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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 174, de 04/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 174
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 172
celebrada el miércoles, 4 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 9259)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
general que aplicará el Gobierno para mejorar la situación de la
seguridad vial, así como valoración del incremento de los índices
de siniestralidad vial experimentado durante 1995 (número de
expediente 172/000121) (Página 9277)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 175,
de 5 de octubre de 1995.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 9259)
Del Diputado don Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula
al Gobierno: ¿Cómo explica el Sr. Presidente del Gobierno la
entrevista con el abogado Sr. Santaella en un acto que diversas
fuentes han calificado como de «chantaje»? (Número de expediente
180/001404) (Página 9259)
Del Diputado don Rodrigo de Rato Figaredo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Qué beneficios para la seguridad del
Estado, la independencia del Poder Judicial y el prestigio de las
instituciones democráticas se han obtenido de las negociaciones
mantenidas por el Sr. Presidente del Gobierno y sus Ministros con
los representantes legales del Sr. Perote y otros? (Número de
expediente 180/001409) (Página 9260)
Del Diputado don Iñaki Anasagasti Olabeaga, del Grupo Vasco
(PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativas concretas ante
el Gobierno y el Congreso norteamericano ha realizado el Gobierno
con el fin de que el Consulado de los Estados Unidos en Bilbao no
sea cerrado, logrando, como lo han hecho otros países, que esta
representación se mantenga? (Número de expediente 180/001402)
(Página 9261)
Del Diputado don Enrique Curiel Alonso, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al
Gobierno el contenido del Proyecto de Ley sobre libertad y
solidaridad democrática con Cuba, aprobado recientemente por la
Cámara de Representantes de Estados Unidos, su posible influencia
en el futuro de las relaciones comerciales entre España y Cuba,
así como la posible vulneración de las normas de la Organización
Mundial del Comercio que se deriva del contenido del citado
Proyecto de Ley? (Número de expediente 180/001423) (Página 9262)
Del Diputado don Enrique Martínez Martínez, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa tomar el Gobierno
algún tipo de iniciativa que garantice en los organismos
internacionales un uso del español acorde con la importancia
cultural de nuestro idioma y la entidad política de nuestro país?
(Número de expediente 180/001425) (Página 9263)
Del Diputado don Adán Martín Menis, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía
y Hacienda: ¿Cree el Sr. Ministro que se han dado cumplimiento
por parte de Tabacalera a los acuerdos tomados por esta Cámara el
pasado año? (Número de expediente 180/001407) (Página 9263)
De la Diputada doña Mercedes Fernández González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué proyectos susceptibles de
financiación con cargo al Fondo de Cohesión ha presentado España
ante la Comisión referidos a infraestructuras de transporte en
Asturias para 1995? (Número de expediente 180/001411) (Página 9264)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cree el Sr. Ministro que se ha
respetado la filosofía de la iniciativa comunitaria PYME ayudando
de manera efectiva a las pequeñas y medianas empresas de las
regiones Objetivo I con el uso que se está dando al dinero
comunitario que viene a través de esa iniciativa comunitaria?
(Número de expediente 180/001412) (Página 9265)
Del Diputado don Juan Costa Climent, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Cuáles son las razones por las que el
Gobierno no está de acuerdo en aprobar una nueva
actualización de balances? (Número de expediente 180/001415)
(Página 9266)
Del Diputado don José Antonio Alonso Conesa, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Ministerio de
Economía y Hacienda prorrogar el Decreto que declara a Cartagena
zona de promoción económica especial, dado que el Decreto
finaliza el 30 de diciembre de 1995? (Número de expediente
180/001421) (Página 9267)
Del Diputado don Juan Carlos Aparicio Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Qué motivos existen para
que el Gobierno haya decidido no aplicar las Recomendaciones del
Pacto de Toledo en la próxima Ley de Presupuestos y de
Acompañamiento? (Número de expediente 180/001413) (Página 9268)
Del Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué opinión le merece a la
Sra. Ministra las manifestaciones del Presidente de la patronal
farmacéutica estadounidense, en el sentido de que la política
farmacéutica de su Ministerio puede tener un impacto negativo en
la salud y en el bienestar de los pacientes? (Número de
expediente 180/001416) (Página 9269)
De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el motivo de la
retirada de las vacunas anticatarrales? (Número de expediente
180/001426) (Página 9270)
Del Diputado don Néstor Padrón Delgado, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene autorización sanitaria
la venta de agua imantada o producto para su imantación, que se
anuncia en determinados medios, con propiedades terapéuticas y
sanitarias, o es un verdadero fraude? (Número de expediente
180/001427) (Página 9271)
De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué
situación se encuentra la incorporación de administradores en los
centros docentes, recogida en la LOGSE? (Número de expediente
180/001428) (Página 9272)
Del Diputado don Antonio Landeta Alvarez-Valdés, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Industria y Energía: ¿Se están dedicando los medios
necesarios para detectar la causa del accidente ocurrido el día
31 de agosto en el pozo San Nicolás, de HUNOSA, en Nives, que
costó la vida a catorce mineros, con el fin de evitar que hechos
como éste se vuelvan a repetir? (Número de expediente 180/001414)
(Página 9273)
Del Diputado don José Félix Sáenz Lorenzo, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la naturaleza de
la propuesta que el Gobierno plantea sobre la implantación del
mercado único de electricidad en la Unión Europea? (Número de
expediente 180/001429) (Página 9274)
Del Diputado don Lluis Recoder i Miralles, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno el funcionamiento del sistema
de alerta «PREVIMET» los pasados días 20 y 21 de septiembre?
(Número de expediente 180/001408) (Página 9275)
Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia e Interior: ¿Considera el Gobierno que los fondos
reservados pueden ser usados por el Ministro del Interior de
turno para adquirir piezas de joyería destinadas a obsequiar a
altos cargos de la Administración? (Número de expediente
180/001410) (Página 9276)
Interpelaciones urgentes (Página 9277)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
general que aplicará el Gobierno para mejorar la situación de la
seguridad vial, así como valoración del incremento de los índices
de siniestralidad vial experimentado durante 1995 (Página 9277)
El señor Sanz Escalera defiende la interpelación del Grupo
Popular, manifestando que la sociedad española tiene desde hace
demasiados años una herida abierta por la que se causan
anualmente entre 5.000 y 6.000 muertes y cientos de miles de
heridos, junto a una pérdida económica de un billón y medio de
pesetas como consecuencia de nuestra siniestralidad vial. La
siniestralidad en carreteras y en zonas urbanas es de tal
calibre, que constituye una cuestión de Estado que obliga a todos
a concurrir en la tarea de reducirla a límites europeos.
Frente a tan pavoroso problema, el Estado actúa tripartitamente,
a través del Ministerio de Obras Públicas, indirectamente a
través del Ministerio de Industria y, sobre todo, a través de la
Dirección General de Tráfico, máxima responsable de la seguridad
vial y del tráfico. Sin embargo, existe un total desconocimiento
sobre el resultado concreto de cada medida adoptada y, así,
frente a un descenso de la siniestralidad en años anteriores, de
pronto se produce una inflexión hacia arriba, con una tendencia
imparable, desde el pasado mes de febrero hasta ahora.
Recuerda que el Grupo Popular advirtió reiteradamente, cuando se
produjo un descenso en la siniestralidad y existía cierta euforia
en los organismos correspondientes, que el mérito era relativo
porque nos seguíamos manteniendo en los niveles más altos de
siniestralidad dentro de la Unión Europea.
Añade sobre ese particular que la Dirección General de Tráfico se
encuentra inmersa en el espejuelo de la recaudación, lo que la
lleva a practicar una política economicista y represiva, más que
preventiva, de la circulación vial.
Expone algunos de los fallos en que, a su juicio, incurre la
Dirección General, afirmando que los datos estadísticos revelan
la carencia de una política gubernamental en esta materia. La
Dirección General de Tráfico no se plantea anualmente un
horizonte a conseguir ni realiza una evaluación de las medidas
adoptadas, por lo que no asume la responsabilidad
correspondiente.
Termina expresando la necesidad de una reflexión profunda para
mejorar una situación que califica de nuevo como cuestión de
Estado.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Justicia e
Interior (Belloch Julbe), que comienza realizando una valoración
de los accidentes durante los últimos cinco años y de lo que va
del año 1995, para exponer seguidamente las líneas maestras de la
política desarrollada por su Departamento en materia de
prevención de accidentes.
Respecto a la siniestralidad en los últimos años, rechaza que se
haya producido nunca alguna manifestación de euforia,
limitándose, como mucho, a dar los datos conforme a los modelos
estadísticos aceptados en la tradición española. No considera
serio manifestarse eufóricos ante un problema tan grave. Cree que
la única actitud moralmente admisible es la de la insatisfacción
permanente, fruto de un examen de la realidad, que es la que
siempre ha caracterizado la presentación pública de los trabajos
de la Dirección General de Tráfico.
Alude a continuación a la realidad de los últimos cinco años,
afirmando que ha venido marcada por un descenso muy fuerte de los
accidentes con víctimas, ateniéndose a la pura descripción
estadística. Aclara que no cabe sacar conclusiones en esta
materia sobre períodos de varios meses o un año, ya que cualquier
previsión en materia de tráfico requiere por lo menos un período
de observación de dos o tres años, como saben muy bien los
expertos. Sin embargo, un descenso tan fuerte, de un 40 por
ciento en cinco años, les da una cierta pista de que seguramente
se ha tocado el techo del descenso y que se está estabilizando,
aunque sólo se trata de una observación inicial.
Menciona que, paralelamente, se ha producido un aumento del 15
por ciento en el parque automovilístico, así como una serie de
factores que han influido en el tan espectacular descenso de la
mortalidad, como la mejora de las redes viarias y la entrada en
vigor de la Ley de Seguridad Vial, junto a un esfuerzo de
comunicación social cuya eficacia siempre será reconocida como
positiva.
Respecto a los meses transcurridos del año 1995, expone la
evolución de los accidentes de tráfico durante los mismos,
reconociendo que ha habido un leve aumento del número de víctimas
mortales, que hace que la cuestión se convierta en tema
prioritario para el Gobierno, a fin de dar la respuesta adecuada.
Respecto a los planes de futuro, alude al trabajo coordinado a
desarrollar por las distintas administraciones con competencia en
seguridad y educación vial, medidas de vigilancia y control y
algunas otras.
Replica el señor Sanz Escalera, duplicando el señor Ministro de
Justicia e Interior.
Para fijación de posiciones interviene el señor Ríos Martínez,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Se suspende la sesión a las seis y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA
AL GOBIERNO: ¿COMO EXPLICA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA
ENTREVISTA CON EL ABOGADO SEÑOR SANTAELLA EN UN ACTO QUE DIVERSAS
FUENTES HAN CALIFICADO COMO DE «CHANTAJE»? (Número de expediente
180/001404)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 8 del señor Alcaraz Masats.
El señor ALCARAZ MASATS: Presidente González, ¿cómo explica su
entrevista con Santaella, calificada por algunos como chantaje y
por muchos como incomprensible?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Comprendo
que ésa es siempre una cuestión opinable. He dicho ya
públicamente que el móvil que me llevó a hacer esa entrevista fue
la defensa de los intereses de la seguridad del Estado. Teníamos
conciencia de que había en poder de sus mandantes algunos
documentos de interés para la seguridad del Estado y,
naturalmente, mediante ese contacto, tratábamos de recuperarlos.
En ningún caso me he sentido chantajeado; no lo hubiera tolerado,
como S. S. comprenderá.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Es una pena, Presidente González, cómo
está usted arrastrando por los suelos una institución denominada
Presidencia del Gobierno. ¿Tan ofuscado y desesperado está que no
percibe la insensatez de esa entrevista, ese encuentro,
posiblemente de espaldas a la Justicia, y quizá para burlarla?
Distintas fuentes mantienen la tesis del chantaje. Usted, para no
verse obligado a denunciar, astutamente ha dicho que no hay base
probatoria, con lo cual no desmiente ninguna de las
posibilidades, y si hay chantaje, por supuesto el chantajista es
abominable, pero se basa en algo que el chantajeado pretende
ocultar. En todo caso, Presidente, si no es chantaje es
negociación, negociación fallida si quiere, una de cuyas últimas
consecuencias es el encarcelamiento de Perote. En cualquier caso,
se trata de un grave error político, aunque usted, ya se sabe, no
asume las responsabilidades políticas, ni siquiera reconoce los
errores políticos, y eso no lo hace un buen demócrata. (Rumores y
protestas.) Un buen demócrata tampoco se dedica a la caza y
captura de los mensajeros sino a enfrentarse a los mensajes, y
ése es el fondo de la cuestión. No es el Estado el que está en
peligro sino el Gobierno. Es usted el afectado; su estrategia
consiste en ligar su suerte a la suerte del Estado, y eso es
injusto, antidemocrático y bonapartista. (Risas.) Si en algún
momento se demuestra --todavía no se ha hecho-- que hay
documentos que afectan a la estabilidad del Estado desaparecidos
desde 1991, habrá que denunciar también la irresponsabilidad del
Gobierno que dice haberse enterado cuatro años más tarde y que
ahora ni siquiera pide responsabilidades al señor Manglano. Es
más, usted dijo ayer que es de absoluta confianza. ¡Qué buen
domador de silencios es usted!
Señor Presidente, cualquier responsable de la Unión Europea ya
habría dimitido en tres ocasiones --me refiero a los casos
Roldán, Rubio y GAL--, pero usted pretende negociar la amnesia;
usted no va a tener la grandeza suficiente que exigen los otoños
y seguirá hasta el último minuto contaminando a su partido y a la
propia imagen de la izquierda.
Es usted quien hace un pulso a la sociedad española, a la ética
civil. ¡Ojalá lo pierda!
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Le
agradezco, señor Alcaraz, su lección de democracia de la que tomo
nota, no está mal aunque sea tarde; y también le agradezco su
lección de ética, cívica o de ética política.
Señor Alcaraz, he explicado ya por activa y por pasiva que no
sólo no ha habido negociaciones sino que cualquier lector atento
de los medios de comunicación comprobará que el Gobierno no ha
cedido a ningún tipo de presión, a ninguno, y prueba de ello --
repito-- está en cualquiera de las hemerotecas a las que
seguramente usted es aficionado.
He dicho, además, que es opinable que uno puede hacer una
entrevista como la que he hecho, cosa que naturalmente en la
repsuesta que usted traía preparada
no constaba. He empezado por decir que era opinable. Pues bien,
sigo diciendo que es opinable, pero en defensa de los intereses
de la seguridad del Estado, que no del Gobierno, y ya lo hemos
demostrado ante el grupo de Diputados que tienen la
responsabilidad de acceder a los secretos oficiales (repito, de
la seguridad del Estado) en defensa de esos intereses, he hecho
esa entrevista, como se han hecho otras por parte del Gobierno.
Si hubiera habido alguna negociación o si hubiera habido alguna
cesión a cualquier tipo de presión, obviamente otras hubieran
sido las circunstancias.
El problema es que, al final, ante la opinión pública, cada uno
tiene que quedar donde deba estar, y me gustaría saber dónde está
S. S., si con unos o con otros, defendiendo las instituciones.
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON RODRIGO DE RATO FIGAREDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE BENEFICIOS PARA LA SEGURIDAD DEL
ESTADO, LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y EL PRESTIGIO DE LAS
INSTITUCIONES DEMOCRATICAS SE HAN OBTENIDO DE LAS NEGOCIACIONES
MANTENIDAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y SUS MINISTROS
CON LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL SEÑOR PEROTE Y OTROS (Número
de expediente 180/001409)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Rato Figaredo.
El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, ¿qué beneficios para
la seguridad del Estado, la independencia del Poder Judicial y el
prestigio de las instituciones democráticas se han obtenido de
las negociaciones mantenidas por el señor Presidente del Gobierno
y sus ministros con los representantes legales del señor Perote y
otros?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rato.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Ya he dicho
en la respuesta anterior que no había habido negociaciones. La
pregunta es idéntica. Si hubiéramos conseguido la recuperación de
una documentación que sin duda afecta a la seguridad del Estado
habríamos avanzado un buen trecho. No obstante, algo hemos
avanzado en el conocimiento de quién está detrás de lo que está
ocurriendo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Rato.
