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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 35, de 01/12/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 35 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 33
celebrada el miércoles, 1 de diciembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
--Preguntas (Página 1596)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general para poner fin a la actual
masificación de los centros universitarios y atajar los
problemas que sufre el profesorado universitario, así como
para facilitar que los estudiantes puedan cursar los estudios
de su elección (número de expediente 172/000021) (Página 1620)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
36, de 2 de diciembre de 1993.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 1596)
Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Es cierto
que en la prisión de Alcalá-Meco se están grabando ilegalmente
todas las comunicaciones que celebran los presos con sus
abogados? (Número de expediente 180/000180) (Página 1596)
Del Diputado don Antonio Merino Santamaría, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuándo piensa el Gobierno ratificar el Convenio 116 del
Consejo de Europa de 1985, sobre los derechos que asisten a
las víctimas de delitos violentos? (Número de expediente
180/000189) (Página 1597)
De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Ministro de Justicia de la situación actual
de los Juzgados de Andújar transcurrido el nombramiento por
seis meses de un juez y personal de apoyo? (Número de
expediente 180/000195) (Página 1598)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno que
van a ampliarse los Puestos de Actividad que se ofrecen a los
objetores de conciencia para realizar la prestación social
sustitutoria? (Número de expediente 180/000196) (Página 1599)
Del Diputado don Ramón Camp i Batalla, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Justicia: ¿Qué medidas piensa adoptar para evitar
las graves consecuencias que para la efectividad de la tutela
judicial produce la excesiva movilidad en los juzgados y que
afecta a Magistrados y Secretarios? (Número de expediente
180/000202) (Página 1600)
Del Diputado don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los primeros
pasos que piensa dar el Gobierno para la puesta en marcha de
la Agencia Comunitaria para la Salud e Higiene en el trabajo?
(Número de expediente 180/000175) (Página 1601)
Del Diputado don Narcís Vázquez Romero, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
previsiones del Gobierno respecto a la ubicación de las
infraestructuras necesarias y plazos de ejecución en relación
con la instalación en Alicante de la Oficina de Armonización
del Mercado Interior? (Número de expediente 180/000176)
(Página 1602)
Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para
dar cumplimiento a la Sentencia de amparo del Tribunal
Constitucional de 18 de octubre de 1993, que reconoce el
derecho de asociación del representante de la Unión
Democrática de la Guardia Civil? (Número de expediente
180/000177) (Página 1603)
Del Diputado don Rogelio Baón Ramírez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
ha adoptado el Ministro del Interior para identificar,
desarticular y, en su caso, poner en manos de la justicia, a
los componentes de bandas de «cabezas rapadas» que las últimas
semanas han cometido diversos actos violentos contra personas
y propiedades en la Comunidad de Madrid? (Número de expediente
180/000181) (Página 1604)
Del Diputado don Fernando Fernández de Trocóniz Marcos, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para abaratar los
tipos de interés en el mercado hipotecario? (Número de
expediente 180/000182) (Página 1605)
Del Diputado don José María Michavila Núñez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para conseguir la
adecuada protección del menor en España? (Número de expediente
180/000186) (Página 1606)
Del Diputado don José Ramón Lago Freire, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo se va a poner
en funcionamiento el centro de atención a minusválidos
profundos de Torrelavega (Cantabria)? (Número de expediente
180/000197) (Página 1607)
De la Diputada doña María Isabel Rodríguez Calvo, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son
las condiciones necesarias que impone el Ministerio de Sanidad
y Consumo a la hora de patrocinar Protocolos o Guías para
conseguir una mejor asistencia médica? (Número de expediente
180/000199) (Página 1608)
Del Diputado don Pedro Jover Presa, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo procederá el
Gobierno a desarrollar las previsiones de la Ley 10/1986, de
17 de marzo? (Número de expediente 180/000200) (Página 1609)
De la Diputada doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro para las Administraciones Públicas:
¿Respalda el Sr. Ministro el que el Director General de RTVE,
u otro organismo o ente público, organice reuniones con
Presidentes de Comunidades Autónomas, con criterios
discriminatorios en función de su adscripción política?
(Número de expediente 180/000179) (Página 1610)
Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Cultura: La Comisión de las Comunidades Europeas han
presentado por undécimo año consecutivo las ayudas en favor de
la conservación del Patrimonio Arquitectónico Europeo. Cabe
hacer a la Sra. Ministra la siguiente pregunta: ¿Por qué en
España continúan centralizándose todas las ayudas por el
Gobierno Central y sus organismos sin que se dé participación
a las Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/000174)
(Página 1611)
Del Diputado don Alberto Moragues Gomila, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones de
actuación contempla el Ministerio de Cultura en las Islas
Baleares en 1994? (Número de expediente 180/000198) (Página 1612)
Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Por qué la Dirección General de la Marina Mercante persiste
en el
cumplimiento de la orden de 16 de octubre de 1990 por la que
se establecen los cursos de formación y certificados de
especialidad del personal marítimo? (Número de expediente
180/000187) (Página 1613)
Del Diputado don Javier Arenas Bocanegra, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Considera el Gobierno que el proyecto de ley aprobado por el
Consejo de Ministros del pasado viernes de trasposición de la
Directiva de televisión sin fronteras supone un apoyo al
modelo audiovisual europeo y, por tanto, a sus operadores y a
su industria? (Número de expediente 180/000203) (Página 1614)
Del Diputado don Luis Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué
previsiones tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para atender el subprograma 712 H-3 respecto a
las actividades de inspección, medios de control y vigilancia
pesqueras realizadas por acuerdo conjunto con Defensa? (Número
de expediente 180/000178) (Página 1614)
Del Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para conseguir que
mejore la distribución de las cuotas a asignar, en la pesca
del bacalao, entre España y Portugal, como consecuencia del
acuerdo pesquero EFTA-CE? (Número de expediente 180/000183)
(Página 1615)
Del Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Es
consciente el Sr. Ministro de Agricultura que por la mayor
parte de la geografía nacional los agricultores han sembrado
sus cosechas de cereales sin tener conocimiento alguno de las
normas que regirán en la actual campaña 1993-94? (Número de
expediente 180/000184) (Página 1616)
Del Diputado don Miguel Ramírez González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cómo es
posible que altos cargos del Ministerio de Agricultura
efectúen declaraciones públicas en relación con la forestación
de tierras arables en franca contradicción con lo previsto en
los presupuestos de este Ministerio para 1994? (Número de
expediente 180/000185) (Página 1618)
Del Diputado don Fernando Soto Martín, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué normas va a
adoptar el Gobierno para regular la campaña de oleaginosas
1994/95, a fin de aprovechar al máximo la financiación
comunitaria? (Número de expediente 180/000201) (Página 1619)
Interpelaciones urgentes (Página 1620)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general para poner fin a la actual masificación de
los centros universitarios y atajar los problemas que sufre el
profesorado universitario, así como para facilitar que los
estudiantes puedan cursar los estudios de su elección (Página 1620)
En representación del Grupo Popular defiende la interpelación
el señor Ollero Tassara, mostrando la esperanza de que la
misma sirva de estímulo al señor Ministro y le haga reaccionar
y tomar la iniciativa después de estos meses de expectación,
preocupados por los problemas educativos y, en concreto, por
los problemas universitarios, ya que su actitud se ha venido
caracterizando por una sorprendente pasividad, consiguiendo
movilizar a la Universidad, algo que ni siquiera logró el
señor Maravall.
Señala que la Universidad ha pasado a la página de sucesos, y
esta misma mañana, viniendo hacia la Cámara, ha podido
recordar viejos tiempos de despliegues de antidisturbios en
torno al Ministerio de Educación. Pero ya que han conseguido
que se hable de la Universidad, aunque sea en la página de
sucesos, deben aprovechar para tratar el problema con seriedad
y profundidad, preocuparse de los problemas estructurales que
sufre, que no sólo no fueron atajados por la Ley de Reforma
Universitaria sino que, por el contrario, fueron agudizados e
incrementados.
Pero al señor Ministro se lo han puesto fácil, ya que con poco
que haga conseguirá mejorar la Universidad. Ahora bien, es
necesario que haga algo pues éste es el problema fundamental.
Pregunta, por ejemplo, al señor Ministro qué le obliga a
comportarse ilegalmente, infringiendo una ley de los propios
socialistas, la LRU, al mantener a las universidades sometidas
a un sistema por el que se ven obligadas a admitir más alumnos
de los que su capacidad les permite. Pregunta también al señor
Ministros qué le obliga a bloquear el establecimiento
de módulos objetivos de capacidad de los centros que ya han
establecido muchas universidades, obligándolas a admitir más
alumnos de los que caben físicamente. Igualmente le pregunta
si no provoca improvisaciones del profesorado esa masificación
de la Universidad, ese desbordarse de alumnos.
Plantea después al señor Ministro por qué no distingue los
centros universitarios y las titulaciones que se imparten en
los centros universitarios que cumplen unos requisitos mínimos
de calidad, es decir, espacio físico, relación profesor-alumno
y titulación adecuada del profesor, de aquellas titulaciones
obtenidas en centros donde no se dan esos requisitos porque se
encuentran en estado de excepción. El señor Ministro sabe que
si se hace esa evaluación estará obligado a acabar con el
actual estado de excepción en un plazo determinado, máxime
cuando el señor Ministro sabe igualmente que en el mismo
centro hay grupos donde todos los que dan clase son
catedráticos titulares y grupos donde no hay ningún profesor
que tenga esa adecuada titulación, lo cual no beneficia a
nadie. Eso supondría mejorar el sistema educativo y no el
limitarse a dar unos millones más si los estudiantes llenan la
calle de policías y les complican la vida y no dar nada si se
están quietos, pues en realidad esto es lo que se está
haciendo, lo cual no es serio ni educativo, aunque sea
oportunista.
Pregunta asimismo al señor Ministo si piensa mantener el
diseño regresivo de selección del profesorado que intentó su
antecesor el señor Maravall y, si lo va a hacer, desearía que
dijese quién le obliga a ello y en beneficio de quién lo hace.
Igualmente, desea saber si van a seguir siendo los profesores
universitarios los únicos funcionarios de este país que no se
puedan trasladar sin hacer una oposición. Se ha sometido, por
otra parte, durante nueve años a la Universidad a la sangría
de la jubilación anticipada y siguen sin saber por qué, pero
en este momento pregunta al señor Ministro si va a ser
necesario otro decreto para no seguir jubilando a los
profesores universitarios antes de tiempo.
El Grupo Popular está dispuesto a colaborar y consensuar en el
tema que les ocupa y todo ello sin que al Gobierno le cueste
un duro, al igual que respecto a otros problemas se ha
ofrecido el Partido Popular. Con tal de arreglar la situación
de la
Universidad, ellos consensúan gratis.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Educación
y Ciencia (Suárez Pertierra). Muestra su sorpresa por los
términos empleados por el interpelante, aunque lo puede
esperar de él, al hablar de comportamientos ilegales de estado
de excepción en los centros universitarios, de caprichos en la
financiación, oportunismo y amiguismo, y todo ello para poner
de manifiesto un cuadro de la Universidad que es,
naturalmente, culpa de los socialistas y de su reforma,
concretamente de la Ley de Reforma Universitaria, que para el
Diputado interpelante es algo así como la suma de todos los
males sin mezcla de bien alguno. En este contexto, le pregunta
sobre la masificación del profesorado universitario, habla de
los graves errores en la política del profesorado, de la
perturbadora masificación e introduce otra serie de
cuestiones, todas las cuales abundan en la idea de que todo
está mal. Sin embargo, para enfrentarse realmente con el
problema de la Universidad, cree que hay que acudir siempre, y
machaconamente, a poner de manifiesto algunos datos que el
interpelante conoce y que piensa que son de dominio público y
dan idea de la realidad en que debe moverse la política
universitaria. Sobre este particular facilita numerosas cifras
acerca de la evolución de la Universidad en los últimos años,
tanto relativas al número de estudiantes como del profesorado
y sobre financiación, comparándolas con lo que sucede en otros
países de Europa. Agrega que la LRU, aunque no le guste al
señor Ollero, ha tenido gran importancia para la Universidad,
aunque naturalmente tiene que reconocer que ha habido
problemas de funcionamiento de la Ley, y por eso muy pronto se
traerá a este Parlamento la Ley de Adaptación, con tiempo
suficiente para resolver algunos problemas pendientes, como,
por ejemplo, el de la jubilación del profesorado, que parece
que es uno de los que más preocupan al interpelante. También
en esta Ley de Adaptación se incluirán algunas medidas
relativas al profesorado a las que igualmente aludía el señor
Ollero. Otra cosa es que a S.S. no le gusten o considere que
no son las adecuadas.
Finalmente alude al tema de la masificación, facilitando las
cifras de oferta y demanda habidas para el curso 1993-1994, y
en cuanto a la financiación, planificación y coordinación de
las políticas universitarias señala que próximamente van a
abrir un importante debate, al que personalmente se había
comprometido hace algún tiempo.
Replica el señor Ollero Tassara, duplicando el señor Ministro
de Educación y Ciencia.
Para fijación de posiciones interviene el señor González
Blázquez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Se suspende la sesión a las siete y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES CIERTO
QUE EN LA PRISION DE ALCALA-MECO SE ESTAN GRABANDO ILEGALMENTE
TODAS LAS COMUNICACIONES QUE CELEBRAN LOS PRESOS CON SUS
ABOGADOS? (Número de expediente 180/000180)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Pregunta número 15, del señor Gil Lázaro. Tiene la palabra el
señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
En la persecución del delito no se puede sobrepasar nunca el
marco de la legalidad, eso es algo en lo que todos estamos de
acuerdo. Todos estamos de acuerdo también en que las personas
privadas de libertad conservan íntegramente sus derechos,
salvo que la sentencia condenatoria determine la limitación de
alguno de ellos; y todos estamos de acuerdo en que el
ejercicio de una intervención excepcional en materia de
suspensión del secreto de las comunicaciones está sometido a
un procedimiento tasado que nuestro ordenamiento prevé y que,
en todo caso, debe ser
escrupulosamente respetado. Desde esas consideraciones,
nosotros preguntamos al señor Ministro si es cierto que en la
prisión de Alcalá-Meco se están grabando ilegalmente todas las
comunicaciones que celebran los presos con sus abogados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, afortunadamente la respuesta para mí es tan sencilla
como decir que no es cierto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Sólo una reflexión al hilo de esa respuesta. En primer lugar,
que no cabe dejar duda alguna acerca de las posibilidades que
supone respetar de manera fehaciente el contenido de nuestro
ordenamiento jurídico. En segundo lugar, señor Ministro, que
los procedimientos jurídicos excepcionales han de proveerse de
medios materiales excepcionales, y que es preciso entre todos,
sin lugar a duda y como un principal ejercicio de
responsabilidad y de dedicación por parte del Gobierno, evitar
cualquier género de sospechas como las que últimamente han
aparecido en los medios de comunicación. En tercer lugar,
señor Ministro, que hechos como los que se han puesto en
evidencia en esos medios de comunicación y en el debate
público ponen también de manifiesto que es necesario actuar
con especial rigor en la búsqueda de
transparencia en todo lo que afecta a la conducta de la
Administración penitenciaria y, sobre todo, que entre todos
hemos de hacer un ejercicio de compromiso y de responsabilidad
para que nunca en la defensa del Derecho lleguemos a matar el
Derecho, por muy legítimo que sea perseguir determinados fines
materiales en la prevención del delito. Nosotros estamos
absolutamente seguros de que es necesario que nuestro Estado
de Derecho haga
excepcionales, en lo formal y en lo material, los
procedimientos que son excepcionales en lo formal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias, señor
Presidente.
Aprovechando esta pregunta, puede ser útil, efectivamente,
aclarar algún extremo que pueda tranquilizar al sector de la
opinión pública que se haya podido sentir legítimamente
inquieto por las noticias divulgadas al respecto.
El artículo 25.2 de la Constitución deja claro que la
posibilidad de limitar los derechos y libertades fundamentales
de los sometidos a medidas de penas privativas de libertad no
pueden extenderse más allá del contenido de la sentencia y,
después --añade--, del sentido de la pena y de la Ley
Penitenciaria. El desarrollo de esa plasmación constitucional
en nuestros textos positivos se desenvuelve en dos ámbitos: el
artículo 101 del Reglamento Penitenciario y el 51 de la Ley
General Penitenciaria. Conforme a ese mecanismo, tal como lo
ha interpretado el Tribunal Constitucional en sentencia
73/1983, de 30 de julio, existen dos cauces diferentes que
hacen viable y factible la intervención de las comunicaciones
telefónicas. El primero de los cauces es por orden motivada
judicial, como es natural, en la investigación de cualquier
tipo de delito. El segundo sería, por orden igualmente
motivada, del director del establecimiento penitenciario,
aunque en este caso exclusivamente para los supuestos de
terrorismo y con la obligación explícita de dar cuenta después
a la autoridad judicial. Una u otra vía son las utilizadas en
nuestras
instituciones penitenciarias.
Además, ese sistema tiene garantías suficientes por la doble
vía de control: primero, a través de los recursos ordinarios
en el correspondiente procedimiento penal, y en segundo
término, a través de la figura del Juzgado y del juez de
vigilancia
penitenciaria, que tiene,
de manera expresa, la misión de velar y garantizar las
libertades fundamentales y los derechos de los internos.
Nada más. Muchas gracias por la oportunidad de poder dar esta
explicación a la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO MERINO SANTAMARIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO RATIFICAR EL CONVENIO 116 DEL
CONSEJO DE EUROPA DE 1985, SOBRE LOS DERECHOS QUE ASISTEN A
LAS VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS? (Número de expediente
180/000189)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Merino
Santamaría, que tiene la palabra.
El señor MERINO SANTAMARIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuándo piensa el Gobierno ratificar el
Convenio 116 del Consejo de Europa de 1985, sobre los derechos
que asisten a las víctimas de delitos violentos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Merino.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, el Gobierno mantiene en este campo una doble línea.
Por un lado, está preparando la normativa interna en esta
materia, como mi antecesor en el cargo tuvo la oportunidad de
contestar a una pregunta oral en este Pleno. Pero, además, es
propósito del Gobierno proceder a la firma del Convenio --
todavía no está firmado-- antes de la ratificación. Es
propósito proceder pronto a la firma para poder iniciar
ulteriormente el proceso de ratificación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO SANTAMARIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es difícil poder entender la causa por la que
España es uno de los pocos países que sigue ignorando la
recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa,
de 28 de junio de 1985, para ratificar el Convenio de dicho
Consejo de 24 de noviembre de 1983.
En noviembre de 1990 el Defensor del Pueblo indicaba la
conveniencia de suscribir dicho convenio, independientemente
de que se aprobara o no el decreto ley, o la ley
correspondiente que el Gobierno ha venido anunciando
repetidamente.
En enero de 1991, dos meses después, la Comisión de estudios
elevó al Pleno del Consejo del Poder Judicial para su
aprobación la siguiente propuesta: El Consejo comparte la
recomendación del Defensor del Pueblo sobre la ratificación
por España de dicho convenio.
Posteriormente, y a una pregunta oral, igual que la que acabo
de formular, del Diputado de mi Grupo señor Barquero Vázquez
que realizaba en esta Cámara el 9 de octubre de 1991, el
Ministro de Justicia, señor De la Cuadra, su antecesor,
contestaba: A la firma del convenio seguirían unas
obligaciones para España. Entre otras, la de tener una
normativa «ad hoc», y nos parece oportuno tener primero esta
normativa.
Pues bien, dos años después todo sigue igual, y ello a pesar
de que el Grupo Parlamentario Popular, a través del Diputado
señor Barquero Vázquez, ha defendido en esta Cámara tres
proposiciones de ley sobre los derechos que asisten a las
víctimas de delitos violentos. La primera, el 11 de junio de
1991; la segunda, el 24 de noviembre de 1992 y la tercera, el
23 de marzo de 1993. Dichas proposiciones fueron siempre
rechazadas por el Grupo Socialista, que sustenta al Gobierno,
y han sido apoyadas por el resto de los grupos parlamentarios.
No obstante, y en el debate de la última proposición, la
portavoz socialista, la señora Del Campo, en contestación al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, decía lo siguiente:
De todas formas, quiero plantear aquí algo al Grupo Popular en
serio. La cuestión es muy sencilla. Ustedes quieren una ley
que ofrezca una
protección adecuada a las víctimas del delito. Nosotros
también. Estén ustedes tranquilos porque muy pronto, en
cuestión de días, tendremos aquí ese proyecto y muy pronto
ratificaremos el convenio 116 del Consejo de Europa. España
debe dar respuesta legal a todo este conjunto de indicaciones
y recomendaciones de los organismos de que forma parte. La
sociedad, señor Ministro, así lo demanda y la justicia con las
víctimas de delitos
violentos hace de esta cuestión un punto fundamental, si, de
verdad, queremos ayudarles más allá de las simples palabras y
gestos de cara a la galería.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
del señor Presidente.
