática frente a las 809 muertes producidas por la droga, según
los datos policiales del año 1992. Por ejemplo, en Estados Unidos
y en la atención sanitaria que esto supone, representa un 5 por
ciento del gasto sanitario.
Toda una generación que ha reaccionado de forma tajante contra
las drogas ilegales y contra el tabaco, no ha sabido hacer frente
al alcohol. Por tanto, queda en el aire la pregunta de por qué
esto ha sido así, y tendremos que reconocer que es necesario
hacer un debate reflexivo -empezando por los que tenemos la
obligación de actuar en la prevención y la responsabilidad de
adoptar, emitir o preconizar normas- sobre si la política que se
está llevando a cabo es la adecuada, si la evolución del problema
social al que nos estamos refiriendo tiene un tratamiento posible
y si existe posibilidad de prevenir el fenómeno o, en cualquier
caso de paliar sus efectos. Y para ello no debemos olvidar otra
serie de datos que quizá también conozcan ustedes. Alrededor del
alcohol se ha organizado uno de los primeros sectores económicos
del país: 260.000 puntos de venta, uno por cada 150 habitantes;
300.000 familias que, directa o indirectamente, viven del
alcohol, de la producción, de la comercialización, etcétera; unos
4.000 millones de pesetas en publicidad de alcoholes de más de 20
grados en 1992. Es decir, una suma de intereses a los que aterra
el posible desenganche del público joven, lo cual nos indica la
enorme contradicción en la que nos tenemos que mover en esta
materia.
Si difíciles son las soluciones que se pueden afrontar para
luchar contra las drogas ilícitas, tanto más lo son las que se
pueden ofrecer para luchar contra el consumo de las drogas
lícitas. Sólo en el ámbito de la prevención y de la información
se puede hacer una labor importante, además de algunas medidas
legislativas, y al margen, por supuesto, de la rehabilitación,
fenómeno que viene impuesto ya por la existencia del propio
problema, no existiendo diferencia alguna respecto de los efectos
producidos por drogas ilícitas en las atenciones y
rehabilitación. En ello vienen ocupándose tanto la Delegación
como las organizaciones no gubernamentales y las comunidades
autónomas. En este punto es digna de mención la normativa que
existe en el País Vasco y en Cataluña en los aspectos de
prevención, legislación digna de todo encomio.
Dentro de este ámbito tan escabroso que es el de la publicidad,
desde la Delegación, y en coordinación con el Ministerio de
Sanidad y Consumo, se impulsará la correspondiente normativa que
regule estos aspectos y que establezca las sanciones
correspondientes con criterios rígidos de vigilancia y control.
Asimismo, se abordarán los proyectos necesarios, conjuntamente
con el Ministerio del Interior, para ampliar y hacer efectiva la
fiscalización y control de determinados entornos en áreas de
expedición de alcohol; para impulsar también las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente en la materia y, en otro orden de cosas, para la
publicación de un manual, «Actuar es posible; los problemas del
alcohol en la atención primaria», que tiene como objetivo
sensibilizar y ayudar a la formación del personal sanitario y
protocolizar algunas actuaciones. Para final de este año,
probablemente, se tenga ya este manual.
En definitiva, estas medidas y cualesquiera otras que se pueden
afrontar, y entiendo que esta Comisión debe trabajar para ampliar
cualquier tipo de medidas, para modificarlas, porque nadie está
en posesión de la verdad en un tema tan farragoso como es éste,
debemos adoptarlas en conjunto, y todas con una idea común, que
es la de generar una cultura de rechazo al fenómeno drogas
entendido en su más amplio sentido.
Una segunda cuestión sería la del sida. El 64,1 por ciento de los
19.815 casos de sida notificados en España hasta el 30 de junio
de 1993 eran consumidores de drogas por vía parenteral.
Entre los diagnosticados en 1992 esta proporción era muy similar:
el 64,3 por ciento, que representaba un número de 11.791. Al ser
el registro acumulativo, tenemos que al día mencionado de junio
de 1993 se ha convertido España, con 12.709 casos, en el país
europeo con mayor número acumulado de casos de sida entre
consumidores de droga. Todo ello habiendo disminuido, según los
datos de la memoria, el porcentaje de casos en 1992, pero todavía
siguiendo la línea ascendente.
En tercer lugar, está el tema de la atención de los
drogodependientes en las instituciones penitenciarias, en las
cárceles, del que luego me ocuparé.
Por último, tampoco debemos ignorar que un frente de gran
importancia es el de las drogas llamadas químicas o de diseño y,
en concreto, el conocido vulgarmente como éxtasis. El éxtasis
está creciendo en su influencia entre los sectores más jóvenes,
lo cual ya implica un cambio en sí de hábitos porque antes era al
contrario: era una droga que podía ser utilizada por personal
adulto y de un estamento social determinado.
Si durante todo el año 1992 -y son datos que constan en la
memoria- los decomisos al respecto fueron de 45.352 pastillas, al
día 1.º de octubre de 1993
-aunque estos datos son provisionales-, tenemos que la cifra de
aprehensiones ha aumentado en más de un cien por cien: son 96.256
pastillas, salvo error u omisión, las que ya se han aprehendido.
Esto quiere decir que, al margen de la mayor efectividad que al
respecto pueda tener la actuación policial, se constata un
posible aumento de consumo de esta sustancia. A pesar de ello,
todavía estamos a tiempo, en este caso, de conseguir la no
implantación de este tipo de drogas no sólo con medidas
policiales, sino también con medidas de contenido social.
Para seguir una exposición ordenada, voy a referirme a los
programas que se van a acometer en materia de política social.
Como sus señorías podrán comprobar, hay una línea de continuidad,
si bien se intentará hacer un especial hincapié en las medidas
genéricas preventivas.
En cuanto a políticas de prevención, todo lo que se haga es poco.
Sólo a través de la prevención y concienciación social puede
conseguirse una labor real de lucha contra la droga.
Esto es algo que está calando en todos y cada uno de los países
de nuestro entorno cultural. Incluso en Estados Unidos, y será
probablemente fruto de un análisis al final de este mes cuando se
presente la política del Presidente Bill Clinton en materia de
drogas, se va a producir una reinversión de los términos,
potenciándose las cuestiones sanitarias de prevención,
fundamentalmente, es decir, la incidencia sobre el control de
demanda, sin dejar, por supuesto, el tema de control de la
oferta.
Por lo que a nosotros nos compete, se va a acentuar la
participación de la Delegación del Gobierno en el desarrollo del
convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo
y el de Educación y Ciencia para la ejecución de actividades de
educación para la salud en la escuela, tanto en el problema del
sida como en el del alcohol y el de las drogas en general, a cuyo
efecto ya se está formando la correspondiente comisión de
trabajo. Se van a potenciar también las políticas de
concienciación ciudadana a través de campañas publicitarias, bien
realizadas por la propia delegación, bien a través de la
colaboración en el diseño de la campaña realizada por la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, con la cual ya
existe un convenio que habrá de ser debidamente analizado y
evaluado en la próxima reunión de la comisión interautonómica,
que tendrá lugar, probablemente, a mediados del mes de noviembre.
Se prevé también la realización de programas de publicaciones
específicas con folletos informativos, materiales didácticos y de
otro tipo de publicaciones. En este campo ya se está
desarrollando la elaboración de un boletín informativo, la
revista Comunidad y Droga, que sirva de aglutinante de las
distintas instituciones públicas y privadas comprometidas en la
actuación en la lucha contra la droga, que sirva de vehículo
informativo de una política común, de plataforma de discusión de
intereses compartidos y de elemento de transmisión de las
estrategias correspondientes.
Promover la creación de la ya citada Comisión Nacional, entre
sindicatos y empresas, para la realización de programas
preventivos en el ámbito laboral como una forma de
corresponsabilidad de los agentes sociales.
Realización, en esta materia, de una ponencia de evaluación de la
formación de postgrado, que se presentará también en la próxima
reunión de la Comisión interautonómica, cuya última reunión, en
la que se dio por finalizado el trabajo, fue el día 8 de octubre
de 1993; ponencia que coordinaba la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Incidir en programas entre los más jóvenes para prevenir el
consumo de las drogas de diseño, en colaboración con organismos
no gubernamentales y Comunidades Autónomas, tema que también se
abordará en la Comisión interautonómica mencionada. Y en general,
con carácter inespecífico, promover la implantación de programas
de garantía social y formación ocupacional entre los jóvenes.
El campo legislativo, dentro del ámbito genérico de la
prevención, también ha de reforzarse. De hecho, actualmente está
tramitándose en el Congreso, como ustedes saben, el proyecto de
ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de
capitales, con la intención de abordar la normativa sancionadora
administrativa que impida la utilización del sistema financiero
para el blanqueo de dinero procedente de estas ilícitas
actividades. Actualmente, por otra parte, se está a punto de
concretar -probablemente en este mes, o en el próximo- el
borrador de anteproyecto de ley sobre Medidas de Control de
Sustancias Químicas Catalogadas, es decir, los conocidos
normalmente como «precursores» o sustancias que, desviadas
ilícitamente, son utilizadas para la fabricación de drogas,
evitando así su desvío para esa fabricación. En este mismo mes,
insisto, se contará con dicho borrador, en el que, bajo la
coordinación de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas,
participan representantes de Aduanas, Comercio Exterior,
Dirección General de Farmacia, Subdirección General de Productos
Químicos, Farmacéuticos y la Unidad Central de Estupefacientes.
En lo que se refiere a las políticas de rehabilitación o
reinserción, debe reconocerse que éste ha sido uno de los temas
prioritarios de la Delegación y de todos y cada uno de los planes
autonómicos en materia de drogas. Los problemas que crea la
drogodependencia en los toxicómanos estaban -y están- requiriendo
una urgente articulación de programas de asistencia en general.
La labor, en este sentido, insisto, ha sido encomiable por parte
de las Comunidades Autónomas y de las organizaciones no
gubernamentales; pero debe continuarse en esa línea y abundarse
en alguno de sus aspectos. Así, desde la Delegación se va a
incidir especialmente en establecer un contacto fluido con las
propias organizaciones no gubernamentales, estableciendo
las correspondientes comisiones de trabajo, con la aquiescencia,
en su caso colaboración, de las propias Comunidades Autónomas, a
impulsos de la Delegación, para tomar contacto real con el
problema, al ser estas asociaciones, estas organizaciones, las
que directamente lo viven. También se procurará habilitar -en
este punto, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y según las
necesidades- los centros que constituyen la red de tratamiento
ambulatorio, centros de día o comunidades terapéuticas, así como
unidades de desintoxicación. Se llevará a cabo también el
seguimiento de la aplicación de las normas de acreditación en
centros públicos y privados con el fin de garantizar el derecho
de los drogodependientes a un tratamiento eficaz y adecuado, y
asimismo la elaboración de programas de apoyo educativo-laboral y
de tiempo libre que favorezcan la rehabilitación en el entorno
familiar y en las condiciones más adecuadas a su consecución.
Igualmente, dentro de este campo de actuación se va a desarrollar
la participación de esta Delegación en la Comisión Nacional de
Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida,
así como en el Subcomité de Prevención que asesora a la
Secretaría General del Plan del Sida.
Un proyecto a potenciar es el programa de sustitución de opiáceos
a través de metadona. Un 49 por ciento está a favor de esta
medida, si bien, y en cualquier caso, deberá estudiarse la
posibilidad, con todos los reparos que sea menester, del
suministro gratuito de sustancias estupefacientes a los
toxicómanos, con el control médico correspondiente si fuera
indicado, y simultanearlo, siempre, con el correspondiente
tratamiento de rehabilitación. Insisto en que será un tema a
debatir y éste puede ser el foro adecuado. Como inciso también,
seguiremos muy atentamente en este tema la evolución de la
experiencia piloto que se está llevando a cabo en Suiza.
En materia de centros de emergencia social, se presentará, antes
de final de año, un anteproyecto de diseño de un recurso cuya
función principal es conectar con los grupos más marginados y que
padecen la adicción a sustancias estupefacientes para servir de
atención social. De hecho, ya se está llevando a cabo una
experiencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña que está
produciendo importantes resultados.
En el plano legislativo, tampoco ha de olvidarse los problemas
que plantean el terreno de la asistencia y del tratamiento de los
drogadictos en materia penitenciaria. Así, es pretensión de esta
Delegación promover la elaboración de los proyectos que regulen
los procedimientos de suspensión del procedimiento penal iniciado
y de ejecución de la pena impuesta para los delincuentes
toxicómanos, sustituyéndolos por medios de desintoxicación y
rehabilitación en centros públicos y privados homologados. No
tiene ningún sentido, a mi modo de ver, que al toxicómano se le
reconozca su estatus de enfermo y que, por causa de la
delincuencia inducida que la drogodependencia genera, no se le dé
un tratamiento alternativo que pueda ser de mucha más eficacia
que la propia aplicación de la mera medida privativa de libertad
en orden a la resocialización, social y personal, del sujeto.
Promover la elaboración de los proyectos que fueran necesarios
para que el cumplimiento de penas o la prisión provisional de los
internos toxicómanos se produzca en condiciones que favorezcan su
reinserción social y también, principalmente, la persona.
El sistema, por tanto, ha de ser combinado: una normativa que
regule la suspensión del procedimiento de la pena impuesta, para
la que siempre deberá haber un límite, que será cuestión a
discutir parlamentariamente si ha de ser de dos, tres, cuatro
años; y otra que acoja los casos en los que, superándose dicha
penalidad, se ha de llevar a cabo un tratamiento igual que el de
fuera, rehabilitador, pero dentro de la propia prisión. No se
trata, por tanto, de meros programas de atención al toxicómano,
sino de auténticos programas de recuperación psíquica y física
del sujeto que, llegado el grado correspondiente, pasaría a la
comunidad terapéutica exterior, ganándose así un tiempo en su
recuperación que, de otra forma, sería probablemente imposible de
obtener. Con esto no se hace sino dar un cumplimiento avanzado a
lo que será la propuesta del Secretario General de las Naciones
Unidas en la Asamblea General del Estudio de la Fiscalización
Internacional de Estupefacientes, en la que anima a los Estados a
adoptar, en los sistemas penitenciarios y de justicia penal, los
programas adaptados en particular al tratamiento, a la
rehabilitación e integración social de los delincuentes
drogadictos; sistemas, en definitiva, que tiendan, e insisto una
vez más, no sólo a rehabilitar socialmente al sujeto sino a
recuperar su propia personalidad.
En el mismo sentido, se elaborará un proyecto que amplíe las
actuales regulaciones en el sentido de facilitar, de acuerdo con
Instituciones Penitenciarias, el cumplimiento en libertad de las
penas de los toxicómanos seropositivos en fase cuasi terminal,
ampliando así la solidaridad con estos enfermos, permitiéndoles
una salida digna. Para este cometido también deseo que se arbitre
el contacto fluido y necesario con la Comisión Mixta; la visión
de todos será siempre más completa que la de uno solo.
Solidaridad es decidir siempre en favor de los más necesitados de
protección, y cualquier sistema legal ha de ser lo
suficientemente flexible como para hacer compatible la respuesta
del sujeto a la sociedad y la reinserción que la sociedad ofrece
al sujeto que infringió la norma.
Finalmente, y en cuanto se refiere a la represión, la Delegación
Nacional del Plan Nacional sobre Drogas no puede ser ajena a un
ámbito tan importante como éste. Primero, por razón de sus
propias competencias, que han de ser las de coordinar políticas
relativas al tráfico de drogas y evaluar las realizadas por otros
departamentos y, segundo, porque cualquier política de drogas es
una combinación de represión y prevención;
las distintas opciones estarán en potenciar uno u otro aspecto,
el de la prevención o el de la represión.
En esta materia debe mantenerse el sistema existente de represión
selectiva, en el sentido de que sólo deben merecer reproche
jurídico-penal las conductas de tráfico de drogas, las de tráfico
de capitales, por supuesto, y no las de autoconsumo. Esto no es
en absoluto contrario a los compromisos contraídos por España al
firmar y ratificar la Convención de Viena de 1988, sino que se
ofrece el sistema de sanción administrativa al consumo con
tratamiento alternativo, con lo cual queda perfectamente cubierta
tal laguna.
Actualmente se han solicitado los datos de aplicación de esta
norma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y en concreto del
acogimiento a los programas alternativos de rehabilitación, que
de momento no han podido tener todavía aplicación práctica ya que
el Decreto de desarrollo es de julio de 1993. De todas formas, se
van a reclamar los datos tanto al Ministerio del Interior como a
los Ayuntamientos, Policías autónomas, etcétera, es decir, a
todos los organismos que tienen responsabilidad en la imposición
de sanción administrativa, para ver realmente el alcance de la
aplicación de esta norma en este punto concreto.
Por otro lado, la no penalización del consumo no puede entenderse
en ningún momento como la materialización de la despenalización
del consumo. El consumo nunca estuvo penalmente sancionado en
España; afirmar lo contrario se opone a la realidad y da pie a
creer que existe una polémica entre penalización y
despenalización. Esta polémica -a mi modo de ver- es falsa y
pretende esconder una más importante, a saber: si al toxicómano,
por el mero hecho de serlo, se le ha de convertir en un
delincuente o si, por el contrario, el toxicómano es un enfermo y
ha de ser tratado como tal. La opción está entre castigar o
curar, y yo creo que a los enfermos, en este caso, se les debe
curar.
La tipificación de las conductas de tráfico de drogas y blanqueo
debe afrontarse en el futuro Código Penal, que adecue las penas a
la gravedad de las acciones y que haga posible el cumplimiento
más acorde con la pena impuesta. Se evitarán así distorsiones que
actualmente se dan entre el cumplimiento impuesto y el efectivo,
pero no deben exacerbarse de tal forma que lleguen a violar
abiertamente la Constitución.
Por lo que se refiere a las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y de otras instituciones que tienen
competencia en el ámbito de la represión, es imprescindible dotar
de medios e instrumentos adecuados que permitan mayores cotas de
eficacia. Existe ya un acuerdo con el Ministerio del Interior
para suministrar material de atención primaria a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado para las situaciones de
emergencia en las que se pueden encontrar. Esto en cuanto al tema
de atención inmediata, pero cualquier proyecto debe estar
presidido por las ideas de coordinación y de adecuación al
fenómeno que se combate, y en tal sentido se impulsarán los
proyectos correspondientes.
Las características que en muchos casos presenta el tráfico de
drogas como actividad internacional y propia de organizaciones
criminales deben guiar la forma de lucha contra el mismo, y de no
hacerse así se corre el riesgo no ya de la ineficacia, sino de
que nos quedemos absolutamente alejados del fenómeno que se trata
de combatir. El crimen organizado es una realidad; su penetración
en el entramado social es algo evidente y real, no aceptarlo así
denota, en el mejor de los casos, un desconocimiento del fenómeno
y, en el peor de ellos, una despreocupación intolerable. Hay que
afrontar el problema en profundidad y ofrecer soluciones
drásticas y eficaces, huyendo del parcheo del edificio que,
teniendo los cimientos flojos, incluso el mismo parche puede
motivar su derrumbe.
Se hace imprescindible abordar la regulación normativa de los
colaboradores con la Administración de Justicia, agentes
infiltrados o encubiertos y su protección por el Estado. En ese
sentido, no puede olvidarse la iniciativa que en el Senado ha
presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos relativa a la protección de testigos y cuya génesis
conozco perfectamente desde mi posición profesional anterior.
Asimismo, es necesario abordar una mejor y más amplia regulación
de las denominadas entregas vigiladas, aspirándose a que exista
una regulación internacional uniforme como base para una mayor
explotación de la figura y para prevenir distorsiones peligrosas.
