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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 140, de 06/04/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 140 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 138
celebrada el jueves, 6 de abril de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Enmiendas del Senado:
--Al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de
30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal y se crea la Fiscalía Especial para la
represión de los delitos económicos relacionados con la
corrupción. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
A, número 68.1, de 24 de junio de 1994 (número de expediente
121/000054) (Página 7395)
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de ley sobre modernización de las explotaciones
agrarias (número de expediente 121/000061) (Página 7396)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se
establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y
sus Estados Miembros, por una parte, y la federación de Rusia,
por otra, hecho en Corfú el 24 de junio de 1994. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 177.1, de 7
de febrero de 1995 (número de expediente 110000143) (Página 7411)
Informe elaborado por la Ponencia para el análisis de los
problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y
de las principales reformas que deberán acometerse, aprobado
por la Comisión de Presupuestos:
--Informe elaborado por la Ponencia para el análisis de los
problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y
de las principales reformas que deberán acometerse, aprobado
por la Comisión de Presupuestos (número de expediente
154000004) (Página 7411)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado (Página 7395)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30
de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal y se crea la Fiscalía Especial para la
represión de los delitos económicos relacionados con la
corrupción (Página 7395)
Para fijación de posiciones en relación con las enmiendas del
Senado a este proyecto de ley intervienen los señores Ló
Unida-Iniciativa per Catalunya; Padilla Carballada, del Grupo
Popular, y García Espinosa, del Grupo Socialista.
Sometidas a votación, se aprueban las enmiendas del Senado por
245 votos a favor.
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas (Página 7396)
Proyecto de ley sobre modernización de las explotaciones
agrarias (Página 7396)
El señor Ramírez González defiende las enmiendas del Grupo
Popular, manifestando que nadie dudará de que en estos
momentos, a finales del siglo XXy tras la firma reciente de
los acuerdos del G con una importante referencia al capítulo
agrícola, era necesaria una ley que abordara la modernización
de nuestras explotaciones agrarias, modernización largamente
esperada y también largamente prometida por la propaganda
socialista. Afirma que el sector agropecuario se ha enfrentado
a una reconversión salvaje, como ha sido llamada por los
propios sindicatos agrarios, perdiendo centenares de miles de
efectivos humanos y teniendo que luchar en solitario con las
nuevas circunstancias en las que se desenvuelve su actividad,
circunstancias caracterizadas por una mayor competitividad,
una mayor libertad de los intercambios comerciales y una mayor
homogeneidad, en la necesidad de que sus explotaciones se
parecieran a aquellas con las que tenían que competir al norte
de los Pirineos, e incluso con otros países africanos con los
que tienen una competencia directa.
Respecto a esta ley de modernización, señala que ha llegado
tarde al Congreso y de una forma solapada y silenciosa, ya que
el Ministro de Agricultura no ha tenido a bien hablar del
proyecto, de su contenido y de los objetivos que pretende
alcanzar. La ley ha venido, además, sin el más mínimo soporte
estadístico o documental que permitiera enriquecer el debate,
al igual que se hace en relación con otros proyectos de ley.
El proyecto está pasando por la Cámara también de una forma
silenciosa, lo cual no ha impedido que el Grupo Popular
realice un estudio profundo sobre el mismo, expresando desde
el principio su deseo de que la ley surgiera del consenso de
todas las fuerzas políticas y que sirviese para ofertar a los
agricultores españoles un documento que pudieran utilizar
posiblemente como una oportunidad para reconvertir y
modernizar sus explotaciones.
Deseado en la recepción de las mismas por parte del Grupo
Socialista y de sus socios de Convergència i Unió.
En este momento va a intentar justificar, por tanto, el
mantenimiento de aquellas enmiendas que consideran
sustanciales y a través de las cuales tratan de dar respuesta
a las circunstancias más graves que afectan a este sector.
Reconoce que un proyecto de ley como éste no puede dar
respuesta total a todas las graves circunstancias que afectan
al sector, como, por ejemplo, el grave problema de la sequía o
los efectos negativos que produce nuestra endémica debilidad
en las instituciones comunitarias, pero la ley podía y debía,
a su juicio, abordar las cuestiones que afectan al entramado
productivo español y no están resueltas. cuestiones
importantes afectan al escaso entramado asociativo de nuestra
agricultura y a cuya potenciación iba dirigido un buen número
de las enmiendas del Grupo Popular, que degraciadamente han
sido rechazadas por el Grupo Socialista.
Alude también al envejecimiento de la población agraria, a la
situación de los pequeños y medianos agricultores y a la
participación de los agentes sociales y de las comunidades
autónomas, problemas todos ellos que permanecen sin visos de
solución, y concluye afirmando que el proyecto defrauda las
expectativas creadas y, por su mezquindad, será incapaz de
afrontar los retos que nuestra agricultura tiene planteados.
Lamenta también que, a pesar de la buena voluntad de su Grupo,
no se haya llegado a una ley de consenso, anunciando que, en
el caso de que en este trámite no se admita al menos una parte
de sus enmiendas, se verán obligados a abstenerse.
La señora Rivadulla Gracia defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que mantienen
para este trámite 32 de las 36 enmiendas inicialmente
presentadas, lo que puede dar una idea del grado de
discrepancia que su Grupo tiene todavía respecto a la
configuración del proyecto de ley. Señala que no ha sido por
falta de voluntad de consenso de su Grupo, pero el problema es
que tienen una concepción y un modelo distinto de agricultura,
sintiéndose en alguna medida defraudados de que el Partido
Socialista, que tendría que haber estado a su lado en la
defensa de los agricultores, haya coincidido en mayor grado
con las posiciones del Grupo Popular, a pesar de lo expuesto
por el señor Ramírez.
Hubieran deseado que el Grupo Socialista mantuviese la postura
que tuvo en 1981 en el debatecelebrado en esta misma Cámara
defendiendo con uñas y dientes la explotación familiar
agraria, puesto que todavía el trabajo familiar representa en
nuestro país el 75 por ciento del trabajo agrario. Si en otros
temas importantes, como la regulación del delito fiscal, la
reforma laboral o el pacto autonómico, ha observado
diferencias entre el Partido Socialista y la derecha, se
imaginaba que con el tema que ahora les ocupa sí podrían
hablar de sectores progresistas y de la derecha, pero, una vez
más, se encuentran con que los grupos Socialista y Popular
mantienen posturas realmente coincidentes. Afirma que no se ha
modificado la Ley del Estatuto Familiar Agrario sino que la
han derogado sin poner nada a cambio, cometiendo con ello un
grave error al dejar fuera dichas explotaciones. Las enmiendas
de Izquierda Unida van encaminadas precisamente a concretar el
modelo de explotación que consideran prioritario, modelo que
es justamente la explotación familiar agraria, en la que
quieren concentrar las ayudas, aunque no son excluyentes, como
ya señaló en la Comisión. Tratan, en todo caso, de moverse en
el ámbito normal en el que se desenvuelven los trabajadores
agrarios y ganaderos en nuestro país. Por consiguiente,
defienden la necesidad de definir la explotación familiar
agraria para intentar favorecerla, procurando evitar que
queden muchas de ellas fuer ámbito de la ley.
Por otra parte, en materia de arrendamientos califica la ley
de inoportuna. Igualmente alude a sus enmiendas en relación a
aspectos tan importantes como las exenciones, reduciones en el
IBI, IAE y el IRPF, quedando a la espera de conocer la postura
del Grupo Socialista en relación con todas estas cuestiones y
que den marcha atrás en su postura inicial aceptando algunas
de estas enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas del
Grupo Vasco (PNV), que afectan a la configuración de preceptos
sobre la renta de referencia y la renta unitaria de trabajo
que, a su juicio, son susceptibles de mejora, puesto que la
normativa comunitaria permite que haya rentas de referencia
adecuadas a realidades agrícolas distintas. A través de otra
de sus enmiendas pretenden hacer una salvaguarda del régimen
específico del Convenio de Navarra y del régimen específico de
conciertos del País Vasco.
Termina haciendo una consideración general en torno al
contenido del proyecto de ley, mostrando su discrepancia con
intervenciones anteriores debido a que, a su juicio, el
proyecto de ley del Gobierno es interesante y a lo largo de su
tramitación
parlamentaria ha ido integrando en la voluntad de consenso a
los diferentes grupos parlamentarios. Estima que ha existido
una voluntad del Grupo mayoritario de llegar a acuerdos,
congratulándose, en nombre de su Grupo, del alto grado de
consenso que se ha alcanzado y el avance sustancial respecto a
las competencias tanto de la Administración central como de
las comunidades autónomas.
En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley
interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Torres
Sahuquillo, manifestando que, después de oír a los
enmendantes, considera que han perdido todos una buena
oportunidad para explicar en qué consiste el proyecto de ley,
que trata de resolver un problema secular de la agricultura
española con la modernización de sus estructuras de
producción, problema que la ha llevado, a lo largo de siglos,
a ser una agricultura de subsistencia de los productores
agrarios. Ante esa situación, el proyecto del Gobierno
pretende, junto con otras muchas medidas tomadas en los
últimos años, que el trabajo de los agricultores y ganaderos
que viven del campo se vea recompensado por unas rentas
suficientes para una vida digna. El proyecto de ley pretende
la modernización de las explotaciones agrarias, definiendo en
qué consisten éstas y cuáles son sus elementos de explotación.
Se ha definido al agricultor profesional, lo que considera muy
importante, el cual va a ser objeto de preferencia a la hora
de recibir las ayudas públicas y no aquel que, en base a
diversos subterfugios, puede obtener rentas como agricultor
cuando en verdad no lo es. Se ha definido también la
explotación prioritaria, que va a recibir preferentemente las
ayudas públicas y que posibilita que el titular de la misma y
su familia vivan dignamente de su trabajo, consiguiendo
niveles de renta más que suficientes para desear permanecer en
el campo sin tener la mínima tentación de marcharse a trabajar
en otro sector.
Para conseguir los dos objetivos fundamentales antes expuestos
la ley modifica algunas cosas que hasta ahora venían
funcionando, como po Ley de Arrendamientos Urbanos,
modificación que considera absolutamente imprescindible, al
igual que sucede con la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
Termina fijando la posición del Grupo Socialista en relación
con las enmiendas de los otros grupos de la Cámara.
Replican el señor Ramírez González y la señora Rivadulla
Gracia y duplica el señor Torres Sahuquillo.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor
Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se procede a la votación de las enmiendas debatidas
anteriormente, así como del dictamen del proyecto de ley, que
es aprobado por 148 votos a favor, 15 en contra y 123
abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 7411)
Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece
una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados
Miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra,
hecho en Corfú el 24 de junio de 1994 (Página 7411)
Sometido directamente a votación, se aprueba el dictamen por
284 votos a favor y una abstención.
Informe elaborado por la Ponencia para el análisis de los
problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y
de las principales reformas que deberán acometerse, aprobado
por la Comisión de Presupuestos (Página 7411)
Para fijar la posición sobre esta Ponencia en relación con su
contenido y con las observaciones formuladas por los grupos
parlamentarios intervienen los señores Olabarría Muñoz, del
Grupo Vasco (PNV); Ríos Martínez, de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya; Albistur Marín y Chiquillo Barber,
del Grupo Mixto; Mauricio Rodríguez, de Coalición Canaria;
Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Aparicio Pérez, del Grupo Popular, y Cercas Alonso, del Grupo
Socialista.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), son
rechazadas por nueve votos a favor, 249 en contra y 13
abstenciones.
Sometido a votación el informe elaborado por la Ponencia para
el análisis de los problemas estructurales del sistema de
Seguridad Social y de las principales reformas que deberían
acometerse, es aprobado por 268 votos a favor, uno en contra y
dos abstenciones.
Se levanta la sesión a las doce y cincuenta minutos del
mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--AL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 50/1981, DE
30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGANICO DEL
MINISTERIO FISCAL Y SE CREA LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA
REPRESION DE LOS DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA
CORRUPCION (Número de expediente 121/000054)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto sexto del orden del día, enmiendas del Senado.
Enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley
50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal y crea la fiscalía especial para la
represión de los delitos económicos relacionados con la
corrupción.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo
Parlamentario va a apoyar esta enmienda que aprobó el Senado
respecto de un proyecto de ley al que nosotros hemos dado
mucha importancia, ya que regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal y crea una fiscalía especial para la
represión de los delitos económicos relacionado con la
corrupción.
Sin embargo, queremos dejar claro, señalando nuestra
aprobación tanto del proyecto de ley como de esta enmienda,
que no basta simplemente con la creación orgánica de esta
fiscalía en el «Boletín Oficial del Estado», sino que es
importante que se le dote de medios económicos, materiales y
personales, sin los cuales esta fiscalía sería inútil y un
acto puramente propagandístico. Además, es fundamental que el
Gobierno colabore en todo momento con la fiscalía y con la
justicia para que sea un hecho y una realidad la represión de
estos delitos económicos relacionados con la corrupción.
Es absolutamente fundamental que haya esa colaboración del
Gobierno, que, sin embargo, está dejando mucho que desear en
todos estos procesos y constantes en que se ha convertido
nuestra vida judicial relacionados con delitos de corrupción.
Por tanto, no entendemos que ésta sea una pantalla, un
pretexto o una coartada para no colaborar a fondo (en este
caso con la fiscalía, con la dotación de medios económicos y
personales) en la lucha contra la corrupción, que es en estos
momentos una prioridad no sólo gubernamental, sino que tiene
que ser una prioridad de Estado.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en nombre del Grupo Popular,
también para fijar nuestra posición en relación con esta
enmienda que ha incorporado el Senado al texto del proyecto
con ocasión de su tramitación en esa Cámara, y anunciar que
nuestro voto será favorable, puesto que se trata, en
definitiva, de una enmienda que podríamos denominar
presupuestaria.
Quisiéramos aprovechar la oportunidad que nos brinda este
debate para hacer tres precisiones, sobre todo teniendo en
cuenta que este proyecto de ley tuvo su tramitación plena en
Comisión, con total competencia legislativa.
En primer lugar, teniendo en cuenta los nuevos criterios del
órgano de gobierno de la Cámara sobre la comparecencia del
Fiscal General del Estado en el Congreso de los Diputados,
queremos avanzar que por nuestra parte una de las reticencias
principales al proyecto o, diría mejor, la reticencia
principal, estaba justamente en que la actuación de esta
fiscalía especial para la represión de los delitos económicos
relacionados con la corrupción está condicionada por una
valoración del Fiscal General del Estado, que, con criterio
personal y exclusivo, tendrá que apreciar esa especial
trascendencia que determine la intervención de esta fiscalía
en la acusación, en la investigación, en la persecución de
este tipo de delitos. Como el criterio, repito, parece que
tiene una tendencia restrictiva, el Grupo Popular quisiera
hacer desde aquí una llamada al Fiscal General del Estado para
que tenga una especial sensibilidad al apreciar la
trascendencia de ese tipo de delitos, de forma que ninguno de
ellos pueda quedar soslayado en la intervención de esta
fiscalía especial.
En segundo lugar, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, quiero poner de relieve la circunstancia de que
concretamente los delitos relacionados con los secretos e
informaciones y la infidelidad en la custodia de documentos,
que el Grupo Popular quiso que se incorporara al ámbito
objetivo de competencia de la intervención de esta fiscalía
especial antidroga, quedaron fuera, y suponemos que esto no
habrá sido así por casualidad. Lamentamos que esos ámbitos
delictivos, que como se está poniendo de relieve tienen una
importancia muy significada en lo que podríamos denominar el
acompañamiento del fenómeno generalizado de corrupción que
hemos venido padeciendo y que ha determinado, a impulso del
Grupo Popular en el debate del estado de la nación de 1993 la
creación de esta fiscalía; lamentamos, digo, que, hayan
quedado justamente fuera del ámbito objetivo de la misma.
Dicho esto, y expresadas las razones de que compartiendo la
necesidad y felicitándonos de la oportunidad
de este proyecto no diéramos nuestro apoyo explícito al mismo
en los debates en el Congreso y en el Senado, quiero reiterar
nuestro anuncio de que votaremos a favor de esta enmienda con
la esperanza de que no solamente el Gobierno encuentre de ese
modo el debido lugar para la retribución del fiscal jefe que
ha de dirigir esta fiscalía, sino que también encuentre, como
es natural, los créditos y medios necesarios para que de
inmediato --porque de inmediato entra en vigor la misma--
pueda empezar a funcionar y ayudar a erradicar esa lacra de la
corrupción que ha condicionado nuestra vida pública estos
últimos años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García
Espinosa.
El señor GARCIA ESPINOSA: Quiero anunciar nuestro voto
favorable a la enmienda que nos propone el Senado a un
proyecto de ley que -hay que recoradarlo- se aprobó con
competencia legislativa plena en la Comisión de Justicia e
Interior, y que era fruto del compromiso político del
Presidente del Gobierno en el anterior debate del estado de la
nación.
Es verdad que en un contexto generalizado de denuncias de
corrupción, el Presidente del Gobierno propuso y asumió ese
compromiso que hoy aprob en forma de proyecto de ley.
Respondiendo al Portavoz de Izquierda Unida, le diré que no es
un hecho aislado lo que hoy debatimos sino que se inscribe en
el contexto de dotar al ordenamiento jurídico español de un
cuerpo legal, de una ingeniería legal suficiente para la lucha
contra la corrupción. He de añadir que el objetivo de este
proyecto de ley es la lucha contra la corrupción y que el
modelo que se ha seguido es el mismo que se fijaba con
anterioridad en la fiscalía especial para la lucha contra la
droga.
Quiero decir a las señoras y señores Diputados que el Partido
Socialista aceptó las enmiendas que se proponían por parte del
Grupo Catalán y que Izquierda Unida no propuso enmiendas. Sin
embargo, no pudimos asumir las del Partido Popular, porque
como ahora ha explicado aquí su portavoz, entendíamos que
quebraban competencias de la Fiscalía General del Estado
contenidas en el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Por la brevedad de este trámite, sólo quiero decir que este
proyecto de ley pone en práctica la voluntad política real y
no retórica para dotar a nuestro ordenamiento de una
arquitectura legal suficiente para la lucha contra la
corrupción y por ello votaremos favorablemente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Espinosa.
Vamos a proceder a la votación.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica
la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal y crea la fiscalía especial
para la represión de los delitos económicos relacionados con
la corrupción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 245; a favor, 245.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas la enmiendas del Senado.
DICTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS (Número de expediente 121/000061)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión sobre el proyecto
de ley de modernización de las explotaciones agrarias.
Enmiedas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ramírez.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo creo que nadie dudará que a finales del siglo XX,
nueve años después de nuestra integración en la Unión Europea,
tras 13 años de Gobierno socialista y después de la firma de
los acuerdos del GATT, con una importante referencia al
capítulo agrícola, era necesaria una ley que abordara la
modernización de nuestras explotaciones agrarias,
modernización largamente esperada, largamente prometida por la
propaganda socialista --ya se hablaba de ella incluso antes de
nuestro ingreso en la Unión Europea--, porque, hay que decirlo
rápidamente, los cuellos de botella que afectan a nuestras
estructuras agrarias no por conocidos habían sido mínimamente
resueltos por la política agraria del Gobierno socialista, por
la inexistente política agraria del Gobierno socialista.
El sector agropecuario español se había enfrentado en
solitario a una reconversión salvaje, como ha sido
autotitulada por los propios sindicatos agrarios; el sector
agropecuario español había perdido centenares de miles de
efectivos humanos; el sector agrario español, repito, había
tenido que luchar en solitario con las nuevas circunstancias
en las que se tenía que desenvolver su actividad,
circunstancias caracterizadas por una mayor competitividad,
por una mayor libertad de los intercambios comerciales, por
una mayor homogeneidad
en la necesidad de que sus explotaciones se parecieran a
aquellas con las que tenían que competir al norte de los
Pirineos, e incluso en el cono sur y otros países africanos
con los que también tenemos una directa competencia.
Esta ley de modernización, largamente anunciada, repito, por
la propaganda socialista, por la propaganda oficial, llegó
tarde al Congreso y lo hizo de una forma silenciosa, solapada.
En ningún momento el Ministro de Agricultura ha presentado
esta ley, y oportunidades ha tenido, bien cuando llegó a la
Cámara, en este propio debate o en cualquier otro momento
parlamentario, sin embargo, el Ministro no ha tenido a bien
hablarnos del Proyecto de Ley, del contenido del mismo y de
los objetivos que pretende alcanzar.
La ley ha venido a la Cámara sin el más mínimo soporte
estadístico o documental. Todos los Diputados conocemos esos
grandes documentos que ela Administración y el Gobierno y que
acompañan a cualquier Proyecto de Ley; sin ir más lejos, ayer
teníamos en los casilleros unos importantes volúmenes que
acompañaban a un Proyecto de Ley del seguro. Pues bien, esta
ley, la pomposamente llamada ley de modernización de
explotaciones agrarias, ha venido a la Cámara sin el más
mínimo dato estadístico, sin el más mínimo documento, sin el
más mínimo apunte que pusiera de manifiesto el alcance y los
objetivos de la misma (explotaciones que se verían afectadas,
elementos estructurales que pretende modificar, circunstancias
territoriales, etcétera) que hubieran permitido enriquecer el
debate. Por eso decimos que la ley está pasando por la Cámara
de una forma silenciosa, de una forma que más parece el
cumplimiento de un viejo compromiso sobre el que no se tiene
ningún tipo de ilusión y no lo que hubiera sido necesario
traer definitivamente, quizá el último intento que cabe para
modernizar el campo español.
