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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 46, de 15/02/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 46 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 45
celebrada el martes, 15 de febrero de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de
posibilitar la efectiva destrucción de la droga decomosada.
(Orgánica) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 46.1, de 3 de diciembre de 1993 (número de expediente
122/000035) (Página 2168)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de secreto
profesional de los periodistas reconocida en el artículo
20.1.d) de la Constitución Española. (Orgánica.) «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 25.1, de 14
de septiembre de 1993 (número de expediente 122/000015)
(Página 2172)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por
la que se crea una Ponencia, en el seno de la Comisión de
Presupuestos, para elaborar un Informe sobre la Reforma
económica de la Seguridad Social que incluya un conjunto de
recomendaciones para ser elevadas al Gobierno. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 8, de 17 de
septiembre de 1993 (número de expediente 162/000019) (Página 2181)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Mur Bernad), por la que
se crea una Ponencia especial, en el seno de la Comisión de
Sanidad y Consumo, para analizar la situación creada por la
sangre contaminada, la realidad del fenómeno, las
consecuencias en el plano social, económico y asistencial, y
para establecer las medidas necesarias con el fin de eliminar
sus causas y paliar sus efectos, garantizando el derecho
constitucional a la salud. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 31, de 29 de noviembre de 1993
(número de expediente 162/000053) (Página 2190)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
las medidas de política económica que piensa adoptar el
Gobierno para favorecer la recuperación de la economía (número
de expediente 173/000019) (Página 2201)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la opinión que tiene el
Gobierno sobre la asignación del 0,7 del PIB para favorecer el
índice de desarrollo humano de los países empobrecidos (número
de expediente 173/000020) (Página 2211)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre las líneas fundamentales del
sector público español (número de expediente 173/000021)
(Pägina 2219)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
47, de 16 de febrero de 1993).
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (Página 2168)
El señor Presidente somete a decisión del Pleno la solicitud
de alteración del orden del día, consistente en la inclusión
en el mismo de la iniciativa de creación de una comisión de
investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios
asignados a la Dirección General de la Guardia Civil mientras
fue Director General don Luis Roldán.
Sometida a votación, se aprueba la inclusión del punto
indicado en el orden del día por 228 votos a favor.
El señor Presidente anuncia que el debate correspondiente a
esta iniciativa tendrá lugar el próximo jueves.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2168)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de
posibilitar la efectiva destrucción de la droga decomisada.
(Orgánica) (Página 2168)
En nombre del Grupo Popular defiende la proposición el señor
Robles Orozco, manifestando que a través de la misma intentan
posibilitar la efectiva destrucción de la droga decomisada,
atendiendo a lo que creen que es un clamor social,
especialmente entre aquellas coordinadoras ciudadanas que
están padeciendo el problema de las drogodependencias y
también el del narcotráfico en zonas geográficas muy concretas
del territorio español. Nadie se explica que una sustancia tan
potencialmente peligrosa pase de mano en mano, de almacén en
almacén, sin ser inmediatamente destruida o desnaturalizada
para su posterior destrucción. En los medios de comunicación
hay una constante alusión a alijos de droga que proceden de
decomisos anteriores o, aún más grave, noticias de la
utilización de droga decomisada para el pago a confidentes de
sus servicios.
Se va formando una idea en la sociedad española de que la
droga vale demasiado y por eso mismo no se destruye, y piensan
que no es bueno que se produzca esa sensación.
Consiguientemente, a través de esta iniciativa parlamentaria
pretenden atajar esta lacra social producida como consecuencia
de casos concretos, de todos conocidos, de utilización de la
droga decomisada, a la vez que intentan aumentar las garantías
sobre la destrucción efectiva de la droga. Es cierto que el
artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal posibilita
la destrucción de la droga, pero sólo en unas circunstancias
determinadas, y de ahí que no consideren suficiente dicha
solución, máxime ante la alarma
social que se está produciendo sobre el particular.
Consideran, por tanto, que este Parlamento debe proceder a
mejorar la redacción de artículo citado, porque es necesario
prevenir los gravísimos peligros que produce este
almacenamiento y custodia de las drogas, evitando también las
corrupciones que se han podido producir con la utilización de
droga decomisada. La realidad determina que la destrucción de
la droga decomisada debe establecerse con carácter obligatorio
e inmediato, que es el fin perseguido por la proposición de
ley, para la que espera el apoyo de todos los Grupos de la
Cámara en cuanto que se trata de una iniciativa que, como
antes decía, demanda la sociedad española.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Olarte
Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Casas i Bedós, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); Vázquez Romero, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y García Espinosa,
del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley del
Grupo Popular por 282 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, reguladora de la cláusula de secreto
profesional de los periodistas reconocida en el artículo
20.1.d) de la Constitución Española. (Orgánica) (Página 2172)
En nombre del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
defiende la proposición de ley el señor López Garrido,
señalando que a través de la misma pretenden desarrollar el
derecho al secreto profesional de los periodistas establ
20.1.d) de la Constitución. Destaca alguno de los casos más
relevantes de la historia judicial de nuestro entorno,
reconociendo que, si bien cuantitativamente no son muchos los
casos habidos sobre el secreto profesional de los periodistas,
lo cierto es que los que hay son muy relevantes, con una
significación objetiva indudable. En nuestro país ha habido
también algunos casos en los que, al igual que en el
extranjero, se manifestó la importancia del secreto
profesional de los periodistas como elemento básico que
protege una prensa libre.
Expone que el secreto profesional de los periodistas, como es
sabido, consiste en la posibilidad de negarse a desvelar las
fuentes de información, incluso ante la autoridad coercitiva
del Estado y, lo más importante de todo, frente a los jueces,
que es donde se produce el litigio fundamentalmente. Se trata
de que cuando el periodista intervenga en un juicio como
testigo pueda negarse a revelar sus fuentes de información,
fundamentándolo en la libertad de información. Quienes han
hecho periodismo de investigación saben perfectamente que ese
periodismo sería imposible si no existiese el secreto
profesional de los periodistas, el secretro a revelar sus
fuentes de información. Se trata de un derecho parecido al de
la cláusula de conciencia que veían la semana pasada en esta
misma Cámara.
Sin embargo, en la proposición de ley se establecen unos
límites a este derecho para el caso de los delitos contra la
seguridad exterior del Estado y para el caso de los secretos
oficiales.
Termina solicitando el apoyo de los demás Grupos de la Cámara
a esta proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora
Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Olarte
Canaria; González de Txábarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV);
Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Muñoz-Alonso y Ledo, del Grupo Popular, y Del Pozo i Alvarez,
del Grupo Socialista. Sometida a votación, se aprueba la
proposición de ley del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya por 295 votos a favor y una abstención.
Proposiciones no de ley (Página 2181)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la
que se crea una Ponencia, en el seno de la Comisión de
Presupuestos, para elaborar un informe sobre la reforma
económica de la Seguridad Social que incluya un conjunto de
recomendaciones para ser elevadas al Gobierno (Página 2181)
En representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
defiende la proposición no de ley el señor Homs i Ferret,
recordando que es la segunda iniciativa que su Grupo plantea
en relación con el estudio de la actual situación de la en los
ámbitos económico-financieros para proponer un conjunto de
reformas al Gobierno. Al contrario de lo ocurrido en la
anterior legislatura, en que esta iniciativa no fue aceptada
por el Grupo mayoritario de la Cámara, esperan que en esta
ocasión las circunstancias actuales faciliten que se comprenda
la motivación que ha impulsado a su Grupo a proponer la misma
y que pueda ser aceptada por toda la Cámara.
Justifica la proposición no de ley en el creciente déficit que
desde hace varios años vienen observando
en el presupuesto de la Seguridad de las medidas adoptadas
para incrementar los tipos de cotización o bien trasladar a
las empresas el coste de las prestaciones. La situación es
especialmente grave en el caso de determinados regímenes
especiales de la Seguridad Social que, gracias a la absorción
de su déficit por parte del Régimen General, puede cubrir sus
prestaciones.
Añade que la situación general de déficit económico-financiero
de la Seguridad Social se compensa mediante transferencias del
Estado, qu año 1977 equivalían a un 3,6 por ciento de los
ingresos de la Seguridad Social de entonces, en la actualidad
representan casi un 35 por ciento. Pero si analizan la
evolución futura de esta situación de déficit, las primeras
observaciones sobre el particular les lleva a la conclusión de
que prácticamente será seguro el crecimiento del déficit
actual si no se adoptan algunas medidas específicas para
reconducir tal situación.
Esta evolución futura del déficit de la Seguridad Social viene
forzada, primero, por la perspectiva que ofrece la evolución
demográfica en España, con un mayor crecimiento de los
pensionistas en relación al crecimiento que pueda ofrecer el
número de cotizantes al sistema de la Seguridad Social y, en
segundo lugar, porque en un sistema de reparto como el que
rige en estos momentos en la Seguridad Social, si en el año
1980 los gastos en concepto de pensiones equivalían a un 61
por ciento de los ingresos por cotizaciones, en 1993 este
porcentaje ya había aumentado hasta el 85 por ciento y se
prevé que antes de terminar la década la totalidad de los
ingresos por cotizaciones no será capaz de financiar ni
siquiera los gastos previsibles para pensiones, teniendo en
consecuencia que incrementar todavía más las aportaciones del
Estado a la Seguridad Social.
En modo alguno desean transmitir a la Cámara la idea de que
está en quiebra la seguridad de las prestaciones de la
Seguridad Social, ya que las pensiones van a continuar
pagándose, pero lo que sí constatan es que, con la evolución
de los últimos años, si no se adoptan medidas que alteren el
sistema económico-financiero de la Seguridad Social
difícilmente podrá ir soportando el presupuesto de la
Seguridad Social la cobertura de aquéllas, por lo que habrá
que recurrir a la vía de los impuestos para poder hacer
efectivo el pago de las pensiones.
Ante la situación descrita, su Grupo propone a la Cámara que
se tome conciencia de la misma, constituyendo una ponencia con
el ánimo de forzar un consenso en torno a la situación
económico-financiera de la Seguridad Social, planteando la
conveniencia de revisar el actual mecanismo por el que se
garantiza hoy el sistema público de pensiones.
Termina el señor Homs fijando la posición de su Grupo en
relación con las enmiendas presentadas a esta proposición no
de ley por otros Grupos de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas y para la fijación de
posiciones de sus respectivos Grupos intervienen los señores
Peralta Ortega, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per C
Pérez, del Grupo Popular, y Almunia Amán, del Grupo
Socialista.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores
González Lizondo, del Grupo Mixto, y Zabalía Lezámiz, de
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) por 297 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Señor Mur Bernad), por la que
se crea una Ponencia especial, en el seno de la Comisión de
Sanidad y Consumo, para analizar la situación creada por la
sangre contaminada, la realidad del fenómeno, las
consecuencias en el plano social, económico y asistencial, y
para establecer las medidas necesarias con el fin de eliminar
sus causas y paliar sus efectos, garantizando el derecho
constitucional a la salud (Página 2190)
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, defiende la proposición
formulada, cuya importancia destaca al tratar de una
enfermedad grave como es el sida, que va en aumento y, en
contra de lo que pudiera creerse, no es algo que afecte a
grupos marginales, sino que afecta a todos los ciudadanos de
una sociedad más abierta y más permisiva en un mundo cada día
más sin fronteras. Añade que la preocupación del Gobierno y de
la sociedad por el sida es creciente, en la medida en que cada
día se tiene una mayor información y que los medios de
comunicación se ocupan del tema en profundidad.
Expone que, según la Organización Mundial de la Salud, cada
día hay en el mundo 5.000 nuevos afectados de sida, llegando
en la actualidad a 13 millones de personas infectadas y 2,5
millones de enfermos del sida, cifras que para finales del
siglo se prevé que se eleven hasta los 15 millones de enfermos
y de 30 a 40 millones de personas seropositivas.
Alude también a la situación en España, facilitando algunas
crifras especialmente preocupantes ante las que no sería de
recibo cruzarnos de brazos, haciendo clara dejación de las
responsabilidades
propias ante tan grave problema, ante las reclamaciones de los
afectados y ante las reiteradas denuncias de los profesionales
de la medicina o el propio derecho a la protección de la salud
reconocido en nuestra Constitución para todos los españoles.
Se trata de una cuestión importante que no va a solucionarse
por que intentemos ignorarla, y con este fin propone la
constitución de una ponencia, sin otro fin que el de colaborar
a la solución del problema, pues no se trata de ninguna
comisión de investigación o de la petición de
responsabilidades, por ahora. Cree que, de no atenderse a su
demanda, se cometería un grave error, porque desgraciadamente
la enfermedad sigue avanzando, los problemas se seguirán
multiplicando y, tarde o temprano, tendrán que ocuparse de
este asunto en el Parlamento.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Gatz (PNV);
Cardona i Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Vázquez Romero, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Villalón Rico, del Grupo Popular, y Gimeno Ortiz, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley del
Grupo Mixto por 138 votos a favor, 151 en contra y 12
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2201)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las
medidas de política económica que piensa adoptar el Gobierno
para favorecer la recuperación de la economía (Página 2201)
El señor García-Margallo y Marfil defiende la moción del Grupo
Popular. Recuerda que en el debate de la interpelación la
semana pasada, al preguntar al Gobierno qué pensaba hacer para
sacar a la economía española del pozo en que se encuentra, la
respuesta fue clara, en el sentido de que no pensaba hacer
nada, pareciéndole suficiente con lo que estaba haciendo y que
no había razón alguna para cambiar. Sin embargo, convendrán
todos en que sí hay algo que hacer, sobre todo después de las
noticias de los últimos días, máxime cuando están cambiando
dramáticamente las reglas del juego y el resto de los países
que compiten con nosotros las están aprovechando mejor,
corriendo España el riesgo de quedarse clavada en la línea de
salida. Expone que el Acta Unica Europea establece un sistema
de libre circulación de mercancías, personas y capitales, por
lo que o bien producimos mejor y a precios más baratos que los
demás o nos convertiremos en un país de servicios. Ocurre
además que en Europa también compiten los sistemas y o bien
adaptamos nuestro sistema fiscal, laboral, financiero,
etcétera, a lo que marca nuestro entorno o seguiremos
perdiendo competitividad como hasta ahora. Sucede, por otra
parte, que dentro de poco tiempo no será ya posible coger el
atajo de la devaluación para recuperar la competitividad que
perdamos por la mala cabeza del Gobierno.
Añade que el año 1994 se presentaba como un año en transición,
una ocasión única para no perder el tren de la historia, un
momento en el que no caben ya resignaciones, ni inacciones ni
dilaciones, sorprendiéndole que ningún Grupo de la Cámara haya
presentado enmiendas o alternativas a la moción que está
defendiendo. Como, por otra parte, el silencio del Gobierno ha
sido estruendoso, el Grupo Popular ha presentado un plan de
choque para reanimar la demanda, crear empleo, controlar el
gasto público e impulsar los sectores claves de nuestra
economía.
Alude a continuación a la incapacidad del Gobierno para
establecer un diálogo social, mientras se produce un aumento
de la crispación social; demuestra también el Gobierno su
falta de habilidad o de eficacia para cumplir los compromisos
del Secretario General del Partido Socialista en campaña
electoral. En materia de precios, el señor Ministro dijo que
el contexto había sido positivo, hablando de un mejor
comportamiento de los precios en los últimos diecisiete años,
y tan sólo dos días más tarde les brotaba la inflación de
enero con un aumento del 1 por ciento, comiéndose en un mes el
tercio de la inflación prevista para todo el año.
Concluye el señor García Margallo enumerando varias de las
medidas contenidas en la moción, a las que califica de
extraordinariamente sencillas.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Gr Espasa
Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Hernández Moltó, del Grupo Socialista. Replica el señor
García-Margallo y Marfil, duplicando el señor
a favor, 163 en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la opinión que tiene el Gobierno sobre la
asignación del 0,7 del PIB para favorecer el índice de
desarrollo humano de los países empobrecidos (Página 2211)
El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en torno a la asignación d el
desarrollo humano de los países empobrecidos. A través de la
moción intentan que se cumpla el compromiso del Gobierno,
pretendiendo que lo que se firma se traslade a un acuerdo de
esta Cámara respaldado por todos los Grupos Parlamentarios. Se
trata también de proponer al Gobierno que la cuantía que
España dedique en los próximos años a la ayuda oficial al
desarrollo experimente un incremento progresivo y una
distribución en función de la reducción de la pobreza y del
desarrollo sostenible de esos países, sobre todo atendiendo a
los sectores más vulnerables. Igualmente se trata de que esas
ayudas respondan a las necesidades básicas de los países
desfavorecidos y no a nuestro deseo comercial de fomentar
nuestra industria exportadora.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Hernando Fraile, del Grupo Popular, y Yáñez-Barnuevo
García, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra la señora
Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Molins i Amat, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se aprueba la moción debatida por 272
votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre las líneas fundamentales del sector
público español (Página 2219)
El señor García Fonseca defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y, dado lo avanzado de la
sintéticamente algunas de las características más
sobresalientes de la moción.
Para defender las enmiendas presentadas y fijar la posición de
sus respectivos Grupos, intervienen los señores Gámir Casares,
del Grupo Popular, y Sáenz Lorenzo, del Grupo Socialista.
Completa el turno de fijación de posiciones el señor Sánchez i
Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 10
votos a favor, 216 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de
la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
INCLUSION DE UN NUEVO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Antes de iniciar la tramitación del orden del día que figura
en la documentación distribuida, procede someter a decisión
del Pleno la solicitud de alteración del orden del día,
consistente en la inclusión en el mismo de la iniciativa de
creación de una comisión de investigación sobre la gestión de
los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de
la Guardia Civil mientras fue director general don Luis
Roldán.
Votación para la modificación del orden del día en los
términos expresados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos 228; a favor, 228.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la modificación del orden
del día y la inclusión en el mismo del punto indicado. El
debate correspondiente a esta iniciativa tendrá lugar en el
punto correspondiente de la estructura de los debates del
jueves.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE MODIFICA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL CON EL FIN DE
POSIBILITAR LA EFECTIVA DESTRUCCION DE LA DROGA DECOMISADA
(ORGANICA) (Número de expediente 122/000035)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo
Popular, por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento
Criminal con el fin de posibilitar la efectiva destrucción de
la droga decomisada.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular ha presentado esta proposición de
ley para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
con el fin de posi destrucción de la droga decomisada ante lo
que creemos que es una demanda social, un clamor social,
especialmente entre aquellas coordinadoras ciudadanas que
están padeciendo el problema de las drogodependencias,
así como el del narcotráfico en zonas geográficas muy
concretas del territorio español.
Independientemente de la frecuencia con la que aparezca en los
medios de comunicación y la consecuente alarma que produce es,
sin lugar a dudas, un hecho de una extraordinaria gravedad la
desaparición de la droga decomisada o su utilización para
otros intereses.
Nadie se explica que una sustancia tan potencialmente
peligrosa, que genera unos beneficios tan importantes desde el
punto de vista económico, en mano, de almacén en almacén, sin
ser inmediatamente destruida o desnaturalizada para su
posterior destrucción.
En los medios de comunicación, como ya he mencionado antes,
hay una constante alusión a alijos de droga que proceden de
decomisos anteriores, operaciones como las realizadas no hace
mucho
tiempo en Bilbao o en la Costa Brava o, lo que sería aún más
grave, noticias de la utilización de droga decomisada para el
pago a confidentes de sus servicios, como los famosos casos de
la Ucifa y muchos otros dossieres de prensa que están en mi
poder y que están seguramente en la mente de muchas de SS.SS.,
que conocen que es cierto que ha provocado una alarma
generalizada en la población española sobre lo que en algunos
conoce como el tráfico de droga incautada. Son muchos los
comentaristas, son muchas las ilustres personalidades y
juristas de este país que se han venido concienciando y
preocupando de este importante tema, que, como digo, es
necesario que sea abordado desde estas instancias
parlamentarias.
Se va formando una idea en la sociedad española, que creo que
no responde tampoco a la realidad, pero que es cierta, de que
la droga vale demasiado y que por eso mismo no se destruye.
Creemos que no es bueno que se produzca esa sensación, que no
es bueno que la opinión pública piense que en los decomisos de
drogas se producen fugas o pérdidas de estas sustancias o, lo
que sería peor, evidencias de que efectivamente se está
utilizando, como he dicho antes, para el pago de servicios a
confidentes que, como todo el mundo sabe, ha sido una clara
ilegalidad. Además es injusto, porque creo que produce una
distorsión sobre lo que son los esfuerzos reales que realizan
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en importantes
acciones de lucha contra el narcotráfico.
Nuestra iniciativa pretende atajar lo que es esta alarma
social, estos casos concretos que se han producido y que todos
conocemos de esta utilización de la droga decomisada para
estos fines, pero también lo que pretende es aumentar las
garantías sobre la destrucción efectiva de la droga. Es bien
cierto que el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal posibilita la destrucción de la droga, pero la
posibilita en unas determinadas circunstancias. A saber: la
utilización del juez instructor, dejar muestras suficientes y
expresa constancia en los autos de las circunstancias de las
piezas destruidas, dar audiencia al Ministerio Fiscal y al
propietario o poseedor de los efectos que se pretenden
destruir, que se trate de efectos cuya conservación lleve
implícito un peligro real o potencial. Creemos que no es
suficiente, que no puede dejarse al criterio exclusivo del
proceso que se está instruyendo y a los criterios del juez
instructor. Es cierto, como he dicho, que se han producido
estos avances en la legislación española, en el ámbito de las
convenciones internacionales y en otras instancias, pero no es
suficiente. Creemos que en este momento hay que atajar esa
demanda, esa alarma social que se está produciendo y que
tenemos que... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Robles. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Como les decía, creo que el Parlamento
debe proceder a mejorar la redacción del artículo 338 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, a clarificar y a dar un
mandato expreso y claro sobre la destrucción automática de la
droga. Creemos que es necesario prevenir los gravísimos
peligros que produce este almacenamiento y custodia de las
drogas, que está ocasionando dificultades a muchos organismos
que tienen que hacerse cargo de la destrucción de la droga, y
proceder de una forma que evite también las corrupciones que
se han podido producir, que se han producido sin lugar a
dudas, con la utilización de esta droga decomisada. La
realidad determina que la destrucción de la droga decomisada
se debe establecer con un carácter obligatorio y que, una vez
que se haya cumplimentado la diligencia y que quede constancia
de la naturaleza, la calidad, la cantidad y el peso, estas
sustancias deben destruirse con carácter obligatorio e
inmediato.
La defensa que el Grupo Popular hace es muy sencilla, por lo
tanto, la defensa de esta redaccion también es muy sencilla.
Se trata de introducir en el artículo 338: ... en todo caso e
inmediatamente cumplimentado lo dispuesto en el párrafo
siguiente para su efectiva destrucción. Creo que con esa
simple frase hay una carga política importantísima, es decir,
hay un mandato expreso y claro de atajar una alarma social
importante, grave, que deteriora claramente lo que en este
momento está haciendo la lucha contra el narcotráfico. Como
creo que la mejor defensa que se puede hacer de la propia
explicación de la redacción de este artículo es que hay que
atajar la alarma social, que hay que poner freno a las
corrupciones que se han podido producir y que, sobre todo, hay
que ser eficaces en la lucha contra el narcotráfico, en esos
términos es en los que quiero defender esta proposición. Y
quiero decir que creo que sería conveniente que todos los
grupos de esta Cámara apoyaran unánimemente esta iniciativa,
no porque la
presenta el Grupo Popular sino porque es una iniciativa que
demanda la sociedad española, las coordinadoras ciudadanas,
las personas que están implicadas en la lucha contra el
tráfico de drogas y porque es un mensaje claro, decidido, en
la misma línea de lo que fue en su momento la Ley de
prevención del blanqueo de capitales, puesto que es una ley de
prevención ante delitos posibles de utilización de la droga
decomisada.<ð Es, por tanto, una reforma de un calado
político importante, un mandato expreso y claro de
cumplimiento, pero también un mensaje claro y decid ciudadanía
española, a las coordinadoras ciudadanas, de que desde este
Parlamento se toma buena nota de los problemas y que también
se hacen iniciativas, coherente en apoyar su esfuerzo, su
padecimiento diario en la lucha contra el narcotráfico.
Muchas gracias, señorías. Espero del buen juicio de todos los
Grupos la atención de esto que no es una demanda del Grupo
Popular, sino de los ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, muy
brevemente para expresar el respaldo de la Coalición Canaria a
la iniciativa del Grupo Popular, por entender que constituye
una iniciativa feliz y compartir, además, la preocupación que
se ha suscitado en distintos ambientes de la opinión pública
con motivo de lo que acaban de calificarse adecuadamente fugas
de sustancias decomisadas como consecuencia de la aprehensión
de los famosos alijos.
Para Coalición Canaria es tranquilizante el hecho de que la
normativa actual se sustituya por la obligatoria destrucción y
que, por tanto, lo imperativo sustituya a lo discrecional en
los supuestos de la destrucción de las sustancias decomisadas.
Obviamente, pueden quedar, deben quedar y quedarán los datos
correspondientes a la naturaleza, a la cantidad, a la calidad,
el peso, etcétera, de los mismos y, por supuesto, que en razón
de las consideraciones precedentes no debe ofrecer, bajo
nuestra perspectiva, lugar a dudas la conveniencia de la
reforma del precepto mencionado en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que, al menos, con nuestro voto afirmativo
prosperará. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
La opinión del Grupo parlamentario Catalán es favorable a la
toma en consideración de esta proposición de ley. Creemos que
encajaría en las conclusiones de la comisión mixta para el
estudio del problema de la droga que se aprobaron en la
anterior legislatura.
Habrá que estudiar --eso sí-- con detenimiento la proposición
de ley, a fin de que el objetivo que persigue, que
compartimos, no pudiera entorpecer en algún momento el proceso
judicial, sobre todo, en el trámite de práctica de pruebas. En
todo caso, y en el trámite de debate en Comisión, y con las
enmiendas que presenten los distintos Grupos parlamentarios,
podremos hacer este debate, con el fin de consegur el objetivo
que pretende la proposición de ley, que entendemos acertada.
Por estas razones, el Grupo Catalán votará favorablemente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentaio de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya también va a apoyar la toma en consideración de esta
proposición de ley que nos presenta el Grupo Popular,
entendiendo que la misma intenta solucionar un problema que se
presenta con cierta frecuencia a los funcionarios de los
Cuerpos de Seguridad del Estado y también a los funcionarios
civiles que colaboran en la custodia de los alijos que se
aprehenden a los narcotraficantes.
De todos es conocido que ocasionalmente se producen problemas
por las discrepancias entre las cantidades aparentemente
aprehendidas y las alma caso más reciente, o del que tenemos
noticia más cercana, es el que se produjo en Irún, que llegó a
significar la desaparición de una partida, de una cantidad
determinada de cocaína, lo que supuso expedientes
sancionadores a diez funcionarios policiales y a algunos
funcionarios civiles. Ocasionalmente, se ha dado un mal uso
desde la legalidad democrática a esa cantidad de droga que
eventualmente desaparece de estos centros donde permanece
custodiada o almacenada. Esta proposición de ley que nos
presenta el Grupo Popular pretende resolver este problema.
Ocasionalmente se plantea otro problema, aunque no lo va a
resolver esta proposición de ley, pero puede ayudar a ello, y
es la contradicción que se produce a veces entre la cantidad
que declaran algunos narcotraficantes que poseían y la que
finalmente es depositada, y que no siempre debemos entender
que, entre lo que declara el narcotraficante y lo que
finalmente se objetiva, es
distraída, digamos, una cantidad de esa sustancia, sino que,
en ocasiones, por parte de algunos narcotraficantes, se
utilizan este tipo de declaraciones para generar
contradicciones internas y para poner en duda la
honorabilidad de personas que actúan correctamente.
Creo que esta proposición de ley puede resolver una parte de
estos problemas. Por tanto, vamos a apoyar su toma en
consideración, en el bien entendido de que probablemente sea
conveniente, en el trámite de enmiendas, cambiar un poco la
tendencia actual; es decir, enmendar de forma que se haga
posible el almacenamiento cuando haya motivación expresa
judicial, y no al revés. No lo que existe ahora, sino
justamente lo contrario, lo que posibilitará que en alguna
ocasión determinada, por expreso mandato judicial, se pueda
almacenar alguna cantidad; pero invirtamos la situación
actual, que es lo que pretende esta proposición de ley que,
repito una vez más, vamos a apoyar desde el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García
Espinosa.
El señor GARCIA ESPINOSA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, con la brevedad exigible por el contenido de la
proposición que nos presenta el Grupo Popular, voy a intentar
fijar la posición de mi Grupo. Ya adelanto va a ser favorable
a la toma en consideración que hoy aquí se nos presenta, y que
contiene un artículo único que pretende establecer la
obligatoriedad de la destrucción de toda la droga decomisada.
Tengo que decir al inicio de mi intervención que, si bien no
estoy de acuerdo con alguno de los argumentos que quienes han
intervenido antes que yo han expresado desde esta tribuna o de
sus escaños, si bien no estoy de acuerdo, no van a ser
contradichos en este turno, porque sí estamos de acuerdo, y
compartimos plenamente, el objetivo final que pretende la
proposición.
Utilizaré mi intervención para formular algún criterio general
en torno a la cuestión que estamos discutiendo, así como para
manifestar desde ahora algunas de las reservas que el texto
del contenido literal de la proposición que se nos plantea
inspiran a nuestro Grupo.
Como decía al comienzo, vamos a apoyar la proposición de ley
que se nos presenta porque entiendo que viene a significar un
paso más en la evolución de la legislación... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor García Espinosa; un
momento. (Pausa.) Cuando quiera.
El señor GARCIA ESPINOSA: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que vamos a apoyar la toma en consideración de esta
proposición porque entiendo que lo que viene a significar es
dar un paso adelante, un paso positivo en la evolución de la
legislación española en la materia. No se trata, por tanto, a
mi juicio, de introducir algo radicalmente novedoso, sino de
perfeccionar lo que la legislación española hoy permite, como
el propio proponente ha reconocido desde aquí.
En España, como en todos los países, se ha pasado de la vieja
idea de la conservación obligatoria de todos aquellos
elementos de prueba relacionados con el delito, a la
destrucción facultativa, es decir, según arbitrio judicial,
que es lo que hoy recoge nuestra Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Porque el artículo 338, que hoy estamos discutiendo,
como bien sabe la mayoría de SS.SS., fue modificado ya en el
año 1984 justamente para permitir la destrucción de este tipo
de sustancias, justamente para permitir la destrucción de
droga decomisada. El año 1984 se introdujo esta modificación
del hoy vigente artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en lo que se pretendía desde un primer momento
tuviera ya carácter de normalidad y no de mera
excepcionalidad. Y así, para apoyar la intención del
legislador de que esta modificación tuviera ese carácter de
normalidad, existen numerosas instrucciones de la Fiscalía
General del Estado, así como de la Presidencia del Tribunal
Supremo, recordando a jueces, fiscales y tribunales la
posibilidad de esta destrucción de la droga y, en
consecuencia, estimulándolos, invitándolos a que efectivamente
destruyan la droga decomisada. Por tanto actualmente la
destrucción de la droga es una facultad potestativa del juez,
cosa que me interesa subrayar aquí, señor Presidente, de una
manera suficiente.
Se trata ahora, como antes decía, de dar un paso más, de
avanzar en esa dirección, lo que ya el legislador del año 1984
quiso hacer mediante la reforma que en esta Cámara se aprobó.
Porque si bien es verdad que hoy se permite la facultad de
destruir la droga decomisada, si esto es así, no es menos
cierto, señor Presidnete, que se ha producido un muy desigual
ejercicio de esta facultad por parte de los jueces, y ello por
diversas razones que no es del caso analizar, y que, en
consecuencia, han aumentado los problemas derivados del
almacenamiento de estas sustancias, sobre todo --hay que
decirlo-- por la gran cantidad de droga aprehendida en los
últimos años. Por ese motivo consideramos plausible la
presentación de esta proposición, y en ese sentido va a contar
con nuestro concurso y apoyo.<ð En cualquier caso, y antes
de terminar, decía que a mi Grupo le inspira una serie de
reservas el contenido literal de la proposición. Creo que es
manifiestamente mejorable y que la mejoraremos entre todos en
posteriores trámites parlamentarios. La mejoraremos para que
no se permita quiebra alguna en cuanto a las garantías
exigibles en la Constitución Española y en la
propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay que tener en cuenta
que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que estén a
disposición del Tribunal, del fiscal o de los testigos, en
distintas fases del procedimiento, este tipo de sustancias. Me
parece que la
destrucción total e inmediata de la droga podría suponer, en
algún caso --o aunque en un solo caso lo supusiera tendríamos
que evitarlo--, la pérdida de una prueba de cargo determinante
en el procedimiento, si no precisamos con exactitud el alcance
de esa obligatoriedad. Algo parecido podría decirse de por qué
no mantener determinadas drogas, determinadas sustancias para
uso farmacéutico, para uso médico o de investigación.
Señor Presidente, en resumen, y para cumplir esa promesa de
brevedad acorde con el contenido de la pretensión, tan sólo
diré que estas observa brevísimamente he tenido el
atrevimiento de apuntar, se concretarán, en su día, en forma
de enmiendas que irán en el sentido de lo que acaba de
expresar el representante de Izquierda Unida. Irán dirigidas a
dejar una puerta abierta para que si el juez lo considera
conveniente, mediante resolución judicial motivada y para
casos concretos, se levante esa implantación de obligatoriedad
que entre todos vamos a aprobar hoy. Creo que tenemos que ser
extremadamente rigurosos a la hora de regular este tipo de
materias y sobre todo de prever todas y cada una de las
consecuencias de las leyes que aprobamos en esta Cámara.
La proposición es claramente mejorable y vamos a trabajar en
esa dirección. Pero, como reiteradamente he dicho, compartimos
plenamente la idea, compartimos totalmente el objetivo que se
persigue. Supone un paso positivo, un paso adelante en la
modificación que en el año 1984 ya esta Cámara introdujo en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, contará con
nuestro concurso, nuestro apoyo y nuestro voto favorable para
que sea tomada en consideración por el Pleno de la Cámara en
el día de hoy.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Espinosa.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición de ley del Grupo Popular, por la que se modifica
la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de posibilitar la
efectiva destrucción de la droga decomisada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 282; a favor, 282.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, REGULADORA DE LA CLAUSULA DE
SECRETO PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS RECONOCIDA EN EL
ARTICULO 20.1.d) DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA (ORGANICA)
(Número de expediente 122/000015)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de
secreto profesional de periodistas reconocida en el artículo
20.1.d) de la Constitución española.
Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señores Diputados,
el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya prese aprobación a la Cámara la toma en
consideración de la proposición de ley que desarrolla el
derecho al secreto profesional de los periodistas, establecido
en el artículo 20.1.d) de la Constitución. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
De la importancia de esta cláusula pueden dar fe algunos de
los casos más relevantes de la historia judicial de los países
de nuestro en pensar en el caso Der Spiegel en 1966, o en el
caso Medetti, en Italia, en que un periodista fue procesado
por negarse a revelar las fuentes de información de una actriz
--por cierto, que desveló las exigencias de favores sexuales
que se hacían en la televisión italiana a las aspirantes a
intervenir ante el medio televisivo--, o el celebérrimo caso
Washington Post, cuando los famosos periodistas Woodward y
Berstein desvelaron las trapacerías de la Administración Nixon
en el famoso asunto del Watergate. Cuantitativamente no hay
muchos casos sobre el secreto profesional de los periodistas,
pero los que hay son muy relevantes, tienen una significación
objetiva indudable.
En nuestro país ha habido también algunos casos, no
demasiados. Recordemos la presencia ante el juez de conocidos
directores de periódicos, como Juan Luis Cebrián o Miguel
Angel Aguilar, también con motivo de procesos judiciales en
los que el juez, en un caso la jurisdicción militar y en otro
caso la jurisdicción civil, les exigía revelar sus fuentes de
información. En todos ellos se manifestó la importancia del
secreto profesional de los periodistas como elemento básico
que protege una prensa libre. El Juez Black fue el que
dictaminó el caso Watergate en Estados Unidos con una frase
lapidaria. Decía: «La prensa libre protege al pueblo de los
engaños del gobierno». Para el juez Black era fundamental el
secreto profesional como forma de proteger esa prensa libre.
Como es sabido, el secreto profesional de los periodistas
consiste en la posibilidad de negarse a desvelar
las fuentes de información, incluso ante la autoridad
coercitiva del Estado; no sólo frente a las empresas
periodísticas o terceras personas, también frente a la
autoridad política, también frente a la Cámara, por ejemplo,
una comisión de investigación frente a la Administración. Y lo
más importante de todo,frente a los jueces, que es donde se
produce el litigio fundamental.
El secreto profesional de los periodistas significa que cuando
intervengan ante un juicio como testigos, no como inculpados
(que en este caso no lo tendrían), cuando intervengan como
testigos pueden negarse a revelar sus fuentes de información.