Ciertamente, no estamos solos en no haber firmado o
ratificado. Tampoco lo han hecho Alemania, Reino Unido,
Italia, Grecia, Portugal e Irlanda. Eso no me satisface,
simplemente es una aclaración de que otros muchos
países tampoco han podido ir a la ratificación. Es una pura
aclaración de hecho.
El anteproyecto prácticamente está terminado. ¿Sabe cuál es el
problema de fondo? Pues que la evolución económica es de 6.000
millones de pesetas. Seis veces más de lo que costará la
implantación del jurado. La totalidad del capítulo sexto, de
transferencias, medios y materiales del Ministerio de Justicia
para todo un año. Ciertamente, es un dato que hay que evaluar.
Estamos tratando de afinar la posibilidad de introducir una
normativa que tenga un coste que la propia Cámara pueda asumir
en esta situación actual. Esto desde el punto de vista
presupuestario. Desde el punto de vista de fondo, es necesario
adaptar el convenio que ha quedado atrasado respecto a la
propia jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. La normativa
interna que teníamos al respecto, es decir, el anteproyecto de
normativa que ya estaba muy elaborado, es necesario
readaptarlo, no sólo al propio contenido del Consejo, sino a
la interpretación que el Tribunal de Luxemburgo ha hecho del
Consejo. Cuando ese problema técnico esté superado y cuando la
evaluación presupuestaria lo permita, sin duda, el Gobierno
presentará el correspondiente proyecto ante esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
VALORACION HACE EL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA SITUACION ACTUAL
DE LOS JUZGADOS DE ANDUJAR TRANSCURRIDO EL NOMBRAMIENTO
POR SEIS MESES DE UN JUEZ Y PERSONAL DE APOYO? (Número de
expediente 180/000195)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, de la señora
Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia, la situación de los juzgados de
Andújar y las medidas que pensaba adoptar el Ministerio fueron
objeto de una pregunta en Pleno que formulaba yo misma en
febrero de este año 1993.
La motivación de esta iniciativa se producía por la existencia
de un número demasiado elevado de casos pendientes de
resolución, que se habían acumulado en los últimos años y que
afectaban a los ciudadanos y a los profesionales de la
abogacía de este partido judicial. Existía, ciertamente, un
número de expedientes, sobre todo anteriores al año 1992,
sobre los que no se había dictado sentencia. Además, este
hecho se producía, en buena medida, por la provisionalidad del
personal destinado a estos juzgados, ya que en unas ocasiones
permanecía vacante la plaza de juez, en otras la de secretario
o, incluso, la de auxiliares de estos juzgados. También se
producía esta acumulación por el aumento de la litigiosidad
para resolver los temas que motivaban el hecho de que los
ciudadanos acudieran a los tribunales para resolver estos
casos.
Toda esta situación motivó el nombramiento por parte del
Consejo General del Poder Judicial de un juez de apoyo, así
como de personal de apoyo --un oficial, tres auxiliares y un
agente-- que han trabajado durante seis meses para normalizar
y para agilizar la solución de asuntos pendientes en estos dos
Juzgados.
En estos momentos parece ser que se han puesto al día las
sentencias pendientes, aunque queda una parte no menos
importante pendiente, como es la ejecución de dichas
sentencias, y este proceso además puede prolongarse más en el
tiempo.
Por todas estas razones es por lo que le formulo la pregunta
que textualmente dice: ¿Qué valoración hace el Ministro de
Justicia de la situación actual de los juzgados de Andújar
transcurrido el nombramiento por seis meses de un juez y
personal de apoyo? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con permiso del
señor Presidente.
Señoría, efectivamente el Ministerio de Justicia facilitó en
su día los medios personales y materiales que había solicitado
el Consejo General del Poder Judicial para poder hacer
efectivo su acuerdo de enviar un equipo de apoyo al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Andújar.
Lo importante de la iniciativa es que está exactamente en la
línea que pretende desarrollar el Ministerio de Justicia a lo
largo de la legislatura. Se trata, más que de apoyos concretos
de una persona, un auxiliar o un oficial, de llevar auténticos
equipos de apoyo, como pasó en el caso de Andújar, en que
estuvo compuesto por un magistrado Juez, un oficial que además
hacía las funciones de secretario, tres auxiliares y dos
agentes
judiciales. Han estado realizando su trabajo durante seis
meses, desde abril hasta el 30 de octubre, y los resultados,
aunque son provisionales, los considero completamente fiables;
está
pendiente --por eso le digo lo de provisional-- el resultado
de la inspección extraordinaria que acordó el Consejo General
del Poder Judicial en su día.
Sin embargo, los datos que ya tenemos en el Ministerio de
Justicia permiten decir que en ese período de seis meses el
órgano judicial dictó 110 sentencias civiles de
verdadera contradicción, 25 autos resolutorios también de
verdadera contradicción y 42 sentencias en el ámbito
jurisdiccional penal. Eso ha significado, efectivamente, que
en lo esencial se ha evitado la situación de retraso que se
encontraba en los asuntos anteriores al año 1992, y que
demuestra la productividad y eficacia del trabajo allí
realizado.
También nos consta que los aspectos puramente procedimentales
de tramitación se han realizado correctamente, lo que me
permite extender la felicitación al conjunto del personal que
se hizo cargo de esa comisión.
Desde luego, el propósito del Ministerio de Justicia es
garantizar que en los juzgados de Andújar se mantenga una
situación de normalidad, de suerte que si, como consecuencia
del resultado de la inspección extraordinaria, resultara que
la situación todavía no es la adecuada, apoyaría sin duda, con
nuevos medios personales y materiales, cualquier acuerdo del
Consejo tendente a prorrogar por otros seis meses ese tipo de
apoyo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE
VAN A AMPLIARSE LOS PUESTOS DE ACTIVIDAD QUE SE OFRECEN A LOS
OBJETORES DE CONCIENCIA PARA REALIZAR LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/000196)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Antich i
Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Justicia. Puedo asegurarle que el
resultado de la experiencia habida con los objetores de
conciencia que han prestado y que prestan actualmente su
servicio social sustitutorio en el Ayuntamiento de Ulldecona,
población de donde soy alcalde, es bastante positiva.
Son 8 ya hasta ahora los jóvenes que han realizado esta
prestación, de los cuales por cierto tres son de la localidad,
y los otros de otras poblaciones. Pero en estos momentos, tal
vez por el buen resultado obtenido, como también, creo, porque
la imagen que hasta ahora ha habido de la objeción de
conciencia en general ha mejorado, la demanda se ha disparado.
Sólo en Ulldecona, una población de 5.000 habitantes, en estos
momentos hay 15 jóvenes demandantes del reconocimiento de la
condición de objetor de conciencia y, por tanto, con la
voluntad posterior de prestar el servicio social sustitutorio.
Hemos ampliado el convenio con la oficina de su Ministerio, la
Oficina de la Prestación, de dos a ocho plazas, pero estamos
viendo que tendremos que ampliarlo todavía, y ya sabemos que
no hay ningún inconveniente. Incluso estamos estudiando un
convenio de colaboración con la Cruz Roja Española al objeto
de que algunos de los objetores puedan prestar su servicio en
las dependencias de esta instalación.
El motivo de mi pregunta e inquietud, por tanto, no es a nivel
local, sin más bien a nivel general, pues tengo la impresión
de que, ante la demanda creciente, hasta ahora no hay la
suficiente respuesta en general tal vez por parte de todas las
administraciones. Es por ello, señor Ministro, que le formulo
la pregunta siguiente: ¿Piensa el Gobierno que van a ampliarse
los puestos de actividad que se ofrecen a los objetores de
conciencia para realizar la prestación social sustitutoria?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
señor Presidente.
Señoría, como ya he tenido oportunidad de decir en esta
Cámara, todos los temas relativos a la objeción de conciencia
constituyen, sin duda, una de las prioridades del Ministerio
durante esta legislatura. Me pregunta en este caso S.S. sobre
un aspecto concreto y particular de esa política, que con
mucho gusto trataré de responder.
La situación actual es la siguiente. Tenemos convenios con un
total de 1.763 entidades, de las cuales aproximadamente 1.100
son entidades públicas y el resto son entidades y asociaciones
privadas. El número total de plazas en este momento es del
orden de las 33.000, que pretendemos elevar en los dos
próximos meses a unas 2.000 más. Hasta ahora, efectivamente,
la política de conciertos se ha llevado a efecto con
instituciones públicas y privadas y, en general, sí que se ha
notado una participación particularmente brillante de
municipios y mancomunidades, concretamente, la evaluación
global a nivel nacional es del orden de unas 1.100 plazas
conseguidas por vía de municipios; sin embargo, esto no basta
para el futuro.
Nuestra pretensión, básicamente va en una triple línea. Por un
lado, seguir impulsando todas las políticas de colaboración y
de conciertos; en ese sentido creemos necesario ampliar el
concierto, por ejemplo, con el Insalud o con el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a los efectos de
aumentar el número de plazas. Además, consideramos
imprescindible iniciar una política de conciertos con todas
aquellas comunidades autónomas que tienen competencias sobre
actividades en las cuales es posible realizar la
prestación social por parte de los objetores; en ese sentido,
hemos firmado ya dos convenios, uno con la Generalitat de
Cataluña y otro con la Junta de Extremadura, y la idea sería
procurar extender esos convenios a todas las comunidades
autónomas que estuvieran dispuestas a participar y colaborar
en este elemento tan especial. También, a nivel puramente de
responsabilidad del Gobierno, voy a elevar al Consejo de
Ministros una propuesta para ampliar las actividades o
sectores de actividad en los cuales se pueda desarrollar la
prestación social por parte de los objetores, ya que, como
saben SS.SS., actualmente se reduce a los ámbitos de
Protección Civil,
naturaleza y medio ambiente, servicios sociales, sanitarios y
de cooperación internacional, y ahora trataré que se amplíe a
otros dos ámbitos: cultura y educación.
Esto es todo lo que le puedo decir, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAMON CAMP I BATALLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR PARA
EVITAR LAS GRAVES CONSECUENCIAS QUE PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
TUTELA JUDICIAL PRODUCE LA EXCESIVA MOVILIDAD EN LOS JUZGADOS
Y QUE AFECTA A MAGISTRADOS Y SECRETARIOS? (Número de
expediente 180/000202)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Camp i
Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia, es sobradamente conocido que las
actuales disposiciones permiten una corta permanencia en los
Juzgados de todo su personal, de tal forma que la interinidad
en una constante en espera de poder trasladarse a su lugar de
residencia habitual o bien a otros destinos que representen
para los correspondientes magistrados, jueces o funcionarios
una mejora económica; aspiraciones, tanto en un caso como en
otro, perfectamente legítimas. Ello no obsta para que, en
muchos casos, se produzca una interrupción de las prácticas
procesales en los juzgados que afectan negativamente a la
eficacia de todo
procedimiento en la tramitación y en la resolución de los
expedientes. Por consiguiente, es imprescindible ver
exactamente qué medidas se pueden tomar para evitar que este
derecho llegue a afectar de forma efectiva la tutela judicial
que nuestro ordenamiento prevé.
Por ello, le formulo la pregunta siguiente: ¿Qué medidas
piensa adoptar para evitar las graves consecuencias que para
la
efectividad de la tutela judicial produce la excesiva
movilidad en los Juzgados y que afecta a magistrados,
secretarios y jueces? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia de
la Presidencia.
Señoría, como conoce perfectamente, de acuerdo con el marco
constitucional actual, hay una serie de competencias que
corresponden al Consejo General del Poder Judicial,
especialmente en cuanto a nombramientos, ascensos, inspección
y régimen disciplinario, y espero que muy pronto, si las
Cámaras así lo aprueban, también en materia de selección y
otras competencias que se propondrán a la soberanía de las
Cámaras. En todo caso, sí compete parte de la pregunta al
propio Ministerio de Justicia que, evidentemente, tiene
responsabilidades políticas en el terreno que plantea S.S.
Actualmente, la situación legal está constituida, por un lado,
por el artículo 327.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
que, respecto a jueces y magistrados, viene a establecer el
plazo de un año para poder concursar. Esto se corrigió por
medio de dos acuerdos ulteriores de los años 1990 y 1991 del
Consejo General del Poder Judicial, de suerte que se elevó a
dos el número de años para poder participar en un concurso.
Desde el punto de vista de los secretarios judiciales, ya su
reglamento preveía originariamente este plazo de dos años. En
principio, este plazo es común a la totalidad de funcionarios
públicos, y en este caso, aunque también en el otro en menor
medida, el problema de fondo no es tanto la situación
normativa, como el hecho del masivo incremento también de
secretarías judiciales. Concretamente, desde el año 1988 hasta
ahora se han incrementado más de quinientas. Eso ha provocado,
a su vez, en cadena, vacantes, a continuación en cadena
cambios, ascensos dentro de las categorías. La causa
fundamental, en el caso de los secretariados, son las
elevaciones de categoría y, concretamente, la llamada tercera
categoría, y los ascensos a la segunda categoría dentro del
secretariado: esa es la causa fundamental. Pues bien,
afortunadamente el problema de fondo empieza a disolverse. Le
diré que en este momento existen en esa categoría, donde mayor
movilidad se produce, un total todavía de 384 vacantes, pese a
lo cual ahora en enero entrarán directamente ya en las
secretarías 167 nuevos secretarios que accederán por esa
tercera categoría. Hemos iniciado, además, el proceso de
selección de otros 125, con lo cual el problema de fondo se va
a paliar. No obstante, ya desde el punto de vista judicial hay
dos medidas concretas que les propongo en la primera ley de
reforma urgente que llevaré a la Cámara con relación a jueces
y magistrados: una, ampliar a tres
el número de años necesarios para que los jueces y magistrados
puedan participar en concursos voluntarios; dos, dejar en
manos del Consejo la posibilidad de no sacar a concurso
aquellas plazas que, estando cubiertas interinamente, las
necesidades del servicio no lo aconsejen. En definitiva, se
trata de reducir la oferta en beneficio de la demanda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Camp tiene la palabra.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Para agradecer la respuesta del señor Ministro. Efectivamente,
este anuncio de ampliación a tres años es una buena noticia, y
será una medida de modificación de la actual normativa, que
seguro va a dar una mayor estabilidad, por consiguiente, una
mayor eficacia en la resolución de los procesos y que está en
la línea de superar la situación actual.
Ciertamente, estas son medidas, que no representan costes
económicos, simplemente son de organización, y, como requieren
modificaciones normativas, por ello era bueno que el señor
Ministro pudiese anunciar estas medidas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
--DEL DIPUTADO DON IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, DEL
GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS
PRIMEROS PASOS QUE PIENSA DAR EL GOBIERNO PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LA AGENCIA COMUNITARIA PARA LA SALUD E HIGIENE
EN EL TRABAJO? (Número de expediente 180/000175)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Anasagasti
Olabeaga, que tiene la palabra.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, ¿cuáles son los primeros pasos que
piensa dar el Gobierno para la puesta en marcha de la Agencia
Comunitaria para la Salud e Higiene en el Trabajo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Anasagasti, los primeros pasos se han dado ya. El
primero consistía en la consecución de la Agencia para España,
y eso fue decidido en el último Consejo Europeo. El segundo
paso era la determinación de la localización en España de esa
Agencia, y eso lo determinó el Consejo de Ministros en su
reunión inmediatamente posterior a la cumbre, decidiendo que
fuera en Bilbao, y los pasos siguientes son aquellos que
tratan de dar el soporte jurídico de funcionamiento a la
propia Agencia, o dicho de otra forma, conseguir una pronta
aprobación por el Consejo de las Comunidades Europeas del
reglamento que cree y desarrolle la Agencia.
En este sentido, el Ministro de Trabajo se ha dirigido al
Comisario de Asuntos Sociales de la Comunidad y al Presidente
del próximo Consejo, que es el Ministro de Trabajo griego,
para que en la agenda de la presidencia griega se incluya,
dentro de las materias a aprobar, la del reglamento
correspondiente a esta Agencia.
sEspero, por último, una buena cooperación con el Gobierno
vasco para que los medios instrumentales para ponerse en
marcha puedan ser acordados entre una institución y otra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Anasagasti tiene la palabra.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, efectivamente los dos primeros
pasos eran obvios. Nosotros agradecemos, como Grupo
Parlamentario, la decisión del Consejo de Ministros de ubicar
en Bilbao la Agencia Comunitaria para la Seguridad e Higiene
en el Trabajo y, sobre todo, de algunos Ministros en
particular.
De todas formas, una vez que se tomó tal decisión, quisiéramos
saber, independientemente de que estemos informados de los
pasos desde el punto de vista jurídico, si hay otro tipo de
pasos más concretos. ¿En cuánto tiempo cree usted, señor
Ministro, que la Agencia comunitaria estará en pleno
funcionamiento? ¿Cuántos funcionarios tendrá esta Agencia
comunitaria? ¿Cuáles serán las lenguas de trabajo? ¿Cómo se va
a proceder a la contratación y formación del personal?
Finalmente, ¿qué coordinación va a existir entre la Agencia
comunitaria y la Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo situada actualmente en
Dublín? Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Anasagasti, los dos primeros pasos se han dado, pero no
eran obvios. Han sido obvios después de que se han dado.
Tendré que decirle también, que todas las preguntas que usted
formula tendrán adecuada respuesta en la medida en que el
reglamento pueda tener el consenso para ser aprobado, porque
incluso esa propia relación que haya de tener con la agencia
de Dublín estará en función del reglamento que podamos
aprobar. Hoy día la agencia solamente tiene unas remisiones de
algunas directivas, pero no tiene una normativa de
funcionamiento que diga cuáles hayan de ser sus funciones en
el momento en que se vaya a implantar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON NARCIS VAZQUEZ ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A LA UBICACION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS Y PLAZOS DE EJECUCION EN RELACION
CON LA INSTALACION EN ALICANTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACION
DEL MERCADO INTERIOR? (Número de
expediente 180/000176)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Vázquez
Romero.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la decisión del Consejo de Ministros del día 5
de noviembre de este año de situar en Alicante la Oficina de
Armonización del Mercado Interior, también conocida como
Oficina de Marcas y Patentes, fue, sin duda, una magnífica
noticia para el conjunto del país valenciano y, especialmente,
para la provincia de Alicante.
Han sido varias las razones que se han manejado para esta
ubicación en Alicante de esta Oficina, desde algunas
folklóricas, como la licencia de un clima benigno, que,
afortunadamente, disfrutamos los que tenemos el privilegio de
vivir allí, hasta las de mayor entidad, como la existencia de
una universidad de prestigio creciente.
Esta ubicación ha generado una gran repercusión en la vida
pública de Alicante, ha generado ya buen número de debates y
una expectación que en algún momento nos ha llegado a parecer
una especie de «remake» de aquello de «bienvenido mister
Marshall». Ha habido opiniones que casi cifraban la salida de
la crisis económica para el país valenciano y para Alicante
ciudad con esta ubicación en nuestra provincia de esta
importante Oficina. Sin duda, la situación actual de la misma,
con el bloqueo existente, según nuestras noticias, por la
pretensión de incluir el holandés como sexta lengua de uso en
la misma, está retrasando la puesta en marcha de todos estos
procedimientos. Y, más que todo esto, lo que nos parece
necesario es que sea en esta sede parlamentaria donde los
representantes de la soberanía popular tengamos conocimiento
de todos los detalles o de la mayor precisión posible de los
detalles respecto a la ubicación, si va a ser en Alicante o en
su término municipal, lo cual tendría que ver con ese
triángulo de expansión que se pretende empujar, Elche-Santa
Pola-Alicante, un triángulo industrial tecnológico, si va a
ser en cualquier otra zona, más allá de las explicaciones que
se han dado ya por parte del Secretario de Estado de
Industria, el señor Moltó.
Es para nosotros importante conocer si se van a emprender las
infraestructuras necesarias, que, sin duda, tendrán que ver
con el desdoblamiento de la Nacional-340 entre Elche y
Alicante, si se van a acometer proyectos de comunicación
telefónica e
informática a través del Plan FOTON para todo el entorno de la
misma; si se va a potenciar el aeropuerto de El Altet; si se
va a potenciar la comunicación por vía ferroviaria Valencia-
Barcelona-Madrid-Alicante. Es decir, son muchas las
expectativas que se han generado, son muchas las peticiones y
nos parece que éste es el sitio adecuado para que las mismas
se efectúen. Espero que, de su respuesta, podamos tener luz a
propósito de todas ellas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
Señor Romero, me congratulo también de la recepción que ha
tenido la designación de Alicante como zona de ubicación de la
Oficina de Armonización del Mercado Interior porque tuve el
honor de presentar esa propuesta al Consejo de Ministros no
como algo de lo que me imaginaba que se iban ustedes a
congratular, sino como una decisión que es deseable desde el
punto de vista de una política de descentralización de sedes y
una política tendente a favorecer las regiones del entorno del
término municipal de Alicante, no solamente de la región
valenciana o de la provincia de Alicante, y a la vez
contribuir, por lo tanto, a un proceso de dimensión europeo y
nacional.
