Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 15, de 28/09/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 15 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 13
celebrada el martes, 28 de septiembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Debates de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de
Autonomía:
-- De la Junta General del Principado de Asturias, de reforma
de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Asturias. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 11.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente
127/000013) (Página 434)
Inclusión de un nuevo punto en el orden del día:
-- Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/1993, de
17 de septiembre, por el que se permite a los funcionarios
públicos de los Cuerpos docentes universitarios que deban
jubilarse al finalizar el curso académico 1992-1993 la
posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso
académico 1993-94 (número de expediente 130/000004) (Página 441)
Debates de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de
Autonomía. (Continuación):
-- De las Cortes de Castilla-La Mancha, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (Orgánica.)
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
13.1, de 26 de julio de 1993 (número de expediente 127/000010)
(Página 441)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se acuerda constituir, en el seno de la Comisión
correspondiente, una Ponencia para el conocimiento y estudio
de la situación de las deudas extrapresupuestarias de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como para el
esclarecimiento de las causas que las motivan, y se insta al
Gobierno para que, en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 1994 y en relación a los Presupuestos
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, introduzca
efectivamente el principio de realismo presupuestario
partiendo del gasto real previsto para el actual ejercicio.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 6,
de 14 de septiembre de 1993 (número de expediente 162/000013)
(Página 448)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a
que destituya al actual Director del Ente Público de
Radiotelevisión Española (RTVE), don Jordi García Candau.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 8,
de 17 de septiembre de 1993 (número de expediente 162/000021)
(Página 455)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre medidas de política fiscal y
financiera que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos
los principios de corresponsabilidad y solidaridad en la
cesión de tramos de impuestos a las Comunidades Autónomas
(número de expediente 173/000004) (Página 465)
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en
relación con la adaptación del funcionamiento del Organismo
Autónomo de Correos y Telégrafos a normas que conduzcan a una
actuación más concordante con la actividad que sus homólogos
organismos europeos vienen desarrollando (número de expediente
173/000005) (Página 472)
(Continúa el orden del día en el número 16, de 29 de
septiembre de 1993).
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Debates de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de
autonomía (Página 434)
De la Junta General del Principado de Asturias, de reforma de
los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981,
de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias
(Página 434)
En representación de la Junta General del Principado de
Asturias, interviene, en primer lugar, el señor Suárez
González,
manifestando que después de una década de trabajo intenso para
construir el Estado de las autonomías se han iniciado en el
conjunto del Estado un nuevo proceso de ampliación de
competencias con el claro objetivo, desde su punto de vista,
de perfeccionar su funcionamiento. Afirma que un Estado
descentralizado debe plantearse el fortalecimiento de los
factores de vertebración que nos configuran como nación,
garantizando que todos los ciudadanos gocen de idénticos
derechos en cualquier lugar del territorio, objetivo que les
exige seguir haciendo compatible el pleno desarrollo del
Estado autonómico con la vertebración de España como proyecto
común, por la vía de impulsar y fortalecer la cohesión y la
solidaridad. Con estos objetivos, los socialistas asturianos
han impulsado la iniciativa de reforma del Estatuto que hoy se
debate en esta Cámara. Agrega que al cabo de doce años de
funcionamiento de las
instituciones autonómicas éstas han alcanzado un nivel de
madurez muy satisfactorio y, en consecuencia, la capacidad
para asumir nuevas competencias. Por otra parte, el proceso de
reforma se desarrolla en consonancia con el resto de
comunidades que accedieron a la autonomía por la vía lenta,
evitando procesos unilaterales que sólo les
llevarían a la generación de disfuncionalidades y a la
creación de diversos escalones autonómicos.
Termina resaltando el hecho de que esta reforma haya contado
en la Comunidad Autónoma con una amplia base política e
institucional, a la hora de ser aprobada, así como solicitando
el voto favorable de estas Cortes Generales para la aprobación
de esta iniciativa de la Junta General del Principado de
Asturias. Completa la defensa de la propuesta de reforma
objeto de debate en representación de la Junta General del
Principado de Asturias, el señor Marqués Fernández, quien
señala que no es ésta la primera vez que aquella Junta se
dirige a estas Cortes en demanda de ampliación de competencias
para la Comunidad Autónoma, aunque sí espera que precisamente
en esta ocasión se les conceda lo que en otras anteriores les
fue denegado, en cuyo caso deben
felicitarse porque, gracias al acuerdo político entre los
partidos Popular y Socialista, se ha conseguido romper
finalmente el punto de inercia en que se encontraban.
No va a reiterar en este momento el debate que tuvo lugar en
la Junta del Principado, pero sí considera conveniente, en
momentos como el presente, que parecen sacudir el consenso y
el acuerdo autonómicos en temas tales como la financiación
autonómica, dar la bienvenida a iniciativas legislativas como
la que hoy debaten, desarrollando sus contenidos sin
ambigüedades ni reticencias, con calendarios y compromisos
claros que no esterilicen ni frustren las esperanzas de todos
los españoles, y en este caso concreto las de los asturianos.
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Camp
i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); García
Fonseca, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; De la Vallina Velarde, del Grupo Popular, y
Martínez Noval, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad, se aprueba la reforma del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias por 267 votos
a favor, catorce en contra y tres abstenciones.
Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (Página 441)
El señor Presidente somete a la Cámara, de conformidad con el
artículo 68.1 del Reglamento, la modificación del orden del
día consistente en la inclusión de un nuevo punto de
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/93, de 17
de septiembre, por el que se permite que los funcionarios
públicos de los cuerpos docentes universitarios que debían
jubilarse al finalizar el curso académico 1992/93 tengan la
posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso
académico 1993/94.
El Pleno acuerda por asentimiento la inclusión del citado
punto en el orden del día.
Debates de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de
Autonomía. (Continuación) (Página 441)
De las Cortes de Castilla-La Mancha, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Castilla-La Mancha (Orgánica.) (Página 441)
En nombre de las Cortes de Castilla-La Mancha interviene, en
primer lugar, para la defensa de la propuesta de reforma del
Estatuto de aquella Comunidad Autónoma, el señor López
Ramírez, manifestando que en el Pleno de las Cortes de
Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el 4 de marzo de 1993,
se acordó, sin ningún voto en contra, la toma en consideración
de la proposición de ley de reforma del Estatuto de aquella
Comunidad Autónoma. Señala que los tres grupos políticos que
conforman aquellas Cortes estimaron que esta reforma pretende
dar satisfacción a las aspiraciones de asunción de nuevas
competencias, desde el respeto a la identidad y peculiaridad
de los territorios de España, y al mismo tiempo establece el
principio de no discriminación sobre los diversos territorios.
Afirma que lo que se pretende con esta reforma es la
homogeneidad en la prestación de servicios públicos y la
corrección de los desequilibrios económicos entre regiones y
que la Junta de Castilla-La Mancha está capacitada para
recibir las competencias previstas.
Concluye señalando que, en su opinión, el procedimiento de
asunción de nuevas competencias debe ser homogéneo y gradual,
sin tiranteces entre unos territorios y otros y con el acuerdo
pertinente en relación a su financiación. En la firme creencia
de que esta ley es muy buena para los castellano-manchegos y,
por tanto, para todos los españoles, espera el voto favorable
de los señores Diputados a esta propuesta de reforma.
Completa la defensa de la propuesta de reforma de este
Estatuto de Autonomía, en representación de las Cortes de
Castilla-La Mancha, el señor Molina García, señalando que, al
aprobar unánimemente esta modificación estatutaria, las Cortes
de Castilla-La Mancha actúan no por un ansia de tener más
competencias sino por estar convencidas de que estas
transferencias pueden repercutir en la eficacia
de su gestión, y así lo entendieron los firmantes del pacto
autonómico. Añade que este pacto autonómico es un buen ejemplo
de responsabilidad y buen hacer y confía en que esa vía y ese
ánimo continúen en otros aspectos del desarrollo autonómico,
para seguir avanzando en la tarea colectiva de construir
España desde el respeto y la colaboración entre las regiones,
y entre éstas y el Gobierno de la nación, porque será ésta la
mejor manifestación de unidad.
Termina solicitando el voto favorable del Congreso para la
propuesta que hoy se debate.
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Grandes Pascual, del Grupo Popular, e Izquierdo
Collado, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad, se aprueba la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía objeto de debate por 273
votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 448)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
acuerda constituir, en el seno de la Comisión correspondiente,
una ponencia para el conocimiento y estudio de la situación de
las deudas extrapresupuestarias de la asistencia sanitaria de
la Seguridad Social, así como para el esclarecimiento de las
causas que las motivan, y se insta al Gobierno para que, en el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 1994 y
en relación a los presupuestos de la asistencia sanitaria de
la Seguridad Social, introduzca efectivamente el principio de
realismo presupuestario, partiendo del gasto real previsto
para el actual ejercicio (Página 448)
En representación del Grupo Popular defiende la proposición no
de ley el señor Fernández-Miranda y Lozana, que expresa su
propósito de que de su intervención no pueda deducirse que el
objetivo que persiguen es condenar a nadie por nada.
Simplemente pretenden saber qué está sucediendo en este
momento, cuál es la situación del Sistema Nacional de Salud
para conocer cuáles son las razones de generación de estas
deudas, así como las medidas que hay que arbitrar para que no
se sigan produciendo. No pueden ni quieren olvidar en este
momento la situación actual de crisis y de recesión económica
en la que el Gobierno empieza a plantear recortes en las
prestaciones sociales en general y en las prestaciones
sanitarias en particular, aunque piensan que no es justo ni
bueno que estos recortes se produzcan. En todo caso, antes de
entrar en estos recortes y hacer pagar a los ciudadanos los
errores que no son suyos, piensa que hay que hacer muchas
cosas para salir de esta situación, para lo cual es preciso
una voluntad política al respecto.
En relación con el tema que ahora les ocupa señala que hay que
conocer con exactitud la realidad de la que se parte, cómo se
ha llegado a ella y qué cambios hay que introducir para no
perpetuar la situación. Recuerda que el Grupo Popular, desde
el debate de los Presupuestos de 1988, viene denunciando lo
que denominan ficción presupuestaria, pues estamos gastando
más de lo que tenemos y, además, últimamente no estamos
pagando lo que debemos. La sanidad pública española ha sido
morosa como norma habitual de comportamiento, pero últimamente
empieza a demostrarse también como insolvente, pues no sólo no
paga sino que tampoco reconoce oficialmente la deuda a sus
proveedores o su propia deuda interna. Se institucionalizó en
1989 el concepto de obligaciones no reconocidas, eufemismo un
tanto pintoresco para, simplemente, no declararse insolvente.
Piensa que esta realidad financiera de la sanidad pública está
poniendo en serio peligro la viabilidad del Sistema Nacional
de Salud, y ello se agrava al producirse en la actual
situación de crisis y recesión económica, pues
precisamente como consecuencia de la recesión y el crecimiento
desbocado del desempleo se produce una caída similar en las
cuotas de la Seguridad Social, que son una de las fuentes de
financiación de la sanidad pública. Por otro lado, como
consecuencia del incremento del paro, el Gobierno se ve
obligado a hacer frente al pago de mayores subsidios dentro de
este panorama general de intensa caída de la recaudación.
Como otra de las realidades absolutamente preocupantes y que
justifican la existencia de la ponencia menciona la deuda,
tanto interna como externa, con los proveedores de materiales,
utillaje sanitario, con los gastos de farmacia hospitalaria,
con las ambulancias y un largo etcétera y, a título de ejemplo
sobre el particular, expone una serie de cifras que
actualmente se adeudan en diversas provincias y centros
hospitalarios.
Termina el señor Fernández-Miranda exponiendo, una vez más, la
necesidad de conocer cuánto debemos, a quién y por qué, cuánto
tenemos y cuánto necesitamos, para lo que es imprescindible
hacer una auditoría del Sistema Nacional de Salud y, a
continuación, poner en marcha las medidas que
hagan imposible que esta situación se repita o se perpetúe.
Hay que impedir, en definitiva, que el Sistema nacional de
Salud, que es de todos, salte por los aires, porque si
permitimos que las cosas sigan como hasta ahora sucederá así
sin duda alguna. En defensa de la enmienda presentada por el
Grupo de Coalición Canaria interviene el señor Martín Menis.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
Lizondo, del Grupo Mixto; Cardona i Vila, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y las señoras Maestro Martín, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Mendizábal
Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición del Grupo
Popular por 144 votos a favor, 156 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se insta el Gobierno a que destituya
al actual Director del Ente Público de Radiotelevisión
Española (RTVE), don Jordi García Candau (Página 448)
En representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya defiende la proposición no de ley presentada el
señor Alcaraz Masats, manifestando que el cambio por el
cambio, esgrimido por don Felipe González como eslogan de esta
legislatura, se concreta hasta el momento en cuatro medidas
puntuales, que son: la subida del precio de la gasolina, giro
hacia la derecha y a la insolidaridad, bofetada histórica a
los trabajadores, porque no otra cosa representan los
Presupuestos para 1994, y propuesta de Jordi García Candau
como Director General de Radiotelevisión Española, propuesta
que califica de arbitraria. Desde Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya solicitan la destitución del Director General,
que denomina en funciones, porque consideran antiestético y
hasta ilegal su nombramiento y porque, a la vista de los
hechos, sin debate alguno en foro democrático, ha optado
descaradamente por el desguace de Televisión Española en
cuanto servicio público estatal. Añade que los dos órganos
fundamentales de la televisión pública, el Director General y
el Consejo de Administración, son actualmente aberrantes desde
el punto de vista de la pulcritud democrática y, con todos los
respetos a las personas, además de aberrantes, bastardos.
Afirma el proponente que el Gobierno, de cara a los desmanes
que ya se han iniciado --los desguaces de la estructura del
medio público--, se aprovecha de un Consejo de Administración
fantasmal y hasta títere, y baste recordar para demostrarlo
que uno de sus miembros pertenece al
extinto,parlamentariamente hablando, CDS.
Para más bochorno y surrealismo, quien hoy preside el Consejo
de Administración de RTVE es el señor Olmo. Frente a algunas
manifestaciones relativas a la modificación del Estatuto del
Ente Público, afirma que el problema real es que se intenta
eludir que hay que adaptar el Consejo de Administración a la
Ley vigente, sin esperar los dos años que llevaría la reforma
de que se habla y que, en su opinión, supone una trampa en la
que no están dispuestos a caer. Mientras tanto, se anuncia una
reconversión que puede afectar al 40 por ciento de los
empleados y todo ello debatido en un foro no democrático,
mientras este Parlamento está al margen de un debate sobre la
televisión.
Expone que su Grupo no acepta esta situación, por lo que pide
que se destituya al actual Director General y que, después del
nombramiento de un nuevo Consejo de Administración, se
proponga un nuevo director, desde criterios de independencia y
profesionalidad.
Termina preguntando qué modelo se está diseñando sobre los
hechos consumados y afirma, una vez más, que para reestablecer
la pulcritud democrática piden la destitución del señor García
Candau.
Por alusiones, interviene el señor Solchaga Catalán, y para
fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores
González Lizondo, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo
Vasco (PNV); Recorder i Miralles, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Arenas Bocanegra, del Grupo Popular, y
Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por
143 votos a favor y 159 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 455)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre medidas de política fiscal y financiera
que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los
principios de corresponsabilidad y solidaridad en la cesión de
tramos de impuestos a las Comunidades Autónomas (Página 465)
El señor Ribó Massó defiende la moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone
el contenido de los puntos que integran la moción, a la par
que realiza algunos comentarios en torno a la financiación
autonómica y las negociaciones en curso relativas a la llamada
corresponsabilidad fiscal.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mur
Bernad, del Grupo Mixto; Mauricio Rodríguez, del Grupo de
Coalición Canaria; Molins i Amat, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Rajoy Brey, del Grupo Popular, y
Caballero Alvarez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 18
votos a favor, 157 en contra y 114 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en relación
con la adaptación del funcionamiento del Organismo Autónomo de
Correos y Telégrafos a normas que conduzcan a una actuación
más concordante con la actividad que sus homólogos organismos
europeos vienen desarrollando (Página 472)
Defiende la moción, en nombre del Grupo Popular, el señor
Camisón Asensio, manifestando que durante el debate de la
semana anterior aportaron base documental suficiente y
fehaciente respecto a lo que el Tribunal de Cuentas ha
calificado textualmente de grave situación en Correos, al
ejecutar gastos sin la preceptiva imputación al presupuesto,
con fondos de la caja única de giro, durante varios años,
hasta 1991, que se sepa, porque a partir de ese año todo ha
sido oscurantismo por parte del Gobierno. A continuación
expone a la Cámara el contenido de los diversos puntos que
integran la moción.
Para defender las enmiendas presentadas y fijar la posición de
su Grupo interviene el señor Ríos Martínez, en representación
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para completar la fijación de posiciones intervienen los
señores Morlán Gracia, del Grupo Socialista; Sedó i Marsal,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Camisón Asencio,
del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 21
votos a favor, 148 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
AUTONOMIA:
--DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DE REFORMA
DE LOS ARTICULOS 10, 11, 12, 13 Y 18 DE LA LEY ORGANICA
7/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTORIAS PARA
ASTURIAS (Número de expediente 127/000013)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión.
Entramos en el punto I del orden del día: debates de totalidad
de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. Propuesta
de la Junta General del Principado de Asturias, de reforma de
los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 del Estatuto de Autonomía
para Asturias.
En nombre de la Junta General del Principado de Asturias,
tiene la palabra don Celestino Suárez González.
El señor SUAREZ GONZALEZ (Diputado de la Junta General del
Principado de Asturias): Señor Presidente, señorías, después
de una década de trabajo intenso para construir el Estado de
las autonomías, tal como se contempla en nuestra Constitución,
hemos iniciado en el conjunto del Estado un nuevo proceso de
ampliación de competencias, a nuestro entender, desde la
posición de los socialistas asturianos, con un claro objetivo:
el de perfeccionar su funcionamiento. Y ello, no perdiendo de
vista un reto, cual es el de que, como país descentralizado,
ser capaces, a la vez, de profundizar e impulsar un proyecto
político nacional.
El interés general no puede ser el resultado de sumar los
diversos intereses sectoriales y territoriales, ni las
decisiones de un Gobierno, en este caso el de la nación, deben
responder a la capacidad de presión o exigencia de cada grupo
social o territorio.
Para nosotros, un Estado descentralizado debe plantearse el
fortalecimiento de los factores de vertebración que nos
configuran como nación, garantizando que todos los ciudadanos
gocen de idénticos derechos en cualquier lugar del territorio;
objetivo que nos exige seguir haciendo compatible el pleno
desarrollo del Estado autonómico con la vertebración de España
como proyecto común, por la vía de impulsar y fortalecer la
cohesión y la solidaridad. Y digo esto, porque es en este
contexto en el que los socialistas asturianos, con estos
objetivos, hemos impulsado la iniciativa de reforma del
Estatuto que se debate hoy en esta Cámara, sobre el cual me
gustaría hacer alguna referencia para su defensa.
En primer lugar, se produce 12 años después de haberse
aprobado el Estado de Autonomía para Asturias
en estas Cortes Generales. Por consiguiente, cuando nuestras
instituciones autonómicas han alcanzado un nivel de madurez
muy satisfactorio y, en consecuencia, la capacidad suficiente
para asumir nuevas competencias.
En segundo lugar, la iniciativa de reforma se produce en el
marco de un pacto de Estado, dado, como no podía ser de otra
manera, que estamos desarrollando la Constitución, a la vez
que se garantiza la estabilidad necesaria, al margen de lo que
sean los resultados electorales, para desarrollar una reforma
de esta envergadura.
En tercer lugar, el proceso se desarrolla en consonancia con
el resto de comunidades que accedieron a la autonomía por la
vía lenta, evitando, a partir de ahí, procesos unilaterales
que sólo nos llevan a la generación de disfuncionalidades y a
la creación de diversos escalones autonómicos.
En cuarto lugar, se produce la integración jurídica de las
neuvas competencias en nuestro Estatuto de Autonomía a través
del proceso de reforma que hemos iniciado y que hoy debatimos
en estas Cortes Generales. Se garantiza, también, la
participación de nuestra Comunidad Autónoma y su Junta General
del Principado porque es ella quien presenta esta iniciativa
de reforma ante estas Cortes Generales.
Y, en quinto lugar, porque, a nuestro entender, se da un
impulso decidido al Estado cooperativo. Se hace un esfuerzo
importante para articular vías de funcionamiento del Estado
que destierren las actitudes reivindicativas que a nada
conducen.
Dicho esto, nos gustaría solicitar de estas Cortes Generales
la aprobación de esta iniciativa de la Junta General del
Principado de Asturias, que en Asturias ha contado con una
amplia base política e institucional a la hora de ser
aprobada. Más del 80 por ciento de los Diputados de la Junta
General del Principado la respaldaron y apoyaron con sus
votos.
Somos conscientes desde nuestra posición, desde el Grupo
Socialista, de que es un hecho histórico de primera magnitud,
que va a permitir la consolidación de nuestras instituciones
autonómicas dando respuesta a las previsiones estatutarias,
dando respuesta, en definitiva, al Estatuto de Autonomía que
aquí se aprobó hace doce años.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
Tiene la palabra don Sergio Marqués Fernández.
El señor MARQUES FERNANDEZ (Diputado de la Junta General del
Principado de Asturias): Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, me cabe hoy el honor de comparecer ante esta Cámara
para defender, ante SS.SS. y en nombre de la Junta General del
Principado de Asturias, la proposición de ley orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del
Estatuto de Autonomía para Asturias.
Ciertamente, cabe decir que no es ésta ni la primera ni la
única iniciativa que la Junta General del Principado ha
tramitado y remitido a estas Cortes Generales, a este Congreso
de los Diputados, en demanda de ampliaciones competenciales,
en unos casos por la vía de la reforma del Estatuto, bien a
través de lo previsto en el artículo 13.2.a) del propio
Estatuto, en relación a lo dispuesto en el artículo 147.3 de
la Constitución, en otra ocasión a través de peticiones de
delegación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2.b)
del Estatuto de Autonomía para Asturias, en relación a lo
dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución Española.
Una de ellas, la petición de una ley orgánica de delegación,
ya ha sido vista y rechazada por esta Cámara; la otra, aún
pende ante la misma.
Lo hasta aquí señalado, señorías, pone de manifiesto que, ante
una situación de paralización práctica y por la vía del hecho,
alejada en el tiempo del propio marco que recogía y establecía
la propia Constitución para el desarrollo de su Título VIII,
no era Asturias ni su Junta General un simple observador
pasivo de una situación como la señalada. Muy al contrario,
Asturias, en el marco de su institución representativa y
democrática, dentro del más absoluto principio de lealtad
constitucional, alzaba su voz frente al abandono de las
previsiones del constituyente y reclamaba un cambio de
posición. No alzaba esa voz invocando principios y raíces
históricas, que las tiene sobradas, ni singularidades
específicas, que las posee de modo evidente, sino en petición
de algo mucho más simple y sencillo, un principio de
racionalidad en el desarrollo del Título VIII de la
Constitución que, con matizaciones evidentes, ya había sido
aceptado por el constituyente dentro del gran acuerdo que
significó la
elaboración de nuestra Carta Magna.
Por eso, Asturias espera en este momento que lo que en otras
ocasiones le fue denegado, pueda hoy, ya más que doblado los
plazos transitorios constitucionales, convertirse en una
realidad. Si así lo hace posible el acuerdo político entre el
Partido Popular y el Partido Socialista, debemos felicitarnos
por que el mismo haya conseguido finalmente romper el punto de
inercia en el que nos encontrábamos. Bienvenidos sean, pues,
los acuerdos que desbloquean.
En tales condiciones, no voy a reiterar ante SS.SS. un debate
que ya se realizó ante la Junta General del Principado, cuyo
resultado nos permite hoy estar ante el Congreso de los
Diputados defendiendo esta propuesta, ni voy a entrar en
definiciones maniqueas de lo bueno y de lo malo con valores
absolutos, ni siquiera voy a incidir sobre uno de los aspectos
posiblemente más detallados, es decir, si la reforma
estatutaria que hoy nos ocupa constituye la piedra del arco
que culmina el desarrollo del Título VIII de la Constitución,
como
algunos mantienen, o es un simple peldaño --importantísimo
peldaño ciertamente, pero peldaño al fin y al cabo-- en el
camino hacia un desarrollo autonómico armónico y completo,
como algunos, entre los que me cuento, creemos. Porque estoy
seguro de que SS.SS. comparten plenamente el principio de
mutabilidad de todas las obras humanas, incluidas las
legislativas, y por tanto no van a ser nuestras simples
palabras o declaraciones de intenciones, ni siquiera nuestras
realizaciones legislativas, las que marquen ese camino. Será
la propia sociedad, a la que vertebra nuestra Constitución, la
que se pronunciará de forma clara sobre éste y otros extremos
en el futuro.
Señorías, en un momento en que de nuevo vientos de galerna,
esa tormenta violenta y dura que tan bien conocen los hombres
del mar de la costa asturiana, parecen sacudir nuevamente el
consenso y el acuerdo autonómico en temas tales como la
financiación autonómica con presagios cargados de amenazas,
entendemos que es necesario no sólo dar la bienvenida más
franca y clara a
iniciativas legislativas como la que hoy defiendo en esta
tribuna, sino desarrollar sus contenidos sin ambigüedades ni
reticencias, con calendarios y compromisos claros que no
esterilicen ni frustren las esperanzas de todos los españoles
y, en este caso, de los asturianos.
Porque, ciertamente, no todas las competencias que hoy se
contemplan como transferibles tienen la misma importancia
conceptual y práctica ni la misma trascendencia en su uso y
aplicación y, por eso, no puede caber respecto de algunas de
ellas --posiblemente sea la materia educativa la más relevante
a título de ejemplo-- diferencias de consideración y
dilaciones inadmisibles.
La ampliación de competencias a las comunidades autónomas,
sean las que sean en el régimen que hayan elegido o les haya
sido otorgado, no casa bien con conceptos de limitaciones de
libertades o de desconfianzas institucionales, sino que,
supuesto un obligado marco (la Constitución) y un presupuesto
inexcusable (la lealtad a la misma), debe desarrollarse
armónicamente sin más requisito que esa lealtad que Asturias
ofrece y practica sin ambages, sin reservas ni cicaterías.
Por eso, desde ese marco y ese principio, porque cualquier
mañana requiere un imprescindible hoy, en nombre de la Junta
General del Principado pido a SS.SS. el voto afirmativo a la
propuesta que hoy se somete a su consideración, en la
confianza de que de este modo retomaremos un camino al menos
temporalmente abandonado que, con el verso del poeta, se hace
al andar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marqués.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coincidiendo en la misma línea que en anteriores debates de
los pasados Plenos ha mantenido Coalición Canaria, también
aquí daremos nuestro voto afirmativo para que esta reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Asturias
pueda pasar esta segunda fase de andadura, con el buen
entendimiento de que el Título VIII de la Constitución,
cualquiera que sea la lectura que en su día o por cualquier
fuerza política se haya hecho (nunca para nosotros aceptable
en un sentido restrictivo o de cierre del denominado pacto o
acuerdo autonómico del pasado año) tiene que significar una
posibilidad de aumento
competencial, dinámico, positivo, de cara al futuro y en la
dirección de que la legislación que salga de la Comunidad
Autónoma asturiana tenga ese sentido de corresponsabilidad
dentro de la Constitución Española.
Para nosotros, por tanto, constituye un motivo de solidaridad
dar nuestro voto y apoyo a esta reforma del Estatuto de
Autonomía. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, quiero dar, en primer lugar, la
bienvenida a los representantes de la Junta General del
Principado de Asturias en la presentación de esta iniciativa,
en la sesión de hoy que ya tiene precedentes en cuanto a
discusiones parecidas que han tenido lugar en semanas
precedentes. La actitud de nuestro Grupo no va a diferir
respecto a la que ha tenido en otras sesiones en que hemos
analizado reformas estatutarias de las características de las
que hoy se nos plantean.
Por consiguiente, quiero anunciar desde ahora el voto
favorable a esta iniciativa como señal de respeto a lo que las
fuerzas políticas de Asturias han decidido.
Lo que las fuerzas políticas de Asturias quieren no va a ser
lo que nosotros vayamos a enmendar. Ello es importante porque
en el momento en que se discutió el método a seguir para
reformar estos Estatutos nuestro Grupo Parlamentario tuvo
opiniones distintas a las de la mayoría de los Grupos
parlamentarios. Nos parecía que la vía directa del artículo
148.2 de la Constitución daba más protagonismo a las Asambleas
legislativas, pero no fue el camino que se escogió. Por
consiguiente, esto ya queda lejos y prima en este momento la
voluntad de las fuerzas políticas de Asturias. En todo caso,
es innegable que la modificación que se nos plantea en el día
de hoy está en la línea de una mayor profundización del
autogobierno y de una mayor profundización del proceso
autonómico asturiano.
Por consiguiente, es un hecho positivo en la línea de un
proceso continuado y abierto en que se construye el Estado de
las autonomías, construcción que creemos no está cerrada por
ningún acuerdo ni pacto previo, sino que está enmarcada en las
propias disposiciones que establece el texto constitucional.
Quiero hacer una especial mención a la letra n) del punto 2
del artículo primero de la reforma, en tanto en cuanto creo
que hay una diferencia respecto a otras modificaciones que se
han sustanciado en la Cámara, como es la relativa a la
ordenación y planificación de la actividad económica, con
especial referencia a la aplicación y ejecución en el
Principado de Asturias de planes establecidos por el Estado
para la reestructuración de sectores económicos, así como
también de programas genéricos elaborados por el Estado para
el Principado de Asturias para la implantación de nuevas
empresas.