Por lo tanto, a pesar de esas carencias, a pesar de esa
manipulación socialista de que se hablara poco de la ley,
nosotros la hemos estudiado en profundidad, hasta el punto de
que dijimos en los primeros debates en ponencia que hubiera
sido deseo del Grupo Popular que la ley surgiera del consenso
de todas las fuerzas políticas, que pudiéramos ofertar a los
agricultores españoles un documento a través del cual pudieran
î--repito--utilizar posiblemente la última oportunidad para
reconvertir, para modernizar sus explotaciones.
Desgraciadamente no ha sido así. El esfuerzo hecho por el
Grupo Popular a lo largo y ancho de todas sus enmiendas no ha
tenido el eco esperado y deseado en la recepción de las mismas
por parte del Grupo Socialista y de sus socios del Grupo
Catalán (Convergència i Unió). Las más importantes enmiendas
que nosotros habíamos sustanciado en un intento de aportar las
soluciones a las circunstancias que entendemos agobian,
aquellos cuellos de botella que se crean en la agricultura
española, no han sido recibidas por parte del Partido
Socialista --repito-- ni Catalán (Convergència i Unió). Y hoy,
en este trámite, vamos a intentar justificar ante el Pleno la
permanencia para su debate de aquellas enmiendas que nosotros
consideramos sustanciales, a través de las cuales intentamos
dar respuesta a las circunstancias más graves, insisto, que
afectan a nuestro sector.
Es indudable que un Proyecto de Ley de modernización de
explotaciones no puede dar respuesta total a todas esas graves
circunstancias que afectan al sector; es indudable que no
puede resolver los problemas de la sequía, de la falta de
lluvias que en este momento está convulsionando a la
agricultura española. Y contra la carencia de un programa de
ayudas a la sequía, en estos momentos miles de agricultores
inundan carreteras y calles españolas. Efectivamente, el
Proyecto de Ley de modernización no puede hablar de estas
circunstancias o de esas soluciones, que necesitan un programa
específico. Igualmente, un Proyecto de Ley de modernización no
puede abordar ni resolver los efectos negativos que produce
nuestra endémica debilidad en las instituciones comunitarias,
la endémica debilidad del Gobierno socialista, que está
llevando a nuestra agricultura a una situación de marginalidad
a la hora de defender nuestros intereses en la Unión Europea.
Por consiguiente, que tenga presente el sector que en esta ley
no podemos resolver las circunstancias por las que ingresamos
en la Unión Europea, los períodos transitorios que marginaron
nuestra agricultura mediterránea más competitiva, ni la
sanción a la capacidad productora en grandes cultivos
herbáceos, ni los elementos más recientes que están
convulsionando la opinión pública española, y podemos hablar,
entre ellos de la pesca, podemos hablar de los problemas del
vino, podemos hablar de los problemasde las frutas y
hortalizas, del algodón, y del aceite. Todo esto no es
cuestión de esta ley. Es una circunstancia que tenemos que
tener presente, porque mientras no cambie el gobierno
seguiremos débilmente representados en las instituciones
comunitarias.
Dicho esto, la ley, a nuestro juicio, pudiera y debiera haber
abordado aquellas cuestiones que sí afectan al entramado
estructural productivo español y que --repito-- tras trece
años de Gobierno socialista no están resueltas. Al
individualizarlas, el Grupo Parlamentario Popular no ha hecho
un gran están ahí, y cualquier estudioso en la materia puede
comprobar cuáles son esos elementos que están condicionando el
futuro de nuestro sector.
El primero es el escaso entramado asociativo de nuestra
agricultura y de nuestros agricultores. Solamente la tercera
parte de la producción final agraria se comercializa a través
de entidades asociativas. Es decir, que tenemos un largo
trecho por andar. No tenemos una agricultura implicada en
entidades asociativas como
ocurre con la agricultura al norte de los Pirineos. Más de dos
terceras partes de la producción final agraria española se
produce al margen de las entidades asociativas. La primera
pregunta que nos debemos hacer es: ¿responde el Proyecto de
Ley a esta situación? ¿Da satisfacción, pone elementos en
favor de que los agricultores potencien, se incorporen o les
resulte atractivo incorporarse a una entidad asociativa?
Digamos urgentemente que no. Y no es que lo digamos solamente
nosotros, con ser importante, es que lo han dicho las
organizaciones agrarias, lo han dicho las entidades
representativas del mundo cooperativo y, lo que es más grave,
lo ha dicho el Consejo Económico y Social. Literalmente, el
Consejo Económico y Social, en el dictamen que hace a este
Proyecto de Ley, habla de la carencia absoluta que se detecta
en el proyecto de modernización de explotaciones en lo que
hace referencia a potenciar el mundo asociativo agrario, no
solamente el productivo sino los escalones inmediatamente
siguientes, el de transformación de sus productos y el de su
comercialización.
Pues bien, un buen número de nuestras enmiendas que han sido
presentadas han perseguido esa filosofía. Potenciamos el mundo
asociativo agrario, el mundo de la transformación, el mundo de
la comercialización. ¿Dónde pretendíamos hacer esa
potenciación? ¿A través de qué instrumentos? Instrumentos
fiscales, prioritariamente, e instrumentos para posibilitar
que se incorporara un número importante de agricultores, los
agricultores a tiempo parcial; por cierto, definición y
concepto no previsto en su día por el Gobierno socialista y
por el Partido Socialista, y simplemente incorporado de una
forma marginal en el proyecto gracias a una enmienda del Grupo
Popular. Desgraciadamente, nuestro objetivo no ha sido
alcanzado. El Partido Socialista ha rechazado cualquier
intento de ampliar los objetivos de la Ley al mundo asociativo
de transformación y de comercialización y de posibilitar que
el agricultor a tiempo parcial se incorporara, vía asociativa,
al protagonismo agrario y productivo. Pero si no nos sorprende
del Partido Socialista este desprecio al mundo cooperativo, sí
nos ha sorprendido la postura de Convergència i Unió. Si hay
una comunidad autónoma en España donde el fenómeno cooperativo
esté profundamente arraigado, si hay una comunidad autónoma
donde tenga importancia el fenómeno del agricultor a tiempo
parcial es Cataluña e inexplicablemente los representantes de
Convergència i Unió no han considerado conveniente que, a
través de la ley, se potenciara el mundo asociativo agrario en
sus escalones de transformación y de comercialización ni, por
el contrario o en paralelo, que el agricultor a tiempo parcial
fuera protagonista del hecho agrario.
Segunda cuestión: ¿da respuesta la ley, da elementos
suficientes de garantía para que...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramírez, vaya
concluyendo, por favor.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy terminando, señor Presidente.
El proyecto es importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El tiempo también.
Usted sabe que el tiempo es muy importante.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: ...pequeños y medianos agricultores
obtuvieran en la ley los elementos suficientes para reformar
sus es Pues no, porque el proyecto socialista ha acotado un
número de agricultores excesivamente pequeño que a partir de
ahora, bajo la calificación de prioritarios, van a ser los
agentes, los objetos, los protagonistas de esta actividad y
margina a una cantidad importante de agricultores. Margina,
por ejemplo, a los agricultores entre 60 y 65 años. Señorías,
partiendo del hecho de que tenemos la agricultura más
envejecida de la Unión Europea, en la que los agricultores
entre 60 y 65 años representan más del 15 por ciento del total
de la población agraria española, si este hecho lo trasladamos
a niveles territoriales, observaremos el importante porcentaje
de este tipo de agricultores existente en Galicia, en
Cataluña, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha. Al
marginar de las actuaciones prioritarias de la ley a estos
titulares de explotación, estamos diseñando un campo de
actuación realmente despreciable, por lo que no va a encontrar
el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.
Igualmente, estamos observando cómo el proyecto de ley no
posibilita ni facilita el que exista una participación de los
agentes sociales, de las comunidades autónomas, de las
cooperativas, en el seguimiento de la política estructural. Se
diseña una política estructural. Hay una poltítica estructural
comunitaria, hay una política estructural del Gobierno de la
nación, hay una política estructural de las comunidades
autónomas, hay por tanto, una ley de modernización de
estructuras y el seguimiento de la aplicación en España de la
política de estructuras no se permite en un órgano, en un
consejo, en una entidad. Desaparece un viejo consejo, que por
inconstitucional existía aún en el Iryda, y no se sustituye
por ningún elemento que permita hacer este seguimiento a
comunidades autónomas ni a agentes sociales.
Finalmente, el proyecto de ley, señorías, desprecia la reserva
exclusiva que en materia fiscal las comunidades autónomas
tienen recogida en sus estatutos, en sus leyes orgánicas. La
ley no tiene en cuenta la competencia exclusiva del País Vasco
y de Navarra, no la detalla claramente. Han sido rechazadas
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en las que se
establecía claramente, y sin posibilidad de error, cualquier
otra
interpretación. Inexplicablemente han sido rechazadas por el
Partido Socialista. Tampoco se ha hecho referencia, no se han
querido recoger instituciones seculares que existen en el
Derecho civil, como por ejemplo la Sociedad Agraria
Menorquina, que, a través de los siglos, ha venido mostrándose
como una entidad importante que ha permitido la existencia de
una de las agriculturas más competitivas de España.
Inexplicablemente el Partido Socialista no ha querido
reconocerla.
En resumen, señor Presidente, el proyecto de ley defrauda la
expectativa creada. El proyecto de ley, por su mezquindad,
será incapaz de afrontar los retos que nuestra agricultura
tiene ya planteados --no que van a venir-- de competitividad,
de libertad de los intercambios, de internacionalización de
las relaciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramírez, termine
por favor.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy a terminar, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, termine ya.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Por tanto, señor Presidente, a
pesar del intento y de la buena voluntad que hemos demostrado
desde el Grupo Parlamentario Popular, a pesar de que dijimos
que la ley tenía que surgir del consenso de todos y no de la
imposición de algunos, lamentablemente, de no modificarse en
este debate con la aceptación de parte de nuestras enmiendas,
aquellas más importantes, nuestro Grupo Parlamentario tendrá
que abstenerse sobre este proyecto de ley y anunciar su
urgente modificación en el momento en que el pueblo español
nos dé la confianza.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ramírez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la
señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, el
número de enmiendas que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya mantiene vivas para
el Pleno, en concreto 32 de las 36 presentadas a este proyecto
de ley, puede dar una idea de la discrepancia que nuestro
Grupo tiene todavía sobre la configuración de este proyecto de
ley.
No ha sido, creánme, falta de voluntad de consenso por parte
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El problema es
que tenemos una concepción y un modelo distintos de
agricultura. Pero, como dije en Comisión, no nos sentimos
solos en este debate, señorías. Nos sentimos un poco
defraudados porque el partido Socialista tendría que haber
estado con nosotros, o nosotros a su lado, en la defensa de un
más en consonancia con lo que siempre ha defendido dicho
partido, y nos sentimos defraudados por la coincidencia que se
observa, a pesar de la intervención del Diputado Miguel
Ramírez, representante del Grupo Popular, entre las posiciones
de su grupo y el Grupo Socialista.
Ya dije también que me hubiese gustado tener un debate como el
que se tuvo en 1981 cuando el Grupo Socialista defendía, con
uñas y dientes, la familiar agraria, porque no olvidemos,
señorías, que todavía el trabajo familiar representa en
nuestro país el 75 por ciento del trabajo agrario que se
realiza en nuestro territorio. Con ese discurso que el Grupo
Socialista planteó en 1981, cuando lo estaba leyendo en el
«Boletín de las Cortes», me sentía identificada. Pero no ha
cambiado tanto el agro español, señorías, y si ha cambiado ha
sido para una mayor desigualdad. Ya dije en Comisión --y me
pasé-- que de los recursos que tiene el presupuesto nacional
del Estado para agricultura 400.000 millones era esfuerzo
estatal para poder ayudar y priorizar según nuestras
necesidades. Pues no, señorías, me equivoqué, porque todavía
hay que detraer la pesca, todavía hay que detraer los gastos
corrientes del Ministerio y otros organismos. Por tanto, sólo
quedan 140.000 millones para hacer un esfuerzo de mejora de
estructuras y para que el Gobierno español pueda priorizar
aquellas empresas que realmente lo necesitan.
Ahora en este debate se produce una gran distorsión. Yo no sé,
señorías, para cuándo el Grupo Socialista quiere reservar la
diferencia entre la derecha y la izquierda. Supongo que la
defenderá cuando se pase por los pueblos y ciudades haciendo
campaña electoral y vuelva a decir otra vez que viene la
derecha. Pero yo no he visto una diferencia en el tratamiento
de la derecha cuando se habla de la regulación del delito
fiscal, cuando se habla de la reforma laboral, cuando se habla
del pacto autonómico, y en un tema en el que yo me imaginaba
que sí podíamos hablar de sectores progresistas y sectores de
la derecha resulta que me encuentro con que el Grupo Popular y
Grupo Socialista, por mucho de lo que ha dicho el señor
Ramírez, realmente tienen posturas coincidentes.
Señorías, ustedes no han modificado la Ley del Estatuto
Familiar Agrario; ustedes la han derogado, y no han puesto
nada a cambio. Yo creo que ustedes han cometido un gran error,
diría que casi una aberración. Ustedes han confundido el punto
al que queremos llegar, la modernización, con el punto de
partida, y con eso han optado --actuando de la forma más
fácil-- por la liquidación de aquellas que ahora no dan la
talla. Y con esa liquidación de las que ahora no dan la talla
yo les demostré en Comisión, con los datos que tenía de la
Recan, con los datos que tenía del censo agrario, y por
documentos
elaborados por el propio Ministerio que muchas explotaciones
se van a quedar fuera. Ustedes han convertido el objetivo al
que todos queremos llegar en una exigencia inicial, y ése es
el gran error que comete en este momento el Grupo Socialista y
el Gobierno al cual sustenta.
Señorías, nuestras enmiendas van encaminadas precisamente a
concretar el modelo de explotación que nosotros consideramos
prioritario. Ese mode efectivamente es la explotación familiar
agraria, y en ella queremos concentrar las ayudas. Pero no
somos excluyentes, como se nos dijo en Comisión. No decimos
que solamente puedan trabajar los miembros de la familia.
Decimos que trabajen personalmente los miembros de la familia
y, además, el asalariado externo, pero que no supere, en
cómputo anual, el trabajo de la familia. Señorías, nosotros no
estamos exigiendo nada raro y extraño cuando hablamos del
carácter familiar, porque también les demostré el otro día que
en la inmensa mayoría del universo que contempla la Recan --
que ustedes saben que solamente se refiere a explotaciones que
tienen más de dos unidades económicas--no hay ningún problema;
o sea, el 75 por ciento del trabajo ya se realiza por miembros
de la familia. Por tanto, no es nada extraño, sino que nos
estamos moviendo en el ámbito normal de cómo se desenvuelven
los trabajos agrarios y ganaderos en nuestro país. Nosotros
decimos que el trabajo ajeno no supere, en cómputo anual, al
familiar. Ya les dije el otro día, señorías, que hay una ley
que está vigente, la que regula el seguro agrario, que es
mucho más restrictiva que nosotros. En ella se dice que se han
de realizar las labores agrarias de forma personal y directa,
sin ocupar a trabajadores fijos y sin que los trabajadores
eventuales superen lo que percibiría un trabajador fijo
durante un año. Está vigente, señorías, y afecta al 92 por
ciento de los agricultores que tenemos en nuestro país, que
son los que están en el régimen especial agrario, y los 42.000
que están en autonomos podrían cumplir este requisito si la
ley no se lo impidiera, porque ya saben ustedes que son
sectores ganaderos y agrícolas que no pueden acogerse al
régimen especial agrario.
Hay otro punto importante. Nosotros queremos que se supriman
los límites por debajo. Tiene razón el señor Ramírez cuando
dice que hemos trabajado sin datos. Es increíble que, en una
ponencia que se plantea modificar y crear una ley que va a ser
la ley estrella --se supone-- del Gobierno socialista en la
modernización del sector agrario, hayamos trabajado sin datos
y nos los hayamos tenido que proporcionar nosotros mismos. Les
dije el otro día, señorías, que el CES, el Consejo Económico y
Social, con el cual nuestras enmiendas están muy en sintonía,
dice que hay que concretar y definir la explotación familiar
agraria, que hay que favorecerla, que hay que suprimir los
límites de unidad de trabajo agrarios, que hay que suprimir
los límites de la renta de referenci el CES. Pues bien, el
Consejo Económico y Social ya dice que muchas empresas
quedarán fuera e incluso, señorías, con la transaccional que
rebaja al 35 por ciento la renta de referencia, en el turno de
réplica les podré explicar cómo con la proyección de don José
María Sumpsi, publicada por el Ministerio de Agricultura,
todavía hay más de cien mil explotaciones que se van a quedar
fuera, y eso lo tendremos que corregir. Si no lo corrigen
ustedes ahora, en algún momento se tendrá que corregir.
En cuanto a la renta de referencia, señorías; ya les dije que
en ninguna ayuda, ni en las estructurales ni en las de la
Unión Europea, se exige un tope por abajo. No hay ningún tope
por abajo y esta ley lo introduce. Lo que realmente está
haciendo esta ley es favorecer a las empresas más intensivas.
Ya les dije que según los datos de don José María Sumpsi sólo
el 16,58 por ciento de las explotaciones supera el 40 por
ciento de la renta de referencia. Y sepan ustedes que la renta
media por unidad de trabajo es el 46 por ciento de la renta de
referencia. Yo ahora no me quiero extender en este tema, pero
la verdad es que me preocupa que se haya ido tan alegremente a
una ley de estas características cuando va a haber muchas
explotaciones que van a quedar sin ningún tipo de ayuda.
En relación con el título III de la ley, el tema de los
arrendamientos, señorías, también el Consejo Económico Social
dice que es una ley inoportuna. Las ayudas comunitarias por
superficie hacen que no sea atractivo para muchos
arrendatarios, arrendadores y absentistas que no se dedican a
la agricultura ponerlas en arrendamiento. Les va a ser más
fácil lanzar la semilla, no recogerla y cobrar la prima
comunitaria. Va a proporcionar un tipo de agricultura
antiecológica muy intensiva; con cinco años de arrendamiento
la gente va a ir a cultivos muy intensivos y poco respetuosos
con el medio ambiente.
Señorías, no voy a extenderme mucho más. Espero a escuchar al
representante del Grupo Socialista por si me quiere dar alguna
sorpresa admitiendo alguna de las enmiendas en este turno de
Pleno --la esperanza es lo último que se pierde--, pero hay un
tema que me sorprende y me sorprende de forma muy
desfavorable. Nosotros tenemos unas enmiendas en las que
hablamos de exenciones, de reducciones en el IBI, en el IAE y
en el IRPF para los agricultores profesionales. Se me ha dicho
que eso es una gran injusticia, que el agricultor es un
trabajador más, que es un profesional más. Yo quería que
repasasen SS.SS. del Grupo Catalán (Convergéncia i Unió) y del
Grupo Socialista, en las leyes de acompañamiento de los
presupuestos de 1994 y 1995, todas las medidas de exenciones y
bonificaciones fiscales que de forma indiscriminada han ido a
empresarios de los sectores industriales y de servicios y que
han representado un año 700.000 millones de pesetas y otro
año 600.000 y pico millones de pesetas. ¿Por qué el sector
agrario no va a tener este tipo de exenciones? El CES también
propone un tratamiento de discriminación positiva en el IRPF,
en el IBI y el IAE. Es una recomendación del Consejo Económico
y Social. Aparte de que lo compartimos no es una cuestión
peregrina.
A mí me extraña muchísimo que un grupo que se llama de
izquierdas, que se llama progresista, no quiera incorporar
algo que la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario ya tenía, el
Consejo del Iryda, que ustedes no lo han hecho funcionar, como
tampoco han hecho funcionar la Ley de la Explotación Familiar
Agraria, que no ha servido para nada. No ha servido para nada
porque una ley que estaba en vigor ustedes no la han utilizado
y ahora la derogan. Derogan también el Consejo del Iryda, pero
no ponen nada a cambio. Un órgano consultivo, un órgano en el
que puedan participar las organizaciones agrarias es necesario
e importantísimo, y a una formación de izquierdas, como
ustedes dicen ser, es lo mínimo que se les puede exigir: un
órgano consultivo y de participación. Porque efectivamente
estamos en un momento delicado en cuanto a lo que son las
relaciones de producción agraria y el sector ganadero. Ustedes
no quieren, quede claro que ustedes no quieren un órgano
consultivo como es el Consejo de Política Estructural Agraria.
Ustedes tampoco quieren que esta Cámara haga un seguimiento de
la aplicación de la ley y de la política agraria comunitaria
para que veamos de qué manera todas estas cosas, que yo ahora
digo aquí en nombre de mi Grupo, van a ir incidiendo sobre el
agro español. Lo que sería de esperar es que ustedes
compartieran el deseo de que, una vez al año, debatiésemos
aquí cómo esta ley ha ido incidiendo en el objetivo que
ustedes se han propuesto, y que todos nos habíamos propuesto
en general, que era el de modernizar las explotaciones
agrarias.
