Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 184, de 27/04/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 184
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SAN JUAN
Sesión núm. 19
celebrada el miércoles, 27 de abril de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia (Fernández Ordóñez), para informar:
--Del análisis de la situación del mercado del suelo en España y
soluciones propuestas por dicho Tribunal. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000331.) (Página 5726)
--Sobre la situación de los precios administrados, exclusividades,
situación de monopolio y condicionantes del libre ejercicio profesional
que existe en estos momentos en la economía española. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000336.) (Página 5726)
--En relación a la proposición de ley de Comercio, que se tramita en la
Cámara. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000515.) (Página 5743)
Se abre la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(FERNANDEZ ORDOÑEZ) PARA INFORMAR:
--DEL ANALISIS DE LA SITUACION DEL MERCADO DEL SUELO EN ESPAÑA Y
SOLUCIONES PROPUESTAS POR DICHO TRIBUNAL. A PETICION DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 212/000331.)
--SOBRE LA SITUACION DE LOS PRECIOS ADMINISTRADOS, EXCLUSIVIDADES,
SITUACION DE MONOPOLIO Y CONDICIONANTES DEL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL
QUE EXISTE EN ESTOS MOMENTOS EN LA ECONOMIA ESPAÑOLA. A PETICION DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/000336.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Comienza la sesión de la
Comisión de Economía con la comparecencia en la mañana de hoy del
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, señor Fernández
Ordóñez, al que quiero agradecer su presencia por cuanto me consta que ha
tenido que cambiar determinados planes de trabajo para poder acudir hoy,
dado que el acuerdo que habíamos tomado hace unas fechas fue que esta
comparecencia se hubiese celebrado en el día de ayer, pero por problemas
de algún grupo parlamentario que ayer no podía asistir hubo que rehacer
la convocatoria. Por este motivo quiero agradecer su presencia aquí.
La comparecencia del señor Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia está solicitada para tres temas distintos, a iniciativa del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del
Grupo Parlamentario Popular. Dado que los dos primeros temas, el de la
información sobre la problemática del mercado del suelo, así como la
situación de precios, exclusividades y situación de monopolio de
determinados productos y servicios forman parte del libro que el Tribunal
de Defensa de la Competencia ha realizado y enviado a esta Cámara, es
decir, que el mercado del suelo forma parte del todo, que es el tema que
posteriormente se analizaría, es por lo que propongo que tanto la primera
comparecencia como la segunda, la de Izquierda Unida y la del Grupo
Popular, den lugar a una única petición de información, con el fin de
poder dar una visión más genérica y global de los temas.
Por tanto, vamos a unir los dos primeros puntos, relativos al mercado del
suelo y a la situación global sobre precios administrados, etcétera,
para, posteriormente, tocar de una forma monográfica la problemática
relacionada con la Ley de Comercio.
En primer lugar, para fijar los términos de la petición de comparecencia,
en representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Voy a hacer una intervención referida
fundamentalmente al tema del mercado del suelo, independientemente de que
luego, en el siguiente turno, intervenga también sobre los aspectos que
plantea el Grupo Popular, para poder seguir con una cierta sistemática el
desarrollo de esta comparecencia.
En primer lugar, señor Fernández Ordóñez, le agradezco su presencia ante
esta Comisión, y con ella quisiéramos, ante todo, y en lo que se refiere
al tema del mercado del suelo, conocer cuáles son las intenciones últimas
que se plantea usted, o el Tribunal de Defensa de la Competencia --para
no personalizar esta cuestión--, cuando desarrolla un documento como el
que nos trae aquí.
Nos preocupa este tema porque empieza el Tribunal de Defensa de la
Competencia redactando este capítulo y manifestando, incluso, que no
pretende hacer sugerencias, recomendaciones normativas, con lo cual, de
una forma que por lo menos a mí me resulta muy llamativa, da la impresión
de que únicamente pretende un debate ideológico, en el sentido más
estricto. Creo que es un documento muy ideologizado el que se presenta
por parte del Tribunal de la Competencia, lo cual me llama la atención
respecto a las funciones de este Tribunal. Y me llama la atención porque
no sé si, en su opinión, éstas son sus funciones, si usted considera que
debe ser esta posición ideologizada la que el Tribunal debe desarrollar
sobre aspectos que incumben a la Administración y al Gobierno. Y como es
una posición muy ideologizada, también tengo que intervenir desde ideas
que considero que son diferentes, ya que pienso que las que en este
documento se plantean necesitan una explicación.
Quisiera hacerle, de entrada, una precisión. No son escasos los
documentos económicos sobre urbanismo, como se sugiere en éste. Parece
que en él se plantea como si el debate sobre el suelo urbano y sobre el
conjunto del suelo hubiera estado restringido a los especialistas en
urbanismo y, de pronto, algún grupo de economistas, por primera vez,
interviene en el debate. Quisiera plantearle que eso que sugiere el
documento es una visión que no es cierta. Hay muchos trabajos sobre
economía del desarrollo urbano, hay una amplísima bibliografía en España
y, desde luego, con visiones mucho menos simplistas (independientemente
de sus contenidos) que las que en este documento se entregan. Por no
parecerle pedante no voy a traer una bibliografía, pero le puedo asegurar
que son muchísimas esas visiones económicas.
Se plantean en este documento una serie de análisis que considero que no
son ajustados a la realidad. Por ejemplo, se manifiesta que en la
Administración española existe un intervencionismo extremo en cuestión
urbanística. No comparto esa opinión, no la puedo compartir por lo menos
en el entorno occidental en el que nos encontramos. Si usted tiene la
atención de leer cualquier plan de ordenación urbana de nuestro entorno
más próximo --en Alemania, en Inglaterra, en Francia o en Italia-- o
cualquier plan
parcial, podrá usted observar que las normas de desarrollo del
planeamiento urbano son mucho más estrictas que en España incluso. Le
puedo manifestar que plantear una operación de desarrollo urbano hasta en
la Inglaterra de la señora Thatcher tenía unos componentes mucho más
rigurosos, en la cuestión de ajustarse a lo que se pedía en el
planeamiento, que los del planeamiento español. Es decir, por lo menos en
el entorno en el que podemos hablar creo que no es una afirmación cierta,
a no ser que se hable de algún entorno ideal, y entonces no responde a
realidades concretas, sino a una pura invención.
Quiero decirle también que la manifestación que se hace en este documento
sobre la Ley de 1956 y sus posteriores desarrollos tampoco es una
afirmación afortunada. Estoy absolutamente convencido de que los
problemas que existen en el desarrollo urbano español no han sido porque
la Ley de 1956 haya sido mala o buena. Evidentemente es una ley antigua,
pero el problema, repito, no es que la Ley fuera mala o intervencionista;
el problema es que no se cumplió nunca. La Ley de 1975 ni siquiera empezó
a cumplirse con el inicio de los ayuntamientos democráticos. Poner en
marcha esa Ley le puedo asegurar que costó bastante sangre, incluso en
los primeros años de dichos ayuntamientos democráticos, y en este país se
empezó a aplicar la legislación del suelo, independientemente de que
estuviera promulgada desde el año 1956, a partir de que esos
ayuntamientos empezaran a hacer los primeros planes generales.
Los problemas de desarrollo urbano no han sido en España, ni muchísimo
menos, que haya habido leyes que usted considera intervencionistas; los
problemas de desarrollo urbano en España han sido, precisamente, que no
se han cumplido las leyes del suelo, ni siquiera la de 1956. Y me permito
también remitirle --y en este caso espero que me disculpe que le plantee
alguna cita-- a un libro de don Fernando Teherán que le puede ilustrar,
que se llama «La Historia del Planeamiento en España, una Historia
Imposible» y podrá usted leer cómo ha sido el desarrollo de ese
planeamiento en España. Creo que sería interesante que se leyera por
parte del Tribunal de la Competencia antes de hacer afirmaciones tan
tremendas que pueden llevar a conclusiones enormemente desviadas.
Por tanto, creo que los problemas de desarrollo urbano en España, que los
ha habido y los sigue habiendo, no han sido precisamente porque las leyes
sean muy rigurosas, sino precisamente porque no se han cumplido las leyes
durante muchísimo tiempo. Esto independientemente de que dichas leyes
fueran franquistas o fueran como fueran, porque el primer problema que se
puede plantear en un Estado de derecho es que la propia legalidad del
Estado no se cumpla.
Hay una afirmación en la que sí me siento partícipe con el documento, y
es cuando se dice que la actual Ley es muy seguidista de la del año 1956.
Me siento absolutamente partícipe y hubiera preferido que se tratara de
una ley en la que, teniendo capacidad la Administración, ésta hubiera
sido mucho más ágil, pero nunca una ley mediante la cual la
Administración rebajara su nivel de competencias y rebajara el nivel de
exigencia del desarrollo urbano; de ninguna manera. Pero insisto en que
es una Ley seguidista y creo que la situación hubiera merecido otra
diferente, con una mayor agilidad administrativa.
Creo que no es afortunado tampoco que se tilde de especuladores a los
entes locales; no es exactamente ése el calificativo que merecen. Los
entes locales tienen enormes deficiencias en la gestión del suelo urbano.
Por eso en algunos casos --y esto puede molestar a los representantes de
los entes locales, a los alcaldes, sean del grupo político que sean, pero
es una realidad-- pueden tener una tendencia a hacer de la gestión
urbanística un mecanismo de recaudación, es cierto, pero no creo que se
les pueda tildar, repito, de especuladores, creo que son mecanismos
diferentes. Precisamente por ese tipo de cuestiones llegan a situaciones
como las que plantea este documento del Tribunal de la Competencia. Por
ejemplo, suelen llegar a calificaciones de suelo mucho más extensas de
las que necesitan, mientras que usted defiende precisamente eso, que haya
calificaciones de suelo mucho más extensas de las que necesitan, lo cual
lleva a que el mecanismo que se plantea en este documento suele ser un
mecanismo de recaudación. Pero de ahí a llamarlos especuladores, que
significaría una actitud ciertamente torticera por parte de la
Administración local, hay un abismo, que conviene, a mi juicio, no
superar.
Las afirmaciones que se vierten en este documento son extremadamente
graves, y considero que con un soporte extremadamente liviano. Si todavía
se llegara a conclusiones de esta naturaleza con un soporte documental y
de desarrollo intelectual lo suficientemente sólido como para hacer este
tipo de afirmaciones, creo que sería un debate respetable, pero son muy
livianos los argumentos que se plantean para realizar afirmaciones de
esta naturaleza. Por tanto, me pregunto cuál es el sentido real por el
que se plantea un documento como el que ha elaborado el Tribunal de la
Competencia, y quedo a la espera de sus argumentaciones para dar una
respuesta que yo considere adecuada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Fernández Ordóñez, por su
presencia en esta Comisión.
Conoce usted que hace escasamente unos meses --creo que en el mes de
marzo-- el señor Camisón, en otra de las comisiones de este Parlamento,
ya abordó las materias que hoy vamos a tratar aquí de una manera más
general. En este sentido, mi Grupo no quiere entrar en hacer una
valoración del contenido del informe del Tribunal de Defensa de la
Competencia, porque podríamos considerarlo como un «Cocodrilo Dundee» en
el mundo del intervencionismo. Por tanto, con esa frase quedaría más o
menos fijada nuestra posición al respecto. Pero, en efecto, el informe
tiene algunos desequilibrios dentro de su estructura, desequilibrios
identificados en el espacio de tiempo que dedica a unas materias, cómo
las desarrolla en cuanto al detalle y extensión, y cómo otras materias,
por ejemplo, la
del suelo, consumen poco espacio, las desarrolla poco y entra poco en el
detalle.
Dicho esto, señor Presidente, ¿usted conoce que se ha producido, dentro
del Ministerio de Obras Públicas, un informe elaborado por el Instituto
de Estudios de Transporte y Comunicaciones, informe que se llama
«Inflación y servicios»? Como creemos que lo conoce, nos gustaría saber
qué opina de las conclusiones que alcanza y qué calidad le merece este
estudio.
Como consecuencia de este informe, nos gustaría conocer si el Tribunal
que usted preside dispone de estudios que midan el impacto que los
sectores regulados han tenido en la inflación de los servicios.
Igualmente deseamos saber si dispone de estimaciones acerca del posible
impacto que sobre los precios tendría la desregulación de estos sectores.
Le decía anteriormente que tenemos la sensación de que el informe del
Tribunal de Defensa de la Competencia no es tan explícito en el área del
suelo como en otras áreas, sobre todo en cuanto a las medidas. A nuestro
entender, ustedes se han limitado a señalar la necesidad de creación de
una comisión de expertos y a recomendar la conveniencia de liberalizar el
suelo, y parecería que ésas son las dos únicas pinceladas que ustedes
reproducen al respecto en su informe. Como mucho, ustedes vienen a
señalarnos que el actual sistema tiene consecuencias perversas. Creo que
éstos son los tres ejes que en materia de suelo podría deducirse de su
informe.
En este sentido, señor Presidente, y dada la escasez de contenido, de
detalle que tiene dicho informe en materia de suelo, me gustaría que
entráramos un poco más en desmenuzar cuál es el punto de reflexión y de
estudio que tiene en este momento el Tribunal. Por ello, quisiéramos
preguntarle: ¿qué opinión le merece al Presidente del Tribunal de la
Competencia la composición cualitativa de la comisión de expertos creada?
Si nuestras noticias no son malas, señor Presidente, en esa comisión hay
ausencias de profesionales independientes, de expertos y de economistas,
cuando precisamente creemos que era una de las recomendaciones o
criterios para constituir esta comisión.
Igualmente, nos gustaría conocer qué grado de urgencia existe, en su
opinión, para la adoptación de estas medidas concretas en el área del
suelo, y lógicamente tenemos que preguntarle qué medidas sugiere para la
liberalización del suelo.
Y hay un tema que toca de forma tangencial el problema, pero que no
podemos dejar de plantearlo, señor Presidente. ¿Qué opinión le merece la
actual guerra de competencias existente entre las comunidades autónomas y
las corporaciones locales en cuanto a las competencias sobre la materia
de suelo?
Le decía al inicio de mi intervención que el Grupo Popular, a través de
su diputado, Felipe Camisón, en el mes de marzo ya le había hecho una
serie de preguntas respecto al asunto general del informe del Tribunal de
la Competencia sobre la liberalización de servicios en España. Pero
fundamentalmente en el terreno de la liberalización de las
telecomunicaciones, en el último discurso del señor González,
concretamente en el debate sobre el estado de la nación, el señor
González hizo una referencia muy especial, podría decir que
especialísima, a la liberalización de las telecomunicaciones. Es más, en
la intervención llegó a subrayar aspectos concretos de la liberalización
de la televisión por cable y de la telefonía móvil automática.
Quisiéramos preguntarle al señor Presidente del Tribunal qué
consecuencias tiene este anuncio en el ritmo y en las condiciones de
liberalización de las telecomunicaciones, y, si considera que las tiene,
cuáles serían, a su entender, estas consecuencias.
En materia de telefonía móvil automática, lógicamente nos interesa
conocer cuáles son las causas del retraso de la convocatoria del concurso
para la aparición del segundo operador y, a su entender, qué grado de
dependencia va a tener este segundo operador de la Telefónica.
Por último --y con ello terminamos, señor Presidente--, ¿tiene el
Tribunal de Defensa de la Competencia algún estudio previo sobre la
fiabilidad para la presencia de este segundo operador en la telefonía
móvil automática?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Ordóñez.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Fernández
Ordóñez): Muchas gracias a los grupos que han solicitado mi
comparecencia. Le agradezco en especial al señor Andreu lo que ha dicho
de no personalizar. Uno de los problemas que tengo es que, como
Presidente, tengo que representar al Tribunal, pero quiero recordarles
que el Tribunal está compuesto por ocho personas que piensan de forma
diversa y que las discusiones son muy internas. Por tanto, se lo
agradezco. En efecto, hoy, como sabe el señor Presidente, invitado por la
Escuela de Administración de la Generalitat iba a presentar el informe en
Barcelona, pero he tenido que suspenderlo por venir a esta comparecencia.
Dividiré esta primera parte en un resumen y un porqué del informe, que es
la pregunta fundamental del Grupo Popular, y entraré en detalle en el
tema del suelo.
En primer lugar, debo señalar que prácticamente desde 1988, desde que se
hicieron las primeras grandes reformas liberalizadoras y el ajuste de
1983 a 1986, la entrada en el Mercado Común, todos los economistas de
prestigio, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y los propios
gobiernos iban señalando que las tres tareas importantes del país eran el
déficit público, la liberalización del mercado de trabajo y la
liberalización de los servicios. Esto se ha mantenido hasta que se han
empezado a acometer estas tareas. Como ustedes saben bien, se ha empezado
a acometer la liberalización del mercado de trabajo, se está tratando de
corregir el déficit público y, en el tema de los servicios, el Gobierno,
para arrancar este asunto, nos encarga, primero, un informe sobre
profesiones liberales, que emitimos el año 1992, y después un informe,
absolutamente general dentro del programa de convergencia, con esa
extraña redacción de sectores con exclusividades, precios, etcétera.
Empiezo por contestar al señor Aguirre cuando se refería a la existencia
de desequilibrios en la selección de los sectores. Fíjese el universo que
queda en este país por introducir competencia, es enorme. En las
transparencias que les vamos a repartir podrán ver SS. SS. algunos datos
relativos a la liberalización. La razón fundamental de estas
liberalizaciones son los efectos que puede tener la introducción de
competencia en estos sectores, que son los mismos que se están logrando
en otros como la industria o la agricultura, donde ya hemos tenido esta
experiencia.
Los efectos fundamentales de la introducción de competencia ya están en
el informe, pero el más conocido, más vistoso y más utilizado es el de
los precios. Si hay algo que se produce normalmente en el 99 por ciento
de los casos cuando se introduce la competencia en un sector es el
descenso de los precios. Esto es algo que está absolutamente contrastado.
Fíjense ustedes, por ejemplo, en una de las medidas que nosotros
propusimos y que se ha introducido, que es la competencia en las líneas
regulares aéreas, Madrid-Barcelona, Madrid-Canarias, etcétera, el
descenso en los precios ha sido espectacular. Es más, se ha hecho un
estudio hace poco en el «Journal of Economic Literature» sobre los que se
hicieron antes de la introducción de competencia en los sectores en el
mundo y qué pasó después, y esos estudios siempre se equivocaron en que
el cálculo del descenso de precios esperado era menor que el que se
produjo. Por tanto, esto es algo elemental y tiene una importancia
decisiva, sobre todo en el caso de los servicios, para la mejora de
competitividad y la reducción de los precios de los «input».
Me preguntaba usted qué pensaba del informe que va a presentar el MOPU
sobre inflación y servicios, que viene a decir que no pasa nada. Debo
decirle que ese informe está hecho sobre el IPC y, sobre esa base, es
verdad, de alguna forma, que los servicios pesan poco, que no aparece; o
sea, todo lo que se dice es cierto. El problema es que los servicios
normalmente son inputs de las empresas y no aparecen en el IPC en los
servicios. Es algo elemental, pero no se aprecia ahí. El problema es que
la mayoría de los transportes no aparecen como consumidos por el
consumidor, sino en la manzana que uno compra, en el zapato que uno
compra. Ahí están metidos. Si suben los precios de los transportes o no
bajan como debieran, no aparece en los servicios; aparece en los
productos industriales y en los productos agrícolas. Los servicios en la
economía española representan casi el 70 por ciento en el PIB, que es lo
que importa, y sin embargo en el IPC suponen una fracción muy reducida.
Esa es la razón por la que las conclusiones que se reflejan ahí son
totalmente inválidas. Piense usted en un servicio importantísimo: el
comercio. Representa casi ocho millones de pesetas en el PIB, que supone
casi el 14 ó el 15 por ciento. No aparece en el IPC. Nadie compra
comercio; sin embargo, lo que suceda al comercio es decisivo para
determinar los precios industriales y los precios agrícolas en el IPC. Lo
que usted haga mal en el comercio no aparecerá nunca en el IPC
directamente, se traducirá en que los precios de los productos que uno
consume suben. Lo que haga usted mal en telecomunicaciones, en
transportes, en prácticamente casi todos esos servicios, no aparecerá
nunca en el IPC en los servicios. Esta es una razón.
Segunda razón. Hay servicios que son prácticamente salarios --el de un
peluquero o cualquiera de otros miles de servicios--, pero hay otros que
tienen un contenido tecnológico enorme. ¿Qué es lo que tenemos que
conseguir? Que los precios de los servicios que puedan bajar, bajen.
Porque si los precios de los servicios que pueden bajar no bajan o bajan
muy poco, el conjunto de los servicios crecerá, porque siempre hay un
conjunto de servicios que aumenta mucho.
No se trata, como a veces se dice, de que las tarifas telefónicas suben
por debajo de la inflación. No, no; es que a lo mejor tienen que bajar.
Es que el que determinados productos bajen sólo por debajo de la
inflación es absolutamente insuficiente, como les mostraré en algún
gráfico que tengo.
Paso al informe que les he dado. En la primera página están los mercados
de una economía: son los mercados que se llaman de productos, que se
suelen dividir en bienes y servicios; y los mercados de factores, que se
suelen dividir en capitales y trabajo.
La página siguiente se refiere a los mercados de bienes. ¿Qué ha pasado
con estos mercados en la economía española? Que después de un proceso,
como ustedes saben tremendamente, superproteccionista y de falta de
competencia, que arranca con el arancel de Cánovas y llega a su máximo
paroxismo en la autarquía franquista, se empieza a introducir la
competencia en la economía con el plan de estabilización y la entrada en
el Mercado Común. En este momento la economía española, en lo que
respecta al mercado de bienes, está prácticamente sometida a las mismas
reglas que lo pueda estar el mercado inglés, el mercado alemán, el
mercado americano, etcétera. Con las excepciones que ustedes conocen tan
bien en la siderurgia, el carbón, etcétera, en general está sometido a
una competencia bastante feroz.