Así lo propondré también en Naciones Unidas, y adelanto que es la
propia intención del PNUFID en esta materia.
En el ámbito procesal, deben agilizarse las normas que regulen la
cooperación judicial internacional y facilitar los procedimientos
de extradición, siguiendo con ello, además, las indicaciones al
respecto de Naciones Unidas, procurando cada vez más ir hacia
espacios judiciales policiales más amplios que permitan combatir
un hecho que es mundial como el de la droga.
También se está impulsando en lo necesario la ampliación del
número de unidades adscritas a la Fiscalía Especial Antidroga en
materia de investigación del blanqueo de capitales procedentes
del tráfico de drogas, y también se impulsará, al menos desde la
Delegación, que esas unidades se hagan extensivas también a los
fiscales territoriales delegados para la lucha contra el
narcotráfico.
Por último, se impulsará la elaboración de un plan conjunto de
inspección patrimonial con el Ministerio de Economía y Hacienda,
Agencia Tributaria, Ministerio del Interior y Fiscalía Especial
Antidroga que facilite la cooperación técnica con la Inspección
de Hacienda en las tareas de investigación de este tipo de
delito.
Por otra parte, es necesario elaborar programas de cooperación
con el Consejo General del Poder Judicial en materia de
formación, de drogodependencias, cursos,
organismos internacionales y otros temas puntuales, siguiendo
también en este punto las sugerencias del Informe provisional del
Secretario General de Naciones Unidas, que se hará público a
finales de este mes.
También se propugnará el replanteamiento del papel de España en
materia de drogas en los organismos internacionales, procurando
que nuestra presencia sea una presencia activa y beligerante;
procurando, asimismo, buscar los puntos de unión con otras
políticas, con otros países en materia de droga e impulsar los
acuerdos correspondientes, así como facilitar en su caso la
posibilidad de que esta Comisión también pueda concurrir y estar
presente en organismos internacionales si así lo decide la propia
Comisión.
Entiendo que las treinta y ocho medidas enumeradas -más la que
diré a continuación- pueden ser instrumentos útiles para hacer
frente al problema de las drogas. Evidentemente no son los
únicos; para eso estamos aquí.
Por último, quisiera hacer una mención a un tema que,
evidentemente, no puede pasar desapercibido en los tiempos de
crisis, y es el de las restricciones presupuestarias que
atravesamos. ¿Cómo se van a financiar todos estos programas? Como
habrán tenido conocimiento sus señorías, la semana pasada
comparecí en la Comisión de Política Social para exponer, a
requerimiento de la misma, cuáles eran las líneas del presupuesto
de la propia Delegación; el Plan Nacional sobre Droga es algo más
amplio; el dinero que se invierte en el tema de droga es mucho
más amplio, como ustedes saben perfectamente, que el propio
presupuesto de la Delegación, en honor a la verdad, es bastante
exiguo; siempre es mejorable.
No es éste quizá el lugar idóneo -salvo que sus señorías opinen
lo contrario- para reproducir la discusión sobre esos
presupuestos. Los límites presupuestarios, en cualquier caso,
podrán retrasar los proyectos, pero no podrán obligarnos a
renunciar a los postulados. Sin embargo, sí les adelanto que el
compromiso adquirido de redacción de la Ley del Fondo Nacional de
lucha contra las drogas se está ultimando.
Conseguiremos de esta forma que queden afectados los bienes
decomisados provenientes del tráfico ilícito a las políticas de
prevención, rehabilitación, represión y cooperación internacional
en la materia, en el marco de las competencias de la Delegación
del Plan Nacional sobre Drogas.
Como es lógico, los bienes decomisados de estas actividades
ilícitas deben redundar en beneficio o en la eliminación de los
problemas que ellos mismos generan. Hasta la elaboración
definitiva y entrada en vigor de esa ley se está diseñando ya un
régimen transitorio. En la disposición adicional tercera del
proyecto de Ley sobre prevención del blanqueo de capitales, si es
que finalmente llega a aprobarse en ese sentido, se recoge el
carácter afectado de dichos bienes y efectos, así como la
posibilidad de concesión de créditos ampliables en virtud de la
previsión de ingresos que puedan reportar; es decir, existe una
clara intención de que se ponga en marcha este fondo. Además, no
puede ser de otra forma y, si así no se hace, estaremos
legislando en vacío, porque crear una ley del fondo para que no
pueda aplicarse antes de cuatro, cinco o seis años es algo que,
cuando menos, puede parecer un sarcasmo. Por eso, insisto, hay
que arbitrar la forma transitoria para que este fenómeno no se
produzca.
Con independencia de este proyecto y para dar respuesta a la
insufiencia de medios materiales, han de recordarse -y con esto
termino- dos cosas: primero, que una buena política contra la
droga necesita algo más que el dinero, necesita la colaboración
-a la que ya me he referido varias veces-; y, segundo, que el
presupuesto -esto ya lo he dicho antes- con el que tenemos que
contar no es sólo con el de la Delegación, sino con el conjunto
de todo el Plan Nacional sobre Drogas.
Por eso me atrevo a decir, sin que ello implique dejación de mi
responsabilidad, que los resultados alcanzados en estos temas no
serán éxitos o fracasos de un Gobierno, partido o departamento
ministerial, que tendrá su cuota de responsabilidad -y así se
acepta-, sino que serán los éxitos o fracasos de toda la
sociedad.
Quiero acabar como empecé: solicitando la colaboración de la
Comisión en el buen seguro caso de que en el diálogo y en el
consenso encontraremos puntos de reflexión, puntos de avance y
medidas legislativas y de cualquier otro orden para paliar los
efectos de este fenómeno.
Muchas gracias, señorías, y quedo a disposición de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Iniciamos en este momento el turno de portavoces de los distintos
Grupos, con un tiempo estimado y orientativo de diez minutos por
Grupo Parlamentario.
¿El Grupo Mixto desea intervenir? (Pausa.)
No hay ningún representante de este Grupo.
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.) No hay ningún
representante.
¿Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco? (Pausa.) No hay ningún
representante.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra don Narcís Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Mis primeras palabras, sin duda, tienen que ser para saludar la
presencia del señor Garzón en esta Comisión, para desearle éxito
en su trabajo y mostrarle nuestra colaboración en todos los temas
a los que ha
venido refiriéndose, a los que posteriormente haré mención.
Después de este saludo y esta oferta de colaboración, quiero
empezar por criticar algo que él mismo ha señalado, y es la forma
de presentación de la Memoria del Plan Nacional sobre Drogas a la
Prensa antes de que esta Comisión tuviera conocimiento de la
misma. No es esa una buena forma de empezar, señor Garzón. Sin
duda, los medios de comunicación -la sociedad española- tiene
derecho a conocer los contenidos de esa Memoria, pero creo que es
una condición lógica que esos contenidos los conozca previamente
esta Comisión. Nos ha dado usted razones de calendario; en esta
ocasión se las aceptamos por ser su primera comparecencia, pero
le rogamos que esa circunstancia no se vuelva a producir y que
los representantes de la soberanía popular, que somos los
Diputados y Senadores aquí presentes, tengamos primero
conocimiento de los detalles de esa Memoria y, posteriormente -en
el mismo acto si usted quiere- lo comunique a la sociedad, cosa a
la que yo le animo, pero por ese orden.
Sin duda, coincido con usted en que esta Comisión tiene que ser
el foro adecuado de debate de todos los temas relacionados con el
estudio del problema de la droga; tema que, sin duda, tiene que
ser prioritario en nuestra actividad política, independientemente
de que tenga más o menos actualidad periodística. Sabe usted bien
que, de forma esporádica, aparece un gran interés en los medios
de comunicación por los temas de la droga, y después parece que
pierden actualidad y quedan un poco anodinos en el contexto de la
sociedad.
Yo creo que independientemente de esas circunstancias, que se
deben a factores que nosotros desde luego no controlamos, es
conveniente que todos tengamos la droga muy presente en nuestra
actividad cotidiana porque, sin duda, es un gran problema
político que plantea este país. Y, para hablar de la droga, sería
deseable que todos los Grupos aquí representados evitáramos o
huyéramos de la politización superficial o epidémica del problema
de las drogas, y que cuando habláramos de los conflictos que esta
situación genera en la sociedad y de las posibles soluciones lo
hiciéramos de una forma profundamente política, no epidémicamente
política; es decir, no utilizar la droga como arma arrojadiza,
sino como un tema en el que, desde las diferentes posiciones que
aquí se pueden expresar, podamos reflexionar conjuntamente y
llegar a soluciones o, al menos, a acercamientos más completos
que si se produjeran desde una sola óptica.
No tengo tiempo de entrar en todos los temas que usted ha
tratado. En la legislatura pasada, esta misma Comisión elaboró un
informe sobre el problema de la droga que se aprobó en el mes de
junio de 1991, y probablemente sería del máximo interés que en
las siguientes reuniones de esta Comisión hiciéramos una especie
de evaluación del mismo. Es decir, qué recomendaciones de las
contenidas en ese informe han sido llevadas a la práctica, y
cuáles no lo han sido, de forma que pudiéramos evaluar lo más
objetivamente posible algunas de las medidas que en ese informe
se contienen. Porque, señor Garzón, usted ha hecho una larga
disertación que en esencia yo comparto en la actitud y en las
medidas que propone, pero reconocerá que ha sido una buena
colección de desiderata, desiderata que todos podemos compartir;
pero, al mismo tiempo, desde mi Grupo le ofrezco la colaboración
para que estos desiderata se conviertan en realidades. También le
avanzo nuestra posición vigilante para impulsarlos, teniendo en
cuenta que no va a ser fácil.
Quizá no es el momento de reflexionar sobre el conjunto del
problema de la droga -ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y sin
dudas otras ocasiones tendremos- pero más allá de todas las
medidas que se han dado, creo que conviene hacer una reflexión
sobre qué significa el consumo de drogas hoy en nuestro país en
el contexto de unos índices de paro elevados, de desarraigo
familiar, de falta de modelos válidos, de problemas sociales que
se refieren fundamentalmente a los colectivos sociales más
afectados por la droga, como es la juventud. Sigue siendo cierto
que en nuestro país no llegan al 20 por ciento los jóvenes entre
18 y 29 años que tienen independencia económica y que, por tanto,
difícilmente pueden plantearse un proyecto de futuro y, en
consecuencia, son más fáciles de acceder a ese supuesto paraíso
momentáneo que después es el desastre absoluto. Es decir, todas
esas reflexiones yo creo que conviene hacerlas en esta Comisión,
quizá no en esta su primera comparecencia, pero podrán ampliar o
completar más la panoplia de medidas que usted nos ha dado que,
sin duda, yo comparto. Habrá que hacer algunas cosas antes de
todo eso. Antes de enfrentarnos con el problema de la droga,
tendremos que preocuparnos de los problemas sociales en los que
se mueve la sociedad española y que, sin duda, abonan el terreno
para que una parte de nuestra juventud, y no tan juventud, caiga
en este problema de la droga. Los problemas de la oferta y la
demanda, la preferencia en la acción contra la oferta o contra la
demanda, sin duda pueden parecer casi opciones ideológicas, sobre
qué poner el acento, si sobre una o sobre la otra. Yo estoy de
acuerdo con usted en algunas cosas muy concretas, sobre la
necesidad de no tener apriorismos en el debate. Yo creo que eso
es fundamental, que no vengamos aquí con una posición, digamos
cerrada, de verdades aparentemente absolutas; que vengamos todos
con la necesaria capacidad de duda sobre nuestras propias
propuestas, y que de esa duda y de esa reflexión colectiva
podamos sacar luz. Yo creo que efectivamente es momento de
pararse y reflexionar. Probablemente la evaluación de las medidas
que se proponían en este informe que elaboró la anterior Comisión
sea un buen momento para pararse y reflexionar sobre la utilidad
de estas medidas, sobre qué medidas podemos
implementar para que el problema si no desaparece, al menos
disminuya en sus aspectos más sangrantes.
Pienso que va a ser muy importante esa encuesta de datos
referidos a población escolar, que puede darnos un panorama
bastante duro de cuál es la realidad de la droga en ese sustrato
de la sociedad española y, sin duda, de los datos podremos sacar
conclusiones que nos pueden llevar a proponer medidas
interesantes, como las propuestas muchas veces ya pero que no se
han llevado a la práctica: el control del absentismo escolar, el
control del fracaso escolar, etcétera, terreno abonado para que
los jóvenes entren en esa dinámica.
La reflexión o la discusión sobre marginación y droga; para
algunos sectores de la sociedad es la droga la que lleva a la
marginación y puede ser cierto en algunas capas sociales; para
otros, entre los que me encuentro, es fundamentalmente la
marginación lo que lleva a la droga en la mayoría de los casos, y
no al revés. Y tendremos de atajar problemas previos para poder
enfrentarnos al asunto de las drogas con más entidad.
Coincido con usted en la importancia del alcohol. Se dice, y es
cierto, que el alcohol está en las raíces de nuestra cultura,
también las drogas que se han utilizado, incluso las más nuevas,
están en las raíces de la cultura occidental, y si no de la
occidental, sí en la del ser humano. Es el uso indebido y la
pérdida de uso ritual de ciertas drogas lo que genera los grandes
problemas de los que hemos hablado. El alcohol es hoy más
peligroso social y económicamente que muchas de las drogas para
luchar contra las cuales hemos elaborado muchas propuestas, y
hemos pasado bastante del alcohol cuando, repito, probablemente
éste sea más caro -entre comillas- en los terrenos sociales y
económicos en la vida cotidiana de nuestra sociedad, sin
necesidad de recurrir a un poco el señuelo de la infancia, porque
a todos nos golpean esos porcentajes del sesenta y tantos por
cien de jóvenes de menos de trece años que consumen alcohol y que
alguna vez se han emborrachado. No caigamos en la idea de que es
sólo un problema de la juventud más precoz; no, es un problema
muy arraigado en el seno de la sociedad española, en la juventud
y en la edad adulta, en todas. En todas genera problemas
sociales, y en todas genera problemas graves difíciles de
combatir. Coincido con usted en que probablemente sea igual o más
difícil, quizás por la penetración o capilarización del consumo
del alcohol en nuestra cultura, luchar contra el alcohol que
contra otras de las drogas clásicas.
Me parece esencial, y creo que eso lo podemos compartir todos, la
idea de que hay que poner el acento, entre los muchos que hay que
poner, en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Mientras la droga siga siendo un gran negocio va a ser difícil
que podamos luchar contra ella con seriedad. Mientras la cantidad
de sustancia que se maneja produzca las infinitas plusvalías que
genera va a ser difícil que nos podamos enfrentar al problema
seriamente e impedir la corrupción que usted mismo ha señalado,
incluso de las propias fuerzas del Estado. Creo que detrás de esa
idea hay una explicación del por qué de la extensión del
problema, del por qué de la capilarización de la oferta y del
estímulo a la demanda.
Mientras siga siendo un enorme negocio como es, va a ser difícil
que podamos enfrentarnos a él.
Otro tema muy importante es el de la sustitución con opiáceos,
estudiar la posibilidad del suministro gratuito de opiáceos a
toxicómanos con control sanitario es algo que nosotros hemos
propuesto en muchas ocasiones y que si somos capaces de
enfrentarnos al problema sin apriorismos creo que va a aportarnos
ventajas.
Nuestro Grupo apoya las propuestas complejas pero necesarias
respecto a la suspensión de procesos y ejecuciones de penas,
sustituyéndolas por rehabilitación en centros homologados para
drogadictos que estén en esa circunstancia. Estoy de acuerdo con
esa idea de la solidaridad concebida como decisión siempre a
favor de los más necesitados, idea que hay que llevar a la
práctica cotidianamente.
Acabo, señor Garzón, señor Presidente, con lo que empecé, creo
que los desideratum que usted ha expresado, sin duda, todos los
que estamos en esta Sala los podemos compartir y cuente con la
colaboración de mi Grupo para llevarlos adelante y, al mismo
tiempo, con la actitud vigilante del mismo para estimularle si
hace falta en el celo adecuado para la consecución de medidas que
intenten al menos paliar -creo que con paliar sería más que
suficiente- los efectos que la droga está teniendo sobre nuestra
sociedad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra, el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Garzón Real): Gracias, señor Presidente.
Gracias, por la bienvenida del representante del Grupo
Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Yo
agradezco la actitud vigilante; en modo alguno, me preocupa la
actitud vigilante e incluso inspectora. Lo que haga la Delegación
lo va a hacer de cara a la sociedad porque es a la sociedad a la
que debe de rendir cuentas, por supuesto, al margen del propio
Parlamento a través de esta Comisión.
Siempre estará dispuesto a aceptar esa vigilancia entendida no
sólo como censura de lo que se puede hacer, sino como apoyo en
los proyectos que también se puedan iniciar. Toda vigilancia
conlleva aceptar lo que de bueno se esté haciendo, como usted muy
bien ha dicho, y esa es mi idea. Yo no tengo ninguna idea
apriorística, o tengo muy poquitas, en materia de droga. Soy de
las personas que cree que el respeto a la diversidad en esta
materia
es absolutamente esencial, donde las posturas más encontradas
pueden ser debatidas y, necesariamente, al final, encontraremos
un punto de unión, que será el único a través del cual podamos
avanzar, y que no sea una política de vaivenes hacia atrás o
hacia adelante. Eso sí perjudica. Lo que hay que procurar es
diseñar una política de Estado entre todos -todos tenemos que
estar implicados en ella-, que sea progresiva, es decir, que
siempre vaya hacia adelante, reconociendo y enmendando los yerros
que haya, cuando haya que hacerlo, pero no insistir en una
política que no solucione o palíe el problema.
Por eso comenzaba mi exposición, o las medidas que presentaba,
diciendo que es necesario hacer lo que los ingleses llaman un
parón de reflexión, para plantearnos qué estamos haciendo en
materia de drogas, porque, a lo mejor, estamos haciendo cosas en
las que la sociedad va absolutamente disociada de lo que nosotros
pretendemos. Y no olvidemos que trabajamos todos para la
sociedad.
Esa es la idea, la idea del debate es plantear todas las
alternativas, hacer una evaluación del Plan Nacional sobre
Drogas, hacer una evaluación de las medidas que se presentaron
por la Comisión Mixta, que unas están cumplidas y otras
incumplidas, y todas tendrán su explicación, o quizás alguna no
la tenga, pero se puede discutir sobre ella.
En cuanto a la forma de presentación de la Memoria, tengo que
contarle tal como ha sucedido la historia, y usted la juzga, la
evalúa, y yo acepto el veredicto de todos y cada uno, aunque sea
discrepante.
Efectivamente, era costumbre durante los dos últimos años, si no
recuerdo mal, que la Memoria se presentara por el Ministro,
entonces de Sanidad, a los Grupos Parlamentarios. Mi intención
firme y decidida era hacer lo propio. Sucede que por la no
formación de la Comisión, ha habido el problema de que, en el
tiempo, ha coincidido la constitución de la Comisión, el jueves
de la semana antepasada con la presentación de la Memoria a los
medios de comunicación el viernes.
El Ministerio de Asuntos Sociales, y, personalmente, la Ministra,
iba a hacer esa convocatoria a los Grupos Parlamentarios para
presentar la Memoria, pero se optó -a mi modo de ver,
acertadamente, o, en cualquier caso, es el criterio del
Ministerio-, para que no se pudiese pensar que había algún tipo
de interferencia por parte del Ejecutivo respecto del Legislativo
en convocar a los Grupos Parlamentarios, por una solución
intermedia, que era la de remitir la Memoria a cada uno de los
representantes o de los portavoces de los Grupos Parlamentarios
para que tuviesen conocimiento de aquélla antes de la
presentación.