Y por último, espero que en este trámite el Grupo Socialista
dé marcha atrás y acepte la enmienda del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ( también la tiene el Grupo
Popular) de suprimir el límite de 60 años, porque nos vamos a
encontrar con la gran incongruencia, señorías, de que en
cuanto entre en vigor esta ley, cuando venga del Senado, un
agricultor o una agricultora que tenga 61 años va a ir a los
seguros agrarios de cereales, o de lo que sea, y le van a
decir que no es preferente, que no es prioritario; va a ir a
demandar la preferencia para cuotas lecheras, o de otro tipo,
y le van a decir que no es preferente y que, por tanto, no
tiene derecho a esa preferencia. Señorías, en el próximo
debate que hoy se va a producir en esta Cámara, varios grupos
parlamentarios, entre los cuales se encuentra el Grupo
Socialista, van a hablar de extender la edad de jubilación más
allá de los 65 años para todo el colectivo de trabajadores, lo
que parece bastante incongruente con que en lo que respecta a
los trabajadores agrarios se vaya a la reducción a los 60 años
para liquidarlos ya realmente. A los 60 años, si ya no va a
tener derecho a preferencia en cualquier ayuda de tipo estatal
y, por otro lado, las que le vienen de la Unión Europea son
absolutamente indiscriminadas, señorías, ustedes están
condenando a la ruina a los agricultores y agricultoras que
tengan una edad superior a 60 años, además de a las
explotaciones familiares agrarias, a las cuales ustedes han
dejado con esta ley huérfana de cualquier tipo de soporte o
ayuda institucional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco mantiene siete enmiendas al
Proyecto de Ley de explotaciones agrarias, enmiendas relativas
a la configuración de preceptos sobre la renta de referencia,
la renta unitaria de trabajo, que a nuestro juicio pueden ser
susceptibles de mejora en la medida en que no haya una
homogeneización o una uniformización de la renta unitaria, de
la renta de referencia, en todo el Estado, puesto que la
normativa comunitaria está permitiendo que haya rentas de
referencia adecuadas a realidades agrícolas distintas. Ese es
el sentir de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
Señor Presidente, con la enmienda, número 105 queríamos hacer
una salvaguarda del régimen específico de convenio de Navarra
y del régimen específico de concierto del País Vasco, y
queríamos que constara, a través de una disposición adicional,
la especificidad en cuanto al funcionamiento económico de
estas dos comunidades autónomas.
Señor Presidente, queremos hacer unas consideraciones
generales sobre el Proyecto de Ley. Discrepamos de otras
intervenciones. Nos parece que el Gobierno ha presentado un
Proyecto de Ley interesante y que a lo largo de la tramitación
parlamentaria ha ido integrando en la voluntad de consenso a
los diferentes grupos parlamentarios. Creo que se ha hecho un
trabajo importante. Ha habido una voluntad, por parte del
grupo mayoritario, de intentar llegar a acuerdos. Ha habido
una sensibilidad para poder plasmar, desde nuestro punto de
vista y desde nuestra opción política, nuestros planteamientos
en enmiendas y, en definitiva, que la ley pueda configurar
como explotaciones prioritarias diferentes realidades
agrícolas españolas que tengan ese tratamiento y ese efecto
tuitivo, protector, que la ley otorga a las mismas.
En nuestro Grupo Parlamentario, en este momento, nos
congratulamos por el alto grado de consenso que
se ha logrado y porque, en definitiva, también hay un avance
sustancial respecto a las competencias que el proyecto
determina, tanto para la Administración central como para las
comunidades autónomas. En ese sentido, en nuestro Grupo
Parlamentario, aunque mantenemos unas enmiendas, estamos
sustancialmente de acuerdo con el posicionamiento que se
plasma en el dictamen de la Comisión.
Señor Presidente, querría terminar haciendo dos tipos de
consideraciones. En primer lugar, hay un avance en cuanto a la
regulación que se hace de la tierra rústica. Nos parece
interesante la nueva regulación que se hace de los
arrendamientos rústicos porque se eliminan las rigideces y las
burocracias que existían con anterioridad, yéndose a un modelo
más flexible, menos duradero y que permita mayor libertad de
contratación entre las partes. En segundo lugar, se camina
hacia un marco fiscal de incentivación de las transmisiones,
bien sea mortis causa, inter vivos, a título gratuito u
oneroso, en el que se prioriza el que se constituyan
explotaciones de tipo preferente. Ese marco nos parece
adecuado. También se podía haber avanzado en impuestos de
naturaleza local, pero entendemos que el marco que se ha
logrado, desde el punto de vista fiscal, es importante y por
ello nuestro Grupo Parlamentario manifiesta, señor Presidente,
su posición favorable a votar el Proyecto de Ley tal como en
este momento se encuentra.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Turno en contra. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Torres Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, señorías, la
verdad es que después de oír las intervenciones de los
portavoces creo que hemos perdido todos una buena oportunidad
de explicar, aunque sea someramente, en qué consiste el
proyecto de ley que estamos debatiendo. Porque de las
intervenciones que he escuchado, salvo la última, que ha
hablado un poco más concretamente de algunas cosas
interesantes que el proyecto de ley tiene, las demás no han
hecho mención a las cosas que el proyecto de ley pretende
poner en marcha. Por eso yo quiero explicar, aunque sea
brevemente, qué trata de hacer el proyecto de ley.
El proyecto de ley trata de resolver un problema secular de la
agricultura española, cual es el de la modernización de sus
estructuras de prod problema secular que ha llevado a la
agricultura española, a lo largo de siglos, a ser una
agricultura de subsistencia de los productores agrarios, de
los agricultores.
Y lo que este proyecto de ley pretende, junto con otras muchas
medidas que el Gobierno socialista ha tomado a lo largo del
tiempo desde que gobierna, es que el trabajo de los
agricultores, de los ganaderos, de los que viven en la
sociedad rural y en el campo sea recompensado con unas rentas
suficientes para tener una vida digna, yo diría más que
digna --pretendemos--, y para que asentarse en el medio rural,
tanto los actuales titulares como sus descendientes, sea un
motivo de satisfacción y no una consecuencia, algunas veces,
de falta de otras expectativas. El proyecto de ley, por tanto,
lo que pretende es la modernización de las explotaciones
agrarias, de las explotaciones de producción, señor Ramírez;
eso pretende el proyecto de ley. El proyecto de ley se llama
proyecto de ley de modernización de explotaciones agrarias y,
además, define lo que es una explotación agraria y dice cuáles
son los elementos de la explotación. Y la voluntad del
Ejecutivo al plantear el proyecto de ley ha sido ir a la
modernización de las estructuras de producción, no de otras,
de las estructuras de producción. Le contestaré después a sus
enmiendas y verá por qué razón no son aceptables.
Hemos definido al agricultor profesional, algo muy importante.
Alguna definición teníamos ya, pero en este proyecto de ley
hemos definido, y lo hemos hecho además por consenso, al
agricultor profesional, por tanto, el que va a ser objeto de
preferencia a la hora de recibir las ayudas públicas, es
decir, aquél que realmente trabaja, vive en el campo y por el
campo, vive y trabaja en su explotación y por su explotación;
realmente aquél, no al que, con otros subterfugios, al final,
pueda obtener rentas como agricultor cuando en verdad no lo
es.
Hemos definido también la explotación prioritaria --son los
dos ejes básicos de la ley--, aquella explotación tipo que va
a recibir preferentemente las ayudas públicas, aquella
explotación que posibilita que el titular de la misma más su
familia --y de ahí que también sean explotaciones familiares
ag Rivadulla-- vivan dignamente de su trabajo, y más que
dignamente, si es posible, porque el proyecto de ley es
ambicioso, y lo que pretende es que se consigan niveles de
renta más que suficientes para que la gente que vive hoy en el
campo desee quedarse en él, se sienta a gusto en él, no tenga
ni la más mínima tentación de marcharse a trabajar a otro
sector.
La ley, para posibilitar que estos dos ejes fundamentales
sobre los cuales se asienta sean posibles, modifica algunas
cosas que estaban hasta ahora funcionando. Por ejemplo,
modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificación
absolutamente imprescindible, a nuestro juicio, si queremos
que realmente la ley tenga posibilidades de ser ejecutada y
posibilidades de poder funcionar.
Señora Rivadulla, con la actual Ley de Arrendamientos Rústicos
(he dicho urbanos equivocadamente, me parece recordar), los
contratos «de facto», de hecho, son de 21 años como mínimo, y
lo que ha demostrado esto
a lo largo del tiempo --y usted dio algún dato en la Comisión
que hoy no ha querido repetir-- es que la movilidad de la
tierra se estancó; lle movilidad de la tierra estancada. No se
arriendan tierras porque la actual Ley de Arrendamientos
Rústicos es demasiado restrictiva. Nosotros hemos querido
poner en marcha una modificación de esa Ley que permita que
haya mayor movilidad y que, por tanto, agricultores jóvenes,
agricultores con explotaciones limitadas por la dimensión de
su explotación, tengan la posibilidad de alquilar tierras, no
sólo de comprar, para aumentar su explotación y convertirla en
explotación más rentable.
Con las modificaciones propuestas, lo que hemos hecho es
procurar que los tiempos mínimos de arrendamiento, los
contratos, sean de cinco años, prorrogar voluntariamente cada
tres años y, además, queremos poner en marcha medidas para
que, cuando los contratos sean superiores a ocho años, haya
bonificaciones al arrendador, para que éste no tenga miedo a
arrendar una tierra y prefiera mantenerla yerma, porque, si la
arrienda con la actual Ley, tiene que estar 21 años con la
tierra arrendada, por todo los cual nos parece absolutamente
imprescindible esta modificación.
Hemos modificado también, en parte, la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario; la Ley contempla un capítulo que es para
las unidades mínimas de c Queremos que las explotaciones
agrarias en España sean de mayor dimensión. No queremos tener
explotaciones en España que sean, como término medio, la mitad
de lo que son las explotaciones europeas en extensión, porque
ése es uno de los «handicap» y de los inconvenientes que
tenemos para competir con los demás países, y no estamos
compitiendo solamente con los países de nuestro entorno
europeo, estamos compitiendo con todo el mundo. Después de la
reforma del GATT, tenemos una agricultura, una ganadería, un
mercado completamente abierto que manifiesta unos retos a los
que hay que dar respuesta, y esta ley lo que intenta,
señorías, es hacerlo.
Voy a terminar hablando de la intervención de los otros
grupos. Después de escuchar al señor Ramírez, en
representación del Grupo Popular, uno sube aquí con la
frustración de oír exactamente la misma cantinela, el mismo
discurso año tras año. Lo que el señor Ramírez dice no se lo
cree ni él, pero le da igual, él lo dice porque cree que esa
es su obligación. En su guerra santa contra el Grupo
Socialista y contra el Partido Socialista cree que su
obligación es decir las cosas que dice, aunque ni él se las
crea, porque no se las cree, porque sabe que no son verdad. Lo
sabe el señor Ramírez ¿Y por qué sabe que no son verdad?
Ustedes, a los que parece tan mal este Proyecto de Ley, han
sido incapaces de presentar un proyecto alternativo; el Grupo
Parlamentario Popular, que dice que parece que va a gobernar
no sé cuándo, que está dispuesto a modificar no sé cuántas
cosas, ha sido incapaz de presentar un texto alternativo a
este Proyecto de Ley, una enmienda de totalidad. Esa
posibilidad la ha tenido su Grupo. Fueron incapaces ustedes
también de presentar una enmienda de totalidad a la Ley de
Interprofesión, que aprobamos no hace mucho en el Congreso,
que esa sí tiene que ver mucho con sus pretensiones de que se
contemple la comercialización y la distribución en este
Proyecto de Ley. Tampoco lo hicieron. Por tanto, ¿a qué nos
viene usted a contar que el Proyecto de Ley no le gusta? Pues
diga usted por qué no le gusta, presente un texto alternativo,
pero si es incapaz de hacerlo yo creo que es mejor hacer lo
que hemos hecho, eso sí es verdad, entre todos, contando
también con su colaboración en la Ponencia y en la Comisión, y
es trabajar para intentar aumentar al máximo el nivel de
consenso, porque esta ley nos parece a todos fundamental, nos
parece muy importante. Yo creo que lo hemos conseguido y me
parece que ha sido usted profundamente injusto no reconociendo
ese esfuerzo aquí, el esfuerzo de todos. Ha hecho usted una
intervención por la que parece que nos hemos pasado la
Comisión y la Ponencia anterior pegándonos bofetadas, cuando
no es cierto.
Lo que tengo que decirle, señor Ramírez es que las enmiendas
que ustedes hacen van casi todas dedicadas a que este Proyecto
de Ley amplíe, cuanto más mejor, las posibilidades, de tal
manera que al final, cuando empezamos a ampliar posibilidades,
cuando creamos normas con tanta dispersión, llegando a tantos
puntos cuando los recursos, como decía la señora Rivadulla --y
en eso tiene razón--, son escasos, lo que hacemos es convertir
las leyes en ineficaces totalmente. Y las razones
fundamentales por las cuales no vamos a aceptar sus enmiendas,
que van a apoyar, según ustedes, la comercialización,
transformación y distribución de productos agrarios, son dos.
La primera, porque lo que estamos planteando es un Proyecto de
Ley de modernización de explotaciones agrarias y, por tanto,
de explotaciones de producción, señor Ramírez, no de otras
cosas. Si usted cree que es conveniente apoyar más de lo que
ya lo está la distribución, la comercialización y la
transformación plantee aquí iniciativas tendentes a eso y las
estudiaremos con mucho gusto, pero hágalo, porque, si no lo
hace, su discurso queda en agua de borrajas. Hay otra razón
más, señor Ramírez. En este momento, y gracias a la política
del Partido Socialista, del Gobierno socialista, entre otras
cosas cooperativistas en España, que están comercializando sus
productos por valor de un billón --con be-- de pesetas. ¿Cómo
puede usted hablar de política fracasada del Gobierno
socialista en el aspecto cooperativo con esos datos? ¿No se da
usted cuenta de que no tiene razón cuando lo dice y que su
discurso se cae solo?
Decía el señor Ramírez que el señor Ministro no ha presentado
la ley. Déjeme decirle sólo una cosa. Usted
sabe que los Ministros presentan los Proyectos de Ley cuando
éstos tienen enmiendas de totalidad, normalmente es así; este
Proyecto de Ley no ha tenido ninguna enmienda de totalidad, y
ustedes, por tanto, han perdido la oportunidad de obligar al
Ministro a venir a presentar el Proyecto de Ley, que, por
cierto, tampoco hubiera sido nada ingrato para el Ministro,
sino me imagino que muy grato, porque es un buen Proyecto de
Ley.
La señora Rivadulla, de Izquierda Unida, sigue manteniendo que
ve muchas coincidencias entre el Partido Socialista y el
Partido Popular en este tema. Yo no sé dónde las ve usted, ese
será su problema, lo que yo sigo observando hoy es que ustedes
sí siguen coincidiendo con el Partido Popular, también en la
crítica feroz a este Proyecto de Ley, hoy han vuelto a
coincidir Izquierda Unida y el Partido Popular. Ya nos tienen
acostumbrados a que coincidan en muchísimas cosas, hoy
también, y, por tanto, no sé por qué habla usted de
coincidencias nuestras, porque los que han coincidido son
ustedes.
Usted decía que son escasos los recursos, y tiene razón, son
escasos, porque, aunque darían un volumen de inversión muy
importante, seguramente superior a los 600.000 millones de
pesetas --los recursos que en este momento hay, con carácter
exclusivamente estatal--, es verdad que son escasos. Pero
fíjese usted en que, si son escasos, ese es el mejor argumento
para que nos neguemos a aceptar la enmienda que ustedes
proponen de que no haya límite por abajo. Porque si de lo que
estamos hablando es de modernizar las explotaciones, ¿cómo
vamos a hacer que todos los recursos lleguen a todas las
explotaciones al mismo tiempo? Para eso no hace falta este
Proyecto de Ley, no tendría sentido, señora Rivadulla. Si
queremos modernizar las explotaciones no tenemos más remedio
que poner algún límite por arriba y por abajo. Y el límite que
hemos puesto por abajo es el 35 por ciento de la renta
unitaria, sensiblemente igual al salario mínimo
interprofesional para mayores de 18 años, que nos parece una
cantidad suficientemente razonable como para que pueda ser
aceptada.
Finalmente, señora Rivadulla, le quiero dar una satisfacción
desde aquí y es anunciarle que vamos a aceptar su enmienda
número 21, la enmienda supresión del tope de 60 años y que se
pase a los 65. Lo hacemos por avanzar en el esfuerzo de
consenso, por eso lo hacemos. Sin embargo, nos ha costado
esfuerzo aceptársela porque pensamos que es una de las medidas
más fuertes que el Proyecto de Ley contempla, de cara al
rejuvenecimiento real del campo. Pero se la aceptamos con
gusto por entender que, a veces, el campo es como es y no como
nos gustaría que fuera. También por entender que, de alguna
manera, es una enmienda razonable, señora Rivadulla.Respecto
al Partido Nacionalista Vasco, quiero decir al señor
Gatzagaetxebarría que celebro que el Partido Nacionalista
Vasco apoye el Proyecto de Ley, que creo que hemos hecho todos
un gran esfuerzo por acercar posiciones, que ese acercamiento
de posiciones ha supuesto para nosotros --como bien sabe el
señor Gatzagaetxebarría, y también lo sabe Conver puesto que
del acuerdo mutuo con ellos se ha producido-- retirar el
capítulo II, de ayudas, y algunos artículos que entendíamos
que podrían colisionar con los derechos y las competencias
exclusivas de las comunidades autónomas. Por tanto, señor
Gatzagaetxebarría, quiero celebrar su apoyo, repito, al
Proyecto de Ley.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Torres.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muy brevemente, señor Presidente, y
muchas gracias.
Señor Torres, después de oírle a usted se hace real esa
afirmación de que solamente la ignorancia puede dar alas a la
imaginación, en algunos casos.
Señor Torres, usted es el heredero de la política agraria
protagonizada por los ministros socialistas que han
representado el Ministerio durante los últimos años; usted es
el heredero de don Carlos Romero, usted es el heredero del
señor Albero, usted es el heredero del señor Solbes y del
señor Atienza. Y en cuanto a hablarnos en este momento del
grado de satifacción que tienen los agricultores españoles, yo
le invito a que, cuando terminemos el debate, nos acompañe a
la puerta del Ministerio de Agricultura, para asistir a la
concentración que allí se está celebrando, o a que nos vayamos
a las carreteras andaluzas a hablar con los agricultores
andaluces que están manifestando su satisfacción a la política
socialista agraria.
Sólo desde su deformación profesional, propia de su
especialidad en la Telefónica, señor Torres, usted puede
decirnos en este momento que se puede abordar la producción
agraria diferenciándola de la transformación y de la
comercialización y que, por tanto, no hace falta hablar del
todo que supone la actividad económica, que hoy no existen
límites que separen la producción y la transformación. Y como
no lo hemos dicho nosotros, sino que lo ha dicho el informe
documentadísimo, detalladísimo, del Consejo Económico y
Social, a él me remito. El Consejo le ha dicho que el proyecto
carece de una visión global de la agricultura española, que el
proyecto no estimula la incorporación de agricultores a las
entidades asociativas.
¿Está usted satisfecho de que solamente se comercialic un
billón de pesetas? Yo, no. ¿Sabe usted que eso significa menos
de la tercera parte? Eso no lo sabe y solamente se ha quedado
usted con la referencia del billón de pesetas. Pero como la
producción final agraria, señor Torres, salvo los años de
sequía, se acerca a los cuatro billones de pesetas, yo no
puedo estar satisfecho de que sólo se utilice en vía
cooperativa, en vía asociativa, la tercera parte de la
producción. Ustedes, sí, y así lo demuestra la política
agraria que ha regido el Ministerio de Agricultura durante
estas fechas. Por cierto, el que se deba al sector cooperativo
más de 12.000 millones de pesetas de inversiones en las
transformaciones agroindustriales, ¿también es objeto de
satisfacción por parte de usted? ¿Está usted satisfecho de que
se le vengan arrastrando deudas con razón del Real Decreto
1462 hace cuatro o cinco años? ¿También es una satisfacción
del Grupo Socialista?
Usted acaba de decir que va a aceptar la enmienda no solamente
de Izquierda Unida, sino del Grupo Parlamentario Popular,
exigiendo el aumento de la edad del agricultor prioritario de
60 a 65 años. Le recuerdo que la enmienda también es nuestra,
e incluso, temporalmente, manifestada antes que otros grupos.
Es rectificar un profundo error, pero el proyecto sigue sin
tener una visión completa de lo que es la agricultura
española, sigue sin contemplar esa entidad asociativa a la que
forzosamente tenemos que ir, con ustedes o sin ustedes, hacia
la modernización, hacia el diseño de la nueva agricultura. Y
digo nuevamente que la ley ha venido aquí de tapadillo. ¿Qué
soporte estadístico ha acompañado a la ley, señor Torres?
Exhiba uno, uno. ¿Cuántos agricultores prioritarios son los
que se encuentran en sus definiciones? ¿Cuántos? ¿Cien? ¿Cien
mil? ¿Quinientos mil? No lo sabemos. ¿Cuántos agricultores
quedaban entre 60 y 65 años? ¿Cuántos agricultores hay a
tiempo parcial? ¿Cuántos hay, señor Torres? ¿Qué documento del
Ministerio de Agricultura atestigua esa cantidad? Ninguno; la
ley ha venido sin nigún soporte estadístico, sin ningún dato
científico, porque había una voluntad del Gobierno socialista
de que esto pasara rápido y de cualquier manera.
Señor Torres, ¿en qué artículo del Reglamento de la Cámara se
dice que el Ministro solamente puede intervenir cuando haya
enmienda a la totalidad? ¿Quién impide al Ministro del ramo
presentar la ley aun cuando no haya enmienda a la totalidad?
Cíteme el precepto reglamentario que impide la presentación
del Ministro. El Ministro no quería hablar de la ley porque
era consciente de la pequeñez de la ley, de la incapacidad de
la ley para dar respuesta a los problemas que tenemos
planteados.
Señor Torres, no me ha convencido. Usted es heredero de la
política agraria del señor Romero, del señor Solbes, del señor
Albero y de toda la gran política agraria de su partido, que
nos tiene tan magníficamente representados en las instituci
todas las cuestiones españolas resueltas, satisfactoriamente,
desde la pesca hasta los frutos y hortalizas, pasando por toda
la retahíla de productos que sabemos, y ustedes
desgraciadamente para el sector agrario, difícilmente pueden
enarbolar la bandera de la defensa de sus intereses.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ramírez.
