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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 13/04/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 62 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 61
celebrada el miércoles, 13 de abril de 1994



Página



ORDEN DEL DIA:



--Preguntas (Página 3039)



Interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general previstas por el Gobierno para
controlar el gasto público, tanto de la Administración General
del Estado como de sus Organismos Autónomos, Sociedades
Estatales y Entes Públicos con estatuto jurídico especial
(número de expediente 172/000045) (Página 3065)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en relación con la política del
Gobierno sobre la industria militar y de armamento y la
obtención de ayudas de Fondos Europeos para su reconversión, a
la vista del Plan de reestructuración de la Empresa Nacional
Santa Bárbara (número de expediente 172/000046) (Página 3073)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
63, de 14 de abril de 1994.)



Página 3034




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Preguntas (Página 3039)



De la Diputada doña Carmen del Campo Casasús, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué explicación ofrece
el Gobierno sobre los enfrentamientos que tuvieron lugar en la
barriada de «Las Moreras» de Córdoba los pasados 7 y 8 de
marzo? (Número de expediente 180/000380) (Página 3039)



Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro del
Interior: ¿Cuáles son las razones por las que el Sr. Ministro
del Interior se reunió con el ex Director General y el actual
Director General de la Guardia Civil el día antes de la
comparecencia en el Congreso de los Diputados de don Luis
Roldán en la Comisión de Investigación sobre la gestión de los
fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la
Guardia Civil? (Número de expediente 180/000415) (Página 3040)



De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro del Interior: ¿Cuál es la valoración del Ministro
del Interior sobre la efectividad del Servicio de Vigilancia
Aduanera en la lucha antidroga? (Número de expediente
180/000418) (Página 3041)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
modificaciones que el Ministerio de Justicia tiene previsto
recoger en la reforma del Reglamento para la Prestación Social
Sustitutoria? (Número de expediente 180/000410) (Página 3042)



Del Diputado don Antonio Pillado Montero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida para evitar que la
droga circule en los establecimientos penitenciarios? (Número
de expediente 180/000419) (Página 3043)



Del Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno en
relación con la asistencia de uniforme, del Gobernador Militar
de Córdoba y otros altos mandos militares al entierro del ex
Teniente Coronel de la Guardia Civil, Carlos Castillo Quero,
condenado por los trágicos sucesos de Almería de 1981? (Número
de expediente 180/000413) (Página 3044)



Del Diputado don Santiago López Valdivielso, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Defensa: ¿Cuántos soldados de reemplazo
formarán parte del cuarto relevo de nuestras tropas en Bosnia?
(Número de expediente 180/000425) (Página 3044)



De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuándo piensa el
Gobierno remitir a esta Cámara el Proyecto de Ley de
modificación de la LRU para evitar que los profesores de
universidad sean jubilados de forma obligatoria a los 65 años?
(Número de expediente 180/000423) (Página 3046)



Del Diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué razones han motivado la importante desviación
presupuestaria producida en los pagos del ICO con cargo a los
Fondos de Ayuda al Desarrollo durante 1993? (Número de
expediente 180/000426) (Página 3047)



Del Diputado don Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Es el Gobierno



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español partidario de que los Estatutos de la futura
Organización Mundial de Comercio incluyan «la cláusula
social», comprensiva de los derechos sociales y de los
trabajadores y las cuestiones medioambientales, tal como
plantean los gobiernos de Francia y Estados Unidos? (Número de
expediente 180/000432) (Página 3048)



Del Diputado don Felipe Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
el futuro de la empressa Gillette de Alcalá de Guadaira, en
Sevilla? (Número de expediente 180/000431) (Página 3049)



Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.

Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿A qué responde la
conflictividad laboral que está iniciándose en la Sanidad
Pública? (Número de expediente 180/000420) (Página 3050)



Del Diputado don Feliciano Blázquez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son los criterios de compatibilidad en la Sanidad
Pública para desempeñar cargos de designación y mantener vivos
contratos de alta dirección? (Número de expediente 180/000421)
(Página 3052)



Del Diputado don Francisco Gilet Girart, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.

Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo califica la
situación producida en el Complejo Asistencial de Son Dureta,
Palma de Mallorca, a causa del déficit de respiradores en la
Unidad de Cuidados Intensivos? (Número de expediente
180/000422) (Página 3053)



De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración
le merecen al Gobierno las informaciones surgidas a raíz de
las presuntas actividades empresariales y bursátiles
efectuadas por Mariano Rubio, mientras era Gobernador del
Banco de España? (Número de expediente 180/000406) (Página 3054)



De la Diputada doña Luisa Fernanda Rudi Ubeda, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Tiene el Sr. Ministro
intención de dar las órdenes oportunas a la Inspección de
Hacienda para que ésta inicie de oficio una investigación en
relación con las últimas noticias publicadas referentes al
denominado caso IBERCORP? (Número de expediente 180/000414)
(Página 3055)



Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué controles se emplean
en relación al tabaco decomisado desde el momento en que es
decomisado hasta su destrucción o venta? (Número de expediente
180/000416) (Página 3056)



Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué medidas económicas
y sociales piensa adoptar el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para paliar la grave situación económica que
padece el sector pesquero vasco, con motivo de las acciones de
decomiso de pescado últimamente efectuados? (Número de
expediente 180/000405) (Página 3057)



Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de la ampliación de las
zonas declaradas OBJETIVO 5b por la Unión Europea y de su
repercusión para nuestro país? (Número de expediente
180/000408) (Página 3058)



Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Ministerio de



Página 3036




Agricultura, Pesca y Alimentación respecto a la modificación
por parte de la Unión Europea de las ayudas a la producción de
forrajes? (Número de expediente 180/000409) (Página 3059)



Del Diputado don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro,
del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el
detalle de las dos nuevas actuaciones incorporadas al Plan
Director de Infraestructuras referidas a la prolongación de la
Autovía Ciudad Real-Puertollano y línea de velocidad alta F.C.

Manzanares-Ciudad Real? (Número de expediente 180/000411)
(Página 3060)



Del Diputado don Javier Velasco Rodríguez, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas tiene
previstas adoptar el MOPTMA para garantizar el suministro de
agua potable a la ciudad de Teruel? (Número de expediente
180/000412) (Página 3061)



Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene
conocimiento el Gobiero de las irregularidades que se cometen
en el Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos? (Número de
expediente 180/000417) (Página 3062)



Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Estima, como el Tribunal de Defensa de la Competencia, que
subir ahora las tarifas telefónicas es un disparate? (Número
de expediente 180/000424) (Página 3063)



Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente: ¿Se está estudiando de nuevo la posibilidad de
cierre de la línea de ferrocarril Barcelona-Puigcerdá-La Tour
de Carol, en su tramo Ripoll-Puigcerdá? (Número de expediente
180/000430) (Página 3064)



Interpelaciones urgentes (Página 3056)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de la política general previstas por el Gobierno para
controlar el gasto público, tanto de la Administración General
del Estado como de sus organismos autónomos, sociedades
estatales y entes públicos con estatuto jurídico especial
(Página 3065)



En nombre del Grupo Popular defiende la interpelación el señor
Núñez Pérez. Expone que desde hace más de cuatro años el Grupo
Popular ha venido presentando en la Cámara diversas
iniciativas contra la corrupción y el despilfarro, todas ellas
sistemáticamente rechazadas por el Grupo Socialista, que, con
sus votos, ha contribuido a diluir los controles políticos que
son pieza clave de un sistema democrático. Precisa que esta
interpelación fue presentada dos días antes de que el Ministro
de la Presidencia amenazara a los corruptos con meterlos en la
cárcel, y todo ello después de doce años de Gobierno
socialista en los que ni éste ni el Grupo que lo apoya en esta
Cámara han tomado medidas contra los distintos casos de
corrupción. Afirma que la palabra que resume la actitud del
Gobierno durante estos años es la pasividad, que es una de las
más graves formas de irresponsabilidad.

Reconoce que los últimos acontecimientos, tan graves por
afectar a instituciones señeras del Estado, han provocado por
fin reacciones, aceptándose determinadas comisiones
investigadoras y condenas verbales de los presuntos actos
delictivos, pero todavía el Gobierno de don Felipe González no
ha reaccionado con medidas concretas y urgentes que ya
tendrían que estar en esta Cámara. Insiste, sin embargo, en
que la pasividad del Gobierno socialista ha producido
despilfarro y corrupción, lo que ha costado caro a los
contribuyentes españoles pero, sobre todo, ha hipotecado la
credibilidad de la clase política y de las instituciones, lo
cual es gravísimo y obliga a tomar medidas claras, severas y
eficaces y por ellas pregunta la interpelación. Agrega el
señor Núñez que el Gobierno no sólo ha estado pasivo ante los
casos de corrupción sino que ha facilitado todas las fuentes
de las irregularidades aprobando leyes permisivas, fáciles de
sortear y nombrando autoridades administrativas con excesiva
capacidad de maniobra. Ante el notable incremento de las
actividades del sector público, la doctrina financiera y
administrativa,



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así como la jurisprudencia, muestran una preocupación
constante por el control del gasto público, procurando
disponer de un sistema que garantice el manejo objetivo de los
fondos públicos ajustándolo a la ley y asegurando el
cumplimiento de los fines públicos que se persiguen. Expone
que los socialistas, cuando llegaron al poder en el año 1982,
heredaron un fuerte sistema de control del gasto público,
sistema que por lo visto no les dejaba suficiente capacidad de
maniobra y, en aras de una supuesta mayor eficacia
administrativa, flexibilizaron y eliminaron los mecanismos de
control y de legalidad de la ejecución presupuestaria y del
gasto, minimizando el papel de la Intervención del Estado e
introduciendo medidas que favorecen la arbitrariedad y la
discrecionalidad en la gestión de los servicios públicos. Este
proceso ha culminado en los últimos años con la creación de un
número considerable de sociedades estatales y entidades de
Derecho público que someten sus actividades al ordenamiento
jurídico privado, encontrándose la oposición con mayores
dificultades para controlar el gasto público. Por
consiguiente, se encuentran con un disparado descontrol del
gasto público ante el uso alternativo del Derecho, denunciado
constantemente por el Grupo Popular, que no ha actuado movido
por la negra actualidad.

Alude al tema de las contrataciones con abuso de las
adjudicaciones directas y por la vía de urgencia, puesta de
manifiesto en los informes del Tribunal de Cuentas, todo lo
cual ha contribuido a los fenómenos de corrupción de todos
conocidos, y termina manifestando que en un Estado de Derecho
la Administración pública ha de servir con objetividad los
intereses generales, actuando con sometimiento pleno a la Ley
y al Derecho. En nombre del Gobierno contesta el señor
Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), señalando que
el señor Núñez, como suele hacer con cierta frecuencia, ha
expuesto una serie de juicios de valor bastante distantes de
la realidad a que se refiere. Ante las manifestaciones del
señor Núñez, la primera pregunta que se tiene que hacer es
cuál es el sistema de control del gasto público en este país y
si es o no suficiente. Sobre este particular lo primero que
observan es que en nuestro país hay, como mínimo, cuatro
sistemas de control del gasto público. Un primer control
preventivo, vía Presupuestos, que ejerce el Poder legislativo;
un control externo jurisdiccional, ejercido por el Tribunal de
Cuentas; un control interno administrativo, que realiza la
propia Administración y el Ministro de Economía y Hacienda a
través de la Intervención General del Estado, y, por supuesto,
están los controles adicionales parlamentarios a través de la
aprobación de la Cuenta General del Estado o de cualquier otro
tipo de comisiones investigadoras o de otra naturaleza que se
quieran plantear. El señor Núñez plantea si es o no suficiente
dicho control y, al final, el problema especial, que él
califica de flexibilización, de leyes permisivas. Habla
también el interpelante de que los controles son menos
últimamente, afirmación que considera absolutamente incorrecta
y frente a la cual puede decirse exactamente lo contrario, es
decir, que no sólo no se ha producido ninguna eliminación de
mecanismos de control sino que éstos han aumentado.

Ciertamente estos mecanismos han evolucionado y se han ido
adaptando a una Administración cuyo volumen de operación y
objetivos no son los mismos que en años pasados y de ahí que
existan técnicas de control distintas, especialmente a través
de los sistemas de auditoría. Hace referencia a algunos de los
actuales sistemas de control, de los que extrae la conclusión
de que no es cierto que en los últimos años hayan disminuido
los niveles de control sobre el gasto público que realiza el
Estado, aunque sí puede afirmar que se han modificado los
mecanismos anteriores con la idea de agilizar la gestión, pero
sin merma del cumplimiento de la legalidad. Respecto a si va a
hacerse algo de cara al futuro, reconoce que las cosas siempre
son mejorables y, en este sentido, algo están pensando, porque
creen que algo hay que hacer, ya que es imprescindible
reforzar y mejorar las medidas de control del gasto público,
máxime cuando el déficit público es uno de los problemas más
graves que tiene el país y cualquier medida que sirva para
mejorar la situación actual vale la pena que se plantee. En
tal sentido están trabajando en la modificación de la Ley
General Presupuestaria, aunque seguramente pueden hacerse más
cosas y también en ello están trabajando. Por otro lado, han
planteado una nueva legislación sobre contratación pública,
homologándola con las directivas comunitarias, aunque
manteniendo la contratación directa, que parece que tanto
irrita al señor Diputado y que, por lo demás, se produce en
todas las administraciones, seguramente por necesidades de
urgencia o de actuar en momentos concretos.

Replica el señor Núñez Pérez, duplicando el señor Ministro de
Economía y Hacienda.

Para fijación de posiciones intervienen los señores Homs i
Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Ríos
Martínez, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya,



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en relación con la política del Gobierno sobre la industria
militar y de armamento y la obtención de ayudas de Fondos
Europeos para su reconversión, a la vista del Plan de
reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara (Página 3073)



Se suspende la sesión durante unos minutos.

Reanudada la sesión, el señor Presidente expresa al Gobierno
públicamente el malestar que como Presidente tiene que
reflejar, en nombre de los Grupos de la Cámara, por la
reiteración con la que se tienen que producir interrupciones
en el trabajo de las sesiones, sobre todo de los miércoles,
por la ausencia de los miembros del Gobierno encargados de
atender a las distintas iniciativas. Ruega al Gobierno que
extreme el celo en su presencia y en la atención a los
trabajos de la Cámara para que puedan desarrollarse las
sesiones sin interrupción y de manera que no se vean afectados
los intereses de los Grupos que tienen que intervenir en las
distintas iniciativas.

El señor Fernández-Miranda y Lozana, en nombre del Grupo
Popular, agradece y felicita al señor Presidente por su
intervención institucional, reclamando la presencia ordenada
del Gobierno en las comparecencias de los miércoles y
sumándose a la protesta, formalmente manifestada en otras
ocasiones por el Grupo Popular, ante la falta de consideración
que supone para esta Cámara la ausencia de Ministros o su
falta de puntualidad con excesiva frecuencia. En nombre del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende la
interpelación el señor Ríos Martínez, que comienza sumándose a
la declaración realizada por el señor Presidente.

En relación con el plan de reestructuración de Santa Bárbara,
presentado por el INI, que afecta a todos sus centros y
significa reducir su plantilla en 2.100 empleos, señala que no
cabe hablar en este caso del mercado externo sino de que no se
hizo todo lo que se pudo y que, además, se podría haber
realizado de forma distinta. La crisis industrial militar es
un problema que no solamente afecta a España y en los años
precedentes Defensa debería haber preparado con antelación
suficiente los correspondientes planes-programa para llevar a
cabo la coordinación necesaria en la producción. Sin embargo,
el contrato entre Defensa y el INI no ha evolucionado de
manera satisfactoria, dando lugar a que la crisis que en este
momento tenemos en España se vea agudizada por la crisis que
existe a nivel mundial. Alude a algunos de los planes
acometidos por la Comunidad Económica Europea de los que
podríamos habernos beneficiado y, sin embargo, el Gobierno ha
hecho dejación de una política industrial activa, prefiriendo
actuar en el mercado buscando las facilidades de obtener fuera
lo que podía conseguir dentro, en una actitud que al final
puede resultar cara. La empresa Santa Bárbara fue objeto de un
plan de reconversión en el año 1977, que se cumple en cuanto a
reajustes laborales, pero en cambio no se cumple la
contrapartida de inversiones y modernización de cada uno de
sus centros. Menciona otras actuaciones en los años 1990 y
1993, concluyendo que el gran problema de la empresa es que
Defensa ha preferido obtener fuera recursos que podía
conseguir dentro, no encontrando ahora el Gobierno otra
solución que la de anular puestos de trabajo como consecuencia
de la descapitalización de la empresa.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Industria
y Energía (Eguiagaray Ucelay). Comienza pidiendo disculpas por
su retraso, imputable a él y no al Gobierno, y lamentando
haber sido causa de la interrupción de los trabajos del Pleno.

Respecto al plan de reestructuración de Santa Bárbara, espera
que se comprenda su necesidad ante lo razonable del mismo,
aunque sea doloroso, procurando, en todo caso, que tenga los
menores efectos sociales y de costes de empleo. Sin embargo,
es inevitable hacer alguna política de ajuste en esa empresa,
que implica la reducción de la plantilla, aunque no así la de
la producción, que ya está ciertamente reducida.

Expone a continuación algunos datos relativos al mercado de
armamento y la demanda a la baja en los últimos tiempos como
consecuencia de las grandes restricciones presupuestarias en
los diferentes países, así como de la política de desarme
derivada de la ruptura de los antiguos bloques, todo lo cual
ha modificado el entorno en toda la industria de defensa de
todos los países civilizados. Tal situación ha llevado a las
empresas que operan en el sector a una crisis muy profunda y,
como consecuencia, a la necesidad ineludible de adecuarse a la
actual situación del mercado. Expone de manera pormenorizada
las actuaciones realizadas a lo largo de los últimos años en
relación con la empresa Santa Bárbara, con mención de las
importantes inversiones acometidas, lo cual no ha impedido
llegar a la actual situación en que las pérdidas se elevan a
23.000 millones de pesetas en el año 1993, en cuyas
circunstancias no cabían otras alternativas, a su juicio, que
la de racionalizar su actividad, tomando en cuenta las
necesidades de la defensa nacional, así como diversificar
dicha actividad para intentar aminorar el impacto social y
económico que el plan de ajuste y racionalización de la
empresa debe conllevar. Es en esta



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línea en la que se ha acometido el plan, que significará
todavía un exceso de capacidad en relación con la demanda
actual y la previsible de los próximos años. Es un plan a la
baja, respecto del que afirma que a nadie le va a doler más
que al Ministro el esfuerzo que hay que hacer. Replica el
señor Ríos Martínez, duplicando el señor Ministro de Industria
y Energía.

Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y
Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Popular.

Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




PREGUNTAS:



--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN DEL CAMPO CASASUS, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EXPLICACION OFRECE
EL GOBIERNO SOBRE LOS ENFRENTAMIENTOS QUE TUVIERON LUGAR EN LA
BARRIADA DE «LAS MORERAS» DE CORDOBA, LOS PASADOS 7 y 8 DE
MARZO? (Número de expediente 180/000380)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.

Punto IV del orden del día: Preguntas.

Pregunta número 7, de la Diputada doña Carmen del Campo
Casasús, quien tiene la palabra.




La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, señor Ministro
del Interior, la barriada cordobesa de «Las Moreras» sufre
hace tiempo problemas derivados de la presencia de grupos de
narcotraficantes que vienen provocando una situación de
inseguridad y de crispación entre los vecinos. Esta crispación
llegó a su punto máximo las noches de los pasados 7 y 8 de
marzo. Lo que al parecer empezó como un intento de agresión a
sospechosos de narcotráfico, desembocó en más de seis horas en
enfrentamientos entre algún grupo de vecinos y la policía, con
un saldo de varios heridos y cuatro detenidos. La noticia ha
provocado, como es lógico, inquietud en la ciudad de Córdoba y
cierto desconcierto en la opinión pública, puesto que frente a
las explicaciones dadas por el Gobierno Civil, alguna fuerza
política, como Izquierda Unida, ha llegado a calificar de
agresión la actuación policial en este caso.

Para aclarar esta inquietud y esta situación, le formulo la
siguiente pregunta: ¿Qué explicación ofrece el Gobierno sobre
los enfrentamientos que tuvieron lugar en la barriada de «Las
Moreras», de Córdoba, los pasados 7 y 8 de marzo?
Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora del
Campo. Para contestar a la pregunta, en nombre del Gobierno,
tiene la palabra el señor Ministro del Interior.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, debo informar, en primer lugar,
que ya se venían adoptando medidas contra el tráfico de drogas
a causa de las protestas ciudadanas, tanto en el barrio de
«Las Moreras» como en otros barrios de la capital cordobesa,
como «Las Palmeras» y el sector sur. Además, el Gobernador
Civil se había reunido ya en varias ocasiones con
representantes vecinales para tratar la problemática del
tráfico de drogas. Los incidentes a los que se refiere su
pregunta se produjeron, paradójicamente, tras una reunión
celebrada, a iniciativa del Gobernador Civil, con una comisión
de vecinos del barrio de «Las Palmeras», a la que asistió
igualmente el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. En dicha
reunión, celebrada precisamente en el propio barrio de «Las
Moreras», el Gobernador Civil se comprometió a intensificar la
presencia policial en ambas barriadas. El representante de la
Junta de Andalucía se comprometió también a tratar de resolver
determinados problemas relacionados con unas viviendas,
propiedad de la Junta, ilegalmente ocupadas y que son
utilizadas, según los vecinos, para el tráfico de drogas.

Terminada esta reunión sobre las 20 horas del día 7, se
produjo el primer incidente al intentar un grupo de vecinos
agredir a una familia que,
supuestamente, comercia con drogas, lo que tuvo que ser
impedido por la policía utilizando la fuerza ante la oposición
violenta de los vecinos.

El otro incidente tuvo lugar entre la tarde del día 8 y la
madrugada del día 9 de marzo, cuando unas 300 personas se
concentraron en el barrio de «Las Moreras» disponiéndose a
cortar el tráfico en la confluencia de la carretera de
Trasierra con la entrada principal de las barriadas y la vía
férrea del tren de alta velocidad, AVE. Al impedir la policía
estos cortes de vías de comunicación, algunos grupos de
vecinos acosaron a las fuerzas policiales, utilizando toda
clase de objetos contundentes como piedras, palos, etcétera.

Con motivo de estos incidentes, fueron detenidas cuatro
personas, dos de ellas con numerosos
antecedentes policiales, algunos por tráfico de droga. Otra
fue detenida



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e ingresada en prisión, por orden judicial, por lanzar un
ladrillo que alcanzó en el pecho a un funcionario policial. En
la actualidad, la situación parece ser que es de normalidad.

Se siguen teniendo contactos con las asociaciones de vecinos y
sigue habiendo vigilancia policial permanente en estos
barrios.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR SE REUNIO CON EL EX DIRECTOR
GENERAL Y EL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL EL
DIA ANTES DE LA COMPARECENCIA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
DE DON LUIS ROLDAN EN LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA
GESTION DE LOS FONDOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCION
GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL? (Número de expediente 180/000415)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 17,
del Diputado don Luis Ramallo García.

Señor Ramallo, tiene la palabra.




El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro del Interior, al parecer, el día anterior a que
compareciera el ex Director General de la Guardia Civil don
Luis Roldán en la Comisión de Investigación, cuya constitución
aprobó esta Cámara, usted, en unión del actual Director
General de la Guardia Civil, tuvo un almuerzo con él. ¿Puede
decirnos, señor Ministro, para qué tuvo lugar ese almuerzo?
Aparte de eso, si asistió también algún Diputado de esta
Cámara, aunque como no figura en la pregunta está usted en
libertad de contestarlo o no. Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señoría,
no existe ninguna razón causal ni temporal con la Comisión
aludida.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramallo.

El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Las sesiones de control son para controlar al Gobierno. A
usted es difícil controlarlo porque nada ha contestado.

El entonces portavoz del Grupo Socialista Vasco (porque
ustedes tenían grupos plurales), señor Solchaga, luego padrino
político, en unión de don Felipe González, de don Mariano
Rubio, dijo en esta Cámara que la mujer del César no sólo debe
ser buena, sino parecerlo.

Señor Ministro, le ruego que reflexione conmigo. ¿Usted ve
presentable que el día antes de comparecer el señor Roldán en
la Comisión que está investigando su gestión se reuniera con
él? ¿Cree que alguien no va a pensar --y eso va en deterioro
de las instituciones-- que ustedes se reunieran para preparar
la comparecencia?
Hay una persona cercana a usted --luego le diré quién era--
que en 1981 dijo: Hay que hacer la revolución de la
honestidad, a todos los niveles y en todos los campos. El PSOE
defenderá como principios básicos, si llega al Gobierno, la
honradez en el ejercicio de la función pública. Año 1981. Don
Felipe González. Ustedes llegaron al Gobierno diciendo cosas
como éstas: El Gobierno de UCD, señoras y señores Diputados,
no tienen
credibilidad porque ampara, tolera y protege la corrupción.

Señor Ministro, hoy, desde estos bancos, ustedes dan la
impresión que están amparando, protegiendo y tolerando la
corrupción. Donde hoy huele a podrido es en La Moncloa. Hoy,
en el «Boletín Oficial del Estado» huele a podrido. Huele a
podrido en la Dirección General de la Guardia Civil. Huele a
podrido en los billetes de curso legal. Señor Ministro, sean
ustedes responsables, como decía el señor Solchaga en aquella
comparecencia. Hagan ustedes un ejercicio de responsabilidad,
porque en democracia no se responde ante Dios y ante la
Historia. De verdad, de verdad, qué daño le están haciendo a
la democracia. ¿Usted sabe lo que es desayunarse cada día con
una corrupción nueva? Señor Ministro, a usted le considero
honesto. Dé un paso adelante y diga por qué se
reunieron. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señoría,
bien sabe usted que lo que acabo de decir es verdad, que no
existe relación ni causal ni temporal.

Usted es miembro de la Comisión de investigación, en la cual
he comparecido, y puede estar de acuerdo conmigo en que la
finalidad que expone en su discurso es algo que compartimos --
no sus formas--; combatimos toda clase de corrupción. En ello
estamos, señoría. Y no vamos a tolerar, naturalmente, ningún
caso,



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ninguno, tenga usted la completa seguridad. (El señor Ramallo
García: Pues no lo parece.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUAL ES LA VALORACION DEL MINISTRO DEL
INTERIOR SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
ADUANERA EN LA LUCHA ANTIDROGA? (Número de expediente
180/000418)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 20, de
doña Teófila Martínez Saiz, que tiene la palabra.




La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.

En los últimos días ha aparecido una noticia en los medios de
comunicación en la cual se informaba que el Ministerio del
Interior disponía de un informe elaborado por los expertos del
Ministerio, en el que se le indicaba que sería conveniente
apartar al Servicio de Vigilancia Aduanera de la lucha contra
la droga y el blanqueo de dinero.

Señor Ministro, ¿cuál es la valoración que el Ministro del
Interior tiene sobre la efectividad del Servicio de Vigilancia
Aduanera en la lucha antidroga?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Martínez Saiz. Señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señoría,
la valoración --voy a empezar por el final-- es muy positiva y
en ningún momento piensa el Ministerio del Interior prescindir
de este Servicio, si bien depende del Ministerio de Economía y
Hacienda.

Pero es más, la adscripción del Plan Nacional sobre la Droga
al Ministerio del Interior facilita las tareas de
coordinación, tan necesarias para combatir el tráfico de
drogas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Tiene la palabra la señora Martínez Saiz.




La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, me alegro de que usted valore positivamente la
labor hecha por el Servicio de Vigilancia Aduanera en los
últimos años, porque, no en vano, la mayoría de las
importantes
actuaciones las ha llevado a cabo a las órdenes de los jueces
de la Audiencia Nacional, como el señor Garzón o el señor
Bueren, y los únicos funcionarios que han luchado con éxito
hasta ahora y están siendo utilizados para la lucha contra el
blanqueo han sido los del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Sin embargo, señor Ministro, llama la atención que, desde que
en las últimas elecciones el Partido Socialista e ilustres
Diputados de su partido hablaban de la lucha eficaz contra el
blanqueo y contra la droga, todavía ustedes no hayan
posibilitado al señor Garzón que ponga en marcha esa policía,
ese Cuerpo especial de lucha contra la droga y el blanqueo.

