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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 110, de 29/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 110 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 109
celebrada el martes, 29 de noviembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:
--De la Asamblea de Madrid, sobre modificación del Anexo I de
la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 1.1, de 7 de
julio de 1993 (número de expediente 125/000001) (Página 5873)
--De la Asamblea de Madrid, sobre creación del Parque Nacional
del Monte de El Pardo. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 5.1, de 7 de julio de 1993 (número
de expediente 125/000005) (Página 5874)
Modificaciones en el orden del día (Página 5883)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al
Gobierno a remitir a la Cámara un Proyecto de Ley sobre la
regulación de las uniones de hecho, con independencia de su
sexo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 126, de 26 de julio de 1994 (número de expediente
162/000122) (Página 5884)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
política de las tarifas telefónicas. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 31, de 29 de noviembre de
1993 (número de expediente 162/000051) (Página 5891)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre medidas de política general
respecto de la energía nuclear en nuestro país con especial
referencia al proceso de selección y criterios empleados en la
elección de los candidatos al Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) en función de los criterios y requisitos señalados en la
Ley 15/1980, de 20 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 167, de 25 de noviembre de 1994 (número de
expediente 173/000060) (Página 5896)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el
desarrollo de una adecuada política de gestión económica y de
contratación de la Administración Penitenciaria. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 167, de 25
de noviembre de 1994 (número de expediente 173/000061)
(Página 5899)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
111, de 30 de noviembre de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades
autónomas (Página 5873)
De la Asamblea de Madrid, sobre modificación del Anexo I de la
Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial (Página 5873)
El Diputado de la Asamblea de Madrid señor De Federico y
Corral, informa que la Asamblea de Madrid, en sesión plenaria
el 21 de diciembre de 1989, aprobó la proposición de ley por
la que se modifica el Anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, de conformidad
con el artículo 87.2 de la Constitución y 14.11 del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Destaca el carácter
puramente instrumental de la proposición de ley, cuyo único
objetivo era modificar el anexo antes citado, que incorporó
por error el municipio de Soto del Real al nuevo Partido
Judicial de la Sierra norte, trasladándolo del nú-mero 19,
cuya cabecera es Colmenar Viejo, al que históricamente había
pertenecido. Señala que por circunstancias de todo tipo --
históricas, de eficacia, de cercanía--, para la gestión de los
ciudadanos y por voluntad expresa del Ayuntamiento de Soto del
Real, parecía aconsejable que con cierta urgencia se
corrigiera el error padecido y siguiera perteneciendo al
mencionado Partido Judicial número 19, de Colmenar Viejo.
Concluye manifestando que la tardanza en la tramitación de la
proposición de ley ha dado lugar a que la cuestión se
resolviese por la ley 3/1992, de 20 de marzo, por lo que
carecía de sentido que se tramite la proposición de ley que
retira en estos momentos.
De la Asamblea de Madrid, sobre creación del Parque Nacional
del Monte de El Pardo (Página 5874)
El Diputado de la Asamblea de Madrid señor Candil Martín
expone que, por iniciativa del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, en la Asamblea de Madrid y con fecha 10 de
diciembre de 1992 se aprobó por unanimidad la proposición que
ahora defiende, en el sentido de instar a la creación del
Parque Nacional del Monte de El Pardo. Alude al
retraso de casi dos años en la tramitación de esta proposición
de ley en este Congreso de los Diputados, lo que, a su juicio,
entraña una cierta desconsideración y falta de aprecio notable
a una iniciativa de una comunidad autónoma aprobada por
unanimidad y en la que la Asamblea de Madrid tiene enorme
interés. Añade que las causas y fines de la iniciativa no son
otros que los de conseguir la protección máxima de un
territorio de gran valor ecológico para que fuera incorporado
a los del Anexo de la Ley 4/1989, de conservación de los
espacios naturales, como muestra de bosque mediterráneo,
consiguiendo a la vez una mayor corresponsabilidad de la
Comunidad Autónoma de Madrid en la gestión de este espacio
natural.
Para despejar rumores que se han venido propagando en los
últimos días, desea que quede clara la garantía de los usos de
la Familia Real y una clara voluntad de mantener la
restricción del acceso en toda la extensión del monte, que
actualmente ya tiene acceso restringido.
Concluye aludiendo a la presión e injerencia del Patrimonio
Nacional en relación con la tramitación de esta proposición de
ley, produciendo un cierto conflicto institucional innecesario
con la Asamblea de Madrid, cuya proposición es consecuente y
respetuosa con lo dispuesto en el artículo 45 de la
Constitución española.
El también Diputado de la Asamblea de Madrid señor Fernández
Rioja manifiesta que el Grupo Socialista de la Asamblea de
Madrid, al que pertenece, ha tenido como objetivo desde el
principio de la legislatura la protección mejor del Monte de
El Pardo, para lo que ha barajado dos opciones concretas a las
que de forma permanente y obstinada se ha opuesto el Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional con razones de tipo
medioambientales que, a su juicio, no son de recibo. Ante la
actitud del Patrimonio Nacional les parece un primer paso en
la buena dirección el proyecto de ley presentado por el
gobierno tendente a proteger los espacios naturales que
gestiona el Patrimonio Nacional. Expone algunos de los
aspectos que, en su opinión, debería recoger el proyecto de
ley en cuestión y concluye manifestando que no se puede
gestionar ese espacio natural a espaldas o en contra de los
madrileños y de los representantes legítimos del pueblo de
Madrid.
La señora De Lara Carbo, Diputada de la Asamblea de Madrid,
expone que el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid presentó
en su día 36 enmiendas al texto inicial formulado por
Izquierda Unida y fruto del debate en Ponencia y en Comisión
fue el acercamiento de posiciones y un enriquecimiento de la
proposición de ley, que contó con el voto unánime de la
Asamblea. El hecho de intervenir hoy en tercer lugar le exime
de hacer hincapié en los valores medioambientales del Monte de
El Pardo, zona verde privilegiada de nuestra comunidad.
Tampoco va a entrar en el análisis del texto que presentan
para la toma en consideración por esta Cámara, limitándose a
destacar como fundamental la protección del Monte de El Pardo
y como accesorio la fórmula que enmarque esta protección. En
este sentido, se congratula de que en la última reunión del
Consejo de Ministros se haya acordado enviar al Parlamento un
proyecto de ley que aumente la defensa ecológica del Monte de
El Pardo ante eventuales agresiones. Se trata de conseguir
idéntico fin al de esta proposición de ley, la protección
medioambiental del Monte de El Pardo, aunque la fórmula sea
distinta, y en ese sentido expresa su satisfacción por la
nueva normativa protectora del Monte, aunque haya sido
necesario el transcurso de dos años y la existencia de esta
proposición para movilizar voluntades en tal sentido.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; López Garrido, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora
García-Alcañiz Calvo, del Grupo Popular, y el señor Roncero
Rodríguez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley de la Asamblea de Madrid por 18 votos a
favor, 254 en contra y 11 abstenciones.
Modificaciones del orden del día (Página 5883)
El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con el artículo 150 del
Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara
la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno
del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio y acuerdos anejos, entendimiento relativo a los
compromisos en materia de servicios financieros y acuerdo
sobre contratación pública, hechos en Marrakech el 15 de abril
de 1994. Se aprueba por asentimiento dicha tramitación directa
y en lectura única.
Asimismo el señor Presidente manifiesta que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, se somete
al Pleno la inclusión en el orden del día de la presente
sesión la tramitación directa y en lectura única del Acuerdo
anteriormente citado, que se aprueba por asentimiento.
Por último, el señor Presidente señala que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 68.1 del
Reglamento, se somete asimismo al Pleno la inclusión en el
orden del día de la presente sesión de la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 12/1994, de 25 de noviembre,
por el que se amplía el ámbito territorial de aplicación de
las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 11/1994, de 28 de
octubre, a las inundaciones ocurridas con posterioridad a su
aprobación. Se aprueba por asentimiento la inclusión de este
punto en el orden del día.
Proposiciones no de ley (Página 5884)
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al
Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley sobre
regulación de las uniones de hecho, con independencia de su
sexo (Página 5884)
El señor Valls García defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista, justificando la misma en que cada vez tiene
mayor incidencia en nuestra sociedad este tipo de uniones de
hecho, con independencia de su sexo, como consecuencia de una
mayor tolerancia hacia estilos de vida que otrora pudieran
considerarse como no tradicionales. Se trata de llenar un
vacío legal bastante normal en el mundo jurídico, ya que la
sociedad siempre va por delante del Derecho. En este caso se
están dando ya situaciones de hecho que la Ley todavía no
contempla y por ello desean regularlas. Es cierto que nuestro
ordenamiento prevé algunas de las consecuencias de estas
uniones de hecho, pero es también verdad que se trata de una
normativa incompleta y que la jurisprudencia en nuestro país
es todavía insuficiente. Todo ello ha llevado al Grupo
Socialista a considerar no sólo aconsejable sino necesario
traer esta proposición no de ley y a la petición que en este
momento realizan a todos los grupos de la Cámara para que la
respalden con sus votos.
Expone algunas consideraciones en torno al concepto de
democracia avanzada que figura en nuestra Constitución y a la
igualdad política entendida de una manera avanzada, y es en
estos principios donde quieren fundamentar la proposición no
de ley. Con esta proposición su Grupo trata de dar
cumplimiento a la Resolución del 33.º Congreso de su partido,
donde se pedía garantizar la no discriminación de formas de
convivencia distintas a las del matrimonio, y coincide con
algunas resoluciones de otros parlamentos que tratan de
establecer la misma protección, concretamente en una
resolución de la Asamblea de Madrid votada unánimemente por
todos los grupos de la Cámara.
La señora Rudi Ubeda defiende la enmienda presentada por el
Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervinen la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Olabarría Muñoz, del
Grupo Vasco (PNV); Camp i Batalla, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y la señora Urán González, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley
debatida por 152 votos a favor, nueve en contra y 124
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
política de las tarifas telefónicas (Página 5891)
El señor Camisón Asensio defiende la proposición del Grupo
Popular. Manifiesta que parten del hecho real de que en
nuestro país el sistema de tarifas para las
telecomunicaciones, y más concretamente telefónicas, aún no se
ha racionalizado. Se ha puesto excesivo énfasis en el
principio de suficiencia de ingresos, siguiendo la tónica de
un monopolio clásico, y se han obviado aquellos aspectos como
puede ser la mejora de la gestión o los incrementos de tráfico
y de consumo; o sea, que se ha olvidado un poco el competir.
Se refiere a lo que califica de subida brusca de tarifas
realizada el verano pasado, que, en su opinión, fue presentada
de una forma no clarificadora, considerando que tal subida ha
tenido sobre todo una finalidad recaudatoria para hacer frente
a la tremenda deuda de Telefónica, superior a los tres
billones de pesetas, y favoreciendo a las grandes empresas y a
las multinacionales en perjuicio de las pymes y de las
familias, con un impacto sobre el IPC que se acerca a las
cifras a las que se refería el Ministerio de Hacienda y
posibles consumidores.
El señor Martinón Cejas defiende la enmienda presentada por el
Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Martín Menis, del Grupo de Coalición Canaria;
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Sedó i
Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu
Andreu, del Grupode Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Socialista, con las correcciones
introducidas en el curso del debate, es aprobada por 271 votos
a favor y diez abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 5896)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre medidas de política general respecto de
la energía nuclear en nuestro país con especial referencia al
proceso de selección y criterios empleados en la elección de
los candidatos al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en
función de los criterios y requisitos señalados en la Ley
15/1980, de 20 de abril, de creación del Consejo de Seguridad
Nuclear (Página 5896)
La señora Urán González defiende la moción presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
manifestando que, después del debate celebrado el día 16 y de
las intervenciones en la Comisión de Industria en relación con
el nombramiento de los consejeros en el Consejo de Seguridad
Nuclear, no es necesario realizar una mayor argumentación,
puesto que ya han expuesto todos los argumentos de los que
creen disponer para plantear a través de esta moción una
modificación de la vigente Ley del Consejo de Seguridad
Nuclear y del Estatuto que lo regula. Aclara que han sido
beligerantes con la composición del citado Consejo no sólo en
este momento sino siempre, por considerar que no tenía la
suficiente independencia para emitir sus informes. En base a
ello, y al estar convencidos de la necesidad de modificar la
vigente Ley, y mucho más en los momentos que se avecinan en
cuanto a la seguridad nuclear, presentan la moción para
asegurar que el control del Consejo pase realmente a manos de
este Parlamento. Entienden que se trata de una propuesta
adecuada al momento y lo mejor que pueden hacer es que este
Congreso se vea arropado por un Consejo que pueda garantizar
la seguridad nuclear.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Fernández
Norniella, del Grupo Popular, y Sáenz Lorenzo, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 12
votos a favor y 264 en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el desarrollo de
una adecuada política de gestión económica y de contratación
de la Administración Penitenciaria (Página 5899)
El señor Gil Lázaro defiende la moción del Grupo Popular por
la que pretenden promover un conjunto de iniciativas
orientadas a esclarecer hechos aún opacos y por conocer, cuál
es la previsión concreta del Gobierno en orden a la corrección
de ciertas prácticas que hasta la fecha han venido
apreciándose en la ejecución de la gestión económica y de
contratación de la Administración Penitenciaria.
Explica seguidamente el contenido de los diversos puntos que
integran la moción, afirmando que, de prosperar la misma, se
habrá introducido un principio de cambio en un estado de cosas
que durante demasiado tiempo han hecho de la gestión económica
y de contratación de la Administración Penitenciaria un
espacio sujeto a un exceso de discrecionalidad.
El señor Rodríguez Zapatero defiende la enmienda presentada
por el Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Casas i
Bedos, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora
Aguilar Rivero, del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista, con las transacciones y modificaciones resultantes
del debate, es aprobada por 270 votos a favor y uno en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTONOMAS:
--DE LA ASAMBLEA DE MADRID, SOBRE MODIFICACION DEL ANEXO I DE
LA LEY 38/1988, DE DEMARCACION Y PLANTA JUDICIAL (Número de
expediente 125/000001)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley de comunidades autónomas.
Proposición de ley de la Asamblea de Madrid, sobre
modificación del Anexo I de la Ley 38/1988, de Demarcación y
Planta Judicial.
Para la defensa de esta proposición de ley, en nombre de la
Asamblea de Madrid, tiene la palabra el señor De Federico y
Corral.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (De Federico y
Corral): Señor Presidente, señorías, he sido designado para la
presentación --para su toma en consideración-- de la
proposición de ley sobre modificación del Anexo I de la Ley
38/1988, de Demarcación y Planta Judicial. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento.
¡Señorías, ruego guarden silencio!
Puede continuar.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (De Federico y
Corral): La Asamblea de Madrid aprobó en sesión plenaria el 21
de diciembre de 1989 la proposición de ley por la que se
modifica el Anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y Planta Judicial, de conformidad con los
artículos 87.2 de la Constitución y 14.11 del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, y la presentó, con
arreglo a estos puntos, a la Mesa del Congreso de los
Diputados para que fuera tomada en consideración. Recuerdo a
SS.SS. que fue en el año 1989.
Quisiera indicar el carácter, puramente instrumental, de la
proposición de ley, cuyo único objetivo era modificar el Anexo
I de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que incorporó el
municipio de Soto del Real al partido judicial número 1 de la
Comunidad de Madrid, trasladándolo del número 19, cuya
cabecera es Colmenar Viejo.
Con la nueva Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, se
creó, por primera vez, el partido judicial de la Sierra Norte,
si bien, por error, se incorporó a este nuevo partido judicial
el municipio de Soto del Real, sacándolo del partido judicial
al que históricamente había pertenecido.
Por circunstancias de todo tipo, históricas, de eficacia, de
cercanía para la gestión de los ciudadanos y por voluntad
expresa del Ayuntamiento de Soto del Real, parecía aconsejable
que con cierta urgencia se extrajera de donde por error --
repito-- se encontraba, es decir, en el partido judicial de la
Sierra Norte y siguiera en el partido judicial número 19, cuya
cabecera es Colmenar Viejo.
Señorías, han transcurrido casi cinco años desde que fue
aprobada la proposición de ley --el 21 de diciembre de 1989--
por la Asamblea de Madrid y remitida a la Mesa del Congreso de
los Diputados. En 1992 llegó, incluso, a figurar en el orden
del día de esta Cámara, pero al final fue retirada. Por fin,
la Ley 3/1992, de 20 de marzo, corrige los errores, no sólo
del de Madrid sino del resto de los municipios de España, de
la Ley 38/1988 e incluye el que es motivo de esta proposición
de ley.
No entendemos la tardanza de la tramitación ni por qué motivos
--seguro que existirán-- no se acumularon las dos
proposiciones de ley, es decir, la de la Asamblea de Madrid
del año 1989 y la que generó la Ley del año 1992. Seguro que
habríamos ahorrado este trámite, aunque siempre, señorías, es
un honor y una satisfacción acudir al Congreso de los
Diputados.
Resumiendo, la proposición de ley de la Asamblea de Madrid, de
21 de diciembre de 1989, que hoy presento está incluido su
contenido en la Ley 3/1992, de 20 de marzo, que corrige a su
vez la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial.
Por tanto, en nombre de los tres Grupos Parlamentarios de la
Asamblea de Madrid entendemos que no tiene sentido alguno hoy
que esta proposición de ley se tramite, puesto que ya está
incluida en una de 1992.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Federico. ¿Entiendo por
sus palabras que retira la proposición de ley? (Asentimiento.)
Gracias. Queda retirada.
--DE LA ASAMBLEA DE MADRID, SOBRE CREACION DEL PARQUE NACIONAL
DEL MONTE DE EL PARDO (Número de expediente 125/000005)
El señor PRESIDENTE: Retirada la anterior proposición, pasamos
al debate de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid,
sobre creación del Parque Nacional del Monte de El Pardo.
Para la defensa de esta proposición, tiene la palabra, en
primer lugar, el señor Candil Martín. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (Candil Martín):
Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señoras y señores Diputados.
Por iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en
la Asamblea de Madrid, con fecha 10 de diciembre de 1992 se
aprobó por unanimidad esta proposición, en el sentido de
instar a la creación del Parque Nacional del Monte de El Pardo
y designándose a los representantes ante este Congreso de los
Diputados para la defensa de su toma en consideración. Se ha
tardado casi dos años --faltan sólo doce días-- en tramitar
esta iniciativa.
Quiero comenzar señalando que, a juicio de nuestro Grupo
Parlamentario y, desde luego, pienso que a juicio del conjunto
de la Asamblea de Madrid, este comportamiento y retraso en la
tramitación entraña, sin duda, una cierta desconsideración,
una falta de aprecio notable a una iniciativa de una comunidad
autónoma que fue aprobada por unanimidad. Estamos en este
momento representando a 5 millones de ciudadanos ante SS.SS.,
por lo cual creo que estoy en condiciones de decirles que es
una iniciativa en la que la Asamblea de Madrid tiene un enorme
interés.
Las causas y fines de esta iniciativa no fueron otros que los
de conseguir la protección máxima de un territorio de gran
valor ecológico, un encinar sobre arenas, para que fuera
integrado en la tipología prevista en el Anexo de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales, como muestra de bosque mediterráneo. Asimismo, con
la intención de preservar en profundidad, frente a presiones
urbanísticas en su inmediato entorno y frente a proyectos de
infraestructura potencialmente agresivos para este espacio,
tales como la M-50, el tren de alta velocidad u otros posibles
proyectos, así como conseguir, por supuesto --y subrayo esta
idea--, una mayor democratización y participación social e
institucional en la gestión de este espacio natural, conforme
a lo que se establece en el artículo 23 de la Ley 4/1989, de
Conservación de Espacios Naturales, y por tanto, una mayor
corresponsabilidad de la Comunidad Autónoma de Madrid en la
gestión de este espacio natural. Todo ello insistiendo en dos
ideas para despejar rumores que se han venido oyendo: la
garantía de los usos de la Familia Real y una clara voluntad
de mantener la restricción del acceso en toda la extensión del
monte, que actualmente ya tiene ese acceso restringido.
Sin embargo, el retraso en la tramitación de la proposición de
ley ha coincidido con una permanente presión e injerencia de
Patrimonio Nacional. La pretensión de mantener la situación
actual de monopolio en la gestión y en la administración de
este espacio ha sido la guía de la actuación de Patrimonio, y
actualmente, como colofón del proceso hasta ahora, se plantea
un anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Regulación
de Patrimonio Nacional, que produce un cierto conflicto
institucional, innecesario por otra parte, con la Asamblea de
Madrid y que, en último caso, estamos convencidos de que
pretende amparar la continuidad de ese monopolio en la
gestión, exceptuando al Monte de El Pardo de la regulación
general establecida en la Ley 4/1989, que tiene naturalmente,
como SS.SS. conocen, carácter de ley básica.