La señora Rivadulla tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, el
señor Torres ha hecho una réplica yo diría que suave. Debo
manifestar mi satisfacción por la incorporación al texto de la
ley de la enmienda que impide que a los 60 años ya se posponga
a una persona para cualquier tipo de ayudas que contempla esta
ley.
Quiero recordar al señor Torres que los objetivos de esta ley,
que se señalan en la letra b) del artículo 1, son definir las
explotaciones agrarias que se consideran destinatarias
prioritarias de los apoyos públicos a la agricultura y de los
beneficios establecidos por la presente ley, es decir,
modernizar, pero definir las explotaciones agrarias que se
consideran prioritarias a efectos de recibir los apoyos
públicos.
Si hemos quedado de acuerdo en que los recursos son limitados
y si además tenemos en cuenta, señorías, que el Gobierno,
sistemáticamente, ha ido derivando recursos hacia las empresas
que no los necesitan (quiero recordarles el Decreto para la
comercialización del tomate en fresco, hecho a la medida de
los grandes, que han tenido ayudas de miles de millones y que,
con lo que se han ahorrado, lo que podemos demostrar, se han
ido a instalar a Marruecos, donde también han hecho
inversiones de tomates, que han entrado en competencia directa
con los pequeños agricultores que aquí no han recibido ayudas;
así es la situación), si los recursos son limitados, por eso
nosotros entendemos que el modelo de explotación prioritaria
ha de ser la explotación familiar agraria. No estamos hablando
de una explotación familiar que no tenga capacidad de salir
adelante. Estamos diciendo que debemos allegar recursos para
que el 75 por ciento de las explotaciones, que son las
familiares, que también ocupan mano de obra externa, porque
nosotros no nos oponemos a la mano de obra externa, tengan
esas ayudas.
Señor Torres, a mí no me confunde, pero pienso que a lo mejor,
si alguien le está oyendo, puede llegar a confundirle. El
Grupo Popular y el Grupo Socialista en este proyecto de ley
están básicamente de acuerdo. El punto fundamental de esta ley
es delimitar cuáles son las explotaciones prioritarias y, en
ese sentido, señor
Ramírez, están ustedes de acuerdo. Están ustedes de acuerdo en
liberalizar el mercado de la tierra. No están ustedes de
acuerdo en el tema de potenciar la movilidad de los suelos
rústicos a través de otras medidas de tipo fiscal, de
priorizar a los agricultores que son profesionales, que se
dedican personalmente. Todas esas medidas que se podrían
dedicar a la movilidad del mercado de la tierra, de los
arrendamientos, ustedes no las ponen en marcha y liberalizan,
se quitan de delante todas las prórrogas, reducen a cinco
años, eso sí, reconocen que es mejor un período más largo de
arrendamiento por cuanto estimulan aquellos que son
superiores, que son los de ocho años. Sin embargo, esa medida
va a ser prácticamente ineficaz, porque la ayuda que les
pueden dar ustedes, en comparación con lo que significan cinco
años para un arrendador, no la va a utilizar.
Señorías, que quede claro: Grupo Popular y Grupo Socialista,
en esta ley, están básicamente de acuerdo. El Grupo Popular no
está de acuerdo en algunos aspectos relativos a los sectores
de comercialización y transformación de las cooperativas, que,
por otra parte, nosotros incluimos también en la enmienda al
artículo 7.º, que ustedes no han rec a una recomendación del
CES, que tampoco ustedes han recogido. En ese tema están en
desacuerdo, pero en todo lo demás... Quizá el Grupo Popular se
abstenga y nosotros tengamos otro tipo de votación, pero, por
favor, seamos serios, seamos racionales y que cada palo
aguante su vela, señorías. Aquí ha habido unas posiciones
determinadas que cada cual hemos defendido y se sabe dónde
estamos.
Señor Torres, con el listón que usted ha puesto después de
modificar el 40 por ciento de la renta de referencia y
siguiendo el censo agrario de 1989, van a quedar fuera... Van
a quedar fuera, porque ustedes, en su artículo 4.º, dicen que
el que no tenga el 35 por ciento de la renta de referencia y
el que no tenga una unidad de trabajo agrario, los dejan fuera
de la ley. Con este listón van a quedar fuera 1.692.944
explotaciones, censo agrario de 1989, que representan
alrededor del 80 por ciento del total de explotaciones. Estos
datos son una proyección de los que ya avancé del estudio de
José María Sumpsi, editado por el Ministerio de Agricultura, y
si en este trámite y en el de Comisión hubiésemos tenido la
oportunidad de tener datos en la mano, hubiésemos podido
contrastarlo.
Señorías, estoy convencida de que dentro de poco se va a tener
que reformar esta ley. Cuando ustedes se den cuenta de las
repercusiones que esto va a tener sobre el campo español, se
va a tener que reformar. No creo que esta ley se vaya a poder
aplicar en sus términos. Yo no sé por qué la han sacado. A lo
mejor porque como la habían anunciado tanto como el proyecto
estrella socialista, antes de marcharse, quieren dejar una
ley, pero yo creo que no se va a aplicar.Esta ley
institucionaliza un modelo de explotación que a la larga, si
se pudiese aplicar durante años, acabaría en una situación de
proletarización del campo. Ustedes, ahora, con el discurso de
la modernidad, que en otros sectores les fracasó --todo el
tema de la modernidad, de la economía especulativa y
financiera les fracasó, ahora vuelven a la economía
productiva--, ustedes están introduciendo esto ahora mismo en
el modelode explotación agraria. Este model tener grandes
empresas agroindustriales competitivas para las cuales
trabajarán los actuales agricultores, pero de forma
asalariada.
Nosotros estamos por proyectos de inversión para mejora de las
estructuras agrarias; no estamos por favorecer a
abstencionistas que van a inve especulativo en el campo. Este
modelo que ustedes presentan --lo podremos ver si da tiempo a
su aplicación-- va a tener esas características. Nosotros
pensamos que el modelo de explotación familiar agraria, que es
el tradicional de nuestro país, hay que potenciarlo y darle
las ayudas necesarias. No nos hemos opuesto a aquellas medidas
que comportan una redimensión del territorio y del suelo
rural. No nos hemos opuesto, señorías. A todos esos artículos
no se han presentado enmiendas. Estamos absolutamentede
acuerdo en hacer explotaciones que sean rentables, pero,
efectivamente, señorías, la explotación familiar agraria es la
más entroncada. De la misma manera que ayer defendimos el
proyecto de potenciar las cooperativas, creemos que es la que
más se entronca en el mundo rural, la que mejor tiende al
equilibrio territorial y la que garantiza la renta de las
personas que tienen la voluntad de vivir en el campo y para el
campo, y todo lo demás, señorías, son ideas flotando en el
aire, muy arriesgadas y que veremos qué resultados van a dar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor Presidente.
De la segunda intervención del señor Ramírez, del Grupo
Popular, ya hemos podido descubrir cuáles son sus alternativas
para el proyecto de ley de modernización de estructuras
agrarias y para el campo en general. Las han oído, supongo,
SS.SS. Di aunque me parece mucho suponer. Seguro que no las
han oído. Ni una sola alternativa, señor Ramírez; ni una. Pero
esto es viejo. Ustedes siguen teniendo ese problema. No he
oído ni una alternativa. Porque yo, en la primera
intervención, le he dado la oportunidad de que saliera a
decir: Nuestro proyecto de modernización sería éste, éste y
éste. No lo ha hecho; qué le vamos a hacer. Si no lo tienen,
es problema de ustedes
¿Satisfechos, dice con la comercialización? ¿Cómo vamos a
estar satisfechos, señor Ramírez? Queremos mucho más. Lo que
le he dicho, ante su ne de que existiera ningún tipo de apoyo
ni ninguna política que amparara la comercialización o el
cooperativismo, son los datos que demuestran que está usted
nuevamente no equivocado, sino simplemente no diciendo la
verdad, porque usted la verdad la conoce.
Señor Ramírez, yo creo que debiera tener ya un poco más de
prudencia. Porque sale de nuevo, y se lo vengo oyendo muchas
veces, a intentar desc oponente diciéndole que no tiene ni
idea de lo que habla. Usted hace eso permanentemente. Eso sólo
le descalifica a usted mismo. Yo no sé si los demás tenemos
idea de lo que hablamos, pero da la casualidad de que lo que
usted no nos dice es qué puñetas quieren ustedes hacer con el
sector agrario. Si no lo dice, señor Ramírez, una de dos: o no
lo saben o no se atreven a decirlo. Ya nos explicará usted
algún día qué pasa.
Dice usted que yo soy heredero de Romero, de Solbes, etcétera.
¿Por qué no? Heredero políticamente. Estoy muy satisfecho de
serlo. ¿De quién es heredero usted, señor Ramírez? ¿Les
preguntamos a mis compañeros de Albacete de quién es heredero
usted, señor Ramírez? (Varios señores Diputados de los bancos
del Grupo Socialista: Ahí, ahí.) ¿Les preguntamos? (Rumores.)
Vamos a dejarlo ahí.
Señora Rivadulla, la verdad es que seguimos coincidiendo más
de lo que usted manifiesta en el fondo de la cuestión, pero
hay formalmente diferencias que también se ponen de
manifiesto.
Usted sigue insistiendo en que las explotaciones familiares
agrarias, como tales, quedan fuera de este proyecto de ley y
yo le sigo insistiend como hice en la Comisión, en que no es
cierto. Que no es cierto. Y voy a intentar de nuevo decirle
por qué. Cuando ponemos el límite mínimo de renta de
referencia al 35 por ciento, es decir, que la renta unitaria -
-renta anual por persona-- que una explotación prioritaria
pueda tener sea, como mínimo, el 35 por ciento de la renta de
referencia, estamos hablando del salario mínimo
interprofesional para mayores de 18 años. Pero si nos parece
que para que un agricultor realmente tenga posibilidades de
recibir ayudas y poder crecer como mínimo debe tener una
renta... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Torres. Ruego a SS.SS. que guarden silencio. (Pausa.)
Continúe, señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor Presidente.
Cuando decimos que un agricultor tenga preferencia --porque
esta ley no excluye a nadie-- a la hora de recibir apoyos
públicos, para que esa persona que vive de la explotación
tenga como mínimo una renta semejante al salario mínimo
interprofesional, creo que estamos diciendo algo del todo
objetivo y razonable. Porque si para que un agricultor tenga
derecho a esas ayudas debe tener una renta de 200.000 o
300.000 pesetas anuales, ya me dirá usted qué agricultor que
pretenda vivir dignamente de su explotación puede hacerlo con
200.000 o 300.000 pesetas anuales de renta.
Hay una cosa muy importante que usted no ha tenido en cuenta,
señora Rivadulla, y es que las indemnizaciones a la renta de
la Política Agraria que son, como usted sabe, más del 80 por
ciento de los recursos de Bruselas, de la Unión Europea que
vienen a la agricultura y ganadería española, esas
indemnizaciones se contabilizan también como renta agraria,
como renta del agricultor, del titular de la explotación, para
que pueda alcanzar ese 35 por ciento. Además, preguntaba
S.S. --creo que el señor Ramírez también lo ha hecho-- cuántas
explotaciones hay aquí. En este momento es imposible saberlo.
Y si usted, señor Ramírez, se leyera el proyecto de ley con
atención sabría por qué. Yo se lo voy a explicar.
Tenemos una disposición transitoria única que dice que,
durante los cinco primeros años de aplicación de la ley, el 35
por ciento de la barrera podrá ser disminuida, para que
mediante ayudas haya agricultores que no llegando ahora al 35
por ciento puedan acceder a él. Por tanto, no sabemos qué
volumen de explotaciones podrán estar en esas condiciones y
ser capaces de acceder, pero, además, porque en la propia ley
hay también una disposición --la disposición final tercera--
con tres apartados en los que como consecuencia de las
deficiencias estructurales de territorios, las comunidades
autónomas pueden proponer al Gobierno que más explotaciones,
aunque no alcancen ese mínimo, puedan acceder a esas
explotaciones prioritarias; porque cuando más de la cuarta
parte de esas explotaciones en un territorio, aunque no
alcancen ese 35 por ciento, también podrán ser incluidas como
explotaciones prioritarias; y porque en todas las
explotaciones, tanto de titulares físicos como jurídicos --
cooperativas o asociaciones--, que están en zona de montaña
acogidos a la agricultura de montaña, también las comunidades
autónomas tendrán potestad de decidir cuántas son consideradas
explotaciones prioritarias. Por eso es imposible en este
momento saber cuántas explotaciones van a entrar o no, porque
va a depender de decisiones de las comunidades autónomas y no
del Gobierno, en unos casos, y de decisiones que dependen
también de los propios agricultores en el sentido de querer o
no llegar a la barrera del 35 por ciento.
Esta es la razón de que no podamos decir en este momento
cuántas explotaciones hay. Y cuando uno se estudia el proyecto
de ley, se estudia los Ramírez, se entera. Si no se los mira
mucho, no se entera. Por consiguiente, quiero decir --y
termino con
ello--, que desde el Grupo Socialista creemos que este
proyecto de ley es un buen instrumento para la modernización
de la agricultura y de la ganadería españolas, que del éxito o
no del mismo va a tener mucho que ver la voluntad de los
agricultores y ganaderos, la capacidad de riesgo y la ilusión
de los agricultores y ganaderos. Y van a tener mucho que ver,
naturalmente, los recursos. Por cierto, señora Rivadulla, no
sólo recursos estatales, porque muchas de estas medidas pueden
y serán cofinanciadas por la Unión Europea. Por tanto, no son
sólo recursos estatales.
La esperanza que tenemos, señorías, es que los agricultores y
los ganaderos apuesten realmente por el futuro. Nosotros lo
estamos haciendo con de ley y esperamos que sirva para lo que
tiene que servir: para que la sociedad rural cada día viva
mejor y cada día se sienta más satisfecha en el entorno donde
vive. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):Gracias, señor Torres
Sahuquillo.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y
que deseen fijar su posición en el mismo? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto
al proyecto de ley de modernización de explotaciones agrarias
y algunas enmiendas de los diferentes grupos.
Es, seguramente, una de las más importantes leyes de interés
agrario aprobadas en estas Cortes desde la recuperación de la
democracia. Una ley imprescindible para garantizar la
viabilidad de las explotaciones agrarias, con unas dimensiones
apropiadas y a las que se debería facilitar su ampliación y
capitalización para hacerlas competitivas en el contexto
europeo internacional de un sector agrario cada vez más
tecnificado. Pero una ley que permitiera a la vez el
enraizamiento de un tejido social en el campo que mantenga y
mejore el equilibrio territorial de la población del país con
la incorporación de nuesvas generaciones de agricultores. Esta
ley de modernización da respuesta a este objetivo de fomento
de las bases para desarrollar una agricultura productiva
rentable, al hacer compatible la actividad principal agraria
con actividades diversificadas productoras de rentas
complementarias.
Como es una ley ciertamente compleja por su alcance y
contenidos, ha sufrido muchos retrasos en su fase de
preparación, de consulta y de discusión de sus muchos
anteproyectos. Por esta causa, nuestro Grupo, con la voluntad
de impulsar y provocar el inicio de su trámite parlamentario,
presentó, en septiembre de 1993, la proposición de ley de
establecimiento de incentivos fiscales para la continuidad de
las explotaciones familiares agrarias, que, si bien trataba de
un aspecto parcial de la actual ley de modernización, tenía la
misma finalidad y por ello ha quedado incorporada en su actual
capítulo II.
El Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha querido participar
en la elaboración y negociación de esta importante ley de
forma constructiva e intensiva y con talante abierto, que
reconocemos ha sido correspondido por el Grupo Socialista muy
especialmente.
En prueba de ello, nuestro Grupo presentó 34 enmiendas,
algunas de ellas en sintonía con las presentadas por el Grupo
Vasco (PNV), de las que la mitad han sido aceptadas o
transaccionadas, habiendo retirado la otra mitad, porque, de
una forma u otra, ya se había introducido en la ley lo que
para nosotros era esencial en nuestro programa, en nuestro
proyecto de política agraria. También, señorías, pretendíamos
facilitar la aproximación a las aportaciones de los demás
grupos parlamentarios.
Ya hemos dicho que los incentivos fiscales en las
transmisiones eran y son para nuestro Grupo un objetivo
esencial para corregir los principales desequilibrios
estructurales de nuestras explotaciones, especialmente los
referidos a la insuficiencia de sus dimensiones y a su
descapitalización debido a las cargas fiscales que se soportan
en las explotaciones en concepto de herencias y transmisiones
y que de alguna forma también dificultan la permanencia o la
incorporación de jóvenes agricultores en las explotaciones
agrarias, jóvenes que, además, reciben en el conjunto de la
ley un trato preferencial para acceder a la propiedad, al
crédito y a las ayudas en general.
La ley contempla la reducción de un 90 por ciento de la base
imponible del Impuesto de Sucesiones, Donaciones y
Transmisiones en la integridad de una explotación prioritaria,
la exención total si los beneficiarios son jóvenes
agricultores, así como en las permutas, sean éstas voluntarias
o no; la reducción será de un 75 por ciento en las
transmisiones de otras fincas rústicas o de parte de estas
explotaciones. Hemos logrado la reducción de 10 a cinco años
del plazo por el que se prohíbe la venta de la finca que ha
gozado de estos beneficios fiscales.
Por parte de nuestro Grupo ha merecido una especial atención
la extensión de estos beneficios fiscales a las superficies
rústicas de dedicación forestal, en un 90 por ciento si están
incluidas en planes de protección natural, en un 75 por ciento
para aquéllas que tengan aprobados planes técnicos de gestión
y de mejora y en un 50 por ciento para todas las demás fincas
forestales, con lo cual se manifiesta, por primera vez, un
justo reconocimiento a la función social del bosque y hacia
sus propietarios y cuidadores. Este capítulo, a nuestro
juicio, debería complacer especialmente al Partido Popular
puesto que mejora aquella proposición de desgravación lineal
en fincas con valores superiores a los 50 millones de pesetas,
a las que en esta ley, por supuesto, se les da un trato mucho
más favorable.
La modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos y el
título dedicado a la definición del régimen de unidades
mínimas de cultivo y a la regulación del derecho de retracto,
creo que completan el apartado destinado al fomento del máximo
aprovechamiento del suelo agrícola, facilitando la movilidad
de su mercado, tanto el de venta como el de alquiler, con
garantías para todos los implicados en la creación de
explotaciones de tamaño adecuado. Los beneficiarios
preferentes de estas bonificaciones, ayudas y subvenciones son
los agricultores profesionales definidos por sus niveles de
renta y dedicación, los titulares de explotaciones
prioritarias, cuyos requisitos para alcanzar esta
calificación, a nuestro juicio, no debían ser restrictivos
tanto en su límite inferior como superior. Respecto a este
último, para que incluyera la agricultura intensiva, nuestro
Grupo propuso y obtuvo la supresión del proyecto inicial de un
máximo de cuatro unidades de trabajo agrario, y en cuanto al
incremento del límite de rentas generadas en las explotación
hasta un 120 por ciento de la renta de referencia. Conseguimos
igualmente suprimir los obstáculos que impedían la
homologación como prioritarias de las ganaderías
independientes e integradas. Asimismo, la ley posibilita la
obtención de la condición de prioritarias a todas aquellas
formas de cooperativismo y asociacionismo laboral, civil y
mercantil. El de producción, señor Ramírez. Mal ejemplo ha
elegido usted para erosionar a nuestro Grupo Parlamentario.
Para nuestro Grupo sería también un ejemplo esencial que no
existiera colisión con la ley de modernización, con el texto
constitucio que los estatutos atribuyen a las comunidades
autónomas, facultándolas para legislar y ordenar una política
agraria propia, adaptada a las particularidades de su
territorio y de sus agricultores. Por ello, no podían
establecerse, con carácter básico, las ayudas concretas a la
modernización del sector, muy diferenciado según en qué zona
se halle, como proponía el suprimido capítulo II del proyecto
inicial, que ha sido sustituido por una relación indicativa de
ayudas y de situaciones de preferencia. Además, su eliminación
permite modular las ayudas, de acuerdo con las directrices
variables de la política agraria comunitaria.
Merece ser destacada también la regulación que se hace del
régimen especial agrario de la Seguridad Social por cotización
de jornadas reales. Nuestro Grupo quiere dejar constancia del
gran esfuerzo de concertación de la ley, llevado a cabo por
parte de todos los grupos parlamentarios, con aportaciones
importantes que ya aparecen recogidas en el texto y que,
ciertamente, lo han mejorado en aspectos esenciales. Por
ejemplo, recuerdo la asimilación de los beneficiarios de la
ley a los asalariados agrarios, o a los jóvenes agricultores,
a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Es evidente que la ley se refiere especialmente a
explotaciones agrarias y a actividades de producción. Las
actividades de comercialización y transformación, de fomento
del cooperativismo, pueden regularse a través de otro texto
legal, que es una enmienda mantenida por el Partido Popular,
pero de difícil encaje en la filosofía de esta ley. En cambio,
nuestro Grupo apoyará la propuesta de varios grupos, que es
también la nuestra, relativa a que el límite de edad para ser
titular de una explotación prioritaria... Sí, señor Ramírez,
también de la nuestra, de las 35 primeras enmiendas
presentadas. Como decía, que el límite de edad para ser
titular de una explotación prioritaria pasara de los 60 a los
65 años, para que no se pierdan los beneficios de la ley en un
período en el que muchos agricultores continúan trabajando en
el campo con mucha ilusión.