Según mis noticias, entre los meses de septiembre y octubre ha
habido reuniones del Gobierno con altos responsables. Al final
de ellas se dijo al señor Garzón y a los responsables del
Servicio de Vigilancia Aduanera que serían apartados de este
Cuerpo los funcionarios de dicho servicio y que sólo los
tendrían como expertos, pero de asesoramiento, no para una
tarea real en la lucha contra el blanqueo y contra el
narcotráfico. Nosotros ya anunciamos que vamos a estar en
contra de que ustedes aparten al Servicio de Vigilancia
Aduanera de la lucha directa contra la droga y el blanqueo.

Hasta ahora ha sido el único Cuerpo que no ha estado
involucrado en ningún caso de corrupción con las mafias de la
droga y sólo han sido éxitos los que ha cosechado este
Servicio de Vigilancia Aduanera. Además, en ningún país del
mundo las responsabilidades de la lucha contra la droga y
contra el blanqueo las lleva un solo estamento del Estado,
para evitar las corrupciones.

Por tanto, señor Ministro, yo le pido que lo piense usted bien
y que, como responsable que es ahora del Ministerio del
Interior, coordinen de verdad la lucha contra la droga y dejen
a un lado las disputas entre ustedes, porque yo sé que los
responsables del Ministerio de Economía y Hacienda están en
buena disposición para que eso se produzca. Ya lo veremos en
la ley de contrabando, ya lo veremos en sus actitudes
posteriores.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Martínez. Señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias. Señora Diputada, me congratulo de que usted, en el
fondo, también coincida en una parte de lo que nosotros
estamos haciendo, hemos hecho ya y se ha presentado en esta
Cámara. En mi exposición de objetivos está perfectamente
reflejado. Señoría, le podríamos facilitar una copia y,
seguramente, se hubiera usted ahorrado esta intervención,
porque recoge prácticamente lo que es el modelo. Las
resoluciones que SS.SS. acordaron



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en la Comisión Mixta Congreso-Senado es lo que ahora existe en
el Ministerio del Interior. Otras veces lo han criticado. No
es necesario, sin embargo, tratar de arrojar dudas sobre otros
Cuerpos policiales para elevar al Servicio de Vigilancia
Aduanera. Deberíamos acostumbrarnos a reconocer la ingente
labor que realizan, tanto unos como otros, en los que es la
asignación de tareas que corresponde a la Guardia Civil, a la
Policía, también al Servicio de Vigilancia Aduanera. Es
intención del Gobierno coordinar --y está coordinando ya--
todas estas actuaciones, motivo fundamental por el cual el
Plan Nacional sobre la Droga está ahora en el Ministerio del
Interior, precisamente por eso: para coordinar todos los
estamentos, nacionales e internacionales, que son
imprescindibles para una lucha eficaz contra el narcotráfico,
para luchar de forma eficaz contra la droga.

Yo le rogaría también un mínimo de coherencia entre lo que
ahora son intenciones (que como usted ve no hay ninguna de
apartar a un servicio que se muestra eficaz en la lucha contra
la droga) y lo que han sido otras críticas anteriores en esta
Cámara sobre la adscripción --no digo S.S., pero sí su Grupo--
del Plan Nacional sobre la Droga al Ministerio del Interior.

Por tanto, ahí podemos coincidir una vez más en este tema, y
yo me
congratulo de que en el fondo usted esté de acuerdo en que
continúen y que, aunque depende del Ministerio de Economía y
Hacienda el Plan Nacional sobre la Droga...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
MODIFICACIONES QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA TIENE PREVISTO
RECOGER EN LA REFORMA DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/000410)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 12, de
la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega.

La señora Rodríguez Ortega tiene la palabra.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Justicia, el desarrollo de la Ley Reguladora
de la Objeción de Conciencia se produce en dos Reglamentos: el
del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que se aprobó
en el año 1985, y el de la Prestación Social, aprobado a
principios de 1988. En ambos casos se recogen cuestiones
relacionadas con el reconocimiento de los objetores, la
incorporación a un puesto de colaboración social, los sectores
en que pueden realizarla y la duración de la misma. En
bastantes ocasiones se ha puesto de manifiesto el excesivo
mimetismo que existe entre el Reglamento de la Prestación
Social y el del Servicio Militar, y además este mimetismo se
observa en mecanismos relacionados con el sistema de
clasificación, con las revisiones médicas necesarias antes de
la clasificación o con el mero hecho de solicitar permisos. El
Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un plan para
mejorar y agilizar la incorporación de los objetores a un
puesto de actividad, y entre las medidas recogidas aparece la
modificación necesaria de los Reglamentos.

Yo entiendo, señor Ministro, que se está realizando desde su
Ministerio una labor muy importante para aumentar el número de
plazas disponible y evitar de esta manera la demora en el
período de incorporación, pero al mismo tiempo y en muchos
casos este período se hace mayor, precisamente por la propia
complejidad de los mecanismos administrativos y burocráticos,
en ocasiones derivados de lo establecido en este Reglamento.

Por este motivo, desearía conocer en qué situación se
encuentran los trabajos relacionados con la reforma de los
Reglamentos, y concretamente le formulo la pregunta siguiente:
¿Cuáles son las modificaciones que el Ministerio de Justicia
tiene previsto recoger en la reforma del Reglamento para la
Prestación Social Sustitutoria? Muchas gracias, señor
Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rodríguez. El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
del Presidente. Señoría, efectivamente, las modificaciones en
materia reglamentaria no pueden ser otras que acomodar el plan
aprobado por el Gobierno a la realidad normativa. En ese
sentido, y de manera general, se prevé la unificación de los
dos Reglamentos actualmente existentes, el regulador del
Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia y el de la
prestación social sustitutoria, para dar, por el contrario,
una regulación unitaria que se corresponda al nuevo organismo
administrativo creado al efecto, la Dirección General de
Objeción de Conciencia. Por otro lado, se prevé una serie de
modificaciones que están en la línea que usted apuntaba en su
pregunta. Se trata, por un lado, de prever expresamente la
posibilidad de celebrar entrevistas personales de manera
previa al reconocimiento de la cualidad de objetor; se prevé,
asimismo, la posibilidad de la renuncia, dentro de
determinadas condiciones que eviten el fraude, a la posición
inicial de objeción



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de conciencia, y se introducen una serie de modificaciones
reglamentarias que tienden precisamente a simplificar los
trámites y a garantizar que no medie un tiempo excesivo entre
el momento en que se verifica la petición y el momento en que
se le adjudica la plaza. En esa línea, a los efectos de que
uno de los trámites burocráticos más complejos deje de existir
y se verifique por el Insalud o por los servicios autonómicos
de salud pública, se prevé evitar la necesidad de la
calificación expresa de apto, al igual que se regula, la
formación específica de los objetores para la práctica de
determinados servicios que en otro caso tendrían la
posibilidad de ser utilizados racionalmente. Se prevé, a su
vez, el incremento de las modalidades de inspección,
estableciendo en todo caso la garantía de que el Estado se
reserve la facultad de rescindir unilateralmente aquellos
convenios en los que no se crearan plazas realmente útiles
desde la óptica de la prestación social sustitutoria y se
adaptan los plazos a la Ley de 1992, lo que a su vez supone
acortamiento; en definitiva, se trata de dar la respuesta
administrativa que se corresponda a los objetivos políticos
del programa aprobado por el Gobierno.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ANTONIO PILLADO MONTERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿PIENSA EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA PARA EVITAR QUE LA
DROGA CIRCULE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS? (Número
de expediente 180/000419)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 21 del Diputado don Antonio Pillado Montero. El señor
Pillado tiene la palabra.




El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Confieso que al formular esta pregunta lo hago con cierta
perplejidad. Me digo a mí mismo y lo dice la gente: ¿cómo es
posible que la droga circule libremente o muy fácilmente en
los establecimientos penitenciarios? ¿Cómo es posible que la
administración penitenciaria no logre impedir que la droga
entre en las cárceles? Un gobierno que no evita que las
cárceles sean una coladera de droga, ¿cómo va a impedir que
ésta entre a raudales en el territorio nacional?
Tengo una gran curiosidad por conocer qué explicación da a
esto el Gobierno, y por eso le pregunto a ver si me saca a mí
y a la ciudadanía de nuestro asombro: ¿Piensa el Gobierno
adoptar alguna medida para evitar que la droga circule en los
establecimientos penitenciarios?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Pillado. El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
del señor Presidente.

Señoría, a mí lo que me asombra es su asombro, porque éste es
un tema recurrente. Si se leen las actas del Congreso de los
Diputados se verá esta misma pregunta y las correspondientes
respuestas de manera sucesiva e indefinida. Seguro que S.S. lo
conoce y lo pregunta por reiterar los datos. La verdad es que
por parte del personal sanitario, se hacen análisis periódicos
de las personas que ingresan en prisión, a base de cacheos
selectivos, periódicos, de los internos, a base de cacheos
individualizados cada vez que hay una visita especial, un bis
a bis, o el ingreso o la vuelta de un servicio, de un permiso,
de cualquier otro motivo que justifique la salida hacia el
exterior, a través, también, de cauces de exploración
radiológica de manera
selectiva; en definitiva, a través de ese conjunto de
mecanismos se logra el objetivo de que simplemente en el
último año se hayan aprehendido más de 24 kilos de diversas
sustancias tóxicas como consecuencia de las medidas activas
realizadas para impedir el acceso de la droga a las prisiones.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Pillado tiene
la palabra.




El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, su contestación me deja todavía más perplejo
si cabe. Si es un tema recurrente, quiere decir que las
medidas que se están tomando no son eficaces, porque, señor
Ministro, sólo caben tres hipótesis ante este problema: o el
Gobierno no sabe, o no puede o no quiere impedir la entrada de
droga en las cárceles. Cualquiera de las tres hipótesis es
mala, es muy mala.

Que el Gobierno no sepa eliminar la entrada de droga en la
cárcel, en un recinto cerrado, sería el colmo, señor Ministro.

Tamaña incompetencia haría pensar que una cárcel es muy
vulnerable y que en ella pueden entrar otro tipo de
sustancias, o de materiales o de objetos no deseados. Que el
Gobierno no pueda evitarlo nos pone ante el problema de la
impotencia para evitar otros muchos males y peligros. Alguno
de ellos ya lo he apuntado, que nuestras costas, nuestros
aeropuertos o nuestras fronteras sean auténticas puertas
abiertas a la droga. O, ¿cómo va a impedir el Gobierno la
proliferación de los mercadillos de droga en nuestros pueblos
y ciudades?



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Tratándose de un recinto cerrado, no concibo que el Gobierno
no sepa o no pueda. Y me queda la hipótesis de que el Gobierno
no quiera impedirlo, y ésta sí que es penosa; que haya que
consentir, tolerar o cerrar los ojos a este tráfico de droga
excuso decirle la calificación que merece, señor Ministro,
incluso penalmente. Señor Ministro, da la sensación de que el
Gobierno ya no controla las cárceles y que ha tenido que
capitular ante las exigencia de los reclusos en vez de
librarlos del problema de la droga.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): El esquema de
su intervención es muy característico: primero da un dato
carente de toda prueba: circula masivamente la droga; y a
partir de ese dato, sobre el que no acredita nada, se limita a
afirmarlo sin un solo indicio de una organización
internacional, de cualquier elemento que permita afirmar esa
realidad, inventando una serie de frases que realmente no
requerían de gran imaginación. La realidad es completamente
diferente. Lo cierto es que hay un control efectivo de la
circulación de la droga en el interior de las prisiones; que
gracias a esos mecanismos efectivos se logra la aprehensión
masiva de gran parte de ella. Algún límite sí que hay. A lo
mejor usted no tendría ese límite, pero resulta que el
Gobierno socialista sí que lo tiene, y es que debe respetar el
marco de la Constitución, el marco de lo que dice el Tribunal
Constitucional y de lo que dicen los jueces de vigilancia
penitenciaria sobre qué medidas son razonables y cuáles no.

Esa es la diferencia. Y lo que está claro es que en ningún
caso se puede supeditar la política de derechos individuales a
evitar a ultranza que puedan existir casos aislados de
penetración de droga. Un repaso de la jurisprudencia de los
jueces de vigilancia penitenciaria, de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, de lo que dice el simple sentido
común sería suficiente para darse cuenta de que se adoptan
todas y cada una de las medidas compatibles con los derechos
individuales. Nosotros creemos en ellos. Contéstese usted
mismo.

Nada más. Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON PEDRO MOYA MILANES, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO EN
RELACION CON LA ASISTENCIA DE UNIFORME DEL GOBERNADOR MILITAR
DE CORDOBA Y OTROS ALTOS MANDOS MILITARES AL ENTIERRO DEL EX
TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL CARLOS CASTILLO QUERO
CONDENADO POR LOS TRAGICOS SUCESOS DE ALMERIA DE 1981? (Número
de expediente 180/000413)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 15,
del Diputado don Pedro Moya Milanés, quien tiene la palabra.




El señor MOYA MILANES: Gracias, señor Presidente.

La pregunta guarda relación con la asistencia del Gobernador
Militar de Córdoba, de uniforme, y de otros altos mandos
militares al entierro del ex Teniente Coronel de la Guardia
Civil señor Castillo Quero condenado por los trágicos sucesos
de Almería de 1981.

Dada la notoriedad de la autoridad asistente al acto, así como
la relevancia de los sucesos de Almería en aquellas fechas y
la posterior condena en los tribunales derivada de los mismos,
es por lo que nos ha parecido oportuno formularle la pregunta
de referencia.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moya.

El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor
Presidente. Señoría, por el propio testimonio personal del
General Serrano, Gobernador Militar de Córdoba, su presencia
en el mencionado sepelio se produjo exclusivamente a título
individual, a título personal, debido a una vieja amistad
familiar.

En todo caso es cierto que no se trató del sepelio de una
personal cualquiera. El fallecido había cometido uno de los
crímenes más detestables que ocurrieron durante el período de
la transición. Aquí nos encontramos con un problema, y es que
no está bien determinado --hay criterios distintos--en qué
condiciones puede un militar acudir a un acto exclusivamente
privado vestido de uniforme.

Pienso, señoría, que esa asistencia de uniforme no fue
correcta, y que si se debía producir por esas razones de
amistad familiar que le he mencionado tenía que haber acudido
vestido de paisano. Así lo ha reconocido el propio General
Serrano que se ha
disculpado por ello.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON SANTIAGO LOPEZ VALDIVIELSO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE DEFENSA: ¿CUANTOS



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SOLDADOS DE REEMPLAZO FORMARAN PARTE DEL CUARTO RELEVO DE
NUESTRAS TROPAS EN BOSNIA? (Número de expediente 180/000425)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 27.

Para formularla, tiene la palabra don Eduardo Cortés.




El señor CORTES MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la Ley Orgánica del Servicio Militar en su
artículo 27 establece que, cuando se produzca el envío de
soldados de reemplazo fuera de nuestras fronteras, habrá de
hacerse con carácter excepcional y ser informado el
Parlamento. Salvo que usted lo haya hecho con carácter
estrictamente
confidencial y no nos hubiéramos enterado ni los propios
diputados, yo le pregunto en estos momentos, señor Ministro,
¿cuántos soldados de reemplazo van a acudir o están ya en el
cuarto relevo de nuestras tropas en Bosnia?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cortés.

El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor
Presidente. Señoría, olvida usted una norma reciente que trata
también este asunto, concretamente la Ley de Plantillas del
pasado diciembre.

En esa Ley de Plantillas, en una disposición adicional, como
usted sabe, se permite a soldados de reemplazo formalizar
contratos de duración corta para convertirse en tropa
profesional y poder participar en ese tipo de misiones en
igualdad de derechos con compañeros suyos que tengan esa
condición de tropa profesional.

Siempre he informado a SS.SS. de la composición de los
sucesivos contingentes que se han relevado en Bosnia. Siempre.

Y les he dicho cuántos soldados de reemplazo, voluntariamente,
formaban parte de ellos. En esta ocasión, señoría, también lo
pienso hacer cuando termine de enviarse el contingente, y sí
le digo que lo hacen con ese carácter voluntario y acogiéndose
a esta nueva modalidad de contratos de la Ley de Plantillas.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Cortés tiene
la palabra.




El señor CORTES MUÑOZ: Gracias, señor Ministro.

El argumento que usted da me parece que, en primer lugar, es
una trampa saducea, y, en segundo lugar, el cambio de
etiqueta. El que a un soldado de reemplazo, a partir de una
determinada ley, se le pueda llamar sol-dado profesional no
cambia su conocimiento ni la esencia del trabajo que tiene que
realizar.

El Partido Popular se ha opuesto desde el primer momento a que
soldados de reemplazo participaran en misiones fuera de España
y las razones son objetivas, no son de capricho.

En primer lugar, las misiones de paz se producen en lugares de
alto riesgo. Naturalmente no se va en misión de paz a un lugar
pacífico. Ese es un punto que hay que tener claramente en
cuenta. En segundo lugar, un soldado que va a ejercer una
misión de paz, a la preparación propia de un soldado debe
añadir otras, como son la diplomacia, como entender que no se
enfrenta a un enemigo, y una serie de cuestiones que hacen que
un soldado en misiones de paz deba tener una preparación
específica completa, mucho más allá de lo que es una
preparación habitual. Todas esas cosas, y fundamentalmente la
sangre fría que hay que llegar a tener en el ejercicio de esas
misiones, sólo se consiguen con experiencia. Y la experiencia,
salvo que usted me demuestre lo contrario, sólo se consigue
por dos vías: una alta cualificación a través de una esmerada
preparación y una larga preparación en el tiempo. Si no se
hace eso, si no se consideran las cosas así, lo único que se
puede conseguir son dos fenómenos: en primer lugar, que el
soldado fracase en su misión de paz, lo cual ninguno queremos,
y, en segundo lugar, que se creen riesgos innecesarios que
podrían ser perfectamente evitados si hubiéramos atendido al
concepto claro de soldado profesional y específicamente
preparado. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Cortés. Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Permítame que le
diga que hablar con tanto aplomo de algo que no se tiene
comprobado y sobre lo que se dispone de una información
limitada corre siempre el riesgo de convertirse en un error.

Todas las naciones que tienen experiencia de verdad, de 20 o
30 años, en misiones de Naciones Unidas utilizan soldados
voluntarios de reemplazo, como es el caso de los países
nórdicos, o Francia. Todos. ¿Por qué va a impedir S.S. a un
soldado de reemplazo que voluntariamente quiere participar en
una misión de paz?
En este momento hay 150 candidatos --y no se ha cerrado
todavía el plazo--para ir en el cuarto contingente que va a
desempeñar sus funciones en Bosnia. ¿Por qué les va a impedir
a estos muchachos hacerlo? Hable con los coroneles que han
mandado las agrupaciones --yo le facilito la reunión--para que
le digan que no hay diferencia entre unos y otros. La sangre
fría que usted menciona, difícilmente le van a tener soldados



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profesionales que en su vida han participado en una misión de
paz. Parece que sugiere, por una especie de inspiración o de
ciencia infusa, que los soldados profesionales se convierten
en más fríos y más capaces. Los soldados de reemplazo son
exactamente iguales, son muchachos de la misma edad y con
frecuencia bastante mejor preparados, académicamente hablando,
que los soldados de tropa profesional.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): gracias, señor
Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUANDO
PIENSA EL GOBIERNO REMITIR A ESTA CAMARA EL PROYECTO DE LEY DE
MODIFICACION DE LA LRU PARA EVITAR QUE LOS PROFESORES DE
UNIVERSIDAD SEAN JUBILADOS DE FORMA OBLIGATORIA A LOS 65 AÑOS?
(Número de expediente 180/000423)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 25, de
la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños.




La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.

¿Cuándo piensa el señor Ministro traer a esta Cámara el
proyecto de ley de modificación de la LRU para evitar que los
profesores de universidad sean jubilados de forma obligatoria
a los 65 años?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro de Educación y Ciencia.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

El proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica de
Reforma Universitaria fue presentado en el transcurso de la IV
legislatura y llegó, como sabe S.S., casi al término de su
tramitación. Decayó como consecuencia de la disolución de las
Cortes en el mes de abril pasado, después de pasar el dictamen
el trámite de la Comisión.

El Ministerio de Educación continúa en esta etapa compartiendo
los criterios que llevaron en su momento a plantear la
actualización de la ley. Por ello, el proyecto decaído,
conforme el compromiso que asumí públicamente ante la Comisión
de esta Cámara, ha sido de nuevo impulsado desde mi
Departamento. Hemos hecho diversas consultas con los sectores
implicados, y puedo asegurar a S.S. que el texto será remitido
muy próximamente a estas Cortes Generales, tras su aprobación
por el Gobierno como proyecto de ley.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Tiene la palabra la señora Fernández de Capel.




La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, esta pregunta tiene historia. Se retiró del
orden del día anterior porque el señor Ministro avisó que no
venía, y luego vino. Volvió a entrar en el orden del día y
como
consecuencia de ello tenemos lo que era de esperar.

Se dice algunas veces de usted, señor Ministro, que usted no
sabe. Pero, señor Ministro, yo creo que usted aprende y
aprende algo que no debe aprender. Sobre todo aprende las
malas formas de su Gobierno y del señor González de decir por
detrás a la prensa lo que no dice en esta Cámara. El sábado
envió a la prensa una nota contestando a esta pregunta, en vez
de hacerlo aquí, diciendo que saldría pronto el proyecto de
ley. Pronto no es nada, pero aclara el sentido de ese impulso
que han dado al proyecto y del impulso que tienen ustedes
intentando vaciar de sentido y de contenido las instituciones.

Si lo urgente que usted decía en septiembre todavía no se ha
enviado en nueve meses de gestación --y era urgente-- y era a
la mayor brevedad posible, según sus palabras, lo necesario y
lo importante tendrá que hacerlo el próximo gobierno, que será
el del Partido Popular, como ya se sabe (Rumores.), porque es
una injusticia, señor Presidente --y así lo decía su grupo el
14 de septiembre--, que los profesores que el año pasado
tenían 64 años se jubilan este año con 65 y a los del año
pasado se les permita jubilarse con 70.

No incido ya en el despilfarro intelectual --porque ustedes
despilfarran hasta la inteligencia y ya lo hemos dicho--
porque decir pronto y tardar nueve meses no significa nada.

Decir que ustedes han impulsado no significa nada, y lo
siento, señor Suárez Pertierra, porque usted, como ciudadano,
tiene toda la credibilidad, pero como ministro de un gobierno
que no puede pensar, sentado sobre un polvorín, la verdad es
que no tiene credibilidad ninguna. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Fernández de Capel.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, voy a procurar seguir sin perder las buenas formas.




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Olvida S.S. que el proyecto de ley contenía una solución que
nos parecía adecuada, el proyecto de ley que decayó. Olvida
S.S. que un compromiso electoral asumido en el programa del
Partido Socialista, que obtuvo la mayoría de los votos de los
ciudadanos. Olvida S.S. --parece-- que se trajo a esta Cámara
por parte del Gobierno un decreto-ley que resolvió
transitoriamente estas situaciones injustas a las que S.S. se
refería. Y ahora asumo el compromiso, y digo que será pronto,
por primera vez, de que muy próximamente el proyecto de ley
entrará en esta Cámara para solucionar el mismo programa, de
una manera o de otra, antes de que comience el próximo curso.

Aprovecho, finalmente, señoría, para decir que es de toda
falsedad el que se haya emitido desde el Ministerio una nota a
la prensa el sábado pasado.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE RAZONES HAN MOTIVADO LA IMPORTANTE DESVIACION
PRESUPUESTARIA PRODUCIDO EN LOS PAGOS DEL ICO CON CARGO A LOS
FONDOS DE AYUDA AL DESARROLLO DURANTE 1993? (Número de
expediente: 180/000426)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 28,
del Diputado don Rafael Hernando Fraile.

Señor Hernando Fraile, tiene la palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué razones han motivado la importante
desviación presupuestaria producida en los pagosdel ICO con
cargo a los Fondos de Ayuda al Desarrollo durante 1993?
Gracias, señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de
Comercio y Turismo, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): En el Parlamento y en la Ley de Presupuestos se
aprueban dos cosas: una, la dotación de presupuesto para
incrementar el Fondo, que es un Fondo de Ayuda al Desarrollo,
y otra, el límite de aprobación del Gobierno. No se aprueban
los pagos o las disposiciones que el ICO hace, que,
evidentemente, son una cifra diferente y lo normal es que lo
sea casi todos los años, porque la aprobación no es lo mismo
que el pago o la disposición.

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando Fraile,
tiene la palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: Me deja usted ciertamente
sorprendido, porque no entiendo que usted pueda pensar que yo
no sé leerme la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que
no sé entender lo que dice el artículo 63. Usted ha pretendido
aquí salirse por la tangente. Es evidente que no son lo mismo
las autorizaciones que los pagos, pero es evidente que la
irresponsabilidad del Consejo de Ministros, al estar aprobando
año tras año dotaciones o autorizaciones prespuestarias muy
por encima de las dotaciones presupuestarias e incluso de los
pagos del ICO, ha provocado una situación de colapso del
sistema. Esa situación de colapso del sistema podemos cifrarla
en estos momentos, señor Ministro, en más de 125.000 millones,
y eso, como usted sabe, está provocando que año tras año los
empresarios que participan en este tipo de operaciones se vean
sorprendidos con las notificaciones del ICO, que, a partir de
julio o septiembre, anuncia que es incapaz de hacer frente a
los pagos.

Ustedes, en la Ley de Presupuestos de 1993 modificaron el
sistema, establecieron un sistema cerrado, y ese sistema,
indudablemente, se ha visto superado por los acontecimientos.

Usted mismo ha pasado por tres fases desde que llegó al
Ministerio: una primera, en la que decía que los Fondos de
Ayuda al Desarrollo se iban a recortar. Una segunda, en la que
defendía, a pregunta de este Grupo y de este Diputado, el
mantenimiento, en las líneas de los presupuestos generales del
Estado, de 80.000 millones para el año 1993, y una tercera
fase, al final del ejercicio presupuestario, aceptando la
evidencia que es la desviación presupuestaria que se ha
producido por un importe superior a los 16.000 millones de
pesetas. A esto hay que añadir su baja eficiencia en el cobro
de los impagos, en el cobro de los atrasos que se han
producido por alguno de los países que ya tendrían que estar
devolviendo esa parte de la deuda. Es evidente que en algunos
casos y en algunos países puede estar justificado, pero es
evidente que en otros casos eso sólo responde a la
ineficiencia por parte de la Secretaría de Estado que usted
dirige.

Nosotros entendemos que hay que modificar el sistema de
concesión de los créditos FAD, que hay que elaborar una nueva
normativa mucho más transparente, mucho más ágil y mucho más
equilibrada.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Hasta que no consigamos eso,
seguiremos andando mal en el tema de los FAD.




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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de
Comercio y Turismo, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Señor Hernando Fraile, le voy a decir primero una
cosa: no se dicen más verdades porque se digan más
impertinencias. Por tanto, vamos a hablar del Fondo, al margen
de los calificativos que usted pueda emplear, como lamentable
y otros adjetivos que usted quiera decir.

El FAD, como usted conoce bien, se nutre por las dotaciones de
incremento al Fondo que figuran en los presupuestos generales
del Estado que se hacen cada año y, en segundo lugar, por los
recobros. La Ley de Presupuestos establece, por tanto, el
incremento del FAD, primero y, segundo, lo que el Gobierno
puede autorizar, que puede coincidir o no coincidir. En el
caso del año al que usted se refiere, los presupuestos para el
año 1993, aprobados en 1992, coinciden en 80.000 millones de
pesetas las dos cosas. Por tanto, el pago no tiene por qué
corresponderse, y si la ley no lo dijese, la autorización
tampoco tendría por qué, porque si el Fondo está nutrido por
la dotación
presupuestaria y además por los cobros, podría autorizarse más
cantidad.

Me dice usted que yo he dicho que primero se iban a recortar
los FAD, que luego he dicho que se mantienen. Como no tengo
aquí el «Diario de Sesiones», no le voy a contestar, no voy a
entrar en esa batalla. Creo que no he dicho nunca que se vayan
a recortar los FAD. Lo que sí he podido decir es que los FAD
cada vez son aplicables a menos países, que es un tema
diferente a que los fondos se recorten o no y que, por tanto,
las decisiones de la OCDE hacen que cada vez se puedan
repartir entre menos países y que las prioridades sean
diferentes.

Usted dice que hay deficiencias en los cobros. Puede ser que
haya alguna deficiencia. Yo no voy a discutir con usted que
los servicios funcionan perfectamente y que todo se hace a la
perfección. Lo que sí le digo es que crecen de forma muy
importante los cobros, que los niveles de pagos son menores y
que, por tanto...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): ...algo estará funcionando.




