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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 67, de 27/04/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 67 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 66
celebrada el miércoles, 27 de abril de 1994



Página



ORDEN DEL DIA:



--Preguntas (Página 3336)



Interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección
del menor, así como criterios a seguir para dotar a las
instituciones de instrumentos eficaces y adecuados para
realizar las funciones que tienen encomendadas (número de
expediente 172/000048) (Página 3360)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la posición del Gobierno en
relación con el derecho a la justicia gratuita y los problemas
derivados de su aplicación a través del turno de oficio en los
distintos órdenes jurisdiccionales, así como las perspectivas
de su regulación futura (número de expediente 172/000049)
(Página 3369)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
68, de 28 de abril de 1994.)



Página 3332




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Preguntas (Página 3336)



Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son
las razones por las que el Gobierno no ha enviado a la
Comisión de Investigación sobre la gestión de los fondos
presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia
Civil, mientras fue Director General don Luis Roldán,
documentos relativos a la situación patrimonial de don Luis
Roldán? (Número de expediente 180/000443) (Página 3336)



Del Diputado don Tomás Rodríguez Bolaños, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno
definir la prioridad de la construcción de la Variante Norte
y, en su caso, puede indicar un compromiso sobre la fecha de
iniciación de las obras? (Número de expediente 180/000435)
(Página 3337)



Del Diputado don Tomás Rodríguez Bolaños, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuándo será presentado
por el Gobierno el Plan Sectorial de Infraestructuras
Ferroviarias que desarrolle el Plan Director de
Infraestructuras? (Número de expediente 180/000436) (Página 3338)



Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Qué datos puede facilitar a la Cámara el Sr. Ministro sobre
las presuntas irregularidades cometidas en relación a la
falsificación de tarjetas de transporte? (Número de expediente
180/000457) (Página 3339)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el estado
de los acuerdos de cooperación entre el Gobierno y las
entidades religiosas no católicas? (Número de expediente
180/000439) (Página 3340)



Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha ordenado
el Gobierno que se proceda a una inmediata revisión de la
situación contable y financiera de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios? (Número de
expediente 180/000451) (Página 3341)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
previsiones de utilización de la Academia de la Guardia Civil
en Ubeda y Baeza después de la importante reducción producida
en la reciente convocatoria de plazas? (Número de expediente
180/000440) (Página 3342)



Del Diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Comercio y Turismo: ¿Por qué razones el
Ministerio de Comercio y Turismo oculta sistemáticamente la
información parlamentaria que se le solicita referente a las
empresas subcontratistas de las operaciones de comercio
exterior obtenida por la empresa pública FOCOEX? (Número de
expediente 180/000448) (Página 3343)



Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno
respecto de las funciones y competencias del Servicio de
Vigilancia Aduanera? (Número de expediente 180/000441) (Página 3344)



Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Economía y Hacienda:



Página 3333




¿Qué criterios sigue la Intervención General del Estado para
determinar su plan de trabajo de inspección anual en relación
a las empresas públicas? (Número de expediente 180/000444)
(Página 3344)



De la Diputada doña Reyes Montseny Masip, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Por qué mantiene el Gobierno diferencias salariales tan
considerables para funcionarios del mismo grupo destinados en
distintos Ministerios? (Número de expediente 180/000450)
(Página 3345)



Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Sanidad y Consumo: ¿Qué opinión le merece a la Ministra de
Sanidad y Consumo las sentencias de diferentes Tribunales de
Justicia sobre el derecho de los médicos de la sanidad pública
de renunciar al complemento específico, así como el
reconocimiento de la compatibilidad en la actividad privada?
(Número de expediente 180/000453) (Página 3347)



Del Diputado don Jon Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV),
que formula al Gobierno: Habida cuenta que Quebec tiene plena
autonomía en materia de Seguridad Social, ¿sería posible que
el Gobierno suscribiera un acuerdo en materia de Seguridad
Social, habida cuenta que las negociaciones para lograrlo se
iniciaron en 1987? (Número de expediente 180/000434)(Página 3348)



Del Diputado don Manuel Arqueros Orozco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para mejorar la
participación de las empresas españolas en los proyectos de
ayuda alimentaria financiada por la Unión Europea? (Número de
expediente 180/000449) (Página 3349)



Del Diputado don Javier Rupérez Rubio, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo
piensa el Gobierno establecer relaciones diplomáticas con la
antigua República Yugoslava de Macedonia? (Número de
expediente 180/000454) (Página 3350)



Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿En qué situación se
encuentra actualmente el Instituto Cervantes en Toulouse
(Francia)? (Número de expediente 180/000455) (Página 3351)



Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Es intención del Gobierno
completar las previsiones de la Ley 4/1989, promoviendo la
declaración como Parque Nacional de formaciones esteparias el
espacio natural de Los Monegros? (Número de expediente
180/000442) (Página 3352)



Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno no
prohíbe la importación de la anchoa francesa? (Número de
expediente 180/000445) (Página 3533)



Del Diputado don Miguel Ramírez González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar el
transporte de productos agrarios por el territorio francés?
(Número de expediente 180/000446) (Página 3354)



Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
va a adoptar el Gobierno para paliar los efectos desastrosos
que para las exportaciones de nuestros productos tienen las
calumniosas campañas desatadas en Alemania sobre los mismos?
(Número de expediente 180/000447) (Página 3355)



Página 3334




De la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el
Ministerio de Asuntos Sociales poner en marcha alguna medida
encaminada a fomentar y regular el voluntariado en nuestro
país? (Número de expediente 180/000437) (Página 3357)



De la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿En qué plazo tiene
previsto el Gobierno remitir al Congreso de los Diputados el
Proyecto de Ley del Menor? (Número de expediente 180/000438)
(Página 3358)



Del Diputado don José María Michavila Núñez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las causas por las que el Gobierno no presenta el
Plan de actuación para el Año Internacional de la Familia?
(Número de expediente 180/000452) (Página 3359)



Interpelaciones Urgentes (Página 3360)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
para mejorar el marco jurídico vigente de protección del
menor, así como criterios a seguir para dotar a las
instituciones de instrumentos eficaces y adecuados para
realizar las funciones que tienen encomendadas (Página 3360)



La señora Barrios Curbelo defiende la interpelación del Grupo
Popular, solicitando información del Gobierno sobre las
medidas concretas que se van a aplicar para mejorar el marco
jurídico vigente en materia de protección y reforma del menor.

Expone que su Grupo está hondamente preocupado por la
situación del menor en nuestro país, ya que diariamente surgen
noticias en los medios de comunicación por las que conocen que
los menores son objeto de malos tratos, de explotación,
víctimas de delitos e incluso últimamente autores de delitos a
edad muy precoz.

Afirma que existen múltiples disposiciones normativas de rango
internacional, fundamentalmente la Convención de las Naciones
Unidas sobre derechos del niño, ratificada por España, y a
nivel interno los artículos 39 y 10.2 de la Constitución,
donde se regula la protección a la familia y a la infancia.

Sin embargo, tanto dichas normas internacionales como las
constitucionales internas no se han plasmado ni en sus
principios ni en su contenido en nuestro ordenamiento
jurídico, aunque es bien cierto que en los últimos años se han
dado pasos, aunque vacilantes, con lo que en este momento
existe un vacío legal que impide que se dé respuesta a los
problemas de los menores en España. Tal vacío normativo ha
provocado importantes perjuicios para el menor, especialmente
en lo que afecta a sus garantías y a la defensa de sus
derechos fundamentales.

En esta situación y dado que los menores no se quejan sino que
lo hacen sus padres, tutores o profesores, considera que los
representantes de la soberanía popular deben dirigirse a ellos
para intentar conocer más a fondo su situación y promover
respuestas legislativas a los problemas que les afectan. Se
trataría, además, de que todos se concienciaran, a la vez que
se sensibilizaba a la sociedad e incluso a los organismos
nacionales e internacionales en relación con esta cuestión.

Expone seguidamente algunas cifras relativas a nuestra
población infantil y el número de menores afectados por malos
tratos físicos y psíquicos, su explotación laboral y el
elevado porcentaje que a temprana edad consume bebidas
alcohólicas, así como las repercusiones negativas de ciertos
programas televisivos, todo lo cual les obliga a adoptar
decisiones sobre el particular y, en especial, a solicitar que
por el Gobierno se remita a la Cámara, sin más dilación, un
proyecto de ley sobre derechos del niño y de la infancia,
anunciado hace tiempo y cuyo envío todavía no se ha producido.

En nombre del Gobierno, contesta la señora Ministra de
Asuntos Sociales (Alberdi Alonso), que comienza refiriéndose a
algunos de los datos manejados por la Diputada interpelante y
que, según sus referencias, no responden a la realidad,
señalando que si bien es cierto que existen muchos problemas
con la juventud y con la infancia, que todos desean resolver,
también es cierto que si comienzan exagerando las cifras no
van a dar con las soluciones adecuadas. Reconoce, en todo
caso, que el tema es muy importante, aunque es conveniente que
los datos que se utilizan se ajusten a la realidad para que
las soluciones sean más factibles. En este sentido,
discrepando de los datos de la señora Diputada, pero estando
de acuerdo esencialmente en el problema planteado, que no es
otro que la protección de la juventud y de la infancia,
considera muy importante desarrollar los derechos del niño de
acuerdo con la Convención de Naciones



Página 3335




Unidas que España ha ratificado. Precisamente a raíz de dicha
ratificación el Gobierno decidió elaborar un proyecto de ley
de derechos del menor, encontrándose ella con un trabajo muy
avanzado en esta materia a su llegada al Ministerio,
independientemente de las iniciativas que sobre el particular
haya podido tener el Grupo Popular. Agrega que el texto
elaborado por su Ministerio está prácticamente concluido,
abordándose en el mismo las materias sobre las que tiene
competencia el Estado y respetando, lógicamente, aquellas que
corresponden en exclusiva a las Comunidades Autónomas.

Menciona los principios básicos recogidos en el citado
proyecto, al que el Gobierno atribuye una gran importancia y
cuya remisión a la Cámara espera que se produzca en breve, de
manera que pueda entrar en vigor durante este mismo año de
1994.

Replica la señora Barrios Curbelo, duplicando la señora
Ministra de Asuntos Sociales.

Para fijación de posiciones intervienen el señor Mauricio
Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria, y las señoras
Alemany i Roca, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
Urán González, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la posición del Gobierno en relación con
el derecho a la justicia gratuita y los problemas derivados de
su aplicación a través del turno de oficio en los distintos
órdenes jurisdiccionales, así como las perspectivas de su
regulación futura (Página 3369)



En defensa de la interpelación del Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya interviene el señor López Garrido,
manifestando que la justicia en España, como todos saben, no
es un servicio público gratuito, aunque nuestra Constitución
señala el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la
defensa tanto del detenido como del acusado y el artículo 6.º
del Convenio Europeo de Derechos Humanos habla del derecho a
la asistencia real de abogado. Por otro lado, el artículo 119
de la Constitución dice que los españoles tienen derecho a una
asistencia jurídica gratuita, por lo que, en conexión con lo
anterior, habría que agregar que en condiciones de igualdad.

En definitiva, de nuestra Constitución y de los tratados
internacionales sobre derechos humanos se deduce que los
españoles y extranjeros tienen derecho a la justicia gratuita
y en condiciones de igualdad. Es, por tanto, un deber del
Estado establecer un sistema de justicia gratuita que
garantice la igualdad en el procedimiento de todos los
españoles y extranjeros bajo la jurisdicción del Estado
español. Afirma que, sin embargo, ante la penosa situación en
que está en estos momentos la justicia gratuita y el turno de
oficio como forma de llevarla a cabo, ni hay justicia, ni es
gratuita ni es igual, no cumpliéndose ninguna de las tres
condiciones en nuestro país. Consiguientemente, la situación
es enormemente grave, dado que el número de personas que se
acogen al turno de oficio es enorme en nuestro país, hasta el
punto de que puede hablarse de que más de la tercera parte de
los litigios se tramitan con justicia gratuita. Alude a las
principales características de este servicio, que, a su
juicio, sirven para poner de relieve el enorme problema con el
que se encuentran.

Termina el interpelante manifestando que la situación presente
va a verse agravada aún más por el reciente proyecto de ley
del jurado, aprobado en el último Consejo de Ministros, ya que
si actualmente, cuando ven que existe una débil defensa, los
jueces tienen una función tuitiva, en el futuro no van a poder
tenerla si sale adelante el modelo procesal establecido en el
proyecto de ley del jurado, con lo que aumentará gravemente la
desigualdad entre las partes caso de no mejorarse
sustancialmente la calidad del servicio de justicia gratuita,
que es a lo que se dirige esta interpelación. En nombre del
Gobierno, contesta el señor Ministro de Justicia (Belloch
Julbe), que expone los problemas que plantea el turno de
oficio de manera esquemática, realizando una descripción de la
situación actual, la metodología de trabajo utilizada por el
Ministerio de Justicia desde comienzos de esta legislatura y
las medidas y soluciones que están arbitrando. Alude a la
confusa regulación vigente, básicamente el Real Decreto
118/1986, lo cual plantea problemas evidentes, algunos de los
cuales menciona.

Comparte la valoración del señor Diputado sobre el carácter
francamente deficitario en la prestación de este servicio, lo
que ha llevado al Ministerio a la elaboración de un nuevo real
decreto, con carácter de urgencia, para abordar el conjunto de
los problemas existentes y, en una segunda fase, concretamente
en el último trimestre de este año, presentar a la Cámara una
nueva ley de asistencia jurídica gratuita. Concluye el señor
Ministro exponiendo las líneas fundamentales del real decreto
de inminente tramitación.

Replica el señor López Garrido, duplicando el señor Ministro
de Justicia.




Página 3336




Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Padilla Carballada, del Grupo Popular.

Se suspende la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de
la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




PREGUNTAS:



--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO NO HA ENVIADO
A LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA GESTION DE LOS FONDOS
PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA
CIVIL, MIENTRAS FUE DIRECTOR GENERAL DON LUIS ROLDAN,
DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SITUACION PATRIMONIAL DE DON LUIS
ROLDAN? (Número de expediente 180/000443)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.

La iniciamos con el punto IV del orden del día: Preguntas al
Gobierno. Pregunta número 17, del Diputado don Luis Ramallo
García. El señor Ramallo tiene la palabra.




El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.

La pregunta va dirigida al Gobierno para inquirir sobre las
razones por las que el mismo Gobierno no ha enviado a la
Comisión de Investigación sobre la gestión de fondos asignados
a la Guardia Civil, mientras fue Director General don Luis
Roldán, documentos relativos a la situación patrimonial de
éste.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ramallo. En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de la Presidencia.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.

El Gobierno ha enviado a la Comisión Roldán todos aquellos
documentos que obran en su poder y que, de acuerdo con la
legislación vigente, pueden ser enviados a una comisión de
investigación.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramallo.




El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, en el Pleno del 19
de abril el señor Presidente del Gobierno dijo: Hemos
entregado el material que permita esclarecer los hechos que
constituyen la finalidad de la Comisión. Lo cierto es que yo
le puedo enseñar, señor Rubalcaba, los datos que tengo aquí:
Registro de salida, Servicios Jurídicos del Estado, fecha 22
de abril; así como los anexos de la documentación que sigue
llegando aún y que deberá seguir llegando a esta Cámara en
días sucesivos.

Por tanto, lo primero que voy a hacer es decir al Gobierno que
está faltando a la verdad, que lleva mucho tiempo diciendo que
ha enviado los documentos. Señor Rubalcaba, la petición de
documentación la hizo mi Grupo el día 9 de marzo, estamos a
finales de abril, a la Comisión le queda un mes de vida, tal
cual aprobó esta Cámara, y ¿sabe lo que ocurre? Que mandaron
ustedes a esportones lo que no servía absolutamente para nada.

Es el día de ayer cuando mandan un papelito tan simple como la
relación de condecoraciones pensionadas --rojas-- de la
Guardia Civil que concedió el señor Roldán. Es ahora cuando
mandan la certificación de títulos para decirnos que el señor
Roldán faltó a la verdad, así como el portavoz del Gobierno,
cuando dijeron que era ingeniero industrial y, además,
licenciado en Económicas. Señor Rubalcaba, ustedes han mandado
un papel para justificar lo injustificable. No voy a entrar en
un debate sobre qué contenido tiene el artículo 111 de la Ley
General Tributaria. Lo que tengo que remarcar hoy es que el
Gobierno está obstaculizando de forma grave el trabajo de la
Comisión, y esta Comisión está trabajando de forma seria. Me
he levantado de allí para venir aquí a hacer esta pregunta.

Ustedes no mandan la documentación. Ustedes aburren a lo que
se ponga por delante porque no quieren luchar contra la
corrupción, porque llevan mucho tiempo conviviendo con ella.

Señor Rubalcaba (y quizá no sea su caso), está en juego el
prestigio de la Guardia Civil. Ustedes lo han manchado. El
señor Roldán ha sido un cataclismo en la Guardia Civil, y lo
eligieron ustedes. Vamos a pedir que comparezca el señor Serra
y vamos a pedir responsabilidades a quien las tiene. Si no se
han cargado la Guardia Civil es porque es un buen Cuerpo. El
que ha tenido la culpa se llama Felipe González, y no da la
cara. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)



Página 3337




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señor Ramallo, como le decía en mi primera contestación, hemos
enviado a la Cámara toda la documentación que obra en poder
del Gobierno. Tengo que decirle que se han enviado más de
50.000 folios de información. No sé si es útil o inútil, señor
Ramallo, pero es toda la que nos han pedido. (El señor Ramallo
García: Toda no.) Es toda la que nos han pedido. Le ruego que
no me interrumpa porque yo le he escuchado a usted con mucha
educación. (El señor Ramallo García: Entonces es que soy un
mal educado.--Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!



El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor
Presidente, por favor, no es mi misión llamar aquí la atención
a los señores Diputados. Le rogaría que le dijera al señor
Ramallo que me deje acabar.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sin duda alguna.

Descuide, señor Ministro, que la Presidencia le ampara.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): En
segundo lugar, lo que no se ha mandado ha sido o porque no
está a disposición del Gobierno o porque legalmente no lo
podemos mandar. Usted sabeque es así. Y tengo que decirle que
lo que me sorprende y lo que me parece absolutamente
irresponsable, señor Ramallo, es que usted, Diputado de este
Parlamento, solicite al Gobierno que envíe cosas que o bien el
Gobierno no tiene o bien legalmente no puede enviar. Eso,
señor Ramallo, es una absoluta irresponsabilidad.

Lo que ya me parece el colmo --no sé como denominarlo porque
no quiero pasarme a su lenguaje-- es que venga usted a este
Pleno a hacer gala de irresponsabilidad y le pida al Gobierno
que dé una satisfacción pública por algo que me parece que es
absolutamente elemental, que es cumplir las leyes. Señor
Ramallo, me parece absolutamente irresponsable.

Tengo que terminar diciéndole una cosa, que no me voy a
callar. (El señor Ramallo García: Siempre dicen lo mismo.)
Señor Ramallo, le agradecería que deje usted de insultar.

Usted es un Diputado que se caracteriza por manejar el
lenguaje con una gran alegría y, señor Ramallo, tengo que
decirle que eso es algo que disgusta a muchos españoles; y le
voy a decir más, estoy seguro que es algo que no le gusta
tampoco ni a su propio Grupo. (El señor Ramallo García
pronuncia palabras que no se perciben.--
Rumores.)El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio,
señorías.




--DEL DIPUTADO DON TOMAS RODRIGUEZ BOLAÑOS, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL GOBIERNO
DEFINIR LA PRIORIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE NORTE
Y, EN SU CASO, PUEDE INDICAR UN COMPROMISO SOBRE LA FECHA DE
INICIACION DE LAS OBRAS? (Número de expediente 180/000435)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 9, del
Diputado don Tomás Rodríguez Bolaños.

Tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.




El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, el Plan Director de Infraestructuras recientemente
aprobado por el Gobierno contempla, en el esquema ferroviario,
la realización de la variante norte en el programa de alta
velocidad y actuaciones estructurales y complementarias a
largo plazo. La variante norte se configura así como el
elemento clave para la modernización del servicio ferroviario
entre Madrid y todo el área situado al Norte y Noroeste de la
Península Ibérica ya que permitirá, por sí mismo, un
acortamiento importante en el tiempo de viaje en todos los
servicios ferroviarios que sobre esa área discurran. Por otra
parte, el Plan Director de
Infraestructuras, que ha sido concebido como un plan
estratégico a largo plazo, será desarrollado en diferentes
planes sectoriales que deberán definir con mayor precisión las
actuaciones a desarrollar, así como su programación en el
tiempo.

Desde esa perspectiva, señor Ministro, y para garantizar la
mejora de los servicios ferroviarios en todo el área servido
por la variante norte, se formula al Gobierno la siguiente
pregunta: ¿Puede definir el Gobierno la prioridad de la
construcción de la variante norte y, en su caso, puede indicar
un compromiso sobre la fecha de iniciación de las obras?
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, la construcción de una nueva línea Madrid-Valladolid,
también denominada variante norte o de Guadarrama, es una de
las prioridades que aparecen recogidas en el Plan Director de
Infraestructuras, en



Página 3338




materia ferroviaria. El carácter prioritario de esta obra
radica en el hecho de que esa variante será el tronco común
para las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y todo el
norte peninsular y desde el País Vasco hasta Galicia.

El PDI prevé una explotación inicial de la línea en ancho
Renfe, pero el trazado se constituirá con características de
alta velocidad y traviesas bivalentes, en previsión de una
futura ampliación de la Red Española de Alta Velocidad. Al
ahorro de tiempo, como consecuencia de la construcción de la
nueva línea, ya de por sí muy importante puesto que permitirá
ahorrar más de dos horas de trayecto, hay que añadir las
mejoras adicionales que supondrán otras actuaciones previstas
en el resto de la red conectada con ella, en particular la
adecuación a 200 kilómetros por hora de los tramos Valladolid-
Vitoria, Venta de Baños-León y León-Monforte, así como la
conexión con la Y vasca. Por todo ello, el Gobierno tiene la
firme voluntad de realizar esta actuación, de forma que las
obras puedan iniciarse tan pronto como estén finalizados los
estudios previos y los proyectos de construcción necesarios.

Para ello, de forma coordinada con las comunidades autónomas
interesadas, se completarán los estudios técnicos, a nivel de
anteproyecto, que son necesarios para iniciar el proceso de
información pública y obtener la oportuna declaración de
impacto ambiental. En ese sentido, será remitido en breve,
para
consultas, la memoria-resumen del proyecto, que es el primer
paso que debe llevarse a cabo, según la legislación vigente,
para iniciar formalmente este proyecto. Una vez se complete
este proceso, que inevitablemente requerirá dos años de
trámites, aunque depende de la naturaleza de las alegaciones
que se presenten en el período de información pública,
iniciaremos la redacción de los correspondientes proyectos de
construcción, por lo que cabe imaginar --en todo caso, éste
sería el objetivo que nos proponemos-- que las obras se
pudieran iniciar en 1997. Muchas gracias.




--DEL DIPUTADO DON TOMAS RODRIGUEZ BOLAÑOS, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO SERA PRESENTADO
POR EL GOBIERNO EL PLAN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS QUE DESARROLLE EL PLAN DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURAS? (Número de expediente 180/000436)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 10,
del Diputado don Tomás Rodríguez Bolaños.




El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Muchas gracias, señor Presidente.

El argumento que voy a exponer es idéntico al de la pregunta
anterior. En todo caso, me parece importante que, dentro del
PDI, se contemple la posible presentación, por parte del
Gobierno, del plan sectorial de infraestructuras ferroviarias.

La pregunta concreta es la siguiente: ¿Cuándo será presentado
por el Gobierno dicho plan sectorial de infraestructuras
ferroviarias que desarrolle el Plan Director de
Infraestructuras?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señorías, como formula el señor Diputado en su pregunta, el
Plan sectorial ferroviario que desarrolle el PDI, debe seguir
a la aprobación del PDI, que ha iniciado hoy su andadura
parlamentaria con la presentación y debate en el Senado. Está
previsto que se presente en esta Cámara en los primeros días
del mes de mayo y que a continuación pese a un debate en
Comisión, que debería culminar con las recomendaciones que el
Parlamento estime oportuno efectuar al Gobierno para el
adecuado desarrollo o modificación en su caso de este Plan
Director.

No puedo anticipar cuánto tiempo deseará el Congreso
debatirlo, pero sería razonable imaginar que el Congreso
dedique a un documento de esta importancia el tiempo que media
entre el momento presente y final de año. Por lo tanto, a
finales de este año tendríamos que tener un Plan Director
dictaminado y durante el próximo año de 1995 llevar a las
Cámaras los planes
sectoriales a corto plazo que desarrollen las previsiones del
Plan Director en cada uno de sus ámbitos de actuación, en
horizontes de cinco o seis años. De estos planes sectoriales,
el Plan de Infraestructuras Ferroviarias sería uno de los más
importantes, puesto que allí se recogía el desarrollo de los
programas diferenciados que en materia de ferrocarril deben
emanar del Plan Director de Infraestructuras, en particular en
lo que son redes de alta velocidad; en las actuaciones
estructurantes, en la red ferroviaria digamos clásica, que
comprende grandes accesos y variantes y modernización de
líneas; en lo que serían las actuaciones complementarias en la
red, el desarrollo del sistema de cercanías, las redes
arteriales ferroviarias y las operaciones concertadas para
actuar desde una perspectiva urbanística en las estaciones de
las grandes ciudades españolas. En su totalidad, ello
implicaría inversiones del orden de dos billones de pesetas,
que deberían quedar plasmadas en este plan ferroviario, que el
Congreso debería debatir a partir del inicio de la sesión
parlamentaria de 1995, si, como espero,



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el Plan Director queda dictaminado por la Cámara a finales de
este año.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUE
DATOS PUEDE FACILITAR A LA CAMARA EL SEÑOR MINISTRO SOBRE
PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN RELACION A LA
FALSIFICACION DE TARJETAS DE TRANSPORTE? (Número de expediente
180/000456)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta del Diputado
don Felipe Camisón Asensio.

