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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 49, de 22/02/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 49 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 48
celebrada el martes, 22 de febrero de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de
1957, para la identificación del recién nacido. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 47.1, de 3
de diciembre de 1993 (número de expediente 122/000036)
(Página 2356)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
incentivos fiscales a la ampliación y a la continuidad de las
explotaciones familiares agrarias. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 26.1, de 14 de septiembre
de 1993 (número de expediente 122/000016) (Página 2364)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno para
que solicite de la Comisión y del Consejo de las Comunidades
Europeas la adopción de determinadas medidas en relación con
el mercado de la patata. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 20, de 25 de octubre de 1993
(número de expediente 162/000036) (Página 2374)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se crea la Agencia Nacional de Medio Ambiente. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 35, de 7 de
diciembre de 1993 (número de expediente 162/000056) (Página 2383)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
las medidas previstas para que las inversiones del Plan de
Empleo Rural (PER) redunden en iniciativas de creación de
empleo estable, y contribuyan al desarrollo y la creación de
riqueza en las Comunidades de Andalucía y Extremadura (número
de expediente 173/000022) (Página 2391)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de
la intervención sobre la Sociedad «PSV» en base a la vigente
Ley de Cooperativas (número de expediente 173/000023) (Página 2400)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
50, de 23 de febrero de 1994.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2356)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de
1957, para la identificación del recién nacido (Página 2356)
En nombre del Grupo Popular defiende la proposición de ley la
señora García-Alcañiz Calvo, manifestando que se les ofrece
hoy la posibilidad de adoptar una medida concreta que favorece
a todos los ciudadanos, y en especial a los más débiles, como
son, sin duda, los niños. Afirma que con frecuencia se
producen situaciones anómalas que evidencian la necesidad de
proteger a los niños. Afortunadamente, los niños han merecido
cada vez mayor atención por parte de los poderes públicos en
educación y sanidad, pero a veces perviven aspectos cuyo
descuido origina graves problemas.
Agrega que la propuesta que hoy someten al Pleno de la Cámara
tiene la ventaja de que no implica aumento de gasto público, y
si los señores Diputados reflexionan sobre el problema que
trata de resolver llegarán a la conclusión de que el mismo
precisa de una solución, incluso con carácter inmediato. En
apoyo de la proposición menciona asimismo una resolución de la
Convención sobre los Derechos del Niño, celebrada en Nueva
York en 1989, resolución ratificada por España y que en su
artículo 7.º1 dispone que el niño será registrado
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde
ese momento a un nombre. El artículo 8.º1 de la misma
resolución ordena que los Estados parte se comprometan a
respetar el derecho del niño y a preservar su identidad. Por
otra parte, la IX Conferencia de la Unión
Interparlamentaria, a propuesta de la delegación española,
aprobó una resolución urgiendo a adoptar las medidas precisas
para establecer y poner en vigor el derecho de cada niño a su
propia identidad y a ser identificado por los medios
científicos apropiados existentes en el momento de su
nacimiento, a fin de evitar la pérdida y la confusión, que
siempre causan desamparo, particularmente en casos de
conflicto armado.
En estas circunstancias no cree aventurado decir que existirá
votación mayoritaria a la toma en consideración de la
proposición de ley. Los casos de intercambio de bebés, más o
menos numerosos, no tienen explicación hoy en día y son
inadmisibles en una sociedad dotada de sofisticados métodos de
información.
Actualmente se distingue al recién nacido en centros
hospitalarios con el simple control, en el mejor de los casos,
de la colocación de una pulsera, sin más identidad fiable que
pueda impedir el intercambio de bebés de forma deliberada o
fortuita. Esta situación es fuente de numerosos problemas que
sería posible obviar mediante el reconocimiento con efectos
jurídicos de determinadas comprobaciones o datos de carácter
científico que permitieran establecer una conexión segura y
necesaria entre la persona de que se trate y los datos que
obran en el Registro Civil. La toma de la huella dactilar es
fácil, segura y de nulo coste y, al
facilitar la identificación de los seres humanos desde el
momento de su nacimiento, evitará consecuencias adversas para
gran número de seres humanos.
Termina señalando que la deliberación parlamentaria permitirá,
sin duda, mejorar el texto de la proposición con las
aportaciones que hagan los demás Grupos de la Cámara si, como
espera, votan favorablemente a la misma.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
la señora Del Campo Casasús, exponiendo las razones por las
que el Grupo Socialista no considera oportuna la toma en
consideración de la proposición de ley. Aclara que no se trata
de razones referentes al fondo del asunto, sin duda noble, ya
que cualquier mejora en los métodos de identificación del
recién nacido que se verifique de forma comprobada y que
resulte útil es, para su Grupo, elogiable. No obstante, desea
disipar
cualquier inquietud en torno al problema planteado por la
señora García-Alcañiz, toda vez que el derecho a la identidad
del niño se encuentra plena y ampliamente garantizado en
nuestro
ordenamiento jurídico. Y en cuanto a los sistemas de
identificación que hoy se emplean en la red hospitalaria con
carácter general son, a su juicio, tanto más eficaces que el
que se propone en la iniciativa del Grupo Popular. Puede
mejorarse ese sistema si se quiere, pero no sustituirlo por
algo todavía sin comprobar plenamente. Existe una garantía del
derecho a la identidad que hace innecesario el contenido de la
proposición de ley. Si considerasen que la proposición no era
necesaria, pero sí útil y que podría mejorar los sistemas de
identificación del recién nacido, aumentando el cúmulo de
garantías que existen en nuestra legislación, la hubieran
aceptado sin dudarlo, pero ocurre que tienen serias dudas
sobre su utilidad, principalmente por la falta de consenso
generalizado en la comunidad científica, en la que todavía
existe una opinión muy extendida que considera que la huella
dactilar es sólo fiable para su estudio a partir de los seis
meses desde su nacimiento. Consiguientemente, no cree útil ni
llegado el momento para incluir esta medida en la Ley de
Registro Civil.
Replica la señora García-Alcañiz Calvo, duplicando la señora
Del Campo Casasús.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
Lizondo, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de
Coalición Canaria, Casas i Bedós, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y López Garrido, de Izquierda Unida-
Iniciativa per Cataluña. Sometida a votación, se rechaza la
proposición de ley del Grupo Popular por 138 votos a favor y
172 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
incentivos fiscales a la ampliación y a la continuidad de las
explotaciones familiares agrarias (Página 2364)
En representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
defiende la proposición de ley el señor Vidal i Sardó,
señalando que su objeto es el de establecer incentivos
fiscales para la ampliación y la continuidad de las
explotaciones agrarias familiares. Si esta iniciativa, o
alguna otra en términos similares, ha sido presentada varias
veces a la Cámara es porque la consideran necesaria para el
campo español y porque están convencidos de que contiene un
conjunto de medidas que pueden ayudar a superar los males
estructurales que padece el sector agrario, a causa
principalmente de la escasa rentabilidad de las numerosas
explotaciones, debido a su reducido tamaño y a las
dificultades que sufren las nuevas generaciones de
agricultores para continuar explotándolas cuando a esa escasa
rentabilidad se añaden los elevados costes fiscales que deben
soportar en el caso de las sucesiones.
Con la presente iniciativa se pretende mejorar la estructura
de las explotaciones agrarias, fundamentalmente de carácter
familiar, que conforman la base del campo español y de cuyo
mantenimiento depende, en buena parte, el futuro de nuestra
agricultura. Sólo si esas explotaciones son más rentables se
podrá evitar que los jóvenes del mundo rural abandonen el
campo. A continuación resalta la urgencia en la adopción de
estas medidas, debido a que los acuerdos del pasado diciembre
del GATT en materia agrícola obligarán al campo español a
realizar un esfuerzo adicional de similar intensidad al que
todavía está efectuando como consecuencia de la adhesión
española a la Comunidad Económica Europea y a la más reciente
reforma de la PAC. Es también urgente que desde estas Cortes
se detenga el progresivo abandono de las actividades
agropecuarias y luchen contra la incertidumbre y el desánimo
que se han generado en el mundo rural, tan graves como el
envejecimiento de su población activa, según lo demuestra el
que el 60 por ciento de los agricultores tienen más de 55
años. La actual situación del campo hace aconsejable darles un
tratamiento específico, con una fuerte reducción de la carga
fiscal que soportan en este momento, que compromete su
competitividad y la propia continuidad de muchas
explotaciones, haciendo estéril hasta ahora el gran esfuerzo
de los agricultores para ser competitivos.
Concluye el señor Vidal explicando las medidas concretas
contenidas en la proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
González Lizondo, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
de Coalición Canaria, y Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV); la señora Rivadulla Gracia, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y señores Lloréns
Torres, del Grupo Popular, y Pau i Pernau, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley debatida
por 318 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley (Página 2374)
Del Grupo Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno para
que solicite de la Comisión del Consejo de las Comunidades
Europeas la adopción de determinadas medidas en relación con
el mercado de la patata (Página 2374)
En nombre del Grupo Vasco (PNV), el señor Gatzagaetxebarría
Bastida defiende la proposición no de ley con el fin de lograr
un consenso parlamentario en torno a la regulación del mercado
agrícola de la patata. Expone que se trata de uno de los
productos con una demanda más inelástica, especialmente en el
tramo de precios bajos, debido a que el consumo no responde
favorablemente a los descensos de sus precios, los cuales, en
cambio, muestran una gran sensibilidad ante pequeñas
variaciones de la producción y, dada la variabilidad de ésta,
en el caso de la patata está justificado posiblemente más que
en ningún otro producto una regulación del mercado. Sin
embargo, la patata no está sometida a ningún tipo de
regulación de mercado de la Unión Europea, todo lo cual
explica que el precio de la misma pueda experimentar de unas
campañas a otras enormes variaciones, como ocurrió en 1992,
que pueden dejar al producto prácticamente sin valor
comercial, generando graves pérdidas económicas a un sector
que cuenta con numerosas explotaciones familiares, cuyas
rentas son muy sensibles a las circunstancias del mercado.
Consiguientemente, el mercado de la patata requiere, con más
razón que muchísimos otros productos, una organización común
de mercado que dé respuesta a sus circunstancias
estructurales, garantizanndo la estabilidad de precios y
posibilitando el cultivo de explotaciones familiares con menor
capacidad
competitiva, pero con mayor importancia social.
Por otra parte, proponen estudiar la creación de un sistema de
producción por cuotas, que es esencial para la articulación y
la ordenación del mercado de la patata, a diferencia de lo que
ocurre en otros contingentes, bien sean directos o indirectos.
El sistema de cuotas lo considera como un instrumento
fundamental tanto para garantizar un funcionamiento estable y
eficiente del mercado como para mantener el cultivo en
aquellas regiones rurales donde es tradicional y básico para
mantener sus economías locales. El sistema de cuotas de
superficie constituye un instrumento válido para disciplinar
la oferta favoreciendo la viabilidad de las zonas
desfavorecidas.
Alude a otras ventajas del sistema de cuotas y termina
reiterando la solicitud de creación de una organización común
de mercado para evitar la desaparición de este cultivo.
En defensa de las enmiendas presentadas y para fijación de
posiciones de sus respectivos Grupos intervienen la señora
Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista, y el señor Isasi
Gómez, del Grupo Popular.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores
Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
de Coalición Canaria; Baltà i Llopart, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y señora Rivadulla Gracia, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Cataluña.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del
Grupo Vasco (PNV) por 313 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
crea la Agencia Nacional de Medio Ambiente (Página 2383)
En nombre del Grupo Popular, el señor Gortázar Echeverría
defiende la proposición no de ley por la que solicitan que se
inste al Gobierno a presentar en el plazo de 16 meses un
proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Medio
Ambiente en sustitución de la actual Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Vivienda. El objeto de la citada Agencia
Nacional es mejorar la gestión medioambiental, simplificar y
reducir la burocracia y, en consecuencia, asignar mejor los
recursos disponibles. No desean un nuevo organismo burocrático
que se acumule al
impresionante repertorio de organismos con competencias
ambientales en nuestro país. Señala que la eficacia de tanto
organismo estatal actual es directamente proporcional al
lamentable estado del medio ambiente en España, pues nunca
hubo tanto organismo administrativo para tan escasa eficacia.
El Partido Popular propone la simplificación y concentración
de la administración ambiental a través de la creación de la
Agencia Nacional de Medio Ambiente para resolver problemas muy
concretos, como por ejemplo ha hecho el Gobierno balear con
las aguas residuales.
Otro problema concreto a resolver, como lo está haciendo la
Junta de Galicia, es la reducción de incendios forestales o la
protección de espacios naturales en la forma en que lo ha
acometido el Gobierno de Castilla y León, no a través de la
imposición y sí del acuerdo con los vecinos. Frente al
concepto extraordinariamente intervencionista del señor
Borrell, el Grupo Popular tiene un concepto no
intervencionista y sí de solución rigurosa de los problemas
medioambientales de la nación. El compromiso del Grupo Popular
es tratar de evitar la proliferación de organismos
burocráticos inoperantes que sólo favorecen la ineficacia y el
gasto público.
Termina calificando de positiva la propuesta que formula a la
Cámara, congruente con las modernas políticas presupuestarias
con el fin de no duplicar organismos y clarificar
responsabilidades. Piensa que aún están a tiempo de recuperar
el medio ambiente, a pesar de las oportunidades perdidas en
los últimos años.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista
interviene el señor Dávila Sánchez.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
Alcaraz Masats, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluña. Sometida a votación, se rechaza la proposición
debatida por 133 votos a favor, 157 en contra y 13
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2391)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las
medidas previstas para que las inversiones del Plan de Empleo
Rural (PER) redunden en iniciativas de creación de empleo
estable, y contribuyan al desarrollo y a la creación de
riqueza en las Comunidades de Andalucía y Extremadura (Página 2391)
El señor Arenas Bocanegra defiende la moción del Grupo
Popular. Recuerda que en el debate de la semana anterior
preguntaban al Gobierno por el balance de su política en lo
que significaba la creación de riqueza en las comunidades
autónomas de Andalucía y Extremadura y por sus políticas de
futuro, a la vez que hacían su propio balance de lo que
significaban esas políticas en aquellas comunidades autónomas.
Esta semana, a través de la moción correspondiente, dan un
paso adelante, atreviéndose a proponer fórmulas de futuro que
palíen los efectos negativos de esos sistemas que se venían
aplicando en Andalucía y Extremadura. Reconoce que están
tratando de un asunto delicado porque de forma directa o
indirecta se está jugando con las necesidades, con la pobreza
de aquellas
comunidades autónomas. Su Grupo no ha puesto en cuestión la
necesidad de políticas asistenciales en comunidades autónomas
en las que prácticamente en los últimos diez años se ha
duplicado el número de parados, pero sí pone de manifiesto que
los sistemas actuales de políticas asistenciales no
contribuyen a la creación de empleo y que el Plan de Empleo
Rural sólo es un plan que detrae inversiones públicas del
Estado pero que, siendo plan, ni lo es de desempleo ni lo es
rural.
Señala que los subsidios han tenido un efecto positivo de
mejores infraestructuras en pueblos andaluces y extremeños,
pero como gran defecto tiene la destrucción de empleo y que se
fomente la aspiración al subsidio y no la aspiración a un
empleo estable, a un puesto de trabajo.
Expone la evolución del número de parados en las dos
comunidades autónomas en los últimos años, afirmando que, ante
la situación existente, su Grupo Parlamentario ve el asunto
con visión de futuro y desea ayudar a la cultura de la empresa
y no a
fortalecer la cultura del subsidio. El Grupo Popular cree que
pueden desarrollarse en los ámbitos rurales iniciativas de
creación de empleo y sistemas de formación profesional que se
vinculen a la percepción del subsidio, muy especialmente en el
caso de los jóvenes.
Termina solicitando la creación de una Comisión de
investigación para que se analicen los efectos negativos del
sistema y se propongan alternativas positivas de cara al
futuro.
El señor Alcaraz Masats defiende la enmienda presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra la señora
Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Amate
Rodríguez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular en los
términos de una propuesta transaccional a que da lectura el
señor Arenas Bocanegra, es aprobada por 300 votos a favor, dos
en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de la
intervención sobre la Socidad PSV en base a la vigente Ley de
Cooperativas (Página 2400)
El señor Andreu Andreu defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Consideran insuficiente el
acuerdo del Consejo de Ministros adoptado la semana anterior,
ya que lo fundamental para su Grupo Parlamentario es que los
cooperativistas de la PSV tengan garantizado que en algún
momento sus viviendas serán construidas y que el momento no
sea excesivamente lejano en el tiempo. En consecuencia, el
punto más importante de la moción es aquel en que se pide que
el Gobierno se comprometa a que el fin social de la
cooperativa PSV se cumpla, independientemente de los graves y
grandes errores que se han producido en la gestión de la
cooperativa e independientemente de que se deban tomar
lecciones para que estos hechos no vuelvan a suceder. Agrega
que el Gobierno, en
aplicación y cumplimiento de la Ley de Cooperativas, tiene que
tomar el compromiso de que se cumpla el fin social con el que
nació la PSV y con el que se han adherido a ella 20.000
cooperativistas, que han visto ahí la mejor manera de
solucionar el problema de la vivienda.
Considera que corresponde a la responsabilidad de la totalidad
de la Cámara conseguir que un proyecto de esta naturaleza y
finalidad social llegue a buen término, independientemente de
la crítica que les pueda merecer la gestión de la cooperativa.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen, por el
Grupo Socialista, el señor Méndez Martínez y por el Grupo
Popular la señora Martínez Saiz.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor
Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya en los términos resultantes de la
enmienda transaccional presentada, se aprueba por 253 votos a
favor, uno en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos
de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MODIFICACION DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL, DE 8 DE JUNIO DE
1957, PARA LA IDENTIFICACION DEL RECIEN NACIDO (Número de
expediente 122/000036)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular, sobre
modificación de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de
1957, para la identificación del recién nacido.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra la señora
García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el punto del orden del día de hoy espero que
constituya un motivo de profunda satisfacción en el
cumplimiento de nuestras funciones parlamentarias al aprobar
una proposición de ley que permite identificar en España a
todas las personas que nacen y mueren.
En efecto, se nos ofrece la posibilidad de adoptar una medida
concreta que favorece a todos los ciudadanos, en realidad a
los más débiles y, a la vez, los más esperanzados de nuestros
conciudadanos, que son, sin duda alguna, los niños.
Con frecuencia se producen situaciones anómalas que evidencian
la necesidad de proteger a los niños. Esto se pone de
manifiesto en la siguiente anécdota, rayana, por otra parte,
en esperpento, recogida por el doctor Garrido Lestache. Corría
el año de 1871, en la ciudad de Nueva York. La niña Marilyn
Willy era maltratada... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora García-Alcañiz.
(Pausa.) Cuando quiera puede continuar.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Decía que en esta anécdota,
rayana en esperpento pero que fue real, corría el año 1871 en
la ciudad de Nueva York. La niña Marilyn Willy era maltratada
por sus padres adoptivos y la asistente social del distrito lo
denunció ante los tribunales, los cuales no pudieron hacer
nada porque no había ninguna ley en los Estados Unidos que
prohibiese estos desmanes. Entonces, la Sociedad Protectora de
Animales, considerando que la niña pertenecía al reino animal
y que las leyes prohibían la crueldad contra éstos, presentó
una demanda ante los tribunales, demanda que tuvo la
consecuencia de privar de la patria potestad a los dueños de
este «animal» --entre comillas-- maltratado que se llamaba
Marilyn Willy.
Ha pasado mucho tiempo, los niños han merecido,
afortunadamente, cada vez mayor atención por parte de los
poderes públicos en educación y en sanidad. Pero,
a veces, perviven aspectos cuyo descuido origina graves
problemas. En esta ocasión no vamos a tratar de problemas
relacionados con la organización del Estado o de los
organismos públicos, ni tan siquiera de las condiciones en que
los políticos ejercen sus funciones. Vamos a tratar de la
sociedad, de la parte de la sociedad con mayor vitalidad, de
los niños, y no del Estado. Y vamos a tratar de este tema en
circunstancias favorables.
La primera circunstancia favorable es que las medidas
normativas que se proponen no implican aumento alguno del
gasto público --repito, no implican aumento del gasto público-
-, más bien contribuirán a reducirlo una vez que se comience a
sentir en la sociedad sus efectos. La segunda circunstancia
favorable consiste en que una vez que SS.SS. escuchen el
problema que se plantea, una vez que reflexionen sobre él, por
superficialmente que lo hagan, llegarán a la conclusión de que
precisa una solución, incluso con carácter inmediato, la
sencilla solución cuya aprobación les pido. La tercera
circunstancia favorable descansa en una apoyatura jurídica,
como es que la Convención sobre los Derechos del Niño,
celebrada en Nueva York en 1989, adoptó una Resolución,
ratificada, previa autorización de este Congreso de los
Diputados de España, el 11 de noviembre de 1990 y publicada en
el «BOE» el 31 de diciembre del mismo año, entrando en vigor
en el ordenamiento jurídico interno español en 1991. El
artículo 7.1 de dicha Resolución dispone que el niño será
registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde éste a un nombre. Y el artículo 8.1 ordena que
los Estados parte se comprometan a respetar el derecho del
niño y a preservar su identidad.
Finalmente, señorías, la delegación de las Cortes Genereales
de España ante la Unión Interparlamentaria presentó una
propuesta de resolución en el debate correspondiente al punto
del orden del día respecto al tema del derecho humanitario
internacional y de apoyo también a la acción humanitaria en
los conflictos armados. Se trataba en esos momentos de ver la
forma de paliar los múltiples problemas que van aparejados a
situaciones de
conflictos armados. Entre ellos, de forma muy significada, los
que padecen los niños en situaciones de este tipo, como es el
caso de los desgraciados hechos que hoy acontecen todavía en
Yugoslavia. Destacaba la unánime preocupación de los delegados
de todos los países asistentes por la identificación de los
niños en situaciones tan complicadas. La frase de la Madre
Teresa de Calcuta «no nos olvidemos de los niños» estuvo
presente en Camberra. Espero y deseo, señorías, que sea
también tenida en cuenta ahora en esta Cámara.
La propuesta que hizo el grupo español, en postura unánime,
compartida por miembros de todos los grupos parlamentarios
representados en la Cámara, tanto del Gobierno como de la
oposición, fue aceptada por unanimidad de las 96 delegaciones
que correspondían a los países presentes en la Conferencia. El
texto de la Resolución, señorías, fue el siguiente: La 90
Conferencia Interparlamentaria urge a adoptar las medidas
precisas para establecer y poner en vigor el derecho de cada
niño y de cada niña a su propia identidad y a ser identificado
por los medios científicos apropiados existentes en el momento
de su nacimiento, con el fin de evitar la pérdida y la
confusión, que siempre causan desamparo, particularmente en
casos de conflicto armado. Esta preocupación, que a todos
afecta, se tiene no sólo en tiempos de guerra, sino también en
tiempos de paz. Así pues, la resolución que hizo la UIP a
propuesta, repito, del grupo español, obliga a esta Cámara a
tomar en consideración la proposición de ley que hoy nos
ocupa. En estas circunstancias, no creo aventurado decir que
existirá una votación mayoritaria a su toma en consideración.
Determinar la identidad de una persona puede parecer un
cometido bastante simple, cuando en realidad no lo es en
absoluto. La identidad es la expresión de la personalidad
anatómico-antropológica de un ser humano, cuyos signos vitales
distinguen a un individuo de todos los demás, en la vida y
después de la muerte. Estos signos, o caracteres singulares de
cada individuo, no constan en al acta de nacimiento del
Registro Civil, como oficina pública encargada justamente de
la
identificación de las personas. Este hecho impide, en muchos
casos, que se pueda reconocer con efectividad a cada uno el
derecho a la seguridad sobre su persona y el reconocimiento de
su personalidad jurídica, como consta en los artículos 3 y 6
de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
En la actualidad, los datos que constan en el Registro Civil
acerca de las personas son insuficientes para poder garantizar
su relación efectiva con una persona determinada, de tal
manera que la conexión entre los datos de una inscripción de
nacimiento, o de fallecimiento, y la persona a que se
refieren, es
completamente insegura. De esta manera, puede inscribirse el
nacimiento de una persona y aplicarse a la vida de otra, de la
misma forma que puede inscribirse la muerte de una persona
cuando en realidad es otra la fallecida. Por tanto, el lazo de
unión entre el dato oficial y el nuevo ser, y el dato oficial
y el ser que ha dejado de existir, resulta inseguro, solamente
conjeturable mediante presunciones en función del sexo, la
edad u otras condiciones.
Hay, pues, una manifiesta insuficiencia legal, hoy
injustificada, del control de identidad del recién nacido
desde los primeros momentos del parto. Los casos de
intercambio de bebés, más o menos numerosos (no voy a entrar
en cifras, cualquier cifra es demasiado), no tienen hoy día
explicación y son inadmisibles, desde luego, en una sociedad
dotada de sofisticados sistemas y
métodos de información, de datos relacionados entre sí, para
la utilización práctica de informaciones.
Pues bien, señorías, esta misma sociedad, tan característica y
rica en datos de todo tipo, recibe al recién nacido en los
centros hospitalarios con el simple control (en los mejores
casos) de la colocación de una pulsera de cartón antes de
llevarle al nido. No hay más control, ni más testigos, ni más
identidad fiable que pueda impedir el intercambio de bebés, de
forma deliberada o fortuita. Esta situación es fuente de
numerosos problemas; problemas que sería posible obviar
mediante el reconocimiento de efectos jurídicos a determinadas
comprobaciones, o datos de carácter científico, que permitan
establecer una conexión segura y necesaria entre la persona de
que se trata y los datos que obran en el Registro Civil.
La huella dactilar viene siendo, desde principios de siglo, un
elemento fundamental para poder averiguar la identidad de las
personas en todo tipo de investigación. La ventaja principal
de la huella dactilar es que permite la identificación de una
persona porque es posible expresar la estructura de la huella
en una fórmula dermatopapiloscípica que no se presta a dudas.
Hoy, un doctor español, el doctor Garrido Lestache, ha
conseguido demostrar que la huella dactilar se forma en las
primeras semanas de embarazo y permanece viva hasta la
destrucción del tejido dactilar que la incorpora. Ha
demostrado, asimismo, que la toma de la huella dactilar es
fácil, segura, de nulo coste (repito, señorías, de nulo coste)
y de fácil descripción. Por ello, consideramos que estas
pruebas han de recibirse en el
ordenamiento jurídico en servicio al derecho fundamental, a la
identidad que posee todo ser humano y que recogen, de manera
implícita, pero patente, los artículos 15 al 29 de la
Constitución española de 1978.
Son muchas personas, juristas, médicos, psicólogos,
periodistas y de otras diversas profesiones, las que se
sienten
sensibilizadas ante el problema de la falta de identificación
del recién nacido y sus consiguientes consecuencias. Facilitar
la identificación de los seres humanos desde el momento mismo
de su nacimiento hasta el instante de su defunción evitará,
sin duda alguna, consecuencias adversas para gran número de
seres humanos, no sólo de niños cambiados, secuestrados,
robados o vendidos, sino también personas con identificación
alterada por error o con finalidades delictivas.
Si es cierto que no existen antecedentes en otros
ordenamientos jurídicos sobre esta materia, también lo es que
la Convención sobre los Derechos del Niño ya citada, celebrada
en Nueva York, rige en España y obliga al Estado español a
adoptar las medidas que garanticen la identidad y la
identificación de los niños. Igualmente, la resolución de la
UIP antes citada ha urgido a los países para que establezcan
las medidasconducentes a la
identificación de los niños y de las personas en general. Por
lo demás, se trata de una materia análoga a aquellas otras en
las que la legislación española de los últimos años se ha
mostrado pionera.
El texto articulado de la proposición de ley que se somete a
SS.SS. apenas necesita más justificación que la finalidad que
se propone. Naturalmente, la deliberación parlamentaria
permitirá su perfeccionamiento mediante la aportación que
hagan...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora García-Alcañiz.
(Pausa.) Pueden continuar cuando quiera.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Decía que la deliberación parlamentaria permitirá sin duda
alguna su mejora mediante la aportación que hagan todos los
Grupos, que sin duda, espero, la van a votar favorablemente.
Se trata de una ley necesaria, de una ley viable que dará una
enorme tranquilidad a las familias y que evitará las zozobras
y posibles problemas psicológicos que en este aspecto hoy
podemos tener. Creo sinceramente que nadie en esta Cámara
puede estar en contra de la seguridad propuesta y del derecho
de todo recién nacido a su propia identidad.
El contenido humanista de esta proposición de ley tiende a
evitar el desamparo legal en que se encuentran y pueden
encontrarse millones de personas, sin olvidar que este
sentimiento humanista es lo propio de la cultura española,
como cultura más
profundamente universal, dentro de la cultura europea.
La sintética formulación senequista de que el hombre es un ser
sagrado para el hombre --«homo sacra res homini»-- encuentra
aquí una respuesta y nos permitirá a los parlamentarios ser
considerados como los abogados de los niños y los defensores
del derecho. O lo que es igual, los defensores de la dignidad
humana. De esta manera, señor Presidente, al estar al servicio
de los ciudadanos desaparecen también los muros que nos
separan a los gobernantes y los gobernados. Y es que sin duda
es esta una de las condiciones del cultivo parlamentario al
que nos debemos. Gracias, señor Presidente, señorías.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, señorías, con
el mismo tono sereno y mesurado que ha
empleado la señora García-Alcañiz desde esta tribuna, voy a
tratar de exponer las razones por las que el Grupo Socialista
no estima oportuno tomar en consideración esta proposición de
ley, y quiero adelantar ante todo que no son razones
referentes al fondo. El interés que mueve a la señora García-
Alcañiz es, sin duda, noble. Cualquier mejora en los métodos
de identificación del recién nacido, que se verifique de forma
comprobada y que resulte útil, es para nosotros elogiable.
Trataré, por tanto, de exponer por qué, partiendo de esta
premisa, no estimamos oportuno tomar en consideración esta
concreta proposición de ley.
En primer lugar, quisiera hacer alusión a algunas de las
últimas palabras de la ponente del Grupo Popular, para tratar
de reducir su efecto a sus justos términos. Hablaba la señora
García-Alcañiz de situaciones de zozobra e intranquilidad que
se producen en las familias respecto a la identidad de sus
hijos; hablaba de la necesidad de garantizar el derecho a la
identidad, establecido por la Convención de Derechos del Niño,
que ya es derecho interno en España; hablaba también de la
resolución de la Unión
Interparlamentaria exigiendo que todo niño sea identificado
por los procedimientos científicos adecuados en el momento de
su nacimiento.
No lo ha citado ella, pero la exposición de motivos de la
proposición de ley que hoy se nos presenta a debate dice que
el derecho a la identidad no está debidamente garantizado en
nuestro ordenamiento jurídico, y quiero ante todo, en nombre
del Grupo Socialista, disipar esa inquietud.
Desde el punto de vista de nuestro Grupo, esta proposición de
ley no es necesaria porque ese derecho está plena y
ampliamente garantizado, tanto el derecho a la identidad en
los términos en que lo recoge la Convención de Derechos del
Niño --derecho a un nombre, derecho a una nacionalidad,
derecho a conocer a sus padres-- como el derecho a ser
identificado por los medios adecuados y a que esa
identificación se recoja en el Registro Civil. Reconocerán
conmigo, señores del Grupo Popular, que el primer aspecto de
estos derechos viene perfectamente regulado tanto en la
Constitución como en el Código Civil, y en la propia Ley del
Registro Civil cuya modificación hoy debatimos.
En cuanto al segundo, los sistemas de identificación que hoy
se emplean en la red hospitalaria con carácter general, el
sistema de recoger la huella plantar del recién nacido junto a
la huella dactilar de la madre y poner al niño una pulsera
identificativa, es, a nuestro juicio, tanto o más eficaz, por
estar más
comprobado, que el sistema de identificación que ustedes
proponen. Ampliemos este sistema, mejorémoslo si ustedes
quieren, pero no lo sustituyamos por algo todavía sin
comprobar
plenamente. Del mismo modo, la inscripción en el Registro
Civil del niño con su verdadera identidad está hoy garantizada
por la Ley del Registro Civil, por esa doble declaración que
se exige, no sólo de quien tenga conocimiento cierto del
nacimiento, sino también del médico o sanitario que haya
asistido al parto, y por las garantías que la propia Ley y su
Reglamento establecen para los casos en que haya duda o
dificultades en el momento de la inscripción. Hay, pues, una
garantía del derecho a la identidad que hace innecesario el
contenido de esta proposición de ley. Pero miren ustedes,
señorías --y por eso les decía que quería hablar serenamente--
, si consideráramos que esta proposición de ley no era
necesaria, pero era útil y podía mejorar, hoy por hoy, los
sistemas de identificación del recién nacido y aumentar ese
cúmulo de garantías que ya existen en nuestra legislación, la
hubiéramos aceptado sin dudarlo, pero es que nos caben serias
dudas sobre su utilidad actual; serias dudas que se refieren
fundamentalmente a un aspecto, que es la falta de consenso
generalizado en la comunidad científica. Desde el Grupo
Socialista somos los primeros en valorar muy altamente y en
considerar muy positivos los trabajos del doctor Garrido
Lestache, pero no cabe duda de que son los de un
investigador --meritorio, pero de una sola persona-- y que
todavía no han llegado a alcanzar el consenso generalizado de
la comunidad científica. Antes bien, hay todavía una opinión
muy extendida que considera que la huella dactilar es sólo
fiable para su estudio a partir de los seis meses del
nacimiento.