Creo que realmente se da aquí un instrumento que va a ser de
mucha utilidad para el desarrollo del Principado.
Entiende nuestro Grupo Parlamentario que todas estas
propuestas conllevan, sin lugar a dudas, una reforma en
profundidad de la Administración del Estado, en tanto en
cuanto representará una transferencia de personal y de
servicios muy importante, con la consiguiente disminución de
estos servicios y de este personal en la Administración
central del Estado.
Termino felicitando a los representantes del pueblo asturiano
con el convencimiento de que Asturias, una vez aprobada esta
modificación, tendrá un instrumento de mayor poder político
para trabajar por su futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, permítanme, en primer lugar, que salude, de la
forma más cordial y personal, a mis paisanos representantes de
la Junta General del Principado de Asturias y que en las
futuras
intervenciones que tengan encuentren mejores ocasiones para
ser coherentes que las que han podido tener en la defensa de
la propuesta de reforma del Estatuto que acaban de hacer.
Mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, va a
exponer, yo creo que por décima vez aproximadamente, las
mismas razones contra la misma propuesta, literalmente la
misma propuesta, idénticamene la misma propuesta, que se nos
ha venido sometiendo a debate y aprobación en esta Cámara,
comunidad autónoma por comunidad autónoma, y así hasta agotar
todas aquéllas que optaron inicialmente por la vía del
artículo 143. Por lo tanto, es el mismo rechazo el que voy a
expresar para la reiterada fotocopiada propuesta que se ha
hecho igual a Madrid, a Cantabria, a Castilla y León,
Castilla-La Mancha, a Murcia o a Asturias.
Mi Grupo va a votar en contra. Y lo va a hacer por dos tipos
de razones, tanto por razones de método, cuanto por razones de
contenido. Mi Grupo considera que hay tres razones en la
metodología seguida para el alumbramiento de esta reforma del
Estatuto de Autonomía de Asturias, suficiente cada una de
ellas, o al menos en su conjunto, para motivar sobradamente
nuestro voto negativo a esta propuesta.
La primera razón es aquella que podríamos titular quizás de
forma un poco jocosa, con el rótulo de café --en este caso
descafeinado-- para todos. Es decir, para todas las
comunidades del artículo 143.
A todas las comunidades del artículo 143 se las somete al
mismo tipo de descentralización administrativa, al mismo tipo
de competencias socioeconómicas, al mismo tipo de capacidad de
autogobierno político. A las puertas del artículo 143 se
acabaron las diferencias, se acabaron las especificidades, se
acabaron los hechos diferenciales. En el 143 todos somos
iguales de forma rasa.
Repito, a nosotros nos parece sorprendente. Si una de las
razones por las cuales se ha argumentado reiteradamente por
parte del Gobierno y del partido que le sustenta (tengo que
reconocer que en este sentido, al menos en los últimos años,
ha tenido
coherencia, no así otros grupos) que hay diferencias, muchas
de ellas con raíces históricas, entre las distintas
comunidades o nacionalidades del Estado español y, por lo
tanto, que es lógico que existan velocidades diferentes, ¿por
qué esta diferencia de velocidad se tiene que parar en las
comunidades del 143 como si de comunidades absolutamente
homogéneas se tratara? ¿Es que es igual la administración
territorial que debe tener Madrid o el nivel de competencias
que son pertinentes o adecuadas para Madrid que las que pueden
ser convenientes para Castilla y León, para Castilla-La
Mancha, o las mismas que serían adecuadas para Asturias o las
que podrían tener los cántabros o los murcianos? Para nosotros
esta razón metodológica, es decir, haber optado claramente por
un tipo de autonomía plana para todas las
comunidades del 143 sería, repito, una razón suficiente como
para no poder votar a favor de esta propuesta que se nos hace.
La segunda razón, más estrictamente metodológica también, la
definiría de una forma gráfica y con una sola palabra:
Lentejas. Si quieres las tomas y si no las dejas. El proceso
que ha seguido esta proposición, que emana del acuerdo entre
el Grupo Socialista y el Partido Popular, no ha contado con
los demás grupos de esta Cámara y tampoco ha contado, por más
que se diga, con los parlamentos autonómicos. Es decir, como
si nos remitiéramos a una situación antes de la Constitución
donde el Estado no supusiera también la incorporación de
nuevos poderes descentralizados, de nuevos parlamentos
autonómicos, de nuevos gobiernos autonómia situación antes de
la Constitución donde el Estado no supusiera también la
incorporación de nuevos poderes descentralizados, de nuevos
parlamentos autonómicos, de nuevos gobiernos autonómicos.
Tan es así que, como se ha dicho en esta Cámara, ni siquiera
se han podido presentar enmiendas. Les ha bastado utilizar la
fotocopia y, repito, literalmente la misma propuesta que se ha
discutido la semana pasada sobre Madrid, ahora la debatimos
para Asturias. Se ha cambiado el nombre y punto. La tercera
razón metodológica, señoras y señores Diputados, tiene algún
carácter específico en relación a Asturias. No podemos aceptar
esta propuesta simplemente por coherencia con los pasos que
tanto nuestro Grupo, Izquierda Unida, en este caso en
Asturias, cuanto la propia Junta General de Asturias y el
Parlamento asturiano fueron adoptando a lo largo de este
difícil proceso autonómico. Ya en 1979 todos los grupos
presentes en la Junta General, en el Parlamento asturiano,
entre ellos, obviamente, los grupos autores de la propuesta
que hoy debatimos aquí, firmaron un pacto por el cual todos
nos comprometíamos a aceptar las competencias que señalaba el
artículo 148 y la vía lenta que marcaba el artículo 143 de la
Constitución, pero, eso sí, con el compromiso por parte de
todos, compromiso escrito, de que al cabo de cinco años se
revisaría de nuevo el Estatuto de Autonomía. Es decir, esta
opción previa por la vía del 143, la vía lenta y diferida, no
significaba en absoluto, sino todo lo contrario, renunciar a
los niveles de autogobierno que en cada momento la Comunidad
Autónoma creyera convenientes para un funcionamiento adecuado
tanto de sus instituciones estrictamente políticas cuanto
administrativas. Sin embargo, esto que los grupos hoy
proponentes firmaron en 1979 fue ya claramente incumplido,
primero, por el Partido Socialista Obrero Español y ahora,
finalmente, por el Partido Popular. Señoras y señores de los
bancos de la derecha, tienen que saber que en Asturias --
supongo que lo saben pero por si acaso se lo recuerdo-- el
Partido Popular firmó también una proposición de reforma del
Estatuto de Autonomía y de delegación de leyes competenciales
el 4 de julio de 1990, propuesta de reforma y de delegación
competencial que desgraciadamente estuvo sesteando en la
antecámara de este Congreso, sin que la Mesa del Congreso de
los Diputados encontrara la ocasión para darle trámite y que
pudiera haber sido debatida en esta Cámara. Una iniciativa de
un parlamento autonómico que ha estado tres años esperando sin
poder ser debatida en esta Cámara, y todavía está en la misma
situación, aún no ha sido debatida, al menos en la parte
sustancial, la que se refiere precisamente a la reforma del
Estatuto de Autonomía.
Estos son, señoras y señores Diputados, los tres tipos de
razones, que llamaba metodológicas, por los cuales nuestro
Grupo cree que tiene motivos racionales suficientes, sobrados
posiblemente, para no poder votar que sí, es más, para votar
claramente que no a esta propuesta que se nos hace.
Voy a ser tremendamente escueto en lo que voy a exponer a
continuación. Además de las razones metodológicas hay,
obviamente, razones de contenido. Tenía enumeradas nada más y
nada menos que cinco razones de contenido o cinco tipos de
déficit competenciales por los cuales esta propuesta no
resiste comparación alguna ni con la que ha hecho
anteriormente la propia Junta General del Principado, ni con
los acuerdos políticos que se firmaron en Asturias por todas
las fuerzas con representación parlamentaria en aquella
Comunidad, ni con lo que creo que debiera ser el tipo de
estatuto de que se debiera dotar Asturias. Haré una
enumeración rapidísima. Simplemente quiero señalarles que hay,
por una parte, incumplimiento de compromisos anteriores, por
ejemplo, competencias previstas en el artículo 13 y no
asumidas en esta reforma del Partido Popular y del Partido
Socialista Obrero Español. No las voy a citar todas,
simplemente algunas para que vean el calibre. Programas
genéricos del Estado para la implantación de nuevas empresas y
el estímulo de
actividades productivas. Entenderán ustedes que en una región
con una crisis económica particularmente agraria e industrial,
es decir, de todo el sistema productivo, como la que padece
Asturias, es una competencia no desdeñable y que sería muy
adecuada para un tipo de comunidad como la nuestra.
Programas especiales para comarcas deprimidas o en crisis,
idem de lo mismo. Podría seguir con ellas pero paso a otro
tipo de competencias. Competencias previstas en el acuerdo, al
que aludí, de 1990 de autonomía plena diferida y no asumidas
en este acuerdo.
Les cito simplemente algunas. Creación de un sector público
regional, expropiación forzosa, emisión de deuda pública
regional, participación regional en las empresas públicas
radicadas en Asturias. Tengan ustedes en cuenta que de las
empresas industriales del INI, si no recuerdo mal, el 80 por
ciento de ellas, al menos, en cuanto a producción y plantilla
están en Asturias. Todas estas son competencias que no se
prevén en este acuerdo y sí en el que juntos habíamos hecho en
la Cámara asturiana. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor García Fonseca, le ruego que concluya.
El señor GARCIA FONSECA: Concluyo ya, señor Presidente.
Simplemente quiero decirles que en cuanto a inferioridad
competencial, en relación a los techos competenciales de que
disponen otras comunidades, la enumeración sería realmente
inacabable. Tengo señaladas, y no están todas, al menos 23
competencias de las que nuestra Comunidad no podrá disponer en
relación a las que tienen otras comunidades autónomas que han
ido por la vía del artículo 151. Es más --y con esto termino--
, se da incluso la paradoja de que no solamente tenemos
menos competencias de las debidas, no solamente tenemos menos
competencias de las que nos habíamos comprometido a adquirir
los asturianos, no solamente tenemos un menor nivel en el
ejercicio de estas competencias, sino que incluso no vamos a
disponer a partir de ahora de alguna competencia que hasta
este momento teníamos; incluso esa pequeña guinda como
agravante se podría poner.
Por tanto, nosotros creemos, señoras y señores Diputados, que
esta propuesta de ley no resistiría una comparación tanto con
la letra como con el espíritu de la Constitución, que es bien
cierto que preveía tiempos y ritmos competenciales para cada
una de las comunidades, lo cual a nosotros nos parece
absolutamente
racional.
Es decir, que cada comunidad se dote de su ritmo y de su
tiempo y consiga las competencias que la comunidad misma, en
diálogo con el Estado central, reconozca como adecuadas para
el momento y para la coyuntura del proceso en que se
encuentre. Si bien es verdad que la Constitución española
reconoce esto... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor García Fonseca.
Señorías, ruego guarden silencio.
Señor García Fonseca, le ruego que concluya.
El señor GARCIA FONSECA: Concluyo, señor Presidente.
Termino diciendo que si bien es verdad que la Constitución
reconoce esto, sin embargo la Constitución señala que, al
final no puede haber ninguna situación de desigualdad o de
discriminación entre los niveles competenciales y la capacidad
de autogobierno de cada comunidad. Por estas razones nosotros,
obviamente, vamos a votar que no, señor Ministro, señoras y
señores Diputados.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor De la Vallina.
El señor DE LA VALLINA VELARDE: Con la venia, señor
Presidente, señoras y señores Diputados, señores Diputados
representantes de la Junta General del Principado de Asturias,
a quienes saludo cordialmente en nombre propio y en nombre del
Grupo Popular del Congreso de los Diputados, el debate que
venimos celebrando en esta Cámara en torno a las reformas de
los estatutos de
autonomía, de los estatutos de las comunidades que accedieron
a la autonomía a través de la vía del artículo 143 de la
Constitución, pone claramente de manifiesto, en mi opinión,
uno de los rasgos fundamentales del Estado autonómico. La
forma de organización territorial del poder que diseña nuestra
Constitución, como consecuencia del principio dispositivo que
preside todo el Título VIII del texto fundamental, tiene
pendiente para cerrar el proceso una serie de retos o
cuestiones fundamentales. Baste pensar en la financiación de
las comunidades autónomas, haciendo realidad los principios de
solidaridad y corresponsabilidad fiscal, a algunas de cuyas
manifestaciones, no siempre certeramente planteadas, estamos
asistiendo en estos días. Otro reto, otra cuestión que sin
duda tienen pendiente las comunidades autónomas es el nivel de
participación en la toma de las decisiones comunitarias, en la
toma de las decisiones por parte de las instituciones de la
Comunidad Europea, así como la propia ejecución de esas
decisiones cuando debe ser llevada a cabo en el ámbito de la
propia comunidad. Igualmente cabe considerar como un reto
pendiente en la configuración definitiva del Estado autonómico
la conformación del Senado como segunda Cámara, como Cámara
territorial de representación de los poderes de los gobiernos
locales. También, evidentemente, la reforma de los estatutos
de autonomía que accedieron a la misma por la llamada vía
lenta, por la vía del artículo 143 de la
Constitución.
En el día de hoy conoce esta Cámara la reforma del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias, incorporando a la norma
institucional básica que es su estatuto --aprobado, como ha
sido recordado, por ley orgánica en diciembre de 1981-- una
serie de nuevas competencias. Nuestro Grupo, naturalmente, va
a prestar el voto afirmativo a esta reforma del Estatuto de
Autonomía de Asturias, reforma que, como es bien sabido y ha
sido ya comentado en otras ocasiones en estos debates, trae su
causa de los acuerdos autonómico suscritos por el Gobierno, el
Partido Socialista y el Partido Popular en febrero del año
pasado, en febrero de 1992; acuerdos autonómicos que
pretendían acabar con la situación de bloqueo en relación a
estas comunidades de la vía lenta en que por la falta de
voluntad política para la reforma de sus estatutos por parte
del Gobierno nos encontrábamos.
Ciertamente, se podía haber ido por otras vías para la reforma
de estos estatutos de las autonomías del 143. Y ciertamente el
Partido Popular, como también ha sido recordado esta tarde
aquí, lo intentó por otras vías. Pero ante el bloqueo, como
antes recordaba, en que se encontraba la situación de estas
autonomías por parte del Gobierno, la única solución razonable
y oportuna para seguir avanzando hacia cotas de autogobierno
era suscribir esos pactos autonómicos. Otras posturas como
algunas de las que esta tarde se han defendido aquí son puras
utopías que a ningún fin práctico conducen.
Esos acuerdos autonómicos suscritos, como digo, en febrero de
1992 por el Gobierno y los dos partidos mayoritarios en esta
Cámara perseguían la reforma de los estatutos de las
comunidades del 143 a través de un proceso
que tenía dos momentos. En un primer momento la reforma se
producía a través de la atribución competencial por una vía
extraestatutaria, acudiendo al procedimiento normativo
previsto en el artículo 150.2 de la Constitución, es decir, la
transferencia por medio de la correspondiente ley orgánica de
una serie de competencias de titularidad del Estado. Ese
primer paso fue llevado a cabo a través de la Ley Orgánica
9/1992, de diciembre del año pasado, en virtud de la cual las
comunidades autónomas, entre otras la de Asturias, asumían una
serie de competencias que seguían siendo de titularidad del
Estado. Por ello la reforma no podía quedar ahí. Era necesario
dar un paso más, que esas competencias transferidas a las
comunidades autónomas por una vía de reforma
extraestatutaria fueran asumidas por la norma institucional
básica de la Comunidad, es decir, por el propio Estatuto. Esto
es lo que hace la propuesta que esta tarde, por iniciativa de
la Junta General del Principado de Asturias, se presenta ante
esta Cámara y que, como antes anunciaba, el Grupo Popular va a
apoyar con su voto. Quiero también decir que con esta reforma
estatutaria, con esta asunción de competencias, ahora ya de
titularidad plena de la Comunidad Autónoma, no queda acabada
la reforma necesaria de nuestra autonomía. Por ello --y con
ello termino, señor Presidente-- yo también, como otros
portavoces en relación a sus respectivas comunidades
autónomas, quiero indicar que con esta propuesta no se cierra
el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias.
Quedan pendientes para otros momentos otras cuestiones, la
asunción no solamente de nuevas competencias sino también
reformas institucionales, reformas en otros contenidos del
Estatuto de Autonomía que hagan posible, de verdad, el
autogobierno de nuestra región dentro de las cotas, dentro del
marco que permite la Constitución de 1978.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Vallina.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez
Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, señoras Diputadas,
señores Diputados, primeramente quiero sumarme a los saludos y
a la bienvenida de cuantos portavoces han hecho lo mismo,
dirigiéndose a los representantes esta tarde aquí, en esta
Cámara, de la Junta General del Principado de Asturias.
Señorías, con anterioridad al inicio de la negociación del
pacto autonómico, los socialistas abordamos la reforma del
Estatuto de Autonomía de Asturias --hace de eso ahora cinco
años-- con idéntico talante con el que trabajamos por la
elaboración y aprobación de dicho Estatuto en el año 1981.
Queríamos entonces, en el año 1988, cuando iniciamos esas
negociaciones en Asturias para la reforma, que las previsiones
reformadoras previstas en el propio Estatuto no fueran la
causa de distanciamientos políticos innecesarios, y sobre todo
inconvenientes, entre fuerzas
políticas que habíamos estado juntas en la consecución de
nuestro Estatuto de Autonomía. En otras palabras, señorías,
aspirábamos a que, tras esta reforma, el texto tuviera un
respaldo idéntico al del año 1981. Consecuencia de aquella
actitud fueron algunas incomprensiones que como los hechos han
puesto de relieve y para nuestra fortuna arrostramos sin coste
político alguno. Por eso entonces es satisfactorio constatar
ahora que una parte muy importante de nuestros argumentos para
encauzar y concluir la reforma se han hecho realidad.
Señorías, nuestra satisfacción, sin embargo, tiene un punto de
matiz en la ausencia del acuerdo y el pacto de un grupo
político que formó parte de la mayoría que aprobó el Estatuto
de
Autonomía.
Pero éste, ciertamente, no es un momento para lamentar la
actitud de otros, sino una oportunidad a demostrar nuestra
mejor
valoración del camino institucional recorrido por el
Principado de Asturias desde 1979, cuando el Consejo Regional,
primero, y los municipios asturianos después tomaron la
iniciativa de comenzar el proceso de constitución de Asturias
como comunidad autónoma conforme a las previsiones del
artículo 143.2. Más de diez años de experiencia autonómica han
satisfecho y han colmado las ilusiones de cuantos en aquellos
momentos creímos en la posibilidad, y en la virtualidad
también, de un proyecto político institucional asturiano en el
marco de la Constitución Española. Pero nuestro Estatuto, como
muchos otros, contenía la previsión de la reforma en su
artículo 56 y, cumplidos con creces los plazos exigidos,
iniciamos el trámite de su modificación para que el Principado
incremente su nivel competencial.
Pues bien, señorías, hablando de niveles competenciales, hubo
un tiempo en el que de modo bastante generalizado se llegó a
identificar la posibilidad de solución de un problema regional
con la titularidad autonómica de la competencia
correspondiente. A partir de ahí es natural que en muchas
regiones españolas --el caso asturiano es uno de ellos-- los
que más verbalizan la autonomía como argumento político sean,
a su vez, los más inclinados por la heteronomía en la
atribución de la
responsabilidad de los problemas. Por fortuna yo creo,
señorías, que esos tiempos están superados. Es más, yo creo
que el pacto autonómico ha arrumbado definitivamente ese modo
de ver las cosas, al menos para las formaciones políticas
firmantes del mismo. Para nosotros, para los socialistas, es
muy importante la reforma que conduce al aumento de
competencias. Es la cuestión fundamental que nos ocupa. Pero
nuestra experiencia nos inclina también a otorgar un relieve
importante a la plasmación del espíritu de cooperación
interadministrativa que el pacto
contiene. Sé bien que
ese apartado del pacto no es objeto de trámite parlamentario
alguno, pero, puesto que tenemos esa convicción, bueno es que
se exprese que para nosotros es tan importante la elevación
del nivel competencial como el hecho de que las competencias
asumidas en esta reforma, y las que originariamente otorgaba
el Estatuto, hayan de ser ejercidas en el marco de la
cooperación que el propio pacto delimita y precisa.
Señorías, el repaso de las materias que van a ser objeto de
traspaso sobre la base de esta proposición refuerza, si
hiciera falta reforzamiento alguno, la necesidad de la
cooperación. En una región como la nuestra, en una región como
la asturiana, en la que tantos problemas que afectan a la vida
cotidiana de miles de ciudadanos tienen un alcance que
trasciende, como es bien sabido, lo regional y lo nacional, es
lógico que el ejercicio de la titularidad competencial tenga
sentido únicamente en un contexto de cooperación con otras
administraciones. Piensen por un momento, por utilizar un
ejemplo muy socorrido, en la
competencia exclusiva en materia de industria o, en otro
nivel, en la ejecución de la legislación laboral.
Los Diputados del Grupo Socialista por Asturias hemos asistido
con interés, en estas semanas precedentes, a discursos de
otros compañeros de Grupo que defendían en este trámite su
Estatuto y que mostraban los indudables avances que para la
descentralización del poder político en nuestro país tienen el
pacto autonómico. En su nombre y en el mío también me quiero
sumar a todo ese conjunto de intervenciones que desde esta
tribuna han valorado, con toda objetividad, la importancia del
momento que estamos viviendo.
Quienes calificaban la vía del 143 de vía lenta han de
reconocer ahora que se trataba de una vía segura. Quienes
mostraron recelos por la utilización del 150.2 de la
Constitución deberían disolver sus reticencias. Aquellos, en
fin, que no entienden la autonomía política si no es en el
marco de la confrontación, tienen a partir de la vigencia del
pacto la posibilidad de cambiar al terreno de juego de la
cooperación que contiene el apartado tercero de ese acuerdo.
Señorías, son muchas las razones que están esta tarde del lado
del voto favorable a la propuesta, que será la posición de mi
Grupo Parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad de la propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 284; a favor, 267; en contra, 14; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en votación de totalidad
la propuesta de reforma.
INCLUSION DE UN NUEVO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA:
--CONVALIDACION O DEROGACION DEL REAL DECRETO-LEY 15/1993, DE
17 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE PERMITE A LOS FUNCIONARIOS
PUBLICOS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS QUE DEBAN
JUBILARSE AL FINALIZAR EL CURSO ACADEMICO 1992-1993 LA
POSIBILIDAD DE OPTAR POR JUBILARSE A LA FINALIZACION DEL CURSO
ACADEMICO 1993-1994 (Número de expediente 130/000004)
El señor PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 68.1 del
Reglamento, se somete al Pleno la modificación del orden del
día consistente en la inclusión del punto siguiente:
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/1993, de 17
de septiembre, por el que se permite a los funcionarios
públicos de los cuerpos docentes universitarios que deban
jubilarse al finalizar el curso académico 1992-1993 la
posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso
académico 1993-1994.
¿Acuerda el Pleno la inclusión de este punto? (Asentimiento.)
Queda aprobada la modificación del orden del día con la
inclusión de la convalidación o derogación de este Real
Decreto-ley.
DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
AUTONOMIA (CONTINUACION):
--DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA, DE REFORMA DEL ESTATUTO
DE AUTONOMIA DE CASTILLA-LA MANCHA (ORGANICA) (Número de
expediente 127/000010)
El señor PRESIDENTE: Propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha, remitida por las Cortes de
Castilla-La Mancha. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Para la defensa de la propuesta, en nombre de las Cortes de
Castilla-La Mancha, tiene la palabra don Anastasio López
Ramírez.
El señor LOPEZ RAMIREZ (Diputado de las Cortes de Castilla-La
Mancha): Señor Presidente, señoras Diputadas, señores
Diputados, el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en
sesión celebrada el día 4 de marzo de 1993, acordó, sin ningún
voto en contra, la toma
en consideración de la proposición de ley de reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Esta reforma
afecta a los artículos 31, 32, 33, 35 y 37 de nuestro Estatuto
y los tres grupos políticos que conforman las Cortes de
Castilla-La Mancha, a saber, el Partido Socialista Obrero
Español, el Partido Popular e Izquierda Unida estimaron que
esta reforma pretende dar satisfacción a las aspiraciones de
asunción de nuevas
competencias desde el respeto a la identidad y peculiaridad de
los territorios de España y, al mismo tiempo, establece el
principio de no discriminación sobre los diversos territorios.
Se ha llegado a esta situación porque el Estado de nuestros
días ha encontrado en las comunidades autónomas un valioso
aliado para la prestación de los servicios que los ciudadanos
reclaman de todos los poderes públicos.
Señorías, en la historia de España encontramos que el Estado,
durante siglos, no supo conjugar las exigencias de la unidad
nacional con la diversidad territorial. Este hecho, con
seguridad, pesó en algunos políticos en el período
constituyente y en el de discusión de los estatutos para fijar
sus posiciones que, por calificarlas benévolamente, lo haría
como de timoratas respecto a las comunidades autónomas.
Hago esta referencia histórica para decir a continuación que
el desarrollo autonómico es ya una realidad, para decir que la
idea de la ampliación de las competencias es la idea que
preside el Estado de las autonomías y que, a través de esa
idea, un mismo Estado puede albergar a todos los territorios
españoles con formas de autogobierno y que ese autogobierno
tiene por objeto lograr la óptima aplicación de los recursos
socioeconómicos de cada territorio, y en él confluyen el
interés del Estado y el interés de las propias colectividades
regionales y está basado en una profunda descentralización.
Señorías, lo que se pretende con esta reforma es la
homogeneidad en la prestación de los servicios públicos y la
corrección de los desequilibrios económicos entre regiones. La
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está capacitada
para recibir las
competencias previstas. Los ciudadanos y ciudadanas de nuestra
región tienen la convicción y sienten que la Junta de
Comunidades les representa, que la Junta les defiende y que la
Junta los atiende, y en este proceso de desarrollo autonómico
hemos sido coherentes y respetuosos con el principio de
lealtad
constitucional. Desde Castilla-La Mancha se quieren las nuevas
competencias no para exhibirlas, sino para ejercitarlas, para
aproximarlas a los ciudadanos, para que estos las sientan más
cercanas y, por consiguiente, más suyas y si, además, este
proceso se ha realizado en un buen clima de diálogo, de
consenso y de colaboración entre todos los grupos
parlamentarios, incluido el de Izquierda Unida, al menos en
nuestra Comunidad, mucho mejor.
El pacto autonómico es el origen de esta reforma estatutaria
que ahora se propone, pero este pacto no acaba con el proceso
de transferencias, tiene otra piedra angular a la que desde
Castilla-La Mancha le damos mucha importancia, cual es el
desarrollo del principio de cooperación que, por cierto,
afecta igual a las comunidades que accedieron por la vía del
artículo 151
que a las que accedieron por la vía del artículo 143,
principio éste que, aún no formulado expresamente en la
Constitución, se ha venido definiendo por la doctrina
constitucional y que puede resumirse en un deber de
colaboración recíproco entre el Estado y las comunidades
autónomas, es decir, la lealtad constitucional. No quiero
finalizar mi intervención sin unas palabras en relación al
procedimiento de asunción de competencias. Este procedimiento
debe ser homogéneo y gradual, sin tiranteces entre unos
territorios y otros, y debe tener el ingrediente de la
celeridad y del acuerdo en relación a la financiación
autonómica. No dudamos desde Castilla-La Mancha de que esto
será así y que la gestión de las nuevas competencias por parte
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la
ejerceremos con rigor, igualando al menos, o superando, la
calidad de dicha gestión en relación a la administración que
hasta ese momento estuviera ejerciendo esa competencia.
Señorías, finalizo mi intervención señalando que, aun en la
convicción de que los textos de los estatutos de autonomía ni
son sagrados ni perpetuos, sino que son simplemente
instrumentos jurídicos al servicio de la convicción de los
españoles --y prueba de ello es que ésta es la segunda reforma
en dos años y medio--, pero creyendo con firmeza que esta ley
que ustedes debaten hoy es muy buena para los castellano-
manchegos y, por tanto, para todos los españoles, espero el
voto favorable de SS.SS. a esta propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Ramírez.
Tiene la palabra don José Manuel Molina García.
El señor MOLINA GARCIA (Diputado de las Cortes de Castilla-La
Mancha): Señor Presidente, señorías, Castilla-La Mancha
defiende hoy la ratificación, la ejecución del pacto
autonómico, y lo hace unánimemente; lo hace, no por un ansia
de tener más competencias sino por estar convencida de que su
asunción puede repercutir en la eficacia de su gestión, y así
lo entendieron los firmantes del pacto autonómico, que
salvaron diferencias de criterio para poder establecer un
desarrollo constitucional consensuado.
El pacto autonómico es un buen ejemplo de responsabilidad y
buen hacer; confío en que esa vía y ese ánimo continúen en
otros aspectos del desarrollo autonómico y que, como hoy,
sigamos avanzando en la
tarea colectiva de construir España, una construcción basada
en el respeto y la colaboración entre las regiones, entre
éstas y el Gobierno de la nación, porque será la mejor
manifestación de unidad.