La proposición de ley de la Asamblea de Madrid es consecuente
y respetuosa con lo dispuesto en el artículo 45 de la
Constitución Española, en el que se establece que los poderes
públicos deben velar por la utilización racional de los
recursos naturales, y con el artículo 15.2 y también el 2.3 de
la Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales. ¿Por
qué? Porque en la disposición adicional quinta se declara
expresamente norma básica, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 149 de la Constitución Española, el citado artículo
2, que no dice otra cosa más que serán los poderes públicos y
no entidades privadas o de Derecho público, pero en ningún
caso de carácter democrático electivo, los que velarán por el
mantenimiento y conservación de los recursos naturales
existentes en todo el territorio nacional --y subrayo esta
idea--, con independencia de su titularidad o régimen
jurídico. No se puede exceptuar al Monte de El Pardo
motivadamente de lo previsto en esta norma, ni siquiera
amparándose en el artículo 3 de la vigente Ley Reguladora de
Patrimonio Nacional, que ordena a éste velar por la protección
del medio ambiente y el cumplimiento de exigencias ecológicas,
pero eso no atribuye competencia de gestión, y menos aún de
modo exclusivo, de ese espacio a Patrimonio Nacional. En el
caso, incluso, de que sea declarado espacio protegido,
lógicamente, debería estar gestionado por un órgano colegiado,
en el que participasen los diferentes sectores e instituciones
interesadas y afectadas.
En el caso del parque nacional del Monte de El Pardo que
proponemos, sería a través de un patronato con participación
de la Administración del Estado, de la Administración de la
Comunidad de Madrid, de la Administración local y de
asociaciones de fines ambientalistas, lo cual entraña,
evidentemente, una pérdida de la actual situación del
monopolio burocrático y no representativo que tiene Patrimonio
Nacional, y siempre en aras de una democratización y una
participación institucional representativa. Eso,
evidentemente, es lo que nos explica las resistencias de
Patrimonio a la iniciativa democráticamente manifestada por la
Asamblea de Madrid.
Terminaré planteando que, efectivamente, el plan de los
recursos naturales previsto en la ley para llevar a cabo este
tipo de declaraciones prevalece sobre planeamiento urbanístico
y sobre la ordenación territorial o física. Eso es de gran
importancia para el freno de la agresión futura del carácter
urbanístico o de desarrollo de infraestructuras, y además el
PORN --el Plan de Ordenación-- debería ser elaborado por la
Comunidad Autónoma, según el artículo 4 de la Ley de
Conservación, lo cual quiere decir que, evidentemente, si se
elude esa función, se está disminuyendo notablemente las
competencias constitucionales y estatutarias de la Comunidad
de Madrid en beneficio de una entidad no representativa, cual
es el caso de Patrimonio. Además, se está haciendo a través de
una argucia, que es la invención de una figura alegal,
denominada plan de protección medioambiental, que se supone
que elaboraría, según el anteproyecto que presenta en este
momento al Consejo de Ministros, el propio Patrimonio
Nacional, o sea, el propietario del terreno, sustituyéndose
así el PORN y, evidentemente, sustituyendo la soberanía de la
Comunidad Autónoma de Madrid y la posibilidad de control sobre
el planeamiento urbanístico futuro. Eso entraña una nueva
vulneración de la legislación básica, que define los planes de
ordenación como el instrumento con el cual se articulará la
planificación de los recursos naturales, que corresponde a las
administraciones públicas.
Frente a las pretensiones monopolizadoras e insolidarias del
Patrimonio Nacional, el Congreso de los Diputados
hoy y aquí debería tramitar con la máxima urgencia la
proposición de ley de la Asamblea de Madrid, de creación del
parque nacional del Monte de El Pardo, como el único
instrumento que garantiza la íntegra conservación futura del
mismo, su preservación frente a agresiones urbanísticas o de
infraestructuras, su gestión democrática, participativa e
integrada en el conjunto de los espacios naturales de valor
ecológico y, en todo caso, el respeto a la voluntad unánime
(quiero subrayar nuevamente esto porque en esta Cámara no
siempre se consigue y en otra hemos hecho algunos esfuerzos
para conseguirlo y en materia medioambiental lo hemos logrado
siempre) de los ciudadanos de una comunidad autónoma que
reclama desde esta tribuna un respeto y una consideración, al
menos igual, que el que se presta a otras dignísimas
comunidades Autónomas a las cuales probablemente no se
hubieran puesto tantas trabas para el ejercicio de su
representación soberana.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Candil Martín.
Tiene la palabra el señor Fernández Rioja.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (Fernández Rioja):
Señor Presidente, señorías, no sería sincero si no les dijera
que estoy un poco impresionado con la intervención que tengo
que hacer en este momento ante ustedes.
El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, al
que me honro en representar, ha tenido como objetivo, desde el
principio de la legislatura, la necesidad de proteger mejor el
Monte de El Pardo. Para ello, desde el primer momento, hemos
barajado dos opciones y sobre las dos hemos estado trabajando:
una, la que hoy planteamos ante SS.SS., la creación de un
parque nacional en el espacio del Monte de El Pardo; y otra,
la creación de una reserva científica integral que, siendo una
figura medioambiental coherente, permitía la protección en los
mismos términos, o incluso mejores en algunos aspectos, que la
de parque nacional. Las dos figuras tienen sus pros y sus
contras y sobre las dos hemos estado trabajando.
A estas dos figuras legales se ha opuesto, de forma permanente
y obstinada, el Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Porque, si bien podemos estar de acuerdo en alguna
de las, por otro lado, escasas cuestiones jurídicas que ha
expuesto, no son, a nuestro juicio, de recibo ninguna de las
razones de tipo medioambiental que el Patrimonio Nacional ha
puesto sobre la mesa.
Considerar que el nivel de protección del Monte de El Pardo,
derivado de la aplicación de la legislación específica del
Patrimonio Nacional, supone mayores niveles de conservación
que el que pudiera derivarse de cualquier otro régimen
jurídico aplicable, significa desconocer lo que es protección
ambiental de un espacio y confundir, a mi juicio, de forma
grosera, lo que es un espacio protegido con lo que significa
un espacio prohibido.
Lo que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
gestiona es un espacio prohibido, no un espacio protegido. Las
consecuencias ambientales de este espacio prohibido, desde
hace varios siglos, han sido las de disponer de un pulmón
ecológico en las puertas de Madrid. Pero la gestión de un
espacio protegido es mucho más que todo esto: es garantizar el
futuro de dicho espacio, es preservar su integración
territorial, es propiciar la investigación, es facilitar la
educación ambiental de los más jóvenes, son, en definitiva,
actitudes positivas hacia el medio ambiente que tiene que
preservar.
Es por todo esto, por la oposición del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional a toda iniciativa
tendente a sustituir el régimen jurídico actualmente en vigor,
por lo que nos parece una oposición corporativa y no de
defensa medioambiental del Monte. Por ello, nos parece un
primer paso en la buena dirección el proyecto de ley
presentado por el Gobierno, tendente a proteger los espacios
naturales que gestiona el Patrimonio Nacional.
Pero para los socialistas de la Comunidad de Madrid es
necesario que dicho proyecto de ley recoja algunos aspectos
necesarios para garantizar la conservación de este espacio, en
consonancia con mis anteriores palabras. Primero, la fórmula
de protección debe poder homologarse con figuras reconocidas,
para lo que se debería modificar la denominación de plan de
protección ambiental que, como les digo, es jurídicamente
desconocido como sistema de protección, por la de plan de
ordenación de los recursos naturales. Debería ser también
posible efectuar una declaración formal de espacio natural
protegido en la ley.
Segundo, esta declaración obligaría a plasmar también en la
propia ley la obligatoriedad de elaborar un plan rector de uso
y gestión.
Tercero, y por último, la futura ley deberá contemplar la
posibilidad de colaboración en la gestión por parte de la
Comunidad Autónoma de Madrid, que es quien tiene, por mor de
nuestro Estatuto, todas las competencias ambientales.
Señorías, el Monte de El Pardo no es territorio lunar. El
Monte de El Pardo es de Madrid, está en la región de Madrid,
está en la ciudad de Madrid. Madrid y su área metropolitana
necesitan el Monte de El Pardo porque el conjunto ecológico de
la sierra del Guadarrama --el parque regional de la cuenca
alta del Manzanares y el Monte de El Pardo-- supone la entrada
en Madrid por esta vía del viento y el agua necesarios para
descongestionar la elevada contaminación ambiental de Madrid.
Por tanto, no se puede gestionar este espacio a espaldas o en
contra de los madrileños, a espaldas o en contra de los
representantes legítimos del pueblo de Madrid.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Rioja. Tiene la
palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBO: Señor Presidente, señorías, supone
para mí un honor ocupar esta tribuna del Congreso de los
Diputados en nombre de mis compañeros diputados de la Asamblea
de Madrid. Igualmente, me produce singular satisfacción traer
a esta Cámara la preocupación del Grupo Parlamentario Popular
de la Asamblea de Madrid por la protección del Monte de El
Pardo.
Mis compañeros que ya han intervenido aquí esta tarde y yo
misma presentamos una proposición de ley, apoyada unánimemente
en el Pleno de la Asamblea de Madrid. El Grupo Parlamentario
Popular presentó en su día 36 enmiendas al texto inicial del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El resultado del
debate en Ponencia, en Comisión y en el Pleno de la Cámara
madrileña supuso un acercamiento de posiciones y un
enriquecimiento de la proposición de ley que, como he dicho,
contó con el voto unánime de la Cámara autonómica.
El hecho de ocupar esta tribuna en tercer lugar me exime de
hacer hincapié en los valores medioambientales del monte de El
Pardo. Sólo reiteraré que se trata de una privilegiada zona
verde de nuestra Comunidad, que constituye uno de los últimos
ecosistemas mediterráneos con una enorme diversidad de flora y
fauna.
Puede decirse que por condicionamientos históricos se ha
podido conservar en el estado en que está. En este contexto,
mi Grupo Parlamentario estimó desde un principio que
preservarlo en ese estado, conservarlo, ponerlo al amparo de
los sistemas de defensa que significa una declaración de
parque nacional resultaba positivo.
Ya en julio de 1990, en un Pleno monográfico de medio ambiente
celebrado en la Asamblea de Madrid, nuestro Grupo
Parlamentario presentó una propuesta de resolución para
solicitar al Gobierno de la nación que arbitrara las medidas
pertinentes para la necesaria protección del Monte de El
Pardo. Entonces no obtuvimos apoyos parlamentarios
suficientes.
En 1992, cuando se vio la proposición de ley que ahora
presentamos a esta Cámara, expresamos nuestro compromiso con
la defensa del frágil ecosistema del Monte de El Pardo,
compromiso expresado asimismo en el programa electoral con que
el Partido Popular concurrió a las elecciones autonómicas de
1991. Siempre hemos creído en la compatibilidad del desarrollo
de las infraestructuras y la defensa del medio ambiente,
compatibilidad aceptada y entendida por toda Europa. Ello no
es otra cosa que el concepto de desarrollo sostenible por el
que todos apostamos.
No voy a entrar ni mucho menos en el análisis del texto que
hoy presentamos a la toma en consideración de esta Cámara. Sin
embargo, sí quiero insistir en lo que nosotros entendemos como
fundamental y como accesorio en el tratamiento medioambiental
del Monte de El Pardo. Lo fundamental es sin duda su
protección. Lo accesorio la fórmula que enmarque esta
protección. Hace cuatro años --1990-- estimamos que era
necesario y urgente afrontar la defensa de esta importante
zona verde de Madrid. En 1992 nos comprometimos con la opción
que supone esta proposición de ley. Recientemente, apoyamos en
el Pleno de la Asamblea de Madrid la fórmula de protección que
supondría la declaración del Monte de El Pardo como reserva
científica. Justo es decirlo. En esta enumeración de
posibilidades, nos congratulamos de que en la última reunión
del Consejo de Ministros se haya aprobado enviar al Parlamento
un proyecto de ley que aumenta la defensa ecológica del Monte
de El Pardo ante eventuales agresiones.
Resulta obligada una referencia a esta nueva norma que incide,
en sus objetivos, en lo que trata de conseguir la proposición
de ley que hoy presentamos a sus señorías. El fin es el mismo,
la protección medioambiental del Monte de El Pardo, aunque la
fórmula sea distinta. No ha de extrañar en este sentido que me
refiera a esta decisión del Consejo de Ministros que se
produce en fecha tan próxima al acto parlamentario de hoy. El
establecimiento de un régimen jurídico especial para la
protección ecológica del Monte de El Pardo responde, cuatro
años más tarde, a lo que el Grupo Parlamentario Popular en la
Asamblea de Madrid solicitaba. Resulta inevitable establecer
una relación entre lo aprobado por el Consejo de Ministros el
pasado viernes y la preocupación de todos los grupos
parlamentarios de la Asamblea de Madrid que desembocó en la
proposición de ley que presentamos hoy a sus señorías. Sin el
debate reiterado sobre el Monte del Pardo en el seno de la
Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid, en la que
tengo el honor de ser portavoz del Grupo Popular, y en el
Pleno de la Asamblea de Madrid, probablemente no se hubiese
tomado conciencia de la necesidad de la norma protectora
aprobada por el Consejo de Ministros. En ella se habla del
establecimiento de un plan de protección medioambiental que
dote del máximo nivel de protección que permita la legislación
española a los bienes del Patrimonio Nacional con especial
valor ecológico. El proyecto de ley aprobado en Consejo de
Ministros, que llegará al Parlamento en breve, ratifica al
Patrimonio como gestor del Monte y señala que se le atribuirá
la adopción de las medidas necesarias para el uso y gestión de
ese y otros espacios naturales.
Singular importancia tiene, a juicio de mi Grupo
Parlamentario, la nueva consideración para la desafección
de terrenos que hace la futura ley. Sólo podrán desafectarse
terrenos que se encuentren incluidos en los planes de
protección medioambiental por ley aprobada en el Parlamento.
Todo es exactamente lo que siempre pidió el Grupo
Parlamentario Popular. Es lo que tratamos de conseguir con la
proposición de ley que presentamos hoy ante sus señorías.
Señor Presidente, señorías, mis compañeros Diputados de la
Asamblea de Madrid y yo hemos venido hoy aquí a presentar una
proposición de ley con dos años de retraso y debemos asumir,
mi Grupo Parlamentario lo hace, todo lo que este retraso
significa. Ha cambiado la situación, incluso, como ya he
dicho, se apunta una normativa protectora nueva para el Monte
de El Pardo. Debemos tener la satisfacción, sin embargo, de
haber sido la punta de lanza y la vanguardia que ha movilizado
decisiones posteriores. Creemos, sobre todo, en el fondo de la
cuestión: la necesaria defensa de los valores medioambientales
del Monte de El Pardo. En este compromiso se encontrará
siempre el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, por favor, vaya
terminando.
La señora DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DE MADRID (De Lara Carbó):
Termino, señor Presidente.
La política medioambiental de nuestro Grupo Parlamentario no
se ha movido nunca a impulsos de coyunturas ni por mero
electoralismo, sino por la creencia de que apostar por la
defensa de la naturaleza es hacerlo por la calidad de vida. El
presidente del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de
Madrid, don Alberto Ruiz-Gallardón, ha insistido siempre en
que nuestra apuesta por el medio ambiente es una apuesta por
la vida y por el futuro. Tenemos la responsabilidad de legar a
las nuevas generaciones un mundo más habitable. Señor
Presidente, señorías, este mundo más habitable en lo que nos
es próximo, en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, no
sería posible sin una atención especial al Monte de El Pardo
para evitar su degradación y para garantizar su conservación.
Para estos objetivos, mis compañeros y yo estamos hoy aquí y
ello supone un honor como representantes de los ciudadanos de
nuestra comunidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
¿Turno en contra de la proposición de ley? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria adelanta que va a dar su voto favorable a
esta proposición de ley que nos ha presentado y defendido hoy,
por boca de tres de sus representantes, la Asamblea de Madrid.
Canarias invoca para sí una participación legislativa y de
sensibilidad en la red de parques nacionales de España, no en
balde la Comunidad Autónoma de Canarias tiene cuatro de estos
parques nacionales en el acervo legislativo español. Al mismo
tiempo, se ha producido un fenómeno en la población, que está
bien recogido en la exposición de motivos de esta proposición
de ley, de sensibilización sobre el medio ambiente. Si no hay
la prueba tangible sobre la que se tiene que tener la
sensibilidad, lo demás es pura retórica. O creamos
rápidamente, con carácter de ley, el parque nacional del Monte
de El Pardo o este hecho tangible no llegará a la población de
un área metropolitana como la de Madrid. En esto coincide
precisamente, y creemos que hay que resaltar esta coincidencia
en la proposición de ley, lo que ha entendido la Unesco como
decálogo de la reserva de la biosfera. El artículo 1.º de esta
proposición de ley, a juicio de Coalición Canaria, recoge
fielmente lo que son los enunciados de la Unesco, porque sería
incongruente que nos negáramos a recoger lo que son principios
de una organización internacional presidida por un español
como el profesor Mayor Zaragoza. No deberíamos hacerle,
digamos, ningún feo en un quiebro contrario.
Pero ¿qué ocurre con este espacio natural que va a ser objeto
de esta legislación? En primer lugar, que ya hay un
antecedente como es el Parque Regional de la cuenca alta del
Manzanares. O hacemos armonizar lo que son unos principios de
base política en la defensa del medio ambiente, que no sea un
puro estilo literario, sino una realidad legal y una toma de
conciencia en nuestra población, o estaríamos haciendo un
flaco servicio a algo que el Gobierno español y los expertos
suscribieron también en la Conferencia de Río de Janeiro. La
conferencia de Río sobre medio ambiente advierte
fundamentalmente que los grandes espacios urbanos, como las
grandes áreas metropolitanas, necesitan pulmones verdes a su
lado, no solamente como reserva ecológica para estudio,
investigación científica o lo que se quiera, sino también para
un equilibrio de todo el ecosistema urbano, rural, ambiental
que solamente grandes espacios naturales que se hayan podido
conservar tienen que mantener. Si es importante la existencia
de un parque nacional por motivos ecológicos, de la
naturaleza, de la biosfera, etcétera, cuando esa área está
situada al lado de una gran urbe de millones de habitantes
toma un valor político mucho más importante, y ése creo que es
un factor importante a considerar. Al hablar del Monte de El
Pardo no estamos hablando sólo de un parque natural o de una
especie de reserva de la naturaleza abstractamente
considerada, sino que hay que vincularlo a lo que es el hecho
urbanístico, político, social y económico de que al lado del
mismo existe una gran urbe, una gran capital.
Había que salvar un hecho jurídico importante, que es la Ley
23/1982, ya que esto afecta al Patrimonio Nacional por motivos
históricos. Creo que el proyecto de ley --y aquí también lo
vamos a apoyar--, con lo que se dice
en su artículo 2, ha salvado esa reserva de ley, vamos a
llamarle así, que se creó en 1982, aunque algunas personas,
entre ellas la que habla, siempre consideramos que no era
motivo jurídico de una competencia del Patrimonio Nacional
velar por el ecosistema o la ecología, como se decía.
Preferimos que sea un patronato, dentro del marco de una ley
de creación del parque natural del Monte de El Pardo, el que
supere limitaciones jurídicas, presupuestarias y políticas del
Patrimonio Nacional. El Patrimonio Nacional no tiene ningún
derecho a quejarse cuando en el propio texto del proyecto, al
hablar del patronato, se le reconocen dos representantes, y
cualquier otra salvedad histórica con base jurídica bien en el
derecho consuetudinario español desde la Real Cédula o
Pragmática de Felipe II, bien en la Ley 23/1982, queda
salvaguardada. Quedan salvaguardados, y de qué manera,
derechos de la Casa Real con ese reconocimiento que se hace en
el artículo 2, y después, en el artículo 8, a la hora de
diseñar el plan rector de uso y gestión. Creo que se ha sido
generoso al poder poner en conocimiento previo de la Casa Real
de Su Majestad, sin que ninguna ley constitucional lo exija,
este proyecto de plan rector de uso y gestión.
Por tanto, creo que por la Asamblea de Madrid se ha hecho una
gran labor, digna de encomio, al tratar de armonizar este
proyecto con una ley del patrimonio del Estado, del Patrimonio
Nacional. A estas alturas de los acontecimientos, ante el
deterioro tremendo de nuestro medio ambiente, es una
satisfacción que podamos contar en el índice de parques
nacionales de España con este nuevo proyecto a través de esta
proposición del parque nacional del Monte de El Pardo. Por
parte de Coalición Canaria, sea bienvenida. Como he dicho, la
vamos a apoyar con nuestro voto más claro, rotundo y
comprometido.
Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor López Garrido tiene
la palabra.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va
votar a favor, yo diría que entusiásticamente a favor, de esta
proposición de ley de creación del parque nacional del Monte
de El Pardo, presentada y defendida en esta Cámara por
miembros de la Asamblea de Madrid, del Parlamento de Madrid.
Como ha señalado alguno de ellos, debatimos esta proposición
de ley muy tarde, demasiado tarde. Lleva aquí año y medio,
esperando que el Congreso de los Diputados tenga a bien
debatir esta proposición de ley, a pesar de la insistencia que
nuestro Grupo Parlamentario ha mantenido siempre en la
necesidad de que las proposiciones de ley de las comunidades
autónomas se vean inmediatamente que lleguen, con absoluta
celeridad. Porque, en última instancia, no hacerlo así, como
ha sucedido con esta proposición de ley, significa vulnerar
por omisión una competencia constitucional que tienen las
comunidades autónomas, como es la iniciativa legislativa, la
capacidad de participación de esta forma en la voluntad del
Estado.