El señor Camisón tiene la palabra.




El señor CAMISON ASENSIO: ¿Qué datos puede facilitar sobre las
presuntas irregularidades cometidas en relación con la
falsificación de tarjetas de transporte?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias.

Señor Presidente, señoría, a reserva de disponer de una
información completa sobre las cuestiones que plantea su
pregunta, de la que no dispondré hasta que no hayamos
estudiado el sumario, cuyo secreto acaba de ser levantado,
puedo informarle que, desde el mes de octubre pasado, venía
trabajándose en el Ministerio en la revisión del actual
sistema de tramitación de autorizaciones y de su tratamiento
informático, para evitar posibilidades de fraude.

Estos trabajos se han venido desarrollando en el seno de un
grupo técnico, integrado por representantes del Ministerio y
de las comunidades autónomas, que actúa como órgano de apoyo
en materia de gestión a la comisión de directores generales
del Transporte del Estado y de las comunidades autónomas.

Este grupo de trabajo se puso en marcha como consecuencia del
informe presentado en la reunión de esa comisión de directores
generales en Bilbao los días 14 y 15 de octubre pasado, en la
que el director general de transportes de la comunidad
autónoma de Madrid --le recuerdo que es una comunidad
gobernada por el Partido Socialista-- informó sobre la
detección de
irregularidades y falsificaciones en la tramitación de
autorizaciones de transporte.

A partir del informe presentado por el director general de esa
comunidad autónoma, ese grupo de trabajo se reunió los días 14
de diciembre y 2 y 23 de febrero del presente año.

Con posterioridad, comenzaron a producirse una serie de
actuaciones del Servicio de Información de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil que afectabana diversos
funcionarios de la Dirección General de Transportes Terrestres
del Ministerio, como consecuencia aparantemente --digo
aparentemente porque todavía no hemos podido estudiar el
contenido del sumario-- de una denuncia interpuesta por el
citado director general de Transportes de la Comunidad de
Madrid. De estas actuaciones de la Guardia Civil me informó a
finales de marzo el Secretario General para los Servicios del
Transporte, don Manuel Panadero. Como consecuencia de su
informe, se dio orden para que, por los Servicios de
Inspección internos del Ministerio dependientes de la
Subsecretaría, se iniciasen las actuaciones pertinentes para
tratar de precisar las posibles irregularidades y el efecto
que éstas pudieran tener en algunos órganos o servicios
administrativos de mí dependientes. Sin tiempo material
prácticamente para el desarrollo de estas actuaciones, la
autoridad judicial que instruye el sumario ordenó, mediante
Auto de 30 de marzo, la suspensión de las mismas, la
incautación de documentación y material en la Dirección
General de Transportes Terrestres.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Camisón tiene
la palabra.




El señor CAMISON ASENSIO: Tengo la impresión de que usted
intencionadamente está desaprovechando esta magnífica ocasión
parlamentaria para arrojar luz sobre tan inquietante asunto.

Otra vez, la táctica del calamar. Porque es evidente, señor
Ministro, que el señor Panadero y el Ministro conocían o
debían conocer la trama desde hace años. ¿Por qué? Porque el
General Sánchez Barrios, de la Guardia Civil, a raíz del
escándalo detapado en Dos Hermanas, se lo denunció en octubre
del año 1990, y el señor Panadero y el señor Ministro se
callaron. Se corrió un tupido velo. Este mismoDiputado lo
denunció a través de iniciativa parlamentaria el 11 de agosto
de 1990, denuncié a las
organizaciones clandestinas al efecto con ramificaciones en
empresas públicas, como el caso de los ochenta autobuses de
CTM, Bacoma y Enatcar. Y ¿cómo reaccionó el Gobierno? Pues,
señor Ministro, por peteneras y mintiendo. Porque ante este
escándalo el señor Panadero reconoció ante el Presidente de
Enatcar, don Julio Soto, que lo tiene grabado, que conocía la
trama desde dos años antes de la explosión del esperpento. Y
silencio otra vez. Porque existe otro expendiente en el
subsector



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de tráfico de la Guardia Civil de Valencia, del que se informó
oportunamente, y porque, señor Ministro, es metafísicamente
imposible que el sector de licencias de transporte crezca un
25 por ciento, casi un cuarto adúlteramente, y no se enteren
ni el señor Panadero ni el señor Ministro. ¿Puede explicar,
señor Borrell, por qué los expulsados de la CAM por supuesta
corrupción fueron recolocados por el señor Panadero en la
Secretaría General? ¿Por qué usted al enterarse no suspendió
cautelarmente a los implicados? ¿Por qué usted adjudica ahora
los concursos de líneas de viajeros a tres pesetas...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Camisón.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL ESTADO
DE LOS ACUERDOS DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO Y LAS
ENTIDADES NO CATOLICAS? (Número de expediente 180/000439)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 13, de la Diputada doña Angustias María Rodríguez
Ortega, que tiene la palabra para formularla.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la Constitución reconoce el carácter
aconfesional del Estado y establece el principio de
cooperación no sólo con la Iglesia católica, sino también con
el resto de confesiones religiosas, para respetar el derecho
de libertad religiosa de los ciudadanos. Para desarrollar este
principio constitucional el Gobierno, a través del Ministerio
de Justicia, ha firmado unos acuerdos de cooperación con estas
entidades religiosas no católicas, concretamente con la
protestante, la islámica y la judía. De esta manera se rompe
con una tradición mantenida durante siglos de inexistencia de
relaciones institucionalizadas con estas comunidades que
cuentan con un número muy significativo de personas. Además,
estas comunidades venían demandando cauces de comunicación y
de normalización de las relaciones para abordar temas tan
importantes como los referidos a la asistencia
religiosa, a la enseñanza en centros públicos docentes o
aspectos relacionados con el régimen fiscal. Precisamente ha
sido la enseñanza de estas religiones en los centros docentes
y en los distintos niveles de educación infantil, primaria o
secundaria uno de los temas en los que se ha mostrado especial
interés. El Ministerio de Justicia presta una especial
atención a estos temas y cuenta, además, con una dirección
general específica, la de Asuntos Religiosos, para llevar a
cabo estos acuerdos, en mi opinión absolutamente
imprescindibles, que garantizan la libertad religiosa y el
principio de no discriminación.

Por todos estos motivos formulo al señor Ministro de Justicia
la siguiente pregunta: ¿Cuál es el estado de los acuerdos de
cooperación entre el Gobierno y las entidades religiosas no
católicas?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
del señor Presidente, señoría, efectivamente, en ejecución de
los acuerdos a que S.S. ha hecho alusión, se constituyeron en
octubre de 1993 las comisiones mixtas paritarias.

Concretamente están en funcionamiento y dando frutos la
Comisión mixta paritaria Estado-Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas y también la Comisión mixta paritaria
entre el Estado y la Comisión Islámica de España.

Respecto de la primera de las comisiones mixtas paritarias, ya
ha producido frutos eficaces, como es la publicación en el
«BOE» del currículum del área de enseñanza religiosa
evangélica para centros docentes, tanto en primaria,
secundaria, como de
bachillerato, y ya hay un acuerdo de convenio que va a incluir
otros temas fundamentales, como la ordenación de la enseñanza
religiosa evangélica y, por otro lado, el problema,
evidentemente importante, del profesorado de esa materia.

Por lo que respecta a la Comisión mixta paritaria con la
comunidad islámica, se ha avanzado menos. Unicamente se
constituyó en noviembre y estamos estudiando tres áreas
fundamentales de temas en una comisión en que ha sido
conveniente incorporar al Ministerio de Asuntos Sociales, al
Ministerio de Sanidad y también, dentro del Ministerio, no
sólo la Dirección General, sino también la Secretaría de
Estado de Instituciones Penitenciarias, porque nos parece un
tema central el de
garantizar la asistencia religiosa islámica en centros
penitenciarios, por un lado, y en centros hospitalarios, por
otro, además de los problemas generales de cualquier otra
confesión no católica, en definitiva, ordenación de la
enseñanza religiosa correspondiente, y el tema del
profesorado.

Le puedo garantizar que el espíritu de esas comisiones es
francamente positivo. Las bases son muy claras: respeto
profundo y auténtico a la voluntad de esas federaciones o
comunidades religiosas y, por otro lado, un claro espíritu de
leal colaboración. Creo que, en todo caso, van a estar
resueltos los problemas relativos a la enseñanza con fecha
anterior al inicio del próximo curso escolar. Eso puedo
asegurarlo con seguridad, perdón por la repetición.




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Respecto de los demás temas, todavía no puedo dar una fecha
concreta. Muchas gracias, señoría.




--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA ORDENADO
EL GOBIERNO QUE SE PROCEDA A UNA INMEDIATA REVISION DE LA
SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS? (Número de
expediente 180/000451)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 25,
del Diputado don Ignacio Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: ¿Ha ordenado el Gobierno que se proceda a
una inmediata revisión de la situación contable y financiera
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia de
la Presidencia, como S.S. sin duda conocerá, SIEP, la Sociedad
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
fue constituida en febrero del año 1992. Se trata de una
sociedad cuyo capital depende, accionarialmente hablando, de
la Dirección General del Patrimonio, pero que se rige por
normas de la vida privada, del derecho mercantil, en
definitiva del derecho privado. Como sociedad anónima que es,
le es de aplicación el artículo 203 que, sin duda conoce, de
la ley de Sociedades Anónimas, el cual prevé la obligación de
verificar auditorías anuales externas, tal y como S.S.

pregunta. Efectivamente, tanto en 1992, como en 1993, se han
realizado esas auditorías sin que haya sido observada anomalía
alguna. Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.

Nosotros, sin embargo, señor Ministro, tenemos otra impresión
del estado de fondo de la cuestión. Nosotros creemos que la
SIEP en estos momentos está al borde de la descapitalización
y, desde luego, que tiene en funcionamiento demasiado opaco.

La SIEP tenía previsto disponer de 187.000 millones de pesetas
en el transcurso de los ocho años de duración del plan. Según
los cálculos gubernamentales, ese volumen de ingresos se
nutriría de las correspondientes dotaciones presupuestarias,
amén del ahorro que suponía --se decía-- la entrada en
funcionamiento de los nuevos centros-tipo y de los 60.000
millones que se pensaban obtener por la venta de los terrenos
de los centros amortizados. Frente a esto la Administración
consignaba un desembolso de 130.000 millones como coste de la
creación de las 20.500 plazas
penitenciales del plan, de manera que la relación ingresos-
gastos arrojaba, según la previsión gubernamental, un
resultado mágico, pues no sólo resolvía el grave problema del
déficit de plazas penitenciarias de la red española, sino que,
además, aportaría un beneficio de 57.000 millones de pesetas a
las arcas públicas. Naturalmente, todo esto ha sido lo más
parecido al cuento de la lechera, porque ni se ha ingresado
todavía una sola peseta por operaciones sobre terreno
amortizado, ni se ha producido el predicado ahorro de coste,
pues la estimación teórica de 5.400 millones como precio de
construcción del centro-tipo, ha sido desfasado en la realidad
por los casi 8.000 millones que vienen costando los nuevos
establecimientos.

Ya no es sólo que el planeamiento financiero de la SIEP se
haya hundido estrepitosamente, señor Ministro, sino también es
que hay ciertas sombras que conviene despejar. Y,
probablemente, si el Gobierno se decidiera a impusar esa
revisión especial contable y financiera, alguna luz se
alcanzaría.

No pretendemos que S.S. dé hoy y aquí respuesta a estas
cuestiones, pero es que los interrogantes surgen solos, y
permítamelos, a título de ejemplo: ¿Cuadra en estos momentos
la contabilidad de la SIEP? ¿Se han producido desviaciones de
las dotaciones presupuestarias de la SIEP hacia la
Administración penitenciaria para ayudar a paliar la deuda
contraída por ésta con sus proveedores? ¿Por qué la casi
totalidad de la obra adjudicada por la SIEP se ha hecho por
medio de la adjudicación directa, sobrepasando los límites
establecidos por la Ley de Contratos del Estado? ¿Existen
contratos blindados en la SIEP? ¿Es cierto que la SIEP ha
estado pagando el millonario alquiler de la sede de la
Secretaría de Estado? ¿Por qué el de hecho ya cesado gerente
de trabajos penitenciarios va a ser nombrado asesor financiero
de la SIEP, desde luego, mejorando naturalmente su ya
millonario contrato?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Gil Lázaro. Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias,
Presidente. Señorías, señoría, menos mal que no me obliga
usted a responder a todas esas preguntas en este momento.

Efectivamente, el planteamiento, si alude usted a la
viabilidad financiera, no se preocupe, es viable. Ya se



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reconoció en esta Cámara que el Plan se va a realizar con un
atraso aproximado de un año respecto a las previsiones
iniciales. Usted, sin embargo, en la pregunta parecía aludir a
la situación contable, al régimen de auditorías, y le he
explicado cuál ha sido la conclusión de los informes de las
auditorías realizadas al respecto por la empresa Price
Waterhouse.

Además, suplementariamente, con ocasión de la toma de posesión
del nuevo Presidente de la sociedad, en el mes de agosto, el
Ministro ordenó que se practicara una nueva auditoría referida
sólo a ese semestre, precisamente para que cuando tomara
posesión el nuevo Presidente existiera un informe actualizado.

Le voy a leer la conclusión de ese informe especial o
auditoría especial intermedia. La conclusión fue la siguiente:
En nuestra opinión, los estados financieros intermedios, al 31
de julio de 1993, expresan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación
financiera de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios y de los resultados de sus
operaciones durante el período de siete meses comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de julio de 1993, y contiene la
información necesaria y suficiente para su
interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con
principios y normas contables generalmente aceptados, que
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio
anterior.

Mayor transparencia, señoría, no cabe.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
PREVISIONES DE UTILIZACION DE LA ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL
EN UBEDA Y BAEZA DESPUES DE LA IMPORTANTE REDUCCION PRODUCIDA
EN LA RECIENTE CONVOCATORIA DE PLAZAS? (Número de expediente
180/000440)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 14 de
la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega.

Señora Rodríguez.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro del Interior, el Consejo de Ministros celebrado
el pasado día 15 de abril incluía, entre otros temas, la
deliberación y posterior aprobación del Real Decreto en el que
se determina la provisión de plazas para el ingreso en centros
docentes militares.

En este Real Decreto se especifica el número de plazas
convocadas para la Guardia Civil, concretamente para el acceso
a guardias civiles de segunda, que serán 2.200; experimenta,
de esta forma, una reducción respecto a la convocatoria
anterior.

La formación de estos nuevos guardias que ingresan en el
Cuerpo de la Guardia Civil se realiza en las academias de
Ubeda y Baeza. La primera acoge a los aspirantes a guardias
civiles
profesionales y la de Baeza a los guardias auxiliares. Por
tanto, por las aulas de estas academias han pasado, desde que
vienen funcionando, algo más de 70.000 guardias profesionales
y en torno a 20.00 auxiliares. Además, a esta labor de
formación se
incorporan por primera vez en el curso 1988-1989 mujeres,
dándose la cifra, de haber superado las pruebas de formación,
de 1.352, hasta este momento. Quisiera destacar la atención
dedicada por su Ministerio, por el Ministerio del Interior, a
estos dos centros, invirtiendo en los dos últimos años más de
2.000 millones de pesetas para mejorar las instalaciones e
impartir una formación de calidad. Sin embargo, la reducción
en el número de plazas para la que será la promoción número
100, y que se incorporará en septiembre de este año 1994, ha
provocado
reacciones y ciertas especulaciones sobre la utilización
futura de estas academias.

Me consta, señor Ministro, que usted está interesado por este
tema y que viene estudiando esta situación. Además, en alguna
ocasión se ha hablado de que pudieran realizarse cursos de
perfeccionamiento o de especialización, o que se llevaran a
cabo actividades formativas diferentes a las realizadas hasta
este momento.

Por último, señor Ministro, le quiero expresar mi deseo y
formularle la petición de que la decisión que se adopte
beneficie positivamente a ambas academias. Con ese ánimo le
formulo la pregunta, que dice: ¿Cuáles son las previsiones de
utilización de la Academia de la Guardia Civil en Ubeda y
Baeza después de la importante reducción producida en la
reciente convocatoria de plazas?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rodríguez. Señor Ministro del Interior.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Las
previsiones de la Academia de la Guardia Civil de Ubeda y
Baeza son las mismas que en años anteriores: la formación de
los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil.

Es cierto que el número de plazas que se va a convocar es
inferior al de los últimos años. Ello se enmarca en la
reducción de la oferta de empleo público, que afecta a todos
los cuerpos de la Administración del Estado.




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Aun así hay que reconocer que el Gobierno ha hecho un esfuerzo
por mantener una oferta adecuada para el ingreso de la Guardia
Civil, 2.200 plazas. Igualmente se está intentando que sea una
oferta adecuada la del Cuerpo Nacional de Policía.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que la estructura de
formación, como es la Academia de la Guardia Civil, no está
pensada para un determinado año, sino como una estructura
permanente. El hecho de que un año el número de alumnos sea
menor no va a influir en su uso como centro de formación. En
todo caso, el exceso de capacidad que se va a producir este
año va a ser utilizado para otras actividades, siempre en el
ámbito de la formación, como es para el curso de ascenso a
cabos o para cursos de especialización y también para lo que
hoy está en la Academia de Valdemoro, que es la Agrupación de
Tráfico, con lo cual completamos lo que es la estructura de
funcionamiento óptimo de estas dos academias y, al mismo
tiempo, racionalizamos el uso masificado de la Academia de
Valdemoro. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿POR QUE
RAZONES EL MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO OCULTA
SISTEMATICAMENTE LA INFORMACION PARLAMENTARIA QUE SE LE
SOLICITA REFERENTE A LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS DE LAS
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUBLICA FOCOEX? (Número de expediente 180/000448)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 22,
del Diputado don Rafael Hernando Fraile.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

La empresa pública Focoex, cuyo objeto social es promover el
comercio exterior de las empresas españolas, ha recibido
durante los últimos años más de 40.000 millones en créditos
del Fondo de Ayuda al Desarrollo capaces de generar una
facturación en torno a los cien mil millones de pesetas, en
una época en la que la política económica de altos tipos de
interés y sobreevaluación de la peseta dificultaban
extraordinariamente la salida al exterior de nuestras
empresas.

Sin embargo, algunas de las operaciones comerciales realizadas
por esta empresa pública, tal como puso de manifiesto el
informe del Tribunal de Cuentas y nosotros mismos, tienen
visos de claras irregularidades. Desde nuestro Grupo hemos
venido solicitando distinta información que desde su
Ministerio, señor Ministro de Comercio, ha sido denegada
reiteradamente, habiendo tenido que acudir al amparo del
Presidente de esta Cámara hasta en tres ocasiones en lo que
llevamos de legislatura, la última ocasión en el mes de marzo.

Sin embargo, en abril remitían ustedes a esta Cámarauna serie
de contestaciones sobre contratos obtenidospor Focoex,
ocultando nuevamente la relación solicitada de las empresas
que habían participado en esos contratos.

Por eso, le preguntamos: ¿Por qué razones el Ministerio de
Comercio y Turismo oculta sistemáticamente la información
parlamentaria que se le solicita referente a las empresas
subcontratistas de las operaciones de comercio exterior
obtenidas por la empresa pública Focoex?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hernando Fraile. Señor Ministro de Comercio y Turismo.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, vuelve usted a citar una palabra,
«irregularidad», que no figura, de ninguna manera, en el
informe del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, usted puede
citarla pero no puede decir que el Tribunal de Cuentas ha
denunciado
irregularidades, porque es una palabra que el Tribunal de
Cuentas no menciona.

Ustedes nos han pedido un conjunto de informaciones --en lo
que va de legislatura hemos recibido 80 preguntas de S.S.-- y
hemos contestado de forma sistemática. Ha habido un tema
concreto que ha planteado problemas de diferente índole, como
si teníamos o no que dar la información de los subcontratistas
de la empresa Focoex.

En cualquier caso, el debate se ha cerrado al recibir amparo
del Presidente del Parlamento y, por lo tanto, nosotros
estamos dispuestos a tener la máxima transparencia y dar los
subcontratistas. Pero le quiero decir dos cosas. Una, va a
tener la máxima colaboración de nuestro Ministerio y va a
recibir toda la información, pero le pido prudencia en su
utilización, para que la empresa no resulte perjudicada por
conocerse toda su relación de subcontratistas que, de alguna
manera, es un
«goodwill» de la empresa. Va a tener usted toda nuestra
colaboración, va a conocer toda la información que nos
solicite y, por tanto, va a tener la mayor información
posible.




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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Señor Hernando Fraile.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

La contestación del Ministro pone claramente en evidencia que
su actitud a lo largo de este tiempo ha estado rayando la
ilegalidad. Es indudable, señor Ministro, que hoy usted ha
reconocido que ha estado ocultando información; es indudable
que usted ha reconocido que han mantenido un silencio
intentando no sé de qué forma ocultar a no sé quién o a no sé
quiénes, intentando no sé de qué manera amparar la gestión de
no sé quién o no sé quiénes y produciendo, sin duda, algo que
es muy peligroso, y es que usted con su actitud desde el
Ministerio ha sembrado sospechas sobre todos los
subcontratistas que han tenido la oportunidad de salir al
exterior gracias a una empresa pública que tiene precisamente
como objeto social promover el comercio en el exterior.

Este es un ejemplo más de lo que hemos tenido con ustedes en
el Gobierno los últimos años. Usted no tendría que haber
esperado al amparo del Presidente para venir hoy a decir que
va a dar la información. Usted tenía que haber promovido,
directamente desde su Ministerio...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hernando. Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, le tengo que decir que, evidentemente, si
usted cree que hay algún tipo de irregularidad no tiene nada
más que decírnoslo y contará con nuestra colaboración absoluta
para su investigación.

Nosotros creemos que no hay ningún tipo de irregularidad,
porque lo hemos investigado. Lo que estamos discutiendo no es
si hay irregularidad o no (que si la hay usted me informa de
ello, o si tiene usted sospechas de que la hay, contará,
repito, con nuestra colaboración absoluta), sino la
confidencialidad de los datos internos de una empresa. Ese es
un tema que tiene un enorme margen de discusión y me quiero
referir sólo a él. Creo que no nos hemos movido rayando en la
ilegalidad y, por tanto, los juicios de valor que usted hace
no se corresponden evidentemente con los que yo puedo tener.

En cualquier caso, sepa que tiene la máxima colaboración del
Ministerio para todo aquello que usted considere que puede ser
susceptible de ser considerado como posible irregularidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL
GOBIERNO RESPECTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL SERVICIO
DE VIGILANCIA ADUANERA? (Número de expediente 180/000441)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 15,
del Diputado don Antonio Romero Ruiz. (Pausa.)
Queda decaída la pregunta.




--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE
CRITERIOS SIGUE LA INTERVENCI'ON GENERAL DEL ESTADO PARA
DETERMINAR SU PLAN DE TRABAJO DE INSPECCION ANUAL EN RELACION
A LAS EMPRESAS PUBLICAS? (Número de expediente 180/000444)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 18,
del Diputado don José Manuel Fernández Norniella.

Tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.

¿Qué criterios sigue la Intervención General del Estado para
determinar su plan de trabajo de inspección anual en relación
a la empresa pública?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández. Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y
Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Como su señoría conoce, podemos interpretar el concepto de
empresa pública en un sentido amplio o en un sentido estricto.

Lo que le voy a comentar es cómo se definen los planes anuales
de actuación de la Intervención General, dado que las empresas
del artículo 6.1, si son sociedades mercantiles, evidentemente
tienen un régimen distinto.

La Intervención General del Estado define su plan en función
de la solicitud de los centros gestores, de las prioridades de
cada ejercicio y de los medios disponibles. El plan incide
fundamentalmente en los entes contemplados en el artículo 6.1
b) y 6.5 del texto refundido



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de la Ley General Presupuestaria. Prestamos especial atención
a las subvenciones y ayudas públicas; definimos el tipo de
auditoría en función de las características de cada uno de los
casos concretos que se plantean y, evidentemente, el que sea
una auditoría financiera de cumplimiento operativo o de los
sistemas de procedimiento y gestión tiene que ver con los
entes seleccionados.

Esa es la filosofía general y cada año se define el plazo.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Tiene la palabra el señor Fernández Norniella.




El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor Ministro, acaba de hacer
una exposición casi magistral de lo que debería ser y no es.

Ha explicado usted meridianamente cómo debería funcionar una
Intervención del Estado efectiva y eficaz, pero no ha
explicado usted cómo funciona la Intervención General del
Estado que usted controla.