El acto de hoy es una demostración de que el Estado no está
inmovilizado en su estructura y de que los mecanismos
constitucionales funcionan. Cierto es que no con la celeridad
que hubiésemos deseado, pero eso ha sido más una cuestión de
intereses de gobierno que de los propios mecanismos.
El regionalismo, la autonomía, no son una doctrina, sino una
disposición de ánimo que nos impulsa. Nadie tiene el derecho
de monopolizarlos y, aun más, nadie tiene derecho a decir que
su política es mejor porque es la más regionalista. Se
necesita que, además de regionalista, sea acertada, porque una
nación se garantiza sobre las bases territoriales. La
autonomía debe ser entendida como un derecho de la comunidad
autónoma a la
participación a través del parlamento regional, de los órganos
de gobierno propios y de la administración de cuantos asuntos
le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en
función de los intereses nacionales, y todo ello debe hacerse
desde la colaboración. Lo que hagamos desde Castilla-La Mancha
será por el prestigio y la excelencia de la propia región y
del país y por el bienestar y prosperidad de nuestra Comunidad
y de nuestra nación.
En enero de 1992, el Partido Socialista, el Partido Popular y
el Gobierno, haciendo un ejercicio de responsabilidad,
firmaron lo que se ha denominado Pacto autonómico; este
acuerdo supone un desarrollo para las trece comunidades que
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 y supone
un diseño de los servicios que deben prestar las regiones a
los ciudadanos, a sabiendas de que la realidad es cambiante y
los conceptos también y de que algunas transferencias han
quedado pospuestas para otra fase.
Por esas mismas fechas todas las comunidades autónomas
consensuaron un sistema de financiación para los siguientes
cinco años; creemos que el mejor ejercicio de responsabilidad
es cumplir los acuerdos firmados por todos, porque desde la
mesura, la sensatez y el diálogo es como se deben establecer
los
desarrollos constitucionales y debemos seguir trabajando sobre
estas bases para establecer los mecanismos, a fin de que los
ciudadanos obtengan la mejora en la prestación de los
servicios públicos, que, en definitiva, es la razón de ser de
todos los que nos encontramos en la vida pública, ya sea
nacional, regional, provincial o local. Es por ello por lo que
me atrevo a pedir a SS.SS. el voto favorable para la propuesta
que hoy se presenta. Muchas gracias, señor Presidente; muchas
gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molina.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías,
quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a la Cámara a los
representantes de las Cortes de Castilla-La Mancha que hoy nos
acompañan para defender la proposición de Ley Orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía.
Tras estas palabras de bienvenida, quiero anunciar que
votaremos favorablemente la toma en consideración de la
proposición de ley, puesto que otro no puede ser el sentido de
nuestro voto.
Ha transcurrido sobradamente el plazo de cinco años que la
Constitución establece para que las comunidades autónomas que
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 puedan
ampliar sus competencias, y hoy se nos propone la
incorporación al propio Estatuto de las que fueron
transferidas mediante Ley Orgánica 9/1992. Creemos que esta es
la vía más adecuada para que estas comunidades autónomas
puedan asumir plenamente las
competencias autonómicas, vía más indicada que la de
transferencia o delegación de competencias que resultaba de la
Ley Orgánica
9/1992. Pero, además, y principalmente, nuestro Grupo
Parlamentario votará
favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa
porque es costumbre en la práctica parlamentaria de este Grupo
facilitar con su voto la tramitación en la Cámara de las
iniciativas legislativas de los parlamentos autonómicos, y en
este caso son las propias Cortes de la Comunidad de Castilla-
La Mancha quienes nos proponen la reforma de su norma básica
autonómica.
Sólo me queda, pues, para finalizar esta breve intervención,
felicitar a los representantes de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y, a través de ellos, a los ciudadanos de
esta comunidad autónoma por el paso adelante que, con la
iniciativa que han traído hoy al Parlamento, dan en favor de
la consolidaciój de su autonomía.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías.
Vísteme despacio que tengo prisa. Esta podría ser la voluntad
debatida y decidida por el pueblo castellano-manchego y
nuestro Grupo no tendría absolutamente nada que oponer,
estaríamos en condiciones de poder apoyarles. Pero no es ésa
la voluntad de la proposición de ley que las Cortes nos
remiten. Para buscar cuál es el motivo, cuál es el objetivo de
la proposición de ley habría que dirigirse a la exposición de
motivos de la
misma. Y la propia exposición de motivos, aprobada en las
Cortes de Castilla-La Mancha, viene a decir que, con esta ley,
se da cumplimiento al acuerdo autonómico de 28 de febrero de
1992, primero, por la transferencia de competencias y,
segundo, por hacer residir en el Estatuto de Autonomía las
competencias que se han delegado a través de la Ley Orgánica.
Ese es el objetivo, por tanto, de la reforma: no plasmar la
voluntad más o menos discutida o debatida tras analizar la
experiencia autonómica, sino dar fe del pacto autonómico
proyectado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Me gustaría hacer referencia aquí de cuáles fueron las razones
que nuestro portavoz dio allá, defendiendo la abstención de
nuestro Grupo en ese debate en la Cámara. Primero, decía, no
podemos estar en contra de la asunción de nuevas competencias,
aunque el resultado final en que se ha convertido este acto es
meramente nominal y las transferencias y la descentralización
más que una descentralización administrativa es una
desconcentración. Y decía que no podían estar en contra de
realizar la reforma porque la habían estado defendiendo en
solitario para evitar que la delegación fuera una mera
transferencia de poder que podía ser rescatado por el Estado y
preferían hacerla residir en el propio Estatuto, aunque
nuestro Grupo consideraba que era insuficiente por las
competencias que dejaba fuera para Castilla-La Mancha y que
impedía igualar esta Comunidad con las del 151. Definía
nuestro portavoz que el pacto autonómico era débil y
tambaleante y que no abordaba de verdad una reforma de la
Administración, una reforma del Senado y una reforma
institucional de cada uno de los órganos de los que el
Estatuto había dotado a Castilla-La Mancha. Por tanto, ¿se
puede acusar a Izquierda Unida de estar en contra de la
recepción de nuevas competencias? No es el caso. Estamos de
acuerdo en éstas, y les decimos que son alicortas. Queremos
que vengan más competencias para esa Comunidad. Pero, ¿cuál es
problema que residía en Izquierda Unida? La falta de
credibilidad de las fuerzas que respaldaban la propuesta,
porque desde de febrero del año 1992 a estos días ha habido
tiempo para poner en marcha el pacto. La Ley se aprobó en
diciembre de 1992, ¿por qué no se han transferido
competencias? Se anunciaron para febrero, se volvieron a
anunciar para junio y, ahora, para cuándo se van a recibir
esas transferencias. No hay que esperar a la reforma del
Estatuto de Autonomía para aplicar la Ley Orgánica de
Transferencias. Por tanto, nosotros creíamos que no había una
verdadera voluntad. Pero es que, además, en el caso concreto
de esta Comunidad, el propio Presidente de la Comunidad decía:
Competencias, ¿para qué? ¿Para exhibirlas? Pues bien,
esperemos que ahora que las va a recibir no sea para
exhibirlas, sea para gestionarlas y dotarlas de verdadera
capacidad.
Por tanto, señor Presidente, señorías, creo que es bueno
discutir cuáles son los contenidos de la propuesta de esta
reforma de Estatuto. Creemos que se renuncia a las
competencias que podían residir en el propio Estatuto, como
las han recibido otras comunidades: el caso del Insalud, el
caso del Régimen General de la Seguridad Social, el caso de la
investigación científico-técnica.
Creemos que algunas de ellas pueden proyectar déficit público
al ir mal valoradas o no ir valoradas y ser meras competencias
nominales.
Al poner las oficinas y los funcionarios estamos detrayendo
recursos de la propia Administración regional para algo que
debiera de ir más dotado. Pero, ¿por qué es bueno tener
solamente la capacidad ejecutiva en el Inserso, una
competencia que puede ir ligada a lo que son las competencias
de servicios sociales que tiene la propia Comunidad, y no dar
la posibilidad de desarrollo legislativo, de desarrollo
normativo a la propia Comunidad? ¿Por qué sólo la ejecución y
no el desarrollo normativo? ¿Por qué es bueno el tener
solamente la competencia en comercio interior, dentro de esa,
bifilosofía, de ejecución, y no en el desarrollo normativo?
¿Por qué no dar capacidad normativa a la propia Comunidad? En
suma, ¿por qué es bueno dar cinco años para una nueva reforma
del Estatuto? Por tanto, señorías, la postura del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no es por
razonamientos regionales.
Nuestra postura va más bien referida al modelo de Estado que,
en teoría, debiera de ponerse en marcha, que ponemos en marcha
después de 11 años de experiencia autonómica parlamentaria.
Izquierda Unida piensa que estamos en condiciones hoy de tener
otro modelo de Estado que descentralice más poder en las
comunidades autónomas, que aborde otra filosofía, otro modelo
global. Sin embargo, la filosofía que se abre con esta serie
de reformas, tramitadas administrativamente o legalmente en
las comunidades autónomas, no aborda de verdad una nueva
filosofía en el ejercicio del poder, en la administración del
poder.
Y, ¿cuáles serían los cuatro puntos de reflexión que se
deberían hacer, según Izquierda Unida? Primero, ¿Estamos en
condiciones hoy de equiparar las comunidades del 143 a las del
151? ¿Estamos en condición también de que esas comunidades del
151 asuman nuevas competencias del 149? ¿Estamos, por tanto,
ante la posibilidad de hacer residir en los estatutos el
derecho de poder asumir competencias? Y saben SS.SS. que el
mero hecho de ponerlas en los estatutos no garantiza el que se
vayan a recibir las competencias.
Y, si no, se lo podíamos preguntar a los compañeros del País
Vasco, a ver si teniendo resididas las competencias en su
Estatuto han recibido competencias. O podíamos hacerlo
referido a cualquier otra comunidad.
Hay competencias que estando en el estatuto no se han asumido
en las comunidades, porque no se han puesto de acuerdo en la
valoración o porque no ha sido oportuno recibirlas. Por tanto,
hacer residir en el estatuto
todo el volumen competencial no impide una gradación según la
realidad de la que cada comunidad autónoma pueda dotarse.
Pero, después de meditar sobre el volumen competencial, sobre
el tipo de distribución, de descentralización del Estado, la
segunda reflexión sería: cuál es la ordenación del poder
político con el que queremos dotarnos. Aquí nosotros
coincidimos con la
apreciación del Ministro Eguiagaray que cuando se refería a la
década del cambio, al hablar de los estatutos de autonomía
decía: la autonomía política supone el ejercicio de poderes
legislativos y la capacidad de adoptar medidas de dirección
política por los órganos legislativos y los gobiernos de las
comunidades
autónomas. Por tanto, también podíamos abordar la reforma de
los órganos institucionales: más poder, más Parlamento, más
autonomía. Dotarnos de verdadero poder político y no los
cambalaches que se están haciendo en cada comunidad: alargamos
los períodos ordinarios entendiendo días que más o menos
pueden ser declarados no hábiles, buscamos que los sesenta
días se conviertan en noventa; en lugar de asignaciones
buscamos dietas para los Diputados. Estamos buscando parches
para algo que se puede abordar desde la propia reforma del
Estatuto de Autonomía. Junto con ello, la filosofía de
ejercicio del poder. Reducir el presidencialismo que hoy hace
funcionar a nuestro Estado: en la vida local, en los alcaldes;
en la vida regional, en los
presidentes de comunidades autónomas; y en este Estado, en la
figura de nuestro Presidente.
Y además de esas dos filosofías, abordar la transferencia de
poder a la vida local, a los municipios, que deben de empezar
a recibir parcelas de poder en medios materiales, en medios
económicos y en capacidad de decisión política superiores a
las que están recibiendo hasta ahora.
Esta filosofía, esta reflexión no se ha abordado en cada uno
de los sitios. En consecuencia, hay razones suficientes para
votar negativamente. Sin embargo, Izquierda Unida, hoy, va a
mantener el mismo criterio de voto que siguió en Castilla-La
Mancha por entender la realidad en que se produjo el debate
del Estatuto en esa comunidad, lo que significa el retraso
histórico que ha tenido esa comunidad, el funcionamiento de
las Cortes Generales en esa comunidad, pues parece ser que
mañana se va a celebrar el primer Pleno, porque hasta ahora ha
habido cuatro meses de sesiones y ocho meses de vacación
parlamentaria. Como decía, vamos a mantener el mismo criterio
de voto porque somos
conscientes de esa realidad.
Creemos que, así, el Grupo Federal de Izquierda Unida
demuestra su carácter federal, la concepción federal del
Estado inclusive en la posición interna.
Pensamos que el consenso producido allá, tanto en la reforma
del Reglamento y el funcionamiento institucional como en el
seguimiento de la devolución de las competencias (puesto que
se va a participar en las comisiones mixtas de transferencias
y va a haber un seguimiento plural) como en lo que ha
significado el trámite de urgencia, posibilitan esta posición.
De todas maneras, señorías, y para terminar, me gustaría
referir esta posición a una cita de una de las personas que
más han hablado del Estado y del Poder, y es Nicolás de
Maquiavelo que dice al Príncipe: . En este sentido, Izquierda
Unida no lo va a ser.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, señorías, vaya
por delante el más cordial de mis saludos a los dignos
representantes de las Cortes de Castilla-La Mancha, con los
que hasta hace bien poco me cupo el honor de compartir tareas
políticas y, entre ellas, la discusión de esta proposición de
ley que hoy viene al Congreso de los Diputados.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
fijar la posición de nuestro Grupo sobre la proposición de ley
de las Cortes de Castilla-La Mancha de reforma del Estatuto de
Autonomía de nuestra Comunidad. La posición del Grupo
Parlamentario Popular respecto de la reforma que nos ocupa es
inequívocamente positiva y, en consecuencia, nuestro voto será
afirmativo. No podía ser de otra forma, señorías, pues nadie
puede ir contra sus propios actos y, en este caso, no es que
se trate de una adhesión a proyecto de otros que nos convence,
sino que nos sentimos responsablemente coautores del mismo.
Hoy se culmina, señorías, un proceso que es consecuencia del
diálogo y la racionalidad, un proceso que ha venido a dar
satisfacción, en parte, a las legítimas aspiraciones de una
comunidad que si en principio se entendió artifical, hoy está
demostrando ser una realidad fecunda y prometedora. Un
diálogo, digo, que se inició para paliar la lentitud del
desarrollo autonómico y que quedó plasmada en el pacto
autonómico suscrito por el Gobierno de España y las dos
grandes fuerzas políticas nacionales: Partido Socialista
Obrero Español y Partido Popular. Aquel acuerdo, que ya
entonces reflejaba más del 70 por ciento del voto popular del
ámbito al que afecta --hoy más--, hay que recordar que fue
abierto, y que si alguien quedó fuera no fue por exclusión de
sus firmantes, sino por su propia voluntad.
Superados los plazos previstos en la Constitución para
proceder a la ampliación de competencias de comunidades
autónomas que, como Castilla-La Mancha, accedieron a las
autonomías por la llamada vía lenta del artículo 143 de
nuestra Constitución, se entendió razonable consensuar el
contenido, tiempo y forma de hacerlo. Se trataba, en suma, de
renovar el consenso constitucional en lo que afecta al
desarrollo del Título VIII de la Constitución Española.
Nuestra posición como Partido Popular hizo compatible la
reivindicación de un nuevo impulso con una aceptación del
resultado final de aquella negociación que culminó en un pacto
de Estado.
Todo compromiso, señorías, implica alguna cesión. Y si bien es
cierto que cedimos en nuestra inicial reivindicación de la
sanidad para que fuera transferible en el corto plazo, no es
menos cierto que las transferencias futuras del Inserso o la
educación tendrá mucho que ver con nuestra posición
negociadora. El mecanismo aplicado es complementario y
sucesivo. Las Cortes Generales aprobaron una ley orgánica de
delegación al amparo del artículo 152; las Cortes de Castilla-
La Mancha procedieron a la iniciativa de reforma del Estatuto.
Hoy, el Congreso de los Diputados ratificará dicha reforma. Se
utiliza, pues, el artículo 152 de nuestra Constitución y
después el artículo 148.2 de nuestra Carta Magna.
En estos días pasa por nuestra Cámara, casi con simultaneidad,
la reforma de los estatutos de todas las comunidads que, como
Castilla-La Mancha, tenían esa posibilidad de avanzar en su
autogobierno desde 1987, superados los cinco años previstos.
Todos
somos conscientes de que este proeceso sucesivo de reformas
estatutarias tienen un tratamiento homogéneo de nuevas
competencias. Y es necesario destacar que la reforma está
presidida por el principio de la cooperación, que también
deberá afectar a las comunidades que accedieron a su autonomía
por la vía del artículo 151 de la Constitución.
Este aparente mimetismo, confieso que a mí, como castellano-
manchego, no me produce rubor ni vergüenza ni complejo alguno.
Es más, hasta en la reiteración de los argumentos de los
parlamentarios que accedemos a esta tribuna veo un aspecto
positivo, y es que flota en el ambiente el principio de
igualdad. Castilla-La Mancha no tiene que renunciar, desde
este principio de igualdad, a alcanzar, en su día, los mismos
techos
competenciales que cualquier otra comunidad autónoma. Desde
luego, aspiramos a completar el techo competencial que nos
atribuye esta reforma para, desde esta cota, poder instar en
un futuro a la delegación o transferencia de competencias del
Estado vía artículo 150.2 de nuestra Cosntitución.
Por tanto, nuestra comunidad autónoma, aunque viaje lenta y en
tren de cercanías, valga la expresión, tiene la firme voluntad
de llegar al final de la estación, siempre en el marco de lo
que prevé la Constitución y con una idea de España que queda
muy por encima de la pura convivencia de las nacionalidades y
regiones. La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha que nos ocupa modifica los artículos 31, 32, 33, 35 y
37 del mismo. Con ello, nuestra comunidad autónoma amplía su
marco competencial con un paquete de treinta y dos nuevas
competencias, dando un paso significativo en el autogobierno
de la Comunidad.
Dicho esto, parece oportuno, señorías, hacer algunas
reflexiones, aunque sean muy breves, que son consecuencia
inevitable de la nueva situación.
Empezaremos por decir que, a nuestro juicio, es inexcusable
que el incremento de competencias, con el aumento consiguiente
de poder real del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades, venga acompañado de una ampliación de la vida
política de las Cortes de Castilla-La Mancha. De no ser así,
se aumentaría aún más el desequilibrio de poderes que
configura la realidad política actual; de no ser así, se
seguiría avanzando en unas fromas presidencialistas que entran
en colisión con el sistema de democracia parlamentaria que
conforma la Constitución Española y nuestro propio Estatuto de
Autonomía.
También parece inexcusable mostrar nuestra preocupación porque
el buen camino emprendido no se tuerza para Castilla-La Mancha
por olvido del principio de solidaridad. Es necesario que
nuestra Comunidad, que ha dado en la Historia numerosos
ejemplos de generosidad, no se vea condenada a su
postergación. El camino para evitar que, bajo capa de la
corresponsabilidad fiscal, padezcamos al final fórmulas
insolidarias no es el del
mercantilista, sino el del diálogo y búsqueda del consenso
entre las grandes fuerzas políticas nacionales.
Es en esa vía, con actos de prolongación del espíritu que nos
animó a los constituyentes, donde siempre, como hoy, señorías,
nos van a encontrar a los populares, sin más precio ni más
contrapartida que la defensa de los intereses generales de
España.
Reitero, pues, el anuncio del voto positivo del Grupo
Parlamentario Popular a la toma en consideración de esta
proposición de ley orgánica.
Nada más, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO COLLADO: Señor Presidente, señorías, como
es lógico, quiero iniciar mi intervención saludando
cordialmente y felicitando a los representantes de las Cortes
de Castilla-La Mancha, señores López Ramírez y Molina García.
Las intervenciones y las amplias consideraciones jurídico-
políticas que los que me han precedido en el
uso de la palabra han realizado, me permiten dirigir mi
intervención desde una perspectiva más sociológica de lo que
ha sido la realidad de la Autonomía de Castilla-La Mancha.
En 1982, tras las elecciones generales, el entonces Presidente
centrista de Castilla-La Mancha, Gonzalo Payo, presentaba la
dimisión ante la nueva composición de la Asamblea de Castilla-
La Mancha. Tras esa honrosa dimisión pudimos tener acceso a un
documento que el propio Presidente Gonzalo Payo había
encargado durante su mandato, precisamente para conocer
objetivamente los problemas, las aspiraciones, el nivel de
conciencia regional y de conocimiento que sobre su Autonomía
tenían los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Ese documento se
ha convertido en un
referente fundamental para esta Autonomía, en un mojón
ineludible a la hora de establecer comparaciones, a la hora de
efectuar análisis y a la hora de poder evaluar el ritmo del
proceso autonómico en nuestra región. A pesar de que el
proceso
autonómico se iniciara en 1978, en 1982 ese estudio encargado
por el Presidente Gonzalo Payo aportaba datos realmente
importantes y dignos de ser tenidos en cuenta.
A la pregunta de a qué región pertenece su provincia, sólo el
43,6 por ciento de los ciudadanos encuestados contestaba
correctamente. Si la pregunta era qué provincias componen su
Comunidad Autónoma, nos encontrábamos con la escalofriante
cifra de que sólo el 23 por ciento de los ciudadanos lograba
articular correctamente las cinco provincias que componen
Castilla-La Mancha, aunque el sentimiento autonómico estaba
ahí, y el 57 por ciento de los ciudadanos consideraba que era
necesaria la autonomía para Castilla-La Mancha.
Y un dato de esperanza que se ha convertido en un ingrediente
fundamental de la realidad: el 72 por ciento de los jóvenes
consideraba vital la autonomía para una región tan
desfavorecida en aquellos momentos como Castilla-La Mancha.
En 1983, después de las elecciones generales, se quería
conocer en qué medida el cambio de actitud de los españoles
había incidido ya en el sentimiento autonómico y se repetía la
pregunta de a qué comunidad pertenecía la provincia del
encuestado, y la contestación seguía siendo del 39 por ciento.
Pero existía otro dato significativo desde el que había que
trabajar: ¿Considera usted que hay gobierno autonómico en
Castilla-La Mancha? Sólo el 15,5 por ciento de los ciudadanos
contestaba que sí, el 24 por ciento argumentaba negativamente
y el 59 por ciento no daba respuesta.
En estas circunstancias objetivas es en las que se plasmaba la
retórica artificial y obsoleta de alguna formación política
que pretendía con estos datos --posiblemente desconociéndolos-
- que Castilla-La Mancha debía encaminarse por la vía del
artículo 151 de la Constitución. Una falta de manejo de
realidad sociológica tan importante solamente podía llevar a
aquellas fuerzas que así lo preconizaban a la situación
minoritaria que tradicionalmente han tenido en la región.
Con estos datos llegan las elecciones autonómicas de 1983, y
tras ellas accede a la Presidencia José Bono Martínez, que
todavía dirige el Gobierno de la región tras sucesivas
votaciones mayoritarias.
Estoy en condiciones de afirmar que se ha producido una feliz
ruptura en la forma de pensar, en la forma de expresarse y en
la forma de actuar de los castellano-manchegos desde aquel
1982-1983 a nuestros días, y que el Estatuto de Autonomía ha
sido la palanca de esa ruptura y de esa transformación social
de
actitudes que se ha producido en Castilla-La Mancha. El
Estatuto no es algo meramente jurídico-formal, sino que son
transferencias, son instituciones (las Cortes, el Gobierno, el
Tribunal Superior de Justicia), son los ciudadanos de
Castilla-La Mancha en relación precisamente con esas
instituciones.
Señorías, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha
generado lógica autonómica y ha generado también iniciativa
autonómica que ha estado presente no sólo en las materias
transferidas, sino también en las materias no transferidas.
Las grandes inversiones del Gobierno de la nación (la sanidad,
las infraestructuras, la educación, la justicia) han estado
presididas permanentemente por el consenso de las prioridades
nacionales y regionales, de ahí precisamente que el Presidente
de Castilla-La Mancha no haya tenido agobios en la recepción
de transferencias y haya sabido madurar el proceso, actitud
que le honra.
El Gobierno de la región y el Gobierno de la nación han sido
interlocutores leales, llenando de contenido el Estatuto y
dando credibilidad a las instituciones autonómicas. Por tanto,
señorías, no utilizar el argumento del agravio comparativo, no
generar y fomentar actitudes chovinistas no debe entenderse
como si fuera una virtud alcanzada por los castellanos-
manchegos tras grandes sacrificios. Castilla-La Mancha no se
ha privado del placer de la confrontación. Sencillamente
nuestra metodología política autonómica ha sido el
entendimiento, el diálogo y la colaboración porque se ha
demostrado la más eficaz y la más rentable de cuantas podíamos
utilizar.
Así, señorías, sin necesidad de confrontación, hemos logrado
que Castilla-La Mancha adquiera conciencia regional por su
carácter de instrumento necesario para la solución de los
problemas. Ni símbolos, ni historia común, ni emotividad
estuvieron en el origen de nuestra autonomía. Hoy tenemos
símbolos, hoy tenemos una historia común, hoy tenemos un nivel
de emotividad en la construcción de nuestra Comunidad
Autónoma. Así, los ratios de conciencia y de conocimiento
regional en estos momentos y las valoraciones que los
ciudadanos hacen del trayecto autonómico y de su Gobierno
están en las primeras posiciones según los sondeos y los
estudios que se están efectuando.
Esta reforma del Estatuto es asumida con plena normalidad,
como el proceso lógico de evolución de las relaciones del
Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Las
nuevas
transferencias suponen un igualamiento de los techos
competenciales de todas las comunidades autónomas y un reto
para plantear con rigor el compartir muchas de esas
transferencias con las corporaciones locales, tal y como está
contemplado en el propio Estatuto.
No todos, señorías, reaccionaron igual ante el Estatuto y ante
los estímulos autonómicos, no todos los partidos tienen el
mismo currículum autonómico. Algunos de ellos han tenido el
estatuto de autonomía al margen de sus prioridades, incluso
han propiciado lógicas provincianas como instrumento de
resistencia frente a la autonomía que hoy aún están
manteniendo en sus congresos
regionales. Pero las trabas han sido superadas. La Junta de
Comunidades, su Gobierno y sus Cortes son la institución
política hegemónica regional gracias a que esa relación de
colaboración práctica con el Gobierno de la nación tiene su
continuidad en la relación fértil de la Junta de Comunidades
con los ayuntamientos. Señor Presidente, señorías, las nuevas
competencias van a ser un paso más de profundidad democrática
y autonómica. Los socialistas damos a esta reforma la máxima
importancia y la recibimos con la confianza de que las
instituciones regionales y los ciudadanos están en las mejores
condiciones para recibirlas y aplicarlas. Muchas gracias.
(Algunos señores Diputados en los bancos del Grupo Socialista:
¡Muy bien! ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad relativa a la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos:
291; a favor, 273; en contra, uno; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de reforma en
votación de totalidad.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE ACUERDA CONSTITUIR, EN EL SENO DE LA COMISION
CORRESPONDIENTE, UNA PONENCIA PARA EL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO
DE LA SITUACION DE LAS DEUDAS EXTRAPRESUPUESTARIAS DE LA
ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ASI COMO PARA EL
ESCLARECIMIENTO DE LAS CAUSAS QUE LAS MOTIVAN, Y SE INSTA AL
GOBIERNO PARA QUE, EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO DE 1994 Y EN RELACION A LOS PRESUPUESTOS
DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INTRODUZCA
EFECTIVAMENTE EL PRINCIPIO DE REALISMO PRESUPUESTARIO
PARTIENDO DEL GASTO REAL PREVISTO PARA EL ACTUAL EJERCICIO
(Número de expediente 162/000013)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día,
proposiciones no de ley.
Proposición del Grupo Popular por la que se acuerda constituir
en el seno de la Comisión correspondiente, una Ponencia para
el conocimiento y estudio de la situación de las deudas
extrapresupuestarias de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social, así como para el esclarecimiento de las
causas que las motivan, y se insta al Gobierno para que, en el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 1994,
y en relación a los presupuestos de la asistencia sanitaria de
la Seguridad Social, introduzca efectivamente el principio de
realismo presupuestario partiendo del gasto real previsto para
el actual ejercicio. En nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Fernández-Miranda. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia).
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular presento
esta
proposición no de ley con el propósito de crear, como reza en
su enunciado, una ponencia en el seno de la Comisión de
Sanidad para estudiar lo que genéricamente vamos a llamar
deuda
extrapresupuestaria de la Seguridad Social por la prestación
de la asistencia sanitaria.
Quiero esforzarme muy especialmente para que, tanto en mi
exposición en este momento como en lo que pensamos que tendría
que ser el funcionamiento de la propia ponencia, no pueda
suponerse que nuestro objetivo es condenar a nadie por nada.
Pretendemos saber qué está sucediendo en este momento, cuál es
la situación del Sistema Nacional de Salud, y no será poco si
logramos conocer cuáles son las razones de la generación de
estas deudas y cuáles son las medidas que hay que arbitrar
para que no se sigan produciendo.