--DEL DIPUTADO DON RICARDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES EL GOBIERNO ESPAÑOL
PARTIDARIO DE QUE LOS ESTATUTOS DE LA FUTURA ORGANIZACION
MUNDIAL DE COMERCIO INCLUYAN «LA CLAUSULA SOCIAL», COMPRENSIVA
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y DE LOS TRABAJADORES Y LAS
CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES, TAL COMO PLANTEAN LOS GOBIERNOS
DE FRANCIA Y ESTADOS UNIDOS? (Número de expediente 180/000432)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 31,
del Diputado don Ricardo Peralta Ortega. Señor Peralta, tiene
usted la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en las últimas semanas se ha producido, en el
marco de las negociaciones de cierre del GATT, un debate, más
exactamente un forcejeo, acerca del contenido de la agenda de
trabajo de la futura Organización Mundial de Comercio y, en
concreto, de si en esa agenda de trabajo debía incluirse la
denominada cláusula social o no. Esta posición, inicialmente
mantenida por la OIT, y a la que se sumó el Gobierno
estadounidense, fue respaldada seguidamente por el Gobierno
francés, que incluso remitió una carta, a través de su
Presidente, a los Gobiernos de los otros once países de la
Unión Europea planteándoles la necesidad de sumarse a esa
posición. No conocemos la respuesta del Gobierno español,
aunque sí conocemos la opinión de algún alto cargo de la
Administración española que, recientemente, en un diario,
manifestaba, por ejemplo, que el mercado global no pueda
convertirse en una jungla, sin ningún tipo de reglas sociales.

Esto es hoy unánimemente sentido por la población de los
países desarrollados. Por eso, los acuerdos del GATT deben
complementarse con el respeto, por parte de todos los países
beneficiarios, del acervo de libertades y condiciones
laborales mínimas establecidas por los convenios básicos de la
OIT.

Desearíamos saber, señor Ministro, si el Gobierno español es
partidario de que en los estatutos de la Organización Mundial
de Comercio se incluya la denominada cláusula social,
comprensiva de los derechos sociales y de los trabajadores,
así como de las condiciones medioambientales. Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de
Comercio y Turismo, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Señor Presidente, muchas gracias.

Por encima de los temas de forma, voy a entrar al fondo de la
cuestión. Simplemente quería decirle que, por ahora, la
Organización Mundial de Comercio no tiene estatutos y lo que
se va a firmar en Marraquech es un acuerdo que crea la
Organización Mundial de Comercio



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y en el cual se fija una serie de condiciones, pero no tiene
rango de estatutos. La posición del Gobierno en este tema, que
es extraordinariamente complejo --y que además se ha creado un
grado mayor de ambigüedad y confusión cuando, periodística y
socialmente, se ha hablado de «dumping» social, que es un
término extraordinariamente ambiguo con el que pueden
encubrirse muchas medidas proteccionistas o pueden de verdad
ampararse los derechos legítimos de los trabajadores--, es que
creemos que hay un conjunto de temas y cuatro puntos claves
que entendemos que hay que defender. Sobre lo que se va a
debatir en Marraquech, hay un principio de acuerdo respecto a
que la comisión preparatoria que se encarga de constituir la
Organización Mundial de Comercio pueda incluirse, en el orden
del día este tema o no lo pueda incluir; eso es lo que se está
debatiendo. La posición española es que hay cuatro temas que,
desde el punto de vista del
comercio, sí se tienen que tratar, puesto que son cuatro temas
que, a pesar de estar aprobados en el ámbito de la OIT, no se
llevan a la práctica en muchísimos países. Son los siguientes:
la abolición del trabajo forzoso, la limitación del trabajo
infantil, el reconocimiento de los derechos democráticos de
libre asociación sindical y la negociación colectiva.

Entendemos que habría que conseguir que estos cuatro puntos se
debatiesen en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio
y que, por lo tanto, se ligase la liberalización del comercio
mundial al cumplimiento de esas condiciones. No entramos en
algo que es prácticamente imposible, evidentemente, como son
los salarios y los niveles salariales, porque el menor salario
implica, en la mayor parte de los casos, una mucha menor
productividad y una menor formación, que es lo que permite,
por otro lado, que los países del tercer mundo, con menores
salarios, puedan ir
accediendo al desarrollo por esta vía. Creemos que hay que ir
al fondo del asunto, y es que la renta que se está
generando...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro. Ha finalizado su tiempo.

Señor Peralta, tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, evidentemente, el tema es complejo, pero,
precisamente por eso, creo que hay que intentar ser claro. Yo
le agradezco el que, en ese sentido, nos haya manifestado esa
posición favorable a defender la cláusula social que es
posible en un contexto de países tan heterogéneos como son
todos los que firman el GATT. Evidentemente, en ese contexto
es posible plantear esas cuatro condiciones a las que alude
usted, quizá alguna más; pero, sin lugar a dudas, lo
importante es que el Gobierno vaya en esa línea y continúe
trabajando, porque el acuerdo que hay ahora es un acuerdo
ambiguo. Y si en ese marco del GATT es posible trabajar en ese
nivel mínimo, nosotros, señor Ministro, creemos que ésa es una
posición política que debe traducirse en cada nivel. En la
Unión Europea hay que trabajar en un nivel más amplio y, por
supuesto, en el interior de nuestro país hay que mantener esa
misma posición y seguir trabajando. En esa línea, nuestro
Grupo estará dispuesto a apoyar al Gobierno, sin lugar a
dudas.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta.




--DEL DIPUTADO DON FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
EL FUTURO DE LA EMPRESA GILLETTE DE ALCALA DE GUADAIRA, EN
SEVILLA? (Número de expediente 180/000431)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 30,
del Diputado don Felipe Alcaraz Masats.

Señor Alcaraz, tiene la palabra.




El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué futuro ve para la empresa Gillette de
Sevilla, desde todas las vertientes? ¿Qué piensa hacer el
Gobierno? Le ruego que informe a esta Cámara y al presidente
del comité de empresa, que está hoy aquí con nosotros.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de
Industria y Energía, como S.S. sabe, tiene que contestar a la
pregunta tal como ha sido formulada por escrito. Tiene la
palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente, por la aclaración, porque el señor
Alcaraz me pregunta por una cosa distinta a la formulada por
escrito. La pregunta dice: ¿Cómo valora el Gobierno el futuro
de la empresa Gillette de Alcalá de Guadaira, en Sevilla? El
Gobierno tiene que contestar a esa pregunta que lo valora mal;
mal por la actitud de la empresa y mal por el futuro.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Señor Alcaraz, tiene la palabra.

El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, yo creo que no se
quiere contestar, no se quiere responder



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a situaciones muy graves que están sucediendo en Andalucía con
respecto al sector industrial. A pesar de ganar esta empresa
2.300 millones entre el margen industrial y comercial ha
decidido irreversiblemente el cierre, quizá para marcharse a
Polonia o a otro sitio.

El proyecto firme del cierre de la empresa ejecutándose por
los abogados del señor Garrigues Walker dice que uno de los
factores a tener en cuenta es la fecha del 12 de junio en que
se celebran las elecciones autonómicas en Andalucía y las
elecciones
europeas.

¿Cuál es la posición real del Gobierno: entretener a los
trabajadores hasta que pasen las elecciones? Ustedes empezaron
a hablar de boicot a los productos Gillette, el Secretario de
Estado para Empleo, señor Peña; ustedes empezaron a hablar en
Andalucía de que era una decisión ilegal. Ya no hablan de nada
de esto; ya hablan de que se trata de algo comprensible, el
señor Montaner en Algeciras el otro día; el abogado del señor
Garrigues Walker dice que hay que basarse en Maastricht, en la
reforma del mercado laboral, porque pueden irse.

La estrategia cuál es, ¿retirar la actual posición, el actual
chantaje, la actual amenaza y presentar otro esquema a partir
del 12 de junio? ¿Qué gestiones políticas han hecho, puesto
que éste es un problema político, ante el embajador? ¿Qué
recuperación de cuotas de mercado se marcan, teniendo en
cuenta que cedieron todo a través de la compra por Gillette de
Filomatic? ¿Qué política industrial van a tener ustedes? ¿Se
van a entrevistar con el director máximo en Estados Unidos de
la Gillette? ¿Sólo van ustedes a tener una política de orden
público en este aspecto? ¿Van a mantener el tema del boicot?
Porque, desde luego, la gente está pidiendo que haya una
posición de defensa de los intereses nacionales, de la
dignidad nacional; la gente quiere una defensa de la sociedad
civil cuando el Gobierno no hace nada, no tiene política
industrial y usted ni siquiera en este Parlamento se molesta
en responder, señor Eguiagaray, no se molesta en decir nada, y
la gente está esperando que usted diga algo aquí y no sólo a
través de las porras de la policía, como en Linares. Señor
Eguiagaray, le ruego que responda, por la dignidad de esta
Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.

La situación de Gillette es complicada y difícil, como saben
ustedes y que ciertamente le preocupa, a pesar de que se
exprese en un tono bastante más mesurado, a este Ministro, que
ha hecho sucesivas gestiones cerca de la empresa, cerca de los
abogados para tratar de evitar algo que es una decisión que
sigue sien-do firme y que tendrá que ser juzgada en los
términos de la
legislación laboral de este país.

Debo decirle que, frente a sus afirmaciones, la valoración
negativa que he hecho de la decisión de la empresa por parte
del Gobierno y por parte del Ministerio de Industria estriba
precisamente en el hecho de que ésta es una empresa
sucesivamente en beneficios en los últimos tres años, por lo
menos datos o años en los que dispongo de resultados.

Es bien cierto, y es también algo que consta al Ministerio de
Industria, que, dentro de la estrategia multinacional de esta
empresa, hay un exceso de capacidad en un buen número de
plantas del conjunto de la empresa en diferentes lugares de
Europa y en diferentes lugares del mundo, y que en la planta
de Sevilla se fabrican algunos de los productos también
relativamente más maduros, como son las hojas de afeitar de
doble filo. Dicho eso, que, sin embargo, me parece
especialmente lamentable por el período en el que se ha
presentado el expediente y por la decisión firme de la
empresa, creo que la posición de un Ministro y la posición del
Gobierno no es el hacer una soflama, como la que usted hace,
sino, en todo caso, hacer las gestiones oportunas para
retrasar todo lo posible y, en segundo lugar, para tratar de
ver, si eso es posible, darle la vuelta, aunque hasta ahora
todas esas gestiones --y lo debo decir, señor Alcaraz-- no son
gestiones que hayan tenido éxito. Me parece que es importante
el que a los ciudadanos no les engañemos, porque hay
decisiones que las empresaspueden, en el marco de la
legislación, tomar, lo cual no le corresponde a un Gobierno
decidir, sino, en todo caso, a la legislación laboral y,
eventualmente, a los jueces.

Me parece, y lo he calificado alguna vez, que por el momento y
por la forma en que se había planteado, me parecía una
provocación hecha en Andalucía, así lo he dicho. Pero no estoy
a favor de campañas contra las ventas; no estoy a favor de la
creación de un clima, como éste que está defendiendo, contra
las multinacionales...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ha terminado su
tiempo. Muchas gracias, señor Ministro.

Antes de pasar a la pregunta siguiente, quiero indicarles,
señorías, que en la tribuna tenemos el honor de tener con
nosotros a una representación de la Cámara de Senadores y de
la Cámara de Diputados del Congreso de Méjico. Creo que
expreso en nombre de todos ustedes el deseo de saludarles y
darles la bienvenida a esta Cámara y desearles que el trabajo
que esta semana están celebrando con parlamentarios españoles,
especialmente con una representación del Senado, sea
verdaderamente fructífero y eficaz. (Aplausos.)



--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO



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POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA. SRA. MINISTRA
DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿A QUE RESPONDE LA CONFLICTIVIDAD
LABORAL QUE ESTA INICIANDOSE EN LA SANIDAD PUBLICA? (Número de
expediente 180/000420)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 22,
del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, que tiene
la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, ¿a qué responde la conflictividad
laboral que está iniciándose en la sanidad pública?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Fernández-Miranda.

Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, yo no creo que existan razones fundadas que permitan
hablar de una especial conflictividad en la sanidad pública o,
al menos, de una conflictividad de una relevancia
significativa, más allá de la propia dinámica de una
organización tan compleja como es el sistemanacional de salud,
en el que trabajan 170.000 profesionales en más de cincuenta
categorías profesionales. En este momento el único conflicto
que tenemos es la huelga
convocada por los médicos internos residentes, que es seguida
por 1.800 médicos en ocho hospitales de la red en Madrid y
Cantabria frente a los 6.300 que componen este colectivo y
para cuya resolución tenemos abierta la negociación,
celebrándose las reuniones conducentes a la búsqueda de una
solución.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra. Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, efectivamente no conoce usted lo
que está pasando en la sanidad real en este país. (Rumores y
protestas en los bancos del Grupo Socialista.) Puede ser que
usted conceda poca importancia a que los médicos internos
estén en huelga desde el día 12 hasta el día 19. (Continúan
las protestas.--Varios señores Diputados pronuncian palabras
que no se perciben.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Puede ser que usted
considere poco significativo el número y lo que no sabe,
señora Ministra, y parece mentira, es que precisamente están
en huelga porque no han sido ustedes capaces de dialogar con
ellos y les están acusando, simple y llanamente, de bajarles
el sueldo. No se ha enterado la señora Ministra de que en el
Hospital Clínico los médicos de plantilla son solidarios con
esta huelga, son médicos de plantilla que se van a salir de
todas las comisiones de participación del hospital, hospital
en el que ha tenido que ser cesado el Gerente porque se salta
a la torera los convenios con la Universidad Complutense. No
sabe la señora Ministra que tiene trabajadores de la
lavandería del Hospital Ramón y Cajal
manifestándose en la puerta del centro y amenazando con huelga
porque, a su vez, han sido amenazados con el despido, con una
regulación salvaje de plantilla. No sabe la señora Ministra
que tiene planteado un contencioso-administrativo en el
Hospital Provincial de Ciudad Real porque obliga y coacciona a
los trabajadores de ese hospital para que se integren en el
Insalud. No sabe la señora Ministra que los directores médicos
y los gerentes reciben denuncias en el Hospital Ramón y Cajal,
en el Doce de Octubre, en el Hospital de Cuenca y en tantos
otros de que no funcionan las instituciones de los hospitales,
de que no funciona la junta técnico-asistencial, de que no
existe la junta de garantía de calidad, de que no funcionan
las comisiones de docencia. No se ha enterado de que su colega
el señor Chaves, su compañero de Partido, tiene 5.000 médicos
interinos en huelga indefinida.

Señora Ministra, ¿no se entera de que a los profesionales de
la sanidad cada día les gusta menos la sanidad socialista que
tienen que ejercer? ¿No se da cuenta de que están
desmotivados,
frustrados, cansados? ¿No se da cuenta de que se sienten
perseguidos, como me dijo el señor Lamata, porque han ido a
por ellos durante mucho tiempo? Ahora le daré más motivos para
justificar la conflictividad creciente que padece en estos
momentos la sanidad pública, señora Ministra, y usted no se
entera de lo que sucede en su propia casa. Gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señor Diputado, de lo que sí me entero es de que los esfuerzos
de S.S. por sumar conflictos o supuestos conflictos le han
dado un pobre resultado. La huelga de los MIR, señoría, está
recibiendo toda la atención que merece por parte del Insalud y
del Ministerio de Sanidad y, por tanto, yo no me permito
frivolizar



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sobre conflictos que en todo caso deseo que no se extiendan, y
en cuanto al relato que me hace S.S. de problemas en la
sanidad, con calificaciones que, como siempre, producen en
esta Ministra una cierta perplejidad, no constituyen
fundamento para las conclusiones que, como siempre, S.S.

enuncia a bombo y platillo. En el Hospital Clínico nadie se
salta a la torera nada, señor Diputado, y lo que se ha
producido es una sustitución en la Gerencia en lo que
constituye la gestión cotidiana de los centros.

Señor Fernández-Miranda, yo comprendo que para S.S. resulta
del mayor interés exacerbar los ánimos de personas que están
dedicando a la sanidad pública en el día a día su mejor
esfuerzo. Confío --le aseguro-- en que no prosperen sus deseos
y que no coincidan con la realidad.

Gracias, señor Presidente. (Algunos señores Diputados: Muy
bien. Muy bien.)



--DEL DIPUTADO DON FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES SON LOS CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD EN LA SANIDAD
PUBLICA PARA DESEMPEÑAR CARGOS DE DESIGNACION Y MANTENER VIVOS
CONTRATOS DE ALTA DIRECCION? (Número de expediente 180/000421)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 23,
del Diputado don Feliciano Blázquez Sánchez, que formula don
Enrique Fernández-Miranda y Lozana.

Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda (Rumores.)



El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente, gracias, señores Diputados y Diputadas.

Para sumar --como usted dice, señora Ministra-- exacerbación
contésteme: ¿Cuáles son los criterios de compatibilidad en la
sanidad pública para desempeñar cargos de designación y
mantener vivos contratos de alta dirección?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora Ministra de Sanidad.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Si S.S. se refiere a la incompatibilidad de los cargos de
libre designación en las instituciones sanitarias y en los
servicios administrativos del Insalud, es de aplicación la Ley
de
Incompatibilidades del personal al ser-vicio de las
Administraciones públicas de 26 de diciembre de 1984. Por otra
parte, los contratos de alta dirección que suscribe el Insalud
no prevén ningún tipo de suspensión por designación para otro
cargo. Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, usted insiste en matar al
mensajero y hacerme a mí responsable de lo que sucede en la
sanidad pública.

Aparece en los medios de comunicación: El ex gerente de
asistencia especializada del Hospital Doce de Octubre es
cesado en el cargo y es nombrado coordinador de admisiones en
dicho Hospital. Desempeña, además, la plaza asistencial y
tiene una beca de la sanidad pública, con la cual se va a
Canadá. Y cobra las tres cosas.

Le doy más ejemplos, ejemplos de mi parte de exacerbación de
la realidad. Señora Ministra, el subdirector provincial de
atención primaria de Madrid es, además, director gerente de
asistencia primaria del Area 1 de Madrid, y cobra los dos
sueldos. El sudirector provincial de gestión para la atención
hospitalaria es, además, director gerente de asistencia
especializada en La Paz, y cobra los dos sueldos.

Señoría, sus altos cargos, los que, además, como gerentes,
desempeñan las funciones de comisarios políticos, tal como se
lo dije, aquellos que identifican ese 66 por ciento, que dice
el señor Lamata, de médicos que votan al Partido Popular,
reciben sobresueldos, acumulan y suman sueldos desde la
designación y desde la gerencia. Y eso, señora Ministra es,
simple y
llanamente, corrupción y además corrupción, de nuevo, como en
tantas otras cosas, en la impunidad.

Señora Ministra, contésteme claramente, conteste a esta
Cámara, en esta Cámara. Además de estos ejemplos, ¿es cierto
que el señor Temes, Director General del Insalud, tiene,
además, vivo su contrato de Director Gerente de la Clínica de
la Concepción, con una cláusula de salvaguarda para cobrar
íntegros los dos sueldos? Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra, usted
conoce que no tiene obligación de contestar más que a la
pregunta en los términos en que ha sido formulada por escrito,
y no a posibles ampliaciones. (Rumores.--El señor Hernández-
Sito García-Blanco pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Hernández-Sito, supongo que usted conoce el Reglamento
y, por tanto, no comprendo en absoluto las manifestaciones que
está haciendo.




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Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, los contratos de alta dirección que vinculan a los
directivos de los hospitales del Insalud no modifican la
incompatibilidad a que he hecho referencia y que está prevista
en la ley.

Por otra parte, en estos contratos, por su propia naturaleza,
tampoco se contempla la posibilidad de suspensión y únicamente
se prevé la extinción de acuerdo con la normativa que regula
la relación laboral de carácter especial del personal de alta
dirección.

Señoría, los casos, con nombres y apellidos, que ha enunciado
no son ciertos y, por tanto, constituyen una imputación cuya
gravedad no se le puede escapar. No es cierto que haya altos
cargos en el Ministerio, ni puestos directivos, percibiendo
dos sueldos.

Gracias, señor Presidente.




--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO GILET GIRART, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿COMO
CALIFICA LA SITUACION PRODUCIDA EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL DE
SON DURETA, PALMA DE MALLORCA, A CAUSA DEL DEFICIT DE
RESPIRADORES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS? (Número de
expediente 180/000422)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 24,
del Diputado don Francisco Gilet Girart, que tiene la palabra.




El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, hace escasos días, los ciudadanos de Baleares
pudieron leer, en un determinado medio de comunicación, los
siguientes titulares: Enfermos que no puede atender la UCI de
Son Dureta se enviarán a la Penísula. Faltan respiradores en
la UCI de Son Dureta.

Señora Ministra, ante la resonancia social de tales titulares,
me permito preguntarle: ¿Cómo califica la situación producida
en el complejo asistencial de Son Dureta (Palma de Mallorca),
a causa del déficit de respiradores en la Unidad de Cuidados
Intensivos?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Gilet.

Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracia, señor Presidente.

Señor Diputado, no hay déficit de respiradores en la Unidad de
Cuidados Intenstivos del Hospital Son Dureta, que cuenta con
24 respiradores, 16 para adultos y ocho para pediatría. La
dotación es suficiente y adecuada para el número de camas con
que cuenta la unidad, que, en la actualidad, es de 36,
teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Sociedad Española de
Medicina Intensiva considera como idóneo un respirador por
cada dos camas. Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Gilet.




El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, hace un momento le han dicho que no estaba
informada y yo reitero ahora que o usted no está informada, o
nosotros, yo, no lo estoy. (Rumores.) No pretendo crispar a
nadie, sino sencillamente aportar algo que entiendo que es
fundamental: el bienestar de los ciudadanos y el control del
Gobierno. Si ustedes me dejan, seguiré, y si no, lo haré a
pesar de todo. Señora Ministra, el 25 de marzo de 1994, el
Servicio de Medicina Intensiva de la Unidad de Cuidados, decía
que estaban trabajando con 12 respiradores. Usted sabe que un
respirador tiene una vida de 30.000 horas de trabajo; si no,
tiene
propensión a averías o mal funcionamiento. Pues bien, de esos
12 respiradores que había el 25 de marzo de 1994, uno había
trabajado 27.511 horas, es decir, más de 10 años; otro 42.385
horas, es decir, más de 18 años; otro, 38.700 horas; otro,
39.534 horas, más de 16 años; otro, 39.498 horas, más de 16
años también. No es extraño, por tanto, que ese mismo día, el
25 de marzo, se hubiese pedido el ingreso de un enfermo con
ventilación mecánica desde Can Misses (Ibiza) y hubiese tenido
que ser trasladado a un centro hospitalario de la Península.

Tampoco resulta extraño que un paciente ingresado en la cama
número 8 estuviese conectado a un respirador de la camilla
asistida, que no incorpora alarmas de seguridad y que no tiene
fuerza
suficiente para garantizar una ventilación adecuada; situación
denunciada desde el año 1992 y que se ha repetido
constantemente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Gilet.




El señor GILET GIRART: Señora Ministra, no prometa...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gilet, señor
Gilet.




El señor GILET GIRART: ... no prometa y actúe. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gilet, ha
terminado su tiempo.




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Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señor Diputado, entre su falta de información y la crispación
con que adorna la petición de información que yo, con mucho
gusto, le suministro... Debería procurar no crear problemas
donde no los hay. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no
se perciben.) No hay problemas con los respiradores en la
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Dureta. Además
del número existente, del que ya le he informado, el
equipamiento de esta unidad está en proceso de renovación,
iniciado en el año 1992, en virtud del cual han sido
sustituidos tres respiradores en el año 1992, dos, en el año
1993 y tres más en el año 1994, lo que supone una inversión
total de 20 millones de pesetas, sin que sea necesario en
ningún caso el traslado a la Península, puesto que, previendo
que en temporadas de turismo se puedan producir puntas, el
hospital tiene un concierto con otra clínica, con lo cual se
garantiza que no sea necesario ningún desplazamiento.

Por último, señor Diputado, el Gerente del Hospital no tiene
la más mínima petición de ninguna modificación ni mejora en
relación con el servicio de la UCI y, por tanto, señoría,
convendrá conmigo que, a lo mejor, hay que leer menos los
periódicos y solicitar más información donde la tenemos, que
es en el
Ministerio de Sanidad.

Gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!)



--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION
LE MERECEN AL GOBIERNO LAS INFORMACIONES SURGIDAS A RAIZ DE
LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y BURSATILES
EFECTUADAS POR MARIANO RUBIO, MIENTRAS ERA GOBERNADOR DEL
BANCO DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000406)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 9, de
la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, que tiene la
palabra.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Señoría, a raíz de las gravísimas imputaciones que circulan en
relación a Mariano Rubio, a raíz de las declaraciones del
propio Felipe González, que parece que ya no pone la mano en
el fuego --y es una buena noticia, señorías, porque, si no,
ustedes van a parecer una unidad de quemados--, y a raíz del
clima de
preocupación general, ¿qué valoración le merecen las
informaciones surgidas a raíz de las presuntas actividades
empresariales y bursátiles efectuadas por Mariano Rubio,
mientras era Gobernador del Banco de España?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Señor Ministro de Economía.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señorías, en primer lugar, le agradezco que me plantee esta
pregunta y que me pida una valoración que, evidentemente, le
voy a hacer en términos políticos. Ello nos va a evitar entrar
en discusiones de legalidad, aunque también en esto último el
Gobierno, en los últimos años, ha endurecido claramente la
legislación sobre el control de actividades, tanto públicas
como privadas de los altos cargos.

Entrando directamente en su pregunta, al Gobierno le han
producido sorpresa las informaciones aparecidas sobre la
actividad económica-financiera privada de don Mariano Rubio e
indignación, una profunda indignación, ante la posibilidad de
que puedan ser ciertas. Sorpresa e indignación que, como
tendré ocasión de exponer en la respuesta a la próxima
pregunta, han llevado al Gobierno a una movilización activa
con despliegue de todos los medios a su alcance para
clarificar, confirmar y, en su caso, sancionar las actividades
a que nos referimos.

Si todos tenemos que comportarnos correctamente, quienes
desempeñan un puesto relevante y de responsabilidad pública e
institucional, todavía lo tienen que hacer con mayor
intensidad y deben ser más estrictos en su comportamiento.

Llevo 25 años en la función pública, con distintos niveles de
responsabilidad, y tengo la absoluta convicción de que somos
mayoría, inmensa mayoría, quienes en el Gobierno o en la
oposición, a nivel central, en comunidades autónomas o en
ayuntamientos, tienen un comportamiento y actividad correctos.

Podemos equivocarnos, lo haremos mejor o peor, acertar o no en
las decisiones, pero éstas nunca están condicionadas por
ningún otro interés que el interés general.

Por eso, creo que no podemos permitirnos que una minoría, por
muy resonantes que sean sus nombres o cargos, empañen
gravemente la imagen de las instituciones y del país. El
Gobierno es el primer interesado en ello y por ello les puedo
asegurar que no vamos a dar tregua ni cuartel a la lucha
contra la corrupción, la haga quien la haga o se produzca
donde se produzca. Y no sólo por responsabilidad hacia los
españoles y la imagen de nuestro país, sino también por
nuestras propias convicciones éticas y por nuestra trayectoria
personal.




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Si para ello hay que cambiar las leyes, tendremos que
cambiarlas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Ha terminado su tiempo.

Tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Señoría, ya sabe usted que lo que decimos o escribimos nos
persigue toda la vida.

Dijo Carlos Solchaga, después del estallido del caso Ibercorp:
el Gobierno va llegar hasta el final. El Ministerio de
Hacienda está trabajando para averiguarlo.

Dos años después, no tenemos ni un solo dato oficial ¿A dónde
han llegado ustedes? ¿A dónde, más allá del evidente «crack»
de la «beautiful» socialista que se ha producido?
Señoría, el escándalo Rubio es el escándalo González. Las
dimensiones del escándalo tocan directamente la Presidencia
del Gobierno. Es por ello, por la gravedad del escándalo, por
lo que pediremos la creación de una comisión de investigación
parlamentaria, a ver si esta vez sí que conseguimos, señoría,
llegar hasta el fondo, si conseguimos conocer el alcance de
las responsabilidades políticas que evidentemente existen, si
conseguimos restablecer finalmente la confianza que, a causa
de sus reiterados escándalos, señorías, han perdido los
ciudadanos respecto a las instituciones.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola.