Si no existiese este derecho, el periodista incurría, como
saben, en un delito de desobediencia. El fundamento es la
libre expresión, la libertad de información. Quienes han hecho
periodismode investigación saben perfectamente que ese
periodismo sería imposible si no existiese e La naturaleza de
este derecho es parecida a la de la cláusula de conciencia que
veíamos la semana pasada en esta misma Cámara. Por un lado, se
trata de un derecho personal subjetivo que significa un cambio
muy importante en la posición jurídica del informador, como ha
dicho quizá el especialista que más ha trabajadoen este tema,
el profesor Marc Carri a la vez propietario de la información.
Pero además es un derecho de proyección intersubjetiva, es un
derecho de proyección social. Quizá las palabras con las que
defendía esta proposición de ley hace tres años en esta Cámara
nuestro compañero Ramón Espasa pudieran resumir perfectamente
lo que quiero decir con esto del carácter social e
intersubjetivo del secreto profesional de los periodistas. Se
refería a la cláusula de conciencia y al secreto profesional,
y decía: Son derechos transitivos que benefician al conjunto
de la sociedad porque producen o permiten producir una
información pública más veraz, más plural, perfecciona el
Estado de Derecho y, en definitiva, perfeccionan nuestro
edificio constitucional. Creo que está perfectamente resumido
el significado profundo de esta cláusula, de este derecho al
secreto profesional de los periodistas, naturalmente con unos
límites. En nuestra proposición de ley se establecen esos
límites, que son el caso de los delitos contra la seguridad
exterior del Estado y el caso de los secretos oficiales.
No es pacífica (hay que reconocerlo) en el sector de los
medios de comunicación la conveniencia o no de desarrollar el
secreto profesional de los periodistas. No es pacífica porque
para muchos profesionales la mejor ley de prensa es la que no
existe; la mejor regulación de los medios de comunicación es
la que no existe. La verdad es que hay que reconocer que en
algunos casos, por lo menos hasta el momento, puede decirse
que la jurisprudencia, en las contadas ocasiones que ha tenido
ocasión de hacerlo, ha respetado el secreto profesional. Sin
embargo, nosotros entendemos que este derecho tiene que ser
regulado por esta Cámara, y ello no sólo porque esa fue la
intención de los constitucionalistas, de los padres de la
Constitución, de quienes aprobaron la Constitución en esta
misma Cámara cuando señalaron claramente que es la ley la que
tiene que desarrollar este derecho fundamental. Alguno de
ellos --recuerdo, por ejemplo, el señor Zapatero-- señaló
expresamente: En este momento no estamos regulando estas
cláusulas --se refería a la cláusula de conciencia y al
secreto profesional--, estamos simplemente planteando,
reconociendo este derecho que tiene que ser desarrollado por
ley. Pues bien, esta es la ocasión para desarrollar la
cláusula de conciencia, que tomamos en consideración la semana
pasada, y el secreto profesional, que va, si se me permite
expresarlo, indisolublemente unida a la anterior, y ello no
solamente porque hay que desarrollar este artículo de la
Constitución, no solamente en congruencia con la cláusula de
conciencia, sino porque políticamente es oportuno que así se
haga.
Los medios de comunicación están sufriendo una evolución
enorme en estos últimos años, con procesos de concentración y
de fusión muy importantes que en nuestro país, además, se
expresan en una presencia muy fuerte en ellos del sector
financiero. Es decir, hay una concentración de poder económico
muy fuerte en los medios de comunicación, y toda esta serie de
medidas de democratización de los mismos, de derechos frente a
su propiedad, y frente al Estado en este caso, vienen a
expresar la necesidad de contrarrestar la evolución, que debe
ser, por otra parte, regulada también por leyes que todavía no
se han planteado y que en toda Europa son objeto de debate.
Por eso es por lo que el fortalecer la independencia del
informador nos parece fundamental de cara a este enorme
problema económico-político que se nos presenta en este en
relación con los medios de comunicación.
Además de todo ello, la regulación del derecho al secreto
profesional de los periodistas, en este momento y con
independencia de que haya una jurisprudencia más o menos
casuística, es una necesidad por la seguridad jurídica que
impregnaría a este derecho.
No sabemos si la jurisprudencia de los tribunales podrá ir en
la misma dirección o cambiará. La verdad es que la situación
actual se presta a que haya oscilaciones erráticas en la
jurisprudencia y que, por tanto, no sea previsible cuál es su
sentido futuro en relación con la protección del secreto
profesional de los periodistas. Por eso es muy importante que
haya una regulación legal; incluso porque no corresponde a
nuestra cultura jurídica, la cultura jurídica continental, el
que se regule un derecho tan importante como el derecho
fundamental al secreto profesional de los periodistas a base
de sentencias de los tribunales en las que no hay unificación
ni criterios comunes. Esto corresponde más
a una cultura jurídica anglosajona, la cultura del «common
law», pero no a la cultura continental, en la que
fundamentalmente los derechos se regulan por el legislador, se
protegen por el legislador, aunque en última instancia, en un
caso de conflicto, de un contencioso, sean naturalmente los
tribunales los que produzcan una labor de creación de derecho.
Además, este secreto profesional del periodista tiene una
importancia objetiva en sí mismo. Se ha dicho por alguien
(creo recordar que era el profesor Laporta el que lo decía)
que el secreto profesional tiene una naturaleza enigmática,
porque no hay muchos casos en los que se pone de manifiesto
ante los tribunales, pero en aquellos en los que así se hace
surge con toda su fuerza la importancia de ese derecho para
proteger una prensa libre. Por eso es por lo que el periodismo
libre tiene un apoyo fundamental en el secreto profesional de
los periodistas y debe ser regulado de forma que se consolide
una tradición de protección de ese derecho, que hasta este
momento, por cierto, no estaba reconocida en ningún texto
constitucional.
Permítanme, señorías, que añada un argumento más en relación
con la situación de nuestro entorno, del mundo de la Unión
Europea. No hay una situación regular, uniforme en cuanto al
secreto profesional en Europa. Hay países que lo reconocen
legalmente, otros que los reconocen vía jurisprudencial y
otros que no lo reconocen; por tanto, insisto, no hay una
situación uniforme. Sin embargo, hay una tendencia muy
intensa, en los últimos días, diría incluso, a que, hay que
reconocer y desarrollar el derecho al secreto profesional de
los periodistas. Así, por ejemplo, el Parlamento Europeo, en
un informe sobre este tema que tiene fecha de 20 de diciembre
del año pasado, es decir, hace menos de dos meses, insta a los
Estados miembros a que elaboren una legislación pertinente
sobre el secreto profesional de los periodistas. Este es, por
consiguiente un debate que está en el Parlamento Europeo, y
éste insta a los poderes públicos de los Estados miembros a
que desarrollen el derecho al secreto profesional.
Recientemente tuve noticias de un recurso que llegó ante la
Comisión Europea de Derechos Humanos del periodista británico
Woodwing, perseguido por no revelar sus fuentes de información
en una noticia que se refería a la mala situación económica de
una empresa. La Comisión Europea ha admitido a trámite el
recurso por entender que una parte esencial del derecho a la
libre información, establecido en el artículo 10 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, es precisamente el secreto
profesional de los perio Este secreto profesional de los
periodistas es, como la cláusula de conciencia, un impulso que
debemos animar desde aquí a su autorregulación y también al
desarrollo de la deontología en el mundo de la prensa y, en
general, de los medios de comunicación. Ya sabemos que existen
iniciativas en este sentido, y creemos que hay que apoyarlas
con esta legislación que viene a perfilar, aunque faltan
todavía algunos aspectos, el estatuto jurídico del periodista,
una nueva posición jurídica del periodista en el proceso de la
información.
Por último, señorías, el secreto profesional de los
periodistas tiene mucho que ver con la necesidad de una
transparencia en la información. Se ha dicho acertadamente que
la información es poder, a los medios de comunicación se les
llama el cuar mación oculta es aún más poder. El desvelamiento
de las informaciones que deben ser conocidas por la opinión
pública, tanto en relación con el poder económico como con el
poder político, es absolutamente fundamental, y sin este
derecho al secreto profesional sería absolutamente imposible.
Por todas estas razones, nuestro Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (y quiero en este
caso hacer especial énfasis parte de la denominación de
nuestro Grupo Parlamentario, en Iniciativa per Catalunya,
porque ahí ha habido un impulso muy importante para que estas
propo- siciones de ley hayan llegado aquí) pide a ustedes la
toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Intervengo brevemente, señor
Vicepresidente, por coherencia ideológica, puesto que todo
partido de iz sentirse especialmente sensible a la garantía de
que la prensa pueda ejercer libremente su profesión; por
necesidad democrática, puesto que la prensa libre es la
principal garantía de higiene y de buena salud democrática
ante los abusos y las corrupciones del poder; por respeto
profesional, puesto que sólo garantizando dicho secreto
profesional los periodistas podrán ejercer libremente y sin
presiones su profesión, y por buena salud colectiva, puesto
que una prensa que trabaja en libertad consolida una vida
colectiva en libertad. Por todo ello, Esquerra Republicana
votará a favor.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, intervengo
brevemente para expresar nuestra coincidencia con Izquierda
Unida e iniciativa. Al igual que hace una semana desde esta
misma tribuna expresábamos también una coincidencia
por lo que se refería a la cláusula de conciencia, hoy, en
cuanto al secreto profesional de los periodistas, consideramos
exactamente lo mismo por las mismas razones que entonces
habíamos expuesto en cuanto a la necesidad de desarrollar un
mandato constitucional que a lo largo de tres lustros ha
permanecido sin desarrollo. Consideramos conveniente, digo,
apoyar esa propuesta y felicitar a Izquierda Unida por su
formulación.
Sabido es que la posición mantenida sobre esta cuestión es
doble: desde aquellos que consideran conveniente hacer una
regulación en forma, est casuísticamente las limitaciones al
secreto profesional como derecho de quienes se encuentran en
la obligación de transmitir una información no sólo en
beneficio de ellos, sino de quien la recibe, y la de aquellos
que consideran que con una reforma puntual de un par de
preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el tema estaba
resuelto.
Sin embargo, nosotros, coincidiendo con el contenido de las
sentencias del Tribunal Constitucional que tratan de dar rigor
y de resaltar la im derecho, reconociendo al derecho
fundamental y constitucional de informar un carácter
preferente, consideramos conveniente dar el visto bueno y
tratar de mejo- rar, además, la proposición de Izquierda
Unida por varias razones.
Es evidente que en una serie de supuestos de protección
institucional del secreto, como en el caso del médico, el
abogado, el sacerdote, etcét mentalmente al derecho a la
intimidad y se establece correlativamente un deber de guardar
silencio. En este caso, en el secreto profesional del
informador, el bien jurídico protegido es el derecho a la
información, y más concretamente la capacidad real de acceder
a la fuente de dicha información. Por ello, su relevancia
jurídica consiste también en un derecho a guardar silencio más
que en un deber de no informar. Además, más que de obligación
jurídica cabe hablar de obligación moral, y debe convertirse
también en obligación de aceptar todas las consecuencias de
este derecho por parte de las empresas y de aquellos que, en
definitiva, tienen conocimiento de los hechos de los que se va
a informar, porque los mismos se produjeron como consecuencia
de una comunicación recibida por el profesional de la
información.
La futura ley, en una serie de cuestiones en definitiva, es
una propuesta también, como antes decía el Diputado señor
López Garrido, de la Com Jurídicos y de Derechos de los
Ciudadanos del Parlamento Europeo, que se produce en un primer
momento el 20 de diciembre de 1993 y que hace tan sólo una
semana, el 6 de enero de 1994, consigue su respaldo en virtud
de la aprobación de su segunda parte. Allí explicitaba el
Parlamento Europeo con mucho rigor la importancia que tiene,
en una sociedad democrática, y desde luego en los países que
están integrados en la Unión, la libertad de prensa, la
libertad de información y de expresión.
Establece, asimismo, la necesidad y la conveniencia de que en
los distintos países pertenecientes a tal entorno se
profundice y se desarrolle el ejercicio del derecho que hoy
nos ocupa. Pide a los estados miembros que aún no hayan
reconocido el secreto de las fuentes periodísticas que
elaboren la legislación pertinente.
En definitiva, si nosotros somos coherentes con la
Constitución, si nosotros somos coherentes al mismo tiempo con
un deseo explicitado de manera unánime, de manera bastante
drástica por el Parlamento Europeo, tenemos necesariamente que
dar el sí, que dar la luz verde para que progrese esta
iniciativa felizmente concebida en su momento por Izquierda
Unida.
También sabemos que hay una serie de conceptos que acaso
requieran perfeccionamiento en el contenido literal de la
proposición de ley. Sabemos que hay algunos supuestos sobre
los cuales es preciso que medi- temos más profundamente a
ver si se incorporan algunas limitaciones a las que ya se
establecen, si no de manera muy amplia, sí con rigor, en la
proposición.<ð Creemos que hay que completar el punto 3.º en
los supuestos en que no puede alegarse el secreto profesional,
amén de los que aquí se contemplan, como son aquellos
relacionados con el fenómeno terrorista y con la defensa del
sistema democrático, que dio lugar a la ley que se produjo
como consecuencia del frustrado golpe del 23 de febrero. En
definitiva, era una rememoración de la Ley de Defensa de la
República que se había aprobado años atrás. Son dos supuestos
en los cuales, a través de las enmiendas correspondientes,
tenemos que profundizar en si se aumentan, como digo, las
limitaciones que se prevén. Creo que son ideas que comportan
una filosofía nada desdeñable. En cualquier caso, de lo que se
trata hoy es de otorgar el sí a esta proposición, cosa que se
hará por parte de Coalición Canaria, sin perjuicio de
mejorarla en el trámite correspondiente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el
señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente,
quiero indicar, en primer lugar, que el Grupo Vasco va a
apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley
orgánica presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y la va a apoyar porque
entendemos necesario el desarrollo de esta previsión
constitucional en relación al secreto profesional de los
periodistas que está, tal y como se ha indicado en la
exposición por el portavoz del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya,
recogida en el artículo 20 de la Constitución. Es una faceta
del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de
información porque no sólo garantiza la libertad de las
fuentes, también garantiza el derecho de los ciudadanos a ser
informados en y con libertad. Pero diré seguidamente,
señorías, que si bien compartimos la necesidad de abordar con
urgencia esta proposición de ley orgánica, entendemos que la
redacción propuesta por el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, para legislar en torno a este tema,
lejos de abordar esta problemática desde una perspectiva de
consenso básico entre los agentes afectados, se inclina y toma
una posición unilateral. Por ello, en caso de que esta
iniciativa parlamentaria prosperara, como esperamos que así
suceda, el Grupo Vasco enmendaría sustancialmente la redacción
propuesta por Izquierda Unida.
Nuestra primera enmienda se centraría en la definición que
realiza en el artículo 1.º del sujeto de los derechos sobre
los que se legisla. Es a nuestro entender una definición del
periodista extraordinariamente amplia e imprecisa que en modo
alguno abarca la totalidad de las facetas profesionales de los
periodistas. No existe en la clase periodística ni en la
judicatura ni en la propia sociedad una aceptación suficiente
de dicha definición de periodista sustentada, en exclusividad,
en una relación contractual, sin mencionar siquiera aspectos
importantes como el académico o el de colegiación. Entendemos,
en consecuencia, que resultaría un riesgo innecesario que esta
Cámara, en vez de ayudar a clarificar dichos aspectos y
colaborar en precisar más y mejor dicha definición, se
inclinará de manera unilateral hacia una de las posiciones más
extremas del debate. En el Grupo Vasco entendemos más
razonable tender a la definición de un nuevo estatus jurídico
del periodista como sujeto de derechos y deberes, como
profesional, en sintonía con la realidad académica, laboral,
colegial, informativa o judicial en la que estamos en realidad
inmersos.
En relación al secreto profesional nos parece evidente la
ausencia de toda consideración del concepto derecho-deber, a
efectos de proteger eficazmente no sólo al periodista sino
también a la fuente informante. La exclusión genérica y global
del secreto profesional de los supuestos contenidos en el
artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos parece a
todas luces excesiva y no suficientemente razonada. Si
realmente queremos garantizar el principio de seguridad
jurídica de los periodistas y el propio derecho a la
información, será preciso afinar mucho más. La oportunidad que
nos brinda la iniciativa parlamentaria del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya contará a estos
efectos con el apoyo del Grupo Vasco.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario va a votar a favor de la toma en
consideración de esta iniciativa parlamentaria porque para
nosotros éste no es un tema nuevo. En el año 1988, una
proposición no de ley presentada por nuestro Grupo
Parlamentario pretendía, de alguna forma, impulsar el
desarrollo de una serie de preceptos constitucionales, entre
los cuales estaba el artículo 20.1.d) de la Constitución.
Aquella proposición no de ley fue aprobada y corrió una de las
peores suertes que puede tener una disposición parlamentaria:
la de ser aprobada y no ser cumplida. Hoy tenemos la
posibilidad, a través de esta iniciativa parlamentaria del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de volver a
poder desarrollar el artículo 20.1.d) de la Constitución.
La Constitución prevé dos modalidades de secretos
profesionales: la del artículo 24, que hace referencia a todo
tipo de secreto profesional --abogados, médicos, etcétera-- y
la del artículo 20.1.d), referida específicamente a los
periodistas. Coincido sustancialmente con la exposición que
sobre la naturaleza de esta figura ha hecho el Diputado señor
López Garrido y es cierto que la Constitución establece la
necesidad de regular de forma específica este precepto
mediante una ley concreta. Nuestro Grupo coincide en la bondad
de esta iniciativa por dos razones fundamentales. Primero,
porque no tiene justificación que en el año 1994 no se haya
desarrollado este mandato constitucional y, segundo, por
seguridad jurídica entre los distintos sujetos implicados en
el tema, es decir, los periodistas, las empresas editoriales,
jueces y tribunales. En definitiva, una situación en la que la
inseguridad actual sólo predispone a problemas. Se ha dicho
que el secreto profesional es un derecho integrado
fundamentalmente en la libertad de informar, pero, eso sí, no
es un derecho absoluto. Es un derecho que tiene límites;
límites que aparecen desde la propia Constitución y límites
que en todo caso el legislador --esta Cámara, las Cortes en
definitiva-- habrá de establecer cuáles han de ser. Lo que sí
es cierto es que no es un derecho absoluto. También es cierto
que esos límites no pueden ser de tal magnitud que lleguen a
neutralizar el propio derecho. Por consiguiente, aquí hay un
juego de equilibrios, y en el momento de elaborar de forma
definitiva esta iniciativa habremos de ponderar exactamente la
posición final. Nuestro Grupo ya anuncia que presentará
enmiendas al texto desde nuestro criterio, como es lógico,
para mejorarlo.
Para terminar, señor Presidente, decía en la sesión anterior,
cuando estábamos debatiendo la proposición de ley sobre la
cláusula de conciencia de los periodistas, que su desarrollo
representaba un perfeccionamiento
del Estado de derecho en tanto en cuanto reforzaba la libertad
de expresión a través del derecho a la información. Pues bien,
hoy, de prosperar esta iniciativa y de desarrollarse en su
momento, estaremos dando un paso cualitativo muy importante.
Estaremos progresando al nivel de aquellos sistemas
democráticos más avanzados, en la línea de ser los más
respetuosos en cuanto a las libertades públicas. Por consi-
guiente, nuestro Grupo Parlamentario cree que éste es un tema
que sólo merece el voto favorable y el trabajo consiguiente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Señor Presidente, señorías,
anticipo que nuestro Grupo va a votar a favor de esta
proposición de ley aunque entendemos que puede mejorarse y por
eso, en su caso, presentaremos algunas enmiendas al texto
propuesto.
Las razones por las que estamos a favor de esta proposición de
ley son amplias. De alguna manera este debate es la
continuación del que teníam pasada en torno a la cláusula de
conciencia. Y es la continuación porque tanto la cláusula de
conciencia como el secreto profesional del periodista vienen a
ser como piezas esenciales en ese mecanismo de libre
circulación de las informaciones a que se refiere el artículo
20 de la Constitución. No es, por tanto, un privilegio sino
más bien un derecho o deber, cuyo fundamento último es la
importancia que tiene en una sociedad democrática esa libre
circulación de informaciones y, asimismo, la correcta
formación de la opinión pública. Precisamente por esto este
secreto profesional se diferencia de otras modalidades de
secreto profesional de otras profesiones, porque hay una
especie de tensión informativa en el mismo, hay una referencia
continua a la opinión pública. En los otros secretos
profesionales todo se resuelve entre el profesional y su
cliente. Aquí hay un tercer término --un término muy i opinión
pública. Tiene su fundamento último en esa opinión pública a
la que tiende la información.
A pesar de todo esto lo cierto es que, durante mucho tiempo,
el secreto profesional de los periodistas se ha movido sólo en
el ámbito de lo deontológico. Era un deber, un deber entendido
como tal por los profesionales, no protegido por ninguna norma
y que muy a menudo les costó muchos sacrificios, en ocasiones
penas de cárcel y hasta el deshonor. Algún autor ha descrito,
a finales del siglo pasado y principios de éste, cómo muchos
periodistas tuvieron que sufrir los rigores de la ley, incluso
la crítica y hasta el desprecio de sus conciudadanos porque,
aparentemente, no colaboraban en determinadas actuaciones
judiciales, por lo hacían porque entendían que por encima de
aquella exigencia legal había un deber profesional al que
ellos estaban obligados en conciencia. Así, nos encontramos
con que han sido los códigos deontológicos los primeros que se
han ocupado del secreto profesional del periodista. Aunque no
es el primero, se suele citar como más importante y
fundamental la Carta Francesa, de 1918, de los deberes del
periodista, en la que se decía que no es digno de un buen
periodista revelar una fuente confidencial. Ya mucho más cerca
de nosotros, la Declaración de Munich, de 1971, es una especie
de código deontológico de los periodistas de la Comunidad
Europea en el que se insiste en el deber de estos
profesionales de mantener el secreto y no div las
informaciones obtenidas confidencialmente. El otro día
aludíamos aquí también al código deontológico de la Federación
de Asociaciones de la Prensa de España, aprobado hace muy
poco, el pasado mes de noviembre, en cuyo punto diez se aborda
el secreto profesional y, además, de una manera que creo muy
significativa y muy de acuerdo con las modernas tendencias
doctrinales, porque después de decir que el secreto
profesional es un derecho del periodista a la vez que un deber
que garantiza la confidencialidad de las fuentes de
información, dice que, por tanto, el periodista garantizará el
derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el
anonimato, si así ha sido solicitado, pero que, no obstante,
tal deber profesional podrá ceder --dice-- excepcionalmente en
el supuesto de qu que la fuente ha falseado de manera
consciente la información --creo que esto es algo importante--
o cuando revelar la fuente sea el único med daño grave e
inminente a las personas; también a esto me referiré después.
Ahora bien, del plano puramente deontológico el secreto
profesional de los periodistas ha ido cada vez más claramente
a una progresiva legalización; ha entrado en el campo de la
legislación. En este momento hay no menos de una docena de
países importantes que tienen regulado el secreto profesional
de los periodistas. Entre esos países están: Austria, Suecia,
Suiza, Noruega, la República Federal Alemana y también varios
Estados de la Unión Norteamericana, de los Estados Unidos. Hay
incluso alguna norma en otras legislaciones, por ejemplo en
Gran Bretaña, que habla de secretos en un sentido amplio y que
ha sido muy frecuentemente aplicada también a los periodistas.
El secreto profesional está recogido en nuestra Constitución,
por supuesto, como sabemos, pero también en la Constitución
portuguesa. En otro plano, ha sido admitido en la práctica
jurisdiccional de otros muchos países. Concretamente en
Francia es habitual que el juez, en procesos en los que un
periodista tiene que declarar, admita que el testigo no
recuerda y no va más allá. No recuerda, y eso es muy
significativo. No se quiere entrar en pedirle
al periodista más explicaciones acerca del origen de una
determinada información. Eso también ha pasado ya a la
normativa europea. En la normativa europea nos encontramos con
que el Parlamento Europeo, en una resolución de septiembre de
1992 sobre concentración de medios --tema muy importante que
algún día habrá que debatir--, en su punto 23 dice que insta a
la Comisión a que elabore una propuesta de directiva que
garantice a todos los periodistas el derecho a mantener el
secreto profesional y a proteger la identidad de las fuentes
confidenciales. Esto se dice en una resolución que hace
referencia a otras cuestiones sobre la información, pero que
no era específicamente sobre el secreto profesional. Aquí se
ha aludido también a cómo en el mes de diciembre el Parlamento
Europeo ha vuelto sobre este tema y en la misma resolución,
que citábamos aquí la semana pasada, de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, la resolución 1003, de
julio de 1993, también muy reciente, en su punto 14 se aborda
el secreto profesional de los periodistas, que me permito
leer. Dice: «En función de estas exigencias, hay que reforzar
las garantías de libertad de expresión de los periodistas, que
son los que en última instancia transmiten la información». Y
continúa: «En consecuencia, hay que afinar jurídicamente y
clarificar la naturaleza de la cláusula de conciencia y del
secreto profesional, cara a las fuentes confidenciales,
armonizando las disposiciones nacionales, a fin de poder
aplicarlas en el cuadro más amplio del espacio democrático
europeo». Por tanto, no podemos decir que en las
organizaciones europeas haya un mandato, pero sí una
recomendación muy insistente en la línea de que debe regularse
suficientemente el secreto profesional.
Sobre el secreto profesional se ha ido produciendo una
progresiva ampliación. El contenido inicial ya sabemos cuál
es: el secreto de la fuente confidencial, por ese axioma
periodística en virtud del cual se dice que una fuente
revelada deja de ser fuente. Para mantener las fuentes, por
tanto, el secreto profesional es un arma fundamental. En el
memorándum explicativo de la resolución 1003, de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, a la que he aludido,
memorándum que fue redactado por un Diputado de esta Cámara en
ese momento que estaba en el Grupo Parlamentario Socialista,
el profesor Núñez Encabo, se insistía también en esta línea
del secreto profesional y se decía que, si no se protegen las
fuentes, informaciones de interés general probablemente no
llegarían a los ciudadanos. El periodismo de investigación --
añadía aspectos de la profesión que debe ser protegido
porque amplía las posibilidades de difundir información. Por
tanto, creo que podemos decir que hay un consenso básico en el
ámbito europeo en relación a este tema, y creo que es llegado
el momento de que también esta Cámara tome una decisión
aprobatoria en relación con esta institución tan importante
para el ámbito de la información.
Desde ese contenido inicial se ha ido ampliando el sentido de
esta institución del secreto profesional de los periodistas.
Se ha ampliado en cuanto al sujeto. Hay una tendencia que
entiende que debe cubrir no sólo al periodista, sino que otros
elementos en el ámbito de la empresa informativa, directores o
editores, etcétera, pueden también ser cubiertos por la misma.
¿Frente a quién se ejercitaría este secreto? También se ha
ampliado. No sólo ante el juez sino, en algún caso, ante la
propia empresa --y no es contradi el periodista puede guardar
su fuente --no revelarla-- incluso dentro de su propia empresa
y, por supuesto, se refiere también a los terceros en general
y, al mismo tiempo, a los poderes públicos. Se ha insistido en
eso aquí; lo recoge efectivamente la proposición de Izquierda
Unida en su punto Segundo 2. En cuanto al objeto, también se
ha ampliado el contenido del secreto profesional en las
tendencias más recientes. No sólo comprende la fuente
informativa --que era lo básico--, sino también los materiales
informativos, en su sentido muy amplio. Me permito leer lo que
dice un profesor francés, Derieux, en «Un derecho de la
comuni- cación», editado en 1991. Afirma lo siguiente: «Lo
que reclaman los periodistas por este derecho al secreto
profesional es la facultad de poder decidir libremente lo que
harán público, la manera en que lo harán y el momento en que
lo harán». Quieren que les sea reconocido un derecho al
secreto de la investigación, es decir, a no ser forzados a
divulgar, contra su voluntad, las condiciones en que han
obtenido una información. Desean no tener que revelar la
fuente de su información ni el nombre de sus informadores, ni
ser obligados a testificar ni a entregar a las autoridades de
policía o de la justicia ciertos documentos o elementos de
información obtenidos por ellos en el curso o con ocasión de
sus reportajes. Como se ve, es una visión evidentemente mucho
más amplia que, insisto, es la que en este momento predomina.
Hablamos un momento de los límites. ¿Tiene que haber límites?
¿No tiene que haber límites?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Muñoz-Alonso,
vaya terminando, por favor.
El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Voy a terminar en seguida, señor
Presidente.
Todo derecho tiene límites, éste también los tiene. El
problema está en si hacemos una lista casuística de esas
limitaciones, una relación de las mismas o si simplemente nos
remitimos al juez. Creo que, en estos asuntos de la
información, el juez debe actuar de acuerdo con un criterio,
muy propio del derecho anglosajón, pero perfectamente
adaptable a nuestra situación: entre el interés público de que
se divulguen las informaciones y el peligro grave e inminente
que puede haber en esa divulgación, el juez decidirá como
decide en cualquier caso de colisión de derechos. Creo que es
mucho
mejor esa fórmula que no la de establecer una relación
casuística de las mismas.
En todo caso, creo que vale la pena apoyar esta proposición,
seguir debatiendo sobre ella y, en su momento, nosotros
presentaríamos las oportu Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición
del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Del Pozo.
El señor DEL POZO I ALVAREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, un conocido autor encabezaba su estudio acerca del
secreto profesional de los periodistas refiriéndose a él como
a una especie de Godot constitucional. Me parece una acertada
imagen la utilización de este célebre no personaje del teatro
moderno para expresar la ausente presencia de una realidad que
no acaba de llegar, a pesar de que, al parecer, se espera
ansiosamente. Me permito aprovechar esta imagen diciendo que,
para nosotros, la difícil percepción de ese Godot es debida a
la existencia de abundantes neblinas y obstáculos en el
horizonte. Sin embargo y al mismo tiempo, a diferencia de lo
que sucede en la obra genial de Beckett, creemos firmemente,
puesto que hemos contribuido a que exista, que Godot existe,
que el secreto profesional está en la Constitución y está
ordenado que se regule. Pensamos que su existencia debe ser
llevada ya al texto legislativo, sin duda, pero tenemos serias
dudas de cuál debe ser la forma en que ese texto debe
aparecer. Esas dudas no derivan de ninguna arbitrariedad
política de mi Grupo Parlamentario. Aquí se han expresado ya
algunas ideas al respecto; por ejemplo, las fuertes
diferencias que hay en el tratamiento del secreto profesional
en 106 distintos países. Efectivamente, en algunos está en la
Constitución, en otros no está en ninguna ley y en algunos
incluso, como en Italia, está en leyes expresado de forma
contradictoria. Por tanto, diferencias en la legislación
comparada.
Hay otras discrepancias, ya de carácter más político y
doctrinal, que creo que deben ser expresadas al inicio de esta
intervención. En primer lugar, unas discrepancias que
podríamos llamar de principio, según las cuales, como es muy
conocido, para muchos juristas, para muchos políticos, para
muchos periodistas, es cierto que la mejor ley relativa a la
prensa es la que no existe. Al lado de esa idea, otros creen
que la constitucio- nalización que se hizo de la cláusula de
conciencia y del secreto profesional fue no sólo suficiente
sino incluso más que suficiente, porque desde ese texto
constitucional tiene plena operatividad sobre la realidad, aún
sin desarrollo legislativo. Algunos insisten en que lo más
deseable no es que exista una ley relativa a asuntos de
prensa, sino que la prensa se organice y se autorregule; y así
empiezan a difundirse por el mundo de libre expresión los
consejos de prensa, los distintos organismos --reciban el
nombre que reciban-- que reúnen a los periodistas, a los
informadores en general, y constituyen normas de
autorregulación a menudo más eficaces que las propias
legislaciones emanadas de los parlamentos. Finalmente hay
quien dice --y tiene razón desde el punto de vista de la letra
de nuestra Constitución-- que hay que desarrollar esas leyes
porque conferirá seguridad jurídica a un espacio que, sin
ellas puede ser objeto de arbitrariedades. Esto por lo que
respecta a discrepancias de principio. Sin embargo, hay
discrepancias más concretas, discrepancias doctrinales que
afectan directamente al fondo de la regulación del secreto
profesional.
No hay que ocultar, y aquí se ha dicho también, que existen
unas ciertas coincidencias que deben ser resaltadas.
Coincidencia, por ejemplo, en que el derecho al secreto
profesional no es tanto un derecho de valor subjetivo para el
periodista o el informad garantía de un derecho colectivo a la
información veraz y a la libre expresión. Por mi parte
expreso, con toda libertad, que ese es un valioso y superior
sentido del secreto profesional del periodista. Algún
periodista ilustre --y me permitirán una pequeña pirueta
parlamentaria para reservar el secreto de la fuente-- ha dicho
que sería un gravísimo error que los periodistas interpretaran
el derecho al secreto profesional como un derecho a la
inmunidad periodística. Ciertamente esa es la realidad. El
valor del secreto profesional, como el de los llamados
privilegios parlamentarios, no residen en las personas que
instrumentalmente los tienen durante un tiempo, sino en la
colectividad que ve garantizada la información veraz o la
libre representación parlamentaria, cuando es el caso.
Las discrepancias doctrinales, ¿a qué afectan? Afectan a todo
el ámbito del secreto profesional. Desde discrepancias acerca
de quién debe ser el sujeto que tenga ese derecho, hasta los
límites y hasta el objeto mismo del secreto profesional. Hay
unas discrepancias que van de extremo a extremo. Por
indicarlas sintéticamente, Clemente Auger expresaría una
posición extrema a favor de la nula excepcionalidad de este
derecho. Dicho en positivo, este secreto profesional sería un
derecho que siempre podría ser invocado ante un tribunal,
cualesquiera que fueran las
circunstancias del caso objeto del proceso. En el otro extremo
- casi es una especulación de laboratorio-- el señor Marín
Recuerda expresa la siguiente idea: Es tan fuerte, tiene tal
fuerza expansiva el derecho de la colectividad a una
información veraz que ese derecho a la información veraz
alcanzaría al derecho a informar sobre las fuentes; es decir,
se produciría un vaciamiento teórico del secreto profesional.
Qué duda cabe que ese es un extremo especulativo que este
modesto Diputado no comparte pero que debe expresar como
posición contraria a la expuesta en primer lugar. En medio se
sitúan
quienes creen que deben existir unos límites al secreto
profesional puesto que, como todos decimos permanentemente,
los derechos fundamentales que se expresan en nuestra
Constitución no son ilimitados, y sabemos que el derecho
fundamental a la libertad de expresión está limitado en el
artículo 20, que lo establece, y tiene su límite, entre otros,
en el derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, a
la protección de la infancia y la juventud. Es evidente que
hay lugar para pensar que deben ponerse algunos límites al
secreto profesional para que no sea este derecho convertido en
un absoluto que elimine otros derechos de igual o superior
valor constitucional. El señor Palacio expresaría una posición
intermedia entre las dos anteriores, según la cual debería
ceder este derecho ante procesos judiciales en los que se
trataran hechos delictivos que hubieran sido presenciados por
el periodista, delitos que se estuvieran cometiendo o fueran a
cometerse en el futuro, la seguridad exterior e interior del
Estado, el desvelamiento de secretos oficiales o la vida,
integridad, libertad y seguridad de las personas, entre otros.
De esas discrepancias doctrinales nosotros hemos obtenido
criterios para analizar el fondo de la proposición presentada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Lo cierto es que a cada uno de los elementos que
componen esa proposición, salvo a la disposición derogatoria,
tenemos muy serias objeciones. Tenemos objeciones a la propia
exposición de motivos que, aunque no es ahora el momento de
analizarla, sí creo que deben ser expresadas algunas serias
críticas que no necesariamente conllevan que nuestra posición,
en el momento de presentar enmiendas parciales, va a ser la
estrictamente contradictoria con la que expresa la proposición
de ley, pero sí que deben ser entendidas como un planteamiento
de graves dudas o problemas de fondo en relación con lo que
allí se expresa. En primer lugar, ya se ha hecho aquí una
advertencia al respecto, la propia definición del sujeto de
ese derecho; si debe ser sólo el periodista, entendido en el
sentido clásico, o hay que ampliar esa noción. Tenemos una
sentencia de no hace mucho tiempo del Tribunal Constitucional
que acepta como sujeto análogo en derechos al periodista al
autor de una carta al director. Hay que preguntarse si eso no
es muy razonable puesto que ésa es también una forma de
comunicación en la sociedad no hecha por un profesional pero
expresada en el mismo lugar y se supone que con los mismos
derechos que los profesionales. Por tanto, una importante
cuestión al respecto.
En segundo lugar, se expresa este derecho sólo como un
derecho, aunque en la exposición de motivos se hace referencia
a la posibilidad de entenderlo como un derecho-deber. En la
exposición de motivos se habla de un derecho efectivo y de un
deber sólo moral, sólo deontológico. Sin embargo, es
planteable seriamente si no debería incorporarse a la noción
del secreto profesional el deber por parte del periodista en
relación con la fuente de guardar el secrto si esa fuente lo
ha exigido como tal.