El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, respecto a la
seguridad del Estado, ustedes llevan intentando, dicen que llevan
intentando recuperar unos documentos desde el año 1991, que ya
los recuperaron y premiaron al señor Perote por ello con dos
puestos importantes, en las Olimpiadas y en Repsol. Parece que
estaban ustedes más preocupados por que el señor Perote estuviera
callado y contento que por la seguridad del Estado y por el
Estado de derecho, y parece que eso es lo mismo que sucede ahora
con el señor Manglano.
En cuanto a la independencia judicial, señor González, no es la
primera vez --que sepamos-- que usted recibe en su despacho a
personas que tienen gravísimos procedimientos abiertos en el
Banco de España y en los tribunales. ¡Y, qué casualidad, señor
González, siempre son las mismas personas! ¿Lo hace usted por
amistad, por gratitud o por miedo?
En cuanto a la dignidad de las instituciones, señor González,
nada ejemplifica mejor a dónde ha llevado usted la ética de este
país de las instituciones políticas como el hecho de aceptar el
chalaneo en la oficina del Presidente del Gobierno de España.
Señor González, con usted ya no se sabe si es peor creerle y
aceptar que durante cuatro años han estado ustedes ocultando una
fuga de secretos oficiales, o sentirnos engañados. Díganos por
una vez la verdad, no por este grupo parlamentario, por el Grupo
Popular, ni por la opinión pública española; dígasela a su grupo,
que cada día que pasa está aterrado de qué va a descubrir.
(Risas.--Rumores.) Disimulen; disimulen.
Señor González, lo que a mí me gustaría que nos contestara hoy es
por qué protege usted al señor Manglano, ¿por haberle ocultado
durante años la existencia del GAL, o por ocultarnos ahora a
nosostros lo que usted ha sabido durante años? Contéstemelo.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rato.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Es evidente
que S. S. ha trastocado el sentido de la pregunta. Me pregunta
directamente por qué protejo (entre comillas y subrayado) al
señor Manglano. Doy una opinión sobre el señor Manglano que usted
nunca daría: el señor Manglano es un gran servidor del Estado,
incluido cualquier error que haya podido cometer. Repito que se
hará justicia al señor Manglano muy pronto. Usted no lo puede
comprender, ni su grupo, porque no tienen ningún sentido de la
responsabilidad
del Estado. (Rumores y protestas.), y muchas de sus iniciativas
lo demuestran.
Usted me ha dicho antes que había un chalaneo, por amistad, por
miedo. En absoluto, ningún temor; ningún temor y, desde luego,
ningún sentido de la amistad me hubiera llevado a mantener
determinadas entrevistas como las que he mantenido con la única
finalidad de defender la seguridad del Estado. Entiéndalo bien,
no la del Gobierno; la del Estado. Ustedes no lo comprenden, es
seguro que no lo comprenden; lo comprenderán algún día.
Permítame que le diga de una vez algo que acabo de decir
suavemente: ¿de qué parte están ustedes? Díganlo de una vez.
(Rumores.--Aplausos.--La señora De Palacio Valle Lersundi: Del
Estado de derecho; de la ley.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. (Continúan los
rumores.)
¡Silencio, señorías!
--DEL DIPUTADO DON IÑAKI ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO VASCO
(PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INICIATIVAS CONCRETAS ANTE
EL GOBIERNO Y EL CONGRESO NORTEAMERICANO HA REALIZADO EL GOBIERNO
CON EL FIN DE QUE EL CONSULADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN BILBAO NO
SEA CERRADO, LOGRANDO, COMO LO HAN HECHO OTROS PAISES, QUE ESTA
REPRESENTACION SE MANTENGA? (Número de expediente 180/001402)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Anasagasti
Olabeaga.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: ¿Qué iniciativas concretas ante el
Gobierno y el Congreso norteamericano ha realizado el Gobierno
con el fin de que el Consulado de los Estados Unidos en Bilbao no
sea cerrado, logrando, como lo han hecho otros países, que esta
representación se mantenga?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
No hace muchas semanas S. S. me formulaba la misma pregunta. Ha
añadido, si he entendido bien, dos elementos. Iniciativas
concretas. Le dije la otra vez cuáles eran las concretas...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro.
Señorías, ruego guarden silencio. Con independencia del interés
de SS. SS. por el desarrollo de la sesión, la Presidencia tiene
que estar en condiciones de poder seguir las intervenciones.
(Pausa.)
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
Siento mucho que el Consulado de Bilbao tenga tan poco interés en
la Cámara. Sé que lo tiene para S. S.
Vuelvo a decir que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano
con la Embajada de Estados Unidos en España. Le consta
directamente a S. S. por una conversación que tuvo ayer con el
embajador y le consta también que hemos hecho lo que podíamos en
el Congreso norteamericano.
Diré que S. S. tiene una información equivocada porque hasta este
momento ningún consulado de los que estaban en la lista ha caído
por presión de ningún otro país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Efectivamente, hemos vuelto a
repetir la pregunta porque considerábamos que su contestación, en
la última oportunidad, fue demasiado genérica, nada concreta y
porque tenemos, señor ministro, una grandísima sospecha. Ustedes
no han hecho absolutamente nada serio para que ese consulado no
se cierre. Por tanto, nosotros seguimos insistiendo.
Quizás, en la Embajada de Estados Unidos en Washington se podía
haber hecho más, se podía haber trabajado como «lobby».
Efectivamente, nosotros hemos hablado con el embajador de los
Estados Unidos en Madrid, lógicamente. También hemos tratado de
hacer algo de «lobby» en los Estados Unidos, en la medida de
nuestras posibilidades, pero no estamos viendo la misma
corresponsabilidad por parte de ustedes.
Nosotros tenemos una información de que han sido ocho los
consulados que han caído de la lista y precisamente se va a
cerrar el Consulado de Bilbao, por esa sospecha que tenemos,
señor Ministro, de que no han hecho lo suficiente, no se lo han
tomado con interés. Quizás si hubiera sido en otro lugar, habrían
actuado con mayor diligencia. Por tanto, confiemos en que si se
cierra el Consulado de Bilbao, algún día se abra la Embajada de
Estados Unidos en Bilbao.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Señor ministro. (Rumores.)
Un momento, señor ministro. ¡Señorías, ruego guarden silencio!
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Las
gestiones que se han hecho no han sido en broma. Han sido
gestiones serias y bien serias, por parte del Gobierno de España
ante la Embajada de Estados Unidos en España, como le consta
muy bien a S. S., y por parte de la Embajada de España en
Washington ante las autoridades.
La Embajada de España en Washington no es un «lobby» ni lo debe
ser. Por tanto, se han hecho las gestiones en el Parlamento a los
niveles que se han podido. Me gustaría mucho que se hubiera hecho
más también por parte de SS. SS. Se ha hecho todo lo que está en
nuestra mano.
Su señoría tiene información que --como el Embajador de España en
Washington le habrá dicho ya-- no es correcta, no se acerca a lo
que S. S. ha afirmado. Haríamos lo mismo por otros consulados que
ha habido en España y que desgraciadamente se han cerrado; y se
han cerrado por causas económicas del Parlamento americano y no
por deseo del Gobierno de España, como S. S. se puede imaginar
muy bien.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE CURIEL ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL
GOBIERNO EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LIBERTAD Y
SOLIDARIDAD DEMOCRATICA CON CUBA, APROBADO RECIENTEMENTE POR LA
CAMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS, SU POSIBLE INFLUENCIA
EN EL FUTURO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y CUBA,
ASI COMO LA POSIBLE VULNERACION DE LAS NORMAS DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO QUE SE DERIVA DEL CONTENIDO DEL CITADO
PROYECTO DE LEY (Número de expediente 180/001423)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Curiel Alonso.
El señor CURIEL ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, como usted sabe, hace pocos días se aprobó en la
Cámara de Representantes, en Washington, la ley sobre libertad y
solidaridad democrática cubana, más conocida como Ley Helms.
A nadie se le escapa que esa ley, ese proyecto de ley cuyo
trámite estará en el Senado a partir de estos momentos, ha
causado una profunda inquietud no sólo en gobiernos americanos
sino en gobiernos europeos y que, en su momento, se produjo una
declaración de la Unión Europea rechazando el contenido
fundamental de dicho proyecto de ley.
Si tuviéramos que definir el objetivo de esa ley, podríamos decir
que pretende endurecer las condiciones del embargo a Cuba,
amparando criterios que son contrarios a los principios básicos
del Derecho internacional.
Por una parte, el proyecto de ley tiene un evidente alcance
extraterritorial, al pretender aplicar una ley votada por la
Cámara de Representantes y el Senado, más allá de las propias
fronteras de Estados Unidos. Igualmente, la Ley Helms es
contraria a las normas de la Organización Mundial del Comercio,
al condicionar y dificultar el derecho al libre comercio de
Estados soberanos con Cuba. Desde el punto de vista político,
debemos favorecer desde España las reformas económicas y la
transición hacia la democracia. Esa ley, llamada Ley Helms,
camina justamente en el sentido contrario.
Termino, señor Presidente, leyendo el principio de una carta, a
mi juicio importante y significativa, que el Secretario de
Estado, señor Warren Christopher, envía al «speaker» de la Cámara
de Representantes, que comienza así: Estoy profundamente
preocupado por la ley de libertad y solidaridad democrática
cubana, que está previsto sea tomada en consideración en la
Cámara de Representantes esta semana. El Departamento de Estado
cree que, en su forma actual, esta legislación perjudicará las
perspectivas de una transición pacífica en Cuba y pondrá en
peligro ciertos intereses clave de Estados Unidos en todo el
mundo. Por estas razones, recomendaría el veto del Presidente en
caso de que esta ley sea aprobada por el Congreso en su forma
actual.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Curiel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
Difícilmente puedo contestar a su pregunta, sino estar de acuerdo
con la descripción que ha hecho del sentido de la ley.
España, como saben bien, se ha opuesto siempre al embargo de los
Estados Unidos sobre Cuba y, lógicamente, lo ha hecho con más
intensidad, si cabe, cuando la ley que se ha tratado de aprobar,
o se ha aprobado, por el Parlamento americano lo que trata es de
apretar más las tuercas de ese embargo.
La ley, usted lo ha dicho bien, desde nuestro punto de vista, es
totalmente inaceptable, desde cualquier código que se contemple,
incluso desde la política internacional. Más allá, diría que es
una ley que vulnera los últimos acuerdos de la Organización
Mundial del Comercio. Por tanto, ha habido oposición por parte
del Gobierno de España, y se les ha hecho saber. Hay una
oposición clara y precisa por parte de la Unión Europea, que
también se ha hecho saber al Gobierno americano y, como S. S. ha
dicho bien, hay el deseo del propio Gobierno americano de ejercer
el veto presidencial.
Creemos que es una ley que no tiene como objeto resolver los
problemas de Cuba sino sólo tratar de
dar, en el sentido del Congreso americano, alguna decisión,
equivocada a nuestro juicio, que no hará más que dificultar lo
que todos deseamos, que es una transición política y económica de
Cuba hacia una sociedad con los valores que todos compartimos.
España estará siempre ayudando esa transición, pero vemos que
otros, sin embargo, están en contra de la misma.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA TOMAR
EL GOBIERNO ALGUN TIPO DE INICIATIVA QUE GARANTICE EN LOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES UN USO DEL ESPAÑOL ACORDE CON LA
IMPORTANCIA CULTURAL DE NUESTRO IDIOMA Y LA ENTIDAD POLITICA DE
NUESTRO PAIS? (Número de expediente 180/001425)
El señor PRESIDENTE:Pregunta número 23, del señor Martínez
Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro de Asuntos Exteriores, probablemente sea una
exageración afirmar, como hacen algunos italianos, que si ellos
poseyeran la riqueza de nuestro idioma serían capaces de vivir
exclusivamente de él, pero es lo cierto que, al margen de esta
consideración más o menos utilitaria, nuestra lengua constituye
el mayor valor desde el punto de vista del patrimonio cultural.
A S. S. le habrá llegado con toda seguridad la preocupación de
académicos españoles, de responsables políticos, de funcionarios
de nuestro país en organismos internacionales, especialmente los
que se refieren al marco de la ONU, trasladándole una inquietud,
que no sé hasta qué punto puede ser cierta, en el sentido de que
tanto por causas económicas, que afectan a esos organismos
internacionales, como por la tendencia expansionista de los
idiomas inglés y francés, se está produciendo una sensible
reducción del uso del español en tales organismos.
Señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista desearía saber
hasta qué punto son ciertas esas dificultades de uso que afectan
al español en estos ámbitos internacionales ya citados y, si
fuera cierto, qué iniciativas ha tomado o va a adoptar el
Gobierno para garantizar la necesaria defensa de nuestro idioma,
defensa en la que confluyen junto a motivaciones estrictamente
culturales, intereses muy legítimos tanto desde el punto de vista
político como desde el punto de vista económico.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señor ministro.
Le recuerdo señor ministro que la mejor manera de que le oiga el
señor Diputado es que se dirija a la Presidencia.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente. Con gran satisfacción me dirijo a la
Presidencia.
Quisiera decir, señor Presidente, que estoy de acuerdo con el
planteamiento que el señor Diputado ha formulado. Ha formulado un
planteamiento afirmando que seguramente la riqueza patrimonial
española más importante es su lengua. Totalmente de acuerdo con
esa afirmación, y para hacerla realidad y que no quede en mera
retórica estamos realizando, no sólo nosotros y desde hace muchos
años, una presencia internacional de nuestra lengua que en los
últimos años se ha plasmado institucionalmente con el Instituto
«Cervantes».
Han surgido rumores sobre que en algunas instancias
internacionales podría haber decaído el interés o la importancia
de nuestra lengua; me refiero en concreto a la Organización
Mundial de la Salud. Como SS. SS. saben, se ha arreglado ese
problmea. Por razones económicas en aquella institución se
pensaba que la lengua española pasara a un segundo lugar y se ha
ganado esa pequeña batalla porque todo el mundo, no solamente los
españoles, sino la mayor parte de los ciudadanos con sentido
común de este planeta entienden que aquí hay tres lenguas
fundamentales: la española, la inglesa y el lenguaje del
ordenador.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON ADAN MARTIN MENIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA: ¿CREE EL SEÑOR MINISTRO QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO POR
PARTE DE TABACALERA A LOS ACUERDOS TOMADOS POR ESTA CAMARA EL
PASADO AÑO? (Número de expediente 180/001407)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9 del señor Martín Menis.
El señor MARTIN MENIS: Sí, señor Presidente.
Señor ministro, Coalición Canaria lleva ya mucho tiempo
insistiendo en un problema planteado en Canarias en la antigua
planta de Philip Morris. Hemos hecho preguntas, interpelaciones,
se han aprobado dos mociones. He llegado a decir con pena que,
tal y como se conducían las cosas, terminaríamos en una situación
difícil, ya ha habido manifestaciones con violencia. ¿Cree el
señor ministro que se ha dado cumplimiento por parte de
Tabacalera a los acuerdos tomados por esta Cámara el pasado año?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, en lo esencial sí se ha dado cumplimiento a esos
acuerdos, y todo ello recordándole lo que en su día le dije, que
la capacidad de la Cámara para dar instrucciones a empresas con
capital privado tiene sus límites. La fábrica de Tacisa, en
Tenerife, sigue funcionando; este año su producción ha sido de
228 millones de cajetillas para el consumo en la península; ha
mejorado la eficiencia; se está en un proyecto de reducción de
costes de los componentes operativos y se han realizado
inversiones por un total de 500 millones de pesetas.
Por tanto, yo creo que se está en el buen camino para hacer la
fábrica operativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Señor ministro, desde luego la sociedad
canaria --y creo que puedo decir la sociedad canaria-- no concide
con lo que el ministro expresa. En esa fábrica prácticamente toda
la estructura organizativa está desapareciendo: compras,
ingeniería, control de calidad. Se deniega un expediente de
regulación de empleo por el Gobierno canario por injustificado y
se aprovecha el artículo 52 de la nueva reforma laboral para
despedir, por razones organizativas a toda esa estructura; hasta
el servicio de limpieza prácticamente ya no existe.