--DE LA DIPUTADA DOÑA LUISA FERNANDA RUDI UBEDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿TIENE EL SEÑOR MINISTRO
INTENCION DE DAR LAS ORDENES OPORTUNAS A LA INSPECCION DE
HACIENDA PARA QUE ESTA INICIE DE OFICIO UNA INVESTIGACION EN
RELACION CON LAS ULTIMAS NOTICIAS PUBLICADAS REFERENTES AL
DENOMINADO CASO IBERCORP? (Número de expediente 180/000414)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 16, de
la Diputada doña Luisa Fernanda Rudi Ubeda, que tiene la
palabra.




La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.

¿Tiene el señor Ministro intención de dar las órdenes
oportunas a la Inspección de Hacienda para que ésta inicie de
oficio una investigación en relación con las últimas noticias
publicadas referentes al denominado caso Ibercorp?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Rudi. Señor Ministro de Economía.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Como S.S. seguramente conoce por la prensa, esa inspección
está ya iniciada.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Tiene la palabra la señora Rudi.




La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, efectivamente, lo conozco por la prensa. La
pregunta a la que usted contesta fue presentada en el Registro
de esta Cámara el jueves por la tarde y en la rueda de prensa
del Ministro señor Rubalcaba, como consecuencia del último
Consejo de Ministros, hicieron pública esta intención. He
escuchado atentamente la respuesta anterior. Usted hablaba de
sorprensa, indignación, movilización activa de todo el equipo
de Gobierno y decía que usted llevaba veinticinco años en la
función pública, que podrían equivocarse, pero que en ningún
caso con mala intención. Yo le concedo a usted personalmente
toda la
crebibilidad, señor Ministro, pero su antecesor, hace ahora
dos años, el 18 de marzo de 1992, en esta misma Cámara, nos
decía: Con toda solemnidad les digo que este Gobierno va a
llegar hasta el final de las investigaciones. Y otra frase del
señor Solchaga: El Gobierno va a insistir en que se conozca
perfectamente y hasta el final quiénes son los auténticos
propietarios de Shaff Investment. Usted, que no sé si se ha
leído todo el dosier del caso Ibercorp, sí sabrá que el cuñado
del señor Rubio formaba parte del consejo de administración,
que esta empresa está domiciliada en Luxemburgo y que el
accionista mayoritario estaba en Panamá; que el señor Rubio,
en esta Cámara, ocultó todas estas cuestiones. Y fue avalado
por su antecesor en el cargo, señor Solchaga, y, por tanto,
por el Presidente del Gobierno.

Yo me congratulo de que en este momento ustedes, los
socialistas --perdón, usted no lo es pero pertenece a un
Gobierno socialista--, estén dispuestos a luchar contra la
corrupción. Pero hace dos años, en esa misma tribuna yo pedí
la creación de una comisión de investigación, que fue apoyada
por toda la Cámara, salvo por su Grupo, y un Diputado de su
bancada me contestó que no
solamente no había motivos suficientes, sino que tan siquiera
había motivos. ¿Son capaces, señor Solbes, en este momento de
seguir manteniendo esa postura o tienen que reconocer que
hemos perdido dos magníficos años en descubrir cómo un grupo
de personas, amparados por el poder, se han hecho ricas, en
detrimento de otros muchos? ¿Son capaces ustedes de



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mantener que el cierto olor a podrido que se ha destilado en
esta sociedad no lo han estado tapando desde el poder?
Señor Solbes, usted quizás no sea responsable, pero sí lo es
el señor Solchaga y don Felipe González. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, sí puedo asegurarle que en ningún caso se ha
intentado tapar desde el poder ese olor a podrido al que S.S.

hace
referencia.

Hace dos años el señor Solchaga hablaba de que llegaríamos
hasta el final. Yo voy a dar algunos datos más respecto al
tema Ibercorp o a lo que hemos realizado hasta ahora.

Respecto al grupo financiero Ibercorp y a sus principales
accionistas, don Manuel de la Concha, don Jaime Soto y don
Benito Tamayo, fueron sometidos a las pertinentes inspecciones
por parte de Hacienda relativas al Impuesto sobre el Valor
Añadido, al Impuesto sobre Sociedades y a la retención del
trabajo personal, Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y sobre el Patrimonio. El resultado de la inspección
es que nos dieron unas actas por una deuda tributaria total de
más de 1.500 millones de pesetas en sociedades y cien millones
de pesetas en personas físicas. Además, estamos pendientes de
las actuaciones
judiciales, como consecuencia de la querella presentada por
estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas,
presentada contra don Manuel de la Concha y el Banco Ibercorp.

En cuanto a don Mariano Rubio, las actuaciones que el
Gobierno, desde el día 8 de abril, ha emprendido son las
siguientes: En primer lugar, convocar a don Mariano Rubio para
una inspección fiscal, cuyos resultados conoceremos en las
próximas semanas. En segundo lugar, el ministerio fiscal ha
abierto diligencias previas y se ha puesto a su disposición
tanto un experto de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores como otro de la Agencia Tributaria para colaborar. En
tercer lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha
procedido a verificar toda la relación de cuentas y clientes
correspondientes a Ibercorp Sociedad de Valores y Bolsa y ha
ratificado que en la misma nunca ha existido en la
contabilidad oficial la cuenta referenciada como RU 7 ME. Sin
embargo, dicha cuenta pudo haber existido como cuenta de
cliente en la contabilidad oficial de don Manuel de la Concha,
en la etapa previa a la vigente Ley sobre el Mercado de
Valores. Para constatar este hecho, se han recabado ante el
Colegio de Corredores de Comercio los libros de operaciones
intermediadas por don Manuel de la Concha de 1986 a 1989.

Dichos libros, después de una negativa inicial de entrega, han
sido entregados esta misma mañana, tanto al fiscal como a la
agencia
tributaria...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro. (Rumores.)



--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE
CONTROLES SE EMPLEAN EN RELACION AL TABACO DECOMISADO DESDE EL
MOMENTO EN QUE ES DECOMISADO HASTA SU DESTRUCCION O VENTA?
(Número de expediente 180/000416)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta del Diputado
don José Manuel Fernández Norniella.

El señor Fernández Norniella tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor Presidente, señor
Ministro, después de las preguntas anteriores, creo que me va
a agradecer la que yo le hago a continuación.

¿Qué controles se emplean en relación al tabaco decomisado
desde el momento en que se decomisa hasta su destrucción o
venta?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández Norniella. El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a intentar ser breve en mi respuesta. Yo diría
que tenemos una proliferación excesiva de controles. Cuando se
interviene por delito de infracción administrativa un tabaco
se deposita en la representación de Tabacalera en la provincia
y hay cuatro tipos de controles. Existe una cuenta de
decomisos donde se recogen y controlan los movimientos de
entradas y salidas y esa cuenta de decomisos sigue el mismo
tratamiento que el régimen general. Existe también un servicio
de auditoría y control interno de Tabacalera que lleva a cabo
el control de la misma. Existen controles específicos a
demanda de los jueces y
autoridades que ordenanel decomiso y, finalmente, la
Delegación del Gobierno en el monopolio también controla estas
cantidades depositadas.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.

El señor Fernández Norniella tiene la palabra.




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El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la contestación que usted me acaba de dar me
sorprende sobremanera. El mes pasado, a una pregunta por
escrito que yo le realicé sobre el mismo tema, usted me
contestaba que desde 1980 se habían decomisado 262 millones de
cajetillas, se habían destruido 77, se habían vendido 63 y
permanecen bajo custodia 109. Una simple suma hace ver que
faltan 12 millones de cajetillas, que pueden suponer 1.200 o
1.300 millones de pesetas. Hemos venido oyendo en esta Cámara
esta tarde quejas de los Diputados respecto a la táctica de
escaqueo que el Gobierno sigue con las preguntas por escrito.

Yo entiendo, señor Ministro, que, en la situación en que este
país se encuentra, este tipo de cuestiones deberían ser
contestadas con mucha más sensatez, porque si no va en
perjuicio de todos. Dígame usted cómo se puede justificar que
en una pregunta por escrito, contestada por el Gobierno,
simplemente se contesten números y se deje de
justificar al menos un posible hurto o una posiblepérdida que
puede suponer 1.200 millones de pesetas.

Yo, parafraseando la campaña que están ustedes haciendo de la
Hacienda Pública, le diría: ¿Cuántas pensiones de 68.000
pesetas mensuales se pueden abonar con los 1.200 millones de
pesetas que ustedes pasan por alto, señor Ministro?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

No los pasamos por alto, en absoluto. Le voy a hacer una
afirmación clara. No existe ninguna cantidad de tabaco
decomisado desaparecido o descontrolado, siendo coincidentes
las existencias contables con las existencias fiscales
resultantes del último recuento que se publica entre los días
8 y 11 del presente mes de abril.

Es cierto que S.S. ha planteado unas preguntas escritas y de
esas preguntas escritas, por el viejo procedimiento de sumar y
restar, S.S. llega a unas conclusiones; lo que sucede es que a
veces la realidad es más compleja que una pura suma. Existen
otros elementos a tomar en consideración como son las
devoluciones ordenadas por la autoridad judicial, los robos
debidamente denunciados ante las pertinentes autoridades,
muestras para análisis o algunas cantidades requeridas por la
autoridad competente. Pero no se preocupe S.S. que esos puntos
están debidamente claros y se los podemos facilitar con todo
gusto.




--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL
GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS
ECONOMICAS Y SOCIALES PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION PARA PALIAR LA GRAVE
SITUACION ECONOMICA QUE PADECE EL SECTOR PESQUERO VASCO CON
MOTIVO DE LAS ACCIONES DE DECOMISO DE PESCADO ULTIMAMENTE
EFECTUADAS? (Número de expediente
180/000405)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 8, del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida,
que tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿qué
medidas económicas y sociales piensa adoptar el Ministerio
para paliar la grave situación económica que padece el sector
pesquero vasco con motivo de las acciones de decomiso de
pescado últimamente efectuadas?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):
Gracias. Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.

La claridad de la reglamentación aplicable en esta materia no
ofrece ninguna duda. En concreto, tanto la Ley 168/1961 como
la Ley 53, de 1982, sobre infracciones en materia de pesca
marítima, hacen referencia expresa a la prohibición de
transportar y comercializar los productos pesqueros que
incumplan las tallas mínimas. Asimismo incluye dicha
prohibición el Reglamento 103 y el 3094/86, del Consejo, sobre
medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros,
que indica taxativamente que los pescados, crustáceos y
moluscos que no alcancen el tamaño requerido no se podrán
retener a bordo, transbordar, desembarcar, transportar,
almacenar, vender, exponer o poner a la venta, sino que
deberán ser devueltos inmediatamente a la mar. No cabe,
señoría, mayor claridad y contundencia en una norma de
obligado cumplimiento para España como Estado miembro de la
Unión Europea.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.

Señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, últimamente el sector pesquero vasco de
altura, en concreto el del puerto de Ondarroa, está muy
preocupado por las acciones realizadas por parte de las
Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente



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por la Guardia Civil, en diversas provincias andaluzas como en
Jaén y en Cádiz, en virtud de las cuales se ha decomisado
pescado capturado por parte de la flota vasca de altura y
comercializado desde el puerto de Ondarroa.

El tratamiento que se ha otorgado al pescado capturado por la
flota vasca y el procedente de países terceros no es el mismo,
evidentemente. Sabe el señor Ministro que se importa pescado
de Croacia, de la zona de Boston, de Marruecos. Las tallas no
son las mismas, pero no se establecen los mismos mecanismos de
control.

Yo pediría al Gobierno central que tuviera un poco de
sensibilidad. El sector pesquero vasco está pasando una
situación muy mala y solicitaríamos un período de disuasión
para que se realicen adaptaciones en las artes, en las
modalidades de pesca, puesto que no podemos olvidar que lo que
está en juego es la vida de todo un pueblo, el de Ondarroa,
con 11.000 habitantes. El problema afecta a 25 arrastreros, 17
empresas, y, en definitiva, genera un nivel de puestos de
trabajo de 1.100 personas. Señor Ministro, el sector
comercializador y el sector extractivo de este puerto genera
todos los años una actividad cifrada
económicamente en 7.500 millones de pesetas. Por tanto,
nosotros solicitamos del Gobierno central un poco de
sensibilidad para que, a través de un período transitorio, la
flota pueda efectuar las adaptaciones necesarias. Mientras
tanto, establecer unos mecanismos de disuasión.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, la Guardia Civil ha procedido a decomisar
10.000 kilos de inmaduros, de peces que no cumplían las tallas
mínimas. No podemos bajar la guardia por lo que se refiere a
esa
iniciativa, con la que pensamos seguir adelante en el marco de
la Unión y en los convenios internacionales para evitar que se
deterioren los «stock» de pesca. Pero, en todo caso, quisiera
decir a S.S. que no es precisamente hoy un día en el que los
arrastradores vascos y, en general, los pescadores de la
cornisa cantábrica --gallegos, asturianos o cántabros-- puedan
estar preocupados; más bien pueden estar satisfechos porque,
como S.S. sabe, ayer, por fin, conseguimos una de las
reivindicaciones importantes de la flota, básicamente de la
flota que hace la costera del bonito. Gracias a los esfuerzos
de todos, se ha conseguido que los buques franceses ya nunca
más puedan pescar con volantas de cinco kilómetros. Como sabe,
esa era una vieja reivindicación sobre la que el Gobierno
español ha estado insistiendo ante la Unión Europea y
precisamente ayer --por tanto, hoy es un buen día para los
pescadores de la cornisa--conseguimos, repito, que no se
vuelva a utilizar ese tipo de artes de pesca.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION DE LA AMPLIACION DE LAS
ZONAS DECLARADAS OBJETIVO 5b POR LA UNION EUROPEA Y DE SU
REPERCUSION PARA NUESTRO PAIS? (Número de expediente
180/000408)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 10,
del Diputado don Josep Pau i Pernau.

Señor Pau, tiene la palabra.




El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, la Comisión de la Unión Europea aprobó el pasado mes
de enero una ampliación de las zonas declaradas Objetivo 5b,
que significa para nuestro país un notable incremento. Cada
ampliación comportará un aumento de los fondos comunitarios
que se destinan a las zonas rurales beneficiadas, y, sin duda
alguna, las españolas lo serán en importante medida.

En este sentido, nos interesa conocer la valoración que hace
su Ministerio del resultado de la negociación que permitió la
ampliación, de su repercusión para nuestro país. Al mismo
tiempo puede informarnos, si dispone de los datos, de su
distribución territorial, cantidades a percibir y, aunque no
han terminado los plazos --creo que finalizan sobre el 25 de
abril--, sí se han presentado ya o se prevén planes operativos
suficientes por parte de las comunidades autónomas para
acogerse a estas ayudas. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señorías, a mediados del pasado mes
de enero se aprobó una ampliación de las zonas rurales del
Objetivo 5b para el conjunto de la Unión Europea y esto
significa que el número de municipios españoles que podrán
beneficiarse de las acciones de este objetivo ha pasado de
1.082 a 1.634, para el período 1994-1999.




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Los incrementos más significativos, en términos de población,
se han producido en algunas comunidades autónomas, la más
importante La Rioja, donde se multiplica por siete. Cataluña
tiene aumentos significativos, tanto en superficie como en
población. Y el conjunto nacional aumenta el 75,4 por ciento
en población y el 33,8 en superficie. Pero estos incrementos
deben ser valorados conjuntamente con los territorios
afectados por el Objetivo 2 en dichas comunidades autónomas.

La existencia de problemas de declive industrial en algunas
zonas rurales españolas muy localizadas, ha dado lugar a que
estén catalogadas como Objetivo 2, por ser prioritarias las
actuaciones en este sector. En el conjunto nacional, el
territorio del Objetivo 5b se caracteriza por un bajo nivel de
desarrollo socioeconómico, a la vez que por una sensibilidad
importante a la evolución del sector agrario en el marco de
reforma de la política agraria común, y una baja densidad de
población con tendencia al despoblamiento. Las intervenciones
que se
planifiquen en el período 1994/1999 deben tender al
mantenimiento del tejido económico y social y a promover la
creación de actividades complementarias o alternativas a la
agricultura. La extensión de las zonas, que ha sido conseguida
en el Objetivo 5b, permitirá asegurar que las zonas rurales
españolas con un mayor retraso socioeconómico, se beneficien
de los Fondos Estructurales en el período 1994/1999.

Los recursos disponibles en este objetivo ascienden a 6.667
millones de ecus; se reserva la Comisión 533 para iniciativas
comunitarias, y distribuye 6.134. España va a recibir el 10,82
por ciento del total, una cantidad de 664 millones de ecus --
unos 100.000 millones de pesetas--, lo que va a representar
una intensidad de ayuda de 368 ecus por habitante, la más alta
de los nueve Estados miembros afectados por el Objetivo 5b.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION RESPECTO A LA
MODIFICACION POR PARTE DE LA UNION EUROPEA DE LAS AYUDAS A LA
PRODUCCION DE FORRAJES? (Número de expediente 180/000409)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 11,
del Diputado don Josep Pau i Pernau.

¿Señor Pau i Pernau?
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, en la reforma de la PAC, aprobada en el año 1992, se
anunciaba una posible reforma de la OCM de forrajes desecados,
que si bien no se concretaba, parecía que avanzaría en la
dirección de las producciones que se reformaban, con un
posible sistema de ayudas a la superficie similar a los
restantes cultivos herbáceos.

Las importantes ayudas que percibe este sector, han permitido
un notable incremento de la producción y una mejora de las
rentas de los agricultores forrajeros, así como de los
ganaderos consumidores y también de la industria
transformadora, sobre todo en zonas de importante producción,
como Aragón y Cataluña. El sector, en sus tres partes
beneficiadas (agricultura y productores, industria
transformadora y consumidores los
ganaderos), ha expresado cierta preocupación ante la propuesta
de modificación, de la que todavía desconoce su contenido
concreto.

Con la intención de poder facilitarla, incluso para apoyarla,
nos interesaría conocer cuál es la posición del MAPA respecto
a la modificación por parte de la Unión Europea de las ayudas
a la producción de forrajes y valoración de la misma.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señor Ministro?



El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el sistema vigente de la OCM de forrajes desecados
consiste en la concesión de una ayuda, que en la actualidad es
de 65 ecus/tonelada para los deshidratados y de 40
ecus/tonelada para los secados al sol; 12,50 y 8 pesetas kilo,
respectivamente. La producción global comunitaria en los
últimos cuatro años ha aumentado el 45 por ciento, produciendo
actualmente más de cuatro millones de toneladas de forrajes
deshidratados y cerca de 400.000 toneladas de secados al sol.

Ocupa España el segundo lugar en la producción de ambos, si
bien el incremento ha sido mucho mayor en los deshidratados,
pasando en los últimos años de 500.000 toneladas a más de un
millón.

Con la aprobación de la reforma de la PAC, el Consejo Europeo
encargó a la Comisión que efectuase propuestas, bien para
integrar esta ayuda en el sector de cultivos herbáceos, bien
para darle otras alternativas. Analizada la situación, la
Comisión prefirió darle otras alternativas y no incorporarlo
al
tratamiento general de los cultivos herbáceos. La propuesta de
la Comisión consiste en restringir la doble ayuda, es decir,
que no puedan utilizarse dos ayudas para la misma superficie;
cambiar el sistema de ayuda reduciendo dicha ayuda y elevar el
contenido mínimo de proteínas para solicitar la ayuda del 15
al 17 por ciento.




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La posición española respecto a la doble subvención es que nos
parece lógico que quiera controlarse, que no se puedan cobrar
ayudas diferentes por las mismas parcelas (cultivos herbáceos
y forrajes), aunque establecer este control --ésta es la
posición española a partir del mes de mayo de 1994--va a
suponer una carga administrativa muy difícil de asumir por
nuestra Administración y por la de otros países.

En cuanto a la propuesta de descenso a las ayudas, nos
oponemos a ese descenso. Pensamos que es necesario establecer
una ayuda más alta que la que propone la Comisión para cubrir
los gastos de energía y de transporte. Respecto al aumento de
exigencias de calidad, pensamos que es una propuesta que
favorece los intereses españoles, ya que nuestros forrajes
deshidratados pueden
satisfacer esos valores propuestos; los secados al sol pueden
tener alguna dificultad y propugnamos que para ellos se
mantenga el valor actual del 15 por ciento.

Nuestra posición es básicamente favorable a la adopción del
sistema que propone la Comisión, porque configura un marco en
el que que nuestros productos no tienen por qué sufrir ningún
efecto negativo y, en cambio, su puesta en marcha va a crear
problemas a alguno de nuestros competidores. Muchas gracias,
señor
Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL BURGO SIMARRO,
DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL
DETALLE DE LAS DOS NUEVAS ACTUACIONES INCORPORADAS AL PLAN
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS REFERIDAS A LA PROLONGACION DE LA
AUTOVIA CIUDAD REAL-PUERTOLLANO Y LINEA DE VELOCIDAD ALTA FC
MANZANARES-CIUDAD REAL? (Número de expediente 180/000411)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 13. Pregunta del Diputado don Francisco Javier Martín
del Burgo Simarro. Señor Martín del Burgo, tiene la palabra.




El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señor Ministro, el día 4 de
marzo permanecerá en la memoria de los castellano-manchegos, y
más en concreto de los pobladores de la provincia por la que
es Diputado éste que consume un turno de preguntas orales ante
el Pleno. El Consejo de Ministros del citado día y mes
acordaba la incorporación de dos nuevas actuaciones que
modifican y amplían el proyecto inicial del PDI, que afectan a
la provincia de Ciudad Real, beneficiando, vertebrando y
conectando por autovía y vía ferroviaria de velocidad alta las
poblaciones de Ciudad Real y Puertollano, en el primer caso, y
Manzanares con la capital de la provincia, en el segundo.

Estas nuevas actuaciones
posibilitarán que por carretera, por autovía, se una
Puertollano con Ciudad Real, el sur de la Mancha y su
provincia con el mar, con Levante, facilitando la conexión del
territorio con el resto de la red viaria de gran capacidad y
posibilitando una mayor fluidez y seguridad del tráfico rodado
por carretera, dado el elevado índice de tránsito de vehículos
y vehículos pesados que desde Puertollano discurren por el
actual trazado de la Nacional 420. Similar beneficio e
impacto, a nuestro juicio, supondrá para el territorio,
población y usuarios el acondicionamiento de la vieja línea
ferroviaria Manzanares-Ciudad Real a otra de
velocidad alta, a 200 kilómetros por hora, y su encaje y
enlaces con la de alta velocidad existente.

Señor Ministro, haciéndome eco de la satisfacción de mis
paisanos y aplaudiendo su iniciativa el referendo del
Gobierno, vengo en formularle la siguiente pregunta: ¿cuál es
el detalle, señor Ministro, de las dos nuevas actuaciones
incorporadas al Plan Director de Infraestructuras referidas a
la prolongación de la autovía Ciudad Real-Puertollano y la
línea de velocidad alta Ferrocarril Manzanares-Ciudad Real?
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, el PDI recoge una serie de actuaciones en lo que
llamamos itinerarios estructurantes, que son capaces de captar
viajes que hasta ahora utilizan otras vías, y también para
mejorar el acceso a las regiones menos desarrolladas. En
concreto, el tramo Puertollano-Ciudad Real --38 kilómetros--
aparece incluido en el PDI en el itinerario estructurante que
comienza en la primera de dichas ciudades y termina en La
Atalaya, en la Autovía de Levante, pasando por Manzanares. Con
este itinerario se pretende un eje de comunicación transversal
de Levante y Cataluña con Castilla-La Mancha y Andalucía
occidental. La propuesta del PDI supone convertir en autovía
el tramo Puertollano-Ciudad Real, con una inversión del orden
de 12.000 millones de pesetas. En tanto vamos desarrollando
esta actuación, efectuamos también otras en el tramo
Puertollano-Ciudad Real, como por ejemplo la variante sur de
Ciudad Real, ya terminada, y la variante de acceso norte a
Puertollano, en las que se han invertido casi 2.000 millones
de pesetas. A finales de este año licitaremos la variante de
Poblete, con otros 1.200



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millones de pesetas, y estamos desarrollando un estudio
informativo para analizar las alternativas del trazado para la
construcción de la variante de Puertollano, cuya solución está
condicionada por la variante de Argamasilla. Aquí invertiremos
2.500 millones de pesetas, todo ello antes del inicio de la
autopista Puertollano-Ciudad Real.

En lo que se refiere al ferrocarril Manzanares-Ciudad Real, su
mejora va a permitir no sólo una buena conexión de Levante con
esa capital manchega, sino también el acceso, a través del
correspondiente intercambiador, a la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla, favoreciendo así las relaciones entre
Andalucía y el Mediterráneo. Por ello, el Plan Director de
Infraestructuras, que espero podamos debatir próximamente en
la Cámara, prevé las actuaciones necesarias para elevar en
dicho tramo la velocidad a 200 kilómetros por hora. De igual
forma tenemos previsto hacerlo entre Madrid-Alcázar de San
Juan-Santa Cruz de Mudela, con el que enlaza en Manzanares.

Ello supone eliminar los pasos a nivel, rectificar las
variantes locales en unas cuantas curvas, adecuar la catenaria
y acondicionar la seguridad, con un presupuesto estimado del
orden de 7.000 millones de pesetas.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. El señor Martín del Burgo tiene la palabra.




El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Intervengo para agradecer
las explicaciones del señor Ministro y constatar ante SS.SS.

que mi provincia, que era una zona tradicionalmente aislada,
va a pasar a ser una encrucijada privilegiada de caminos.

Muchísimas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, le
quedan siete segundos. (Pausa.)



--DEL DIPUTADO DON JAVIER VELASCO RODRIGUEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS TIENE
PREVISTAS ADOPTAR EL MOPTMA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TERUEL? (Número de expediente
180/000412)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 14,
del diputado don Javier Velasco Rodríguez.

Señor Velasco.




El señor VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, como usted sabe, la ciudad de Teruel
desde 1980 cubre el 85 por ciento de las necesidades de agua a
través de las tomas instaladas en la cabecera del embalse de
El Arquillo situado a cinco kilómetros de la ciudad y que
actúa como regulador de las aguas del río Guadalaviar. Este
embalse tiene su cuenca de recogida en la parte este de los
Montes Universales y de la Sierra de Albarracín. La prolongada
sequía que afecta de manera importante a la provincia de
Teruel y, en especial, a la zona de influencia del
Guadalaviar, ha dado como consecuencia una disminución
alarmante de las reservas de agua en estos últimos meses. Pese
a las medidas adoptadas, durante el año 1993, por parte de la
Confederación Hidrográfica del Júcar de no proceder a ningún
desembalse al encontrarse éste en el límite de garantía para
el consumo de agua de boca para la ciudad, la falta de lluvias
desde esa fecha nos lleva a encontrarnos en estos momentos con
unas reservas inferiores a cinco hectómetros cúbicos, cantidad
que representa menos del 20 por ciento de su capacidad máxima.

De no modificarse las condiciones
climatológicas de forma sustancial, nos podemos encontrar con
un problema serio de suministro de agua en pocos meses, por
todo lo cual, señor Ministro, le pregunto: ¿qué medidas tiene
previsto adoptar el Ministerio de Obras Públicas para
garantizar el suministro de agua potable a la ciudad de
Teruel?
Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Como sabe S.S., el abastecimiento de agua a las ciudades es,
en primer lugar, una responsabilidad de los ayuntamientos; en
segundo lugar, de las comunidades autónomas; y, en tercer
lugar, de las confederaciones hidrográficas como
suministradoras en alta de los caudales disponibles. Es cierto
que la fuerte sequía que asola la zona está poniendo en riesgo
el abastecimiento de la población de Teruel y que hay una
amenaza de restricciones de agua para el próximo verano como,
desgraciadamente, en los dos veranos anteriores ha soportado
un número importante de ciudades españolas.