En cuanto a los límites, también las discrepancias son
importantes; sólo acepta el proponente el límite de los
procesos relativos a los delitos contra la seguridad exterior
del Estado. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no contra la
seguridad interior del Estado? Resulta casi pintoresco que
entre los delitos contra la seguridad exterior del Estado
existan los delitos de piratería y, sin embargo, según la
proposición, no sería objeto de excepción el secreto
profesional ante un caso de atentado terrorista contra el Jefe
del Estado puesto que éste estaría en el capítulo
correspondiente a seguridad interior del Estado.
Pero es más, también nos parece que debe considerarse si el
secreto profesional debe ser levantado o excepcionado por el
juez en procesos que afecten a la libertad, dignidad o
seguridad de las personas, puesto que, como dice algún autor
muy seria y
rigurosamente, el Estado dispone de importantes mecanismos
para su autoprotección y quienes necesitan protección efectiva
ante los tribunales son las personas individuales de las que
la proposición hace caso omiso.
También discrepancia respecto a si el periodista sólo puede
ser excepcionado cuando se presenta como testigo. ¿Y cuándo
está ante un tribunal como acusado o como perito? También debe
considerarse la cuestión.
Finalmente, por no hacer tampoco una lista exhaustiva de todas
nuestras discrepancias, la discrepancia en relación a la
extensión que hace el proponente del derecho del secreto
profesional relativo a los hechos delictivos; se le autoriza a
no presentar denuncia de aquellos hechos que haya conocido en
el ejercicio de su profesión. Nosotros creemos que eso es
dudoso, que el sentido estricto del secreto profesional hace
alusión a la revelación de fuentes pero no a la revelación de
hechos, por tanto, hay que considerar si el periodista tiene
derecho a guardar el secreto de la fuente si ese derecho es
extensivo a la realidad concreta y pragmática de los hechos.
Expresadas estas discrepancias comprenderá el Grupo proponente
y toda la Cámara que nosotros tengamos serias dudas sobre la
viabilidad de este texto. Por ello, anunciamos que vamos a
votar favorablemente la toma en consideración, pero vamos a
discutir muy seriamente el fondo. Estamos a favor de aceptar a
trámite la proposición porque ha transcurrido ya mucho tiempo
desde el mandato constitucional, porque nos hace ilusión,
ciertamente, contribuir (ya que fuimos también autores de la
incorporación de ese derecho al texto constitucional) a su
desarrollo legislativo, porque son muchas ya las iniciativas
parlamentarias relativas al despliegue o al desarrollo de ese
derecho, y ello a pesar de las discrepancias doctrinales, a
pesar de las discrepancias expresadas en relación al texto de
la proposición
y a pesar de algo que debe quedar muy claro, y es que en
nuestro país no es urgente que se materialice el desarrollo de
este derecho. No digo que no sea bueno, pero no es urgente,
porque es efectiva y plena la libertad de expresión que todos
reconocemos que se produce entre nosotros y todos reconocemos
también que jurídicamente sería operativo el derecho que se
expresa en el artículo 20 aun sin desarrollo legislativo.
Por ello, invito, no sólo al Grupo proponente sino a todos los
grupos de la Cámara, a que, a la vista de las diferencias en
la legislación comparada, a la vista de las discrepancias de
principio, a la vista de las discrepancias doctrinales y a la
vista de las dudas que se desprenden del análisis del texto,
nos concentremos todos en un trabajo lento, en el buen sentido
de la palabra, es decir, sosegado, en un trabajo riguroso,
para poder ofrecer un desarrollo legislativo que sea garantía
del secreto profesional de los periodistas, pero que sea sobre
todo garantía de una plena información veraz, que ponga el
secreto profesional en la vía instrumental en la que debe
estar y respete el sentido final de su valor como instrumento,
que es la información veraz y el respeto a todos los otros
derechos expresados en el núcleo privilegiado de nuestra
Constitución; derechos fundamentales a los que nadie, sin
duda, empezando por los propios informadores, quisiera
renunciar. Pongamos por caso la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa, la dignidad, el honor, la intimidad, la
integridad de las personas, entre otros muchos ejemplos
posibles.
Con esa confianza, por tanto, el Grupo Socialista va a dar su
voto favorable e invita desde este momento a intensificar el
diálogo parlamentario para terminar felizmente esta
iniciativa. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, vamos a
pasar seguidamente a su
votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
reguladora de la cláusula de secreto profesional de los
periodistas. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR
LA QUE SE CREA UNA PONENCIA, EN EL SENO DE LA COMISION DE
PRESUPUESTOS, PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE LA REFORMA
ECONOMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE INCLUYA UN CONJUNTO DE
RECOMENDACIONES PARA SER ELEVADAS AL GOBIERNO (Número de
expediente 162/000019)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, Proposiciones
no de ley. Proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
por la que se crea una Ponencia, en el seno de la Comisión de
Presupuestos, para elaborar un informe sobre la reforma
económica de la Seguridad Social que incluya un conjunto de
recomendaciones para ser elevadas al Gobierno.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Homs. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Les ruego que guarden silencio, señorías.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para
fundamentar la proposición no de ley que hemos presentado a la
consideración de esta Cámara, por la que proponemos que se
constituya en el seno de esta Cámara una ponencia que analice
la actual situación de la Seguridad Social en los ámbitos
económico-financieros y proponga al Gobierno un conjunto de
reformas.
Señorías, ésta es la segunda iniciativa que plantea nuestro
Grupo en relación con esta materia. En la anterior legislatura
ya presentamos esta propuesta y no tuvo suerte, no fue
aceptada entonces por el Grupo Parlamentario mayoritario, y
esperamos que en esta ocasión, quizás, las circunstancias
actuales faciliten la comprensión de la
motivación que ha llevado a nuestro Grupo a proponer esta
iniciativa y pueda ser bien aceptada por todas SS.SS.
Concretamente, una de las razones que ha llevado a nuestro
Grupo a proponer esta iniciativa es la de que hace varios años
venimos observando que el presupuesto de la Seguridad Social
registra crecientes déficit, a pesar de las medidas adoptadas
en los últimos años dirigidas a incrementar los tipos de
cotización o bien a trasladar a las empresas el coste de las
prestaciones. La última medida, en recientes debates
presupuestarios, era la referente a la ILT.
Esta situación es especialmente grave, a nuestro entender,
en el caso de determinados regímenes de la Seguridad Social
que se encuentran en es «quiebra técnica» --entre comillas--.
Quizás, gracias a la absorción de sus déficit por parte del
Régimen General pueden cubrirse las prestaciones de estos
regímenes específicos. Esta situación general de déficit
económico-financiero de la Seguridad Social se compensa --como
ustedes saben muy bien-- mediante transferencias del Estado.
En este sentido, se constata que en el año 1977 las
transferencias del Estado destinadas a financiar la Seguridad
Social equivalían a un 3,6 por ciento de los ingresos de la
Seguridad Social de entonces; en la actualidad, representan
casi un 35 por ciento. Por tanto, ha ido evolucionando a lo
largo de estos años la aportación del Estado a la Seguridad
Social como mecanismo para poder cubrir la incapacidad
económico-financiera de los ingresos con cargo estrictamente a
los recursos de la Seguridad Social para poder atender las
prestaciones que ésta debía entregar a los ciudadanos que
tenían derechos.
Señorías, nuestra pregunta es por qué se ha generado esta
situación o cuál será la evolución futura de esta situación de
déficit, y los anális observaciones que realizamos nos llevan
a concluir que prácticamente será segura la evolución
creciente del déficit de la Seguridad Social si no adoptamos
algunas medidas específicas que puedan reconducir esta
situación. Esta evolución futura del déficit de la Seguridad
Social viene forzada, conducida, básicamente por dos
evoluciones muy concretas: la primera es por la perspectiva
que nos ofrece la evolución demográfica en España. Cada vez
será mayor el crecimiento de los pen- sionistas en relación
al crecimiento que pueda ofrecer el número de cotizantes en el
sistema de la Seguridad Social. Por consiguiente, con cargo a
los propios ingresos de los cotizantes, difícilmente vamos a
poder atender las prestaciones que tenga a cargo la Seguridad
Social porque, como he dicho, cada vez será mayor el número de
personas que tendrán derecho a prestación y cada vez será
menor en proporción, el número de personas que coticen al
sistema. Concretamente, quiero aportar algunos datos: desde
1977 hasta 1993 la evolución de la población de más de 65 años
ha sido creciente y va a continuar siéndolo en los próximos
ejercicios, y el número de pensionistas, solamente las
personas que tienen pensiones, se ha incrementado en un 75 por
ciento en este período, mientras que los cotizantes, en este
mismo período, han aumentado solamente un 23 por ciento. En
1977 había tres personas (2,8 era la proporción) que cotizaban
por cada pensionista, mientras que en la actualidad la
relación es inferior a dos cotizantes por pensionistas, es
decir, 1,8. Por consiguiente, esta es la evolución que está
siguiendo el sistema y la perspectiva que va a tener en los
próximos años.
Pero también desde la óptica económica-financiera la evolución
futura plantea interrogantes importantes. En un sistema de
reparto, como es el que rige en estos momentos en la Seguridad
Social, en 1980 los gastos en concepto de pensiones equivalían
a un 61 por ciento de los ingresos por cotizaciones, mientras
que en 1993 este porcentaje ya había aumentado hasta el 85 por
ciento, y un reciente estudio del Ministerio de Asuntos
Sociales, titulado «La tercera edad en España, necesidades y
demandas», en su página 139 y siguientes, indica que antes de
terminar la década de los noventa la totalidad de los ingresos
por cotizaciones no será capaz de financiar ni siquiera los
gastos previsibles para pensiones, teniendo en consecuencia
que incrementar todavía más las aportaciones del Estado a la
Seguridad Social.
Con esto, mi Grupo Parlamentario no está diciendo, y no deseo
transmitirlo a la Cámara, que está en quiebra la seguridad de
la prestación de la Seguridad Social. Las pensiones van a
continuar pagándose, eviden- temente, y no está en estos
momentos en entredicho el que el sistema de la Seguridad
Social pueda pagar o no las pensiones. Lo que sí constatamos
es que, con la evolución hoy existente y la que hemos
analizado a lo largo de estos años, se pone de relieve que si
no se adoptan medidas que varíen, modifiquen, alteren el
sistema de financiación, el sistema económico-financiero por
el cual hoy se garantiza el pago de las pensiones,
difícilmente podrá ir soportando el propio presupuesto de la
Seguridad Social la cobertura de las mismas, y tendrá que
recurrir cada vez más a la vía de transferencia, por la vía de
impuestos, para poder hacer efectivo el pago de las pensiones.
Ante esta situación, señorías, nuestro Grupo propone por
segunda vez a la Cámara el que tomemos conciencia de esta
situación, de una problemát tamente económica-financiera,
derivada de una evolución demográfica y económica de nuestro
sistema económico, y que forcemos un consenso. Nuestro Grupo
propone a la Cámara que se constituya una ponencia con el
ánimo de forzar un consenso en torno a la reflexión sobre esta
situación económica-financiera de la Seguridad Social. No
estamos cuestionando la reforma de la Seguridad Social desde
la perspectiva social o desde el contenido que hoy tienen las
prestaciones económicas o sociales de la Seguridad Social;
estamos planteando la conveniencia de revisar el sistema
económico-financiero por el cual se garantiza hoy el sistema
público de pensiones. Creo, señorías, que la propuesta que
planteamos es una propuesta sensata. Esta no es una cuestión
que debiera ser objeto de análisis desde la óptica partidista
de un determinado grupo parlamentario. Esta es una cuestión de
amplio alcance para toda nuestra sociedad y, de adoptarse
medidas estructurales en el sistema de pago o de financiación
de la Seguridad Social, debería hacerse con un consenso por
parte de todos los grupos de esta Cámara, para no entrar en
modificaciones y alteraciones que podían
dar inestabilidad al sistema. Por eso proponemos, antes de que
el Gobierno elabore algunas iniciativas al respecto, que esta
Cámara formalice una ponencia y realice un debate, una
reflexión, con el ánimo de analizar profundamente las causas
de esta situación y poder proponer al Gobierno un conjunto de
líneas, de reformas, de medidas que sean capaces de orientar,
«ad futurum», las perspectivas de la Seguridad Social en
España.
Espero, señorías, que esta medida que proponemos --repito y
reitero que es la segunda vez que la proponemos a esta Cámara-
- pueda ser en esta ocasión más comprendida por todos ustedes.
Creo que prestaremos un gran servicio al reflexionar y así
poder aportar, a lo que debe ser la evolución futura del
sistema de la Seguridad Social, unas medidas, que el deseo de
este Grupo sería que fueran, todas ellas, consensuadas, al
menos ésta es nuestra pretensión.
Por ello, señoras y señores Diputados, la proposición no de
ley que les proponemos, en el texto a someter a su
consideración, dice que el Pleno del Congreso de los Diputados
acuerda que se cree una ponencia en el seno de la Comisión de
Presupuestos.
Algunas de SS.SS. se preguntarán por qué no se hace esto en la
Comisión de Política Social, por ejemplo. Porque nuestro deseo
es restringir el ámbito de la reflexión a la dimensión
económica-financiera de la Seguridad Social. Este es el ámbito
en el que creemos que debería estudiarse la reflexión que
proponemos y no entrar en si es o no admisible o si se debe o
no revisar toda la dimensión social de la cobertura que está
haciendo la Seguridad Social en estos momentos, que no la
cuestionamos. No es ésta la cuestión. La cuestión es
económica-financiera y por eso la planteamos en la Comisión de
Presupuestos.
Esta ponencia debe tener por finalidad elaborar un informe
donde se decidan las principales líneas de esta reforma de la
Seguridad Social, que deberá acometerse en los próximos años
para garantizar el pago de sus prestaciones y evitar mayores
déficit públicos al presupuesto del Estado. Este informe
debería incluir un conjunto de recomendaciones que deben ser
presentadas al Gobierno para su aplicación. Esta es la
literalidad de nuestro texto.
<
y haciendo referenc que ve muy bien nuestro Grupo
Parlamentario, es que esta ponencia no quede comprometida en
su informe solamente a proponer unas líneas de reforma, sino
que también tenga previamente una dimensión de análisis de las
causas profundas que están hoy generando las dificultades
económico-financieras que tiene la Seguridad Social. Por
tanto, respecto a esa primera aportación que hace la enmienda
del Grupo Socialista, en la que nos plantea que se analicen
los problemas estructurales (y luego cita algunos, pero seguro
que los problemas estructurales son muchos más de los que
ustedes reflejan en esa propuesta de enmienda), nos parece
bien el incorporar el compromiso de que dicha ponencia analice
los problemas estructurales que tiene hoy el sistema público
de pensiones.
La segunda propuesta que nos plantea el Grupo Socialista es
básicamente que la mención a «garantizar el pago de sus
prestaciones» se sustituya por «garantizar la viabilidad del
sistema público de pensiones a medio y largo plazo». Señorías,
la verdad es que me parece más acertada la expresión que
ustedes utilizan. No se trata de garantizar ningún pago, se
trata de garantizar la viabilidad de un sistema. Por tanto, es
una enmienda que mejora la literalidad de la proposición no de
ley.
Ahora bien, analizando otras enmiendas que se han presentado,
con similar propósito a las que he comentado del Grupo
Parlamentario Socialista, quiero hacer observar respecto a las
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que en ellas se plantea una propuesta, la de asignar
esa ponencia a la Comisión de Política Social, que ya he
argumentado por qué razón no nos parece acertada. En cambio,
sí nos parece correcta la propuesta que ustedes hacen de que
el informe que deberá realizar esa ponencia, cuando se eleve
al Gobierno, se tramite mediante los previos trámites
reglamentarios pertinentes, de acuerdo con el Reglamento de
esta Cámara. Eso nos parece correcto. Evidentemente, la
remisión de dicho informe debe ser conforme al Reglamento de
la Cámara y, por tanto, esa frase que ustedes nos proponen
incorporar: «previos los trámites reglamentarios pertinentes»,
nos parece correcta.
Por otro lado, en cuanto a buena parte de las enmiendas que ha
planteado el Grupo Parlamentario Popular, las que hacen a la
exposición de motivos, permitirán que no haga ninguna mención,
porque no es objeto de votación por parte de la Cámara. No
obstante, les agradezco las observaciones que puedan hacer a
la exposición de motivos de nuestras iniciativas, pero como no
es objeto, repito, de votación, creo que no ha lugar a que
haga ningún comentario.
En relación a las demás enmiendas, van también en la misma
dirección de referirse al sistema de protección social en
lugar del sistema de pago de pensiones de la Seguridad Social.
Yo creo que, al final, la literalidad del texto que proponemos
como enmienda transaccional con las enmiendas del Grupo
Socialista, incorporando también la enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y con el deseo de que el
Grupo Popular vea reflejada la suya, hará posible consensuar
la posición de toda la Cámara en torno a esta proposición no
de ley. Proponemos, señor Presidente,
la enmienda transaccional siguiente, que paso a leer, con su
permiso, a continuación.
Sería la siguiente: el Pleno del Congreso de los Diputados
acuerda que se cree una ponencia en el seno de la Comisión de
Presupuestos, con la finalidad de elaborar un informe donde se
analicen los problemas estructurales del sistema de la
Seguridad Social y se indiquen las principales reformas que
deberán acometerse en los próximos años para garantizar la
viabilidad del sistema público de pensiones y evitar mayores
déficit públicos en el presupuesto del Estado. El citado
informe incluirá un conjunto de recomendaciones que deberá ser
presentado al Gobierno, previos los trámites reglamentarios
pertinentes, para su aplicación.
Esta es, señor Presidente, en síntesis, la transaccional que
planteamos, que tiene como propósito iniciar esa iniciativa
con el consenso que deseamos que tenga el resultado de la
ponencia, que en esta Cámara se constituya por unanimidad
dicha ponencia y que, en todo caso, a partir de entonces,
podamos desarrollar los trabajos en esa ponencia para
concluirlos también por unanimidad y ofrecer a la sociedad
unas líneas de revisión del actual sistema público de
pensiones en este país.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y fijar la posición
de su Grupo en relación con la proposición no de ley, tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, cualquier persona que siga con un mínimo de atención
la realidad, no sólo de nuestro país, sino la realidad
europea, incluso la realidad más allá de este continente,
tendrá que reconocer que efectivamente los sistemas públicos
de protección social atraviesan dificultades, dificultades que
hoy día ya son reales y en unos términos preocupantes.
Podríamos hacer referencia a determinadas declaraciones
recientes de altos responsables del Gobierno español,
aludiendo a la necesidad de abordar con urgencia medidas en
relación con el sistema público de Seguridad Social en nuestro
país. Pero insisto en que esto no es un problema sólo de
nuestro país, sino que es un problema que trasciende las
fronteras de nuestro país, con matices, evidentemente, que
guardan relación con la situación económica de cada país, con
la realidad del sistema de protección social de cada país y
que incluso va más allá de nuestro propio continente.
Por otra parte, señorías, es asimismo cierto que las
previsiones más realistas de cara al futuro nos anuncian
dificultades aún mayores en los próximos años. Efectivamente,
la incidencia de determinadas causas, como la destrucción de
empleo (y es desgraciadamente actualidad en nuestro país los
datos relativos al mes de enero, con una destrucción de empleo
como no se conocía en los últimos ocho años y con una
destrucción de empleo en el año anterior como prácticamente no
se conocía en la última década), los datos relativos al
envejecimiento de la población y la previsión de su evolución
futura, todo ello, en definitiva, señorías, nos pone de
manifiesto que es realista contar con unas cre- cientes
necesidades sociales como consecuencia de la destrucción de
empleo, del crecimiento del paro, como consecuencia de la
mayor esperanza de vida de la población pensionista para los
próximos años.
Por todo ello, señorías, en nuestra opinión, la iniciativa que
se nos presenta por el Grupo parlamentario de Convergència i
Unió nos parece que es oportuna. Efectivamente, nos parece
oportuno y correcto que esta Cámara analice las causas que
pueden incidir en el sistema de protección social de nuestro
país y las estudie e incluso sugiera líneas de posibles
reformas.
Dicho esto y felicitando al grupo por la oportunidad de su
iniciativa, sin embargo tendríamos que decir que en la misma
no creemos que se haya conseguido, al menos en su redacción
inicial, ese equilibrio al que apelaba el portavoz del Grupo
de Convergència i Unió en su intervención desde esta tribuna.
Decía que había que dejar ideologías al margen y que había que
abordar el problema al margen de las ideologías.
Creo, señor Homs, que en su proposición no se dejaba al margen
la ideología. Creo que subyace de una manera evidente en toda
su intervención y sición una determinada ideología que es
plenamente legítima y que es normal expresarlo. Se traduce en
primar los aspectos económicos sobre cualquier otra
consideración relativa al sistema de protección social. Eso se
traduce en infinidad de detalles, como puede ser crear la
ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos cuando
parece que el encaje lógico de un sistema de protección social
es la Comisión de Política Social y Empleo, que es donde se
están trasladando de manera rutinaria todos los temas
relativos a la Seguridad Social en esta Cámara; dar prioridad
a la hora de plantearse los objetivos; evitar déficit, no el
que la Seguridad Social cumpla sus fines, y ello en un marco
de equilibrio financiero. No; lo prioritario es evitar
déficit. En definitiva, son una serie de detalles que
traslucen esa ideología.
Señor Homs, su apelación a que olvidáramos las ideologías
decía que se fundamentaba en la realidad de la situación
económica de nuestro país y del déficit. Créame, señor Homs,
que yo le pediría, si ese mismo criterio lo aplican ustedes,
por ejemplo, a una posible iniciativa en esta Cámara, que
dijera: vamos a analizar la financiación autonómica con el
único y prioritario objetivo de evitar déficit y no nos
planteáramos la realidad y la profundización del Estado
autonómico. Quizá
la conclusión sería que hoy no hay que hablar de ningún giro
autonómico, porque, ante un déficit tan importante como tiene
el Estado, ¿cómo se va a hablar de giro autonómico y en plazos
cortos, de meses? Ese argumento no se puede vender y, desde
luego, no es un argumento que lo hayan aplicado ustedes o que
lo apliquen coherentemente en el conjunto de su política.
Por tanto, insisto, siendo oportuna la iniciativa, nos parece
que subyace, al menos en su planteamiento inicial, una
determinada ideología en el término positivo, que consiste en
primar la misión económica de la Seguridad Social sobre la
misión de la propia esencia de un sistema de protección
social. Eso, en definitiva, se puede decir que son palabras,
porque tan malo sería desconocer la necesidad de un marco de
equilibrio financiero de la Seguridad Social, como desconocer
que la Seguridad Social tiene que cumplir determinadas
necesidades sociales. Tan malo sería buscar exclusivamente el
equilibrio, y para eso que no haya ningún tipo de prestación y
así no se gasta nada, como decir que se puede gastar el dinero
alegremente sin tener la mínima atención a la necesidad de
equilibrios financieros.
Finalmente, hay una última advertencia que hace nuestro Grupo,
que me alegro de que haya sido recogida por el señor Homs en
su intervención. Pretender que la Ponencia elabore unas
determinadas propuestas y que las mismas sean elevadas al
Gobierno, no puede obviar la necesidad de que se respeten
determinados trámites previstos por el propio Reglamento de la
Cámara y celebro, y no voy a insistir más en este tema, que
finalmente el señor Homs haya recogido ese apartado concreto
de nuestro Grupo.
En los demás, el señor Homs ha recogido no específicamente lo
que planteábamos nosotros, sino sustancialmente las enmiendas
planteadas por el Grupo Socialista. Nosotros vamos a aceptar
finalmente esa enmienda transaccional que se nos plantea por
parte de Convergència i Unió recogiendo las distintas
posiciones, pero queremos dejar claro desde ahora que cuando
se habla de problemas estructurales del sistema entendemos que
los mismos no son única y exclusivamente los problemas
financieros; el problema estructural del sistema de la
Seguridad Social es que la misma cumpla las funciones que se
requieren en una realidad social concreta y tendremos, por
tanto, que plantearnos cuál es el necesario modelo de
Seguridad Social, adecuado a la realidad concreta social, la
que sea, de nuestro país. Permítame de nuevo, señor Homs, que
le recuerde ese ejemplo que creo que puede ser útil: analizar
el sistema de financiación autonómica no puede permitirnos
desconocer qué modelo de Estado autonómico creamos.
Por tanto, hecha esa declaración pública por nuestra parte de
que al tratar problemas estructurales de la Seguridad Social
no consideramos que aquí sólo se limiten a los problemas de
carácter económico financiero, que, por supuesto, tienen una
gran importancia para nuestro Grupo y por eso queremos que
este tema se aborde, desde luego apoyaremos esta iniciativa y
trabajaremos en el seno de esa Ponencia con el espíritu
constructivo que corresponde a una iniciativa que nos parece
oportuna pero que sobre todo reclama una realidad preocupante
en nuestro país, que es la necesidad de dar viabilidad al
sistema de protección social y que el mismo garantice unas
crecientes necesidades sociales y que eso tenga lugar en el
marco de un equilibrio financiero.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Para defender las enmiendas y fijar la posición del Grupo
Popular, el señor Aparicio tiene la palabra.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Quizás la intervención para el Grupo Popular es sencilla y ya
he sido citado por el proponente, señor Homs, que no es la
primera vez que la plantea ante la Cámara y creo que vienen
obligados a dar mayores explicaciones quienes hayan cambiado
de actitud que los que siguen manteniendo la misma actitud iba
a decir prácticamente coincidente con la que dio lugar al
anterior debate. Parece que es evidente, y eso no da para
mucho en el debate político, que es necesario afrontar
reformas en la Seguridad Social. Habrá quien diga que son sólo
reformas de gestión, reformas de índole financiera, y habrá
quien diga, y nosotros lo sostenemos, que habrá que tener una
visión global e integrada. Le digo honradamente que me cuesta
mucho imaginar ninguna decisión de este Parlamento que no
acabe teniendo una profunda componente política, y cuando digo
ninguna es ni siquiera esa enmienda que alguien podrá
calificar muchas veces como técnica a los propios Presu-
puestos Generales del Estdo. Es indudable la interrelación que
existe entre las decisiones presupuestarias y las ideas o los
proyectos de índole político que uno quiere defender y
defiende en esta Cámara. Igual que, y ese es el motivo de una
de nuestras enmiendas, que es muy difícil entender hoy que por
un lado existen determinadas prestaciones sociales y por otro
lado el sistema de Seguridad Social. Si hemos planteado alguna
enmienda en ese sentido creo que es clara, y lo digo también
desde la propia experiencia financiera y de gestión de la
Seguridad Social. Creemos que es más correcto en terminología
europea y operativa, iba a decir, hablar de protección social
de una forma global. No se le oculta al señor Homs que uno de
los elementos que ha puesto en dificilísimo equilibrio --como
es el término más querido al Grupo Socialista--, al sistema de
Seguridad Social ha sido la gestión del sistema y de la
protección por desempleo en España. Usted y yo hemos sido
testigos de las frecuentes veces en que ha tenido que acudir
en demanda del apoyo de esta Cámara para
la tramitación de créditos extraordinarios y otra serie de
medidas excepcionales, precisamente cuando se había agotado la
capacidad de respuesta que tenía la propia Tesorería de la
Seguridad Social. Sabe que durante mucho tiempo --lo sabe muy
bien el señor Almunia-- se evitó venir a dar explicaciones a
esta Cámara de la gestión del INEM porque hasta entonces se
iba tirando como se podía y tirando sobre todo mucho de la
Tesorería de la Seguridad Social. Sólo cuando esa situación
fue insostenible accedieron, y lo agradezco, a dar las
suficientes y debidas explicaciones en esta Cámara.
En consecuencia, creo que podemos y debemos estar de acuerdo:
no vamos a hacer, sin duda, cuestión de gabinete de la
ubicación de esta ponencia. Creemos que tan correcto es
políticamente que esté en la Comisión de Presupuestos como lo
sería que estuviese en la de Política Social y Empleo. Supongo
que unos y otros trataremos de que aquellos de nuestros
representantes de los respectivos Grupos que mejor
conocimiento y criterio puedan tener sean los que acudan a
dicha ponencia. Creo que, indudablemente, esa es una
dificultad salvable.
Lo que sí le quiero decir es que nuestra posición, quizá, en
este sentido, lo que no quiere ser --y para eso sí que voy a
aprovechar mi presencia en la tribuna-- es resignada; creo que
es la nota característica que ha mantenido el Grupo Socialista
en esta materia. No nos resignamos, lo digo sinceramente, a
que siga funcionando inadecuadamente nuestra Seguridad Social;
no nos resignamos a que se siga estableciendo el fenómeno del
desempleo como una especie de fenómeno estructural de la
sociedad española. Creo que no es lógico y que hay que estar
perfectamente al tanto y dar respuesta a esos enormes cambios
a los que también se ha hecho mención hace unos instantes:
cambios geopolíticos, cambios demográficos, cambios de las
propias estructuras familiares, cambios en las nuevas formas
de producción que, indudablemente, empiezan a demandarnos un
nuevo sistema, para nosotros de protección social, quizá para
ustedes de seguridad social, y estoy seguro de que en el
trabajo de esa ponencia (que lamentamos, con toda sinceridad,
que no parta con esa diferencia que, digamos, no es puramente
semántica, que es conceptual, de visión más globalizada)
llevaremos todas nuestras propuestas.
Sí me atrevo --y con eso no creo que condicione el trabajo
posterior de la Ponencia-- a decirle que al Grupo Popular le
gustaría que orientase su trabajo en lo que son verdaderos
elementos de divergencia del sistema de protección social
español con respecto a esos países de nuestro entorno. Lo digo
porque eso nos evitaría también ciertas discusiones, y creo
que todos hemos convenido en que España merece un buen sistema
de protección social. Prácticamente todos los Grupos aquí
representados hemos convenido en que hay un modelo bien
definido por el Tratado de la Unión Europea y bastante
esbozado en el Libro Blanco que recientemente la Comisión ha
dado a conocer a los diferentes parlamentos. Creo que ese es
el marco de trabajo, porque indudablemente habrá que buscar
mucho más los elementos de unión que los de divergencia, sobre
todo parano repetir esta amarga experiencia que A nadie se le
oculta que la Seguridad Social es también una materia
extraordinariamente sensible desde el punto de vista social y
creo que debemos hacer el máximo esfuerzo para garantizar el
consenso político; habrá que hacer verdaderos esfuerzos de
cesión y de diálogo y tratar también de que algunas de estas
reformas que sin duda ninguna, vuelvo a insistir, son de lo
más delicado, de los terrenos más sensibles que quizá pueda
tocar un Parlamento, reúnan también, si es posible, el apoyo
de los agentes sociales. Ese es un esfuerzo que deberemos
hacer.
Sabemos lo que no tenemos que hacer. Reconozco que el otro día
fueron muy tranquilizadoras las palabras del Ministro de
Trabajo precisamente en relación con unos principios de
filosofía general de la Seguridad Social, de su estructuración
y vertebración a escala nacional; debo decir que agradezco
sinceramente las palabras del otro día al señor Griñán cuando
habló de ese término, sin duda inequívoco, de caja única como
una de las garantías de solidaridad, de cohesión social en
España. Quiero decirle que, naturalmente, y a pesar de que nos
hubiese gustado ver reflejadas esas dos enmiendas que
conceptualmente creíamos interesantes, a pesar de ello, y
aunque no sea más que por pura simetría con el debate
anterior, votaremos favorablemente la iniciativa presentada
por el Grupo Catalán.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista y la
fijación de la posición del Grupo en relación con esta
proposición no de ley, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, desde el principio de la legislatura, en una de
cuyas prime Catalán (Convergència i Unió) presentó esta
proposición no de ley, la opinión de nuestro Grupo al respecto
fue claramente positiva. Nos parece que en torno a los deseos
del Grupo Catalán al presentar la proposición debe haber un
acuerdo de prácticamente toda la Cámara: deseos de analizar
cuál es la situación del sistema de la Seguridad Social,
situación en parte condicionada por dificultades económicas
cíclicas, coyunturales, pero también en buena parte, aquí y
fuera de aquí, en todos los países que cuentan con un sistema
público de Seguridad Social, condicionada por causas
estructurales,
que, de no ser analizadas y convenientemente tratadas en el
tiempo y en la orientación, pueden dar al traste en el medio y
en el largo plazo con un proyecto de protección social de
cobertura de situaciones de necesidad, de garantías frente a
las contingencias de la vejez, de la invalidez, de la viudedad
u otras que son ya consideradas como derechos de cualquier
ciudadano en democracia en los países que, como nosotros, se
reclaman del Estado social, del Estado del bienestar.
Junto a ese análisis de las causas estructurales y
coyunturales que pueden poner en riesgo la viabilidad de los
sistemas públicos de Seguridad Social, lógicamente el
Parlamento debe añadir líneas de actuación, propuestas que en
su día puedan ser aplicadas por quien tenga competencias para
ello, sea el Gobierno, a través de su iniciativa legislativa o
de su potestad reglamentaria, o sea esta propia Cámara, en uso
de sus atribuciones.
Desde el acuerdo con el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en
cuanto al motivo de la proposición, también coincidimos con
quienes antes que n debate o en otras ocasiones manifiestan la
voluntad de preservar el sistema de Seguridad Social que
tenemos, un sistema público, un sistema de carácter universal,
un sistema estructurado en torno a tres niveles de protección,
como nuestra Constitución previó desde el año 1978: un nivel
básico contributivo, un nivel no contributivo y unos niveles
complementarios.
El hecho de que defendamos las características esenciales del
actual sistema y el hecho de que queramos preservar esas
características de cara al futuro no nos lleva, como no lleva
a nadie, creo, en su sano juicio, a manifestar que el sistema
en su versión actual y con sus características formadas a lo
largo de la evolución legislativa reglamentaria de los últimos
tiempos sea perfecto, porque no lo es. Es un sistema que se ha
formado, como se ha dicho muchas veces, por aluvión; no deriva
de una decisión de implantar un sistema global de Seguridad
Social con las características que hoy tiene. Se inició ya en
los años de la República; incluso antes ya hay antecedentes.
Pasó, mal que bien, por los años del franquismo y desde el
comienzo de la transición hasta ahora es cuando de verdad ha
ido adquiriendo las características que queremos preservar:
sistema público universal estructurado en diversos niveles de
protección.
Esa formación por aluvión lleva a que tenga defectos, a que no
sea un sistema perfecto. Además, en su evolución, en su
formación a lo largo del tiempo ha sido objeto de presiones
diversas, de contradicciones, de intereses corporativos, de
tensiones de uno y otro signo que hacen que sea perfecta y
claramente corregible y mejorable en muchos de sus aspectos.
Se ha avanzado en esa racionalidad del sistema en democracia y
se ha avanzado desde un Decreto-ley casi simultáneo a la
entrada en vigor de la Constitución, el Decreto-ley de 1978
que fija la actual estructura de la Seguridad Social en
entidades gestoras, pasando por la Ley de pensiones del año
1985, la reforma financiera --incluida la Ley de presupuestos
del año 1989-- hasta la Ley de pensiones no contributivas del
año 1990.<ð En todos esos pasos, que son, creo, las fases
esenciales de mejora y de consolidación del sistema público de
Seguridad Social en estos años que van desde la Constitución
hasta la fecha, el sistema claramente ha mejorado, pero nos
tenemos que enfrentar, para garantizar su viabilidad de
futuro, a causas que pueden poner en peligro esa viabilidad y
esa estabilidad del sistema de la Seguridad Social. Se ha
analizado también en muchas ocasiones causas que van desde la
financiación del sistema de Seguridad Social, que tiene una
parte importante afectada a cotizaciones que pueden poner en
riesgo parte de nuestro sistema productivo, parte de los
empleos del mismo, sobre todo en un presente y en un futuro de
economía abierta, cada vez más competitiva y con plena
libertad de circulación de factores y de personas, pasando por
los cambios demográficos a que hacía referencia el señor Homs,
por cambios en la estructura productiva, que desequilibran la
actual organización en regímenes especiales versus régimen
general de nuestro sistema de Seguridad Social, en una
disociación evidente no ya en nuestro país, sino en todos los
países industrializados, entre las posibilidades de
crecimiento económico y las capacidades de crecimiento para
generar el empleo suficiente para acercarnos al pleno empleo,
la aparición de nuevas formas de exclusión, de marginación en
nuestras sociedades no previstas por los clásicos sistemas
contributivos de base profesional, etcétera. Estas causas que
figuran en nuestra enmienda y otras que, sin duda, serán
puestas de manifesto a lo largo de los trabajos de la
Ponencia, son las que nos hacen valorar como muy positiva, muy
oportuna y necesaria la constitución de la misma en los
términos generales en que ha expuesto el portavoz del Grupo
proponente, el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor
Homs.
En nuestra enmienda --su espíritu claramente queda recogido en
la transacción ofrecida por el señor Homs y que desde ahora
digo que votaremos favorablemente-- tratábamos con relación a
la proposición inicial de concentrar los trabajos de la
Ponencia mucho más en el diagnóstico de las causas que pueden
poner en peligro la viabilidad del sistema que no en las
soluciones, que sólo podrían venir bien orientadas y,
previamente, en el análisis del diagnóstico del sistema de
Seguridad Social, tratando de que sea lo más ampliamente
compartido posible por todos los grupos políticos de esta
Cámara y, si es posible, por quienes desde fuera de esta
Cámara colaboren con nosotros en los trabajos de la Ponencia.