Comprenderá, señor Ministro, que es fácil aplicar la
distribución de Pareto para determinar las empresas a
inspeccionar y también muy fácil establecer las pautas que se
deben emplear en las inspecciones. Pero hay una cosa más
importante, que es la que a ustedes les falta, que es la
voluntad política de que se realicen los controles. Ustedes
prefieren lamentarse cuando los riesgos ya se han transformado
en siniestros, y así nos va, señor Ministro. Le voy a poner
dos ejemplos, si me da tiempo, de cuál es el control que se
realiza por el Gobierno socialista de los fondos públicos, es
decir, de los fondos de todos los españoles. Primer ejemplo,
Enresa, empresa de capital público, con un objetivo claro,
gestión de los residuos radiactivos. Financiación por medio de
cuotas que se repercuten en el recibo de la luz que pagamos
todos los españoles. Valor actual de la empresa, en libros,
144.000 millones de pesetas; recaudado desde 1983, 175.000
millones de pesetas; recaudación prevista hasta el año 2001,
medio billón de pesetas. Y al día de hoy, señor Ministro,
Enresa tiene invertidos en el mercado de valores 120.000
millones de pesetas. Y los tiene invertidos de la siguiente
manera: sin ningún riesgo, papel del Estado o con la garantía
del Estado, 36.000 millones; con riesgo propio del mercado de
valores, 38.000 millones, y en préstamos y créditos, 46.000
millones de pesetas. Me ha escuchado bien, señor Ministro,
46.000 millones de pesetas. Es decir, Enresa es una empresa de
financiación como puede ser cualquier empresa bancaria. Pues
bien, señor Ministro, Enresa no ha sido inspeccionada ni
controlada por la Intervención General del Estado. ¿Quién
garantiza, señor Ministro, que las inversiones de Enresa son
limpias o que los créditos de Enresa no son créditos
camuflados o créditos dados con condicionantes
políticos?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Fernández Norniella.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señorías, la obligación del Gobierno es aplicar la legislación
vigente. En consecuencia, porque usted considere que debemos
plantear auditorías de una u otra naturaleza no se puede
hacer, si así no está previsto en la Ley. Yo querría que
quedase muy claro cuál es el modelo que en este momento
tenemos en vigor, lo cual no quiere decir que no se pueda
modificar. Las sociedades mercantiles, y entre ellas está
Enresa, a las que pertenecen las del artículo 6.1 de la Ley
General Presupuestaria, evidentemente, no tienen un régimen de
auditoría por la Intervención General del Estado. Como S.S.

sabe, tienen regímenes de auditorías externos independientes y
son auditores externos independientes. Lo que S.S. dice es que
modifiquemos la ley y que también tengamos una auditoría. Yo
no estoy a favor ni en contra, es un tema a estudiar.

En cuanto a las entidades de Derecho público, que sí tienen
auditoría, las del artículo 6.1.b), de un total de 14 entes
este año se auditan 12, y en los otros dos no se realiza la
auditoría, en un caso, porque está pendiente de emisión de
informe y, en el otro, porque se acaba de terminar.

Finalmente, en cuanto a los entes de estatuto jurídico
especial, del artículo 6.5, de un total de 45 se van a auditar
este año 41. Por tanto, la auditoría funciona muy bien, de
acuerdo con el sistema previsto. Lo que S.S. plantea es:
Extendámoslo también a las sociedades anónimas de propiedad
pública. Pero, ¿es necesario ir a una auditoría de la
Intervención General del Estado? ¿Desconfiamos de las
auditorías externas? Este es un tema a discutir.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA REYES MONTSENY MASIP, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿POR QUE MANTIENE EL GOBIERNO DIFERENCIAS SALARIALES TAN
CONSIDERABLES PARA FUNCIONARIOS DEL MISMO GRUPO DESTINADOS EN
DISTINTOS MINISTERIOS? (Número de expediente 180/000450)



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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 24, de
la Diputada doña Reyes Montseny Masip, que tiene la palabra.




La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.

¿Por qué mantiene el Gobierno diferencias salariales tan
considerables para funcionarios del mismo grupo destinados en
distintos ministerios?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Montseny. Tiene la palabra el señor Ministro para las
Administraciones Públicas.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.

Señora Montseny, las diferencias salariales existentes entre
funcionarios del mismo grupo destinados en diversos
ministerios son debidas a que la retribución de los
funcionarios públicos no depende del grupo de titulación al
que se pertenezca, lo que las determina es el concreto puesto
de trabajo que desempeña. En este sentido, permítame algunas
aclaraciones. Debo empezar por recordar que el sistema
retributivo de los funcionarios públicos, a la llegada del
primer gobierno socialista, era terriblemente farragoso y
dependía, fundamentalmente, de la pertenencia a cada uno de
los diferentes cuerpos. A partir de la Ley 30/1984 viene
determinado no por la pertenencia a un grupo de titulación,
sino por el desempeño de un determinado puesto de trabajo, de
forma que las retribuciones se asignan en función de los
requisitos para su desempeño, complejidad técnica y nivel de
responsabilidad.

El sistema está compuesto por conceptos básicos, sueldos y
trienios, y otros complementarios: complemento de destino,
complemento específico y complemento de productividad. Sólo en
el primero de ellos el sueldo depende del grupo. De los
complementarios, el complemento de destino depende del nivel
del puesto de trabajo desempeñado y el complemento específico
de las funciones atribuidas a ese puesto de trabajo.

En cuanto al complemento de productividad es de asignación
individual, fijada por el responsable de cada programa de
gastos, dentro de unos límites generales en atención a su
especial rendimiento, interés o iniciativa. Los puestos de
trabajo desempeñados por los funcionarios de los distintos
ministerios superan la cifra de 240.000 y responden a tareas
muy diversas, con distintas responsabilidades. En puestos de
trabajo homogéneos o en el mismo área de actividad en
diferentes ministerios --por ejemplo, secretarías de
directores o subdirectores, asesoría jurídica, gestión
presupuestaria, gestión de personal, etcétera--, las
retribuciones son similares. Otra cuestión sería efectuar
paralelismos entre áreas heterogéneas de diferentes
ministerios.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Tiene la palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Señor Ministro, todos esos datos que
usted nos acaba de dar, mi Grupo parlamentario los conocía ya.

Pero ocurre que para puestos de trabajo análogo con
responsabilidad análoga, mantiene el Gobierno diferencias
retributivas por ministerios de dos millones y medio. La
agencia tributaria que ustedes crearon en el ámbito del
Ministerio de Economía y Hacienda retribuye un 40 por ciento
más a sus
funcionarios del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del
Estado, por ejemplo, con relación al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. La agencia tributaria es la que mejor
retribuye a los funcionarios, le sigue el Ministerio de
Economía y
Hacienda. Y si empezamos por el final, señor Ministro, los
funcionarios que trabajan en los Ministerios de Trabajo y
Agricultura son los peor pagados. Vemos claramente que ustedes
retribuyen a los funcionarios por el ánimo de ingresos en los
caudales del Estado puesto que los funcionarios de la agencia
tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda son los mejor
retribuidos. Pero se olvidan ustedes de que el Ministerio de
Trabajo tiene encomendada la tutela de las entidades gestoras
de la Seguridad Social, cuyo servicio común tiene también esa
misma obligación de recaudar.

Quizá, señor Ministro, si esa diferencia retributiva se
plasmara en los titulares del Departamento, tendrían un poco
más de inquietud para llevar a cabo criterios objetivos de una
mayor homogeneización. Yo me pregunto: ¿Es que los
funcionarios de los Ministerios de Agricultura, Cultura o
Trabajo son más tontos que los del Ministerio de Economía y
Hacienda? ¿Rinden menos? ¿Trabajan menos? ¿Cuál es la
diferencia? ¿Por qué no se sigue un criterio un poco más
objetivo y que tenga unos ciertos visos de mayor sentido
común? Existe, señor Ministro, una crispación importante,
grave, en el sector de los funcionarios públicos. Sus ingresos
llevan congelados dos años consecutivos y en un momento u otro
esto va a estallar en una especie de inestabilidad y --repito-
- de crispación o se rebelarán a realizar la función que
tienen encomendada.

Desearíamos, señor Ministro, que ustedes interpretaran los
criterios objetivos de homogeneidad y del fin que persigue la
función pública con mayor rigor.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Montseny. Tiene la palabra el señor Ministro.




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El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada.

Si me hubiese formulado la pregunta referida a la situación de
la retribución en particular de los funcionarios de la agencia
tributaria comparada con la de otros, podría haberle dado
datos específicos. Con sumo gusto, acepto que me formule una
nueva pregunta al respecto, porque ahora sólo estoy ante una
pregunta genérica, con datos relativos a otros medios o a
casos específicos, bien sea de abogados del Estado, del
Ministerio de Justicia, o situaciones similares del grupo A en
otros ministerios, pero sobre la cuestión específicaque me ha
planteado en este momento no tengo datos; humildemente lo
reconozco y me pongo a su disposición para contestarle
específicamente en otro momento.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.

SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE OPINION LE MERECE A
LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO LAS SENTENCIAS DE DIFERENTES
TRIBUNALES DE JUSTICIA SOBRE EL DERECHO DE LOS MEDICOS DE LA
SANIDAD PUBLICA DE RENUNCIAR AL COMPLEMENTO ESPECIFICO, ASI
COMO EL
RECONOCIMIENTO DE LA COMPATIBILIDAD EN LA ACTIVIDAD PRIVADA?
(Número de expediente 180/000453)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 27,
del Diputado don César Villalón Rico, que tiene la palabra.




El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Sanidad y Consumo, como seguramente conoce,
el complemento específico de los médicos de la sanidad pública
es un elemento más dentro del sistema retributivo que en un
principio llevaba asimilado la incompatibilidad de otras
actividades pero que a partir de los presupuestos del año 1985
no lo incluía.

Posteriormente, en la Ley de Incompatibilidades, se especifica
el reconocimiento de compatibilidad, salvo si se percibe el
complemento de especial dedicación. A pesar de estas normas
administrativas, hasta el día de hoy se ha establecido una
relación directa entre el régimen de exclusividad y el
complemento específico, que nosotros consideramos que no es lo
correcto. Además, parece ser que diferentes gerentes de
centros sanitarios han obligado a facultativos a incorporarse
al régimen de complemento específico en contra de su voluntad.

Ante la falta de respuesta por parte de la Administración a
las reclamaciones realizadas por algunos médicos, éstos han
optado por acudir a diferentes tribunales de justicia para
defender sus derechos. Por esto, le formulo, señora Ministra,
la siguiente pregunta: ¿Qué opinión le merecen a la Ministra
de Sanidad y Consumo las sentencias de diferentes tribunales
de justicia sobre el derecho de los médicos de la sanidad
pública de renunciar al complemento específico, así como el
reconocimiento de la
compatibilidad con la actividad privada?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Villalón. Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y
Consumo.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Diputado, el Ministerio de Sanidad tiene conocimiento de
una única sentencia, dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid el 18 de mayo de 1993, que declara
expresamente el derecho a renunciar al complemento específico
por parte del profesional médico que interpuso el recurso. Sin
embargo, la jurisprudencia mayoritaria es acorde a la
aplicación que el Insalud viene haciendo de la normativa
vigente. Bien es verdad que existen algunas otras sentencias,
concretamente dos de la Audiencia Nacional --que no son
firmes, porque están recurridas--, que cuestionan la
incompatibilidad declarada por la
Administración, pero por causas de orden formal. Centrándome
en su pregunta, y, por tanto, en la renuncia al complemento
específico, diré que el Ministerio no comparte la
interpretación que de la normativa vigente hace el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en la sentencia a que he hecho
referencia y, en consecuencia, el Insalud ha interpuesto
contra dicha sentencia recurso de casación ante el Tribunal
Supremo el 11 de junio de 1993.

Por lo que se refiere a la compatibilidad con la actividad
privada, el Ministerio está aplicando la normativa vigente,
que supone que la ocupación de una plaza que tiene atribuido
complemento específico en virtud de lo dispuesto en el
artículo 2.3 del Real Decreto-ley 387, de 11 de septiembre,
sobre
retribuciones del personal estatutario del Insalud, comporta
la incompatibilidad con cualquier otra actividad, salvo las
excepciones para la docencia que la ley de incompatibilidades
contempla.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra.




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Tiene la palabra el señor Villalón.




El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, una vez más, y esta vez por boca de usted, el
Gobierno socialista vuelve a negar la evidencia y la realidad
de las cosas. La realidad es que en múltiples centros del
Insalud los gerentes y la dirección hospitalaria están
presionando y amenazando a diferentes médicos para que se
incorporen al régimen específico; están presionando con
diferentes medidas.

Por otra parte, le tengo que corregir y decirle que son varias
las sentencias de distintos tribunales superiores de justicia
las que son ya sentencias firmes en las dos Castillas y aquí,
en la Comunidad de Madrid, como usted muy bien ha dicho. Esas
sentencias dicen que es conforme a la ley renunciar al
complemento específico.

A mí me gustaría oír decir a la señora Ministra en esta Cámara
en el día de hoy si desde el Ministerio de Sanidad se piensa
ejecutar las sentencias de los diferentes tribunales o se
piensa ir por lo que se denomina desobediencia civil.

Yo, señora Ministra, ante los casos de corrupción, ante la
crisis económica, le tengo que decir que no vayan ustedes por
la coartación de las libertades de los ciudadanos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Villalón. Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señor Villalón, no le quepa ninguna duda de que el Ministerio
de Sanidad ejecutará las sentencias, como no puede ser de otra
manera, pero sí le diré que las sentencias, que son
interpretativas de las leyes, tienen como fundamento,
efectivamente, ese ordenamiento jurídico y la Ley de la
Función Pública establece que las retribuciones del personal
estatutario del Insalud están reguladas, a su vez, por la Ley
3/1987, de 11 de septiembre, y por los acuerdos del Consejo de
Ministros de 15 de mayo de 1987 y 15 de abril de 1988. Como
S.S. conoce, al ejecutar estos acuerdos se determinó que los
médicos que estaban ya en el sistema podían optar y,
efectivamente, renunciar de forma que se estableció un derecho
transitorio para que los médicos a los que les sobrevino ese
nuevo régimen de
incompatibilidades pudieran optar. Fuera de eso, la
legislación está clara, señor Villalón, y el Insalud no hace
más que tratar de aplicarla correctamente. Muchas gracias,
señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Ministra.--DEL DIPUTADO DON JON ZABALIA LEZAMIZ, DEL GRUPO
VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: HABIDA CUENTA QUE QUEBEC
TIENE PLENA AUTONOMIA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ¿SERIA
POSIBLE QUE EL GOBIERNO SUSCRIBIERA UN ACUERDO EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL, HABIDA CUENTA QUE LAS NEGOCIACIONES PARA
LOGRARLO SE INICIARON EN 1987? (Número de expediente
180/000434)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 8, del
diputado don Jon Zabalía Lezamiz.

Señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, habida cuenta de que Quebec tiene plena
autonomía en materia de Seguridad Social, ¿sería posible que
el Gobierno suscribiera un acuerdo en materia de Seguridad
Social, dado que las negociaciones para lograrlo se iniciaron
en 1987?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de
Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.

Estamos tratando de que así sea, con algunas dificultades que
S.S. conoce ligadas a la formulación constitucional de Canadá
y a la formulación constitucional de España. Hay fórmulas
sobre las que estamos trabajando y esperamos que se pueda
llegar a un acuerdo.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, recojo las explicaciones que me ha dado.

Quiero interpretar entonces que por parte del Gobierno español
no hay ninguna dificultad para firmar el acuerdo que de alguna
forma existe ya en un proyecto creo recordar que del año 1987.

Si no hay dificultad por parte de la autoridades españolas a
ese respecto, quedo satisfecho con su contestación.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía. Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.

No sé si S.S. ha entendido bien o no, o si yo le he entendido
bien. Lo que le puedo decir es que desde el punto de vista
constitucional canadiense hay problemas



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para firmar un acuerdo internacional con Quebec. Desde el
punto de vista de la Constitución española también. Hay
fórmulas intermedias en las que estamos tratando de trabajar y
espero que se pueda llegar a un acuerdo.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.




--DEL DIPUTADO DON MANUEL ARQUEROS OROZCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA
PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LOS PROYECTOS DE
AYUDA ALIMENTARIA FINANCIADA POR LA UNION EUROPEA? (Número de
expediente 180/000449)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 23,
del Diputado don Manuel Arqueros Orozco, que va a ser
formulada por el Diputado don Rafael Hernando Fraile.

Señor Hernando Fraile.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para mejorar la
participación de las empresas españolas en los proyectos de
ayuda alimentaria financiada por la Unión Europea?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, había básicamente dos problemas: un problema, el tipo
de productos que se ponían a disposición de los países en
concepto de ayuda humanitaria, que eran más bien de la que
pudiéramos llamar agricultura centroeuropea; afortunadamente,
eso se ha resuelto. El segundo problema era de información.

Las dos cosas están en vías de solución y tanto en el año
1992, como en el año 1993, se han ampliado sustancialmente --
las cifras se las puedo dar luego-- las cantidades aportadas a
través de la cooperación española.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando Fraile.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

Lamento que siga usted diciendo lo mismo que hace mucho
tiempo. Yo creo que ya va siendo suficiente el tiempo
transcurrido como para que estos defectos que usted mismo
reconoce se hubieran corregido.

Además, debo decirle que no es correcto lo que nos dice hoy
aquí. Por lo que se refiere al tipo de productos, siguen sin
haber entrado en la lista algunos productos típicamente
españoles, como puede ser la carne de cerdo o de ave, como
pueden ser el aceite de girasol, la galletería o el aceite de
oliva. Se siguen primando los productos centroeuropeos. Desde
el propio ministerio tampoco están colaborando para facilitar
la información de las empresas españolas.

Mire usted, señor Ministro, en 1993 nosotros aportamos a la
Unión Europea, en programas de ayuda oficial al desarrollo,
7.300 millones. Nuestras empresas se vieron favorecidas por
adjudicaciones en un importe tan sólo de 800 millones de
pesetas; no ha llegado ni al dos por ciento. Los franceses
obtuvieron 10.500 millones para sus empresas y a pesar de los
esfuerzos que dice usted está haciendo y a pesar de que hay
funcionarios destacados en algunas de las comisiones que
adjudican este tipo de contratos, es verdad que los
funcionarios españoles cuando van a la Unión Europea se creen
que son como hermanos y en realidad lo que hacen es el primo.

En las adjudicaciones vía reglamento, nuestros representantes
en la Comisión de Ayuda al Desarrollo no funcionan, no hacen
prácticamente nada. En lo que se refiere a las adjudicaciones
«gré à gré» donde sí tenemos importante presencia de
funcionarios destacados, se sigue sin hacer
prácticamente nada. Por cierto, nos preocupa mucho que además
esta adjudicación «gré à gré», que es una oferta restringida,
una oferta casi realizada a dedo, se haya convertido en cerca
del 57 por ciento del tipo de adjudicaciones en este caso.

Además, ustedes han hecho poco por favorecer algunos elementos
que discriminan a España, como es la correcta regulación del
transporte, que, como usted sabe, perjudica notablemente a los
intereses españoles y a los intereses de nuestras empresas.

Deseamos, indudablemente, que todo esto vaya mejorando; pero
hemos de decirle que se ha avanzado poco o muy poco.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hernando. Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias, señor Presidente.

Como quizás sepa usted, porque le debe constar la información,
en los años 1992 y 1993 formaron parte de la ayuda humanitaria
productos tan típicamente mediterráneos y españoles como el
arroz, las conservas de caballa, sardinas, concentrado de
tomate, conservas de carne y aceite de girasol. En el año
1992, como S.S. sabe, el importe total era 114 millones de
pesetas y en el



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año 1993, fue 990 millones de pesetas. Comprenderá S.S. que en
los dos últimos años hemos avanzado sensiblemente.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JAVIER RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO ESTABLECER RELACIONES DIPLOMATICAS
CON LA ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA? (Número de
expediente 180/000454)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 28,
del Diputado don Javier Rupérez Rubio.

Señor Rupérez, tiene la palabra.




El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿cuándo piensa el Gobierno establecer
relaciones diplomáticas con la antigua República Yugoslava de
Macedonia? Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.

El establecimiento de las relaciones diplomáticas de España
con la República de Macedonia se hará pronto y de acuerdo con
una resolución tomada por este Parlamento, entiendo que
unánimemente. La fecha la tomaremos en el momento que sea
oportuno para lo que a S.S. y a mí nos preocupa que es una
formulación que resuelva el problema de la antigua República
de Macedonia.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rupérez.




El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, efectivamente hace todavía pocas semanas,
exactamente el 23 de febrero de 1994, la Comisión de Asuntos
Exteriores de esta Cámara decidió (decisión, por otra parte,
unánime y desde ese punto de vista, doblemente significativa)
que se instaba al Gobierno a formalizar el reconocimiento de
la antigua República Yugoslava de Macedonia, estableciendo
relaciones diplomáticas con ese país en los plazos más breves
posibles. Nosotros querríamos instarle de nuevo a que lo
hiciera efectivamente en los plazos más breves posibles,
consiguientemente ya, porque la verdad es que esa decisión y
la unanimidad que trajo consigo, refleja muy claramente que no
hay ninguna razón de sustancia para no proceder a ese
establecimiento de relaciones diplomáticas, sino simplemente
de oportunidad, y consiguientemente la oportunidad, siendo
naturalmente una consideración que en última instancia tiene
que estimar el Gobierno, sin embargo tiene también su
contenido político. Las razones por las cuales nosotros
instamos en su momento y seguimos instando al Gobierno a
establecer relaciones
diplomáticas tienen que ver con una determinada noción de lo
que es la estabilidad y la paz en la zona, y,
desgraciadamente, el tiempo transcurrido desde que nosotros --
la Comisión de Asuntos Exteriores-- tomamos conjuntamente esa
decisión, no ha hecho nada más que confirmar el aspecto
claramente negativo del no
reconocimiento, del no establecimiento de relaciones
diplomáticas con Macedonia. Por una parte, las posturas
griegas, que son, al fin y al cabo, las únicas que de manera
decisiva impiden ese establecimiento de relaciones
diplomáticas, han tomado un carácter cada vez más desmesurado.

Nos hemos visto incluso --y el señor Ministro lo sabe
perfectamente-- con el caso insólito de que un país que
ostenta la Presidencia de la Unión Europea, sin embargo, se ve
sometido a un proceso judicial por el mismo Tribunal de las
Comunidades. Por otra parte, nosotros no queremos presumir que
el Gobierno español ha tomado esa decisión de no
establecimiento de relaciones para hacer un favor de algún
tipo, ideológico o político, a Grecia o al país que en estos
momentos ostenta la Presidencia de la Comunidad. En cualquier
caso, si eso hubiera sido así, los mismos griegos se han
ocupado de manera sistemática de negar cualquier tipo de razón
de agradecimiento, o simplemente de benevolencia, que el
Gobierno español pudiera tener respecto al gobierno griego.

Desde luego, por nuestra parte no se trata en absoluto de
practicar ese deporte que está cada vez más generalizado en
medios comunitarios y atlánticos, que es dar leña al griego,
pero lo que sí nos parece es que sigue siendo urgente y
precisamente en el momento actual, en el momento oportuno,
cuando todavía las decisiones tienen algún sentido político,
que procedamos a ese establecimiento de relaciones que para
nosotros, y seguramente también para el Gobierno, por esa
pequeña diferencia de tipo temporal, tiene una traducción muy
clara, traducción en el establecimiento de unas relaciones en
pro de la paz, en pro de la estabilidad, en pro de una
determinada necesidad cada vez más urgente de asegurar
aquellos aspectos territoriales de la ex Yugoslavia, que
todavía no se han visto afortunadamente



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afectados de manera directa por el conflicto Bosnia-
Herzegovina. De manera que, una vez más, en cumplimiento de
esa brevedad de plazos a los cuales se instaba al Gobierno
desde la Comisión de Asuntos Exteriores, pedimos de nuevo al
Gobierno que establezca relaciones diplomáticas con la ex
República Yugoslava de Macedonia.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias. Su señoría comparte conmigo que es un problema
de oportunidad y hay que buscar el momento oportuno dentro de
la mayor brevedad, porque todos deseamos que esa decisión se
tome. Como S.S. sabe, aparte de la información que nos ha
dado, y que ya conocíamos, sobre la situación del Gobierno
griego, hace muy pocas semanas --semana y media escasa-- ha
habido un
acontecimiento que creo hay que tener en consideración también
por parte de todos, tal como lo estamos teniendo no sólo
España sino otros países que están en la misma situación que
nosotros, entre ellos Estados Unidos de América y algunos
otros países comunitarios.

Sí le puedo decir que en ningún caso va a primar nada sobre
los intereses de España. Por tanto, las afirmaciones que ha
realizado S.S. espero que no se las tome en serio ni él mismo.




--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA
ACTUALMENTE EL INSTITUTO CERVANTES EN TOULOUSE (FRANCIA)?
(Número de expediente 180/000455)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 29,
del Diputado don José María Robles Fraga.

Señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: Señor Ministro, ¿cuál es la situación
actual del Instituto Cervantes, en Toulouse?
Ya que el Gobierno no suele responder, por lo menos le ruego,
señor Ministro, que usted conteste.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.

