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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 57, de 29/10/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 57
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN
Sesión núm. 5
celebrada el viernes, 29 de octubre de 1993
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Presidente del Consejo Económico y Social
(Durán López), para informar sobre la Ley financiera que acompaña a los
Presupuestos Generales del Estado para 1994. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000321). (Página 1612)
Comparecencia del señor Secretario General de la Unión General de
Trabajadores, UGT (Redondo Urbieta), para informar:
--Sobre la Ley financiera que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado para 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 219/000014). (Página 1612)
--En relación con el proyecto de ley de Medidas Fiscales, de reforma del
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo.
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
219/000027). (Página 1612)
Comparecencia del señor Secretario General de Comisiones Obreras, CC. OO.
(Gutiérrez Vegara), para informar:
--Sobre la Ley financiera que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado para 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 219/000015). (Página 1623)
--En relación con el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo.
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
219/000028). (Página 1623)
Comparecencia del señor Presidente de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, CEOE (Cuevas Salvador), para informar:
--Sobre la Ley financiera que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado para 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 219/000013). (Página 1640)
--En relación con el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de reforma del
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo.
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
219/000025). (Página 1640)
--Comparecencia del señor Presidente del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio (De la Dehesa Romero), en relación con el proyecto de Ley de
Medidas Fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y
de la Protección por Desempleo. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 219/000026). (Página 1652)
Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Comisión de
Economía.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, PARA
QUE INFORME SOBRE LA LEY FINANCIERA QUE ACOMPAÑA A LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 212/000321.)
El señor PRESIDENTE: Como bien conocen por el orden del día, suministrado
con anterioridad, a las nueve de la mañana se iba a producir la
comparecencia del señor Presidente del Consejo Económico y Social, a
petición del Grupo Parlamentario Popular. Quiero comunicar a SS. SS. que
ayer, a última hora de la tarde --y esta Presidencia ha tenido
conocimiento de ello precisamente cuando tenía que comenzar esta sesión,
a las nueve de la mañana--, se recibió en el Congreso de los Diputados un
fax del señor Durán, dirigido al Presidente del Congreso, que dice lo
siguiente: «Excelentísimo señor, lamento poner en su conocimiento que
circunstancias familiares graves me impedirán acudir a la comparecencia
ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, a la que había sido
citado el día 19 a las nueve horas. Quedo a la entera disposición de la
Comisión para comparecer en el momento que se estime conveniente.»
Así que, dado que, por causas familiares graves, el señor Durán no puede
comparecer hoy a las nueve de la mañana, vamos a suspender la Comisión
hasta las diez y media de la mañana, hora en que se producirá la
comparecencia del Secretario General de la Unión General de Trabajadores,
que, como no tenemos conocimiento de ninguna alteración, esperemos que
verdaderamente comparezca.
La comparecencia del señor Durán se intentará producir en fechas
próximas, tratando de buscar un equilibrio entre las posibilidades de la
Comisión y el calendario del señor Presidente del Consejo Económico y
Social.
Así, pues, se suspende la Comisión hasta las diez y media de la mañana,
con la comparecencia del Secretario General de la Unión General del
Trabajadores. (Pausa.)
Se reanuda la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES,
UGT (REDONDO URBIETA), PARA INFORMAR:
--SOBRE LA LEY FINANCIERA QUE ACOMPAÑA A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 219/000014.)
--EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL
REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
219/000027.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión con la comparecencia
del Secretario General de la Unión General de Trabajadores, Nicolás
Redondo, cuya
comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, el
Grupo Parlamentario Socialista y, posteriormente, una vez realizado el
orden del día, ha sido calificada por la Mesa del Congreso la petición de
comparecencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que vamos a
acumular también en esta comparecencia del señor Redondo.
La comparecencia del Secretario General de la Unión General de
Trabajadores ha sido pedida para informar sobre sus puntos de vista
acerca de la ley financiera que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado para 1994, o como más científicamente se la conoce, ley de medidas
fiscales de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la
protección por el desempleo.
La comparecencia, repito, ha sido pedida formalmente por el Grupo
Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En este orden
voy a dar la palabra a los señores portavoces para que formulen sus
planteamientos sobre los que opinará, posteriormente, el señor Redondo.
(La señora Villalobos Talero pide la palabra.)
Señora Villalobos, ¿quiere hacer uso de la palabra para una cuestión de
orden? (Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, tiene la palabra la
señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Era simplemente para decir, como no soy
habitual en esta Comisión, que iba a intervenir yo por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Me hacía cargo de que es la experta de su grupo
parlamentario en los temas que nos afectan esta mañana.
Tiene la palabra, señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a
esta Cámara a don Nicolás Redondo, Secretario General de UGT y explicar
por qué la petición de la comparecencia de los agentes sociales formulada
por el Grupo Popular.
Se había formulado una petición por Izquierda Unida, que apoyó este
grupo, en el seno de la Comisión de Presupuestos, pero el Grupo
Socialista entendió que debería ser una petición de comparecencia
realizada por el Grupo Popular en el seno de esta Comisión de Economía
para hablar de lo que se han venido a llamar medidas de acompañamiento a
los Presupuestos. Digo esto porque más tarde, una semana después, el
Grupo Socialista pide también esta comparecencia.
Quería decir primero esto porque las medidas fiscales de acompañamiento
de reforma de la protección por desempleo y de la Función Pública, son
medidas que acompañan a los presupuestos por una sentencia del Tribunal
Constitucional que dice que en el marco de la ley presupuestaria no
pueden aparecer otras medidas que afecten a determinadas leyes. Por tanto
parece lógico decir que necesariamente hablando de medidas fiscales,
hablando de medidas de reforma de la protección por desempleo y de la
función pública estas medidas se mueven en torno a lo que son los
Presupuestos Generales del Estado. Por consiguiente, aunque yo no me voy
a dirigir directamente a la ley de presupuestos, es lógico que en la sala
esté por encima de las opiniones de cada uno de los grupos, incluso de
los comparecientes, y que, inevitablemente, nos tengamos que referir a lo
que es la ley de presupuestos y lo que ésta significa para el año 1994.
Nosotros pedimos, como decíamos antes las comparecencias de los agentes
sociales, y las pedíamos porque una vez surgido el Gobierno de las
Elecciones del 6 de junio los dirigentes y el propio hoy Presidente del
Gobierno señor González, daban una importancia básica a lo que sería el
pacto social, pacto social que se enmarcaba dentro de unas políticas
económicas y sociales para salir de la crisis, unas políticas que se ha
venido a llamar el pacto por el empleo, para simplificarlo, y es en torno
a ese pacto social y a esa necesidad de acuerdos donde el Grupo Popular
planteaba esta comparecencia de los agentes sociales.
Para mí, en concreto el señor Redondo, siendo un hombre de la enorme
experiencia en la negociación tripartita que tiene a lo largo de todos
los años de la democracia española, en este momento representa realmente
el eje fundamental de lo que ha sido la consolidación del sistema
democrático en España en torno a las políticas económicas y sociales. Ha
discutido absolutamente todos los pactos que se han realizado en España,
tanto con los Gobiernos de UCD, con el señor Suárez, con el señor
Calvo-Sotelo, con el propio González; por tanto, desde esa experiencia
enorme que tiene en la negociación de los acuerdos del AMI, del ANE, del
AES, etcétera, a mí me gustaría preguntar al señor Redondo, si entiende
que, en este caso del pacto que se plantea en el año 1993, existe esa
misma voluntad desde el Gobierno, tanto en las formas, como en el fondo,
para conseguir ese pacto, que en otros casos con otros gobiernos, incluso
con el señor González, se ha llevado a efecto con los agentes sociales.
Creo que es importante analizar si en el fondo había voluntad desde el
Gobierno en las formas (quiero recordar aquí las declaraciones de los
diferentes ministros, a lo largo del verano, etcétera) que haga ver, en
esa experiencia del señor Redondo, si es posible llegar a ese pacto, o si
es bastante difícil conseguirlo.
Las medidas de acompañamiento que se plantean aquí han pasado por el
pacto social; es decir, estas medidas fiscales, medidas de reforma de la
ley de protección por desempleo, de medidas de la Función Pública, han
pasado por las mesas de negociación del pacto social, por tanto, está muy
ligado a la consecución del pacto por el empleo. Hasta ahora, desde mi
punto de vista, el resultado ha sido negativo, pero me gustaría escuchar
la opinión del señor Redondo.
Dentro de estas medidas de acompañamiento concretas, mi siguiente
pregunta es si el señor Redondo considera que estas medidas concretas en
el objetivo final del pacto por el empleo, es decir por salir de la
crisis, son unas medidas positivas en su conjunto; si son medidas
que inciden en la creación del empleo, que incentivan el empleo.
También me gustaría saber si el señor Redondo considera que estas medidas
de acompañamiento planteadas en las mesas de negociación, recogen
sugerencias concretas de los agentes sociales; es decir, en las medidas
fiscales, por ejemplo, aparece la reforma del Impuesto sobre el
patrimonio, y me gustaría saber si los agentes sociales han planteado en
la mesa de negociación alguna sugerencia en contra, han considerado que
estas medidas han sido planteadas por ellos mismos, o si han sido medidas
que ha planteado el Gobierno, a través de otras fórmulas, pero no
surgidas desde el pacto social.
También me gustaría saber si el señor Redondo considera que las medidas
introducidas en torno a la función pública, en el objetivo final de
conseguir una función pública eficaz al servicio de los ciudadanos se
reflejan en estas medidas. Es decir, si el conjunto de medidas en torno a
la situación de los funcionarios, a las reformas laborales y de
condiciones de trabajo de los funcionarios que se plantean en esta ley
han sido consensuadas con los agentes sociales; si representan, desde su
punto de vista, lo que realmente necesita hoy la función pública; si
están dentro de un marco de modernización y de agilización de la función
pública o simplemente ha sido algo que vaya en otro sentido. Me gustaría
también que me lo aclarara el señor Redondo.
En lo que se refiere a la Ley de reforma de la Protección por Desempleo,
me gustaría saber también si el señor Redondo considera que son medidas
incentivadoras del empleo, si son medidas que controlen la situación del
desempleo. Yo comprendo que este tema es profundamente sensible a la
opinión pública. Estamos hablando de la protección social de un colectivo
muy importante, por desgracia cada vez mayor en nuestra economía, en
nuestra sociedad y, tanto, hay que ser especialmente sensibles con estas
cuestiones. En consecuencia, me gustaría saber si desde el punto de vista
de UGT y del señor Redondo se podría considerar cerrada lo que significa
la reforma de la protección por desempleo, teniendo en cuenta también,
como es lógico, que la protección por desempleo está profundamente ligada
a las políticas activas en el mercado de trabajo, profundamente ligadas a
esas reformas hoy planteadas también en el pacto social sobre las
reformas estructurales de nuestro mercado de trabajo. Desde mi punto de
vista van profundamente unidas y quiero saber si el señor Redondo
considera que efectivamente estas medidas de acompañamiento representan
algo respecto a esas reformas estructurales que parece ser que en poco
tiempo vamos a tener en esta Cámara.
Finalmente, en el tema fiscal saber si el señor Redondo considera que las
medidas fiscales planteadas en esta ley de acompañamiento son una
incentivación al empleo, son una mayor protección de incentivación de las
pequeñas y medianas empresas; si el señor Redondo considera que el Estado
ha hecho suficiente esfuerzo por conseguir dinamizar la economía y la
inversión privada para lograr el objetivo final de la creación de empleo
a que me refería antes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Villalobos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Neira.
El señor NEIRA LEON: Muchas gracias, señor Presidente.
Es para mí un honor participar en este trámite, en representación del
Grupo Socialista, y, en primer lugar, quisiera agradecer al señor Redondo
su presencia aquí con nosotros.
Sin duda, creo que podemos convenir todos que los Presupuestos que se
presentan este año por parte del Gobierno a las Cortes responden a una
situación económica difícil y puede considerarse que, de alguna manera,
pretenden hacer frente a esta situación a que hacemos referencia. Limitar
o reducir el déficit público es sin duda uno de los objetivos que lleva
implícito.
Todos los agentes sociales, económicos también, están dando su punto de
vista respecto de estos presupuestos. A nosotros nos parece vital
escuchar también el de aquellos sectores sociales a los que representa el
señor Redondo y otros dirigentes sindicales, es decir a los trabajadores.
Nos parece que en unos presupuestos y en una Ley paralela, llamada ley
financiera, en la que se regulan nuevas medidas fiscales, que se habla
también de la función pública y que se modifican prestaciones por
desempleo, el criterio del señor Redondo, sin duda persona cualificada
para ello, y de los sindicatos en general, pueden ser para nosotros
vitales a la hora del trámite en esta Cámara.
Por todo eso nosotros no vamos a hacer unas preguntas tan concretas como
ha hecho la señora Villalobos, sino que pediríamos al señor Redondo su
valoración, su criterio, sobre el conjunto de las normas, especialmente
de la ley financiera en los tres apartados que ella contiene, que son: la
modificación de medidas fiscales; los temas que hacen referencia a la
función pública; y muy especialmente los temas referentes a las
modificaciones en las prestaciones por desempleo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Neira.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Compañero Nicolás, quisiera hacerte en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tres o cuatro preguntas muy concretas.
Lamento, en primer lugar, que no hayamos tenido la primera comparecencia
por causas ajenas a nuestra voluntad, naturalmente de los que estamos
aquí, porque hubiera sido interesante que desde la perspectiva de nuestro
trabajo hubiésemos tenido los elementos que se
desprenden de las últimas decisiones tomadas en el Consejo Económico y
Social, decisiones muy importantes en torno al empleo, en torno a qué
tipos de empleo, características de empleo, y otros apartados. Esperando
que el compañero Redondo nos explique la opinión que tiene sobre las
últimas medidas tomadas por el Consejo Económico y Social, las preguntas
que quisiera hacer son las siguientes.
¿Qué opina Unión General de Trabajadores sobre los Presupuestos Generales
del Estado y sobre la política económica en general que se está aplicando
y practicando en estos momentos? ¿Crearán empleo estos presupuestos y
esta política económica? ¿Garantizarán los derechos sociales mínimos que
han sido conquistados en este país en un largo proceso de lucha, de
negociación, es decir, en un largo proceso de utilización de la
inteligencia y de la fuerza social en un momento determinado para imponer
una serie de avances? ¿Impulsarán un desarrollo equilibrado en este país
que permita contribuir a un desarrollo también equilibrado de Europa en
el sentido que exponemos siempre desde Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, es decir, equilibrado en sentido económico, por tanto
socialmente justo y equilibrado también en el sentido ecológico, teniendo
en cuenta las nuevas pautas que exige actualmente el desarrollo
económico? ¿Es posible una negociación efectiva y positiva que permita
impulsar y defender una solución no conservadora de los problemas
económicos y sociales? Con las propuestas que hay encima de la mesa por
parte del Gobierno y del Partido Socialista, por parte de las diversas
patronales ¿es posible una solución no conservadora ya que desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pensamos que sería mucho peor,
no sólo para los trabajadores, para los pensionistas, para los jóvenes
que no han tenido todavía acceso al mercado de trabajo, sino para el
conjunto de la economía española?
En definitiva, aunque sea no ya una pregunta sino una afirmación,
esperamos que en el horizonte inmediato y con el sugerente calificativo
de impulso democrático haya otras propuestas desde la izquierda social y
política que puedan competir con las propuestas conservadoras que parece
vuelven a abrirse paso en estos últimos días y en estas últimas horas,
intentando abrir mesas de negociación cuando no se abren mesas de
negociación efectivas con los sindicatos y con la izquierda real de este
país.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las diferentes intervenciones,
tiene la palabra el señor Redondo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (Redondo
Urbieta): Algunas de las preguntas que me han hecho me hacen tratar de
manera bastante global el tema de la ley de acompañamiento y de la ley de
Presupuestos. Si tenía en principio algún reparo creyendo que la
convocatoria era sólo para tratar la ley de acompañamiento, algunas de
las preguntas que se me han hecho me quitan esa preocupación.
Empezaré contestando a las preguntas que ha hecho la señora Villalobos.
Efectivamente en la campaña electoral del 6 de junio había sobre todo dos
organizaciones que incidían sustancialmente en la política de empleo.
Creo que fueron partes decisivas de aquella campaña.
Habrá que decir en el día de hoy que el acuerdo sobre política de empleo
ha fracasado de manera rotunda; nosotros lo hemos dado ya hace tiempo
como terminado. Habría que remarcar una singularidad poco frecuente. Aquí
se han simultaneado dos tipos de negociaciones: Una, la del pacto social
y, otra, el pacto político. El Gobierno deseaba realmente un acuerdo
sobre el pacto social, pero lo que necesitaba de verdad era un acuerdo
político. Consiguientemente y desde mi punto de vista, con todo respeto,
el pacto social pasó a un segundo término aun reconociendo el derecho de
los grupos parlamentarios y del propio Gobierno de negociar con otros
grupos parlamentarios.
El hecho cierto es que objetivamente, dando primacía a lo que ha sido la
negociación política, el pacto social pasó a un segundo término, y quizá
con esto empiezo a contestar a una de las preguntas que me ha hecho la
señora Villalobos. A continuación, cuando estuvimos con el Jefe de
Gobierno y con los ministros dijimos que nos parecía fundamentalmente que
--un pacto social tuviese-- dos premisas: una, que fuera eficaz; y otra,
que fuera equitativo en los sacrificios. Si esos requisitos se reunían,
estábamos dispuestos realmente a desplegar todos los esfuerzos. ¿Con qué
nos hemos encontrado? Con que las propuestas que nos hacían no eran
eficaces ni eran equitativas. Cuando se nos hace la primera propuesta se
nos dice que si ahora el paro alcanza la cifra de 3.400.000 parados, en
el supuesto incluso de un acuerdo, el año que viene serían 160.000
parados más, y que la diferencia entre un acuerdo y un no acuerdo
consistía en que habiendo acuerdo se destruían 11.000 puestos de trabajo
menos. Luego tenemos un pacto por el empleo, y se empieza a reconocer que
al año siguiente el desempleo se va a incrementar y que entre el acuerdo
y el desacuerdo solamente varía que se destruyen 11.000 puestos de
trabajo menos, todo eso teniendo en cuenta los grandes sacrificios que al
mismo tiempo se exigían y se exigen, que no podemos olvidar.
El primer tema son las pensiones, con un recorte --y todo el mundo lo ha
manifestado-- de unos 60.000 millones de pesetas, que supone un punto o
punto y algunas décimas entre lo que es la inflación pasada y la
prevista. Incluso ha habido dirigentes de la Ejecutiva del Partido
Socialista que estimaban que había un recorte de 90.000 millones de
pesetas. Luego hay un reconocimiento claro de que eso supone un corte en
el nivel de vida de los pensionistas. En el tema de desempleo hay unos
recortes más que evidentes, que incluso el propio Gobierno estima en
300.000 millones de pesetas. Hay también un recorte por la congelación
salarial a los funcionarios, que supone alrededor de 200.000 millones de
pesetas. Por tanto, los recortes sociales son 300.000 más 200.000 más
60.000, que «grosso modo» supone unos recortes de 600.000 millones de
pesetas.
En contraposición, ¿qué se hace paradójicamente?
Pues una especie de minoración en la fiscalidad de los empresarios que,
según el propio Gobierno, supone unos 200.000 millones de pesetas. Por
una parte, nos encontramos con que se recorta en prestaciones sociales
600.000 millones de pesetas y, en contraposición, hay una serie de leyes
fiscales que suponen un ahorro a los empresarios de 200.000 millones de
pesetas. No quiero exagerar, no quiero dramatizar, no me corresponde,
simplemente estoy constatando hechos. Luego, ¿dónde está la equidad si
por una parte se recortan 600.000 millones de pesetas, y por otra parte
se toman medidas de ahorro que suponen 200.000 millones a los
empresarios? Los dos argumentos, los dos requisitos que estamos exigiendo
ya no se cumplen: uno, la equidad en los sacrificios, y otro, la utilidad
de esos sacrificios, porque, repito, para el año que viene el propio
Gobierno anuncia que el paro se va a incrementar en 160.000 parados más.
Creo que tampoco es necesario hacer grandes esfuerzos para tener en
cuenta que no era posible prácticamente un acuerdo en estas condiciones,
dado los sacrificios que se exigían a unos y el tratamiento beneficioso
que se hacía a otros. Además, sin ningún compromiso por parte de los
empresarios de que fueran a crear puestos de trabajo.
Creo que con esto contesto a una segunda pregunta que se refería a por
qué esta negociación este acuerdo ha sido difícil. Son sacrificios
inauditos para unos y gratificaciones para otros, sin ningún compromiso
para crear puestos de trabajo sino que, por el contrario, se seguían
perdiendo.
Habría que hacer una tercera consideración. Cuando estuvimos con el
Gobierno le dijimos: nos parece que no se puede mantener una política
continuista, porque después de años de una determinada política
económica, ésta nos ha llevado a una situación que no hay que valorar,
simplemente constatar y que supone tres millones y pico de parados, una
profunda crisis industrial, una especie, diría, de deterioro del tejido
industrial, falta de inversiones, etcétera. Luego lo que sí nos parecía
pertinente, decíamos, es no continuar esta política económica, sino darle
un giro e ir a otro tipo de políticas que permitan realmente un cierto
relanzamiento de la economía y, sobre todo, hacer frente a los graves
problemas que tiene este país. Esta es la contestación que doy a alguno
de los que me han preguntado.
En cuanto a las formas, decir que hemos tenido 17 reuniones entre lo que
han sido las comisiones plenarias y las comisiones de trabajo. No quiero
tirar piedras ni culpabilizar a nadie, pero la constatación es que
después de 17 reuniones no ha habido la más mínima posibilidad de llegar
a acuerdos y ello por dos razones: primero, por las medidas tomadas, que
ya he enumerado; en segundo lugar, porque de verdad no ha habido lo que
se puede calificar como una verdadera negociación, sino que más bien era
como una especie de consulta. En el plenario tratamos cuestiones
metodológicas de cómo negociar y en las reuniones de trabajo no se
negociaba, sino que se constataban medidas que ya se anunciaban a través
de la ley de presupuestos, a través de la ley de acompañamiento o a
través de determinaciones del propio Gobierno. En ese sentido, repito,
era muy difícil poder llegar a un acuerdo.
Ustedes conocen mucho mejor que yo el problema. Creo que tenemos que
tomar conciencia de que se recorta en 60.000 millones a los pensionistas;
se recorta en 300.000 millones las prestaciones por desempleo, que se
suman a los 400.000 millones que ya se recortaron el año pasado y,
encima, la congelación salarial supone un recorte de 200.000 millones.
Las cifras hablan por sí solas.
¿Podíamos haber hecho un esfuerzo para llegar a acuerdos si a cambio se
comprometen a crear puestos de trabajo? Lo hubiésemos sopesado, pero la
verdad es que lo único que nos dijeron era que se iba a incrementar el
desempleo, repito, con el tratamiento consiguiente a favor de los
empresarios.
La señora Villalobos me ha preguntado sobre los presupuestos. Desde mi
punto de vista, marcan un insólito cuadro. Por una parte, un
estancamiento económico; por otra parte, reconocen claramente la
destrucción de empleo; y, por otro lado, hay un recorte de la protección
social y un recorte, repito, de los salarios.
¿Qué criterio tiene Unión General de Trabajadores sobre estos
presupuestos? Quisiera ser respetuoso con la Cámara y con ustedes y aun a
riesgo, por supuesto, de equivocarme, tengo que decir que el criterio que
tenemos de estos presupuestos es que no son eficaces, no tienen ninguna
eficacia para la reactivación de la economía y del empleo. Decía el
compañero Neira que tendían a reducir el déficit público, ¿cómo?
¿Ingresando, por ejemplo, 200.000 millones menos de pesetas que son de
los que hacen dejación? Cuando se reduce el déficit público no se puede
decir: Reduzcamos el déficit público solamente recortando prestaciones
sociales. Mala manera es de recortar el déficit público si se reducen
prestaciones sociales y al mismo tiempo se ingresan cientos de millones
menos por un trato de favor que se hace a los empresarios. Luego si
alguien pretendía que con estos presupuestos se podía reducir el déficit,
en cierta medida es posible, pero no en el grado que podríamos
calificarlo de deseable.
No se da, lo que nos parece fundamental, una especie de prioridad a esta
necesaria reactivación que es imprescindible para nuestro país. Las
ventajas fiscales a las empresas, desde mi punto de vista, no son
eficaces para la reactivación; las exenciones a los incrementos
patrimoniales tampoco tienen que ver con una inversión productiva (no se
trata de inversiones donde es fundamental tener una política realmente
industrial) y las vacaciones fiscales van a distorsionar y a crear
agravios y quizá nuevas formas de fraude.
Repito, desde nuestro punto de vista, el presupuesto es ineficaz; vuelvo
a reincidir --quizá esto es ya una pesadez--, son enormemente
desequilibrados en esfuerzos y en sacrificios. Hay una profunda
desfiscalización para unos y una mayor presión fiscal para otros y, desde
el punto de vista de la izquierda, es una palabra quizá en desuso
recortan profundamente las rentas de los que no tienen empleo para
compensar las rebajas de impuestos a las empresas; luego son socialmente
bastante injustos en
ese sentido. Hacen recaer sobre los empleados, sobre los pensionistas y
sobre los parados el peso de la carga. Creo que con esto voy contestando
a otras preguntas.
En cuanto al tema que comentaba Celia Villalobos sobre el desempleo, diré
que desde los sindicatos hay un reconocimiento y lo vamos a manifestar.
Estamos de acuerdo en que el gasto por desempleo es muy elevado y es
evidente que hay que reducirlo; pero al mismo tiempo que el gasto por
desempleo es muy elevado, es muy elevado el número de desempleados;
siempre hay una «ratio» entre el gasto por desempleo y el número de
desempleados. Cuando hay 3.400.000 parados, necesariamente los gastos por
desempleo tienen que ser muy elevados. Aquí la única manera de solucionar
el problema es reducir el número de parados. El Jefe de Gobierno decía
con razón: Cada nuevo parado supone un millón más de gasto. La cuenta de
la vieja sería: Un parado menos supondría dos millones de ahorro más. A
eso debemos tender.
Hay un tema que también me preocupa, y es que no estamos de acuerdo con
que se pretenda hacer pagar a todos los desempleados por el mal
comportamiento de algunos parados o de algunos empresarios. ¿Por qué van
a pagar todos los parados la culpa de algunos? Tenemos que seguir
diciendo que nadie sabe si éste es el último recorte que van a sufrir los
desempleados, porque el mismo discurso y el mismo argumento se dio el año
pasado con el decretazo. Se decía: Recortemos las prestaciones,
incentivemos a los parados a encontrar empleo. Ahora, un año después,
cuando el año pasado hubo un recorte de 400.000 millones de pesetas, se
hace un recorte de 300.000 millones de pesetas. ¿Alguien asegura que con
esta misma política económica el año que viene no se va a sufrir otro
nuevo recorte? Hemos de tener la fe del carbonero y decir: El año que
viene sí, o el siguiente sí, o en 1996 sí. ¿Por qué, si no se cambian
sustancialmente las causas que causan --valga la redundancia-- esos
efectos? En este sentido también estoy contestando a una de las preguntas
que se me hacían por parte del Grupo Popular.
¿Por qué no entramos muchas de las veces en el problema real? Aquí todo
el mundo sabe que en el sector privado hay un 40 por ciento de
temporalidad, y la media es de un 34 por ciento, tres veces más que la
media europea. Mientras exista esa temporalidad de un 40 por ciento en el
sector privado y de un 34 por ciento de media, habrá un problema social y
económico al que no se podrá hacer frente, porque eso es, en cierta
medida, lo que dispara los gastos por desempleo y lo que crea la
situación de déficit del Inem. Tendremos que corregir las causas y ver
hastá qué punto podemos corregir este perverso sistema de contratación
temporal. Hagamos un esfuerzo para ir creando empleo.
Decía el señor Veira que hay que reducir el déficit público. En eso está
todo el mundo de acuerdo. Ahora, ¿qué se acompaña? ¿Hacemos depender la
economía o el crecimiento económico del déficit público o hacemos
depender la reducción del déficit público del crecimiento de la economía?
¿Lo acompasamos realmente? ¿Seguimos haciendo que crezca prudentemente la
economía y al mismo tiempo se irá venciendo el déficit o bien sujetamos
de manera total y absoluta el crecimiento económico a la disminución del
déficit público? Son opciones que se están discutiendo y, evidentemente,
no nos ponemos de acuerdo. Todo el mundo cree que tiene una parte de
razón.
El hecho evidente es --y quiero recordarlo-- que he sufrido campañas,
como sindicalista de UGT, en que durante años --y ustedes lo saben-- la
política del Gobierno era llegar a un déficit cero. ¿Recuerdan? Tienen
que recordar la campaña que sufrimos diciendo que nos parecía una
verdadera barbaridad que todo el crecimiento económico se sujetara al
déficit cero. Este año hablaban de un 2,3 de déficit público, después
hablan de un seis y pico y el año que viene, en 1994, de un cinco y poco.
Pero, ¿por qué esas obsesiones? ¿A qué queda reducido aquel famoso reto
de déficit cero? Entonces se marcaba toda una política económica en
función de esa cifra, y así nos fue. ¿Por qué esas obsesiones? ¿Por qué
no hay un intento de mayor flexibilidad y damos importancia y abogamos
por la verdad, por reducir el déficit público? Esa es una de las
preocupaciones que otra vez tenemos.
Celia Villalobos me formulaba varias preguntas; no sé si voy a ser capaz
de contestar a todas de una manera muy concreta, pero lo intentaré.
Respecto al tema del desempleo creo que he contestado más que
suficientemente. También se me ha preguntado sobre el tema de los
funcionarios públicos. En esto ha habido una reacción generalizada de
todos los funcionarios en contra de las medidas que se van a adoptar, que
van a llevar, efectivamente, a una especie de movilidad geográfica, a un
recorte de unas ciertas ventajas conseguidas por los funcionarios sin
haberlo negociado con ellos. Recuerdo que Antonio Gutiérrez, de
Comisiones Obreras, y yo mismo estuvimos con el Ministro de
Administraciones Públicas un jueves y nos dijo que al día siguiente
presentaba el Gobierno este proyecto de ley. En cierta medida --y puede
ser anecdótico-- no se había negociado. A juicio de nuestra Federación de
Servicios Públicos y de la Unión General de Trabajadores, en cierta
medida se están aplicando unos criterios de flexibilidad de carácter
negativo sin haberlos negociado con los sindicatos, es decir, introducen
aspectos como la excedencia forzosa o la jubilación anticipada. No
plantean una política global sobre qué hacemos con los recursos humanos
en las administraciones públicas, sino que es una implantación unilateral
de modificaciones aisladas en las condiciones actuales de trabajo, y la
impresión generalizada que se extrae al leer el proyecto de ley es que es
una alteración de las condiciones laborales de los empleados públicos que
tiene un carácter lesivo.
Existe la impresión, y el tiempo nos dará o no la razón, de que este
proyecto de ley va a introducir una evidente inseguridad y una falta de
motivación para la colaboración en las labores públicas, que es un
aspecto básico para cualquier reforma de la Función Pública, lo cual no
nos va a llevar a una Administración más eficaz, sino, desde nuestro
punto de vista, bastante menos. Si a esto se acompaña la congelación de
los salarios de los empleados
públicos, la verdad es que no hay lugar para el optimismo.
Aunque sea reiterativo, quiero decir, referente a las medidas fiscales en
este proyecto de ley, que no son útiles para la creación de empleo, no
son equitativas y no se prima la inversión productiva. Cuando se nos
habló algo de esto, intentamos negociar con el Gobierno lo que se dio en
llamar medidas activas de apoyo al apartado productivo, que, además,
estaba en el temario, y dijimos: ¿queremos hacer algo serio, de verdad,
para intentar relanzar esta economía, para que pueda haber medidas
activas de apoyo al apartado productivo, para que haya una política, que
se echa mucho en falta, como es una política industrial. Y la verdad es
que no pudimos negociar ningún tipo de medidas activas de apoyo al
apartado productivo. No hubo una sola sesión, ni monográfica ni no
monográfica, en la cual pudierámos negociar estas medidas activas que son
más que necesarias, y cuando pedíamos negociarlas, en cierta manera se
trasladó a estas medidas fiscales, que, insisto, desde nuestro punto de
vista no van a solucionar en lo más mínimo el problema fundamental, que
es el del desempleo.
Ya he dicho a Izquierda Unida que nosotros somos pesimistas respecto a
que con esta política se pueda hacer frente a un cierto mantenimiento del
Estado del bienestar, de los gastos sociales, porque la «ratio» que hay
entre los activos y los pasivos es la que es, y, consiguientemente, como
esto siga así va a ser muy difícil, si no cambia la política económica,
hacer frente a las necesidades de toda una sociedad, que tiene que
encargarse de la sanidad, de los transportes, de los pensionistas,
etcétera. Eso está siempre en función de los ingresos y --es verdad--
también de los ahorros y de los gastos.
Luego desde nuestro punto de vista, insisto (y no sé cómo calificarlo
para que nadie pueda entenderlo mal), esta política económica es
negativa. Con ella no parece previsible que se haga frente a los graves
problemas que tiene el país. En esta política se sigue manteniendo una
especie de ajuste permanente, esperando siempre que haya una recuperación
económica a nivel internacional, sin tomar las medidas concretas y
necesarias en nuestro país. Y es por eso, sin apriorismos, por lo que
hemos venido insistiendo que nos parece fundamental un cambio. Porque
aquí hay un problema: casi siempre se echa la culpa (también por parte de
algunos miembros del Gobierno) a los salarios y a la rigidez del mercado
de trabajo de ser los causantes de esta situación, y los sindicatos
culpamos a la política económica de ser la responsable. Y así vemos que,
ante un problema, tenemos dos diagnósticos totalmente contrapuestos, y
creemos que con un falso diagnóstico no se puede tampoco conseguir
alternativas razonables.
Por ello seguimos pensando que, si no hay un cambio en la política
económica, seguirá existiendo esta lamentable situación de alto grado de
desempleo. Por eso insistimos en que hace falta un cambio en la misma.
Se me pregunta: ¿es posible una negociación progresista? A mí me parece
que siempre es necesaria, aun sabiendo que hay que aceptar sacrificios,
ya que estamos en una situación de mercados abiertos frente a Europa, de
Europa frente al resto del mundo; mercados abiertos que exigen un alto
grado de competitividad al haber una situación económica determinada.
Esto necesita, insisto, de verdad unos sacrificios, pero creo que puede
haber realmente una negociación progresista, y esos sacrificios deben
deben ser generales, y no solamente de una parte de la sociedad. Por
consiguiente, podrían haberse negociado unos acuerdos de carácter
progresista. Es más, no solamente lo creía, es que lo deseaba, y el día 7
de junio estaba convencido de que así iba a ser, quizá por un exceso de
ingenuidad. El hecho es que no ha sido posible.
Creo que he contestado a otra de las preguntas que se me hacían por parte
de Frutos, aunque la verdad es que no sé si he contestado a todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Redondo. Si alguna cosa no ha
quedado contestada, seguro que los señores portavoces volverán a insistir
sobre ello, porque se abre un segundo turno.