Para finalizar, nos atrevemos a suplicar a los demás grupos
que hagan un último y generoso esfuerzo de responsabilidad
para con los agricultores, que son los principales
beneficiarios de esta ley, que sean capaces de olvidar, tal
vez fáciles electoralismos, y que la ley salga de este
Congreso con el máximo apoyo posible. Reconocemos que la ley
no es perfecta, como no lo es ninguna obra humana, pero que sí
es una ley equilibrada, bien vertebrada, respetuosa con el
tema competencial y con las directrices europeas; una ley útil
a la agricultura del país, a la que se le reconoce
implícitamente su función productiva, porque es la principal,
pero a la que también se le destaca su función social.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Señor Torres Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, intervengo para
proponer una corrección técnica en el dictamen de la Comisión,
que consiste en que los puntos 11 y 12 del artículo 2, donde
se define al pequeño agricultor y al agricultor a tiempo
parcial, pasen a ser considerados puntos 8 y 9, a fin de
agruparlos con el resto de las definiciones que tienen que ver
con agricultor joven, agricultor profesional. Y, finalmente,
que los puntos 9, 10, y 11, que se refieren a renta, pasaran a
ser los últimos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Serán 8, 9 y 10?
El señor TORRES SAHUQUILLO: Perdón. Efectivamente, los puntos
8, 9 y 10 pasarían a ser 10, 11 y 12 con esta propuesta de
corrección técnica, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo. Gracias.
¿Existe algún inconveniente por parte de algún grupo? (Pausa.)
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al dictamen
del proyecto de ley sobre modernización de las explotaciones
agrarias Enmiendas del Grupo Popular. (La señora Aguilar
Rivero pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada de las enmiendas del Grupo Popular
en tres bloques: por una parte, las enmiendas 50, 57, 63, 77 y
83; en otro bloque 80, 81, 82 y 86; y el resto en un tercer
bloque.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Popular números 50,
57, 63, 77 y 83.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 284; a favor, 138; en contra, 141; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 80, 81, 82 y 86.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor, 126; en contra, 141; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 282; a favor, 127; en contra, 155.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Enmienda número 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 278; en contra, 2; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas números 30, 31, 44 y 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 139; en contra, 141; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 12, 13, 39, 40, 43 y 46.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 13; en contra, 265; abstenciones,
ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 13; en contra, 144; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Enmienda número 105.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 131; en contra, 142; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, ocho; en contra, 155; abstenciones,
123.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen de la Comisión, con la
corrección técnica propuesta en el artículo 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 148; en contra, 15; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION POR EL QUE SE
ESTABLECE UNA COLABORACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA FEDERACION DE RUSIA,
POR OTRA, HECHO EN CORFU EL 24 DE JUNIO DE 1994 (Número de
expediente 110/000143)
El señor PRESIDENTE: Votación del dictamen de la Comisión de
Asuntos Exteriores, relativo al acuerdo de colaboración y
cooperación por el que se establece una colaboración entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la Federación de Rusia por otra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 284; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA PARA EL ANALISIS DE LOS
PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
DE LAS PRINCIPALES REFORMAS QUE DEBERAN ACOMETERSE, APROBADO
POR LA COMISION DE PRESUPUESTOS (Número de expediente
154/000004)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día:
Informe elaborado por la ponencia para el análisis de los
problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y
de las principales reformas que deberán acometerse, aprobado
por la Comisión de Presupuestos.
Para fijar la posición sobre esta ponencia en relación con su
contenido y con las observaciones formuladas por los
diferentes grupos... (Rumores.--Numerosos señores diputados
abandonan el salón de sesiones.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, el grupo
parlamentario que represento en este momento en relación con
el informe o dictamen debatido parlamentariamente en los
trámites de ponencia y comisión, y que hace referencia a la
reforma estructural del sistema de pensiones del sistema
público de Seguridad Social, al análisis de sus problemas
financieros y a los presupuestos teóricos de posibles reformas
que remuevan sus problemas estructurales y sus problemas
financieros, ha mantenido dos enmiendas; dos enmiendas que en
este momento mi Grupo Parlamentario va a defender, no sin
hacer unas reflexiones previas que pretenden acreditar la
situación de perplejidad, la situación de desagradable
sorpresa que el mantenimiento de estas dos enmiendas ha
provocado en distintos grupos parlamentarios y miembros
relevantes del Gobierno, como el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social.
Por mantener dos enmiendas de naturaleza competencial, por
mantener dos enmiendas que pretenden debatir algo que es
ineludible cuando estamos especulando y buscando fórmulas de
solución de los problemas estructurales de la Seguridad Soci
estamos debatiendo y especulando sobre el futuro del sistema
público de pensiones, por mantener dos enmiendas que hacen
referencia a los problemas competenciales subyacentes en esta
materia, en el ámbito del sistema público de Seguridad Social,
a los títulos competenciales que en esta materia prevé el
bloque de constitucionalidad, la Constitución en primer lugar,
y los estatutos de autonomía en segundo lugar, por debatir las
posibilidades de descentralización administrativa, acogiendo
exclusivamente en el tenor literal y en el fundamento incluso
espiritual de nuestras enmiendas sólo las previsiones
constitucionales desarrolladas ya por prolija jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, se nos ha acusado, en primer
lugar, señor Presidente, de insolidarios; se nos ha acusado,
en segundo lugar, de haber perturbado los consensos políticos
que subyacían en el denominado Pacto de Toledo...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, perdone que le
interrumpa.
A efectos de que pueda organizar debidamente su intervención y
que los demás grupos puedan tener una idea precisa de cómo va
a desarrollarse el debate, que era lo que pretendía hacer
cuando la Cámara no prestaba la atención debida, iba a decir y
digo ahora que los grupos que tengan observaciones van a
disponer de una intervención única para defender esas
observaciones y para fijar su posición en relación con el
dictamen, y que iba a dar la palabra, en primer lugar, a los
grupos que habían mantenido observaciones, pero que no van a
disponer de dos turnos diferentes, uno para defenderlas y otro
para fijar posición sobre dictamen.
No sé si lo había entendido así, pero para que quede claro
para S.S. y para los demás grupos que van a intervenir he
querido hacer la precisión.
Disculpe que le haya interrumpido. Tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Se lo agradezco, señor Presidente,
porque efectivamente no había entendido nada de lo que había
explicado en este momento porque materialmente era imposible
escuchar.
Agradezco la referencia y continúo con la digresión que con
pertinencia ha interrumpido su presidencia, para comentar que
nos ha provocado estupor la acumulación de demagogia --por qué
no utilizar esta expresión-- que se ha realizado en este
momento contra las posiciones legítimas de nuestro grupo
parlamentario; acumulación de demagogia de una intensidad que
no habíamos conocido al menos desde que yo personalmente tengo
memoria histórica y estoy en esta Cámara y es la tercera
legislatura que me encuentro aquí.
Se nos ha acusado de presentar proposiciones ilegales o
paralegales, de insolidaridad, de ruptura del consenso, de ser
el grupo propiciador de la ruptura del consenso político,
frágil pero existente, que subyacía en los presupuestos y en
los enunciados del denominado Pacto de Toledo y nosotros
queremos denunciar la falsedad y el carácter demagógico de
este tipo de imputaciones.
¿Cómo se puede hacer este tipo de imputaciones a un grupo
parlamentario, señor Presidente, cuando este grupo lo único
que pretende es la ejecución, la aplicación de la legalidad y
la aplicación y ejecución de la legalidad constitucional;
cuando este grupo pretende no contradecir sino complementar y
enriquecer lo que se consigna en el documento de Toledo;
cuando este grupo, en definitiva pretende sentar las bases que
garanticen de forma realmente eficiente, no de forma ficticia
o insuficiente, los presupuestos teóricos que sirvan para
garantizar el futuro del sistema público de pensiones? Entre
estas bases para debatir sobre las reformas estructurales que
el sistema público de Seguridad Social contiene, necesaria e
ineludiblemente tiene que contemplarse la base relativa a la
distribución de competencias a que provee el artículo 149.1 y
el artículo 18 en el Estatuto de Autonomía de Guernica y los
equivalentes en otros estatutos de autonomía.
¿Cómo se puede ser insolidario, señor Presidente, por defender
la legalidad? ¿Cómo se pueden presentar --y ésta es una
paradoja difícil de comprender-- propuestas ilegales por
defender la legalidad constitucional? ¿Cómo se nos pueden
hacer imputaciones de desestabilizar consensos cuando un grupo
nacionalista --y nosotros somos y seguimos siendo un grupo
nacionalista-- pretende el cumplimiento de la legalidad y a
este núcleo se reduce en este momento y en este contexto, por
mor del consenso, que es un gran valor en materia de
pensiones, el cumplimiento de la legalidad constitucional?
¿Cómo se nos puede acusar de desestabilización desde esta
perspectiva?
Estos pronunciamientos nos producen una gran perplejidad,
señor Presidente, y como cuestión previa, «obiter dicta»,
teníamos la obligación pol tipo de reflexiones.
Mi Grupo parlamentario quiere enriquecer y no contradecir el
Pacto de Toledo y quiere resolver, aunque sea desde una
perspectiva puramente práctica, desde una perspectiva
puramente utilitarista, uno de los factores de potencial
desestabilización del futuro del sistemade pensiones, cual es
la conf cuáles son los títulos competenciales y los niveles de
competencias públicas en el ámbito del sistema público de
Seguridad Social puede provocar entre instituciones
autonómicas e instituciones de la Administración Central del
Estado. Esta conflictividad no es buena para el futuro de las
pensiones y, además, tampoco es bueno omitir esta
conflictividad en el gran documento que pretende consignar
todos los presupuestos teóricos que sirven para concebir el
futuro de las pensiones y los elementos de remoción de las
dificultades estructurales que en este momento están
gravitando sobre el sistema público de Seguridad Social.
Recuerdo a SS.SS., para terminar de aclarar esta cuestión
previa, señor Presidente, y paso inmediatamente a comentar el
núcleo del debate que aquí nos trae, que el artículo 149.17.ª
de la Constitución expresamenteatribuye al Estado la
competencia de dictar la legislación básica en materia de
Seguri el constitucional, el artículo 149.17.ª, atribuye a las
comunidades autónomas una competencia relevante, de desarrollo
legislativo, nada menos, y ejecución de la legislación básica
del Estado.
A su vez, el artículo 18 del Estatuto de Autonomía para el
País Vasco establece que corresponde a las comunidades
autónomas el desarrollo legislativo, en congruencia con el
título constituciona la legislación básica del Estado en
materia de Seguridad Social, salvo las normas relativas a su
régimen económico, en virtud de las cuales a la Comunidad
Autónoma del País Vasco se atribuye sólo competencia de
ejecución.
Desde esa perspectiva, los títulos constitucionales son
claros. Hay ya prolija, abundante jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en virtud de la cual, cuando la competencia que
se reconoce a una comunidad autónoma es de ejecución, o es de
grado superior al de ejecución, es decir, de desarrollo
legislativo y ejecución, para que sea eficiente el
cumplimiento de esta competencia, necesariamente se tienen que
transferir a esta comunidad autónoma los institutos, los
órganos administrativos que se dedican o que tienen asignada
esa ejecución de la legislación. Desde esa perspectiva, algo
tan simple, algo tan legal como esto (y quien no diga eso es
el que está fuera de la legalidad, no nosotros), es lo que
pide mi grupo parlamentario: que se ejecuten los títulos
competenciales, consignados por el bloque de
constitucionalidad, y que se transfieran a las comunidades
autónomas competentes los órganos administrativos,
la estructura administrativa que sirva para la ejecución de
una competencia que es de desarrollo legislativo y de
ejecución. Esto lo convalida el Tribunal Constitucional en
prolija jurisprudencia, y esto no rompe conceptos que se han
creado de forma literaria, que se han creado de forma
ideológica, o que se han creado de forma metajurídica,
parajurídica, como son los conceptos de caja única y otros
que, artificiosa y demagógicamente, se están utilizando en
contra de nuestro grupo.
Nuestro grupo no pretende romper nada. Nuestro grupo pretende
cumplir la Constitución, y cumplir la Constitución manteniendo
los mecanismos de solidaridad que en todo sistema público de
pensiones se tienen que consignar. Ese es el elemento básico
de cualquier sistema de pensiones. Nosotros no queremos acabar
con los vínculos de solidaridad que se contienen en el sistema
de pensiones que diseñan los artículos 41 y 50 de la
Constitución, pero sí queremos que se apliquen otros artículos
concurrentes de la Constitución en el ámbito de las
competencias, que son preceptos tan constitucionales como los
anteriores. Esto no rompe la solidaridad del sistema, y esto
no rompe la caja única, entre otras cosas porque el concepto
de caja única es jurídicamente inexistente; esto no perjudica
o no perturba la solidaridad de los ciudadanos vascos u otros
con los ciudadanos del Estado español, y esto no afecta a la
esencia de la solidaridad, que sí es interpersonal (como bien
dijo el Ministro de Trabajo) en el sistema público de
Seguridad Social.
Por pedir esto se nos hacen imputaciones de esta naturaleza, y
esto sencillamente no es comprensible. Por pedir la aplicación
de la legalidad, no se pueden hacer imputaciones degradadoras
de enmiendas que, no sólo no son contradictorias con el Pacto
de Toledo, sino que sólo piden el cumplimiento de la
Constitución. Tienen que comprender SS.SS. que necesariamente
esto tiene que provocar importante perplejidad.
En todo caso (y acabo ya con estas reflexiones previas), si no
discutimos sobre el problema competencial, va a ser muy
difícil sentar eficientemente las bases para remoción de los
problemas que subyacen en nuestro sistema público de Seguridad
Social. Va a ser muy difícil, entre otras cosas, porque esto
va a seguir manteniendo problemas o conflictividad entre
instituciones autonómicas e instituciones de la Administración
central del Estado.
Por lo demás, en cuanto al documento que estamos analizando,
señor Presidente, nosostros no tenemos ningún reparo, ningún
tipo de objeción que realizar. El documento de Toledo es un
gran documento; es un documento que ha surgido de una posición
de flexibilidad intelectual de todos los grupos parlamentarios
que es menester alabar en este momento. No se ha partido de
presupuestos dogmáticos; se ha hecho un esfuerzo de
flexibilidad, de consenso, de concertación y estamos en
condiciones de sentar intelectualmente en este documento las
bases que garanticen el futuro del sistema público de
pensiones. Hemos conseguido grandes cosas en este documento, y
esta es ya la parte apologética que mi grupo puede hacer de
los contenidos de este documento. En primer lugar, crear un
modelo de sistema público de Seguridad Social, modelo que
todavía no existía, o que hasta la elaboración de este
documento cuando menos yo no conocía, y les puedo asegurar que
no es por no haber estudiado los problemas de la Seguridad
Social, que lo he hecho y de forma pormenorizada, sino porque
las normas jurídicas y la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional perturbaban la propia configuración del modelo
de sistema público de seguridad social española. Me estoy
refiriendo, en concreto, a dos sentencias del Tribunal
Constitucional, de mayo y junio de 1987, que establecen,
convalidando la constitucionalidad de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 1984, que el sistema español
de Seguridad Social no es un sistema contributivo, que no hay
ningún tipo de conexión matemática, no hay ningún tipo de
conexión directa entre lo que cada ciudadano cotiza y lo que
cada ciudadano recibe en forma de pensiones, puesto que se
trata de un sistema legal, se trata de un sistema basado en
los principios de unitariedad, de universalidad y de
suficiencia, tal como consagra el artículo 41 de la
Constitución.
Este es el modelo que diseña en su jurisprudencia el Tribunal
constitucional, legalizando la limitación de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1984 contenía en
relación a la pensión máxima de jubilación, en el supuesto de
concurrencia de pensiones, que era en la cuantía de 187.900
pesetas. Pues bien, esta sentencia del Tribunal Constitucional
es objeto de contradicción expresa en la exposición de motivos
del Real Decreto-ley 1/1992, sobre protección del desempleo,
donde se consigna precisamente lo contrario de lo que dice el
Tribunal Constitucional: que este Real Decreto-ley, que reduce
la protección de desempleo, se tiene que convalidar por esta
Cámara precisamente porque el seguro contributivo (y utiliza
esta expresión la exposición de motivos de este Real Decreto-
ley) de desempleo ha quedado gravemente desestabilizado. Las
previsiones actuariales que sirvieron para concebir el seguro
contributivo de desempleo (me refiero sobre todo a las
consignadas en la Ley básica de Empleo y su reforma de la Ley
2/1984), han quebrado porque en este momento la gran rotación
de trabajadores, por la abundancia de contratos temporales, ha
provocado que el gasto del Inem se incremente a 600.000
millones de pesetas y no sea posible mantener un seguro para
la que se califica de carácter contributivo: el desempleo.
Luego el problema provoca también perplejidad. ¿En qué
quedamos? ¿Estamos en el sistema público de Seguridad Social
español ante un régimen legal no contributivo,
donde las previsiones actuariales no tendrían por esta razón
relevancia, o estamos ante un sistema como se consigna en el
Real Decreto-ley 1/1992, en un sistema contributivo donde las
previsiones actuariales sí tienen relevancia y es contributivo
realmente por lo menos en la parte de protección profesional
del mismo? Estas contradicciones entre la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y normas como el Real Decreto-ley
1/1992, sobre protección del desempleo, han desestabilizado el
propio modelo estructural del sistema público de Seguridad
Social. Una de las virtualidades de este documento, del Pacto
de Toledo que en este momento estamos analizando, es que por
fin tenemos un modelo, se clarifica el modelo y, clarificado
el modelo, estamos en condiciones de avanzar en las propuestas
de reforma que el futuro de las pensiones requiere. Esta es
una de las grandes virtualidades que tiene este documento.
Nosotros no tenemos renuencias, no tenemos ningún tipo de
dificultad en aceptar, y vamos a votar favorablemente, la
totalidad de lo que se consigna en el documento de Toledo, en
el documento que hemos elaborado y que tan trabajosamente
hemos configurado, primero en Toledo y luego en los debates de
ponencia y comisión, haciendo además esta reflexión adicional,
apologética del talante flexible, del talante de colaboración
que todos los grupos parlamentarios han demostrado. Tenemos
que manifestar agradecimiento a todos los grupos
parlamentarios porque han sido incorporadas enmiendas de mi
grupo que nosotros considerábamos importantes. Por ejemplo,
las relativas al sistema complementario libre de la Seguridad
Social, removiendo problemas como el de la concurrencia en el
ámbito de las entidades de previsión social voluntaria, en el
seno de la función pública, con los fondos de pensiones;
ampliando, en el ámbito de las mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedad profesional, su ámbito competencial a la
protección de contingencias diferentes a las de accidentes de
trabajo o enfermedad profesional; flexibilizando jurídicamente
la propia concepción de la pensión de jubilación, mediante su
posibilidad de anticipación y mediante su posibilidad de
postergación, utilizando como edad de referencia la de 65
años. Hasta este momento, teníamos una regulación legal muy
torpe de nuestra pensión de jubilación, muy poco gradualista,
muy poco flexible. Son aportaciones que mi grupo parlamentario
ha hecho, otros grupos parlamentarios han hecho otras
aportaciones muy importantes, que han enriquecido el documento
de Toledo. Estamos en condiciones de votar que sí y de
adherirnos intelectualmente de forma incondicional a este
documento. Aquí, efectivamente, están los presupuestos
teóricos que pueden servir de basamento a la garantía del
futuro del sistema público de pensiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego concluya.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Con esto acabo, señor Presidente.
Pero los problemas competenciales no son una cuestión baladí.
Esto también es reforma estructural del sistema público de
pensiones, señor Pres pedimos a los grupos parlamentarios que
el espíritu de consenso, el espíritu de flexibilidad se
extienda a otras cuestiones que es necesario resolver, por lo
menos en sus presupuestos teóricos básicos, como son los
problemas competenciales, los problemas de la
descentralización del sistema publico de Seguridad Social,
manteniendo la solidaridad, manteniendo las previsiones
constitucionales que consagran los artículos 41 y 50 de la
Constitución; manteniendo un sistema público de Seguridad
Social, universal, suficiente, no regresivo, tal como consagra
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Nosotros
queremos mantener todo eso y queremos mantener la solidaridad
con dos cosas que yo proclamo expresamente. Nosotros no
reclamamos competencias legislativas para las comunidades
autónomas en materia de Seguridad Social, y quien puede
garantizar la solidaridad interpersonal del sistema es la
legislación, es la ley precisamente, que es la que marca la
cuantía de la protección, los períodos de carencia, los
supuestos o las contingencias que son objeto de protección.
Nosotros pedimos también la aplicación de la Ley del Concierto
Económico, para las previsiones financieras, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la Ley del Convenio
Económico para las previsiones financieras, en la Comunidad
Foral de Navarra. El Concierto y el Convenio Económico son
también, esencialmente, solidaridad, señor Presidente. Tampoco
se vulnera la solidaridad interpersonal aplicando mecanismos
que están previstos en la Constitución.
Que no se nos impute nada de lo que se nos ha imputado, señor
Presidente, porque pedir la aplicación de la legalidad
financiera o la sustantiva, nunca puede ser considerado
insolidario, sedicente, rupturista ni ninguno de los epítetos
que se nos han imputado de forma absolutamente ilegítima.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, quisiera
empezar explicando la posición del Grupo Parlamentario Federal
de Izq per Catalunya con lo que ha sido el trabajo y el
esfuerzo de la ponencia durante un año y agradeciendo a
todaslas personas que han comparecido, compareciendo, pero,
sobre todo, a las personas que sin tener obligación, por no
pertenecer a la Administración
o a esta casa, han venido a aportar, desde el carácter
individual y técnico, todo su razonamiento y bagaje. Por
tanto, el trabajo que traemos hoy aquí está documentado, está
hecho desde el conocimiento de la realidad de la Seguridad
Social y desde el convencimiento de que las posiciones que
hemos mantenido los distintos grupos y que tiene, al final, el
acuerdo definitivo que la Comisión eleva a este Pleno, está
hecho con un buen soporte. Por consiguiente, vaya por delante
el agradecimiento a la colaboración social que nos han
aportado los ciudadanos en general.