Ha habido una forma no elegante al tratar estas proposiciones
de ley por parte de esta Cámara, y esta proposición de ley
llega muy tarde, después, repito, de año y medio de dormir el
sueño de los justos en esta Cámara. Hasta tal punto esto es
así que, el 23 de junio pasado, la Asamblea de Madrid tuvo que
solicitar que urgentemente se tratase esta proposición de ley.
Pero, en fin, ha llegado el momento de su debate y hay que
decir que, desde nuestro punto de vista, todas son razones
para apoyar la toma en consideración de esta proposición de
ley que, naturalmente, sufrirá, en su caso, las modificaciones
que tengamos por conveniente hacer en el trámite posterior, a
través de las enmiendas en Comisión y en el Pleno de la
Cámara. Todas son razones, desde nuestro punto de vista, para
apoyarla; ninguna razón hay en contra de ello. Razones a favor
porque se trata de una proposición de ley que intenta
defender, de la forma que jurídicamente es posible en nuestro
ordenamiento, el Monte de El Pardo, un enclave de intenso
valor ecológico, un enclave que, como se ha dicho
acertadamente, es una primordial fuente de biodiversidad para
el resto del territorio español, una expresión del bosque
mediterráneo considerado por la Ley que prevé la existencia de
parques nacionales como uno de los elementos del tipo de
ecosistema que hay que proteger y que, además, está cerca de
Madrid --lo ha señalado con certeras palabras el señor
Mardones--, como un gran pulmón que tiene la capital de España
y que necesitan sus ciudadanos que cuente con la máxima
protección.
La creación del Parque Nacional del Monte de El Pardo
significaría la más alta defensa jurídica que cabe hacer de un
enclave de valor ecológico, así como una defensa de las
amenazas que existen y que existirán sobre este Monte de El
Pardo. Como una cifra vale más que mil palabras, he de decir,
en relación con lo que hoy día constituye el Monte de El
Pardo, que, en los años 40, el Monte de El Pardo, según figura
en el Registro de la Propiedad, tenía 27.000 hectáreas; hoy
día, el Monte de El Pardo tiene 15.000 hectáreas. Es decir, en
50 años ha perdido casi la mitad de su territorio este
importantísimo enclave biológico, enclave ecológico, enclave
de biodiversidad para el resto del territorio español.
Para defender este bien ecológico, esta proposición de ley
utiliza todos los resortes jurídicos posibles en nuestro
ordenamiento jurídico. Utiliza el régimen jurídico adecuado
para ello, el que se ha dado a sí mismo el Estado español, a
través de una ley aprobada por estas Cortes Generales en 1989,
la Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales, que
considera como elemento de máxima protección medioambiental la
declaración de
parque nacional. Y eso es lo que propone, ni más ni menos,
este texto que nos trae la Asamblea de Madrid: declarar parque
nacional al Monte de El Pardo, entendiendo que, en nuestro
régimen jurídico, es la mejor forma de defender el medio
ambiente en un bien de las características que tiene el Monte
de El Pardo, que nadie ha discutido y que se ha reafirmado en
las intervenciones que me han precedido. El parque nacional es
una figura que permite la utilización de todos los medios de
defensa medioambiental, que crea un patronato adecuado para
ello y que, por tanto, impide cualquier amenaza urbanística,
cualquier agresión de este espacio natural. Además, el crear
el parque nacional del Monte de El Pardo significaría poder
vincular al Monte de El Pardo con la red de parques nacionales
existentes en Europa, a través del proyecto denominado Natura
2000, un proyecto muy ambicioso, del que se descolgaría el
Monte de El Pardo si no se le declara parque nacional. De
hecho, recordemos que la Comunidad Económica Europea ha
declarado al Monte de El Pardo como una zona de protección
especial para aves, y, en coherencia con ello, sería lógico
que se declarase al Monte de El Pardo como parque nacional.
Además, esta declaración sería absolutamente compatible --se
ha reiterado aquí esta tarde-- con la afectación a los usos y
servicios de la Familia Real que tiene los bienes del
Patrimonio Nacional. No implicará en absoluto un acceso
irrestricto de público, mantendría las competencias en el
Estado en cuanto a la protección de ese parque nacional, no
habría ningún tipo de peligro, no hay ningún tipo de coartada
posible que oponer a la creación del parque nacional.
Por tanto, no hay ninguna razón en contra de esta proposición
de ley desde nuestro punto de vista. Ni siquiera una última
razón --entre comillas-- que es más bien una treta política
perpetrada el viernes en el Consejo de Ministros, aprobando un
proyecto de ley a toda velocidad que ha batido desde luego
todos los récords de entrada en esta Cámara, ya que el mismo
día estaba aquí, un proyecto de ley llamado de modificación de
la Ley del Patrimonio Nacional en la que se habla de que el
Gobierno aprobará un plan de protección medioambiental que no
sabemos bien exactamente qué es. Ni en la forma, ni en el
fondo es de recibo este proyecto de ley que no viene sino a
salvar la cara a quienes esta tarde van a votar en contra de
esta proposición de ley después de que sus grupos
parlamentarios homónimos votaron a favor en la Asamblea de
Madrid. Se trata de una fórmula profundamente contraria a los
mínimos usos de respeto institucional, ya que hace año y medio
que está aquí esta proposición de ley y en el último minuto,
de penalti injusto, el Gobierno aprueba un proyecto de ley
para dar algún tipo de razón, algún tipo de coartada, para
oponerse a esta proposición de ley esta tarde en esta Cámara,
por tanto, haciendo con ello no solamente una afrenta a la
Asamblea de Madrid sino a los grupos parlamentarios homónimos
--a los grupos parlamentarios Popular y Socialista, más
exactamente-- que aprobaron esta proposición de ley
entusiásticamente en la Asamblea de Madrid con todo tipo de
razones y que esta tarde han vuelto a reiterar la conveniencia
de la aprobación de esta proposición de ley. No solamente eso,
sino que hace un par de días, con motivo del debate del estado
de la región en la Asamblea de Madrid, hace solamente dos
días, unánimemente la Asamblea se reafirma --estoy leyendo--en
la necesidad de que el Monte de El Pardo sea declarado parque
nacional. Hace solamente dos días la Asamblea de Madrid vuelve
a decir lo mismo, que sea declarado parque nacional. No hay
razones de fondo como las que quiere esgrimir este proyecto de
ley que, al final, va a convertirse en el objeto fundamental
de debate, más incluso que la propia proposición de ley, sobre
la que hay que pronunciarse a continuación. Este proyecto de
ley habla en su exposición de motivos, en la memoria que lo
acompaña, de las dificultades que tiene el que haya un parque
nacional en el Monte de El Pardo para su afectación como bien
del Patrimonio Nacional a los usos y servicios de la Familia
Real; pero no dice por qué, no explica por qué hay
dificultades, cuál es la dificultad para que siga existiendo
esa afectación al uso y servicio de la Familia Real y que sea
un parque nacional. ¿Es que es incompatible el uso y servicio
de la Familia Real con la protección del medio ambiente en
nuestro país? Flaco favor se hace desde luego al uso y
servicio de la Familia Real cuando se le enfrenta con la
posibilidad de proteger al máximo nivel esos bienes por medio
de la creación de un parque nacional. No es incompatible ese
uso y servicio de la Familia Real con la protección del medio
ambiente, no es incompatible con la protección de los
intereses generales. Nosotros decimos eso, pero probablemente
los que han presentado ese proyecto de ley piensan lo
contrario.
En última instancia, se trata de un proyecto de ley que habla
de un plan de protección que va a preparar y ejecutar el
consejo de administración del Patrimonio Nacional, una entidad
no caracterizada precisamente por destacar en la defensa del
medio ambiente ni especializada en ello, ni está entre sus
competencias en absoluto, ya que para eso están los órganos
que tienen que ejecutar lo previsto en la Ley de 1989, que
prevé la existencia de parques nacionales.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.
El señor LOPEZ GARRIDO: Por tanto, es contrario --termino,
señor Presidente-- al reparto de competencias previsto en esa
ley de 1989; es contrario a lo que esa ley de 1989 consideró
que era adecuado, y es crear un parque nacional cuando quiera
conservarse espacios, susceptibles de ser conservados, de
interés general de la nación con la atribución al Estado de su
gestión; es decir, cuando se trate de un espacio
representativo de alguno de los
principales sistemas naturales españoles que se citan en el
anexo de la presente ley, por ejemplo, el bosque mediterráneo,
como se señala en la ley de 1989. Para eso se hizo la ley de
1989, una ley que no establece excepciones y que no tiene
sentido establecerlas a través de este proyecto de ley.
Termino, señor Presidente. Nuestro Grupo Parlamentario va a
apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, y
espera que la Cámara también vote a favor y salde a favor de
la Asamblea de Madrid un pulso absurdo mantenido contra ésta
por el consejo de administración del Patrimonio Nacional, que,
sin embargo, tiene la fuerza de poder hacer que se presente un
proyecto de ley en el último minuto en esta Cámara o en el
Consejo de Ministros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora García-
Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Señorías, la propuesta normativa de la Asamblea de Madrid es
razonable por lo que se refiere a los fines que propone. No lo
es, sin embargo, por lo que se refiere a los medios que
intenta arbitrar para cumplir esos fines. Este, señorías, es
nuestro juicio sumario acerca de esta iniciativa.
Nuestra postura, probablemente, está próxima no sólo a otros
grupos parlamentarios de la Cámara, sino también a la postura
que mantiene el Gobierno. En efecto, la referencia de prensa
del Consejo de Ministros celebrado hace cinco días contiene la
adopción de un proyecto de ley de modificación de la Ley
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
Votar al lado de la coalición parlamentaria que sostiene a
duras penas a un Gobierno decadente no es casualidad, sino
ejercicio de la responsabilidad política, dentro de nuestra
Monarquía parlamentaria, como también lo es la exigencia de la
información que, ordenada por Ley 23/1982, en su disposición
adicional, el Gobierno no ha cumplido.
La Ley que regula el Patrimonio Nacional es una ley de
desarrollo del artículo 132 de la Constitución, que fue
adoptada por consenso. ¿Recuerdan ustedes, señorías, los
tiempos en los que en el Parlamento se negociaba a través de
la persuasión y con la vista puesta en el interés público? De
ese tiempo es la ley que rige el Patrimonio Nacional. Pues
bien, de tomarse en consideración la proposición de ley de la
Asamblea de Madrid, cuya recta intención es clara, quedaría
vacía de contenido sustancial la Ley del Patrimonio Nacional.
De aprobarse tal y como está redactada, habría dos autoridades
administrativas con competencias acumuladas. Por una parte, el
consejo de administración del Patrimonio Nacional, que
actualmente tiene atribuida la función de velar por la
protección del medio ambiente y por el cumplimiento de las
exigencias ecológicas en los terrenos que gestione, y
especialmente en el Monte de El Pardo, según dice su artículo
3.º la Ley 23/1982. Este cometido es manifiestamente
incompatible o redundante con las autoridades administrativas
que se crearían con la proposición de ley que se discute en
estos momentos. Concretamente lo sería con la existencia de un
director-conservador designado por el director del Icona y con
un patronato adscrito al Ministerio de Agricultura.
¿Quién podría coordinar al Ministerio de Agricultura con la
entidad de derecho público Patrimonio Nacional adscrita
inicialmente al Ministerio de la Presidencia sino el propio
Presidente del Gobierno? ¿No es más lógico seguir reconociendo
las competencias de utilización de los recursos naturales,
protección de la calidad de vida y defensa de los bienes del
Patrimonio Nacional a su consejo de administración, tal vez
recomendándole la redacción de un plan rector de uso y gestión
de sus bienes, como establece la Ley 4/1989? Señor Presidente,
no cabe duda de que la medida más racionalizadora y barata en
el funcionamiento de las administraciones públicas descansa en
efectuar un claro reparto de competencias que impida bloqueos
en los procesos de gestión y de funcionamiento. Cuando el
artículo 132 de la Constitución remite la regulación del uso
del Patrimonio Nacional, comprensivo de los bienes y
fundaciones que se mencionan en los artículos 4.º, 5.º y
relacionados de la Ley 23/1982 a una ley específica, parece
lógica consecuencia regular de manera completa esta
institución, cualesquiera que sean las proyecciones que tengan
en el orden histórico, cultural, artístico, científico o
ecológico.
Señorías, junto a la aprobación por consenso de la Ley
23/1982, hay que resaltar la eficacia que ha tenido su
aplicación. La propia proposición de ley de la Asamblea de
Madrid lo reconoce en su preámbulo: El territorio del Monte de
El Pardo --dicen sus primeras palabras-- se ha visto muy
escasamente afectado por los procesos de deterioro ambiental,
encontrándose en buen estado de conservación. ¿Por qué, pues,
modificar lo que se viene rigiendo y gestionando con eficacia?
Señor Presidente, el acceso restringido al Monte del Pardo,
bajo el gobierno del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, se está cumpliendo sin perturbar las especies de la
fauna que emplean este hábitat. No se ha reducido su
territorio sino de una manera mínima para atender
indispensables necesidades de comunicación, planteadas por las
administraciones central, autonómica y local, y no hay
incompatibilidad de fines ni de gestión; por tanto, no debe
darse duplicidad de regulaciones ni de órganos encargados de
la gestión. Se puede suponer que existen intereses y presiones
indirectas, no siempre claros, para realizar operaciones
especulativas y así transformar este maravilloso enclave en
una zona edificable.
Sin embargo, hay que decir claramente que tales intereses y
presiones no se han visto respaldados ni han tenido la menor
eficacia en los doce años de vigencia de la Ley. Otra cosa
sería si la Asamblea de Madrid hubiese propuesto que
determinadas potestades administrativas, establecidas en la
Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestres, se desempeñaran por el Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, pero esto habría de
hacerse mediante una modificación de la Ley 23/1982, hasta
ahora eficiente. En principio, hasta esto lo consideramos
superfluo si medimos la calidad de la Ley y la gestión del
Patrimonio Nacional por sus resultados, que la propia Asamblea
de Madrid es la primera en reconocer. Señor Presidente, voy
terminando, pero permítame que recuerde en estos momentos al
Senador Prat, que Dios guarde. Al defender ante la Cámara alta
el proyecto de ley del Patrimonio Nacional, manifestó su
simpatía por el mismo en cuanto tiende a conservar lo que fue
el patrimonio adscrito a la Corona, tanto en el servicio
directo como en el patronato de algunas instituciones
religiosas que a mí --decía--, como regalista, me han parecido
siempre muy bien. Asimismo, el Senador añadió, con humor,
determinadas consideraciones acerca del Monasterio de Las
Huelgas, que es uno de los culpables de la actual importancia
del feminismo, regido por una abadesa casi mitrada, con villas
y señoríos, que yo no tengo noticias de que fueran mal
administrados, quizá por la actitud trovadoresca hacia las
damas, donde está enterrado Alfonso el Sabio.
Termino, Presidente. Si el Patrimonio Nacional constituye una
institución al servicio de la Corona y de la Familia Real, si
el Patrimonio Nacional, con su actual organización, cumple
sólidamente sus funciones políticas, culturales y ecológicas,
si nada aconseja una modificación normativa, nuestro voto
tiene que ser el que acompaña a una decisión razonable,
ponderadora de todos los elementos que inciden en el problema.
El Grupo Popular, señorías, como grupo parlamentario que
representa a un partido de centro, vota en contra de la
proposición de ley, que no significa, señorías, votar en
contra de sus intenciones ni de la institución parlamentaria
que la ha promovido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, y en nombre de mi grupo parlamentario, quiero
dar la bienvenida a los miembros de la Asamblea de Madrid y
felicitarles por la defensa de su proposición de ley que han
realizado en el Congreso de los Diputados, en esta Cámara. A
continuación quiero añadir que sea también bienvenida esta
creciente inquietud en nuestro país por los problemas
medioambientales, que va unida a un mayor grado de
sensibilización social y a una creciente conciencia
conservacionista. Creemos que es algo sumamente positivo y que
debemos resaltar. Claros exponentes tenemos en el país a
través de las organizaciones no gubernamentales, grupos
ecologistas y también actuaciones de los poderes públicos.
Muestra de este interés de los poderes públicos son
actuaciones de la Comunidad de Madrid, de su Gobierno, de la
Asamblea de Madrid, en el orden conservacionista y de
protección del medio ambiente y de los espacios naturales y,
desde luego nuestro grupo y aquí en este momento, quiere hacer
un expreso reconocimiento de esas labores. Fruto de esa honda
preocupación por mejorar los niveles de protección de los
bienes del Patrimonio Nacional y especialmente del ecosistema
constituido por el Monte del Pardo es esta proposición de ley
que aquí nos ocupa y sobre la que estamos fijando posición. En
primer lugar, debemos decir que esa honda preocupación es
compartida por nuestro grupo, así como el objetivo de mayor y
mejor protección del Monte del Pardo y su ecosistema. Creemos
que eso es lo fundamental. El resto es lo instrumental o lo
accesorio, como se refería también alguno de los portavoces de
la Asamblea de Madrid.
Para conseguir ese objetivo que todos compartimos, según aquí
hemos expresado y estamos expresando de mayor y mejor
protección, de la máxima protección del ecosistema del Monte
del Pardo, caben varias vías instrumentales. Me referiré
solamente a las más genéricas. Una de ellas es la aplicación
plena y maximalista de la Ley 4/1989, de conservación de
espacios naturales y protección de la flora y fauna
silvestres, que sería la declaración de Parque Nacional, que
es la proposición de ley que aquí se nos presenta. Otro
extremo sería la aplicación de un régimen jurídico especial
que está ligado con la situación actual; el Patrimonio
Nacional y el Monte del Pardo como parte de ese Patrimonio
Nacional tienen un régimen jurídico especial aprobado por
consenso en estas Cámaras (en el Congreso y en el Senado) y es
un régimen jurídico especial que también tiene componentes y
mandatos de protección medioambiental, de protección
ecológica.
Hay varias vías intermedias entre estas dos vías; algunas de
esas vías intermedias han sido apuntadas como posibilidades
por los representantes de la Asamblea de Madrid. Entre esas
vías intermedias también caben gestiones intermedias sobre los
instrumentos de gestión.
No insistiré mucho en esas vías, sólo insistiré en algo a lo
que la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra se
ha referido también, que es si la vía instrumental que tenemos
en la actualidad, con modificaciones
que permitan mejorar y explicitar mejor sus contenidos
medioambientales, es válida para ese objetivo común que todos
tenemos que es la máxima protección medioambiental del
ecosistema del Monte del Pardo. Señorías, creo que todas las
vías instrumentales a las que muy sucintamente he intentado
referirme son discutibles, pero seguramente la que lo es menos
(por razones que, como digo, ya han sido apuntadas por algunos
portavoces anteriormente y que se refieren a la singularísima
afectación de uso irrepetible en cualquier otra parcela de
dominio público), la vía menos discutible --digo-- sería la de
un régimen jurídico especial. No es ningún truco legal, como
se ha referido el portavoz de Izquierda Unida señor López
Garrido. Yo creo que la afectación de usos y servicios a la
Real Familia no puede ser incompatible con la protección
medioambiental, antes al contrario; quiere decirse que la
actual figura --la vía instrumental de un régimen singular
jurídico de ese patrimonio nacional-- prevé la protección
ecológica y medioambiental, está dando resultados, como
reconoce la propia situación en la que se encuentra el Monte
del Pardo, y además, con el proyecto de ley que ha sido
aprobado la semana pasada, se puede reforzar y se puede
mejorar esa protección medioambiental y sus objetivos.
No es ningún truco porque basta recordar que en aquella fecha
en 1982, cuando se aprobó la Ley 23, de 16 de junio, por
consenso --repito--, ya existía una ley de protección de
espacios naturales con figuras muy similares a las
contempladas en la propia Ley de 1989. Esas figuras de
protección fueron excluidas por voluntad del legislador y fue
adoptado por consenso --repito-- un régimen jurídico especial
para la administración de los bienes afectos al uso y servicio
de la Real Familia. Esa fue la voluntad del legislador, hacer
una competencia exclusiva y excluyente del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional sobre el mismo y sobre
la protección medioambiental de sus bienes.
Por tanto, no se puede decir que el Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, como si fuera un propietario privado,
puede hacer el plan de protección medioambiental que prevé la
ley o la modificación aprobada en Consejo de Ministros pasado
porque no es un propietario normal, usual; es un propietario
singularísimo; además, no son bienes de un propietario
cualquiera, son bienes del Patrimonio Nacional, son bienes de
titularidad pública asemejables por el artículo 132 de la
Constitución al dominio público estatal. Son bienes a los que
también se puede dar la calidad de inalienables,
imprescriptibles e inembargables como los bienes de dominio
público por la propia Constitución.