Además de los portavoces que han intervenido, ¿algún Grupo Parlamentario
desea formular alguna cuestión? (Pausa.)
Tiene la palabra, en primer lugar la señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Simplemente quería agradecer al señor
Redondo sus explicaciones, y decirle que hay que tenerlas en cuenta en
función de lo que representan ahora mismo y lo que deben representar en
un sistema democrático las centrales sindicales.
Como es lógico, en algunas cosas discrepamos, como respecto a la
valoración favorable o no y sobre las fórmulas del déficit público y
algunas otras cuestiones. En cualquier caso, le agradezco muchísimo su
comparecencia en esta Cámara.
La única pregunta que no me ha contestado directamente --no es extraño
porque le han hecho muchas preguntas al señor Redondo--, aunque en cierta
forma sí, era sobre si sus explicaciones representaban el sentir de los
agentes sociales.
Pero, aparte de darle las gracias, y con permiso del señor Presidente,
voy a abusar tal vez de esta Cámara, porque entiendo que...
El señor PRESIDENTE: No abuse demasiado.
La señora VILLALOBOS TALERO: Muy poquito, señor Presidente.
Entiendo que la figura de Nicolás Redondo en la historia de la democracia
española es importante. No sé si va a ser su última intervención en este
Parlamento: ya lo ha hecho otras veces a petición de este Grupo y de
algún otro en Presupuestos. Pero habiendo anunciado su retirada, o su no
presentación a la reelección a la Secretaría General de su Sindicato,
creo que tenía que darle las gracias, simplemente como ciudadana
española, por lo que ha hecho por la normalización de las relaciones
laborales en nuestro país. Por eso, como no sé si nos
volveremos a ver aquí por algún concepto, gracias, señor Redondo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Neira.
El señor NEIRA LEON: En primer lugar, quiero agradecer al compañero
Nicolás las explicaciones y las reflexiones que nos ha efectuado.
Es evidente que no es éste el lugar de entablar una discusión. Lo que a
nosotros realmente nos interesaba era conocer la opinión de UGT y la suya
personal, pero como de alguna manera, quizá por la brevedad de mi
intervención anterior, se haya fijado en exceso en uno de los aspectos
que yo comenté, que era el tema del déficit público, sí quería indicar
que ese déficit público es para el Gobierno un elemento instrumental, no
es el objetivo esencial de una política presupuestaria. Lo que pretende
el Gobierno con estos Presupuestos es, fundamentalmente, reactivar la
economía y, con ello, generar empleo. El paro es, sin duda, el principal
problema que tiene el país, es el problema que más preocupa al Gobierno y
es el problema que más preocupa a este Grupo. Cualquier política que
realice el Gobierno, cualquier política que apoye este Grupo tiene que
tener como objetivo fundamental --y tiene como objetivo fundamental-- la
lucha contra el desempleo. El déficit público, por tanto, es un elemento
instrumental.
Nosotros no creemos que sea posible la reactivación de la economía en
este país con unas finanzas públicas desequilibradas. Nos parece
fundamental, nos parece necesario el equilibrio de las finanzas públicas
para que, cuando haya una reactivación ecónomica, incluso de carácter
internacional, nuestra economía esté en condiciones de subirse al carro
de esa reactivación. No quiere eso decir que vayamos a estar esperando,
nosotros tenemos que ir resolviendo nuestros problemas, pero es evidente,
insisto, que nuestra economía está muy interrelacionada con la economía
europea, con la economía mundial, y el saneamiento de la misma es
fundamental para podernos beneficiar de la recuperación. Un elemento
básico para generar empleo y reactivación económica pensamos que es la
competitividad, por eso la política del Gobierno va dirigida en ese
sentido.
Se ha hablado de medidas de carácter fiscal, y no le quepa ninguna duda a
la UGT ni a ningún ciudadano que la lucha por aumentar la competitividad
de la economía española tiene como objetivo básico el que en España
continúen las inversiones y empiece, en este caso, el aumento del empleo.
También quisiera indicar que se ha utilizado mucho el término recortes,
pero realmente, más que recortes, lo que ha habido es una reducción del
crecimiento. En realidad, el gasto para el desempleo ha aumentado
muchísimo en los últimos tiempos, y no sólo de las causas fundamentales,
sino también, y de forma muy importante, por el aumento de la cobertura
de los desempleados. Hay que pensar que en este país, hace muy pocos
años, con un desempleo muy similar al actual, se gastaba una cuarta parte
de lo que en estos momentos se gasta. Cobraban veinticinco de cada cien
parados y en la actualidad cobran más de ochenta de cada cien parados. Y
tampoco nos podemos sentir satisfechos, porque yo creo que el objetivo
básico no debe ser el que los desempleados cobren, sino que, sobre todo,
los desempleados trabajen.
El presupuesto del Gobierno, al menos la intención, es la que le indico.
Con todo, ya digo, no es tanto la opinión del Gobierno y la opinión del
Grupo, que ya son conocidas, lo que aquí interesa, sino fundamentalmente
la de la UGT, y quiero agradecerle, personalmente, y en nombre del Grupo,
sus aportaciones, que no son aportaciones que caigan en saco roto, en
absoluto, sino que son elementos y reflexiones que nos van a informar
para la discusión posterior. En todo caso, me gustaría conocer si por
parte de la UGT se había trabajado sobre algún escenario diferente al que
tenemos, es decir, un escenario presupuestario que de alguna manera fuese
respuesta a éste que el Gobierno plantea, en el tema de la inflación, de
la deuda, del crecimiento, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palaba el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: En primer lugar, quiero agradecer al compañero
Nicolás su presencia aquí, y decir, muy claramente, que desde Izquierda
Unida no vamos a utilizar estas comparecencias para hacer críticas fuera
de lugar o para hacer astillas de una política económica que ya hemos
criticado suficientemente y en profundidad en los debates que ha habido,
y que continuaremos criticando en los debates que habrá en las comisiones
y en el Pleno. Simplemente, nos parecía muy importante que este
Parlamento tenga una relación fluida y dialéctica con lo que es el
movimiento social real, y los sindicatos son un elemento imprescindible
de este movimiento social real. Pero, al mismo tiempo, era necesaria
--que a veces no se tiene suficientemente en cuenta-- una información
exhaustiva, en profundidad, que la pueden dar, mejor que nadie
seguramente, los sindicatos, porque están en lo cotidiano y en las
perspectivas que afectan al mercado de trabajo, que afectan al conjunto
de los trabajadores, a los pensionistas, a la juventud, con un
conocimiento mucho más profundo que con el que se analiza a veces desde
nuestras tribunas en este Parlamento. Por tanto, la presencia de los
sindicatos es un elemento imprescindible para el reforzamiento de una
democracia no domesticada, sino de una democracia real, en la que lo
social tenga un peso fundamental.
También estoy de acuerdo --y, además, porque lo estoy con diversas
resoluciones, estudios del Instituto de Estudios Sindicales de la UGT y
de su Comisión Ejecutiva de este mes de septiembre-- con la política
económica y con las propuestas que se hacen, porque vemos que estas
propuestas son bastante coincidentes --ya que trabajamos una misma
realidad económica, social y política-- con las que planteamos desde
Izquierda Unida, y planteamos una que nos parece importante y sobre la
que pregunto de nuevo ahora --en todo caso, me gustaría que el compañero
Nicolás, aunque fuera de una forma genérica, se refiriera a ella--, y es
en relación al reparto del empleo.
Hace unos cuantos meses, en la campaña electoral, a Izquierda Unida, por
hacer en su programa una propuesta para el reparto de empleo que era una
pieza dentro de un conjunto de medidas económicas, sociales y
estructurales de todo tipo, las reacciones a esta iniciativa por parte de
ciertos medios de comunicación (incluido alguno que ahora dedica un
maravilloso editorial a valorar las propuestas revolucionarias del señor
Michel Rocard, que yo valoro en su justa medida) fue más o menos y
tacharnos de alquimistas de pócimas alucinógenas, utópicos mesiánicos,
adictos a la levitación, trogloditas, en fin, señores, el Parque Jurásico
de la realidad económica, social y política española. Pero resulta que
ahora todo el mundo ha descubierto la sopa de ajo del reparto del
trabajo, y al decir reparto de trabajo, ¡cuidado!, que no me estoy
refiriendo únicamente al reparto del trabajo por imperativo legal que
está planteando la Volkswagen. Es decir, hay crisis, pues reparto de
trabajo, reducción de la semana laboral a cuatro días, pero con la
reducción, también del 20 por ciento, y esto por una necesidad imperiosa,
por la crisis. Nosotros lo planteamos, en todo caso, con carácter
general, y no de forma inmediata, de forma urgente, sino a partir de un
trabajo cuidadoso, de una iniciativa a nivel europeo y de que las
propuestas y resoluciones que se tomen en España tengan en consideración
la realidad española y la realidad europea. No lo planteamos como una
cosa juramentada para hacer inmediatamente, porque somos conscientes de
que las realidades económicas y sociales no se cambian inmediatamente.
En resumen, me gustaría que, en el futuro, cuando se hable de estas
medidas, no se nos continúe considerando socialdemócratas peligrosos o
ROJOS peligrosos, sino que se entienda que somos personas civilizadas,
con unos conocimientos de las realidades concretas, que queremos hacer
aportaciones, pero queremos hacerlas para la solución de los problemas
desde una perspectiva de la izquierda, no destruyendo más el tejido que
representan los trabajadores organizados, sino intentando contribuir a
que este tejido aumente y se fortalezca a partir de buenas medidas en
política económica y social.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, quiero dar las gracias a don
Nicolás Redondo por su presencia en esta Comisión.
Quisiera trasladarle en nombre de mi Grupo, en primer lugar, que
compartimos sus preocupaciones; téngalo usted seguro. Quizá las
discrepancias que podamos mantener estén más en cómo alcanzar estos
objetivos que tanto usted como nuestro Grupo deseamos por encima de
cualquier otro objetivo, que es crear empleo y reactivar la economía.
He escuchado con detalle sus explicaciones, y lo que veo de común en toda
su reflexión es una profunda solidaridad en la preocupación por la
situación actual, y repito, quizá la reflexión debería ser cómo podemos,
entre todos, alcanzar los objetivos que deseamos, incluso entre todos los
grupos de esta Cámara, que es crear empleo y reactivar la economía.
Usted ha dicho, al final, que UGT es pesimista; CiU es pesimista también.
La situación actual es profundamente preocupante, la crisis que estamos
atravesando es grave y profunda, no es una crisis coyuntural, y usted lo
sabe perfectamente, tiene connotaciones internacionales, por supuesto que
sí, y no hemos hecho referencia a ellas, pero las tiene, contra las
cuales es difícil que la economía española pueda combatir
unilateralmente, porque no sé si podrá combatir la transformación tan
profunda que está experimentando Europa en la relación económica
internacional. Por tanto, se me ocurre una primera constatación: si no
aunamos esfuerzos, si no ponemos entre todos una gran dosis de reflexión
y de diálogo y no compartimos conjuntamente los riesgos de esta
situación, veo difícil la superación de este estado de problemas que
tiene hoy nuestra economía. Por consiguiente, la inicial posición de mi
Grupo es que abandonamos las críticas, señor Redondo, no tenemos tiempo
para criticar, la situación es muy grave. Hay que entrar en un proceso de
reflexión conjunta y de compartir responsabilidades para afrontar esta
situación en que nos encontramos y, junto con el Gobierno, ustedes, los
agentes económicos empresariales y la sociedad en general, intentar poner
en marcha un proceso de superación de la crisis en que nos hallamos.
Esta es la explicación inicial que nuestro Grupo puede hacer en esa
primera reflexión, que expresa buena parte de nuestro comportamiento
parlamentario en la Ley de Presupuestos. Garantizamos una ley porque no
tener ley de presupuestos sería mucho peor para la economía que tener
ésta. Esta no entusiasma a nadie, creo que tampoco al Gobierno, pero es
mejor, repito, tener una que no tener ninguna. Ahora bien, en dicha Ley
de Presupuestos hay algunas cosas positivas. ¿Serán suficientes para
reactivar la economía? Quizá no, ya veremos, pero sí hay algunas,
insisto, que son positivas. Por ejemplo, el año 1994, invertir para
generar algún puesto de trabajo más va a ser más barato; es verdad que se
estimula la inversión en estos Presupuestos. ¿Poco? Opinable.
¿Insuficiente? Opinable. Pero en el año 1994 invertir para crear un
puesto de trabajo será más barato que en el año 1993. Por consiguiente,
hay algunos elementos positivos para incentivar la inversión, aunque será
opinable si todo esto es suficiente.
Me gustaría aclarar que el objetivo más importante que cree nuestro Grupo
que debemos tener --y desearía compartirlo con su sindicato-- es mantener
los actuales niveles de empleo; hoy, el primer objetivo es que toda la
política económica nos permita garantizar al máximo, en la medida de lo
posible, los actuales niveles de empleo, que es sinónimo de mantener las
actuales empresas. Por tanto, hoy, el objetivo, en un proceso de
destrucción de tejido productivo como el que estamos, de cierre de
empresas --llevamos más de un año y medio de cierre
constante de empresas en la actividad productiva--, es mantener las
empresas como sea, al máximo riesgo posible. Si esto lo compartimos, creo
que el segundo objetivo es crear más ocupación, reactivar, pero el
primero, repito, es mantener lo que tenemos.
En este sentido, yo quisiera trasladarle que algunas de las medidas que
contiene la Ley de Presupuestos creo que van en la dirección de permitir
un marco más favorable a la conservación del actual proceso productivo, y
en eso se explican algunas de las medidas, contribuir a garantizar, al
máximo posible, el actual nivel de capacidad de ocupación que hoy tiene
nuestro sistema económico productivo.
En los Presupuestos hay cuatro puntos, el primero de los cuales es
reducir el déficit público, y para ello hay algunos esfuerzos que jamás
habíamos visto en las leyes de presupuestos anteriores. ¿Serán
insuficientes? Podría ser, pero en esta Ley de Presupuestos, insisto, hay
algunas medidas que jamás habíamos visto y que pueden garantizar una
puntual reducción en ese déficit público.
Hay que reducir el coste del dinero, el segundo gran objetivo, que no
pasa por estas dos leyes pero va paralelamente al compromiso que
contemplan: reducir el coste del dinero. Si no reducimos el precio del
dinero, será imposible generar empleo en este país. Le brindo que
compartan ustedes esta preocupación y levanten también una voz insistente
en las instituciones financieras en favor de trasladar el esfuerzo de
reducción del tipo oficial de interés del dinero a los productos
financieros que hoy están comerciando el sector financiero.
El tercer aspecto es fomentar la inversión. Creo que le he dicho antes
que en 1994 será más barato invertir que en 1993. Podemos juzgar si será
suficiente, pero será más barato.
Reformar el marco laboral creo que es la cuarta pieza que me parece
importante para compartir un objetivo común, que es el de intentar crear
empleo, como usted ha explicado. En esto quiero trasladarle una
reflexión. Hoy, señor Redondo, es más barato cerrar una empresa que
reducir a la mitad su plantilla. Esto es una contradicción profunda con
nuestro común objetivo de crear empleo y mantener las actuales empresas.
Por tanto, algo habremos de revisar, algo, para que el sistema no se vea
abocado a una evolución: que sea más preferible cerrar la empresa que, en
todo caso, ajustar su plantilla.
Quiero decirle que, profundamente, compartimos sus preocupaciones. En
todo caso, estamos absolutamente abiertos al diálogo y a compartir
medidas para poder aplicarlas. Si el Gobierno, como usted ha dicho, no ha
sido receptivo a algunas cuestiones que su grupo sindical ha expuesto,
nuestro Grupo, sí, está absolutamente receptivo a mantener un diálogo
intenso con ustedes para ver en qué medida podemos compartir acciones
conjuntas, ya que la situación lo exige. Ha estado usted insistiendo en
todo momento en que las medidas que se conocen no son suficientes y que
hay que aplicar otros tipos de medidas de políticas. Yo quisiera que
hiciera un esfuerzo y me dijera algunas. Porque comparto sus objetivos y
sus reflexiones globales, pero necesito saber dónde hemos de incrementar
los impuestos, o dónde hemos de recortar los gastos y qué medida hemos de
poner en el sistema para poder incentivar la inversión productiva. ¿Cómo
podemos alcanzar el objetivo que compartimos? Yo quisiera, como le digo,
conocer alguna medida concreta que usted quisiera sugerirnos para
incorporarla en el debate presupuestario.
Me gustaría conocer su opinión personal sobre esas posiciones, esas
manifestaciones, que nos llegan de otros sindicatos europeos,
concretamente de los sindicatos alemanes, que están planteando optar por
reducir sus rentas a cambio de garantizar la permanencia en los empleos.
Esa estrategia se está levantando en muchos países de Europa, que parece
ser que prefieren optar, para mantener sus niveles de empleo, por
sacrificios de este nivel, de niveles de renta o de horas trabajadas,
pero que comporta, a efectos prácticos, también reducciones de renta.
Quisiera conocer su opinión al respecto, porque creo que sería muy
positivo saberla.
Señor Redondo, señor Presidente, termino. Quiero insistir profundamente
en el deseo de nuestro Grupo de intensificar el diálogo con su sindicato,
con un objetivo: intentar solidarizarnos con todas las medidas. No digo
que todo lo que estamos haciendo y diciendo sea absolutamente la mejor y
la única vía para afrontar los problemas de nuestro país. No soy
absolutista. Aceptaría perfectamente que algunas cuestiones que podemos
estar defendiendo, podían ser revisables. Sin duda. Pero es tan grave la
situación económica que le brindo una posición política de nuestro Grupo
a intensificar muchísimo el diálogo para poder compartir las acciones de
política económica a fin de poder superar la situación actual.
Muchas gracias por su presencia y por todas sus reflexiones, que siempre
enriquecen muchísimo el trabajo de esta Comisión y de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Con las limitaciones de tiempo a que nos veremos
flexiblemente abocados, dada la enjundia de la última petición de
información del señor Homs al señor Redondo, doy la palabra, para
contestar a las diferentes posiciones de los grupos, al señor Secretario
General de la Unión General de Trabajadores.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES, UGT
(Redondo Urbieta): Contestando, en primer lugar, al compañero Frutos
tengo que decir que el tema del desempleo, el tema del paro, es un
problema complejísimo, y aquí tenemos una evidencia absoluta. Por
ejemplo, nos hemos encontrado con que ahora, con la misma normativa que
hace tres años, tenemos un millón y medio de parados más. Eso merece una
reflexión sobre la rigidez del mercado de trabajo. Con la misma normativa
tenemos millón y medio de parados más ahora que hace tres años.
Y no es menos cierto que cuando hubo un crecimiento económico como no se
ha conocido nunca, en 1987 y 1988, el paro no bajó del 15 por ciento. Eso
demuestra una situación realmente problemática, que nos lleva a creer que
el crecimiento económico sólo no supone una
reducción del desempleo; que hay otras variables que hay que contemplar.
Contesto a Frutos diciéndole que a mí me parece que la reducción de las
horas de trabajo es un tema que está en pleno debate, no es que lo hayan
sacado solamente algunos socialistas como Rocard; es una cosa que está
debatiendo el conjunto del sindicalismo en Europa. Aquí, lamentablemente,
hay todavía poca cultura, pero sí sería bueno que tratáramos de hacer un
esfuezo para ver dónde nos conduciría una reducción estimable de las
horas de trabajo, que tendría que quizá ir acompañada, no sé en qué
porcentaje, de una reducción de salarios, etcétera. Pero sí es un campo
en el que, indefectiblemente, tenemos que entrar. Cuando se habla del
Estado de bienestar, yo creo que hay una profunda equivocación. El Estado
de bienestar solamente se contempla con pleno empleo; si no, deja de ser
un Estado de bienestar. Si queremos mantener el pleno empleo, que ahora
parece casi una quimera, tendremos que entrar en profundidad a ver cómo
nos repartimos realmente el trabajo, el trabajo escaso, pero a ver cómo
lo repartimos.
Cuando hablamos de nuestro país, parece que estamos en una situación...
Hablaba de temporalidad. Tenemos tres veces más de temporalidad que en el
resto de Europa; el 34 por ciento, el 40 por ciento. Yo estoy de acuerdo
con Convergència i Unió en que hay que luchar en contra del paro. Me
congratulo, además, de coincidir con su Grupo, pero ¿cómo lo conseguimos?
¿Con más precariedad? En los buenos deseos, todo el mundo está de
acuerdo. Donde ya no estamos de acuerdo, porque respondemos quizá a
orientaciones más o menos de derechas, más o menos de izquierdas, es en
las medidas. Eso es una evidencia, no lo estoy contraponiendo ni lo estoy
diciendo como una especie de polémica. ¿Cómo reducimos el paro, que es el
doble de la media comunitaria? ¿Cómo lo reducimos? Ese es también otro
tema.
Lo que no se puede, me parece a mí, es intentar reducir solamente
recortando las prestaciones por desempleo, ni tener una obsesión
desmedida, que es verdad, por el déficit público. Le vuelvo a recordar
que durante años todo el mundo ha aplaudido el objetivo del Gobierno de
déficit cero, lo que no dejaba de ser una verdadera barbaridad, porque
era imposible. Cuando este año la previsión es del 2,3, al cabo de poco
tiempo dicen: No es el 2,3, es el seis no sé cuánto. Y para el año que
viene se va a reducir unas décimas, a cambio de 160.000 parados más. ¿Se
acompasa el crecimiento económico con el déficit? Es una necesidad
reducirlo, pero que no se magnifique de tal manera, porque parece que no
es una variable económica. Eso incide. Pues hagamos un esfuerzo de
acompasar un cierto crecimiento económico, que, al mismo tiempo, también
sirve para reducir el déficit público.
No hay tampoco soluciones milagrosas. Ya no va a ser motivo de estos
presupuestos y hay temas en los que no quiero entrar. ¿Cuál es, por
ejemplo, el tipo de interés del Banco de España? ¿El 9,5? Debe estar ahí,
¿no? ¿Cuáles son los intereses de la Banca? ¿Del 15 al 19? ¡Hay que ver!
Hay que ver. ¿No se hace nada? ¿Cuál es el fraude del IVA? ¿Un 30 por
ciento? ¿Por qué sólo el fraude del desempleado? ¿No se hace nada? ¿Cuál
es el déficit del Sistema Especial Agrario? Un billón de pesetas. ¿Cómo
se paga? Pues el Sistema General de la Seguridad Social. ¿Qué viene en la
prensa? Un impago de la Seguridad Social de 900.000 millones de pesetas
por parte de los empresarios. Si se pagase ¿estaríamos en esta situación?
Hay cosas que debemos tener muy en cuenta para no hablar permanentemente
del déficit. Si el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social lo
pagásemos entre todos y no del Sistema General de la Seguridad Social,
¡qué diferencia habría! Si los empresarios estuviesen al tanto de sus
cotizaciones a la Seguridad Social... 900.000 millones más. ¡Hay que ver!
O si se corrigiera también el fraude del parado que defrauda. En general,
no estaríamos en esta situación, en esta especie de obsesión. Es un
problema que nos compromete a todos.
Y repito que me congratulo de que tengamos el mismo criterio en cuanto a
luchar en contra del paro, pero tengamos también preocupación de que no
recaiga sólo sobre un sector de esta sociedad. Ustedes quieren solucionar
el déficit con los pensionistas, quitándoles 8.000 pesetas a cada uno.
¿Qué es esto? ¿No hay otras formas de actuar? ¿No hay otras formas? La
cláusula... No viene en los presupuestos. Las cosas que ustedes están
pidiendo... y creo que lo van a conseguir. Las garantías a los
pensionistas. No vienen en los presupuestos. Y otra serie de temas.
Hagamos un esfuerzo para poder tener una sociedad integrada. Porque hay
un riesgo y es que lo que uno procura ahorrarse en gastos sociales igual
tiene que pagarlo luego en incrementar las Fuerzas de Seguridad. Y
tenemos problemas en muchas ciudades norteamericanas. Tenemos que luchar
por una sociedad integrada. En Cataluña, en el País Vasco y en el resto
de las regiones y nacionalidades de España. Es un desafío que tenemos
nosotros, los sindicatos, y que tienen ustedes, todavía mucho más, los
partidos políticos: Qué sociedad estamos conformando entre todos.
El debate. Nos parece interesante, claro que sí, entrar en un debate
sobre la posible reducción de la jornada de trabajo. Pero no estamos
dispuestos a entrar en ese debate, porque creo que es casi una
obligación. Vuelvo a repetirlo. Conocemos la situación --yo soy miembro
de organizaciones internacionales sindicales-- y conocemos las
dificultades de España para competir con el resto de los países de la
Unión Europea y de la Comunidad Europea con el resto de las economías de
otros países. Conocemos las dificultades. Habrá que conseguir una mayor
competitividad. ¿Cómo se consigue eso? ¿Mayor investigación y desarrollo?
¿Un trato preferencial, de acuerdo con las financieras a lo que es la
economía productiva? Tomar medidas, como reducir, repito, los tipos de
interés, que no sé por qué razón están en torno al 19 por ciento.
Y decía: ¿Qué es lo que propondremos en concreto? Nosotros lo hemos
manifestado desde hace algún tiempo. Lo que pasa es que aquí están las
dificultades. Sería entrar en un terreno de discusión que lleva tiempo.
Nosotros, primero, hemos dicho lo que era inmediato: Reducir los tipos de
interés. Hablamos de un interés tres puntos por encima de la inflación,
con un trato preferencial
en la inversión productiva, un tipo de interés todavía más reducido que
el tres. Hablamos, como mínimo, de mantener un cinco por ciento de la
inversión pública del PIB. Hablamos de una política industrial activa.
Hablábamos de equiparación de los recursos en investigación y desarrollo
en la media comunitaria. Creemos que hay necesidad de una mejora en la
estabilidad del empleo. ¿Alguien cree que puede haber experiencia, una
alta productividad, con contratos temporales de dos y tres meses?
¿Alguien puede creer que tiene una producción eficaz con ese tipo de
contratos? No es posible. Estamos hablando también de cubrir fondos de
inversiones; hemos hablado, por supuesto, de la contención del déficit
público, que nos importa mucho, y hemos hablado del control de precios.
¿Cuánto crecen los precios en los servicios? Un nueve por ciento han
crecido. ¿Cuánto ha subido el salario? No ha llegado a un seis por
ciento. ¿Cuánto se ha incrementado la productividad en los servicios? Un
cero. Luego aumento de productividad, cero; salarios, no llega a seis, y
precios, un nueve. ¿Desde cuándo? Desde hace cuatro años. Hagan ustedes
algo, por favor. Hagan ustedes algo. Que ahí está uno de los problemas
básicos de nuestra inflación y que se coge como argumento, además, para
recortar salarios.
No sé si he contestado a todo. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que sí, si no algún Grupo Parlamentario
pediría la palabra. Al no ser así, tengo la sensación de que los grupos
parlamentarios han sido contestados por el señor Redondo, a quien quiero
agradecer su presencia en esta Comisión. Ha pretendido, en esta primera
comparecencia de esta mañana, acercar la vida social, la vida de los
agentes económicos al Parlamento, a petición de los grupos
parlamentarios.
Muchas gracias, señor Redondo.
La siguiente comparecencia está prevista a las 12. Por ello se suspende
la sesión diez minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS, CCOO
(GUTIERREZ VEGARA), PARA INFORMAR:
--SOBRE LA LEY FINANCIERA QUE ACOMPAÑA A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 219/000015.)
--EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL
REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
219/000028.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con la presencia del
Secretario General de la Confederación de Comisiones Obreras, Antonio
Gutiérrez.
La comparecencia del Secretario General de Comisiones Obreras ha sido
solicitada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista e Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para formular sus reflexiones, en primer lugar, tiene la palabra la
representante del Grupo Popular, señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Quiero agradecer la presencia del señor
Gutiérrez en esta Cámara. No es la primera vez que viene a esta Cámara y
espero que no sea la última, porque sería importante que los
representantes del pueblo tuviéramos los criterios de agentes tan
importantes como son los sindicatos en el propio desarrollo de la
democracia en el más amplio sentido.
En la anterior comparecencia del Secretario General de UGT esta Diputada
fue profundamente cauta a la hora de plantear las preguntas para no
salirse de lo que era el marco de la petición y del propio Reglamento de
la Cámara, pero como el Presidente de esta Comisión, de una forma que
entiendo muy positiva, es un hombre generoso en la interpretación del
Reglamento (y quiero agradecérselo porque todo es colateral y todo tiene
que ver con lo que se nos trae aquí), creo que ahora me concederá la
posibilidad de no tener que justificar por qué tenemos que hablar de
presupuestos, puesto que las leyes de acompañamiento están en el marco
presupuestario.
Quiero decir que, igual que comenté antes con el señor Redondo, la
petición del Grupo Popular de la comparecencia de los agentes sociales,
UGT, Comisiones Obreras y CEOE, se enmarcaba, sólo y exclusivamente, en
estas comparecencias porque entendíamos que las cuestiones que nos traen
hoy aquí están dentro del llamado pacto social.
El día 6 de junio se celebraron unas elecciones, por decisión de la
mayoría de los españoles sale elegido el Partido Socialista, que sigue en
el poder con apoyos parlamentarios concretos, y una de las diez banderas
de la campaña electoral fue la necesidad de un pacto social para salir de
la crisis. Se abren las mesas del pacto social, se avanza poco, desde
nuestro punto de vista, en el marco económico y se traen a esta Cámara
unos presupuestos que deberían haber sido los presupuestos para salir de
la crisis o, cuanto menos, los presupuestos para situar a España en
condiciones de conseguir salir de esa crisis tan profunda que vive la
economía española en estos momentos. Por tanto, en el marco de ese pacto
social se abren las mesas de negociación con los agentes sociales y se
presentan estas medidas de acompañamiento, es decir: medidas fiscales,
medidas de tipo laboral como la reforma de la Ley de Prestaciones por
Desempleo y la reforma de la Función pública.
Desde la experiencia del señor Gutiérrez en la negociación de pactos --no
tiene la experiencia de su antecesor, pero sí una gran experiencia en la
negociación de acuerdos con diferentes gobiernos, incluido el Gobierno
Socialista, como el Acuerdo Económico y Social, que afectó hasta el año
1986, firmado con el señor González, ¿cree usted que en el pacto social
que se está negociando en el año 1993 hay voluntad y clima suficiente
para conseguir el objetivo final de un pacto por el empleo? Pienso que
tanto la forma como el fondo de las cuestiones son fundamentales para
generar esa confianza y romper esa desconfianza previa en el Gobierno que
ha hecho imposible durante varios años la consecución de un pacto por el
empleo.
En segundo lugar, me gustaría saber si desde el punto de vista de
Comisiones Obreras estos marcos presupuestarios, incluidas las medidas de
acompañamiento, van en la línea de la creación del empleo, si se
contempla en los presupuestos y en estas medidas de acompañamiento el
objetivo último de salir de la crisis, si Comisiones Obreras entiende que
existen medidas de políticas activas, de incentivación, tanto públicas
como privadas, para la creación del empleo, si las medidas fiscales
introducidas en estas medidas de acompañamiento significan un mayor apoyo
a las pequeñas y medianas empresas, si significa que la inversión en el
empleo va a ser más atractiva para los empresarios. Me gustaría saber
también si el marco general de estas medidas de acompañamiento refleja
las peticiones de los diferentes agentes sociales en las mesas de
negociación --en concreto en lo que se refiere a las reformas
introducidas en los impuestos del patrimonio--, si está en el marco de la
negociación colectiva, si eso favorece de alguna forma, tal como lo
plantea el Gobierno, el empleo o favorece otras cosas que no tienen
absolutamente nada que ver con el empleo.
Y para seguir hablando de empleo, entramos también en la reforma de la
Ley de Protección por Desempleo. Digo lo que le dije también antes al
señor Redondo: ése es un tema sensible, es un tema de un alcance
importante, que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque no me gustaría
hacer demagogia en tema tan importante como es la situación del paro en
nuestro país.
¿Considera el señor Gutiérrez que las reformas introducidas en esta ley,
a través de estas medidas de acompañamiento, sumadas a las que podrían
aparecer en los presupuestos (desde mi punto de vista no, pero no sé cuál
es su opinión y es la que quiero saber), juntamente con las reformas del
mercado de trabajo, planteadas hoy todavía en la negociación tripartita,
cerrarían el ciclo de ese empuje hacia adelante en el marco de las
relaciones laborales y de la protección por desempleo, hacia las que,
lógicamente, tanto ustedes como nosotros, tenemos que ir? Por tanto,
¿cómo valoraría estas medidas el sindicato Comisiones Obreras?
Otras de las cuestiones que se plantean en estos presupuestos son las
reformas profundas en torno a la función pública. Es lógico que un
sindicato que intenta ser moderno y estar en el siglo XX, en los albores
ya del XXI, quiera una función pública moderna, ágil, al servicio de los
ciudadanos. ¿Considera el señor Gutiérrez que las medidas que contienen
estos presupuestos, y sus medidas de acompañamiento, van en la línea de
esta modernización de las administraciones públicas, en la línea de una
mayor agilidad, o intervienen en determinadas condiciones de trabajo sólo
y exclusivamente de los funcionarios? ¿Estas medidas fueron también
negociadas, si no en la mesa tripartita, cuando menos en la mesa de
negociación de la Función pública?
También me gustaría que el señor Gutiérrez me hiciera un análisis sobre
cuestiones palpitantes hoy, de actualidad, en torno a cómo salir de esta
crisis, a cuáles serían los objetivos prioritarios para un sindicato como
Comisiones Obreras, en este momento, para ayudar a salir de la crisis,
hasta qué punto las centrales sindicales (en su caso, Comisiones Obreras)
están en la línea de la cooperación, y no en la línea de la
confrontación. Porque puede deducirse de algunos medios de comunicación
que los agentes sociales están un poco enfrentados, bien entre ellos,
bien con el Gobierno, como si no hubiera esa voluntad en principio de
llegar a acuerdos que favorezcan a todos; por lo menos yo así veo el
pacto social: en la cooperación y no en esa confrontación, que no
conduce, desde mi punto de vista, a nada.
Por tanto, me gustaría conocer la opinión del señor Gutiérrez sobre estas
cuestiones y sobre el conjunto de estas medidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Neira.
El señor NEIRA LEON: En primer lugar, quiero agradecer, en nombre del
Grupo Socialista, la presencia aquí, con nosotros, del señor Gutiérrez,
Secretario General de Comisiones Obreras.
El señor Gutiérrez ya sabe que en esta Cámara están en trámite de
discusión los presupuestos para el año próximo y la ley paralela llamada
vulgarmente ley financiera. Sin duda alguna, se trata de dos leyes de
enorme trascendencia, desde muchos puntos de vista, desde el punto de
vista económico y también social, de ahí que nos parezca a nosotros de
enorme interés conocer la opinión del conjunto de los agentes sociales y
económicos del país y, en concreto también, del Sindicato que usted
representa.
