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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 79, de 15/06/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 79 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 78
celebrada el miércoles, 15 de junio de 1994



Página



ORDEN DEL DIA:



--Preguntas (Página 3976)



Interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre medidas que tiene previsto
adoptar el Gobierno para transponer a la legislación española
las Directivas comunitarias en materia de salud y seguridad en
el trabajo (número de expediente 172/000055) (Página 3998)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas para evitar que sea aprobado el actual proyecto de
reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del sector
vitivinícola (número de expediente 172/000056) (Página 4006)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
80, de 16 de junio de 1994.)



Página 3972




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Preguntas (Página 3976)



De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
actividades llevadas a cabo por el Instituto de la Mujer como
Centro Nacional de Coordinación para la preparación de la IV
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las mujeres,
a celebrar en Beijing en 1995? (Número de expediente
180/000529) (Página 3976)



De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la valoración
que hace el Gobierno de las acciones que se vienen realizando
en apoyo del asociacionismo juvenil? (Número de expediente
180/000530) (Página 3977)



De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué controles lleva a
cabo el Gobierno sobre la utilización y destino de las
subvenciones públicas a las Organizaciones no Gubernamentales?
(Número de expediente 180/000531) (Página 3978)



Del Diputado don Pere Baltá i Llopart, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno remitir a esta Cámara un
proyecto de Ley Orgánica que desarrolle adecuadamente el
Derecho de Asociación, en cumplimiento de la Proposición no de
Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 16 de marzo
de 1993? (Número de expediente 180/000519) (Página 3979)



De la Diputada doña María Bernarda Barrios Curbelo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué tipo de ayudas presta el Gobierno a los reclusos enfermos
de Sida que se encuentran en fase terminal que gozan del
derecho a la libertad condicional? (Número de expediente
180/000539) (Página 3980)



Del Diputado don Narcís Vázquez Romero, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno
asegurar que España se integre entre los Estados que vayan a
formar parte de la 3.ª fase de la Unión Económica y Monetaria
sin renunciar por ello a los objetivos de cohesión social?
(Número de expediente 180/000520) (Página 3981)



Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Tiene prevista el Gobierno la
modificación de la Ley 38/92 para ampliar la utilización de
gasóleo bonificado en explotaciones mineras, para facilitar
así su rentabilidad económica? (Número de expediente
180/000524) (Página 3982)



Del Diputado don Juan Costa Climent, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son
las razones por las que el Gobierno piensa someter a retención
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
los rendimientos derivados de Planes de Ahorro Popular?
(Número de expediente 180/000541) (Página 3983)



Del Diputado don Antonio Costa Costa, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Qué acciones piensa adoptar el
Gobierno ante la actitud de los Centros de Control Aéreo de
Marsella y Burdeos que producen retrasos sistemáticos, que
llegan a alcanzar las cinco horas, en los vuelos con origen en
Centroeuropa y destino Baleares? (Número de expediente
180/000523) (Página 3984)



Del Diputado don Victoriano Roncero Rodríguez, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cumplen los faros
españoles los criterios de disponibilidad



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que recomienda la Asociación Internacional de Señales
Marítimas? (Número de expediente 180/000532) (Página 3985)



Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Por qué razones AENA no cobró el incremento de tasas de
aterrizaje previsto para 1993 a determinadas compañías aéreas
de bandera extranjera? (Número de expediente 180/000537)
(Página 3985)



Del Diputado don Manuel de Jesús Ledro León, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Es consciente el Sr. Ministro de los graves perjuicios que se
están causando al sector productor arrocero de la provincia de
Sevilla, al no haberse resuelto el problema de garantizar el
suministro de aguas a los riegos actuales del Bajo
Guadalquivir? (Número de expediente 180/000540) (Página 3986)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativas
está llevando a cabo el Ministerio de Educación y Ciencia para
desarrollar el contenido de la LOGSE sobre evaluación del
funcionamiento del sistema educativo? (Número de expediente
180/000526) (Página 3988)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones
realizará el Ministerio de Educación y Ciencia para facilitar
la participación del voluntariado en las actividades
extraescolares de los centros docentes? (Número de expediente
180/000527) (Página 3989)



Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿En qué fechas concretas ha realizado el Gobierno gestiones
para garantizar la efectiva convalidación de los títulos
universitarios españoles afectados por la Directiva 89/48 CEE,
de 21 de diciembre de 1988? (Número de expediente 180/000536)
(Página 3990)



Del Diputado don Salvador Clotas i Cierco, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿En qué
situación se encuentra la Dirección del Museo del Prado?
(Número de expediente 180/000514) (Página 3991)



Del Diputado don José Cholbi Diego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Cultura: ¿Con qué criterios se seleccionan los espectáculos
que se programan en la Red Española de Auditorios y Teatros
Públicos? (Número de expediente 180/000542) (Página 3992)



Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.

Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas va a adoptar
el Ministerio para evitar que 99 familias de niños con
insuficiencia renal crónica, en tratamiento en el Hospital de
la Paz, de Madrid, tengan que abonar 100.000 pesetas al mes
para poder darles la dieta líquida que necesitan? (Número de
expediente 180/000534) (Página 3993)



Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Sanidad y Consumo: ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza
habitualmente por la Administración Sanitaria para la compra y
adquisición de bienes corrientes y servicios en los hospitales
del Insalud? (Número de expediente 180/000535) (Página 3994)



Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué gestiones ha
efectuado el Gobierno para dar cumplimiento a la Resolución
Parlamentaria aprobada el pasado 22 de febrero, referente a la
creación de un sistema de cuotas



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de producción de patata en el ámbito de la Unión Europea?
(Número de expediente 180/000522) (Página 3995)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión merece
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la evolución
seguida por los contratos de aprendizaje, en prácticas y a
tiempo parcial desde su entrada en vigor? (Número de
expediente 180/000525) (Página 3996)



Del Diputado don Juan Carlos Aparicio Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Cuáles son las
razones del retraso sufrido en la publicación de los datos de
afiliación a la Seguridad Social durante 1994? (Número de
expediente 180/000538) (Página 3997)



Interpelaciones urgentes (Página 3998)



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre medidas que tiene previsto adoptar el
Gobierno para transponer a la legislación española las
Directivas comunitarias en materia de salud y seguridad en el
trabajo (Página 3998)



En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, la señora Maestro Martín defiende la interpelación
formulada. Expresa su malestar por la serie de promesas
incumplidas por el Gobierno en materia de salud, higiene y
seguridad laboral, así como por el sistemático rechazo por el
Grupo Socialista en esta Cámara de las iniciativas sobre este
particular, mientras se convocan plenos extraordinarios fuera
del período de sesiones para aprobar una reforma laboral que
altera el marco de relaciones en detrimento de los derechos de
los trabajadores.

Agrega que en el mes de julio de 1993 la Comisión de las
Comunidades Europeas informaba que España había incumplido las
obligaciones que le incumbían en virtud de las directivas
relativas a salud laboral, decidiendo la apertura de los
correspondientes procedimientos de infracciones contra el
Estado español por la no transposición de estas directivas en
las fechas límite fijadas. Posteriormente, en diciembre
pasado, la propia Comisión Europea adopta la decisión de
enviar los correspondientes dictámenes motivados al Estado
español, de acuerdo con el artículo 169 del Tratado,
anunciando que de no adoptarse las medidas requeridas en el
plazo de dos meses se interpondrá recurso de incumplimiento
ante el Tribunal de Justicia.

Expone que el que una Ministra socialista esté permitiendo,
junto a la degradación de las condiciones laborales, que el
Estado español incumpla las normativas europeas destinadas a
proteger la salud de los trabajadores es algo que va más allá
de cualquier criterio político y entra en el terreno del
incumplimiento jurídico.

Menciona después que desde el año 1986 no se ha desarrollado
el artículo 4.º de la Ley General de Sanidad, cuando la
Constitución Española afirma taxativamente el derecho a la
integridad física y moral, el derecho a la protección de la
salud y la obligación de los poderes públicos de velar por la
seguridad e higiene en el trabajo. No se está hablando de
economía, sino de dos mil muertos al año, de más de un millón
de accidentes de trabajo anuales en un país que, además de
ostentar el doloroso récord de tener la mayor tasa de paro,
tiene una siniestralidad laboral catorce veces superior a la
media europea. Enumera, por último, las directivas que están
pendientes de aprobación en nuestro país, de lo que hace
responsable al Gobierno que, paralelamente, se ha dedicado a
la implantación de todas las medidas en vigor destinadas a
desregular el mercado de trabajo y a disminuir las
prestaciones sociales en el marco de una política económica
que sitúa a los trabajadores al borde de la desesperación. En
nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social (Griñán Martínez), manifestando que sería
conveniente que al hablar de los datos y al citar las
conclusiones que la señora Diputada ha hecho se atuviera a la
estricta seriedad en el manejo de los mismos, porque ha
mezclado directivas traspuestas con directivas no traspuestas,
directivas cuyo plazo todavía no ha expirado, y, en cambio, no
ha mencionado que en la inmensa mayoría de las directivas que
faltan por trasponer gran parte de sus artículos ya están
traspuestos. Incluso en el caso de la Directiva marco que
citaba, la inmensa mayoría de sus puntos están ya en nuestro
Derecho interno. Lo que falta, ciertamente, es la compilación
de todas estas normas y su sistematización en un texto legal,
que es precisamente lo que el Gobierno ha anunciado que va a
presentar inmediatamente en esta Cámara, tan pronto como
terminen las consultas que actualmente se están desarrollando.




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Agrega que no se pueden mezclar los temas y decir que las
empresas incumplen las normas de seguridad e higiene y, al
mismo tiempo, que no hay normas de seguridad e higiene ya que
difícilmente se puede cumplir aquello que no existe. Insiste
en que hay normas de seguridad e higiene, un conjunto
articulado de normativas de seguridad e higiene, pero falta la
sistematización con rango de ley formal, y esto es
precisamente lo que van a tratar de paliar con la presentación
del proyecto de ley.

Respecto a la afirmación de la señora Diputada de
incumplimiento de todas las normativas europeas destinadas a
la protección de la salud de los trabajadores considera que
debería tener el cuidado de conocer, al menos, cuántas
directivas se han traspuesto y cuántas no, y en qué parte no
se han traspuesto. Informa que desde nuestro ingreso en la
Comunidad, en 1976, España es el país que más directivas de
seguridad e higiene ha traspuesto hasta llegar a un total de
74, y respecto al tema de la siniestralidad rechaza el dato
expuesto por la señora Maestro de que nuestra tasa sea catorce
veces superior a la europea, ya que no se puede sustentar en
ningún argumento.

Expone algunas consideraciones en torno al concepto de
accidente de trabajo y enfermedades profesionales, así como su
protección, afirmando que a la hora de hacer comparaciones
debe actuarse siempre sobre magnitudes homogéneas para que
puedan tener alguna validez. Facilita algunas cifras en
relación con la siniestralidad en España, que demuestran que
se produce un descenso continuado en los últimos años, y
concluye señalando que si bien es cierto que falta mucho por
hacer, fundamentalmente la ley que la señora Diputada reclama,
reitera que la misma está circulando entre los interlocutores
sociales en estos momentos para posteriormente remitirla a la
Cámara.

Replica la señora Maestro Martín, duplicando el señor Ministro
de Trabajo y Seguridad Social.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
González Lizondo, del Grupo Mixto; Hinojosa i Lucena, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Aparicio Pérez, del
Grupo Popular.




Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
para evitar que sea aprobado el actual proyecto de reforma de
la Organización Común de Mercado (OCM) del sector vitivinícola
(Página 4006)



El señor Isasi Gómez defiende la interpelación del Grupo
Popular, manifestando que su Grupo Parlamentario y él
personalmente llevan desde el otoño pasado clamando en el
desierto, intentando concienciar a la opinión pública, al
Gobierno socialista y a los grupos de la Cámara sobre las
gravísimas consecuencias que acarrearía el que se aprobara el
famoso documento de reflexión elaborado el 22 de julio de 1993
en relación a la propuesta de reforma de la Organización Común
de Mercado. Reconoce que últimamente, coincidiendo con la
campaña electoral europea, ha habido una gran concienciación
en el conjunto de la sociedad, y también como consecuencia del
debate provocado por el Grupo Popular en la Comisión de
Agricultura el pasado 21 de abril, en el que se aprobó
asimismo, por unanimidad, una proposición no de ley que esta
tarde desearían elevar al más alto rango parlamentario a
través de la correspondiente moción que sin duda debatirán la
próxima semana.

Añade que el pasado 11 de mayo el Colegio de Comisarios dio
luz verde a las propuestas de reforma del mercado del vino,
que se atreve a afirmar, sin riesgo a equivocarse, que está
diseñado en contra de los intereses nacionales españoles. Por
ello espera también la unanimidad de esta Cámara, a poder ser,
de la propia sociedad y del sector afectado en la defensa de
los intereses nacionales.

Expone a continuación algunos de los principales rasgos del
sector vitivinícola en España en estos momentos, al que se
dedican cientos de miles de personas, representando nada menos
que el 12 por ciento de la producción final agraria y
alcanzando sus exportaciones el 2 por ciento de la totalidad
de las exportaciones españolas, al tiempo que su consumo ha
descendido en nuestro país en torno al 50 por ciento en los
últimos años.

Termina pidiendo al señor Ministro que aclaren, de una vez por
todas, lo que quieren hacer con el campo, ya que, por una
parte, nos obligan a matar las vacas y a arrancar las viñas,
nos destrozan las frutas y hortalizas, impulsan la venta a
países extranjeros del aceite de oliva y, por otro lado,
respecto a los cultivos herbáceos, ya veremos qué pasa a
partir del próximo año en que se quedarán sin subvenciones.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza Serna),
manifestando que la posición que defienden en todas las
instituciones comunitarias es una posición de unidad en
defensa de los intereses españoles. No le preocupa que el
Grupo Popular sea el que reivindique y levante la bandera. En
cualquier caso, quiere recordar que la posición más clara
elaborada en las instituciones comunitarias para defender el
sector del vino en España ha sido una resolución del
Parlamento Europeo a propuesta de un Diputado socialista. En
todo caso le parece importante que siguan manteniendo la
cohesión que han tenido hasta la fecha, la unidad de criterio
de



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todas las comunidades autónomas, de las organizaciones
agrarias y de todos los grupos de esta Cámara porque cree que
efectivamente nos jugamos mucho en esta reforma.

Añade el señor Ministro que la reforma del mercado del vino es
una necesidad sentida por el sector español con especial
intensidad, mayor incluso que en otros Estados miembros, y el
Gobierno siente también con gran fuerza la necesidad de la
reforma, entre otras muchas razones por la necesidad de
equilibrar el mercado. Expone que la razón fundamental de los
excedentes es el descenso en el consumo del vino, tanto a
nivel mundial como a nivel de Estados miembros productores,
como España, donde el descenso ha sido ciertamente
espectacular, como decía el Diputado, aunque en los dos
últimos años se está produciendo una recuperación. Aclara que
la reforma no puede tener como objetivo el ajuste de gastos
sino el equilibrio del mercado, en lo que todos coinciden,
existiendo otros elementos que hacen particularmente necesaria
la reforma, como son la excesiva complejidad de la actual
normativa comunitaria y las diferentes formas de aplicar el
concepto del vino de calidad en los distintos Estados
miembros.

Respecto a la posición del Gobierno, señala que desde la
incorporación de España a la Unión Europea seguramente ninguna
propuesta de la Comisión ha sido más debatida en todos los
foros, con una reacción frente a los primeros documentos que
en cierta medida han dado lugar a sustanciales cambios en la
propuesta finalmente adoptada por la Comisión, que se han
valorado positivamente, aun cuando representan una propuesta
claramente insuficiente para nuestro sector. Alude, por
último, a algunas de las medidas propuestas en apoyo de la
viticultura española para corregir algunas discriminaciones
entre las distintas regiones y concluye afirmando que la
actual propuesta es base de discusión, aunque quizá no la
única, cuya presentación en el Consejo de Ministros todavía no
se ha producido y, por tanto, no ha comenzado el debate sobre
ella. De cara a éste pide la unidad de todos los sectores
afectados, de los grupos políticos y de las comunidades
autónomas para mantener una posición común en todos los
ámbitos europeos.




Replica el señor Isasi Gómez, duplicando el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación.




Para fijación de posiciones intervienen los señores González
Lizondo, del Grupo Mixto; Vidal i Sardó, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




Se suspende la sesión a las siete y cuarenta minutos de la
tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




PREGUNTAS:



--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL INSTITUTO DE LA MUJER COMO
CENTRO NACIONAL DE COORDINACION PARA LA PREPARACION DE LA IV
CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS MUJERES,
A CELEBRAR EN BEIJING EN 1995? (Número de expediente
180/000529)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Punto IV del orden del día: Preguntas.

Pregunta número 18, de la señora Pelayo Duque. Tiene la
palabra.




La señora PELAYO DUQUE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, la Organización de Naciones Unidas, desde la
creación en su seno de la Comisión Jurídica y Social de la
Mujer, se ha venido ocupando sobre la igualdad de derechos y
la promoción de las mujeres en las esferas política,
económica, social y educativa. La declaración del año
internacional de la mujer, el plan de acción mundial, la
declaración sobre la igualdad de la mujer y su contribución al
desarrollo y a la paz, el decenio de Naciones Unidas para las
mujeres, son importantes iniciativas de Naciones Unidas en
relación con la igualdad de derechos, fruto de las sucesivas
conferencias mundiales que la Organización de Naciones Unidas
ha venido celebrando.

La próxima conferencia mundial se va a celebrar en el año 1995
en Beijing. Será la IV Conferencia mundial de las Naciones
Unidas sobre las mujeres. En ella se van a abordar no sólo las
conclusiones de las estrategias y resoluciones adoptadas en
Nairobi, sino que también se van a proyectar una serie de
acciones para las mujeres de cara al año 2000. Para la
preparación de esa conferencia a celebrar el próximo año en
China, el Secretario de la Organización de Naciones Unidas ha
recomendado a los Estados miembros la creación de un órgano
institucional que se encargue de coordinar los



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trabajos en cada Estado para la celebración de la citada
conferencia. En España ha sido el Instituto de la Mujer el
órgano designado para la coordinación nacional de esos
trabajos. Es por ello por lo que, a estas alturas del año
1994, próxima ya la celebración de esa IV Conferencia mundial,
pregunto a la señora Ministra: ¿Cuáles son las actividades
llevadas a cabo por el Instituto de la Mujer como centro
nacional de coordinación para la preparación de la IV
Conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre las mujeres,
a celebrar en Beijing en 1995?
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Diputada, como muy bien usted ha dicho, ha sido el
Instituto de la Mujer designado por el Gobierno de la nación
como el centro nacional para la coordinación de los
preparativos de la IV Conferencia mundial sobre las mujeres.

Precisamente ha sido designado por su condición de órgano
encargado de la promoción de las políticas de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, en el seno de la
Administración General del Estado.

El cometido principal que incumbe a este Instituto es promover
e iniciar todos los preparativos para la Conferencia mundial
de Pekín. En este sentido, ya desde octubre de 1993 se está
trabajando en una serie de actuaciones, bajo las indicaciones
de la Secretaría General de Naciones Unidas, que es quien
organiza la IV Conferencia. La más significativa de estas
actuaciones ha sido la que hemos tenido ocasión de realizar en
Toledo los días 14 y 16 de abril pasado, que ha sido
preparatoria de los acuerdos que van a corresponder a los
países miembros de la Unión Europea. Precisamente España fue
designada como sede de esos preparativos de la Unión Europea.

También el Instituto de la Mujer ha asistido a dos
conferencias que merecen destacarse por su importancia, una,
preparatoria también, organizada por la OCDE, sobre la
participación activa de la mujer en el desarrollo, en el
mercado de trabajo y en el empleo, y otra, la de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) sobre mujeres y
empleo.

La aportación española desde el Instituto de la Mujer también
tiene un elemento importante en cuanto a una elaboración de
los logros que ha conseguido España en el tema de la mujer.

Recientemente ha presentado los logros de la década 1982-1992,
que coincide con la creación del Instituto de la Mujer; pero
ahora vamos a presentar en la IV Conferencia los logros
correspondientes a los 15 últimos años.

Además, estamos coordinadamente trabajando con todos los
departamentos ministeriales implicados. También el Instituto
de la Mujer está participando en Naciones Unidas con una
persona allí destacada como representante, para preparar la
plataforma de acción. La plataforma de acción es el borrador
del documento que previsiblemente va a ser aprobado por todas
las mujeres asistentes a la Conferencia de Pekín. Hay
elaborado ya un primer texto...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA VALORACION
QUE HACE EL GOBIERNO DE LAS ACCIOONES QUE SE VIENEN REALIZANDO
EN APOYO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL? (Número de expediente
180/000530)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, de la señora Pelayo.

Tiene la palabra.




La señora PELAYO DUQUE: A partir de la aprobación del Plan
Integral de la Juventud, se han venido intensificando una
serie de acciones por parte del Gobierno tendentes a fomentar
la participación y el asociacionismo juvenil. En el citado
plan ya se contemplaban una serie de objetivos y programas, 17
en concreto, tendentes a fomentar el asociacionismo juvenil no
sólo desde el punto de vista educativo y estudiantil (apoyo a
las asociaciones de estudiantes en sus distintos niveles),
sino de apoyo al asociacionismo juvenil local, con iniciativas
juveniles locales; apoyo desde el ámbito nacional al Consejo
de la Juventud de España; apoyo a la formación de cuadros de
jóvenes para las asociaciones; servicios de información a las
asociaciones; aumento de los recursos económicos para las
asociaciones y entidades juveniles, etcétera. El apoyo público
dado por los socialistas a las juventudes asociadas, tanto en
el ámbito educativo, como en el cultural, deportivo, político,
sindical, no ha tenido parangón en nuestro país. A manera de
ejemplo quisiera citar que en la anterior Legislatura se
aprobaron 833 programas de entidades juveniles llevados a cabo
por más de 80 asociaciones de ámbito estatal. Este es un
problema que preocupa a esta Diputada en el sentido de que en
España hemos tenido siempre un bajo índice asociativo.

Es importante fomentar la participación y el asociacionismo
juvenil, y es por eso por lo que, a la vista de la experiencia
del Plan Integral de Juventud, quisiera preguntar a la señora
Ministra: ¿cuál es la valoración



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que hace el Gobierno de las acciones que se vienen realizando
en apoyo del asociacionismo juvenil?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Señora Diputada, efectivamente es una de la prioridades del
Gobierno todo lo que es la promoción del asociacionismo
juvenil, que ocupa un lugar muy importante en el marco de las
iniciativas que se impulsan desde el Gobierno, a través del
Ministerio de Asuntos Sociales, en este caso, y del Injuve,
con la finalidad de fomentar la participación social de los
jóvenes y de la corresponsabilidad como ciudadanos y
ciudadanas en la articulación de las políticas públicas, sobre
todo de tipo social.

La experiencia que hemos tenido es positiva y la valoración
que se hace desde el Gobierno es también positiva, puesto que
hemos conseguido consolidar las asociaciones juveniles
mediante incentivos de carácter económico, por un lado, ayudas
también de apoyo técnico, de orden técnico y apoyo
institucional. El apoyo institucional fundamentalmente se
realiza con cargo al régimen general de subvenciones del
Departamento, como el específico de ayudas derivadas del 0,5
por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y, además, con todo ello se viene subvencionando en los
últimos años a programas de apoyo específicos al movimiento
asociativo.

El 0,5 por ciento también tiene otros ámbitos de apoyo al
empleo juvenil, apoyo a otro tipo de iniciativas, pero
especialmente hay una parte muy importante destinada al apoyo
del movimiento asociativo.

También hay acciones dirigidas a consolidar las estructuras y
las actuaciones de las asociaciones juveniles. Estas estarían
más en el ámbito del apoyo técnico. Aquí está todo lo que es
el apoyo a revistas y publicaciones periódicas que llevan a
cabo dichas asociaciones, también el apoyo a la participación
de las asociaciones juveniles en organismos internacionales y
en actividades internacionales (aquí es muy importante toda la
labor que se está llevando a cabo en la Organización
Iberoamericana de Juventud y en otro tipo de participaciones a
nivel internacional y también en la Comunidad Europea), así
como facilitar a las asociaciones información, orientación y
asesoramiento. Además, desde el Instituto de la Juventud hemos
puesto en marcha ya hace muchos años lo que denominamos el
hotel de asociaciones juveniles. Es un lugar donde las
asociaciones pueden tener una ubicación, una sede, una
posibilidad de tener intercambios, lugares de reuniones,
etcétera y esto se les facilita desde el Ministerio de Asuntos
Sociales, desde el Instituto de la Juventud. También llevamos
a cabo actividades de tipo internacional, entre las que
merecen destacarse dos especialmente: una es la del centro
Eurolatinoamericano de Juventud, el Ceulaj...