También tratábamos en nuestra enmienda --y es nuestra idea,
que creemos queda recogida también en la propuesta de
transacción-- de no
hablar de la reforma de la Seguridad Social como si no nos
gustase su actual sistema, sino de las mejoras y de las
reformas que deben producirse para que el actual sistema siga
teniendo vigencia y sea claramente viable a medio y largo
plazo; y tratamos, lógicamente, de garantizar la viabilidad
del sistema de Seguridad Social no en el vacío, sino en la
lógica conexión con las posibilidades de financiar el mismo,
su acción protectora; es decir, sin que un sistema
desconocedor de su peso y de su incidencia sobre el déficit
público pueda ser perfecto en su literalidad, en la definición
de su acción protectora y de su funcionamiento quiebre por el
camino porque no haya recursos públicos capaces de mantenerlo,
de financiarlo y de dar una perspectiva de futuro.
Como esos tres aspectos de nuestra enmienda quedan muy bien
recogidos en la transacción ofrecida por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), reitero nuestro voto favorable, nuestra
plena disposición a trabajar en la Ponencia para obtener
buenos resultados, resultados útiles para nuestros debates de
futuro y para el conjunto de la sociedad española, y no a
partir, como han querido algunos en tiempos, de la alarma o
del miedo sobre la inviabilidad del sistema, sino a partir de
la seguridad que da el que, conociendo las causas que lo
pueden poner en riesgo, sabremos darle viabilidad de futuro y
seguridad a quienes hoy necesitan de ese sistema para ser
ciudadanos de primera clase.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde Unión Valenciana, al tratar el tema planteado
por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre la creación
de una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para
elaborar un informe sobre la reforma económica de la Seguridad
Social, en primer lugar, señor Homs, y se lo digo de todo
corazón, queremos darle la enhorabuena por su sensibilidad en
adivinar los temas que el Grupo Popular tenía en mente, pero
que incomprensiblemente no desarrollaba. Verdaderamente yo le
tengo que dar la enhorabuena porque en todas las comisiones
donde tengo el gusto de compartir con usted presencia veo que,
aunque yo no lo he encontrado, debe tener ese «sex-appeal»
especial que llega a la sensibilidad del Grupo socialista y
que le permite a usted ser magnífico, porque hasta esa
enmienda de concisión ha sido ahora aceptada y valorada en
toda la grandiosidad que tiene.
Señor Homs, desde Unión Valenciana y mucho más modestamente,
porque nos gusta, porque estamos de acuerdo, porque creemos
que es oportuna, la vamos a apoyar, debido, naturalmente, a
las razones del creciente déficit del presupuesto de la
Seguridad Social, a la existencia de regímenes de Seguridad
Social en auténtica quiebra, a la situación agravada por el
estado de la economía con las crecientes cargas que soportan
las empresas, aunque yo le diría que aún habría que añadir más
a esta exposición de motivos. Por ejemplo, habría que añadir
la mayor tardanza en la incorporación al mercado de trabajo y
la mayor longevidad de los ancianos, que esperamos y deseamos
que continúe y que ojalá sea cada vez mayor.
Por tanto la postura de Unión Valenciana ante esta proposición
de ley es que somos partidarios de la aprobación y la
constitución de esa citada ponencia, habida cuenta de los
motivos que hemos señalado con anterioridad.
Para el año 1994, el Presupuesto del sistema de Seguridad
Social asciende a más de nueve billones de pesetas, con un
incremento absoluto sobre de 714.679 millones de pesetas, un
7,7 por ciento. Si tenemos en cuenta que el Presupuesto del
Estado para 1994 asciende a 28 billones de pesetas, se puede
comprobar que el hecho de que el sistema de la Seguridad
Social haya pasado a estar dentro del Presupuesto no es en
absoluto desdeñable.
Por otra parte, Unión Valenciana considera que, además de
tratar de reducir los constantes déficit presupuestarios de la
Seguridad Social, se debería revisar en profundidad el sistema
de financiación de ésta; pensamos que se debería cambiar la
filosofía recaudadora y proponer un sistema no desincentivador
de la contratación laboral, fomentando, consiguientemente, el
empleo.
Por otra parte, a principios de enero de este año, el Ministro
señor Solbes anunció que el Gobierno comenzará a trabajar en
la reforma del sistema público de pensiones porque, según sus
palabras, el actual nos llevará a un callejón sin salida. El
nuevo sistema parece incentivar las pensiones privadas en
detrimento de las públicas.
Vamos a votar favorablemente, pero nos gustaría recordar que,
siendo importante el tema económico-financiero, no lo es menos
el tema social, q mismo tiempo que deseamos y esperamos que
esta misma ponencia --y creo entender que el Grupo proponente
también lo cree así-- analice las form que permitan una menor
gestión a nivel autonómico, que en definitiva es el más sólido
y el único que verdaderamente puede dar cauce auténtico a esta
Seguridad Social.
Muchas gracias, y anunciamos nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, vengo a
fijar la posición de nuestro grupo parlamentario respecto a
esta pro presentada por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Desde hace ya unos cuantos años se viene advirtiendo a la
sociedad, y consecuentemente al Gobierno, de los peligros que
permanentemente están sucediendo ante el deterioro de la
Seguridad Social. La quiebra del sistema hace necesario que
sin más dilación se tomen las medidas precisas para garantizar
la asistencia y las prestaciones sociales suficientes en los
próximos años.
Es necesario dar una definición de la Seguridad Social
actualizada con la doctrina constitucional sobre esta materia.
En este sentido es sufic la sentencia del Tribunal
Constitucional, del 21 de mayo de 1987, que confirma los
cambios producidos en esta materia a partir de 1978.
Textualmente dice: La Seguridad Social se ha convertido en una
función del Estado. Efectivamente el mandato contenido en el
arîtículo 41 de la Constitución, dirigido a los poderes
públicos, de mantener un régimen público de Seguridad Social
que garantice la asistencia y las prestaciones sociales
suficientes en situaciones de necesidad, supone apartarse de
concepciones anteriores de la Seguridad Social en que primaba
el principio contributivo y la cobertura de riesgos o
contingencias.
Si bien en el sistema español actual se mantienen
características del modelo contributivo, no es menos cierto
que a tenor del mandato constitu carácter del régimen público
de la Seguridad Social, su configuración como función del
Estado y la referencia a la cobertura de situaciones de
necesidad, que habrán de ser precisadas en cada caso, implica
que las prestaciones de la Seguridad Social no se presenten
ya, y aun teniendo en cuenta la pervivencia de notas
contributivas, como prestaciones correspondientes y
proporcionales en todo caso a las contribuciones y
cotizaciones de los afiliados y resultantes de un acuerdo
contractual. El carácter público y la finalidad
constitucionalmente reconocida del sistema de Seguridad Social
suponen que éste se configure como un régimen legal en tanto
que las aportaciones de los afiliados, como las prestaciones a
dispensar, sus niveles y condiciones vienen determinados, no
por un acuerdo de voluntades, sino por reglas que se integran
en el ordenamiento jurídico y que están sujetas a las
modificaciones que los legisladores introduzcan.
La Seguridad Social es, por tanto, un elemento clave de
promoción de la política social que debe procurar garantizar
una asistencia digna y humana, con independencia de la
relación hombre-producción.
Por lo que respecta a las prestaciones de todo el sistema de
Seguridad Social éstas han de ser, al menos, las definidas por
el Convenio 102 de la OIT. Por una parte las prestaciones
monetarias de enfermedad, de desempleo, de vejez, en caso de
accidentes de trabajo, familiar, de maternidad, de invalidez y
de sobrevivientes. Por otra, la asistencia médica. De
cualquier forma todos los textos constitucionales de los
Estados componentes de la Unión Económica, así como la Carta
Social Europea, exigen a los poderes públicos mantener un
sistema universal de protección de naturaleza pública
gestionado y tutelado por la Administración competente;
mantener una cuantía suficiente de prestaciones para las
distintas contingencias protegidas; suficiencia ante las
situaciones de necesidad; posibilitar a través de la
correspondiente regulación normativa un sistema complementario
privado o libre para incrementar voluntariamente la cuantía
del nivel público de protección a través de instrumentos tales
como los fondos de pensiones, las entidades de previsión
voluntaria y las mutuas; mantener, al menos, la actual cuantía
de protección social, tanto en las pensiones contributivas
como en las no contributivas y asistenciales y actualizar
algunas como la de viudedad de cuantía indigna; no reducir el
ámbito subjetivo de la protección por procedimientos similares
a la Ley de Reforma de Pensiones, del 31 de julio de 1935,
incrementando los períodos de carencia para la jubilación y
las incapacidades u otros procedimientos; universalizar la
protección no contributiva mediante la generación del salario
social de inserción acompañado éste por intensas medidas de
inserción de los beneficiarios en el mercado de trabajo:
formación profesional, trabajos voluntarios, autoempleo,
etcétera.
El cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados exige
acometer una profunda reforma de la actual estructura del
sistema público de la Social cuyas líneas maestras me van a
permitir SS.SS. que las señale brevemente.
Hace falta homogeneizar su estructura mediante la unificación
de sus regímenes en dos: general y de autónomos. Hay que
modernizar la parte contributiva del sistema mediante la
adecuación a la actual relación entre cotizantes y
beneficiarios de los cálculos actuales que le sirven de
fundamento. En virtud de lo anterior, se deberán actualizar
las cuotas de aportación de empresarios y trabajadores y
actualizar la aportación del Estado a su financiación. Hay que
mantener la incapacidad laboral transitoria dentro del sistema
público de la Seguridad Social, no endosando el pago de dicha
prestación a los empresarios en ninguno de sus tramos, ya que
claros mandatos constitucionales --me refiero al arîtículo 41
de la Constitución Española-- impiden la privatización del
pago de las prestaciones cubiertas por el sistema público. Hay
que implantar intensos y eficaces mecanismos de represión del
fraude, el ámbito del cobro de prestaciones,
especialmente a las que deben sobrepasar verificaciones
medidas a través de veraces mecanismos de control de los
hechos causantes. Hay que mantener en el ámbito del desempleo
la gestión pública del pago de la prestación y subsidio de
desempleo. Tampoco esta prestación es constitucionalmente
privatizable ni endosable a mutuas de empresarios y
trabajadores y asignarla al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, si el Inem desaparece.
Hay que potenciar el sistema complementario privado como
vínculo idóneo para captar el ahorro ciudadano y complementar
las pensiones públicas bleciendo para ello medidas
estimuladoras de carácter tributario no sólo para los fondos
de pensiones, considerados por la Ley de Fondo de Pensiones
salario diferido con importantes beneficios fiscales, sino
también --y especialmente, me refiero, en este caso en
Euskadi-- para la importante realidad de las entidades de
previsión social voluntaria, instrumento de captación del
ahorro vasco que se revierte en el país, cosa que no ocurre en
los fondos de pensiones que configuran flujos financieros
desde Euskadi al Estado español.
Hay que pactar con los interlocutores sociales las fórmulas de
gestión de las entidades gestoras y la cuantía de las
prestaciones y de las cuotas de la patronal y de los
trabajadores de aportación al sistema y un compromiso conjunto
para la represión del fraude.
Finalmente y por lo que respecta al País Vasco, hay que
realizar definitivamente la transferencia de la Seguridad
Social, transferencia que cumpliría con los compromisos
competenciales adquiridos y contribuiría a una mejor
estructura del sistema. Es, por tanto, necesario --como decía
al principio-- acometer definitivamente la reforma de la
Seguridad Social y desde nuestro grupo parlamentario pensamos
que la iniciativa de Convergència i Unió puede ser el comienzo
de esta reforma. En consecuencia, daremos nuestro voto
favorable a esta proposición de ley, incluidas las
modificaciones introducidas en el debate de hoy.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
que se somete a votación en los términos de la aceptación
parcial de las enmiendas, expresada por el señor Homs en el
curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 297.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MUR BERNAD), POR LA QUE
SE CREA UNA PONENCIA ESPECIAL, EN EL SENO DE LA COMISION DE
SANIDAD Y CONSUMO, PARA ANALIZAR LA SITUACION CREADA POR LA
SANGRE CONTAMINADA, LA REALIDAD DEL FENOMENO, LAS
CONSECUENCIAS EN EL PLANO SOCIAL, ECONOMICO Y ASISTENCIAL, Y
PARA ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS CON EL FIN DE ELIMINAR
SUS CAUSAS Y PALIAR SUS EFECTOS, GARANTIZANDO EL DERECHO
CONSTITUCIONAL A LA SALUD (Número de expediente 162/000053)
El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo Mixto, señor Mur
Bernad, por la que se crea una ponencia especial, en el seño
de la Comisión de Sanidad y Consumo, para analizar la
situación creada por la sangre contaminada, la realidad del
fenómeno, las consecuencias en el plano social, económico y
asistencial y para establecer las medidas necesarias con el
fin de eliminar sus causas y paliar sus efectos, garantizando
el derecho constitucional a la salud.
El señor Mur tiene la palabra. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.--Numerosos señores
Diputados aba salón de sesiones.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, por favor
ocupen sus escaños.
Cuando guste, señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tengo el honor de traer a esta
Cámara esta tarde un tema importante que afecta a toda la
sociedad. Nos referimos al sida, una enfermedad sin duda
grave, que va en aumento y que no es un problema de grupos
marginales, como pudiera creerse, sino que nos afecta a todos
los ciudadanos de una sociedad más abierta, más permisiva, en
un mundo cada día más sin fronteras.
La preocupación del Gobierno y de la sociedad por el sida es
creciente en la medida que cada día se tiene una mayor
información y que los medios de comunicación se ocupan del
tema en profundidad. Según estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud, cada día hay en el mundo 5.000 nuevos
afectados por el sida; en la actualidad existen 13 millones de
infectados, dos millones y medio de enfermos de sida, cifra
que para final de siglo, según las estadísticas, será de 15
millones de enfermos de sida y de 30 a 40 millones de personas
seropositivas.
En España, sólo en el tercer trimestre del año 1993, se han
notificado 1.390 casos, con un total acumulado de 21.200
enfermos de sida. Estas cifras, señorías, son
elocuentes y preocupantes. En España tenemos el récord de
enfermos diagnosticados de Europa, ya que uno de cada cinco,
de toda la región Europea, según la contabilidad de la
Organización Mundial de la Salud, es español, y eso que esta
Organización comprende el estudio de 42 países europeos. En
cifras absolutas de enfermos tenemos más del doble que en el
Reino Unido, ocho veces más que en Rumanía y el doble que en
Alemania. Estas cifras creo, señorías, que hablan por sí
solas.
Pero existe un grupo de alto riesgo, como el de los
hemofílicos, que por su dependencia de los hemoderivados tiene
en el sida una incidencia especial. Tenemos el máximo
porcentaje europeo de hemofílicos diagnosticados de sida. El
25 por ciento de todos los europeos; es decir, que uno de cada
cuatro hemofílicos contagiados en Europa es español. Una
altísima proporción de infectados directamente por
transfusiones de sangre contaminada, 198 en España, de un
total de 2.800 contabilizados por la Organización Mundial de
la Salud en Europa. El presidente de los hemofílicos españoles
indicaba, hace un tiempo, que en España hay 2.580 personas
hemofílicas, de las cuales 1.200 --el 47 por ciento,
señorías -- están afectadas por el Sida, de las que ya han
fallecido más de 500.
Las necesidades de la población hemofílica española son de
450.000 a 500.000 litros de plasma por año. Sólo el 20 por
ciento del plasma utilizado procede de donaciones altruistas.
El resto es de importación, principalmente de los Estados
Unidos y de Europa. Ante este panorama es preciso, señorías,
tomar conciencia del problema; como ya lo han hecho en Francia
y en Alemania, que fueron triste noticia casi todos los días
en los medios de comunicación durante los años 1992
y 1993.
Al margen de los alarmismos o por encima de ellos, y por
encima de las posibles negligencias dolosas que pudieran
derivarse de tan desgraciada propagación masiva del sida, y
sin necesidad de establecer comparación alguna con
precedentes, como el síndrome de la colza, desde luego menos
irresponsable en su origen, menos grave en su dimensión y
proyección, y también mucho más discutido dentro y fuera del
Parlamento, no sería de recibo cruzarnos de brazos sin más
ante este caso español, haciendo así clara dejación de las
responsabilidades propias de quienes ostentamos alguna
representación pública emanada de las urnas, al tiempo que se
airean informaciones y se fijan posiciones críticas sobre esta
cuestión en otros países europeos. Ahí están, para sonrojo de
quienes prefieran seguir mostrándose pasivos ante tan evidente
y gravísimo problema, las reclamaciones de los afectados, las
reiteradas denuncias de los profesionales de la medicina,
interesados deontológicamente en hacer patentes las
deficiencias del sistema sanitario, el continuo
pronunciamiento de los tribunales de justicia con sentencias
indemnizatorias multimillonarias dictadas contra el Insalud y
otras instituciones autónomicas homólogas, o, en fin, el
propio derecho a la protección de la salud, reconocido
expresamente en nuestra Constitución, para todos los
españoles.
A pesar de la elocuencia de las cifras, el caso español de la
sangre contaminada presenta toda una serie de incógnitas y
deficiencias informativas de verdad paradójica a tenor de la
proclividad nacional hacia la denuncia pública, en línea
difusa o de desconocimiento en la que se encuentran, no sólo
algunos comportamientos y normas de la administración sino,
también, cuestiones tan sencillas de explicar como la urgente
retirada del mercado francés de diversas pruebas de detección
del sida por sospecha de sensibilidad mediocre, cinco de las
cuales han sido comercializadas en España con el visto bueno
del Instituto Carlos III. Sin olvidar, por otra parte, que
tras haberse aprobado ya en el Parlamento, aquí, en esta
Cámara, una partida presupuestaria extraordinaria para atender
inicialmente las reclamaciones económicas de los afectados,
será también responsabilidad de este parlamento autorizar,
previsible y desgraciadamente, en el futuro nuevos y
voluminosos gastos, tanto asistenciales como indemnizatorios,
que cubran las eventuales consecuencias de tan dramáticos
sucesos. Todo ello, señorías, obliga, en cualquier caso, a
combatir con decisión la opacidad y el silencio que rodean
todavía el indeseable contagio del sida a través de las
transfusiones de sangre y de la recepción de sus derivados,
ignorando las absurdas acusaciones que se hacen, a veces, de
catastrofismo al promover, sin más, dilaciones, en el
tratamiento de este caso. Por tanto, yo creo que sería muy
útil la creación de una comisión parlamentaria abierta, que
estudie y clarifique dicho proceso, que proponga cuantas
acciones sean necesarias para prevenir su continuidad y paliar
sus consecuencias, proporcionando, en primer lugar, el amparo
debido a los afectados y que se determine también si ha
existido o no negligencia administrativa para evitar la
transmisión del sida mediante productos hemáticos contaminados
de acuerdo con las recomendaciones dictadas, en su momento,
por la comunidad científica internacional. Continuar con el
ejemplo establecido en este sentido por otros países europeos
de nuestro entorno, significativamente Alemania y Francia, que
han propiciado comisiones parlamentarios sobre problemas
similares, como también lo ha hecho recientemente en nuestro
país el Parlamento catalán. Creo que propiciar este tipo de
comisiones constituiría, además en estos momentos, una
demostración inestimable de la utilidad del trabajo
desarrollado en este Congreso de los Diputados y que el
impulso democrático que necesita el país pueda ser en efecto
una realidad.
Creo, señorías, que nos encontramos ante un tema importante,
que no va a solucionarse porque intentemos
ignorarlo, considero que el planteamiento que acabo de hacer
es suficientemente concreto, pero suficientemente suave en su
formulación como para que de esta ponencia no puedan derivarse
más que beneficios. Esta ponencia que yo solicito no pretende
más que colaborar a solucionar el problema. No se trata de una
comisión de investigación, no se trata de pedir
responsabilidades, por ahora; pero yo creo que si en esta
Cámara esta tarde no se apoyara esta proposición que tengo el
honor de presentar, cometeríamos un gravísimo error porque
desgraciadamente la enfermedad seguirá avanzando, los
problemas se seguirán multiplicando y, al final, volveremos a
tratar tarde o temprano este asunto, aquí en el Parlamento,
cuando quizás sea demasiado tarde, cuando quizá se haga
realidad ese aforismo en Medicina de que vale más prevenir que
curar. Estamos todavía en el momento de la prevención.
Realmente, ha habido ya demasiados casos, pero nunca será
tarde si con las medidas que se puedan tomar podemos
contribuir a paliar, cuando no a remediar, esta cuestión que
es de una importancia creciente por el número de afectados. El
Instituto Pasteur dice que más de la mitad de las personas que
morirán por sida de aquí a final de siglo todavía no están
contaminadas. Si por estas medidas que se pueden proponer y
por el trabajo de esta ponencia pudiéramos colaborar a que
estas personas no fueran víctimas estadísticas de esta
enfermedad, creo que habría valido la pena.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Mur.
Grupos que deseen fijar su posición respecto a esta
iniciativa. (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la
palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria va a dar aquí su apoyo favorable con el voto
positivo a esta proposición no de ley que, por parte del Grupo
Mixto, nos trae aquí el Diputado representante del Partido
Aragonés, señor Mur Bernad.
Nosotros entendemos que en esta circunstancia de incertidumbre
en todos esos colectivos de alto riesgo por las transfusiones
hemáticas, fundamentalmente entre los hemofílicos, así como en
cualquier otra de las casuísticas patológicas que se dan en la
asistencia médica y hospitalaria, se hace necesario cubrir
todas las garantías.
Están muy recientes los ejemplos de polémicas que han llegado
a los respectivos parlamentos, tanto en la República Federal
de Alemania como en la República francesa.
Nosotros entendemos que el Parlamento debe tener un
protagonismo a la hora de poner en marcha mecanismos de
control político, administrativo y, por consiguiente, legal,
para el control no solamente de aquella normativa propia del
régimen de disciplina sanitaria interna de un hospital o de un
laboratorio que se dedique a la obtención, comercio,
manipulación de plasma humano, de sangre para transfusiones,
bien sea en la producción propia nacional, bien sea por
importación. Las importaciones de plasma sanguíneo, que es lo
que se viene a denunciar en la propia exposición de
antecedentes que ha hecho el portavoz del Grupo Mixto, nos
tienen que hacer adoptar una postura de sensibilidad. No es la
primera vez que en varios parlamentos autonómicos se plantean
debates similares y se han adoptado por esos parlamentos
medidas cautelares. Está el caso --creo recordar-- del
Parlamento Autónomo de Cataluña y está el caso del Parlamento
autónomo de la Comunidad de Canarias.
Señorías, el propio Gobierno autónomo de Canarias, desde hace
bastantes años y dependiendo de la Consejería de Sanidad,
tiene el denominado Instituto Canario de Hemodonación. Su
Director es cargo nombrado por el Consejo de Gobierno autónomo
de Canarias y responde en las comparecencias parlamentarias,
bien por el propio Consejero de Sanidad, bien por el propio
Director del Instituto Canario de Hemodonación. Se interpretó
que, ante la casuística de estas enfermedades transmisibles
por vía hemática, en transfusiones, sea sida, sea hepatitis o
cualquier tipo de enfermedad vírica, había que adoptar unas
medidas cautelares para que estos colectivos de alto riesgo
que se señalan en la propia proposición no de ley, y que yo he
señalado, como cualquier otro ciudadano que en asistencia
médica y hospitalaria requiere una transfusión, puedan sentir
la seguridad de que está protegido el bien de su salud que
señala nuestra Constitución con la legislación pertinente.
Nosotros, sin entrar en la forma de lo que aquí se quiera
decidir sobre de qué manera se hace este control
parlamentario, bien sea en los justos términos que trae la
proposición no de ley del señor Mur Bernad, creando una
ponencia en el seno de la Comisión de Sanidad de este Congreso
de los Diputados, o bien con cualquier otra fórmula,
consideramos necesario que se haga un repaso de aquellas
medidas cautelares que están en la legislación. Lo que no se
puede hacer es seguir en una situación de incertidumbre, donde
puede haber causas graves de omisión y de dejación en
determinados servicios, bien de laboratorios productores, bien
de laboratorios importadores, bien de centros sanitarios,
hospitales, que utilizan estos productos hemáticos para las
transfusiones. Por tanto, la oportunidad de la proposición no
de ley nos parece muy acertada, nos parece que es del momento
y creemos que aquí, con el concurso de expertos, se podrían
incluso complementar aquellas disposiciones que garanticen
plenamente un bien público como es la propia salud humana.
Puedo decir, señorías, que la experiencia que han tenido los
distintos gobiernos autónomos de Canarias con el Instituto
Canario de Hemodonación, y lo que aquí se pretende por
transposición de lo mismo, resulta altamente satisfactoria.
Entendemos que una ponencia parlamentaria podría actuar para,
por un lado, actualizar cuál es el acervo científico y médico
de que disponemos actualmente y, por otro, qué limitaciones de
tipo legal y administrativo, en correlación con las exigencias
técnico-sanitarias, se pueden imponer. Lo que no cabe,
señorías, es tener un vacío legal que pueda producir una
impunidad en la manipulación de estas substancias y, al mismo
tiempo, una incertidumbre en los receptores de la asistencia
sanitaria por esta vía. Yo diría más. Como los errores que se
pueden dar en esta materia, en las enfermedades que se citan
como transmisibles, son causa de defunción, cuando se nos ha
llenado la boca con el discurso de los derechos humanos,
transponer los derechos humanos del paciente a tener la
asistencia con medios técnicos de tratamiento de determinadas
enfermedades cuyo error no es que conduzca a situaciones de
minusvalidez sino que conducen inexorablemente a una
defunción, creo, señorías, que la muerte de un paciente por
una enfermedad de transmisión hemática por estos medios debe
mantenernos la conciencia muy sensible para adoptar las
medidas que este Parlamento no puede eludir, con la
Constitución en la mano y con las leyes sanitarias a su favor.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Vasco
respecto a la proposición no de ley del Partido Aragonés
Regionalista, que solicita la creación de una ponencia
especial que analice y examine la problemática de la sangre
contaminada. Nuestro Grupo quería realizar diversas
consideraciones de carácter general. Nos parece que en el
Estado español, tanto las transfusiones como el tratamiento de
los hemoderivados se encuentran en este momento bien
regulados. Existe una normativa reciente, del año 1993, que
regula, en primer lugar, el procedimiento relativo a la
donación de la sangre por parte de los donantes a los poderes
públicos sanitarios; en segundo lugar, el posterior proceso de
tratamiento para la obtención de hemoderivados de esta sangre
y, en tercer lugar, las operaciones en que se realizan
transfusiones a los pacientes necesitados de las mismas. En
España, por tanto --como decía- -, nos parece que existe una
regulación moderna y adecuada, que vincula a los diferentes
poderes públicos, en este caso, a las administraciones
sanitarias, tanto la central como las autonómicas.
A nuestro juicio, el problema de la contaminación de la sangre
surge por los hemoderivados procedentes de importaciones --
fundamentalmente, España importa hemoderivados de Francia y de
los Estados Unidos--. Es en estos casos en los que no se
conoce con exactitud si el procedimiento de tratamiento
seguido a través de la normativa española, se ha seguido
también a través de la normativa que, con carácter general,
regula la donación, el tratamiento y la obtención de los
hemoderivados en estos países a los que España compra
hemoderivadoss.
Desde el Grupo Vasco creemos que la tendencia general, tanto
en Europa como en el mundo, es la de uniformar la legislación
reguladora de las d su tratamiento para la obtención de los
hemoderivados. El problema --como decía anteriormente-- es si
esos requisitos se han cumplido o no, y si esos hemoderivados
disponen de los controles de calidad y de los estándares de
homologación ya admitidos en España y uniformados en la
legislación europea.
Para analizar y corroborar tales comprobaciones, se efectúan
análisis y pruebas, pero no son, desde el punto de vista que
nosotros consideramos, muy detallados y profundos. También es
justo reconocer que las diferentes administraciones sanitarias
--las autonómicas y la central-- no pueden abordar este
trabajo con toda la envergadura necesaria.
Entendemos que con la problemática de la enfermedad del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida --tenemos en este
momento en España 100.000 personas portadoras del virus,
aunque únicamente lo han desarrollado 20.000 personas--, con
esta c personas infectadas por el virus, nos encontramos ante
un gran problema sanitario de organización, de prestación de
asistencia sanitaria pública básica, que corresponderá a las
diferentes administraciones competentes.
Señor Presidente, para finalizar, querríamos hacer referencia
a la necesidad de sensibilizar a la población para que se done
sangre en España; porque la donación de sangre
voluntariamente, el espíritu generoso a la hora de donar
sangre es lo que, en definitiva, va a suponer que tengamos la
seguridad de que, tanto la sangre que tengan los hospitales
españoles como todo el procedimiento posterior de su
tratamiento y la transfusión en operaciones, estén en las
condiciones de control y calidad que la normativa española
exige. Por tanto, el autoabastecimiento de sangre en el Estado
español entendemos que es la clave fundamental para eliminar
la contaminación de la misma.
También queríamos indicar, señor Presidente, la necesidad de
fomentar una industria dirigida al tratamiento de la sangre y
a la obtención de por lo cual el Estado español pudiera ser a
corto plazo,
si no a medio, autosuficiente en la obtención de la sangre y
los hemoderivados, en la medida en que ese es un control de
calidad que nos da la garantía de que no estamos utilizando
productos contaminados, bien sea propiamente la sangre o sus
derivados.
Por todo ello, sin perjuicio de que entendemos que las
diferentes administraciones están obrando, en la medida de lo
posible, con ese concepto que el Código Civil dice: con la
diligencia de un buen padre de familia, a nuestro Grupo
parlamentario le parece interesante que las autoridades
sanitarias, bien sean las de las comunidades autónomas o de la
Administración central, puedan comparecer ante esta Cámara en
un grupo de trabajo, en una ponencia y, por tanto, vamos a
apoyar positivamente la iniciativa del Partido Aragonés
Regionalista.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, vamos a fijar la posición de
nuestro Grupo en relación a esta proposición no de ley
presentada por el señor Mur, del Grupo Mixto, y que propone la
creación, en el seno de la Comisión de Sanidad, de una
Ponencia especial para analizar la situación creada por la
sangre contaminada.
En los antecedentes de la proposición se exponen una serie de
criterios que compartimos sólo en parte, y otros están tan
entremezclados que entendemos que deberían puntualizarse. Por
ello, para fijar nuestra posición, creemos conveniente hacer
unas consideraciones previas.
En primer lugar, y en relación a la transmisión del sida, de
los más de 20.000 casos acumulados desde 1981, el 64 por
ciento corresponde a drogodependientes por vía parenteral, más
del 26 por ciento a prácticas homo o heterosexuales, el 2,1
por ciento a hijos de madres infectadas, mientras que el 2,3
por ciento a hemoderivados y el 1,1 por ciento a transfusiones
de sangre. Ahora bien, si nos fijamos en la evolución que ha
experimentado desde 1984 la distribución de casos en función
de esta transmisión, nos encontramos con que los casos por
transfusiones representaban un 2 por ciento en 1984, pero que
desde entonces se ha mantenido un descenso: los casos ligados
a hemoderivados, que eran en 1984 del 24 por ciento, han ido
disminuyendo de forma muy sensible y constante, de manera que
el patrón epidemiológico del sida sigue vinculado al consumo
de drogas vía parenteral. Aun cuando existan indicios de
contención últimamente de este incremento, sin duda por el
cambio de prácticas en los usuarios de droga, al disminuir la
vía de administración parenteral, también muestra un aumento
de los heterosexuales, pero (y esto es lo que nos interesa)
con un marcado descenso de los casos atribuidos a receptores
de transfusiones y hemoderivados.
¿A qué es debido, pues, este cambio, este viraje tan sensible
en la transmisión del sida? Indudablemente, a las medidas
legales que se toman a partir del año 1985. Así, en septiembre
de este año se publica la resolución de la Subsecretaría de
Sanidad y Consumo por la que se declaran obligatorias para las
industrias fraccionadoras de plasma y fabricantes e
importadores de hemoderivados, así como las pruebas de
anticuerpos anti VIH, y otra resolución por la que se dan
normas para la autorización de reactivos para detectar estos
anticuerpos, así como también una serie de resoluciones y
circulares referentes a procedimientos para la validación de
los métodos de calentamiento utilizados en la fabricación de
factores de coagulación. También se dan normas sobre la
utilización de las existencias de plasma y fracciones
plasmáticas e importación de inmunoglobulinas específicas, o
bien también se dan normas para la autorización de reactivos
para detectar los anticuerpos anti VIH. Y, junto a ello, se
llevan a cabo una serie de actuaciones sistemáticas, como
inspección de laboratorios fraccionadores, control de
importaciones y exportaciones de plasma, sustracciones y demás
hemoderivados.
Tampoco podemos olvidar la distribución de competencias entre
la Administración Central y las comunidades autónomas en
cuanto al problema de s pública y a la función de coordinación
y cooperación que representa, en este caso, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, constituido
por el titular --como saben ustedes-- del Ministerio de
Sanidad y los consejeros, de sanidad, de las comunidades
autónomas.
Asimismo, desde el año 1987 funciona la Comisión Nacional de
coordinación y seguimiento de programas de prevención del
sida. Cierto es que, a pesar de todo, se han producido casos
en nuestro país, así como en Francia y Alemania, más
recientemente, y se han detectado algunos problemas de venta
de plasma, en este caso en Alemania, sin el pertinente control
y sin las medidas establecidas a nivel europeo. Y es
precisamente en ese contexto geopolítico, económico y social
en el que estamos inmersos, es decir la Comunidad Económica
Europea, en el que los ministros comunitarios de Sanidad,
reunidos el pasado mes de diciembre, han querido concienciar a
los ciudadanos europeos para que se hagan donaciones de
sangre, para conseguir --como se decía anteriormente-- que los
países de la Unión Europea se puedan autoabastecer de plasma y
hemoderivados, con la finalidad de que sea así más fácil
mantener un estricto control sobre la calidad de estos
productos.
Después de los casos lamentables de Alemania,
la Unión Europea pretende reforzar al máximo las garantías
sobre la calidad de sangre. No obstante, el hecho de que buena
parte del plasma y los hemoderivados que son utilizados en el
territorio comunitario procedan de terceros países,
fundamentalmente los Estados Unidos, hace más difícil el
control, tanto de la comercialización como del uso de la
sangre o sus hemoderivados. Por este motivo, el deseable
objetivo que se han fijado es llegar al autoabastecimiento sin
establecer --eso sí-- una fecha límite de referencia para
conseguirlo, pero sobre la base del principio de donaciones no
remuneradas y voluntarias y sin excluir llevar a cabo, en su
caso, campañas publicitarias de concienciación ciudadana en
toda la Comunidad. Por consiguiente, quisiéramos hacer unos
comentarios acerca de la situación actual sobre la cuestión
que nos ocupa en esta proposición no de ley.
Es evidente que hay una preocupación por los problemas que
pueda ocasionar la sangre contaminada por el virus del sida,
pero también está muy claro que tanto la comunidad científica
como las diferentes administraciones respondieron, en su
momento, incor- porando paulatinamente todas las pruebas
obligatorias de detección de virus en las donaciones de sangre
y, por tanto, tendremos que hacer primero esa constatación. En
segundo lugar, también hay que convenir en que la gran
cantidad de enfermos de sida en España --como hemos dicho-- se
debe, básicamente, a la alta incidencia de la enfermedad en la
población adicta a las drogas, por vía endovenosa, y no
convendría mezclar aquí esas cuestiones.
A nuestro entender, no se aproxima a la realidad la afirmación
que se hace en los antecedentes de la proposición no de ley
acerca de la altísima proporción de infectados directamente
por transfusiones con sangre contaminada --como hemos dicho
anteriormente-- ni la opacidad en el proceso de recogida,
manipulación y comercialización internacional de sangre y sus
derivados, a no ser que quieran contemplarse aquí los
pacientes hemofílicos que recibieron concentrados del factor 8
ó 9 contaminados, pero, eso sí, siempre con anterioridad al
año 1985. Asimismo, nos parece incomprensible la denuncia del
Presidente de la Federación Española de Hemofílicos, por lo
menos como se refiere en los antecedentes de la proposición no
de ley.
Finalmente, hay que constatar que, si bien no hemos de
importar sangre, porque nos autoabastecemos, sí hemos de
importar plasma. En este sentido, hemos de decir que la
industria fraccionadora ha puesto en fun- cionamiento las
tecnologías punta en la inactivación viral de los diferentes
productos, sea como solvente-detergente o la cromatografía por
inmunoafinidad. Y conviene recordarlo aquí no sea que creemos
un estado de ansiedad y preocupación que no se corresponde a
la situación real del problema.
En consecuencia, entendemos que no se da hoy en día una
situación de especiales circunstancias, como pudo ocurrir en
algún momento, y que el estricto cumplimiento de la
legislación ha de ser suficiente para garantizar la calidad de
sangre y sus derivados que se utilizan en el Estado español.