Suponemos que tienen ustedes sobre la ley financiera una actitud en algún
modo crítica, porque son medidas que han estado en la mesa de negociación
entre sindicatos y Gobierno y no se han alcanzado acuerdos. Pero a
nosotros nos interesaría, para mejor conocimiento nuestro y para mayor
información en el trámite, conocer los detalles de esas discrepancias, y
las alternativas incluso, si es posible, tanto en lo que hace referencia
a las medidas fiscales que se plantean, como a las reformas puntuales de
la Función pública y, de forma muy especial, incluso sobre las
modificaciones en la prestación por desempleo.
De cualquier manera, yo le quisiera comentar algo sobre estos
presupuestos, sobre nuestro criterio y los objetivos que entendemos que
el Gobierno pretende alcanzar con ellos. Quiero transmitirle que el
principal objetivo del Gobierno, y también del Grupo que lo apoya, es la
generación de empleo. Nosotros pensamos que un país como el nuestro no se
puede permitir esta situación dramática que representa tener estos
porcentajes tan
elevados de desempleo. Por tanto, cualquier política que merezca ser
apoyada por nosotros tiene que tener como objetivo básico la reducción
del desempleo. Para ello, pensamos que es fundamental, como elemento
básico, la reactivación económica; hay medidas de carácter legal que sin
duda son importantes, pero la reactivación económica, en nuestra opinión,
es la mejor manera de hacerle frente. Para conseguirlo, nos parece
necesario, como elemento instrumental, tener unas finanzas públicas
saneadas, un déficit público aceptable y aumentar la competitividad de la
industria española y de la economía en general. Estas medidas, por tanto,
están planteadas con esa intención y para lograr ese objetivo. Nos
gustaría conocer su valoración respecto del conjunto de ellas, con la
seguridad que debe tener de que sus opiniones no caerán en saco roto,
sino que serán escuchadas con atención y serán consideradas como se
merecen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: En primer lugar, quiero agraceder al Secretario
General de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, su presencia en esta
Comisión para hablar de los temas que ahora mismo están en vigencia, y
decir que me alegro de que esta comparecencia se haya podido producir, en
tiempo y forma, antes de terminar el debate en la propia Cámara.
Me gustaría hacer solamente cuatro demandas de información sobre el
posicionamiento que tiene el Sindicato que representa y el mundo sindical
en su conjunto. Aunque antes hemos tenido también la comparecencia de don
Nicolás Redondo, nos gustaría conocer la opinión que el Sindicato que
representa tiene sobre la política económica, en su conjunto, del actual
Gobierno; cuál es la opinión que le merece y qué papel debe jugar el
Estado para generar empleo, papel que debiera proyectarse tanto a los
Presupuestos Generales del Estado como a la actuación en su conjunto; y
qué supone social y sindicalmente tanto la propuesta de Presupuestos que
hoy tenemos encima de la mesa como las leyes que se vienen a denominar de
apoyo: la ley fiscal, la de la Función pública y la de la reforma del
mercado de trabajo. En concreto, me gustaría conocer qué opinión le
merece el tema de las exenciones y si se podría hacer algún tipo de
actuación contra el fraude fiscal que ahora mismo puede existir dentro de
todo el Estado. También me gustaría conocer de qué manera ve el Sindicato
la posibilidad de que, desde los Presupuestos Generales del Estado, se
hiciesen políticas activas tanto hacia la industria como desde la propia
inversión pública, y si el esfuerzo que la Administración va a hacer es
suficiente, desde ese compromiso de inversión, para lo que ahora mismo
pudiéramos necesitar para reactivar la generación de empleo.
El segundo bloque de preguntas iría dirigido a conocer en qué situación
se encuentra y cómo ve la posibilidad de un acuerdo social, de un
encuentro de políticas que faciliten o que recompongan un compromiso para
generar empleo y no reducir derechos o conquistas que se hayan podido
adquirir en un tiempo anterior. En concreto, nos gustaría saber si tú
crees que la negociación colectiva por abajo, empresa a empresa o
realidad a realidad, puede sustituir a un acuerdo global y, en ese
sentido, qué personas podrían quedar fuera de los beneficios de un
acuerdo, si se produjese una evolución negativa del acuerdo a nivel
global. En suma, qué trabajadores pueden no estar acogidos a convenios
específicos y se verían fuera de esas políticas que pudieran desgranarse
de esa realidad.
En tercer lugar, me referiría al mercado laboral, tema que está ahora
mismo encima de la palestra, que ha provocado un informe del CES, que
parece, en principio, que viene a ser un puente --no hemos podido contar
esta mañana con la presencia del Presidente del CES y problemas
personales--, pero me gustaría conocer cómo ve y cómo valora su Sindicato
esa posición --posición que se está debatiendo-- sobre la flexibilización
que necesita el mercado laboral, en dos vertientes: una, según la óptica
empresarial, reducir el intervencionismo público; y, otra, el aumentar,
por así decirlo, la autonomía colectiva de la empresa para funcionar por
abajo. En concreto, ese posicionamiento de la parte empresarial debería
de llevar al final, por una función reguladora de los contratos de la
empresa y también por un papel de la empresa, a una empresa más
protagonista, menos intervenida desde el Estado. En concreto, mi pregunta
sería: Qué papel deben de jugar los trabajadores en el seno de una
empresa, puesto que la empresa es parte no solamente de los empresarios
sino también de los propios trabajadores.
Por otra parte, sobre los fondos de inversión, qué opinión le merecen,
qué garantías debieran de tener los fondos de inversión y qué regulación
para que, de verdad, fuesen revertidos al compromiso de generar empleo y
no a la producción de beneficios, de plusvalías.
Dentro de estas preguntas, qué opinión le merecen los compromisos --de
los que ahora están haciéndose eco a nivel europeo y que nosotros
habíamos propuesto en todo el proceso de la campaña electoral-- medidas
de reparto de empleo, medidas de distribución de empleo destinadas a
generar empleo no destinadas a regular el empleo, porque hasta ahora
hemos visto cómo se tomaban medidas de redistribución, de jubilación
anticipada, pero para anular el empleo. Nuestra pregunta es: ¿De qué
manera deben producirse esas políticas de redistribución de empleo
(reducción de horas extraordinarias, jubilación anticipada, etcétera)
para facilitar que los jóvenes puedan incorporarse al propio empleo.
Por último --y también está encima de la palestra--, en el conjunto del
proceso de construcción europea, el papel público que debe de jugar el
Banco de España. ¿Cómo ve usted ese proceso de participación o de
compromiso que el Banco de España debiera de tener con la política
pública, con el propio Estado?
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Gutiérrez, quería
comunicar a SS. SS. que, efectivamente, esta Presidencia, como bien decía
la señora
Villalobos, es relativamente flexible respecto a las intervenciones de
los grupos parlamentarios.
Quiero recordar al señor Gutiérrez que ha sido citado ante esta Comisión
para hablar, fundamentalmente, de las medidas de acompañamiento y,
colateralmente, sobre la Ley de Presupuestos --en la medida en que tiene
cierta vinculación-- y, en general, para hablar de la economía, aunque
algún Grupo parlamentario --y está en su derecho-- haya planteado otras
cuestiones como reformas futuras del mercado laboral o el papel del Banco
de España. Yo voy a ser flexible en la respuesta del señor Gutiérrez,
pero recuerdo a SS. SS. que hay otras comisiones en esta Cámara mucho más
expertas y mucho más especializadas que ésta, que es de Economía, para
poder seguir profundizando en el futuro sobre posteriores acontecimientos
que se puedan producir en determinadas cuestiones, como por ejemplo las
reformas del mercado laboral.
Hecha esta salvedad, doy la palabra al señor Gutiérrez.
El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS, CC. OO. (Gutiérrez
Vegara): Buenos días. Soy yo quien quiere expresar el agradecimiento de
Comisiones Obreras a los grupos parlamentarios que han solicitado y hecho
posible la comparecencia de los interlocutores sociales. No es una
fórmula simplemente de cortesía.
Comprometidos con la grave situación que vive nuestro país y empeñados en
salir de ella lo mejor y lo antes posible, aun antes de las últimas
elecciones generales, fue mi Sindicato, entre otros interlocutores, el
que advirtió que la inestabilidad reinante en nuestro país, más allá de
la composición aritmética del Parlamento, obedecía, fundamentalmente, a
una grave y profunda crisis económica, con una brusca destrucción de
empleo, y una pérdida de credibilidad en el horizonte próximo en las
perspectivas que se pudieran trazar para que nuestro país pudiera
afrontar esta etapa recesiva en la que estamos.
Quiero decir con esto que, tal vez en esta coyuntura con más claridad que
en otras, nosotros hemos considerado muy conveniente, casi
imprescindible, que las necesarias estabilidades políticas y
parlamentarias estuviesen lo más sincronizadas posible con la estabilidad
social, de tal manera que, atendiendo a las causas fundamentales a las
que me refería como generadoras de esta gran inestabilidad --es decir,
los problemas derivados de la crisis económica, la situación social...--,
pudieran, repito, combinarse con las legítimas actuaciones en el ámbito
político para dotarse de la estabilidad necesaria tras las Elecciones
Generales del 6 de junio.
Ante este planteamiento, el Presidente del Gobierno mostró una cierta
receptividad en la primera reunión que mantuvimos para iniciar las
negociaciones de un pacto social por el empleo. Venía a reconocer que,
efectivamente, eran tan importantes los pactos políticos que pudieran
alcanzarse como el pacto social para lograr esta estabilidad deseada y
conveniente para nuestro país. Sin embargo, en la práctica, durante las
negociaciones del pacto social, hemos podido comprobar, lamentablemente,
desde las primeras sesiones, que aquel equilibrio para asegurar la
estabilidad en los términos más amplios estaba roto por parte del
Gobierno. Los Presupuestos del Estado y la Ley que los acompaña, motivo
de esta comparecencia, son, ambas cosas, elementos que nos alejan de la
consecución de un pacto social y del objetivo que nos convocó a todos a
la mesa de este pacto social: el objetivo de crear empleo. La voluntad
negociadora, que inicialmente se les debe suponer a todos los
interlocutores, se va demostrando después, en la práctica, en el
transcurso de las negociaciones. Nosotros tenemos que decir hoy con toda
claridad, y lamentándolo, que esta voluntad negociadora, ni con las
propuestas ni con las formas con las que se ha conducido la negociación,
puede atribuírsele al Gobierno ni, a nuestro juicio, a los representantes
de la CEOE, a la patronal de nuestro país.
Desde el primer día hemos podido constatar que si un pacto por el empleo
debía basarse en dos ejes principales (en primer lugar, la equidad social
a la hora de distribuir los sacrificios que fuesen necesarios en esta
coyuntura recesiva y, de otra parte, la creación de empleo, la adopción
de políticas activas que atendiesen a este objetivo que se declara por
parte de todo el mundo como objetivo prioritario), ambos ejes están
quebrados, vulnerados en la práctica. Pasaré, a continuación, a
demostrarlo con los datos que, a mi juicio, corroboran esta impresión,
esta apreciación. No hay equidad social desde el momento en que las
primeras materias a negociar, y que han sido objeto de desacuerdo, han
venido precisamente en aquellos terrenos de actuación donde se cargan más
los sacrificios sobre los colectivos sociales más desfavorecidos,
empezando por los jubilados y pensionistas, pese a aceptarse inicialmente
el cambio del sistema de indicación de sus pensiones, para pasar de un
mecanismo anterior, en el que se tomaba como referencia el coste de la
vida realmente producido entre noviembre y noviembre del año anterior, a
tomar como referencia el IPC previsto. Consideramos que es una aportación
importante que debería haberse valorado por parte del Gobierno, es decir,
una auténtica apuesta política para referenciar las rentas en nuestro
país con el IPC previsto y, por tanto, coadyuvar en la evolución de todo
tipo de rentas a contener la inflación. Sin embargo, pese a esa
disposición, absolutamente manifiesta por parte de los sindicatos en la
mesa de negociaciones, nos encontramos con que serán los pensionistas el
primer colectivo que pierda poder adquisitivo. De entrada porque los
costes derivados de ese cambio, o de esa transformación en el sistema de
indiciación de las pensiones, no se reinvierte en ninguna de las formas,
ni para mejorar la retribución de los pensionistas o paliar la
retribución de los pensionistas a fin de que no pierdan poder
adquisitivo, ni en otros terrenos que pudieran mejorar la red asistencial
para los jubilados y pensionistas. También porque se niega una auténtica
cláusula de revisión de las pensiones de jubilación que asegurasen el
mantenimiento del poder adquisitivo, con el agravante de que esta
negativa del Gobierno no puede justificarse en que pudieran incrementar
los gastos durante 1994 y, por tanto, contravenir el objetivo de reducir
el déficit
público. Esta cláusula de revisión salarial, en todo caso, debería
contemplarse en el ejercicio presupuestario de 1995. Por tanto, no
encontramos una razón medianamente justificable para negar el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de jubilación e
imponerle a este colectivo una pérdida considerable para 1994.
Lo mismo ha ocurrido con las nuevas medidas para la protección del
desempleo, que luego comentaré algo más en detalle, pero que, en resumen,
en lo fundamental, son medidas que, además de deteriorar las
prestaciones, cuantitativamente hablando, de los desempleados, va también
a desnaturalizar los derechos a la protección por desempleo.
De otro lado, nosotros consideramos que las medidas activas que se
contemplan en la ley de acompañamiento a los Presupuestos no son tales
medidas activas que vayan a favorecer el empleo. Se ha optado por reducir
los gastos de manera drástica, sobre todo en lo que se refiere a partidas
de gasto social; y en política de ingresos se sigue procediendo, a
nuestro juicio, con inercias y con la adopción de medidas que comportarán
un abultado gasto fiscal, pero con muy escasa efectividad sobre la
creación de empleo, por no decir nula efectividad.
En lugar de asociar los incentivos fiscales, las ayudas, que compartimos,
en principio, que deben darse para que las empresas puedan invertir y
mejorar sus condiciones, etcétera, en lugar de asociar estas ayudas,
repito, a auténticos programas de aplicación directa, donde nos permitan
a todos verificar que ese esfuerzo en gasto fiscal, en una situación tan
grave como la que tenemos, conduzca de verdad a los fines que se
persiguen o a los objetivos que se proclaman, en mejorar las inversiones,
nuestro tejido industrial y crear empleo, en lugar de esto consideramos
que se va a originar un abultado gasto fiscal, sin obtener los objetivos
que se proclaman.
Nosotros evaluamos que solamente en el Impuesto de Sociedades, este gasto
fiscal, con las medidas que se acompañan en los Presupuestos, supondrá
436.000 millones de pesetas, que es el 54 por ciento de la recaudación
esperada.
¿Ayudan estas medidas a las pequeñas empresas de nuestro país? Según el
propio Instituto de Estudios Fiscales, no es así. Principalmente, según
nos indica este Instituto, el 70 por ciento de las deducciones fiscales
benefician a las muy grandes empresas, a las que tienen volúmenes de
facturación anual superiores a los 10.000 millones de pesetas,
favoreciéndose, además, en mayor medida que las Pymes, de los tipos en
las deducciones fiscales, etcétera. Por decirlo de una manera gráfica: a
nosotros nos parece que con estas medidas se está actuando como podría
actuar un labrador que fuese a sembrar sin importarle en qué terreno, si
abonado o no, si un terreno fértil o un pedregal, y encima sin saber muy
bien qué cosecha pretende obtener, con el agravante de que nuestro país
(y esto nos parece que, afortunadamente, no se ha dañado mucho el medio
ambiente, y seguimos teniendo muchos pájaros y de todas las especies) lo
más probable es que esa siembra, hecha un tanto a tontas y a locas, pueda
beneficiar a los pájaros, en todo caso, pero no, repito, al tejido
industrial de nuestro país.
Pensamos, por tanto, que con estas medidas no asociadas a una auténtica
política industrial, a programas directos que pudieran orientarse desde
las propias Administraciones públicas, nos encontraremos con un gran
esfuerzo que saldrá, a fin de cuentas, del conjunto de la sociedad, para
obtener no se sabe qué resultados.
Al mismo tiempo, estas medidas vienen a agravar todavía más la injusticia
de nuestro sistema tributario, de tal manera que serán las rentas del
trabajo las que aumenten su participación del peso que ya soportan en
toda la base imponible del IRPF. Además, por tanto, de provocar una mayor
injusticia fiscal, de producir estos gastos fiscales, repito, tras cargar
las alforjas con enormes sacrificios, el camino que se emprende, de
acuerdo con las propias previsiones macroeconómicas del Gobierno, no es
un camino que nos conduzca a la creación de empleo. Ellos mismos
contemplan una creación apenas de 11.000 puestos de trabajo para una tasa
de paro mucho más abultada que la que tenemos actualmente.
De ahí que, repito una vez más, a estas alturas ni en la negociación ni
con estos presupuestos se pueda hablar de un auténtico pacto por el
empleo equitativo en el reparto social de las cargas o de los
sacrificios, ni tampoco eficaz para el objetivo fundamental de la
creación de empleo.
En cuanto a medidas concretas de acompañamiento, las que se refieren a la
protección por desempleo, aquí nos hemos encontrado con que, sin dar
apenas tiempo a una negociación propiamente dicha, con sesiones que en
total suman apenas dos horas de discusión, que no de negociación, sin
habérsenos aportado ni siquiera los datos más elementales acerca de la
evolución de los gastos en desempleo, el Gobierno decidió elaborar y
remitir directamente un proyecto de ley con las medidas que ahora vemos
que acompañan a los presupuestos. Quiero decir que ni siquiera
formalmente se ha querido agotar la negociación; apenas se ha dejado
comenzar esta negociación para proceder directamente casi con hechos
consumados.
Quisiera, no obstante, resaltar que, como con frecuencia en las últimas
semanas se habla del desmesurado gasto en desempleo, hoy estamos todos
seriamente abrumados por los desajustes internos de nuestra economía, por
los desequilibrios en nuestras cuentas y, en concreto, por el
abultadísimo déficit público, pero nos parece de todo punto censurable,
no se puede justificar ni pasar por alto, que en tan sólo un año, en
1993, las regularizaciones de gastos de ejercicios anteriores supongan
800.000 millones de pesetas. Aquí se pone en evidencia una pésima gestión
de las cuentas del Estado durante bastantes años, una ocultación
inadmisible a la opinión pública, a todo tipo de instituciones y a los
agentes sociales, sobre la evolución de estas cuentas. Por tanto, no nos
parece de recibo que esa regularización se quiera hacer de golpe,
incluirla en el ejercicio de 1994, sin haberse apenas molestado en dar
las explicaciones pertinentes y que, repito, son exigibles y un deber
también por parte de quienes gestionan las cuentas públicas. En las
medidas que
acompañan a los presupuestos y que afectan a la protección por desempleo
se está muy mediatizado por esta situación de abultados gastos, sí, pero,
repito, de pésima gestión de los recursos públicos. Se producen, además,
medidas con precipitación. Tal vez por esa misma precipitación se van a
provocar nuevas injusticias, y también ineficiencias, en el sistema de
protección por desempleo. No haber negociado detenidamente estas medidas,
además de dificultar coloquialmente, chapuzas que, más pronto que tarde,
obligarán a una reconsideración de estas medidas que hoy se someten a
aprobación en el parlamento. Nosotros preferimos que antes de que esto se
consume se pueda, de verdad, retomar la negociación, abundar en ella y
agotarla, danto tiempo, al menos, a considerar otras propuestas, otras
soluciones que se apuntan, en este caso desde el movimiento sindical, y
que se han despreciado olímpicamente en su inmensa mayoría. Incluso, como
ya se sabe, se ha despreciado el dictamen que mayoritariamente se alcanzó
en el Consejo Económico y Social acerca de esta materia.
Nos parece que lo más rechazable de estas medidas es precisamente aquella
que convierte la indemnización por despido en una renta sustitutoria
alargando o postergando el cobro del subsidio de paro. Pensamos que con
esta medida se está desnaturalizando también lo que es un derecho a una
prestación para convertirlo, si acaso, en una ayuda en caso de extrema
necesidad.
Si es incompatible el cobro del seguro de desempleo con el cobro de una
indemnización por despido, de entrada se va a producir una grave
injusticia, puesto que otras rentas que se hayan obtenido por otras vías
no son incompatibles con este seguro de desempleo. Me refiero, por
ejemplo, a que una persona que pueda tener en sus ahorros rentas
obtenidas porque le haya tocado la lotería, por el cobro de un seguro o
por lo que sea, no obstante podrá tener derecho al desempleo; sin
embargo, aquel que obtiene una indemnización porque se ha quebrado una
relación contractual, porque ha quedado despedido, al parecer no podrá
cobrar este seguro de paro.
Se intentó desde el Consejo Económico y Social, aparte de que como
filosofía se rechazaba en aquel dictamen mayoritario, poner un límite
para que esta medida afectase a aquellas personas que hubiesen obtenido
una indemnización por encima de lo que establece el Estatuto de los
Trabajadores. Esto, como se sabe, ha sido rechazado después en Consejo de
Ministros y no incorporado a la ley que se ha remitido a las Cortes.
Efectos que se dice perseguir con estas medidas. Hoy ya podemos
comprobar, por informaciones que aparecen todos los días, cómo esta
medida está dificultando considerablemente los procesos de ajuste de las
plantillas en las propias empresas. Por ejemplo, aquellos trabajadores
que puedan acceder a una prejubilación --medida que en los tiempos que
corren es habitual para afrontar situaciones de crisis en determinadas
fábricas o empresas-- tendrán ahora enormes dificultades para proceder a
esa vía de ajuste de sus plantillas con estas medidas que se pretenden
aprobar.
En cuanto al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, aquí
nosotros creemos que se conculca claramente la Ley General de la
Seguridad Social en distintos artículos. Esta Ley declara exentas de
cotización las que son prestaciones de la Seguridad Social (la prestación
por desempleo es claramente, según esta misma Ley, una de estas
prestaciones de la Seguridad Social), y sin embargo, ahora se verán
sometidos al pago de cotizaciones. Pero además de esto, se incurre
también en una nueva injusticia, porque el trabajador que esté en
desempleo tendrá que cotizar a la Seguridad Social no por la renta que
obtiene de los ingresos por desempleo, sino de acuerdo con el grupo
profesional en el que estaba encuadrado cuando estaba en activo; por
tanto, cotizará por rentas que ya no obtiene, por las rentas que obtenía
cuando estaba trabajando.
También se producen retrocesos que carecen de justificación, a nuestro
entender, cuando se excluyen, a la hora de determinar las cuantías en las
prestaciones por desempleo, a familiares que están directamente a cargo
del que percibe esta renta, dejándolo limitado solamente a hijos o a
cónyuges. No se ha querido aceptar por parte del Gobierno la sugerencia
de los interlocutores sociales y el propio CES de incluir también a
familiares asimilados, a hijos o a cónyuges.
En definitiva, nosotros consideramos que por no haber permitido una buena
negociación, en un momento en el que el movimiento sindical ha aportado
ideas y, más que voluntad, un auténtico interés por racionalizar el
sistema de protección al desempleo,
demostrando a su vez que esta racionalización podría originar una
contención de los gastos --por tanto, no son medidas que nosotros hayamos
sugerido pensando en un incremento desmesurado, descontrolado de los
gastos por desempleo, sino todo lo contrario--, pese a esto, pese a esa
disposición, pese a estas propuestas que ha avanzado el movimiento
sindical, nos vamos a encontrar con un compendio de medidas desatinadas,
chapuceras, que provocarán nuevas injusticias y, como ya avanzan, por lo
menos, algunos miembros de la Administración, a veces con carácter
reservado, con la conciencia de que en el plazo tal vez de unos meses,
antes de un año, habrá que revisar todas estas medidas y proceder a una
nueva modificación.
Nosotros habíamos sugerido, entre otras cosas, por ejemplo, que en los
expedientes de regulación temporal de empleo, que solamente en el sector
del automóvil han supuesto 120.000 millones de pesetas de coste, de
gastos, incidiendo, por cierto, en épocas de incremento de beneficios de
estas empresas, no ahora que están en crisis (por ejemplo, empresas como
la Fasa-Renault, en el mismo ejercicio en el que declararon los
beneficios de 15.000 millones de pesetas, se había visto ayudada por
valor de 8.000 millones de pesetas para los expedientes de regulación
temporal en ese mismo ejercicio), habíamos sugerido, repito, la
posibilidad de examinar, de estudiar la creación de un fondo de reserva
específico para este tipo de contingencias, que hubiese inspirado
prácticas, conductas más edificantes tanto de empresarios como de
sindicatos y de trabajadores. De tal manera que la adecuación de las
plantillas a los períodos punta de
producción se hiciese con más cuidado, tanto por parte de los empresarios
como por parte también de los representantes sindicales a la hora de
examinar y firmar este tipo de expedientes. Eso nos habría supuesto un
ahorro que nosotros evaluamos en unos 240.000 millones de pesetas. Se ha
despreciado esta medida, que insisto en que habría repercutido
positivamente en el desarrollo de las relaciones laborales, en la mejora
de la contractualidad entre empresarios y trabajadores ante estas
situaciones de crisis coyunturales y, sin embargo, se imponen estas otras
que el ahorro que pretenden de originar es difícil de evaluar; ni
siquiera los propios representantes de la Administración que están en la
mesa de negociación nos han evaluado con un mínimo de rigor este ahorro;
se hablaba de 300.000 millones de pesetas con el proyecto inicial;
después, con el proyecto que finalmente ha quedado, que se ha visto
aligerado en algunas de las medidas que se contemplaban inicialmente, se
sigue hablando de unos 310.000 millones de pesetas de ahorro, pero
creemos que es un cálculo bastante aleatorio para producir injusticias,
desnaturalización de los derechos en la protección social, en el sistema
de protección por desempleo en nuestro país, etcétera, para vernos
abocados, dentro de un cierto tiempo, a comprobar que efectivamente estas
medidas han sido desatinadas y que requieren un nuevo estudio, un nuevo
examen, no sabemos si una nueva negociación.
En cuanto a las medidas que acompañan a los presupuestos y que afectan a
la función pública, sí quisiéramos expresar aquí nuestro malestar con
toda energía, porque contando con acuerdos desde 1991 con los sindicatos
representativos en la función pública para proceder a una auténtica
modernización y racionalización de las administraciones públicas, los
acuerdos se han visto paralizados en la práctica, incumplidos, por tanto,
y ahora se procede a una modificación de la Ley 30/1984, a una
modificación de las condiciones de empleo y de trabajo de los empleados
públicos, que se suma, además, a la congelación de sus retribuciones,
tras haberles impuesto una seria pérdida de poder adquisitivo el año
pasado, lo que hace que todavía el clima de negociación se enrarezca
muchísimo más, haga mucho más difícil la consecución de acuerdos.
En todo caso, una reforma de las administraciones públicas, por la que
venimos clamando los sindicatos desde hace bastante tiempo, no se puede
hacer de manera tan precipitada y menos todavía negando, dificultando de
manera tan evidente la negociación con los representantes de los
trabajadores. Una reforma de esa envergadura que no sea capaz de
involucrar, porque sea asumida tras una buena negociación, a los propios
empleados públicos, será una fuente de conflictos y también de resultados
contrarios a los que se persiguen.
Hemos aportado también en este terreno propuestas unitarias de Comisiones
Obreras y de UGT para proceder a una negociación en las administraciones
públicas que pudiese desembocar en una racionalización de los recursos
humanos, en una optimización de sus rendimientos también, preservando el
máximo de empleo y demostrando que efectivamente podemos aportar, ofrecer
al conjunto de los ciudadanos una mejora notable en la calidad de los
servicios que se prestan, sin por ello agredir de manera tan grave a las
condiciones de trabajo.
Se han planteado también algunas otras consideraciones o preguntas en
relación a la reforma del mercado de trabajo, que, aunque no están en las
medidas de acompañamiento, si el Presidente lo permite también las
comento brevemente.
Creo que en nuestro país ha sido muy recurrente aludir a la necesaria
reforma del mercado de trabajo coincidiendo precisamente con momentos de
crisis. Así se hizo con los Pactos de la Moncloa, cuando se introdujo por
primera vez en nuestro país la contratación temporal. Se repitió esta
argumentación, señalando la supuesta rigidez del mercado de trabajo como
la causa fundamental que perjudicaba la inversión y la creación de
empleo, en el Estatuto de los Trabajadores y en las sucesivas reformas
del Estatuto en 1981 y 1984. Sin embargo, la evolución del empleo en
nuestro país, con los datos en la mano, demuestra que este argumento se
cae por su propia base.
Creemos que es necesaria, sí, una reforma del mercado de trabajo, pero
con un enfoque sustancialmente distinto al que inspira el llamado libro
verde, remitido por el Gobierno al Consejo Económico y Social, y mucho
más distante, diametralmente opuesto al expresado por la CEOE, sin ir más
lejos ayer mismo en el Consejo Económico y Social.
Pensamos que contradictoriamente se puede advertir en el propio libro
verde que ha remitido el Gobierno al CES, donde se empieza achacando la
creación de empleo en el período 1985-1991 a la reforma del Estatuto de
1984, es decir, aquella reforma que facilitó todavía más la flexibilidad
de entrada al mercado de trabajo, a continuación se dice que
efectivamente aquella reforma llegaba a un límite y se termina
reconociendo que la situación de empleo creada con esas reformas en
nuestro país está muy lejos de ser considerada satisfactoria.
Creo que una reforma del mercado de trabajo que no está asociada también
a la reforma siempre aplazada en nuestro país, a la reforma que más
necesitamos, que es la del propio aparato productivo, será una reforma
burocrática, si acaso leguleya, que no va a redundar en la creación de
empleo; las normas que regulan el funcionamiento del mercado de trabajo
por sí solas ni crean ni destruyen empleo, pueden ayudar a transformarlo
y, por cierto, hacerlo más vulnerable, más sensible con los cambios en el
ciclo económico. En nuestro país creo que tenemos la demostración
palpable de que esto es así. Ni en los momentos de máximo crecimiento de
los beneficios y de nuestra propia economía el aparato productivo español
ha sido capaz de reducir la tasa de desempleo por debajo del 16 por
ciento. Esto quiere decir que no es tanto el marco normativo que regula
el funcionamiento del mercado de trabajo como la eficacia del sector
privado en nuestro país, que está muy lejos de ser la suprema eficiencia
en la asignación de los recursos en el gobierno del mercado y la creación
del empleo.
Sincronizar esta reforma del aparato productivo con la
reforma del mercado de trabajo creo que es el reto que seguimos teniendo
en nuestro país y que desgraciadamente puede verse otra vez aplazado,
incluso contradicho, si se pretende abundar en esta línea de
desregulación del mercado de trabajo, que no de flexibilidad bien
entendida, sin acompañarla de otras cosas.
Se da también la paradoja de que precisamente aquellos aspectos de
nuestra normativa que regula el mercado de trabajo y que sí incorporan
rigideces, como son las ordenanzas laborales, son los que más chocan con
la frialdad patronal para proceder a la sustitución negociada de estas
ordenanzas. Es decir, quienes más abogan hoy por una nueva desregulación
del mercado de trabajo son los que más se resisten para proceder a
quitarnos de encima aquellas normas que sí incorporan ciertamente
rigidices. También quienes más piden la menor intervención de la
Administración son los que más rehúyen las propuestas de los sindicatos
para negociar, por ejemplo, mecanismos de composición de conflictos
individuales y colectivos extrajudiciales.
Son propuestas que hemos venido lanzando los sindicatos desde hace
tiempo, que hemos reiterado en esta coyuntura de negociación y que siguen
obteniendo el silencio como respuesta por parte de empresarios o del
Gobierno, cuando no una abierta oposición.
En este terreno nosotros vemos con una gran inquietud --y será objeto
también de rechazo activo por parte de los sindicatos-- que se proceda,
como decía, a la desregulación abaratando los despidos, dando más
facilidades para despedir. Con esto no se creerá empleo, con esto lo que
tendremos serán más despidos y, por tanto, también más paro.
Hay experiencias de este tipo en otros países europeos, alguno de ellos
muy cercano a nosotros, como es el caso francés, que durante una
determinada coyuntura se procedió en esta dirección de facilitar más los
despidos haciendo desaparecer, por ejemplo, la autorización
administrativa previa en el caso de los expedientes de crisis o de los
despidos colectivos, para, después de comprobar que había producido un
efecto perverso de mayor creación de desempleo, de mayor generación de
paro, tener que volverla a reimplantar. Es una de las negociaciones en
las que no hemos entrado en detalle, en profundidad en la mesa del pacto
social, pero, por lo que se anuncia mediante declaraciones de destacados
miembros del Gobierno, mucho nos tememos que en este terreno sea también
muy difícil llegar a acuerdos. Así las cosas, nos parece que hay que
señalar con toda franqueza y con toda honestidad que esa perspectiva,
deseada y buscada también por el movimiento sindical, de lograr un buen
pacto por el empleo es una perspectiva que se aleja y que cada día que
pasa nos parece más difícil lograr. Al día de hoy, honradamente, no se
puede hablar ya de un pacto global por el desempleo. Hay algunas
negociaciones pendientes sobre temas ciertamente importantes y que están
relacionadas con la evolución del empleo, como puede ser esta reforma del
mercado de trabajo y la evolución de las rentas, salariales y no
salariales, para el período de los próximos años, pero también
mediatizadas por actitudes previas que nos hacen ver estas negociaciones
con mucha inquietud y temiendo que sea poco menos que imposible alcanzar
un acuerdo. Hay otras cuestiones puntuales que no sé si pueden abordarse
en una nueva ronda, y a las que aquí se ha hecho referencia, como los
fondos de inversión mobiliaria. Respecto a esta cuestión,
telegráficamente consideramos que, aunque se han eliminado las
desgravaciones para las primeras 500.000 pesetas, lo que puede ser
considerado como una medida positiva, de todas maneras los fondos de
inversión mobiliaria vengan asociados a las plusvalías no contribuirán al
objetivo de fomentar el ahorro a medio plazo y a que estos ahorros se
orienten hacia la creación de empleo. Pensamos que no es más que una
nueva vía para producir gastos fiscales muy considerables que se pueden
evaluar en unos 200.000 millones de pesetas, sin que tengan repercusión
beneficiosa sobre la inversión y la generación de empleo. Aquí sería más
conveniente orientar nuestros esfuerzos en el ámbito comunitario a una
armonización de la imposición directa sobre las rentas de capital para
evitar, efectivamente, algunas tendencias a la deslocalización de estos
capitales o a su ubicación o refugio en algunas zonas de la Comunidad
Europea que siguen siendo zonas privilegiadas en este terreno de la
imposición directa. No obstante, creemos que lo que se mantiene en los
fondos de inversión mobiliaria en nuestro país no va a originar más que
nuevos gastos sin revertir a la sociedad, en una situación como la
actual, nuevas inversiones y creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Finalizada la intervención del Secretario General de
Comisiones Obreras, se abre un nuevo turno. Además de los portavoces que
han intervenido ¿desea intervenir algún otro grupo? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra la señora Villalobos, por el Grupo
Popular.
La señora VILLALOBOS TALERO: Voy a ser muy breve, puesto que yo quería
información del señor Gutiérrez y ya la ha dado. Quiero agradecer su
comparecencia en el más amplio sentido de la palabra. Como es lógico,
parte de lo que nos ha contado la podemos compartir, pero, como es lógico
también, en parte hay una discrepancia profunda entre el planteamiento de
Comisiones Obreras y el del Grupo Popular.