Vean ustedes la siguiente página: el mercado de capitales. ¿Qué ha pasado
en España? De nuevo, aquí ha habido un proceso lento de introducción de
competencia en el sector, una evolución larguísima, porque se ha
producido en un proceso más largo que el del propio mercado de bienes. En
este momento, desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de
vista de las normas, el mercado de capitales en España se parece bastante
y tiene un grado de competencia --desde el punto de vista de la
regulación, insisto-- parecido al de otros países. Por tanto, aquí se ha
avanzado bastante.
En el mercado de trabajo, que es la página siguiente, ustedes saben que
ha habido dos grandes reformas, la última todavía está en marcha.
Realmente éste era uno de los problemas más graves de la economía
española, quizás el más grave, el que impedía el crecimiento y el que nos
llevaba a tasas de paro verdaderamente espectaculares, pero se han dado
dos pasos, la importante reforma de 1984 y la última reforma que tienen
ustedes en este momento en el Parlamento. En cambio, en el mercado de
servicios --si pasan a la página siguiente lo podrán observar-- había
sectores de servicios en la economía española, sometidos a
competencia --el turismo, el comercio y determinados sectores--, pero la
lista de sectores en los que todavía no se ha introducido la competencia
es larguísima. Tienen ustedes ahí una serie de ejemplos, pero todavía es
más larga.
¿Por qué sucede esto? Esto sucede por varias razones. Primero, porque la
introducción de competencia es muy difícil, significa romper privilegios
de alguien. Una restricción a la competencia es tener un privilegio. Los
arquitectos tienen los precios fijos y en cambio los ferreteros y los
fontaneros, no. Es un privilegio. Telefónica tiene el privilegio de que
ninguna otra empresa puede operar. Iberia lo tenía antes con el Puente
Aéreo. Es decir, son privilegios que otros empresarios no tienen y éstos
sí. Ustedes saben bien (una ley da algo y se utiliza para un beneficio
privado) lo difícil que es suprimir privilegios. En España y en el resto
del mundo, porque la liberalización de los servicios es un proceso que
arranca relativamente de forma tardía en el mundo. La liberalización de
las telecomunicaciones ha empezado en el mundo en el año 1984,
prácticamente antes de ayer, hace diez años. La libertad de publicidad de
los abogados en Estados Unidos, que es el país de la gran competencia,
sólo llega en el año 1974. Los movimientos de la liberalización son
relativamente recientes.
Existe otro problema y es que cuando uno se pone a hacer estas reformas,
aunque los beneficios para la sociedad son inmensos, los perjuicios o
incomodidades creados a grupos determinados --a una empresa o a un grupo
de profesionales-- son muy intensos y éstos reaccionan sin que se generen
coaliciones a favor de los beneficios, porque es muy difícil sacar a la
calle a alguien porque su factura de teléfono va a bajar mil pesetas al
mes. Esto es imposible. Ahora bien, es lógico que una empresa reaccione
si esto puede afectar sus ingresos en 60.000 millones de pesetas; o un
farmacéutico, un arquitecto, etcétera. Esto es algo que yo estoy viendo
normalmente. Cada vez que hacemos una propuesta, en general uno tiene la
reacción lógica del grupo y a veces se lo toman por lo personal. No, éste
es un tema institucional.
Otra cuestión importante es que, sobre todo en España, hemos liberalizado
por presión externa. Más que por presión, porque hemos aceptado esa
presión externa. Aceptamos en 1959 entrar en la OCDE, en el Fondo
Monetario, hemos aceptado entrar en el Mercado Común, y las reglas de
competencia nos han venido impuestas.
El gran problema que tenemos con los servicios es que, de alguna forma,
son decisiones que los españoles tenemos que tomar sin tener ninguna
presión. Si queremos, podemos seguir con precios fijos en los
arquitectos. Si queremos, podemos seguir sin que haya otro operador de
Telefónica hasta el año 2003. Podemos hacer lo que queramos. Tenemos la
posibilidad de no tener competencia y esto hace el tema mucho más
difícil, porque, aunque quisiéramos, no podríamos meter un arancel en la
industria. Aunque quisiéramos, no podríamos poner una cuota a un producto
determinado. Esta falta de libertad hace fácil la introducción de
competencia en la industria o difícil la marcha atrás y, sin embargo,
hace muy difícil tomar decisiones porque son decisiones que uno tiene que
adoptar con total libertad y sin ninguna presión exterior. Las tenemos
que tomar porque lleguemos a la conclusión de que nos interesa. No porque
nadie nos obligue. Es más, si ustedes son maquiavélicos, podrían pensar
que a los competidores extranjeros les interesa que aquí los industriales
paguen caras las tarifas telefónicas, el suelo, etcétera, porque tendrán
muchas más dificultades para competir en el exterior que si aquí
realmente pudieran competir en la misma situación. Por tanto, no hay
ningún interés extranjero porque liberalicemos los servicios hasta que
haya posibilidad de comerciar esos servicios. Es un interés que tenemos
que medir los españoles solitos, mirando un poco si nos interesa o no.
A la vista de esto, examinamos --y está en el informe, como digo-- los
efectos. Los efectos en precios son clarísimos. Los efectos,
fundamentalmente en precios de inputs, afectan a la competitividad de
nuestras empresas. Esto es serio porque antes teníamos un sistema de
protección, pero que tenía su lógica. Si un industrial español pagaba
tres veces la conferencia telefónica Alicante-Londres en vez de la de
Londres-Madrid, y había una protección al mercado de trabajo, también los
productos ingleses tenían dificultades para entrar en España. Entonces
todo tenía una lógica, pero ahora, no. Ahora resulta que el industrial
alicantino está absolutamente abierto a la competencia y, sin embargo,
tiene que pagar el triple por esto, el doble por esto, etcétera. Eso
afecta enormemente a la competitividad de la industria española. La
liberalización de los servicios es capital, nos jugamos no los servicios,
nos jugamos sobre todo la industria española, y no sólo en los input,
sino también en aquellos productos que son consumidos por los
trabajadores.
Yo he visto que los empresarios, a veces, están muy preocupados por las
telecomunicaciones, por el suelo, por determinados input y, sin embargo,
les importa poco qué pasa con las farmacias, con las funerarias, con
productos que consumen directamente los trabajadores. Pues esto tiene
importancia para la competitividad, porque al final eso nos va a
permitir, si liberalizamos, si introducimos competencia, reducir los
precios de los productos que compran los trabajadores y por tanto
aumentar los salarios reales. Es la forma que tenemos de aumentar los
salarios reales sin perjudicar la competitividad, porque la
competitividad la fijan los salarios nominales. Es una fórmula magnífica
porque podemos ser competitivos, con unos salarios nominales dados e ir
aumentando los salarios reales. Y esto es importante, no sólo desde el
punto de vista de la justicia, que es obvio y razonable, sino desde el
punto de vista de la competitividad de la economía española. Nos interesa
que los salarios reales de los trabajadores aumenten, sin que aumenten
los salarios nominales. Esto debe ser una preocupación no sólo de
justicia, sino una preocupación pensando en la competitividad de la
economía española. Funerarias, farmacias, etcétera, no es nada a
despreciar; son temas importantes a considerar y a calibrar, porque al
final son los que van a permitir aumento del salario real, con lo que
ello significa: aumento de demanda sin perjuicio de la competitividad, no
hace falta aumentar gasto público, vamos a ver aumentos de demanda,
etcétera. Esto es muy importante.
Si hay algo en lo que los economistas están de acuerdo --poquísimas
cosas-- es en que la competencia mejora la asignación de recursos y la
mejor asignación de recursos da una tasa de crecimiento mayor. Se puede
discutir todo, pero eso es algo perenne, desde Adam Smith; es algo obvio.
Es decir, los países ricos, los países que tienen una tasa de crecimiento
mayor son los que tienen mejor asignados los recursos, los que tienen un
mayor grado de competencia en sus sectores y esto lo hemos visto
históricamente. Hemos visto cuando Latinoamérica hizo la vía contraria a
la sustitución de importaciones y se hundió. El crecimiento es muy
importante; tampoco es despreciable porque es el que va a permitir, por
ejemplo, aumentar el gasto público y los gastos sociales sin perjudicar
la competitividad de las empresas. La liberalización y su impacto en el
crecimiento es fundamental, porque es la que nos puede permitir de alguna
forma no desmontar el Estado de bienestar y lograr políticas sociales, de
infraestructuras, es decir, que el Estado pueda subvenir a sus
necesidades sin una presión fuerte porque hemos aumentado el PIB y el
gasto sobre el PIB desciende o se mantiene. No lo debemos olvidar.
Otro efecto a destacar es el efecto inversión, que sería muy importante
en el ciclo. Preguntaba usted, señor Aguirre, ¿cuándo? Yo creo que todo
esto cuanto antes, aunque yo soy de los que pienso --no ahora, hace seis
meses y lo escrito-- que la recuperación es imparable, pero no estamos
aquí para esto. No hay un país tan pequeño; es difícil que pare un ciclo
a la baja y es difícil que pare un ciclo al alza. Se haga lo que se haga
la recuperación está ahí. En todo caso es relevante porque en
determinados sectores --y se vio cuando se liberalizaron los horarios y
otras cosas en 1985-- se desata un proceso de inversión importante. Estoy
convencido de que si hay una buena ley del cable lo vamos a ver en
España. Hay quien calcula que pueden ser 200.000 millones de pesetas. Y
no es inversión tecnológicamente sofisticada; son zanjas, es empleo, es
trabajo. Lo mismo sucedería en las funerarias. ¿Usted se imagina una
ciudad como Madrid, que tiene un solo velatorio? No hay ninguna ciudad
del mundo donde las funerarias estén liberalizadas en la que los
velatorios no lo estén también. En el momento en que haya una
liberalización se generará una inversión en velatorios. Hay unas
inversiones que los monopolios no hacen, porque no les interesa, porque
una de las desventajas del monopolio o de las restricciones es que el
output es menor, la producción es menor. Nos fijamos en los precios,
decimos que los precios bajan, pero fíjense ustedes en otra cosa: la
producción aumenta. La liberalización, por ejemplo, de las compañías
aéreas en Estados Unidos, el efecto precios, es espectacular: el 40 por
ciento; ha bajado en los diez últimos años, pero lo más impresionante es
cómo se ha multiplicado el número de personas que ha viajado. Ahora quien
se queja en Estados Unidos de la liberalización son los ricos, antes se
viajaba cómodamente y ahora las salas de espera están llenas. Por qué?
Porque el abuelito, que antes quería ver a su nieta en Los Angeles tenía
que pagar mil dólares y ahora por doscientos vuela, de noche, eso sí, en
una silla incómoda, pero resulta que hemos aumentado el output y, por
tanto, mucha más gente accede a servicios que antes estaban restringidos
a un número determinado de personas. Nos fijamos en el precio, pero
debemos fijarnos también que el efecto de la apertura de la competencia
ha significado que mucha más gente accede a más cosas, y es una de las
dimensiones más destacable.
El hecho de que haya competencia --es importante en el ciclo actual y en
la recuperación-- hace que las expansiones duren más. Cuando hay
restricción a la competencia --y luego hablaremos del suelo, señor
Andreu--, el problema es que allí donde la oferta no puede reaccionar
rápidamente se crean situaciones monopolísticas --el que es dueño del
suelo de alguna forma se convierte en monopolista--, los precios suben
disparatadamente y entonces se generan burbujas, colas. Por ejemplo, en
las telecomunicaciones --es típico en España--, las colas aumentan cuando
el ciclo está al alza y desaparecen cuando estamos en recesión. Pero no
hay una acomodación de la oferta a la demanda. Esto hace que, si hay una
rigidez, las expansiones se detengan, porque inmediatamente los precios
suben y la autoridad monetaria tiene que parar la expansión. Si la oferta
es flexible, si dejamos producir a la gente porque hay competencia, si
dejamos que entren nuevos operadores, las expansiones duran más. Es un
efecto importante también, porque de alguna forma tenemos una tasa no
sólo de crecimiento mayor, sino durante más tiempo.
Se producen también efectos en la calidad. Muchas veces hablamos de
precios, pero debemos tener presente que hay efectos importantes en la
calidad. Por ejemplo, en el tiempo, antes hablábamos de las colas. Uno de
los efectos más importantes de la introducción de competencia es que los
tiempos en que se consiguen las cosas, una línea, cualquier producto,
disminuyen radicalmente. Quizás es uno de los efectos más típicos en la
liberalización de las telecomunicaciones. Ya saben que en Portugal hay
dos compañías de telefonía móvil. Se introdujo la competencia hace
aproximadamente dos años. Antes de que hubiera competencia, uno tardaba
en conseguir una línea paramóvil lo que tarda en España, muy poco, días.
En el momento en que se introdujo el segundo operador, eran minutos. Y
esto es importante. Hacer las mismas cosas antes aumenta la renta «per
cápita». Porque olvidamos que el producto interior bruto no es una medida
de producción; es una medida de producción en el tiempo. El producto
interior bruto en un año. Si yo hago lo mismo pero antes, sin ningún
esfuerzo adicional, la riqueza aumenta, y esto es algo importantísimo. Si
ustedes comparan qué pasa entre España, Estados Unidos o cualquier otro
país, comprobarán que ya no hay grandes diferencias. Hay rascacielos, más
coches, pero, en general, todo se hace antes. Y eso significa que el PIB
es mayor, eso significa que hay más riqueza y eso significa que hay más
impuestos, sin cargar a la gente y más posibilidades de hacer cosas, si
uno quiere, con la orientación que tenga, más socialista, más
igualitarista, pero posibilidades tienen. No despreciemos los temas de
calidad, que muchas veces son difíciles de definir, a veces requieren
tiempo, pero que son importantes.
La innovación, en todos sus géneros, en productos, financiación, compras,
procesos, se desata en el momento en que vamos introduciendo competencia
en un sector.
Esto es algo impresionante. En el Reino Unido, donde hay competencia en
telecomunicaciones, todas las semanas aparece un nuevo producto. ¿Y qué
es un nuevo producto? No es que tenga usted posibilidad de hablar, no; es
una nueva oportunidad.
Hace dos semanas, Mercuri, la segunda operadora le preguntaba a usted:
dígame el número al que llama con mayor frecuencia y le cobro la tercera
parte. ¿Qué es esto? Pues que todo el mundo sale ganando, porque si usted
llama mucho a su madre, que la tiene en Barcelona, resulta que le bajan
la tercera parte y al final va a llamar tres veces más, va a hablar tres
veces más y todo el mundo sale ganando. En definitiva, es una idea de
marketing, que aparecerá aquí como ha aparecido o que aparecerá donde hay
monopolios, como cuando a alguien se le ocurrió la facturación detallada.
Al final la innovación llega, pero no tan rápidamente como cuando hay una
situación de competencia.
En esta línea, señor Aguirre, como hay desequilibrio, elegimos seis
sectores, porque usted sabe que el Tribunal lo forman ocho personas y
todo el staff que tenemos en él de titulados universitarios, como yo digo
en broma, se ha triplicado desde que yo he llegado, es decir, ha pasado
de uno a tres. Uno hace lo que puede y elegimos seis sectores
--telecomunicaciones, transportes, energía eléctrica, instaladores,
monopolios locales y suelo-- por diversas razones, pero fundamentalmente
dos de ellos por su importancia trascendental --telecomunicaciones y
suelo-- y algunos otros, como monopolios locales, que, no siendo de PIB
importante, estaban sometidos a restricciones a la competencia feroces,
como es el caso de los servicios funerarios, donde se llega al monopolio
extremo. Fue una elección de ese tipo.
Hicimos antes el de profesionales, y después de que yo presenté en
Comisión Delegada el último informe, la Comisión Delegada sugirió al
Tribunal, y éste lo aceptó, la idea de que todos los años hagamos un
informe, que vayamos eligiendo sectores y viéndolos. Para este año hemos
elegido --hemos empezado hace dos semanas-- banca al por menor, porque
era una demanda social --qué pasa con la banca, está sometida a
oligopolio, a monopolio, etcétera--, distribución de carburantes --donde
también hay problemas--, puertos y farmacias. Probablemente entraremos en
algún sector del audiovisual que no hemos decidido. Usted me dirá que
quedan fuera cosas; pues sí, queda fuera una lista inmensa de cosas.
Afortunadamente, el Gobierno y otras instancias parlamentarias, por
ejemplo la suya, han producido iniciativas de introducción de
competencias que nosotros no habíamos dicho: lo de los créditos
hipotecarios es un ejemplo, es una norma que obviamente aumenta la
competencia en el sector; o la desmonopolización del Inem, de la
contratación del empleo, que es algo que no habíamos dicho y que el
Ministro de Trabajo sugirió. Afortunadamente, no tenemos el monopolio de
proponer la introducción de competencias o la desmonopolización, y
estaríamos encantados de perder ese monopolio y de que surgieran cantidad
de ideas en este sentido.
Nosotros hicimos en el informe, como ustedes han visto, unas
recomendaciones generales y otras sectoriales; las sectoriales son 55
medidas concretas, salvo una que usted y el señor Aguirre han señalado,
que es la comisión del suelo, de la que luego hablaré, bastante
inconcreta, bastante general, que se separa un poco del resto. Pero me
gustaría poner énfasis en las recomendaciones generales, porque éste,
inevitablemente, va a ser un proceso lento, que requiere cambios en
conciencias, cambios de ideas, etcétera, en un país que viene del
corporativismo. La primera recomendación que le hicimos al Gobierno fue
la de estimular el debate, hablar de ello. Esto es algo que, en general a
los monopolistas y a los que tienen restricción a la competencia, no les
gusta: que se hable. No, que se hable; vamos a ver, sobre todo,
experiencias extranjeras; vamos a ver qué pasa con las telecomunicaciones
en Australia, en Inglaterra, en Holanda ahora, en Estados Unidos... Vamos
a verlo y vamos a ir estudiando, como nosotros haremos, los costes de no
liberalizar. Vemos claramente los problemas que puede traer una
liberalización, pero no vemos muchas veces los costes de no liberalizar
y, por tanto, hay que atraer la atención de qué pasa si no liberalizamos,
los costes que va a pagar la industria española seriamente en su
competitividad y en el empleo. De todo esto vamos a hablar.
Otra recomendación importante al Gobierno: mantener los objetivos
públicos y sociales cuando haga la introducción de competencia. ¿Por qué?
Por dos razones. Primera, porque no hay ningún motivo para no hacerlo. Si
uno tiene un objetivo público en telecomunicaciones --aumentar la
telefonía rural-- o en farmacias --tener cuidado con las prescripciones
farmacéuticas--, no tiene por qué perderlo al introducir competencia. Son
dos cosas distintas. Una cosa es que haya varios operadores que ofrezcan
precios distintos, y otra cosa son los objetivos públicos. Esto es muy
importante para conseguir cambiar las cosas, porque los monopolistas
tratan de decir: si usted liberaliza se van a perder los objetivos
públicos. Mentira, falso, no hay por qué, por varias razones: primero
porque no hay por qué, uno puede defender los objetivos públicos; y
segundo, porque al reducir los precios, aumentar el output y generar el
crecimiento, yo tengo más recursos públicos para poder atender objetivos
sociales. Si yo tengo varias compañías de teléfonos para subastar los
teléfonos rurales, es probable que me cueste menos cada teléfono rural y,
por tanto, pueda poner más.
Cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, en el año 1987, Carter, un
Presidente demócrata --porque aquí la gente se cree que la liberalización
la hizo Reagan, pues no es verdad, la liberalización de los transportes
por carretera, del transporte aéreo, la hicieron fundamentalmente los
demócratas--, cuando yo estaba allí viviendo las compañías aéreas
dijeron: los aviones se van a caer, esto va a ser un desastre. Los
aviones no se caen por los precios, se caen por la falta de seguridad.
Resulta que en 10 años la seguridad en la aviación en Estados Unidos ha
aumentado; el año pasado ha sido el primer año en el que en Estados
Unidos no ha habido una víctima por accidente aéreo comercial, y los
precios son el 50 por ciento más baratos. Déjese de bromas, usted puede
dar unas normas de seguridad, usted puede decir que en las latas los
conservantes autorizados
son ésos y no meta porquerías, pero eso no le obliga a que haya una sola
empresa en España que produzca latas. No tiene nada que ver. Las casas no
se van a caer porque discutamos los precios con los arquitectos; y no va
a haber menos teléfonos sino más probablemente en el momento en que
tengamos competencia, y va a llegar a muchos más sitios porque la
competencia en sí ya hace llegar y aumentar el producto; las empresas
están interesadas en vender, no en no vender; el monopolista, como
ustedes saben, por las famosas curvas de ingreso marginal, no está
interesado en vender el producto; en competencia, sí. Luego, de entrada
se produce una dimensión social de que llega a la gente, pero es que
además el crecimiento permite, obviamente, atender los objetivos
sociales.
Cuiden ustedes los objetivos sociales. No tiene nada que ver la
introducción de competencia con los objetivos sociales o públicos. Esto
es muy importante porque es verdad que ha habido liberalizaciones hechas
por gobiernos de derechas que se han utilizado para cargarse los
objetivos sociales, pero no hay necesidad, no es necesario, no es
obligado; usted hace lo que quiere.