La fábrica se paraliza continuamente por pequeños defectos de
suministro de pequeñas cuestiones, por problemas de organización.
Las querellas se han vuelto habituales. Hay una querella de todos
los responsables de la empresa admitida a trámite, y creemos que
no se ha cumplido el espíritu de los acuerdos de este Congreso.
Incluso cuando el Régimen Económico-fiscal parece que empieza a
entrar en vigor y hay otras industrias multinacionales que
parecen interesadas en ampliar, Tabacalera allí parece que está
interesada en que esa fábrica se reduzca. La situación objetiva
es que había 450 trabajadores y ahora hay 390. El dinero dedicado
a la reconversión de CITA, globalmente más de 15.000 millones de
pesetas, según el propio Tribunal de Cuentas y que cuestiona su
efectividad, parece que no ha llevado nada más que a destruir
empleo en la primera reconversión y en esta segunda.
Se aduce que se pierde en la fábrica, pero hay una causa que
aparece lo justifica. Cuando Philip Morris International paga la
fabricación de cajetillas a 9,80, que parece que es el precio
justo, Tabacalera en sus maquilas se lo paga a 7,70; 2,10 pesetas
de diferencia por 400 millones de cajetillas son 800 millones y
entraría en rentabilidad.
Desde luego, la sociedad canaria, los empresarios, los sindicatos
a nivel nacional, Cándido Méndez en estos días, Comisiones
Obreras, el SOC, todos están de acuerdo en que la situación
laboral es insostenible. Las administraciones de Canarias,
cabildos, ayuntamientos, el Gobierno, los grupos parlamentarios
de los partidos, los partidos políticos en Canarias, incluso gran
parte de los miembros del Partido Socialista están de acuerdo en
que no se están conduciendo las cosas como se debían hacer.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, creo que el punto de partida es bastante elemental: la
fábrica que el pasado año ganó 2.000 millones de pesetas, en 1995
está en pérdidas. Parece bastante razonable que una política de
buena gestión lleve a reducción de costes.
Se plantea un expediente de regulación de empleo de 72 personas,
de las cuales 59 era personal indirecto, no directamente
productivo. La Dirección General de Trabajo de la Consejería de
Economía y Asuntos Sociales del Gobierno canario rechaza esta
reducción de empleo y, evidentemente, la empresa, aplicando la
legislación vigente, no aprovecha nada y reduce en 19 personas el
número de trabajadores, intentando conseguir la rentabilidad.
Al final estamos hablando de dos modelos alternativos. Nosotros
queremos y creemos que debe haber una fábrica de estas
características en Canarias, pero que sea rentable, porque si no
lo es será, evidentemente, la peor garantía para que la fábrica
pueda continuar. Ese es el problema; en esa dinámica estamos y
esperemos conseguir que se mantenga el trabajo y el empleo en la
fábrica citada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES FERNANDEZ GONZALEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE
FINANCIACION CON CARGO AL FONDO DE COHESION HA PRESENTADO ESPAÑA
ANTE LA COMISION REFERIDOS A INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN
ASTURIAS PARA 1995? (Número de expediente 180/001411)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13 de la señora Fernández
González.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, ¿qué proyectos susceptibles de financiación con
cargo al Fondo de Cohesión ha presentado España ante la Comisión
referidos a infraestructuras de transporte en Asturias para 1995?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias.
El Gobierno presenta siempre parte de los proyectos que se le
plantean en cada momento. En el año 1993 se presentó el proyecto
Las Dueñas-Novellana, por 3.000 millones; en 1994 Novellana-
Cadavedo, la Ronda de Gijón y la variante de Luarca, por 16.000
millones; y en 1995 no se ha presentado por parte del Principado
de Asturias ningún proyecto adicional y, por tanto, no se ha
podido presentar ningún proyecto para el Fondo de Cohesión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, quería hacer referencia, a través de mi pregunta,
a tres proyectos que, según mis noticias, han sido trasladados
desde Asturias al Gobierno de la nación. Los tres proyectos de
referencia son los siguientes: en primer lugar, el desdoblamiento
de la carretera AS-17, tramo Lugones-Posada de Llanera. En
segundo lugar, la red de distribución primaria del enlace de la
autovía del Cantábrico y de la autopista Y. En tercer lugar, el
plan de inversiones de los ferrocarriles FEVE en Asturias para
1994-1997.
Sin duda alguna, señor Ministro, yo conozco perfectamente, como
se conoce en Asturias, todos los proyectos que se están
financiando con cargo al Fondo de Cohesión y que están en período
de construcción, en fase de adjudicación y que, por tanto, están
en la actualidad beneficiándose del Fondo.
He tratado de plantear al señor Ministro un debate de futuro:
¿Qué proyectos, antes del 31 de diciembre, y concretamente los
tres que he mencionado en mi intervención, van a tener o no el
aval, el respaldo del Gobierno de la nación, ya que, como usted
sabe perfectamente y el Reglamento del Fondo regula, es su
Gobierno y no las comunidades autónomas las que, en colaboración
con la Comisión Europea, tienen que establecer criterios de
prioridades para que los proyectos sean finalmente presentados
ante la Comisión Europea?
Me consta, señor Ministro, que esos tres proyectos han sido
presentados y pediría que fuese más explícito para poder
determinar si han sido insatisfactoriamente presentados,
defectuosamente presentados o, simplemente, usted me puede
ratificar que no han llegado a conocimiento del Gobierno de la
nación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señoría,
le vuelvo a reiterar lo que he dicho. De acuerdo con la
información que me han facilitado los servicios, no se ha
presentado ningún proyecto relativo a infraestructuras de
transporte en el año 1995.
Su señoría me plantea una duda y, evidentemente, solicitaré de
los servicios que se constate por si tiene razón, en cuyo caso le
daré la respuesta pertinente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO D. VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SR. MINISTRO
DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CREE EL SR. MINISTRO QUE SE HA RESPETADO
LA FILOSOFIA DE LA INICIATIVA COMUNITARIA PYME AYUDANDO DE MANERA
EFECTIVA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LAS REGIONES
OBJETIVO I CON EL USO QUE SE ESTA DANDO AL DINERO COMUNITARIO QUE
VIENE A TRAVES DE ESA INICIATIVA COMUNITARIA? (Número de
expediente 180/001412)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Martínez-
Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
¿Cree el señor Ministro que se ha respetado la filosofía de la
iniciativa comunitaria PYME ayudando de manera efectiva a las
pequeñas y medianas empresas de las regiones Objetivo I con el
uso que se está dando al dinero comunitario que viene a través de
esa iniciativa?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo en su pregunta distinguiría dos aspectos. Primero:
¿Se ha respetado la filosofía de la iniciativa comunitaria PYME
respecto a las pequeñas y medianas empresas? Absolutamente. El
programa operativo presentado por el Gobierno no sólo respeta y
coincide
con la filosofía y directrices comunitarias, sino que está
absolutamente calcado en su definición del Libro Blanco sobre
competitividad de la Comisión.
Sin embargo, tengo más dificultad para estar de acuerdo con S. S.
en cuanto al uso que se está dando al dinero comunitario, porque
todavía no existe. La Comisión todavía no ha aprobado el programa
PYME España. En consecuencia, no tenemos recepción de fondos
comunitarios y lo único que hay son avances nacionales, que son
los que hemos realizado hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, lo lamento, pero creo que le han dado una
información equivocada. La iniciativa comunitaria PYME no tiene
aprobado todavía el programa operativo, pero el IMPI, que ha sido
el encargado de redactar el programa, ha sacado una orden
ministerial que recoge los programas que van a ser financiados
con esa iniciativa.
Señor Ministro, lamento decirle también que no se ha respetado la
filosofía de la iniciativa comunitaria. La Comisión le ha dicho
una y otra vez al Estado español que los fondos comunitarios
deben tener un carácter adicional, no sustitutivo. En la
iniciativa comunitaria PYME, el Gobierno ha sustituido los fondos
que el IMPI destinaba a sus actividades ordinarias para
financiarlos con el dinero comunitario.
Señor Ministro, las pymes necesitan una atención más
especializada por parte del Gobierno, que no se le está dando.
Necesitan medidas fiscales, financieras, de apoyo a I+D, de ayuda
a la internacionalización, de formación, de mejora en la gestión
y en la organización, de fomento de la cooperación, etcétera.
Estos millones que vienen de la iniciativa comunitaria serían muy
útiles, pero ustedes los están malgastando empleándolos
simplemente como sustitutivos del dinero que el IMPI empleaba.
Han ignorado casi por completo el sector comercial, no han dado
ningún juego a las autonomías.
No es obligatorio regionalizar esos fondos, pero en un Estado
como el español, donde la política industrial y comercial tiene
muchas transferencias concedidas, no es normal que las autonomías
no puedan participar en el diseño de los programas. No se está
vigilando que esos fondos vayan a las regiones Objetivo I, porque
no hay ningún elemento para controlar que eso es así.
Señor Ministro, con ustedes es difícil la recuperación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, lo que acabo de decir no es contradictorio con lo que S.
S. ha dicho. No se ha aprobado el programa operativo. Es
exactamente lo que yo había citado. Otra cosa es que se haya
puesto en marcha provisionalmente con financiación nacional el
programa del IMPI. Eso es lo que ha sucedido.
A partir de ahí, S. S. hace unas reflexiones bastante
entremezlcadas entre las cuales puede haber algún elemento
correcto, pero hay algunos que son bastante incorrectos. Por
ejemplo, cuando S. S. dice que no hay coordinación con
comunidades autónomas. Sí la hay, y la definición del modelo se
produce en la Conferencia Sectorial de Industria del 20 de enero
de 1994, o cuando S. S. dice que hay una disputa sobre el tema de
la adicionalidad. Este es un viejo problema en todos los fondos
comunitarios. ¿Qué entiende usted por adicionalidad? ¿Consolidar
lo ya existente y a partir de ahí como absolutamente nuevo? ¿El
Gobierno no puede modificar sus prioridades anteriores en función
de la existencia de nuevas financiaciones? Evidentemente, ése es
un tema más que discutible y, por supuesto, no se puede imponer.
Pero S. S. hace referencia también a otros elementos que, en mi
opinión, también son más que discutibles. Su señoría prejuzga que
los fondos de cohesión tienen que ir a las regiones Objetivo I.
En absoluto. Ese es un tema que, evidentemente, no tiene por qué
plantearse de esa forma. Más bien, los fondos de cohesión y en
los 40.000 millones que en estos momentos se han puesto a
disposición de las comunidades autónomas hemos preferido
priorizar, precisamente, aquellas comunidades que no recibían
fondos de otra naturaleza.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JUAN COSTA CLIMENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SR. MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO NO ESTA
DE ACUERDO EN APROBAR UNA NUEVA ACTUALIZACION DE BALANCES?
(Número de expediente 180/001415)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17 del señor Costa Climent,
que tiene la palabra.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, desde 1983 no se acometió en nuestro país ninguna
actualización de balances. Por eso, el Partido Popular ha venido
solicitando de forma reiterada en los últimos años la aprobación
de una nueva actualización de valores con la finalidad de
eliminar el impacto de la inflación en el Impuesto sobre
Sociedades. Ustedes, su Gobierno, se ha negado de forma
sistemática a acometer una nueva actualización de valores.
Por ello, mi Grupo Parlamentario le formula la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno no está
de acuerdo en aprobar una nueva actualización de balances?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Costa.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Lo podría reducir a una. No es el único método posible para
resolver el problema y hemos elegido otros que consideramos
mejores y más adaptados a la realidad. A partir de ahí, le podría
dar alguna otra razón adicional. Creemos que el método que SS.
SS. proponen afecta de forma desigual a las empresas, según sea
su estructura financiera y predomine la financiación propia o
ajena. Es un procedimiento --ya lo vimos en el año 1983--
enormemente complejo desde el punto de vista de aplicación
práctica. Desde luego, costaría muchísimo dinero y no existe en
ningún otro país de los Estados miembros de la Unión Europea, tal
como SS. SS. lo plantean.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señor Solbes, debo reconocer que no me ha sorprendido lo más
mínimo su respuesta y constituye un nuevo ejemplo de esa
voracidad fiscal a la que su Gobierno nos tiene acostumbrados. Yo
creo que son excusas las afirmaciones que usted ha hecho y no
tiene en cuenta, de ninguna manera, los aspectos positivos o
favorables que introduciría una actualización de balances.
En primer lugar, mejoraría la capitalización de las empresas. Si
las empresas se ven obligadas a computar amortizaciones teniendo
en cuenta valores de adquisición reales o valores reales, se
generan los fondos de depreciación suficientes y se impide que
las empresas se descalifiquen, por ejemplo, a través de una
política activa de pago de dividendos. Mejoraría también la
capacidad de nuestras empresas para acceder al crédito y a la
financiación ajena. Esa es otra de las ventajas y otro de los
factores positivos de una actualización de balances.
No puedo compartir su opinión de que existen otros sistemas para
conseguir los mismos efectos que una actualización de balances.
El mecanismo que el Gobierno, que ustedes han propuesto en el
texto del Impuesto sobre Sociedades, elimina el impacto de la
inflación en el cómputo de las ganancias de capital, pero no
permite reconocer amortizaciones o depreciaciones de los activos
reales en lugar de nominales, que es a lo que nos quieren
condenar ustedes con el paso del tiempo.
No sé cuál es la pérdida de ingresos fiscales que puede conllevar
una medida de estas características y le agradecería que usted me
dijera a cuánto asciende --yo creo que no tienen la menor idea de
cuál puede ser el coste de una actualización de valores--, pero
en cualquier caso, le voy a manifestar algo. En los ejercicios
posteriores a aquellos en los que se acometió en nuestro país una
actualización de balances, la recaudación del Impuesto sobre
Sociedades aumentó su participación en términos de PIB y, por lo
tanto, se consolidó e incluso mejoró con respecto a ejercicios
anteriores.
Señor Ministro, reflexionen. Tiene una nueva oportunidad, en la
tramitación en el Senado del Impuesto sobre Sociedades para
adoptar una medida importante y...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo creo que los temas hay que plantearlos con cierta
seriedad, y no se puede decir, al mismo tiempo, que el problema
del Gobierno es el de la voracidad fiscal, pero que usted no sabe
lo que cuesta. Una de dos: o usted tiene que aceptar que no sabe
lo que cuesta, en cuyo caso la afirmación de la voracidad fiscal
me parece, como mínimo, excesiva; o tendría usted que tener
alguna idea.
Tiene usted una idea, por ejemplo, en la memoria de los
Presupuestos del año pasado y de éste. El Decreto-ley de
amortización anticipada, del año 1993, costó 150.000 millones de
pesetas. Plantee usted el tema de forma más generalizada, para
tener una cierta idea de cuánto estamos hablando.
Yo comprendo que desde esos bancos las cuentas salen más
fácilmente que desde éstos y por eso, eso que usted llama
voracidad fiscal, nosotros lo tenemos que mirar con cierto
cuidado porque, cada mes, la sociedad, y especialmente ustedes,
nos preguntan cómo funciona el déficit. Y me parece muy bien.
Pero como yo opino que el déficit tiene que funcionar bien, hay
que hacer ciertas cosas. Por eso hemos propuesto un sistema en la
Ley de Sociedades que creemos que, resolviendo las dificultades
que usted plantea, sin embargo, no tiene el coste fiscal que
usted señala. Esa fue nuestra opción y ésa seguirá siendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO ALONSO CONESA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL
MINISTERIO DE ECONOMIA
Y HACIENDA PRORROGAR EL DECRETO
QUE DECLARA A CARTAGENA ZONA DE PROMOCION ECONOMICA ESPECIAL,
DADO QUE EL DECRETO FINALIZA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1995? (Número
de expediente 180/001421)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Alonso Conesa.