Para colaborar a resolver este problema, se han declarado con
carácter de emergencia todas las obras que podamos efectuar
desde nuestra competencia y responsabilidad para contribuir a
garantizar el abastecimiento. Estas obras permitirán que se
pueda aprovechar toda el agua embalsada de El Arquillo de San
Blas, que en este momento sólo tiene ya tres millones de
metros cúbicos almacenados, que no pueden ser utilizados con
la instalación existente; en segundo lugar, aprovechar los
manantiales existentes aguas abajo de El Arquillo,



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para lo cual tenemos que instalar obras de captación,
elevación y conducción a depósitos de regulación; y,
finalmente, llevar a cabo la conexión necesaria entre todas
las distintas fuentes de suministro para equilibrar la oferta
conjunta que puedan efectuar. Todo ello va a implicar invertir
250 millones de pesetas, que serán financiadas por el
Ministerio, y, dada la situación, tomaremos las medidas
oportunas para que estas obras estén acabadas en junio del
presente año, es decir, dentro de menos de dos meses. Con ello
el Ministerio habrá hecho todo lo que puede hacer para
contribuir a resolver una situación que nos ha exigido
invertir ya más de 40.000 millones de pesetas en los dos
últimos años para atender a la situación creada por nuestra
climatología, que no podrá tener de forma definitiva una
respuesta estructural y permanente mientras no acometamos las
grandes obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿TIENE
CONOCIMIENTO EL GOBIERNO DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE COMETEN
EN EL ORGANISMO AUTONOMO DE CORREOS Y TELEGRAFOS? (Número de
expediente 180/000417)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 19, del Diputado don Luis de Torres Gómez. Señor De
Torres.




El señor DE TORRES GOMEZ: Señor Ministro, ¿tiene el Gobierno
conocimiento de las irregularidades que se cometen en el
organismo autónomo Correos y Telégrafos?
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

No.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor De Torres.

El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, con esos monosílabos usted ya no sorprende a
nadie. Por si no tiene idea, yo se lo voy a decir. Son muchas.

Son tantas que no se pueden resumir en este trámite
parlamentario. Hasta tal punto que ha circulado por la prensa,
y usted habrá tenido ocasión de leerlo, la imputación de que
su Gobierno y la cúpula del Partido Socialista que lo
sustenta, el PSOE, están llevando a cabo una serie de
operaciones ilegales con un solo objetivo: apoderarse de
Correos mediante una estrategia que consiste en inhabilitar a
los profesionales y dar entrada a personal sin cualificar pero
con carné. (Rumores.)
Debe ser verdad, señor Ministro, porque, que yo sepa, ni el
periodista está en la cárcel por difamación, ni tan siquiera
su ministerio se ha querellado por calumnia. A ello se añade
el hecho de que en un informe interno y confidencial se lee
que en la Dirección General hay que bloquear el primer y
segundo nivel con personas de grupo, ya que el número de
cesados empieza a ser importante; existen grupos que están
intentando entrevistas a alto nivel y que están entregando
información a parlamentarios por lo que hay que impedir que se
unan más; y si se tienen pruebas de que se están contratando
personas que se vinculan al Organismo Autónomo de Correos y
Telégrafos mediante una relación laboral de carácter especial,
eso sí, de alta dirección sin pertenecer a dicho Organismo,
como es el caso de estos contratos de 7.714.000 pesetas de
sueldo, 1.285.000 en dos pagas
extraordinarias, complemento de productividad correspondiente
al 25 por ciento de las retribuciones, gastos de locomoción,
dietas, alimentación, alojamiento, etcétera --un chollo--; y
si también se denuncia que las jefaturas provinciales de
Albacete, Almería, Alava, Badajoz, Cáceres, Cantabria,
Castellón, Ceuta, Gerona, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, La
Coruña, Orense, Segovia, Tarragona, Zamora, etcétera, están
ocupadas de forma ilegal ya que los intervalos de Cibeles no
son acordes con lo exigido por la normativa vigente; si a ello
se añade que algunos de ellos tienen denuncias en gobiernos
civiles por graves irregularidades y que no son contestadas
por el Director General del Organismo, señorías, esto es un
huevo: blanco es y la gallina lo pone. Por último, el
inventario y la empresa Segisa. El inventario, de toda la
vida...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
De Torres. Ha finalizado su tiempo.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, ha dicho usted, ni más ni menos, que el Gobierno y el
Partido Socialista están efectuando actuaciones ilegales para
apoderarse de Correos. No sé yo qué quiere decir eso de
«apoderarse de Correos», pero



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sí sé lo que quiere decir ilegal. Ilegal es actuar en contra
de la Ley y las personas o las autoridades que actúan en
contra de la Ley tienen prevista en la propia Ley una sanción,
que debe ser instrumentada por quien debe velar por el
cumplimiento de la Ley, que son los tribunales. Señoría,
cuando usted salga de la Cámara, vaya a un juzgado de guardia
y presente la correspondiente denuncia contra quien usted
estime oportuno diciendo en qué consisten las ilegalidades que
le atribuyen y solicitando de la Administración de Justicia
que actúe en consecuencia. Y, si es tan amable de darme a mí
las razones por las cuales cree que alguien está haciendo algo
ilegal, las estudiaré con muchísimo gusto y si detecto en ello
alguna actuación como la que usted propone yo seré el primero
en actuar en consecuencia. Si no es así, si usted no va a un
juzgado al salir de esta Cámara o si usted no me entrega nada
que sustente las graves afirmaciones que hace, tendré que
decirle que actúa usted con una extraordinaria
irresponsabilidad y que su condición de diputado no le permite
venir a esta Cámara, donde está representada la soberanía
nacional (Rumores.), para efectuar actuaciones ilegales a
quien quiera que sea si no es capaz de decir cuáles son y en
qué consiste. Usted no lo ha hecho, señoría, porque sabe muy
bien que el Reglamento de Correos, que es un decreto que
desarrolla una ley, autoriza a contratar, para determinados
puestos, en régimen de relación laboral, para puestos de alta
dirección, y eso es lo que se ha hecho. Eso no se hace así por
capricho, señoría. (El señor De Torres Gómez: Está recurrido.)
Haga usted lo que quiera, recurra donde quiera, cuente lo que
quiera. Si usted dice que la legalidad consiste en contratar
en régimen laboral a una persona para un puesto de alta
dirección, le diré que eso está
perfectamente previsto en la ley y el reglamento que regula el
organismo autónomo. También le diré, aunque no ha tenido
tiempo de terminar, que no hay nada irregular, que no hay nada
ilegal, que no hay nada que reprochar en el concurso de la
empresa...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
¿ESTIMA, COMO EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, QUE
SUBIR AHORA LAS TARIFAS TELEFONICAS ES UN DISPARATE? (Número
de expediente 180/000424)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 26,
del Diputado don Felipe Camisón Asensio.

Señor Camisón.

El señor CAMISON ASENSIO: ¿Estima, como el Tribunal de Defensa
de la Competencia, que subir ahora las tarifas telefónicas es
un disparate?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, subir ahora o después las tarifas telefónicas
globalmente consideradas, el conjunto de las tarifas
telefónicas, sería, sin duda alguna, un disparate que nadie ha
propuesto y que nadie se propone. Lo que el Gobierno ha
planteado, porque estima necesario, es reestructurar las
tarifas telefónicas de forma que, globalmente consideradas, no
se produzca un incremento de las mismas, pero se distribuya
mejor la relación precio-coste en cada una de ellas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: El hecho incuestionable es que el
Presidente de ese Tribunal acaba de hacer una defensa en el
Senado y en esta Cámara que, leo literalmente: No admito
ninguna subida hasta que usted no me clarifique los costes,
porque si estos son exageradamente más altos que los de otras
operadoras, usted tendrá antes que reducir costes. Por nuestra
parte
completamos el razonamiento, y es que, señor Ministro, hay
costes exageradamente fuera de tono.

Por ejemplo, Telefónica pudo comprar las redes de
telecomunicación del Perú por 160.000 millones de pesetas
menos respecto a los 2.002 millones de dólares comprometidos
estúpidamente por la operadora española. Dilapidó 160.000
millones de pesetas; hecho reconocido ya en esta Cámara tanto
por el Ministro de Economía como por el Presidente de
Telefónica. Otro hecho sintomático de Telefónica. En planta
interior el exceso sobre planta vacante, máxima ideal, que
como sabe es del ocho por ciento, es nada menos que de 465.000
líneas, lo que equivale a una inversión superflua de 140.000
millones; y en planta exterior, paresvacantes, 13 millones y
medio. Exceso sobre la ocupación ideal seis billones; o sea,
desconcierto de
inversiones.

Por tanto, nada más comprensible que el señor Ministro de
Hacienda esté reticente a la subida de tarifa sin clarificar
costes antes y a favor de la liberalización. Usted sigue la
pauta contraria. Luche, señor Ministro, como los británicos,
por potenciar el tráfico, abaratando el consumo, y colabore a
cortar la sangría de bajas telefónicas, que, ¿sabe a cuánto
asciende ya? A 577.000, en el año 1993. ¡Ya está bien! Antes
de subir tarifas, mejore



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la gestión y la productividad y no olvide que parte del gasto
es consecuencia del endeudamiento, señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Camisón. Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): No tengo gran cosa que añadir,
señorías. Simplemente recordar al señor Camisón que en mi
última
comparecencia parlamentaria le pregunté si su grupo estaba a
favor o en contra de liberalizar antes de reestructurar
tarifas; si su grupo creía que se podía liberalizar la
telefonía
internacional sin reestructurar antes las tarifas telefónicas.

Usted, señor Camisón, me dijo que estaba, naturalmente, como
el resto de los grupos, a favor de que primero
reestructurásemos y después liberalizásemos que es, por
cierto, lo que decidieron hacer, unánimemente, los doce
ministros de telecomunicaciones reunidos en Bruselas en junio
pasado y es lo que nos aconseja hacer, unánimemente, el pleno
del Consejo Asesor de
Telecomunicaciones. Si están de acuerdo todos los grupos
políticos con representación parlamentaria, si está de acuerdo
todo el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, si están de
acuerdo los doce ministros comunitarios de telecomunicaciones,
¿cómo voy yo a hacer lo contrario?



El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO) QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE: ¿SE ESTA ESTUDIANDO DE NUEVO LA POSIBILIDAD DE
CIERRE DE LA LINEA DE FERROCARRIL BARCELONA-PUIGCERDA-LA TOUR
DE CAROL, EN SU TRAMO RIPOLL-PUIGCERDA? (Número de expediente
180/000430)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 29,
del Diputado don Salvador Carrera i Comes.

Señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.

La línea de ferrocarril Barcelona-Puigcerdá-La Tour de Carol
en su tramo Ripoll-Puigcerdá viene siendo, de vez en cuando,
tema de especulaciones sobre su posible cierre. No son
especulaciones, señor Ministros, sino que ha habido --no hace
tampoco tanto tiempo-- movilizaciones y gestiones a todos los
niveles ante la decisión tomada de cese del servicio A-200 por
su baja
rentabilidad.

No voy a hablar de las graves repercusiones de esta decisión.

Si acaso oída su respuesta, efectuaríamos las iniciativas
necesarias, pero desde luego me llegan de una manera clara y
de buena fuente que existe el riesgo fundado del cierre de la
línea de referencia.

Hace escasos meses la Presidenta de Renfe, señora Mercedes
Sala, aseguraba su continuidad, pero dada la situación actual,
señor Ministro, le dirijo la siguiente pregunta: ¿se está
estudiando de nuevo la posibilidad de cierre de la línea de
ferrocarril Barcelona-Puigcerdá-La Tour de Carol en su tramo
Ripoll-
Puigcerdá?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, desde 1984 no se ha vuelto a plantear el cierre del
tramo Ripoll-Puigcerdá-La Tour de Carol dado el carácter
internacional de esta línea.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Ministro.

Me alegra constatar que realmente el propio señor Ministro
deja constancia --porque es así-- de que, a partir de esta
fecha, no se ha vuelto a plantear, pero --repito-- me llegaban
noticias que, a mi entender, eran de una fuente directa, las
cuales cuestionaban que ello fuera cierto. Esperemos que se
cumplan sus propias manifestaciones, señor Ministro. La línea
es de vital importancia. Me extrañan, no obstante, las
noticias que me llegaron, que ahora usted desmiente.

Seguiremos atentos.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias.

Mis manifestaciones, señor Diputado, señoría, no es que se
vayan a cumplir, es que se han cumplido ya, porque las referí
al pasado. Desde 1984 hasta ahora --he dicho-- no se ha vuelto
a plantear el cierre de esta línea.




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Cualquier esperanza de que se cumpla lo que se ha cumplido ya,
es un tanto redundante. No se ha vuelto a plantear hasta la
fecha de hoy. No soy un adivino. No sé qué podrá pasar dentro
de diez años; lo que he dicho --insisto-- es que las noticias
a las que usted hace referencia carecían de fundamento porque
ni el ministerio ni Renfe se han planteado entre 1984 y 1994
el cierre de esta línea que, sin duda alguna, tiene una baja
ocupación, que usted conoce de sobra porque la ocupación media
diaria es de 57 viajeros en época valle y en las épocas punta,
cuando hay muchos, hay 97 viajeros al día.

Por tanto, lo que digo es que no se ha planteado en diez años,
no nos lo estamos planteando y las noticias que usted recibe
deben reflejar únicamente la preocupación por ver su escasa
utilización, que nos preocupa a todos obviamente, pero habida
cuenta que es una línea internacional que se justifica en
función de los compromisos internacionales que tenemos con
otros países, que no es un itinerario aislado dentro de
nuestro territorio, no nos hemos planteado --insisto-- revisar
la decisión tomada en 1984. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA
CONTROLAR EL GASTO PUBLICO, TANTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO COMO DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS, SOCIEDADES
ESTATALES Y ENTES PUBLICOS CON ESTATUTO JURIDICO ESPECIAL
(Número de expediente 172/000045)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
del punto cuarto del orden del día, pasamos al quinto punto,
que se refiere a las interpelaciones urgentes.

En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Popular sobre medidas de política general previstas por el
Gobierno para controlar el gasto público, tanto de la
Administración General del Estado como de sus organismos
autónomos, sociedades estatales y entes públicos con estatuto
jurídico especial.

Para la defensa o exposición de la interpelación tiene la
palabra el señor Núñez. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular ha venido presentando en esta Cámara,
desde hace más de cuatro años, diversas iniciativas contra la
corrupción y el despilfarro. Dejando aparte las reflejadas en
las enmiendas a los distintos Presupuestos Generales del
Estado, quiero recordar que hemos presentado doce
proposiciones de ley, ocho interpelaciones con sus
correspondientes mociones y cerca de trescientas preguntas
orales y escritas, amén de solicitudes de comisiones de
investigación, bien sonadas, por cierto. Todas estas
iniciativas han sido sistemáticamente rechazadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, que con sus votos ha contribuido,
sin duda, a diluir los controles políticos, que son pieza
clave de un sistema democrático. La última de las
proposiciones de nuestro Grupo fue debatida el pasado día 1 de
marzo, y proponía una necesaria y eficaz reforma de la Ley
General Presupuestaria en materia de control de gasto,
transparencia administrativa y financiera y restablecimiento
del principio de intervención previa. A pesar de la defensa,
inteligente y brillante, de mi compañero Rafael Arias-Salgado,
la citada proposición fue rechazada.

Recuerdo todos estos datos, señor Ministro, antes de pasar a
exponer los motivos de la interpelación del Grupo Popular,
para que quede bien claro, aquí y ahora, quién ha llevado la
iniciativa contra la corrupción y el despilfarro y quién ha
entorpecido las iniciativas contra la corrupción y el
despilfarro. Incluso, esta interpelación fue presentada el
pasado miércoles, dos días antes de que el señor Ministro de
la
Presidencia, con voz de Júpiter tonante, amenazara a los
corruptos con meterles en la cárcel. Después de doce años de
Gobierno socialista y con tan larga lista de corrupciones, las
amenazas del señor Ministro parecían propias de un sainete.

Por desgracia, ni el Gobierno socialista ni el Grupo
Parlamentario que en esta Cámara le apoya han tomado ningún
tipo de medidas contra los distintos casos de corrupción. La
palabra que resume la actitud del Gobierno durante estos años
es la pasividad, que es una de las más graves formas de
irresponsabilidad.

Es verdad que los últimos acontecimientos, tan gravísimos, por
afectar a instituciones señeras del Estado, han provocado,
¡por fin!, reacciones, aceptándose determinadas comisiones
investigadoras y condenas verbales de los presuntos actos
delictivos. Pero aún el Gobierno de don Felipe González no ha
reaccionado con medidas concretas y urgentes, que ya tendrían
que estar en esta Cámara. Lo único que trasciende de las
declaraciones del Presidente del Gobierno, de sus Ministros y
de sus ex Ministros es que se han acongojado, que han
manifestado su acongojamiento, lo cual no es poco para
empezar, supongo que porque ya no se puede negar ni disculpar
lo que es evidente. Un famoso cuadro del genial Goya, titulado
«El sueño de la razón produce monstruos», me permite parodiar
este título para decir aquí, señorías, que el sueño, la
pasividad del Gobierno socialista, ha producido despilfarro



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y corrupción y que esto ha costado muy caro a los
contribuyentes españoles, pero sobre todo ha hipotecado la
credibilidad de la clase política y ha hipotecado la
credibilidad de las instituciones, y esto sí que es gravísimo
y esto sí que requiere tomar medidas claras, severas y
eficaces, ya, y por ellas pregunta nuestra interpelación. ¿Y
por qué pregunta? Porque el Gobierno socialista no sólo ha
estado pasivo ante los casos de corrupción, sino que ha
facilitado todas las fuentes de las irregularidades, aprobando
leyes permisivas, fáciles de sortear, y nombrando autoridades
administrativas con excesiva capacidad de maniobra. Como saben
ustedes, señoras Diputadas, señores Diputados, en los últimos
diez años se ha producido un notable crecimiento del papel y
del volumen de las actividades del sector público. Tenemos una
Administración que dispone de la decisión del gasto de más del
45 por ciento del producto interior bruto y, por tanto, es
titular del sector público de la economía más obeso,
ineficiente y caro de nuestra historia. Pues bien, este
crecimiento no ha venido acompañado de las transformaciones
necesarias en los procedimientos que se requieren para llevar
a cabo esa actividad y que son, entre otros, los siguientes:
la reforma del proceso de presupuestación, la gestión, los
recursos humanos y el establecimiento de mecanismos rigurosos
de control del gasto público. En general, la doctrina española
financiera y administrativa --García de Enterría, Martín
Retortillo, Sainz de Bujanda, etcétera--, el Derecho comparado
y la jurisprudencia muestran una preocupación constante por el
control del gasto público, llegando a decir que si a toda
actividad administrativa es consustancial la existencia de
controles, con mayor motivo en la esfera financiera, ya que la
naturaleza de esta actividad asegura la posibilidad de
funcionamiento de todo el bloque de la vida pública. En
definitiva, se trata de tener un sistema que garantice el
manejo objetivo de fondos públicos, ajustándolo a la ley y
asegurando el cumplimiento de los fines públicos que se
persiguen.

Ustedes, los socialistas, cuando llegaron al poder en 1982,
heredaron un buen sistema de control del gasto público, que se
apoyaba, entre otras cosas, en lo siguiente: en el papel
riguroso y previo de la intervención, en otras técnicas
presupuestarias distintas de las actuales y en impedir la
huida al Derecho privado de los entes públicos. El sistema,
por lo visto, no les dejaba suficiente capacidad de maniobra
y, en aras de una supuesta mayor eficacia administrativa,
flexibilizaron, y en algunos casos eliminaron, los mecanismos
de control de legalidad de la ejecución presupuestaria y del
gasto, minimizando el papel de la Intervención General del
Estado e introduciendo medidas que favorecen la arbitrariedad
y la discrecionalidad en la gestión de los servicios públicos.

La Ley Presupuestaria de 1988, obra exclusiva de ustedes, así
lo demuestra. Este proceso ha
culminado, en estos últimos años, con la creación de un número
considerable de sociedades estatales y entidades de Derecho
público, a las que se refiere el artículo 6.º de la Ley
Presupuestaria, que, con personalidad jurídica pública,
someten sus actividades al ordenamiento jurídico privado. En
relación con estas sociedades estatales y entes públicos
podríamos plantear, señor Ministro, una cuestión previa a la
de la burla del Derecho público. Como no tengo tiempo de
exponerla, simplemente la citaré. Se trata ni más ni menos,
del propio alcance que el sector público debe tener y de su
extensión a través de la empresa pública. Ayer se refirieron a
este asunto con meridiana claridad mis compañeros García-
Margallo y Gamir. Es ésta una cuestión evidentemente política,
que depende en última instancia del Gobierno, pero es evidente
que, a mayor abundancia de empresa pública, que además carece
del necesario estatuto, mayor
dificultad tendremos para controlar el gasto público. Esta
evidencia, unida a la realidad constatada de que el Estado es
un mal empresario, por sus condicionamientos sociales y la
frecuente designación política de sus gestores, ha hecho que
estas figuras del artículo 6.º de la Ley Presupuestaria estén
en franco retroceso en los sistemas de Derecho comparado. Pero
aquí, desde hace diez años, caminamos con entusiasmo en
dirección contraria, y así nos va.

En todo caso, lo que me interesa decir, en relación con la
interpelación que estoy defendiendo en nombre de mi Grupo
Popular, es que el problema fundamental que produce un
disparatado descontrol del gasto público es el uso alternativo
del Derecho, que lleva al uso del imperio que proporciona el
Derecho público, acompañado de técnicas de Derecho privado que
merman controles y garantías. Este fenómeno ha sido objeto de
denuncia constante por nuestro Grupo. No estamos hoy ni
actuamos movidos por la negrísima actualidad. En campos tan
importantes para el control del gasto como es la contratación
de obras y servicios por la Administración o la incorporación
de personal, no se puede improvisar, señor Ministro. A veces
no se trata de un uso alternativo del Derecho privado, sino de
un abuso del Derecho público, como el que deriva de la
generalización de los procedimientos de urgencia,
extraordinarios, que han convertido en ordinarios y que se
traducen en figuras como la contratación directa o la
expropiación urgente o la cobertura de plantillas de los entes
públicos con personal de estatuto laboral, a pesar de existir
personal funcionario excedentario en la Administración del
Estado. Sin duda, el descontrol del gasto público y la
pasividad del Gobierno ante tantas irregularidades han
propiciado, repito una vez más, el despilfarro y la
corrupción; así lo demuestra la simple lectura del informe
anual de 1990 del Tribunal de Cuentas. El informe demuestra --
y, por cierto los datos que tenemos en nuestro poder coinciden
con él-- que la contratación



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directa fue utilizada como norma general --como norma general-
-por la práctica totalidad de los ministerios, tanto en
contratos de obra como de servicios, destacando por la
frecuencia de su empleo y la importancia de la obra adjudicada
los Ministerios de Obras Públicas y Transportes, Justicia,
Interior, Defensa, Economía, Educación y Ciencia y Sanidad y
Consumo.

La situación se mantiene y agrava en los tres últimos años
(1991, 1992 y 1993), persistiendo los fenómenos de corrupción
que adquieren unas dimensiones especiales con motivo de la
Expo, de las Olimpiadas y de los fastos de 1992, y culminan en
los tristísimos ejemplos que se han dado en las instituciones
más señeras del Estado, como son la Dirección General de la
Guardia Civil, el Banco de España, el «Boletín Oficial del
Estado», CIS, etcétera.

Pero, al margen de las conductas personales que deben ser
juzgadas y sancionadas cuando haya lugar a ello, el Estado
tiene que prevenir y cuidarse de estas conductas que la falta
de control posibilita. Pero es que, además, tal ausencia o
defecto de control se encuentra como factor desencadenante del
déficit público que superó los 7 puntos para todas las
Administraciones en el pasado año y que es el causante de una
deuda pública desmesurada cuyos costes financieros amenazan
con paralizar la acción del Estado en una o dos generaciones.

A pesar de todo lo expuesto...




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.




El señor NUÑEZ PEREZ: Voy terminando, señor Presidente.

A pesar del asfixiante e insoportable grado de corrupción, el
Gobierno y las instancias administrativas responsables
continúan insistiendo en la necesidad de fomentar esta nueva
cultura de la gestión pública que se acerca mucho al laisser
faire. Así, para explicar las inexplicables cifras del
Tribunal de Cuentas se especula con nociones como:
descentralización de decisiones, presupuestación flexible por
programas, discrecionalidad en la asignación de recursos
dentro de topes cuantitativos máximos, y otras expresiones
verbales más o menos esotéricas, como la de confiar el control
del gasto a la motivación y responsabilidad de los gestores,
obviedades y propuestas de comportamiento que derivan del más
elemental sentido común, pero que poco o nada tienen que ver
con el principio de especialidad en el que, como sabe el señor
Ministro, en buena parte reposa la eficacia del control
presupuestario.

Para justificar el descontrol han fomentado ustedes la
insensata y torpe teoría, en nombre de la agilidad, de la
eficacia y de la modernización, según la cual no es otra cosa
que jurisdicismo burocrático y estéril --estoy repitiendo
palabras de ustedes--el control del gasto público en nuestra
Administración, cuando se basa en la intervención previa sobre
la legalidad, una contabilidad básicamente presupuestaria y
una presupuestación precisa y vinculante hasta donde fuera
necesario para precaverse contra el capricho y la
arbitrariedad, cuando no contra las tentaciones de
malversación. El señor Vicepresidente Serra, en un rapto de
inspiración como son los suyos, llamó a este sistema
Administración de manguitos. Casi acierta. Lo que ha producido
el sistema de ustedes no es una Administración de manguitos,
es una Administración donde pueden campar por sus respeto los
mangantes. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!)
Pero aún tomando por bueno el argumento de la mayor eficacia y
agilidad para justificar lo injustificable, ¿en qué se ha
notado la mayor eficacia de ustedes si hablamos de gestión de
servicios públicos, qué ejemplos...?



El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.




El señor NUÑEZ PEREZ: Menos de un minuto.

¿Qué ejemplos puede darnos el señor Ministro que demuestren
que es mejor la prestación sanitaria hoy que la de 1983 o la
Administración de Justicia o el servicio de Correos, a pesar
de que lo han convertido ustedes en organismos autónomos, o el
Inem, a pesar de que ha triplicado la plantilla en cinco años,
o la seguridad ciudadana, a pesar de las adjudicaciones
urgentes y directas para los cuarteles?
Dejémonos de eufemismos, señor Ministro. En un Estado de
Derecho la Administración, por mucho producto interior bruto
que acapare bajo sus alas, sigue siendo un poder jurídico cuya
más exacta caracterización procede del texto constitucional
mismo, que se funda en el artículo 103.1, cuando establece que
la
Administración Pública sirve con objetividad a los intereses
generales y actúa con sometimiento pleno a la Ley y al
Derecho. Es de esperar que nuestra Constitución no merezca por
ello, por parte de los actuales gestores de la cosa pública,
el reproche de legalismo burocrático y estéril. Es de esperar,
señor
Presidente, señorías, señor Ministro, que el Gobierno se apee
del burro, reconozca que se ha equivocado en su política de
control del gasto y adopte cuanto antes las medidas necesarias
que posibiliten un mayor y más eficaz control y sirvan para
erradicar de la vida española todo germen de corrupción.

Por esas medidas, precisamente por esas medidas, le pregunta
nuestra interpelación, señor Ministro.

Gracias, señor Presidente, gracias, señorías. (Algunos señores
Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.

Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno tiene
la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señorías, el señor Núñez, como suele hacer con cierta
frecuencia, nos ha expuesto una serie de juicios de valor
bastante distantes de la realidad a la que se refieren. El
señor Núñez parte de unas afirmaciones sobre quién es el que
defiende mejor las variaciones del sistema de control del
gasto público y pretende atribuirse una comparación positiva a
su favor, y parte, como siempre que se hace este tipo de
comparaciones, de una argumentación yo diría que falaz o, por
lo menos, incompleta.

La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el
sistema de control de gasto público en este país y si es o no
suficiente. Y lo primero que vemos es que en nuestro país hay,
como mínimo, cuatro sistemas de control de gasto público. Hay
un primer control preventivo, vía presupuestos, que ejerce
este Poder Legislativo; hay un control externo jurisdiccional,
ejercido por el Tribunal de Cuentas; hay un control interno
administrativo, que es el que realiza la propia
Administración, el propio Ministerio de Economía y Hacienda a
través de la Intervención General del Estado --tal vez a éste
quiere prestar una especial atención--, y, por supuesto, están
los controles adicionales parlamentarios a través de la
aprobación de la Cuenta General del Estado o de cualquier otro
tipo de comisión
investigadora o de otra naturaleza que se quiera plantear. ¿Es
suficiente o no ese control? Al final, S.S. plantea ese
problema especial del que habla, de flexibilización, de leyes
permisivas. Mire usted, señoría, la Ley Presupuestaria, que
fundamentalmente afecta a la actuación de la Intervención
General del Estado en su doble faceta, la función interventora
y el control financiero, lo que hace es, sin duda alguna,
adaptarse a una realidad cambiante y que, desde luego, poco
tiene que ver en 1993 con la situación existente en 1981. Su
señoría, como tantas veces, hace una afirmación sin ninguna
base real y dice: los controles son menores. Creo que eso es
absolutamente incorrecto. Creo que se puede decir exactamente
lo contrario y se puede afirmar que no sólo no se ha producido
ninguna eliminación de mecanismos de control, sino que incluso
esos mecanismos de control han
aumentado.