Segundo tema importante, cuidar la transición. Este es un error típico de
mis colegas los economistas. Es verdad que una mejor asignación de
recursos lleva a un mayor crecimiento, etcétera, pero en el tránsito
alguien tiene que dejar de hacer cosas. Cuando decimos asignar mejor los
recursos es que alguien se va a poner a hacer cosas, pero para que esos
recursos vayan ahí hay que quitarlos de otro sitio.
El problema de la economía de mercado es que la creación es destrucción a
la vez. No hay creación «ex novo», sería maravilloso. Hay
conservadurismo, tradicionalismo, que es lo que ha hecho el mundo hasta
mil ochocientos y pico, que la curva de PIB es así, pero si uno quiere
crecer así tiene que hacer unas cosas y dejar de hacer otras. Si llegan
los ordenadores personales y la gente empieza a escribir en ellos hay que
cerrar las fábricas de máquinas de escribir, o transformarlas en fábricas
de ordenadores personales. Y esto hay que ayudarlo. Hay que cuidar esa
transición. No se puede decir a la gente: a usted le ha tocado mala
suerte. No, hay que ayudar. La fórmula mala es impedir que haya fábricas
de ordenadores personales, o poner una norma que diga: cada empresa sólo
tendrá un ordenador personal, para ayudar al pobre que está haciendo la
máquina de escribir. Eso es una barbaridad, porque impedimos el
crecimiento. Pero otra barbaridad es la selva, es olvidarse de que hay
que transformar. Si ven ustedes el organismo más fascinante desde el
punto de vista de introducción de la competencia, que es el GATT, en el
cual ciento y pico países durante cuarenta años se han ido poniendo de
acuerdo en liberalizar el comercio, y lo tenemos en este momento en unos
niveles extraordinarios, dicen en Marraquech --donde se acaba de firmar--
que se liberaliza todo. Cójanse ustedes el GATT y verán el proceso en
siete, diez años, es decir, se cuida la transición. Lo malo es decir que
no se hace esto o se hace tarde.
Nosotros en el debate sobre las telecomunicaciones estamos en contra del
aplazamiento, de que se tarde en meter operadores. Pero entre esperar al
año 2003 a que entre aquí todo el mundo o que mañana ya haya otra empresa
que compita con Telefónica, eso es más suave. Empecemos cuanto antes,
pero poquito a poco. Basta con que haya otra empresa enfrente a
Telefónica, basta con dos para empezar. Ya veremos luego y nos
adaptaremos. Si usted pierde el tiempo y no va adaptando su compañía,
luego entran todos y le machacan. Lo que nos ha pasado con los
terminales, con la industria, con cantidad de cosas. Esto es algo
importante, mantener los objetivos sociales, cuidar la transición, y esto
lo hemos ido aplicando a cada uno de los sectores.
Otra recomendación es no ser lo primeros y no ser los últimos, decíamos
nosotros al Gobierno. Yo creo que este país no tiene recursos para ser el
primero en liberalizar lo que sea, porque eso significa experiencia y
significa a lo mejor equivocarse. Por tanto, yo creo que es bueno
estudiar y ver aquellas experiencias de competencia que han funcionado, y
entonces incorporarse, pero tampoco debemos ser los últimos, como nos
está pasando con telefonía móvil en Europa. Pues no. Es decir, si ya se
ve que caben en Uruguay tres operadores --uno de los cuales es
Telefónica, por cierto-- y ya se sabe que esto funciona, no esperemos al
final, incorporémonos. Los españoles tenemos una ocasión histórica de no
llegar los últimos, porque esto es algo que se está produciendo ahora,
ocasión que no hemos tenido nunca, hemos llegado siempre a la
liberalización de la industria, etcétera, al final. Entonces tenemos esa
oportunidad, no la perdamos, no experimentemos, no seamos los últimos en
incorporarnos.
Otra recomendación importante y que ya está empezándose a implementar en
algunos campos es la de separar los reguladores de los regulados. No se
puede introducir competencia en un sector si tenemos una confusión entre
el que regula y el que opera. En el caso concreto de Telefónica no se
puede ser a la vez el que hace las normas y el que está sentado en la
empresa, porque esto es como si en un partido de fútbol el árbitro fuera
el delantero centro de uno de los equipos, tendría una tendencia
inevitable a pitarle penalties al contrario. No, el árbitro tiene que ser
alguien que no forme parte de los equipos. Por tanto, separar los
reguladores de los regulados es una de las recomendaciones más
importantes para poder avanzar en el terreno de la competencia.
Con relación a la CEE, de nuevo aquí la recomendación al Gobierno es que,
respetando la política de la CEE, tengamos una política autónoma. Es
verdad que la CEE dice: usted puede liberalizar las telecomunicaciones en
el 2003. Muy bien, pero yo haré lo que quiera, yo debo hacer lo que
quiera, no agotar los plazos que me da la Comunidad, sino hacerlo como a
mí me interese, y como a mí me interese está dentro de la política de la
Comunidad. La Comunidad no va a poder decir nada si mañana introducimos
un segundo operador, está dentro de la política de la CEE. Por tanto, no
juguemos con decir: no, es que la CEE me deja... Sí, le deja, pero no
utilice usted eso, porque no le interesa para los intereses de este país,
le interesa hacerlo.
Finalmente, nosotros propusimos al Gobierno --y vamos a hacerlo--
elaborar lo que llamamos un presupuesto de restricciones a la
competencia. Como creemos que éste es un proceso lento y que no se va a
hacer de la noche a la
mañana --ven ustedes la lista que hay ahí--, por lo menos que este país,
a través de este Parlamento, sepa qué cuesta el mantener restricciones a
la competencia, porque las restricciones a la competencia se pueden
convertir en un impuesto, y lo han sido tradicionalmente. Recuerden
ustedes los monopolios que se cedían por los reyes. Es decir, es una
forma a través de la cual alguien consigue que el consumidor le pague lo
que no conseguiría si no tuviera una ley que le protegiera. Por tanto,
tiene los dos elementos de un impuesto, se utiliza la fuerza del Estado
para recaudar forzadamente, «impuestamente» un precio adicional. Nosotros
vamos a estudiar esto para todos los sectores, por ejemplo para el caso
de farmacia. Si hubiera competencia en las farmacias, pues lógicamente el
margen se fijaría en el margen de competencia en ese sector --sector
doméstico--, que es en torno al 22 por ciento. Gracias a la ley, el
farmacéutico consigue un 30 por ciento. Lo que está consiguiendo es como
un impuesto del 8 por ciento, y usted si quiere lo mantiene --quiero
decir el Parlamento--, son ustedes los que lo van a mantener, pero por lo
menos que se sepa, que se sepa que el 8 por ciento de 800.000 millones
son 60.000 millones, y que podría ser un impuesto que pusieran al consumo
de productos farmacéuticos con el que se podría hacer lo que públicamente
se quisiera. Lo que pasa es que ahora eso va, lógicamente, al bolsillo
del farmacéutico para objetivos que, si usted quiere, son públicos, pero
por qué no empezamos a discutir en qué se gasta eso. Se dice que en
farmacias apartadas. Cuántas farmacias apartadas puede haber en el país?
¿2.000? ¿Cuántas subvenciones se le pueden dar a un joven farmacéutico
porque esté en una farmacia apartada? ¿Dos, tres millones de pesetas? Son
6.000 millones de pesetas, no son 60.000 millones de pesetas. A lo mejor
nos interesa más poner una tasa del 1 por ciento, con lo cual recaudamos
8.000 millones de pesetas y nos sobra, para tener farmacias en lugares
apartados. Por tanto, es un poco saber qué es lo que nos vale, porque
puede ser razonable, por razón, por grupos de presión, etcétera, que no
se cambien las cosas, pero por lo menos que el país sepa qué es lo que le
cuesta tener un monopolio de Telefónica, qué es lo que le cuesta tener
una restricción respecto a las farmacias.
Esto es lo que se hizo aquí poco antes de que llegara la Constitución con
los gastos fiscales. Se acordarán ustedes que con los gastos fiscales
antes de lo beneficios que se daban de los impuestos no se sabía nada, y
a alguien se le ocurrió --y es muy bueno-- decir: oiga, cuando yo le
estoy diciendo a usted que le cobro menos impuestos, le estoy dando
dinero, calculémoslo. Lo hemos puesto en los Presupuestos; la
Constitución exige que se ponga. ¿Se acuerdan ustedes? Y eso es bueno.
¿Qué ha pasado con los gastos fiscales? Que se han ido reduciendo a lo
que parece razonable, porque no digo que no haya que restringir la
competencia --puede tener sentido restringirla en la distribución de agua
y en un montón de cosas--, pero por lo menos que sepamos qué vale.
Entonces, al saber qué vale, iremos preguntándonos si tiene sentido ir
manteniendo esos impuestos, porque son impuestos en el sentido que
disminuyen la capacidad adquisitiva de los españoles y, en definitiva,
disminuyen la capacidad de demanda, empeoran los salarios reales,
etcétera.
Esto nos llevó a este conjunto de recomendaciones que aplicamos a todos
los sectores y que, si ustedes quieren, podemos mencionarlas. Por lo que
he entendido, el señor Aguirre sigue interesado en el tema de
telecomunicaciones y, si quiere, puedo comentar el tema brevemente, pero,
señor Presidente, me parece que me alargaría mucho si fuera mencionando
cada una de las recomendaciones. Por tanto, les hago gracia de ello y
paso al tema del suelo.
El tema del suelo, como usted ha reparado claramente, señor Andreu, es
singular. El Tribunal llegó al tema del suelo de la siguiente forma,
porque no es normal --y se lo digo por adelantado-- que los órganos de
competencia entren en el tema del suelo. Los órganos de competencia están
entrando en el resto. Si examina el órgano de competencia alemán, el
Bundeskertellamt está recomendando la liberalización de las
telecomunicaciones. Allí, como tienen restricción de horarios, se está
diciendo que se carguen la restricción de horarios comerciales, etcétera.
Respecto a algunos temas de comercio en Alemania, como usted sabe, se
está diciendo que se deroguen los temas de profesionales, pero en cuanto
al suelo no es normal.
¿Cómo llegamos a esta cuestión? Llegamos al estudiar el tema de la
distribución comercial. Empezamos a estudiar el tema de los plazos --he
intervenido en la comisión sobre plazos de pago-- y la conclusión a la
que llegamos es que el sector comercial en España se ha modernizado de
una forma importante desde el año 1985, los precios de las nuevas formas
comerciales son muchísimo más bajos que los de las tradicionales, del
orden del 20 o del 30 por ciento, y resulta que lo que descubrimos de
diferencia no es que las nuevas formas comerciales, las grandes
superficies no hubieran bajado los precios, sino que quizás lo hicieron
pero no tanto como en otros países, y la razón empezamos a ver que era
porque había competencia entre grandes superficies y comercio
tradicional, pero poca en las grandes superficies entre sí, que sí la hay
en otros países. La hay en otros países, fundamentalmente, porque en la
mayoría de los países las grandes superficies se establecen en un mismo
sitio y entonces compiten entre ellas. Uno tiene una gran superficie y el
otro pone un anuncio que diga: yo más barato. Entonces, hay una
competencia fuerte entre los distintos centros comerciales que se suelen
agrupar en áreas más o menos comunes, o bien del centro de la ciudad o
bien de las afueras. Sin embargo, en España eso no se producía. Las
grandes superficies están una aquí, otra allá, etcétera. Empezamos a ver
que el sistema de planificación en España era mucho más detallado que en
otros países.
Evidentemente, la intervención en el suelo o la regulación pública del
suelo es general en todos los países. Es decir, si hay algo que exige una
regulación pública es el suelo. El problema no es decidir eso, y en ese
terreno ideológico yo no entraría nunca, me parece absurdo. El problema
es ¿qué regulación? ¿Cuál es la regulación óptima?, y no si tiene que
haber regulación. Si hay un sector donde haya externalidades, es éste y
hasta el economista más liberal, Hayek, defiende la intervención. Es que
a nadie se le
puede pasar por la cabeza que no haya regulación pública. El tema es
cómo. No es mejor que haya sistema de zoning, como hay en otros países,
donde dicen: ustedes pueden poner ahí grandes superficies y, por tanto,
pelean entre ellas, que no como ocurre aquí, que se da una concesión
monopólica porque se dice: aquí se instala una, y nada más? Con ello, se
establecen unas concesiones monopólicas por espacios que llevan a que las
grandes superficies no compitan entre ellas y, por tanto, los precios
bajen, evidentemente --eso es espectacular--, pero no tanto como se
hubiera conseguido si hubiera otra planificación del suelo.
Por ello, empezamos a estudiar y llegamos a varias conclusiones, yo diría
que a dos, señor Andreu, yo le agradecería a usted que me proporcionara
la bibliografía que me ha citado y que me diga un solo nombre de un
economista español que se haya dedicado a este tema, no al tema de
planificación urbana física, que hay muchos; son ríos de tinta los que
hay sobre información física de planificación en este país, hay toda la
que se quiera. Pero sobre estos temas de razonamiento económico apenas
hay y yo le agradecería que nos la diera. Nosotros intuimos, vimos, que
hay dos grandes diferencias en España con su entorno. Una, los precios,
que son mucho más caros, y los tiempos de gestión, que son larguísimos.
Otra cosa que descubrimos es que la legislación española es muy distinta
del resto de legislaciones, en algunos aspectos. Y esto es lo que nos
llevó a decir: estúdiese. Si nosotros vemos que algo es mucho más caro
que fuera, que se hace mucho peor y que la legislación es distinta... y
es cierto que el Tribunal tiene un estilo, lo reconozco, que es ser
radical en el análisis pero moderadísimo en las propuestas. Es verdad que
el análisis es radical, que se dice: esto no puede ser, qué pasa aquí?
Pero en las propuestas, si se le ocurre alguna más moderada que la de
estúdiese, me lo dice, porque a mí no se me ocurre ninguna; es decir,
miren los precios y estúdienlos. Porque habla usted de muchos estudios,
pero nosotros pedimos al MOPU un estudio de legislación comparada y nos
dijeron que no lo había, que el único que había era del año 1970, y esto
es serio, ¿no?, porque hay que estudiar. Y después llegamos a la
explicación de por qué ha sucedido esto, y es porque la legislación
española es tan singular que difícilmente vale compararla con otras,
porque la Ley del Suelo, de 1956, es una ley que cambia radicalmente el
sistema en España y en el mundo. Es muy curioso que la Ley del Suelo, que
lo que hace fundamentalmente es quitar al propietario la decisión de
edificar para dársela al poder público, en el año 1956 --es decir, el
derecho a edificar no lo tiene el propietario, se le concede de alguna
forma, hay un sistema cuasi concesional--, es una ley que es elogiada por
todas las revistas de arquitectura y urbanismo del mundo, a pesar de que
provenía de un sistema fascista, totalitario, etcétera, y es elogiada
porque se reconoce como un paso realmente importante el que no sea el
propietario el que decida sino que sea el Estado.
Por decirlo brevemente, el sistema que hay en otros países es un sistema
menos detallista en la planificación --esto que le he dicho es un
ejemplo-- y permite, por tanto, que la utilización de los usos se adapte
mucho más a la demanda. Un ejemplo es lo que ha pasado con el tema de las
oficinas en Madrid, que usted conoce. ¿Qué pasó con las oficinas del boom
en Madrid? Que se planificó un número determinado, con el boom subieron
los precios espectacularmente, y ahora se han cambiado y reconvertido
determinados usos, cuando ya nadie quiere oficinas. Por tanto, éste es el
típico ejemplo del error de una planificación excesivamente rígida,
porque la planificación tiene que existir --qué duda cabe?-- y creo que
quien diga lo contrario está diciendo algo que no sabe. Eso primero.
Segundo, planificación y ordenación más basadas en las reglas que en la
discrecionalidad administrativa. Y en este punto decía usted: ¿qué se
puede hacer? Nosotros hemos sido muy cautos, hemos recomentado cuatro
criterios: suelo urbano, suelo urbanizable, etcétera. ¿Qué se puede
hacer? Tal vez se puede --como señalamos ayer-- revisar el artículo 15.
Tenemos un artículo 15 en la Ley del Suelo que es único en el mundo. En
el resto del mundo existen las áreas planificadas y después hay unas
normas para edificar en todo el resto del suelo del territorio nacional
que no es el protegido por razones medioambientales y físicas. Aquí no se
puede, y punto. Qué pasa? Usted coge el avión --no hace falta hacer
grandes estudios--, vuela por el resto del mundo y ve que las ciudades se
acaban suavemente, pero aquí no. Aquí usted sube a la torre Picasso y
Madrid se acaba en una especie de muro de cristal y las ciudades se
acaban en España, no se desparraman, que es lo que sucede en el conjunto
del mundo. ¿No será eso responsable de que el 50 por ciento de la
población, 20 millones de personas, vivan en España en el 3,8 por ciento
del área territorial? ¿Esto tiene sentido? Y el 96 por ciento vive en el
área restante. Son cosas como para hacer una comisión y estudiarlas,
porque a lo mejor ocurre algo. España es el segundo país más extenso de
Europa; esto no es una isla.
Por todo este tipo de razones quiero atraer su atención sobre los tres
gráficos que hay en el estudio. En la página 459 --esto es de un
articulillo que escribí en la revista «Economistas»-- pueden ver lo que
ha pasado --éstos son datos del MOPU para Madrid-- desde el año 1985, en
que el precio medio de techo final en Madrid eran 60.000 pesetas, y ha
pasado a 258.000 pesetas en estos años. Miren ustedes el porcentaje del
suelo: el 25 por ciento en 1985 y el 43 por ciento en 1992. El gráfico
siguiente, en la página 460 --gráfico 2--, muestra la apreciación
relativa del precio de la vivienda de 1985 a 1991 en que España es el
récord. Estos son datos del Banco Hipotecario a los cuales les hemos
quitado la inflación en los países; es decir, que es lo que vale la
vivienda por encima de lo que vale el conjunto de los precios. Por
cierto, señor Andreu, me decía usted: que es incluso en Inglaterra...
Tengo que decirle que Inglaterra es de los países «malos» --entre
comillas--. Aquí hay dos países que tienen legislaciones de suelo
probablemente disparatadas, que son Japón y España, que baten el récord.
Ya sabe usted que el último Gobierno Hosokawa, en su programa de ataque a
la corrupción, introdujo prácticamente 90 medidas a favor de la
competencia, curiosamente, y bastantes a favor del tema del suelo. Quizá
no es éste el momento de hablar de estas cosas, pero tienen alguna
relación: la discrecionalidad, etcétera; pero,
curiosamente, hicieron cambios. Usted ve, decía, que Inglaterra, después
de España, es el país donde el suelo ha tenido un mayor crecimiento.
Tiene una herencia --una legislación de 1975-- más que dudosa, pero éstos
son, en fin, los datos.
Quizá el último gráfico es el más importante. Es un gráfico realizado por
Naredo en «Economía y Sociedad» y representa el valor de los activos
inmobiliarios sobre la renta disponible, y fíjense ustedes en que hay
tres grupos de países: Europa, Estados Unidos y Japón y España. Por
decirlo de alguna manera, aunque es una forma imperfecta y no correcta,
el gráfico viene a decir el número de veces que vale una casa o un local
comercial sobre la renta que uno tiene. Esto quiere decir que en Japón y
en España uno tiene que dedicar el 50 por ciento de su renta anual
durante 12 años para pagar sólo el capital de su casa, y en Europa, que
está en torno a 3, tiene que pagar el 25 por ciento. Esto es
importantísimo, no sólo para la vida de los ciudadanos sino para la
competitividad, porque todo esto no es sólo vivienda, sino que tiene
efectos en la competitividad, sin duda. Además, tiene efectos
importantísimos en nuestras infraestructuras, en la capacidad de
infraestructuras que tengamos, porque en mi opinión hay un error, que es
decir: aquí apiñamos a la gente en casas porque no hay infraestructuras.
No; no hay infraestructuras porque las casas son muy caras, porque si las
casas fueran más baratas, usted podría tener una imposición urbana mayor.
Si una casa en vez de valer 30 millones, como vale aquí, vale, como
valdría en Europa, 15 millones o, como valdría en Estados Unidos, 10
millones, evidentemente usted tiene margen para pagar impuestos para
tener infraestructuras; si no, no tiene margen. Es decir, las casas
caras, la vivienda cara y el suelo caro van en contra de las
posibilidades de tener unas infraestructuras aceptables. Esto es un poco
lo que les quería decir.
¿Por qué esa moderación? Se lo explico claramente. El Gobierno y este
Parlamento acababan de aprobar una Ley del Suelo que, en nuestra
modestísima opinión, va en contra de esto; es decir, que su obsesión es
intervenir cada vez más, intervenir absolutamente, es decir, que no se
introduzca competencia en el mercado. Es muy fuerte eso de decir: mire
usted, y ahora cambia esto, esto y esto. Uno debe ser de alguna forma
cauto.
Segundo. La falta de estudios previos. No hay estudios suficientes de
legislación comparada, no hay estudios suficientes de precios. Usted va
al informe estadístico del MOPU y no encontrará un solo gráfico ni dato
sobre el suelo. Es algo que ha preocupado desde el punto de vista físico
pero no desde el punto de vista económico. Le pongo un ejemplo de esto.
Una de las razones que se esgrimen es: hay suelo suficiente para aumentar
el 33 por ciento de lo edificado. Pero es que no es un problema físico,
es un problema económico. Si usted tuviera la oportunidad de construir en
la estepa castellana, es evidente que las posibilidades físicas de
construcción serían el siete mil por ciento, o un millón por no sé
cuántos; es evidente que eso no se va a construir, pero los efectos en
los precios sí se tienen. Es decir, si yo dejo construir fuera de ese
muro de cristal, no se va a construir mucho más, pero sí a un precio
mucho más barato. Todo esto, insisto, son impresiones aproximadas;
tenemos reuniones con los representantes de los centros comerciales y nos
señalan cómo el precio de centro comercial en Colmenar Viejo está entre
el de Dallas y Houston; tenemos datos de constructoras que han comprado
viviendas, antes de la devaluación en Manhattan, a precios por debajo del
precio del barrio de Salamanca, en Madrid... En fin, son cosas
verdaderamente importantes.