El tema de fondo es el de la protección. Por tanto, no cabe
ninguna discusión, y en el tema de la competencia de un
régimen jurídico singular es donde, en opinión de nuestro
grupo, cabe la menor discusión posible. Dentro de que todas
las figuras, todas las vías instrumentales pueden ser
discutidas y discutibles en cualquier foro, en opinión de
nuestro grupo parece que la vía menos discutible es la de un
régimen jurídico especial por la singularísima afectación y el
caso irrepetible de ese dominio público que es el Patrimonio
Nacional. Por tanto, independientemente de tardanza o no
tardanza, de tramitación lenta o rápida, falta de elegancia o
no elegancia, que no entramos en esas consideraciones, sí
quiero decir que, aunque no se hubiera producido ese acuerdo
en el Consejo de Ministros, la vía que hubiera propugnado
nuestro grupo y su posicionamiento hubiera sido, por ser como
he intentado explicar a SS.SS., la menos discutible, la de
mantener con modificaciones, discutiendo esas modificaciones
en el debate que aquí se deberá producir sobre ese proyecto de
ley. Discutamos posibles mejoras y modificaciones; seguramente
serán mejorables y serán más explicitables los instrumentos de
protección, algún tipode vías que han sido pedidas por alguno
de los portavoces, etcétera. Hubiéramos defendido esa vía o
estaríamos dispuestos a colaborar y a poder consensuar con el
resto de los grupos para la mejora de ese texto, con el
objetivo --repito--, que todos compartimos, de dar la máxima
protección al Monte del Pardo y con el objetivo de que eso sea
posible en un breve plazo de tiempo a través de ese
instrumento jurídico. Desde luego ofrecemos el máximo diálogo
para que en la tramitación de esas modificaciones del proyecto
de ley de Patrimonio Nacional podamos hacer en esta Cámara y
llegar a los correspondientes acuerdos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley de la Asamblea de Madrid sobre creación del Parque
Nacional del Monte del Pardo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 283; a favor, 18; en contra, 254; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del
Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara
la tramitación directa, y en lectura única, por el propio
Pleno, del acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio
y acuerdos anejos, entendimiento relativo a los compromisos en
materia de servicios financieros y acuerdo sobre contratación
pública, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la
tramitación directa y en lectura única.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del
Reglamento, se somete al Pleno la inclusión en el orden del
día de la presente sesión de la tramitación directa, y en
lectura única, del acuerdo que la Cámara acaba de aceptar
tramitar en lectura única, acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio y acuerdos anejos. ¿Lo
acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la inclusión en el orden del día del punto de
referencia, que se tramitará en primer lugar al inicio de la
sesión del jueves día 1.
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
68.1 del Reglamento, se somete, asimismo, al Pleno la
inclusión en el orden del día de la presente sesión de la
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/1994, de 25
de noviembre, por el que se amplía el ámbito territorial de
aplicación de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley
11/1994, de 28 de octubre, a las inundaciones ocurridas con
posterioridad a su aprobación. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobada la inclusión de este punto en el orden del día,
que se tramitará conjuntamente con el Real Decreto-ley
11/1994, que ya figura en el orden del día y de forma
acumulada, por razón de la materia a que se refieren estas dos
iniciativas legislativas.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A REMITIR A LA CAMARA UN PROYECTO DE LEY SOBRE LA
REGULACION DE LAS UNIONES DE HECHO, CON INDEPENDENCIA DE SU
SEXO (Número de expediente 162/000122)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día;
proposiciones no de ley.
Proposición del Grupo Socialista, por la que se insta al
Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley sobre la
regulación de las uniones de hecho, con independencia de su
sexo.
Tiene la palabra el señor Valls. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, comparezco
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Valls. (Continúan los rumores.)
Señorías, ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Valls.
El señor VALLS GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, decía que consumo este turno en representación del
Grupo Parlamentario Socialista para presentarles nuestra
proposición no de ley que trata de regular los efectos
jurídicos de las uniones de hecho, sin discriminación por su
orientación sexual. Justificamos esta proposición no de ley en
que cada vez tiene mayor incidencia en nuestra sociedad este
tipo de uniones, posiblemente --seguro-- como consecuencia de
una mayor tolerancia hacia estilos de vida que otrora pudieran
considerarse como no tradicionales. Lo que ocurre con este
vacío legal que tratamos hoy de llenar, si obtenemos la
confianza de la Cámara, es algo bastante normal en el mundo
jurídico, bastante normal en la vida jurídica y es que la
sociedad siempre va por delante del Derecho. En este caso, ya
se están dando situaciones de hecho que la ley todavía no
regula, que no contempla, y por ello queremos regularlas. Es
verdad que nuestro ordenamiento jurídico ya contiene, regula o
prevé algunas consecuencias de estas uniones de hecho, pero
igualmente es una normativa incompleta y que la jurisprudencia
actual todavía en nuestro país, aparte de diversa, es
insuficiente. Todo ello ha llevado a mi grupo a considerar no
solamente aconsejable sino necesario traer esta proposición no
de ley y esta petición que formulo a todos los grupos de la
Cámara para que la respalden con sus votos.
Si a una proposición no de ley, como a un artículo o a un
libro, se la pudiese poner un subtítulo, yo diría que esta
proposición no de ley sería la proposición no de ley que
regula los efectos jurídicos de las parejas de hecho o --entre
paréntesis-- de profundización democrática. Es aquí donde creo
que tiene que estar el enclave, el pivote donde sustentar,
donde sostener, donde apoyar toda la construcción de ella. Sin
analizamos nuestra Constitución, vemos, señorías, permítanme
que se lo recuerde, que en el preámbulo ya nuestra norma de
leyes habla de que la nación española proclama su voluntad de
establecer una sociedad democrática avanzada. En el artículo
9.º.2 se estipula --o hay un mandato-- que corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra --y subrayo los grupos-- sean reales y efectivas, al
igual que a continuación manda remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud.
Varias sentencias españolas, al referirse al caso que nos
ocupa, ponen especial hincapié en el artículo 10.1 de nuestra
Constitución al fijar que no sólo la dignidad de la persona
sino el libre desarrollo de la personalidad son fundamento del
ordenamiento jurídico. Quizás el artículo más utilizado
normalmente para hablar de esta problemática sea el 14, un
artículo, como ustedes saben, con una especial protección
dentro de nuestra Constitución, en función del artículo 53.2;
un derecho
de los que se denominan blindados en nuestra Constitución, al
establecer que los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo,
edad, religión, etcétera, o cualquiera otra circunstancia
personal o social.
Pues bien, de todos estos artículos de la Constitución que he
citado, me quedaría esta tarde con la frase fundamental que
figura en el preámbulo: una democracia avanzada. ¿Cómo
entender hoy ese concepto de una democracia avanzada?
Permítanme que cite al filósofo o sociólogo, como ustedes
quieran, Alain Touraine. Alain Touraine, al referirse a la
democracia avanzada dice: Si los principios democráticos no
actúan como recursos contra las desigualdades, serían
hipócritas y carecerían de efecto. Si los principios
democráticos (y así debemos entender los valores que informan
nuestro ordenamiento jurídico, nuestra norma fundamental) no
actúan contra las desigualdades, serían mera hipocresía y
carecerían de efecto.
Hoy, como saben muy bien muchos de ustedes, la idea de
democracia no puede separarse de la idea de derecho. Asimismo,
en esta idea de democracia plural que defendemos es necesario
que la mayoría reconozca los derechos de las minorías. El
régimen democrático --no lo podemos olvidar-- es la forma de
vida que da la mayor libertad al mayor número de ciudadanos;
que protege y reconoce la mayor diversidad posible. Ahí radica
la esencia de una democracia avanzada, pluralista y
progresista.
Pero si quieren ustedes más, por no quedarnos sólo en el
aspecto de la libertad, incidiré en el problema de la
igualdad. La igualdad política, entendida de una manera
avanzada, no puede ser más que aquella que supone que todos
los miembros de una comunidad política tienen derecho a un
respeto igual al que se aseguran por sí mismos los más
poderosos, como mantiene Dworkin. En estos principios, en este
basamento es en el que queremos fundamentar la proposición no
de ley que hoy presentamos a SS.SS.
He dicho anteriormente que nuestra legislación es incompleta y
nuestra jurisprudencia insuficiente. También es verdad o no es
menos cierto que ya hay en nuestros textos una serie de citas,
de recomendaciones y de plasmaciones que contemplan de una
manera, diríamos, tangencial este problema. Así, por ejemplo,
en el Código Civil se habla de personas ligadas por análogas
relación de convivencia a la de los cónyuges; el Código Penal,
igualmente, se refiere a análogas relaciones de afectividad de
los cónyuges; hace pocos días hemos tenido ocasión de aprobar
en este Congreso de los Diputados la Ley de Arrendamientos
Urbanos donde también se contemplan algunas de las nociones.
Respecto a la jurisprudencia, nuestro Tribunal Constitucional
ya habla de quienes convivan de forma marital estable,
refiriéndose a las uniones de hecho; el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana habla de uniones «more
uxori»; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla de
quienes mantienen una unión estable de hecho. Pero quizás,
dentro de este ámbito de jurisprudencia o de declaraciones de
organismos internacionales, la más concisa, la más exacta, la
que mejor contempla la problemática que hoy analizamos sea la
resolución, del 8 de febrero de 1994, del Parlamento Europeo,
donde se pide igualdad de trato a los ciudadanos comunitarios,
con independencia de su orientación sexual.
Por todo ello, señorías, nuestro Grupo, y yo en su nombre hoy,
les pedimos que con su voto pongamos en marcha los mecanismos
para que el Gobierno pueda enviar a estas Cortes Generales un
proyecto de ley que reconozca efectos jurídicos a la relación
de pareja de hecho, consentida y estable entre dos personas,
sean o no del mismo sexo. Con ello mi Grupo trata de dar
cumplimiento a la Resolución del XXXIII Congreso de
nuestroPartido, donde se pedía garantizar la no discriminación
de formas de convivencias distintas al matrimonio, con lo que
nuestro Grupo cree conectar con otras proposiciones que se han
hecho en el Congreso y en el Senado, algunas proposiciones no
de ley en el Senado, alguna proposición de ley en el Congreso,
algunas preguntas en el Congreso y algunas resoluciones de
otros Parlamentos que tratan de establecer la misma
protección. Así, por ejemplo, mi Grupo se siente satisfecho de
ser plenamente concordante con la resolución de la asamblea de
Madrid, votada unánimemente por todos los Grupos, en la que se
decía que «la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Madrid a que transmita al Gobierno
de la Nación y a las Cortes Generales la necesidad de regular,
a través de una ley de convivencia, las uniones de hecho entre
dos personas que, independientemente del sexo de sus
componentes, desarrollan una comunidad de vida estable y
duradera».
Creemos que esta proposición votada por el Grupo Popular, el
Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista en la Asamblea
de la Comunidad de Madrid es similar a la que proponemos hoy,
con lo cual creemos que contaremos con los votos positivos de
estos tres Grupos, para que no se pueda producir ningún
dislate ni ninguna desviación entre lo que se opina en un
sitio, donde podrían estar los más progresistas de un Grupo, o
lo que se opina en otra Cámara, donde podrían estar otros. Con
ello, y plenamente convencido de que es concorde con nuestra
Constitución y de que contribuirá a acabar con una laguna
legal que produce discriminación, mi Grupo les pide a todos
ustedes su voto afirmativo, porque, en definitiva, pedimos su
apoyo por algo que consideramos de justicia.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Parlamentario Popular de la Cámara. Para su
defensa, tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, señorías, en este
doble turno de fijación de posición con respecto al texto de
la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y,
al mismo tiempo, de defensa de la enmienda presentada por mi
Grupo, en primer lugar tengo que confesar que resulta
sorprendente que, cuando en el mes de mayo la Ministra de
Asuntos Sociales, señora Alberdi, anunció, por última vez --
pero había habido otras ocasiones anteriores--, que el
Gobierno estaba preparando un proyecto de ley para fijar los
efectos jurídicos de las uniones de hecho, sea el propio Grupo
Socialista el que, mes y medio más tarde, presente esta
proposición no de ley instando al Gobierno a realizar algo
que, al parecer, según declaraciones de la propia Ministra,
estaba ya en marcha e iba a tener su aprobación relativamente
pronto como proyecto de ley por parte del Gobierno, y en ese
momento sería remitido a esta Cámara.
En fin, como tampoco voy a entrar esta tarde --ni me
corresponde hacerlo-- a analizar las relaciones entre el
Gobierno y el Grupo Socialista que lo sustenta, me atendré a
la cuestión, señor Presidente, y analizaré, de una manera
quizá rápida, porque la enjundia del texto que se nos ha
remitido tampoco da para más, la iniciativa presentada.
Las uniones de hecho, indudablemente, constituyen en estos
momentos un fenómeno sociológico que está teniendo lugar en
España y en otros países y que, desde luego, el derecho no
puede ni debe desconocer, y una de las muchas definiciones que
se les podría aplicar sería la de aquellos supuestos que
tienen como denominador común --porque no es un solo modelo de
supuestos, pueden ser varios-- constituir una relación
personal establecida al margen del derecho y que
indudablemente suponen una comunidad de vida entre dos
personas con voluntad de estabilidad y permanencia. Creo que
es importante que ciñamos el tema y que sepamos que estamos
hablando de una convivencia entre dos personas, que creo que
en el texto de la proposición no de ley no se menciona; es
decir que si hablamos solamente de uniones de hecho cabría la
posibilidad, rizando el rizo o extremando la situación, de
hablar de grupos de personas. Entiendo que la idea que subyace
en el texto socialista es la unión de dos personas con
voluntad de permanencia y de estabilidad.
Bien es cierto, señor ponente del Grupo socialista, que en la
Asamblea de Madrid, como usted bien dice, se planteó un texto
con estas mismas características o, mejor dicho, con este
mismo espíritu, y que fue aprobado por todos los Grupos
Parlamentarios. Debo decirle, sin embargo, al portavoz
socialista que aquel texto técnicamente entendíamos que era
mejor. El texto que ustedes han presentado plantea lagunas, es
impreciso y, desde luego, es demasiado general.
Debo decirle al respecto en este asunto que, efectivamente,
estamos de acuerdo en que el artículo 14 de nuestra
Constitución contempla la igualdad entre todos los españoles
y, por tanto, descarta cualquier discriminación por
convicciones o circunstancias personales, pero, al mismo
tiempo, y basándonos en ese principio de igualdad, habría que
tener en cuenta que se supone un tratamiento diferente para
hechos distintos y que indudablemente es necesario respetar y
garantizar justicia en la legislación reconociendo
jurídicamente aquellos aspectos de unión libre que, por estar
basados en principios elementales de equidad, justicia y
responsabilidad, merecen ser tutelados, pero también en su
momento habrá que tener en cuenta que precisamente una parte
importante de las uniones de hecho --y me estoy refiriendo a
las heterosexuales-- que no se convierten en matrimonio es
porque esas parejas deciden voluntariamente no ejercer un
derecho contemplado en la Constitución, no una obligación. Por
tanto, algún aspecto diferenciador existe entre las personas
que sí ejercen el derecho al matrimonio y las personas que,
pudiendo ejercerlo (y en España desde la reforma del Código
Civil existe la posibilidad para las personas de distinto sexo
de ejercer el derecho al matrimonio), insisto, ejercen el
derecho individual, y totalmente respetuoso, de no ejercerlo.
Señores del Grupo Socialista, mi Grupo, aunque quizá no
hubiera sido necesario porque el texto de la proposición no de
ley es un mandato tan general al gobierno que todo cabe en él,
adelantándonos, quizá, al debate que posteriormente pueda
tener lugar en esta Cámara cuando llegue, si es que llega, el
proyecto de ley anunciado por la señora Ministra, ha planteado
una enmienda que para nosotros es de vital importancia y que
estaría inspirada en el planteamiento que yo hacía hace un
momento, basándonos en el principio de igualdad
constitucional, de que es necesario dar tratamientos
diferentes a hechos distintos.
Señor proponente de la iniciativa del Grupo Socialista, yo me
refiero a la posibilidad de adopción por parte de parejas
homosexuales. Sé que hay una resolución del Parlamento Europeo
que aconseja, de una manera general, que no se discrimine a
las parejas de hecho, sean heterosexuales u homosexuales, en
ninguno de los ejercicios de los derechos que, como ciudadanos
de la Unión Europea, les corresponden. Esta resolución hace un
especial hincapié en una serie de derechos, como pueden ser
económicos, sucesorios e incluso de discriminación laboral,
que se estaban dando. Y también, al no hacer mención
específica, se contempla en esta resolución la posibilidad de
adopción. Sé también que Dinamarca es uno de los países
europeos en los cuales está contemplada esta posibilidad.
Pero, en opinión de mi Grupo, la cultura de la sociedad y la
cultura en la cual se desarrollan los niños va más allá del
entorno puramente familiar y, en definitiva, la cultura de la
sociedad tiene una parte importante en la conformación
psicosocial del niño. No podemos olvidar, sería negar una
realidad social, que nuestra cultura está basada en parámetros
heterosexuales y no desde hace poco tiempo, sino que es una
cultura milenaria que está basada, insisto, en parámetros
heterosexuales.
Entendemos que un niño educado por una pareja homosexual
tendría muchas posibilidades de entrar en conflicto con otros
niños, precisamente porque estaría en constante lucha
comparando su entorno con el de la mayoría de los niños que
viven y conviven en un entorno heterosexual, como es el de la
mayoría de la sociedad.
Se me puede decir que en estos momentos se puede plantear la
posibilidad de iniciar este experimento o este ensayo. Pero
debo decirles que este ensayo o este experimento estaría
diseñado por terceros sobre niños y niñas ajenos al ensayo y
cuyas consecuencias repercutirían en ellos mismos. Y
convendrán conmigo que, cuando menos, esas consecuencias son
desconocidas. Si nos atenemos a opiniones fundadas de
psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas, plantean serias
dudas las contradicciones, insisto, que un niño, criado y
educado en una paraja homosexual, encontraría con las del
resto de los niños educados en un ambiente heterosexual. Este
experimento psicosocial con seres humanos, en el contexto de
una sociedad que, repito es milenariamente heterosexual, a
nuestro entender nos parece arriesgado.
Por ello, señor Presidente, señorías, desde el Grupo
Parlamentario Popular entendemos, como decía al principio, que
las uniones de hecho son un fenómeno sociológico que debe
regular el Derecho, que no se puede vivir de espaldas a
problemas que diariamente se plantea la sociedad, que los
legisladores tienen que ir dando respuesta a las demandas de
la sociedad, pero que, al mismo tiempo que se da respuesta a
esas demandas de la sociedad, hay que preservar el derecho de
terceras personas, en este caso niños que podrían verse
afectados, no sabemos en qué dirección, por una legislación
que supondría, insisto, que los niños educados por una pareja
de homosexuales estuvieran en constante contradicción con el
entorno de la sociedad que no solamente en España, sino en
todos los países, está basada, como decía al principio, en una
cultura milenariamente heterosexual.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rudi.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente hago uso de la palabra para dar mi apoyo a la
proposición del Grupo Socialista. Primero, porque se trata de
una carencia legal que tenemos que resolver con urgencia.
Segundo, porque en un Estado de derecho no puede estar en
situación de desprotección legal, y, por tanto, de
discriminación, ningún colectivo importante de personas, que,
al fin y al cabo, no hacen otra cosa que ejercer sus derechos
individuales. Las parejas de hecho, tanto de distinto como del
mismo sexo, tienen que estar reguladas y protegidas por la
ley, porque lo contrario significaría una gravísima
marginación.
Finalmente, he de lamentar que la proposición del Grupo
Socialista no presente un calendario para la remisión a las
Cortes de este proyecto de ley, porque entendemos que ello
facilitaría la solución urgente del tema.
En todo caso, entendemos que esta carencia legal tiene que
regularse próximamente. Por tanto, daremos nuestro apoyo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, la
primera reflexión que sugiere esta proposición no de ley que
presenta el Grupo Socialista al Grupo Vasco es la terrible
dimensión, casi abrumadora, y la trascendencia que tiene lo
que estamos regulando. Hasta el punto de que casi es una
materia constitucional en el sentido más estricto del término
y se nos antoja hasta insuficiente instrumento parlamentario
el de la proposición no de ley para regular algo de esta
dimensión y que tiene la posibilidad hipotética, pero muy
cierta, incluso de desestabilizar la sistemática del
ordenamiento jurídico en su conjunto.
Fíjese, señor Valls, que una proposición no de ley de estas
características, una vez regulada, una vez cumplido por el
Gobierno el mandato al que se le compele en la misma, es
susceptible de afectar no sólo a todos los sectores del
ordenamiento jurídico sin ninguna excepción, sino, dentro de
estos sectores, prácticamente a todas sus leyes y a muchos de
sus preceptos, con la posibilidad hipotética, si no se hace
bien --por eso nosotros somos recelosos a la hora de debatir
esta cuestión--, de privar al ordenamiento jurídico de lo que
resulta su bien más característico, más emblemático, cual es
su consistencia sistemática.
Esa es la primera preocupación que le tengo que manifestar con
el énfasis debido por mi grupo parlamentario. Nosotros vamos a
votar que sí, ya lo adelanto, pero vamos a emitir un sí muy
receloso, un sí con muchas reservas mentales. Si esto no fuera
una contradición en
sus propios términos, le diría que un sí reticente y renuente.
Votaríamos con más tranquilidad si fuera objeto de aceptación
la enmienda presentada con mucha pertinencia por el Grupo
Popular, que puntualmente consiste en excluir la adopción de
las posibilidades que se confieren en esta equiparación a la
figura matrimonial de las parejas o uniones de hecho. Nos
tranquilizaría mucho, sería un elemento cautelar importante y
muchos de nuestros recelos y nuestras cautelas serían objeto
de remoción sólo por esta razón, ya se lo adelanto.