En segundo lugar, se interesa por muchas cosas y supongo que
comprenderá que a todas ellas no pueda dar, en tan poco
espacio de tiempo, una respuesta cumplida. Sí le puedo decir
que desde el Gobierno y desde el Ministerio de Industria en
particular estamos en un proceso de conseguir que se produzca
la pronta aprobación del reglamento de funcionamiento de la
oficina.
En tercer lugar, hemos estado discutiendo con el comisario
correspondiente, que es el señor Vanni d''Archirafi, los
mecanismos de financiación.
En cuarto lugar, pretendemos que pueda haber una
cofinanciación comunitaria, unida a los esfuerzos que se
puedan hacer desde las distintas instituciones centrales,
regionales y locales para la ubicación.
En quinto lugar, tenemos que saber en qué período de tiempo
tiene que estar en funcionamiento la Oficina; Oficina que
contemplamos, quizá, en una primera fase, como provisional y,
en una segunda fase, con la creación de un edificio
suficientemente emblemático, de algo que ha de tener una
importancia grande, no sólo en el ámbito local, del término
municipal de Alicante y en su zona de influencia, sino,
ciertamente, para los fines a los que está llamada.
No puedo en este momento darle ulteriores precisiones, porque
también estamos pendientes de la contestación de la propia
Comisión de la Unión Europea, en relación con la aprobación
del reglamenteo y con la cofinanciación y los plazos para la
entrada en vigor de la oficina, pero éste es un proceso de
diálogo del que me encantará darles cuenta no solamente en
esta Cámara, sino también, obviamente, en el ámbito de la
región donde va a ser ubicada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A TOMAR EL
GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 18 DE OCTUBRE DE 1993, QUE RECONOCE
EL DERECHO DE ASOCIACION DEL REPRESENTANTE DE LA UNION
DEMOCRATICA DE LA GUARDIA CIVIL? (Número de expediente
180/000177)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Romero
Ruiz, que tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro del Interior, me cabe el honor personal, así
como el de mi Grupo Parlamentario, de hacerle la primera
pregunta. Usted debuta hoy en el Pleno de la Cámara, a raíz de
esta pregunta con respuesta oral, que no será la última, señor
Ministro; es más, no le arriendo la ganancia. Pero yo sé que
usted es un hombre de convicciones firmes y de gran
preparación política, por lo que nuestros debates, nuestros
encuentros y desencuentros, creo que van a ser beneficiosos
para la política de Interior, en general.
¿Qué medidas piensa tomar usted, como Ministro que inaugura
una etapa en el Departamento a raíz de la sentencia del
Tribunal Constitucional de 18 de octubre de 1993, en la que se
otorga amparo a don Manuel Rosas Recuerda y a la Unión
Democrática de la Guardia Civil?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
En qué sentido, no se lo puedo decir, señoría, en esta
ocasión, sin duda tendré otras ocasiones para decírselo y
darle sobradas explicaciones. A lo que sí se va a proceder,
como es lógico, es a resolver expresa y motivadamente.
Por tanto, si S.S. tiene interés, una vez ya resuelto, le
podemos facilitar la orientación con la que se va a proceder a
esa motivación sobre lo que es la resolución que indica el
alto Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ROGELIO BAON RAMIREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL MINISTRO DEL INTERIOR PARA
IDENTIFICAR, DESARTICULAR Y, EN SU CASO, PONER EN MANOS DE LA
JUSTICIA, A LOS COMPONENTES DE BANDAS DE «CABEZAS RAPADAS» QUE
LAS ULTIMAS SEMANAS HAN COMETIDO DIVERSOS ACTOS VIOLENTOS
CONTRA PERSONAS Y PROPIEDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID?
(Número de expediente 180/000181)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, del
señor Baón Ramírez, que tiene la palabra para formularla.
El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, aunque por mandato constitucional rige para el
Gobierno el principio de solidaridad y de corresponsabilidad,
le concedo la tregua de los primeros días, esa cierta
presunción de inocencia política, al tiempo que le deseo
acierto en su nueva gestión. De todas maneras, debo
preguntarle: ¿qué medidas ha adoptado el Ministro del Interior
para identificar, desarticular y, en su caso, poner en manos
de la justicia a los componentes de bandas de «cabezas
rapadas» que en las últimas semanas han cometido diversos
actos violentos contra personas y propiedades en la comunidad
de Madrid?
En los dos últimos años, y de manera ostensible y preocupante
en las últimas semanas, en la comunidad de Madrid han
proliferado estos actos violentos a cargo de «cabezas rapadas»
o «skinheads», y es lo cierto que estas tribus traen de cabeza
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a juzgar por
el temor, el miedo que han suscitado en la sociedad madrileña.
Son tan violentos como irracionalmente agresivos que
últimamente han producido un homicidio. Está por calificar
judicialmente en qué términos se produjo la muerte de don
Jesús Sánchez Rodríguez, de 27 años, así como innumerables
daños materiales no evaluados todavía.
Estadísticamente, por los periódicos se sabe que en 1991 estos
tipos de grupos incontrolados protagonizaron tres agresiones,
55 en 1992 y ya en 1993 van contabilizadas más de ciento
treinta. La tipología de estos delincuentes es compleja, pero
responde a los perfiles siguientes: son jóvenes, con
indumentarias
paramilitares la mayoría de las veces, no tienen una ideología
definida, aunque son xenófobos y racistas y surgen en muchos
casos de encuadramientos en asociaciones deportivas.
Señor Ministro, este fenómeno nos preocupa y por eso le
pedimos contundencia en la represión, incluso una mayor
coordinación en la Junta Local de Seguridad por lo que
respecta a Madrid, pero, al propio tiempo, le encarecemos a
que promueva un estudio de las causas a fin de que este
fenómeno no vaya a más, ya que es preocupante, teniendo en
cuenta las estadísticas que acabo de leer y, sobre todo,
porque están produciendo bandas de signo contrario, especies
de somatenes de autodefensa, y eso sí es preocupante, porque
también están al margen de la legalidad...
El señor PRESIDENTE: Señor Baón, ha concluido su tiempo.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, los hechos que usted describe han determinado ya la
creación de un grupo operativo policial específico para la
prevención y represión de este nuevo fenómeno delictivo, grupo
que, además, cuenta con el apoyo del resto de las unidades
policiales. También se han hecho ya los estudios pertinentes y
los informes, aunque, como S.S. entenderá, el hecho de que
estudiemos esas causas del delito en principio y a corto plazo
no va a evitar que se tengan que tomar las medidas represivas
para con este tipo de delincuencia, aunque, en el futuro,
seguramente armonizando políticas diversas, podría ir
paliándose este fenómeno delictivo que surge ahora.
En cualquier caso, la respuesta inmediata, contundente,
además, que el Gobierno da es la de creación y tratamiento
específico para este grupo de delincuentes que aflora ahora en
las ciudades más pobladas y que, por tanto, exige esa
respuesta inmediata, que ya está creada y ya se ha puesto en
coordinación y, además, recibiendo el apoyo de las demás
unidades operativas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS
HA TOMADO EL GOBIERNO PARA ABARATAR LOS TIPOS DE
INTERES EN EL MERCADO HIPOTECARIO? (Número de expediente
180/000182)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 17, del
señor Fernández de Trocóniz, que tiene la palabra para
formularla.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señor
Ministro de Economía y Hacienda, ¿qué medidas ha tomado el
Gobierno para abaratar los tipos de interés en el mercado
hipotecario?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz. El
señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, el Gobierno, desde que se aprobó por el Parlamento
la moción sobre abaratamiento de tipos en el mercado
hipotecario, ha puesto en marcha una serie de actuaciones, que
se concretan fundamentalmente en cuatro aspectos.
En primer lugar, una orden ministerial, que está presta ya
para ser remitida al Consejo de Estado, sobre transparencia
informativa, que deberá entrar en vigor no más tarde del 1 de
enero próximo.
En segundo lugar, en colaboración con el Banco de España,
estamos elaborando también una mejora de los índices
existentes, con la finalidad de que en la práctica sólo se use
un número reducido de los mismos y romper el exceso de
opciones que en el momento actual existen en el mercado.
En tercer lugar, se está elaborando, de acuerdo con el
Ministerio de Justicia, un borrador de proyecto de ley que
afecta a los costes registrales, notariales y fiscales, que
pretende abaratar los costes de las escrituras públicas de
novación modificativa de préstamos hipotecarios.
Finalmente, también se ha elaborado por el Ministerio de
Justicia un anteproyecto de ley, todavía en discusión con
nosotros, pero esperemos que esté resuelto en los próximos
días, sobre
subrogación de los préstamos hipotecarios, de tal forma que
permita hacer posible en la práctica el mecanismo de
subrogación previsto en el artículo 1290 del Código Civil.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Gracias, señor
Ministro. Créame que me satisface la respuesta que me da a la
pregunta que le formulo. Me satisface enormemente, por una
parte, porque, como usted sabe, los índices de referencia
actualmente existentes son los señalados por la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera por sendas
resoluciones de 20 de junio de 1986, y posteriormente
modificada por la de 5 de diciembre de 1989, que realmente no
han sido operativas dentro del mercado hipotecario. Bueno
sería que, de una vez por todas, se estableciese el Mibor como
único índice referencial que fuese objeto de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» como índice necesario para
determinar el tipo de interés de los préstamos a interés
variable.
Por otra parte, he entendido que también está preparando las
oportunas modificaciones de la legislación civil e hipotecaria
para poder llevar a efecto la extinción anticipada de los
préstamos hipotecarios y lógicamente favorecer la subrogación
entre diferentes acreedores hipotecarios.
También me gustaría oír de su boca, señor Ministro, la
posibilidad de que efectivamente se modifique el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados, a los efectos de que se
establezca la exención correspondiente para este tipo de
manifestaciones, que realmente no supone ningún tipo de
manifestación de capacidad contributiva, en cuanto que lo que
vienen a suponer no es ni más ni menos que una hipoteca de lo
que se considera y se denomina por la doctrina hipotecaria de
máximos; modificación simple que no afectaría en absoluto a
los ingresos de las comunidades autónomas, por cuanto se trata
de actos jurídicos que realmente se manifiestan con poca
reiteración, con muy poca frecuencia, en el ordenamiento
jurídico actual. Son medidas que se pueden adoptar de manera
rápida y casi se podría decir inmediata. Sin embargo, es de
considerar que recientemente el Partido Nacionalista Vasco ha
formulado una enmienda a los presupuestos a los efectos de
entender exentas en el citado Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados tanto a las modificaciones como a las extinciones
de hipoteca, que no fue recogida por su Grupo. Se podría haber
llegado a algún tipo de enmienda transaccional, de la cual
nosotros hubiéramos sido también partícipes, para que se
hubiera podido realizar de esta manera esta exención necesaria
en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Le anuncio al señor Ministro que, en breve plazo,
presentaremos la correspondiente iniciativa legislativa, tanto
en lo que se refiere al Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados como en lo referente a la posible modificación
futura de la ley de usura, en la medida en que, si ustedes no
realizan la corrección de este tema, efectivamente la bajada
de los tipos de interés del mercado se traduzca también en los
préstamos hipotecarios actualmente vigentes y en los por
venir.
Señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Tomaremos con el máximo interés las aportaciones que podamos
recibir. Sin embargo, querría hacerle un par de comentarios
adicionales a sus palabras. Primero, el Mibor como punto de
referencia al tipo de interés variable me parece muy bien. Sin
embargo, no debe ser el único índice de referencia porque
tendremos que poner en marcha otros.
En segundo lugar, en cuanto a la exención de Actos Jurídicos
Documentados, en principio estamos trabajando en esa vía. Sin
embargo, no se le oculta que, a pesar de todo, puede dar lugar
a una cierta discusión respecto a la financiación de estas
caídas de ingresos en cuanto a las comunidades autónomas se
refiere. Por último, me gustaría entrar en un punto, no
jurídico, pero sí económico-financiero, de gran importancia.
Es mucho más fácil reglamentar lo que va a suceder en el
futuro que lo que ha sucedido con los créditos hipotecarios
que actualmente están en vigor. No cabe duda de que debemos
abaratarlos, no cabe duda de que debemos dar posibilidades
para que se produzca una novación o subrogación de los mismos,
pero también tenemos que tener en cuenta el equilibrio
delicadísimo actul del sistema financiero y no introducir
problemas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MICHAVILA NUÑEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA
CONSEGUIR LA
ADECUADA PROTECCION DEL MENOR EN ESPAÑA? (Número de expediente
180/000186)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Michavila
Núñez. Tiene la palabra.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
conseguir la adecuada protección del menor en España y,
singularmente, cuándo piensa presentar el Gobierno ante esta
Cámara el proyecto de ley de protección del menor? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, es una prioridad para el Ministerio de Asuntos
Sociales todo lo relativo a la protección del menor, la
protección de la infancia. En esa línea estamos desarrollando
unas actuaciones, entre las que señalaría como prioritarias la
aplicación de las líneas generales que estableció la
Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
ratificada por España y todo lo que atañe a la protección del
desarrollo integral de los menores y, por tanto, a su salud
moral, física y mental.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Tiene la
palabra el señor Michavila.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente. Gracias,
señora Ministra. La confusión se debe a que originalmente esta
pregunta estaba dirigida al Ministro de Justicia, toda vez que
se pretendía incidir en el aspecto normativo. Sin embargo,
también satisface a este diputado el ser contestado por una
persona que ha tenido el mérito de abandonar la vida civil
para meterse activamente en la vida política y singularmente
en este Gobierno. Gobierno que quiero recordar que se califica
de progresista y en ese sentido ustedes han participado de ese
progresismo y deberían tratar de defender a esos colectivos
más desprotegidos, como son los niños y los mayores. Nos está
ocurriendo con los niños lo mismo que con los mayores, que
encontramos reiteradas promesas del plan gerontológico,
reiteradas promesas de la ley de protección del menor y, sin
embargo, nunca ve esta Cámara que el Gobierno cumpla con esos
objetivos.
A lo mejor tiene que convenir conmigo en recordar aquello que
decía Neruda: Nosotros, los de entonces, no somos ahora los
mismos. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila. Tiene la
palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, la verdad es que creo que está formulada
adecuadamente la pregunta al Ministerio de Asuntos Sociales
porque una de las prioridades que tenemos es precisamente el
desarrollo de la ley de derechos de la infancia. En la
comparecencia en la Comisión de Política Social y Empleo en el
pasado mes de octubre nos hemos comprometido a tener
presentada esa ley de derechos del menor a finales del primer
semestre de 1994. Se está trabajando en ello y yo creo que
será un momento muy adecuado para debatir todo el tema de los
derechos del menor. Además, desde que se aprobó la Convención
de Derechos del Niño por esta Cámara y, por tanto, se ratificó
la Convención de Naciones Unidas, se han llevado a cabo
desarrollos normativos muy importantes. Uno de ellos es la Ley
orgánica 4/1992, de 5 de junio, que adaptó nuestro
ordenamiento procesal a las normas requeridas precisamente en
el artículo 40 de la expresada Convención para que tuviera
todas las garantías procesales que establece la misma.
También estamos tramitando acuerdos bilaterales para que se
cumpla el artículo 21 de la Convención en lo que atañe a las
adopciones y el cumplimiento de las normas internacionales
sobre adopciones, precisamente en protección de los derechos
del niño. Y algo muy importante es que precisamente en la
reunión del Consejo de Ministros del viernes pasado aprobamos
el proyecto de ley de trasposición de la directiva 89/552 de
la Comunidad Económica Europea, relativa al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisada, que desarrolla en su
artículo 22 la protección de los menores frente al contenido
de la publicidad, así como al resto de programaciones en
cuanto a bandas horarias y al ámbito moral de los menores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON LAGO FREIRE, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO SE
VA A PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CENTRO DE ATENCION A
MINUSVALIDOS
PROFUNDOS DE TORRELAVEGA (CANTABRIA)? (Número de expediente
180/000917)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Lago
Freire.
El señor LAGO FREIRE: Señor Presidente, señora Ministra, en
Torrelavega, en Cantabria, se ha construido y bien dotado un
centro de atención a minusválidos profundos que no acaba de
inaugurarse. Este retraso importante conlleva la imposibilidad
de poner en marcha 250 puestos de trabajo de una forma directa
o indirecta.
Usted sabe que Torrelavega es una ciudad industrial que
atraviesa una crisis profunda en estos momentos. Es necesario
poner en marcha aquellos servicios que suponen el emplear a
trabajadores. Por tanto, le formulo la siguiente pregunta:
¿cuándo se va a poner en funcionamiento el centro de
minusválidos profundos de Torrelavega? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lago.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, como bien saben SS.SS., el Ministerio de
Asuntos Sociales cuenta para la atención de los colectivos a
los que dirige su actuación y que se encuentran en el ámbito
de su protección social, con una infraestructura de centros
dedicados a la atención de ancianos y de minusválidos. El
presupuesto de inversiones del Inserso se ha incrementado
enormemente en los últimos años, y en relación a los centros
asistenciales, el esfuerzo ha hecho que de 49 centros que
teníamos en 1982 hayan aumentado a 91 en 1992. Los centros de
atención a minusválidos psíquicos son centros de ámbito
nacional dedicados a la atención y asistencia a personas con
minusvalía psíquica que, por su afectación, exigen
tratamientos idóneos para lograr, hasta donde es posible, su
habilitación para las tareas de la vida diaria y evitar, al
mismo tiempo, su mayor deterioro e involución. Este tipo de
centros funciona, como es sabido, en internado, media pensión
y ambulatorio. En este contexto, el centro de atención de
minusválidos psíquicos de Torrelavega, cuyas obras se
iniciaron a finales de mayo de 1990, está en sentido estricto
terminado. Existe un administrador del centro que se está
ocupando de las actuaciones necesarias para su puesta en
funcionamiento. La plantilla prevista es de 135 personas, no
de 250 como ha manifestado usted, y el número de plazas del
centro es de 150, de las que 120 son en régimen de internado y
30 en régimen de media pensión. El centro, además, cuenta con
un polideportivo, cuya recepción provisional se dio el 14 de
octubre pasado, y el equipamiento ya está adquirido y se
encuentra depositado en los almacenes. Sin embargo, tenemos
que señalar que, además de las obras del centro propiamente
dicho, se están llevando a cabo obras de infraestructura
ajenas al departamento del Inserso, como son accesos,
electricidad, alcantarillado, cuyo cometido para llevarlas a
cabo corresponde a otras
administraciones. Y está previsto que se finalicen en el
primer trimestre de 1994. Esa es la causa por la que no
podemos fijar de momento una fecha con exactitud para
determinar la entrada en funcionamiento, puesto que dependemos
de otras administraciones para poder ponerlas en marcha.
De todas formas, nuestra voluntad, puede estar usted seguro,
es de ponerlo en funcionamiento lo antes posible, puesto que
la lista...
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): ...
de espera para el centro...
El señor PRESIDENTE: Señora Ministra...
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): ...
es de 43 plazas que proceden de Cantabria...
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): ... y
42 plazas del resto de España.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE DOÑA MARIA ISABEL RODRIGUEZ CALVO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
CONDICIONES NECESARIAS QUE IMPONE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO A LA HORA DE PATROCINAR PROTOCOLOS O GUIAS PARA
CONSEGUIR UNA
MEJOR ASISTENCIA MEDICA? (Número de expediente 180/000199)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, de la señora
Rodríguez Calvo.
La señora RODRIGUEZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, últimamente se están
elaborando y difundiendo múltiples protocolos y guías sobre la
utilización de la nueva tecnología, su eficacia o el impacto
que las nuevas técnicas o tratamientos tienen sobre la salud
de los individuos. Estos protocolos pretenden poner a
disposición de los facultativos un conjunto de recomendaciones
que contribuyan a mejorar su toma de decisiones en la práctica
médica diaria, además de pretender unificar criterios en todos
los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Como
quiera que se está produciendo un «boom» en la realización de
estos protocolos, con el consiguiente coste para el Ministerio
de Sanidad y Consumo, es por lo que le formulo la siguiente
pregunta: ¿cuáles son las condiciones necesarias que impone el
Ministerio de Sanidad y Consumo a la hora de patrocinar
protocolos o guías para conseguir una mejora en la asistencia
sanitaria?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Calvo.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Rodríguez Calvo, el Ministerio, como S.S. conoce, ha
desarrollado en el último año un importante esfuerzo de
elaboración de guías de práctica clínica y protocolos desde el
convencimiento de las múltiples ventajas que ofrecen al
Sistema Nacional de Salud, porque creemos que ayudan al
profesional sanitario en la toma de decisiones, porque
contribuyen a asegurar la calidad de la asistencia médica y la
seguridad de los
pacientes sometidos a un procedimiento, porque posibilitan el
desarrollo de vías de comunicación, participación y
corresponsabilización entre el Ministerio y los profesionales
y porque permiten ordenar las pautas de procedimientos
clínicos con arreglo al estado de la ciencia y adecuar el uso
de los medios diagnósticos y terapéuticos permitiendo una
asignación óptima de recursos. Además, permiten determinar
detalladamente los
componentes del diagnóstico, el tratamiento y los cuidados
necesarios para una adecuada atención sanitaria.