Más o menos la estructura de precios de una ciudad normal es que el
centro es mucho más caro y va bajando hasta la periferia. En España
sucede lo mismo, es así; pero el problema es que, como a partir de
determinado límite no se puede construir, los precios arrancan a un nivel
mucho más alto. Es decir, usted tiene unos precios con el muro de cristal
así, en vez de tener unos precios que evidentemente son más altos en el
centro que en la periferia, pero mucho más desparramados. Y éstas son
cosas que hay que mirar, sobre todo cuando uno tiene una legislación que
es singular, como dicen todos los tratadistas. Si usted ve los
tratadistas, afortunadamente España tiene una legislación distinta...
debemos defender... donde realmente el propietario no tiene ninguna
posibilidad, etcétera. Bueno, hay que ver cómo se puede conjugar esto.
En tercer lugar, aunque conociéramos la experiencia comparada, el
problema del suelo, al tener varios niveles de gobierno en España, es un
tema complicado, no es fácil. Aquí hay competencias de corporaciones
locales, de comunidades autónomas; por tanto, no es un tema sencillo, no
es un tema que, viendo la experiencia comparada, se pueda copiar. Es
fácil copiar una legislación sobre telecomunicaciones; no es fácil copiar
una legislación del suelo. Por tanto, requiere una enorme moderación.
En cuarto lugar: nos encontramos con que algunos responsables de estos
temas del suelo piensan todo lo contrario de lo que pensamos nosotros. La
soberbia nos hubiera llevado a decir: oiga, usted tiene que hacer esto.
No. Para cambiar de ideas se necesita tiempo y por eso hay que empezar a
hablar de ello. Los intereses son importantes.
Y luego una de las cosas que vimos es que hay un problema en común con la
legislación laboral en España. En mi opinión, con el suelo va a pasar en
España como con la legislación laboral. Hace quince o veinte años una
serie de economistas empezaron a decir que nuestra legislación laboral
era disparatada. Hemos tardado veinte años en cambiar esto. ¿Por qué?
Porque son legislaciones bienintencionadas. El problema es que la
legislación laboral quiere que haya menos paro e introduce la
imposibilidad de despido, pero los efectos que consigue son los
contrarios. La legislación del suelo es una legislación bienintencionada;
quiere evitar la especulación, la retención del suelo, y consigue lo
contrario. Estas legislaciones son muy difíciles de cambiar, porque lo
primero que le dicen a uno es: si usted me disminuye las posibilidades en
el tema del despido, si usted está dando mayor margen, me está haciendo
polvo.
Señor Andreu, usted ha detectado y ha aceptado el tema de las haciendas
locales; no entro en él. Yo creo que un buen sistema de financiación (y
nosotros lo hicimos) de haciendas locales impediría la voracidad de
determinados ayuntamientos para financiar sus inversiones con estos
procedimientos. Pero, en definitiva, se trata no de disminuir el interés
público, sino de fijarlo más bien en reglas. Es decir: meta usted todas
las reglas que quiera, de alturas, de obligación de aceras, de
densidades, todo lo que quiera, pero déjele a la gente que cumpla esas
reglas hacerlo, no que el valor de una parcela pueda pasar de 100 a 1.000
millones por la decisión de un ayuntamiento. Eso es lo que complica
enormemente las cosas. Pero, en todo caso, yo no quisiera buscar su
acuerdo en el contenido de lo que decimos, sino buscar el acuerdo en el
sentido de decir que esto merece la pena estudiarse; merece la pena que
una comisión de expertos lo vea.
En cuanto a la pregunta concreta del señor Aguirre sobre la comisión de
expertos, yo creo que la comisión actual de expertos es mucho más amplia.
A mí me parece una comisión que tienen sentido, porque creo que tiene
sentido meter todos los intereses que hay, de alcaldes, que, además, los
hay de todo signo político, como usted sabe, en la comisión. Sin embargo,
espero que esa comisión no pierda la oportunidad de hacer lo que nosotros
sugeríamos, que eran estudios de economistas, estudios técnicos, estudios
de legislación comparada, y espero que lo haga; es decir, probablemente,
esas otras comisiones se creen en el seno de esa comisión.
Contesto brevemente, señor Presidente, a las preguntas que sobre
telecomunicaciones ha planteado el señor Aguirre. Yo creo que el resto
está fundamentalmente contestado, y si no es así, ustedes me lo dicen.
El señor PRESIDENTE: Hay otro turno luego.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Fernández
Ordóñez): Diré, brevemente, que mi opinión de cómo van las cosas en
telecomunicaciones es muy favorable; es decir, hace un año, cuando
entregamos el informe, dese cuenta de que estábamos en la situación de
que lo mejor para las telecomunicaciones es el monopolio, porque es lo
que favorece los temas sociales; de aquí hasta el 2003, nada; una ley del
cable no hace falta, etcétera. Simplemente con que salga lo que la prensa
está diciendo, que se está llegando a un acuerdo, se defiende la
liberalización de las telecomunicaciones, ya es un acontecimiento. Se
dice que no el 2003 sino en 1998, hemos ganado en seis meses --y debemos
felicitarnos todos--, cinco años. Se está hablando del segundo operador.
Se está hablando de la separación --el otro día venía en la prensa el
posible nombramiento de Miguel Angel Feito-- entre reguladores y
regulados... Es decir, yo creo que hemos dado un cambio enorme. Yo no voy
a parar; yo voy a seguir diciendo que por qué tenemos que esperar cuatro
años para hacer lo que otros disfrutan hace diez. Pero es evidente --y no
soy ciego-- que aquí se ha dado un giro espectacular y creo que muy
favorable para los intereses del país, sinceramente.
En cuanto a la telefonía automática, cuanto antes; es decir, somos el
último país que lo hemos metido, pero creo que esto viene del pasado. De
esa posición de resistencia a la competencia, hemos pasado a una
posición, creo que muy favorable, de aceptar la competencia y pienso que
hay que dar un paso más, que es promoverla, que es lo que hacen otros
organismos reguladores, la FTC o la OFRCE, que son no los organismos de
competencia, sino los encargados de promover competencia, son los propios
reguladores. Cuando lleguemos a ello, habremos llegado a una situación
muy positiva. Creo que ahí hay unas enormes posibilidades en los efectos
de las telecomunicaciones en este país, un país con una superficie
enorme, con islas (las Canarias, etcétera). La liberalización de las
telecomunicaciones para Canarias, por ejemplo, será algo trascendental.
Por tanto, creo que sólo hay que felicitarse por cómo van las cosas en
cuanto que, por un modesto informe, hemos conseguido cambios
importantísimos.
El señor PRESIDENTE: Después de esta entusiástica intervención, me
imagino que dada la polémica de mi buen amigo de esta Comisión, Fernández
Ordóñez, voy a abrir un segundo turno, ya que además de los grupos
parlamentarios que han intervenido, algún otro grupo parlamentario
deseará intervenir.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Andreu, por el Grupo
parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, interviniendo brevemente sobre
otro aspecto que no ha sido el del suelo, yo creo que el señor Fernández
Ordóñez habla en un totum revolutum del conjunto de servicios que pienso
que habría que diferenciar claramente. Creo que no son iguales los
servicios de profesionales que los servicios claramente de la
Administración pública. A mí me parece correcto que los servicios de los
profesionales no tengan ningún tipo de privilegio, y eso va a significar
y debe significar que van a cambiar las estructuras profesionales en este
país, como han cambiado mucho en otros países. Las propias tecnologías,
no la competencia, van a hacer que las estructuras profesionales sean
diferentes, pero creo que no son válidos los mismos criterios con los
servicios. Por ejemplo, usted ha hecho alguna alusión al tema
farmacéutico, y habla del último momento de la producción, que es la
venta, pero no habla nada sobre la industria farmacéutica, que, por
cierto, es la que tiene mayores beneficios --obtiene entre el 30 y el 35
por ciento de ganancias--, que es absolutamente intocable. Por ejemplo,
en Estados Unidos ha originado una polémica importantísima que la señora
Clinton se haya metido con dicha industria. Aquí no se mete para nada con
ella la Administración española y, sin embargo, en su informe sobre la
competencia, de un elemento como ése, que sí incide enormemente en el
precio final de los productos farmacéuticos, usted no habla para nada,
habla de farmacia. Me parece importante que hable de las farmacias, pero
en realidad no habla del problema auténticamente grave. Creo que no es
igual la liberalización de los servicios profesionales que la de otros
servicios.
En lo que se refiere al tema de suelo, ha habido momentos en su
exposición que me recordaban un debate que existió en Estados Unidos,
concretamente en la ciudad de Nueva York, en los primeros años de este
siglo entre los reformers y los liberales. Decían los liberales: Déjeme
usted
aquí construir con los volúmenes que usted me diga y yo hago lo que
quiero. Lo que querían era, con unos determinados volúmenes, tener una
densidad de viviendas impresionante. Al final los reformistas
consiguieron, ya entrados los años veinte, modificar aquellas formas de
actuar, pero con los criterios de los liberales ya se habían hecho muchos
barrios de Nueva York. Precisamente son esos barrios que luego han ido
deteriorándose, que posteriormente han sido objeto de operaciones
especulativas tremendas, de infraviviendas, etcétera.
Por un momento he visto que los criterios que usted ha estado planteando
han sido los que ya se debatieron a principios de siglo, concretamente en
las ciudades americanas (el debate de las ciudades americanas vino
después del debate de las ciudades europeas que había tenido lugar en
Alemania, fundamentalmente), y son los que han dado lugar a esos grandes
centros que se han ido deteriorando porque tenían densidades tremendas,
porque se había metido en ese momento lo que más solicitaba el mercado
para obtener más beneficios y luego ha llevado a procesos de deterioro
extraordinarios. Me ha parecido volver atrás en un proceso de
civilización en que habíamos avanzado 90 años --en zig zag evidentemente,
como son todos los avances, nunca son directos-- y que nos encontrábamos
ante esos procesos. Yo creo sinceramente, señor Fernández Ordóñez, que no
es posible dar la libertad diciendo: Tome usted un volumen, hágame así
las aceras, hágame así los aleros, hágame así las ventanas y usted me
mete aquí lo que quiere. Porque el mercado en ese momento hace lo que
considera que le produce más rentabilidad, que a los cinco años es
obsoleto y se producen procesos de degradación tremendos en las ciudades,
con unos costes importantísimos para la sociedad--porque los costes de
urbanización son tremendos y son siempre públicos--, deteriorándose
finalmente, para luego implementarse nuevas actividades que sean
rentables de nuevo. Yo creo que es un proceso sobre el que deberíamos
haber aprendido.
Usted dice que las recomendaciones que hace sobre el suelo son muy
modestas, y es verdad, pero los presupuestos desde los que usted hace las
recomendaciones muy modestas son muy fuertes. Usted hace afirmaciones
gravísimas y una vez que las hace dice: Cómaselo usted con patatas y
estúdiemelas. Es un poco fuerte, señor Fernández Ordóñez.
Desde luego, usted dice cosas que son verdad, y lo que es verdad yo se lo
admito, naturalmente, porque es objetivo. Las ciudades españolas no son
como las ciudades europeas, evidentemente. No se produce este corte que
tiene lugar en la ciudad española, sino que hay desarrollos mucho más
suaves como en otras ciudades europeas, pero eso no se produce porque en
el suelo no urbanizable de las ciudades europeas se pueda hacer lo que se
quiera. No, señor. Yo no le puedo consentir --entiéndamelo en términos
dialécticos-- esa afirmación. Eso no es así. Eso es porque ha habido
procesos con densidades suburbiales mucho menores, con operaciones de
diez, quince, veinte viviendas-hectárea, que en España no se han
producido. En España los especuladores sí han impuesto 100 viviendas por
hectárea, 75 viviendas por hectárea, que es lo máximo que permite la
legislación actualmente, y, desde luego, ante la presión de los
especuladores raro es el ayuntamiento que la aguanta y mete las 75
viviendas por hectárea y se producen desarrollos de esa naturaleza. Por
eso no se producen desarrollos más suaves en nuestro país,
desgraciadamente, porque la presión del especulador o del agente
inmobiliario no la suelen resistir los ayuntamientos. Son operaciones
mucho más densas. Pero no se produce ese proceso de que en suelo no
urbanizable en Europa se pueda hacer lo que se quiere; ni muchísimo
menos, señor Fernández Ordóñez. Yo no sé qué legislación me puede aportar
de esa naturaleza. Yo no conozco ninguna; a lo mejor es una deficiencia
de mi conocimiento, pero no conozco ninguna en la que en suelo no
urbanizable se pueda hacer lo que se quiera. El suelo urbanizable en toda
Europa se encuentra limitado en lo que se puede hacer y siempre hay
limitaciones entre superficie y edificabilidad; siempre, en todas. Por
tanto yo creo que el problema no es ése. Una de las recomendaciones que
hace --aunque son pocas-- es absolutamente errónea. Si quiere usted diga
que se planteen desarrollos urbanos mucho menos densos. Me parece
adecuado, me parece un juicio correcto y objetivo e implicaría una nueva
forma de actuar, pero me parece un juicio desafortunado decir --no lo
dice usted exactamente-- que se haga lo que se quiera en el suelo no
urbanizable, pero lo insinúa de alguna manera. Yo creo que es un tema
extraordinariamente grave.
Habla usted de la flexibilidad de las actuaciones en la ciudad. Con el
Decreto Boyer las actuaciones en la ciudad de uso son absolutamente
flexibles ya. ¿Por qué se produce el problema de las oficinas en los
centros de las ciudades y el sobredimensionamiento de oficinas que existe
hoy en los centros de nuestras ciudades? ¿Se produce por la legislación
del suelo? No. Se produce porque con nuestra legislación normal --no la
del suelo--, concretamente el Decreto Boyer, cualquier edificación en
este país puede ser convertida en oficinas. Hemos visto procesos en los
que muchísimas viviendas en el centro de nuestras ciudades han sido
convertidas en oficinas, muchísimas. Podemos ver continuamente en el
centro de Madrid la cantidad de edificios de viviendas que han sido
reconvertidos en oficinas; muchísimos edificios antiguos de viviendas. No
es un problema de legislación del suelo. Yo creo que precisamente esta
operación ultraliberalizadora que significó el Decreto Boyer es la que ha
hecho que, al final, haya ese sobredimensionamiento del mercado para un
determinado uso.
Estamos en una situación similar a la que le planteaba al principio de mi
segunda intervención del debate neoyorquino entre los reformistas y los
liberales, en que los liberales permitían cualquier tipo de uso siempre
que estuviera dentro de unos mismos volúmenes y que hacía que el mercado
a los diez años declarara aquellos usos obsoletos y se plantearan
operaciones de reforma de aquellos usos. La construcción de la ciudad no
es como la de cualquier mercado que se puede sustituir entre slips y
boxers, entre unas determinadas ropas interiores u otras. No es un
mercado tan flexible como eso. La construcción de la ciudad no es un
mercado tan flexible como eso, ni muchísimo menos, y
lo podrá ver usted en cualquier tratado, cualquier manual de economistas
urbanos que yo con mucho gusto --no voy a hacer publicidad evidentemente
de las editoriales, pero hay una concreta que tiene una colección que se
llama Ciencia Urbana, aunque muchos libros están agotados-- le puedo
aportar, con mucha modestia evidentemente. No es un mercado de esa
naturaleza, ni muchísimo menos, señor Fernández Ordóñez; pienso que no.
Dice usted que entró en este asunto no con el tema de los locales
comerciales sino más específicamente con el de los grandes centros
comerciales. Me parece interesante que haya analizado ese problema porque
efectivamente es grave, pero creo que no se debe a una situación de falta
de competencia, en mi opinión. Se debe a que ese tipo de centros
comerciales entran en una situación de estructuras bastante anticuadas de
nuestro comercio, por una parte, y, por otra, que entran en una situación
de bastante debilidad de nuestras administraciones locales. Pero no creo,
de ninguna manera, que se pueda hablar de una actuación monopolística de
los diferentes centros comerciales. En cualquier caso, me parece que es
una entrada bastante débil para luego llegar a las conclusiones a las que
llega su estudio. Si todo su estudio se plantea a través de este tema, me
parece que es bastante débil.
Yo creo que uno de los grandes problemas existentes en el tema del suelo
es, precisamente, la estructura económica de nuestro país, que es lo que
nos ha llevado, en lo que al precio de la vivienda se refiere, a la
situación actual. En la estructura económica de nuestro país, el sector
de la construcción tiene una potencia que considero impropia de un país
desarrollado; tiene una potencia económica extraordinaria en la que se
confía continuamente como motor de nuestra economía, lo que hace que en
muchísimas zonas de nuestro país sea la industria fundamental y, cuando
tiene problemas, provoca en cascada situaciones de paro extraordinarias,
situaciones tremendas. Esa potencia hace que imponga los precios de la
vivienda de la forma que considere oportuna, dando lugar a una situación
absolutamente monopolística. Yo creo que es un problema muy complejo y
que su solución radica en que la estructura económica de nuestro país no
sea tan dependiente del sector de la construcción, que sí actúa de una
forma monopolística y que es algo en lo que su estudio apenas entra.
Por último, quisiera manifestarle que, en nuestra opinión, la legislación
no quita al propietario la potestad de edificar y hace que prácticamente
sea concesional; considero que no es así. El gran problema que tiene
nuestra legislación es que la Administración española regula, si se
quiere de una forma bien intencionada, pero luego, a la hora de actuar,
es el propietario el que tiene todas las posibilidades de hacerlo, y se
pueden producir situaciones como la que usted ha expuesto, es decir, que
a un propietario le toca la china y se hace rico porque se le califica
ese suelo, independientemente de que haya mecanismos de reparto, y aunque
los haya, puesto que si a un propietario le toca la china de la
calificación a ese propietario le toca la posibilidad de enriquecerse y
al otro no. Precisamente por eso nosotros consideramos --hay un proyecto
de ley relativo a este tema que en su momento presentó mi Grupo
Parlamentario-- que la Administración debería tener mayor capacidad para
decidir cuándo se urbaniza, independientemente de que una forma
concesional diera luego la posibilidad de urbanización a un tercero y que
esa posibilidad de urbanización se pagara ante la Administración. Sin
embargo, no creemos, de ninguna manera, que el propietario no tenga
posibilidad de edificar en nuestro país; creo que esa afirmación que se
hace en su informe es extraordinariamente atrevida. El propietario tiene
todas las posibilidades de edificación en nuestro país. Otra cosa es que
se le regule de una forma más o menos burocrática, que a lo mejor es algo
en lo que sí estoy de acuerdo con usted cuando dice que es muy
burocrática la forma en que se le regula, pero tiene todas las
posibilidades de edificación. Yo creo que, precisamente, habría que ir en
el sentido contrario, es decir, que en un tema tan sutil y tan frágil
para el conjunto del Estado como es la urbanización del suelo y la
construcción, que no es un mercado tan flexible como el de la ropa
interior, la Administración debería tener mayor capacidad para decidir
cuándo es el momento de edificar y cuándo es el momento de actuar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Fernández Ordóñez por sus
explicaciones.
Voy a ser muy breve en esta intervención, cuyo sólo efecto es recuperar
cuatro preguntas que entendemos que no han sido contestadas a nuestra
satisfacción. En ese sentido, le volvemos a preguntar: ¿Qué opinión le
merece la actual guerra de competencias existente entre las comunidades
autónomas y las corporaciones locales en cuanto a sus competencias en
materia de suelo? Y muy concretamente en el asunto de telecomunicaciones,
sobre el que ha hecho usted una valoración muy positiva, quisiéramos que
entrara en detalle y nos explicara a qué se debe el retraso en la
convocatoria del concurso para el segundo operador de la telefonía móvil
automática. Nos gustaría que nos dijese cuál cree que es el grado de
dependencia que tendrá este segundo operador de Telefónica y,
lógicamente, quisiéramos conocer si existen estudios previos de
fiabilidad para la presencia de este segundo operador de la telefonía
móvil automática.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, voy a ser muy conciso.
Cuando trataba el tema de telecomunicaciones, el señor Fernández Ordóñez
ha hecho una breve referencia a las perspectivas que abre la dimensión de
ese sector en una nueva economía y su relevancia en relación con las
islas, tema de enorme importancia actualmente y sobre el que se han dado
pasos de considerable envergadura. Como representante del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria he de decir que nosotros acabamos de
tener un debate --ha concluido su fase en el Congreso y ahora está en el
Senado-- en torno a la petición de
Canarias de que se adelantara el proceso de liberalización a 1996. De
momento se ha fijado la fecha del 1.º de enero de 1998, que es el
compromiso general. Se nos argumentaba que creaba una serie de problemas
adelantar la liberalización en Canarias, que tiene una experiencia y unas
posibilidades interesantes, en mi opinión. Como decía, en ese debate en
que hemos avanzado de manera sustancial frente al 2003, pero que todavía
no se concreta, dentro de la misma filosofía de los períodos de
transición de ir poco a poco pero ya desde ahora, y teniendo en cuenta
las medidas parciales que se pudieran adoptar, creo que es importante
esta experiencia del modelo canario en las telecomunicaciones. Me
gustaría que, si es posible, desarrollara este punto.
