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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 143, de 27/04/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 143 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. RS. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 141
celebrada el jueves, 27 de abril de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 7545)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión
secreta.):
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados
(números de expediente 4/000372, 4/000273, 4/000281 y
4/000350) (Página 7545)
Enmiendas del Senado:
--Al Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 56.1, de 14 de marzo de 1994 (número de expediente
121/000042) (Página 7546)
--Al Proyecto de Ley reguladora de la utilización y control de
los créditos destinados a gastos reservados. «Boletín Oficial
de las Cor 1994 (número de expediente 121/000071) (Página 7546)
Al Proyecto de Ley de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la
Administración General del Estado. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 86.1, de 7 de noviembre de
1994 (número de expediente 121/000073) (Página 7546)
--A la Proposición de Ley Orgánica sobre modificación del
Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del
delito de genocidio 52.1, de 4 de enero de 1994 (número de
expediente 122/000041) (Página 7546)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre
asuntos de interés común en Tierra Santa, hecho en Madrid el
21 de diciembre de número 178.1, de 7 de febrero de 1995
(número de expediente 110/000144) (Página 7560)
--Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, hechos en
Montevideo el 4 de agosto de 1994. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie C, número 180.1, de 7 de febrero de
1995 (número de expediente 110/000146) (Página 7561)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de
Honduras, firmado en Tegucigalpa el 18 de marzo de 1994.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
182.1, de 17 de febrero de 1995 (número de expediente
110/000148) (Página 7561)
--Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino
de España y la República de Paraguay, hecho en Asunción el 7
de septiemb Serie C, número 183.1, de 21 de febrero de 1995
(número de expediente 110/000149) (Página 7561)
Debate sobre la reforma del Reglamento de la Organización
Común de Mercado (OCM) vitivinícola:
--Debate sobre la reforma del Reglamento de la Organización
Común de Mercado (OCM) vitivinícola (número de expediente
059/000018) (Página 7561)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley Orgánica por la que se prorroga la duración
del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los
centros docent las Cortes Generales», Serie A, número 107.1,
de 28 de marzo de 1995 (número de expediente 121/000091)
(Página 7578)
--Proyecto de Ley Orgánica de la participación, la evaluación
y el gobierno de los centros docentes. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 108.1, de 28 de marzo de
1995 (número de expediente 121/000092) (Página 7587)
Votación de conjunto:
--De la Proposición de Ley Orgánica sobre modificación del
Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del
delito de genocidio.«Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 52.1, de 4 de enero de 1994 ( número de
expediente 122/000041)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 7545)
Continúa la sesión, con carácter secreto, para el debate y
votación del dictamen de la Comisión Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Enmiendas del Senado Página (Página 7546)
Proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(Página 7546)
Proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los
créditos destinados a gastos reservados (Página 7546)
Proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la
Administración General del Estado (Página 7546)
Proyecto de ley orgánica sobre modificación del Código Penal,
mediante la que se tipifica la apología del delito de
genocidio (Página 7546)
Para fijación de posiciones en relación con las enmiendas del
Senado al proyecto de ley de Contratos de las Administraciones
Públic los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición
Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); M
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Gilet i Girart, del
Grupo Popular, y Varela Flores, del Grupo Socialista.
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley
reguladora de la utilización y control de los créditos
destinados a gastos reservados intervienen, para fijación de
posiciones, los señores López Garrido, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Martín Villa, del Grupo
Popular, y Moheda En relación con las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno de la nación y de los altos cargos de la
Administración General del Estado intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Martínez
Blasco, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Del Burgo Tajadura, del Grupo Popular, y Cuesta Martínez, del
Grupo Socialista.
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley
orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que
se tipifica la apología del delito de genocidio, intervienen,
para fijación de posiciones, los señores Mardones Sevilla, del
Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco
(PNV); López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya; Robles Fraga, del Grupo Popular, y Valls
García, del Grupo Socialista.Se procede a la votación de las
enmiendas del Senado cuya fijación de posiciones se ha
realizado anteriormente.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 7560)
Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos
de interés común en Tierra Santa, hecho en Madrid el 21 de
diciembre de 1994 (Página 7560)
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 272 votos a
favor, uno en contra y dos abstenciones.
Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, hechos en
Montevideo el 4 de agosto de 1994 (Página 7561)
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 280 votos a
favor y uno en contra.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de
Honduras, firmado en Tegucigalpa el 18 de marzo de 1994
(Página 7561)
Sometido a votación, se aprueba por 279 votos a favor y una
abstención.
Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino
de España y la República de Paraguay, hecho en Asunción el 7
de septiembre de 1994 (Página 7561)
Sometido a votación, se aprueba por 281 votos a favor.
Debate sobre la reforma del Reglamento de la Organización
Común de Mercado (OCM) vitivinícola (Página 7561)
El señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna) expone que, desde que la Comisión Europea
propuesta para reformar la Organización Común de Mercado
vitivinícola, mucho se ha discutido esa iniciativa
comunitaria, y precisamente el Parlamento español ha sido un
ejemplo de esta intensa actividad, donde son casi incontables
las preguntas orales, mociones y debates en los que ha tenido
la oportunidad de intervenir en representación del Gobierno.
También han sido innumerables las
tomas de posición, los comunicados, manifiestos y gestiones
realizadas en los sectores profesionales vitivinícolas. Queda,
por tanto, poco que decir sobre la bondad de los criterios de
nuestros agricultores, en la forma en que se producen nuestros
vinos, ni sobre la evaluación negativa de algunas importantes
propuestas de modificación que pretende incorporar la
Comunidad Europea a la regulación del mercado comunitario.
Tampoco queda mucho por decir sobre las estrategias que
debiéramos mantener unos y otros para convencer a la Comisión
y al resto de los Estados miembros de nuestrosargumentos y
razones. Añade que tanta abundanc Ministerio a recomendar en
más de una ocasión una cierta prudencia a sus interlocutores,
al considerar que la reiteración de debates, sin que
existannuevos elementos para ello, al no haber a la
acentuación de diferencias internas, que son más de matiz que
de fondo, en perjuicio del mantenimiento de una posición
unitaria.
Cree no descubrir nada si afirma que este es uno de los temas
en los que han coincidido prácticamente todos, desde partidos
políticos hasta agentes sociales, en una rara unanimidad que
llevó a la Comisión Mixta para la Unión Europea a aprobar por
consenso, el pasado 14 de noviembre, una resolución que resume
la posición de los diversos grupos parlamentarios.
Precisamente tiene que expresar su satisfacción por el
contenido de dicha resolución, ya que las recomendaciones que
se elevan al Gobierno para que fije su posición futura ante
las instituciones comunitarias coinciden prácticamente con la
postura defendida por el Gobierno ante la reforma de la OCM
del vino. Espera que las demandas españolas puedan ser
alcanzadas mediante la negociación en la Comisión, sin excluir
el uso de ninguno de los instrumentos previstos para la
defensa de nuestra posición y de nuestro sector.
Agrega el señor Ministro que, en su opinión, la reforma de la
OCM del vino es necesaria por la poderosa razón del gran
volumen de excedentes, debido fundamentalmente al descenso del
consumo del vino que continúa en algunos países, si bien la
tendencia se ha estabilizado, e incluso reinvertido
moderadamente al alza, en el caso español. Insisteen que tal
reforma es necesaria desde el actual desequilibrio de la
oferta y la demanda del v Hay también otros aspectos que le
parecen fundamentales en la regulación actual, como por
ejemplo el que exista un arranque voluntario sin ningún tipo
de control, o el reparto desequilibrado del ajuste actual,
considerando que existen otras alternativas de reequilibrio
del mercado qu más beneficiosas desde el punto de vista de los
intereses del sector vitivinícola español. Considera, por otra
parte, que reducir la producción comunitaria no es
necesariamente malo para los agricultores españoles que, en
condiciones normales, destilan anualmente un volumen
importante de vino. Entiende que la aprobación de una futura
OCM adecuada a las condiciones españolas puede ser positivo
para el sector vitivinícola español.
Añade que en la propuesta hay un cambio fundamental, y es que
se quiere regular tanto el vino de mesa como otros, ajustando
la producción vía planes regionales de arranque y regímenes de
adaptación de la viticultura. Considera preferible, por otra
parte, partir de un arranque exclusivamente voluntario, sobre
la base de que nunca se va a aceptar un arranque de viñedos de
carácter obligatorio, manteniendo un cierto control sobre el
mismo, en lugar de la situación actual, en la que no se puede
hacer nada para evitar esos arranques. Informa que entre las
campañas de 1988/1989 a 1993/1994 en España se han arrancado
alrededor de 170.000 hectáreas, que representan más del 40 por
ciento del total arrancado en la Comunidad Europea, por lo que
la regulación actual, desde ese punto de vista, tampoco es
satisfactoria.
Sin embargo, el que se reconozca que la reforma es necesaria
no significa que el Gobierno vaya a aceptar cualquier tipo de
reforma, por lo que reitera, una vez más, la firme oposición a
la propuesta de la Comisión en su redacción actual, habiendo
sido expuesta muy claramente la posición españolaen los
diferentes Consejos de Ministros y a la Comisión Europea.
Nuestro rechazo sustancial s en considerar que los excedentes
vínicos del mercado deben considerarse como excedentes
comunitarios, como ocurre con el resto de los productos
agrarios, mientras que la propuesta de la Comisión Europea
equivale a adjudicar a cada Estado miembro sus propios
excedentes y, por tanto, su propio ajuste. Por otra parte,
como ocurre en el resto de las Organizaciones Comunes de
Mercado, las actuaciones de regulación del mercado del vino y
de los ajustes estructurales correspondientes deben
financiarse íntegramente con cargo al presupuesto comunitario
y no cofinanciados por los Estados miembros, como propone la
Comisión.
Termina el señor Ministro informando a la Cámara que los
debates están paralizados desde hace varios meses en el
Consejo de Agricultura y será previsiblemente uno de los
principales expedientes que heredará la Presidencia española
del Consejo de Agricultura, siendo su intención activarlo para
adelantar su discusión y conseguir una buena solución, aunque
su aprobación dependerá de
la flexibilidad de las diversas delegaciones y muy en
particular de la Comisión Europea. En todo caso, asegura que
no le van a faltar fuerzas ni energías para defender la
propuesta contenida en la resolución que hoy debaten y exigir
las modificaciones necesarias para conseguir una reforma de la
OCM vitivinícola que sea beneficiosa para los intereses
españoles.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Isasi
Gómez, del Grupo Popular; la señora Rivadulla Graci ciativa
per Catalunya, y los señores Vidal i Sardó, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV); Mardones Sevilla, de C Barber, del Grupo Mixto, y
López Martín de la Vega, del Grupo Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 7578)
Proyecto de ley orgánica por la que se prorroga la duración
del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los
centros docentes sostenidos con fondos públicos (Página 7578)
El señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra)
presenta el proyecto de ley, así como el relativo a la
participación, la evolución y el gobierno de los centros
docentes, manifestando que, a lo largo de los últimos años, el
Ministerio ha venido desarrollando un ambicioso proyecto que
se recoge en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo,
proyecto que ha supuesto un importante avance en la etapa de
educación infantil y primaria y un cambio sustancial en la
estructura de la educación secundaria y de la formación
profesional, con el fin de ofrecer una respuesta más ajustada
a las demandas sociales. La experiencia de estos años de
implantación de la reforma ha permitido comprobar la necesidad
de seguir impulsando estas medidas y de avanzar en algunos
ámbitos que exigían nuevas respuestas. Con este fin, el
Ministerio de Educación y Ciencia presentó en el mes de enero
del pasado curso una publicación titulada «Centros Educativos
y calidad de la enseñanza» en la que se exponían las líneas
básicas para seguir progresando en la mejora de la calidad de
la educación. Precisamente el segundo de los proyectos que
ahora les ocupa recoge las iniciativas de mayor relevancia en
orden a ese objetivo prioritario para el Gobierno de mejora de
la calidad de la enseñanza. Se trata de un proyecto de ley que
es fruto del debate del conjunto de los sectores que componen
la comunidad educativa y su desarrollo se llevará igualmente a
través de un diálogo permanente con estos sectores sociales.
El objetivo del Gobierno al presentar el proyecto de ley al
Parlamento es mejorar nuestro sistema educativo y, de forma
más específica, la oferta de enseñanza de nuestros centros
públicos, con una mejor participación de los sectores
implicados, y ofrecer nuevos estímulos que dinamicen y hagan
progresar a la institución escolar. En definitiva, que la
sociedad conozca mejor los centros y se sienta más implicada y
comprometida con los proyectos que en ellos se desarrollan,
favoreciendo así una respuesta más adecuada a los retos que la
sociedad plantea en el sistema educativo. No se trata de
limitar las actividades que los centros públicos estánllevando
a cabo sino que, por el contrari ellos se les abre una
posibilidad para el funcionamiento más ágil y menos
burocrático, con una separación de la excesiva uniformidad que
no resulta estimulante para el avance de los progresos
pedagógicos. Para ello se concede, en primer lugar, mayor
autonomía a los centros docentes, autonomía que se ha revelado
como una de las claves en la mejora de la calidad de la
enseñanza, con la apertura de distintas posibilidades para los
centros, aunque estableciendo mecanismos para que esta
necesaria diversidad no conduzca a posibles desigualdades. Por
otra parte, el proyecto de ley profundiza en la participación
de los distintos sectores que componen la comunidad educativa,
reforzando las asociaciones de padres, al incluir a uno de sus
representantes en el Consejo Escolar. El refuerzo de la
dirección es también uno de los objetivos de la ley, como
elemento imprescindible para progresar en la vertebración de
los centros docentes. Para este fin se exigen mayores méritos
a los futuros directores, que se concentran en una mayor
formación, que la Administración debe facilitar, y en una
mayor experiencia en la gestión o la mayor dedicación en la
labor docente.
Le sorprenden las enmiendas de totalidad presentadas al
proyecto de ley, pero confía en todo caso en que, a lo largo
de su tramitación parlamentaria, llegarán a un amplio acuerdo
que permitirá mejorar el sistema público de enseñanza.
En cuanto al primero de los proyectos, por el que se prorroga
el mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los
centros sostenidos con fondos públicos, afirma que su
necesidad se deriva del proyecto de ley cuyas líneas generales
acaba de exponer. En el Título II de este proyecto se modifica
el período de mandato de los directores y demás órganos
unipersonales de gobierno y se amplían sus competencias en
materia de gestión, siendo
voluntad del Gobierno que la elección de los nuevos cargos
unipersonales de gobierno de los centr condiciones de
ejercicio de la función directiva por los claros beneficios
que representan, tanto institucionales como personales. Dado
que en el presente curso se da la circunstancia de que
finaliza el mandato de un elevado número de órganos
unipersonales de gobierno ligados a consejos escolares, parece
razonable que la nueva convocatoria de directores se produzca
con arreglo a la nueva normativa, con el fin de incorporar lo
antes posible al sistema educativo estas iniciativas de mejora
de la calidad de la enseñanza. Ello aconseja prorrogar los
actuales mandatos de los órganos unipersonales de gobierno con
tiempo suficiente para que los equipos directivos a los que
puedan afectar las decisiones lo conozcan con antelación y el
proceso de renovación se realice en las mejores
circunstancias.
En defensa de la enmienda de devolución presentada por el
Grupo Popular al proyecto de ley interviene el señor Rodríguez
Esp la razón principal de esta enmienda es la consideración de
que este proyecto no se justifica suficientemente ni por el
momento en que se presenta, pues les despierta serias dudas de
oportunismo político, ni por el contenido del proyecto, dado
que la regulación que se propone, aun admitiendo que el
procedimiento vigente es manifiestamente mejorable, nada hace
pensar que no se pueda prolongar un minuto más. Habla de
oportunismo político porque el Gobierno recurre a toda una ley
orgánica para mantener en sus puestos a los cargos
unipersonales de los centros que él mismo nombró a dedo.
En definitiva, las modificaciones que se proponen no se
justifican, a su entender, ni por las razones expuestas en la
exposición de motivos del proyectoni por la realidad de las
necesidades de los centros.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene, en
nombre del Grupo Socialista, el señor Nieto González,
afirmando que el proyecto que ahora debaten es meramente
instrumental del que van a discutir a continuación. Es una ley
de artículo único por la que se prorroga por seis meses o un
año el mandato de los directores y demás órganos unipersonales
de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos en los casos en que su mandato termina el 31 de
diciembre de 1995. Más importancia tienen las modificaciones
que se proponen en el proyecto que debatirán seguidamente y
del que ésta es una ley de acompañamiento o instrumental.
Respecto al sentido de la prórroga, afirma que estámuy claro y
plenamente justificado en la memoriaque acompaña al proyecto
de ley. Insiste en la importancia del siguiente proyecto
respecto a los directores de los centros docentes, tratándose,
en el caso que ahora les ocupa, de prorrogar el actual mandato
para unificar los criterios de selección de los nuevos
directores a partir de la nueva normativa.
Replica el señor Rodríguez Espinosa, duplicando el señor Nieto
González.
Para fijación de posiciones, intervienen los señores González
de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); López de Lerma i
López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y González
Blázquez, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y
el gobierno de los centros docentes (Página 7587)
El señor González Blázquez defiende la enmienda de totalidad
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
justificando la misma en que el proyecto de ley presentado por
el Gobierno no es, a su juicio, lo que necesita hoy el sistema
educativo español. El proyecto del Gobierno está muy lejos de
ser una ley de calidad del sistema educativo que desarrolla el
Título IV de la LOGSE, limitándose, por el contrario, a
aspectos parciales y no recogiendo factores fundamentales para
la mejora de la calidad de la enseñanza. Agrega que el
verdadero reto de la calidad que tiene nuestro sistema
educativo pasa por dotarlo de una adecuada financiación que no
esté sujeta a los cambios de coyuntura o a vaivenes políticos
del país, entre otras cosas por la tramitación parlamentaria
de una ley marco reguladora de la financiación del sistema
educativo y también por no aplicar políticas regresivas en
educación, congelando los gastos en el ejercicio de 1993/1994
y aplicando recortes presupuestarios de 32.000 millones de
pesetas en 1995, pocos días después de ser aprobados los
presupuestos por el Parlamento. Afirma que con este tipo de
políticas presupuestarias cualquier reforma educativa está
condenada al fracaso.
Respecto a la base central del proyecto de ley relativo a la
dirección e inspección, considera que supone medidas
absolutamente regresivas que introducen la jerarquización
entre los docentes y un aumento de la burocratización, que en
ningún caso contribuirán a resolver los problemas de gestión
que hoy tienen los centros. Por otra parte, la posición de los
sindicatos representativos del profesorado es especialmente
significativa y podrá suponer, en el caso de ser aprobado el
proyecto, un serio obstáculo para su aplicación.
Termina pidiendo la vuelta al acuerdo político que en su día
tuvo su Grupo con el partido del Gobierno de cara a hacer una
verdadera ley de la calidad de la enseñanza, que es lo que
todos los Grupos deberían procurar.
El señor Ollero Tassara defiende la enmienda de totalidad del
Grupo Popular, que justifica en el objetivo no disimulad ley
del Gobierno, de consolidar el territorio ocupado, de que los
directores puestos a dedo sigan y que los inspectores que en
su día pusieron, con unos principios absolutamente opuestos a
los de esta ley, se conviertan en inspectores de la propia
ley.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene el
señor Nieto González, en nombre del Grupo Socialista,
afirmando que, de prosperar cualquiera de estas enmiendas,
haría un flaco favor a la mejora de la calidad de la enseñanza
en nuestro sistema educativo. Por el contrario, están
convencidos de que la aprobación del proyecto de ley va a
contribuir de forma sustancial a la mejora de esta calidad de
la enseñanza, ya que la nueva ley ayudará de forma importante
al mejor funcionamiento de todos los centros docentes, en
especial de los públicos. Agrega que el Grupo Socialista
votará en contra de las enmiendas de totalidad, en primer
lugar porque considera positivo el contenido del proyecto de
ley para mejorar la calidad de la enseñanza, como antes decía
y, por último, por las razones que ha explicado con amplitud
el señor Ministro en su exposición inicial. Una segunda razón
de oposición a las enmiendas es el vacío que representan,
porque no hacen propuestas para mejorar la calidad de nuestro
sistema educativo.
Replican los señores González Blázquez y Ollero Tassara,
duplicando el señor Nieto González.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV), y López de Lerma i
López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda de totalidad del Grupo Popular
postulando la devolución al Gobierno del proyecto de ley
orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los
órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos, es rechazada por 112 votos a
favor, 147 en contra y cinco abstenciones.
Asimismo son rechazadas las enmiendas de totalidad postulando
la devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica de la
participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes por 123 votos a favor y 152 en contra.
Votación de conjunto (Página 7600)
De la proposición de ley orgánica sobre modificación del
Código Penal mediante la que se tipifica la apología del
delito de genocidio (Página 7600)
Realizada la votación de conjunto, se aprueba la proposición
de ley orgánica por 273 votos a favor y uno en contra.
Se levanta la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Como punto previo al tratamiento de los puntos del orden del
día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a
la Constitución por don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado
proclamado electo en sustitución de don Eduardo Martín Toval.
Don Jordi Pedret i Grenzner ¿jura o promete S.S. acatar la
Constitución?
El señor PEDRET I GRENZNER: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Jordi Pedret i Grenzner ha adquirido
la condición plena de Diputado. Bienvenido a la Cámara, señor
Pedret.
DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (SESION
SECRETA):
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES
DIPUTADOS (Número de expediente 4/000372, 4/000273, 4/000281 y
4/000350)
Se somente a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto
de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
ENMIENDAS DEL SENADO:
PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(Número de expediente 121/000042)
PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA UTILIZACION Y CONTROL DE LOS
CREDITOS DESTINADOS A GASTOS RESERVADOS (Número de expediente
121/000071)
PROYECTO DE LEY DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL
GOBIERNO DE LA NACION Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (Número de expediente
121/000073)
PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO
PENAL MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL DELITO DE
GENOCIDIO (Número de expediente 122/000041)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo, enmiendas del Senado.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con las
enmiendas del Senado al proyecto de ley de contratos de las
administraciones públicas? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con el
proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los
créditos destinados a gastos reservados? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con las
enmiendas al proyecto de ley de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la
Administración general del Estado? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con las
enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica sobre
modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la
apología del delito de genocidio? (Pausa.)
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de contratos de las
administraciones públicas. Por el Grupo de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente todas las
enmiendas que nos ha remitido la Alta Cámara a los efectos de
lo que entendemos constituyen la introducción de mejoras
técnicas, incluso desde el punto de vista de sintaxis
gramatical; mejora por lo que respecta a una serie de
puntualizaciones y acotaciones al texto que habíamos votado
anteriormente en esta Cámara y remitido al Senado. Creemos que
estas mejoras que se han introducido clarifican, sobre todo,
los artículos 2.º y 3.º a través de las enmiendas que nosotros
destacamos en primer lugar.Las enmidndas referentes a los
apartados 3, 4 y 5, del artículo 25, han mejorado
sustancialmente el texto en el trámite del Senado, así como
las que se refieren a los artículos 26 y 29.3, concordantes
con las complementarias introducidas por el Senado en los
artículos 31 y 32.
Esto es, señor Presidente, lo que queríamos destacar
fundamentalmente, volviendo a reiterar nuestro apoyo a todas
las enmiendas del Senado presentadas a este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevemente para manifestar que las enmiendas
que el Senado ha introducido en el proyecto de ley que se
aprobó en el Congreso son enmiendas de contenido gramatical,
de mejora técnica, que otorgan una mayor precisión jurídica a
diferentes conceptos que a lo largo del articulado se
contienen y, por lo tanto, van a recibir el voto favorable de
nuestro Grupo Parlamentario.
Manifestar también, señor Presidente, que nos parece que el
texto legal que hoy vamos a aprobar supone un paso importante
en la medida en que implica una regulación armónica e
integradora de la contratación de todas las administraciones
públicas. En ese sentido, empieza a regular determinadas
cuestiones que se encontraban fuera de la legislación de
contratos, figurascontractuales como los trabajos,
específicas, habituales y no habituales, en las admin Quizá
podríamos haber avanzado más --y aquí ha habido una discusión
interesante sobre el concepto de Administración pública-- en
la determinac de aplicación y la traslación a entidades que no
constituyen propiamente poder público administrativo, como
pueden ser las sociedades mercantiles de los principios de la
contratación administrativa. Ha habido diferentes
planteamientos que al final se han plasmado en la extensión a
las entidades públicas que se sujetan en su actuación al
Derecho privado, pero que como en las sociedades mercantiles
quedan excluidas, en lo que se refiere a la contratación, de
la regulación imperativa de esta ley, únicamente se hace un
llamamiento en una disposición adicional para que esos
principios de actuación se regulen sobre la base de la
concurrencia, publicidad y licitación pública.
Nos parece, señor Presidente, que se ha dado un paso
importante en el tema de las prohibiciones de contratación y
en las garantías que se han establecido para que no se
produzcan determinadas contrataciones administrativas con
entidadades, con personas físicas y
con personas jurídicas que se encuentran en situaciones de
contravención en el ordenamiento jurídico- fiscal, jurídico-
social, jurídico-laboral, jurídico- administrativo y jurídico-
penal. Nos congratulamos de la regulación que ahí se contiene,
que es un paso importante en las determinaciones de esas
prohibiciones de contratación que ligadas con los criterios de
solvencia profesional y solvencia económica, establecen un
ámbito de garantías positivo. Es un paso importante el que da
esta ley a la hora de la determinación de la relación
jurídico-administrativas en materia de contratación
administrativa.
Para finalizar, señor Presidente, queremos manifestar que
quizá se podría haber logrado un texto en el que las
competencias de las comunidades autónomas hubieran tenido un
mayor contenido, aunque hemos de reconocer que se ha producido
un avance importante en ello, pero hay determinados preceptos,
bastantes, en la tramitación parlamentaria fruto de la
negociación entre los diferentes grupos, como la disposición
adicional primera, bien en su primer aspecto de naturaleza no
básica o bien en el segundo aspecto de constituir un caracter
de mínimo y máximo.
En definitiva, señor Presidente, debemos manifestar que se
produce también un avance importante a la hora de la
regulación del aplazamiento del precio en las relaciones entre
el contratista y los suministradores y subcontratistas,
regulación que ha dado lugar a un debate sobre las relaciones
de los contratistas con la Administración y las relaciones a
su vez, entre los subcontratistas con los contratistas, que
nos ha ayudado a conocer con mayor causa, con mayor rigor y
con mayor exhaustividad esta problemática.
Entendemos desde esta Cámara que el debate y las relaciones
que hemos tenido entre los grupos para dar solución a tal
cuestión buscan un punto de equilibrio en virtud del cual esta
realación entre el contratista y el subcontratista queda
ligada en los pliegos de bases administrativas, a que se
produzcan las condiciones que relacionan a la Administración
con el contratista. En definitiva, es un paso importante para
evitar esa posición de influencia, predominante y abusiva que
normalmente los grandes contratistas tienen con los pequeños
suministradores. Por tanto, nos congratulamos por la
regulación que se pone en la misma.
Por todo ello vamos a votar favorablemente las enmiendas del
Senado, en la medida en que suponen esa mayor precisión
jurídica, corrección gramatical y mejoras de tipo técnico.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Carrera.El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor
Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Vamos a votar favorablemente el texto que nos llega del Senado
y, por tanto las enmiendas introducidas, a excepción de la
disposición final primera, en concreto el guión que hace
referencia al apartado 2, del artículo 23, para el que en su
momento pediremos votación separada.
Entendemos que, en general, en el texto se han introducido
mejoras técnicas, lo que hace que no tengamos que variar
nuestro voto, que ya fue afirmativo respecto al texto final en
el trámite en esta Cámara.
En su conjunto, entre muchas e importantes cuestiones, dejaría
constancia de que valoramos positivamente que haya una mejora
en la regulación de los contratos de consultoría y asistencia
y la garantía en el cumplimiento de la previsión
constitucional en la integración de minusválidos; que se haya
mantenido a los subcontratistas e incorporado los mecanismos
jurídicos necesarios para garantizar las expectativas de cobro
de colectivos profesionales de suministradores, aunque también
estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Vasco (PNV) en que
ha quedado sin resolver un tema tan importante como son las
cuestiones competenciales por lo que hace referencia a básicas
o no básicas.
Repito que hay muchas consideraciones que hacer, pero en este
trámite sólo es cuestión de valorar las enmiendas que nos
llegan del Senado, por tanto, nuestro Grupo Parlamentario va a
votarlas favorablemente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, después
de varios años de tramitación en esta Cámara parece que ha
llegado a su final el Proyecto de Ley de contratos de las
administraciones públicas, que, como nosotros dijimos, nos
hubiese gustado que hubiese sido una ley de todos los
contratos públicos.
Las enmiendas que ha introducido el Senado, como se ha
señalado, son fundamentalmente técnicas, mejoras de redacción,
de cohesión entre los diferentes artículos, pero hay dos que
vamos a rechazar. En primer lugar, la enmienda que ha
suprimido los números 2 y 3 del artículo 27.
En la clasificación de los contratistas se fijaba, en el texto
remitido por esta Cámara al Senado, que podía establecerse en
esa misma clasificación un límite del volumen total de obra
que pudiera ser ejecutado anualmente para que las diferentes
administraciones contratantes supiesen que la capacidad real
de las empresas era hasta ese límite. Esa posibilidad, que yo
creo que
es una novedad importante en nuestra legislación, evitaría
situaciones como las que estamos acostumbrados a ver de
empresas que acaparan en las adjudicaciones más obra de la que
en realidad pueden acometer; demoran la ejecución de las
propias obras y dejan inconclusas muchas de ellas precisamente
en razón a que han superado en la licitación la capacidad
real.
El hecho de que, en la clasificación, la Administración, a la
vista de unos datos objetivos que estaban en el texto del
proyecto, pudiese establecer cuál era el límite, evidentemente
revisable, que parecía que tenía esa empresa, a nosotros nos
parecía una novedad importante. Pero, como digo, al Senado ha
debido parecerle que novedades así no debían introducirse en
la legislación española y por eso propone la supresión de los
números 2 y 3 del artículo 27.
La otra enmienda ha sido la nueva redacción que se ha dado al
artículo 133.1.b). En este artículo ya en Ponencia aceptamos
la enmienda 377, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que
era una enmienda que suprimía la excepción que se establecía,
para aquellos contratos que realicen los concesionarios de
obras públicas y que utilicen el procedimiento negociado sin
publicidad. Al Grupo Catalán (Convergència i Unió), que
presentó la enmienda 377, y al resto de grupos (porque fue
aceptada por unanimidad en la Ponencia) les pareció absurdo
que se excluyese de la publicidad de este tipo de contratos a
aquellos que simplemente habían aceptado como fórmula de
adjudicación el negociado sin publicidad, porque eso
significaría que ningún contrato de los realizados por los
concesionarios de obras públicas tendrían esta característica
de publicidad. Entonces, esta Cámara suprimió el apartado que
había en el proyecto remitido por el Gobierno de excluir este
tipo de contratos; eso sí se mantenían como exentos de la
obligación de publicidad a los contratos en los que la
concesionaria sea la Administración pública. El Senado ha
realizado un cambio, ha suprimido la excepción de que la
Administración sea concesionaria y ha vuelto a incluir la
excepción de que el procedimiento utilizado sea el negociado
sin publicidad. De esta forma, señorías, como pudo comprobar
la Ponencia, la Comisión y el Pleno de esta Cámara --p ninguna
objeción la unanimidad de la Ponencia-- es superfluo el
artículo 133, porque ningún contrato de los que realicen las
concesionarias de obras públicas tendrá publicidad.
Quiero, señorías --puesto que este es el trámite final--,
hacer una pregunta a toda la Cámara en el sentido de si este
Proyecto de Ley cumple el objetivo que todos nos fijamos, por
lo menos en el debate del estado de la nación de 1994. Me van
a permitir que recuerde las resoluciones 106 y 107, que tantas
veces se han repetido en esta tribuna. Recordaré la resolución
107, que es la más breve: «El Congreso de los Diputados
acuerda como conveniente que la modificación en trá-mite de la
Ley de Contratos limite al máximo la discrecionalidad y
comprenda el conjunto de Algún otro portavoz ha dicho que esta
ley no comprende el conjunto del sector público. Podemos todos
autoengañarnos, decir que va a ser una ley que va a controlar
mucho mejor las administraciones públicas. Sí, señorías, eso
es cierto, y este proyecto significa un avance respecto a la
legislación en estos momentos vigente, pero qué duda cabe --y
SS.SS. lo conocen-- que buena parte de la actividad
contractual de la Administración ya no la realiza la
Administració estricto, sino que la realizan multitud de
empresas; qué duda cabe que en estos momentos hay un programa
de construcción de cárceles, por ejemplo, de 50.000 o 60.000
millones de pesetas, con contratos todos ellos superiores a
7.000 millones cada uno, en los que las obras las realiza una
empresa sociedad anónima excluida del ámbito de aplicación de
esta Ley; qué duda cabe que una buena parte de las obras
públicas que se hacen en puertos y en aeropuertos ya no las
hace la Administración en sentido estricto, las hacen empresas
sociedades anónimas, con capital muchas veces exclusivo de la
Administración, pero sociedades anónimas que están excluidas
del ámbito de aplicación de esta ley.
Por tanto, señorías, haríamos mal engañándonos todos, diciendo
que con esta ley se va a mejorar la contratación. Se va a
mejorar la contratación de las administraciones públicas, pero
la actividad económica y contractual sale fuera del ámbito de
la Administración en sentido estricto. Y todo eso por voluntad
de esta Cámara y del Senado, puesto que no se han aceptado las
enmiendas que en ese sentido se proponían; quedarán fuera los
aeropuertos, la sociedad de infraestructuras, puertos del
Estado, autoridades portuarias, etcétera.
Creemos, señorías, que se ha perdido la oportunidad de
agilizar el procedimiento de recursos. Había una recomendación
de la Unión Europea en el sentido de que se agilizasen los
procedimientos, y esta Cámara y el Senado han entendido que
con la modificación de la Ley de procedimiento ha sido
suficiente, nosotros creemos que no. Y, para terminar, ha
quedado excluido todo el ámbito relativo a los sectores más
punteros en estos momentos, los sectores de la energía, del
agua y de las telecomunicaciones. Si quedando excluidos los
mencionados sectores creen SS.SS. que hemos cumplido el
mandato y el objetivo que nos habíamos propuesto para abarcar
todo el sector público, están en su derecho en pensarlo, pero
nuestro Grupo opina que no hemos cumplido ese objetivo, que
hemos perdido la ocasión, que hemos mejorado la legislación
vigente, pero que hemos dejado fuera del ámbito de aplicación
de la ley excesivas cosas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gilet.
El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando se produjo la primera reunión de la Ponencia
encargada de informar el texto legal remitido por el Gobierno,
más de un ponente mencionó sus dudas en relación a la posible
impronta de gafe que pudiera adornar el proyecto legal,
atendidos no solamente los precedentes en la pasada cuarta
legislatura, sino también los acontecimientos que se iban
produciendo paralelamente a su tramitación parlamentaria. Sin
embargo, parece ser que en esta ocasión la conocida como «ley
de contratos» inicia en estos instantes su último trámite
parlamentario para convertirse ya en ley aplicable en toda su
vigencia, superando con ello esa consideración a que antes nos
referíamos.
En este último trámite de aprobación definitiva del proyecto
de ley reguladora de las contrataciones de las
administraciones públicas es, pues, dado recordar las,
inicialmente, más de 400 enmiendas formuladas en esta Cámara
al proyecto gubernamental, entre ellas 90, aproximadamente,
del Grupo Socialista. A las aludidas enmiendas, el Senado, en
su mensaje motivado, expresa que le han sido sumadas y
recogidas unas 120 enmiendas más al texto normativo remitido
por esta Cámara después de su trámite de aprobación en el
Pleno de la sesión del 16 de febrero pasado, número de
enmiendas --120-- de las cuales más de 110 son calificables de
meramente técnicas o gramaticales y las escasas 10 restantes
afectan al fondo del proyecto legal. En otras palabras, el
proyecto legal que tuvo entrada en esta Cámara en marzo del
pasado año resulta casi irreconocible ante la disconformidad
con su contenido no solamente de los grupos integrados en la
oposición, sino incluso, y también, del propio Grupo
Socialista en ambas Cámaras.