Les aconsejo que ponderen suficientemente las argumentaciones,
expuestas con brillantez por la señora Rudi, y lo que esta
enmienda significa de garantía y de cautela para los niños, no
ya para el ordenamiento jurídico, para los hijos, para las
futuras generaciones.
Son temas muy relevantes los que estamos debatiendo en esta
proposición. La posición de mi grupo parlamentario, va a ser
de apoyo en principio, puesto que nada regula tampoco, sino
que sencillamente ordena al Gobierno que regule todas las
consecuencias jurídicas que sectorialmente deben afectar a
nuestro ordenamiento jurídico mediante la convalidación
jurídica, la plenitud de efectos jurídicos de las uniones de
hecho, cualquiera que sea el sexo de los que las componen,
sean homosexuales o heterosexuales. Esto sólo no nos parece en
sí mismo malo, no nos parece en sí mismo perverso --veremos lo
que el Gobierno regula posteriormente, lo analizaremos con
detenimiento--, pero sí tengo que hacerle argumentaciones que
no me gustaría que se tildaran o calificaran ideológicamente
ni de progresistas ni de reaccionarias, porque estos son
simplificaciones, en los tiempos que corren, falseadoras de la
realidad.
Son argumentaciones, las que vamos a hacer desde mi Grupo, de
estricta constitucionalidad. Efectivamente, el artículo 39 de
la Constitución, señor Valls, que usted ha citado bien y ha
hecho una buena exégesis --y si no lo ha citado lo debería
haber hecho, en todo caso-- exige o manda a los poderes
públicos que promocionen jurídica, económica y socialmente a
la familia. Y en los tiempos que corren, nadie, ni el Grupo
Popular, ni Izquierda Unida, ni ningún otro Grupo
parlamentario con residencia en esta Cámara está en
condiciones de decir que familia sólo es la basada en la unión
matrimonial, porque no, nadie cree en esto ya en los tiempos
que corren. Familia es todo; familia es la unión matrimonial,
familia es la que se funda también en la unión paramatrimonial
y familia también debe ser o es la monoparental.
Todo esto es familia, pero, señor Valls, el artículo 32 de la
Constitución, que tiene el mismo rango jurídico-formal que el
39, la única institución vincular que constitucionalmente
consagra es la del matrimonio. La Constitución no se refiere a
ningún tipo de unión familiar diferente, vincular o
intitucionalmente, a la del matrimonio.
Esto ¿qué quiere decir? Que el derecho al matrimonio, cuya
titularidad subjetiva se atribuye a un hombre y a una mujer,
si lo utilizamos como institución de referencia y los efectos
del matrimonio los queremos extender a otro tipo de uniones --
las uniones que usted califica de hecho, al margen del sexo de
las personas que las compongan--, por lo menos tenemos que
respetar la titularidad subjetiva que contiene el artículo 32,
en materia de uniones que sirven de fundamento a la familia,
cual es un hombre y una mujer. Parece que la analogía con el
artículo 32 requeriría esto. Sin embargo, por no hablar sólo
de interpretaciones subjetivas que pueden ser discutibles,
aunque legítimas --mi Grupo las hace con este énfasis y con
este calor también--, tengo que decirle que en el «Diario de
Sesiones» del debate constitucional, en el momento en que se
debatía el artículo 27.3 de la Contitución, que consagra el
derecho de los padres a la educación de los hijos, se hizo una
reflexión que servió de fundamento al debate constitucional en
su integridad y no fue objeto de discusión y de contradicción
por ninguno de los ponentes constitucionales.
Esta reflexión era la siguiente. El derecho a la educación
significa que corresponde a los padres, tal como consigna
expresamente --y éste es su tenor literal-- el artículo 27.3,
es un derecho y es un deber que corresponde a los padres para
formar las generaciones futuras, y esta formación de las
generaciones futuras se debe hacer utilizando necesariamente
la imagen del hombre y de la mujer, como configuración de la
diversidad sexual que debe contribuir inevitablemente a la
conformación de la personalidad de las generaciones futuras.
Estas expresiones, que constan expresamente en el «Diario de
Sesiones», no fueron objeto de contestación por ninguno de los
ponentes constitucionales, por ninguno de los partidos que
participaron en el debate de la Constitución.
Por eso, señor Valls, mi Grupo va a votar que sí a esta
proposición de ley, a pesar de que también tenemos dudas de si
esto es un requerimiento social en este momento de suficiente
intensidad y si con una regulación de esta naturaleza estamos
tutelando realmente lo que el artículo 1.º de la Constitución
denomina interés general; si atiende a los requerimientos de
la justicia, tal como los concibe el artículo 117 de la
Constitución, y algunas dudas también tenemos. Sin embargo, el
artículo 139, el más relevante, exige la protección de la
familia y de todos los tipos de familia: la matrimonial, la
paramatrimonial y la monoparental. Eso es lo que justifica y
lo que de alguna forma condiciona el sentido positivo de
nuestro voto a esta proposición no de ley, pero con recelos,
señor Valls. Ya he comentado la naturaleza de los recelos, y,
desde luego, la cautela propuesta en su enmienda por el Grupo
Popular nos parece especialmente pertinente.
Esperemos que el Gobierno, a la hora de cumplir el mandato
contenido en esta proposición no de ley que
va a ser objeto de aceptación por esta Cámara, utilice las
suficientes dosis de prudencia, las suficientes dosis de
consenso para las regulaciones múltiples, multisectoriales,
que afectan al ordenamiento jurídico casi en su totalidad de
forma horizontal y vertical, porque si no podemos entrar en
verdaderas desvirtuaciones de los principios esenciales que en
materia de familia configuran nuestra propia Constitución.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, brevemente porque para nuestro Grupo es evidente que
hay un hecho social en torno a la convivencia estable de dos
personas no unidas en matrimonio y que no puede ser ignorado,
que el legislador lo ha de tener presente. Lo mismo que esto
lo vemos de esta manera, la duda en nuestro grupo
parlamentario es si el vehículo que nos ofrece el Grupo
Socialista es el mejor de los posibles para regular esta
materia.
Estamos frente a una propuesta que contempla la petición al
Gobierno de un proyecto de ley de carácter específico
horizontal que regule las consecuencias jurídicas de las
parejas de hecho de forma lineal. Un poco en la línea de lo
que decía el anterior portavoz, viene a plantear una
interferencia en todo el cuerpo normativo y ahí está nuestra
duda de si realmente éste es el mejor vehículo o bien las
leyes sectoriales, es decir, leyes sectoriales que, como, por
ejemplo, ha ocurrido recientemente con la Ley de
Arrendamientos Urbanos, al analizar materia como la que
estamos debatiendo hoy se ha introducido de forma ordenada con
unos efectos controlados y sin caer en el riesgo de producir
unas situaciones en cadena que podrían llevar a una cierta
desestabilización del conjunto del bloque normativo, que es lo
que nos llena de preocupación. Leyes sectoriales que podrían
ser analizadas, por ejemplo, en la línea de modificación del
Código Civil en materia de sucesiones y también estaríamos
avanzando en la materia de forma bien enmarcada, igual que si
lo hiciésemos en una posible ley de modificación del Registro
Civil, pieza indispensable para dar un contenido suficiente a
la constatación de estas relaciones de parejas de hecho y
todos conocemos multitud de iniciativas de carácter municipal
que, llenas de un voluntarismo, no exento de ganas de
solucionar el problema a las personas que se encuentran en
situaciones parecidas, no llegan a dar la seguridad jurídica
necesaria como para que el fenómeno quede realmente regulado.
El Registro Civil es una pieza básica para dar testimonio de
situaciones entre personas y, por consiguiente, una
modificación del Registro Civil sería también una buena línea
en el camino del reconocimiento de este hecho social de las
parejas de hecho.
Incluso si analizásemos un poco el derecho comparado de países
de nuestra área cultural, veríamos que esta regulación se ha
planteado repetidas veces y se ha encontrado con múltiples
dificultades e incluso ha ocasionado que no haya regulaciones.
Hay un hecho social, pero no hay unas regulaciones de carácter
específico, sino sectorial. Ello, ¿por qué? Porque si hubiese
una regulación omnicomprensiva de la pareja de hecho daría
carácter de matrimonio de segunda a este tipo de relaciones de
personas y ello sería contrario al principio de libertad
matrimonial y al libre desarrollo de la personalidad; o bien
tampoco se ha producido normativa alguna, porque en diversos
ordenamientos una sabia utilización por parte de la
jurisprudencia de instituciones de derecho patrimonial han
permitido resolver la mayor parte de conflictos planteados por
la convivencia de las parejas de hecho, como, por ejemplo,
podrían ser las indemnizaciones, compensaciones por servicios
prestados sin retribución, por incrementos patrimoniales de
una de las partes mediante trabajo o patrimonio, y así
encontraríamos ejemplos en Francia, con el tema de las reglas
de contrato de sociedades de responsabilidad civil, de las
obligaciones naturales, reglas del trust en Norteamérica y en
Inglaterra, las reglas de enriquecimiento injustificado y de
la base de negocio en Alemania. Es decir, una pluralidad de
situaciones que llevan a lo que decía al comienzo de mi
intervención, a un tema complejo y que el vehículo con el que
nos plantea el Grupo Socialista para abordarlo a nuestro Grupo
le llena de un cierto confusionismo, en el sentido de que sea
el mejor de los posibles.
Por consiguiente, señor Presidente, nuestro Grupo manifiesta
la necesidad de que se produzca un avance en esta línea de
regulación de las parejas de hecho. No seremos nosotros
quienes ahora vayamos a pedir que se utilice este vehículo; si
el Gobierno, y así parece deducirse por la iniciativa
legislativa del Grupo Socialista, quiere utilizar esta vía, en
su momento, si prospera, veremos qué contenido tiene, qué
elementos se contemplan y, a partir de ese momento,
definiríamos la posición de nuestro Grupo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la
señora Urán González tiene la palabra.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya respecto a esta
proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista.
Ya se ha dicho desde esta tribuna que hay una realidad social
que va aumentando progresivamente y en la que las uniones de
hecho, las parejas de hecho, van siendo cada vez más
frecuentes y van teniendo mayor incidencia en la configuración
de la convivencia en nuestra sociedad, independientemente de
que en su origen sean parejas heterosexuales u homosexuales.
Tanto es así que nosotros, como grupo político, sí hemos
considerado que había una necesidad social de regular y de
legislar este tipo de parejas, precisamente para que no se
vieran abocadas a sufrir la discriminación que hasta ahora han
venido padeciendo en protección social y jurídica este tipo de
convivencias.
Por tanto, teniendo en cuenta nuestras posiciones políticas en
este sentido, que vienen siendo de antiguo, presentamos en
esta Cámara, en el mes de julio, una proposición de ley que
regula precisamente este tipo de convivencias. Somos
conscientes de que no vamos a hablar de un tema fácil y que no
vaya a encontrar problemas a la hora de poder compatibilizar
todas las cuestiones, todas las posibilidades que abren este
tipo de convivencias, pero lo cierto es que vamos a legislar
fenómenos que no es que sean nuevos, pero sí que se están
reconociendo de nuevo, dada una convivencia democrática en
nuestra sociedad relativamente joven y que, además, está
permitiendo y hace que nuestra sociedad vaya cambiando de
pensamiento.
En consecuencia, nosotros vamos a decir sí a la proposición no
de ley del Grupo Socialista, con la esperanza --porque además
no marcan un plazo al Gobierno para que la presente-- de que
si cuando nuestra proposición de ley venga a esta Cámara para
ser tomada en consideración el Gobierno no ha presentado la
suya, obtengamos el apoyo del Grupo Socialista, podamos
debatirla y sea el marco para poder establecer, no sólo la
negociación entre los grupos políticos, sino entre las
asociaciones de personas que se pueden ver implicadas por
ello. Como SS.SS. saben, nuestro Grupo es perfectamente
consciente de que no tiene la verdad absoluta y, por tanto,
está abierto a las posibles modificaciones y mejoras que se
puedan introducir.
Señorías, nosotros estamos convencidos de que el ordenamiento
jurídico debe estar al servicio de la sociedad y que, por lo
tanto, cuando la sociedad no sólo lo demanda, sino que vemos
hacia dónde va a tender, debemos legislar a este respecto y
recoger todas aquellas soluciones o posibilidades que desde el
marco constitucional nosotros consideramos que tienen cabida y
perfecta legislación. Por tanto, señorías, el apoyo del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a esta
proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
Tiene la palabra el señor Valls, a los efectos de indicar si
acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Popular.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, le ruego que me
conceda un segundo para agradecer, en nombre de mi Grupo, la
postura de todos aquellos grupos parlamentarios que van a
apoyar nuestra propuesta.
Señora Rudi, yo estoy dispuesto a aceptar todas las enmiendas
que ustedes presentaron en la Asamblea de Madrid, todas;
fíjese si somos tan consecuentes aquí como allí.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Valls, por
favor, cíñase a lo que es su turno, que es la aceptación o no
de la enmienda defendida en esta Cámara.
El señor VALLS GARCIA: Es que estoy diciendo, señor
Presidente, con su permiso, que estamos dispuestos a aceptar
las enmiendas que presentaron en la Asamblea de Madrid.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, no, S.S. no puede
aceptar ni rechazar más enmienda que la presentada aquí.
El señor VALLS GARCIA: No podemos aceptar la enmienda que
presentan ustedes aquí. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos
que entrar a debatir otros muchos temas y yo he querido
presentar hoy, en nombre de mi Grupo, solamente el aspecto
constitucional del tema. Si no, como ha dicho el resto de los
grupos, podíamos haber entrado en detalles de Derecho Civil,
de Derecho Mercantil, de Derecho Hipotecario o de Derecho
Sucesorio, para lo que yo, modestamente, esta tarde no estaba
en condiciones. Para ceñirnos sólo y exclusivamente al aspecto
constitucional, hemos redactado de esta forma nuestra
proposición, que es totalmente concorde con la que ustedes
votaron en la Comunidad de Madrid y que hoy no quieren votar
aquí.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
Entiende la Presidencia que no es aceptada la enmienda
presentada por el Grupo Popular.
Pasamos a la votación. (Pausa.)
Señorías, votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, por la que se insta al Gobierno a remitir a la
Cámara un proyecto de Ley sobre la regulación de las uniones
de hecho, con independencia de su sexo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 152; en contra, nueve; abstenciones,
124.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En consecuencia, queda
aprobada la proposición no de ley anteriormente citada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA
POLITICA DE LAS TARIFAS TELEFONICAS (Número de expediente
162/000051)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Proposición no de ley
del Grupo Popular sobre la política de las tarifas
telefónicas.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, señorías, en esta
proposición no de ley que presenta el Grupo parlamentario
Popular partimos del hecho real de que en nuestro país el
sistema de tarifas para las telecomunicaciones y, más
concretamente, para la Telefónica aún no se ha racionalizado;
se ha puesto excesivo énfasis en el principio de suficiencia
de ingresos, esto es, en cobrar siguiendo la tónica de un
monopolio clásico y se han obviado aquellos aspectos como
pueden ser la mejora de gestión o los incrementos de tráfico o
de consumo, o sea, se ha olvidado un poco el competir.
Nuestra proposición no de ley insta al Gobierno para
determinar de una vez que nosotros estimamos que no es
conviente para el país.
En aplicación de los criterios comunitarios a las
modificaciones de tarifas, éstas quedan justificadas en la
necesidad de mantener el equilibrio financiero de los
operadores, con lo cual estamos enteramente de acuerdo, y en
la conveniencia de ajustar los precios a los costes de los
respectivos servicios. Pero ¡cuidado! antes de este paso es
necesario fijar esos costes, conocerlos y en esto estamos
absolutamente de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y con
el departamento dependiente del Ministerio de Hacienda,
justamente del Tribunal de Defensa de la Competencia, y en
contra de lo que se viene manifestando por otros estamentos
del Gobierno, como es el Ministerio de Obras Públicas. Parece
elemental que, antes de ajustar las tarifas a los costes, sea
preciso conocer estos costes.
El equilibrio del operador se consigue bien aumentando los
ingresos, que es lo que viene haciendo prácticamente
Telefónica, o reduciendo los gastos, que es lo que no hace. Al
contrario, lo que viene haciendo es ocultarlos a la sociedad
y, por supuesto, a este Parlamento.
Este verano hubo una subida brusca de tarifas, que fue
presentada de una manera no clarificadora. Por ejemplo, sólo
en los casos de llamadas metropolitanas la subida es homogénea
en todos los tramos horarios y nada menos que una subida de
casi el 31 por ciento. En el resto de subidas es por el estilo
y hay que fijarse que este tramo es justamente el que más
ingresos proporciona a Telefónica, cerca del 50 por ciento.
Pero el resultado es el que advertimos en su día y nos
temíamos y es que la sociedad española es también sensible a
la elasticidad de la oferta y la demanda. Y, ante esta subida
brusca, obviamente ha dismuido el consumo.
En efecto, según los últimos datos de Telefónica, las bajadas
de teléfono, suprimir el servicio telefónico, han sido, en el
año 1993, 577.000, pero esa cifra va en aumento y durante el
presente ejercicio se han registrado unas bajas del orden de
160.000 cada trimestre, por lo que se espera totalizar al
final del año una cifra importante, del orden de las 640.000
bajas. Por lo tanto, cuando se afirma desde el Ministerio de
Obras Públicas que no ha habido impacto sobre el IPC, porque
no han subido los ingresos de Telefónica, no se dice la
verdad. La verdad es que no han subido porque ha bajado el
consumo. Ese es el efecto lógico de la elasticidad ante este
hecho.
Esta disminución del tráfico telefónico, como consecuencia de
esta subida brusca de este verano, puede incluso poner en
riesgo toda la operación de telefónica rural, que está muy
lejos de conseguir esa forma asequible que necesita para
utilizarlo. No olvidemos que ya hay incluso algunas
comunidades, como la de Extremadura, que se han negado a
firmar el convenio con Telefónica y en otras, como la de
Murcia, en las que toda la operación que estaba montada para
extender el servicio celular se está desmontando por falta de
aceptación o por defectos técnicos.
Por tanto, entendemos que esta subida ha ido, sobre todo, con
una finalidad recaudatoria, un poco obsesionado el Gobierno
con hacer frente a esa tremenda deuda de Telefónica, que pasa
de los tres billones de pesetas, y yendo a una amortización
rápida, habida cuenta de que los organismos internacionales,
como Moody''s, que están enfocando y analizando el prestigio
internacional de la operadora española, están analizando una
reclasificación del mismo por este motivo.
Se observa también que en esta subida brusca se ha favorecido
sobre todo a las grandes empresas y a las multinacionales, en
perjuicio obviamente de las pyme y de las familias.
En esta falta de racionalización, también se está dando el
caso de que nuestra operadora actual está carente de
imaginación a la hora de abrirse mercado. Todavía no se ha
establecido en España la diferenciación entre tarifas
residenciales y de negocio, la incentivación de abonados
residenciales, la promoción de segundas o terceras líneas en
residencias, como está ocurriendo en el resto de nuestro
entorno geográfico; todavía no se ha implantado el parámetro
del número de llamadas, haciendo una bonificación en el
momento en que se supera un determinado cómputo de llamadas;
no se han establecido, como en el resto de Europa, llamadas
subvencionadas
del tipo hora feliz. Por tanto, no se ha aprovechado por
Telefónica la salida de incrementar los ingresos de la
Compañía, de la operadora, sin necesidad de proceder a subidas
generalizadas.
Esta falta de imaginación en la racionalización se está
transformando en un pérdida de eficacia de nuestra operadora.
Telefónica insiste una y otra vez en que su coeficiente de
número de líneas en servicio por empleado está bién, pero hay
que decir que no es tan importante el número de líneas en
servicio por empleado si estos servicios no se utilizan. Los
coeficientes más racionales son aquellos que afectan a la
rentabilidad, que son los que afectan a ingresos por líneas o
a ingresos por empleado. Los últimos datos facilitados en este
sentido por la UIT sitúan a la operadora España en un estado
nada envidiable.
Por otra parte, también existe una gran cantidad de gastos que
en estos momentos habría que reducir. Todavía colean los
excesivos gastos de los fastos con motivo de la Expo 92,
aquellos 50.000 millones que se invirtieron en su momento y
que vimos en su día que fueron ociosos; los 160.000 millones
de la inversión en Perú; la excesiva atención a las filiales,
con suministros de financiación anuales del orden de 20.000
millones; las excesivas contrataciones externas que se están
empleando por la operadora; la gran cantidad de cobros
pendientes que tienen en estos momentos Telefónica, incluso
del Gobierno, de instituciones, que según cifras de la propia
Telefónica están totalizados en alrededor de 80.000 millones;
la planta excedente que hay, por ejemplo, en líneas de equipo,
465.000, o en pares de planta exterior, incluso respetando
aquella que es óptima, por ejemplo, ese 8 por ciento, que se
ha ido al 13 por ciento en el caso de nuestra operadora. Llama
la atención que el tiempo de ocupación media de nuestras
líneas telefónicas en España durante las veinticuatro horas es
solamente de veinte minutos al día. Este es también un
coeficiente de los más bajos del mundo.
Nos enfrentamos asimismo señorías, a una controversia nacional
en estos momentos sobre el impacto de las subidas telefónicas
en el IPC. En un lado se ha decantado el Ministerio de Obras
Públicas, anunciado primero que era de un 2 por mil, luego
rectificó y dijo el 2 por ciento --de todas formas una cifra
insignificante--, frente a las posturas adoptadas incluso por
el señor Ministro de Hacienda, quien, en el Senado, el pasado
día 18 de octubre, dijo claramente que la postura de Hacienda
es que este impacto había sido del 14,4 por ciento.