Ha hecho un análisis en torno al déficit que nosotros no compartimos en
su totalidad. Ha hecho un análisis sobre el tratamiento fiscal del
ahorro. Creo que ahí hay diferencias muy profundas. Nosotros creemos que
la mejor forma de crear empleo es incentivar el ahorro de una forma
profunda, y en ese sentido irán las enmiendas del Grupo Popular, e
intentamos facilitar el ahorro para la creación de empleo.
Sinceramente, espero que ésta no sea su última comparecencia en la
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene de
nuevo la palabra el señor Neira.
El señor NEIRA LEON: Quiero agradecer al señor Gutiérrez su exposición,
creo que ha sido muy útil porque ha entrado con detalle en todos los
temas que contempla la ley financiera.
Simplemente quiero plantearle dos cosas. En primer lugar, parece evidente
que todos los agentes sociales y el propio Gobierno, tienen como objetivo
prioritario la generación de empleo. El Gobierno plantea en los
Presupuestos y en las leyes (lógicamente no son los únicos elementos para
generar empleo, pero las leyes presupuestarias son un elemento
importante) la forma más adecuada a medio y largo plazo para que se pueda
generar empleo sólido en el país, atendiendo, sobre todo, a las
circunstancias económicas que vivimos tanto nosotros como nuestro
entorno.
Me gustaría conocer qué marco presupuestario plantea Comisiones Obreras,
teniendo en cuenta la realidad económica, es decir, respecto a la deuda
pública, el déficit, el crecimiento, la inflación. ¿Qué marco sería aquel
que realmente generaría empleo?
En segundo lugar, y aunque no esté mal la ley, aquí se ha tratado lo que
se refiere al actual sistema de contratación. Quiero decirle que tampoco
nos sentimos plenamente satisfechos con el marco legal de contratación
que hay en nuestro país porque entendemos que nos lleva a una cierta
dualidad. Aquí tenemos empleos muy estables o, al menos, teóricamente muy
estables --en la práctica podríamos ver que no es así--, que serían los
contratos indefinidos y, por otro lado, el contrato temporal, que es muy
flexible.
Usted ha dicho que la solución no es la desregulación, sino lo que llamó
la flexibilización bien entendida. Creo que nos sería de mucha utilidad
conocer y saber qué entienden ustedes por flexibilización bien entendida,
habida cuenta que todos reconocemos --usted lo ha indicado y Nicolás
Redondo también-- que en este país y con las mismas normas legales hemos
tenido épocas de crecimiento en el empleo y épocas de reducción del
empleo, eso es verdad, pero también es cierto que no hay una relación
proporcional entre el crecimiento económico y el número de empleos que se
generan y que vuelve a haber una desproporción entre la caída económica y
el desempleo que se genera que es muy superior. Parece evidente que hay
otros elementos que participan a la hora de generar o no generar empleo,
aparte del básico y que todos reconocemos que es la economía.
Queremos saber, dentro del tema de la contratación, qué entienden por
flexibilización bien entendida.
Nada más y gracias por su presencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos, por el Grupo de
Izquierda Unida.
El señor RIOS MARTINEZ: Quiero agradecer la respuesta que ha dado Antonio
Gutiérrez, como Secretario de Comisiones Obreras, tanto a las preguntas
que le hemos hecho como la explicación general; yo comparto su visión.
Hay cuatro elementos que me gustaría ver qué pasos ha dado el Gobierno en
el proceso de discusión-negociación que se abrió para discutir los
Presupuestos y las medidas de acompañamiento, que se han discutido muy
poco y, fundamentalmente, compromisos de inversión pública. Los
compromisos de inversión pública que a ustedes les anunciaron en el
proceso de conocimiento de los presupuestos ¿son los que se han mantenido
después en la ley de Presupuestos?
La segunda cuestión es si el Gobierno ha hecho una valoración de datos
sobre lo que puede afectar, por ejemplo, al gasto fiscal el Impuesto de
Sociedades. Aproximadamente habla de 436.000 millones de pesetas, puesto
que se une la reducción del gasto a las medidas de protección del
desempleo o de desprotección del desempleo, según cual sea la valoración.
¿Se ha hecho una valoración de esas medidas? ¿Esas medidas realmente
significan un ahorro o van más dirigidas a reducir derechos de los
desempleados o de los trabajadores que pueda haber a nivel del Estado?
Tercer elemento, el tema de los fondos de inversión. Cuando he hecho la
pregunta de los fondos de inversión no me refería a los fondos de
inversión o de ahorro popular; me refería al anuncio de si en las
políticas de renta, los trabajadores renuncian a una parte de su salario
y ese beneficio..., es decir, ¿hay que capitalizar las empresas en época
de crisis? En esa capitalización ¿aportan los trabajadores una parte?,
¿de qué manera se debe regular?, ¿es fruto del encuentro en la
negociación entre sindicatos y patronal o debe haber un compromiso de la
Administración para regular legalmente esos fondos de inversión?
Por último (ya que no he escuchado la opinión que le merecía), si dentro
de las políticas para generar empleo puede estar la política de
redistribución del empleo. Si es posible hablar de elementos de
redistribución del empleo a la hora de poder plantear una actuación
global, que ahora mismo está apareciendo puntualmente, pero no como
distribución del empleo para generar nuevo empleo, sino precisamente
redistribución para mantener el empleo actual.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Gutiérrez. Es para nosotros una
oportunidad, en el trámite que nos encontramos de los presupuestos y de
medidas fiscales, tener ese contacto, ese diálogo con su organización
sindical. No hemos tenido ocasión de poderlo tener en otro momento y, por
tanto, lo valoro como muy significativo y positivo.
Sin duda, he escuchado con mucha atención su reflexión, hecha en dos
partes, una valorativa, en relación a la situación actual, y otra en que
nos ha transmitido algunas de las medidas y sugerencias que ustedes han
estado defendiendo en las conversaciones que han mantenido con el
Gobierno. He tomado buena nota de ellas, porque me ha interesado conocer
el detalle de algunas sugerencias y propuestas que han hecho.
En primer lugar, y a nivel de reflexión inicial, quiero
decirle que nuestro grupo, Convergència i Unió, comparte con ustedes la
preocupación sobre la actual situación de crisis económica.
Efectivamente, estamos en una crisis grave (ésta ha sido su expresión);
usted ha dicho que estamos ante una crisis grave del país, yo lo comparto
y lo comparte mi grupo, porque es cierto: estamos en una profunda y grave
situación de recesión económica que tiene connotaciones internacionales.
Tengamos presente que todo lo que hoy está produciendo nuestro país se
puede producir, o ya se está produciendo, diez veces más barato en otros
países del mundo, y estamos entrando en un período en que toda nuestra
capacidad de producción, todo lo que produce nuestro sistema económico,
en los próximos años podrá a lo mejor producirse en otros lugares del
mundo diez veces más barato.
Por tanto, entramos en un período de recesión y de transformación
profunda de las estructuras económicas y, por supuesto, también sociales
en el ámbito en que nos movemos, en Europa, en el mundo occidental. Pero
también tenemos problemas internos en nuestra recesión y usted ha
apuntado a ellos. En este sentido quisiera trasladarle una primera
reflexión para saber si usted la comparte. Nuestro grupo cree que en los
últimos años España ha vivido por encima de sus posibilidades, y me
gustaría saber si el sindicato que usted representa también comparte esta
afirmación. En los últimos años hemos ido más allá de lo que realmente
nuestro sistema productivo podía soportar, y ahora, todo lo que se ha
hecho, que es mucho, se tiene que pagar y reduce nuestra capacidad de
maniobra para poder atender una situación distinta de recesión y de
crisis. Por eso, nuestro grupo cree que nada en el futuro va a volver a
ser igual que en los períodos anteriores. No vamos a poder mantener en el
futuro muchas situaciones que hemos mantenido en estos últimos años.
Nada, pues, volverá a ser como antes, y si antes se hacía una política
económica y ahora estamos exigiendo que se cambie, es porque antes
estábamos en crecimiento, administrábamos una situación económica de
crecimiento, y ahora estamos administrando una situación económica de
crisis; por tanto, la política económica que se aplicaba en esa etapa
anterior tiene que revisarse, porque la situación era distinta a la que
hoy nos encontramos.
Pero tampoco la estrategia sindical puede ser la misma. Su sindicato no
puede mantener la misma estrategia sindical en el período que nos
encontramos que en el período anterior. Tiene que haber un cambio
sustantivo. No se puede administrar hoy la distribución de un
crecimiento, porque no existe, y no se puede mantener una estrategia
sindical sobre la base de distribuir un crecimiento, porque no existe tal
crecimiento. Por tanto, también creemos que la estrategia sindical tiene
que adaptarse al período en el que estamos en ese momento, que es
administrar lo mejor posible los impactos negativos de una situación de
crisis. Esto es lo que estamos intentando hacer, creo yo. Hay que
intentar que las consecuencias negativas del período en que nos
encontramos sean lo menos malas para nuestra sociedad y para nuestro
aparato productivo.
Creo, señor Gutiérrez, como usted, que el principal objetivo, sin duda,
es atender a la situación del paro. Pero ahí hay un matiz que también
quiero trasladarle. Para nosotros, el principal objetivo es mantener el
actual empleo, y eso quiere decir mantener la actual capacidad que tiene
nuestro sistema productivo, mantener las actuales empresas. Llevamos año
y medio, día a día, destruyendo empresas, cerrándose empresas y generando
más paro. El primer objetivo debe ser conservar lo que tenemos,
conservar, estricta y sectariamente, nuestra actual capacidad de
producción.
Por eso creemos que la política económica tiene que tener cuatro frentes
para poder conseguir ese objetivo. Por supuesto, reducir el déficit
público. En ese sentido, deberá usted reconocer, con nosotros, que, en
relación con años pasados, en los Presupuestos hay algunos cambios
significativos de contención del gasto público.
En segundo lugar, reducir los tipos de interés. Le brindo la ocasión para
que su sindicato se sume a la preocupación del Congreso de los Diputados
y de todos los grupos parlamentarios de instar y de urgir a que la
progresiva reducción que se ha experimentado en los tipos oficiales de
interés se traslade efectivamente a la realidad, al sistema diario de
funcionamiento de nuestra economía y que los bancos y las instituciones
financieras reduzcan el interés de los productos financieros. Creo que
éste es un tema elemental porque, si no se baja el coste del dinero, será
imposible crear nuevos puestos de trabajo.
El tercer objetivo es darles un marco más favorable a las empresas, para
que puedan conservar su situación, marco fiscal y marco financiero. Por
eso se plantean, en estas medidas fiscales del proyecto de ley que
acompaña a la ley de presupuestos, unas novedades de tipo financiero. En
ese sentido, quiero manifestarle que discrepo con alguna de sus
observaciones. Usted dice que las medidas fiscales que se han planteado
son de escasa efectividad. Bien, esa frase que ha dicho usted ya tiene
una primera reflexión: en todo caso, tienen algo de efectividad, dice
usted que escasa. Usted ha dicho: medidas fiscales con escasa
efectividad; luego tienen alguna efectividad. Ha añadido una segunda
reflexión: no tienen efectividad para poder crear empleo. Yo lo comparto,
pero quiero decirle que no ha habido contestaciones en la sociedad
española contra las medidas puntuales que contemplan esos dos textos de
ley. Habrá habido reflexiones de que son insuficientes, de que no serán
suficientes para resolver el problema del desempleo, pero, en sí mismas,
no han sido contestadas como negativas. Ha citado usted el Instituto de
Estudios Fiscales, y quiero que le dé usted el mismo crédito al Instituto
de Estudios Fiscales que a la opinión que tienen las organizaciones de
las pequeñas empresas, por ejemplo, que no se han opuesto en estos
momentos a las medidas financieras. No es verdad lo que ha dicho de que
algunas medidas que se contemplan solamente van dirigidas a las grandes
empresas, no es verdad, y si ésta es la opinión del Instituto de Estudios
Fiscales, le rechazo esa opinión en este acto. No es verdad. Sólo van
dirigidas a las pequeñas y medias
empresas, a muchos pequeños, digamos, agricultores que, a partir de
ahora, no verán en su actividad económica, por el sólo hecho de trabajar
en el campo, gravada su tenencia de los activos sobre los que desarrollan
su trabajo. No es verdad que sean unas medidas para las grandes empresas,
y abandonen ustedes esta reflexión porque no es cierta. Al contrario
--fíjese--, búsqueme usted una declaración pública de una organización,
de una pequeña empresa en la que se diga que estas medidas perjudican a
las pequeñas empresas; no está en ningún medio de comunicación. Estas
medidas serán insuficientes, y puedo compartir con usted su opinión,
podrá ser que, a lo mejor, pasado un año, no hayan conseguido el objetivo
que pretendían, pero, en sí mismas, todas ellas son positivas y no ha
habido rechazo en la sociedad de todas y cada una de ellas. Por tanto,
les pido que las valoren. Critíquenlas por insuficientes, critíquenlas
porque no hay otras que ustedes desean, pero no las critiquen porque en
sí mismas son positivas.
Quisiera también trasladarle que, desde nuestro Grupo, desearíamos que
ustedes comprendieran, en relación a la reforma del marco laboral y el
conjunto de normativas que se modifican en esas dos leyes, lo siguiente.
Comparto con usted la tesis de que el marco laboral en España no es la
principal ni la única causa de los problemas que tiene el sistema
productivo. Tiene usted toda la razón, pero es uno de los problemas que
tiene el sistema productivo. No es el único ni el más importante; es uno
de ellos. Quizá es uno de los tres o cuatro más importantes que tiene el
sistema productivo. De la misma forma que le he dicho antes que años
atrás administrábamos una situación de crecimiento, el marco laboral que
hoy tenemos, en situación de crisis, está generando unas consecuencias
peores. Si estuviéramos en crecimiento económico, probablemente el ajuste
del marco laboral que debiéramos hacer, no sería el mismo que el que se
deberá hacer en la situación en que nos encontramos. En situaciones de
crisis, este efecto nocivo que está causando la resistencia a modificar
algunas cuestiones del marco laboral, está jugando negativamente. He
dicho anteriormente, en la intervención de su antecesor, que hoy se da la
paradoja en España de que es más barato cerrar una empresa que reducir a
la mitad su plantilla. Esto no debe ser posible. Por encima de cualquier
otro objetivo nos interesa mantener la capacidad y la existencia de las
empresas, porque por ahí podremos generar luego mayor crecimiento y mayor
reocupación de puestos de trabajo. Por tanto, hay que revisar algo.
En el marco de la prestación del seguro por desempleo, he escuchado con
mucha atención algunas medidas que usted nos ha propuesto o nos ha
sugerido, que yo las voy a reflexionar a nivel personal, porque, a lo
mejor, en algún punto habría que ver si se puede encontrar alguna
solución. Pero quiero decirle que el marco que teníamos hasta hoy, usted
sabe perfectamente que se tenía que revisar. Habíamos llegado también a
la paradoja de que en algunas circunstancias era más rentable acogerse a
la prestación por desempleo que continuar manteniendo el puesto de
trabajo y trabajando; esto es absurdo. Como usted sabe perfectamente, en
muchos casos, a muchas personas les tenía más cuenta situarse en el paro,
cobrando la prestación por desempleo, que continuar trabajando. Esto no
puede ser así. Por tanto, hemos de revisar estas cuestiones y, a lo
mejor, en los extremos de esta revisión, hemos de tener en cuenta alguna
de las observaciones que usted ha expuesto.
Termino, señor Presidente, trasladando al señor Gutiérrez el deseo más
sincero de nuestro Grupo de mantener con ustedes un mayor e intenso
diálogo sobre todas estas cuestiones.
Ustedes han tenido muchas conversaciones con el Gobierno y se ha quejado
de que no han dado el resultado que ustedes deseaban. Ha criticado usted
buena parte de las actuaciones y comportamientos en estos últimos
períodos. Quizá tengan ustedes razón en algunas cuestiones --no me da
tiempo en estos momentos de entrar en detalle--; pero quiero decirle que
quizás sería bueno, ya que estamos en una situación de recesión y de
crisis grave, que intensificásemos el diálogo entre ustedes y los grupos
parlamentarios de esta Cámara, que nos viéramos más a menudo, que
reflexionáramos más, que conociéramos el detalle de todas sus enmiendas,
como algunas veces hemos conocido, sin duda, pero que todo eso lo
intensifiquemos más, más de lo que ha sido durante los últimos años,
porque la situación es más grave y porque hay que tomar muchas más
decisiones.
Le brindo la predisposición de mi grupo a reunirnos muchas veces más,
tantas como sean necesarias, para ver si en los trámites legislativos y
en los debates de las leyes podemos ser más receptivos a los
planteamientos que ustedes proponen, que, a veces, los conocemos por los
medios de comunicación y por alguna comunicación directa que nos
transmiten, pero creo que debían acompañarse con una mayor intensidad de
reflexión y de trabajo conjunto, porque creo que si no sumamos esfuerzos
entre todos para afrontar la situación económica en que nos encontramos,
no preveo a corto plazo superar positivamente esta situación que estamos
viviendo.
Señor Presidente, nada más y perdone si me he alargado durante unos
minutos más.
El señor PRESIDENTE: Un poquito, señor Homs. Espero que esas reuniones
que anuncia con el señor Gutiérrez, algunas las realicen fuera de esta
Comisión, para no estar permanentemente reunidos.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, quiero empezar, como es
natural, y de forma muy sincera, por agradecer al señor Gutiérrez,
Secretario General de Comisiones Obreras, su presencia en esta Comisión.
Desde luego, coincido con lo que acaba de explicar el portavoz del Grupo
Catalán --aunque parece que no le ha hecho mucha gracia al Presidente de
la Comisión-- sobre la necesidad de una mucho más frecuente relación
entre estas comisiones y, concretamente, la de Economía, con
los interlocutores sociales. Es una pena que la discusión la tengamos
hoy, cuando, prácticamente, esta reunión, por lo que ha dado de sí hasta
ahora, se está convirtiendo en el levantamiento del acta de un fracaso.
El Grupo de Coalición Canaria, desde nuestra modestia --que no es
necesario explicar--, ya había dicho hace meses en los debates
parlamentarios que el pacto social de empleo, desgraciadamente --quiero
insistir en lo de desgraciadamente-- y lamentablemente, iba a acabar mal,
lo que supondría un fracaso de la sociedad española y un fracaso que
limita enormemente las posibilidades de progreso y salida de la crisis.
Ya que estamos en un momento final de lo que puede ser esa negociación,
aunque aún quedan aspectos importantes pero ya ha dicho el señor
Gutiérrez que como pacto social de empleo global no va a salir, habría
que reflexionar por qué nosotros pensábamos desde el principio que este
resultado no se iba a dar en la medida que deseábamos para avanzar en la
protección del Estado social de derecho y aumentar la protección social,
que en definitiva es uno de los objetivos de la Constitución Española, de
nuestro grupo parlamentario y supongo que de todos los grupos
parlamentarios.
Por tanto, el fracaso de la negociación va a producir efectos negativos,
y no sólo en ese avance, sino que vamos a retroceder en lo que es
protección social y en otros aspectos de la política económica. Nosotros
pensábamos que no iba a haber resultados (y ésta es una de las
reflexiones que yo quisiera que el señor Gutiérrez, aunque no contestara,
se llevara como nuestra opinión), porque no es posible mantener una
mayoría política de un signo y llegar a acuerdos de progreso de otro
signo con los sindicatos. Ahí hay una contradicción evidente que, por
muchas habilidades negociadoras y tácticas de unos y otros
interlocutores, no podía sino producir los resultados que está
produciendo.
Sin embargo, no estamos haciendo esta breve introducción, en nuestra
opinión, con el ánimo de reprochar nada a nadie ni de encontrar culpable,
sino de reflexionar muy brevemente sobre la realidad de que hay muchos
que estaban interesados en el fracaso, unos por unas razones y otros por
otras, y pocos interesados en el éxito, pero convendría también preguntar
al señor Gutiérrez si no es necesario que los sindicatos vayan a estas
negociaciones no sólo teniendo razón social en defender el estado social
de derecho y la protección social, sino manteniendo una actitud ofensiva,
no defensiva, ofreciendo propuestas y alternativas, de las que, por lo
menos en mi grupo, no tenemos ningún tipo de información. Hemos seguido
esa negociación de los sindicatos, empresarios y Gobierno a través de los
medios de comunicación, y siempre el Gobierno ha hecho todo lo posible
por hacernos llegar sus propuestas, pero no conocemos otras alternativas
respecto, por ejemplo, a la reforma de la función pública. No basta con
decir que no vale la que se propone; hay que decir que la actual
administración pública es ineficiente, costosa, que no responde a un
Estado moderno y hay que reformarla en serio, con los sindicatos y los
empleados públicos, pero sin actitudes defensivas, y eso necesita una
actitud audaz que yo --y ustedes me perdonarán-- no veo por un lado ni
por el otro.
Hay que reflexionar sobre el problema de la empresa pública y no intentar
convertir cada problema que existe en este país, como el de Seat en este
momento, en una vuelta a formas de empresa pública. Hay que defender la
empresa pública en los sectores estratégicos, pero hay que racionalizar
su gasto, hay que intentar que como tales empresas jueguen el papel de
eficiencia y de servicio que necesita la sociedad. Yo creo que, como ha
dicho alguien antes, los sindicatos, en este período de crisis, necesitan
hacer reflexiones profundas para encontrar soluciones nuevas,
innovadoras, para estos temas, defendiendo los intereses de los
trabajadores, pero sobre todo teniendo un enorme cuidado de que, en el
avance del progreso social, estos intereses que suelen coincidir con los
intereses generales del país, no se alejen, porque hay situaciones
conyunturales e intereses parciales de los trabajadores que pueden entrar
en colisión con intereses generales del país y convertirse en intereses
corporativos.
El siguiente problema es la regulación del desempleo y el déficit del
desempleo. Yo he oído al señor Gutiérrez algunas ofertas y me hubiese
gustado tener una propuesta global, porque, efectivamente, gastamos mucho
por desempleo porque tenemos mucho desempleo. El problema es que las
soluciones del Gobierno no valen, pero ¿cuáles son las otras, si se
quiere de verdad introducir elementos de control del fraude del
desempleo? Yo no pretendo hacer de eso una historia tópica. Me parece
mucho más grave el fraude fiscal y la usura financiera; alguien se ha
referido aquí a que son unos elementos mucho más perturbadores del
progreso social que el fraude de desempleo. Pero para tener la fuerza
política y moral de exigir el control de esos fraudes, hay que empezar
también por ofrecer soluciones y ofrecer medidas valientes para que el
dinero que se gasta la sociedad española en el desempleo vaya sólo a los
que, de verdad, están en desempleo, o en una situación de precariedad
próxima al mismo.
Hay que hacer frente a las políticas de renta. Coincido con la
intervención de Izquierda Unida en que hay que hablar de fondos de
inversiones para conseguir que lo que pierden los trabajadores, de alguna
manera vaya a la inversión de la empresa y a la generación de empleo.
Antes se ha hecho mención muy brevemente a los temas del reparto del
trabajo. El problema del reparto de trabajo implica hacer frente a la
minoración de los salarios altos con la reducción de las jornadas de
trabajo. Este es un tema que necesita audacia por parte del movimiento
sindical. He oído algunas declaraciones positivas en esa dirección, pero
hay que ofrecer medidas concretas. A lo mejor, en el caso de Seat, habría
que plantearse avanzar ya en esa solución.
Quiero decir con todo esto que estamos ante un largo debate, que es un
debate que está abierto en la sociedad mundial, en las sociedades
desarrolladas. Yo no pretendo que el señor Gutiérrez me conteste punto
por punto a estas cuestiones. Lo que sí digo es que, si se quiere acabar
con la mayoría precaria que gobierna este país, y que, en mi opinión,
cada vez va a ser más precaria; si se quiere
llegar a una mayoría amplia para hacer frente a la crisis, es necesario
que desde los sindicatos nos ayuden a ofrecer alternativas de progreso,
audaces y ofensivas, y que no se coloquen sólo en negociaciones a la
defensiva. Todavía hay tiempo, no tiempo en estos Presupuestos Generales
del Estado, pero sí tiempo en los próximos meses, porque esta situación
no aguanta mucho; es una situación contradictoria que necesita soluciones
de mucho más amplio consenso.
La política fiscal no puede simplificarse diciendo que son gastos
sociales y punto, sobre todo para los empresarios que van a invertir más.
La política fiscal, como la política financiera y la política salarial
son componentes esenciales de los gastos de una empresa. El movimiento
sindical debe entender que la política fiscal es un parte de sus gastos,
del gasto del trabajador.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Termino, señor Presidente.
No estoy en absoluto de acuerdo con la reforma del Impuesto sobre el
Patrimonio que se ha hecho. Me parece que es una de las medidas clásicas,
por mucho que no le guste al Grupo Catalán, sobre la que el señor
Gutiérrez tiene razón y que no va a servir para generar empleo. Pero hay
otras políticas fiscales que sí ayudan, lo que pasa es que son
insuficientes. Hay que plantearlas y pactarlas, entre ellas está el
estudiar en serio lo que todo el mundo está pidiendo aquí, y espero que
los sindicatos nos ayuden, y es el tema de los tipos de interés bancario,
que están llegando a la usura. Como verán no utilizo términos suaves, no
estoy hablando de fraude fiscal o del empleo, estoy hablando de usura.
Este es hoy un componente durísimo para el relanzamiento del sistema
económico. Estar pagando diferenciales de cinco o seis puntos del tipo de
interés sobre el real es un auténtico desastre para las empresas. Lo que
pasa es que el poder de la Banca es muy fuerte, y, a veces, el de los
sindicatos, en una sociedad conservadora, muy débil.
Lo que planteo y termino, señor Presidente --lamento la extensión de mi
intervención--, es que hace falta estudiar con audacia nuevas soluciones
y nuevas alternativas en la crisis que vivimos. Los sindicatos, igual que
los grupos políticos --que seguramente tenemos mucha más responsabilidad,
aunque cada uno de nosotros en el grado que representamos--, todos
tenemos la obligación de ofrecer audazmente alternativas. Hay que ir a
una nueva mayoría social de progreso en este país, y sería bueno que los
sindicatos, insisto, ayudaran y contribuyeran, por lo menos dialogando e
informándonos.
Por tanto, celebro mucho la presencia del señor Gutiérrez, pero le pido
que sea mucho más intenso el diálogo con las fuerzas políticas
parlamentarias.
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de portavoces de los grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS, CC. OO. (Gutiérrez
Vegara): Efectivamente, es muy deseable, y así nos lo propusimos hace ya
bastantes años, intensificar el diálogo, las relaciones con todos los
grupos parlamentarios. El señor Homs y todos los demás, salvo algún grupo
de nueva creación o de nueva aparición en esta legislatura, conocen de
las frecuentes rondas de conversaciones, de reuniones entre los
sindicatos y todos los grupos parlamentarios.
Al mismo tiempo que renovamos este compromiso de intensificar las
relaciones con todos los grupos de la Cámara, me permito esperar también
una mayor receptividad y que se tengan más en cuenta nuestras opiniones,
no solamente en el transcurso de una conversación, sino a la hora de los
hechos.
Nuestras propuestas en este proceso de negociación pensaba que eran
generalmente conocidas, porque han sido directamente trasladadas no
solamente a los interlocutores que están con nosotros en esta mesa de
negociaciones del pacto social, sino a todos los grupos de la Cámara,
pero si hay alguno de ellos que no las ha recibido, con mucho gusto las
remitiremos rápidamente.
En efecto, no hay peor manera de equivocarse que la de persistir en el
error, y en una situación como la actual, constatado que la política
económica --digo yo-- algo tendrá que ver en la calamitosa situación que
vive este país, parece razonable que debiera cambiarse, que debiera
corregirse seriamente.
Sin embargo, empezaré por afirmar que con estos presupuestos, quienes los
han elaborado y quienes los avalan no solamente no cambian la política
económica, sino que abundan en ella y abundan en los errores más graves
que, a nuestro juicio, tiene, y que viene siendo practicada, además desde
hace bastante años, ya que, curiosamente, ha mostrado una incapacidad
para reaccionar según cambiasen los ciclos económicos. El hilo conductor
desde 1983, así en la expansión como en la recesión, ha sido abundar en
el ajuste.
Esta apreciación de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades
es tan genérica que podría compartirse, lo que ocurre es que a la hora de
detallar, a la hora de desgranar esta apreciación surgen serias
divergencias entre nosotros. Hemos tenido --y, en opinión de quienes han
elaborado estos presupuestos, al parecer seguimos teniendo-- un problema
de exceso de demanda, que consumimos por encima de nuestras posibilidades
a tontas y a locas, y que, por tanto, lo que corresponde es utilizar el
monetarismo para apretarle las clavijas tanto a la demanda de consumo
como de inversión. Esto es lo que invariablemente ha presidido la
política económica desde 1983 y sigue presidiéndola en estos
presupuestos.
Sin embargo, nosotros hemos opinado, y seguimos opinando con más razón,
con más vehemencia, si cabe, en esta ocasión --y al opinar con vehemencia
también lo subrayamos--, que debemos tener disposición a comprometernos
en un auténtico cambio de la política económica, para que atienda de una
vez al problema que consideramos más serio, más grave, el problema más de
fondo de nuestra situación económica, el de que aquí tenemos que
producir más y mejor. Para ser más precisos, es necesario orientar una
producción mejor que paulatinamente nos vaya permitiendo producir más.
Esto es lo que se ha desatendido durante bastantes años. Tenemos la
sensación de que la economía de nuestro país ha estado gobernada, regida
por criterios, iba a decir de un buen jefe contable, pero a la vista de
los desmanes en las cuentas públicas ni eso. Se ha carecido en España,
desde hace diez años o más, de un auténtico jefe de producción a la hora
de diseñar nuestra política económica.
Ahora nos encontramos con un serio problema de déficit público, y
compartimos la necesidad de reducirlo, pero al mismo tiempo será
imprescindible, ineludible, el plantearnos de una vez por todas que no
consiste esta operación sólo en gastar menos, sino en gastar muchísimo
mejor. Y gastar menos en una situación de crisis también tiene que estar
inexorablemente asociado a otro criterio: ver cómo redistribuimos
socialmente ese menor gasto. No estamos pidiendo aumentar esos gastos y
redistribuir un crecimiento que no existe, porque tenemos los pies en el
suelo. Estamos para lo bueno y para lo malo, insisto, comprometidos con
la realidad de nuestro país, por tanto, somos conscientes de que no se
puede distribuir, insisto, un crecimiento que no existe, pero sí
distribuir mejor, más equitativamente la reducción de los gastos y operar
para gastar mejor.
Se insiste por parte del señor Homs en que esta nueva política económica
va a mejorar la inversión. Los datos cantan. En esta ocasión tendremos,
para 1994, una inversión pública del 3,1, inferior al 3,6, en términos de
PIB, que se tuvo en 1993. No se trata sólo de pedir más inversión pública
a tontas y a locas. La propuesta del movimiento sindical en estas
negociaciones ha consistido en propugnar un incremento moderado y muy
selectivo de los gastos de inversión pública en aquellas actividades que
repercuten de manera más inmediata en la dinamización de la actividad
inversora, en la creación de empleo, y que además tiene efectos derivados
beneficiosos sobre otros muchos sectores. Nos estamos refiriendo a
inversiones en infraestructuras, en vivienda, en política energética, en
I + D, etcétera. Esto, repito, quienes elaboran los datos y quienes los
avalan nos vienen a decir que tendremos menos inversión pública que
acompañe a la necesaria reactivación de nuestra economía.
Las únicas medidas activas que hemos conocido en la mesa de negociación
--que nos eran comunicadas con evidente desgana y hasta con defectos de
mal gusto, puesto que se entregaban antes a la opinión pública y a los
medios de comunicación que a los interlocutores sociales-- son las
medidas ya acordadas en otra mesa de negociación --de cuya legitimidad no
quiero hablar, faltaría más-- con determinados interlocutores políticos.
Estas medidas fiscales que, repito, son las únicas que hemos podido ver
en la mesa después de haber sido, incluso, entregados a los medios de
comunicación, no discutidas, ni siquiera negociadas, insisto en que son
medidas, decía antes, de escasa efectividad para el empleo. Y si alguien
quiere puede acogerse a este matiz que yo introducía por no dogmatizar o
por no ser más rotundo en mis apreciaciones, porque quiero hacer un
paréntesis, y es que en las situaciones graves como la que se está
viviendo en nuestro país, de manera natural la dramatización puede
conducir a una dogmatización de las respectivas posiciones. Los
sindicatos hemos querido en esta ocasión huir de esto. Tal vez hemos
hecho atravesar todo nuestro discurso y nuestras propuestas de las
relativizaciones necesarias para facilitar la negociación, pero nos hemos
encontrado, por el contrario, en la otra parte de la mesa con un
maximalismo en los planteamientos que se hacían que venía a corroborar lo
que denuncio o lo que advierto de una mayor dogmatización, de una mayor
persistencia en las pautas de conducta y en las aspiraciones más
regresivas que históricamente venían propugnando empresarios y Gobierno.
De las medidas fiscales que se contemplan en esta ley de acompañamiento,
sólo las que vulgarmente se conocen como vacaciones fiscales van
dirigidas a las Pymes. Para su información, la primera persona a quien he
escuchado bramar, auténticamente bramar, contra estas medidas ha sido
precisamente al Presidente de la Cepyme de este país, diciendo, entre
otras cosas, que son unas medidas que va a perjudicar justamente lo que
al parecer algunos pretenden, que es mantener el empleo existente. Pues
bien, aquellas empresas que mantienen el empleo en nuestro país, con
estas vacaciones fiscales se ven agraviadas comparativamente con las de
nueva creación.
¿Estamos en contra de facilitar actividades nuevas o empresas de nueva
creación? En absoluto. No estamos en contra de esto. Ahora bien, con la
ineficacia más que probada de los servicios de la Hacienda Pública para
combatir el fraude fiscal --el término controlar parece muy duro, pero yo
creo que cuando se trata de recursos públicos no está de más una cierta
dureza en el control de la utilización que se hace de los mismos--,
insisto, con esa ineficiencia probada, estas medidas van a favorecer
nuevas conductas fruto más del ingenio agudizado en la crisis, ingenio
rayano en la picaresca y en el fraude, que la auténtica inversión y
creación de empleo. El resto de las medidas fiscales son indiscriminadas,
y de nuevo la verdad de los datos que nos arroja el Instituto de Estudios
Fiscales nos indica que, en su inmensa mayoría, son aprovechadas por
empresas que tienen volúmenes de facturación superiores a los 10.000
millones de pesetas.
Por ejemplo, uno de los diferenciales más negativos que tiene nuestro
país respecto a aquellos con los que tenemos que competir está en la
investigación y el desarrollo está en las políticas que fomenten el I +
D. Pues bien, en este capítulo, también el Instituto de Estudios Fiscales
y el preámbulo del libro blanco elaborado por el Ministerio de Industria
para presentarnos un diagnóstico de la situación industrial --es una
elaboración de hace pocos meses, de este mismo año--, nos decía que,
siendo muy generosos en los criterios, las deducciones en I + D que
realmente pudieran justificarse no llegarían al 70 por ciento. Por una
vía y por otra, repito, este tipo de medidas, este tipo de ayudas
fiscales no van a favorecer a la mayoría de las pequeñas y medianas
empresas de nuestro país, no van a servir para crear empleo.