Nos ha planteado el tema de la energía eléctrica, de importancia esencial
desde mi punto de vista, y se ha referido a la privatización de sectores
parciales de Endesa, así como al problema de la competitividad en el
sector de la energía eléctrica y qué efectos está teniendo sobre los
precios de los costes y fundamentalmente sobre toda la actividad
industrial. Es un tema muy complejo y amplio, pero le agradecería que nos
diera un par de ideas o hiciera un par de trazos sobre la opinión que
tiene el Tribunal de Defensa de la Competencia sobre este asunto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, intervengo con mucha brevedad
para fijar la posición del Grupo Socialista. En primer lugar, agradecemos
la presencia del señor Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia en esta Comisión. No cabe la menor duda de que como animador
del debate nadie le puede quitar el papel preponderante que está
teniendo, que tiene y que en nombre de mi grupo espero que continúe
teniendo, porque cuando hemos aprobado la Ley de Defensa de la
Competencia en este Parlamento su propio título indica que hay que estar
en posiciones de mucho calado y de reflexión tan crítica y tan profunda
como sea necesaria para favorecer los elementos de la competencia en
nuestro mercado. Creo que esa función de animador de este debate la ha
dejado bien clara, aparte de que nuestro grupo coincide con el rigor y la
tremenda profundidad de muchas de las apreciaciones sobre todo lo que
queda por hacer en el terreno de la competencia, todas las cautelas que
hay que tener en el terreno de ir liberalizando y todos los posibles
problemas que nos vamos a ir encontrando en el camino, especialmente en
el sector de servicios, que, por la profusión de los datos que ha dado el
Presidente, ha quedado bien patente que estamos ante uno de los elementos
más complejos, con más dificultades y probablemente con más tiempo por
delante para ir creando la estructura, objetivo que es seguro que todos
deseamos.
Quiero expresar también en nombre de mi grupo nuestro apoyo al trabajo
que está desarrollando el Tribunal de Defensa de la Competencia. Creo que
es importante enmarcar cualquier debate en la función que desempeña
realmente cada institución, y parece bastante evidente que una de las
funciones de este tribunal la está desarrollando con la eficacia que hoy
nos ha puesto de manifiesto su Presidente. Le repito el apoyo de nuestro
grupo.
Voy a hacer alguna reflexión que nos parece importante. No sé si se la
habré escuchado al señor Presidente, pero he de decir que bajo el
discurso de la competencia, que compartimos, de ninguna manera se puede
esconder desde la derecha --creo que algún representante de alguno de los
grupos ya lo ha dicho-- la eliminación de lo público, la eliminación de
los objetivos públicos, de las metas sociales, bajo un supuesto discurso
de competitividad o de competencia, objetivos que para nosotros son
irrenunciables en cualquier caso. Por tanto, mantener los objetivos
públicos y sociales cuando se establece la competencia, como ha dicho el
Presidente en las recomendaciones generales que hace sobre la
liberalización del sector servicios, nos parece absolutamente primordial,
aparte de ir cuidando esa transición que podría dar paso a una
liberalización salvaje. Por tanto, hay que establecer todas las cautelas
respecto de ellas, cosa que nuestro Grupo también comparte de manera
importante.
Respecto del suelo es muy importante que se puedan estudiar los problemas
como están siendo estudiados en este momento. Teniendo en cuenta que las
recomendaciones que plantea el tribunal son fundamentalmente las de
estudiar posibles reformas, a mí me parece de un valor crítico muy
importante el que se pueda analizar este tema tan complejo con todas las
derivaciones que tiene para el conjunto del planteamiento, para el
conjunto del desarrollo de nuestras ciudades, de nuestros ayuntamientos,
etcétera. En nuestro país, en los últimos años, se ha hecho un tremendo
esfuerzo planificador que en materia de suelo se ha realizado a través de
los planes generales de ordenación urbana, de normas urbanísticas,
etcétera, que probablemente ha dado lugar a factores perversos,
indeseables, respecto de determinados problemas especulativos que todos
conocemos y ahora, en este momento, armados con una legislación mucho más
completa que responde a la complejidad del nuevo entramado de situaciones
que se presentan alrededor de este tema estamos en condiciones de hacer
una parada, una posible reforma y ésta tiene que estar sustentada en un
análisis de la realidad y de los efectos que para un mercado
tremendamente abierto como el que ya estamos, y que será cada vez más a
lo largo de los próximos años, nos encontraremos.
Nuestro Grupo considera tremendamente beneficioso que se produzca esta
reflexión por parte de una institución que fundamentalmente está llamada
a poner sobre el tapete los elementos que obstruyen la competencia, sin
que en ningún caso suponga que la competencia se convierta en la
eliminación de cualquiera de los objetivos que en materia de política
puede tener un Gobierno y que en este caso tiene el Gobierno Socialista.
Por ello nos parece de una tremenda importancia esta comparecencia y las
intervenciones del resto de los grupos, que van un poco en la misma
dirección de tratar de ver y observar cómo va a realizarse el futuro en
materia de competencia. Le agradecemos nuevamente su presencia en esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Ordóñez.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Fernández
Ordóñez): Voy a contestar brevemente a las intervenciones.
El señor Andreu señalaba algo que he olvidado decir pero que está en el
informe. La liberalización de los servicios hay que verla caso a caso. No
son lo mismo los servicios profesionales que las telecomunicaciones; no
tienen casi nada que ver, lo que hace más difícil introducir la
competencia. Porque la liberalización del comercio para liberalizar la
industria, ese instrumento vale para liberalizar todas las industrias:
los automóviles, etcétera. Lo difícil es que los instrumentos son
distintos y los análisis deben hacerse caso a caso. Por tanto, le doy
absolutamente la razón en eso, pero no utilicemos el argumento para decir
que no, que esto es peculiar y aquí la competencia no vale. No. Aquí
habrá que ver cómo se introduce competencia. El decir que yo soy
distinto, sí, usted es distinto, el sistema financiero es distinto, pero
eso no tiene nada que ver para que los precios sean fijos o para que haya
un solo banco público en España. No. Tiene que haber muchos: cuatro
grandes, como han quedado, tres cajas, 150 más, las comisiones libres,
los precios libres. Por tanto, el sistema financiero no tiene nada que
ver con los servicios profesionales ni con las telecomunicaciones. Habrá
que hacer una regulación adecuada, pero una regulación pro competencia,
que se peleen. A mí no me gusta la palabra desregulación. Creo que es
errónea. Aquí no hay que desregular; hay que regular para que haya
rivalidad. Le pongo un ejemplo. En Gran Bretaña, en las
telecomunicaciones, obligan a los operadores a editar conjuntamente los
directorios telefónicos. Para qué? Para que uno pueda estar en una
empresa pequeñita, pero que está funcionando, y tener acceso a los
teléfonos de todo el mundo. Es una regla estatal que va en favor de la
competencia. Otra cosa que han sugerido los ingleses en las
conversaciones que tuvimos, y que ellos no hicieron, fue: Cuando
liberalicen ustedes las telecomunicaciones no se les olvide llevarse el
número, porque si tienen varias compañías de teléfono y un número, si van
a otra y tienen que cambiar de número, tienen que cambiar todos los
papeles de oficina, etcétera. Es decir, es una regla hecha por el Estado
para favorecer la competencia. Por tanto, lo importante es meter
competencia y meterla de la forma que sea correcta.
Ha citado el caso de las farmacias. Estamos empezando el estudio. No
desprecie la parte de distribución, sino al revés. Fíjese que el 30 por
ciento del margen más el diez por ciento de distribución y demás da un 45
por ciento. Es decir, de la medicina que usted paga ahora de 100.000
pesetas, que hay muchas, está pagando 55.000 la industria y 45.000 por
cogerla la industria y ponerla en el mostrador. Probablemente estudiemos
cuáles son las posibilidades de reducir una cosa u otra porque la
industria farmacéutica está sometida, por ejemplo, a las reglas de la
competencia europea. Está abierto el tema porque hay posibilidades, pero
no voy a entrar ahora en él sino dentro de un año, cuando le traiga el
informe y lo podamos comentar. Es importante la distribución. Luego
hablaremos de distribución en el comercio, en la otra intervención.
Ha hablado del suelo en otros países. Por ejemplo, en Francia ¿qué han
tenido? Curiosamente, y en contra de lo que es la idea francesa, han
tenido una legislación bastante flexible en el tema del suelo. Han dado
unas reglas generales, el famoso «Plafond National de Densité», construya
usted un metro cúbico por metro cuadrado y, salvo en los parques
naturales, usted hace lo que quiera. Si usted respeta eso, si quiere
puede hacer casitas, y si quiere hacer un edificio enorme tendrá que
hacer un parque nacional al lado. Váyase a la frontera Irún-Hendaya y
mire qué ha pasado con una legislación superintervencionista,
planificadora, donde el planificador público va a hacer todo muy suave y
donde cruzando la otra frontera cualquiera puede hacer lo que quiera.
Dése unas reglas fijadas, ésta es la diferencia. Cuando usted dice --y
quiero precisar esto, señor Andréu-- que cualquiera puede hacer lo que
quiera, deja de decir lo que yo digo, y es que cualquiera puede hacer lo
que quiera, fijadas unas reglas. Esto es capital. Si usted quiere atacar
y decir que yo digo que cualquiera puede hacer lo que quiera, yo digo que
no. Lo que digo es que hay que fijar unas reglas. No va a conseguir, en
absoluto, sacarme que el sector público no tenga que fijar unas reglas y
no tenga que hacer una defensa del entorno. Es imposible, por tradición
incluso, uno es socialista. Lo que no quiero es la discrecionalidad. Creo
que esto se puede hacer con reglas. Si se hace con reglas ponga usted
todas las que quiera, hasta el color, lo que usted quiera, pero fijadas y
no sobre la marcha; no las cambio cuando quiero. Uno de los grandes
problemas que vemos en la legislación española del suelo es que en cuanto
a reglas sustantivas éstas se pueden ir cambiando; no tiene más que coger
el periódico y ver que se está haciendo todos los días. En cambio, las
reglas de procedimiento son enormemente rígidas y se tarda 20 años, como
se reconoce. Cuando digo 20 años no lo estoy diciendo por decir; hay
casos en que se ha tardado 20 años en cambiar un plan.
En cuanto a que se puede hacer lo que se quiera con arreglo a unas
reglas, en Francia hay una legislación que habría que examinar porque si
va usted por allí no existen esas barbaridades urbanísticas. Allí el
primer Gobierno socialista introdujo una norma muy parecida a la
española, por la cual, en la parte no programada no se podía hacer nada,
con el intento de obligar a los ayuntamientos a programar, ya que creían
que si se hacía eso los ayuntamientos programarían. Pero lo que ocurrió
fue que hubo un tremendo cisco, y no por parte de la derecha, porque
curiosamente en esto suelen estar de acuerdo todas las visiones
políticas, en dar poder a los políticos correspondientes; no hay aquí un
tema ideológico, hay más bien un tema en el que se suele estar de acuerdo
en tener una gran discrecionalidad. Pero allí hubo que ir a la vía
constitucional, porque se llegó a la conclusión de decir: «usted no me
puede obligar a que yo no pueda construir porque una decisión de la
Administración --que es la de hacer un plan-- no se ha tomado». Se derogó
ese artículo y en este momento están en la situación en la que estaban
antes, que, insisto, es de grado.
Insisto en que si alguien quiere hacer maniqueísmo que lo haga, aunque no
creo que lo haya hecho usted, señor Andreu. Pero no creo que la
liberalización total sea el mejor sistema para el suelo; sí las reglas
frente a la discrecionalidad, eso es capital, y que la decisión la tome
--fijadas las reglas-- el propietario, aunque ése no es nuestro sistema.
Si usted lee los estudios de todos los urbanistas, en España hay un dato
fundamental, y es que el «ius edificandi» lo pierde el propietario y se
le concede por la autoridad, cosa que no sucede en otros sitios. En otros
sitios se le fijan todas las reglas, y si yo edifico o no lo decido, como
sucede en España en el caso de los solares, pero no sucede en el suelo
urbanizable no programado y no sucede en el suelo rústico, donde
prácticamente no se puede hacer nada hasta que no va uno a la parte
programada, con su plan correspondiente, y en el suelo rústico ni eso.
Yo acabaría diciéndole una cosa, y es todo un planteamiento de al
Administración. Aquí, en España, la mayoría --lo decimos en el informe--
del tiempo se pasa en prohibiciones y autorizaciones, y en otros países
se pasa más bien en supervisar si se han cumplido esas reglas, en
sancionar y en valorar; se vuelan muchas más cosas que en España. Se
dice: «A usted le damos unas reglas, y si las cumple, bien, y si no las
cumple, le vuelo y le sanciono.» Es todo un planteamiento donde no son
fichas de ajedrez que se mueven, sino que se piensa, y eso al final
funciona, porque el especulador del suelo, el propietario siempre va a
querer ganar dinero, y hay que tomarlo como punto de partida. Y creer que
al obligarle no lo va a hacer es absurdo, porque al final sucede la
paradoja que tenemos en España, que dicen: sobra suelo y el precio está
muy alto; típico ejemplo de la intervención, que, por un lado, sobran las
cosas y, por otro lado, son caras.
Quiero acabar diciéndole algo en lo que me gustaría que estuviéramos de
acuerdo. ¿Está usted de acuerdo en que los precios en España, por lo que
sabemos y los datos que tenemos, son disparatadamente más altos que en
Europa? Yo le diría que no vayamos a Estados Unidos. Es verdad que vale
30 millones en España una casa, 15 en Europa y 10 en Estados Unidos, pero
hagamos como hemos hecho en el mercado de trabajo. Es verdad que en el
mercado de trabajo la tasa de paro en Estados Unidos es 7, en Europa 11 y
en España 25, pero vayamos a Europa, ya que sólo con un 11 de tasa de
paro me conformo, y también me conformo con que valgan la mitad las
casas, no vayamos a Estados Unidos, aunque sean mejores los resultados.
Los precios son distintos, los tiempos son distintos y la legislación es
distinta. Yo creo que ahí quizá, aunque no en el resto, podíamos estar de
acuerdo.
El señor Aguirre me ha vuelto a repetir tres preguntas que quizá no he
considerado de una forma importante.
Referente a la guerra de competencias entre corporaciones locales y
comunidades autónomas no entró. Sobre el resto, lo que les estoy diciendo
es lo que dice el Tribunal, pero respecto a este tema sí creo que algo
personalmente, y es que considero que el principio de subsidiariedad debe
ir hacia abajo, es decir, que lo que pueda hacer la comunidad autónoma no
lo debe hacer el Estado, como lo que pueda hacer el Estado no lo debe
hacer la Unión Europea, lo que puede hacer la corporación local no lo
debe hacer la comunidad autónoma y lo que puede hacer el individuo que
tampoco lo haga la corporación local, porque aquí a veces lo que hacemos
es la subsidiariedad para arriba, que es lo que ha pasado muchas veces:
dejamos al individuo en libertad y tratamos de coger competencias del
propio ciudadano.
En el tema de retrasos de la telefonía móvil sé lo que sabe usted por la
prensa, no estoy en el tema, no sé por qué eso se está retrasando. Hay
miles de modelos en cuanto a estudios de telefonía móvil. Hay subastas,
por ejemplo, para fijar unas condiciones y unos precios y ver si alguien
da más al Estado. Hay otras que a mí me parecen más razonables, y que me
gustaría que se consideraran, como es subastar el precio. Yo fijo unas
reglas --cuánta área tiene que cubrir, qué tiene que hacer, etcétera--, y
a ver quién da el precio más barato. Me parece que es lo mejor, porque no
es cosa de que el Estado gane dinero, sino de que los consumidores tengan
la telefonía móvil más barata. Pero todos los países han hecho sistemas
distintos y ése es un grado de detalle en el cual nosotros no entramos.
En cuanto a lo que ha planteado el señor Mauricio, de Coalición Canaria,
sobre el tema de adelantar las telecomunicaciones, en principio no veo
los problemas, pero ustedes los habrán visto. Yo diría que por qué sólo
para Canarias; tendría que ser para todos. No veo ninguna razón por la
cual ustedes van a disfrutar de la liberalización de las
telecomunicaciones y el resto de los españoles no. Yo creo que eso se
puede adelantar con suavidad, con un solo operador, con cuidado, ya que
nunca diré demasiadas veces que la liberalización y la introducción de
competencias hay que hacerla con cuidado, pero pronto. Hacerla tarde
siempre es pagar precio.
Referente al tema de la energía eléctrica, nosotros hicimos, como usted
vio en el informe, un comentario fundamentalmente al del señor Aranzadi.
Por declaraciones y conversaciones que he tenido con el señor Atienza, el
Ministerio sigue en la línea de introducir competencia, sobre todo en
nueva generación. A mí eso me parece enormemente favorable, pero, sin que
se me malinterprete, no esperemos resultados espectaculares de la
competencia en energía eléctrica. Los podemos esperar de las
telecomunicaciones y los podemos esperar del transporte, del puente
aéreo, en el viaje a Canarias --usted lo habrá experimentado-- es
espectacular; pero en energía eléctrica, repito, no esperemos grandes
resultados. Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo. Por qué?
Porque la tecnología en energía eléctrica es una tecnología muy madura;
desde la invención de la turbina de gas no se ha inventado nada nuevo, y
en telecomunicaciones cada día se inventa una cosa. Por tanto, desde el
lado de la oferta no lo hay, y desde el lado de la demanda es una demanda
muy plana. Se acordarán ustedes cuando los socialistas defendimos --yo
estaba en el Partido-- la moratoria nuclear, pues no ha crecido, siguen
sin hacer falta estas inversiones, y la demanda no es muy fuerte. En
consecuencia, es un sector donde la competencia tendrá resultados, sin
duda (no vayan a deducir de mis palabras que no va a sacar resultados,
pero no esperemos que sean espectaculares), y donde los
problemas de precios probablemente vienen de otro lado, vienen, por
ejemplo, del carbón, de los subsidios cruzados --y esto es lo que dijimos
en el informe--, es decir, de temas que son de competencia, pero de
competencia en otros sectores, como es el caso, repito, del carbón. Por
lo que se refiere al señor Moreno, le quiero dar las gracias por
animarnos en esta función del Tribunal, que, como ustedes saben, es sólo
una de las funciones que tiene, y a la que dedicamos menos tiempo, pero
es la que merece más interés público. El 80 por ciento del tiempo lo
dedicamos a perseguir a quien de alguna forma incumple competencia, pero
ustedes, en la Ley que aprobaron en este Parlamento, nos dieron las dos
funciones, la de perseguir y la de sugerir al Gobierno que, en aquellos
casos que no pueden ser perseguidos porque están amparados por normas
legales, se cambien esas normas legales. Esto es lo que tratamos de
hacer, y yo le agradezco enormemente sus palabras. (El señor Andreu
Andreu pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Qué desea, señor Andreu?
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, ¿puedo pedir una aclaración al
señor Fernández Ordóñez?
El señor PRESIDENTE: Muy brevemente.
El señor ANDREU ANDREU: Muy brevemente. ¿Usted llama discrecionalidad a
la posibilidad de la soberanía popular de modificar los planes? ¿A eso es
a lo que usted llama discrecionalidad? Y, por otra parte, quiero
manifestarle que yo siempre planteo un acuerdo con la necesidad de
agilizar la Administración. Pero me interesaría, sobre todo, saber si
usted llama discrecionalidad a lo que le he planteado, esa posibilidad
que tienen los ayuntamientos de cambiar los planes en función de la
soberanía popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Ordóñez.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Fernández
Ordóñez)): Es un tema delicado, pero sí me gustaría gastar dos minutos en
él.
En mi opinión, en la lucha de los ciudadanos contra el poder ha habido
dos tendencias, y yo creo que las dos son útiles en toda la historia: una
es la llamada democrática y otra es la llamada liberal. Una es la
francesa --para entendernos--, que es decir: «en vez del rey yo elijo a
quien quiero, y, por tanto, hace lo que yo quiero»; y la otra es la
anglosajona, y es decir: «no me importa si elijo o no al rey, pero que
cada vez mande menos, y le pongo unas reglas». Yo creo que las dos son
necesarias y las dos son buenas.
Es decir, con las mismas normas --usted lo ha dicho y lo hemos dicho en
el informe--, la llegada de los ayuntamientos democráticos ha sido una
transformación radical en el planeamiento urbano absolutamente positiva.
pero no basta; es decir, también el poder, esa llamada soberanía popular
requiere, de alguna forma, someterse a unas restricciones. Esta es la
cuestión. No porque hayan sido elegidos por la soberanía popular pueden
hacer lo que quieran, porque esto llevó a los países a esta cuestión. Es
decir, el hecho de ser elegido por la clase trabajadora y ser
representantes de la misma no le da derecho a uno a hacer lo que quiera.
Estas son las dos tradiciones en las que creo que debemos encontrar, de
alguna forma, el punto de equilibrio; las dos son enormemente positivas y
probablemente en parte del mundo hay una mayor tradición de una cosa y en
otra parte de otra. Yo creo que en el caso del suelo hay una necesaria
autolimitación, que se debe decidir, de alguna forma, por el Parlamento y
por los órganos correspondientes en el sentido de fijar esa
discrecionalidad, porque, si no, sucede lo que está sucediendo ahora, y
usted lo está viendo todos los días, ya que no hay más que coger el
periódico para ver que se expropia pagando a precio rústico, se pasa a la
empresa a otro precio, etcétera.