En este momento está en trámite de negociación con el
Ayuntamiento de Toulouse para que la Casa de España se vaya a
otro lugar y ese local que ahora es la Casa de España sea el
del Instituto Cervantes. Espero que el día 6 de mayo sean
adjudicadas las obras que son necesarias para acondicionarlo.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, le hago esta pregunta porque el Instituto
Cervantes está adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores;
como usted sabe, el Secretario de Estado de Cooperación es el
Presidente del Consejo de Administración y, por tanto, puede
usted responder.

El Instituto Cervantes se crea para atender la creciente
solicitud de la enseñanza del español, que en aquel momento --
en 1991--, se atribuía al papel relevante que España jugaba en
la comunidad internacional y a la importancia del idioma.

España estaba, pues, como se decía entonces por su Grupo
Socialista, en primera división.

Sin embargo, los planes de expansión del Instituto Cervantes,
que recogió treinta y siete centros de varios ministerios, se
han frustrado, se han hecho inviables por los recortes
presupuestarios y por la incapacidad de encontrar otros
recursos particulares y de empresas privadas. Dos años después
del momento en que realmente empieza a funcionar, en 1992, el
Instituto Cervantes, en Toulouse, la situación es realmente
increíble. En 1992 el local de la Casa de España, en la que
diversas
asociaciones de emigrantes realizaban meritorios trabajos
culturales, es cedido al Instituto Cervantes y dos años
después nos enteramos que se declara desierto el concurso de
adjudicación de obras. Se habla ahora de la adjudicación
directa y por tanto no podrá entrar en funcionamiento por lo
menos hasta 1995 o 1996 desmintiendo el optimismo del Director
del Instituto Cervantes en su última comparecencia en esta
Cámara.

Lo más increíble es que desde hace año y medio, en el caso del
director, y desde hace un año en el caso del jefe de estudios
y de los dos profesores que allí están, hay cuatro personas
desplazadas desde Madrid que cobran sus sueldos por un total,
según la nómina de relación de puestos de trabajo enviada a
esta Cámara por el Gobierno, de unos 28 millones de pesetas.

En Toulouse ustedes no han inaugurado nada, por supuesto ya me
dice que no han realojado las asociaciones de emigrantes que
allí estaban, pero desde luego no han abierto ni empezado las
obras, no han sido capaces de adjudicarlas y lo único que han
inaugurado han sido las nóminas.

Ustedes no han empezado el Instituto Cervantes de Toulouse por
el tejado, ni por el suelo, sino por los sueldos.




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Desde luego, si usted hubiera estado ayer --como no estaba
quizá se lo hayan contado-- hubiera asistido a un
interesantísimo debate sobre el control del gasto público;
creo que tiene usted una buena ocasión para empezar a hacerlo
aquí.

Desde luego el dinero no se ha hecho redondo para que ruede,
señor Ministro. Creo que el tema de Toulouse es bastante grave
y afecta a la proyección española y a la proyección del idioma
español en una ciudad tan importante como Toulouse.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.

Como S.S. sabe bien, no es el único caso en que una Casa de
España se quiere transformar en el Instituto Cervantes.

Totalmente de acuerdo con la posición de su grupo
parlamentario. Es verdad que esa obra se ha declarado desierta
y hay un concurso nuevo que se va a adjudicar el día 6. Tres
personas están, en este momento; dos adscritos a la sede
central del Instituto Cervantes y una persona que está en
Toulouse tratando de poner en marcha los planes futuros del
Instituto. Por tanto, no sé a qué viene esa preocupación
extrema de S.S. por el gasto público. Se está gastando bien y
se están haciendo las obras al ritmo que se puede de acuerdo
con el Ayuntamiento de Toulouse, que es quien nos tiene que
ceder el edificio nuevo.




--DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES INTENCION DEL GOBIERNO
COMPLETAR LAS PREVISIONES DE LA LEY 4/1989, PROMOVIENDO LA
DECLARACION COMO PARQUE NACIONAL DE FORMACIONES ESTEPARIAS EL
ESPACIO NATURAL DE LOS MONEGROS? (Número de expediente
180/000442)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 16,
que formulara el Diputado don José Luis Martínez Blasco.

Señor Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.

La singularidad de Los Monegros, por sus características
geológicas, climáticas y biológicas no está en discusión. Casi
todo el mundo comprende que debe ser un espacio natural
protegido; otra cosa es con qué instrumentos o en qué plazos,
pero hay en estos momentos un peligro que se ha señalado, y es
que las obras de regadío de Monegros-2 pueden afectar y hacer
irreversible en el futuro esta defensa del espacio protegido o
protegible. Por eso pregunto al Gobierno qué piensa hacer:
¿tiene intención, en lo que se refiere a aplicación de la Ley
4/1989 de promover la declaración de Parque Nacional de Los
Monegros?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de
Agricultura.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Gobierno sí tiene intención de promover la
declaración del parque nacional de Los Monegros y por ello ya
han tenido lugar diversos contactos entre representantes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como con los ayuntamientos
de la zona afectada.

La Ley 4/1989 establece que para que un espacio natural sea
declarado parque nacional tal espacio debe ser representativo
de alguno de los principales sistemas naturales citados en el
anexo de la ley figurando entre ellos, dentro de la región
mediterránea, los sistemas ligados a formaciones esteparias.

La comarca de Monegros reúne las condiciones exigidas por
dicha ley para que sea declarada espacio natural protegido a
través de la figura de parque nacional y se integre en la red
estatal de parques nacionales. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Ministro, estoy totalmente de
acuerdo en que merece la protección. Recojo la intención del
Gobierno de promover la declaración, pero lo preocupante en
estos momentos es que los propios trámites de la declaración
son tan largos que cuando lleguen las obras de regadíos que en
estos momentos están afectando a zonas especialmente
sensibles, por ejemplo el Barranco de Valcuerna o algunas de
las zonas de ese tipo, ya no sea posible.

Como el señor Ministro conoce también la propia Ley 4/1989
establece incluso la posibilidad de medidas inmediatas antes
de hacer los planes de ordenación.

Nos gustaría que hubiera un compromiso de que por lo menos las
obras que están en estos momentos en ejecución, las que se van
a adjudicar en los próximos meses porque hay recursos muy
importantes de miles de millones en los presupuestos generales
del Estado para este tipo de obras en éste y en próximos
ejercicios,



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se van a contrastar con la declaración de intenciones del
Gobierno; se va a hacer la declaración de impacto ambiental;
se van a reconducir incluso proyectos existentes porque,
evidentemente, cuando se proyectaron estas obras a comienzos
del siglo XX las condiciones de todo tipo eran muy diferentes
y lo que nosotros querríamos es un compromiso de que no se va
a dejar hacer las obras que se están haciendo hasta tanto
llega una declaración, en un futurible, y que haya un
compromiso serio de que las que se están haciendo, las que
están proyectadas en los ejercicios inmediatos van a seguir
esta declaración de impacto ambiental y, en todo caso, se van
a preservar las zonas que tanto el Ministeriocomo el propio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas han advertido
que corren evidente peligro si se desarrollan las obras
previstas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Martínez
Blasco. Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.

Como sabe, como he informado a esta Cámara en Comisión y en
Pleno, el Gobierno tiene intención de traer, antes de
finalizar el presente año, los proyectos de ley de tres
parques, uno ya aprobado por el Gobierno, el de Picos de
Europa; otro el de Monfragüe y simultáneamente el de Roque
Nublo. En el ejercicio de 1995 tenemos previsto que llegue a
esta Cámara el proyecto de ley del parque de Monegros. El plan
de ordenación va a considerar elementos que en otras
declaraciones de parques más antiguas no se han podido tener
en cuenta y que en cambio en este caso sí se van a tener. Va a
tener en cuenta la necesidad de plantear un plan de desarrollo
sostenible, en el marco de los acuerdos de la Conferencia de
Río; es decir, la compatibilidad entre los usos, destino
económico, agrario concreto y directo y, al mismo tiempo, la
conservación del medio y hacer que esa compatibilidad permita
que los agricultores estén en el seno de ese parque con una
voluntad de mantener la calidad ecológica del mismo sin que
eso sea incompatible con la generación de rentas.

Si para ello hay que modificar planes, en todo caso son de muy
largo plazo, como S.S. ha puesto de relieve; creo que de aquí
al ejercicio que viene hay tiempo más que suficiente para
establecer qué limitaciones hemos de poner para que el
desarrollo sea compatible y no vulnere las características
ecológicas de Los Monegros.

Muchas gracias, señor Presidente.




--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO NO
PROHIBE LA IMPORTACION DE LA ANCHOA FRANCESA? (Número de
expediente 180/000445)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 19,
del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.

Señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, ¿cuáles son las razones por las
que el Gobierno no prohíbe la importación de la anchoa
francesa? Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías es totalmente inviable que la Administración española
imponga cualquier prohibición o limitación en frontera a la
entrada de boquerón francés. El artículo 30 del Tratado es muy
claro, es taxativo y es evidente que el hecho de sobrepasar
una determinada cuota de capturas o de pescar en un período de
parada no figuran entre las excepciones del artículo 36 en
cuanto al principio de libertad de circulación de mercancías
en el Mercado Unico. Este principio, además, ha sido
rotundamente ratificado por la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de Luxemburgo.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de
Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Ministro. Realmente el administrado poco puede esperar de la
Administración cuando no protege sus intereses, por mucho que
digan muchas leyes, cuando se están fulminando constantemente.

El Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea atribuye
a Francia 3.000 toneladas de anchoa en el sector en el que se
ha venido pescando, el Golfo de Vizcaya, por debajo del
Paralelo 48. Después de esa negociación, España realiza una
negociación bilateral con Francia y se incrementa esa cuota.

Aun así, los franceses continúan pescando más y, lo que es más
grave,
continúan exportándolo a España. Es francamente intolerable
que por parte de las autoridades españolas no se tome ninguna
medida para poner freno a esta especie



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de desprecio francés por lo que es el tema pesquero en España.

Quiero decirle también que los franceses inmediatamente
colocan dos patrulleras de su Armada en Hendaya y
Fuenterrabía, mientras que nuestras patrulleras parece que
sólo son para reprimir a nuestra propia flota, porque cuando
necesitan protección no aparecen por ningún sitio.

Lamentablemente, señor Ministro, tengo que decirle que en
materia de negociación pesquera los noruegos brindan cuando se
negocia con España, y resulta que en España nadie brinda. El
Ministro francés de Agricultura y Pesca diece en «Le Figaro»,
del día de ayer, que el acuerdo que se está alcanzando para
incrementar las cuotas con España es más bien favorable;
cuando se negocia brindan los franceses y en España seguimos
rascándonos. Es realmente lamentable que nunca podamos brindar
nosotros cuando se trata de algún tipo de negociación
pesquera. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
Usted decía recientemente, señor Ministro, que España corta el
bacalao en Europa. Olvidó usted decir por dónde lo corta. Lo
corta por la cola, por debajo del 10 por ciento y encima nos
quedamos siempre con las espinas. Es lamentable, señor
Ministro. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, conoce usted perfectamente la situación y por tanto
la explicación que ha dado no corresponde en absoluto a la
realidad. La cuota francesa de anchoas (le voy a decir más, es
posible que no la hayan conseguido siquiera, es posible), era
uno de los argumentos que alegaban; pero lo que había, además,
era unos calendarios de parada, y han sido esos calendarios
los que hemos exigido, independientemente de que no hubieran
llegado a las 3.000 toneladas.

Por otra parte sabe perfectamente que el incremento de cuota
de anchoa que tiene la flota francesa es un trueque que
hacemos, favorable para nuestra flota --por rape
concretamente-- para que nuestra flota, que le interesa,
pesque más rape de la cuota francesa. Ese es el acuerdo al que
llegamos, que favorece a ambas partes y que no crea ningún
problema. Lo que hemos hecho ha sido evitar, a través de la
queja formal y dura del Gobierno francés, que volviera de
nuevo a salir la flota. El Gobierno francés ha requisado las
mallas de estos buques que salieran fuera de calendario y en
este momento están en proceso verbal. Ha
requerido a los armadores por incumplimiento de dos órdenes
ministeriales francesas y, al mismo tiempo, de la normativa
comunitaria.

En lo que se refiere a ese brindis, acabo de llegar de
Luxemburgo y quiero decir que he tenido un debate bastante
duro --al que me referiré después--con mi colega francés. Le
puedo decir que su preocupación no corresponde en absoluto con
la nuestra, pues nuestra posición es que los buques franceses
no pueden salir, ni siquiera salir, si saben que a la vuelta
va a serles decomisada la pesca pescada ilegalmente. Ese es el
principio que se debe respetar. En segunda derivada se hablará
de si ha habido
incidentes o no. Desde luego no ha habido ninguna patrullera
francesa en Fuenterrabía. Ha habido patrulleras francesas,
como es lógico, en aguas jurisdiccionales francesas; pero no
ha habido ninguna patrullera francesa en Fuenterrabía.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL
TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRARIOS POR EL TERRITORIO FRANCES?
(Número de expediente 180/000446)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 20,
del Diputado don Miguel Ramírez González.

Señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
garantizar el transporte de productos agrarios por el
territorio francés?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, ya en varios Consejos de
Agricultura del año pasado y más recientemente en el último
celebrado en Luxemburgo ayer, he puesto de manifiesto, ante el
resto del Consejo de Agricultura de la Unión, los graves
incidentes que soportan los productos hortofrutícolas
españoles al entrar en territorio francés bien en tránsito o
con destino a los mercados galos. Estas denuncias han sido
reforzadas por las de otros Estados miembros como Bélgica,
Italia y Holanda en el mismo sentido.




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El pasado año estas denuncias tuvieron eco, tanto por parte de
la mayoría de las delegaciones de los Estados miembros como en
el seno del Parlamento Europeo, que aprobó una resolución
condenatoria, que SS.SS. conocen, y asimismo el Gobierno
francés efectuó una declaración en el Consejo de Agricultura
de julio de 1993. La declaración del Gobierno en aquel momento
fue satisfactoria. Prometió que su Gobierno haría todo lo
posible para garantizar la libre circulación, y así sucedió.

Sin embargo, comprobamos que un año después se vuelven de
nuevo a repetir los mismos hechos. El Gobierno, a través mío,
efectuó una enérgica denuncia en el Consejo de Ministros de
Agricultura de Luxemburgo de los pasados lunes y martes, que
fue apoyada por otras delegaciones que están teniendo los
mismos problemas en el tránsito de productos por el territorio
francés.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Ministro, con alarmante
puntualidad y todas las primaveras, camiones españoles que
transportan productos agropecuarios españoles son asaltados y
destruida su mercancía en territorio francés. Las cámaras de
televisión están puntualmente en los acontecimientos, como si
se tratara de un festejo más. No está la gendarmería francesa,
por supuesto. Hoy nuestra demanda al Gobierno español tiene
más alcurnia, más potencia, señor Ministro, porque hace
semanas que sabíamos se iba a producir el asalto sobre la
fresa española. Estaba anunciado. Era, parodiando el título,
«Crónica de una muerte anunciada». Los agricultores franceses
había dicho que iban a asaltar los camiones de fresas
españolas. Posiblemente, señor Ministro, acuciados porque
saben que, por la debilidad del Gobierno socialista, las
fresas españolas no son totalmente comunitarias; están sujetas
a montantes compensatorios de los intercambios, están sujetas
a cantidades de referencia, están sujetas, en definitiva, a
trabas comunitarias. Es uno de los seis productos que la
debilidad socialista ha permitido que ocho años después de
nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea no sean
totalmente comunitarios.

Señor Ministro, uno empieza ya a sospechar de lo que dice
usted y de lo que dice, incluso, el Ministro de Asuntos
Exteriores. En junio del año 1992, señor Ministro, demandamos
al Gobierno qué había pasado con nuestras mercancías,
asaltadas y destrozadas con motivo de una huelga de
transportes en Francia. Nos dijo el Ministro de Asuntos
Exteriores, por escrito, que había obtenido del Gobierno
francés --leo textualmente-- que se iban a pagar las
indemnizaciones por parte de dicho Gobierno. Cuarenta días
después nos contesta el mismo Ministro, sin pedir ninguna
aclaración, que esa indemnización era imposible y que, por
tanto, los afectados recurrieran a los tribunales ordinarios
de
justicia.

Hoy son las fresas españolas, ayer fueron los productos con
destino a la alimentación infantil, anteayer fueron las
conservas vegetales españolas acusadas falsamente de
botulismo. Siempre son los productos, por ejemplo, del cerdo
ibérico. En definitiva, señor Ministro, la debilidad histórica
con la que nos movemos en el seno de la Comunidad Económica
Europea...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente, por
permitirme denunciar estos acontecimientos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, esa debilidad histórica ha
permitido, seguramente, duplicar las exportaciones de algunos
de los productos a los que usted ha hecho referencia. Es
decir, incrementar el volumen de exportaciones, en sólo cinco
años, más de lo que se había hecho en toda la historia de las
exportaciones de esos productos.

Le puedo garantizar, le puedo asegurar que la posición de
firmeza del Gobierno español difícilmente tiene comparación
con la misma posición de otros Estados miembros que tienen
problemas
idénticos. Le puedo decir, también, que la posición del
Gobierno español, indudablemente, tiene un doble contenido.

Por una parte, los ciudadanos franceses, los ciudadanos
comunitarios son nuestros clientes. No podemos ni debemos
animar una reacción hostil a nuestros productos por su
relación calidad-precio. Son esos ciudadanos los que nos
compran. Nuestra protesta, nuestra reacción es frente a los
Gobiernos que, no quiero decir que adopten actitud pasiva,
pero, como he dicho en el Consejo, valdría la pena que no
pareciera que adoptan la actitud pasiva. La actitud que está
manteniendo el Gobierno español le puedo decir --y tiene las
actas del Consejo-- es, indudablemente, bastante más dura que
la de otros Estados miembros con problemas semejantes. Muchas
gracias.




--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ; DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LOS EFECTOS
DESASTROSOS QUE PARA LAS EXPORTACIONES DE NUESTROS-



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PRODUCTOS TIENEN LAS CALUMNIOSAS CAMPAÑAS DESATADAS EN
ALEMANIA SOBRE LOS MISMOS? (Número de expediente 180/000447)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 21,
del Diputado don Luis de Torres Gómez.

Señor De Torres.




El señor DE TORRES GOMEZ: Señor Ministro, ¿qué medidas va a
adoptar el Gobierno para paliar los efectos desastrosos que
para las exportaciones de nuestros productos tienen las
calumniosas campañas desatadas en Alemania sobre los mismos?
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Alberto Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, he de decir que coincido absolutamente con
usted en el concepto de calumniosos que ha utilizado.

En relación con los alimentos infantiles fabricados por una
empresa española, se ha actuado de la forma siguiente:
Solicitud urgente de una reunión bilateral, que se convocó por
la propia Comisión en la reunión celebrada en Bruselas y en la
que la delegación española dejó suficientemente claro el
incumplimiento, por parte de Alemania, de la actual
legislación en materia de contaminantes.

Después del debate se establecieron las siguientes
conclusiones: Primero, declaración pública de la Comisión, en
la que se reconoce que los productos alimenticios infantiles
han sido legalmente fabricados y legalmente comercializados
por España, y que no presentan riesgo alguno para la salud.

Segundo,
compromiso de la Comisión para acelerar la posibilidad de
publicación de normas comunitarias que armonicen, a nivel
general, la situación de los contaminantes en productos
terminados.

En cuanto al problema relacionado con la aparición de algunas
sustancias en aceites pertenecientes a diversos países,
básicamente Italia y entre ellos también España, una vez
conocida la noticia se recabó la información de la Embajada
española en Bonn, en la que se indicaba que, hasta la fecha,
no se había producido ninguna retirada de producto español. El
tema ha sido ampliamente debatido en el comité de expertos y
actualmente se encuentra en período de estudio para establecer
el método oficial comunitario de análisis y los límites
correspondientes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor De Torres. El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor
Presidente. La verdad, señor Ministro, es que los productos
españoles no pueden soportar que, año tras año, precisamente
en países pertencientes a la Comunidad Europea, se desaten
campañas injuriosas contra ellos, sin que por parte de
nuestras
autoridades se tome alguna medida, porque, como decía
anteriormente mi compañero, se producen con alarmante
puntualidad, como la que se está llevando a cabo ahora con
especial e interesada virulencia en contra del aceite de
oliva. Hace poco, precisamente por parte de países productores
(por competidores nuestros, por entendernos mejor), se desató
una campaña, con la absoluta pasividad de nuestro Gobierno, en
la que se declararon aceites lampantes a aceites que tenían
0,1 por millón de percloroetileno, con la consiguiente pérdida
de miles de millones de pesetas para los productores, en tanto
que después se refinaban y se pasaban a esos países, cobrando
las primas a la producción, cuando eran, como usted sabe,
totalmente inocuos. Y casualmente, en la actual campaña
difamatoria, me consta que precisamente todos los aceites que
se están investigando son de calidad extravirgen, en los que,
por definición, no puede existir ninguna sustancia tóxica. Lo
mismo ocurre en el caso a que hacía usted alusión de los
potitos, de los productos murcianos. Y es que, en realidad,
parece que no haya ninguna normativa en Alemania; en todo
caso, debería ser ese país el que comunicara a la Comisión
Europea los límites que tienen establecidos y que podían ser
obligatorios para sus propios fabricantes, pero lo que no
pueden es servir de barrera para impedir la entrada de
nuestros productos. Esto, señor Ministro, como usted bien
sabe, es proteccionismo encubierto que usted está obligado a
evitar para proteger nuestros productos.

Hay que ordenar ya a la Comisión Europea que determine si las
exigencias alemanas son acordes con la Directiva de la Unión
en materia alimentaria, para, en caso de no ser así, que se
sepa de una vez por todas cuál es la legislación que debe
prevalecer, si la comunitaria o la nacional, y en el caso muy
poco probable de que sea la nacional, aplicar nosotros el
mismo rasero, el mismo rigor y la misma atención a la
importación de esos productos para los que ellos hacen
campañas en contra.

Muchas gracias, señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Las reacciones proteccionistas en el marco de la Unión están
surgiendo constantemente. La ambición o la intención de
algunos grupos nacionales de acotar sus



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mercados es uno de los elementos más peligrosos que puede
poner en cuestión la construcción de la Unión Europea. Pero
cuando, además, se trata de estas cuestiones que afectan a la
calidad, que en ninguno de los dos casos que ha citado S.S.

(ni en el caso del lindano, ni en el caso del benceno), tiene
ningún fundamento, puesto que son productos de extrema calidad
--y así fue reconocido ayer por el Comisario de Agricultura,
que garantizó personalmente la calidad de esos productos--,
nos planteamos siempre una doble cuestión que debemos tratar
con mucho cuidado. Por una parte, cuanto menos se hable de
esta cuestión mejor, y, por otra parte, es imprescindible
hablar de ello; las dos cosas, pero hay que plantearlas en sus
justos términos. Si no se cumple la normativa, si se ha
abusado, desde el punto de vista del análisis, y se está
transmitiendo un mensaje negativo respecto de esos productos,
eso se debe atajar inmediatamente; en cambio, no es bueno
seguir hablando de estas cuestiones, ni siquiera en el marco
del Consejo, y así lo dije ayer en el mismo. Es decir, no
queremos hablar de este tema, pero tampoco queremos que nadie
dé motivos para hacerlo.

Y una segunda cuestión importante, que sean productos
naturales...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA ROMACHO ROMERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES PONER EN MARCHA ALGUNA MEDIDA
ENCAMINADA
A FOMENTAR Y REGULAR EL VOLUNTARIADO EN NUESTRO PAIS? (Número
de expediente 180/000437)



El señor VICEPRESIDENTE: Pregunta número 11, de la Diputada
doña Inmaculada Romacho Romero.

Tiene la palabra la señora Romacho.




La señora ROMACHO ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Asuntos Sociales, esta Diputada entiende
que el protagonismo de la sociedad civil en la búsqueda de
soluciones a los problemas sociales y su compromiso en la
lucha contra la marginación y en la consecución de mayores
cotas de bienestar colectivo, dentro de cualquier política
social debe de ser un objetivo no sólo prioritario, sino,
además, irrenunciable. Porque sólo desde la implicación social
y desde la participación de la sociedad en su conjunto, tanto
a nivel individual como a través de grupos organizados, se
conseguirá avanzar hacia una sociedad en la que la so-
lidaridad y la cooperación sean los valores imperantes frente
a actitudes individualistas e insolidarias. Desde estos
planteamientos, el voluntariado y la acción
voluntaria pueden ser instrumentos que faciliten la
articulación de la sociedad y la implantación de los valores
antes referidos. Por tanto, se debe seguir procurando el
protagonismo social, así como dotar al voluntariado de un
marco normativo que, respetando su autonomía, favorezca la
acción voluntaria, delimite los campos de actuación, garantice
el funcionamiento democrático de las entidades de voluntariado
y haga posible la coordinación con las actuaciones de las
distintas administraciones.

Son estos los motivos que me llevan a formular la siguiente
pregunta: ¿Tiene previsto el Ministerio de Asuntos Sociales
poner en marcha alguna medida encaminada a fomentar y regular
el voluntariado en nuestro país? Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra de
Asuntos Sociales tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Diputada, efectivamente, coincido con su planteamiento.