El señor PRESIDENTE: Gracias.




--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CONTROLES LLEVA A
CABO EL GOBIERNO SOBRE LA UTILIZACION Y DESTINO DE LAS
SUBVENCIONES PUBLICAS A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES?
(Número de expediente 180/000531)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, de la señora Pelayo
Duque, que tiene la palabra.




La señora PELAYO DUQUE: Señora Ministra, recientemente ha
aparecido en los medios de comunicación alguna información
acerca del destino de los fondos públicos o subvenciones
públicas que reciben algunas organizaciones no
gubernamentales.

Sin entrar en el fondo de la citada información --que ha
aparecido, como digo, en los medios de comunicación, porque
ése no es el objeto de esta pregunta--, creo que es importante
que la opinión pública conozca qué controles lleva a cabo el
Gobierno sobre la utilización y destino de las subvenciones
públicas a las organizaciones no gubernamentales.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pelayo.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.

Señora Diputada, le agradezco especialmente que formule esta
pregunta porque, efectivamente, ha habido noticias en los
medios de difusión respecto al control de los fondos que se
dan desde los ministerios, y concretamente desde el Ministerio
de Asuntos Sociales. Tenemos dos principios básicos respecto a
los fondos que asignamos con las subvenciones a las
organizaciones no gubernamentales, y son: la objetividad en su
concesión y el estricto control de su correcta utilización.

Además, no puede ser de otra manera porque tanto un concepto
como otro están contemplados en el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria de 1988 y en el Reglamento del
procedimiento para la concesión de subvenciones públicas de 17
de diciembre de 1993.

El Ministerio de Asuntos Sociales, en relación precisamente
con esa normativa vigente, tiene cinco controles establecidos.

Tres de esos controles son servicios



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propios del Departamento y otros dos corresponden a órganos
externos. El primero de los tres controles propios son las
inspecciones que se realizan, cada año, desde el Ministerio de
Asuntos Sociales. Previamente, con criterios objetivos, se
selecciona a qué organizaciones no gubernamentales se va a
inspeccionar en cada año y, a través de esas visitas, que
realizamos con inspectores propios, se ve si las subvenciones
han ido destinadas a los fines para los que se han pedido. Por
ejemplo, le cito que en 1993 seleccionamos 70 organizaciones
no gubernamentales e inspeccionamos 110 programas.

El segundo control que hacen los servicios competentes desde
el Ministerio de Asuntos Sociales es la revisión de las
cuentas justificativas que nos presentan las entidades
beneficiarias, de que han destinado el gasto al fin para el
que ese dinero se les dio.

El tercer control que hacemos desde el Ministerio es el
análisis de las memorias finales que deben de presentar las
entidades beneficiarias, justificando así ellas las cantidades
entregadas como subvención y el destino que han dado a esa
subvención.

Por último, los dos controles externos a los que me he
referido. El primero es el que realiza el Plan Nacional de
Auditorías a través de la intervención General de la
Adminstración del Estado, y ahí, en los planes
correspondientes a 1992 y 1993, tenemos que sólo en el ámbito
de las subvenciones concedidas a cargo del 0,5 por ciento del
IRPF han auditado más de veinte entidades financiarias, con
los correspondientes resultados. Y el segundo control externo
es el que realiza el Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado
durante los años 1990 y 1991 a 51 entidades, con los
resultados que constan en el Tribunal. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON PERE BALTA I LLOPART, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO REMITIR A ESTA
CAMARA UN PROYECTO DE LEY ORGANICA QUE DESARROLLE
ADECUADAMENTE EL DERECHO DE ASOCIACION, EN CUMPLIMIENTO DE LA
PROPOSICION NO DE LEY APROBADA POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS EL 16 DE MARZO DE 1993? (Número de expediente
180/000519)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Baltá i
Llopart.




El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, como usted bien sabe, estos días se debate en
la Comisión de Educación y Cultura el proyecto de ley de
fundaciones y de incentivos fiscales que, con la pretensión de
configurar el marco jurídico del mecenazgo, también pretende
llenar el vacío legislativo en torno a las fundaciones, que se
venían rigiendo básicamente por una ley promulgada a mediados
del siglo pasado, con lo que el Gobierno afronta de una vez
dos temas no resueltos en el contexto legislativo. Sin
embargo, el Congreso tiene una asignatura pendiente en cuanto
a que sigue vigente, con las limitaciones propias del marco
constitucional, la Ley de Asociaciones de 1964, casi como una
reliquia del pasado no democrático, un mecanismo legal de
carácter represivo para el cual el Pleno del Congreso aprobó
el 16 de marzo del pasado año una proposición no de ley de mi
Grupo Parlamentario, enmendada por el Grupo Socialista en
cuanto al plazo de ejecución del acuerdo, instando al Gobierno
a remitir a la Cámara un proyecto de ley orgánica que
desarrolle adecuadamente el derecho de asociación previsto
constitucionalmente.

Más allá de la importancia del proyecto en sí mismo, parece
muy oportuna la presentación del correspondiente proyecto, por
cuanto la ley de Fundaciones remite los beneficios fiscales
previstos a las asociaciones que sean declaradas de utilidad
pública, figura jurídica también recogida en la Ley de
Asociaciones, lo que ha hecho que planteemos la pregunta sobre
en qué nivel se encuentra la ejecución del acuerdo del 16 de
marzo de 1993 en torno a la Ley de Asociaciones. Muchas
gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Diputado, efectivamente, por la obligación imperativa
del artículo 22 de la Constitución y, además, por la
proposición no de ley que aprueba el Congreso de los Diputados
el 16 de marzo de 1993, es necesario que adecuemos
precisamente la normativa de asociaciones a la realidad
actual; pero es que, además, está explícitamente dicho en la
exposición de motivos de la ley de Fundaciones y de incentivos
fiscales a la participación privada con fines de interés
general. Es verdaderamente importante adaptar esa legislación
a las necesidades de una sociedad moderna y participativa, en
la que el tejido social va teniendo cada vez una importancia
mayor.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. (El señor Baltá
i Llopart renuncia al turno de réplica.--La
señora Ministra de Asuntos Sociales pide la palabra.) Si no
hay réplica del Diputado, no hay segundo turno del Gobierno,
señora Ministra.




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--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA BERNARDA BARRIOS CURBELO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE TIPO DE AYUDAS PRESTA EL GOBIERNO A LOS
RECLUSOS ENFERMOS DE SIDA QUE SE ENCUENTRAN EN FASE TERMINAL
QUE GOZAN DEL DERECHO A LA LIBERTAD CONDICIONAL? (Número de
expediente 180/000539)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, de la señora Barrios
Curbelo.




La señora BARRIOS CURBELO: Señor Ministro: ¿Qué tipo de ayudas
está ofreciendo al Gobierno a los reclusos enfermos de sida
que, estando en fase terminal, tienen derecho a la libertad
condicional, según el artículo 60 del Reglamento
Penitenciario?
Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia, señor Presidente, señoría, como usted sabe, en el
momento en que un juez de vigilancia penitenciaria concede la
posibilidad de excarcelación, de libertad condicional, a
partir de ese momento existe, en primer término, un programa
de apoyo específico de la Secretaría de Estado de
Instituciones Penitenciarias, que recoge fundamentalmente lo
que supone el traslado hasta el lugar de residencia y las
ayudas correspondientes al primer tiempo de estancia. A partir
de ahí, no tienen más apoyo que los de carácter general, tanto
los que se derivan de la consignación correspondiente del 0,52
por ciento del IRPF, en función de lo cual el colectivo de
enfermos de sida es uno de los colectivos particularmente
protegidos, como, en segundo término, a través de los
mecanismos del seguro de desempleo, que en este momento, como
sabe S.S., alcanza también a los excarcelados, y a través, en
tercer lugar, del sistema de pensiones no contributivas. Ese
es, en síntesis, el modelo de asistencia social a los enfermos
de sida.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señora Barrios, tiene la palabra.




La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, oficialmente viven en España 150.000 personas
que padecen y son seropositivas respecto al sida, de las
cuales 20.000 están ingresadas en prisión. Aparte de esto, más
de 24.000 personas que viven en España ya son declaradas
enfermos de sida. Estas son cifras oficiales, pero todos
sabemos que en la realidad son muchas más las personas
contagiadas por el sida y mucho mayor el número de los
enfermos reclusos que están en este momento en prisión. Sin
embargo, aun recogiendo el artículo 60 del Reglamento
Penitenciario la posibilidad de conceder la libertad
condicional a los enfermos muy graves, que tengan
padecimientos incurables, es también cierto que determinados
jueces se niegan a conceder esta libertad condicional a los
reclusos enfermos de sida, puesto que no hay una respuesta
social para acogerlos, ya que la mayoría son personas que
están totalmente partidas personal, económica y familiarmente.

Por eso le he hecho la pregunta, en el sentido de que el
problema del sida en las prisiones en este momento es muy
grave.

Tenemos muchísimos reclusos infectados por el sida que pululan
como cadáveres y a los que en este momento, sin embargo, no se
les concede la libertad condicional, y entendemos que se les
debe conceder, no sólo por criterios de eliminación del
contagio del sida, puesto que por el hacinamiento --más de
cuatro viven en una celda de la prisión, sin hábitos
higiénicos, con un gran consumo de drogas, como todos sabemos-
- es más fácil, sino también por un criterio económico. En
este momento, un enfermo en un hospital produce mensualmente a
las arcas del Estado un gasto de más de un millón de pesetas.

Si se apoyaran organizaciones no gubernamentales que pudieran
ofertar casas, residencias y pisos para que estos reclusos
pudieran trasladarse y fueran aceptados, podríamos eliminar
este problema, y no sólo por estos dos criterios, el económico
y la eliminación del sida, sino sobre todo por el derecho a
una muerte digna.

Señor Ministro, esta pregunta no es baladí. Si el Reglamento
Penitenciario recoge en el artículo 60 la posibilidad de la
libertad condicional y ésta no se puede llevar a cabo porque
no existen medios, pueden quedar estos artículos en agua de
borrajas. Por eso lo considero necesario, no sólo ya por el
derecho a una muerte digna, sino porque la justicia no sólo
debe ser una declaración de intenciones y de principios, sino
que también debe tener medios y previsiones.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia, señor Presidente, señoría, comparto plenamente los
planteamientos que ha realizado; de hecho, ése es uno de los
esfuerzos centrales de la Secretaría de Estado de
Instituciones Penitenciarias, que quiere conectar su trabajo
con los programas de apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales.

Afortunadamente, de los aproximadamente 9.000 millones de
pesetas que surgen en ese concepto del 0,52, el 13 por ciento,
en tres categorías diferentes, puede relacionarse,



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vincularse con problemas y programas relativos al sida.

Concretamente, el 3 por ciento de ese porcentaje total se
dedica de manera expresa a programas relacionados con el sida
relativos a colaborar con organizaciones no gubernamentales;
además, el 7 por ciento está dedicado precisamente a
drogodependientes, población y programas que son concurrentes
con los relativos al sida, y todavía queda otro 3 por ciento
que es aplicable también a programas relativos al apoyo a
organizaciones no gubernamentales.

La Secretaría de Estado tiene un programa tendente a
garantizar la acogida, porque, como S.S. ha señalado, ése es
el verdadero problema. Los jueces no conceden la libertad
porque no tienen la garantía de que fuera estén mejor que en
prisión, paradójicamente. Esa es nuestra preocupación y en esa
línea estamos trabajando, señoría.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON NARCIS VAZQUEZ ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO PIENSA EL GOBIERNO
ASEGURAR QUE ESPAÑA SE INTEGRE ENTRE LOS ESTADOS QUE VAYAN A
FORMAR PARTE DE LA 3.ª FASE DE LA UNION ECONOMICA Y MONETARIA
SIN RENUNCIAR POR ELLO A LOS OBJETIVOS DE COHESION SOCIAL?
(Número de expediente 180/000520)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número nueve, del señor Vázquez
Romero, que tiene la palabra.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Ministro, el tema objeto de la
pregunta que a continuación le formularé debería haber sido
uno de los ejes centrales del debate en la pasada campaña
electoral, desde nuestro punto de vista. Desgraciadamente, los
dos partidos mayoritarios prefirieron utilizar otros temas,
que aportaron bien poca luz a los ciudadanos y contribuyeron a
enturbiar --y utilizo un adjetivo suave o compasivo-- un poco
más el panorama general de la política en nuestro país.

El fracaso de la 2.ª fase, la imposibilidad de cumplimiento de
los cuatro parámetros de convergencia nominal --la deuda, la
inflación, el déficit y los tipos de interés-- en la fecha
prevista, lo que, como consecuencia ha generado importantes
recortes sociales, desregulación del mercado laboral y, sobre
todo, paro, debería obligar a reconsiderarlos, renegociando
los mismos o incluyendo otros, como el ya conocido del paro
juvenil o el paro de larga duración, haciendo realmente de la
solución de este nuevo parámetro, el paro, la verdadera
obsesión de la política económica de los diferentes países de
la Unión Europea. Es decir, que habría que cambiar el orden de
prioridades, flexibilizando los plazos, porque nosotros, señor
Ministro, podemos compartir el objetivo de la moneda única,
pero no a cualquier precio, y deberíamos realizar todos los
esfuerzos para hacer compatible la cohesión económica con la
cohesión social. Sin la cohesión social, la cohesión
estrictamente económica sólo serviría a los grandes poderes
económicos, pero difícilmente serviría a los ciudadanos. Por
todo ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿cómo piensa el
Gobierno asegurar que España se integre entre los Estados que
vayan a formar parte de la 3.ª fase de la Unión Económica y
Monetaria sin renunciar por ello a los objetivos de cohesión
social?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, voy a intentar hacer una reflexión sobre los aspectos
generales que me ha planteado para, finalmente, responder a su
cuestión.

Es cierto que en el Tratado de Maastricht se establecen unos
criterios de convergencia nominal. Sin embargo, es evidente
que lo que a todos nos importa es la convergencia real y que
vayamos aproximándonos al mismo nivel de riqueza. No es
cierto, por otra parte, que nos estemos separando de los
criterios de convergencia nominal en términos globales, por lo
menos en los cuatro criterios fundamentales. Hay dos en los
que, por definición, no puede haber ninguna separación --
inflación y tipos de interés-- dado que se basan en el
comportamiento de los tres mejores. Donde se está produciendo
una cierta discrepancia es, evidentemente, en el concepto de
déficit y, en cierta medida, en la presencia en las bandas
estrechas de flotación durante los dos años anteriores. En
cuanto al défict, S.S. sabe que en el propio protocolo se
estipula que no son tan relevantes las cifras absolutas
establecidas, como la aproximación a la cifra de deuda y
déficit, y, por lo tanto, es la tendencia lo que es relevante,
aunque no debería separarse demasiado del 3 por ciento de
déficit y del 60 por ciento de deuda.

Es cierto que la supresión de la banda estrecha hace imposible
el cumplimiento del requisito de estar dos años en la banda
estrecha, dado que esas bandas estrechas no existen. Sin
embargo, lo que S.S. me pregunta es cómo podemos compaginar
todos estos elementos. Dicho de otra forma, cómo se resuelve
el problema de una política ortodoxa en términos económicos
con unas diferencias económicas y sociales tan relevantes.

Evidentemente, ese concepto lo tenía ya resuelto el propio



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Tratado de Maastricht cuando, en su artículo 104, establece el
concepto de fondo de cohesión, y lo que dice es que se pueden
poner en marcha unos apoyos, cosa muy relevante para nuestro
país, a aquellos países que, cumpliendo los requisitos, estén
en un 90 por ciento por debajo del nivel de riqueza mínimo de
la Comunidad. Ese es el concepto que en principio pensamos
aplicar, junto a la utilización de los fondos estructurales,
para ir aproximándonos a la situación real de la comunidad.

Por supuesto, el concepto de paro no existe en los criterios
de Maastricht, si bien es un elemento adicional que se puede
valorar; en algún momento el señor Delors lo ha intentado
hacer, pero no es ése un concepto que actualmente exista,
aunque es evidente que es relevante.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Quizá no tenga usted tiempo de contestarme a lo que le voy a
preguntar, pero me gustaría que nos pudiera decir qué
repercusión tendría en la actualidad sobre la economía
española el volver a la banda estrecha de fluctuación de la
moneda en un sistema monetario que ya tiene fuera lira y
libra, lo que significa por sí solo una dificultad añadida.

En algunas ocasiones, usted y otros colegas suyos de la
Comunidad han acabado diciendo que el mantenimiento de los
plazos y de los parámetros de convergencia nominal tienen una
razón fundamentalmente psicológica para obligar a los Estados
a mantener cierto tipo de política. Pues bien, por la misma
razón de tipo psicológico podrían ustedes incluir, para que
fuera realmente la obsesión de la política económica de la
Unión Europea, el parámetro del paro, fundamentalmente del
paro juvenil y del paro de larga duración. Y no hace falta
recordarle la expresión de Delors de que es imposible la
democracia con tasas del 10 por ciento de paro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.




--DEL DIPUTADO DON ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO LA MODIFICACION DE LA LEY 38/1992 PARA AMPLIAR LA
UTILIZACION DE GASOLEO BONIFICADO EN EXPLOTACIONES MINERAS,
PARA FACILITAR ASI SU RENTABILIDAD ECONOMICA? (Número de
expediente 180/000524)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Cuevas
Delgado.




El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la minería es una actividad industrial con un
mercado internacional muy competitivo, por lo que la mejora de
sus factores productivos mejoraría, a su vez, la posición de
nuestra minería en los mercados exteriores, teniendo en cuenta
que un destino muy importante en esos mercados es la
producción española. Sería, pues, fundamental para toda esta
actividad minera, y especialmente para los yacimientos de roca
ornamentales o los yacimientos de la faja pirítica ibérica, la
mejora de estas condiciones de competitividad. Sin embargo, en
los momentos actuales, la minería española sufre determinadas
desventajas que dificultan esta posibilidad, como es, por
ejemplo, la imposibilidad de utilizar gasóleo bonificado en la
maquinaria básica de extracción. La normativa comunitaria
permite a sus países miembros practicar estas exenciones
fiscales, pero la legislación española, concretamente la Ley
38/1992, imposibilita esta posibilidad para nuestra minería.

Es por ello, para mejorar esta competitividad, para mantener
el empleo en este sector y también para acrecentarlo, dado que
hay proyectos muy importantes de inversión en minería, por lo
que le formulo la siguiente pregunta: ¿tiene previsto el
Gobierno la modificación de la Ley 38/1992 para ampliar la
utilización de gasóleo bonificado en explotaciones mineras
para facilitar así su rentabilidad económica y el
mantenimiento del empleo?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, es cierto que en el caso de la minería se plantea una
contradicción. La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, a la que
S.S. hace referencia, permite la utilización de gasóleo
bonificado para la agricultura y también para aquellos motores
fijos que se pueden utilizar en otro tipo de actividades. En
ese sentido, cuando la minería está utilizando motores fijos,
puede utilizar gasóleo. Sin embargo, cuando dichos motores no
son fijos, sino que son motores que pueden moverse y, por
tanto, incorporarse a maquinaria minera, es verdad que no
pueden utilizar esa posibilidad. Precisamente para corregir
esa contradicción, que yo creo que existe y que comparto con
S.S., estamos pensando proponer, en el proyecto de ley de
medidas que acompañe a la ley de presupuestos para 1995, la
modificación necesaria del mencionado artículo 51.2 de la Ley
de Impuestos Especiales, de manera que permita que la
maquinaria minera que se utilice en actividades reguladas por
la Ley de Minas pueda utilizar en sus motores gasóleo
bonificado, con independencia de que éstos tengan o no la
consideración de fijos.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JUAN COSTA CLIMENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON
LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO PIENSA SOMETER A RETENCION
A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
LOS RENDIMIENTOS DERIVADOS DE PLANES DE AHORRO POPULAR?
(Número de expediente 180/000541)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Costa
Climent.




El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿cuáles son las razones por las que el
Gobierno piensa someter a retención a cuenta del IRPF los
rendimientos de Planes de Ahorro Popular?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.

Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

El Gobierno todavía no ha adoptado una decisión; por tanto, no
se puede afirmar que el Gobierno piensa someter a retención
los planes de ahorro popular. Lo que sí se ha detectado en el
análisis de esta figura financiera es la entrada en
competencia de la misma con los fondos de inversión y el
tratamiento diferencial que desde el punto de vista fiscal se
produce en el caso en que no existan retenciones.

Es cierto que se están analizando las distintas alternativas
para corregir esas discriminaciones con objeto de conseguir lo
que pretendemos, que es que el plan de ahorro popular
signifique fundamentalmente un ahorro adicional y no la
sustitución de un instrumento financiero por otro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA CLIMENT: Señor Solbes, nos encontramos en junio
de 1994 y el Gobierno todavía, después de tres años, no ha
desarrollado reglamentariamente los planes de ahorro popular.

La historia de los planes de ahorro popular en nuestro país es
una historia de constantes y desconcertantes anuncios de la
práctica totalidad de los representantes de su Ministerio.

Unas veces para anunciar su puesta en marcha inmediata y otras
para anunciar su posposición indefinida.

En los últimos días, en los medios de comunicación, usted y el
señor Secretario de Estado de Hacienda han declarado que es
necesario modificar la Ley del IRPF, someter a retención los
rendimientos de planes de ahorro popular para evitar bolsas de
dinero negro y facilitar la gestión de la Agencia y otras
razones que nos ha apuntado usted ahora mismo.

Yo le preguntaría: ¿es que cuando editaron el Libro Blanco de
reforma del IRPF no existían estos problemas o es que no los
estudiaron suficientemente? ¿Es que cuando aprobaron la Ley
del IRPF no existían estos problemas o no los estudiaron
suficientemente?
Yo creo que el Gobierno tiene dos problemas: en primer lugar
las discrepancias internas que existen dentro de su propio
Departamento ministerial; no saben en qué tipo de activos
deben materializarse los planes, ni siquiera si son un
instrumento eficaz para fomentar el ahorro a medio y largo
plazo. Y, en segundo lugar, el coste recaudatorio que puede
suponer la puesta en marcha de esta medida. Por eso yo le
rogaría que adoptaran una decisión; que se pongan de acuerdo
ustedes mismos y que el Gobierno deje de actuar con esa
pasividad que le caracteriza últimamente y deje, por lo tanto,
de jugar con los intereses de los pequeños ahorradores que
desde hace tres años no saben a qué atenerse. Muchas gracias,
señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Cuando en su día se estudió la posibilidad de puesta en marcha
de los planes de ahorro popular, evidentemente se basaba en la
experiencia existente en otros países sin existencia de
activos alternativos en los que se pudiera invertir en nuestro
país.

La puesta en marcha de los fondos de inversión puso de relieve
la posibilidad de utilizar los mismos para fomentar el ahorro
popular de forma parecida a como lo hacían en los planes de
ahorro popular en otros países. Sin embargo, la existencia de
esta figura ha llevado al intento de búsqueda de un elemento
diferencial distinto para estos planes de ahorro popular que
permitiese su puesta en vigor.

Es cierto que han aparecido contradicciones importantes con
los fondos de inversión e incluso posibles orígenes de fraude
fiscal, además de otros elementos, como es la utilización de
en qué instrumentos deben cristalizar dichos planes que
plantean problemas prácticos de toda naturaleza. Este tema se
ha estudiado varias veces. Es cierto que se han detectado las
dificultades y eso es lo que intentamos resolver. Yo creo que
no se ha generado ningún problema para el ahorrador. El
ahorrador puede recurrir a los fondos de inversión; el
ahorrador tiene múltiples otras facetas para llevar a cabo la
inversión de sus ahorros y, desde luego, en ningún caso se ha
dispuesto



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todavía de un proyecto formal de planes de ahorro popular,
sino simplemente de consultas con instituciones financieras,
que, por supuesto, si las han utilizado para hacer publicidad,
ha sido a riesgo propio, pero no como consecuencia de una
posición del Gobierno.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ANTONIO COSTA COSTA, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACCIONES PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO ANTE LA ACTITUD DE LOS CENTROS DE CONTROL AEREO DE
MARSELLA Y BURDEOS QUE PRODUCEN RETRASOS SISTEMATICOS, QUE
LLEGAN A ALCANZAR LAS CINCO HORAS, EN LOS VUELOS CON ORIGEN EN
CENTROEUROPA Y DESTINO BALEARES? (Número de expediente
180/000523)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Costa
Costa, que tiene la palabra.