Me consta, por información de alguno de los Grupos presentes en
la Cámara, que, debido a una remisión errónea, de esa Memoria se
tuvo conocimiento, con el «puente» y demás, el lunes o el
miércoles. En definitiva, lleva usted razón, lo conocieron
ustedes a través de los medios de comunicación, lo cual nunca
debería haberse producido. En eso coincido con usted. Pero
insisto en que era firme el propósito de que eso no ocurriera. Es
más, entiendo que la envergadura de la Memoria, los datos que se
dan en la misma, exige -eso ustedes lo debatirán, la Mesa lo
decidirá- que dediquemos una sesión, que puede ser una próxima
-cuando ustedes dispongan-, para estudiar detenidamente todos y
cada uno de los puntos que en esa Memoria se recogen, que se
extienden a un período de tiempo que no ha sido de mi
responsabilidad, pero que objetivamente acepto, y además, como se
trata de analizar y de evaluar aquello que se ha hecho, sea
positivo o negativo, creo que debemos de fijar o en cualquier
caso ver la fórmula de analizar y estudiar la Memoria en todos
sus aspectos.
Comparto su afirmación de que en esta materia hay que huir de la
politización. Creo que una buena política sobre drogas es aquella
en la que seamos capaces de discutir políticamente los distintos
planteamientos sobre esta materia, pero sin hacer bandera a favor
o en contra. Es algo que debemos dejar aparte.
Debemos trabajar conjuntamente, y discrepar, y llegar a acuerdos
o no llegar, pero, en cualquier caso, entender que éste es un
problema general, social y de Estado.
Sobre la posición vigilante, ya le he contestado antes; hay que
hacer una serie de planteamientos, de reflexiones, antes de
llevar a cabo determinadas medidas. Efectivamente, de eso se
trata. Hay medidas que no se pueden paralizar; hay medidas de
impulso legislativo, que debemos de ir abordando y debemos de ir
ampliando, medidas que probablemente no lleven ni siquiera luego
la rúbrica de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, sino
que será el Departamento ministerial que corresponda el que
presente esos proyectos. Pero, evidentemente, cuando yo hablo de
impulsar, de cooperar, se trata precisamente de eso: de cooperar
e impulsar los distintos proyectos, o motivar la generación de
esos proyectos, en los distintos Departamentos ministeriales,
cuya política puede tener algo que ver en materia de drogas.
En cuanto a la encuesta de población escolar, diré que exige
tiempo, precisamente porque, como bien dice el informe
provisional del Secretario General de Naciones Unidas, en el tema
de educación hay que ser absolutamente cautos, porque no siempre
ni las encuestas, ni las posiciones de educación adoptadas, ni el
tratamiento que se pueda hacer pueden siempre ser positivos, sino
también negativos, y pueden volverse en contra.
En consecuencia, sí le puedo decir que ya hay un grupo de
expertos trabajando en los criterios, en los baremos que se van a
utilizar para desarrollar esa encuesta escolar, a fin de que a lo
largo de 1994 se puedan ir recabando los datos, respecto de los
que estoy convencido que la aportación de la propia Comisión
puede ser importante, en ese debate sobre la Memoria, o en
cualquier otro que aborden ustedes, o que abordemos
conjuntamente, para que también sea tenida en consideración en
esa evaluación, en esa confección.
Evidentemente, comparto íntegramente con usted la idea de que
primero es marginación, y luego droga, y no droga y, como
consecuencia, marginación. Hay que analizar, y probablemente esa
reflexión sea necesaria en ese debate; aquí y en cualquier
momento es preciso analizar las auténticas raíces del problema:
las desigualdades, la marginación, la falta de relación familiar
de padres con hijos, el excesivo consumismo, la materialización
absoluta de las costumbres dentro de la propia familia, etcétera,
y no vertir siempre el problema en el tema del alcohol, o en
cualquier otro tema, sobre juventud o sobre determinados
estamentos, sino hacer una reflexión respecto de todas estas
cuestiones, porque seguro que llegaremos a coincidir en cuáles
son las causas, y a partir de ahí, cuáles pueden ser las
soluciones. A eso me refería antes con ese debate, con ese
sistema de información integral, que queremos conseguir en el
proyecto de ley del observatorio sobre drogas, respecto de lo
que, si usted me pregunta qué idea tengo al respecto, le puedo
apuntar pocas cosas que sean distintas de decir que hay una serie
de planteamientos sobre los que vamos a trabajar, y ya estamos
trabajando en ellos, para que cuanto antes salga a la luz, y
evidentemente después con toda la aportación de todos los
sectores sociales y parlamentarios implicados.
En cuanto al alcohol, sólo un dato. Es cierto lo que usted dice,
que es uno de los temas más preocupantes, pero, además, no
olvidemos que esa preocupación aumenta, si tenemos en cuenta que
la gran mayoría de los inicios al consumo del alcohol viene de
mano de la propia familia. Los porcentajes son alarmantes en ese
sentido; es la propia familia la que considera que el alcohol en
sí es algo aceptado, como usted muy bien decía, y que no hay
problema; los problemas vienen después.
En consecuencia, cualquier política de prevención sobre alcohol
tiene que, como decía también, generar esa cultura al rechazo, y
tiene que empezar por la aceptación de la propia familia.
La lucha contra el blanqueo de capitales es evidente. Aquí no hay
ninguna ideología que sustente a un grupo u organización criminal
determinada para desarrollar sus actividades delictivas, sino que
lo que hay, pura y simplemente, es el vil metal, es el lucro
económico. Si conseguimos de alguna manera que ese lucro
económico no se produzca, o, cuando menos, hacemos más difícil
que el beneficio se produzca, estaremos en el buen camino dentro
de ese ámbito represivo-selectivo que yo hacía.
En cuanto a la sustitución de opiáceos, diré que, evidentemente,
yo sé que es un tema muy polémico. El 68 por ciento de los
ciudadanos españoles en la encuesta, y se refleja en los datos de
la Memoria, es contrario a ese suministro gratuito de droga; por
su parte, el 49 por ciento es partidario de los sustitutivos, a
base de metadona. Quizás tengamos que analizar y explicar
adecuadamente lo que es una cosa y lo que es otra, para ver si
con esa explicación se sigue manteniendo la misma tendencia, o,
en cualquier caso, es un elemento a discutir.
Y en cuanto a las medidas de suspensión, yo sé y soy consciente
de que son muy complejas, son difíciles de llevar a cabo, pero
eso no nos debe de impedir que trabajemos precisamente con mayor
vocación de conseguirlo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra don Josep
María Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, cómo no, quiero agradecer la comparecencia del
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y
también decirle que hay una voluntad expresa de nuestro Grupo
Parlamentario de colaborar en esta materia hasta los límites
exhaustos que permitan la capacidad física de los Senadores y
Diputados que formamos parte de esta Comisión.
Yo, señor Delegado, no voy a analizar cada una de las treinta y
nueve medidas que usted ha propuesto, porque sería un trabajo
para el que habrá lugar en la Comisión, pero sí voy a decirle
que, en su práctica totalidad, nuestro Grupo podría estar de
acuerdo, tal como podíamos estarlo en lo que usted mismo
manifestó en un reciente artículo, en un periódico de amplia
difusión, en el que hacía unas declaraciones sobre la represión
del blanqueo de dinero procedente del tráfico internacional.
Artículo magnífico con el que -y vuelvo a insistir- nosotros
podríamos estar totalmente de acuerdo. Pero precisamente del
contenido de este artículo al que me refiero, y escuchada con
mucha atención su intervención en la Comisión de hoy, entendemos
que sería bueno que clarificara, no porque nuestro Grupo tenga
ninguna duda, sino porque entendemos que sería bueno, la
siguiente cuestión: Usted ha hablado de que la droga ha sido y
continuará siendo un tema prioritario; en esto todos estamos de
acuerdo. Y usted se ha referido a las tres cuestiones que más
importancia le merecen en esta cuestión, que son: la prevención,
la rehabilitación y la represión; y nos ha parecido que usted
cuando habla de represión hace un especial énfasis, que podría
tener alguna relación con su actividad profesional anterior al
cargo que en este momento usted ejerce.
Nos gustaría clarificar si el Plan Nacional sobre Drogas tiene
intención de variar alguna prioridad de lo que hasta ahora se
consideraba como tal, que era, sobre todo, la prevención, el
registro y la rehabilitación de toxicómanos, para dirigir los
esfuerzos más hacia la represión. Y vuelvo a insistir en que no
es que tengamos
dudas, pero entendemos que sería bueno que usted clarificara este
aspecto.
Es evidente que nosotros tenemos que estar de acuerdo en que
usted proponga soluciones coordinadas y una política inteligente.
Cuando usted ha dicho lo de política inteligente no sabe qué
ánimo ha generado en este portavoz, porque entendemos que es
tarea ardua y difícil conseguirla, pero incluso las utopías
merece la pena esforzarse por conseguirlas.
Lo que ya nos preocupa, y por eso también reclamamos que nos lo
explique, es cuando usted habla del proyecto de ley de creación
de un sistema estatal de información sobre drogas, que
probablemente, por lo que usted ha explicado, es necesario, pero
nos gustaría que nos aclarara si esto puede afectar a la
excelente colaboración que existe en este momento con las
Comunidades Autónomas sobre el Plan de Drogas. Usted ha
reconocido la labor que se está realizando hasta este momento en
las Comunidades Autónomas, y entendemos que tienen ya unos
sistemas de registro, que están conectados precisamente con el
registro estatal y que funciona a la perfección; entonces, nos
gustaría conocer cuál es la intencionalidad que significa algún
cambio respecto a la situación actual y que justifique este
proyecto de ley.
Excelente nos ha parecido la propuesta de un borrador de Real
Decreto, al que usted se ha referido, para extender a los
Ministerios de Economía y Hacienda, Asuntos Exteriores y
Presidencia el Grupo de Coordinación Interministerial. Nuestro
Grupo, señor Delegado, entiende que todo lo que se está haciendo
con respecto al problema de la droga es muy importante, que las
medidas que usted ha propuesto son de una relevancia
extraordinaria, pero quizá el abordar con energía la producción
de la droga, o sea, abordar la producción de la droga a través de
una colaboración internacional será probablemente una de las
medidas más eficaces para evitar su posterior consumo.
En esto sucede igual que con el tabaco, respecto del cual, por
cierto, no se ha abordado la cuestión y sí con el alcohol. El
tabaco dejará de consumirse cuando la población que actualmente
consume tabaco y algunos de sus señorías que están en esta
Comisión, que todavía continúan fumando, vayan a los estancos y
ya no lo encuentren. Entonces, se habrá acabado el problema del
tabaco, y no con otras medidas que tienen muy buenas
intencionalidades, pero que su efectividad es más que
cuestionable.
Por tanto, señor Delegado, nuestra felicitación por esta
iniciativa, sobre todo en lo que hace referencia a la
participación del Ministerio de Asuntos Exteriores en esta
coordinación interministerial.
He dicho que no voy a analizar punto por punto, pero,
evidentemente, sí me gustaría referirme a su propuesta y que, muy
inteligentemente, ha dicho que deberá de estudiarse la
administración gratuita de opiáceos a drogadictos. Usted sabe
respecto de esto, y no sólo por la encuesta que se hizo a la
población española, que reflejó que ésta estaba de acuerdo en que
no se produjera esta administración gratuita, sino también porque
yo creo que hay un debate en el mundo científico internacional
sobre esta cuestión, que está muy avanzado, que no es una
iniciativa reciente, sino que hace tiempo que se está debatiendo
esta cuestión, y yo creo que será muy interesante someter a
debate este tema en esta Comisión porque probablemente tendremos
la posibilidad del concurso de estudios ya realizados, que nos
serán de gran utilidad para tomar una decisión.
No quisiera terminar, señor Delegado, sin hacer referencia a que
le agradezco mucho, y con esto concluyo, señor Presidente, el que
usted haya dicho que vamos a converger todos. Es evidente que con
esta expresión debo estar de acuerdo, y el Grupo de Convergència
i Unió también.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bertrán.
Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Garzón Real): Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias al representante de Convergència i Unió por las palabras
cariñosas de acogida y de recibimiento, y de la voluntad expresa
de colaboración.
Yo le clarifico inmediatamente la cuestión que usted me
planteaba. Creía que había quedado clarificada con la enumeración
de medidas, donde claramente se ve que la Delegación seguirá
cargando la mayor parte de sus esfuerzos en los ámbitos de
prevención y en los ámbitos de rehabilitación que le son propios,
sin olvidar -creo que lo he dicho así, y, si no, lo digo ahora-
el campo de la represión o el campo del tráfico de drogas, porque
está entre las competencias de la propia Delegación. Y entiendo
que una política global de drogas tiene que afectar a los tres
campos, necesariamente.
Entonces, mi labor ahí, y la de la Delegación, será la que
corresponda en el impulso de cada una de las políticas al
respecto.
En cuanto a la explicación sobre el Observatorio Nacional de
Drogas, diré que me da terror pensar que se ha podido transmitir
o percibir por mi parte y por la de ustedes que se quería
prescindir de las Comunidades Autónomas en esta materia. Todo lo
contrario. De lo que se trata es, precisamente, de optimizar al
máximo todos los sistemas de información, y cualquier proyecto
que se haga respecto de ese Observatorio Nacional sobre Drogas,
que, digamos, puede estar a imagen y semejanza de lo que es el
Observatorio Europeo de Drogas; siempre y en todo caso tendrá que
contar con cada uno de los interlocutores en esta materia, cuales
son, empezando por la Comisión de Estudio, continuando por la
Delegación, continuando por las Comunidades Autónomas, por los
Organismos no
Gubernamentales y por las demás instituciones que tengan algo que
decir en esta materia. O sea, todo lo contrario: de apoyo
absoluto y de optimizar esos recursos.
El tema de abordar la producción de la droga, controlar o,
incluso, eliminar la producción de aquellas plantas, de aquellos
productos, que son los que dan inicio a una determinada clase de
drogas, porque otros son de naturaleza estrictamente química,
realmente es una utopía, como la del tabaco también. Si no fuera
por respeto a la Comisión, en donde nos encontramos, contaría una
anécdota bastante interesante, que ocurrió en Venezuela, y que
después, si quiere, se la puedo comentar, que refleja bastante
bien esta cuestión.
En cuanto a la administración gratuita de opiáceos -insisto-, es
un tema que planteo a la Comisión y que someto al debate, para
que, precisamente, como consecuencia de ese estudio, de ese
conocimiento más amplio, podamos o seguir diciendo que no, o,
quizás, decir que sí. De eso se trata en un debate.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gonzalo Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, bien venido señor Garzón a la Comisión Mixta,
aunque ya tuve ocasión de entablar con usted un diálogo y un
debate en la Comisión de Política Social del Congreso. Con motivo
de los presupuestos, y, por tanto, de tener nuestro primer
encuentro parlamentario, pero, aunque ha sido así, le reitero la
bienvenida a la Comisión, que esperamos que sea lo más frecuente
posible. Y quiero enlazar esta afirmación con una valoración
general de lo que, a mi juicio, deben ser las relaciones entre la
Comisión, la Delegación del Plan y, en general, nuestro trabajo,
en donde mucho tiene que ver la actitud que tenga la
Administración para con esta Comisión, y, a su vez, la voluntad
que tengamos los diferentes grupos políticos de que la Comisión
esté llena de contenido realmente.
Sumándome a las afirmaciones que antes ha realizado algún otro
Grupo Parlamentario, tengo que decirle que, como usted bien
conoce, porque así se lo expresé después de la comparecencia de
presupuestos, a nuestro Grupo le ha producido un profundo
malestar la forma de operar, porque precisamente el mismo día que
constituíamos esta Comisión tuvimos una reunión informal de la
Mesa y Portavoces, en donde una de las cosas que precisamente
pedimos con absoluta claridad es que no se volviesen a producir
situaciones, a nuestro juicio, irregulares, de respeto hacia la
Comisión parlamentaria, no solamente en el tema de la
presentación de la Memoria, sino de otras muchas circunstancias y
actividades que realiza el Plan, y que a esta Comisión, que no es
una comisión legislativa, que es una comisión de estudio, le
interesan de manera muy especial.
Si nosotros tenemos que actuar como catalizador de esos acuerdos
que usted nos demanda permanentemente, si nosotros tenemos que
actuar como impulsores de esos acuerdos, necesitamos tener la
información, la presencia y la actividad acorde con esa
situación.
Por tanto, permítame que le diga que el hecho de no haber
presentado la Memoria, la primera actividad importante, a esta
Comisión, a nosotros nos parece un hecho lo suficientemente
relevante como para pasarlo por encima, máxime cuando el día 23
de marzo fue la última reunión que tuvo esta Comisión con el
anterior Delegado del Plan, el señor Villoslada; desde entonces,
por diferentes motivos, incluida la disolución de las Cortes, no
había habido reunión, y se nos ha presentado la Memoria del Plan
ya bien entrado el mes de octubre, y estamos hablando de la
Memoria del año 1992, es decir, que la conocemos y la recibimos a
finales del año 1993.
Pero hay un hecho mucho más grave, y que me servirá también para,
después, otras partes de mi intervención. Si uno se lee -si
tuviéramos la costumbre que tienen, por ejemplo, otras
asociaciones o entidades o sociedades, como paso previo al orden
del día, de leer las actas de las anteriores Comisiones- el acta
de la Comisión del día 23 de marzo de 1993, primero, observa que
el señor Villoslada ya nos leyó entonces la Memoria que usted ha
presentado hoy. Y yo no veo ningún motivo para que si el señor
Villoslada conocía en marzo de 1993 los datos de la Memoria de
1992, hasta octubre de este año no hayan sido hechos públicos por
parte de la Delegación.
Insisto, cualquiera que se lea detenidamente este acta,
comprobará que ya se reflejan aquí los datos, uno a uno, de cada
uno de los temas que después han sido publicados en la Memoria.
Por tanto, no existe ninguna justificación, señor Delegado, para
no haber conocido públicamente, no solamente el Parlamento, sino
también la opinión pública, precisamente con unas elecciones por
medio, lo que aquí se dijo y que parecían ser simplemente
indicadores. Bueno, al final, han terminado siendo los verdaderos
indicadores del problema de la droga. Por cierto -y luego se lo
volveré a decir en alguna otra ocasión-, no es que haya
continuismo o no es que haya proyección de las cosas que usted
nos ha dicho, es que todo lo que usted nos ha dicho, señor
Delegado, está ya dicho por el señor Villoslada en esta Comisión,
y si quiere usted, nos detenemos, uno a uno, en los puntos a que
usted ha ido refiriéndose, y verá que, para dejarle a usted un
margen de maniobra, le diré que el 99 por ciento de las cosas que
usted nos ha mencionado como proyectos están dichos el 23 de
marzo de 1993, e invito a los medios de comunicación y a los
demás representantes políticos a que se lean el acta de esta
Comisión para
comprobar que lo que yo digo es exactamente la verdad.
Haciendo, pues, hincapié en que esta Comisión va a depender mucho
de la voluntad de todos, pero, desde luego, de la Delegación del
Gobierno, como paso previo, le diré que, en todo caso, este
Grupo, que ha tenido mucho que ver, como usted bien conoce, en la
existencia de esta Comisión, no va a renunciar, en el caso de que
no se nos dé otras posibilidades, a otros mecanismos de control
parlamentario, si es que esta Comisión no cumple la función para
la que ha sido constituida.