En la época del fulgurante liberalismo económico de Estados Unidos, con
el señor Reagan al frente de aquella Administración, se adoptaron medidas
similares a éstas. Al cabo de tres años, y comprobada su absoluta
ineficiencia, cuando los empresarios, los que más se habían aprovechado
de estas medidas, pidieron una prórroga de hasta diez años, tuvo que ser
el propio señor Reagan quien les dijese que hasta ahí habían llegado.
Cortó aquellas medidas y no las volvió a renovar.
Además, los propios expertos del Gobierno --que se dice coloquialmente en
determinadas conversaciones-- y los expertos de todo tipo que también han
trabajado e investigado sobre esto, nos vienen a señalar una y otra vez
la incredulidad que les merece este tipo de ayudas fiscales como medidas
incentivadoras de una auténtica inversión, cuando están carentes de una
política industrial.
Alguien empezó a considerar desde el Gobierno que aquella sentencia de
que la mejor política industrial es la que no existe era una sentencia
desafortunada, pero con estos presupuestos de nuevo parece que se está
trabajando en la misma lógica: que la mejor política industrial es la que
no existe, porque estas medidas determinadas empresas no podrán
aprovecharlas para generar inversiones y crear empleo.
A mí me parece que si, en general, países mucho más desarrollados que el
nuestro esta fe tan ciega en la suprema eficiencia del sector privado y
del mercado --aquellos que han repetido una y otra vez la ecuación lineal
entre reducción de costes, incremento de beneficios, inversiones de
mañana y empleos de pasado mañana--; si, en general, repito, países más
desarrollados que el nuestro, con un tejido industrial mucho más
eficiente que el nuestro, más capaz de adecuarse a los cambios en el
mercado por sus propias situaciones actuales, nos demuestran que este
dogma debería ser relativizado, en nuestro país esta ecuación falla de
manera todavía más estrepitosa.
Creemos que la iniciativa privada debe acompañarse, debe incentivarse,
sí, pero con una actuación de los propios poderes públicos, con una
implicación en el desarrollo industrial que se quiere para este país, no
simplemente con esta entrega a tontas y a locas --perdónenme la
expresión-- de dineros públicos.
¿Qué entendemos por flexibilización? Precisamente, por ir relativizando
las propias posiciones sindicales, nos gustaría que en nuestro país este
debate partiese, al menos, del informe que la OCDE encargó a un grupo de
expertos, encabezados por el señor Dahrendorf, hace ya cuatro o cinco
años, donde venía a definir la flexibilidad más o menos en los siguientes
términos: la necesaria adecuación de todos, agentes económicos y
sociales, a un mercado que ciertamente es muy cambiante, y que lo realiza
con mucha más celeridad que hace apenas una década; pero para recomendar,
acto seguido, un cuidadoso equilibrio entre nuevas formas de
contratación, entre estas flexibilizaciones a operar en el seno del
mercado de trabajo y el mantenimiento de empleos más estables y
cualificados.
A continuación, verán lo que, a mi juicio, es una cruel, gravísima
paradoja, que, de mantenerse, nos abocará a nuevos fracasos. La propia
Dirección General de Previsión y Coyuntura del Ministerio de Economía,
hace también apenas dos o tres años a lo sumo, emitía un informe donde
analizaba la evolución del mercado de trabajo en nuestro país y sus
repercusiones sobre la propia economía. Nos venía a decir que esta
generación, este crecimiento de empleo que algunos consideraron
proverbial, y nosotros --sin desmerecer la creación de empleo aun siendo
precario-- siempre lo vimos con muchas cautelas, con muchas reservas, al
mismo tiempo estaba originando en nuestro país una estructura de oferta
de escasa, de baja calidad, porque pretendiendo la mejora de la
competitividad en el mercado de trabajo diseñado en nuestro país, en todo
caso lo que acompañaban eran políticas empresariales orientadas a
aquellos segmentos del mercado más rígidos, cuya demanda es menos
elástica, la que cambia menos, pero también la que incorpora menor valor
añadido.
Precisamente en nuestra situación económica, en las condiciones reales de
nuestro tejido productivo, quienes más piden la desregularización del
mercado de trabajo bajo el equívoco de la flexibilidad, que no es tal,
son los que mantienen comportamientos económicos más rígidos. La mayor
rigidez en nuestro país se da precisamente en un aparato productivo que
ningún gobierno de la transición ni de la democracia, ni con estos
presupuestos, se ha atrevido o ha demostrado la voluntad política
necesaria para meterle mano, en el buen sentido de la palabra. Acometer
esa reforma es esencial para que las ya producidas desde el Estatuto de
los Trabajadores o las que pudiéramos --ojalá, aunque es muy difícil--
consensuar en la presente coyuntura, sean reformas que efectivamente
ayuden a una transformación positiva del empleo y a la mejor optimización
de los recursos humanos en nuestro país. Por eso, insisto, no será
posible con la actual política económica y la ausencia de una auténtica
política industrial.
En cuanto a los fondos de inversión en las empresas (pido disculpas al
señor Ríos por no haber entendido su pregunta anteriormente, pero la
asociaba a los fondos de inversión mobiliaria, pues estaba muy
mediatizado por el objeto de la convocatoria, que eran las medidas de
acompañamiento a los presupuestos).
Nosotros, ya en aquel fallido pacto de competitividad, ofertamos la
creación de estos fondos de inversiones donde fuesen a parar los
esfuerzos, los sacrificios --para no andarnos con eufemismos-- que los
trabajadores estábamos dispuestos a asumir, pero también la parte de los
beneficios orientados a la inversión productiva y no al reparto de
dividendos. La respuesta, hasta ahora no modificada, del Presidente de la
patronal fue que ni con las fuerzas armadas aceptarían en nuestro país
una propuesta de este tipo.
En estas negociaciones, en las bases unitarias de Comisiones Obreras y
UGT, presentadas en la mesa de negociación desde el primer día, abordamos
de nuevo esta cuestión. Más allá de esto, hemos hecho también en este
terreno un esfuerzo de audacia, no defensivo, para comprometer la
corresponsabilidad de los trabajadores y del
movimiento sindical en la presente coyuntura de crisis. Así hemos
avanzado unas líneas de nuestras políticas salariales para el próximo
futuro, más o menos consistentes en los siguientes criterios.
En primer lugar, una política de rentas no inflacionista, aceptando como
referencia el IPC previsto, y ubicándola en un marco temporal,
suficientemente amplio para dar la estabilidad necesaria a los mercados,
dispuestos, en principio, a no perder poder adquisitivo. Creo que a sus
señorías no se les escapará la variación entre estar pidiendo en épocas
de expansión, la mejora del poder adquisitivo, y, sin embargo, ahora
decir: al menos la no pérdida del poder adquisitivo. Esto indica la
disposición por parte del movimiento sindical a afrontar también
sacrificios en esta materia, siempre y cuando se viesen justamente
compartidos por la parte empresarial.
¿Por qué hemos hecho esto? Pues no solamente por un ejercicio de
responsabilidad en abstracto, sino por coherencia con nuestras propuestas
alternativas a la política presupuestaria y a la política económica,
porque, efectivamente, se pedía un incremento moderado y selectivo de los
gastos de inversión para gastar mejor, pero al mismo tiempo, repito,
habríamos comprometido medidas en otros capítulos de gasto para gastar
menos distribuyendo mejor esa minoración del gasto.
Pues bien, somos conscientes de que precisamente por la carencia
fundamental y estructural de nuestro aparato productivo, si se generasen
incrementos en la demanda de consumo de productos importados y a derivar,
de manera indirecta, la creación de empleo hacia otros países. Por tanto,
podemos estar dispuestos a moderar la demanda de consumo, pero, al mismo
tiempo, pidiendo un incremento en la demanda de inversión, para que
paulatinamente se fuese regenerando nuestro aparato productivo y hacerlo
de verdad más eficiente de lo que es en la actualidad, aprovecharlo más.
Porque aun en los momentos de vacas gordas, en el momento álgido de la
etapa de crecimiento en 1989, la utilización de la capacidad industrial
de nuestro país no ha superado el 81 por ciento; los datos de los últimos
días nos indican que ha caído al 69,5 por ciento.
Repito, con esta política económica se seguirá deprimiendo la inversión,
se seguirá abundando en los males estructurales de nuestro aparato
productivo, y la tan esperada recuperación o expansión en nuestro país
será más lejana, aparte de que hoy, desgraciadamente, no hay en el mundo
industrializado, y en concreto en el ámbito europeo --que es donde más se
sufren las sacudidas de la crisis actual--, nadie que pueda asegurar, con
un mínimo de rigor, cuándo se va a producir esta recuperación. En nuestro
país, repito, este horizonte, con esta política económica, se alejará
bastante más, sólo que, además de que el camino será más largo, será
mucho más costoso para todos, para trabajadores, para empresarios, para
el conjunto del país.
Creo que queda respondido lo que a mi juicio se hace con estas políticas
presupuestarias en cuanto a mantener el empleo. El actual volumen de
empleo no se está manteniendo ya, como vemos todos los días, y, desde
luego, con los presupuestos y las propias previsiones que hace el
Gobierno es evidente que no se va a mantener, va a seguir aumentando el
paro de manera muy alarmante.
En cuanto a los tipos de interés, efectivamente, nosotros hemos insistido
una y otra vez en nuestras propuestas para esta negociación, en la
necesaria urgencia de ir bajando los tipos de interés, pero a los
clientes reales, a los que crean empleo, no sólo al grupito selecto de
clientes preferenciales. Creo que este país está perdiendo, en mi opinión
por deficiente responsabilidad y voluntad política, las oportunidades una
detrás de otra. Aparte de que se desaprovecha la bajada de tipos de
interés, que celebramos, la que ha operado el Banco de España hasta
situarlos en tasas hasta ahora históricamente desconocidas, aparte de que
no se traduce esto en los tipos que se ofrecen de verdad a los
inversores, creo que es insostenible, es inadmisible el argumento que
esgrimen algunos representantes del sistema financiero español de que es
muy difícil hacer esto por los complicados trámites burocráticos y los
costes asociados que llevan esos trámites para cambiar determinadas
hipotecas u operaciones de crédito, etcétera. Es un argumento muy poco
consistente. En todo caso, debería haber una voluntad política que
condujese, por relativizar los términos y no decir que forzase más a la
Banca de nuestro país a trabajar en pro de la reactivación lo antes y lo
mejor posible. También hemos tenido otra oportunidad. Hemos visto bien,
en principio, que se reduzca un punto el coeficiente de caja, que ha
supuesto que se pudiera disponer por parte de los bancos de 400.000
millones de pesetas, pero ¿no habrá sido también una oportunidad, que
lamentablemente se ha perdido, para que, al tiempo que el Banco de España
da esta facilidad a los bancos de nuestro país, se les --permítame la
expresión coloquial-- apretasen un poco más las clavijas para que, a la
vez que obtienen más recursos, los pusieran antes y en mejores
condiciones a disposición de los inversores, los que han de mantener y
crear el empleo? Esto tampoco se ha hecho.
Se han planteado otras cuestiones. Medidas sobre el desempleo. Como
decía, hemos hecho propuestas de todo tipo, pero, lamentablemente, no nos
han dado tiempo ni siquiera a que fuesen objeto de negociación, no se han
atendido, apenas se han escuchado. Nosotros estamos más interesados que
nadie en lograr que el sistema de protección por desempleo funcione mucho
mejor, segregue, persiga y penalice todo lo que puedan ser prácticas
irregulares, fraudes o picarescas. Sin embargo, utilizando esto como
coartada, no se puede desnaturalizar lo que es hasta un derecho
constitucional. La prestación contributiva en nuestro país es un derecho,
no una situación de extrema necesidad que arbitrariamente determinen los
poderes públicos, que es lo que se está haciendo en el fondo con estas
medidas. ¿Para combatir de verdad los fraudes o las picarescas? Pues no.
Yo creo que estas medidas de ataque al sistema de protección por
desempleo se utilizan para favorecer, también de manera indirecta, una
mayor flexibilización del mercado de trabajo, para abaratar las
indemnizaciones por despido.
Nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando ya
con que, como en crisis todo el mundo agudiza el ingenio, ahora se están
dando casos en que los propios empresarios, ante el temor que han
suscitado estas medidas en muchos trabajadores, les llaman y les ofrecen
una indemnización formal y legalmente escasa para que se pueda cobrar el
seguro de paro lo antes posible, y una muy buena parte de esa
indemnización en dinero negro. Esto es lo que se va a producir, lo que se
está produciendo ya con estas medidas.
Por tanto, existe bastante más ineficiencia de la que podría parecer a
primera vista en combatir lo que se dice que se quiere combatir, fraudes
y picarescas, y arrimar más el ascua a la sardina de aquellos que quieren
desregularizar el mercado de trabajo, cuando hasta el propio Presidente
del Gobierno ha admitido una y otra vez que el problema de nuestro país
no es el coste legal del despido, que no es alto. La Comisión de las
Comunidades Europeas sí ponía el dedo en alguna llaga al comparar nuestra
legislación laboral con la comunitaria no era en esta materia, sino
precisamente en los muy escasos derechos de información y de
participación de los representantes de los trabajadores en los procesos
de despido en relación a los que disponen los representantes de los
trabajadores en el ámbito comunitario.
Y no es simplemente una aspiración sindical. Que se pudiera contar con
mecanismos de participación y de información por parte de los
representantes de los trabajadores, seguramente aligeraría muchísimo más
los trámites de los expedientes de crisis, nos permitiría examinar con
más detenimiento planes de viabilidad para salvar el máximo de empleos y
evitar prácticas, evitar conductas que son bastante perversas,
indeseables, aquellas que, en realidad, lo que han perseguido muchas
veces es, con excesiva ligereza, desprenderse de negocios productivos
para adentrarse en otros procelosos mares de actividades, que no tienen
nada que ver precisamente con la actividad productiva del país, y
transformar lo que eran industrias en terrenos dispuestos para la
especulación inmobiliaria, por ejemplo.
Estos derechos de información, esta participación, esta modernización, si
se quiere, y homolgación en las relaciones laborales con los países de
nuestro entorno, será la aportación más beneficiosa también para abaratar
en la práctica, en la realidad, los costes de tramitación de los
expedientes en los despidos.
Tenemos ejemplos también en estos días, ejemplos que pudieran parecer
anecdóticos, pero que nos deberían informar antes de que sea demasiado
tarde por dónde debemos conducir nuestra política económica, nuestra
política industrial y las relaciones en el mercado de trabajo. Tenemos
dos ejemplos, aquí mismo, en Madrid, hace unas semanas. Las trabajadoras
de Rock, una industria manufacturera del sector de confección, por tanto,
de aquellas que incorporan poco valor añadido. A pesar del esfuerzo
avanzado por las trabajadoras de reducirse el salario en más de 30.000
pesetas al mes, el empresario dice que verde las han pintado y se va a
Marruecos, que allí las mujeres todavía trabajan por menos.
Simultáneamente, una empresa que hace productos que incorporan un poco
más de valor añadido, la OSRAM. A igual comportamiento laboral, a igual
comportamiento de la plantilla de aceptar la asunción de esfuerzos y de
sacrificios salariales «a priori», la respuesta es que esa producción que
ya incorpora un poco más de tecnología se la lleva a Alemania; la
concentrará en su matriz en Alemania.
Esto quiere decir que persistir en la línea de buscar la competitividad
del país por el abaratamiento de los costes laborales y la precarización
del empleo será abundar en un fracaso cantado, efectivamente, porque tras
la liberalización, a nivel mundial, del comercio, nosotros no podremos
querer, por un lado, ser socios de una Europa que pretende progresar y
avanzar y, al mismo tiempo, guiarnos con parámetros propios de países
tercermundistas de la cuenca del Pacífico o de otras latitudes. No es ese
el segmento en el que este país puede buscar la competitividad futura y
el desarrollo. Será, si acaso, el otro, el que nos indica la experiencia
de Osram, el que, antes de que sea demasiado tarde, asumamos de una vez
que es necesaria una política industrial, horizontal, sí, desde los
poderes públicos, sectorial, sobre todo, con la responsabilidad del
sector privado, pero con el compromiso, no con la inhibición de los
poderes públicos. Y si no es así --repito-- no tendremos ese futuro que
se declara en todo tipo de discursos.
Por cierto, también hoy es el momento de verificar algunos pragmatismos
que se celebran mucho hace algunos años en época de vacas gordas. Hemos
seguido esta política de fomentar inversiones extranjeras por encima de
todo, a cualquier precio y dando todo tipo de facilidades. Nosotros
estamos encantados de que nuestro país pueda ser un polo de atracción, no
ya en el pasado, también ahora y en el futuro, de todo tipo de
inversores, vengan de donde vengan. ¡Faltaría más! Pero una cosa es
propiciar de verdad inversiones extranjeras que redunden en la
modernización de nuestro aparato industrial, de nuestro tejido
industrial, y otra cosa es engañarnos a nosotros mismos con inversiones
que sólo han venido a buscar la cuota de mercado, dominar estrategias
comerciales en sectores que ciertamente en el proceso de construcción
europea van integrándose entre ellos cada vez más.
Hoy, ¿qué habría que decir del gato blanco o del gato negro que caza
ratones y que es lo que importa? Cuando los ratones han sido ya cazados,
los gatos huyen, los blancos y los negros. Hoy no tenemos ni ratones ni
gatos. Será, por tanto, conveniente, al menos, desprenderse hoy de ese
supuesto pragmatismo. A mí me parece que pragmatismos, sin una
perspectiva medianamente clara, es otra cosa; no quisiera calificarlo,
pero me parecen desatinos ideológicos y no pragmatismos. Efectivamente,
ahora sí, hay que ser más pragmáticos para tener una perspectiva clara en
base a lo que le interesa a este país y, por lo menos, alimentar a los
gatos blancos, a los de aquí, con estas políticas industriales que les
sirven de soporte y de fomento de sus actividades empresariales para la
creación de empleo.
Nosotros no hemos querido deslegitimar ni cuestionar --¡faltaría más!--
el desarrollo de negociaciones políticas
para asegurar la gobernabilidad de este país. Sin embargo, es verdad, no
hemos ocultado --hoy se vuelve a repetir en esta Comisión y yo no hago
más que coincidir con estas consideraciones-- que, en efecto, ciertas
orientaciones para imprimir un determinado rumbo a la gobernabilidad del
país --una vez más, pese a nuestro voluntarismo, pese a la disposición
del movimiento social--, nos encontramos con que han sido y están siendo
incompatibles con la consecución de un pacto social beneficioso para el
empleo, no solamente no gravoso para la economía del país ni que abundase
en mayores desequilibrios, sino justamente para atajarlos mejor, para
atajarlos con más eficiencia.
En cuanto a algunas propuestas concretas que se barajan hoy, en debates
incluso fuera de nuestro país, por ejemplo, lo que hace referencia a las
medidas redistribuidoras del empleo, hemos venido proponiendo desde hace
tiempo la conveniencia de buscar medidas de reparto del empleo, trabajar
menos para dar trabajo a más gentes. Teníamos incluso una mesa de
negociación que se denominaba así, de reparto del empleo, hasta las
vísperas de la disolución de las Cortes en la legislatura anterior, que
también pasó a mejor vida, cuando teníamos casi a punto algunos acuerdos
en esta dirección.
Nosotros, más que dispuestos, como demuestran estas experiencias que he
relatado, a hacer esfuerzos proporcionales en salarios, a la reducción de
la jornada semanal. Vemos que hay algunos trabajadores a los que no
tienen que dar lecciones otros de otras latitudes, porque aceptan estos
sacrificios sin contrapartidas, con la garantía, al menos, de que se
mantenga el empleo.
Pero hoy a mí sí que me parece que sería ya incurrir de manera
excesivamente voluntarista en la confusión --y ya es bastante la que
reina en nuestro país-- si introdujésemos ahora mismo esto en la
negociación; la voluntad y la disposición, la apertura de los sindicatos
para estas posibilidades, insisto, no son de ahora, vienen de hace mucho
tiempo.
Pero cuando el señor Solbes, Ministro de Economía de este Gobierno, dice
que a él le convence más el señor Kohl --que no habla de reducir la
jornada laboral, sino de trabajar incluso los sábados-- que las tesis de
su correligionario, señor Rocard, me parece que casi huelga discutir
esto. Si el Gobierno estuviese dispuesto, no seremos nosotros quienes nos
echemos atrás en ese debate; estaríamos encantados de adentrarnos en él.
Pero yo creo que esto comportaría, en primer lugar, un gran ejercicio de
fe por nuestra parte, o bien, para tener la mínima credibilidad necesaria
para adentrarnos en esta negociación, recomponer, antes de que sea
demasiado tarde, un acuerdo que, inexplicable e injustificablemente, se
está arruinando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Concluido este largo, interesante y profundo debate, se suspende la
sesión hasta las cuatro de la tarde. Les ruego que sean puntuales, porque
el Presidente lo será y comenzará con los miembros de la Comisión que
haya en ese momento.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) (CUEVAS SALVADOR), PARA INFORMAR:
--SOBRE LA LEY FINANCIERA QUE ACOMPAÑA A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 219/000013.)
--EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES DE REFORMA DEL
REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
219/000025.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión.
Esta tarde, como SS. SS. conocen por el orden del día, tiene otro aspecto
distinto del mismo problema o de las mismas circunstancias, por cuanto
que, en primer lugar, se encuentra con nosotros el señor Cuevas,
Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales,
y en torno a las cinco de la tarde comparecerá ante la Comisión don
Guillermo de la Dehesa, Presidente del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio. La comparecencia del señor Cuevas ha sido solicitada por los
grupos parlamentarios Popular, Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Siguiendo el trámite habitual en Comisión, voy a dar la
palabra, en primer lugar, al portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
señor Montoro, para que formule las cuestiones que tenga a bien respecto
a la petición de comparecencia solicitada por su Grupo.
Tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, en primer lugar, mi
agradecimiento al señor Cuevas por haber aceptado la comparecencia, así
como darle la bienvenida a esta Comisión, porque sin duda alguna es un
hecho positivo que los agentes sociales estén en estas Cortes y estén
presentes en la valoración de los grandes acontecimientos de política
económica y en el análisis de la realidad económica y social, al menos lo
es en la concepción de parlamento abierto que tiene el Grupo
Parlamentario Popular.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en su
condición de órgano de representación máxima del empresariado, debía
estar aquí en el día de
hoy, junto a las grandes organizaciones sindicales españolas que han
estado esta mañana, y debía estar, además, en su condición de
participante en la negociación social que está abierta en estos momentos
con el Gobierno, una negociación que gira en torno a cuestiones
fundamentales en las circunstancias presentes, como es la articulación de
una política de rentas. La participación en esta negociación tiene
también un hondo calado político, como todos conocemos, puesto que, a
través de esa negociación, se ha intentado articular una política
económica de amplio espectro.
No quiero insistir en la razón de la presencia del señor Cuevas; es obvia
por lo que acabo de comentar. Lo que formalmente ha hecho el Grupo
Parlamentario Popular ha sido solicitar su comparecencia para que nos
ofreciera la valoración de la Organización que él representa sobre el
contenido de la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado en la doble vertiente de medidas fiscales y medidas relativas a la
protección por desempleo. No le pedimos su opinión respecto de la función
pública por entender que está fuera de su ámbito de competencia. Lo que
sí quiero es extender esta solicitud de su valoración también al
contenido de los Presupuestos Generales del Estado, ya que es muy difícil
desprender, como hemos visto en el análisis de esta mañana, lo que es la
ley de acompañamiento del conjunto de los Presupuestos Generales del
Estado. Tiene sentido esta ley de acompañamiento en virtud de un
planteamiento de política económica, que es el que se contiene en estos
presupuestos para el año que viene. Por eso decía que también le pido su
criterio respecto de los Presupuestos Generales del Estado así como,
obviamente, en relación con la situación económica que estamos viviendo,
con esta crisis respecto de la que estamos francamente preocupados,
seriamente preocupados, por entender que no es una crisis coyuntural,
sino que es una crisis profunda, estructural, una crisis, en definitiva,
de ajuste a unas circunstancias económicas diferentes y una crisis que
puede ser larga si no se responde con una política económica acorde, a la
altura de las dificultades que estamos sufriendo.
En definitiva, lo que solicitamos del señor Cuevas es su criterio de si
estamos ante un planteamiento de política económica diferente de lo que
ha sido la política económica hasta ahora, si confía en que el contenido
de esta ley de acompañamiento y, en general, de los Presupuestos del
Estado va a ser suficiente para procurar un cambio de signo en esta
difícil coyuntura, además de trasladarle la pregunta de si él aprecia (ya
en una perspectiva más personal) que estamos realmente ante una
negociación social con fines alcanzables; es decir, si existe una
voluntad negociadora, por parte de quienes están sentados en esta mesa,
que pueda culminar en una negociación social que ayude a despejar
incertidumbres en la economía española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: En primer término debo agradecer en nombre del
Grupo Socialista, la presencia en esta Comisión del Presidente de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, señor Cuevas,
para informar de la posición de la Confederación a la que representa en
relación al proyecto de ley de Medidas Fiscales, de reforma del Régimen
Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo que
acompaña a la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1994, lo que
hemos dado en llamar la ley financiera de acompañamiento. En segundo
lugar, me permitirán que haga unas pequeñas reflexiones, muy pequeñas,
antes de plantear al señor Cuevas algunas preguntas específicas a las que
desearía me respondiera con la mayor concreción posible.
Como todos conocemos, el presupuesto de 1994 y la ley financiera se
presentan en un momento muy específico, en un momento de grave crisis
económica, pero de crisis económica tanto a nivel nacional como a nivel
internacional. Creo que es obvio recordar aquí las características que,
por ejemplo, en las Comunidades Europeas representa esta crisis, con
recesión, descenso del PIB, aumento del desempleo, déficit público
creciente, en muchos casos, a niveles de la media, muy similares a los de
la economía española. Igualmente, la economía española, cuando se
presentan estos presupuestos, tiene unas características muy específicas.
Estamos en recesión económica. Probablemente en 1993 el presupuesto
descenderá un 0,8 por ciento en términos del PIB, como consecuencia de un
retraimiento fuerte de la demanda que, en cualquier caso, no ha
compensado el consumo público. Hay una caída de la inversión, esto es
obvio. Es verdad que se han comportado adecuadamente las exportaciones, o
que también se han comportado adecuadamente las importaciones debido, en
muchos casos, tanto al decaimiento de la demanda como a la devaluación de
los tipos de cambio de nuestra moneda. La inflación se está controlando;
podemos cerrar el año con un 4,5 por ciento. Sin embargo, es verdad que
hay una fuerte caída en el desempleo o que el déficit público se eleva a
niveles preocupantes.
En función de esta situación, el presupuesto para 1994 sólo podía tener
un gran objetivo global: ser instrumento para superar la crisis. Hay una
serie de objetivos concretos. El propio presupuesto enumera tres o cuatro
de ellos que voy a repasar muy someramente, sin que el orden de
enumeración signifique, en absoluto, jerarquía. Se pretende una reducción
del déficit público. Desde luego, cada día somos más los que pensamos,
los que somos conscientes de que éste es un objetivo de primera magnitud.
Esta mañana teníamos ocasión de oír a representantes sindicales que
probablemente no comparten al cien por cien este planteamiento, pero he
de recordar el efecto «crowding-out» o el efecto perjudicial que, en
cualquier caso, tiene para la inversión privada un fuerte déficit
público. No vamos a conseguir mucho. Se prevé reducir de un 6,2, al
cerrar 1993, a un 5,7, lo cual significa reducir 0,5 puntos que hay que
valorar. Se plantea el mantenimiento de la protección social. Bien es
cierto --y usted me dará su valoración-- que en la ley de acompañamiento
se
prevé una reforma del mercado de desempleo que permita afrontar aquellas
prestaciones necesarias, y ello siempre en función de los recursos
financieros del Estado. Se mantiene el esfuerzo inversor de las
administraciones públicas, que llevan muchos años realizando un esfuerzo
inversor muy superior o al menos superior a la media europea, al resto de
la Comunidad Europea, e incluso la inversión en infraestructuras, básicas
para asegurar la creación de empleo, se incrementa un 11,3 respecto a
1993.
Igualmente hay una serie de medidas --en ese punto me detendré más-- de
incentivación fiscal de la inversión y de creación de empleo. En este
tema --supongo que usted estará de acuerdo conmigo-- el papel del Estado
es, fundamentalmente, conseguir un entorno económico que facilite la
inversión, que facilite la inversión privada además de la pública. Se han
de poner en marcha incentivos que permitan este objetivo y se ha de
conseguir un entorno estable que permita reducir los tipos de interés.
Para ello se han arbitrado una serie de medidas fiscales, que estoy
seguro de que usted me dirá que le parecen insuficientes pero, en
cualquier caso, modifican tanto el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas como el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre el
Patrimonio, IVA, IAE, etcétera.
Hecho este planteamiento sencillo, me permito hacerle una pequeña y
primera batería de preguntas concretas. Señor Cuevas, ¿cuál es su
valoración sobre las medidas fiscales de estímulo a la inversión que
contempla la ley que nos ocupa? En especial nos interesaría conocer
particularmente su valoración sobre la medida de exoneración del Impuesto
sobre el Patrimonio de los bienes afectos a la actividad económica
productiva en determinadas condiciones. ¿Piensa usted que esta medida
estimulará la inversión? ¿Cree, por el contrario, que esto afectará a muy
pocas empresas? En cualquier caso, ¿comparte usted la opinión de quienes
en esta misma Cámara han sostenido que afectará solamente a unos cuantos
y, desde luego, voluminosos patrimonios o, por el contrario, piensa que
esto puede beneficiar a miles de empresas?
En segundo lugar, aunque somos plenamente conscientes de que esta
pregunta que le planteo ahora probablemente habría que formulársela
también --y así lo haremos-- a la AEB, a la Asociación Española de la
Banca privada, al margen de lo que ya conocemos por los medios de
comunicación, me gustaría saber qué opinión tiene usted respecto a la
débil traslación de la reducción en el precio del dinero --que desde
luego ha sido verdaderamente espectacular a lo largo de 1993-- a las
operaciones activas bancarias. En suma, ¿qué piensa usted respecto a la
traslación de los tipos de interés a corto a tipos de interés a largo?
¿Tiene la CEOE un escenario macroeconómico y presupuestario distinto al
que plantea el Gobierno? Incluso yo le diría, señor Cuevas, ¿tienen
propuestas concretas que hacer a la ley de compañamiento que algún grupo
político pudiera trasladar, en forma de enmienda parcial, a la ley?
Por último, aprovechando la magnanimidad con que esta mañana actuaba el
Presidente, debo decir que otra de las grandes novedades que plantea este
presupuesto, respecto de los once inmediatamente anteriores, es el hecho
evidente de que el Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno no tiene
mayoría absoluta. Esto ha implicado, lógicamente, la necesidad de hacer
pactos políticos con otros grupos. ¿Qué valoración se ha dado en el mundo
empresarial, qué valoración se ha dado en la CEOE, a la estabilidad
parlamentaria que ha supuesto el apoyo de otros grupos, particularmente
del Grupo Catalán, a la ley de presupuestos y a la ley financiera? Cuál
es su criterio --también me gustaría conocerlo-- sobre el rechazo que a
las enmiendas a la totalidad planteadas por Izquierda Unida y por el
Grupo Popular, entre otros grupos, se realizó en el pleno de la semana
pasada? ¿Qué piensa usted de esto en términos de estabilidad en la
gobernabilidad del país o de conseguir, en definitiva, estabilidad
parlamentaria, en suma, un camino que permita con esta y con otras
medidas complementarias salir de la crisis?
Con esto termino, anticipadamente le pido perdón por la amplia batería de
preguntas y quedaré muy agradecido de su respuesta.
El señor PRESIDENTE: La magnanimidad del Presidente me obliga a comunicar
posteriormente al señor Cuevas que los términos de su comparecencia son
una valoración sobre determinados proyectos de ley referentes a la
situación económica. No creo que el señor Cuevas esté aquí para enjuiciar
la labor parlamentaria de diferentes grupos políticos y su comportamiento
en esta Cámara. Si tiene a bien el señor Cuevas enjuiciar determinadas
valoraciones, será muy libre de hacerlo, pero desde luego no será este
Presidente quien se lo recuerde si no contesta a determinadas cuestiones
del grupo parlamentario que acaba de formularlas.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Nuestro Grupo también agradece al señor Cuevas su
presencia en esta Comisión, entre las comparecencias de los agentes
sociales que se han considerado adecuadas y que nos serán de enorme
utilidad en la discusión de la ley de presupuestos y de la ley de
acompañamiento, también llamada ley financiera.
Yo no le voy a preguntar al señor Cuevas sobre las enmiendas concretas o
las propuestas que él haría a los presupuestos y a la ley financiera,
como se ha señalado por el anterior interviniente --o algo por el
estilo--, ni que valore la actitud de Izquierda Unida en relación con el
apoyo o no al Gobierno, porque me parece que no es esta la sede para que
se manifieste así, sino que, compartiendo algunas de las preguntas que le
ha hecho también el Grupo Socialista en relación con el contenido del
presupuesto y de la ley financiera, quería hacer hincapié en algunos
puntos muy concretos que muy rápidamente voy a enumerarle.
En relación con la ley presupuestaria, me gustaría que aparte de que
hiciese su valoración, la que considere oportuna, se refiriese a una
medida que se planteó en la
legislatura pasada --creo-- y que no se ha llegado a concretar en esta
legislatura hasta el momento, que es la del tope que, como usted sabe,
existe en las cotizaciones a la Seguridad Social a partir de un
determinado salario. Hay una parte de los salarios altos que no llegan a
cotizar a la Seguridad Social. Creo que el Gobierno planteó la
posibilidad, en la anterior legislatura, de producir aquello que se llamó
el «destope» de las cotizaciones y, sin embargo, en esta ocasión no se ha
planteado en los presupuestos. Por tanto, hay una parte de salarios,
denominados salarios altos, que se dan sobre todo en grandes empresas,
que no cotizan en la Seguridad Social, y puede ser sorprendente que no se
haya acometido esta medida en este momento en el que hay una verdadera
necesidad no solamente de contener, sino de disminuir sustancialmente el
déficit público. Compartimos esa necesidad de ir disminuyendo
sustancialmente el déficit público, que no es precisamente una ventaja
para nuestra economía.
Me gustaría que se refiriese también a la revalorización de pensiones
establecidas en el 3,5 por ciento y a la modificación que se ha producido
en el sistema de cálculo sobre inflación futura, no sobre inflación
pasada, y a la no existencia de una cláusula de revisión, para el caso de
que se supere la inflación, del 3,5 por ciento. Esta medida, que está en
los presupuestos, afecta a una enorme cantidad de pensionistas. También
me gustaría saber su opinión al respecto.