El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente
Señor Ministro, como usted bien conoce, en el año 1993 el
Gobierno de España adoptó dos importantes medidas encaminadas a
enderezar la economía y el proceso de desindustrialización del
municipio de Cartagena. Una de ellas, vía real decreto, por el
que se declaraba a Cartagena zona económica de promoción
especial, para dar a la iniciativa privada la posibilidad de
llegar a un techo de subvención del 75 por ciento. La otra medida
fue la aprobación del Plan especial para el desarrollo de
Cartagena, que ha supuesto una importante inversión pública en
modernización de las infraestructuras de dicho municipio.
Señor Ministro, en mi pregunta quería referirme a la primera
porque el día 30 de diciembre de este mismo año finaliza dicho
decreto; decreto que, en opinión de este Diputado, ha tenido una
gran importancia en cuanto a las inversiones captadas, a las
ayudas a las empresas privadas y a la generación de empleo. Pero
no es menos cierto que ese proceso está a la mitad, que el Plan
especial para el desarrollo de Cartagena todavía tiene unas
importantes inversiones por ejecutar y que este Diputado tiene
conocimiento de las gestiones que, desde el Ministerio de
Industria, se están haciendo ante Enagás y Repsol para captar
nuevas inversiones. Estoy seguro de que estas decisiones
posibilitarán que la iniciativa privada, la pequeña y mediana
empresa, puedan tener oportunidad de instalarse en dicho
municipio. Por ello, señor Ministro, considero que el decreto que
finaliza el 31 de diciembre de 1995 debería ser prorrogado, para
conseguir una mayor y mejor eficacia en el desarrollo socio-
económico de dicho municipio.
Señor Ministro, conozco que las ayudas europeas para España se
limitan al 60 por ciento y que zonas como El Ferrol, Huelva o
Almería pueden y deben optar también a esta situación. Desde
luego, señor Ministro, considero que el esfuerzo del Gobierno de
España por esta zona, ampliando dicho decreto, podría repercutir
en el desarrollo socio-económico que tanto necesitan Cartagena y
Murcia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Alonso, es cierto, como usted ha dicho, que la Comisión
Europea ha reconocido para Cartagena un límite máximo de
incentivación del 60 por ciento que se aplica en las zonas más
desfavorecidas. Es un porcentaje de los más altos que se aplica
en la Unión Europea. Unicamente algunas regiones atrasadas, de
países de muy bajo nivel de renta, tienen un tratamiento algo
mejor. Es cierto que incluso en el caso de Cartagena se planteaba
alguna dificultad adicional, por su propio encaje en una
comunidad autónoma cuya renta está por encima del 60 por ciento
del PIB comunitario y que, después de los esfuerzos realizados en
las negociaciones con la Comisión, se consiguió ese 60 por
ciento.
La nueva autorización comunitaria supone la necesidad de
modificar el Reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, de
incentivos económicos regionales. Esta es la tarea principal que
en estos momentos estamos poniendo en marcha, así como también
estamos preparando los reales decretos de delimitación de las
zonas promocionables.
En el caso específico de Cartagena, el Gobierno, consciente de
los problemas que siguen aquejando al municipio, siempre ha
considerado que debe darse un tratamiento especial al mismo y
debe incrementarse no sólo el límite de incentivación hasta el
máximo posible (el 75 por ciento en el Real Decreto 303/1993),
sino aprobando, el 20 de mayo de 1993, el Plan especial para el
desarrollo de Cartagena.
Las circunstancias, como decía, son las mismas, y dado que ésa es
la situación, el Gobierno cree que hay que seguir haciendo el
máximo esfuerzo para mantener en Cartagena el tope de
incentivación más elevado, aunque sin olvidar que estamos en
período de restricción presupuestaria y, evidentemente, teniendo
siempre en cuenta el fin último de la Ley 50/1985, sobre
desequilibrios interterritoriales.
En otras palabras, nuestro objetivo es seguir trabajando en este
asunto, para llevar a cabo la prórroga del decreto en las mejores
condiciones posibles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS APARICIO PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUE MOTIVOS EXISTEN PARA
QUE EL GOBIERNO HAYA DECIDIDO NO APLICAR LAS RECOMENDACIONES DEL
PACTO DE TOLEDO EN LA PROXIMA LEY DE PRESUPUESTOS Y DE
ACOMPAÑAMIENTO? (Número de expediente 180/001413)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Aparicio
Pérez, que tiene la palabra.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Este Parlamento, recientemente, logró un importante acuerdo, que
se ha dado en llamar el Pacto de Toledo, que tenía, básicamente,
dos aspectos: un aspecto de diagnóstico de los problemas del
sistema de Seguridad
Social, diagnóstico que fue avalado por unos estudios
extraordinariamente rigurosos, que se ha visto posteriormente
avalado por otras opiniones; y otro aspecto de recomendaciones,
que señalaban un marco de actuación para los distintos gobiernos,
dentro del cual, cada Gobierno podía y debía elegir prioridades e
intensidades en su aplicación.
De ahí que una vez conocidos los documentos remitidos a esta
Cámara en relación a los Presupuestos Generales del Estado, le
preguntemos: ¿Qué motivos existen para que el Gobierno haya
decidido no aplicar las recomendaciones del Pacto de Toledo en la
próxima Ley de Presupuestos y de Acompañamiento?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no hay razón alguna, y si es verdad que ha leído los
actos que va desarrollando el Gobierno, se dará cuenta de que en
los últimos meses son ya bastantes los actos de Gobierno que
suponen un desarrollo del Pacto de Toledo. Punto 11,
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones: está en el
proyecto de ley de Presupuestos. Punto 13, mejora de la gestión
de la incapacidad temporal e invalidez provisional: sabe usted
que eso se ha hecho. Punto 5, mejora de los mecanismos de
recaudación: Ley de Acompañamiento, reglamento de recaudación que
próximamente aprobará el Gobierno, ley de delito contra la
Seguridad Social. Punto 14, sistemas complementarios: mañana
aprobaremos en esta Cámara la Ley del Seguro. Y punto 1,
profundizar progresivamente en la dirección de separar y
clarificar fuentes de financiación: proyecto de Ley de
Presupuestos y Ley de Acompañamiento para 1996.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Aparicio tiene la palabra.
El señor APARICIO PEREZ: Señor Ministro, yo le agradezco esa
explicación, pero me parece que no debiera dármela a mí, sino que
debía dársela al Subsecretario General de la Seguridad Social
que, ante exactamente la misma pregunta, reconoció que únicamente
había un ligero avance en el mecanismo de financiación del Estado
a la Seguridad Social.
Me preocupa que no sólo haya discrepancias entre su Departamento
y el de Economía, sino que ahora empiece a notar distintas y
diferentes opiniones en el seno de su propio Departamento.
Si ha leído usted la prensa hoy, habrá visto que el señor Jiménez
decía, con toda claridad, que la única medida, que él mismo
reconocía tímida, era ese avance en la financiación de la
Seguridad Social en la aportación del Estado.
Permítame que le diga que, una vez que se llega a un diagnóstico,
una vez que se llega a un tratamiento, lo importante es elegir un
tratamiento. Sé que para eso hay que decidir; sé que para eso hay
que arriesgar; sé que para eso hay que gobernar, pero, desde
luego, la peor de las políticas es la de la inactividad.
Permítanos que le digamos también que, si usted no da una
explicación más creíble de por qué no se han puesto en marcha
aspectos tan fundamentales como es la separación financiera y
contable del sistema contributivo, del sistema universal, estemos
en nuestro perfecto derecho de creer que lo que existe es una
falta de pulso, una falta de actividad e incluso una falta de
voluntad para desarrollar un acuerdo que, por importante y
costoso, yo creo que merece una aplicación y un respeto superior
al que está demostrando su Departamento en este momento.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, naturalmente que leo la prensa. Así leo en «Expansión»,
de agosto de 1995, que el portavoz económico del Partido Popular,
Cristóbal Montoro, avanzó a «Expansión» que el Partido Popular se
opondrá a una tramitación de la reforma del Pacto de Toledo que
suponga un cambio total o parcial en la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos. «Ergo», un portavoz económico del PP nos dice
que por favor no regulemos nada del Pacto de Toledo en la Ley de
Acompañamiento, y S. S. nos pregunta hoy por qué no lo hacemos.
No es que haya una contradicción entre usted y el señor Montoro,
es que entre lo que dice el señor Montoro y lo que dice usted lo
que existe es la definición de lo que es su Grupo. Su Grupo dice
una cosa y la contraria, su Grupo normalmente apuesta por una
cosa y por la contraria, porque en su oposición sistemática al
Gobierno vale todo, y lo único que define eso es la pobreza
ideológica de su grupo político y que más que un partido político
parecen SS. SS. una banda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON EUGENIO ENRIQUE CASTILLO JAEN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE OPINION LE MERECEN A LA
SEÑORA MINISTRA LAS MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE DE LA PATRONAL
FARMACEUTICA ESTADOUNIDENSE, EN EL SENTIDO DE QUE LA POLITICA
FARMACEUTICA DE SU MINISTERIO PUEDE TENER UN IMPACTO NEGATIVO EN
LA SALUD Y EN EL BIENESTAR DE LOS PACIENTES? (Número de
expediente 180/001416)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Castillo Jaén.
El señor CASTILLO JAEN: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿qué opinión le merecen las manifestaciones del
Presidente de la patronal farmacéutica estadounidense en el
sentido de que la política farmacéutica de su Ministerio puede
tener un impacto negativo en la salud y en el bienestar de los
pacientes?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castillo.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, esa afirmación aproximada me merece una mala
opinión. Me parece que es falsa y, además, es extravagante e
improcedente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Castillo.
El señor CASTILLO JAEN: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, aquel acuerdo de 27 de julio que usted firmó con
Farmaindustria y que ha erigido como la panacea de la contención
del gasto farmacéutico, parece ser que se viene al traste con una
nueva posición adquirida por cierto grupo de laboratorio, según
expresa su representante. La política de su Ministerio va
sembrando paulatinamente una desconfianza en el sector sanitario
y en los pacientes, que se ve corroborada con estas graves
afirmaciones y no hace sino confirmar el grado de desgobierno en
que su Ministerio funciona.
Señora Ministra, este nuevo escenario, según el cual un convenio
que parecía aceptado por las partes se viene al traste, nos hace
pensar que, amén de la importancia económica que tiene, puede
peligrar el futuro de un sector de la industria, como es el
sector farmacéutico, que usted ha admitido que es tan importante.
Por ello, señora Ministra, es preciso que usted reafirme ante
esta Cámara si su polôtica es de gestos, como parece ser, o de
gestión, y nos diga si existe un grupo de laboratorios
farmacéuticos que no está dispuesto a secundar su política
farmacéutica.
Nuestro Grupo está realmente preocupado por las divergencias que
existen entre los objetivos del tercer plan nacional I+D de
rebajar la financiación pública seis puntos a costa de incremenar
la financiación privada y, a la vez, reducir los beneficios a las
empresas del sector. Creemos que se puede poner en juego la
viabilidad de proyectos I+D, tan importantes en este momento para
conseguir una buena terapia y un buen desarrollo de la
farmacología.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castillo.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, me gustaría tranquilizarle acerca de esas
preocupaciones que expresa y que le aseguro que carecen de
fundamento, más allá de la preocupación que S. S. quiera sentir
por el presidente de un grupo empresarial norteamericano, que le
aseguro que por el contrario, para mí no constituye ningún motivo
de preocupación. Frente a la opinión de la persona que usted
cita, hay muchas otras opiniones, no sólo de las industrias
asentadas en España, sino de ámbito europeo, que se han
manifestado de forma distinta. El presidente de la asociación
europea de industrias farmacéuticas acaba de expresarme su
satisfacción por el acuerdo y el interés que ha despertado en
otros países europeos.
En primer lugar, quiero aclararle que el acuerdo que hemos
firmado con Farmaindustria lo he firmado como Ministra de
Sanidad, como Presidente del Consejo Interterritorial, pero que
lo han firmado también todos y cada uno de los consejeros de las
comunidades autónomas con responsabilidad en materia sanitaria,
incluidos naturalmente los gobernados por su grupo político,
porque el acuerdo reviste un enorme interés.
Lo que hace el acuerdo es seguir garantizando una prestación
farmacéutica como la que damos, que es de las mejores de Europa
y, al mismo tiempo, comprometer a la industria también en una
política de uso racional del medicamento, como instrumento de la
acción protectora de la asistencia sanitaria. De manera que se
hace compatible la garantía de la prestación con el mantenimiento
de la misma y con un uso racional del medicamento, así como con
la garantía de estabilidad para un sector como el de la industria
farmacéutica, sector importante y estratégico para el país, pero
que se corresponsabiliza en el mantenimiento de unos umbrales de
crecimiento de gastos razonables. Esa es mi responsabilidad.
Estoy muy satisfecha de ese acuerdo, señor Diputado y me gustaría
que usted también lo valorara y compartiera, como lo han hecho
los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por su
grupo político.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL MOTIVO DE LA
RETIRADA DE LAS VACUNAS ANTICATARRALES? (Número de expediente
180/001426)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24 de la señora Novoa
Carcacia.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad, la prestación farmacéutica es uno de
los soportes más importantes del sistema sanitario y de la salud
de los ciudadanos. Recientemente, como consecuencia de una
decisión del Ministerio de Sanidad de retirar del mercado las
vacunas anticatarrales, se ha generado una importante polémica
pública.
Señora Ministra, siendo como son estas vacunas fármacos de uso
muy arraigado en la población española y especialmente entre
sectores poblacionales de riesgo, entiendo que las razones por
las cuales el Ministerio ha adoptado esta decisión han de ser muy
fundamentadas y es por ello que le formulo la siguiente pregunta:
¿Cuál es el motivo de la retirada de las vacunas anticatarrales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señora Novoa, el motivo es el cumplimiento del programa de
revisión de vacunas que el Ministerio de Sanidad y Consumo está
llevando a cabo. Tiene su origuen en la Directiva comunitaria
342/1989, que se refiere a medicamentos inmunológicos
consistentes en vacunas, toxinas, sueros y alergenos y que
establece que los Estados miembros han de llevar a cabo la
revisión de las vacunas existentes en el mercado, autorizadas
antes del 1 de enero de 1992, con objeto de lograr un mercado
europeo homogéneo. Esta directiva se incorporó a nuestra
legislación mediante un Decreto del año 1991, el número 288, por
el que se regulan los medicamentos inmunológicos de uso humano y
se establece que las vacunas deberán cumplir los requerimientos
exigidos por la legislación farmacéutica comunitaria.
La revisión de vacunas pretende adecuar el mercado, de forma que
estos medicamentos cumplan todos los requisitos en cuanto a
calidad, seguridad y eficacia, y que aporten una información a
los profesionales sanitarios a través de la ficha técnica
preceptiva.
Ninguna de las vacunas que se han retirado del mercado deja una
laguna terapéutica, es decir, siempre ha quedado una vacuna
alternativa para la indicación prevista. De las 108 vacunas a las
que afecta esta revisión, según este programa preceptivo, 14 son
anticatarrales, de ellas seis han sido anuladas y en ocho todavía
no ha terminado el procedimiento de revisión porque los
laboratorios han presentado alegaciones a los informes de
evaluación desfavorables que ya están emitidos de acuerdo con las
normas de procedimiento administrativo. Mientras las vacunas
anticatarrales tienen una composición bacteriana, las
antigripales protegen frente a los virus de la gripe. Por ello,
ambos tipos de vacunas son completamente diferentes y no
intercambiables. (Estamos hablando de las anticatarrales). No
existe ningún tipo de riesgo sanitario o peligro para la salud de
los pacientes, a pesar de que hayan sido suministradas estas
vacunas que ahora se determina que carecen de efecto terapéutico,
ya que es la falta de eficacia de las vacunas anticatarrales, lo
que ha motivado la retirada del mercado, pero no que tengan
efectos, insisto, perjudiciales.
Los resultados obtenidos hasta ahora de este programa de revisión
de vacunas son altamente satisfactorios. Se está consiguiendo el
objetivo marcado por la directiva comunitaria de dejar en el
mercado exclusivamente las vacunas que reúnan las características
de calidad, seguridad y eficacia, eliminando, por el contrario,
todas aquellas que no cumplen ya estos requisitos o que, por
alguna otra causa, han quedado obsoletas desde el punto de vista
sanitario.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON NESTOR PADRON DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE AUTORIZACION
SANITARIA LA VENTA DE AGUA IMANTADA O PRODUCTO PARA SU
IMANTACION, QUE SE ANUNCIA EN DETERMINADOS MEDIOS, CON
PROPIEDADES TERAPEUTICAS Y SANITARIAS, O ES UN VERDADERO FRAUDE?