El Gobierno tiene como un objetivo prioritario e irrenunciable
esa necesidad de regular el voluntariado por la importancia
que tiene en el protagonismo de la sociedad civil para la
corresponsabilidad entre los poderes públicos y los ciudadanos
a la hora de resolver determinados problemas, sobre todo en el
ámbito social. Y esta es una de las directrices principales
del Gobierno. El Ministerio de Asuntos Sociales está
trabajando en este tema con un doble objetivo: por un lado
otorgar
reconocimiento público al voluntariado. El voluntariado se ha
conocido poco en España y, lo que es peor, se ha reconocido
poco. Queremos que se conozca y que se reconozca como una
labor social muy importante. Además, queremos facilitar su
ejercicio,
respetando, naturalmente, las competencias de las comunidades
autónomas, ya que, como usted sabrá, diversas de estas
comunidades han procedido a regularlo mediante normas
específicas. Tal es el caso de Cataluña, Aragón y Andalucía, y
en Madrid ya hay presentado un proyecto en la Asamblea
legislativa. Dentro de esta línea de actuación, hace ya meses
que se ha constituido, en el seno del Ministerio de Asuntos
Sociales, un grupo de trabajo específico para este tema, que
está avanzando sobre los siguientes aspectos, que tendrán
luego su reflejo en la futura regulación: por un lado,
estudiar la situación actual del voluntariado en España, tanto
en términos cuantitativos como cualitativos. Para ello estamos
en la mejor posición, puesto que tenemos un conocimiento del
trabajo que



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están realizando las grandes organizaciones no
gubernamentales, a través de la colaboración que prestan a
objetivos sociales, junto con el Ministerio de Asuntos
Sociales. Por otro lado, estudiar el carácter de la futura
regulación jurídica. Ahí tendremos que analizar
comparativamente --ya se está haciendo--la situación de otros
países de nuestro entorno, como es Italia y Bélgica sobre
todo, que ya tienen regulación en este sentido. Y, en tercer
lugar, fomentar la participación ciudadana en las actividades
de voluntariado.

En cuanto a los plazos, tenemos que elaborar un primer informe
antes del verano, para luego contar con las aportaciones de
otros Ministerios, de las comunidades autónomas, de los
sindicatos y de las ONG. Esperamos tener para el otoño, ya que
usted me pregunta sobre plazos, unos resultados concretos, que
se
traduzcan tanto en un informe sobre la realidad del
voluntariado en nuestro país como en un anteproyecto de norma
de rango adecuado y un abanico de medidas de apoyo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra.




--DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA ROMACHO ROMERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE PLAZO TIENE
PREVISTO EL GOBIERNO REMITIR AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL
PROYECTO DE LEY DEL MENOR? (Número de expediente 180/000438)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 12, de
la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero.

La señora Romacho tiene la palabra.




La señora ROMACHO ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Asuntos Sociales, es una realidad que en
los últimos años se han dado pasos importantes para dotar a
los menores de un adecuado sistema de protección, no sólo en
el ámbito normativo sino también en el desarrollo de programas
y en la dotación de recursos. Recursos y programas
encaminados, por una parte, a la atención de los menores en
situación de riesgo social y marginación, y, por otra, a la
prevención de estas situaciones. La Ley 21/1987, la aprobación
de la Convención de los derechos de los niños y de las niñas,
la Ley 2/1992, medidas compensatorias, ayudas económico-
familiares y programas para la prevención del absentismo
escolar, entre otras, son clara muestra de ello.

Todas estas medidas han sido eficaces y han contribuido a que
nuestra sociedad sea hoy mucho más sensible hacia la realidad
y las necesidades de los menores. Hemos dejado atrás la
antigua concepción patrimonialista del menor como objeto
propiedad de los padres, y por tanto objeto exclusivo de
ámbito familiar, para ir generalizando la consideración del
niño como sujeto de pleno derecho, cuya salvaguarda es
responsabilidad pública. Pero vivimos en una sociedad
cambiante, en la que aparecen nuevos problemas que hacen
necesarias nuevas medidas, y también la adaptación de las ya
existentes a esta nueva realidad.

Todo ello plantea la necesidad de dotarnos de un marco
normativo de superior rango que, contemplando de forma global
la realidad del menor, concrete los derechos y establezca el
sistema de protección que garantice en todo momento el interés
superior del niño frente a cualquier otro interés. Es desde
estos
planteamientos desde los que le formulo la siguiente pregunta:
¿en qué plazo tiene previsto el Gobierno remitir al Congreso
de los Diputados el proyecto de ley del menor?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra
tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Diputada, como S.S. probablemente conoce, el proyecto
de ley de derechos del menor es una iniciativa que tiene el
Gobierno entre sus objetivos prioritarios para esta
legislatura, que está desarrollando el Ministerio de Asuntos
Sociales y sobre el que ya he tenido ocasión de comprometerme
públicamente en
estasCámaras con respecto a su realización. Su desarrollo en
España deriva fundamentalmente de la aprobación de la
Convención de derechos del niño de Naciones Unidas de 1989,
que España ratificó en diciembre de 1990, y que va a
constituir, en el futuro inmediato, un instrumento para
desarrollar y hacer efectivos en España los principios y
derechos del menor. Con esta finalidad vamos a configurar un
amplio cuadro de derechos, la mayoría de los cuales ya están
reconocidos en la Constitución, pero se trata de darles mayor
concreción y articular los
mecanismos necesarios para hacer posible su ejercicio por
parte de los menores.

Referente al ámbito civil está todo lo relativo a las
relaciones paterno-filiales y a las instituciones de
protección a la infancia. Su señoría se ha referido también a
la Ley 21/1987, que en su momento modificó las normas civiles
con respecto a los menores y que ahora seráobjeto de una
adaptación ante esas situaciones nuevasa las que hay que
atender y que usted ha mencionado.

Sobre el contenido concreto de este proyecto tendré ocasión de
extenderme hoy mismo en esta Cámara con motivo de la
contestación a la interpelación que formula el Grupo Popular
precisamente sobre esta materia, sobre la ley del menor. Sí,
le puedo
adelantar que el



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anteproyecto se encuentra en avanzado estado de elaboración,
está prácticamente concluido, y que en las próximas semanas lo
voy a presentar al Consejo de Ministros. Con carácter
inmediato se presentará ese informe y, a partir del mismo, se
circulará el texto con el fin de obtener los informes
preceptivos que, como usted conoce, son necesarios para su
aprobación. Una vez que se emitan esos informes, que, como
todos sabemos, son largos y prolijos, además del informe de
otros ministerios tendremos que recabar la opinión de los
sectores sociales implicados, ya que en este tema de la
atención al menor nos parece doblemente importante contar con
su participación.

Por tanto, no puedo fijar una fecha concreta, pero sí le puedo
decir que, si se cumplen nuestras previsiones, el anteproyecto
de ley podría ser examinado por la Comisión General de
Secretarios de Estado y de Subsecretarios y después por el
Consejo de Ministros en el mes de julio, y posteriormente
vendría a esta Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Ministra.




--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MICHAVILA NUÑEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES SON LAS CAUSAS POR LAS QUE EL GOBIERNO NO PRESENTA EL
PLAN DE ACTUACION PARA EL AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA?
(Número de expediente 180/000452)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 26, del Diputado don José María Michavila Núñez, que
tiene la palabra para formularla.




El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señora Ministra, ¿cuáles son las
causas por las que el Gobierno no presenta el plan de
actuación para el Año Internacional de la Familia? Le
agradecería que no me dé la respuesta que acaba de dar a la
compañera del Grupo Parlamentario Socialista a una pregunta
idéntica a la que formuló este Diputado hace dos meses en
relación con el menor, que son grandes
promesas, como acaba de hacer, pero ningún cumplimiento.

Muchas gracias, señora Ministra.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra
tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias. Las grandes promesas las voy a poder cumplir
en las próximas semanas. El proyecto del menor está
prácticamente ultimado, y tengo la satisfacción de contestarle
a esto igual que le he contestado a la señora Diputada.

Respondiendo a su pregunta tengo que decirle que, en cierta
medida, me sorprende que me pregunte por qué no he presentado
el plan, puesto que el plan está presentado ya públicamente,
aprobado y ejecutándose. Es un plan abierto que está
ejecutándose, repito, desde el 1 de enero, y está aprobado por
el Comité Español del Año Internacional de la Familia, que se
celebró el 22 de marzo pasado con asistencia de todos los
miembros de las distintas ONG que trabajan en este Comité y
que lo integran, con la asistencia de los ministerios
implicados y con asistencia de los representantes de las
comunidades autónomas. Además, asistió Su Majestad la Reina,
que preside dicho Comité. Ese día, insisto, el 22 de marzo,
aprobamos el plan, lo dimos a los medios de comunicación y fue
conocido, y aquí a la vista tengo yo los recortes del «ABC», y
de distintos periódicos donde salió que se había aprobado el
plan y parte del contenido del mismo. Por tanto, a mí me choca
que usted no haya tenido conocimiento de él, que, por cierto,
es muy extenso y muy completo.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Michavila, tiene
la palabra.




El señor MICHAVILA NUÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente. La
verdad es que no está hablando un Diputado a un miembro del
Gobierno de qué es lo que sale en la prensa, sino de qué es lo
que la Ministra se compromete a presentar a la Cámara.

Quiero recordar que el 5 de octubre usted prometió que iba a
presentar el plan para el Año Internacional de la Familia, y
allí hizo unas grandes declaraciones que este Grupo
Parlamentario acogió con satisfacción, diciendo que tenemos
una ocasión única de reconocer a la familia como institución y
también de promover todo lo que pueda ser el apoyo a la misma
con motivo del año 1994. Han pasado seis meses, dijo que iba a
presentar ese plan a las cámaras y no lo ha presentado. El Año
Internacional de la Familia no es una ocasión para que el
Gobierno se haga fotos, es una ocasión para apoyar
decididamente a la familia, señora Ministra.

Queremos señalar que no es haciendo grandes juntas y grandes
comisiones como se resuelven los problemas de los españoles.

El Grupo Parlamentario Popular presentó aquí tres propuestas
muy concretas, y el Grupo Parlamentario Socialista lo
convirtió en una comisión. Decía Quevedo que a quienes
prometen mucho y cumplen poco les suele gustar hacer juntas de
esas que engendran mucho y paren poco. Y esta cita, hablando
de familias, es muy oportuna. No nos hagan, por tanto, grandes
comisiones, no nos hagan grandes reuniones y grandes
especulaciones teóricas; por favor, aprueben programas y
medidas concretas de apoyo a lo que ustedes mismos --y vemos
con satisfacción que ahora lo hacen--reconocen que es el
núcleo de solidaridad básico



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en esta sociedad, en la que, tras la quiebra del Estado de
bienestar que ustedes han propiciado, reconozco que les vaya
bien que se les pare el reloj y sólo en la familia encuentren
la solidaridad. No concebimos cómo a fecha de hoy ustedes han
podido hacer fotos pero no han presentado a la Cámara el plan
para el Año Internacional de la Familia, como propusieron, y,
sobre todo, cómo todavía no han aprobado ni un sola medida
concreta de apoyo a la familia. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Michavila. Señora Ministra, tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Siento mucho tenerle que rectificar, porque yo me comprometí a
presentar en las cámaras el informe sobre la familia, y ese
informe sobre la familia --podemos referirnos al plan, pero
éste ya está en marcha-- está terminado y lo voy a traer a las
cámaras. Por tanto, ese cometido se va a cumplir. Aprovecho
esta ocasión para decirle que, dentro del plan, compete al
Ministerio de Asuntos Sociales también preparar la
organización de la Conferencia Internacional de la Familia,
que tendrá lugar en diciembre en Madrid, y es la que organiza
el Consejo de Europa. También le compete coorganizar el Día
Internacional de la Familia y realizar y presentar el informe
sobre la misma. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En
cualquier caso, sí que le puedo decir que este plan integra
387 actuaciones, de las cuales 98 corresponden a la
Administración General del Estado, 116 a las comunidades
autónomas y 173 a las ONG. Es muy importante decir que en
cuento a las ONG, que representan el arco completo de las que
trabajan en el ámbito de la familia, hemos conseguido que
estén todas de acuerdo en los mínimos fundamentales del tema
de la familia y en los objetivos principales del Año
Internacional de la Familia. Y todas, desde diversos
planteamientos ideológicos, aceptan que tenemos que apoyar a
la familia como institución y trabajar en línea de las
actividades que tenemos que...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS PARA MEJORAR EL MARCO JURIDICO VIGENTE DE PROTECCION
DEL MENOR, ASI COMO CRITERIOS A SEGUIR PARA DOTAR A LAS
INSTITUCIONES DE INSTRUMENTOS EFICACES Y ADECUADOS PARA
REALIZAR LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS (Número de
expediente 172/000048)



El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día,
interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular,
sobre medidas para mejorar el marco jurídico vigente de
protección del menor, así como criterios a seguir para dotar a
las instituciones de instrumentos eficaces y adecuados para
realizar las funciones que tienen encomendadas.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Barrios.




La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.

Buenas tardes, señora Ministra, buenas tardes, señoras y
señores Diputados. Me cumple a mí interpelar hoy al Gobierno,
en nombre del Grupo Poular, para conocer las medidas concretas
que se van a aplicar para mejorar el marco jurídico vigente en
materia de protección y reforma del menor. El Grupo Popular
está hondamente preocupado por la situación del menor en
España. Diariamente surgen noticias en los medios de
comunicación por las cuales conocemos cómo menores son objeto
de malos tratos, de
explotación, víctimas de delitos, e incluso últimamente, y
casi a diario, autores de delitos a edad muy precoz.

Existen múltiples disposiciones normativas, no sólo de rango
internacional, señora Ministra, como todos conocemos, en las
que quizá sea el pilar básico y fundamental, tal como usted
antes ha dicho, el derecho del menor que recoge la Convención
de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, ratificada
por España en el año 1990. También existen, a nivel interno,
el artículo 39 de nuestra Constitución española, donde se
regula la protección a la familia y a la infancia, e incluso
el artículo 10, en su párrafo segundo, en donde se recoge que
la
interpretación de los derechos y de las libertades se hará en
base a todos estos tratados internacionales. Sin embargo,
descendiendo a la realidad de la protección del menor,
descendiendo a la realidad de la reforma y la reeducación del
menor cuando delinque, hay que señalar que la adaptación de
estas normas internacionales y de estas normas
constitucionales no se han plasmado, ni en sus principios ni
en su contenido, en nuestro ordenamiento jurídico.

Es cierto que en los últimos años se han dado ligeros pasos,
pasos vacilantes, pero no es menos cierto, señora Ministra --y
tendrá que reconocerlo--, que en este momento hay un vacío de
contenido, de tal manera que no se está dando una respuesta
legal a los supuestos y a los problemas de los menores en
España. Este vacío normativo ha dado lugar a serios perjuicios
importantes



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para el menor, especialmente en lo que afecta a sus garantías
y a la defensa de sus derechos fundamentales. Se impide, con
ello, la plena integración del menor en la sociedad, que es
fundamental porque también depende de ello el futuro de dicha
sociedad, para que sea más culta, más libre, más tolerante y
mucho más respetuosa.

En los medios de comunicación, como le decía, surgen
diariamente noticias y, sin embargo --ustedes lo saben, lo
sabemos todos--, señora Ministra, los menores no se quejan;
quienes reclaman son los padres, son los tutores, son incluso
los profesores, pero en este momento, ellos, quizá los que más
sufren, son, repito, los que menos se quejan.

Es por eso que el Grupo Popular considera que nosotros, los
parlamentarios, los representantes en este momento del pueblo,
debemos dirigirnos a ellos, acercarnos, conocer su situación y
promover que exista una función legislativa que intente, sobre
todo, poner soluciones posibles a estos problemas del menor.

Es por eso también que, en este momento, el Grupo Popular ha
promovido muchas iniciativas. Pero nuestro papel no es sólo
legislativo, sino que debemos, además, concienciarnos y
concienciar continua y permanentemente a la población, quizá
insensibilizada por la cotidianeidad de los hechos, e incluso
a los organismos nacionales e internacionales. Después de esta
pequeña introducción, señora Ministra, le quiero relatar una
serie de números a ver si todos los Diputados, y usted misma,
podemos conocer más seriamente el problema, sobre todo en
cifras, de la realidad del menor en España.

Viven en España diez millones de menores, casi el 26 por
ciento de la población. La mayoría de ellos se debaten en
llegar a ser adultos, pero lo ideal, señora Ministra, es que
lleguen a ser adultos formados y preparados, mujeres y hombres
de bien. ¿Cree usted, señora Ministra, que podrán llegar a ser
adultos formados y preparados alguno de los 2.250.000 menores
de 16 años que se encuentran en situación de pobreza?
Un número de 546.000 familias que tienen a su cargo menores no
tienen ingresos económicos estables. Existen 1.640.000 menores
que viven con padres que utilizan una acusada tendencia al
empleo de alguna modalidad de violencia física o psíquica;
4.228.000 menores viven con padres que emplean pautas
educativas extremas, rigidez o permisividad, y por ello
lesivas; 470.000 menores sufren al año en España malos tratos,
de los cuales sólo se denuncia el 10 por ciento. Incluso
anualmente 865.000 menores en España sufren malos tratos
psíquicos. Un niño maltratado tiene la posibilidad de volver a
serlo en un 50 por ciento después de denunciar su maltrato.

Además, los accidentes en el hogar son la primera causa de
mortalidad infantil. Y no sólo estos datos, sino que hay unos
25.000 analfabetos menores, entre 10 y 19 años; 400.000
menores son explotados laboralmente, y hay un número algo
superior a esos 400.000 que apenas están escolarizados; 25.000
menores están embarazas, de las cuales 10.000 abortan, y el
50,5 por ciento de estos embarazos son no deseados. Hasta este
momento, esos niños de madres embarazadas solteras menores de
edad representaban el 70 por ciento de las prostitutas y el 40
por ciento de los presos comunes.

A los 15 años, el 96 por ciento de los chicos y el 90 por
ciento de las chicas ha consumido bebidas alcohólicas. El 21
por ciento de los menores, entre 11 y 15 años, toman alcohol
habitualmente, y el 30 por ciento se ha embriagado alguna vez.

Respecto al consumo de tabaco, el 43 por ciento de los
escolares tienen entre 11 y 15 años de edad y han fumado
alguna vez, y el 21 por ciento lo hacen de forma habitual. El
12 por ciento de los menores de 11 y 15 años han probado el
porro; y el 6 por ciento lo consumen con frecuencia; el uno
por ciento ha probado otras drogas y el 0,5, las consume
habitualmente. Pero vamos al tema de la visualización por los
menores de Televisión Española. Muy brillantemente, en
noviembre del año pasado, mi compañero Enrique Fernández-
Miranda defendió una proposición no de ley para intentar
controlar la proliferación de las escenas violentas en
televisión visualizadas por los menores. Le diré que los
adolescentes entre 15 y 16 años dedican el 46 por ciento del
tiempo de su ocio a ver la televisión. El 43 por ciento de los
comprendidos entre 11 y 15 años la ven de una a tres horas
diarias, y un 19 por ciento la ven cuatro horas o más. El 98
por ciento de los niños entre 7 y 13 años ven la televisión.

Un menor presencia entre doce y trece mil quinientos actos
violentos, catorce mil escenas de sexo y dos mil anuncios de
bebidas alcohólicas. El 10 por ciento de la programación
infantil es publicidad y la mayoría de esos anuncios incumplen
las medidas legales oportunas. Un niño entre 5 y 15 años puede
llegar a presenciar unas 13.500 muertes.

¿Cree, señora Ministra, que estos menores llegarán a ser
adultos formados y preparados? Es lógico que esta sobrecarga
tal de violencia injustificada e irreal produzca alteraciones
notables en la personalidad del menor, que se concretan en el
escaso valor de la vida humana o incluso en la percepción
deformada e irreal de la muerte y el sufrimiento, en una
banalización del terror o en una deshumanización y disminución
del interés por los demás. Todo esto está dando lugar a un
gran aumento de la delincuencia infantil y juvenil. Son
diarias en los medios de comunicación las noticias de que hay
menores que han delinquido, y ha de saber que los juzgados de
menores en el año 1991 conocieron de 26.000 expedientes.

¿Cuál es el marco jurídico actualmente vigente para afrontar
esa realidad del menor tan alarmante, antes expresada, que se
puede desdoblar en protección del menor y reforma o
reeducación en caso de actuación



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delictiva, puesto que estos dos apartados deben estar
engarzados? La mayoría de los menores sobre los que hay que
ejercer medidas de reforma deviene por la falta de medidas de
protección en su momento.

En cuanto al apartado de la reeducación o reforma de los
menores, hemos de decir que la norma aplicable en estos
momentos es la Ley de Tribunales Tutelares de Menores del año
1948 --señores, mucho antes de la Constitución--, que ha sido
reformada posteriormente de manera muy parcial por la Ley
Orgánica 4/1992 en base a una sentencia del Tribunal
Constitucional, la 36/1991, pero reformó solamente el artículo
15 en base a las medidas sancionadoras que se recogían y, sin
embargo, sin ninguna de las garantías. Pues bien, la propia
reforma de esta Ley Orgánica 4/1992 recogía que tenía carácter
de urgencia y que posteriormente se iba a regular en materia
del menor. Pero, ¿qué ha pasado con esa ley penal juvenil,
señora Ministra? Pues que no ha llegado. Después de dos años
es patente, es claro que no se ha vuelto a legislar respecto a
la reeducación y reforma del menor.

Por tanto, nos encontramos, en este sentido, con la mayoría de
edad penal. Nuestro grupo considera que hay una discordancia
entre esa mayoría de edad penal, los 18 años, y la mayoría de
edad civil, los 16 años. Esa discordancia la intenta solventar
el Código Penal en su artículo 65, aplicando la pena en uno o
dos grados a los jóvenes que delinquen entre los 16 y los 18
años. Pero se está comprobando que esto no es eficaz, señora
Ministra, que lo único que supone es que a estos jóvenes, en
un momento dado, lo que se hace es rebajarles la pena
fijándoles una multa, pero no entran en ningún centro de
reeducación, de reforma, continúan en la calle delinquiendo, y
sólo cuando cumplen los 18 años y un día y vuelven a delinquir
se les ingresa y cumplen todos los antecedentes. Hace falta,
por tanto, no sólo la mayoría de edad penal para la
reeducación y reforma, creemos, de los menores infractores,
sino, además, una ley penal juvenil, y que esa ley penal
juvenil recoja qué tipo de procedimiento penal queremos para
nuestros menores, si el sancionador o el educador, que en
estos momentos es ambiguo. Queremos el educador, que nuestros
menores se incorporen a la sociedad, que porque se delinca una
vez no se tenga que volver a repetir.

¿Qué sucede con esos adolescentes y preadolescentes? Le estoy
hablando de los jóvenes de 14 a 18 años que en un momento dado
no tienen una actuación delictiva, pero sí conductas
asociales. Hay que tomar alguna decisión sobre ellos, puesto
que caen en las redes de la prostitución, de las sectas, de
las drogas, etcétera. ¿Qué sucede con los menores de doce años
que delinquen? ¿Por qué no se especializan los titulares de
los juzgados de menores y los fiscales de menores para que
puedan en todo momento conocer de los procedimientos y de la
problemática del menor con una buena especialización? No sólo
se precisan conocimientos jurídicos para eso, sino
conocimientos de psicología, de ciencias sociales que en estos
momentos no se están exigiendo. El Consejo General del Poder
Judicial en su momento llevó a cabo dos cursos de
especialización, pero no es menos cierto que esto se ha
paralizado y que, incluso, en el Ministerio Fiscal nunca se ha
llevado a cabo.

Es por ello preciso que se legisle en este sentido y que se
asignen recursos adecuados y, además, que se aplique un
principio de coordinación entre la Administración de Justicia
y las diferentes administraciones: locales, estatales y
autonómicas. ¿Qué pasa ahora con la protección del menor? Ya
veo que muy adecuadamente su compañera, antes de mi
interpelación, le ha hecho una pregunta que le ha venido a
usted de miedo para lucirse, señora Ministra. Dice usted:
«Efectivamente, ya tenemos aquí el proyecto de ley: es
iniciativa del Ejecutivo.» Eso no es cierto, señora Ministra,
fue iniciativa del Grupo Popular en el Senado, además,
defendida brillantemente por mi compañera Rosa Vindel en
octubre del año pasado y apoyado por la mayoría de todos los
Grupos del Senado, instando al Gobierno para que elaborara un
proyecto de ley de los derechos de la infancia. Ese proyecto
de ley todavía no ha llegado; es cierto que a usted se le dio
el plazo de los años 1993 y 1994, pero también es cierto que
estamos ya en 1994 y usted promete que en pocas semanas lo
tendremos.

Por favor, por caridad, ya no por fe o por esperanza, que son
virtudes teologales que ya estamos casi perdiendo, traiga
usted a las Cortes Generales ese proyecto de ley, señora
Ministra. Pero es que la protección del menor no sólo queda
ahí. ¿Qué pasa con esos juzgados de familia que están tan
sobrecargados y que trabajan hasta nueve y catorce horas?



El señor PRESIDENTE: Señora Barrios, le ruego que concluya.




La señora BARRIOS CURBELO: Concluyo, señor Presidente.