Todo esto debe tener algún tipo de limitaciones. ¿Por qué? Porque en
nuestra opinión, señor Andreu, lleva a que haya expectativas de precios
por parte de los propietarios, y lo que se quiere hacer, que es acabar
con la especulación, es lo que se consigue, pero hay efectos perversos, y
esto pasa en economía todos los días. Se dice: Evito la libertad de
despido y tengo una tasa de paro del 25 por ciento; meto coeficientes de
crédito a la banca, y resulta que cuando he quitado esos coeficientes de
crédito, en los años pasados, he tenido el mayor crecimiento de inversión
de la historia de España, y ningún banco estaba obligado a prestar a
nadie. Sin embargo, cuando nosotros llegamos estaban, recuerdo, los
coeficientes de la vivienda, el 7 por ciento; la tristeza del naranjo,
etcétera, y nos cargamos todo eso. Lo que pasa es lo que decía un
economista, que esto no se ve, lo que se ve es lo otro. Y hay que tener
un poquito si no de fe en el mercado sí de confianza en que estas cosas
acaban produciendo, a largo plazo, a efectos benéficos.
--EN RELACION A LA PROPOSICION DE LEY DE COMERCIO QUE SE TRAMITA EN LA
CAMARA. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
212/000515.)
El señor PRESIDENTE: Como saben sus señorías, en la Cámara y en la
Comisión se encuentra la proposición de ley de comercio en fase de
enmiendas, y algunos grupos parlamentarios han pedido comparecencias en
el seno de la Comisión, verdaderamente bastantes. Hay un acuerdo entre la
Mesa y los portavoces para celebrar una reunión monográfica con algunas
comparecencias para que determinados colectivos pudieran informar sobre
este proyecto de ley. Dado que también estaba pedida la comparecencia,
por parte del Grupo Parlamentario Popular, del Presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia, es por lo que, saliendo de esa posible
comisión monográfica, hemos decidido que el Presidente del citado
Tribunal pudiera informar sobre su punto de vista en relación con esta
proposición de ley, al margen de las que posiblemente se vayan a
realizar.
Para formular los términos de la petición de comparecencia, brevemente le
doy la palabra al señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Como bien acaba de señalar el señor
Presidente, a finales del pasado año el Grupo de Convergència i Unió
presentó y defendió una proposición de ley sobre comercio, cuya toma en
consideración fue votada favorablemente por todos los grupos de la
Cámara. Esta proposición se encuentra en fase de enmiendas, como ya se ha
dicho, y mi Grupo considera que el sector del comercio necesita un marco
de referencia estable, con vocación de permanencia, sin lugar a duda, en
el tiempo y con vigencia de todo el Estado.
Al mismo tiempo, entendemos que el sector necesita que se le ofrezca una
norma que desarrolle los principios constitucionales en esta materia.
Estas dos razones nos han conducido a solicitar, como se ha dicho, la
presencia ante esta Comisión de diferentes instituciones, organismos y
agentes sociales implicados en este fin, para pulsar y dejar constancia
de su opinión respecto a los aspectos generales y específicos que plantea
la proposición de ley sobre comercio. Por ello, no queremos confundir el
trámite ni adelantar un debate, y nos vamos a limitar, señor Presidente,
a formular un grupo de preguntas con objeto de conocer la opinión del
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.
En este sentido, quisiéramos conocer cuál es la opinión, de manera
general, respecto al contenido de esta proposición de ley, teniendo
presentes ya afirmaciones que ha efectuado aquí el Presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia, como la importancia del sector de
la distribución, que él mismo ha cifrado entre un 14 y un 15 por ciento
del producto interior bruto, o como esa otra afirmación que hemos anotado
sobre que cualquier regulación tiene que ser pro competencia.
En este campo de preguntas nos gustaría conocer si, a su entender,
considera que existen algunas ausencias u omisiones dentro del texto que
tenemos en estudio y en plazo de enmiendas. Y nos gustaría conocer un
aspecto muy principal, que sería el siguiente: ¿Cuáles entiende que
serían las consecuencias que se derivarían de una aplicación, en sus
justos términos, de esta proposición de ley? Lógicamente, también
querríamos conocer si existen preceptos que entienda el Presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia que no tienen cabida en este texto
legal.
Igualmente, y de forma general, quisiéramos formular dos preguntas muy
concretas, habida cuenta de la existencia de antecedentes de
inconstitucionalidad de diversos preceptos de leyes autonómicas o de
comercio interior, así como la vigencia de otros textos legales que ya
han regulado aspectos que ahora pretende regular la presente proposición
de ley sobre comercio. Por esta razón, señor Presidente, le queremos
preguntar lo siguiente: ¿considera que la proposición de ley de comercio
que nos ocupa tiene en cuenta el contenido de las sentencias del Tribunal
Constitucional emitidas sobre diversas leyes autonómicas de comercio
interior e identifica que existan preceptos de esta proposición de ley
que colisionan con la Ley de Defensa de la Competencia, con la Ley de
Competencia Desleal o la Ley General de Publicidad?
Señor Presidente, son todas ellas preguntas de carácter genérico que mi
Grupo no quisiera que impidiesen formular otras que descienden más al
detalle del articulado y que pasamos seguidamente a plantear, casi en el
orden que el texto nos fija. ¿Considera el restablecimiento de la antigua
matrícula de comerciantes una agresión contra la libertad de empresa
reconocida en el artículo 38 de la Constitución? ¿Existe contradicción o
colisión entre la prohibición de trato discriminatorio planteado en esta
proposición frente al regulado en el artículo 16 de la LCD?
En el Título IV de la proposición, y bajo el enunciado Principios
generales de interpretación de los contratos y de resolución de los
litigios, se nos presentan normas de interpretación referentes a los
contratos con consumidores. ¿Estas normas corresponden, a su entender, al
derecho de consumo, al derecho civil o son propias de esta proposición de
ley? ¿Encuentra el señor Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia sentido a la distinción que se hace en la proposición de la
actividad comercial entre mayoristas y minoristas? Qué opinión le merece
la clasificación de establecimientos comerciales entre ordinarios y
grandes superficies? ¿Existe en el Derecho comparado sobre grandes
superficies alguna similitud con las limitaciones métricas que la
proposición propone para alcanzar la distinción legal de lo que es gran
superficie?
Estos dos últimos preceptos, señor Presidente, es decir, la división de
los establecimientos comerciales y las limitaciones métricas para la
consideración de grandes superficies, ¿piensa que vulneran el Derecho
comunitario europeo?
Señor Presidente, en este debate sobre la regulación próxima y necesaria
del sector de la distribución comercial, ha adquirido últimamente
protagonismo especial y, a nuestro entender, sobrio y dimensionado, todo
lo relativo a la regulación de horarios comerciales. El Grupo Popular
quiere formularle en esta materia una sola pregunta: ¿considera que en
esta materia de horarios comerciales la proposición reproduce el enfoque
ofrecido por las normas autonómicas que han sido declaradas
inconstitucionales?
En el capítulo de la proposición que regula las ventas especiales el
Grupo Popular tiene que formular las siguientes preguntas: ¿considera que
la regulación de ventas especiales es una materia propia de la
legislación de defensa de la competencia o del comercio interior? A
propósito de la venta a pérdida, ¿existe colisión entre el precepto de la
proposición y lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Competencia
Desleal? ¿Queda, a su entender, en estos preceptos del Título V, capítulo
IV, suficientemente reconocida la libre fijación de precios?
Para finalizar, señor Presidente, el Grupo Popular quisiera conocer, del
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, de qué forma
considera que incide en el mercado, desde su óptica, la venta en
establecimientos bancarios. Como ya tuvimos oportunidad de plantear en la
Ponencia que estudia el aplazamiento de pagos, hoy quisiéramos saber,
dada la característica de esta Comisión,
que es abierta, de qué manera incide en este momento el aplazamiento de
pagos entre proveedores y grandes superficies, desde su óptica.
Estas son las preguntas que quisiéramos formular al señor Presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia y, sin más, agradecemos la puntual
contestación a las mismas que estamos seguros que nos ofrecerá.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Ordóñez, que no
sé si habrá podido anotar todas las preguntas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Fernández
Ordóñez): He tomado nota y, aunque a lo mejor mi contestación no le
satisfaga al señor Aguirre, creo que no nos llevará el resto de la
mañana, al menos por mi parte, contestar a todas y cada una de las
preguntas. En primer lugar, quisiera decirle que si antes señalaba, al
hablar de cómo el Tribunal se planteó qué hacer con el tema del suelo y
con una delicadeza enorme dijimos: estúdiese, porque el Gobierno acababa
de enviar un proyecto de ley, en este caso me encuentro en la misma
situación difícil. Es decir, es difícil comentar algo que se acaba de
presentar en esta Cámara, que ha supuesto el apoyo de todos los grupos y
que, además, se presentó por el Grupo de Convergència i Unió, que de
alguna forma y en otros campos es un Grupo absolutamente partidario de la
competencia, como en el caso de las telecomunicaciones o de la energía
eléctrica.
Pero, desgraciadamente, creemos que este proyecto de ley es dañino para
la competencia, es una marcha atrás en el proceso de liberalización, y
esto se hace en un sector muy importante, quizá el sector más importante
de todos los servicios. Por decírselo de otra forma, cuando nos
planteamos hacer el informe recomendando al Gobierno que cambiara e
introdujera competencia en los servicios, y no elegimos el comercio
porque creímos que estaba sometido a unas reglas razonables de
competencia. Si esta ley hubiera estado en vigor, evidentemente,
hubiéramos introducido el comercio como sector número uno, y numerosas
recomendaciones al Gobierno para que variara estas normas, tal como están
haciendo algunos organismos de competencia en muchos países europeos,
donde hay leyes de comercio parecidas a éstas y se está desmontando todo
este grado de intervención. Es decir, esto va en el sentido contrario, de
alguna forma.
Creo que es importante darse cuenta de la relevancia de este sector. Es
un sector, en definitiva, intermediario. Es como la banca. ¿Qué hace la
banca? La banca coge ahorro y lo traslada a los inversores e introduce un
margen de transformación por ese trabajo. El interés que tenemos en
aumentar la eficiencia de la banca es que cuanto menor sea ese margen de
transformaciones mejor, porque más se pagará a los ahorradores.
En el comercio es lo mismo. ¿Qué hace el comercio? El comercio coge el
producto del industrial o el agricultor, se lo coloca al consumidor y
cobra un margen por ello. Cuanto más reduzcamos ese margen, mejor; más
eficiente será la economía. Es decir, el objetivo de toda política
económica es que los productos lleguen al consumidor pagando lo menos
posible, y es lo que se está produciendo en los fenómenos de
modernización comercial; o sea, todas las técnicas de modernización del
comercio van dirigidas a llevar los productos a los consumidores cobrando
lo menos posible; para ello, es fundamental la competencia. Y de nuevo
aquí se produce lo que les he comentado antes: los precios serán menores,
habrá más inversión a medida que se esté modernizando el comercio, los
comerciantes no tradicionales se adaptarán a la demanda, tendrá efectos
sobre el consumidor, tendrá efectos sobre el proveedor y se adaptará a
los cambios en los estilos de vida. Esto último es radical en España. Me
parece que el cambio en la estructura familiar es el que está explicando
el cambio en la estructura comercial. Cada vez hay más mujeres que
trabajan; cada vez es menor el caso de que hay una persona que puede
comprar en una tienda los martes de diez a dos, por ejemplo. Eso se está
acabando, yo diría que felizmente. Con la incorporación de la mujer al
trabajo la estructura familiar en España es más de dos personas que
trabajan, o bien una persona, porque la estructura unipersonal de la
familia también es mayor. Todo esto significa una adaptación, que por la
incorporación de la mujer al trabajo es capital para la reducción del
absentismo laboral, porque obviamente esto permite impedir el absentismo
de la salida del trabajo para las compras, para la congestión del
tráfico, etcétera; en fin, es positivo para todo.
Este proyecto de ley va en el sentido contrario por dos razones. Primero,
aumenta la intervención en el sistema notablemente, el registro, las
ventas, etcétera, y, además, aumenta la intervención no reglada, y de
nuevo volvemos aquí a lo que hablábamos del suelo, es decir, no es tanto
que se establezcan unas reglas como que se deja una cierta
discrecionalidad a la Administración para decidir si esto sí, esto no,
etcétera, lo cual aumenta el grado de discrecionalidad de la
Administración.
Sin embargo, lo que tal vez es serio, desde el punto de vista de esta
Cámara, es que si se va adelante con esta ley se cambia la filosofía de
la regulación del mercado en España. Fíjense ustedes que hasta ahora lo
que había hecho este Parlamento era ir a leyes generales y no
sectoriales. ¿Que hay problemas de competencia desleal? Se hace una ley
de competencia desleal. ¿Que hace falta defender a los consumidores? Se
hace una ley de defensa de los consumidores. ¿Que hace falta defender la
competencia? Se hace una ley de defensa de la competencia. Pero no se va
al tema sectorial, que es el que permite esa intervención y no el
tratamiento general. Por tanto, si se sigue adelante, hay un cambio muy
importante en la orientación legislativa, porque el comercio, por
definición, es la empresa más típica de la economía de mercado.
Entonces, primera idea: si hay problemas de competencia desleal, de
defensa de los consumidores, etcétera, cámbiense esas leyes y hágase lo
necesario; si hay necesidad de dar al juez una interpretación adecuada y
más detallada respecto a un asunto determinado, hágase, pero no se haga
una ley general. ¿Y por qué no? Porque el problema es que --como usted
señalaba-- se tocan determinados temas
que se tratan en otras leyes. Nosotros hemos detectado los siguientes:
Los requisitos para el acceso a la profesión, que figuran en los
artículos 2.º y 3.º, están también en el artículo 1.º del Código de
Comercio; el Registro de Comerciantes tiene los registros mercantiles,
los censos, etcétera; la publicidad, que figura en los artículos 12 y 13,
está en la Ley general de publicidad, en los artículos 3.º a 6.º; la
discriminación, que figura en el artículo 15, figura en la Ley de
Competencia Desleal, en el artículo 16, y en la Ley de Defensa de
Consumidores y Usuarios, en el artículo 10; la oferta de productos, en
los artículos 17 a 19 de la ley, figura en la Ley de Defensa de
Consumidores y Usuarios, en los artículos 8.º a 13; las normas de
presentación de productos, que están en los artículos 24 y 25, figuran en
la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, en los artículos 4.º y 13;
las normas de interpretación de contratos, que figuran en los artículos
26 a 29, están en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, en el
artículo 10, etcétera; el arbitraje y mediación, también; las ventas
especiales a pérdida, que están en el artículo 79, figuran en la Ley de
Competencia Desleal, en el artículo 17, etcétera. (El señor Homs i
Ferret: No sirven para nada.)
Si no sirven para nada --avanzando la contestación, señor Homs--,
cámbiense y estudiénse esas leyes, pero no se haga una ley sectorial, que
es un paso realmente serio. Porque la intencionalidad de la ley --si yo
lo entiendo-- es que, como no valen para nada las leyes que establecen
relaciones de derecho privado, porque los jueces tardan o por la
explicación que usted quiera, vamos a introducir a la Administración para
que sancione. Pero tenemos más problemas, uno de ellos es la
interpretación de las leyes, porque en la parte que se considere de
Derecho privado vamos a tener dos redacciones y después vamos a tener una
sanción o una intervención administrativa. Y como nuestro sistema
constitucional --felizmente-- impide que ésa sea la última decisión,
también irá al juez, por lo que ahora van a ir por dos vías. Por tanto,
el aumento de litigiosidad va a producirse en la interpretación de las
normas, y habrá un aumento del contencioso-administrativo, y usted sabe
que el Tribunal Supremo, en este momento, tiene sólo 30.000 recursos para
contestar. Por consiguiente, es como para pensarlo un poco.
Desde el punto de vista de los objetivos generales, esta ley, en la
medida en que da marcha atrás en la competencia, va contra el objetivo de
liberalizar los servicios, que habíamos visto que era un tema
fundamental. Además, una vez que se ha liberalizado el mercado de
trabajo, tomar medidas que aumenten los precios --y evidentemente esto
tiene un efecto obvio, porque el consumidor antes tenía una serie de
opciones y ahora se le van a negar-- va a perjudicar a los salarios
reales en un momento en que vamos a tener --como dije antes-- moderación
en los salarios nominales. Creo que, en este momento, esto es
especialmente delicado y va en contradicción con el movimiento en Europa,
aunque no con la fotografía de Europa, porque es verdad que en algunos
países --no en todos-- existen leyes parecidas, pero no con tantas cosas,
es decir, unos países tienen unas sí y otros no, pero es verdad y se
puede decir perfectamente. Alemania tiene algunas restricciones; por
ejemplo, en horarios las tiene mucho mayores que en España y mucho más
que en esta ley, esto es evidente. Pero, por dónde se está moviendo
Europa? En sentido contrario. ¿Qué se ha aprobado en Inglaterra en
diciembre? Que los pequeños comerciantes abran todos los días que
quieran, incluidos domingos, y que las grandes superficies abran seis
horas los domingos. Es decir, que vamos, repito, en sentido contrario.
De todas formas, yo no voy a contestar, señor Aguirre --si le parece--,
oralmente, por la aproximación que estoy haciendo. Porque mi esperanza es
que esto, de alguna forma, se pueda reconsiderar. Hay declaraciones del
Ministro de Comercio diciendo que posiblemente se reenvía otro proyecto y
yo preferiría que el Tribunal --estaban hablando con el Grupo Socialista
y con el Grupo de Convergencia, pero si ustedes me dicen que no, son
ustedes los que mandan. (Risas.) Más claro, imposible--, un poco más
adelante, cuando tengamos centrada esta cuestión --si a ustedes les
parece bien-- le enviemos un informe detallado sobre cada uno de los
temas que usted ha mencionado. Si usted no quiere esperar, yo vuelvo al
Tribunal y les envío un informe.
¿Por qué digo esto? Yo sugiero, pero al Tribunal le gustaría que lo que
se hiciera --si es necesario y puede serlo-- fuera reformar las otras
leyes, porque esto supone un cambio radical en el tema; es un cambio en
la forma de intervención. La intervención y la regulación pública que
íbamos montando en la economía de mercado en España estaba basada en dos
partes: una, intervenir sólo cuando se hace daño, seguridad, higiene y
defensa de los consumidores, y, otra, intervenir regladamente. Esta
intervención más discrecional y con un mayor grado de intervención, no
por razones de que se hace daño, sino por razones de que determinados
comerciantes tradicionales están sufriendo la competencia de otros
comerciantes. Esta es la razón de la Ley. Yo creo que es evidente que si
no hubiera quejas de comerciantes tradicionales, esta Ley no estaría
aquí; es decir, los consumidores no se han quejado --que yo sepa-- en
absoluto de cómo está el comercio. Si realmente los comerciantes
tradicionales apoyaran la legislación actual tendríamos esta Ley? No.
Seamos sinceros; está vigente porque tenemos un montón de firmas de
diferentes sitios, asociaciones de comerciantes tradicionales frente a
comerciantes más eficientes --pequeños y grandes--, porque, como ustedes
saben, esto no es una línea de pequeños y grandes, sino una línea de
tradicionales o modernos.
Yo creo que esto es lo que el Tribunal pediría. En todo problema de
modernización, en todo problema de introducción de competencias hay dos
formas de plantearlo. Como he dicho antes, la competencia aumenta la
eficiencia, baja los precios, aumenta la inversión, etcétera, pero crea
problemas en el camino, problemas evidentes y problemas a la gente que no
se adapta. Hay dos formas de acometerlo: fastidiando a los eficientes,
que es mala, porque uno no va a tener ventajas en precios, en
crecimiento; hay otra que es la selva: me importa poco lo que pase con
los comerciantes ineficientes. Yo creo que son negativas las dos. La vía
por la que hay que acometer es la de no poner restricciones a los
comerciantes eficientes, déjele que haga
lo que quiere el consumidor, porque lo que están haciendo es eso; cuando
un pequeño comerciante ha trasladado su óptica, la abre los domingos,
cierra los lunes, etcétera, lo que está tratando, sin más, es adaptarse a
lo que quiere el consumidor, este hombre es lo único que ha hecho, o el
otro que se especializa, etcétera. Por tanto, no fastidiemos al
eficiente, ayudemos al ineficiente. Yo creo que una transformación de
esto en un plan de mejora y de ayuda a los comerciantes en servir al
consumidor por la vía de formación, por la vía de impulso a las
asociaciones de comerciantes, por la vía de impulso a las centrales de
compras, a créditos para trasladarse, para reformarse, etcétera, creo que
sería la vía óptima. Es decir, dejar una regulación adecuada de
competencia, dejar que los comerciantes eficientes puedan ofrecer al
consumidor lo que quieren y, por tanto, no meter la lista de trabas que
usted ha señalado, porque usted puede imaginar un montón de respuestas a
todas las cosas que ha dicho, pero no olvidarse del comercio no eficiente
y hacer una vía para lo que podría ser el plan.
Creo que la sentencia del Tribunal Constitucional decía que no era
constitucional una vez que el «decreto Boyer» estaba en vigor, pero es
evidente que en principio, teniendo la Constitución en la mano y muy a
pesar de los que sean más favorables a la libertad, probablemente
--aunque no es mi tarea decir si eso es así-- pueda ser constitucional.
En este país es verdad que en la Constitución está la libertad de
mercado, pero no está como en otras constituciones y las posibilidades de
discreción y de intervención de la Administración, incluso de
planificación, son fortísimas, y si este Parlamento lo decide, desde el
punto de vista de la competencia será una marcha atrás, pero desde el
punto de la legalidad, probablemente --y ya le digo que el competente
para decir esto no soy yo, como es evidente-- pueda ser constitucional,
en el sentido de que una cosa puede ser incorrecta desde el punto de
vista económico y de la competencia y puede ser constitucional. Creo que
las leyes del suelo son perfectamente constitucionales y el mantener el
monopolio de Telefónica, etcétera. En este asunto nuestra Constitución no
es como la americana, no es como otras, según las cuales usted podría
recurrir y decir: esto va contra la libertad de empresa. En nuestra
Constitución existe la libertad de empresa, pero, desgraciada, o
afortunadamente para el que lo quiera, puede ser limitada por este
Parlamento dentro de ciertos topes.