El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en los últimos fines de semana se han venido
produciendo en las islas Baleares unos retrasos sistemáticos
en todos los vuelos procedentes de Centroeuropa y con destino
a los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca de duración de
hasta cinco horas. Estos retrasos han venido afectando no a un
número insignificante de personas, sino a usuarios que se
cifran entre 260.000 y 300.000 durante un fin de semana. Es
por ello que le formulamos la siguiente pregunta: ¿qué
acciones piensa adoptar el Gobierno ante la actitud de los
centros de control aéreo de Marsella y Burdeos, que producen
retrasos sistemáticos, que llegan a alcanzar las cinco horas
en los vuelos con origen en Centroeuropa y destino Baleares?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

Señoría, ya en febrero pasado, en Ginebra, en reunión de la
OACI, se detectó un posible incremento de tráfico hacia los
principales centros turísticos españoles.

La Administración española tomó las medidas necesarias para
que los centros de control de tráfico aéreo estuviesen en
condiciones de hacer frente a las demandas previstas. Pero
otros centros europeos no lo han hecho y no han impedido los
retrasos objeto de la pregunta. Estos retrasos son
consecuencia de las limitaciones en la capacidad operativa del
centro de tráfico aéreo de Burdeos y, sobre todo, del de
Marsella. A partir de esa reunión promovimos otras reuniones
con representantes franceses, ante las primeras informaciones
recibidas de demoras en los aeropuertos de Baleares. Hemos
urgido a la administración francesa a buscar soluciones a los
problemas que se están planteando en dichos aeropuestos. Han
tenido lugar reuniones los días 28 y 31 de mayo en Bruselas
con los responsables del tráfico aéreo de Francia, Inglaterra,
Alemania, Italia y España. El 3 de junio convoqué una reunión,
con carácter urgente, entre Francia, España y la unidad
central de control de afluencia de Bruselas. Estos acuerdos
han permitido una significativa mejoría, por cuanto los
centros de control del tráfico aéreo franceses aumentaron la
capacidad para los tráficos de origen y destino en Baleares,
al tiempo que la unidad central de control de afluencia aérea
mejoraba los repartos de capacidad existente en el resto del
espacio aéreo europeo.

Se dispone actualmente, además, de una seria de acciones
previstas para posibles saturaciones utilizando rutas aéreas
de alivio, vía el centro de control de Milán, o desviándolos
hacia Burdeos, incluso hacia Brest, a través del centro de
control de Madrid-Torrejón. Estos desvíos suponen un
incremento en el tiempo de vuelo y, por tanto, en el consumo
de combustible, pero siempre será menor el coste que toda
demora en tierra.

Estas alternativas pueden ser activadas en cualquier momento y
mantenemos una estrecha vigilancia de la evolución en las
operaciones aéreas, prosiguiendo los contactos con los países
que directamente inciden en la operatividad de nuestro espacio
aéreo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Costa tiene la palabra.




El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.

Deseo felicitar al señor Ministro por la diligencia con que se
ha abordado este problema en la búsqueda de una solución
provisional, pero, señor Ministro, yo creo que los agentes
económicos implicados en esta problemática no pueden aceptar
que, existiendo soluciones técnicas posibles, no se aborden
con la máxima profundidad y diligencia. El problema está en la
unificación del tráfico aéreo en Europa en un único control
aéreo del espacio europeo. Y es en esa dirección en la que
debemos avanzar, porque estos problemas se vienen produciendo
durante varios años, no es la primera vez que se plantea un
problema similar, se han buscado soluciones provisionales y
siempre, cuando existe una expectativa económica en las isla
Baleares que genera una mayor intensidad de tráfico, se
vuelven a reiterar. Por lo tanto, esperamos que se haga lo
posible y aun lo imposible



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desde el Gobierno español para conseguir que este problema se
resuelva de forma definitiva.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

Deseo garantizar al señor Diputado que el Ministerio hará todo
lo que esté en su mano para evitar los retrasos que se han
producido.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON VICTORIANO RONCERO RODRIGUEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUMPLEN LOS FAROS
ESPAÑOLES LOS CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD QUE RECOMIENDA LA
ASOCIACION INTERNACIONAL DE SEÑALES MARITIMAS? (Número de
expediente 180/000532)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Roncero
Rodríguez.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, desde el inicio mismo del debate de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante se vienen
introduciendo de forma intermitente por algunos sectores
profesionales y políticos cierto nivel de desconfianza sobre
el correcto funcionamiento y disponibilidad de nuestro sistema
de señales marítimas, de nuestros faros, derivado
presuntamente de la ejecución y la puesta en marcha del plan
de señales marítimas 85-89 y, como elemento colateral, con el
debate sobre la adscripción administrativa de los técnicos de
señales marítimas. Como quiera que esta situación puede tender
hacia la generación de cierta intranquilidad, respecto a la
seguridad del tráfico marítimo en nuestro país, es por lo que
le formulamos la siguiente pregunta: ¿cumplen los faros
españoles los criterios de disponibilidad que recomienda la
Asociación Internacional de Señales Marítimas?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, puedo asegurarle que el Servicio de Señales Luminosas
Marítimas en España cumple satisfactoriamente los objetivos de
disponibilidad al uso en los países de nuestro entorno y
supera las recomendaciones de la Asociación Internacional de
Señalización Marítima.

Para conseguir este resultado se han venido llevando a cabo
importantes inversiones en la electrificación, automatización
y normalización de los equipos de señales marítimas,
dotándolos de los mecanismos de reserva suficientes que
garanticen su disponibilidad. Con la Ley de Puertos del Estado
de la Marina Mercante se han sentado, por otra parte, las
bases para la creación de equipos responsables de la
conservación y mantenimiento de las señales adscritas a la
autoridad portuaria correspondiente.

Por otra parte, el sistema portuario estatal se autofinancia
al 100 por cien e incluye en esta autofinanciación los
servicios de señalización marítima que se venían sufragando
con cargo a los Presupuestos del Estado. Por otra parte, el
Ministerio es consciente de que la propia tecnología de
señales luminosas tiene actualmente un papel mucho más modesto
en la señalización costera y de aproximación al puerto, debido
a los nuevos sistemas de posicionamiento que la tecnología
actual ha introducido. En este sentido, el sistema de
transmisión por satélite, conocido como GPS, es el que más
usuarios cuenta dentro de nuestra flota. Por ello, Puertos del
Estado está haciendo estudios para su implantación en las
costas españolas a partir de 1995, de acuerdo con los
resultados provisionales que hemos obtenido en este año. En
conclusión, señoría, el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, a través de Puertos del Estado y
las correspondientes autoridades portuarias, está realizando
una gestión racional de las señales luminosas minimizando los
gastos del servicio y, a la vez, introduciendo las nuevas
tecnologías de posicionamiento, localizando sus inversiones
hacia aquellos sistemas que cuentan con mayores usuarios,
siempre dentro de unos límites de fiabilidad y disponibilidad
que superan los establecidos por las normas internacionales en
vigor.

Muchas gracias.




--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE: ¿POR QUE RAZONES AENA NO COBRO EL INCREMENTO
DE TASAS DE ATERRIZAJE PREVISTO PARA 1993 A DETERMINADAS
COMPAÑIAS AEREAS DE BANDERA EXTRANJERA? (Número de expediente
180/000537)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Camisón
Asensio.




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El señor CAMISON ASENSIO: ¿Por qué razones AENA no cobró el
incremento de tasas de aterrizaje previsto para 1993 a
determinadas compañías aéreas de bandera extranjera?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): AENA no ha discriminado a
ninguna compañía aérea en la aplicación del sistema de tasas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Nuestras noticias, señor Ministro,
son algo distintas y conste que hoy sólo procuramos la
correspondiente confirmación. Se ha dicho que AENA no ha
cumplimentado el mandato legal previsto en la Ley de
Presupuestos de 1993, que establecía una subida del 5 por
ciento de las tasas de aterrizaje, y ello implicaría, señor
Ministro, que algo más de mil millones, que debieron
satisfacer las compañías aéreas, sin embargo AENA no las
cobró. Estamos, pues, ante un regalo de fondos públicos, y
nuestra pregunta concreta es: ¿a cambio de qué?
También nos gustaría, señor Ministro, que nos confirmara si,
por el contrario, a la tasa de aterrizaje durante el presente
ejercicio que está cobrando AENA no se le aplica un incremento
del 8 por ciento, cuando la Ley de Presupuestos de este año
establece que sólo sea del 3 por ciento. Estamos, por tanto,
ante otra manifiesta irregularidad, porque los aterrizajes del
año 1994 son distintos, completamente diferentes de los de
1993. Por consiguiente, la cuestión es quién debe reponer
dichos más de mil millones de pesetas a las arcas públicas. Al
efecto le recuerdo lo que establecen los artículos 140 y 141
de la Ley General Presupuestaria cuando establecen que las
autoridades que, por culpa o negligencia grave, adopten
resoluciones con infracción de las disposiciones, etcétera,
estarán obligadas a indemnizar a la Hacienda pública los
daños, con independencia de la responsabilidad penal o
disciplinaria que les pueda corresponder, y establece que
constituyen infracciones graves al haber incurrido en la
administración desviada de los fondos públicos.

Por tanto, queremos saber, señor Ministro, qué
responsabilidades va a exigir a los directivos de AENA por
este asunto.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, hay una sequía por un principio de equilibrio
económico entre el importe estimado de las tasas y el coste
real o previsible del servicio. Eso va orientado a la
actuación de AENA a la hora de actualizar las tarifas,
teniendo en cuenta, además, la repercusión que pueda tener
sobre los usuarios y la posición de la tasa de aterrizaje
española con respecto a la de otros países de la Unión
Europea. Antes de publicarse la Ley de Presupuestos de 1993
estaba elaborándose ya un borrador del real decreto que
contemplaba no sólo una subida de los tipos de gravamen, sino
también una serie de medidas modificativas del contenido de
esta tasa.

Sin embargo, el inicio de la situación de recesión económica,
unido a la delicada coyuntura económica en que se encontraba
inmerso el sector del transporte aéreo, agudizada tras la
liberalización del mismo, supuso una cierta situación de
crisis para algunos operadores, y esto hizo que el Ministerio
tomara la decisión de realizar una serie de estudios y
análisis previos antes de tramitar el Real Decreto a que hago
referencia, para determinar el impacto que sobre los costes de
las compañías aéreas podría tener el incremento propuesto.

Además, la obligación contraída con la Comisión Europea de
equiparar la cuantía de las tasas de los vuelos domésticos y
los intracomunitarios en un plazo de cuatro años, requería
estudios de una cierta complejidad. Finalmente, el Real
Decreto en cuestión, una vez fue informado favorablemente por
el Consejo de Estado y llevado el informe al Ministerio de
Economía y Hacienda, ha sido aprobado por el Consejo de
Ministros del día 10 de junio. La actualización que hace este
Real Decreto de los tipos de gravamen, que modifica el Real
Decreto de 1991, ha supuesto, finalmente, un incremento global
de los ingresos de AENA de un 2,35 por ciento respecto a los
de 1993, y el impacto será distinto según se trate de vuelos
nacionales, que suben el cinco por ciento fijado para 1993 por
la correspondiente Ley de Presupuestos, más el tres por ciento
previsto para 1994, y los intracomunitarios, que bajan, ya que
se les aplica el coeficiente de 0,9 de convergencia, aplicable
a los vuelos internacionales intracomunitarios o los
extracomunitarios, que también se incrementan.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON MANUEL DE JESUS LEDRO LEON, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS,



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TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿ES CONSCIENTE EL SEÑOR MINISTRO
DE LOS GRAVES PERJUICIOS QUE SE ESTAN CAUSANDO AL SECTOR
PRODUCTOR ARROCERO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, AL NO HABERSE
RESUELTO EL PROBLEMA DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUAS A
LOS RIEGOS ACTUALES DEL BAJO GUADALQUIVIR? (Número de
expediente 180/000540)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, del señor Ledro León,
que tiene la palabra.




El señor LEDRO LEON: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿es consciente de los graves perjuicios que se
están causando al sector productor arrocero de la provincia de
Sevilla, al no haberse resuelto el problema de garantizar el
suministro de aguas a los riegos actuales del bajo
Guadalquivir?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledro.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

Como bien conoce S.S., la sequía, que aún perdura en la cuenca
del Guadalquivir, se ha hecho notar especialmente en los
riegos del arrozal de las marismas, y ello se explica por
estar situado en el último tramo del río, alejado de los
embalses reguladores que están en cabecera de cuenca, lo que
provoca que, en épocas de restricciones, las dotaciones
dedicadas al arrozal lleguen con dificultad. Este es un hecho
que el Ministerio conoce, que le causa la lógica preocupación,
que sabe la evolución que ha experimentado desde 1983 hasta
1993, en que no pudo sembrarse toda la superficie, sino sólo
una parte de la misma. Hoy mismo he mantenido una reunión con
el Alcalde de Lebrija y con representantes de las asociaciones
de regantes y cultivadores de esa zona, en la que hemos pasado
revista a las medidas que el Ministerio está estudiando en el
corto, medio y largo plazo para llevar a cabo la regulación y
canalizar más recursos hacia esta zona en situaciones críticas
de escasez, como a las que hemos venido haciendo frente,
desgraciadamente, en los últimos años. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Ledro.




El señor LEDRO LEON: Señor Ministro, la falta de una política
hidráulica adecuada para Andalucía, teniendo como base la
cuenca del río Guadalquivir, aparte la endémica sequía que
padecemos, está llevando a la agricultura de esta región, y
sobre todo al sector arrocero de la provincia de Sevilla, a
una situación gravísima.

Señor Ministro, en los años comprendidos entre 1983 y 1994 no
se ha podido sembrar arroz con regularidad, en dos de ellos
incluso se ha dejado de sembrar. Si tenemos en cuenta que en
el bajo Guadalquivir, en la provincia de Sevilla, hay unas
35.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, nos podemos hacer
una idea de lo que significa para la socioeconomía de la zona,
basada casi exclusivamente en este producto. Hay que hacer una
evaluación de casi 50.000 millones los que se han dejado de
generar. Se han perdido anualmente 400.000 jornales y 5.000
puestos de trabajo entre directos e indirectos. Dejo al leal
saber y entender de S.S. que piense mucho y que considere que
en sus manos está y en su gabinete reparar sobre la marcha
estos graves daños. Para ello, como bien sabe S.S., es
imprescindible el inmediato desbloqueo de obras de
infraestructura, entre otras la construcción del pantano de
Los Melonares, construcción del pantano de Ubeda La Vieja,
trasvase de las cuencas excedentarias al Guadalquivir,
reparación de la red alta de riego para evitar las cuantiosas
pérdidas de agua que se producen, y, como más urgente y para
la zona arrocera, acometer y finalizar, por supuesto, las
obras de la presa de cierre del Guadalquivir, sobre lo que hay
un estudio medioambiental, que todos coinciden, incluso los de
los ecologistas, y llegan a la conclusión de que los patos
como mejor están es con arroz, y que conste que no es una
expresión culinaria, ni mucho menos, señor Ministro. Es que
cuando hay agua para este cultivo, las aves del vecino Parque
de Doñana encuentran comida y el hábitat conveniente para
nidificar, calculándose, según expertos, que aprovechan la
zona arrocera para criar unas 150.000 aves. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledro.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente. Sí,
señoría, sí, ha habido falta de aguas. Eso es algo imputable,
como diría algún responsable político, a la sabia naturaleza.

El Ministerio ha hecho enormes inversiones en la cuenca del
Guadalquivir, pero, obviamente, no ha podido evitar que las
restricciones afecten a todos los usuarios. Es verdad que no
se han podido regar todas las superificies en algunos de
ellos, pero este año hemos destinado de los 420 hectómetros
cúbicos que hay, no hay más, 120 al cultivo del arroz en
30.000 hectáreas, que para las 350.000 hectáreas restantes,
para doce veces más, hemos destinado 300 hectómetros cúbicos.

Es evidente que hay que llevar a cabo las obras de
infraestructura que están previstas (está mal informado S.S.;
todavía



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no existe una declaración de impacto ambiental del cierre de
la presa del Guadalquivir; está en trámite la misma en la
Dirección General de Política Ambiental; podemos tenerla a
finales de año), y tenemos en cartera un conjunto de obras que
aumentan la capacidad de trasvase y de extensión de los
actuales canales y de ahorro de los consumos actuales, que es
la única forma a corto plazo de traer solución al problema que
usted plantea. A medio plazo, sin duda alguna, están previstas
nuevas obras de infraestructura, como la presa de cierre del
Guadalquivir, que está pendiente de una declaración de impacto
ambiental, en la que tendremos que ser especialmente
cuidadosos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INICIATIVAS
ESTA LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA PARA
DESARROLLAR EL CONTENIDO DE LA LOGSE SOBRE EVALUACION DEL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA EDUCATIVO? (Número de expediente 180/000526)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 15, de la
señora Rodríguez Ortega, que tiene la palabra para formularla.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Educación, el Título IV de la LOGSE
establece que los poderes públicos prestarán una atención
prioritaria a los factores que favorecen la calidad y mejora
de la enseñanza, y entre estos factores se cita la evaluación
del sistema educativo.

Cuando hablamos de mecanismos de evaluación nos referimos de
forma habitual a lo relacionado con los alumnos y con el
profesorado, pero no podemos olvidar que son igualmente
importantes los referidos a los centros, a los procesos
educativos y a la propia administración, puesto que estos
sistemas de evaluación deben facilitar la adecuación entre el
sistema educativo y las demandas sociales y las necesidades
educativas. La LOGSE recoge que esta evaluación se realizará a
través del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, con la
participación, además, de las diferentes administraciones
educativas.

Entiendo, señor Ministro, que en el proceso de reforma
educativa que estamos viviendo en estos momentos debe ser
prioritario elaborar estos sistemas de evaluación para la
enseñanza primaria, para la enseñanza secundaria y, por
supuesto, también para la formación profesional y, al mismo
tiempo, también debe ser prioritario establecer un sistema de
indicadores para los centros que imparten ya estas enseñanzas.

A partir de estos mecanismos, se deberían proponer a las
distintas administraciones educativas una serie de iniciativas
y de sugerencias que favorecieran la calidad y la mejora de la
enseñanza, y en base a esta argumentación le formulo la
siguiente pregunta: ¿qué iniciativas está llevando a cabo el
Ministerio de Educación y Ciencia para desarrollar el
contenido de la LOGSE sobre evaluación del funcionamiento del
sistema educativo? Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señora
Diputada.

En 1993 se crea el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación
en desarrollo de lo que se había previsto en la LOGSE. Esta
institución, cuyo ámbito de actuación es estatal, tiene como
función primordial la evaluación del sistema educativo. Una
vez desarrollado el Real Decreto que crea el instituto el
consejo rector, en el que están representadas todas las
administraciones con competencia en materia educativa, ha
iniciado recientemente sus trabajos. Este consejo rector tiene
como función la determinación de las líneas de actuación del
instituto. Por otra parte, la muy reciente remodelación de
algunos organismos estructurales del Ministerio de Educación y
Ciencia ha permitido, además, dotar de medios adecuados al
citado instituto.

La puesta en marcha del organismo hace posible iniciar los
estudios relativos a la evaluación del sistema educativo. Los
trabajos realizados hasta ahora por estructuras anteriores,
como el Centro de Investigación, Documentación y Evaluación,
sirven en parte de punto de partida para la actuación del
mencionado Instituto. A esta actuación hay que añadir además
el compromiso adquirido en el programa de calidad presentado
por el departamento que contiene una serie de medidas
relacionadas con la evaluación de todo el sistema y de los
elementos concretos que lo integran. En particular, se propone
en este programa, como seguramente S.S. sabe: el seguimiento
de implantación de la LOGSE; la generalización del plan de
evaluación de centros docentes, el llamado Plan EVA; el
estudio de sistemas de evaluación de la función docente y de
la función directiva y, por último, lo que me parece muy
importante, la puesta en marcha de un sistema de evaluación de
la propia actuación de la administración educativa. Por otra
parte, los servicios de inspección del departamento
constituyen un sistema estable para la evaluación



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del funcionamiento de los centros docentes, con tareas que se
refieren tanto al funcionamiento normal de todos y cada uno de
estos centros cuanto de los diferentes programas que de manera
experimental y minoritaria pone en marcha la administración
educativa.

Aparte de esto, y para el estudio de determinados aspectos de
implantación de las nuevas enseñanzas, a partir del curso
1992-93 se ha puesto en marcha un plan de seguimiento que
proporcionará el conocimiento necesario para adecuar la
normativa y las disposiciones relativas al funcionamiento de
los centros específicos.

Por consiguiente, señoría...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES
REALIZARA EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA PARA FACILITAR
LA PARTICIPACION DEL VOLUNTARIADO EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES DE LOS CENTROS DOCENTES? (Número de expediente
180/000527)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, de la señora
Rodríguez Ortega.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la necesidad de que los centros educativos
tengan una mayor rentabilidad social y puedan ser utilizados
no solamente por los miembros de la comunidad escolar sino que
también estén abiertos a su entorno próximo es algo que se
viene demandando de forma reiterada.

Entre las medidas elaboradas por su ministerio, por el
Ministerio de Educación, las famosas 77 medidas de calidad, se
recoge la de favorecer el uso de los centros escolares fuera
de lo que es estrictamente el horario lectivo y dedicar estas
horas distintas al horario lectivo para actividades
deportivas, artísticas y de estudio.

Cuando en otras ocasiones se ha planteado esta posibilidad nos
encontrábamos siempre con la necesidad de resolver temas que,
a veces, pueden parecer menores pero que son absolutamente
imprescindibles para poner en marcha esta iniciativa. Me
refiero, por ejemplo, a que es necesario disponer de una serie
de personas, un personal encargado de mantener abiertas estas
instalaciones, estos centros educativos, de vigilar las
instalaciones y también de colaborar para que se puedan
realizar estas actividades extraescolares fuera de lo que es
el horario habitual de funcionamiento de los centros y fuera
de lo que es el horario en el que permanecen tanto profesorado
como personal laboral que está adscrito al centro educativo.

En este sentido, me parece muy importante buscar fórmulas que
regulen precisamente la participación, que puede ser
voluntaria, de ciudadanos en los centros sostenido con fondos
públicos y que se establezca además, pues entiendo que así
sería necesario, un conjunto de contraprestaciones por parte
de la sociedad para las personas que participen y hagan
posible esta iniciativa, que será beneficiosa no sólo para los
alumnos de los centros sino también para el personal que esté
vinculado al propio entorno del centro educativo. En este
sentido, deseo formular la pregunta que textualmente dice:
¿Qué actuaciones realizará el Ministerio de Educación y
Ciencia para facilitar la participación del voluntariado en
las actividades extraescolares de los centros docentes?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señora Diputada, en efecto, en el programa de Centros
educativos y calidad de enseñanza que hemos presentado se
contienen, entre otras, una serie de medidas en relación con
la autonomía de los centros escolares que determinan el
compromiso del departamento de impulsar la actuación del
voluntariado. Se pretende con ello promover una mayor relación
entre las instituciones escolares y la sociedad en la que se
insertan, incidiendo a la vez en una mayor oferta de
actividades complementarias en el ámbito educativo.

Hemos iniciado la puesta en marcha de algunas de las acciones
que se proponen para comenzar a aplicarse al inicio del curso
próximo para adquirir algunas experiencias. Por lo que se
refiere, en concreto, al sistema de voluntariado en centros
educativos, constituye una situación nueva que exigirá cierto
tiempo dilatado para consolidarse; requiere una conciencia
social de colaboración con los centros escolares, una especie
de cultura de participación, pero necesita también una
acomodación de los centros educativos, principalmente en
cuanto a sus formas de funcionamiento, que permita la
presencia de estos voluntarios sin que se produzcan desajustes
en el funcionamiento de los centros. Para conseguir esto, está
en avanzado estado de preparación una disposición que regula
la presencia de los voluntarios en los centros educativos y
que señala el tipo de relación que estos voluntarios
establecen con los centros. Quisiera destacar los aspectos más
importantes de esta disposición, todavía en discusión en el
interior del departamento. En primer lugar, se describen las
tareas relacionadas principalmente con el apoyo a la
realización de actividades extraescolares y con la
colaboración



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de los voluntarios con los niños y jóvenes que tienen algunas
dificultades, esencialmente de movimiento. También, y en
segundo lugar, se establecen las limitaciones para evitar que
los voluntarios realicen actividades encomendadas al personal
de plantilla o a profesionales de cualquier naturaleza,
señaladamente labores relativas al mantenimiento. Asimismo, se
regula la relación que el voluntariado establece con el
centro, que será a través de una institución o asociación,
señaladamente las asociaciones de padres; y, por último, el
papel del equipo directivo y del Consejo escolar en las
decisiones que afectan a la presencia y a la actividad de los
voluntarios. De manera complementaria, se pretende fomentar la
participación voluntaria en los centros escolares a través de
determinadas acciones en materia de transportes o en
colaboración con el Ministerio de Cultura. Muchas gracias,
señor Presidente, señora Diputada.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ANDRES OLLERO TASSARA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿EN QUE FECHAS CONCRETAS HA REALIZADO EL GOBIERNO GESTIONES
PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA CONVALIDACION DE LOS TITULOS
UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES AFECTADOS POR LA DIRECTIVA 89/48 CEE,
DE 21 DE DICIEMBRE DE 1988? (Número de expediente 180/000536)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Ollero
Tassara.