¿Por qué, señora Ministra, no se transfieren competencias?
Sólo habría que modificar la disposición adicional segunda de
la Ley 21 de 1987 y los juzgados de menores podrían conocer de
la readaptación de la reforma de los menores, no sólo en
materia penal, como he dicho, sino en materia de protección
del menor, estarían ubicados en un solo juzgado con auténticos
especialistas y entonces en manos de ellos se podrían
solventar mucho mejor los problemas, puesto que, como usted
sabe, están infrautilizados. Que no caiga en un saco vacío,
señora Ministra. Sé que todos estamos preocupados por los
menores, pero, desde luego, el Grupo Popular está demostrando
en todo momento en las Cámaras que somos nosotros los



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que estamos instando y apechugando con la responsabilidad de
defender a todos estos menores de 14 o de 16 años que sabe
usted que están en tan malas condiciones.

Muchísimas gracias a todos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno,
tiene la palabra la señora Ministra de Asuntos Sociales.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, en primer lugar, quiero referirme
a algunos datos que ha manejado la señora Diputada y que,
según mis referencias, no responden a la realidad. Porque es
verdad que hay muchos problemas con la juventud, muchos
problemas con la infancia y todos queremos resolverlos, los
representantes de todos los partidos políticos y todos los
representantes públicos; pero también es cierto que si
exageramos los datos no vamos a solucionar los temas como se
merecen. Por ejemplo, usted se ha referido a que hay 400.000
menores de edad que son explotados laboralmente en España.

Ayer, precisamente, un diario de gran tirada se hacía eco de
esta referencia y verdaderamente no puede estar más lejos de
la realidad. Esta referencia aparece en el libro: «El drama
del menor en España», cuyo autor es Pepe Rodríguez, y el
propio libro, en la página 198, dice --y se está refiriendo a
los menores de 16 años-- que, según la encuesta de población
activa, el promedio es de 23.850. Y luego dice: Pero la
realidad es que entre 285.000 y 400.000 son económicamente
activos en algún tipo de trabajo. Y hace una referencia según
la cual esa cifra de 400.000 es del movimiento juvenil de
Acción Católica, sin más referencias. Yo creo que no es un
dato
fidedigno, que lo es mucho más el de la encuesta de población
activa. En cualquier caso, es preocupante, porque tanto un
dato como otro son preocupantes, pero la diferencia en cuanto
a la cuantía es extraordinaria.

Efectivamente, en los datos de la EPA de 1989 se recogen
23.850 menores trabajadores, pero, según la encuesta de
población activa del tercer trimestre 1993, esta cifra ha
bajado a 9.600 --son datos actuales--, con lo cual hoy --lo
que da cuenta de la reducción-- se trata de un 0,12 de la
población menor de 16 años, y la actuación de la Inspección de
Trabajo representa el 0,1 del total.

Por consiguiente, a mí me parece muy importante el problema,
pero lo que sí es conveniente es que demos los datos ajustados
a la realidad. Y si todos los datos que ha dado usted son tan
equivocados como éste... También me referiré al de pobreza,
por ejemplo, en que usted ha dado una cifra de 2.260.000, y
esto no encaja con los datos de pobreza de menores que tenemos
nosotros, según los datos de Eurostad de 1991, de las
condiciones de vida de los menos favorecidos de la Comunidad
Europea. En cuanto a los datos por hogares, tenemos que en los
hogares con dos hijos sería el 16 por ciento el que estaría en
situación de pobreza, con lo cual los datos son un poco más
bajos que los que usted da. En cualquier caso y estando de
acuerdo, esencialmente, en el tema, porque creo que es muy
importante el desarrollar los derechos del niño de acuerdo con
la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas -
-que España ha ratificado y que en otros países se ha
desarrollado anteriormente, y recientemente, con posterioridad
a las sucesivas ratificaciones--, sí creo que debemos hacerlo
tanto desde el ámbito constitucional, de reforzar los derechos
constitucionales, como desde el ámbito civil y también desde
el ámbito penal.

La Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, lo que
nos ha facilitado es una visión global del conjunto de
derechos específicos para el menor de edad. Una vez que se
aprueba la Convención fue el Gobierno quien decidió elaborar
un proyecto de ley de derechos del menor --y está en el
proyecto del Partido Socialista en la anterior legislatura--,
con lo cual tampoco es cierto que haya sido debido a la
iniciativa del Grupo Popular --planteada en el Senado, según
usted ha dicho-- el que se hayan iniciado estos trabajos.

Cuando yo llego al Ministerio de Asuntos Sociales me encuentro
ya con un trabajo realizado en la anterior legislatura, muy
avanzado, con sucesivas promesas de mi
predecesora ante las Cámaras, tanto en el Senado como en el
Congreso, refiriéndose a este proyecto de ley de derechos del
menor, con lo cual no es algo que se le haya ocurrido al
Partido Popular, sino que ha sido una iniciativa que ha tomado
el Gobierno una vez que se aprobó la Convención.

El texto que está elaborando el Ministerio de Asuntos Sociales
sí les puedo decir --y contesto no sólo por lucimiento, sino
con la satisfacción de poderlo decir-- que está prácticamente
concluido y que aborda las materias sobre las que tiene
competencia el Estado, naturalmente, que son las de la
legislación civil y procesal y derechos fundamentales, y se
respetan las competencias que tienen en exclusiva, en materia
de menores, las comunidades autónomas.

El texto contempla, por un lado, los derechos específicos de
los niños y niñas y, por otro, aspectos de la atención a los
menores en general y a los menores en dificultad social.

Por un lado, ese reconocimiento expreso de los derechos
fundamentales del menor se concreta en una serie de derechos,
como derecho a la identidad y a la nacionalidad, derecho de
protección frente a las agresiones al honor, a la intimidad
personal y familiar y a



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la propia imagen o derecho a la información, que tendrá que
venir recogido desde dos puntos de vista: por un lado, la
obligación de las administraciones públicas de incentivar
materiales informativos adecuados y, por otro, la facultad de
los propios menores de buscar y recibir información, la
libertad de pensamiento, conciencia y religión --habrá que
tener en cuenta el problema de las sectas, al que creo
recordar que usted también se ha referido-- y el derecho de
formar asociaciones infantiles y juveniles y también a
promoverlas, con ciertos requisitos. También se recoge el
derecho del menor a ser oído; ya está recogido en muchos
textos legales, concretamente en el Código Civil, pero de esta
forma se concretarán aún más y se establecerán todas las
cuestiones que les afecten directamente y en las que puedan
tener ese derecho.

Quiero detenerme específicamente --usted también ha aludido a
ello-- a la protección frente a las agresiones al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este
ámbito es sumamente importante y yo he tenido ocasión de
comparecer en la Comisión del Senado de contenidos televisivos
por la
preocupación que todos tenemos en relación con las imágenes
que aparecen en los medios de difusión.

Ustes ha hecho un elenco --que coincide con los datos que
nosotros tenemos en el Ministerio-- de todas aquellas
visualizaciones que los niños contemplan permanentemente en
los medios de difusión. Creo que tenemos suficientes
argumentos jurídicos --y están en la propia Constitución,
artículo 20.4--cuando, respetando desde una sociedad
democrática como un principio esencial el derecho a la
libertad de expresión, la propia Constitución recoge que ese
derecho a la libertad de expresión y a la libre comunicación
de las ideas y del
pensamiento tiene su límite en los derechos de protección a la
juventud y a la infancia. Creo que en esa línea todo lo que
trabajemos será bienvenido, puesto que se está llegando a una
situación de contacto de los menores con este tipo de
violencia permanente que no les beneficia en absoluto.

Recientemente, el Gobierno ha remitido a esta Cámara el
proyecto de ley de transposición de la Directiva de la
Comunidad Europea sobre coordinación de disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de contenidos televisivos y
precisamente ahí se alude --en desarrollo del artículo 22 de
la Directiva-- a que se garantice que las emisiones no
incluyan programas que puedan perjudicar seriamente el
desarrollo físico, mental o moral de los menores.

Concretamente hace especial referencia a la violencia, a la
pornografía, a la discriminación racial, sexual, religiosa o
de nacionalidad. Es decir, la educación en unos valores que
hagan del niño o del adolescente un futuro ciudadano con
capacidad para integrarse plenamente en la sociedad.

En el proyecto de ley, en el artículo 17 concretamente, se
alude también a que se imponga la obligación de que los
programas que puedan perjudicar a los menores se emitan entre
una determinada banda horaria. Nosotros acordamos que sea
entre las 22 y las 6 horas o, en su caso, se haga la
advertencia oportuna por medios acústicos, ópticos o de ambas
clases. Con esto quiero decir que estamos plenamente de
acuerdo en que hay que tomar medidas respecto a la protección
de los menores en cuanto a su intimidad, a su imagen y también
a lo que reciben por vía de publicidad y por vía de contenidos
televisivos. Con ocasión de la celebración de la Comisión,
también vimos cómo muchas veces los anuncios de las
programaciones posteriores están perjudicando las emisiones y
no se entienden como emisiones que perjudiquen a los niños.

Esto habrá que verlo en el desarrollo de la ley.

También le diré que la ley del menor, la ley de la infancia
que vamos a desarrollar, va a concretar aún más los derechos a
la intimidad y al desarrollo integral del menor, que ya están
protegidos en la Ley 1/1985 del Derecho a la Intimidad, al
Honor, que desarrolló el artículo 18 de la Constitución. En
ese sentido, ya la propia ley establece la posibilidad de que
se tomen medidas cautelares, que han sido a veces muy
criticadas, pero que cuando un juez --recientemente hemos
tenido casos-- ha tomado medidas cautelares para proteger
situaciones de emisión con respecto a menores, me han parecido
muy adecuadas, sobre todo se hacían en aplicación de una
legislación vigente y aprobada por las Cámaras. Vamos a
concretar aún más esas actuaciones y desde el ministerio
fiscal sí que nos consta --aparte del desarrollo de la
circular del año 1993, que fue tan importante, sobre la
actuación del ministerio fiscal en relación con la protección
de menores-- que, tras el desarrollo de dicha circular, la
actividad del ministerio fiscal en este sentido ha sido mucho
mayor. Quería detenerme en ese aspecto de la intimidad por
parecerme especialmente
importante. Además, este anteproyecto de ley que tenemos ya
prácticamente concluido para empezar a remitirlo a todos los
organismos que tienen que hacer sus dictámenes consultivos, a
las asociaciones y a los demás ministerios, también tiene otro
aspecto, que es el que desarrolla todas las instituciones del
derecho civil, y ahí hablamos de una función parental y de
instituciones de protección a la infancia: por un lado, lo que
es el tema relativo a la relación paterno-filial, mejor dicho,
paterno-materno-filial; hablaremos ya de función parental y no
de patria potestad, seguramente por adaptarnos a esa nueva
realidad.




El señor PRESIDENTE: Señora Ministra, le ruego que concluya.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): En
seguida concluyo, señor Presidente.




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También vamos a concretar y a actualizar lo que supuso el
desarrollo de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modificó
determinados artículos del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, y, aprovechando
la experiencia obtenida durante la vigencia de esa ley en
estos años, teniendo en cuenta que se están produciendo
situaciones de desprotección social y que es preciso que las
entidades públicas que hoy ejercen esa labor de guarda en
casos de desamparo y de desprotección puedan tener los
mecanismos suficientes para poder actuar de una forma rápida y
con seguridad cuando se produzcan estas situaciones y puedan
instar de los jueces de una
formainmediata --incluso sin aprobación de los padres
biológicos--, cuando lo indiquen las situaciones específicas,
la privación de la patria potestad, para que esos niños en
desamparo, en situación de abusos, en situaciones de verdadera
gravedad --sólo para estos casos de gravedad, naturalmente--,
puedan ser
atendidos en instituciones de acogimiento o de guarda.

En suma, le quiero poner de relieve la importancia que desde
el Gobierno se ha atribuido a esta ley, a esta normativa.

Efectivamente yo, nada más hacerme cargo del Ministerio de
Asuntos Sociales, cuando comparecí en la Comisión de Política
Social y Empleo de esta Cámara, me comprometí al desarrollo de
esta ley durante el año 1994 y lo que sí les puedo decir es
que yo espero cumplir esto, dado que el trabajo está concluido
y está pendiente de tramitarlo.

Termino ya, señor Presidente, refiriéndome a que el ámbito
penal no se va a desarrollar en esta ley. Es verdad que la Ley
4/1992, que hubo que desarrollar en base a la sentencia del
Tribunal Constitucional de 1991, que declaró inconstitucional
el artículo 15 de la ley famosa de 1948, ha sido una ley de
carácter
provisional y urgente y que ha supuesto fundamentalmente un
avance, porque ha supuesto la posibilidad de que los menores
entre 12 y 16 años sean tratados mediante una serie de medidas
que en muchos casos incluyen la posibilidad de reparar el daño
y también la posibilidad de la suspensión del fallo cuando esa
reparación pueda producirse extrajudicialmente y se vea que se
dan las circunstancias para la reintegración y la
rehabilitación de ese menor, porque a veces son situaciones
circunstanciales. Estoy de acuerdo en que todas esas medidas
tienden, y así lo dice la Ley 4/1992, tienden, naturalmente, a
la integración, a la rehabilitación del menor y, sobre todo,
han de hacerse siempre en interés del menor, y también ha sido
un avance el que la duración máxima de las medidas sea de dos
años. Estamos de acuerdo, por otra parte, en que no es
suficiente, y la propia ley así lo estableció. Naturalmente,
con motivo de la remisión a estas Cámaras del proyecto del
Código Penal habrá que decidir cuál es la mayoría de edad
penal, habrá que decidir qué medidas se toman en el tramo
entre 16 y 18 años, porque esta ley sólo contempla de 12 a 16,
y habrá que ver, además, qué tipo de medidas se establecen. La
solución que se ha dado en derecho comparado es diversa. Hay
lugares donde hay códigos penales juveniles, como es el caso
de Francia o el caso de Alemania, donde hay un código penal
juvenil para esos tramos, e incluso más altos, hay quien tiene
desde los 12 hasta los 20 años; hay otras soluciones en el
marco de los propios códigos penales, y hay soluciones como la
que tenemos aquí: hacer dos tramos: uno de 12 a 16 años y otro
de 16 a 18 años. En cualquier caso, sí es cierto que hay que
acometer esa reforma en breve plazo y, desde luego, cuenten su
Grupo y usted, señora Diputada, y toda la Cámara, con que se
trabaja activamente desde el Gobierno para llevar a cabo esta
reforma legislativa tan necesaria.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra la señora Barrios.




La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, señores diputados, me congratulo de que la
señora Ministra comparta la preocupación que tiene el Grupo
Popular por el tema de los menores, la protección y la reforma
referente a esto, pero no me puedo congratular con su
exposición. Si bien dice que en el programa del Partido
Socialista se recogía y se regulaba esa preferencia hacia el
menor, no es menos cierto que ha sido el Partido Popular el
que ha estado en todo momento en las iniciativas en relación
al mismo.

Dice que el Partido Socialista se ha preocupado de los
menores. Yo siento mucho, señora Ministra, decirle que en este
momento la legislación que se está aplicando a los menores,
tanto en su reeducación como en su protección, es, como les
indicaba
anteriormente, una ley del año 1948 en cuanto a reeducación y
ninguna ley en este momento para su protección. Usted dice que
la va a traer, que incluso la tenía preparada la anterior
titular del Ministerio. Pues, desde luego, sí que han tardado.

Va a ser una ley, estoy segura, completísima, porque me
imagino que desde hace 12 años están ustedes, más o menos,
preparando esta ley de protección de los menores. La verdad es
que quisiera ser menor en este momento, porque iba a estar
maravillosamente protegida. Sí quiero decirle algo respecto a
los datos que usted manejaba. Por lo visto, para usted no
están suficientemente legitimados los jóvenes de Acción
Católica. Lo siento; yo confío en que todos los datos que nos
están llegando son lo suficientemente legítimos, vengan del
Gobierno --que muchas veces, más de una, hemos tenido que
darnos cuenta de que eran falsos-- e incluso de cualquier otra
organización que no sea gubernamental.




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Los miembros del Partido Popular respetamos mucho los derechos
de los demás, incluso de los menores.

Para terminar esta intervención, quisiera leerle una frase,
que dice así: Para ganar el futuro, es preciso conocer nuestro
pasado, reconocer el presente y apostar claramente por todo lo
que falta por hacer, pero huyendo de la autocomplacencia.

Usted en su intervención ha sido autocomplaciente, alegando
que habían hecho algo en el Gobierno cuando no han hecho nada.

¿Sabe quién decía esa frase, señora Ministra? Pues su Director
General de Protección Jurídica del Menor, don Juan Mato Gómez,
en el prólogo a la obra que usted antes ha mencionado: «El
drama del menor en España». Por lo visto, ustedes cuando
prologan libros dicen una cosa y cuando la van a llevar a la
práctica dicen otra. ¿Y por qué? Pues porque en el fondo son
criterios económicos los que les están moviendo. Si estos
menores votaran como hacen los ancianos que llevan ustedes en
el Inserso o los pobres andaluces que han necesitado el PER,
seguro que ya habrían regulado toda la problemática de los
menores, pero como no tienen derecho a voto, les han
abandonado en estos 12 años de gobierno.

Gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! Aplausos.--
Pateos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios. Tiene la palabra
la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.

Siento mucho, señora diputada, haberle oído semejantes
manifestaciones, que me parecen lamentables en esta Cámara,
verdaderamente. (Aplausos.--Rumores.) es verdaderamente
lamentable que se pueda decir que no se ha regulado el tema de
los menores cuando se ha hecho: me he referido a la Ley
4/1992, que se aprobó en la anterior legislatura; me he
referido a la transposición de la directiva en el proyecto de
ley de
transposición; me he referido al trabajo que se venía
haciendo; me he referido, además, a la circular del Ministerio
Fiscal, a la preocupación existente. Decir que porque no
tienen voto no se regula, me parece verdaderamente lamentable
y absolutamente rechazable como ciudadana. Me parece
verdaderamente lamentable y no lo puedo admitir. (Rumores.)
Respecto a si ha sido el Partido Socialista o el Partido
Popular, me parece que en este tema es poco relevante. Yo me
he referido a unos datos cronológicos que tengo sobre la mesa
y los he puesto de relieve. Si hubiera sido el Partido Popular
quien hubiera tomado esta iniciativa, si la llevamos a la
postre a la práctica y solucionamos el tema de los menores, yo
estaría encantada de que fuera así. Tenemos que estar de
acuerdo todos los grupos de la Cámara en hacer la reforma para
los menores y no creo que no sea cuestión discutirlo. De todas
formas, yo he dejado sobre la mesa unos datos que son
cronológicos.

Luego se refiere usted a los jóvenes de Acción Católica como
si yo tuviera algo contra ellos. Nada más lejos, todo mi
respeto. Sí hay jóvenes que están trabajando con verdadera
dignidad y jóvenes con un compromiso religioso y lo estoy
viendo todos los días en mi contacto con las ONG, estoy viendo
el compromiso que adquieren y cómo están trabajando de bien.

¡Por Dios, señora diputada, no me achaque usted que yo rechazo
a los jóvenes de Acción Católica, ni muchísimo menos! Rechazo
unos datos que no encajan con la EPA; según la EPA, son 23.000
y según los jóvenes de Acción Católica, 400.000. Si la EPA
vale para unas cosas, tendrá que valer para todas, me parece a
mí. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.--
Rumores.) Por último, ya para terminar, se refiere usted a un
prólogo de Juan Mato al libro precisamene que hemos citado.

¡Naturalmente! Dice que para ganar el futuro es preciso
reconocer el presente y siempre queda mucho por hacer. En este
tema yo no soy autocomplaciente, ni muchísimo menos. En este
tema no es que se haya hecho mucho como pasa en otros tantos y
haya que seguir avanzando y haya que dar
soluciones a las situaciones que se van planteando. No; es que
en este tema es especialmente importante que llevemos a cabo
la reforma, porque hay cosas que tenemos que hacer en base a
ese desarrollo de la convención y en base a los derechos del
niño. O sea que no se trata sólo de avanzar, sino de hacer una
serie de reformas legislativas y de establecer un marco que
nos permita de verdad tener una protección de los menores y
establecer los tramos de atención a esos menores según sus
necesidades. Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

No iba a intervenir, pero esta pequeña polémica que se ha
desatado entre las dos señoras Diputadas (Varios señores
Diuptados: ¡No!), entre ellas la Ministra, me obliga a
hacerlo, primero, en la línea de expresar el apoyo de mi Grupo
a la necesidad urgente de que haya unas leyes de los menores
en España, porque es un problema realmente grave; en segundo
lugar, para decir que el tema de los menores no se convierta
en un tema de señoras Diputadas y Ministra. Es también un
problema de los Diputados, que no sólo tienen que ser los que
aplaudan las luchas partidistas. Yo pediría en un tema tan
delicado y tan importante como éste, buscar un amplio



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consenso en esta Cámara y que no se convierta en un territorio
de lucha por el poder o de lucha entre partidos.

Por todo ello, quiero expresar mi apoyo tanto a la
intervención de la señora Barrios como a la de la señora
Ministra. Me parecen dos intervenciones que, si se les quita
la pasión de la lucha entre dos partidos políticos, coinciden
en lo esencial que nosotros vamos a defender: la necesidad de
un consenso unánime en esta Cámara, porque es absolutamente
imprescindible que tratemos ahora, antes y después --mejor
ahora, lo antes posible--todas las soluciones jurídicas,
económicas y sociales que necesita un tema tan dramático, tan
angustioso como es el tema del menor; es un tema que
corresponde a la familia, a la señora Diputada, pero también a
todos los miembros de esta Cámara. Me hubiera gustado que para
el debate de esta tema estuviera la Cámara mucho más nutrida
de representantes populares, porque es un tema de una enorme
importancia que nosotros vamos a apoyar en todo el trámite.

Yo pediría que a la moción consecuencia de esta interpelación
que presente el Grupo Popular --mi Grupo la va a apoyar-- sólo
se le quitara aspectos de batalla política partidista para
conseguir el consenso. Seguro que el Grupo Socialista y los
otros grupos de la Cámara también lo van a apoyar. Muchas
gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Alemany.




La señora ALEMANY I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señora Barrios, señora Diputada, me gustaría pedirle
que nos diera la oportunidad también a los otros grupos, y en
este caso al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), de manifestar nuestra postura y de demostrar que,
reiteradamente, ante esta Cámara su preocupación por todas
estas problemáticas, que de manera directa o indirecta inciden
sobre el bienestar, sobre la condición de vida de todos estos
grupos sociales que no pueden valerse ni defenderse por ellos
mismos, ha sido un punto muy importante de defensa. Qué duda
cabe que de entre estos grupos el más amplio e indefenso es el
de la infancia. La infancia es el activo más importante que
tiene un país. De lo que hagamos por los niños y las niñas de
hoy dependerá la sociedad del futuro.

Es necesario crear mecanismos legales, asistenciales que
permitan la protección de la infancia, que aseguren las
condiciones de vida, que les permitan y aseguren crecer,
formarse como personas, con pleno derecho y con plenas
libertades.

Evidentemente, no son ellos quienes pueden reclamar sus
derechos, pero esta Cámara tiene la obligación ética y legal
de velar para salvaguardar su bienestar físico y psíquico,
evitar su
marginación y asegurar una inserción plena en la sociedad. En
definitiva, insisto en hacer que respeten íntegramente sus
derechos, pero quisiera hacer algunas matizaciones. En lo
referente al marco jurídico actual, tanto en el ámbito del
tratamiento de la delincuencia infantil y juvenil, como en el
de la protección y asistencia a la infancia, es evidente que
ha mejorado sustancialmente si se compara con el que existía
hace tan sólo seis años.

Durante este tiempo se ha aprobado la Ley 21/1987, de 11
noviembre, que ha modificado el Código Civil, y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción ha introducido más
garantías y más control en los procesos de acogida, de guarda
y adopción de menores desamparados con la intervención
obligada de las entidades públicas competentes, de las
comunidades autónomas, bajo la ulterior vigilancia del
Ministerio Fiscal y de la instancia judicial competente. Se
impiden así determinadas prácticas de tráfico de menores, que
antes de esta modificación legislativa se producían y se dota
a las instituciones de protección de menores de instrumentos
legales para tratar adecuadamente las situaciones de
desamparo, siempre en favor del menor.

El nuevo marco legal ha hecho posible que unos organismos
competentes se hayan dotado de más recursos materiales y
humanos para poder atender al sector de la infancia marginada.

El Estado español también, como ya ha dicho la señora
Ministra, ha
ratificado, en noviembre de 1990, la Convención sobre Derechos
del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989, que recoge los derechos de
la infancia, y también la Declaración de 1959, y les da un
trato más detallado incorporando elementos que concretan el
alcance de estos derechos.

En materia de tratamiento de la delincuencia juvenil, la Ley
Orgánica del Poder Judicial, de 1985, creó los juzgados de
menores en sustitución de los antiguos tribunales tutelares de
menores y ha establecido que las plazas sean ocupadas por
jueces de carrera, preferentemente especializados en la
materia. Por otra parte, y a propósito de la sentencia del
Tribunal Constitucional 36/1991, de febrero, que declara la
inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Tribunales
Tutelares de Menores, se aprobó la Ley Orgánica 4/1992, de 5
de junio, que reforma la anterior legislación y que regula las
competencias y el procedimiento de los juzgados de menores.

Esta Ley introduce en el procedimiento todas las garantías
derivadas de nuestro ordenamiento constitucional. Establece
que la
competencia de los juzgados de menores alcanza el conocimiento
de los delitos o faltas tipificadas en el Código Penal
cometidos por mayores de 12 y menores de 16 años. Otorga la
instrucción y acusación al Ministerio Fiscal, permite la
asistencia del abogado defensor, amplía sustancialmente el
catálogo de medidas que podrán



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aplicarse al menor, y atribuye la competencia para la
ejecución de estas medidas a las entidades públicas
competentes, también de las comunidades autónomas.