Sin embargo, también podemos hacer una reflexión que es: ¿a
dónde nos llevaría crear una ponencia especial en el seno de
la Comisión de Sanidad? Posiblemente, después de recabar la
comparecencia de técnicos especialistas en la materia,
llegaríamos a la conclusión de lo que la legislación vigente
ya prevé, es decir los sistemas de control de sangre y
hemoderivados que se manipulan hoy en día.
Además, otra reflexión, no es prudente la creación de esa
ponencia en el sentido de que también crearíamos, como decía
antes, en la sociedad una preocupación y ansiedad en grupos
determinados y tal vez sería peor --valga la expresión-- el
remedio que la enfermedad.
La legislación presente --y hemos de manifestarlo-- en nuestro
país está a la altura de las circunstancias. Cúmplase y hágase
cumplir por las distintas administraciones correspondientes.
Por otro lado, y para terminar, señor Presidente, la semana
pasada en el Senado se presentó una moción cuyo texto fue
aprobado por unanimidad de todos los grupos. Nosotros no nos
opondríamos a llegar a un acuerdo que fuera en coherencia con
lo expuesto y aprobado la semana pasada, repito, en el Senado.
Pero entendemos que desde esta perspectiva, por todo lo que
nosotros hemos expuesto aquí, no consideramos oportuno aprobar
una proposición no de ley como la que se nos presenta en el
sentido de proponer la creación de una ponencia en el seno de
la Comisión de Sanidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cardona.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vázquez Romero.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, señorías, señor
Mur, sinceramente no nos podemos oponer frontalmente a la
proposi ocupa, pero nos parece que el mecanismo que se diseña
en la misma no va a generar los efectos que se persiguen. Nos
parece que esa ponencia no tendría la virtualidad que se
pretende conseguir con esta proposición no de ley. Intentaré
explicarme. Repito que, en cualquier caso, no nos parece una
iniciativa desafortunada, ni mucho menos, ni nos parece
tampoco una proposición no de ley claramente rechazable, en
absoluto, pero los instrumentos de que se autodotaría esta
ponencia que se propone probablmente no fueran lo
suficientemente adecuados para enfrentarse con el problema. En
la exposición de motivos y en el propio texto de la
proposición no de ley se habla de sangre contaminada;
no se hace referencia exclusivamente al sida, que es en lo que
usted después en su intervención ha centrado toda la atención,
exclusivamente en el tema del sida. Hay otros contaminantes de
la sangre que también pueden producir enfermedades
importantes, que pueden producir graves problemas en la
sociedad y que no han sido mencionados por usted.
No es la primera vez, ni seguramente será la última, que en
esta Cámara hablamos de problemas derivados de la transfusión
sanguínea y de los hemoderivados. Quiero recordarles que, por
ejemplo, en la legislatura pasada, en la Comisión de Política
Social de entonces, hablando de sanidad, mi Grupo presentó dos
proposiciones no de ley que tenían como objetivo conseguir la
obligatoriedad de detección de pruebas de anticuerpos de virus
de hepatitis C, así como de virus de VIH-2 en donaciones de
sangre y hemoderivados.
Aquella proposición no de ley, que tuvo un debate cuya lectura
le recomiendo porque fue bastante ilustrativo, fue finalmente
rechazada con arg compartíamos entonces y que seguimos sin
compartir; argumentos que entonces eran fundamentalmente
económicos, casi de rentabilidad, al hablar de la dificultad
en hospitales pequeños en centros periféricos de poder hacer
esa detección con los medios entonces disponibles,
fundamentalmente del VIH-2. Actualmente eso se ha modificado y
la posibilidad actual es mucho más favorable.
En esa misma sesión de la Comisión de Política Social en la
legislatura pasada, el 29 de noviembre, presentamos también
una proposición no de ley que tiene mucho que ver con lo que
estamos hablando, y estaba dirigida a conseguir, a través de
una empresa estatal de tratamiento de todos los problemas
derivados de la transfusión, algo fundamental para poder
paliar este problema, y es la autosuficiencia, de la que no
gozamos en nuestro país.
La autosuficiencia, además, cuenta con graves problemas.
Porque, por una parte, estamos pidiendo desde diferentes
instituciones, desde los pod una actitud solidaria para que la
adonación satisfaga las necesidades exclusivamente de sangre.
Esa parcela está bastante satisfecha. Sin embargo, la mayor
parte del tratamiento del fraccionamiento de la sangre, de la
extracción de plasma, de factores de coagulación, etcétera,
sigue estando dirigido fundamentalmente por empresas privadas.
Y no era entonces, ni lo es ahora, un problema ideológico
entre empresa pública o empresa privada; es que difícilmente
podíamos llevar hasta el final la petición de solidaridad de
la ciudadanía para que esas donaciones se produjeran cuando
una parte de las mismas iban a beneficiar indirectamente a
este tipo de empresas fraccionadoras de la sangre.
La propuesta que nos trae hoy, el señor Mur puede generar
innecesariamente una cierta alarma social. Y digo
innecesariamente porque en este tema, como en tantos otros, el
problema en nuestro país no es tanto de legislación. Aquí la
legislación ya está suficientemente desarrollada como para que
no tenga que pasar nada a partir de una transfusión ni de
sangre, ni de hemoderivados, porque la metodología para poder
detectar previamente esa posibilidad ya existe. El problema no
es tanto de legislación, sino de control del cumplimiento de
esa legislación. En lo que deberíamos centrar nuestros
esfuerzos sería en obligar a cumplir y controlar la
legislación de la que ya disponemos. No se trataría tanto de
que esa ponencia elaborara no sé qué propuestas, las que
fueran. La actividad fundamental de las personas,
probablemente todos, interesados o preocupados por el tema de
la sangre policontaminada o contaminada por diferentes
sustancias o capaz de producir diferentes enfermedades,
tendría que ser exigir el cumplimiento de la legislación
vigente.
El juicio fundamental de esa ponencia tendría que ser en
esencial un juicio técnico. Es posible que entre los
diferentes grupos parlamentarios podamos encontrar personas
cualificadas para hablar de virus de hepatitis C, de
anticuerpos de hepatitis B, de VIH-1, VIH-2, pero no es el
ámbito habitual de trabajo en el Congreso una ponencia que
obligatoriamente tendría que entrar en temas de un cierto
tecnicismo alejado de la práctica habitual de la mayoría de
SS.SS. Podríamos encontrar probablemente en todos los grupos
algunas personas con la suficiente cualificación como para
poder entender de qué hablábamos, pero no es el ámbito
habitual del trabajo del Congreso. Deberíamos enfocar más
nuestro trabajo, al menos esa es la intención de mi grupo, en
exigir el cumplimiento de la normativa ya existente y en la
otra vertiente que me parece esencial, que es conseguir que
nuestro país sea autosuficiente, no sólo en sangre, sino en
hemoderivados y en factores de coagulación.
Los problemas que hay actualmente con los que han adquirido
una enfermedad a través de una transfusión sanguínea,
fundamentalmente el caso de los hemofílicos con sida,
afortunadamente en lo económico está en vías de solución. Es
en la única vía en la que se les puede ayudar. Obviamente, no
vamos a resolver desde aquí ni desde ningún sitio el problema
personal y familiar que se les ha generado a aquellas personas
que han recibido factor 8 por necesidad de su enfermedad
basal, que era la hemofilia, y que han adquirido el sida por
esa vía. La única posibilidad de reparar económicamente ese
daño está en vías de solución; la otra, la reparación personal
y familiar del daño causado, esa no la vamos a conseguir
nunca. La única posibilidad será evitar que esa infección se
pueda repetir. Y repito, arsenal legislativo ya tenemos para
que no se produzca; arsenal técnico, también; a través de los
métodos del enzimo inmunoensayo se pueden detectar con cierta
facilidad todas las posibilidades infectantes de la sangre.
Por tanto, sobre ese colectivo ya existente o sobre el
que, desgraciadamente, pudiera producirse en un futuro, lo que
habría que hacer es extremar, en el caso del futuro, las
medidas de control que impidieran esa situación. Lo que ha
ocurrido en Francia o en Alemania, afortunadamente para
nosotros, tiene otras características y otras connotaciones
que no hace falta entrar a discutir. No son casos similares a
los ocurridos en España, afortunadamente para nosotros.
Creo, señor Mur, que su proposición es pertinente, que es
adecuado que discutamos una vez más sobre los problemas de la
sangre, de los derivados y de las posibilidades infecciosas
que tiene, pero me parece que los mecanismos que diseña su
proposición no de ley no darían el fruto perseguido. No nos
oponemos, si el resto de la Cámara así lo considera, a
participar en esa ponencia, pero de momento no vamos a dar el
voto positivo a la creación de la misma, tampoco nos vamos a
oponer. Repito que si el resto de la Cámara considera que ese
instrumento puede ser adecuado, con muchísimo gusto mi Grupo
participaría en esa ponencia y aportaría su esfuerzo, su
trabajo para intentar desde ese mecanismo --y repito una vez
más no nos parece el más adecuado o pertinente-- intentar
resolver los problemas que nos están ocupando.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Popular, el señor Villalón tiene la palabra.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Para fijar la posición del Grupo Popular en esta iniciativa
del señor Mur, del Grupo Mixto.
Señoras y señores Diputados hace una semana aproximadamente el
Senado aprobó una moción presentada por el Grupo Popular en
términos muy pareci los que estamos debatiendo aquí, diría que
casi idénticos y de la misma forma que hoy estamos debatiendo
esta proposición no de ley. Hace tres o cuatro meses en el
Parlamento Europeo también se aprobó una resolución en la
misma línea de lo que ahora estamos debatiendo.
El hecho de que en el corto espacio de tiempo de tres meses en
distintos parlamentos, bien sean nacionales e incluso, como se
ha dicho antes, en algún parlamento autonómico, se hayan hecho
las mismas propuestas por diferentes Grupos Parlamentarios, no
parece que sea fruto de la casualidad o fruto de una actividad
colaboradora entre todos; parece más bien que es el fruto de
las intenciones de los diferentes Diputados en salvaguardar la
seguridad de los ciudadanos desde el punto de vista de la
salud y, sobre todo, a la luz de los distintos escándalos
aparecidos en la Comunidad Europea, fundamentalmente en
Francia, Alemania y nuestro país en relación con las
transfusiones homoderivados.
Por ello el Partido Popular considera de interés esta
iniciativa presentada por el Grupo Mixto. Aunque en los
últimos meses el Gobierno socialista ha rectificado, como es
el caso de los Reales Decretos publicados en el mes de abril y
octubre del año pasado, es verdad que a pesar de todo esto hay
algunos cabos sueltos que ha puesto de manifiesto
fundamentalmente la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia en relación con la seguridad a la hora de la
transfusión y de las donaciones.
Consideramos, por tanto, que esta proposición no de ley es de
interés tanto desde el punto de vista sanitario, social y
económico, como también por lo que atañe a la seguridad de la
salud pública de los españoles. Es preciso señalar que nuestro
país es deficitario en sangre, que es un bien escaso en
nuestro país, que importamos hemoderivados que en términos
económicos originan un gasto de 15.000 millones de pesetas al
año y que, por otra parte, no llegamos al nivel mínimo que la
Organización Mundial de la Salud estipula como suficiente para
autoabastecerse por los propios ciudadanos del país. Esta
organización establece 50 donantes por cada mil habitantes, en
tanto que parece ser, por los últimos datos que tenemos
recogidos, que en nuestro país está en torno a los 33 donantes
por cada mil habitantes.
Decía que esta iniciativa es de interés sanitario porque
seguramente SS.SS. conocerán todos aquellos casos de hace ya
algunos años de enfermedades contagiosas a través de las
distintas transfusiones, como pudieron ser en su momento los
diferen patitis, y más próxima en nuestro tiempo la enfermedad
del sida, que es el caso al que ha hecho fundamentalmente
referencia el Diputado que ha presentado esta proposición no
de ley en relación con los hemofílicos. Hay que tener en
cuenta que, en nuestro país el 50 por ciento de los
hemofílicos han sido contagiados con sida por no tener un
control en las transfusiones, en las donaciones de sangre que
se hacían a lo largo de los años 1983 a 1987.
Desde el punto de vista social, hablando fundamentalmente de
estos hemofílicos afectados de Sida, hay que referirse,
lógicamente, al ámbito laboral, al ámbito familiar, a la
trascendencia que a partir de ese momento ha tenido la vida de
esos ciudadanos, y aquí podríamos decir perfectamente que fue
peor el remedio que la enfermedad.
Desde el punto de vista económico es importante no sólo por lo
que se ha dicho anteriormente con respecto al gasto que
originan las importaciones de los hemoderivados, los 15.000
millones de pesetas, sino por el gasto que originan estas
enfermedades. Se calcula en torno a los 40.000 millones de
pesetas por año lo que le cuesta al Estado español la lucha
contra el Sida, y si bien es verdad que a lo que ahora nos
estamos refiriendo, que son los hemofílicos transfundidos, es un
porcentaje menor de los enfermos que padecen Sida, también
hay que tener en cuenta que en este cálculo económico no se
prevén las indemnizaciones del Estado a los afectados por el
Sida.
Por otra parte, respecto a las hepatitis, a las posibilidades
de que empeoren aquellos enfermos que han sido transfundidos,
se considera que e los mismos está en torno a los 10.000
millones de pesetas.
Se ha dicho también aquí que las medidas legislativas, las
medidas para asegurar que las transfusiones y las donaciones
no van a tener ninguna repercusión negativa, se habían tomado
a lo largo del año 1993. Yo también he incidido en ello en
relación con los Reales decretos de los meses de abril y
octubre. Pero todos los conocedores de estos temas dicen que
es imposible, por el momento, asegurar al cien por cien que
todas esas pruebas de detección, todos los medidores de
anticuerpos que se establezcan, den una seguridad total. Hay
problemas en las técnicas de detección problemas en los
tiempos de latencia, de aparición de los anticuerpos, también
hay problemas con respecto a lo que son las reacciones
cruzadas de la sangre y, por supuesto, pueden aparecer
problemas con respecto a aquellas otras enfermedades donde no
están tipificados los marcadores que se deben realizar.
Nosotros creemos que este es un motivo más --de interés, por
cierto-- para que a través de este mandato legislativo de
constituir una ponencia se fomente el estudio y la
implantación de nuevas medidas de seguridad para las
transfusiones sanguíneas. También es motivo para apoyar esta
ponencia los antecedentes de lo que ha ocurrido en nuestro
país en los últimos años.
Ante la negligencia del Gobierno socialista desde los años
1983 a 1987, lógicamente esta Cámara tiene que tomar medidas
para que no vuelva a suceder. Quiero hacer un breve
recordatorio de lo que ocurrió entre los años 1983 y 1987 y de
las distintas medidas que, en principio, no tomó, y que
posteriormente tomó a remolque el Gobierno socialista para
detectar el virus del Sida en aquellas donaciones de sangre.
Hay que decir que a través de la Oficina de Control de
Enfermedades de Estados Unidos se establecieron las medidas de
control de las donaciones y las medidas que se debían tomar
para actuar contra aquellas donaciones que contuvieran el
virus del Sida, medidas de calentamiento, etcétera.
Curiosamente todo esto a lo largo de 1983 se publicó en el
Boletín Epidemiológico semanal, pero no se ejecutaron. Después
de dos años, a partir de 1985, fue cuando a través de un
decreto se constituyeron las normas que debían actuar en las
empresas que se dedican al fraccionamiento del plasma, y en
aquellos fabricantes e importadores de hemoderivados,
estableciéndose los marcadores que deben utilizar. Es hasta el
año 1987 que no se obliga a la detección de anticuerpos del
sida en donantes de sangre voluntarios y en los hemoderivados
resultantes.
El resultado de todo esto es sabido y conocido por todos
ustedes: aquellos hemofílicos que fueron contagiados por el
sida. Como decía antes, la mitad de los hemofílicos que hay en
nuestro país están contagiados y, por supuesto, vamos a la
cabeza de la Unión Europea en cuanto a número de hemofílicos
con sida.
Pero también hay que incidir en lo que ha pasado en otros
países, donde ha habido atentados a la salud pública ya
mencionados por otros intervinientes anteriormente y por mí
mismo: lo que ha sucedido en Francia y en Alemania. Por ello
han activado distintos organismos de la Unión Europea y no
solamente, como decía antes, del Parlamento Europeo. En la
reunión de los ministros de sanidad de la Unión Europea se han
tomado medidas para actuar contra este problema de las
transfusiones o de las donaciones. Y me tengo que referir,
lógicamente, al estudio aprobado por esa reunión de ministros
de sanidad para establecer un plan que fomente la donación de
sangre, así como para dotar de todas las medidas de seguridad
en relación con las donaciones sanguíneas. Igualmente, en la
Comisión Europea se han establecido los diferentes estudios
para los distintos marcadores que se deben utilizar en la
detección de posibles infecciones de sangre y hemoderivados.
Estos dos acuerdos de los ministros de sanidad y de la
Comisión Europea yo creo que avalan todavía más la proposición
no de ley presentada por el señor Mur a la hora de que,
después de la ponencia resultante, de los estudios que se
puedan hacer con los diferentes expertos en esta materia y de
este mandato legislativo, el Gobierno español apoye el plan
aprobado por los ministros de sanidad con unas medidas nuevas
que, lógicamente, den seguridad a los ciudadanos a la hora de
las transfusiones.
Ya voy a terminar, señor Presidente. Simplemente, a modo de
conclusión, señalaré algunas otras cuestiones que nosotros
consideramos que se deben abordar dentro de esta Ponencia. La
primera es la inspección sanitaria de las industrias y
organizaciones que se ocupan de transfusiones, pasando por el
establecimiento de distintos tipos de información adecuada a
las personas, tanto las que van a ser trasfundidos como las
que son donantes; la suspensión de aquellos productos que
están comercializados, pero que han sido retirados de la venta
en otros Estados miembros de la Unión Europea; por último,
programas dirigidos a motivar las donaciones altruistas como
mejor garantía de calidad y seguridad para el donante y para
el receptor.<ð Nosotros, después de todo lo expuesto, señor
Presidente, vamos a apoyar esta proposición no de ley del
señor Mur, porque creemos que incide en las mismas cuestiones
que nosotros habíamos presentado hace una semana en el Senado.
Por ello, nuestro voto afirmativo para la proposición no de
ley del Grupo Mixto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Villalón.
Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno Ortiz.
El señor GIMENO ORTIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, entiendo que nos encontramos ante una proposición no
de ley eminentemente técnica, pues se trata de crear una
ponencia especial, dentro de la Comisión de Sanidad, con la
intención de analizar los problemas de la sangre contaminada y
posteriormente realizar propuestas al Gobierno, bien para
erradicar sus causas o bien para paliar sus efectos.
Aunque técnica, entiendo que la proposición no de ley tiene
igualmente un trasfondo político en cuanto que el alcance de
la problemática de la inmunodeficiencia humana y su incidencia
en nuestro país, igual que en otros muchos, exige la
aplicación de medidas permanentes no solamente en el ámbito
sanitario, con acciones conjuntas y coordinadas entre las
distintas administraciones y otras instituciones, sino también
en el ámbito internacional, como S.S. nos ha expuesto, puesto
que estamos hablando de una pandemia que necesita de medidas
nacionales y supranacionales.
Comprendo, en consecuencia, su interés por la temática
planteada, pues es el mismo interés que el Gobierno, el Grupo
Parlamentario Socialista y mi Partido dedican permanentemente
a este hecho desde hace años.
En cualquier caso, y valorando su proposición no de ley y el
tema sanitario que aborda, nos vamos a oponer a ella, pues
discrepamos de la oportunidad de los contenidos y de los
justificantes que S.S. nos expone, posiblemente, entiendo yo,
por estar mal asesorado.
Creo que el «primum movile» de toda su proposición no de ley -
-es decir, el hilo conductor de toda la justificación que
lleva la misma proposición-- se basa en cuatro ejes
fundamentales. El primero, la preocupación generalizada por
los problemas de la sangre contaminada, que usted lo refuerza
con la denuncia del Presidente de la Federación Española de
Hemofilia ante la sospecha de que se esté importando plasma
contaminado; en segundo lugar, por la extensión, como usted
dice, que se da en algunos sectores concretos, en algunos
colectivos con práctica de riesgo; en tercer lugar, por la
opacidad en la comercialización o en el proceso de recogida,
manipulación y comercialización internacional de la sangre en
una Europa sin fronteras y, en cuarto lugar, que se deduce de
lo anterior, por los posibles controles y otras medidas
insuficientes en España, que intuyo que se refiere a medidas
legislativas. Por tanto, lo que resta por determinar es si tal
y como se está procediendo en nuestro país tiene algún sentido
práctico la propuesta que usted nos realiza y la mayor o menor
veracidad de sus argumentaciones.
Respecto al primer punto, yo entiendo que quizá lo más
clarificador es leer la carta que el propio Presidente de la
Federación de Hemofilia dirige a la señora Ministra. Dice:
Profundamenta preocupado por las noticias que a diario se
publican en los medios de comunicación sobre plasma
contaminado por VIH en Alemania e Italia, ruego a V.E. que
proceda a informar a esta Federación Española de Hemofilia.
Nos constan las periódicas inspecciones que el Ministerio de
Sanidad y Consumo realiza a dicha empresa farmacéutica, por lo
que creemos que, dados los rigurosos controles que desde 1985
se llevan a cabo por ese Ministerio en la industria
fraccionadora, no parece factible que los hemofílicos
españoles nos veamos salpicados por una tragedia, por lo que
rogamos a V.E. la máxima información.
Igualmente leo la respuesta del Ministerio al Presidente de la
Federación. Dice así: Me es grato comunicarle que ningún
factor de coagulación comercializado en España ha sido
obtenido a partir de materias primas procedentes de la empresa
OV Plasma de Coblenza, responsable de la reciente alarma en
Europa.Entiendo que se deduce de la lectura que lo que existe
es preocupación e interés por parte del Presidente de la
Federación, y desde luego no se manifiestan sospechas de
ningún tipo.
Respecto de la respuesta del Ministerio a través de la
Dirección General de Farmacia, entendemos que es concluyente.
De lo que sí quería informar a S.S. es de que el propio
Presidente de la Federación Española de Hemofilia nos autoriza
a la lectura de esta c manifestarle que hizo uso del derecho
de réplica por discrepar del titular de prensa aparecido en
algún medio de comunicación.
Referente al segundo punto, yo creo que lo mejor es dar una
información clara de la situación actual. El número de datos
acumulados desde el año 1981 a diciembre de 1993 de casos de
sida es de 22.655, de los cuales 227 --es decir, el uno por
ciento-- corresponde a transfusiones, y 499 --es decir, el 2,2
por ciento-- asociados a hemoderivados.
¿Qué ocurre mientras tanto en Europa? Según datos del Centro
Europeo para la Vigilancia del Sida, radicado en París como
usted sabe, la media de casos acumulados en el mismo período
de tiempo, con tres meses menos, es decir, desde 1981 a
septiembre de 1993, es del 2,4 por transfusionales y del dos
asociados a hemoderivados.
Igualmente ocurre si estudiamos el número de casos teniendo en
cuenta la fecha del diagnóstico, donde se ve un decrecimiento
importante en porcentajes relativos tanto en transfusiones
como en hemoderivados.
¿Qué pretendemos con estos datos? En primer lugar, cuantificar
el problema en estos colectivos con prácticas de riesgo. En
segundo lugar, contestar a la afirmación que usted realiza en
la proposición no de ley en
cuanto a que hay una altísima proporción de infectados
mediante transfusiones con sangre contaminada. Entiendo que no
se puede realizar esta afirmación tan alegremente, como
tampoco otra que ha hecho usted con respecto a hemoderivados
diciendo que España es el país donde hay un mayor número de
casos, y ello no sólo porque se ha producido un descenso, sino
también porque se mantiene sobre el total de casos un
porcentaje inferior al de los países de la Unión Europea. Aun
en el peor de los casos, y según datos del Centro de
Vigilancia Europeo del Sida (digo en el peor de los casos
refiriéndonos a hemoderivados), Dinamarca, Alemania, Grecia,
Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido tienen en
porcentaje, dentro del número total de casos, cifras
superiores a la media nacional.
En tercer lugar, quisiera decir en esta Cámara, contralo que
afirma S.S., que la evolución de los casos de sidaen estos
colectivos por fecha de Ello se debe precisamente a que ha
habido un esfuerzo conjunto importante, coordinado tanto desde
la Administración central como entre cada una de las
comunidades autónomas, los ayuntamientos a través de sus
programas municipales de toxicomanía y sida, asociaciones no
gubernamentales, asociaciones de donantes, Federación de
Hemofílicos, colegios profesionales como el de farmacéuticos,
etcétera. Es decir, un esfuerzo colectivo de la sociedad con
resultados prácticos. Con esto no queremos decir que no sea un
problema de salud pública importante, trágico para los
afectados, sus familiares y la comunidad, sino que el objetivo
sanitario y social no se alcanzará hasta su práctica
desaparición.
En relación al tercer punto, pienso que la abolición de
controles en fronteras para el tema de los medicamentos es
posible en virtud de una armonización legislativa que
instituye el sistema de control específico que incide tanto en
las empresas que operan en el sector farmacéutico como en los
productos terminales.
Respecto al punto cuarto, tendríamos que preguntarle qué
funciones piensa que tiene la Comisión Nacional de
Hemoterapia, qué funciones piensa que tiene la Comisión
Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Programas de
Sida, incluso de la propia Secretaría del Plan de Sida, de las
cinco subcomisiones técnicas que existen, de la propia
Comisión de Evaluación del Medicamento o de las comisiones
técnicas de las Comunidades Europeas.
De otro lado, es importante destacar aquí que en nuestro país
todos los hemoderivados tienen la consideración de
especialidad farmacéutica desde el año 1973 y, por tanto,
sometidos a registro previo y autorización sanitaria a su
comercialización, en tanto que en la mayoría de los países de
la Comunidad Europea --Reino Unido, Francia, Italia,
Dinamarca, etcétera-- no han tenido esta consideración hasta
la publicación de la Directiva 89/341.
Desde marzo de 1985, en que la CDA comercializa los
anticuerpos frente al sida, la Dirección General de Farmacia
establece medidas de protección no tanto con el plasma que se
utiliza para la fabricación de hemoderivados como para el
proceso de fabricación de productos terminados.
Yo creo que las resoluciones de la Secretaría del Ministerio
de septiembre de 1985 son un claro ejemplo de lo que estamos
exponiendo, referidas, la primera, a la obligatoriedad de las
pruebas de determinación de anticuerpos frente al sida en las
empresas fraccionadorasde plasma por parte de los fabricant y
la segunda, referida al registro de utilización de reactivos
utilizados para la detección de estos anticuerpos.
A la vez quiero señalar que la Orden de 1985 sí se refiere a
donantes, puesto que excluye taxativamente a aquellos que
pudiesen hallarse bajo influencia de drogas, autoexclusión de
aquéllas con prácticas de riesgo de transmisión y síntomas de
sida, independientemente que la del 1987 obligue ya, de una
manera clara, a hacer el control de donantes.
No voy a cansar a SS.SS. y no voy a realizar una enumeración
detallada y cronológica de la amplia normativa existente,
pero, lo cierto es que continua adaptación y perfeccionamiento
de nuestro dispositivo legal en función del conocimiento
científico, que tiene su exponente más reciente en el Real
Decreto 478/1993, de 2 de abril, por el que se regulan los
medicamentos derivados de sangre y plasma humano que adaptan
nuestros instrumentos jurídicos a la Directiva de la Comunidad
Europea, teniendo en cuenta también lo establecido en la Ley
General de Sanidad y la Ley del Medicamento. Igualmente a los
requisitos técnicos de los bancos de sangre, que han sufrido
una adaptación a la realidad en base a los progresos, y han
concluido por ahora con el Real Decreto 1854/1993, de 25 de
abril, manteniendo el principio de acto voluntario y altruista
y las determinaciones específicas de anticuerpos frente al
virus I y II del sida y frente a los virus de la hepatitis B y
C.
En consecuencia y por todo el conjunto de razones apuntadas,
el Grupo Parlamentario Socialista se opondrá a la creación de
la Ponencia especial motivo de esta proposición no de ley, por
entender que no tiene virtualidad práctica.
Permítamen una amable puntualización final. No hay, como usted
dice y asegura, un derecho constitucional a la salud, sino un
derecho constitucional a la protección de la salud, tarea en
la que mi Grupo y nuestro Gobierno se esmeran constantemente.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Mur
Bernad pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Gimeno.
Señor Mur, ¿a efectos de qué pide la palabra?
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, a efectos de réplica.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mur, como su
señoría conoce bien, el debate de las proposiciones no de ley
es un debate tasado, en el cual, después de la exposición de
la iniciativa, si hay algún grupo que presenta enmiendas
interviene a continuación; si no lo hay, como en este caso,
intervienen los diferentes grupos que así lo desean para fijar
su posición, y no hay absolutamente ya ningún turno más,
porque no han sido intervenciones en contra; en consecuencia,
no cabe ninguna réplica. Nada más, señoría; no hay
posibilidad.
Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación
correspondiente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del señor Mur
Bernad, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 138; en contra, 151; abstenciones,
doce.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A
LAS MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA FAVORECER LA RECUPERACION DE LA ECONOMIA (Número
de expediente 173/000019)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo
Popular relativa a las medidas de política económica que
piensa adoptar el Gobierno para favorecer la recuperación de
la economía.
Tiene la palabra el señor García-Margallo.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, señorías,
el miércoles pasado discutimos aquí una interpelación urgente,
formulada por mi Grupo Parlamentario en términos muy simples:
¿Qué piensa hacer el Gobierno para sacar a la economía
española del pozo? La respuesta del Gobierno fue clara: nada.
Lo que están haciendo les parece suficiente y no hay razón
alguna para cambiar.
Pero sobre la postura del Gobierno volveré luego. Ahora quiero
recordar alguno de los argumentos que utilizaron aquí los
representantes de los parlamentarios, porque probablemente
servirán para adivinar cuál es su posición hoy, y en este
trámite parlamentario no tengo ninguna réplica.
El representante de Convergència i Unió, mi entrañable amigo
Homs, dijo que compartía el diagnóstico, pero que no podía,
por aquello de los es la receta. El portavoz de Convergència i
Unió, como nos tiene acostumbrados en esta legislatura, ha
sido el lector más aprovechado de...
El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, estamos en el
debate de la moción. No puede ser un debate en el que intente
prol interpelación, que, además, es con el Gobierno y no con
los grupos que intervienen. Le ruego, por tanto, defienda la
moción que ha presentado su Grupo y no abra un debate
retrospectivo con las intervenciones de los grupos en el
debate de dicha interpelación.
<<
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: De acuerdo, señor
Presidente. Lo haré como la Presidencia quiera.
Sin embargo, y sin aludir a lo que dijeron el resto de los
portavoces, convendrán todos conmigo en que aquí algo hay que
hacer, sobre todo después de las noticias de los últimos días.
Y algo habrá que hacer porque están cambiando dramáticamente
las reglas del juego, ya que el resto de los países que
compiten con nosotros las están aprovechando mejor y han
empezado a correr, y porque España corre el riesgo de quedarse
clavada en la línea de salida.
Decía, en primer lugar, que están cambiando las reglas del
juego. El Acta Unica Europea establece un sistema de libre
circulación de las mercancías, las personas y los capitales, y
lo que nosotros consumamos o produzcamos dependerá de los
precios relativos y lo hacemos mejor y más baratos que los
demás o nos convertiremos en un país de servicios. Pero en
Europa compiten no sólo las mercancías, también compiten los
sistemas, y adaptamos nuestro sistema fiscal, laboral,
financiero, etcétera, a lo que marca el entorno o seguiremos
perdiendo competitividad, como hasta ahora. El Tratado de
Maastricht da un paso más y dentro de muy poco tiempo no será
posible coger el atajo de la devaluación para recuperar la
competitividad que perdamos por la mala cabeza del Gobierno.
El acuerdo de liberalización del GATT da otro salto
cualitativo en esta globalización de la economía y en esta
aldea global sólo los más hábiles van a sobrevivir. El resto
de los países lo ha entendido así y han empezado a tomar
medidas
para salir del pozo. La economía americana va razonablemente
bien, la economía británica va razonablemente bien, la
economía francesa empieza a despegar y son buenas las noticias
que vienen del resto de los países de la OCDE. Sería una
lástima que ellos avanzasen y nosotros retrocediésemos, porque
cada vez sería mayor la distancia que de ellos nos separa.
Pero si los demás avanzan, nosotros retrocedemos. La actividad
ha caído en el año 1993 porque ni se invierte ni se consume ni
hay demanda interna. La caída de la inversión en bienes de
equipo en 13 puntos refleja bien a las claras la falta de
pulso del país, la falta de expectativas de nuestros
empresarios, que están estableciendo sus centros de producción
en Portugal, norte de Marruecos o en las repúblicas de
Hispanoamérica. La construcción también ha caído en cinco
puntos, y subrayo construcción porque tenemos medidas
especiales para este sector. El consumo privado ha caído
mucho, nada menos que 23 puntos en coches y 8,9 en bienes de
consumo no duradero. Con este panorama, no es extraño que
cuando se duplique la próxima EPA nos encontremos con que
vamos a cerrar el año con 3,7 millones de parados. En
conclusión, el año 1994 se presenta como un año de transición,
como una ocasión única para no perder el tren de la historia,
como un momento en que no caben ya ni resignaciones ni
inacción ni espera ni dilaciones, y me sorprende, señor
Presidente, que ningún grupo haya presentado enmiendas
alternativas a la moción que estoy defendiendo. Como ningún
otro grupo lo ha hecho y como el silencio del Gobierno ha sido
estruendoso en este tema, hemos presentado un plan de choque
para reanimar la demanda, crear empleo, controlar el gasto
público e impulsar los sectores claves de nuestra economía.
¿Qué está haciendo el Gobierno? El Gobierno dijo aquí algunas
cosas. Siempre he preferido practicar más el florete que la
espada y nunca me han gustado golpes subecuatoriales, pero no
tengo más remedio que contestar a lo que el Ministro diga,
aunque esté en ignorado paradero anunciándonos una próxima
subida de impuestos. Dijo el señor Ministro que la política
económica del Gobierno para salir de la crisis, la política
continuista del Gobierno se basa en la reducción de los tipos
de interés, en el control de los precios, en un esfuerzo en
materia de infraestructuras financiado por la Unión Europea,
en las ventajas fiscales a la inversión y en la reforma del
mercado laboral. Es de sobra conocida la postura de mi Grupo
en lo que se refiere a las reformas en el mercado de trabajo,
y no voy a insistir en ellas; sí simplemente apuntar la
incapacidad del Gobierno para establecer un diálogo social, la
capacidad para aumentar la crispación social y la falta de
habilidad, de compromiso o de eficacia para cumplir los
compromisos de su Secretario General en campaña electoral. En
materia de tipos de interés, los comentarios que voy a hacer
son menos amables. Decía el señor Ministro que la
segunda de las palancas en que se podía basar la política del
Gobierno para la reactivación era la reducción de los tipos de
interés, e hizo un largo cántico a lo que el Gobierno está
haciendo. Lo que dijo el Ministro no se ajusta a la verdad,
porque lo que importa en estos momentos no es tanto el nivel
de los tipos de interés españoles o su comparación con los
tipos de hace unos años, sino su comparación con los tipos de
intereses vigentes en Europa. Lo cierto es que los tipos de
interés en España son los más altos de Europa, con excepción
de los de Portugal. Y lo cierto es que mientras no controlen
ustedes los precios, y mientras no controlen el déficit
público, los tipos de interés bajarán, pero no lo suficiente
para reactivar la demanda y crear empleo.
En materia de precios, la perla del señor Ministro es
inigualable. Dijo literalmente el señor Ministro: El contexto
de precios ha sido positivo. Y añadió: es el mejor
comportamiento de precios de los últimos 17 años; en
consecuencia, estamos hablando de unas cifras récord en un
cierto período histórico. Dos días más tarde le explotaba la
inflación de enero el uno por ciento, que dispara la inflación
anual al cinco por ciento, lo que significa que se han comido
ustedes en un mes un tercio de la inflación prevista para todo
el año. Y lo cierto es que los precios en España siguen
subiendo más rápidamente, sin excepción alguna, que en ningún
otro país de Europa.
En materia de política fiscal, argumenté que era insuficiente
5.000 millones de deducciones fiscales, la cuarta parte de lo
que va a costar hacer el Teatro Real, para sacar a este país
de la crisis. Me dijo el señor Ministro que no era cierto.