El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿en qué fechas concretas ha realizado el
Gobierno gestiones para garantizar la efectiva convalidación
de los títulos universitarios españoles afectados por la
Directiva europea 89/48, de 21 de diciembre de 1988?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, la Directiva 89/48 establece un sistema general de
reconocimiento de títulos de enseñanza superior que sancionan
formaciones profesionales de una duración mínima de tres años,
como S.S. sin duda conoce. No se trata tanto de producir
convalidaciones como de establecer los mecanismos que permiten
a los Estados miembros de la Comunidad otorgar la oportuna
autorización para ejercer una profesión a quienes han
adquirido titulación suficiente en otro país para hacerlo.

Esta Directiva afecta a un importante número de profesiones,
que no están reguladas de manera uniforme, y ante estas
dificultades la propia Directiva crea un grupo de coordinación
integrado por representantes de todos los Estados miembros y
que viene celebrando cinco reuniones cada año en la sede de la
Comisión de Bruselas. Cuando aparece un problema de índole
profesional, los Estados miembros, y también nuestros
representantes, acuden a este grupo, y así ha sucedido en la
última reunión, celebrada el 4 de marzo, y cuyos resultados
esperamos los días 7 y 8 del próximo mes de julio, cuando se
produzca la siguiente reunión del grupo de referencia.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la libre circulación de profesionales por
Europa ofrece a sus ciudadanos, bien posibilidades o bien
complicaciones, depende de cuál sea la actitud de su Gobierno.

Temo que por desidia del Gobierno, del que usted forma parte,
la libre circulación de profesores ofrece a nuestros
ciudadanos más riesgos que oportunidades. El Gobierno podía y
debía haber previsto los problemas que se van a ir plenteando
en cada caso, evitando discriminaciones siquiera
provisionales, o podía hacer lo que por lo visto ha hecho, que
es ir montando un dispensario de primeros auxilios para
aquellos sufridos ciudadanos que se atrevan a explorar por su
cuenta un campo que los abundantes altos cargos de su
ministerio no parecen conocer ni de oídas y no parece éste un
sistema muy europeo ni muy serio.

Las consecuencias, a la vista están. A nuestros maestros se
les está discriminando en Europa, negándoles injustamente
competencias didácticas, desconociendo su formación práctica y
llegándose a afirmar que no tienen rango universitario.

Ustedes mismos reconocen que nuestros estudiantes pierden un
año si van a estudiar a Alemania, mientras que, sin embargo, a
los estudiantes alemanes --porque su Gobierno, por lo visto,
lo ha previsto bien-- en España no les ocurre lo mismo. Son
claras situaciones, por tanto, de discriminación. Pero yo le
he pedido a usted fechas. Usted me debe dar fechas, porque se
ha acabado ya esa época de la cláusula de estilo con la que
ustedes venían aquí sin argumentos, sin datos, sin fechas y
decían que, como tenían muchos votos, todo valía. Eso ya pasó.

Por tanto, venga usted aquí con argumentos, con datos y con



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fechas. En la respuesta por escrito que usted me ha dado,
habla de gestiones, pero se cuida muy mucho de decir cuándo se
han producido, y todo parece indicar que se han producido
cuando los ciudadanos españoles han empezado a recibir los
cascotes sobre la cabeza, en el dispensario, y no antes,
porque la transposición de la Directiva es del año 1991; han
tenido ustedes tres años para prever los problemas y esperan a
que los ciudadanos lleguen al dispensario diciendo: Mire
usted, que me discriminan; y, mientras que se arregla o no se
arregla --usted ya lo ha dicho--, meses y meses en que son
maltratados por desidida del Gobierno. Por tanto, señor
ministro, intente tomarse esto en serio. Es suficiente ya que
nuestros productos agrícolas no puedan pasar fronteras
teóricamente inexistentes, para que ahora, encima, nuestros
profesionales vayan a ser igualmente maltratados por desidia y
falta de previsión suya.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, el Gobierno se toma en serio la defensa de los
intereses de nuestros ciudadanos.

El problema se ha planteado como consecuencia de la
transposición de la Directiva, que ha citado S.S. y que motiva
la pregunta, se ha producido en el Derecho interno alemán; una
transposición muy rígida, probablemente incorrecta, y que,
desde luego, vulnera los intereses de nuestros ciudadanos.

Establece un conjunto de barreras, inadmisibles para nosotros
y contrarias al espíritu de libre circulación. La primera, la
exigencia de una capacitación profesional que probablemente
exigiría más de una licenciatura para nuestros profesionales;
y la segunda, la necesidad de demostración de determinados
conocimientos lingüísticos del idioma alemán que está excluido
de la práctica. El problema se plantea precisamente cuando se
concreta la transposición de esta Directiva para algunos de
los Estados alemanes, en concreto, para el Estado de Hessen.

Siendo dicha transposición una cuestión que afecta no sólo a
España y que no se puede plantear en términos bilaterales,
afecta también a Bélgica, al Reino Unido y Dinamarca, se ha
llevado al Grupo, lo ha trasladado a la Comisión; tendremos
los resultados el próximo día 7 de julio; probablemente habrá
un recurso, al que coadyuvará España, al Tribunal de
Luxemburgo, y, mientras tanto, se van a corregir --tengo
entendido--, por medio de una visita de altas autoridades del
Estado de Hessen a España, determinados problemas producidos
por el mal conocimiento del funcionamiento de nuestro sistema
por parte de los responsables de dicho Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CLOTAS I CIERCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE
SITUACION SE ENCUENTRA LA DIRECCION DEL MUSEO DEL PRADO?
(Número de expediente 180/000514)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Clotas i
Cierco.




El señor CLOTAS I CIERCO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, esta pregunta ha perdido gran parte de su
actualidad debido al paréntesis que en la vida parlamentaria
han producido las pasadas elecciones. Sin embargo, hay
aspectos que creo merecen todavía la pena que sean expuestos a
la opinión pública.

Me refiero a la brusca dimisión del Director del Museo del
Prado y a su sustitución por una persona que, desde luego,
merece todos mis respetos y que creo va a ser un gran
director. Sin embargo, la opinión pública puede preguntarse si
van a seguir los proyectos que tenía iniciados el museo; si la
personalidad, muy distinta de ambos directores, va a producir
efectos en esos proyectos, y me gustaría saber, en definitiva,
cómo ve la señora ministra ese cambio que se ha producido en
la dirección de nuestra más alta institución cultural.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clotas.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
Presidente. Efectivamente, se ha producido un lapso
importante, pero creo que también, de acuerdo con el señor
Clotas, es importante aprovechar esta oportunidad para decir
que hace escasamente un mes el ex Director del Museo del
Prado, Don Francisco Calvo Serraller, presentó la dimisión con
carácter irrevocable y, posteriormente, procedimos a la
selección de la persona que nos parecía que reunía las
características más adecuadas para ser el siguiente Director
del Museo del Prado, don José María Luzón, con un currículum
académico brillante y una experiencia de gestión asimismo
brillante.

Esa sustitución se produjo con el nombramiento en Consejo de
Ministros del actual Director, tal y como prevé la
legislación. En todo caso, este relevo en la dirección del
Museo del Prado no ha impedido que nuestros planes, respecto
al mismo, se hayan paralizado, ni que haya habido ningún tipo
de obstáculo. En la primera comparecencia que tuve en la
Comisión de Cultura y Educación del Congreso de los Diputados



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ya dije que este ejercicio era de reflexión y planteamientos
de futuro sobre el Museo del Prado. Asimismo, en el interior
del Patronato establecimos un calendario que se ha ido
cumpliendo tal y como habíamos previsto en su primer momento.

Como consecuencia del mismo el próximo viernes el Patronato
del Museo del Prado me hará entrega del informe sobre el plan
de necesidades y futuro del Museo, abarcando no sólo las
necesidades espaciales sino también de la propia estructura de
personal del mismo.

Este informe, junto con la celebración de la convocatoria de
un concurso internacional para la ampliación del Museo del
Prado, diríamos que son los pasos más inminentes.

Desde luego, y así lo he puesto de manifiesto, me gustaría
tener una comparecencia a petición propia en la Comisión de
Cultura y Educación del Congreso de los Diputados para poder
exponer este informe, después de que lo haya elevado el
Patronato del Museo del Prado, con la finalidad de que las
distintas fuerzas políticas tengan conocimiento de cuáles van
a ser nuestras actuaciones de futuro y también con intención
además de lograr el consenso.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON JOSE CHOLBI DIEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
CULTURA: ¿CON QUE CRITERIOS SE SELECCIONAN LOS ESPECTACULOS
QUE SE PROGRAMAN EN LA RED ESPAÑOLA DE AUDITORIOS Y TEATROS
PUBLICOS? (Número de expediente 180/000542)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Cholbi
Diego.




El señor CHOLBI DIEGO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, ¿con qué criterios se seleccionan los
espectáculos que se programan en la red española de auditorios
y teatros públicos? Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cholbi.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
Presidente. Los criterios evidentemente son técnicos,
artísticos y económicos. Quiero indicar, de todas maneras, que
el Ministerio de Cultura, a través del INAEM, realiza una
función de coordinación y colaboración entre los distintos
espacios teatrales y musicales que se han integrado en la Red
española de auditorios y de teatros, que en este momento
cuenta con más de 60 miembros, y cuya finalidad consiste
fundamentalmente en poder propiciar, impulsar y planificar
también el trabajo artístico de los grupos de teatro, danza y
música. El mecanismo es muy sencillo y consiste en que se
realizan diferentes propuestas a los teatros públicos, que
tienen una recepción final en la oficina de la Red. Se hace
una valoración entre los distintos miembros, valoración en
cuanto a la repercusión, valoración artística, oportunidad, en
el sentido de acogida por parte del público, teniendo en
cuenta también las circunstancias o características de cada
uno de los teatros y teniendo en cuenta, además, que están
integrados cinco circuitos autonómicos en esta Red. En
definitiva, se trata de aunar esfuerzos y de establecer una
mejor colaboración entre las distintas administraciones.

El papel del ministerio, a través del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, es una función de
coordinación y colaboración, insisto, con la finalidad de dar
impulso a nuestra creatividad, a los grupos que ya existen y,
al mismo tiempo, hacer posible un ahorro y una mayor
efectividad entre los distintos espacios que están integrados
en esta Red de auditorios o de teatros que, como digo, supera
ya el número de 60.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor Cholbi.




El señor CHOLBI DIEGO: Gracias.

Señora Ministra, cuando en el año 1992 se creó la Red española
de teatros y auditorios, con el fin, como decía usted hace un
momento, de coordinar la actuación de los locales públicos y
poder optimizar al máximo los esfuerzos económicos y
artísticos que éstos realizan, esta disposición fue acogida
favorablemente. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, la
impresión que domina en la sociedad sobre la actuación de su
Ministerio no es en absoluto satisfactoria. No lo es, señora
ministra, porque no existe objetividad, sino amiguismo, en la
selección de espectáculos, entre otras cosas porque no hay una
regulación precisa y concreta de su funcionamiento y de las
condiciones generales de contratación, lo que trae como
consecuencia un caldo de cultivo para la arbitrariedad.

Tampoco existe señora ministra, un proyecto cultural que
marque algún tipo de orientación. Los espectáculos se
contratan atendiendo, en muchos casos, sólo a dudosos
intereses. No se sabe lo que se tiene que fomentar ni la forma
de hacerlo, no hay coordinación ni armonía que emane de una
inspiración cultural auténtica. Sin embargo, al no estar
claros los límites entre lo público y lo privado en materia de
espectáculos, se



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cae en la competencia desleal, promoviéndose los mismos
espectáculos que ofrece la iniciativa privada, con la ventaja
de actuar en teatros y auditorios oficiales.

Por todo ello, tengo que denunciar la existencia de
favoritismo en la contratación de compañías afines, cuyos
integrantes son premiados por dar apoyo público al PSOE.

También hay que señalar con gran preocupación, señora
ministra, que los espectáculos se contratan frecuentemente sin
haber sido estrenados y sin conocer su calidad o aceptación
por el público y, además, denunciar el sistema de pago por
«cachet» en vez de por taquilla, que favorece la entrega de
honorarios espléndidos a quienes no consiguen el éxito ni su
aceptación por el público sino el favoritismo de sus amigos
políticos.

Por ello, le insisto, señora ministra, en que la definición de
criterios de su ministerio en la selección de espectáculos se
concreta en tres puntos negativos: arbitrariedad, clientelismo
y domesticación.

Como usted sabe, señora ministra...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cholbi.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias.

Como usted comprenderá, señoría, no comparto en absoluto los
criterios que usted acaba de exponer. Buena muestra de ello es
la relación de las compañías que han participado y también los
espacios que están integrados en la Red de teatros y
auditorios, cuya responsabilidad depende de distintas
administraciones, cuyos responsables políticos no pertenecen
al mismo Partido.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.




--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE MEDIDAS VA A
ADOPTAR EL MINISTERIO PARA EVITAR QUE 99 FAMILIAS DE NIÑOS CON
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, EN TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL DE
LA PAZ, DE MADRID, TENGAN QUE ABONAR 100.000 PESETAS AL MES
PARA PODER DARLES LA DIETA LIQUIDA QUE NECESITAN? (Número de
expediente 180/000534)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23. Para formularla,
tiene la palabra el señor Burgos Gallego.




El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, presidente.

Señora Ministra, a todos los niños que pertenecen al grupo de
enfermos renales, a quienes se atiende regularmente en el
departamento de hemodiálisis infantil de La Paz, se les venía
dispensando, a través de la farmacia de este hospital y de
forma gratuita, medicaciones, tremendamente caras pero
imprescindibles, y apoyos en la alimentación para suplir las
pérdidas proteicas de la diálisis diaria e intentar así que
estos niños pudieran sobrellevar su enfermedad de la mejor
manera posible. En la mayoría de los casos, esto ha
representado un desembolso de hasta 100.000 pesetas al mes. De
pronto, los responsables administrativos deciden suspenderlo
por la única sencilla razón de que reducen los presupuestos
del hospital, sabiendo, creemos, y despreciando las
consecuencias trágicas de esta supresión.

¿Qué medidas va a adoptar el ministerio para evitar que 99
familias de niños con insuficiencia renal crónica, en
tratamiento en el Hospital de La Paz, de Madrid, tengan que
abonar 100.000 pesetas al mes para poder darles la dieta
líquida que necesitan para su supervivencia?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, no hay medida alguna que adoptar porque es un asunto
resuelto ya. En primer lugar, no son 99 sino 55 niños; en
segundo lugar, el coste no es de 100.000 pesetas; y, en tercer
lugar, es un problema resuelto que no requiere la adopción de
ninguna medida.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor Burgos.




El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.

Señora ministra, no está usted diciendo la verdad.

Nos costa, porque hemos hablado con las familias, que en este
momento, no están recibiendo la subvención para hacer frente a
sus gastos ni están recibiendo de forma gratuita esos
productos alimenticios, complementos absolutamente
imprescindibles para su supervivencia.

Llevamos denunciando la política restrictiva de su
departamento en materia de prestaciones asistenciales, de
prestaciones farmacéuticas. Hemos insistido, una y otra vez,
en que no nos gusta esa especie de pulsión economista que está
caracterizando su mandato, le hemos reiterado en numerosas
ocasiones que ese no es el camino y que el recorte
indiscriminado de prestaciones produce resultados que no
podemos calificar de otro modo que de muy preocupantes.




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Empiezan a ser, señora ministra, demasiadas medidas
incompatibles con una asistencia integral de los ciudadanos;
demasiados escándalos en el Sistema Nacional de Salud;
demasiada descoordinación en su departamento. Después de todos
estos aconteceres, al día de hoy los afectados siguen todavía
pagando esos productos, ya sea el complemento suplena o ya
sea, por ejemplo, la dextrinomaltosa. Tiene usted hoy aquí la
oportunidad de decir, de asegurar y de garantizar que estas
medidas restrictivas, antisociales e injustas, que afectan a
estos niños en condiciones ciertamente preocupantes de salud,
no van a aplicarse ahora ni en el futuro más inmediato, y que
usted va a asegurar el acceso gratuito a estos pacientes de
cualquier preparado imprescindible para la supervivencia de un
ser humano.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.




El señor BURGOS GALLEGO: Hágalo, porque si no usted no merece
estar...




El señor PRESIDENTE: ¡Señor Burgos!
Señora ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.

Los 55 niños que están en tratamiento en La Paz, señoría,
están recibiendo el medicamento, tal como he afirmado
anteriormente.

Por lo que se refiere a los comentarios que S.S. ha hecho
respecto a que no les gusta mi política, no tan sólo no me
preocupa sino que me preocuparía lo contrario.

Los escándalos a los que S.S. se refiere son los que propicia
su grupo poniendo encima de la mesa permanentemente denuncias
infundadas, alarmando a la población. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!)
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.




--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUAL ES EL PROCEDIMIENTO QUE
SE UTILIZA HABITUALMENTE POR LA ADMINISTRACION SANITARIA PARA
LA COMPRA Y ADQUISICION DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS EN
LOS HOSPITALES DEL INSALUD? (Número de expediente 180/000535)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Villalón
Rico. El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Sanidad, ¿cuál es el procedimiento que se
utiliza habitualmente por la Administración sanitaria para la
compra y adquisición de bienes corrientes y servicios en los
hospitales del Insalud? Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, el procedimiento es el que prevé la Ley de Contratos
del Estado, o sea, el concurso público y la contratación
directa.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor Villalón.




El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.

Señora ministra, tengo que estar de acuerdo en lo que ha
dicho, pero realmente no ha contestado a la intención de la
pregunta.

Es verdad que los procedimientos que se prevén de forma
habitual son dos, que son: concurso público, que se establece
a través del «Boletín Oficial del Estado», o el concurso
restringido, a través de las mesas de contratación, con la
constitución de las diferentes actas. Pero, también, hay dos
procedimientos excepcionales que son: la adjudicación directa
y los suministros menores. Señora ministra, le tengo que decir
que más del 90 por ciento de la compra y contratación de
servicios en los diferentes hospitales se hace a través de
estos procedimientos excepcionales, es decir, a través de la
adjudicación directa, vía gerente, o a través de los
suministros menores, que implica el pago de menos de 250.000
pesetas por la compra de equipo. Nosotros consideramos que
todo esto es evitar el control del gasto y, además, entrar en
un posible camino de corrupción.

Señora ministra, le tengo que decir --imagino que tiene
conocimiento de estas cosas-- que en los últimos tiempos se
están realizando diversas auditorías que se denominan
integrales, debidas a las irregularidades de presupuesto.

Estas auditorías bien podríamos calificarlas de auditorías de
infarto por las gravísimas irregularidades que se cometen en
los presupuestos de los hospitales. Tengo que decirle que en
muchos de ellos sobrepasan en más de 1.000 millones el gasto
establecido. Le pongo como botón de muestra de lo que son
estas cosas el hospital de Canarias, el hospital Nuestra
Señora del Pino, donde se pone claramente de manifiesto lo que
constituye una mala gestión y un mal control del gasto
público. Pero no sólo ocurre en ese



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hospital, sino también en otros hospitales de la Comunidad de
Madrid, de Baleares y otras.

Señora ministra, recientemente usted decía que sólo desde la
solidaridad se puede afrontar el enorme coste que representa
la asistencia sanitaria. Yo le digo que, además de todas estas
cosas, que me parecen bien, también hay que afrontarlo desde
la moralidad de la gestión pública, desde el control del gasto
y desde la no utilización de los dineros públicos en beneficio
de unos pocos. Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, las valoraciones que S.S. hace con carácter general
sobre la contratación y las presunciones que establece, como
siempre a favor de que todo se hace mal, naturalmente no
constituyen fundamento para que yo tenga que contestar a nada.

El Insalud está contratando utilizando el concurso público y
la contratación directa con estricta sujeción a lo previsto en
la Ley. Y si S.S. conoce de algún supuesto en el que se haya
utilizado incorrectamente, formule la correspondiente
denuncia. Mientras tanto, no tengo que contestar a semejantes
consideraciones de carácter general que carecen del más mínimo
fundamento.

Gracias, señor Presidente. (Algunos señores Diputados: ¡Muy
bien!)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL
GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE GESTIONES HA
EFECTUADO EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION
PARLAMENTARIA APROBADA EL PASADO 22 DE FEBRERO, REFERENTE A LA
CREACION DE UN SISTEMA DE CUOTAS DE PRODUCCION DE PATATA EN EL
AMBITO DE LA UNION EUROPEA? (Número de expediente 180/000522)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor
Gatzagaetxebarría Bastida, que tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿qué
gestiones ha efectuado el Gobierno para dar cumplimiento a la
Resolución Parlamentaria aprobada el 22 de febrero referente a
la creación de un sistema de cuotas de producción de patata en
el ámbito de la Unión Europea?
Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): En relación con la aprobación de la
proposición no de ley por este Pleno del Congreso, a nivel
comunitario se han mantenido varios debates tanto a nivel de
Consejo, en febrero de 1994, como a nivel de Comité Especial
de Agricultura, en marzo y abril de 1994, siendo motivados por
la insistencia y la presión de la Delegación española.

Los debates en el Comité Especial de Agricutura, que hasta
ahora han tenido más claridad y donde han fijado las
posiciones los Estados miembros con toda nitidez, han tenido
lugar los días 7 y 8 de marzo y 11 y 12 de abril de 1994.

Estos debates se han centrado en los tres títulos de los que
consta la propuesta de la comisión: normas de calidad,
agrupaciones de productores y régimen de intercambios con
terceros países.

El pasado lunes día 13 he mantenido una reunión con los
consejeros de las comunidades autónomas productoras y por ello
he decidido solicitar que se incluya este tema en el Consejo
de Agricultura que se celebrará en Luxemburgo el día 20 de
junio y siguientes.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, usted sabe que la patata es uno de los
productos agrarios que tiene una demanda más inelástica, en el
sentido de que, aunque se produzca una gran variación de los
precios, el consumo por parte de los consumidores no suscita
oscilaciones importantes. Pero sabe también, señor Ministro,
que pequeñas variaciones en la producción en el mercado de la
patata originan unas disminuciones muy importantes en el
precio de las mismas y distorsionan el mercado español y
europeo.

Por ello, diferentes comunidades autónomas, como usted ha
indicado correctamente, han elaborado un documento base para
la articulación de una regulación del mercado de la patata
mediante la creación de un sistema de cuotas de producción,
que casualmente no se contiene en la propuesta de la Comisión
que usted hace un rato ha mencionado y que se refiere a
aspectos contenidos en la proposición no de ley aprobada en
esta Cámara, pero no al aspecto crucial de la regulación



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del mercado de la patata, que es la creación de las cuotas de
producción. El señor Ministro sabe que en el País Vasco el
cultivo de la patata en la provincia de Alava es fundamental.

Tenemos 2.661 explotaciones agrarias que dan trabajo a casi
4.000 personas en esta provincia. Por ello, nosotros le
pedimos que el Gobierno español juegue políticamente, haga
presión diplomática, al igual que los países nórdicos que en
su día crearon un sistema de cuotas de producción, para que
con la patata ocurra lo que ocurre en la leche o en la
remolacha. ¿Por qué? Porque el sistema de cuotas de producción
va a solucionar la regulación del mercado, ya que, en primer
lugar, permite disciplinar la oferta y, por lo tanto, los
precios, y es un dato esencial para dotar de medidas de
protección al mercado; y, en segundo lugar, porque el sistema
de cuotas de producción, señor Ministro, es socialmente justo
pues favorece la viabilidad de las zonas desfavorecidas, de la
pequeña agricultura de familia, al otorgarles una garantía de
producción anualmente y darles además una competitividad
frente a los países nórdicos. Por ello, es fundamental que el
Gobierno defienda en el ámbito de la Unión Europea, como se ha
hecho con otros productos, que en el mercado de la patata haya
unas cuotas de producción distribuidas por regiones y por
comunidades autónomas a nivel del Estado.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.

La Delegación española en el marco de la Unión Europea no ha
descartado incorporar medidas como las que se han
instrumentado para otros sectores comunitarios competitivos
con este cultivo. Las modificaciones introducidas
recientemente con la reforma de la PAC en algunos de los
sectores reformados pueden provocar una expansión del cultivo
de la patata a medio plazo que es preciso controlar.