La conclusión ante tal cúmulo de iniciativas de enmienda --más
de 600 en la totalidad de su tramitación-- es de todo punto
evidente: el proyecto gubernamental no daba la talla
legislativa suficiente para afrontar la problemática
contractual de las administraciones públicas, eliminando de
raíz la sospecha que constantemente cae sobre las
contrataciones públicas de cualesquiera ámbitos territoriales.
Lamentablemente, las incorporaciones de la Cámara Alta no han
significado una mejora en la calidad de fondo del texto
normativo, sino que, como ya se ha manifestado, en su mayor
parte son enmiendas de carácter técnico-jurídico o gramatical,
como, por ejemplo, el sustituir «1,5 por ciento» por el
correcto «1,5 puntos» del artículo 100, o bien la revisión del
artículo 116 con la modificación gramatical de cambiar «entre
ambos» por la expresión más ajustada de «con unos y otros» o
la adición de la palabra «igualmente» en el artículo 12, o
sustituir «podrán» por «se podrá» en el artículo 15. Para el
Grupo Parlamentario Popular resulta difícil oponerse a tal
tipo de enmiendas. Sin embargo, lo fundamental, lo básico, lo
verdaderamente trascendental, es decir, el artículo primero --
el ámbito de aplicación subjetiva-- o los artículos 72 y 73,
relativos al contenido de los expedientes de contratación, o
los fraccionamientos, o los modificados, o la discrecionalidad
del contenido del artículo 15, o la inconcreción del
procedimiento negociado --artículos 74 y 93--, o su no
constancia o justificación administrativa, se mantienen
exactamente igual, sin enmienda, sin cambio. Es decir, que
siguen plenamente vigentes las palabras del compañero señor De
la Vallina en el Pleno del 16 de febrero pasado: Con este
proyecto de ley el ordenamiento jurídico no dispondrá de un
instrumento válido y eficaz para la regeneración pública. El
Grupo Socialista en el Senado, con sus, en ocasiones, extraños
apoyos, nos traslada un texto enmendado en lo accesorio, pero,
en modo alguno, en lo sustancial, en lo trascendental.
Por tanto, la conclusión en cuanto a la postura del Grupo
Parlamentario Popular, es evidente: las enmiendas aprobadas en
el Senado, en su globalidad y con distinciones muy puntuales,
no han afectado al fondo del texto normativo, no han conjugado
el otrora famoso y hoy ya olvidado impulso democrático con una
postura firme desde el imperio de la ley en la regulación de
un campo de actuación administrativa que tantos problemas ha
ocasionado y está ocasionando a la Administración González: la
contratación pública. vez más, dejar constancia de que su
oposición al texto regulador de las contrataciones públicas
está en absoluta consonancia con su rechazo a cualquier clase
de corrupción, y ello como consecuencia de considerar que este
proyecto, esta ley, incluso con las enmiendas aportadas en su
día a un incompleto e insatisfactorio proyecto gubernamental,
no alcanzará, insisto, a evitar las corruptelas, los fraudes,
los usos y abusos de las contrataciones en el sector público,
sea cual sea su ámbito.
El Grupo Parlamentario Popular, con sus reiteradas enmiendas
en ambas Cámaras, con su espíritu de consenso, de transacción,
entiende, puede manifestar en este momento que ha cumplido
durante la tramitación parlamentaria con su función: ejercer
una oposición constructiva, positiva, al mismo tiempo que
anunciadora de lo que estimaba y estima incorrecto, mejorable
o modificable con carácter necesario. No resultará, pues,
extraño que en los instantes finales de la tramitación
parlamentaria de un texto normativo de tanta importancia o
trascendencia en las Administraciones públicas, para el Grupo
Parlamentario Popular, una vez más, sea necesario, sea posible
rememorar la frase del clásico como último recurso, al
referirse a que lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo
la honestidad; a ésta deberá propender ante la ocasión
perdida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, después de
una larga tramitación de este proyecto de ley, hoy quiero
manifesta estar precisamente en ese trámite final y también el
voto favorable al texto remitido por el Senado, que,
respetando sustancialmente el aprobado por esta Cámara, recoge
muchas mejoras técnicas y algunas de contenido.
Quiero destacar dos de estas últimas porque me parecen muy
importantes. En primer lugar, la enmienda de los senadores
socialistas referida al artículo 20, que recoge las
prohibiciones de contratar, por la que se introduce como causa
nueva el haber sido condenadas o sancionadas con carácter
firme por delito o infracción grave en materia de integración
laboral de minusválidos, reforzando con ello, de forma
extraordinaria, el contenido de la disposición adicional
octava, que declara la preferencia en la adjudicación de los
contratos para las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores
minusválidos no inferior al dos por ciento. Creemos que de
esta forma se recoge plenamente el mandato del artículo 9.2 de
la Constitución española, al tiempo que se respeta el
principio de libre concurrencia. Todo ello, creo, hará
realmente operativa la legislación social que regula esta
materia.
En segundo lugar, quiero destacar la nueva disposición
adicional novena, establecida por enmienda del Grupo
Socialista, que reduce al dos por ciento el límite señalado en
el artículo 82.3 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local,
para la utilización del procedimiento negociado --la
adjudicación directa, para entendernos-- de los contratos de
las entidades locales, lo que supone una nueva medida para
impedir que muchísimos pequeños municipios recurran de forma
sistemática a la adjudicación directa de sus contratos,
recayendo éstos en las mismas empresas e imposibilitando la
aplicación del principio de libre concurrencia. De esta forma,
el sistema que se establece limita, por ejemplo, a cinco
millones los contratos de obra que pueden adjudicar las
Administraciones públicas, en general, y las entidades locales
por adjudicación directa y, en particular, las que tienen un
presupuesto anual superior a los doscientos cincuenta
millones. Para las entidades locales con presupuesto inferior
a los doscientos cincuenta millones actúa como límite el dos
por ciento del mismo.
No voy a reiterarme en los argumentos dados en los distintos
trámites de este proyecto de ley en tantas jornadas de
Ponencia, de Comisión, en los repetidos debates en el Pleno en
torno a cuál es el ámbito de aplicación subjetiva de esta ley.
Se ha mencionado en esta sesión, de nuevo, a los sectores
excluidos del agua, energía, transportes y telecomunicaciones,
sectores excluidos porque tienen que responder, lógicamente, a
la legislación comunitaria en esta materia y que tienen un
tratamiento específico tanto para las empresas públicas como
para las empresas privadas.
Se ha mencionado, de nuevo, que los artículos 1 y 2 de este
proyecto de ley no recogen a todo el sector público. Yo tengo
que afirmar lo contrario. Todo el sector público está incluido
dentro del ámbito de aplicación subjetiva de esta ley. Lo que
no está incluido son, de nuevo, las sociedades mercantiles con
participación pública mayoritaria, porque consideramos --como
hemos repetido de forma reiterada-- que las sociedades
mercantiles que operan en condiciones de igualdad con las
sociedades mercantiles de capital exclusivamente privado
tienen que someterse a condiciones de mercado, y estas
condiciones de mercado establecen la necesidad de agilizar y
flexibilizar los trámites, cosa que no es requerida para las
administraciones públicas, que en su ámbito son, exclusivas,
y, por tanto, no tienen que competir con nadie.
A mí la postura de la derecha me parece congruente, porque lo
que desean es la drástica reducción del papel del Estado, es
decir, de las administraciones públicas y, por tanto, una
privatización indiscriminada de las empresas con participación
y control público. Una forma indirecta de conseguirlo, pero
eficaz y segura, es someter a estas sociedades mercantiles a
las mismas rigideces que tienen las administraciones públicas.
Es, por tanto, una postura congruente, aunque tremendamente
perversa, la del grupo de la derecha, conseguir el objetivo
garantizando el fracaso de las empresas públicas.
Pero más difícil es para mí la postura del Grupo de Izquierda
Unida, porque, teóricamente al menos, defienden todo lo
contrario; es decir, más empresas públicas, más intervención
del Estado. Y esto ¿cómo se puede conciliar con el apoyo
sistemático a las inyecciones de capital público en las
empresas en crisis mayoritariamente participadas por las
administraciones o la supresión de la flexibildad necesaria
para una empresa que tiene que competir con otras atendiendo a
esas reglas del mercado? Es algo que todavía, en estos
momentos, no tiene para mí una explicación válida.
Yo quiero acabar diciendo que los objetivos que inicialmente
nos hemos trazado en la tramitación de este proceso se logran
plenamente, como son la determinación con precisión del núcleo
de legislación básica en desarrollo del artículo 141 de la
Constitución, con la mejora importante de la sistemática de la
Ley actual, con la adaptación a las directivas comunitarias,
la agilización de los procedimientos, el aumento de las
garantías para los contratistas suministradores y proveedores,
por ejemplo. Pero, además, como ley emblemática de la lucha
contra la corrupción, está dotada de mecanismos importantes de
control de las
adjudicaciones que satisfacen plenamente las resoluciones del
debate del estado de la Nación del año pasado, con la drástica
limitación a la contratación directa, la motivación de las
resoluciones que se adopten en el expediente, la ampliación
del ámbito de aplicación, la creación de los registros
públicos de los contratos, la notificación necesaria de las
adjudicaciones a todos los interesados, la generalización de
órganos colegiados, como son las mesas de contratación o las
juntas de contratación.
Creo que quienes se oponen hoy en este trámite al texto que
nos remite el Senado hacen mal y, además, no son sinceros.
Esta es la ley de la transparencia y creo que pierden una
oportunidad para apoyar un mecanismo que dota a las
administraciones públicas precisamente de aquellos elementos
de control que hoy demanda la sociedad española.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas del
Senado al proyecto de Ley reguladora de la utilización y
control de los créditos destinados a gastos reservados.
Han solicitado intervenir en este punto los Grupos de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Popular y
Socialista. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo
Parlamentario apoya las enmiendas del Senado a este Proyecto
de Ley, la aprobación del conjunto de la proposición de ley,
puesto que constituye una importante innovación en nuestro
ordenamiento jurídico, ya que, por vez primera, de una forma
esperemos que sólida para el futuro, se plantea la regulación
y control parlamentario de los créditos destinados a gastos
reservados. Se trata de una proposición de ley importante,
desde el punto de vista del control parlamentario, además de
fortalecer el Parlamento en cuanto lugar en donde se tienen
que debatir cuestiones políticas hasta de la importancia de la
reserva en un aspecto tan delicado como es la utilización de
esos fondos reservados.
A nuestro juicio, ha sido una forma adecuada de responder a
escándalos importantes que han sacudido la vida pública
española, aunque, desde nuestro punto de vista, podría incluso
haberse avanzado algo más, mediante las enmiendas que
presentamos en su momento, para que quedase claro que no hay
ninguna dificultad para que haya una intervención e
investigación judicial en el caso de que se hayan cometido
delitos mediante la utilización fraudulenta de fondos
reservados. En todo caso, entendemos --así se nos dijo y así
hay que entenderlo-- que nuestra legislación procesal permite
la investigación judicial de todos esos supuestos delitos y en
ese sen supone un avance que no coarta esas posibilidades
judiciales.
Reiteramos, por tanto, nuestro apoyo a esta proposición de
ley, e instamos a que el Parlamento realmente la ponga en
práctica para que exista una legitimación absoluta y no haya
ninguna duda sobre la legitimación del conjunto de las
instituciones del Estado de Derecho.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, muy brevemente, para expresar, en nombre de mi
Grupo, nuestra disposición a votar favorablemente las
enmiendas del Senado y mostrar, sin reserva alguna, nuestra
total satisfacción por el desarrollo y la culminación de estos
importantes trabajos que hemos llevado a cabo a lo largo de
prácticamente un año.
Durante el desarrollo de ese debate, tanto en Comisión como en
Pleno, el Grupo Parlamentario Popular ha expresado que nos
encontrábamos ante una situación paradójica, felizmente
paradójica, dado que, siendo un proyecto de Gobierno, ese
proyecto de Gobierno tenía su origen en una proposición del
Partido Popular, que hemos de reconocer que el Gobierno hizo
suya, después de haberla hecho suya la Cámara casi en su
totalidad.
Yo creo, como ha indicado el señor López Garrido que se da un
paso adelante, un paso decisivo, sobre todo por entender que
hay cuestiones, las que afectan a la seguridad y a la defensa
nacional, en las que el Parlamento no puede ejercer su control
habitual de las actividades del ejecutivo, como sucede en este
caso con la disposición de fondos reservados. Sin embargo,
entre el extremo de pedir el control habitual y el otro
extremo, es decir, que no hubiera control alguno, hay una
solución media y prudente, y yo creo que hemos acertado.
Nosotros hemos manifestado también nuestra posición no
favorable a que en este Proyecto de Ley del Gobierno se
incluyeran unas soluciones conc relación con el control
judicial, y lo hemos hecho por varias razones. La primera de
carácter técnico, puesto que creemos que debiera haberse
incluido este aspecto en las leyes procesales y no en esta
ley; la segunda, porque creemos que este control es posible,
aunque seguramente hemos de pensar en hacerlo de forma más
ordenada, y, en tercer lugar, porque llevar el control en los
términos que planteaban algunos grupos parlamentarios pudiera
haber desvirtuado el uso eficaz de estos fondos. Si un policía
alquila con nombre supuesto un
piso al lado de un piso que cree que ocupan unos terroristas,
en ese momento está incurriendo en una falsedad de documento
mercantil, y debe denunciarlo por ese incumplimiento. Como
dice un compañero mío, cuando un policía de tráfico o guardia
civil trata de alcanzar a un conductor que ha rebasado la
velocidad permitida, hay unos minutos en que ese policía o ese
guardia civil también está incurriendo en una infracción de
tráfico. Por eso, en estos casos, nosotros, que somos
partidarios del control, que creemos que el control es
posible, que creemos también, con toda sinceridad que el
control debe hacerse de otra forma por las autoridades
judiciales a como se está haciendo en estos momentos,
mostramos, como he dicho, nuestra satisfacción de conjunto.
Pienso que se inició con la Ley de secretos oficiales una
intervención especial del Parlamento, se continúa en ésta y en
algunos otros aspectos en que actividades del Ejecutivo que
rondan a la Defensa Nacional y la seguridad merecen un
control, pero no el control habitual, por lo que creo que esta
Ley puede ser una prudente solución.
Por eso, señor Presidente, manifestamos nuestra posición
favorable, al tiempo que agradecemos a los
gruposparlamentarios, especialmente al Gru Socialista, su
buena disposición para con nuestras posiciones, que culminaron
incluso en la aprobación, en trámite de Senado, de las dos
pequeñas cosas que nos quedaban de acuerdo con nuestras
posiciones y nuestras enmiendas.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Villa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mohedano.
El señor MOHEDANO FUERTES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en este proyecto de ley ya está todo hablado porque,
felizmente, hemos concluido los debates y las votaciones tanto
en el Congreso como en el Senado.
Recordará el señor Martín Villa y el Grupo Popular que en el
debate de Pleno del Congreso, a su requerimiento, nos
comprometimos a resolver el único problema que, a juicio del
Grupo Popular, quedaba pendiente, que era el de la
comunicación entre la Comisión parlamentaria «ad hoc», que se
crea en el artículo 7 del proyecto, para el control de los
gast Tribunal de Cuentas, siempre que que la resolución de
este problema tuviera encaje en la característica de falta de
publicidad que caracteriza estos gastos respecto el resto de
créditos presupuestarios.
Hemos cumplido con nuestro compromiso, y, en definitiva, creo
que la Cámara y los grupos han dado muestras en el debate de
este proyecto de ley de una de las esencias de la democracia,
que reside en el compromiso permanente entre la mayoría y la
minoría.Durante la discusión de este importante proyecto de
ley, que, además, forma parte de una serie de medidas y de
normas del Gobierno y de la propia Cámara para dar
transparencia a la vida administrativa y al control de los
gastos públicos, nos hemos alejado del debate «a cara de
perro», que es incompatible con el diálogo en la democracia, y
creo que hemos cumplido con uno de los secretos de la
democracia, que es la voluntad de compromiso permanente a
través del diálogo de las fuerzas políticas representadas en
el Parlamento; por eso es precisamente el Parlamento el órgano
central de la democracia, porque sólo en él se puede producir
ese compromiso permanente entre la mayoría y la minoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mohedano.
Debate relativo a las enmiendas del Senado al proyecto de ley
de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la
Nación y de los altos cargos de la Administración General del
Estado.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria se va a abstener, lo que señalo al señor
Presidente, en la enmienda del Senado al artículo 2.4, en
razón de que nos parecía que el texto primitivo del proyecto,
al generalizar las personas previstas por la peculiaridad del
alto cargo, abarcaba toda aquella casuística no sólo de
determinadas empresas mercantiles públicas, sino todas
aquellas otras posibilidades que, dentro de los principios
generales señalados de altos cargos en el artículo 1.2,
pudieran tener contratos de los denominados blindados a la
hora de cesar en el cargo. El circunscribir esto, como hace la
enmienda del Senado, al artículo 1.2, letra f), nos hace
solicitar la votación separada para manifestar nuestra
abstención, señor Presidente.
Votaremos favorablemente a todas las demás enmiendas. No haré
ninguna referencia a las que conllevan una mejora técnica,
pero sí queremos destacar aquellas que dan una clarificación
al texto remitido por el Congreso al Senado en su día, como es
la relativa al artículo 1.2 g), sobre la introducción de los
directores de gabinete de los delegados del Gobierno en las
comunidades autónomas, que no se recogía.
Asimismo, el artículo 6.1 hace una clarificación de las
declaraciones voluntarias del cónyuge y su correlación con
otra enmienda posterior al artículo 6.3, en la declaración de
la renta y en el registro de intereses de los altos cargos.
También votaremos afirmativamente, porque lo consideramos
positivo, al artículo 12.4, al especificar la actuación de los
órganos competenciales en materia de sanciones. El texto queda
mejorado con esto a nuestro juicio, señor Presidente, y evita
no
tanto un principio de inseguridad jurídica como una
indeterminación del órgano competencial, tanto en incoación de
expedientes como en aplicación de sanciones, como se señala en
el artículo 16.1 esta enmienda, para determinar, como he dicho
anteriormente, el órgano competente en la incoación del
procedimiento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, ¿de qué
sirve que limitemos la tenencia de acciones a los cónyuges y a
los h indicado que ahora se tramitan las acciones a través de
los cuñados o de los suegros? Yo creo, señorías, que nos hemos
quedado cortos otra vez. La buena voluntad de intentar atajar
los problemas que se han suscitado en nuestro país se ha visto
limitada con este proyecto, pues se ha quedado corto.
Nosotros propusimos que se llegase hasta el cuarto grado
civil, sabiendo siempre que la ley va por detrás de la
realidad. Pero, señorías, en estos momentos la realidad está
en los cuñados y en los suegros. Por tanto, el esfuerzo para
acotar en el 10 por ciento, en el caso de los cónyuges y de
los hijos, es totalmente insuficiente.
Otra de las cuestiones que no ha quedado resuelta, señorías,
es la absoluta contradicción de que, habiendo incurrido en una
infracción muy grave, se limite a publicarse esa sanción en el
«Boletín Oficial del Estado», pero que la sanción no comprenda
el cese. Es algo que nadie entiende. Después de una infracción
muy grave, en la que se establece que si está ocupando un
puesto no podrá volver a ser nombrado, lo lógico sería que la
primera medida fuese el cese fulminante. Los ciudadanos no
entienden que alguien del que se publica en el «Boletín
Oficial del Estado» que ha incurrido en infracción muy grave
contra esta ley no sea cesado. Eso sí, es sancionado a que no
podrá ser nombrado de nuevo alto cargo, pero no es cesado. Por
tanto, señorías, este proyecto queda muy limitado.
Hay dos enmiendas en las que también vamos a proponer votación
separada. En la primera, a la que se ha referido el señor
Mardones, no entendemos que en la limitación «a posteriori»
para los presidentes y directivos de las empresas se les
excluya ahora --cuando se reconoce que hay una prestación
económica, etcétera-- de la obligación de que durante dos
años, a partir de la fecha de su cese, no puedan realizar
actividades relacionadas. Esta exclusión, con la mención al
artículo 1.º 2.f) que se ha hecho, creemos que está
injustificada. Se puede decir que los altos cargos de las
empresas van a tener dificultades para acudir a las empresas
públicas si no se les excluye, pero señorías, ¿para qué,
entonces, estamos haciendo esta l elementos más importantes,
como son los cargos de las empresas públicas, ahora se le
excluye de esa excepción?
La segunda enmienda, que ha sido aprobada por el Senado y que
creemos que introduce una nueva distorsión en todo el esquema
de la ley, es la del artículo 16.1. Lo lógico es que el órgano
competente para imponer la sanción sea el que incoe el
expediente. De esta Cámara salió el texto en el sentido de que
el órgano competente para incoar el expediente sancionador es
el Ministro para las Administraciones Públicas. ¿Por qué?
Porque en el apartado tercero la imposición de sanciones por
faltas muy graves corresponde al Ministro para las
Administraciones Públicas.
El Senado nos trae un texto cuya razón no acabamos de
comprender, en el sentido de que en los demás supuestos --
dice-- el órgano competente para la incoación será el Consejo
de Ministros. Señor de Ministros es el órgano competente para
imponer la sanción y para incoar el expediente en el caso de
los ministros y de los secretarios de Estado, pero en el resto
de los supuestos entendemos que esto es una distorsión y,
además, en nuestro sistema, español, de procedimiento
administrativo no tiene mucho sentido que incoe el expediente
el Consejo de Ministros para que lo resuelva el Ministro para
las Administraciones Públicas. Creemos sinceramente que estaba
mucho mejor el texto remitido por el Congreso, que incoe el
Ministro para las Administraciones Públicas, porque es el
competente para imponer la sanción.
Por tanto, señorías, señor Presidente, también nosotros
pedimos votación separada en las enmiendas a los artículos
2.º4 y 16.1.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero manifestar que nuestro Grupo va a apoyar
las enmiendas del Senado por entender que mejoran, sobre todo
desde el punto de vista técnico, el proyecto de ley de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y
de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Entendemos que con esta ley --naturalmente todo en la vida es
perfectible-- se ha dado un paso muy importante para
garantizar la transparencia patrimonial de los altos cargo de
la Administración. Con una ley como ésta probablemente habría
habido más mecanismos de detección de casos tan escandalosos
como el del
antiguo director general de la Guardia Civil y tal vez no se
hubiera producido el llamado caso de Interior. No lo sé,
porque evidentemente las posibilidades de corrupción son
muchas y las de ocultamiento también; y, por muchos controles,
por muchos registros, por muchas declaraciones, cuando hay una
actividad delictiva hay una voluntad de encubrimiento, de
ocultación, y, a veces, la ley no puede prever todo lo
necesario para que estas conductas delictivas puedan ser
detectadas, con prontitud al menos. Pero algo es algo y yo
creo que se da un paso muy importante en esa transparencia
patrimonial de los altos cargos y, en ese sentido, nos parece
que con este proyecto se cumple un mandato de esta Cámara,
recientemente aprobado en el debate del estado de la Nación,
mandato que también coincide con aspiraciones y con propuestas
reiteradamente expuestas por el Grupo Popular desde hace mucho
tiempo ante esta Cámara.
Finalmente una satisafacción, señor Presidente, la
satisfacción de que el Grupo Socialista no haya caído en la
tentación de alterar el título del proyecto, del proyecto de
ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la
Nación. Estuvo a punto de aprobarse una enmienda en el Senado
en la que se hablaba del Gobierno del Estado. Y aquí hay que
recordar --y conviene que de vez en cuando lo hagamos y tal
vez en momentos como éste sea oportuno hacerlo-- que en esta
Cámara, cuando se debatió la Constitución, se produjo un
interesantísimo debate sobre el artículo 2, que dice que la
Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la
Nación española; y a continuación se estableció el
reconocimiento del derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones. Quiero recordar que ilustres
excompañeros nuestros en esta Cámara, como los señores Roca y
Pujol, expresamente manifestaron su total conformidad con
dicho texto de la Constitución por entender que se estaba
haciendo una innovación profunda en un concepto nuevo para el
Derecho Constitucional español cual es el de considerar a
España incluso como una nación de naciones. Sin renunciar cada
una de las nacionalidades a la posible consideración como
nación, a su vez se asumía, insisto, por los señores Roca y
Pujol, la consideración de España como nación.
Por tanto, es absolutamente congruente con ese mandato
constitucional y con la aceptación de todos quienes hicieron
el consenso constitucional proyecto en el que se habla del
Gobierno de la Nación. Es legítimo hablar de Gobierno de la
Nación, es constitucional hablar de Gobierno de la Nación y
cualquier otra cosa a lo único que contribuiría sería a
alejarnos de aquel consenso constitucional que fue beneficioso
para la convivencia en paz y en libertad de todos los
españoles.
Gracias, señor Presidente.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
Del Burgo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Quisiera también, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, felicitarme por la tramitación de este proyecto de
Ley, que supone un avance importante ya no en relación con el
sistema de incompatibilidades de altos cargos existente en
1982, cuando algunas personas de la derecha española tenían
responsabilidades de gobierno --por aquel entonces había
pluriempleo político--, sino que también supone un paso
importante en la regulación, los mecanismos de control del
sistema de incompatibilidades que existe en nuestro vigente
ordenamiento desde 1983, modificado en 1991.
Efectivamente, este proyecto de ley está en esa línea de la
transparencia y está en la línea de reforzar los mecanismos de
impulso democrático en nuestro país, porque las
incompatibilidades de los altos cargos tienen una razón de ser
fundamental, que se consigue con este proyecto de ley y con el
régimen que ya existía en la actualidad, y es garantizar la
independencia del cargo público, la prevención de supuestos de
corrupción, aunque siempre existirá la posibilidad de violar
la ley, la posiblidad de introducir controles de intereses
para impedir la violación de la independencia del cargo
público. Por tanto, se reivindica la autonomía de lo político,
la no confusión del cargo público, la evitación de prácticas
de autocontratación, se garantiza la dedicación del cargo
público desde la lealtad en garantía de la eficacia y con
absoluta transparencia.
Este proyecto de ley supone reforzar un sistema que ya en
nuestro país conocía un marco regulador positivo y
progresista, que se había iniciado a través de la Ley 25/1983
y que se había reforzado mediante la Ley 9/1991, de 22 de
marzo. Con aquellas leyes se ponía fin a una práctica que
existía en la propia Administración española y era el
pluriempleo político, la existencia o la posilibidad de
percibir distintos sueldos o percepciones públicas por el
desempeño de otros tantos cargos públicos. En 1983, se acabó
con aquella práctica, pero el sistema ha venido conociendo
importantes deficiencias, una deficiencia fundamental del
sistema de 1983 y de la Ley de 1991 es la falta de datos en el
registro de intereses, la de mecanismos sancionadores más
contudentes o de mecanismos controladores más eficaces a
disposición de la Inspección General de Servicios de la
Administración pública.
Pues bien, con este proyecto de ley se garantiza la
incompatibilidad absoluta, pero se refuerzan los mecanismos de
control y los de sanción. También se refuerzan otros
mecanismos muy importantes. Por ejemplo, se establecen y
regulan las llamadas incompatibilidades «ex-post», es decir,
la prohibición de intervenir con posterioridad
al cese en el desempeño del cargo en actividades directamente
relacionadas con ese cargo. Se hace una excepción, a través de
una enmienda del Senado, que consideramos adecuada, una
excepción a esta incompatibilidad «ex-post» basada en las
peculiaridades específicas de un supuesto que difiere, por la
naturaleza del cargo, del resto de los altos cargos. Me estoy
refiriendo al tema de los presidentes de las sociedades
mercantiles con mayoritariamente con participación pública, al
ámbito de lo que es la gestión empresarial. Hay una
peculiaridad en ese cargo que le diferencia del resto y, en
este sentido, nos parecen positivas las salvedades que
introduce el Senado. Debe saber esta Cámaraque con esta ley se
prohíbe absol altos cargos que hayan cesado o desempeñado una
determinada función y también se prohíbe la intervención en
actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los
que haya dictado resolución en el ejercicio del cargo. Es un
instrumento más de transparencia, de prevención, un
instrumento que nos coloca ante una ley muy importante en la
perspectiva de la lealtad, la eficacia de la Administración
pública y en el desempeño de los cargos públicos.
También quisiera resaltar que se refuerza el régimen
sancionador, donde se establece la posibilidad de la
incapacidad de ocupar un alto cargo a quien incumpla la ley, a
quien oculte datos, a quien contraviniera de manera grave esta
ley, por tiempo que puede ir hasta un máximo de diez años. Se
introduce asimismo un mecanismo importante, y esta Cámara
tiene que saberlo, la restitución de las cantidades
indebidamente cobradas. Si un alto cargo ha desarrollado
actividades incompatibles ocultándolo y ha percibido
cantidades procedentes de Tesoro Público de manera indebida
por efectos de esa icompatibilidad, va a tener la obligación
de restituir las cantidades indebidamente cobradas. Creo que
éste es un avance muy importante en el sistema legal español.
Se refuerzan los mecanismos de información parlamentaria. Ante
esta Cámara hay que rendir cuentas. La Inspección General de
Servicios de la Administración pública tiene la obligación de
rendir cuentas semestralmente del grado de cumplimiento,
evolución y aplicación de esta ley. Cualquier sanción llevará
también aparejada una consecuencia, la de la publicidad, no
sólo en el «Boletín Oficial del Estado», sino ante esta
Cámara, el conocimiento exacto de los incumplimientos. Por lo
tanto, reforzamiento de los mecanismos de control.
Algunos han intentado incurrir en el rídiculo, el registro de
intereses, actividades y bienes; han intentado exigir que esta
ley contemplara un registro de relaciones sentimentales.
Porque, cuando algunos hablan de cuñados desde una posición
absolutamente demagógica, no sabemos dónde ponen el freno: en
los cuñados, en los primos segundos, en los primos terceros,
en los primos cuartos. Hay que establecer un límite y nosotros
hemos establecido unas limitaciones basadas fundamentalmente
en lo razonable.
Esta ley hay que ponerla en valor porque es un paso muy
importante de nuestro sistema democrático. Introduce
obligaciones fundamentales en el conocimiento y en la
transparencia de los intereses y de los bienes patrimoniales
de los altos cargos, que quedan obligados a declarar, por
ejemplo, bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, los
valores o activos financieros negociables, las participaciones
societarias, el objeto social de las sociedades de cualquier
clase en las que tengan intereses, las sociedades participadas
por las que sean objeto de declaración, según el apartado c),
es decir las participaciones societarias, con señalamiento de
sus respectivos objetos sociales.
Esta ley también supone un importante reto a esta Cámara. Pone
de manifiesto la necesidad de adaptar el sistema regulador del
funcionamiento de las obligaciones de esta Cámara con el que
existe en el nivel de los altos cargos del Gobierno. Por lo
tanto, supone un paso adelante en la perspectiva de reforzar
los mecanismos de control, los mecanismos sancionadores, la
transparencia, la dedicación, la independencia de lo político
y la consideración al servicio del interés público y general.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
El señor PRESIDENTE: Debate de las enmiendas del Senado a la
proposición de ley orgánica sobre modificación del Código
Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de
genocidio.
Antes de iniciar el debate correspondiente a estas enmiendas,
comunico a la Cámara que la votación de conjunto
correspondiente al carácter de ley orgánica de esta
proposición tendrá lugar a la una o en el momento posterior en
que el estado del debate en curso lo permita.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente todas las
enmiendas que nos ha remitido el Senado a este proyecto de ley
que ahora se denomina de modificación del Código Penal
tipificando la apología de los delitos de genocidio. Esta
sería la primera enmienda que queremos destacar.
Una proposición de ley como ésta, en base a nuestra doctrina
democrática fundamental de la defensa de los derechos humanos,
no sólo circunscribe los delitos de genocidio, porque ya el
propio Código Penal vigente,
pero sobre todo el que sale modificado de esta proposición de
ley orgánica, habla en plural genocidio; en el primer párrafo
de la exposición de motivos parece circunscribirlo sólo a
Europa, quedando esas zonas solapadas de Europa y Asia. Me
estoy refiriendo a Turquía y al pueblo kurdo o a lo que está
ocurriendo actualmente en Africa o en cualquier otra parte del
globo terraqueo, donde se dé cualquiera de las formas de
persecución a las minorías por cuestiones étnicas, raciales,
ideológicas, religiosas, etcétera, y cualquiera que sea su
simbología, para que tengamos reflejado con honor democrático
en esta pluralidad la sensibilidad y la persecución de los
delitos de genocidio En cuanto a las enmiendas, la que se
refiere al artículo 1, en la que se sustituye la frase que
aprobamos en su día en el Congreso, «la apología para acometer
los delitos», por la nueva que trae la enmienda del Senado,
que nos parece más concreta y afortunada, de «la apología de
los delitos tipificados en el artículo anterior», que se
refieren a las fórmulas de los genocidios en la tipificación
penal, queremos destacarla del resto. El resto, en verdad, son
prácticamente los mismos textos que aprobamos en el Congreso;
únicamente se ha hecho una reagrupación y ubicación
sistemática para una mejor concreción y sobre todo las
referencias ya explícitas en las enmiendas que hacen esta
reubicación de que no falte el epígrafe siempre de llamada
expresa al Código Penal español y al arîtículo que se
modifica.
Considerando todo esto de orden instrumental positivo,
nosotros vamos a votar favorablemente todas las enmiendas,
señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, voy a
manifestar la opinión de nuestro Grupo, su posición favorable
a la aceptación de las enmiendas introducidas en el Senado a
esta importante proposición de ley orgánica, presentada con
pertinencia y sentido de la oportunidad por el Grupo Popular
y, además, con corrección técnico-jurídica, que merece ser
destacada, señor Presidente.
Se produce este debate en un momento especialmente
significativo, en un momento de cáracter simbólico inequívoco;
estamos celebrando en este momento el holocausto judío. Por
esta razón, mi Grupo, en el Senado, intentó precisar o dar
mayor relevancia semántica, mayor relevancia jurídica al
carácter antisemita de estas conductas que en este momento
estamos configurando como delictivas. En todo caso, quiero
decir, señor Presidente, que con vergüenza los ciudadanos de
todo el mundo tenemos que declarar que genocidios se siguen
produciendo, que genocidios se siguen produciendo en diversos
puntos del mundo y no esporádica, de forma preocupantemente
frecuente, y que la apología de este tipo de conductas debe
merecer el más intenso reproche penal.
Por tanto, y desde esta perspectiva, queremos felicitar al
Grupo proponente de esta importante iniciativa que incorpora a
nuestro derecho punitivo una de las conductas en este momento
más perniciosas, más repulsivas y que deben ser objeto de una
atención punitiva de carácter intenso, con las connotaciones y
las condiciones con que con la pertinencia que hemos comentado
el Grupo Popular nos ha presentado esta proposición de ley.
Manifiesto de nuevo la opinión favorable de mi Grupo
Parlamentario a la proposición, en primer lugar, y a las
enmiendas incorporadas en el Senado, en segundo lugar.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, como ha
señalado el señor Olabarría, se cumple en esto mismos días el
cincuenta aniversario del holocausto; hoy mismo se celebra el
Día Mundial del Holocausto. Por tanto, es una fecha simbólica
para la aprobación en esta Cámara, con carácter definitivo, de
esta proposición de ley orgánica sobre modificación del Código
Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de
genocidio, presentada en su momento por el Grupo Popular, al
que felicitamos y seguimos felicitando por esa acertada
iniciativa, que ha sido objeto de un estudio detenido, de un
enriquecimiento importante a lo largo del trámite
parlamentario.