Sinceramente, señorías, creemos que los cambios legislativos
deben apoyarse en este consenso generalizado y no en una o
varias opiniones por muy fundadas que estén científicamente y
por muy estimables que sean. Nos parece prematuro incorporar
en este momento, como exigencia generalizada, la inscripción
de la huella dactilar en el parte de nacimiento. Aludía la
señora
García-Alcañiz a que son escasos los precedentes legislativos
en cuanto a los ordenamientos jurídicos. Quisiera que
reflexionaran sobre si es que no serán precisamente escasos
por este motivo, por la falta de consenso generalizado,
todavía, en cuanto a la validez de la huella dactilar de un
recién nacido.
En un futuro más o menos próximo es posible que se solucione.
Es posible que en un futuro más o menos próximo se pueda
establecer la validez, la conveniencia, de implantar la huella
dactilar del niño en ese parte de nacimiento que va a pasar al
Registro Civil. Además, habrá que establecerlo con unas
garantías previas; garantías en cuanto a la recogida de esa
huella, garantías que no debe establecer sólo el Estado, pero
que hagan que el camino desde la recogida hasta la inscripción
en el Registro no pueda llevar a confusión; que no hagamos un
brindis al sol y al tratar de inscribir a un niño con su
auténtica huella inscribamos al niño Juan con la huella del
niño Pedro. También son problemas en el camino que habría que
resolver. De todas formas creemos que hoy por hoy no es
todavía el momento,
que hoy por hoy no es todavía útil incluir esta medida en la
Ley del Registro Civil. Además, hay otra cosa, señora García-
Alcañiz. Es posible que en un futuro próximo sí se pueda
considerar útil y que sea una garantía fiable suplemenaria esa
inclusión de la huella; pero entonces no será el Grupo
Socialista el que apoye la inclusión de este dato de
identificación, un simple dato más junto a otros que ya
constan en el Registro Civil y no una garantía fundamental del
derecho a la identidad como parece deducirse de la
proposición de ley. No seremos partidarios de incluirlo por la
vía de la modificación de la Ley del Registro Civil. En ese
momento mi Grupo será el primero que estará dispuesto a instar
al Gobierno a que por vía reglamentaria, por la vía adecuada,
modifique el Reglamento del Registro Civil para incluir ese
dato u otro cualquiera que los avances técnicos estimen
conveniente para una mejor identificación del recién nacido.
Será en el Reglamento como hoy consta, y no en la Ley del
Registro Civil donde deban constar estos datos de
identificación del recién nacido. Curiosamente en este aspecto
SS.SS. no han pretendido que los otros datos como el nombre,
el sexo o la filiación, que constan en el Reglamento del
Registro Civil, sean trasladados a la Ley.
Decía, señoría, que no nos parece útil en este momento el
cambio que proponen, ni nos parece adecuado el procedimiento
por el que quieren llevarlo a cabo.
Incidentalmente también quiero tocar otro aspecto que haría
que la aprobación de esta proposición de ley nos pareciera a
nosotros perturbadora para el ordenamiento jurídico.
En ocasiones anteriores, al menos en una, el Grupo Popular
incluía en esta proposición de ley una modificación del
artículo 30 del Código Civil, ese artículo que establece que,
a los efectos civiles, sólo se reputará nacido al niño cuando
lleve 24 horas enteramente desprendido del seno materno y
tenga forma humana.
Esta vez, quizá por la mala acogida que tuvo en la generalidad
de la Cámara esta propuesta de modificación en otras
ocasiones, la han retirado ustedes, no proponen ninguna
modificación directa del Código Civil; pero en la práctica, si
se fijan en la
redacción que defienden para el artículo 42 de la Ley del
Registro Civil, están modificando el Código Civil, ya que
declaran inscribible el nacimiento desde el momento mismo en
que se produzca, sin exigir la espera de ese plazo de 24 horas
que exige el artículo 30 del Código Civil, un artículo que,
por cierto, ha venido siendo una garantía de seguridad
jurídica; un artículo que es claro, que es eficaz, y que poca
o ninguna litigiosidad ha tenido en su casi un siglo de
existencia. De ningún modo estaría dispuesto el Grupo
Socialista a modificar el Código Civil en ese punto.
Por último, una simple reflexión relativa a ese nuevo artículo
85 que introducen en esta propuesta de reforma. Evidentemente
es un artículo novedoso, nunca se había contemplado en
iniciativas similares anteriores del Grupo Popular y además,
si me lo permiten ustedes, es un artículo bastante
sorprendente una proposición de ley con este título y con esta
exposición de motivos. Por lo menos podían habernos prevenido
haciendo alguna alusión a esa propuesta en el título o en la
exposición de motivos.
Con toda sinceridad, señorías, nosotros creemos que aquí sí
que no está justificada esta exigencia de inclusión de la
huella dactilar del difunto en el parte médico de defunción.
En primer lugar, porque el reglamento del Registro Civil tiene
ya, en su artículo 274 y siguientes, una relación bastante
exhaustiva de los extremos que deben figurar en ese parte
médico. Y, en segundo lugar, porque no siempre se puede
recoger la huella dactilar de un difunto. No quiero referirme
en casos de muertes trágicas o turbulentas, pero todos estamos
de acuerdo en que hay veces en que es imposible obtener la
huella de un cadáver, por lo cual es absurdo exigir, con
carácter general en la Ley del Registro Civil, que se obtenga
esa huella. Por último, sinceramente tampoco vemos muy clara
la utilidad de la obtención de una huella que difícilmente va
a poder ser comprobable después.
Estos son los motivos, señorías, no de fondo ni que atenten,
en absoluto, contra la voluntad de una mejor identificación de
los recién nacidos, aspecto este al que siempre nos
encontrarán dispuestos, sino motivos realmente de falta de
necesidad y de falta de oportunidad en el momento y de falta
de oportunidad en el procedimiento que mueven al Grupo
Socialista a no aceptar esta proposición de ley.
Decía la señora García-Alcañiz que esta proposición no suponía
aumento alguno del gasto público. Estamos totalmente de
acuerdo. Si nosotros hubiéramos creído por un momento en la
necesidad de introducir en la legislación medidas de este tipo
las hubiéramos introducido, hubieran supuesto o no aumento del
gasto público, ya que por encima del gasto público están los
derechos
fundamentales. Sencillamente es que no vemos ahora la
oportunidad.
Tenemos que tener en cuenta a los niños, ahora y siempre.
Velemos por los niños, como decía la Ponente del Grupo
Popular, y en esto está el Grupo Socialista, en esto está el
Gobierno y creo que en esto está toda la Cámara, pero hemos de
velar con las medidas adecuadas, oportunas en cada momento y
que no distorsionen el ordenamiento jurídico. Por desgracia
creemos que ésta que ustedes proponen no reúne esas
características.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo.
Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Lamentablemente he comprobado una vez más que en el turno en
contra del Grupo Socialista, señora portavoz, no ha esgrimido
usted ninguna razón de peso que les lleve a votar
negativamente esta proposición de ley.
Yo tenía el consenso de toda la Cámara, puesto que toda la
Cámara estaba representada en la UIP. Pero el doble lenguaje
que ustedes practican dentro de nuestra nación o cuando
salimos fuera es francamente sorprendente. La señora Frau y el
Presidente, señor Martínez --que está aquí en esta Cámara--
sabían de esta
proposición, y todos estaban de acuerdo. Por eso no lo puedo
entender, porque usted no ha esgrimido, repito, ninguna razón
que justifique su actitud. Señora portavoz del Grupo
Socialista, han hecho un mal servicio a la razón reflexiva,
han hecho un mal servicio a la deliberación de esta Cámara.
Sin embargo, y siendo esto muy grave, no es lo más grave de
todo. Han traicionado ustedes a los ciudadanos. Y permítame,
señor Presidente, que lea un acuerdo de uno de los últimos
consejos de ministros que, por cierto no sé si lo recordarán,
porque es clara la ausencia de miembros del Gobierno, lo que
muestra una vez más el desprecio que hacen de este Parlamento.
En el Consejo de Ministros del día 11 pasado, entre los
acuerdos adoptados estaba el siguiente. El Consejo de
Ministros (del Reino de España claro está) aprobó: Registro de
animales. Establecer un sistema de identificación y registro
de animales de las especies bovina y porcina. El objetivo de
esta disposición es crear un sistema unificado comunitario de
identificción y de registro que permita un rápido intercambio
de datos entre los estados, además de reconstruir los
movimientos de los animales no sólo a través de los distintos
países, sino por el propio territorio.
Muy probablemente, señor Presidente, señorías, tengamos que
acudir, como a finales del siglo pasado, a sentirnos también
animales y que sea la Sociedad Protectora de Animales la que
pida el amparo para que la sensatez de los Diputados de esta
Cámara tomen en consideración algo tan lógico, tan necesario,
tan natural y tan viable.
Quería una vez más, señorías, señores socialistas, y no sé si
algún otro grupo acompañará a ustedes en sus desmanes e
incoherencia en la utilización del doble lenguaje, dentro y
fuera, del engaño y del fraude (Rumores.); quería, repito,
decirles que esta actitud nos obliga a no desesperar en la
lucha por lo que entendemos que es justo. En cada elección,
señorías, los ciudadanos nos pedirán cuenta a los
representates que aquí estamos. Nosotros, los que vamos a
votar que sí a esa proposición de ley --y en circunstancias
análogas lo hemos hecho otras veces-- sabremos, efectivamente,
dar razón de nuestra conducta y también de la conducta de
algunos otros.
Gracias, Presidente. (Varios Diputados del Grupo Popular: ¡Muy
bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
Señora García-Alcañiz, yo no voy a hablar de desmanes, pero
algo incoherente sí que me ha parecido su alusión al registro
de animales. No sé si había en ella algún deseo inconsciente o
alguna añoranza de la anécdota de 1871 que S.S. nos contaba, y
pretendía que quizá lo más seguro para la postura que usted
defiende sería volver a esa situación de 1871. No confundamos
aquí los derechos fundamentales de un niño con un registro de
animales que se garantiza para proteger los intereses
económicos de su dueño. Las personas están por encima de
consideraciones de ese tipo. Este mismo tema ya se ha tratado
en otros debates, señora García-Alcañiz, y no creo necesario
insistir.
Dice S.S. que yo no le he dado razones para rechazar la toma
en consideración de su proposición de ley. Creo que le he dado
cuatro razones: que era innecesaria, que era inoportuna, que
conseguir un objetivo de este tipo no requería modificar la
Ley del Registro Civil, ya que el procedimiento que ustedes
proponen vendría a ser algo así como matar las moscas a
cañonazos, y que, además, resultaba perturbadora para una
parte de una espina vertebral de nuestro ordenamiento
jurídico, como es el Código Civil. Estas son las razones que
le he dado y las razones que mantengo.
Señora García-Alcañiz y señores del Grupo Popular, yo quisiera
hacerles desde aquí un llamamiento, llamamiento que responde a
la preocupación que me han causado sus últimas palabras.
Señorías, hace muchos años que las mujeres españolas venimos
pariendo en los hospitales, públicos o privados, y les aseguro
que cuando una mujer entra en la sala de partos siente una
grave preocupación; una grave preocupación porque le espera un
mal rato y una grave preocupación porque no sabe si el niño va
a nacer bien o si va a venir al mundo con problemas. Pero no
siente preocupación por si le van a dar un cambiazo a su niño,
sabe que se va a ir con su hijo, porque tanto la práctica
hospitalaria, con las garantías que toma, como el ordenamiento
jurídico, así se lo garantizan.
Señores del Grupo Popular, por favor, bastante sufren las
parturientas con lo que tienen en esos momentos. No levanten
ustedes alarmas infundadas y no creen ustedes, entre ellas y
las familias, una preocupación que no tiene justificación
alguna. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la finalidad de la toma en consideración de esta
proposición de ley es la de garantizar la identidad de las
personas desde el mismo momento de su nacimiento. Como
consecuencia de la suscripción de España a la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989, y en virtud de lo establecido
en el artículo 7 de la misma, el niño ha de estar registrado
inmediatamente después de su nacimiento, comprometiéndose los
Estados parte a respetar el derecho del niño y a preservar su
identidad. De ahí que Unión Valenciana considere favorable la
presentación de esta proposición, que por un lado supone la
adaptación a la normativa del derecho internacional, aunque no
establezca las medidas a adoptar para garantizar este derecho,
y, por otro lado, con la identificación de los niños desde el
mismo momento de su nacimiento, se tiende a evitar la pérdida
y la confusión que puede crearse con los recién nacidos,
cuestión ésta que ya se ha dado en distintas ocasiones.
Por tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de
esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, voy a ser
muy breve. Quiero expresar nuestra conformidad con la toma en
consideración de la proposición de ley que hoy se trae a
debate a esta Cámara y, al mismo tiempo, nuestra coincidencia,
bastante notable, con los argumentos que se han expuesto y,
desde luego, con los que se acaban de poner de manifiesto por
el señor Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra.
Asimismo quiero manifestar que, por encima de todo, se trata
de preservar de alteraciones la identidad del niño, del recién
nacido; de mejorar, por qué no, los dispositivos y el sistema
actual de defensa de esa identidad; de que tenga la debida
trascedencia en el Registro Civil, y, por supuesto, de
satisfacer la necesidad de actuar coherentemente, en virtud de
la decisión correspondiente de esta Cámara, con el acuerdo de
la Convención de Derechos del Niño de Nueva York de 1989, que,
aunque no se refiriese específicamente al tema de la huella
dactilar, sí que se refería, de manera contundente, a la
necesidad de que los distintos Estados preserven por todos los
medios la identidad del recién nacido. Para nosotros esto es
una garantía absolutamente imprescindible, insuprimible y
tenemos que hacer lo posible para llevar a cabo estos
acuerdos, al margen de que también en otros foros se haya
discutido el sistema de la huella dactilar, como ha ocurrido
en la Junta de Gobierno del Comité Nacional de Unicef, donde
de una manera muy concreta se ha hablado de la huella dactilar
en relación con la preservación de la identidad del recién
nacido.
Por todo ello, y sin perjuicio de tratar de mejorar en el
trámite de enmiendas lo que fuere susceptible y requiriera la
mejora correspondiente, nosotros, Coalición Canaria, vamos a
votar afirmativamente a esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, pudiera parecer, por lo que llevamos de debate, que
en España no hay actualmente suficientes medidas para
garantizar la identificación de un recién nacido, y esto
tampoco es así. Nosotros compartimos y suscribimos los motivos
que han llevado al Grupo Parlamentario Popular a presentar
esta iniciativa, y estimamos que el objetivo que persigue es
razonable porque en cualquier caso mejoraría los sistemas de
identificación. En cambio, no compartimos que la iniciativa
presentada sea la más idónea para conseguir el objetivo que se
propone. Si por la vía de enmiendas en el trámite
parlamentario hubiésemos podido mejorar el texto presentado
por el Grupo Popular, hubiésemos votado afirmativamente a la
toma en consideración, pero
entendemos que el mecanismo utilizado por dicho Grupo Popular
no es el más idóneo para conseguir los objetivos que persigue
la propia iniciativa, y explicaré el porqué.
Es evidente --basta con leer algunos tratados médicos-- que no
hay unanimidad en la comunidad científica sobre que la huella
dactilar del recién nacido sea una prueba contundente en el
momento del nacimiento; en esto hay discrepancias. Es posible
que los avances científicos de este importante investigador
español en el futuro sean compartidos unánimemente por la
comunidad científica, y en este supuesto quizá será un buen
mecanismo, pero aun así diríamos que el mecanismo utilizado
por el Grupo Popular no es el más idóneo. ¿Por qué razón? En
algunas comunidades autónomas de España se está utilizando en
este momento como método de identificación, además de otros,
la huella plantar, que no plantea ningún problema a la
comunidad científica y que no requiere necesariamente la
inscripción en el Registro Civil. Por tanto, no entendemos que
la huella dactilar sea imprescindible para que cumplamos con
la Convención sobre los Derechos del
Niño; ésa es una interpretación muy rigurosa de lo que dice la
citada Convención. Entendemos que una iniciativa que hubiese
ido en la línea de instar al Gobierno a generalizar en el
conjunto de España la huella plantar y ver con más calma hasta
qué punto puede esto introducirse en el Registro Civil sin
necesidad de reformar la Ley --porque entendemos que para esto
no es necesario reformarla, bastaría con alguna medida de tipo
reglamentario--, podría conseguir el mismo objetivo y
garantizar más aún si cabe en nuestro ordenamiento jurídico la
identificación del recién nacido.
Esta es la razón de nuestro voto en contra, ya que entendemos
que el procedimiento no es el correcto, aunque compartimos en
toda su literalidad la intención y los objetivos que perseguía
el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo
comparte la finalidad y la intención de esta proposición de
ley, que intenta mejorar técnicamente la forma de asegurar la
identidad del recién nacido, pero no compartimos, desde luego,
lo que podría desprenderse de una cierta alarma en cuanto a
que no esté garantizada la identidad del recién nacido en
nuestro país. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente
por algún grupo parlamentario, creemos que la fórmula de la
proposición de ley no es la adecuada para conseguir esa
finalidad.
Esta proposición de ley, básicamente, añade a los artículos
correspondientes de la Ley del Registro Civil la inclusión en
el parte médico de la huella dactilar del recién nacido. Es
una cuestión técnica, una cuestión discutida y discutible. En
la práctica, el propio Insalud está llevando a cabo
procedimientos diferentes: huella dactilar o huella plantar;
no es una cuestión pacífica en este momento. Pero sobre todo
es un típico tema de reglamento, de desarrollo de la Ley de
Registro Civil, porque, efectivamente, esto mejoraría y
precisaría más la identificación, y modernizaría incluso más
el Registro Civil, pero la vía de una proposición de ley es
excesiva a este respecto. No hace falta una ley, no se está
regulando aquí el derecho a la identidad, como se señala en el
preámbulo de la proposición de ley; simplemente se está
utilizando un procedimiento técnico para mejorar esa
identidad, pero el derecho a la misma no se regula por esa
proposición de ley, por lo que no sería necesaria una norma de
este rango.
Existen, además, otros problemas jurídicos añadidos que
también se han señalado. En esta proposición de ley no hay una
reforma del Código Civil y, sin embargo, se habla de la
posibilidad de llevar el parte médico al Registro antes de
transcurridas 24 horas del nacimiento, lo que contradice,
evidentemente, dicho Código Civil.
Por otra parte, tampoco se entiende bien por qué se incluye en
esta proposición de ley la identificación de los fallecidos,
que es un problema absolutamente distinto, no tiene la
problemática de la identificación del recién nacido. Pero se
incluye, insisto, como parte de esta proposición de ley la
identificación de los fallecidos del artículo 85 del Código
Civil.
En definitiva, creemos que la pretensión de la proposición de
ley es absolutamente compartible, que se podría y se debería
mejorar la forma de identificación de los recién nacidos en
nuestro país --eso no quiere decir que no esté garantizada esa
identidad, yo creo que sí, aunque se podría mejorar--, pero
creemos que la vía adecuada es el reglamento y no la ley como
dice el preámbulo y luego la proposición.
Si usted se fija, señor portavoz del Grupo Popular, en lo que
dice el Reglamento del Registro Civil, el artículo 167
desarrolla lo que tiene que constituir el parte de nacimiento.
Dice: en el parte de nacimiento, además del nombre, apellidos,
carácter y número de colegiación de quien lo suscribe,
constará, con la precisión que la inscripción requiere, fecha,
hora y lugar del alumbramiento, sexo del nacido y menciones de
identidad de la madre, indicando si es conocida de ciencia
propia o acreditada, documentos oficiales, etcétera. Creemos
que ese es el lugar donde debería ir esa técnica de la huella
dactilar, de la huella plantar o de la que se considere
adecuada, en su caso, por el Gobierno a la hora de desarrollar
la Ley del Registro Civil; es decir, en el Reglamento del
Registro Civil, no en la Ley del Registro Civil. Porque puede
que en el futuro cambie la técnica, sea más adecuada otra, y
se pase de la huella dactilar a la plantar o a otra distinta
de identificación, pero no es cuestión de estar cambiando
constantemente la Ley del Registro Civil cada vez que la
técnica cambie. Por eso lo más adecuado sería haber hecho esta
iniciativa a través de una proposición no de ley u otra
fórmula que instase al Gobierno a que en el Reglamento del
Registro Civil introdujese esta técnica o las que se
consideren adecuadas para la mejor identificación.
Dicho sea de paso, esto va a producir grandes problemas en el
Registro Civil, pero va a contribuir, creemos, a su
modernización. En estos momentos, en el Registro Civil se
están trasladando los partes médicos a legajos que se meten en
sótanos --y quién sabe si algún día se podrán encontrar--, sin
que formen parte del libro del Registro, que sigue
procedimientos manuales del siglo pasado. Esa es otra razón
para que se atienda esta pretensión, ya que supondría un
elemento de modernización y de tecnificación de un Registro
Civil que está absolutamente anticuado y obsoleto. Pero,
repetimos, creemos que la vía de la ley no es la adecuada,
que la vía adecuada es la del reglamento, y por ello no
podemos apoyar esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la proposición de ley del Grupo Popular
sobre modificación de la Ley del Registro Civil para la
identificación del recién nacido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 138; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
INCENTIVOS FISCALES A LA AMPLIACION Y A LA CONTINUIDAD DE LAS
EXPLOTACIONES FAMILIARES AGRARIAS (Número de expediente
122/000016)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), sobre incentivos fiscales a la
ampliación y a la continuidad de las explotaciones familiares
agrarias. En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el
señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, previamente a la defensa de esta proposición de ley
debo significar que dos de las modificaciones legislativas que
contiene están referidas al texto vigente en el momento de su
presentación en junio de 1993. Sin embargo, y con
posterioridad, el Gobierno elaboró el Real Decreto-ley 1/1993,
de 24 de
septiembre, a cuyo texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados deberán entenderse remitidas nuestras
modificaciones,
concretamente las referidas a su artículo 45.1.b), 6, en
sustitución del artículo 48.1.b), 6, del texto derogado. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) defiende una
vez más ante el Congreso de los Diputados una proposición de
ley presentada al objeto de establecer incentivos fiscales a
la ampliación y a la continuidad de las explotaciones agrarias
familiares. Si esta iniciativa o alguna otra en términos
similares ha sido presentada varias veces para su aprobación
en esta Cámara es porque creemos que es necesaria para el
campo español, y porque estamos convencidos de que contiene un
conjunto de medidas que pueden ayudar a superar los males
estructurales que padece el sector agrario a causa,
principalmente, de la escasa rentabilidad de las numerosas
explotaciones debido a su reducido tamaño, ocasionada por las
dificultades que sufren las nuevas generaciones de
agricultores para continuar explotándolas, cuando a esta
escasa rentabilidad se le añaden los elevados costes fiscales
que deben soportar en el caso de las sucesiones. Con esta
iniciativa se pretende mejorar la estructura de las
explotaciones agrarias, fundamentalmente las de carácter
familiar, que conforman la base del campo español, y de cuyo
mantenimiento depende en buena parte el futuro de nuestra
agricultura. Sólo si estas estructuras son más rentables se
podrá evitar que los jóvenes del mundo rural abandonen el
campo para no volver a él, y que el país pueda disponer de
jóvenes
agricultores más formados y más capaces de asimilar, con
mentalidad empresarial, los retos de una agricultura moderna y
competitiva. En la actualidad, sólo el 1,6 por ciento de las
explotaciones agrarias tienen un titular con formación
profesional o bien técnica superior.
Pero si esta iniciativa, a nuestro entender, era ya necesaria
en el momento de su presentación, en estos momentos creemos
que, además de ser necesaria y oportuna, es urgente. Señorías,
es urgente porque los acuerdos obtenidos el pasado mes de
diciembre en el seno de la Ronda de Uruguay, en el GATT, en lo
referido a materia agrícola obligará el campo español a
realizar un esfuerzo adicional de similar intensidad al que
todavía está efectuando como consecuencia de la adhesión
española a la Comunidad Europea y a la más reciente reforma de
la PAC.
En un entorno económico internacional cada vez más abierto a
los intercambios comerciales de los productos agrarios, con
protecciones arancelarias cada vez menores, con un uso cada
vez más restringido de las cláusulas de salvaguardia y con
unas dificultades cada vez mayores para subvencionar las
producciones agrarias, solamente sobrevivirán aquellas
explotaciones modernas y competitivas, por lo que todas las
acciones que desde los poderes públicos se realicen para
conseguir acelerar esta finalidad son de vital importancia
para el futuro de la
agricultura, la economía y la sociedad españolas. De lo
contrario, el campo se despoblará, y este hecho no es un
problema con implicaciones exclusivamente económicas, es,
además, un problema de reequilibrio territorial, de cohesión
social y de protección del medio ambiente.
En España, el 50 por ciento de la población vive en poco más
del cuatro por ciento del territorio, mientras que en el medio
rural la densidad de la población está entre cinco y diez
habitantes por kilómetro cuadrado, lo que denuncia ya la
existencia de un profundo despoblamiento de las zonas rurales,
que no debe ni puede incrementarse si no queremos una
destrucción cada
vez mayor del medio rural. En este sentido, no se debe olvidar
que el mantenimiento de las actividades agrarias constituyen
hoy en día el único instrumento válido para evitar dicha
destrucción. Es urgente que desde estas Cortes detengamos el
progresivo abandono de las actividades agropecuarias y que
luchemos contra la incertidumbre y el desánimo que se ha
generado en el mundo rural, tal vez tan grave como grave es el
envejecimiento de su población activa, y eso lo demuestra que
el 60 por ciento de los agricultores tienen más de cincuenta y
cinco años.
La agricultura española viene padeciendo una serie de déficit
estructurales que han dificultado la consecución de niveles de
rentabilidad económica deseables. Estos déficit no han podido
ser corregidos por la legislación vigente ni con la Ley
49/1981 de la empresa familiar agraria y de los jóvenes
agricultores, ni tampoco el Real Decreto 447/1993, de fomento
del cese anticipado de la actividad agraria, está logrando
dimensionar las
explotaciones agrarias; al contrario, podría darse en los
próximos años la continuación o incluso el incremento de los
desequilibrios y de las desigualdades estructurales de la
agricultura española, si no se actúa con más decisión, con más
urgencia.
Podemos y debemos actuar desde ahora sobre las dos principales
causas que merman esta competitividad: la escasa dimensión de
las explotaciones y las dificultades en la continuidad de las
mismas que padecen los agricultores en caso de sucesión. Estas
dos problemáticas son determinantes en el caso de la
agricultura española, puesto que, por un lado, el 51 por
ciento de las explotaciones tiene una superficie media de
solamente tres hectáreas y, por otro, el 76 por ciento de las
explotaciones existentes en España es de carácter familiar. Si
esta realidad es preocupante, todavía lo es más la evolución
del sector en la última década. Así, entre 1982 y 1989, el
número de activos agrarios disminuyó un 13 por ciento, sin
que, por otro lado, aumentara la superficie media de las
explotaciones. Esto
significa que los efectos reestructuradores han sido nulos.
Todas las carencias citadas anteriormente provocan que la
rentabilidad de las explotaciones agrarias españolas solamente
represente el 56 por ciento de la media comunitaria, según
datos de Eurostat, cuando, por sus condiciones naturales, el
sector agrario español debería ser uno de los más productivos
de la Unión Europea. No terciaré, señorías, en la discusión de
las rentas reales
percibidas por los agricultores y si en el último año éstas se
han incrementado un 10 por ciento, ni en su procedencia o si
en la última década la diferencia de las rentas agrarias con
las de otros sectores se han agravado, porque cualquiera que
sea la interpretación la consecuencia es la misma: se
abandonan las actividades agrarias, 500.000 personas hasta
1991, 200.000 en los últimos años.
A la vista de estos datos, se puede afirmar que ni el abandono
de la población activa que ha sufrido el campo español en los
últimos años ni la elevada presencia de pequeñas
explotaciones, muchas de ellas muy poco rentables, han
provocado un aumento sustancial del tamaño medio de las
explotaciones agrarias, por lo que se hace necesario que desde
los estamentos públicos se adopten medidas destinadas a lograr
unas explotaciones bien dimensionadas y destinadas a la
obtención de una rentabilidad superior a la que se está
obteniendo en la actualidad.
Para conseguir estos objetivos deben adoptarse diferentes
medidas, que abarcan aspectos tan diferenciados como los de
las ayudas económicas o la formación profesional, pero un
instrumento que puede contribuir eficazmente a la consecución
de estos objetivos, señorías, es el de la fiscalidad.
Efectivamente, la actividad agraria tiene unas características
propias que dificultan el considerarla como una actividad
empresarial más o como una actividad puramente laboral o
comercial. Vista su actual situación, hace aconsejable darle
un tratamiento específico, con una fuerte reducción de la
carga fiscal que soporta en este momento, que compromete su
competitividad y la propia continuidad de muchas
explotaciones, haciendo estéril hasta ahora el gran esfuerzo
de los agricultores para ser competitivos. Deben reformarse
los métodos en las bases de cálculo de las cuotas
empresariales de la Seguridad Social agraria y de las del IRPF
de los agricultores. La concesión de beneficios fiscales de
carácter selectivo a estas operaciones cuya finalidad sea
incrementar la dimensión de la explotación y favorecer su
continuidad, exigiendo las debidas garantías para asegurar la
actividad de las mismas a medio plazo puede
configurarse como un instrumento válido para propiciar
procesos de esa naturaleza.
Se me podría alegar que no solamente con estas medidas
fiscales se resuelven todos los problemas del sector agrario,
que éstas deberían incluirse en un gran proyecto de
modernización de estructuras. Todos aspiramos a tener este
marco legal completo, pero todos somos conscientes de que su
elaboración y negociación con todos los sectores implicados y
el propio trámite
parlamentario puede ser complejo y difícil, como lo demuestra
que ha sido reiteradamente pospuesto desde que fue anunciado
en 1992. Nada impedirá asumir en esta ley de estructuras otras
medidas fiscales, algunas ya aprobadas, como la mejora del IVA
de los «input» y servicios agrarios, de los impuestos
especiales en los carburantes, de la exención del impuesto
sobre el patrimonio o de los aplazamientos en el pago de los
impuestos de sucesiones, ni debería impedir tampoco asumir las
modificaciones derivadas de esta proposición de ley.
A tal efecto, esta proposición de ley propone la exención en
el impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados de todas aquellas transmisiones y
contratos derivados de permutas forzosas o voluntarias,
siempre que con ello se favorezca una mejor reestructuración
de las explotaciones agrarias y se garantice su continuidad.
Esta iniciativa también contempla la introducción de una
reducción del 75 por ciento de la cuota del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales en el caso de compraventa de
explotaciones agrarias destinadas a ampliar otras
explotaciones ya existentes, siempre que se mantenga la
actividad agraria en la explotación y no sea enajenada o
cedida durante un plazo de cinco años desde la fecha de la
adquisición. Esta reducción se elevará al 95 por ciento en el
caso de que el adquirente sea un agricultor con edad inferior
a 40 años, al objeto de favorecer la incorporación de jóvenes
agricultores.
Finalmente, se establecerá una bonificación del 95 por ciento
del impuesto sobre sucesiones y donaciones aplicable a todas
aquellas transmisiones «mortis causa» y a las donaciones
«inter vivos» de explotaciones agrarias, siempre que no se
altere su uso y no se transmitan durante los cinco años
siguientes al de su
adquisición.
En el 4.º y último artículo definimos el aspecto subjetivo de
los beneficiarios de los incentivos fiscales. Y lo hacemos de
una forma deliberadamente amplia, que beneficie especialmente
al profesional de la agricultura y a la empresa familiar
agraria, pero sin olvidar que el objetivo básico de la
propuesta es conseguir empresas agrarias productivas
generadoras de rentas suficientes, de riqueza y de divisas, en
una palabra: empresas competitivas.
Introducimos también el concepto de actividades diversificadas
que, unidas a la renta agraria principal, permitan llegar a
una renta mínima de procedencia agraria del 50 por ciento para
tener acceso a las bonificaciones y exenciones fiscales de la
proposición de ley.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán cree que los
beneficios fiscales establecidos en esta proposición de ley
deben alcanzar, además, a los agricultores como personas
físicas y también a aquellas personas jurídicas cuyo objeto
social sea el de realizar actividades agrícolas, ganaderas o
forestales y estén compuestas mayoritariamente por socios
agricultores, puesto que lo más importante es que se aumente
la rentabilidad económica de dichas explotaciones y se
garantice su continuidad, independientemente de cuál sea la
forma bajo la que se produce la citada
explotación.