No obstante, respecto del sistema de control por medio de
cuotas de superficie, yo quiero poner de relieve las
dificultades de su aprobación, no solamente porque exista una
posición de rechazo de varios países, como Alemania, Reino
Unido, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica, sino por la
dificultad de incorporar un régimen de control ante posibles
importaciones de países terceros en el marco de los nuevos
acuerdos del GATT, y la dificultad de incorporar el cultivo a
un régimen de ayudas que facilitará el control de esas
superficies. Creo que la nueva organización común de mercados
debe incorporar, sin descartar esa propuesta, un fondo de
rotación para las organizaciones de productores, permitir la
autorregulación de la oferta en base a retiradas y aprovechar
al máximo el título de intercambio con países terceros. El
coste de una organización común de mercados como la que
proponemos sería inferior al gasto que actualmente se destina
a las ayudas a la fécula de la patata, y nos permitiría
resolver estabilizando las rentas y la actividad de un sector
que consideramos importante para nuestra agricultura.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION MERECE
AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL LA EVOLUCION
SEGUIDA POR LOS CONTRATOS DE APRENDIZAJE, EN PRACTICAS Y A
TIEMPO PARCIAL DESDE SU ENTRADA EN VIGOR? (Número de
expediente 180/000525)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, de la señora
Rodríguez Ortega.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Trabajo, esta semana ha entrado en vigor la
reforma del mercado laboral. Algunos aspectos muy importantes,
básicos, de esta reforma se pusieron en marcha a principios de
este año, y me refiero concretamente a las nuevas modalidades
de contratos: de aprendizaje, en prácticas y a tiempo parcial.

Por tanto, podemos hacer una evaluación de la incidencia de
estas nuevas fórmulas contractuales, de su utilización por
distintos sectores productivos y de la repercusión que tienen
sobre determinados colectivos sociales.

Cuando debatíamos en esta Cámara la reforma, poníamos especial
atención en corregir situaciones que impiden a determinados
colectivos encontrar un puesto de trabajo. En referencia a los
jóvenes existen fundamentalmente dos factores que dificultan
esta incorporación. Por una parte, que no han conseguido tener
la formación necesaria para desempeñar determinados oficios y,
por otra, que, incluso teniendo esta formación teórica
requerida, carecen de la suficiente experiencia laboral que
facilite su contratación. Un tercer tema, no menos importante
que los dos anteriores, consiste en conseguir que todo el
trabajo posible se convierta en trabajo real, y para eso era
necesario adaptar nuestras normas legales, las leyes, a las
propias necesidades del mercado laboral. Para dar respuesta a
estos objetivos, aprobamos las nuevas modalidades de contratos
sobre las que le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué opinión
merece al Ministro



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de Trabajo y Seguridad Social la evolución seguida por los
contratos de aprendizaje, en prácticas y a tiempo parcial
desde su entrada en vigor? Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Su señoría ha hecho una exposición en la que coincido, y los
propósitos que se perseguían con las medidas y las modalidades
contractuales son los que se están consiguiendo en la
práctica. De hecho, los contratos formativos a 31 de mayo eran
ya más de 110.000, eran 110.555, que suponían un incremento
notable respecto a los formalizados en el año anterior. Pero,
además de ello, querría significarle que más de 40.000 de los
contratos de aprendizaje se hicieron con jóvenes que no tenían
concluida la EGB y que, por consiguiente, ese contrato les ha
permitido una forma de insertarse profesionalmente, pero
también de poder concluir su escolaridad obligatoria. Por otra
parte, en el contrato a tiempo parcial, en ese mismo período
de tiempo al que me he referido, van formalizados 323.000, lo
que supone también un incremento notable sobre las cifras de
contratación a tiempo parcial que se habían venido
experimentando en ejercicios anteriores. Esto lo que ha hecho,
como usted bien dice, es que muchos empleos posibles, que no
lo eran por una determinada rigidez del mercado, se hayan
convertido en estas fechas en empleos reales.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS APARICIO PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.

SR. MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CUALES SON LAS
RAZONES DEL RETRASO SUFRIDO EN LA PUBLICACION DE LOS DATOS DE
AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 1994? (Número de
expediente 180/000538)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, de la señora
Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.

En estos cuatro meses, incluso seis, hemos vivido
declaraciones del señor Ministro y de los miembros de su
Ministerio dando datos contradictorios en torno a los
resultados del avance del empleo --acabamos de presenciar una
de ellas en esta pregunta de su compañera de Grupo
Parlamentario--, y me gustaría saber por qué, señor Ministro,
no se han publicado desde el mes de enero los datos del
Boletín estadístico de la Seguridad Social que contiene el
desarrollo económico-financiero del sistema, porque me extraña
bastante y me interesaría, fundamentalmente, para conocer los
datos reales de afiliación al sistema de Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Señoría, tengo en mis manos el Boletín de estadísticas
laborales del mes de mayo --se publica mensualmente-- y lo
abro por la página 440, y de ella a la 482 se dedican 43
páginas a lo que usted pregunta: datos de afiliación,
trabajadores afiliados, y comprende mes a mes la evolución que
va a experimentando el sistema de la Seguridad Social. Los
tiene usted por sexo, por edad, por régimen, por sector de
actividad, en su evolución diacrónica, los tiene todos. Por
consiguiente, mensualmente --enero, febrero, marzo, abril,
ahora mayo, este mes será junio-- tiene los datos por los que
usted pregunta.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señora Villalobos, tiene la palabra.




La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ese Boletín ni siquiera está distribuido.

Usted sabe que sólo se publicó de estadísticas laborales el de
enero y febrero conjuntamente, y ese acaba de ser publicado,
porque acabo de llamar al Gabinete de Publicaciones de su
Ministerio. Yo le pregunto por el Boletín estadístico de la
Seguridad Social --no del Ministerio--, que sale todos los
meses, que edita la Secretaría General de la Seguridad Social,
que es al que me estoy refiriendo. Usted dijo en la última
comparecencia en la Cámara que se habían creado 20.000 nuevas
afiliaciones --usted confundía cotizaciones con afiliaciones--
, pero es que el señor Secretario General de la Seguridad
Social, una semana antes, en una comparecencia en la Ponencia
que está estudiando el sistema financiero de la Seguridad
Social, decía que se habían incrementado en 65.000 nuevos
afiliados. La verdad es que al final yo no sé con qué datos
quedarme, si con los que ustedes mismos proporcionan al Banco
de España, donde dicen todo lo contrario, que ha disminuido el
número de afiliaciones, con lo que publica el Boletín de
estadísticas laborales de su Ministerio, con lo que ha dicho
el Secretario General de la Seguridad Social o con el
inexistente Boletín de la Seguridad Social, que es el que
tenía que salir, como usted sabe, todos los meses.




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En última instancia, señor Ministro, usted juega continuamente
con los datos de afiliación y de contratación. Usted habla
mucho de colocaciones --le acabo de escuchar--, pero no me da
los datos de contrataciones globales del sistema para que
veamos realmente dónde está el problema del sistema de la
Seguridad Social, del sistema de creación de puestos de
trabajo reales, netos, que es lo que realmente nos debe
preocupar. Usted no ha contestado por qué no aparece el
Boletín de la Seguridad Social, que hasta el mes de diciembre
aparecía todos los meses.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Señora Villalobos, yo le doy lo que me pide, y si usted me
pide los datos de afiliación le doy los datos de afiliación.

La pregunta que usted formula son los datos de afiliación a la
Seguridad Social, y están aquí mes a mes. Este es el de mayo y
ha salido hace poco, el de junio saldrá dentro de poco y antes
salió el de abril, y aquí tiene todos esos datos que usted
requiere. Ahora usted me pregunta, además de eso, por qué no
sale el Boletín informativo de la Seguridad Social.

Sencillamente, porque va a salir semestralmente, en la medida
en que hemos decidido suprimir gastos del capítulo II; todos
los datos relevantes están aquí, y la información del Boletín
informativo de la Seguridad Social va a salir dos veces al
año, una en junio y otra en diciembre.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA TRASPONER A LA LEGISLACION ESPAÑOLA
LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO (Número de expediente 172/000055)



El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día,
interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre medidas que tiene
previsto adoptar el Gobierno para transponer a la legislación
española las directivas comunitarias en materia de salud y
seguridad en el trabajo.

En nombre del Grupo proponente de la interpelación, tiene la
palabra la señora Maestro.

La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, no puedo ocultar que subo a la
tribuna para llevar a cabo esta interpelación al Gobierno con
bastante indignación. A finales del año 1992 defendí, también
en nombre de mi Grupo Parlamentario, una moción consecuencia
de interpelación urgente, instando al Gobierno a cumplir sus
obligaciones en relación con las directivas europeas en
materia de salud laboral. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.) Dicha moción fue rechazada con
los votos del Grupo Socialista.

Existe un interminable listado de promesas incumplidas por
parte del Gobierno PSOE desde hace doce años. En el discurso
de investidura de Felipe González del 1 de diciembre de 1982
se decían estas palabras: Proyectamos para 1984 una ley de
higiene y seguridad laboral. El día 2 de diciembre de 1987 el
Ministro de Trabajo, ante el Rey, promete solemnemente la
aprobación durante el próximo año de un proyecto de ley de
salud, higiene y seguridad laboral. En el año 1989 el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presenta una proposición de ley de salud laboral que fue
rechazada en esta Cámara con los votos del Grupo Socialista.

La propuesta sindical prioritaria elaborada tras la huelga del
14 de diciembre de 1988 recogía la reivindicación de la ley de
salud laboral como un hecho destacado. En el año 1990 se
inician las negociaciones de los sindicatos con el Gobierno,
que concluyen en febrero de 1992 con el consenso sobre un
texto que hasta la fecha no ha sido remitido al Congreso ni
parece haber intención de hacerlo.

Señor Ministro, entenderá usted la exasperación de los
trabajadores en este momento, contemplando las prisas, los
plenos extraordinarios fuera del período de sesiones, para
convocar a esta Cámara con el fin de aprobar una reforma
laboral, una contrarreforma que altera el marco de las
relaciones laborales en detrimento de los derechos de los
trabajadores, y que hasta la fecha, tras doce años de
Gobierno, no se haya remitido todavía a esta Cámara la ley de
salud laboral. Quizá solamente con analizar este hecho en
profundidad podrían ustedes sacar consecuencias útiles acerca
de los problemas políticos que tiene su partido.

En el año 1993, en el mes de julio, la Comisión de las
Comunidades Europeas decía lo siguiente: Tengo a bien
informarle de que el 12 de marzo de 1993 la Comisión consideró
que España había incumplido las obligaciones que le incumben
en virtud de las directivas relativas a salud laboral, así
como en virtud del párrafo tercero del artículo 189 y del
párrafo primero del artículo 5 del Tratado de la Comunidad
Económica Europea. En consecuencia, la Comisión decidió en
dicha fecha, de acuerdo con el artículo 169 de dicho Tratado,
la apertura de los correspondientes procedimientos de
infracción contra el Estado español por la no transposición



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en la fecha límite de las directivas del Consejo a que se
refiere. Posteriormente, transcurridos los plazos oportunos,
la Comisión Europea informa de que el 14 de diciembre de 1993,
la Comisión, en virtud de los procedimientos de infracción
abiertos contra el Estado español por la no transposición en
fecha límite de las directivas del Consejo 89/391 de la CE,
89/654 de la CE, 89/655 de la CE, 89/656 de la CE, 90/269 de
la CE y 90/270 de la CE, adoptó la decisión de enviar los
correspondientes dictámenes motivados al Estado español, de
acuerdo con el artículo 169 del Tratado. Se manifiesta
asimismo que si el Estado español no adoptara las medidas
requeridas en el plazo de dos meses a partir de su
notificación, la Comisión interpondría recurso de
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia.

El que un ministro de trabajo socialista esté permitiendo que,
junto a la degradación de las condiciones laborales, el Estado
español esté incumpliendo todas las normativas europeas
destinadas a proteger la salud de los trabajadores, destinadas
a introducir medidas limitadoras del deterioro de la salud de
los trabajadores, es algo que, desde luego, va más allá de
cualquier criterio político y entra ya, según entiende la
Comisión Europea, en el terreno del incumplimiento jurídico.

Tampoco, señor Ministro, desde el año 1986, se ha desarrollado
el artículo 4.º de la Ley General de Sanidad. Tanto la
Administración central como las comunidades autónomas están
incumpliendo la Ley General de Sanidad que planteaba la
obligación del Estado de promover con carácter integral la
salud de los trabajadores, actuar en los aspectos sanitarios
de la prevención, vigilar las condiciones de trabajo en
situaciones de embarazo y lactancia, determinar y prevenir los
factores del microclima laboral en cuanto pueden ser causantes
nocivos para la salud de los trabajadores, vigilar la salud de
los trabajadores para detectar precozmente e individualizar
factores de riesgo y deterioro que puedan afectar a su salud y
elaborar urgentemente un mapa de riesgos laborales,
comunicando a las autoridades sanitarias las sustancias
utilizadas en el ciclo productivo, etcétera.

La Constitución Española afirma taxativamente el derecho a la
integridad física y moral, el derecho a la protección de la
salud y la obligación de los poderes públicos de velar por la
seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, el objetivo
número 25 de «Salud para todos en el año 2000», de la
Organización Mundial de la Salud, plantea que, de aquí a 1995,
las poblaciones de la región europea deberán estar eficazmente
protegidas contra los peligros que acechan a la salud en
relación con el trabajo.

Evidentemente, señor Ministro, señorías, no estamos hablando
de economía, no estamos hablando de medidas que puedan afectar
a las relaciones sociales o a la salud de la población de una
manera más o menos abstracta; estamos hablando de 2.000
muertos al año, estamos hablando de más de un millón de
accidentes de trabajo al año, estamos hablando de un país que,
además de ostentar el doloroso récord de tener la mayor tasa
de paro, tiene una tasa de siniestralidad laboral 14 veces
superior que la media europea, ya que, si la tasa de
mortalidad por 100.000 trabajadores en Francia es de 7,6, en
Alemania de 5,5 y en Gran Bretaña de 5,9, en España es de 15.

Asimismo, ostentamos el sarcástico récord de tener una de las
más bajas tasas de enfermedades profesionales. Evidentemente,
esto no resiste el menor análisis lógico y lo único que revela
es una tasa de subregistro de enfermedades profesionales del
90 por ciento. Se calcula que si el número de enfermedades
profesionales declaradas fue de 3.500, las estimadas
sobrepasan las 73.000. Además, esto tiene repercusiones
económicas por cuanto que los costes trasladados a la
Seguridad Social por subregistro, en el caso de las
enfermedades profesionales, asciende a 62.000 millones de
pesetas que soporta la Seguridad Social, que existe cerca de
un millón de trabajadores expuestos a cancerígenos y que se
calcula que entre un 10 y un 20 por ciento de los cánceres
tienen origen laboral. En este caso hay que decir que, con
ocasión del desgraciado síndrome de Ardystil, tras las
primeras muertes, seis de las nueve empresas que trabajaban en
aerografía fueron clausuradas por problemas de seguridad e
higiene; es decir, tuvo que haber seis muertes de personas
jóvenes que estaban inhalando sustancias que acabaron con su
vida para que la Administración tuviera a bien clausurar
empresas que estaban incumpliendo a todas luces normativas de
seguridad e higiene. No solamente se estaban manipulando
productos peligrosos, no solamente se estaban manipulando
productos incontrolados y prohibidos en otros países sino que
se estaba haciendo sin medidas preventivas, sin información a
los trabajadores, sin medidas imprescindibles de higiene.

Además, la reforma del mercado de trabajo que ustedes han
propuesto y que ha sido aprobada en este Parlamento con sus
votos y con los votos del Partido Popular y de Convergència i
Unió instaura el empleo precario como elemento dominante en
las relaciones de producción. Y esto no solamente tiene
consecuencias económicas, señor Ministro, el 70 por ciento de
los contratos de jóvenes menores de 25 años es temporal. Igual
suerte corre el empleo femenino. En el sector privado en este
momento más del 38 por ciento de los contratos son temporales.

A ello hay que añadir el incremento permanente del empleo
sumergido, del empleo irregular de emigrantes clandestinos, de
falsos autónomos, del trabajo a domicilio. Pues bien, uno de
cada seis accidentes de trabajo ocurre en trabajadores con
contratos temporales, mientras que esta proporción desciende a
uno de cada 18 en el caso de trabajadores con contratos fijos.




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En España ha ocurrido un paralelismo por el cual el incremento
de accidentes de trabajo se corresponde...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, vaya
concluyendo, por favor.




La señora MAESTRO MARTIN: Voy concluyendo, señor Presidente.

...se corresponde con el incremento del trabajo temporal. Por
ejemplo, en el caso de las enfermedades mentales, hay ocho
veces más enfermedades mentales en el caso de trabajadores con
empleo inestable, así como aumenta el consumo de alcohol. Doce
de cada diecisiete casos registrados de polineuritis tóxica en
el País Valenciano por colas y disolventes se refieren a
trabajadores en trabajo domiciliario. Además, esto supone unos
gastos no solamente sanitarios, sino por pensiones de
invalidez, disminución en la calidad del producto, etcétera,
que hace que el coste ocasionado por las enfermedades
profesionales de accidentes de trabajo se sitúe en España en
un cuatro por ciento del producto interior bruto. En estos
últimos meses hemos asistido al sarcasmo de comprobar cómo la
Agencia de Seguridad e Higiene en el Trabajo se sitúa en
nuestro país. ¿Qué quiere decir esto, señor Ministro? ¿Qué
quiere decir que la Agencia de Seguridad e Higiene se sitúe en
España, en el país que incumple flagrantemente la legislación
europea, la directiva marco? Recuerdo que en la interpelación
de diciembre de 1992 se vanagloriaban de haberla aprobado en
una etapa de presidencia de la Comunidad Europea por parte del
Estado Español. El sarcasmo, la tomadura de pelo y la
correspondiente indignación de los trabajadores no tiene
límite en este momento. Voy a dar lectura, para finalizar,
señor Presidente de las directivas que están pendientes de
transposición en nuestro país para que SS. SS. se hagan una
idea de la envergadura de lo que aquí vengo argumentando.

En primer lugar, la directiva marco que plantea la aplicación
de medidas para promover la mejora de una manera global de la
seguridad y la salud de los trabajadores; la directiva europea
sobre trabajadores atípicos, tan importante en función de la
situación de precariedad de nuestro país; la directiva sobre
trabajadoras embarazadas; la directiva que señala las
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo; la directiva que regula las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo; la directiva que regula las disposiciones mínimas de
seguridad y trabajo en la construcción; las disposiciones
mínimas de seguridad y salud de los trabajadores en industrias
extractivas a cielo abierto o subterráneas; las mismas
disposiciones mínimas para industrias extractivas de sondeo;
las disposiciones mínimas de salud en la asistencia médica a
borde de los buques; las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización de los trabajadores de equipos de
trabajo; las disposiciones mínimas de salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización;
la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo; la directiva que regula la protección operacional
en cuanto a la exposición a radiaciones ionizantes por
intervención en zona controlada; la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos en el trabajo; las disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos; las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en la utilización de los trabajadores de
equipos de protección individual. Finalmente, señorías, la
sobreexplotación brutal inherente a la economía sumergida, al
trabajo negro, junto con la eventualidad, los destajos, las
horas extraordinarias, es decir, la aceptación obligada por
miedo al despido, una situación que en nuestro país está
cercano el 25 por ciento de la población activa, de cualquier
condición de trabajo, en función de la desesperación del paro,
es el factor estructural que permite ahorrar costes laborales
y extraer plusvalías relativas a costa de los trabajadores.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro,
termine ya, por favor.




La señora MAESTRO MARTIN: Termino inmediatamente.

Señor Ministro, el Gobierno es responsable por omisión
flagrante en el cumplimiento de sus compromisos en cuanto a la
transposición de directivas europeas y es responsable por
acción como protagonista máximo en la implantación de todas
las medidas en vigor destinadas a desregular el mercado de
trabajo, a disminuir las prestaciones sociales, en el marco de
una política económica que acorrala y sitúa a los trabajadores
al borde de la desesperación. Parecía lejos, en el año 1978,
cuando desde The Washington Post se decía: «En Estados Unidos
preferimos la productividad a la salud en el trabajo.» Sin
duda este es el nuevo lema del Gobierno socialista.

Nada más, muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar en
nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Señoría, sería conveniente, al hablar de los datos y al citar
las conclusiones que usted ha expuesto, que se redujera a la
estricta seriedad en el manejo de los mismos,



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porque ha mezclado directivas transpuestas con directivas no
transpuestas, directivas cuyo plazo de transposición ha
expirado y directivas cuyo plazo todavía no ha expirado, sin
decir además que, en la inmensa mayoría de las directivas que
faltan por transponer, una inmensa mayoría de sus artículos
están ya transpuestos. Incluso cuando habla de la Directiva-
marco sería muy conveniente que dijera qué puntos de la
Directiva-marco no están en Derecho interno, y que cuando
habla de la Directiva de lugares de trabajo dijera qué puntos
de la Directiva de lugares de trabajo no están en Derecho
interno, porque la inmensa mayoría de ellos ya están en
Derecho interno. Lo que falta --y se le dijo ya en otras
oportunidades-- es la compilación de todas estas normas, la
sistematización de todas estas normas en un texto legal, que
es precisamente el que el Gobierno ha anunciado que va a
presentar ya mismo en esta Cámara, y me da la impresión de que
a usted lo que le interesa es saber si se va a presentar y
cuándo, porque ése era el objeto de la interpelación. Usted ha
presentado la interpelación cuando el Ministerio ya había
anunciado que había iniciado los trámites de consultas con los
agentes sociales sobre un texto normativo, precisamente en ese
momento. Ese texto está ya circulando hoy y ese texto estará
en esta Cámara muy pronto, en el momento en que terminen esas
rondas de consultas. No puede mezclar los temas y considerar
que las empresas incumplen las normas de seguridad e higiene y
decir al mismo tiempo que no hay normas de seguridad e
higiene, porque difícilmente se puede incumplir aquello que no
existe. Existen normas de seguridad e higiene, existe un
conjunto articulado de normativas de seguridad e higiene, pero
falta la sistematización, con rango de ley formal, de esa
normativa de seguridad e higiene, que es la que precisamente
vamos a tratar de paliar con la presentación del proyecto de
ley. Por otro lado, cuando habla de incumplimiento,
textualmente ha dicho, de todas las normativas europeas
destinadas a la protección de la salud de los trabajadores,
debería tener por lo menos el cuidado de conocer cuántas
directivas se han transpuesto y cuántas no se han transpuesto
y en qué parte no se han transpuesto. Le diría, por ejemplo,
que desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea, que
llevamos, como usted sabe, desde 1986, España es el país que
más directivas de seguridad e higiene ha transpuesto, primero
por el déficit histórico que llevaba de muchas directivas
anteriores a 1986 y, segundo, porque desde 1986 se han
aprobado 14 del 118 A y 60 de mercado interior; en total, 74
directivas desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea sobre
salud e higiene en el trabajo han sido transpuestas, lo que da
una media de más de nueve directivas al año. Omito decirle
todas ellas, aquí están, y si S.S. quiere, le entregaré
detalle de todas y cada una de las directivas que hoy están en
el «Boletín Oficial del Estado».

Por otra parte, antes de hablarle de la Ley de Salud Laboral,
ha hecho algunas afirmaciones que sí me gustaría, al menos,
matizarle, porque habla de que tenemos una tasa de
siniestralidad catorce veces superior a la europea, y este es
un dato que usted da porque quiere darlo, pero es un dato que
no puede sustentar en ningún argumento real y le voy a decir
el porqué. En Europa, en la Unión Europea, existen notables
diferencias en todo lo que son las estadísticas de
siniestralidad por las razones que paso a exponerle y que me
gustaría que usted entendiera y atendiera a ellas. La primera
de todo: el concepto de accidente de trabajo. ¿Usted cree que
el concepto de accidente de trabajo es igual en todos los
países comunitarios? ¿Usted cree que hay un concepto de
accidente de trabajo en algún país comunitario que incorpore,
como accidente laboral, todos aquellos supuestos que incorpora
la normativa y la jurisprudencia española? Dígame usted casos
de países en que los infartos de miocardio, por ejemplo,
ocurridos con ocasión del trabajo, en el trabajo, yendo al
trabajo o saliendo del trabajo, se consideren accidentes de
trabajo. Dígame usted en cuántos. Por tanto, tenga usted en
cuenta que nuestro texto legal que regula el accidente de
trabajo, el artículo 84 de la Ley General de Seguridad Social,
tiene una amplitud que no la tienen otros países comunitarios.

Por consiguiente, difícilmente usted puede medir estas dos
magnitudes. Luego me dice que las enfermedades profesionales
son menos. Pero usted debe saber que una enfermedad ocurrida
como consecuencia del trabajo se considera, si no es
enfermedad profesional, accidente de trabajo; luego por eso a
lo mejor hay más accidentes de trabajo también.

Pero vayamos a otro tema, no solamente al concepto, la
cobertura de accidente de trabajo. Dígame usted qué países
incluyen como accidente de trabajo el accidente «in itinere» y
dígame usted qué países no lo incluyen, porque así, a lo
mejor, podremos medir cuestiones homogéneas. En España se
incluye, en España el accidente «in itinere» es también
accidente de trabajo. Hay países europeos en que no lo es.