Este desarrollo legislativo se concreta con las disposiciones
que en materia de instituciones públicas de protección y
tutela de menores han dictado también las comunidades para
desplegar sus competencias estatutarias. Estamos, por tanto,
ante un marco legislativo que no se puede calificar
rotundamente de insuficiente e inadecuado con los principios
constitucionales. A pesar de ello, es evidente que en esta
legislación se pueden introducir mejoras y que hace falta un
esfuerzo para completar este proceso de modernización que se
ha llevado a cabo hasta ahora.




El señor PRESIDENTE: Señora Alemany, le ruego concluya.




La señora ALEMANY I ROCA: En materia de protección y
asistencia a la infancia, es necesaria una ley que, en el
marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, regule de una forma unitaria y general los derechos
de los menores que no estén suficientemente regulados o
desarrollados por otras leyes más específicas.

El tratamiento que se da a los derechos de los niños y de los
jóvenes menores de 18 años y la solución que se da a los
problemas generados a su alrededor resulta esencial para
cualquier sociedad, pero esta ley en ningún caso ha de suponer
un desconocimiento de las competencias que también tienen las
comunidades autónomas en esta materia. Habrá que encontrar un
punto de equilibrio razonable entre aquello que corresponde
legislar y reglamentar al Estado y lo que es atribución
exclusiva de los parlamentos autonómicos. Sin embargo, es
necesario que no nos centremos únicamente en este ámbito
puramente legislativo y abordemos también una vertiente
preventiva. En muchas ocasiones, los problemas que padecen los
menores son fruto de situaciones de desestructuración
familiar. Malos tratos, abandonos y otras situaciones
familiares conflictivas tienden a favorecer la delincuencia
juvenil y hacen de estos niños y jóvenes personas infelices.

Por ello la atención y protección de la infancia supone
también protección y atención a la familia.

Permítaseme que insista, una vez más, en la necesidad de crear
un fondo de garantía de pensiones para adelantar el impago de
pensiones en los casos de separción y divorcio, no sólo como
ya se ha dicho tantas veces para restablecer un derecho
atribuido por decisión judicial, sino también para evitar que
se
acrecienten problemas familiares que demasiado frecuentemente
derivan hacia la desestabilización, no sólo familiar sino
también personal con todas las consecuencias que ello supone
para la infancia. El señor PRESIDENTE: Señora Alemany, le
ruego concluya.




La señora ALEMANY I ROCA: Sin duda con medidas preventivas no
sólo protegeríamos los derechos de los menores, sino que
además evitaríamos tener que aumentar las medidas
asistenciales para paliar problemas que no hemos sabido
evitar. Tampoco podemos obviar la influencia que ejerce la
programación televisiva, a la que ya se ha referido la señora
Ministra. No quisiera finalizar esta intervención sin hacer
una referencia a la problemática de la delincuencia juvenil.

Por lo que se refiere al tratamiento de la delincuencia
juvenil, la Ley Orgánica 4/1992, si bien ha supuesto un avance
considerable, no es una norma plenamente satisfactoria puesto
que se trata de una Ley provisional que se limita a resolver
de forma urgente y parcial los problemas de
inconstitucionalidad. Coexiste con el artículo 8.º2 del Código
Penal, que declara la mayoría de edad penal a los 16 años. Por
último, la ley 4/1992 es una norma técnica que resuelve
problemas procedimentales, pero no obedece a ningún modelo de
justicia juvenil. Es el momento, por tanto de revisar...




El señor PRESIDENTE: Señora Alemany, le recuerdo que es un
turno de fijación de posición de cinco minutos y lleva S.S.

casi diez. Tiene treinta segundos.




La señora ALEMANY I ROCA: Pensamos que la reforma debe basarse
en dos puntos principales: la equiparación de la mayoría de
edad penal a la civil en la futura revisión del Código Penal,
a los efectos de garantizar que todos los menores de edad, y
no solamente unos cuantos puedan beneficiarse de una
legilsación penal especial cuando sean acusados de la comisión
de un delito o falta.

Se debe redactar una ley penal definitiva, moderna y
respetuosa con un amplio catálogo de medidas educativas y
resocializadoras. Esta ley debe dirigirse a los mayores de 12
años y menores de 18, pero también habría de...




El señor PRESIDENTE: ¡Señora Alemany!



La señora ALEMANY I ROCA: Pero también habría de tener sus
efectos para los jóvenes entre 18 y 21.




El señor PRESIDENTE: Lo siento, le he concedido el tiempo para
concluir su intervención no para abordar nuevos temas.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a fijar la posición del



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Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con
respecto a la interpelación que ha presentado el Grupo Popular
a través de su portavoz. Estamos de acuerdo --yo creo que en
eso coincidimos todos los grupos de la Cámara-- en que es
necesario tener un marco legislativo que contemple seriamente
los problemas que tiene el menor. En eso estamos de acuerdo y
ya en una interpelación que se produjo la legislatura pasada
un Diputado que ya no está en nuestro Grupo dijo exactamente
lo mismo: «Es necesaria la ley de protección del menor». De
esto hace dos años. Esto no quiere decir que no se haya
avanzado y que no se hayan ido haciendo cosas, pero lo cierto
es que necesariamente hay que ir a esa ley de protección del
menor contemplando todos los aspectos que la señora Ministra
ha dicho, para lo cual contará con nuestro Grupo para debatir,
aportar y defender.

En estos momentos no sólo es necesaria esa ley de protección
del menor, sino que es preciso también que en cuantas leyes
referentes a medios audiovisuales se están debatiendo y
discutiendo en estas Cortes se incluyan los temas de franjas
horarias y las programaciones que se están dirigiendo a la
población infantil y juvenil. Están haciendo muchísimo daño a
nuestros niños, no sólo por la cantidad de horas que pasan
ante el televisor, sino por las programaciones específicas,
que están dentro de franjas horarias que los menores ven y
que, además, les están perjudicando. Y no basta solamente con
hacer modificaciones, sino que debe acometerse desde la
perspectiva de que las cadenas, sobre todo las cadenas
públicas de televisión, no tienen por qué entrar dentro del
mercado de las audiencias sino que deben ser cadenas públicas
de televisión educativas, dirigidas a formar a la población y
a crear opinión.

Nosotros no nos conformamos, única y exclusivamente, con que
pueda haber una legislación que proteja al menor. Consideramos
que además de proteger al menor, las leyes serían accesorias
en casos puntuales. La mejor protección para el menor es
aquella que se desenvuelve en un ámbito en el que recibe
afecto, recibe cariño y recibe comprensión; con una escuela
pública gratuita que le permite el acceso a todos los niveles;
con unas buenas dotaciones económicas, cosa que no se está
produciendo, donde, además, se le enseña a ser una persona
crítica con su entorno, a saber pensar por sí misma, a ser
solidaria, a educarse en la paz, en la solidaridad y en la
ética, sobre todo.

Nosotros pensamos que no se puede ver la situación del menor
aisladamente, en compartimentos: cómo funciona la escuela,
cómo funciona el ámbito de la familia o cómo funcionan las
leyes para protegerlo; es un todo, y como un todo se tiene que
ver. No solamente tiene que ver la Ministra de Asuntos
Sociales en este tema; tienen que ver el Ministerio de
Justicia, el de Educación, el de Sanidad, con los planes
preventivos de salud; tiene que ver el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en cuanto al cuidado
del medio ambiente y en cuanto a lo que es toda la
infraestructura social de la que los menores son receptores y,
además, deben disfrutar también. En definitiva, no podemos
hablar de protección del menor sólo a través de una ley sino
que tenemos que hablar de protección del menor desde una línea
política diferente y, sobre todo, desde una línea política y
económica distinta que no lleve a las familias a situaciones
económicas que las desestructura y que luego después tienen
que recurrir a las subvenciones de los poderes públicos para
poder subsistir, cuando ya se ha producido la
desestructuración y por lo tanto el efecto dañino al menor.

Hay que tratar este tema con la suficiente serenidad, con la
seriedad necesaria, sin
dramatismo. La situación es compleja, difícil, preocupante
para todo el mundo, pero yo creo que desde esta Cámara lo que
habría que decirles a los menores y sobre todo a los jóvenes,
con un cambio de política, es que el mundo es mejor, que se
puede mejorar y que lo que se está buscando desde esta Cámara
es la solución a sus problemas específicos, con ilusión y,
sobre todo, con entereza.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO EN
RELACION CON EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA Y LOS PROBLEMAS
DERIVADOS DE SU APLICACION A TRAVES DEL TURNO DE OFICIO EN LOS
DISTINTOS ORDENES JURISDICCIONALES, ASI COMO LAS PERSPECTIVAS
DE SU REGULACION FUTURA (Número de expediente 172/000049)



El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la posición del Gobierno
en relación con el derecho a la justicia gratuita y los
problemas derivados de su aplicación a través del turno de
oficio en los distintos órdenes jurisdiccionales, así como las
perspectivas de su regulación futura.

Para su defensa, tiene la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, como ustedes saben la justicia en España no es un
servicio público gratuito; las partes en el procedimiento
tienen que pagar los costes procesales, excepto las tasas, a
los abogados y procuradores. Sin embargo, nuestra Constitución
señala el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la
defensa, tanto del detenido como del acusado, y el artículo
6.º del Convenio



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Europeo de Derechos Humanos habla del derecho a la asistencia
de abogado, no solamente el derecho a la designación de
abogado, sino a la asistencia real de abogado, que es mucho
más que una mera asignación formal. Por eso es por lo que el
artículo 119 de nuestra Constitución dice que los españoles
tienen derecho a una asistencia jurídica gratuita. En conexión
con lo anterior, habrá que añadir: en condiciones de igualdad.

Lo que se deduce del ordenamiento constitucional y de los
tratados internacionales sobre derechos humanos, en cuanto a
justicia gratuita, es que los españoles y extranjeros tienen
derecho a la justicia gratuita y en condiciones de igualdad.

Por tanto, es un deber del Estado establecer un sistema de
justicia gratuita que garantice la igualdad en el
procedimiento de todos los españoles y extranjeros bajo la
jurisdicción del Estado español. Hay que compartir que, dada
la penosa situación en la que está en estos momentos la
justicia gratuita y el turno de oficio como forma de llevarla
a cabo, no hay ni justicia, ni es gratuita ni es igual.

Ninguna de las tres condiciones se dan en este momento
realmente en nuestro país. No es justa porque hay un
desequilibrio importante entre las partes, como luego veremos.

No es gratuita porque hay toda una serie de aspectos del
procedimiento, como la prueba, los peritajes o los servicios
prejudiciales, que hay que pagarlos, lo que introduce un
elemento de desigualdad. Por esa razón, tampoco se puede decir
que sea igual ya que hay una situación de desigualdad en
cuanto a las posibilidades de acceder a las pruebas de quienes
no tienen medios para poder sufragarse una asistencia de
abogado, y, además, porque la desmotivación profunda en la que
están muchísimos abogados, que a veces heroicamente funcionan
en el turno de oficio, hace que baje claramente la calidad de
este servicio.

La situación es enormemente grave porque las cifras --que creo
que la gente no conoce bien-- de personas que se acogen al
turno de oficio, a la justicia gratuita, son enormes en
nuestro país y han ido creciendo exponencialmente. Voy a citar
el caso del Colegio de Abogados de Madrid, que es el que más
conozco por ser Diputado por esta Comunidad Autónoma. Las
cifras que facilita se refieren a que la designación de
abogados del turno de oficio, en 1992, constituyeron un 34 por
ciento de todos los litigios tramitados ante los juzgados en
la capital de España. Es decir, prácticamente más de la
tercera parte de los litigios se tramitan con justicia
gratuita. La inmensa mayoría de los juicios penales y un
importantísimo porcentaje de juicios civiles --muchísimos
sobre familia-- se tramitan por la teórica justicia gratuita.

Eso no es raro en el continente europeo. Los demás países que
componen la Comunidad Europea tienen un sistema de justicia
gratuita --bastante mejor que el español, por cierto-- al que
se acoge una enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos. La
evolución en nuestro país es natural, normal, acrecentada
desde que España entra en la Comunidad Económica Europea, a
medida que las ciudadanas y ciudadanos conocen la existencia
de la
posibilidad de acogerse a la justicia gratuita y por tanto
usan ese derecho.

Vamos a ver, rápidamente, cuáles son las características de
este servicio de justicia gratuita de nuestro país para que
nos demos cuenta del problema enorme que constituye su
situación actual, que he calificado de penosa y lamentable al
comienzo de mi intervención. En primer lugar, creo que es un
elemento
políticamente básico. En cuanto al tratamiento de esta
cuestión, hay que decir que el Estado no se responsabiliza
políticamente del derecho a la asistencia gratuita para
personas que no tienen medios para poder sufragar los
honorarios de abogado o de procurador. La gestión está
delegada a los colegios de abogados, existe muy poco control
de la misma y, en última instancia, al existir ese elemento
interpuesto (los colegios de abogados), el Gobierno termina
por no responsabilizarse políticamente en este tema. Cuando
surgen protestas --las ha habido abundantes-- de algunos
abogados en varios colegios de nuestro país por la forma en la
que se está llevando esto a cabo, nunca se sabe a quién
dirigirse, si a los colegios, al Consejo General de la
Abogacía o al Ministerio, puesto que unos se echan la culpa a
otros y, al final, no existe una responsabilidad por parte del
Estado sobre este servicio. Además, la gestión es
profundamente irregular, no diría que es una gestión
absolutamente mala en todos los casos porque, naturalmente,
hay de todo dentro de los miles de abogados que se dedican a
esto, pero sí es una gestión muy irregular. No se sabe
exactamente cuál es el promedio de este servicio en los 82
colegios de abogados que creo que hay en España puesto que al
haberles sido entregada la gestión de este servicio, cada uno
utiliza sus instrumentos particulares, cada uno establece sus
reglas particulares y no es posible saber cómo funciona
unitariamente el servicio de justicia gratuita en nuestro país
porque no lo hace de forma unitaria; es una gestión
absolutamente caótica ya que, como decía anteriormente, hay 82
formas distintas de entender la justicia gratuita al existir,
si no me equivoco, 82 colegios.

Además, es una gestión muy opaca y propicia el cometer abusos.

La semana pasada leíamos en los medios de comunicación que ha
habido una protesta de abogados del turno de oficio en Madrid,
acusando de enchufismo al Colegio de Abogados de Madrid, y no
voy a entrar ahora en el caso concreto, pero lo cierto es que
esta situación se da de forma constante; existen quejas por la
falta de claridad y transparencia en la forma en la que se
llevan a cabo estos servicios. Incluso en algunos colegios hay
servicios que no siguen una lista



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automatizada en el reparto de casos sino que, por ejemplo en
Madrid, hay turnos especiales, como puede ser el turno de
contadores-partidores o el de asistencia al detenido, que no
está controlado por nadie y en el que se siguen unos criterios
absolutamente arbitrarios.

La asistencia, como es sabido, se paga muy mal. La asistencia
gratuita, el turno de oficio, se paga de una forma mísera. Por
poner un solo ejemplo --naturalmente habría que entrar en todo
el elenco de servicios--, en estos momentos el recurso de
casación, que es el recurso técnicamente más difícil de
nuestro sistema procesal, me parece que se está pagando en
torno a las 18.000 pesetas, si bien depende también de los
colegios, puesto que no es exacta la cantidad que se paga en
un colegio o en otro; y no solamente es que se pague poco,
sino que se paga tarde, mal y nunca. Actualmente, el encargado
de efectuar ese pago es el Ministerio, quien lo entrega al
Consejo General de la Abogacia, que a su vez lo entrega a los
colegios y, por último, éstos lo entregan a los abogados; es
decir, existe un rosario de trámites --algunos se han
ahorrado, como por ejemplo en Cataluña y en el País Vasco,
donde hay una transferencia de la gestión económica--que hace
más lento todo este tema. En estos momentos se están pagando
los servicios realizados en el primer semestre del año pasado,
y no en su totalidad sino sólo entre el 60 o 70 por ciento.

La consecuencia de todo ello es lógica. La asistencia letrada
a las personas que se acogen a la justicia gratuita es
absolutamente irregular y de muy baja calidad, aunque, como
decía anteriormente, hay casos y casos. Dadas las formas de
gestión, el sistema de pago y la ausencia de medios, no es de
extrañar que haya una profunda desmotivación en muchos de los
abogados que componen el colectivo de los que se acogen al
turno de oficio. No hay más que ver los sucesivos informes del
Defensor del Pueblo, donde aparecen constantes quejas de
ciudadanos y
ciudadanas sobre la calidad en la forma de administrar este
servicio. Incluso ha habido una queja de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo respecto de los informes en los recursos de
casación ante ese tribunal. Hay una importante baja de
calidad. No podemos establecer estadísticas concretas porque
es imposible, pero todo el mundo sabe que hay casos flagrantes
de
desasistencia, de personas que no han visto nunca a su abogado
hasta el momento en que se lo encuentran en el juicio oral,
que no ha habido visitas a la cárcel. Hay alarmantes cifras de
conformidad en el procedimiento abreviado. Como sabe usted,
señor Ministro, en este caso hay una reforma procesal que hizo
viable una cierta posibilidad de negociación --por citar una
palabra más bien anglosajona-- al comienzo del juicio oral en
el
procedimiento abreviado. Como decía, hay alarmantes cifras de
conformidad en el procedimiento abreviado y algunas de ellas,
sin duda, por desidia de quienes asisten a estas personas.

Naturalmente que esto no es generalizable. Decía al principio
que en casi todos los casos la asistencia letrada en el turno
de oficio tiene características heroicas en el caso de muchos
abogados. Esto no significa que vaya a justificarse el que no
se atienda adecuadamente a quien solicita un asesoramiento o
defensa, que es un derecho constitucional sagrado.

Ocurre, como usted sabe, que muchos de los abogados que entran
en este turno de oficio lo hacen como primer bautismo de
fuego, como forma de fogueo, porque algunos colegios no exigen
que haya una práctica o experiencia previa. De ahí que en
algunas
ocasiones tengamos que reconocer que algunos clientes son
auténticos conejillos de Indias, en los casos de algunas
personas que desconocen las mínimas técnicas procesales. Esto
es lógico, teniendo en cuenta que son personas que se
encuentran por primera vez con estos casos.

Por otro lado, aunque se dice que es justicia gratuita, no lo
es porque los servicios de orientación prejudicial no son
gratis. Una persona que quiere tener un asesoramiento
prejudicial, como es lógico, se encontrará con que no tiene
esa gratuidad. En algunos colegios, de una forma especial, se
han creado servicios de orientación prejudicial aunque no es
algo obligado y esto no entra a formar parte de la justicia
gratuita, que está muy centrada en el procedimiento. Además,
hay aspectos fundamentales. Por ejemplo, lo que yo señalaba
anteriormente sobre el pago a los peritos, certificados que
hay que pedir, o notarios que
intervienen en el procedimiento y que son decisivos en muchas
ocasiones parapoder formar una prueba que establezca una
igualdad procesal en el procedimiento. Estos peritajes...




El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego que
concluya.




El señor LOPEZ GARRIDO: Estos peritajes --ya voy terminando,
señor Presidente-- no son gratuitos, hay que pagarlos y en
muchas ocasiones personas que no tienen medios para pagarlos
se
encuentran en desigualdad clara y flagrante en el
procedimiento porque no tienen posibilidad de allegar una
prueba necesaria, que es costosa.

Por no hablar de corruptelas que se producen en los mismos
justiciables, porque, como usted sabe también, en estos
momentos no hay un control del incidente de justicia gratuita.

Hay personas, que podrían perfectamente pagar unos honorarios
de abogados y de procuradores, que se acogen al servicio de
justicia gratuita y los tribunales, anegados de casos, en
muchas ocasiones no tramitan esta cuestión, lo que hace que
los abogados se conviertan en auténticos investigadores de la
vida privada de alguien que le pide que le defienda para saber
si le puede defender o no, si es gratuito o no ese
procedimiento. Después de haber sido una especie de inspector
de Hacienda, luego le dice que le va a defender.




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Como usted sabe también, todo lo que se refiere a la
regulación jurídica legal de este servicio está en normas
dispersas, caóticas. Es difícil incluso saber cómo está
regulado esto porque hay múltiples normas que regulan este
procedimiento.

En definitiva, tenemos un sistema que se asemeja más bien a la
Beneficencia del siglo XIX, es una justicia gratuita pensada
para pobres. Se puede decir que en este aspecto de la justicia
gratuita hay una justicia para ricos y otra para pobres, o
para ricos, para pobres y para algunos listillos que no son
tan pobres y que se aprovechan de la situación.

Todo esto va a verse agravado --me parece importante
aprovechar esta oportunidad para señalarlo-- por el reciente
proyecto de ley del jurado, que se aprobó por el Consejo de
Ministros del viernes pasado, en el que la posición de las
partes cambia, en el que el juez no va a tener una posición
tan preponderante e inquisitiva como tiene en estos momentos
en el procedimiento, en el que las partes, el fiscal y el
acusado, van a tener que impulsar el procedimiento. Usted sabe
que en estos momentos, en algunas ocasiones, los jueces están
haciendo incluso de abogados. Cuando ven que hay una débil
defensa los jueces tienen una función tuitiva, pero en el
futuro, si se aprueba el modelo procesal establecido en la ley
del jurado, no van a poder desempeñarla. Esto es grave porque
se originaría una desigualdad importantísima entre las partes
en ese procedimiento si no se mejora
sustancialmente la calidad del servicio de la justicia
gratuita. Nosotros creemos que solamente una ley de justicia
gratuita puede establecer un control público de este servicio
real; es decir, que la Administración controle por lo que
paga, controle un servicio público esencial, un derecho
fundamental; una ley que establezca una remuneración adecuada,
que es básico para que haya una calidad mínima de este
servicio, que se extienda al conjunto de los servicios...




El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.




El señor LOPEZ GARRIDO: Ya termino, señor Presidente. Decía
que se extienda al conjunto de los servicios de asesoramiento
que establezca una calidad de servicio, que simplifique los
trámites, que en todo caso mantenga una independencia del
abogado. Lo que nosotros queremos saber es si el Gobierno
piensa así también y por eso hemos presentado esta
interpelación. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno
tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.El señor
MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del
Presidente, señorías, señoría, voy a intentar desarrollar los
problemas que plantea el turno de oficio de manera esquemática
en torno a tres ejes: primero, descripción, diagnóstico de la
situación actual; segundo, metodología de trabajo utilizada
por el Ministerio de Justicia desde el principio de esta
legislatura; tercero, medidas, soluciones que estamos
arbitrando.

Como S.S. sabe, la materia tiene una regulación un tanto
confusa. En principio, la materia está regulada por el Real
Decreto 118/1986, en el cual se establecen las condiciones y
forma de abono de la subvención por las actuaciones de los
abogados de oficio. Muy en síntesis diré que este Real Decreto
prevé que el Ministeriode Justicia, a través del Consejo
General de la Abogacía y dentro del margen general de la
consideración
presupuestaria, subvenciona el servicio del turno de oficio,
que se debe liquidar al propio Consejo General por semestres
vencidos y después de que este organismo justifique realmente
las cuentas. En la actualidad, el sistema derivado de ese Real
Decreto se ha visto complicado por algún acuerdo ulterior, y
en particular, por el del año 1992, que en parte establece un
modelo de retribución diferente al que establecía el Decreto
de 1986. Como S.S. sabe, en el Decreto de 1986 la cantidad
total consignada en los presupuestos se dividía pura y
simplemente por el número de asuntos y, en función de ellos,
se fijaba la retribución, reteniendo un 8 por ciento los
correspondientes colegios a efectos de gestión. Por el
contrario, el acuerdo de 1992
establece un sistema, en principio más razonable, de
retribución en base a unos módulos, pero, ciertamente, el
problema desde el punto de vista del Gobierno está en que el
acuerdo de 1992 choca de alguna manera con el Decreto de 1986
y, en resumen, no hay instrumentos jurídicos adecuados para
garantizar un control razonable y adecuado del gasto público,
además de otros
problemas, muchos de los cuales ha aludido su señoría.

La situación actual plantea problemas evidentes. Veamos
algunos de sus factores. Por un lado, se ha incrementado
unilateralmente el número de procedimientos retribuidos hasta
un total nada menos que de treinta y siete. Entre las
actuaciones retribuidas se han incluido, o bien actuaciones
respecto a las cuales el fundamento legal es más que
discutible, entrevistas, gestiones previas, pretensiones
insostenibles, redacciones de demanda, etcétera, o en las que
no es preceptiva la intervención de abogado, como jurisdicción
voluntaria, expedientes de vigilancia penitenciaria, menores,
juicios de faltas, recursos administrativos, etcétera. El
aumento de actuaciones profesionales alegado, no siempre
suficientemente probado, lleva a una conclusión muy clara: los
colegios de abogados no han podido asumir suficientemente el
compromiso que adquirieron en 1992, por lo menos no lo han
asumido con total homogeneidad,



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porque es verdad, como ha dicho S.S., que hay muy diversos
sitemas según los colegios a que hagamos referencia; pero en
su conjunto podría sostenerse que no se ha podido cumplir el
compromiso que se adquirió en 1992 de control del acceso al
sistema de asistencia jurídica gratuita. Este incremento de
procedimientos de asuntos subvencionados ha determinado en los
últimos años déficit presupuestarios muy importantes, y eso
pese a que desde 1982 a 1994 la correspondiente subvención ha
pasado de 1.102 millones a 5.800 millones de pesetas,
excluyendo País Vasco y Cataluña porque, si se incluyeran, nos
encontraríamos con que habría subido hasta cerca de 8.000
millones de pesetas. No es en modo alguno, por lo tanto, desde
el punto de vista del Gobierno, un problema de la cuantía de
la subvención global, superior, en términos relativos, a la
mayor parte de países de la Unión Europea. El problema está en
otra línea de organización correcta del servicio.