Dicho esto, y con tono que intentaré sea lo más sereno posible,
en el tono de acuerdos que usted nos demanda, y que como usted
bien sabe no solamente por nuestras exposiciones en esta
Comisión, sino porque como usted conoce el Plan Nacional tiene
mucho que ver con la coordinación real con las Comunidades
Autónomas, en donde hay responsables de nuestro Grupo Político,
de nuestro Partido, que están ejecutando sus programas y están
ejecutando acciones concretas del Plan Nacional, señalaré que es
obvio y es innecesario decir que en todo aquello que repercute en
beneficio de la sociedad, todos los partidos y los gobiernos
sensatos están colaborando en la misma línea. Por tanto, yo creo
que no se trata tanto de pedir repetidas veces la idea del
consenso; se trata de aplicar los acuerdos, se trata de aplicar
los consensos, de verdad, y ponerse a hacer actividades
concretas, en beneficio, como he dicho antes, de los actuales
afectados y de los posibles afectados futuros.
Dicho esto como introducción, a mí me parece obligado, señor
Delegado, que antes de entrar a analizar lo que es su proyecto de
programa, lo que el Plan Nacional quiere hacer en el próximo
ejercicio, debamos entrar un poco en el análisis de lo que ha
sido la presentación de la Memoria. No parece razonable que
podamos diseñar un programa o que podamos decidir la existencia o
la continuidad de determinados proyectos, si no evaluamos
adecuadamente los datos de la Memoria; aunque ya sé que usted no
ha tenido una responsabilidad durante este año que le haga
directamente responsable, valga la redundancia, de estos datos,
sí le puedo decir que hay un Gobierno y un Partido que sustenta a
esa mayoría, que sí que tiene una continuidad en esa
responsabilidad, y que me parece, por tanto, paso previo el
análisis de esta situación.
Tengo que reconocerle que por primera vez, creo, se le escucha a
un Delegado del Plan afirmaciones claras y contundentes sobre
algunos aspectos, sobre algunos problemas que nosotros hemos
denunciado permanentemente, y que también permanentemente se han
intentado desdibujar, y eso nos agrada, como, por ejemplo, la
posible relación que usted establecía entre los decomisos y, por
tanto, el mayor aumento en el consumo, como sucede en lo relativo
a las incautaciones de las pastillas de éxtasis, que usted ha
mencionado, o el reconocimiento en esta Comisión y en
declaraciones públicas suyas sobre el hecho de que en España,
como en el resto de los países, se decomise entre el 10 o el 20
por ciento máximo de la droga, que significa que el 80 por ciento
está circulando por nuestro país, cosas que también se han dicho
en esta Comisión y que otras veces no se han querido reconocer
con esta claridad.
Ha habido, digo, un intento, una vez más, de minimizar lo que a
nuestro juicio es una situación bastante decepcionante de los
parámetros que en este momento marcan la situación de la droga en
nuestro país. Por cierto, no es que sólo me lo parezca a mí, sino
que, como usted se ha encargado de decir estos días en los medios
de comunicación, así le parece al 68 por ciento -creo- de la
población española, o quizá a algún porcentaje mayor -si me
equivoco en el porcentaje, corríjame-.
Efectivamente, la población española tiene una percepción
bastante pesimista de la situación actual, y supongo que cuando
hay un porcentaje tan amplio de la población española que tiene
una percepción pesimista, es porque realmente la situación no es
muy halagüeña. En realidad, la situación de lo que la gente
percibe en la calle, de lo que la gente ve en sus círculos más
próximos, de lo que la gente observa entre los sectores jóvenes,
no es muy halagüeña.
Podemos pasar, si le parece, a temas muy concretos, como, por
ejemplo, el consumo, y permítame que le diga que otra de las
cosas que me gustaría que la Memoria hiciera con mayor rigor en
el futuro es intentar usar siempre los mismos parámetros.
Porque usar, por ejemplo, el concepto de una década para
referirse al consumo de hachís, o referirse, por ejemplo, para el
último año, para los temas de heroína, es no comparar siempre los
mismos parámetros. Creo francamente que es erróneo decir que en
una década ha disminuido el consumo de cannabis, cuando hay
encuestas realizadas por entidades bastante serias, como es la
Universidad Complutense de Madrid, que hizo público su informe
hace muy pocos meses, o como es, por ejemplo, la entidad Proyecto
Hombre, que nos demuestran, por el contrario, que hay un rebrote
del consumo de cannabis entre los jóvenes en BUP y en 1.º de
Formación Profesional. Por tanto, en el concepto de la década, es
posible. Desde luego, en el último año hay un análisis que nos
indica en este momento una preocupación en el aumento del
consumo.
Me parece que eso viene a reafirmar, a decir, que la situación
del cambio de hábitos del consumo de heroína es un hecho
positivo, pues lo es en función de una enfermedad añadida que se
llama sida, pero en sí mismo, en cuanto a lo que estamos
analizando aquí, que es la cultura o no de rechazo a ese consumo
de drogas, es decir, el volumen de gente que en este país consume
droga, a mí no me parece que sea en sí mismo un hecho tan
halagüeño. Que la gente no se la inyecte en este momento, está
muy bien: estamos disminuyendo el riesgo de contraer el sida. La
gente, como se ha reconocido, está inhalándola, está esnifándola,
y ha aumentado el consumo de cocaína, ha aumentado el consumo
de cannabis, ha aumentado el consumo del alcohol, ha aumentado el
consumo de los psicofármacos y, por tanto, ha aumentado también
el consumo de las drogas de diseño. Por consiguiente, si ha
aumentado el consumo de todos estos parámetros, creo francamente
que en este momento la situación real del problema de drogas en
nuestro país no puede considerarse como una situación mejor que
la que teníamos hace un año, cuando se presentó la Memoria del
año 1991.
Si hablamos de las muertes, debo decir que también se ha
intentado minimizar, y se ha dicho que disminuye por primera vez.
Disminuye por primera vez, porque significa que, según las
estadísticas oficiales, han disminuido en nueve casos.
Tengo que decirles, por cierto, que el sistema de recogida de
datos que utiliza el SEIT nos da datos de seis ciudades, pero no
nos da datos globales. Entonces, yo prefiero, si no le parece a
usted mal, coger los que ustedes mismos publican en la Memoria,
que son los datos de la Policía, y que nos hablan de 809 casos.
Es decir, significa que las muertes por reacción aguda a las
drogas se mantienen prácticamente en las mismas cifras. Pero en
el esfuerzo por traslucir que lo que se produce es un
envejecimiento de la población, se ocultan datos que ya tuve la
ocasión de decir al señor Villoslada en este misma Comisión, y es
que la Memoria de la Policía nos dice algo que a mi juicio es
realmente preocupante, y que cambia la visión que se está
intentando dar de envejecimiento de una población que produce
fallecimientos, y es que este año se ha triplicado el número de
muertes en jóvenes menores de dieciséis años. Se ha triplicado el
número de jóvenes menores de dieciséis años que han fallecido. Y
entre dieciséis y dieciocho años, se ha duplicado. Por tanto,
también hay que analizar eso: qué es lo que está pasando. Junto
con ese envejecimiento real de la población, están falleciendo
jóvenes por debajo de los dieciséis años y está falleciendo el
doble de jóvenes entre dieciséis y dieciocho años, y eso también
me parece un dato lo suficientemente preocupante.
En efecto, como usted dijo y como dice la Memoria, la sociedad
percibe esto como un dato preocupante, y la sociedad percibe esta
situación como bastante poco esperanzadora. Datos de la Memoria.
¿La droga decomisada? Pues tener el récord de ser el primer país
en decomiso de hachís y de cocaína y el cuarto de heroína, al
margen de lo que siempre se pone como coletilla -la capacidad
operativa de los medios policiales y demás-, me parece que denota
algún otro problema de fondo, y es que nuestro país no sólo es
punto de paso y se ha convertido en algo que, por cierto, usted
denuncia en un artículo que luego tendré la ocasión de comentar,
es decir, en la posibilidad de que aquí existan ya redes
organizadas que están operando con otras finalidades, demuestra,
por tanto, que también hay un aumento del consumo, y para esto me
acojo a su propio argumento, el que usted ha dicho respecto al
decomiso de las pastillas de éxtasis.
Reducción de la demanda. La Memoria que usted ha presentado nos
habla con un énfasis especial de la prevención. ¿Y por qué no lo
hace? Pues porque desde este Grupo de la oposición y desde otros
grupos se ha denunciado permanentemente que tenemos que
plantearnos qué hacer en este momento en el ámbito de la
prevención. Solamente el 17 por ciento de los presupuestos se ha
venido destinando a la prevención. Y en el preámbulo del
documento de las Naciones Unidas, que usted ha nombrado varias
veces aquí esta mañana, en el del año pasado, 1991, se abre ese
informe recordando precisamente a todos los Estados que una pieza
fundamental y clave para el éxito en la política contra la droga
es la prevención. Además, advierte que cualesquiera otros éxitos
en otros ámbitos de la política represiva o de la política de
rehabilitación están condenados al fracaso si no hay una buena
política preventiva. Recuerdo que también hemos hablado aquí de
esa cuestión. Se quiere hacer un esfuerzo en algo que resulta
meridianamente imposible de aceptar. Se dan las cifras en
términos absolutos, y se dice que han participado en ámbitos de
la prevención, por ejemplo, 11.000 profesores, pero no se dice
que esto represente el 3 por ciento de los profesores del país. Y
recordemos que hemos optado por un modelo de educación para la
salud, en el que hay que implicar a los profesores en la
aplicación de la educación para la salud. También recordará que
el señor Solans nos comunicó en algún momento determinado una
encuesta por la cual sólo el 20 por ciento de los profesores
están dispuestos a hacer algún tipo de curso de preparación. Si
unimos esa falta de disposición al hecho real del escaso número
de personas o de profesores que están participando en su
preparación para poder aplicar los cursos de educación para la
salud, nos da el hecho constatado de que en este momento en la
inmensa mayoría de los centros escolares la educación para la
salud es una teoría, pero no es un hecho. A eso, además, hay que
sumarle que el día 23 de marzo el propio señor Villoslada nos
reconoció que, en efecto, llevábamos un año de retraso en la
aplicación de la educación para la salud, porque todavía se
estaban preparando los materiales necesarios para poder dar estos
cursos.
Por tanto, a mí me parece, francamente, que la prevención, sobre
todo en el ámbito de la prevención escolar, deja mucho que
desear, y las cifras arrojan claramente una insuficiencia, por no
volver a hablarles a ustedes de algo que no dice la Memoria, pero
que a mí me parece de nuevo extraordinariamente importante, que
es la utilización de los medios de comunicación públicos,
especialmente las televisiones públicas, en una acción mucho más
eficaz, no sólo de información, sino de formación y de prevención
en los sectores más jóvenes de la población española.
Hay otro asunto realmente importante, que es el ámbito de las
instituciones penitenciarias. De nuevo
en este terreno nos pasa un poco como en lo relativo a la
prevención. Se dan las cifras, y se nos dice que han participado
5.400 reclusos en cursos de información y, como es lógico, es
difícil entender lo de información o cursos de información como
una labor realmente de prevención, y se dice que hay programas de
rehabilitación en los que han participado 2.900 reclusos. Esto
significa que sólo el 13 por ciento de los reclusos ha recibido
algún tipo de información, y esto significa que sólo el 7,25 por
ciento de los reclusos ha participado en algún proyecto de
rehabilitación. Cuando estamos hablando de que en nuestro país
hay 40.000 reclusos de los cuales un altísimo porcentaje son
drogadictos, ustedes hablan del 43 por ciento, y otras encuestas
se refieren al 60 por ciento, quiere decir que entre el 40 y el
60 por ciento de la población reclusa de nuestro país son
drogodependientes y solamente el 13 por ciento ha recibido algún
tipo de información y solamente el siete por ciento ha
participado en algún programa de rehabilitación. Por tanto, ambas
cosas me parecen extraordinariamente preocupantes y creo que
queda un largo camino por recorrer.
Solamente el 53 por ciento de los centros tiene en este momento
algún tipo de programa de tratamiento, por no hablar, por
ejemplo, de que el Ministerio de Asuntos Sociales ha disminuido
en el año 1992 en 44 millones de pesetas las subvenciones que
destina a las Organizaciones no Gubernamentales.
Ha sido un repaso rápido, pero me parecía obligado el que se
conociera cuál es nuestra valoración de la Memoria. Creo que una
lectura detenida y crítica, que es como hay que hacer la lectura
de la Memoria si nos queremos plantear una rectificación de
objetivos y de programas, nos revela que en este momento la
situación nos obliga a hacer a todos una reflexión en los
términos del Plan Nacional que, por cierto, tengo que decirle,
que este Grupo le hizo una petición al respecto al señor Solans
en alguna otra Comisión, como usted recordará, ha podido leer o
le han podido informar. Ha sido el Partido Popular quien en
alguna ocasión y también en una interpelación parlamentaria en la
anterior Legislatura ha dicho que es necesario, después de ocho
años de vigencia del Plan Nacional, sentarse claramente a decidir
por dónde van las líneas, si se están aplicando los presupuestos
adecuadamente, si hay programas que ya no son prioritarios o si,
por el contrario, hay otros que sí lo deben ser. Por tanto, en
esto va a contar con nuestro apoyo, ya que nuestra posición fue
esa; en este momento no se puede seguir a piñón fijo, hay que
hacer una parada, hay que repensarse el Plan y hay que
reorientarlo para atajar los problemas que la sociedad española
tiene en este momento.
Esto que nos parece fundamental me da pie a iniciar lo que usted
ha presentado hoy como proyectos del Plan. Quizás tiene una
justificación razonable pero a mí me parece que cuando ha habido
unas elecciones por medio y cuando se anuncia la existencia de un
nuevo delegado y, además, a ese nuevo delegado se le añade un
rango administrativo distinto y se le rodea de una expectativa
importante, uno espera recibir en esta Comisión una avalancha de
nuevas ideas, de nuevos impulsos y de nuevos programas que
justifiquen primero, esa expectativa, segundo, la existencia de
ese nuevo rango administrativo e, incluso, como ya tuve la
ocasión de decirle el otro día en la Comisión de Presupuestos, la
existencia de ese nuevo aparato administrativo que va conexo con
su Secretaría de Estado y que nos va a costar a los españoles
unos cuantos millones de pesetas más.
Creo que no ha sido esa la situación. Y como no me gusta quedar
por mentiroso quisiera que se pudiera leer el acta del día 23 de
marzo de 1993 donde, dejándole a usted un margen de
discrecionalidad, ya están dichas el 99 por ciento de las cosas
que hoy nos ha contado. Le puedo citar en qué página del «Diario
de Sesiones» están dichas todas y cada una de las cosas que aquí
se mencionan. Por ejemplo, se habla sobre el congreso del Plan
Nacional en la página 17,61, de las grandes encuestas nacionales,
que usted nos ha mencionado hoy, en la página 17,62, y así
podríamos seguir. Podríamos mencionar, además, que también se nos
habla del convenio que se va a firmar, como usted ha dicho, con
la CEOE, con los sindicatos, en la página 17,63 y así
sucesivamente. Podemos hablar de la LOGSE, de los presupuestos,
del fondo; es decir, señor Delgado, no ha dicho realmente ninguna
novedad importante.
Tengo que reconocerle que lo más novedoso de su intervención, y
no porque sea realmente novedoso que hablemos de ello en las
Cortes Generales, sino porque lo diga precisamente el Delegado
del Gobierno en esta Comisión, ha sido la última parte en la que
ha hecho referencia a lo que puede entenderse como el esfuerzo
legal o como dicen los americanos, a los que usted va a visitar
pronto, «el esfuerzo en la ley», es decir, toda aquella parte
legislativa, de prevención, de creación de leyes, que es en la
que el Delegado del Gobierno, mientras esto no se rectifique,
tiene menos competencias. Por tanto, nos agrada ver que usted
tiene esa preocupación. Nosotros la hemos tenido muchas veces y
así lo hemos puesto de manifiesto con nuestras iniciativas
parlamentarias. Ahora que alguna ilustre Diputada se arriesga a
decir que se alegra de que el Partido Popular apoye la Ley del
Blanqueo de Capitales, me gustaría recordarle que la proposición
no de ley por la cual se llevó ese proyecto de ley a las Cortes
fue precisamente, según consta en una nota del letrado, una
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, le diré que estamos de acuerdo plenamente con todas
esas iniciativas y preocupaciones, pero no entendemos muy bien
cómo las va a aplicar usted, porque francamente la última parte
de su intervención nos parece que se sale del ámbito de sus
competencias. Mientras no se rectifique el contenido de sus
competencias, eso pertenece en estos momentos
a otros ámbitos ministeriales y no al suyo y me parece
innecesario pasar revista a todas ellas.
Nos parece muy bien que se reelabore el Plan y que se mejore el
sistema de información con las encuestas nos parece muy
razonable. No hay que olvidar que es un sistema que tiene algunas
imperfecciones y que está, por tanto, reflejando datos muchas
veces equivocados incluso en algunas Comunidades Autónomas en
donde existen entidades municipales de una importancia
fundamental, no me importa mencionarlo. Por ejemplo, en la
Comunidad Autónoma de Madrid, que usted bien conoce o conocen
otros responsables de la delegación del Plan, muchas veces no se
han recibido o no se han transmitido las informaciones
adecuadamente de determinados ayuntamientos por falta de conexión
adecuada con el Plan Regional de Lucha contra la Droga. Esa es
una labor que hay que mejorar y que hay que cambiar.
Paso a hablar de los consejos asesores. Me parece que usted nos
ha anunciado hoy 10 nuevas comisiones, ese es el número que he
contado. Y tengo que decirle que me da la sensación, señor
Garzón, que usted ha cambiado la mejora en los Presupuestos por
un aumento en las Comisiones. Usted ha renunciado a más
competencias y a más presupuestos, pero nos ha anunciado una
cantidad de comisiones que nos van a permitir dialogar mucho,
pero no sé si nos van a permitir hacer muchas cosas más. Si uno
lee los Presupuestos Generales del Estado, que ya tuvimos la
ocasión de verlos el otro día, observa que el Capítulo IV ha
quedado congelado; es decir, la capacidad real es exactamente la
misma en términos porcentuales, en términos reales yo creo que
menos, ya se lo dije el otro día.
Va a poder usted hacer menos con el presupuesto de este año que
con el del año pasado y si usted tiene el mismo presupuesto nos
parece bastante difícil que pueda abordar nuevos proyectos.
Usted ha dilatado la cuestión diciendo que eso no significa
renunciar a ello, que usted los va a mantener como objetivos, que
espera ese fondo que proviene de los decomisos. Pero hoy por hoy,
no existe esa legislación, no existe ese fondo, y usted queda
limitado, primero, porque no tiene más competencias y, segundo,
porque no tiene más dinero. Sin competencia y sin dinero nos
vamos a tener que conformar con tener más de lo mismo. No es mía
la expresión, supongo que usted la recordará, que decía que en
España la lucha contra la droga está más cerca del quijotismo que
de la efectividad. Yo no la he dicho, supongo que a usted le
suena de algo, y como a usted le suena de algo y no la ha dicho
hace tanto tiempo, resulta que estamos en la misma situación que
motivó esa expresión: sin más competencias y sin más dinero y eso
significa, señor Garzón, que en estos momentos seguimos en España
en la misma situación de quijotismo a la que usted hacía
referencia tan sólo hace un año.
Entramos en el tema del alcohol. Usted, efectivamente, nos habla
de la preocupación que reflejan las encuestas sobre el alcohol,
preocupación que todos tenemos. En este momento la Memoria
destaca una multiplicación por cuatro de los casos de personas
sometidas a tratamiento de desintoxicación por alcohol. Usted
mismo ha aportado las cifras de consumidores entre jóvenes, ha
hablado también de las cifras que mueve en este momento la
industria del alcohol, cosa que es cierta, pero no puede
servirnos de excusa. Y no debe servirnos de excusa porque hemos
de profundizar en otras direcciones, ya que el tabaco, como usted
bien sabe, mueve cifras tan importantes como las del alcohol, las
industrias internacionales o las multinacionales que están detrás
de las grandes compañías de tabacos también tienen unas enormes
cifras invertidas en publicidad y en incitación al consumo,
etcétera, y hemos de mencionar que en la reducción de consumo de
tabaco ha habido éxitos importantes. Hay actitudes distintas
entre la población juvenil española y entre las nuevas
generaciones hacia el tabaco que no hacia el alcohol.