Existe otra cosa, el registro de accidentes. En España existe
un registro público de accidentes. Hay países, usted lo sabe,
Inglaterra, Dinamarca, Irlanda, donde no hay un registro
público de accidentes. ¿Cuál es su siniestralidad? ¿Cómo la
conoce usted? ¿Por encuestas o por registro? Pero no solamente
eso, es que en casi todos los países de la Unión Europea, por
no decir en todos, el accidente de trabajo exige tres días de
baja laboral, como mínimo; si no, no es accidente de trabajo.

En España, uno.

Por consiguiente, cuando comparemos, comparemos siempre
aquéllo que se puede comparar, y entonces, si comparamos
magnitudes homogéneas, podremos decir que es más o que es
menos. Eso en cuanto a alguna de las afirmaciones que ha
hecho. Puede quedar radicalmente como una afirmación, que por
lo menos es impugnable,



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el que en España existe una siniestralidad laboral 14 veces
superior a la media europea, cosa que no es verdad, cosa que
ya le digo de antemano que no es verdad, siendo un problema
como es.

Insisto, de lo que adolece la legislación española, señora
Maestro, es fundamentalmente de falta de sistematización. Pero
si usted repasa aquellas directivas que hemos declarado que
vamos a transponer con una ley que se presentará
inmediatamente en esta Cámara, se dará cuenta de que la
inmensa mayoría de los preceptos de esas directivas están ya
en normativas, si bien normativas dispersas, normativas no
enteramente sistematizadas y normativas que producen, es
cierto, confusión y una determinada inseguridad jurídica por
el rango formal en el que se insertan. Tenemos obligaciones
empresariales, tenemos determinadas obligaciones de la
Administración que están incluidas en órdenes ministeriales, y
me parece que es mucho mejor incluirlas en leyes; pero también
se hizo una ley de infracciones y sanciones en el orden
laboral en donde se incluyeron por ley todas esas
infracciones.

Por otro lado, siendo este, como es, un problema enormemente
delicado y grave, existe otro problema que es el de la
aplicación de la normativa, aplicación de la normativa en la
que colabora no solamente el Estado, sino el Estado con las
comunidades Autónomas que tienen transferido el Instituto de
Seguridad e Higiene y tienen trasferida la competencia, la
vigilancia y el cumplimiento de la legislación laboral, que
hoy es más de la mitad del territorio español y este año que
viene serán todas las comunidades autónomas. Es verdad que
existen todavía algunos problemas en la vigilancia y en el
control que tienen que ser subsanados. Pero el índice de
incidencia general de la siniestralidad en España ha venido
bajando en los últimos años y este es un dato que también debe
darse. En 1990 el número de accidentes graves fue de 13.650;
en 1991, 13.300; en 1992, 11.700 y en 1993, 10.171. Y el de
mortales pasó, de 1.425 de 1990, a 1.116 del año pasado.

También se redujo el de gravedad del 0,90 al 0,75. Si hacemos,
además, una ponderación entre siniestralidad y ocupación, es
decir, ponderando los datos de siniestralidad en función de la
evolución de la población asalariada, los índices descienden
incluso más elocuentemente. La población asalariada en ese
período de tiempo disminuyó en un 7 por ciento y la
siniestralidad laboral disminuyó en un 23 por ciento.

Falta mucho por hacer, falta sobre todo, señoría, la ley.

Falta la ley, que usted reclama, y, yo acepto de buen grado su
crítica. Esa ley estará inmediatamente en esta Cámara, porque
es una ley que ya está circulando entre los interlocutores
sociales y entre los departamentos correspondientes y este año
estará aprobada. Aprovecho para decirle que en esa legislación
se considerarán absolutamente todos los aspectos que quedan
por transponer de las directivas que usted ha citado, pero
también otros muchos que ya están transpuestos y que, sin
embargo, por insuficiencia normativa, por incorporación
asistemática en textos legales inadecuados o, sencillamente,
por lo que yo le decía antes de homogeneizar esta materia, se
incluirán en ese proyecto de ley; proyecto de ley que tendrá
entrada pronto en esta Cámara, en el momento en que pase el
trámite de información con los agentes sociales, y que supone
en lo fundamental, repito, una transposición rigurosa y entera
de la directiva-marco de 1989 relativa a la aplicación de las
medidas para promover la mejora en la salud y seguridad de los
trabajadores en el puesto de trabajo, pero que incluye también
disposiciones contenidas en otras directivas cuya importancia
creo que exige o aconseja una norma con rango formal de ley,
porque son materias de protección que exigen, por lo menos,
ese apoyo, ese sustento legal, y no como ahora que, en muchos
casos, insisto, tienen exclusivamente el de órdenes
ministeriales.

El proyecto tiene vocación de constituir la legislación
general que va a contener el Derecho necesario --por lo tanto
mínimo indisponible-- en materia de seguridad y salud en el
trabajo. Además, va a ser objeto, inmediatamente de que sea
aprobado, de un desarrollo reglamentario, a través del cual se
efectuará también la sistematización de todo ese elenco de
directivas no transpuestas y transpuestas. Y puedo informarles
que todo ello también se encuentra en un elevado nivel de
elaboración.

El proyecto de ley va a regular de manera detallada --lo
veremos en esta Cámara y tendremos ocasión de debatirlo--
obligaciones de empresarios, obligaciones de trabajadores,
medios para asegurar la mejor protección de los trabajadores,
derechos de información, consulta y participación de los
trabajadores y sus representantes, de acuerdo con los
objetivos que pretenden las directivas comunitarias. Contempla
asimismo el proyecto actuaciones de los poderes públicos en el
ejercicio de sus funciones de promoción, vigilancia, control y
sanción, así como la necesaria coordinación de las diferentes
administraciones, centrales y autonómicas y todo aquello que
se refiere a la participación institucional en este ámbito.

Con esta manifestación clara y nítida de la intención, ya
realidad, del Gobierno de proceder a esta revisión de la
legislación española --y yo diría que incluso a llevar a un
texto normativo unitario con carácter de ley todo lo que está
disperso en otra legislación-- he querido expresar la
convicción de que la política del Gobierno se viene ya
desarrollando desde el ingreso de España en la Comunidad
Europea. Le he citado el número de directivas que han sido
objeto de transposición, y también le podría decir que algunas
otras, que ningún país comunitario ha transpuesto todavía, han
sido transpuestas en España, ¿sabe usted dónde? En la reforma
laboral. En la reforma laboral se incorpora, por



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ejemplo, la protección del menor, directiva que se ha aprobado
hace unos meses; se incorpora el trabajo nocturno, directiva
que se ha aprobado hace unos meses; el trabajo a turnos,
directiva que se ha aprobado hace unos meses; la ergonomía,
directiva que se ha aprobado hace unos meses. Y eso, señoría,
está en la reforma laboral.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora
Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente, seré
disciplinada en la utilización del tiempo.

Señor Ministro, supongo que su carrera política se debe en
buena parte a su capacidad para negar la realidad o, por lo
menos, para intentar pintarla de manera aceptable y pretender
que los demás se lo crean.

Si el Gobierno español ha transpuesto las directivas europeas
a las cuales está obligado, ¿puede decirme por qué va a ser
enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por
incumplimiento manifiesto y superando la aplicación de todos
los plazos previstos de, exactamente, seis directivas? Es
verdad que he leído algunas directivas cuyo plazo no ha
cumplido todavía, expiran a lo largo de 1994, pero,
evidentemente, el Gobierno podía haberlas transpuesto ya, es
decir, está abierto el plazo de transposición. Sin embargo,
hay seis directivas, entre ellas la fundamental, por las
cuales el Gobierno español va a sentarse ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea por incumplimiento en el traspaso
de normativas, y usted me dice que no solamente han
transpuesto la inmensa mayoría, sino que, además --mira qué
maravilla--, no nos habíamos enterado de que en la reforma
laboral han sido transpuestas algunas de las más importantes.

Señor Ministro, usted puede decir esto, desde esta tribuna se
pueden decir muchas coas, pero, evidentemente, el texto de la
carta del señor Delors denunciando los incumplimientos del
Gobierno, del señor Delors, no de nadie de Izquierda Unida,
señor Griñán, señala suficientemente claro cuáles son los
incumplimientos repetidos del Gobierno. Que usted me diga
ahora que en breve plazo van a remitir una ley, bienvenida sea
si viene, pero, señor Ministro, debate de investidura del año
1982 de Felipe González, etcétera, etcétera, los siguientes
ministros de Trabajo socialistas... Ahora dicen que tienen que
debatir con los agentes sociales, pero hay un texto, señor
Ministro, consensuado desde enero de 1992, y ahora tienen que
debatir con los agentes sociales. ¿Qué han transformado
ustedes de ese proyecto de ley? ¿Qué han condicionado sus
nuevos apoyos políticos en la transformación de ese proyecto
inicial consensuado con los sindicatos? Porque, evidentemente,
texto había, articulado había, directiva-marco capaz de
regular el texto del proyecto de ley también existe. Que en
este momento usted manifieste la voluntad política yo lo
acepto porque eso no cuesta ningún trabajo, pero de ahí a que
usted tenga credibilidad alguna a la hora de decir ese tipo de
cosas, yo tengo una carta en la cual el señor Marcos Peña se
comprometió ante el Consejo General del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo a convocar un consejo
general extraordinario para el 20 de diciembre del año pasado,
en el cual se iba a presentar el nuevo texto de la ley de
salud laboral y el desarrollo reglamentario. Después, el 17 de
diciembre, ante las centrales sindicales, se compromete a
entregar antes del 31 de enero de 1994 un texto de salud
laboral y a negociar antes del verano dicha ley. Con esto
quiero decir que los incumplimientos han sido tan constantes,
los incumplimientos han sido tan la regla en este momento que
usted puede decir aquí, como dijo el señor Martínez Noval, su
predecesor en el cargo, con motivo de la discusión de la
interpelación de diciembre de 1992, que en fecha brevísima, en
el plazo de tiempo más breve posible va a estar en esta Cámara
el proyecto de ley de salud laboral que todavía no ha llegado
aquí. Dice usted que están transpuestas las principales
directivas. Tres datos simplemente: el Reglamento de medicina
de empresa es del año 1959, la concentración máxima admisible
de contaminantes en el ambiente no se revisa desde 1961 y la
Ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo, que desde el
punto de vista de la generalidad de los temas tratados se
correspondería con el contenido del proyecto de ley de salud
laboral, es del año 1971, y en ella, entre otras lindezas, se
obliga a los empresarios a facilitar a los aprendices un mono
azul del Movimiento Nacional.

Señor Ministro, los datos de siniestralidad laboral mortal en
Europa son conocidos, son datos facilitados por la OIT y demás
organismos internacionales. En ellos se habla de la tasa que
mide la relación entre muertes por accidentes de trabajo y
población activa en tanto por millón. La tasa en el Reino
Unido es de 15,9; la tasa de Alemania es de 28,2; la tasa de
Holanda es de 8,2; la tasa de Suecia es de 26; en España es de
136,6. Sin embargo, señorías, señor Ministro, realmente,
cuando estamos hablando de muertes por accidentes de trabajo,
de gente que pierde la vida en el momento de intentar
ganársela, el discutir de cifras parece algo macabro y,
sinceramente, lo único que valdría la pena reseñar es que, sin
ninguna duda, nuestro país ostenta el doloroso récord europeo
en muertes por accidentes de trabajo, que se corresponde con
el récord europeo en la tasa de paro y con el récord en la
economía sumergida. Señor Ministro, si llega a esta Cámara el
proyecto de ley, bienvenido sea. Repito que usted no goza, en
este aspecto, de la credibilidad mínima necesaria. Pero si el
Gobierno tiene voluntad real de remitirlo, lo discutiremos.




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En cualquier caso, yo le decía que las actuaciones por parte
de la Administración en materia de seguridad e higiene
importan. Claro que hay normativa...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro...




La señora MAESTRO MARTIN: Termino ya, señor Presidente.

Claro que hay normativa en materia de seguridad e higiene, una
normativa procedente de la época de la dictadura, una
normativa desfasada y, sobre todo, una normativa ineficaz. De
las más de 25.000 actas de infracción levantadas por la
Inspección de Trabajo en 1991 la Fiscalía no ha adoptado las
actuaciones necesarias. Insisto, tuvieron que ocurrir las
muertes de Ardystil para que se tomaran medidas de cierre de
determinadas fábricas. Se continúa con la práctica, por parte
de la Inspección de Trabajo, de avisar a la empresa con
anterioridad al momento en el que se producirá la inspección.

Señor Presidente, no dudo de la habilidad parlamentaria a la
hora de maquillar la realidad, pero, en un tema como éste,
acepte la enorme responsabilidad del Gobierno socialista en
uno de los casos que mayor vergüenza debería suponer para un
Grupo que se reclama de la izquierda y que ha tenido
antecedentes históricos tan gloriosos como el de Largo
Caballero, quien nada más llegar al Ministerio de Trabajo se
caracterizó por llevar a cabo medidas importantes en
protección de la salud de los trabajadores en una época en la
que España estaba en los primeros lugares de Europa a la hora
de transponer recomendaciones de la Organización Internacional
del Trabajo.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Señoría, no sé si tengo o no habilidad para negar la realidad,
pero por lo menos la registro, quiero decir que registro la
realidad. Le voy a poner un solo ejemplo de registro de la
realidad, porque lo ha dicho hoy y he leído el «Diario de
Sesiones» y he comprobado que lo dijo en otra ocasión: ¿dónde
dice la Ordenanza de seguridad e higiene de 1971 que a los
aprendices hay que darles un mono del Movimiento Nacional?
Dígame el artículo, dígalo, y, si es así, me trago todo lo que
he dicho. No lo dice en ningún sitio, es absolutamente falso,
no hay una realidad que diga eso. Por lo tanto, a lo mejor, yo
niego la realidad. Usted no la registra, usted no registra la
realidad.

Le digo otra cosa. En lugares de trabajo dígame los puntos de
esa Directiva que están siendo vulnerados por la Ordenanza de
seguridad e higiene de 1971. Le digo más. Habrá algún caso en
el que la Inspección de Trabajo avise su visita. No es la
norma general, no es la norma general sino todo lo contrario,
y me gustaría que si usted tiene pruebas de eso, lo diga y lo
denuncie, y yo con mucho gusto reprenderé a esos funcionarios,
pero le aseguro que no es la norma. Mire, Largo Caballero,
después de su historial como Ministro, recordaba con sumo
orgullo el haber creado un Cuerpo de funcionarios de la
Inspección de Trabajo independientes que actuaban
objetivamente en función del interés general. Ese Cuerpo sigue
existiendo, señoría, ese Cuerpo sigue existiendo y cumple sus
funciones de manera independiente y en función del interés
general. ¿Que si hemos sido denunciados por incumplimiento de
directivas de seguridad e higiene? ¡Claro que sí! Como muchos
otros países: Alemania, Holanda, muchos otros países. Pero
matice usted, porque, a pesar de que a usted la gusta la sal
gruesa, en el matiz, fíjese usted por dónde, suele estar la
razón, en el matiz suele estar la verdad, en el matiz suele
estar la comprensión de los problemas. Y es verdad que la
Directiva de seguridad e higiene, la de lugares de trabajo, es
decir, la Directiva-marco, tiene aspectos que no han sido
transpuestos, y otros muchos que sí lo han sido, que están
transpuestos, que están en la legislación, muchísimos.

Paralización de obras, por ejemplo, está transpuesto en el
Estatuto de los Trabajadores; obligaciones del empresario,
está transpuesto; iluminación, ventilación, aireación,
distancia entre máquinas, están en nuestro Derecho interno;
capítulo de faltas y sanciones; participación de los
trabajadores, artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores,
está transpuesto. Pero hay elementos que no lo están, y lo que
hemos dicho a la Comisión, señoría, es que todo el conjunto va
a ser objeto de un desarrollo normativo con rango de ley
formal, y esa ley formal es verdad que todavía no está aquí, y
va a estar aquí. Se va a traer a esta Cámara y, como todo lo
que se trae a esta Cámara se puede discutir, usted y yo, por
ejemplo, lo podremos discutir. Es fácil de discutir, y va a
estar el texto aquí, que es de lo que se trata, porque, a lo
mejor, no le interesa saber qué medidas vamos a tomar para la
transposición, que era el objeto de su interpelación. Yo se lo
digo: va a venir aquí una ley que podremos entre todos incluso
mejorarla y hacerla mucho más operativa, porque la ley no
solamente se va a ocupar de hacer transposición de directivas
de salud laboral; se va a ocupar de algo más, va a ser más
avanzada. Y sí es verdad, señoría, usted me dice que hay
directivas, que yo le he dicho que no están transpuestas, cuyo
plazo no ha vencido. Es verdad. Y yo le he dicho que hay
directivas que no ha transpuesto ningún país comunitario,
salvo España, y que están transpuestas en la reforma laboral.

Pero, claro, también hay que registrar la realidad. También en
la reforma laboral hay un amplio contenido de preceptos que
prohíben



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determinadas actividades del menor, que regulan el trabajo
nocturno, que regulan el trabajo de turnos, pero para eso hay
que registrar la realidad, porque a lo mejor alguien no niega
la realidad, no la niega porque no la registra.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen intervenir en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, muchas gracias.

Yo creo que aquí en esta interpelación hay realidades, pero
también hay algo que no lo es. Esperaremos, desde Unión
Valenciana, el texto de la moción subsiguiente, y espero que
sea una moción que podamos apoyar, porque, efectivamente, hay
muchas carencias.

Pero también quería intervenir, señorías, para decir que
estamos en la Cámara legislativa, y se supone que un Diputado
debe respetar los textos legales, y a la portavoz de Izquierda
Unida tengo que decirle que este respeto se debe llevar a cabo
y que no puede confundir falso progresismo con incultura. Las
tierras de Alicante, Castellón y Valencia tienen una
denominación muy clara y muy concreta en su Estatuto, que
usted tiene la obligación de respetar, y el nombre es
Comunidad Valenciana. Si en alguna ocasión quiere usted
emplear el auténtico nombre histórico, que, por cierto, no
está derogado, de Reino de Valencia, yo también se lo
agradeceré, y si en alguna ocasión quiere usted una clase de
historia valenciana, con mucho gusto estoy a su disposición.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.

Brevísimamente, sólo para alegrarme de que se haya presentado
esta interpelación. En definitiva, ha venido a traer un tema a
la Cámara que hace tiempo que nos preocupa a todos, y que creo
ha tenido la virtud de dar la oportunidad al Ministro para
decirnos que el texto de la ley de seguridad laboral (que no
sé si se va a llamar exactamente así o de otra manera) va a
entrar pronto en la Cámara. Yo espero que cuando venga el
proyecto no encuentre demasiadas dificultades y pueda salir
adelante lo antes posible. Sin embargo, al hilo de la
intervención de la señora Maestro, quería hacerle una
reflexión cariñosa. Señora Maestro, nosotros no participamos
en el texto anterior, y hasta hoy no hemos participado para
nada en el nuevo texto. Su señoría siempre recurre al
latiguillo de decir: «qué condicionamientos les han planteado
a ustedes sus nuevos apoyos políticos para que...», y ahí
lanzan siempre la alusión entre maquiavélica y criminalizante
de añadir: «Ustedes siempre se dejan llevar».

Señoría, no intervenimos en el texto anterior y hasta hoy no
hemos intervenido en el actual texto. Esperamos, eso sí, que
venga el proyecto a la Cámara y que nos permitan aportar
nuestros criterios, las mejoras que consideremos convenientes,
que tienen tanta validez como las que pueda presentar S.S., y,
por tanto, espero que la ley saldrá bien, saldrá adecuada,
cumpliremos con las normativas europeas y, sobre todo,
protegeremos a nuestros trabajadores sin crear una nueva carga
a la empresa, que es la que, en definitiva, tiene que crear
trabajo, espero que con toda la seguridad posible, y no se
dificulte ni se encareza más la producción de las empresas.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Aparicio.




El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, desde el Grupo Popular, respecto a la
interpelación de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
quiero decir que es oportuna y que la recibimos con
satisfacción, puesto que refuerza lo que ya fue una inquietud
manifestada por este Grupo, incluso por este mismo Diputado,
el pasado día 25 de mayo en la Comisión de Política Social y
Empleo.

Estamos ante un tema importante; yo de eso no tendría ninguna
duda. Creo que no debería polemizarse sobre las cifras o la
forma de obtención de cifras, como ha pretendido también en
algún momento el señor Ministro, sino que hay que admitir, con
igual limpieza que lo admitieron en su día otros dos
Ministros, el señor Chaves y el señor Martínez Noval, que es
una cuestión importante. Pero aquí entramos en el problema.

Estamos hablando de una directiva europea que ha de ser
trasladada (permítame que utilice el término «trasladar»,
porque el de «trasponer», entre otras acepciones, tiene la de
quedarse dormido, y no me gustaría que ésta se quedase
transpuesta en vez de que fuese transpuesta); insisto, sea
trasladada una directiva que, como se ha dicho acertadamente,
firmó, en su condición de Presidente del Consejo de Ministros
Europeo, el señor Chaves; anunció en varias ocasiones el señor
Martínez Noval que iba a ser inmediatamente incorporada al
Derecho positivo español, y que ahora, de nuevo, nos dice que
también es inmediato o va a ser inmediato el señor Griñán.

Lógicamente, la credibilidad --de eso sí que no hay duda--
está en juego; credibilidad,



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puesto que si existía una voluntad decidida y unas firmes y
magníficas declaraciones de que quería incluso aprovecharse,
por ejemplo, el año 1992, que fue el año internacional de
seguridad en el trabajo, para haber llevado a cabo esta
incorporación, podía haberse hecho perfectamente.

Lo que me ha sorprendido es --desde luego siempre gratamente--
no sólo la capacidad retórica del señor Ministro, que creo que
está ya bien probada, su capacidad retórica incluso de
desviación, sino la finta dialéctica de hoy de no acudir al
fondo de la materia, no intentar dar un grado de concreción,
ya que el otro día no tuvo inconveniente, por cierto, don
Marcos Peña en dar una aproximación. Yo esperaba que a la
primera aproximación llegase ya la concreción definitiva, pero
no ha sido así.

Ha tenido una gran capacidad dialéctica, repito, y ha
utilizado un argumento, ya por segunda vez en esta tarde, que
me resulta curioso: el que podíamos llamar argumento ecológico
de ahorro de papel. Esta misma tarde nos decía que
determinados datos, manejados con abundancia desde su
Ministerio, no eran remitidos a la oposición para ahorrar
papel, y veo que, en la comparecencia del día 25 de mayo, está
consultando a los agentes sociales, pero dice el señor Peña
que sin entrega de documentación. Puede estar bien el ahorro
ecológico, esa sería una preocupación compartida, pero no se
sorprenda tampoco de que muchas veces fracasen algunos de esos
contactos con los agentes sociales si, efectivamente, se
cuentan cosas, pero no se plasman en la documentación. Y
llevado a este caso práctico, diré que ya hemos hablado en
muchas ocasiones, hemos tenido debates muy interesantes en
esta Cámara, y pienso que con un magnífico nivel, sobre la
importancia de trasladar a la normativa española esa normativa
europea, pero díganos cuándo y cómo, que creo que son los dos
aspectos básicos. No entremos en fintas dialécticas de
discusión de cifras, ni en fintas dialécticas de que si la
oposición no tenemos muchas veces oportunidad de disponer de
datos más elaborados. Me permito recordarles que si, lo que ha
querido decir es que España no tiene unas buenas estadísticas
de siniestralidad laboral, peor me lo pone, señor Ministro.

Permítame, por fin, decir que esperamos, desde el Grupo
Popular, que se materialice la moción consecuencia de esta
interpelación. Si está en la línea de lo que ha sido la
posición manifestada en muchísimas ocasiones por nuestro Grupo
--que, por cierto, no pretende monopolizar temas, pretende
lógicamente contribuir a lo que es un grave problema del mundo
laboral español--: si coincide, insisto, con lo que han sido
posiciones ya reiteradas ante esta Cámara, contará con nuestro
apoyo, y sobre todo si desciende a lo que yo creo interpretar
como mayor inquietud de todos los grupos, esto es, a disponer,
de una vez por todas, de ese proyecto de ley que permita la
incorporación definitiva, la plasmación definitiva en nuestro
Derecho positivo de esta normativa de carácter europeo,
firmada por el señor Chaves, anunciada por el señor Griñán, y
que no sé si en los próximos meses o días también pasará por
las manos de algún otro ministro. Supongo que esas decisiones
exceden de lo que debatimos en esta Cámara pero, tal y como
están las cosas, tampoco nos sorprendería que alcanzase el
récord de cuatro ministros interviniendo en el mismo proyecto.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aparicio.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS PARA EVITAR QUE SEA APROBADO EL ACTUAL PROYECTO DE
REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL SECTOR
VITIVINICOLA (Número de expediente 172/000056)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para evitar que
sea aprobado el actual proyecto de reforma de la organización
común de mercado del sector vitivinícola. Para la presentación
de la interpelación, tiene la palabra el señor Isasi.