En segundo lugar, nos gustaría decir que cuando un acuerdo se
firma y se apoya solemnemente, como es el caso de éste, de él
deben decantarse medidas concretas para desarrollar el
acuerdo. Todos hemos dejado objetivos al situar el marco en un
determinado lugar.
Es lógico que para Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya,
al mantener reservas al documento definitivo, pueda aparecer
que su posicionamiento está alejándose de sus compromisos con
el acuerdo. Izquierda Unida valora positivamente el acuerdo
logrado entre todas las formaciones políticas y los agentes
que han participado en su concreción, fundamentalmente por
varias razones. Primera, porque es una apuesta decidida por el
futuro y porque esta apuesta decidida por el futuro significa
garantizar un sistema público contributivo y de reparto para
nuestros mayores hoy y para los mayores del futuro; segunda,
porque hay una revalorización automática y permanente de la
capacidad adquisitiva de las pensiones; y, tercera, porque hay
un compromiso de que el crecimiento económico y de la renta
del país, a través de una distribución o redistribución justa,
signifique la mejora de esta realidad.
Las reservas que Izquierda Unida tiene sobre el documento se
cifran fundamentalmente en la utilización, desarrollo y
gestión del pacto con posterioridad; si esa gestión se
desarrollará de forma consensuada en los temas fundamentales
que pueden venir a la Cámara o si se hará de forma unilateral
por quienes puedan estar interpretando desde el Gobierno, y
desde la inconcreción que algunos aspectos pueden tener dentro
de los programas concretos.
Me voy a referir principalmente a dos de estos aspectos que
Izquierda Unida ha venido manteniendo desde el principio,
tanto en el debate de Toledo como, con posterioridad, en las
enmiendas que hemos presentado al documento en su trámite de
Comisión.
Primera reserva, la reflexión sobre si hoy estamos en
condiciones de reducir las cotizaciones a la Seguridad Social
sin poner en cuestión el equilibrio del sistema o lo que se
viene a llamar al equilibrio de las cuentas generales del
Estado. Nosotros creemos que en este país se ha abordado la
reducción de la cotización social en seis puntos y, sin
embargo, no se ha logrado generar empleo y mayor inversión.
Por tanto, la medida puede no cumplir ese objetivo y, sin
embargo, poner en cuestión el sistema en su conjunto. Pero es
más, podemos dirigir esta reducción hacia la imposición
indirecta y entonces estaremos llevando a nuestro país hacia
una política más inflacionista y de contención del crecimiento
de la demanda interna o podemos ir hacia una imposición
directa y, por tanto, incrementar la presión fiscal poco
casable, desde luego, ese incremento de la presión con la
reducción del déficit público y el mantenimiento del nivel de
bienestar que ahora mismo tenemos.
La segunda gran reserva que tiene Izquierda Unida va dirigida
a si hoy estamos en condiciones de tomar un compromiso, como
es mejorar la capacidad adquisitiva de las pensiones más bajas
intentando adoptar una medida concreta para ese compromiso de
pensión digna y suficiente del futuro, uniendo o intentando
unir que la pensión mínima se equipare al salario mínimo. Se
decía que eso es muy costoso, que podía costar en torno a
400.000 millones de pesetas. Pues bien, nosotros proponemos
abordarlo de forma gradual, y creemos que hay condiciones para
poder plantearlo. En todo caso y no está incluido en el
documento, tendremos que reconocer que, en función de la
evolución y la gestión del mismo, se puede abordar.
La última consideración de índole complementaria sería la
ubicación definitiva de lo que pudiéramos llamar los fondos
complementarios de pensiones y las bonificaciones que pudieran
tener. En todo caso Izquierda Unida siempre ha abordado el
tema de las pensiones desde un marco más amplio, es decir,
desde el modelo de sociedad y de economía que la izquierda
quiere para España y para Europa. Nos rebelamos ante una
Europa construida bajo intereses macroeconómicos y de los
países desarrollados, olvidándose de los efectos que ello
puede provocar o aceptando como inevitable una sociedad basada
en el paro, la marginación y la desprotección social. Creemos
que los conceptos neoliberales, sea quien sea el que los
gestione, necesitan de una Europa que, para tener como
objetivo elevar la tasa de beneficio, aborde reducción de
salarios reales, reducir el sistema fiscal, desregular la
actividad laboral y, finalmente intentar reducir lo que
significan los salarios indirectos, seguro de desempleo y
sanidad, o los salarios diferidos, las pensiones.
La izquierda en términos amplios, necesita una Europa
diferente y más centrada en dotarse de un crecimiento y un
protagonismo económico con ma social, laboral y política; es
decir, apostar por un futuro que utilice todas las
potencialidades desde el interés de la inmensa mayoría, donde
envejecer no sea un problema, y que los cambios profundos
estén cimentados en resolver el problema del paro, el reparto
del empleo, la plena integración de la mujer en el mundo
laboral, el respeto al ecosistema, la corrección o reducción
de las profundas desigualdades sociales y la redistribución de
la renta entre el conjunto de la sociedad.
Izquierda Unida cree que la política es el arte de hacer
posible lo necesario. Por tanto, queremos abordar el tema de
las pensiones desde una azotea más amplia que la meramente
financiera. Creemos que hay que mirarlo desde su conjunto,
desde la dinámica de los ingresos, desde la dinámica de hacer
frente a una mayor aportación del producto interior bruto a la
política social y a las pensiones para acercarnos a la media
comunitaria; un país en el que la renta «per capita» crece y
su distribución hace creer la pensión media y, sobre todo, un
país que se rebela ante un futuro en donde no se pueda superar
el nivel de desempleo actual del 24 por ciento. Es decir,
queremos invertir en lo que pudiéramos llamar atención
primaria del sistema público de pensiones, queremos invertir
en medicina preventiva, a la vez que en atención especializada
y hospitalaria.
Izquierda Unida parte de una idea: de aquí al 2001, desde un
compromiso macroeconómico que significara reducir la tasa de
desempleo al 20 por ciento en los próximos cinco años, con un
crecimiento anual del empleo del 1,4 por ciento y de la
productividad en el 2 por ciento, se favorecería un
crecimiento de nuestro producto interior bruto en torno al 3
por ciento. Eso significaría que el volumen del 13,2 de
nuestro PIB que actualmente destinamos a las pensiones y al
seguro del desempleo, pudiera reducirse al 12,5 inclusive
abordando la mejora de la capacidad adquisitiva en dos puntos
en términos reales. Es decir, para Izquierda Unida, no existen
hoy limitaciones en términos productivos para garantizar el
futuro de la protección social a los españoles en los años
2025 y 2030. Un país, como el nuestro, que aborde la reducción
de la tasa de paro, que eleve la tasa de actividad masculina y
femenina y se equipare a la media europea, un país que puede
duplicar su producto interior bruto y su renta, debe estar en
condiciones de hacer frente a sus obligaciones.
Las pensiones, señorías, con las medidas adoptadas hoy en este
Pleno están garantizadas, y si están en el ojo del huracán o
pueden estarlo es porque están en juego poderosos intereses
económicos que pretenden gestionar o administrar a corto plazo
cuatro o cinco billones de pesetas de cotización a fondos de
pensiones y porque hay una obsesión neoliberal aguda que se ha
instalado en una nueva fase después de haber logrado
culpabilizar a los salarios, desregular el mercado laboral o
acelerar las privatizaciones de los sectores públicos. El
siguiente paso, de enorme interés, son las pensiones, y las
actuaciones de algún sector de la banca, junto con algún
sector empresarial, proponen, incentivan y presionan un lento
desmantelamiento del sistema actual de pensiones para abrir
nuevas oportunidades de negocio para el capital privado, hecho
que reforzaría un regresivo modelo social basado en el
individualismo y en la inseguridad.
Afortunadamente, señorías, esas tesis no han encontrado eco
suficiente en las fuerzas políticas y sociales y hoy estamos
aquí por una apuesta diferente. Nuestra posición ha sido y es
lograr una suficiente precisión en el acuerdo para que no sea
una declaración débil, que sea un acuerdo duradero en el
tiempo; que no sea para salir del paso; que no pueda ser
hecho, como algunos otros compromisos de forma, para no
cumplir o para relativizar su cumplimiento.
Señorías, tenemos el convencimiento de que la garantía de las
pensiones nunca estará en el sector privado, sino en el
respaldo y en el aval del Estado a un compromiso que hay con
el ciudadano, de que los fondos públicos nunca, con la
garantía del Estado, quebrarán mientras los fondos privados
pueden quebrar y tener que venir el Estado a salvarlos.
¿Cuáles son, señorías, las razones por las que Izquierda Unida
va a apoyar decididamente lo que es el documento definitivo
aprobado en la ponencia? Reconociendo el esfuerzo de consenso
y encuentro de todas las fuerzas políticas que han participado
en ella, y el esfuerzo que indudablemente también hemos tenido
que hacer en relación con los agentes sociales, el documento
que se va a someter a la aprobación de este Pleno ha tenido
modificaciones que se han concretado tanto en la parte
expositiva como en la parte de recomendaciones al Gobierno.
Voy a ceñirme, señorías, a cuatro en la parte de introducción
y a seis en la parte de recomendación.
La primera mejora que el documento ha recibido en el trámite
de la propia Comisión figura en la página 18, cuando en la
resolución que tomamos definitivamente se incorpora la
participación del Estado y de las comunidades autónomas en el
modelo futuro de Seguridad Social, entendiendo que las
comunidades autónomas gestionan una parte importante de lo que
hoy pudiéramos llamar parte no contributiva o universalizada y
que pueden jugar un papel muy complementario y muy unido al
régimen de la propia Seguridad Social.
La segunda, en la página 28 del propio documento, hace
referencia a lo que ha sido el compromiso de nuestro país en
reducir la distancia que tenemos en el porcentaje del PIB que
destinamos a política social y a política de pensiones.
En la página 54 aparece un documento donde se precisa,
fundamentalmente, lo que puede ser la aportación de un mayor
nivel de empleo y, por tanto, el condicionar el crecimiento
económico al crecimiento que genera empleo; en segundo lugar,
los efectos que puede tener la reforma del mercado laboral y
la temporalidad, hoy, hacia el propio sistema, y, por último,
el compromiso de que nuestro país crezca en su renta y la
redistribuya, acercando y mejorando los criterios de igualdad
dentro de nuestra propia sociedad.
Por último, en la página 64, se limita el sistema
complementario --igual que lo hace la recomendación 14--
exclusivamente para mejorar el sistema público de pensiones,
para estar controlado a los límites y a los objetivos que
persigue y, sobre todo, para que pueda ser una
actuación potenciada desde el carácter de lo que pudiéramos
llamar acuerdos colectivos de empresa o de sector.
Dentro de las recomendaciones, desde la primera, en la página
66, donde se introduce precisamente la búsqueda de no
compartimentos estancos para hacer frente al sistema
contributivo (inclusive se plantea en una enmienda admitida a
Convergència i Unió, la posibilidad de, crear fórmulas de
aportación de impuestos del Estado y también una fórmula
impositiva de carácter universal, sobre todo en las rentas, en
lugar de orientarse otras fórmulas impositivas), a lo que es
la incorporación, en la recomendación quinta, al efecto de la
economía sumergida (con otra enmienda aceptada a otros grupos
parlamentarios, el Popular y el de Izquierda Unida), figura lo
que son la precisión en los regímenes especiales a la hora de
unirlos en dos regímenes, por cuenta propia o por cuenta
ajena, lo que debe ser el efecto especial del régimen de
trabajadores del mar, del régimen de la minería del carbón y
los jornaleros del campo e inclusive los correspondientes a
las empleadas de hogar.
En la página 70 figura lo que debe ser el proceso para fijar
la proporcionalidad entre lo contribuido y la prestación que
va a recibir al final el trabajador o el ciudadano, intentando
eliminar lo que es la referencia a toda la vida laboral, pero
manteniendo ese criterio en el futuro, de forma progresiva,
para acercar el esfuerzo que debe hacer todo el mundo de
cotizar por salario real, para que lo que en el mañana reciba
vaya unido a lo que es hoy su propia contribución.
En la página 72 figura todo lo que hacer referencia a la
posibilidad --como decía el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco-- de facilitar la anticipación de la jubilación hacia
los contratos de relevo o de sustitución, y en la página 73
habla de la participación y la corresponsabilidad de todos en
la gestión de las prestaciones del sistema público de
pensiones y también del sistima de financiación.
En suma, señorías, el documento que en Toledo la ponencia
remitió a todas las fuerzas políticas para que aportaran
opiniones y concretaran su posición ha sido mejorado. Ha
facilitado el debate público. No era bueno que se hiciese la
discusión en un laboratorio, era bueno que saliera a toda la
sociedad.
Me gustaría hacer mención a lo que es, señorías, esta falsa
disputa. Los políticos, porque están condicionados por el
voto, ¿deben de tomar la técnicos, que conocemos, somos los
que estamos en condiciones de no estar mediatizados? Señorías,
los técnicos también pueden esta mediatizados, y los
ciudadanos tienen el derecho de decidir s presupuesto del
Estado y sobre lo que son los efectos sobre un sector de la
población muy importante. Es un tema que afecta a los
ciudadanos, que en un sistema democrático deben decidir los
ciudadanos y que afecta a las fuerzas políticas en compromiso
con las fuerzas sociales.
Señor Presidente, termino diciendo que estamos convencidos de
que el documento que hay aquí va a entrar en un proceso de
concreción, de discusión con los agentes sociales, de
discusión con la propia sociedad, de atemperar al devenir
histórico, pero estamos convencidos de que lo que hemos hecho
hoy aquí es la base de un acuerdo duradero.
En ese sentido, señor Presidente, nuestro Grupo, aun
manteniendo y teniendo esas reservas, que las vamos a
manifestar en la tramitación de las leyes que puedan venir a
la Cámara, en la discusión concreta que se pueda producir, va
a retirar las enmiendas que ha mantenido para este Pleno para
pedirle al portavoz del Partido nacionalista Vasco que lo haga
también y así salir con una posición unánime y cerrada de lo
que es la decisión de este Parlamento hacia la sociedad
española.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero emplear el turno que me corresponde en esta tribuna
para manifestar un doble apoyo: en primer lugar, un apoyo al
texto elaborado por los grupos políticos y la Ponencia,
expreso mi total acuerdo con el mismo, así como con las
enmiendas presentadas por el Grupo Vasco. Ambos hechos --
refiriéndome precisamente a las palabras de la persona que me
ha precedido en el uso de la palabra desde esta trib que decir
que no rompen la solidaridad en la búsqueda de una solución
para el tema de la seguridad social, sino todo lo contrario.
Hoy día hay miembros del Gobierno que sólo reconocen la
coherencia política cuando se coincide con sus posiciones o
propuestas o la solidaridad cuando se vota a favor de sus
propuestas. No hay forma de que entremos en la cultura de la
negociación y del acuerdo como consecuencia de esa negociación
precisamente. Y digo esto como referencia a un hecho que se
situaría al lado de la legalidad, y como si tuviéramos que
crear una legalidad porque existe un vacío competencial, pero
este hecho no es así; no estamos ni al margen de la legalidad,
la legalidad existe, no se trata de negociar, sino de cumplir
una legalidad. Ustedes, que son tan sensibles en la actualidad
con el estricto complimiento de la ley y del ordenamiento
jurídico, llevan trece años olvidándose de cumplir el artículo
149. 17.ª de la Constitución y el artículo 18 de País Vasco.
La Constitución no impide que las comunidades autónomas tengan
una participación en la legislación y gestión de la Seguridad
Social. Es más, reconoce que la gestión de determinadas
prestaciones tanto técnicas como económicas puede encontrarse
en
el ámbito de su actividad. En consecuencia, el Estatuto de
autonomía del País Vasco, en su artículo 18, como antes
citaba, establece para el P competencia de desarrollo
legislativo y de ejecución en materias que afectan a la
Seguridad Social. Es un caso idéntico y comparable al que
sucede con la Hacienda pública, con una excepción: la del
mecanismo del concierto económico, que en este caso todavía no
existe; mecanismo que, por cierto, puede ser aplicable dentro
del desarrollo legislativo y de ejecución y gestión de la
propia Seguridad Social.
Este Gobierno, o, por lo menos, el Partido que lo sustenta, se
inventó --y lo subrayo--, en el año 1982, dos conceptos de
dudosa y sospechosa existencia tanto en teoría económica como
jurídica: por una parte, la unidad de mercado y, por otra, la
caja única. Si ambos conceptos existieran en la práctica, con
la creación de la Unión Europea se daría la paradoja de que el
Estado español dispondría de aquellas competencias que se
derivaran de los recursos que le reconociera el todo
comunitario.
¿Se admite la unidad de mercado y la caja única en la creación
y desarrollo de la Unión Europea o, por el contrario, se está
defendendo una estructura federalizada para dicha Unión? ¿Por
qué, entonces, lo que allí no se quiere aplicar se defiende
aquí numantinamente?
Si aplicamos estos criterios suyos, no sólo no es posible
transferir a las comunidades autónomas, sino que tampoco
podemos hacer participar a los ayuntamientos y
administraciones locales y regionales en los llamados
impuestos generales. Toda propuesta de hacer participar en la
gestión del IVA o del IRPF sería incoherente e insolidaria por
naturaleza. Con estas posiciones nos encontramos en un
callejón sin salida. Ustedes no quieren aplicar la Ley y están
permanentemente en el escándalo de incumplir sistemáticamente
la Constitución y una ley orgánica como es el Estatuto de
Autonomía. Ustedes están bloqueando la Constitución, que en
este caso ampara los derechos de una minoría y, en
consecuencia, ustedes son los insolidarios.
Además diría que son contradictorios e incoherentes, porque si
el modelo fuera capitalización, en vez de reparto, no
existiría este debate, ya que la comunidad autónoma sería
competente para desarrollar y gestionar el mecanismo e
instrumento que se crease para garantizar el sistema de
pensiones.
No estoy elucubrando, porque ésta es la acutal situación que
acontece con las entidades de previsión social. Lo que
planteamos es una pura coherencia con el resto de las
enmiendas y con el sistema del concierto o convenio que siguen
las relaciones hacendísticas y fiscales actualmente en
aquellos territorios como el de Navarra y el del País Vasco,
que tienen concierto o convenio económico, y, además, haciendo
especial mención en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía del País Vasco, donde se dibujan y
articulan unos principios, un procedimiento y un instrumento a
fin de que el País Vasco asuma la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social, que en nada es insolidario
con el texto propuesto por la Ponencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, Unión
Valenciana quiere hoy manifestar su apoyo total al texto del
Pacto de positivamente sus trabajos en el seno de la Ponencia
para el análisis de los problemas estructurales del sistema de
la Seguridad Social; apoyo, por cuanto desde el consenso, a
pesar de las discrepancias iniciales, se ha conseguido
elaborar un dictamen que, siendo mejorable, puede significar
el inicio de un gran acuerdo para mejorar el sistema público
de pensiones y de protección social.
Este importante acuerdo asegura una viabilidad del modelo
público, pero sin olvidar que puede mejorarse sustancialmente
con incorporaciones que deben adicionarse continuamente para
asegurar su continuidad. Las recomendaciones del dictamen --
referente obligatorio para cualquier modificación en materia
de Seguridad Social, porque hemos creado un modelo de
Seguridad Social--, indican que, en todo caso, hay que tener
en cuenta que a medio plazo puede haber modificaciones.
En este importante documento se recogen, a juicio de Unión
Valenciana, las bases para mantener y fortalecer los elementos
esenciales que consiguen el bienestar de nuestros ciudadanos,
tales como las fuentes de financiación de la parte
contributiva y de la no contributiva, las reservas
presupuestarias para restablecer equilibrios, mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones mediante la
revalorización automática, mejora en la gestión y en la
recaudación, simplificación de los regímenes especiales,
respetando, en todo caso, el agrícola y el del mar;
flexibilización de la edad de jubilación, y también es
positiva la existencia de un sistema complementario de
pensiones desde el convencimiento de que a medio plazo habría
que hacer reformas que nos acerquen a sistemas con fórmulas
complementarias a la pensión exclusivamente pública.
El objetivo que hoy nos une a todos no es otro que el de dar
soluciones a un sistema que ha estado en tela de juicio: La
viabilidad de las pensiones en las generaciones futuras, en
concreto a partir del 2020, y que afecta a los ciudadanos que
ahora cuantan entre 40 y 50 años.
Por ello, después del acuerdo que hoy va a impulsarse en
materia de Seguridad Social, deben adoptarse otras medidas que
impulsen la política económica hacia la creación de empleo y
no sólo hacia el crecimiento económico. El empleo debería
incluirse en la próxima
revisión del Tratado de la Unión Europea. La Unión Europea
debería aprobar planes específicos para aquellos países que
dupliquen la tasa de paro media existente en la misma, como es
el caso del Estado español. Deben elaborarse planes de
inversión empresarial y llevar acabo una firme lucha contra el
fraude fiscal. Deben disminuirse las cotizaciones sociales
como incentivo a la creación de empleo y al aumento de
cotizaciones, porque esto será la garantía del sistema público
de Seguridad Social. Hay que incrementar el atractivo fiscal a
los planes de pensiones, fondos de inversión, al ahorro,
impulsando los planes de ahorro popular. Hacen falta
incentivos fiscales a la natalidad. Es imprescindible el
establecimiento de un plan presupuestario 1996-2020, tendente
a absorber los enormes gastos sociales que previsiblemente se
derivarán a partir de la última fecha como consecuencia de la
jubilación de la generación de los años sesenta, muy numerosa.
Antes de finalizar, quiero expresar mi apoyo al texto
presentado por el Grupo Vasco, Partido Nacionalista Vasco, por
cuanto significa una mejora y positiva aportación al dictamen
consensuado por todos los grupos. Las enmiendas del Grupo
Vasco son coherentes y consecuentes con la actual estructura
territorial del Estado autonómico.