Pasando a la ley financiera, me gustaría que valorase el recorte que se
produce en la misma de las pensiones por desempleo. Me gustaría saber qué
opina sobre esa medida de recorte de las pensiones por desempleo, si le
parece bien, mal, poco o mucho. Me gustaría saber su opinión sobre este
esquema que se ha planteado en este título, correspondiente a la ley
financiera, de las medidas fiscales, de incentivos fiscales a las
empresas, que se ha hecho de forma bastante generalizada, no
seleccionada. Me gustaría saber qué opina sobre esta fórmula, porque nos
parece entender que dentro de las Organizaciones Empresariales no hay una
opinión unánime sobre la bondad o no de esas medidas fiscales. Incluso
para algún ilustre representante de Organizaciones Empresariales se
considera negativo, por discriminatorio, porque no va a incentivar el
mantenimiento del empleo en las empresas existentes. No hay una
unanimidad de posiciones a este respecto.
Ya que esta mañana se ha hecho algún tipo de valoración sobre las medidas
de reforma del mercado laboral, aunque no es algo que directamente se
presenta en los presupuestos y en la ley financiera, me gustaría saber su
opinión sobre las reformas por las que está discurriendo ahora mismo el
mercado laboral y, en concreto, sobre el tema de las indemnizaciones por
despido, sobre las modificaciones que a su juicio tendrían que producirse
o no en esta cuestión.
También me interesaría (lo ha citado el anterior interviniente del Grupo
Socialista) que nos diese su opinión sobre el tema candente de la no
suficiente traslación por las entidades financieras, y muy en concreto
del mercado hipotecario, a los usuarios de créditos de la sustancial
bajada en los tipos de interés, que es una de las mejores noticias que
hemos tenido, en los últimos tiempos, en política económica en toda
Europa y también en España. La bajada de los tipos de interés se supone
que es un elemento más que tiene que favorecer la inversión, la
recuperación económica, así como una serie de medidas que creen unas
condiciones, desde luego, mucho más favorables para que se produjese
teóricamente una inversión que, a veces, sin embargo no llega; no se sabe
por qué no acaba de llegar.
Y por último, me gustaría conocer su opinión sobre qué aspectos deberían
recogerse en el acuerdo social, en concreto en los temas que se están
tratando en su segunda fase, para que fuese aceptable por las personas
que usted representa dentro de las Organizaciones Empresariales.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las diferentes intervenciones,
tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (Cuevas Salvador): Voy a tratar de contestar globalmente,
si me lo permite, señor Presidente, pero también haré referencia a
cuestiones concretas, específicas, que se me han planteado sucesivamente.
Ante todo quería expresar también mi sincero y profundo reconocimiento
por la invitación de usted, señor Presidente, de la Comisión y de los
diferentes grupos para poder transmitirles mi información o mi opinión,
que representa el sentimiento generalizado de los empresarios, en un
momento como el que nos toca vivir y ante unas decisiones parlamentarias
tan significativas como puede ser este proyecto de ley que comentamos o,
en definitiva, la política presupuestaria y algunas otras cuestiones.
Creo que hablar de las políticas presupuestarias exige, entre otras
cosas, hablar de nuestra visión de la situación económica y, sobre todo
--lo que me importa mucho--, de las previsiones que a corto o a medio
plazo están descontando los propios empresarios. Porque quizá en ese
análisis es donde pueden comprenderse algunas de las cuestiones concretas
que se me han planteado.
Se hacen en el mundo empresarial, no sólo en el español sino en el
occidental o en el mundo financiero, análisis cada vez más frecuentes de
la situación verdaderamente dura, de crisis, que estamos atravesando.
Estoy de acuerdo --como se ha dicho antes-- en que no se está haciendo
una valoración de crisis meramente coyunturales, sino fundamentalmente
estructurales. Es como si hubiera una especie de aceptación generalizada
de que de verdad lo que está cambiando es el propio modelo de crecimiento
de las economías como consecuencia de un número importante de
circunstancias. Yo creo que eso se comparte por la inmensa mayoría de los
empresarios españoles. Creo que también se comparte que estamos en una
posición más dura, más difícil o más angustiosa que la que puede
producirse en algunos otros países de nuestro entorno y, sobre todo, en
una economía fundamentalmente globalizada. ¿Dónde está la diferencia de
percepción? Está en que si se acepta que estamos en cambios de
modelos o en crisis con fundamentos estructurales, la gran diferencia
entre la percepción de los empresarios de los diferentes países es
valorar en qué países se tienen que hacer reformas estructurales más
profundas y en qué países se tienen que hacer reformas estructurales
menos profundas o ninguna, porque ya se han ido haciendo a lo largo de
los años o en tiempos anteriores, incluso en tiempos más positivos para
abordar reformas estructurales. Creo que España está en una de las
posiciones más difíciles de abordar reformas estructurales de fondo, en
aspectos sociales o en aspectos económicos, que lo que urge en otros
países muy próximos a nosotros. Quizá eso ya es una diferencia
cualitativa de la situación.
Por tanto, hablar en este momento de medidas concretas o de medidas
coyunturales, aunque puedan ser positivas, no oculta la preocupación que
se tiene de que esto es posponer soluciones de fondo que consisten en la
adopción de medidas concretas de carácter más bien estructural. ¿La
opinión de los empresarios que yo comparto? Estamos pagando --el pasado
año y éste, fundamentalmente-- las consecuencias de determinadas
situaciones vividas o decisiones adoptadas en los últimos dos, tres o
cuatro años, más las consecuencias, sin ninguna duda, de la crisis
económica general internacional. Me resumen, con bastante precisión,
cuáles son las causas que se entiende que más han influido en esta
situación. Yo puedo resumirlas también porque son cuatro o cinco causas.
Una --en la que creo que estamos todos de acuerdo--, los efectos
negativos o perversos que ha tenido en los últimos tiempos el excesivo
endeudamiento o el excesivo déficit público y, sobre todo, su modelo de
financiación. ¿Eso qué ha generado hasta hace unos cuantos meses? Ha
generado una presión muy fuerte de los costos financieros, de los tipos
de interés, y sobre todo generó --recordémoslo-- un proceso intenso,
desde nuestra entrada en el Sistema Monetario Europeo, de revaluación
constante, indeseable para la competitividad de las empresas y de nuestra
economía, de nuestra moneda. Es, por tanto, un factor que ha generado dos
causas muy significativas que explican esta situación de crisis. A ésta
se pueden añadir otras dos: una inadecuada evolución --dada la situación
de necesaria exigencia de competitividad-- de los costes salariales
unitarios en los últimos tres o cuatro años, y en esta responsabilidad es
lógico que participemos bastantes, incluidos los propios empresarios, y
no digo los salarios, sino los costos salariales unitarios, es decir,
salarios más cotizaciones sociales, en relación con el producto. El
cuarto aspecto de carácter estructural, que cada día va adquiriendo más
importancia --y no por el empresario español, que lo viene denunciando
desde hace mucho tiempo, pero curiosamente empieza a ser percibido con
más angustia desde los empresariados exteriores que tienen intereses en
España--, es la inadecuada regulación laboral de nuestro mercado de
trabajo. Creo que éstas son las grandes causas estructurales de la
situación en la que estamos.
Puede haber otras causas estructurales. Qué duda cabe que, relacionándola
con muchas de las preguntas que me hace, una determinada orientación de
las políticas fiscales --que inevitablemente va unida a unas políticas
que corrijan los problemas de exceso de gasto público o de déficit
público-- debería ser un planteamiento más que puramente coyuntural o
puramente parcial con medidas incentivadoras, que, una por una, admiten
pocas críticas, en mi opinión, ya que todas aportan algo, pero que no son
el tratamiento fiscal que necesita hoy nuestra economía si la política
fiscal se quiere convertir en un instrumento activo para salir
rápidamente de la crisis y, sobre todo, para mantenernos durante mucho
tiempo fuera de la crisis, para no recaer en lo mismo. Esto es lo que me
lleva a hacer una valoración muy relativizada del conjunto de medidas que
se presentan a este proyecto de ley. Una por una, todas nos parecen
positivas. Algunas, ciertamente, pueden producir efectos discriminatorios
no deseables. Me refiero, por ejemplo, al tema de las vacaciones fiscales
o a la que en mi opinión es una mala redacción del tratamiento de
exención fiscal para el caso de las exenciones del Impuesto sobre el
Patrimonio. Yo creo --después me extenderé un poco más sobre ello-- que
hay una redacción que se puede mejorar para evitar riesgos de malas
interpretaciones o incluso discriminaciones.
En otro punto concreto, los aspectos fiscales, me preguntan qué es lo que
nos ha movido desde la Confederación de Empresarios. Primero, un
principio esencial: ¿cualquier modificación fiscal debe ser hecha en la
idea de que el objetivo esencial es la reducción del déficit público. Es
decir, lo que de verdad afecte de manera significativa a la recaudación,
que se vería reducida si no se compensa de otra manera, y sabemos que
puede haber otras compensaciones, debe ponerse un poco en cuarentena.
Entendemos que puede haber medidas fiscales que tengan impacto mínimo en
la recaudación y otras que pueden tener más impacto. En el conjunto de
las que aquí se sitúan, la mayoría de ellas tienen un impacto muy
pequeñito en la recaudación, y así lo reconoce el propio Gobierno al
redactar el proyecto de ley de presupuestos, ya que en la memoria se
cuantifica cómo evolucionan las reducciones por incentivos, etcétera.
Con independencia de esto, y me refiero a estas medidas en concreto,
nosotros hemos puesto más énfasis, porque creo que es el sentimiento de
los empresarios, en otro tipo de actuaciones. Ya que no puede ser
estructural con carácter general la reorientación de la política fiscal,
por la situación política o financiera, hemos puesto énfasis en algún
otro tipo de medidas que afectan con mayor intensidad a la preocupación
de los empresarios que algunas de las que aquí se han incluido. Por
ejemplo, qué duda cabe que si escucho a la inmensa mayoría de los
pequeños y medianos empresarios el primer punto del que me hablan es cómo
se reforma profundamente el Impuesto de Actividades Económicas, el apaño,
por decirlo de una forma más o menos entendible, que representa la
redacción que aquí se ha introducido, o cómo se aborda de verdad una
reforma más significativa y más vinculada a términos de empleo del
sistema de estimación objetiva singular en el cálculo de los módulos,
etcétera. Eso es lo que oigo todos los días.
Si me refiero a otro nivel de empresarios, la insistencia es: por qué no
nos permiten actualizar, de verdad, los valores fijos de las empresas,
que han pasado ya largos años desde que se produjo la última
actualización de los balances y realmente se ha acumulado un exceso como
consecuencia del crecimiento de la inflación, y no se está contemplando.
Señalo tres medidas de este orden que, además, creo que podrían tener
poca influencia en la disminución de la recaudación; desde luego, si se
trata adecuadamente la actualización de balances, en nuestra opinión no
tendría ninguna, porque justamente son esas medidas en las que yo percibo
una demanda más generalizada que, incluso, algunas de las que se han
introducido aquí. O por citar algún otro tema, ¿cómo se puede conectar,
avanzando adecuadamente y con toda prudencia, una relación mínima entre
el Impuesto sobre el Valor Añadido y la financiación de los sistemas de
prestaciones sociales, que sabemos que es un debate vivo en España y en
Europa, si de verdad se quiere sostener con eficacia el sistema de
protección social? Me estoy refiriendo a planteamientos más amplios, que
afectan más a las preocupaciones y a las demandas que algunas de las que
aquí se han introducido --y no discuto que las que aquí se han
introducido, en definitiva, también obedecen a principios deseados por
los propios empresarios--, pero son medidas mucho más parciales, que es
difícil explicarlas como una especie de política general o más amplia de
impulso fiscal a la actividad empresarial o a la actividad productiva.
Qué duda cabe que hay principios que se defienden con absoluta nitidez,
como decir: vamos a tratar fiscalmente, de manera distinta, en el
Impuesto sobre Sociedades a los beneficios que se reinvierten o a los
beneficios que se distribuyen; ése es otro principio que, aplicado
generalmente, debería producir unos efectos productivos importantes en
todos los aspectos y en todos los niveles, y que en este proyecto de ley
se recoge de una manera muy limitada, aumentando algunos de los
incentivos en inversión, en exportación o en formación, o en el
tratamiento de las exenciones para el Impuesto sobre el Patrimonio. Esto
es un poco cuál ha sido nuestra posición general en las propuestas que
hemos hecho de medidas de fiscalidad como medidas activas, y nos importan
mucho las medidas activas, pero vuelvo a insistir: el cuadro más urgente
en este momento son las medidas estructurales que no se conciben como
medidas concretas activas. Justamente me he referido a esas cuatro: cómo
situamos nuestro endeudamiento y nuestro déficit público para que de
manera permanente y estructural no siga condicionando en el futuro lo que
nos ha condicionado en los últimos años, aspectos tan importantes de la
competitividad empresarial, el valor de la moneda, los tipos de interés o
la disponibilidad de financiación suficiente. Creo que ése es un poco
nuestro propio análisis.
Previsiones. Creo que no es incorrecto decir que tenemos todos que
esperar, no sólo desear, yo así lo espero, que en el año 1994 aumente la
actividad de las economías en el mundo occidental, y creo que va a
aumentar la actividad de nuestra propia economía. Hay unos factores que
están jugando y que están pesando. No cabe duda que la bajada de tipos de
interés produce unos efectos importantes; la fijación, más real, del
valor de las monedas, con una percepción de mayor estabilidad que
producirá un efecto de aumento de la actividad; el control de la
inflación que, en general, está bastante establecido en los países
occidentales es otro de los factores positivos y, sobre todo, el que
prácticamente todos los gobiernos, de forma más o menos coordinada, están
desarrollando programas muy intensos de impulso de la actividad y de
impulso de la iniciativa.
Eso tiene que traducirse en un incremento de la actividad económica en
los próximos meses y creo que también a lo largo del año 1994,
seguramente con criterios más moderados, porque sigo opinando que los
modelos de crecimiento hacia los que tendremos que tender y con los que
tendremos que jugar en los próximos años serán muy distintos de los que
hemos conocido en los años ochenta, pero va a cambiar cualitativamente la
situación. De estar en una parálisis de actividad, vamos a poder entrar
en una fase de mejora. Esta situación se puede producir. Ahora bien, si
ello no se soporta sobre reformas estructurales profundas en cualquiera
de las áreas que he citado, ¿cuánto tiempo va a tardarse en producir que
ese crecimiento de la actividad no genere otra vez las tensiones y las
dispersiones, ya sean monetarias, de tipo de interés, cambiarias, de
inflación o de otro tipo que, al final, acaban otra vez condicionando la
salida de la crisis y el restablecimiento de nuestra capacidad en una
situación normal?
Esta es un poco la gran duda que sigue existiendo en estos momentos en la
generalidad del empresariado y que existe, sobre todo, en las opiniones
importantes de grupos inversores extranjeros, sean financieros, sean
inversores reales, sean especulativas e incluso en los propios órganos e
instituciones de análisis o de estudio que influyen mucho en la opinión
de los que deciden inversiones hacia España. Debo decir con toda
sinceridad que ésa es un poco la percepción que nosotros recibimos de los
empresarios españoles y de posibles inversores extranjeros, que plantean
lo siguiente. Supongamos que el año próximo ustedes tienen más actividad
porque la tenemos más entre nosotros, ¿usted me puede decir qué reformas
estructurales de verdad se han adoptado para que no se vuelvan a generar
inmediatamente las tensiones que hemos conocido en los últimos años? Y es
que le puedo citar muy pocas reformas estructurales, le puedo citar muy
pocas. Le puedo decir que ese compromiso público el Gobierno lo está
tomando, está haciendo algunos esfuerzos importantes, como pueden ser la
adopción de algunas medidas contenidas en este proyecto de ley sobre el
sistema de desempleo, que no cabe duda que son reformas que pueden
entenderse como estructurales.
Aprovecho la ocasión para emitir nuestra opinión positiva en el conjunto
de esas medidas, incluso en una de las más polémicas: esa famosa
vinculación de indemnización y de prestación del seguro de desempleo. En
nuestra opinión, esto no lo ha inventado el Gobierno, no ha hecho nada
nuevo porque eso ya está contenido en un
convenio de la Organización Internacional del Trabajo y se ha aceptado
como un mecanismo que puede ser importante, entre otras cosas, para que
no se genere más endeudamiento o más déficit en el seguro de desempleo o
en el INEM en los próximos tiempos. Y digo esto al mismo tiempo que
también afirmo que la modificación estructural de ese sistema, para
muchas situaciones actuales y sobrevenidas de empresas, no es
conveniente, o por lo menos nos están transmitiendo que eso supone
modificar un sistema que, en definitiva, era la única facilidad que
tenían para adaptar sus plantillas con decisiones de jubilaciones
anticipadas, de bajas incentivadas o de indemnizaciones aceptables por
los trabajadores y que ahora se van a producir más dificultades en esas
operaciones. A esos empresarios les contestamos en el sentido de que, a
pesar de que eso es verdad, seguramente lo discutible es si el sistema
que se estaba practicando como vía única era el lógico y el racional que
debemos defender como empresarios o no, y nosotros defendemos que no es
el sistema racional, que más bien era un sistema irracional. Otra cosa es
que, en las modificaciones de leyes laborales, se tengan que contemplar
los mecanismos que decidan las indemnizaciones o lo que sea.
En definitiva, ése también es un poco el análisis que puedo hacer como
evaluación general en relación con la política presupuestaria, con los
presupuestos, que es otra de las preguntas que se me han hecho por parte
de varios grupos.
Qué duda cabe que existe un esfuerzo por contener el déficit y el gasto
público en estos presupuestos; qué duda cabe que también se intentó en
los presupuestos de 1993, seguramente en líneas parecidas, aunque después
no se consiguió a lo largo de ese año; qué duda cabe que, si las
comparaciones que hacemos son entre presupuestos iniciales de 1993 y
presupuestos iniciales de 1994, realmente la contención es ilusoria; no
se ha producido ningún tipo de contención, sino quizá un crecimiento de
los gastos, que no es el adecuado a la situación de crisis. Si la
comparación la hacemos entre la liquidación de presupuestos de 1993 y el
presupuesto presentado, qué duda cabe que hay un esfuerzo de reducción
del crecimiento del gasto e incluso de reducción del déficit. El problema
no es ése. Vuelvo a la situación anterior. El problema es qué medidas
estructurales en las grandes partidas del gasto se acompañan a estos
presupuestos para darles la mayor credibilidad. Y hablo del sistema de
pensiones, hablo del sistema de sanidad --en el sistema del desempleo
algún esfuerzo hay--, del conjunto de los gastos de las Administraciones
públicas o de otras áreas.
Estoy seguro de que la valoración general del mundo económico financiero,
que en definitiva vive la importancia que tiene el presupuesto, será la
siguiente: vamos a ver si esta vez acierta, porque no percibo que se
hayan generado --salvo la voluntad en la cual se confía-- mecanismos o
instrumentos estructurales que, en definitiva, nos puedan llevar a esa
situación que, desgraciadamente, no hemos logrado ni en el año 1993 ni en
el año 1992. Creo que ésa es la primera preocupación que debiéramos tener
y que yo debo transmitir en esta sesión respecto del proyecto de
presupuestos o de la política presupuestaria.
Hay algunas otras cuestiones, ya quizá un poco más concretas, que sin
duda se relacionan con alguna de las preguntas que se me han hecho y con
el análisis general. Por ejemplo, en cuanto a las medidas fiscales de
este conjunto, he hecho una valoración de carácter general medida por
medida, y no puedo decir que ninguna medida no sea positiva. Sin embargo,
tengo serias dudas de que ésas sean medidas que, analizadas en conjunto,
puedan producir un resultado espectacular en reactivación de la economía,
en la inversión o el empleo, porque tienen unos efectos muy limitados;
son medidas parciales y ya he señalado que, en opinión general de los
empresarios, habría otras que, siendo aisladas, también hubieran
producido un efecto más significativo porque es la demanda más
generalizada de los empresarios. Y lo he citado al principio.
Como se me ha hecho una pregunta muy específica respecto de las medidas
de desgravación o de exoneración en patrimonio, también quiero contestar
con absoluta sinceridad y de una manera directa que, dentro de los
principios de reorientación fiscal que hemos defendido siempre ante los
grupos parlamentarios y ante el Gobierno, hay uno, y es que debemos tener
tratamientos fiscales diferenciados para activos que no tienen nada que
ver con el proceso de la producción; lo mismo que aplicamos el principio
de diferenciación para excedentes o beneficios, que se reinvierten en ese
tipo de activos, y los que se redistribuyen, como dos principios
generales, que es lo que hemos propuesto y lo que hemos defendido. Y la
medida que está incluida en este punto concreto creo que responde a ese
principio de buscar un tratamiento distinto para activos vinculados a la
producción del que no lo está. Por lo tanto, no tengo que decir más que
eso, responde a ese principio, a ese deseo y a esa necesidad.
Debo decirles, leyendo detenidamente la redacción que se ha dado a ese
artículo, que me parece que puede ser un germen de problemas
interpretativos, de agravios y de discriminaciones, incluso de malas
interpretaciones por parte de la opinión pública. Incluso contestando de
una manera más directa a su propia pregunta, puede dar la sensación, y a
lo mejor no es justificado, de que ésta no es una medida que se toma
porque afecta a la generalidad de todos los empresarios, sino a los que
tienen los activos más voluminosos.
No voy a entrar en esa discriminación ni en esa, si se quiere, mala
calificación de la situación, porque qué duda cabe que el que tiene
activos más grandes en una asociación, tendrá más desgravación que el que
tiene activos más pequeños. Eso está claro. Sí puede haber
discriminaciones en esa exoneración. En un activo de 80, de 100, de 150 o
de 200 millones de pesetas, se sabe calcular cuál es el efecto directo de
esa desgravación. El señor que puede beneficiarse de esto seguirá
diciendo: a mí que me reduzcan el Impuesto sobre Actividades Económicas y
que me reduzcan la Estimación Objetiva Singular, pero 15.000, 20.000 ó
25.000 pesetas no, pues fíjese lo que se va a llevar don fulano de tal,
eso sí que es importante. Eso lo vamos a vivir y yo lo estoy viviendo
en el mundo empresarial, como estoy viviendo el tema de las famosas
vacaciones fiscales como discriminación de unos y de otros.
Por lo tanto, yo creo que habría que ser mucho más sensibles hacia esos
temas y elaborar legislaciones que evitaran ese riesgo de
interpretaciones. Digo riesgo de interpretaciones porque me han hecho
denuncias en ese sentido. Me han dicho que con el requisito que
establecen en esta ley, tengo que tener más del 25 por ciento de una
sociedad que es familiar, en la que estamos trabajando los tres o cuatro
hermanos, entre los cuales está dividido el capital y, a lo mejor, yo,
que soy el director o el gerente, soy el que tengo el 27 o el 28 por
ciento; los otros tienen el 19, el 20 o el 21 por ciento. Sucede que mi
hermano no paga el Impuesto sobre el Patrimonio y yo sí lo pago. Creo que
no está bien contemplada la imagen del conjunto familiar. Como tampoco
creo que esté bien recogida otra de las ideas que me parece que deberían
justificar este tipo de tratamientos. Es decir, en qué cuantía del
patrimonio o de efectivo por el cual se va a pagar el impuesto está
comprometida o no la inversión empresarial; aspecto que en alguna
legislación, por ejemplo la francesa --y la francesa es una legislación
que creo que ha servidio de modelo para esta redacción-- está
contemplada. De todos modos no debemos olvidar que la francesa recoge el
impuesto sobre grandes fortunas, no sobre el patrimonio, y éste es un
impuesto sobre la generalidad de los patrimonios, excepto los que están
exentos, que son muy poquitos. Aquél es un impuesto sobre grandes
fortunas, en el cual se puede ser más flexible o se puede jugar con otro
tipo de discriminaciones, si se quiere. Allí ponen un énfasis importante
en que tiene que estar invertida una parte muy significativa del
patrimonio para que se pueda disfrutar de ese tratamiento. Sin embargo,
ése es un hecho que aquí no ha aparecido. En mi opinión, no es que sea
más justo o menos, sino que es un dato que se puede exhibir por los que
legislan o por los que gobiernan ante los riesgos de descalificaciones o
de malas interpretaciones, que, sin duda, se pueden producir o ya se
están produciendo. Esa es mi preocupación respecto de esta norma. Hay
redacciones más ajustadas que eliminan posibles discriminaciones,
objetivas, como la que acabo de contar, que parece que no tienen ninguna
explicación y que eliminan malas o falsas interpretaciones. Eso era,
fundamentalmente, lo que quería significarles.
Hay algunas otras cuestiones, también importantes. Me ha preguntado, en
concreto, sobre pactos. Acato y respeto, como es lógico, la observación
acertada que nos ha hecho el Presidente, pero creo que tampoco falto a
esa recomendación y a esa observación si hago un puro análisis que, en
definitiva, no es nuevo, pues es conocido porque lo hemos hecho durante
mucho tiempo, incluso bastante antes de las últimas elecciones generales.
Como estamos hablando de procesos de reformas estructurales, porque la
crisis es estructural, cuando las reformas tienen que ser estructurales,
la mayor credibilidad de esas reformas se consigue con el consenso
político más amplio, no con consensos políticos, importantes para la
estabilidad, para la gobernabilidad, etcétera, pero no para la
credibilidad, en conjunto, de medidas profundas o de reformas
estructurales. Creo que esa es la opinión general de los empresarios.
Usted me pregunta qué valoración hago de los pactos. Esos pactos han
tenido una valoración positiva, pues añaden un factor de estabilidad y de
creencia en la gobernabilidad. Ahora bien, si abunda más en ello y me
pregunta si esos pactos sirven para recuperar la confianza empresarial,
en el grado que se tiene que recuperar, le tengo que decir que no, porque
para eso se necesitan consensos políticos mucho más amplios, así como
para adoptar medidas profundas y articuladas. Se lo digo con toda
sinceridad y sin ánimo de malas interpretaciones ni de entremeterme en
campos que seguramente no son los míos, pero ésa es la valoración que yo
tengo que hacer respecto a la pregunta que me ha formulado. Por favor,
que se me entienda bien: no es que descalifique ni que no valore como de
mucha importancia los pactos que se han conseguido, pero, para el
objetivo de la pregunta que usted me ha hecho, no sirve sólo eso. Son
necesarias medidas profundas de carácter fiscal, de carácter laboral o de
carácter de contención del gasto o del déficit público, y creo que ésa es
la demanda general del mundo empresarial, en concreto.
El otro tema que también han puesto ustedes encima de la mesa es qué
percepción tenemos del pacto social. Tenemos una percepción poco
gratificante. Ha habido una parte inicial fundamentalmente dedicada --a
petición o por imposición de los propios sindicatos-- a tratar materias
sin duda de gran importancia, pero que estaban todas vinculadas al debate
político, al debate parlamentario, como es el caso de las retribuciones
de los funcionarios, el de las pensiones o el de las medidas de
desempleo. No se ha logrado el más mínimo acuerdo entre el Gobierno y,
fundamentalmente, los sindicatos, y la actitud del Gobierno a mí me
sorprende. Es la de decir que como no se ha logrado acuerdo en estas
materias y de lo que tratábamos era de hacer un pacto para el empleo, ya
se ha roto la lógica del pacto por el empleo. Por tanto, las materias que
quedan tendrían que ser objeto de otra negociación, porque nada tienen
que ver con el empleo. Y yo eso no lo entiendo. Con todos los respetos,
las retribuciones de los funcionarios son muy importantes, las pensiones
son muy importantes, por razones de solidaridad y por otras muchas, y el
sistema de desempleo también lo es, pero tienen una influencia bastante
relativa en el nivel de empleo que vamos a tener en el año 1994, bastante
relativa, por no decir ninguna. Sin embargo, las dos cuestiones que
quedan por abordar, la reforma profunda de la regulación del mercado de
trabajo y un acuerdo de rentas razonable para los próximos tres años
tienen una influencia directísima, primero, en el mantenimiento del
empleo y, segundo, en la creación de empleo. Y ése es un poco el análisis
que estamos haciendo.
Optimismo o pesimismo. Los sindicatos han vinculado el acuerdo a que lo
haya en ambas cuestiones: acuerdo en el mercado de trabajo y acuerdo en
los salarios o las rentas. Yo soy muy escéptico en que haya un mínimo
acuerdo --no el necesario-- en lo que es la reforma de la
regulación del mercado de trabajo. Y si no lo va a haber, y lo vamos a
ver en los próximos días, el futuro de un acuerdo de rentas y de salarios
ya sabemos que está muy condicionado en este tema.
Nuestra posición en las reformas del mercado de trabajo también es
suficientemente conocida y explicitada. En definitiva, se trata de
adaptar el conjunto de normas que tenemos a la situación nueva de la
economía --no sólo de la crisis sino de la economía--, que es lo que
están demandando todos los institutos que hacen análisis, informes o
estudios, el último el Fondo Monetario Internacional. Es lo que están
demandando ya todos los grandes grupos empresariales o inversores que
tienen interés en estar --porque ya lo están-- o en querer estar en
España.
Yo les puedo asegurar que recibo directamente con mucha frecuencia a
agentes o inversores de todos los países del mundo occidental,
fundamentalmente del Reino Unido, de Suecia o de Estados Unidos, así como
de Japón, y todos me están haciendo estos días el mismo análisis:
nuestras expectativas en la economía española siguen justificando una
decisión de inversión. Además, los precios en los que están ustedes, para
poder participar en empresas o en la Bolsa, etcétera, como consecuencia,
entre otras cosas, de las devaluaciones, son más positivos y más
valorables. Por consiguiente, se está abriendo, otra vez, una corriente
de interés hacia mantener y acrecentar las inversiones en España, pero o
modifican ustedes las leyes laborales o no hay nada que hacer. Es una
constante permanente. Y esa modificación ya sabemos dónde está. En
definitiva, en cómo se regula la entrada y la salida de la relación
laboral. Los sindicatos no tienen más que un objetivo, el de cómo se
rompe la relación, en algunos aspectos, no causal que existe en algún
tipo de contratos temporales, etcétera, cosa que nos puede parecer
racional y razonable. Por tanto, vamos a introducir más factores de
causalidad en ese tipo de contratos, pero es que inmediatamente hay que
empezar a hablar de qué es lo que introducimos en lo que es la
modificación de las regulaciones para la extinción del contrato de
trabajo porque, si no, no operará ni una cosa ni la otra, así como de
cuál es el proceso de indemnizaciones de los procedimientos que
utilizamos. Y ahí hay normas europeas y habituales, etcétera. A dónde
quedan, de verdad, en la situación actual y moderna, las materias
indisponibles por las partes porque son materias incluidas en la propia
legislación. Ese es un tema de gran calado. Es decir, tenemos leyes
laborales y hay en esas leyes todo un conjunto de materias que
prácticamente son indisponibles por la negociación de las partes. Todas
tienen que estar sometidas o a autorización administrativa o a la
decisión de los jueces, si se adaptan o no se adaptan a esa ley. Creo que
no sería malo hacer el ejercicio de decir: vamos a ver qué es lo que
tiene en el Derecho o en el sistema de relaciones laborales moderno, qué
es lo que debe seguir teniendo carácter indisponible porque es materia de
ley y lo que tiene que tener carácter disponible porque es materia de
negociación entre unos y otros. Creo que es otra de las grandes
cuestiones. En líneas generales, ese es un poco nuestro planteamiento.
En el otro gran tema, es decir, en acuerdo de rentas o en acuerdo de
salarios, ¿qué es lo que de verdad nos preocupa? ¿Qué es lo que para
nosotros constituye objetivo fundamental para el año 1994? Pues lo
constituye una cosa concreta: cómo somos capaces de quebrar la dinámica
de los últimos dos años, que consiste en tratar de mantener la
supervivencia de las empresas, por excesos o por defectos, en otros
capítulos, justamente en la reducción de los puestos de trabajo. Creo que
ese debería ser el objetivo fundamental de los empresarios, de los
sindicatos, por supuesto, y de las decisiones políticas y
gubernamentales, y que en el período 1995-1996 podamos entrar en una fase
de verdad de impulso de creación de puestos de trabajo. A lo mejor
también en 1994, sobre todo si hay normas adecuadas en el sector joven,
con contratos de carácter de aprendizaje, etcétera. Es decir, puede
producirse también algún efecto positivo en empleo en 1994.
Pero en 1994 la gran obsesión, en definitiva, es cómo quebramos esta
dinámica que se ha abierto en los últimos tiempos. La razón es muy
sencilla. No se puede proseguir en esta situación si de verdad no se
entra en un proceso profundo de debilitamiento de las personas. Y
segundo, ¿cómo vamos a hablar de crecimiento de nuestra actividad si la
inmensa mayoría de los 40 millones de ciudadanos españoles están pensando
que pueden perder al mes siguiente su puesto de trabajo? Es decir, o se
corta esa dinámica o mal crecimiento económico vamos a tener, con
independencia de que crezca algo la actividad económica. Esa es nuestra
preocupación fundamental y nuestra obsesión. Y eso justifica el
planteamiento, muy sencillo, que hemos hecho a los sindicatos.
Con carácter general, si estamos de acuerdo en que ese es el objetivo
fundamental en el año 1994, mantengamos empleo y mantengamos salarios y
costos salariales. Habrá excepciones. Habrá empresas que aunque les
mantengan o les reduzcan los salarios tendrán que reducir su plantilla,
si no quieren cerrar, y habrá empresas que habrán seguido obteniendo
beneficios y, como es lógico, no tienen que entrar en un tratamiento de
ese tipo. Pero, repito, con carácter general y como principio, creo que
sería útil. Después sabremos qué se hace con los beneficios que se puedan
producir en las empresas durante 1994. Qué compromisos se asumen de cómo
se debe reinvertir en su mayor parte. Ese es el esquema de nuestro
planteamiento en este acuerdo. De tal forma que, si no conseguimos una
aceptación por parte de los sindicatos en unos principios tan sencillos,
seguramente serán los propios empresarios los que tendrán que plantear la
cuestión a sus trabajadores, y ya lo están planteando en muchas empresas.
Les tendrá que decir: Quiero mantener empleo en el año 1994, pero es ésta
la situación en salarios, en costes salariales, en la organización del
trabajo o en la movilidad mínima necesaria, etcétera.
Se me ha planteado también el tema de topes de cotizaciones sociales.
Efectivamente, este año no se ha avanzado en ese proceso de adaptación de
la cotización sobre el salario real seguramente porque el Gobierno que ha
preparado este proyecto ha entendido que ya se había pasado
suficientemente en cotizaciones sociales en el año
anterior y en los próximos. Creo que el problema no está en eso, insisto.
El problema está en otro tema muy concreto. Es decir, si queremos
mantener racionalmente los sistemas de protección social, en España y en
el mundo occidental, no sólo introduzcamos medidas de racionalidad, sino
que empecemos a buscar mejores fórmulas de financiación; mejores fórmulas
de financiación frente a nuestros competidores, que no tienen esos costes
en la Seguridad Social. Yo no entiendo por qué los sindicatos pueden
oponerse a que, en un momento determinado, con algún tipo del IVA, se
pueda atender a algún tipo de cotización a la Seguridad Social, porque al
final eso no produce más que un efecto: que los productos de países que
no tienen Seguridad Social van a contribuir a nuestra Seguridad Social en
España, porque tendrán que pagar el impuesto cuando entran por nuestras
fronteras; por ejemplo. Y pongo más énfasis y más interés en ese
tratamiento de la Seguridad Social que en decir: bueno, vamos a seguir
elevando o «destapando» los tipos de cotización.