No obstante, esta proposición de ley está hecha con mentalidad
abierta a las enmiendas razonadas y justificadas de todos los
grupos, incluso a la posibilidad de incluir exenciones totales
a las sucesiones para ciertos tramos de valores de fincas y
para ciertos colectivos con rentas bajas. Estamos abiertos a
modificar los porcentajes de las bonificaciones y la
determinación de los beneficiarios, pero, señorías, les
suplico que voten
favorablemente la admisión a trámite de estas medidas. ¿Por
qué? Porque los agricultores, ganaderos y forestales las
necesitan con urgencia; porque otros países de nuestro entorno
de la Unión Europea ya las tienen vigentes, y también porque
algunas
comunidades autónomas ya han legislado en este sentido y ya
las aplican.
Este Congreso, aprobando esta toma en consideración, pienso,
abrirá una puerta a la esperanza a muchos agricultores que
están pendientes de que estas Cortes Generales les demuestren
su sensibilidad hacia su sacrificada profesión y hacia sus
problemas auténticos, hacia sus problemas reales.
La agricultura española debe ser competitiva en el marco de
los acuerdos del GATT y de la nueva política agraria común,
pero conseguir esta finalidad implica unos esfuerzos que nos
incumben a todos: agricultores, ganaderos, Gobierno y
parlamentarios, por lo que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) cree que la aprobación de esta
iniciativa representará un gran paso adelante en esta
dirección.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, me da
la impresión de que, definitivamente, tras un largo peregrinar
de este tipo de proposición, hoy llegamos posiblemente al
punto culminante en que, al parecer, va a salir adelante, y me
doy cuenta de que no solamente es el señor Homs el que también
tiene su gracia, sino que, efectivamente, otros también saben
presentarlo en el momento oportuno. Enhorabuena. Nosotros
vamos a apoyar esta proposición; la vamos a apoyar con todo
gusto y con todo calor.
Según nosotros, esta proposición prevé incentivos fiscales a
la permuta de fincas rústicas en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y,
en concreto, se refiere a permutas relacionadas con
concentraciones parcelarias, permutas de acceso a la propiedad
derivadas de arrendamientos rústicos, etcétera. Las exenciones
también afectan a las
ampliaciones de explotaciones agrarias según determinados
casos, y de la misma manera prevé también incentivos fiscales
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Paso a fijar la postura de Unión Valenciana. Quiero recordar
que, al igual que lo hicimos con la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular sobre la exención de los Impuestos
sobre el Patrimonio y Sucesiones, Unión Valenciana presentó
una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 1994
solicitando
que en el plazo de tres meses el Gobierno elaborara un
proyecto de ley de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, muy similar al que hoy se discute aquí, y que
tampoco obtuvo por parte del Grupo Catalán el voto favorable,
al igual que el Grupo Popular. Posteriormente, el Grupo
Parlamentario Popular presentó de nuevo esta misma iniciativa
y hoy nos encontramos debatiéndola otra vez, en esta ocasión
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. Esto es
estupendo, es fenomenal, es extraordinario. Nosotros sí vamos
a ofrecer nuestro apoyo a esta Proposición de Ley y entendemos
que se debe admitir a trámite, pero, según nosotros, a toda
iniciativa se puede presentar alguna enmienda y creemos que
esta proposición se puede mejorar con enmiendas que
presentaremos sobre supresión de las denominadas jornadas
teóricas. Las jornadas teóricas son un impuesto camuflado que
se cobra a todos aquellos agricultores que tributen
contribución rústica. En concreto, el concepto por el que se
paga es la parte de seguridad social que se paga por los
trabajadores y que, según Hacienda, se supone que tienes que
contratar teóricamente. También entendemos que debe intentarse
la exclusión de la agricultura de la estimación objetiva por
coeficientes,
manteniéndoles el anterior régimen fiscal
denominado estimación objetiva simplificada, la introducción
de la deducción por inversiones para la agricultura, el
incremento al 30 por ciento del porcentaje de gastos de
difícil
justificación en el régimen de la estimación objetiva por
coeficientes, exención del Impuesto sobre Hidrocarburos para
el gasóleo agrícola, disminución del IVA aplicado a las
adquisiciones de maquinaria por parte del agricultor, pasando
del 15 al 6 por ciento, posibilidad de acogimiento a los
planes de jubilación anticipada a los pequeños agricultores. Y
también quiero hacer unas manifestaciones y son las
siguientes: Unión Valenciana considera que el verdadero
caballo de batalla va a estar en el ámbito de la política
internacional, acuerdos como el GATT --pensemos en las
subvenciones
que obtuvieron los agricultores franceses cifradas en 500.000
millones de pesetas--, acuerdo euromagrebí, espacio económico
europeo, etcétera, todos estos acuerdos provocarán graves
dificultades en nuestra agricultura a medio plazo, pero, no
obstante, creemos que con esas enmiendas se pueden mejorar.
Finalmente, quiero recordar que estos incentivos fiscales,
sobre todos aquellos que faciliten la continuidad de las
empresas, se deberían aplicar también a nuestras pymes. Con
esto termino diciendo nuevamente que apoyaremos esta
proposición de ley y que, al mismo tiempo, en su día
presentaremos enmiendas, que esperamos que cuenten con el
beneplácito de todos ustedes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria, ante esta proposición de ley que nos trae
hoy aquí el Grupo Catalán (Convergència i Unió), va a da su
voto favorable, lo mismo que dijimos --y ésta es nuestra línea
de consecuencia y de congruencia-- cuando el pasado día 8
debatíamos en este Pleno, y apoyábamos también, la proposición
no de ley que nos traía el Grupo Popular para favorecer una
serie de medidas, de exenciones fiscales, a esa especie de
concentración parcelaria que se pretendía, con una limitación
del valor catastral de 50 millones de pesetas, para nosotros
muy afortunada, que debería haber encontrado acogida también
aquí por una razón --y ésta sería mi única observación crítica
en este momento a la propuesta del Grupo Catalán (Convergència
i Unió)--, que parece hecha desde una óptica --y esto es
lógico-- dentro del concepto estructural de la propiedad y la
producción agraria en Cataluña, una
comunidad autónoma que no tiene esos problemas de latifundio
que se dan en otras comunidades autónomas y regiones de
España. Llevado esto a su aplicación literal, de aprobarse así
como está, tendría sus efectos beneficiosos en una estructura
agraria basada en la normalidad del minifundio o del tipo de
explotación que se da en la cornisa cantábrica o,
afortunadamente en cuanto a sus niveles de productividad y
racionalidad, en la Comunidad Autónoma de Cataluña e igual se
da en Aragón. No sucede lo mismo en esos grandes predios, en
esos grandes latifundios de la España central o meridional.
Para eso era muy oportuna la medida del límite corrector de
hasta 50 millones de pesetas, porque aquí no lo hay y podrían
darse desviaciones muy atípicas, no convenientes para las
leyes fiscales, incluso para la propia estructura agraria
española.
Qué duda cabe, señorías, de que nuestra agricultura tiene ese
mal, yo diría que clásico y tradicional, de su defecto
estructural; algunos dicen que es estructural y fiscal; no, es
estructural. Al resolver el problema de la pequeñez de lo que
aquí denuncia el Grupo Catalán, como en la anterior
proposición hacía el Grupo Popular, se plantea cómo vencer esa
atomización de la estructura agraria que conlleva el problema
de la baja rentabilidad y la escasa productividad, o
viceversa, agravado no ya por una cuestión de la Unión Europea
hoy en día, sino agravado cuando empiece a tener sus efectos
el GATT, con los excedentes agrarios que se produzcan. Vamos a
ver qué pasa con esas
explotaciones que, a trancas y barrancas y con el esfuerzo del
agricultor, tienen un grado de rentabilidad digamos que
aceptable, en una estructura familiar con poco gasto en una
sociedad de consumo que se va a encontrar con que, al
concurrir en el mercado, se produce un excedente
frente a la política que va a actuar a través del GATT, y ya
veremos qué pasa.
Estemos prevenidos y preparados para que una serie de medidas
como las que están llegando a la Cámara, yo diría que en este
último mes, de los dos Grupos proponentes, el Popular y el
Catalán, nos permitan ir adecuando esta situación
problemática. Por tanto, qué duda cabe de que, frente a esos
problemas
estructurales, hay que atender a su resolución con medidas
fiscales. Una vez hecha esa observación sobre la aplicación,
la extensión y la falta de límites --aquí no se habla de 50
millones más o de 50 millones menos en el valor catastral de
lo que se quiera corregir, lo que no se puede omitir--, cuando
hablamos en las propuestas de exenciones en las producciones y
explotaciones, incentivos fiscales, reducciones de base
imponible, incentivos fiscales a la sucesión y donación de las
explotaciones agrarias, queda prácticamente lo mismo que había
dicho el Grupo Popular en su proposición no de ley.
Yo les pediría aquí que, de ser tramitado esto, las enmiendas
que se presenten corrijan incluso con la fórmula que nosotros
propusimos en su día al Grupo Popular, y se aceptó en aquel
debate, en cuanto a la definición exacta de qué herederos son
los que se están entendiendo para ser beneficiarios de esta
transmisión. Porque la verdad es que, en la estructura de la
explotación agraria en España, si no resolvemos el problema de
la herencia, si no solventamos el problema de toda España, no
sólo de la institución del «hereu» en la comunidad autónoma
que lo tenga, sino de los herederos que tienen, frente a la
legislación vigente, una tremenda libertad, una vez que han
heredado, de volver a subdividir o vender por parcelas el
derecho que han adquirido por la transmisión, si esto no se
resuelve, estaremos continuamente en una tremenda noria, en un
ir y venir, en un tejer y destejer, la estructura de la
dimensión agraria de la explotación en España. Para eso,
señorías, nosotros proponemos también que haya una adecuación
de dos invocaciones legislativas que ha hecho aquí,
acertadamente, el portavoz del Grupo Catalán. Por un lado,
perfeccionar uno de los instrumentos jurídicos de la
democracia más importantes que nos ha llegado hasta este
momento, que es la Ley 49 de 1981, precisamente la que venía a
definir el estatuto de la explotación familiar agraria y de
los jóvenes agricultores. Hacer las modificaciones pertinentes
que el tiempo aconseja, como éstas de tipo fiscal, y, al mismo
tiempo, hacer una adecuación de esta importante Ley, creo que
es tan necesario como adecuar también, y lo ha recordado aquí
el portavoz del Grupo Catalán, el Decretodel fomento del cese
anticipado de la actividad agraria; pero este fomento del cese
anticipado de la actividad agraria hay que ensamblarlo
precisamente con esas medidas que ahora se traen, porque
fomentar el cese por fomentarlo y sin que haya unas políticas
de
reagrupamiento de parcelas, de renovación de nuevos cultivos,
el tan debatido asunto de la reforestación o forestación, no
nos conduce a ningún sitio. Si no damos una opción a forestar,
a repoblar con árboles, mal quedarán en cuanto a sus
producciones, en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a su
rentabilidad y en cuanto a su uso agrario mientras sigamos
teniendo también el componente estructural poblacional del
envejecimiento, del abandono o el no incentivo para jóvenes
agricultores.
Creemos que esta pieza contribuye a un avance y nosotros, por
tanto, la vamos a apoyar. Desearíamos verla pronto convertida
en una ley, en la que haremos las aportaciones de las
enmiendas complementarias pertinentes.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Para fijar la posición del Grupo Vasco (PNV), tiene
la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco en relación
a la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i
Unió). Quiero manifestar que hace quince días debatíamos una
proposición no de ley del Grupo Popular en la misma línea que
la planteada por el Grupo Catalán, con la misma filosofía. No
obstante, no disponía de la articulación, del contenido y del
desarrollo que la proposición de ley como tal debe contener, a
diferencia de una proposición no de ley que instaba al
Gobierno a presentar una modificación legislativa.
Las medidas que plantea el Grupo Catalán nos parecen
positivas, pero estimamos que una política de incentivación de
la economía agraria requiere tener una visión global de la
situación del sector, contemplando la economía agraria en el
seno de un marco general que discipline el ejercicio de la
actividad agrícola, así como el tipo, el modelo de
explotaciones hacia las que queremos caminar y que
parcialmente pretende resolver esta proposición de ley del
Grupo Catalán.
Plantea el Grupo Catalán una bonificación del 95 por ciento en
la base imponible de las transmisiones tanto «mortis causa»
como «inter vivos», cuando se produzca con carácter
lucrativo, como en definitiva serían las sucesiones, y nuestro
Grupo, también como ya hicimos hacer constar en la proposición
no de ley que presentó el Grupo Popular, va a adoptar una
postura favorable, puesto que va en sintonía con una
regulación de la que ya disponemos en el País Vasco, incluso
más profunda y más beneficiosa e incentivadora de la actividad
agraria, puesto que la exención es total y no únicamente una
bonificación del 95 por ciento.
En relación con la segunda cuestión que el Grupo Catalán
plantea, relativa a las transmisiones onerosas «inter
vivos» de las explotaciones agrarias, nos parece que ello
tiene que ir ligado con el fomento del cese anticipado de la
actividad agraria y la transmisión de la titularidad de la
explotación a aquellas personas profesionales de la
agricultura que quieran ejercer la actividad con dedicación
exclusiva. Por tanto, nos parece también que es una idea
adecuada.
En tercer lugar, señor Presidente, se plantea el tema de las
transmisiones y demás operaciones que se derivan de la
concentración parcelaria que, en definitiva, ya se encuentran
plasmadas en el Real Decreto legislativo 1/93, de 24 de
septiembre, que regula el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Lo que ocurre es
que existe una regulación adicional relativa a los supuestos
de las permutas voluntarias y la constitución de servidumbres,
así como enclaves de naturaleza agrícola, en el objetivo de
lograr esa concentración con el deseo de obtener una
explotación agrícola rentable y que pueda dar frutos en
debidas condiciones. Por ello, a nuestro Grupo también le
parece acertada esa tercera idea. Por último, quiero
mencionar, señor Presidente, que el establecimiento de una
delimitación de aquellas actividades agrarias, como hace la
proposición del Grupo Catalán, así como la vinculación del
ejercicio de la actividad agraria con los rendimientos que en
ella se obtengan, a la hora de conseguir incentivos o
beneficios tributarios, nos parece que es importante, puesto
que, a su vez, va ligado, según el texto de la proposición, a
la definición de qué se entiende por explotación agraria y el
ejercicio profesional y con dedicación de la actividad
agraria. Nos parece que ahí está la clave del asunto. Tiene
que haber una delimitación de la explotación juntamente con la
vinculación de esa explotación con la dedicación fundamental y
exclusiva, o por lo menos prioritaria, a la actividad agraria.
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario va a votar
favorablemente la proposición de ley del Grupo Catalán.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gazagaetxebarría.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, voy a
fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en torno a la proposición de
ley de Convergència i Unió de establecimiento de incentivos
fiscales a la ampliación y a la continuidad de las
explotaciones familiares agrarias.
Hace pocos días, concretamente el pasado día 8, el Grupo
Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley de
similares características y objetivos, respecto de la cual
nuestro Grupo decidió abstenerse en base a dos razones
fundamentales. En primer lugar, porque en ella se establecían
una serie de exenciones para las explotaciones agrarias que, a
nuestro juicio, no iban a ser en beneficio de los
agricultores, a título principal, ni de las explotaciones
familiares agrarias, ya que las mismas se establecían en base
al único límite del valor catastral de las explotaciones y de
la dedicación, término este suficiente ambiguo como para
permitir su aplicación indiscriminada.
La segunda razón que esgrimíamos era la de que dicha
proposición no de ley, además de las graves deficiencias ya
aludidas, iba a constituir un parche, una chapuza, si no
quedaba integrada en una normativa mucho más amplia,
reguladora del conjunto de actuaciones que, a nuestro juicio,
son necesarias para la modernización de las explotaciones
agrarias de nuestro país y, sobre todo, de la potenciación de
las explotaciones familiares agrarias. En este sentido,
señorías, señalábamos la necesidad de que el Gobierno, con
carácter urgente, remitiese a esta Cámara el proyecto de ley
sobre modernización de explotaciones agrarias, al objeto de
que, a la mayor brevedad posible, pudiésemos entrar a debatir
sobre los objetivos de dicha modernización, las
características y requisitos que deberán reunir las
explotaciones agrarias prioritarias, las ayudas y beneficios
fiscales previstos para las mismas y el procedimiento
registral para su acreditación. Todo ello, además --
indicábamos--, tiene que ser consensuado con las
organizaciones agrarias profesionales. Estamos convencidos,
señorías, de que esta es la forma más coherente de abordar el
tema que nos ocupa. De lo contrario, contribuiremos, una vez
más, a sembrar el panorama normativo agrario de normas
parciales, desarticuladas, muchas veces desconocidas, incluso,
por los propios beneficiarios y, lo que es peor, inaplicadas
por falta de desarrollo reglamentario por parte de las
administraciones responsables para su aplicación. Todo ello,
señorías, quedó suficientemente puesto de manifiesto en el
debate del pasado día 8, en el que se vio claramente que
normas actualmente en vigor, como son la Ley 49/1981 y parte
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, entre otras, a
pesar de contemplar varios de los beneficios fiscales, que hoy
seguimos reclamando, han sido ineficaces para aliviar la carga
fiscal del sector agrario.
He creído conveniente, señorías, hacer estas consideraciones
previas a la fijación de posición respecto a la proposición de
ley del Grupo Catalán porque nuestro grupo, a pesar de que va
a votar a favor de la misma, considera de todo punto
indispensable que dicha iniciativa sea sustanciada en el marco
del proyecto de ley de modernización, porque será a partir de
este ámbito global cuando los incentivos fiscales que en esta
proposición de ley se contemplan puedan obtener la ma
yor eficacia para los objetivos que se pretenden. El debate
parlamentario de dicho proyecto de ley de modernización será
también el momento oportuno para formular las enmiendas y
suplir asimismo las carencias que, como las relativas a la
acreditación registral, no se contemplan en esta iniciativa de
Convergència i Unió.
Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presentará en su momento
parlamentario una serie de enmiendas relativas a las cuantías
y encaminadas a terminar con lo que el señor Vidal llamaba la
voluntaria ambigüedad de la proposición de ley. Nosotros no
queremos que sea ambigua, ni muchísimo menos, sino que la
queremos concretar para que sea en beneficio de aquellos por
los que nosotros queremos luchar, que son las explotaciones
familiares agrarias.
De cualquier manera, señorías, entendemos que, a pesar de que
esta proposición de ley entró en el Registro de esta Cámara al
inicio de la presente legislatura, sólo por motivos de
oportunidad política se elige este momento para su discusión
en la misma. Convergència i Unió sabe que, a pesar de que el
contenido fundamental de su proposición es compartido por la
totalidad de los grupos parlamentarios, no podrá salir
adelante con la urgencia que requiere si falta la voluntad
política del Gobierno socialista, al que Convergència i Unió
da respaldo parlamentario para que siga gobernando en mayoría.
Por tanto, basta ya de crear falsas expectativas, haciendo
creer a los agricultores que la solución va a ser a corto
plazo, o sea, que va a ser ya, después de este trámite
parlamentario. Basta ya de malabarismos políticos de uno u
otro signo, porque, señorías, si la situación del sector
agrario es tan grave, si el campo está endeudado hasta el
máximo de sus posibilidades, si la renta agraria ha decaído en
casi un 10 por ciento, si tenemos la población agraria más
envejecida de Europa, si es cierto todo lo que Convergència i
Unió argumenta en su exposición de motivos, que lo es, ¿por
qué Convergència i Unió no ha hecho valer todo su poder de
decisión, por qué su «ahora decidiremos» no lo ha utilizado
para invertir esta situación?
Se ha hecho evidente, señorías, que Convergència i Unió ha
puesto más empeño hasta ahora en la desregularización del
mercado laboral, en proporcionar a los empresarios mano de
obra barata a costa de los jóvenes y de las mujeres, en
conceder vacaciones fiscales indiscriminadas a los
empresarios, que en hacer valer sus votos para resolver, con
carácter de urgencia, los problemas de los profesionales de la
agricultura de nuestro país. Esta es la verdad que todos hemos
podido comprobar y que, más allá de las promesas y de los
falsos gestos, tan bien conoce el sector agrario.
De cualquier manera, señorías, más vale tarde que nunca, y
vamos a aprovechar esta proposición de ley para plantear al
Gobierno, una vez más, la necesidad de que, con carácter
urgente, presente el proyecto de ley de modernización, y vamos
a ver si
Convergència i Unió, aunque con retraso, pone el mismo empeño
en hacer valer su influencia de socio indispensable que el que
ha dispensado en otras actuaciones dignas de mejor causa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Por el Grupo Popular, el señor Llorens tiene la palabra.
El señor LLORENS TORRES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, señor Vidal, le adelanto, en nombre del Grupo
Popular, que nosotros atenderemos sus súplicas y vamos a
apoyar las propuestas que ustedes presentan hoy en nombre de
su grupo, de Convergència i Unió, porque tenemos una visión
absolutamente distinta de la política; porque nosotros no
tenemos una visión sectaria de la política, la visión que a
ustedes les impidió, hace quince días, como han reconocido
todos los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, apoyar la propuesta prácticamente idéntica que, en
nombre del Grupo Popular, tuve el honor de defender en esta
Cámara. (Rumores.--Aplausos.)
Esta es una propuesta coincidente. (Un señor Diputado
pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Homs creo que no es usted quien me tiene que dirigir
estas indicaciones, que a usted se le podrían aplicar
muchísimas veces y con mucho más motivo. (Rumores.) Usted
además, es la persona menos indicada de ese grupo.
Señorías, la propuesta es prácticamente coincidente en el
diagnóstico. Estamos diciendo que la situación del sector
agrario, desde el punto de vista económico, es mala. Los
sectores agrarios de todos los países comunitarios están en
mala
situación, pero el sector agrario español está en peor
situación. Estamos diciendo (y eso lo recoge la exposición de
motivos de la propuesta que hoy ustedes traen aquí y que
nosotros vamos a apoyar) que el único sector de la economía
que desde la
integración de España en el Mercado Común que ha tenido un
crecimiento cero es el agrario. El sector de la construcción
ha crecido el 57 por
ciento; el sector industrial ha crecido el 22 por ciento; el
sector servicios ha crecido el 30 por ciento.
Se mire por donde se mire, el sector agrario español está en
peor situación que el sector agrario de cualquiera de los
países que hoy conforman la Unión Europea y está en una
situación mucho peor que cualquiera de los sectores
productivos de este país.
Coincidimos también en el diagnóstico que hacen ustedes para
justificar la presentación de esta propuesta: que el tamaño de
las explotaciones es poco rentable; que hay que fomentar
medidas de incentivo fiscal que
favorezcan la permuta de parcelas para aumentar la base
territorial de las explotaciones; que hay que eximir del pago
las enajenaciones de las fincas. Estamos absolutamente de
acuerdo en que uno de los factores determinantes --se ha
convertido en determinante-- en la continuidad de la actividad
agraria es el Impuesto de Sucesiones. Por su coste fiscal, por
la característica de las explotaciones agrarias, que tienen
poca liquidez porque la mayoría de sus valores está
inmovilizada en bienes como tierras, edificios y maquinaria,
en el momento de la sucesión en ese momento difícil en que el
hijo pierde a su padre, a las circunstancias afectivas
ciertamente dolorosas, a las circunstancias de mala
expectativa porque el hijo ha visto que su padre cada vez vive
peor al frente de esa explotación, hay que añadir el pago de
un impuesto que va a suponer, en la práctica, la venta de una
parte del patrimonio que hereda. Eso no se da en la inmensa
mayoría de los países de Europa, porque este impuesto cuenta
con importantes
bonificaciones fiscales. Incluso en determinadas partes de
España, como el País Vasco y Navarra, hay una exención total
de este impuesto. Por tanto, nosotros pensamos que está
justificadísima la exención del Impuesto de Sucesiones.
Hemos coincidido con el grupo proponente no sólo en la campaña
electoral, donde además coincidíamos con el Grupo Socialista
(es fácil coincidir con el Grupo Socialista en las campañas
electorales) y hemos coincidido en lo que usted señor portavoz
del Grupo Catalán, argumentaba el otro día, aunque al final,
inexplicablemente, se opuso a nuestra propuesta. Hemos
coincidido en el debate cuando se trajo esta propuesta por mi
Grupo en la pasada legislatura, donde el entonces portavoz,
señor Ferrer i Profitós, apoyó la propuesta y hemos coincidido
también cuando ustedes la presentaron la pasada legislatura.
Fíjese usted cuántas coincidencias.
¿Qué ha pasado desde hace dos semanas hasta ahora? No ha
pasado nada, porque no han variado sustancialmente las
condiciones por las que ustedes decían que no podían apoyar la
supresión y la exención de este impuesto, ni hemos definido la
figura de ese beneficiario; lo único que ha pasado es que se
ha demostrado que a ustedes les han sucedido dos cosas.
Primero que se han
contagiado del socio mayor de la coalición, que rechaza las
propuestas simplemente por la autoría del que las presenta sin
leérselas; supongo que a partir de entonces se las habrán
leído. Y segundo, lo que les ha pasado es que ustedes han
salido en los medios, es que la negativa de su grupo de sus
votos decisivos a la propuesta que yo tuve el honor de
defender en nombre del Grupo Popular ha provocado la airada
reacción de los payeses de Cataluña, con los que algunos
estamos en permanente contacto. Hoy aquí, deciden cambiar,
deciden presentar lo mismo y deciden pedir el voto a fa-vor
para lo que hace quince días ustedes, de forma decisiva,
votaron en contra.
Ustedes presentan aquí una proposición de ley. Adelanto que
nosotros en el trámite posterior nos reservamos el derecho a
enmendar algunas cuestiones porque, en contra de sus dudas
sobre los posibles beneficiarios, ahora resulta que la
indefinición es mucho mayor. Nosotros teníamos una propuesta
en la que pedíamos la exención del Impuesto de Sucesiones
absolutamente definida, limitada y condicionada; limitada a
las explotaciones agrarias cuyo valor catastral no superara
los 50 millones de pesetas. Ahora esa limitación desaparece.
Alguno se colará que no tendría que colarse; pero como
nosotros pensamos que lo que importa es defender los intereses
de la mayoría, ya lo enmendaremos en su trámite, lo que
ustedes tenían que haber hecho cuando
justificaban que no podían apoyar nuestra propuesta; ya lo
enmendaremos en su trámite, poniéndole límite. Pedíamos que
para garantizar la continuidad en la explotación agraria
hubiera un compromiso de cinco años, idéntico. Ustedes ahora
presentan una bonificación del 95 por ciento para la base del
Impuesto sobre Sucesiones. ¿Por qué no el 97 ó el 98? En el
fondo, yo creo que eso obedece a una intención de
diferenciación. Pues también lo vamos a enmendar, porque
nosotros posiblemente seguiremos en nuestros trece, pero esto
no impedirá que apoyemos la propuesta. Para finalizar, les
digo lo siguiente. Vamos a apoyar esta propuesta porque
nosotros también tenemos otra visión de
Cataluña. Desde nuestro grupo, algunos, como el que habla, se
siente muy español --no hace falta decírselo--, pero tan
catalán como algunos que pretenden dar los títulos en
exclusiva, y por eso precisamente, porque no nos condiciona
ningún pacto,
nosotros, cuando hay que defender los intereses de los payeses
catalanes, los colocamos en primer lugar, sin ningún tipo de
condicionantes, porque para nosotros los payeses de Cataluña,
como los payeses de Extremadura, como los payeses del resto de
España, son una finalidad de nuestra acción política y se ha
visto claro que para ustedes son un instrumento.
Muchas gracias. (Rumores y protestas.--Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición
del Grupo Socialista, el señor Pau tiene la palabra.
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señorías, señor
Llorens, espero bajar quizá un poco el nivel del debate. De
todos modos, yo creo que todos somos conscientes de que, a lo
largo de los años, esta Cámara ha tenido ya oportunidad de
debatir, en innumerables ocasiones, todo tipo de iniciativas
parlamentarias relacionadas con el sector agrario, la
agricultura y los agricultores. Incluso, convendrán conmigo
que algunos
consideran excesiva la atención que el Parlamento presta a
este sector, que dicen es superior a la importancia económica
real del mismo si la comparamos con su participación en el
producto interior bruto o el porcentajede población ocupada en
esa actividad. Este Diputado y el Grupo Socialista no lo creen
así. Entendemos la agricultura no como un sector económico
más, sino como una actividad productiva básica, estratégica,
como la base imprescindible de una industria agroalimentaria
con gran
potencialidad, como garantía y defensa del medio ambiente y de
la diversidad biológica, como un factor de equilibrio
territorial y vertebrador del territorio y como salvaguarda de
un patrimonio socio-cultural que debemos conservar.
El análisis del sector no puede realizarse, pues, desde la
frialdad de unas cifras, ni podemos hacerlo desde los viejos
tópicos, señor Llorens, y alguno de ellos se ha repetido hoy y
aquí; tópicos que casi nunca se corresponden con la nueva
realidad, distinta y compleja de una agricultura en proceso de
cambio permanente, con problemas de adaptación, de
modernización, de reconocimiento, de identidad y otros muchos
en el contexto de una sociedad que se ha desarraigado del
mundo rural, cuyos valores ya son distintos, que contempla por
tanto el sector y sus problemas desde un prisma diferente al
que muchos de nosotros estamos acostumbrados. De aquí nuestro
interés en tratar
globalmente sus necesidades y afrontar la solución de sus
problemas, ya que este difícil proceso del sector agrario
precisa de la colaboración y apoyo de toda la sociedad y de
todas las administraciones. Ayuda que no se debe considerar
como una discriminación, ni como una limosna al sector, sino
como el reconocimiento a la aportación que la agricultura ha
realizado durante decenios a la modernización y crecimiento de
los demás sectores productivos y económicos del país.
En este contexto, si aceptamos que la acción de cualquier
Gobierno puede y debe atender de manera diferenciada
situaciones que son distintas, convendrán también conmigo,
señorías, que la del sector agrario lo es y que dentro de él
conviven realidades todavía más diferentes. De aquí el
compromiso del Gobierno y del Grupo Socialista de presentar
ante la Cámara un proyecto de ley de modernización que, entre
otros aspectos, establecerá una reforma profunda en materia de
estructuras agrarias, dirigida a conseguir los objetivos
finales que plantea esta proposición de ley que hoy estamos
debatiendo y que, en este caso, se ciñe exclusivamente a los
aspectos fiscales de parte de los problemas del sector. Este
proyecto de ley tratará de definir de manera clara la figura
del agricultor a título principal y a dedicación plena, así
como las explotaciones prioritarias, que deben ser, a nuestro
entender, las figuras destinatarias de una acción protectora
especial por parte de los poderes públicos. No se trata, ni
queremos porque no nos gusta, de generalizar
tratamientos especialesque deben otorgarse en función de
situaciones también especiales. De aquí nuestra negativa a
contemplar propuestas genéricas como la que nos presentó el
Grupo Popular hace quince días, que no persiguen el mismo fin,
ni tienen los mismos destinatarios a los que nosotros queremos
especialmente proteger.
Recordará el señor Llorens que de los tres apartados que tenía
retiraron el primero porque se había cumplido con la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos; el último estaba
prácticamente subsumido en el Texto Refundido de la Ley de
Transmisiones Patrimoniales, y el segundo punto, que era el
sustantivo de su proposición, trataba de eximir el pago de
este impuesto sólo para los patrimonios de menos de 50
millones de pesetas, sin indicar clarísimamente a qué tipo de
agricultor se destinaban; solamente pedía que durante cinco
años se continuase con la explotación, pero no de manera
directa y personal como pedimos nosotros. Esta es la gran
diferencia, señor Llorens. Este compromiso y el compromiso de
este grupo parlamentario fue aceptado ya en la pasada
Legislatura cuando, a finales de la misma, en un debate
similar, propusimos y acordamos con el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), siendo entonces el señor Ferrer
portavoz del Grupo Catalán en estos temas, una moción que
además la aprobamos conjuntamente y que mandataba al Gobierno
definir la figura del agricultor a título principalcon el
compromiso de que sea éste y no otro el destinatario
preferente y diferenciado de las ayudas fiscales, financieras,
sociales y de otro tipo que puedan y deban establecer desde
las administraciones públicas, compromiso que se comprometió y
se concretó en nuestro programa electoral y así lo expusimos
claramente a los ciudadanos en la campaña que precedió al 6 de
junio. Este compromiso fue
ratificado en la comparecencia del señor Ministro ante la
Comisión de Agricultura para explicar las líneas básicas de su
departamento en esta Legislatura y de la que no me resisto a
leer algunos extremos, como cuando decía: Favoreceremos la
movilidad del suelo, estableciendo un conjunto de medidas y
estímulos fiscales para incrementar el tamaño de las
explotaciones y además (citando expresamente los temas
fiscales en una respuesta al portavoz del Grupo Catalán) creo
que los avances que hemos hecho pueden dejar satisfechas las
demandas que se han planteado, que van a consistir básicamente
en las exenciones de las donaciones, las herencias, las
permutas y a todo aquello que, en definitiva, contribuya a
desbloquear el mercado de la tierra. Sobre todo, el compromiso
que el Grupo Socialista apoyó de forma expresa en este Pleno,
en una moción que fue la resultante de una interpelación del
Grupo Catalán relativa a los efectos de la agricultura en la
Ronda Uruguay del GATT y que se tramitó a finales del mes de
octubre; moción que no conviene olvidar, entre otras cosas,
porque nos ofrece un marco de actuación en política agraria en
la que el Gobierno
y el Grupo Socialista se ratifican y que, si me permiten,
trata entre otros temas, que aquí se han citado, señor
González Lizondo, como es el de las peonadas teóricas, el del
sistema fiscal por módulos y, sobre todo, entre otras cosas
dice: que se inste al Gobierno a elaborar y presentar en el
Parlamento un proyecto de ley de modernización de estructuras
agrarias que contemple de manera preferente... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Pau.