Si se ha conseguido iniciar una tendencia favorable respecto del
tabaco, teniendo como tienen también detrás unos intereses
importantes, creo que el alcohol no puede servirnos como
argumento fundamental, pero quizá ahí habría que preguntarse algo
más. Usted habla de las grandes compañías privadas, pero, ¿por
qué no se pregunta usted mismo cuáles son los intereses del
Estado, qué pasa con los impuestos provinientes del alcohol? En
este momento en que estamos en una situación de crisis una de las
primeras decisiones que ha adoptado el Gobierno ha sido
precisamente subir los impuestos del alcohol, es decir, no se
renuncia a percibir unos ingresos mayores por lo que al alcohol
se refiere. Por eso digo que su análisis es incompleto y, sobre
todo, un tanto desesperanzado. Creo que el tema del tabaco nos
abre esperanzas en esa dirección y por ello pienso que un
análisis más serio podría despejarnos otros problemas en cuanto
al consumo del alcohol, pero no solamente el referido a la
industria privada.
Por otra parte, y refiriéndome a otros temas que usted ha
mencionado como, por ejemplo, las drogas de diseño, existe una
normativa vigente que permitiría a diferentes administraciones
intervenir sobre determinados bares o círculos en los que se
distribuya alcohol a menores de 16 años. A nosotros nos parece
que, existiendo esa normativa, hay que hacer un esfuerzo para que
la misma se cumpla. No podemos preguntarnos solamente ¿qué está
pasando? Hay muchas responsabilidades compartidas y debemos hacer
lo posible para que se cumplan todas esas armas legales que nos
permitirán a todos mejorar esa situación.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, de conformidad con la Mesa y
con la Junta de Portavoces yo le había concedido un tiempo
orientativo de unos diez minutos, pero su señoría ya ha consumido
aproximadamente el triple. Le ruego que, dentro de un plazo
razonable,
ya que también desearán intervenir otras personas, concluya su
intervención.
Gracias.
El señor ROBLES OROZCO: Voy a intentar sintetizar en esta parte,
pero, señor Presidente, después del tiempo que lleva sin reunirse
esta Comisión, dada la gravedad de los temas que estamos
tratando, la importancia que tienen y el hecho de que hoy cuente
esta Comisión con la presencia del señor Garzón, el señor
Presidente debería hacer posible que el principal Grupo de la
oposición pueda expresar, en términos de tiempo y de detalle, la
opinión que nos merece la exposición del señor Delegado del
Gobierno. Por tanto, contando con su generosidad, voy a intentar
expresarme de modo más sintético.
Estaba diciendo en cuanto a las drogas de diseño que, aunque no
quiero valorar el dato en sí mismo, éste sí me sirve para hacer
una afirmación. En esta Comisión y en otros ámbitos
parlamentarios hemos hablado en muchas ocasiones de determinadas
cuestiones, de las drogas de diseño y, en relación con el sida,
del aumento de su transmisión por vía heterosexual. Pues bien, en
muchas ocasiones la Administración nos ha contestado diciéndonos
que en este momento eso no se percibía como una cuestión de
gravedad. A mí me parece una falta de responsabilidad que se diga
que en este momento no se considera este tema como de gravedad
cuando lo que hay que hacer es tener la capacidad de adelantarse
a fenómenos a los que España, previsiblemente, no es ni va a ser
ajena. Es mejor poner la barrera antes de que se produzca el
fenómeno que intenta paliar los efectos una vez que éste ya esté
en marcha.
Con esto quiero decir que debemos tener la capacidad de adivinar
lo que a nuestro país -inmerso en un conjunto de países
occidentales con la misma tendencia y en la misma situación- le
va a acontecer probablemente en los próximos meses y en los
próximos años para que no tengamos que lamentarnos después en
cuanto a aumentos de unas situaciones que en otras ocasiones
hemos despreciado por no considerarlas de importancia para
nosotros.
Volviendo al tema de presupuestos, usted decía antes que no
solamente se invierte el tema económico que invierte la
Delegación. Efectivamente, no sólo se invierte el tema económico
que invierte la Delegación, sino que invierten los ayuntamientos
y las Comunidades Autónomas, pero aquí estamos hablando de lo que
invierte la Administración central. Esta invierte
fundamentalmente a través de la Delegación, a través del
Ministerio de Educación -que yo sepa ya no se invierte a través
del Ministerio de Sanidad- y algo a través del Ministerio de
Justicia. El Ministerio del Interior interviene a través de la
medida represiva pero no invierte en los programas de prevención
y rehabilitación. Por tanto, quiero decirle que si graves son los
recortes y especialmente el estancamiento del Plan nacional, más
grave me resulta ver que eso mismo ha sucedido en educación, y
vuelvo a unirlo con el planteamiento que yo hacía antes en cuanto
al desarrollo de la educación para la salud.
He podido examinar ya los presupuestos del Ministerio de
Educación y creo que este año vamos a tener el mismo problema, es
decir, se congelan los presupuestos y la posibilidad de ejecutar
programas concretos de educación para la salud.
Volviendo al argumento de antes, contamos con menos dinero, por
lo cual uno de los temas prioritarios que usted ha citado aquí,
el tema de la prevención escolar o el de impulsar ese convenio
con el Ministerio de Educación, no veo que tenga una plasmación
presupuestaria adecuada.
Si el otro día le decía a propósito de los Presupuestos Generales
que me hubiera gustado conocer antes el programa para poder
evaluarlos, hoy tengo que decirle francamente que me alegro de
haber conocido antes el presupuesto para poder evaluar ahora su
programa. Conociendo el presupuesto que tenemos, sé con seguridad
-como usted lo sabe, señor Garzón- que bastante supondrá
conseguir mantener lo que ya estaba en marcha. Lamentablemente,
todos los objetivos que usted nos ha enumerado van a tener que
retrasarse ya que no hay plasmación presupuestaria. Si no existe
esa plasmación no hay política que se pueda desarrollar.
En cuanto a la rehabilitación, señor Garzón, yo tengo una duda.
Usted nos ha hablado poco de ello; ha hablado de una comisión con
las organizaciones no gubernamentales, nos ha hablado de
participar en el Plan del sida y también de otra comisión, pero
no nos ha hablado de una cuestión que, por cierto, era un
compromiso electoral del Partido Socialista en las últimas
elecciones y que se refería a la creación de 150 nuevos centros
de rehabilitación. Me gustaría saber cómo se va a plasmar la
creación de esos 150 nuevos centros de rehabilitación y con qué
presupuesto se va a realizar.
En cuanto a la situación penitenciaria, ya le he dicho la
valoración que me merece la Memoria. Creo que es muy escasa la
acción penitenciaria o de rehabilitación que se realiza en las
prisiones españolas, pero, además, nos parece que esta situación
no está bien enfocada. Usted nos dice que va a impulsar la
posibilidad de que la mayoría de las unidades penitenciarias
españolas realicen programas de tratamiento.
Esta es una petición que nosotros hemos realizado en múltiples
ocasiones en coherencia con que si estamos diciendo que la
inmensa mayoría de la población penitenciaria es
drogodependiente, es necesario que en aquellas que no puedan
acogerse a esas medidas de suspensión de la pena se puedan
facilitar esos programas.
Usted ya sabe que el Ministerio de Justicia tiene un proyecto
para la construcción de veinte macrocárceles. Pues bien, no
cuadra demasiado ese proyecto con su filosofía -que nosotros
compartimos- de adaptar más las nuevas instalaciones a la
finalidad rehabilitadora de las personas que están o van a estar
allí ingresadas. Las nuevas macrocárceles, de las que se nos
habló
en la Comisión de Justicia en la anterior legislatura, nada
tienen que ver con esas prisiones rehabilitadoras con unidades de
tratamiento de desintoxicación que a nosotros nos gustaría y que
parece que a usted también.
Hay otras cuestiones sobre las que tampoco conocemos su opinión
aunque supongo que nos la podrá dar, por ejemplo, si está usted a
favor o no del cumplimiento íntegro de las penas de los
narcotraficantes y si va a impulsar esta medida en el nuevo
Código Penal.
Y he dejado para el final la parte que más le gusta, esa parte en
que se le ve con entusiasmo quizá debido a su anterior profesión,
a la que tanto se ha dedicado y conoce tan bien, y en la que le
gustaría tener competencias aunque veo que tiene pocas. Me
refiero a la parte dedicada a la represión, a la parte legal de
la lucha contra la droga. Hay un artículo suyo, publicado el
lunes 11 de octubre en un importante periódico de Madrid, que
usted titula: «La lucha contra la droga, ¿y ahora qué?» En todo
el artículo no se habla de prevención escolar, de prevención en
los medios de comunicación ni de rehabilitación. A lo largo de
todo el artículo se habla de un tema real, que es un problema que
a nosotros también nos preocupa, como son las redes organizadas,
las mafias del crimen organizado, la necesidad de potenciar la
actuación policial, y se hacen afirmaciones que creo tienen una
carga subliminal muy importante. Por cierto, yo me alegro de que
por una vez un responsable del Gobierno las deje entrever y,
además, como su señoría va a estar sentado con responsables del
Gobierno, creo que va a ser positivo que pueda establecer las
bases para que esto cambie.
En su artículo usted dice, por ejemplo, que es necesaria una
actuación coordinada contra este mal y que tiene que haber una
conciencia clara de lo que se quiere conseguir superando
reticencias y corporativismos torpes y absurdos. A nosotros nos
gustaría saber a qué corporativismos torpes y absurdos de refiere
y cuáles son esas reticencias que impiden que exista una mejor
coordinación.
También señala usted que tiene que existir una acción inteligente
contra la delincuencia organizada, y que su puesta en marcha no
puede esperar. Por lo que se ve, esto significa que, hasta la
fecha, no se ha puesto en marcha una acción inteligente de lucha
contra la droga y las redes organizadas.
Por tanto, señor Garzón, ¿cuáles son realmente sus competencias
en esta materia? Me gustaría saber si las tiene, si las va a
demandar, qué va a poder hacer desde la Delegación y cuál es su
valoración acerca de lo que se está haciendo en esta materia en
los Cuerpos de Seguridad. Quisiera saber si hay algún proyecto
sobre coordinación de los Cuerpos de Seguridad, así como si el
Plan Nacional va a tener algo que ver con ese asunto.
Francamente, insisto en que, a no ser que se modifiquen sus
contenidos, poco tendrá que ver.
En cuanto al fondo, tema al que nosotros damos una importancia
real porque también ha constituido una petición de esta Comisión,
es cierto que en la redacción de la ley de blanqueo -que, por
cierto, únicamente no se ha aprobado por la disolución de las
Cortes- se remite a la Ley General Presupuestaria pero, que yo
sepa, en este momento dicha Ley no contempla ningún fondo
destinado a estos fines. Por otro lado, también quiero anunciarle
que nosotros consideramos que el fondo debe destinarse
prioritariamente, y de forma casi exclusiva, a las labores de
prevención y de rehabilitación, ya que son las personas
individuales y las asociaciones de forma colectiva las que
padecen el problema de la droga, por lo que, a nuestro juicio, el
Estado no se debe beneficiar directamente del decomiso de este
fondo, sino que las propias familias y los afectados deben ser
quienes reciban el beneficio del decomiso de estos bienes
procedentes del narcotráfico.
Por tanto, insisto, señor Garzón, en que la intención nos parece
razonable, pero en este momento no se ve su plasmación; no existe
la posibilidad de aplicar este fondo en este ejercicio
presupuestario y, a no ser que hoy nos dé otra información, lo
cierto es que no se va a poder disponer de él en un plazo
razonable.
Pido disculpas al Presidente y al resto de los miembros de la
Comisión por el tiempo que estoy empleando. El compareciente
siempre tiene la posibilidad de ordenar su intervención, pero
nosotros lo tenemos que hacer sobre la marcha, y me he tenido que
referir tanto a la valoración de la Memoria, como a la de los
programas.
También he de decirle, señoría, que la colaboración que usted ha
pedido la tiene por anticipado, porque la están demostrando
nuestros gobiernos autonómicos y municipales, allí donde se les
demanda esa coordinación. En cuanto a los acuerdos
parlamentarios, son ustedes los responsables de impulsarlos y
cumplirlos, e incluso de hacer que funcionen Comisiones como
ésta.
Respecto a lo que usted ha expuesto, llegaríamos básicamente, sin
ninguna dificultad, a muchos puntos de acuerdo, pero lo que hace
falta no es que se anuncien Comisiones e intenciones, sino que
los programas se cumplan y estén respaldados por una posibilidad
presupuestaria real y de competencias, para que se puedan
desarrollar. En esa línea, por descontado, nos va a encontrar, y
probablemente también a una inmensa mayoría de la sociedad
española.
Los datos que refleja la encuesta son lo suficientemente
preocupantes como para ver que, a pesar de los esfuerzos que
todos hemos realizado en esta tarea, el
campo que tenemos por delante es extraordinariamente amplio y
complejo, y probablemente habrá que dedicarle más esfuerzos
políticos, económicos y de coordinación, empezando, por
descontado, por lo que usted y yo hemos señalado: por una
reorientación del Plan Nacional, que permita que seamos mucho más
eficientes en la lucha contra la droga en los próximos años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Garzón Real): Gracias, señor Presidente y, gracias, señor
Robles, por sus palabras de bienvenida.
Iré contestando, punto por punto, a cada una de las cuestiones
que su señoría me ha planteado. Yo no quería que éste fuera el
momento de analizar la Memoria, pero tampoco tengo inconveniente
en hacerlo, puesto que son ustedes los que mandan, y yo el que
responde. En cualquier caso, sin duda habrá más ocasiones para
valorar sus datos.
Con respecto al malestar que ha manifestado por que no se haya
presentado la Memoria, ya le expliqué los motivos el otro día, de
forma particular, como también lo he hecho aquí, a los
representantes de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por
lo que doy por reproducido lo dicho con anterioridad. Por otra
parte, la Delegación no tendrá ningún problema en facilitar la
mayor información posible, tanto nacional como internacional.
En cuanto al hecho de la presentación de la Memoria en octubre de
1993, si su señoría ha dejado entrever -y corríjame si me
equivoco- que podría estar motivado por razones electorales,
desde ahora le digo que no es así, sino que simplemente se ha
tratado de un problema de ejecución material por parte de la
empresa que tenía que imprimir la Memoria. Como eso consta
documentalmente, no tengo inconveniente en señalarlo. Si no era
esa su intención, no tenga en cuenta lo dicho.
Por otro lado, procuro leer cada uno de los documentos sobre los
que sé que se me va a preguntar. En consecuencia, he leído muy
bien el acta del señor Villoslada y también su intervención. Daba
por hecho que me iba a preguntar sobre las cuestiones a las que
se ha referido, pero no quiero tratar de la discusión sobre la
anterior comparecencia del Delegado, sino que voy a dar una
valoración esquemática de los datos que usted ha aportado y de la
que usted ha hecho sobre los puntos concretos de la Memoria.
Si el 99 por ciento de los proyectos que usted dice que yo he
mencionado estaban ya reflejados en esa Memoria, no debe tener la
preocupación que ha mostrado acerca de que se produzca una
congelación y que, al menos, debemos aspirar a lo que ya teníamos
en proyecto. Sin embargo, yo creo que hay algunos otros. Usted
puede enjuiciarme como quiera pero, tanto si se ha presentado
uno, dos, 20, 30 ó 40 proyectos -los que ya estaban reflejados, o
los que puedan llegar-, creo que la filosofía que he tratado de
transmitir se refiere a que esos son los que, en este momento,
tanto a la Delegación, como a mí personalmente, se nos ocurren
como medios que hay que utilizar. Por supuesto, muchos de ellos
han sido presentados, ofrecidos y debatidos por ustedes, nadie lo
discute, y creo que aquellos que merezcan la pena, tendrán que
seguir adelante.
Evidentemente, hay cosas que la Comisión Mixta Congreso-Senado
que se han cumplido, y otras que quedan por cumplir. Por tanto,
los proyectos que no se han ejecutado se tienen que considerar
como proyectos que hay que realizar; el hecho de que no se hayan
llevado a efecto no significa que se abandonen, sino que hemos de
retomarlos, continuar con ellos y conseguir -si es que antes, por
circunstancias que no vienen al caso, no se han podido llevar a
la práctica- que en esta ocasión se puedan llevar a cabo.
Hay algunos proyectos más. Usted dice que en el campo del impulso
legislativo es donde menos competencias tenemos, pero creo que
también he dejado claro que desde la Delegación vamos a impulsar
proyectos, aunque a veces probablemente no aparezcan como propios
de la Delegación, puesto que la iniciativa parlamentaria le
corresponderá a otro departamento ministerial. Precisamente una
de las funciones de la Delegación es impulsar las políticas de
coordinación, evaluar las que se lleven a cabo, y coordinar la
distintas políticas y programas ministeriales. Nada impide que en
cada uno de los campos que afecten a la droga, tanto en el de la
prevención, como en el de la rehabilitación, o en el del tráfico,
la Delegación emita su opinión e impulse la política
correspondiente que, por supuesto, después será o no aceptada por
el correspondiente departamento ministerial. La labor, entre
otras, de la Delegación será conseguir que la aceptación sea la
mayor posible, así como el apoyo de la propia Comisión de
estudio.
Por otra parte, la relación con las Comunidades Autónomas es
ciertamente buena, y lo va a seguir siendo. La labor fundamental
la llevan las Comunidades Autónomas y también los ayuntamientos,
cuya participación se canaliza a través de aquéllas. En
definitiva, se trata de conseguir el máximo consenso, la máxima
aplicación de todos y cada uno de los proyectos que están en
marcha, se hayan ejecutado o no. Como digo, se trata precisamente
de conseguirlo; por lo menos, vamos a intentarlo. Ya sé cuál es
el presupuesto -ya tuvimos ocasión de debatirlo el jueves pasado-
y creo que todavía se pueden conseguir mejoras.
En cualquier caso, vamos a aspirar a que lo que ya está en
marchase siga realizando, y en lo que se refiere a lo que está
por conseguir, todos tendremos que luchar
para que así sea. Si no se consigue, no será por falta de
intención y de trabajo de la Delegación. Soy consciente de que
formo parte del Ejecutivo y de que hay una política general en
materia presupuestaria a la que me tengo que someter, pero,
precisamente por eso, tenemos que encontrar las fórmulas para
llevar adelante los proyectos, conjugándolos con esas
restricciones de tipo presupuestario.
En cuanto a que intento minimizar los parámetros dentro de lo que
es la Memoria, por ejemplo, en lo que se refiere a la cuestión de
la percepción social del problema, yo creo que no.
La Memoria es bastante clara en cuanto a la exposición de la
percepción social. No es el 68 por ciento de la población el que
dice que el problema de la droga va mejor o peor; es el 42 o el
43 por ciento, que dicen que está más o menos igual; un tanto por
ciento menos elevado dice que ha ido a peor y un tanto por
ciento, también menos elevado, que ha ido a mejor.
Como antes he mencionado, el 68 por ciento de los ciudadanos
estiman que no deben utilizarse procedimientos de entrega
gratuita de sustancias a toxicómanos. También he hecho la
valoración al respecto, con lo cual no voy a entrar en ello otra
vez.