Creo que es un momento adecuado para recordar una vez más el
carácter profundamente repugnante de la acción genocida, cuya
apología se castiga precisamente en esta proposición de ley.
En 1944, Lemkin acuñó el término genocidio; hace 50 años se
acuñó ese término para denominar las atrocidades de los nazis
en la II Guerra Mundial. Pero antes de eso ha habido muchos
acontecimientos desgraciados en la historia de la
civilización, que han constituido exterminio de grupos
humanos, que eso es, en definitiva, el genocidio,
fundamentalmente, por tres causas a lo largo de la historia:
por las guerras de conquista, que hacían que el vencedor
exterminase al perdedor; por razón de religión, por ejemplo,
las cruzadas en la Edad Media, la matanza de los árabes y más
recientemente el caso de los hugonotes, en Francia; o por el
dominio colonial, dominio colonial en Latinoamérica, en Asia,
en Africa. Y en el caso de Latinoamérica no está exenta de
culpa la acción de nuestro propio país, de España.
Sin embargo, los más graves casos de genocidio se han
producido en el siglo XX, en nuestro siglo, que ha sido un
siglo importante de avances tecnológicos, de avances
democráticos, y también un siglo de genocidio, en el que se
han producido constantes exterminios, con unas características
incluso mucho más sofisticadas. Solamente hay que recordar el
caso del genocidio de los armenios a manos de los turcos en
1915 o 1916, que tuvo una condena muy tibia de la comunidad
internacional, o el genocidio de los judíos y también de los
gitanos, que se produjo entre los años 1939 y 1945, perpetrado
por los nazis en Alemania con características trágicas y del
cual hoy, como decíamos, se cumple el cincuenta aniversario;
un genocidio caracterizado por la intervención ya del Estado,
con medios económicos y militares que antes no tenía, por
tanto un genocidio planificado estatalmente, que se
caracterizaba por la existencia de una religión distinta del
exterminador, pero con una auténtica capacidad estatal de
exterminio. Alguien ha señalado --creo que fue el sociólogo
Horowitz-- que el genocidio en el siglo XX era un elemento de
unificación del Estado; ha sido un elemento incluso de
unificación del Estado la acción genocida.
Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días ha
habido ejemplos clamorosos de genocidio que, una vez más, no
han recibido la contundente oposición de la comunidad
internacional. Y quiero recordar algunos de estos casos a
título de ejemplo. Por ejemplo, en el año 1960, el caso del
exterminio de congoleños por el ejército de ocupación, el
ejército colonial en el Congo; en los años 1965 y 1972, en
Burundi, acción hoy día tragícamente resucitada, la lucha
entre tutsis y hutus; en el año 1971, el caso de Bangla Desh;
en 1970 y 1974, en el Paraguay, la matanza de indios; en 1978,
Kampuchéa; en 1974 y años sucesivos, matanza de indios en
Brasil; en 1982, matanza de palestinos en Líbano; en 1986, Sri
Lanka, y en los tiempos actuales, en estos mismos días, el
caso de los kurdos y el caso de Yugoslavia, que es un ejemplo
nuevo de exterminio, de genocidio, que no se había producido
en Europa hasta este momento en el siglo XX, porque
normalmente el genocidio se ha producido en el Tercer Mundo,
casos de genocidio a causa de las estructuras sociales o
políticas como causas últimas de imposibilidad de evitación,
pero en el caso de Yugoslavia en nuestra propia Europa. En
todos estos casos, la comunidad internacional ha reaccionado
tarde y mal y en el caso de Yugoslavia, lo estamos viendo, de
una forma lamentable. Hoy mismo, en los medios de comunicación
se habla de las dificultades por las que atraviesa el Tribunal
de La Haya, creado en el año 1993 por el Consejo de Seguridad,
para juzgar los actos genocidas producidos en Yugoslavia, un
Tribunal que tiene difícil apoyo político, pocos medios
económicos y personales y dificultades jurídicas.
Esta proposición de ley, por tanto, es un avance, una
aportación, naturalmente limitada, pero al menos una
aportación, simbólica en alguna medida y real en otra, contra
este delito contra la humanidad que es el genocidio. Además de
eso, esta proposición de ley ha sido enriquecida, a lo largo
del trámite de Ponencia de este Congreso de los Diputados, con
la aportación de otro elemento que hay que destacar y que no
aparece en el título de la proposición de ley, que es el caso
del delito de la provocación o incitación a la discriminación
de personas o grupos por motivos referentes o de origen
racial, étnico o nacional o a su ideología, religión o
creencias, y asimismo la aplicación de una nueva agravante en
el Código Penal, y es cuando cualquier delito se comete por
motivos racistas, antisemitas u otros referentes al origen
étnico o nacional o a la ideología, religión o creencias de la
víctima. Es una aportación muy importante que también está
reflejada en el proyecto de ley del Código Penal que está
examinando la Ponencia --próxima a iniciarse ya la fase de
Comisión en este Congreso de los Diputados-- y, por tanto, que
hace de esta proposición de ley, a través de la condena de la
apología del genocidio, de la condena de la provocación o
incitación a la discriminación, de la agravación de las penas
por delitos que se cometan por motivos racistas o por
discriminación, una importantísima proposición de ley. Creemos
que es una feliz coincidencia el que se haya producido
precisamente en un día tan simbólico como el de hoy, en el que
se celebra trágicamente el 50.º aniversario de uno de los
acontecimientos más vergonzosos de la histori Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, discutimos hoy las enmiendas del Senado a la
proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal
para la tipificación de la apología del delito de genocidio.
Estas enmiendas, como ya se ha dicho aquí --no insistiré sobre
ello--, aportan sustanciales mejoras técnicas y sistemáticas a
un texto en el que los debates en el seno de la Ponencia y de
la Comisión habían sido ya extremadamente enriquecedores.
Quiero hacer mención a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en el Senado,
que fueron derrotadas y que hacían referencia a la
especificidad del antisemitismo y, por lo tanto, del
genocidio, entendiéndolo fundamentalmente como el holocausto
del pueblo judío.
Hoy se celebra el 50.º aniversario de la liberación del campo
de Bergenbelsen. Hace poco acogíamos con aplausos unánimes de
toda la Cámara a la amical de
supervivientes españoles de los campos de exterminio y hoy,
precisamente, se celebra el Día Mundial del Holocausto Judío.
Seis millones de judíos - -1.200.000 niños-- murieron como
víctimas de sus asesinos nacional-socialistas.
La especificidad del holocausto me lleva también a recordar
desde esta tribuna a tres personas cuyos nombres deseo
expresamente que consten en el «Diario de Sesiones» de esta
discusión: en primer lugar, a doña Violeta Friedman, sin cuyo
combate no sería posible hoy hablar de esta proposición de ley
orgánica; a don Angel Sanbriz, diplomático español, aragonés,
encargado de negocios de la Legación de España en Budapest,
Justo de la Humanidad, que con sus cartas de protección y
pasaportes temporales salvó, con riesgo de su vida y de su
integridad, a varios miles de judíos húngaros, de origen o no
sefardita y español; y a don José Ruiz de Santaella, de Baena
(Córdoba), agregado agrícola de la Embajada de España en
Berlín, que también fue declarado en su día Justo de la
Humanidad y que, con riesgo de su vida y de su integridad,
salvó a tres mujeres judías.
La historia de España y la de Europa se encuentran, pues, en
este momento alrededor de un proyecto de ley en el que no hay
que olvidar a esos 60.000 Judíos de Salónica que mueren
hablando en ladino en las cámaras de gas de Auschwitz. Pero en
esta discusión hemos recordado no solamente la historia de
Europa y la historia de España, hemos recordado también la
superioridad de los valores de nuestra Constitución y de
nuestro ordenamiento jurídico, la superioridad de la libertad,
de la verdad y de la dignidad en el ordenamiento jurídico
español y en el ordenamiento político que los españoles
libremente nos dimos como nación europea.
Por eso se incluyó en los debates de la Ponencia y de la
Comisión del Congreso de los Diputados un agravante para los
delitos cometidos por motivos que tenían su origen en el odio
racial, étnico, religioso, nacional, etcétera, y por eso acabó
incluyéndose el delito de apología por discriminación racial
que si bien, como ha sido dicho, no figura en el título de la
ley, sí es una de sus partes más fundamentales.
Se trataba, además, de hacerlo de manera urgente, de no
esperar más al nuevo Código Penal, de incluirlo ahora, de dar
una señal política concordada entre los distintos grupos
políticos, apoyada en la mayoría del pueblo español y en los
deseos del mismo de celebrar correctamente este Año Europeo de
la Tolerancia.
Esto me lleva en este debate, en el que se aprueba por fin la
inclusión en el Código Penal de los delitos de apología del
genocidio y de apología de la discriminación racial, con el
agravante ya mencionado, a hablar del problema político de la
intolerancia, del problema que se nos plantea a los demócratas
con respecto a la intolerancia y, más concretamente, sobre lo
que debemos hacer los demócratas respecto de los intolerantes;
de los intolerantes de aquí, de este país. Porque el problema
genérico de la intolerancia tiene en España una principal
plasmación concreta, que es la intolerancia de los violentos,
la intolerancia de los terroristas.
Hay que recordar que el genocidio judío no hubiera sido
posible sin el compromiso de Munich de 1938 y que las
cesiones, las concesiones, las negociaciones con quienes
utilizan la violencia para llegar a sus fines de todo tipo
sólo sirven para alimentar, para dar más combustible, para dar
ánimo a los que tratan de imponer sus doctrinas de exclusión,
sus doctrinas de opresión y sus doctrinas de muerte sobre la
gran mayoría de los ciudadanos libres, de los ciudadanos
pacíficos y de los ciudadanos tolerantes.
Si uno ha visto en el Museo del Holocausto de Jerusalén, en el
Memorial Yad Vashem, las actas de la Conferencia de Wansee,
del año 1942, en la altas jerarquías nazis calculan los medios
necesarios para llegar a la total exterminación del pueblo
judío en Europa, a la solución final del problema judío,
porque así lo llamaban --el problema judío--, verá que no
falta nadie, que están mencionados hasta los judíos de los
países neutrales, hasta los judíos de España que, en número de
6.000, integraban ese total de once millones a exterminar.
Permítanme decir, finalmente, para terminar, que éste debe ser
fundamentalmente un acto de reafirmación de la fortaleza de la
libertad y de la democracia, entendida como la voluntad de la
mayoría y el respeto de la minoría sobre cualquier otra
consideración; que la intolerancia, que la violencia de los
intolerantes, que la utilización política de la violencia con
objetivos no compartidos por la mayoría de los ciudadanos,
sólo puede ser combatida a través del Estado de Derecho y de
la Superioridad y de la fortaleza de las democracias, y que
sólo la debilidad o la división de los demócratas es la que
alienta, la que alimenta y la que fomenta y justifica la
acción de los intolerantes.
Hoy es un día especialmente importante, no sólo porque se
aprueba la inclusión de estos delitos en el Código Penal, sino
que debe ser también un día importante porque recordamos que
el genocidio del pueblo judío, el holocausto y la II Guerra
Mundial fueron posibles no sólo por la naturaleza viciosa y
perversa de la ideología que lo sustentaba y que desde aquí
hemos condenado todos, sino también por la división, por las
flaquezas, por la debilidad de los demócratas frente a quienes
deseaban sólo y exclusivamente imponer su voluntad por métodos
violentos, por métodos criminales y por métodos asesinos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valls.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, permítanme
que empiece mi intervención diciendo que gozosa semana la de
un plenario del Congreso que empieza con la abolición total de
la pena de muerte y acaba aprobando esta proposición de ley
que condena la apología del genocidio y otros delitos de
apología. Es verdaderamente una semana importante en la cual
hemos tenido, además, la afortunada coincidencia de que venga
a aprobarse hoy definitivamente esta proposición de ley, del
Grupo Parlamentario Popular, que tenía su origen en los
artículos correspondientes del proyecto de Código Penal de
1992.
Permítanme que subraye que también resulta alentador que esta
proposición de ley se haya visto enriquecida con tres
enmiendas del Grupo Parlam Socialista y una de Izquierda
Unida, fundamentalmente por el talante con que se llevó a cabo
el debate, la discusión, la profundización, en definitiva, el
celo que pusieron todos los grupos para perfeccionar estos
delitos que hoy incorporamos al Código Penal; delitos que,
como normalmente se conocen, son llamados contra la Humanidad.
No son delitos específicos o de rango menor. Quizá sean los
mayores crímenes que se han cometido en la sociedad y, como se
ha puesto de manifiesto con anterioridad, delitos que
desgraciadamente se siguen cometiendo hoy día; delitos que
hemos tenido la desgracia de padecer en nuestra nación;
persecusiones que hemos tenido la desgracia de padecer en
nuestra nación. Porque parece que cuando hablamos de la
apología del genocidio, o del genocidio, nos referimos sólo a
casos que han pasado fuera, cuando todos sabemos,
desgraciadamente, que esos casos que pasaron fuera también
tuvieron su antecedente concreto en esta nuestra España
querida. Por último, quiero destacar en este preámbulo que me
sumo a la felicitación de este Congreso de hace una semana
para con los supervivientes de las víctimas de los campos de
exterminio nazi, por una iniciativa de nuestro compañero del
Grupo Socialista, el Diputado señor Yáñez.
Centrándonos ya en el tema que nos ocupa, son tres los datos
que debo resaltar. En primer lugar, como se ha dicho, la
apología del genocidio que, como todos ustedes saben, no
figuraba anteriormente en nuestro Código Penal. Si me
permiten, yo pondría también el énfasis en la apología
simplemente, en concreto, en el artículo 165 ter que se
incorpora al Código Penal, que en línea con lo que se viene
defendiendo en el proyecto de Código Penal que ayer vio
finalizada su discusión en la Ponencia de esta Cámara, va a
permitir que se adelante una tipificación de la apología que
debe resolver cualquier duda que cualquier incrédulo jurista
pueda tener al respecto.
Creo sinceramente que con este nuevo artículo 165 ter no puede
quedar duda para condenar a todos aquellos que, como dice el
artículo, provoquen o inciten directamente o mediante
apología, a tr de comunicación, o por cualquier otra
publicidad, a la discriminación de personas o grupos por su
origen racial, étnico, nacional o su ideología.
Permítanme que en este momento reitere la condena que expresé
en la Comisión del Defensor del Pueblo el martes pasado. Creo
que este Congreso de los Diputados no puede permitir que
personas, al socaire de la publicidad que dan determinados
cargos deportivos, hagan arengas y soflamas de corte
radicalmente racista, máxime cuando alguno de estos
apologistas del racismo desgraciadamente ostenta el cargo de
alcalde de una importante ciudad. Por lo tanto, reitero la
condena de estas conductas discriminatorias contra personas
que puede ser que el único gran delito que han cometido en su
vida sea el de no haber colado un gol en una tarde
desafortunada de fútbol.
Por último, quiero destacar igualmente, como lo han hecho mis
preopinantes, la incorporación de un nuevo agravante genérico
en el artículo 10 de nuestro Código Penal. El apartado 17 no
deja tampoco duda cuando establece, a partir de su entrada en
vigor, cometer cualesquiera de los delitos contra las personas
o el patrimonio por motivos racistas, antisemitas y otros
referentes al origen étnico o nacional o a la ideología,
religión o creencias de las víctimas.
En definitiva, señorías, anunciamos, como no puede ser de otra
forma, el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista a
esta proposición de ley y repetimos nuestra satisfacción por
el ánimo de diálogo y consenso que se dio en su tramitación.
Quiero, asimismo, sumarme a todas las condenas que se han
hecho antes de todas las conductas que pueden ser y son nada
más que un atentado contra la dignidad de las personas, contra
la dignidad de los seres humanos, en definitiva, un delito
contra la Humanidad.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Valls.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.)
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de contratos de las
administraciones públicas. (El señor Carrera i Comes pide la
palabra.) ¿Señor Carrera?
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, quería solicitar
la votación separada de la enmienda a la disposición final
primera y, en concreto, a la supresión del guión que hace
referencia al número 2 del artículo 23.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera. (El señor López
Garrido pide la palabra.)
¿Señor López Garrido?
El señor LOPEZ GARRIDO: Nuestro Grupo pide votación separada
de las enmiendas al artículo 27, números 2 y 3; y 133.1.
El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden votar conjuntamente? (
Asentamiento)
Enmiendas del Senado a los artículos 27, números 2 y 3; y
133.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 152; en contra, 10; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda del Senado a la diposición final primera, en el punto
relativo a la supresión de la referencia al número 2 del
artículo 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 153; en contra, 10; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 279; a favor, 159; en contra, uno; abstenciones,
119.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de la
utilización y control de los créditos destinados a gastos
reservados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 277; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de incompatibilidades
de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos
cargos de la Administra del Estado. (El señor López Garrido
pide la palabra.)
Señor López Garrido, tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, solicitamos votación
separada de las enmiendas al artículo 2.4 y 16.1.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia tenía conocimiento ya de
estas solicitudes de votación separada.
Enmienda al artículo 2.4.
Comienza la votación. (Pausa.)Efectuada la votación, dio el
siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 267; en
contra, 11; abstenciones, dos
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 16.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 133; en contra, 146; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 279; a favor, 279.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica sobre
modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la
apología del delito de genocidio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor, 281.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SANTA SEDE SOBRE
ASUNTOS DE INTERES COMUN EN TIERRA SANTA, HECHO EN MADRID EL
21 DE DICIEMBRE DE 1994 (Número de expediente 110/000144)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día:
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales.
Vamos a proceder a las votaciones de los dictámenes. Acuerdo
entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de
interés común en Tierra Santa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, 272; en contra, uno; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--ESTATUTOS DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE, HECHOS EN
MONTEVIDEO EL 4 DE AGOSTO DE 1994 (Número de expediente
110/000146)
El señor PRESIDENTE: Estatutos del Consejo Iberoamericano del
Deporte.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor, 280; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE
INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
HONDURAS, FIRMADO EN TEGUCIGALPA EL 18 DE MARZO DE 1994
(Número de expediente 110/000148)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la promoción y protección
recíproca de inversiones entre el Reino de España y la
República de Honduras.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 279; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO
DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, HECHO EN ASUNCION EL 7
DE SEPTIEMBRE DE 1994 (Número de expediente 110/000149)
El señor PRESIDENTE: Tratado sobre traslado de personas
condenadas entre el Reino de España y la República del
Paraguay.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor, 281.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.DEBATE SOBRE
LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO
(OCM) VITIVINICOLA (Número de expediente 059/000018)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día, debate sobre
la reforma del Reglamento de la Organización Común de Mercado
vitivinícola.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la presidencia.--Numerosos
señores Diputados abandonan el Hemiciclo.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus
escaños, por favor. Señor Ministro, puede comenzar.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Señor Presidente, señorías, después de esta
desbandada de algunas de SS.SS., espero que al menos acompañen
su descanso con una buena copa de vino español.
Desde que la Comisión Europea presentó hace un año su primera
propuesta para reformar la Organización Común de Mercado del
sector vitivinícola, mucho se ha discutido ya sobre esta
iniciativa comunitaria y, sin duda, el Parlamento español ha
sido un ejemplo de esta intensa actividad. Son casi
incontables las preguntas orales, interpelaciones, mociones y
debates en los que he tenido oportunidad de intervenir en
representación del Gobierno, y lo mismo les ocurre a los
diversos grupos parlamentarios que, seguramente, han tenido
que hacer todos un esfuerzo de imaginación para aportar nuevas
ideas, nuevos puntos de vista al debate; y así es, como han
sido también innumerables las tomas de posición, los
comunicados, los manifiestos y las gestiones realizadas por
los sectores profesionales vitivinícolas. Queda, por tanto,
poco por decir sobre la bondad de los criterios de nuestros
agricultores en la forma en que producen nuestros vinos, ni
sobre la evaluación negativa de algunas importantes propuestas
de modificación que pretende incorporar la Comisión Europea a
la regulación del mercado comunitario, y tampoco queda mucho
por decir sobre las estrategias que debiéramos mantener unos y
otros para convencer a la Comisión y al resto de los estados
miembros de nuestros argumentos y de nuestras razones. Tanta
abundancia de iniciativas y aportaciones han llevado a este
Ministro a recomendar, en más de una ocasión, a sus
interlocutores una cierta prudencia. El razonamiento, desde mi
punto de vista, es sencillo. La reiteración de los debates sin
que existan nuevos elementos para ello, dado que no se han
producido avances en la negociación, pudiera correr el riesgo
de conducir a la acentuación de diferencias internas que son
más de matiz que de fondo. Por tanto, convendría soslayar esos
debates en beneficio del mantenimiento de una posición
unitaria en este
tema, teniendo en cuenta, además, que no se han producido
avances en las conversaciones mantenidas en el seno del
Consejo de Ministros, que es donde corresponde hacerlo, con
vistas a lograr un objetivo. Se trata de un debate unilateral
más que multilateral, al que intentamos aportar argumentos
nuevos sobre la base de una posición que, desde el punto de
vista de los debates multilaterales en el Consejo de
Ministros, ni siquiera a nivel técnico ha dado ningún
resultado puesto que prácticamente no ha habido reuniones
durante los últimos meses.
Creo que no descubro nada si afirmo que éste ha sido uno de
los temas en los que hemos coincidido prácticamente todos,
desde partidos político sociales. Tras esta rara unanimidad,
no exenta algunas veces de intentos de engrandecer la
polémica, en cualquier caso, sanas disputas que no han
enturbiado el consenso, la Comisión Mixta para la Unión
Europea aprobó el pasado 14 de noviembre una resolución que
resume la posición de los diversos grupos parlamentarios. A la
vista de su contenido, no puedo por menos que resaltar mi
satisfacción ya que esas recomendaciones que se elevan al
Gobierno para que fije su posición futura ante las
instituciones comunitarias coinciden prácticamente con la
postura que ha defendido el Gobierno ante la reforma de la OCM
del vino. La resolución de la Comisión Mixta contempla también
que no se renuncie al compromiso de Luxemburgo para la defensa
de los intereses nacionales. No obstante, esperemos no tener
que llegar a este extremo y que las demandas españolas puedan
ser alcanzadas mediante la negociación y la flexibilización de
la propuesta de la Comisión, aunque no excluimos el uso de
ninguno de los instrumentos previstos para la defensa de
nuestras posiciones y para la defensa de nuestro sector.
Sin embargo, quiero recordar a SS.SS. que, en mi opinión, la
reforma de la OCM del vino es necesaria, y es necesaria por
una razón poderosa: el gran volumen de excedentes, debido,
fundamentalmente, al descenso del consumo de vino, que
continúa en algunos países, si bien la tendencia se ha
estabilizado e incluso se ha reinvertido moderadamente al alza
en el caso español. Por tanto, la reforma de la OCM es
necesaria desde el actual desequilibrio de la oferta y la
demanda del vino, desequilibrio que se pretende corregir. Pero
también hay otros aspectos que me parecen insatisfactorios en
la regulación actual, como por ejemplo el hecho de que exista
un arranque voluntario, voluntario sí pero sin ningún tipo de
control; o la complejidad en la regulación; o el reparto
desigual del ajuste actual de ese desequilibrio en el mercado,
basado fundamentalmente en destilaciones realizadas
básicamente por el sector italiano o por el sector español o
como consecuencia de la sequía que padecen periódicamente los
países mediterráneos. Creemos que hay otras alternativas de
reequilibrio del mercado que pueden ser más beneficiosas desde
el punto de vista de los intereses del sector vitivinícola
español.
Tenemos que considerar que reducir la producción comunitaria
no es necesariamente malo para los agricultores españoles que,
en condiciones normales, no de sequía, como he dicho, destilan
anualmente un volumen importante de vino. Por tanto, la
aplicación de una futura OCM, por supuesto adecuada a las
condiciones españolas, puede ser positiva para el sector
vitivinícola español. Más tarde matizaré algunos de estos
elementos.
En la propuesta hay un cambio fundamental, y es que se quiere
regular tanto el vino de mesa como otros, efectuando esa
regulación no sólo a través de la destilación del vino sino
también evitando que se produzca el vino, ajustando la
producción vía planes regionales de arranque y regímenes de
adaptación de la viticultura. Por otra parte, partiendo de un
arranque exclusivamente voluntario, en mi opinión, es
preferible, sobre la base de que nunca vamos a aceptar un
arranque de viñedos de carácter obligatorio, tener un cierto
control sobre el mismo, en lugar de la situación actual en la
que no podemos hacer nada para evitar estos arranques. Quiero
señalar a este respecto que desde el inicio de la campaña
1988-89, del programa de arranques subvencionados, y hasta la
campaña 1993-94, inclusive, en España se han arrancado
alrededor de 170.000 hectáreas, que representan más del 40 por
ciento del total arrancado en la Comunidad Europea. Por tanto,
la regulación actual desde este punto de vista tampoco es
satisfactoria, y tener el instrumento que permita poner un
control a este tipo de arranques, que en ningún caso pueden se
otra cosa que voluntarios, me parece que es importante desde
el punto de vista de la capacidad de la regulación de nuestro
sector y de la regulación de las funciones que este sector
realiza en la vida económica, social y a la protección del
suelo en muchas regiones españolas.
Pero que reconozca que la reforma es necesaria, no significa
que el Gobierno vaya a aceptar cualquier tipo de reforma, y,
en este sentido, quiero reiterarles una vez más nuestra firme
oposición a la propuesta de la Comisión en su redacción
actual. La postura española ha sido expuesta muy claramente en
los diferentes consejos de ministros y a la Comisión Europea.
Nuestro rechazo sustancial se basa en que consideramos que los
excedentes vínicos del mercado deben considerarse como
excedentes comunitarios, como ocurre en las organizaciones
comunes de mercado del resto de los productos agrarios,
mientras que la propuesta de la Comisión equivale a adjudicar,
al menos parcialmente, a cada Estado miembro sus propios
excedentes y, por tanto, su propio ajuste.
Por otra parte, como también ocurre en el resto de las
organizaciones comunes de mercado, las actuaciones de
regulación del mercado y de los ajustes
estructurales correspondientes deben financiarse íntegramente
con cargo al presupuesto comunitario, y no cofinanciados por
los Estados miembros, como propone la Comisión. En este
sentido, pedimos que se cumpla el compromiso del Consejo
Jumbo, del 20 de septiembre de 1993, en lo que se refiere a
que las reformas de las organizaciones comunes de mercado
pendientes deben garantizar las rentas agrarias y la
preferencia comunitaria, debiéndose tener en cuenta en dichas
reformas las condiciones y principios agrícolas y financieros
que se han aplicado para el conjunto del sector agrícola y, en
particular, para los sectores ya reformados.
Desde nuestro punto de vista, la propuesta de la Comisión está
planteando un enfoque de ahorro presupuestario que no debe ser
en absoluto uno de los objetivos de esta reforma para un
sector que tiene un coste muy reducido para el presupuesto
comunitario, y esto va a suponer también un elemento de
discriminación en el enfoque de la regulación del sector
respecto de otros sectores.
Asimismo, como saben, estamos en contra de la chaptalización,
que no responde a la definición del vino y no tiene
justificación técnica, ofreciendo además una clara ventaja
económica a quienes lo practican, con efecto sobre el
desequilibrio del sector, agravando este desequilibrio si no
se produce con mosto concentrado.
Por último, a la vista de las medidas propuestas por la
Comisión para la reducción de la producción regional, cosecha
en verde, reducción de rendimientos y arranque, los países del
norte, que tienen rendimientos altos, podrían reducirlos
aplicando simplemente algunas modificaciones en las prácticas
agronómicas; por el contrario, para los países del sur, que
están en el límite más bajo de los rendimientos, el reducirlos
puede suponer siempre medidas de carácter más traumático,
agravado por el hecho de que la compensación prevista por la
Comisión para medidas como la vendimia en verde está
notablemente desequilibrada respecto del arranque, con lo que
se fomentaría este último respecto de esta medida alternativa
para la reducción de la producción de carácter menos
traumático que el arranque que es la vendimia en verde.
Este aspecto del arranque, que es un elemento de la propuesta
de la Comisión, es desde nuestro punto de vista, poco
respetuoso con el medio natural, y siendo la medida más
agresiva contra el mismo, tendría sin embargo una mayor
indemnización que la vendimia en verde. Por el contraio, se
propone mantener la chaptalización que permite el abonado y
los tratamientos intensivos, cuya sustitución por el mo
permitiría mantener cientos de miles de hectáreas de viñedo.
También nos preocupa notablemente que en la propuesta de la
Comisión no se plantee la resolución del problema del precio
de los alcoholes para los sectores del brandy y otros
consumidores de alcoholes vínicos, con lo que no solamente se
corre el riesgo de pérdida de competitividad para estos
sectores sino el riesgo de que con ello se agrave el
desequilibrio entre la oferta y la demanda comunitaria y, por
tanto, se agraven las necesidades de la reducción de la
producción del vino.
Estas son las líneas esenciales de la postura que venimos
manteniendo en los debates comunitarios, que creo responden a
las posiciones que se recogen en la resolución de la Comisión
Mixta que hoy debatimos, que estoy convencido coincide con la
opinión producida en España entre las diferentes fuerzas
sociales y políticas representativas del sector vitivinícola y
con las diferentes instituciones, especialmente con la Mesa
para la defensa de la viña y el vino, plataforma que está
luchando eficazmente en todos los frentes.
Pero me preocupan también no ya los aspectos técnicos de la
defensa, sino algunos elementos de concepción, de espíritu,
que ilustra esta refor una reforma que no da confianza al
sector del vino europeo. El sector del vino europeo, es
cierto, depende fundamentalmente del mercado y de sus
exigencias. Mantener e incluso ampliar el mercado del vino es,
por tanto, fundamental para la continuidad del sector. Y creo
que hay argumentos importantes para apoyar esta acción sobre
el mercado. El vino como producto natural, el vino como
elemento fundamental de nuestra cultura y de nuestra
tradición, el vino, que forma partede nuestra dieta
alimentaria mediterránea, es también un componente saludable
consumido en cantidades moderadas. Creo que cuestionar estos
conceptos es hacer un daño irreparable a nuestra producción.
Por ello, considero conceptualmente peligroso el que el
incremento artificial con sacarosa de grado alcohólico rompa
estos conceptos de vino como elemento saludable de nuestra
dieta o vino como producto natural. Por tanto, la
chaptalización no solamente es rechazable desde un punto de
vista material, sino incluso desde un punto de vista
conceptual de lo que significa la defensa de la producción del
vino como un elemento fundamental de nuestra dieta
mediterránea, de nuestra cultura y también, consumido en
cantidades moderadas, como un elemento favorable desde el
punto de vista de la salud. Creo que las soluciones
economicistas que rompan el concepto del vino como producto
natural, el vino como cultura, el vino como producto de
prestigio, deben ser rechazadas de base. El objetivo no está
en ofertar un producto barato, sino en ofertar un producto
natural, con calidad, imagen y prestigio, que responda al
concepto tradicional de nuestra cultura vitivinícola.
Por otro lado, es preciso realizar un ajuste interno entre la
oferta y la demanda, pero basado preferentemente en un
incremento de la demanda, mediante el consumo moderado,
alternativo a otros consumos perjudiciales para la salud,
antes que proceder a un ajuste permanente de la oferta. Para
ello, hay que pelear en
la defensa de los mercados interiores y en la ganancia de los
mercados exteriores, promoviendo el consumo de vino europeo en
los mismos. Ello sólo se conseguirá si la imagen y el
prestigio del vino alcanzan las cotas precisas para poder
incrementar el mercado.
Si verdaderamente queremos ser eficaces defendiendo los vinos
españoles y, en consecuencia, conservar nuestros viñedos,
tenemos que mentalizar a los diversos sectores implicados,
incluido el comercializador y el consumidor, y plantearnos la
producción de vinos de calidad, disminuyendo la producción de
vino común y de vino destinado a la destilación; elaborar
buenos caldos con personalidad, de acuerdo con el gusto de los
mercados regionales y nacionales. La capacidad de acomodarse a
las exigencias del mercado, ofertando productos de calidad,
pero con las características que el mercado demande, dará la
medida de las posibilidades de supervivencia y crecimiento del
sector. Eliminar las trabas innecesarias en las denominaciones
de origen para la elaboración de vinos al gusto del mercado,
siempre que sean de calidad y garantía para el consumidor;
incrementar cada día más la calidad del producto, son tareas
fundamentales en nuestra estrategia de defensa del sector. El
futuro se encamina a gran velocidad hacia el consumo exclusivo
de vinos de calidad.
En España, en mi oponión, es necesaria la modificación en
profundidad del vigente Estatuto de la viña, del vino y de los
alcoholes, acomodando, entre otras circunstancias, la
normativa de las denominaciones de origen a la situación
actual. Es preciso que la nueva OCM sirva para efectuar la
adecuada estructuración del sector, elaborador y comercial,
vertebrando el mismo para poder conseguir la adecuada
competitividad en el mercado mundial. El viñedo español
cumple, además de un sostén económico, un papel primordial en
el mantenimiento del paisaje, así como en la creación de
riqueza y en la ocupación de la mano de obra, que en muchas
zonas no podría ser sustituido por otros cultivos.
Diría que a esta unanimidad de criterios se ha llegado porque
en los países mediterráneos el vino no es sólo un producto
agrario, es una seña de identidad, presente en nuestra dieta
fundamental, en la literatura, en la historia, en la cultura,
en la religión, en las fiestas y en el más hondo sentir de
nuestros pueblos. Además, la presencia de las vides en la
tierra no sólo es un elemento que caracteriza el paisaje de
grandes zonas españolas, es también una garantía de lucha
contra la desertificación y es una garantía de destino
económico y social a unas tierras que, en muchos casos,
carecen de otras alternativas de cultivo.
Por otra parte, también quiero insistir en la necesidad de
defender los vinos comunitarios respecto de los vinos
procedentes de terceros países. ¿Tiene sentido una política
abandonista de la producción comunitaria para hacer hueco a
las importaciones de vinos procedentes de otros países, como
Australi Unidos? Países, por otro lado, con los que
difícilmente puede emplearse el argumento de la necesidad de
ayudar a su desarrollo, países a los que la producción de vino
comunitaria ha enseñado a producir vinos. Es evidente que hay
que insistir en que el principio de la preferencia comunitaria
debe aplicarse también al sector vitivinícola.
Finalmente --como SS.SS. conocen y he recordado al principio
de mi intervención-- los debates están paralizados desde hace
varios meses en el Consejo de Agricultura, sin que se haya
avanzado, ni siquiera en reuniones de carácter técnico, y no
es previsible, en mi opinión, que la actual Presidencia
francesa vaya a activarlos lo suficiente como para que la
propuesta pueda ser aprobada en las próximas semanas. Será por
tanto, previsiblemente, uno de los principales expedientes que
herederá la Presidencia española del Consejo de Agricultura
durante el segundo semestre. Mi intención es activarlos, si es
posible, para adelantar su discusión y conseguir una buena
solución, pero su eventual aprobación no dependerá sólo de la
voluntad de la Presidencia española sino de la flexibilidad
del resto de las delegaciones y muy en particular de la
Comisión Europea.
Aseguro a SS.SS. que no me van a faltar fuerzas ni energía ni
decisión para defender la postura que se contiene en la
resolución que hoy debatimos y exigir las modificaciones
necesarias para conseguir, finalmente, una reforma de la OCM
vitivinícola que sea beneficiosa para los intereses españoles.
En definitiva, puedo asegurarles que en este tema como en los
forrajes de secado, en la reforma del azúcar, en el acuerdo
del tomate y en otros que se están revelando como reformas
aprobadas muy beneficiosas para el sector, nuestros objetivos
específicos van a ser prioritarios y no vamos a supeditarlos a
ningún otro interés.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
Abrimos un debate para fijar posiciones, expresar
observaciones o pedir aclaraciones por parte de los distintos
grupos parlamentarios.