(Pausa.)
Cuando quiera, señor Pau.
El señor PAU I PERNAU: Proyecto que contemple de manera
preferente al profesional de la agricultura a título
principal, la incorporación de jóvenes agricultores, así como
las medidas normativas y fiscales que favorezcan la
continuidad de las explotaciones.
La proposición que hoy debatimos tiene este objetivo y así lo
desarrolla en su articulado. Sin duda alguna, como ya hemos
indicado, afecta solamente a incentivos fiscales que aunque
interesantes no pueden por sí solos garantizar el objetivo que
todos pretendemos de modernización, adaptación y
competitividad de nuestra agricultura; incentivos, por otra
parte, que pueden establecerse a través de otros mecanismos y
que algunas
comunidades autónomas han utilizado subvencionando parte de
los gastos fiscales que ocasionan las transmisiones
patrimoniales, las permutas, las sucesiones y donaciones. En
Cataluña, el artículo 18 de la Ley 9/1985, de Modernización de
la empresa familiar agraria, establece que el Gobierno de la
Generalitat fijará ayudas económicas para facilitar los pagos
derivados de la transmisión en la empresa familiar agraria;
ayudas, por otra parte, que hasta este momento no han sido
establecidas.
Sin duda alguna, señorías, la proposición de ley que esta
tarde ha presentado el señor Vidal, en nombre de su grupo,
puede ser mejorada no sólo desde nuestro punto de vista sino
también desde el de otros grupos. Compartimos, no obstante, la
preocupación que la motiva y también parte de las medidas
concretas que propone, sobre todo cuando introduce, en su
artículo 4.º, el ámbito de aplicación de los beneficios
fiscales, los destinatarios de los mismos y, dentro de ellos,
también los distintos niveles. Consideramos que las medidas
fiscales que propone sólo tendrán sentido si las acompañamos
de otras que en el marco de un tratamiento normativo unificado
defina y favorezca la
constitución de explotaciones económicamente viables; que
fomenten la transmisión integral de tales explotaciones
facilitando a los jóvenes su titularidad; que faciliten el
acceso prioritario al crédito a quienes pretendan modernizar
sus explotaciones; que eviten el fraccionamiento de las fincas
y explotaciones --en esto estamos de acuerdo con lo que decía
el señor Mardones--, y que fomente la concentración parcelaria
entre particulares; que promuevan el asociacionismo agrario en
las diferentes fases de la producción, transformación y
comercialización, medidas todas ellas cuya eficacia dependerá
de la aceptación y aplicación por aquellos a quienes se
destina que entendemos será mayor cuanto más íntegramente se
aborden los problemas que se quieren resolver.
Para finalizar, quiero anunciar que nuestro voto, como es de
suponer, será positivo a la tramitación de esta proposición de
ley. Somos partidarios de que siga su trámite parlamentario y
que durante el mismo se puedan mejorar algunos aspectos que
hoy nos ofrecen dudas.
Nuestro grupo estudiará con detenimiento su contenido y
participará, sin ningún tipo de recelo, en su elaboración
definitiva que no ocultamos hoy aquí querríamos paralela e
incluso asumida en el mismo texto del proyecto de ley de
modernización que he mencionado y que el Gobierno se ha
comprometido a presentar próximamente a la Cámara; interés que
tiene su razón de ser en la voluntad inequívoca expresada por
la mayoría de esta Cámara, y por el sector, de que este
tratamiento especial para determinados agricultores debe
inscribirse en el marco de una norma específica que establezca
un régimen especial para agricultores a título principal y
explotaciones
prioritarias, manteniendo el criterio de la Ley 29/1987 de no
admisión de beneficios fiscales de carácter objetivo por razón
de la naturaleza de los bienes, excepción que se mantiene en
la disposición final de la misma para un tipo de explotaciones
familiares --las previstas en la Ley 49/1981-- y que se
mantiene precisamente porque está expuesto en una ley
específica.
Nos complace, para terminar, poder votarla con otras fuerzas
políticas que ya en el pasado asumimos este compromiso y que
además mantenemos. Nos congratulamos que se sumen a él otras
fuerzas que con intereses y propuestas distintas reconocen hoy
la validez del principio --para nosotros fundamental-- del
destinatario preferente de este tipo de incentivos. Iniciamos,
por tanto, un trámite que precisa de tiempo, de rigor, de
imaginación y de voluntad de acuerdo, pero cuyo objetivo final
debe ser facilitar, en la medida de nuestras posibilidades, la
dimensión, ampliación y continuidad de unas explotaciones
agrarias que pueden y deben ser competitivas en el marco de
una nueva agricultura que con éstas y otras medidas debemos
ayudar a alumbrar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), vamos a pasar a su votación.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.--Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
sobre incentivos fiscales a la ampliación y continuidad de las
explotaciones familiares agrarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 318; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO VASCO (PNV), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA
QUE SOLICITE DE LA COMISION Y DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACION CON
EL MERCADO DE LA PATATA (Número de expediente 162/000036)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Vasco (PNV),
por la que se insta al Gobierno para que solicite de la
Comisión y del Consejo de las Comunidades Europeas la adopción
de determinadas medidas en relación con el mercado de la
patata. El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
(Rumores.--Varios señores Diputados abandonan el salón de
sesiones.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
Cuando quiera, señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado la
proposición no de ley con el fin de lograr un acuerdo y
consenso parlamentario relativo a la regulación del mercado
agrícola de la patata.
Sus señorías recordarán cómo en el verano del año 1992 se
produjeron alteraciones y distorsiones muy fuertes en el
mercado de la patata. Ante aquella situación de hundimiento de
los precios esta Cámara debatió profundamente la situación
originada y logró un consenso unánime de los grupos
parlamentarios sobre la iniciativa presentada por el Grupo
Popular relativa a la creación de una organización común de la
patata. Sobre tal cuestión se está debatiendo actualmente a
nivel comunitario y por ello, mediante esta iniciativa,
queremos participar e influir en el proceso de formación de la
voluntad comunitaria,
encontrándonos en un momento de tranquilidad en el mercado de
la patata y no esperando para ello a que se produzcan
alteraciones en dicho mercado, sino abordando tal cuestión
actualmente con serenidad.
La patata, señorías, es uno de los productos con demanda más
inelástica, sobre todo en el tramo de precios bajos, debido a
que el consumo no responde favorablemente a los descensos de
sus precios; por consiguiente, sus precios muestran una gran
sensibilidad ante pequeñas variaciones de la producción y,
dada la variabilidad de ésta en el caso de la patata, está
justificada, posiblemente más que en ningún otro producto, una
regulación de mercado. Paradójicamente, a pesar de las
circunstancias mencionadas y de representar más de 1.400
millones de hectáreas, la patata no está sometida a ningún
tipo de regulación de mercado de la Unión Europea, a excepción
de la aplicación del arancel aduanero común.
Todo lo anterior explica que el precio de la patata pueda
experimentar, de unas campañas a otras, enormes variaciones,
que, tal y como ha ocurrido en 1992, pueden dejar el producto
prácticamente sin valor comercial, generando graves pérdidas
económicas a un sector que cuenta con numerosas explotaciones
familiares y cuyas rentas son muy sensibles a las
circunstancias del mercado. En el caso del mercado de la
patata corresponde al Consejo de Ministros de Agricultura la
determinación del modo en que se aplican las normas de defensa
de la competencia a nivel de la Unión Europea. Dada la
inexistencia de una organización común de mercado de la
patata, las autoridades pueden poner en marcha cualquier tipo
de medida de intervención: compras
públicas, subvenciones a las exportaciones y otras ayudas, tal
y como ha sucedido en el año 1992 en Holanda, Francia, Italia,
España y Portugal. La proliferación descoordinada de ayudas
estatales es política y técnicamente incorrecta en una
situación de mercado único. Asimismo, constituye una seria
amenaza a la libertad de competencia y a la competitividad de
los productores de las zonas más desfavorecidas, además de
ser, en muchos casos, ineficaz para reconducir el mercado
hacia situaciones más normales. Así, de nada sirve reducir
incluso notablemente la producción española mientras que en
Holanda o Francia se pueda adquirir toda la patata que se
desee a precios ruinosos.
Señorías, la patata, tras un período prolongado en que estaba
experimentando un descenso en su superficie de cultivo, se
está configurando como un cultivo refugio frente a la reciente
reforma de la política agrícola comunitaria y particularmente
frente a la reducción que ésta promueve en la superficie de
cultivo de cereales y remolacha en la agricultura europea. Por
tanto, el mercado de la patata requiere, con más razón que en
muchísimos otros productos, de una organización común de
mercado que dé respuesta a sus distinciones estructurales.
La creación de una OCM de la patata perseguiría disciplinar la
producción, garantizando la estabilidad de
precios y posibilitando el cultivo de las explotaciones
familiares con menor capacidad competitiva pero con mayor
importancia social. Igualmente se pretende corregir las
coyunturas de precios muy extremas mediante una regulación del
mercado en supuestos ocasionales y excepcionales. Es decir, se
trataría de mejorar la eficacia del funcionamiento de un
mercado que es muy errático y volátil, neutralizando los
altibajos espectaculares de los precios.
Es preciso, pues, señalar que, aunque esta Cámara solicitó la
creación de una organización común de mercado semejante a la
que ya rige en cereales y oleaginosas, la Comisión Europea ha
presentado una propuesta de organización común de mercado,
minimalista. Obviamente, una OCM de estas características no
da solución a los problemas específicos planteados en el
mercado de la patata. Así, el Parlamento Europeo considera que
la propuesta de la Comisión en relación a los mecanismos
previstos para hacer frente a las inestabilidades cíclicas en
la producción y en los precios, es insuficiente. Pero,
indudablemente, es el Comité Económico y Social de la Unión
Europea el que, en su dictamen sobre la propuesta de la
Comisión para la creación de la OCM, califica ésta de
minimalista. Considera el Comité Económico y Social de la
Unión Europea que los instrumentos propuestos por la Comisión,
apoyo a agrupaciones de productores e introducción de un
sistema de certificado de importación, son insuficientes para
garantizar la deseada estabilidad del mercado y garantizar
ingresos razonables a los productores afectados.
Igualmente, el Comité Económico y Social estima que,
independientemente de los intercambios con terceros países,
alrededor de un volumen de la oferta comunitaria, la
fluctuación de la oferta interna constituye en sí misma una
amenaza constante para la estabilidad del mercado. El Comité
Económico y Social concibe la patata, pues, como un cultivo
refugio y considera que la Comisión Europea en su propuesta no
tiene en cuenta
suficientemente la relación que existe y el equilibrio que
debe existir entre la OCM de la patata y las medidas de
reforma de la Política Agraria Comunitaria establecidas para
otros productos agrícolas.
Como segunda gran propuesta, el Grupo Parlamentario Vasco
propone estudiar la creación de un sistema de producción por
cuotas que nos parece el núcleo central de nuestra proposición
no de ley y que es esencial para la articulación y la
ordenación del mercado de la patata, a diferencia de lo que
ocurre en otros
contingentes, bien sean directos o indirectos --directos en el
caso de la remolacha o de la leche e indirectos por la
contingentación de primas a la producción en el caso de las
oleaginosas, las proteaginosas y de las vacas nodrizas--, a
través de un sistema de contingentación de cuotas directas o
indirectas.
Pues bien, señorías, el sistema de cuotas de producción se
perfila como un instrumento fundamental, tanto para garantizar
un funcionamiento estable y eficiente del mercado como para
mantener el cultivo en aquellas regiones rurales donde es
tradicional y básico para mantener sus economías locales. Por
tecnología y estructuras productivas y por ventajas naturales
y estructuras comerciales, no podemos competir a largo plazo,
en igualdad de condiciones, con países como Bélgica y Francia
y especialmente con Holanda. Las cuotas por agrupaciones de
productores y regiones pueden constituirse en elemento clave
para condicionar el juego de la ventaja competitiva en el
mercado europeo en base a criterios de política regional y
social. Evidentemente, a la hora de fijar el nivel concreto de
las cuotas, se debería recurrir a unos años de referencia en
los que la superficie de sembrado de la patata sea
suficientemente representativa de la importancia tradicional
del cultivo en cada región. A nuestro juicio, pues, el sistema
de cuotas de
superficie constituye un instrumento válido para disciplinar
la oferta, porque dispone de las siguientes características:
En primer lugar, es socialmente justo, porque no podemos
olvidar que detrás de los sectores agrícolas hay mucho más que
la producción y el empleo, como son la ordenación del
territorio y la
protección del medio ambiente.
El sistema de cuotas favorece la viabilidad de las zonas
desfavorecidas, al condicionar la relocalización total de la
producción hacia las zonas más competitivas, y no hipotecarían
la competitividad de la producción comunitaria, ya que la
ausencia, hasta ahora, de regulación de la patata ha
favorecido una localización determinada totalmente por la
ventaja
comparativa.
Segunda ventaja. Permite una disciplina de la oferta y, por
tanto, de los precios, siendo un argumento importante frente a
terceros países respecto de la Unión Europea para dotar
mecanismos de protección del mercado interno ante las
oscilaciones de los precios internacionales. De este modo, el
mercado comunitario estaría sometido a un cierto control y
estaría legitimado para adoptar medidas defensivas frente a
países cuya oferta no se disciplina.
Tercera ventaja. No sólo no comporta nuevos gastos
presupuestarios, sino que, en la medida en que lleve asociada
una penalización a los productores que no respeten los
umbrales de cultivo en la producción, proporcionaría ingresos
que podrían ser utilizados por la Unión Europea para financiar
otras medidas complementarias de la organización común del
mercado.
Cuarta ventaja. No entraña costes administrativos
significativos, ya que su gestión podría incoporarse dentro
del procedimiento previsto en el Reglamento comunitario
3508/92, que prevé un régimen de control para las superficies
de cultivo.
Quinta. Tendría un perfecto encaje en cualquier negociación
agrícola, como se ha planteado con el sistema
del acuerdo alcanzado en el seno de la Ronda Uruguay del GATT
en materia agrícola.
La tercera cuestión que expone el Grupo Parlamentario Vasco en
su proposición no de ley es la articulación paulatina del
sector mediante ayudas para la creación de agrupaciones de
productores de patata. Consideramos que, en el plazo de dos o
tres años, debería ser obligatoria la pertenencia a estas
asociaciones, especialmente de los grandes productores, tal y
como está ocurriendo en Holanda, ya que de esa forma las
mismas
agrupaciones de productores realizarían y financiarían
directamente en gran parte, a través de las cotizaciones de
sus propios socios, las medidas para la autodisciplina del
mercado, haciendo más ocasional la necesidad de intervención
pública. Con el fin de evitar posibles comportamientos
fraudulentos por parte de algunas agrupaciones de productores
respecto de la
responsabilidad de disciplinar la oferta de la patata en
situaciones coyunturales excedentarias, se establecería un
patrón o parámetro de medida de retiradas obligatorias de
patata del mercado en situaciones excepcionales.
Igualmente he de manifestar que la fórmula de las agrupaciones
de productores tiene ventajas para los mismos asociados,
incluso en el caso de que se autofinancien íntegramente la
retirada del producto. Ello es debido a que, dada la
inelasticidad de la demanda de patata, los ingresos aumentan
mucho a medida que disminuye la oferta.
Además, señorías, mediante una organización común de mercado y
unas agrupaciones de productores bien articuladas, la Comisión
de la Unión Europea podría cumplir también con otro fin social
que nos parece importante, como es el de dotar parte de la
ayuda al tercer mundo a través de la compra parcial de la
producción de patata retirada por algunos de los productores
durante las situaciones de crisis en el mercado.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, le ruego
concluya.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Concluyo, señor
Presidente, expresando que el mercado comunitario de la patata
tiene un mal funcionamiento al encontrarse muy desregulado,
suscitándose, por ello, problemas para el productor y también
para los
consumidores, cuando uno de los objetivos de la política
agrícola comunitaria es garantizar la estabilidad de los
precios.
Señorías, España está perdiendo cuota de mercado de forma
alarmante en los últimos años. En primer lugar, la superficie
cultivada se ha reducido en un 32,02 por ciento en los últimos
ocho años, desde el ingreso en la Comunidad Económica Europea;
en cambio, en el conjunto de la Unión Europea, la reducción ha
sido únicamente de un 4,21 por ciento. Y, en segundo lugar,
las importaciones españolas se han multiplicado por seis en
los últimos cinco años.
Por todo ello --y finalizo, señor Presidente--, para evitar la
desaparición de este cultivo, nos parece que es necesaria la
creación de una organización común de mercado y el
establecimiento de un sistema de cuotas de producción como ya
existe en otros productos agrícolas, bien cuotas directas,
como en el caso de la leche o de la remolacha, o bien
indirectas, a través de la contingentación de ayudas, en el
caso de las oleaginosas, los cereales o las vacas nodrizas.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista y
fijar su posición en esta proposición no de ley, tiene la
palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, señorías,
es indudable la importancia que ha tenido siempre la política
agrícola común en la construcción europea, sobre todo si
tenemos en cuenta la cuantía presupuestaria que se ha ido
dedicando siempre a estos temas.
Con motivo del establecimiento del mercado único, ha habido
una serie de aprobaciones por parte del Consejo que tenían
como objetivo mejorar esa política agrícola común. El exceso
de producción en algunos mercados agrarios y el rápido
crecimiento de los gastos presupuestarios hizo que el Consejo
estuviera preocupado por garantizar la competitividad de la
agricultura europea y proteger, al mismo tiempo, el equilibrio
que pudiera haber entre las zonas rurales, adoptando siempre,
parece ser, una serie de decisiones, cuyo objetivo principal
era mejorar el equilibrio de los mercados y la competitividad
interna
internacional de la agricultura comunitaria.
Todas estas buenas intenciones, sin embargo, no han entrado en
algo tan claro como es el mercado de la patata; la agricultura
comunitaria no se ha preocupado de que se regule el mercado de
la patata como se ha regulado otra serie de productos,
quedando así a las normativas de las legislaciones nacionales.
Dentro de este marco, la Comisión presentó al Consejo, como ya
se ha citado, una propuesta de reglamento el 25 de noviembre
de 1992. Esta propuesta de reglamento, que establece la
creación de una organización común de mercado para la patata,
recogía una serie de importantes elementos, como puede ser el
estímulo a la constitución de las agrupaciones de productores,
o el régimen que tiene que ver con terceros países, existiendo
la posibilidad del establecimiento de la cláusula de
salvaguardia en caso de perturbaciones
graves, o la prohibición de la concesión de una serie de
ayudas nacionales, o igualmente la constitución de un comité
de gestión para el seguimiento del mercado.
Pero, ante esta propuesta, en el Consejo se han mantenido
posiciones encontradas por las distintas delegaciones que han
impedido que esta organización común de mercado sea aprobada
por el Consejo. De hecho, hay delegaciones que consideran que
no es necesaria la creación de una organización común de
mercado en el campo de la patata, mientras que hay otras, como
es el caso de España, que incluso consideran que la propuesta
presentada por la propia Comisión es insuficiente en
determinados aspectos. Desde nuestro punto de vista, es
deseable que haya una
organización común de mercado más completa que permita
disponer de una serie de instrumentos comunitarios para
enfrentarse a las situaciones de crisis, sobre todo en
cuestión de protección frente a las importaciones. Pero,
además, es necesario que se fomente la agrupación, porque
nuestra comercialización asociativa es bastante deficitaria.
Por todas estas razones, desde el Grupo Socialista
consideramos adecuada y oportuna la presentación de esta
proposición no de ley por parte del Grupo Vasco (PNV), así
como también pensamos que tiene un especial interés porque
contribuye a reforzar desde este Parlamento una postura firme
de negociación en este ámbito por parte de la delegación
española.
Haciendo un análisis más minucioso de la proposición no de ley
presentada y conectando con la enmienda que ha presentado el
Grupo Socialista, el primer punto nos parece aceptable en su
totalidad.
Respecto al segundo punto, estamos de acuerdo en que es de
gran importancia potenciar la creación de organizaciones de
productores con medidas de apoyo en los primeros años de
funcionamiento, y, además, con una serie de medidas que
posibiliten la constitución de una serie de fondos de rotación
para financiar compras y almacenamiento, así como una serie de
instrumentos que permitan la regulación del mercado. Sin
embargo, nos parece excesivamente rígido convertir esto en
obligatorio y por eso hemos presentado la enmienda a este
punto.
El tercer punto, que propone la creación de un sistema de
cuotas por agrupación de productores y regiones, nos parece
algo peligroso en un doble aspecto: primero, porque es
difícilmente defendible, dentro del contexto comunitario en el
que hablamos de libre circulación de mercancías y de creación
de un mercado único, siendo esto uno de los pilares básicos,
establecer cuotas, y, además, hasta ahora las cuotas que
existen sólo son cuotas por productor o cuotas por Estado. De
hecho, el representante del Grupo Vasco (PNV) no lo ha
establecido en los mismos términos que está escrita la
enmienda, sino que ha hablado de la defensadel sistema de
cuotas, que quizás puede ser algo más aceptable, desde el
punto de vista comunitario.
Segundo, puede caber la posibilidad de que la solicitud de
este establecimiento de cuotas pueda actuar en contra de lo
que realmente se pretende con su establecimiento, que es la
protección de los agricultores productores de patata, porque
puede incitar --y así están las cosas en Europa-- a otra serie
de productores --y me estoy refiriendo en este caso a los
productores de fécula, productores ligados a la industria,
como son todos los del Norte de Europa, que son los que en
estos momentos están paralizando la OCM-- a que sigan
solicitando y pidiendo este sistema de cuotas.
Pensamos que si lo que se pretende es proteger al productor, a
través de mecanismos que permitan, fundamentalmente, mantener
su renta en momentos difíciles, desde nuestro punto de vista
es más efectivo hacer frente a estas situaciones coyunturales
excedentarias mediante mecanismos de retirada de la producción
que garanticen la compra de los excedentes a un precio mínimo.
Para corregir esto que vemos en la proposición no de ley
presentada por el Grupo Vasco (PNV) hemos presentado esta
enmienda por parte del Grupo Socialista, que lo que pretendía
era corregir estos dos temas fundamentales. Quisiéramos hacer
llegar al PNV que lo que nos parece importante que no debe
aparecer en esta proposición no de ley es, en primer lugar, el
tema de la obligatoriedad en el caso de las agrupaciones de
productores y, en segundo lugar, el establecimiento del
sistema de cuotas, especificándolo ya por agrupaciones y por
regiones. Nos parecería mejor que se hablara del sistema de
cuotas sin establecer por agrupaciones y por regiones,
independientemente de que luego internamente, porque eso no
sería admitido por la Comunidad, pudiera organizarse a través
de un sistema de agrupaciones o de regiones.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Por el Grupo Popular, para la defensa de la enmienda
presentada y la fijación de su posición, tiene la palabra el
señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular respecto de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Vasco (PNV), tendente a la creación de
una organización común de mercado para la patata y, al mismo
tiempo, para defender las enmiendas que mi Grupo ha presentado
a los puntos segundo y tercero de la citada proposición.
Pero, señor Presidente, antes de nada quisiera hacer una
reflexión previa y que viene a cuento del asunto que estamos
tratando en este momento, el sentido ejecutivo
y vinculante que para el Gobierno tienen las proposiciones no
de ley aprobadas por esta Cámara, que representa la soberanía
nacional.
Digo esto, señor Presidente, porque el 30 de septiembre de
1992 esta Cámara aprobó por unanimidad una proposición no de
ley presentada por el Grupo Popular y defendida por este
Diputado, mediante la cual se instaba al Gobierno para que
planteara y defendiera ante los organismos comunitarios una
organización común de mercado para la patata. Y así se refleja
en el Boletín Oficial de las Cortes del 5 de octubre de 1992,
en una
publicación firmada por el Secretario General del Congreso de
los Diputados. Sin embargo, señorías, ¿qué ha hecho el
Gobierno español para cumplir con el mandato de esta Cámara
sobre esta cuestión?
A la vista de los acontecimientos, podemos asegurar que
absolutamente nada, como lo demuestra el hecho de que estemos
hoy nuevamente debatiendo la misma cuestión, ya aprobada por
unanimidad de los grupos en el Congreso, haciendo perder el
tiempo a SS.SS. y, lo que es peor, dejando en muy mal lugar la
alta misión de esta institución.
Dicho todo lo anterior y puesto que las cosas son como son y
no como debieran ser, paso al fondo de la cuestión. Señorías,
esta iniciativa, que firma el Grupo Vasco (PNV), es un
producto de la inquietud y preocupación de más de cinco
gobiernos de otras tantas comunidades autónomas, de diverso
signo político, que, ante la pasividad más absoluta del
Gobierno español, a finales del pasado año se han visto
obligados a plantear formalmente la consecución de la
organización común de mercado para la patata. El Grupo Popular
es altamente sensible ante los problemas por los que
atraviesan cíclicamente los productores de patata en nuestro
país, como lo demuestra el hecho de que ya el 29 de mayo de
1990 presentáramos, por primera vez, una proposición no de ley
ante la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas,
solicitando una OCM para la patata, que fue debatida y
rechazada por el Grupo Socialista en el mes de octubre de este
mismo año.
Señores del Grupo Socialista, aquí cada uno somos responsables
de nuestros actos y comportamientos, por lo que en este asunto
ustedes son los responsables no sólo de que estemos hoy aquí
debatiendo este asunto sino también, lo que es aún más grave,
de la ruina de muchos cultivadores de patata de nuestro país,
puesto que si hubieran votado favorablemente la citada
proposición no de ley, en 1990, y luego hubiera cumplido el
Gobierno con aquel mandato de 1992, no se habría producido la
gravísima crisis de la patata durante la campaña 1992/1993 y
que, como es sabido, cíclicamente se reproduce. Por ello,
entre todos tenemos la obligación, señorías, de, justamente en
tiempos de relativa paz comercial, encontrar las mejores
soluciones para este importante sector de la producción
agraria española. Y, sin duda, las principales pasan por la
implantación de una OCM que regule las producciones por
regiones y, al mismo tiempo, establezca unos precios mínimos
de garantía, dando fin a las competencias desleales de otros
países miembros.
Sin perjuicio de impulsar políticas de modernización de
nuestras estructuras tendentes a minorar sustancialmente los
costes de producción, acercándonos a la media europea, el
cultivo de la patata, señorías, es fundamental para numerosas
comarcas de la geografía nacional, habida cuenta de que se
produce con más o menos intensidad en la mayoría de las
provincias españolas, en su mayor parte en pequeñas parcelas
pertenecientes a modestos agricultores, cuyas economías
dependen, en muchos casos y en gran medida, de este cultivo.
En España se dedica una media de en torno a las 300.000
hectáreas, ocupando el segundo lugar de la Unión Europea, en
superficie del cultivo de la patata. Sin embargo, nos situamos
en el penúltimo lugar, delante de Portugal, en rendimiento de
toneladas por hectárea, produciendo unos cinco millones y
medio de toneladas e importando alrededor de otras 400.000
toneladas, frente a las 49.000 que se importaron durante 1985
y 153.000 justo al año siguiente, coincidente con el primero
de pertenencia de España al Mercado Común.
Asimismo, señorías, el sector ha podido comprobar cómo
llegaban a nuestros mercados patatas subvencionadas directa o
indirectamente por determinados estados miembros de la Unión,
aun estando prohibido, practicando un auténtico «dumping»
comercial, ante la más absoluta pasividad del Gobierno
español, siempre dócil ante el resto de los mandatarios
europeos e incapaz a la hora de solicitar una sola vez la
aplicación de la cláusula de salvaguardia para ayudar a
regular el mercado interior entre la oferta y la demanda.
Por otra parte, señorías, como nos pasa con la mayoría de los
sectores productivos de nuestro país, a causa de las
estructuras de nuestro sector agrario, más obsoletas,
producimos con unos costes de aproximadamente el doble de la
media de la Unión Europea, cuyos principales países nos
inundan con sus productos a precios muchas veces del 50 por
ciento por debajo del coste de producción en España,
provocando en muchos casos la ruina de nuestros productores,
arrastrando tras de sí a multitud de pequeñas empresas de
servicios que dependen de la economía agraria, como sucedió en
1992 en numerosas comarcas españolas. Para terminar, señorías,
y por razones obvias, dado que ésta viene siendo una de las
reivindicaciones agrarias más importantes que permanentemente
mantiene el Grupo Popular desde 1990, como ha quedado
demostrado, una vez más en esta Cámara vamos a votar a favor
de que el Gobierno español, usando todos los recursos de la
legislación que la Unión Europea le permite
a un Estado miembro, sin más dilaciones presente y defienda
ante los organismos comunitarios una propuesta de
organizaci]on común de mercado para la patata en los términos
de la proposición no de ley que estamos debatiendo.
Señoras y señores Diputados del Grupo Socialista, aunque la
frase es muy manida, no por ello deja de ser para los
agricultores afectados dramáticamente real aquello que, con
acierto, pronunció desde esta misma tribuna Manuel Fraga:
ustedes solamente aciertan cuando rectifican. Y si hoy
rectifican, les podrán pedir
responsabilidades por las consecuencias de su actitud en el
pasado, pero, en cambio, señorías, como dice el refrán, nunca
es tarde si la dicha es buena; en este caso, como ven, la
dicha, la oportunidad y la propuesta, sin duda, que es buena e
imprescindible para los agricultores españoles.
Señorías, en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular, la primera se refiere al párrafo segundo de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, por la
cual pretendemos suprimir del texto la obligatoriedad de los
agricultores a pertenecer a las agrupaciones de productores.
Entendemos que no es de recibo obligar a nadie a agruparse ni
a asociarse, sin perjuicio de que a través de incentivos de
diferentes tipos se pueda ayudar al mismo cometido, pero nunca
plasmar en una norma la obligatoriedad de agruparse para
nuestros agricultores. La segunda enmienda se refiere al
sistema de cuotas. Nosotros estamos de acuerdo con las últimas
intervenciones que se han realizado desde esta tribuna. Por
tanto, estaríamos de acuerdo si se retira del texto presentado
por el Grupo Parlamentario Vasco la palabra obligatoria.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Mi intervención, que pretendo sea breve, va dirigida
fundamentalmente a manifestar el apoyo del Grupo Mixto, del
Grupo al que represento, a esta oportuna y a mi modo de
entender eficaz proposición no de ley. Estamos ante el
tratamiento de un producto agrícola modélico que afecta, en
algunas zonas del Estado y particularmente en el País Vasco, a
un proceso de formación profesional, investigación y
experimentación, control de calidad y producción selectiva
para, a su vez, ser empleada en una producción masiva de
calidad. Estamos ante un proceso productivo interesante e
importante de carácter agrícola, equilibrador y capaz de
consolidar la renta de extensas zonas agrícolas
asegurando ingresos regulares y un desarrollo sostenido.
Además, la experiencia demuestra que, en estas zonas, el
efecto de arrastre no es solamente en el sector agrícola, sino
que también afecta a otros sectores como el industrial y de
servicio. Apoyamos esta proposición no de ley porque con ella
se pretende la creación de una organización común de mercado
para la patata, económicamente eficiente y socialmente justa y
equitativa. La apoyamos porque esta organización común de
mercado es un conjunto de normas y derechos de los productores
agrícolas en cuanto a fijación de precios de retirada, primas
de restitución,
calendarios para la exportación y un sinnúmero de etcéteras
que no vienen al caso en este momento. Todos ellos son de
importancia crucial y de ésta dependen la competitividad y
salida de un producto agrícola como el que tratamos.
La apoyamos también porque se propone el establecimiento de
una línea de ayudas para la articulación de los agricultores a
través de agrupaciones de productores --todo ello,
consideramos, dentro precisamente de un proceso de
modernización-- adoptando las medidas oportunas y --quiero
subrayarlo pese a las enmiendas presentadas-- para hacer
obligatoria a medio plazo su
participación en las mismas y, en su caso, la entrada
coordinada de la producción en situaciones excedentarias.