Aquí ha reaccionado gran parte de la sociedad española. Los
consumidores han desmentido al Ministro de Industria en esta
cuestión. El Instituto Nacional de Estadística ha respondido a
las criticas del Ministerio de Obras Públicas defendiendo que
su actuación ha sido absolutamente correcta y el Ministro hace
tres días ha vuelto a insistir en que los ingresos de
Telefónica no han aumentado a pesar de haber subido las
tarifas, cuestión que está falseada porque oculta que
realmente lo que ha ocurrido es que no han subido porque ha
disminuido el consumo, con lo cual se produce un doble daño a
Telefónica, que, después del desgaste de imagen que fue
subirla, no le ha supuesto aumento de ingresos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camisón, vaya
concluyendo por favor.
El señor CAMISON ASENSIO: Termino, señor Presidente.
También ha supuesto daño a la sociedad española por la
circunstancia de que, al disminuir el uso del teléfono, no
está haciendo uso de una cuestión que le vendría muy bien a su
actuación social e incluso a la vida de las empresas.
Nuestra postura en esta controversia nacional está más en la
dirección del Ministerio de Hacienda, creyendo que el impacto
sobre el IPC se acerca a las cifras que había determinado este
Ministerio y los posibles consumidores.
Por último, quiero recordar, señor Presidente, que ahí está
todavía la cuestión incomprensible de las llamadas con tarjeta
personal, con la que las llamadas metropolitanas cuestan en
este país cinco veces más que si se llamara sin tarjeta.
Cuando el Ministro de Obras Públicas justificó esto dijo que
ocurría porque Telefónica no estaba preparada para procesar
los datos que se hacían en llamadas metropolitanas y tenía que
usar los que tenía preparados para provinciales y por eso
aplicaba la tarifa cinco veces mayor. Luego realmente lo que
está ocurriendo es que en ciudades como Barcelona, Madrid y
todas las demás que tienen instruido el sistema de tarjeta
personal, por un defecto de Telefónica, están pagando cinco
veces más usando la tarjeta que sin usarla.
En definitiva, señor Presidente, aquí hay una serie de
razones, podría decir más si tuviera tiempo de expresarlas,
que justifican la oportunidad de nuestra proposición no de
ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Camisón.
A esta proposición no de ley del Grupo Popular se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para
su defensa tiene la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, mi Grupo parlamentario está en
contra de la proposición no de ley que ha presentado el
Partido Popular en los términos en los que tal proposición se
ha presentado.
Hay dos cosas que básicamente vienen a sostener esta
proposición no de ley, que consiste en lo siguiente: Hemos de
ir a un nuevo sistema tarifario en el que no se produzca
ningún perjuicio al equilibrio económico de Telefónica, con lo
que sí estamos de acuerdo. Luego añade: que elimine la actual
situación de precios distintos para servicios equivalentes.
Estamos de acuerdo en que debe haber precios similares para
servicios equivalentes. Lo que no aceptamos es que haya una
situación de precios distintos para servicios equivalentes. La
política tarifaria en materia de telecomunicaciones ha sido
expuesta reiteradamente en este Congreso de los Diputados por
el Gobierno. Yo quiero resaltar con brevedad los puntos que, a
mi juicio, son esenciales. Como dice la Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones, como dice el Partido Popular, también
decimos nosotros que hay que aplicar tarifas homogéneas por
servicios equivalentes. Estamos en un proceso de ajuste de las
tarifas a los costes y, sin duda, si queremos tener un
servicio liberalizado, hemos de continuar avanzando por ese
camino. Hemos de alcanzar la universalidad del servicio, es
decir, hay que ser capaces de prestar el servicio en todos los
lugares del territorio nacional. Hay que garantizar, como
indica el Partido Popular, el equilibrio financiero de
Telefónica, no de todos los operadores, no; hay que garantizar
el equilibrio telefónico de los operadores o del operador que
preste un servicio que los poderes públicos consideren básico.
No todo aquel que participe en el negocio tiene que obtener
beneficios. No, todos no; aquel que preste un servicio público
y que los poderes públicos así lo consideren. Hay que buscar
otra forma de garantizar el equilibrio financiero de
Telefónica. Hoy hay 26 provincias donde el servicio es
deficitario. Si no vamos a un sistema de subvenciones cruzadas
--porque vamos a un sistema en el que básicamente las tarifas
se correspondan con los costes--, inevitablemente habrá que ir
a un sistema en el que aquellos operadores que utilicen las
infraestructuras tendrán que pagar un canon supletorio a aquel
operador que sí preste el servicio universal y garantice la
prestación de ese servicio. Hemos tenidoun nuevo contrato con
Telefónica, como ya ha convenido el Gobierno en el acuerdo
sobre telecomunicaciones.
Antes de expresarle cuál es la enmienda que hemos presentado,
señor Camisón, hay un asunto que usted ha comentado y que me
da la impresión de que con cierta insistencia se repite, y es
la tesis que ustedes sostienen de que Telefónica haga pública
su estructura de costes. Como lo hemos oído ya varias veces, y
me parece que se le ha respondido en todas, permítame que si
así ha sido una vez más lo hagamos. Yo entiendo que S.S. tenga
ganas de conocer cuál es la estructura de costes de
Telefónica, pero si S.S. lo conoce sería público, y si es
público a quien beneficia es a la competencia. Esa información
acerca de cómo funciona la estructura de costes de Telefónica
es oro molido para cualquier competidor de Telefónica. Como yo
estoy seguro de que usted no está interesado en beneficiar de
forma irregular a ninguno de los posibles competidores de
Telefónica, y como estoy seguro de que usted no está
interesado en perjudicar a Telefónica, yo le ruego que no
insista en seguir pidiendo que se haga pública la estructura
de costes de una empresa, porque eso, en cualquier sector de
la economía, es --insisto-- oro molido para la competencia de
esa empresa. Si estamos aquí --como no me cabe la menor duda--
defendiendo intereses nacionales, si estamos defendiendo los
intereses colectivos de la sociedad española, yo creo que esa
insistencia del Partido Popular acerca de hacer públicos los
costes de Telefónica no se corresponde con ese ánimo que yo
atribuyo al Partido Popular. Por tanto, le ruego que no
insista en la petición de esos datos.
El Partido Socialista, mi Grupo Parlamentario, dentro de la
línea habitual de procurar, en los temas de importancia como
éste, un acuerdo con los demás grupos, ha presentado una
enmienda que básicamente viene a decir que a partir del 1 de
enero de 1998 --es decir, a partir de que los distintos
servicios del sector de las telecomunicaciones estén
liberalizados-- haya tarifas homogéneas para servicios
equivalentes, igual que ahora, se garantice la universalidad
del servicio básico mediante los sistemas que sean necesarios
y se garantice el equilibrio financiero de Telefónica. Si a
S.S. a partir del 1 de 1998 le parece mucho, le anuncio ya que
por parte de mi Grupo no hay inconveniente en aceptar en que
sea antes del uno de enero de 1998.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martinón.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Martín.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de
modificar las tarifas. Creo que también estamos de acuerdo en
que para servicios equivalentes se tengan tarifas similares.
Lo que indudablemente se puede cuestionar es cómo se emplean
esos criterios. La distancia no debe ser el elemento básico.
En cualquier caso, yo creo que en este momento es así. Y me
parece que aquí hay dos cuestiones: una, que ha planteado el
Partido Popular, la eficiencia de la Compañía Telefónica,
sobre la que podíamos estar de acuerdo en parte, pero otra es
la realidad de la propuesta, que se refiere a la implantación
de un nuevo sistema tarifario, sin que suponga un perjuicio
para el equilibrio económico. En esa vía yo creo que en este
momento está Telefónica, porque se han modificado las tarifas
últimamente y parece que está en un proceso de modificación
para poder
liberalizar, cosa fundamental, sobre lo que nosotros tenemos
que decir que estamos y estaremos siempre de acuerdo. La
política de liberalización es fundamental para el desarrollo
de nuestro país, es fundamental para autonomías alejadas, por
ejemplo, como la nuestra. Por tanto, siempre la apoyaremos y
cualquier fecha de adelanto respecto al 1 de enero de 1998 nos
parece esencial.
De todas formas, para resolver el problema en cuestión que se
ha planteado, nos parece que es adecuada la enmienda del
Partido Socialista y por ello la apoyaremos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario tiene algunas coincidencias con el
planteamiento, respecto a la política de tarifas de
Telefónica, que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, pero
también tiene opiniones contrarias a los criterios que aquí se
han expuesto por el portavoz de dicho Grupo.
Nosotros somos partidarios, señor Presidente, de una
liberalización ordenada, regulada, de las telecomunicaciones.
Nuestro Grupo Parlamentario no se decanta en este momento por
las tesis liberalistas del Ministerio de Economía y Hacienda
ni por las tesis liberalistas del Tribunal de Defensa de la
Competencia. Mantenemos una posición más intermedia, como la
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, de caminar hacia una liberalización ordenada de las
telecomunicaciones. Decimos esto porque todavía a muchos
municipios de la geografía española no ha llegado el teléfono,
y si no llega el teléfono es que todavía no nos encontramos
ante una sociedad debidamente desarrollada. En estos momentos,
señor Presidente, si vamos a una liberalización inmediata, el
servicio público de telefonía básica vocal no sería dado por
operadores, que irían a intervenir y a actuar en el mercado
con criterios estrictamente de beneficio, de rentabilidad pura
y, por tanto, no nos parece oportuno ni adecuado que en este
momento se proceda a la liberalización. Nosotros coincidimos
más con las tesis del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente que con las del Ministerio de
Economía y Hacienda, por la consideración de protección de
pequeños núcleos urbanos en toda España que todavía no
disponen de teléfono y a los que es necesario proteger.
Pero es que, además, señor Presidente, si en este momento
fuéramos a una liberalización total de los precios del
teléfono, se aprovecharían de la estructura tarifaria que
existe ahora en España operadores extranjeros, como la British
Telecom, que vendría del Reino Unido con sus tarifas
efectivamente mucho más baratas que las que pueda otorgar
Telefónica, pero no prestaría el servicio público de alcanzar
con la telefonía vocal básica a núcleos rurales, a núcleos
pequeños de población en España; eso no lo garantizarían las
grandes multinacionales de la telecomunicación. Por ello,
señor Presidente, tal cuestión también nos preocupa. Incluso
más. Si para 1998 no se ha podido llegar a una implantación
universal, a una extensión universal del servicio de telefonía
vocal básica, a nuestro Grupo parlamentario no le importaría
que el Gobierno central procediera a una prórroga en cuanto al
plazo para efectuar la liberalización con el resto de los
países de la Unión Europea.
Señor Presidente, queremos manifestar también que, a nuestro
juicio, hacer públicas las tarifas de Telefónica es un debate
un tanto complejo, porque, por un lado, esta Cámara,
representante de la soberanía popular, tendría derecho a
conocer determinadas políticas tarifarias, determinados
criterios de cómo se establecen los precios del teléfono en
España, sobre todo por el control público que la Delegación
del Gobierno hace en Telefónica. Por otra parte, también
habría que tutelar, proteger de alguna manera, y si hacemos
públicos los criterios que utiliza Telefónica estamos dando
ventaja a competidores que pueda tener Telefónica, que vengan
del extrajero. Por tanto, este es un tema en el que hay que
actuar con moderación. Por ello, señor Presidente, nosotros
vemos bien el acuerdo del Gobierno del pasado mes de octubre,
respecto a la planificación que sobre la telefonía básica
hacía para los próximos años. En él se establecía que se va a
suscribir un contrato entre el Gobierno y la Telefónica para
el período 1995-1997. Nos parece que la vinculación a través
de este programa es oportuna, porque así, en definitiva, va a
haber un control, una tutela, una información auditada, como
establece la planificación aprobada por el Gobierno, sobre los
costes y sobre la estructura del precio que se vaya a
establecer por el teléfono.
La enmienda que presenta el Grupo Socialista es más acorde con
los planteamientos políticos que tiene nuestro Grupo
Parlamentario de garantizar la universalidad de la prestación
del servicio del teléfono a todos los ciudadanos. Por ello, si
el Grupo Parlamentario Popular aceptara la enmienda,
estaríamos dispuestos a apoyar con mayor convencimiento la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. No obstante,
tampoco tenemos contradicciones ideológicas con la parte
resolutiva que plantea el Grupo Parlamentario Popular, pero
nos parece más oportuna la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo ve bien el texto de la enmienda que ha
presentado el Grupo Socialista. Es un texto que, si lo
analizásemos todos los grupos fuera de un debate, lo podríamos
suscribir porque, en realidad, así es como en el fondo
quisiéramos que funcionase todo el sistema tarifario de los
servicios telefónicos, y con esta fecha del 1 de enero de
1998, fecha tope para la liberalización. La cuestión es que
nosotros, tal como se presenta la proposición no de ley, no
podemos aceptarla. La proposición no de ley ha sido presentada
señalando la subida de las tarifas de teléfonos del pasado
verano como finalidad recaudatoria; se ha hecho una crítica a
la total gestión del operador de Telefónica; se ha hablado de
las diferencias entre los ministerios de Economía y Hacienda y
de Obras Públicas en relación a las variaciones del IPC. En la
defensa se ha hablado de la tarjeta personal con los defectos
de Telefónica y se nos habla de la oportunidad de la
proposición no de ley, que en realidad lo que pide es que se
acometa con urgencia la elaboración de estudios necesarios
para la implantación del nuevo sistema tarifario. Repito, se
habla de oportunidad en este momento y se pide que se acometa
con urgencia, pero si nos fijamos en la fecha que lleva la
proposición no de ley, curiosamente vemos que está publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 31, del 29 de noviembre del año 1993, hace un año
exactamente en el día de hoy. Por lo tanto, creo que hablar
aquí de oportunidad y de urgencia está fuera de lugar. La
proposición no de ley está obsoleta. Sería muy interesante
llevar adelante lo que todos queremos respecto a las tarifas
de Telefónica y, para ello, nuestro Grupo estaría de acuerdo
en que se aceptase la enmienda del Grupo Socialista.
Muchas Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente. Yo
creo que nos encontramos en un debate bastante florentino en
el que realmente lo importante no es lo que se dice en la
proposición, sino lo que no se dice y que de alguna manera va
recogido en la enmienda. Lo que no se dice en la proposición
es el momento en que se debe producir lo de las tarifas
homogéneas a servicios equivalentes y se le pone una fecha
concreta en la enmienda. Desde luego, tampoco es que nosotros
seamos muy partidarios de las tarifas homogéneas a servicios
equivalentes. Sinceramente, no somos fanáticos de este
concepto que conlleva la liberalización total de las
telecomunicaciones. Yo creo que con las tarifas no se puede
jugar demasiado, porque ya vemos los efectos que tiene una
simple subida de tarifas como la que ha habido recientemente,
con la que incluso se ha disparado el IPC hasta límites que no
preveía el Ministerio de Obras Públicas. Creo que en España
los procesos de liberalización de tarifas van a tener unas
consecuencias muy graves en importantes sectores de la
economía española, que no es una economía tan dedicada a la
gran empresa como en otros países europeos y en Estados
Unidos, y va a tener una repercusión enorme también en las
rentas medias de este país, que fundamentalmente utilizan
llamadas urbanas, llamadas provinciales y mucho menos llamadas
a larga distancia. Por tanto, nosotros no somos fanáticos de
las tarifas homogéneas a servicios equivalentes, e
intentaremos proteger lo más posible que se produzca la
liberación total de las tarifas.
Celebro una intervención que sea tan en defensa de los
intereses nacionales como la que ha tenido el Diputado
nacionalista señor Gatzagaetxebarría; nosotros estamos muy de
acuerdo con esa intervención. Tampoco vamos a facilitar que
British Telecom u otras grandes empresas actúen en detrimento
de los intereses de Telefónica, que no olvidemos que es la
empresa con una participación del 37 por ciento del sector
público.
Por ello, tanto ante la proposición presentada como ante la
enmienda, nuestro Grupo va a practicar una abstención,
evidentemente activa, porque de lo que realmente somos
partidarios es de tener una actitud más proteccionista con
nuestras telecomunicaciones, y concretamente con nuestra
telefonía, puesto que no sabemos cómo vamos a poder soportar
la competencia con otros sectores europeos y americanos que
intentan entrar en nuestro mercado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
El señor Camisón tiene la palabra, a los efectos de manifestar
si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor CAMISON ASENSIO: Gracias, señor Presidente.
La proposición no de ley del Grupo Popular y la enmienda
presentada por el Grupo Socialista son muy semejantes. Hay una
diferencia fundamental, y es que donde nosotros vemos mucha
urgencia el Grupo Socialista se toma un respiro de tres años,
hasta el 1 de enero de 1998. Aceptar la enmienda, tal como la
ha propuesto el Grupo Socialista, significaría que nosotros
aprobaríamos algo obvio, ya que ha acordado el Consejo de
Ministros justamente esto, y no tendría mucho sentido que
nosotros instáramos al Gobierno a hacer algo que ya ha
acordado. Por otro lado, con la redacción de la enmienda del
Grupo Socialista el equilibrio
financiero de la actual operadora tampoco sería defendible,
puesto que el señor portavoz, cuando ha explicado el hecho
desde la tribuna, ha partido de algo que no es absolutamente
correcto cuando dice que sólo hace servicio público la
operadora principal. Hay otras operadoras, como la futura
segunda operadora de TMA, que puede ser que hagan servicio
público, y para eso están instauradas justamente las tarifas
de acceso. Por tanto, el equilibrio financiero será para los
que hagan servicio público...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camisón, no es
un turno en contra de la enmienda. La Presidencia le ha
permitido una mínima explicación para que indicara las razones
de si la aceptan o no, pero nada más que para eso.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, todo lo que he
dicho ha sido para justificar --lo va a entender ahora-- la
propuesta que vamos a hacer al Grupo Socialista, una vez
clarificadas todas estas cuestiones.
Todas las cuestiones que he planteado se solucionan si el
Grupo Socialista admitiera la transaccional de que donde dice
«para que el 1 de enero de 1998» diga «para que antes del 1 de
enero». En caso de que el Grupo Socialista aceptara esta
transaccional nosotros retiraríamos nuestra proposición no de
ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señor Camisón, se
refiere S.S. a que dijese «para que antes del 1 de enero de
1998»?
El señor CAMISON ASENSIO: Sí, señor Presidente.
El señor MARTINON CEJAS: La aceptamos, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Popular,
sobre la política de las tarifas telefónicas, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Socialista, con las correcciones
introducidas a dicha enmienda en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor, 271; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL
RESPECTO DE LA ENERGIA NUCLEAR EN NUESTRO PAIS CON ESPECIAL
REFERENCIA AL PROCESO DE SELECCION Y CRITERIOS EMPLEADOS EN LA
ELECCION DE LOS CANDIDATOS AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
(CSN) EN FUNCION DE LOS CRITERIOS Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA
LEY 15/1980, DE 20 DE ABRIL, DE CREACION DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR (Número de expediente 173/000060)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a
interpelación sobre medidas de política general respecto a la
energía nuclear en nuestro país, con especial referencia al
proceso de selección y criterios empleados en la elección de
los candidatos al Consejo de Seguridad Nuclear en función de
los criterios y requisitos señalados en la Ley 15/1980, de 20
de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
Tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías,
voy a defender la moción consecuencia de interpelación que el
día 16 de noviembre llevó a cabo mi compañero de Grupo, Manuel
García Fonseca. Yo creo que después del debate que hemos
venido teniendo en esta Cámara, y en la Comisión de Industria,
sobre el nombramiento de los consejeros en el Consejo de
Seguridad Nuclear no es necesaria una mayor argumentación,
puesto que hemos vertido todos los argumentos --valga la
redundancia-- de los que creemos disponer para plantear en
esta moción una modificación de la vigente Ley del Consejo de
Seguridad Nuclear y del Estatuto que lo regula. Señorías,
nosotros hemos sido beligerantes no solamente en estos
momentos con la composición del Consejo de Seguridad Nuclear,
sino que lo hemos sido siempre, porque hemos considerado que
este Consejo no tenía la suficiente independencia para emitir
sus informes. Hemos considerado que el Consejo de Seguridad
Nuclear tenía que ser mucho más objetivo en este tema. Por
tanto, y en base a ello, este Grupo Parlamentario, al estar
convencido de la necesidad de modificar la vigente ley, y
mucho más en los momentos que se nos avecinan en cuanto a la
seguridad nuclear, pretendemos que esta modificación de la ley
tenga incidencia
especial en la independencia y en la elección de los
consejeros y en los mecanismos de control que se han de
perfilar, en lo que nosotros plantearíamos como proposición de
ley, para asegurar que el control del Consejo de Seguridad
Nuclear pasa a manos realmente de este Parlamento.