En primer lugar y en nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Permítame una cuestión previa, en estos momentos, sobre todo
teniendo en cuenta la situación catastrófica que estos días
han supuesto para el sector agrario. Quisiera solidarizarme
con este sector que ha padecido y está padeciendo la
catástrofe de la sequía, sobre todo y fundamentalmente el
sector vitivinícola, que estos días también está padeciendo el
desastre de las heladas
en la hortofruticultura y en nuestros viñedos, y, a la vez,
señor ministro, quisiera rogarle que agilice cuanto antes
algunas medidas que palíen estas situaciones.
Señor Presidente, señor Ministro, este debate se celebra una
vez más, a instancias del Grupo Popular, como consecuencia del
último punto de la aprobada el pasado día 14 de noviembre en
la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Nosotros, señor Ministro, discrepamos de usted cuando afirmaba
el pasado 8 de noviembre, y en alguna medida también esta
mañana aquí, que esta demasiado sobre este tema, pues tenemos
constancia de la importancia que los organismos comunitarios
técnicos y políticos, han dado a las múltiples iniciativas y
debates en las Cortes Españolas sobre la reforma de la
organización común de mercado del vino.
Señorías, estamos padeciendo estos días la evidencia de lo que
venimos denunciando desde el Grupo Popular desde hace más de
10 años: que este Gobierno aceptó la entrada de España en la
Comunidad Económica Europea y su posterior desarrollo de una
forma absolutamente humillante para el pueblo español. Hemos
asistido a lo largo de estos diez años al desmantelamiento
industrial, agrario, ganadero y pesquero. Nos han obligado a
pagar durante siete largos años tasas de corresponsabilidad
para pagar los excedentes de cereales, leche, etcétera, que el
resto de los países europeos producían, al tiempo que ustedes
les ponían en bandeja casi el único activo que tenemos los
cuarenta millones de consumidores españoles.
Señor Ministro, como no estamos dispuestos a encontrarnos con
hechos consumados y teniendo en cuenta el comportamiento de
este Gobierno, capaz de firmar la claudicación española y, al
mismo tiempo, empeñarse en vendérnoslo como todo un éxito, a
la vez que asistimos al resquebrajamiento de los principios
básicos de la Unión Europea, donde están primando las
vinculaciones nacionales con terceros países y sus propios
intereses económicos por encima de la solidaridad interna de
la propia Unión, es por lo que pensamos que este debate es
absolutamente pertinente y oportuno para que se pronuncie una
vez más, y espero que de forma unánime, la soberanía nacional,
recordándole al Gobierno de España que hasta aquí hemos
llegado, que no estamos dispuestos a otra humillación, que
tenemos la fuerza de la razón, que, por tanto, usted no está
autorizado a firmar esta reforma u otra parecida, ni siquiera
a cambio de cuatro pesetas más por hectárea de arranque de
nuestras viñas; que el Gobierno español y su Presidente están
obligados a cumplir los acuerdos adoptados por la soberanía
nacional que representa esta Cámara.
Señor Presidente, señorías, dado el escaso tiempo que tenemos
para este trascendental debate, voy a referirme a los aspectos
más llamativos y que más evidencian el alto grado de cinismo y
humillación que pretenden imponernos los dirigentes de los
países supuestamente amigos y socios de la Unión Europea.
Nosotros decimos que sí es necesaria esta reforma, que es
imprescindible esta reforma, que la actual reglamentación de
la Organización Común de Mercado del vino no es nuestra, no se
hizo para nosotros que se elaboró en el año 1984 para los
miembros de la Comunidad Económica Europea, a la cual no
pertenecíamos, y, por tanto, dada la trascendental importancia
de España en el sector vitivinícola europeo, es imprescindible
y urgente reformar la actual Organización Común de Mercado del
vino, pero al mismo tiempo es absolutamente inaceptable,
absolutamente infumable la actual propuesta de reforma de la
Organización Común de Mercado del vino, que se basa como única
filosofía en definir que existen 194 millones de hectolitros
de vino de producción en la Comunidad y un consumo, entre
comillas, por todos los conceptos en torno a los 154 millones
y que, en consecuencia, sobra y hay que destruir cuarenta
millones de hectolitros de vino. Esto es todo lo que se les
ocurre a los sesudos dirigentes de la Unión Europea, sobre
todo del centro y norte de Europa.
Pues bien, nosotros decimos que hay otra filosofía, que hay
otra forma de hacer las cosas, que hay otras formas más
progresistas, más imaginativas como es el intentar una
promoción del consumo moderado del vino, que más tarde
analizaremos. Y ¿cómo se propone repartir esa pobreza, esa
miseria, esa destrucción de cuarenta millones de hectolitros
de vino? Señorías, España es el país al que le obligan a
reducir su producción en un mayor porcentaje, un 21 por ciento
î--al resto de los países se les aplica una reducción menor--,
a pesar de que somos el primer país del mundo en superficie
dedicada a la viticultura y, sin embargo, el tercero en
producción. Algo querrá decir, algo estaremos haciendo
nosotros en favor de la calidad y en favor de una producción
en extensificación.
Esta reforma no cumple para nada la filosofía y los principios
básicos en que se ha fundamentado el resto de las reformas de
los productos continentales establecidos en la reforma de la
PAC; no cumple para nada los acuerdos que se adoptaron en el
Consejo Jumbo, al que ha hecho mención el señor Ministro de
Agricultura como son los principios de garantizar las rentas o
la preferencia comunitaria. ¡Ya es un sarcasmo hablar en la
Comunidad Económica Europea de preferencia comunitaria, señor
Ministro, porque no aparece por ningún lado, no aparece en
ninguno de los documentos! No hay preferencia comunitaria,
como vamos a ver también más adelante, y es un principio del
Tratado de Roma de obligado cumplimiento.
Nosotros, señor Ministro, producimos la viticultura en
extensificación. Nuestros rendimientos están en 27 hectolitros
por hectárea; en el resto de los países,
sobre todo en el centro y norte de Europa, rondan los 150 ó
200 hectolitros por hectárea. ¿Dónde están esos principios
básicos de fomentar la extensificación en detrimento de la
intensificación de las producciones, que se plasmaba en la
reforma de la PAC y en los acuerdos Jumbo? ¿Dónde está la
solidaridad financiera, la comunitarización de los excedentes
de las producciones, etcétera, que requiere el Mercado énico?
En ningún sitio.
Señor Ministro, las repercusiones, más importantes para
nuestro país, para España, de la reforma de la Organización
Común de Mercado del vino son catastróficas. Además, señorías,
en España estamos cumpliendo ya los requisistos restrictivos
que plantea la reforma de la Organización Común de Mercado del
vino. Nosotros no regamos los viñedos; ellos sí tienen
autorización parar regar los viñedos, a pesar de su clima más
humedo, y así nos va y así tenemos en estos momentos muchos de
los viñedos, sobre todo de Madrid hacia abajo. Yo los he
visitado este fin de semana y daba pena ver muchas extensiones
de viñedo sin brotar prácticamente. Nosotros hacemos unas
prácticas agronómicas tendentes siempre a la limitación de los
rendimientos. Nuestra densidad de cepas por hectárea es tres
veces inferior a la de la Unión Europea. Señorías, la densidad
de cepas por hectárea en España ronda las 1.500-2.000 cepas,
mientras que en el centro y norte de Europa está entre 4.000 y
5.000. Además nosotros producimos vino natural, señorías y
luego hablaremos de ese tema.
Hemos arrancado, señor Ministro, no 140.000 hectáreas; se han
dejado de producir en España en los últimos diez años en torno
a las 300.000 hec viñedo; unas subvencionadas, a las que se
refiere el señor Misnistro, y otras sin subvencionar. La
realidad cruda y dura es que se han abandonado en torno a
300.000 hectáreas de viñedo en los últimos diez años. ¿Qué
quieren imponernos desde los organismos comunitarios? Ya hemos
cumplido las medidas restrictivas. A nosotros no tienen que
darnos lecciones en estos temas. Tenemos en nuestra
legislación una graduación mínima natural, a partir de los 9
grados, como establece el Estatuto de la viña, del Vino y de
los alcoholes; ellos establecen una graduación en torno a los
5 grados.
Señor Ministro, uno de los problemas más graves que se nos
avecina no es solamente la reforma de la OCM del vino, es el
GATT. Se ha hablado poco de este tema, pero señorías, mientras
en la Unión Europea se quiere arrancar los viñedos,
fundamentalmente los de España, en Australia, en Nueva
Zelanda, en América del Norte y del Sur, en Suráfrica, se
están triplicando las plantaciones de viñedo. ¿Qué política se
está siguiendo en la Unión Europea? Señor Ministro, la Unión
Europea es usted, no le quepa duda, la Unión Europea es usted.
Cuando se sientan los quince miembros allá deciden y usted
asiente o firma. No digamos que la Unión Europea es un ente
abstracto. Es usted, es este Gobierno y es don Felipe González
en las cumbres de Jefes de Estado.
Señorías, nos van a invadir de vino. Hay ya ofertas, a partir
del 1 de julio, a las puertas de la Unión Europea a 17 pesetas
el litro de vino, con un arancel exclusivo del 25 por ciento,
que ustedes han firmado, que ustedes han aceptado. Señorías,
nosotros hemos elaborado una alternativa de cómo entendemos
que debe ser la Organización Común de Mercado en defensa de
los intereses de las producciones españolas y también hemos
elaborado un balance comunitario en el sentido de demostrar, y
lo demostramos, que no habría excedentes de vino en la Unión
Europea aplicando las propuestas que hacemos. Nosotros decimos
«no» a la chaptalización, pero «no» de una forma contundente,
porque en nuestro país se ha dicho en muchas ocasiones por
altos dirigentes que nos dicen que es una cultura y una
tradición; es incierto, por no decir que es mentira. No hay
cultura ni tradición en fabricar brebajes ni en fabricar
vinos. Esa no es una cultura; es una práctica por intereses
exclusivamente economicistas. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular). Eso lo inventó Michel Chaptal hace cien años
aproximadamente para, en cosechas anómalas poder abastecer a
sus mercados. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!). Pero fue a
partir de la Segunda Guerra Mundial cuando...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, vaya
concluyendo.
El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor Presidente.
Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando comenzaron a
fabricar vinos, señor Ministro, y eso le suena mal a cualquier
español. Porque nosotros estamos acostumbrados a elaborar vino
con cultura, a elaborar con cariño el vino en la Península
Ibérica, fundamentalmente desde hace 2000 años. Fue, digo, a
partir de la Segunda Guerra Mundial cuando, por razones
economicistas, empezaron a fabricar ese vino. Porque,
señorías, fabricar un grado de alcohol con azúcar de remolacha
es infinitamente más barato que elaborar un grado de alcohol
con mosto de uva. Y esos son los intereses que están
intentando imponernos nuestros socios de la Unión Europea.
Señor Ministro, aquí tiene una verdadera alternativa con la
que defender los intereses de España y de los españoles ante
la amenaza de desertización, ruina y pobreza que nos quieren
imponer nuestros socios de la Unión. Señor Presidente,
señorías, en los últimos meses he recorrido la práctica
totalidad de las regiones vitivinícolas españolas, he
mantenido multitud de encuentros en reuniones con los
viticultores de nuestro país y puedo asegurarle que estamos
corriendo un grave riesgo, por el rechazo que nuestros
ciudadanos están manifestando a los principios básicos de la
Unión
Europea. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para, a pesar de
todo lo que ustedes están consintiendo con los cereales, la
leche, las fresas, la pesca, las patatas, los espárragos, y
ahora las viñas, convencerles de que no tenemos otro sitio que
la Unión Europea, pero, eso sí, con otra política, con otra
forma más firme y contundente de defender los intereses de los
españoles (Un señor Diputado: ¡Muy bien!) recobrando la
dignidad nacional, señor Ministro, que este Gobierno está
dejando absolutamente pisoteada, siendo el hazmerreír en todo
el mundo, sobre todo después de los últimos acontecimientos.
Señor Ministro, no sabe usted la envidia que tienen nuestros
agricultores de su compañeros ingleses, franceses o alemanes
por cómo les defienden sus respectivos gobiernos. ¿Cuándo el
Gobierno de España, ha ejercido el derecho a veto cuándo en
diez años? Nunca, jamás, no ha encontrado ocasión --el
Gobierno, nosotros sí-- Dígalo esta mañana aquí y comprométase
de verdad a que va a ejercer el derecho a veto, pero dígalo y
que quede escrito, para que luego usted se sienta vinculado
con este Congreso, con la soberanía nacional; que no tenga
siquiera la tentación de firmar la propuesta de reforma de
Organización Común de Mercado del vino...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Voy terminando, señor Presidente.
No tenga siquiera la tentación de firmar este documento que
nos quieren proponer, ni siquiera elevando las primas por
arranque de viñedo, porque nosotros no queremos jubilar a
nuestro sector productivo, no queremos vender nuestra
capacidad de iniciativa, nuestro patrimonio, nuestra cultura
de hace 2.000 años. No queremos convertir a los españoles en
personas pasivas, dependientes de limosnas que caprichosamente
quieran darnos nuestros socios. Queremos y podemos seguir
trabajando nuestras viñas, queremos que los españoles sean
libres, con iniciativas, y dependientes exclusivamente de su
trabajo.
Entre todos tenemos que garantizar el mantenimiento al menos
de nuestra capacidad productiva, señor Ministro. Rechace la
cuota de referencia nacional que nos quieren imponer. Queremos
conservar nuestra capacidad productiva actual, que además
supone el mantenimiento de un preciado patrimonio cultural,
socieconómico y medioambiental. Y, señor Ministro, hay que ser
coherentes. Me parece muy bien que nos haya copiado buena
parte de nuestro discurso, porque nosotros ya venimos hablando
de esto hace dos años y alguna autoridad tenemos en ello, pero
tengan cuidado porque el Presidente de la Asamblea del Consejo
de Europa, que creo que lo conocen y además es miembro de esta
Cámara, acaba de decir que el texto de la reforma de la
Organización Común de Mercado del vino es satisfactoriamente
razonable. Vamos a ver en qué quedamos. Esto sí que es
peligroso señor Ministro: el Presidente de la Asamblea del
Consejo de Europa, conocido en esta Cámara y seguramente
también por usted.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Isasi.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, es cierto que el tema que nos ocupa hoy ha sido
objeto de múltiples debates en esta Cámara, pero me extraña
que no se haya introducido un elemento cualitativo, cual es el
informe Fantuzzi del Parlamento Europeo, que, a nuestro
entender, dificulta todavía más la situación en la que nos
había puesto el primer proyecto de reforma de la Comisión. Si
bien los informes del Parlamento Europeo no son vinculantes,
desde luego pensamos que viene a reforzar una posición de la
Comisión, que, por lo que hasta ahora se ha visto, es
absolutamente contraria a los intereses españoles en el sector
de la viña y el vino. Todo ello se ha producido a pesar de los
esfuerzos de los parlamentarios españoles, que han reflejado a
través de sus enmiendas en el Parlamento Europeo --de todos
los grupos-- esta posición que hemos mantenido con unanimidad,
reforzando la postura del Gobierno para que pueda llevar una
negociación sabiendo que está apoyada por el conjunto de las
fuerzas políticas del Estado español. Sin embargo, ya digo que
estas enmiendas no han sido recogidas, sobre todo las más
esenciales, las que hacían énfasis en los aspectos más
negativos de la reforma.
Nuestros parlamentarios dijeron en el Parlamento Europeo que
estábamos asistiendo, señorías, a una confrontación norte-sur.
Efectivamente, pensamos y estamos convencidos que así es. Los
países del norte están defendiendo con uñas y dientes sus
intereses a través del procedimiento de la chaptalización, que
incluiría dos aspectos, el de la producción del vino --por
tanto, su venta y comercialización--, pero también el del
sector productor de azúcar de remolacha, que incorpora a ese
proceso 800.000 toneladas. Por otra parte, los países del
norte no productores están defendiendo una postura de recorte
del gasto agrícola comunitario, una vez que sus organizaciones
comunes de mercado, las que hacen referencia a cereales,
vacuno, etcétera, ya están dotadas con la suficiente
financiación comunitaria.
Efectivamente, señorías, todas las organizaciones comunes de
mercado reformadas hasta el momento han
sido financiadas al cien por cien por el FEOGA-garantía, y la
reforma que se nos propone supondría, al final de la misma, no
un incremento de la financiación sino un recorte del gasto,
del esfuerzo presupuestario de la Unión Europea en un 76 por
ciento. Nos parece, señorías, que esto es absolutamente
escandaloso e inadmisible. El Comisario Fischler dijo que ya
sabía que algunos no iban a estar contentos con lo que de allí
saldría, pero que estaba condicionado por la partida
presupuestaria. El Comisario Fischler estaba condicionado por
la partida presupuestaria, pero todavía lo estaba más, y eso
debería ser recordado por el señor Ministro, por los
acuerdos --como usted ha recordado hoy, señor Atienza-- jumbo
en los que se comprometía la Unión Europea a dotar de los
mismos mecanismos y de los mismos medios para estas reformas
de los productos meridionales. Señor Ministro, todos hemos
reconocido en los distintos debates que ha habido la necesidad
de la reforma de la OCM del vino y de la reforma de frutas y
hortalizas; pero una reforma en condiciones, una reforma
justa, una reforma que respete los principios básicos de la
PAC: unidad de mercado, preferencia comunitaria, solidaridad
financiera, fijación de la población en el medio rural y
respeto hacia el medio ambiente. Ninguno de estos principios
comunitarios los cumple esta propuesta de reforma de la OCM
del vino. Es más, se recurre a una interpretación arbitraria
de la subsidiariedad con el único fin de recortar el gasto en
el sector vitivinícola, cuando al mismo tiempo vemos que se
están incrementando los gastos en los sectores de los
productos continentales. Esta reforma, señorías, de ser
llevada adelante de esta manera, va a incidir muy
negativamente en el incremento de los desequilibrios estatales
y regionales. La reforma no podemos decir que sea de una
organización, no podríamos hablar ni de organización, porque
una vez que se produce el abandono, no hay ningún instrumento
para regular los mercados. No es común, porque no se
estatalizan los excedentes ni las medidas. Los Estados más
ricos del norte van a tener más posibilidades para hacer una
aplicación laxa de los aspectos más negativos de la reforma,
cosa que el Estado español no podrá hacer.
Las consecuencias de esta reforma, señor Ministro, señorías --
lo sabemos bien--, significarían el arranque de 340.000
hectáreas de viñedo, la pérdida de 30.000 empleos directos,
1.200.000 jornales de campaña, y se verían afectadas 100.000
explotaciones. Hemos tenido recientemente guerras, y las
estamos teniendo en esta Cámara, en las que nuestro Grupo se
ha posicionado, las hemos defendido con mucho ardor, han
tenido mucha repercusión a nivel de los medios de difusión
nacionales, pero de aplicarse esta reforma, tendría unas
consecuencias todavía más negativas.El portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra le ha recordado que este no
es un episodio aislado. de un acceso a la Unión Europea en
unas condiciones nefastas, negativas, que se manifestaron en
un principio en algunos productos, como podían ser los
productos lácteos, pero que ahora se ven reflejadas en otros
que son de importancia vital para la economía de nuestro país.
Yo quisiera pedirle señor Ministro, porque nos consta que
ahora mismo estamos en un momento en que el Consejo no dice
nada, pero hay unas conversaciones bilaterales, sin entrar en
las profundidades de las mismas --porque entiendo que usted
debe tener una cierta capacidad negociadora--, que nos diera
su impresión sobre dichas conversaciones.
El ponente del PDS, Fantuzzi, en el Parlamento Europeo hablaba
de la dificultad de poner de acuerdo a la «Europa de los mil
vinos». Yo creo, señor Ministro, que usted tiene la obligación
imperiosa de explicar al Diputado Fantuzzi que, si es cierto
que estamos en la «Europa de los mil vinos», también lo es que
estamos en la Europa de la única política agraria común y que,
por tanto, habrá variedad de especies, de comercializaciones,
de productos, pero lo que es cierto es que para no producir
una discriminación absolutamente injusta con los intereses
españoles se tienen que aplicar los principios para una única
política agraria común, que no sea beneficiosa para los países
del norte y perjudicial para los países del sur.
Yo quiero encarecerle para que esto no se convierta en un
episodio del «Fletán 2». Yo reconozco su firmeza hasta el
momento, tiene el apoyo de toda la Cámara, el apoyo de todos
los grupos parlamentarios, pero que esto no sea otro episodio
como el que recientemente nos ha tocado vivir en esta Cámara,
porque después usted igual se echa para atrás en la mayor
parte de los puntos que hemos aprobado en la última resolución
de la Comisión Mixta y al final dice que es el acuerdo
razonablemente posible e intenta además hacernos comulgar con
ruedas de molino. Sepa, señor Ministro, que eso no se va a
producir.
Me ha reconfortado saber que usted está dispuesto a aceptar el
punto número ocho de la propuesta de resolución aprobada en la
Comisión Mixta para la Unión Europea, en el que se compromete
a ejercer todos los mecanismos que el Tratado de la Unión pone
en nuestras manos, y especialmente el compromiso de
Luxemburgo. Para defender esta propuesta de resolución, que
agrupa la voluntad de todos los partidos de la Cámara y que
representa realmente la necesaria defensa de los intereses
españoles, señor Ministro, usted tendrá el apoyo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Espero que no vuelva a
defraudarnos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente,
señoras y señores Diputados.
Gracias, señor Ministro, por su participación en este debate,
ya que nos era imprescindible recibir de usted la información
más actualizada y las precisiones que nos ha hecho, con las
que coincidimos en general y prácticamente en su totalidad,
incluso en la necesidad de que exista una OCM, pero siempre
hemos dicho que no es esta nuestra OCM o que, si tiene que ser
ésta, ha de ser manifiestamente mejorada.
El Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se
reafirma en este momento en todas y cada una de las
resoluciones que respecto al proyecto de reforma del
reglamento de la Organización Común de Mercado Vitivinícola
hemos apoyado en este Congreso, tanto en el Pleno como en las
distintas Comisiones, resoluciones aprobadas por unanimidad
por todos los grupos parlamentarios para proporcionar, entre
otras cosas, al Gobierno un sólido apoyo que le reforzara para
oponerse radicalmente al proyecto de OCM del vino, acuerdos
que reflejan también la unanimidad de las posiciones de todo
el sector y del conjunto, espero --sabemos seguro--, de la
sociedad española.
No existe ni una sola razón para modificar nuestra posición,
pero sí que existe una razón por la que este debate no sea una
reiteración más de los muchos que hemos realizado desde que se
conoció el primer documento de reflexión, porque se han
producido recientemente declaraciones del nuevo comisario de
Agricultura, Franz Frieschler, y acuerdos a nivel comunitario,
concretamente en el Parlamento Europeo, que, aunque no sean
vinculantes para la Comisión, pueden conducir a una redacción
de la reforma de la OCM muy negativa para los intereses de
nuestros viticultores y en general de nuestra viticultura. De
acuerdo con esa posibilidad, consideramos que es alarmante el
hecho de que de momento hayan prosperado las tesis de los
viticultores centroeuropeos de legitimar la chaptalización
añadiendo azúcar de remolacha a los mostos como procedimiento
natural para mejorar la calidad de los vinos y de que el uso
de los mostos concentrados sea considerado como un método que
altera las características de las, según parece, excelsas
producciones de vino, tal como diría el compañero del Partido
Popular, señor Isasi, brebajes de regiones cuyo grado
alcohólico natural puede ser de 6 grados, aproximadamente el
que tienen las cervezas. Esta chaptalización supone en la
Unión Europea una sobreproducción anual de 20 millones de
hectolitros, aproximadamente igual a la cantidad en que se
estima excedentaria la Unión Europea. Esto obliga a la Unión
Europea a mantener como principal objetivo de la OCM la
reducción de excedentes mediante el procedimiento estructural
de arranque de viñedos y dejando a los demás de vendimia en
verde y destilación para ser usados coyunturalmente tan sólo
en añadas de sobreproducción. Desde esta premisa, el dictamen
del Parlamento Europeo rechaza por insuficiente cualquier otro
método de disminución de excedentes, por ejemplo, los de
fomento de la calidad, promoción del consumo o incremento de
la demanda, acompañado todo ello de la reducción de impuestos.
A partir de la asignación de cantidades nacionales de
referencia, se asignarán en un plan quinquenal --dice el
informe-- las superficies de arranque de viñedos a cada
Estado, que, a su vez, las distribuirá por regiones, según
planes regionales, en los que se valorará el autoconsumo y --
cosa curiosa-- las salidas comerciales de los vinos de la
zona.
Por otra parte, no vemos ningún respeto por parte del dictamen
por nuestra reivindicación del hecho de que el sector
vitivinícola de nuestro país significa mucho más que el sector
importante de la economía agraria al que no se le pueden
aplicar drásticas reducciones sin que ello afecte
irreversiblemente a la estructura social del medio rural. No
vemos tampoco ninguna sensibilidad por la legitimidad
histórica de un cultivo ancestral en nuestro país ni por las
consecuencias ecológicas que significaría el abandono seguro,
si prosperan estas orientaciones del Parlamento Europeo, de
muchas explotaciones y cuyo destino fatal será la
desertización, porque la única alternativa al aprovechamiento
de estas tierras compatible con la reforma es la
reforestación, y ésta, en la mayoría de las zonas, será
imposible implantarla.
En su concepción actual la reforma sigue favoreciendo
descaradamente los intereses de la viticultura centroeuropea y
discriminando a los paíse especialmente a España por ser el
primer país de la Unión Europea y también del mundo entero, en
superficie destinada a cultivo de viña. Nuestro Grupo entiende
que debemos seguir defendiendo si fuera necesario lo que queda
por demostrar: que la disminución del potencial productivo
comunitario es necesaria. Si se produjera esta demostración,
deberíamos empezar por reducir los rendimientos más altos por
hectárea antes de hacerlo con las superficies, antes de
arrancar una sola cepa, pues en España el rendimiento medio
nacional por hectárea está en menos de la mitad de la media
europea, lo que en este cultivo, diferente de otros, es
sinónimo de calidad. Además, si en el momento de la firma del
Tratado de Adhesión España se vio forzada a aceptar razones de
calidad y de adaptación al clima para limitar nuestras
producciones, por ejemplo de cereales, leche y carne, para
absorber los excedentes de la Europa continental, ahora es
obligado estar a la recíproca y exigir que sean respetadas las
producciones de vino de nuestro país, también por razones
históricas, climáticas, sociales y de mejor calidad natural.
Por todo ello, este Congreso debe seguir manteniendo la
exigencia al Gobierno para la que tendrá nuestro apoyo
unánime, de que defienda la igualdad de trato de esta OCM del
vino respecto a todas las demás, exigiendo la total
comunitarización y solidaridad financiera y rechazando la
cofinanciación, que añadiría todavía más ventajas para los
países más ricos centroeuropeos. Al parecer, en las próximas
semanas se irá avanzando en el proceso negociador ante la
Comisión Europea, antes de que ésta defina y proponga una
determinada redacción de la reforma al Consejo de Ministros. A
nuestro juicio, sería aconsejable la creación de una comisión
de seguimiento del día a día de la negociación en el seno de
la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Para finalizar, quiero recordar que, suponiendo que la
negociación de la OCM no se oriente hacia los contenidos
aceptables para nuestro país definidos en los acuerdos de este
Congreso, existe el mandato para el Gobierno de que éste
aglutine una minoría de bloqueo en el Consejo de Ministros
comunitario, lógicamente entre los países afines a nuestros
planteamientos.
Desconozco, señor Presidente, si en esta clase de debates es
reglamentariamente posible acordar alguna resolución. Si así
fuera, nuestro Grupo a todas las consensuadas en el Congreso
la de rechazar enérgicamente el dictamen no vinculante del
Parlamento Europeo sobre la reforma de la OCM del vino por si
en alguna instancia europea se quisiera tener en cuenta este
dictamen por muy no vinculante que sea.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
La Presidencia le aclara que en este tipo de debates no cabe
la posibilidad de votación de resoluciones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Al Grupo Parlamentario Vasco le parece muy oportuno el
planteamiento que hizo la Comisión Mixta para la Unión Europea
de que el consenso polít allí se alcanzó pudiera ser
revalidado en razón de las consideraciones políticas que
hiciéramos los diferentes grupos de la Cámara, delante del
Ministro y con su participación. Nos congratulamos del alto
grado de consenso que hemos alcanzado sobre esta cuestión.
Señor Ministro, desde nuestro Grupo, y creo que también desde
el resto de los grupos, a la luz de las intervenciones que ha
habido, mantenemos de fondo con el dictamen del Parlamento
Europeo sobre la reforma de la OCM del vino, debido a que está
manteniendo las medidas esenciales y nucleares planteadas con
carácter restrictivo por la Comisión Europea. Estamos de
acuerdo en que el vino forma parte de la cultura española, del
folclore, de la religión, y en que, además de eso, hay
determinadas zonas de la geografía española que no tienen
ninguna otra alternativa más que la dedicación a la actividad
del viñedo, en razón de que las ubicaciones geográficas, la
climatología y las condiciones medioambientales hacen que no
haya otras alternativas agrícolas al arranque de viñedos. Es
evidente que el debate está paralizado en la Comisión Europea,
y obviamente nos encontramos, como en anteriores ocasiones,
con conflictos, que en este caso denominamos agrícolas, pero
que en definitiva son un conflicto político y un conflicto
económico, como ocurre con el tema pesquero, entre países del
norte y países del sur, con diferente configuración de la
agricultura y diferentes intereses económicos, y eso suponeque
las posiciones políticas de ca sean distintas. Nuevamente
vemos cómo el sur, la agricultura española en este caso, el
viñedo español, está en una posición de desamparo, y nos
podemos encontrar nuevamente con una insolidaridad por parte
de otros países de la Unión Europea. Señor Presidente, es
admitido por todos los grupos de esta Cámara que es necesaria
una reforma de la OCM del vino, pues en los últimos años se
han generado excedentes en el mercado vinícola europeo debido
al descenso generalizado de su consumo, lo que hace necesario
equilibrar la demanda y la oferta. Si aceptamos esta premisa
general de actuación, desde el Grupo Vasco en lo que no
coincidimos es en el modelo de reforma de OCM propuesto, que
contiene la obligatoriedad generalizada del arranque de
viñedos y la destilación también obligatoria.
De los numerosos debates parlamentarios habidos en el Congreso
se ha logrado un consenso general y unánime entre los
distintos grupos políticos, lo cual es algo muy destacable y
reseñable.
Si hacemos un análisis de las cuestiones afectadas por la
reforma de la OCM del vino, apreciamos que hemos logrado un
alto grado de consenso político y parlamentario sobre
determinadas cuestiones, en primer lugar, la prohibición de la
práctica de la chaptalización, es decir, el enriquecimiento
artificial del grado alcohólico del vino mediante sacarosa, lo
que está generando verdaderamente excedentes vínicos en el
mercado y produciendo efectos contrarios al reequilibrio, que
es lo que en verdad está persiguiendo el proyecto de reforma.
En el caso de que esta práctica de la chaptalización fuera
prohibida, estamos de acuerdo en que, de manera inmediata y
por carácter transitorio, se haga obligatoria la
identificación de las botellas de vino de origen nórdico con
la nota de que el vino está enriquecido con sacarosa. Es
necesario que se logre el establecimiento de que la producción
de vino en estado natural se acerque a los 9 grados que fija
la normativa espeñola, y que en
los casos en que sea necesario el enriquecimiento para
alcanzar el grado alcohólico necesario, se utilice la mezcla
con el mosto concentrado y no la práctica de la
chaptalización. Así lo ha expuesto con claridad el Ministro,
porque ello, evidentemente, supondría aprovechar una técnica
para reducir excedentes vínicos.
Utilizaríamos el mosto concentrado para ayudar a alcanzar el
grado suficiente de alcohol. Aquí nuevamente podemos
encontrarnor con intereses economicistas contrapuestos, el
norte contra el sur. También se ha dicho por la portavoz de
Izquierda Unida, con la que estoy de acuerdo, que hay
intereses de los productores y comercializadores del azúcar y
nos encontramos en una posición política distinta, pero aquí
sí que es necesario que el Gobierno tenga firmeza, apoyo
parlamentario y político para defender con tesón y seriedad
tal cuestión en el ámbito de la Unión Europea.
En segundo lugar, es necesario que las medidas estructurales y
de reducción de la productividad de arranque de viñedos y de
destilación obliga financiadas íntegramente por el Feoga, es
decir, por el presupuesto de la Unión Europea, tal y como ha
ocurrido, y se ha dicho por otros portavoces, en distintas
reformas de organizaciones comunes de mercado.
Esta reforma de la OCM del vino debe tener el mayor grado de
comunitarización de las medidas de regulación del mercado,
pues es ésta la filoso persigue la PAC, ya que, en definitiva,
detrás de la PAC nos encontramos con esa materia que es la más
comunitarizada desde el año 1957 junto con la política
pesquera común, aunque ésta gradualmente ha ido adquiriendo un
grado de comunitarización. Por lo tanto, las autoridades
comunitarias deben tener una correspondencia, una
cohonestación con lo que es la política agraria comunitaria,
materia esencial, nuclear y eje central de la integración
económica y política europea y fundamento de su creación en
1957. Lo contrario sería una ruptura de una de las esencias
que personaliza y que le da ese matiz de ser la materia más
comunitarizada de la Unión Europea dentro de las diferentes
esferas de actuación política y competencial del ente Unión
Económica y Política Europea.
En tercer lugar, señor Presidente, estamos de acuerdo también
con que las producciones nacionales de referencia se realicen
sobre la base de c producciones históricas, potencial
alcohólico natural, así como el esfuerzo de reducción de la
superficie vinícola efectuado en España. Hay que tener en
cuenta que en el período 1989-1993 en España se ha efectuado
una reducción de superficie de 130.000 hectáreas, a diferencia
de otros países, como Francia, que ha reducido 70.000
hectáreas, y Alemania solamente 600.
En cuarto lugar, consideramos que el Gobierno central debe
utilizar esa máxima firmeza que le han pedido el resto de los
grupos parlamentarios discusiones a desarrollar en el Consejo
de Ministros de Agricultura europeo, reservándose, como se ha
dicho también por el portavoz del Grupo Popular, señor Isasi,
la facultad de ejercer el veto, tal como quedó recogido en el
contenido del Acuerdo de Luxemburgo.
En quinto lugar, señor Ministro, desde el Grupo Vasco
solicitamos al Gobierno que defienda en la Unión Europea la
exclusión de las reseñadas medidas estructurales, la reducción
de la productividad, el arranque de viñedos y la destilación
obligatoria a los vinos de calidad. Hay que llegar a un
acuerdo sobre esta cuestión, bien a nivel europeo bien a nivel
interno español estatal, porque el vino de calidad no está
generando excedentes en el mercado, puesto que su consumo se
está efectuando totalmente, y así está ocurriendo --lo ha
dicho también el señor Isasi--tradicionalmente con el vino de
La Rioja.
En este sentido, desde el Grupo Vasco propondríamos que, bien
en este proyecto de la OCM del vino o bien en la
reestructuración de esa política, de ese proyecto europeo a
nivel estatal, se efectuara una lista de aquellos vinos
excluidos de la reestructuración, siempre que cumplan el
requisito, estar amparados por los máximos distintivos de
calidad dentro de cada Estado miembro. Así ocurre, por
ejemplo, con la denominación calificada del vino de La Rioja.
El Gobierno central ha otorgado un determinado «status», un
determinado régimen jurídico, una determinada protección a una
producción vinícola española que es la de La Rioja, y ese acto
del Gobierno, adoptado hace muchos años, tiene unos efectos
políticos, jurídicos y económicos. En definitiva, es el mismo
Gobierno el que estableció un régimen económico-jurídico para
una producción vinícola española al otorgarle dentro de las
diferentes clasificacionesde los vinos españoles, en primer en
segundo lugar, las denominaciones de origen restantes y, en
tercer lugar, el vino común o de mesa. Por tanto, ese régimen
debe tener una trascendencia, algún efecto, porque fue el
mismo Gobierno, repito, el que ha aprobado este sistema de
funcionamiento interno español de la calificada del resto de
las denominaciones de origen y del vino común.