Las guías se elaboran por el Ministerio con grupos de expertos
de carácter multidisciplinar y reconocido prestigio, en los
que participan las sociedades científicas y los profesionales
que prestan servicios en el Insalud. Tras analizar la
situación científica determinan por consenso las condiciones
razonables de utilización de una tecnología sanitaria o un
procedimiento diagnóstico o terapéutico. Se patrocinan las
guías elaboradas por las sociedades científicas, para lo que
hemos suscrito, en el año 1993, ocho convenios de
colaboración.
Hasta el momento se han elaborado 17 protocolos y guías con la
colaboración de 21 sociedades científicas y 300 profesionales
del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio exige a toda guía
o protocolo que la materia objeto de estudio tenga relevancia
sanitaria o social, que su análisis resulte necesario para
unificar criterios y tendencias en su tratamiento clínico y
que, además, tenga un amplio consenso científico. Debe reunir
también determinadas condiciones que garanticen su
utilización, que son: la validez, la fiabilidad,
aplicabilidad, flexibilidad, carácter multidisciplinar y
posibilidad de revisión.
Las guías tienen carácter indicativo y su utilización por los
profesionales se deriva tanto del aval del Ministerio como del
consenso y rigor científico con que son realizadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Rodríguez Calvo.
La señora RODRIGUEZ CALVO: Gracias por su exposición y
respuesta. Estoy de acuerdo en que el contenido de estas guías
se hace con el mayor rigor y en que los criterios que impone
el Ministerio serán muy interesantes y sobre todo que las
guías sean
científicas y rigurosas; pero lo que sí me interesaría como
Diputada de una Comunidad que ya tiene todas las
transferencias, concretamente de la provincia de Granada, es
que, como uno de los criterios de esta guía es unificar,
precisamente, y valga la redundancia, criterios en todos los
profesionales del Sistema Nacional de Salud, es que, a la hora
de patrocinar los
protocolos, que se hicieran extensivos a todo el país, incluso
a las comunidades que ya tienen transferidas las competencias
del sistema sanitario.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Calvo.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Señora Diputada, tomo buena nota de su petición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON PEDRO JOVER PRESA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PROCEDERA EL
GOBIERNO A DESARROLLAR LAS PREVISIONES DE LA LEY 10/1986, DE
17 DE MARZO? (Número de expediente 180/000200)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Jover
Presa.
El señor JOVER PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la ley sobre odontólogos y otros
profesionales relacionados con la salud dental establecía en
su artículo 1.º4, que la titulación, planes de estudio,
régimen de formación y especialización de los odontólogos se
acomodaran a los
contenidos, niveles y directrices establecidos en las normas
de la Comunidad Económica Europea, y, consecuentemente, en su
disposición final segunda la Ley habilitaba al Gobierno para
desarrollar, en todo aquello que fuera preciso, los contenidos
de dicha Ley.
La verdad, señora Ministra, es que el Gobierno ha desarrollado
prácticamente ya todas estas materias, pero queda una en la
que aún no se ha producido la adecuada reglamentación. Yo me
conformaría con que en su resupuesta usted se refiriese a
ello. Hablo de la especialización. Las especialidades de los
odontólogos todavía no están desarrolladas y yo creo que ya
existe cierta urgencia para abordar esta cuestión,
fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque su
no regulación puede afectar a la libre circulación de
profesionales y a la libertad de establecimiento en el seno de
la Comunidad Europea; y, en segundo lugar, porque hoy nos
encontramos con que algunas universidades --yo conozco una,
concretamente la de Barcelona-- ya están dando «masters» sobre
esta materia, desde hace cuatro años, y se encuentran con que
esos títulos todavía no pueden tener el adecuado
reconocimiento oficial.
Además, en el ámbito del derecho comunitario esto ya no ofrece
ningún problema. Hay varias directivas, si no me equivoco, que
han desarrollado esta materia, concretamente la Directiva
78/686. La Comunidad Económica Europea ya se refirió a esta
cuestión, estableció las dos especialidades que todo el mundo
sabe que va a haber: ortodoncia y cirugía bucal y
posteriormente se ha producido un interesante informe del
Comité consultivo de expertos, que estableció la Comunidad por
la Directiva 78/688, que ya ha dado muchas directrices a la
cuestión.
Por tanto, señora Ministra, desearía saber si por parte del
Gobierno hay la previsión de desarrollar esta cuestión y
regular las especialidades de los odontólogos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jover.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, su pregunta plantea un problema que
estamos en vías de resolver y voy a tratar de explicarle las
razones de la demora en el tratamiento de esta cuestión.
La ley 10/1986, de 17 de marzo, como S.S. conoce, crea las
profesiones de odontólogo, protésico dental e higienista
dental, y la disposición final segunda establecía que el
Gobierno debía desarrollar lo dispuesto en el articulado de la
ley y definir los requisitos básicos y mínimos
correspondientes a los centros y establecimientos de salud
dental y las relaciones entre las distintas profesiones de
ámbito sanitario.
El Real Decreto que viene a cumplir estas previsiones,
señoría, está ya elaborado y acaba de pasar el trámite de
audiencia previsto en el procedimiento legalmente establecido.
Pero debo explicar a S.S. que el retraso en el desarrollo de
la ley y en la elaboración de este decreto ha estado
determinado porque hemos tenido que mantener contactos y
establecer un consenso entre los múltiples profesionales
afectados que, de entrada, han tenido puntos de vista
diferentes sobre la cuestión. Desde el año 1989 se han venido
realizando reuniones con los distintos colectivos y
organizaciones, en las que, tras muchas horas de trabajo,
créame, se ha podido alcanzar un grado de consenso importante
con las distintas asociaciones de protésicos dentales, las
asociaciones y colegios oficiales de odontólogos y las
asociaciones de higienistas. Además, ha sido necesario abordar
el problema suscitado por los derechos adquiridos de
protésicos e higienistas dentales que ejercían su actividad
con anterioridad a la promulgación de la ley, problema al que
creemos se da solución con el proyecto de Real Decreto ya
elaborado. El Real Decreto va a regular las actividades y
prescripciones que podrán realizar los licenciados en
odontología, la actividad profesional y las funciones que
podrán ejercer los protésicos dentales, las funciones para las
que están capacitados los higienistas dentales y los
requisitos mínimos que deberán reunir las consultas dentales y
los laboratorios de prótesis.
Como ya he indicado a S.S., ha finalizado el trámite de
audiencia del proyecto del Real Decreto, hemos recibido
propuestas de modificación y sugerencias por parte de 17
entidades de todas las consultadas, y en estos momentos
estamos analizando las
propuestas recibidas, con el objetivo de remitir el proyecto
al Consejo
de Estado en estos primeros días de diciembre, lo que
permitiría su publicación, previsiblemente...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): ...en
el primer trimestre de 1994.
Gracias, señor Presidente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA LOYOLA DE PALACIO VALLE-LERSUNDI, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: ¿RESPALDA
EL SEÑOR MINISTRO QUE EL DIRECTOR GENERAL DE RTVE, U OTRO
ORGANISMO O ENTE PUBLICO, ORGANICE REUNIONES CON PRESIDENTES
DE COMUNIDADES AUTONOMAS, CON CRITERIOS DISCRIMINATORIOS EN
FUNCION DE SU ADSCRIPCION POLITICA (Número de expediente
180/000179)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, de la señora De
Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, el pasado 15 de noviembre se
producía una reunión, a convocatoria del señor García Candau,
con los presidentes de distintas comunidades autónomas que
tenían una misma condición, y es que en esas comunidades
autónomas no existe televisión autonómica. El objeto de la
reunión era la
regionalización de la segunda cadena, y hay que señalar que a
esa condición de no tener televisión autonómica se une una
segunda condición, la de que todos esos presidentes de
comunidades autónomas pertenecían a un mismo partido: el
Partido Socialista Obrero Español. Por ello, pregunto al señor
Ministro: ¿Comparte el señor Ministro el criterio del Director
General del Ente Público al convocar a distintos presidentes
de comunidades autónomas para analizar el futuro de parte de
la programación de Televisión Española?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Quisiera iniciar esta respuesta diciendo a S.S. que no es
responsabilidad política de este ministro, ni de ningún
ministro del Gobierno, establecer la agenda del Director
General de Radiotelevisión Española, un ente que goza de
personalidad jurídica propia y, desde luego, ni mucho menos
está en el ámbito de responsabilidad del Gobierno determinar
la oportunidad de las reuniones del director general con los
presidentes de las comunidades autónomas. Hecha esta
aclaración con carácter general, quisiera indicarle que el
Gobierno está impulsando en todos sus ámbitos de actuación la
colaboración entre las
Administración central y las distintas administraciones
públicas, autonómicas o locales. Que esta colaboración está
definida específicamente para la televisión en el ámbito del
Estatuto de Radiotelevisión Española y de la televisión de
terceros canales y que esta relación que el Director General
de Radiotelevisión realiza con normalidad, a juicio del
Gobierno --y es también el juicio del Director General de
Radiotelevisión--, no debe someterse a discriminaciones de
ningún género, en función, desde luego, de ningún tipo de
adscripción política de los gobiernos autonómicos
correspondientes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Ministro, el
problema es que la convocatoria se hizo con criterios
discriminatorios por razón de su pertenencia al PSOE y hay que
decir que las
relaciones con otros presidentes autonómicos no son
exactamente lo que debían ser. Concretamente, hace un año, más
o menos, se celebró una reunión con el Presidente de la Junta
de Castilla y León, a iniciativa del propio Presidente de la
Junta de Castilla y León que, además, invitó en aquella
ocasión al señor García Candau a visitar la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. El señor García Candau, efectivamente,
terminó yendo a Valladolid y visitó la Comunidad Autónoma,
pero únicamente se reunió con los representantes del PSOE, con
el señor Quijano, con el Delegado del Gobierno y con otros
miembros del PSOE, pero no visitó al Presidente de la Junta.
(Rumores.)
Hay que preguntarse: ¿Por qué este tipo de discriminaciones?
¿Por qué no se invitó a nadie de otra adscripción política?
Lamentablemente, nos tememos que se trata de utilizar esa
regionalización del segundo canal de Televisión Española de
cara a las próximas elecciones autonómicas, para poder desde
ahí llevar a cabo una manipulación (Rumores.) como la que se
ha producido, por ejemplo, a través de la Delegación de Radio
Nacional de España en Castilla y León, lo que ha provocado que
el Consejo de Radio y Televisión de Castilla y León pida la
remoción del Director de Radio Nacional en Castilla y León. Si
hablan de impulso democrático, lo primero que tienen que hacer
es sustituir al señor García Candau para ver si así, de una
vez por todas, conseguimos tener una televisión plural, que
informe con veracidad e imparcialidad, como dice la Ley del
Estatuto del Ente.
Nada más, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
A los argumentos que le daba en mi primera contestación voy a
añadir otro más. Como usted sabe perfectamente, en este
Parlamento hay una Comisión específica de control de la
actuación de Radiotelevisión Española, que es el ámbito --
entiendo-- en el que deben plantearse estos temas.
Precisamente esta mañana, en la reunión normal de control de
esta Comisión, un Diputado de su grupo le hacía una pregunta
idéntica a la que usted me hace a mí. Me remito a la respuesta
que el señor García Candau daba esta mañana en la Comisión de
control, no sin antes recordarle algunos extremos de la misma
que me parecen significativos.
La reunión se produce a petición de los presidentes de las
comunidades autónomas, que no todos los presidentes son
socialistas, falta uno, señora De Palacio; por tanto, no
busque usted tres pies al gato. Todos los presidentes que se
reúnen tienen una concepción similar en relación con el
problema que se está abordando, que es la regionalización de
la radiotelevisión pública española. Además de eso (usted
misma ha recordado que ha habido contactos previos entre el
señor García Candau y otras comunidades autónomas), quiero
significarle que hay prevista una reunión específica para
tratar este tema con el señor Fraga; que el Director General
de Televisión ha solicitado audiencia a los presidentes de
Castilla y León y de Baleares; y que hay también prevista una
reunión con el de Canarias. Por tanto, ninguna discriminación,
señora De Palacio, simplemente imaginación por parte del Grupo
Popular. (Rumores.--El señor Hernández-Sito García-Blanco
pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
CULTURA: LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS HA
PRESENTADO POR UNDECIMO AÑO
CONSECUTIVO LAS AYUDAS EN FAVOR DE LA CONSERVACION DEL
PATRIMONIO ARQUITECTONICO EUROPEO. CABE HACER A LA SEÑORA
MINISTRA LA SIGUIENTE PREGUNTA: ¿POR QUE EN ESPAÑA
CONTINUAN CENTRALIZANDOSE TODAS LAS AYUDAS POR EL GOBIERNO
CENTRAL Y SUS ORGANISMOS SIN QUE SE DE PARTICIPACION A LAS
COMUNIDADES
AUTONOMAS? (Número de expediente 180/000174)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Albistur
Marín. El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente, y
también gracias, señora Ministra, por su presencia.
Mi pregunta es: ¿Por qué en España continúan centralizándose
todas las ayudas por el Gobierno central y sus organismos sin
que se dé participación a las comunidades autónomas, en
relación con las ayudas a la conservación del Patrimonio
Arquitectónico Europeo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
Presidente. Señoría, quiero, en primer lugar, y es
sinceramente, agradecerle su pregunta que me permite hacerle
una breve
reflexión sobre las dudas que en la misma se encierran y que,
no me importa decirlo, en alguna medida personalmente también
comparto. Estamos ciertamente, señoría, ante una norma, como
es la convocatoria de ayudas en favor de la conservación del
Patrimonio Arquitectónico Europeo, que trasciende nuestros
respectivos ordenamientos y, a su vez, es una norma que incide
en un ámbito competencial interno, como es el de cultura. Ante
este juego de los diferentes ordenamientos, creo que la
fórmula seguida hasta ahora, por virtud de la cual el
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
del Ministerio de Cultura, ha venido canalizando estas
peticiones de ayuda, no es todo lo coherente que debiera ser
con nuestro ordenamiento autonómico en la materia, porque si
es verdad que la propia norma comunitaria abre una vía
directa, simultánea a particulares y a administraciones, para
dirigirse a la Comisión en demanda de estas ayudas, y si
también es verdad que, con la canalización de estas demandas
por el Instituto de Conservación y Restauración, lo que se ha
buscado es situarse en una mejor posición ante la Comisión,
que es la que autonómamente las otorga en última instancia, no
es menos cierto, señoría, que las competencias de las
comunidades autónomas en materia de patrimonio exigen una
participación activa a la hora de informar nuestras propuestas
ante la Comunidad.
Ciertamente, no es éste el momento de ofrecer una solución
repentina al tema, pero sí el compromiso --que asumo por mi
parte-- de buscarla con las comunidades autónomas, para que,
sea cual sea la decisión que adoptemos finalmente, se haga de
mutuo acuerdo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchísimas gracias, señora Ministra.
De verdad que si cundiera el ejemplo de lo que usted acaba de
decir, yo creo que este Estado de las autonomías marcharía
mucho mejor.
Mi pregunta iba, precisamente, dirigida a que en países --
diremos-- de más tradición centralista que el nuestro, existe
ya esa descentralización por la que usted aboga. Yo le deseo
que tenga verdadera suerte para poder llegar a un acuerdo con
las comunidades autónomas y contribuya verdaderamente a la
finalidad que es el desarrollo regional de todo este tipo de
ayudas. Muchísimas gracias por su respuesta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
--DEL DIPUTADO DON ALBERTO MORAGUES GOMILA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
PREVISIONES DE
ACTUACION CONTEMPLA EL MINISTERIO DE CULTURA EN LAS ISLAS
BALEARES EN 1994? (Número de expediente 180/000198)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Moragues
Gomila.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
no se ha caracterizado a lo largo de su existencia por su
apoyo a las iniciativas culturales, sobre todo, en lo que hace
referencia a las infraestructuras necesarias. No quiero decir
con esto que la Consejería correspondiente no haya realizado
su labor, sino que al englobar en su ámbito de actuación
además de cultura, educación y deportes, ha de repartir sus
disponibilidades con estas dos áreas añadidas y así nos
encontramos con que el ejercicio de una competencia plena de
la Comunidad, como es cultura, muchas veces es supeditado a
intereses de estas otras áreas de actuación, aunque en una de
ellas, como es el caso de educación, no se tengan
competencias, ya que su proceso de transferencias se ha
iniciado tras la firma del pacto autonómico. Digo esto, señora
Ministra, porque para entender qué hace la Comunidad Autónoma
hay que saber que puede destinar centenares de millones de
pesetas a experimentar un modelo educativo propio para las
Islas Baleares en clara confrontación con la LOGSE y, por otro
lado, es incapaz de hacer inversiones absolutamente necesarias
para salvaguardar el rico patrimonio histórico de las Islas
Baleares, extender la oferta en bibliotecas, archivos, museos
y un largo etcétera.
Ante esta situación de parcial desamparo cultural en que nos
encontramos los habitantes de las Islas Baleares, hemos de
conocer forzosamente las actuaciones previstas por parte del
Ministerio, si queremos mantener nuestras esperanzas de contar
con unas infraestructuras cultuales que acerquen las
estadísticas de bienestar cultural a las cifras de nuestra
realidad económica. En este sentido, señora Ministra, le
formulamos la siguiente pregunta: ¿Qué previsiones de
actuación contempla el Ministerio de Cultura en las Islas
Baleares para 1994?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente. Señor diputado, como tuve ocasión de señalar
cuando presenté la Sección correspondiente del Ministerio en
el debate presupuestario ante esta Cámara, el presupuesto de
Cultura para el año 1994, todavía en trámite parlamentario, es
un presupuesto austero y solidario con el compromiso del
Gobierno de reducir el déficit público, manteniendo los
niveles de gasto social
considerados prioritarios: educación, sanidad, pensiones y
desempleo. Desde esa perspectiva de compromiso positivo con la
reducción de gasto, hemos tratado de hacer una distribución
interna del mismo para el año 1994 que nos permita hacer
frente a los compromisos ya contraídos en materia de
infraestructuras, sosteniendo, al mismo tiempo, las unidades
de producción cultural en un nivel lo más digno posible.
En esta línea, en la Comunidad de Baleares, con la que ya
hemos tenido una primera reunión de comisión mixta, en materia
de museos vamos a abordar dos actuaciones: una primera, que se
traduce en la instalación museográfica del Museo de Menorca, y
la segunda, que será la financiación del proyecto de obras de
mejora en el Museo de Ibiza.
Por lo que se refiere a patrimonio histórico, la actuación del
Ministerio incidirá durante dicho año en tres proyectos: la
restauración de las murallas de Ibiza; la restauración del
Palacio de Vivot, en Palma de Mallorca; y, finalmente, la
restauración del Monasterio de Santa Clara. Por último, y
derivadas de los compromisos contraídos como consecuencia del
denominado plan de catedrales, las actuaciones del Ministerio
en este campo, durante 1994, se concretarán en dos proyectos:
la restauración y plan director de la catedral de Palma, por
un lado, y elaboración del estudio del plan director de la
catedral de Santa María, en Ibiza.
No se trata de aportaciones realmente muy significativas en lo
que se refiere al ámbito económico, pero sí ponen de relieve
la voluntad del Ministerio de afrontar, como le decía, los
compromisos adquiridos con anterioridad dentro de nuestras
restricciones presupuestarias. La buena sintonía que, por otra
parte, hemos podido constatar con la Comunidad Autónoma
balear en la primera reunión de comisión mixta, como ya he
apuntado, me permite asegurar que seremos capaces de
complementar mejor nuestros esfuerzos en este campo en
momentos como estos de más austeridad económica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿POR QUE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE PERSISTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE 16 DE
OCTUBRE DE 1990 POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CURSOS DE
FORMACION Y CERTIFICADOS DE
ESPECIALIDAD DEL PERSONAL MARITIMO? (Número de expediente
180/000187)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Camisón
Asensio.