Es cierto que ese mecanismo de control tiene una naturaleza
distinta en el momento actual y que el control ha evolucionado
y se ha ido adaptando a una Administración cuyo volumen de
operaciones y cuyos objetivos no son los mismos que en años
pasados. ¿Cómo hemos ampliado ese número de operaciones
sometidas al control? Pues, por ejemplo, las subvenciones, que
anteriormente no se controlaban, ahora se controlan. Tenemos,
es verdad, unas gamas técnicas de control distintas,
especialmente a través de los sistemas de auditoría. La propia
función
interventora ha cambiado parcialmente su naturaleza. Y S.S.

dice: prefiero la fiscalización previa. Es una opción, pero es
una opción yo diría que puramente sentimental; no tiene
ninguna base técnica para decirme seriamente que una
intervención previa, una fiscalización previa es peor que una
responsabilidad de los gestores y una fiscalización por
muestreo que, si está bien hecha, nos dará exactamente los
mismos resultados. Lo que sí tiene que plantearse S.S. es cuál
es la función de la
Intervención del Estado. ¿Es un control de legalidad o es
también una función de oportunidad en las decisiones
políticas? Si S.S. lo que quiere es que la política la hagan
los interventores, desde luego no estaremos nunca de acuerdo;
si S.S. lo que está planteando es que los interventores
controlen la legalidad, estaremos siempre de acuerdo.

A partir de ahí se pone en marcha un sistema relativamente
complejo que S.S. conoce y que, evidentemente, afecta a
modelos de, por una parte, intervención previa y, por otra
parte, de control financiero, control financiero que en
algunos casos es permanente, especialmente en algunos entes
públicos;
Radiotelevisión es un caso o la Agencia Tributaria es otro. En
otros casos lo que tenemos son planes anuales de auditorías, y
ahí ya estamos entrando en algunos elementos de oportunidad,
pero no oportunidad política, que lógicamente debe
corresponder a otro gestor, sino de oportunidad económica en
función de la adopción de ciertas decisiones. Y estos días
estamos viendo como en algunos casos la Intervención opta por
criterios de oportunidad de tipo económico, aunque desde el
punto de vista del control previo --ese que a usted tanto le
gusta--, se cumplen exactamente todos los requisitos legales.

Muchas veces los requisitos legales no nos dicen absolutamente
nada y sin embargo nos distorsionan la realidad.

Como conclusión de todo lo expuesto yo le diría que no es
cierto que en los últimos años se hayan reducido los niveles
de control sobre el gasto público que realiza el Estado; en
todo caso puede afirmarse que se han modificado los mecanismos
de control con una idea, es cierto, de agilizar una gestión
sin merma del
cumplimiento de la legalidad. Se han incrementado los sujetos
sometidos a control --y me he referido a las subvenciones--, y
es cierto que también se han ampliado y diversificado las
técnicas de control. Su señoría plantea indirectamente un
aspecto que puede ser de interés y es si debe reducirse o
ampliarse el sector público. Yo creo que no se puede mantener
seriamente que este Gobierno haya aumentado el sector público.

Las empresas públicas han disminuido y desde luego lo que sí
se ha producido es que una Administración central en algunos
casos se ha transformado en



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una Administración de una naturaleza distinta. ¿Pero es verdad
que los funcionarios de Correos, que un cartero tiene que ser
funcionario? Pues mire usted, es algo perfectamente
discutible. ¿Considera usted mejor que un médico sea
funcionario? Yo creo que más bien debe tener una naturaleza
distinta. Por tanto creo que debemos entrar en cada uno de los
temas con un mayor rigor y con una mayor seriedad.

Sin embargo S.S. plantea, ¿van ustedes a hacer algo?
Evidentemente, las cosas siempre son mejorables y algo estamos
pensando porque creo que algo hay que hacer. Creemos que es
imprescindible reforzar y mejorar las medidas de control de
gasto público, siempre, siempre, porque el déficit público es
uno de los problemas más graves que tiene este país, y, en
consecuencia, cualquier medida que nos sirva para mejorar la
situación actual vale la pena que se discuta y vale la pena
que la planteemos. Tendremos que incrementar la agilidad y
eficacia de las
organizaciones públicas, pero siempre que simultáneamente --y
en eso puedo coincidir con usted-- se garantice a través de
adecuados sistemas de control --ahí tal vez no coincidamos--
el cumplimiento riguroso de la restricción presupuestaria. En
este sentido estamos trabajando --S.S. lo conoce-- en
modificaciones de la actual Ley General Presupuestaria.

Posiblemente podría coincidir en que habría que ir a una
tipología más correcta de las estructuras administrativas
actualmente vigentes, que tal vez han quedado difuminadas como
consecuencia de una aplicación histórica, muchas veces con
criterios no excesivamente
homogéneos. Pero no es menos cierto que la aplicación del
sistema de control en cada una de esas tipologías no tendrá
que hacerse de la misma forma y, evidentemente, podrán tener
una u otra naturaleza. Y es evidente también que una Ley
Presupuestaria que funcione de forma correcta debería exigir
también una aplicación mucho más rigurosa de un proceso de
presupuestación por
objetivos. Es cierto que la experiencia en este país en ese
punto concreto no ha sido excepcionalmente positiva, y es
verdad que sin embargo una presupuestación por objetivos,
adecuada y correcta, significaría ya, por sí misma, un
mecanismo de control del gasto público a priori que tendría,
sin duda alguna, efectos positivos muy notables.

Por tanto ese avance en el sentido de presupuestación por
objetivos de reforma de la Administración pensamos que, sin
duda alguna, vale la pena. Pero seguramente se pueden hacer
más cosas y estamos trabajando y haciendo más cosas. Estamos
poniendo en marcha un proyecto relativo al registro y
seguimiento de todas las actuaciones financieras de España con
la Comunidad. Tenemos en marcha un proyecto de seguimiento de
las subvenciones, y es una parte muy importante, dentro de las
transferencias actuales y, por tanto, del gasto público. Hay
un proyecto de implantación de contabilidad analítica en los
organismos autónomos del Estado con carácter generalizado. En
definitiva, hay una serie de actuaciones que van en esa línea
que a S.S. le preocupa. Y hemos hecho algo más; hemos
planteado una nueva legislación sobre contratación pública. Es
una ley prácticamente homologada con las directivas
comunitarias y, por tanto, con los mismos regímenes que se
plantean en otros países de nuestro entorno.

Y es cierto que mantenemos la contratación directa, esa
contratación que parece que tanto irrita a S.S. Parece que el
gran punto de preocupación de S.S. del Informe del Tribunal de
Cuentas del año 1990 es que contratamos mucho directamente. Su
señoría --entiendo que con ánimo dialéctico--, evidentemente,
presenta el vaso medio lleno, medio vacío, según le conviene.

Es cierto que hay contratación directa. Si S.S. mide el número
de contratos, es mucho mayor; sin embargo, la contratación
directa, en términos de volumen, es radicalmente diferente. La
contratación directa, en términos de volumen --lo puede S.S.

comprobar en el propio informe del Tribunal de Cuentas--
representa sólo el 26 por ciento del total y el 8,65 si se
excluye aquella que, por su propia naturaleza, está vinculada
a materias que así lo justifican. Por tanto, lea todo el
informe del Tribunal de Cuentas y no únicamente aquello que a
S.S. le interesa. Pero le voy a decir algo más. Esa práctica
de la contratación directa se produce seguramente en todas las
administraciones por necesidad de urgencia o por la necesidad
de actuar en un momento concreto. Le voy a dar tres cifras que
le pueden, tal vez, resultar de interés. En el Ayuntamiento de
Madrid, de acuerdo con las cuentas aprobadas en el Pleno del
mes pasado, el 98 por ciento es contratación directa; en la
Comunidad Autónoma de Baleares, según el informe del Tribunal
de Cuentas de 1990, el 91 por ciento es contratación directa;
en la
Comunidad de Castilla y León, según el mismo informe, el 52
por ciento es contratación directa. Por tanto, no hagamos
demagogia con cifras que no corresponden a la realidad y que
tienen que ver con una situación que es totalmente diferente a
la que S.S. plantea.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Núñez.

El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, nos ha dejado usted como estábamos, sumidos en la
perplejidad y en la desesperanza. Siempre están ustedes
haciendo cosas, siempre, pero nunca las vemos. A ustedes no
les pasa lo que a Lope de Vega que «... en horas veinticuatro
pasaban de las musas al teatro». Ustedes van a necesitar
muchos años, pero ya nada más, ya se les acabó a ustedes la
credibilidad. Por tanto, déjennos a nosotros hacer cosas que
ustedes han demostrado que no saben hacer. (Un señor Diputado:
¡Muy bien!--La señora García-Alcañiz Calvo: Hay algunas que sí
saben.)



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Cuando se habla de los controles y de que efectivamente
ustedes los tienen, yo no tengo más remedio que recordarle una
cosa. En los últimos tiempos, sólo en los ultimísimos
tiempos --hablo de todo tipo de control--, ustedes aceptaron
alguna que otra comisión de investigación, que es una forma de
control político del Gobierno, como sabe usted muy bien, pero
cuando se les solicitó insistentemente la creación de algunas
para casos muy espectaculares (Rumasa, Ibercop, etcétera),
ustedes, tan
presuntuosos ahora de un buen control, dijeron aquello de que
«mientras yo gobierne no se creará ninguna comisión de
investigación». Eran tiempos de mayorías absolutas y
aplastantes, con las que ustedes creyeron que se podía hacer
todo. En nombre de esta Cámara, a la que corresponde el
control político, ustedes, con su mayoría, diluyeron los
controles internos --ahora me explicaré-- y, a renglón
seguido, también con su mayoría, destruyeron el control
político impidiendo las comisiones de investigación, y el
resultado, no lo dude usted, señor Ministro, no lo dude, el
resultado es el despilfarro y la corrupción. En cuanto a las
medidas legislativas --acaba de anunciarlas otra vez--, llevan
ustedes varios años anunciándonos tres proyectos de ley que
tienen mucho que ver con el control del gasto público. El
primero, la Ley Presupuestaria. Dice usted que están
estudiando --otra vez estudiando-- un nuevo texto que
sustituya al aprobado por Decreto-ley de 1988. Tráiganlo
ustedes, pero si no lo traen suprimiendo lo que de capacidad
de maniobra da a los entes públicos el artículo 6.º y lo que
minimiza el artículo 95 a la Intervención General del Estado,
es mejor que se lo sigan pensando, o bien que trabajen sobre
el que nosotros le
presentamos el día 1 de marzo. Dice usted también que la
Intervención General del Estado debe formar parte de la
organización del Estado y de su funcionamiento, y hay otra ley
que, efectivamente, tiene mucho que ver con la posibilidad de
la utilización de la Intervención y para qué la queremos --
estamos de acuerdo que para el control de la legalidad y del
gasto, no para hacer política--; la queremos justamente para
lo que no la quieren ustedes. Queremos que forme parte y quede
perfectamente reflejada en la estructura de la organización de
la
Administración general del Estado. Pero esa ley nos la llevan
ustedes prometiendo diez años y no viene. El anterior
Secretario de Estado, señor Zabalza, el día 24 de marzo de
1993, clausurando las décimas jornadas sobre control del
gasto, dijo que ustedes no eran capaces todavía de ponerse de
acuerdo para conciliar el texto de la Ley Presupuestaria y el
de la Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y que
por eso no venían, y, efectivamente, el calendario nos da la
razón. La otra ley (la tercera pata) es la ley de contratos de
la Administración del Estado, que efectivamente la tienen
ustedes aquí, y sobre la que no voy a pronunciarme ahora,
porque mis compañeros de grupo ponentes tienen una valoración
de la misma y harán las enmiendas correspondientes. Solamente
le digo una cosa, que si en esa ley se mantiene el criterio
que venía en el otro texto, que no pudimos terminar de debatir
porque se
disolvieron las Cortes de que los entes públicos sometidos a
Derecho privado no quedan sujetos a la misma, no cabe duda que
estarán abiertos los cauces del fraude, las vías del fraude, y
que no habremos adelantado absolutamente nada. Señor Ministro,
la forma tradicional de control no basta para afrontar con
garantías el control de la prestación de servicios sociales en
los términos de celeridad y eficiencia que la sociedad
reclama, es cierto, pero ya sabemos a donde nos han conducido
las fórmulas de control, las fórmulas de gestión ágil que
ustedes han
utilizado: a la ineficaz fórmula de la intervención por
muestreo aleatorio, verdadero coladero de irregularidades; al
abuso de las modificaciones de créditos entre capítulos,
conceptos y artículos presupuestarios. Y un ejemplo: cerca de
4.000 millones de pesetas (léase usted los informes del
Tribunal de Cuentas), de partidas presupuestarias se han
transferido a fondos reservados. Ustedes rizan el rizo y
cambian discrecionalidad, que no les basta, por reserva, lo
cual es intolerable.

También nos han conducido dichas fórmulas al recurso abusivo
de la declaración de urgencia para escapar de la tramitación
de los concursos por las reglas de la Ley de Contratación del
Estado, padeciendo así los principios de publicidad y
concurrencia en la licitación, y abriéndose la puerta a la
arbitrariedad y al cohecho.

El Tribunal de Cuentas nos da unas cifras espectaculares, y yo
le voy a devolver cifras por cifras. En 1990, el sistema de
contratación directa fue empleado en 898 contratos de obras,
que arrojan un importe total de 275.933 millones de pesetas.

Sólo los adjudicados por la Dirección General de la Guardia
Civil son 43, por un importe de 12.236 millones. Y si quiere
usted huye a otras administraciones, que también a usted le
gusta huir, como a los entes públicos al Derecho privado; huye
usted a la Administración local o a las autonomías, pero aquí,
en la Carrera de San Jerónimo, estamos juzgando esto, y usted
me tiene que contestar y no salirse por peteneras, porque
sobre lo otro, evidentemente, hay grupos parlamentarios que lo
quieren valorar. Cite usted también, si lo hace, a otros
ayuntamientos y a otras comunidades, y verá usted como en la
comparación salimos ganando.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.




El señor NUÑEZ PEREZ: Estoy terminando.

Y en la contratación de suministros, el Tribunal de Cuentas ha
descubierto, precisamente porque no hay



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intervención ni control, 329 contratos por un importe de
154.845 millones de pesetas; los porcentajes no sólo se
mantienen en los tres últimos años, sino que se incrementan.

Hemos hecho 51 preguntas escritas al Gobierno para que nos lo
aclare, y he traído unos cuantos ejemplos de adjudicaciones
directas en 1993 del «Boletín Oficial del Estado»; aquí las
tengo a su disposición. Sólo en contratos de asesoramiento,
que han burlado los controles de la Intervención General del
Estado para seis ministerios, suman 17.000 millones de
pesetas. Lo tiene aquí a su disposición, repito, por eso lo he
subido.

¿Dónde está la urgencia? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está
la necesidad de la contratación directa? Según el propio
Tribunal en singulares supuestos de urgencias; repito, en
singulares. Voy a poner otro ejemplo, y ya termino, señor
Presidente, agrediciéndole su amabilidad. El Hospital de El
Bierzo (es de mi provincia) se adjudicó en 1988 por un importe
de 2.000 millones de pesetas; estamos en 1994 y aún no está
terminado. Y el presupuesto inicial, entre ampliaciones y
reformados, aprobados alegremente, se acerca a los 7.000
millones de pesetas. Son datos que figuran en respuestas
escritas que ustedes me han facilitado y que yo le agradezco,
pero así se va, por la alegría de los reformados y
ampliaciones y sin un control claro por una
intervención, a estas barbaridades de costes finales.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.




El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino, señor Presidente.

¿Y qué decir de la contratación del personal de los entes
públicos o de la utilización de créditos para inversiones
reales en contratar empleados? Le doy sólo un ejemplo. El
personal eventual de confianza sobrepasa, sin control, los
límites fijados en el acuerdo del Consejo de Ministros de 21
de diciembre de 1982. En la actualidad, sobre los 264 puestos
eventuales de confianza que había en 1983 ustedes tienen 802;
son datos del Registro de Administraciones Públicas. En
Interior sólo 175, pero en Presidencia la fontanería alcanza
los 345.

Podía seguir con muchísimas más cosas, pero con esto ya sabe
que los sistemas de control del gasto público que ustedes
tienen producen estos resultados y producen, además, el caldo
fácil para que prospere la corrupción y el despilfarro. Hagan
ustedes algo para que no caiga sobre la clase política y sobre
las
instituciones esta falta de credibilidad, que es para mí la
mayor responsabilidad del Gobierno socialista. Nada más y
muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)El
señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Su señoría sube a la tribuna sacando una serie de ejemplos de
los que no tengo ninguna información. Pueden ser correctos, no
lo dudo, pero seguramente tienen también una justificación y
pudiendo haber venido preparado para ofrecer una respuesta
podríamos haberla dado de forma correcta.

Su señoría dice: «En el fondo, lo que nos preocupa es que
ustedes están planteando unas modificaciones legislativas y
esas
modificaciones legislativas no llegan.» Pues no llegan
parcialmente. La Ley de Contratos del Estado S.S. me ha
reconocido que ya está en este Parlamento. Y S.S. añade: «Si
en la ley los entes de Derecho público tienen el mismo
tratamiento que los entes de Derecho privado, no me sirve.»
Depende, porque si S.S. hubiera ojeado la ley --yo no he
ojeado sus casos, usted no ha ojeado la ley-- vería que
claramente se dice que los principios de transparencia y de
publicidad se aplicarán en la actuación de todos aquellos
entes en los que se aplica el ámbito de la ley, aunque no sea
la Administración propiamente dicha. Por tanto, este tipo de
actuaciones está previsto, y sin duda alguna se puede avanzar
en la misma dirección que están avanzando los restantes países
europeos; en consecuencia, no creo que tengamos que innovar
nada, además de que nuestro margen de maniobra es inexistente,
en la medida en que estamos hablando de trasposición de
directivas comunitarias.

Respecto a la Ley de Presupuestos, voy a intentar por todos
los medios que esté en este Congreso antes de fin de año.

¿Cuáles son las modificaciones en la línea en la cual estamos
pensando introducir las reformas? En la línea en la que le he
comentado. Su señoría dice: «Si no volvemos a la intervención
previa, prácticamente no me sirve». Creo que es un error. Yo
creo que a S.S., como es un buen jurista, le preocupa mucho
eso de que las intervenciones aleatorias no tengan el mismo
valor. Pero le puedo asegurar que, en términos estadísticos,
la intervención aleatoria puede ser tan útil y cumplir
exactamente el mismo valor que la intervención previa. Y
podría añadir que seguramente con
intervenciones aleatorias se puede profundizar mucho más que
con intervenciones previas, que se dan de forma más
generalizada. Y desde luego me alegra compartir con usted,
cuando se ha referido a la Intervención General del Estado,
que por lo menos no pretenden que los interventores tomen las
decisiones sobre elementos de naturaleza política y no sólo
sobre el control de legalidad. Es cierto que el control de
legalidad --S.S. tendrá que aceptar conmigo-- es absolutamente
insuficiente, y que con el



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se pueden hacer barbaridades enormes en términos económicos y
no sólo en términos políticos.

Por último, S.S. me dice: «No se salga por peteneras; yo le
doy unas cifras y usted me da otras. Pero vuelvo a insistir en
mis cifras. Sus cifras las calcula en números de contrato; las
mías en volumen». Y yo le digo que, por favor, no
escandalicemos a la gente diciendo que hay un porcentaje
excesivo en contratación directa cuando, en realidad, el
volumen no es exactamente el mismo. Y no es exactamente el
mismo porque S.S. sabe, como yo, que la contratación directa
se utiliza especialmente en los pequeños contratos, en los que
muchas veces, por su propio coste administrativo, resulta
especialmente difícil actuar de forma distinta a la
contratación directa, ya que estamos hablando de operaciones
muy pequeñas, donde indudablemente esa contratación directa
tiene una eficiencia mayor. Posiblemente ahí también se podría
aplicar ese control aleatorio al que anteriormente hacía
referencia, y nos podría dar un resultdo final bastante
correcto. Su señoría dice que me puede citar casos de
ayuntamientos o de comunidades socialistas donde la
contratación directa es
importante. Yo le diría que sin duda alguna, pero mejorar el
nivel del, 98 por ciento del Ayuntamiento de Madrid o del 92
por ciento de la Comunidad de Baleares va a resultar realmente
difícil.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente, puesto que creo que en estos
trámites de interpelación no debemos suscitar un debate con el
Grupo que la ha propuesto, sino que debemos estar, en todo
caso, más a lo que se plantee en la moción consecuencia de la
interpelación. En principio, nuestro Grupo comparte la
preocupación del Grupo Popular en todo lo relativo al déficit
público y a la
problemática que hoy puede generar su existencia sobre el
conjunto de la evolución de la economía española. Sin duda,
actuar y adoptar medidas dirigidas a controlar ese déficit
público es también un objetivo de la acción política que
impulsa a nuestro Grupo Parlamentario. Esta es una cuestión
que no sorprenderá al Grupo Popular, porque está recogida y
expresada en nuestro programa electoral y se ha manifestado en
muchos debates. Por tanto, somos partidarios de la adopción de
compromisos que puedan contribuir a ir progresivamente
reduciendo la existencia del repetido déficit público. La
situación de la crisis económica no ha ayudado al proceso que
se había iniciado ya en años anteriores; se ha descompensado
total y absolutamente. El análisis de ese crecimiento puntual
en los dos últimos años es un análisis que creo que ahora no
hay que realizar, pero en cualquier caso sí que estamos de
acuerdo en que progresivamente tenemos que adoptar medidas
específicas de contención del gasto público en la economía
española, como la moderación en todo lo relativo al
crecimiento del gasto, aplicable a los capítulos del
presupuesto público en la dirección que ya se ha incorporado
en la Ley de Presupuestos de este año 1994, pero yendo mucho
más allá, si es posible. Le quiero recordar que precisamente
en este año 1994 se ha aplicado la contención salarial por
segunda vez; vamos a ver si es posible mantener una medida de
esa naturaleza un tercer año consecutivo, aunque eso tiene
graves repercusiones que usted sabe perfectamente. Pero en
todo caso sí que tenemos que incorporar, en progresivos
presupuestos del Estado, medidas de contención del gasto
consuntivo, del gasto corriente, del gasto administrativo de
las administraciones públicas.

Hay que adoptar también medidas de control de subvenciones a
las empresas públicas. Creemos que hay que exigir requisitos
obligatorios a las mismas si reciben subvenciones. En ese
sentido, las exigencias que se imponen a la economía privada
cuando reciben subvenciones deberíamos también exigirlas a las
empresas públicas: planes de saneamiento o previsiones a corto
plazo de reflotación de su situación. También deberíamos
abordar compromisos --digamos-- más intensivos en lo relativo
a la realización de activos de naturaleza y de titularidad
pública para poder generar recursos atípicos, recursos
extraordinarios, y reducir el déficit público.

Con todo, quiero apuntar que nuestro Grupo es consciente de
que el cambio de política monetaria que se ha incorporado ya
en la economía española está generando un marginal de
actuación importante. La reducción de los tipos de interés
está permitiendo una incidencia de contención del gasto
público en todo lo relativo al gasto financiero de forma
notoria. Deberíamos ver cómo aprovechamos esta actuación para
incidir en ella mucho más. En síntesis --no quiero alargar mi
puntual intervención en este momento--, quiero decirles que
estamos esperando a conocer la moción que se pueda generar con
el ánimo de que acordemos en esta Cámara algunas medidas que
vayan un poco más allá en la
contención del gasto público en la dirección que apunto,
porque este es un objetivo perseguido por mi Grupo
Parlamentario, exigido por la Comunidad Económica Europea por
nuestros
compromisos de Maastrich y en el proceso de unión económica y
monetaria. Por tanto, si en esta moción que previsiblemente va
a presentar el Grupo Popular podemos coincidir en los
compromisos de contención y de orientación del gasto público,
con mucho gusto seremos partidarios de la aprobación de estas
resoluciones.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. El
origen primero de esta interpelación, que para nosotros era
dirigido al control del gasto público, tiene derivaciones a la
hora de actuar e intervenir y se va llevando hacia otras
vertientes. A nosotros nos gustaría dejar claras dos
reflexiones o dos opiniones de lo que ha sido el debate de hoy
(cuando llegue la moción podremos concretarlo con enmiendas).

Una, que al principio de la legislatura, en el mes de
septiembre, el Ministro de Economía, señor Solbes, le venía a
decir a nuestro Grupo que algunas de nuestras propuestas, de
nuestras iniciativas, podrían llevar al país a la ruina porque
eran muy costosas, por así decirlo, o no estaban bien
meditadas. Lo cierto y verdad es que hoy al Gobierno le
podríamos decir que nosotros le hubiéramos llevado a la ruina,
pero algunos lo están llevando a la
bancarrota. A la bancarrota porque ciertas actuaciones de este
Gobierno han llevado al país a gastar más allá de lo que
podíamos tener como posibilidades a la hora de medir nuestra
recaudación con lo que pudiéramos hacer frente.

La segunda cosa que se nos viene a la cabeza es que nosotros
no queremos contribuir a que todo lo que se una al gasto
público sea proclive a lo corrupto, mientras que otro puede no
serlo. Señorías, lo público podrá ser corrupto porque lo
privado intenta medrar y sacar beneficio, si no, no será
posible que se produzca. Por tanto, no vayamos a echar exceso
de carga sobre una realidad determinada.

Por último, en cuanto al gasto en sí, tengo que decir que más
que controlar el gasto (que es verdad; ahí no vamos a
coincidir con el Grupo Popular en el tema de la intervención
previa que han planteado otras veces, en el tema de medidas
para evitar una actuación administrativa que, antes gaste),
más que controlar el gasto, repito, habría que dirigirlo bien,
presupuestar de forma programada, planificar los presupuestos,
y no sólo anualmente, sino presupuestos plurianuales, que
orienten las inversiones y, de verdad, ir a presupuestación,
insisto, por programas, que aquí no los tenemos a pesar de los
esfuerzos que se hayan podido hacer. Cuando decidimos el
volumen de gastos no sabemos si se va a hacer hacia carreteras
y si después hay equis modificaciones que lo llevan a
ferrocarril o hacia otra realidad determinada. El índice de
modificación presupuestaria es altísimo. No quisiera terminar
nuestra fijación de posición sin referirme a lo que debiera
ser, de verdad, una actuación muy decidida a algo que ha sido
un compromiso al principio de esta legislatura: la
austeridad como forma de ejercer la gestión. Por tanto, voy a
referirme a los capítulos de gastos corrientes. En el capítulo
I, todo lo que es proclive a personas, asesores, a cargos que
son necesarios y que se pueden reducir, debiéramos abordarlos
de manera valiente. En el Capítulo II, todo lo que son
gastos --por así decirlo-- no necesarios, como gastos de
protocolo, gastos de relación, gastos de pago a empresas para
trabajos a realizar; todo ese Capítulo contenerlo y reducirlo.

Y el Capítulo IV, todo lo que son subvenciones, gastos
corrientes a determinadas organizaciones, asociaciones,
etcétera, porque a través de eso se puede ir a comprar
voluntades. Es decir, en el gasto corriente nosotros seremos
muy exigentes, muy exhaustivos en reducir, en aminorar, en
controlar. Sin embargo, en el gasto de inversión para sacar un
país adelante, para generar estructura productiva dinámica, en
lo que es el elemento inversor, nosotros iremos a incrementar
el gasto público, no le tenemos miedo a ese gasto público.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, EN RELACION CON LA POLITICA DEL
GOBIERNO SOBRE LA INDUSTRIA MILITAR Y DE ARMAMENTO Y LA
OBTENCION DE AYUDAS DE FONDOS EUROPEOS PARA SU RECONVERSION, A
LA VISTA DEL PLAN DE REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA NACIONAL
SANTA BARBARA (Número de expediente 172/000046)



El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en relación con la
política del Gobierno sobre la industria militar y de
armamento y la obtención de ayudas de fondos europeos para su
reconversión, a la vista del Plan de reestructuración de la
Empresa Nacional Santa Bárbara.