Señor Ministro, también le indicaríamos que estos vinos que se
obtienen en regiones agrícolas que no hayan recibido en los
últimos años ayudas para la reestructuración, deberían quedar,
de alguna manera, mitigados de esa política de arranque, de
reestructuración de productividad y de destilación
obligatoria. Es decir, que aquellas producciones vínicas que
no estén afectadas por medidas comunitarias y ayudas de
reestructuración, pudieran quedar excluidas. Y, finalmente,
que los productores de estos vinos renuncien a cualquier tipo
de ayuda pública, sea autonómica, estatal o europea, durante
los próximos cinco años. Esta solución, bien se adopte en el
marco de la reforma de la Organización Común de Mercado del
vino a nivel europeo o bien a nivel estatal, creemos que es
una actuación
sensata y racional para poder llegar a un equilibrio, en la
medida en que los excedentes no se están produciendo por
determinados vinos, sino por otros.
En este sentido, y para la actuación en esta medida, nosotros
definiríamos como región vitivinícola aquella zona geográfica
que presente características homogéneas desde el punto de
vista del suelo, desde el clima, de métodos y tradiciones de
explotación y elaboración. Así lo ha expuesto también
pormenorizadamente el señor Isasi en relación al vino de La
Rioja.
Por último, señor Ministro, desde el Grupo Vasco, y en
relación al equilibro del mercado, defendemos la necesidad de
actuar en un doble sentido. En primer lugar, mediante la
puesta en marcha --esto se ha dicho también-- de una política
de promoción del consumo moderado del vino, de las virtudes
dietéticas que el mismo tiene, del valor histórico-cultural,
de la trascendencia económica y social que tiene en muchas
regiones españolas sin alternativas respecto a ello y de la
protección medioambiental que supone que el agricultor se
dedique a la plantación del viñedo.
En segundo lugar, es necesario, también, señor Ministro --y
nuevamente apelamos a la solidaridad europea-- que haya un
marco europeo homogéneo al tratamiento fiscal. El régimen de
gravamen fiscal tributario, las accisas que se establecen por
parte de los países nórdicos, están impidiendo que haya una
comercialización y un consumo de vinos equilibrado. Es un
producto carísimo, un producto muy oneroso, un producto que no
está al alcance del consumidor nórdico ordinario y que, en
definitiva, está originando un tráfico subrepticio, un tráfico
fraudulento, un tráfico ilícito. Ahí, la Unión Europea, la
Comisaría de la Fiscalidad, debe tender a una homogeneización
del tratamiento fiscal que se le da al vino. Este Grupo
Parlamentario cree que hay que proceder a una reducción
importante de los impuestos especiales que tienen los países
nórdicos y de esa estrategia de impedir el consumo y la
comercialización ordenada que el mercado por sí mismo
produciría y que se está impidiendo repito, por países
nórdicos de la Unión Europea.
En definitiva, este es el planteamiento de nuestro Grupo
Parlamentario. Estamos de acuerdo con la filosofía y el grado
de consenso que hemos alcanzado y, señor Ministro, usted va a
tener nuestro apoyo, y creo que también del resto de los
grupos, para defender este tema con firmeza y con tesón. Y si
en el último momento es necesario utilizar las medidas del
compromiso de Luxemburgo, que se utilicen, porque esta Cámara
lo va a solicitar y va a tener ese respaldo político.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la
palabra.El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Coalición Canaria fija su posición en este debate
partiendo, fundamentalmente, de la valorización política que
queremos dar al mismo. En primer lugar, queremos, desde aquí,
ofrecer un testimonio de solidaridad con todos los grupos
parlamentarios que también han suscrito la resolución de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea del
pasado mes de noviembre. Esa solidaridad significa,
igualmente, dar un impulso, un acicate al Gobierno como
negociador en el seno de la propia Unión Europea, de la que
forma parte, de lo cual queremos hacer aquí una primera
valorización política. El Gobierno español tiene que sacar
todo el partido posible de este acuerdo parlamentario que se
lleva, que es una gran baza política para neutralizar la que
le están poniendo y le van a poner encima de la mesa: el
desdichado acuerdo --dicen que no es vinculante, pero esas
cosas vinculan demasiado-- del Parlamento Europeo. Por tanto,
expreso aquí, como portavoz de Coalición Canaria, nuestra
disconformidad, nuestro contundente rechazo al lamentable
acuerdo del Parlamento Europeo. Si a ustedes, a los
negociadores españoles en el seno de la Unión Europea, les
ponen por delante ese acuerdo, expongan el adoptado
unánimemente en nuestra Comisión y en nuestro Parlamento. No
hay ninguna duda, y menos para Coalición Canaria, de que es
necesaria una organización común, una OCM del sector
vitivinícola, como en el sector hortofrutícola o en cualquier
otro, y lo decimos desde la satisfacción y comodidad con que
nos encontramos en Canarias, señor Ministro --y usted es
testigo de excepción, lo quiero reconocer aquí--, con la OCM
del plátano, que ha resultado una experienc se negoció bien
por España y, en su momento, por la Unión Europea, y en
coordinación con la Consejería de Agricultura, con el Gobierno
autónomo de Canarias, contando con el apoyo de todas las
fuerzas políticas del archipiélago. Desde esa perpectiva,
desde esa posición, vamos a ver si consiguiéramos una OCM del
mercado vitivinícola que, al menos, se pareciera a la OCM que
tenemos en el mercado del plátano y no sufriéramos ninguna
contradicción.
Voy a ser restrictivo en cuanto a determinados juicios, que
suscribo, de los oradores que me han precedido en el uso de la
palabra como portav grupos, porque, verdaderamente, el
documento borrador de la reforma que se pretende hacer del
mercado vitivinícola nos permite calificarla de salvaje y de
auténtico despropósito, carente de la más elemental
objetividad de tipo técnico, de cualificación profesional de
lo que se está analizando.
Se nos dice que hay un excedente aproximado de 40 millones de
hectolitros, pero esa cifra no puede admitirse por la parte
española si no se dice cuál es la procedencia
y la calidad de esos hectolitros. No estamos hablando de un
café con leche genérico, sino de una amplia variedad de vinos;
dentro de esos 40 millones de hectolitros, lo mismo se meten
vinos que tienen más de nueve grados de riqueza alcohólica,
que vinos que estén en niveles nórdicos o europeos medianos,
de cinco grados, que hectolitros de procedencia desconocida,
vía la chaptalización. Como usted bien conoce, señor Ministro,
ahí se meten hectolitros de viñedos europeos con riego. Muy
bien, pero si hay una parte que afecte a España de vino de
producción española, que se diga que está en la franja de más
de nueve grados, que se diga que está en la franja de la
sequía permanente de nuestro territorio y de las prácticas de
cultivo de nuestro viñedo, cuya legislación no nos admite ni
permite el riego de los mismos. Por tanto, no se le puede
después imputar a España, a la producción vitivinícola
española, su porcentaje de esos cuarenta millones de
hectolitros en una cifra desproporcionada que no tenemos. Creo
que es una buena pauta, señor Ministro, tanto los ocho puntos
que acordamos fundamentalmente en los dos apartados de nuestra
resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión
Europea sobre el tema agrario, como hacer esto compatible con
los principios que han inspirado su intervención esta mañana,
que yo suscribo y apoyo.
Usted ha dicho dos cosas importantes que quiero destacar. En
primer lugar, si ellos quieren basar fundamentalmente esta
política en el arranqu ha dicho que es la práctica más cara,
la subvención será también la máxima. Nosotros tomamos el
acuerdo, en el punto segundo de nuestra resolución, de que la
financiación de las medidas estructurales y de regulación del
mercado sean financiadas al cien por cien por el Feoga-
Garantía. A ver qué dicen.
Usted también ha señalado los perjuicios que se van a derivar
de un sacrificio salvaje en el viñedo español, por infringir -
-como bien ha indicado la portavoz del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya-- todos los principios
comerciales, económicos, de política social, poblacional,
ecológica o de medio ambiente, de la Política Agrícola
Comunitaria tradicional que arranca desde el Tratado de Roma.
Usted no va a aplicar ese hierro candente, esa auténtica tala
y erradicación de dejar desertizados unos territorios de
producción agrícola en España que no tienen alternativa. No es
fácil ni la alternativa forrajera, ni la de un cultivo de
sustitución por el tipo de tierra, por el tipo de climatología
que tienen muchas zonas vitivinícolas españolas. Pues mire
usted, ahí está la cartera, señores de la Unión Europea
nórdica, del Feoga-Garantía para que apliquen en este tema: lo
que alto vale, alto me cueste.
Quiero señalarle, señor Ministro, un problema para defender
por parte de todos los instrumentos diplomáticos, políticos y
negociadores españoles en el marco de la Unión Europea para
contrarrestar ese desafortunado acuerdo del Parlamento Europeo
y lo que se nos quiere aplicar en el borrador del nuevo
reglamento de la OCM. Y me voy a basar también en una frase,
señor Ministro, que usted ha dicho y que tiene, para nosotros,
gran razón. Usted se pregunta: ¿tiene sentido reducir la
producción de vino europeo para favorecer la importación de
terceros países? Este es un gran argumento por dos razones, no
solamente por la que usted ha aducido, por ser perjudicial al
consumo de su propio vino por el mercado interior europeo,
sino fundamentalmente porque hay una cuestión de valor en todo
mercado de productos alimenticios, que es el gusto del
consumidor. Es tremendamente peligroso introducir nuevos
productos de consumo que desvíen el gusto del consumidor,
cuando hemos estado defendiendo aquí prácticamente todos los
oradores y los que falten por venir, porque lo tenemos
suscrito en el documento, la vinculación de nuestros vinos con
la dieta mediterránea como una valoración cultural. En cuanto
demos paso a productos que acostumbren al paladar del
ciudadano, que desvíen un segmento del mercado, es muy difícil
recuperar el que perdemos.
El redactor europeo, por ponerle un nombre y no llamarle de
otra manera, no puede hace omisión del derecho y del principio
de la preferencia c porque como bien han señalado otros
portavoces que me han precedido, parece que hasta han borrado
la referencia a la preferencia comunitaria. Y es uno de
nuestros derechos básicos, fue uno de los derechos que se
invocaron en esta Cámara en la segunda legislatura, cuando en
el año 1985 debatíamos el ingreso de España en la, entonces,
Comunidad Económica Europea, para tener una garantía y decir
qué pasa con lo que vamos a producir en competencia. Da la
sensación de que aquí el redactor de este auténtico bodrio
trata mejor a países de Africa, del Caribe, del Pacífico, de
la ACP, en la importación de productos agrícolas que a los
propios productores europeos, en este caso a España, o como le
puede pasar también a Portugal en el mercado vitivinícola.
Señor Ministro, hay que recordarle --porque parece ser que en
el Parlamento Europeo hubo esa sensibilidad-- que aquí sí hay
un argumento que ustedes puedenesgrimir, que es el siguiente:
si preo que no se produzca distorsión, si el mercado del
vino --dice usted-- no da confianza por esta situación, ¿qué
pasa si al reducir nuestras producciones favorecemos
importaciones de terceros países? No solamente se distorsiona
el mercado, sino que se van a acoger estos terceros países a
los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT.
Usted sabe bien, señor Ministro, que cuando se hicieron los
acuerdos, que se firmaron en Marrakech, de la Ronda Uruguay
del GATT, los acuerdos agrarios finales tienen tres bases
fundamentales para todo desarrollo:
la disminución del montante global de apoyo a la agricultura,
los compromisos de acceso a mercados y la disciplina en
materia de subvención a exportaciones. Lo único que nos falta
hoy aquí, con lo que se ha escuchado, es que vinos de
producción de terceros países, como los que se han citado,
vengan a sustituir, cuantitativa y cualitativamente, caldos de
alta calidad de producción fundamentalmente española en el
mercado europeo. Vamos a ver si los ministros colegas suyos de
la Unión Europea, que firmaron el 20 de septiembre de 1993 las
conclusiones del Consejo de Ministros de la Unión Europea,
tomaron --y aquí llévese también el apoyo explícito de nuestro
Grupo--, el compromiso de adoptar unas disposiciones
necesarias para garantizar las rentas agrarias y la
preferencia comunitaria. Esos dos principios --rentas agrarias
y preferencias comunitarias-- están en el documento de 1993
del Consejo de Ministros.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, vaya
concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
Señor Ministro, hasta que no se establezca la nueva OCM del
sector vitivinícola no se podrá evaluar la repercusión
completa del acuerdo GATT. Esto es muy preocupante, señor
Ministro, porque si resulta que para saber el grado de
perjuicio que nos puede producir el acuerdo GATT, va a haber
que tener evaluada, aprobada y establecida la nueva OCM del
mercado vitivinícola, apañados estamos si no sacamos una buena
OCM de ese mercado vitivinícola; porque entonces pueden ser
albarda sobre albarda los perjuicios si en la entrada en vigor
de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT hay que favorecer
todas estas importaciones, en territorio de la Unión Europea,
de caldos y mostos procedentes de esas vías.
Por todo lo demás, y para terminar, por la advertencia que me
señala el señor Presidente, quiero mostrar nuestro apoyo a una
política solidaria, señor Ministro, con la unanimidad de este
Parlamento soberano, que no tiene déficit democrático, como el
otro; aquí no hay déficit democrático, aquí hay unanimidad en
todos los principios de la resolución que adoptamos en la
Comisión Mixta. Esto dicho desde nuestra solidaridad y con la
preocupación concreta del mercado vitivinícola canario, que
usted conoce también, señor Ministro. Ahorase está haciendo
una política de ince política de financiación de estructuras y
de comercialización vía cooperativa, con un fin social
fundamental. Lo hacemos también, como digo, e preocupación y
desde nuestro principio de solidaridad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, debatimos hoy la resolución elaborada por la
Comisión Mixta sobre la reforma del Reglamento de la
Organización Común de Mercados del sector vitivinícola. En esa
resolución se contemplan las bases de lo que todos los grupos
estamos manifestando que deben ser los puntales para la
defensa del sector vitivinícola español; ocho puntos que
asumimos todos los grupos parlamentarios después de oír la
intervención de todos ellos, acuerdo que se adoptó el 14 de
noviembre de 1994.
Unión Valenciana, en esa línea de defensa del sector
vitivinícola, no estando presente en esa Comisión, sí quiere
hoy manifestar y dar su respaldo a esta resolución en defensa
de este sector, que está realmente, por motivos de sequía y de
las recientes heladas y pedrisco, en agonía, y que la OCM, tal
como está en el Parlamento Europeo, puede ser la puntilla a
este importante sector productivo de nuestra agricultura y de
nuestra economía.
Desde hace algo más de un año, los países integrados en la
Unión Europea trabajan y debaten sobre los documentos básicos
que tienen que regir la reforma de la OCM del sector
vitivinícola. Recientemente, a principios de abril, el
Parlamento Europeo aprobó ese informe que, a pesar de no ser
vinculante, tiene que ser considerado por todos los españoles
como inaceptable, y más que una propuesta razonable debe ser
considerada como una propuesta arrasadora porque quiere acabar
definitivamente con las explotaciones agrícolas del viñedo en
todo el Estado español.
Los acuerdos de las diferentes posturas serán los que marquen
el futuro del sector. Por ello, hoy resulta de vital
importancia que todos los grupos parlamentarios cerremos filas
en torno a la delegación española para que presione y se
mantenga firme hasta conseguir un documento que no perjudique
a nuestro sector vitivinícola.
El contenido actual de la OCM del vino es fundamental, porque
va a representar el marco de actuación que va a regir todas
las decisiones que a partir de ahora se tomarán respecto al
futuro del vino y los países productores. Por tanto, no
podemos aceptar el actual estado del documento, ni los
contenidos en él integrados.
No hace falta que le comente, señor Ministro, la situación
actual del sector, puesto que es de sobra conocida; es
realmente agónica. La Unión Europea se sitúa a la cabeza de la
economía mundial en el sector vitivinícola, con un 60 por
ciento de la producción y un 55 por ciento del consumo; por
delante, en orden crecientede producción, de la antigua Unión
Soviética, Argentina
y Estados Unidos. Nuestro país, España, es el primero en
superficie dedicada a este cultivo y el tercero en producción
de uvas y vino. Además, caldos como los de Requena-Utiel,
Rioja, Ribeiro y otras comarcas del Estado español, así como
otras del área mediterráneo, gozan de un prestigio
internacional bien merecido. El sector vitivinícola, al igual
que el resto de los que forman parte de la agricultura, además
de una importancia económica fundamental, tiene una social, ya
que ocupa a muchísimas familias en regiones áridas que no
pueden dedicarse a ningún otro tipo de cultivos. Además, la
importancia histórica y cultural del mismo está fuera de toda
duda, ya que el cultivo vitivinícola se ha ido transfiriendo,
de generación en generación, desde los albores de nuestra
civilización.
Respecto a la importancia medioambiental, como aquí se ha
comentado, hemos de señalar que, según datos del propio
ministerio, por cada hectolitro de vino retirado del mercado
por la vía del arranque se desertizan el triple de hectáreas
en los estados del sur que en los del norte. Las
características propias del sector hacen que en muchas zonas
de nuestro país tenga un marcado carácter de monocultivo. El
sector ha sido uno de los grandes perjudicados por la política
agraria comunitaria en los últimos años, sólo así se explica
que los arranques efectuados dentro del régimen de primas,
régimen de abandono definitivo de superficies vitícolas entre
1988 y 1993, hayan ascendido a 320.000 hectáreas, de las que
130.000 corresponden a nuestro país.<ð Por otra parte, la
discriminación de estos productos también se refleja en la
financiación europea del mismo. De esta manera, el vino, que
representa el 5,4 por ciento de la producción final agraria,
recibe únicamente el 3,2 por ciento de los fondos del Feoga-
garantía, mientras que los cereales y las semillas
oleaginosas, que suponen el 12 y el dos por ciento del
producto final agrario, absorben el 17 y el 11 por ciento de
los fondos comunitarios, respectivamente. En la Comunidad
Valenciana, el sector vitivinícola tiene una importancia
crucial en las zonas de Requena-Utiel, Alicante, Xalo, Lliver,
Teulada, Benissa, Villena, Monovar, Ibi, Elda y Novelda; al
igual que en otras comarcas del Estado español son la
principal fuente de ingresos, por tanto, debemos intentar, por
todos los medios posibles, poner fin a esa situación tan
difícil por la que están atravesando, y esta OCM, como no me
cansaré de repetir, puede ser la puntilla definitiva. Creo que
debemos comentar esta reforma de la OCM propuesta, debatida
recientemente por el Parlamento Europeo y que he considerado
como arrasadora para nuestro sector vitivinícola. Aunque
actualmente la aprobación definitiva, como usted muy bien ha
dicho, está pendiente de que llegue el segundo semestre, sí
que debemos ser conscientes del riesgo que corre el sector de
ponerse en práctica la misma en los términos previstos. La
Comisión Europea pretende, ante los excedentes estructurales
del sector y ante la caída del consumo del vino de 70 litros
«per capita», a principios de los 80 hasta los 30 actuales,
equilibrar la oferta a la demanda mediante la solución de
arrancar los viñedos; pretende disminuir la producción
española a 29,2 millones de hectolitros.
La reforma del vino prevé reducir 1.300.000 hectáreas de
viñedo, 7,5 millones de hectolitros que se cultivan
actualmente en España, a 925.000, lo que conlleva el arranque
de más de 350.000 hectáreas de viñedo, desapareciendo
directamente más de 30.000 puestos de trabajo. De estas
350.000 hectáreas, se prevé en los primeros cálculos que cerca
de 40.000 hectáreas corresponderían a la Comunidad valenciana,
y no estamos dispuestos a tolerar esta salvajada.
De llevarse a cabo, finalmente, la propuesta, en algunas
comarcas valencianas, habida cuenta del carácter de
monocultivo de la explotación vitivinícola, se provocaría una
ruptura de su entramado social, llevándolas a una delicada
situación, y hay que evitar la pérdida de la renta agraria de
los agricultores y el crecimiento importante del paro en este
sector y en muchísimas comarcas valencianas.
Además, al igual que con el sector de frutas y hortalizas, en
la financiación de los costes de la OCM del sector
vitivinícola se propone la pa Estados miembros en la misma,
rompiéndose de esta manera el principio de solidaridad
financiera y agudizándose la discriminación respecto a los
productos continentales, cuya OCM, señor Ministro, corre a
cargo --usted bien lo sabe--, a cuenta de los fondos
comunitarios de manera íntegra.
¿Qué propone Unión Valenciana? Unión Valenciana, asumiendo
íntegramente el acuerdo de la Comisión Mixta y coincidiendo
plenamente con el sentir mayoritario de los grupos de esta
Cámara, propone la eliminación del procedimiento artificial
denominado «chaptalización», práctica habitual en los países
de Alemania, Luxemburgo o Francia, que consiste en la adición
de sacarosa al mosto para incrementar el grado alcohólico de
los caldos, un procedimiento artificial que en nada beneficia
el futuro de los vinos. La eliminación de esta práctica
solucionaría el actual excedente de producción vinícola,
cifrado en 36 millones de hectolitros, ya que la
«chaptalización» es la responsable de una producción de 30
millones de hectolitros de vino. Reivindicamos la etiqueta
identificativa de vino «chaptalizado» o vino enriquecido con
sacarosa, en el caso de que se prevea un período transitorio
para la supresión de la «chaptalización» para estos países del
norte, para que no engañen a los consumidores con un vino de
menor calidad al producido en España y en los países de la
cuenca mediterránea. Dispensación por parte de la Comisión
Europea del trato específico adecuado en aquellas zonas cuya
producción agrícola sea predominantemente vitivinícola, como
es el caso de Requena-Utiel,
en Valencia, o las comarcas del Vinalopó y La Marina, en
Alicante. Reducción de los rendimientos de las producciones
del centro y norte de Europa (el rendimiento neto medio
comunitario se sitúa en 50 hectolitros por hectárea, mientras
que en nuestro país se sitúa en algo más de 25). Promoción del
consumo moderado y del conocimiento y cultura del vino.
Establecimiento de programas destinados a mejorar la calidad y
presentación de nuestros caldos, la mejora de redes de
distribución de nuestros vinos y la búsqueda de nuevos
mercados. También exigiremos la reivindicación de un
incremento en la relación entre la importancia del sector y su
financiación comunitaria y de programas de apoyo al sector,
habida cuenta de la reciente entrada en vigor de los Acuerdos
del GATT. Solicitaremos y exigiremos la financiación del coste
de la OCM, costeada íntegramente a cargo del presupuesto
comunitario, y que en la reforma de la OCM del vino se
contemple claramente su carácter social, cultural, histórico y
medioambiental, y la gran importancia económica que tiene para
nuestro país.
Por ello, Unión Valenciana le pide, como en reiteradas
ocasiones, que, de seguir adelante en el futuro la propuesta
tal como está en estos momentos, nuestro Gobierno ejerza el
derecho de veto. No podemos sacrificar de nuevo a nuestra
agricultura.
Señor Atienza, ruego que me escuche unos segundos, aunque le
interese poco mi postura: ejerza con toda firmeza la opción de
veto en la próxima reunión a celebrar en el segundo semestre
de 1995, en la que se va a decidir el futuro de la OCM del
vino. No más sacrificios a la agricultura española. Tiene
nuestro apoyo en el tema de la OCM del vino. Manténgase firme,
pero no nos defraude como en el tema de la pesca ni como
presumiblemente nos va a vender en el tema de las frutas y
hortalizas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López
Martín de la Vega.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero saludar su participación en este
debate, como hacía el portavoz de Convergència i Unió;
agradecer su firmeza, como hacía la señora Rivadulla,
representante de Izquierda Unida, y mostrarme satisfecho con
la postura de los grupos, como supongo que lo estará el propio
señor Ministro y toda la Cámara, una vez pasada la primera
necesidad de quien se siente en la obligación de adobar con
calificativos gruesos cualesquiera de sus intervenciones,
vengan o no a cuento.A estas alturas d vez más, la unanimidad
de la Cámara en el rechazo a la propuesta de reglamento de la
OCM del vino, y puesto de manifiesto, una vez más, que
mayoritariamente esta Cámara respalda en su postura al
Ministro de Agricultura y por ello al Gobierno Español, hay
pocas oportunidades en este sentido de ser original. De modo
que, por lo menos, intentaré ser breve.
La verdad es que, por ir al grano, con la Comisión, señor
Ministro, señorías, sólo estamos de acuerdo en que es
necesaria la reforma. Por lo demás, sólo encontramos razones
para rechazar la propuesta del reglamento.
La Comisión ha roto en este proyecto de reforma con todos los
criterios que guiaban la reforma de la política agraria común.
Por tanto, para nosotros es imposible aceptar criterios
distintos según la reforma se traten de productos agrarios
continentales o de productos agrarios mediterráneos. Se ha
dicho --ya lo dijeron compañeros nuestros en el Parlamento
europeo-- que ésta es una reforma que defiende exclusivamente
intereses de los países del Norte. Y esto es contraproducente
para la misma reforma. No es sólo que se defiendan aquellos
intereses que cada uno crea y tenga por conveniente en su
situación individual como país, sino que va precisamente en
contra de, por ejemplo, la reducción de excedentes que la
reforma pretende conseguir.
No podemos estar de acuerdo con que al llegar a la OCM del
vino se conculquen los tres principios básicos de la reforma
de la PAC. Esto ni es una reforma que comunitariza los
excedentes, ni tiene en cuenta la solidaridad financiera ni
está a salvo del principio de preferencia comunitaria. Con la
reforma de la PAC se quiso mantener un número suficiente de
agricultores, preservar el medio ambiente, fomentar la
«extensificación» para reducir excedentes y proporcionar
productos de calidad. Es imposible conseguirlo, señorías, si
la unica ocurrencia de la Comisión es potenciar el arranque de
viñedos. Pero el colmo, a nuestro juicio, es que la reforma va
en contra de sus propios criterios y objetivos La potencia de
los intereses de los países del norte hace que se produzca un
desplazamiento del viñedo de su hábitat natural, que no sólo
va en contra del medio ambiente, no sólo tiene problemas
socio-económicos, sino que, también ese desplazamiento del
viñedo de su hábitat natural, que son los países
mediterráneos, contribuye necesariamente a que la demanda sea
menor y, por tanto, el excedente sea mayor.
Pero, para más colmo, pretender reducir el excedente
manteniendo la práctica de la «chaptalización», no deja de ser
sino un sarcasmo, por decir alguna palabra que pueda calificar
este intento; pretender, como digo, reducir el excedente
manteniendo la práctica de la «chaptalización» no deja de ser
sino una paradoja que únicamente responde a intereses no sólo
de países, sino de otros sectores agrícolas o de otros
sectores que deben tener su propia solución en las OCM
correspondientes.
La Comisión, por tanto, debería hacer caso de sí misma y
seguir los criterios que ha seguido en todas las reformas de
todos los sectores que hasta ahora han sido reformados. La PAC
debe seguir basándose en los tres principios básicos: la
unidad de mercado, la preferencia comunitaria y la solidaridad
financiera. Pero nos sorprende, además, que no se hayan dado
pasos en este sentido cuando otras instituciones se han
aproximado a las posturas que este Parlamento, que esta Cámara
y que el Gobierno español defienden. La Comisión de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del Parlamento europeo,
el Consejo de Ministros para los acuerdos del GATT, el llamado
Consejo Jumbo u organizaciones como la Mesa para la Defensa de
la Viña y el vino de España han dejado claro cuáles son los
criterios que deben regir una organización común de mercado
solidaria y eficiente.
No estamos de acuerdo con que se base el ajuste de la
producción únicamente en la disminución de la oferta, sin
incidir en la recuperación de la demanda. Y además, señor
Ministro, señorías, no creemos que la Comisión haga bien las
cuentas sobre el diferencial entre oferta y demanda. Para
empezar, la Comisión no utiliza la misma cifra de previsión de
demanda en todos los casos. Para continuar, en el último
balance provisional que maneja habla de una cifra ya inferior
a los 150 millones de hectolitros que la Comisión prevé como
consumo del año 2000. ¿Qué hubiera ocurrido si ya se hubieran
puesto en marcha las medidas que quiere imponer el reglamento?
Dependeríamos de producciones externas a la Comunidad en cerca
de 30 millones de hectolitros de vino. También hay que incidir
en el lado de la demanda. La armonización fiscal, el
mantenimiento de la vid en su hábitat natural, la potenciación
de la calidad de los vinos inciden sobre la demanda y reducen
también el diferencial entre ésta y la oferta.
Estamos en desacuerdo total con la cantidad nacional de
referencia que se le asigna a España. Volvemos a insistir en
la necesidad de comunitarizar los excedentes, pero, además, la
revisión de la cantidad nacional de referencia propuesta tiene
que tener en cuenta, para aumentarla en el caso de España, que
en los años tomados para hallar la media hemos tenido
condiciones meteorológicas adversas, que nuestras
características agroclimáticas y el valor medioambiental que
el viñedo tiene en amplias zonas de España es superior al de
otras zonas, que la cantidad nacional de referencia debe ser
calculada exclusivamente en base a la riqueza natural obtenida
del viñedo. No estamos de acuerdo con la propuesta de
financiación. Además, creemos que medidas como el arranque
necesitan --como decía el señor Ministro-- de un estricto
control, pero necesitan también de un control disuasorio. Y
entendemos que el control disuasorio únicamente es posible si
se equilibran las primas porarranque de viñedo y las primas
por vendimia en verde, un desequilibrio que sigue provocan a
provocar el desplazamiento hacia el norte del viñedo.
Naturalmente, nos oponemos frontal, total y absolutamente a la
práctica de la «chaptalización», fundamentalmente porque crea
excedentes. No es acuerdo con prácticas que artificializan el
vino, pero que, sobre todo, crean excedentes. No creemos que
una medida que se adoptó coyunturalmente, una medida que se
hizo para campañas deficitarias en extremo, sea una medida que
pueda ser generalizada y, desde luego, no confiamos, en
absoluto, porque se ha demostradoineficaz, en ningún tipo de
control sob por parte de la Unión Europea. Creemos --como se
ha dicho aqui-- que corregir mostos deficitarios únicamente
debe realizarse con mosto concentrado, sobre todo porque evita
los excedentes y porque evita una competencia desleal en el
sector, teniendo en cuenta --y también se ha señalado-- que
hacer un grado con azúcar cuesta dos pesetas y hacer un grado
con mosto cuesta 4,50 pesetas.
Quiero terminar, señor Ministro, animándole en la firmeza,
diciéndole, como prácticamente todos los grupos de esta
Cámara, que detrás de su firmeza está también nuestra firmeza,
que le animamos a ella y que queremos que el Gobierno español
utilice todas las medidas que tenga que utilizar para
conseguir una OCM del vino que no perjudique los intereses de
los viticultores.
Si el compromiso de Luxemburgo es ejercitable cuando una
reforma afecta a los intereses generales de un Estado miembro,
la reforma del vino en España afecta a nuestros intereses
generales. Es verdad que es preferible llegar lo más lejos
posible en la búsqueda de una reforma favorable; es verdad que
hay que matizar porque la reforma es necesaria y porque no se
pueden mantener posturas extremas indefinidamente; pero
también es verdad que necesitamos estar seguros, que estamos
seguros, de que vamos a contar con toda la firmeza posible
precisamente para hacer imposible una OCM como la que la
Comisión nos propone.
Señor Presidente, señorías, señor Ministro, termino diciendo
que esta es la posición del Grupo Socialista, que esta es la
posición que defiendo en nombre de todos y cada uno de los
compañeros de mi Grupo; que hacer banderas de errores o de
falta de información es una manera muy pobre de hacer banderas
y que al Grupo Socialista, hoy dicho por mí como portavoz,
estareforma no sólo no le parece razonablemente satisfactoria,
sino que ni siquiera le parec razonable.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Martín de la Vega.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE PRORROGA LA DURACION
DEL MANDATO DE LOS ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS
CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS (Número de
expediente 121/000091)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar al punto
décimo del orden del día: debates de totalidad de iniciativas
legislativas.
Entramos en la discusión del proyecto de ley orgánica por la
que se prorroga la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, al que el Grupo Popular ha presentado una
enmienda de devolución.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el
señor Ministro de Educación y Ciencia.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme hacer una presentación conjunta tanto del
proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y
el gobierno de lo docentes, como del proyecto de ley orgánica
por la que se prorroga el mandato de los órganos unipersonales
de gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos,
puesto que este último proyecto de ley es consecuencia del
primero.
A lo largo de estos últimos años, el Ministerio de Educación y
Ciencia ha venido desarrollando un ambicioso proyecto que se
recoge en la Ley O Ordenación General del Sistema Educativo,
un proyecto que ha supuesto un importante avance en las etapas
de educación infantil y primaria y un cambio substancial en la
estructura de la educación secundaria y de la formación
profesional, con el fin de ofrecer una respuesta más ajustada
a las demandas sociales. La LOGSE, junto con las medidas
relativas a la nueva estructura y enseñanzas del sistema
educativo, centraba especialmente su atención en su título IV
en las iniciativas que era preciso poner en marcha para
favorecer una progresiva mejora de la calidad de la enseñanza.
La experiencia de estos años de implantación de la reforma ha
permitido comprobar la necesidad de seguir impulsando estas
medidas y de avanzar en algunos ámbitos que exigían nuevas
propuestas.
Con este fin, el Ministerio de Educación presentó en el mes de
enero del pasado curso una publicación titulada «Centros
educativos y calidad de la enseñanza», en la que se exponían
las principales líneas de actuación que la Administración
consideraba básicas para seguir progresando en la mejora de la
calidad de la educación. Este documento suscitó durante todo
el curso un interesante debate, cuyas principales conclusiones
se recogieron en el libro de síntesis que tuve oportunidad de
presentar el pasado mes de enero y que ha servido para definir
de manera más ajustada a las opiniones de los distintos
sectores de la comunidad educativa la posición que finalmente
el Ministerio considera más adecuada.
El proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación
y el gobierno de los centros docentes recoge precisamente las
iniciativas de ma a este objetivo prioritario para el gobierno
de mejora de la calidad de la enseñanza.
Por tanto, señorías, estamos presentando un proyecto de ley
que es fruto del debate del conjunto de los sectores que
componen la comunidad edu desarrollo se llevará a cabo,
igualmente, a través de un diálogo permanente con estos
colectivos sociales. El objetivo fundamental que el Gobierno
persigue al presentar al Parlamento este nuevo proyecto de ley
es mejorar nuestro sistema educativo y, de forma más
específica, la oferta de enseñanza de nuestros centros
públicos. Conseguir un mejor funcionamiento de los centros,
una mejor participación de los sectores implicados y ofrecer
nuevos estímulos que dinamicen y hagan progresar a la
institución escolar es el objetivo del proyecto de ley;
conseguir, en fin, que la sociedad conozca mejor los centros y
se sienta más implicada y comprometida con los proyecto que en
ellos se desarrollan, favoreciendo así una respuesta más
ajustada a los retos que la sociedad plantea al sistema
educativo.
Por tanto, no hay en la ley ningún elemento que pueda
interpretarse como limitador de las actividades que los
centros públicos están ya llevando a cabo. Por el contrario, a
todos ellos se les abren nuevas posibilidades para el
funcionamiento, más ágil y menos burocrático, y una superación
de la excesiva uniformidad, que no resulta estimulante para el
avance de los progresos pedagógicos.
Voy a exponer con más detalle estos principios de progreso. La
ley, como saben, concede, en primer lugar, una mayor autonomía
a los centros docentes, tanto por lo que se refiere a su
organización como a la gestión de los recursos. La autonomía
de los centros se ha revelado como una de las claves en la
mejora de la calidad de la enseñanza, ya que permite una
respuesta ajustada a las demandas específicas del entorno
social en que se encuentra ubicado el centro. Ciertamente, la
ley supone, desde este punto de vista, la apertura de
distintas posibilidades para los centros, y en este sentido
resulta imprescindible establecer los mecanismos para que esta
necesaria diversidad no pueda, en ningún caso, conducir a
posibles desigualdades.