(Número de expediente 180/001427)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Padrón
Delgado.
El señor PADRON DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, se anuncia con bastante
profusión en algunos medios de comunicación, especialmente en la
radio, determinado producto para imantar el agua, destacando
determinadas propiedades sanitarias del agua imantada. El hecho
cierto es que aparecen, en esa profusión de propaganda, voces de
antiguos pacientes que anuncian que ese milagroso producto
produce efectos beneficiosos contra la gripe, el reúma, etcétera,
haciendo una publicidad engañosa, entiendo yo, que puede influir,
y que influye de hecho, en la buena fe de los oyentes de esas
emisoras.
Por estas razones, señora Ministra, pregunto si efectivamente
existe una autorización sanitaria o, en todo caso, si a través de
las leyes que regulan el consumo en España se puede evitar este
tipo, a mi juicio, de publicidad engañosa.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, no existe ningún Registro sanitario en el que estén
inscritos en concreto los productos del agua imantada. No existe
ningún Registro sanitario en el que deban inscribirse para su
comercialización porque no son productos con cualidades
terapéuticas. No obstante, les son exigibles la seguridad, la
información y la publicidad exacta y veraz, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y en la Ley General de la Publicidad.
El agua imantada y los productos para su imantación son productos
industriales, y les sería de aplicación el Decreto de 2 de
diciembre de 1988, modificado en el año 1989, por el que se
aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de
los destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.
Hasta el momento, no se ha evidenciado la existencia de riesgo
para la salud como consecuencia del consumo de estas aguas
imantadas, como tampoco está acreditado que produzcan efecto
benéfico alguno. En consecuencia, el efecto que para consumidores
y usuarios tiene la comercialización de estos productos y algunos
similares afecta, fundamentalmente, a su credulidad, a sus
intereses económicos y, en ocasiones, a su buena fe.
Tuve ocasión de anunciar en el Pleno del Senado la elaboración de
un Real Decreto que establece limitaciones y prohibiciones de la
publicidad y de la propaganda comercial de productos, actividades
o servicios con pretendidas finalidades sanitarias. Es un Decreto
que trata de ser más estricto. Lo cierto es que con la situación
actual no deberían entrar en el ámbito sanitario puesto que no
son productos sanitarios, pero vista la invasión que se ha
producido de estos productos y la utilización de determinados
elementos de publicidad que pueden inducir a error, tratamos de
regular en ese Decreto la adopción de medidas sanitarias básicas
y generales para la protección y defensa de la salud, que
comprendan un mayor rigor y exigencia del cumplimiento de la
normativa especial sanitaria, el establecimiento de prohibiciones
y limitaciones concretas, la exigencia inexcusable de información
a las autoridades sanitarias y de veracidad en cuanto a los
materiales, productos o actividades y, en último término, el
control por las autoridades sanitarias competentes para impedir
actividades de publicidad o promoción que constituyan riesgo para
la salud. De esta forma, las autoridades sanitarias y los órganos
competentes, en cada caso, de las distintas administraciones,
controlarán con mejores instrumentos la publicidad y promoción
comercial de los productos naturales...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Padrón, tiene la palabra.
El señor PADRON DELGADO: Quiero dar las gracias por la
información. Efectivamente, lo manifestado por usted, señora
Ministra, confirma los temores que yo tenía. El hecho cierto es
que le insto a que se publique ese Decreto y, sobre todo, que por
la Dirección General de Consumo, si efectivamente está habiendo
fraude en esa publicidad, se hagan los avisos consiguientes para
evitar que se aprovechen de la buena fe. Efectivamente, entiendo
que no tienen efectos perjudiciales sobre la salud, pero sí sobre
la situación económia de estas personas que, llevadas de la buena
fe en esa publicidad engañosa, incurren en gastos que no
repercuten en un efecto beneficioso ni para la salud ni para
nada, sino que son meros artificios de esta sociedad de consumo
en que vivimos todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE
SITUACION SE ENCUENTRA LA INCORPORACION DE ADMINISTRADORES EN LOS
CENTROS DOCENTES, RECOGIDA EN LA LOGSE? (Número de expediente
180/001428)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, de la señora Rodríguez
Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Educación, la aprobación de la LOGSE supuso,
entre otros cambios del sistema educativo, la incorporación de
una serie de medidas dirigidas a incrementar la calidad del
mismo; medidas relacionadas con una mayor dotación de recursos
humanos y materiales en los centros de enseñanza, referida a la
formación permanente del profesorado o a la evaluación del propio
sistema educativo; medidas, en definitiva, que buscan un mejor
funcionamiento de los centros escolares.
Entre los que denominamos artículos de calidad, que están
incluidos en el título IV de la LOGSE, concretamente se recoge en
el artículo 58.4 la incorporación de administradores a los
centros docentes. La Ley dice que esta figura sustituirá a los
secretarios de los equipos directivos y, además, afirma que no
será obligatoria para todos los centros de enseñanza. Entiendo
que estará especialmente justificada para aquellos centros que
tienen una mayor complejidad administrativa, bien por el número
de alumnos, bien por el número de profesorado, o incluso por el
propio volumen
presupuestario que se les asigna y que tienen que gestionar.
Por otra parte, señor Ministro, la incorporación de
administradores favorecerá una mayor autonomía de los centros
docentes: autonomía para gestionar esos recursos materiales, e
incluso también para incrementar los ingresos, mediante la
posibilidad, que se admite, de realización de una serie de
actividades complementarias. Aspectos estos dos últimos que
aparecen también recogidos en la que hemos denominado Ley de
Centros y que aprobamos en esta Cámara hace escasas semanas.
Por todos estos motivos, desearía recibir información del señor
Ministro de Educación y Ciencia en cuanto a los requisitos que se
han evaluado para ser administrador de un centro de enseñanza, y
también sobre su valoración acerca de la incorporación de estos
administradores para este curso 1995-1996.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, en desarrollo de las previsiones de la LOGSE, un
Decreto de 18 de junio de 1993 estableció el reglamento orgánico
de funcionamiento de los institutos de enseñanza secundaria. Ahí
se establece la figura del administrador de centros docentes.
El alcance de esta medida es buscar, por una parte, que los
directores de los centros se puedan dedicar a las tareas
estrictamente docentes y que, por otra parte, los aspectos
complejos que surgen en un instituto de enseñanza secundaria,
tales como personal, relaciones con empresas externas y su
funcionamiento, derivados de confluir en el mismo tres tipos de
enseñanza --la secundaria obligatoria, la formación profesional y
la del bachillerato-- sean administrados por una persona dedicada
exclusivamente a esta tarea.
En aplicación del Decreto mencionado de 1993, en la Orden de 2 de
junio de 1995 se han concretado los requisitos para acceder, y
ahí se estableció un concurso específico para proveer 50 puestos
de trabajo vacantes de administradores en el Ministerio de
Educación y Ciencia, porque el ámbito de aplicación del
mencionado reglamento para estos administradores es el territorio
del Ministerio de Educación y Ciencia. Ese concurso se ha
resuelto mediante Orden del 27 de julio del presente año,
publicada el día 8 de agosto en el «Boletín Oficial del Estado»,
y se adjudican los puestos convocados a la vista de las
evaluaciones de los aspirantes por parte de la Comisión de
Valoración.
El Ministerio, posteriormente, ha proporcionado a los candidatos
seleccionados un curso de formación previo al desempeño del
puesto de trabajo. Este curso intensivo, de más de cien horas de
duración, se ha realizado a lo largo del pasado mes de
septiembre, se han actualizado los conocimientos y se han
ampliado en materia de legislación educativa y de organización de
los centros, lo que va a permitir una mejora de sus funciones.
La incorporación es, pues, un hecho en este mes y la política del
Ministerio es continuar incorporando estos administradores porque
entendemos que es un instrumento para la mejora de la calidad de
la enseñanza.
Muchas gracias, señor Presidente.
--DEL SEÑOR LANDETA ALVAREZ-VALDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA: ¿SE ESTAN DEDICANDO LOS MEDIOS NECESA-
RIOS PARA DETECTAR LA CAUSA DEL ACCIDENTE OCURRIDO EL DIA 31 DE
AGOSTO EN EL POZO SAN NICOLAS, DE HUNOSA, EN NIVES, QUE COSTO LA
VIDA A CATORCE MINEROS, CON EL FIN DE EVITAR QUE HECHOS COMO ESTE
SE VUELVAN A REPETIR? (Número de expediente 180/001414)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Landeta
Alvarez-Valdés.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria, la pregunta que le realizamos es la
siguiente: ¿Se están dedicando los medios necesarios para
detectar la causa del accidente ocurrido el 31 de agosto en el
pozo de San Nicolás, de Hunosa, en Mieres, que costó la vida a 14
mineros, con el fin de evitar que hechos como éste se vuelvan a
repetir?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Landeta.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
Señora Landeta, le contesto en función del conocimiento que
tengo, no en función de mis competencias.
De acuerdo con la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del
Estatuto de Autonomía para Asturias, la autoridad minera es
precisamente la autoridad minera del Principado, no el Ministerio
de Industria, y conforme a esta autoridad se vienen llevando a
cabo los trabajos de investigación de las causas que pudieron
producir el lamentable accidente en el que murieron los mineros.
Es verdad que existe una Comisión Nacional de Seguridad Minera
que el día 11 de septiembre se reunió en su Comité permanente,
estableciéndose también un comité específico de apoyo para
contribuir a los trabajos en la medida en que fueran requeridos
por la autoridad
minera del Principado y simultáneamente para que, a la luz de la
experiencia, se pudieran hacer incluso propuestas de modificación
normativa u otras.
En este momento, por la información que tengo, faltan todavía por
cumplirse algunos requisitos esenciales para el análisis total,
entre otros, una parte de la recuperación de la galería en la
cual se produjo el accidente, juntamente con otra serie de
medidas.
Créame, señoría, que estamos poniendo los medios que tenemos a
nuestra disposición en colaboración con la autoridad minera del
Principado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Landeta tiene la palabra.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, respetamos sus explicaciones, pero en modo alguno
nos satisfacen.
Nosotros, en este asunto, estamos interviniendo muy directamente
y tenemos que decir que el martes pasado comparecieron ante la
Comisión de Industria el Director General de Minas, el Presidente
de la Comisión Nacional de Seguridad Minera y el Presidente de
Hunosa que, en concreto, vinieron a decir que las minas cuentan
con todas las medidas de seguridad a nivel mundial, que los
trabajos se llevan a buen ritmo, pero que desconocen la causa del
accidente.
La realidad es que 1995 es un año dramático para la minería
asturiana, sus familias y el conjunto de toda la población. En
los ocho meses transcurridos llevamos 7.100 accidentes, de los
cuales 25 mortales, que determinan que trabajar en una mina
representa en el siglo XXI un grave riesgo.
El accidente de San Nicolás costó la vida a 14 mineros. Es el
accidente más grave que se ha producido en las minas asturianas
en 50 años, pero entendemos que usted tiene una responsabilidad.
Yo sé perfectamente que las competencias están transferidas a la
Comunidad, pero de su competencia es indiscutiblemente cumplir
las palabras que usted manifestó a la salida de los funerales,
diciendo que para la seguridad minera se eliminarían riesgos y
que se pondrían todos los medios precisos. Sin embargo, yo tengo
aquí el informe de la Comisión de Seguridad Minera del año 1993 -
-el de 1994 todavía no se hizo-- donde se dice tajantemente que
hay un drástico recorte de medios económicos en el funcionamiento
de la Comisión Nacional de Seguridad Minera. Esto trae como
consecuencia...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Landeta.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
Me temía que en la réplica me iba usted a salir por una cuestión
que no me había planteado en la pregunta, y así ha sido.
Me pregunta usted si estamos poniendo los medios para contribuir
a esclarecer el accidente y le digo que sí, todos los que están a
nuestro alcance, pero respetando las competencias.
Segundo, comparto, naturalmente, la valoración de la gravedad de
ese accidente y lo que ha significado, y por eso es por lo que
dije a la salida del funeral, y repito hoy, que no será nunca por
razones económicas por lo que haya dificultades para poner en
marcha eso. Es más, he dicho que la empresa Hunosa, que está
también colaborando en el esclarecimiento del accidente, como no
podría menos de ser, no ha dejado de gastar el dinero y de crecer
incluso en sus gastos de seguridad, lo cual, lamentablemente,
señoría, no ha impedido el que se produjeran este año esas 14
víctimas.
Por tanto, le rogaría que no hiciéramos demagogia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE FELIX SAENZ LORENZO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA NATURALEZA DE
LA PROPUESTA QUE EL GOBIERNO PLANTEA SOBRE LA IMPLANTACION DEL
MERCADO UNICO DE ELECTRICIDAD EN LA UNION EUROPEA?
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria, en la armonización económica de la
Unión Europea hay algunos sectores que tienen mayores
dificultades que otros. El mercado único de la electricidad es un
tema que lleva bastante tiempo encima de la mesa del Consejo de
Ministros de Industria, por las difilcultades que tiene
compatibilizar sistemas muy diferentes en la generación y
distribución de electricidad de unos países a otros, que van
desde países que tienen una sola empresa estatal para generación
y distribución, a países que tienen muchas empresas y muy
diversificada la oferta y la distribución.
En España hemos debatido en esta legislatura la Ley de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional que establece un modelo regulador
que, al mismo tiempo que tiene como objetivos básicos garantizar
el suministro y disminuir los costes del kilowatio, abre algunas
posibilidades, introduce elementos de competencia y de
competitividad y crea un sistema independiente, que quizá podría
servir de modelo para sacar adelante esa idea del mercado único
de la electricidad.
Así pues, la pregunta que le hago al señor Ministro es si
partiendo de este esquema regulador que hemos discutido en las
Cortes y que, desde mi punto de vista,
es bastante satisfactorio, el señor Ministro de Industria va a
hacer alguna propuesta al Consejo de Ministros de Industria de la
Unión Europea para regular el mercado europeo de la energía. Si
es así, ¿en qué sentido iría tal propuesta?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Sáenz Lorenzo, el Gobierno español en la Presidencia
Europea ha asumido en esta cuestión un riesgo político
importante, como una de las prioridades de la actuación de la
presidencia española: conseguir el desbloqueo que durante cuatro
años llevamos en la configuración del mercado común de la
electricidad. Otras presidencias han fracasado en este empeño, y
hemos dicho expresamente que vamos a poner toda nuestra voluntad
política y nuestro mejor saber hacer para tratar de desbloquear
esta cuestión.
Este es un asunto importante que liga con nuestra Ley de
Ordenación del Sistema Eléctrico, pero también con un elemento
central de la competitividad de los sistemas europeos. En esa
dirección hemos hecho, a la vista de las conclusiones de
anteriores Consejos de Ministros de Energía, una nueva propuesta
que trata de hacer frente a un proceso de eliminación de barreras
a la entrada en el mercado de producción y de distribución de
electricidad, un sistema que permite más competencia, preservando
simultáneamente las obligaciones de servicio público, las
posibilidades de planificación en la ordenación eléctrica y la
coexistencia de los dos modelos que se han venido discutiendo en
Europa: el de acceso negociado de terceros a la red, sistema
defendido básicamente por el Reino Unido, o el que en la
literatura se llama sistema de comprador único, que tiene un
principal valedor en Francia.
En esa dirección le puedo decir que, sin prejuzgar el resultado
de nuestro esfuerzo, creo que vamos en la buena dirección y que
quizás al final del período de la Presidencia Europea hayamos
dado un sensible paso adelante.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LLUIS RECODER I MIRALLES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE ALERTA «PREVIMET» LOS PASADOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE?