Nos parece --y estamos, por ello, de acuerdo-- muy importante
que se proponga la creación de un sistema de cuotas de
producción por agrupaciones de productores y regiones, como
instrumento
fundamental para la disciplina del mercado a largo plazo y
para una solidaridad económica de la que tanto necesitamos.
Por último, se establece un mecanismo de regulación de la
oferta, que consideramos también oportuna, precisamente para
las
situaciones excedentarias basadas en unas exigencias mínimas
de calidad del producto. Desde ese punto de vista, nos
manifestamos favorables a la creación de esta organización
común de mercado para la patata y para cualquier producto
agrícola de nuestra Comunidad. Todo aquello que suponga la
organización común de mercado supone una regulación de dicho
mercado, mayores
posibilidades de conseguir ayudas de la Comunidad Europea y,
en definitiva, mayor protección para el sector.
Sin embargo, se ha de señalar que ha quedado pendiente --y
consideramos que así se debe aplicar en el futuro-- la reforma
de la organización común de mercado, relativa, por ejemplo, a
otros productos como el arroz, el vino, frutas y hortalizas,
particularmente tras la firma del Acuerdo del GATT. Por lo
tanto, la futura reforma de las OCM de estos productos estará
condicionada al Acuerdo del GATT y, probablemente, no se
alcanzará un grado de protección aceptable, tema que
planteamos porque consideramos que debe ser tomado en
consideración. Ante la nueva situación, aparece como urgente
la reforma de las OCM de los productos anteriormente citados
además de la patata: arroz, vino, frutas y hortalizas, para
ofrecerles la máxima protección y poder garantizar el
mantenimiento de la renta de los agricultores; renta que,
según la Agencia estadística europea, Intrastat, disminuyó un
7,8 por ciento en 1992 y que esperamos que, bajo esta fórmula,
mantenga un nivel de crecimiento equiparable por lo menos al
nivel de precios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene
la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria va a dar su apoyo, con voto favorable, a
esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Vasco (PNV).
Vamos a fijar nuestra posición en razón de este texto, que nos
parece
absolutamente ajustado a tratar de resolver, para el mercado y
la producción española de patatas, un problema en este momento
complejo y compartido por otros países productores de la Unión
Europea.
Valga esta primera intervención para que aquí al menos, ya que
no hay ningún Ministro del Gobierno, quede constancia de
nuestra propuesta para que el Gobierno insista ante los
ministros comunitarios, ante el Consejo de la Comunidad, en
que los países nórdicos de la Unión Europea desbloqueen la
situación de la organización común de mercado. No puede la
Unión Europea seguir tolerando este principio de prepotencia
que estos países
productores, que incluso tienen para sus producciones destinos
que no permite la legislación española, como es la
transformación en alcoholes para bebida o para usos
industriales, siguen mateniendo. Valga esta denuncia para que
el Gobierno español se ocupe sencillamente de desbloquear esa
situación en la que los países, como he dicho, del norte de la
Unión Europea tienen paralizada en este momento la
organización común de mercado, también con una especie de
temor de que esto se organice a nivel de la parte sur de la
Unión Europea, tanto en sus cuencas atlánticas como en la
cuenca mediterránea.
En cuanto a la proposición del Grupo Vasco, solamente hago una
observación, y en esto coincidimos con la enmienda que ha
presentado el Grupo Popular, sobre la supresión de la
referencia a la obligatoriedad de pertenencia de los
agricultores-productores a la OCM. La experiencia desde
Canarias nos hace dar este consejo. En este momento en que
venimos batallando desde la organización común de mercado para
el plátano, tenemos que basarnos precisamente en la no
obligatoriedad de pertenencia al mismo, igual que la que se
pueda estructurar y se perfeccione para el sector productor
del tomate. En esto coincidimos también con la otra enmienda
del Grupo Popular, que apoyaríamos de seraceptada por el Grupo
Vasco, en lo referente a las cuotas de producción.
Aquí sí quiero decir algo a la portavoz del Grupo Socialista.
Estamos de acuerdo en que se suprima la obligatoriedad, porque
no es de recibo en una normativa comunitaria; en cuanto al
problema de cuotas, estamos viendo que tanto el GATT como la
Unión Europea, antiguamente la Comunidad Económica Europea,
son receptivos a entender que las cuotas disciplinan una
producción en un mercado. No hay que temer a las cuotas.
Nosotros, desde Canarias, digo que por un principio de
solidaridad estamos apoyando en esta Cámara tanto la
iniciativa del Grupo Vasco como los apoyos que vaya a recibir,
y por supuesto al sector agrícola productor español, por la
singularidad de Canarias con este mercado que, en verdad, no
nos afecta, dado que Canarias no puede recibir importación de
patata de áreas en que está metida la famosa plaga del
escarabajo de la patata. En Canarias nos suministramos de
semillas de origen británico o acaso holandés, pero
fundamentalmente británico, y después nuestro comercio es
solamente de importación de áreas exentas de la plaga. Pero sí
tenemos la experiencia frente a las organizaciones comunes de
mercado. El tema de cuotas lo tenemos en la producción
platanera, por islas; lo tenemos, además, en el mercado del
tomate, y ha dado buenos resultados para autorregular. En el
tema de cuotas, bajo mi punto de vista, no hay que tener
ninguna precaución, sino que puede ser un apoyo si se deja
funcionar ordenadamente en coordinación con las agrupaciones
comunes de mercado y las regiones.
Hay una diferencia curiosa en la enmienda que ha presentado el
Grupo Popular, que contiene exactamente el mismo texto que la
del Grupo Vasco, en cuanto a que este último sí habla del
sistema de cuotas, de producciones, de agrupaciones de
productores y por regiones, y la del Grupo Popular solamente
se refiere a las regiones. Creo que si las agrupaciones de
productores van a tener un ámbito regional, porque las
consejerías de agricultura de las comunidades autónomas pueden
tutelar y ordenar este régimen de agrupaciones, aunque sea de
una manera digamos didáctica y de autodisciplina, tanto monta,
monta tanto, porque si las
agrupaciones de la OCM se autodisciplinan con el tema de
cuotas, me da lo mismo que estén autodisciplinadas en la
Comunidad Autónoma vasca, en la catalana, en la valenciana, en
la andaluza o en la extremeña, por poner unos ejemplos, que lo
estén como tales OCM de esa comunidad autónoma o que la cuota
venga dada por comunidad autónoma, porque el producto final de
puesta en mercado, incluso en circunstancias excedentarias, va
a ser regulado a nivel de esa comunidad autónoma. La Unión
Europea no entra, porque con tal de que el mercado español
regule la aportación final española, son estas comunidades,
estos territorios, los que sí pueden autodisciplinarse y tener
su cuota. Lo estamos viendo
con el plátano, lo hemos visto con el tomate; no creemos una
diferencia, un agravio, que al final, dentro del mercado de la
patata, en el territorio de la Unión Europea no va a existir
por estas razones.
Por tanto, Coalición Canaria quiere apoyar también aquí el
sistema de cuotas de producción, y lo mismo nos da que sea por
comunidad autónoma, por regiones, como que sea por agrupación
de productores. Lo que sí es conveniente es que si se emplea
la palabra regiones se sepa jurídicamente de qué estamos
hablando, porque las OCM sí tienen ya una personalidad
jurídica reconocida, y cuando se creen para la patata tendrán,
digamos, su documento nacional de identidad agrario como tal
OCM de la patata; pero seamos muy cuidadosos y cuando hablemos
aquí de regiones sepamos a qué nos estamos refiriendo, si son
regiones agrarias. Me da la sensación de que el derecho que
vamos a manejar no puede basarse en ese tipo de regiones,
salvo que se estén identificando aquí como regiones a las
comunidades autónomas en respeto a las competencias que en
materia agraria tienen en sus estatutos prácticamente hoy día
todas las comunidades autónomas del territorio del Estado
español.
Hechas estas salvedades, nosotros vamos a apoyar la
proposición del Grupo Vasco, con las enmiendas que hemos
comentado, tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista,
que se puedan
introducir.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, tomo la
palabra para manifestar, con brevedad, la posición de mi Grupo
respecto al texto propuesto por el Grupo Parlamentario Vasco
en su proposición no de ley, instando al Gobierno para que, a
su vez, solicite de la Comisión y del Consejo de Europa la
creación de una organización común del mercado de la patata
que plantee el tema con justa eficiencia, mediante la
potenciación del sector, creando los esquemas adecuados para
que los precios alcancen la equidad y el equilibrio tras un
proceso de evolución de los mismos.
El sistema de cuotas podría ser un mecanismo de regulación del
mercado y repercutir favorablemente en las rentas del sector.
Nosotros lo hemos demandado desde nuestra posición para algún
otro sector agropecuario y ahora nos parecen adecuados los
mecanismos y consideraciones expuestos por el portavoz del
PNV. Nos preocupa, igualmente, la pérdida de la cuota de
mercado que se está produciendo para este sector, y no nos
cabe duda de que con la aplicación de normas dirigidas a la
ordenación del mismo, articulando a los productores como se ha
hecho en otros países europeos, se producirían medidas de
autodisciplina y harían más excepcional la intervención del
sector público. También nos parecen adecuadas las medidas de
control de las posibles
situaciones excedentarias evitando situaciones como las del
verano de 1992 que dejaron el producto prácticamente en valor
cero.
Finalmente, consideramos que la creación de una OCM para el
sector de la patata, a cuyo favor ya votamos, contribuiría a
disciplinar la producción y al equilibrio de los precios. Por
tanto, ayudaría a dar respuesta a las disfunciones
estructurales que aquejan especialmente a la fluctuación de la
oferta interna, frecuentemente desestabilizadora.
Nos reiteramos manifestando nuestro acuerdo con la segunda
propuesta del Grupo Vasco --ya lo hemos dicho-- al proponer un
sistema de producción por cuotas que podría garantizar el
funcionamiento más estable del mercado.
Por todo ello, anunciamos nuestro voto a favor de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a votar a favor de
esta proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco.
Pensamos que es un problema que no se da únicamente a nivel
nacional, aquí se ha dicho. El planteamiento a nivel
comunitario enfrenta en estos momentos a países como Grecia,
Italia, Portugal y España con los países del norte de Europa,
a la cabeza de los cuales está Holanda con unas producciones
de alrededor de ocho millones de toneladas, y son precisamente
las actitudes de los países a los que me he referido las que
tienen paralizada en este momento la organización común de
mercado de la patata, a la que nuestro Grupo dará su apoyo y
voto favorable.
Si no conseguimos sacar adelante la organización común de
mercado de la patata, corremos el grave peligro de que las
producciones españolas, tanto en cultivo de fécula como en el
de siembra, desaparezcan en pocos años. Esta proposición no de
ley que nosotros vamos a aprobar viene avalada por varias
comunidades autónomas, así como por cooperativas de patata
tanto de siembra como de consumo y, al parecer, tiene el visto
bueno de la Comisión Europea. Por tanto, sería conveniente que
esta
organización común de mercado de la patata se aprobase durante
el semestre de presidencia griega. Por ello, valoramos la
importancia de la proposición no de ley que hoy el Partido
Nacionalista Vasco presenta a esta Cámara.
La importancia de esta proposición no de ley viene dada porque
se propone la regulación del mercado, el
fomento de la agrupación de productores, fomento de la calidad
y también el mantenimiento de esta actividad para aquellos
sectores que son tradicionalmente cultivadores de patata.
Respecto al sistema de cuotas, al que todos los grupos
parlamentarios se han referido, nosotros estamos a favor de
él. Tenemos alguna duda sobre su virtualidad para la
aprobación por parte de la Comisión, pero entendemos que sería
uno de los mecanismos importantes, de salir adelante y de ser
aprobado por la Comisión, precisamente para favorecer a los
cultivadores tradicionales de patata en nuestro país.
Aparte de las anteriores consideraciones, quería señalar,
señorías, que en la regulación de la organización común de
mercado de la patata las agrupaciones de productores no
deberían quedarse únicamente en la producción, y que
deberíamos ir hacia la creación de estructuras comerciales
propias para la patata de consumo. No es gratuito (aquí nos
hemos referido continuamente a los países del norte europeo, a
Europa) que Holanda sea de los principales exportadores. Todos
tememos las exportaciones, las avalanchas de patata holandesa.
Holanda tiene, desde 1949, una oficina holandesa de la patata
y cuenta con 15.000 agricultores, 600 exportadores, 27
empresas de patatas que ahora, en la actualidad, no se dedican
únicamente al cultivo para siembra y para el consumo, sino
también al proceso de transformación de este producto, lo que
hace que últimamente nuestros mercados estén ya inundados de
productos transformados de patata
holandesa, que hasta ahora se han introducido en sectores de
mayoristas, sectores de empresas de catering, pero que van a
entrar, y con fuerza, en los sectores de restauración social:
hospitales, colegios, residencias de la tercera edad,
instituciones penitenciarias, etcétera.
Por ello, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya felicita al
Partido Nacionalista Vasco por la presentación de esta
proposición no de ley. La vamos a aprobar; la aprobaremos con
las enmiendas que el Partido Nacionalista Vasco quiera admitir
del Partido Socialista y del Partido Popular, e instamos a los
grupos parlamentarios a continuar en este trabajo para ir más
allá y hacer que estas agrupaciones de productores hagan
extensiva también su actividad y se potencien asimismo las
actividades de comercialización y transformación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría, a efectos de expresar la aceptación o
rechazo de las enmiendas defendidas.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, para fijar la posición res-pecto a las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Popular.
Primero, respecto a la presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, queremos indicar que observamos una carencia en su
texto, en la medida en que no se hace referencia a un tema que
para nosotros es crucial, como decía en mi intervención, como
es el contenido en el párrafo tercero de la parte resolutiva
de nuestra proposición no de ley, relativo al establecimiento
de un instrumento de cuotas de producción. Creemos que este
instrumento sirve como arma para garantizar el funcionamiento
estable y eficiente del mercado, sirve también para mejorar la
competitividad de la producción comunitaria, y disciplina la
oferta y los precios, siendo, por tanto, un argumento para la
protección del mercado interno. En este sentido, si el Grupo
Parlamentario Socialista lo aceptara, estaríamos de acuerdo en
la petición verbal realizada por la portavoz del mismo
respecto al párrafo segundo de nuestra proposición no de ley
relativo a que la participación en las agrupaciones de
productores fuera obligatoria. La portavoz socialista pedía
que, en vez de decir que sea obligatoria, se diga que se
fomente su participación. Si el Grupo proponente no tuviera
inconveniente, nuestro Grupo Parlamentario aceptaría
únicamente esa enmienda presentada verbalmente.
La enmienda del Grupo Parlamentario Popular relativa al
párrafo segundo va en la misma línea que la planteada por la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Por ello creo que
integraríamos la voluntad que se desprende de aquella enmienda
con lo expuesto por la portavoz socialista, y no aceptaríamos
la enmienda relativa al párrafo segundo presentada por el
Grupo Popular. En cuanto al párrafo tercero, creemos que
nuestra proposición no de ley recoge igualmente el espíritu
por ustedes planteado y, por tanto, mantenemos inicialmente
nuestra propuesta.
Por todo ello, señor Presidente, si el Grupo Socialista
aceptara la interpretación que nosotros hacemos de su
planteamiento, estaríamos muy agradecidos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Entiendo que el segundo párrafo quedaría, en la parte
afectada:
«...adoptando las medidas oportunas para su participación».
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, diría:
«... adoptando las medidas oportunas para fomentar su
participación».
El señor PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra la señora
Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, estamos de
acuerdo y, además, aprovechamos
para retirar nuestra enmienda porque consideramos que en un
tema como este, en que la delegación española está negociando
y los objetivos son comunes para todos, el consenso de la
Cámara es lo más importante. Por tanto, aceptamos la
modificación que ha admitido el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) y retiramos nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Isasi Gómez pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, retiramos nuestras
enmiendas y aceptamos el texto que ha propuesto finalmente el
Grupo Vasco (PNV). Lo señalo a efectos de que no se sometan a
votación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) que
se somete a votación en los términos resultantes de la
corrección transaccional introducida a la misma por el señor
Gatzagaetxebarría en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 313; a favor, 313.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE CREA LA AGENCIA NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE (Número de
expediente 162/000056)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular,
por la que se crea la Agencia Nacional de Medio Ambiente.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gortázar. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Vicepresidente, señorías,
subo a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo
Popular, la proposición no de ley en la que mi Grupo solicita
a la Cámara que inste al Gobierno a presentar, en el plazo de
seis meses, un proyecto de ley de creación de la Agencia
Nacional de Medio Ambiente, en sustitución de la actual
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.
No quisiera que sobre esto que parece sólo un modelo de
organización administrativa se ocultara el fondo de una
propuesta global, de un concepto o de una política del medio
ambiente distinta de la que ha practicado, desde 1982, el
Partido
Socialista. El objeto de la Agencia Nacional que proponemos es
mejorar la gestión medioambiental, simplificar y reducir la
burocracia y, consecuentemente, asignar mejor los recursos
disponibles. No queremos un nuevo organismo burocrático que se
acumule al impresionante repertorio de organismos con
competencias ambientales en nuestro país. El ciudadano español
que pretenda informarse del organismo competente ambiental
puede ahora, gracias a la Dirección General de Política
Ambiental, buscar en esta Guía de Organización Administrativa
del Medio Ambiente --que parece una guía telefónica, con tapas
amarillas--, entre sus cuatrocientas páginas, cuál es el
organismo competente o recurrente al que tiene que dirigirse.
La mitad de las
cuatrocientas Páginas de esta Guía es una enumeración de
organismos burocráticos, administrativos en ocasiones, bien
útiles en otras, pero, sin embargo, realmente prolijo y
complejo para encontrar dónde tiene que dirigirse un
ciudadano; el resto corresponde a la administración autónomica
y a la local. Señor Vicepresidente, permítame decir, con toda
claridad, que la eficacia de tanto organismo estatal es
directamente proporcional con el lamentable estado del medio
ambiente en España. Nunca hubo tanto organismo administrativo
para tan escasa eficacia. Es más, puede decirse que, cuanto
más aumenta el número de organismos, más se reduce la
posibilidad de encontrar claros responsables políticos y
administrativos.
A la lógica pregunta de la opinión: ¿Qué hará el Partido
Popular desde el Gobierno de la nación?, respondemos muy
claramente: Simplificar y concentrar la administración
ambiental. Por eso proponemos la Agencia Nacional del Medio
Ambiente. ¿Y para hacer qué? Para resolver problemas muy
concretos como, por ejemplo, ha hecho el Gobierno balear con
las aguas residuales. Queremos evitar que los operadores
turísticos alemanes aconsejen a sus clientes no viajar a una
zona importante de nuestro litoral mediterráneo por el estado
calamitoso de las aguas residuales. El señor Borrell asegura
que este importante tema se resolverá en veinte años, el 2014,
con seis billones de pesetas. Nosotros decimos a los
empresarios turísticos, a los trabajadores y vecinos de esas
zonas que vean lo que ha hecho el Gobierno balear, que trata
al cien por ciento las aguas residuales y no vierte un solo
litro de aguas sucias en el Mediterráneo.
Otro problema concreto que resolveremos, como lo está haciendo
la Junta de Galicia, será reducir los incendios forestales. A
los ciudadanos preocupados por la impunidad de los pirómanos y
la imprevisión del Gobierno en relación a los incendios
forestales, les decimos que observen la drástica reducción
conseguida por los vecinos y la acción preventiva de la Junta
de Galicia.
Un último ejemplo, aunque podría enumerar una enorme cantidad
de ellos referentes a las administraciones
autonómicas que gobernamos, en relación a los espacios
naturales protegidos, en este caso en la Junta de Castilla y
León. A los vecinos preocupados por el afán expropiador de los
derechos de uso por parte del Icona les sugerimos que vean las
propuestas de política ambiental del Gobierno de Castilla y
León de protección de espacios naturales, en donde los parques
naturales o regionales no son el resultado de una imposición,
sino de un acuerdo y donde los vecinos aceptan las figuras de
protección en cuanto que las perciben como un beneficio y
aseguran la continuidad y mejora de su sostenimiento y no una
penalización precisamente por haber mantenido aquellos
territorios adecuadamente.
Frente a esta experiencia de los gobiernos autonómicos del
Partido Popular, el Partido Socialista centra su acción en la
burocracia y es particularmente aficionado a la constitución
de consejos consultivos y asesores.
Recientemente hemos asistido a un rocambolesco nombramiento
del Consejo Asesor del Medio Ambiente, en el que el Ministerio
de Obras Públicas no se había puesto de acuerdo previamente
con el resto de los Ministerios y, después de anunciar a bombo
y platillo el próximo nombramiento, tuvo que ampliar y demorar
la designación de sus componentes. He ahí una muestra más de
la descoordinación y pelea de la pequeña política sobre
competencias entre los diversos Ministerios y, en medio de
estas disputas, los unos por los otros y la casa sin barrer.
Pondré otro ejemplo en relación a los esenciales informes de
impacto ambiental. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
que depende del Ministerio de Obras Públicas, elabora informes
distintos de los que confecciona el Icona, que depende del
Ministerio de Agricultura. A esto se añade una deslucida
participación de la delegación española en la reunión
internacional de conservación de la naturaleza, celebrada en
Buenos Aires, que finalmente ha costado el cese del
Subdirector del Icona. Por tanto, señor Vicepresidente,
estamos ante claros y repetidos ejemplos de descoordinación,
irresponsabilidad y gestos teatrales corolario de una política
ambiental postmoderna, más pensada en lo aparente que en
servir los intereses
nacionales, los intereses de la ciudadanía en su conjunto. Una
política costosa e ineficaz más pensada para la neutralización
de los grupos ecologistas y para salir en la prensa que para
abordar con rigor los serios problemas de nuestro país. Una
política cuyo objetivo es la justificación intervencionista
del señor Borrell, que imagino que en estos momentos estará
dando una rueda de prensa sobre planes de medio ambiente que
luego
sistemáticamente no cumple.
Al señor Borrell le encantan los consejos asesores, los
institutos, las direcciones generales, etcétera. En última
instancia, tiene un concepto terriblemente intervencionista y
él se jacta de ello. En este sentido le decimos que nosotros
tenemos un concepto distinto, no intervencionista y sí de
solución rigurosa de los problemas medioambientales de la
nación.
Señor Vicepresidente, el Grupo Popular en el Senado presentó
una moción en la Cámara Alta, el pasado 3 de noviembre, en la
que pedíamos que el Gobierno de la Nación, en el plazo de seis
meses realice una reforma de la Administración central por
medio de la cual se residencien todas las competencias de
dicha
Administración en materia de medio ambiente en un único
organismo, sin que esta medida genere un aumento del número de
funcionarios, ni un incremento del gasto público.
El Grupo Socialista no aceptó esta redacción inicial y
finalmente se llegó a una transaccional, que se votó
prácticamente por la totalidad de la Cámara, en la que se
reconocía explícitamente la necesidad de una mayor
coordinación e integración de competencias sin aumentar el
número de funcionarios ni el gasto público. En coherencia con
nuestra moción presentada en el Senado, pedimos la sustitución
de la actual Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la
concentración de competencias en un único
organismo, fundamentalmente de las que ahora tiene la
Secretaría de Estado dentro de Obras Públicas y el Icona en
Agricultura. El compromiso del Grupo Popular es tratar de
evitar la
proliferación de organismos burocráticos inoperantes que sólo
favorecen la ineficacia y el gasto público. Por eso me explico
las dificultades que tiene el Grupo Socialista para votar esta
proposición.
En el fondo no estamos ante el debate de si el organismo ha de
ser de un tipo o de otro. No estamos ante el debate de una
agencia nacional de medio ambiente, una agencia española o un
ministerio. Estamos en el enfrentamiento de dos conceptos
distintos. Por un lado un concepto reglamentista, burocrático,
dirigista, intervencionista, en última instancia borrelliano y
por otro ante una propuesta que busca la simplificación
administrativa, la reducción del gasto público y la
clarificación de las responsabilidades políticas en una
materia como ésta de alta sensibilización para los ciudadanos,
y es que el
intervencionismo medioambiental se ha convertido en el último
refugio de la ideología socialista y de la acción política del
actual Gobierno; pero por muy bien intencionado que éste sea,
al igual que ocurrió con la economía planificada, la
experiencia demuestra que la burocracia obtiene una deficiente
información de los complejos problemas sociales y una errónea
política de incentivos.
Desde el Partido Popular defendemos el marco de referencia
ambiental basado en la libertad, en la responsabilidad
individual, en el derecho de propiedad, en los usos
tradicionales y en los mecanismos de información que facilita
el mercado. Por eso queremos crear la Agencia Nacional del
Medio Ambiente, para aplicar una política distinta en la que
prime la eficacia y la capacidad
de los ciudadanos de acudir a un responsable o interlocutor
prestigioso e independiente.
Se da la circunstancia de que el Ministerio agresor por
autonomasia del medio ambiente es el de Obras Públicas, quien
a su vez tiene las mayores competencias sobre el medio
ambiente. Señorías, ¿qué credibilidad puede tener la
declaración de impacto ambiental aprobada y muchas veces
elaborada por el mismo Ministerio que tiene que aprobar la
adjudicación de una obra? Eso es lo que ocurre ahora en
España. Se da la circunstancia de que lo que en lenguaje liso
y llano se llama ser juez y parte de un mismo tema.
El gran error de los enfoques burocráticos e
intervencionistas, socialistas en suma, como señalaba el
Premio Nóbel de Economía Hayes, es la fatal arrogancia de
pretender sustituir la
información que proporcionan los intereses de los particulares
por un gran hermano, un moderno Leviatán, un pretendido
vigilante que justifica el intervencionismo, precisamente
cuando éste es más difícil de vender en la opinión pública.
Lo que es realmente importante es asignar a cada cual su nivel
de responsabilidad. La Administración del Estado tiene la
responsabilidad de proponer normas básicas claras y hacerlas
cumplir. Las Cortes tienen que establecer el marco normativo
en el que se tienen que desenvolver los particulares y todas
las administraciones del Estado. Esto, que ya es mucho, es una
tarea esencial y no tiene sentido que el Gobierno invada
competencias ajenas cuando ni siquiera resuelve sus
competencias exclusivas. Señor Vicepresidente, el origen
histórico de este casi ya bicentenario parlamento, y de todos
los parlamentos del mundo civilizado, se fundamenta en un
control y limitación del poder de los gobiernos y de su
tendencia a sobrepasar el gasto, el límite de ingresos que le
confían los ciudadanos.
Pues bien, el Grupo Popular hace hoy una propuesta positiva,
congruente con las modernas políticas presupuestarias, con el
fin de no duplicar organismos, centralizar y clarificar
responsabilidades.
Ya termino, señor Vicepresidente, señorías, aún estamos a
tiempo de recuperar el medio ambiente a pesar de las
oportunidades perdidas en los últimos años. En el medio
ambiente hay algo peor que el burocratismo socialista, la
inacción y el despilfarro de medios. Frente a una política
socialista de gestos y propaganda, el Partido Popular intenta
abordar y resolver problemas concretos proponiendo esta
Agencia Nacional e informando a la opinión de cuál será
nuestra opción de modelo político ambiental.
Nos proponemos aplicar el sentido común y los principios
políticos de libertad y responsabilidad, y contamos con el
concurso y colaboración de expertos y de los sectores
interesados en resolver los problemas que hoy todavía estamos
a tiempo de solventar. Contamos también con la experiencia de
diversos gobiernos autonómicos y en esa tarea, señorías,
pueden tener la seguridad de que el próximo gobierno del
Partido Popular hará frente a estos nuevos retos desde el
rigor y la responsabilidad. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, señorías, me
comprometo ante SS.SS. a refrenar mis tentaciones de entrar al
debate generalista, multiforme, confusor de planos y de
perspectivas que hemos oído y que se ha reiterado en bastantes
ocasiones. Más de una de SS.SS. sabe que en ese tema me va la
marcha y suelo entrar al trapo, pero esta vez no lo voy a
hacer. Y no lo voy a hacer porque mi misión en este momento es
la de explicar ante SS.SS. --porque puede ser útil-- cuál es
la razón por la cual el Grupo parlamentario Socialista ha
presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo
parlamentario Popular que, ya les avanzo, es reproducción
textual y literal de la que en el Senado tuvo una aprobación
mayoritaria en fecha reciente; tan textual y literal que lo
único que se ha sustituido --como era lógico-- es el
encabezamiento y donde decía: «... el Senado insta al
Gobierno...», aquí dice: «... el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno...».
Señorías, para comprender la razón de esta enmienda permítanme
que ante ustedes haga una ligera y sucinta secuencia de
acontecimientos que lo explican y, en nuestra opinión, lo
avalan. Al principio del pasado período de sesiones,
coincidente con la legislatura, se presentó en el Senado una
moción en la que el Grupo parlamentario Popular --incluso se
ha leído textualmente--proponía que el Gobierno quedaba
emplazado--reitero ese detalle para ver diferencias
posteriores-- en un plazo de seis meses a proceder a una
reforma de la Administración central, consistente en que todas
las competencias que existiesen --como ellos dicen en su
texto-- se residenciasen en un único organismo --se entiende,
y ello es cierto, las relativas a competencias sobre temas
ambientales--, y se añadía una coletilla --que luego viene
arrastrándose siempre-- que decía que esa residenciación en un
único organismo tuviese lugar sin incremento del número de
funcionarios ni del gasto público.
Esta moción dio origen a un debate, el 3 de noviembre, en el
que el Senado llegó a una votación mayoritaria: 200 votos a
favor, uno en contra y sólo 12 abstenciones. Pero no sobre el
texto --y esto es importante-- de la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, sino sobre un texto absolutamente
distinto --y es lo que me importa resaltar ante SS.SS.-- que
sí tuvo este apoyo mayoritario. El texto había sido presentado
por todos los grupos, incluido el Grupo Parlamentario Popular,
porque en él figuraba la firma de su portavoz señor Ruiz-
Gallardón. Ese texto es distinto del de la moción del Grupo
Parlamentaria Popular, porque donde había un emplazamiento a
hacer algo en un término de seis meses, se dice que se siga
profundizando. Pero, ¿en qué, señorías? En una mayor
coordinación e integración.
Si hay algo contrario a residenciar todo en un único
organismo, es propugnar que se continúe en la profundización
de la
coordinación y de la integración. Incluso se utilizaba la
expresión de que «en su caso» --que quiere decir, perdón la
reiteración, señorías, si procede, si se considera oportuno--
se procediese, no a la reforma, sino a las «adaptaciones
administrativas correspondientes». Continuaba (lo que yo he
calificado de coletilla y de lo que alguna de SS.SS.
discrepaba, no era en tono despectivo, simplemente lo he
calificado así porque estaba al final) el corolario final,
diciendo que todo esto tenga lugar sin incremento del número
de funcionarios ni de gasto público. Esos buenos deseos que se
hacen en muchas
ocasiones.
Señorías, lo que me importa aclarar es que el texto que
realmente consiguió el gran consenso del Senado no tiene nada
que ver con esta proposición no de ley. En la expresión
reglamentista del Senado se dice «modificación»; yo la
llamaría «transmutación», porque no tiene nada que ver un
texto con otro. El texto con el que se instó al Gobierno es el
que acabo de mencionarles. ¿Por qué, señorías --incluso
después de la lectura atenta de las intervenciones que
tuvieron lugar en ese debate--, creo que se produjo este
cambio de texto y de posición política de fondo que a mí me
importa resaltar? Señorías, yo citaría varias cosas, pero una
de ellas --no la menor, pero sí tal vez la primera-- es que
sólo algunas semanas antes de la celebración de ese debate, y
desde luego en el momento en el que se presentó la moción,
habían tenido lugar iniciativas gubernamentales que, desde
nuestra perspectiva, no son baladíes. Por ejemplo, el Real
Decreto 1.773, de 13 de julio, hace que por primera vez en el
Gobierno de España haya un Ministro en el cual están
residenciadas expresamente las competencias ambientales. Esa
presencia, más que como organismo de Gobierno, en ese Consejo
de Ministros de alguien responsable de las competencias
ambientales y a su vez muy importante como interlocutor,
dentro de la Unión Europea, de las competencias ambientales,
no nos parece cuestión menor. En el Real Decreto 1.671, de 24
de septiembre, se procede a una definición de los objetivos y
finalidades de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda y se hace una profunda ruptura con
planteamientos anteriores. Por lo tanto, señorías, en más de
alguno de los Senadores --estoy seguro-- esas modificaciones
recientemente introducidas merecían alguna atención para ver
sus resultados.