En lo que se refiere a mejorar los parámetros de la Memoria creo
que a lo largo de mi prolija exposición ya he hecho mención a
ello, aunque quizá no con el excesivo detalle que precisa hacerlo
cada uno de estos temas, porque, insisto, yo había pensado que la
Memoria iba a ser objeto -y debe serlo de todas formas- de
estudio detenido por parte de la Comisión y del Delegado del Plan
Nacional sobre Droga.
En cuanto a los parámetros que se han utilizado para establecer
que en la última década se ha producido una disminución de los
hábitos de consumo en derivados del cannabis -no un aumento-,
podemos introducir esos parámetros y otros más. Es decir, podemos
tomar el parámetro de diez años y también, por qué no, el del año
o los dos años anteriores. La cuestión está en optimizar al
máximo los datos que presenta la Memoria, no para que sirvan de
protección a nadie, sino par que reflejen la situación real del
problema; de eso se trata y creo que todos nos vamos a encontrar
en esa dinámica.
Es cierto que hay determinadas organizaciones no gubernamentales
u otras instituciones que hablan de unos porcentajes distintos o
diferentes de los que maneja la Delegación. Sin querer decir que
esos porcentajes sean erróneos, sino todo lo contrario, pueden
ser muy ciertos, hay que tener en cuenta un matiz que usted ha
pasado por alto. La Delegación del Plan Nacional sobre Drogas
habla de datos globales y, por tanto, más allá de lo que es
Proyecto Hombre, de lo que es la población universitaria o de lo
que es cualquiera otra de las organizaciones no gubernamentales.
Es decir, globaliza mucho más los datos y necesariamente tienen
que ser diferentes.
En cuanto a los cambios de hábitos, es un hecho constatado que
éstos se han producido y en gran medida -probablemente en un
tanto por ciento muy elevado- en la cuestión de la heroína.
Hay una huida de la vía parenteral o inyectada a vías de
inhalación o de fumar, evidentemente por el miedo al contagio del
sida. ¿Quiere ello decir que es mejor un sistema que otro? Cuando
menos, el sistema de inhalación o de fumar la droga producirá
esos efectos nocivos y en muchos casos letales, pero quizá no nos
dé ese espectáculo que estamos acostumbrados a ver con las
jeringas clavadas en los brazos cuando la muerte se produce por
sobredosis. Eso no es ni mejor ni peor. No podemos hablar de
posiciones mejores o peores, pero de lo que sí podemos hablar es
de que hay un cambio evidente en las costumbres.
En cuanto a las muertes, he de decir que, cuando utilizo datos
estadísticos me da un miedo terrible porque, normalmente, al
final la realidad no desmiente cada uno de los datos estadísticos
que damos y, en cualquier caso, el valorar una serie de
circunstancias o de elementos por los cuales se tiene en cuenta
un baremo determinado y otros por los que se tiene en cuenta otro
diferente nos puede llevar a desconexiones. Es cierto que el SEIT
afecta a seis ciudades importantes de este país, pero, si me
apremia, entre el noventa y tantos al cien por cien es ahí donde
se producen las muertes por sobredosis.
La técnica del SEIT es más depurada que la de la policía
aunque es mejorable y se trata de mejorarla al máximo,
introduciendo más elementos a tener en cuenta. Ello no quiere
decir que tengamos que abandonar las estadísticas de la
policía que responden a unas coordenadas muy concretas, pero
tendremos que encontrar la fórmula para que no haya distorsiones
o ambas cantidades se compenetren. También estamos trabajando en
ello al respecto.
Le insisto que me da pánico manejar las cifras cuando estamos
hablando de muertes. La policía establece una disminución de 813
a 809 fallecimientos por reacción aguda a sobredosis. Ahí se
incluye incluso algún ajuste de cuentas o muertes relacionadas
con este tipo de fallecimientos. Le puedo avanzar con la
provisionalidad, insisto, que me dan las cifras que manejo en
este momento, que a 30 de septiembre del año 1993 las muertes
registradas por reacción aguda a drogas y recogidas por la
policía, es de 492. Quedan tres meses para finalizar el año y en
un índice, por muy elevado que sea, no nos llevará,
afortunadamente, más allá de los 620 casos; es decir, casi 150
casos menos registrados del año 1993 respecto al año 1992. Creo
que esto es un motivo para que todos nos alegremos. Insisto en
que son datos provisionales facilitados por la policía.
En la comparecencia del señor Villoslada, usted decía que había
un aumento de muertes entre los jóvenes de menos de 16 años y que
era un fenómeno a tener en cuenta. Por supuesto que sí. Pero en
cuanto al porcentaje que usted planteaba ya en aquella ocasión,
si no recuero mal -se lo digo porque he comprobado los archivos
de la Delegación, precisamente porque imaginaba que esta cuestión
se iba a producir aquí-, se hizo
el estudio correspondiente y de los seis casos que recogía la
Memoria de la policía, cuatro no eran menores de 16 años -según
se pudo conocer después- y uno respondía a un ajuste de cuentas.
Debió de ser uno, dos o tres -corríjame-, no sé exactamente, pero
los datos son esos.
Es decir, no era la cantidad que usted manejó aquel día.
En cuanto a los decomisos llevamos razón los dos. Por una parte,
hay que alegrarse y tenemos que felicitarnos de que la policía
española -policía, Guardia Civil o vigilancia aduanera, no hay
que olvidar el gran desarrollo de actividades que realiza esta
institución- consiga cuantas más aprehensiones mejor. Usted
conocerá perfectamente que mi filosofía no va tanto al ámbito de
la represión -tampoco es cuestión de analizarlo ahora aquí-, como
al control y la recepción de alijos, y cuantos más alijos mejor,
sino de otra forma muy distinta de ataque a las organizaciones
criminales, a la infraestructura, al blanqueo de capitales, a los
aspectos financieros, etcétera. Pero eso creo que es conocido por
todos los que estamos aquí y tampoco hay que abundar en ello.
También es verdad que si hay muchos alijos aprehendidos, eso
indica que España no es sólo un tránsito de paso de las
sustancias. Las estadísticas que he estado manejando evidencia
que España no sólo es el puente de paso de determinadas
sustancias hacia Europa, sino que también es país de consumo.
Somos terminales en cuanto a la heroína. Por ejemplo, somos paso
de cocaína y de hachís y también somos terminales en cuanto a las
drogas de diseño. En consecuencia, no cabe ocultar que hay una
estrecha relación de estos dos problemas.
En cuanto a la reducción de la demanda, creo que a lo largo de mi
exposición he puesto un especial énfasis -si no ha quedado claro
lo pongo ahora- en los aspectos preventivos. He dicho que hay que
generar una cultura al rechazo. Soy consciente de los problemas
del alcohol. Los he resaltado bastante claramente. No rehúyo
ningún tipo de responsabilidad que en el futuro me pueda
corresponder. He dicho que hay que coordinar los esfuerzos en un
tema tan delicado como es el tema del alcohol, que si delicado es
luchar contra la droga ilícita, más lo es en el caso del alcohol;
que hay que exigir cumplimiento de la normativa; que hay que
procurar que se lleve con el máximo rigor ese cumplimiento de la
legislación vigente y que hay que abordar una mejor regulación y
una más exhaustiva y rigurosa legislación de publicidad. Por
supuesto que la Delegación no va a ser quien presente a la
sociedad esos proyectos, pero sí está dentro de las competencias
de la Delegación impulsarlas y, por lo menos, intentarlo lo vamos
a intentar; es más, ya le he dicho que estamos trabajando.
Usted se ha referido a que se crean diez comisiones. Diez,
quince, veinte, las que sean necesarias. Cuando yo utilizo la
expresión comisiones, me refiero a comisiones de trabajo.
Cuando he utilizado la expresión de comisiones de trabajo las
ONG, es que ya he contactado con la coordinadora de las ONG y con
una serie de organizaciones diciéndoles que en la delegación del
Plan Nacional sobre Drogas van a tener el foro abierto para
exponer todos y cada uno de los problemas que les afectan,
precisamente para la propia información de la delegación y para
trabajar conjuntamente con ellos, por ser el voluntariado aquel
que cataliza realmente el problema. Yo a esto lo he llamado
comisión, pero también puede llamarse contacto, grupo de trabajo,
etcétera, es decir, se trata de canalizar de alguna manera esa
comunicación más fluida, que yo entiendo que debe hacerse y que,
insisto, ya estamos llevando a cabo.
En cuanto a que se puede mejorar la prevención, es evidente. Para
eso estamos aquí y no creo que nadie dude de que se va a poner
énfasis en la prevención, como internacionalmente se está
reconociendo. Antes decía que en Estados Unidos se va a producir
una inversión importante, realzando y resaltando los aspectos
preventivos, sanitarios y de control de demanda. Pero eso no nos
puede hacer olvidar todo lo demás, y a eso es a lo que yo me he
referido.
En lo que se refiere a que es necesario mejorar todos los
esfuerzos en educación y otros, estoy de acuerdo con usted.
Insisto en que la relatividad de los datos estadísticos es muy
importante. También habría que resaltar que hay un coordinador
territorial dentro del Ministerio de Educación y Ciencia en cada
uno de los territorios que se ocupa de estos asuntos.
Conseguir que más profesores sean expertos en estas materias,
estudien, concurran a cursos, etcétera, es una de las intenciones
permanentes de la delegación y con o sin presupuesto, le aseguro
que voy a intentar que esos convenios se lleven adelante. Habrá
algunos que sea imposible, pero lo voy a proponer y voy a
insistir y no por el hecho de que se me diga que no lo voy a
conseguir, lo voy a dejar de hacer. Tenga usted en cuenta que
suelo ser bastante terco en mis planteamientos.
Es cierto que el esfuerzo en educación para la salud es y debe
ser continuo. En esto le puedo decir que no tenemos sino que
continuar la política de la delegación y de todas y cada una de
las Comunidades Autónomas, lo mismo que en los aspectos
preventivos. Aquí no tengo que anunciar nuevas medidas
espectaculares, sino simplemente continuar, porque creo que se va
por buen camino. Se pueden optimizar todos los recursos y las
medidas, y pienso que en eso nos encontraremos.
En cuanto a que se lleva un año de retraso, tengo que decirle que
vamos a intentar adelantarlo. Deduzco, por el contenido de su
intervención, que el plazo de un año que me dio el otro día en la
Comisión hablando del presupuesto está casi a punto de retirarlo.
Espero que mantenga ese plazo, por lo menos para tratar de llegar
al final del mismo con una serie de proyectos aprobados.
Ha hablado de la utilización de los medios de comunicación
públicos. Evidentemente hay que cargarlos, pero no solamente en
los públicos, sino también en los
privados y habrá que establecer los convenios necesarios. Ya hay
convenios, como le decía antes, con la FAD, que habrá que evaluar
en todo su alcance para que podamos canalizar de alguna forma ese
contenido, esa carga educativa a la que usted hacía referencia,
con la que estoy totalmente de acuerdo. En la anterior
comparecencia usted llegó a emitir, incluso, un porcentaje de
emisión pública en los programas educativos.
Quisiera que me dijera su fuente de información, porque he
tratado de conseguirla y no me ha sido posible en el escaso
margen de tiempo que he tenido.
En cuanto a instituciones penitenciarias, tengo que decirle que
sí se han hecho cosas. Usted planteaba en su anterior
comparecencia por qué en los programas preventivos de prisiones
sólo ha participado un 13 por ciento de los reclusos, si no lo
recogí mal. No es cierto que sólo un 13 por ciento de los
reclusos se haya beneficiado de los programas preventivos en los
centros penitenciarios. Este porcentaje corresponde al de
internos que han participado en programas específicos. Además de
estos programas, la institución penitenciaria desarrolla
estrategias, como usted perfectamente sabe, de distinto nivel,
destinadas a objetivos de prevención sanitaria: control de
patologías, información de riesgo, vacunaciones, reducción de
daños, etcétera, que van dirigidas a la totalidad de la población
reclusa. Entonces, no es exacto decir que sólo el 13 por ciento
ha participado. Hay que tener en cuenta que la necesidad de
optimizar resultados obliga a diversificar las actuaciones,
contemplando distintas fórmulas que se acoplen a las poblaciones
diferenciadas y a los niveles de motivación muy diversos que
concurren dentro de cada prisión.
También ha planteado usted, en ese nuevo desarrollo de
macrocárceles, que iban a ser difícilmente compatibles con las
medidas que ofrecemos de suspensión de procedimiento de
cumplimiento dentro de la prisión, pero con un tratamiento
alternativo que haga posible no sólo la rehabilitación social,
sino la personal del sujeto en aquellos casos que estén por
encima del tope de pena que necesariamente se tiene que
establecer en los primeros. Yo le puedo decir que en alguno de
los contactos mantenidos con el Secretario de Estado para
Instituciones Penitenciarias ya hay en algunas de las prisiones o
macrocárceles que están en proyecto la posibilidad, y estamos
trabajando en ello, de que determinadas alas, pabellones,
etcétera, se acomoden para cumplir adecuadamente esa finalidad.
Yo sé que es difícil y complicado presupuestariamente. Tenemos un
ejemplo en Tenerife-II que está funcionando, y yo creo que bien.
Es cuestión de generalizar la cuestión.
Por otra parte, en 1992 hubo programas especializados con equipos
específicos en cincuenta centros penitenciarios, además de otros
veintiún centros, donde existieron programas sobre
drogodependencias, aunque de carácter menos desarrollado. En 1991
hubo 43 centros con programas específicos -en consecuencia, ha
habido un aumento-, montados en colaboración con los recursos
autonómicos y comunitarios.
En cuanto a los proyectos, decía usted que con mi nombramiento se
había creado una expectativa importante. Esa es la valoración que
cada uno le ha querido dar. Para mí es la de que me han nombrado
y he aceptado el cargo. Yo no quiero generar expectativa, sino
trabajar y hacerlo en conjunto y conseguir proyectos no para el
éxito personal, sino para el de la función y misión que hoy nos
reúne aquí.
En lo que se refiere a la justificación del rango, tengo que
recordarle que le di una respuesta que no compartió conmigo en la
Comisión de Presupuestos. La reitero aquí y la doy por
reproducida, ya que consta en las actas del Congreso.
En cuanto al aparato administrativo del que me he rodeado, sí le
quiero contestar, porque no es justo que usted dé la impresión de
que me he rodeado de una superestructura, con la cual nos estamos
moviendo como tentáculos, como pulpos. No, el Gabinete está
formado por un Jefe de Gabinete y por dos técnicos, dos asesores
ejecutivos, que es lo mínimo que existe. La dotación
presupuestaria es la mínima que se podía establecer y le dije -y
ahí es donde quizá no estemos de acuerdo- que el rango de
Secretario de Estado no tenía que haberse dado ahora, sino mucho
tiempo atrás por la importancia de sus funciones, aunque tengo
las mismas competencias -no lo reconozco por primera vez, como
dijo usted el otro día, sino desde hace mucho tiempo-, a pesar de
que se insista en que yo doy a entender que quiero tener otras
competencias.
Otra cuestión es el esfuerzo legal. Yo creo que ya está dada la
respuesta del esfuerzo legal. Aunque considere que no es
competencia de la delegación, yo pienso que sí lo es. Vamos a
hacer ese esfuerzo. El esfuerzo legal implica que la delegación
impulse todas aquellas políticas que tengan relación con la
droga, al menos así lo entiendo yo, y creo que de la lectura del
Real Decreto-ley de 1985 no se desprende otra cosa. No tiene que
ser necesariamente la Delegación o el Ministerio de Asuntos
Sociales quien presente la iniciativa parlamentaria.
Evidentemente, yo tendré algo que decir, la delegación, no quiero
personalizar, por ejemplo, en el cumplimiento íntegro de las
penas; en el blanqueo de capitales; en todos los temas de
prevención; en la suspensión de procedimientos, rehabilitación,
etcétera. Tiene que decir bastante porque, entre otras cosas, es
el organismo que representa a todo el Estado español en
organismos internacionales, en Naciones Unidas. Sí tenemos que
decir bastante, y creo que es una de las misiones importantes.
En cuanto al Consejo asesor, espero que cuando nos sentemos a
hablar y a discutir y a armonizar los proyectos coincidiremos
casi al cien por cien. El consejo asesor no me parece un
organismo al que se tenga que minusvalorar; si estamos hablando
de la implicación social, creo que hay que potenciar iniciativas
de este tipo. Sobre cómo encajar el tema presupuestario, pienso
que será cuestión que tendremos que ver y analizar, pero al menos
tenemos que empezar a trabajar en el diseño de lo que ha de ser
el consejo asesor. Por el hecho de que no haya dinero que nos
lleve a ejecutar todos y cada uno de los proyectos que
quisiéramos no vamos a renunciar a diseñarlos y a intentar
ponerlos en práctica entre todos.
Evidentemente, los presupuestos son de momento los mismos, y creo
que se puede intentar, a través de la Ley del Fondo o de
cualquier otro mecanismo, que se refuercen esos presupuestos de
la Delegación.
En cuanto a la Ley del Fondo y al régimen transitorio, tendremos
que esperar a que se apruebe la correspondiente disposición
transitoria. Tendremos que esperar al debate sobre la Ley General
Presupuestaria y ver si hay acoplamiento presupuestario dentro de
la misma para que, inmediatamente que se regule esa Ley del
Fondo, pueda entrar en funcionamiento.
Mi aspiración es, como he dicho antes, que no se haga una mera
norma vacía y hueca, sino que tendremos que establecer un sistema
que permita que ese fondo funcione inmediatamente. Si me pregunta
en este momento cuáles son mis fórmulas, tendría que decirle que
no las tengo totalmente diseñadas y que tenemos que esperar a la
coyuntura específica de la Ley de Presupuestos y del proyecto que
está en el Parlamento.
Referente a la calificación de quijotismo, evidentemente, todos
los esfuerzos que se hagan son pocos. La afirmación que yo hice
hace un año en un foro muy concreto y muy determinado yo quisiera
que al día siguiente, hoy, fuera distinta, y aspiro a que sea
así. Si el esfuerzo de todos era necesario entonces, también lo
es ahora. ¿Que es quijotismo tratar de que las cosas vayan mejor?
Por supuesto que sí, pero es que si no es con el esfuerzo de
todos, no conseguimos avanzar.
Cualquier elemento que sirva para que esa conjunción de políticas
coordenadas siga adelante es bueno tenerlo en cuenta.
En cuanto al alcohol, en ningún momento he dejado de traslucir
que sirva de excusa que hay alcoholismo que afecta a los jóvenes
para no tomar medidas, sino todo lo contrario. Creo que hay que
analizar en profundidad por qué se está produciendo ese fenómeno
y, una vez analizado, establecer las medidas que puedan paliarlo,
pero además -y lo he dicho también- en ningún momento eso implica
dejación de la acción de la Administración. La Administración
está obligada, por mi mano o por la de quien corresponda, a tomar
las medidas, y lo que hará la Delegación será impulsar esos
acuerdos, esos proyectos, porque el alcoholismo, el alcohol, es
uno de los puntos principales de interés del Plan Nacional sobre
Drogas, no sólo de la Delegación, sino también de las comunidades
autónomas y de organismos no gubernamentales, y se viene
trabajando en ese ámbito desde hace bastante tiempo.
En lo referente a las drogas de diseño, creo que, aunque es una
amenaza evidente que se está arraigando, precisamente por eso, y
ante la gravedad de esta cuestión, hay que tomar medidas
preventivas urgentes para evitar que por lo menos este tipo de
drogas tomen también carta de naturaleza en nuestro país.