¿Señor Ríos? (El señor Ríos Martínez sube a la tribuna de
oradores.--Pausa.) Señoras y señores Diputados, vamos a
suspender durante cinco minutos. Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Señorías, quiero expresar al Gobierno públicamente el
malestar, que como Presidente tengo que reflejar en nombre de
los grupos de la Cámara, por la reiteración con la que se
tienen que producir las interrupciones en el trabajo de las
sesiones, sobre todo de los miércoles, por la ausencia de los
miembros del Gobierno



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encargados de atender a las distintas iniciativas. Ruego al
Gobierno extreme el celo en su presencia y en la atención a
los trabajos de la Cámara para que puedan desarrollarse las
sesiones sin interrupciones, de manera que no se vean
afectados los intereses de los grupos que tienen que
intervenir en las distintas iniciativas. (El señor Fernández-
Miranda y Lozana pide la palabra.)
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Agradeciéndole y felicitándole, señor Presidente,
por su intervención institucional, la cual reclama la
presencia ordenada del Gobierno en las comparecencias de los
miércoles, el Grupo Parlamentario Popular quiere sumarse a la
protesta formalmente manifestada en otras ocasiones,
lamentablemente, por la falta de consideración que supone para
esta Cámara la ausencia de los ministros, la impuntualidad de
los ministros, que se repite con excesiva frecuencia.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.

Interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en relación con la política del Gobierno sobre la
industria militar y de armamento y la obtención de ayudas de
fondos europeos para su reconversión a la vista del plan de
reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara.

Para desarrollar la interpelación, tiene la palabra el señor
Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, sumándome
a la declaración que ha hecho el señor Presidente, espero que
se tenga en cuenta el mismo trato en otras actuaciones
parlamentarias también para los propios Grupos.

Me gustaría comenzar la interpelación al Gobierno sobre las
actuaciones del plan de reestructuración de Santa Bárbara,
precisando el porqué se produce esta interpelación y por qué
estamos aquí debatiendo esto para evitar que en el desarrollo
del mismo pudiéramos ir evolucionando hacia una posición u
otra. Estamos en esta situación porque el Gobierno, a través
del INI, ha presentado un plan de reestructuración de la
Empresa Nacional Santa Bárbara que afecta, fundamentalmente, a
todos sus centros, que significa reducir la plantilla y, por
tanto, la producción de la empresa Santa Bárbara, en 2.070
empleos. Este plan de reestructuración de la empresa, que ha
sido presentado por el INI, significa el cierre de la factoría
en Valladolid, en Murcia, en Toledo, en La Coruña y en Oviedo,
aunque hay un traslado hacia Trubia de parte de esa
producción, y la reducción a menos de un tercio de los demás
centros que quedan, es decir, el de Granada, el de Palencia,
el de Trubia y el de Madrid.

Esta es la razón por la que nos encontramos aquí, porque aquí
sí que debiéramos indicar que los precedentes afectan al
Gobierno. No es un tema de política industrial sobre el que el
Gobierno pueda decir que no le afecta, que depende del mercado
externo, sino que depende de la política industrial que tenga
en cada momento. Nosotros creemos que en este caso el Gobierno
no ha estado, desde el año 1987 para acá, comprometido en una
auténtica reconversión de la industria militar española para
usos civiles, ni por la definición de la demanda que debiera
de hacer el Ministerio de Defensa a esta industria destinada a
la defensa. Podíamos decir aquí que no se está haciendo todo
lo que se puede y que, además, se podría hacer otra cosa
distinta. La crisis industrial militar es un problema que no
sólo afecta a España, sino a más países, sobre todo desde el
momento en que cae el telón de acero y la tensión se reduce.

Lo cierto y verdad es que la empresa Santa Bárbara es el
suministrador del Ejército de Tierra. Defensa, por tanto, es
su único cliente.

En el año 1981 hay un contrato entre Defensa y el INI sobre
prestación de servicios mutuos. Este contrato fue firmado
entre Defensa y el INI y en el capítulo noveno se recogía la
planificación y programación de la empresa. Para poder
planificar y programar la empresa, Defensa debería haber
preparado con la antelación suficiente sus planes-programa con
el fin de llevar a efecto la coordinación necesaria en la
producción. Este contrato entre Defensa y el INI no ha
evolucionado de manera satisfactoria. Lo cierto y verdad es
que esta crisis que ahora mismo tenemos a nivel español se ve
también agudizada por la que existe a nivel mundial.

En 1993 la Comunidad Económica Europea, a propuesta del
Parlamento Europeo, pone en marcha un plan económico que en
cifras hablaba de una dedicación a nivel europeo de 680.000
personas y que esa industria tendría una base aproximada de
2.300.000. El porcentaje de población activa se ha visto
afectada y para hacer frente a la reconversión de los destinos
a uso civil de la industria militar proponía la inversión de
fondos europeos. El Plan Konver se puso en marcha en el año
1993, con un
presupuesto aproximado de 20.000 millones de pesetas. Para los
años 1994-1997 tiene unos fondos aproximados de 800.000
millones de pesetas, si decidiéramos incorporarnos a ellos.

Podrán optar a estos fondos todas las medidas que tengan
interés económico regional y que supongan transformaciones
civiles de actividades de defensa, tales como la producción de
bienes y servicios e ingeniería avanzada.

Las medidas elegidas para poder acometerlos eran la formación
de personal, la diversificación de la estructura económica, la
mejora del espacio físico de las empresas, el impulso de
innovación tecnológica, los estudios de viabilidad y modelos
de reconversión, la



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cooperación y los intercambios. Por tanto, había recursos para
poder actuar sobre esta industria.

¿Cuál es la historia sobre la que hemos venido trabajando
hasta ahora? La realidad que vemos fotografiada en Santa
Bárbara es la de un Gobierno que ha hecho dejación de una
política industrial activa y ha preferido actuar en el
mercado, sabiendo, desde nuestro punto de vista, que lo barato
puede salir caro al final, buscando las facilidades de obtener
fuera lo que podía conseguir dentro. Lo cierto es que la
empresa Santa Bárbara en el año 1987 firma un plan de
reconversión que debía de tener unos compromisos de ajustes
laborales. La plantilla en el año 1987 era de 5.700
trabajadores y ha pasado a ser de 3.100. Los ajustes laborales
se han cumplido, y en contrapartida debía de haber un plan de
inversiones y de modernización de cada uno de los centros.

Pero eso es lo que no se ha cumplido.

En el año 1990 se ha producido un proceso de regulación que
terminó en el Ministerio de Trabajo. En el año 1990, en la
resolución que adoptó el Ministerio reduciendo las
pretensiones de la empresa en la regulación de los puestos de
trabajo, se instaba a que se elaborara un plan, incluso a
diseñar uno nuevo readecuando el que tenía, para poner en
contacto de forma negociada a la empresa, al INI y a los
trabajadores para sacar adelante la Empresa Nacional Santa
Bárbara. Lo cierto es que esto tampoco se ha cumplido. Había
un plazo de cinco meses para presentar ese plan negociado. En
el año 1993 se firma un convenio entre el INI, Teneo y los
sindicatos para hacer frente a la industria, fundamentalmente
del metal. El objetivo de este convenio era el mantenimiento
del empleo. Se planteaba ir a innovaciones tecnológicas y
económicas que hicieran frente a las situaciones complicadas
que pudieran tener las distintas
industrias.

La gran deficiencia que existe en Santa Bárbara es que el
Ejército español (Defensa) ha preferido obtener fuera recursos
que podía conseguir dentro. No se ha producido una
planificación en Defensa que diga cuáles son los que vamos a
consumir. Aquí podíamos caer en que unos hemos defendido un
ejército
profesional, otros han defendido otro tipo de ejército y otros
hemos defendido la reducción de los gastos de Defensa. Lo que
hay que saber es qué gasto de defensa tenemos y qué demanda,
qué cañones, qué tanques, qué municiones necesitamos y poder
producirlos nosotros.

Tenemos un listado de producciones del Ministerio de Defensa
que han sido adquiridas a empresas privadas y al exterior, en
lugar de adquirírselas a Santa Bárbara. Por ejemplo, en el año
1989, 5.850 millones de pesetas en la modernización del carro
de combate AMX30 y 2.500 millones, en las torretas BMRVS.

Igual ha ocurrido en varios años. Incluso en cartuchería,
1.200 millones. Por ejemplo, se han adquirido cartuchos de
nueve milímetros en Filipinas y se han dejado de producir
500.000 espoletas, que son 200 puestos de trabajo, y se han
adquirido fuera. Por ejemplo, la Policía Nacional utiliza
munición en lo que es entrenamiento y fogueo de cartuchos, que
vienen de Corea.

Primero, hay un consumo nacional que, dirigido a la empresa,
podría significar un volumen de trabajo y, segundo, acometer
valientemente planes de conversión de la actividad de la
empresa hacia nuevas actividades, diversificar la actividad
que ahora mismo puede producir hacia usos civiles. Algunas
experiencias ha habido. Por ejemplo, en Toledo se ha puesto en
marcha una experiencia con CASApara producción aeroespacial
con la empresa ICSA. Es verdad que tiene una experiencia
pequeña, reducida. Experiencia también ha habido en Oviedo con
el grupo italiano para cremas Coli, para lo que son
instrumentos quirúrgicos, productos de medicina.

En suma, se podía haber abordado de forma planificada (el
destino militar de la empresa debería estar definido en los
próximos diez años) lo que vamos a consumir y paulatinamente
reconvertir, orientar hacia nuevas actividades productivas al
personal que en la empresa podría estar trabajando. Por tanto,
se podía hacer otra cosa. La única solución que ha encontrado
el Gobierno ha sido la de anular puestos de trabajo.

He hecho referencia al año 1987: 5.700 trabajadores. El
volumen actual de la empresa Santa Bárbara no es tan amplio,
no es tan grande comparado con lo que hay en otros países
ahora mismo, pero, sobre todo, la propuesta del Gobierno, del
INI, para abaratar costos va a reducir los empleos de 5.700 a
1.070. Y, ¿por qué? ¿Por qué no consumimos lo que necesitamos?
Porque hemos aplicado una política general que ustedes han
estado haciendo: la de adquirir fuera, estando en otra
dinámica dirente a la de producir lo que aquí tenemos.

Inclusive la demanda de defensa que no pueda ser atendida por
la tecnología que hoy pueda tener la empresa Santa Bárbara la
podíamos haber orientado a
modernización, a investigación tecnológica, a I+D, repito, en
el caso de que no se pudieran tener ahora mismo condiciones
para producirla. Es decir, hemos ido dejando paulatina y
progresivamente dormir o morir a la empresa Santa Bárbara.




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.




El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Termino. Creemos que se ha ido produciendo una
descapitalización de la empresa. Creemos que progresivamente
se han ido reduciendo los recursos propios para todo, de tal
forma que la propia empresa --y me gustaría que me respondiera
el señor Ministro--ha tenido que echar mano a recursos
financieros para inversiones propias,



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que este año han estado en torno a los 16.000 millones. ¿Cuál
es el gasto financiero que ahora mismo tiene la empresa Santa
Bárbara? ¿De qué manera se ha ido evitando en los últimos
años? Porque este no es un tema que haya explotado ahora, es
un tema que viene planteándose desde mucho tiempo atrás,
paulatinamente a partir de 1987. Se ha esperado a que estalle
en lugar de progresivamente ir tomando la medicina preventiva,
es decir, la planificación y la programación industrial que
nosotros echamos en falta en este Gobierno.

Esperemos que la respuesta del Gobierno tranquilicela
situación de los empleos que ahora mismo tenemosy, sobre todo,
reoriente --porque la palabra rectificar es muy fuerte-- la
política que hasta ahora se ha podido hacer. Si no es así,
intentaremos presentar en la moción soluciones que creemos que
puede haber para hacer frente a esta realidad, que afecta a
comarcas enteras con un volumen muy importante, como pueden
ser las de Murcia, la de Asturias o la de Castilla y León.

Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene
la palabra el señor Ministro de Industria.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Presidente, señorías, queríaempezar mi contestación a
esta interpelación pidiéndoles disculpas por el retraso,
ciertamente imputable a mí, no al Gobierno, que tiene
justificaciones materiales, aunque lamento haber sido causa de
la interrupción de los trabajos del Pleno. Espero que puedan
comprender, señor Presidente, señorías, representantes de los
grupos, los
problemas, que a veces no se pueden explicar tampoco en una
tribuna, pero que ciertamente han dificultado el que pueda
acudir, como era mi intención naturalmente, al cumplimiento de
mis obligaciones con esta Cámara. Señoría, con mucho gusto
contesto a su interpelación, no sin antes poner de manifiesto
al principio un intento de contestación a una pregunta que
usted hacía al comienzo de su intervención. ¿Por qué? Voy a
tratar de decir por qué, y voy a tratar de decir por qué lo
que se hace es razonable que se haga, y por qué, aun siendo
doloroso, es razonable, y por qué, aun siendo razonable y
doloroso, hay que tratar de que tenga los menores efectos
sociales y en el empleo posibles. Pero, dichas todas estas
cosas, porque sin embargo, es inevitable hacer alguna política
de ajuste en una empresa como Santa Bárbara.

Usted ha dicho --y es verdad-- que esto significa un esfuerzo
de saneamiento que, entre otras cosas, implica la reducción de
la plantilla y, a su juicio, la reducción de la producción. En
lo de la plantilla, algún dato le daré; en reducción de la
producción, no significa absolutamente nada; no se reduce la
producción. El problema es que la producción está reducida.

Pero es verdad que en su interpelación hay, fundamentalmente,
un planteamiento de qué política industrial y si la política
industrial tiene que ser una política en la que, a toda costa,
hagamos algunas cosas por irracionales que sean, o, por el
contrario, si atendiendo objetivos que son los prioritarios de
este Gobierno, y también de la política industrial, la
búsqueda del empleo, no tenemos que hacer frente, por
difíciles que sean las circunstancias, a algunos hechos que
son difíciles también de contestar. Permítanme que les dé
algunos datos, que ustedes conocen, supongo, en líneas
generales. Durante estos años, el mercado del armamento y de
la munición se ha caracterizado por una demanda a la baja,
consecuencia, por un lado, de las grandes restricciones
presupuestarias que están teniendo lugar en los diferentes
países, en la totalidad de los países conocidos, y todo ello
debido fundamentalmente a dos hechos básicos: la situación de
crisis económica a nivel mundial, por un lado; la política de
desarme, derivada de la ruptura de los antiguos bloques, que
ha modificado el entorno de toda la industria de defensa y, en
consecuencia, de las políticas armamentísticas y de defensa de
todos los países civilizados.

Por otra parte, como luego señalaré, al exceso tradicional de
oferta existente ya en el sector se han venido adicionando
nuevas industrias procedentes de países de economías
emergentes. Estas características del mercado son las que han
conducido a las empresas que operan en este sector a una
situación de crisis muy profunda y, por ende, a una necesidad
ineludible de adecuación a dicho mercado.

El mercado nacional se constituye por una demanda procedente
básicamente del Ministerio de Defensa, Ejército,
fundamentalmente, Armada y Aire, y con una menor incidencia
por parte de otros organismos del Ministerio del Interior,
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Este mercado se ha
venido deteriorando de una forma muy significativa, debido,
sobre todo, a las restricciones presupuestarias y,
notablemente, a los cambios experimentados en el presupuesto
del Ministerio de Defensa, principal cliente de este tipo de
industrias.

Les doy algunos datos que forman parte de decisiones soberanas
de esta Cámara, y parte también de la política que se ha
venido haciendo, congruente con las necesidades del país y con
la reorientación también del papel de nuestras Fuerzas Armadas
y del Ejército. Ciertamente, la incidencia del presupuesto
total de Defensa en relación con el PIB en este país ha
pasado, en el período 1982-1985, de un 2,09 a un 2,22; y desde
1986 a 1993, ha pasado a significar solamente un 1,24 por
ciento del PIB. Si se mide de otra forma, en términos de
participación del presupuesto de Defensa en el conjunto de los
gastos del Estado, se obtienen «ratios» aproximadamente
equivalentes, lo que quiere decir que es



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verdad que la política de este país va también en consonancia
con lo que ocurre en el mundo en esta orientación.

Por lo que hace referencia al mercado internacional de
armamento y munición, señoría, desde finales de la década de
los ochenta, viene sufriendo un proceso de demanda en declive,
como consecuencia de las razones a las que antes he aludido:
recortes presupuestarios, modificación del mundo, escenario de
defensa, etcétera. Debido a eso, la industria de defensa
internacional se encuentra toda ella inmersa en un proceso de
reestructuraciones, de ajustes de plantilla, de fusiones, de
programas de diversificación, de reorientaciones generales de
la industria hacia otras utilizaciones básicamente de carácter
civil. Y, además, junto a esto, algunos países de economía
emergente (así los solemos llamar), Singapur, Corea, Taiwan,
han alcanzado un nivel tecnológico adecuado para adentrarse en
este sector, incluso a precios extraordinariamente
competitivos, hasta el punto de ser un factor en este momento,
no solamente de creación de un exceso de oferta, sino de
creación de nuevas dificultades para la industria en
reconversión de los países europeos y también del nuestro.

Países como Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido,
Bélgica o Italia --le puedo dar algunos ejemplos-- están
sumidos en procesos importantes de
transformación, de reconversión, de reducción de su oferta. En
este caso, por lo que hace referencia a Santa Bárbara, debo
decir que, dentro de las empresas del sector, figura en ese
subsector al que me refería anteriormente, que es el de
armamento y munición. En el año 1986, en Santa Bárbara se
produce un cambio fundamental y es que, en una empresa ya
sobredimensionada, a esa empresa del INI se unen empresas que
hasta entonces estaban gestionadas directamente por el
Ministerio de Defensa, como son las fábricas de Trubia, de
Valladolid y de Murcia. En esta nueva situación, junto con la
trayectoria que ya presentaban los resultados de la empresa --
trayectoria negativa-- fue necesario acometer un plan
estratégico para el período 1987-1991, que incluía un plan
industrial tendente a racionalizar y a
especializar las diferentes fábricas, a evitar las
duplicidades derivadas de la incorporación de nuevas fábricas
de armas, y también un plan de inversiones de unos 8.000
millones de pesetas para modernizar el equipamiento
productivo. Ese plan funcionó razonablemente en los primeros
años de vigencia del mismo. Como usted ha mencionado también,
tenía otros subplanes, de investigación y desarrollo, de
actividad comercial, de gestión general de la empresa, y
significaba, no obstante, una reducción cuantitativa de la
plantilla desde 5.700 hasta 3.100, en el horizonte de 1991; le
estoy hablando de un plan gestado en el año 1987.

Naturalmente, desde el año 1987 hasta aquí han ocurrido cosas,
muchas cosas, notablemente importantes además, que son las que
ahora colocan a la empresa en la situación que estamos
comentando. A partir del año 1990, como ya he mencionado, se
produce una incidencia especial en los presupuestos de Defensa
dedicados fundamentalmente a armamento y munición, hasta el
punto de que la subactividad ya existente anteriormente en la
empresa, se torna realmente una subactividad imposible de
seguir
sosteniendo sin cambios estructurales significativos en la
capacidad de la empresa.

Por adelantarle nada más que un par de datos, le diré que la
empresa alcanzó una contratación, máxima en su historia, de
22.000 millones de pesetas en 1986. La contratación de la
empresa en 1993, esto es, siete años después, era tan sólo de
2.254 millones de pesetas; estoy hablando de pesetas
corrientes de un año y de otro. Lógicamente, esto tuvo su
repercusión en las facturaciones correspondientes a armamento
y munición, que pasaron de 18.000 millones a 2.500 millones en
el año 1993, produciéndose este incremento en la subactividad
ya existente en la empresa. La subactividad media en las
fábricas de armamento y munición pasó de un 23 por ciento en
el año 1987, fecha en la que ya se contemplaba un programa
industrial, tecnológico, etcétera, pero también de ajuste
laboral, a una subactividad, señoría, que no debiera usted
minusvalorar lo que significa en una empresa, del 86 por
ciento, por término medio, en el año 1993.

Dicho de otra forma, por cada 100 unidades de capacidad
productiva, de producción, de horas de trabajo, etcétera,
posibles dentro de la empresa con su estructura actual, 86 son
simplemente capacidades ociosas para la demanda actual y la
demanda previsible de los próximos años. En consecuencia, el
resultado neto de la empresa, que, como hemos indicado,
alcanzó una cota mínima de pérdidas, en el año 1989, de 6.876
millones de pesetas, sufragadas obviamente con cargo a apoyos
públicos, llegó hasta alcanzar las cifras de 1993, que son
23.000 millones de pesetas de pérdidas.

En estas circunstancias, señoría, yo creo que es difícil no
pensar en que la responsabilidad del INI, y desde luego la del
Ministro de Industria en impulsarlo, es la de racionalizar una
actividad, reconociendo varias cosas. En primer lugar, que
estamos ante un sector estratégico y que, en consecuencia, es
necesario tomar en cuenta necesidades de la defensa nacional;
en segundo lugar, que la actividad de racionalización tiene
que ir unida a un esfuerzo de diversificación, a un esfuerzo
también de aminoración del impacto social y del impacto
económico que el ajuste y la racionalización de la empresa
debe conllevar.




El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Voy concluyendo, Presidente.




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En esta línea es como se ha planteado ese plan; un plan que
pretende ciertamente racionalizar; un plan que pretende
acomodar la producción a la demanda previsible; un plan, sin
embargo, le debo decir, señoría, que, tal y como está
formulado, significará todavía un exceso de capacidad en
relación con la demanda actual y previsible de los próximos
años, y un plan que, a pesar del ajuste a la baja, significará
todavía el que esa empresa y las razones de defensa nacional
que hay detrás del mantenimiento de esa actividad tendrán que
ser todavía en parte, aunque en cuantía muy inferior,
sufragadas, subvencionadas, apoyadas también por los
presupuestos públicos. Dicho esto, señoría, la actividad y
diversificación que se ha venido produciendo en los años
anteriores, desde el año 1989, ha significado la consideración
de más de 150 proyectos de inversión, de los cuales algunos
están en marcha, y otros son proyectos que en este momento se
siguen analizando con la perspectiva de generar empleo
alternativo en las diferentes regiones, que en este momento no
puedo relatar por falta de tiempo.

Quiero decirle también, señoría, que tenemos no solamente la
intención de acogernos a los fondos Konver, sino que España,
en contra de lo que usted opina o de lo que quizá a usted le
han informado, ya está acogida a los fondos Konver, no para
Santa Bárbara en este caso, pero sí para otra serie de
finalidades que encajan dentro de los fondos Konver, como sin
duda alguna tendré sumo placer en relatarle si tiene usted
interés en conocer el detalle de los proyectos actualmente
sometidos a apoyos Konver y el conjunto de los proyectos
presentados por Santa Bárbara precisamente para acogerse en el
futuro, una vez hecho el plan, a fondos Konver, que son
proyectos extraordinariamente numerosos. Concluyo, señor
Presidente.

Señoría, a nadie más que a este Ministro le va a doler el
esfuerzo que hay que hacer, y a nadie más que a este Ministro
le van a doler algunos de los empleos que se van a perder.

Ciertamente, los afectados lo sentirán, supongo, en sus
carnes. Estamos haciendo un esfuerzo que me parece que es
racional; un esfuerzo que no se puede negar analizando la
evidencia; no se puede negar pensando en que la culpa de estos
problemas la tiene no sé sabe muy bien qué éter externo,
ajeno, y que todo es una cuestión de gestionar mejor. Cuando
se cae la demanda en los términos en los que se ha caído,
cuando el nivel de subactividad media es del 86 por ciento,
podremos atender a problemas y a reivindicaciones de mejoras
en la gestión, podremos atender a reivindicaciones de mayor
esfuerzo, pero, en todo caso, no podremos negar una evidencia
que es la de que no se pueden sostener, tampoco por
necesidades de defensa nacional, y tampoco solamente por el
mantenimiento del empleo: empresascon pérdidas crecientes de
más de 23.000 millones de pesetas todos los años. Por esta
razón, señoría, es por la que el INI y Santa Bárbara tienen la
obligación de negociar un plan para hacer esto más sostenible
en términos de intereses nacionales y para hacer frente a
programas que hagan posible la diversificación hacia
actividades civiles en todos y cada uno de los lugares donde
este plan haya de afectar.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, vamos a
ver cómo podemos poner los datos, que son los mismos, en una
óptica común de analizarlos. Yo no le he planteado el problema
desde la óptica de no reconocer que se tiene que producir un
ajuste en lo que significa la producción de defensa a lo que
es la demanda actual, inclusive la del futuro. Lo que le he
demandado a usted es que se coordinen los Ministerios de
Economía, de Industria y de Defensa, para las previsiones de
los próximos diez años, sin esa previsión de demanda que usted
decía que ha caído. ¡Hombre!, yo creo que esto es la
pescadilla que se muerde la cola. Si en 1986 hubo una
facturación de 26.000 millones y en 1993 es de 2.000, es
porque se ha ido dejando de producir y se ha ido actuando
hacia otro lado.

Ley voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el volumen de
importación de Defensa? ¿Cuál es el volumen de productos que
estaba
fabricando Santa Bárbara y que se compran en la empresa
privada? Yo le he traído una relación de adquisiciones, año a
año, desde 1988 hasta 1992 y le puedo decir que hemos
adquirido a empresas como Gamesa, Peugeot-Talbot España,
Elvidio, Tecomar, Auxiliar de Ferrocarriles; hemos estado
adquiriendo productos de defensa a estas empresas. Y hemos
adquirido fuera, usted ha hablado aquí de algo así como una
especie de adecuación al mercado, pero es que el primer
consumidor, el consumidor que le dio los 22.000 millones en
1983, fue Defensa. Este año el presupuesto de Defensa ha
crecido. En los últimos años había tenido una contención y
este año ha subido el 6 por ciento; no es el mejor año para
abordar este asunto. En todo caso, lo que sí es cierto y lo
que se debiera haber abordado desde esa previsión plurianual
de diez años --desde 1987-- es qué medidas de
reindustrialización paralelas, qué medidas de orientación
hacia otras actuaciones se han ido acometiendo, y usted me
tendrá que reconocer que han sido cero; yo le he citado dos
experiencias, supongo que desde 1987 hasta ahora habrá algunas
más, pero ciertamente poco. El programa Konver. Es cierto que
Bazán se ha acogido, que se han acogido algunos proyectos; de
los 20.000 millones de 1993 nos hemos acogido en torno a unos
mil y pico, pero Santa Bárbara no se ha acogido



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en 1993 a ningún proyecto del programa Konver. Creo que es así
y, si no, me gustaría que me lo aclarara.