Habría una segunda cuestión que también --no en exclusiva,
sino concurrente con todas las que voy a citar--, estoy
seguro, tuvo lugar en las reflexiones de los señores
Senadores. Hay muchos grupos parlamentarios, entre ellos el
nuestro, que tienen muy claro que existen ciertos repartos
competenciales, cierta distribución competencial; esa es una
realidad y olvidarla o no partir de ella es, primero un
profundo error y, segundo, no hay razón para él. El artículo
148.1 de la Constitución Española, en la novena materia que
entonces decía asumible, pero que hoy hay que decir que está
completamente asumida por todas las
comunidades autónomas, cita precisamente la gestión de los
temas ambientales y la normativa adicional sobre las que se
hagan de base en función del artículo 149.1, ya que en la
vigésimo tercera de las competencias exclusivas del Estado se
reconoce la
competencia sobre la legislación básica. Hay incluso otra más
que hay que tener permanentemente presente en este profundo
respeto a la distribución competencial: mientras la Ley
7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, sea la que es y su
artículo 25, párrafo 2.f) sea el que es, las competencias, y
en consecuencia responsabilidades, de las corporaciones
locales en los temas ambientales son incuestionables. Por
tanto, en muchos de esos Senadores ha tenido que pesar la
reflexión de que en el complejo entramado competencial que
significa el Estado español no convienen precipitaciones que
puedan producir efectos
indeseables.
Estoy seguro de que también habría quien --como es, por
ejemplo, el caso de nuestro Grupo-- tendría presente la
reflexión acerca de la distribución de competencias que existe
entre nosotros y que nosotros no consideramos dispersión. En
un castellano de la meseta sólo es dispersión aquella
distribución que no tiene coordinación, y no es un juego de
palabras; sólo quienes
consideran que no somos capaces de que la distribución de
competencias, incluso dentro de los organismos ministeriales,
pueda ser coordinada la califican de dispersión. Entre esto y
el detalle de que, como ya se han sedimentado los lirismos y
las fantasías del «post» Conferencia de Río y queda lo
verdaderamente sustancial, la consideración de que Río 92 es
un punto de inflexión y ahora sí queda descarnado el verdadero
e importante motor de todo el problema ambiental, que es de
naturaleza intrínsecamente económica: la proyección de
externalidades económicas entre actividades, o entre países, o
entre generaciones, es lo que está haciendo que esa
destrucción ambiental avance y, por lo tanto, su naturaleza
económica exige también una aproximación de naturaleza
económica. Esto hace, señorías, que para muchos de nosotros no
sólo no nos baste un ministerio de medio ambiente, sino que
necesitamos un gobierno capaz de impulsar una política
ambiental distinta.
Yo les diría más incluso, señorías; es necesario una sociedad
en la que se haga la reflexión en los modelos de desarrollo
que han venido manteniéndose hasta ahora. No son compatibles
con un futuro ilimitado y, por lo tanto, deben ser revisados.
Estas reflexiones tan complejas estoy seguro que estuvieron en
la mente de más de un Senador y, desde luego, alguna de ellas
debió estar en la del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor Ruiz-Gallardón, cuando le movió no ya sólo a
votar, sino incluso a firmar entre los proponentes de ese
texto que obtuvo la mayoría, tan distinto del de esta
proposición no de ley. Pues bien, señorías, ¿qué es lo que nos
encontramos, y es el motivo de la posición que estoy tratando
de defender? Que simplemente un par de semanas después --el
debate del Senado fue el 3 de noviembre-- en el Registro del
Congreso, el 25 de noviembre, el Grupo Parlamentario Popular
presenta una
proposición no de ley en la que se vuelven a reiterar el
emplazamiento a seis meses, la modificación tan profunda como,
incluso, la desaparición de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, para ser sustituida por una agencia nacional --aquí
ya le ponen nombre, incluso al organismo único--, pero que
vuelve a ser reiteración exacta del texto que ni siquiera su
portavoz en el Senado pudo mantener y, desde luego, no votó.
En resumen, como explicación de todo ello, creemos que esta
proposición, en el mejor de los casos, significa una
precipitación. Saben SS.SS. que el Reglamento del Senado
concede un plazo de seis meses, en su artículo 172.8, para que
el Gobierno informe de cómo instrumenta o responde a las
iniciativas que le instan desde la Cámara Alta. Por tanto, lo
que hay, por lo menos, es precipitación demasiado ardorosa.
Desde nuestro Grupo Parlamentario...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Dávila, vaya
concluyendo, por favor.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, simplemente quiero
decir que encontramos que fueron tan lógicos los motivos que
movieron a aprobar el texto que salió del Senado que al no
haber, al menos desde nuestra percepción, causas justificadas
que modificasen esa percepción, nos parece que seguir
propugnando la profundización de la coordinación y, en su
caso, la adopción de adaptaciones administrativas, hace que
con nuestra iniciativa al presentar esta enmienda demos
ocasión al Grupo Parlamentario Popular para que su portavoz en
este acto parlamentario en que nos encontramos facilite, como
lo hizo el Senador Ruiz-Gallardón en el Senado con su unión a
la propuesta de gran mayoría, el que aceptando nuestra
enmienda podamos expresar también en esta Cámara ese consenso,
esa gran mayoría. El Senado dio una lección hacia el futuro y
si el Grupo Popular, por boca de su portavoz, acepta la
enmienda que nosotros hemos presentado, nos darán ocasión a
los restantes grupos para poder manifestar también esa gran
mayoría que merece y espera de nosotros desde tiempo atrás un
tema de las características del que comentamos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria, al fijar su posición ante esta proposición
que nos trae el Grupo Parlamentario Popular, adelanta que la
apoya y va a votar favorablemente.
El señor Dávila ha invocado acertadamente aquí la legislación
que existe sobre distribución competencial. Teniendo en cuenta
lo que señalan determinados artículos de la Constitución
española, que marcan las competencias del Estado en materia de
medio ambiente y la capacidad de transferencia a las
comunidades autónomas, debemos manifestar que son muchas, por
no decir todas, las comunidades autónomas del Estado español
las que en este momento tienen competencias en medio ambiente.
Les recuerdo, por lo que afecta a Coalición Canaria, que el
apartado a), del artículo 33, del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad canaria señala las competencias que han de ser
ejecutadas por la Comunidad Autónoma en materia de medio
ambiente, de acuerdo con las leyes
legislativas de ámbito estatal.
El señor Dávila, también acertadamente, no sólo se ha quedado
en las comunidades autónomas, sino que ha hablado de las
competencias municipales, con lo que llegamos a la conclusión
de que, si los ayuntamientos no ejercen competencias
medioambientales, mal funcionará el medio ambiente en España.
Además, en el caso concreto de la Comunidad Autónoma canaria,
incluso tiene competencias la propia administración insular de
los cabildos. Por tanto, nos podemos encontrar con una
auténtica constelación de entramados competenciales entre el
Estado, las comunidades autónomas, los cabildos insulares, que
en el caso del archipiélago canario son siete, y los
ayuntamientos, que también ejercen una serie de
responsabilidades en materia de medio ambiente.
Yo no sé si es que vamos a tratar de hacer una especie de
estilo o género literario con el asunto del medio ambiente,
pero en este tema creemos que la propuesta del Grupo Popular,
sin entrar a enjuiciar aquí lo que pasó en el Senado, aporta
un componente importante ante este maremágnum de competencias
y de distribución de las mismas, incluso a nivel estatal,
mediante la creación de una agencia del medio ambiente, con
todas
las garantías y cautelas en cuanto al tipo de plantilla, así
como también tratando de evitar el aumento del gasto público y
la sujeción a unos presupuestos ordinarios.
Para mí tendría más justificación que las competencias en
medio ambiente estuvieran en el Ministerio de Industria en
este momento que en el Ministerio de Obras Públicas, y que
también las ejerciese el Ministerio de Educación y Ciencia,
aunque fuese desde un punto de vista pedagógico, por llamarlo
de alguna manera. Porque yo no sé si es más importante en
estos momentos en España ejercer una labor pedagógica sobre el
medio ambiente o ejercer funciones ejecutivas relativas al
medio ambiente. Pero no solamente nos podemos parar aquí, ya
que la denominada reforma Ledesma del Código Penal de la
segunda legislatura introdujo el delito ecológico y, por
tanto, tiene que llamarse también como parte al Ministerio
Fiscal, y/a los jueces y magistrados que tengan que fallar las
denuncias --muy escasas por cierto-- que incoadas por parte de
dicho Ministerio Fiscal o de quien proceda lleguen ante los
tribunales de justicia.
Por tanto, si aquí hubiera que armonizar las competencias
legislativas y ejecutivas sobre medio ambiente, yo creo que la
figura de la agencia es oportuna y pertinente. Lo que no
podemos es seguir haciendo retórica en la profundización del
medio ambiente porque vamos a terminar en las antípodas,
saliendo por Nueva Zelanda.
Cuando España postuló, señores que apoyan al Gobierno, la sede
en España de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se
aportaron unos razonamientos, pero ¿qué ocurrió? Que ibamos
bastante en precario, porque pedir para España la sede de la
Agencia Europea de Medio Ambiente sin tener nosotros una
agencia nacional de medio ambiente, suponía que desde la Unión
Europea nos
contestasen diciéndonos que comenzásemos por tener la agencia
en nuestra propia casa antes de pedir la sede de la Agencia
Europea de Medio Ambiente. Era una incongruencia.
Pero tan incongruente y tan incoherente es que en estos
momentos España no tenga una Agencia Nacional de Medio
Ambiente, frente a esa petición formulada a la Unión Europea
en razón de los tratados existentes, como que en este momento
hayamos localizado la sacralización administrativa del medio
ambiente ni más ni menos que en la Secretaría de Vivienda y
Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas. Si antes
existía una Secretaría de Estado de Medio Ambiente, cuyo
titular era el actual Ministro de Agricultura, resulta que
ahora se refunde en el Ministerio de Obras Públicas y aparece
en un sitio verdaderamente incoherente: en la Secretaría de
Estado de la Vivienda. No se puede mezclar con el tema de la
vivienda el medio ambiente, porque, como sabemos y como ha
expuesto con un ejemplo el Portavoz del Grupo Popular, en una
acción de informe de impacto ambiental, ¿cómo un funcionario
del Ministerio de Obras Públicas, adscrito a vivienda o
carreteras, va siquiera a proponer un informe negativo a una
obra del propio Departamento? No lo haría por razones de
Estado, por razones políticas y por razones de interés público
(de amplia consideración y que yo apoyaría). Pero seamos
consecuentes, teniendo una obra pública todo el apoyo de
interés social, etcétera, pueden producirse ataques a ese
patrimonio
medioambiental que un informe de impacto aconseje a un
funcionario vocacional y administrativamente responsable a
emitir un juicio negativo. Ni qué decir tiene que este
funcionario lo va a tener difícil para promocionarse dentro de
la Secretaría de la Vivienda y Medio Ambiente.
Parecería mucho más lógico y natural si, como dice la enmienda
socialista --que a mí no me gusta y por tanto en esta toma de
posición me defino en contra para no hacer una retórica--,
decimos que se siga profundizando en una mayor coordinación e
integración de la competencia; qué mayor coordinación e
integración de las competencias, señor Dávila, que una agencia
nacional del medio ambiente que imparta una doctrina al
respecto y que coordine todo ese ámbito de distribución
competencial, que en este momento está disperso, porque no hay
comunidad autónoma, no hay cabildo, no hay ayuntamiento que se
crea en este momento como doctrina una norma de medio ambiente
emanada desde la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente del
Ministerio de Obras Públicas correspondiente; no tiene
credibilidad administrativa ni doctrinal ni aplicativa alguna.
Por tanto, creo que deberíamos consentir su creación, porque,
además, lo que me extraña de la enmienda socialista es que,
con la magnífica invocación que ha hecho el señor Dávila --que
apoyo-- a la distribución competencial, aquí sólo se refieren
a la Administración central; no sé por qué se ha excluido de
esta enmienda que trae el Grupo Socialista la Administración
periférica, la Administración autonómica, y también la
Administración municipal en este caso, porque ha sido invocado
por él. No sé si es que ha sido redactada con rapidez y en el
tema de la profundización ni siquiera se ha hecho una lectura
lateral de las administraciones competentes al respecto,
porque al menos la propuesta del Grupo Popular, en su apartado
f), señala la cooperación y coordinación entre las
administraciones públicas, en las que hay que leer que se está
dando entrada a las comunidades autónomas y a la
Administración local.
Europa está valorando positivamente a los países que están
haciendo un esfuerzo institucional (no competencial sino
institucional) en el tema del medio ambiente, y ya vimos el
fiasco que nos llevamos cuando pedimos la sede para España --y
lo reitero-- de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que se
la llevó Dinamarca país
que, como ya la tenía, poseía una plataforma de experiencia
para, desde su agencia nacional, ir hacia la Agencia Europea.
Esto es sencillamente de lo que se trata. A lo mejor dentro de
pocos años estaremos de una manera muy natural creando en
España, con la pertinente disposición
legislativa, la Agencia Nacional del Medio Ambiente, porque lo
que no puede ser es que aquí unos por otros tengamos la casa
sin barrer, y el deterioro medioambiental de España es cada
vez una materia más denunciable; el deterioro de costa, de
playa es ya preocupante desde un índice no solamente medible
en turistas, sino medible en sanidad, medible en calidad de
vida.
Yo creo que si España ya tiene ese compromiso y lo quiere
mantener, la mejor manera de ponernos en la órbita europea es
sencillamente la creación de una agencia, que yo creo que con
que fuera solamente un organismo coordinador van a agradecer
todas las adminstraciones públicas, autonómicas, locales y
ministeriales, porque España tiene muy bien atribuidas estas
competencias en distintos rangos.
Por esa razón, Coalición Canaria va a apoyar el sentido, el
fondo que trae aquí la proposición no de ley del Grupo
Popular. Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Mardones.
Para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, tomo
la palabra para fijar nuestra posición acerca de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y de
entrada quiero decir que el que entendemos que es el objetivo
último de la iniciativa, el conseguir una mayor coordinación y
eficacia de las
competencias medioambientales de la Administración central,
nos parece no sólo deseable, sino también necesario.
Creo que no está de más que nos preguntemos de nuevo en voz
alta sobre las consecuencias prácticas de la distribución de
la política medioambiental entre, al menos, seis departamentos
ministeriales, sobre la capacidad real de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente de coordinar dichas políticas y,
sobre todo --y esto le parece muy importante a nuestro Grupo--
, de impregnar de contenidos medioambientales la actuación de
todos y cada uno de los distintos ministerios del Gobierno.
Como decía hace un momento, éste no es un debate nuevo, puesto
que hemos tenido sobradas ocasiones de mantenerlo en la
correspondiente Comisión de la Cámara.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán siempre hemos creído que
la política medioambiental es una política interdepartamental
y que, por tanto, es una política que no se agota en la
gestión de un Ministerio. En nuestro caso, trasladando esta
reflexión a la práctica, entiende este Diputado que, como
señala el quinto programa comunitario en materia de medio
ambiente, debemos de avanzar hacia una mayor integración de
las políticas de la Administración central en la materia y, si
quieren ustedes, de todas las políticas en materia
medioambiental.
¿Cómo podemos conseguir avanzar en este camino? Yo creo,
sinceramente, que la única vía posible es a través del
convencimiento y del compromiso político. Del convencimiento
de que la política medioambiental es un componente fundamental
de toda política de bienestar social, y que hoy en día el
realizar una política medioambiental eficaz constituye un
deber
inexcusable no sólo de todos los gobiernos, sino también de la
sociedad actual para con las generaciones futuras, ya que
lógicamente nos podrían pasar factura por los problemas
medioambientales que tanto a escala local como a escala
mundial no seamos capaces de resolver, optando
irresponsablemente por diferirles el problema y su solución.
Situándonos a nivel de la Administración central del Estado,
que al fin y al cabo es a la que le compete controlar este
Parlamento, ¿qué organismo es el que debe gestionar estas
competencias? Pues entiende este Grupo Parlamentario que debe
ser un organismo administrativo con rango y capacidad
suficiente, pero sobre todo con unos responsables políticos al
frente de los mismos con las ideas claras acerca de la
política medioambiental que requieren nuestros problemas y de
cuál es su papel en un Estado en el que, como se ha dicho
reiteradamente en el debate de esta tarde, las competencias de
gestión en política
medioambiental residen en las comunidades autónomas.
Este papel entendemos nosotros que lo puede desempeñar
perfectamente una Secretaría de Estado de Medio Ambiente. No
voy a entrar en la discusión de si es correcto y conveniente
que, además, en esa Secretaría de Estado residencien las
competencias de vivienda; creo que éste es otro debate que hoy
no toca tratar, pero creemos que así será; es decir, creemos y
confiamos en la capacidad de la actual Secretaría de Estado
para desempeñar correctamente el papel que le atribuye a la
Administración central del Estado nuestro bloque
constitucional.
Queda claro, pues, con ello que no consideramos necesaria la
creación de una agencia. Es más, leyendo con detenimiento la
proposición no de ley del Grupo Popular, tanto en su
exposición de motivos como en el articulado se relacionan las
competencias que debería asumir la agencia que ellos proponen.
Nosotros nos preguntamos en voz alta si esas competencias no
las puede asumir, y si no las está asumiendo ya, la Secretaría
de Estado. Que las puede asumir es evidente. Si concluyéramos
que no las está asumiendo, podríamos exigir responsabilidad
política al Gobierno para que así lo hiciera.
Pero, como decía, creemos que no es necesaria la creación de
una agencia, y no sólo por lo expuesto, sino porque, además,
dado el reparto de competencias en política medioambiental en
nuestro país, la figura de la agencia no es la más adecuada
para
residenciar las que tiene la Administración central, que, como
decía hace un momento, se relacionan correctamente en el texto
de la proposición no de ley. Una agencia es un ente público
fundamentalmente de gestión, y las competencias de gestión en
política medioambiental --como reiterábamos hace un momento--
es sabido que corresponden fundamentalmente a las comunidades
autónomas.
Les voy a dar otro argumento que para nosotros es muy
importante, aunque quizá para otros grupos no lo sea tanto.
Nuestro Grupo Parlamentario ha defendido siempre, en los
programas electorales con los que ha concurrido a las
elecciones generales, la creación de esta Secretaría de
Estado. Pero no lo defendimos en el año 1993 ni en el año 1989
--que también lo hicimos-- ya lo
defendíamos en el año 1986, cuando no existía la Secretaría de
Estado. Con ello quiero dejar muy claramente sentada cuál es
nuestra posición sobre futuros debates que se pudieran
plantear acerca de cuál es el organismo más conveniente para
gestionar estas competencias.
Por ello, y aun estando de acuerdo con el fondo de la
iniciativa, no podemos votarla favorablemente, y quedamos a la
espera de lo que decida el Grupo proponente respecto de la
aceptación o no de la enmienda planteada por el Grupo
Socialista, que es evidente que --como ha dicho el propio
ponente socialista-- es reiterativa con lo que aprobó el
Senado el pasado 3 de noviembre, pero entendemos que no
estaría de más que esta Cámara, el Congreso de los Diputados,
manifestara, una vez más, la voluntad política del Parlamento
acerca de cuál debe ser la línea que debe orientar la política
medioambiental de nuestro país en el aspecto
competencial.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Recoder.
Por el grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Como se sabe, la estrategia verde, ecológica es fundamental
para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Alcaraz.
Por favor, señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
Puede continuar.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
A nuestro juicio, el desarrollo tiene dos límites no
franqueables: el de la ética y el del equilibrio ecológico.
Por tanto, y desde ese punto de vista, nosotros,
administrativa, política y gubernamentalmente apuntamos alto.
Hace un par de meses hemos presentado en el Registro de esta
Cámara una
proposición de ley pidiendo la creación del ministerio del
medio ambiente. Pensamos que hay que ir a una unidad
administrativa y a una vocación política en el terreno de la
ecología que no se mezclen con ningún tipo de medias tintas,
con ningún tipo de desvío administrativo, político o
ideológico.
En ese sentido, indudablemente no compartimos que se dedique
tan poco dinero al tema del medio ambiente en los Presupuestos
Generales del Estado. En esto ya no coincidimos ni con el PSOE
ni con el Partido Popular. Ustedes confunden austeridad con
gastar menos en todo. No, gastar más en el futuro es también
austeridad, y la ecología es precisamente eso, la solidaridad
con el futuro. Por tanto, no aceptamos que los presupuestos
contengan de una manera diseminada, dispersa, solamente
123.000 millones dedicados al medio ambiente, es decir,
aproximadamente un 0,8 del total de los Presupuestos Generales
del Estado, y por eso no nos vale esa cautela que ustedes
utilizan de corte electoral: que no aumente el gasto, que no
aumenten los funcionarios. No tiene sentido alguno hablar de
que el medio ambiente tenga más
importancia y confundir austeridad con limitación en la
propuesta política y administrativa que se hace.
De otra parte, nosotros hemos sufrido la actuación de una
agencia de medio ambiente, el AMA, la Agencia de Medio
Ambiente andaluza, que en función de su adscripción
aministrativa, en función de sus pocos medios, en función de
que está al pairo de las distintas consejerías, es peor que si
no existiera. Nosotros creemos que sería bueno pasar de la
situación actual, donde incluso hay una Secretaría de Estado
que indudablemente no concentra ni coordina las distintas
actuaciones ni mucho menos el dinero disperso, a la creación
de un ministerio de medio ambiente.
Hay una serie de cuestiones en la proposición no de ley del
Partido Popular que también nos llevan a tener una duda menor,
no ya de tipo político o de carácter ideológico, sino más bien
de tipo administrativo, pero son datos a tener en cuenta a la
hora de anunciar nuestra posición.
No se puede valorar en profundidad la proposición no de ley
del Grupo Popular al faltarle datos como, por ejemplo, el
rango y la dependencia administrativa a esa
agencia de medio ambiente, y dado que actualmente existe una
Secretaría de Estado, repito, a nuestro juicio sólo valdría
una figura con participación directa en el Consejo de
Ministros. No se puede sustituir algo muy débil y disperso por
algo que en el caso de Andalucía tiene una actuación
absolutamente negativa, dada la enorme potencia de la
consejería aquí, allí de los ministerios, que indudablemente
la están presionando, atravesando constantemente desde la
política desarrollista a ultranza que el Partido Socialista
Obrero Español viene poniendo en práctica en cuanto a la
economía.
Por otro lado, creemos que la figura de ente de derecho
público no es la más apropiada para un organismo que tiene que
legislar y diseñar políticas en donde las funciones de control
y de sanción son especialmente importantes, y el personal
adscrito a ese ente no serviría de infraestructura suficiente
para estas funciones que le acabo de anunciar.
Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que debido a la
filosofía que hay en el fondo, menos gasto público en medio
ambiente --eso choca con nuestra posición--; debido a la
figura que se diseña; debido a la experiencia política que
tenemos con respecto a Andalucía, porque nosotros apuntamos
directamente a un ministerio de medio ambiente, en principio
nos vamos a abstener ante la presente proposición no de ley
del Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alcaraz. El señor Gortázar tiene la palabra a los efectos de
indicar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo
Socialista.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, en relación
con la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo
Socialista yo le digo al portavoz, señor Dávila, que no busque
tres pies al gato, por cuanto en noviembre pedimos lo mismo
que estamos pidiendo ahora, es decir, un único organismo que
residencie el conjunto de las competencias. En ese sentido no
hay una
contradicción, sino en todo caso una repetición de posiciones,
porque realmente hay dos modelos: uno de dispersión, de
subordinación, y otro modelo de concentración, de rigor, de
ahorro y de eficacia, que es el que ofrecemos en esta
proposición no de Ley.
Por todo ello, no podemos aceptar su enmienda en el sentido
fundamental de lo que para ustedes es precipitación para
nosotros es parálisis. No tenemos la culpa de que ustedes
estén
paralizados y no puedan avanzar en posiciones relativas al mes
de noviembre del año pasado. Nosotros avanzamos un paso en
dirección de dar una alternativa a los problemas de
descoordinación, y yo lamento mucho que ustedes estén con
susdificultades de gobierno propias de las divisiones que
tiene en estos momentos el Partido Socialista.
Por tanto, no aceptamos la enmienda de sustitución.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gortázar, era un
turno para expresar únicamente la aceptación o no de la
enmienda presentada.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del
Grupo Popular por la que se crea la Agencia Nacional de Medio
Ambiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303, a favor, 133; en contra, 157; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A
LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA QUE LAS INVERSIONES DEL PLAN DE
EMPLEO RURAL (PER) REDUNDEN EN INICIATIVAS DE CREACION DE
EMPLEO ESTABLE Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO Y LA CREACION DE
RIQUEZA EN LAS COMUNIDADES DE ANDALUCIA Y EXTREMADURA (Número
de expediente 173/000022)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo
Popular subsiguiente a interpelación relativa a las medidas
previstas para que las inversiones del Plan de Empleo Rural
redunden en iniciativas de creación de empleo estable y
contribuyan al desarrollo y la creación de riqueza en las
Comunidades de Andalucía y Extremadura.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arenas.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la semana pasada, a través de una interpelación del
Grupo Parlamentario Popular, preguntábamos al Gobierno cuál
era el balance de su política en lo que significaba la
creación de riqueza en dos comunidades como las de Andalucía y
Extremadura. Le preguntábamos al Gobierno por sus políticas de
futuro y hacíamos también ante la Cámara
balance de lo que significaban esas políticas en Andalucía y
Extremadura.
Esta semana, señorías, a través de la correspondientemoción,
que presentamos en la Cámara 24 horas después de la
interpelación, no corresponde a este Diputado ni a este Grupo
Parlamentario continuar hablando del Gobierno ni señalando
básicamente los efectos negativos de esas políticas que se han
aplicado en Andalucía y Extremadura. En la esencia de la
moción está la capacidad de la propuesta, en la esencia de la
moción está el paso adelante de un Grupo Parlamentario que se
atreve a proponer fórmulas de futuro que palíen los efectos
negativos de esos sistemas que se han venido aplicando en
Andalucía y en
Extremadura.
Reconoceré, señorías, que siempre que abordamos el asunto de
los subsidios y del Plan de Empleo Rural estamos ante temas
delicados, temas delicados que partende un elemento positivo:
si hablamos de las intervenciones producidas en la Cámara el
pasado miércoles, todoslos Grupos Parlamentarios expresaron la
coincidencia en lo que significaba estudiar mecanismos de
reforma, mecanismos de perfeccionamiento del sistema.
Estamos hablando también, señorías, de un asunto delicado
porque en muchos de sus comentarios, de sus opiniones, se está
jugando de forma directa o indirecta con las necesidades, con
la pobreza de Andalucía y Extremadura. Estamos también,
señorías, ante un asunto delicado, porque delicado siempre es
hablar de
solidaridad, no sólo cuando hablamos de Andalucía y
Extremadura, sino cuando hablamos también de otras tierras de
España, y al hablar de los subsidios y del Plan de Empleo
Rural estamos hablando de necesaria solidaridad con
comunidades pobres y estamos hablando concretamente de
necesaria solidaridad con el sector agrario, con el ámbito
rural de esas comunidades pobres. Mi Grupo Parlamentario nunca
ha puesto en cuestión la necesidad de políticas asistenciales
en comunidades autónomas en las que prácticamente en los
últimos diez años se ha duplicado el número de parados, se ha
duplicado el desempleo, pero sí pone de manifiesto que los
sistemas actuales de política asistencial no contribuyen a la
creación de empleo, que el Plan de Empleo Rural sólo es un
plan que detrae inversiones públicas del Estado y de las
comunidades autónomas ya asignadas previamente, pero que,
siendo plan, ni lo es de empleo ni lo es rural.
Señorías, el otro día, ante el Ministerio de Trabajo hacía un
triste balance de lo que significaban estos mecanismos de
creación de empleo en Andalucía y Extremadura, y advertía al
señor Ministro de Trabajo que el Grupo Socialista o el
Gobierno socialista no había inventado la política asistencial
en
Andalucía y Extremadura. El Ministro de Trabajo, en su
réplica, me advertía que estaba en un error, que ese sistema
de po-lítica asistencial --decía el señor Ministro-- procedía
del franquismo. A efectos de que resplandezca la verdad, y a
efectos también del «Diario de Sesiones», conviene decir que
la política asistencial en Andalucía y en Extremadura sí
procede de los gobiernos de Unión de Centro Democrático y que,
efectivamente, en 1978 aparece el primer Decreto sobre
coordinación de acciones para mitigar el desempleo agrario
estacional en Andalucía. Cierto es que este Decreto es de
1978, que plantea ya una política de generosidad solidaria con
Andalucía, y que posteriormente asistimos a Decretos
importantes, el del año 1984, en los que «se perfecciona el
sistema», entre comillas, y el del año 1990.
Dicho esto, señorías, los subsidios han existido, se han
paliado necesidades en Andalucía y Extremadura, han tenido un
efecto positivo de mejores infraestructuras en pueblos
andaluces y extremeños. Sin embargo, tienen como gran defecto
la destrucción de empleo y tienen como gran defecto el que se
fomente la aspiración al subsidio y no la aspiración a un
empleo estable, a un puesto de trabajo. Y es así, señorías,
porque en 1983 en Andalucía teníamos, según la encuesta de
población activa, 453.000 parados, y en el cuarto trimestre de
1993, 873.000 parados. ¿Y en Extremadura, señorías? En el
último trimestre de 1983, 58.000 parados, y en el último
trimestre de 1993 se ha duplicado el número de desempleados.
Luego coincidiremos en que los tres pilares de lo que se
entiende por paro agrario en Extremadura y Andalucía, que son
el subsidio al personal eventual agrario, el Plan de Empleo
Rural --mal llamado Plan de Empleo Rural-- y la formación
ocupacional agraria, han significado paliar necesidades
puntuales, pero han significado también bloqueos al
desarrollo, más paro y destrucción de empleo. Así se reconoce,
señorías, en los documentos oficiales de la propia Junta de
Andalucía, que tuve ocasión de esgrimir ante SS.SS. en el
pasado debate.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular quiere ver
el asunto con visión de futuro. El Grupo Parlamentario
Popular, en plena coincidencia con lo que significan las
advertencias de las Comunidades Europeas y de la propia OCDE,
tiene como objetivo el fortalecimiento de las economías
locales en Andalucía y en Extremadura. El Grupo Parlamentario
Popular quiere ayudar a la cultura de la empresa y no
fortalecer la cultura del subsidio. El Grupo Parlamentario
Popular cree que se pueden desarrollar en los ámbitos rurales,
ya sea desde propuestas públicas o privadas, iniciativas de
creación de empleo, que requieren un cierto apoyo de políticas
concretas por parte de los poderes públicos. El Grupo
Parlamentario Popular cree que iniciativas de creación de
empleo en el ámbito rural, que cuenten con el asesoramiento
técnico de la Administración local, provincial y autonómica,
que cuenten con un marco financiero adecuado y con líneas de
financiación
blandas que otorguen dinero barato a la inversión, y que
cuenten también con un sistema fiscal especial, pueden
promover empleo en los pueblos de Andalucía y en los pueblos
de Extremadura. El Grupo Parlamentario Popular cree que hay
que dotar a Andalucía y a Extremadura de sistemas de formación
profesional que se vinculen a la percepción del subsidio, muy
especialmente en el caso de los jóvenes.
El otro día, señorías, con tristeza señalaba que más de 37.000
andaluces y extremeños jóvenes perciben el subsidio, que les
hace falta, pero mucha más falta les hace formación
profesional para competir en el mercado de trabajo de España y
de Europa. No podemos ser responsables en esta Cámara de que
generaciones de jóvene andaluces y extremeños estén siempre
condenados al subsidio y a la imposibilidad de competir en el
mercado de trabajo en el futuro. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.) Señorías, ¿en qué se puede invertir en los
pueblos de Andalucía? Lo dice el Plan de Bases de Desarrollo
Rural de la propia Junta de Andalucía, que advierte efectos
perversos en el actual sistema y que señala claramente la
agroindustria, la mejora de la comercialización agraria, la
defensa de los ecosistemas, los planes forestales y el turismo
interior como marcos de actuación. También el Grupo
Parlamentario Popular, en base no sólo a planteamientos
ideológicos, sino al puro sentido común, considera que esas
iniciativas locales de empleo deben tener prioridad cuando se
refieran a los aspectos que he citado: agroindustria, mejora
de la comercialización agraria, defensa de ecosistemas y medio
ambiente, plan forestal y turismo rural.
Finalmente, señorías, consigamos que el PER sea, al menos,
rural, aunque no cree empleo. La segunda parte del sistema,
¿cómo se puede considerar arreglo de una prisión Plan de
Empleo Rural? La construcción de viviendas en las capitales,
¿Plan de Empleo Rural? El acceso a un puerto de una capital,
¿Plan de Empleo Rural? Señorías, Plan de Empleo Rural es la
mejora de las infraestructuras rurales, es la mejora de las
conducciones hidráulicas, es la mejora de los caminos
forestales. Que no se nos engañe y se considere la mejora de
una carretera
interprovincial, o que comunique a varias comunidades
autónomas, con el Plan de Empleo Rural. Luego que el Plan de
Empleo Rural redunde siempre en beneficio de crear condiciones
objetivas en el campo, para que la iniciativa pública o
privada desarrolle políticas conducentes a la creación de
riqueza.