El señor CAMISON ASENSIO: ¿Por qué la Dirección General de la
Marina Mercante persiste en el incumplimiento de la orden de
16 de octubre de 1990, por la que se establecen los cursos de
formación y certificación de especialidad del personal
marítimo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Entiendo que ha dicho incumplimiento. Lo advierto porque el
orden del día contempla la palabra cumplimiento.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Precisamente de esto se trata. La Dirección General de la
Marina Mercante no persiste en el incumplimiento que S.S. le
achaca.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Nosotros entendemos, señor Ministro,
que la formación de verdad es necesaria para elevar el nivel
de competitividad de trabajadores, de profesionales, en
definitiva, de la empresa, y en el ámbito marítimo, además, se
da la
circunstancia de que determinados cursos y certificados son
consecuencia de convenios internacionales suscritos por España
y, por tanto, de obligado cumplimiento. También está
demostrado que una mejor formación va en la dirección de una
atenuación de los accidentes y, por supuesto, de un incremento
de la seguridad marítima. En el caso de flotas como la
española, cuya situación o estado no es el más deseable,
también es mucho más importante. Usted dice que se viene
cumpliendo. Pues bien, a nosotros nos dice el sector que no,
que los capitanes no los están exigiendo. Por tanto, lo único
que le pedimos, señor Ministro, es que se adopten las medidas
a que se comprometió en esta Cámara hace poco más de un año el
Secretario General de los Servicios de
Transporte cuando se debatió este asunto. Lo que pedimos es,
sencillamente, que se cumplan las normativas. Hoy mismo,
precisamente, en la Comisión de Infraestructuras, la inmensa
mayoría de los grupos ha mostrado su preocupación por la
inseguridad marítima. Estamos convencidos, señor Ministro, de
que con una formación adecuada se pueden evitar muchos
accidentes. Voy a citar un ejemplo, el que ocurrió en la Bahía
de Algeciras entre los buques «Petragen One» y «Camponavia»,
que, como usted sabe, produjo 33 muertos y daños económicos
muy importantes. En este caso no estaba en funcionamiento el
sistema de gas inerte. Con toda seguridad, si hubiera habido
una formación adecuada, esto no habría ocurrido. Este es un
hecho que acaeció hace algunos años, señor Ministro, pero
realmente está todavía sin aclarar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente. Señoría, comparto su preocupación por la necesidad
de desarrollar los procesos de formación que aumenten la
seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar. Esa
preocupación está patente, reconocida e impulsada en la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que aboga en su
articulado para que la gente de la mar reciba la necesaria
formación. A este fin, la orden de referencia establece cursos
y detallada su contenido y, desde que entró en vigor esta
orden, se han realizado 553 cursos en centros públicos y
privados; la Dirección General de la Marina Mercante ha
expedido 19.992 certificados --casi 20.000--, a través de
acuerdos con distintas universidades de ciudades marineras.
Esto, señoría, pone de relieve que la casi totalidad del
personal de las categorías a las que les es de aplicación la
orden ministerial a la que se refiere su pregunta está en
posesión de los certificados de formación. Veinte mil personas
lo han recibido para el embarque en buques tanques, de acuerdo
con el mandato establecido en esta Orden. Las comandancias de
marina y las capitanías marítimas, en virtud de las
instrucciones dadas por la dirección general, vienen exigiendo
la posesión de estos
certificados al personal enrolado, según el tipo de buque y la
actividad a desarrollar y aunque es posible que se hayan
producido deficiencias concretas y localizadas, creo que la
tarea de vigilar el cumplimiento de la posesión de los
certificados se viene adecuando a lo dispuesto en esta orden,
cuya aplicación progresiva, y los esfuerzos que viene
desarrollando el Ministerio para conseguirlo, permitirá
cumplir con el objetivo de seguridad que preocupa a S.S. y que
justifica su pregunta. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAVIER ARENAS BOCANEGRA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL PROYECTO DE LEY
APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS DEL PASADO VIERNES, DE
TRASPOSICION DE LA DIRECTIVA DE TELEVISION SIN FRONTERAS,
SUPONE UN APOYO AL MODELO AUDIOVISUAL EUROPEO Y, POR TANTO, A
SUS OPERADORES Y A SU INDUSTRIA (Número de expediente
180/000203)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva, número 23, del señor
Arenas Bocanegra, sustituido para este trámite por la señora
De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. En el Consejo de Ministros del 26 de noviembre se
aprobó un proyecto de ley de trasposición de la Directiva de
televisión sin fronteras, Directiva del año 1989, donde, según
la información de la que disponemos, se pretende un apoyo y un
impulso al modelo audiovisual europeo y, por tanto, a sus
operadores y a su industria. Por ello, pregunto si considera
el Gobierno que este proyecto de ley garantiza ese apoyo al
modelo audiovisual europeo, a sus operadores y a su industria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente. Sí.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, en principio, eso sería así; el
problema es que las circunstancias en que nos movemos son
especiales, y es que estamos en el tramo final de la
negociación de la Ronda Uruguay del GATT, y puede suceder --
esperamos todos que así sea-- que en los próximos días, 13 o
15, se produzca por fin un preacuerdo o un acuerdo entre
Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Si mañana, en
el mandato que se le dé al señor Brittan, se incorpora la
cláusula referida a contemplar esas excepciones que se
acordaron, de manera informal, en la reunión de Mons --entre
otras las del mantenimiento de los efectos de la Directiva de
la televisión sin fronteras-- si se acordara incluir esa
cláusula dentro del mandato al señor Brittan, incluso en esa
situación tampoco está garantizado que nosotros pudiéramos
desarrollar el proceso legislativo que reclama un proyecto de
ley, a tiempo y con efectos reales, por cuanto, en el momento
en que se cierre dicho acuerdo, no sera derecho positivo en
España el contenido de esta Directiva. Señor Ministro,
evidentemente, todo depende de cómo se cierre al final ese
acuerdo, pero me temo que no se va a poder estar en ese tipo
de detalles. Para garantizar de verdad lo que parece ser que
pretende el proyecto de ley y que pretende la Directiva,
tendría que ser ya a fecha de hoy, o por lo menos el día 13,
cuando se firme definitivamente ese acuerdo, derecho positivo
lo que se plantea. Desde el año 1989 ha habido tiempo para
hacerlo; por muy diversas razones no se ha hecho. Por ello,
desde el Grupo Popular le decimos que no se pueden correr
riesgos innecesarios y hay que tomar medidas excepcionales,
concretamente con el Capítulo III, según la información de la
que disponemos del proyecto de ley, para incorporarlo
directamente al derecho positivo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro. (Pausa.--Rumores.)
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: No sabe.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Se suspende la sesión durante cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
--DEL DIPUTADO DON LUIS MARDONES SEVILLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION: ¿QUE
PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESA Y
ALIMENTACION, PARA ATENDER EL SUBPROGRAMA 712 H-3 RESPECTO A
LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION, MEDIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
PESQUERAS REALIZADAS POR ACUERDO CONJUNTO CON DEFENSA? (Número
de expediente 180/000178)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Pregunta número 13,
del señor Mardones Sevilla, quien tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿qué
previsiones tiene su Departamento para atender el subprograma
712 H-3 respecto a las actividades de inspección, medios de
control y vigilancia pesquera realizadas por acuerdo conjunto
con el Ministerio de Defensa?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, S.S. el pasado 15 de octubre
se interesó por la aplicación de este programa pesquero.
Quiero informar a S.S. que las previsiones presupuestarias del
programa 712 H para atender las actividades de inspección,
medios de control y vigilancia pesquera, dentro del acuerdo
conjunto entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de
Defensa para el año 1994, son de 105 millones de pesetas, en
las que se incluyen gastos en material fungible de inspección
destinado a las tripulaciones de los patrulleros, gastos de
explotación y mantenimiento del patrullero Chilreu, obras del
patrullero Chilreu para su progresiva adecuación como barco de
apoyo a la flota pesquera y, de acuerdo con las
disponibilidades
presupuestarias, vamos a ir dotando progresivamente a los
patrulleros de nuevos equipos y sustituyendo los que por su
antigüedad y trabajo van quedando obsoletos, de tal forma que
ello redundará en una mayor productividad del tiempo empleado
por los patrulleros en actividades de control en el mar. El
señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Le hacía esta pregunta al señor Ministro de Agricultura --y le
agradezco el dato que nos ha facilitado y que motivará algunas
iniciativas por parte de mi Grupo referidas a la aplicación
del mismo programa en las aguas del archipiélago canario--
porque este programa, señor Ministro, como usted sabe, en un
principio estaba hecho por acuerdo conjunto entre su
Departamento y el de Defensa. En el Pleno de la semana pasada,
el señor Ministro de Defensa, en respuesta a una pregunta que
le formulé, dijo que la competencia en estos temas había
pasado a la Guardia Civil del Mar o a la Marina Mercante, en
aquel caso entendido al
archipiélago canario. Sin embargo, el señor García Vargas
solamente se refirió a patrulleros de altura que no sé si
están o no dentro de este acuerdo con su Departamento.
Solamente quería llamar la atención en este punto, puesto que
en el caso concreto de las aguas canarias, la Armada tiene
anclados los patrulleros en el muelle del arsenal naval
militar de Las Palmas y no están prestando esa vigilancia que
en este momento no sabemos si la cumple la Marina Mercante, la
autoridad portuaria o la Guardia Civil del Mar, en cuyo caso
dirigiríamos en su momento la pregunta al Ministro del
Interior. Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): El acuerdo, como S.S. sabe, efectivamente está
suscrito entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de
Defensa. Cuando se vayan desplegando los servicios de la
Guardia Civil del Mar, una parte de esa vigilancia la pueden
llevar a cabo los servicios de la Guardia Civil, y esperamos
que en alta mar, a través de la modificación de este acuerdo
con el Ministerio de Defensa, se puedan seguir utilizando en
el marco del mismo convenio. En todo caso, sobre la
modificación de esa gestión de los patrulleros tendré el honor
de informar a S.S. en un futuro próximo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON CARLOS MANTILLA RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA
CONSEGUIR QUE
MEJORE LA DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS A ASIGNAR, EN LA PESCA
DEL BACALAO, ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL, COMO CONSECUENCIA DEL
ACUERDO PESQUERO EFTA-CE? (Número de expediente 180/000183)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Mantilla
Rodríguez, quien tiene la palabra.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted bien sabe, el pasado 6 de diciembre
de 1992, Suiza aprobaba por un estrecho margen la renuncia a
la adhesión al Espacio Económico Europeo, lo cual significaba
tener que renegociar el acuerdo EFTA-Comunidad Económica,
acuerdo que nuevamente tendrán que aprobar los 12 parlamentos
nacionales. Como usted bien sabe también, en el preacuerdo
existente que pudo llevarse a la práctica, el reparto de las
cuotas de la captura del bacalao estaba dividido al 50 por
ciento entre Portugal y España. Por ello le preguntamos lo
siguiente: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
conseguir que mejore la distribución de las cuotas a asignar,
en la pesca del bacalao, entre España y Portugal, como
consecuencia del acuerdo pesquero EFTA-CE?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señorías, al final de la negociación
del Espacio Económico Europeo, el Consejo de Asuntos Generales
de 21 de octubre de 1991 llegó a un acuerdo para que el
reparto interno de la cuota adicional de bacalao en aguas de
Noruega se realizase únicamente en base a criterios de
cohesión. Como S.S. conoce perfectamente, los países a los que
se aplica este criterio son España, Portugal, Grecia e
Irlanda. Grecia no ha mostrado interés en el reparto y, por
tanto, se descarta su participación; Irlanda ha solicitado
participar en el reparto y es posible que mantenga hasta el
último momento esta petición, aunque la flota irlandesa nunca
ha dirigido su actividad al bacalao en aguas de Noruega. La
Comisión de la Unión Europea no ha presentado todavía una
propuesta de asignación de cuotas de bacalao y es de esperar
que, finalmente, el reparto se efectúe sólo entre España y
Portugal, como su S.S. indica. Queda por conocer y en su caso
discutir la manera en que se va a efectuar el reparto entre
ambos países.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el inicio de la negociación del acuerdo
EFTA-Comunidad Económica, España solicitaba unas cuotas de
90.000 toneladas de captura durante los cinco años de duración
del acuerdo y finalmente se aceptaron unas cuotas de 30.000
toneladas vivas, lo cual significa que en salado es muchísimo
menor. Como usted también sabe muy bien, al principio España
pretendía un reparto de las cuotas de uno a tres. Sin embargo,
no queremos ser suspicaces puesto que estamos totalmente
convencidos de que el Director de Pesca de la Comunidad, señor
Almeida, de nacionalidad portuguesa, no ha incidido en el
reparto último del 50 y 50. Le quiero recordar al señor
Ministro que hay 69 buques pesqueros en España dedicados a la
pesca del bacalao y que, en estos momentos, media docena mal
contado son los que pueden faenar. Por tanto, le vuelvo a
recordar y a rogar al señor Ministro que en la nueva
negociación de ese acuerdo EFTA-Comunidad Económica, que hay
que renegociar, repito, se intente que esas cuotas sean
mejorables para España. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, hoy el Comisario de Pesca
previsiblemente haya hecho esa propuesta, a la que usted hace
referencia, de 50-50 España Portugal; oficialmente no la
conocemos. En todo caso, la tiene que debatir la Comisión y
pasarla al Consejo. En lo que hemos estado insistiendo ha sido
precisamente en el criterio que fijó el Consejo de Asuntos
Generales, es decir, que el criterio de reparto se base en los
principios de la cohesión. Por tanto, utilizando todos los
parámetros en los que se puede comparar España y Portugal a
efectos de cohesión, el resultado que sale indudablemente no
es el 50 por ciento, es distinto, independientemente del
recurso que se pueda hacer a derechos históricos y a la
utilización de esos caladeros por nuestras respectivas flotas.
Por tanto, espero que la solución final de la Unión no sea la
que, como S.S. muy bien indica y conoce, previsiblemente puede
presentar el Comisario que sería el 50-50, que no daría
satisfacción a nuestras demandas, que creemos bien
fundamentadas, tanto desde el punto de vista de los criterios
de cohesión como desde el punto de vista de nuestros derechos
históricos. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ISIDORO HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACI'ON: ¿ES CONSCIENTE EL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA DE QUE POR LA MAYOR PARTE DE LA GEOGRAFIA
NACIONAL LOS
AGRICULTORES HAN SEMBRADO SUS COSECHAS DE CEREALES SIN TENER
CONOCIMIENTO ALGUNO DE LAS NORMAS QUE REGIRAN EN LA ACTUAL
CAMPAÑA 1993-1994? (Número de expediente 180/000184)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Hernández-
Sito, que tiene la palabra.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Gracias señor
Presidente.
¿Es consciente, el señor Ministro de Agricultura, de que por
la mayor parte de la geografía nacional los agricultores han
sembrado sus cosechas de cereales sin tener conocimiento
alguno de las normas que regirán en la actual campaña
1993-1994?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, las condiciones
de pluviometría de este otoño han hecho que las siembras de
los cereales de otoño, aproximadamente un 30 por ciento de las
siembras de secano, se encuentren en este momento en fase de
realización, como consecuencia de las condiciones de humedad
que se han derivado de esta pluviometría anormalmente alta en
el mes de octubre. Quisiera precisar a S.S. que la decisión de
siembra no hay que condicionarla a una falta de información
sobre los elementos que fundamentan las decisiones de gestión,
puesto que éstas son conocidas por los agricultores, algunos
desde el año pasado, los reglamentos del Consejo 1765 y 1766 y
otros porque están contenidos en reglamentos de la Comisión
publicados a finales de septiembre. Todos los reglamentos,
señoría, son de obligado cumplimiento desde el día de su
promulgación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Hernández-Sito tiene la palabra.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Señor Presidente,
muchas gracias. Señor Ministro, se cree que los agricultores
tienen el Boletín Oficial en el tractor. Usted ha sacado una
orden el sábado y la mayoría de los agricultores de mi región
y de muchas regiones de España han sembrado y los que hayan
dejado, por ejemplo, las tierras para girasol --que no tenían
ninguna normativa porque sembraron perfectamente-- ahora se
encuentran con que no pueden sembrar. Otra cosa que tampoco
sabíamos --no digo que usted esté mintiendo pero no se ajusta
a la verdad-- es qué van a hacer los que están por debajo de
los dos mil kilos de hectáreas, en mi región y la mayoría de
las regiones de España. ¿A qué se va a condenar a estos
señores? No hay compensaciones, no ha dado usted en la norma
ninguna compensación. ¿Qué renta van a tener si dejan de
sembrar? ¿Qué política de locos están ustedes llevando, señor
Ministro? Empezó el señor Romero con un acuerdo con la
Comunidad Europea que nos vendió y viene desde entonces el
desastre; el señor Solbes ya casi nos remata y usted no sólo
quiere terminar con los agricultores, es que nos va a
exterminar. Ustedes, como digo, están haciendo una política de
ricos para las tierras altas de grandes rendimientos, donde
pueden tener otros cultivos. (Rumores.) Sin que me den voces
algunos señores socialistas, con el mejor espíritu pero con el
lenguaje coloquial que yo uso, usted, señor Ministro está
demostrando que no tiene ni puñetera idea de lo que pasa en el
sector agrario. (Rumores.) Porque cómo se puede hacer un plan
de regionalización...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Hernández-Sito, esas palabras no se ajustan a la
cortesía parlamentaria.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Ese es el lenguaje
español.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández-Sito, el lenguaje español
permite salirse de la cortesía.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Retiro lo de que no
tiene ni puñetera idea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Y si le parece bien al
señor Presidente digo que no sabe lo que se trae entre manos.
¿Le parece bien? El señor Solbes dijo que sobraba un millón de
personas en el sector agrario, llegó a esa conclusión y lo
está llevando a efecto. Usted, que ha sido un alto cargo
responsable del medio ambiente, el año pasado por la sequía --
y usted lo sabe, señor Albero-- dijo que había que sembrar
cultivos
alternativos porque el problema del agua del año pasado, de
éste y del que viene es grave, a pesar de que haya llovido
ahora más. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos que volver a una siembra
de alto rendimiento de agua, como el maíz y otra serie de
productos, y los agricultores que se han quedado sin
barbecho...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACI'ON
(Albero Silla): Señor Presidente, señorías, hace algún tiempo
que conozco las intervencionesparlamentarias del señor
Hernández-Sito y su lenguaje coloquial. Creo que la
descripción que hace no es por desconocimiento, sino que la
situación del sector tiene mucho que ver con la realidad sobre
todo en este momento. En todo caso, hay otra pregunta
posterior planteada por el Grupo Socialista, referida
directamente a los problemas que afectan a la próxima campaña
del girasol, y
quizás en esa respuesta me extienda más. En todo caso, le diré
que en este momento lo que sí tenemos es un vacío, no
consecuencia de la Administración española sino de la
dificultad de la negociación comunitaria. Llevamos tres
Consejos de Ministros y espero que en el próximo, a mediados
de este mes, lleguemos a un acuerdo los Estados miembros.
Están pendientes de aprobación, como S.S. debe saber, los
nuevos criterios sobre planes de regionalización, el
incremento de la ayuda para la retirada de cultivos de 45 a 57
ecus, así como definir el porcentaje de retirada rotatoria y
fija. En todo caso, diré a S.S. que si alguna de las órdenes -
-concretamente una que ha citado del pasado sábado-- se
hubiera retrasado más, posiblemente sí que nos sería imputable
una cierta irresponsabilidad. En cambio, creo que el haberlas
adelantado al máximo, como hemos hecho, nos da aval en el
sentido de no sólo haber informado, como se ha hecho, a través
de los medios de comunicación, sino de hacerlo, además, a
través de una norma de la que se podrá discutir su
efectividad...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION: ¿COMO ES POSIBLE QUE ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA EFECTUEN DECLARACIONES PUBLICAS EN RELACION CON
LA FORESTACION DE TIERRAS ARABLES EN FRANCA
CONTRADICCION CON LO PREVISTO EN LOS PRESUPUESTOS DE ESTE
MINISTERIO PARA 1994? (Número de expediente 180/000185)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Ramírez
González.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cómo es posible que altos cargos del
Ministerio de Agricultura efectúen declaraciones públicas en
relación con la forestación de tierras arables, en franca
contradicción con lo previsto en los presupuestos de su
Ministerio para 1994?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señoría, para financiar el importe
de las ayudas contempladas en el programa se han efectuado las
siguientes previsiones para este presupuesto: las aportaciones
financieras del Ministerio serán de 3.213 millones, de las
comunidades autónomas 3.213 millones también o el 12,5 por
ciento de las aportaciones, según los casos, y del Feoga-
Garantía 14.996; en total, 21.422 millones. En el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 1994 aparecen créditos
por importe de 18.209, que incluyen la financiación del
Ministerio (3.213) y del Feoga-Garantía. Naturalmente, los
créditos para la financiación a cargo de las comunidades
autónomas quedarán reflejados en sus presupuestos para 1994.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
El señor Ramírez tiene la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Ministro, yo no estoy
hablando de pesetas; estoy hablando de que el Secretario
General de Estructuras está diciendo en los medios de
comunicación que se van a forestar 200.000 hectáreas el
próximo año. Y en las previsiones de su Ministerio, programa
712.D-3, página 306, figura que se podrán atender 6.295
peticiones, con un máximo de 55.000 hectáreas a forestar. Es
decir, que hay una contradicción absoluta entre las 200.000
hectáreas que dice el señor Carles y lo que figura en su
presupuesto, que su partido no nos ha permitido mejorar,
porque sabe que nosotros entendíamos que había que intentar
obtener mayor número de hectáreas.