Desde ese respeto al marco competencial de algunas comunidades
autónomas, daré mi apoyo a esa iniciativa del Grupo Vasco y
por cuestiones obvias de solidaridad y coincidencia en mucho
de los planteamientos, esperando que la Comunidad Valenciana
algún día pueda tener el techo competencial de que hoy
disfruta el País Vasco.
Ya concluyo, reiterando mi apoyo al dictamen por el esfuerzo
realizado por todos los grupos para garantizar un futuro mejor
para las generaciones venideras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, el
Grupo de Coalición Canaria, por supuesto, va a dar su apoyo al
i Ponencia. Sin embargo, tenemos que hacer algunas
observaciones, aun valorando muy positivamente el acuerdo
alcanzado por todas las fuerzas políticas. Sin duda hemos
recuperado un cierto nivel de consenso, que buena falta hace a
la actividad parlamentaria y política española en los grandes
temas que afectan a la sociedad y a los ciudadanos. Por eso
nosotros celebramos clarísimamente este consenso, este
esfuerzo que ha hecho la Ponencia a lo largo de un año, sobre
una serie de acuerdos de carácter general que definen el
sistema público de pensiones. Sin embargo, quisiéramos que
este fuera un acuerdo duradero, como aquí se ha dicho, que
fuera un acuerdo histórico.
Posiblemente, para consolidar este acuerdo, y otros, que son
parte esencial del Estado de bienestar, hace falta seguir
dando batallas y luchas políticas y la sociedad española
decidirá, en los procesos electorales próximos, si se
consolida o no ese Estado de bienestar. Por eso quiero hacer
la siguientes reflexiones.
Hace un año, cuando se inicia en este Pleno del Congreso de
los Diputados el debate sobre los criterios que debían guiar a
la Ponencia, les recuerdo a SS.SS. --si lo quieren recordar--
que estábamos en el período más duro de la recesión, de la
depresión económica, había un gran alarmismo, una cierta
histeria y nerviosismo sobre la necesidad de recortar
seriamente el Estado de bienestar. En aquella época, los
grandes teóricos nos hablaban del «dumping» social, de los
nuevos países industrializados, de los peligros y de que algo
tan importante en la cultura progresista europea de los
últimos cuarenta años como ha sido el Estado de bienestar
parecía que estaba en un momento de crisis y que eran
necesarios recortes importantes para recuperar lo que llamaban
la competitividad.
Yo recuerdo haber intervenido ante este Pleno diciendo que lo
que estaba en juego era el artículo 1.º de la Constitución
española sobre si estábamos en un Estado social y democrático
de Derecho o simplemente en un Estado democrático y liberal.
Nosotros decíamos que los valores superiores de nuestro
ordenamiento jurídico, como dice el artículo 1.º, artículo
marco y fundamental, frontispicio de la Constintución
española, hace referencia a los valores superiores de la
justicia y de la igualdad, además del de la libertad.
Todo ello nos llevó a proponer que la reforma del sistema de
pensiones debería mantenerse, que eran necesarias reformas
encaminadas a mantener público de pensiones y sólo con algunas
adaptaciones, que iban dirigidas, primero, a mantener el
equilibrio financiero, separando pensiones contributivas de
pensiones asistenciales y de otros gastos sociales y
sanitarios, por vía de financiación distinta, es decir,
cotizaciones
sociales, por un lado, e imposición general, por otro; en
segundo lugar, que había que establecer una mejor gestión del
sistema de pensiones, luchando contra el fraude, cuestión que
tiene una evidencia clarísima, y en tercer lugar, que había
que ampliar la edad de jubilación, entendiendo que hay un
incremento de la edad de la población y no un envejecimiento
y, por último los sistemas complementarios. Hago este recuerdo
porque, en definitiva, el documento que hoy se nos presenta
aquí no hace sino repetir prácticamente lo mismo que decíamos
todos los grupos al inicio de esta discusión. Nosotros no
teníamos ideas originales; eran las ideas base, el patrimonio
común que compartíamos todos los grupos políticos y tuvimos la
decisión de defender esos criterios que ahora
se han concretado en el documento de Toledo y en el documento
que ha elaborado la Comisión de Presupuestos.
¿Qué reflexión quiero hacer de ello? El debate sobre el Estado
de bienestar no se acaba aquí. Este documento significa --
ojalá me equivoque-- simplemente una tregua electoral. Yo no
estoy convencido de que todos los grupos de la Cámara vayan a
tener el valor y la firmeza de defender en el próximo futuro
este documentoen su letra y en su espíritu; probab final que
dice que se revise cada cuatro o cinco años --ojalá tardemos
cuatro o cinco años para volver a ir revisando progresivamente
el documento de acuerdo con la experiencia--, yo diría que
antes, una vez acabada lo que he llamado tregua electoral,
cuando se celebren las próximas elecciones generales. <ð Sin
duda alguna, a todos los grupos de la Cámara les ha ayudado al
consenso, no tanto un estudio técnico, serio y riguroso --que
también lo han hecho--, sino la preocupación de que en los
debates de televisión de las próximas elecciones generales no
se vuelva a hablar de las ocho mil pesetas y no se pierdan
elecciones en el último momento diciendo que se quieren bajar
las pensiones.
Estoy convencido de que vamos a estar dos años oyendo que
todos estamos de acuerdo con el Pacto de Toledo. Pero no se
puede estar de acuerdo, según la opinión de mi Grupo, con el
mantenimiento del Estado de bienestar, algo que honra a todos
los grupos de la Cámara (yo creo que todos, en el fondo,
quisieran mantener el Estado de bienestar. ¿Quién quisiera,
por capricho, recortarlo? Nadie), y al mismo tiempo con
políticas fiscales, monetarias y económica, políticas
presupuestarias, que ponen en peligro el Estado de bienestar.
Sin un esfuerzo fiscal, que en la media europea está en el 33,
34 o 35 por ciento del producto interior bruto, sin un
esfuerzo fiscal que ese nivel no es posible mantener el Estado
de bienestar, sistema público de pensiones, educación gratuita
y universal, sistema sanitario gratuito y universal. No es
posible. Por ello hay un debate abierto, porque no se
resuelve, de acuerdo con las experiencias anglosajonas de la
década de los 80, el problema de que, reduciendo el esfuerzo
fiscal, se incrementa el ahorro y la inversión, esto genera
empleo y, al generar empleo, se produce el gasto social. Eso
es posible en determinadas coyunturas expansivas, en márgenes
estrechos, pero no en márgenes de dos billones de pesetas,
como algún grupo de esta Cámara ha presentado recientemente en
su programa económico y político para las próximas elecciones
generales. Esto nos va a llevar a un debate sincero y serio
sobre que el Estado de bienestar, el Estado social y
democrático de derecho, basado en valores superiores de
justicia y de equidad, tiene que tener un conjunto de
políticas armónicas y coherentes. No se puede ganar el voto de
los pensionistas por aquí y el voto de los empresarios por
allí; el voto del señor que una vez qu y Banesto ahora ya se
pasa al fondo de pensiones. O los grandes grupos financieros
ganan la batalla o la ganan los trabajadores y los
pensionistas en España. No es posible que la ganen al mismo
tiempo los dos desde las concepciones que ambos presentan. Ese
es el gran debate de fondo y lo que decidirá, en último
término, porque desde la oposición parecen ser compatibles las
dos posiciones, pero desde el gobierno no es posible ni en la
política presupuestaria, ni en la política fiscal, ni en la
política monetaria ni en la económica.
Por eso nosotros celebramos muchísimo este documento, pero,
con toda sinceridad y hasta, con una ciertaingenuidad,
pensamos que no estamos ante histórico, sino simplemente ante
una tregua electoral. Nosotros vamos a apoyar todo el
documento, no hemos presentado enmiendas, nos gustaría que el
consenso fuera unánime, pero la realidad está ahí.
Termino haciendo una pequeña referencia a otro aspecto. En
este país la solidaridad social del Estado de derecho tiene
que ir unida a la solidaridad territorial. Los grandes
defensores del Estado centralista siempre hablan de la caja
única central: es la garantía de que las comunidades ricas que
hacen una mayor aportación económica a la caja única no son
las que reciben en la misma proporción las prestaciones. Las
prestaciones las reciben los ciudadanos, vivan o no en esas
comunidades ricas, a través del conjunto de prestaciones de la
Seguridad Social. Desde ese punto de vista, la llamada caja
única, es decir, la centralización del sistema de la Seguridad
Social, es un elemento solidario. Lo que ocurre es que puede
ser utilizado de forma clientelar y en función de las fuerzas
políticas que tengan unos territorios u otros. Porque lo que
nadie ha sometido a discusión ahora ni a lo largo del debate
habido anteriormente es por qué no estudiamos cuáles son en la
última década --yo no hablo de un año ni de dos-- las
aportaciones de cada comunidad autónoma y las prestaciones que
recibe a cambio. ¿Es que cuanto más rica sea una comunidad
autónoma aporta más y recibe menos, que sería lo lógico? ¿Es
que no está sucediendo que algunas comunidades autónomas
pobres tienen del orden de 200.000 millones de superávit entre
aportaciones y prestaciones, de lo cual yo me alegro, y otras,
incluso pequeñas, hasta más de 100.000 millones? Mientras,
otras, como la nuestra, como Canarias, aportan más de las
prestaciones que reciben teniendo los índices de pobreza y los
índices de paro más altos de España.
Por tanto, cuidado con que la caja única es la defensa del
Estado solidario. El Estado solidario es entre clases
sociales, pero también entre territorios, porque las clases
sociales viven en territorios. Nosotros tenemos de producto
interior bruto por habitante prácticamente la media española.
En rentas familiares
disponibles, el 90 por ciento. administra. Por eso, una
descentralización de la gestión no estaría nada mal --sin
romper, sin desarticular la caja única central-- para aclarar
definitivamente qué aportaciones reales se dan por cada
comunidad y qué prestaciones se reciben por cada una.
Por tanto, el debate está todavía abierto, no se ha cerrado,
sólo sirve para que todos digan que están dispuestos a
defender las pensiones. Pe pensiones, la protección social del
desempleo, la sanidad y la educación es sólo posible, en la
sociedad moderna de hoy, con cohesión social, con un esfuerzo
fiscal suficiente, lo cual no quiere decir que la política
fiscal apoye la especulación y los sectores improductivos,
sino precisamente los sectores productivos.
En España el debate, en último término, es cuál es la
distancia entre las rentas más altas, que suponen el 20 por
ciento, y las bajas, que es lo que en todo el mundo define la
cohesión social. ¿Apostamos por un Estado de cohesión social,
que es más competitivo y productivo, además de más solidario?
¿O apostamos por las rentas más altas, que son 10 u 11 a uno
en Estados Unidos, de 13 a uno en Brasil, de ocho a uno en
España y de cuatro o de cinco a uno en Alemania y Japón? Por
ese estado es por el que nosotros apostamos. y ese estado
implica la defensa del artículo primero de la Constitución y
el mantenimiento de un sistema público de pensiones justo. Un
sistema de pensiones que se actualice periódicamente para
mejorar las pensiones asistenciales no es un factor que ayude
a la no competitividad de la sociedad española. Por el
contrario, la cohesión social es el mejor factor de
competitividad, como lo demuestran los modelos japonés y
alemán. Sin embargo, el modelo de la señora Thatcher y el
modelo del señor Reagan han demostrado que no son precisamente
el mejor sistema para mejorar la competitividad.
Sin política fiscal, sin política monetaria, sin presupuestos
públicos coordinados, coherentes y armónicos, no se pueden
producir las prestaciones sociales y el Estado de bienestar.
No se pueden defender las dos cosas a la vez porque, al final,
no sale la cuenta, y esa cuenta no le sale al Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, sean mis primeras palabras, en esta mañana,
de agradecimiento al presidente de la Ponencia, señor Martín
Villa, así como al personal de esta Casa que nos ha asistido a
lo largo de poco más de un año en todos los trabajos de la
Ponencia que se creó el 15 de febrero de 1994 y que ha venido
trabajando en la elaboración del documento que hoy vamos a
votar. Permítanme también, señorías, que tenga un recuerdo
para mi compañero Francesc Homs, que fue el impulsor de la
proposición no de ley que dio origen a su discusión en el
Parlamento y a la aprobación de la creación de la Ponencia que
ha dado como fruto este gran debate de hoy.
El tan citado documento tiene también que contar hoy con el
agradecimiento de todas SS.SS. al mundo de la Universidad, al
mundo de los técnicos, de los hombres dedicados a la
prospección de la demografía, a todas aquellas personas que
pasaron por la Ponencia y que nos expusieron sus opiniones y
sus proyectos, que fueron aprovechados para la confección y la
proyección de este documento, entre ellos, los sindicatos
mayoritarios, representantes de organizaciones de jubilados y,
como decía anteriormente, profesionales liberales y de la
Universidad. Creo que a todos ellos les debe la Cámara su
agradecimiento, puesto que hemos utilizado su saber para
llegar a las conclusiones que hoy estamos debatiendo.
Señorías, el documento que hoy debatimos tiene una primera y
suprema razón de ser --en ella hemos coincidido todos los
grupos, sin discusión-- y es la de confirmar y asegurar que el
sistema público de pensiones no corre peligro de quiebra, como
algunos políticos dijeron al inicio de los trabajos de la
Ponencia, unos por emitir una opinión precipitada y otros por
algún otro tipo de intereses. Todos hemos coincidido en que el
sistema público de pensiones hay que reformarlo, hay que
perfeccionarlo, pero no corre ningún peligro. Primer mensaje,
pues, para los pensionistas actuales y futuros: las pensiones
de hoy no corren ningún riesgo y las de mañana, con las
reformas que hoy aprobaremos aquí, tampoco.
Ningún partido podrá ya utilizar como arma arrojadiza el
sistema de pensiones ni a los pensionistas en ninguna campaña
electoral; ninguno podrá hacerlo, éticamente, sin faltar a su
compromiso de hoy cuando emitan su voto a este documento.
Las 15 propuestas concretas que aporta el documento van desde
la clarificación financiera del sistema contributivo hasta el
que hemos dado en llamar sistema de protección no contributiva
o sistema de protección universal. La clarificación, digo, de
esas fuentes es un paso importante, que, por otro lado, se
puede dar ya.
Las posibles reformas fiscales que el documento anuncia que
puedan hacerse si fueran necesarias para mantener el sistema
es otro motivo de reflexión en el momento de su desarrollo. La
creación de un fondo de garantía reafirma la pervivencia del
sistema. El afrontar la mejora y la racionalización de los
regímenes especiales les salvará de los problemas actuales y
de alguna que otra situación difícil en el futuro para poder
proteger a sus afiliados.
La integración y mejora de la gestión, que hemos reconocido
que ha avanzado pero que tiene que seguir avanzando, es otro
tema en el que nos hemos comprometido. La especial atención a
la evolución de las cotizaciones sociales ha merecido un
debate en profundidad en la Ponencia y en la Comisión, sin
poner en peligro la competitividad de las empresas y la
creación de empleo, donde hemos podido afrontar y confrontar
ideas de unos y de otros y ver que hay que seguir en ese
diálogo para que no sea el costo no salarial de la empresa un
factor que frene esa creación de empleo. No hemos tenido
ningún reparo en mantener el sistema de capitalización,
incluso de incentivar sistemas de capitalización individuales
y colectivos de fondos de pensiones, siempre que sean sistemas
complementarios.
Mi Grupo considera, señorías, que este es un documento
importantísimo, el más importante de esta legislatura después
de la aprobación de los P Generales del Estado; que es un gran
instrumento de trabajo que, naturalmente, tiene que
desarrollar el Ejecutivo, y estaremos vigilantes y atentos
para colaborar a que no se desvíe el ejecutivo de turno
respecto a los fines que marca nuestro documento.
Pero quiero advertir, señorías, que llegar a quí no ha sido un
camino fácil ni un camino de rosas. Todos hemos dejado en él,
cosas; hemos dejado plumas en el camino, y mi Grupo ha dejado
algunas importantes. En aras al consenso de este documento mi
Grupo ha renunciado en este debate, pero tengo que decirles
lealmente, señorías que sólo por este debate, planteamientos
legítimos de partido. Si no hemos mantenido la presentación de
enmiendas en las que reclamábamos la descentralización de la
actuación de la Seguridad Social ha sido exclusivamente por no
dificultar la adhesión de otros grupos al documento. Pero,
señorías, tenemos razones constitucionales --el artículo
149.17 de la Constitución--, tenemos razones estatutarias,
tenemos todo tipo de razones para mantener aquí, hoy, nuestra
legítima aspiración a la descentralización de la actuación de
la Seguridad Social. Esa era una enmienda de mi Grupo que se
mantuvo hasta la Comisión, y que, digo, se aparcó sólo en
función de conseguir el consenso hoy aquí. No obstante, que no
se nos acuse a nadie de que plantear la descentralización de
la acción de la Seguridad Social en comunidades autónomas que
tienen reconocido el desarrollo, la aplicación de la
legislación laboral, es una actitud insolidaria o cualquier
otro epíteto, porque no es cierto. No inciten a tener que
argüir constantemente que no estamos defendiendo otra cosa que
la aplicación de la Constitución y no tengamos que seguir
convenciendo a algunas señorías de que estamos en un Estado de
autonomías, que las autonomías son Estado y que tienen la
misma capacidad para gestionar fondos de intereses públicos
como el Gobierno central.También ha quedado en el camino una
enmienda importante, la que preveía la reducción de las cuotas
sociales entre 3 y 5 puntos en tres o cuatro años. Son
enmiendas importantes porque mi Grupo las presenta convencido
de que con ello lo único que está haciendo es ayudar a la
competitividad de las empresas y a la creación de empleo, y lo
hacemos desde un profundo convencimiento. Estamos abiertos a
dialogar, a aceptar los límites de ese convencimiento y que
pueda haber error en el planteamiento. Estamos dispuestos a
dialogar sobre ello, pero no estamos dispuestos a renunciar
que se plantee y se hable del problema. Sin embargo, mi Grupo
no ha presentado aquí, en este Pleno, esa enmienda, como he
dicho antes y repito ahora, en aras de lograr el consenso, que
era más importante. Porque ¿qué es más importante para mi
Grupo? ¿Que los pensionistas cobren mes a mes sus pensiones
desde una caja única o que las cobren descentralizadamente?
Para mi Grupo es más importante que las cobren, luego
discutiremos que se cobren descentralizadamente. Por eso es
por lo que accedimos a reservar ese tema para otros debates.
Señor Mauricio, de tregua electoral para mi Grupo, le prometo
que nada. Hemos trabajado en este documento y vamos a vigilar
su desarrollo con la más absoluta garantía de que de tregua,
de maniobra electoral, nada. No digo que S.S. no tenga algo de
razón, pero desde mi Grupo estoy autorizando para decirle que
nada de tregua. Vamos sinceramente a la reforma del sistema,
vamos sinceramente a la garantía de este sistema para el
futuro. Puede haber piedras en el camino, pero espero que los
demás grupos --y le garantizo que el mío-- trabajarán para que
el desarrollo sea fiel al documento y a su espíritu.
He de decir también que el gesto de mi Grupo al renunciar a
esos planteamientos legítimos, digo, de partido ha sido
correspondido por otros ge grupos, de otros compañeros que han
estado trabajando en la Ponencia y que han sabido entenderlo,
a veces incluso contra una cierta sensibilidad personal que
les obligaba al esfuerzo de renunciar a planteamientos
exclusivamente partidistas por llegar al consenso.
Así pues, señorías, creo que tenemos que felicitarnos de lo
que pienso que estamos a punto de hacer, que es votar
favorable y unánimemente este documento. A mi juicio,
señorías, lo que hemos dejado en el camino es menos importante
que aquello que hemos conseguido, y por eso mi Grupo se
felicita del acuerdo logrado hasta hoy y advierte que será
beligerante en el desarrollo de las 15 conclusiones del
documento. Seremos beligerantes en que se mantenga el espíritu
y la letra de este acuerdo.
Nada más. señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Popular va a dar su voto favorable hoy a un acuerdo
que creemos que es positivo para el fortalecimiento y la
consolidación del actual sistema público de pensiones. Estamos
en un sistema que pronto cumplirá cien años de historia
heterogénea, diversa y que es perfectamente comparable, a
fecha de hoy, a los sistemas de las naciones que configuran
nuestro entorno económico y social, y es comparable en sus
elementos básicos, en muchas de sus normas de funcionamiento y
en la clara voluntad de ser una de nuestras señas de identidad
como nación europea.
Por eso, desde mi Grupo creemos que sería una enorme
irresponsabilidad hacer de España un campo de experimentación
de fórmulas que no sabemos si tienen garantizada la
estabilidad y la eficacia en períodos difíciles de la vida
económica, o que, en cualquier caso, se alejan de los modelos
existentes en el marco comunitario.
Dicho esto, y con igual firmeza, creemos que sería otra enorme
irresponsabilidad hacer oídos sordos a un debate suscitado en
el ámbito europeo sobre las líneas de mejora de estos modelos
de protección. Ni la originalidad ni el aislamiento pueden ser
las soluciones o el camino hacia una cuestión clave de la
sociedad española, si es que se quiere afrontar con calma y
con confianza un futuro próximo.
Si el acuerdo define también la necesidad de dotar de calma y
de tranquilidad a la sociedad española, recordemos ahora que
la confianza no se impone ni se decreta; la confianza se
transmite desde el ejercicio responsable que a todos nos marca
nuestra Constitución. Desde el Grupo Popular puedo afirmar que
ése y no otro ha sido el ánimo y la pauta de nuestro
comportamiento en la Ponencia que ha elaborado el informe que
hoy sometemos a su consideración.