Señor Presidente, nuestro Grupo termina esta moción
solicitando a la Cámara una comisión de investigación para que
se analicen los efectos negativos de este sistema y se
propongan alternativas positivas de cara al futuro, y también,
señor Presidente, si es que no es desmentido por el propio
denunciante, que se constituya una comisión de investigación
para saber si de verdad, señorías, como advirtió un Diputado
de esta Cámara, y secretario general del Partido Socialista en
una comunidad autónoma, los fondos del PER han sido utilizados
como arma o instrumento en los congresos del Partido
Socialista.
Esa afirmación no ha sido desmentida ni por quien la hizo ni
por el Ministro de Trabajo, y, de no desmentirse, consideramos
plenamente justificado que se investigue acerca de la verdad
de una aseveración tan grave.
Señor Presidente, sólo se han presentado enmiendas a nuestra
iniciativa por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, enmiendas que consideramos que, en todo caso (al final
decidiremos nuestra posición, tras la intervención de su
portavoz), tienen la sana intención de contribuir a la mejora
del sistema. En este momento, señorías, hay comisiones
regionales y comarcales de seguimiento. Con buena intención,
el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida nos sugiere la posibilidad de
establecer comisiones locales y provinciales para objetivar
los criterios en la selección de personal y en la adjudicación
de obras del sistema. Esperamos la intervención de su
portavoz, pero vemos con interés positivo esas enmiendas de
Izquierda Unida. Finalmente, ponen el dedo en la llaga en dos
asuntos
primordiales: que sepamos que hoy muchos trabajadores del
campo andaluz se humillan para conseguir una peonada de un
empresario o de un alcalde, y eso tiene su tratamiento a
efectos de los tribunales de justicia (el Estado de Derecho es
el que es), y también tiene su tratamiento en lo que significa
la conceptuación moral de ese asunto. A veces, señorías,
cuando uno piensa en PSV, en Banesto, en la Guardia Civil, en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Cesid, la verdad es que
mira estos asuntos de otra forma, porque, señorías, el Estado
de Derecho es el Estado de Derecho, pero los asuntosson
francamente distintos. Nuestros amigos de Izquierda Unida nos
piden que estudiemos el sistema de peonadas y nos parece que
hay que estudiarlo para buscar
alternativas que eviten la humillación de los trabajadores del
campo en Andalucía.
Señorías, muchos de ustedes pensarán que, después de
invertirse dos billones de pesetas en los últimos diez años
(un billón en subsidio, un billón en el mal llamado PER), en
Andalucía y en Extremadura hay menos paro agrario. Son de las
pocas comunidades autónomas en las que hay más paro agrario,
rompiéndose la tendencia general de huida de los trabajadores
del sector primario en la búsqueda del secundario y del
terciario.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Tenemos que terminar, señor
Presidente, diciendo que nos parece también positiva (y creo
que explicará su idea) la iniciativa de Izquierda Unida para
que en la Cámara se constituya una ponencia (nosotros hablamos
de comisión de investigación) que estudie el sistema, cómo ha
funcionado
y qué podemos mejorar de cara al futuro. Por nuestra parte
tenemos muy claro que hemos de decir a andaluces y extremeños
que nunca, nunca, el subsidio es una esperanza, que el
subsidio siempre, siempre, es una necesidad, que sólo
estaremos satisfechos cuando Andalucía y Extremadura no
necesiten un sistema especial, como el que tienen ahora, con
respecto a otras comunidades autónomas, y que nosotros, lejos
de auspiciar la esperanza del subsidio, siempre defenderemos
la esperanza de la creación de riqueza y del empleo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para
defender la enmienda presentada y fijar la posición del Grupo,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
De nuevo hablamos de un tema recurrente en esta Cámara y en
los medios de comunicación, sobre todo últimamente, un tema
con el que pasa un poco como con El Quijote, del que todo el
mundo habla, pero no todos lo han leído.
Se trata de un tema complejo sobre el que no deben caber, por
lo menos a nuestro juicio, frivolidades, porque va
indisolublemente unido a la situación laboral, económica,
incluso al propio paisaje humano en estos momentos en
Andalucía.
Desde ese punto de vista, no nos valen declaraciones del tipo
de la de que es un tema local y, por tanto, el resto de las
comunidades no tenemos nada que ver, para, acto seguido, poder
decir: el sur vive del norte. Luego no es un tema local, nos
afecta a todos y no se puede frivolizar con ello, como no se
podría frivolizar con el IRPF. Es como si los andaluces
dijésemos que se pusiese una casilla con el impreso de
declaración de IRPF y que cada cual, con independencia de la
comunidad donde viviera, pusiera en la casilla dónde quiere
que vaya su dinero de IRPF. No se puede frivolizar ni con el
PER, ni con el subsidio ni con el IRPF. Son cuestiones muy
complejas que hay que tratar de una manera muy seria. Se ha
dicho aquí que a veces el PER y el subsidio bloquean la
situación económica de Andalucía, que bloquean la salida de
Andalucía por una puerta de la
productividad. No es ese el proeblema de fondo; ese es un
problema adjetivo, circunstancial. El problema de fondo es el
modelo económico que se está implantando en Andalucía, como
escaparate incluso de un modo de entender las cosas. Ahí está
la Expo''92 como una gran locomotora que ha echado mucho humo,
que ha pitado mucho, pero no se ha movido. Se vendió como la
salida de la situación de bache, de socavón económico de
Andalucía y ahí la tenéis, al otro lado del río, un río cosido
por doce puentes, desplomada la Expo como un águila que
actualmente no tiene ningún sentido, ninguna utilidad y como
escaparate de un modelo
económico, incluso lastrado en aquello que se llamó los polos
de desarrollo de altísima concentración económica y espacial.
Eso no tiene nada que ver con el PER. Alguna parte del AVE se
ha hecho con obras del PER; la Expo en ningún caso.
Por tanto, eso no tiene nada que ver con el bloqueo que el PER
o el subsidio puedan suponer para la salida de la situación
económica, absolutamente bloqueada, de Andalucía, que en los
últimos 25 años sigue aportando el mismo porcentaje al
producto interior bruto nacional. Lo de Santana no tiene nada
que ver con el PER y el subsidio ni con la siesta ni con la
cultura de los andaluces y andaluzas. Lo de Santana tiene que
ver con una dejación de cualquier tipo de estructura
industrial. Andalucía está sufriendo los efectos de un
auténtico genocidio industrial que afecta a Santana, que
afecta a Astilleros, que afecta a toda la infraestructura
agroalimentaria, que había poquísima, que no aprovecha en
ningún caso el valor añadido de una tierra
absolutamente rica que saca camiones a punta de pala de
aceitunas para refinar y envasar en Italia, que sí, ésa sí,
cobra el valor añadido. Eso no tiene nada que ver con el PER o
el subsidio. El PER y el subsidio sí tienen que ver con una
Andalucía de la que una parte, un 40 por ciento, es
fundamentalmente agraria. No es lo mismo agraria que rural,
que a veces hay esa confusión; todo el mundo confunde lo
agrario con lo rural: el medio rural es mucho más amplio que
el medio agrario.
Como ya dije la vez anterior, otras comunidades han tenido su
reconversión en el sector económico fundamental, sea textil,
industrial o naval; Andalucía --incluso tenía que ser pagada
por el centro, digámoslo así, como han sido pagadas otras
reconversiones industriales-- no ha tenido la reconversión que
necesitaba: la reforma agraria. Siempre que en este país se ha
hablado de reforma agraria ha habido una guerra civil o cerca
hemos estado. Siempre, siempre: la famosa alianza de
terratenientes andaluces con el capital industrial, vasco y
catalán. Desde ese punto de vista, yo les pido a los
compañeros y compañeras de esta Cámara, Diputados de cualquier
otra
formación, que se tienten la ropa antes de desprestigiar a
Andalucía a través del PER y del subsidio, que se tienten la
ropa, porque yo demostré el otro día --y el Ministro estaba
ahí y no pudo desmentirlo-- que recibimos menos dinero que el
año pasado, un 25 por ciento menos teniendo en cuenta la
inflación. Del dinero afectado al PER, que son 11.000 y pico
millones, del año 1979 a esta parte, señorías, ¿saben ustedes
lo que hemos recibido de dinero del PER en Andalucía? 140.000
millones; lo que se dice que estamos recibiendo en un año,
desde el 79 a esta parte. ¿Por qué? Porque el resto son obras,
la cárcel de Jaén, del Puerto de Santa María, el AVE, la
construcción
de tal fábrica, que si trabajas ahí, te firman como una
jornada del PER, pero eso no es dinero del PER ni del
subsidio; y no confundan ustedes, como suelen hacer, en las
declaraciones PER con subsidio, que no tiene nada que ver. Es
decir, sí se relacionan, pero son dos realidades
interconectadas, pero exentas en cierta parte, relativamente
hablando.
Desde ese punto de vista, nosotros hemos presentado enmiendas
que van en el camino de nuestra filosofía, reconozco que son
enmiendas parciales, que no casan efectivamente con lo del
Partido Popular, aunque en nuestro texto aparecen como de
adición debieran ser de sustitución, pero hemos intentado
exponer nuestra filosofía. Nuestra filosofía es que hay que ir
a una reconversión profunda de la agricultura, teniendo en
cuenta todo el aspecto integral de esa reconversión: canales
de comercialización, la agroindustria, el valor añadido para
Andalucía, dejar que Andalucía sea Andalucía en el marco
europeo, no convertir a Andalucía en una patera, en la patera
europea hacia la Unión Europea. Realmente, después de lo de
Santana --lo de Santana destruye el 20 por ciento del empleo
industrial en Jaén--, lo de Santana es más grave, por
descontado, que el Liceo, pero mucho más grave que lo de Seat
en Barcelona. Y a partir de lo de Santana, Astilleros; a
partir de lo de Astilleros, el vino, el algodón, el aceite.
¿Qué más? Nos quedan camareros y jubilados, y, naturalmente,
queda gente que o se la atiende o tiene que comer raíces,
porque no se ha pagado la reforma agraria en Andalucía. Se
dice allí: ¡Tienes más hambre que un caracol en un espejo!
Todavía existe eso y, con la crisis, aumenta, compañeros de
otras comunidades autónomas. Desde ese punto de vista, nuestra
filosofía va por: Ahí hay un dinero, hagamos que sea
productivo; es más difícil de lo que parece, mucho más
difícil. Lo ha intentado el PP, pero me parece que no están
conseguidas las propuestas, no están conseguidas.
Naturalmente, hagamos algo si hay que pagar subsidios, porque
recuerdo que hay un Régimen Especial Agrario que no tiene
derecho al desempleo como el obrero industrial. Luego, si no
les damos el derecho al desempleo, les tenemos que dar derecho
a algo, a una cosa que se llama subsidio, de 30.000 pesetas
mensuales, de las que tienen que pagar tres o cuatro mil de
sellos a la Seguridad Social, que no es algo fuera de la
retribución correspondiente en el Régimen Especial Agrario. Si
eso es así, vayamos a sistemas que hagan que las comisiones
provinciales controlen cómo se distribuye el dinero,
ayuntamiento por ayuntamiento, comarca por comarca. Ante el
dinero público hay que ser daltónico, no distinguir de
colores; actualmente se distingue de colores. Además, es
necesario que los ayuntamientos den los salarios a quien
tienen que dárselos: comisiones locales de empleo. No al
barbero, no al hijo del terrateniente, no al hermano del
camionero que acaba de volver de otro sitio, sino a quien
realmente tiene que recibir ese subsidio, no quitando dinero,
no enfriando los fondos del PER y del subsidio. No, no, no
estoy hablando de enfriar eso, que ya tenemos un constipado
doble. Desde ese punto de vista, comisiones provinciales,
comisiones locales, y fin de las sesenta peonadas. ¿Por qué
hay que conseguir sesenta peonadas, que sabemos que no son
posibles para doscientas y pico mil personas? Son peonadas que
no se hacen con la azada, se hacen con el bolígrafo, son
irreales muchas de ellas, no hay sesenta peonadas para
doscientas mil personas en Andalucía, el 53 por ciento de
ellas mujeres que se acaban de apuntar al subsidio. Por lo
tanto, vamos a quitar esa
dependencia, ese cordón umbilical con la dependencia política
y electoral. ¿Por qué hay que alcanzar sesenta peonadas si a
través de una comisión local de empleo se va a saber si tú
mereces, por decirlo así, o no el subsidio correspondiente?
¿Por qué hay que ir a un sistema que es falso, que
efectivamente provoca la corrupción, tanto en quien a veces lo
recibe injustamente como en aquél --corrupción en este caso
del Estado-- que no da el subsidio a quien lo merece, porque
no consigue sesenta peonadas a lo mejor en una comarca de
secano? Allí no hay ni sesenta, ni treinta ni veinte. A lo
mejor hay dos jornales al año para los ciento cincuenta
jornaleros de esa comarca de secano y no se diferencia entre
una comarca y otra. El dinero no funciona por razones de
equilibrio intraterritorial, intercomarcal, sino por razones
de otro tipo, subjetivas, por decirlo así bondadosamente, que
hay que evitar con esta clase de sistemas. Evitemos las
sesenta peonadas.
En cuanto al punto quinto de la moción del Grupo Popular, se
refiere a la vinculación formativa conducente a una
cualificación profesional reconocida al nacimiento del derecho
a la percepción del subsidio agrario. Si hay doscientas mil
personas, ¿cómo se puede vincular con formación profesional a
doscientas mil personas? ¿Vamos a dividir eso por las
escuelas-taller o por las escuelas de oficios que hay, por la
infraestructura que hay a este nivel? Veremos que eso es
imposible, que eso está bien orientado en el sentido de un
futuro muy allá, pero que en estos momentos no es posible.
Por tanto, termino, señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: La comisión de investigación no nos
parece procedente, porque podíamos terminar todos, sin darnos
cuenta, persiguiendo a jornaleros, al menos a través de
titulares de prensa, y podríamos ver saliendo por una puerta
al Duque de Feria y por otra entrando jornaleros en la cárcel.
Me parece que no es una imagen que debamos perseguir en estos
momentos. Yo creo que lo que hay que hacer, y aquí figura en
nuestra enmienda, es una ponencia. Lo digo en el sentido de
que yo hago también la autocrítica de
nuestras enmiendas, lo mismo que hago la crítica de las
enmiendas del Grupo Popular.
Es muy difícil casar nuestras enmiendas con las del Grupo
Popular, es muy difícil llegar a una resolución seria en esta
reunión del Pleno del Congreso, que debe ser rigurosa y seria
y, por tanto, habría que darnos un plazo, dos o tres meses,
para que una ponencia estudie la reforma de los fondos del PER
y del subsidio para ver la forma de cómo se emplean y cómo se
aplican. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, votaremos a
favor por la necesidad de racionalizar una ayuda, la del PER,
que, en lugar de resolver los problemas endémicos de
Andalucía, a nuestro parecer no ha hecho sino agravar la
cultura de la corrupción y la cultura del caciquismo y ha
inhibido la capacidad de reacción de los sectores afectados.
No se ha creado cultura de empresa, cultura, en definitiva, de
iniciativa privada, sino cultura del subsidio permanente y,
sobre todo, el PER ha sido la coartada perfecta del PSOE para
evitar la gran reforma económica que necesitaba Andalucía y
que, ésa, sí, era la gran asignatura pendiente.
Con los PER el PSOE ha consolidado el caciquismo, las grandes
oligarquías, y ha impedido la capacidad de rebelión; se ha
asegurado, asimismo, la bolsa más grande de voto cautivo que
se conocía en tiempos.
Esto no es solidaridad, esto es cultura de corrupción. Que la
solidaridad sirva para crear futuro y no para anclar
definitivamente a Andalucía en el pasado. Y la cultura del
subsidio no es futuro, no es solidaridad. Es un pegote
indignante que humilla a los que lo reciben y que los condene
a vivir en el pasado. Desde Cataluña --la Comunidad, junto con
las islas Baleares, que más expolio fiscal padece de todo el
Estado--quiséramos que ese expolio económico sirviera como
mínimo para invertir en la cultura de la empresa, para
articular soluciones de fondo y no para consolidar la cultura
de la limosna
permanente; una cultura, la de la limosna, que ni es
solidaria, ni es progresista ni es efectiva.
Aprovecho la ocasión para pedir a alguna señoría de Izquierda
Unida que milita en la obsesión con Cataluña que deje en paz
el «Liceu», la burguesía catalana y, si hace falta, el pan con
tomate, ya que, señor Alcaraz, Cataluña no tiene la culpa del
drama de Andalucía. Del drama de Andalucía es responsable la
oligarquía andaluza.
Gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señorías, una
brevísima intervención sólo para añadir a lo que ya dije la
semana pasada, que a mi grupo este tema del PER --ya lo ha
manifestado otras veces en esta Cámara-- no es un tema que le
entusiasme. Consideramos que no es el adecuado para lograr el
reequilibrio territorial que se pide para Andalucía, y que se
puede pedir para otras zonas.
Tenemos la impresión, por el desarrollo del debate y por lo
que hemos oído en los pasillos, de que se llegará a cierto
consenso a lo largo de este debate. Estamos a la espera de ese
consenso y mi grupo actuará en consecuencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Socialista, el señor Amate tiene la palabra.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la verdad es que a mi grupo parlamentario no le ha
sorprendido la presentación, la semana pasada, de esa
interpelación urgente sobre el Plan de Empleo Rural y la
consecuente moción que hoy estamos debatiendo.
Digo que no nos sorprendió porque ya nos vamos acostumbrando -
-qué casualidad-- a que cada vez que se aproximan procesos
electorales el Partido Popular se vuelve hipersensible con los
problemas de los jornaleros andaluces y extremeños, con el
PER, con el fraude, con la formación y con el subsidio
agrario. (Rumores.--Aplausos.) Lo que nos sorprendió un poco
más es que en la interpelación de la semana pasada y en la
moción de hoy no haya intervenido la portavoz habitual de
estos temas y sí lo haya hecho el señor Arenas que tengo que
reconocer es un buen
parlamentario --no me duelen prendas en reconocerlo-- que le
hemos escuchado en muchísimos debates en temas diferentes pero
nunca, que yo recuerde, habíamos tenido la oportunidad de
conocer su sensibilidad y su profunda preocupación por las
condiciones de vida y de trabajo de los parados agrícolas de
Extremadura y de Andalucía. (Fuertes rumores.) Además lo
defendió, y lo ha defendido hoy, unas veces con vehemencia y
otras como con pesar, quebrándosele la voz como si de verdad
sintiera lo que estaba diciendo. (Risas.--Rumores y
protestas.) Lo que sucede, señor Presidente (Fuertes rumores.-
-Unseñor Diputado del Grupo Popular: ¡Que venga Sanjuán!) --
ahora hablaremos de eso también-- es que estamos en precampaña
electoral. (Continúan los rumores.--Un señor Diputado:
¡Claro!)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Amate.
Silencio, señorías. (Rumores.) ¡Silencio! (Pausa.)
Puede continuar, señor Amate.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Decía que lo que sucede, señor
Presidente, es que estamos en precampaña en Andalucía, como
todos ustedes saben el señor Arenas es candidato a la
Presidencia de la Junta de Andalucía (Rumores.) y eso hace que
todo este debate tenga un tufillo electoral difícil de
disimular y más difícil aún de creer. (La señora De Palacio
del Valle-Lersundi pronuncia palabras que no se perciben.) Yo
estoy convencido de que la interpelación urgente que se
presentó la semana pasada es por motivo de las elecciones
andaluzas. Porque estamos en esa precampaña es por lo que se
ha producido la presente moción y porque es candidato el señor
Arenas a la Presidencia de la Junta es por lo que ha
intervenido, aunque no con demasiada fortuna. (Rumores.) Digo
que sin demasiada fortuna porque cada vez que hablan de estos
temas suelen caer --él también cayó la semana pasada-- en el
tópico de hacer una caricatura de Andalucía y de Extremadura,
que él sabe no es justa y que en nada se parece a la realidad
actual de esas dos
regiones. (Continúan los rumores.--Aplausos.--Un señor
Diputado del Grupo Socialista: Os va a dar algo.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Amate.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) ¡Silencio!
Señorías. Continúe, señor Amate.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Decía, señor Presidente, que oyendo
hablar a los señores del Partido Popular, da igual quien lo
haga, puede parecer por sus manifestaciones, que Andalucía y
Extremadura son sólo la tierra del PER, del subsidio, de las
peonadas falsas y del fraude. (Un señor Diputado: ¡y de
Guerra!) Fíjense lo que pueden influir comentarios como los
que se vienen oyendo que dan lugar a intervenciones como la de
la señora Rahola, totalmente distorsionantes de lo que es la
realidad andaluza, porque nada más lejos de la verdad de lo
que está pasando en Andalucía.
La semana pasada tuvimos oportunidad de oír la interpelación y
cuando oíamos al Ministro de Trabajo, señor Griñán, resaltar
los aspectos positivos de Andalucía, de los que todos nos
debíamos sentir orgullosos, lo tuvo que hacer a voces, a
gritos, para dejarse oír entre las protestas y abucheos de los
bancos del Partido Popular. (Rumores y protestas.) Parecía
como si les molestara que alguien recordara los avances
espectaculares que se han producido en nuestra tierra.
(Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.-
-Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
Créanme, señoras y señores Diputados, que en esos momentos
pensé que éstos (señalando los bancos del Grupo Popular.) no
creen en Andalucía (Fuertes rumores y protestas.), que
disfrutan aireando las miserias que pueden existir en
Andalucía, y sufren hasta llegar a abuchear a aquel que hable
con orgullo de los grandes cambios que en estas dos regiones
se han producido. (Continúan las protestas en los bancos del
Grupo Popular.--Un señor
Diputado: ¡Venga hombre!)
Hoy, señoras y señores Diputados, aunque les disguste a los
Diputados de la oposición, Andalucía y Extremadura han
cambiado. Hoy Andalucía y Extremadura son regiones mucho más
emprendedoras, son regiones más modernas (La señora De Palacio
Valle-Lersundi: Con el doble de parados.), con mucho más
futuro (La señora De Palacio Valle-Lersundi: Con el doble de
parados.--Rumores y protestas.) que hace unos años. (Continúan
los rumores y las protestas.)
Las inversiones que se han llevado a cabo durante estos años
en infraestructuras, en comunicaciones, en obras hidráulicas,
en servicios, han dado como resultado (La señora De Palacio
Valle-Lersundi: El doble de parados.), una nueva realidad de
estas dos regiones con un futuro espléndido y esperanzador.
(Protestas.) Seguimos teniendo dificultades y bolsas de
pobreza, como cualquier otra comunidad autónoma, muchísimo
desempleo y algún fraude también en la percepción del subsidio
agrario, no generalizado, como intencionadamente se quiere
hacer creer (Rumores.); fraude que nos preocupa tanto o más
que a ustedes (Fuertes protestas en los bancos del Grupo
Popular.); pero una cosa es reconocer que existen, y otra muy
distinta es
magnificarlas y utilizarlas políticamente, aunque con ello se
desvirtúe la imagen de Andalucía y de Extremadura. (Continúan
las protestas.)
No deja de sorprendernos el especial énfasis que ponen ustedes
en casi todas sus intervenciones públicas, en el fraude del
subsidio agrario y el poco caso que se presta a otros tipos de
fraude, que se dan también en otros regímenes de la Seguridad
Social, como en el régimen general de la Seguridad Social, en
el de autónomos, en el de las empleadas del hogar, que pasan
casi inadvertidos; y no se piden comisiones de investigación
para los fraudes fiscales que se están produciendo, como, por
ejemplo, el del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa.
(Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.)
¡Qué celo
manifiestan, sin embargo, en el fraude del subsidio agrario!
(Continúan las protestas.) ¡Qué celo manifiestan en el fraude
del subsidio agrario y en las posibles peonadas falsas del
PER! (Prosiguen las protestas.)
Lo ha recordado el señor Alcaraz. ¿Saben ustedes lo que cobra
un subsidiado agrario en Andalucía y en Extremadura? Poco más
de 32.000 pesetas al mes, durante seis meses al año, los
menores de 52 años; y el 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional, las personas mayores de 52 años. (Un señor
Diputado: ¡Qué miseria!) De eso es de lo que estamos hablando.
Eso es lo que le quita el sueño al PP. Ese es el despilfarro y
el fraude que se comete en el campo andaluz y extremeño.
(Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.-
-Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
Por una parte --es paradójico, ¿eh?--, están apoyando el
abandono de cultivos tradicionales para recibir las ayudas
europeas y, por tanto, disminuyendo la posibilidad de peonados
para los agricultores (Rumores y protestas.) y, por otra,
criticando las ayudas que reciben estos jornaleros por parte
de las administraciones públicas, ya sean locales, autonómicas
o nacionales. (Fuertes protestas.--Un señor Diputado del Grupo
Popular: No señor.)
Nosotros somos conscientes de que este sistema de protección
no puede ser definitivo, tenemos que ir sustituyendo subsidio
por empleo estable (Un señor Diputado: ¡Eso es!); tenemos la
obligación de poner en marcha todas las potencialidades que
Andalucía y Extremadura tienen para aprovechar mucho mejor los
recursos y las personas. Estos nuevos retos son los que han
llevado al Presidente de la Junta de Andalucía, al señor
Chaves (Rumores.), a encargar al Consejero de Agricultura que
coordine un equipo de trabajo que elabore un plan para el
desarrollo rural en Andalucía, con el objetivo de contribuir a
mejorar las condiciones de vida de las familias asentadas en
áreas rurales buscando la participación activa de todos los
recursos materiales y humanos con posibilidades de generar
rentas, ya sean agrarias, turísticas, industriales, etcétera.
En definitiva, señorías, en ese plan se trata de potenciar
desde la Administración pública proyectos viables que generen
empleo estable, buscando las singularidades de cada localidad
o comarca. Como conocen SS.SS., la Mesa de Concertación sobre
el Desarrollo Rural Andaluz se creó con este objetivo y fue
una comisión de expertos en torno a la Universidad de Córdoba
la encargada de la realización de las bases de este plan. Ya
existen bastantes trabajos elaborados, pero son proyectos que
habrán de ponerse en marcha y que darán sus frutos a medio y
largo plazo. Por consiguiente, mientras no se produzcan los
puestos de trabajo estables que este plan prevé y se vayan
trasvasando jornaleros agrarios a otras actividades
productivas con el nuevo plan de desarrollo rural, tendrá que
seguir perviviendo el sistema actual de protección.
La moción que ustedes presentan pretende modificar la esencia
misma del PER (Rumores y protestas en los bancos del Grupo
Popular.) y dicen ustedes que es con la finalidad...
(Continúan los rumores y las protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Ruego silencio.
(Pausa.) Señor Amate, continúe y concluya.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Termino rápidamente, señor
Presidente. Dicen ustedes que es con la finalidad de
transformarlo en otro que base su contenido en el impulso y
promoción de iniciativas de creación de empleo estable
dirigidas a elevar el nivel de desarrollo económico y social
en el ámbito rural de las
comunidades de Andalucía y Extremadura. Se olvidan en su
moción de que las líneas maestras de un programa de desarrollo
económico para una determinada región deben ser establecidas
por las instituciones representativas y competenciales de esa
región y, por tanto, es a la Junta de Andalucía y a la Junta
de Extremadura a las que corresponde fijar las bases para el
desarrollo de sus respectivos territorios. En consecuencia, es
en el parlamento andaluz o en el parlamento extremeño donde se
debería haber presentado esta moción.
Por otra parte, el PER es un plan finalista destinado a la
protección inmediata de los desempleados agrarios en un ámbito
geográfico determinado y no puede ser despojado de su
contenido esencial para convertirse en incentivo a la
inversión privada. Para esto existen otras iniciativas, como
pueden ser los fondos estructurales, los incentivos regionales
o los incentivos para la transformación agraria. Estos son
precisamente los fondos que la Junta de Andalucía pretende
dedicar a ese plan de desarrollo rural.
Por estas cuestiones no podemos apoyar la presente moción. El
PER no puede cambiar su finalidad protectora y dedicarse a
crear empresas públicas o a subvencionar iniciativas privadas,
aunque estemos dispuestos a estudiar posibles reformas, como
la que plantea en su última enmienda Izquierda Unida.
Esta moción no respeta las competencias que en esta materia
tienen las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.
Ya está bien de intentar manipular unas declaraciones que
tuvieron en su momento una aclaración oficial por parte del
Secretario General del PSOE de Andalucía. (Rumores.) Ustedes
saben lo que dijo, cómo se tergiversaron sus palabras y cómo
están intentando manipularlas ustedes.
No se puede pedir al Grupo Parlamentario Socialista que
avalemos con nuestros votos lo que tan sólo es puro
electoralismo por parte de ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.--Protestas en los bancos del Grupo Popular.--El
señor Arenas Bocanegra pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Amate.
Por el grupo proponente de la moción, tiene la palabra el
señor Arenas a efectos de expresar la aceptación o rechazo de
las enmiendas presentadas. (Rumores.--Protestas.--Varios
señores Diputados: ¡No, no!)
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, con todos los
respetos tengo que decir que el portavoz socialista ha
dedicado el 90 por ciento de su tiempo a agredir
verbalmente... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor ARENAS BOCANEGRA: ... a este parlamentario, que es
Diputado a Cortes (Rumores.), y sólo el 5 por ciento a la
moción. Reclamo el derecho a responder a sus argumentos ya que
no se ha referido más que un minuto a mi moción, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, respecto al representante
del Grupo Socialista --es subjetiva la valoración de lo que
pueda decir cada cual-- creo que no se puede aceptar que le ha
agredido.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Verbalmente, he dicho. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Ni verbalmente. (Risas.--Rumores.)
¡Silencio! Señorías, silencio.
En este debate, como en otros muchos relativos a mociones
subsiguientes a interpelaciones, cuentan ustedes con no sé si
hablar de benevolencia de la Presidencia o de otra
característica que no me atrevo a llamar virtud, desbordando
lo que es el debate propio de la moción y convirtiéndolo en
réplicas y
contrarréplicas del debate propio de la interpelación incluso,
muchas veces, refiriéndose a las intervenciones del ministro o
de miembros del Gobierno que no están aquí para replicar.
(Rumores.)
Silencio, señorías.
¿Sería mucho pedir que dejasen hablar, que es para lo que
estamos? (Rumores.)
Por tanto, yo les rogaría que no intentasen después sacar
provecho de la flexibilidad con que se aplica no llamarles a
la cuestión en la defensa de las mociones, intentando alargar
los debates de las mismas con turnos de réplicas y
contrarréplicas que saben ustedes no están en el Reglamento.
Señor Arenas, le ruego no intente desbordar lo que es el marco
de este debate; exprese la aceptación o rechazo de las
enmiendas del Grupo de Izquierda Unida y vamos a concluir el
debate.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, con todos los
respetos tengo que decir que en mi intervención me he ceñido a
la defensa de la moción y el portavoz socialista no ha
consumido un turno sobre mi moción. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señor Arenas, entiendo que S.S. crea que esto es lo que ha
hecho; permita que la Presidencia valore lo que es el
contenido y el alcance de las intervenciones. (Continúan los
rumores.--Pausa.)
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, señorías, voy a
intervenir para explicar brevemente nuestra posición en lo que
hace referencia a las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida respecto a nuestra moción.
Los parlamentarios de Izquierda Unida, concienciados con los
criterios de selección en el personal del Plan de Empleo
Rural, concienciados con la utilización partidista y electoral
de la que algunos se sienten orgullosos (Rumores.), presentan,
señorías, dos enmiendas en esta moción intentando objetivar de
alguna forma el tema y sensibilizados para que se acabe la
manipulación interna partidista y electoral externa respecto a
los fondos del PER, que tanto orgullo lleva a algunos
parlamentarios. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Un
señor Diputado: ¡Muy bien!) En ese sentido, señorías, mi
grupo, no viene aquí a hacer méritos porque afortunadamente
nuestra salud interna es muy importante. Alguien sí tenía que
hacer méritos, a pesar de que no estaba aquí el señor Guerra.
(Risas.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no
se perciben.) Estaba usted haciendo méritos, que le hemos
visto. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, le ruego que se ciña a lo
que es el contenido de su intervención.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Por supuesto, señor Presidente.
Efectivamente, los parlamentarios de Izquierda Unida, en otra
enmienda, se refieren al sistema de peonadas, y no porque el
parlamentario de Izquierda Unida no sea consciente de que
pueden existir fraudes en otras materias, aunque no haya hecho
ninguna referencia en ese sentido; algunos otros se pueden
referir al fraude en otras materias, aunque ese fraude sea
imputable a un miembro del Gobierno que respaldan. Pueden
hacerlo, como ha pasado en este debate; sin embargo, los
parlamentarios de Izquierda Unida se refieren al sistema de
las peonadas, y yo quiero decir, señorías, con la voz un poco
de gripe pero también con la voz algo quebrada... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor ARENAS BOCANEGRA: ... tengo que decir, señorías que
nosotros somos sensibles a la enmienda de Izquierda Unida
relativa al estudio del sistema de peonadas, porque
compartimos con este grupo, aunque algunos no lo vean, que hay
un sistema de humillación y de aprovechamiento de la necesidad
y de la pobreza de Andalucía y de Extremadura; por tanto, hay
que estudiar ese sistema, señorías.