Si le parece, señor Aguirre, podemos enviar un informe a la Cámara, a
esta Comisión, sobre todos los datos ya o cuando ustedes avancen en estos
campos. A mí me gustaría hacer eso, ya que usted ha citado muchas
cuestiones --yo he apuntado 15-- y me parecería muy precipitado por mi
parte contestar oralmente, a no ser que la Comisión lo quisiera, aunque,
desde luego, puedo dar mi respuesta a bote pronto porque muchas de ellas,
evidentemente, las hemos estudiado, si bien reconozco que en algunas no
habíamos reparado. Yo, si les parece al Presidente y a la Comisión,
enviaría un informe.
El señor PRESIDENTE: La verdad es que, debido a la personalidad del
compareciente, esta Comisión se acerca más a una especie de mesa redonda,
dado que ha habido intervenciones de los grupos parlamentarios al hilo de
la intervención del señor Fernández Ordóñez y, si la primera intervención
yo la calificaba cariñosamente de provocadora en el sentido favorable de
la palabra, en el sentido de establecer un debate, ésta creo que ha
superado la anterior y me da la sensación de que los grupos
parlamentarios, además del señor Aguirre, van a desear fijar su posición,
no ya sobre los temas concretos, lo cual podría ser un procedimiento --si
el señor Aguirre en su turno de intervención lo estima oportuno, podrían
enviar respuestas sobre los temas planteados por él--, sino que desearan
hacer una intervención global sobre las palabras del señor Fernández
Ordóñez.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Yo insisto en una de las afirmaciones que he
formulado en mi anterior intervención: no quiero confundir el turno y,
por tanto, no quiero abrir el debate sobre las opiniones que nos merezcan
cada uno de los títulos, capítulos y artículos de la proposición de ley
y, por tanto, no voy a entrar a valorar las afirmaciones que ha expresado
el Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Quedan en el
acta, los medios de comunicación han podido tomar nota de los cinco o
seis titulares que contienen y, como digo, ahí están. El interés de mi
Grupo, como también será en sucesivas comparecencias que se puedan
admitir para observar y pedir la opinión sobre este texto de proposición
de ley, es que sean contestadas estas quince preguntas, como muy bien ha
dicho el señor Presidente del Tribunal, y entendemos que las preguntas
son lo suficientemente densas como para que en una contestación verbal
uno se pudiera perder los detalles importantes que cabrían en una
contestación mucho más sopesada. Aceptamos, lógicamente, la propuesta que
se nos hace de enviar contestación por escrito a estas 15 preguntas, que,
como ha quedado constancia en el acta de esta Comisión, están a
disposición del Presidente del Tribunal para que las lea. Eso sí, nos
gustaría recibir la contestación antes de que venza el plazo de enmiendas
correspondiente que tiene fijado esta Comisión para la proposición de
ley.
Y, desde luego --y ésta es la única licencia que me voy a permitir en
materia de valoración--, coincido en que estamos en un período de
transición, dentro de la propia estructura del sector de la distribución
comercial, y que todo período de transición requiere, sin lugar a duda,
el establecer un conjunto de medidas que amparen los efectos de esa
transición para aquellos agentes de este circuito que se encuentran más
perjudicados, como califica el señor Presidente: el comercio menos
eficiente. Creemos que las fórmulas tienen que ir también por ahí, no
sólo por textos reformados de los ya existentes o de los que puedan ser
aprobados, sino con medidas complementarias que amparen el impacto
negativo que pueda tener todo proceso de transición en la parte más
frágil del circuito de producción, y, por tanto, creemos que estas
medidas complementarias, y así lo hemos hecho público, beneficiarían
mucho este trayecto de transformación que se está produciendo en la
estructura de la distribución comercial.
Muchas gracias, señor Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia, y esperamos su respuesta puntual en el tiempo que entienda
usted que es el más prudente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, la verdad es que con los
escasos minutos que tengo para poder intervenir, señor Presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia, no me va a ser posible
contradecirle en las muchas cosas que ha dicho, en las que, le traslado,
discrepo diametralmente.
Si me lo permite, antes de entrar en algún detalle, le daría un consejo.
No sé si está muy bien que los diputados demos consejos a los presidentes
de los tribunales de defensa de la competencia, pero yo le daría un
consejo. El consejo que le daría sería el de que abandone usted un poco
esa actitud que está teniendo como defensor de no sé qué principios para
poder ordenar cuál es el bien común de la sociedad, para poder establecer
cuáles son las reglas desde su posición que deben ser mejores para el
bien común, para la colectividad sin escuchar lo que ella dice y lo que
el bien común está pidiendo en estos momentos. Baje usted de su Tribunal,
baje usted de la Presidencia de su Tribunal y vaya un poco más a la
calle. Entre usted más en el día a día del mundo del comercio. Escuche
más, conozca más la vida diaria del mundo del comercio y entonces juzgue.
Porque no podemos, señor Fernández Ordóñez, ordenar las sociedades desde
arriba. Las sociedades se ordenan desde abajo hacia arriba, no de arriba
hacia abajo.
Y la verdad es que yo quisiera trasladarle, en los minutos que tengo hoy,
que no es cierto ni correcto que desde un gabinete de expertos diseñemos
lo que es mejor para el mundo y para la sociedad y para el mundo del
comercio y les ordenemos, mediante unas leyes generales, esas reglas. Hay
que escuchar lo que dice hoy el comercio. Y, a lo mejor, lo que usted
dice en el papel está muy bien, pero no sirve para la realidad. Y, a lo
mejor, lo que usted nos dice está muy bien desde el análisis teórico,
desde la reflexión general, es poco discutible, pero no es operativo para
resolver los problemas de cada día, los que tenemos hoy, no los que
podríamos tener, porque no son los que tenemos hoy.
Hoy el mundo del comercio está pidiendo una reordenación y está pidiendo
una ley general, y lo están demandando, como usted sabe, todas las
asociaciones. Den ustedes un mínimo crédito a esa petición, a esa
demanda.
Y no es verdad que con una Ley General de Defensa de la Competencia es
suficiente. No es verdad. En todo caso, me reservo el poder solicitar un
día su comparecencia para analizar qué está siendo esa Ley, cómo nos está
siendo útil esta Ley, deberíamos reflexionarlo un día. Está muy bien que
la tengamos, pero no nos sirve para determinadas realidades que hoy tiene
nuestra economía. Y dice usted: No hagamos una ley sectorial, abandonemos
las leyes sectoriales, hagamos unas reglas generales marco que ordenen
toda la actividad económica. Oiga, eso no es cierto. Estamos llenos de
leyes sectoriales. Llenos. No es la primera. Hemos ordenado el sector de
mercado de capitales. Está absolutamente ordenado. Se ha legislado sobre
el comportamiento de los mercados oficiales en nuestra economía. Hemos
regulado el comportamiento de las empresas del sector financiero. Hay una
ley específica del sector de seguros; hay una ley específica de actividad
en la agricultura; hay una ley específica que regula el sector del
medicamento; hay una ley específica que regula el sector de la energía;
hay una ley que regula el sector de las telecomunicaciones, el sector del
turismo, el sector del transporte. Y le haría una lista enorme de leyes
que regulan la actividad sectorial de la economía. Y el comercio es muy
importante, como usted dice, y hoy no está sometido a unas normas
generales que lo pauten, no con lo que nosotros deseríamos que fuera hoy
el mundo del comercio dentro de diez años, sino para intentar regularlo
en los problemas que hoy tienen. Y hoy está demasiado abierto ese mercado
del comercio; es bastante más una selva que no un mercado absolutamente
intervenido.
Es verdad que la ley que se propone por parte de nuestro Grupo establece
algunas regulaciones, es verdad; pero es que hoy es bastante más una
selva que otra cosa. Por eso pedimos esa ley. Por eso la proponemos. Y
donde hay una ley parecida a la que hemos planteado para todo el Estado
español, que es en Cataluña, ha sido positiva, ha sido útil. La normativa
que se ha regulado en el ámbito de la Comunidad Autónoma catalana la ha
valorado el mundo del comercio como positiva; ha servido para pautar las
relaciones que hoy están aplicándose en el mundo de este sector.
Yo quiero simplemente trasladarle que abandone usted esa actitud (en
beneficio de esos intereses, de esos principios, que son loables y
comprensibles) de ordenar la actividad de un sector sin escuchar los
problemas que hoy tiene este sector. Y es verdad, como dice usted, que
hay unos cambios profundos en nuestra vida cotidiana; cambios de
estructura familiar que hoy preocupan al mundo del comercio y que inciden
en la forma de comportamiento del consumidor; es verdad. Pero este no es
el problema que preocupa al consumidor. El problema que le preocupa al
consumidor es otro; es que necesita tiempo para transformarse, tiempo
para adecuarse a las exigencias y las transformaciones de la sociedad. No
se le puede dar a ese comercio tradicional un margen absoluto de libertad
cuando en ese mercado operan otros agentes económicos que, por sus
posiciones de dominio y por sus capacidades, tienen posiciones de un
cierto ligopolio, una cierta capacidad de influir en los comportamientos
que no tiene el pequeño comercio tradicional.
Por tanto, el comercio tradicional dice: ya me voy a adaptar. Sin duda
que lo voy a hacer, pero déme usted margen, tiempo para hacerlo; no me lo
imponga usted, porque la transformación es muy profunda y muy dura, y de
ahí vienen los problemas que se generan. Por eso las grandes superficies
y el mundo del comercio tradicional están teniendo un litigio muy
profundo, porque las grandes superficies tienen un margen de
comportamiento y de incidencia en el mercado en el que no se puede
competir con ellas. Hay desigualdad de relación ahí, y más cuando las
grandes superficies lo que hacen es una desnaturalización de su
actividad económica, porque el objeto fundamental ya no está siendo
simplemente el comercio, sino otro; porque se analizan los balances y se
da uno cuenta de que los beneficios nacen de otro tipo de actividad
económica, no del intercambio de mercancías.
Yo le quiero transmitir que hoy sí hay problemas y los sectores del
comercio levantan voces expresando sus preocupaciones, no es gratuito, no
es fortuito, no es, digamos, una situación irreal: es una realidad
profundísima. Por tanto, no nos neguemos a lo que la sociedad nos está
diciendo, y hacer una ley para ese sector, pautándolo, no nos tiene que
producir ninguna extrañeza. Yo creo que puede ser bueno. Abandone usted
la actitud tan contraria frente a esta ley. Abandónela, porque la
sociedad nos la pide, y donde se ha aplicado algo que ha regulado esa
actividad, ha sido positivo. Por tanto, no levante más voces, desde su
posición de Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, contra
esta ley. No la levante. Haga alguna propuesta para mejorarla, pero
abandone su actitud contraria a legislar sobre esta materia. Abandone.
Señor Presidente, muchas gracias, porque me he extendido. Yo quisiera, en
todo caso, remitirme a una posterior comparecencia del Presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia para analizar más lo que son sus
funciones y sus competencias, y no tantas otras cosas que son importantes
y que, sin duda, son muy interesantes de debatir con él, pero que a lo
mejor nos alejan de lo que sería analizar sus funciones más estrictas y
cómo está operando la ley que usted tiene que intentar que funcione.
El señor PRESIDENTE: Cuando se trae a un compareciente por un grupo
parlamentario para pedirle su opinión, se corre el riesgo de que se pueda
discrepar y pueda ser polémico. Son las ventajas de la democracia y de la
opinión libre de las personas: este Presidente administra los tiempos y
no quiere entrar tampoco en el contenido, que para eso están los grupos
parlamentarios, pero, sin lugar a dudas, el tema que ha planteado el
señor Homs respecto a analizar otra serie de cuestiones relativas al
Tribunal de Defensa de la Competencia, estoy seguro de que, conociendo al
señor Fernández Ordóñez, estará deseando venir al Parlamento cuantas
veces le llamen.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, como usted decía refiriéndose a
las dos intervenciones del señor Fernández Ordóñez, quizá una de sus
virtudes, que hemos de conservar celosamente, es la de provocar el
debate. Usted le ha calificado, amigable y cariñosamente, de provocador.
Yo simplemente diría que los provocadores necesitan, para que su
provocación tenga sentido, tener una audiencia de sensatos, porque si no
dejan de ser provocadores. Creo que este equilibrio entre provocadores y
sensatos la Comisión lo establece perfectamente y, desde la sensatez de
la verdad opinable, pero verdad democrática, es desde la que me voy a
pronunciar, haciendo tres valoraciones al hilo de lo que ha sido la
detallada y docta intervención de nuestro compañero el señor Homs, que
prácticamente, y aunque pueda ser una excepción (risas), suscribo hoy
totalmente. (Risas. El señor Hernández Moltó: ¡Que de aquí no salga!)
Volviendo al tema de la discrecionalidad, señor Fernández Ordóñez
--después me referiré a tres aspectos de su análisis teórico para ver si
es tan bueno como usted lo pretende presentar--, le diré que es opinable
toda verdad económico-político-democrática que afecta a bienes
materiales, bienes morales-éticos-espirituales sobre qué es lo mejor y
qué es lo peor. Usted, cuando le hemos preguntado qué entendía por
discrecionalidad, se ha salido por la tangente, nos ha recordado la
tradición radical-democrático francesa y la tradición, para mí mucho
menos democrática, aunque sí liberal, inglesa. Pero en la duda de qué es
lo mejor para una sociedad en un determinado momento --y ahí están las
palabras del señor Homs a las que me refería cariñosamente--, en la duda,
porque es una verdad no absoluta --creo que de los que estamos aquí nadie
defiende verdades absolutas si no es en el ámbito personal de las
creencias--, lo más seguro es lo que general más consenso, y yo no
entiendo ni conozco ningún otro mecanismo de generar consenso y hegemonía
que el de la democracia. Por lo tanto, en la duda sobre si es mejor la
democracia o el mercado, yo me quedaría no en una absurda distinción
entre mercado o dirigismo, sino en mercado democrático, es decir,
intervención de la democracia sobre el mercado. Puede que no sea lo
óptimo desde el punto de vista del análisis econométrico o
frío-económico, pero es lo que la sociedad vive y, por lo tanto, la
verdad en cada momento es la conjunción entre las posibilidades del
desarrollo de los agentes económicos y las formas en que aquella sociedad
entiende que se puede producir aquel desarrollo. A veces los cambios son
de forma paulatina, otras veces han sido bruscos, pero, en definitiva,
son las personas, cuando tienen capacidad de dirigir sus propios destinos
--y creo que en la democracia podemos decir que algo de eso se está
consiguiendo--, las que deben decidirlo. Por lo tanto, mucho cuidado con
este latiguillo de la discrecionalidad sobre las normas adoptadas
democráticamente por la Constitución, por el Parlamento del Estado, por
las comunidades autónomas o por los ayuntamientos, que son siempre
representantes de la soberanía popular, que llegan al nivel de verdad
que, en el caso de la política actuando sobre aspectos económicos, es el
grado de consenso o de hegemonía que unas u otras opiniones tienen en
aquel momento. Hay que ser muy respetuoso y saber deslindar lo que es el
análisis teórico de lo que es el análisis político, social, sociológico
de cómo hay que avanzar.
Mucho de lo que podría decir ya lo ha dicho el señor Homs y, por lo
tanto, no voy a repetirlo, pero el señor Homs decía una cosa que no
comparto plenamente; alguna cosa hay de las que dice el señor Homs que no
comparto. Decía: A lo mejor sus análisis teóricos son buenos. Pues yo
creo que no, señor Fernández Ordóñez. Y le voy a poner tres ejemplos para
demostrar que algunos de sus pretendidos, brillantes y provocadores
análisis teóricos no son del todo ciertos. Uno lo ha citado antes mi
compañero a instancias mías, el de la farmacia. Usted hace un análisis
absolutamente sesgado cuando nos habla sólo del momento
de la distribución. El ejemplo de que puede ser mucho más beneficioso,
para el interés general, para los consumidores, la regulación está en el
tema de la farmacia. Sólo quince o veinte compañías operan en todo el
mundo. El grado de oligopolización de la producción de medicamentos es
terrible en todo el mundo. Sabe usted tan bien como yo que la industria
del medicamento es la que produce más beneficios de todo el panorama de
la industria: el 35 por ciento de margen industrial. Ninguna otra
industria, si no es la especulación, tiene tanto beneficio. Por qué? Por
su carácter oligopólico. Y usted no dice nada, usted dice que si las
farmacias, que si les podemos recortar... Muy bien, hay que recortar a
las farmacias, por supuesto que sí. ¿Sabe cuál es la sociedad que más ha
conseguido luchar contra el artificial precio elevado de los
medicamentos? ¿Sabe quién ha puesto el cascabel al gato, dónde más se ha
podido llegar? La socialdemocracia sueca, creando un sistema de monopolio
de la compra y obligando a los operadores de venta, a los fabricantes de
penicilina, o de lo que sea, a vender barato para todo el sistema
nacional de salud sueco. Por tanto, un sistema ultrarregulado es el que
produce menor precio en el consumo de los medicamentos en un país de
tradición socialista, socialdemócrata, como es Suecia. Es un ejemplo...
El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, estamos hablando de la proposición de
ley de comercio no del debate anterior, que ha concluido.
El señor ESPASA OLIVER: ... para ilustrar el tema del substrato teórico
que está detrás del constante ataque que hace el señor Fernández Ordóñez
a la regulación democrática del mercado. ¿Imperfecta? Por supuesto que
sí. ¿Perfeccionable? Por supuesto que sí. ¿Modernizable? Por supuesto que
sí; pero regulación democrática, que no puede ser, de ninguna forma,
socavada en sus cimientos, porque los suyos tampoco son tan seguros como
usted los presenta.
Otro ejemplo. El señor Homs no ha acabado de apuntar por dónde iba, pero
yo quiero decirlo explícitamente, y ahora sí entro en la proposición de
ley de Comercio.
Litigio entre --usted ha dicho una perla-- tradicionales y modernos,
entre comerciantes tradicionales y modernos. Resulta que los modernos,
los de las superficies, de comerciantes no tienen nada; son especuladores
financieros, y usted lo sabe perfectamente. Están obligando a las casas
suministradoras a cobrar más allá de 90 ó 120 días, y éste es el negocio
de las grandes superficies. ¿Y por qué no lo dice usted? ¿Por qué quiere
enfrentar al tendero de la esquina con la capacidad especulativa, por su
posición de dominio en el terreno, con la capacidad de pago de una gran
superficie? Usted no es objetivo; usted no dice la verdad cuando hace sus
informes. Retiro esto último. Usted no es objetivo, porque no cuenta todo
el entramado del problema. Estoy defendiendo que no debe de haber grandes
superficies porque ahora ha cambiado el sistema de consumo y de compra?
Claro que no. No, no estoy en posiciones arcaicas, ni mucho menos, pero
hay que decir toda la verdad; en un problema hay que explicar todas las
variables. Y el pequeño comerciante no protesta porque es anticuado, sino
porque no tiene capacidad de luchar contra sus proveedores y debe pagar a
30 o a 60 días. Este es un ejemplo de que muchas de sus pretendidas
verdades teóricas tienen los pies de barro.
Puedo entender su preocupación por la discrecionalidad de la
Administración, la puedo entender, pero no la comparto, porque, con todos
sus errores, una Administración democrática, al final, es el punto de
llegada del consenso entre unas ideas y otras, entre una mayoría y una
minoría, entre quien gobierna y quien hace de oposición y se lleva al
punto de equilibrio, que siempre es variable, siempre es cambiable, pero
es el más respetable de todos. Tan variable es que, desde la
discrecionalidad, se puede decidir continuar o no continuar disfrutando
de los servicios de un instituto de la competencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, de entrada, quiero agradecer al
señor Fernández Ordóñez su comparecencia, que estoy seguro que va a
ayudar, a pesar del tono del debate hasta estos momentos, a la reflexión
que estamos haciendo los diferentes Grupos de cara a la aprobación de una
futura ley de comercio. De cualquier forma, quisiera introducir una
cierta serenidad en el tono del debate.
A mí me venía a la memoria --y precisamente creo que recordando alguna
anécdota podríamos introducir serenidad-- un bello pasaje de Franco
Modigliani, y me venía a la memoria desde el momento en que oía que se
citaba aquí el caos o la selva. Es un bello pasaje en el que había una
docta discusión sobre cuál era el oficio más antiguo del mundo. Defendió
un economista que era el ejercicio de economista el más antiguo del
mundo, que aquí podríamos aplicar al legislador, haciendo un paralelismo
en este contexto. El economista, descriptivamente, defendía --dice
Modigliani-- que su oficio era el más antiguo, a lo que le contradecía un
médico diciendo que no, que, realmente, era el de médico, porque, de
hecho, extrajo una costilla de Adán para crear a Eva y que,
evidentemente, aquella operación quirúrgica le convertía en el oficio más
antiguo, a lo que le contradecía un ingeniero, en el sentido de que la
separación del mar, la tierra, el cielo, los montes y los ríos había sido
realizada por Dios con la ayuda, efectivamente, de un ingeniero. El
economista terminaba preguntando: Qué creéis que existía antes de eso? El
caos. ¿Y quién creó el caos? Evidentemente, un economista o un
legislador. (El señor Homs i Ferret: O un abogado.--Risas.) Sí, o un
abogado, también se le podría incluir. Yo creo que no hay que exagerar
sobre las maldades que pueda tener una ley de comercio. Nuestro Grupo,
desde luego, no lo comparte.