Usted ha dicho: Si el plan industrial se aprueba, lógicamente
hay una relación de proyectos, que usted ha dicho que después
nos comunicaría. Para resumir un poco cuál es la voluntad
nuestra, le diré que no es hacer objetivo político de una
situación complicada de 2.070 familias, no es ése, sino
conseguir que ustedes estén dispuestos, en un plan de ajuste,
a negociar ese plan de ajuste con los agentes y las distintas
empresas, como decía la dirección del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en 1990. Usted ha puesto en relación 1987 y
la actualidad; no, por medio hubo una regulación de empleo en
1990. Echaron mano a una regulación de empleo en 1990 y el
Ministerio de Trabajo redujo en plazos de tiempo y en número
de personas, instándose en el citado período de tiempo --eso
fue lo que dijo el Ministro-- a las partes directamente
afectadas y a aquéllas indirectamente implicadas en el proceso
de producción en las empresas a que negocien una
rearticulación del plan industrial. Y yo digo que antes de que
el INI hiciera una propuesta para imponer el ajuste, por qué
no negociar un plan, conociendo qué parte se va a destinar a
Defensa, qué volúmenes o actuaciones de conversión industrial
podemos acometer e incluso --medidas que ustedes saben que los
sindicatos han aceptado en determinados momentos--evoluciones
temporales, ajustes temporales que pudieran hacerse. No he
planteado una dinámica de máximos, sino una dinámica de
posibles y pienso que desde 1987 hasta ahora se ha estado
durmiendo o, por lo menos, no se ha sido muy activo, y lo digo
por los efectos que hemos tenido. A mí me gustaría que usted
pudiera entender que en un momento de declive, con todo lo que
usted quiera ver a nivel de Defensa, lo cierto y verdad es que
me gustaría conocer qué consume el demandador de actividades
de Santa Bárbara, qué compramos fuera y qué puede producir
Santa Bárbara, porque ése sería un plan coordinado,
ensamblado, de un Gobierno y no una especie de batalla
particular de un Ministerio por un lado y otro Ministerio por
otro. En suma, que no es lo mismo, en un sector estratégico
como puede ser Defensa, actuar desde una producción propia que
depender de agentes externos. Cuando discutíamos el sector de
fertilizantes decíamos que no era un sector estratégico,
aunque era importante, preferente, pero es que si Defensa no
es un sector estratégico va a resultar que dependeremos de que
nos traigan los cartuchos para disparar los Cetmes de Corea o
de otro sitio. ¿Por qué no producirlos aquí? Y no se ría S.S.,
porque hay cartuchería comprada en Filipinas, que supone
volúmenes de dinero. Hay 1.200 millones de pesetas gastados en
cartuchería en 1991. Y le puedo seguir diciendo, paso a paso,
actuaciones. Cartuchería, 1.300 millones en 1992; así como en
granadas de mano. Es decir que hay importación, compra
exterior. Si nuestra empresa no puede producirlo, busquemos la
innovación, la adecuación tecnológica que necesite. Y dentro
de que haya un plan industrial, que es lo que me gustaría que
usted nos pudiera decir aquí, hay disposición a negociar un
plan industrial en seis meses, en cinco meses, en un año, lo
más rápidamente posible, y todas las actuaciones puntuales que
haya, incluidos los ajustes, incluido lo que sea reducción de
empleo, todo lo que esté metido en esa dinámica de futuro se
debe plantear conjuntamente. ¿Hay posibilidad de hacer eso?



El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.




El señor RIOS MARTINEZ: Sí, señor Presidente.

Si hay voluntad de hacer eso hay voluntad de poder llegar a
puntos de encuentro. Y estoy convencido, porque conozco a
S.S., que a usted cada actuación le duele personal y
políticamente, yo estoy convencido de eso, pero el problema es
que, además, lo tienen que ver los demás, lo tienen que
recibir y percibir los demás. Y en esta industria, como en
otras, donde la
responsabilidad básica es de ustedes, como Gobierno, creo que
sería importante dar el paso, la lección a acometer. Y mire,
visto desde fuera, si una empresa que ha pasado de 5.700 a
tres mil y pico --yo le señalaba los datos y usted me los ha
corroborado--, ahora se propone a 1.070, mañana¿a qué? Y usted
hoy ya ha dicho: ¡Ojo!, que tendremosque hacer un esfuerzo
para que no se siga reduciendo. ¿Dónde parará? ¿En qué se
quedará? ¿Y qué actuación de reorientación de esas familias
que están equis años trabajando, 10, 15, 20, para orientarles
hacia otra
industria, a prepararles, a adecuarles? En suma, un plan de
empresa que lleve consigo conversión, ajuste e inclusive
incentivación o estimulación de otras medidas. Eso sería bien
recibido por los que son los representantes de esos
trabajadores y bien recibido por los distintos grupos
políticos, o inclusive bien recibido por la sociedad en
general, que va a afectar importantemente a muchas comarcas
enteras.

Nada más, señor Presidente, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.

Me ha gustado más usted, señor Ríos, en su segunda
intervención que en la primera. Creo que es bueno que empiece
usted por decir que es necesario hacer un ajuste. Me gusta
oírselo porque me parece que es un acto de valentía teniendo
en cuenta algunas de las tesis que miembros de su Grupo están
sosteniendo en algunos lugares de España. Y, como usted ha
dicho eso, quiero



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reiterar --y le voy a pedir, además, que lo reitere también en
Murcia-- que efectivamente es necesario un ajuste.

Se refiere usted a la coordinación de Industria, Defensa y
Hacienda. Le puedo garantizar que este es un plan en el que
hemos tenido en cuenta también las previsiones presupuestarias
y las posibilidades de mantenimiento y de necesidades de los
Ejércitos de España. Y de ese planteamiento han surgido
algunas cifras y algunas cifras tentativas que permiten
establecer cuál es el horizonte de demanda garantizada posible
para la industria de Defensa, en este caso de munición y de
armamento. Y surgen unas cifras que no le gustan a usted y que
seguramente no les gustan a los trabajadores de Santa Bárbara,
y en este sentido a mí tampoco, pero surgen unas cifras que
son las que son, congruentes y sostenibles con los
presupuestos y con las necesidades de la defensa con carácter
general. Es obvio que no es solamente el Ejército español el
demandante de algunos de los productos de Santa Bárbara,
también hay otras utilizaciones de otras
instituciones, incluso utilizaciones de carácter civil. Pero,
ciertamente, esa previsión de demanda tiene que asentarse en
formulaciones que están ya establecidas dentro del plan y
dentro de la formulación del plan, tal y como ha sido
concebido y elaborado.

Lo que me parece que no es una buena receta, señor Ríos --y
supongo que ha sido un desliz en su intervención--, es la
pretensión de que se arreglen los problemas de Santa Bárbara a
base de dejar de comprar por parte de las Fuerzas Armadas o
del Ejército a otras empresas privadas. Esto lo ha dicho
usted, y, naturalmente, como Santa Bárbara no es la única
empresa de este país que hace alguna de las cosas que se hacen
por la industria de defensa, se podría obtener un mejor
resultado para Santa Bárbara si al mismo tiempo el INI o Santa
Bárbara actuasen por influencia del sector público,
simplemente limitando la expansión y la capacidad de
competencia en este terreno de otras empresas que ya existen
también en nuestro país (no me estoy refiriendo a la
importación ahora).

Hay otras empresas que fabrican munición, hay otras empresas
que fabrican pólvora, hay otras empresas que fabrican
explosivos, hay otras empresas que fabrican armas en el sector
privado que también se están viendo afectadas por el proceso
de caída de pedidos y a quienes tengo permanentemente en mi
despacho, al igual que el Ministro de Defensa, tratando de ver
qué es lo que se puede hacer para garantizar actividad y
empleo. Por tanto, no busquemos recetas que no son las
adecuadas.

Dos cosas sobre la diversificación, a la que usted se refería,
señor Ríos, y que yo comparto. En primer lugar, déjeme darle
algún dato en relación con una planta que ciertamente a usted
le interesa, la planta de Murcia, una de las varias afectadas,
pero que, ciertamente, en este momento tiene un nivel de
subactividad extraordinariamente importante; un nivel de
subactividad del 96 por ciento, según datos de finales de
1993. Créame que lo lamento. Conozco esa planta y conozco
también las inquietudes y las preocupaciones de ese lugar y de
otros muchos que tienen porcentajes de subutilización también
importantes. No quiero que nadie lo entienda en un tono
sarcástico, pero, en contactos que he tenido con los
trabajadores de Santa Bárbara, alguno me hacía la confidencia
de que dos o tres años sin trabajar, realmente no podía ser
posible que se sostuviese permanentemente. Cuando una planta
como la de Murcia ha tenido niveles de subactividad del 69 por
ciento en 1990, y del 93, del 95 y del 96 por ciento durante
los años 1991, 1992 y 1993, naturalmente es un problema. Lo
pongo como un ejemplo, no necesariamente el único, de los
problemas que hay dentro de la empresa. ¿Es posible la
diversificación? Sí, es posible. ¿Son posibles los proyectos
Konver? Sí, lo son; lo haremos posible. En todo caso, señoría,
quiero decirle que, a lo largo de este período --como antes he
mencionado-- se han hecho también esfuerzos en materia de
diversificación. Esfuerzos que han significado la creación de
un buen número de entidades. Se han analizado 150 proyectos,
cuyas principales realizaciones han sido subcontratación de
piezas para diferentes empresas (Rolls-Royce, Pratt & Whitney,
Suzuki, Alenia); creación de nuevas empresas como Icsa,
Deftec, AMT, Surgy Clinic Plus; y otros esfuerzos, como la
segregación de Santa Bárbara de la SBB, Sociedad de Blindados,
que recogió la actividad de diseño, de fabricación, de
mantenimiento y de comercialización de vehículos blindados de
todo tipo, así como cinco nuevas sociedades constituidas hasta
hoy que podrán, en el año tipo, consolidar una plantilla en el
entorno de 840
trabajadores, buena parte de los cuales son trabajadores que
pasan de la Santa Bárbara actual a estas nuevas actividades.

Le quiero anunciar, señor Ríos, a usted y a todas SS.SS., que
en este momento existen otros 11 proyectos en fase de
ejecución, con unas plantillas estimadas en meses sucesivos
que podrían llegar a alcanzar, por lo menos en el momento
actual, hasta unos 400 puestos de trabajo. Seguiremos
trabajando en esa dirección, como lo hemos venido haciendo ya
con la utilización de los Fondos Konver, aunque no para el
proyecto Santa Bárbara, en la medida en que el Gobierno estimó
que, estando sometido a revaluación todo el plan de Santa
Bárbara, no era demasiado razonable hacerlo tributario o
considerarlo en este momento dentro de esos Fondos. Pero le
quiero decir que el programa Konver, aprobado por decisión de
la Comisión el 17 de diciembre de 1993, está dotado hoy con
una ayuda Feder de 7,56 millones de ecus y que su período de
aplicación actual se circunscribe al año 1993 en esta versión,
con



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independencia de que tendrá prórroga. Pues bien, con cargo...




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le ruego concluya.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Concluyo en un minuto, señor Presidente, si me permite.

Con cargo a esos fondos, el Gobierno ha incluido distintos
proyectos; uno afecta a Asturias, otro a Extremadura, otro a
la Comunidad de Murcia (la dotación de infraestructura para la
construcción de cascos de barcos de fibra de vidrio para la
Empresa Nacional Bazán en Cartagena), otro a la provincia de
Burgos y a la de Cáceres, otro a la Comunidad Catalana, y otro
a la Comunidad de Madrid. Son siete u ocho proyectos, con un
volumen de gasto elegible en el entorno de los 3.000 millones
de pesetas en este momento, al cual podrían ir nuevas demandas
con cargo a fondos Konver, que, tal y como están preparadas
por iniciativa de Santa Bárbara, significan catorce proyectos,
actualmente ya preparados, con un importe de inversión de
8.365 millones de pesetas que se pueden pormenorizar,
naturalmente, en actividades tan distintas como palas
aerogeneradoras en materia eólica hasta producción de
moléculas de química fina; distintos proyectos, proyectos para
todos y cada uno de los centros, que naturalmente deben
madurar y deben hacer posible paulatinamente generación de
empleo.

Este es, señoría, el esfuerzo que queremos hacer, el esfuerzo
de reconocer una realidad que es dura, el esfuerzo de
reconocer la evidencia y el esfuerzo de no meter en un mismo
saco un problema de defensa con planteamientos de política
industrial, que ciertamente son los que se expresan en el
esfuerzo por buscar nuevas actividades, no pensando que el
sector público es el único responsable de la generación de
nuevas actividades y muchísimo menos pensando que la única
forma de mantener empleos es
subvencionarlos con cargo al presupuesto público en
actividades productivas que hoy, lamentablemente, quizás, y
afortundamente desde muchas otras perspectivas, no tienen
demanda.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, al
fijar nuestra posición aquí, nosotros queremos felicitar la
oportunidad que ha mostrado el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en traer este debate
aquí. Me hubiera gustado que el Gobierno hubiera tenido la
doble comparecencia, tanto la del señor Ministro de Industria
como la del señor Ministro de Defensa, porque, en primer
lugar, entender este problema sólo desde la óptica del
Ministerio de Industria sería sesgar la profundidad del
problema en sus justos términos de política de Estado. Aquí no
es tan sólo hablar de política industrial ni de política
laboral ni de política de defensa, es política de Estado.

Muchos tratadistas dicen que el tema de la industria de
armamento y munición debe contemplar un triángulo, en el que
está la Administración Pública, está la industria y están las
Fuerzas Armadas.

Siempre he dicho que sin Fuerzas Armadas no hay Estado, pero
sin tecnología propia, sin una dependencia de nuestros
ejércitos de una industria nacional, no hay ese principio que
consolida la soberanía.

Mi intervención quiero que sea una línea constructiva,
recogiendo la posición positiva que en un campo industrial ha
expresado y defendido aquí el señor Ministro, que me parece
responsable y consecuente con la que ha dicho, que también
comparto, el Portavoz de Izquierda Unida. ¿Qué está ocurriendo
con la
industria del armamento en España, la pública y la privada?
Que adolece fundamentalmente a lo mejor de unos nuevos
planteamientos de modernización. Ahora bien, señor Ministro,
dicho esto, lo que no se puede tratar en el mismo parámetro
dentro del Ini, dentro del Grupo Teneo, o dentro de las
cuentas que la empresa pública haga, es lo mismo a una empresa
pública como Iberia o
Trasmediterránea, o la Empresa Nacional de Electricidad, con
la empresa de armamento y munición, pero ni siquiera en sus
efectos laborales.

Mire usted, para mí es mucho más grave, en detrimento del
patrimonio tecnológico y laboral español, un parado en el
sector de la industria del armamento y munición que un parado
en el sector de la automoción, porque no hay posibilidad, si
se pierde un puesto de trabajo en un sector tan especializado
como es el de la industria del armamento, de su sustitución en
otros sectores industriales, los reajustes empresariales y de
plantillas, con toda la carga, a la que aquí nos sumamos
todos, de dolor y de penosidad, pero el empobrecimiento ya no
es sólo sobre el producto interior bruto, es sobre un
patrimonio de trabajadores especializados que no pueden
encontrarse en otros sectores.

El año pasado, el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional, en su publicación de Cuadernos de Estrategia, y con
el apoyo del Instituto Español de Estudios Estratégicos,
publicado recientemente por el ministerio de Defensa, hizo un
análisis exhaustivo del presente y futuro de la política de
armamentos y de la I+D en España.

Se ha denunciado aquí por el portavoz de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya una de las peculiares anomalías, como
es la incongruencia de aplicar un plan de ajuste a Santa
Bárbara y, al mismo tiempo, que institutos



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armados españoles estén comprando munición, que también
fabrica Santa Bárbara, en países extranjeros. Años atrás, la
guardia civil ha comprado cartuchería en Filipinas alegando
una cuestión de precios. El señor Ministro ha dicho algo que
es verdad, pero hay que matizar: con decisiones soberanas de
esta Cámara hemos aprobado unos presupuestos para el
Ministerio de Defensa. De 1982 a 1986 se pasó del 2,09 por
ciento del PIB al 2,22 y de 1986 a 1993 se bajó al 1,24 por
ciento.

Señor Ministro, la decisión soberana de esta Cámara fue sólo
en la asignación del presupuesto, pero no dónde se compraba el
armamento. Aquí no se ha preguntado a nadie si la guardia
civil podía comprar munición en Filipinas o en Corea. Esa ha
sido una decisión tomada en otro sitio, y son las que ustedes
tienen que controlar. En un expediente de compras se ha dicho
que era más barata la munición filipina, pero como era mala la
han tenido que tirar. Desde luego, la munición más cara que
existe en el mercado es la mala y la que hay que tirar, como
cualquier producto, ya sean naranjas o cualquier otro
alimenticio. Y esa decisión no fue soberana de la Cámara.

Segundo ejemplo. Aprobamos unos
presupuestos --decisión soberana de la Cámara-- para
inversiones en nuevos proyectos de sistemas de armas del
Ministerio de Defensa. Pues bien, como nos comprometemos en la
construcción de la nueva fragata europea y del futuro avión de
combate europeo, hacemos trasvases de capital que no generan
para nada producto interior bruto en España porque al final
nos toca hacer con Construcciones Aeronáuticas o con la Bazán
una parte de ese avión o de esa fragata y toda esa
transferencia de capital se lleva hacia el exterior. Cuando
está por demostrar que ese futuro avión de combate europeo o
esa futura fragata puedan ser más útiles a programas
integrados de defensa de España, como miembro de la OTAN o de
la Unión Europea Occidental, que resolver el problema de
soberanía y de independencia de nuestra industria del
armamento.




El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, le ruego que concluya.




El señor MARDONES SEVILLA: Concluyo, señor Presidente.

Usted ha dicho que hay estas cifras de repercusión del
producto interior bruto, pero de ahí hay que descontar la
contribución de la industria del armamento en España al
producto interior bruto, porque no es una participación de las
Fuerzas Armadas en relación con el producto interior bruto,
sino que la industria española de armamento y munición tiene
entradas de otros sectores de la industria española, lo cual
genera a su vez producto interior bruto. Si, como dice este
estudio, estamos en cifras de 117.000 millones de pesetas, se
con-tribuye con ello a un 0,23 por ciento de aportación al
producto interior bruto.

Yo creo que estas figuras no tienen por qué llevar a ese
desmantelamiento, que al final es pérdida de soberanía
nacional. Creo que hay que hacer no una cuenta de resultados
como si se aplicara en Trasmediterránea o en Iberia, sino
avanzar en I+D de tecnología propia; no hacer transferencias
de capital de los presupuestos de Defensa a otros países que
nos construyen sistemas de armas, sino ir a la línea de
cofabricación, de codesarrollo, de consorcios o de fusiones.

En este libro se refleja algo preocupante: una tabla de
entradas y salidas en la industria de defensa, haciendo un
análisis de sesenta industrias. Con todas esas cifras, aunque
algunas sean muy singulares en el campo de la electrónica, se
podía ir a una línea de
entendimiento, no solamente a nivel interior, sino exterior,
con los consorcios.

Yo espero que con los programas que tiene la Unión Europea --y
que aquí se han expuesto-- se llegue a una racionalización en
razón del Tratado de Maastricht, que obliga a la UEO, en la
política de defensa, a racionalizar el tema de la industria
del armamento.

Señor Ministro, no se puede aplicar a este sector el mismo
parámetro que a otro industrial que también está dentro del
INI. Aquí se ha dicho --y a veces hay que subrayarlo-- que es
un sector estratégico del que depende no ya una variante
laboral, económica o de producto interior bruto, sino de
soberanía de Estado.

Nosotros nos sumamos a la iniciativa que ha tenido el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya de buscar una línea de aproximación y de apoyo, pues
creemos que debe ser una política de consenso y de Estado para
salvar no unos puestos de trabajo de este sector, sino algo
que va mucho más, que es el interés de soberanía estatal. Nada
más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de
Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Ministro, el señor Mardones acaba
de situar en su justa medida el problema que afecta a la
Empresa Nacional Santa Bárbara, como una de las 20 empresas
principales que dependen del sector de la defensa. Desde
luego, con la Empresa Nacional Bazán, las dos únicas empresas
que merecen un tratamiento diferenciado, puesto que son las
que se dedican exclusivamente a la industria de la Defensa o,
por lo menos, en papeles, así debería ser.

Por ello creemos que es importante el tratamiento
diferenciado, pero que es importante también el compromiso
formal por parte del Ministerio de Industria, cuyo Ministro
está presente, por parte del Ministro de Defensa



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y, no lo olvidemos, por parte del Ministro de Economía y
Hacienda, de quien a la postre depende el que los gastos
financieros de estas empresas no se disparen en virtud de
tener que acudir constantemente al crédito porque no se pagan
a su debido momento aquellos trabajos que se han venido
realizando durante muchos años. Todo ello entra dentro de lo
que es una mecánica normal de funcionamiento entre la Armada y
la Bazán o entre el Ejército de Tierra y la Empresa Nacional
Santa Bárbara durante los años en que han venido cooperando en
materia de armamento militar. El señor Ministro se refería a
que,
efectivamente, en el año 1986 se produce la incorporación de
las fábricas de Murcia y de Valladolid y en enero de 1987 la
incorporación de la fábrica de Trubia y que, como consecuencia
de ello, en ese año se realiza un plan estratégico que da
resultados favorables y positivos hasta el año 1989 en que
empieza a decaer y se empieza a ver que hay un punto de
inflexión que conduce a la situación que actualmente tiene la
Empresa Nacional Santa Bárbara.

Realmente han pasado muchos años, señor Ministro, desde el año
1989 hasta el año 1994 para que la EmpresaNacional Santa
Bárbara, sus representantes, el Presidente de la Empresa
Nacional Santa Bárbara, el Presidente del INI, el propio
Ministerio de
Industria, hubieran adoptado una medida eficaz hace tiempo
para no encontrarse con esta debacle final en la que la
situación es realmente caótica y hay que presentar situaciones
drásticas, como ese plan estratégico que acaba de presentar la
empresa a los agentes sociales. Es importante conocer que
efectivamente los presupuestos de Defensa han venido cayendo
paulatinamente, no en todos los países de la OTAN, no en todos
los países que nos rodean del mundo occidental --en algunos se
han visto
incrementados--. Pero es cierto que hay un decrecimiento en
los presupuestos de defensa a nivel mundial, a nivel
occidental. Hay países en los que se baja del cinco, del seis
o del cuatro por ciento del producto interior bruto al tres,
al 2,5 o al dos, que es el mínimo fijado por la NATO, mientras
que en España, como el señor Ministro acaba de decir, nos
situábamos en el 2,2 por ciento del producto interior bruto en
el año en el que el Gobierno accede al poder y en el año
1993/94 nos hemos encontrado con un presupuesto de defensa del
1,24 por ciento del producto interior bruto. A lo mejor ahora
alguien se acordará de que haber pedido reiteradamente la
reducción de los gastos militares no sólo conducía a que no
hubiera tanto armamento, sino también a la pérdida de casi
20.000 puestos de trabajo, que dependen hoy en día, si sumamos
única y exclusivamente las tres factorías, prácticamente en su
totalidad de los presupuestos de la defensa. Me refiero a
CASA, a Santa Bárbara y a la Bazán, aunqueCASA está
prácticamente por encima del 50 por ciento en la construcción
civil.

Es cierto que nos encontramos en esta situación y no en virtud
de única y exclusivamente esa caída de los presupuestos de la
defensa, sino en virtud también de la gestión que han llevado
a cabo los responsables de la Empresa Nacional Santa Bárbara,
los responsables del INI, los responsables del Gobierno, que
han dejado llegar hasta estos límites una situación que se
veía venir por los parámetros que el propio señor Ministro ha
venido anunciando durante esta misma sesión.

Es verdad que en el año 1993 tenemos un 86 por ciento de
subactividad, producto de una caída de la capacidad real de
producción, producto de una caída de la carga de trabajo
global, pero no es menos cierto que en el año 1992 teníamos el
80 por ciento; en 1991, el 69 por ciento; que en Murcia
estamos hoy en día en las cifras que usted dice pero que viene
decayendo desde el año 1987 hasta ahora. ¿Por qué no se ha
acometido todo eso antes? Señor Ministro, yo comprendo que
diga que le dolerán a usted todos y cada uno de los puestos de
trabajo que se pierdan en Santa Bárbara. Yo creo que no hay
nadie en esta Cámara al que no vaya a doler la pérdida de un
puesto de trabajo de uno de los trabajadores de Santa Bárbara.

Pero hay que concluir, también, que ellos no son los
responsables directos de esta situación a la que se ha
llegado. Son trabajadores de una empresa que, si se analiza
uno a uno lo que han producido y lo que han trabajado, estoy
convencido de que no ha habido prácticamente absentismo y que
realmente han trabajado por hacer y sacar adelante lo que
tenían encomendado en cada uno de los ejercicios
presupuestarios. Por tanto, si ellos no son los responsables
directos, habrá que exigir algún tipo de responsabilidad más.

En todo caso, nosotros consideramos oportuna la interpelación
presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, aunque, desde luego, esperamos a conocer los puntos
de la moción que presentará la semana que viene. Pero para el
Grupo Parlamentario Popular hay unos puntos claves, sobre todo
centrando en este momento la cuestión en el Plan estratégico
presentado unilateralmente por la empresa, sin tener en cuenta
tan siquiera a los agentes sociales. Por ello, creemos que es
prioritario, señor Ministro de Industria, que el Plan
estatégico presentado por la Empresa Nacional Santa Bárbara
cuente, por lo menos, con el conocimiento --y, hasta cierto
punto, con la aprobación-- de los agentes sociales, para que
puedan enterarse y pactar en mayor parte. Creo que la voluntad
que tienen, según se deduce de las reuniones que se han podido
mantener con ellos durante las últimas semanas, es tratar de
llegar a una solución equilibrada que consiga que,
efectivamente, esas iniciativas que ha tomado el Gobierno con
Surgy Clinic, con AMT, con las empresas



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que usted acaba de citar, puedan llegar a ser una realidad y
haya la menor pérdida de puestos de trabajo reales.




El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Termino, señor
Presidente. Consideramos imprescindible, señor Ministro de
Industria, conocer la deuda, si es que la hay, del Ministerio
de Defensa con la Empresa Nacional Santa Bárbara, conocer los
presupuestos de inversión, a corto y medio plazo, del
Ministerio de Defensa en la propia empresa y, desde luego,
conocer los gastos financieros que se han originado, para
poder realizar un Plan estratégico real, basado en las
inversiones previstas por el propio Ministerio de Defensa. De
lo contrario, será un Plan que no tendrá ninguna base porque
no sabemos si, de acuerdo con lo que ha aprobado soberanamente
esta Cámara, el Gobierno de la nación se decidirá, de una vez,
a cambiar la tendencia a decrecer de los presupuestos de
Defensa y a elevarlos, como decía el propio Ministro de
Defensa, al dos por ciento del producto interior bruto. Quizá
en ese momento, señor Ministro, habrá que cambiar esa
tendencia que usted cree que va a ser permanente y que muchos
esperamos que cambie algún día.

Nosotros consideramos que antes de proceder al cierre de
alguna de las factorías de la Empresa Nacional Santa Bárbara
hay que buscar planes alternativos. El Gobierno autonómico
gallego acaba de presentar uno basado en los «joint venture»
que seguro que el Ministro de Industria conoce. Curiosamente,
en un lenguaje que no alcanzo a entender, distinto del que
utilizan los alcaldes socialistas de otras ciudades con los
representantes del Partido Socialista en esta Cámara, el
Alcalde de La Coruña se suma al proyecto presentado por la
Xunta de Galicia, incluso los Diputados autonómicos gallegos,
no sé en virtud de qué, se suman también a que si Endesa,
radicada en Galicia, ha tenido beneficios importantes durante
el último ejercicio, no se sigancerrando empresas de la forma
que se está haciendo. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios
representantes del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma
de Galicia.

Nosotros consideramos, señor Ministro de Industria, que, en
todo caso, una vez estudiados los diferentes planes de
diversificación que puedan alcanzarse con Santa Bárbara, es
imprescindible llegar a un acuerdo con los agentes sociales en
jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas, incluso en la
movilidad geográfica, y que haya la menor pérdida de puestos
de trabajo posible dentro de lo que es la factoría.

En definitiva, tengo que decirle, señor Ministro, que el Grupo
Parlamentario Popular, reunido con los agentes sociales, está
totalmente de acuerdo en la propuestarealizada por los agentes
sociales, por los trabajadores de la Empresa Nacional Santa
Bárbara, en que esos expedientes de extinción de contrato que
se han arrojado, prácticamente después de un silencio
sepulcral durante los últimos años, a iniciativas de Izquierda
Unida, a iniciativas del Partido Popular en esta Cámara, en un
Plan estratégico que aparece de repente y suprime de un
plumazo el 68 o el 70 por ciento de la plantilla de Santa
Bárbara, no son de recibo. Por ello, entendemos que es
razonable la petición de los agentes sociales de que esos
expedientes de extinción de contrato se transformen en
expedientes de regulación temporal en tanto en cuanto no se
reúnan el Ministerio de Industria, el Ministerio de Defensa,
el Ministerio de Economía y Hacienda y, por supuesto, los
agentes sociales, para estudiar todas las posibilidades de
diversificación de la empresa.




El señor PRESIDENTE: Termine, señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Termino, señor
Presidente, diciendo que, señor Ministro, estoy convencido de
que le duele la pérdida de puestos de trabajo, pero les va a
doler más a aquéllos a quienes va a afectar en su cartera, a
aquéllos que van a ver reducidos sus ingresos y van a tener
que seguir manteniendo a sus familias día a día; a ellos les
va a doler mucho más, señor Ministro.

Y decía que, probablemente, no sabe a qué éter extraño se
deba...




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, le ruego
termine.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Termino, señor
Presidente. ... esta falta de previsión.

Yo creo que acaba de definir usted perfectamente qué clase de
Gobierno tiene en este momento España.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las ocho y diez minutos de la noche.