El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

La verdad es que esta tarde hubiese sido más oportuno que la
Presidencia nos hubiese obsequiado, en lugar de con agua, con
vino.

Señorías, señor Ministro, este Diputado y mi Grupo de verdad
que nos comprometemos a no reclamarles derechos de autor por
haberles facilitado uno de los ejes de la última campaña
electoral, cual es el gran debate provocado en la campaña
electoral de las europeas.

Este Grupo y este Diputado llevamos más de seis meses, desde
el otoño pasado, clamando en el desierto para intentar
concienciar a la opinión pública, al Gobierno socialista y a
los grupos de la Cámara sobre las gravísimas consecuencias que
acarrearía, si se aprobara, el famoso documento de reflexión
elaborado el 22 de julio de 1993 en relación a la propuesta de
reforma de la organización común de mercado.

Pero finalmente, y coincidiendo con la campaña electoral de
las europeas, es verdad que ha habido una gran concienciación
yo creo que en el conjunto de la sociedad, y también fruto del
debate provocado por este Grupo Parlamentario en la Comisión
de Agricultura el pasado día 21 de abril, mediante la
aprobación por unanimidad de una proposición no de ley en la
que humildemente pretendíamos fijar las condiciones mínimas



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en las que los negociadores del Gobierno socialista en la
Unión Europea entendíamos que debían moverse.

Hoy queremos aquí, esta tarde, elevar al más alto rango
parlamentario, mediante este debate, aquella proposición,
aprobada en la Comisión de Agricultura a través también de la
correspondiente moción que, sin duda, debatiremos la próxima
semana.

Señorías, señor Ministro, el pasado 11 de mayo el Colegio de
Comisarios dio luz verde, por fin, a la propuesta de reforma
de organización común de mercado del vino, fruto y
consecuencia de aquel documento de reflexión apenas
modificado; proposición de reforma de la organización común de
mercado que, sin duda, señor Ministro, señorías, estamos en
condiciones de afirmar, y yo creo que sin riesgo a
equivocarnos, que está diseñada en contra de los intereses
nacionales españoles. Por eso espero también la unanimidad de
la Cámara, a poder ser (si tienen la sensibilidad que la
propia sociedad y el propio sector reclaman), para defender
los intereses nacionales.

Veamos a grandes rasgos la situación del sector vitivinícola
en España. Nuestro país, señorías, y este punto es importante,
es el primer país del mundo en superficie dedicada a la
viticultura. Sin embargo, es el tercero en producción total de
uva y de vino. Aquí ya se produce alguna disfunción que
trataré de aclarar a SS.SS. más adelante. Además, señorías, el
cultivo de la vid en nuestro país es eminentemente social y
también está distribuido a lo largo y ancho de nuestra
geografía nacional, incluso en el archipiélago de Baleares y
también en la Comunidad canaria. Incluso está establecido a
través de pequeñas explotaciones familiares, que en la mayoría
de los casos no tienen otras alternativas de cultivo. En
España se dedican al sector vitivinícola cientos de miles de
personas; representa, nada más y nada menos, que el 12 por
ciento de la producción final agraria y sus exportaciones
alcanzan el dos por ciento de la totalidad de las
exportaciones españolas.

Al mismo tiempo, el consumo --y este es uno de los graves
motivos en los que se basa la propuesta de reforma de la
organización común de mercado-- en España ha descendido en los
últimos años en torno al 50 por ciento; está pasando de 70
litros per cápita a primeros de los ochenta o finales de los
setenta hasta en torno a los 30 litros per cápita y año.

Aquí tenemos que hacer alguna reflexión, porque las cosas no
pasan por casualidad, y también tenemos que ver qué ha hecho
el Gobierno en estos últimos años en los que ha habido este
descenso tan importante en el consumo del vino. Tenemos que
recordar que, año tras año, en los Presupuestos Generales del
Estado, este Grupo ha pretendido, ante la ausencia de partidas
presupuestarias, consignar dichas partidas para ferias
internacionales, para promoción interna y externa de los
productos derivados de la uva. Sin embargo, año tras año hemos
observado cómo el Grupo Socialista ha rechazado
sistemáticamente nuestras propuestas.

Este Diputado recuerda el año 1993, cuando asistió con una
delegación de la Comisión de Agricultura a la Semana Verde de
Berlín, la vergüenza que tuvimos que pasar los españoles al
ver en qué condiciones estaba representada España en aquella
importantísima feria internacional de productos
agroalimentarios y la envidia que tuvimos que pasar también al
ver en qué medida defienden, invierten los dineros en ferias
para promocionar sus productos agroalimentarios otros países
como Francia. Recuerdo que me decía un diputado alemán que
Francia, en el año anterior, había invertido nada más y nada
menos que 7.000 millones de francos en Alemania para promoción
de los productos agroalimentarios franceses. Los aspectos más
importantes de la reforma que se pretende están basados en
intentar conseguir el equilibrio entre la producción y la
demanda. Pero, señorías, esto se pretende, en todo caso, de
una forma un tanto simplista y, sobre todo, cínica e
hipócrita. Voy a tratar de explicarles a SS.SS. por qué. De
una forma simplista por qué no hace falta ostentar ningún
cargo importante en los gobiernos que dirigen la Unión Europea
para que se nos ocurra que si hay 192 millones de hectolitros
de producción y 150 de consumo, lo más fácil es suprimir de un
plumazo los 40 millones de diferencia y se ha acabado. Creo
que hay otras políticas más progresistas, más avanzadas para
intentar conquistar nuevos mercados e intentar mantener la
renta de nuestros agricultores. Pero esa solución
prácticamente se abandona.

¿Por qué digo que es una postura cínica e hipócrita? Pues
porque en el resto de la Comunidad, en el centro y norte, las
superficies de plantación de viñedo tienen unos rendimientos
en torno a los 150 y 200 hectolitros por hectárea, y la media
de rendimientos en España de nuestras viñas están en torno a
los 22 o 23 hectolitros por hectárea. Aquí se produce el
milagro, aquí se produce la explicación de lo que decía al
principio de cómo se entiende que seamos el primer país del
mundo en superficie dedicada al cultivo de la viña y cómo
somos el tercer país en producción. Con esta diferencia de
rendimientos, con la perpetuación de las prácticas enológicas,
los países del centro y norte de Europa no elaboran vino, sino
que fabrican un brebaje con uva y remolacha que pretenden
introducir en el mercado comunitario y mundial como vino.

Además, en ello se basan para decir al resto de los países
comunitarios y a los viticultores españoles que existen
excedentes y que, por tanto, tienen que arrancar sus viñas.

(Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!) Eso,
señorías, digo yo que es una postura cínica e hipócrita,
porque no se afronta la realidad, porque a la hora de elaborar
una reforma de la organización común de mercado hay que
hacerlo con valentía, hay que hacerlo para



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modernizar el sector, hay que hacerlo para establecer un
sector competitivo, un sector de calidad, un sector donde se
elabore el vino como tradicionalmente se viene haciendo desde
hace más de 2.000 años. Y eso no se puede hacer en el centro o
norte de la Comunidad si no es defraudando al propio
consumidor, como se está haciendo en estos momentos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, vaya
concluyendo, por favor.




El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, en el centro y norte de la Comunidad se dice que se
legaliza un vino que se obtiene --dicen ellos-- de la
fermentación de la uva a partir de los seis grados
alcohólicos. Eso, dicho a un viticultor español, es para
estallar en una carcajada si no fuera dramático. Por eso, para
poner en el mercado los vinos de cinco y seis grados tienen
que utilizar en torno a 800.000 toneladas de azúcar de
remolacha para invadir los mercados comunitarios y mundiales y
luego pedir que se arranquen las viñas en España. Ese es el
motivo de que se haya elaborado una cantidad de referencia de
producción nacional mediante la cual a España se le exige
disminuir su producción en torno a siete millones y medio de
hectolitros de vino, que suponen, nada más y nada menos,
señorías, que la posibilidad de arrancar en torno a 300.000 o
400.000 hectáreas de viñedo. Para conseguir la reducción de
estos siete millones y medio de hectolitros se establece lo
que se viene en llamar vendimia verde, que este Diputado
entiende que es una auténtica inmoralidad, se establece la
disminución de rendimientos y, cómo no, se establece el
arranque de viñedo. Pero, ¿quién va a tener que arrancar el
viñedo? Porque los viticultores del centro y norte de Europa,
que tienen unos rendimientos en torno a los 150 o 200
hectolitros por hectárea, pueden acogerse a la reducción de
esos rendimientos, mientras que a los viticultores españoles
les es absolutamente imposible acogerse a la reducción de
rendimientos porque ya están bajo mínimos, ya que les recuerdo
a SS.SS. y al señor Ministro que el rendimiento medio en
España está en 22 o 23 hectolitros por hectárea. Por tanto, no
les quedará más remedio, si ustedes firman ese acuerdo, esa
propuesta, que recurrir al arranque. (Varios señores Diputados
del Grupo Popular: ¡Muy bien!)
Y para compensar ese arranque, señorías, se establecen unas
primas. ¿Pero saben ustedes quién se lleva la parte importante
del presupuesto comunitario? No son los agricultores o
viticultores españoles, no. Aquí no se establece la
proporcionalidad rendimiento más cuota de reducción, como
sería razonable. Aquí se dice: 7.000 ecus por hectárea
arrancada, pero en función del rendimiento; aquí sí que es en
función del rendimiento. Y como tenemos los rendimientos más
bajo de toda la Comunidad, los viticultores españoles se
llevarán en concreto 600.000 pesetas, mientras que un
viticultor alemán se llevará 3.100.000 pesetas. Porque,
señorías, desde España...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, termine,
por favor.




El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor Presidente.

Desde España no podemos tolerar, bajo ningún concepto, la
práctica de la chaptalización. Eso es una fabricación de vino
que los países mediterráneos no podemos, repito, tolerar. Y yo
espero, señor Ministro, que no solamente en campaña electoral
se ponga al frente de la manifestación, sino que de una forma
ya más sosegada, después de pasadas las elecciones, en esta
tribuna y en esta Cámara usted se comprometa, en nombre del
Gobierno español, a afrontar estas peticiones, estas
inquietudes.

Además, señor Ministro, yo puedo demostrar a usted y a la
Cámara que no hay excedentes en la Unión europea; no hay
excedentes. Si retiramos de un plumazo el brebaje fabricado
con remolacha hemos suprimido 20 millones de hectolitros que
los países del centro y norte de Europa pretenden colarnos
como vino. (Algunos señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy
bien!)
Si tenemos en cuenta que el sector industrial fabricante de
brandy, licores, etcétera, consume en torno a los 16 millones
de hectolitros de alcohol y les subvencionamos para que
utilicen alcohol vínico y no otras sustancias --como yo mismo
defendí en esta misma tribuna en la pasada legislatura
avisando de lo que podía pasar y ahora está pasando--,
tendríamos en torno a los 40 millones de hectolitros que la
propia Unión Europea dice que existen de excedentes. Por eso,
señorías, les invitamos a que utilicen los mecanismos que
tiene el Gobierno como miembro de la Comunidad. Y no nos
vengan a decir que Bruselas nos impone, porque Bruselas no es
solamente una ciudad llena de edificios, sino que Bruselas, en
la jerga comunitaria en la que nos entendemos todos, tiene
nombres y apellidos y tiene doce gobiernos, de los cuales uno
de ellos, señor Ministro, es el Gobierno socialista español;
por tanto, a ustedes es a los que tenemos que pedir cuentas y
a ustedes es a los que les tenemos que exigir que utilicen los
mecanismos necesarios para usar el derecho al veto o la
minoría de bloqueo buscando aliados que tengan parecidos
problemas a los nuestros, que existen.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, termine
ya, por favor.




El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, termino enseguida.

Señor Ministro, ustedes tienen que aclarar, de una vez por
todas, qué es lo que quieren hacer con el campo



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español, porque, por una parte, nos obligan a matar las vacas,
nos obligan a arrancar las viñas, nos destrozan las frutas y
hortalizas, nos impulsan a la venta a países extranjeros del
aceite de oliva, y con los cultivos herbáceos ya veremos qué
va a pasar a partir del próximo año, que se quedarán sin
subvenciones. Yo no sé si ustedes van a hacer realidad aquel
proyecto del señor Solchaga consistente en que en España sólo
cabrán las multinacionales y los camareros.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar la
interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el
señor Ministro de Agricultura.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Señor Presidente, señorías, no voy a
responder a sus últimas apreciaciones sobre la política
agrícola común, que es seguramente un latiguillo que ustedes
preparan en cada una de las intervenciones, venga o no a
cuento, pero sí quiero manifestar que, con tal de que la
posición que defendamos en todas las instituciones
comunitarias sea una posición unida, porque es la que defiende
los intereses españoles, ni siquiera me preocupa concederles
el derecho de autor y que sean ustedes los que reivindiquen y
levanten la bandera. Pero quiero recordarle, en cualquier
caso, que la posición más clara, más nítida, elaborada en las
instituciones comunitarias para defender el sector del vino en
España, ha sido una resolución del Parlamento Europeo a
propuesta del eurodiputado socialista Mateo Sierra. Por tanto,
no se atribuyan todos los méritos, aunque repito que ni
siquiera me preocupa. A mí me parece importante que sigamos
manteniendo la cohesión que hemos mantenido, la unidad de
criterios de todas las comunidades autónomas, de las
organizaciones agrarias y de todos los grupos políticos en
esta Cámara, porque efectivamente creo que nos jugamos mucho
en esta reforma.

La reforma de la OCM del vino es, sin duda, una necesidad
sentida por el sector español con una especial intensidad, en
muchos casos mayor que en otros Estados miembros, ya que no en
vano una producción de vino que representa menos de la quinta
parte de la comunitaria en España ha destilado más de la
tercera parte del volumen global de las destilaciones en la
Unión Europea. Bien es verdad que este hecho no ha afectado
por igual a todas las regiones españolas, pero indudablemente
el Gobierno, como garante de la solidaridad interterritorial,
siente también con gran fuerza la necesidad de la reforma. Es
necesario llevar a cabo una reforma de la organización común
de mercados por muchas razones, entre otras, la necesidad de
equilibrar ese mercado.

La razón fundamental de los excedentes que han aparecido --
luego comentaremos ese concepto de excedentes en relación con
la chaptalización-- es el descenso en el consumo de vino,
tanto a nivel mundial como a nivel de estado miembro
productor, como es España. En España este descenso, como usted
mismo ha comentado, ha sido espectacular. En quince años el
consumo ha bajado prácticamente a la mitad. Hemos pasado de
unos niveles de consumo per cápita en torno a 70 litros por
habitante, a unos niveles que se situaron en 1992 en 32 litros
por habitante, si bien es cierto que en estos dos últimos años
se está produciendo una recuperación, que yo creo que hay que
valorar positivamente, con el permiso de la Ministra de
Sanidad que en estos momentos no está presente. Las
estimaciones para este año de consumo de vino son en torno a
37 litros por habitante, con un elemento adicional que yo creo
muy significativo para la evolución de nuestro sector vitícola
hacia el futuro, y es que los cinco litros por habitante de
incremento de consumo se han concentrado precisamente en vinos
de calidad, y además ha ido en detrimento del consumo de otros
alcoholes, lo que quiere decir que, desde el punto de vista de
la salud de los ciudadanos, se está produciendo una
reasignación de consumo en una orientación más saludable para
los ciudadanos, que es la disminución del consumo de otros
alcoholes y el incremento en el consumo de vinos de calidad.

Pero la realidad es que, a nivel comunitario, se evalúa, hoy
por hoy, en dos millones de hectolitros la disminución del
consumo con carácter anual, es decir, una cantidad similar al
doble de la producción de La Rioja, por poner un ejemplo de
referencia. Es cierto que la destilación cuesta dinero, pero
también es cierto --no lo ha dicho usted, pero ya lo añado yo-
- que no se puede decir que el sector del vino sea un sector
caro, desde el punto de vista presupuestario, para las arcas
comunitarias. El sector de los cereales, por poner un ejemplo,
representa el 12,1 por ciento de la producción final agraria y
su participación en el Feoga-garantía es del 16,5 por ciento.

En el sector de las semillas oleaginosas quizá el
desequilibrio es todavía mayor, ya que, con una participación
de sólo el dos por ciento en la producción final agraria,
representa un 11 por ciento de los gastos del Feoga-garantía.

Sin embargo, la realidad es que el vino, con un 5,4 por ciento
de la producción final agraria, supone sólo un 3,2 por ciento
de los gastos. Ello quiere decir que la reforma no puede tener
como objetivo el ajuste de los gastos, sino el equilibrio del
mercado, y en esto creo que coincidimos, como así ha sido, en
todos los foros en los que se ha producido un debate
intentando llegar a conclusiones sobre cuáles deben ser
nuestras posiciones a defender en el marco de la reforma de la
OCM del vino. Otros elementos que hacen particularmente
necesaria la reforma son la excesiva complejidad de la actual
normativa comunitaria --sirva como ejemplo el hecho



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de que el vino se puede destilar bajo seis regímenes de
destilación diferentes--y las diferentes formas de aplicar el
concepto del vino de calidad en los distintos Estados
miembros. En lo que se refiere a la posición del Gobierno,
tengo que decir que desde la incorporación de España a la
Unión Europea seguramente ninguna propuesta de la Comisión ha
sido más debatida en todos los foros. La reacción suscitada se
ha debido al contenido de los primeros documentos conocidos
sobre la propuesta. Creo que fue la propia reacción, que hemos
valorado siempre positivamente, la que en cierta medida ha
conseguido sustanciales cambios que se incluyeron en la
propuesta finalmente adoptada por la Comisión, aunque todavía
represente una propuesta claramente insuficiente para nuestro
sector.

Como he dicho anteriormente, la reforma del sector
vitivinícola, desde nuestro punto de vista, es necesaria. Del
volumen que cada año se destila, gran parte es vino español, y
creemos que es positivo que la Comisión en su propuesta
contemple el equilibrio del mercado, no a través de las
limitaciones de la producción, sino de la utilización del
mosto enriquecido para la chaptalización como alternativa a la
práctica de la adición de sacarosa, y no como hasta ahora, que
el equilibrio se establecía retirando el vino del mercado a
través de los regímenes de destilación. De esta forma, si los
recursos financieros comunitarios se mantuvieran al mismo
nivel que en la situación actual, el apoyo que pueden recibir
el viticultor y el productor de vino pudiera ser incluso mayor
que en las circunstancias actuales.

Entre las medidas contempladas en los planes regionales se
encuentra la vendimia en verde, medida preconizada por la
Administración española que ha sido respaldada por la
totalidad de la Cámara, por lo que no entiendo su oposición,
en estos momentos aparentemente radical, a una medida
alternativa para el control de las producciones. Bien es
cierto que habrá que ponerlo en conjunto en un reparto
equilibrado del ajuste a nivel de toda la Comunidad Europea,
pero puede ser una medida útil como alternativa al abandono
del viñedo. Para que esa vendimia en verde pueda realizarse
plenamente, se va a pedir un incremento de fondos financieros
destinados a la misma, tanto en lo que se refiere a una plena
financiación comunitaria como a primas comunitarias más
elevadas. En nuestra opinión, detrás del sector vitivinícola
hay aspectos sociales y medioambientales que tienen una gran
importancia en ciertas regiones, debido al monocultivo y como
consecuencia en muchas zonas de la gran necesidad de mano de
obra que tiene este cultivo, que hace que la pérdida del
viñedo acarree una ruptura del entramado social de
consecuencias impredecibles para determinadas zonas. Creo que
la reacción que se ha producido a las propuestas de la
Comisión refleja un cierto sentimiento de discriminación, que
sin duda es un sentimiento legítimo. En mi opinión, ha habido
un sentimiento de discriminación por productos y un
sentimiento de discriminación territorial. La sociedad
española ha visto cómo la Unión Europea ha afrontado los
inevitables ajustes estructurales en otros sectores de la
política agrícola común con semejantes problemas excedentarios
y de costes de regulación (podríamos citar los cereales y
otros colectivos herbáceos, la carne de vacuno, la leche,
etcétera, como ejemplos del esfuerzo de reducción de los
excedentes para conseguir una transición armoniosa) y cómo la
carga financiera de ese ajuste ha sido asumida con
solidaridad, de acuerdo con los principios de la política
agrícola común, mediante una financiación íntegra del Feoga-
Garantía. Por el contrario, en el sector del vino la Comisión
propone una importante participación financiera de los Estados
miembros en determinadas medidas de la reforma. Esta
participación financiera puede colocar a algún Estdo miembro
en serias dificultades para asumir algunas de las medidas
propuestas.

Por otra parte, se aprecia también una discriminación por
regiones. Siempre que en la Comunidad se ha abordado un
esfuerzo de ajuste de organizaciones comunes de mercado, las
cuotas, las superficies de base, las limitaciones de censos,
las cantidades máximas garantizadas, etcétera, se han tomado
como referencia las producciones nacionales de un período
histórico anterior a la decisión. Sin embargo, en la propuesta
de la Comisión la producción comunitaria de referencia se
reparte entre los Estados miembros en una confusa mezcla de
producciones históricas y volúmenes comercializados. En este
sentido, es como si las cuotas de la leche o del azúcar se
fijasen en función de los consumos en lugar de en función de
las producciones.

En segundo lugar, y haciendo referencia a su intervención
sobre la chaptalización, le diré que se mantiene y consagra
una práctica de la viticultora del Norte --la chaptalización--
que no responde a la definición del producto --el vino-- y que
no tiene una justificación técnica. Por el contrario, ofrece
una clara ventaja económica y desde la cultura de los países
mediterráneos es difícilmente aceptable.

Hay, sin duda, muchos otros puntos de la propuesta que serán
objeto de profundas e intensas discusiones, tanto a nivel
técnico como político, pero las que he citado creo que son las
de primer rango y las que van a constituir el nudo gordiano de
todas estas discusiones.

Podemos decir que la actual propuesta es una base de
discusión, aunque quizá no la única, cuya presentación en el
Consejo de Ministros no se ha producido todavía y, por tanto,
no ha comenzado el debate. El sector vitivinícola necesita,
después de tanto tiempo de espera, una organización común de
mercados que satisfaga sus necesidades, y la posición del
Gobierno es que se siga manteniendo la cohesión, como ha
ocurrido hasta ahora, de las comunidades autónomas, de los
diferentes sectores afectados y de todos los grupos políticos



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a la hora de defender una posición común en todos los ámbitos
comunitarios. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Isasi.




El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, no sé si consciente o inconscientemente se ha
dado cuenta, pero como conclusión podíamos afirmar que usted
casi ha estado defendiendo la propuesta de organización común
de mercado del vino. Yo me he quedado anonadado, señorías;
pasmado. Usted ha defendido durante toda su intervención la
necesidad de la reforma. Claro que sí; claro que hay que
reformar, porque la actual organización común de mercado tiene
más de diez años y está hecha para los países que entonces
formaban la Comunidad, para los países del Norte, y ahora, en
lugar de liderar ustedes esta reforma que les hemos pedido
desde la oposición del Partido Popular, dada la importancia de
España en este sector, no lo hacen. Les hemos estado diciendo:
Partido Socialista, Gobierno socialista, lideren esta reforma,
no estén a la sombra de lo que les diga el comisario de
Luxemburgo, porque qué entenderá de viticultura, de producción
o de elaboración de vinos o de producción de uva. Sin embargo,
ustedes están a la sombra de lo que les marca el actual
comisario de la Unión Europea desde Luxemburgo. Señor
Ministro, ¿cómo iba a sospechar que usted ni siquiera esbozara
aquí esta tarde la postura del Gobierno español? Ha llegado
casi a justificar la chaptalización. Un español no puede decir
que es difícilmente aceptable; es imposible aceptarla, señor
Ministro. Es imposible aceptar la chaptalización en España;
imposible. (Aplausos en los bancos el Grupo Popular.) ¡Claro
que hay que reformar la organización común de mercado! ¿Cómo
vamos a estar con las medidas que se establecieron a sí mismos
Francia, Alemania, Italia, etcétera, es decir, los países que
entonces formaban la Comunidad? Pero es que, insisto, somos el
principal país del mundo en estos temas y nosotros
demandábamos --y demandamos-- que sea nuestro Gobierno --
también es nuestro Gobierno-- quien lidere estas cuestiones,
que presenten documentos. Yo le pido esta tarde aquí, señor
Ministro, que como representante del Gobierno español diga a
esta Cámara los documentos que ha presentado ante los
organismos comunitarios. Quiero ver, y mi Grupo también, los
documentos que el Gobierno español ha presentado en el seno de
la Comunidad Económica Europea, porque Francia ha presentado
dos memorándum y Alemania e Italia también lo han presentado;
en cambio, España teniendo las características que tiene en el
sector vitivinícola, no ha presentado ni un solo papel, ni una
sola línea, y no me sirve que diga usted que seguramente ya ha
opinado el Ministro anterior. Sé lo que opinaba el Ministro
anterior sobre estos temas y la resignación que tenía sobre la
chaptalización y los problemas fundamentales que tiene esta
propuesta. El pasado 10 de junio, en plena campaña electoral,
usted declaraba a un periodista en Valencia que la alternativa
del Gobierno constaba de muchos puntos, y cuando usted los
desarrolla resulta que lo que proponían era enriquecer los
vinos con mosto. Señor Ministro, yo le puedo decir que ésa no
es la única necesidad de la reforma; además de la utilización
del mosto concentrado y rectificado hay que homologar los
rendimientos en el seno de la Comunidad. Decía también, en
esas declaraciones a las que estoy haciendo referencia, que
había que aplicar la vendimia en verde para reducir los
volúmenes de producción. Eso es todo lo que usted expuso a ese
periodista, al que dijo que su propuesta constaba de muchos
puntos. Ahora nos enteramos que la postura a que ustedes menos
se acogen es al debate que hubo en el Parlamento Europeo, cuyo
ponente fue un eurodiputado socialista que han retirado de las
listas y que, por tanto, no podía seguir defendiendo la misma,
diciéndole que también se conformaba con la práctica de la
chaptalización.