No podemos ni queremos olvidar en este momento la situación
actual de crisis y de recesión económica en la que el Gobierno
empieza a plantear recortes en las prestaciones sociales en
general y en las prestaciones sanitarias en particular,
pensando que no es justo ni bueno que estos recortes se
produzcan. Pensamos que antes de entrar formalmente en estos
recortes, anunciados algunos, realidades otros; antes de hacer
pagar a los ciudadanos los errores que no son
suyos, hay muchas cosas que realizar. Pero para ello primero
hay que tener la voluntad política de hacer lo que yo pido en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en este momento a todos
los grupos parlamentarios sin excepción.
Además, en el tema que nos ocupa hay que conocer con exactitud
la realidad de la que partimos, cómo hemos llegado a ella y
qué cambios hay que introducir para no perpetuar la situación.
El Grupo Parlamentario Popular, desde el debate de los
Presupuestos de 1988, viene denunciando lo que denominamos
ficción presupuestaria. Estamos gastando en sanidad más de lo
que tenemos, y, además, últimamente no estamos pagando lo que
debemos. La sanidad pública española es y ha sido morosa como
norma habitual de comportamiento, pero últimamente empieza a
demostrarse también como insolvente; no solamente no paga,
sino que reconoce oficialmente la deuda a sus proveedores o su
propia deuda interna.
Se institucionalizó en 1989 el concepto de obligaciones no
reconocidas, eufemismo un tanto pintoresco para simplemente no
declararse insolvente, no dejar de hablar o hablar de forma
matizada u oculta de deudas no confesadas, generadas
irregularmente y que ni siquiera la desviación presupuestaria
oficial, la admitida oficialmente, llegaba a cubrir.
Creemos que esta realidad financiera de la sanidad pública,
que debe ser consecuencia de formar parte del propio modelo
socialista de sanidad, está poniendo en serio peligro la
viabilidad del Sistema Nacional de Salud, y esta realidad, que
es incontestable y que es preocupante, se produce, además,
dentro de la actual situación de crisis y recesión económica,
potenciando indirectamente su propia existencia. Como
consecuencia de la recesión, el crecimiento desbocado del
desempleo produce una caída similar en las cuotas de la
Seguridad Social, que como bien saben SS.SS., es una de las
fuentes de financiación de la sanidad pública. También como
consecuencia de la recesión económica la recaudación fiscal
está cayendo de la misma forma, en la misma proporción,
afectando, obviamente, a la segunda vía de
financiación de la sanidad pública, que es la vía fiscal. Por
otro lado, como consecuencia del incremento del paro, el
Gobierno se ve obligado a hacer frente al pago de mayores
subsidios, dentro de este panorama general de intensa caída de
la recaudación.
Pues bien, ante esta realidad de disminución de los ingresos
del Estado, el modelo de sanidad socialista, muy lejos de ser
consciente de ello y de arbitrar las fórmulas necesarias para
contener el incremento del gasto que se está produciendo,
permite que siga creciendo como si nada sucediera.
Es cierto que en 1992 el Gobierno, por primera vez, confiesa
las deudas ocultas, aflorando las que se producen entre 1989 y
1991 y reconociéndolas en 561.176 millones de pesetas. Es más,
arbitra, para amortizarlas --pero simplemente para
amortizarlas, y quizás sea ese uno de los problemas, no entra
en el estudio de las causas que lo está produciendo--, un Real
Decreto de 1992, que ustedes conocen, que otorga 280.000
millones de pesetas, y dentro de la Ley Presupuestaria de
1993, 140.000 millones de pesetas que se verán ampliados en
los Presupuestos de 1994 en una cuantía similar.
Pero también es cierto que solamente hacen frente hasta el
primer semestre de 1991 en casi exclusiva medida a las deudas
que el propio Sistema Nacional de Salud ha generado con el
Estado, sin pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social y sin
transferir las retenciones sobre el IRPF que realiza.
En definitiva, con esta evolución, con este panorama lo que
estamos haciendo es que con los fondos públicos de 1993
estamos pagando las deudas de 1990, y nos tememos mucho que
las deudas de 1993 las estemos ya pagando o pensemos en
pagarlas con los fondos públicos, con el dinero de 1996.
Y hay otra realidad absolutamente preocupante y que justifica
la existencia de la ponencia: la deuda, tanto interna como
externa, en este caso con los proveedores de material de
utillaje
sanitario, con los gastos de farmacia hospitalaria, en los
conciertos sanitarios, con las ambulancias, en un largo
etcétera de proveedores, se está produciendo también fuera, se
está produciendo en las provincias, en los centros de gestión
directa del Insalud, y en cantidades que durante 1992 vienen a
incrementar las anteriores. Podemos poner como ejemplo, según
información que hemos ido recogiendo del propio Gobierno y de
personas al tanto de estos detalles, que en Badajoz, durante
el año 1992, se generan 3.700 millones sobre los 7.000 ya
existentes; en Madrid, en 1992, se generan 49.000 millones que
completan los 89.000 a principios de 1993; en Las Palmas,
3.200 sobre 10.500 existentes y, además, tanto en cuotas de
Seguridad Social, como en suministros, como en conciertos,
como en recetas de farmacia. Los propios proveedores de
material sanitario llegan incluso a hacer un de centros
morosos y también sobre centros gestionados por el Insalud y
en los hospitales, por ejemplo de Madrid, que sin duda ninguna
en cuanto a tamaño e importancia son de los primeros de toda
España, a fecha de 30 de junio de 1993 comunican que el doce
de octubre adeuda 7.640 millones de pesetas, con una
antigüedad media de 529 días; que La Paz asciende a 7.200
millones, con una antigüedad de la deuda de 334 días; que el
Clínico de San Carlos de Madrid adeuda 4.600 millones, con una
antigüedad de 450 días; que el Ramón y Cajal llega a los 4.300
millones, con 455 días.
Esta es la realidad de las deudas que se están generando, de
esas obligaciones no reconocidas a las que hace mención
ocasionalmente el Gobierno. Esta realidad de pagos morosos, de
deudas no reconocidas, de desviaciones, en definitiva, se
completa con otro panorama no menos preocupante.
Hay un factor sustancial para que se perpetúe esta situación,
que es la gestión del modelo de sanidad socialista, que
agrava, aún más si cabe, el problema global que debemos
someter a estudio en la ponencia cuya creación proponemos a
todos los grupos
parlamentarios esta tarde. Como consecuencia de esta gestión,
y a modo de ejemplo, voy a leerles brevísimamente algunos
párrafos de un informe de la Intervención General de la
Seguridad Social respecto a un hospital del Insalud, Nuestra
Señora del Pino de Las Palmas de Gran Canaria. En él habla, en
su página 4, de un epígrafe que titula: Irregularidades en los
sistemas de
adquisición de material, y dice en misma página 4: No se
realizaron durante 1988 subastas, concursos públicos y
adquisiciones directas, salvo en casos aislados de muy escasa
cuantía. El 96 por ciento del importe de compras se tramitó
irregularmente como suministro menor. Las incidencias
detectadas en los dos únicos concursos públicos celebrados son
tan
elementales como la falta de crédito y fiscalización previa
del gasto por parte de la Intervención Territorial. De acuerdo
con los datos que proporciona contabilidad, el volumen que
alcanzan las compras del capítulo 2, con cargo al presupuesto
de gastos ordinarios, fue de 1.974 millones de pesetas.
Dadas las cifras reseñadas --añade la página 5--, el número de
373
camas de que dispone el hospital y la falta absoluta de
garantías de control en el procedimiento de adquisición, sobra
cualquier tipo de comentario.
Añade en su página 15: El sistema arbitrario que sigue el
hospital vulnera todas las normas generales y aquellas
instrucciones específicas emitidas por el Insalud. En cuanto a
las obras opina: Amparándose en criterios de operatividad, de
eficacia y de prioridades, se ha acudido a la ejecución de
obras realizadas y adjudicadas sin proyecto o concurso que las
justifique.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández-
Miranda, vaya terminando.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Voy terminando, señor
Presidente.
Pues bien, señorías, este es el panorama que tiene que ser
sometido a estudio en la ponencia que proponemos. Tenemos que
saber cuánto debemos, a quién y por qué, cuánto tenemos y
cuánto necesitamos para no recortar prestaciones sanitarias y
mejorar la calidad de las actuales.
Es imprescindible, por tanto, hacer una auditoría del Sistema
Nacional de Salud y, a continuación, poner en marcha las
medidas que hagan imposible que esta situación se repita o se
perpetúe. No podemos seguir parcheando esta vieja nave
desarbolada del modelo de sanidad socialista. No podemos
seguir recortando prestaciones a los ciudadanos haciéndoles
pagar a ellos errores que no han cometido.
Tenemos, por tanto --y es nuestra oferta--, que ser capaces de
sentarnos a estudiar la información que nos proporciona el
Gobierno, que ha de ser exhaustiva, y decidir medidas de
control del incremento del gasto, medidas para desregular y
liberalizar la prestación sanitaria para contener el gasto o
abaratar la prestación. En definitiva --y termino, señor
Presidente--, impedir que el Sistema Nacional de Salud, que es
de todos, salte por los aires. Porque si permitimos que las
cosas sigan como hasta ahora sucederá así, sin duda ninguna.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la proposición no de
ley del Grupo Popular, que acaba de ser defendida por el señor
Fernández-Miranda, se ha presentado una enmienda por el Grupo
parlamentario de Coalición Canaria.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, señorías, seré muy
breve.
Coalición Canaria cree que es necesaria una reforma profunda
de la financiación del gasto hospitalario, de la financiación
de los grandes hospitales de la Seguridad Social española.
Pero, en cualquier caso, cree que es fundamental, mientras
esto no ocurra, y es premisa , clarificar cuál es el
presupuesto de ingresos y gastos reales. Ese presupuesto de
ingresos y gastos no incluye sólo el liquidado, sino que hay
que introducir también la deuda extrapresupuestaria. Conocer
el gasto real y compararlo con los servicios prestados es
condición necesaria para poder resolver el problema. La
transparencia en la administración de los grandes hospitales
es un elemento fundamental.
Asimismos pensamos --y en es sentido va la enmienda-- que
centros concertados de otras administraciones públicas que
tienen similares problemas, que son centros de referencia, lo
que se llama centros sustitutorios de la Seguridad Social, han
de ser incluidos y si tienen deudas extrapresupuestarias
contraídas por las mismas circunstancias --porque no siempre
la deuda
presupuestaria es consecuencia de una mala gestión, sino de
necesidades del servicio--, que sigan incluidas en los
presupuestos del Estado. Por eso, nosotros presentamos una
enmienda pidiendo que se incluyan, tanto en el apartado uno
como en el dos, los centros sanitarios dependientes de las
administraciones públicas concertadas que sean sustitutorios
de la misma. De ahí el apoyo que damos a esta proposición no
de ley, en la que pedimos que se incluya esta enmienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Martín.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, la Ley
37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1989, modificó el artículo 142.1 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, otorgando al
Ministerio de Economía y Hacienda la competencia en la
elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto
Nacional de la Salud, que
posteriormente se integrará en el de la Seguridad Social.
Según el texto de los Presupuestos generales del Estado para
1993, el presupuesto de la Seguridad Social es equilibrado con
la
aportación del Estado. El presupuesto de la Seguridad Social
para 1993 asciende a 9,08 billones de pesetas, representando
un incremento absoluto sobre el año anterior de 827.893
millones de pesetas, que equivale a un 10 por ciento.
Sin embargo, la previsión realizada en su momento, reflejada
en los Presupuestos Generales del Estado, no concuerda con la
realidad, pues el déficit de la Seguridad Social para 1993 se
ha estimado, en septiembre de este mismo año, en más de
200.000 millones de pesetas.
Las últimas medidas aplicadas, como el decretazo, el
medicamentazo, el traspaso del abono por incapacidad laboral
transitoria a los empresarios, el incremento de las
obligaciones sociales y la congelación de los salarios, no han
podido evitar que el déficit de la Seguridad Social haya
alcanzado tal
montante. Ni qué decir tiene que, una vez más, los
desequilibrios de las cuentas públicas se han trasladado a los
parados, a los empresarios, a los pensionistas, etcétera.
A la lamentable gestión que ha llevado a cabo el Gobierno
socialista en esta materia hemos de añadir el altísimo nivel
de desempleo existente, que, junto con la mayor esperanza de
vida actualmente existente en la población, son factores que
no podemos negar que inciden en este abultado déficit.
Con todo, no es el único organismo público que va a cerrar el
ejercicio con pérdidas multimillonarias. El INEM tendrá una
desviación presupuestaria de más de 420.000 millones de
pesetas en este ejercicio de 1993.
Es necesario, a todas luces, una modificación del sistema
actual de financiación y prestación de la Seguridad Social.
Las
tendencias anteriormente comentadas, como el incremento
progresivo del desempleo y la prolongación de la esperanza de
vida --¡gracias a Dios!-- harán quebrar a la Seguridad
Social --no por lo último, sino por lo anterior-- dentro de
unos años o ésta irá participando en una mayor cuantía de los
Presupuestos del Estado. Por tanto, la constitución de una
ponencia para el conocimiento y estudio de las deudas
extrapresupuestarias de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social nos parece una idea acertada, aunque parca en
contenido y alcance.
Nuestra propuesta es bastante más ambiciosa. Se trataría de
estudiar a fondo las causas que generan esas desviaciones
presupuestarias, el sistema de financiación actual así como
las prestaciones. Al mismo tiempo, y como medida a realizar a
corto plazo, sería deseable un incremento de las inspecciones
realizadas por el GISS --Grupo de Investigación de la
Seguridad Social--, habida cuenta la gran cantidad de
irregularidades cometidas en el sector. Solamente en 1992 la
Seguridad Social descubrió 5.324 millones de pesetas en
fraude.
Por todo ello, desde Unión Valenciana vamos a apoyar esta
proposición del Partido Popular y si aceptan la enmienda de
adición que presenta el Grupo canario, también la apoyaremos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo con satisfacción por primera
vez a esta tribuna para explicar y fijar la posición de
nuestro Grupo en relación a esa proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Popular. Y he de manifestar ya de entrada
que
participamos de la preocupación del Grupo proponente en
relación al tema del necesario y además imprescindible
saneamiento económico de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social. Aquella deuda histórica, que, después de
duros debates
parlamentarios, finalmente se saldará mediante los créditos
que en su cuarta parte se contemplarán en los próximos
presupuestos de 1994, nos tememos que no será una solución
definitiva, porque si con ello, las medidas aprobadas en su
momento, se saldaban las cuentas negativas hasta 31 de
diciembre de 1991, quedan por saldar las derivadas de las
desviaciones presupuestarias
liquidadas de 1992 y las que previsiblemente se generarán para
el actual ejercicio de 1993. Podríamos estar frente a una
nueva deuda, ésta ya no histórica, sino más reciente,
concretamente de los dos últimos ejercicios.
Por consiguiente, la primera constatación es la de
preocupación por parte de nuestro Grupo de conseguir atajar,
de la forma que sea, un continuado incremento presupuestario
derivado del aumento de la demanda sanitaria y cuyas causas
habría que buscar muy posiblemente en diversos aspectos, desde
la universalización del sistema, una mayor expectativa de vida
de la población por los avances técnicos, etcétera.
Ahora bien, el sistema de la Seguridad Social abarca, a
nuestro entender, otros aspectos preocupantes desde el punto
de vista presupuestario y que creemos que
afectan seriamente al sistema productivo y, en concreto, a
nuestras empresas.
A pesar de los incrementos, de las elevaciones en los tipos de
cotización y de las medidas aplicadas en los últimos
ejercicios, precisamente con la finalidad de trasladar a las
empresas los costes de las prestaciones que hasta la fecha
venía cubriendo la Seguridad Social, el sistema registra,
efectivamente, déficit crecientes. Esta situación se ve
agravada por la actual recesión económica, ya que si los
ingresos --es decir, cotizaciones a la Seguridad Social--
inciden negativamente en la competitividad de nuestras
empresas, así como perjudican a la creación de puestos de
trabajo, por otra, las prestaciones sociales también se ven
incrementadas por el mismo envejecimiento de la población y el
propio aumento del paro.
Entendiendo nuestro Grupo que las decisiones a adoptar no
pueden considerarse simplemente coyunturales, sino que tienen
que ser asimismo estructurales, con la importancia
trascendental que ello conlleva, presentamos en su día, 6 de
septiembre concretamente, una proposición no de ley con la
creación también de una Ponencia --ésta en el seno de la
Comisión de Presupuestos-- para que se elabore un informe
definiendo las principales líneas de una más que necesaria
reforma de la Seguridad Social en su conjunto. Y dentro de la
misma pueden y han de contemplarse las medidas necesarias para
mejorar el sistema de financiación de la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social.
Nos parece que con nuestra propuesta se abarca de una forma
más completa toda la problemática de la Seguridad Social,
incluyendo estas cuestiones que tiene planteada la asistencia
sanitaria. Por otra parte, y en relación al segundo apartado
de la
proposición no de Ley que se nos presenta, una vez aprobados
por el Consejo de Ministros los presupuestos para 1994 y ya en
puertas de presentarse en este Congreso, creemos que puede ser
más operativa su modificación vía enmiendas en su propio
trámite parlamentario. Finalmente, se trata de una posible
interpretación del texto de la proposición, pero que, en
cualquier caso, para nosotros no es una cuestión menor. No
queda explicitado de forma completa ni concreta lo que se
refiere al Insalud no transferido. Recuérdese que el
centralizado representa un 43 por ciento, aproximadamente,
mientras que el transferido a diversas
comunidades autónomas el 57 por ciento restante. No vemos que
esta Cámara pueda ni tenga atribuciones para poder llegar,
como dice la proposición no de ley, al esclarecimiento de las
causas que motivan las deudas --se entiende que toda la
asistencia sanitaria del sistema de Seguridad Social-- y, como
ha dicho el portavoz del Grupo Popular, señor Fernández-
Miranda, incluso emplear la palabra auditoría, pudiendo
llegarse al caso de que nos tomemos unas atribuciones que no
tenemos y que, además, desde nuestro punto de vista, tampoco
comprenderíamos ni, bajo ningún concepto, aceptaríamos.
Por todo ello y desde esta perspectiva, nuestro Grupo no puede
apoyar esta proposición no de ley que se nos presenta,
debiendo quedar claro que la solución al problema planteado
nos preocupa y, además, lo compartimos plenamente, pero podrá
tener una mejor y más adecuada vía de solución con la
proposición no de ley que nuestro Grupo expondrá en su
momento, a la que ya he hecho referencia y que ya ha sido
presentada a trámite.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cardona. Para la fijación de posición por el Grupo de
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
relación con la proposición no de Ley presentada por el Grupo
Popular. Quiero empezar diciendo que la preocupación expresada
por el Grupo Popular y por otros intervinientes que me han
precedido en el uso de la palabra es plenamente compartida por
nuestro Grupo parlamentario. Dentro del Ministerio de Sanidad,
dentro de lo que son los presupuestos generales para el
Ministerio de Sanidad puede caracterizarse la situación de
insuficiencia presupuestaria crónica. Es el Ministerio en el
que las desviaciones presupuestarias alcanzan cotas más altas
y desde más tiempo. Las desviaciones presupuestarias medias
entre un 18 y un 20 por ciento son constantes en los
presupuestos del
Ministerio de Sanidad.
Recuerdo que cuando pocas fechas antes de las elecciones
generales de 1989 se extendió la cobertura sanitaria a un
millón de personas nosotros insistimos en el apoyo político no
a la extensión solamente de esa cobertura sanitaria, sino a la
universalización en el derecho a la atención sanitaria, pero
avisábamos de la demagogia que encerraban dichas medidas que
no fueran acompañadas con esfuerzos presupuestarios paralelos.
Por lo tanto, las insuficiencias mantenidas en el presupuesto
del Ministerio de Sanidad no sólo suponen una burla a esta
Cámara en cuanto a que año tras año y desde hace muchos
aprobamos
presupuestos que no tienen nada que ver con la realidad del
gasto, sino que, en la práctica, el crecimiento del gasto de
los servicios sanitarios está produciéndose sin dirección
política alguna, sin que corresponda a objetivos políticos
claros. En opinión del Grupo parlamentario de Izquierda Unida,
que defiende con todas sus fuerzas la asistencia
sanitaria pública y en estos momentos en los que preocupa
medidas de mejora de la gestión, afirmamos que la
insuficiencia de recursos sanitarios públicos es la causa más
importante de falta de eficiencia. Quiero poner un ejemplo de
datos que han llegado a nuestras manos, los últimos que ha
ofrecido el Ministerio en relación con el presupuesto
consolidado de 1992. Desviación presupuestaria: en el año
1992, con respecto al presupuesto inicial en Farmacia, del
30,4 por ciento. Desviación presupuestaria en conciertos: más
del 20 por ciento.
Esta situación está escondiendo, insisto, deficiencias muy
importantes de infraestructuras sanitarias públicas. El gasto
en Farmacia tiene un origen muy polivalente y variado, en el
que no voy a entrar porque ha sido, y será, objeto de otros
debates en esta Cámara, pero uno de los orígenes fundamentales
del
incremento del gasto farmacéutico es el incomprensible e
inaceptable retraso en la finalización de la reforma de la
atención primaria. El incremento del gasto farmacéutico, al
margen de las necesidades de salud, tiene su origen
fundamental en la masificación de los servicios de atención
primaria. La insuficiencia de camas hospitalarias está
llevando a las
administraciones públicas a incrementar los conciertos para
eliminar las listas de espera. El desvío presupuestario del 20
por ciento en 1992, en materia de conciertos, seguirá
manteniéndose y agudizándose si la insuficiencia de
infraestructuras sanitarias públicas permanece. Ante esta
situación y desgraciadamente, en noticia bien reciente que
hemos conocido --se produjo ayer--, el Ministerio de Sanidad
ofrece como principal solución el recorte de las prestaciones
sanitarias. En nuestra opinión este planteamiento es
absolutamente inaceptable, máxime cuando existen prestaciones
sanitarias fundamentales sin cubrir aún.
Yo querría preguntar al Grupo Socialista, al Ministerio de
Sanidad, si es que entienden que la salud bucodental,
principal problema de salud, según la encuesta, de la
situación de salud del Ministerio de Sanidad, es una
prestación obsoleta o que carezca de eficacia. Podíamos
señalar otras muchas como la salud mental, la salud laboral y
la planificación familiar.
En definitiva, con el objetivo claro de que el realismo
presupuestario, el conocimiento de la cuantía y el origen de
las deudas sean el elemento fundamental o uno de los elementos
que pueda sustentar políticas sanitarias de desarrollo de
infraestructuras sanitarias públicas y de transparencia en la
gestión, vamos a apoyar la proposición no de ley presentada
por el Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Maestro. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora
Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, señorías,
subo a esta tribuna en nombre del Grupo Socialista para
explicar nuestro rechazo a esta proposición no de ley del
Grupo Popular. La constitución de una Ponencia tan específica
como la que hoy se propone, una Ponencia para el conocimiento
y estudio de la situación de las deudas extrapresupuestarias
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como
para el
esclarecimiento de las causas que las motivan, a pesar de toda
esta denominacion inmensa, nos parece que no resulta
procedente. No resulta procedente porque, además, es muy poco
operativa --a nuestro juicio--, por muy diversas razones que
voy a explicar, unas que puedan afectar al fondo y otras a la
forma.
La primera de ellas --y queremos que quede claro como paso
previo antes de entrar en las demás razones-- es que en la
Comisión de Sanidad y Consumo se puede recabar cualquier
información sobre la situación de la deuda sanitaria, tanto
del Ministerio de Sanidad y Consumo como de cualquier otro
Ministerio o del resto del Gobierno, independientemente de
todos los seguimientos que se puedan hacer en cualquier otra
comisión.
En segundo lugar, conviene dejar bastante claro o dar una
breve explicación sobre la situación de la deuda,
fundamentalmente por la exposición de motivos de la
proposición no de Ley y por la explicación que se ha dado
desde esta tribuna. Efectivamente, los esfuerzos financieros
necesarios para mejorar, ampliar y
modernizar las prestaciones sanitarias han sido importantes.
Esto, ¿qué ha hecho? Que efectivamente haya habido una serie
de problemas financieros.
Está claro que la universalización de la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social a todos los colectivos sociales,
independientemente de su situación de cotización a la
Seguridad Social, unida, por otra parte, a una exigencia de
una mejor igualdad de trato, no sólo dentro del territorio
nacional, sino incluso comparándose con el resto de los países
de la OCDE, ha producido un aumento en la presión de la
demanda de servicios sanitarios sobre la oferta existente,
demanda que explícitamente se acentuó e incrementó
progresivamente a partir de 1988. Además de este factor
extensivo de la naturaleza de la asistencia sanitaria hay otra
serie de factores que también inciden sobre el costo de los
servicios sanitarios debido --y creo que ya se ha dicho desde
esta tribuna-- a la prelación de las patologías, debido al
incremento o al envejecimiento de la población, es decir, la
sustitución de patologías de tipo infeccioso por otro tipo de
patologías cardiovasculares o cancerosas que necesitan
tratamientos mucho más costosos. En definitiva, ha habido una
presión de la demanda. Pero, además, también por el lado de la
oferta sanitaria han existido esos problemas.
En lo que se refiere al comportamiento de la oferta del
servicio público, hay una serie de factores que han incidido
de manera negativa. Estos factores pueden ser, en primer
lugar, el
incremento de los precios de todos los suministros utilizados
para los servicios sanitarios, incremento de precios que ha
estado por encima de los índices de inflación, como resultado
no sólo de la incorporación en este tipo de suministros de las
nuevas tecnologías, sino también porque el libre
funcionamiento de este mercado no es tal, sino que existen una
serie de
imperfecciones. Además, hay otro factor importante por el lado
de la oferta de los servicios sanitarios y es que a partir de
1987 empieza a producirse un incremento acelerado en los
precios industriales farmacéuticos.
Este es un tema que afecta, no sólo a España, sino a la
Comunidad Económica Europea y, en tal sentido, el Comité
Consultivo de la Comunidad Económica Europea tiene una
propuesta de directiva relativa a las medidas de transparencia
en este campo.
Todos estos factores, que son perfectamente identificados, son
o han sido los causantes de las desviaciones producidas en las
liquidaciones definitivas de los presupuestos del Insalud,
tanto en gestión directa como transferida, en los años 1989,
1990 y 1991. Se ha citado aquí que el Real Decreto-ley 6/1992
instrumentó el plan de saneamiento de acuerdo con las
comunidades autónomas con competencias transferidas en la
materia y que permitía cancelar las obligaciones del Insalud a
31 de diciembre de 1991, plan de saneamiento que, como bien se
ha dicho también desde esta tribuna, está en vigor hasta este
próximo año 1994, hasta este próximo presupuesto. Por tanto,
eso lo enmarcamos en ese plan.
La tercera razón que nos hace pensar en la falta de utilidad
es que ha habido medidas de mejora en la gestión del Insalud,
como son las que están contenidas en el contrato-programa
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Insalud y entre
el Insalud y cada uno de los hospitales y centros de atención
primaria, y la existencia de presupuestos mejor dimensionados.
Todo esto ha permitido que las desviaciones no se repitan en
estos años como en los años anteriores y, por tanto, parece
que no debe
provocarse una situación como la del anterior plan de
saneamiento.
Voy a entrar en aquellas razones que creo que tienen una
importancia mayor, y me estoy refiriendo al factor
competencial. La distribución de las competencias en la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, como se ha dicho
ya desde esta tribuna, al haber sido efectuado el traspaso de
la gestión a determinadas comunidades autónomas, supone que en
estos momentos hay un 57 por ciento aproximadamente del total
del gasto de asistencia
sanitaria transferido y gestionado por las comunidades
autónomas. Por tanto, la constitución de una ponencia en el
seno de la Comisión de Sanidad y Consumo vulneraría, o podría
vulnerar, la competencia de los respectivos parlamentos de
aquellas
comunidades autónomas a los que se ha transferido la gestión
de la asistencia sanitaria.
Quisiera recordar asimismo que existe un acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, que
establece que el Consejo de Política Fiscal y Financiera
acuerda crear un grupo de trabajo que examinará las
disfunciones que los procesos de presupuestación y liquidación
de los gastos de las prestaciones sanitarias introducen en la
financiación de las comunidades autónomas y propondrá las
medidas correctoras adecuadas antes del 30 de junio de 1992.
En cumplimiento de este mandato se constituye el grupo de
trabajo y los temas que se abordan son, en primer lugar, la
adopción de medidas de
racionalización y mejora de la eficiencia de los gastos de las
prestaciones sanitarias; en segundo lugar, la adopción de un
acuerdo en materia de financiación y presupuestación de los
gastos de las prestaciones sanitarias de forma que se
posibilite adecuar su crecimiento a las disponibilidades
financieras fijadas en el Programa de convergencia y, en
tercer lugar, el análisis y búsqueda de un acuerdo para la
operación de saneamiento de las obligaciones del Insalud no
imputadas a presupuesto a 31 de diciembre de 1991. Todo esto,
unido a otra argumentación que ha dado el representante de
Convergència i Unió de que ha entrado ya en la Cámara otra
proposición no de ley en la que se propone el estudio de la
Seguridad Social dentro del ámbito de la Comisión de
Presupuestos, nos hace pensar en la inutilidad o falta de
procedencia de esta ponencia.