Había otro tema sobre el que también se me había insistido, que era el de
los intereses del dinero. Qué duda cabe que se está haciendo un esfuerzo
importante en la reducción de los tipos oficiales del dinero, más o menos
de la misma relevancia que el que se está haciendo en otros países.
Todavía recuerdo que en el pasado mes de mayo, en una reunión amplísima
de empresarios, en una gran asamblea, una de las peticiones que se hacía
era la reducción en 4 ó 5 puntos de los tipos de interés. Recuerdo que el
entonces Ministro de Economía y Hacienda nos dirigió con mucho cariño el
comentario de que aquello era una carta a los Reyes Magos. Pues parece
que en tres o cuatro meses los Reyes Magos han contestado a la carta,
pero ésa es la realidad. Ahora bien, no estamos satisfechos en cómo se
está trasladando la reducción oficial a la realidad financiera. Hemos
hablado y seguimos hablando mucho con las entidades financieras, y nos
están explicando circunstancias que realmente entiendo y comprendo. Es
decir, que, por un lado, lo que nos ha pasado en una reducción tan rápida
es que nuestro costo de pasivo, del cual podíamos tener una gran parte a
corto plazo, con unos tipos de interés más reducidos, inmediatamente se
nos está convirtiendo en pasivo a medio o a largo plazo, con lo cual
inmediatamente están subiendo los costos de pasivo. El Banco de España
también nos está apretando, sobre todo dada la morosidad que existe, para
aprovisionar determinados créditos donde pueda haber niveles de riesgo
mayores de los que se han entendido con otras calificaciones anteriores.
Esta es también un poco la preocupación que me transmiten las
instituciones financieras y que yo debo trasladar, pero no cabe duda de
que ésa es una preocupación muy generalizada en el mundo empresarial.
Incluso más: en este momento, mayor preocupación que la de cuánto bajan
efectivamente los tipos de interés al cliente la constituye la capacidad
que tengan los hechos de conceder créditos en condiciones normales,
porque el problema es la enorme incidencia y el efecto negativo que la
morosidad está teniendo para la concesión de los créditos. Es decir, se
está teniendo que medir la garantía de determinados créditos para
inversión, etcétera, con criterios mucho más duros o mucho más
restrictivos que los que se han empleado en otras ocasiones.
No quisiera, señor Presidente, abusar más de mi tiempo, porque yo creo
que ya me he pasado lo que había previsto, salvo que hubiera alguna otra
cuestión.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo Parlamentario desea pedir un turno de
nuevas aclaraciones, pero por un tiempo muy breve, dado que el siguiente
compareciente ya se encuentra en la sala?
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Ante todo, quiero agradecerle al señor Cuevas su
exposición de esta tarde. Ha sido un conjunto de reflexiones completo,
rico en argumentos, con los que se podrá estar o no de acuerdo, pero que
sin duda son dignos de consideración. Además, le agradezco el tono, un
tono sereno, que se corresponde con la situación crítica que estamos
viviendo, ya que, desde esa serenidad, es como mejor se analiza y mejor
se hacen propuestas de soluciones.
Nuestra postura en relación con las preguntas que le he formulado
anteriormente es, como usted bien sabe, una postura crítica que yo
resumiría del modo siguiente para no hacerlo extensivo. Estamos ante
situaciones, estamos ante propuestas, algunas de las cuales son válidas
y, como tales, el Grupo Parlamentario Popular las acepta, pero no estamos
ante las reformas de fondo, no estamos ante las reformas estructurales de
la envergadura que la situación de nuestra economía necesita. Esta es
nuestra principal apelación, nuestro principal impulso, en eso consiste
la crítica que hacemos a estas medidas. Por ejemplo, en Función Pública,
pretender la movilidad de los funcionarios sin un estatuto previo de esa
Función Pública, sin una reasignación previa de los organismos, sin una
revisión del papel que juegan los organismos que participan de esa
Función Pública, sin una reorganización de los grandes centros de gasto,
realmente es empezar la casa no ya por el tejado sino por la chimenea. Lo
mismo ocurre con los aspectos tributarios. Hemos vuelto a lo que es la
vieja filosofía de la doctrina de intentar impulsar la economía a través
de incentivos específicos a la inversión y nos estamos olvidando de los
defectos que tienen esos incentivos fiscales que en todo el mundo están
siendo abandonados para realizar reformas tributarias completas, y por
eso es por lo que en definitiva aboga el Grupo Parlamentario Popular, por
modernizar el conjunto del sistema tributario español para que se
convierta en un elemento activo favorable a la creación del empleo, al
ahorro, a la inversión y, en definitiva, al nacimiento de nuevas
empresas. En lo que se refiere al desempleo nosotros no estamos de
acuerdo con la propuesta del Gobierno, la hemos enmendado, pero, en
definitiva, lo hacemos porque estamos ante efectos desconocidos de esta
medida que entendemos que viene a salvar la caja del Inem, del Instituto
Nacional de Empleo, y entendemos que
habría que plantearla dentro de una reforma del mercado laboral mucho más
amplia.
En definitiva, estamos ante una ley de acompañamiento de unos
Presupuestos Generales del Estado que son arrastrados por la crisis
económica, son más consecuencia de la crisis que elementos activos de la
crisis, y eso es lo que nos preocupa fundamentalmente. Nuestra apuesta,
nuestra voluntad política es procurar propiciar esos movimientos de
reforma estructural de política económica que ayuden a despejar un
horizonte que todavía vemos demasiado cargado de incertidumbres, por lo
que nuestro pronóstico económico es aún más sombrió del que usted nos
ofrecía. Yo entiendo que el mayor desafío político de esta legislatura es
precisamente alumbrar esas reformas estructurales, y ésa es la
colaboración que ofrece a todas las fuerzas políticas en este momento el
Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Martín Mesa,
rogaría a los señores portavoces que no utilicen este turno para defender
sus propios planteamientos respecto al proyecto de ley, sino que se
ciñesen a pedir aclaraciones sobre las informaciones que ha dado el señor
Cuevas, porque tiempo tendrán para convencer al resto de los grupos
parlamentarios en la sesión de la Comisión que se celebrará el día 11.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín
Mesa.
El señor MARTIN MESA: Yo quiero mostrar mi agradecimiento al señor Cuevas
porque creo que ha contestado puntualmente una por una a las cuestiones
que le había planteado, incluso ha respondido a la que podía sugerir
alguna duda al señor Presidente sobre su viabilidad. En cualquier caso,
antes de entrar en la contestación específica yo ya estaba deduciendo por
el tono de sus palabras y de su intervención cuál podía ser el tono de la
misma si usted la contestaba.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Mesa, si sus preguntas han quedado
claramente respondidas por el señor Cuevas, si no desea pedir alguna
aclaración...
El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, sí quería, si usted me lo permite
--a pesar de las dificultades que parezco tener esta tarde en mi
intervención--, felicitar al señor Cuevas y, en cualquier caso, poner de
manifiesto algo importante. He tomado nota de una serie de afirmaciones
rotundas hechas por usted: las medidas le parecen positivas una por una,
aunque insuficientes; hay un evidente esfuerzo por contener el gasto y el
déficit; los pactos le suponen una valoración positiva e incluso
manifiesta que probablemente haya creación de empleo en 1995, en 1996 y
también en 1994. De cualquier forma, sí quería destacar el contraste
entre el optimismo empresarial que deduzco de sus palabras --en concreto
usted cree, como nosotros y como los presupuestos, que en 1994 se va a
producir una reactivación-- y el pesimismo que aquí representa la
oposición y, en particular, el Grupo Popular. Le parece que los
presupuestos deberían incidir en otros aspectos y que realmente no los
comparte al cien por cien. Es lógico; mal empresario sería usted si usted
compartiera con nosotros el cien por cien de lo contenido en los mismos.
En cualquier caso, le reitero mi agradecimiento y mi satisfacción por el
tono y por el optimismo con que ve la situación económica.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (CEOE) (Cuevas Salvador): Si me permite, señor Presidente,
el optimismo de una letra a 90 días. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: No era mi intención la de cortar ni la de dificultar
su excelente intervención parlamentaria, señor Martín Mesa, en absoluto.
Tiene la palabra, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Quiero expresar también nuestro agradecimiento al
señor Cuevas por sus contestaciones, detenidas, a nuestras preguntas y
que --repito-- van a ser de mucha utilidad a esta Cámara en lo que nos
resta del debate parlamentario de presupuestos y sin duda en el futuro de
esta legislatura tan difícil y tan complicada.
He constatado también durante su intervención que efectivamente ha tenido
una opinión más bien favorable a las medidas presupuestarias y a las
medidas que aparecen en la ley financiera, opinión que a mi juicio
contrasta no ya con la del Grupo Popular, como decía el representante del
Grupo Socialista, sino con una opinión no favorable por parte de los
sindicatos, tal y como esta mañana hemos apreciado cuando han intervenido
los Secretarios Generales de UGT y de Comisiones Obreras. Han contrastado
sus opiniones siendo desde luego mucho más favorable la de los
empresarios que la de los sindicatos.
Hay una cosa que me preocupa porque dado que la política económica del
Gobierno, reiteradamente expuesta por el señor Solbes en esta Cámara, se
ha basado y se resume en que todo depende de lo que haga la iniciativa
privada, absolutamente todo, su intervención de hoy era muy importante
para saber qué iba a hacer esa iniciativa privada, porque parece ser que
ese es el resorte único y exclusivo de la posible recuperación futura
económica en España. Una de las críticas que hacíamos precisamente a los
presupuestos y a la ley financiera es que no sabemos si la introducción
de mejores condiciones de tipo de interés, de exenciones fiscales, de
vacaciones fiscales --algo que hemos criticado por desequilibrado en
cuanto a la posición de la otra parte en el diálogo social-- si todo eso
se va a traducir posteriormente en inversiones y por tanto en
recuperación. Usted nos ha señalado que están bien las medidas de los
presupuestos y de la ley financiera, pero que para que la economía se
recupere realmente hace falta un paso más, que son una serie de reformas
que vienen después. Luego entonces todavía no sabemos si se va a producir
esa recuperación, porque ustedes
consideran que aún no es suficiente con estas condiciones, hacen falta
más condiciones estructurales.
No hemos visto unos compromisos claros por parte del empresariado de
inversión o de creación de empleo, sin lo cual, de acuerdo con la propia
política del Gobierno, no sería posible la recuperación. No lo hemos
visto, no hay un compromiso claro y a mí me gustaría, si fuese posible,
que usted hablase algo más sobre ese compromiso o en qué condiciones,
además de las ya enormes facilidades producidas para la inversión, se
podría producir esa deseada inversión. Por ejemplo, nos gustaría saber
qué opinaría usted sobre una regulación mucho más detenida de fondos de
inversión que vinculasen beneficios a inversión, porque una de las
incertidumbres fundamentales que hay es que los beneficios que pueda
haber por parte de los empresarios no se trasladen de la inversión, sino
que se pueden trasladar a inversión especulativa o se pueden trasladar a
inversión fuera de España; por tanto no hay suficientes mecanismos
legales para que efectivamente se produzca esa inversión. De hecho hemos
constatado que se está dando un fenómeno en algunas empresas, muy
preocupante, y es que todo este clima de crisis, de desinversión está
propiciando que incluso algunas empresas con fuertes beneficios estén
manteniendo una política incluso de regulación de empleo, de ajuste de
empleo, aun cuando son empresas que obtienen beneficios. Así que qué no
será en aquellas empresas que tienen otras expectativas. Es decir, no hay
suficiente vinculación entre todas estas medidas de política presentadas
y los supuestos beneficios con la necesaria inversión. Quisiéramos que se
detuviera más en este tema y que nos explicase algo más, puesto que nos
ha quedado esta preocupación, ya que de eso depende, al parecer, la
recuperación de la economía española.
El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor Homs, por un
tiempo máximo de cinco minutos.
El señor HOMS I FERRET: No creo que los consuma, señor Presidente.
Quiero agradecer al señor Cuevas las reflexiones que nos ha trasladado a
todos los grupos parlamentarios. Creo por mi parte que han sido muy
interesantes, por su contenido y por su clarividencia, en cuanto a
valorar la situación económica y plantear las propuestas que hoy está
considerando el mundo empresarial para superar esta situación de crisis.
Quisiera simplemente trasladarle en nombre de mi Grupo tres
observaciones, tres consideraciones puntuales a las que usted ha hecho,
sin ánimo de contradecirle ni de entrar en polémica, sino sólo para
trasladarle al menos mis valoraciones puntuales sobre tres cuestiones.
Usted ha hecho una reflexión que es un poco opinable en cuanto a valorar
y a destacar la estabilidad política en nuestro país. Hace cuatro meses
escasos que empezamos esta legislatura y las eleciones dieron el
resultado que dieron. Ojalá que los cambios y las medidas estructurales
que hay que adoptar pudieran introducirse con el máximo consenso posible
en el ámbito político, por supuesto. Pero el resultado de las elecciones
fue el que fue y la responsabilidad que tiene el Partido que obtuvo mayor
número de votos es, en primer lugar, garantizar la gobernabilidad y que
en el país haya estabilidad política. Si no hubiera estabilidad política,
no podríamos afrontar la situación económica. Por lo tanto, ésta es una
condición necesaria absolutamente importante en cualquier país, no sólo
en el nuestro. La crisis económica hoy está siendo mucho más profunda en
aquellos países en los que no hay estabilidad política. Por ello quisiera
trasladarle que yo sí que creo que es un factor a destacar, y debería
serlo de forma muy significativa por parte de las organizaciones
empresariales, que este país tenga un Gobierno, pueda gobernarse este
país, y que haya la suficiente estabilidad política como para que se
puedan adoptar compromisos para afrontar la situación económica.
No sé si la coyuntura de hace unos dos meses, cuando tuvimos el debate de
investidura, permitía alguna otra alternativa distinta a la que dio lugar
en su momento, porque el Partido Popular, por ejemplo, no estaba
dispuesto a ofrecer un proceso de garantías de gobernabilidad, porque
estaba anunciando la necesidad de convocar elecciones otra vez. Por lo
tanto, nuestro Grupo, que no está por convocar elecciones otra vez ni por
entrar en procesos o contenciosos electorales, sí consideró que era muy
importante garantizar la gobernabilidad y la estabilidad política. De lo
contrario, no se podría tomar ninguna medida para poder afrontar la
situación económica.
La segunda observación es que en este breve plazo de tiempo de tres
meses, prácticamente, en comparación con otras legislaturas, sí se han
empezado a adoptar medidas significativas para afrontar la situación
económica. Creo que en esos tres meses, si hacemos un pequeño balance, la
verdad es que ya han empezado a rodar medidas, textos legislativos,
propuestas, manifestaciones políticas, voluntades políticas para afrontar
los problemas de cara a esta situación económica. Comparto que puede que
las medidas que se han adoptado en la ley de presupuestos y en la ley de
medidas fiscales no sean todas las necesarias para poder afrontar la
situación económica --en ese aspecto quizá comparto su reflexión--; lo
que pasa es que me gustaría que supiéramos valorarlas también en sí
mismas, porque el margen de actuación que tenemos realmente es muy
pequeño, quizá por lo que usted ha dicho, porque en los últimos dos o
tres años no se ha hecho la política económica necesaria para que hoy
pudiéramos tener un margen más amplio para adoptar medidas con mayor
profundidad e intensidad. El margen que tenemos es pequeñísimo y las
cosas que se pueden hacer hoy, en un momento en que se está disparando el
paro como lo está haciendo, no nos permiten adoptar muchas medidas (yo
comparto con usted algunas de las que ha expuesto) porque tienen una
incidencia importantísima en el gasto público y, por consiguiente ello
hace al Gobierno ser más cauteloso a la hora de adoptarlas enseguida,
pero yo creo que se deberán tomar en los próximos meses y que deberemos
completar estas medidas con otras.
Nuestro Grupo valora muy significativamente ese
cambio inicial de orientación de la política económica. En España la
política económica ha empezado a dar un giro y se está reorientando hacia
otra dirección que entendemos es la que necesita la situación económica
que atravesamos. Creo que este inicio es digno de ser valorado
intensamente, de forma importante, y hay que exigir acto seguido que el
proceso se complemente con otras medidas, algunas de las cuales ha
expuesto usted y que creo que se deberían adoptar lo más rápidamente
posible, pero deberíamos valorar en sí mismos el paso y los actos que se
están realizando.
En tercer lugar, comparto con usted que los cambios estructurales son un
elemento importante y que, a ser posible, deberían ser abordados con el
máximo consenso político y con un apoyo social de las organizaciones
sindicales y empresariales. Si ello es posible, en esta Cámara será mucho
más fácil legislar sobre estos cambios estructurales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (CEOE) (Cuevas Salvador): Voy a responder en primer lugar
al señor López Garrido.
Yo creo que he hecho un análisis que posiblemente S. S., muy benevolente,
lo ha traducido en un análisis excesivamente optimista. Yo más bien
estaba preocupado porque tenía el sentimiento de que había trasladado con
mucha moderación un análisis más bien preocupante, que es el que
corresponde a la mayoría de los empresarios. Sí he dicho que hay un
factor que se está empezando a producir y que va a continuar en el año
1994, que es un factor de animación de la actividad económica respecto de
niveles deprimidos y además he dicho por qué. Lo que sigo poniendo en
duda es cuánto puede durar en España ese mantenimiento de la actividad si
no se introducen reformas estructurales profundas. Podemos ver que
nuestra economía crece o que nuestra actividad crece un poco más en el
año 1994, pero si no se han tomado esas medidas estructurales --y afectan
al gasto público, a los mercados de trabajo, a otros trabajos o a una
orientación más profunda de la política fiscal--, nuevamente vuelven en
cortísimo plazo a aflorar todos los desequilibrios que nos han traído,
entre otras razones, a esta situación de los últimos años. Esa es mi
preocupación, como lo es al hacer el análisis de los presupuestos del
Estado. Qué duda cabe que sobre el terreno de los números hay esfuerzos,
y he precisado comparando el presupuesto que se liquida que no tienen
nada que ver con el inicial de 1993 con el que se presenta para 1994.
Pero, ¿qué medidas estructurales acompañan a esos presupuestos para que
tengan la credibilidad que no tuvieron los de los años 1993 y 1992? Muy
poquitas. Ahí es donde está justamente la duda.
He dicho que hay cuatro factores fundamentales para empezar a
aprovecharnos de un cambio de situación económica y, por lo tanto, de
procesos de inversión y empleo: contención del gasto público y su
influencia en tipos de interés y en valor de la peseta; reformas
profundas en la legislación laboral y un deseable acuerdo de rentas y
salarios para tres años. Fíjese S. S. que no he hablado de medidas
fiscales en concreto, porque entiendo que son medidas de acompañamiento
siempre que no se quiera entrar en una reforma estructural de la política
fiscal del conjunto, que creo que es lo que en este momento ni el
Gobierno ni la mayoría de esta Cámara piensa que se está en condiciones
de hacer, y lo respeto; pero al menos, los otros cuatro factores sí.
Nuestra preocupación --como Organización y como empresarios, insisto--
para el año 1994 es cómo cortamos la dinámica de destrucción de puestos
de trabajo como único sistema para defender la supervivencia de las
empresas. Creo que ése es el primer paso que tenemos que dar. Y si
tuviéramos éxito en ese paso, creo que habríamos cumplido con una de
nuestras principales obligaciones, que es quebrar justamente esa
tendencia.
Al señor Homs le diré que espero que no haya interpretado de mis palabras
que yo no sea capaz de valorar positivamente los acuerdos logrados entre
su Grupo y el Grupo Socialista. Qué duda cabe que los valoro y los valora
el mundo empresarial desde el punto de vista de ese objetivo que usted ha
señalado: el de mejorar la estabilidad de Gobierno, que es uno de los
factores fundamentales sin los que no se puede entrar a hablar de otras
cosas. Respondía a una pregunta muy concreta. Cuando se plantea si esos
acuerdos sirven para recuperar toda la confianza y para relanzar la
actividad, etcétera, tengo que decirle que tienen un aspecto positivo,
pero por sí mismos, esos solos acuerdos no. Es en reformas estructurales
donde es necesario buscar y lograr el mayor consenso político dentro de
las Cámaras. Esa era la precisión que quería hacerle. Por favor, no
piense que hago análisis de no valoración adecuada del esfuerzo que han
hecho ustedes y el Grupo Socialista en este proceso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
Concluido el debate del primer punto, pasamos a la comparecencia del
señor De la Dehesa, que se producirá dentro de tres minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
--COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE
COMERCIO (DE LA DEHESA ROMERO), EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y
DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000026.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con el último punto
del orden del día, que es la
comparecencia del Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero agradecer la presencia del señor De la Dehesa, a quien pido
disculpas por este retraso respecto al horario previsto, pero, como el
señor De la Dehesa conoce, en las prácticas parlamentarias de esta Casa
se suele producir un cierto desfase entre la hora prevista para la
comparecencia y el comienzo de la misma.
Para exponer las razones que han motivado la solicitud de comparecencia
del señor De la Dehesa, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: En primer lugar, cómo no, quiero agradecer muy
sinceramente la presencia en esta Comisión del señor Presidente del
Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, una
presencia que quizá no necesita explicación alguna por parte de un grupo
político pero, ya que el Grupo Socialista es el único que lo ha pedido,
le diré que la razón es muy sencilla.
Este debate evidentemente tiene un objetivo restrictivo --aunque, por la
benevolencia de la Presidencia, se haya ampliado su contenido--, en el
que los grupos formulan las preguntas correspondientes a un proyecto de
ley que se enmarca dentro de otro proyecto más amplio que es el de
Presupuestos. Nos parecía importante para la opinión pública y para esta
Cámara tener un debate como éste, dado el objeto social del Consejo que
usted preside, por el talante no reivindicativo sindical, laboral o
patronal, que las Cámaras tienen. En este sentido, es una feliz
coincidencia con el final de una sesión sin duda alguna fructífera, por
lo que le agradecemos su presencia.
Además, estoy convencido de que las respuestas a nuestras reflexiones
serán de utilidad, no sólo para el debate presupuestario sino para las
cuestiones que afectan, que son aquellas que están en el contenido de la
valoración económica de futuro de este país.
Mi Grupo tampoco necesita a estas alturas hacer una exposición concreta
de cuál es nuestra posición respecto a estos presupuestos, puesto que,
obviamente, como es conocido, los hemos aprobado o, por lo menos, hemos
rechazado las enmiendas a la totalidad, desde la absoluta convicción de
que son unos presupuestos que han entrado de lleno en los problemas
básicos, no diré estructurales, digo actuales, de la economía española.
Son unos presupuestos que, desde nuestro punto de vista, ponen en
evidencia una lucha decidida contra el déficit público. En este sentido,
los escenarios presupuestarios macroeconómicos que acompañan al
presupuesto y a esta ley de reformas dejan en evidencia la prioridad del
propio Gobierno para combatir el déficit público.
Por otro lado, son unos presupuestos que mantienen el nivel de deuda
pública dentro de los compromisos que España y el resto de los países
comunitarios suscribieron en el Tratado de Maastricht; tienen como
objetivo macroeconómico colocar a España en un nivel de inflación, para
el ejercicio de 1994, en la media de los países de la Comunidad Económica
Europea, y tienden claramente a equilibrar nuestra balanza comercial.
Fundamentalmente, estos presupuestos tienen una virtud, y es que son, hay
presupuestos. Algo que podría parecer casi un perogrullo político, pero
que hace tan sólo muy pocos meses podría constituir un elemento de
intranquilidad para la vida económica al no contar con un instrumento de
actuación básica en la economía, como son los presupuestos. Unos
presupuestos --a estas alturas del debate de esta Comisión, después de
haber escuchado muchas opiniones-- a los que el Grupo Socialista se
enfrenta sin ninguna resignación, sino con la absoluta convicción de que
son valientes y que resuelven ese siempre difícil equilibrio que tienen
que tener unos presupuestos, el equilibrio entre las coberturas sociales
y las inversiones necesarias frente a las restricciones de gasto público
necesarias en la coyuntura económica en la que vivimos. Además, mantienen
un equilibrio también difícil entre las prioridades o sugerencias de
otros grupos parlamentarios distintos al Grupo Socialista, dentro de una
evidente coherencia con el compromiso político de este Grupo y del propio
Gobierno en su discurso de investidura. Considero sinceramente que son
los Presupuestos que este país podía tener en este momento para hacer
frente a los problemas reales.
Lo que estamos discutiendo, y sobre lo que vamos a consultar, son
cuestiones de carácter presupuestario y, por lo tanto, de carácter
coyuntural. Yo sé que este tipo de intervenciones y de debates tiene el
riesgo, por elevación o a veces por oportunidad --no diré que por
oportunismo--, de alejar los temas concretos del debate presupuestario
para pedir cuestiones de carácter económico que, sin coincidir o sin
dejar de coincidir con ellas, se escapan al debate de este presupuesto.
Son todas aquellas que han salido en esta Comisión y que probablemente
aún salgan a lo largo de su comparecencia; son aquellas peticiones de
reformas estructurales que arrojan pocas novedades al debate político y
económico, puesto que mi Grupo Parlamentario y el Gobierno han tenido
múltiples ocasiones de manifestarlas y algunas están comprometidas en el
presupuesto. Si tuviéramos la tentación de restringir este debate a esas
medidas presupuestarias podríamos caer en la melancolía de no hacer
frente a los problemas que tenemos. Entre otras razones, le estaríamos
haciendo un escaso favor a un proceso expectante, importante, que en este
momento están teniendo las fuerzas sociales, económicas y el Gobierno, en
un pacto social en el que están contenidas las discusiones de reformas
que, por el Reglamento de la Cámara y por la propia jurisprudencia,
serían imposibles de producir en este debate. No es casual que estemos
hablando de un paquete de reformas administrativas y económicas que no
caben en el debate presupuestario.
Saludamos sinceramente todas las reflexiones que están en el ámbito de lo
estructural, pero invitamos a circunscribirnos a las cuestiones de
carácter presupuestario, aunque puedan tener el riesgo para algún grupo
político de no tener más alternativa que coincidir con ellas, porque las
otras son, en algunos casos, reflexiones escapistas
que le alejan de tener que coincidir necesariamente con los objetivos de
este presupuesto.
Usted sabe perfectamente que este presupuesto contempla una panoplia de
medidas importantes. Algunas están en las reformas del mercado o en las
atenciones al desempleo; otras se hallan en el ámbito de la
Administración pública y otras tienen un claro contenido en el mundo
empresarial. Hay un conjunto de modificaciones importantes que van desde
el Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, modificaciones de criterios sobre la Estimación Objetiva,
Patrimonio, Impuesto sobre el Valor Añadido, Sucesiones y Transmisiones,
compromisos de actualización de activos y de balances, Impuesto sobre
Actividades Económicas, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, etcétera.
Enumero todo este rosario de medidas porque cuando a alguien le interesa
hacer grandilocuente un discurso, de una sola medida crea una catedral;
cuando quiere simplificar un conjunto de medidas importantes, a veces se
pasa como de puntillas diciendo que tiene alguna modificación de carácter
fiscal. No creo que haya ninguna figura fiscal que quede al margen del
proyecto de ley del que estamos hablando.
En ese sentido, se quiere pronunciar mi Grupo con relación a si estas
medidas se dirigen al contenido fundamental del presupuesto y si pueden
contribuir a mejorar el gran problema que tiene este país en este
momento, que es la generación de empleo, uno de los indicadores
macroeconómicos insatisfactorios para el conjunto de las fuerzas
políticas y, sin duda alguna también, para el Grupo Socialista, aunque
tengo que añadir que es uno de los indicadores económicos que no sólo se
sustancian por el contenido de un presupuesto, sino que la
corresponsabilidad de ese objetivo tiene que hacerse extensible a la
iniciativa privada, a los agentes empresariales y a los agentes sociales.
Sin duda alguna, no puede perder la perspectiva de la coyuntura económica
internacional, ni puede hacerse al margen de lo que son reformas
estructurales que, en este momento --repito-- se están intentando
sustanciar en el pacto por el empleo, que están en la reforma del mercado
de trabajo y que están, obviamente, en los pactos de rentas para los
próximos años.
Con estas reflexiones, me interesa la opinión de quien representa al
conjunto de las empresas, no diré los empresarios como personas físicas,
sino las empresas de este país. Me interesa fundamentalmente conocer su
opinión sobre si la evolución y los compromisos que figuran en estos
presupuestos y en el paquete de medidas que los acompañan pueden mejorar
la competitividad de la economía de este país, objetivo básico por sus
consecuencias en el mercado de trabajo. Quisiera saber también si, desde
su punto de vista, estos presupuestos y este paquete de acompañamiento
son un incentivo y un revulsivo para generar un mayor clima de confianza
y algo tan fundamental como unas mejores expectativas de beneficio y de
inversión para este país; si este paquete de medidas puede contribuir a
mejorar las condiciones del mercado de empleo y de generación de puestos
de trabajo.
Le quiero hacer asimismo una pregunta no cuantitativa sino cualitativa,
porque usted sabe perfectamente que muchas veces el mundo económico se
mueve más por el ambiente que por los balances o por la propia valoración
cuantitativa. Si usted fuera empresario, nacional o extranjero,
¿invertiría o no para el año 1994? Y, aunque sea una pregunta casi en el
terreno íntimo, si usted fuera trabajador de este país, ¿estaría más o
menos animado para encontrar un puesto de trabajo en el año 1994?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor de la Dehesa.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE COMERCIO (De la
Dehesa Romero): En primer lugar, quisiera agradecer al Grupo Socialista
que me haya invitado a acudir ante SS. SS. como Presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio. Personalmente, me parece una buena idea
puesto que, como ha dicho muy bien S. S., las Cámaras de Comercio no
representan intereses empresariales o sindicales, sino que representan
los intereses generales de la actividad económica, del mundo del comercio
y de la economía. Siendo parte de esa sociedad civil merecen, de vez en
cuando, ser escuchadas. Por consiguiente, agradezco enormemente que me
hayan permitido acudir a esta reunión de la Comisión de Economía.
La pregunta que me hace el señor Hernández Moltó es si las medidas que se
adoptan van a mejorar la competitividad y la generación de empleo en
nuestro país y si pienso que los presupuestos y la ley que los acompaña
van en esa dirección. Tengo que decir que, en líneas generales, tanto los
presupuestos como la ley que hoy nos ocupa --la ley omnibus, como la
llaman ustedes-- van en la buena dirección. Las Cámaras de Comercio nos
congratulamos de que sea así. Creemos que, por un lado, tienen una parte
de contención de los gastos sociales y corrientes del Estado y, por otro,
tienen un aspecto de reactivación de la actividad económica privada y de
mantenimiento de la inversión pública. En ese sentido, van en la buena
dirección.
Como ha dicho muy bien S. S., estas medidas tienen que ir acompañadas de
reformas estructurales y nos congratulamos de que tanto el señor
Presidente del Gobierno, como el señor Vicepresidente, como distintas
instancias de este Gobierno, se han comprometido públicamente a llevar
adelante, antes de fin de año, una serie de medidas de reforma del
mercado laboral que consideramos que son absolutamente fundamentales y
complementarias a las que se incluyen en esta ley y en los presupuestos
del Estado.
En líneas generales, creemos que las medidas son positivas para mejorar
la competitividad, la generación de empleo y la actividad económica.
Por otro lado, tiene también esta ley un aspecto importante, que es
aumentar la productividad del sector público a través de medidas de
mejora de la flexibilidad y de la movilidad de los funcionarios. Creemos
que eso va en la buena dirección ya que, dado el peso de la Función
Pública dentro de la economía, todo lo que sea mejorar esa parte tan
importante de la actividad económica del país es muy positivo.
Usted me ha preguntado que si yo fuese un inversor, nacional o
extranjero, invertiría más o menos en este país. Naturalmente, la
inversión extranjera ahora ha acudido fuertemente a nuestro país
fundamentalmente orientada al atractivo que representaba la situación de
tipos de interés, con unas expectativas grandes de caída, y las
perspectivas de una mejora en las cotizaciones de la Bolsa. Sin embargo,
es un signo muy positivo para los inversores extranjeros el heho de que,
por un lado, se va a intentar contener el déficit público, y, por otro
lado, se prevé que haya una mejora en el funcionamiento del mercado de
trabajo y, naturalmente, la moderación salarial. Sin duda alguna, esta
segunda parte pesa más en estos momentos a la hora de hacer inversiones
directas y productivas en nuestro país que, incluso, los Presupuestos.
Estas medidas de acompañamiento de los Presupuestos, y sobre todo algunas
de tipo fiscal, sí van a colaborar y van a ayudar a incentivar la
inversión en nuestro país, pero aún quedan esos dos aspectos importantes,
como son las reformas estructurales del mercado laboral y la moderación
salarial. En ese clima positivo, las posibilidades de conseguir el mayor
volumen de inversión productiva, nacional y extranjera, el año que viene
son mayores. De hecho, la inversión, que ha tenido tasas muy negativas
este año, según los cuadros macroeconómicos que en las Cámaras de vez en
cuando hacemos, el año que viene tendrá unas tasas o bien cero, o
ligeramente positivas. Me estoy refiriendo a fin de año.
En cuanto a si yo fuese un trabajador (todos somos asalariados, por
cierto, por lo menos yo en mi condición actual), tengo que decirle que,
sin duda alguna, también las perspectivas de mayores posibilidades de
empleo pueden mejorar si se ponen en marcha estas reformas. Como saben
ustedes, hay un desempleo estructural y un desempleo cíclico. El
desempleo cíclico no podrá ser reducido el año que viene con un
crecimiento de la economía española del 1,3, que es el previsto por el
cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado, porque
dada la falta de elasticidad que tiene el mercado laboral español ante
los ciclos económicos, en España se ha comprobado, por lo menos
históricamente, que se necesitan 2,5 punto de crecimiento para que haya
un crecimiento del empleo neto en nuestra economía. Esa cifra, que es
importante, resalta cuando se compara con la media de la CEE, que
necesita sólo el 1,7 para que haya crecimiento del empleo neto en la
economía europea, o la cifra de Estados Unidos, que necesita sólo un
punto de crecimiento para que ya se dé empleo neto. Este desempleo
cíclico, debido a la situación recesiva, va a ser muy difícil que mejore
con un crecimiento de solamente 1,3 o en torno a esa cifra.
Ahora bien, una parte del desempleo estructural que existe en nuestra
economía, si se llevan a cabo las reformas estructurales ya
comprometidas, sin duda alguna mejoraría el clima de creación de empleo.
Por tanto, sólo con los presupuestos que, en una parte son restrictivos,
digamos del gasto público y, por otro lado, son incentivadores de la
actividad privada, con una serie de medidas que más tarde, si quieren,
comentamos, no son suficientes si no se llevan a cabo al mismo tiempo
moderación salarial y reformas estructurales del mercado laboral. Si unas
medidas van complementadas con las otras, sin duda alguna ese componente
estructural del desempleo puede mejorar en 1994, en esto no me cabe la
menor duda.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir?
(Pausa.)
¿El Grupo Socialista va a pedir una nueva intervención? (Denegaciones.)