Igualmente, en cuanto a la gravedad de las cuestiones de sida,
drogas de diseño, como le he dicho, yo no creo que haya falta de
sensibilidad por parte ni del Ejecutivo ni de la Delegación de
Gobierno a la hora de tratar estos temas. Todo lo contrario: yo
creo que hay que hacer un esfuerzo, por supuesto, del Ejecutivo y
también de todos los demás sectores implicados para que la lucha
contra este fenómeno sea también lo más efectiva posible.
En relación con el presupuesto, usted sabe perfectamente que no
es sólo el de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, como
usted muy bien ha dicho, sino que hay también en comunidades, en
otros ministerios, en Sanidad también lo hay en los temas
relativos al Insalud. Ya le explicaba el otro día el cambio en el
capítulo IV de los conceptos 421 a 456. En consecuencia, hay
presupuestos en otros departamentos ministeriales que se van a
utilizar y se están utilizando en esta misma política de
prevención.
Respecto a la rehabilitación y la creación de centros, no sé si
usted recuerda -yo sí lo recuerdo- que en el programa de las
elecciones de la formación política a la que yo pertenezco se
mencionaban los centros -150, si no recuerdo mal- en colaboración
con las comunidades autónomas. Le invito a que mire el programa,
y probablemente encontrará esa muletilla, que es muy importante
porque usted sabe que hay que contar en este tema con las
comunidades autónomas. Yo lo he dicho en mi exposición, no he
eludido el aumento de centros, aunque no he precisado el número,
pero he dicho que se promoverá la creación de centros contando
con la colaboración de las comunidades autónomas y de todas las
entidades implicadas.
En cuanto a la represión, en lo referente al cumplimiento íntegro
de las penas, el Delegado que le habla y la Delegación tiene al
respecto una posición bastante clara. No se trata de que el
cumplimiento de las penas se mantenga en su integridad, sino que
la pena tiene que ser cumplida en los justos términos que sirvan
de respuesta a la conducta y a la condena en concreto de que se
trate. No hay que generalizar. Primero, este debate se tiene que
producir dentro del Código Penal. Al efecto, la Delegación
emitirá su opinión, como ya la ha emitido también en relación a
la proposición de la ley del Grupo Popular para el Congreso.
Lo que yo digo es que, dentro del marco de regulación general de
penas, hay que establecer las penas que sean adecuadas a las
conductas que se trata de reprimir, pero no se puede hacer
equivalente la conducta de unos y de otros, sino que hay que
establecer el régimen amplio del cumplimiento de pena que sea
respuesta adecuada y, por supuesto, que no se produzca ese
incumplimiento de hecho que actualmente se produce en
determinadas conductas que son muy perturbadoras. Me refiero,
evidentemente, a narcotráfico y
terrorismo, por ejemplo, pero la regulación de la cuestión de las
penas es mucho más amplia que todo eso, y creo que en su momento
tendremos ocasión de debatirlo con amplitud.
En cuanto al último tema, sobre la represión, me pregunta usted
si me gustaría tener más competencias. ¿Quiere usted que se lo
diga claramente? No. Estoy dispuesto a decirlo una y mil veces;
he explicado que no tengo más competencias, que no persigo más
competencias, pero que ello no me va a hacer renunciar, no como
persona, sino como Delegado del Plan Nacional sobre la Droga, a
impulsar las políticas que correspondan, coordinar las políticas
que afecten al tema droga en los distintos departamentos
ministeriales y evaluar aquellas que los demás apliquen sobre
estos temas, porque es mi competencia como Delegado del Plan
Nacional sobre Drogas.
Así pues, en cuantos casos sea preciso, y que sean competencia de
la Delegación, emitiré mi parecer y daré a conocer mi punto de
vista para que se tenga en cuenta o, en su caso, por lo menos
conste como emitido.
En cuanto al artículo que me menciona, yo me alegro de que lo
haya leído porque es una reflexión interesante para todos.
Dice usted que no hablo de la prevención, de la rehabilitación,
pero tengo que decirle que es un artículo de prensa, no es un
tratado. Si quiere usted, en cualquier momento tendremos ocasión
de hablar de la rehabilitación, de la prevención, etcétera; yo lo
menciono, y creo que queda perfectamente clara cuál es la idea al
respecto en los temas de rehabilitación, de prevención, de
participación del voluntariado, etcétera. Déjeme, por favor, la
iniciativa intelectual, que yo emita mis opiniones al respecto.
No puedo renunciar a mi acervo profesional y, evidentemente, si
soy o no soy experto en determinados campos, el tiempo lo dirá,
pero es lo que creo al respecto, así como que es necesario hacer
esa política inteligente. Ahí quedan expuestas cuáles son las
ideas de Baltasar Garzón, a la sazón Delegado del Plan Nacional
sobre Drogas.
Creo que están prácticamente contestadas todas las cuestiones. Le
insisto en que estoy convencido de que, aparte de lo que es la
dialéctica parlamentaria, nos vamos a entender perfectamente en
este foro porque todos estamos trabajando en la misma línea, con
diferencia de criterios, pero en la misma línea y, por supuesto,
aceptando todas las críticas y todas las omisiones que, por mi
parte, se puedan cometer para, precisamente, corregirlas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE Gracias, señor Garzón.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don José
Luis Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, al igual que el resto de los Grupos
Parlamentarios, queremos transmitir nuestro saludo al Delegado
del Plan del Gobierno de lucha contra la droga, así como
transmitir nuestro agradecimiento, en primer lugar, porque se
haya producido la iniciativa de su comparecencia desde la propia
Delegación, lo cual creo que hay que valorar en sus propios
términos y, en segundo lugar, porque haya sido tan rápida esa
iniciativa desde su nombramiento y desde la constitución de la
Comisión Mixta en esta legislatura. Bien es cierto que esa
rapidez ha tenido una reciprocidad quizá poco comprensible,
porque lo que han sido rápidos son el examen y el juicio, es
decir, en este caso parece que al Delegado actual se le ha
privado del período de tiempo que, evidentemente, se da en la
función y en la responsabilidad.
Más allá de esas consideraciones, quería resaltar que hemos
apreciado en su exhaustiva exposición una voluntad de impulso
claro de lo que han sido todas las políticas integradas en el
Plan Nacional sobre Drogas, reflejadas en buena medida en la
Memoria y que, además, responde básicamente ese conjunto de
medidas -y esto me gustaría subrayarlo, porque creo que es muy
importante- al Informe que esta Comisión Mixta elaboró y aprobó
en su día por amplia mayoría o, incluso, por unanimidad. Por
consiguiente, ese me parece un punto de referencia importante. No
estamos en un momento de ruptura. Se ha dicho aquí que el
Informe, o la exposición, o muchas de las propuestas de medidas,
son continuistas; creo que eso es positivo, porque si algo exige
la lucha contra la droga -seguramente el señor Garzón lo conoce
bien- es la tenacidad y la coherencia en las políticas que, si
están respaldadas por la inmensa mayoría de los Grupos
Parlamentarios, han de ser bien venidas y bien recibidas. Con
otra posición correríamos el riesgo de ruptura, de incoherencia,
de no continuidad, y creo que eso no sería positivo.
Desde esa valoración, creo que la Comisión Mixta para el Estudio
de la Droga -quiero poner énfasis en esa expresión- debe evaluar
en este momento o debe intentar aportar, lo que creo que es la
labor de los Grupos, más que una labor de examen, o de juicio,
una labor de colaboración, de aportar alguna idea, de intentar
transmitir alguna sugerencia, incluso de profundizar en alguna de
las cuestiones que aquí se han planteado, porque, insisto, no
creo que éste sea el momento del examen, o de un juicio previo.
No obstante, no puedo obviar alguna de las cosas que se han dicho
aquí y entrar ya en una línea de examen del examen, porque creo
que también nos es lícito a algún Grupo Parlamentario.
Se ha referido aquí, como uno de los elementos críticos, que la
Memoria que se nos ha presentado, y que en principio iba a ser,
no sé si será así, la voluntad de
la Mesa o de la Junta de Portavoces analizada en una sesión de la
Comisión Mixta, había sido ya referida, básicamente, por el
anterior Delegado para el Plan Nacional sobre Drogas. Creo que
esa invocación al Acta que hemos tenido aquí ocasión de escuchar,
por parte de algún Portavoz, ha sido algo sesgada en el
contenido. Voy a leer textualmente algunas de las referencias que
se hacen en ese Acta que, obviamente, todos hemos leído y que yo,
casualmente, tengo aquí, porque lo que en su día hizo el señor
Villoslada, fundamentalmente, fue hacer «proyecciones», y así
está matizado en su propia intervención; hay dos incisos, los
únicos que se refieren en la Memoria de 1992 que, concretamente,
dicen, en la página 1.759: «En cuanto al consumo en sí, los datos
de que disponemos en este momento no son completos, porque
todavía no tenemos toda la información». Nos permiten afirmar que
durante 1992, y hace una especie de previsión, página 1.760,
inciso: «En el año 1992» -dice el anterior Delegado del Plan-
«todavía no tenemos los datos finales; calculamos por
extrapolación que hay, aproximadamente, unos 40.000
drogodependientes». Por tanto, hago una invocación al rigor para
que, cuando se está haciendo un examen de la envergadura del que
aquí algún Grupo ha pretendido plantear, seamos perfectamente
rigurosos con lo que en su momento se ha dicho y con la
coherencia que supone presentar ahora una Memoria de la totalidad
de la información sobre el año 1992.
En ese sentido, también tendría que hacer otra referencia, porque
ha habido un pequeño comentario sobre los compromisos electorales
del Grupo, o del Partido, Socialista, sobre los 150 centros que,
evidentemente, son un compromiso del Partido Socialista en la
última confrontación electoral y que parece que a algún Grupo le
suponen un referente excesivamente ambicioso. Quiero resaltar que
la evolución habida en estos años respecto a la creación de
centros con las Comunidades Autónomas ha sido tan positiva que,
por ejemplo, de 525 centros en el año 1991 pasamos a 635 centros
en 1992. Si el compromiso electoral del Partido Socialista es de
150 en la legislatura, me parece que es fácilmente alcanzable.
Exactamente igual respecto a las alusiones a la política en
relación con las instituciones penitenciarias. Soy personalmente
muy sensible en este tema, y quiero decir que en este ámbito sí
se ha producido un cambio, un vuelco y un esfuerzo tremendo en
los últimos años desde la hoy Secretaría de Estado en todo lo que
afecta a políticas de prevención y de asistencia en materia de
drogadicción. Me atrevería a decir que quizá viendo los datos,
que se pueden evaluar desde los años 1985 y 1986, el cambio ha
sido radical: de una ausencia, prácticamente, de políticas, a una
situación en la que seguramente la mayoría de las personas -si
son muchas, como aquí se ha dicho- afectadas tienen, en estos
momentos, algún tipo de atención o de políticas de prevención.
Desde esa perspectiva, y con alguna matización que podríamos
incorporar, quisiera, básicamente, hacer una consideración
inicial para luego transmitir alguna pregunta o alguna sugerencia
al Delegado. Esa consideración de carácter general viene dada por
una reflexión que, al hilo de las intervenciones, he tenido. Creo
que más allá del debate -y en esto comparto la posición del
Delegado-, de las cifras, de los datos, de una y otra evolución,
de una y otra problemática, hay algo que me parece que, en
términos políticos, tiene que tener mucho más valor, porque
siempre las cifras son legibles y manejables en función de las
propias circunstancias, como pasa con el tema de los decomisos.
Yo creo que la valoración es cuál es la percepción política que
tenemos los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos, sobre
el fenómeno social que se está produciendo. En ese sentido,
quiero destacar, porque a veces se hace, seguramente, de pasada,
que algo tendrá que ver lo que entre todos se está haciendo
cuando es constatable -insisto, más allá de las cifras- que la
inmensa mayoría de la juventud española tiene, en estos momentos,
una reacción francamente ilusionante y francamente positiva ante
el fenómeno de la droga. Creo que esa es la mejor campaña
publicitaria que la sociedad española puede tener, y se está
desarrollando. Eso, haciendo labor política, estando un poco en
la calle, creo que es una percepción notable. Sin duda alguna,
aunque la inversión sea lo mejor a más largo plazo, ahí habrá una
reflexión importante. En segundo lugar, tengo otra percepción,
traducida en imágenes, y es que creo que hoy la sociedad española
es consciente de que la lucha activa, la represión contra el
narcotráfico, es una realidad. Las imágenes de los juicios a las
que estamos asistiendo de algunas de las redes más
significativas, también es evidente. Por tanto, permítasenos
transmitir, no una posición de complacencia, porque,
evidentemente, en esta materia nunca la podrá haber, pero sí de
cierta esperanza, sobre todo pensando en el futuro con la actitud
que percibimos en amplios sectores de la juventud.
Desde esa reflexión que, seguramente, es un fruto y un esfuerzo
colectivo, como corresponde a la filosofía del Plan que creo que
el Delegado ha relatado y expuesto con absoluta coherencia, voy a
hacer alguna pregunta o sugerencia que me gustaría pudiera
responder el Delegado. En el informe que esta Comisión Mixta
aprobó, y también en la Memoria, hay una consideración muy
significativa -ya que la política de coordinación se pone siempre
como referente en esta materia- sobre la importancia que las
Corporaciones locales, básicamente los ayuntamientos pero también
las Diputaciones, pueden tener en el papel decisivo de prevención
y colaboración en la represión, dada la cercanía institucional,
política, que tienen con los ciudadanos. Nos gustaría que nos
comentara cuáles son en ese terreno -porque, insisto, es uno de
los puntos del
Informe- las perspectivas o la opinión de la Delegación.
En segundo lugar, compartimos plenamente -y el Grupo Socialista
va a dar su apoyo inequívoco en este caso a la Delegación del
Plan- todo lo que sean políticas tendentes a disminuir ese
fenómeno del alcohol, especialmente entre la juventud,
seguramente alternativo, preocupante, pero que creo que estamos
todavía en un momento bueno para atacarlo con dureza. Va a
encontrar en el Grupo Socialista el apoyo a todas las iniciativas
que requiere en estos momentos la situación, que está preocupando
seriamente a muchas familias españolas y que posiblemente exigirá
alguna medida legislativa y alguna acción paralela.
Obviamente, el Grupo Parlamentario Socialista apoya la creación
del Consejo Asesor en materia de lucha contra la droga. Es un
compromiso electoral del propio Partido Socialista y creemos que
puede ser un foro importante, sobre todo de participación de la
sociedad, que a través de sus organizaciones adquiere una
relevancia especial en esta tarea.
Creemos también -como algún otro Grupo ha señalado- que es
necesario intensificar los programas educativos, de formación, no
sólo en el ámbito del Ministerio de Educación, sino en otros en
los que ya se han iniciado, que son incipientes. Hay uno de ellos
que, quizá, tiene una especial sensibilidad, como es el de los
funcionarios de prisiones, donde seguramente se debe hacer una
labor mucho más beligerante -que ya se ha venido desarrollando-
por el foco de reproducción de mecanismos de comportamiento
negativos que supone para muchas personas.
Obviamente, también tendrá nuestro apoyo inequívoco la ley del
fondo. Hay que matizar que la ley de presupuestos aún no ha sido
aprobada, hay un trámite parlamentario que cumplir y, desde
luego, la articulación jurídico-financiera que exige esta medida
novedosa -novedosa, sin duda alguna, pero creo que de amplio
calado político- de existencia de recursos para la lucha contra
la droga va a requerir el compromiso de todos.
También ratifico el apoyo a la ley que en estos momentos está en
tramitación parlamentaria sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales, aunque sí voy a hacer
alguna consideración sobre su importancia. Ha habido en este
punto alguna alusión a una Diputada del Grupo Parlamentario
Socialista, y yo no puedo dejar de manifestar que el Grupo
Socialista constata el cambio radical de actitud de algún Grupo
en torno a esta ley; un cambio que yo creo que ha sido aconsejado
por la prudencia, pues era inexplicable alguna posición anterior,
y que nos gustaría que permaneciera, porque en el trámite de
aprobación de la ley el Grupo Parlamentario Socialista ha
incorporado ya en Ponencia enmiendas que endurecen el proyecto y
que, sin duda alguna, atacan el problema -en mi opinión, quizá,
el fundamental- del control de la oferta y, por consiguiente, en
buena medida, el de la prevención en esa dirección.
También creemos que es necesario atacar medidas como las que ha
propuesto el Delegado del Plan sobre la situación penitenciaria,
o que puedan afectar a alguna reforma, incluso, del Reglamento,
de la Ley Penitenciaria o del Código Penal. En ese sentido, vamos
a trabajar con la suficiente prudencia.
Y, para terminar, diré que entendemos -por lo menos esa es la
opinión del Grupo Socialista- que la Comisión puede estar hoy
tranquila sobre las perspectivas de futuro, porque hemos
escuchado un conjunto de medidas coherentes, sensatas, que van en
la línea de lo que esta Comisión ha venido debatiendo, a veces en
círculo cerrado -como algún portavoz dijo en algún momento-, y yo
creo que no es necesario seguir hablando siempre de lo mismo. Hay
novedades, aunque seguramente algunos no han sabido valorar la
importancia de las mismas, y desde nuestra perspectiva, y en ese
esfuerzo conjunto, creemos que la Delegación del Gobierno para la
lucha contra la Droga va a ayudar a esta Comisión a que siga
cumpliendo ese papel de foro de referencia institucional, de
representación del pueblo en todo lo que es la lucha contra la
droga.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Garzón Real): Gracias, señor Presidente, y gracias también al
portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión por la bienvenida.
Es cierto que a primeros de septiembre solicité la comparecencia
ante la Comisión a través de la Ministra de Asuntos Sociales.
Después, por problemas parlamentarios, no ha llegado a
constituirse hasta el 10-11 de octubre. Hubiese sido mi deseo -lo
he vuelto a decir- que la primera comparecencia, el primer
contacto hubiese sido el de presentación de la Memoria, por
deferencia hacia los Grupos Parlamentarios y por deferencia hacia
la Comisión, pero, a la vez, hubiera sido poco operativo si,
presentada la Memoria en ese momento, no hubiésemos tenido el
tiempo necesario para debatirla, estudiarla y poder hacer un
nuevo examen y una reflexión profunda sobre el contenido de sus
datos -como he solicitado antes de que se haga otro momento-,
como probablemente habría sucedido.
En cuanto a que las medidas van muy en la línea del Informe
emitido por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del
problema de la droga, es cierto, y es cierto también que ya
algunas de ellas están recogidas en ese Informe. Hay algunas
-como decía- que se han cumplido, otras que están por cumplir y,
en cualquier caso, será éste el foro donde tengamos que
debatir las causas por las cuales no se han llevado a efecto y se
pueden acometer de nuevo.
Respecto a la pregunta que me hacía sobre la participación de los
municipios en el Plan Nacional sobre Drogas, es cierto que los
municipios son, quizá, la entidad administrativa más próxima al
problema -de hecho hay importantes municipios que tienen planes
de drogas: Madrid, Valencia, o cualquier otro que podamos
mencionar aquí-; es cierto que debemos procurar que haya un
contacto fluido, es un tema abierto, y es cierto que se ha
planteado ya en alguna ocasión, y así, en el propio diseño del
Plan Nacional sobre Drogas, cuando se crea en Consejo de
Ministros el 24 de julio, se habla de los ayuntamientos como la
Administración más cercana al ciudadano para que se tenga que oír
lo que esta Administración tiene que decir al respecto. De
momento, la actuación se viene haciendo a través de las
Comunidades Autónomas; hubo alguna polémica al respecto en alguna
Conferencia Sectorial, pero en líneas generales la situación es
que la participación se lleva a cabo a través de las Comunidades
Autónomas, aunque también es cierto que a lo largo de 1991 y
1992, con el objeto de reforzar una colaboración más fluida con
el Plan Nacional sobre Drogas, se organizó un seminario que
culminó con un documento en el que se recogían las principales
recomendaciones de municipios, Comunidades Autónomas y la
Federación de Municipios y Provincias.