En estos momentos, la ley habla de independencia del consejo
con respecto al Ejecutivo, salvo en los nombramientos, porque
es el que lo hace, y el único control que se plantea es el de
los informes a esta Cámara, por períodos de seis meses, que
nunca llegan en el momento adecuado y que al final discutimos
siempre casi con un año de retraso. Por tanto, nuestra moción
se basa en dos puntos, después de la no aceptación por parte
de la Mesa a trámite de uno de ellos. Uno concreto sería
desarrollar los mecanismos de control y exigencias de
responsabilidad al Consejo por parte del Parlamento en la
revisión de los procesos de selección y nombramiento de los
consejeros, reforzando los criterios de independencia y
objetividad y la participación del Congreso en la decisión de
su nombramiento, no como meros ratificadores, sino como parte
de ese nombramiento.
Pretendemos que, desde la misma ley, se introduzcan mecanismos
de transparencia en las actuaciones del Consejo; que por parte
de este Parlamento se tenga acceso a todos los informes que
elabora el Consejo, no solamente a los informes que nos
remiten para debate en esta Cámara; que haya publicidad de los
actos del Consejo. Consideramos que es imprescindible tener
una buena información y una buena publicidad sobre todos los
actos que pueda llevar a cabo el Consejo de Seguridad Nuclear.
Además, pensamos que es necesario que exista el control
parlamentario, a través de la solicitud de comparecencias que
queden establecidas en esta ley, en la Cámara a petición de
cualquier Grupo parlamentario, como puede ocurrir ahora con
cualquier cargo de la Administración.
Pedimos también en esta moción que presentamos a SS.SS. la
exigencia de responsabilidad y poder censurar o reprobar a los
consejeros elegidos. Señorías, estamos hablando de un tema muy
serio: la seguridad nuclear. Consideramos imprescindible que
se pueda exigir, censurar y reprobar a los consejeros que
hayan sido elegidos. En coherencia con lo que planteábamos
antes de la participación del Congreso en la decisión del
nombramiento de los consejeros, que el mismo Congreso los
pueda reprobar.
Señorías, consideramos que nuestra propuesta es adecuada al
momento. Somos conscientes de las reticencias y de los
problemas que pueden derivarse de estas modificaciones, pero
creemos que, en un tema de estas características, lo mejor que
podemos hacer es que este Congreso, los representantes del
pueblo español, nos veamos arropados por un Consejo de
Seguridad Nuclear que nos pueda garantizar la seguridad
nuclear.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández
Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, mi Grupo no puede apoyar la
moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre medidas de política general respecto a
energía nuclear.
Con este posicionamiento no hacemos más que ratificarnos en lo
que, hace unos días, manifestábamos en la Comisión de
Industria a la hora de elegir a los nuevos miembros del
Consejo de Seguridad Nuclear. Señores de Izquierda Unida,
insisto en lo que les dije en esa ocasión. De nuevo la
redacción de su moción no corresponde a su discurso.
Nuevamente al oír su discurso he tenido la sensación de
presenciar una película antigua, en la cual el sonido está
desfasado de la imagen. Como ya les dijimos entonces, un
«revival» de tiempos pasados.
En aquella oportunidad su representante respondió
manifestándonos que no trataba de interpelar al Gobierno con
relación a la política de energía nuclear, sino simplemente
sobre los criterios seguidos para el nombramiento de la terna
propuesta. Pese a ello, hoy su moción queda reducida a una
propuesta para modificar la vigente Ley del Estatuto que
regula el Consejo de Seguridad Nuclear.
Intuyo, señorías, que en el fondo continúa subyaciendo la
queja íntima que el señor García Fonseca nos manifestó en su
anterior intervención, respecto a que su Grupo no había
conseguido que se nominase a la persona que proponían.
Esta afirmación, señores Diputados de Izquierda Unida, nos
lleva a conclusiones ciertamente preocupantes. Parece que
Izquierda Unida, respecto a los consejeros nombrados y, en
consecuencia, la ley que los soporta, no tendría nada que
objetar si en la terna que se ha aprobado se hubiese incluido
a la persona que ustedes proponían.
Señores de Izquierda Unida, creo que nuestra posición quedó
meridianamente clara en la Comisión de Industria. Dijimos que
el Grupo Parlamentario Popular entendía que las personas
propuestas por el Gobierno para el Consejo de Seguridad
Nuclear cumplían con los requisitos que la ley exigía.
Aclaramos que, en nuestra opinión, con los nuevos
nombramientos, el nivel técnicoy de profesionalización del
Consejo mejoraba considerablemente respecto a situaciones
pasadas, al haberse nominado a personas que, por su
cualificación y experiencia, aportaban seria experiencia, y
valga la redundancia, sobre temas tan trascendentales para la
seguridad de los programas de explotación y de riesgos
residuales en las instalaciones nucleares, como son
la seguridad en instalaciones, en explotación, las exigencias
de seguridad en el trabajo, el impacto ambiental y la gestión
de residuos nucleares.
Manifestamos también nuestra disconformidad a que se
enturbiase un proceso, como era el correspondiente a los
nombramientos de los nuevos componentes del Consejo, en base a
cuestionar la independencia y objetividad de las personas con
cuantificaciones claramente subjetivas e interesadas.
Señores de Izquierda Unida, no se confundan en temas tan
importantes. Como ya les dijimos en aquella ocasión, ni los
posicionamientos anti o pronucleares deben ser antóminos o
sinónimos de laxitud respecto a la seguridad nuclear, ni la
independencia y objetividad de criterios puede ser cuestionada
en base a apreciaciones subjetivas, ya que la única forma que
hay de asegurar ambas es apoyarlas en una trayectoria
profesional y humana debidamente cualificada.
En aquel momento, como ratificación de nuestras posiciones,
votamos afirmativamente a los consejeros propuestos y, como es
lógico, votamos también de acuerdo con el entorno legal en el
que los estábamos eligiendo.
Comprenderán, por tanto, señores de Izquierda Unida, que en
este momento no podamos apoyar su moción. Pero, dicho esto, no
quiero dejar pasar esta oportunidad sin profundizar en alguno
de los temas que nos han planteado. Quedó claro en la Comisión
que la posición del Grupo Popular respecto a este tema se
reduce y se simplifica en tres palabras: seguridad, seguridad
y seguridad. En ese camino, señoría, nos tienen ustedes en su
onda, ahora y siempre.
No entiendo, sinceramente, lo que quieren manifestar cuando
hablan de aumentar las garantías y el control del Consejo de
Seguridad Nuclear. Y digo que no lo entiendo porque en la Ley
15/1980 ya existen unos procedimientos que de alguna manera
explicitan este tipo de controles. De hecho, a modo de
anécdota, el año pasado, a propuesta de nuestro Grupo
parlamentario, se requirió la comparecencia de todos los
responsables de área del Consejo de Seguridad Nuclear, a
consecuencia de lo cual fue posible hacer un informe
ciertamente crítico y, sobre todo, constructivo. Piden ustedes
también, señoría, la revisión de los procesos de selección y
nombramiento de los consejeros. Entendemos que en la ley
también se especifica la operativa para que, como en el caso
anterior, estos requisitos se cumplan.
En resumen, señores de Izquierda Unida, si lo que quieren es
mejorar el «modus operandi» actual, nos tienen ustedes a su
lado. Estamos dispuestos a apoyarles, pero deben proponerlo de
forma clara, concreta y razonable, lo que entendemos que en
esta oportunidad no se ha cumplido, porque de una
interpelación que abarcaba toda la política nuclear se pasa a
una moción que tiene dos puntos, uno de los cuales desaparece.
Repito que nuestra posición respecto al Consejo se resume en
esas tres palabras. Podemos garantizarles, señorías de
Izquierda Unida, que lo único que nos ha quedado claro de su
dialéctica es su frustración y enfado por no haber podido
incluir entre los nuevos consejeros al que ustedes proponían.
Por ello comprenderán que nuestra gran duda sea que si se
hubiese cumplido ese objetivo a lo mejor no estaríamos
hablando en este momento de este tema.
Presenten ustedes unas propuestas concretas, realistas y
realizables y les daremos nuestro apoyo, señorías.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Norniella.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz
Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: La moción que presenta Izquierda
Unida, consecuencia de la interpelación, deviene de la
propuesta que hizo el Gobierno sobre el nombramiento de nuevos
miembros del Consejo de Seguridad Nuclear y la ratificación de
los mismos, que ya se produjo por parte de la Comisión de
Industria la pasada semana.
Desde el punto de vista de nuestro Grupo, las personas
propuestas cumplen satisfactoriamente los requisitos que
establece la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, la ley
15/1980. Requisitos de competencia, de conocimiento del
sector, de independencia y de objetividad. Nos parece muy
grave que se pongan en cuestión algunos de estos presupuestos
sin tener motivos suficientes para ello.
Es difícil que una persona competente, con conocimiento del
sector nuclear, no haya tenido nada que ver con las empresas y
con la actividad económica del sector nuclear, sea desde la
universidad, sea desde una empresa de tratamiento de residuos
o sea desde cualquier otra empresa.
Por tanto, nosotros pensamos que esos nombramientos, que ya se
han producido, que ya son efectivos, suponen que ese objetivo
máximo, para toda la Cámara, que debe ser la seguridad
nuclear, está perfectamente garantizado con el nuevo Consejo
que se ha configurado. Así lo pensamos y, por tanto, no tiene
objeto el planteamiento que se hace de tratar de revocar esos
nombramientos, ni tampoco el planteamiento de modificar en
este momento la ley.
La Ley del Consejo de Seguridad Nuclear fue aprobada antes de
la llegada del primer Gobierno socialista; es una ley que se
aprobó con la Unión de Centro Democrático, ha tenido plena
validez, ha sido aceptada por todos durante este período de
tiempo, y no parece que sea éste el momento adecuado para
modificarla. Más aún si tenemos en cuenta que estos
nombramientos se tienen que producir con un apoyo muy amplio,
de los tres quintos de la Comisión, y que por tanto requiere
una cierta negociación entre los Grupos parlamentarios y un
cierto grado de acuerdo.
Esa negociación se ha producido y lo que también es claro es
que, habiendo tres nombramientos, no todos los Grupos pueden
entrar a la hora de ser aceptadas sus propuestas. La propuesta
ha tenido respaldo amplio y suficiente por parte de la
Comisión, superior claramente a los tres quintos exigidos por
la ley. En definitiva, pensamos, señoras y señores Diputados,
que tanto el Presidente, señor Kindelán, como los dos nuevos
miembros del Consejo, van a estar claramente comprometidos con
esa obligación que la ley les señala como fundamental, que es
su preocupación por la máxima seguridad nuclear en nuestro
país. Nada más por nuestra parte y muchas gracias.
Lógicamente, el voto de nuestro Grupo va a ser contrario a la
moción presentada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
¿Se hallan presentes en el hemiciclo las señoras o señores
Diputados que vayan a intervenir en el debate de la moción del
Grupo Popular? (Pausa.)
Entonces, vamos a proceder a la votación de la moción que
hemos debatido.
Moción consecuencia de interpelación, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 276; a favor, 12; en contra, 264.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS URGENTES QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EL
DESARROLLO DE UNA ADECUADA POLITICA DE GESTION ECONOMICA Y DE
CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA (Número de
expediente 173/000061)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
interpelación, sobre medidas urgentes que piensa adoptar el
Gobierno para el desarrollo de una adecuada política de
gestión económica y de contratación de la administración
penitenciaria.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señoría, la moción que el Grupo Parlamentario Popular somete
hoy a la consideración de la Cámara pretende básicamente
promover un conjunto de iniciativas, orientadas, por una
parte, a esclarecer hechos aún opacos y, por otra, a conocer
cuál es la previsión concreta del Gobierno en orden a la
corrección de ciertas prácticas que hasta la fecha han venido
apreciándose en la ejecución de la gestión económica y de
contratación de la administración penitenciaria.
En este contexto, el punto primero de la moción demanda una
aportación documental, imprescindible para profundizar en lo
que ha sido el desarrollo de la política de obras de
reparación, conservación y mantenimiento efectuadas en los
centros penitenciarios españoles durante el período 1985-1993.
Una aportación documental que se justifica en la necesidad de
saber con certeza cuál fue el volumen de la inversión real,
qué criterios se siguieron para la selección de empresas, qué
alcance tuvo el recurso a la subcontratación, qué tiempos
mediaron entre el inicio y el final de cada obra y de qué
forma se aplicó el control de calidad sobre aquéllas.
Creemos que es esencial que esta Cámara adopte una resolución
política orientada a disponer de una información exhaustiva,
de manera que estemos en disposición de dilucidar, por
ejemplo, si es exacto o no que existen más de 1.200 millones
de pesetas faltos de la debida justificación, si es exacto o
no que se han justificado doblemente algunas obras, si es
exacto o no que hubo una desordenada forma de instrumentación
de la inversión y si es exacto o no que se dio una falta de
planificación en el mantenimiento estabilizado de la
infraestructura penitenciaria.
A través del informe que solicitamos podrá concluirse si el
interés general quedó supeditado o no a otras conveniencias,
por mor de la generalización absoluta del procedimiento de
adjudicación directa; podrá concluirse si los importes de
adjudicación atribuidos a determinadas empresas permiten
atisbar o no un posible trato de favor, podrá entenderse si se
garantizó o no que, en todo caso, hubiera una fiel consonancia
entre los pliegos de condiciones y la obra hecha y si se
respetaron o no los procedimientos legalmente establecidos en
orden a aspectos tales como el límite de cuantía para la
adjudicación, la constatación efectiva de la urgencia, el
análisis pertinente de la documentación exigible tanto a
adjudicatarios como a subcontratistas y la adecuada
formalización de los contratos.
No se trata de abrumar con datos, pero sí hay que recordar, en
apoyo de nuestra pretensión, lo dicho, por ejemplo, por el
Tribunal de Cuentas en su informe correspondiente al año 1989,
cuando señalaba que existían desajustes entre el anexo de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado y los
proyectos ejecutados y que el examen de los antecedentes
revelaba una gestión, decía el Tribunal, con serias
deficiencias. Era el propio Tribunal quien insistía en ese
informe en que resultaba frecuente observar que, junto con el
proyecto de obra inicial, surgían reformados, obras
complementarias u otras, en teoría independientes, pero que se
adjudicaban al mismo contratista y que suponían desviaciones
importantes de los presupuestos iniciales,
y es el Tribunal el que también asevera que se han detectado
certificaciones de obra con fecha anterior al comienzo de la
misma, liquidaciones que rebasan el 10 por ciento del precio
del contrato, modificaciones no autorizadas e imputaciones de
pago incorrectas, dado que los gastos realizados en el
ejercicio no son, en todo caso, los contabilizados como tales.
Del informe que reclamamos esperamos, pues, descubrir, entre
otras cosas, por qué en determinados antecedentes el Gobierno
no ha consignado ciertas obras, por qué otras figuran por un
montante que no se atienen al de la inversión, por qué otras
se adjudican a empresas diferentes cuando responden a un mismo
concepto y se llevan a cabo en un mismo centro penitenciario y
por qué otras se atribuyen a sociedades cuyo capital
desembolsado no es mínimamente proporcional al importe de la
adjudicación global recibida, con lo que ello podría implicar
de riesgo para la garantía del interés público inherente a la
naturaleza de los fondos con los que se sufraga la inversión.
Por tanto, ofrecemos al Gobierno una destacada oportunidad
para clarificar aspectos que no pueden permanecer en nebulosa
porque afectan a la propia transparencia de las operaciones
efectuadas y a la posibilidad de averiguar con precisión, en
interés de todos, qué ha sido lo hecho, cómo se ha hecho y por
qué se ha hecho.
En conexión con el mismo planteamiento de fondo, el punto 2 de
la moción insta al Gobierno para que adopte las medidas
urgentes oportunas, a fin de iniciar el más rápido proceso de
disolución de la llamada Sociedad Estatal de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarias.
Fundamentamos nuestra pretensión en el hecho de la innecesaria
continuidad de esta sociedad estatal, dado que las
competencias que le vienen atribuidas podrían y deberían tener
una actuación por parte de los servicios centrales de la
administración penitenciaria, ganando así en operatividad,
sencillez burocrática, mayor control ordinario sobre las
operaciones y, desde luego, una mejor, por más barata,
utilización de los recursos. Desde nuestro punto de vista no
tiene sentido el solapamiento que se produce entre lo previsto
en el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de
1992, por el que se crea la SIEP, y el contenido del artículo
23 del Real Decreto 1334/1994, de 20 de junio, por el que se
establece la estructura básica del Ministerio de Justicia e
Interior. Desde nuestro punto de vista también, debiera ser la
propia Dirección General de Administración Penitenciaria, a
través de la Subdirección General de Planificación y de la
Subdirección General de Servicios, la que, de forma inmediata,
pasara a ocuparse de las tareas encomendadas a la SIEP,
teniendo en cuenta que entre ambas subdirecciones generales
llegan casi al centenar de funcionarios y que en la
Subdirección General de Servicios se dispone, entre otros, de
una unidad técnica de proyectos y obras, un servicio de
equipamiento, un servicio de inversiones y patrimonio, un
servicio de gestión de suministros y de contratación, amén de
los asesores adscritos a la unidad de apoyo de la propia
Dirección General.
Es inevitable también que, al pedir la disolución de la SIEP,
nos estemos preguntando por qué se quiso extraer del ámbito
ordinario de la actuación de la administración penitenciaria
una tarea que, realizada por ésta, estaría, entre otros
considerandos, mucho más sujeta, en su práctica corriente, a
la fiscalización de los servicios pertinentes de la
Administración del Estado. Y es inevitable, por la misma
causa, que nos preguntamos igualmente por qué la SIEP se ha
convertido en destino final magníficamente retribuido para ex
altos cargos de la administración penitenciaria, cuya gestión
fue, cuanto menos, controvertida, o por qué en la nómina de la
SIEP figuran hoy profesionales que, en su momento, firmaron
proyectos de obras para diversas de las empresas más
beneficiadas en la adjudicación directa, o qué ha motivado
que, desde la sociedad estatal, se haya llevado, en
determinados casos, una práctica de facturación a la
administración penitenciaria que, a tenor de ciertos asuntos,
desde luego, exige de explicaciones urgentes.
Decisiones de naturaleza disciplinaria es lo que plantea el
punto 3 de la moción, a tenor de lo acaecido en relación con
la concesión del servicio de economato en los centros
penitenciarios de Sevilla 2 y Valencia cumplimiento. Es la
propia Intervención General la que, examinados los expedientes
de dicha contratación, sostiene que no se siguieron los cauces
reglamentarios en la tramitación y adjudicación, que se
incumplió lo imperado en el artículo 33 de la Ley de Contratos
del Estado y, sobre todo y muy especialmente, que se
establecieron determinadas condiciones claramente
perjudiciales para el interés de la Administración, en
especial en lo concerniente a las operaciones de compra y
recompra de las máquinas expendedoras automáticas, ya que han
provocado un quebranto inicial a la Hacienda Pública de más de
62 millones de pesetas, lo que comportaría un detrimento aún
mayor, de cara al futuro, si la Administración no continuara
ligada a los actuales adjudicatarios, ya que debería adquirir
de nuevo la referida maquinaria.
Pues bien, explicaciones que a todos interesan es el
planteamiento determinante del punto 4 de la moción, ya que, a
través de él, pretendemos que del resultado de aquéllas pueda
deducirse si en la adjudicación de la base informática del
programa SURI influyó o no la existencia de relaciones
familiares entre ciertos responsables de la administración
penitenciaria y las propias empresas, así como también que se
acrediten los hechos que confluyen en el suministro de
equipamientos informáticos a la red de centros y servicios
centrales efectuados a través de una determinada firma,
porque,
señorías, hay constancia de que dicho suministro se adjudicó a
una empresa que ni siquiera figuraba inscrita como tal
sociedad mercantil en el registro cuando la Administración
comienza a trabajar con ella; hay constancia de que para pagar
a esta empresa se utilizaron irregularmente fondos de
economatos, cuyo destino está tasado legalmente para otros
fines; hay constancia de la intervención directa y escrita del
entonces Subdirector General de Servicios, ordenando dichos
pagos, si bien queda por determinar si dicha intervención lo
fue por iniciativa propia o siguiendo otro tipo de
instrucciones superiores; hay constancia de la falta de
adecuación temporal entre ciertos pagos efectuados a la
empresa y la entrega e instalación del material en
determinados centros; hay constancia de un volumen general de
contratación con la referida empresa, que es de varios cientos
de millones de pesetas, y que ésta continúa trabajando con la
administración penitenciaria y con la SIEP, y en fin, hay
constancia de que se omitió toda referencia a la contratación
con esta empresa en respuesta a distintas preguntas
parlamentarias y que existen facturaciones con indebida
expresión de conceptos y sorprendentes por su carestía en
relación con los precios ordinarios de mercado.
Refiriéndonos ya al punto quinto de la moción, nuestra
solicitud trae causa en la utilidad de precisar un conjunto de
cuestiones afectantes a los procedimientos de adjudicación,
empresas, costes y controles de calidad concernientes a los
sistemas de seguridad instalados en los centros
penitenciarios. Estamos hablando de un capítulo cuya cifra de
inversión supera los 3.000 millones de pesetas y se sabe que
prácticamente en todos los casos se produjeron modificaciones
sustanciales en la prestación concertada inicialmente,
llegando estas modificaciones, en algunos casos, a afectar
hasta el 74 por ciento del presupuesto primitivo,
modificaciones efectuadas sin la tramitación del oportuno
expediente y desconociéndose, por tanto, la persona u órgano
que las autorizó y por qué las autorizó. Se sabe que se
formalizaron contratos en nombre del Estado por parte de
directores de centros penitenciarios que carecen de
competencia legal para ello, por lo que hay que considerar la
hipótesis de que actuaron cumpliendo instrucciones de la
superioridad, y es preciso determinar por qué se decidió a
cometer una vulneración tan flagrante de nuestro ordenamiento.