El proyecto de ley recoge ya estas garantías y puedo
asegurarles que el Gobierno tiene una voluntad decidida de
poner en marcha cuantas actuaciones sean necesarias para que
este riesgo no llegue a convertirse en
una realidad, pero resulta imprescindible situarse en línea de
obtener los beneficios de la autonomía pedagógica.
La ley impulsa, asimismo, a los centros a ofrecer una
información más amplia a la sociedad sobre sus
características, identidad y oferta educativa. No sería bueno
que los centros públicos dejaran de hacer llegar sus
propuestas al conjunto de la comunidad educativa. Además, hay
que tener en cuenta que una elección más razonada de los
centros por parte de los padres tiende a aumentar su
compromiso con el centro educativo, lo que a su vez contribuye
a la mejora de la calidad.
El proyecto de ley profundiza, asimismo, en la participación
de los distintos sectores que componen la comunidad educativa,
refuerza las asociaciones de padres, incluyendo a uno de sus
representantes en el consejo escolar. Puede decirse, por tan
desarrolla, completa y fortalece a la LODE.
El refuerzo de la dirección es también uno de los objetivos de
la ley, imprescindible para progresar en la vertebración de
los centros docentes. En coherencia con la importancia que,
como acabo de señalar, da el Gobierno a la participación, el
consejo escolar seguirá siendo el responsable de la elección
de los directores. No obstante, resulta ineludible avanzar en
la vía de un mayor refuerzo de la tarea docente y en especial
de la función directiva. Por ello la ley presenta iniciativas
dirigidas a asegurar que el profesorado que quiera ejercer la
dirección cuente con la adecuada preparación y con la
suficiente incentivación. Una iniciativa, por otra parte, que
recoge propuestas que han sido apoyadas por esta Cámara.
El procedimiento que se ha considerado más adecuado para
conseguir este objeto es exigir mayores méritos a los futuros
directores, méritos que en una myor formación, que la
Administración debe facilitar, en una mayor experiencia en la
gestión o en la mayor dedicación a la labor docente. Este
refuerzo en la función directiva debe ir acompañado también de
una incentivación para llevar a cabo esta tarea. En este
sentido, la ley prevé varias medidas: la ampliación de las
competencias de los directores de los centros, con el fin de
posibilitar un auténtico liderazgo; el acceso a las
actividades de formación permanente, que favorezcan la
actualización de esta función, y la mejora de sus
retribuciones durante el ejercicio del cargo y durante el
resto de su actividad profesional, siempre que hayan obtenido
una valoración positiva y dependiendo, por otra parte, de los
años de duración de su mandato.
En relación con este último punto, el Proyecto de Ley presenta
otra novedad al prolongar el mandato de los órganos
unipersonales de gobierno hasta los cinco años, ya que se
considera que la puesta en marcha de proyectos en los centros
exige un período de tiempo mayor al de tres años que hasta
ahora estaba establecido.<ðä El último factor de calidad al
que la ley se refiere es el de la evaluación de los distintos
elementos del sistema educativo. Toda administración necesita
dotarse de procedimientos que le permitan conocer la situación
del sistema educativo, con el fin de llevar a cabo las
actuaciones que de ella se deriven en la mejora del sistema.
Así, el Proyecto de Ley regula las medidas necesarias para
realizar la evaluación de los centros, de la función docente y
directiva, de la inspección y de la propia administración. Se
establece, asimismo, el compromiso de informar a la sociedad
sobre los resultados más significativos de estas evaluaciones,
con el fin de conseguir la mayor implicación social, a la que
anteriormente me refería.
Finalmente --y quisiera hacer especial hincapié en este punto
por la importancia que para el Gobierno tiene--, la ley
establece la responsabilidad solidaria de todos los centros
sostenidos con fondos públicos en la escolarización de los
alumnos con necesidades educativas especiales. Todos los
centros de una zona determinada deberán escolarizar a los
alumnos que proceden de minorías étnicas y culturales. Es este
un compromiso importante que pretende garantizar una mayor
igualdad entre todos los centros ubicados en un mismo sector
geográfico.
Estos son, señorías, nuestros objetivos. Este es el Proyecto
de Ley que recoge el debate de la calidad educativa,
prolongado durante un año, y objeto de estudio conjunto en
este momento, como lo serán las medidas de desarrollo de la
ley si finalmente, como espero, la ley llega a aprobarse. Se
trata de una ley que ayudará, sin duda, a resolver los
problemas educativos, especialmente los de los centros
públicos, una ley que con toda seguridad generará mayor
confianza de los ciudadanos en la enseñanza pública. Por ello
no me sorprende, señorías, que el Partido Popular haya
presentado una enmienda a la totalidad. Su modelo educativo no
pretende potenciar una escuela pública de calidad para todos,
sino que, más bien, hace subsidiaria a la escuela pública de
otras ofertas de enseñanza.
Me sorprende más, en cambio, la enmienda presentada por la
coalición Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y ello
porque sabemos que a amb el interés por encontrar soluciones
para los problemas de los centros públicos. No es bueno cerrar
los ojos como si esos problemas no existieran o pudieran
arreglarse dejando correr el tiempo. No es posible argumentar
con seriedad que impulsar la autonomía de los centros,
favorecer la participación, reforzar la función directiva,
crear una cultura de evaluación que aproxime el sistema
educativo a la sociedad y obligar a todos los centros a que
escolaricen a todos los alumnos sin discriminación es negativo
para la calidad de los centros públicos o no responde a los
problemas que la enseñanza pública tienen hoy planteados en
España.
En todo caso, confío, señorías, en que a lo largo de la
tramitación del Proyecto de Ley llegaremos entre todos a un
amplio acuerdo que permitirá mejorar el sistema público de
enseñanza.
Por lo que se refiere al Proyecto de Ley orgánica por la que
se prorroga el mandato de los órganos unipersonales de
gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos, su
necesidad se deriva del Proyecto de Ley que el Gobierno ha
enviado conjuntamente con éste al Parlamento y cuyas líneas
esenciales acabo de exponer.
En concreto, en el título II de este Proyecto de Ley, dedicado
a los órganos de gobierno de los centros docentes públicos, se
establecen ciertas modificaciones con respecto a la función
directiva que tienen como objetivo conseguir un mayor grado de
preparación de los futuros directores, a través de una mejor
preparación de los candidatos y de una serie de incentivos
académicos y económicos que se asocian precisamente a estos
puestos directivos.
Entre estas modificaciones, tiene especial relevancia el nuevo
sistema de acreditación que se establece, según el cual los
profesores que quieran ser candidatos a director tendrán que
reunir una serie de requisitos y presentarse a las
convocatorias públicas que a tal efecto llevarán a cabo las
administraciones educativas.
Tal como he expuesto antes, el proyecto de ley modifica
igualmente el período de mandato de los directores y de los
demás órganos unipersonale amplía sus competencias en materia
de gestión y establece la posibilidad de que aquellos
directores que reciban una valoración positiva del ejercicio
de su cargo puedan mantener una parte del complemento
retributivo correspondiente, de acuerdo con el número de años
que hayan desempeñado esta tarea.
La función directiva que se dibuja a partir de estas
iniciativas del proyecto de ley presenta, pues, modificaciones
relevantes con respecto a la actual situación. La voluntad del
Gobierno es que la elección de los nuevos cargos unipersonales
de gobierno de los centros docentes públicos responda ya a
estas nuevas condiciones de ejercicio de la función directiva,
ya que ello representa, en nuestra opinión, claros beneficios,
tanto institucionales cuanto personales. Se da la
circunstancia de que en el presente curso 1994-1995 finaliza
el mandato de un elevado número de órganos unipersonales de
gobierno, elegidos por los consejos escolares, de acuerdo con
el procedimiento que establece el artículo 37.1 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación, así como de los cargos nombrados por la
Administración, conforme al artículo 37.4 de la misma Ley.
Entre un 85 y un 90 por ciento de los centros docentes del
país cambiarán sus equipos directivos. Parece, pues,
razonable, con el fin de incorporar lo antes posible al
sistema educativo estas iniciativas de mejora de la calidad de
la enseñanza, como se señalaba más arriba, que la nueva
convocatoria de directores se produzca una vez haya sido
aprobada la nueva ley sobre la participación, la evaluación y
el gobierno de los centros docentes, de modo que la elección
de los candidatos se ajuste a esta normativa. Dado que el
período de tramitación de dicha ley excede del plazo en que
tendría que llevarse a cabo la elección de nuevos directores y
de sus respectivos equipos, que sería mayoritariamente entre
los meses de mayo y junio, es preciso prorrogar por un año
más, con carácter excepcional, el mandato de órganos
unipersonales de gobierno cuyo ejercicio en el cargo finalice
en el curso 1994-1995.
Por estas razones, el Gobierno ha promovido, junto con el
proyecto de ley anterior, este otro proyecto de ley orgánica
por la que se prorroga por un año la duración del mandato de
los órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos. De esta manera, los actuales
equipos directivos seguirían ejerciendo su función hasta
finales del curso 1995-1996, momento en que se llevarían a
cabo nuevas elecciones ya con la normativa que este proyecto
de ley establece.
El proyecto de ley tiene naturaleza orgánica porque modifica
un aspecto de la LODE, la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros. Tiene, igualmente,
carácter básico y se aplicará, por tanto, en los centros
dependientes de todas las administraciones educativas con
competencias plenas.
Es importante, finalmente, tener en cuenta que de no aprobarse
este anteproyecto de ley con antelación suficiente a la
elección de nuevos órganos unipersonales de gobierno, los
consejos escolares tendrían que elegir a los equipos
directivos conforme a la normativa actualmente vigente
establecida en la LODE, es decir, por un nuevo período de tres
años. Junto con el perjuicio que ello conllevaría para los
centros docentes hay que señalar también el que pueda suponer
para los profesores que quisieran ejercer la función directiva
en las nuevas condiciones que el proyecto de ley sobre
participación, evaluación y gobierno de los centros establece,
ya que se verían imposibilitados de hacerlo.
Los argumentos expuestos hasta aquí aconsejan, pues, señorías,
adoptar las disposiciones de prórroga de los actuales mandatos
de los órganos unipersonales de gobierno con tiempo suficiente
para que los equipos directivos a los que pueda afectar la
decisión la conozcan con antelación y el proceso de renovación
se lleve a cabo en las mejores condiciones.
Todo ello justifica la petición de trámite de urgencia que el
Gobierno ha cursado para este segundo proyecto de ley. Señor
Presidente, señorías, nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
Como ya he indicado antes, al proyecto de ley orgánica por la
que se prorroga la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos se ha presentado una enmienda de
devolución por parte del Grupo Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez Espinosa.
El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para defender
una enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica por el
que se prorroga la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, y por ella se solicita su devolución al
Gobierno, aunque he de manifestar, señor Presidente, que no sé
si ha comenzado el debate que figura en el orden del día, dado
que el señor Ministro en su presentación ha unido este
proyecto con el que en el orden del día figura a continuación.
La razón principal que ha llevado a mi Grupo a presentar esta
enmienda a la totalidad es la consideración de que este
proyecto de ley no se justifica suficientemente, ni por el
momento en que se presenta --más bien al contrario, nos
despierta profundas dudas de oportunismo político-- ni por el
contenido del propio proyecto. La regulación que se propugna
en relación a la prórroga del mandato de los cargos
unipersonales de los centros, aun admitiendo que el
procedimiento vigente es manifiestamente mejorable, ya que lo
ha demostrado su ineficacia, y ahí está como prueba el hecho
de que el 60 por ciento de ellos han tenido que ser designados
por la Administración por falta de candidatos (estos datos,
señor Ministro, son los que figuran en la propia memoria del
proyecto y no lo que usted ha expuesto en esta tribuna), para
nada hace pensar que a la vez sea tan aceptable como para
prolongar su resultado durante un año ni tan nefasta como para
rechazar que puedan prolongarse un minuto más.
En lo que respecta a las razones de contenido, nos encontramos
ante un proyecto de ley que de forma genérica y sin ninguna
diferenciación igua fueron nombrados a dedo con aquellos
directores que fueron elegidos por la correspondiente
comunidad educativa, es decir, que trata de la misma forma a
aquellos cargos unipersonales que gozan del máximo respaldo
democrático y a aquellos otros que sólo gozan del respaldo de
la Administración. Como señoló el propio Consejo Escolar del
Estado en su dictamen del 9 de marzo pasado, no se distinguen
en el proyecto de ley los diversos supuestos que pueden darse,
ni se arbitra tampoco un único procedimiento de continuidad,
ya que se admiten en el proyecto de ley tanto la prórroga del
mandato como la elección para ciertos supuestos.
Con la prórroga generalizada se impide que aquellos cargos
elegidos por la mayoría de su comunidad educativa que terminen
su mandato en este curso puedan presentarse a la reelección.
Si quieren seguir desempeñando el cargo, han de pasar por el
aro de la nominación, sin poder someterse a la opinión y el
respaldo del respetable, o lo que es igual, han de pasar
implícitamente a engrosar el conjunto de los directores
designados a salirse del de los elegidos democráticamente. Por
otra parte, aquel que quiera presentarse a la reelección,
renunciando previamente a la prórroga, sabe que su mandato, de
obtenerlo, será sólo por un año, al cabo del cual deberá
concurrir a otra nueva elección, en la que, como paso previo,
ha de tener la acreditación que en ese momento se requiera, y
posiblemente ha de enfrentarse con otros candidatos
acreditados pero que, sin embargo, pudieran tener menos
respaldo democrático por mucha acreditación que obtengan. Es
decir, la prórroga no parece destinada a estimular la
aspiración a los cargos unipersonales por parte de los
profesores que quieran serlo con el apoyo democrático de sus
respectivas comunidades escolares, sino a otros fines que al
menos nosotros sospechamos.
No menos llamativa es la situación de los cargos directivos
que han sido nombrados a dedo, que por esta prórroga aumentan
el tiempo de mandato, de forma que lo que pudo ser una
situación de excepción se consagra con otra excepción, y lo
que es más importante, adquieren nuevos méritos en relación a
la acreditación que se les pedirá al cabo de un año. Es decir,
aquellos cargos sin respaldo democrático demostrado de la
comunidad educativa se colocan en primera fila de ser elegidos
sobre aquellos otros que, sin tener la acreditación, gocen,
sin embargo, del respaldo democrático.
Para mayor abundamiento en lo que exponemos se da la
circunstancia de que el propio proyecto de ley contempla, para
aquellos casos en los que no sea posible realizar la prórroga,
la posibilidad de que los cargos unipersonales de los centros
sean elegidos por el sistema anterior, con una duración de un
año, estableciendo así la excepción de la excepción. De nuevo
vemos cómo el objetivo que dice perseguirse en el proyecto ni
siquiera el Gobierno ve que pueda cumplirse y se ve obligado a
contemplar la posibilidad de mantener, en algunos casos, las
cosas como están; de donde podemos deducir que, por lo menos,
si sirven para unos casos, también pueden servir para los
otros.
Vistas así las cosas, no sorprenderá a SS.SS. que hablemos de
posible oportunismo del Gobierno cuando recurre a toda una ley
orgánica para mantener en sus puestos a los cargos
unipersonales de los centros que él mismo mombró a dedo. Puede
dar la impresión de que el objetivo de este proyecto de ley es
condicionar la posibilidad de ser candidato a director de un
centro a que reciba previamente el visto bueno del Ministerio,
por caminos más o menos encubiertos, o lo que es igual,
aspira a prolongar el mandato de los designados a dedo para
que puedan beneficiarse de las perspectivas de perpetuación
que se abren en las disposiciones transitorias de la LOPEG. En
otro orden de cosas, la modificación de la legislación vigente
que se propone en este proyecto de ley supone, de un lado, la
modificación d cambiar el procedimiento utilizado hasta ahora
por el Ministerio, sin explicar por qué se cambia. Es decir,
adopta nuevos procedimientos sin admitir que no han funcionado
hasta ahora los existentes y afirmando que todo va a ser mejor
por el hecho de cambiar.
En lo que respecta a la modificación de la legalidad, uno de
los aspectos más llamativos es el que se refiere al artículo
39 de la Ley Orgánica 5/85 --es decir, la LODE--, donde se
dice que el director de centro cesará en sus funciones al
término de su mandato. Pues bien, con este Proyecto de Ley no
se cesa cuando termina el mandato democrático sino cuando
termine la prórroga gubernamental.
Estas modificaciones, a nuestro entender, no se justifican ni
con las razones expuestas en la exposición de motivos del
Proyecto de Ley que debatimos ni con la realidad de las
necesidades de los centros.
Se argumentan como razones para estos cambios legislativos
tres hechos: primero, que el Proyecto de Ley sobre
participación, evaluación y gobierno de los centros que se
encuentra en trámite de discusión parlamentaria establece un
nuevo sistema de acreditación como requisito previo para
aquellos profesores que aspiren a ejercer la función directiva
de los centros sostenidos con fondos públicos; segundo, que el
período de tramitación del Proyecto de Ley excederá del plazo
en que tiene que llevarse a cabo la elección de nuevos
directores y de sus respectivos equipos, y tercero, que es
razonable y conveniente --dice la e para el mejor
funcionamiento del sistema educativo, que la nueva
convocatoria se produzca una vez haya sido aprobada la citada
ley, de modo que la elección de candidatos se ajuste a esta
normativa.
Frente a estos argumentos se olvida, por ejemplo, que hasta
este momento y desde 1985 se ha venido aplicando la normativa
vigente con sus virtudes y defectos, dictando órdenes
puntuales curso tras curso, situación tras situación, para ir
adaptando la realidad de los centros a las reformas
legislativas que se han venido produciendo, sin recurrir a
generalizaciones como las que en este proyecto se propugna,
máxime cuando dentro de unos meses --si llegara a su fin el
trámite de la LOPEG-- todos los centros se encontrarán con una
normativa uniforme en lo que respecta a la elección de sus
cargos unipersonales, aunque en situaciones distintas. No
acabamos de comprender que para seis meses, o cuanto más un
año, haya que entrar en la modificación de una ley orgánica,
que aún no sabemos cómo quedará modificada tan pronto acabe el
trámite parlamentario de la LOPEG, en lugar de dar tie esperar
a que los hechos se produzcan en los términos y circunstancias
que acontezcan.
Se olvida igualmente que desde la promulgación de la LODE se
han convocado elecciones, unas veces, para todos los centros,
otras, con carácter parcial, sin que haya pasado absolutamente
nada en lo que respecta al procedimiento, y mucho menos en lo
que respecta a los centros. Así, fueron de carácter general
las elecciones de 1985-86 y de 1988-89 y parciales las de los
cursos 1986-87, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 y 1993-94.
En este período, sin embargo, ha entrada en vigor y se ha
puesto en funcionamiento la LOGSE y se han seguido convocando
elecciones parciales, sin necesidad de prórrogas de mandatos,
sin situaciones de excepción generalizadas, sino manteniendo
la elección democrática donde ha sido posible y para el tiempo
que se ha considerado imprescindible.
Con estas experiencias no parece ajustado que el Gobierno
provoque un estado de excepción con apenas fundamento, cuando
la práctica habitual ha sido en los últimos años la
utilización de continuas situaciones excepcionales por parte
del Ministerio.
Podemos concluir, en relación a la necesidad y a la
oportunidad de este proyecto, afirmando lo dicho antes: que
nada hace pensar que la regulación actual sobre la elección de
cargos unipersonales, aun admitiendo que el procedimiento
vigente es manifiestamente mejorable, ya que ha demostrado su
ineficacia, sea a la vez tan aceptable como para prolongar su
resultado durante un año ni tan nefasto como para rechazar que
pueda prolongarse un minuto más.
Desde el punto de vista jurídico, este Proyecto de Ley se
presenta como un complemento del proyecto anteriormente citado
que, por sus características, más que un proyecto de
complemento parece un proyecto de aprovechamiento. Ese
carácter de apéndice sólo se puede explicar gracias a la
imprevisión del Ministerio, actuación que sin embargo se puede
encuadrar en el mismo marco de imprevisión que el ocurrido con
el caso de la reforma de la Ley de Reforma Universitaria. En
aquella ocasión se salvó la imprevisión con un Real Decreto-
ley, al objeto de que los catedráticos de universidad no
perdieran sus derechos de jubilación a los 70 años, mientras
que el resto del Proyecto de Ley de reforma de la LRU dormita
en esta Cámara el sueño de los justos.
En esta ocasión se da un paso adelante y se recurre a una ley
orgánica que está condicionada, como indicábamos antes, a lo
que pueda resultar de la tramitación de otra ley, la LOPEG.
Por otra parte, el aceptar una modificación de la normativa
vigente, que tiene carácter de orgánica, basándose en el
desarrollo de otro proyec inicialmente a las modificaciones
que decide el Parlamento y sin que se pueda afirmar en estos
momentos
que la situación actual vaya a modificarse según lo propuesto
por el Gobierno en otro proyecto que está en trámite, podría
llevar a plantear incluso la eventual toma en consideración
del proyecto que debatimos.
Este proyecto de ley parece que da por sentado y por supuesto
que lo que el Gobierno propone al Parlamento, éste lo acepta,
precisamente en un momento en que no cuenta con la mayoría
absoluta de la Cámara. De seguir adelante este proyecto de
ley, en nuestra opinión podría suponer, en cierta medida, el
condicionamiento de las decisiones del Parlamento, olvidando
que hoy por hoy lo que ha sancionado el Parlamento es la Ley
8/1985, la LODE, mientras que la que está en trámite podrá o
no modificar la vigente, pero en ningún caso hemos de
presuponerlo.
Esta improvisación tiene, además, un efecto sumamente negativo
para aquellas comunidades autónomas que tienen reconocidas
competencias educativas plenas, ya que precisamente por su
carácter de orgánica afecta a ciertos aspectos
cualitativamente menores que tienen regulados por su propia
legislación las comunidades autónomas, lo que significa una
intromisión en las competencias reconocidas por su propios
Estatutos.
Todos estos inconvenientes nos llevan a incidir y a concluir
que la verdadera razón de este proyecto de ley y el principio
que guía esta iniciativa es el oportunismo, prinicipio que
subliminalmente aparece incluso reflejado en la propia
exposición de motivos al indicar que en este curso finalizan
los nombramientos de numerosos cargos unipersonales de
gobierno de los centros. Lo que realmente se busca a nuestro
entender es mantener a los directores que ha nombrado la
propia Administración por encima del 60 por ciento o por lo
menos darles una situación de privilegio para más adelante,
por el sistema que pretende establecer la nueva ley, quepa la
posibilidad de que sean elegidos o designados mayoritariamente
aquellos directores cuya tarea haya sido valorada
positivamente por la Administración, sin especificar cuáles
eran los criterios para valorar dicha tarea, pero desde luego
exige que antes hayan sido directores, anteponiendo este
criterio al de la libre concurrencia, a la elección por la
comunidad escolar.
La discrecionalidad con que se contempla esta posibilidad es
de tal calibre que prácticamente es un cheque en blanco para
la Administración y con un criterio tan graciable que no
ofrece ninguna garantía por cuanto la Administración puede
legalmente modificar esos criterios a su propio antojo, dado
que quedan sometidos a su libre albedrío.
Sin embargo, no perdamos de vista que este proyecto de ley se
tramita cuando uno de los problemas más graves que están
sufriendo los centros de enseñanza es la escasa voluntad de
los profesores para someterse a los procesos de elección de
director. Esta crisis ha llevado a una situación tan anómala
como que casi el 60 por ciento de los directores actuales han
sido designados por la Administración y no elegidos por los
consejos escolares, lo que permitirí de ley anteriormente
mencionado, es decir, la LOPEG, dejarles en sus puestos si
esta legislatura se prolongara hasta 1997. En suma, se trata
de mantener a los directores de los centros escolares
nombrados por la actual administración sin abordar el problema
de fondo, que no es otro que el débil gobierno de los centros
educativos con un director híbrido, de administración y base
electoral, condenado a vivir en la esquizofrenia diaria, como
la misma memoria de la LOPEG reconoce.
Por estas razones, nuestro Grupo estima que este proyecto debe
ser devuelto al Gobierno y para ello solicitamos el apoyo de
todos los grupos d Muchas gracias. (La señora García-Alcañiz
Calvo: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Rodríguez Espinosa.
Para un turno en contra tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que tras la intervención del portavoz del Grupo Popular no
me ha le gusta el modelo electivo que existe ahora para
designar a los directores escolares o, por el contrario, está
añorando el antiguo cuerpo de directores escolares. No me ha
quedado muy claro.
Lo que sí me ha quedado muy claro, clarísimo, es que quiere
que el proyecto de ley que vamos a tramitar a continuación no
se aplique en una parte esencial del mismo, cual es el
nombramiento por el procedimiento electivo de los nuevos
directores escolares, hasta dentro de tres años.
¿De qué estamos hablando? Este proyecto de ley que estamos
debatiendo en este momento es meramente instrumental del que
vamos a debatir a continuación. Estamos proponiendo la
prórroga en la duración del mandato de los órganos
unipersonales de los centros escolares sostenidos con fondos
públicos. Es una ley de artículo único que lo que propone es
la prórroga por un año del mandato de los directores y demás
órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de
régimen general en aquellos casos en que dicho período
finalice durante el presente curso 1994-95, que es el caso más
abundante.
Por otro lado, ¿qué propone? Una prórroga de seis meses en el
período de mandato de los directores y demás órganos
unipersonales en otro tipo de centros. ¿En qué centros? En los
centros públicos de enseñanzas artísticas y en escuelas de
idiomas. ¿En qué casos? En aquellos casos en que el mandato de
estos órganos unipersonales termine a fecha 31 de diciembre de
1995.
¿Qué más propone el proyecto? Dice que en algunos casos
excepcionales y siempre a solicitud fundada de quien desempeñe
uno de estos cargos: director, jefe de estudios o secretario,
cuando no sea posible hacer efectiva la prórroga, se procederá
a la elección de los nuevos órganos unipersonales de gobierno,
cuyo mandato se limitará a un año. Es decir, se hace una
prórroga en todos los casos excepto en aquellos en que no sea
posible y entonces se propone una elección, el procedimiento
que existe en estos momentos regulado por la LODE, que tendrá
la validez y la duración de un año. Es lo único que propone el
Gobierno y que apoya, porque lo comparte, el Grupo
Parlamentario Socialista en cuyo nombre intervengo en este
momento.
Insisto en que es un proyecto de ley de acompañamiento,
instrumental del otro proyecto que vamos a debatir a
continuación y en el cual sí que se proponen modificaciones
importantes en relación con los órganos de gobierno de los
centros y con otras cuestiones. Es, insisto, un proyecto de
acompañamiento del proyecto de ley de participación,
evaluación y gobierno de los centros docentes. Lo debatiremos
más tarde. Veremos cuáles son las propuestas de su Grupo,
cuáles las nuestras, reflejadas en el texto, y cuáles son las
propuestas de otros grupos.
Por lo tanto, el sentido de la prórroga para nosotros queda
muy claro, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y
además queda plenamente justificado en la memoria que acompaña
al proyecto. Dice el señor portavoz del Grupo Popular que me
ha precedido en el uso de la palabra que no aparece la
justificación por ningún sitio. Léase la memoria y en la misma
queda clarísimamente justificada la razón de la presentación
de este proyecto de ley.
Señoría, en el Título II del proyecto que regula los órganos
de gobierno de los centros docentes se establecen, como usted
sabe, ciertas modificaciones con respecto a la función
directiva que tienen como objeto conseguir un mayor grado de
profesionalización de los futuros directores a través de una
mejor preparación de los candidatos y de una serie de
incentivos, académicos y económicos, que van a ir asociados a
los puestos directivos. Eso sí, manteniendo, como dice el
texto del proyecto de ley de la participación, la evaluación y
el gobierno de los centros escolares, la regulación de la LODE
en lo que se refiere al carácter electivo de los directores
escolares.
Por otro lado, S.S. habrá leído en la memoria justificativa
que el proyecto de ley modifica igualmente el período de
mandato de los directore órganos unipersonales de gobierno;
amplía sus competencias en materia de gestión y establece la
posibilidad de que aquellos directores que reciban una
valoración positiva del ejercicio de su cargo puedan mantener
una parte del complemento retributivo correspondiente en
función del número de años en que hayan desempeñadola tarea de
director. Por lo tanto, la función directiva que se dibuja en
el otro proyecto de ley, que discutiremos a continuación, es
una función directiva que sufre importantes modificaciones
respecto de las que tiene en el momento presente. Por
consiguiente, parece razonable, con el fin de incorporar a los
nuevos directores conforme a las nuevas normas que vamos a
aprobar en el otro proyecto de ley, que la nueva convocatoria
para proveer las plazas de directores y otros órganos
unipersonales se haga de acuerdo con la nueva norma, la que
aprobemos, y no esperemos tres años --que es lo que
conseguiría S.S. de prosperar su enmienda-- para poder aplicar
la nueva normativa para la elección de los nuevos directores
escolares y otros órganos de gobierno unipersonales de los
centros.
Tenemos que evitar --en el supuesto de que triunfase su
enmienda, no lo evitaríamos, lo posibilitaríamos--la
existencia de dos colectivos de directores distintos, con
emolumentos distintos con diferentes incentivos económicos,
con diferentes incentivos profesionales y estaríamos creando
dos grupos diferentes de directores escolares que,
lógicamente, iban a realizar el mismo tipo de funciones en los
centros, pero que en unos casos por haber sido elegidos por un
procedimiento y en otros por el otro, tendrían --insisto--
diferentes incentivos económicos y profesionales. Este
proyecto de ley pretende evitar esto y para ello propone la
prórroga del mandato de los directores y otros órganos
unipersonales en los centros sostenidos con fondos públicos
durante seis meses o un año, para unificar los criterios de
elección de los nuevos directores, a partir de la aprobación
del proyecto de ley que --insisto-- vamos a debatir a
continuación.
Por consiguiente, creemos que con esta iniciativa del
Gobierno, a pesar de esa intervención torticera y tortuosa que
ha tenido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no se
persiguen fines extraños, no se pretende modificar el sistema
de elección de los directores escolares; lo único que se
pretende es una prórroga para unificar los criterios en la
elección de estos directores de centros y, al mismo tiempo,
hacer que todos ellos tengan, a partir del próximo año, cuando
termine la prórroga, los mismos incentivos, tanto desde el
punto de vista profesional como desde el punto de vista
económico.
Por todas estas razones, señor portavoz del Grupo Popular, nos
vamos a oponer, vamos a votar en contra de su enmineda, y
desde esta tribuna solicito al resto de los grupos
parlamentarios que se sumen a nuestro voto negativo para que
no salga adelante la enmienda que ustedes proponen.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nieto.
Para un turno de réplica, tiene la palbra el señor Rodríguez
Espinosa. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Gracias, señor Presidente.
Señor Nieto, yo he dado razones y argumentos que S.S. podrá o
no compartir, pero no he utilizado ni una sola descalificación
ni hacia su persona ni a su tono de discurso ni al Partido que
representa, y para demostrarlo relea el «Diario de Sesiones»,
si es que no ha estado atento a mi intervención, y quedará
convencido. Discrepe S.S. cuanto quiera y estime oportuno,
pero no reaccione con esas posiciones verbales que no
favorecen y sólo contribuyen a la crispación. (La señora
García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos) Parece
que si no hay insulto no hay interpelaciones. (Rumores).
Dice S.S. en su intervención que parece que estoy defendiendo
el cuerpo de directores escolares. Yo no he hecho ninguna
mención a ello. Pero sí es cierto que en la memoria del
Proyecto de Ley el Ministro asegura que ha estudiado la
posibilidad de recuperarlo, por lo tanto, mucho les gustará a
ustedes.
Por otra parte, dice usted que es una ley de artículo único.
Acepto que, efectivamente, es de artículo único, pero la
intencionalidad es doble, puesto que, con la idea de prorrogar
el mandato, parece ser que a algunos se les quiere prorrogar
más que a otros.
Es un proyecto de acompañamiento, sí, pero yo le daba a usted
antes las razones que me hacen sospechar que pudiera ser de
aprovechamiento. En ese caso, señor Nieto, nuestro Grupo,
después de oír las razones expuestas por usted, se reitera en
cuanto ha dicho, insistiendo, no obstante, en los siguientes
extremos.
Primero, que este Proyecto de Ley no garantiza ninguna mejora
de la educación, puesto que el hecho de que todos los nuevos
directores que se elijan se designen o no conforme a una misma
normativa no asegura nada, y esa es la razón principal del
cambio. Eso supondría poner en tela de juicio la capacidad
personal y profesional en aras de los aspectos externos y
normativos. Sería primar la burocracia sobre la eficacia,
cuando todos conocemos a miles y miles de profesores que,
independientemente de la forma en que hayan desempeñado y
hayan accedido a la dirección, han desempeñado su cargo con
eficacia pese a la carencia de medios materiales y de personal
y, a veces, hasta incluso de normativa, y han sido capaces de
hacer adaptación tras adaptación, según los cambios
legislativos producidos, y los centros han funcionado. Por
tanto, el hecho de que todos sean elegidos con la misma norma
legal no es ninguna garantía. La cruda realidad en la que han
de desenvolverse los cargos directivos en el día a día y que
ha dado lugar al manifiesto desinterés por participar, por
obtener cargos unipersonales, no se aliviaría, desde luego,
protegiendo y potenciando a los designados a dedo; más bien,
al contrario, produciría desaliento, puesto que entonces se
vería que el procedimiento no persigue la mejor gestión, sino
otros fines no tan claros como cuando están expresos en una
norma. La mejor garantía de eficacia es que haya muchos
candidatos con ganas de desempeñar el cargo y que esos cargos
estén respaldados por la comunidad escolar en su totalidad.
Por último, tengo que decir que no vemos ningún inconveniente,
más bien ocurre al contrario, en que se produzca una elección
democrática de lo unipersonales de los centros para el próximo
curso, de acuerdo con la legislación vigente, y, puestos a
modificar, que se hiciera restringiendo el plazo de tres años
a uno. De esta forma se mantendría el principio democrático,
no se alteraría la norma vigente e incluso, si no se quiere
modificar el plazo de tres años, se permitiría que muchos más
profesores pudieran conseguir la acreditación que se les va a
pedir en el siguiente proyecto. Por tanto, nada de necesidad y
sí más de oportunidad para primar a aquellos directores que,
hoy por hoy, son los únicos que ha nombrado la Administración.
En consecuencia, mantenemos nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Espinosa.
El señor Nieto tiene la palabra.
El señor NIETO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Voy a ser
muy breve.
Señor Rodríguez Espinosa, ahora, al final, usted estaba
hablando de una enmienda distinta. La que usted ha planteado
es una enmienda de devolución, de retirada del proyecto, pero,
como digo, al final, parece que ha reconocido su error con la
presentación de una enmienda de esa envergadura y está
haciendo un planteamiento de retirada más suave, de decir:
vamos a elegirlos para un período de un año.
Esta ley de la que estamos hablando es una ley que, como le
decía hace un momento, pretende exclusivamente una prórroga,
que va a afectar tanto a los directores que fueron elegidos
por el procedimiento marcado en la LODE como a aquellos que,
por no existir candidato --no porque no se quisieran elegir,
que es lo que ustedes siempre dan a entender; de ahí mi
expresión torticera--, fueron nombrados por la Administración,
como digo, por inexistencia de candidatos que se presentaran a
la elección. Parece razonable que para todos haya una prórroga
por un período de un año, tiempo durante el cual será posible
que aprobemos el otro proyecto de ley, el de participación,
evaluación y gobierno de los centros escolares, que vamos a
debatir a continuación. A partir de ese momento, por el
sistema de elección, o el de nombramiento, porque en algunos
casos no habrá candidatos y también tendrá que producirse
un nombramiento por parte de la ad educativa, en los centros
escolares tendremos directores elegidos, o nombrados si no ha
sido posible su elección, que tengan los mismos derechos. En
caso de haber triunfado su enmienda, estaríamos posibilitando
la creación de dos colectivos con derechos distintos, unos
derechos nuevos regulados en la ley que será aprobada en esta
Cámara, si todo sigue su curso normal, dentro de unos meses --
la ley de evaluación, participación y gobierno de los centros-
-, y los directores que actualmente lo son y que han sido
elegidos hace ya unos años --algunos, en este caso, tres años
puesto que termina su mandato ahora--, que tendrían una serie
de derechos profesionales y económicos distintos.