La segunda parte de la proposición no de ley del Grupo Popular
creemos que tiene aún menos sentido estando ya en puertas del
debate presupuestario. De todas formas, quisiera decir al
representante del Grupo Popular que el anteproyecto de
presupuesto de la asistencia sanitaria que se ha diseñado ha
sido hecho a partir de la previsión del gasto real de 1993,
como tendremos ocasión de comprobar en la inmediata discusión
presupuestaria. A pesar de todas las dificultades inherentes
en estos momentos a la actual coyuntura económica y a los
difíciles objetivos que hay que mantener en 1994 de
determinación del déficit público, esté tranquilo que el
Gobierno ha priorizado el gasto sanitario y ha tratado de
preservarlo de cualquier ajuste, ya que lo considera
consustancial a los derechos de los
ciudadanos porque éste es el modelo sanitario socialista. En
cualquier caso, como conclusión, quisiera decirle que también
al Grupo Socialista le preocupa este tema, por supuesto, y que
sólo se rechaza esta proposición no de ley en función de que
creemos que hay otros ámbitos en los que realmente se puede
abordar este tema.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tanto a través
de su Grupo de Trabajo como de los informes que ya está
elaborando; en la propia Comisión de Sanidad
y Consumo, que puede informar siempre que cualquier Grupo de
la Cámara lo pida sobre la deuda sanitaria o sobre cualquier
otro tema, y, finalmente, en la Ponencia más amplia que,
dentro del ámbito de la Comisión de Presupuestos, se va a
constituir sobre el estudio de la Seguridad Social.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Mendizábal.
(El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández-
Miranda, tiene la palabra únicamente a efectos de indicar si
acepta o no la enmienda presentada por el Grupo de Coalición
Canaria.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Efectivamente, para expresar, como
reglamentariamente está marcado, la aceptación o no de la
enmienda, pero con una
sensación de sorpresa ante el éxito de la propuesta y la
consecuencia de las votaciones que veremos por parte de otros
grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hay turno para la
sorpresa, señor Fernádez-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: No es un turno de
sorpresa, sino la sorpresa que me embarga para aceptar, señor
Presidente, la enmienda que presenta el Grupo Canario a
nuestra proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la proposición
no de ley del Grupo Popular, que se somete a la Cámara en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 144; en contra, 156; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE DESTITUYA AL ACTUAL DIRECTOR DEL ENTE PUBLICO DE
RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE), DON JORDI GARCIA CANDAU
(Número de expediente 162/000021)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por la que se insta
al Gobierno a que destituya al actual Director del Ente
Público de
Radiotelevisión Española (RTVE), don Jordi García Candau. En
nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alcaraz. Ruego guarden
silencio.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias por su amparo, señor
Presidente. (Rumores.) ¡Cómo está hoy el tendido del 9!
Señoras diputadas, señores diputados, esgrimido por Felipe
González como eslogan de esta legislatura se concreta hasta el
momento en cuatro medidas puntuales: subida del precio de la
gasolina sin una cuota ecológica, giro a la derecha y hacia la
insolidaridad, bofetada histórica a los trabajadores porque no
otra cosa representan los Presupuestos Generales del Estado de
1994 y propuesta de Jordi García Candau como Director General
de Radiotelevisión Española. Una propuesta arbitraria esta
última. Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
solicitamos la destitución del Director General en funciones
porque consideramos antiestético y hasta ilegal su
nombramiento y porque según los hechos, sin debate alguno en
foro democrático, ha optado
descaradamente por el desguace de Televisión Española en
cuanto servicio público esencial.
Los dos órganos fundamentales de la Televisión pública: el
Director General del Grupo, del Ente, y el Consejo de
Administración son actualmente aberrantes desde el punto de
vista de la pulcritud democrática. Con todos los respetos a
las personas, son auténticamente aberrantes y bastardos.
(Rumores.) El espíritu y la letra del Estatuto de
Radiotelevisión Española, es decir, la Ley no ofrece ninguna
duda. Primero, los dos órganos deben ser nombrados al
principio de la legislatura y por un tiempo de duración
exactamente igual a ésta. Segundo, el
nombramiento del Consejo de Administración debe siempre
preceder al del Director General.
Tercero, el Director General en cada legislatura necesita de
una doble confianza, la confianza, primero, del Gobierno, y,
después, la del nuevo Consejo de Administración. Por eso
decimos que está hoy en funciones porque el nuevo Director
General depende de un viejo Consejo de Administración y, según
el artículo 62.1 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, la formación de la voluntad de
los órganos colectivos no se corresponde con esta decisión,
como tampoco concuerda esta decisión con el artículo 9 de la
Constitución, en cuanto a la arbitrariedad de los poderes
políticos.
Por tanto, el Gobierno, de cara a los desmanes que ya se han
iniciado, los desguaces de la estructura del medio público --y
ayer y hoy ya están encerrados los representantes de todos los
comités de empresa del grupo Radiotelevisión Española--, se
aprovecha de un Consejo de Administración fantasmal y hasta
títere, y baste para demostrarlo recordar que uno de sus
miembros pertenece al extinto, parlamentariamente hablando,
CDS. Para más bochorno y surrealismo quien hoy preside el
Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española es el señor Del
Olmo. Yo les recomendaría que todos los miembros del Consejo
de Administración, junto con el señor Candau, se diesen un
paseo por el callejón del gato. (Risas.)
Es en este momento, cuando el señor Solchaga, a la razón
portavoz del Grupo Socialista, hace una propuesta pecaminosa
(Rumores.) al decir: --veremos a ver, esto no va, con
comillas, señores transcriptores--, . Acto contiguo introduce
una serie amplísima de complejidades en ese desayuno que ha
tenido con los medios de comunicación.
Sea cierto o no lo que nos dice el señor Solchaga, el problema
no es ése. El problema real es que se intenta eludir que hay
que adaptar el Consejo de Administración a la Ley vigente y
que lo que nos plantea el señor Solchaga de cara a un nuevo
estatuto como un consejo de la comunicación teniendo en cuenta
las televisiones privadas y lo que en Europa se está
nombrando, lo que nos plantea supone una cochura de dos años,
una elaboración jurídica y de debate de todo tipo, político,
incluso ideológico, de dos años, y ésa es una trampa con la
que no estamos dispuestos a consonar porque, efectivamente,
mientras tanto, a través del Consejo de Administración actual,
se desmonta la televisión como servicio público, se anuncia
una reconversión que puede afectar al 40 por ciento de los
empleados, de los trabajadores en la televisión y a mucho más
del 40 por ciento en Radio Nacional de España y todo esto
debatido en un foro no democrático, mientras este Parlamento
está al margen de un debate de Estado sobre la televisión, y
lo primero que hace todo el mundo de cara a intentar ganar las
elecciones es coger la televisión. Eso es lo que se ha hecho.
(Varios señores Diputados: ¡Eso sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad!)
Eso es lo que se ha hecho directa, llana y sin pulcritud
ninguna.
Ante esta situación irregular, el Partido Nacionalista Vasco
supongo que quizá puede echar mano de nuevo de algo que dijo,
con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, cuando se eligió al
actual Consejo de Administración. Dijo: La elección ha sido
parcial, enana, absurda, sectaria y sin inteligencia alguna.
Yo estoy de acuerdo. La posición de Convergència i Unió ha
sido de abstención en el Consejo de Administración ante el
nuevo nombramiento hace muy pocos días porque veían que no
había pulcritud democrática y había que renovar previamente el
Consejo de Administración. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a
utilizar de nuevo desde esta tribuna la dialéctica del
equilibrista? (Un señor Diputado: ¡Esa! ¡Esa!) ¿O en ese
sentido se va a mantener la posición que se ha tenido en el
Consejo de Administración hace muy pocos días?
Yo creo que también tiene que clarificar bastante su posición
el Partido Popular. Hasta ahora el Partido Popular ha
pataleado mucho --perdón por la metáfora-- en este Parlamento
(Risas.), pero no ha dicho ni una sola palabra sobre el
Consejo de
Administración, ni una sola, y tiene allí cuatro miembros que
no asisten desde marzo.
(Varios señores Diputados desde los escaños del Grupo Popular:
¡Tres! ¡Tres!) Tres. Espero que no sigan cobrando. (Risas.) Y
nosotros lo que preguntamos es si el Partido Popular va a
hablar hoy aquí o va a ser cómplice de esta situación. Si no
habla, si no dimiten los tres consejeros, es cómplice de esta
situación, del silencio de los corderos.
Nosotros, señor Presidente, no aceptamos ni por activa ni por
pasiva la actual situación. Pedimos que se destituya al actual
Director General y que, después del nombramiento del nuevo
Consejo de Administración, se proponga uno nuevo desde
criterios de independencia y de profesionalidad. Hay datos
suficientes para pensar que se está operando este desmontaje
de la televisión en cuanto servicio público: el cambio de
perfil de la segunda cadena, se manda la cultura al satélite.
Hoy instalar una antena para captar la cultura desde la
televisión pública en España vale 50.000 pesetas. Hay una
contraprogramación constante, metiendo el fútbol, que
desplazará muchas noches al telediario, generando una
inseguridad tremenda en el espectador. Supresión constante de
programas informativos que, como consecuencia, trae una mayor
reducción de personal.
«Informe Semanal», programa señero, desde hace 20 años no
cambia de hora ni de día; ahora cambia de hora y de
día dejándole posiblemente hueco a programas de la misma
índole en las televisiones privadas.
Se suprime el magacín de los centros territoriales, y hay
otras señas de identidad que van cayendo. Se acaba de cerrar
la última Delegación de Radio Nacional de España en
Iberoamérica. Aquí todo es demagogia de cara a la solidaridad
con Iberoamérica o a la solidaridad con el Magreb. Hace poco
se cerró la Delegación de El Cairo. No se corresponden las
palabras con los hechos.
Mientras tanto, se mantiene una política de personal de
sumisión o marginación. (Rumores.) Esta es la política de
personal del grupo Radio Televisión Española.
Hay datos para pensar que el futuro de Televisión en cuanto a
servicios públicos fundamentales está en peligro. La derecha
cultural y política tiene como objetivo la privatización del
medio.
En las elecciones gallegas está claro. Antes de ellas, ya en
el Libro Blanco proponía Fraga la privatización de Televisión
siempre que hubiera un espacio público, eso sí, para controlar
también los informativos. Hay que decirlo.
El Partido Socialista Obrero Español dice defender lo que
realmente se dedica a desmantelar día a día o, en todo caso, a
reducir, quizá fascinado por los contenidos de la ofensiva
conservadora. Por lo menos da esa impresión. En este caso,
estaría haciéndole de cara a medio y largo plazo el trabajo
sucio al Partido Popular.
El Partido Popular acaba de divulgar en tono alarmista un
documento que encargó el Ente, de fecha de febrero de este
año, bajo el rótulo de Plan de futuro para Televisión
Española; alarmista en cuanto al déficit. El problema de una
televisión pública, y menos de la televisión pública
española --nosotros votamos a favor del crédito
extraordinario-- no es el déficit. El Partido Popular ha
expresado en ruedas de prensa el contenido de ese documento,
pero se ha callado una parte muy importante. Por ejemplo, no
ha dicho lo que reciben las principales televisiones europeas
de los fondos públicos, teniendo en cuenta presupuesto y
canon, canon que se cobra directamente a los espectadores. La
BBC inglesa el 98 por ciento de los presupuestos; la danesa,
el 97 por ciento; la sueca, el 94 por ciento; la belga, el 83
por ciento; la francesa, que está semiprivatizada, recibe de
los fondos públicos el 55 por ciento; la italiana, el 50 por
ciento. Así hasta 22 casos, terminando con la portuguesa, que
recibe de los fondos públicos el 12 por ciento.
¿Cuánto ha recibido Televisión Española desde su creación por
estos conceptos, señorías? El cero por ciento.
A la inversa, teniendo en cuenta lo que se ingresa por
publicidad o relaciones comerciales --ventas--, sobre todo por
publicidad. La primera es España, que recibe por publicidad el
84 por ciento; Portugal, el 66 por ciento; Malta, el 63 por
ciento; Chipre, el 52 por ciento; Irlanda, el 51 por ciento. Y
en el fondo de la horquilla, abajo del todo, Suecia, el 4 por
ciento por publicidad y ventas; la BBC, el cero por ciento;
Dinamarca, el cero por ciento. Es decir que Radiotelevisión
Española es la única entidad europea que no dispone de fondos
presupuestarios ni de canon y que alcanza el porcentaje más
alto en la financiación a través de la publicidad: el 83 por
ciento. Es decir, Televisión Española es la más antisocial,
junto a Portugal, Malta y Chipre, la más sujeta a imperativos
de mercado, la más sujeta a la publicidad, la que menos
democracia tiene en su gestión, la menos pública de Europa en
su financiación, teniendo en cuenta en este aspecto y en todos
los países señeros democráticos. Por lo tanto...
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino en medio minuto, señor
Presidente. ¿Qué modelo se está diseñando sobre los hechos
consumados? No es el modelo público de las televisiones
señeras en Europa, televisiones que se basan en la defensa de
la
soberanía popular y nacional de la cultura popular y nacional,
aunque no tengan rentabilidad económica, pero sí rentabilidad
social y política no partidista. Se está defendiendo otro
modelo que ahora el señor Candau, sin debatirlo en un foro
democrático porque el Consejo de Administración es un foro
fantasmal, está reduciendo y está llevando a una televisión de
emisión ligera, bonsai, semiprivatizada y en el camino de la
privatización. Por todo esto, y para restablecer la pulcritud
democrática, pedimos la destitución del señor García Candau.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz. (El señor
Solchaga Catalán pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Solchaga.
El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, tengo la
impresión, aunque, naturalmente, lo dejo a su consideración y
buen criterio, de que la referencia que el señor Alcaraz ha
tenido hacia mi persona ha ido más allá de la mención y me ha
aludido. Si lo considera así S.S., me gustaría, en muy breve
plazo, contestar a las alusiones que ha hecho.
El señor PRESIDENTE: El señor Alcaraz ha aludido a unas
palabras de S.S., creo que pronunciadas en esta misma
tribuna... No en esta misma tribuna. Son palabras que ha
atribuido a S.S.
Para contestar a la alusión que le ha hecho el señor Alcaraz,
tiene la palabra.
El señor SOLCHAGA CATALAN; Muchas gracias, señor Presidente.
Seré muy breve porque además entiendo que la alusión del señor
Alcaraz es cariñosa. Aunque haya llamado a mis propuestas
pecaminosas, es evidente que la transgresión de determinados
credos no puede ser pecado para todos.
Dejando esto a un lado, lo que quiero decir al señor Alcaraz
es que no he hecho ninguna propuesta a esta Cámara. Con mucho
gusto, en nombre de mi Grupo y cuando llegue el momento, podré
hacerla si ése es el procedimiento que sigamos, pero lo único
que he hecho han sido unas declaraciones que están basadas en
un supuesto que me parece que es razonable, y con esto termino
la alusión, señor Presidente.
Tenemos un Estatuto de Radiotelevisión Española que se hizo
cuando no existía más que una televisión en España y cuando no
existían más que unos informativos televisivos en España. Es
evidente que la situación ha cambiado de arriba a abajo. Antes
que hablar de la dirección o antes que hablar del Consejo de
Administración, podría tener sentido reconsiderar el Estatuto,
que ha nacido en unas circunstancias absolutamente distintas
de las que imperan en este momento.
Este era el alcance de mis palabras y espero que eso habrá
clarificado el sentido de las mismas y no el que parece que
les haya querido atribuir el señor Alcaraz.
Para discutir de esto, eso sí, señor Presidente, en nombre de
mi Grupo puedo decir que estamos dispuestos a empezar ahora
mismo, que no hacen falta cochuras de dos años, que nos basta
con un poco de esfuerzo para llegar a acuerdos en pocos meses.
(El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solchaga.
No, señor Alcaraz, no hay debate en las alusiones.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias.
Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta una
propuesta de destitución del actual Director del Ente Público
Radiotelevisión Española, don Jordi García Candau.
Ante la solicitud de destitución, Unión Valenciana ha
analizado su gestión desde el período de tiempo que dura su
mandato. Numerosas han sido las reivindicaciones e iniciativas
presentadas por nuestro Partido ante la Mesa del Congreso,
manifestando el descontento por su labor ante el Ente público.
En general, ésta se ha caracterizado por su reiterada
información partidista en los distintos programas de
Radiotelevisión Española sea cual fuere el tema a debatir,
habiendo sido incapaz hasta la fecha de garantizar una
participación plural en este Ente, situación ésta que se ha
visto agravada en período electoral, pues se ha venido
ignorando en los debates programados por Televisión Española
al Grupo Mixto, programas en los que sí se hallaban
representados los demás Grupos políticos, situación que fue
denunciada en su momento por Unión Valenciana y el resto de
partidos políticos integrados en el Grupo Mixto como un
auténtico atentado contra la libertad de expresión y la
posibilidad de manifestarse unos cuantos centenares de miles
de votantes.
La presencia activa del Estado en la relación de comunicación
es el principal factor de distorsión de la libertad de
información en la sociedad pluralista española. El Estado es
hoy en España, y gracias a las maniobras realizadas, el
principal empresario de la comunicación. La utilización
abusiva de la televisión española por el Grupo Socialista,
concibiéndola como un arma electoral conforme a los objetivos
partidistas, ha sido una nota definitiva de su sectarismo en
la información y programación que se ha visto marcado en mayor
medida en las televisiones autonómicas, que han hecho de los
medios de comunicación un mecanismo de propaganda. Por otro
lado, no hay que olvidar la situación en que se
encuentra este medio de difusión. Primero, el déficit que el
Ente Público viene sufriendo desde 1990, déficit que ha sido
en parte subsanado por la concesión de un crédito
extraordinario el pasado mes de julio por valor de 31.804
millones de pesetas.
Segundo, la deuda que Televisión Española tiene con sus
trabajadores, así como la tendencia a la jubilación anticipada
de los contratados, la no creación de nuevos puestos de
trabajo, renovación de éstos o modificación de su plantilla.
Tercero, los retrasos en la inauguración de nuevos canales,
como es el canal iberoamericano, que una vez está en
funcionamiento yo les recomiendo que lo vean, como yo he
tenido la suerte de verlo durante estos días, para saber qué
es en definitiva lo que no se tiene que hacer en televisión.
Cuarto, ausencia total de programas educativos y escasez de
programas culturales, ya que la programación se caracteriza
por la afluencia de concursos, culebrones y espacios
publicitarios. Por otro lado, tampoco ha sido negligente a la
hora de ofrecer los programas televisivos, pues no ha hecho
distinciones entre los horarios frecuentes de determinados
espectadores con los niños y la juventud.
Quinto, demora en la construcción del Centro Regional de
Televisión Española en la Comunidad Valenciana y, en especial,
de la torre de comunicaciones, siendo el nuevo centro regional
bajo, sin suficientes equipos, reporteros gráficos y carente
de instalaciones. Destacamos la inexistencia de una
programación propia y la limitación de los horarios por
Madrid, como siempre, que impide crear espacios nuevos.
Y sexto, la polémica suscitada por el procedimiento seguido en
el nuevo nombramiento para esta V Legislatura de don Jordi
García Candau, al producirse éste antes de la renovación del
Consejo de Administración del Ente, obligada tras las
elecciones del 6 de junio, nombramiento que fue recurrido --si
mal no recuerdo-- por el Partido Popular ante el Tribunal
Superior.
Por todas estas razones, Unión Valenciana votará sí a la
destitución del actual Director de Radiotelevisión Española,
por considerar que en ningún momento ha tenido presente la
auténtica pluralidad de este Parlamento; por considerar que
sólo ha tenido presente la marginación y el sectarismo hacia
unas determinadas fuerzas políticas que tenían su derecho a
ser escuchadas y a ocupar un espacio en televisión y porque,
naturalmente
su continuación garantiza de esta manera una , para nosotros -
-también entre comillas--, gestión de su cargo.
Naturalmente, votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria, al fijar su posición ante esta proposición
no de ley que nos trae aquí el Grupo parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene que comenzar
diciendo que ve una profunda contradicción, sobre todo cuando
se emplean unos alegatos que más que estar dirigidos contra la
persona que en este momento dirige el Ente Público, el señor
García Candau --para nosotros una cuestión meramente
coyuntural o accesoria--, emplea argumentos que están
dirigidos a la carencia que en este momento detectamos
prácticamente muchos grupos parlamentarios políticos sobre el
Estatuto de la radio y la televisión. Y creo que aquí es donde
está el meollo del problema.
Nosotros no vamos a votar favorablemente esta propuesta, y no
tenemos que agradecerle nada desde el punto de vista de
Coalición Canaria --me adelanto a decirlo-- al señor García
Candau ni a los directivos de Radiotelevisión Española, máxime
en el ámbito territorial de su centro en el Archipiélago
canario. Estamos muy quejosos de la aplicación sesgada,
marginal, que se ha realizado a políticos destacados, a
instituciones destacadas que la Coalición Canaria tiene en
este momento en el Archipiélago. Pero nosotros no hemos hecho
el diagnóstico patológico sobre la persona, sino sobre el
sistema. Vamos a suponer que de aquí saliera mayoritariamente
el acuerdo de destituir al señor García Candau. Al día
siguiente el Gobierno nombra a otro director general que se
sitúa sobre el Estatuto obsoleto e improcedente que nosotros
tenemos en la actualidad, porque el Grupo de Izquierda Unida
en su segundo punto de la proposición no de ley plantea que el
Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que la propuesta
de director general se realice con criterios de estricta
profesionalidad e independencia.
Sí, señor Alcaraz. Están ustedes aquí con este segundo punto
modificando el Estatuto de Radiotelevisión, pero en una
cuestión muy puntual y muy accesoria, porque el Estatuto
solamente se remite a la profesionalidad de personas cuando
habla de las características del Consejo de Administración y
no del director general.
Este Estatuto, que concibe en verdad en el fondo la figura
política del director general del Ente Público, tiene que ser
reformado porque desde el año 1980 a la fecha han pasado
bastantes cosas como para que se haya quedado corto de talla,
se haya quedado obsoleto e insuficiente, porque si se pueden
atribuir a una persona una serie de responsabilidades, como
vienen en el preámbulo o la justificación de la proposición de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, yo me permito dudar
que muchas de ellas sean achacables a la persona. Por tanto,
no me sirve pedir la destitución de la persona. Hubiera votado
con gusto una iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que trajera aquí una nueva alternativa, una
proposición de ley de un nuevo Estatuto de Radiotelevisión,
que es donde tenemos que tener el sustrato democrático y
constitucional y las garantías de las personas que sirvan al
Ente Público estén sujetas en todo momento a las exigencias de
un nuevo Estatuto.
Tampoco podemos olvidar ahora que cuando se hizo este Estatuto
no existían los canales privados de televisión, y desde luego
tenemos que reconocer que aquí posiblemente --el que no tenga
pecado que tire la primera piedra-- responsabilidades hay por
todos los lados, incluso desde el propio Ente en sus cuadros
profesionales, porque en los canales privados de Televisión
aparecen caras que tienen su procedencia de formación
profesional en el Ente Público. Pero puestos a pedir
responsabilidades no pondría yo el carro antes que los bueyes,
porque lo que nosotros desde esta Cámara tenemos que mirar
como responsabilidad nuestra no es la destitución o la
ratificación del nombramiento del director del Ente Público,
sino, señor Alcaraz, ir directamente a lo que se exige en el
artículo 7.º del Estatuto, que dice: el Consejo de
Administración estará compuesto por doce miembros elegidos
para cada legislatura, la mitad por el Congreso y la mitad por
el Senado. Empecemos por ahí.
Se dice esto desde un Grupo Parlamentario pequeño que, por lo
que se ve no cuenta nada para los grandes Grupos
Parlamentarios a la hora de buscar las mayorías necesarias y
suficientes de los dos tercios de la Cámara. También los
grupos pequeños somos
componente democrático para dar todo el valor constitucional a
esta creación de los dos tercios. Mientras no resolvamos en
esta Cámara la responsabilidad que nos atañe de cumplir con el
artículo 7.º del actual Estatuto del Ente Público de
Radiotelevisión Española a fin de elegir aquí con nuestros dos
tercios a la mitad del Consejo de Administración, no
empezaremos a andar en el camino de la correcta resolución de
este problema. Esa debe ser nuestra primera exigencia. Lo
demás es escamotear nuestra reponsabilidad yéndonos a pedir
una cabeza que no está en este momento, según nuestro
criterio, justificado que se pueda hacer aquí por las razones
anteriores.
Si seguimos manteniendo la propia obsolescencia que el mandato
constitucional hace del Consejo de Administración, esté quien
esté allí (no descalifico a nadie porque pertenezca a un grupo
hoy desaparecido del Parlamento, sino a todo el Consejo de
Administración por estar en situación de fuera de juego
temporal con la Constitución democrática de este Parlamento),
a raíz de ese momento es cuando nosotros, resuelto el primer
mandato para esta Cámara, que es cumplir con el artículo 7.º
una vez
constituidas las nuevas Cortes, podemos pedir todas las
exigencias de control democrático, de reconocimiento del
pluralismo político, etcétera que sean procedentes.
Lo demás es crear en este momento una situación improcedente.
Sería impresentable para la Cámara estar periódicamente,
mientras no cumplamos con el artículo 7.º del Estatuto,
pidiendo la destitución del correspondiente director del Ente
Público porque no nos satisface a muchos grupos
parlamentarios. Preferimos un arreglo que respete
fundamentalmente las prioridades que se contemplan en este
obsoleto Estatuto a fin de que, al igual que se hizo después
de aprobada la Constitución Española --como bien reconoce su
artículo 3.º, que da un sentido de interpretación del Estatuto
constitucional y democrático--, se puedan desarrollar
concordantemente las otras prioridades que se dan aquí. Porque
cuando se hace la estructura del Estatuto del Ente Público, en
su artículo 6.º se deja bien claro. El primer renglón de
prioridades es el Consejo de Administración. El tercero es el
director general.
Por esta razón nosotros apoyaremos en la Cámara todo proyecto
que traiga un nuevo estatuto de Radiotelevisión Española y del
Ente Público. Mientras eso no se resuelva por esta Cámara y se
dé cumplimiento al artículo 7.º y concordantes, nos opondremos
a pedir cualquier destitución, por muchos motivos de agravio y
de quejas que en comportamientos personales podamos tener. El
tema es tan grave e importante que no podemos llevarlo a una
solución personalista, sino que se tiene que ir a la solución
orgánica e institucional.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González
de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, en este comienzo de legislatura,
mientras el Gobierno encara su labor central de definir su
programa de gobierno, de recabar apoyo parlamentario
suficiente para que el mismo se pueda desarrollar con
garantías de estabilidad y gobernabilidad, amén de afrontar
los grandes retos que al Estado se le presentan en la actual
coyuntura de crisis económica, asistimos a una estrategia de
desestabilización por parte de algunos grupos de la Cámara que
insisten en poner el dedo en llagas, pero sin propósito de
curas. Y Radiotelevisión Española es indudablemente una de las
estrellas.
La proposición no de Ley que presenta en el día de hoy el
Grupo parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya es una buena muestra, en nuestra opinión, de dicha
estrategia. En un momento en que todos los grupos de la Cámara
en Comisión han manifestado su acuerdo en torno a la urgente
actualización del vigente Estatuto de Radiotelevisión
Española, cuando tras largos años de espera se acaba de
formalizar el contrato-programa entre el Gobierno y el Ente
Radiotelevisión Española para abordar la difícil situación
económica en la que el mismo está sumido, en este mismo
momento el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nos presenta
una proposición no de Ley instando al Gobierno a que destituya
al actual director del Ente Público de Radiotelevisión
Española, sostenida en un escueto balance donde se reflejan
exclusivamente los aspectos que dicho grupo considera
negativos de la gestión llevada a cabo por don Jordi García
Candau. No se dan a conocer en el mismo los aspectos positivos
de dicha gestión y, en opinión del Grupo Vasco, haberlos
haylos. Por ejemplo, la defensa de la función de la televisión
pública; la capacidad y entereza para encarar la
reestructuración de la radiotelevisión pública; la asunción
del reto de competitividad con las televisiones privadas; la
tenacidad para llegar a suscribir el contrato-programa, algún
mérito tendrá; la capacidad de interlocución con partidos,
sindicatos, agentes sociales, culturales y educativos; el
distendimiento en las relaciones con las televisiones
autonómicas; la forma de abordar acontecimientos sociales de
gran trascendencias en su cometido de servicio público, entre
otras.
Por tanto, en opinión del Grupo Vasco, el análisis que
presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es
simplista, incompleto y tendencioso. Pretender adjudicar la
responsabilidad de todos los males al director general del
Ente, como si todos ellos fueran de cosecha propia, y obviar
el haber de su gestión personal cae por su propio peso.
Defender, además, que la nueva propuesta se realice con
criterios de profesionalidad e
independencia deja bien a las claras las pretensiones de
Izquierda Unida. ¿No es profesional don Jordi García Candau?
(Varios señores Diputados: ¡No, no!) ¿Debemos decir a los
ciudadanos que no participen en política porque inmediatamente
dejarán a ser independientes? (Varios señores Diputados: ¡No,
no!) ¿Qué es ser independiente? ¿No deja en el fondo de ser
uno automáticamente independiente en el momento en que es
nombrado por el Gobierno para tan alta responsabilidad?
(Varios señores Diputados: ¡No, no!) Evidentemente, señorías,
en la gestión de García Candau existen claroscuros, como los
hay en la labor del Consejo de Administración, en el de la
Comisión de Control
Parlamentario y, cómo no, en la de los trabajadores del Ente.