Tengo a su disposición el «Boletín Oficial de las Cortes» del
14 de octubre de 1993, página 819, en que el señor Martínez
Robles dice que las ventajas fiscales adicionales, las
ventajas que ustedes han puesto en marcha para reactivar la
economía en este momento de crisis son 5.000 millones de
pesetas. No dijo nada más el Ministro y hubo silencios que a
mí me chocaron. No dijo el señor Ministro que sabía que muy
pocos días después se iba a desvelar el déficit de las
administraciones centrales. El agujero de las administraciones
centrales era de 3,77 billones de pesetas, y si a eso sumamos
el déficit de comunidades autónomas y corporaciones locales,
vamos a llegar a los cinco billones de pesetas, el déficit más
alto de Europa, con excepción del Reino Unido. Tampoco dijo el
señor Ministro que nuestro desequilibrio en el exterior, pese
a la situación cadavérica de nuestra economía y pese a las dos
devaluaciones, medido en términos de balanza por cuenta
corriente, es también el más alto de Europa, con excepción,
una vez más, del Reino Unido. Y no dijo el señor Ministro hoy
en Bruselas qué es lo que pasó con nuestra integración en la
Comunidad Económica Europea, porque quiero recordar que hoy,
en 1994, el déficit por cuenta corriente es tres veces
superior, nada menos que tres veces superior al que teníamos
un año antes de integrarnos. Y nada ha dicho el señor
Ministro, ni ningún otro representante del Gobierno, de qué es
lo que pasa con el GATT, a quién beneficia y a quién
perjudica, cuando el resto de los gobiernos se han tomado la
molestia de informar a los sectores, a los parlamentos y a la
opinión pública.
El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, ha concluido el
tiempo reglamentario del turno para la defensa de la moción y
S.S. todavía no ha iniciado la defensa de la misma. No le he
querid la cuestión. Le ruego que en tres minutos defienda la
moción. Tenemos tres mociones en el orden del día para
tramitar.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Sí, señor Presidente.
Las medidas que nosotros proponemos son extraordinariamente
sencillas y las puedo resumir en tres. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Queremos activar la demanda
y para eso, reactivando el consumo, queremos reducir la tarifa
del Impuesto sobre la Renta en cinco puntos y reducir las
retenciones que pagan los trabajadores; queremos relanzar la
inversión y para eso aumentamos las deducciones en compra de
activos fijos, en exportaciones, en investigación y
desarrollo; queremos también relanzar las exportaciones porque
el momento es idóneo y para eso aumentamos las deducciones a
la exportación; queremos dar especial tratamiento a las
pequeñas y medianas empresas y para eso pedimos que la
Administración agilice los trámites y que una pequeña y
mediana empresa pueda estar en marcha 60 días después de
haberse pedido; queremos agilizar el cobro de los impagados
tomando las medidas judiciales que sean necesarias; queremos
premiar a la pequeña y mediana empresa que invierta, aunque
esté en estimación objetiva o en régimen especial en Impuesto
sobre el Valor Añadido; queremos impulsar determinados
sectores claves de nuestra economía; para relanzar la
construcción que ha caído cinco puntos, pedimos una deducción
especial, para las compras de vivienda en 1994, de un 20 por
ciento; queremos relanzar el sector del automóvil que ha caído
23 puntos, bajando en cinco puntos el Impuesto sobre
matriculación; queremos liberalizar los servicios discutiendo
de una vez el informe del Tribunal de Defensa de la
Competencia y poniendo en marcha un plan liberalizador. Y si
estas medidas pueden hinchar las velas de nuestra economía,
puede que no creen empleo si se aprovecha para sustituir
hombres por máquinas. Por eso pedimos una bonificación en las
cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores fijos
contratados en 1994, una deducción especial en materia de
formación profesional y una revisión de los módulos de
estimación objetiva y del Impuesto sobre Actividades
Económicas para eliminar sus efectos perversos sobre el
empleo.
Y como un plan razonable tiene que buscar medidas de
financiación, para pagar estas medidas, que cuestan 140.000
millones y no lo que ustedes dicen, vamos a modificar las
normas sobre el gasto público. Queremos que el Gobierno se
gaste lo que estas Cortes le autorice y en lo que autoricen;
queremos por tanto restringir los créditos ampliables, los
créditos extraordinarios y aumentar los créditos vinculantes;
queremos interventores autónomos que controlen el gasto que
antes de que se haya contraído una obligación efectuado el
pago; queremos reducir los altos cargos a nivel de 1983,
cuando la Administración con la quinta parte de efectivos
hacía muchas más cosas porque no se había producido un proceso
de transferencias a las comunidades autónomas; queremos
suprimir o refundir setenta organismos autónomos que tienen
funciones duplicadas o están vacías de contenido como
consecuencia de ese proceso de transferencia; queremos un plan
especial de lucha contra el fraude en el desempleo y otras
prestaciones sociales que debe darnos no menos de 100.000
millones de pesetas en los cuatro próximos años.
El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, le ruego concluya.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Sí, señor Presidente.
Queremos también una privatización de empresas públicas este
año por 450.000 millones de pesetas, lo que nos permitirá
ahorrar en intereses 35.000 millones de pesetas.
Concluyo, señor Presidente. Las medidas que propone el Partido
Popular no cuestan un céntimo si tenemos en cuenta el efecto
en el gasto públic que para eso hace falta un coraje que este
Gobierno no tiene, pero estas medidas son factibles. Señor
Presidente, señores portavoces, las transformaciones que el
mundo está sufriendo son paralelas a la revolución industrial
y España no parece acogerse a la tercera ola. El pueblo
español parece haber despertado de un sueño después de 1992,
está como paralizado, y las intervenciones que hacen ustedes
aquí no le van a sacar de esa parálisis. Nosotros no nos
resignamos a estar en la cola del pelotón, a hacer el cipayo
por las consejerías de Europa, a ver cómo aumenta el desempleo
en nuestros jóvenes, cómo aumenta el miedo en nuestros mayores
a perder una pensión y queremos poner en marcha un plan de
regeneración, un plan activo, un plan urgente que empiece hoy.
Todo lo que viene de sus bancos aquí o de sus declaraciones
fuera son malas noticias. Cuando no es la inflación es el
déficit público, cuando no es el déficit público es la
promesa, el propósito
o el deseo del señor Ministro de aumentar los impuestos,
batiendo una vez más un récord europeo, y así, señor
Presidente, no podemos seguir. Ustedes y el resto de los
grupos tienen la palabra.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.
Grupos que desean intervenir en este debate. (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intervenir brevemente, en nombre del Grupo Parlamentario
Vasco, para f la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para
favorecer la recuperación económica. Esta es la segunda vez --
la primera creo recordar que fue en el mes de septiembre--que
el Partido Popular presenta una moción que contiene gran parte
de su programa económico, esta vez con algunas
variaciones que pueden, entre otras razones --pienso yo--,
deberse a la evolución de la economía en los últimos meses. De
cualquier forma, espero que entiendan SSSS que para apoyar una
moción de este contenido serí existiese una total o, al menos,
muy importante coincidencia con nuestro programa económico.
Reconocemos que en algunas medidas sí hay coincidencia, pero
en otras muchas no. Sin entrar a opinar sobre todas y cada una
de ellas, sí me van a permitir que haga las siguientes
consideraciones.
Por lo que respecta a las medidas para reactivar la demanda,
establecen seis medidas que, salvo la regularización de
balances y la libertad de amortización, tienen una incidencia
directa e inmediata en los ingresos por tributación. Puede ser
más o menos discutible su contenido, pero en estos momentos
comportan todas un impacto sobre la recaudación difícilmente
asumible por los Presupuestos Generales del Estado. No
pensamos, además, que la recuperación económica deba venir, de
forma prioritaria, mediante la reactivación de la demanda. Más
bien opinamos que en esta recuperación económica tiene más
importancia la reactivación de la inversión productiva, y en
esta línea debería de ir la política económica del Gobierno.
Es necesario tener en cuenta, para esta reactivación de la
demanda, que no se están dando las condiciones necesarias. Con
una tasa de paro en aumento, un menor poder adquisitivo de los
salarios, una disminución de los ingresos públicos a través de
estas medidas fiscales, difícilmente entendemos que pueda
darse esta reactivación de la demanda. Sí pensamos, como decía
antes, que son más apropiadas las medidas de recuperación
económica mediante medidas fiscales que incentiven
directamente la inversión, algunas de las cuales se apuntan en
esta moción, tales como mayor deducción por inversiones o la
propia regularización de balances.
Por lo que respecta a las medidas para estimular el empleo,
tampoco pensamos que las propuestas incidan de forma
sustancial en crear puestos de trabajo por sí solas. Volvemos
a insistir en que la creación de empleo se conseguirá
impulsando y apoyando el crecimiento económico sostenido a
medio plazo, que genere expectativas positivas sobre el
mercado de trabajo, ampliando la capacidad productiva de la
economía a través del crecimiento de la inversión productiva,
de la formación, etcétera. Este es el único secreto para
generar puestos de trabajo, acompañado, eso sí, de una
profunda reforma del mercado laboral en la línea de la
emprendida por el Gobierno y esta Cámara y que tendremos
ocasión de debatir próximamente.
También somos conscientes del crecimiento espectacular del
déficit público y de la necesidad de controlar el gasto
público, como elemento clave para reducir el déficit. Control
y reducción del déficit público requiere control y reducción
del gasto público. En este sentido deben establecerse medidas,
que ya hemos expuesto en otras ocasiones, tales como congelar
o reducir plantillas de funcionarios, negociar convenios
colectivos ajustados, controlar el gasto de funcionamiento,
eliminar algunas transferencias y subvenciones corrientes que
no generan los efectos económicos deseados ni desempeñan un
papel redistribuidor importante, y privatizar empresas. Sí
estamos de acuerdo en la privatización de empresas públicas,
pero con que significa que, como paso previo a cualquier
privatización, resulta imprescindible el saneamiento
financiero y la incorporación inmediata de métodos y gestores
empresariales, no políticos, con poderes para actuar y
responsables de los resultados, además de la eliminación de
toda ayuda discriminatoria que no resulte a disposición del
resto de las empresas que conforman el sector en el que las
mismas compiten.<ð Finalmente, establecen en esta moción una
serie de medidas para impulsar la actividad de ciertos
sectores que consideran claves de la economía. En concreto,
por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas,
algunas de las medidas propuestas están en marcha, como, por
ejemplo, la regulación de las sociedades unipersonales,
contempladas en el nuevo proyecto de ley de sociedades de
responsabilidad limitada. El resto son, a nuestro entender,
escasas medidas para hacer frente a la problemática de este
tipo de empresas, en las que nos hubiese gustado encontrar
medidas financieras, fiscales o de autofinanciación.
Del resto de los sectores que determinan en la moción
compartimos su importancia, pero consideramos que su impulso
real vendrá precisamente por la recuperación de la economía en
general.
En definitiva, creemos que son medidas en algún caso
efectivas, en otro voluntaristas, pero pensamos que
su planteamiento no es correcto en su contenido y en su
procedimiento, lo cual no es excusa para que el Gobierno no
asuma las propuestas de política económica que hemos planteado
todos los grupos de la Cámara en diversas ocasiones.
Por todas estas razones, nuestro Grupo Parlamentario no va a
dar el voto favorable a la moción presentada por el Grupo
Popular.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para fijar nuestra posición
acerca de la moción que ha planteado el Grupo Parlamentario
Popular.
La verdad es que esta es una moción cuya extensión y
exhaustividad nos hace difícil a los grupos parlamentarios
poder fijar una posición seria y responsable sobre todos estos
puntos, porque son 29 materias distintas cuya generalidad e
imprecisión en el compromiso que se plantea en esta Cámara
para que nos pronunciemos hace difícil --como digo-- fijar una
posición, porque muchos de estos puntos, en su estricta
literalidad, permiten una aplicación en un sentido o en otro y
su concreción daría resultados muy distintos. La verdad es que
se hace complicado fijar posición sobre tantas y tantas
medidas que en buena parte son excesivamente generales y, por
contra, creo que la situación económica nos exige mucha más
precisión, medidas mucho más concretas.
Dice la moción: Incremente las medidas de control del fraude
del desempleo. ¿Cuáles? Porque según cuáles no nos parecerán
bien; según qué otras nos pueden parecer bien. Dice también:
Establezca una bonificación de cuotas de la Seguridad Social
para la contratación fija de personas en desempleo en 1994.
¿Qué bonificaciones? Porque según qué bonificaciones pueden
ser muy poco efectivas; y según qué otras pueden ser más
efectivas. Dicen ustedes que el 100 por cien. Muy bien. Yo
creo que debieran ustedes decir el 100 por ciento, en todo
caso. Ustedes dicen: Congele totalmente la oferta pública de
empleo para 1994 y 1995. Yo creo que en términos netos esto ya
está acordado así.
Otras medidas que se plantean en dicha moción son, de hecho,
medidas que precisamente nuestro Grupo Parlamentario ha
impulsado en las últimas iniciativas legislativas de esta
Cámara, medidas acordadas, como las expresadas en la letra b)
del punto 1, que plantea aumentar las deducciones por
inversión en activos fijos; ésta ha sido precisamente una de
las medidas incorporadas en la Ley de Presupuestos. Por tanto,
al no concretar ustedes las medidas podría ser que esta
sugerencia, que podemos compartir perfectamente porque estamos
por que se aumenten las deducciones por inversión en activos
fijos, y así lo hemos propuesto en las medidas fiscales que
han acompañado a la Ley de presupuestos, si eso no tiene una
mayor concreción y detalle, se nos hace difícil poder
pronunciarnos, porque está en la ley en estos momentos y ya se
está aplicando. En la letra d) del mismo punto 1 dicen:
Permita la regularización de balances y la libertad de
amortización. Saben ustedes --creo recordar que así lo
votaron-- que se aprobó una enmienda en la tramitación de la
ley de presupuestos en la que el Gobierno se comprometía a
impulsar la modificación de la Ley de Sociedades para permitir
la libertad de amortización, con lo cual esta Cámara ya ha
acordado un compromiso en esta materia. Por consiguiente, si
ustedes no concretan un poco más, parece difícil reiterar ese
compromiso porque ya está incorporado en una ley.
En cambio, otras medidas sí nos parecería bien que se
adoptaran, porque aunque sean generales marcan una buena
tendencia. Nuestro Grupo compartiría, probablemente, la
filosofía y el propósito de las mismas. Lo que sucede es que
al venir generalmente planteadas sin ninguna precisión ni
concreción, aprobar eso y nada puede ser prácticamente lo
mismo. Yo les invito a que a lo largo de esta legislatura, y
en los próximos debates, hagamos un esfuerzo de mayor
concreción porque, en la crisis, los problemas que tiene la
economía nos exigen hoy respuestas más concretas,
modificaciones legislativas, cambios en el ordenamiento
jurídico, medidas en el campo fiscal y tributario, pero
precisas, concretas. Es muy diferente pedir que se reduzca,
como ustedes piden en estos momentos --medida que
aparentemente podíamos compartir-- el Impuesto especial sobre
determinados vehículos de transportes. Deberíamos decir qué
vehículos, porque decir determinados vehículos... ¿Qué
vehículos?
Mi Grupo cree (y pienso que puedo decir lo mismo por parte de
todos los grupos) que el propósito de la moción lo podemos
compartir. Compartimos el objetivo de reactivar la demanda;
compartimos el objetivo de estimular la creación de empleo;
compartimos el objetivo de tener un mayor control del gasto
público, como también el que ustedes plantean para impulsar la
actividad en ciertos sectores clave de la economía.
Francamente les debo decir que, de golpe, comprometer a esta
Cámara en la generalidad que contienen estos 29 puntos, no nos
parece efectivo ni serio ni responsable, aunque sí creo que
muchas de estas medidas deben dar pie a mayores concreciones y
a iniciativas legislativas en las que probablemente nos vamos
a encontrar su Grupo y el mío, porque ya llevamos, a lo largo
de esta legislatura, un buen rastro de propuestas en estas
materias, algunas coincidentes, y creo que no sería difícil,
en lo sucesivo, poder incluso coincidir en otras.
Por ello, la posición responsable de mi Grupo va a ser
estimularles a que hagan ustedes un próximo ejercicio
de iniciativa parlamentaria para concretar más estas medidas.
En todo caso, les transmitimos que en muchas de ellas
compartimos, como usted ha expuesto en la moción, el propósito
que persiguen, incluso la filosofía de algunas, pero creemos
que en otras no podemos estar de acuerdo y, es más,
desearíamos que ustedes concretaran mucho más esta propuesta
de plan de choque, estas medidas para afrontar los problemas
que tiene hoy nuestra economía.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en primer lugar debo hacer una observación al señor
Homs, que quiere estar en tantas partes que al final no sabrá
dónde está. Está con el Partido Popular, está con el Grupo
Socialista, está en su Grupo. Sería mejor que fijase y
centrase más sus grandes opciones en política económica, que
las vamos conociendo, por cierto.
Refiriéndome a la moción, yo creo que el señor García-Margallo
ha hecho aquí un papel, tanto en la interpelación como hoy en
la moción, que no sé si situar entre Calderón o Molière, es
decir, «El médico de su honra» o «El médico a palos». Digo lo
de médico porque nos ha presentado un diagnóstico poco preciso
de los males que atañen a la economía española, y sobre todo
nos ha presentado lo que nunca debe hacer un buen médico, esto
es, un tratamiento sintomático, síntoma por síntoma, un
tratamiento alocado, ya que muchas veces resulta
contradictoria una medicina con otra. Y leyendo las
veintitantas propuestas del Partido Popular --algunas de las
cuales, cuatro o cinco, no más, podríamos compartir--, uno
comprueba que son medidas absolutamente contradictorias unas
con otras; tan contradictorias que su aplicación total (que
creo que no se va a producir por la votación que vamos a
efectuar dentro de unos momentos ) sería mucho peor para el
enfermo (la economía española), que no los pocos o nulos
remedios que le está aplicando el Gobierno. Esta es la única
cuestión en la que puedo coincidir con el señor
García-Margallo.
Por ejemplo, el señor García-Margallo, para argumentar las
medidas del Partido Popular, nos recordaba una y otra vez que
debemos acercarnos más a Europa, que debemos ser más europeos.
Yo preguntaría al Partido Popular y al señor García-Margallo:
¿Ser más europeo es aceptar que nos faltan unos siete puntos
en ingresos fiscales respecto de la media europea? ¿Ser más
europeos es aceptar y recordar que estamos al 80 por ciento
del nivel de protección social de la media de la Unión
Europea? ¿Ser más europeos es recordar que los derechos
sociales están aún por debajo de la media europea en nuestro
país? Por tanto, señor García-Margallo, si algo hay que hacer
a este país es darle más dosis de izquierda, no de derecha; en
absoluto de derecha; una derecha que, además, en la década ha
fracasado en cuanto a su exposición general de política
económica. Monetarismo a ultranza sin controlar déficit
presupuestarios y fiscales. En parte, lo ha practicado este
Gobierno --en eso sí que tiene usted razón-- pero después de
una década saldada con fracaso en casi todas las grandes
economías en el mundo, en la recesión en que nos encontramos
en todo el mundo, usted viene a proponer más de lo mismo: más
desregulación, menos fiscalidad, menos protección social,
menos regulación del mercado laboral, menos demanda efectiva,
porque aunque usted empieza señalando que quiere aumentar la
demanda, inmediatamente, si uno se lee todas sus propuestas --
y de ahí el tratamiento sintomático que yo le afeaba o le
ridiculizaba dialécticamente--, las mismas se convierten en
una absoluta contradicción.
Nosotros creemos, al contrario de lo que cree el Partido
Popular, que sí estamos en una nueva e importante situación.
La aprobación del GATT, la configuración de tres grandes
bloques económicos en el mundo: la Unión Europea, Japón y
Estados Unidos, implican nuevas estrategias y nuevas
políticas, por supuesto que sí. Pero hay dos salidas, una, la
que practica la derecha --usted hoy la ha formulado--, y sin
decirlo la practica también Convergència i Unió y en buena
parte el Gobierno, que es el aceptar este reto reconociendo
que no nos queda otra salida que la asiatización, país por
país. Es decir, hemos de ser más competitivos, como si
fuésemos países del sudeste asiático. En el fondo, lo que
usted propone es eso y lo que propone la derecha europea es
eso; y las grandes multinacionales, que son las más
beneficiadas de la desregulación mundial de la circulación de
mercancías y capitales, proponen eso. Esta es una salida, la
de la derecha. Sin embargo, hay otra salida progresista,
solidaria, yo creo que de izquierdas, y que, por cierto,
tampoco practica Convergència i Unió, en absoluto. Esta sería:
GATT, sí; OIT, también; esta sería el plantearse en serio el
tema del arancel social para Europa; esta sería el plantearse
en serio la exportación de los derechos sociales y sindicales
a las zonas del mundo que están amenazando nuestra industria
como país más maduro y más antiguo, y estoy hablando de toda
Europa; esta sería una salida que ya en la
intervención anterior señalé --y estoy utilizando no un
término propio sino el que utilizan los sindicatos suecos, por
ejemplo--: revivir un nuevo eurokeynesianismo en el marco de
los doce. Un gran pacto social para incrementar la demanda,
porque hay recursos para incrementarla, no en cada país pero
sí en los doce, sí en la Unión Europea, y ustedes no dicen
nada de esto y ustedes tampoco, pero el Gobierno tampoco.
Traducido esto a nuestro país ¿qué implicaría? Lo señalé
también el otro día, la propuesta de un necesario y gran pacto
social que incluyese un pacto de rentas y un pacto de una
auténtica y positiva reforma laboral, que incluyese un cambio
en la política económica en favor de la política industrial y
en descargo de la política financiera que hasta ahora se ha
practicado y que incluyese una drástica reducción de los tipos
de interés y --lo dije el otro día veladamente pero quiero
decirlo de forma más enfática--, si conviene --porque ha sido
lo que mejor nos ha ido en los últimos años--, resituando el
valor de nuestra moneda. Por ahí podría haber un gran pacto
para reactivar la parte que nos compete en tanto que economía
española y para impulsar desde España este gran pacto a nivel
europeo. Porque es cierto que la economía está globalizada; es
cierto que las fuerzas que se mueven a nivel mundial son
inmensas y que muchas veces ni el presupuesto de un solo país
ni la política económica que puede hacer un gobierno, en
nombre de su país, es capaz de contrarrestar los vientos de
fronda que nos arrasan un poco a todos, pero sí puede hacerse
desde la Unión Europea, sí debería hacerse. Lo que pasa es que
se puede hacer en una perspectiva de derecha, en una
perspectiva de más desregulación, menos Estado, menos
fiscalidad, menos protección social, menos regulación laboral
(aquí la tenemos, aquí de forma vergonzante se practica pero
no se dice) o se podría hacer como proponemos nosotros. Es
evidente que nosotros solos no vamos a conseguirlo, pero no es
menos evidente que ha habido recientemente un gran clamor
popular en este país que pedía algo parecido. Un clamor
popular que yo decía que no iba a tumbar a nadie, que pedía
simplemente condiciones de negociación de la reforma laboral,
de un posible pacto de rentas, de una posible rectificación en
la política económica de este país. Ustedes señores del
Gobierno, señores del Grupo Socialista, tienen la palabra.
Pueden acostarse con niños y a lo mejor se levantan mojados o
pueden cambiar de política ustedes mismos.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Señor Espasa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hernández
Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, subimos a esta tribuna para fijar la posición del
Grupo S lo que hemos podido escuchar de la moción presentada
por el Partido Popular. Hasta por cuatro veces he contado la
amonestación que el Presidente de la Cámara hacía al señor
portavoz del Partido Popular para instarle a hablar de esa
moción que, con la habilidad que le caracteriza al señor
portavoz, hacía todo lo posible por que no se pusiera de
manifiesto, fundamentalmente por la poca confianza que yo creo
que el Grupo Popular tiene en esa propia moción. Una moción
que sale hoy, quizá por tercera vez en el debate de esta
Cámara. Es cierto que unos días la defienden titulares, otros,
suplentes, al día siguiente no se sabe exactamente quién,
pero, desde nuestro punto de vista, con un objetivo
fundamental que en ningún caso es el que en las exposiciones
de motivos se plantea: el solucionar los problemas económicos
de este país.
Digo esto porque coincidirán SSSS conmigo en la evidente
desproporción que ha existido entre la negativa, casi
dantesca, situación económica que se ha expuesto al principio
del debate y lo poco magro, lo lánguido de las medidas que han
sido propuestas. Eso sí, han sido calificadas con la
envergadura con que el Grupo Popular suele caracterizar sus
propuestas, nada menos que de un plan de choque. Yo espero que
este Parlamento pueda ser la póliza de seguro que evite a este
país este nuevo accidente económico que nos propone hoy el
Grupo Popular.
Reconocerán conmigo SSSS que de la detenida lectura de la
moción que ha sido presentada, la única conclusión que puede
sacar cualquier estudi es que el Partido Popular pretende
disminuir ingresos en los Presupuestos Generales del Estado. Y
como casi siempre sucede, puesto que no es misión de la
oposición, tienen ustedes la gran ventaja de no necesitar
cuantificar el impacto que sus convulsivas medidas tienen en
algo que a ustedes les preocupa, al menos, tanto como a
nosotros, estoy seguro: el déficit público de este país; en el
que ustedes evidentemente tienen la gran suerte (y espero que
sigan teniéndola durante mucho tiempo, porque eso supondrá que
no tendrán responsabilidades de Gobierno) de no tener que
trazar un escenario económico. Ustedes no tienen evidentemente
la responsabilidad de presentar un plan equilibrado a esta
Cámara. Ustedes, por suerte para este país, no tienen la
responsabilidad de solucionar los problemas económicos.
(Rumores y protestas.)
Frente a eso, señorías, ustedes proponen una moción recortada,
mutilada, fotocopiada y pegada de la que ya trajeron a esta
Cámara en el mes de septiembre. Eso sí, han recortado algunas
de las propuestas que entonces parecían de interés, y
evidentemente lo parecían porque eran literalmente copiadas de
las reformas del Gobierno en lo que a la reforma del mercado
laboral se refiere. Ustedes traen una moción en la que, en
ruedas de prensa que he podido observar esta mañana,
cuantifican --permítame S.S.-- al menos de una forma ligera.
Es cierto que para salir del paso, vale, y es cierto que para
no volver a entrar al debate en esta Cámara, ustedes lo tienen
fácil. Pero reconozcan SS|SS que para este viaje no se
necesitaban estas alforjas. Reconozcan SSSS que para que este
país pueda confiar en sus propuestas de choque o de accidente
económico, no están a la altura de las circunstancias y de las
expectativas que el cambio de portavoz había generado
incluso en el Grupo Parlamentario Socialista. Ha sido una
pérdida de oportunidad.
Pero lo fundamental de este debate es otra cosa. Es lo que
subyace debajo de su propia moción. Creo que su error de fondo
es que no perciben que en este país hay una política económica
que está enderezando la situación... (Fuertes rumores en los
bancos del Grupo Popular), y si SSSS prest absolutamente
convencido de que podré sacarles de su error. Pero ustedes
saben que están equivocados. ¿Saben por qué?: la propia moción
en sí misma es el hecho más evidente de su error.
Ustedes presentan esta moción en este momento porque, como
algunos de ustedes leen, son conscientes de que las
proyecciones económicas nacionales, internacionales, las de
propios, las de extraños, todas, dan un nivel de coincidencia:
España está saliendo de la crisis. (Grandes rumores y
protestas en los bancos del Grupo Popular) Sí. Y ustedes --y
le pido, señor García-Margallo, que les informe a sus propios
Diputados-- empiezan a notar una cuestión clara: que se les
vuelve a ir la pascua. Ustedes habían albergado todo tipo de
expectativas pensando que la situación económica de recesión
se iba a mantener. Ustedes traducen situación económica,
situación social por situación electoral. Y como ya saben que
no van a pasar muchos meses en este país sin poder constatar
lo que usted y yo sabemos, señor García-Margallo, y el señor
Montoro seguro que también, han aprovechado esta oportunidad.
(Rumores en los bancos del Grupo Popular.)
Pero para eso no hay que hacer un ejercicio de fe, para eso
simplemente hay que hacer un ejercicio que ustedes hacen con
poca frecuencia en los bancos del Grupo Popular)... y de
comprobar cómo se están comportando en España los indicadores
fundamentales que miden la salida de una crisis, cómo se está
comportando la inflación, cómo se está comportando el tipo de
cambio de nuestro país...
en los bancos del Grupo Popular)... cómo se está comportando
el tipo de interés... qué mal se están comportando ustedes en
este momento (Protestas en los bancos del Grupo
Popular.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista). Como
se está comportando cualquier indicador económico exceptuando
dos: el indicador del déficit y el indicador del desempleo.
Pero el escenario económico coloca a nuestro país en una
situación de tipo de interés, en la que S.S., no sé si por el
calor que suele meterle a los debates económicos, se ha
confundido. No ha habido indicador económico en el que no haya
colocado en la cola a España. Y es que está instalado
probablemente en esa frase feliz que ya le he escuchado tres
veces en la última semana, del pesimismo de la generación del
98, en la que parece que el único que está instalado es usted.
Porque simplemente está malinterpretando las cifras.
Pero, le diré algo más. ¿Su señoría será capaz de creerme si
le digo que de todos los indicadores nominales del plan de
convergencia español hemos cerrado brecha respecto a las
deficiencias que teníamos al inicio de la crisis en 1990?
(Grandes protestas en los bancos del Grupo Popular) (La s
pronuncia palabras que no se perciben). ¿Será S.S. tan sincero
como para poderlo reconocer? ¿Será S.S. tan sincero como para
poder reconocer que el nivel de déficit que tiene este país en
este momento no sólo no es menor en relación a la brecha
comunitaria, sino que este país lo ha aprovechado de una forma
distinta a como lo han utilizado los gobiernos conservadores
de Europa? (Fuertes y prolongados rumores y protestas en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, guarden silencio! Continúe,
señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: ¿Será S.S. tan sincero (y ustedes
tan educados como para dejarme seguir hablando) para reconocer
que la utilización del déficit en este país se ha hecho para
algo que ustedes evidentemente nunca harían, que es proteger
nuestra incipiente sociedad de bienestar? (Rum bancos del
Grupo Popular.) ¿Serán ustedes tan sinceros como para
reconocer que en los gobiernos conservadores de Europa se ha
alcanzado, como en Gran Bretaña, un nivel de déficit similar
al nuestro con una destrucción de bienestar de esa sociedad?
Creo que hay que hacer un ejercicio poco voluntarista para
reconocer algo que quizás ya sólo quedan ustedes, en el
programa económico nacional sin reconocer. Por suerte para
este país, espero que ustedes también reconozcan que por
suerte también para sus electores y para todos los grupos
políticos, este país ha vuelto a tomar el pulso. (Risas y
protestas.--El señor García-Margallo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Hernández Moltó. Señor
García-Margallo, entiendo que S.S. no ha sido aludido.
(Protestas.) Está en el uso de la palabra el señor Hernández
Moltó y espero que el turno, si es que lo desea utilizar, lo
pedirá cuando termine el señor Hernández Moltó. Para que
termine el señor Hernández Moltó les ruego que colaboren y
guarden silencio. Señor Hernández Moltó, su tiempo
reglamentario ha concluido, le ruego abrevie y concluya su
intervención.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente,
por su amparo, que suele ser necesario en esta tribuna para
los Diputados socialistas.
En cualquier caso, para concluir evidentemente, esas mismas
carcajadas que ustedes generaban hace tan sólo unos segundos,
con más corrección y silencio, me las trasladaba el mundo
económico nacional e internacional
hace tan sólo unos días cuando su máximo dirigente, con alguno
de los equipos económicos habituales, intentaba en Euroforum o
en las jornadas de «The Economist», hace tan sólo unos días,
enfrente de esta misma Cámara, presentar lo que eran sus
propuestas, y cuando les preguntaban qué había detrás
realmente de estas propuestas, qué posibilidad tenían de
conseguir su propio objetivo, de dónde iban ustedes a quitar
gasto público en este país para poder llevar a cabo su
programa, ustedes les emplazaron a ellos y a nosotros, a
través de los medios de comunicación, a este debate. Seguimos
expectantes, señores del Grupo Popular, seguimos expectantes
simplemente para ver si hoy tienen ustedes una posibilidad de
ganar credibilidad con su discurso económico. (Rumores y
protestas en los bancos del Grupo Popular.) Yo sí que creo que
tienen una y deberían aprovecharla, tanto política como
intelectualmente para los mentores de esta moción y es
retirándola.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor García-Margallo pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Hernández Moltó.
El señor García-Margallo tiene la palabra.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, entiendo
que no sólo he sido aludido sino que se me han planteado unas
cuestiones que tendré mucho gusto en contestar para
ilustración del señor Hernández Moltó.
El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, para la claridad
de los turnos que se usan, S.S. no ha sido aludido, ha sido
contradi
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Contradicho, aludido,
insultado y maltratado, pero está bien. (Risas.--Rumores y
protesta
El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, S.S. no ha sido ni
insultado ni maltratado porque la Presidencia no lo hubiera
consentido (Rumores.) y, por tanto, tiene la palabra para un
brevísimo turno de réplica.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: El primer argumento del
señor Hernández Moltó ha sido decirme que yo había falseado el
dato de los tipos de interés, y literalmente he dicho que
España tiene los tipos de interés más altos de Europa con
excepción de Portugal.
Tengo aquí un cuadro a disposición de SSSS sobre los tipos de
interés en todo el mundo. Estados Unidos, 3 por ciento; Japón,
1,75 por ciento; Alemania en lombardo, 6,75 por ciento;
Alemania-descuento, 5,75 por ciento; Reino Unido, 5,25 por
ciento, etcétera. El único que está por encima de 8,75 es
Portugal con el 9,25; el único.
Segundo, dice S.S. al principio de su discurso que no hemos
cuantificado, para luego decir que sí hemos cuantificado pero
que lo hemos hecho con error. Señor Hernández Moltó, quien
comete falsedades constantes en las estimaciones cuantitativas
de sus propuestas y las nuestras es el Gobierno y el Grupo al
que usted representa. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Rumores.)
Demostración. Cuando nosotros proponemos la reducción de la
tarifa en el 5 por ciento, que es la tarifa que ustedes
propusieron en 1991, el Gobierno dice que nuestra propuesta
cuesta 350.000 millones; cuando yo le pregunto al señor
Secretario de Estado me dice que la deflactación de la tarifa
cuesta 80.000 millones. Ligera diferencia, ¡vive Dios!, entre
un debate y otro. (Rumores.--Aplausos). que la deducción por
viviendas, que la deducción que nosotros pretendemos que
tengan los españoles cuando compren una vivienda va a costar
113.000 millones, no dicen ustedes que si comprasen todas las
viviendas a que daría derecho esa deducción, ingresaríamos por
Impuesto sobre el Valor Añadido 136.500 millones de pesetas.
La diferencia es un saldo a nuestro favor de 6.500 millones.
(Rumores.)
Cuando nosotros decimos que aceptamos el Impuesto de
Matriculación en 35.000 millones, no dice usted nada sobre el
tema. Cuando nosotros decimos que este plan cuadra porque
vamos a reducir, con un plan de austeridad, gastos de
funcionamiento por valor de 100.000 millones en cuatro años,
no dice usted nada. Cuando yo digo que vamos a aplicar 450.000
millones de la privatización de empresas y se les citaron en
esta Cámara el otro día: Argentaria, Telefónica, Iberia,
etcétera, y eso ahorra 35.000 millones en Deuda Pública,
ustedes se lo callan y falazmente dicen que nuestro plan
cuesta 621.000 millones.
Cuando ustedes hacen deducciones por inversión dicen que
cuestan 5.000 millones y cuando las hago yo dicen que cuestan
90.000 millones. Ustedes engañan a esta Cámara cuando dicen
que esas deducciones tendrán efecto en el año 1995, cuando se
hace la declaración del Impuesto sobre Sociedades y sobre la
Renta, y las traen ustedes en el año 1994. Y cuando dicen que
nosotros no tenemos medidas para controlar el gasto público,
no dicen que nosotros queremos que haya interventores que
controlen la legalidad y la eficacia de las empresas públicas,
y así no hubiera sido posible, con un interventor que hubiera
controlado lo que cuestan las cosas, que se hubiera defraudado
en este país hasta con el papel del «Boletín Oficial del
Estado». (Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Dice el señor Hernández Moltó que los empresarios se carcajean
de nuestras propuestas. Probablemente usted
no ha hablado con las 1.600 empresas que han desaparecido en
1993, con un billón de pasivos, quince más que en 1989.
Probablemente señor Hernández Moltó hace ya mucho tiempo que
no habla, porque está en otra ala, con los 3.700.000 parados o
con los 829.000 cabezas de familia que están en paro, cuando
hace un año había sólo 620.000. Y cuando dice usted que
estamos saliendo de la crisis es que probablemente no ha leído
usted las noticias. El señor Solbes sabe que la inversión en
bienes de equipo ha caído trece puntos, que el consumo privado
ha caído dos puntos, que la matriculación de coches ha caído
veintitrés puntos, que las ventas en grandes almacenes han
caído ocho o nueve puntos, que el paro en España es el doble
de la media comunitaria y no tiene señales de remitir, que han
aumentado los que tienen derecho a las prestaciones de la
Seguridad Social porque han destruido el tejido industrial y
aumentado el desempleo y que han bajado los cotizantes y que
ustedes están poniendo en riesgo no sólo el sistema de
Seguridad
Social, sino todo el Estado de bienestar, que es lo que tienen
que discutir en su congreso. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
Señor Hernández Moltó...