(Número de expediente 180/001408)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Recoder,
sustituido para este acto por el señor Hinojosa i Lucena.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cómo valora el Gobierno el funcionamiento del
sistema de alerta Previmet los pasados días 20 y 21 de
septiembre? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted sabe, el sistema de alerta Previmet se activó
con retraso a causa de una predicción inexacta de las condiciones
meteorológicas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como S. S. sabe, la ciudad de Barcelona vivió el
día 21 de septiembre la denominada tormenta del siglo. Desde el
año 1914 no había llovido tanto. Lo hizo tan fuerte que en
algunos momentos cayeron 253 litros por metro cuadrado en algunas
zonas de la ciudad. Como consecuencia de este aguacero, fueron
cuantiosísimos los daños materiales y perjuicios a los
ciudadanos. Baste recordar que hubo una persona muerta. Bajos y
garajes inundados, estaciones de metro sumergidas, semáforos
fuera de servicio, una parte de la ciudad a oscuras después de
haber pasado treinta horas del diluvio, comercios y almacenes con
todo su género destrozado era la estampa habitual de la ciudad en
esos días.
Una serie de errores del Instituto Nacional de Meteorología
impidieron la activación del Plan de Previsión (Previmet) hasta
tres horas después de iniciado el aguacero, es decir cuando éste
se acababa. Los propios responsables del centro territorial de
Cataluña reconocieron un error de previsión debido a que el radar
de previsión situado en Corbera no funciona a pleno rendimiento
desde hace seis meses porque le falta una pieza que ha de venir
del extranjero. No pudieron comunicarse con Protección Civil
porque las líneas estaban colapsadas, y cuando se les ocurrió
mandar un fax lo enviaron a Madrid, no a Barcelona.
Sencillamente, nos parece un despropósito bochornoso.
La ineficiencia del Instituto Nacional de Meteorología ese día
contrasta con la del modesto Servicio de Meteorología del Consell
Comarcal del Maresma (Meteomar), inaugurado el pasado enero, con
un solo meteorólogo a su servicio frente a los 25 que tiene el
INM, que realizó una previsión adecuada, lo cual permitió que las
poblaciones del Maresma pudiesen actuar con eficacia.
Todo ello, señor Ministro, contrasta con la reticencia del
Gobierno a traspasar dicho centro, en aras --dice el Gobierno--
de una mayor eficacia del mismo. Espero y deseo, señor Ministro,
que los acontecimientos del 21 de septiembre hagan reflexionar al
Gobierno, especialmente a su compañero señor Borrell, que es
quien más se opone al traspaso de esta competencia, y que se
produzca de una vez ese traspaso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, los sistemas de predicción y en general
los sistemas de Protección Civil siempre se pueden mejorar. Sin
embargo, los datos que tiene el Gobierno no coinciden exactamente
con los que indica S. S.
¿Cuál es el grado real de previsión del Instituto Nacional de
Meteorología? Del 80 por ciento, no es más, de manera
estadística.
¿Qué ha ocurrido en el caso que S. S. plantea? Lo que ha ocurrido
es un fenómeno tormentoso, pequeño en términos meteorológicos,
con un ciclo de vida muy corto y sin embargo con una intensidad
impresionante, como ha descrito S. S. Ello determinó que en el
boletín de las 19 horas no estuviera incluido, como le he
reconocido en el propio planteamiento inicial de la respuesta.
Pero el que no hayan sido interpretados adecuadamente los datos,
desgraciadamente, forma parte de lo que constituye la
meteorología, que no es una ciencia exacta, sino que trabaja
conforme a modelos y módulos estadísticos, dentro de los cuales
tienen un grado de previsión que hace que en ocasiones se acierte
y en otras no. Fíjese que, concretamente, el Centro Regional de
Barcelona ha calculado, en términos estadísticos, que por otro
lado son los propios de los institutos de meteorología, que
tardará 109 años en producirse un fenómeno semejante. O por darle
una referencia más próxima, el propio comentarista de TV3 tuvo a
bien decir, acerca de la falta de predicción, que se trataba de
una tormenta que se montó en dos horas, «alucinante» --dijo--,
«de una violencia extrema y muy interesante meteorológicamente
hablando». Es verdad que cuando un especialista describe un
fenómeno como interesante los ciudadanos se tienen que preocupar,
siempre ocurre así y no sólo en esta ciencia.
Independientemente de la pretensión de transferencia a que S. S.
ha aludido, lo cierto es que en este caso no estamos ante un
problema de tecnología, porque los centros de Barcelona tienen
medios adecuados, sino más bien de los límites que tiene la
meteorología como ciencia exacta, ocurra en Barcelona, ocurra en
Madrid, ocurra en Nueva York.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
JUSTICIA E INTERIOR: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LOS FONDOS
RESERVADOS PUEDEN SER USADOS POR EL MINISTRO DEL INTERIOR DE
TURNO PARA ADQUIRIR PIEZAS DE JOYERIA DESTINADAS A OBSEQUIAR A
ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION? (Número de expediente
180/001410)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
¿Considera el Gobierno que los fondos reservados pueden ser
usados por el Ministro del Interior de turno para adquirir piezas
de joyería destinadas a obsequiar a altos cargos de la
Administración?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, debería saber ya que como consecuencia de la Ley 11/95,
de 11 de mayo, aprobada por las Cortes --que, por cierto, tuve el
honor de proponer en su texto prelegislativo ante esta misma
Cámara--, el control de los fondos reservados se verifica a
través de un único medio: a través de la Comisión de Fondos
Reservados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Qué triste es, señor Ministro, querer salirse por la tangente por
no tener el valor político de decir simplemente que no. Resulta
vergonzoso imaginar a un Ministro del Interior comprando joyas
con fondos destinados a garantizar la seguridad y la libertad de
todos, empezando por la de aquellos funcionarios bajo su mando.
Es absolutamente vergonzoso
imaginar cómo se repartieron esos fondos en una especie de botín
generalizado, mientras que otras necesidades operativas de su
Ministerio quedaban absolutamente aparcadas, invocándose falta de
consignaciones presupuestarias. Y desde luego, señor Ministro, es
absolutamente vergonzoso imaginar la complacencia de las esposas
de los altos cargos millonariamente obsequiadas por el señor
Ministro del Interior, mientras que miles de esposas de policías
y de guardias civiles no podían llegar a fin de mes en virtud de
que el Ministerio aducía incapacidad económica para revisiones
salariales justas.
Su señoría puede decir que esto es demagogia, pero esto es
exactamente lo que siente y dice la opinión pública ante un
espectáculo tan bochornoso, y le recuerdo además que no hay mayor
demagogia que la de un Gobierno que intenta encongerse de hombros
ante la realidad para eludir esa misma realidad, como S. S. acaba
de hacer esta tarde.
¿De verdad cree usted, señor Ministro, que los españoles no
tienen derecho a saber, con nombres y apellidos, quiénes fueron
las personas obsequiadas por esos regalos millonarios? ¿Quiere
decir, señor Ministro, que los españoles no tienen derecho a
saber cuánto se defraudó y se dilapidó en esos caprichos? En
definitiva, señor Ministro, ¿cree que los españoles no tienen
derecho a exigir de este Gobierno acciones contundentes e
inmediatas para garantizar que vuelvan al patrimonio del Estado
esos regalos indebidamente percibidos? Todo esto no es una
anécdota, señor Ministro, sino una categoría acreditativa de lo
que el Gobierno del señor González ha dejado hacer en el
Ministerio del Interior para vergüenza de todos, pero, desde
luego, para escarnio de ustedes mismos los primeros.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, señor Presidente.
Con todas sus intervenciones siempre tengo la misma duda: ¿le
respondo en términos didácticos o le respondo en términos
políticos? (El señor Gil Lázaro: Políticos, por supuesto.) Bueno,
no, primero necesita usted siempre de la primera respuesta, la
didáctica, y la didáctica es muy clara: sólo hay una forma, que
usted, señoría, y su grupo han aprobado, para controlar los
fondos reservados, una Comisión, y es una vergüenza que S. S.
haga demagogia sobre ese tema. El único instrumento, que S. S. y
su Grupo han aprobado, para controlar fondos reservados es una
Comisión creada por una Ley aprobada por el conjunto de la
Cámara.
Segundo aspecto, también en términos todavía didácticos. Usted
pretende, una vez más, instrumentalizar el Poder Judicial, y
usted se está refiriendo a un proceso judicial en marcha en el
Juzgado número 43; usted, una vez más, formula su agenda política
por las noticias que aparecen en un determinado medio; usted, una
vez más, falta el respeto a los jueces, a la independencia del
proceso, al secreto del sumario; usted, una vez más, es un
ejemplo notorio de qué concepción tiene el Partido Popular sobre
en qué consiste en Poder Judicial algo que se debe ajustar a la
opinión pública, como ha declarado un ilustre representante de su
partido.
En términos políticos, simplemente le diré una cosa, ya que lo ha
reclamado. Su señoría me produce siempre la misma sensación: que
un caos intelectual y político como el que usted representa
signifique algo en la vida política española es digno de ser
temido.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE POLITICA
GENERAL QUE APLICARA EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA SITUACION DE LA
SEGURIDAD VIAL, ASI COMO VALORACION DEL INCREMENTO DE LOS INDICES
DE SINIESTRALIDAD VIAL EXPERIMENTADO DURANTE 1995 (Número de
expediente 172/000121)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día. Interpelaciones
urgentes. Interpelación del Grupo Popular sobre política general
que aplicará el Gobierno para mejorar la situación vial, así como
valoración del incremento de los índices de sinestralidad vial
experimentado durante 1995.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Sanz Escalera.
El señor SANZ ESCALERA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoras y señores Diputados, la sociedad española
tiene desde hace ya demasiados años una herida abierta por la que
se causan anualmente entre 5.000 y 6.000 muertos, cientos de
miles de heridos, una legión de mutilados e incapacitados y, en
fin, una pérdida económica de nada menos que un billón y medio de
pesetas, es decir, cuatro mil millones de pesetas cada día,
120.000 millones de pesetas al mes, como consecuencia de nuestros
índices de siniestralidad vial.
La accidentalidad en carretera y en zona urbana es de tal calibre
que constituye sin lugar a dudas una cuestión de Estado que nos
obliga a todos a concurrir en la tarea de reducirla a límites
europeos. En prueba de ello, voy a darle unas cifras. En 1992
fallecieron por esta causa 6.014 personas; en 1993, 5.506 y, en
1994, 5.615. Correlativamente, en esos mismos años, resultaron
heridas, aproximadamente, 130.000, 118.000 y 113.716 personas.
Actualmente, las cifras de accidentalidad muestran un aumento
sobre el año anterior en torno al 7 por ciento, lo cual, de
manenerse esta tendencia al alza,
elavará la cifra de fallecidos muy probablemente por encima de
6.000, atrasándonos a los niveles de 1992.
Estas son las cifras, ésta es una terrible estadística que nos
permite anticipar con enorme fatalismo datos estremecedores. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Frente a este pavoroso problema, el Gobierno actúa
tripartitamente: a través del Ministerio de Obras Públicas, a
través indirectamente del Ministerio de Industria y, sobre todo,
a través del organismo especializado, que es la Dirección General
de Tráfico (en adelante diremos la DGT), que es realmente la
máxima responsable de la seguridad vial y del tráfico.
La DGT ha venido acompañando el problema, señor Ministro; es
decir, lo ha visto evolucionar y ha ido aplicando medidas de las
que ignora desgraciadamente con exactitud a cuál de ellas hay que
atribuirle la eficacia y cuál de ellas ha fracasado. Es decir,
que la relación de causa-efecto entre la medida adoptada y el
resultado obtenido es un absoluto desconocido, es una ignorancia
absoluta en la DGT.
La DGT se ha limitado a aplaudir los años en que el descenso de
la siniestralidad se producía y a mostrarse perpleja --lo ha
dicho un alto funcionario de la Dirección General a los medios de
comunicación social-- cuando estos índices de pronto han tenido
una inflexión hacia arriba, y, lo que es peor, cuando como ahora
se mantienen al alza, en una tendencia imparable, como ocurre
desde el pasado mes de febrero hasta ahora.
Efectivamente, en 1990 partíamos de un umbral tercermundista en
cuanto al número de accidentes de tráfico. La mejora indudable de
la carreteras y la mejora de la seguridad pasiva de los vehículos
(el ABS, las barras de protección laterales), ocasionaron un
descenso tanto de los siniestros como del número de muertos y
heridos, lo que llevó precipitadamente --decimos nosotros-- al
Gobierno a una euforia errónea, atribuyendo la causa de tal
descenso al conjunto de medidas que tomaba la DGT.
El PP siempre desconfió de aquel contento, que desembocaba
necesariamente en una autocomplacencia sin crítica alguna, basada
en estadísticas poco fiables, tanto por las fuentes de donde los
datos manaban como por el tratamiento de esta estadística que
dentro de la propia DGT recibían.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido en 1994, en que los portavoces
de la DGT anunciaron a bombo y platillo un descenso de la
siniestralidad del 13,8 por ciento con respecto a 1993; pero
ocultaron el dato de que, por contra, el número de fallecidos en
1994 había aumentado en 109 personas más con respecto a 1993. Y
eso resulta de los datos del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente. Esto, señoras y señores Diputados,
señor Ministro, es jugar con los números sin rigor alguno.
Por todo ello, el Partido Popular advirtió reiteradamente que el
mérito era muy relativo, que sólo estábamos saliendo de unos
niveles impresentables de siniestralidad, pero aún estábamos, y
estamos todavía, en el ranking europeo el tercero por la cola,
precediendo sólo a Grecia y a Portugal. Además, mantuvimos
siempre que la seguridad vial era la gran asignatura pendiente de
la DGT, pues de forma muy importante el descenso observado de los
siniestros en el período 1990-94 se debía, en un 36 por ciento, a
la mejora de las infraestructuras, en un 10 por ciento, a la
seguridad de los vehículos, que hay que atribuirlo a la industria
del automóvil o indirectamente al Ministerio de Industria; en
cambio, el factor humano y el de la vigilancia policial, de los
cuatro que intervienen en cualquier accidente, ése que es
competencia directa de la DGT, seguía dando índices positivos.
La DGT, señor Ministro, un organismo que recauda la no
despreciable suma de 58.175 millones de pesetas para este año,
está inmersa en el espejuelo de la recaudación, lo que le lleva a
practicar una política economicista y represiva, más que
preventiva, de la circulación vial. Esto se descubre a través de
los siguientes hechos: Primero, la inexistencia de un banco de
datos, definitivo y fiable, sobre accidentes, heridos y
fallecidos, que signifique una verdad accesible y constatable,
todo ello en un período de tiempo próximo a los hechos. Con
respecto a esto, levantamos nuestra más formal protesta porque
las tablas 1.1 de accidentalidad, relativas a los meses de junio,
julio, agosto y septiembre, que son las que nos permiten analizar
los hechos y sacar las conclusiones, todavía no están
disponibles. Podríamos decir, irónicamente, que están en estudio,
en la DGT.
Segundo, desconocimiento por el organismo responsable de los
movimientos reales del parque automovilístico, sobre todo en
fechas críticas. Esto no lo decimos nosotros, lo ha dicho la
propia DGT, señalando que el número de millones que se baraja
sobre los desplazamientos en la épocas vacacionales son pura
especulación, al carecerse de datos, bases o estudios que los
avalen. Nos preguntamos nosotros ¿para qué le sirven a la DGT los
8.000 agentes, aproximadamente, de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, la numerosa nómina de funcionarios que tiene la
Dirección y, por fin, los sofisticados medios técnicos de que
dispone?
Tercero, cada año aumenta el número de sanciones: 2.954.000 en
1993; 2.980.000 en 1994 y 2.990.000 en este año, lo cual, además,
significa y denuncia un fracaso en la educación vial. Pero, señor
Ministro, podríamos decir, humorísticamente, que no hay mal que
por bien no venga, porque, al fin y a la postre, es una suculenta
fuente de ingresos económicos.
Cuarto, ha afirmado la DGT que para 1996 cederá 20.000 millones
de pesetas a los presupuestos generales. No queremos hacernos eco
de lo que manifiestan algunos medios de comunicación sobre el
destino de estas transferencias, pero advertimos, desde ahora,
que vigilaremos la liquidación de los presupuestos
para saber realmente en qué se consume esa cantidad.