Lo que pretende el proyecto es ir a un sistema único, el que
nosotros vamos a regular a continuación cuando aprobemos la
otra ley y que, a partir de ese momento, todos los directores
escolares elegidos por ese procedimiento tengan los mismos
derechos profesionales y económicos. Estaríamos haciendo un
flaco servicio al sistema público educativo, al servicio
público de educación, a los centros escolares públicos y
concertados, a los sostenidos con fondos públicos, si
mantuviésemos vigente un doble modelo en lo que se refiere a
los derechos que deben tener los directores escolares, porque
todos van a hacer las mismas funciones. Por consiguiente,
reitero lo que decía antes, nos opondremos a su enmienda por
estas razones. Hago un nuevo llamamiento al resto de los
grupos para que apoyen la postura del Grupo Parlamentario
Socialista.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González
de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Al asistir a estos debates uno tiene la impresión
de que el mundo está al revés. En la presentación de este
proyecto de ley y del siguiente que nos va a ocupar, quedó
suficientemente claro, y así consta en las memorias
explicativas remitidas por el Ministerio, que ésta es una ley
instrumental, complementaria de la que nos va a ocupar a
renglón seguido, y que por razones de operatividad y de
funcionalidad el Gobierno la presentaba de forma diferenciada
para que el sistema escolar y los centros educativos no
tuvieran unos problemas de funcionamiento real en el curso
educativo posterior. Sin embargo, hoy damos un mal ejemplo en
esta Cámara al debatir los programas en orden inverso al real,
que tiene situados en la vida misma. Damos un mal ejemplo,
digo al provocar un debate que está, en mi opinión, señor
Presidente, muy lejos de donde se hallan los problemas reales
que nos ocupan, en este caso respecto a la dirección de los
centros educativos. Repito que uno tiene la impresión, al
asistir a estos debates, de que el mundo está al revés.
Es muy legítimo plantear modelos alternativos a la actual
situación de los centros y de sus direcciones, de su
profesionalidad y de su gestión, de cómo habría que
instrumentar estos temas. Está bien claro que el actual
sistema impulsado desde la LODE ha dejado una serie de niveles
con disfuncionalidades claras que ahora se tratan de corregir
en el proyecto de ley que nos va a ocupar a continuación y que
este artículo que se recoge en esta ley es un factor
instrumental para las actualizaciones que se recogen en el
siguiente proyecto de ley.
El Grupo Vasco, señor Rodríguez Espinosa, comparte sus
argumentaciones en el tema competencial. Nos alegramos mucho
de que ésa sea también la reflexión que se hace desde el Grupo
Popular, entendiendo que con el carácter de ley orgánica que
se recoge en este proyecto se están invadiendo funciones de
las comunidades autónomas con competencia exclusiva en estas
materias. Señor Ministro, esto nos debe llevar a reflexionar
ante esta situación, en la cual en algunas ocasiones --le
reconozco que el Ministerio de Educación y Ciencia es uno de
los Ministerios más sensible en estas materias-- se confunde
lo que es la normativa básica del Estado con lo que es el
territorio MEC. Como usted bien sabe, señor Ministro,
recientemente hemos aprobado una Ley de la Escuela Pública
Vasca que ordena el ámbito de los centros educativos, sus
órganos unidireccionales, los centros y las inspecciones, y
nos encontramos ahora con una marcha atrás en materias que han
necesitado un amplio consenso en la Comunidad Autónoma vasca.
Hay ahí un nivel de reflexión que es muy importante.
No les vamos a ocultar, señorías, que el Grupo Vasco no tiene
especial miedo a discutir la dirección de los centros y
manifestar cuál es nuestra propia postura. Hemos visto que el
portavoz del Grupo Popular, señor Rodríguez Espinosa, andaba
diciendo: Bueno, es que tampoco yo quiero volver a los cuerpos
de directores. Yo creo que hay que hablar con claridad en
estos temas. La elección de directores, desde la propia base
de los claustros de la comunidad educativa, ha dejado
genéricamente una serie de disfuncionalidades muy claras.
Nosotros no quisiéramos ocultarles que participamos de un
modelo en el que la gestión y la profesionalidad de los
directores de los ce más acentuadas de lo que se recoge en
este proyecto de ley. Tampoco tendríamos especial dificultad
si se planteara correctamente el cuerpo de directores. No creo
que se esté jugando aquí a ver quién es más democrático o
quién es más liberal. De lo que se trata es de tener una
dirección de centros, una serie de órganos unipersonales que
en realidad se dediquen a dirigir el centro que les está
encomendado y que puedan cumplir sus funciones. A nosotros lo
que más nos echa atrás es esta situación, en la que el
director «elegido
democráticamente» --entre comillas-- (ahí están los datos que
ha expuesto usted, recogidos de la memoria del Ministerio,
relativa a que el 47 por ciento de los directores no está
elegidos por ese procedimiento de base) no consigue tener la
autoridad suficiente para desarrollar su función en los
centros educativos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que
el claustro de profesores se dedique solamente a dar sus
clases, se desapegue de la dirección, que el director del
centro esté apechugando con unas asambleas colectivas que no
hacen más que neutralizar su función y que, de alguna forma,
se reduzcan sus funciones y la autoridad moral que a un
director se le debe suponer en un centro educativo. Esa es
nuestra preocupación. Pero yo creo que esa discusión se puede
hacer perfectamente en el siguiente proyecto de ley. Esta es,
como he dicho, una ley instrumental que viene a posibilitar
que la reforma se haga en un corto plazo de tiempo, de forma
que lo que recoge el otro proyecto de ley, que vamos a
discutir a continuación, pueda establecerse en el tiempo
correctamente, para que no se den aún más disfuncionalidades.
Por eso, señor Presidente, nosotros vamos a votar en contra de
esta enmienda a la totalidad del Grupo Popular, porque los
ámbitos competenciales se pueden plantear en el debate
posterior, en la ley de participación y evaluación de los
centros docentes. Entendemos que la discusión debe realizarse
sobre la función de los propios directores, aunque admitimos
que se pueden hacer juicios respecto a las intenciones que
pudiera tener cierta gente de los centros educativos para
mantenerse en sus propios puestos. Eso, señor Rodríguez
Espinosa, como todo en la vida, hay que demostrarlo; no vale
con sugerir sospechas, hay que decirlas. Evidentemente, este
tipo de reformas suele generar dinámicas en segunda derivada,
pero, repito, eso, como todo en la vida, se demuestra y se
dice con claridad, o lo mejor es callar.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri. Por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar también la posición de nuestro Grupo Parlamentario
respect Hace breves instantes el Diputado, señor González de
Txabarri, ha dicho, con mucho acierto, que razones de
operatividad y de efectividad son las que acompañan a este
proyecto de ley. Yo añado que se tramita por el procedimiento
de urgencia, que esto viene a subrayar precisamente que éste
es un proyecto de ley que va perfectamente enlazado con el que
ahora vamos a discutir y que sólo, como dice el señor González
de Txabarri, razones de efectividad --estamos a las puertas de
un nuevo curso-- inducen a esta Cámara a una tramitación con
carácter de urgencia. Respecto a este proyecto de ley, sin
discutir su contenido absurdo votar una enmienda a la
totalidad, por lo que nos vamos a oponer, señor Presidente.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, estamos discutiendo un Proyecto de Ley por el
que se prorroga la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros públicos que es
consecuencia del que vamos a debatir a continuación. Si no se
aprueba la enmienda a la totalidad de mi Grupo al Proyecto de
Ley orgánica de participación, evaluación y gobierno de los
centros docentes, algo habrá que hacer con los órganos
unipersonales. Desde esa apreciación, para nuestro Grupo, no
ha merecido una enmienda a la totalidad este Proyecto de Ley
que estamos discutiendo actualmente, aunque sí mantenemos
alguna diferencia con el Proyecto de Ley del Gobierno, en el
sentido de que nosotros pretenderíamos eliminar el carácter
forzoso en la prolongación de las funciones directivas. En su
día, cuando se tramite este Proyecto de Ley, presentaremos
enmiendas en ese sentido, para que en aquellos casos en los
que, a solicitud de quien desempeñe uno de los cargos a que se
refiere este Proyecto de Ley, no sea posible hacer efectiva la
prórroga, se proceda a la elección de los nuevos órganos
unipersonales de gobierno, cuyo mandato se limite a un año,
debiendo celebrarse nuevas elecciones al finalizar ese
período, conforme a la normativa que esté vigente.
En estos momentos, nos vamos a abstener en la votación de la
enmienda de totalidad y, en su día, presentaremos las
enmiendas precisas para eli carácter forzoso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LA PARTICIPACION, LA EVALUACION
Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES (Número de expediente
121/000092)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate correspondiente a
este Proyecto de Ley, vamos a iniciar el debate de totalidad
del Proyecto de Ley orgánica de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes
A este proyecto han sido presentadas dos enmiendas de
totalidad que postulan la devolución del mismo al Gobierno. En
primer lugar, enmienda del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el
señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, el
señor Ministro, en su exposición del Proyecto de Ley orgánica
de participación, evaluación y gobierno de centros docentes,
se sorprendía de que el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya hubiese presentado una enmienda a la
totalidad. Seguramente no ha podido leer la amplia
justificación de motivos que acompaña nuestra enmienda a la
totalidad. Precisamente, esa amplia justificación de motivos
que acompaña nuestra enmienda a la totalidad de devolución me
permite abundar en aspectos más concretos del Proyecto de Ley
orgánica que nos presenta el Gobierno y que justifican aún más
si cabe nuestra enmienda.
Nosotros decimos que ésta no es la ley que hoy necesita el
sistema educativo español. La reforma educativa derivada de la
LOGSE debe pretender fundamentalmente, extender la educación,
fomentar la igualdad de oportunidades mediante políticas
compensatorias y mejorar la calidad de la enseñanza.
El proyecto de ley que nos presenta hoy el Gobierno está muy
lejos de ser una ley de calidad del sistema educativo que
desarrolle el título IV de la LOGSE; se limita a aspectos
parciales y no recoge factores fundamentales para la mejora de
la calidad de la enseñanza. El verdadero reto de la calidad
que tiene nuestro sistema educativo pasa por dotarlo de una
adecuada financiación que no esté sujeta a los cambios de
conyuntura o a los vaivenes políticos; pasa, entre otras
cosas, por la tramitación parlamentaria de la ley marco
reguladora de la financiación del sistema educativo, promovida
por algún sindicato y que representa la primera iniciativa
legislativa popular que ha llegado al Parlamento respalda por
más de 500.000 firmas; y pasa también por no aplicar políticas
restrictivas en educación, congelando los gastos educativos
durante los ejercicios 1993/1994 y, por ejemplo, aplicando
recortes presupuestarios de 32.000 millones de pesetas de los
presupuestos de 1995 unos pocos días después de ser aprobados
por el Parlamento. Con este tipo de políticas presupuestarias,
cualquier reforma educativa es puro humo y está condenada al
fracaso. que esta base central supone medidas absolutamente
regresivas que introducen la jerarquización entre los docentes
y un aumentos de la burocratización, aunque en ningún caso
contribuirán a resolver los problemas de gestión con los que
hoy se encuentran los centros.
Las medidas presentadas no son ni siquiera coherentes con los
cambios organizativos que emanan de la LOGSE, con el trabajo
colaborativo y con el sentir ampliamente expresado por el
profesorado. Se hace una propuesta limitativa de la autonomía
de gestión de los centros reduciendolos simplemente a la
capacidad de éstos para arrendar sus instalaciones. Permítanme
la broma de que, a lo mejor, lo que pretende el Gobierno con
esta medida es suplir la insuficiente financianción pública de
los gasto de funcionamiento.
En cuanto al capítulo dedicado a la participación, abunda en
fórmulas totalmente genéricas y reiterativas sin dar respuesta
efectiva a este tema, siendo más que nada un pretexto para
poner un capítulo en la ley que diga «De la participación». La
evaluación que se propone supone también un claro riesgo de
establecer centros de diversas categorías, rompiendo las
garantías de homogeneidad de los centros en los niveles de
calidad. No contempla los indicadores de la calidad, por lo
que se realizará la mencionada evaluciación abriendo un gran
interrogante al respecto.
El capítulo dedicado a inspección es un claro retroceso sobre
el modelo actual, y contribuirá a establecer una inspección
burocratizada y alejada de los centros docentes. La
disposición adicional quinta, por poner otro ejemplo referente
a los centros concertados, no soluciona tampoco las demandas
de este sector de posibilitar el pago delegado al personal de
administración y servicios, de equiparar la composición y las
funciones de los consejos escolares de centros concertados a
las de los centros públicos, y de homologar salarios y
condiciones de trabajo. Además, introduce la imposibilidad de
la ampliación de los conciertos al segundo ciclo de educación
infantil, sin que este nivel se haya establecido como
obligatorio.
El temor a que se utilice la calidad de la enseñanza como
pretexto para llevar a cabo reformas conservadoras (método
utilizado en otros países, como Estados Unidos y el Reino
Unido, que ha demostrado favorecer el incremento de las
desigualdades sociales), es otro de los motivos que deberían
convencer al señor Ministro de la oportunidad de esta enmienda
de devolución.
Todo lo que hasta ahora he expuesto supone que esta iniciativa
es una muestra más de la política de las administraciones
educativas y cuestiona nuevamente la aplicación de este tipo
de reformas. Una auténtica ley de calidad debe contemplar
otros aspectos fundamentales, como son la innovación y la
investigación educativas, los recursos educativos, la
cualificación y formación del profesorado, la programación
docente y la orientación educativa profesonal (Título IV,
artículo 55 de la LOGSE).
Por otra parte, señor Ministro, señorías, señor Presidente, la
oposición de todos los sindicatos representativos del
profesorado es, una vez más, especialmente
significativa y podría suponer, en el caso de ser aprobado
este proyecto de ley, un serio obstáculo para su aplicación.
No se puede olvidar que las leyes que modifica sí tuvieron un
amplio consenso previo, al menos de las organizaciones más
representativas del sector público de la enseñanza. Este
consenso lo consideramos necesario, dada la naturaleza de los
temas legislados, para su eficaz contribución a la mejora del
sistema educativo español. El Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que dio su voto afirmativo a
la LOGSE aun manifestando su disconformidad con determinados
aspectos de la misma, considera que en este punto y en este
momento se ha roto el acuerdo público entonces alcanzado en
algunas cuestiones importantes.
Por todas estas razones, y no otras, señor Ministro, señorías,
solicitamos la devolución al Gobierno del proyecto de ley de
participación, evaluación y gobierno de los centros docentes y
le instamos, a la vez, a que elabore el proyecto o los
proyectos legislativos correspondientes que regulen por lo
menos estos aspectos: la normativa-marco sobre la financiación
de la enseñanza o, en su caso, apoye la tramitación de la
mencionadaproposición de ley, resultado de la i relativos a la
evaluación entre los centros del profesorado y del sistema
educativo; el desarrollo del Título V de la LOGSE, sobre la
compensación de las desigualdades de la educación; y el
fomento de la participación y gestión de la comunidad
educativa en la organización de los centros de enseñanza.
Pedimos que lo haga de acuerdo con los principios y
orientaciones que nos llevaron a apoyar la legislación que hoy
se pretende modificar de un modo, a nuestro juicio,
inconveniente.
Por todas estas razones es por lo que nuestra enmienda de
devolución pide al Gobierno la retirada de este proyecto y
volver al acuerdo político que en su día nuestro Grupo tuvo
con el partido del Gobierno, para hacer una verdadera ley de
calidad de la enseñanza, que es la que todos los grupos
deberíamos procurar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, abordo
ahora, en nombre del Grupo Popular, el debate de este
proyecto, de est educativa que nos ha traído el señor
Ministro, proyecto de ley orgánica de participación,
evaluación y gestión de los centros; la carpeta de asuntos
pendientes volcada sobre el Parlamento.A la hora de la verdad,
uno estudia el proyecto y se encuentra con el reconocimiento
palmario de dos fracasos reales o aparentes. Por un lado, la
participación, que es el eje de la dirección educativa, está
desactivada. Concretamente, según cifras del Ministerio, las
que aporta la memoria, sólo el 46 por ciento de los centros
han elegido director. Por tanto, señor Ministro, no es
verdad --lo ha dicho sin querer, seguro-- que esté en juego la
dirección del 90 por ciento de los centros, sino que estamos
hablando del 90 por ciento del 46 por ciento solamente. Los
demás están puestos a dedo por usted. Por tanto, no tiene nada
que ver una cosa con otra.
Por otra parte, la inspección, que fue desmantelada en su día
y que ahora se remantela. De nuevo, a los manteles. no se sabe
muy bien por qué.
Nuestra enmienda es a la totalidad porque encontramos unas
fórmulas deficientes, e inexplicadas, para subsanar estos dos
problemas --y desde luego el Ministro no ha hecho ningún
esfuerzo hoy aquí por explicarlas-- y con un objetivo, a
nuestro modo de ver, no disimulado, que no hace falta tercera
derivada ni nada por el estilo, y es la consolidación del
territorio ocupado: que los directores que ustedes han puesto
a dedo sigan estando ahí; que los inspectores que ustedes han
puesto con unos principios absolutamente opuestos a los de
esta ley se conviertan en inspectores de esta ley. Esa es la
finalidad de esta ley y de su homóloga de aprovechamiento,
como muy bien ha dicho mi compañero el señor Rodríguez
Espinosa.
Nosotros estamos claramente --lo hemos dicho ya en Comisión y
lo decimos ahora en el Pleno-- por reintentar el sistema de
participación como eje de la dirección escolar, no tenemos
ninguna duda sobre el particular.
Agradecería al señor Sanjuán, si tiene que hablar con el
Ministro, que se aparte un poco, porque su faz me inspira y me
gustaría verle un poco.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, ruego se ciña a su
intervención y no interfiera con las actitudes de los
Diputados. La Presidencia guardará el orden en el hemiciclo.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias por su amparo, señor
Presidente.
Lo que queremos es que se replantee ese sistema de
participación, pero en su proyecto queda claro que el director
que ustedes diseñan no depende en absoluto de la comunidad
educativa; tampoco depende del claustro, como algunos
profesores proponen; depende de la Administración,
clarísimamente.
Y un problema grave que hay, que no hay candidatos a director,
lo solucionan ustedes de una manera muy original, hay que
reconocerlo. Puesto que no hay candidatos a director, hagamos
más difícil ser candidato. Ese es el proyecto. Hasta ahora,
sin necesidad de acreditación previa de la Administración no
hay candidatos.
A partir de ahora, para que los haya, en teoría, va a haber
que acreditarlos. Usted lo que quiere es que haya más
directores a dedo, porque no habrá candidatos, pero sí tendrá
un cuerpo de docentes disponibles para operaciones de alto
riesgo --unos GEO de la enseñanza--, de los que ustedes
dispondrán para «parachutarlos» en los centros donde no haya
candidatos, que van a ser más que ahora. Ese es el diseño de
la ley, ese es el sentido de su homóloga de aprovechamiento y
por eso claramente estamos en contra.
Y queda claro que depende de la Administración y no de la
comunidad escolar porque ustedes generan una asimetría entre
la duración del mandato de la comunidad escolar, del consejo
escolar, que es de tres años, y se mantiene, y el del
director, que es de cinco años. Por cierto, usted no ha
explicado por qué es de cinco años. En la memoria no se dice
ni una palabra y usted ha dicho aquí que es para que le dé
tiempo a desarrollar el proyecto educativo. Yo le recuerdo,
señor Ministro, porque usted es relativamente nuevo, que la
primaria son seis años, con lo cual cinco no cuadra; la
secundaria son cuatro; cinco tampoco cuadra. Respecto a cinco
años, recuerdo una declaración de su Presidente que, a
propósito de una sugrencia que hizo el Presidente de mi
partido, le recordó que cinco años es más de una legislatura.
A lo mejor esa es la clave de la cuestión. Ustedes quieren que
esos que ponen a dedo y que quieren dejar ahí estén más de una
legislatura, porque son tan ingenuos que creen que van a
volver en una legislatura. No se hagan ilusiones, no se los
van a encontrar luego. Olvídense de eso. Esa es la finalidad.
Y ustedes hasta tal punto desconocen la soberanía que
pretenden atribuir a la comunidad educativa que, por ejemplo,
cuando la comunidad educativa, por dos tercios de los votos,
revoca a un director ustedes dicen que el Ministerio podrá
cesarle. Es decir, si no quiere no le cesa, con dos tercios de
los votos en contra. Por el contrario, ustedes dicen que la
Administración puede cesar a un director previo informe
razonado --que podría ser contrario a la medida, razonadamente
contrario a la medida-- no vinculante del consejo escolar.
Ustedes cesan a un director porque les da la gana y si el
consejo escolar, con dos tercios, lo propone, pueden decir que
no. Hasta tal punto vinculan el director a su comunidad
escolar. Y a esto le llaman ustedes autonomía de los centros.
¡Pues menos mal, porque, sino, no sé qué hubiera pasado!
Para colmo, hay un elemento que no estaba en el anteproyecto,
que han incluido ustedes luego, que es lo de la asociación más
representativa. ¡Muy bueno lo suyo, señor Ministro. Eso sí que
es participación! Todos sabemos en qué consiste el truco. Hay
una asociación que antes de las elecciones ya tiene un
representante en el consejo escolar, sin necesidad de que se
cuenten los votos. ¡Muy democrático! Ya sabemos para qué sirve
eso; lo vimos en la ley de participación de órganos de la
Administración, ya sabemos a dónde va eso. Muy bien.
Estupendo.
En caso de ausencia de candidatos, ustedes designan a dedo por
cinco añitos --¡cinco añitos a dedo!--, ustedes ya dictaminan
que aquí no va a haber candidatos en cinco años. ¿No sería más
lógico designarlos por un año y ver si se anima la afición?
Ustedes no tienen interés en que se anime la afición. Para
ustedes lo de la participación es una pura excusa para colocar
a dedo masivamente a los directores.
Por otra parte, señor Ministro, está usted tan preocupado con
los elegidos a dedo que se le ha olvidado en el proyecto --
repáselo-- decir cuánto dura el mandato de los directores
elegidos, no lo dice. Dice cuanto dura el de los designados a
dedo y por analogía entendemos que el de los elegidos será
también de cinco años. usted habla de cinco años para los a
dedo, cinco años para otros cargos directivos y de los
elegidos se ha olvidado porque, en el fondo no le interesan.
Usted tiene su fijación.
Si falta mayoría absoluta, nos parece más lógico que sea el
más votado, aunque no tenga mayoría absoluta, a que sea
alguien puesto por usted a dedo. Por tanto, esa exigencia de
mayoría absoluta es absurda y justifica en muchos casos el que
haya tan pocos elegidos.
En cuanto a los nombramientos provisionales, no entendemos que
usted diga que los que nombre a dedo duran cinco años; ahora,
si un director actual se niega a ser prorrogado, en uso de su
dignidad, y hay elecciones, eso dura sólo un año. Una
dirección hecha ahora, un año; una puesta a dedo por usted
después, cinco. Muy bien. ¡Viva la democracia y la
participación! Se puede tener el modelo que se quiera, lo que
no se puede decir es que usted opta por la participación en
esas circunstancias, porque es una tomadura de pelo.
Creo que simplemente con que usted hubiera introducido en este
proyecto una transitoria, por la cual se respetara a los
elegidos y se aplicara la Ley inmediatamente a los designados
a dedo, se hubiera resuelto el problema.
De la mezcla que organizan ustedes de méritos, apreciación de
los méritos por la comunidad escolar, etcétera, ya hemos
hablado en Comisión y n cuanto a la acreditación para ser
candidato, a partir de ahora, en vista de que hay pocos
candidatos, para ser candidato hay que ser hombre de confianza
de la Administración. Lógicamente, todos los puestos a dedo en
los últimos cinco años, según una disposición de las que se
suelen añadir al final, que son las interesantes, se
convierten automáticamente en acreditados. El diagnóstico que
hacen ustedes sobre por qué hay escasez de candidatos es
realmente cómico. Según dicen ustedes, los directores son
elegidos por tres años por el consejo escolar, sin otro
requisito que tres años de antigüedad; o sea, que no hay
candidatos porque es demasiado fácil serlo. A partir de ahora,
que ustedes lo van a complicar,
van a llover los candidatos. Les recuerdo los datos, los que
ustedes ponen en la memoria. En el año 1985, el 63 por ciento
de los directores eran elegidos; en el año 1991-1992, sólo el
46, porque ustedes desde la Administración no les han
respaldado, porque ustedes les han creado continuamente --y lo
recoge la memoria-- una situación de auténtica esquizofrenia.
Dicen ustedes en la memoria, con una sinceridad encomiable: El
director deberá incorporarse de nuevo al claustro como
profesor del centro, una vez terminado su mandato, lo que
puede influir en sus decisiones y explica en qué
circunstancias se mueve el director; se producen diferencias
entre los criterios de la Administración --que es lo que a
ustedes les interesa-- y los del conjunto de la comunidad
escolar; se encuentra en una difícil disyuntiva: o cumple con
sus obligaciones --que por lo visto son obedecer a la
Administración--, enfrentándose a aquellos que le eligieron, u
opta por ejercer como representante de su centro, en perjuicio
de sus responsabilidades.
Señor Ministro, si usted habla de autonomía, ¿cómo es posible
que las obligaciones y las responsabilidades del director no
le vengan dadas por la comunidad escolar, sino por la
Administración? ¿Me lo quiere explicar? ¿Qué entiende usted
por autonomía? Yo no sé en qué piensan los grupos sensibles a
la autonomía cuando oyen esto; a lo mejor tienen una visión
demasiado territorial del fenómeno, pero, desde luego, es
sorprendente que se nos plantee un concepto así de autonomía.
En cuanto a la formación, está claro, señor Ministro, que
viene muy bien como apoyo al director, pero no como condición.
Usted, por ejemplo, para nombrar un director provincial que
tiene mayores responsabilidades y más vinculación a la
Administración que un director de centro, no obliga a
cursillos previos ni nada por el estilo; nombra a quien a
usted le parece; basta la confianza del Ministerio para suplir
cualquier otra cuestión.
Paso a ocuparme del segundo aspecto, que es el de la
inspección. Ustedes desmantelaron el cuerpo de inspección, que
era un cuerpo profesional, especializado y permanente. Ustedes
dijeron, según dice la memoria --y vuelve a ser cómico--, por
qué desmantelaron ustedes en la Ley 30/1984 el cuerpo. Dice
que intentaban adelantarse a los profundos cambios e
innovaciones en materia educativa que ya se estaban
debatiendo. Para adelantarse a los cambios, se llevaron por
delante el cuerpo de inspectores, y ahora que se han hecho los
cambios lo vuelven a poner. ¿No será que han hecho ustedes lo
mismo que con los catedráticos de universidad, que jubilaron a
una serie de promociones porque sí y luego han vuelto a
restablecer la jubilación a los 70 años? ¿No estamos aquí ante
una depuración encubierta, señor Ministro? Porque esto
realmente no tiene explicación alguna.Dice en la memoria que
en el modelo de acceso a la función inspectora, que justificó
desmantelar el cuerpo, estaba concebido que los docentes, en
esta función, transcurridos los períodos de tres y seis años
se incorporasen de nuevo a la docencia. No obstante, la
realidad ha demostrado que para la adecuada organización de un
servicio que tiene carácter permanente es preciso disponer de
unos funcionarios permanentes. ¡Buenísimo! O sea, que ustedes
reconocen que han desmantelado de espaldas a la realidad el
cuerpo de inspectores y que luego han descubierto de pronto,
cuando han tenido tiempo de enfrentarse a la realidad, que
para una función permanente viene bien un cuerpo permanente.
¡Muy bueno lo suyo, señor Ministro! Yo le aconsejo que mire a
la realidad un poquito más y con más continuidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le ruego que concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señor Presidente. Yo
hago una pregunta que usted no ha contestado: ¿Por qué no se
crea de verdad un cuerpo de inspectores? ¿Por qué recurren
ustedes a ese término pintoresco de categoría? ¿Por qué no un
cuerpo de inspectores para hacer una función profesional,
especializada y permanente? Por una razón muy simple, porque
resulta demasiado hiriente como término de comparación que
ustedes se carguen un cuerpo, metan a 600 señores por un
procedimiento atípico y ahora creen de nuevo el mismo cuerpo
para meterlos dentro. Entonces, prefieren convertirlo en
categoría. Eso parece; espero ahora alguna explicación de por
qué esto no es un cuerpo, porque la verdad es que no tiene
fácil explicación. Ustedes no desarrollan la alta inspección,
que se contempla en los estatutos de autonomía. Por lo visto,
no les interesa la alta inspección.
Para terminar, lo que diseñan es un clientelismo en circuito
cerrado. Aquí, el que haya hecho determinados méritos,
cursitos, etcétera, tendrá puntos y será acreditado para ser
director, no se presentará nadie y ustednombrará a todos a
dedo. Por cier condición de catedrático, que es otra fórmula
mágica que inventaron para justificar el desmantelamiento del
cuerpo de catedráticos de bachillerato; ahora, lo han
corregido y dicen que hay que ser catedrático. ¿Van ustedes a
enterrarlos de condición? ¿Van a dejar al olvido que se han
cargado un cuerpo de catedráticos? En Andalucía, en primera
página de los periódicos, árbol genealógico de familias
políticas y no políticas que han accedido a la condición de
catedrático. Se ha hecho mediante un sistema incalificable.
¿Ahora no se va a llamar condición de catedrático, se va a
llamar catedrático para que parezca que lo son? ¿En eso
estamos ahora? Eso es clientelismo en circuito cerrado.
Para colmo, dicen que la inspección es el punto de llegada.
Señor Suárez Pertierra, usted es catedrático de universidad.
¿Su punto de llegada es ser inspector? ¿Por qué cree que los
profesores de secundaria o de primaria tienen unos objetivos
profesionales distintos de los suyos? ¿Se cree más listo?
Francamente, creo que quizá lo que tenía que hacer usted es
ser inspector.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, anuncio,
en nombre del Grupo Socialista, el voto en contra de las dos
enmiend por Izquierda Unida como por el Grupo Popular.
Consideramos que de prosperar cualquiera de ellas haríamos un
flaco favor a la mejora de la calidad de la enseñanza en
nuestro sistema educativo.
Estamos convencidos, señor Presidente, señorías, de que la
aprobación del proyecto de ley de participación, evaluación y
gobierno de los centros escolares va a contribuir de forma
sustancial a la mejora de la calidad de la enseñanza de
nuestro sistema educativo. Creemos, lo digo sinceramente, que
la nueva ley ayudará de forma importante al mejor
funcionamiento de los centros escolares públicos; en general,
de todos, pero especialmente a la red de centros públicos. Los
centros públicos, desde mi punto de vista, son las células
principales del tejido educativo, del cuerpo educativo, si
quieren ustedes del sistema educativo español, cuyo mejor
funcionamiento hará aumentar la calidad de nuestro servicio
público de educación, en el que están integrados tanto la red
de centros públicos como la red de centros concertados
sostenidos con fondos públicos.
Señor Presidente, señorías, permítanme que explique por qué he
anunciado el voto en contra del Grupo Socialista a dos
enmiendas, permítame que explique cuáles son los dos tipos de
razones por las que el Grupo Socialista votará en contra de
estas enmiendas.
La primera razón es porque consideramos positivo el contenido
del proyecto de ley. Creemos que es un buen proyecto para
iniciar un debate en esta Cámara acerca de la mejora de la
calidad de la enseñanza de nuestro servicio público educativo;
con los trámites que tiene por delante el proyecto de ley,
pensamos que es un texto lo suficientemente elaborado, con un
contenido lo suficientemente positivo como para posibilitar un
buen debate y, además, favorecer que aprobemos una ley que,
como decía al principio, vaya a mejorar la calidad de nuestro
sistema escolar.
La segunda razón la expondré brevemente, puesto que en este
sentido ya lo ha explicado de forma abundante el señor
Ministro en su primera exposición. Para oponerme a las
enmiendas en nombre del Grupo Socialista, la segunda razón,
desde mi punto que representan, porque no existen, las
propuestas que deberían haber hecho, tanto Izquierda Unida
como el Grupo Popular, para mejorar la calidad de nuestro
sistema educativo. Hay carencia de alternativa por parte de
los dos grupos en lo que se refiere a qué medidas deben
aplicarse a nuestro sistema escolar para mejorar su calidad.
Es verdad que en esta ocasión el Grupo Popular e Izquierda
Unida, como siempre en los últimos tiempos, han actuado juntos
en estas lides de oposición al Gobierno, de oposición a los
socialistas, pero no han hecho propuestas razonables y
razonadas que deban ser puestas en marcha por la
Administración para mejorar la calidad de nuestro sistema
educativo. En éstas me detendré un poco más.
Señorías, en esta Cámara se han debatido y se han aprobado,
además con alto grado de acuerdo, dos importantes leyes
educativas que, desde mi punto de vista, han constituido hitos
destacados en la política educativa que los socialistas hemos
impulsado en estos últimos años. Me estoy refiriendo a la LODE
y me estoy refiriendo a la Logse. La LODE, Ley que garantiza
el derecho de todos a la educación, que garantiza la libertad
de elección dentro de una oferta plural de centros financiados
con dinero público, que garantiza una amplia participación de
la comunidad escolar en el funcionamiento de los centros y en
el funcionamiento del sistema educativo. Y la Logse, que pone
en marcha una ambiciosa reforma educativa con unos objetivos
muy claros, al menos dos: Más educación para todos los
españoles --se eleva el techo de la enseñanza obligatoria de
los 14 a los 16 años-- y una enseñanza de más calidad en todas
sus formas y modalidades, también para una población más
escolarizada, al haber subido ese techo de escolaridad
obligatoria.
El proyecto que estamos debatiendo en estos momentos pretende
completar y complementar las reformas introducidas por la LODE
y por la Logse en al menos cuatro aspectos fundamentales. En
primer lugar, profundizando el modelo participativo
establecido por la LODE. En segundo lugar, ajustando la
organización y el funcionamiento de los órganos de gobierno de
los centros escolares sostenidos con fondos públicos, creados
en su momento por la LODE, pretende adaptarlos a las
exigencias establecidas en la Logse. En tercer lugar,
desarrollando el Título IV de la Logse, referido a la calidad
de la enseñanza. La presente ley pone en marcha una serie de
medidas en relación con los centros escolares con el único
objetivo de mejorar de forma progresiva la calidad de
enseñanza de nuestros centros educativos. Y en cuarto lugar,
reforzando la solidaridad de todos los centros escolares,
públicos y concertados, para la escolarización de los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Para conseguir esto, el proyecto de ley refuerza --podemos
recurrir a los artículos que así lo regulan-- la participación
de la comunidad escolar. No existe, como se ha dicho en alguna
intervención, recorte de la participación escolar regulada en
su momento por la LODE. Existe un reforzamiento de la
participación de la comunidad escolar en los centros escolares
especialmente.
La amplia participación establecida por la LODE queda
reforzada con la incorporación al consejo escolar de eso que
criticaba hace un momento el portavoz del Grupo Popular, un
representante de las asociaciones de padres y un representante
del mundo empresarial y laboral en aquellos centros de
formación profesional específica y en los centros de artes
plásticas y de diseño. Por lo tanto, esta ley no recorta sino
refuerza el modelo participativo creado en su momento por la
LODE.