Señor Albero, tenemos el siguiente panorama: un programa de
forestación, presentado por su Gobierno antela Comunidad
Económica Europea, que prevé forestar 500.000 hectáreas de
tierras arables, programa que aún no ha sido aprobado por la
Comunidad Económica Europea y no hay visos de que se apruebe
con urgencia; un Secretario General de Estructuras que está
predicando, con un mesianismo arbóreo de mayor digna causa,
que se van a forestar 200.000 hectáreas, pero el presupuesto
del Ministerio solamente prevé actuar sobre 55.000. Por tanto,
señor Albero, estamos creando tal desinformación en los
agricultores, estamos creando tal falta de seriedad que en
estos momentos --la Cámara tiene que saberlo-- solamente de
siete comunidades autónomas ya han llegado peticiones que
alcanzan a más de 170.000 hectáreas para 1994; el presupuesto
sólo prevé actuar sobre 55.000 hectáreas y en siete
comunidades autónomas ya se han pedido 170.000. ¿Y qué van a
lograr ustedes? Van a lograr que hasta en la forestación haya
listas de espera. Han logrado las listas de espera en la
sanidad pública --con notorio éxito, por supuesto--, logró su
Ministerio listas de espera para que los agricultores pudieran
cobrar las ayudas para mejorar sus
explotaciones agrarias --hasta cuatro años de espera-- y en la
forestación van a lograr ustedes también listas de espera.
Todo un éxito de la política agraria que está llevando a
efecto su Ministerio. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.
Señoría, avalo absolutamente todas las declaraciones que ha
hecho el Secretario General de Estructuras, absolutamente.
Además, espero que S.S. colabore en no defraudar las
expectativas de los agricultores, porque van a ser atendidas.
Hay muchas causas dignas y justas, pero la causa arbórea a que
usted hace
referencia me parece una de las más dignas y justas, tanto
desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de
vista agrario. En el programa que acabo de indicar hay, para
el año 1994, unas ayudas previstas de 21.774 millones,
cofinanciadas por las comunidades autónomas y por el Feoga-
Garantía, que van a posibilitar la reforestación de 158.000
hectáreas, seguro, 30.286 millones, el mantenimiento de la
superficie forestada, la compensación de rentas y la mejora de
38.000 hectáreas, lo cual puede dar un total bastante
aproximado a esas 200.000 hectáreas que S.S. y yo también
espero que sean la demanda para este año. En cuanto a la
aprobación por la Comisión, esperamos que en función, en todo
caso, pero independientemente también --porque es un gasto
obligatorio-- de las dificultades presupuestarias de la
Comunidad, siendo como es un gasto obligatorio y en el marco
del Feoga-Garantía ese plan sea aprobado por la Comisión. En
tanto en cuanto el plan no sea aprobado y tarden dos o tres
meses en llegar los retornos de la Comunidad, el Gobierno está
preparando la posibilidad de que la Secretaría General y el
Iryda, en su caso, se endeuden para poder, durante dos o tres
meses, financiar esas ayudas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FERNANDO SOTO MARTIN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE NORMAS VA A
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REGULAR LA CAMPAÑA DE OLEAGINOSAS
1994/95, A FIN DE APROVECHAR AL MAXIMO LA FINANCIACION
COMUNITARIA? (Número de expediente 180/000201)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Soto
Martín, que tiene la palabra.
El señor SOTO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué normas va a adoptar el Gobierno para
regular la campaña de oleaginosas 1994/95, a fin de aprovechar
al máximo la financiación comunitaria? Esa es la pregunta
escueta que se la ha comunicado en el Boletín Oficial. En todo
caso, por la importancia económica y social de la ayuda
comunitaria y por incidir su materialización en territorios
concretos de nuestro país, en los que se mira alternativamente
al cielo y a Bruselas para decidir qué labores o qué siembras
realizar, permítame que le amplíe en cierta medida la
pregunta, en el sentido de que nos explique si las normas para
regular la campaña cuentan con la opinión favorable de los
responsables de las comunidades
autónomas en este tema, así como de las organizaciones de
agricultores. En última instancia, señor Ministro, la pregunta
se extiende porque entendemos que si existe un buen nivel de
diálogo y cooperación se harán mucho mejor las tareas, aunque
sé que no siempre es posible coincidir al 100 por cien.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Gracias, señor Presidente.
Señoría, a la campaña 1994/95 será aplicable el memorándum del
acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre
oleaginosas, que consolida la superficie tradicional de la
Unión Europea y da luz verde al nuevo régimen de ayudas
comunitarias en el sector de los grandes cultivos; ayudas por
superficie en vez de por producto. En la campaña 1994/95 se
contemplan medidas transitorias para el cultivo del girasol en
España y Portugal, para tener en cuenta lo dispuesto en los
respectivos tratados de adhesión. Por lo que se refiere a
España, las líneas de
regulación de la próxima campaña del girasol son: superficie
máxima garantizada, 1.411.000 hectáreas; superficie máxima
garantizada neta, descontado ya el set aside, 1.199.350; y
ayuda a la hectárea de rendimiento medio, 59.209 pesetas por
hectárea. La ayuda tendrá una reducción de un punto por cada
punto de superación de la superficie máxima garantizada. A
partir de la campaña 1995/96 el girasol español quedará
integrado en el régimen general de oleaginosas, por la que la
ayuda será de unas 37.124 pesetas hectárea.
El pasado sábado, 27 de noviembre, se ha publicado en el
Boletín Oficial una Orden Ministerial que establece una serie
de normas específicas de apoyo a los productores de semillas
oleaginosas para la próxima campaña. Estas medidas tienden
básicamente a reducir, de un modo ordenado pero en todo caso
efectivo, la superficie que, como S.S. sabe, este año ha
superado los
2.100.000 hectáreas para adecuarla a lo que va a ser la
superficie que no tendrá penalización si la alcanzamos. Se han
puesto en marcha una serie de mecanismos como es la exclusión
de pagos compensatorios
para superficies situadas en regiones de producción con
rendimientos inferiores o iguales a dos toneladas por
hectárea, pero para ello hay una excepción: todos aquellos
agricultores que puedan justificar que han cultivado
oleaginosas en la campaña 89, 90, 91 quedan exentos de esta
limitación de los dos mil kilos por hectárea.
En cuanto a la pregunta que me ha formulado S.S.
complementando la que figura en el orden del día, sobre si las
conversaciones con las organizaciones profesionales agrarias y
con las
comunidades autónomas han llevado a un consenso absoluto, le
puedo decir a S.S. que era bastante difícil pasar de 2.100.000
a 1.200.000 y que todo el mundo estuviera de acuerdo.
Previsiblemente, por una razón o por otra nadie estaba de
acuerdo, pero era imprescindible intentarlo, y en el ejercicio
de nuestra responsabilidad hemos sacado esta Orden.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PARA PONER FIN A LA ACTUAL
MASIFICACION DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS Y ATAJAR LOS
PROBLEMAS QUE SUFRE EL PROFESORADO UNIVERSITARIO, ASI COMO
PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN CURSAR LOS ESTUDIOS
DE SU ELECCION (Número de expediente 172/000021)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del
día: interpelaciones urgentes. Entramos en la discusión de la
interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas
de política general para poner fin a la actual masificación de
los centros universitarios y atajar los problemas que sufre el
profesorado universitario, así como para facilitar que los
estudiantes puedan cursar los estudios de su elección. Para
desarrollar la interpelación, en nombre del grupo proponente
de la misma, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, en nombre de mi Grupo presento esta interpelación
con el mayor ánimo constructivo, con la esperanza de que le
sirva de estímulo, le haga reaccionar y, al fin, le haga tomar
la
iniciativa después de estos meses de expectación, preocupados
por los problemas educativos y, en concreto, por los problemas
universitarios, en que su actitud se ha venido caracterizando
por una sorprendente pasividad que, quizá por una curiosa
teoría de los vasos comunicantes, ha conseguido movilizar a la
Universidad, algo que ni su más legendario antecesor, el señor
Maravall, consiguió. Cuando el señor Maravall era Ministro
saltaron a la calle los estudiantes de enseñanza media, en la
Universidad siguieron en lo suyo, y usted ha conseguido que
salgan a la calle los universitarios, y no precisamente porque
haya hecho
propuestas enormemente arriesgadas o porque haya abordado los
graves problemas que viene sufriendo la Universidad. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Por otra
parte, usted ya tiene noticia de ese ánimo constructivo,
porque hace tres meses recordará que cuando comenzó el
problema de las tasas lo primero que dije en nombre del Grupo
Popular es que nos parecía una exigencia mínima, esencial, que
si ustedes subían las tasas, subieran en la misma cuantía su
aportación a las
universidades. Usted, después de muchas movilizaciones,
manifestaciones y negociaciones, al final, ha llegado a una
conclusión que parece que soluciona todo: va a dar el mismo
dinero que ha supuesto la subida de las tasas; es decir, justo
lo que le propusimos hace tres meses, pero con un coste
adicional: todo el barullo al que hemos estado sometidos
durante todo este tiempo. De todas maneras, alabo su sabia
actitud por haber aceptado, aunque sea tardíamente, una
sugerencia de la oposición. Creo que por esa vía pueden tener
solución muchos de los problemas con los que se va a encontrar
entre manos. Si va prestando atención a lo que le sugerimos,
le aseguro un brillante futuro. Ahora bien, procure hacerlo
con más rapidez.
Señor Ministro, la Universidad ha pasado a la página de
sucesos. Esta mañana viniendo hacia la Cámara he recordado
viejos tiempos, viejos tiempos de antidisturbios, de
despliegues en torno al Ministerio de Educación. Se rejuvenece
siempre un poco. No es que me alegre, y seguro que usted
tampoco, de que la Universidad esté en la página de sucesos,
pero reconózcame que quizá se le pueda aplicar a la
Universidad aquello que se aplica tanto a los políticos: que
hablen de uno aunque sea mal. Por lo menos, se está hablando
de la Universidad, algo es algo, porque hacía tiempo que no se
hablaba de la Universidad para nada. Ya que se está hablando,
vamos a aprovechar para hablar con algo de seriedad y de
profundidad, vamos a preocuparnos de los problemas
estructurales que aún sufre que no solamente no fueron
atajados por la LRU sino que fueron agudizados e
incrementados, y diez años después usted tiene la suerte de
estar en una situación óptima para intentar abordarlos. La
verdad es que se lo han puesto fácil, con nada que haga
mejorará la Universidad, pero, por favor, señor Ministro, haga
algo. Ese es el problema
fundamental.
Por ejemplo, señor Ministro, le preguntaría qué le obliga a
usted a comportarse ilegalmente --para mayor mérito,
ilegalmente infringiendo una ley que es de ustedes, la LRU--
manteniendo a las universidades sometidas
a un sistema según el cual se ven obligados a admitir más
alumnos que los que su capacidad permite, en contra de lo
establecido taxativamente por el artículo 26.2 de la LRU.
Señor Ministro, usted que preside el Consejo de Universidades,
¿qué le obliga a bloquear el establecimiento de módulos
objetivos de capacidad de los centros que ya han establecido
muchas universidades? Sin embargo, usted, como Presidente de
ese Consejo, las obliga a admitir más alumnos de los que
físicamente --no digamos nada de otros baremos-- caben. ¿Por
qué, qué le obliga a ello? ¿Piensa usted que eso no afecta a
la calidad de enseñanza? Usted tiene experiencia, como yo, de
lo que es la Universidad, sabe que eso es una coartada para el
absentismo, sabe que en el primer trimestre los alumnos se
sientan en el suelo y en el segundo trimestre hay huecos, pero
eso no debe consolar a nadie. Ha sido usted el que ha
producido esos huecos obligando, primero, a sentarse en el
suelo a un alumno, porque así nadie tiene autoridad para decir
que hay que estar en clase. Claro que, a lo mejor, es
preferible no estar en clase. De hecho, su Director General,
señor don Octavio de Toledo, tiene una teoría, ya famosa,
según la cual los alumnos que más van a clase son los que más
suspenden, puesto que dice que los repetidores deben pagar más
por ser los que más usan la Universidad. Por lo visto, los que
suspenden no son los que no van a clase, son los que van; por
eso suspenden. Y me temo que sea verdad. Usted sabe, como yo,
que muchos de nuestros compañeros hacen exámenes parciales y
ponen sobresaliente a un señor al que no han visto la cara en
su vida y suspenden al que tienen sentado allí todos los días.
¿No provoca improvisación del profesorado, señor Suárez
Pertierra, esa masificación de la Universidad, ese desbordarse
de sus alumnos? ¿Piensa entonces mantener esa medida que ha
sido un símbolo de la despreocupación por la Universidad de
sus antecesores? ¿Piensa mantenerla, piensa seguir
permitiendo, incluso estimulando, que las universidades se
vean obligadas a actuar contra la Ley, contra su Ley, contra
una ley socialista? Señor Ministro, le aconsejaría lo
siguiente. ¿Por qué no se anima de una vez a recuperar en
distinto sentido una idea de su antecesor el señor Solana? El
señor Solana dijo que él pensaba establecer una evaluación de
los centros universitarios, aunque él se convirtió en una
especie de jurado ajeno al asunto y lo anunciaba para darles
más o menos dinero y decía que iba a distinguir unos centros
de otros. ¿Por qué no aborda usted esa vieja idea del señor
Solana, de la que el señor Rubalcaba no tuvo ocasión de hablar
porque no tuvo ocasión de hablar de nada el poco tiempo que
estuvo en su querido Ministerio? ¿Por qué no nos distingue
usted centros universitarios, titulaciones que se imparten en
esos centros universitarios que cumplen unos
requisitos mínimos de calidad --o sea, espacio físico,
relación profesor-alumno y titulación adecuada del profesor--,
de aquellas titulaciones-centros donde no se dan esos
requisitos porque están en estado de excepción? Señor
Ministro, usted que es jurista sabe que el Estado de excepción
sólo es legítimo cuando está sometidoa un plazo determinado.
Si usted hace esa evaluación, se estará obligando a acabar con
ese estado de excepción en un plazo determinado y no fomentar
esta oscuridad en la que todos los gatos son pardos y resulta
que la Universidad está toda igual, cuando sabe como yo que en
el mismo centro hay grupos donde todos los que dan clase son
catedráticos o titulares y grupos donde no hay ni uno que
tenga esa adecuada titulación; eso no beneficia a nadie. Ese
grupo en estado de excepción debe de ser marcado como tal para
que, cuanto antes, se subsanen esas carencias. Eso es
homologar el sistema educativo, señor Ministro, no someterlo a
caprichos de financiación debido a intereses políticos de su
partido y no a las necesidades de la Universidad. Eso es
homologar el sistema educativo y no decir: si ustedes se
siguen movilizando y me complican la vida y me llenan la calle
de policías, les doy dos mil milloncitos más; si se están
quietos, no. Eso es lo que está haciendo usted y eso no es
serio, señor Ministro, ni educativo, aunque pueda ser
oportunista. ¿Piensa el señor Ministro mantener el diseño
regresivo de selección del profesorado que inventó su
antecesor el señor Maravall? Y si lo va a mantener, yo le
pregunto: ¿Obligado por quién? ¿Quién le obliga a mantener el
actual sistema de endogamia en la selección del profesorado?
¿Quién le obliga a dar más importancia al empadronamiento que
al prestigio científico? ¿Quién? Dígalo, que lo sepamos. Si
realmente hay algún Grupo en esta Cámara que le obliga a usted
a eso, que se sepa, porque lo contrario no tiene explicación
alguna. Y le pregunto: ¿En beneficio de quién mantiene usted
ese sistema?
Señor Ministro, ¿piensa seguir manteniendo bloqueados a los
profesores universitarios en un momento en que en toda Europa
se entiende que la movilidad de profesores y estudiantes es un
síntoma del nuevo aire que Europa quiere dar a sus
universidades? ¿Van a seguir siendo los profesores
universitarios los únicos funcionarios de este país que no se
pueden trasladar sin hacer una oposición? ¿No va a procurar
usted de una vez que cualquier plaza vacante salga a concurso
de traslado antes de salir a oposición, como se hace incluso
en enseñanza media? ¿Por qué no, señor Ministro? ¿En beneficio
de quién, señor Ministro? Aclare esa situación. Han sometido
ustedes durante nueve años a la Universidad a la sangría de la
jubilación anticipada y seguimos sin saber por qué, señor
Ministro. ¿Por qué? ¿En perjuicio de quién, señor Ministro? Y
una vez que ustedes han dicho que ya está bien, que con haber
perjudicado
a nueve promociones de profesores ya se ha perjudicado
bastante, ustedes, sin dar una explicación, se deciden a
corregir el entuerto. Pero el cambio de las Cámaras hace que
el proyecto decaiga. Nosotros sugerimos en junio un decreto-
ley y ustedes apuraron al máximo hasta hacer caso, porque
usted empezó bien, empezó haciendo caso y sigue, pero, ya
digo, siempre con tres meses de retraso. Vamos a ver si
consigue usted ponerse a la altura de la oposición, a ver si
consigue hacernos caso antes. Usted ha acabado sacando el
decreto-ley, que decían que era una cosa jurídicamente
dificilísima. A nosotros se nos ocurrió tres meses antes.
¡Hombre! Reconocemos que estamos menos gastados, las cosas
como son. (Rumores.) Es la realidad, señores, es la realidad.
Celebro que ya que están tan pocos por lo menos hablen un
poquito. Lo que le pregunto, señor Ministro, es lo siguiente:
¿Va a hacer falta otro decreto-ley? Usted se lo toma con
calma, ¿eh? Estamos ya en diciembre. ¿Cuándo va a traer usted
el proyecto a esta Cámara? Usted no tiene experiencia
parlamentaria, pero yo se lo cuento: un proyecto requiere sus
trámites y al anterior le faltó una semana, pero como vayamos
a su ritmo nos van a faltar tres años. ¿Vamos a necesitar otro
decreto-ley para no jubilar a los profesores? Al ritmo que va
usted, me temo que sí. Y así, los problemas se van acumulando.
Yo le pregunto, señor Ministro, ¿cuándo trae aquí el proyecto
de reforma de la LRU, de reforma de la reforma? ¿Cuándo lo
trae? ¿Con quién lo está usted consensuando? Usted anunció
hace tres meses --parece que para usted el plazo de tres meses
es el mínimo-- que lo iba a consensuar. ¿Con quién lo está
consensuando? Permítame esa curiosidad. Yo estuve en un debate
en la última campaña electoral en la Universidad de Sevilla,
sitio óptimo, en el paraninfo nada menos, y allí un colega
suyo que hoy brilla por su ausencia, el señor Lazo, dijo que
el Partido Socialista quería abordar la reforma de la
selectividad, pero había hablado con un Grupo minoritario de
la Cámara --no dijo cuál-- y no encontró receptividad y, como
consecuencia, no siguió el consenso. O sea, que ustedes, por
lo visto, consensúan primero con los grupos minoritarios y
luego ya, según vaya, se acercan a otros grupos. Pues
satisfaga mi curiosidad: ¿con quién ha consensuado, señor
Ministro?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, vaya
terminando.
El señor OLLERO TASSARA: Voy a ir terminando, señor
Presidente.
Con quién está usted consensuando y qué exigencia le está
planteando ese interlocutor suyo que impide que el proyecto
llegue de una vez a esta Cámara?
Yo digo lo que ha dicho mi partido respecto a otros problemas:
con tal de arreglar la situación de la Universidad, nosotros
consensuamos gratis. Gratis, no le cuesta a usted ni un duro.
¿Sabe usted lo que es eso? (Rumores.--Un señor Diputado del
Grupo Socialista: ¡Qué va!) Sí lo sabe, a estas alturas lo
sabe todo el Gobierno. ¿Sabe usted lo que es conseguir que
alguien le dé a usted un voto sin pedirle un duro? Nosotros,
señor Ministro, aquí estamos y sin plantearle ninguna
exigencia particularista, porque la Universidad no entiende de
particularismos, porque la Universidad supera fronteras y la
Universidad no tolera que se inventen fronteras nuevas. ¿Lo
entiende usted bien, señor Ministro, o no lo entiende? Si
quiere se lo digo más claro todavía. Esa es la situación, y
estamos aquí dispuestos a arreglar la Universidad con quien
nos deje arreglarla, señor Ministro.