El Grupo Vasco entiende que hacer balances de gestión y
debatir públicamente en torno a ellos para llegar a
conclusiones que mejoren las formas y los contenidos de la
gestión de los entes públicos es una buena metodología de
trabajo, pero convendrán conmigo, señoras y señores Diputados,
que a esta labor no se han aplicado excesivamente los
Diputados de Izquierda Unida, más bien a uno le queda la
impresión de que estableciendo el corolario se han construido
posteriormente las premisas y quizás se hayan olvidado de la
mayor: es urgente la renovación del Estatuto de
Radiotelevisión Española, tiene que existir un amplio consenso
en la Cámara en torno al nuevo modelo de radiotelevisión
pública, en el gasto, en aspectos básicos como su función, su
dimensionamiento, sus órganos de gobierno, su financiación,
las relaciones entre televisiones públicas y de éstas con las
privadas, la regulación de los nuevos soportes tecnológicos de
televisión por cable o por satélite y también la utilización
normalizada de las lenguas en las comunidades con idioma
nacional.
Ese es, al entender del Grupo Vasco, el debate que se debe
producir, el debate de fondo que, centrado en dichos términos,
podrá determinar con precisión las virtudes y carencias de
Radiotelevisión Española, a fin de poner en vigor un nuevo
estatuto que actualice legal, económica y organizativamente el
modelo de gestión del Ente. Simultáneamente y desde ya procede
la renovación del Consejo de Administración de Radiotelevisión
Española y que el nuevo Consejo delibere su propuesta a
realizar al Gobierno para nombrar director general de
Radiotelevisión Española.
Ha quedado bien patente, en la experiencia de la anterior
legislatura, que la previsión realizada por el Grupo Vasco al
inicio de la misma ha sido procedente y que los tiros han ido
precisamente en esa dirección, usted mismo lo ha dicho.
En el convencimiento de que estas y no otras son las
prioridades que debe encarar el Gobierno en relación a
Radiotelevisión Española, anuncio, señor Presidente, que el
Grupo Vasco votará negativamente esta proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri. Por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya funda su propuesta de destitución del señor García
Candau, así como los requisitos que debe reunir la persona que
le sustituya, en un conjunto, entiende nuestro Grupo
Parlamentario, de valoraciones muy negativas, subjetivas
también, de su gestión al frente del Ente, que voy a comentar
muy someramente por cuanto tendremos tiempo de sobra de
debatir su gestión, o la del director general que sea, en la
Comisión de Control Parlamentario de Radiotelevisión Española
que, si no recuerdo mal, mañana se reúne por primera vez
dentro de esta legislatura.
Decía hace un momento que el Grupo proponente funda su
solicitud en una serie de valoraciones muy subjetivas,
negativas y que a nuestro Grupo Parlamentario le parecen muy
generales y faltas de concreción. A pesar de ello, sí quiero
comentar algunas, al menos aquellas que desde el punto de
vista de este Grupo Parlamentario, de ser ciertas, podrían
motivar la importante petición de destitución que se hace.
La primera de ellas, es la que hace referencia --en la
proposición no de ley consta en penúltimo lugar-- al
desequilibrio presupuestario y, en definitiva, al déficit del
Ente. Este es un hecho importante y un motivo para exigir
responsabilidades y, desde luego, soluciones; pero entiende
este Grupo Parlamentario que si bien ello es cierto, también
lo es que el dedo acusador no debería dirigirse hacia el señor
García Candau, sino hacia los bancos del Gobierno, por cuanto
éste no ha sido capaz de reaccionar ante el nuevo marco
audiviosual de competencia, es decir, la situación generada
por la puesta en funcionamiento de las televisiones privadas,
al menos no ha sido capaz de generar soluciones hasta ahora,
esto es tarde, cuando se han empezado a adoptar una serie de
medidas para reajustar las dimensiones de Radiotelevisión
Española o cuando se empieza a hacer por primera vez un
esfuerzo de tipo económico para
equilibrar el presupuesto del Ente. Me remito al crédito
extraordinario que esta Cámara aprobó el pasado mes de julio,
pero entiende nuestro Grupo Parlamentario que no es suficiente
todavía.
Otra crítica que formula el Grupo proponente, y que nos parece
importante, es la que consta en último lugar y que hace
referencia al nombramiento del director, previo a la
renovación del Consejo de Administración. Debo decir que
nosotros hubiéramos preferido que, en la medida en que el
Consejo de Administración de Radiotelevisión Española debe
emitir un informe al Gobierno sobre el director general que se
designe para cada legislatura, se hubiera renovado el Consejo
con anterioridad a la designación del director general del
Ente.
Esto constituye una crítica al Gobierno, pero tampoco
justifica, desde nuestro punto de vista, la solicitud de
destitución, puesto que el nombramiento no es ilegal, en tanto
en cuanto el Consejo de Administración está en funciones y,
por tanto, puede adoptar decisiones de esta envergadura. Es
decir, que para nosotros
tampoco este punto importante en la exposición de motivos
justifica la solicitud del Grupo proponente.
Es por ello, y porque en general no encontramos suficiente
justificación en el conjunto de críticas que ha vertido el
señor Alcaraz, pero tampoco encontramos justificación en la
propia gestión del señor García Candau, por lo que no vamos a
poder apoyar la proposición no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arenas.
El señor ARENAS BOCANEGRA; Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, haré una intervención breve que pretende ser
clarificadora de la posición del Grupo Parlamentario Popular
y, desde luego, tengan sus señorías la garantía de que es una
intervención en la que no se pretende ni siquiera intentar
superar otras, porque la verdad es que esta Cámara en este
debate ha oído algunas que son absolutamente insuperables en
la forma, insuperables en el fondo y, sobre todo, ponen de
manifiesto una habilidosa estrategia en la búsqueda de apoyos
parlamentarios. Porque, sinceramente, es digno de elogio venir
a esta Cámara a pedir a los Grupos su apoyo parlamentario y no
terminar la intervención sin referirse o insultar a los Grupos
parlamentarios.
Es un mérito que hay que destacar en este debate, que me
parece muy notable. Si eso también significa una estrategia
electoral, plantea un buen futuro a quien la representa.
Señorías, nosotros, pese a esa habilidad en la búsqueda de
apoyo, sí vamos a votar la proposición no de ley de Izquierda
Unida. Y la vamos a apoyar porque nuestro Grupo parlamentario
ha leído el texto de la proposición de Izquierda Unida. Si
hubiéramos oído la intervención más que leído el texto,
tendríamos dudas. Pero ante la duda hemos dicho: oímos poco la
intervención y volvemos a leer el texto. La verdad es que con
el texto estamos absolutamente de acuerdo.
Hay una primera cuestión clara: si el impulso democrático que
ha planteado Felipe González en la Cámara fuera verdad, este
debate no se estaría produciendo hoy y no se pediría el cese
del señor García Candau.
En segundo lugar, si el Partido Socialista, el Grupo
parlamentario y el Gobierno dejaran de comportarse en
Televisión Española como si tuvieran mayoría absoluta --que ya
no la tienen a partir del 6 de junio--, tampoco se celebraría
el debate esta tarde en la Cámara. En tercer lugar, señorías,
si no se hubiera nombrado ilegalmente al señor García Candau
sin previamente renovar el Consejo de Administración, tampoco
hoy estaríamos en el debate en la Cámara.
Y digo ilegalmente porque en términos jurídicos y en términos
políticos es inaceptable renovar al señor García Candau con un
Consejo de Administración que refleja la voluntad de los
españoles del año 1989 y no la voluntad de los españoles del 6
de junio de 1993. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Si se
dieran esas circunstancias no estaríamos esta tarde ante este
debate. Un debate que tiene contenido económico, que tiene
contenido político y que tiene contenido jurídico. Señorías,
en el texto de Izquierda Unida --enhorabuena a quien lo ha
redactado-- hay verdades irrefutables. No, una persona que ha
hecho así (golpeándose el pecho) es imposible que lo haya
redactado, imposible.
La primera de ellas, que hay un deterioro en la programación
de Radiotelevisión Española; sin duda. Que se está haciendo
competencia desleal a las privadas y que Radiotelevisión
Española no tiene programación de servicio público, sino
programación comercial compitiendo con la privada. ¡Impecable,
señorías! Segunda, desequilibrios financieros. En este
momento, y lo sabe mucho mejor que yo el antiguo Ministro de
Economía y Hacienda don Carlos Solchaga --está usted mucho más
tranquilo con mi alusión que con otras--, Radiotelevisión
Española, si no se hace nada, en 1996 habrá costado más de
medio billón de pesetas. Y me extraña que algunos Grupos, que
tanto saben de finanzas, no tengan en cuenta esta cuestión. Se
podrá discutir su capacidad en otras materias, pero en
economía y finanzas en esta Cámara realmente hay un nivel
altísimo. Medio billón de pesetas. ¿De qué forma y de qué
manera? Los impuestos de los españoles. Señorías, esta Cámara
ha tenido que convalidar un Decreto-ley por el que se
autorizaban a Radiotelevisión Española, entre deuda y
subvención directa, más de 120.000 millones. Y dice un
diputado que conoce esta materia que no ha costado un duro
Radiotelevisión Española, cuando en el mes de julio en esta
Cámara se autorizan más de 120.000 millones. ¡Y dice que
conoce la materia y que no se ha dado una peseta a
Radiotelevisión Española! ¡Ni una peseta! En tercer lugar,
señorías, es la primera vez en una campaña electoral, con
directores generales de gobiernos de UCD y socialistas, en
donde la Junta Electoral Central ha tenido que enmendar la
plana a los informativos de Radiotelevisión Española por no
ser un ente al servicio de la sociedad, sino un ente al
servicio de un partido y del actual Gobierno. Ha sido la Junta
Electoral Central quien lo ha hecho. Irrefutable.
Es la primera vez que los trabajadores de Radiotelevisión
Española, con pluralismo sindical --UGT, Comisiones Obreras y
APLI--, por unanimidad piden la destitución del actual
director general del Ente Público. Los sindicatos, los
trabajadores que defienden su puesto de trabajo y que
defienden la continuidad de la empresa. Señorías, tenemos que
decir que hoy se pregunta en la calle y no se considera a
Radiotelevisión
Española una televisión plural al servicio de la sociedad. ¿Y
cuál es la reacción del Gobierno, señor Solchaga? Confirmar a
todos los directivos de Radiotelevisión Española. Y, señorías,
se oyen maravillas para justificar lo injustificable.
En una intervención se ha dicho que la culpa no es del señor
García Candau, es de los bancos del Gobierno. Si el Gobierno
es quien nombra a García Candau. ¿O es que le nombra el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Popular? El Gobierno
nombra al señor García Candau. Sí, y les digo la verdad. Es
bueno que en la tribuna se clarifiquen las cosas.
Ustedes van a apoyar al Gobierno y al PSOE en Radiotelevisión
Española mientras no les toquen Euskal Telebista y TV3, y esa
es la verdad. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Sí,
sí, y es bueno que esto se clarifique en la Cámara. Y ha dicho
don Carlos Solchaga --efectivamente, eso era verdad-- en un
desayuno: Estamos dispuestos a hablar de la reforma del
Estatuto.
Totalmente de acuerdo. Estamos dispuestos a abordar un modelo,
un pacto de Estado sobre la televisión pública, que también
afecta a las autonómicas --ha dicho don Carlos--. Estamos
totalmente de acuerdo. Pero, señor Solchaga, ese pacto y ese
acuerdo debe ser con toda lealtad. No es una conducta leal en
términos políticos nombrar al señor García Candau sin renovar
el Consejo de
Administración, abusando de una presunta mayoría absoluta que
no se tiene, y al día siguiente plantear una negociación. Eso
no es una conducta leal. ¿O es que cuando usted ha dicho eso
también está reconociendo que podemos hablar del nombramiento
del director general? Yo les digo desde este Grupo
parlamentario que en todas las televisiones autonómicas --
incluida por supuesto la gallega; lo digo antes de que se me
diga después-- estamos dispuestos a que se profesionalice la
gestión, a dar competencias a los consejos de administración
como si fueran sociedades anónimas privadas. También se ha
dicho en esta tribuna que el Consejo de Administración tenía
la culpa. Si no tenía
competencias. ¿Qué culpa? Si hay administradores únicos:
Televisión Española, S.A., administrador único; Radio Nacional
de España, administrador único. ¿Qué responsabilidad es la del
Consejo de Administración? Decía profesionalización,
competencias a los consejos de administración, y en todas las
televisiones autonómicas públicas, y en la televisión pública
del Estado señor Solchaga, un director general profesional
elegido en un consejo de administración profesional. Caminemos
en ese tema. ¿Podemos intentar que la radiotelevisión pública
deje de ser objeto de debate político permanente? Aquí tienen
la voluntad del Grupo parlamentario Popular, pero, jugando
limpio, jugando lealmente y diciendo si en esa negociación de
un estatuto trasnochado (y lo peor no es que sea antiguo, lo
peor es que no se ha cumplido en ningún momento el Estatuto de
Radiotelevisión Española, que coincido en que tenemos que
cambiarlo) tenemos abierto el nombramiento de equipo directivo
y el director general
profesional o seguimos nombrando a un político que responde a
las órdenes del partido que gobierna en la comunidad autónoma
o a nivel del Estado. ¿Esa es la filosofía? Nosotros estamos
abiertos a ese diálogo, como le decía, con absoluta lealtad y
poniéndolo todo encima de la mesa, porque creemos que la
sociedad española no va a soportar en tiempos de crisis, en
tiempos de , en tiempos de congelación del poder adquisitivo
de las pensiones, en tiempos de recortes de los subsidios de
desempleo, programaciones comerciales desde las televisiones
públicas que en este momento hayan consolidado en más de medio
billón de pesetas el déficit; un déficit que, se vea como se
vea, al final se paga con los impuestos y del bolsillo de los
españoles, en el País Vasco, en Cataluña y en toda España, sin
ningún tipo de dudas.
Mi Grupo parlamentario, aunque le pese al Grupo proponente, va
a votar afirmativamente su proposición por nuestra lectura y
por haber dejado los pabellones auditivos a menor nivel que la
lectura.
Les felicitamos porque nos parece que es un acierto pleno en
este momento proponer la destitución; nos parece un acierto
pleno el nombramiento de un director general profesional e
independiente. Votaremos a favor de todo lo que sea sacar la
radiotelevisión pública de la esfera de un partido, de un
gobierno y ponerla al servicio de la sociedad, pese a que se
nos haga todos los esfuerzos y las invitaciones para que
nuestra posición sea la contraria.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
No creo sorprender a ninguna de SS.SS. si les digo que subo a
la tribuna para anunciar que el Grupo Socialista va a votar en
contra de la proposición no de ley. (Rumores.--Un señor
Diputado: ¡Ya lo esperábamos!)
Es cierto que yo había pensado contestar en mi intervención a
las razones que se esgrimen en la exposición de motivos de la
propia proposición no de ley, pero el proponente no ha hecho
mención en absoluto a nada de ello, y por simple educación
parlamentaria voy a intentar contestarle a las cosas que ha
dicho. Es posible que no le conteste a todas, porque entre el
placer de escucharle seguramente alguna se me ha olvidado. En
cualquier caso, si tiene alguna duda, no tengo ni el más
mínimo rubor en hablar con usted posteriormente y aclararle
cualquier cosa.
Es cierto, como alguien ha dicho, que hemos estado buscando
apoyos.
Cada uno se busca los apoyos que se merece. Los suyos y los
suyos ya los conocemos. (Señalando a los grupos Popular y de
Izquierda Unida.) Es habitual que los extremos se toquen y que
la derecha e Izquierda Unida, como desde hace mucho tiempo en
este Parlamento, se apoyen mutuamente. (Rumores.) Como digo,
cada uno tiene los apoyos que se merece.
Podría en mi intervención contestar al señor Arenas, pero creo
que por educación parlamentaria debería contestar al
proponente, porque contestar al señor Arenas es lo que alguien
decía de que el esfuerzo inútil produce o lleva a la
melancolía. De los temas planteados por el señor Arenas hemos
discutido no sé si decir decenas, centenares o miles de veces,
pero es exactamente igual. Ya puede usted decir lo que quiera,
que el señor Arenas sigue contestando exactamente lo mismo. Es
inútil que todo el mundo sepa, que al menos todo el que quiera
saberlo sepa que Televisión Española no ha recibido subvención
desde el año 1982. El señor Arenas seguirá diciendo que
Televisión Española se sufraga con los impuestos de los
ciudadanos. Es inútil, lo diga quien lo diga. (Rumores.) El
señor portavoz del Grupo Popular, el señor portavoz de la
derecha seguirá repitiendo exactamente, lo mismo, y se lo
oirán ustedes decir dentro de poco y dentro de varios meses.
Es exactamente igual que la realidad le contradiga
permanentemente.
¡Pero qué importa la realidad si a la derecha le interesa
decir otra cosa!
Por tanto, creo que no merece la pena contestar al portavoz de
la derecha y contestaré, en la medida de lo posible,
brevemente, a lo que ha dicho el señor de Izquierda Unida, que
ha empezado dando consejos a todos los grupos parlamentarios.
Yo le agradezco que no nos haya aconsejado al Grupo
Socialista, no vaya a ser que nos hubiese hecho cambiar de
opinión. Afortunadamente a nosotros no nos ha aconsejado y ha
aconsejado un poco a todo el mundo. Creo que Televisión
Española, haga lo que haga, va a recibir la crítica en algunas
cosas de usted y en todas de la derecha; haga lo que haga. Si
en Televisión Española tiene éxito un programa y su
presentador o el creador de la idea pide unas condiciones y
Televisión Española considera que no puede ceder o que no
puede pagar esas pretensiones y se va a la privada, la
televisión pública española es la culpable por dejarse marchar
a los mejores profesionales. Si Televisión Española, en ese
mismo problema, decide que merece la pena hacer el esfuerzo y
que ese programa se mantenga en la televisión pública
española, ustedes son los primeros que la critican por pagar
no sé qué tipo de gastos o llegar a no sé qué tipos de
contratos. Es mucho más grave, muchísimo más grave para la
televisión pública que personas que trabajan en ella, y cuyo
principal interés es mantener y defender los intereses de la
misma y sus propios intereses como
trabajadores, saquen a la luz pública datos reservados de la
empresa que a la única que benefician es a la competencia. Eso
es lo más grave de todo este asunto. (Un señor Diputado: ¡Muy
bien!) Ustedes hablan de que el Director General intenta
desmontar la televisión pública. Lo llevan diciendo ustedes o
su entorno, no lo sé, pero al menos desde que yo tengo
responsabilidades sobre televisión en el Grupo Parlamentario.
Desde el año 1986, en que pertenezco a la Comisión y desde
1989, en que soy coordinador, prácticamente cada semana he
oído lo mismo. Con cada cambio de programa, con cada decisión
que se toma por la dirección de Televisión, para ustedes o
para su entorno se está desmontando la televisión pública. Ha
dado un par de ejemplos. Quizá a mí se me ha escapado alguno,
pero uno de ellos habla de que se ha cambiado el horario de un
programa. ¿Se está desmontando la television pública porque se
dé los domingos en lugar del sábado? No hablo de la perla de
que El Cairo esté en el Magreb. Quizá es que mis conocimientos
geográficos no llegan a tanto, pero el cierre de una emisora
en El Cairo tampoco creo que suponga el
desmantelamiento de una televisión pública. Nos ha dicho que
por razones antiestéticas. Hasta eso no llegan mis
conocimientos; prefiero no entrar en el tema. Nos ha dicho,
sin dar ningún argumento, que Televisión Española es la menos
pública y la menos democrática. Yo sí le puedo garantizar que
es la televisión de todo el mundo con más controles
democráticos. (Grandes rumores.--Un señor Diputado de los
bancos socialistas: Sí.) Yo comprendo que ustedes no lo
entiendan porque sus conocimientos de
democracia todavía quizá sean escasos. (Rumores en los bancos
del Grupo Popular.--Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.) En cualquier caso, yo creo que lo que hay que
hacer es lo que ha dicho un portavoz anterior: Hay que
modificar el Estatuto. Debemos llegar a acuerdos para
modificar el Estatuto. Una vez modificado el Estatuto habrá
que elegir el Consejo de
Administración en función de ese Estatuto y el Director
General en función de ese Estatuto.
En este caso y en esta situación lo que ha pasado es al revés
de lo que yo creía que era lógico y que pasaba anteriormente,
que un sindicato era la correa de transmisión de un partido.
En este caso ustedes son la correa de transmisión de
Comisiones Obreras en Televisión.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Alcaraz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz no hay turno en este
debate. (El señor Arenas pide la palabra.)
Señorías, bastantes de ustedes llevan años en este hemiciclo y
saben cómo se desarrolla el procedimiento de las proposiciones
no de Ley. No hay enmiendas; no hay, por tanto, turno de
aceptación o rechazo de las enmiendas que da lugar a algunas
intervenciones que desbordan
el contenido de esa intervención. Es inevitable que en el
curso de ese tipo de debates se produzcan posiciones
contrarias a la proposición no de Ley y es evitable --en este
caso no se ha evitado-- que se produzca un debate cruzado como
yo no lo recuerdo en este tipo de intervenciones. (El señor
Arenas pide la palabra.)
Un turno por grupo o dos o tres turnos por grupo. Un turno por
grupo y vamos a votar.
Tiene la palabra el señor Arenas.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, he sido aludido
en ocho ocasiones, se han hecho imputaciones y no soy el
proponente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Todos los portavoces que han intervenido se han referido a las
intervenciones de los demás y han aludido, nombrado y
mencionado a los demás, incluido su señoría.
El señor ARENAS BOCANEGRA: No, no. Al señor Solchaga. Pide la
palabra. Señor Presidente, he aludido conscientemente al señor
Solchaga.
El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, su señoría ha aludido al
señor Solchaga; ha aludido a los portavoces de los grupos
Catalán, Vasco y de Izquierda Unida.
El señor ARENAS BOCANEGRA: No, no. (Grandes rumores en los
bancos del Grupo Popular.--La señora Martínez Saiz: Al señor
Solchaga le ha dado la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, no tiene la palabra. Vamos
a votar. (Grandes rumores en los bancos del Grupo Popular.)
El señor ARENAS BOCANEGRA: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 143; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA FISCAL Y
FINANCIERA QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER EFECTIVOS
LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD EN LA
CESION DE TRAMOS DE IMPUESTOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
(Número de expediente 173/000004)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a
interpelación, sobre medidas de política fiscal y financiera
que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los
principios de corresponsabilidad y solidaridad en la cesión de
tramos de impuestos a las comunidades autónomas. En nombre del
Grupo proponente de la moción tiene la palabra el señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señorías, esta moción
es de aquellos textos parlamentarios que, independientemente
del resultado de la votación, contiene algunos elementos que
en muy pocos meses vamos a recuperar en nuestro trabajo. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la presidencia.)
En el primer punto de la moción se plantea una cuestión de
método sobre cómo enfocar un tema tan importante como la
financiación autonómica. En el año 1992 se acordaron una serie
de previsiones que fueron incumplidas de forma flagrante por
parte del Gobierno del PSOE; en el año 1993, con prisas y
precipitaciones, se pretende ir a la aprobación de algo tan
importante como es un principio de corresponsabilidad fiscal y
la financiación
autonómica. A nuestro entender, este primer punto es necesario
no tanto como para poner una alternativa al Consejo de
Política Fiscal y Financiera, sino como para hacer frente a la
opacidad y al partidismo con el cual se ha tratado esta
cuestión. Parece elemental que las Cortes, que los grupos
parlamentarios deberían haber dispuesto, desde el primer
momento, de información cumplida y haber realizado una
negociación exhaustiva y en profundidad de un tema de tal
calibre. Quiero citar, como una anécdota que refuerza la
argumentación del primer punto, que en el debate con el señor
Ministro, cuando la interpelación, algún miembro de esta
Cámara, que pertenece a una formación política que gobierna la
Comunidad Autónoma y muy próximo al mismo Gobierno, me pedía
la documentación última sobre la que se estaba trabajando para
determinar la fórmula de financiación.
En el segundo punto entramos en los criterios para la fórmula.
Son los criterios que se discutieron y aprobaron en el año
1992; no los hemos inventado nosotros. Son los criterios que
se contienen en el voto particular de alguna comunidad
autónoma, y en concreto del representante de la Generalitat de
Cataluña, para condicionar su aprobación definitiva a lo que
está en curso
de negociación ahora. Lo recuerdo por si algunos, como parece,
lo han olvidado. Son criterios de autonomía y de eficiencia a
través del incremento de recursos, de la aproximación de
recursos, con una pregunta elemental que se debería hacer más
a menudo en esta Cámara: ¿Es insolidario o es erróneo pedir
más dinero por habitante para las competencias de sanidad en
Andalucía o de enseñanza en Cataluña, en comparación con lo
que hoy disfrutan el País Vasco o Navarra? ¿Por qué las
diferencias van de una a dos? Se está negociando en estos
momentos una fórmula que, a pesar de lo que se acordó y se
votó el año 1992 y a pesar de las declaraciones, no aproxima a
las comunidades autónomas ni incrementa su autogobierno.
Criterios de corresponsabilidad fiscal. La máxima que defiende
hoy por hoy la fórmula propuesta por el Gobierno es que en los
impresos de declaraciones sobre el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas se deje claro que serán dos
administraciones las que disfrutarán de aquella recaudación.
Hablamos de una Agencia Estatal Tributaria auténticamente
autonómica a partir de su concreción integral paritaria
descentralizada y una posibilidad de capacidad normativa que
el Ministro en su primera intervención negaba y en la segunda
decía que ellos también la habían
contemplado, y de un principio de revisión de la fórmula
ceñido al año 1996, lejos de cambalaches, de partidismos y de
urgencias por los presupuestos de este año; o sea, una
revisión al
finalizar el quinquenio para el cual se ha articulado la
fórmula de financiación autonómica. Hasta aquí los principios
que deberían estar contenidos en la misma.
Sepan SS.SS. que hoy el tema está reducido, pura y
simplemente, a una discusión sobre una cantidad. El Gobierno
habla de una cantidad de 2.500 millones; los representantes de
Convergència i Unió hablan de 15.000 millones. No estamos ya
discutiendo topes ni revisiones, ni, mucho menos, los
criterios que con más profundidad serían los demostrativos de
un avance hacia la corresponsabilidad fiscal. A igual que en
el año 1986 hemos ido a parar, pura y simplemente, a una
discusión sobre cantidades. ¡Qué triste, qué erróneo enfoque
se da a un tema tan importante como la financiación
autonómica, por más Consejo de Política Fiscal y Financiera
que ustedes quieran citar, por más soberanía de esta Cámara!
Están, pura y simplemente, jugando en torno a los presupuestos
del Estado de 1994, a los 176 votos, sólo que por diferencias
del orden de los 12.500 millones de pesetas sobre la
financiación autonómica.
Hemos añadido dos puntos que salieron en la discusión de la
interpelación, como son la solidaridad territorial y el poder
local. No corresponde a la fórmula de financiación solventar
el problema de la solidaridad territorial. Corresponde a esta
Cámara y al Gobierno impulsar en paralelo incrementos de
mecanismos como el Fondo de Compensación Interterritorial o el
Fondo de
Nivelación de Servicios, y corresponde a esta Cámara hablar y
decidir sobre la financiación también del poder local.
El señor Solbes nos decía que se sorprendía de que nuestro
Grupo fuese partidario de incrementar los ingresos tributarios
para las autonomías y de disminuirlos para el poder local. El
señor Solbes no ignora, aunque en su argumentación lo parecía,
que en Europa el poder local básicamente se financia de
transferencias y que los Estados auténticamente
descentralizados o federalizados financian los autogobiernos
correspondientes con ingresos tributarios. En España, la tan
moderna España, pasa absolutamente al revés. Las autonomías
que más ingresos tributarios disfrutan no llegan al 20 por
ciento (en los Estados federales es del setenta y pico por
ciento de sus ingresos) y en cambio los poderes locales, como
ya dijimos en otras ocasiones y como se queja todo el abanico
de fuerzas políticas cuando tiene
responsabilidades locales, están en el mascarón de proa del
esfuerzo recaudatorio, con impuestos tan desiguales y tan
injustos para la responsabilidad local como el IAE o el IBI.
Este es un tema tan importante que a mí incluso se me suben
los colores a la cara al citarlo en esta Cámara, porque,
siendo el PSOE un partido que ocupa un gran número de
ayuntamientos, sea precisamente el mayor incumplidor y con
mayor desfachatez de algo tan elemental como transferir
recursos públicos a quienes están dando servicios más
elementales y más próximos a la ciudadanía. Por ello decía que
esta moción, independientemente de su suerte parlamentaria que
podemos imaginar, contiene elementos que para unos y para
otros --y no nos quejemos el año 1996-- van a estar otra vez
encima de la mesa cuando ustedes quieran hablar en serio de
financiación autonómica.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Mixto tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Partido
Aragonés, para fijar la posición de nuestro Grupo ante la
moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya sobre la política fiscal y financiera en
relación con las comunidades autónomas. A nosotros nos parece
que los términos en que está planteada la moción son
correctos, y por tanto ya anticipo que vamos a apoyarla con
nuestro voto, aunque los consideramos insuficientes.
Posiblemente el Grupo proponente lo que ha querido es traer
aquí a debate una cuestión amplia, compleja y difícil que rara
vez viene a esta Cámara y que quizá ahora la coyuntura la ha
puesto de actualidad.