Mi Grupo cree que el desarrollo económico no es un bien en sí
mismo si no permite que sus efectos sean percibidos por el
conjunto de la sociedad. Así, es obvio, pero conviene
recordarlo, que no puede sacrificarse un sistema de protección
en aras de un anónimo e impersonal crecimiento económico, de
indicadores macroeconómicos. Pero aún más claro resulta que no
es creíble, simplemente, un sistema de protección sólido al
margen de una economía sana y fuerte. Así, por encima y más
allá de los voluntarismos ideológicos o de palabras ampulosas,
creemos haber encontrado un punto de equilibrio que evita que
el economicismo rompa la protección social necesaria, o que
algunas formas de protección social impidan el crecimiento
económico. Ese es el reto al que hemos querido dar respuesta,
y me permito pensar que hemos dado con un compromiso de
solución y no, desde luego, con una solución de
compromiso.Desde una base constitucional sólida, cuya vigencia
creo que hoy se pone de manifiesto, como es la definición
contenida en el artículo 41, mi grupo ha tratado de corregir
desviaciones, eliminar imperfecciones y situar el debate
también en ese otro debate supranacional que sí que nos
resulta propio. Ciertamente, nos ha agradado ver que algunas
de las mejores referencias europeas vienen avaladas, a su vez,
por gobiernos de partidos como el Partido Popular, argumento
suficiente para disipar algunas críticas infundadas o
torticeras. Nos satisface también comprobar que la alternancia
política ha tenido efectos saludables en la mayoría de los
sistemas y de los casos estudiados.
Permítanme que en este punto les diga a SS.SS. que en el
relato histórico, que también incluye este informe y que hemos
tratado de que sea lo más riguroso posible, hay luces, hay
sombras, hay acierdos, hay errores y momentos en los que se
aprecian claros criterios de oportunidad política. Pero, para
mi Grupo, la oportunidad política no es un elemento negativo
en sí mismo, como lo demuestra el efecto --yo creo que muy
positivo-- que ha tenido la participación de nuestro sistema
en momentos tan delicados como el de la transición
democrática.
Sería un grave error leer solamente con ojos técnicos o
actuariales etapas caracterizadas por la precisión de atender
necesidades políticas imprescindibles incluso para el
establecimiento de nuestra propia democracia. Y ahora,
felizmente asentada nuestra vida democrática, creemos que es
el momento de actuar con el máximo rigor para preservar y
fortalecer el sistema público de pensiones. Por eso hemos
escuchado y atendido la opinión de los expertos en todas las
materias que se relacionan con el fin encomendado por el
Pleno. Demógrafos, actuarios, sociólogos juristas y
economistas nos han expuesto unas bases de trabajo con gran
solvencia académica, debo reconocerlo, pero no siempre con
criterios coincidentes. Hemos oído y hemos atendido también la
posición de los agentes sociales, y nos hemos intercambiado
las opiniones estrictamente políticas en la función propia de
representantes de nuestros grupos.
El Grupo Popular ha evitado, eso sí, desde el primer día,
además, interpretar interesadamente la opinión o la posición
de otros grupos políticos o de otras instancias sociales desde
la convicción de que era necesario ir sentando las bases para
un entendimiento lo más amplio posible. Lo que no hemos podido
evitar es que otros interpretasen nuestra posición con escaso
rigor o con intereses contrarios a la construcción de un
acuerdo. Pero para aclarar este punto ya están las hemerotecas
y los archivos de los medios de comunicación. Y porque el
Grupo Popular cree que es de imprescindible necesidad un
sistema público de pensiones sólido, nos reafirmamos hoy en la
posición de alejar esta materia de los intereses electorales
partidarios, tratando, eso
sí, de llevar a nuestros programas las propuestas que creamos
positivas para el sistema y que sean perfectamente compatibles
con el espíritu y la letra del acuerdo. En ese margen lógico y
normal nos moveremos, ya que también ha quedado
suficientemente claro que será cada fuerza política la que,
dentro de un marco fuerte por flexible, elija las prioridades
y las intensidades que en este ámbito son ciertamente
posibles.
Sirva como un ejemplo de lo que, a nuestro juicio, también
hubiese enriquecido este acuerdo --sin que su exclusión del
texto pueda interpretarse como una renuncia-- una mayor
concreción de la reducción de los costes no salariales del
trabajo, cuya componente más significativa son las
cotizaciones en el orden o en la cuantía que nos indican el
Libro Blanco de Delors --ya citado en el informe-- y,
posteriormente incluso, las conclusiones del Consejo Europeo
de Essen, esto es, entre uno y dos puntos del producto
interior bruto y, tal y como en ambos documentos se señala, en
el marco de un programa plurianual. Será precisamente este
año, bajo la presidencia española de la Unión Europea, cuando
se presente el informe de la Comisión, que incluirá la
evaluación de las medidas adoptadas por España en éste y en
los cuatro ámbitos restantes. Honradamente, creemos que no
será motivo de satisfacción ver cómo otros sí que avanzan en
las direcciones que conjuntamente se consideran acertadas.
Era y es muy importante que al acuerdo político más amplio se
sume el acuerdo social que facilite la aplicación de su
desarrollo posterior. Desde el Grupo Popular estamos pidiendo
a los agentes sociales el mismo ánimo de diálogo y de
entendimiento que ya hemos demostrado nosotros mismos. Podemos
decir que este acuerdo nos iguala a todos los que lo
suscribimos en la voluntad política de defender el sistema
público de pensiones que España tiene y necesita. Convendrán
conmigo que sólo mediante un gran pacto político podrían
eliminarse los perfiles partidarios y de beligerancia estéril
que con excesiva frecuencia han caracterizado y distorsionado
el debate de las pensiones.
He oído hablar de despolitización en relación a este acuerdo,
y quiero precisar que sólo los elementos negativos de
pendencia electoral o de intimidación social son los que deben
desaparecer de nuestro discurso. Aquí, en este acuerdo, hay
mucha y buena política, con visiones positivas y
esperanzadoras. Es por eso que sólo desde la deslealtad
podrían formularse acusaciones sobre el ánimo con el que
afrontamos nuestro futuro más inmediato, y anuncio que no
dudaremos en denunciar esas actitudes, si es que llegan a
producirse. En el camino de nuestros trabajos durante este año
hemos dejado claras nuestras posiciones y hemos ejercido la
flexibilidad en lo accesorio para preservar lo sustancial;
hemos presumido la buena fe en los demás, y creo que eso nos
dota de autoridad para exigirla hacia nosotros. Sin
protagonismos ni afanes de indebidas paternidades pueden
apreciarse en est propuestas que mi Grupo ha mantenido desde
hace mucho tiempo. Separación financiera entre lo universal y
lo contributivo en materia de protección social, un enérgico
impulso de normalización de la economía irregular y un
desarrollo mucho más decidido del sistema complementario de
pensiones son buenos ejemplos de posiciones ya defendidas por
otros portavoces y compañeros del Grupo Popular. Pero no creo
que éste sea el momento para marcar o para destacar las
diferencias en lo que más nos agrada. Creo, honradamente, que
es el momento de marcar y remarcar ese mínimo común
denominador que nos une y que da pie a una mayor confianza y a
una mejor solidaridad intergeneracional.
Nosotros no hemos sembrado vientos ni queremos recoger
tempestades; queremos simplemente mejorar el sistema público
de pensiones desde el más amplio acuerdo posible parlamentario
y social.
No quiero reiterar de nuevo esa amplia y obligada relación de
agradecimientos a todos los que desde posiciones técnicas o
políticas han colabo empeño. Por economía procesal me remito
al «Diario de Sesiones» de la Comisión Presupuestos. Pero
sería injusto que sólo mi nombre figurase en representación de
mi Grupo en el «Diario de Sesiones» de este Pleno, cuando
tanto la señora Villalobos (a quien sustituí ya iniciados los
trabajos), como el señor Montoro o nuestro amable y eficaz
presidente, señor Martín Villa, estoy seguro que harían una
igual o mejor presentación de las posiciones del Grupo
Popular. En su nombre y en el mío propio anuncio nuestro voto
favorable al informe que nos fue solicitado y que espero que
contribuya a ese fin primordial de poder progresar en la
mejora eficaz de nuestro sistema público de pensiones.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, estamos en uno de esos momentos parlamentarios que
nos reconcilian ante nosotros y ante la nación como políticos
y como legisladores. Los Diputados que hemos formado Ponencia
creada en el Pleno de la Cámara el pasado 15 de febrero de
1994 a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), hemos dejado de lado cuestiones
secundarias o intereses partidistas para abordar el futuro de
un gran problema nacional como es el futuro de nuestras
pensiones, y hoy, un año después, con gran satisfacción, los
Diputados socialistas vamos a apoyar un dictamen que garantiza
la pervivencia de mecanismos insustituibles para la seguridad
de millones de familias y de españoles y vamos a votar
favorablemente un dictamen que garantiza una forma de entender
y organizar la vida social ordenada bajo criterios de
insolidaridad intergeneracional y de solidaridad
interterritorial.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene un largo e
irreductible compromiso con la idea-programa del estado del
bienestar y con su pieza más significativa, cual es el sistema
público de pensiones.
Como ustedes saben, nosotros tenemos, frente al mercado, una
confianza que no puede ser calificada de ciega. Creemos que,
efectivamente, el me en el mundo de las mercancías, pero que
es incapaz de resolver y asegurar los derechos básicos de los
ciudadanos, incluyendo entre ellos la provisión de rentas
suficientes en las adversidades de la vida económica o de la
vida biológica.
Por eso, los socialistas creemos que hay que fomentar valores
y soluciones solidarias en nuestras comunidades y por eso
abogamos por que desde públicos se construyan sistemas de
bienestar que aseguren una vida digna para todos los
ciudadanos.
Esta manera de pensar ni es extravagante ni está superada por
la historia; es el paradigma sobre el que se ha construido la
Europa moderna, que es tanto como decir que se ha construido
el más alto grado de civilización, paz social y bienestar de
la historia de la humanidad.
Es también el modelo que ha sido ratificado en el protocolo
anexo al Tratado de Maastricht y ha sido reafirmado en el
Libro Blanco sobre la co empleo de Jacques Delors; modelo, en
suma, como ya ha sido referenciado en esta tribuna, que
representa una de las señas de identidad de la Unión Europea.
Estas consideraciones son trasladables, en concreto, a nuestro
sistema público de pensiones, que tras un largo período
histórico ha concluido su diseño y organización bajo mandato y
con orientaciones de gobiernos socialistas, desde unos
principios y técnicas instrumentales, que deseamos que
pervivan en sus rasgos fundamentales durante las próximas
décadas y bajo cualquier clase de gobierno en España.
Y lo deseamos para defender un patrimonio que se ha construido
también con aportaciones de personas no socialistas, por la
sencilla razón de que este sistema público de pensiones ha
rendido, rinde y debe seguir rindiendo un gran servicio al
país, a sus trabajadores y a sus ciudadanos más necesitados de
protección. Es una evidencia que este sistema contribuye de
forma insustituible, a mantener un nivel de vida digno a
varios millones de pensionistas y a sus familias, que tienen
en las prestaciones del sistema su más valioso y quizá su
único patrimonio. Por ello es tan pertinente su consolidación
y, nosotros diríamos más, su defensa frente a los ataques de
quienes creen que el mundo debe ser reducido y ordenado desde
exclusivos requerimientos financieros, aunque es útil
recordar, también desde la más estricta lógica económica, que
este sistema público de pensiones se ha mostrado
extraordinariamente funcional para mantener actividades,
servicios y empleos, aun en los años de crisis más severa,
actuando como un potente estabilizador de la actividad
económica.
Señoras y señores Diputados, una de las razones, quizá la más
significativa, de nuestro apoyo al dictamen se encuentra, por
ello en las páginas 61 y siguientes del trabajo que ha
realizado la Ponencia. En ellas se concluye que una hipotética
sustitución del actual sistema de reparto y solidaridad
intergeneracional por otro basado en la capitalización y la
previsión individual es rechazable por razones sociales y es
inviable técnicamente. Igualmente se afirma en el informe que
es rechazable por la Cámara limitar el actual sistema público
a la simple provisión de pensiones mínimas o a una
trasnformación de tal envergadura que lo hiciese irreconocible
ya que en tal caso sufriría una injusticia insoportable toda
una generación de trabajadores en activo.
El consenso político alcanzado sobre estos pronunciamientos se
ha convertido, sin duda, en la condición que era necesaria
para asegurar el futuro de nuestro actual sistema de
pensiones. Este sistema, a la postre, de lo que
definitivamente depende es de decisiones políticas, de
opciones acerca de priorizar o no este programa de gasto
público; depende en exclusiva de la voluntad de la nación de
mantener o no la dosis de solidaridad y la hegemonía de los
criterios de lo público y del reparto sobre los criterios de
la privatización y la capitalización. Pero es condición
necesaria, no la suficiente. La suficiencia sólo se mostrará
si este compromiso solemne que hoy contraemos todos es
justamente eso: un compromiso sólido que se mantenga en
cualquier eventualidad de gobierno en nuestro país. Si no
fuera así, terminarían teniendo razón las voces que incluso
esta misma mañana en la Cámara han profetizado corta vida al
Pacto de Toledo, afirmando que se trataría simplemente de una
tregua o, peor aún, de un ardid de carácter electoralista.
Nosotros los socialistas no ponemos en duda ni sembramos
sospechas sobre las intenciones y propósitos de otros, por más
que sembrar dudas y sospechas sea la práctica habitual de los
comportamientos que estamos sufriendo los socialistas
españoles. Nos interesa más resolver un problema y despejar
una incógnita que agobia a los ciudadanos que alcanzar
objetivos de batallas partidistas. Pero advertimos que
estaremos asistidos de mil razones para denunciar, en sus más
precisos y rigurosos términos, a quienes traicionaran el
acuerdo solemne que hoy contraemos.
Señoras y señores Diputados, en este país también habían
incógnitas e interrogantes sobre la viabilidad financiera de
nuestro sistema de pensiones. La Ponencia ha dedicado la
reflexión a las propuestas que era
menester, puesto que es bien cierto que entre los problemas
que amenazan el futuro los hay también de carácter estructural
del propio sistema.
Estimamos que es harto saludable, desde nuestra perspectiva,
que hoy es compartida, de una afección inequívoca a las
técnicas del reparto y de la solidaridad intergeneracional,
analizar estos problemas, que por otra parte son perfectamente
resolubles, para allegar las soluciones que sean pertinentes.
Porque en otro caso, si cerráramos los ojos a estas
realidades, se abriría un camino no menos peligroso que podría
concluir también terminantemente con la viabilidad del próximo
futuro. Congruentemente, el dictamen analiza --estimamos-
fismos y sin voluntarismos los retos del presente y del
futuro, tanto en la vertiente del ingreso como en la del
gasto, que nosotros compartimos sin ningún tipo de reservas.
Los problemas de las fuentes de financiación del sistema de la
Seguridad Social, en su conjunto, son de naturaleza
cuantitativa y de naturalez requerimientos de futuro a que
antes me refería serán ineludiblemente crecientes y la
principal fuente de financiación del sistema de Seguridad
Social, que hoy está constituida por exacciones obligatorias
sobre el factor trabajo, sinceramente hay que decir que es muy
difícil que crezca con iguales tasas de crecimiento que esos
requerimientos que anuncia el futuro. Por otra parte, tenemos
la contradicción de que es altamente desaconsejable un
incremento de tipos para no dañar la competitividad y el
empleo de la nación, pues si esto ocurriera sería también el
propio sistema de pensiones el que quedaría dañado. Otra
evidencia de nuestros trabajos ha sido que hay un desigual
reparto de la carga entre los cotizantes según el régimen de
encuadramiento o según su categoría profesional. Estos
problemas del conjunto del sistema no deben ser confundidos o
utilizados torticeramente para construir imágenes
catastrofistas sobre la viabilidad concreta del sistema
profesional de pensiones. Estos son problemas del sistema de
la Seguridad Social, en su conjunto, que no deben ser traídos
como aguas a otros molinos. Sobre el sistema profesional de
pensiones, desde el rigor de las cifras, muy al contrario, se
señalan dos hechos evidentes. Primero, que no existen hoy
desequilibrios en tal sistema de pensiones contributivas sino
incluso pequeños superávit; segundo, que en el futuro las
pensiones contributivas pueden ser perfectamente financiables
si se dan algunas circunstancias de no muy difícil
cumplimiento. Bastaría que nuestra renta nacional y nuestro
nivel de empleo crezca en las próximas décadas según las
pautas moderadas, como lo ha hecho en la década de los
ochenta, para que el objetivo del equilibrio esté asegurado.
Es cierto que aún sufrimos y sufriremos en los próximos cuatro
o cinco años tendencias incrementales en el número de
beneficiarios y en la pensión media que van a ser, en su
conjunto, tasas más elevadas que el número de cotizantes. Pero
no es menos cierto que, pasados esos últimos años de
maduración del sistema, estas tendencias ya empiezan a
anunciar lo que será una realidad en el próximo siglo XXI, que
es una moderación en el crecimiento del número de
beneficiarios y una moderación en el crecimiento de las tasas
de intercambio entre los pasivos que salen y los pasivos que
entran en el sistema.
En consecuencia, estimamos que yerran quienes arguyen la
crisis financiera del sistema de pensiones sobre la base de
proyectar hacia el futuro las tasas observables en nuestro
pasado más reciente, y yerran porque olvidan, a mayor
abundamiento hipótesis, el propio sistema de pensiones público
tiene suficiente capacidad de autorreforma para ir adecuando
en cada momento los beneficios a sus capacidades. Cuestión
distinta es que, cuando consideramos agregadamente los
problemas de financiación del conjunto del sistema de la
Seguridad Social, adquiere una real entidad la necesidad de
producir reformas estructurales y la conveniencia de adecuar
la forma en que la Seguridad Social allega sus recursos para
que esas formas coadyuven al crecimiento de la actividad y del
empleo en nuestro país y no lo coarten. La reforma del sistema
de financiación, en su conjunto, es ciertamente una tarea de
gran complejidad que va a exigir prudencia, rigor y un tiempo
dilatado en la implementación de sus medidas. Pero el punto de
llegada no puede ser otro que separar las fuentes de
financiación según la naturaleza de los beneficios que otorgan
cada uno de los pilares y responsabilizar a la fiscalidad
general de la financiación de las prestaciones universales.
Sin embargo, advertimos en el dictamen que sólo si las figuras
actuales, o alguna otra que se sugiere, pudieran hacerse cargo
de estas atenciones podríamos situarnos en un horizonte de una
hipotética y moderada rebaja de cotizaciones. Por tanto --y
esto forma parte también del núcleo duro del acuerdo que hoy
suscribimos--, cualquier promesa o decisión que no respete el
doble de mantener la suficiencia de la financiación del
sistema de pensiones y no incrementar el déficit público se
situaría en una clarísima contradicción con contenidos
fundamentales del acuerdo de Toledo, pues esto significaría
una grave agresión, así como poner en riesgo la pervivencia
del sistema de pensiones o poner en riesgolos objetivos de
reducción del déficit o, simultáneamente, poner en riesgos
ambas funcion objetivos. Pero si se acompaña explícitamente
con la pretensión de rebajar las obligaciones tributarias
estaríamos, además de ante un incumplimiento, ante una
milagrosa fórmula de cuadrar los círculos.
En la vertiente del gasto, la Ponencia también analiza --y
nosotros colaboramos a este análisis con nuestro acuerdo-- y
enfrenta requerimient de futuro con la sensata pretensión de
asegurar más equitativamente los derechos y alcanzar unos
incrementos
en el gasto más acordes con las futuras posibilidades del
sistema de pensiones. Para ello, el hilo conductor es el
fortalecimiento del criterio contributivo del sistema
profesional, pues si así se hace se van a aflorar nuevos
recursos, se va a ayudar en la lucha contra el fraude y la
economía sumergida y se va a producir una reestructuración
interna del gasto al servicio de los peor tratados.
Por último, señoras y señores Diputados, nosotros también
estimamos, como lo hace el dictamen, que las reformas
aconsejables se deben hacer sobre la base de dos criterios.
Primero, que se hagan de forma paulatina y sin ninguna clase
de retroactividad y, segundo, que se hagan propiciando un
acuerdo con los interlocutores sociales sobre los detalles de
tales reformas.
El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, le ruego concluya.
El señor CERCAS ALONSO: Concluyo ya, señor Presidente,
reiterando ante SS.SS. que estimamos estar ante un debate y
ante un docume muchas razones. Primero, porque realiza una
lectura consensuada y progresista del artículo 41 de la
Constitución española; segundo, porque analiza con rigor los
principales problemas y señala la estricta dimensión de los
mismos, eliminando manipulaciones catastrofistas o
interesadas; tercero, porque realiza un conjunto de
recomendaciones muy útiles y flexibles que aseguran el futuro
de nuestras pensiones en el conjunto del sistema público. Los
Diputados socialistas, señor Presidente --y con esto concluyo-
-, hemos trabajado estimo que con rigor y generosidad para que
este acuerdo fuera, como es hoy,una realidad. Hoy anunciamos
nuestro voto favorable ante la Cámara y aseguramos también
ante la soberanía nacional nuestra lealtad a todas y a cada
una de sus partes. Solicitamos ese mismo voto al resto de los
grupos parlamentarios y pedimos también, en paralelo, la misma
lealtad a los compromisos que hoy solemnemente todos asumimos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Vamos a proceder a las votaciones relativas al informe
elaborado por la Ponencia para el análisis de los problemas
estructurales del sistema d y de las principales reformas que
deberán acometerse.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 271; a favor, nueve; en contra, 249; abstenciones,
13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación del informe de la Ponencia. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 271; a favor, 268; en contra, uno; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.