En consecuencia, aparte de las intervenciones puntuales que la
Delegación del Plan Nacional sobre Drogas tiene en colaboración
con determinados planes municipales, es un tema abierto que podrá
ser estudiado y que podrá ser debatido tanto en esta Comisión
como en cualquier otro foro.
En cuanto a las demás cuestiones que ha planteado su señoría,
respecto al alcohol, evidentemente, reitero lo dicho
anteriormente; es una misión que debemos imponernos analizar las
causas por las que se produce ese quebranto de la tendencia de
rechazo hacia el alcohol, como lo hubo respecto del tabaco y las
drogas ilícitas; tendremos que analizar las causas, que son
bastante profundas, y ahí debemos encontrarnos todos.
En relación al Consejo Asesor, estoy totalmente de acuerdo.
Finalmente, en cuanto a la importancia de la Ley de Prevención de
blanqueo de capitales es fundamental, y yo aspiro a que en el
trámite parlamentario se dé la salida adecuada a esa disposición
transitoria, que sirva, a través de la Ley de Presupuestos, para
que podamos iniciar la aplicación de la Ley del Fondo -una vez
que esté aprobada por el Parlamento- inmediatamente.
Yo creo que esa es una misión que a todos como parlamentarios
-por mi cualidad de tal también- nos corresponde decidir y
aprobar, porque es un elemento importantísimo para continuar con
las medidas que hemos expuesto y que, en gran parte, van a estar
también muy limitadas por las restricciones presupuestarias que
este año venidero tendremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Habíamos acordado abrir un segundo turno de
portavoces, pero dado lo avanzado de la hora, si los señores
Senadores me indican de forma gráfica que no resulta
imprescindible ese segundo turno, podemos dar por zanjado este
asunto. (El señor Robles Orozco pide la palabra.)
El señor Robles indica que desea intervenir en ese turno. En
consecuencia, como habíamos acordado, aunque no hemos cumplido
lógicamente el tiempo asignado de diez minutos, ruego
encarecidamente en este segundo turno a los portavoces que
acepten, ya no con carácter orientador, sino como un criterio
inflexible del Presidente, un tiempo de cinco minutos.
He hecho grandes esfuerzos en esta primera reunión de la Comisión
para no comenzar ya con una especie de primer altercado con
ninguno de los portavoces, y me gustaría poder acabar esta
reunión de esa forma. El sentido común, la experiencia
parlamentaria y lo que resulta obvio hace innecesario que dé más
explicaciones; es decir, el tiempo es algo importante para todos
y con un esfuerzo intelectual, que seguro que no debe ser
excepcional, se puede intentar en poco tiempo exponer las ideas
que todos tenemos derecho a expresar.
Por tanto, fijo en cinco minutos el tiempo que asigno a cada uno
de los portavoces e incluso le rogaría al señor Garzón que si
desea responder a alguna cuestión -ya que éste es un turno
fundamentalmente de pregunta y petición de aclaraciones- lo haga
de forma conjunta a los cuatro portavoces, pues quizá pudiéramos
ganar cinco minutos, ya que habrá señores senadores que desearán
estar presentes a las cuatro de la tarde en el inicio del Pleno,
y yo me siento, además, obligado a garantizar el ejercicio de ese
derecho, que también es una obligación.
Don Narcís Vázquez, ¿desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra don Josep María Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Con mayor brevedad que en mi primera intervención, quisiera
pedirle al señor Presidente que constara en acta que la brevedad
de mi primera intervención fue generada porque pensaba que en
esta Comisión no debía analizarse la Memoria -pero después he
visto que quizá sí que tenía que haberme alargado- y no quisiera
que esto se interpretara en función de que nuestro Grupo no da
mucha importancia a esta cuestión, que sí se la da, y lo estamos
demostrando en nuestra Comunidad Autónoma, donde tenemos
competencias de gobierno.
Con mucha brevedad, yo quisiera decirle al señor Delegado que
cuando él ha situado en el terreno de la utopía mi referencia a
la intervención en la producción,
evidentemente, yo me he referido a esto, no en función de una
iluminación mesiánica de este Portavoz en este momento, sino en
un refrendo que puedo situar en el informe del Club de Roma, en
el Comité de Expertos de la Comunidad Europea -al cual me honra
pertenecer- y en el último informe de la Asociación Médica
Mundial.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Bertrán.
Tiene la palabra don Gonzalo Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Le garantizo que va a tener usted toda nuestra colaboración para
no tener ningún tipo de altercados, pero le recuerdo también,
señor Presidente, muy amablemente, que la función de estas
Comisiones y del Parlamento fundamentalmente es agotar los temas,
por lo menos como reglamentariamente se nos concede; y ha sido
siempre la tradición de esta Comisión.
Brevemente, quisiera intervenir, porque me parece hasta cortés
con el propio señor Delegado, tener un turno de réplica de forma
que alguna de las cosas que él me ha preguntado a mí yo se las
pueda aclarar y algunas cosas que me han quedado sin saber de su
intervención yo se las pueda también preguntar a él.
Quiero empezar por algo a lo que el señor Delegado venía
preparado para contestarme, en base a mi intervención en la
comparecencia del señor Villoslada, y luego contestaré también al
señor Portavoz del Grupo Socialista.
Si las encuestas o si los datos que elaboran los organismos
oficiales del Estado están mal, eso, evidentemente, es culpa de
los organismos oficiales del Estado; es decir, si la Policía
confecciona erróneamente sus memoria, tendrá que ser la Policía
la responsable de sus datos. Por tanto, los datos que yo he usado
en esa Comisión son los datos de la memoria de la Policía. Si mi
intervención ha servido para que la propia Delegación revise esos
datos y comprobemos que solamente dos casos no eran menores de
dieciséis años, me parece razonable. Pero es no quita la gravedad
de los datos que yo he aportado. Es decir, es importante el
aumento, sea del triple o del doble, de muertes en menores de
dieciséis años, y es importante, sin lugar a dudas, el aumento
-que usted no me ha rectificado- en menores entre dieciséis y
dieciocho años. Por tanto, los datos siguen siendo válidos e,
insisto, la responsabilidad no nos la puede usted imputar a
nosotros sino, en todo caso, a los organismos oficiales, que son
los que elaboran los datos que tenemos aquí.
En cuanto al acta de la sesión del día 23, yo también le puedo
leer, por ejemplo, la página 1.760, donde no se habla de
proyecciones, se dice, literalmente: Las cifras de 1992 son
bastante parecidas a las del 91; durante 1992 ha habido 27.000
detenidos, frente a los 28.000. Es decir, se están dando datos en
valores absolutos y, por tanto, estos son los datos que se
aportaron en el acta y que figuran aquí. Además, por cierto, no
hace falta irse a lo que se dijera en aquel momento, lo que hace
falta es ver los datos que dio en este acta y ver los que dice en
este momento la Memoria. Y, si comparamos los dos, nos damos
cuenta de que lo que dice el acta es lo que dice la Memoria. Por
tanto, es curioso que se hable de proyecciones cuando había una
clara idea de lo que en ese momento estaba pasando. Como, por
otra parte, es razonable; si la Administración funciona bien, es
de suponer que en marzo de 1992 ya sepa lo que ha pasado en 1991,
o en marzo de 1993 sepa lo que ha pasado en 1992. Si no,
tendremos un mal sistema de recogida de datos.
También se me ha olvidado plantearle que en esa misma
comparecencia el señor Villoslada nos habló de un informe -del
que, por lo menos, nuestro Grupo no dispone, y me gustaría saber
si otros Grupos disponen de él y, si no, yo lo quisiera
solicitar- que evaluaba el informa -valga la redundancia- de la
Comisión Mixta en su momento; es decir, su cumplimiento. Y se nos
dijo que incluso lo podíamos recoger y tener. Yo, como portavoz
de mi Grupo, no lo poseo, y me gustaría saber si la Delegación
dispone de ese informe y si se nos puede hacer llegar a los
diferentes Grupos Parlamentarios.
Muy brevemente, voy a exponer algunas cosas que me han quedado en
el tintero. Quiero volver a insistir en la importancia que tiene
la política presupuestaria, señor Garzón, porque de lo que dicen
los Presupuestos se deduce si después se puede hacer las cosas
que usted nos dice, y solamente le daré un ejemplo, para que el
señor Presidente no me tenga que llamar al orden.
Usted, por ejemplo, nos ha hablado de la política de
comunicación, de las políticas de información y de las campañas;
incluso nos ha citado campañas similares como las que ha
realizado la FAD, por ejemplo, o a través de campañas de
comunicación. Pues en la Memoria de los Presupuestos Generales de
este año, donde se especifica en qué se va a emplear dice
claramente: Campañas de Publicidad, Spot de Televisión: en el año
1993, 40; en el año 1994, ninguno. Radio y Prensa: en el año
1993, 120; en el año 1994, 20. Disminuye en 100. Material
gráfico: en el año 1993, 10; en el año 1994, 5. Material
audiovisual: en 1993, 2; 1 en 1994. Es decir, señor Garzón, no es
que lo mantengamos, es que se le pega un recorte impresionante; y
ésta es la labor de publicidad y de comunicación que se supone
que, con el presupuesto que a usted le han dado, va a hacer la
Delegación. Por tanto, si hemos estado escasos durante estos
años, no digamos con los datos que nos aporta la propia Memoria
presupuestaria. Los Presupuestos Generales del Estado reflejan lo
que se puede hacer a lo largo del próximo año y, francamente, lo
que le han dejado a usted es bastante poco. En consecuencia,
eso me sirve para hablarle de nuevo de los presupuestos y de la
política de comunicación.
Segunda cuestión. ¿De dónde he sacado el dato del 0,82 por
ciento? Pues del Consejo de Administración de Radiotelevisión,
que tiene una pregunta contestada a su Director General, tanto a
los Consejeros como a los propios parlamentarios; en el Registro
de la Cámara figura lo que denominan la parrilla de programación,
y en una contestación parlamentaria figuran los tiempos de cada
uno de los conceptos que se han hecho. Ahí los puede usted
encontrar.
Tercera cuestión. En cuanto a si son o no son específicos los
cursos de asistencia en las prisiones o los que realizan los
cursos, francamente, la Memoria induce a serios errores; es
decir, que si no se leen con profundidad, parece que estamos
haciendo una labor de prevención extraordinaria. Yo no creo que
se pueda comparar la misma calidad de prevención al menos -con
todos mis respetos-, a unos cursos impartidos para unos docentes
o para unos padres que se sientan y tienen una serie de horas
lectivas, con haber participado en una carrera de lucha contra la
droga, por muy lícita y estupenda que sea.
Porque, según esto, se dice: han participado 50.000 señores
corriendo y, por tanto, han hecho una programación preventiva
inespecífica. Pues mire usted, habrá hecho una programación
inespecífica pero, desde luego, no creo que se pueda considerar
una formación en la prevención de lucha contra la droga.
Lo mismo pasa en el ámbito penitenciario, realmente quien ha
participado es ese trece por ciento, y los demás, en todo caso,
habrán recibido algún tipo de información que no una formación. Y
los cincuenta centros significa que hay otros 43 que no tienen
ningún tipo de unidad de tratamiento específico.
Eso es lo que hay que decir, no diga usted que hay 50, es que hay
43 donde no se hace ni un solo programa de actividad específica.
Y eso es lo que me parece que nos tienen que interesar. Por
cierto, quiero recordarle que Instituciones Penitenciarias, a
excepción de Cataluña, es competencia exclusiva del Estado, y es
curioso que ustedes cada vez que ponen la coletilla dicen «en
colaboración con las Comunidades Autónomas» ¡Y tan en
colaboración! Como que la mayoría de los programas en
Instituciones Penitenciarias los montan las Comunidades Autónomas
o algunos ayuntamientos, pero no desde luego con presupuesto del
Gobierno central. Esto es como lo de los 150 centros que promete
crear el Partido Socialista. Mire usted, si yo me quiero comprar
un piso, y me lo quiero comprar con mi primo debería consultarle
antes a mi primo. Porque decir que voy a crear 150 centros con
las Comunidades Autónomas, está muy bien, pero habrá que saber
primero si las Comunidades Autónomas están dispuestas, qué
presupuesto van a aportar y en qué fase lo van a hacer. Porque
quien ha creado la inmensa mayoría de los puestos de
rehabilitación en este país precisamente han sido las Comunidades
Autónomas con sus presupuestos. Y quiero recordarle que el 40 por
ciento del Presupuesto total del Estado lo aporta la
Administración Central y el 60 por ciento las Comunidades
Autónomas. Por tanto, no hay que olvidarse de ese importante
tema.
En cuanto a la valoración que usted hace de que vamos por buen
camino en educación para la salud, con un año de retraso, sin el
material, con el problema de los profesores, me parece una
ligereza, pero, en todo caso, tendremos tiempo de hablar de ello
adecuadamente, pero, desde luego, no le puedo aceptar el hecho de
que los cambios de costumbres en el consumo signifique una mejora
en los datos de consumo. Lamentablemente los datos de consumo en
este momento son lo suficientemente preocupantes para terminar en
lo que estamos hablando durante toda esta sesión. Es decir,
cuando las cifras que nos da la memoria son las que son, cuando
llevamos ocho años de trabajo en el Plan, precisamente es el
momento de decir si estamos siendo eficaces o estamos siendo,
como usted decía hace un año, un poco quijotes en la lucha contra
la droga. Eso nos toca a todos valorarlo, es el momento de
reflexionar sobre ello, es el momento de decir si estamos yendo
por el buen camino, si estamos acertando en la línea que debemos
hacerlo y si vamos a ser capaces entre todos de modificar lo que
tengamos que modificar. En esa actitud, insisto, tiene usted
muestras, y tienen muestras las diferentes personas que han
pasado por la Delegación, de nuestra actitud y de la actitud que
tienen las Comunidades Autónomas y depende de que ustedes también
sean capaces de implicarnos a todos en esa misma política de
acuerdos que usted nos demanda.
Por otra parte, quiero decirle que espero que no tardemos tantos
meses en volver a ver a un Delegado en esta Comisión y que
tengamos la ocasión de poder charlar sobre este tema u otros que
puedan traernos a iniciativa de la Delegación o a iniciativa de
otros Grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Garzón Real): Gracias, señor Presidente.
Brevemente, quiero decir que conozco los informes del Club de
Roma y demás, se trataba un poco de polemizar sobre la
posibilidad, sobre la viabilidad de llevar a cabo ese proyecto de
eliminación total de la oferta. Y en ese sentido, yo estoy de
acuerdo con usted, evidentemente, pero insisto en que a pesar de
los estudios que hay al respecto, lo veo bastante inviable en
estos momentos y en un futuro próximo.
En contestación al representante del Grupo Popular, respecto a
los datos de la memoria, no se trata de traer preparadas las
respuestas, sino de saber más o menos
de qué se iba a hablar en esta sesión, y yo suponía, como en
realidad he acertado, que se iba a hablar de una serie de temas
que el representante del Grupo Popular ya expuso en la
comparecencia del mes de marzo de 1993. En consecuencia, lo único
que he hecho ha sido ser previsor ante esa posibilidad y venir
informado porque, entre otras cosas, no tenía la responsabilidad
en ese momento, y me tengo que informar al respecto. Yo he
procurado recoger una serie de datos; creo que reconocer los
fallos y los errores es de sabios. En ningún momento yo le he
imputado al representante del Grupo Popular que se haya
equivocado en la utilización de los datos. Le he dicho que en los
datos utilizados en esa comparecencia posteriormente se constató
que había habido algunas deficiencias en la estadística y que en
realidad de los datos que se habían ofrecido sólo cuatro tenían
realmente menos de 16 años -si antes me he equivocado en el dato
ahora queda corregido porque lo estoy leyendo- y uno de ellos no
había muerto por sobredosis sino por ajuste de cuentas. ¿Que son
preocupantes los demás datos? Evidentemente, no se trata de
minimizar que son graves y preocupantes, insisto, para eso
estamos aquí. No se trata tanto de decir no se ha hecho, no se ha
hecho, sino de ver lo que podemos hacer, y arrastrar todo lo que
no se ha hecho para poder llevarlo adelante.
En cuanto al informe de evaluación de la Comisión Mixta, creo que
se puede referir a este informe -digo creo, porque es el que se
me ha facilitado en la Delegación de Propuesta de Medidas
1991-1992 de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio
del Problema de la Droga-. Informe de Situación de la Delegación
del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, marzo 1993, donde se
recogen, pero para andar por casa, una serie de anotaciones que
en cuanto las tengamos, evidentemente, no habrá ningún problema
en facilitárselas, y es probable que incluso estén aquí, en el
Senado. Me informa el Director General del Plan, que está entre
nosotros, que este informe está en el Senado. También usted en el
tema de televisión me remitía a los registros del Congreso. En
cualquier caso, es lo de menos, si esta información no está, se
la proporcionamos.
En cuanto a la publicidad, nuevamente insiste usted en la
reducción de las partidas presupuestarias. Sé cuál es el
presupuesto, todavía estamos en trámite de discusión
presupuestaria, e insisto en que aspiro a que se puedan corregir
esas deficiencias y que, incluso, se pueda mejorar el presupuesto
de la Delegación. Cuando se cierre ese ciclo podremos hablar
usted y yo, y decir si lleva uno razón o la lleva el otro. En
cualquier caso, eso no implica que tengamos que hacer el esfuerzo
común al que he hecho tantas veces referencia. Respecto a la
información de televisión, realmente yo había indagado para
conseguirla, para ver si efectivamente, al día de hoy, seguía
habiendo un porcentaje similar, había disminuido o había
aumentado, para el mero conocimiento de la Comisión Mixta.
Como no he conseguido localizar esa información, se lo he
mencionado.
En cuanto a los centros penitenciarios, los que hay, ahí están, y
lo que tendremos que conseguir no es presentarlos como un logro
para ocultar o minimizar aquello que no se ha hecho, sino para
constatar una serie de elementos objetivos que están ahí.
Evidentemente, se tiene que seguir en esa dinámica y ya le he
dicho que en ello estamos.
En cuanto a la presentación de las propuestas en los ámbitos
preventivos de educación y demás, en modo alguno creo que yo haya
actuado con ligereza; no es mi intención hablar a la ligera de
ningún tema, y menos de éste; si no sé hablar del tema,
normalmente me callo, escucho y aprendo. Pero yo creo que mi
obligación es presentar el proyecto de trabajo conjunto, y
después, entre todos, tratar de llevarlo adelante, cada uno con
su responsabilidad.
En cuanto al cambio de hábito de consumos, evidentemente es un
hecho objetivo que está constatado en la Memoria; yo no sé si la
próxima Memoria constatará lo mismo o no, si habrá una evolución
o no; el hecho de que haya un cambio de hábitos es importante.
Eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo; es importante,
es un hecho objetivo, y tendrá que ser valorado adecuadamente; si
eso supone un avance o no, o supone una cultura de miedo hacia
las consecuencias de la utilización de la vía parenteral o a qué
responde; para eso también tenemos que reflexionar sobre estas
cuestiones.
Yo creo que con esto están prácticamente contestadas todas las
preguntas. (El señor Vázquez Romero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra señor Vázquez Romero.
El señor VAZQUEZ ROMERO: No voy a preguntarle nada al señor
Garzón, voy a rogar a la Mesa que, a través de los servicios de
la Cámara, nos proporcione a los diferentes Grupos una copia de
esa valoración de la Ponencia, elaborada en su día por la
Comisión Mixta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Delegado, le agradezco, en nombre de la Comisión, el tiempo
que nos ha dedicado y su ofrecimiento para futuras
comparecencias.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.