Para nosotros es lamentable que se haya tardado tanto tiempo
en abordar el problema básico de la financiación de las
comunidades autónomas, aunque desde luego a nuestro partido
político no le extraña, dada la poca convicción que el
Gobierno socialista tiene en el desarrollo del Estado de las
autonomías, y sea precisamente en este momento no la
importancia del tema sino la necesidad parlamentaria la que
haya puesto de moda la cuestión de la corresponsabilidad
fiscal, la cesión del 15 por ciento del IRPF, que al parecer
ya era una promesa incumplida de la legislatura pasada, y, en
definitiva, dígamoslo claro, el pago de unos cuantos miles de
millones para encontrar apoyos parlamentarios que parece que
se necesitan. Porque no ha habido debate,
señorías. Por eso creo que el punto primero de esta moción es
muy razonable y que todos deberíamos estar de acuerdo con él:
propiciar y promover un proceso de debate y de negociación en
las Cortes, con participación de todos los grupos
parlamentarios, claro que sí. No debates que se hagan fuera de
las Cortes Generales y donde a lo mejor no son los intereses
generales los que se tienen en cuenta.
Desde el Partido Aragonés siempre hemos defendido que no hay
verdadera autonomía si no hay economía. Eso está claro. De
nada sirven las competencias si no se pueden ejercer
razonablemente, y a poder ser mejor que las está ejerciendo el
Gobierno central, por falta de recursos económicos. Quizá
también sea ésta una buena estrategia para desprestigiar el
sistema autonómico. Desde el Gobierno central se dice a las
autonomías: Cedámosles
competencias, que sean los ciudadanos los que reclamen al
Gobierno autónomo un mejor servicio y no le damos los recursos
económicos, con lo cual los ciudadanos, cansados de recibir un
mal servicio, peor que el que les da la Administración
central, acaban diciendo: ; y acaban añorando el centralismo,
que es lo que parece ser que algunos grupos políticos de esta
Cámara más defienden.
La situación actual es disparatada e injusta. No parte de la
igualdad de los derechos de los ciudadanos, ya que estos
derechos no son iguales para todos en función de la comunidad
autónoma en la que viven, ya que no todas las comunidades
autónomas tienen el mismo régimen fiscal y financiero y, por
tanto, los mismos recursos económicos para poder resolver sus
problemas. Por eso nos parece muy interesante abordar este
debate, pero abordarlo en profundidad, no hacer de él una
política de parcheo, de
circunstancias para salir del paso y, a lo mejor, sólo para
aprobar los Presupuestos Generales de 1994.
Ya comprendemos que el tema es complejo y difícil, sobre todo
a la hora de abordarlo, porque en definitiva se trata de
repartir mejor los escasos recursos. Y abordarlo en un momento
de crisis económica generalizada es posible que no sea el
momento más oportuno, pero es posible que no haya habido otro
momento más oportuno para el Gobierno socialista. Porque
tiempo ya ha tenido, oportunidades ya ha tenido, peticiones ya
ha tenido, pero solamente ahora y de manera muy marginal
parece que le interesa el asunto. Nosotros creemos que es el
momento de abordar, por supuesto, el desarrollo del sistema
autonómico y del sistema competencial, porque todo ello va
ligado también a la
financiación. Con una mala distribución competencial, como la
que tenemos ahora, duplicada en servicios y, por tanto, en
costos, no se hace más que encarecer todo el proceso,
complicar las cosas y dar un mal servicio a los ciudadanos. En
este Estado autonómico, señorías, es todavía excesivo el
presupuesto que se decide desde el Gobierno central en
perjuicio de las comunidades autónomas y de los entes locales.
Por tanto, me parece muy oportuno, como digo, el planteamiento
que se hace. Yo espero que, pasadas las necesidades del debate
presupuestario y arreglado lo del 15 por ciento o lo que
resulte al final, abordemos en esta Cámara este debate con
profundidad, con tranquilidad, con serenidad y sin las
premuras de una votación subsiguiente, porque me parece que el
asunto vale la pena si de verdad queremos que el Estado
autonómico cumpla su misión, y si de verdad creemos en la
España de las autonomías.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, intervendré muy
brevemente para fijar nuestra posición favorable a la moción
que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Creo
que en esta situación de conflicto, de tensión y, al menos
provisionalmente, de bloqueo, que se ha producido con el
debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la
cesión del 15 por ciento del IRPF, la propuesta que presenta
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ofrece una serie de
sugerencias, de iniciativas que serían muy positivas si se
tomasen en cuenta, en consideración, sin actitudes
partidistas, en orden a que el avance en el principio de
corresponsabilidad fiscal, sin duda necesario, vaya compensado
y unido a propuestas que garanticen la neutralidad, el
equilibrio territorial y la solidaridad en el reparto de los
fondos.
Por ello yo creo que la propuesta de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, absolutamente positiva, ofrece una
serie de ideas que nosotros consideramos muy positivas y
constructivas. Además, queremos agradecer a los compañeros de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que hayan recogida
algunas de las sugerencias que nosotros ofrecimos en el último
debate, en la presentación
de la interpelación, en lo que se refiere a los problemas del
Fondo de Nivelación de Servicios, a la valoración del número
de usuarios, los niveles de renta, la dispersión poblacional
y, concretamente, el principio de insularidad que está
recogido por la Constitución Española. Además, nos parece muy
interesante la propuesta de instar al Gobierno a la
reelaboración de una política sobre financiación de los
poderes locales, que es uno de los problemas fundamentales del
sistema democrático español en este momento y en el que, como
muy bien ha dicho el señor Ribó, están de acuerdo todas las
fuerzas políticas que se mueven en ese nivel.
Por todo ello, y repitiendo nuestro agradecimiento a estos
puntos recogidos por la moción, nosotros vamos a votar
favorablemente la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición
de nuestro Grupo Parlamentario respecto a la moción
consecuencia de interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Nuestro Grupo Parlamentario, tanto por razones de fondo como
por razones de oportunidad, va a votar en contra de esta
moción. Alguna de las razones ya las puse de manifiesto en
nuestro posicionamiento cuando se debatió la interpelación de
la que trae causa esta moción. Ya dimos las razones por las
que, visto el contenido de la moción, vamos a votar en contra,
y en particular y por razones de fondo respecto al punto
primero en el que se solicita que se promueva un proceso de
debate y de negociación en las Cortes con participación de
todos los grupos parlamentarios. Ya expuse el pasado miércoles
cómo nuestro Grupo cree que esto no debe ser así, el debate ni
tan siquiera está de acuerdo con la legislación al respecto,
ya que éste es un proceso que debe realizarse en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera y no son las Cortes Generales
quienes deben debatirlo. En ningún momento dije que no se
pueda debatir, como dijo algún otro Grupo
Parlamentario posteriormente; en ningún momento lo dije. Pero
es evidente que no son las Cortes Generales quienes deben
negociar, como solicita la moción que estamos debatiendo, la
forma de financiación de las comunidades autónomas. La Lofca
lo deja muy claro, es el Consejo de Política Fiscal y
Financiera quien debe hacerlo, es quien lo está realizando, y
pocos como nosotros hemos expresado nuestra opinión sobre la
lentitud con que esto se llevaba a cabo y sobre los
incumplimientos reiterados que han existido en este proceso de
negociación.
Por tanto, nos oponemos a ese punto primero y, en
consecuencia, nuestro voto será negativo al mismo. Nosotros
creemos que el debate debe ser en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Comprendemos las razones del Grupo
Parlamentario proponente a este primer punto, pero la ley es
la ley y el proceso ha sido así siempre, y no deja de ser
curioso que sea precisamente ahora, doce años después del
primero de los planteamientos, cuando se diga que no es el
lugar donde debe realizarse ese debate. Vamos a votar en
contra por razones de fondo respecto al punto cuarto. En dicho
punto cuarto se propone una financiación de los municipios, de
las haciendas locales con un reparto que yo creo que era un
en los últimos 70, cuando estábamos debatiendo aquí cómo se
tenían que financiar y repartir los recursos entre las
autonomías de reciente creación y los municipios, de 50, 25,
25, que era un deseo, pero que hoy está superado por la
realidad. Está superado por la realidad porque no debe ser
respecto a unas proporciones sino respecto a las competencias
concretas que cada una de las comunidades autónomas o de los
municipios detenten, y muy probablemente hoy es insuficiente
el 25 por ciento para las comunidades autónomas, y muy
probablemente hoy es muy
insuficiente el 8 por ciento que, creo, tienen las haciendas
locales. Muchos Diputados en esta misma Cámara y algunos de
los presentes en otro foro parlamentario me han oído decir
hasta qué punto reconocemos --es mi opinión, es la opinión de
nuestro Grupo Parlamentario-- la insuficiencia de las
haciendas locales para hacer frente a los servicios que tienen
la obligación de dar a los ciudadanos, pero soy absolutamente
incapaz de decir si esos recursos han de ser del 25 por
ciento. Hoy en día deberíamos ser capaces de provocar una
discusión respecto a la financiación necesaria para hacer
frente a los servicios que tienen, como competencia, que dar
las autonomías y las haciendas locales a los ciudadanos.
Saldrá el porcentaje que sea, seguro superior del que hoy
disponen. Nos parece, insisto, un planteamiento, quizá,
correcto en los últimos años de la década de los setenta o
primeros de la de los ochenta, pero creemos que superado por
la realidad en el momento actual.
Igualmente, por razones de oportunidad vamos a votar en contra
de los otros puntos de la moción. Los cinco apartados del
punto 2 y el punto 3 no son más que la repetición de los
principios que están establecidos en las leyes que regulan la
forma de
financiación de las comunidades autónomas. Todos ellos están
contenidos en la Lofca y todos ellos forman parte de los
criterios con los que está siendo discutido en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera el sistema de financiación.
No nos parece el momento oportuno para reiterar una cosa que
dicen las leyes desde hace tiempo, cuando, como
han reconocido todos los grupos parlamentarios, desde el 1 de
enero de 1992 está pendiente la decisión de ese Consejo
respecto a la corresponsabilidad fiscal y a la posibilidad de
la
financiación a través de la participación en la cuota del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por parte de las
comunidades autónomas.
Por tanto, por razones de fondo y por razones de oportunidad,
nuestro Grupo Parlamentario no puede hacer más que oponerse a
la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores
Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el pasado miércoles, en el debate de la
interpelación de la que trae su origen la moción que hoy se va
a someter a votación y que ha defendido el señor Ribó,
manifestamos nuestro criterio sobre algunos de los
planteamientos --aunque no sobre todos-- realizados en aquella
oportunidad por el señor Ribó. En aquel momento preferimos
centrar nuestra atención en los asuntos que nos parecían más
urgentes, bien por estar planteados en el debate político
actual o bien por tratarse de temas que figuraban como
pendientes tras la última reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera del 20 de enero de 1992. Por eso, nuestra
atención se centró en el debate sobre la posible
participación de las comunidades autónomas en la recaudación
del IRPF, en el procedimiento que el Gobierno estaba
utilizando para llevarla a buen término (que en realidad era
un procedimiento para llevarla a mal término, como se demostró
en la reunión del último jueves), así como en la nivelación de
los servicios mínimos a que se refiere el artículo 15 de la
Lofca y a la financiación de la sanidad.
No prestamos especial atención a otros planteamientos que, sin
duda, son importantes, porque llegan incluso a proponer, como
aquí se ha visto hoy, una revisión prácticamente global del
sistema de financiación, pero que precisamente por la
importancia de esos planteamientos, estimamos que no se pueden
abordar de un día para otro. Si nosotros estábamos diciendo el
pasado miércoles que era muy precipitado --vuelvo a insistir--
como así quedó demostrado, el pretender aprobar ya la
participación en el IRPF, mucho más precipitado nos parece (lo
cual no implica, dicho sea de paso, juicio alguno sobre su
importancia) el proponer un cambio que no sé si es radical
pero sí, al menos, muy importante, en un modelo de
financiación que al fin y a la postre está en vigor hasta el
31 de diciembre de 1996. Lógicamente, este argumento que hemos
utilizado con ocasión del debate de la interpelación va a
condicionar, como creo que es lógico nuestra posición ante
esta moción.
Hoy existe, es un hecho cierto, un modelo de financiación de
las comunidades autónomas pactado y con vigencia para los años
1992-1996, con sus virtudes, que las tiene, y con sus
defectos, que también los tiene, pero existe y recibió el
apoyo el 20 de enero de 1992 de la práctica totalidad de las
comunidades autónomas --la única excepción, y por razones muy
específicas de aquella Comunidad, fue la de Canarias-- y el
apoyo también muy mayoritario en esta Cámara, desde luego, el
del Grupo Popular. En suma, a fecha de hoy tenemos un modelo
aceptado, lo cual es muy importante en este tipo de temas. No
parece oportuno al Grupo Popular, cuando aún restan más de
tres años de vigencia del mismo, abrir un debate de totalidad
sobre el modelo, que es lo que pretende la moción que hoy
estamos debatiendo y que acaba de presentar el señor Ribó.
Lo que sí le parece procedente al Grupo Popular, antes de
plantearse esa revisión total del sistema, es dar cumplimiento
a las previsiones que se hacían en el acuerdo 1992-1996. Dicho
de otra forma, lo que sí nos parece procedente es concretar en
qué consiste la responsabilidad fiscal, cosa que, como es
sabido, el Gobierno no ha sido capaz de hacer, o no lo ha
querido, a lo largo de este último año y medio.
Curiosamente y de una manera atropellada, como también es
conocido por los miembros de la Cámara, se ha pretendido por
parte del Gobierno, por las razones que todos conocemos y que
por tanto no voy a reiterar, aprobar esto el pasado jueves.
Como ya se había advertido aquí el pasado miércoles, no fue
posible aprobar el pasado jueves la fórmula de cesión o la
fórmula de establecer la participación de las comunidades en
el IRPF. Hoy, dando la razón al planteamiento que aquí se
sostuvo el pasado miércoles, el Gobierno ha presentado un
nueva fórmula, distinta de las anteriores, para hacer efectiva
la participación en el IRPF.
En cualquier caso, nos parece importante que se concrete en
qué consiste esa corresponsabilidad fiscal, como también nos
parece importante que el Gobierno concrete --y vuelvo a
utilizar datos ya conocidos por todos los presentes-- cómo va
a aplicar el artículo 15 de la Lofca. También llevamos un año
y medio
esperando una oferta o un planteamiento sensato por parte del
Gobierno, que asimismo debe concretar algunos puntos
pendientes sobre la financiación de la sanidad.
Hay que reconocer que todos estos temas a los que acabo de
hacer referencia están recogidos, o al menos apuntados, en la
moción que hoy presenta Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Por tanto, nosotros daríamos si fuera posible, que
no lo es, nuestro voto favorable a estos aspectos concretos y
determinados de la moción, pero, como ya antes señalé, hay
otros puntos de la misma que suponen un auténtico debate de
totalidad
sobre el modelo de financiación actualmente vigente y no nos
parece, hoy por hoy, oportuno proceder a entrar en el debate
de los mismos.
En cualquier caso, hay algunas razones de fondo en el
planteamiento del señor Ribó que nos impiden dar el voto
afirmativo. Voy a intentar razonarlas con brevedad.
No me parece muy lógico plantear en este momento la petición -
-y leo el texto de la moción-- de un incremento global de los
recursos para las comunidades autónomas, con especial
desarrollo de los provenientes de los ingresos tributarios. No
me parece muy lógico porque siendo las cifras del déficit de
la Administración central del Estado las que todos conocemos,
no parece muy razonable promover ahora un aumento en los
recursos de las comunidades autónomas porque eso, sin duda de
ningún tipo, debería hacerse a costa de lo que son los
recursos que en este momento está utilizando la Administración
central del Estado, salvo que se pretendiera --cosa que
tampoco parece lógica-- una nueva subida de la carga
impositiva que soportan todos los españoles.
Desde otro punto de vista, tampoco parece muy fundamentada la
petición sin más de un incremento global de los recursos. Esto
dependerá, como muy bien ha dicho el señor Molins, o al menos
así he creído entenderle, de las competencias que asuman las
comunidades autónomas y del coste de la prestación de los
servicios, pero aumentarlos sin más, en base a razones de que
hay que descentralizar, etcétera, y sin un estudio previo del
coste de los servicios, no parece excesivamente lógico ni
sensato en este momento. Hay, vuelvo a insistir, un modelo
pactado para los años 1992-1996 que garantiza al menos una
financiación razonable para las comunidades autónomas, porque
de no ser así no hubiera recibido el apoyo unánime de las
mismas.
En cuanto a la petición de incremento de los recursos
provenientes de los ingresos tributarios, es sin duda una
petición muy interesante, pero no creo que podamos resolverla
en un debate en las Cortes Generales, máxime cuando la
práctica está demostrando --y me remito a lo que está
sucediendo en estos días en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera-- que no es fácil tratar este tema, y mucho menos
llegar a una solución, y
solamente estamos planteando ahora una participación mínima en
el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
La segunda petición a la que quiero hacer referencia y cuyo
fondo tampoco compartimos, es la de aproximación de recursos
por habitante entre comunidades autónomas con las mismas
competencias, tanto del régimen común como foral. Este tampoco
es un asunto menor que vaya a merecer sin más el apoyo de mi
Grupo Parlamentario sin un debate serio.
Yo creo que un sistema de financiación justo no es
necesariamente aquel que para fijar los recursos tiene en
cuenta única y exclusivamente el criterio del número de
habitantes que viven en una determinada comunidad autónoma. Yo
creo que hay que ponderar también otros factores que quizá nos
aproximen más a
planteamientos más justos, por ejemplo, la dispersión de la
población, los usuarios de los servicios, el coste de esos
mismos servicios, la insularidad, los niveles de renta, la
aglomeración de la población, etcétera. En cualquier caso,
considero interesante la observación y el planteamiento que hace el
señor Ribó en el sentido de que, quizá, sean exageradas las
diferencias entre las comunidades autónomas de régimen foral y
las comunidades autónomas del artículo 143 o del artículo 151. En
cuanto a la tercera de sus peticiones, la participación de las
comunidades autónomas en una agencia estatal tributaria
integrada, paritaria y descentralizada, no es un planteamiento
que mi Grupo pueda rechazar de una manera radical. En
cualquier caso, es un asunto que se está tratando en estos
días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en
principio, no hay una oposición frontal por parte del Grupo
Parlamentario Popular al planteamiento que hace el Grupo que
presenta la moción. En cuanto al último punto, la capacidad
normativa de las
comunidades autónomas sobre el tramo autonómico variable del
IRPF y otros impuestos, yo debo decir que no es algo
absolutamente irreal el plantear la capacidad normativa de los
tributos cedidos.
Tengo mis razonables dudas de si ello es o no posible con
arreglo a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas. En cualquier caso, fuera o no posible, lo que sí
sería posible sería una modificación de la Lofca. Por tanto,
tampoco hay una oposición radical por parte de nuestro Grupo
político. Sí tenemos más dudas en cuanto a la capacidad
normativa sobre el IRPF, sobre todo si lo que se pretende es,
como parece ser que se está debatiendo estos días, no la
cesión de un tramo del IRPF, sino simplemente una
participación de las comunidades autónomas en el mismo. En
suma, hay aspectos de la moción que son asumibles por nuestro
Grupo, otros que nos parecen discutibles y otros que, con
todos los respetos, no podemos apoyar.
En cualquier caso, creo que es importante que se haya debatido
aquí este tema, porque tiene trascendencia, es un asunto de
los que realmente deben preocupar a las Cortes Generales.
Comprendo que es un asunto árido y hasta quizá aburrido, pero
yo creo que lo que debe preocupar a las Cortes Generales y lo
que debe preocupar a los representantes del conjunto de los
españoles son los temas auténticamente importantes y no las
anécdotas. Por eso, me parece un acierto el que se haya
planteado este debate, aunque, por las razones que he
apuntado, la moción que se presenta no va tener el apoyo del
Grupo Popular, sobre todo por razones de oportunidad que voy a
resumir ahora.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, señor Rajoy,
vaya terminando.
El señor RAJOY BREY: Sí, señor Presidente. Sólo tardo quince
segundos.
Modificar un modelo que aún tiene una vigencia de tres años no
es lo más sensato en este momento. No lo es si tenemos en
cuenta, sobre todo, que aspectos fundamentales pactados en la
reunión del 20 de enero de 1992 todavía no se han resuelto y
no se han resuelto por la inoperancia, porque tengo que creer
que es por la inoperancia y no por la mala fe, del Gobierno
Socialista. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rajoy.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO ALVAREZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, el Grupo Socialista se va a oponer a la
moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tanto por
razones de forma como por razones de fondo.
En la forma, y en primer lugar, subyace nuestro convencimiento
de que esta moción no intenta en absoluto mejorar la
negociación en marcha en este momento entre el Gobierno y
quince comunidades autónomas directamente implicadas en esta
negociación. Más bien creo que puede significar lo contrario:
puede significar
dificultades adicionales en esta negociación.
Quiero recordarle, también en el ámbito del método, que el que
está siguiendo el Gobierno --ya se lo decía el Ministro de
Economía y Hacienda en la interpelación del pasado miércoles--
es exactamente el mismo procedimiento que se siguió en la
negociación de los acuerdos de 1984, de 1988 y de 1992.
Siempre se utilizó la misma metodología, la de acordar con las
comunidades autónomas en el ámbito del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Por otra parte, es una metodología que no
solamente es la que la ley señala, sino bastante razonable
para conseguir el objetivo que se propone. Es cierto que en
otras negociaciones, la del pacto autonómico, se siguió un
procedimiento de
negociación diferente, pero ya hablábamos de otras cuestiones,
hablábamos de las competencias y hablábamos de la cooperación.
Y no porque se haga de esa forma significa que el Grupo
Socialista, que el Gobierno deje de escuchar atentamente todo
lo que todos los grupos políticos tengan que decir, o que el
Gobierno no asuma a fondo las discusiones que se plantean aquí
en esta Cámara sobre este tema. Yo creo que nadie intenta
evitar el debate en esta Cámara y en el Senado. Ese debate
está teniendo lugar y tendrá lugar siempre que se traiga por
el método normal, pero desde luego esta moción que tenemos hoy
delante señala que el método elegido por el Gobierno es el
adecuado, y lo señala porque yo tengo el convencimiento de que
en esta moción se pretenden mezclar dos debates: el debate de
la gobernabilidad y de los presupuestos, por una parte, y el
debate de la participación de las comunidades autónomas en el
15 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Y no es la cuestión, son dos debates que
metodológicamente tienen que ser separados.
En el contenido concreto de la propuesta también tenemos
serias discrepancias, y las tenemos en cuatro ámbitos, por no
entrar en cada uno de los puntos: nos parece que no es
coherente, cuando se plantea en esta moción, la cesión de la
capacidad normativa; nos parece que es maximalista cuando se
propone el desarrollo de los recursos del Fondo de
Compensación Interterritorial; no es una moción muy realista
cuando se plantea el incremento global de recursos de las
comunidades autónomas en este momento; y, en mi opinión, se
adelanta en exceso cuando plantea un fondo de nivelación de
servicios mínimos. Y voy a entrar en cada uno de estos cuatro
bloques, porque yo creo que son los que conforman la moción de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La primera cuestión, capacidad normativa del Estado sobre este
tributo. Otros intervinientes anteriores ya citaban serias
dudas sobre la posibilidad de efectuar esta cesión en el
ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El
Ministro lo establecía también claramente en su intervención
de la pasada semana, pero esto puede trasladarse al ámbito de
los impuestos cedidos, y puede trasladarse quizá con la
modificación de la Lofca.
En todo caso, desde el Gobierno se está estudiando la
posibilidad de modificación, cesión de la capacidad normativa
en el ámbito de los tributos cedidos.
La siguiente cuestión que se plantea en la moción es el
incremento de los recursos del Fondo de Compensación
Interterritorial. Yo creo que aquí hay que hacer, primero, una
reflexión sobre cuál está siendo la realidad, y la realidad
del Fondo de Compensación es que, de las dos fórmulas que
establece (o 35 por ciento o la cantidad en términos
absolutos), se está yendo a la cantidad en términos absolutos,
lo cual significa que ya, dentro de los planteamientos que se
hacían sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, se
tiene que ir por la vía del mínimo de salvaguarda que se
estaba planteando, lo cual tiene que ver también con el
conjunto de la inversión que se realiza desde el Estado. Pero
en este específico momento y en la medida en que el Fondo de
Compensación Interterritorial significa recursos para unas
comunidades sí y para otros no, yo creo que no es un buen
planteamiento el recurrir a esta fórmula. Ya no lo es sin
modificar la propia situación en la que se encuentra, pero no
lo es en un momento como el actual en la medida en que unas
comunidades resultarían beneficiadas y otras no.
El incremento global de los recursos hacia las comunidades
autónomas se viene produciendo continuamente. Basta con ver
cómo el acuerdo del año 1992, actualmente vigente y en el que
esto se debatió, no sólo significó un incremento de recursos,
sino también un incremento de los recursos incondicionados.
Esa es la línea en la que ya se está avanzando.
La moción pretende situar en el debate algo que ya está
debatido, y es el acuerdo años 1992-1996. En los años
1992-1996 ya se situó cuál es la cuantía de los recursos que
van a tener las
comunidades autónomas. El debate ahora es otro. No es el
debate de cuánto se va recibir. Estaríamos situando otra vez
la
negociación del conjunto del acuerdo. Estamos debatiendo una
de las partes que aquel acuerdo mandató para el anterior
debate, que es la participación en el 15 por ciento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En relación con la igualación de los recursos de las
diferentes comunidades, independientemente de la posición que
cada uno pueda tener, es necesario señalar que el 94 por
ciento de los recursos en las comunidades autónomas del 151 ya
se realiza en términos . Lo que significa que ya hubo un
acercamiento de la financiación que reciben las diferentes
comunidades autónomas.
Por último, se puede compartir la necesidad de proceder a la
nivelación de servicios, pero no me parece que se pueda
compartir que tenga que ser a través de un fondo.
Probablemente, la vía tendría que ser a través de subvenciones
individualizadas, pero tampoco hay que adelantar los debates.
El tema está bastante inmaduro por las razones que sea, pero
lo cierto es que en este momento la nivelación de servicios no
está en el ámbito de proceder a su aprobación. Precisamente
para salvaguardar la posibilidad de que esto se haga y
mantenerse en la línea de considerarlo, es preciso realizar
ese estudio con tranquilidad y con sosiego y no proceder a una
aprobación provisional que, por poco ajustada, pueda
significar la no operatividad de la
nivelación de los servicios.
En consecuencia, señorías, y como último elemento, se plantea
en la moción la participación de las comunidades autónomas en
la Agencia Estatal Tributaria. Esta es una cuestión que ya
está relativamente avanzada en el debate del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, a través de los órganos de
relación en los niveles central y periférico planteados por el
Gobierno. En el nivel central en una comisión mixta de gestión
del IRPF, con todo un listado de competencias, y en el ámbito
territorial, a través de los órganos de relación, que también
tienen todo un listado de competencias.
Por tanto, en esta línea ya se está avanzando.
Lo que esta moción está planteando no es ni más ni menos que
la discusión de un nuevo sistema de financiación autonómica.
Creo que, primero, está fuera de lugar y, segundo, no es el
momento. Más bien hay que interpretarlo como un deseo de
introducir un debate nuevo, que no es ni el apropiado ni el
conveniente porque ya se hizo en esta Cámara y en el Consejo
en el año 1992. Hablar de recursos, recursos por habitantes,
cesión de un tramo de IRPF, Fondo de Compensación
Interterritorial, fondo de nivelación de servicios cuando el
debate está sólo en la corresponsabilidad fiscal es desenfocar
cuál es la cuestión que en este momento algunos queremos
solucionar.
Señor Ribó, yo puedo compartir con usted, proponente y
defensor de la propuesta, el llegar a un esquema de
financiación de 50, 25, 25. Los socialistas así lo planteamos.
Queremos que la distribución del gasto público en las
administraciones públicas sea en las proporciones 50, 25 y 25,
pero el método de alcanzarlo no puede ser otro que la asunción
por parte de los ayuntamientos de las competencias para las
que las corporaciones locales estén mejor dotadas y así
prestar un mejor servicio a los ciudadanos. En consecuencia,
discrepamos de la forma en la que se plantea en esta moción y
el Grupo Socialista se va a oponer.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Caballero. Vamos a proceder a la votación. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos,
289; a favor, 18; en contra, 157; abstenciones,114.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO DE MODO INMEDIATO EN
RELACION CON LA ADAPTACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO
AUTONOMO DE CORREOS Y TELEGRAFOS A NORMAS QUE CONDUZCAN A UNA
ACTUACION MAS CONCORDANTE CON LA ACTIVIDAD QUE SUS HOMOLOGOS
ORGANISMOS EUROPEOS VIENEN DESARROLLANDO (Número de expediente
173/000005)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
interpelación, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno de
modo inmediato en relación con la adaptación del
funcionamiento del Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos
a normas que conduzcan a una actuación más concordante con la
actividad que sus homólogos organismos europeos vienen
desarrollando.
Para explicar la moción, en nombre del Grupo proponente el
señor Camisón tiene la palabra.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, señorías, durante
el debate de que ha traído causa esta moción aportamos base
documental suficiente y fehaciente respecto a lo que el
Tribunal de Cuentas ha calificado textualmente como la grave
situación en Correos por ejecutar gastos sin la preceptiva
imputación al presupuesto, con fondos de la caja única de
giro, de forma claramente indebida hasta un total de 28.698
millones de pesetas, en varios años hasta 1991, que sepamos,
porque a partir de ese año todo ha sido oscurantismo por parte
del Gobierno.