Hacen ustedes mucha retórica europea, pero en un momento en
que Europa tiene un programa Erasmus para que se muevan los
estudiantes, ustedes aplican la doctrina Monroe; aquí no se
mueve ni un alumno, no se puede mover. Fíjese, datos que su
Ministerio ha enviado al Senado recientemente sobre una
Universidad que no es que sea la Complutense: la Universidad
de Zaragoza. A la universidad de Zaragoza, que ha ofertado
14.000 puestos para acceso en este curso, le corresponden por
su curioso sistema de distrito compartido un minúsculo 5 por
ciento para alumnos de otras comunidades, de otros distritos
lo llaman ustedes. Ese 5 por ciento serían 723. Imaginemos que
se ha empleado el cupo, que no creo --además, el cupo no es
ése porque usted sabe que hay un tope del 10 por centro que
hace que baje muchísimo--, imaginemos que son 723. Pues mire
usted, hay 644 alumnos, el doble, que han querido ir a
Zaragoza y no han podido: doctrina Monroe del Ministerio
socialista en pleno programa Erasmus. ¿En beneficio de quién,
señor Ministro? ¿Para solucionar qué, señor Ministro? ¿Es que
usted no es capaz de multiplicar por 10 el distrito
compartido? ¿Por qué no? Explique aquí hoy ante esta Cámara
qué problemas técnicos o políticos o qué compromisos tiene
usted que le impiden ampliar, multiplicando por 10, el
distrito compartido. ¿En beneficio de quién? ¿En beneficio de
la Universidad? Explíquelo aquí, señor Ministro, que eso sería
muy interesante. Lo que no tiene sentido es que usted imponga
en la Universidad la zonificación en un momento en que el
Tribunal Constitucional la prohíbe para la enseñanza primaria
y secundaria. Aquí hay que estudiar en la Universidad del
barrio, ésa es nuestra universalidad: sistema socialista.
¿Quién se está oponiendo a eso, señor Ministro, y a cambio de
qué acepta usted esa oposición? ¿Por qué si dicen ustedes que
hay plazas para todos en la Universidad española y que todo es
un problema de distribución, por qué si eso es verdad --y debe
serlo si lo dicen ustedes--, sin embargo, los alumnos que
estudian lo que
ellos solicitan como primera opción son tan pocos? ¿A qué se
debe si hay plazas para todos? Es que ustedes los distribuyen
mal, a lo mejor por compromisos que no sé si son
inconfesables, pero ustedes no los confiesan, desde luego, no
vienen aquí a contar cuáles son. Explique por qué no hay esa
movilidad. Y, por último, señor Ministro, en medio de todo
este planteamiento, lo de las tasas no es sino la espoleta.
Unos señores que no han movido un dedo para arreglar ni uno
solo de los problemas de la Universidad encima pretenden
cobrar más por lo mismo, porque claro, señor Ministro, lo que
no se puede es decir que por cambiar de rótulo una titulación
vamos a cobrar más, cuando ustedes además han puesto como
condición previa para una nueva titulación que sea a coste
cero. Eso es una sacaliña impresentable. O sea que usted
primero dice: cámbiele el nombre, no se gaste una peseta más
porque si no no le dejo cambiar el nombre, y ahora, eso sí,
cobre lo que quiera. No, aquí lo lógico será que aquellos
centros y titulaciones que de verdad reúnan esos requisitos
mínimos, que usted debe comprobar, se puedan subir las tasas
(lógicamente subiendo las becas también, señor Ministro, que
es lo que no ha hecho) y en aquellos otros centros que están
en estado de excepción usted no sube las tasas ni una peseta,
ni el IPC, lo que tendrá es que prepararse a devolver dinero.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, termine
ya.
El señor OLLERO TASSARA: Sí, señor Presidente, le agradezco su
advertencia y termino enseguida.
Por tanto, ése es el planteamiento, porque es que además --y
con esto termino de verdad--, señor Ministro, si usted
distingue de una vez los centros universitarios y titulaciones
donde se reúnen esos requisitos mínimos de calidad de los que
están en estado de excepción, la consecuencia no será sólo que
los alumnos que vayan a centros en estado de excepción no
tendrán que pagar ni una peseta más, es que usted quedará
comprometido formalmente ante toda la sociedad española a
aumentar los recursos necesarios para que el estado de
excepción desaparezca de inmediato, y no se podrá colocar,
como pretendía el señor Solana, en plan jurado de concurso de
misses a decir qué Universidad me gusta más o cuál me gusta
menos. Porque los causante de las carencias de esas
universidades que no den el nivel o de esos centros que no den
el nivel o de esas titulaciones que no den el nivel son
ustedes; son ustedes, que mientras que la Generalitat, por
ejemplo, está intentando que la Universidad Pompeu Fabra sea
un ejemplo de Universidad y un símbolo, ustedes están
convirtiendo la
Complutense en una especie de coche escoba donde va todo el
mundo que no va a otro sitio, y no le dan un duro. Porque
tienen un rector un poquito más allá que necesita dinero, por
lo visto. No, eso no, señor Suárez. No sé si usted perteneció
al grupo especial de la Complutense, pero me parece que no es
muy de recibo que ustedes vayan a convertir en universidades
especiales aquellas que tengan un rector de su partido. Por
ahí desde luego no van a encontrar el apoyo del nuestro. Estas
son nuestras preguntas, éste es nuestro afán constructivo de
estimularle y ahora
esperamos, y esperamos con verdadera ilusión. Vamos, por fin,
a oír hablar al Ministro de Educación y Ciencia del Gobierno
socialista que nos va a decir qué va a hacer en la
Universidad. Ya iba siendo hora. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar, tiene
la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Señor Presidente, señoras y señores Diputados.
Su señoría no consigue sorprenderme nunca en el tono que
emplea. Siempre estoy preparado para las descalificaciones
políticas que hace S.S., que además tiene la curiosa facultad,
que desde luego no envidio, de hacerlas trascender en
ocasiones incluso a lo personal. Sin embargo, he de confesar
que siempre me sorprende S.S. en los conceptos que emplea, si
de conceptos pudiera hablarse. Hoy ha dicho S.S. cosas como:
mover la Universidad, mérito que atribuye a este Ministro; ha
hablado de
comportamientos ilegales, por supuesto míos; ha hablado de
estado de excepción en los centros universitarios, de
caprichos en la financiación, de oportunismo, de amiguismo y,
por supuesto, todo esto para poner de manifiesto un cuadro de
la Universidad que es, naturalmente, culpa de los socialistas
y de sus reformas, porque esta pobre Ley de 1983, la Ley de
Reforma Universitaria, viene a ser para S.S. algo así como la
suma de todos los males sin mezcla de bien alguno, diría yo.
(El señor García-Margallo y Marfil: Qué canónico.--Rumores.)
Sí, sí, eso es lo que ha dicho. En este contexto, S.S. me
pregunta sobre masificación,
profesorado universitario, que los estudiantes puedan cursar
los estudios de su elección, haciendo un diagnóstico que
introduce, por supuesto, los graves errores en la política de
profesorado, la perturbadora masificación, naturalmente la
subida de las tasas sin conexión con la calidad. Me interpela
S.S. por escrito y, además, oralmente introduce otra serie de
cuestiones que abundan en la idea de que todo está mal. Para
enfrentarse con el problema de la Universidad, creo que hay
que acudir siempre y
machaconamente a poner de manifiesto algunos datos, que desde
luego mi interpelante conoce y que creo que son de dominio
público, que dan idea de la realidad en que debe moverse
la política universitaria. En 1983 había 34 universidades; hoy
50. En 1983 no llegaban a 670.000 los estudiantes
universitarios; hoy hay 1.350.000 y tenemos la mayor tasa de
crecimiento europea. Realizan estudios universitarios más de
un tercio de la población española en edad universitaria, en
torno al 35 por ciento. Una universidad así, naturalmente,
requiere la aplicación de un volumen de recursos muy
importante, de tal modo que en diez años el gasto público
crece tres vecespor encima de la demanda de estudios
universitarios. Por cierto, la
contribución del usuario a la financiación de sus estudios no
ha variado hasta 1992, de tal manera que hay que decir que, en
pesetas constantes, desde luego esa contribución ha disminuido
en términos reales. Con este volumen, la Universidad debe
cumplir una función socializadora, porque es una institución
de una base social amplísima, algo así como la función que
cumplía hace sesenta años la educación primaria, que recogía
el 40 por ciento de la población en edad escolar. Hoy viene a
ser eso la
Universidad. Hay que hablar entonces de institución de masas;
es decir, el continuo crecimiento sugiere que nos dirigimos
hacia una enseñanza masiva, como se da en algunos de los
países más desarrollados del mundo, cual es el caso de los
Estados Unidos de América o de Canadá. Pero esto no es por sí
y sin más
masificación. Y para que nadie se llame a engaño, yo quisiera
decir que ese crecimiento, este volumen de universitarios hoy,
ha sido pretendido conscientemente, por lo menos desde 1982,
porque es un objetivo socialmente justo, según nuestro
criterio, de forma que pretendemos así atender a lo que no es
sino, por otra parte, una exigencia del sistema productivo
español, como de cualquier sistema productivo moderno, que
exige cada vez más y más titulaciones superiores.
Todo este proceso ha sido conducido por la denostada Ley de
Reforma Universitaria, que ya sé que a S.S. no le gusta (cada
vez menos, me parece, a lo largo de los debates que vamos
teniendo), pero creo que no podrá negarse que es una ley
transformada, que se corresponde con una sociedad tan
rápidamente renovada; que es una ley que crea instrumentos
colegiados, en mi opinión
valiosísimos, como los Consejos Sociales, como el Consejo de
Universidades; que es una ley que genera instrumentos de
financiación novedosos; que es una ley que introduce
importantes virtualidades en las figuras de profesorado,
aunque será
necesario adaptarlas (ya lo hemos discutido, a pesar de que yo
no hable, según S.S., en más de una ocasión); que diseña una
renovación y diversificación de las enseñanzas o que establece
criterios de estímulo de la actividad investigadora.
No gustará la ley a S.S., pero me parece que no puede restarse
importancia a la reforma. Y es verdad, y lo hemos reconocido,
que ha habido problemas de funcionamiento de la Ley de Reforma
Universitaria, de todo el sistema universitario, por eso se
trajo aquí la ley de adaptación, a la que S.S. también ha
hecho referencia. ¿Cuándo la traigo, con quién lo consensúo?
Permanentemente he hecho declaraciones ante esta Cámara,
anteuna de sus Comisiones, públicamente, en el sentido de que
esa ley vendrá pronto al Parlamento, vendrá pronto y con
tiempo
suficiente para resolver algunos de los problemas, como el de
la jubilación, que parece que es de lo que más se preocupa su
señoría. ¿Qué estoy haciendo hasta el momento, señoría? ¿La
estoy consensuando con algún Grupo parlamentario? ¿La estoy
dando la vuelta para introducir en ella cuestiones que hasta
el momento no estaban planteadas y que pueden activar todavía
más
determinados planteamientos ideológicos en la Universidad?
Pues no, señoría. Como soy muy respetuoso con la opinión que
tienen que emitir otras administraciones educativas que se van
a ver afectadas por la Ley de Reforma Universitaria, como soy
muy respetuoso con lo que me digan los expertos --que están
presentes en el Consejo de Universidades-- y, desde luego, con
lo que me digan los rectores, miembros del Departamento se han
dirigido a las diferentes instituciones para comprobar --antes
de llevar al Gobiernoel proyecto de ley-- si éstas tienen algo
que decir sobre el caso. Esto quizá era necesario decirlo
explícitamente, y de ello puedo ser culpable, pero seguramente
no de otra cosa en esta ley. En este contexto, S.S. interpela
sobre medidas de
profesorado, y sabe perfectamente que por lo menos algunas de
ellas van a ir introducidas en el texto de adaptación de la
Ley de Reforma Universitaria. Otra cosa es que a S.S. no le
gusten o considere que no son adecuadas. Si S.S. sigue
manteniendo que el sistema más adecuado para la selecicón del
profesorado es el sistema de habilitación, respecto del cual,
por cierto, ya se ha pronunciado negativamente el Consejo de
Universidades en su día, pues S.S. no verá reflejado ese
planteamiento en el proyecto de ley que traigamos; sí verá
reflejados planteamientos que conoce perfectamente y que han
dado pie a que S.S. diga alguna de las cosas que ha dicho. Por
cierto, en la Comisión de Coordinación del Consejo de
Universidades mañana se abre el debate de
financiación.
En relación con políticas de masificación, acceso, elección de
estudios, etcétera, hay que destacar que en el curso 1993-1994
la oferta global de plazas en las universidades de todo el
Estado superaba ligeramente las 290.000 y la demanda de
ingresos estaba situada en torno a 200.000, un poco más
trayendo los ingresos correspondientes desde todos los ámbitos
en los que pueden reclamarse. Puede afirmarse, por
consiguiente, que el conjunto de la oferta de plazas es,
anualmente, muy superior al de la demanda. Es cierto que, por
condiciones infraestructurales, cuestiones que afectan a
profesorado o a la capacidad de los centros, existen
desajustes en determinados estudios de ciertas universidades
entre la oferta y la demanda, pero es igualmente cierto,
señorías, que podría resultar improcedente destinar un
conjunto muy importante de recursos a incrementar una oferta
cuya demanda puede, en ocasiones, resultar pasajera en función
de las fluctuaciones y de la saturación del mercado, cosa que
ya hemos vivido en algunos de las titulaciones que están en
vigor. Habla S.S. de responsabilidad del Ministro en el caso
de no haber establecido los módulos de capacidad de las
universidades. Si S.S. lee bien el artículo 26, este Ministro
está sujeto a lo que las universidades establezcan y el
Consejo de Universidades determine. Esto es lo que dice,
repito, el artículo 26.2, que he ido a comprobar rápidamente
cuando he oído a su señoría. Pues bien, en el presente año, en
junio de 1993, la Secretaría General del Consejo de
Universidades presenta a la Comisión Académica del Consejo un
acuerdo para el establecimiento de los límites de capacidad en
los diferentes centros universitarios, con una propuesta de
capacidad máxima y una propuesta de capacidad mínima, como
estos módulos deben determinarse. La Comisión Académica del
Consejo de Universidades acuerda aplazar el establecimiento de
módulos de capacidad de los centros para el curso 1994-1995,
si bien los datos del estudio citado fueron un elemento
primordial para el establecimiento de los límites de acceso a
los centros, según los datos que las propias
universidades han ofrecido.
Para el curso 1993-1994 --otra de las cuestiones a las que
S.S. se ha referido--se aplica, por tercer año, el llamado
distrito compartido, que tiende a fomentar la movilidad entre
las
diferentes universidades del Estado. El primer año se
ofertaron 5.000 plazas, el tercer año se ofertan más de 8.000
plazas. Es una cuantía ciertamente pequeña, me gustaría que
fueran muchos más, sin embargo, es una cuantía que ha sufrido
un incremento importante. Por cierto que en el curso 1993-1994
tan sólo se han atribuido exactamente, señor Diputado, 3.373
plazas del distrito compartido.
Hay un acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de
Universidades, de 28 de junio de 1993, por el que el número de
plazas del distrito compartido podría llegar a ser del 10 por
ciento de las plazas ofertadas aplicando determinados límites.
Pero esto, señoría, tienen que decirlo las administraciones
educativas y las universidades. Porque es importante destacar
que en el tema del distrito compartido, el número de plazas
que se ofertan es determinado por acuerdo del Consejo de
Universidades y por unanimidad de los representantes de las
administraciones públicas, según vinculación jurídica.
Decía, señoría, que, en cualquier caso, mañana vamos a abrir
un debate --al que me había comprometido hace, por cierto,
bastante menos de tres meses--en el Consejo de Universidades
sobre financiación, planificación y coordinación de las
políticas universitarias; debate que me parece muy importante
y que se va a desarrollar a lo largo de todo este curso, para
que, por lo menos, algunas de sus conclusiones puedan ser
aprovechadas --¡ojalá sea así!-- para el comienzo del próximo
curso. Este debate versará, naturalmente, sobre cuestiones
relativas a la
financiación y al reparto de esa financiación --ya no quiero
hablar de tasas--, pero versará también sobre cuestiones
relativas al volumen de la educación superior, a los tipos de
estudios, a los límites de los alumnos admitidos en cada
centro y en cada universidad estableciendo módulos
específicos, a los costes diferenciados; habrá que debatir
sobre los servicios que ofertan las universidades, o sobre las
subvenciones a los usuarios, es decir, sobre las becas, o
sobre aspectos de gestión, o sobre sistemas de evaluación de
la calidad.
Ya que llego a esta cuestión, y para terminar y contando con
la benevolencia del señor Presidente, me gustaría finalizar
haciendo una mención a programas de evaluación, a los que S.S.
se ha referido.
En mi primera comparecencia, señoría --a pesar de que al
parecer no hablo--, en la Comisión de Educación y Cultura del
Congreso de los Diputados, si S.S. hojea el acta de las
sesiones podrá darse cuenta de cómo uno de los programas
específicos a los que yo hago referencia es a un programa
nuevamente iniciado y puesto en marcha por el Consejo de
Universidades, por cierto, que es el problema de evaluación
institucional. En función de ello, ese programa de evaluación
institucional pretende estimular la mejora de tres de los
objetivos básicos de la calidad de las enseñanzas
universitarias: la enseñanza, la investigación y los
servicios. Pero hay que avanzar más todavía, puesto que el
establecimiento de criterios metodológicos para extender a
todas las
universidades no es fácil; en ello, señoría, estamos. Si todo
se combina con cuestiones que pondré en marcha, que ya he
comunicado a los rectores de las universidades del ámbito de
gestión del Departamento, y que puedo, naturalmente, explicar
(y con mucho gusto lo haría, a S.S.), relativas a programas de
excelencia de tercer ciclo, que permitirán, aun en el año
presupuestario que tenemos, dotar a las universidades con
algún mayor número de recursos, me parece que en cuestiones
relativas a evaluación o cuestiones relativas a estudios de
excelencia estarán avanzando en las universidades, y todo ello
redundará en beneficio de la calidad de los estudios, que es,
en definitiva, lo que yo creo que a todos nos importa. Nada
más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente del Consejo de Universidades, porque es a usted a
quien tengo que interpelar y no al Ministro, el Ministro no es
el que manda en la educación
en este país, el Ministerio no es el responsable de la
situación de la Universidad de este país, el responsable es el
Consejo de Universidades y su Presidente, que casualmente se
sienta en el banco azul; menos mal, porque, si no, no tendría
a quién dirigirme. Afortunadamente, repito, tengo aquí al
Presidente del consejo de Universidades, al que interpelo.
Señor Presidente del Consejo de Universidades, vuelva a leer
el artículo 26 de la LRU. En él se dice que ningún centro
podrá admitir ni un alumno más de los que permita su
capacidad. No autoriza al Consejo de Universidades, que usted
preside, a que obligue a ninguna Universidad, infringiendo la
propia
Constitución --artículo 27.10-- a admitir ni un solo alumno
más, cosa que usted está haciendo. Esa es la realidad, y le
ruego que no se escude en consejos para no dar la cara
políticamente. Porque, entre otras cosas, usted, como Ministro
de un Gobierno legítimo, está en condiciones de incluir en eso
que llama adaptación de la LRU la desaparición del Consejo de
Universidades, si quiere, porque la Constitución no le obliga
a que exista. Por tanto, no me venga con esas historias,
dígame claramente cuál es su modelo, y luego, si quiere,
dígame que el Consejo de Universidades no le deja llevarlo a
cabo, dígamelo si quiere pasar por ese ridículo, pero no me
monte el bonito juego del sombrero, de ahora me pongo el
sombrero de Ministro, ahora me pongo el sombrero de Presidente
del Consejo de Universidades, o la boina, o la barretina, o lo
que toque, según dónde nos situemos. No, señor Ministro, vamos
a ver si aclaramos cuáles son sus responsabilidades. Si lo que
me está sugiriendo es que no le interpele más porque usted no
manda, entonces tomaremos nota, porque usted es el responsable
de lo que está ocurriendo; usted es el responsable de resolver
los problemas de la Universidad real, que no están en la LRU,
porque la LRU no contempla la universidad real, sino la
Universidad imaginada por el señor Maravall.
Usted me acusa de convertir a la LRU en la fuente de todos los
males. Quizá no de todos los males, pero de algunos males sí.
¿O es que no es la LRU la fuente de la endogamia actual del
profesorado? ¿No ha sido la LRU la que ha puesto en manos de
los departamentos, a la hora de la verdad, nombrar a dedo casi
a la mitad de las comisiones de los concursos? Lo sabe usted
como yo, sabe cuáles han sido los resultados, y eso ha sido un
invento de la LRU, eso es así y eso es regresivo. Porque antes
se sorteaban cuatro miembros del tribunal y todo el mundo
aspiraba a que se sortearan los cinco. Esa es la situación,
señor Ministro, lo conoce usted igual que yo. Por tanto, no me
niegue que se está comportando ilegalmente, lo está haciendo.
No se escude en el Consejo de Universidades.
Me echa en cara que yo utilice el término estado de excepción.