Hay muchas cosas reales que provocan esta situación: por un
lado, la generalidad de los juzgados y tribunales no tramita
las piezas de justicia gratuita. Eso es una evidencia. ¿Por
qué no las tramitan? Los que trabajan cerca del foro lo
conocen. En
realidad, ante la evidente carga de trabajo no es
particularmente estimulante resolver estas piezas cuando de
hecho en cualquier caso el procedimiento debe continuar y el
abogado ya está designado. De ahí que sea razonable,
explicable por lo menos, que los jueces y magistrados
prefieran poner su atención en otros temas que estiman de
mayor relevancia; pero lo cierto es que no se tramitan las
piezas de justicia gratuita.

En segundo término, existe una falta de definición, también de
los contornos del propio derecho de asistencia jurídica
gratuita, en aquellos casos en que no es preceptiva la
intervención del letrado. Sin embargo, por seguir el modelo de
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, o incluso la
del Tribunal Europeo, en torno a aquellos casos en que sería
de justicia (la expresión del Tribunal Constitucional, es de
interés de la justicia, como conoce perfectamente S.S.),
requeriría su participación, a pesar de no ser preceptiva la
intervención del letrado.

En tercer lugar, se ha producido una falta de control
manifiesto de la capacidad económica de los que acceden a la
justicia, dado que se trata de una cuestión deferida a los
propios tribunales y en la práctica, como decíamos, no se
tramitan esas piezas. Como consecuencia de todo lo anterior,
como consecuencia de esa falta de conexión entre el Real
Decreto de 1986 y el modelo retributivo más razonable de 1992,
se ha producido una situación --comparto la valoración de
S.S.--francamente deficitaria en la prestación de este
servicio. Con ello no se agotan los problemas. Los problemas,
además, afectan, también lo ha insinuado S.S., a la calidad
del servicio. Para ello es absolutamente esencial convertir en
un tema central el de la formación de los letrados que prestan
el servicio a la justicia gratuita, el control de los
problemas deontológicos, derivado del ejercicio de las
actuaciones de oficio, o evitar la que, en algunos casos,
efectivamente, se produce: distribución no plenamente
transparente de los turnos.

Finalmente está la cuestión del monto de la compensación por
la prestación de los servicios de asistencia jurídica
gratuita. He indicado que desde mi punto de vista, desde el
punto de vista del Ministerio y del Gobierno, no se trata de
un problema del monto final de la subvención, sino de que se
establezca un verdadero y eficiente sistema de acceso a dicho
servicio. Dicho de otra forma, estamos seguros de que, si
estableciéramos ese mecanismo eficaz de control con la misma
subvención global consignada en partidas presupuestarias, no
solamente sería posible atender un comportamiento eficaz del
servicio público de asistencia de oficio, sino que sería
perfectamente posible mejorar la
retribución de aquellas prestaciones de servicio
particularmente relevantes entre otras, y desde luego
singularmente la actuación ante el Jurado que deberá tener,
sin duda, la protección más alta de todos los servicios porque
difícilmente puede hablarse de un trabajo más complejo que el
derivado de la actuación del Jurado. Este es, desde el punto
de vista del Gobierno, el estado general de la situación. ¿Qué
hemos hecho? Esta sería la segunda parte. Por un lado, se
incrementó la partida presupuestaria --ya está en 5.800
millones de pesetas--, pero de mi propia intervención se
deduce que soy perfectamente consciente de que eso no resuelve
el problema. La verdad es que el trabajo fundamental se ha
orientado en otra línea; se ha orientado en tratar en dos
fases distintas de resolver el problema de una vez por todas.

Por un lado, una fase de urgencia, que ya está prácticamente a
punto de ultimar: ir a un nuevo real decreto que regule el
conjunto de estos problemas; y, en una segunda fase,
concretamente el último trimestre de este año, presentación
ante la Cámara de una ley de asistencia jurídica gratuita. La
técnica utilizada ha sido, como no podía ser otra, mientras no
se cambie el modelo de retribución de la gestión del servicio
público a los colegios de abogados y, por tanto, al Consejo
General de la Abogacía, iniciar un proceso constante de
conversaciones desde septiembre de 1993 con el Consejo General
de la Abogacía. Concretamente, ayer recibía las observaciones
al último de los borradores remitidos por el Ministerio de
Justicia, Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por parte de los representantes
del Consejo General de la Abogacía.

Voy a apuntar, en la medida que la Presidencia me dé tiempo
para ello, alguna de las líneas fundamentales que va a tener
ya ese real decreto de inminente presentación.




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Inminente tramitación, una vez que se logre el acuerdo con el
Consejo General de la Abogacía.

Se regulará, en primer lugar, la subvención destinada a la
abogacía y también al Consejo de Colegios de Procuradores que
hasta ahora, como sabe, no tenía cobertura normativa, y se
reflejarán expresamente sus obligaciones como entidad
colaboradora de la gestión de la subvención y, por tanto de
fondos públicos, con las obligaciones que prevé al efecto el
81.5 de la Ley General Presupuestaria.

Se introducen, a nivel de principios, requisitos de formación
para los abogados inscritos en los servicios de asistencia
jurídica gratuita. Estos requisitos habrán de ser obligatorios
y comunicados preceptivamente al Ministerio de Justicia.

Se terminará con el sistema de remuneración de los
profesionales actuantes, ligada exclusivamente al acto de la
designación y, por el contrario, se propone una vinculación a
la finalización del procedimiento para el que fueron
designados o a la terminación de la actuación, en el supuesto
de actuaciones que no dieran lugar a procedimiento judicial.

Se establece un sistema de retribución modular de las
actuaciones de los profesionalese por tipo de procedimiento y
valoración cualitativa de la verdadera importancia del trabajo
realizado.

Se refuerza notablemente el sistema de verificación del
cumplimiento de los requisitos generales necesarios para
acceder a la justicia gratuita por los peticionarios,
estableciéndose modelo normalizado de solicitud y, sobre todo,
exigiendo que se aporten obligatoriamente documentos
justificativos de su
situación económica, con la finalidad de que exista un previo
filtro inicial en los propios colegios de abogados.

Se prevé, asimismo, la implantación de servicios de
orientación jurídica en todos y cada uno de los colegios de
abogados, como órganos cuyas funciones serán de asesoramiento
e información a los peticionarios del turno de oficio.

Se establece, asimismo, la obligación de los colegios de
abogados y procuradores de garantizar la continuidad de los
servicios de asistencia letrada.

Se establece la obligación de los colegios, tanto en las
denuncias presentadas ante ellos mismos como en las que sean
remitidas por el Ministerio de Justicia, a llevar a cabo las
correspondientes averiguaciones y notificar la resolución que
recaiga al Ministerio de Justicia. Se obliga a los colegios de
abogados a distribuir los asuntos por criterios objetivos y
equitativos, de manera transparente, por especialidades cuando
el número de letrados así lo haga posible.

Se establece una serie de obligaciones de los secretarios
judiciales para garantizar el control de entre los expedientes
de justicia gratuita. Se fortalecen, asimismo, las
posibilidades de control por el Ministerio de Justicia,
estableciéndose la obligación de los colegios de conservar a
disposición del Consejo General y, en su caso, del propio
Ministerio la justificación documental de los servicios
prestados, así como la obligación de llevar registros de
solicitudes que identifiquen, en todo caso, los datos.

De igual modo se prevé la posibilidad de que los usuarios del
servicio puedan reclamar directamente al Ministerio por el
funcionamiento de los servicios colegiales.

Esto es en rasgos generales, y por no abusar del tiempo que he
sobrepasado, de lo que puedo informar a su señoría.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.

Me alegro de que hayamos coincidido en el diagnóstico, por lo
menos en algunos aspectos básicos, aunque no en todo. Lo que
es sorprendente es que hasta este momento no se hubiera hecho
prácticamente nada por solucionar una situación que viene de
muy lejos, porque no es un asunto de meses atrás, sino de
muchos años. Lo que he señalado desde la tribuna era conocido
por los Gobiernos anteriores y, sin embargo, se ha dejado ir
pudriendo la situación sin tomar ningún tipo de iniciativa
real sobre este problema. Creo que hay una importante
responsabilidad en dejar que el asunto haya llegado a la
situación de degradación en que está en estos momentos la
asistencia de la justicia gratuita, algo que la generalidad de
la gente quizá no lo conoce o no lo sufre, pero sí aquellas
personas que tienen que utilizar este servicio.

No coincido en que no es el problema el dinero que se asigna a
esto. Desde luego, no es sólo el problema, y estoy de acuerdo
con que la cuestión no es simplemente de dinero, de asignar
más dinero, sino que requiere una modificación a fondo del
sistema por el que se lleva a cabo y se gestiona ese servicio,
pero en alguna medida sí que tiene parte de culpa ese dinero.

Las cantidades que se están pagando en estos momentos por el
turno de oficio son impresentables y no justifican, pero sí
que explican, que haya una desmotivación importante de quienes
llevan a cabo este servicio. Dice usted que son cantidades
equiparables a las europeas, me ha parecido entender. Tengo
aquí una
estadística del importe gastado en ayuda legal por habitante y
año en determinados países --es una estadística reciente, debe
ser del año pasado o del anterior--, hecha en Francia, en la
que aparece al frente del pelotón --vamos a llamarle así por
dar una terminología ciclista ya que estamos en este momento
con la vuelta a España-- Inglaterra con dos



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mil pesetas y la última es Bélgica con 60 pesetas por
habitante y año. España me parece que está un poquitín por
encima de Bélgica, pero entre medias tenemos a Holanda con
1.200; Suecia con 900; Alemania, 600 y Francia, 140. No
estamos en una situación equiparable a la media comunitaria
sino más bien en la cola de estos países.

Dice que se va a elaborar un real decreto urgente. Yo me
alegro de escucharle el compromiso de traer a esta Cámara una
ley de asistencia jurídica gratuita. Por lo que usted ha dicho
sobre el contenido de este borrador de real decreto, que me
gustaría conocer en toda su integridad, es razonable que se
exija más a los colegios de abogados, que controlen de una
forma mejor la dación de servicio, que haya un tipo de
retribución modular diferente --que no sé exactamente cuál va
a ser el avance que esto signifique--, que haya unos servicios
de orientación jurídica, una distribución por criterios
objetivos. Al fin y al cabo son más bien parches a la
situación actual. Aparte de que, incluso, es dudoso que una
norma inferior a la ley pueda ser utilizable técnicamente,
para desarrollar un derecho fundamental, como es el de la
asistencia gratuita. Debería ser regulado por una ley orgánica
o al menos una ley ordinaria. Ahí estaría el dabate. Pero si
quiere ir al fondo de la cuestión, me parece que un real
decreto no es una norma adecuada.

Lo que hay que hacer es abordar de frente el problema y entrar
en la elaboración de un proyecto de ley de asistencia jurídica
al justiciable, a quien se acoja a la justicia gratuita, en un
plazo más urgente que el que usted ha mencionado del último
trimestre de este año. Los problemas están detectados. He
encontrado en su intervención que lo tiene muy claro en cuanto
a los problemas que hay. Eso es lo fundamental, haber hecho un
buen diagnóstico del asunto. De lo que se trata es de hacer
una regulación legal y cambiar a fondo el problema para que el
uno de enero del siguiente año y con los nuevos presupuestos
podamos encontrar una solución adecuada. A mí me parece que se
debe cambiar radicalmente este sistema, que no ha funcionado y
lo ha reconocido. Los colegios de abogados no han podido
asumir este servicio, aunque lo hayan intentado de buena fe.

Usted ha reconocido que esto no funciona. Creo que hay que
cambiar el sistema. El Estado tiene que responsabilizarse de
verdad de este servicio y hay que ir a un órgano de
dependencia pública con participación de los colegios de
abogados, las asociaciones de consumidores, las asociaciones
profesionales, pero un órgano público que centralice la
gestión de este servicio --la
dependencia del Estado y de las comunidades autónomas sería
indiscutible--, que tramite los incidentes de justicia
gratuita, que controle la distribución por abogados de este
servicio, que haga la gestión económica y a quien se pueda ir
a reclamar, en definitiva a quien es el máximo responsable,
que es el Estado, el Gobierno. No debería escaparse el
Gobierno de esta
responsabilidad, parapetarse detrás de otros organismos
intermedios y afrontar de verdad este problema, porque hasta
que no se pueda responsabilizar a un gobierno de mal
funcionamiento de un derecho fundamental será muy difícil que
este
funcionamiento sea adecuado a lo que exige nuestra
Constitución, nuestros derechos fundamentales y los tratados
internacionales firmados por España. Muchas gracias, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.

Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señoría, el
problema de la rapidez en la búsqueda de soluciones está
ligado a la metodología utilizada. Este Ministerio ha
entendido que era preferible lograr un acuerdo pleno en el
Consejo General de la Abogacía, aunque ello determine la
prolongación en el tiempo. Se iniciaron en septiembre las
conversaciones y espero que se terminen la semana próxima. Me
parecía preferible, y lo sigo entendiendo así, llegar a un
acuerdo pleno con el Consejo General de la Abogacía, porque
sólo en el marco de ese acuerdo pleno se podrá lograr que se
beneficien de manera inmediata los
ciudadanos. Esa sería la primera observación. La segunda
observación alude a los datos económicos. No voy a entrar en
eso porque depende de qué datoutilices de magnitud. Si
utilizas realmente el equivalente a nuestro turno de oficio,
sigo
manteniendo exactamente lo que he dicho y nuestra proporción
total es, por número de habitantes, superior a la inglesa; si
solamente se habla del turno de oficio. Lo que pasa es que
S.S. maneja un dato que incluye otra serie de sistemas de
asistencia social, de ayuda, de oficinas como las que queremos
crear, que se incluyen en la encuesta que usted maneja.

Lo que quería decir, además, es que con la cantidad total bien
distribuida es suficiente, analizándolo comparativamente con
cualquier sistema de la Unión Europea, para retribuir
adecuadamente, con tal de que sólo acceda al sistema quien
realmente es pobre, con todas las connotaciones de la palabra,
en el sentido de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Lo más importante de todo es la coincidencia en cuanto al
fondo. El fondo es que hay que ir a esa vía de asistencia
jurídica gratuita; pero de manera previa una ley de asistencia
jurídica gratuita, por definición, va a ser una ley, como ha
ocurrido en los países de la Unión Europea en que se ha
abordado este tema, con una discusión necesariamente larga,
dilatada, que puede tardar mucho tiempo en su tramitación y
puesta en vigor.




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De ahí que nos haya parecido oportuno seguir manteniendo, como
ha hecho hasta ahora el legislador, por un lado, una
regulación urgente, desde ya, por Real Decreto y, después,
presentar el último trimestre de este año la ley de asistencia
jurídica gratuita. Posponerlo todo a que esta Cámara termine
de aprobar una ley de asistencia jurídica gratuita supondría
dilatar casi año y medio el que se ponga remedio y se den
soluciones concretas, aunque con toda legitimidad se puedan
llamar parches. Es evidente que en el programa inicial del
Ministerio de Justicia estaba la ley de asistencia jurídica
gratuita, pero con esa concreta cronología: último trimestre
de este año. El Ministerio seguirá ateniéndose a la concreta
cronología de prioridades que ya indicó en la presentación de
su programa. Por otro lado, sí me gustaría indicar una
cuestión. Hoy la totalidad del presupuesto que implica al
Ministerio público son 9.000 millones de pesetas. La totalidad
del dinero que se emplea en el servicio del turno de oficio,
computando el Estado en su conjunto, por tanto, tambén
Cataluña y el País Vasco, son más de 8.000 millones de
pesetas. Es una reflexión que he realizado en otros muchos
marcos. Para mí este Real Decreto y la ley de asistencia
jurídica gratuita es la gran oportunidad, pero también la
última
oportunidad.

Nada más. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. ¿Grupos que
desean intervenir para fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.




El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.

Intervengo con mucha brevedad. Nuestro Grupo, en principio,
quiere reconocer la oportunidad de haber presentado esta
interpelación --es la primera vez que se debate este tema en
esta legislatura-- porque ha puesto de manifiesto un cambio
cualitativo en la respuesta del Gobierno cuando habíamos
debatido estos temas en anteriores legislaturas. Siempre
centrábamos el problema del turno de oficio en la asignación
presupuestaria y no salíamos de ahí. Hoy, en cambio, hemos
podido hacer un diagnóstico (que ha hecho el Diputado
interpelante con mucha brillantez, que ha compartido en gran
parte el Ministerio y que comparte mi Grupo Parlamentario),
pero ha habido una respuesta cualitativamente distinta en la
que, además del tema
presupuestario, que, a mi juicio, no es el más importante, se
está hablando de crear un nuevo marco jurídico que regule de
una vez por todas la asistencia gratuita de la justicia.

Es verdad que hay muchos problemas, es verdad que a veces hay
disfunciones entre lo que tendría que ser y lo que hacen los
colegios de abogados por falta de recursos, muchas veces
también por falta de experiencia de muchos letrados que están
en el turno de oficio, y esto requería un marco jurídico
radicalmente distinto que centrara el problema, sobre todo en
un aspecto fundamental: garantizar la asistencia gratuita al
detenido; y esto, repito, no es un problema de dinero, es un
problema de marco jurídico y de que sepamos regular entre
todos lo que debe ser este derecho fundamental. Por tanto, si
bien coincidimos en el diagnóstico, no necesariamente tenemos
por qué coincidir en la terapia que ustedes plantean en la
moción. Nos gustaría coincidir en la moción, y ello será
posible si vamos en una línea constructiva, en base a fijar
algunos criterios que podamos todos consensuar, que orienten
al Gobierno la presentación de este proyecto de ley que
podremos discutir, si los plazos dichos por el Ministro se
cumplen, en el último trimestre de este año. Intervenimos con
satisfacción en este debate porque vemos que el cambio
cualitativo que se produce puede empezar a sentar las bases
para resolver ese problema. En este sentido, encontrarán tanto
el grupo interpelante como en su día el Gobierno, cuando
presente el proyecto de ley, un grupo parlamentario dispuesto
a colaborar.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Casas.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla.




El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, quisiera empezar la fijación de la posición del
Grupo Popular, respecto a esta interpelación del Grupo de
Izquierda Unida, destacando que en la anterior legislatura, en
1992, el Gobierno, apoyado por la misma mayoría, había
iniciado ya el trámite prelegislativo de un proyecto de ley de
asistencia gratuita, afortunadamente abandonado y que no llegó
siquiera a ser remitido a esta Cámara.

Le tengo que decir al señor Ministro de Justicia que es
realmente ambicioso su esfuerzo, el esfuerzo diseñado en el
inicio de esta legislatura, de intentar superar en el marco de
la misma lo que en los 11 años largos precedentes no se llevó
a cabo.

En primer lugar, quisiera señalar que dentro de lo que la
Constitución configura como un deber positivo del Estado, el
que se desprende del artículo 119 de la Constitución (que
proclama el carácter gratuito de la justicia cuando así lo
disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten
insuficiencia de recursos para litigar) se encuadra algo más
de lo que el señor Ministro exponía como --así lo podríamos
definir-- excesos que él ha apreciado, en estos momentos, en
supuestos en los que se concede la justicia gratuita a quienes
pretenden acceder al litigio, a litigar, al proceso y, por
tanto a los medios por los cuales se alcanza la justicia.




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Sin embargo, hay que destacar que en un análisis que el
Colegio de Abogados de Madrid ha llevado a efecto de las
asistencias concedidas a lo largo de los últimos seis años, se
concentra justamente en el ámbito jurisdiccional penal el
mayor número de asistencias concedidas, con el 40,71 por
ciento de las mismas. Es, por tanto, en este ámbito en el que
el principio de defensa, la evitación de la indefensión,
tiene, quizá, el más genuino de los aspectos que deben ser
cubiertos por este servicio público, por este deber positivo
del Estado.

En el ámbito administrativo, por ejemplo, al que hacía
referencia el señor Ministro al hablar de recursos y que
incluye también la jurisdicción contencioso-administrativa,
este porcentaje, en este desarrollo de seis años, sólo ha
alcanzado el 1,21 por ciento. No compartimos en su totalidad
lo que expresaba el representante del Grupo de Izquierda Unida
en su intervención, en lo que pueda significar una absoluta
recusación de la intervención de la organización colegial de
la abogacía en el servicio de asistencia gratuita. Entendemos
que no funciona satisfactoriamente, pero entendemos también
que al abordar la regulación de esta materia --y compartimos
una necesidad urgente, una necesidad que durante tanto años no
ha sido abordada por el Gobierno-- tres
interlocutores son los que deben aparecer en la configuración
de esta norma, que deben ser destinatarios de la regulación
que en ella se establece, y que no son otros que la
organización judicial, los órganos jurisdiccionales; la
Administración, que tiene ese deber positivo de regular esta
materia y de
proporcionar la asistencia que permita la igualdad de las
partes en el proceso; y la abogacía. La abogacía, porque la
Constitución Española, en sus artículos 17 y 24, no permite
ningún tipo de configuración de un defensor público y, por
tanto, es la abogacía la destinataria de esta interlocución
que deberá contemplar la norma.

En ese sentido queremos matizar, en primer término, la
interpelación, porque han quedado dudas sobre algún sesgo o
algún camino que pudiera desviarse de ese mandato, a nuestro
juicio, constitucional.

En segundo lugar, entendemos que hay que determinar claramente
en aquellos procesos, sobre todo civiles, en los que se
produce en este momento un alto porcentaje de asistencia
gratuita --el 41,91 por ciento en seis años--, quiénes tienen
derecho a esa asistencia gratuita para evitar el fraude de la
asistencia estatal de quienes no tienen derecho a ella. Hay
que fijar --como ya se había acordado en ese concierto de
1992, al que se refería el señor Ministro--, con criterios de
eficacia, agilidad y rapidez, quiénes tienen ese derecho.

Entendemos --eso sí-- la reserva de ley, para los criterios
básicos de organización de este servicio, en todo aquello que
afecta a los derechos fundamentales en los que incide: el
derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso
sin dilaciones indebidas y, naturalmente, la interdicción de
la indefensión. Hay que garantizar, en la regulación del
servicio de asistencia gratuita, la libertad y la
independencia del abogado. Esperamos que el señor Ministro no
continúe
propiciandoaquella creencia que ha tiempo albergaba del
defensor público y que espero --de su intervención, así me ha
parecido--que ya haya asumido la necesidad de que la
asistencia gratuita en España, en el marco de nuestra
Constitución, sea desempeñada por esos abogados, en el
concepto que de abogado da la propia Constitución, sujetos en
su actuación solamente a su conciencia y que, por lo tanto,
puedan ejercer con arreglo a criterios de libertad de
independencia su función, porque esa libertad de independencia
es también parte de la libertad e independencia de la
justicia.




El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le ruego concluya.




El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.

Echamos en falta de la intervención del señor Ministro y de la
interpelación del Grupo proponente la mención a la
responsabilidad patrimonial del Estado por el anormal
funcionamiento de este servicio público --que lo es, si lo
consideramos así-- o en todo caso de esta prestación o de este
deber que deberá naturalmente seguirse de un control y
seguimiento por la administración del servicio en términos que
deberán concretarse en una adecuada normación de este
servicio. Finalmente, entendemos que la retribución adecuadaes
un requisito imprescindible. Una retribución adecuada que, en
gran parte, podrá articularse de un control de aquéllos que se
benefician de la asistencia gratuita, de tal suerte que ese
mayor control permitirá acrecer, para la prestación del
servicio y para aquellos que son sus destinatarios, las
cantidades que puedan ser sustraídas en evitación de ese
fraude al que antes hacíamos alusión.

En definitiva, señor Ministro, nos congratulamos de que aquel
diálogo, que fue justamente falta de diálogo en la anterior
legislatura propiciado por su antecesor en el mandato en el
Ministerio de Justicia, se resuelva con una regulación
adecuada, necesaria, imprescindible de la asistencia jurídica
gratuita, que deberá propiciarse con una negociación, con un
diálogo con los interlocutores necesarios, con arreglo al
marco constitucional y a los fines de quienes deben llevar a
cabo esta asistencia jurídica gratuita, en la defensa de los
ciudadanos, en los procesos en nuestro ordenamiento jurídico.

Para terminar, solamente quisiera decir que no es
satisfactoria la situación actual, que es perfectible. Esa
falta de un buen funcionamiento del servicio responde
fundamentalmente a causas de falta de normación,



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de falta de regulación. Hasta ahora y desde siempre hubo una
voluntad de colaboración de la abogacía española --quizá el
mejor valedor-- y, en la confianza y en la esperanza de que
esa colaboración podrá ser reforzada y mejor organizada,
debemos pensar que podremos encontrar la solución y la
regulación adecuada de este servicio de asistencia jurídica
gratuita. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.

El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.