Quinto, gasta poco en investigación: el 4,4 por ciento del total
de los gastos de carácter inmaterial, y mucho menos en educación.
Sexto, vuelca la gran suma de su inversión en lo que llaman la
gran campaña de publicidad y supuesta educación, a través de la
televisión: 2.000 millones de pesetas es lo que gasta en este
aspecto la Dirección General de Tráfico, de cuya eficacia me
permito dudar, aun cuando afirmemos también que desde luego tiene
un efecto intimidatorio para el segmento de la población al que
va a dirigida, jóvenes entre 18 y 25 años, lo cual, señor
Ministro, está muy lejos de producir el resultado educativo que
se pretende.
Séptimo, finalmente, añádase a ello que la política de la DGT es
ciega, en el sentido de que desconoce cuál o cuáles de las
medidas que adopta tienen un efecto positivo y cuál de ellas ha
fracasado; toma decisiones globales y espera resultados también
globales; si el año resulta positivo, se felicita; si negativo,
queda perpleja y reconoce su impotencia, a la vez que intenta
algo increíble y desesperado, como S. S. habrá tenido ocasión de
comprobar: la oferta de dos concursos públicos por valor de 40
millones de pesetas, para averiguar --la Dirección General quiere
averiguar-- la causa del aumento de los accidentes. Algo así,
señor Ministro, como si el cirujano le preguntara al barbero cómo
se realiza una operación de apendicitis.
Todos estos datos revelan la carencia de una política
gubernamental en esta materia y, correlativamente, su opacidad en
la publicidad y manejo de datos, que sólo puede entenderse como
un intento de autoprotección, frente a la realidad de unos hechos
tozudos y denunciadores. Efectivamente, sólo así se explica la
inoperancia del Consejo Superior de Tráfico, la reiteración del
mismo esquema de los planes de seguridad vial, año tras año,
basados en un plan ya obsoleto, el plan francés de 1980, sobre
todo, en la ausencia de objetivos cuantificables.
La Dirección General de Tráfico no se plantea anualmente un
horizonte que conseguir, no se permite la evaluación de la
eficacia de las medidas adoptadas y, por tanto, no asume la
responsabilidad correspondiente. Jamás los responsables de la
Dirección General de Tráfico acuden al Parlamento haciendo un
balance de la gestión anual. Vienen arrastrados al debate de
presupuestos, pero no comparecen espontáneamente.
Lo denuncia también, señor Ministro, el desequilibrio en las
inversiones, acentuando inexplicablemente la inversión en el
acceso a las grandes ciudades, que no llegan a 5.000 kilómetros
de la red de alta velocidad y, en cambio, se abandona
injustificadamente el resto de la red viaria que tiene nada menos
que 315.000 kilómetros de longitud. También se echa de menos la
inclusión del concepto de seguridad vial en los niveles primario
y secundario de la enseñanza, siquiera sea como una asignatura
transversal, no troncal del currículo de educación, pero por lo
menos eso significaría una sensibilización del muchado, que más
tarde tendrá una importancia fundamental en su vida, y de esta
manera podríamos potenciar el concepto moderno de conducción
tranquila. La pereza legislativa de la Dirección General de
Tráfico en la elaboración de los reglamentos (solamente ha
elaborado tres de los diez del Plan Corcuera de Seguridad Vial).
La ausencia de una política proactiva en el ámbito comunitario,
lo que ha quedado de manifiesto por la falta de propuestas por
parte de la Dirección General de Tráfico aprovechando la
presidencia española y, por último, el bloqueo injustificado de
la entrada en vigor del real decreto que regula la utilización y
diseño de la placa europea de matrícula.
Afirmar hoy, señor Ministro --y termino--, que España no es un
país seguro, por lo que a seguridad vial y tráfico se refiere, no
es, desde luego, una apreciación catastrofista. Los malos
resultados que se nos anuncian deben obligarnos a una reflexión
profunda; debemos tener el coraje, la inteligencia y el tino para
mejorar esta importante cuestión, porque millones de ciudadanos
lo exigen, porque, repetimos, se trata de una cuestión de Estado.
Por eso, cualquier fracaso que una mala o equivocada política
vial pueda infligir a este logro común nos infunde congoja, no
sólo por el daño que puede ocasionar a las personas y a la
nación, sino también a la credibilidad de las instituciones
democráticas y al Estado del bienestar que hace ahora veinte años
todos ayudamos a edificar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sanz
Escalera.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, en primer lugar, voy a
hacer una valoración de los accidentes de los últimos cinco años
y de lo que va del año 1995, y en un segundo lugar aludiré a las
líneas maestras de la política desarrollada por mi departamento
en materia de prevención de accidentes.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, debe hacerse una
precisión inicial acerca de esa supuesta euforia del Gobierno
ante el descenso de los niveles de siniestralidad vial en los
últimos años y acerca, en sentido inverso, de un incremento de
accidentes en años anteriores. La verdad es que no es cierto. Yo
he repasado, no ya mi período, sino la totalidad del tiempo en
que ha habido Gobierno socialista y nunca se ha manifestado de
manera eufórica. No tiene sentido. Frente a un hecho tan grave
como los accidentes mortales, frente a los riesgos que supone la
inseguridad vial, nunca ha habido una manifestación de euforia.
Como mucho, nos hemos limitado a dar los datos conforme a los
modelos estadísticos usualmente aceptados en la tradición
española, pero euforia, nunca. No es serio ciertamente,
manifestarse eufórico ante un problema tan grave como es el que
ha descrito su señoría.
En definitiva, la única actitud moralmente admisible es la de
insatisfacción permanente, y esa insatisfacción permanente, fruto
de un examen de la realidad, es la que siempre ha caracterizado
la presentación pública de los trabajos de la Dirección General
de Tráfico.
Aclarado este aspecto, que me parece importante, he de indicar
acerca de las cifras crecientes a que S. S. ha hecho alusión, que
realmente ha cruzado datos; ha cruzado las defunciones en
veinticuatro horas con las muertes en treinta días, dos
estadísticas que S. S. sabe que son distintas. La primera es la
habitual en España que, por otro lado, es la que piden de manera
constante los medios de comunicación y sobre la que existe una
tradición consolidada. La segunda, la de muerte en treinta días,
es, ciertamente, la generalizada en Europa que, por cierto, se
recoge desde esta memoria, porque no puede facilitarse más que a
los sesenta días, lógicamente, del período. Estoy seguro de que
es una lectura incorrecta, no una lectura malintencionada. Si S.
S. comparara datos homogéneos, seguramente obtendría el resultado
homogéneo, que es el resultado real.
La realidad de estos últimos cinco años ha venido marcada, como
bien saben SS. SS., por un descenso muy fuerte en los accidentes
con víctimas, y eso no supone, insisto, ninguna manifestación de
euforia, sino una pura descripción estadística.
Este descenso, como es notoriamente conocido, ha sido algo
inferior al 40 por ciento y ello, seguramente, es una primera
pista de lo que está ocurriendo en el año 1995. No es posible
hacer una evaluación automática ni inmediata. Cualquier previsión
en materia de tráfico, los expertos lo saben, requiere, por lo
menos, un período de observación de dos a tres años. Sacar
conclusiones de períodos de seis, siete meses o un año es
simplemente una frivolidad, desde un punto de vista de análisis
de seguridad vial. Sin embargo, ese descenso tan fuerte de un 40
por ciento en cinco años sí que da una cierta pista de que
seguramente hemos tocado, de alguna manera, el techo del
descenso, que se está estabilizando, aunque insisto en que no es
más que una observación inicial; sería necesario que la tendencia
se mantuviera períodos de entre dos y tres años para sacar
conclusiones serias; pero esto podría dar una primera pista sobre
que ese descenso excesivo puede no producirse, salvo que
introduzcamos cambios cualitativos esenciales, en los años
siguientes. Además, es lo normal. Saben SS. SS., o por lo menos
quienes son expertos en estos temas, que reducciones del 40 por
ciento en la tasa de mortalidad en Estados equivalentes de la
Unión Europea han requerido prácticamente períodos de más de diez
años. El Reino Unido o Alemania, por ejemplo, tardaron más de
diez años en obtener ese objetivo de una reducción del 40 por
ciento. España lo ha hecho en cinco años.
En definitiva, hemos disminuido en cinco años lo que otros
países, con tecnologías adecuadas en materia de seguridad vial,
no mejores que las nuestras (las nuestras son adecuadas y
satisfactorias) han tardado diez años. Eso teniendo en cuenta,
por otro lado, que en ese período de cinco años el parque
automovilístico se ha incrementado en España un 15 por ciento.
Hay muchos factores que han influido en este espectacular
descenso en la mortalidad en España. Desde luego, los nuevos
servicios de carreteras, que han mejorado sustancialmente la
circulación, sobre todo en las vías de circulación rápida; la
entrada en vigor de la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento
General de Circulación. Concretamente, la entrada en vigor de
estas dos últimas normas marca con gran nitidez otros tantos
momentos de inflexión, hacia el descenso, naturalmente, de los
accidentes de circulación. El primero de ellos, abril de 1990,
coincide con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Vial, y
el segundo, junio de 1992, coincide con la entrada en vigor del
Reglamento.
Se ha hecho un esfuerzo de comunicación social cuya eficacia
siempre hemos reconocido como positiva, y lo reconocen así la
práctica totalidad de los controles de encuesta o de estadística
que se realizan al respecto; supuso un cambio, efectivamente, en
la línea de expresión externa de la DGT, que abandonó estilos de
comunicación amable o simbólica y optó, por el contrario, por
pasar a exponer crudamente las consecuencias de los accidentes de
circulación.
Pero hablemos del año 1995, que sin duda es lo que ha motivado la
presente interpelación. El mes de enero mantiene una línea
evolutiva favorable. De hecho, se registran menos accidentes que
en el correspondiente del año anterior. Febrero y marzo, por el
contrario, suponen un aumento, si bien de forma todavía no muy
acusada, con respecto a los meses homólogos del año anterior. En
principio, no parecía especialmente significativo, puesto que
durante los años 1990 a 1993 se produjeron fenómenos semejantes y
a final de año, sin embargo, las encuestas determinaban que
continuaba el descenso del índice de siniestralidad.
Pero abril de 1995, se configura como un mes particularmente
malo, y desde entonces hasta julio, incluido, el ascenso de los
accidentes se va confirmando. Agosto, por el contrario, implica
una ruptura total: es el mejor agosto en muchos años en términos
de siniestralidad. Arroja un descenso tan intenso, que permite
afirmar que la operación verano se cierra, sin embargo, con un
descenso claro y nítido en los siniestros ocurridos con resultado
de muerte.
Septiembre, a su vez, es un mes particularmente extraño por los
datos que tenemos: los primeros quince días son especialmente
negativos y, sin embargo, la segunda
parte del mes ha determinado que el incremento final sea
relativamente moderado.
En cualquier caso, es evidente que durante estos meses se ha
producido un leve incremento del número de víctimas mortales, lo
que hace que, sin duda, para la DGT, para el Ministerio, para el
conjunto del Gobierno, se convierta en un tema absolutamente
prioritario el tratar de precisar efectivamente las causas de
este período de incremento y, sobre todo, dar las respuestas
adecuadas para que esa tendencia no se convierta en un factor
homogéneo, evaluable como realmente preocupante.
Hay que hacer, sin embargo, una precisión, si no queremos ser
superficiales. A ella he aludido con anterioridad: cualquier
especialista en la materia sabe que en este campo sólo es posible
hablar de tendencias cuando los datos se mantienen, de manera
coherente, al menos durante un período de tres años. De ahí que
sea legítimo y científicamente razonable hablar de que en cinco
años hemos obtenido una reducción de la tasa del 40 por ciento y,
sin embargo, no se pueda obtener ninguna conclusión seria en
términos de seguridad vial por períodos de tiempo inferiores a
tres años.
Independientemente de eso, que es lo que dice cualquier experto
en este campo, es cierto que este incremento temporal de siete
meses nos preocupa. No puede la DGT esperar a ver si se confirma
la tendencia --es evidente--, sino que desde el mismo momento en
que se percibe ese fenómeno estamos trabajando intensamente.
También habría que aclarar que, desde luego, de la noche a la
mañana en ningún sitio, de ningún modo, es posible cambiar la
tendencia. De ahí que las políticas de educación y formación, sin
duda esenciales, sean particularmente significativas de hasta qué
punto es imposible pretender de ellas que ofrezcan resultados
inmediatos. Para mejorar los niveles de seguridad vial en un país
no hay más fórmula --y lo sabemos todos-- que el trabajo
constante para mejorar cada uno de los múltiples aspectos que
configuran la seguridad vial. Este trabajo debe estar respaldado
por experiencias propias y de otros países y por las consultas
externas, cuando es necesario, a expertos.
En el Ministerio se ha configurado una doble vía de trabajo. Por
un lado, una a corto plazo, que implica intentar reaccionar
frente al conjunto de accidentes, que hemos comprobado que se ha
incrementado en los nueve primeros meses de 1995, sin esperar a
realizar siquiera el balance del año en curso. Por otro lado, la
línea realmente sería, a medio y largo plazo, gira en torno,
necesariamente, al Plan Nacional de Seguridad Vial.
A corto plazo se han adoptado, sin embargo, algunas medidas
inmediatas. Por un lado, la divulgación, a través de los medios
de comunicación, en particular la radio, que es el más flexible
para este tipo de medidas coyunturales, de las peculiaridades
observadas en los accidentes de este año que, por cierto, se
caracteriza por haberse producido un incremento en carreteras no
desdobladas --aumentan concretamente los accidentes por colisión-
-, y un dato realmente novedoso con respecto a la tendencia de
los años anteriores: que se incrementa el número de accidentes de
adultos veteranos no expertos y, sin embargo, se observa una
reducción en el caso de los jóvenes, que en años anteriores era
sin duda la preocupación central de la DGT.
En segundo lugar, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil va
a insistir en las conductas que con más frecuencia generan
accidentes. Hemos adoptado también medidas de adquisición de
material para pruebas de alcoholemia, pues, en definitiva,
cualesquiera que sean las estadísticas que se manejen, que
siempre son bastante relativas, la realidad es que tenemos la
convicción de que prácticamente en dos de cada tres accidentes
han influido directa o indirectamente el alcohol o sustancias
equivalentes.
Las cifras estadísticas después resultan menores, porque, en
realidad, se constatan sólo aquellos accidentes en que la Guardia
Civil de Tráfico ha tenido la oportunidad de comprobar el índice
de alcoholemia en sangre del accidentado, pero ciertamente eso no
se puede producir, ni se puede constatar, en ningún supuesto de
fallecimiento ni en supuestos de lesiones graves, pues,
lógicamente, no es el momento adecuado para realizar pruebas de
alcoholemia. Por tanto, hay que atender mejor a los criterios de
los expertos, que nos siguen indicando que es el factor clave.
La convocatoria de concursos, a lo que S. S. ha aludido con
ironía, nos parece, sinceramente, conveniente y precisa. Es
verdad que mantener un equipo de investigación permanente en la
DGT implicaría unos incrementos de costes que no puede asumir en
principio el presupuesto y, sin embargo, para estudios
específicos y conyunturales parece lógico celebrar concursos
entre expertos que traten de precisar, aclarar y ayudar al
trabajo en conjunto de la DGT y del Ministerio.
Pero la línea de fondo, les decía, es sin duda el desarrollo del
Plan Nacional de Seguridad Vial en cumplimiento de la
recomendación de la Comisión del Senado sobre los problemas
derivados del automóvil. Como Ministro de Justicia e Interior
presido el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la
Circulación Vial, órgano que tiene como misión fundamental la
elaboración y aprobación de los planes nacionales de seguridad
vial. Estos planes son la base del trabajo coordinado que deben
desarrollar las administraciones con competencias conexas con la
seguridad vial, e incluso los propios agentes sociales. Hay que
destacar en este sentido la acción de las administraciones
autonómicas, sobre todo en materia de asistencia auxilio-
sanitaria, y de las corporaciones locales.