Pues claro que lo utilizo, porque para mí la Universidad, esa
que piso tres días en semana, donde estaré pasado mañana dando
un seminario porque me gusta, ya que nada me obliga a ello,
esa Universidad está en estado de excepción, claro que sí. ¿O
es que para usted es normal que los alumnos no quepan en las
aulas? Esa es su Universidad, no es la mía. ¿Eso no es una
excepción? ¿No es eso estado de excepción? ¿O para usted eso
es normal? Para mí no puede ser normal y, por tanto, hay que
acabar con esa
historia. ¿Por qué vamos a mantener eso así? ¿No sería más
sincero decir que en su facultad y en la mía hay grupos donde
dan clase profesores y grupos donde no da clase ni un solo
profesor? Señor Minsitro, ¿no ha llegado el momento de dejar
de mentir y de dejar de decir, como dicen ustedes una y otra
vez --y perdone que utilice el castellano en sus términos--,
que se ha
desfigurado la figura del asociado de la LRU, cuando usted
sabe que es falso? No se ha desfigurado, la LRU contempla
asociados a tiempo completo, lo cual es una estupidez, y eso
significa que hay profesores no profesores. ¿No ha llegado ya
el momento de reconocer eso de una vez? ¿Por qué achacan
ustedes a las
universidades lo que es culpa de ustedes? Es en la Ley donde
se dice que hay asociados a tiempo completo, eso no lo han
inventado las universidades, y eso significa que señores que
no saben nada están dando clase. Lo sabe usted exactamente
igual que yo. Dice usted que va a hacer estudios de evaluación
de las
universidades. Dígame claramente: ¿está dispuesto o no a
distinguir universidad por universidad, centro por centro,
titulación por titulación? ¿En qué casos se respeta el espacio
físico? ¿En qué casos se mantiene una proporción profesor-
alumno como la que ustedes mismos manejan al calcular las
tasas? ¿En qué casos son profesores los que dan clase y en qué
casos no? ¿Está dispuesto a distinguir todo esto, sí o no? Lo
demás son cuentos. No me hable del Consejo de Universidades,
porque usted, que tanto hace retórica europea, dígame, señor
Ministro: ¿a qué país europeo somos homologables teniendo en
cuenta nuestro gobierno universitario? Dígame uno. El sistema
de gobierno instaurado por la LRU se caracteriza, a la vez,
por ser asambleario y
absentista. Las dos cosas a la vez, y si usted no lo sabe es
que no sabe lo que es la universidad, donde se hacen unas
elecciones para formar parte de un claustro --en el caso de
los estudiantes, fíjese, no hay ni elecciones, porque hay más
candidatos que puestos en algunas universidades--, y en
algunos casos hay verdaderas peleas entre los profesores por
estar en ese claustro, pero luego no van porque no se les ha
perdido allí nada, porque se habla de todo a la vez, porque no
hay unos órganos diseñados como en Europa, que estén previstos
para solucionar problemas concretos, porque se llega a un
anonimato colectivo. Señor Ministro, ¿se ha preocupado de
preguntarse cuántos vicerrectores, cuántos secretariados,
cuántos
subsecretariados había en cada Universidad española antes de
1982 y cuántos hay ahora? ¿Se ha preguntado usted --que es el
responsable de esa Ley hoy-- si eso no está inducido por el
mismo sistema de gobierno de la Ley? ¿No sabe que hay que
hacer secretariados para pagar votos? ¿No lo sabe?
Pregúnteselo a cualquier rector. Desde los tiempos del SEU no
había
universitarios que vivieran de cargos universitarios. Ahora
los hay, señor Ministro, ¿no lo sabe usted? Los han creado
ustedes. Tiene pagados a estudiantes con 28 abriles que tienen
como profesión estar en un secretariado representando a los
estudiantes. Usted sabe la cara de niños que tienen sus
interlocutores de estos días. No se lo tengo que explicar. Ese
es su sistema de gobierno de la Universidad. ¿Con qué país
europeo homologa eso? Y ese sistema de gobierno usted quiere
coronarlo con un Consejo de Universidades y con un Consejo
Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, le ruego
termine, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Voy a terminar, señor Presidente. El
Consejo Social será, desde luego, un invento estupendo, pero
usted no ignora que hay universidades, normalmente las de más
calidad del país, que han fabricado órganos paralelos.
Pregunte a los catalanes, se lo podrán explicar. Han hecho
agencias paralelas al Consejo Social para hacer lo que el
Consejo Social no puede hacer. Si usted no se entera es su
problema, porque basta con que pregunte para que se entere.
Eso es así.
Una pregunta, señor Ministro: ¿Ha terminado usted con la
simpática costumbre del Consejo de Universidades de que en las
actas no figure quién dice lo que dice? ¿O sigue manteniendo
las actas clandestinas? Porque resulta que los responsables de
todo lo que pasa en las universidades es el Consejo de
Universidades, y cuando se lee el acta no se sabe qué dice
nadie allí, porque no figuran ni nombres ni cargos, sino sólo
opiniones. Un
monumento a la irresponsabilidad.
¿Qué problema ve usted, señor Ministro, para multiplicar por
diez el distrito compartido? Por lo menos dénos su opinión. Mi
tono será agradable o desagradable, llegará a lo personal o no
llegará, pero tiene la rara virtud de animar el cotarro, lo
cual es de agradecer porque aquí se aburre uno mucho. Sin
embargo, una cosa es segura, señor Ministro, no me podrá
acusar nunca de no contestarle a algo que usted me pregunte.
Por tanto, contésteme. ¿Va a multiplicar por diez el distrito
compartido, sí o no? Si es que no, ¿por qué? No me diga que es
que no le deja el Consejo de Universidades, porque entonces le
traigo un chupete. Palabra de honor. (Rumores.) No podemos
seguir en ese plan, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, termine,
por favor, que se ha agotado el tiempo.
El señor OLLERO TASSARA: Voy a terminar, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿va a acabar, de verdad, con esa curiosa
compatibilidad del programa Erasmus con la doctrina Monroe sí
o no?
Dice usted que hay 8.000 plazas en el distrito compartido. Una
pregunta ingenua: ¿dónde están emplazadas? Porque usted sabe
que obliga a ofertar a ese distrito plazas inexistentes. Que a
centros que le han dicho que no caben más les dicen que tienen
que poner un porcentaje tenga o no plazas. Por tanto, son
plazas sin emplazamiento. Ya está bien de bromas. ¿No es capaz
de diseñar un sistema que multiplique las peticiones para el
distrito compartido? En la moción que presentaremos dentro de
dos semanas yo le propongo un sistema, a ver si usted es capaz
de ponerle alguna pega. Claro que ese día usted no estará y
estará aquí un digno colaborador suyo, desde el Grupo
Parlamentario, para decir que no sin más. Esa es la realidad.
(Rumores.) Señor Ministro, yo le aconsejaría que haga de
verdad una auditoría de nuestra universidad; distinga centros
y titulaciones que reúnen requisito de calidad y otros que
están en estado de excepción, del que deben salir cuanto
antes, aunque a algunos les gusta que sigan en él, a mí no,
desde luego; no cobre una peseta más de tasas donde se
mantenga esa situación, y haga una inversión adecuada, porque
ha dado 2.000 millones más a la Universidad brindándolo a los
estudiantes como un detalle, pero echo de menos los 13.000
millones que su antecesor Solana anunció para este año y que
han desaparecido del presupuesto. Con esos 13.000 me conformo,
y si hace falta manifestarse me lo dice y hoy en la puerta le
organizo una manifestación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Portavoz,
su tono sigue sin impresionarme; sus conceptos me siguen
impresionando.
Me da igual, señoría (además tiene que darme igual), que, de
repente, usted deje de llamarme Ministro de tal cosa y me
llame Presidente del Consejo de Universidades. Señoría, a
mucha honra. En la primera intervención la cuestión era la de
los tres meses; ahora dejo de ser el Ministro, soy Presidente
del Consejo de Universidades, me escudo en el Consejo de
Universidades para decir a S.S. aquellas cosas que no me
atrevo a decir que no puedo hacer, y S.S. me ofrece,
finalmente, un chupete, que por supuesto no voy a aceptar.
Me habla S.S. incluso de la desaparición del Consejo de
Universidades. Si esta es otra de las cuestiones que S.S.
quiere introducir en el proyecto de adaptación de la Ley de
Reforma Universitaria, también S.S. se llevará la sorpresa de
que no podrá ser así, y yo, desgraciadamente, tendré que
quedarme sin el apoyo de su Grupo a este proyecto de ley, que,
desde luego, ya me gustaría.
¿Por qué no le gusta el Consejo de Universidades, señoría? ¿Es
porque en algunas ocasiones, como en algún ejemplo que ya he
dado, no está de acuerdo con sus planteamientos? ¿Es, quizá,
porque no le gusta a S.S., en contra de lo que se nos pide
públicamente a los miembros del Gobierno, que dialoguemos con
todos los sectores de las comunidades educativas y, por
supuesto, con los grupos políticos? ¿Es que S.S., con ese
gesto, quiere significar que yo no debo dialogar con los
rectores o con los responsables de las comunidades autónomas
en materia de
educación? Pues, señoría, lo haré, como estoy dialogando y
llegando a acuerdos con los estudiantes para conseguir una
mejor calidad de la enseñanza y para conseguir la paz social
en aquellos ámbitos que yo tengo que gobernar, y en su momento
ofreceré a S.S. la mano para dialogar en los términos
políticos en los que debe hacerse.
Su señoría me da dos ejemplos en relación con la adaptación de
la Ley de Reforma Universitaria como elementos distorsionados,
que aunque estaban regulados en esa primitiva Ley de Reforma
Universitaria, han causado graves daños a la universidad. Y me
cita la selección del profesorado y una figura del profesor,
la de profesor asociado, que la LRU regula con la posibilidad
de que sea a tiempo completo. Señoría, todo esto está muy
bien, pero todo esto se revisaba en el proyecto de adaptación
de la Ley de Reforma Universitaria que decayó. Yo le aseguro a
S.S. que, salvo imponderables de la política, esto va a
estar --y estoy pensando más en los asociados, señoría--
incluido en el proyecto de adaptación de la Ley de Reforma
Universitaria que traiga a esta Cámara.
¿Por qué no utiliza estos ejemplos? Si estos son, entre otros,
los males de la Ley de Reforma Universitaria, S.S. sabe que
los voy a solucionar. ¿Es que S.S. entiende que no se
solucionan con las fórmulas que figuraban en el proyecto de
ley en su momento decaído? Todo esto lo podremos discutir con
tal de que el modelo --que lo hay, que lo tengo, y que se lo
he expuesto a S.S. desde mi primera comparecencia-- no se
rompa.
Tengo la sensación, señoría, de que me está hablando de algo
parecido a otra Universidad. Me parece muy bien que S.S. dé
clase; yo he sido incompatible desde 1982, no me dejaban ni
dar clase, ni hubiera podido darla, por otra parte. (El señor
Ollero Tassara pronuncia palabras que no se perciben.) Me
parece muy bien que vaya. Además, S.S. probablemente conoce lo
que es la Universidad. Lo que S.S. probablemente no conoce, o
tengo la sensación a veces de que no lo conoce, es la propia
realidad española.
¿Cómo es posible comparar cualquier cosa de una Universidad
que está creciendo y que seguirá creciendo a la marcha en que
lo está haciendo la Universidad española, al 7,8 por ciento
anual (Francia crece al 4 por ciento), con cualesquiera
soluciones que se producen en el ámbito de los países cercanos
a nosotros? ¿Cómo no vamos a tener que disponer soluciones
propias, de la misma manera que vamos a tener que disponer de
recursos específicos? Puesto que S.S. no tiene en cuenta el
crecimiento de la población universitaria (que antes reconocía
paladinamente que lo hemos pretendido, y naturalmente que lo
seguimos pretendiendo) parece que habla de otra Universidad.
Voy a multiplicar el distrito compartido. Señoría, con esa o
con otra fórmula --y estaré atento a la moción que el señor
Diputado haga-- pretendo favorecer la movilidad de los
estudiantes universitarios, como pretendo favorecer la
movilidad de los profesores. De todas maneras, que no quede
flotando en el aire la idea de que el problema es más grave de
lo que es, siéndolo bastante. Cerca de un tercio de la oferta
de ingreso en la Universidad no tiene limitación de acceso
alguna. La demanda de estudios en primera opción está
satisfecha en torno a un 60 por ciento. No es para quedarse
tranquilo por mi parte, puesto que soy el responsable, pero
está satisfecha, repito, en torno a un 60 por ciento; no
desconozca S.S. los problemas. Por tanto, si cogemos tres
opciones, está satisfecha en más de un 85 por ciento.
Su Señoría me dice que audite la Universidad. Yo no sé muy
bien, y con esto quisiera terminar, señor Presidente, qué
significado tiene. Lo que sí le digo es que quiero ser serio y
llevar adelante un programa con el Consejo de Universidades --
por supuesto que con el Consejo de Universidades-- llevar
adelante un programa de evaluación de la calidad universitaria
en lo que se refiere a la enseñanza que dan, a otros servicios
que prestan, al profesorado en lo que se refiere a su
cumplimiento y a las enseñanzas que imparten: desde luego sin
tocar la libertad de cátedra, etcétera. ¿Esto, señoría, es
auditar las universidades, o no? Ya sé que S.S. me pedirá
cuentas de vez en cuando, y yo estaré muy gustoso de
prestarlas, como es mi obligación. Pero si soy capaz de
llevarlo a cabo, probablemente de este movimiento de
evaluación de calidad universitaria se podrán generar una
serie de criterios, como decía al principio, y he dicho, esto
sí, hace ya tres meses, que se puedan extender para mejorar la
calidad de la enseñanza a todos nuestros centros
universitarios. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor González
Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, la
verdad es que cuando tuve acceso al contenido de la exposición
de motivos de esta interpelación urgente, me llevé varias
sorpresas. La primera de ellas, que no me resisto a contar
aquí, fue el inusitado y reciente fervor que el grupo
proponente viene manifestando últimamente en defensa de la
universidad pública; fue para mí una sorpresa que agradezco,
porque, al fin y al cabo, nos permite discutir aquí con
frecuencia sobre los problemas que, evidentemente, afectan a
la Universidad pública. La segunda sorpresa se produjo cuando
comprobé que acertaban en el análisis de algunos temas, como
por ejemplo en la masificación de los centros universitarios,
en la necesidad de mayores inversiones, en la necesidad de
mayor oferta de plazas, etcétera. Y he de decirles que,
normalmente, en propuestas de educación --lo confieso aquí en
secreto-- suelo buscar elementos para
desmarcarme de ustedes, pero en este caso me fue muy difícil
hacerlo, tuve que gastar 20 minutos para encontrar el motivo,
que precisamente hallé en uno de los párrafos de su
interpelación donde dicen lo siguiente: el establecimiento de
un sistema de gobierno universitario de tintes asamblearios --
descartado por entonces en las universidades europeas que lo
habían
experimentado durante la década anterior-- que dejaba la
autonomía universitaria en manos de órganos más favorecedores
del anonimato que de la responsabilidad a la hora de asumir
decisiones de notable relevancia. Efectivamente, ahí les
traiciona el subconsciente.
Coincidimos con ustedes, desde el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en que es un problema la
masificación de los centros universitarios; precisamente
tenemos un ejemplo bien cercano en la Universidad Complutense
de Madrid, donde el espacio físico de que disponen puede ser
de medio metro cuadrado por alumno, y en esas condiciones no
se puede dar una enseñanza de calidad, al menos con comodidad.
Somos conscientes también de la necesidad de mayores
inversiones para nuevos centros. De ahí que en el debate
reciente de los Presupuestos Generales del Estado para 1994
pusiéramos de manifiesto que la partida dedicada a estos fines
había decaído y que era necesario acercarse a los niveles
europeos. También propusimos que era necesaria una ampliación
de la oferta de plazas en distrito compartido con el adecuado
incremento de las becas llamadas de desplazamiento, que en la
actualidad son escasas en número y cuantía. Decíamos que
255.000 pesetas/año nos parecía poco y que habría que
acercarlo al gasto anual real de 900.000 pesetas calculado por
los expertos, teniendo en cuenta la vivienda, la manutención,
los libros, el transporte, etcétera. También dijimos que se
hacía necesario, y con carácter urgente, poner los medios para
la potenciación, sobre la base de una decidida voluntad
política, así como del correspondiente apoyo inversor de la
Formación Profesional en todos sus niveles, pero de forma
especial en los módulos de grado superior (módulo 3), de tal
forma que el alumnado no se viera abocado a elegir entre una
cualificación de baja consideración y utilidad o iniciar unos
estudios universitarios para los que no se sentía llamado,
incrementando de esta forma la demanda en el tramo de la
enseñanza superior y contribuyendo también a su masificación y
deterioro, además de privar a la sociedad de otras ofertas
profesionales absolutamente necesarias para su
reindustrialización y progreso técnico. También manifestamos,
como ustedes indican en la exposición de motivos de la
interpelación, nuestra preocupación por la situación del
profesorado. Es verdad que ha habido una perversión de
determinadas figuras profesorales creadas a partir de la
promulgación de la Ley de Reforma Universitaria de 1983,
profesor ayudante, profesor en proceso de formación, profesor
asociado, profesor fuera del ámbito de la Universidad y de
reconocido prestigio, que junto con los becarios han sido
utilizados como mano de obra barata, aumentando además la
precarización en el empleo de este segmento. Pusimos de
manifiesto igualmente que el espectacular crecimiento de la
población universitaria no se había visto acompañado del
necesario incremento en la plantilla del profesorado,
aumentando progresivamente las «ratios» y, por poner un
ejemplo, este año se procede a un decremento de
plantilla del orden del 7 por ciento. En lo que no estamos de
acuerdo en la interpelación y lo poníamos de manifiesto al
comienzo de nuestra intervención, es cuando en el texto de la
misma se establece que los órganos de gobierno de la
Universidad tienen tintes asamblearios. A nuestro parecer, hay
que caminar justo en el sentido contrario, profundizando en la
democratización de los mismos. En el Consejo de Universidades
no hay prácticamente un solo alumno ni representantes
sindicales. Otros órganos como los claustros, las juntas de
gobierno, cuentan con representaciones muy minoritarias del
alumnado.
Nosotros, señor Presidente, señorías, señor Ministro, nos
situamos precisamente en el marco actual. ¿Cuál es el marco
actual? El que se deriva del que comienza en 1983 con la
promulgación de la Ley de Reforma Universitaria en su
aplicación y desarrollo, teniendo en cuenta también el intento
y la
necesidad de reforma pretendido en la Ley de Actualización
Universitaria.
Hacemos nuestras, para que nos entendamos, señor Ministro,
señorías, la mayor parte de las afirmaciones contenidas en el
preámbulo de la Ley y que me permito recordarles solamente en
dos de ellas: primera, el desarrollo científico, la Formación
Profesional y la extensión de la cultura son tres funciones
básicas que de
cara al siglo XXI debe cumplir esa vieja y hoy renovada
institución social que es la Universidad española. Segunda
cuestión que me permito recordarles: el objetivo de la Ley de
Reforma Universitaria es conseguir unos centros universitarios
donde arraiguen el pensamiento libre y crítico y la
investigación. Sólo así la institución universitaria podrá ser
un instrumento eficaz de transformación social al servicio de
la libertad, la igualdad y el progreso social para hacer
posible una realización más plena de la dignidad humana.
Dentro de ese marco, de acuerdo con ese preámbulo que les he
repetido --y aprovecho la ocasión para recordarle al señor
Ministro que seguramente con sus actuales socios no podía
haber aprobado esta Ley--, nosotros podemos hacer propuestas,
como es usual...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González
Blázquez, vaya terminando.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Termino sin hacer las propuestas,
que son suficientemente conocidas pero que resumo, que
pretenden dar respuesta a las demandas de los estudiantes que
exigen un lugar en las aulas; a la incorporación de España al
área universitaria europea; a la autonomía universitaria en
sus aspectos
estatutarios, académicos y financieros y a aquellos aspectos
del profesorado que aquella ley calificaba de forma no muy
positiva. Después de una década de promulgación de la ley, nos
daríamos por conformes con que se fueran aplicando los
elementos más
progresistas de la misma, porque en este momento, señor
Ministro, señorías, tenemos que hacer un análisis muy crítico
de la aplicación de dicha Ley.
Como quiera, señor Presidente, que cuando subo a esta tribuna
me gusta ser respetuoso con sus recomendaciones, no voy a
acudir a la figura parlamentaria de decir que concluyo sin
concluir. Conoce el señor Ministro, conocen SS.SS. de sobra
nuestras propuestas que, evidentemente, recuerdo, están única
y exclusivamente en el marco de la aplicación de la Ley de
Reforma Universitaria. La verdad es que, señor Ministro, no le
puedo dar otras soluciones a los problemas de la Universidad
porque, en contra --y permítame esta broma, señor Ollero-- de
lo que sí puede hacer usted, yo no tengo un duro que ofrecer.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Blázquez. El Pleno se reanudará mañana, a las nueve
horas. Se suspende la sesión.
Eran las siete y diez minutos de la tarde.