Por otro lado, dota de mayor autonomía a los centros
escolares, mayor autonomía en la elaboración del plan
educativo del centro --proyecto le gustaría más al señor
Ollero, estoy seguro--, mayor autonomía en la información a la
comunidad educativa sobre el plan educativo del centro y mayor
autonomía en la gestión de los recursos económicos en los
propios centros escolares. Eso sí, en este último aspecto se
establecen las cautelas necesarias para, como decía el
Ministro en su intervención, que la diversidad que estamos
propiciando no provoque desigualdades en los centros. Sí a la
diversidad de centros, pero evitando la desigualdad entre los
mismos.
Otra de las medidas propuestas en el proyecto de ley se
refiere al reforzamiento de los órganos unipersonales de
gobierno de los centros y, especialmente, al director. Se
aumenta la duración del mandato a cinco años, se mantiene la
elección del director, tal y como está establecido en la LODE,
por el consejo escolar; eso sí se exigen ciertos méritos a los
candidatos a director y se incentiva económica y
profesionalmente a los directores, con un único y solo
objetivo, no es dificultar, como decía el portavoz del PP en
su intervención, no para dificultar la elección de directores
en los centros escolares, no para evitar su elección y hacer
posible que sean designados por la Administración --el señor
Ollero siempre está pensando mal en estas cosas--, sino
justamente para algo muy distinto, señor Ollero, para que los
que accedan a la dirección de los centros escolares sean
profesionales más preparados y que cuando ejerzan su función
directiva ésta sea reconocida, sea más reconocida, tanto desde
el punto de vista profesional como desde el punto de vista
económico.
En cuarto lugar, se impulsa la evaluación de los centros
docentes y del sistema educativo en general, así como la
publicidad de los resultados En quinto lugar, se define la
función de la inspección educativa y se da estabilidad a los
funcionarios docentes que ejerzan esta función inspectora,
algo que consideramos muy importante, y por claramente las
funciones que debe tener la inspección educativa: funciones de
supervisión, funciones de asesoramiento, funciones de
orientación, funciones de información y funciones de
inspección, todas ellas, referidas tanto a los centros
escolares como al sistema educativo en su conjunto.
Finalmente --por sólo citar éstas y no referirme a otras
medidas que se contemplan en el proyecto-- se impone a todos
los centros sostenidos con fondos públicos la obligación de
escolarizar a los alumnos con necesidades educativas
especiales o pertenecientes a minorías étnicas o culturales.
Esta es la propuesta, estas son las razones que desde nuestro
punto de vista nos hacen que, en positivo, apoyemos el
proyecto de ley y tengamos que oponernos a las enmiendas que
presentan tanto Izquierda Unida como el Grupo Popular. Porque
frente a estas propuestas ¿qué dicen ustedes? ¿Qué proponen?
¿Qué propone el Grupo Popular? ¿Qué propone I Desde mi punto
de vista proponen muy poco, o diría que no proponen nada. Lo
que sí hacen son muchas objeciones al contenido del proyecto
de ley, muchas objeciones poco consistentes desde mi punto de
vista y, desde luego, insisto, ausencia total de alternativas.
Porque las objeciones que ponen --y se han referido a ellas
los dos intervinientes que han defendido sus enmiendas-- son,
entre otras, que ha existido escasa información, escasa
discusión y escasa negociación con los interesados. Señor
González, este proyecto de ley es producto de un documento de
sesenta y siete medidas sometido a una fuerte discusión en los
centros escolares, entre los sindicatos de profesores y entre
las organizaciones de padres; y fruto de este debate salió su
contenido. Por tanto, no se puede acusar de que no ha existido
información, de que no ha existido discusión y no ha existido
negociación. Lo que quizá no haya existido y en estos momentos
no exista todavía sea el acuerdo que nosotros queremos que se
produzca antes de finalizar la tramitación de este proyecto de
ley, el acuerdo más amplio posible.
Como segunda objeción argumentan ustedes que se recorta la
participación. Creo que he explicado abundantemente hace un
momento que esto no era así. También objetan --dicen-- que la
mayor autonomía de los centros y la posibilidad de obtener
ingresos derivados de la utilización de las instalaciones y
recursos de los centros públicos fomentará las diferencias
entre los centros en función de los recursos propios que sean
capaces de generar.
El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, le ruego concluya.
El señor NIETO GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Esto que ustedes ven como algo muy negativo nosotros lo
queremos poner en positivo, porque nos parece positivo que
existan centros diferentes. No queremos que existan centros
desiguales y para evitar esa desigualdad el proyecto de ley
contempla una serie de medidas en el artículo 7.3, repito,
para evitar estas desigualdades y favorecer las diferencias.
Critican también la jerarquización --dicen-- de la profesión
docente, que se impulsa una gestión no democrática y que se
recrea el anterior modelo del cuerpo de directores. Nada más
alejado de la realidad. No son ciertas ninguna de estas
críticas u objeciones que ustedes ponen.
Dicen --y con esto voy terminando, señor Presidente-- que se
va a una mayor privatización --esa crítica la hace Izquierda
Unida--, rechazando la posibilidad de ampliar los acuerdos con
centros privados para el segundo ciclo de la educación
infantil. La ley contempla, igual que contemplaba en su
momento la Logse, la posibilidad de acuerdos de financiación
con centros de educación infantil. ¿Qué hace la nueva ley? Lo
que hace la nueva ley es reforzar este planteamiento de la
Logse en lo referente a aquellos centros que acojan a alumnos
con necesidades educativas especiales en el segundo ciclo de
la educación infantil.
En el polo opuesto, el Grupo Popular pide la gratuidad total
para la educación infantil; lo hace en su texto escrito, hoy
no se ha atrevido a presentarlo el portavoz desde esta
tribuna.
Por tanto, señor Presidente, creemos que existen abundantes
razones para rechazar las enmiendas y seguir la tramitación
parlamentaria del proyecto de ley, tramitación que vamos a
abordar, como Grupo Parlamentario Socialista, con un espíritu
totalmente abierto. Queremos llegar a acuerdos, al menos a los
mismos acuerdos a los que llegamos en épocas anteriores, en
tramitaciones anteriores, con las otras leyes educativas
aprobadas por esta Cámara, compromiso del Grupo Socialista que
queremos hacer llegar a todos los Grupos Parlamentarios y de
forma especial a aquellos Grupos Parlamentarios que en la
tramitación de la LODE y de la Logse apoyaron estos proyectos
de ley y votaron favorablemente los mismos. Y además queremos
hacerlo extensivo también a los sectores sociales afectados.
En la tramitación parlamentaria creemos necesario, y como
Grupo lo impulsaremos, llegar al mayor acuerdo social y
parlamentario posible para que la ley salga aprobada con el
mayor número de apoyos de que seamos capaces.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítanme, en primer lugar, aclarar al señor Nieto una cosa
que no consigo aclararle. Las propuestas que defiende el señor
Ollero yo las respeto como demócrata, pero no comparto casi
ninguna. Por tanto, no intente mezclar a mi Grupo y a mí mismo
continuamente con las propuestas del señor Ollero para
justificar otras cosas, porque corre el riesgo de que le
pregunte yo algunas cosas en este tema.
Dice que nuestras propuestas van vacías de alternativas.
Estamos en un proceso, en un proceso de defender una enmienda
a la totalidad y justif es su alternativa, pero le voy a
adelantar algunas y verá usted, en todo el proceso de
discusión, cómo tiene enmiendas que debatir. Cuando ustedes
hablan en esta ley de la colaboración de la Administración
para el impulso de las actividades extraescolares y
complementarias, yo le digo que no hay ningún avance en
relación con la formulación genérica que hacían en las setenta
y siete medidas. ¿Qué compromiso presupuestario permanente y
qué recursos humanos hay para llevar adelante esa
colaboración? Tiene que haber un compromiso presupuestario y
recursos humanos. Primera propuesta.
Cuando yo me refería a la vaguedad en el tema de la obtención
de ingresos derivados de la utilización de sus instalaciones y
recursos, yo pregunto: ¿Se están refiriendo al alquiler de los
locales? ¿A qué actividades? ¿A la formación privada en un
local público? Y yo le digo --siguiente propuesta--: los
centros públicos deben estar abiertos a su utilización por la
comunidad escolar y el entorno social para actividades
educativas, culturales, sociales o deportivas y totalmente
gratuitas, o como mucho con una compensación estricta para el
impacto de la actividad en los gastos de funcionamiento del
centro.
Cuando usted habla de la composición y competencia del consejo
escolar se amplía la duración a tres años y parece que la
justificación que dan, que pudiera ser para que adquieran un
mayor rodaje o estabilidad, no es tal, porque creo que esta
medida puede disuadir a posibles candidatos y además
contribuye de hecho, al dilatar el período, a que participe
menos gente en el consejo escolar. Mi Grupo mantendría el
mandato en dos años, en la forma actual, aunque estaríamos
dispuestos también a valorar si sería más conveniente crear un
consejo escolar de mandato indefinido que se fuera renovando
por mitades cada dos años y de este modo no habría tampoco
ruptura de funcionamiento; se podría limitar a cuatro años
seguidos como máximo la presencia en el mismo e introducir
otros derechos, por ejemplo, el permiso laboral retribuido
para la asistencia a las reuniones de los representantes de
los padres de alumnos y podrían estar ahí de forma más
efectiva.
En cuanto al director y al jefe de equipo, compartimos su idea
de que el conocimiento del centro y la experiencia
docente es una valoración po creo que la valoración la puede y
debe realizar el propio consejo escolar a la vista de los
méritos y el currículum profesional que alegue el candidato,
que debería facultarse al consejo escolar para contrastar los
méritos y el programa de dirección mediante entrevista al
interesado u otros medios.
La ampliación de la duración del mandato de los directores
puede mermar, como decía en otros casos, la cantera escasa de
candidatos. No es justificable un período tan largo de tiempo
para desarrollar un programa por parte de los directores si
usted mismo, si los gobiernos, si los partidos políticos, si
los sindicatos, si los rectores de la universidad tienen
limitado su mandato. ¿Por qué no lo van a tener los
directores? Nuestro grupo sería partidario de un mandato de
cuatro años, con un paso del Ecuador --podríamos llamar-- de
dos años, en el que el director y el consejo hicieran un
balance de su gestión y renovaran su confianza. Sería el
momento en que de un modo natural un director podría decidir
si sigue o no sigue en el cargo por voluntad propia o por
pérdida de confianza, por ejemplo.
La designación de los jefes de estudio y secretarios. Mi Grupo
considera irrenunciable la actuación del consejo escolar en la
designación de los otros cargos unipersonales. Puede darse, si
no, la situación de que un director elegido puede ver
rechazada su propuesta de nombramiento de órganos
unipersonales y, ante esta situación, ¿qué ocurriría? Lo mismo
podríamos decir en relación a otras propuestas referidas a la
ausencia de candidatos, a la evaluación de centros y
profesores, a la inspección.
El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego concluya.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Concluyo ya, señor Presidente,
porque, efectivamente, en todo el proceso próximo contará el
señor Niet buena cantidad de enmiendas, en las que podremos
discutir si volvemos a ese consenso político que un día
tuvimos y que nos llevó a hacer una ley progresista, o si el
señor Nieto y su Grupo están presos de otra situación y no
pueden llegar a ese consenso político.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, quiero
agradecer ante todo al portavoz socialista que haya alabado
nuestro escrupuloso cumplimiento del Reglamento. Ha dejado
claro que nos hemos limitado a hacer objeciones --o sea, a
enmendar--, que nos hemos referido a la totalidad y no a
detalles parciales y que hemos renunciado a defender ahora la
proposición de ley de gratuidad de la educación infantil, que
se debatirá aquí cuando la Mesa estime oportuno; o sea que
hemos cumplido el Reglamento.
A mí me gustaría decir lo mismo de él, pero es más difícil
porque parece que la presentación que ha hecho el Ministro le
ha parecido muy pobre, y el señor Nieto ha hecho una
representación del proyecto en la que ha tenido el detalle de
hacer alguna alusión pasajera a nuestro Grupo, que le
agradezco de corazón, ya que con esa preocupación comprendo
que le habrá costado mucho trabajo. Quizás esté reservando sus
argumentos para un turno ahora, donde ya no hay réplica y,
así, con las espaldas guardadas, poder decir lo que le
parezca.
Por supuesto que el Grupo Popular tiene alternativasy las
plasmará en su momento en enmiendas parciales. Si de verdad,
por ejemplo, se está por la participación, cabe perfectamente
que, si no hay candidatos, el consejo escolar elija un
director entre los profesores que forman parte de dicho
consejo escolar, aunque no sean candidatos. Hay muchísimos
órganos cuya cabeza se elige sin necesidad de candidatura
formal. Los nombramientos provisionales, si se está por la
participación, pueden ser por un año y no por tres. ¿Es que el
Ministerio necesita, señor Ministro, tres años para poner en
marcha un centro? ¿Es que no es capaz, en un año, de poner a
un centro de nueva creación en condiciones de tener director?
¿De verdad es así? Sería muy preocupante. Nadie ha explicado
por qué los cinco años. Seguimos a la espera de noticias sobre
el particular.
En cuanto a la función de los inspectores, éstos deben ser
profesionales que se sienten llamados a esa tarea, que van a
desarrollarla con una especialización, de una manera
permanente. No tiene ningún sentido que la figura del
inspector se convierta en el premio de una tómbola, que es lo
que ustedes hacen en este proyecto, eso no es serio. No tiene
sentido decir: «pórtese usted bien con la Administración
reiteradamente y le haremos inspector». Eso va a quitar
categoría profesional a la inspección. Yo sigo preguntando:
¿Va a haber cuerpo de inspectores o no va a haberlo? ¿Es que a
ustedes les parece mal incorporar --que eso significa cuerpo--
a quienes han introducido de una manera atípica para que
disfruten de lo que es realmente un cuerpo?
Señor Nieto, a lo mejor ha llegado ya a sus manos una enmienda
que probablemente se presente en esta Casa, probablemente por
un Grupo que no es el suyo y que probablemente usted acabará
aprobando. Esta enmienda dice lo siguiente: Se crea un cuerpo
de inspectores. En ese cuerpo de inspectores se incluye el
cuerpo superior de Administración de la Generalitat y el
cuerpo A.11 de la Junta de Andalucía. Todos los inspectores
nombrados atípicamente que sean del grupo A entran por las
bravas en el cuerpo de inspectores. Los que sean del grupo B -
-se supone que teniendo la titulación-- harán un concurso-
oposición de turno especial,
al que sólo se presentarán ellos, y los que no entren de
ninguna manera se jubilarán siendo inspectores. Esta es una
enmienda que le anticipo, que probablemente asome por aquí y
que usted vote. Se lo digo para que sepa por dónde van a ir
sus propias posturas. No se quejarán de que no les facilito la
tarea.
La cuestión es si va a haber un cuerpo de inspectores o no y
si ustedes van a seguir la tónica que han seguido con motivo
de una sentencia que convocatoria de inspección. Al anularla,
ustedes han mantenido interinamente a aquellos cuyo
nombramiento había sido anulado. Los han mantenido como jefes
de servicio de los que son inspectores de carrera, han
mantenido a diecisiete de coordinadores de inspectores de
carrera y ahora los introducen en un curso de formación y los
mantienen como jefes de servicio mientras hacen un curso de
formación sobre aquello que ellos deben organizar. Eso
significa realmente mantener a los que hemos metido, pase lo
que pase. Si esa es su filosofía, nuestra enmienda es a la
totalidad. Esa es la cuestión.
En cuanto a otros aspectos a los que ha aludido S.S. en su
turno, apuntaré lo siguiente. En efecto, en el proyecto se
contempla la adscripción de determinados centros de primaria
para acceso a centros de secundaria. Eso significa
zonificación bloqueada y eso significa condicionar la elección
de centro en un momento en que el proyecto educativo debe
convertirse precisamente en el factor, primero, de libertad de
los ciudadanos y, segundo, de posibilidad de evaluación. No
hay posibilidadde evaluación cuando no hay el cr que elige,
cuando se margina ese criterio y se crea una zonificación que
cautiva al ciudadano y le obliga a ir a un centro determinado.
Ustedes contemplan la posibilidad de evitar el proceso de
acceso a la primaria sólo para alumnos con necesidades
especiales y admiten que sigan en primaria en el centro en que
han estado en infantil. Por tanto, hace falta ser un alumno
con necesidades especiales, marginado, con minusvalías, para
gozar de algo tan elemental como el derecho a seguir en el
centro donde están cuando tienen seis años, edad en la que es
fundamental no cambiar de centro. Ustedes generalizan la
integración de los alumnos con minusvalías o desigualdades por
decreto sin garantía alguna de apoyo. A ustedes les preocupa
más la igualdad de los centros, que todos los centros se vean
obligados a recibir a esos alumnos, lo cual nos parece muy
bien si hay puntos de apoyo en los centros, les preocupa más
la igualdad entre los centros que la real atención a los
alumnos cuando todos sabemos que no todos los centros están en
condiciones de poderlos atender. Pero ya se ve que para
ustedes lo fundamental de la integración es más que nada que
todos los centros sean igual tratados y no que los alumnos
sean atendidos debidamente.
Por todas estas razones y por la absoluta escasez y pobreza
actual de sus argumentos, nuestro Grupo mantiene la enmienda a
la totalidad e invita a los demás grupos a suscribirla.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Ollero.
Tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Con suma brevedad, señor Presidente,
para contestar al señor González.
Le decía, y le reitero en estos momentos, que no comprendo la
oposición frontal o total, que es lo que representa una
enmienda de devolución, a un proyecto de Ley como éste, señor
González, que tiene un norte muy claro, que es el de mejorar
la calidad de la enseñanza a través del mejor funcionamiento
de los centros educativos y, especialmente, a través del mejor
funcionamiento de los centros educativos públicos y en
general, si usted quiere, de los sostenidos con fondos
públicos. Por lo tanto, no termino de entender esa oposición
frontal, porque es una ley que, como le decía en mi primera
intervención, da más participación, más autonomía a los
centros, allega más recursos a los centros y además forma unos
equipos directivos con mayor capacidad de gestión y dirección
de estos centros. Es cierto que usted ha planteado una serie
de interrogantes sobre cuestiones que van en el proyecto de
ley que deben ser objeto de discusión en el trámite de
Ponencia y Comisión. Algunas de ellas me han parecido
razonables y, desde luego, justifican enmiendas parciales,
pero lo que desde mi punto de vista no justifican es una
enmienda de totalidad pidiendo la devolución de este proyecto.
La preocupación que usted manifiesta de forma sistemática de
que debe haber financiación adecuada y recursos económicos
suficientes también la tengo yo y estoy convencido que más
intensamente la tiene el Ministro de Educación, porque eso es
imprescindible para dotar de mayor calidad a cualquier sistema
educativo. Desde luego si hay más recursos, combinados con
otras cosas, será posible que la enseñanza sea de más y mejor
calidad. Dicho esto, en cualquier caso, reitero el compromiso
de, en el trámite de Ponencia y Comisión, mantener un espíritu
abierto y dialogante sobre aquellas cuestiones que sea posible
incorporar, como siempre ha sucedido cuando hemos tramitado
leyes educativas. En cuanto al planteamiento del señor Ollero
tengo que decir que presenta alguna cuestión menor a la que
dice que no le he respondido. Le preocupa la duración del
mandato de los directores en cinco años. Es una cuestión
discutible. El proyecto de ley lo plantea en esos términos.
Parece razonable que un mayor período en la duración del
mandato de los directores haga posible que los equipos
directivos se consoliden y puedan gestionar de forma más
adecuada un centro educativo.
En cuanto a la inspección y a su preocupación sobre si
existirá cuerpo o no yo, tengo que decir que desconozco esa
enmienda que usted acaba de leer. Supongo que viene de otros
lugares, de otras comunidades autónomas donde se está
planteando la cuestión y, desde luego, es la primera vez que
escucho la lectura de algo semejante. Lo que sí hemos
mantenido, y mantengo en estos momentos en nombre del Grupo
Socialista, es que la función inspectora, para que funcione y
sea mejor, debe tener estabilidad, debe ser estable y los
funcionarios docentes que ejerzan esa función inspectora deben
tener la mayor estabilidad posible. En esa línea está
redactado el proyecto de ley y esa es la postura que el Grupo
Socialista ha defendido siempre y viene defendiendo desde que
se inició el debate y discusión de las 77 medidas que han dado
origen a este proyecto de ley.
Para terminar, señor Ollero, me ha preocupado la parte última
de su intervención. Me la temía. Estaba viendo que no quería
decirlo, pero al fi usted contenerse y lo ha dicho. No quiere,
y lo ha manifestado de una forma que me ha dejado preocupado,
que accedan a los centros concertados, financiados con dinero
público, los alumnos con necesidades educativas especiales o
los procedentes de minorías étnicas o culturales. Lo ha dicho
usted. Lo único que le preocupa, y lo ha manifestado al final
de forma nítida y clara --y es lo que sí que exige-- es que no
quiere presencia de niños con necesidades educativas
especiales en los centros concertados, no quiere niños
procedentes de minorías étnicas. Lo que quiere es la
financiación a la gratuidad de este tipo de centros cuando
impartan la educación infantil. Evidentemente ahí no nos vamos
a encontrar, señor Ollero. Nosotros creemos que la solidaridad
en el acogimiento de este tipo de niños con necesidades
educativas especiales debe ser compartida por todos los
centros que son sostenidos con fondos públicos, sean centros
públicos o concertados (Un señor Diputado: ¡Muy bien!). Desde
luego la gratuidad de la educación infantil creemos que no
será posible y desde luego nosotros no vamos a propiciar la
gratuidad mediante la fórmula de conciertos de la educación
infantil cuando haya otras necesidades que cubrir dentro del
período de la enseñanza obligatoria, que es la que es gratuita
por ley y la que debe, desde nuestro punto de vista, seguir
siéndolo.
En otras cuestiones menores que ha planteado el señor
Ollero...
El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, le ruego concluya.
El señor NIETO GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
En otras cuestiones menores que ha planteado el señor Ollero
estaremos dispuestos a dialogar en los trámites de Ponencia y
de Comisión.
Nada más y muchas gracias.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
Nieto.
¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, quisiera, en primer lugar,
felicitar al señor Ministro de Educación y a su Ministerio por
haber suscitado este de la valentía suficiente para haber
recorrido todo este proceso de debate social al que se ha
visto sometido este proyecto de ley. Yo creo que en la actual
coyuntura política, en un momento en el que la propia acción
de Gobierno está en una serie de parámetros muy delimitados y
concretos, es justo, desde un Grupo como el Vasco, reconocer
la valentía del Gobierno en afrontar un tema como el educativo
y haberlo hecho además con una metodología muy precisa,
habiendo suscitado un debate social entre todos los agentes
educativos, incluso publicando un libro, y, en esta última
fase, habiendo preparado dos proyectos de ley que son los que
nos ocupan en este momento.
Yo creo que en una coyuntura en la que se discute de la acción
política del Gobierno, cuando ésta precisamente se mueve en
otras direcciones, es una satisfacción poder comprobar que el
Gobierno también tiene una serie de iniciativas y metodologías
que implican a los distintos agentes sociales, y ante tal
cúmulo de críticas que se han oído en las últimas horas,
quisiera comenzar por aquí esta primera intervención,
destacando la valentía del Gobierno en fomentar este debate
social y en haber articulado este proyecto de ley en aras
precisamente de desarrollar condiciones de calidad, de
participación y de evaluación en el sector educativo, aunque a
la vista de cómo ha ido el debate y la defensa de las dos
enmiendas a la totalidad, uno tenía la impresión de haber
asistido más a un planteamiento sindical sobre la educación
que sobre los parámetros de calidad de participación y de
evaluación.
Tras esta felicitación, señor Ministro, tenemos que empezar
nuestra intervención manifestando que, desde el punto de vista
educativo, es un proyecto de ley que nos gusta. Estuvimos,
como Grupo Vasco, muy lejos de la Lode, rechazamos
frontalmente sus contenidos; en la Logse se produjo una
aproximación entre los modelos educativos que defendía el
Gobierno socialista y el Grupo Vasco, y en este momento, al
haber leído el libro y conocer el debate sobre las 77 medidas,
encontramos unos contenidos muy cercanos a los que son los
programáticos del Partido Nacionalista Vasco.
Dicho esto, indicaré que en esta perspectiva vamos acercando
posturas y vamos acercando modelos educativos, lo cual
entendemos que es correcto y positivo. Estamos muy lejos de
los contenidos de la Lode, nos acercamos mucho a los
contenidos de la Logse y yo creo
que hay una aproximación sustancial en este momento con este
proyecto de calidad, de participación y de evaluación.
Evidentemente, el Grupo Vasco (PNV) tiene la obligación de
apoyar este tipo de proyectos, que nos sitúan en líneas de más
autonomía de gestión, de más participación, de más calidad y
de más profesionalidad. Es verdad que todo es perfectible en
este mundo y que también los modelos que se presentan aquí
pueden ser perfeccionados.
Esperamos, tal y como ha indicado el portavoz socialista, que
en el trámite en Ponencia y en Comisión de este proyecto de
ley podamos encontrar las fórmulas de aproximación de posturas
en relación a estas cuestiones.
No le voy a ocultar, señor Ministro, que, como he indicado en
mi intervención anterior, hay un asunto que nos preocupa de
manera especial y relevante: el ámbito competencial. Nosotros
entendemos que la posición del Gobierno central y del Estado
debería ser la de marcar el mínimo común denominador sobre
todo el tema educativo en el Estado, dado que hay comunidades
autónomas que mantienen competencias exclusivas en esta
materia. Por eso, he afirmado anteriormente que en algunos
momentos uno tiene la impresión de que se confunden las
atribuciones que tiene el Gobierno, en cuanto que es Gobierno
central y Gobierno de todo el Estado, con las atribuciones que
se le confieren en la medida en que también están bajo su
responsabilidad las competencias referidas a eso que se llama
el territorio MEC; creo que en este proyecto de ley no se
distinguen suficientemente, al asignar el carácter de ley
orgánica a algunos de los aspectos que se desplazan en estos
artículos y, en consecuencia, a partir de los contenidos que
están caracterizados como ley orgánica en este proyecto de
ley, las bases normativas del Estado engordan y las normativas
de las comunidades autónomas, como la del País Vasco, que ya
tiene en vigor la Ley de la Escuela Pública Vasca, quedan
desplazadas. Entendemos que el proyecto de ley, en sus
trámites en esta Cámara, debe encontrar una serie de acomodos
suficientes para que estos ámbitos competenciales vayan
ajustándose precisamente a los propios ámbitos competenciales
del Estado.
Existe otra serie de aspectos que entendemos que deberían
subsanarse en el trámite en esta Cámara. El proyecto de ley
esta redactado desde la perspectiva de la escuela pública.
Anteriormente, el señor Nieto achacaba al Grupo Popular el que
éste entendía que la escuela pública debía ser subsidiaria de
la escuela privada, pero es evidente que de la lectura del
proyecto de ley se desprende que es la escuela pública la que
hace subsidiaria a la escuela privada. Nosotros creemos que
las redes educativas deben ser redes complementarias. Es
suficiente leer el proyecto de ley para ver que el sujeto de
todas las fases del proyecto de ley es siempre el centro
público y que en una disposición final hace cumplir a los
centros de iniciativa social que están concertados todas y
cada una de las normas que se recogen en el proyecto de ley,
en virtud de esa concertación con el propio Ministerio. E
habla de calidad de enseñanza señor Nieto, a estas alturas del
siglo, no es procedente entender que, en principio, el titular
del centro imprime carácter de calidad. Nosotros creemos que
debe existir una fase en esta redacción de proyectos
educativos donde se hable genéricamente de centros educativos
y que el adjetivo de ese centro, sea público o sea de
iniciativa social, no debe ser óbice para una mayor o menor
calidad. Desde esta perspectiva de entender las dos redes como
complementarias, nos alegramos de que en la redacción de este
proyecto se incorporen a la escuela pública elementos que han
sido muy típicos en la gestión en los centros privados y,
sobre todo, de que se rectifiquen postulados esenciales de la
Lode, sobre todo en los aspectos de la dirección y de la
inspección.
En relación a los centros de iniciativa social, pensamos que
existen elementos positivos que producen un salto sustancial,
que hasta ahora no han sido destacados en el debate y que, por
ello, voy a significar. Nosotros creemos que se mejora la
regulación de las actividades complementarias y extraescolares
de los centros de iniciativa social; que, además, se establece
la analogía de cargos directivos de los centros concertados
con los públicos y que se financian los programas de garantía
social. Creemos que desde esta perspectiva existe un salto
cualitativo, también desde la perspectiva de los centros de
iniciativa social, aunque diré a renglón seguido que existen
todavía algunos aspectos que son más restrictivos que la
Logse: por ejemplo, el tema de la financiación de la educación
infantil, la financiación de la FP, la regulación y cuantía
del módulo de conciertos; que se dificulta el paso de la
infantil a la primaria en los centros de iniciativa social y,
también, el régimen sancionador de los centros concertados.
Entendemos, en su conjunto, señor Presidente, que el proyecto
de ley acerca mucho sus posturas a las posturas tradicionales
del Grupo Vasco en estas materias. Nos gustaría que la reforma
fuera aún a más, es decir, que los trámites en esta Cámara
devinieran en profundizar aquellos aspectos que están
contenidos en el libro de las 77 medidas que entendemos es
mucho más ambicioso que el proyecto de Ley. A nuestro juicio
la orientación de esta reforma, en lo que concierne a los
temas educativos, aunque tibia, es la correcta; estamos más
cerca de la Logse que apoyamos en su día y, en todo caso,
lanzamos el guante al Ministerio, al señor Ministro de
Educación y al Grupo Socialista para que se haga un esfuerzo,
dado que el Grupo Vasco al rechazar hoy las enmiendas a la
totalidad así lo hace, para que se haga ese esfuerzo para
ubicar los ámbitos competenciales en materia educativa en sus
justos términos y se haga por parte del Ministerio, también,
una lectura
de los contenidos de la Ley de la Función Pública Vasca que
está pactada en el Parlamento Vasco por la mayoría de los
grupos de la Cámara, se comparen dichos contenidos y se
posibilite un sistema educativo en el Estado que no sea
unidireccional, donde la pluralidad, tanto a nivel educativo,
cultural, como lingüístico, pueda ser una realidad en este
Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri. Por
el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías.
Nuestro Grupo Parlamentario va a oponerse a las enmiendas de
totalidad que han presentado los Grupos de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y Popular. Va a hacerlo porque
comparte los criterios que han llevado al Gobierno a la
presentación de este proyecto de ley, y los comparte desde la
congruencia y desde la coherencia con otros planteamientos de
nuestro propio Grupo Parlamentario relativos a leyes ya
citadas como la Lode y la Logse, dos leyes que nosotros, desde
la discrepancia pero, eso sí, desde la pertinente colaboración
parlamentaria, votamos a favor en su momento y sobre las que
ahora, desde el propio Gobierno Socialista y desde el propio
Grupo Parlamentario Socialista, se nos dice, a través de este
proyecto de ley... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López de Lerma.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente. Se
nos dice que en aquello en lo que no hubo acuerdo entre el
Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Catalán
de Convergència i U posible tenerlo, porque, de hecho, este
proyecto de ley recoge en su inmensa mayoría enmiendas que
mantuvimos hasta el último momento y que el Grupo
Parlamentario Socialista no quiso aceptar cuando debatimos
esos proyectos de ley. Por tanto, vamos a rechazar estas dos
propuestas de enmienda a la totalidad desde la congruencia,
desde la coherencia, porque, repito, este proyecto de ley no
hace otra cosa que darnos la razón años más tarde de la
aprobación de la Lode y de la aprobación de la Logse.
Este proyecto que nos envía el Gobierno permite dar una
respuesta satisfactoria, una respuesta posibilista,
lógicamente, a una serie de necesidades reales que el sistema
educativo tiene planteadas en estos momentos, a partir de la
aplicación de la LODE y de la LOGSE. Voy a citar simplemente
unos cuantos.
Por ejemplo, se refuerza la figura del director (gran polémica
ha habido esta mañana acerca de ese tema, pero es algo que
nosotros pedimos en su momento cuando se discutió la LODE, en
el año 1983, si no recuerdo mal), incrementando sus
competencias; se da un paso adelante en la línea de
profesionalización de la función directiva (algo que pedía
entonces este grupo), lo cual se establece mediante un
procedimiento de acreditación previa de los profesores para
prepararles en el ejercicio de la función directiva.
Otro aspecto: conciertos educativos. Nuestro Grupo
Parlamentario siempre ha defendido, desde esta tribuna y desde
nuestros escaños con nuestros votos, un sistema mixto de
enseñanza, posiblemente como ningún otro grupo, exceptuando el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), puesto que la realidad
catalana es la de un sistema mixto de enseñanza, un sistema
mixto que respete el derecho fundamental de los padres a
elegir el centro educativo. Conseguimos unos mínimos cuando la
LODE; este proyecto de ley está en esa línea que nosotros
siempre hemos venido patrocinando y preconizando desde esta
tribuna y mejora sustancialmente la LODE en este aspecto. ¿Qué
hace también este proyecto de ley? Efectúa una mejor
regulación de la comisión de conciliación en caso de conflicto
entre el titular del centro y el consejo escolar del mismo o
del incumplimiento de las obligaciones derivadas del
concierto, para que no se produzca lo que ahora se puede
producir con la ley en la mano, que es que, ante la duda o
ante el incumplimiento de ciertas obligaciones, puede
imponerse la sanción de pérdida del concierto educativo, lo
que significa que el castigo no es tanto para el titular del
centro como para los alumnos o alumnas que están presentes en
él y para los padres que han escogido libremente ese centro.
¿Qué otra cosa hace este proyecto de ley? Hace que se
incremente la participación de la comunidad educativa respecto
del propio proyecto directivo presentado por el candidato a
director; van a darle apoyo, van a coordinarse con él, y, por
tanto, no supone otra cosa que una mejor participación de la
comunidad educativa en el proyecto directivo, una conciliación
de posibles intereses contrapuestos desde la
corresponsabilidad en la aplicación de este proyecto, vía
elección del candidato.
Cuestión importante es la utilización de las instalaciones
docentes fuera del horario escolar. Este no es un país rico,
tenemos escuelas con grandes instalaciones deportivas y, a su
lado, el propio municipio o la propia comunidad autónoma crea
otras instalaciones deportivas que convierten en uso
deficitario las propias del centro escolar; con este proyecto
se da autonomía en este aspecto y se facilita la integración
no sólo de la comunidad educativa, sino también del conjunto
de la comunidad en el propio centro docente.
Otro aspecto en el que se incide es en la evaluación del
sistema educativo, en la línea que ya expuso el señor Ministro
y que también ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular de mejora de la calidad de la enseñanza, línea por la
que hemos venido apostando todos los grupos parlamentarios a
lo largo de estos últimos años, algunos más que otros,
mediante la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado, por ejemplo. También en el proyecto anterior hay una
prórroga de mandato de los órganos unipersonales de gobierno.
Por tanto, señor Presidente, vamos a oponernos a estas
enmiendas a la totalidad y, en su momento, introduciremos las
correcciones que consider oportunas, pero, en todo caso,
apoyaremos este proyecto de ley.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmienda de totalidad del Grupo Popular, que postula la
devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica por la que
se prorroga la duración de los órganos unipersonales de
gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 274; a favor, 112; en contra, 147; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno
del proyecto de ley orgánica de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, 123; en contra, 152.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
VOTACION DE CONJUNTO:
--DE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE MODIFICACION DEL
CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL
DELITO DE GENOCIDIO
Votación de conjunto correspondiente al carácter de ley
orgánica de la proposición sobre modificación del Código Penal
mediante la que se tipifica la apología del delito de
genocidio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 274; a favor, 273; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en votación de conjunto la
proposición de ley orgánica.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y diez minutos de la tarde.