Este plan comporta una serie de actuaciones que no puedo detallar
pero sí, al menos, indicar. Por un lado, formacción vial. Qué
duda cabe de que dentro de este concepto se incluye el aspecto
más trascendental de la política en materia de seguridad vial, y
dentro de él existe una multiplicidad de actividades. Todas ellas
suponen
cooperación de las diversas administraciones educativas.
Educación vial a través de los medios de comunicación de masas,
pasando por la mejora de la formación de los aspirantes a los
permisos de conducción, incluso a las Fuerzas Armadas, a la
tercera edad, etcétera.
En segundo lugar, medidas de vigilancia y control. Se engloban
aquí todas las actuaciones de las agrupaciones de Tráfico de la
Guardia Civil, incluida la labor denunciadora que se constituye
en la base de la actividad sancionadora. No está de más
recordarles la extrema dureza y nivel de riesgo que comporta esta
actuación para los propios miembros de la Agrupación de Tráfico.
Y no hay ningún planteamiento economicista; se trata
simpelemente, de que una medida adecuada de sanción a las
conductas de tráfico es imprescindible introducirla en la cultura
de nuestro país. Seguramente, debemos llegar incluso más lejos de
lo que llegamos. En buena parte de los países de nuestro entorno
se tiene clara conciencia de que violar una norma de tráfico es
un delito. En nuestro país cuesta trabajo hacer llegar al
conjunto de la ciudadanía que se trata de una infracción
administrativa que debe ser grave y severamente sancionada, sin
perjuicio de aquellos casos en que sea constitutiva de delito.
Por tanto, me interesa mucho indicar que para la DGT la
perspectiva economicista carece de toda importancia; sólo
interesa en la perspectiva de tratar de ordenar culturalmente la
relevancia que tienen las infracciones en materia de tráfico y
los graves riesgos que para terceros supone el violar estas
normas.
En el terreno de los acondicionamientos y servicios, el esfuerzo
fundamental, dentro de este apartado, corresponde más bien,
efectivamente, al MOPTMA y a las consejerías de las comunidades
autónomas. Pero, por lo que hace a la competencia de este
Ministerio, nuestra aportación es constante y precisa. Consiste
en la instalación en las distintas redes viales de los medios
complementarios de ayuda e información, tales como los postes de
auxilio, paneles de mensaje variable y otros sistemas de gestión
y control de tráfico basados en las nuevas tecnologías de
tratamiento de la información. Esta materia la asume directamente
la DGT y no el MOPTMA.
En materia de normativa S. S. ha aludido a un hecho que es
cierto: falta redactar una serie de reglamentos, en particular el
reglamento de vehículos, el de usos excepcionales de las vías, el
de sanciones, medidas cautelares y procedimiento sancionador.
Estamos trabajando intensamente en este tema y espero que puedan
realizarse efectivamente, por lo menos los dos primeros, antes de
Navidad. En todo caso, estamos realizando de manera constante la
trasposición de directivas de la Comunidad Europea.
En materia de estudios e investigación, simplemente quiero
indicarle que parece más razonable tener a la DGT que no un
equipo específico de investigación permanente, que implicaría una
dotación de medios desproporcionada, y seguramente innecesaria, y
es mejor contratar de manera externa aquellos informes
científicos o técnicos que pudieran precisarse en función de
temas coyunturales.
En definitiva, señorías, creo que existe, y es consciente,
pienso, la totalidad de los grupos parlamentarios, un trabajo
estructurado y coordinado en el tiempo que ha dado resultados,
incluso espectaculares, pero insisto en que ello no significa
hablar de euforia; estoy tratando de hablar simplemente de datos
estadísticos.
Y al propio tiempo es evidente que estos nueve meses manifiestan
síntomas preocupantes de que se haya podido producir un frenazo,
un parón en los descensos de los índices de siniestralidad. Por
lo tanto, me parece oportuna la interpelación; me parece
conveniente que estemos particularmente preocupados por ese tema,
y quisiera indicarle únicamente, señoría, que, desde el punto de
vista de la DGT, es, sin duda, su obsesión, y esa obsesión la
está convirtiendo en trabajos diarios, serios y rigurosos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica,
tiene la palabra el señor Sanz.
El señor SANZ ESCALERA: Gracias, señor Presidente.
Es cierto que el señor Ministro ha reconocido que, efectivamente,
la denunciada pereza legislativa de que hablábamos nosotros es
así --no podía ser de otra manera--, y que de diez reglamentos
solamente se han elaborado tres. Y también es cierto la
heterogeneidad entre los datos obtenidos a 24 horas del accidente
y a 30 días. Pero observe S. S. que la Orden Ministerial que
impuso en España la obligatoriedad de dar los datos a 30 días es
de 18 de febrero de 1993, con lo que los datos de los años 1990,
1991 y 1992 están dados a 24 horas. Una reciente investigación
realizada en nuestra patria llega a la conclusión de que el
índice corrector para transformar un fallecido a 24 horas en 30
días debería ser el 1,13, por lo que el número de víctimas
aumentaría globalmente en un 13 por ciento. Así, en 1992 no
serían 6.014 fallecidos, señor Ministro, sino que serían 7.818;
en 1993 no serían los supuestos 4.732, sino 6.152. Por
consiguiente, esta corrección --que es verdad que hay que hacerla
y que es cierto que por fin la reconoció la legislación española-
- aumentaría todavía más el índice de fallecidos en los años
precendetes.
Su señoría dice que no ha habido euforia gubernamental. Es
realmente su opinión y, ante esa apreciación personal, permítame
que le devuelva la mía: ha habido un cierto triunfalismo en la
Dirección General de Tráfico al dar las notas, la difusión de las
noticias y el número de accidentes, fallecidos y heridos.
Su señoría pregunta qué es lo que vamos a hacer a la vista de
esta circunstancia. Cuando nosotros hacemos
la interpelación no queremos decir que la Dirección General de
Tráfico no ha hecho nada, lo cual sería absurdo e incosecuente.
Nosotros queremos que la Dirección General de Tráfico haga una
inflexión en la política de ordenación del tráfico y de la
seguridad vial, y queremos que la realice haciendo hincapié en
algo que S. S. puntualmente dice, pero superficialmente y con
poca incidencia: la educación. Yo creo que la Dirección General
de Tráfico es conocida por todos nosotros por el tremendismo de
los anuncios de televisión, pero eso no es corrector, eso es
intimidador, eso no sirve para enseñar. En cambio, lo que
nosotros pretendemos es que la enseñanza de la seguridad vial se
produzca desde los niveles primarios, desde la enseñanza
secundaria obligatoria y desde la formación profesional. Ya
sabemos que muchos de los que son educadores nos van a decir que
el currículum de asignaturas está completísimo en estos cursos,
pero nosotros entonces les respondemos que no queremos una
asignatura troncal en el sentido de que haya un libro dedicado a
seguridad vial, sino que, más modestamente, nos parece que sería
pertinente la educación en seguridad vial como una asignatura
transversal. Que cuando se hable de matemáticas, de literatura o
de historia, se produzcan siempre referencias a la seguridad
vial, lo cual sensibilizará al niño y le hará patente en sus
niveles cerebrales que, efectivamente, la seguridad vial es algo
que va a afectar a su propia existencia.
Nosotros decimos que la respuesta del señor Ministro, una vez
más, se apoya excesivamente en el tema de la represión. No quiero
caer en puntualizaciones como, por ejemplo, que la pareja de la
Guardia Civil esté después de la curva, tras el cambio de rasante
u oculta en la mediana de la carretera. No me refiero a eso. Me
refiero a que la política de seguridad vial de la Dirección
General de Tráfico, tiene un decidido interés represivo más que
preventivo, y yo digo que eso es por algo quizá humano, pero
reprochable, que son las consecuencias económicas del número
constantemente en aumento de las multas.
Su señoría dice que el Plan nacional de seguridad vial es la
manera de reaccionar del Ministerio frente a estos nueve meses
preocupantes, y le mantengo que el Plan nacional de seguridad
vial es un plan obsoleto. Está fundado en el plan francés de
1980, que dice que la enseñanza para la seguridad vial debe
hacerse en tres aspectos del hombre: como niño, en la educación;
como adulto, en la formación y como infractor, en la sanción.
Creo que repetir año tras año es no tener en cuenta la
experiencia, es no variar el plan de seguridad a la vista de lo
que ha ocurrido anteriormente, y lo que nosotros decimos es que
es necesario que el Plan de seguridad vial no sea una estampilla,
sino que sea algo vivo que responda a los resultados de la
realidad en el tráfico y en la seguridad vial.
De momento, nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sanz
Escalera.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, Presidente. Solamente quiero hacer dos observaciones.
Sobre las campañas de divulgación se pueden mantener unos u otros
criterios. Lo que le puedo decir es que nuestros controles dicen
que, por un lado, el 90 por ciento de los ciudadanos encuestados
reconocen y recuerdan con detalle la campaña, porcentajes que no
se logran en ninguna otra campaña equivalente; y el 85 por ciento
hacen valoraciones positivas, considerándola adecuada,
conveniente y eficaz, aunque reconociendo, sin duda, la crudeza
de esa materia. En definitiva, así opina el 85 por ciento de los
ciudadanos, por lo que vamos a seguir manteniendo esa línea.
Por otro lado, S. S. ha hecho referencia a un asunto que yo he
preferido inicialmente no indicar, que es el de si hay que tener
previsión de objetivos. En ese sentido, incluso, vi alguna
referencia en la prensa en la que S. S. afirmaba que ofrecería el
objetivo de un 20 por ciento de menos víctimas en el año 2000 que
en 1990. Lo que se publica en la prensa yo tengo tendencia a
esperar después precisiones y, por tanto, puede ser inexacto.
Pero, en cualquier caso, eso me parecía un poco extraño, porque
sabe que hemos conseguido un 40 por ciento en sólo cinco años y
que ofreciera su partido un 20 por ciento al año 2000 me
parecería un objetivo escasamente ambicioso. Seguro que la nota
aparecida en los medios de comunicación es imprecisa.
Lo que me parece más interesante es que el planteamiento, por lo
menos así lo vemos desde la Dirección General de Tráfico y desde
el conjunto del Ministerio, parece responder al informe francés
de 1991. No sé si estamos equivocados también, pero se lo planteo
con toda sinceridad a su señoría. Parece que su exposición
responda a ese informe. Si así fuera, la verdad es que ese
informe ha sido ampliamente mejorado en España, y S. S. lo sabe;
no tendría mucho sentido atender al mismo. Y, además de estar
superado, sin duda, en la práctica de la DGT, fue criticado
internacionalmente por la falta de rigor y profesionalidad,
puesto que poner cifras y objetivos precisos en esta materia los
expertos consideran que es, casi siempre, poco riguroso.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Algún grupo parlamentario quiere fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente, tomo la
palabra para fijar la posición de mi Grupo en el debate que ha
tenido el Grupo Popular con
el Ministro. El final lo tendremos que ver en función de la
propuesta de resolución que se eleve a la Cámara, es decir la
moción que debatiremos la próxima semana.
En todo caso, nuestro Grupo quiere tocar el tema de la seguridad
vial, del programa de seguridad vial y el organismo 103 de la
Dirección General de Tráfico con cierta cautela, porque hablar de
accidentes, hablar de efectos de estos accidentes, tanto a nivel
de heridos como de fallecidos, es bastante importante como para
poder utilizarlo echándonos en cara unos a otros si se consiguen
o no objetivos.
De cualquier forma, me gustaría decir que hay puntos de
inflexión, puesto que es cierto que desde febrero a esta parte,
en un momento en que nuestro país generaliza carreteras de alta
densidad o mejora carreteras en otras vertientes, y por tanto se
incrementa el número de vehículos a motor que circulan por
nuestras propias carreteras, se ha producido, desde el año 1990
al año 1993, una contención de los accidentes mortales y una
contención de las víctimas producidas, sean peatones, ciclistas o
pasajeros de vehículos. Es un asunto como para mirar al futuro
con un cierto grado de optimismo por la respuesta que da la
sociedad.
Otra cosa distinta es si algunos objetivos, o el uso que el
Gobierno puede hacer de los avances o mejoras que se puedan
lograr en un momento, son exagerados o si los momentos-valle o
momentos-punta, en los que se incrementa el número de accidentes,
están justificadas las críticas.
No comparto la idea que ha surgido durante el debate de que se
vaya a solucionar este problema incorporando a la educación
general básica elementos globalizadores de la seguridad vial. La
seguridad vial podrá ser un elemento de convivencia en la zona
urbana, como otros elementos más pero no se pueden globalizar las
enseñanzas, por ejemplo, de las ciencias naturales o de las
matemáticas con las de la seguridad vial.
Sin embargo, sí es cierto que los ciudadanos, que en un momento
van andando o en otro conduciendo un coche, deben de entender que
las infraestructuras que tiene la ciudad y la comunicación entre
ciudades son para compartirlas todos. Vayamos en un vehículo o
andando, vayamos en un vehículo a tracción a motor o en un
vehículo de tracción mecánica, la idea de ser todos usuarios de
las infraestructuras y el respeto mutuo de todos y cada uno de
nosotros son los que pueden hacer avanzar.
Tampoco creo en las campañas de choque, como decía
el portavoz del Grupo Popular, o en el elemento coercitivo de
multa. Decíamos antes que la letra con sangre entra, y ahora
parece que el Código de tráfico con la multa entra. No está
siendo así como se está produciendo. En todo caso, debiéramos
combinar mejoras en infraestructura, encuentro civil de uso de
esas infraestructuras con actuaciones que reduzcan esa
compatibilización de usos. En este sentido nos gustaría mostrar
nuestra prevención, porque no se están logrando los éxitos en
todos los momentos. Hay momentos en que sí hay avances, y en
función de esos avances esperamos los objetivos que se marquen
los gobiernos para el próximo futuro, porque si miramos los
índices de accidentes en zona urbana comparados con las
carreteras, los accesos a grandes ciudades son el sitio de mayor
porcentaje de accidente de motocicletas, de bicicletas y de
peatones, mientras que en la carretera son otros. El Estado tiene
actuación en las grandes travesías, en las grandes carreteras, en
las redes de gran densidad, pero en las zonas urbanas se mezclan
competencias, se mezclan actuaciones de varias administraciones.
Por tanto, las indicaciones que demos nosotros deben llevar a
comprometer a municipios, a diputaciones, a actuaciones de las
demás administraciones y al propio Gobierno en esa realidad de
educación permanente, por así decirlo, de uso compartido de
determinadas infraestructuras. Yo no esperaría grandes resultados
de las grandes actuaciones de choque que se proyectan en los
medios de comunicación de masas, esas campañas disuasorias para
invitarte a no usar la infraestructura individual, y ya veremos
cómo funciona la seguridad de las ofertas colectivas, como pueden
ser el autobús, el ferrocarril o el avión, que ya funcionan por
otro parámetro.
En todo caso, señor Presidente, dejamos patente que no queremos
usar la seguridad vial como un instrumento de rentabilidad
partidaria y que debemos tomarlo como un instrumento de
confluencia y compromiso entre administraciones y ciudadanos para
reducir los efectos que pueda tener esa transformación humana que
hace que un señor que va andando cuando coge el coche parece que
tuviera una máquina en sus manos y es otra realidad distinta, y
también hay que tener en cuenta las obligaciones de las
administraciones para reducir las inseguridades a través de
invertir en mejorar esa seguridad vial.
Lo cierto es que, como acabamos de hacer las comparecencias,
sabemos que la ejecución de las inversiones del presupuesto de
este año 1995 dentro de la Dirección General de Tráfico es
bastante escasa. Como se nos dieron las razones de que la
ejecución ha funcionado en una materia determinada, debiéramos
esforzarnos por que en esto no se notara la eficacia del recorte
presupuestario, que fuéramos austeros para que la cosa saliera
barata y buena, pero que no recortáramos recursos para mejorar la
señalización o los elementos que eviten los accidentes en nuestro
propio país.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor) Gracias, seor Ríos.
La interpelación urgente que figura en el orden del día con el
número 31 ha sido retirada por el Grupo proponente. En
consecuencia, hemos concluido los asuntos que se habían fijado
para la reunión de esta tarde. El Pleno continuará mañana a las
nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las seis y quince minutos de la tarde.