Finalmente, existe otra enmienda de Izquierda Unida relativa a
un trabajo sereno, positivo y constructivo en una ponencia en
la que analizaríamos los efectos del PER. Señorías, lo que
propone Izquierda Unida es que en esa ponencia evaluemos algo
que a algunos les pone
orgullosos, el doble de paro en Andalucía y el doble de paro
en Extremadura. Esa intención de Izquierda Unida nosotros
queremos analizarla también en esa ponencia. Por cierto,
señorías, como nosotros planteábamos una comisión de
investigación, en esta ponencia también podremos hablar del
fraude, pero la estrella invitada en ese debate sobre el
fraude será un Diputado socialista que lo ha denunciado y que
está ahí sentado. Ese Diputado socialista es quien debe hablar
con el anterior interviniente para que no haga un discurso del
año diecinueve que no conduce a ninguna parte. (Rumores.)
Señorías, mi grupo parlamentario ofrece una enmienda
transaccional que, de aceptarse, supondría la retirada del
texto de nuestra moción. ¿Puedo leerla, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Sí, por favor.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda transaccional dice lo siguiente: El Congreso de
los Diputados acuerda la creación de una ponencia especial, en
el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con
participación de miembros de todos los grupos parlamentarios
con presencia en la misma, al objeto de estudiar la reforma
del actual sistema del Plan de Empleo Rural y el subsidio
agrario, concluyendo sus trabajos en el plazo de dos meses y
medio. Esta es la enmienda transaccional que ofrece mi grupo
al resto de grupos parlamentarios, con el honor de no sentirse
nunca
satisfecho, como algunos, de instrumentalizar permanentemente
la miseria de Andalucía. (Rumores.--Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, entiendo que la posición
del Grupo Popular es aceptar el punto sexto de la enmienda del
Grupo de Izquierda Unida, y que es al apartado último,
relativo a la creación de la comisión de investigación, al que
se refiere la transacción.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, nosotros
renunciaríamos a todo el texto de nuestra moción si quedara
solamente la última enmienda de Izquierda Unida, que es la que
he leído, puesto que podríamos analizar todas las cuestiones
en el seno de esa ponencia. La puedo leer si quiere.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Por tanto, el texto de la moción que se somete a votación es
estrictamente el que ha leído S.S. en la tribuna, quedando
retirado el resto de la moción.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Alcaraz Masats pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente. He
entendido (Rumores.) y espero que me dejen hablar (no sé si en
caso de subsidio parlamentario todas SS.SS. sumarían las
sesenta peonadas, porque se ha hablado mucho mientras los
demás
intervenimos desde la tribuna) que el resto de las propuestas
se retira. Quedaría la ponencia y el Grupo Popular añade «en
el plazo de dos meses y medio». En ese caso, estaríamos de
acuerdo. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular que se somete a votación en los
términos resultantes de la redacción leída por el señor Arenas
en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 300; en contra, dos; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. (Aplausos en
los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, RELATIVA A LAS PREVISIONES ACERCA DE
LA
INTERVENCION SOBRE LA SOCIEDAD PSV EN BASE A LA VIGENTE LEY DE
COOPERATIVAS (Número de expediente 173/000023)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a las
previsiones acerca de la intervención sobre la sociedad PSV en
base a la vigente Ley de Cooperativas.
En nombre del Grupo proponente de la moción, el señor Andreu
tiene la palabra. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.--Rumores.--Varios señores Diputados
abandonan el salón de sesiones.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, por favor,
ocupen sus escaños. (Continúan los rumores.)
Silencio, señorías. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, aunque fuera hay una
manifestación de cooperativistas de la PSV, que están
francamente preocupados por cómo está el asunto, parece que el
tema no interesa mucho en esta Cámara porque son muchos los
escaños que se abandonan cada vez que se habla de PSV.
Sin embargo, creo que ha sido una labor importante la que ha
hecho la Cámara en la sesión anterior y la que se puede
concluir en el día de hoy. Fue una labor importante porque
terminábamos el debate en la sesión anterior, teniendo una
discusión con el ministro en la que planteábamos que se nos
diera la orden ministerial que se había producido en el
anterior consejo, sin que el ministro fuera capaz en ese
momento de aportarnos dicha orden ministerial. Al día
siguiente se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» cuál
había sido el auténtico acuerdo del Consejo. Nosotros, una vez
que pudimos leer aquí el acuerdo, comprobamos que ese acuerdo
era, a nuestro entender,
insuficiente; que no se garantizaba lo que para nosotros es
fundamental y para lo que merece la pena que esta Cámara
controle, se pronuncie y tenga una actitud clara ante el
Gobierno. Para nosotros lo fundamental es que los
cooperativistas de la PSV tengan garantizado que en algún
momento sus viviendas estarán construidas y que no sea, por
supuesto, un momento excesivamente lejano en el tiempo; que el
fin social con el que se inició la cooperativa PSV se cumpla,
fin social que no es otro que el que cada uno de los
cooperativistas que pertenecen a la PSV tenga una vivienda en
un momento dado.
Por eso, el punto más importante de la moción que, como
consecuencia de la interpelación, presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es
aquel en el que se pide que el Gobierno se comprometa a que
ese fin social de la cooperativa PSV se cumpla,
independientemente de los grandes y graves errores que se han
producido en la gestión de esa
cooperativa, independientemente de que se deben tomar
lecciones para que estos hechos no vuelvan a suceder;
independientemente de esto, el Gobierno, en aplicación y en
cumplimiento de la Ley de Cooperativas, tiene que tomar el
compromiso de que se cumpla el fin social con el que nació la
PSV y con el cual se han adherido a ella 20.000
cooperativistas, que son 20.000 familias que han visto que ésa
era la mejor manera de solucionar el problema de la vivienda.
Nosotros creemos que no es oportuno utilizar un problema como
éste que ha existido en la PSV, para entrar en dinámicas y en
debates que nosotros consideramos falsos, como es quién debe
asumir el problema, si debe asumirlo el sector privado o si,
por contra, debe asumirlo el sector cooperativo.
Son debates inoportunos en este caso; son perfectamente
compatibles estos dos sectores. Es más, yo diría que el sector
cooperativo es un sector enormemente regulador del mercado de
la vivienda. Un mercado que tiene una gran tendencia a
dispararse en los precios, un mercado que tiende a ser
enormemente
especulativo en determinados momentos de auge económico tiene
en el sector cooperativo un importantísimo elemento de
regulador del mercado, un importantísimo elemento que, además,
hace que precisamente los sectores sociales que están más
necesitados de la vivienda puedan acceder a ella mediante el
sector cooperativo. Por lo tanto, parece que corresponde a la
responsabilidad de la totalidad de la Cámara el conseguir que
un proyecto de esta naturaleza, en su fin social, llegue a
buen término.
Independientemente de las críticas, justas, sin duda, que nos
puedan merecer a cada uno de los grupos parlamentarios cómo ha
devenido la gestión de esta cooperativa; independientemente de
que esto tendrá que ser depurado en las instancias en las que
tenga que serlo; independientemente de todo esto, hay una
corresponsabilidad, que yo creo que es de Estado, que supera,
incluso, a la ideología de los distintos grupos
parlamentarios, para que un proyecto de esta naturaleza llegue
a su buen fin y se cumpla su fin social.
No debemos entrar en debates sobre si debe desaparecer el
sistema cooperativo o no, porque serían debates
extraordinariamente irresponsables.
Pero Izquierda Unida no solamente plantea esto en su moción.
Cuando Izquierda Unida considera que tiene que haber una
intervención del Estado en algún sector económico,
automáticamente entiende que debe haber un control de la
acción del Gobierno. En nuestra moción decimos que el Gobierno
debe presentar ante la Cámara un informe sobre cómo se
encuentra el conjunto de la PSV y cómo se encuentra cada una
de las
cooperativas y promociones que forman parte de ella, porque
sabemos también --lo hemos podido conocer a lo largo de este
proceso-- que son casos muy diferentes los de unas y otras
promociones. Y precisamente esa diferencia de casos viene de
la mala gestión --y no me duelen prendas en decir que ha
habido una mala gestión-- de esa cooperativa, que ha hecho que
unos
proyectos se monten sobre otros y que unos proyectos se
financien sobre otros. Y como nosotros no podemos permitir, de
ninguna manera, que existan cooperativistas que salgan
perjudicados y otros que no salgan perjudicados, pedimos que
se haga un informe sobre todas y cada una de las promociones,
para que luego se pueda llegar a una solución pormenorizada de
todas las
promociones que han estado vinculadas a la PSV.
Otro aspecto de esta moción que nos parece importante es que
el Gobierno llame la atención al sistema financiero para que
se desbloquee el conjunto de los créditos que hasta este
momento han estado bloqueados y que ha sido, en gran parte, lo
que ha hecho que este proyecto, en un momento dado, haya
entrado en
crisis absoluta. Independientemente de las malas gestiones, el
sector financiero ha hecho que, una vez detectados, los
problemas de gestión hayan bloqueado los créditos. Y nos
parece extraordinariamente importante que el Gobierno (que
tiene una gran preeminencia en el sector financiero público,
evidentemente, pero no ciñéndose únicamente al sector
financiero público, sino también al sector financiero privado)
actúe para que se desbloqueen los créditos y que pueda hacer
posible que el fin social de esta cooperativa vaya hacia
adelante. Estamos convencidos de que si esto es así no va a
ser gravosa para las arcas del Estado la solución de este
problema.
El problema de la PSV, independientemente del pequeño o gran
problema financiero que nos podremos encontrar cuando la
auditoría se realice, es fundamentalmente un problema de
bloqueo de gestión. Un bloqueo de gestión, sin duda, en gran
parte merecido por una mala gestión de quienes han estado al
frente de esta cooperativa, pero también un bloqueo de gestión
porque, al estar bloqueados completamente los créditos, ha
sido imposible que el conjunto de las promociones marche hacia
adelante. Es absolutamente imprescindible que este desbloqueo
de las entidades financieras ante la PSV acabe y precisamente
en este sentido el Gobierno tiene muchísimas cosas que hacer y
que decir.
Por último, creemos que es importante que exista un control de
la Cámara hasta que el fin social de la PSV se cumpla, hasta
que el fin social último se cumpla. Y la Cámara debe estar
controlando la acción del Gobierno alrededor de la cooperativa
PSV hasta que quede terminado, adjudicado y completamente
comprometido el conjunto de las viviendas de la PSV.
Esta moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya no se hace sobre el vacío, tiene un
antecedente claro, que es el acuerdo que se tomó en la
Asamblea de Madrid el pasado jueves. La Asamblea de Madrid,
porque en esta Comunidad es donde de forma más sustancial se
da el problema de la PSV (aunque no es la única, porque este
problema se da también en comunidades como Cataluña, como
Andalucía, como Aragón,
etcétera), ya tomó un acuerdo en el cual se abordaban todos y
cada uno de los puntos que hoy trae la moción parlamentaria de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a esta Cámara.
Nosotros consideramos que la responsabilidad que, sin duda,
tiene esta Cámara (responsabilidad que ha ejercido
correctamente, porque no hay que olvidar que la actuación del
Gobierno hasta que se trajo a la Cámara esta interpelación fue
una actuación confusa, enormemente confusa, y la actuación de
esta Cámara creo que ha servido para ir aclarando, para ir
marcando al Gobierno en qué dirección debe actuar en este
problema) debe hacer que la moción salga adelante. De esta
manera, considero que habremos conseguido algo importante y es
la garantía ante la sociedad española de que quien se apunta a
una cooperativa tendrá la tutela del Estado, no una tutela
paternal que se prolongue indefinidamente, ni muchísimo menos,
pero sí la tutela de que se garantiza el cumplimiento de las
leyes, en este caso la Ley de Cooperativas, y que los fines
sociales de este sector se cumplen porque estamos en un Estado
de Derecho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la moción presentada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se han
presentado enmiendas por parte del Grupo Socialista y por
parte del Grupo Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Méndez.
El señor MENDEZ MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista presenta una enmienda de sustitución
a la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya consecuencia de la interpelación urgente discutida
el pasado día 16 de febrero, en torno a la situación que se
había creado en la sociedad cooperativa PSV.
Nuestra enmienda, que esperamos y deseamos que sea asumida por
el Grupo proponente de la moción, insta a la actuación del
Gobierno en tres planos perfectamente complementarios: un
plano que podríamos denominar de acciones de apoyo a una
solución positiva al conflicto PSV; un segundo plano que
podemos denominar de acciones de transparencia informativa
tanto ante los
cooperativistas como ante los acreedores y, por supuesto, ante
la sociedad en general; y un tercer plano que podríamos
denominar de acciones de acompañamiento o complementarias a
las dos anteriores.
Creemos que ése debe ser el contenido de la moción porque ésos
son, además, los mismos planos en los que es posible y es
necesario instar y apoyar la acción del Gobierno y de la
administración pública afectada, porque hay un problema de
dimensión social incuestionable que afecta también a la
viabilidad de un proyecto de vivienda social y repercute
gravemente sobre las economías familiares y del ahorro en
miles de cooperativistas, pero porque entendemos asimismo que
hay que tener en cuenta que la forma en que se resuelva el
problema que estamos tratando va a condicionar en el futuro,
incuestionablemente, la credibilidad de este tipo de
iniciativas de la economía social del mismo modo que creemos
que hay que tener en cuenta que la actuación de los poderes
públicos habrá de ser necesariamente en este aspecto objetiva,
transparente, eficaz, sometida a los principios generales y
normas, pero también finalista, esto es, comprometida con la
solución final del problema que estamos debatiendo.
No podemos olvidar que los afectados viven la situación con
incertidumbre y con angustia y ello exige que
nuestra actitud sea clara, por tanto, no demagógica, no
populista y, además, rápida en el tiempo y muy eficaz. Todo
ello debe hacerse sin menoscabo de la existencia de un
procedimiento judicial que está en marcha, instado por los
propios interesados, por los afectados, que determina en gran
medida el margen de maniobra en el que ha de moverse el
Gobierno y que exige, además, un enorme respeto a todos los
intereses en juego.
Por tanto, nuestra propuesta de enmienda pretende, en primer
lugar, apoyar el trabajo y las decisiones de los
administradores provisionales de la cooperativa PSV a través
del grupo de trabajo interministerial creado en su día con
participación de los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social, de Economía y
Hacienda, de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
grupo interministerial que, por otra parte, viene funcionando
desde finales del año 1993 en muy estrecho contacto con
interesados y afectados. Ese trabajo de apoyo que estoy
citando debe --así lo entendemos-- concluir en la elaboración
de un plan de viabilidad que facilite la ejecución del
proyecto original, sin olvidar que ello --lo decía
anteriormente-- ha de hacerse en el marco de una suspensión de
pagos sometida ya al control de la Administración de Justicia.
Entendemos también que en ese trabajo de apoyo de nuestra
primera parte de la propuesta, debe descenderse también a la
necesaria asistencia técnica que desde el Infes se puede
prestar --se está prestando ya «de facto»-- a los
cooperativistas, eso sí, con la mirada bien puesta en las
soluciones que aporte el plan de viabilidad respecto de lo que
puedan ser las futuras
segregaciones de las 250 promociones o la puesta en marcha de
nuevos órganos de gestión.
En segundo lugar, queremos dar la máxima transparencia
informativa al conocimento de este problema y también de sus
posibles soluciones. Por ello, instamos a la elaboración de un
informe, cuya fecha máxima sea la de un mes a partir de la
fecha en la que los interventores judiciales provisionales
comuniquen al juez el balance definitivo de la suspensión de
pagos. Todo ello sin que obste o sea menoscabo en absoluto de
aquellas informaciones puntuales requeridas desde la Cámara,
que en todo caso estén en cada momento perfectamente
disponibles.
En tercer lugar, nuestra propuesta de enmienda pretende
también colaborar desde el grupo interministerial que antes
citaba con los administradores provisionales en las gestiones
que deban realizar con las entidades financieras, sean éstas
públicas o privadas, que han de hacer posible en todo caso la
viabilidad económica del proyecto PSV.
No podría pasar por alto aquellas cuestiones que en el fondo
no compartimos de la moción presentada por el Grupo
proponente. No podríamos aceptar el punto uno de la moción, en
el que se señala que el Gobierno tiene ya asumida la
administración de la
cooperativa PSV, porque es una grave imprecisión, no solamente
gramatical sino de fondo, porque el debate del día 16 lo dejó
bien claro y porque, en todo caso, hay que insistir en que
estamos ante una intervención judicial en una suspensión de
pagos.
El otro aspecto en el que también nos separamos es que nunca
sería posible elaborar el informe de situación sino a partir
del momento en el que el juez haya clarificado el estado
contable, el estado gestor y las responsabilidades
consiguientes de la gestora PSV. Hacerlo antes sería tanto
como echar una manta protectora, cobertora, sobre el problema,
esconder la cabeza y, cuando menos, introducir confusión.
Por otra parte, insisto, señor Andreu, en que la aplicación de
lo dispuesto en el artículo 152 c) de la Ley de Cooperativas
es excepcional y ha de ser, además, provisional. Se trata, y
éste es el objetivo, de garantizar, eso sí, que, hasta que el
juez dicte el auto de suspensión de pagos, haya una toma de
decisiones que garantice, que clarifique, ese estado contable,
ese estado gestor de la PSV. En todo caso, debe ser un medida
provisional en el tiempo, que no debe prorrogarse más allá de
lo necesario. Finalmente, tampoco podríamos aceptar el punto
cuarto de su moción, relativo a constituir una ponencia
específica, en la Comisión de Política Social y Empleo, que
analizara, que
supervisara, que interviniera directamente en el proceso que
está sometido, insisto, a la tutela judicial y al interés de
los afectados. Estaríamos constituyendo «de facto» una
supergestora PSV o interviniendo incluso con criterios
políticos en un problema que tiene que ser desdramatizado, que
tiene que ser objetivado, para poder tener buen fin.
Quisiera terminar, señorías, diciendo que nos alegra que la
propuesta de moción de Izquierda Unida no incorpore ningún
aspecto al paso y que tampoco caiga en la tentación de
establecer planteamientos maniqueos respecto de cuestiones que
hoy no preocupan a los afectados; esta Cámara debe tener
exactamente la preocupación que tienen los afectados. No
ignoro que otros grupos parlamentarios aprovecharán su moción
para insistir en aspectos que nada tienen que ver con la
preocupación de la sociedad en general y mucho menos de los
afectados a cuyos intereses nos estamos refiriendo. Agradezco
que, efectivamente, en su moción no haya caído en esa trampa.
Nosotros compartimos, creo que con buena parte de la Cámara,
la preocupación sobre el deterioro de este proyecto PSV. Lo
compartimos porque expresamos con nitidez que tenemos
sensibilidad respecto de ese problema y evidentemente vamos a
tener sensibilidad respecto de las soluciones.
Queremos también --lo decía antes, pero quiero insistir en
ello--manifestar nuestro compromiso con los miles de familias
afectadas; ese compromiso, insisto, no puede nunca desbordar,
no lo va a hacer, los límites
administrativos, legales, judiciales, en los que se mueve el
problema.
Nuestra actividad, por tanto, a este respecto, desde la Cámara
creemos que no debe ser otra que la de apoyar decidida y
comprometidamente la acción del Gobierno y la instancia
judicial que ha de ir adoptando las decisiones en las próximas
semanas y en los próximos meses.
Las asociaciones de los afectados saben, por otra parte,
porque están en contacto con todos nosotros, que estamos
interesados en la solución del problema, que estamos ya
tomando decisiones, que estamos haciendo ya propuestas y que
estamos tratando de que el buen fin del proyecto se consiga.
Pretendemos que los objetivos que buscamos sean obtenidos con
la preservación de los siguientes criterios, en los que
nuevamente insisto: Una solución objetiva, una solución
aceptable; una solución basada en la transparencia; una
solución basada en la eficacia; una solución basada en el
compromiso y una solución basada, finalmente, en la seguridad
jurídica o, lo que es lo mismo, el respeto a la intervención
de la Administración de Justicia. Queremos que se haga, eso
sí, en un clima de sosiego y confianza, en el que la cuestión
esencial no sea otra que la solución del problema de los
cooperativistas. Creemos que nuestra propuesta es francamente
aceptable para su Grupo, y suponemos --nos alegraría-- que así
será.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Méndez.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la
palabra la señora Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Popular voy a defender las
enmiendas que hemos presentado a la moción de Izquierda Unida
respecto a las medidas a acordar por esta Cámara sobre la
intervención de la sociedad PSV en base a la vigente Ley de
Cooperativas.
En su conjunto, señorías, y en un principio, la moción de
Izquierda Unida contempla puntos básicos para hacer frente a
la viabilidad futura de este proyecto social de viviendas, con
el conocimiento de esta Cámara y con la transparencia que
hasta ahora no ha existido. Aun estando de acuerdo en los
aspecto fundamentales de la moción, desde el Grupo Popular
hemos creído conveniente presentar una serie de enmiendas con
la idea de garantizar la ejecución del proyecto --y digo la
ejecución del proyecto, no la viabilidad del proyecto-- y de
que por parte de esta Cámara se pueda ejercer al máximo el
control sobre los resultados de la intervención actual.
En el primer punto de la moción de Izquierda Unida se insta al
Gobierno, como se ha dicho aquí por el representante de
Izquierda Unida, a través de la intervención, a que elabore un
plan para asegurar la viabilidad del proyecto PSV. Nosotros,
desde el Grupo Popular, y ante la situación creada por la mala
gestión de un proyecto de cuya viabilidad, hasta hace bien
poco, dado el perfil político de sus gestores, casi todo el
mundo estaba seguro, pretendemos con nuestra primera
enmiendaque la intervención se prolongue hasta que se asegure
la ejecución de dicho plan. Decimos hasta que se asegure la
ejecución de dicho plan, porque no nos fiamos absolutamente
nada de lo que pueda pasar en un futuro si no se toman las
medidas oportunas y no se conocen por esta Cámara.
Señorías, los cooperativistas, una vez que se elabore dicho
plan por los actuales gestores, deberán conocer el precio
final de su vivienda, como mínimo, y el plazo de la
construcción de su vivienda, porque es tal la maraña, son
tantas las situaciones diferentes en las que se encuentra cada
promoción, que va a ser muy difícil, si ese plan no es lo
suficiente claro y lógico, si nos conformamos sólo con que los
actuales gestores y el Gobierno nos aseguren la viabilidad de
dicho plan.
Cabría hacernos la siguiente pregunta: ¿Hasta cuándo? Porque
yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el representante
del Grupo Socialista en la defensa de sus enmiendas, en el
sentido de que en las enmiendas presentadas por otros grupos
no se trata de dar respuesta a las reales preocupaciones de
los
cooperativistas. ¡Qué sabrá el Grupo Socialista de lo que son
las verdaderas preocupaciones de los cooperativistas! Han
tenido, a través del Gobierno, en su mano desde hace meses la
solución de ese problema y han esperado a que un Grupo de la
oposición presentara en esta Cámara la interpelación para
presentar, a su vez, una enmienda descafeinada a la moción.
En el segundo punto de la moción presentamos una enmienda de
adición con la intención de que, además de que se elabore un
informe sobre la situación actual, se pueda conocer por parte
de esta Cámara las causas que han provocado esta quiebra;
saber, de una vez por todas, si ha habido responsabilidades y
quién son los verdaderos responsables de este gran escándalo y
desaguisado, porque algunos responsables tiene que haber. El
daño económico y social ha sido mucho y no nos debemos
conformar en esta Cámara, dada la posibilidad que tenemos, con
que sólo se nos asegure por el Gobierno la viabilidad de este
proyecto. Queremos conocer todos los datos, queremos disponer
de los mismos datos que el Gobierno.
Nos resulta indignante que cada vez que un grupo de la
oposición denuncia casos como éste, un grave problema como el
que estamos tratando estos días, que afecta a 20.000 familias
españolas, aparezca el Ministro responsable --como ocurrió el
miércoles pasado--
diciendo que lo que aquí se dice es equivocado, erróneo, y que
no responde a la realidad.
Señorías, en nuestra última enmienda proponemos que por la
Mesa de la Cámara se cree una comisión, compuesta por el
máximo de tres miembros de cada uno de los grupos
parlamentarios,
proporcional a su representación en la Cámara, cuyo objetivo
sea estudiar y analizar todo lo relativo a la cooperativa PSV,
y, concretamente, ese plan de viabilidad. Además, que
conozcamos el plan de viabilidad del Gobierno de la nación y
los informes elaborados por el Gobierno.
Si realmente, como decía el representante del Grupo
Socialista, con el acuerdo de esta Cámara se trata de
garantizar la
transparencia, creo que lo menos que podía haber hecho el
Grupo Socialista es incluir en su enmienda o mantener la
propuesta de Izquierda Unida de la creación de una potencia.
Nosotros creemos que es más justo, para que podamos debatir en
igualdad de condiciones que los miembros del Gobierno y que
los miembros del Grupo que apoya al Gobierno, del Grupo
Socialista, que haya en esta Cámara esa comisión de
investigación para que todos tengamos los mismos datos a la
hora de elaborar las propuestas. Todo lo demás sería
descafeinado y sería engañar a esos cooperativistas que, como
a otros millones de españoles, representamos en esta Cámara.
Una vez dicho esto, señorías, quiero manifestar en nombre de
mi Grupo, porque luego no voy a tener la oportunidad de
hacerlo, que si el Grupo de Izquierda Unida acepta la enmienda
del Grupo Socialista, nosotros la vamos a apoyar. Pero ante
queremos decir en esta Cámara que es una enmienda vacía, que
no va a servir para nada, que lo que propone el Grupo
Socialista lo podía haber hecho el Gobierno sin esperar a que
se aprobara esa enmienda. Todos los puntos de la enmienda los
podía haber llevado a efecto cuando tuvo conocimiento de los
problemas que tenían los gestores anteriores y la viabilidad
del proyecto de PSV. No ha debido esperar hasta este momento
para hacer unas propuestas
descafeinadas y vacías. Una vez más ustedes serán los
responsables de engañar a los ciudadanos, pero nosotros no les
vamos a dar la coartada de que digan que el Partido Popular se
ha opuesto a una enmienda transada con el Grupo de Izquierda
Unida. Lo vamos a apoyar, pero ustedes serán responsables de
que los cooperativistas no tengan la máxima información, que
esta Cámara no tenga la máxima información, y que, una vez
más, hayan presentado ustedes una enmienda descafeinada.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Martínez Saiz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, después de leer el texto de la moción que
se ha presentado y de las enmiendas de uno y otro grupo, así
como escuchar a los portavoces que me han precedido, estoy
convencido de que todos los grupos --incluido, naturalmente,
el mío--queremos buscar una solución al problema de los
cooperativistas de la PSV. Se pide que se colabore en la
redacción de un plan de ejecución o viabilidad del proyecto;
se pide apoyo técnico; se pide que todos los administradores
que hay en este momento tengan los recursos necesarios para
realizar su gestión, y mi Grupo está de acuerdo y votará a
favor del texto que salga de este debate y de las
conversaciones que ha habido entre bambalinas.
Dicho esto, y asegurando que mi Grupo quiere la solución de
este problema, querría decirle, en un tono menor, al señor
Andreu que el dramatismo de su intervención le ha llevado a
decir
textualmente que este es el problema de 20.000 familias que
han invertido sus ahorros para resolver el problema de su
vivienda. Como S.S. sabe igual que yo, si lo dejáramos así,
los propios cooperativistas pensarían que somos una asamblea
de ingenuos, y no lo somos, ¿verdad? Lo cierto es que hay
familias que han invertido sus ahorros para resolver el
problema de su vivienda, pero no es menos cierto que hay
familias que han invertido dinero en un producto más barato
que los productos de mercado; es decir, han invertido su
dinero en comprar dos y más viviendas, porque eran viviendas
que se les ofrecían a un precio inferior al del mercado, y eso
no es ningún secreto, porque se ha dicho en los medios de
comunicación; han salido los propios damnificados diciendo: Yo
he invertido veinte millones porque he comprado tres pisos. En
ese caso, no estamos ante ese dramatismo. Creo que también hay
que defender a éstos, creo que también hay que intentar que se
resuelva ese problema, pero digo esto desde la realidad de que
éstos han jugado a una inversión respecto a la que, en
principio, vamos a creer todos que solucionaremos el papel del
proyecto, que obtendrán el resultado de su inversión, pero que
no lo han hecho con esa bondad que S.S. señalaba aquí. Y,
desde otro punto de vista, también hay españoles que oirán y
leerán estas conclusiones, que son miembros de cooperativas
que no han tenido la fortuna de que sea una cooperativa
auspiciada o creada por un gran sindicato, ni han tenido la
fortuna de que un Grupo Parlamentario los traiga a esta
Cámara, que se han quedado sin su capital, sin su trabajo y
sin los medios que pusieron en la cooperativa. Digo esto para
que los españoles sepan que no estamos haciendo ninguna
discriminación gratuita; estamos atendiendo a un colectivo,
pero conscientes de que hay otros colectivos a los que no
defendimos, en todo caso, con la misma fuerza
que estamos defendiendo a éstos. Eso también conviene decirlo.
Dicho esto, repito, votaremos favorablemente que se resuelva
el problema de la PSV con el texto que SS.SS. ya han pactado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa. El señor Andreu tiene la palabra a los efectos de
indicar la postura de su Grupo con relación a la aceptación o
no de las enmiendas presentadas a su iniciativa.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en primer lugar, quiero agradecer
a SS.SS. las intervenciones tan constructivas que han tenido
sobre la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y precisamente apoyándonos en ese debate, mi Grupo
Parlamentario ofrece al conjunto de la Cámara una transacción
en la cual se plantea, basándonos en la moción original de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, un nuevo texto
transado que confío tenga el apoyo de todas sus señorías.
El punto 1.º que plantea mi Grupo Parlamentario en este caso y
que ofrece como transacción, diría: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que, una vez realizada la
intervención, de conformidad con el artículo 152 c) de la Ley
de Cooperativas, apoye permanentemente, a través del grupo de
trabajo interministerial formado por los Ministerios de
Trabajo y Seguridad Social, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente, la labor de los
administradores provisionales de la Cooperativa PSV, Promoción
Social de Viviendas, y, en concreto, para la elaboración de un
plan de viabilidad que haga posible la ejecución del proyecto
cooperativo PSV con el objeto de que su fin social se vea
cumplido. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, un
momento, por favor. Ruego a SS.SS. que guarden silencio porque
de lo contrario es imposible prestar atención a la propuesta
de transacción que está haciendo el señor Andreu a los
diferentes grupos que han presentado enmiendas y también al
resto de la Cámara, puesto que dentro de un momento ha de
manifestarse sobre ella. ¡Silencio, por favor, señorías!
Cuando quiera, señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Por tanto, señorías, sobre la base de
ese primer punto que planteó en su moción Izquierda Unida y
utilizando la enmienda que presenta el Grupo Socialista, se
excluye de esa propuesta del Grupo Socialista el último
párrafo, en el que se pretendía que el apoyo fuera únicamente
en el ámbito del expediente de la suspensión de pagos, y, en
cambio, se plantea que el apoyo sea permanente y hasta que se
cumpla el fin social de la cooperativa PSV. En este primer
punto se acepta un segundo párrafo que es idéntico al que
planteaba el Grupo Socialista, y que, por tanto, no leeré a
sus señorías.
El segundo punto que propone mi Grupo Parlamentario insiste en
que se informe a esta Cámara por parte del Gobierno un mes
después de que se entregue la auditoría en curso, y no como
solicitaba en su enmienda el Grupo Socialista, que fuera un
mes después de que se entregara por parte del juez el balance
de los trabajos de los administradores judiciales. Por tanto,
son plazos de tiempo radicalmente diferentes.
Plantea un tercer punto la moción que ofrecemos para transar
al conjunto de la Cámara que diría: A que ofrezca su
colaboración a través del mencionado grupo de trabajo
interministerial a los administradores provisionales en sus
gestiones con las entidades financieras para interesarlas en
la financiación de las distintas promociones de la cooperativa
en orden a facilitar los créditos necesarios.
Por último, como un elemento de control de la actuación de
este grupo interministerial que en última instancia representa
al Gobierno, se le insta a comparecer periódicamente ante la
Comisión competente para informar del curso de las tareas del
grupo de trabajo interministerial en relación con el
cumplimiento del plan de viabilidad. Allí podremos controlar
cómo se produce este proceso e incluso si ha habido
adjudicaciones que no hayan sido las correctas, porque --me
dirijo al señor Hinojosa-- según la legislación de VPO,
solamente puede adjudicarse una vivienda a cada familia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Señor Méndez, ¿acepta la transaccional presentada por el señor
Andreu? (Asentimiento.)
Señora Martínez Saiz, ¿acepta la enmienda transaccional?
(Asentimiento.)
Muchas gracias. Vamos a pasar a la votación, señorías. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de
la intervención sobre la Sociedad PSV en base a la vigente Ley
de Cooperativas, que se somete a votación en los términos
resultantes de la propuesta transaccional ofrecida por el
propio Grupo proponente de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 253; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.