Si queremos hacer un proyecto de futuro, un reglamento de cara
a organizar el sector vitivinícola a nivel comunitario, hay
que suprimir la chaptalización; estamos dispuestos a negociar
un período transitorio como el que a nosotros nos impusieron y
ustedes firmaron para nuestras frutas y hortalizas, que ya no
nos acordamos desde cuándo pertenecemos a la Comunidad y, en
cambio, todavía tenemos frutas y horalizas que no son
plenamente comunitarias. Vamos a hablar de período transitorio
para suprimir la chaptalización, pero no, ustedes dicen que
puede ser aceptable.

En cuanto al tema de la financiación, al que yo no me he
referido anteriormente, supone una auténtica discriminación
respecto al resto de los productos que son totalmente
financiados al cien por ciento, que es lo que se pretende con
la financiación compartida con los Estados miembros, ya
conocemos la disponibilidad del Gobierno socialista para
consignar dineros en los Presupuestos del Estado para
compartir esa financiación.

Señor Ministro, nos gustaría saber, a resulta de esos
hipotéticos documentos que nosotros esperábamos que ustedes
hubiesen aportado, qué memorándum presentó el Presidente del
Gobierno español, don Felipe González, la pasada semana,
cuando se paseaba por Alemania del brazo del señor Kohl. Nos
hubiese gustado que el Presidente del Gobierno, aunque fuera
en campaña electoral, hubiera reivindicado ante aquél los
problemas que plantea para España la organización común de
mercados, ya que ustedes se están hartando de



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decir que el máximo responsable es Alemania y el señor Kohl en
concreto.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, termine
por favor.




El señor ISASI GOMEZ: Pues bien, si el Presidente del Gobierno
presume de las medallas impuestas por los presidentes
comunitarios por su europeísmo demostrado, que por cierto
parece que va en contra de la defensa de los intereses de los
agricultores, nos hubiera gustado que hubiese aprovechado ese
momento para reivindicar los problemas que plantea la
organización común de mercados.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, concluya,
por favor.




El señor ISASI GOMEZ: Señor Ministro, a España se le obliga a
retirar de la producción el 20 por ciento, el mayor porcentaje
de toda la Comunidad; a Francia, el 18; a Alemania, 13; a
Portugal, el 14; a Grecia, el 14, con una media comunitaria
del 18 ¿por qué --dígalo usted aquí esta tarde-- a España se
le quiere imponer, y ustedes parece que aceptan, el 18 por
ciento? Señor Ministro, no se convierta usted en el burócrata
de la Unión Europea arrancando las cepas y el futuro y la
supervivencia de miles de jóvenes y niños españoles. (Aplausos
en los bancos del Grupo Popular.) Mire este cartel y atienda
la demanda de los agricultores españoles. No les va a quedar
más remedio porque ustedes, además, han sido desautorizados el
pasado domingo para aceptar cuestión alguna que dañe los
intereses de los agricultores y de los españoles. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.

Señorías, la verdad es que decir algunas obviedades con mucho
énfasis, o incluso levantando la voz y añadiendo alguna puesta
en escena, no refuerza los argumentos.

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que a veces se
predica mucho y se hace poco porque hasta ahora, que yo sepa,
en el Parlamento Europeo ha sido un eurodiputado socialista
quien levantó la voz; va ser el responsable de expresar la
opinión española en el Comité de las Regiones el Presidente de
la Junta de Extremadura, otro socialista, y así en todos y
cada uno de los organismos comunitarios. Son siempre
socialistas los que están defendiendo la posición del vino
español en el marco comunitario. (Rumores.--Varios señores
Diputados del Grupo Popular pronuncian palabras que no se
perciben.) Esta es la realidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías,
por favor.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Esta es la realidad.

El Gobierno, antes de que comience a discutirse en el Consejo
de Ministros, ha planteado ya sus objeciones a los primeros
documentos de reflexión expresados no solamente por el
Ministro, sino incluso por el Presidente del Gobierno ante la
Comisión Europea. Se han producido algunas modificaciones en
esa propuesta que todavía no son satisfactorias, pero que van
en una línea favorable a los intereses españoles como, por
ejemplo, no establecer la obligatoriedad del arranque de
viñedos y no vincular otras medidas de ajuste a la
obligatoriedad al arranque de viñedos. Por tanto, en estos
momentos algunas de las modificaciones que se han producido
han sido como consecuencia de las gestiones del Gobierno
socialista. (El señor Isasi Gómez: Papeles.) Como otras que se
refieren a la financiación comunitaria. Los primeros
borradores establecían una financiación comunitaria del 50 por
ciento para todas las regiones europeas, y la propuesta final
de la Comisión establece ya una financiación del 75 por ciento
para regiones objetivo 1 y del 50 por ciento para el resto.

Todavía es insuficiente porque queremos una financiación del
cien por ciento, pero se ha producido esta modificación como
consecuencia de la presión del Gobierno español. Si no
pregúntenselo ustedes a sus colegas portugueses, que les dirán
en qué medidas es el Gobierno español el que ha conseguido que
se modifiquen estas propuestas. Quiero dejar bien claro que yo
he defendido la necesidad de la reforma, pero no la propuesta
de la Comisión. Por tanto, no manipule usted mis palabras,
porque creo que he explicitado con suficiente claridad algunos
de los argumentos por los cuales considero que esa propuesta
no es aceptable.

Estamos en el comienzo de una negociación que ni siquiera ha
empezado formalmente, porque la Comisión Europea no ha
presentado en el Consejo de Ministros todavía su propuesta.

Nos quedan muchos meses para que esa propuesta sea debatida y
modificada para ajustarla a nuestras prioridades y
necesidades. Si esa propuesta no fuese suficientemente
satisfactoria, no sería aceptable por parte del Gobierno
español.

Aquí no hay que hacer grandes declaraciones y grandes fuegos
artificiales. Creo que ha sido particularmente desafortunado
el que la propuesta haya coincidido con una campaña electoral
por que seguramente ha distorsionado la necesidad de un debate
sereno, tranquilo, firme y riguroso que nos conduzca, como de
hecho



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se había producido anteriormente, a una posición unida en la
defensa del sector vitícola ante esta reforma.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Gonzáñez
Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías,
verdaderamente estamos en un punto importantísimo para toda la
economía. Voy a limitarme, puesto que se ha hablado de todo el
Estado, sobre todo a mi comunidad, Alicante, Castellón y
Valencia a fin de intentar ilustrar al señor Ministro.

Somos una de las regiones más castigadas en el tema de la
destilación de vino para alcohol, y usted ya lo sabe. El vino
no se puede considerar solamente en su vertiente económica;
hay que considerarlo también en su vertiente social, y usted
lo ha dicho.

En la Comunidad Valenciana, fundamentalmente en Alicante y
Castellón, son 60.000 familias las que viven de este cultivo.

Castellón prácticamente no existe, pues por el problema de los
híbridos hubo que arrancar las cepas; en Alicante hay una
denominación de origen con unas zonas extraordinarias, como
son La Marina, Denia, Vall de Gallinera, Jalón, Alcalalí, con
un moscatel extraordinario, y la zona de Mónovar, con sus uvas
«Monastrell» y con su famoso «Fondillón» --si no lo conocen
les recomiendo que lo prueben-- que ya los ingleses en el
siglo XV importaban como un gran vino.

En Valencia tenemos subdenominaciones de origen, «Clariano»,
«Valentino», y «Alto Turia» y también la denominación de
origen «Valencia», que las ampara todas, con unas zonas como
la de Requena, Utiel, Chiva, Cheste, Buñol, Godelleta,
Onteniente, Vall L''Albaida, con blancos extraordinarios, como
Villar del Arzobispo, Titaguas; en Chelva, Pedralba, el Rincón
de Ademuz y con una uva extraordinaria para hacer un
«coupage», que es La Bobal, y que lamentablemente nuestros
tipos no fueron tomados como variedades preferentes en el
tratado de adhesión, una perla que lamentablemente también
tenemos que pagar. Los blancos, con Merseguera, en el Alto
Turia, Titaguas y los pueblos del alrededor están hoy siendo
objeto de exportación masiva, y una gran atención en países de
gran consumo de vino blanco, como puede ser Suiza.

Tengo que decirle, porque quizás nuestra comunidad, la
Comunidad Valenciana, sea la gran ignorada del resto del
Estado, cuál es su potencial de vino. Algunos creo que lo
conocerán. No obstante, además de ser la segunda región
española en producción, señor Ministro, producimos el 40 por
ciento del total de los vinos tintos de todo el país y
exportamos el 60 por ciento del total del país en litros de
vino.

Todo esto unido a las 60.000 familias que viven de ello, es lo
suficientemente importante como para que nos sintamos
preocupados. Efectivamente, la chaptalización no es la
solución. Ustedes tienen que poner allí encima de la mesa todo
lo que haga falta porque, de verdad, no se puede basar el vino
única y exclusivamente en su vertiente económica, y me alegro
de que usted lo haya reconocido. Además, también es una
cultura, y una cultura importantísima de nuestro pueblo; una
cultura de nuestro pueblo que yo creo que en todas y cada una
de nuestras comunidades autónomas se desarrolla de forma
diferente girando alrededor del vino, que, naturalmente, no
podemos perder. Habrá que hacer algo muy importante, y yo
espero que precisamente ahora el Partido Popular --que ha
puesto este tema encima de la mesa-- brillante ganador de
estas pasadas elecciones, con la mayoría que al parecer, va a
haber de su grupo en Europa y contando con su ayuda, lleve
adelante un trabajo necesario e imprescindible. Y seguro que
habrá que hacer algo. Pero que no sean otra vez Alicante,
Castellón y Valencia las que paguen en mayoría, que no les
suceda lo mismo que ha ocurrido con el resto de los productos
hortofrutícolas, que han estado desplazados. Confío y espero
que, entre todos, seamos capaces de darnos cuenta de la gran
importancia que tiene para todo el Estado y, vuelvo a repetir,
muy especialmente para una comunidad que produce el 40 por
ciento de tintos y que exporta el 60 por ciento de todo el
Estado español.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, celebro tener la oportunidad de
reafirmar ante el Pleno del Congreso la posición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ya
manifestamos en la Comisión de Agricultura, sobre el proyecto
de la OCM reformada del vino que, a nuestro juicio, es uno de
los problemas más graves que afecta a nuestra agricultura. Se
trata nada menos que de la supervivencia o no del sector
vitivinícola, uno de los sectores agrarios económica y
socialmente más importantes y representativos de nuestro país.

Se trata del sector agrario más profundamente enraizado en el
acervo social, cultural e histórico de amplias zonas de España
y de buena parte de la cuenca mediterránea, donde fue
precursor del comercio, responsable de la riqueza y del
declive de muchas civilizaciones, y también ha sido causa de
guerras, algunas motivadas por el reparto de beneficios y la
duración de los derechos entre los propietarios de suelo, los
cultivadores y los aparceros.




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El proyecto de organización común de mercado del Comisario
Steighen no tiene en cuenta que el sector vitivinícola español
es mucho más que un sector de la economía agraria; pero es
que, aunque no lo fuera, sigue siendo inadmisible la
pretensión de obligar a nuestro país, que tiene unos
rendimientos por hectárea inferiores a la mitad de los
centroeuropeos, al arranque de 500.000 hectáreas de viñedo
antes de obligar a un descenso de los rendimientos en los
viñedos centroeuropeos; rendimientos altos, forzados mediante
riegos prohibidos en España, rendimientos que son sinónimos de
baja graduación y de baja calidad que debe ser camuflada con
prácticas aberrantes como la de la chaptalización; riegos y
chaptalización legitimados inadmisiblemente por el proyecto de
OCM. Todo ello, señorías, nos resulta particularmente doloroso
e incomprensible cuando, desde la Comunidad, nos fueron
aducidas razones de mejor calidad y menores costes de
obtención de producciones, como la carne y la leche, para
obligar a España a reducir producciones para que así
tuviéramos que abastecernos de estos productos en los países
centroeuropeos.

Yo no hablo, señorías, de legitimidad histórica, ni de
conveniencia social, sino de que se nos apliquen, en el caso
del vino, los mismos criterios aquí, los de calidad natural de
nuestros caldos y los del ámbito territorial climático y
vegetativo, más idóneos para el cultivo de la viña y de los
vinos. Para justificar una drástica reducción de excedentes,
la Comisión plantea únicamente el arranque de los viñedos y
las destilaciones, usando estadísticas poco rigurosas y
criterios arbitrarios, otorgando producciones de referencia o
cuotas en función de las producciones de los cuatro últimos
años, sin tener en cuenta que España ha estado haciendo en
este período un importante esfuerzo de arranque y de
reconversión varietal.

El arranque subvencionado se descomunitariza y se cofinancia
al 50 por ciento con los Estados miembros, y las destilaciones
obligatorias a partir de la cuota de referencia también. Sólo
las destilaciones voluntarias se comunitarizan
excepcionalmente con unos precios de base ruinosos.

Con estos componentes la OCM no merece tal nombre. Se queda
solamente como un método drástico de reducción de excedentes
de vino, especialmente de los españoles.

A nuestro juicio, el proyecto de OCM parte de una filosofía
equivocada y falsa, basada en una supuesta e irreversible
reducción progresiva del consumo de vino. He olvidado el
calificativo de interesada, que también lo es, para favorecer
el consumo de otras bebidas alternativas.

El consumo, señorías, puede incrementarse de muchas maneras:
fomentando una mayor calidad, investigando nuevos productos,
moderando su excesiva fiscalidad o con la promoción interior y
exterior del conocimiento y cultura del vino, como bebida
sana, natural, y como hecho cultural y social que acompaña los
mejores momentos de nuestras vidas. O, por ejemplo,
disminuyendo excedentes, obligando a que el enriquecimiento de
los mostos pobres en alcohol se efectúe con mezclas y
«coupage» de mostos concentrados.

Señorías, ante este proyecto de OCM, que empeora inclusive al
documento inicial de reflexión, ante este grave atentado
contra nuestra viticultura, nuestro Grupo considera necesario
que sea rechazado unánime y contundentemente por el Pleno de
la Cámara, como lo fue en Comisión, como lo hace el sector y
como me consta que lo hace el propio Gobierno. Nuestro Grupo
no es partidario de reiterar debates, pero en este caso es
oportuno que sea el Pleno del Congreso quien se pronuncie y
avale una acción del Gobierno para que, si fuera necesario,
obtenga una mayoría de bloqueo que vete tan insensato
proyecto.

Pensamos que la moción subsiguiente a la interpelación no
podrá diferir demasiado de la proposición no de ley
consensuada en la Comisión, y, como sugerencia, tal vez sería
conveniente que se instara a la creación de una ponencia para
hacer un seguimiento más próximo, más día a día, de la
negociación de las modificaciones del proyecto de OCM, para
que ésta sea aceptable para nuestro país y permita a nuestros
viticultores continuar cultivando sus viñedos y elaborando los
mejores vinos de Europa.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Vidal. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora
Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar que mi intervención sea lo más racional posible,
porque pienso que hay suficientes motivos de crítica al
Gobierno como para cargar las tintas --desde mi punto de vista
personal--, demagógicamente, en un tema en el que pienso que
será de utilidad para los intereses españoles el que vayamos
lo más unidos posible, como, por otra parte, sucedió en la
votación en que por unanimidad se aprobó la proposición no de
ley en la Comisión de Agricultura; una proposición no de ley
presentada por el Grupo Popular, que, repito, fue aprobada con
la unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Efectivamente, señorías, estamos ante un tema preocupante,
que, de cumplirse la propuesta de la Comisión --que esperamos
que no--, tendría repercusiones gravísimas sobre el empleo,
sobre el equilibrio territorial y sobre el mismo ambiente, y
ya se ha dicho aquí que supondría el arranque de alrededor de
400.000 hectáreas de viñedo.




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Hemos de tener en cuenta que en España la superficie
vitivinícola es de 1.350.000 hectáreas y que desde la campaña
de 1985/1986 se han arrancado ya 140.000 hectáreas. Este
sector es vital en muchas comunidades autónomas, pero me voy a
centrar en las repercusiones que tendría en una; por ejemplo,
en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha se dedican
685.827 hectáreas al cultivo del viñedo, lo que representa el
45 por ciento del total de la producción española, con unos
rendimientos por hectárea bajos, ya que son de 20 a 30
hectolitros, cuando --y aquí también se ha dicho-- en el resto
de los países de la Comunidad Económica Europea, de la Unión
Europea, son muy superiores.

Las consecuencias sociales que tendría una política inadecuada
en el tema de la reforma de la organización común de mercado
del vino, sólo en esta Comunidad, afectaría a más de 70.000
familias, que viven de su cultivo y que generan 12 millones de
jornales cada año, de los que el 80 por ciento son mano de
obra familiar. Y conllevaría también una pérdida de rentas
debida a la destilación obligatoria y al bajo precio que se
pediría por ella.

Por tanto, esta reforma, de la manera que la plantea la
Comisión, provocaría despoblamiento, desertización y
desaparición del sector productivo en regiones donde no hay
posibilidad de otros cultivos alternativos, por las
características climatológicas. Además, esta reforma,
señorías, es contraria a la filosofía de la PAC, de la
política agraria comunitaria, de la forma en que fue planteada
por la Comisión en 1992. Se distancia también del tratamiento
dado a otras reformas ya realizadas de organizaciones comunes
de mercado que afectan fundamentalmente a producciones
continentales del Norte de Europa, y a esta reforma, como se
ha dicho también, se la puede calificar de cualquier cosa
menos de común, porque introduce unos criterios de
estatalización que harán que para aquellos países con menos
recursos se produzcan situaciones gravemente discriminatorias
para los productores de esos países. Por tanto, se deja de
lado el principio de solidaridad financiera y el Feoga, de la
manera que está planteado, no va a contribuir al cien por cien
a la reforma de estas OCM. Al parecer, podríamos creer --esta
mañana lo hemos comentado ya en Comisión-- que, una vez que se
ha rebasado la línea directriz fijada en Edimburgo con la
reforma de otras organizaciones comunes de mercado, ahora se
impone una política restrictiva presupuestaria que afectará a
las producciones de cultivos mediterráneos como el que estamos
tratando en este momento.

Señorías, es inadmisible la formulación que se hace de las
producciones de referencia, que son propuestas por la
Comisión, que favorecen fundamentalmente a Francia y a
Alemania y que obligarían a la reducción del 20 por ciento de
nuestra producción, al mismo tiempo que la propuesta de la
Comisión consagra la práctica de la chaptalización, a la cual
somos absolutamente contrarios. En esta reforma, por otra
parte, se centra el equilibrio de mercado, al cual ha aludido
también el señor Ministro, en la reducción de la oferta, pero
no se habla de cómo incidir en la demanda. No se han tenido en
cuenta estudios que recomiendan actuar sobre otros factores.

Por ejemplo, se sabe que el 10 por ciento de las explotaciones
vitivinícolas no tienen relevo generacional, y si hubiese unas
primas que fueran satisfactorias para su abandono, eso
supondría una reducción de 19 millones de hectolitros.

Por otra parte, hay el problema de la armonización de los
impuestos especiales. Hay países, como Irlanda, Dinamarca,
Reino Unido, que tienen unos impuestos muy gravosos, y si
estos impuestos se armonizaran, supondría también una
reducción de los excedentes de cinco a diez millones de
hectolitros. El enriquecimiento con mosto implicaría también
de diez a veinte millones de hectolitros, y el hecho de
incrementar las prestaciones vínicas al 15 por ciento podría
mejorar también la calidad y el consumo, al tiempo que
reduciría la producción en nueve millones de hectolitros. Todo
esto, unido a la ampliación de la Unión Europea, con lo que
implicaría de consumo de los demás países, nos tiene que
llevar a concluir que no hay tales excedentes, porque sin el
abandono nos encontraríamos con que habría una compensación de
34 millones, y con el abandono sería de 54 millones de
hectolitros, cuando los excedentes que está fijando la
Comisión son de 36 millones de hectolitros.

Señorías, señor Presidente, me ha extrañado la actuación del
representante del Partido Popular, primero porque la he
encontrado muy contradictoria con la posición que mantuvo en
la Comisión de Agricultura. El Gobierno tiene un mandato de
esta Cámara, tiene un mandato a través de la Comisión, en que
fijábamos el tema de que había de ser financiada al cien por
cien por el Feoga-garantía, hablamos del tema de los mostos,
hablábamos de la no chaptalización y hablábamos de toda una
serie de puntos que están comprendidos en esta proposición no
de ley que aprobamos unánimemente el 21 de abril de 1994. A mí
me ha sorprendido la crítica que el portavoz del Grupo Popular
ha hecho del tema de la vendimia verde, porque si bien es
cierto que nuestro grupo también cree que no se debería
centrar como alternativa la vendimia verde, porque he expuesto
otros puntos que podían equilibrar el mercado y que no sería
necesario que se recurriera al tema de la vendimia verde, la
verdad es que este punto figuraba en la proposición no de ley
del Grupo Popular que nos presentó para la votación el día 24
de abril. Por tanto, pediría que en ese tema fuéramos
objetivos, pediría que en este tema tuviésemos en cuenta los
intereses de los viticultores españoles, que se la están
jugando y nos la estamos jugando mucho. Por consiguiente, yo
no sé en qué sentido irá la moción del Grupo Popular, no lo
sé. Adelanto que si va en el sentido



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que iba la Proposición no de Ley, nuestro grupo estaría en
condiciones de aprobarla, pero no estaremos en condiciones de
introducir elementos de insolidaridad en el tema de la
destilación, por cuanto que entendemos que el tema de la
destilación debe ser de alguna manera satisfecho
solidariamente por todos los productores. Adelanto estos
aspectos. Por otra parte, hemos mantenido una postura unánime
que se está rompiendo y yo lo lamento muchísimo...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rivadulla, vaya
concluyendo, por favor.




La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor Presidente; acabo.

Se está rompiendo, por cuanto se está proponiendo iniciativas
populares. Se está recogiendo firmas en el sentido de que haya
aportaciones del Estado español para los planes regionales.

Creo que con esta iniciativa estamos rompiendo un frente unido
que hemos mantenido hasta ahora y, como he dicho en Comisión,
espero que esta iniciativa no sea propiciada por el Grupo
Popular, porque entonces estaría manifestándose, como mínimo,
contradictorio con las posiciones que aquí está manteniendo.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (El señor Isasi
Gómez pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi.




El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, pido la palabra por
alusiones para intervenir medio minuto.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, no hay ninguna
alusión, señor Isasi. No ha sido citado. La portavoz del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha fijado su
posición; en unas cosas ha coincidido con su postura y en
otras no. Sabe usted que es un debate tasado, señor Isasi.




El señor ISASI GOMEZ: Sí, sí. No pretendo crear una situación
extraordinaria, sino intervenir por alusiones a mi Grupo
Parlamentario y para aclarar a la representante de Izquierda
Unida algunos términos para que se quede tranquila.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, no, señor Isasi.

No tiene la palabra. Señor Isasi, no tiene la palabra.

(Rumores.)
Señorías, finalizado el debate, el Pleno se reanudará mañana,
a las nueve. Se suspende la sesión.




Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.




CORRECCION DE ERROR: En el «Diario de Sesiones» número 78,
fecha de ayer, página 3.938, intervención del señor Robles
Fraga, en la cuarta línea de la segunda columna se dice: «...

el informe 'People', cuando lo correcto es el 'informe
Piccoli'.»