Es sabido que el funcionamiento de esta caja está regulado por
el Reglamento del giro nacional aprobado por Real Decreto
3155/1979, de 21 de diciembre. Insisto, Reglamento aprobado
por Decreto. Estudiado este Decreto, en absoluto autoriza a
desviar fondos para pagar nóminas, limpiezas y mucho menos
comisiones.
Por cierto, en el debate de la interpelación no se aclaró el
concepto de los 306 millones pagados en comisiones de correos.
Parece de sentido común que, como mínimo, la responsabilidad
de un Consejo de Ministros alcance a no autorizar que, por
ejemplo, el giro que la madre remite a su hijo en la mili
pueda ser desviado para abonar comisiones de correos, repito,
no
explicadas. Sin embargo, el señor Ministro afirmó con
rotundidad que existía un reglamento autorizando tan inusitada
desviación. Recuerdo que era un reglamento aprobado por
Consejo de Ministros. Estamos ante una peregrina aseveración
que el Ministro no justificó y que nosotros, obviamente, no
nos creemos. Si lo que ha ocurrido de verdad es que hubo un
subdirector general de administración económica listillo, que
pasó a la firma de un director despistadillo una instrucción
interna autorizando tan inexplicable desvío de fondos, pues
bien, ese director picó, porque estamos ante una autorización
ilegítima. El director no estaba legitimado para firmar
aquello, para firmar un desvío de fondos privados para usos
públicos, incluso algunos de ellos no explicados. Figura
delictiva tipificada en el artículo 397 del Código Penal.
Con todo, lo más grave de la cuestión es que el Tribunal de
Cuentas lleva varios años conminando reiteradamente a que el
Gobierno erradique este vicio, y el Gobierno sin hacerle caso,
con la constante petición en las sesiones de control
parlamentario por el Grupo Popular, y se le responde primero
con oscurantismo y luego con ocultismo.
Por tanto, estamos ante una responsabilidad política del
Director General de Correos, de la Secretaría de
Comunicaciones y del propio Ministro de Obras Públicas,
responsabilidad política grave.
Insistimos en que la caja de giro, que se nutre de fondos de
giro y de tasas, en ninguno de los casos posibles, tanto
siendo dirección general como organismo autónomo, tanto como
fondo de giro como con tasas, está autorizada para hacer este
desvío de fondos.
Actualmente, siendo organismo autónomo, señorías, existen dos
presupuestos: el administrativo, en el que están las nóminas
de personal, y el comercial, que encauza todos los gastos que
provienen de las tasas. Luego, realmente, no se puede utilizar
en buena norma esta desviación de fondos.
Debo dejar constancia de que nosotros, como Grupo, defendemos
que este presupuesto administrativo para pago de personal debe
estar oportuna y suficientemente dotado, porque estimamos que
el pago puntual de los emolumentos de los empleados es
objetivo esencial. Ha llegado el momento, y en eso se
fundamenta nuestra moción también, de calcular el agujero
actual de Correos, habida cuenta de la situación que se
produjo en el año 1985. Porque se está dando el caso, y
conviene investigarlo a fondo, de que este agujero se haya
estado cubriendo mediante los saldos de números rojos de la
Caja Postal. Por tanto, es necesario auditar la cuenta
Prestaciones y contraprestaciones de esta Caja Postal. Procede
y es urgente, que esta Cámara disponga de la verdad sobre
estas desviaciones a que se ha visto sometida la caja única
del giro nacional y su reflejo contable en la Caja Postal.
Tampoco el Ministro aclaró la verdad sobre las deudas de
Correos o sobre los resultados de explotación. El Ministro
afirmó otra vez con rotundidad que Correos no debe un duro a
Iberia y que Correos no debe nada a Renfe. Pues bien, el
Tribunal de Cuentas e Iberia dicen que Correos le debe a
Iberia 5.000 millones, y el Tribunal de Cuentas y Renfe dicen
que Correos le debe a Renfe 34.309 millones.
¿A quién creemos, al Ministro o al Tribunal de Cuentas?
Nosotros, por supuesto, en este caso al Tribunal de Cuentas.
De todas formas, curiosa manera tiene el señor Ministro de
rebajar la deuda de Renfe, propiciando que...
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, un momento.
Señor Camisón, yo le ruego que dedique el turno a exponer y
defender la moción que presenta su Grupo y no a seguir con el
debate con el señor Ministro como una continuación de la
interpelación. El señor Ministro no está presente, no tiene
obligación reglamentaria de estar presente en este momento,
pero es abrir un debate que no es el que corresponde
reglamentariamente.
El señor CAMISON ASENSIO: Muchas gracias, señor Presidente,
pero yo debo advertir o recordar que nuestra moción está
implicando una petición de debate, una remisión de unos
documentos para que se discuta sobre estos temas, que son los
que yo estoy especificando, y que justifican el que nosotros
hayamos
incluido esto en la moción. Luego es, repito, una
justificación de uno de los puntos de la moción, señor
Presidente.
También insistimos en la moción, en cuanto a las deudas de
Renfe, por supuesto, que queremos que se debatan, ya que son
de más de un billón de pesetas en estos momentos. Nosotros
sabemos hasta la fecha que la deuda de Correos, a causa de ese
oscurantismo, en 1991 era de 80.000 millones, que luego ha
crecido y que después el organismo autónomo se está empleando
como coartada para no pagar, y tal vicio de no saldar la deuda
es lo que está
camuflando el déficit y rebajando ficticiamente este concepto.
Por tanto, procede que se apruebe la moción para que se debata
y se clarifique, con esos documentos que pedimos, la real
situación.
En cuanto a las rotundas afirmaciones que aquí se hicieron el
otro día y que han motivado nuestra moción, realmente no son
creíbles, porque no es creíble que Correos sea una maravilla,
como se dijo aquí, y que nos estén felicitando por eso desde
el extranjero. La cruda realidad es muy distinta, porque en
estos momentos Correos manda sus propios paquetes internos a
través de empresas privadas, están presentadas ocho demandas
contra dicha entidad por competencias desleales, y el
contenido de estas demandas especifica que Correos no presenta
la cuenta de
resultados y la fija en 50.000 millones de pesetas. Estas
demandas presentan también una serie de necesidades que
justifican la urgencia ya de la ley general postal, que es la
que venimos pidiendo en nuestra moción.
Pedimos, además, este debate porque a estas alturas no tiene
sentido que este año, por ejemplo, Correos haya adquirido
35.000 ejemplares de la revista por un coste de 12 millones
de pesetas. ¿Para qué quiere Correos este año 35.000
ejemplares de esta revista?
Lo mismo podríamos decir si analizamos lo que se abusa de la
adjudicación directa en toda la ejecución del presupuesto de
Correos, la paralización del correo electrónico o todo el tema
de personal, que está afectando --y coinciden nuestros datos
con los del Defensor del Pueblo-- a todos los estamentos de
Correos: al Cuerpo ejecutivo, a los Cuerpos superiores, a los
Oficiales, a los Carteros y a los Cuerpos auxiliares.
Es preciso realizar ese debate que pedimos en la moción
porque, por ejemplo, se ha venido denunciando permanentemente
por esos funcionarios la falta de atención sanitaria de los
trabajadores de Correos. No se ha hecho caso, y hace unos días
hemos tenido la muerte, en el Palacio de Cibeles, de un
trabajador por falta de médico, lo que además revela la
distancia que aún nos separa de Europa en esta cuestión.
Es necesario ese debate que pedimos en la moción porque hay
que clarificar de una vez por qué en el Consejo Rector no hay
ni un solo funcionario profesional, por qué se le burla a este
órgano la experiencia profesional, por qué todo el proceso
conflictivo de las oposiciones de Correos, y ahí está el
último de Ayudantes postales, o ahí está clavado también el
caso de los empleados con carné, cobrando 2,5 millones de
pesetas al año, de ese orden, sin formación específica
demostrada, que piden la excedencia y a los que
simultáneamente se les hace un contrato laboral por cifras que
oscilan entre los ocho y los doce millones; nombramientos que,
por supuesto, están recurridos y además se les gratifica con
una subida de dieta de 22.700 pesetas.
El Ministro defendía esta postura.
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, le ruego concluya y le
reitero mi indicación anterior.
El señor CAMISON ASENSIO: Efectivamente, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Su señoría está utilizando la habilidad
que le da la experiencia para intentar fundamentar la moción,
pero la verdad es que resulta difícil no ver que es una simple
prolongación del debate de la interpelación.
Le ruego concluya por razón de tiempo y por razón del
contenido de la intervención.
El señor CAMISON ASENSIO: Sí, señor Presidente, efectivamente,
voy a terminar. Y voy a terminar recordando un debate gemelo
que tuvo lugar en esta misma Cámara el día 19 de febrero de
1991. Hubo una interpelación, también del Grupo Popular, y la
moción consiguiente del mismo Grupo.
En aquel momento, el Grupo de Izquierda Unida abogó pidiendo
una ley específica para Correos. Por tanto, yo le digo, le
reitero, le recuerdo al Grupo de Izquierda Unida que éste es
el momento de que se haga efectiva aquella petición que se
hizo durante el debate de la moción.
El Grupo Socialista, en aquel debate, siendo portavoz también
el señor Morlán Gracia, decía que estaba de acuerdo con una
ley específica de ordenación postal, pero que era prematuro
porque había que esperar que se cogiera experiencia en el
organismo autónomo. Han pasado dos años y medio, señor Morlán,
y yo creo que es ya el momento de que ustedes voten la moción
para ser congruentes con lo que manifestaban entonces.
Por mi parte, lo que yo mismo deduje, y así finalicé en aquel
debate, concuerda justamente con lo que hoy proponemos, con la
necesidad de esta ley general postal de conformidad con las
previsiones que se establecen en el Libro Verde de la
Comunidad Económica Europea.
Eso es todo, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Para defenderlas y fijar la posición del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, yo creo
que es mucho ruido para pocas nueces, me refiero a que la
intervención ha ido por un contenido y la moción, el escrito,
el papel que se va a poner a votar va en otro tenor.
Haciendo referencia a esto tengo que decir que el peor
servicio que se le puede hacer a un servicio --valga la
redundancia--público es incidir en el deterioro del mismo, y
exageraciones sacadas de contexto pueden hacer parecer que se
ha producido un agujero en Correos porque un giro de una madre
a un hijo no le ha podido llegar, y puede parecer también que
el uso de dinero de una caja determinada dentro del propio
organismo es el que ha provocado una situación complicada de
deuda en el propio
servicio. Según la información que tiene este Diputado no hay
ningún giro que no haya sido pagado en el tiempo suficiente
para poder tramitarlo. Es más, el uso que se ha hecho del
dinero para giros que había en la caja --donde no está
solamente el dinero de giros, sino el de los sellos, el de los
franqueos, etcétera-- que era de un volumen de unos 27.000
millones de pesetas, parece ser que fue para pagar los
salarios de los trabajadores de Correos por valor de unos
3.000 millones y que tardaron el tiempo de diez, doce o quince
días en reponerlo. Ese es el problema que se plantea aquí como
centro de una propuesta que después se intenta generalizar a
todo el servicio del propio Correos.
A mí me habría gustado que por lo menos se hubiese utilizado
ese camino para evitar que el propio Correos esté hoy, vía
reclamación de salarios, en la propia Administración por no
haberse pagado los meses de julio y agosto a 120 trabajadores
con contrato laboral. Es preferible. En todo caso parece que
la competencia se le hace al sector bancario, por la
utilización de los recursos que tiene el organismo. Si hubiese
funcionado, como antes funcionaba, la Caja Postal junto con el
propio organismo, este problema no hubiese aparecido. Ha
aparecido por otra realidad distinta.
De todas formas, a mí me gustaría traer a colación cuál es la
realidad que vemos del servicio de Correos y cuáles son las
enmiendas que nosotros pretendemos introducir en la moción del
Grupo Popular para que el centro recaiga sobre el problema que
nosotros entendemos que es más globalizador.
Creemos que la degradación del servicio que se está abordando
por la falta de recursos, por la no inversión en las distintas
infraestructuras a nivel de locales, por la falta de recursos
para mecanizar e informatizar los servicios, e incluso para
cubrir las vacantes o las bajas que se han producido, es lo
que está llevando a un deterioro que puede estar provocando
precisamente la renuncia a mantener cuota de mercado dentro
del propio servicio público, y que está significando la
entrada de un servicio privado en condiciones que, a veces, no
son más baratas que el servicio público, ni mucho menos son
más eficaces si se intenta universalizar.
Por tanto, la propuesta que hace el Grupo de Izquierda Unidad
para que se introduzca en esta moción es poder llegar en la
Cámara a abordar, primero, que el Gobierno en esa comunicación
nos remita un plan de reforma moderna y progresista del
servicio de Correos y Telégrafos que potencie, extienda y
universalice el servicio público postal, haciéndolo competente
en calidad y eficacia buscando niveles de rentabilidad. Para
eso proponemos cinco actuaciones.
Primera, creación de una red de oficinas integradas en los
núcleos de más de 1.000 habitantes.
Segunda, la adecuación del actual servicio a las nuevas
tecnologías y a la informatización de las oficinas existentes
y, tercero, la apuesta decidida por la profesionalización y
por cubrir con personal de contrato estable las bajas y las
vacantes que existen dentro del propio organismo autónomo.
Esto
significaría que cuando un cartero toma la baja, pueda haber
otro que le sustituya y puedan cubrir ese servicio. Al no
cubrirse, lo que estamos es dejando sin distribuir o sin hacer
frente a la tarea que debe acometer el propio organismo
autónomo.
La cuarta propuesta iría a que la letra a) de la moción recoja
que la remisión a esta Cámara sea de la auditoría de pago o
del informe de la Intervención General del Estado, que debe
intervenir las cuentas del propio Estado.
La quinta propuesta iría a que se remita a esta Cámara la
fiscalización especial del Tribunal de Cuentas con criterios
de auditoría externa que nos facilite el conocimiento de
cuáles son las realidades que han detectado, al margen de que
también estamos de acuerdo en que se le pida al Gobierno que
facilite toda la información que precisa el Tribunal de
Cuentas para hacer su trabajo como deben hacer y es obligación
de todas las
administraciones.
Por último, también pedimos que se puedan remitir a esta
Cámara las auditorías que ha realizado una empresa privada,
Arthur Andersen, sobre la calidad del servicio público y del
organismo autónomo de Correos, porque en esa auditoría
precisamente lo que se viene a detectar es que el servicio que
presta Correos y Telégrafos es un servicio de calidad media
comparada con lo que hay ahora mismo en el mercado y a nivel
europeo, y además inclusive más barato de lo que sirve la otra
prestación privada. Viene a decir también --y son datos de las
propias organizaciones de consumidores-- que en España el
servicios de Correos es el servicio más barato comparado con
otros países de la Comunidad Europea. Lógicamente, si los
precios postales son mucho más baratos que en otros países, en
España el servicios de Correos es el servicio más barato
comparado con otros países de la Comunidad Europea.
Lógicamente, si los precios postales son mucho más baratos que
en otros países,
la capacidad de autosuficiencia está bastante mermada si
aplicamos la filosofía que pudiéramos entender de
autosuficiencia o de usuario de un servicio.
La propuesta que queremos incorporar en el punto segundo de la
moción consiste en circunscribir la presentación del proyecto
de ley general postal a esta Cámara para que ese proyecto
cumpla con las indicaciones que el Libro Verde marca para cada
uno de los países, y es que nuestro Gobierno defina
ampliamente en esa ley, junto a las condiciones y al campo de
actuación del actual monopolio, los servicios que están
reservados para el correo público, así como las
indemnizaciones que los usuarios pueden recibir de una mala
actuación de ese servicio público.
En suma, señor Presidente, señorías, nuestra propuesta va
dirigida a la globalidad de la realidad del servicio que, como
le dijimos al señor Ministro, es manifiestamente mejorable y
no debe llevar a un proceso de privatización , sino a acometer
un servicio público sin que eso esté reñido con que haya
servicios que puedan ser privatizados.
Nada más, señor Presidente y señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa, y para fijar
la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, yo creo que, en principio,
tenemos que centrar un poco el contenido del debate, porque se
ha hablado de todo menos de lo que pedía la interpelación. Y
como creo que es conveniente que sepamos de qué estamos
tratando, me voy a permitir el lujo de leer el contenido de la
interpelación del Partido Popular presentada en su momento.
Dice así: Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de modo
inmediato en relación con la adaptación del funcionamiento del
Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos a normas que
conduzcan a una actuación más concordante con la actividad que
sus homólogos organismos europeos vienen desarrollando. Es
decir, estamos hablando de comparar lo que es la actividad de
Correos y Telégrafos en España con lo que es la actividad de
Correos y Telégrafos en el resto de la Comunidad Económica
Europea. Pero durante el debate de la interpelación presentada
el pasado miércoles y en la moción presentada hoy, hemos
estado hablando de temas que nada tienen que ver con el
contenido de la interpelación y de la moción.
Señor Camisón, señorías, la posibilidad de llegar a un grado
de entendimiento, la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre
alguno de los puntos que se plantean en la moción tiene mucho
que ver con la cortesía parlamentaria, con el tono de las
intervenciones, con las críticas que se hacen sin estar
debidamente justificadas. Y si usted el pasado día dice que
hay malversación de fondos y no lo demuestra, si hoy dice que
hay oscurantismo, si hoy dice que hay responsabilidades
políticas o responsabilidades públicas de algunos dirigentes
del Ministerio, me parece un poco desmedido el intentar que
nos pongamos de acuerdo en algo con lo que usted, en
principio, no lo está. Yo sí que creo en un comentario que ha
hecho el representante de Izquierda Unida: lo que está
haciendo su Grupo desde hace mucho tiempo es el desprestigio
continuo y prolongado del servicio público de Correos con tal
de que acabe en manos de las empresas privadas, y eso es
tremendamente grave. (Rumores.) Díganselo ustedes a los 65.000
funcionarios de Correos, díganles que ustedes quieren hacer
otra cosas distinta. Yo no puedo aceptar, en modo alguno, la
moción que usted me plantea. Nosotros hemos presentado una
moción alternativa, pero primero le voy a decir por qué razón
no acepto la suya. Señor Camisón, en su moción usted plantea
que tiene que haber una comunicación previa del Gobierno con
arreglo al artículo 196 del Reglamento. Yo creo que la
tradición de esta Cámara tiene mucho que ver en este aspecto y
las comunicaciones a las que usted hace referencia son
comunicaciones para los grandes debates, para debates
sectoriales de un amplio contenido, pero no para el tema
concreto y específico a que hace referencia esta moción. Usted
me puede decir: No es cierto, porque se puede celebrar
perfectamente.
Por supuesto que sí, lo recoge el propio Reglamento y, por lo
tanto, no se puede negar. Pero no es lo normal, no es lo
habitual.
Después, para llegar a este planteamiento, hace referencia a
la calidad de los servicios públicos, del Servicio de Correos,
y a lo que piensa la Comunidad Económica Europea del
funcionamiento del Servicio de Correos. El otro día el señor
Ministro, respecto a este último punto, hizo referencia a una
comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas de
hace muy poco tiempo dirigida al Director General del
Organismo Autónomo Correos y Telégrafos, y voy a leer
solamente un par de frases para que vea usted cuál es el
sentimiento de la Comisión de las Comunidades Europeas
respecto al funcionamiento de este servicio, después de hablar
de las cifras comparativas del Libro Verde, no sin resaltar
ampliamente la muy positiva reciente evolución de Correos en
ese área. Dice: De esta forma, en mi opinión, su legítima
aspiración a que los nuevos logros de Correos en el área de la
calidad del servicio, logros por los cuales quisiera
felicitarle a usted y todos sus colaboradores, sean
oportunamente reconocidos, tendrá la respuesta adecuada. Está
reconociendo que la mejora de la calidad del servicio se ha
producido.
El Servicio de Correos encarga sus propias encuestas de nivel
de calidad y en abril de 1992, en el d+1 --el que esté
habituado a este tipo de terminología sabe que
quiere decir que la carta llega al día siguiente de
entregarse--, había un 39, 64 por ciento de correspondencia
ordinaria que llegaba así; en abril de 1993, hay un 57,32 por
ciento. En d+2, en abril de 1992 había un 75 por ciento y en
abril de 1993 había un 93 por ciento. En d+3, en abril de 1992
había un 89 por ciento, y en abril de 1993 un 93 por ciento, y
así le podría seguir diciendo. Y, si se trata de cartas
urgentes, le diré que el 84 por ciento se entrega al día
siguiente de su depósito y, si son cartas ordinarias, el 80
por ciento se entrega en las cuarenta y ocho horas siguientes.
Los índices de calidad son, por supuesto, mejorables y
nosotros así lo entendemos y creemos que hay que seguir
trabajando en esa línea, pero son lo suficientemente
importantes para pensar que el servicio público está mejorando
de forma sustancial.
Usted habla de su moción, que no tiene nada que ver con lo que
ha dicho aquí, de que se inste al Gobierno para que se remita
una ley de ordenación general postal. Efectivamente, yo dije
en el momento al que usted ha hecho referencia que esa ley era
necesaria, pero a ver si nos aclaramos, porque cuando nosotros
traemos una ley que no recoge las directrices de la Comunidad
Económica Europea nos dicen que se aprobará la ley y que
tendremos que modificarla cuando nos lleguen esas directrices,
y ahora que nosotros estamos planteando que se haga la ley de
ordenación de los servicios postales antes del 31 de diciembre
de 1994 y, no obstante, seis meses después de la aprobación de
la directiva correspondiente, ustedes no están de acuerdo con
ese planteamiento. Yo creo que es una posición muy razonable,
es una posición en la que estamos respetando los criterios que
mantiene la Comunidad Económica Europea a través de su Libro
Verde y que, sin lugar a dudas, supondría elaborar una norma
que vendría a clarificar y a regular de forma adecuada lo que
es el Servicio público de Correos.
En tercer lugar, ustedes plantean instar al Gobierno a que
conteste a lo que dice el Tribunal de Cuentas. El Gobierno, la
Secretaría General de Comunicaciones, con fechas 7 y 30 de
julio, contestó a todos los datos que le había pedido el
Tribunal de Cuentas y, por tanto, nosotros no podemos admitir
en una moción que se recuerde algo que ya está cumplido. De
ahí que nosotros, señor Camisón, hayamos elaborado una
propuesta alternativa, una propuesta de sustitución en la que,
manteniendo la idea de esperar a que las directrices de la
Comunidad Económica Europea sean aprobadas, a que el Libro
Verde sea aprobado por la
Comunidad, manteniendo la idea de que es necesario que exista
esa ley de ordenación de los servicios postales, apostamos por
que la misma se presente antes del 31 de diciembre de 1994. Y
una ley que para nosotros es fundamental que garantice la
prestación universal del servicio postal básico, con niveles
de calidad adecuados, así como el necesario equilibrio
financiero del operador público, con la finalidad de evitar
algo que ustedes llevan in mente, algo que ustedes están
persiguiendo desde hace mucho tiempo y es que, al final, los
funcionarios de Correos se dediquen a otra actividad. Nosotros
proponemos que todos aquellos problemas que no son objeto
propio de la interpelación, pero que ustedes han considerado
que debían ser debatidos en este tema, se dividan en dos
apartados. En primer lugar, que el Tribunal de Cuentas, que es
el receptor de toda la información que hay sobre la aprobación
de las cuentas de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, remita ese informe a esta Cámara; con ese informe
hay las suficientes armas dialécticas, las suficientes
iniciativas parlamentarias para que se debata y para que se
vea la certeza de los datos y la veracidad de todo lo que en
él se dice. En segundo lugar, pedimos que comparezca la
Secretaria General de
Comunicaciones para informar sobre la evolución funcional,
económica y financiera del organismo autónomo Correos y
Telégrafos desde su constitución. Es decir, marcamos dos
pautas, una cuando es Dirección General de Correos, y otra,
cuando es organismo autónomo. Y, cuando sea organismo
autónomo, estamos dispuestos y planteamos que comparezca y que
hable de todo lo que usted dice, de todo lo que es el
funcionamiento de ese organismo autónomo.
Pensamos, señoría, que nuestra moción contribuiría a que este
servicio público de Correos gozara del apoyo necesario para
que sus funcionarios supieran que estaban apoyados en su
gestión y en el funcionamiento de su trabajo, así como también
a que un tema en el que en los últimos tiempos ha habido entre
usted y yo algún rifirrafe parlamentario dejara de ser
problema y pudiéramos debatir con tranquilidad, en el seno de
una comisión, en el seno de una comparecencia en la que
podríamos perfectamente hablar tanto de la ley de ordenación
de los servicios postales como del funcionamiento de este
organismo.
Creo, señor Presidente, señorías, que la moción que
presentamos es la más adecuada para salvaguardar los intereses
del
funcionamiento de Correos y Telégrafos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Muchas gracias, señor Presidente. Voy
a fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
sobre esta moción relativa al funcionamiento del organismo
autónomo de Correos y Telégrafos que nuestro Grupo no va a
votar favorablemente ya que la redacción de su texto nos
ofrece dudas. Y trataré de justificar brevemente algunos
puntos.
En el primer punto, donde se dice que habrá una auditoría de
los pagos realizados, etcétera, no se añade quién debe hacer
esa auditoría, y eso a nosotros ya nos plantea una duda. En
varias enmiendas de modificación que hemos estudiado se habla
de que podría ser el Tribunal de cuentas o podría ser la
Intervención General del Estado, depende de cuál sea el tipo
de enmienda, e incluso, rafiriéndose a la calidad, se llega a
hablar de una empresa privada que haga una auditoría. A
nosotros esto también nos ofrece dudas, aunque quizá con las
enmiendas podría
mejorarse.
En el segundo punto se insta al Gobierno para que en un plazo
de seis meses presente el proyecto de ley general postal, de
conformidad, fundamentalmente, con las previsiones del Libro
Verde, libro verde que todavía no tiene fecha. Hay enmiendas
que mejoran esa redacción, fijando que sea seis meses después
de la fecha de publicación del libro verde y, por tanto,
creemos que podría mejorarse por la vía de enmiendas.
En cuanto al tercer punto, nosotros creemos que el Tribunal de
Cuentas tiene sus caminos para hacer cumplir los
requerimientos que no se hayan cumplimentado por parte de
Correos y, hasta estos momentos, que sepamos, no ha pedido el
amparo a esta Cámara para que le ayudemos a que la gente
cumpla con sus requerimientos. Así pues, nosotros no creemos
que el texto base de la moción se pueda votar y, en todo caso,
quedamos pendientes de lo que podríamos denominar conglomerado
de posibles aceptaciones o posibles enmiendas aceptadas para
ver si nuestro voto varia. Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas, tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Muchas gracias, señor Presidente. En
primer lugar, respecto a la enmienda del Grupo Socialista, en
cuanto especifica que a la ley de ordenación postal se le
debía dar un plazo hasta el 31 de diciembre de 1994, nosotros
entendemos que año y un tercio es excesivo y que, por tanto...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Camisón.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor CAMISON ASENSIO: Es excesivo. ¿Se ha fijado, señoría,
en que en esa época tal vez se siente en esta Cámara la VI
legislatura? Todo es posible. Es demasiado tiempo para esperar
una ley que es tan urgente.
El Grupo Socialista también la justifica diciendo que se
garantiza la prestación universal del Servicio Postal básico
con niveles de calidad adecuados, así como el equilibrio
financiero. Totalmente de acuerdo. Pero es incompleto, porque
el Libro Verde, además de tal prestación universal, tiene
otros dos aspectos importantes, como son el que, al mismo
tiempo, y sin detrimento de ese objetivo, debe quedar en
régimen de libre competencia una parte del sector lo más
grande posible. Después hace referencia a...
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, el turno no es para
argumentar --no hay un segundo turno--; es para expresar la
aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor CAMISON ASENSIO: En esta línea de argumentación va
toda la moción y, por tanto, no podemos aceptarla.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, la primera hace
referencia a introducir en el apartado a) un nuevo párrafo,
cuya redacción pediría que se incluya un plan de reforma
moderna y progresista del servicio de Correos que potencie...
Entendemos que esta enmienda se ajusta a las previsiones del
Libro Verde y que está en consonancia con nuestra moción, y,
por consiguiente, la aceptamos.
La enmienda de Izquierda Unida que habla de la fiscalización
especial del Tribunal de Cuentas dice que el Gobierno envíe
esa fiscalización especial. No parece procedente que sea el
Gobierno quien envíe esa fiscalización, sino el Tribunal de
Cuentas, y sería, por razones de metodología, imposible de
admitir; no podemos aceptarla.
La siguiente enmienda referida a añadir antes de la auditoría
de pagos el informe de la Intervención General del Estado,
puesto que se trata de dos informes complementarios que se
pueden apoyar, entendemos que es razonable en su postura y,
por tanto, la admitimos.
La enmienda que habla de sustituir en el punto 2.º que se
regulen las condiciones y el campo de actuación del actual
monopolio, analizada la propuesta, se ajusta a las previsiones
del Libro Verde y también la admitimos.
Y la última, cuando amplía nuestra petición de documentos a la
auditoría que ha realizado sobre Correos la empresa Arthur
Andersen, creemos que es razonable, es un dato más y la
aceptamos.
Luego aceptamos, señor Presidente, todas las enmiendas,
excepto la que he dicho que no por razones de metodología. Eso
es todo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Moción del Grupo Popular que se somete a votación en los
términos resultantes de la incorporación de las enmiendas
aceptadas por el grupo proponente del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 271; a favor, 121; en contra, 148; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y veinte minutos de la noche.