Se sabe, en fin, de todo un entramado de nuevas adjudicaciones
planteadas como complementarias de otras hechas sin
atenimiento procedimental alguno, y se sabe acreditado
lamentablemente por evasiones, de las graves deficiencias o
nulo funcionamiento del material instalado en algunos centros.
Por último, con ello concluyo, señor Presidente, el punto
sexto de la moción interesa la inmediata remisión a la Cámara
del plan de gestión económico-administrativa anunciado por el
señor Ministro, porque el conocimiento de este plan es pauta
previa e imprescindible para postular alternativas específicas
al mismo, si es que de su tenor surgiere la necesidad de
enmendarlo o completarlo.
En definitiva, señorías, de prosperar esta moción, se habrá
introducido un principio de cambio en un estado de cosas que
durante demasiado tiempo han hecho de la gestión económica y
de contratación de la administración penitenciaria un espacio
sujeto a un exceso de discrecionalidad. Quede claro, quede
suficientemente claro que no podrán introducirse los giros que
reclama la experiencia sin antes esclarecer algunos de los
sucesos más llamativos que se han suscitado en la gestión
reciente, porque sólo a través de esa delimitación se estará
acreditando una voluntad política de impedir la reproducción
de modos y hechos sobre los que no se puede pretender, sobre
los que estamos seguros que nadie puede pretender correr
mantos de silencio o de olvido porque afectan al propio deber
de esclarecimiento de esta Cámara y, sobre todo, porque
convienen e interesan más que a nadie al propio Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil
Lázaro.
A la moción del Grupo Popular se ha presentado una enmienda
por parte del Grupo Socialista. Para fijar la posición de este
Grupo con relación a la moción y para la defensa de la
enmienda correspondiente, tiene la palabra el señor Rodríguez
Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en efecto, el Grupo Socialista ha
presentado una enmienda a la moción que hoy debatimos y que es
consecuencia de una interpelación debatida en la última sesión
plenaria. Bien es verdad que, dada la naturaleza parlamentaria
de un acto como es una moción consecuencia de interpelación,
habríamos de iniciar estas consideraciones con una afirmación,
que seguramente pueda ser compartida en buena medida. Estamos
ante una moción atípica, seguramente, fruto de una
interpelación atípica, seguramente, dado que de un
planteamiento referido a que el Gobierno informe sobre las
medidas urgentes que piensa adoptar para el desarrollo de una
política de gestión económica y de contratación de la
administración penitenciaria, hemos pasado a la conclusión de
esta moción, que no es otra que el intento, legítimo
obviamente, de un repaso a un conjunto de actuaciones, de
adjudicaciones y de gestión, en definitiva, de la
administración penitenciaria. Habría que convenir, por tanto,
que en la coherencia lógica de lo que fue el texto, no el
contenido, de la interpelación, solamente el punto sexto haría
una referencia. Creo que eso es bastante obvio y evidente.
No obstante, el Grupo Socialista ha manifestado reiteradamente
su voluntad política de que la transparencia, la claridad, la
información exhaustiva sea una constante ante la opinión
pública y en esta Cámara. Por ello, haciendo el esfuerzo de
intentar, aunque sea forzadamente, cubrir una moción, desde el
punto de vista de cómo venía la interpelación, ha presentado
una enmienda que básicamente recoge todo aquello que supone
que el Gobierno responda, desde hace años, sobre procesos de
adjudicación en diferentes instancias de la administración
penitenciaria. Pero no es menos cierto que el Grupo Popular,
ya que el Grupo Socialista, desde nuestra perspectiva, va a
satisfacer esencialmente lo que han sido los postulados de la
moción, tendrá que escuchar al menos la siguiente
consideración. En su relato de la moción el Grupo Popular ha
utilizado terminología como: hechos opacos, ciertas prácticas,
certificados doblemente de obras, excesivas adjudicaciones
directas, posibles tratos de favor, escaso respeto al
procedimiento legal, imputaciones incorrectas de pagos,
relaciones familiares en alguna adjudicación a una empresa,
facturaciones, etcétera, etcétera. El Grupo Socialista le
reconviene ya en este acto a una cosa: a que el día en que la
información esté en su poder y en el de todos los grupos
parlamentarios tenga la valentía política de, si no son
ciertas algunas de las cosas que ha dicho aquí, presentar una
proposición no de ley reconociendo, si fuera así, que el
proceso de gestión en la administración penitenciaria había
respetado la legalidad. Ese es el juego democrático y el juego
parlamentario, en aras a la transparencia. La transparencia
política no es sólo creer que hay miedo porque se abrume con
petición de datos y, fundamentalmente, con sospechas que,
ciertamente, desde nuestra perspectiva, exigen una
constatación exacta y rigurosa con la realidad. No vayamos a
caer en el esperpento de considerar, porque es una de las
cosas que he oído de pasada, que una empresa, con un escaso
capital social, había tenido una adjudicación excesiva. Lo
digo porque en mi comunidad autónoma, con otros gobiernos, hay
empresas con dos millones de capital social que pasan a
obtener subvenciones por 2.500 millones. Quiero decir que ése
puede ser un debate algo demagógico desde el punto de vista de
la seriedad que exige el trámite parlamentario. En
consecuencia, el Grupo Socialista, intentando centrar --
insisto-- lo que creo que puede ser la última voluntad
política del Grupo Popular, más allá del intento de hacer un
elemento más, en un contexto determinado, de crítica al
Gobierno y al partido que lo sustenta, ha presentado una
enmienda en la que admite básicamente el primer punto, que es
la remisión de información --de un volumen muy considerable--
en el plazo de un mes. Toda la información referida al proceso
de adjudicación de la infraestructura informática del programa
SURI; que se remita también, en el plazo no superior a un mes,
un informe referente a la calidad, concesiones de
adjudicación, empresas adjudicatarias, costes y recepción de
los sistemas de seguridad instalados en los centros
penitenciarios. De igual manera, como cuarto punto de nuestra
enmienda, que en el plazo de una semana, porque nos parecía un
plazo excesivamente perentorio las cuarenta horas, se remita a
esta Cámara --sería el punto más coherente con el significado
de la moción que hoy debatimos-- el plan de gestióneconómico-
administrativa anunciado por el Ministerio en el desarrollo de
la interpelación.
Por último, creo que nuestra enmienda también modera el tono
que adecuadamente debe de tener un acto de esta naturaleza. Es
verdad que en los últimos tiempos el Grupo Popular nos tiene
acostumbrados a un cierto lenguaje, pero leyendo entre líneas
--fíjese, aunque sólo sea a modo de intentar distender el
debate--, hay expresiones reiteradas en su moción que tienen
un tono que puede exacerbar algún ánimo. Decía el punto dos:
Que se adopten las medidas urgentes para proceder a la
disolución de la sociedad. Punto tres: Que inmediatamente se
depuren las responsabilidades, de algo que ni siquiera tiene
por delante un expediente administrativo. Punto cuatro: Que se
proceda a la apertura inmediata de una investigación interna.
El punto sexto decía: en el plazo de cuarenta y ocho horas se
remita a esta Cámara, con una perentoriedad envidiable. Con el
contenido de la enmienda, hemos pretendido desdramatizar un
poco y hacer una llamada a la reflexión. Bien está pedir toda
la información necesaria, la transparencia es un compromiso
político de primera línea del Grupo Socialista, pero no puede
prevalecer el prejuicio ante una información, aunque desde su
punto de vista haya algún indicio, sino el rigor y la seriedad
en los procedimientos que nuestro ordenamiento jurídico
contempla, que creo que han sido básicamente respetados en lo
que es la gestión de la administración penitenciaria.
En definitiva, con esta enmienda el Grupo Socialistapretende
satisfacer globalmente el deseo de una máxima información,
pero tampoco puede dejar de afirmar seriamente al Grupo
Popular que creemos que se ha utilizado un cauce dudosamente
adecuado, el de la interpelación y la moción, para solicitar
esta batería de información, que hay otros cauces
parlamentarios; que el cauce de esta naturaleza, en el Pleno
de la Cámara además, debe consistir en un debate de contenido
político más que intentar averiguar qué pasó en la
adjudicación del economato de un centro penitenciario o los
problemas que hubo, para lo que hay otros cauces, otras vías;
si no, seguramente devaluaremos de manera notable el alto
contenido político que debe tener un tema tan importante como
la administración penitenciaria.
Por último, quiero recordarle que espero que, con la misma
capacidad incisiva, con la misma fuerza interrogatoria, con la
misma voluntad de fiscalización, cuando
la información esté en su poder, suba a esta tribuna a decir:
No había sospechas donde creí que las había, no hay sombras
donde creí que las había, hay luces y claridad en la gestión
de la administración penitenciaria. Eso, en lo que haya; si no
lo hay, cuente con la voluntad del Grupo Socialista para
actuar en consecuencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Rodríguez Zapatero. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro, no hay turno en contra. Al final, después de
la intervención de los grupos parlamentarios para fijar
posición, tendrá ocasión S.S. de indicar si acepta o no la
enmienda defendida por el Grupo Socialista.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Señor Presidente, señorías, la
posición de nuestro Grupo ya fue, en parte, indicada en el
debate de la interpelación, en el sentido de que entendemos
que el debate de la política penitenciaria no es éste. A
nuestro juicio, la situación penitenciaria española es
compleja, es delicada por razones que intenté explicar en el
debate de la interpelación, fundamentalmente porque ha habido
un incremento muy importante de la población reclusa en los
últimos años y dificultad para poner en marcha el Plan de
amortización y creación de nuevos centros penitenciarios. Para
que la política penitenciaria actúe en el campo de la
rehabilitación, de la reinserción, que para nosotros es el
aspecto más fundamental, es imprescindible dotarnos de unos
centros penitenciarios con un mínimo de condiciones que
permitan efectuar esta política. Ello no va a ser posible si
no generamos un consenso, empezando aquí en el Congreso, que
luego podamos extender a nivel municipal, porque son muchas
las administraciones implicadas en estas cuestiones. Luego,
ocurre lo que ocurre en la práctica, que cuando el gobierno
competente en la materia --le hablo en nombre del Gobierno
catalán-- intenta sacar adelante un nuevo centro penitenciario
tiene una oposición municipal tremenda porque previamente no
se ha establecido un consenso donde debe establecerse, que es
aquí.
Por tanto, insisto, el auténtico debate sobre política
penitenciaria es ver si somos capaces de crear las condiciones
necesarias para que podamos hacer aquello que pretende la Ley
General Penitenciaria que se haga, que es la reinserción, la
rehabilitación del preso, y ello requiere --insisto-- estas
infraestructuras que son muy difíciles de realizar.
Es verdad, a tenor de la interpelación y de la moción
presentada por el Grupo Popular y de la intervención que ha
hecho ahora mismo el portavoz del Grupo Socialista, que puede
parecer que en algunos aspectos quizá sea mejor una mayor
transparencia en la gestión, en la contratación y en la
realización de obras por parte de la Administración del
Estado. Es posible que éste sea un tema importante, y deduzco
que lo debe ser a raíz del texto de la moción y de la
intervención del Diputado del Grupo Socialista, pero insisto
en que en este tema, con ser importante, que lo es, lo que
tenemos que procurar es ser capaces de llegar a un acuerdo en
cuanto a la moción, acuerdo al que nosotros nos vamos a sumar
muy gustosamente. Aprobado esto, que se mande la
documentación, que se estudie y vayamos en serio a trabajar en
el auténtico debate de política penitenciaria que es otro, que
es el debate que permita cumplir los objetivos de la Ley
General Penitenciaria, que permita que los centros
penitenciarios estén en unas condiciones que posibiliten una
política moderna de atención a los presos, que no dejan de ser
personas que merecen todo el respeto y toda la atención de
esta Cámara, y a partir de aquí, cuando tengamos esta
situación de suficientes infraestructuras, habremos dado un
paso adelante y estaremos hablando y ejecutando la auténtica
política penitenciaria.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Casas.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario considera que efectivamente el
problema del hacinamiento, el problema que tienen los
funcionarios de Instituciones Penitenciarias, el plan de
amortización, etcétera, son problemas importantes en el ámbito
de Instituciones Penitenciarias pero tampoco son los únicos
puesto que existen problemas de gestión económica y de
contratación que se hace en ese ámbito. Pongamos pues todos y
cada uno de estos problemas al mismo nivel, porque es la única
oportunidad que tendremos, de forma global e integral, de dar
una solución real a los problemas que padece Instituciones
Penitenciarias y, por tanto, hacer que los centros
penitenciarios cumplan su función de reinserción, tal como la
ley prevé para ellos.
En ese sentido, nuestro Grupo Parlamentario, en el debate de
la interpelación que presentó el Grupo Popular, expresó su
voluntad inequívoca de contribuir, a través del diálogo con el
resto de los grupos parlamentarios, a dar transparencia en el
ámbito de Instituciones Penitenciarias a una etapa en la que
todos habíamos convenido que había sombra y opacidad.
Manifestamos
que había que dar transparencia desde el acuerdo y desde el
consenso de este Parlamento y dijimos en aquel momento que nos
parecía oportuna la interpelación porque abordaba precisamente
un aspecto del ámbito penitenciario que no era el que
habitualmente se trataba en esta Cámara y que sí incidía en la
solución integral, en la solución global que obligatoriamente
tenemos que dar a Instituciones Penitenciarias.
Desde esa perspectiva y en esa misma sintonía de intervención
que cuando se debatió la interpelación, nosotros creemos que
es adecuada la moción que presenta hoy en esta Cámara el Grupo
Parlamentario Popular. Lo creemos porque el primer objetivo de
dicha moción es la información. Hay toda una serie de
elementos de reflexión que se expusieron en el debate
parlamentario por parte del ponente de la interpelación, y en
ese sentido nosotros consideramos que al haber antepuesto ante
cualquier otro debate en el ámbito de esta moción la solicitud
en ella misma de toda una serie de información es lo que de
verdad nos puede disponer a todos, a partir de la información,
a realizar toda una serie de iniciativas parlamentarias
tendentes a lograr el objetivo planteado a través de la
interpelación, cual es el dar transparencia y claridad a un
período de gestión en el ámbito de Instituciones
Penitenciarias. Por tanto, nos parece que es adecuada la
moción desde la perspectiva de que recaba información
suficiente para que el conjunto de los grupos parlamentarios
podamos realizar un trabajo serio y riguroso con ella y, por
consiguiente, podamos llegar a conclusiones ciertas. En ese
sentido, nosotros, como grupo parlamentario, creemos
absolutamente conveniente, diríamos más, imprescindible,
conocer estos datos antes de anticipar ninguna conclusión en
relación al período de gestión que se ha señalado
reiteradamente en el momento de la interpelación y ahora en la
propia propuesta de moción, entre otras cosas, porque
consideramos que debe ser un objetivo, compartido por todos
los grupos que conformamos está Cámara, que lógicamente la
Administración debe ser un instrumento al servicio del
ciudadano, gestionado con eficacia, con transparencia y con
racionalidad. Precisamente a ese objetivo nos debemos en la
acción política desde nuestro Grupo Parlamentario y creemos
que pueden contribuir a ello si se aprueba por unanimidad de
esta Cámara esta moción, que --insisto-- pone como primer
objetivo la solicitud de información. No obstante, y para
concluir nuestra intervención, queremos también dejar claro
que, a partir de la obtención de la información, a partir del
estudio riguroso y concreto de la misma, nosotros, como Grupo
Parlamentario, lógicamente, nos reservamos las acciones
parlamentarias que creamos convenientes en aras a conseguir
ese fin último de conocer con total claridad lo que ha
ocurrido en ese período de gestión en Instituciones
Penitenciarias y, por tanto, haremos cuantas iniciativas
parlamentarias contribuyan a ese objetivo, que nos parece
fundamental y esencial para desterrar del ámbito de la
Administración la falta de transparencia y la opacidad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Aguilar.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra a los efectos de indicar
si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Quisiera señalar, a sólo esos efectos, que aceptaríamos la
enmienda que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista
siempre y cuando en este acto el grupo enmendante aceptara a
su vez las siguientes transacciones sobre el texto que nos
propone.
En primer lugar, en el punto 2.º del texto de la enmienda,
propondríamos añadir la palabra «adjudicaciones», de modo que
el citado punto quedaría de la siguiente forma: que en plazo
no superior a un mes se remitan los informes relativos a la
adjudicación de la infraestructura informática del programa
SURI y de la red periférica de centros penitenciarios.
Entendemos que sin esta expresión el punto quedaría confuso.
No estamos solicitando ninguna referencia técnica sobre esta
cuestión sino explícita en relación con el procedimiento
jurídico seguido.
En segundo lugar, propondríamos al grupo enmendante una nueva
transacción consistente en la adición de un nuevo punto 3.º
que pudiere servir de encuentro al que en su momento
formulábamos en el propio texto original de la moción; un
nuevo punto 3.º que dijera: Que en el plazo de un mes se
remita un informe sobre la adjudicación de los servicios de
economato de los centros penitenciarios de Sevilla 2 y
Valencia cumplimiento.
Nosotros estamos dispuestos --y fundamentamos en ello, señor
Presidente, esta propuesta de transacción--, y creemos que es
justo, a que se dé oportunidad a la Administración a fin de
que fije su criterio frente a lo dicho en el informe de la
Intervención General, reservándonos, a partir de ese informe
que solicitamos, las iniciativas que entendamos oportunas,
especialmente con referencia a lo que pudiere deducirse de las
operaciones de compra y recompra de las máquinas expendedoras
automáticas. En todo caso, comprenderá el Grupo enmendante que
no podíamos dejar de incluir en esta moción una referencia
como la que nos ocupa, cuando ésta tiene su base documental no
en suposiciones ni en opiniones de este portavoz sino, en todo
caso, en documentos oficiales provinientes de los órganos de
la Intervención del Estado.
En tercer lugar, pasaríamos a solicitar que el punto 3.º de la
enmienda se numerara como nuevo punto 4.º, a tenor de lo dicho
anteriormente, añadiendo en el final
de dicho punto la expresión «durante el período 1985 a 1993»,
de manera que, en su conjunto, la redacción de ese punto
quedaría en los siguientes términos: Que se remita en plazo no
superior a un mes un informe referente a la calidad,
condiciones de adjudicación, empresas adjudicatarias, costes y
recepción de los sistemas de seguridad instalados en los
centros penitenciarios durante el período 1985 a 1993. Por lo
mismo, solicitaríamos que el punto 4.º de la enmienda pasara a
numerarse como punto 5.º, no teniendo inconveniente alguno en
aceptar que el plazo que nosotros prefijábamos originalmente
de 48 horas pase a serlo de una semana.
Simplemente queremos señalar al señor portavoz del Grupo
Socialista que la justificación de la perentoriedad de ese
plazo se cifraba en las propias palabras del señor Ministro
cuando nos decía que ya tenía dispuesto el plan, y, por tanto,
de la calle Alcalá a esta Cámara parecía tiempo suficiente 48
horas sólo para fotocopiarlo y remitirlo.
Y queremos añadir, señor Presidente, que, en aras precisamente
del consenso, que creemos importante que obtenga esta moción,
no hemos tenido inconveniente en aceptar la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista consistente en extraer del texto de
la moción el punto 2.º referido a la urgencia en la materia de
adopción de medidas para la disolución de la SIEP. Simplemente
queremos decir, señor Presidente, que, aunque aceptamos esa
retirada, nos reafirmamos en nuestros conceptos y, desde
luego, plantearemos con carácter sutantivo ese debate
inmediatamente en el próximo período de sesiones.
Queremos agradecer a los grupos parlamentarios que han
intervenido en este debate su toma de posición y únicamente
queremos señalarle al señor portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que, si acepta estas transacciones, habremos dado
todos juntos un paso adelante para obtener una información;
una información que, por nuestra parte, no prejuzga, ni ha
prejuzgado hecho alguno, porque el señor portavoz del Grupo
Socialista, atento sin duda a lo que ha sido el transcurso del
debate de la interpelación y de la moción, se habrá dado
cuenta de que este portavoz, a su vez, ha empleado expresiones
siempre muy comedidas: si existe o no, si es cierto o no; y
solamente ha dicho: se sabe o hay constancia cuando la
Intervención General del Estado o cuando otros órganos
fiscalizadores de la Administración o cuando las respuestas
del propio Gobierno o cuando los servicios de Inspección, en
definitiva, dicen que se sabe o que hay constancia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro,
¿sería tan amable de pasar a la Presidencia la redacción del
punto 3.º nuevo, que no ha podido ser tomado por los servicios
de la Cámara? (Pausa.)
Señor Rodríguez Zapatero, no sé si S.S. tiene claras las
indicaciones propuestas, incluido el punto 3.º nuevo. ¿Acepta
la transacción el Grupo Socialista? (Asentimiento.) La acepta.
Vamos a pasar, señorías, a la votación correspondiente.
(Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular,
que se somete a votación en los términos que resultan de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, con las
transacciones y modificaciones resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 271; a favor, 270; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cinco minutos de la noche.