Nosotros ya hemos hecho público y manifiesto en los plenos
correspondientes que no compartimos al cien por cien esta proposición.
Hemos anunciado que vamos a presentar una amplia lista de enmiendas para
acercar esa proposición de ley al planteamiento del Grupo Socialista.
Desde luego, no podemos coincidir con que sea una ley que vaya contra la
libertad, contra la historia --como usted en algún momento ha dicho de
forma oral o por escrito--, que prime la discrecionalidad administrativa,
que sea superflua, que dé un paso atrás, que dañe a la competencia,
etcétera.
Señor Fernández Ordóñez, es verdad que el sector comercio es una materia
compleja. Es un sector sometido a una profunda y clarísima reconversión,
a un proceso de transformación. Es una actividad que junto al resto del
sector servicios es clave para la consecución de grandes objetivos de la
política económica que estoy seguro de que usted comparte: la contención
de la inflación, la mejora de la competitividad y de la eficiencia de la
economía española.
Es verdad que estamos ante una materia multidisciplinar y compleja. La
ley que finalmente salga de este Parlamento incide en regulaciones
normativas ya preexistentes en el Código Civil o en el Código de
Comercio. Se ha dicho aquí: en la Ley Orgánica de Defensa de los
Consumidores, en la Ley de Competencia Desleal, etcétera. Es verdad
también que existe un cierto caos competencial por la serie de leyes que
se han aprobado por las diferentes comunidades autónomas, y que hay
sentencias del Tribunal Constitucional que han venido a dibujar de alguna
forma el panorama competencial en esta materia.
Decía que estamos ante un sector en plena reconversión; que hay necesidad
de corregir exceso de capacidad instalada frente a carencias en servicios
muy claras; que estamos ante la existencia de establecimientos obsoletos;
que hay inadaptación a la demanda actual, problemas de formación y
readaptación de la mano de obra; fuertes necesidades de inversión en
nuevas tecnologías, etcétera, lo que no dejan de ser aspectos
coyunturales en muchos casos derivados o bien de la crisis económica o
bien del proceso de transformación. Pero es verdad que también hay
aspectos estructurales que sí podrían afrontarse --por lo menos ésta es
nuestra opinión-- a través de una ley de comercio, así como a través de
una adecuada política global de comercio interior.
Este sería el objetivo que habríamos de perseguir y que el Ministerio de
Comercio ya ha hecho público. No solamente este Parlamento, a lo largo de
este año probablemente, va a aprobar una ley de comercio exterior, sino
que el Ministerio de Comercio hará público un plan de ayuda a la
reconversión del sector comercio.
El objetivo debe ser --así lo cree nuestro Grupo y esperamos que usted lo
comparta-- el ya mencionado de que el sector comercio ayude mediante el
plan, la propia ley, a la contención de la inflación, que en ningún caso
sea un elemento contradictorio con este objetivo y que ayude a la mejora
de la competitividad de la economía española.
No quiero extenderme en una intervención larga en este momento pues
tendremos ocasión de debatir estos asuntos, como ya se ha puesto de
manifiesto, en posteriores trámites de la ley. Entre una buena ley de
comercio y los objetivos de la política económica, a nuestro juicio no
tiene por qué haber contradicción, no tienen por qué ser incompatibles.
Respecto a la limitación de horarios comerciales, sobre los que tanto
debate ha habido --hay un Real Decreto que el Parlamento convalidó--,
nosotros vamos a modificar --ya lo anunciamos-- la proposición de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió). Sin embargo, podemos estimar --no sé
si usted puede compartirlo-- que en una situación coyuntural como la
actual la limitación de horarios puede ser beneficiosa para ayudar, como
señalaba el señor Homs hace un momento, a la reconversión en marcha, pero
teniendo en cuenta que en un plazo determinado, coincidiendo con la
puesta en práctica del plan de ayuda a la reconversión del sector
comercio, se pueda volver a la liberalización en los términos actuales o
parecidos.
Recogiendo una legislación dispersa preexistente y añadiendo otros
aspectos inexistentes podremos aprobar una norma que regule la actividad
del sector comercial que no sea una limitación de la competencia, que no
suponga una contradicción con los grandes objetivos de política económica
de que nos hemos dotado. Nosotros pensamos que sí podremos. No estamos
hablando de un texto refundido, estamos hablando de una ley que «ex novo»
recoja aspectos dispersos no regulados en legislaciones preexistentes,
que nos permita obtener --estoy seguro de que lo lograremos con la
colaboración de todos los grupos-- una buena ley de comercio. Con gran
simplicidad, tendría un título de principios generales, de prácticas
promocionales de venta, alguna ya recogida en la legislación preexistente
y otras, no: la venta en rebajas, en promoción, saldo, liquidación,
obsequio, o las ventas especiales; alguna de inexistente regulación, como
la venta a domicilio, a distancia, automática, ambulante, venta en
pública subasta, etcétera.
En definitiva, señor Fernández Ordóñez, le agradecemos, como decía al
principio, su aportación que quiere introducir un cierto elemento de
serenidad en este debate. Nosotros no compartimos el tenor literal de su
proposición de ley, de lo cual es perfectamente conocedor Convergència i
Unió, pero estamos seguros de que con las múltiples enmiendas que el
Grupo Socialista va a presentar antes del día 11 de mayo (esperemos que
sea ya la última fecha de ampliación del plazo de enmiendas)
conseguiremos, con la colaboración de todos, una ley ampliamente
consensuada y que sin contradecir los grandes objetivos que la práctica
totalidad de los grupos compartimos, consigamos regular un sector
esencial para la actividad económica.
El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor Fernández
Ordóñez.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Fernández
Ordóñez): El señor Homs dice que el Tribunal debe escuchar lo que la
colectividad dice. Tenga S. S. por descontado que lo oímos. Lo que pasa
es que las colectividades, a la hora de hacer reformas de competencia, no
son sólo los sectores afectados, sino todos. Coja usted, por ejemplo, las
encuestas sobre libertad de horarios comerciales y vea lo que piensa la
gente, no sólo lo que piensan los comerciantes. Yo creo que hay que
escuchar a la colectividad, pero no al afectado. Por qué? Porque el
afectado siempre está en contra. Los
comerciantes están en contra de que se introduzca la libertad, está en
contra Telefónica, están en contra los farmacéuticos, está en contra
cualquiera, porque es una maravilla impedir que alguien que pueda hacer
algo mejor, lo haga. Esto es humano, es normal y lo entiendo. Vienen,
hablamos con ellos, nos lo cuentan, pero no nos convencen.
No tenga miedo de que ordenemos nada desde arriba. Ustedes lo hicieron
muy bien cuando aprobaron la ley. Nosotros no hacemos las leyes, que
quede claro, las hacen ustedes, las hace este Parlamento elegido
democráticamente. No hay miedo. Pero ustedes sí nos dijeron en el
artículo 2.º que si veíamos sectores donde hay restricciones legales a la
competencia, hiciéramos esa función y otras. Hemos hecho una memoria que
van ustedes a recibir. Yo estoy encantado --como presumía el Presidente--
de venir aquí a hablar de aquello a lo que fundamentalmente nos
dedicamos, que es a perseguir a los garajistas de Barcelona, a los
panaderos de Asturias, etcétera.
Es verdad que cuando ustedes introdujeron en la ley eso es porque
nosotros vemos una cierta falta de equidad en determinadas cosas. Vienen
los garajistas de Barcelona y les ponemos una multa porque se ponen de
acuerdo en precios, alguien denuncia a los arquitectos porque se ponen de
acuerdo en precios, pero les decimos: Lo sentimos mucho, pero hay una ley
que les ampara. Estamos en condiciones de ver diferentes tratamientos
legales a diferentes núcleos. Quizá por esa razón ustedes nos encargan
eso y dicen que yo voy a estar seis años en un puesto, por tanto me da
igual lo que mañana se pueda decir. Así es como se hace en las
instituciones. Cada uno debe hacer lo que ha de hacer y nuestra misión,
encargada por ustedes, por este Parlamento, es decir esto a pesar de las
colectividades.
En esto de la competencia hay muchos aspectos. Yo recuerdo que en el
discurso que hizo Fuentes Quintana en Sevilla, cuando le dieron el
doctorado «honoris causa», citaba una frase del Subsecretario, me parece
que de Cambó, cuando se hizo el arancel, que decía: No hay que
preocuparse, hemos hablado con todos los sectores y todos están
encantados. Y añade: ¡Horror! ¿Entiende usted? Hay que tener mucho
cuidado.
Ustedes están presentando una reforma laboral que yo creo que es
excelente, que es histórica y quizá va a ser la reforma económica más
importante que ha acometido este país en contra y desoyendo, señor Homs,
las voces de los sindicatos. Usted lo hace --y me parece muy bien--
desoyendo radicalmente todo lo que dicen los afectados, porque es bueno,
porque es positivo, porque introduce competencia en el mercado de trabajo
y ustedes van a bajar la tasa de paro.
No abandonaré, señor Homs, mi posición mientras usted no cambie la ley
--que puede hacerlo, porque con otros grupos tiene mayoría-- y diga: «El
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia se calla», y yo me
callo entonces. (Risas.) Pero, mientras tanto, seguiremos hablando,
porque es la única forma.
Paso a contestar al señor Espasa. El tema democrático. Me dolería mucho
que pensara que no tengo la misma sensibilidad democrática que usted,
porque todos nos hemos peleado por ello. Pero, a veces, se acuerdan
democráticamente cosas que son incorrectas. Si cuando se aprobó el
Estatuto de los Trabajadores, hace no sé cuántos años, traen ustedes aquí
a alguien --que no se trajo-- que dice: «Esto va a crear una tasa de paro
del 25 por ciento, esto es dañino...», por muy democráticamente que esté
aprobado, tenían razón los economistas que estaban diciendo eso. Y
democráticamente, 20 años después, se cambia. Yo creo que la misión de
ustedes es tener una sensibilidad social inmensa y conectar, porque eso
es la democracia. Se pueden hacer cambios poquito a poco, y hemos visto
cómo los países no democráticos, al no hacer cambios pequeños en
autonomía o en lo laboral, han explotado.
Entiendo perfectamente eso, pero déjenme decir que no sólo lo considero
yo, sino que lo consideran también los organismos de competencia de todos
los países. El organismo de competencia alemán --léaselo, señor Homs--
está todo el día diciéndole al Gobierno: «La Ley de Comercio que usted
tiene es un disparate, introduzca...» ¿Por qué? Porque han llegado a la
conclusión de que todas esas restricciones se han cargado al pequeño
comercio, como ha pasado en Alemania. Es el país que más restricciones al
comercio tiene, parecidas a las que se están poniendo encima de la mesa,
y se han cargado al pequeño comercio, porque se han desarrollado
fórmulas, incluso no de grandes superficies, sino de venta por correos.
Se han cargado las librerías --en Alemania los libros se compran por
círculos de lectores--. Al final, lo que sucede con determinadas medidas
económicas es que uno quiere proteger y resulta que acaba obteniendo
resultados contrarios. Yo estoy en la obligación de decirlo mientras
ustedes no cambien la ley y me digan: «Usted se calla».
En el tema de la farmacia no entro. Estoy de acuerdo en la regulación de
los sectores; lo que creo es que la regulación debe ser pro-competencia.
Los sectores deben estar regulados absolutamente.
¿Por qué no entramos nosotros en los temas industriales, señor Espasa?
Porque, afortunadamente, la competencia en la economía española no está
sólo en manos de este Tribunal, sino de la Comisión Europea
fundamentalmente. Y en todos los temas industriales usted verá que
nosotros nos hemos concentrado no sólo en este aspecto, sino en la
persecución de conductas en temas de servicios y en concentraciones. No
hablamos apenas de concentraciones. No vamos a entrar en la concentración
de Banesto, va a entrar la Comunidad Europea. En cambio, sí hemos entrado
en concentración de radios, y de ámbito inferior, y todos estos servicios
tienen ámbito inferior.
No es que no digamos que eso no es importante, es que se ocupan otros.
Vaya usted a la Comisión Europea y diga: «Ustedes no lo hacen.» Pero ahí
nosotros tenemos poco que decir al haber libertad de comercio, porque no
tiene sentido que lo hagamos.
He tratado de contestar a las intervenciones de este tipo. Entiendo que
el señor Aguirre admita esta propuesta. Antes del 11 de mayo espero
preparar --me llevo hoy o mañana la transcripción directa-- nuestra
aportación a cada uno de los puntos.
Yo no sé, señor Presidente, si considera conveniente que sigamos hablando
del tema, pero es evidentemente
que en la orientación tenemos una posición distinta, que yo respeto. Y no
creo que haya que serenar el debate porque ha sido bastante sereno.
Por cierto, respecto a una de las posiciones mantenidas por el Grupo
Socialista, me parece magnífica porque si no se pueden impedir las
restricciones de la competencia, por lo menos que sean coyunturales. Me
parece una magnífica idea que a las cosas se les dé un plazo y se diga:
Transitoriamente mantenemos esto, pero dentro de equis tiempo esto
desaparece. Se le deja a la gente manejarse. Repito que me parece una
idea magnífica, que en general se puede utilizar para todo y que está en
la línea de lo que el Tribunal dice de la transición; que se vayan
introduciendo competencias gradualmente.
Nada más, señor Presidente. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Homs?
El señor HOMS I FERRET: Pido un turno breve de réplica a las
observaciones que nos ha hecho el Presidente del Tribunal.
El señor PRESIDENTE: Muy brevemente.
El señor HOMS I FERRET: Tiene usted razón en el argumento de que a veces
se afrontan reformas de colectividades que incluso expresan posiciones
distintas. Lo que pasa es que en el tema de comercio es verdad que hay
algunas encuestas en las que se pide al consumidor si su inclinación es
más preferente para adquirir productos en grandes superficies que en un
comercio tradicional. El consumidor siempre dirá que prefiere adquirir
los productos donde más barato se los ofrezcan.
Lo que estamos tratando en el fondo no sólo es un problema de precio, ni
de relaciones económicas. Detrás del diseño y de las relaciones de la
actividad económica del comercio está un modelo de sociedad. Ahí es donde
yo quisiera que ustedes tomaran conciencia de cuál es el modelo de
sociedad que nosotros hemos de conservar. ¿Queremos un modelo de sociedad
que vaya derivando cada vez más hacia ciudades donde hay unas grandes
superficies en las afueras en las que el ciudadano puede adquirir todos
los productos, mientras que en las calles prácticamente no existe ningún
tipo de actividad comercial? Es éste el modelo?
Nosotros estamos a favor de otro modelo, en el que las ciudades tengan en
sus calles actividad comercial, donde haya el comercio tradicional y no
tenga que ser el diseño de evolución futura el que nos lleve a unas
ciudades desérticas en donde la actividad comercial se realice en unas
grandes superficies.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, vaya terminando.
El señor HOMS I FERRET: Por eso Inglaterra ha prohibido ya el
asentamiento de grandes superficies, y por eso Francia dice basta ya de
grandes superficies, cuando se han dado cuenta que eso ya se está
desbordando por esta vía. Modelo de sociedad. Incorpore usted también esa
cuestión.
Por último, señor Presidente, quiero decir al señor Fernández Ordóñez que
tiene que tener presente que las relaciones de competencia están
directamente en proporción al tamaño y a la capacidad que tiene el agente
económico en el mercado. El pequeño debe poder competir con el grande,
pero debe haber unas reglas equivalentes de juego de competencia. Hoy el
pequeño no puede ni tiene las mismas reglas de competencia que utiliza y
con las que opera el grande. El problema está ahí.
En cuanto a los horarios comerciales no habría ningún obstáculo en cuanto
a la libertad de horarios comerciales si sólo fuera para el comercio
tradicional. El problema es cuando se generaliza porque la desigualdad de
posición en el mercado es tan fuerte y tan amplia que es que es ahí donde
no se opera con reglas de igualdad en el ejercicio de la competencia.
En el sistema de pago ocurre igual. Las grandes superficies tienen unos
mecanismos que no pueden tener los pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que el
pequeño, para poder competir, se tiene que agrupar, tiene que adquirir
mayor capacidad para ofertar productos a más bajo precio. Entonces, la
ley le dice que esto no es legal. La ley no permite agrupar para poder
establecer estrategias y comportamientos conjuntos. Lo prohibimos. En
cambio, la ley está favoreciendo al grande, a las grandes superficies,
porque sí puede ofertar en unas condiciones y tiene unos mecanismos de
pago que no tiene el pequeño. Ahí está el problema.
Estoy de acuerdo con usted en la filosofía de la relación de competencia
y en que el mercado puede ayudar mucho a mejorar y modernizar las
estructuras comerciales, pero hoy esto está operando con demasiada
desigualdad y el pequeño no tiene mecanismos para poder defenderse de los
que utiliza el grande. En las formas de pago y en los horarios. Es ahí
donde le pedimos un poco más de equidad en su reflexión, ya que si no lo
que estamos haciendo es beneficiando a unos, muy pocos, que son los
grandes, y esto tampoco es correcto. La ley no debe favorecer sólo a unos
grandes porque les demos instrumentos que no tienen los pequeños.
Termino, señor Presidente. En Alemania no tienen, como usted sabe muy
bien, la misma legislación mercantil que nosotros tenemos, que es el
origen de muchos de nuestros problemas. Está claro que pueden hacer
determinadas cosas porque ahí se paga al contado, en plazos muy cortos, y
el mecanismo legal que hoy ordena el sistema de pago en Alemania no es el
que nosotros tenemos. Por eso no hay problemas entre el pequeño y el
grande, porque todos juegan con las mismas reglas. En España no es así y
usted lo sabe. El problema nace aquí, como hemos apuntado anteriormente.
Me imagino, señor Presidente, que continuaremos hablando de estas
cuestiones, muy apasionantes e interesantes.
Finalmente, le pido, en nombre de mi Grupo, que adopte usted una actitud
distinta frente a la legislación general del comercio. Va a salir esa ley
de comercio, va a
salir, le guste a usted o no. (Risas.) Va a salir, entre otras cosas
porque esta Cámara ya ha decidido que quiere legislar. La Cámara
unánimemente ha dicho sí: una ley general de comercio. ¿Qué ley? Vamos a
debatir qué ley, pero sí una ley. Abandone usted su postura de que una
ley general de comercio no es buena para la sociedad, abandónela.
El señor PRESIDENTE: El señor Fernández Ordóñez tiene la palabra y espero
que de verdad sea su última intervención.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Fernández
Ordóñez): Las consideraciones respecto al modelo de la sociedad, si ha
tenido usted oportunidad de tener coloquios --y yo la he tenido--
respecto al cambio de la legislación laboral, son las mismas que están
haciendo los sindicatos. Hace diez días tuve una reunión con el señor
Ariza. ¿Esto va a cambiar el modelo de sociedad? No.
La competencia no tiene por qué cambiar el modelo de sociedad; al revés,
lo que puede crear es una riqueza que nos permita unas relaciones
sociales mejores, unos gastos sociales mayores, pero no tiene por qué.
Yo no discuto con usted que deba haber o no pequeños comercios. Con lo
que discrepo es que con lo que se va a hacer se van a cargar los pequeños
comercios. Eso es de lo que discrepo. Lo que digo es que ustedes van por
la línea que Alemania quiere cambiar y Alemania sí que tiene unas
restricciones feroces. Se van a perjudicar porque mi impresión es que se
van a desarrollar otras fórmulas comerciales que ustedes no pueden parar.
¿Por qué no están discutiendo, con los problemas que hay en la industria
en España, poner aranceles, cuotas, etcétera? Porque no pueden, porque
hemos dado la soberanía. En cambio, aquí sí pueden restringir la
competencia. Porque pueden, resulta que a lo mejor, como usted dice, se
acaba haciendo, pero no es bueno. No voy a cambiar.
Si yo estoy tratando de hacer eso seguramente la ley que salga me gustará
más que la que hay. Ahí está la contribución, y si no lo hago seguramente
no me gusta nada, lo digo en sentido institucional. Hay que hacer estas
cosas para que el resultado final sea más gustoso.
Habla usted de pequeños y grandes. El problema es que en el desarrollo de
la economía de mercado muchas veces la escala es fundamental para bajar
precios y aumentar eficiencia. Esto pasa no sólo en el comercio, pasa
también en las fábricas de automóviles. Es verdad que una fábrica de
automóviles con una gran escala se carga una fábrica pequeña, pero la
fórmula no es impedir que haya fábricas de automóviles grandes. ¿Cuál es
el problema? La transición.
Yo estoy convencido de que usted no está en contra de la reducción de
eficiencia o de la escala. Usted es enormemente sensible a la transición,
a unos problemas que hay ahí. Si ahora tuviéramos que hacer que todos los
pequeños pudieran competir con los grandes en todo, en
telecomunicaciones, en banca, etcétera, sería un desastre. Lo que pasa es
que en este caso los pequeños están, hay que tenerlos en cuenta y a mí me
parece fundamental tenerlos en cuenta, pero no destruyendo la escala, no
destruyendo la eficiencia. Esta es la posición. Yo entiendo que unos sean
más sensibles a unas cosas que a otras, pero en el fondo lo que habría
que tratar es de ir a esa convergencia, de no frenar la escala, no frenar
la eficiencia. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay que mantener un
modelo de sociedad que no sea insolidario, que no sea selvático y que
tenga en cuenta que existen unas personas que tienen unos problemas. Me
parece que es la solución a la que habría que llegar, pero estaríamos
hablando mucho tiempo de lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Concluido el orden del día, agradezco la presencia del señor Fernández
Ordóñez y las intervenciones de los grupos parlamentarios, con lo que se
levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.