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señor García-Margallo, le ruego que concluya.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Estoy concluyendo.
Cuando he aludido a 1898 he querido decir que ustedes han
mantenido este país en un espejismo permanente durante muchos
años y que cualquiera de los portavoces, titulares o
suplentes, de esta bancada le han dicho siempre lo mismo: que
el crecimiento de los buenos años era un crecimiento enfermo,
que se les disparaban los precios, que desequilibraban ustedes
las cuentas con el exterior, que gastaban ustedes a manos
llenas, que estaban llevando el déficit público a límites
intolerables. Y les dijimos que aplicando sólo política
monetaria --porque ustedes no pueden aplicar otra, porque no
les cree nadie a la hora de aplicar una política de rentas y
porque no tienen coraje para dominar el gasto público-- iban a
subir los tipos de interés, que la peseta estaba
sobrevalorada, que iban ustedes a destruir el tejido
industrial. Y las consecuencias las tenemos ahora. ¿Y dice
usted que España está saliendo del agujero?
¿Esta es la España que ustedes quieren? ¿Están ustedes
satisfechos de las cifras que nos van a dar a heredar? ¿Eso es
lo que ustedes piensan? (Rumores.) Por eso es necesario un
discurso regeneracionista contra esa política vieja,
anticuada, que no tiene nada que ver con lo que pasa en
Europa, que da estos resultados. (Protestas y aplausos.) Sí
que hablamos de filosofía del 98. (Fuertes rumores.--Aplausos
en los bancos del Grupo Popular y protestas en los bancos del
Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, le ruego concluya.
Este es un turno excepcionalísimo. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
Este es un Parlamento con un reglamento que se aplica por
igual a todo el mundo, señorías. En uno de los debates
anteriores se ha negado, precisamente al autor de una de las
proposiciones no de ley, la réplica, alegando el carácter
tasado de este tipo de intervenciones. Al señor García-
Margallo, excepcionalísimamente, se lo he concedido. Le ruego
que no abuse de lo que es una concesión graciosa. Por tanto,
le ruego que concluya.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: No abuso, señor Presidente.
Tres citas clásicas, que divertirán a S.S., de la generación
del 98. (Rumores.--Risas.)
Pío Baroja decía: Vivíamos en un mal clima, pero vivíamos en
un mal clima sin saberlo. Ahora vivimos en un mal clima
sabiéndolo, reconociéndolo e incluso creyendo que no hay
soluciones para superarlo.
Otra de Unamuno. Decía: La solución no está fuera, está en
España mirando al exterior. Y dice Miguel de Unamuno: Lo que
tenemos que hacer es europeizarnos. Algo que hace mucho tiempo
que no hacen ustedes: chapucearnos en el pueblo y rescatar el
sepulcro de Don Quijote de quienes lo tienen secuestrado, que
son ustedes. (Rumores.)
Y para terminar, otra de Ortega: Para salir, hay que demostrar
liderazgo, hay que acabar con esa política vieja de
ensimismamiento, de mirarse el ombligo que ustedes llevan
practicando mientras aumentan las colas de desempleo y se
destruyen más y más empresas. Hay que hacer lo que nosotros
estamos proponiendo. Y, si no, en vez de salir ahí a
criticarlo, proponga usted algo, valiente, con coraje, que
saque a este país hacia adelante de la crisis en que los
socialistas... (Fuertes rumores.--Aplausos.--Desde los bancos
del Grupo Popular: ¡Torero! ¡Torero!.--Des Socialista: ¡Que se
levante!)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernández
Moltó. ¡Silencio, señorías!
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor García-Margallo, ganas me dan de llamarle José Manuel.
La verdad es que si no llega a ser porque le cito el año 1898
se va usted a su casa con las citas que tan costosamente ha
trabajado durante estos días para conseguir algo que le puedo
garantizar que hoy ha conseguido: usted ha subido puntos en su
Grupo, pero sólo en su Grupo. (Rumores.--Risas.)
Yo me alegro; otros compañeros de su Grupo quizá no. (Risas.--
Rumores.)
Le digo esto fundamentalmente porque lo he escuchado con
interés, como siempre sigo sus más apasionadas que sensatas
intervenciones en e único que ha utilizado es, en vez de un
turno de réplica, un turno de olvido, porque ahora ha hablado,
pensando que no iba a haber oportunidad de replicarle, de lo
que se le olvidó decir cuando subió a esa tribuna. La verdad
es que lo ha hecho apasionadamente. Yo creo que se ha dado
cuenta del terreno que pisaba y ha dicho: «Esta es mi
oportunidad. He perdido muchas y ésta, desde luego, no la
pierdo». ( eso, señor García-Margallo, usted ha dado un solo
argumento razonable ni un solo argumento que se pueda
mantener. Porque usted, precipitadamente, ha cuantificado su
moción y lo ha hecho con el nivel de rigor que estamos
acostumbrados a ver con que se cuantifica desde las filas del
Partido Popular las propuestas económicas. (Rumores.) Pero el
qué es lo que cuantifican, porque, fíjense, ustedes se han ido
tan aceleradamente en esta ocasión que en la «enmienda
estrella» que usted pensaba proponer aquí, que era la
disminución del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas -
-han avanzado algo en relación a la que hicieron en el mes de
septiembre, donde no decían cuánto había que disminuir--, en
esta ocasión precipitadamente la introducen y dicen que hay
que disminuir un 5 por ciento. Porque S.S. me lo dice --y él
sabe que yo le tengo una fe ciega--, pero ¿me podrá decir si
quiere disminuir el 5 por ciento en el tramo marginal?, ¿si es
en el tramo bajo?, ¿si es en la pendiente...? Usted me lo dice
ahora y yo se lo reconozco, pero, ¡qué lástima!, se le olvidó
decirlo en la propia moción.
Ustedes han seguido cuantificando en deducciones fiscales. Es
curioso. ¿Sabe que en algunas de las propuestas que usted hace
propone menos deducción fiscal que en la de septiembre? ¿Sabe
por qué? Porque a usted le han dicho de buena tinta que en
este Parlamento ha habido un debate de los Presupuestos
Generales del Estado y le han informado que en este Parlamento
ha habido un debate de una ley de acompañamiento fiscal, y
usted es consciente, y me consta, del pequeño ridículo
económico que hizo su Grupo cuando se opuso a las medidas
fiscales de apoyo a la pequeña y mediana empresa. (Rumores.) Y
usted es perfectamente consciente que el sumator en el mes de
septiembre, como las medidas de la Ley de presupuestos y de
acompañamiento las superaban, ha tenido que cuadrar, y Dios
nos libre de sus cuadres de cifras. (La señora de Palacio del
Valle-Lersundi: ¡Anda que los vuestros, tela!) Porque,
evidentemente, por mucha fuerza, por mucho vigor y por mucho
ruido que hagan sus propuestas no por eso dejan de tener el
sentido de la oportunidad económica que este país necesita.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández, le ruego que concluya.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Acabo, señor Presidente. Cuando
usted habla de los tipos de interés, sin duda alguna ha vuelto
a trastocar el papel. Ha utilizado el del técnico electoral de
«marketing», pero no el del técnico económico. Porque supongo
que la Comisión de la Comunidad Económica Europea le ofrece
más credibilidad que sus cifras. Le remito al tipo de interés
que a diciembre de 1993, porque ahora estaríamos mejor, tienen
dos países por debajo de España. Pero le remito a algo
fundamental. ¿Usted sabe, señor García-Margallo, que en 1993
hemos acabado el año y que por primera vez el tipo de interés
español está en la banda de referencia que sitúa la Comisión?
Yo sé que las mejoras que se pueden producir en este país
ustedes sólo las reconocen en la intimidad, pero lo que pasa
es que cuando en públic que contrastarlo, tienen el grave
riesgo de que cada día pierden más credibilidad con su
discurso económico.
En este sentido, señor García-Margallo, yo le agradezco mucho
más el buen rato que nos ha hecho pasar que la calidad de las
medidas económicas que su Grupo ha presentado esta tarde.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular consecuencia de interpelación
relativa a medidas de política económica que piensa adoptar el
Gobierno para favorecer la recuperación de la economía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 288; a favor, 122; en contra, 163; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA OPINION QUE TIENE EL
GOBIERNO SOBRE LA ASIGNACION DEL 0,7 DEL PIB PARA FAVORECER EL
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE LOS PAISES EMPOBRECIDOS (Número
de expediente 173/000020)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya subsiguiente a la interpelación sobre
la opinión que tiene el Gobierno sobre la asignación del 0,7
del PIB para favorecer el índice de desarrollo humano de los
países empobrecidos.
En nombre del Grupo proponente de la moción, tiene
la palabra el señor Ríos. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señorías,
guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy
a intentar defender la moción que el Grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha planteado después
de la interpelac para conocer las actuaciones que el Gobierno
había realizado para cumplir el compromiso de noviembre del
año 1992 y lo firmado con la plataforma o la comisión del 0,7;
es decir, intentar que en los Presupuestos Generales del
Estado, progresivamente, se comprometa, hacia lo que es la
superación de la pobreza, un porcentaje de su PIB cercano al
0,7 al final de todo un proceso de evolución positiva.
Lo cierto y verdad es que en la discusión de la interpelación
nosotros queríamos llegar a cuatro puntos de concreción y ése
es el objetivo de nuestra moción hoy.
Primero, el problema está en una evolución que acelere el
calendario para lograr que España comprometa, junto con los
demás países del Comité de Ayuda al Desarrollo, llegar al 0,7
por ciento. Acelerar ese calendario significa incrementar las
previsiones iniciales que el Gobierno tenía.
El segundo compromiso que queríamos marcarnos era no solamente
la cantidad de los recursos a destinar hacia la ayuda al
desarrollo, sino también la calidad de los mismos.
Lo cierto es que en la actualidad los países del Comité de
Ayuda al Desarrollo, además de estar revisando periódicamente
la cantidad que van a destinar, también están reorientando la
calidad, la distribución de esos recursos.
Las ONG opinan que la cuestión más importante es saber en qué
medida se ayuda fundamentalmente a la erradicación de la
pobreza a nivel mundial y la promoción de desarrollo a largo
plazo de los países más pobres. Sin embargo, los países que
integran este Comité nunca han definido claramente en qué
consiste esa contribución para reducir la pobreza. Lo cierto
es que tenemos ahora mismo una evaluación fiable de unas
estadísticas globales de esos recursos.
El Ministro alemán de Cooperación Económica comunicó que en el
año 1993 el 51 por ciento de sus recursos destinados a la
ayuda al desarrollo i a las necesidades básicas, superando la
dinámica hasta ahora que ha centrado estas ayudas en los
países desarrollados, y es la comercialización. De los veinte
miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo tan sólo cinco
tienen más de la mitad de su ayuda destinada a condiciones no
vinculantes; sin embargo, la mayoría de los países, incluido
España, el volumen mayor lo destinan vinculado a la relación
comercial, de tal forma que en lugar de estar ayudando a esos
países lo que se busca es hacer revertir en el país de origen
los beneficios; es decir, estamos utilizando los presupuestos
de ayuda para la promoción de industrias de exportación de los
países donantes. Debiéramos, por tanto, en este sentido de la
calidad, lograr que las ayudas no sean vinculantes y vayan
dirigidas al desarrollo de la industria local y no a favorecer
lo que ha sido la expansión de nuestros países, sino a
favorecer la independencia de esos países en vías de
desarrollo; es decir, enseñarles a pescar en lugar de darles
un pez.
Por tanto, la moción que nosotros proponemos se sitúa
fundamentalmente en la desvinculación de las ayudas. Es verdad
que esta desvinculación d al desarrollo para superar la
pobreza no puede abordarse unilateralmente por un país, pero
sí que es cierto que muchos de los países donantes son
partidarios de la desvinculación y están planteando esa
desvinculación a nivel comunitario o a nivel mundial. Lo
cierto es que nosotros creemos que es muy importante que se
vaya modificando ese concepto de ayuda al desarrollo.
Tres eran los compromisos que el Gobierno firmó el 12 de
diciembre de 1993 con la coordinadora que estaba en huelga de
hambre, que textualmente decían: El Gobierno se identifica con
los objetivos de la huelga y se compromete a acelerar al
máximo posible la consecución de los objetivos del 0,7 por
ciento, incluso dentro de los tres próximos años, conforme a
lo solicitado por esta Comisión. Es verdad que esto se
circunscribía a que la realidad económica del país lo
permitiera. El primer compromiso, por tanto, era --de hace
apenas un mes-- acelerar para lograr en tres años el 0,7. El
segundo compromiso era de declaración de principios y el
Gobierno decía que intentaba lograr que se introdujeran
mecanismos que facilitaran, primero, que los objetivos de las
ayudas oficiales al desarrollo respondieran a las necesidades
básicas de los países más desfavorecidos con carácter
prioritario y hacia una aceleración progresiva a las ayudas no
retornables y; segundo, que se asegurase un control de la
recta aplicación de los fondos de ayuda oficial al desarrollo
mediante fórmulas que garanticen la p ONG, inclusive de esta
plataforma del 0,7, y, tercero, que se garantice una total
transparencia que permita a la opinión pública identificar
cuál es el crecimiento o el conocimiento que se tiene de estas
ayudas.
El tercer compromiso al que el Gobierno llega con los
huelguistas y firmado por parte del Secretario de Estado de
Cooperación, señor don José Luis Dicenta, es hacer una campaña
de sensibilización pública para ir desarrollando la voluntad
de apoyo al desarrollo desde la óptica de solidaridad, de
justicia y no desde la óptica
de beneficencia, de dar a los que no tienen. Ese es el
compromiso que firma el Gobierno. ¿Qué propone nuestra moción?
Precisamente recoger este compromiso del Gobierno. Evitar lo
que yo le decía al Ministro: esto, a la hora de
comprometernos, sí; a la hora de hacer declaración de palabra,
sí; a la hora de comprometer recursos, no. Para evitar que una
cosa sea la declaración para quedar bien y que otra sea lo que
aquí aprobamos, nuestra moción pretende que eso que se firmó
se traslade a un acuerdo de esta Cámara respaldado por todos
los grupos parlamentarios. Proponemos, primero, dirigirnos al
Gobierno para que la
cuantía que España dedique en los próximos años en ayuda
oficial al desarrollo experimente un incremento progresivo y
una distribución en función de la reducción de la pobreza y el
desarrollo sostenible de esos países, sobre todo atendiendo a
los sectores más vulnerables. Segundo, conseguir que esas
ayudas respondan a las necesidades básicas de los países
desfavorecidos y no a nuestro deseo comercial, a fomentar
nuestra industria exportadora. Dentro de ese compromiso, en
segundo lugar, queremos que se busquen fórmulas de
participación de las ONG. Y, en tercer lugar, la transparencia
en la gestión.
Los compromisos que proponíamos en el punto tercero iban
dirigidos, primero, a que se coordinen, se aglutinen las
distintas partidas que van a destinarse en los presupuestos
hacia ese desarrollo, por un lado, en Asuntos Exteriores; por
otro lado, en cooperación y, por otro, en comercio, con la
actuación que tienen los distintos ministerios; por tanto, un
organismo o una comisión que coordine las actuaciones
administrativas.<ð En segundo lugar --y aquí viene nuestro
tema fundamental--, llegar al 0,7 del PIB en tres años, como
el Gobierno dijo en lo que firmó. Propon 1995 se llegara al
0,5 del PIB en el año 1996 al 0,6 y en el año 1997 al 0,7,
pudiendo estudiar después, según fuesen las posibilidades y
los acuerdos internacionales, incrementar ese 0,7 por ciento.
Junto a ese acuerdo, para comprometer al Gobierno en esa
distribución, nosotros proponíamos que un porcentaje (como
están haciendo algunos países, en un principio del 20 por
ciento y después del 30 por ciento) se diese a prioridad
social y no a actuaciones como las que hasta ahora viene
desarrollando el propio Gobierno. Y, por último, proponíamos
que esta Cámara discuta dentro del año 1994 la ley de
cooperación y ayuda oficial al desarrollo para que nos dotemos
de unas normas claras, de un funcionamiento en la concesión,
de un estatuto del cooperante, etcétera; regular todo lo que
significa la fórmula para conceder estas ayudas, que de verdad
vayan destinadas a superar la pobreza.
En suma, estamos planteando en nuestra moción superar las
deficiencias que habíamos encontrado desde noviembre del año
1992. Es cierto que desde la Cumbre de Río en el año 1992 hay
un compromiso que nos obliga a todos. También es cierto que el
compromiso a nivel mundial o a nivel de los 20 paíse del CAD
no es igual; hay unos países que tienen más y otros que tienen
menos recursos; es cierto que la media hoy está en torno al
0,33 por ciento del PIB, pero a nosotros nos gustaría cambiar
la cantidad, cambiar la calidad y abordar el problema desde
una óptica global.<ð Nada más, señor Presidente; nada más,
señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ríos.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Popular y por parte del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Hernando Fraile.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nuestro Grupo no va a pretender
en este turno repetir el debate que se sustanció la semana
pasada en esta Cámara, pero sí hacer referencia a algunos
puntos básicos que entendíamos que eran importantes a la hora
de hablar de la cooperación internacional. Decíamos en aquel
debate que si bien la cantidad era importante, sin duda los
mecanismos sobre cooperación internacional, el control y la
transparencia de la gestión de los recursos para conseguir una
mayor eficiencia de los mismos era algo que entendíamos que
era previo a la hora de determinar la importancia de nuestra
ayuda oficial al desarrollo. Por eso nosotros hemos presentado
una serie de enmiendas --cuatro-- a esta moción de Izquierda
Unida. La primera es una enmienda de adición. Afecta al
apartado b) del punto segundo y pretendemos con ella que el
control de la gestión de estos fondos se haga en el
Parlamento. Para eso hemos establecido unos mecanismos que
creemos que son importantes y adecuados.
El primero de ellos es la remisión trimestral de la ejecución
presupuestaria a la Comisión de Asuntos Exteriores. Saben SSSS
que la AECI liquida sus subvenciones y ayudas trimestralmente.
Por l que sería importante que tuviera conocimiento de esto la
Comisión de Asuntos Exteriores.
También planteamos en esa enmienda que la cooperación
internacional sea objeto de, al menos, un debate anual en el
Pleno del Congreso, además de los que se han de establecer en
la Comisión de Asuntos Exteriores con objeto de la
presentación del Plan anual de cooperación internacional y de
su seguimiento, tal como recogía en el punto 39 el Acuerdo de
26 de noviembre de 1992, adoptado en esta Cámara. tercero de
la moción que presentaba Izquierda Unida y pretendía una
redacción nueva en la que se proponía que se instara al
Gobierno para que acelerara el cumplimiento
de los acuerdos previstos en el informe de la Ponencia de
Asuntos Exteriores, a la que me he referido antes, aprobado
por el Pleno del Congreso de los Diputados el 26 de noviembre
de 1992.
planificación plurianual de nuestra ayuda oficial al
desarrollo, creando un marco estable que permita que nuestra
política de cooperación tenga y pueda cumplir objetivos a
largo y medio plazo. La falta de continuidad, la
discrecionalidad, la concesión de ayudas y el incumplimiento
de la publicidad y concurso y el propio incumplimiento de la
Ley General Presupuestaria hacen que esta planificación
plurianual sea indudablemente necesaria para cumplir unos
objetivos.
Creemos que es necesario elaborar una ley de cooperación que
actualice toda nuestra normativa, garantizando la coordinación
de los distintos o la Administración central. Además, debe de
regularse el establecimiento de sistemas de control, gestión y
evaluación transparentes, los mecanismos del Fondo de Ayuda al
Desarrollo, la participación de las organizaciones no
gubernamentales, los derechos y obligaciones de los
cooperantes, así como los incentivos económicos
fiscales que favorezcan la participación de entidades privadas
en la cooperación al desarrollo. En esta enmienda --y en esto
sí queríamos establecer un plazo, cosa que parece que no va a
hacer el Partido Socialista en sus enmiendas-- establecíamos
un plazo para este mismo año, para el año 1994.<ð Decíamos
también en esta enmienda que nuestro país acelerará el
calendario de dotación económica a la ayuda oficial al
desarrollo para llegar al 0,7 por ciento del PIB que se había
previsto para el año 2000, llegando al 0,35 para 1995, que es
la media de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE y que, además, venía también implícitamente descrito en
los acuerdos aprobados por el Pleno de este Congreso. España,
además, debe de abogar, en aquellos organismos internacionales
en los que participa, para que el objetivo 0,7 por ciento se
alcance también en el resto de los países de la Unión Europea
y de la OCDE.
También pretendemos que la cooperación internacional se
concentre en zonas prioritarias, abandonando la política de
dispersión actualmente existente.
Otro de los puntos de esta segunda enmienda pretende que la
ayuda oficial al desarrollo sea coordinada y dirigida de forma
centralizada a través de la Comisión Interministerial para la
Cooperación Internacional, regulada en el Real Decreto
451/1986, de 21 de febrero.
Hemos observado que el Partido Socialista propone que sea el
propio Secipi el que realice esta coordinación, pero es
indudable que es necesario realizar esta coordinación. En
estos momentos hay dos comisiones interministeriales que
tienen importancia en sus decisiones en lo que se refiere a la
ayuda oficial al desarrollo. Una la acabo de referir y otra es
la Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Creemos que intentar imbricar ambas comisiones, intentar
coordinar ambas comisiones a través de un solo organismo no
sólo va a producir economía, sino que va a mejorar la
eficiencia de nuestros recursos.
También pretendemos definir cuál debe de ser el papel de
nuestras embajadas en el exterior. Así, en esta enmienda
decimos que el embajador de España será el encargado de
evaluar y garantizar el desarrollo de los proyectos y
programas de cooperación realizados en cada uno de los países
afectados y será permanentemente asesorado por los agregados
comerciales de nuestras embajadas. Nuestros servicios
exteriores, además, deberán redoblar sus esfuerzos encaminados
a la identificación de necesidades y proyectos. Es indudable
que cada día se hace más necesario coordinar nuestra acción, y
para eso deben coordinarse los organismos y los medios que
tienen nuestras embajadas en el exterior. Por último,
introducimos como apartado g) el apartado c) de la moción de
Izquierda Unida, referido a algunos puntos esenciales de la
asistencia.
Proponemos una tercera enmienda, de adición, en la que se pide
que el Gobierno español ponga en marcha los mecanismos
apropiados para garantizar el adecuado acceso de nuestras
empresas a los organismos de cooperación multilateral en los
que España participa y con los que contribuye económicamente,
a fin de garantizar e incrementar de forma notable los
retornos. Estas medidas serán prioritarias en relación con el
Fondo Europeo al Desarrollo y la ayuda alimentaria de la CEE.
Ya tuvimos oportunidad de denunciar en el pasado Pleno que,
por lo que se refiere a las aportaciones a la CEE, nuestro
país en 1992 dio 38.000 millones y en 1993 39.000 millones,
una parte muy sustantiva de nuestra cooperación y de nuestra
ayuda oficial al desarrollo. El importe de los retornos, en lo
que se refiere al FED, tan sólo alcanzó en esos años una cifra
en torno al tres por ciento. Por lo que se refiere a la ayuda
alimentaria, y con el último dato de que disponemos, en 1992
la Comisión de la Unión Europea destinó un total de 34.000
millones. Las empresas españolas obtuvieron proyectos por un
importe tan sólo de 575 millones, siendo el último país de la
Comunidad Económica Europea en acceder a este tipo de
proyectos. Por su parte, las empresas francesas obtuvieron
18.000 millones del mismo Fondo. Por eso entendemos que,
indudablemente, esto debe ser algo prioritario para el
Gobierno.
Por último proponemos una enmienda de adición que supone
incidir aún más en los acuerdo que esta propia Cámara --y
también en otras comisiones-- ha adoptado. Hace referencia a
la necesidad de que el Gobierno español tenga en cuenta, a la
hora de establecer el desarrollo en nuestra cooperación
internacional, que ésta vaya dirigida a países en los que se
respeten las
libertades y los derechos humanos. La ayuda oficial al
desarrollo no puede ser nunca destinada para la adquisición de
material militar o de doble uso. Hace pocos días en esta misma
Cámara tuvimos ocasión de establecer acuerdos sobre este mismo
asunto, pero creo que una referencia en este debate no está de
más.
Nosotros creemos que después del informe de la Ponencia de la
Comisión de Asuntos Exteriores y de los acuerdos de esta
Cámara del 26 de noviembre hay que hablar de un antes y de un
después; un antes marcado por la arbitrariedad, por la
subjetividad y por la ineficacia, y un después en el que
pretendemos incitar al Gobierno para que sea una prioridad y
para que sea urgente que utilicemos nuestros recursos humanos,
materiales y económicos con eficiencia, coordinando los
esfuerzos de las distintas organizaciones del Estado. Es
urgente, también, que realicemos el seguimiento de los
proyectos y recursos aprobados, evaluando su resultado para
corregir los errores que se han producido. Es urgente que
planifiquemos, a medio y largo plazo, nuestra cooperación,
elaborando un marco jurídico concreto, definiendo objetivos y
desterrando el actual sistema basado en acciones puntuales y
erráticas, sometidas a criterios subjetivos, como antes
mencionaba. Es urgente que demos transparencia al sistema de
toma de decisiones y ejecución de las mismas para que los
ciudadanos perciban que nuestra cooperación internacional no
es un sistema de caridad ni de concesión de limosnas, sino que
es una parte esencial de nuestra política exterior que,
basándose en la solidaridad con los más débiles, dé
importantes beneficios, en términos de presente y de futuro,
también en nuestro país. Por último, es urgente que elaboremos
un sistema fiscal y económico que permita que la ayuda al
desarrollo no dependa exclusivamente del Estad ser el esfuerzo
mancomunado de todos, favoreciendo la participación de
entidades, organismos y
fundaciones de carácter privado.
En ese sentido han sido presentadas todas nuestras enmiendas y
esperamos la receptividad del grupo proponente para que así
las asuma en el texto de su moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hernando.
Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, el señor Yáñez-Barnuevo tiene la palabra.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, nos trae aquí hoy el debate sobre la moción
presentada por Izquierda Unida, consecuencia de la
interpelación urgente de la semana anterior, relativa al 0,7
por ciento del PIB en la ayuda oficial al desarrollo.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Yáñez. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Tengo que decir --luego me
detendré un poco en ello-- que al Diputado que les habla le
resulta muy vengan a debate en el Pleno, porque es
relativamente novedoso en esta Cámara que los temas de
cooperación al desarrollo, de ayuda oficial al desarrollo, los
temas en general de las relaciones Norte-Sur, con el Tercer
Mundo, el mundo más subdesarrollado, son temas que cobran gran
importancia en los Parlamentos de los países más avanzados,
pero que todavía en el nuestro no había logrado traspasar
cierto nivel exclusivamente limitado a la comisión, o limitado
a algunos --entre comillas-- expertos Diputados, más dedicados
a esos temas. De tal manera que vaya por delante, en primer
lugar, nuestro apoyo al fondo de la cuestión, a la necesidad
de debatir y de acordar propuestas y mociones en esta Cámara
que vayan avanzando a nuestro país en la dirección de una
mayor y mejor cooperación, tanto en el aspecto cuantitativo
como cualitativo.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución,
si me permite el señor Ríos, portavoz de Izquierda Unida en
este debate, porque de su moción era difícil, al menos desde
nuestro punto de vista, establecer enmiendas parciales, ya que
tiene una redacción bastante farragosa, bastante difícil de
digerir gramaticalmente por sus muchas incorrecciones e
incluso contradicciones. Nos costaba trabajo hilar unas
enmiendas relacionadas directamente con el propio texto; por
eso hemos preferido la técnica de una enmienda que llamaríamos
a la totalidad, eso sí, ciñéndonos a lo que es el espíritu de
la propia moción del grupo proponente.
Algunos temas de la letra de la moción son excesivamente
concretos y conducen a la frustración, sensación que esta
Cámara conoce bastante bien porque se aprueban resoluciones
que luego son difíciles de cumplir, que no depende de la
voluntad del Ejecutivo y menos de la voluntad de la Cámara su
cumplimiento, y por tanto llevan a la melancolía del esfuerzo
inútil, como decía aquél. Creo que es mejor comprometerse con
aquello que se tiene la seguridad de cumplir y no tomar
acuerdos que, de antemano, se saben incumplibles por su propia
naturaleza. Eso es lo que ocurre con el punto 3 b), c) y d),
en nuestra opinión. No entendemos bien qué organismo se
intenta crear en el punto 3 a), porque ya existe, desde 1985,
un organismo creado para ese fin, que es la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, con
los instrumentos de que dispone la Secretaría de Estado, que
son la Agencia de Cooperación y los institutos de
Iberoamérica, del Mundo Arabe y de Cooperación al Desarrollo,
junto con los controles que también existen. Sin embargo, la
moción no cita los controles existentes; introduce unos
controles nuevos en el punto 2 b) y c), hablando de controles
de ONG y de la Plataforma del 0,7, pero omitiendo los
controles ya existentes, legales y constitucionales, como
son los del propio Parlamento, los del Tribunal de Cuentas o
la Intervención General del Estado, a cuyo nivel, entendemos,
no se puede o no se debe situar el papel de las ONG o de la
Plataforma del 0,7 por ciento, aunque sí tienen que tener un
papel, y así lo reconocemos en nuestra enmienda, en la
participación de la gestión y la elaboración de la política de
cooperación.
En resumen, nuestra enmienda tiene siete puntos, concisos y
comprometidos, que van en cuatro direcciones: aumentar los
fondos de AOD, atender a los países más desfavorecidos y,
dentro de ellos, a las poblaciones más vulnerables, garantizar
aún más el control de la transparencia y la buena gestión de
los fondos de cooperación. Hablamos de la ley de cooperación,
pero (lo he dicho antes en términos generales y lo digo ahora
en un aspecto concreto) me parece un error establecer fechas
concretas de cuándo el Gobierno debe presentar una ley, que
depende de multitud de factores, de negociar con múltiples
sectores. Fijar un plazo determinado o bien lleva a que el
Gobierno no pueda cumplirlo a pesar de su voluntad o a que l
impidan la correcta elaboración de una ley, bien pensada por
parte del Gobierno cuando la traiga a esta Cámara. Por último,
fortalecer los organismos que garantizan la gestión de
cooperación al desarrollo, como es la propia Secretaría de
Estado a la que antes hacía referencia.
Como entiendo que de las intervenciones anteriores, no sólo
del grupo proponente sino también del Grupo Popular, se puede
interpretar cierto complejo de adanismo, como si ahora
comenzáramos la cooperación al desarrollo, yo sé que a algunos
puede no gustarles que se haga referencia excesiva al pasado,
pero es inevitable decir --lo dijo el Ministro la semana
pasada en esta misma tribuna-- que la cooperación al
desarrollo comienza a organizarse en este país hace sólo once
años, que antes éramos un país receptor de ayuda y no donante.
Eso es así, es una realidad histórica perfectamente
comprobable. Por tanto, difícilmente podíamos cumplir aquel
famoso objetivo, tan citado, de la Asamblea General de
Naciones Unidas cuando aprobó, en 1970, la estrategia
internacional para el segundo decenio de las Naciones Unidas
para el desarrollo, en la que se incluía el objetivo del 0,7
por ciento del producto interior bruto de los países más
avanzados para los países en vías de desarrollo. Sin embargo,
la ONU no establecía un plazo determinado para llegar a dicho
porcentaje, y es bueno repetir aquí que solamente cuatro
países del mundo han alcanzado ese 0,7: Suecia, Dinamarca,
Noruega y Holanda. El resto de los grandes países, Estados
Unidos, Japón, Alemania o Francia, por ejemplo, no han llegado
al 0,7 por ciento. Por tanto, tampoco seamos excesivamente
exigentes con nosotros mismos, con nuestro país. Hemos
avanzado, hemos multiplicado por quince el esfuerzo
cuantitativo de cooperación, pero --lo que es tan importan ha
hecho simultáneamente con el esfuerzo de dotarnos de una
estructura administrativa adecuada, formando a gestores,
técnicos, cooperantes, además de incentivar la creación de ONG
y de fortalecer las existentes. En 1983, las subvenciones a
las ONG eran 60 millones de pesetas, sin más ceros ¡eh!; diez
años después son 3.000 millones de pesetas. Como ustedes
comprenderán, eso requiere un desarrollo administrativo,
normativo y organizativo que demuestra hemos llegado a una
cooperación profesional, seria, organizada, solidaria y
moderna, superadora de aquella visión caritativa o
paternalista que podía existir en el pasado.
Voy a terminar enseguida, señor Presidente. Me voy a detener
solamente en un punto que me preocupa de la intervención y de
los conceptos del representante de Izquierda Unida en esta
tribuna y sobre esta moción.
No creo que se deba separar cooperación al desarrollo a
esfuerzo exportador. Yo creo que es bueno que la cooperación
se entienda como algo beneficioso --como etimológicamente
indica-- para las dos partes. Si además de ayudar, de
conseguir desarrollar a los países menos avanzados del tercer
mundo, estamos fomentando el desarrollo de nuestra propia
economía con exportación, con creación de industrias o
desarrollo de las existentes y creación de puestos de trabajo,
miel sobre hojuelas; será mejor. Si estamos combatiendo el
desempleo y, además, estamos favoreciendo el desarrollo de
países del tercer mundo, mejor. Es decir, separar comercio
exterior, exportación rígida y literalmente de la ayuda al
desarrollo, me parece un ejercicio, en todo caso, peligroso,
porque usted sabrá que la opinión pública española, según
todas las encuestas, es bastante renuente y reticente a lo que
entiende es dar dinero a otros países, sin más, cuando hay
aquí necesidades que combatir. Por tanto, ese discurso nos
hace vulnerables ante cierta opinión pública, a la que creo
que hay que responderle diciendo que no sólo hay que ser
solidario con el tercer mundo, ayudar a los que menos tienen
(el que no es solidario con los que nada tienen no lo es
tampoco con los que más lo necesitan en su propio país), sino
que hay que demostrarles que con ello estamos ayudándonos a
nosotros mismos, además del efecto estratégico a largo plazo.
Cuando cuatro quintas partes del mundo están viviendo
situaciones de pobreza cuando no de extrema miseria, el resto
del mundo no puede vivir tranquilamente, porque la
inestabilidad y la inseguridad están a la vuelta de la
esquina.
Según están las cosas, una de las propuestas es hacer un
debate anual sobre la cooperación al desarrollo. Quizá ello
nos permita desarrollar m solamente planteo en esos términos
muy genéricos, para decir que pensamos que la cooperación al
desarrollo hay que defenderla, que hay que llegar al 0,7 en el
plazo más breve posible, pero que, junto con ello, el
desarrollo de un libre comercio que permita exportar sus
productos a los países del tercer mundo es tan solidario
como la lucha por el 0,7 por ciento de ayuda al desarrollo.
Termino, señor Presidente, explicando un detalle. El
representante del Grupo Popular dice en sus enmiendas que no
se incluya el material militar en la AOD. Señor Diputado, eso
ya hace muchos años que no se incluye.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Yáñez.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, la señora Rahola, tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Vicepresidente, los
objetivos hablan de más de 1.000 millones de ciudadanos que
viven en la más extrema miseria y el planeta, en su conjunto,
está sumido en una dialéctica Norte-Sur que ha resultado,
finalmente, una auténtica vampirización del Norte respecto al
Sur. La extrema miseria, no el hambre sino la hambruna, como
la llaman en tantas zonas donde se padece; la discriminación,
la negación de derechos básicos, la explotación de hombres,
mujeres y niños y el desastre ecológico ligado a su condición
más salvaje, son los parámetros de una tragedia que se ciñe y
corresponsabiliza a los ciudadanos de los países de todo el
mundo.
La ayuda del 0,7 no es, pues, de ninguna manera, el resultado
de una caridad bien entendida, sino la asunción de la
responsabilidad directa que tenemos sobre la miseria; 0,7
porque les debemos la ayuda y no sólo porque queramos ejercer
la solidaridad.
La solidaridad con el Tercer mundo es hoy día el deber básico
del primer mundo y la primera responsabilidad, si no queremos
que la bomba de re Tercer mundo explote. Solidarizarse a
través del 0,7 con la miseria del mundo es asumir esa
responsabilidad y, en consecuencia, es también una forma de
solidarizarnos con nosotros mismos.
Estamos, pues, a favor de la moción de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya de las enmiendas que tengan a
bien aceptar, primero por esa voluntad de asumir la
responsabilidad; segundo, porque no está planteada como un
ejercicio retórico de buenas intenciones, sino como un gesto
de intervención real, que puede resultar de gran
trascendencia.
Así pues, por responsabiliad y por solidaridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la
palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria, como ya anunciamos la semana pasada en el
debate de la interpelación urgente que nos trajo el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, va a apoyar esta moción, en congruencia con las
enmiendas que tanto el grupo proponente como el de Coalición
Canaria hicieron a los Presupuestos Generales del Estado sobre
el 0,7.
Ahora bien; nosotros entendemos que en la moción que trae el
grupo proponente hay una coincidencia plena en el fondo, pero
quisiéramos que se instrumentalizara dentro de un marco claro,
legal, asequible al control de esta Cámara, y no
esporádicamente perdido en una partida presupuestaria, la
cuestión de aportación del 0,7 por ciento del producto
interior bruto. Para nosotros, y lo vuelvo a decir, señor
Presidente, y a reiterarlo, no es tanto en este momento un
guarismo porcentual el 0,7 frente al valor que pueda tener el
producto interior bruto del país; porque si nuestro producto
interior bruto, con las pertinentes medidas económicas de
apoyo, no crece, la aportación cuantitativa tampoco va a
crecer. Por tanto, no queremos sacralizar la cifra.
Lo que sí tenemos que decir también es que vamos a apoyar,
señor Presidente, si el grupo proponente las admite, las
enmiendas que se han defendido aquí por el Grupo Popular y por
el Grupo Socialista, porque creo que contribuyen a garantizar
que el control parlamentario, o de otras instituciones
administrativas, incluso de las no gubernamentales, pueda ser
eficaz y no quede eso en un puro voluntarismo, tal vez rozando
la utopía.
Por tanto, señor Presidente, nosotros apoyaríamos enmiendas
que, como las que trae el Grupo Popular, son de adición (salvo
el punto 3, que es de modificación y que nos parece
coincidente, aunque más extensa, con la del Grupo Socialista);
que haya también cuestiones cautelares para que esta ayuda al
desarrollo no vaya a países cuya legitimidad democrática o
cuya utilización para fines armamentistas, bélicos o de
represión, vaya a producir estos desvíos. Ya nos sirve de
experiencia, señor Presidente, la cooperación con Guinea y lo
que está ocurriendo, o ha ocurrido, con las aportaciones de
fondos presupuestarios españoles, porque si en verdad la
aportación total de los Presupuestos del Estado español a la
ayuda al desarrollo y a los países del Tercer mundo y de las
hambrunas no ha sido todo lo alta que desaríamos, en cambio
con Guinea sí ha sido más alta que la media internacional en
este aspecto, y ya hemos visto a veces qué destino han tenido
los fondos económicos aportados por España.
Nos parece que la enmienda que trae el Grupo Socialista
también permite reagrupar y poner dentro de un orden de
control de ideas de fondo que trae la moción de Izquierda
Unida. Sobre todo, nosotros queremos destacar el punto 6. Es
inviable hacer aquí un voluntarismo solamente de carácter
presupuestario si el Gobierno no trae el anunciado proyecto de
ley de cooperación y ayuda oficial al desarrollo, como se pide
(y esto nos parece muy digno de destacar y de valorar
positivamente)
en la enmienda del Grupo Socialista. Es decir, el marco
jurídico, el marco que permita el control parlamentario, el
marco que permita la eficacia.
En esta línea, por estar de acuerdo en el fondo de lo que se
propone, nosotros vamos a apoyar la moción, y esperamos que
sean aceptadas muchas de estas enmiendas, porque si nosotros
podemos tener dudas en cuanto a su enunciado, forma o
aplicación, sí estamos de acuerdo en el fondo, por un
principio que ya hemos reiterado de solidaridad y de apoyo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Mardones.
Para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario dejó ya constancia, en el momento
de sustanciación de la interpelación la semana anterior, de
cuál era nuestra posición respecto a la interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Coherentes con nuestro posicionamiento en aquel momento,
respecto a la necesidad de que, como todos los países
comprometidos a través de la resolución de la ONU, del año
1973, más las de la Cumbre de Río, España debe dedicar cada
año un mayor esfuerzo a la ayuda para el desarrollo, va a
votar favorablemente la moción presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Confiamos poder hacerlo por
cuanto incluso las enmiendas presentadas, tanto por el Grupo
Popular como por el Grupo Socialista, no van en contra de los
contenidos, sólo los matizan por lo que entendemos, sea cual
sea la decisión del Grupo proponente respecto a la aceptación
de unas u otras enmiendas, que no va a hacer imposible nuestro
voto afirmativo a ellas.
Sin embargo, quisiéramos matizar dos cosas. En primer lugar,
nuestro acuerdo en el contenido concreto de uno de los puntos
de la moción, que no fue excesivamente comentado el otro día
pero que estamos muy de acuerdo en introducirlo, que es la
petición al Gobierno de la ley de cooperación y ayuda oficial
al desarrollo. Recuerdo que en mi primera época en esta
Cámara, hace ya siete años, fue una petición que yo mismo hice
al Gobierno, para intentar conseguir esta ley de cooperación,
por lo que no puede decirse que llegue con demasiada premura,
sino que creo es absolutamente imprescindible que, de una vez
por todas, el Gobierno remita a esta Cámara esta ley de
cooperación y ayuda oficial al desarrollo.
Sin embargo, debo decir que nuestro grupo, a pesar, insisto,
de que nuestro voto va a ser afirmativo, lo va a hacer con una
cierta nostalgia o una cierta pena de que no haya sido
recogida por nadie, por el grupo proponente ni por el resto de
los enmendantes, una reflexión que hicimos en nuestra
intervención, y es el hecho de que esta relación unívoca que
parece darse por hecha entre ayuda al desarrollo de los
pueblos y la dedicación de un porcentaje del PIB no nos parece
acertada. Es una forma de ayuda al desarrollo, pero no es la
única, y estamos seguro de que en el futuro no va a ser ni tan
siquiera la más importante. Existen otras muchas formas de
ayudar al desarrollo y en ese deseo que se tiene, y que
estamos de acuerdo con él, de concienciar a la población de
que se debe ayudar al desarrollo a los pueblos que tienen su
desarrollo comprometido, sería muy bueno ayudarles en esa
necesaria pedagogía a nuestra sociedad y debe decírseles que
no es sólo utilizando un porcentaje de nuestro producto
interior bruto como les ayudamos a su desarrollo, sino que
también es con nuestro comportamiento y la forma en que
abrimos nuestras fronteras a la competencia, por ejemplo, o
que abrimos nuestras fronteras a la migración y aceptamos las
migraciones, es una forma tanto o más eficaz de ayudar al
desarrollo de esos pueblos que la dedicación de un porcentaje
de nuestro producto interior bruto. Nada de eso ha sido
recogido; quedan muchos días para seguir insistiendo en el
tema y profundizar en este debate que, por otra parte, no debe
concebirse como que se pueda realizar Estamos convencidos que
más pronto o más tarde tendremos éxito en intentar una cosa en
la que estoy de acuerdo, y en la que SSSS también lo están y
es que no existe exclusivamente una forma de ayuda al
desarrollo que sea la dedicación de un porcentaje del PIB;
existen muchas otras y en todas ellas deberíamos ser capaces
de poner el acento. Hoy y por el momento lo pondremos en la
dedicación de un porcentaje del PIB.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Molins.
A efectos de expresar la aceptación o denegación de las
enmiendas que han sido presentadas y defendidas en este
debate, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, como la
voluntad de todos los grupos de la Cámara es llegar a un
encuentro, vo en que quedaría la propuesta, escuchando o
recogiendo las enmiendas que ha planteado el Grupo Popular y
la enmienda que ha planteado, como sustitución, el Grupo
Parlamentario Socialista.
En todo caso, los temas cruciales, los temas centrales los
precisaré, puesto que hay una modificación sustancial en
cuanto al compromiso que e adoptado de los tres años para
llegar al 0,7. En todo caso, el texto podía quedar de la
siguiente manera:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que,
primero, acelere el cumplimiento de los acuerdos previstos en
el informe de la ponencia de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre objetivos y líneas generales de la política española de
cooperación aprobada por
el Congreso de los Diputados el 26 de noviembre del año 1992.
Esta es una enmienda del Partido Popular al punto tercero de
nuestra moción.
El segundo punto sería el punto primero de la enmienda del
partido mayoritario: la ayuda oficial al desarrollo
experimente un crecimiento prog sostenido en los próximos
ejercicios presupuestarios.
El tercer punto diría: dicho incremento permita situar a
España, en la medida de sus posibilidades económicas, en el
ejercicio 1995, en la med del Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD), que en la actualidad es el 0,35 por ciento del PIB, a
la vez que acelere el calendario de dotación económica de
ayuda oficial al desarrollo para llegar al 0,7 por ciento del
PIB, que se había previsto para el año 2000. España abogará
por que el objetivo del 0,7 por ciento se alcance también en
el resto de países de la Unión Europea y de la OCDE.
El punto cuarto quedaría: que preste una atención especial a
los países más desfavorecidos y, dentro de ellos, a los grupos
más vulnerables de la población (infancia, mujer, comunidades
indígenas, poblaciones refugiadas y desplazadas), así como
programas de prioridad social, como la educación básica, la
atención médica primaria, la nutrición o la planificación
familiar.
El punto quinto diría: se fortalezcan los mecanismos para la
mejor aplicación de los fondos de la Ayuda Oficial al
Desarrollo a través del control de la Intervención General de
la Administración del Estado, del Tribunal de Cuentas y del
Congreso de los Diputados. Añadiendo aquí una enmienda que ha
aportado el Grupo Popular: la cooperación internacional será
objeto de al menos un debate anual ante el Pleno de la Cámara,
además de los que han de celebrarse en la Comisión de Asuntos
Exteriores con objeto de la prestación de los PACI y su
seguimiento.
El punto sexto diría, siguiendo las indicaciones que han hecho
varios grupos: remitir a la Cámara en el plazo más breve
posible, el proyecto de ley de Cooperación y Ayuda Oficial al
Desarrollo que actualice toda nuestra normativa, garantizando
la coordinación de los distintos organismos de la
Administración Central.
Y el punto séptimo, la voluntad de mi grupo era que al texto
que hay en el punto séptimo de la propuesta del Grupo
Socialista se incluyera: los actuales créditos del FAD, o que
se abordase la reforma de los criterios actuales de la
concesión de los FAD, pero el propio grupo ha insistido en que
eso no era posible mantenerlo ahora mismo. Por tanto, el texto
que quedaría sería así: en el buen cumplimiento de estos fines
promueva un incremento de la actividad coordinadora de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, organismo competente en la gestión y
coordinación de las ayudas oficiales al desarrollo, fomentando
asimismo en el desarrollo de sus actividades la participación
activa de las ONG y específicamente de la plataforma del 0,7
por cien Esa sería la propuesta recogiendo cuatro enmiendas
que ha planteado el Partido Popular, el esqueleto de la
enmienda que ha planteado el partido mayoritario de la Cámara
y el texto que nosotros habíamos aportado.
En todo caso, y como argumentación, yo diría que en ningún
momento nosotros hemos planteado como sustitutivo la
desvinculación, sino que hemos dicho que la vinculación de los
aumentos de estas ayudas a través de exportación lo que hace
es aumentar costos, frenar el desarrollo industrial local y no
favorecer esa independencia. Hemos dicho porcentual;
porcentualmente e ir desvinculando los créditos. En todo caso,
el texto recoge la voluntad de todos los grupos y espero que
tenga la mayoría de la Cámara.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Señor Hernando, ¿por parte del Grupo Popular se acepta la
transaccional presentada por el señor Ríos?
El señor HERNANDO FRAILE: Sí, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Hernando.
Señor Yáñez, ¿el Grupo Socialista acepta la transaccional?
(Asentimiento).
De acuerdo. Muchas gracias.
Vamos a pasar a la votación.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya que se somete a votación en los
términos de la aceptación de diversas enmiendas que ha hecho
el señor Ríos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 273, a favor, 272, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LAS LINEAS FUNDAMENTALES DEL
SECTOR PUBLICO ESPAÑOL (Número de expediente 173/000021)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a la interpelación,
sobre las líneas fundamentales del sector público español.
Tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, a estas horas es casi obligado pedir excusas por
subir aquí a defender la moción que en nombre de mi Grupo voy
a presentar. Intentaré ser lo más breve posible, aunque sea a
costa de que se pierdan ustedes una brillante intervención que
tenía preparada.
Simplemente, como preámbulo a la explicación de las mociones,
voy a recordar sintéticamente algunas de las características
que nos parece que son en todo caso un punto de referencia, no
teórico y menos ideológico, que creo que están en la base de
la moción que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
La primera característica a recordar o a tener presente para
el buen entendimiento --y espero que en la aceptación de la
moción-- es que nuestro sector público empresarial, que es
importante pero relativamente pequeño en relación al de los
países de nuestro entorno, tiene un peso relativamente
inferior en relación al sector público empresarial en los
países de la Comunidad Económica Europea; si se considera su
contribución al producto interior bruto, en la Comunidad
Europea es un 12 por ciento, en España es el 9,5 por ciento;
si se considera la formación bruta de capital fijo, la
participación de la empresa pública industrial en la Comunidad
Europea es el 17 por ciento, en España es un 12 por ciento; y
en el empleo la cifra también es relativamente menor, un 10,6
por ciento en la Comunidad Europea y un 7,5 lo que significa
en cuanto a empleo nuestro sector público industrial.<ð
Segunda característica. Es un sector público industrial
decreciente. Sin remontarnos más lejos, desde 1982 para acá,
cualesquiera de las variables que podamos cotejar, en ventas,
en valor añadido bruto a los precios de mercado, en la
formación bruta de capital, etcétera, el peso relativo de
nuestro sector público empresarial ha ido disminuyendo hasta
hoy.
Sin embargo, una tercera característica que sí que creo que es
importante subrayar es que a pesar de ello nuestras empresas
públicas tienen dos aspectos de especial relieve, y que ellos
mismos justifican en gran medida las propuestas que tienen
SSSS a su consideración esta tarde y que brevísimamente voy a
exponer. Las dos características son que las empresas
públicas, el sector público empresarial español en cuanto a
dimensión --que es una condición no suficiente pero
absolutamente necesaria para poder competir hoy en un mercado
abierto como el que estamos-- no tiene parangón en el resto
del sector empresarial de nuestro país. Entre las diez
primeras empresas por sus dimensiones en nuestro país, los
tres primeros puestos los ocupan los tres grandes grupos
públicos, el INI, el INH y el del Patrimonio. El resto son
empresas con capital extranjero, con excepción hecha de El
Corte Inglés o de Cepsa.
La segunda característica, también muy relevante, es que las
empresas públicas en nuestro país son las que más investigan,
las que mejor incorporan la variable de I+D de todas las que
existen en nuestro país, sobre todo si lo consideramos por
unidad productiva. Nuestras empresas públicas investigan el
doble de las transnacionales que existen en nuestro país y
cuatro veces más que las empresas privadas. Ambos factores
creo que a ninguna de SSSS se le puede escapar que tienen una
importancia fundamental, repito, en una economía abierta y
competitiva.
Por eso, no es extraño que una personalidad del mundo
empresarial público, como puede ser en este caso el
Vicepresidente del INI, dijera que un grupo INI consolidado y
fuerte representa, ateniéndonos a los hechos señalados, una
oportunidad sin alternativa en la actual estructura
empresarial española. Hablamos, repito, de cuestiones de
facto, no tanto teóricas y mucho menos ideológicas.
Yendo ya directa y esquemáticamente a la moción, simplemente
voy a subrayar aquellos puntos que mi Grupo considera que
pueden tener un relieve particular. En primer lugar, la
necesidad de que se presente en este Parlamento por parte del
Gobierno un estatuto para la empresa pública. Se valore como
se valore, y se pretenda hacer lo que se quiera desde las
posiciones de cada Grupo, dada la importancia que tiene el
sector público empresarial es absolutamente congruente y
necesario que esta Cámara debata, a propuesta, lógicamente,
del Gobierno, un estatuto que de alguna forma regule, oriente
o dé criterios, tanto en relación a las funciones cuanto a la
reforma profunda que hay que hacer de la gestión de la empresa
pública, cuanto al famoso tema de la compra o venta del
patrimonio relacionado con las empresas públicas.
Un segundo punto que nos parece de particular importancia,
entre todos los que tienen a consideración SSSS es el 1.3,
cuando nosotros planteamos que el sector público empresarial,
como parte del patrimonio de los españoles, debe cumplir los
requisitos formalizados de la Administración. El Gobierno
informará a las Cortes y pedirá su consentimiento ante
cualquier proceso de alteración de su patrimonio. Sobre esto,
simplemente quiero hacer dos razonamientos.
El famoso tema de las privatizaciones, que es recurrente y
sale prácticamente en todos los debates, no ya sobre política
industrial o empresarial, sino incluso sobre política
económica, como hemos podido comprobar en el debate anterior,
creo que es necesario desideologizarlo y entre todos intentar
poner al menos un poco de claridad y racionalidad. Con ese
ánimo permítaseme una simple cita, que creo que tanto por
quien lo hace como por donde se recoge, tiene una cierta
autoridad. Julio Segura en «Papeles de Economía», la revista
de la Confederación de las Cajas de Ahorro, dice, hablando de
las empresas públicas rentables --porque supongo que esas
serán las que se pretenda privatizar por parte de quien sea,
porque son las únicas con las
que se podría hacer, supongo yo--, que la supuesta mejora del
déficit público proviene en este caso --en el caso de
privatizar o intentar privatizar las empresas públicas
rentables-- de una ficción contable; considerar como ingresos
corrientes adscritos a un ejercicio los ingresos por la venta
de una empresa. Continúa: No será preciso insistir en que,
además, esta forma de proceder es un claro ejemplo de huida
hacia adelante, porque el resultado final, una vez vendidas
todas las empresas rentables, será un déficit muy superior del
sector empresarial público, donde sólo quedarán las
actividades no beneficiosas.
Haré un único comentario de esto, como decía un viejo profesor
mío de sociología. Se trata de la trabajosa demostración de
verdades obvias. Me parece que no hacía falta citar artículos
o trabajos de personalidades relevantes para llegar a
conclusiones tan evidentes.
El otro punto que mi Grupo considera que tiene un relieve
particular dentro del conjunto de las propuestas es el 1,4.
Planteamos que el Congreso de los Diputados acuerde la
constitución de una ponencia para el estudio de la situación y
funcionamiento de las empresas públicas y de las grandes
líneas de reforma de su gestión. Nos parece, repito una vez
más, valórese como se quiera, que con un tema de la
importancia para el futuro del sector público empresarial de
nuestro país, como es el patrimonio largamente trabajado y
penosamente adquirido durante años, décadas, por el conjunto
de los españoles, no debiera hacerse alguna de carácter
sustantivo sin que esta Cámara se pronunciara previamente.
No me refiero a operaciones de carácter poco significativo,
pues, obviamente, ahí el propio estatuto, si es que realmente
se aprobara, debiera establecer los distintos niveles en los
cuales los gestores de la empresa pública pudieran tener
autonomía en relación a la gestión de su patrimonio y aquellos
niveles en los cuales tendría que darse esta circunstancia de
que fuera el Congreso de los Diputados quien previamente se
manifestara.
Para ello, pensamos que, así como se han constituido
comisiones mixtas o ponencias sobre temas muy distintos --por
ejemplo, una de las que yo puedo hablar por relación directa,
la relativa al Plan Nacional de investigación, etcétera--, qué
menos que sobre el sector público empresarial se pudiera
constituir una ponencia, adscrita a la Comisión de Industria o
a cualquier otra que resultase pertinente, que pudiera
debatir, estudiar a fondo, investigar, trabajar en el Congreso
de los Diputados con la aportación de las diferentes
sensibilidades o planteamientos de los Grupos para que las
medidas que se tomaran sobre el futuro de nuestro patrimonio
público empresarial fueran las más adecuadas.
Estas son algunas de las propuestas que quiero subrayar y que
sometemos a la consideración y al voto --que, desde luego, nos
gustaría mucho que fuese positivo-- de sus señorías. Nada más
y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
Por el Grupo Popular, para defender las enmiendas presentadas
por este Grupo y fijar la posición en relación con esta
moción, tiene la palabra el señor Gamir.
El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular ve esta moción con respeto desde el
desacuerdo en muchos puntos básicos, pero al mismo tiempo con
respeto hacia algunas de sus ideas. Por ejemplo, parece
necesario, y desde los Pactos de la Moncloa diversos Grupos
parlamentarios se han declarado a favor, un estatuto de la
empresa pública.
De forma oral, el señor García Fonseca ha venido a plantear
que solamente debería incluir cambios significativos. Eso
parece que «de facto» afecta a la enmienda que nosotros hemos
planteado al punto 1, relacionado con dicho estatuto. Un
estatuto de la empresa pública nos parece que podría, por qué
no, estar relacionado con una Comisión de esta Cámara que
realizara los trabajos para su elaboración.
Es difícil que algún Grupo parlamentario de esta Cámara se
oponga a un punto de la moción en el cual se piden mayores
grados de competencia en la gestión de la empresa pública como
un elemento básico para el logro de la eficiencia y de la
competitividad. Por ejemplo, en los puntos 2.3, 3.1 y 3.2. Hay
puntos de esta moción que hablan del mayor control
parlamentario sobre el Ejecutivo, de mayor transparencia, de
mayor eficacia de la empre que es difícil que nos opongamos.
Ahora bien, es cierto que hay otros en los cuales las
enmiendas son de fondo. Y es lógico que así sea, y es natural
desde posiciones políticas que no son las mismas. Por ejemplo,
en el carácter de que la empresa pública sea pionera y tenga
un instrumento fundamental en la introducción de nueva
tecnología, ahí nos parece que el sector público debe ser el
marco adecuado y luego que sea la empresa privada o la pública
la pionera al respecto. Lo contrario sería un dirigismo, una
especie de intervencionismo sesgado hacia un tipo de empresas.
De ahí que proponemos una redacción alternativa al respecto.
La participación de los trabajadores en los consejos de
administración de la empresa pública. Nos parece que la
empresa pública se debe regir por las mismas normas que la
empresa privada. Será discutible que todas las empresas
tuvieran o no ese sistema, que fueran o no en la corriente
europea actual; lo que no parece claro es un doble mercado
laboral, un doble «status», compartimentos estancos, según
fuera pública o según fuera privada en este terreno.
En este campo también nos parece que la misión que se le
encomienda a la empresa pública --la lucha contra los
monopolios-- era lógica en una economía cerrada y tenía su
coherencia en los años cincuenta, sesenta, etcétera. Hoy, en
una economía abierta es mucho más importante la competencia
exterior y, al revés, tenemos el problema de monopolios
creados desde la empresa pública. Por lo tanto, también sobre
este punto proponemos una redacción alternativa.
Por último, en el punto 2.2, que es clave en la concepción de
esta moción sobre la empresa pública, nos parece que la
expresión «la empresa pú es excesivamente fuerte; la empresa
pública en algunos casos podría jugar las funciones que aquí
se mencionan y podría ser más válido: La expresión: es
especialmente apta la empresa pública nos parece discutible.
Los estudios, por ejemplo, de Fernando Maravall, han
demostrado que dimensión y capacidad de exportación o siempre
coinciden. Recordemos la importancia de la exportación de la
pequeña y mediana empresa en España en sectores no solamente
intensivos en mano de obra, sino intermedios, y también r
cordemos la existencia de núcleos empresariales con economías
de escala en el campo de la empresa privada en nuestro país.
No estamos de acuerdo con el enunciado del punto3 sobre
competencia, autonomía y participación como puntos básicos,
porque por participación se entiende lo que hemos dicho, que
en los consejos esté la participación de los trabajadores
solamente en las empresas públicas, y propondríamos decir como
alternativa: competencia, autonomía y privatización en el
campo de la empresa pública.
Eso nos lleva también a la supresión del punto 3.3, que
insiste nuevamente en la presencia de trabajadores en los
consejos exclusivamente de la empresa pública; a la supresión
del punto 3.4, que tiene relación con lo que hablamos al
tratarse del problema de esta cesión de las empresas públicas
entre sí, entre Endesa y otras, por ejemplo, los cuales dieron
lugar a un cierto debate en la última sesión. Estamos en
desacuerdo con esa política que parecería aceptarse desde el
esquema que plantea la moción del señor García Fonseca.
También estaríamos en desacuerdo con el punto 4, en cuanto que
nos parece que se podrían poner límites en sectores
estratégicos a la inversión extranjera, quizá públicos o
privados. Esta idea no tiene mucho sentido si no estudiamos la
Europa unida de verdad, porque en la privatización a veces
puede entrar una empresa pública europea perfectamente en ese
proceso. Sin embargo, añadiríamos un punto, en el cual
marcaríamos la importancia en la política de las
privatizaciones con un instrumento en el cual pueda darse una
mayor eficacia y eficiencia a una serie de sectores
productivos que hoy están en el sector público, aparte de
consideraciones financieras y fiscales que ya fueron
destacadas en un debate anterior.
En resumen, hay desacuerdo de fondo sobre una serie de temas
básicos de esta moción. Sin embargo, hay puntos que se
refieren a la transparencia, al estatuto en la empresa
pública, a mayor control parlamentario sobre los temas
importantes al respecto, a mejora de la gestión y
competitividad de la empresa pública en los cuales se podría
estar de acuerdo con esta moción. Repito que todo ello desde
el respeto por los puntos en los cuales podríamos estar de
acuerdo y también destacando nuestro desacuerdo de fondo con
otras partes de esta moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamir.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saénz
Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro Grupo va a defender una enmienda de
sustitución que ha presentado a la propuesta realizada por
Izquierda Unida respecto a la reforma del sector público
empresarial.
Nuestro Grupo no quiere afrontar su posición política desde un
planteamiento ideológico. El señor García Fonseca nos ha dicho
que no quiere ha planteamiento ideológico; pero desde mi punto
de vista está presente, tanto en el posicionamiento político
de Izquierda Unida, como en el posicionamiento del Grupo
Popular, un fondo ideológico que, siendo tremendamente
discrepante --discrepante de fondo, como se ha dicho aquí--,
sin embargo parece coincidir bastante en las formas.
Nosotros no somos partidarios de un aumento sistemático del
sector público empresarial, pero tampoco somos partidarios de
una privatización masiva, como hemos visto que ha aparecido
como posición del Grupo Popular en esta Cámara en el debate
del otro día y posteriormente en manifestaciones de prensa.
Tenemos un planteamiento realista, en el cual queremos
contemplar en todo momento los intereses industriales de
nuestro país, el mantenimiento industrial de nuestro país, que
nos parece un objetivo prioritario, y al mismo tiempo en
ningún caso desmantelar los dos grupos industriales más
importantes que están presentes hoy en la realidad española,
como son el Instituto Nacional de Industria y el Instituto
Nacional de Hidrocarburos.
Por tanto, ¿cuáles son los criterios básicos que plantea
nuestro Grupo que deben sustentar a la empresa pública? Se
basan en dos elementos fundamentales. El primero, la reforma
de su gestión. Es algo que hemos venido haciendo en los
últimos años, y planteamos que se debe realizar sobre la base
de una cada vez mayor autonomía de la empresa, de forma que
tanto las empresas públicas como las privadas se muevan
estrictamente en el terreno de la competencia empresarial y en
el terreno de la competitividad, sin ventajas ni desventajas
respecto del sector privado, con criterios de eficacia y de
profesionalidad. Por tanto, que se mueven en el mismo terreno
económico en que se mueven las empresas privadas.
Si hace falta una actuación fuera del mercado, que esta
actuación sea pública y se plantee a través de un contrato-
programa dentro de los programas comunitarios de la Unión
Europea y de la normativa vigente de nuestro país. Por tanto,
una reforma de la gestión que hemos venido haciendo en estos
últimos años cada vez más profesionalizada y cada vez más
competitiva, con una ida de que la empresa pública debe
competir en igualdad de condiciones con la empresa privada. El
segundo elemento básico de nuestro planteamiento es consolidar
el tejido industrial. Un tejido industrial que está carente de
empresarios privados con empresas suficientemente grandes para
competir en el mercado y, por tanto, tenemos que ser
cuidadosos a la hora de tratarlo, no vaya a ser que tiremos
por la borda las pocas empresas que están funcionando y que
tienen prestigio y dimensión suficiente para competir a nivel
internacional.
Con estos criterios hemos venido funcionando. No son criterios
nuevos, no hay contradicciones en los planteamientos de
nuestro Grupo y del Gobierno en estos años. Con estos
planteamientos abordamos un saneamiento del sector público
empresarial del que un elemento básico fue la reconversión
industrial del sector como el siderúrgico, con fuerte
presencia pública, de la construcción naval y del sector de
bienes de equipo, y donde se realizaron dos tipos de
desinversiones. Unas primeras desinversiones de
privatizaciones de empresas públicas que han pasado a ser
gestionadas, que se han vendido a empresarios privados, en
algunos casos multinacionales, que han sido capaces de
mantener las inversiones y la actividad industrial --es el
caso de Seat y el caso de Enasa-- y en otro caso
desinversiones porque las empreas más significativas han
salido al mercado bursátil, y no sólo al mercado bursátil
español, sino al mercado bursátil internacional.
Esta salida de empresas, como Repsol o como Endesa se hace en
coherencia con nuestro planteamiento de profesionalizar la
gestión de la empresa pública. No hay mejor manera de
profesionalizar esta gestión, de buscar la máxima eficiencia,
que sacándolas a ese gran escaparate de la competitividad que
es el mercado bursátil internacional con notable éxito, y lo
hemos tenido en esa mejora de la gestión, puesto que la
valoración que en la Bolsa de Nueva York se hace de las mismas
es una valoración fuertemente positiva.
Por tanto, salida al mercado bursátil, es decir, privatización
pero manteniendo el control por parte del sector público,
puesto que pensamos q he puesto de Repsol y Endesa son
ejemplos de gestión eficiente y encomiable, y por eso no
pensamos que haya motivo para modificarla, más aún cuando no
estamos de acuerdo con los planteamientos básicos que aquí han
hecho tanto el Grupo de Izquierda Unida como el Grupo Popular.
Coinciden, parece ser, en plantear un estatuto de la empresa
pública, y nosotros nos hemos opuesto al mismo en sucesivas
ocasiones desde esta tribuna, porque parece que ese estatuto
que defienden es totalmente contradictorio. Los unos para que
aumente el sector público, para que cada vez sea mayor y tenga
más incidencia en la política económica, y los otros, para
privatizarlo y para desmantelarlo, en cierta forma, porque
pienso que las medidas que proponen nos llevarían a ese
desmantelamiento del sector público.
Por consiguiente nosotros estamos en contra de un estatuto de
la empresa pública que plantea que suponga un mayor
intervencionismo del Gobierno en la política, que pretenda
dirigir la política industrial de nuestro país; estamos en
contra de ese modelo dirigista de la política industrial que
plantea la propuesta de Izquierda Unida, pero, desde luego,
también estamos en desacuerdo total con que se nos proponga
una privatización masiva, que supondría, en definitiva, un
desmantelamiento del sector público. Si pensamos, como se ha
dicho estos días, vender lo que se ha venido en llamar las
joyas de la corona, es decir, las empresas públicas más
importantes y significativas, difícilmente se podrían mantener
grupos tan importantes como el Grupo Teneo. El Grupo Teneo
tiene empresas que están dando números rojos y que gracias a
los beneficios que obtienen otras pueden seguir en el mercado.
Es importante, desde nuestro punto de vista, la presencia de
España en el sector del transporte aéreo; es importante la
presencia de España en el sector aeronáutico, la participación
de España en programas europeos internacionales de
investigación y desarrollo con la empresa Casa, que no siempre
ha tenido beneficios, sino que en algunos momentos ha tenido
pérdidas.
Si como propone el Grupo Parlamentario Popular, vendiéramos
Endesa, difícilmente se podría mantener, repito, la actividad
de un grupo como el Grupo Teneo, que tiene en su interior
activos industriales desde nuestro punto de vista muy
importantes, más aún si tenemos en cuenta que, efectivamente,
tanto Repsol como Endesa son empresas líderes en el sector que
contribuyen a la conformación de un tejido industrial muy
significativo, y no hay empresarios privados capaces en este
momento de sustituir esa actuación. Nos parece que sacarlas
simplemente a la venta, sin saber quién se va a hacer cargo de
ella, sería realmente un error significativo desde todos los
puntos de vista.
El planteamiento de nuestro Grupo es proponer una enmienda de
sustitución en la cual la actuación más significativa para el
sector público empresarial sigue siendo la de mejorar la
eficiencia, mejorar la gestión, ir hacia una empresa pública
competitiva, fomentar el liderazgo de la empresa pública
cuando no haya otros
liderazgos (que serían deseables pero que desgraciadamente no
existen) y oponernos a todo lo que suponga aumentar los
controles, aumentar la burocratización y orientar la política
industrial desde una legislación que sea para aumentar el
tamaño del sector, o sea, que privatizar nos parece en estos
momentos absolutamente inadecuado.
Por tanto, pedimos a SSSS el voto favorable a nuestra
enmienda, y solicitamos que sea aceptada por el Grupo
Parlamentario que ha presentado la moción.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a intervenir muy brevemente,
y se lo seriedad.
Después de analizar detenidamente la moción que ha presentado
el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, después
de ver que en ningún momento, desde la estructura central de
la moción, hablaban de privatizaciones, de racionalización, de
desregulaciones, y en todo momento de la presentación de la
misma hacían referencia a un mayor intervencionismo, a una
mayor presencia pública del Estado en el sector empresarial
español, nosotros no compartimos su posición, tal y como
anunciamos reiteradamente la semana pasada en el debate de la
interpelación que ustedes presentaron. Por tanto, la posición
de Convergència i Unió va a ser la de no votar favorablemente
dicha moción.
Nosotros --ya lo manifestamos también en la interpelación--
somos partidarios de la racionalización del sector público
empresarial español en base a unas progresivas privatizaciones
que, en definitiva, puedan modernizar dicho sector público.
Por eso vamos a votar negativamente esta moción, y anunciamos
definitivamente ante la Cámara la posición que Convergència i
Unió va a adoptar en el futuro inmediato, trayendo al
Parlamento español medidas oportunas que racionalicen dicho
sector mediante privatizaciones progresivas que puedan hacer
más competitiva la estructura pública del mismo.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
García Fonseca para expresar la aceptación o rechazo de las
enmiendas que han sido defendidas.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, voy a intervenir
también esquemáticamente.
En relación con las enmiendas del Grupo Popular, mi Grupo no
hubiera tenido ningún inconveniente en aceptar algunas de
ellas. Si se me permite, quiero agradecer el esfuerzo que en
este caso concreto --y me atengo simplemente a hechos-- ha
realizado el Grupo Popular por intentar no confrontar, por
principio, una propuesta que viniera de nuestro Grupo, sino en
algunos casos mejorarla. Mi Grupo no hubiera tenido
inconveniente --repito-- en aceptar algunas de las enmiendas.
Por ejemplo, cuando se dice «sobre ventas y compras que
alteren el patrimonio público empresarial», que se diga «sobre
ventas y compras que alteren de forma significativa el
patrimonio público empresarial». En el planteamiento que
nosotros hacemos del estatuto de la empresa pública, cuando
decimos que esto debía estar regulado o al menos se debían
fijar criterios, se entiende que va incluido que no sobre
cualquier operación, por simple que sea, debe haber una
regulación o intervención, bien legal o bien parlamentaria.
Quiero hacer referencia también a algunas afirmaciones que
podrían parecer rotundas por nuestra parte, sin embargo, no
habríamos tenido ningún inconveniente en modificarlas, y no lo
vamos a hacer simplemente porque queremos que nuestra moción
se pueda votar en su conjunto o punto por punto, porque tiene
muchos puntos y me extraña que otros grupos la consideren en
bloque, cuando, por ejemplo, haciendo referencia a la reforma
profunda del actual modelo de gestión debiera haber un
consenso de todos, y creo que, en la práctica, además, lo
es...
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, le ruego que
exprese brevemente la aceptación o rechazo de las enmiendas,
pero no vuelva a defender la moción.
El señor GARCIA FONSECA: Otros puntos del Grupo Popular,
obviamente, no los hubiéramos aceptado, y no los aceptamos en
ningún caso, como los que se refieren a las privatizaciones o
a la no participación de los trabajadores en la gestión de la
empresa pública.
En relación, y termino ya, a la enmienda del Grupo Socialista,
lamento sinceramente que dicho Grupo no haya hecho un esfuerzo
serio por partir de nuestra moción, en la que creo que había
una serie de puntos que, estoy convencido, son asumibles
perfectamente por ellos, al menos por una mayoría de sus
miembros con quienes tengo un contacto habitual. Siento que no
se haya hecho un esfuerzo mínimo de comprensión positiva de
nuestra moción para que hubiéramos podido tener una serie de
puntos de confluencia que creo que hubiera sido positivo para
todos. Han tirado por la calle de en medio y presentan una
moción de sustitución que para nosotros es absolutamente
inadmisible. En un tema básico, como es el Estatuto de la
empresa pública --y no pueden decir que no han variado--, que
ustedes han planteado en los pactos de la Moncloa como
una condición «sine qua non», que han incorporado a sus
programas electorales... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señor García Fonseca, insisto en que no es un turno de defensa
de la moción, es para expresar simplemente la aceptación o el
rechazo de las enmiendas.
El señor GARCIA FONSECA: No las acepto, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Votación de la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. El Grupo Popular ha solicitado la votación
separada de los apart 3.1 y 3.2. Vamos a proceder a la
votación de estos apartados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 83; en contra, 143; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados.
Restantes apartados de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 10; en contra, 216; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes apartados
de la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde. Se
suspende la sesión.
Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.