Le doy la palabra, entonces, al portavoz del Grupo Popular, señor
Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Ante todo, mi agradecimiento al señor De la
Dehesa por su comparecencia en esta Comisión. El Grupo Parlamentario
Popular no solicitó su comparecencia en condición de presidente del
Consejo Superior de Cámaras por entender que las Cámaras de Comercio no
son un agente social, no estaban involucradas en la negociación social
que está en marcha y, por tanto, parecía que habíamos referido las
comparecencias a los miembros de esa negociación, que es la que ha estado
dirimiendo con los contenidos básicos de esta ley de acompañamiento de
los presupuestos Generales del Estado. Esto no significa, en modo alguno,
que nosotros neguemos la condición de las Cámaras de Comercio como
representación empresarial; obviamente, es una representación importante.
En ese sentido, es un agente económico de primera consideración y por eso
decía que su presencia en esta Comisión es correcta, no entendamos que su
adscripción al Grupo Parlamentario Socialista implique ni mucho menos un
reconocimiento, por nuestra parte, de que no es representativo del mundo
empresarial, lo es; lo que sucede es que la función normal que tienen las
Cámaras de Comercio no le dan ese carácter analítico o más beligerante
con las políticas económicas del Gobierno.
A ese respecto, la consideración que nos merece la intervención del señor
De la Dehesa es que ha defendido el carácter positivo de los Presupuestos
Generales del Estado y al final ha reclamado unas reformas estructurales
de acompañamiento. Quizá lo que nos sugiere esta intervención es que, por
su condición de representante empresarial, nos hubiera gustado más que
nos trasladara cómo se ven, desde los ambientes empresariales, estos
presupuestos. Quiero decir, por ejemplo, si las prioridades de reforma
fiscal que establecen los presupuestos y la ley de acompañamiento son las
correctas desde el punto de vista de ese mundo empresarial; si existe o
no en ese mundo empresarial una sensación preocupada por el efecto de
medidas como la que se llama vacaciones fiscales; si existe o no existe
preocupación respecto a la cuantía del déficit público y del volumen de
deuda pública al que estos presupuestos conducen inexorablemente
debido a la propia estimación oficial. No hablamos de estimaciones
ajenas, sino de las propias cuantías del déficit público que, como es
bien sabido, está situado en el 6,7 por ciento para el conjunto de las
administraciones públicas para el año que viene, con un crecimiento de la
deuda pública que va a ascender, al menos, a seis puntos o puede que más,
seguramente aumentará más puntos de PIB --hablo de puntos porcentuales de
PIB--, esa deuda pública va a superar con cierta holgura el 60 por ciento
del PIB para el año que viene, y si desde su percepción existe una
preocupación en ese mundo empresarial respecto de la influencia de este
déficit público, deuda pública y los tipos de interés.
Está en su papel el señor De la Dehesa cuando reclama la inversión
extranjera. Obviamente, es necesario traer nuevos capitales que dediquen
sus recursos en España y no atemorizar a los capitales que ya están
implantados entre nosotros. Lo que ocurre es que la estimación de
inversión que nos ha ofrecido para 1994 es una estimación que, realmente,
no se compadece con la del cuadro oficial del Gobierno, que para
registrar un crecimiento del PIB del 1,3 por ciento el año que viene
necesita que como media del año esa inversión se sitúe en tasas positivas
en sus dos componentes, porque no basta con que a final del año que viene
la inversión registre una tasa ligeramente positiva para conducir a un
crecimiento del PIB como el que estima el Gobierno. Con eso entiendo que
lo que nos ha dicho es que el crecimiento del PIB que estiman las Cámaras
de Comercio para el año que viene es un crecimiento inferior al de la
previsión oficial. Este no es un ejercicio meramente de distracción o de
entretenimiento intelectual; estamos hablando de previsiones importantes
por cuanto se asientan sobre ellas expectativas empresariales.
Unicamente me queda agradecerle la insistencia en la necesidad de las
reformas estructurales, en la solicitud de reformas estructurales de la
economía española, porque en medio de una crisis de las características
de la actual, esas reformas estructurales son absolutamente necesarias,
y, como ya he insistido en la intervención anterior con el señor Cuevas,
el desafío político más importante de esta legislatura es precisamente
procurar que se lleven adelante esas reformas estructurales. Esta es una
función que tenemos los parlamentarios españoles, todos los
parlamentarios españoles. Todos los grupos parlamentarios españoles,
debemos propiciar esta salida de la crisis, en mi opinión, por esta vía,
pero la responsabilidad de hacer que eso sea posible, que se faculte, que
se posibilite, también la tienen los agentes sociales, por un lado, y los
agentes representativos del mundo empresarial, como el caso de las
Cámaras de Comercio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor De la Dehesa por su presencia en
la Comisión de Economía y gracias por su intervención optimista, habría
que calificarla de muy optimista, respecto a los presupuestos y la ley de
acompañamiento. Es lo que se necesita en este momento; más optimista
todavía que la posición del señor Cuevas y, desde luego, muy diferente de
la posición pesimista o negativa de los sindicatos que han estado en esta
Comisión esta mañana.
A veces necesitamos optimismo porque no podemos estar siempre haciendo de
agoreros o pensar que todo va a ir peor, pero también me gustaría tener
más motivos de optimismo de los que se pueden desprender de su
intervención.
Cuando el señor Cuevas ha intervenido en la anterior fase de la sesión de
esta tarde, nos ha dejado un poco preocupados, porque a pesar de que
estos presupuestos y la ley de acompañamiento se presentaban como muy
favorables a la posible inversión de los empresarios, porque son
presupuestos que, intentando contener el déficit público, presentan una
panoplia de medidas fiscales, de exenciones fiscales, de gasto fiscal,
probablemente sin precedentes, a pesar de eso, a pesar de todas estas
razones de la bajada de tipos de interés, etcétera, el señor Cuevas ha
venido a decir: yo no me comprometo a que haya inversiones, porque faltan
además unas reformas estructurales y esas reformas estructurales
solamente se conseguirán si hay más consenso político del que hay ahora
mismo. Es decir, al parecer, todavía faltan muchas más cosas para que
haya inversión en España y para que se recupere la economía.
Por eso le decía que le agradezco su optimismo, pero habría que
introducir algunas dosis de moderación porque lo que nos decía antes el
representante del mundo del que al parecer depende toda la recuperación
--la iniciativa privada-- no nos ha dejado tranquilos en el sentido de
que con estos presupuestos ya hemos conseguido que haya esa recuperación.
Por otra parte, y como representante de las Cámaras de Comercio e
Industria, que son entidades con una larga solera e historia de
preocupación por la dinamización de la vida económica, de la
modernización empresarial y de la formación empresarial, tal vez éste sea
uno de los elementos de las reformas estructurales que necesitamos.
Probablemente una de las reformas estructurales que necesitamos sea una
nueva cultura empresarial. Algunas veces yo he señalado que una de las
desgracias de España es que no ha habido una suficiente cultura
empresarial productiva y que necesitamos empresarios. Una de las cosas
que necesitamos en nuestro país es empresarios. Esa es una de las
reformas estructurales que se necesitan. Si se hacen unos presupuestos y
una ley de acompañamiento muy estupenda y se crean todas las condiciones
y resulta que luego no hay empresarios verdaderamente emprendedores, que
no dediquen los beneficios obtenidos trabajosamente por medio de recortes
de gasto social y por medio de bajada de salarios y moderación salarial,
a la inversión especulativa y si no intervienen con riesgo en la
actividad económica, no habremos conseguido nada.
A mí me gustaría saber qué tendría que cambiar, a su juicio, en esa
cultura empresarial o qué reformas
estructurales tendría que haber en la eficiencia empresarial, en la
eficacia del empresario, en la productividad del empresario, porque
siempre se habla de la productividad del trabajador y no tan a menudo de
la productividad del empresario. Yo creo que ésa es una de las
competencias que me imagino tendrán ustedes en su mente o en la actividad
diaria de las Cámaras de Comercio. Esa es una de las importantes
competencias y de los grandes desafíos que probablemente podrían
desarrollar con mucha eficacia en las Cámaras de Comercio. Me gustaría
saber lo que usted piensa a ese respecto o qué acciones se están
desarrollando.
Por último, en cuanto al tema de la competitividad, efectivamente
compartimos que una de las palancas fundamentales para la recuperación
económica es que las empresas españolas sean más competitivas, para lo
cual hacen falta reformas estructurales de diversa dimensión y
naturaleza. Se suele hablar siempre de la competitividad en una sola
dirección --usted ha hablado de la moderación salarial y de la reforma
del mercado laboral--, pero hay muchos más elementos. Por ejemplo, yo he
citado anteriormente la cultura empresarial, pero hay otros como la
existencia de suficientes infraestructuras y de acción pública que cree
las mejores condiciones para que los productos españoles sean
verdaderamente competitivos, no sólo por la vía de la moderación
salarial, porque por esa vía todas las empresas españolas se irían a
Marruecos, a Asia, o a Africa, pues allí sin duda van a encontrar mejores
condiciones salariales. Si todo dependiera de eso, no quedaría ni una
empresa en este país. Sin embargo, hay otras condiciones, como son sobre
todo las infraestructuras y la acción pública, que permiten que se
produzcan mejores condiciones.
En este sentido, yo creo que la política presupuestaria, en algunos de
sus ámbitos, puede cumplir un papel fundamental. Los presupuestos han
estado muy devaluados en los tiempos del monetarismo rampante como un
instrumento de política económica y creo que es el momento de
recuperarlos.
A la vista de los presupuestos del Ministerio de Industria y del
Ministerio de Comercio --también Obras Públicas en cuanto a
infraestructuras--, pero concretamente respecto a esos dos primeros
porque es algo que seguramente llega más a la Cámara de Comercio, me
gustaría saber qué opina sobre si esos presupuestos son adecuados en este
momento para lograr también esas cotas de competitividad que necesitan
las empresas españolas.
En concreto, le agradecería también que hablase algo sobre el nuevo papel
que debe jugar el Icex, Instituto de Comercio Exterior, sobre el que
precisamente ahora hay una cierta polémica respecto a cuál será el
destino de ese instituto y qué papel tiene que jugar en la nueva etapa
económica.
El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor De la Dehesa.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE COMERCIO (De la
Dehesa Romero): En mi primera intervención, que ha sido muy corta porque
me he limitado exclusivamente a contestar de la mejor manera posible,
cómo entendía yo, las preguntas que me había hecho el señor Hernández
Moltó, he hecho una valoración general, tanto de los presupuestos como de
la ley ómnibus que la acompaña, y esa valoración sigue siendo positiva.
El señor Montoro me ha pedido una valoración más particular, de aspectos
más concretos. Efectivamente, el que nosotros consideremos que los
presupuestos y sus leyes van en la buena dirección y que son positivos,
no significa que no haya mejoras que se pueden hacer, tanto en las
medidas fiscales como en otro tipo de medidas.
Refiriéndome ya a las medidas fiscales, vuelvo a decir también que van
todas en la buena dirección. Nos gustaría y a mí personalmente como
economista, que, de todas maneras, con más tiempo el Gobierno se
plantease otra reforma estructural, que sería la reforma de la fiscalidad
española de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque el sistema fiscal
español se ha desarrollado en tiempos en los cuales la economía española
era una economía cerrada, y en este momento estamos situados en una
apertura de nuestra economía mucho más grande que cuando muchas de estas
medidas se pensaron. Parte de las medidas que incluye esta ley van en esa
dirección, en mejorar aspectos concretos de algunos tributos para
intentar paliar el efecto negativo que tenían sobre la competitividad. De
todas maneras, con tiempo, sería muy conveniente hacer un replanteamiento
del sistema fiscal español teniendo en cuenta la nueva situación, que es
bastante diferente de la del año 1977, o incluso la de algunos tributos
anteriores a dicha fecha. Por tanto, eso diría como línea general.
Después, como líneas más específicas, la reforma que se introduce en el
Impuesto sobre Sociedades nos parece positiva --la bonificación de la
cuota del 95 por ciento durante tres años--, aunque plantea una serie de
problemas que podrían ser mejorados. Uno es, quizá, que, dado que la
mayoría de las empresas que se inician, sobre todo en un momento en que
la situación recesiva es aún importante, esa mayoría de las empresas no
va a obtener beneficios en los tres primeros años, lógicamente. El
período de maduración de una empresa, en condiciones normales, si tiene
un gran éxito, es de dos años o, si es en situaciones anormales, puede
llegar hasta cinco años. Por tanto, pienso que sería mejor inluso que la
bonificación fuese un poco más baja pero que se diese más años, cinco por
ejemplo, que una bonificación del 95 por ciento con tres años nada más.
Ese sería uno de los aspectos mejorables.
Luego hay un aspecto que son las condiciones que se establecen para que
una empresa tenga derecho a bonificación. Se establecen unos mínimos de
inversión de capital fijo y un máximo de volumen de empleo. Yo no sé cómo
se ha elegido esas «ratio» de inversión fija y de empleo, pero, claro, en
un momento en que el problema fundamental de nuestra economía es el
empleo, quizá, dado que son pequeñas empresas, de tres a 20 empleos,
hubiera sido preferible incluso aumentar el número de
empleos y no tener una condición tan fuerte en la inversión. Es decir, en
lugar de incentivar pequeñas empresas más intensivas en capital, intentar
incentivar pequeñas empresas más intensivas en empleo.
Otro aspecto sería la discriminación para empresas existentes. Esa medida
se podía mejorar de modo que las empresas existentes que reinvirtiesen
sus beneficios pudiesen tener una bonificación, no de cinco años, quizá,
porque ya son empresas que llevan funcionando mucho tiempo, pero por un
período menor, para evitar la discriminación que sufrirían, ya que las
nuevas tendrían sus beneficios y las antiguas, no.
Hay aspectos menores pero importantes, como, por ejemplo, excluir a los
empresarios individuales y hay muchos empresarios individuales que
también podrían beneficiarse de esta medida. También se contempla la
exclusión de las sociedades profesionales que podrían tener acceso a
parte de estas bonificaciones.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio --la exención de ciertos bienes
y derechos empresariales--, va a afectar, sobre todo, a las empresas
familiares, pequeñas y medianas que son --en mi opinión-- una de las
fuerzas económicas de nuestro país. Nuestro país tiene el 10 por ciento,
en términos del PIB, de empresas públicas; el 15 ó 20 por ciento de
empresas con participación de capital extranjero; y tiene un porcentaje,
que puede llegar incluso también al 10 por ciento, de empresas
familiares, ya de cierto tamaño --no grandes, medianas--, que tienen
impacto en la actividad económica y en la exportación --las que son
puramente nacionales--, muy importante. Por tanto, todo lo que sea ayudar
a estas empresas familiares lo considero muy positivo.
Hay aspectos que podrían mejorarse, por ejemplo que no incluye a algunas
sociedades transparentes. Hay sociedades transparentes que tienen una
actividad, las que no la tienen no debían estar en esta sección, pero las
que tienen una actividad productiva no hay por qué dejarlas fuera.
También se dejan fuera los holdings que son tenedores de acciones y en
algunos casos la estructura de una sociedad en holding es más eficiente
que en otro tipo de fórmulas societarias. En ese caso yo creo que la
medida podría verse mejorada, sin duda alguna.
Otro aspecto en cuanto a considerar el 25 por ciento de participaciones
en empresas o el 50 por ciento de remuneración o de rentabilidad de
rendimientos, se tiene en cuenta sólo el sujeto pasivo y hubiera sido más
lógico tener en cuenta la unidad familiar. Es importante tener en cuenta
la familia, con todos sus componentes, que está participando en esa
empresa familiar. Por tanto, si se tiene en cuenta no sólo el sujeto
pasivo, sino el conjunto de la unidad familiar en ese 25 ó 50 por ciento,
yo creo que se mejoraría la eficacia de esta medida. Aun así, las Cámaras
de Comercio estiman que habría que hacer algo con el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, en términos de reducir, aunque fuese algo, la
base imponible de los activos productivos, siempre que se impusieran unas
cautelas. Es decir, que figurara: sólo podrán beneficiarse de una
reducción de la base imponible en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones aquellas sucesiones y donaciones que permaneciesen durante un
número de años --se puede poner una cifra entre cinco y diez años--, que
no se enajenasen o no se transmitiesen en ese tiempo onerosamente, con lo
cual se mantendría intacto el patrimonio familiar y no ocurriría lo que
ha ocurrido en muchísimas empresas familiares, que la dificultad que
supone tener que vender activos para poder pagar el impuesto pudiese
plantear problemas de venta, que al final es lo que ha ocurrido, repito,
en algunas empresas.
En cuanto al IVA, las medidas que se toman también son, sin duda,
positivas; podría mejorarse si se ampliase la modificación de la base
imponible, no sólo en los casos de quiebra y suspensión, sino también
--siempre naturalmente con las cautelas suficientes para evitar el
fraude-- en relación con las deudas de dudoso o muy dudoso cobro.
Respecto al Impuesto de Actividades Económicas, yo diría que el problema
--ese impuesto-- es más bien estadístico; es decir, cuando se estudió el
Impuesto de Actividades Económicas se tomó como base para las encuestas
la situación de las empresas en los años 1988 y 1989, momento de total
auge de la economía española; ahora, en los años 1993 y 1994, la
situación es muy diferente. Con estas medidas se mejora, pero se podía
haber mejorado más si se hubiera intentado adaptar las tarifas y los
coeficientes relativos al Impuesto de Actividades Económicas a una
situación, no voy a decir como la actual, pero sí media, es decir, que no
cojamos el momento del «boom» ni el de la recesión. Esto es, en las
medidas fiscales, que como digo, van todas en la buena dirección, hay
posibilidades de mejora.
En cuanto a las medidas de protección por desempleo, las que se toman
creo que son muy positivas. He hecho algunos cálculos antes de venir y
resulta que si no se introduce, como se está introduciendo en esta ley y
se introducirá en posteriores medidas que ha anunciado el Gobierno,
cierta contención de los gastos sociales se llegaría a una situación
imposible, dada la velocidad a la que han crecido estos gastos. En el
período que va entre 1988 y 1992 el gasto social ha aumentado el 47 por
ciento en términos reales; las pensiones, el 40 por ciento; la sanidad,
el 55 por ciento, y las prestaciones por desempleo, el 68 por ciento.
Parte se debe, naturalmente, a aspectos cíclicos, parte se debe a que la
pirámide de la población es muy diferente a la de hace años, pero
llevaban un ritmo de crecimiento muy importante y era absolutamente
necesaria. Hay unas medidas muy positivas en este sentido, como la
racionalización del gasto social, sobre todo para que ese mismo gasto
social sea más solidario. He dicho repetidas veces que hay un margen muy
grande para luchar, no sólo contra fraude fiscal en los ingresos
presupuestarios, sino también para luchar contra el fraude en los gastos.
Creo que estas medidas que se toman en cuanto al desempleo para reducir
ese gasto que se ha desarrollado de forma tan creciente van a evitar una
bola de nieve, que, sin duda, llevaría a la quiebra del sistema de gasto
social de nuestro país. Con las previsiones del Gobierno, en el año 1994
tendríamos 7.200.000 pensionistas y dos millones y pico de personas
desempleadas recibiendo prestación por desempleo. Estamos hablando de
9.300.000 personas a finales de 1994, y el total de personas empleadas
sería de 11.700.000 personas.
Para darles a ustedes una idea de a qué velocidad se van deteriorando las
finanzas de nuestro sistema, del llamado Estado de bienestar o de gasto
social, en el año 1981 la relación de activos frente a pasivos era de 2,1
y a finales de 1994 será de 1,2. Si esto siguiese así, si no se tomasen
estas medidas que considero fundamentales, en los años 1995-1996 se
podría llegar al 1,1, lo cual hace prácticamente insostenible cualquier
situación del Estado de bienestar. Por tanto, creo que estas medidas van
todas en la buena dirección; si pecan de algo sería de insuficientes --de
pecar de algo--, pero, sin duda alguna, creo que son muy positivas.
Tendría que hacer alguna pequeña crítica, por ejemplo, en el tema de las
retenciones a los desempleados. Habría que ver si el coste de administrar
esas retenciones va a ser mayor que el volumen de las mismas. Habría que
ver si las entidades gestoras van a encarecerlo, ya que son muchos casos
en pequeñas cantidades, lo que podría resultar negativo, pero, como digo,
las medidas van en muy buena dirección.
Quisiera decir algo más antes de terminar de contestar a las preguntas de
los señores Montoro y López Garrido, y es que tendríamos que cambiar en
los próximos años --no sólo en España, sino en toda Europa, y creo que en
esa dirección va este informe que se verá en la cumbre de diciembre de la
Comunidad Europea-- el sesgo de una protección del desempleo hacia una
protección del empleo. Una medida que se me ocurre para empezar a hablar
es que una de las formas de incentivar el empleo sería que el coste
laboral sea menor, y no estoy hablando sólo de los salarios. Es necesaria
una moderación salarial porque en estos últimos años, como ustedes saben
perfectamente, no ha habido ninguna relación entre crecimientos
salariales y situación del mercado laboral. Durante cinco años seguidos,
hasta el año pasado, los salarios han estado creciendo por encima del 8
por ciento, cuando la destrucción de empleo era cada vez mayor; no había
ninguna correlación entre uno y otro. Por tanto, la moderación salarial
era absolutamente necesaria porque había una total contradicción entre la
situación del mercado laboral y la situación salarial, que era realmente
chocante, no sólo para cualquier economista extranjero, que son los que
más se impresionan por estas cifras, sino también para los nacionales.
Una de las formas de reducir el coste salarial para las empresas, que se
tendrá que plantear porque supondrá una política de incentivación de
empleo, es la reducción de lo que llamamos la brecha fiscal, que en
nuestro país es aún muy elevado; es decir, la diferencia entre lo que el
trabajador se lleva a su casa líquido y el coste para la empresa. Yo he
hecho el cálculo para un caso que se ha presentado esta semana relativo a
una secretaria soltera que se lleva a su casa 80.000 pesetas al mes y el
coste para la empresa es de 122.000 pesetas; la diferencia es de 42.000
pesetas, es decir de un 53 por ciento. Naturalmente, es una mujer sin
hijos, depende si está en el régimen general de la Seguridad Social o no,
es decir, hay muchas matizaciones, pero éste es un caso en el cual habría
que ir intentando reducir esa diferencia entre el coste para la empresa y
el salario líquido para el trabajador, ya que en nuestro país hay unas
diferencias muy importantes respecto de otros países de la Comunidad
porque las contribuciones del empresario, del trabajador y las
retenciones forman una parte bastante importante del coste laboral. Por
tanto, no sólo moderación salarial, que es absolutamente necesaria, sino
también reducción de esa brecha fiscal en los salarios.
Existen otras medidas. Yo he sugerido algunas en distintas ocasiones y un
grupo de trabajo del «Center for Economic Policy Research», que es un
instituto, un «think-tank» europeo de política económica del cual yo soy
vicepresidente, ha producido un «paper» que voy a dejar al señor
Presidente de la Comisión sobre el futuro del Estado de bienestar, en el
cual proponemos algunas ideas nuevas sobre cómo hacer política de empleo
o de protección del empleo más que de protección del desempleo; algunas
de ellas van dirigidas a que el Estado se gaste lo mismo, pero que eso
tenga mayor impacto sobre la creación de empleo, porque yo creo que ése
va a ser el gran problema de nuestro país y de todos los países europeos
en los próximos años. Algunas de las ideas que avanzábamos las van a
encontrar ustedes excesivamente novedosas, pero es que va a haber que
tener mucha creatividad en el futuro --usted hablaba de la cultura--, va
a haber que cambiar mucho la cultura en el futuro empresarial, sindical,
gubernamental y político sobre la situación de los mercados laborales en
Europa y sobre la situación económica en Europa y en España. Una de las
ideas que planteábamos era, por ejemplo, que a los desempleados de larga
duración, que en España alcanza una cifra elevada, se les diese la opción
entre cobrar el seguro de desempleo (la parte contributiva y la parte
asistencial) o que ese subsidio que iban a cobrar a lo largo de cuatro
años o los que fuesen se le diese como subvención salarial a una empresa
que lo contratase; además, se podría hacer de tal manera que cuanto más
tiempo estuviese desempleada esa persona mayor fuese la subvención a su
salario, con lo cual se intentaría romper eso que llamamos histéresis en
términos económicos del mercado laboral, que es que, cuanto más elevado
es el paro, más elevado tiende a ser el paro en el futuro; es como una
especie de bola que va creciendo porque el parado se convierte en
estructural y cada vez tiene menores posibilidades de empleo. Eso podría
ser una solución, naturalmente con cautelas para evitar fraudes, porque
todo el mundo es muy listo e intentaría aprovecharse de alguna de estas
medidas, pero eso permitiría que el Estado se gastase igual y, sin
embargo, que hubiese una persona empleada más. Además, el Estado
ingresaría más puesto que la empresa pagaría impuestos y él pagaría
impuestos.
Por lo tanto, hay que estar pensando en nuevas formas para que se cree
empleo y se pague menos en gastos sociales. Otra fórmula que pensábamos
para los estudiantes o para empleados --ahora hay un problema en la
universidad tremendo-- o para desempleados temporales, que es que en
lugar de darles una subvención se le diese un crédito con la garantía del
Estado. Eso incentivaría más a buscar empleo al trabajador que está
desempleado temporalmente porque tendría que devolver más adelante, con
unos años de carencia, ese crédito que, naturalmente, al estar avalado
por el Estado, se lo daría inmediatamente cualquier institución
financiera, y al estudiante incentivaría a demás a que estudiase más en
la universidad o en la escuela. Es decir, buscar fórmulas de menor coste
para el Estado y de mayor incentivación del empleo. Hay muchas ideas que
hay que ir pensando para el futuro, porque tal como está la situación y
esa relación tan tremenda a que me refería antes entre parados,
pensionistas y activos, hay que empezar a buscar fórmulas más novedosas
en la creación de empleo.
Termino contestando las últimas preguntas que me ha hecho el señor
Montoro sobre la inversión. Efectivamente, cuando estaba dando datos de
la inversión de 1994, me estaba refiriendo a la inversión privada; la
conjunción inversión privada-inversión pública se acercaría más, aunque
las cifras que nosotros estamos manejando en las Cámaras no coinciden
totalmente con las cifras macroeconómicas del Gobierno, porque para el
año 1993 el Gobierno da una caída del PIB de menos 0,8; nosotros en las
Cámaras damos una caída del PIB del 1; en el año 1994, el Gobierno da más
1,3; nosotros damos más 0,9. Es decir, estamos un poco alejados porque
algunas cifras, sobre todo consumo privado, no coinciden con las
elaboradas por el Ministerio de Economía. Pero esta vez yo tengo que
reconocer que las cifras previstas en el cuadro macroeconómico del
presupuesto son más realistas que las previstas en años anteriores en el
mismo documento del Gobierno.
En el tema de la reactivación el señor López Garrido me decía que yo era
excesivamente optimista; pero en el tema de la reactivación --vuelvo a
matizarlo-- vamos en la buena dirección. Este año, según mi opinión,
vamos a crecer menos uno, y el año próximo vamos a crecer más 0,9; hay un
cambio de 1,9 puntos porcentuales. En ese sentido, soy optimista porque
da la impresión de que vamos en una buena dirección.
Ahora bien, todas las salidas de las recesiones en los últimos años, en
España y fuera de España, se han basado en que ha aumentado la demanda
del consumo, en que ha aumentado la demanda de inversión tanto pública
como privada y en que ha aumentado en el sector exterior. En este caso,
está claro que para el año 1994 los únicos elementos que van a conseguir
ese 1,3 o ese 0,9 que nosotros esgrimimos, va ser el sector exterior en
casi un 90 por ciento y una pequeña participación de la demanda nacional,
fundamentalmente basada en la inversión pública. Por eso creo que es
enormemente importante en estos momentos mantener unas inversiones
públicas en infraestructuras elevadas, porque está demostrado --y hay
recientes aportaciones económicas-- que las inversiones en
infraestructuras físicas llevan consigo no sólo un arrastre de la
inversión privada, sino también --y es importante-- un aumento de la
rentabilidad de la inversión privada, que es una de las formas de atraer
la inversión privada.
Por lo tanto, vemos que los elementos que pueden reactivar la situación
económica son, fundamentalmente, el sector exterior y en segundo lugar,
la inversión pública. Las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes en estos últimos meses han sido enormes. Después de las
licitaciones empiezan las contrataciones y en 1994 estarán en pleno
funcionamiento las realizaciones. Eso, sin duda alguna, va a tener un
aspecto positivo en la inversión privada --por eso decía yo que iba a ser
neutral o ligeramente positiva-- y en la actividad económica en general y
en el empleo. Sin embargo, va a faltar --porque las empresas están aún
bastante endeudadas, los tipos de interés real todavía tienen más de
cuatro puntos y porque las familias también están bastante endeudadas--
la reactivación del consumo y de la inversión privada, las cuales van a
llevar más tiempo. En ese sentido, si el componente de la inversión
privada, que ahora es muy negativo, va a ser neutro o ligeramente
positivo el año que viene, significa que en 1955 tendrá que ser un
elemento dinamizador importante de nuestra economía, así como del
consumo.
Me pregunta el señor Montoro qué efectos va a tener el déficit público,
que se reduce, pero que va a seguir siendo alto, y el nivel de deuda
pública, que se va a acercar al criterio de convergencia de la Comunidad,
sobre los tipos de interés. Yo tengo que reconocer que hay que seguir
manteniendo la contención fiscal. Por eso es fundamental que ese déficit
público, que se contiene en 1994, no tenga desviaciones presupuestarias y
que realmente se cumpla, porque cualquier desviación presupuestaria sería
volver a una situación en la que los tipos de interés a medio y largo,
que son los que más influyen en la inversión privada, podrían repuntar. Y
si hay un repunte de los tipos de interés a medio y largo plazo,
naturalmente la inversión privada se vería afectada.
¿Por qué los empresarios --dice usted-- se dedican a especular --usted
llama especular, yo llamo invertir-- en activos financieros frente a
activos productivos? Porque hay una diferencia muy elevada en estos
momentos, sobre todo en un período de reflexión, entre la rentabilidad de
los recursos propios de las empresas y la rentabilidad de los activos
financieros del Estado. La elección es absolutamente racional. Si yo
puedo invertir con una tasa dos o tres puntos superior en activos tan
seguros como la deuda del Estado, no voy a invertir con riesgo en una
actividad productiva que, en principio, me va a dar una rentabilidad
bastante más baja, por lo menos a corto plazo. De ahí que sea tan
importante la reducción de tipos de interés, porque va a cambiar el
comportamiento de algunos empresarios, de algunas familias o empresas que
tienen liquidez. Su opción a corto plazo, mientras ese diferencial de
rentabilidad siga siendo tan alto, es la inversión en activos financieros
frente a la inversión en activos reales o productivos.
¿Que hay que cambiar la cultura empresarial? Totalmente de acuerdo. En el
futuro vamos a necesitar un cambio importantísimo de la cultura
empresarial. Tan
importante como en la cultura de los trabajadores y en la cultura
sindical, porque a corto plazo --en mi opinión-- mucho más negativa para
la competitividad española y para la mejora del empleo está siendo en
estos momentos la cultura sindical; no digo de los trabajadores sino
sindical, y ahí establezco una distinción muy clara. No hay más que
hablar con los trabajadores de las empresas y con las cúpulas. Muchas
veces hay una visión diferente de la situación y de cómo mejorar la
competitividad de las empresas. Pero estoy de acuerdo con usted en que
hace falta mejorar la cultura empresarial en términos cuantitativos,
porque, efectivamente, en nuestro país, igual que tenemos un defecto de
formación en nuestra clase trabajadora, hay también una notable
posibilidad de mejora de la formación en nuestra clase empresarial, y eso
creo que nadie lo va a discutir.
También incidirá muchísimo en cambiar la cultura del empresario --y
vuelvo a insistir en lo primero-- en el sentido de que vivimos ya en una
economía abierta, de que no vivimos en una economía cerrada. No vivimos
en una economía tradicionalmente protegida y subvencionada y eso tiene
que llevar consigo un claro sesgo, lo que sólo se consigue mediante
concienciación y mediante una mayor formación de la clase empresarial.
Un último aspecto que considero fundamental es el de una mejor
organización de las empresas, de los sistemas de trabajo, etcétera. En
este aspecto tiene que haber cambios importantes en nuestro país.
Nosotros, desde las Cámaras, estamos haciendo bastante para mejorar la
cultura empresarial, y ahora, en los acuerdos que hemos firmado con el
Ministerio de Educación y Ciencia y con algunas Consejerías de Educación
de las autonomías, estamos también intentando mejorar la formación de los
trabajadores, porque estamos convencidos de que las prácticas de la
formación son fundamentales. Es decir, se ha incidido en exceso en
nuestro país en la formación teórica y muy poco en la formación práctica
en las empresas, mientras que éste ha sido uno de los elementos básicos
de la competitividad alemana. Todo el mundo reconoce que el sistema de
formación dual alemán --que por cierto son las cámaras de Comercio las
que lo supervisan y lo desarrollan-- es una de las claves de la
competitividad alemana. En Alemania ninguna persona que cursa formación
profesional se siente con un «status» social deteriorado o vilipendiado,
mientras en nuestro país todo el mundo quiere ser universitario y todo el
mundo desecha la formación profesional o las graduaciones medias; yo creo
que eso es una gran equivocación.
Los países que tienen una mayor competitividad en el mundo, que son los
países del este asiático --Japón, Corea-- tienen unas escuelas muy buenas
de primero y segundo grado, unas excelentes escuelas de formación
profesional en las empresas, con sistemas. Y en este sentido creo que van
en buena dirección las reformas propuestas por el Gobierno: contratos de
aprendizaje que no signifiquen intentar conseguir mano de obra más
barata, sino que aprendan los contratados, así como la LOGSE, con la
formación en prácticas. Creo que son elementos fundamentales. Ni Corea ni
Japón ni Alemania tienen las mejores universidades ni los mejores
universitarios. Los que son muy buenos los mandan a Estados Unidos --que
sí las tienen-- a estudiar y luego vuelven con muy buena preparación,
pero la base de la competitividad de las empresas está en la formación
primaria y secundaria y en la formación profesional
Creo que hay que cambiar en ese sentido la cultura de los gobernantes
para empezar a pensar en cómo se puede crear empleo en Europa e
incentivar la creación de empleo, la cultura de los empresarios, en cómo
organizarse mejor y en cómo descubrir nuevos nichos de actividad
económica, nuevos productos, nuevos diseños, etcétera, y la cultura de
los trabajadores, en el sentido de conseguir y estar orgullosos de una
mejor formación profesional.
Creo que con esto he cubierto ya, en demasía porque es muy tarde y es
viernes, algunas de las cosas que quería transmitirles a SS. SS. en esta
comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Dehesa.
Con las palabras del Presidente del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio damos por finalizada una densa e interesante sesión de la
Comisión de Economía, en la que creo que hemos accedido, en una relación
interactiva, a la economía real con los representantes de la misma.
Espero que la sesión haya sido para SS. SS. tan fructífera como para este
Presidente.
Les deseo un buen fin de semana. Que descansen, porque la próxima semana
nos volveremos a reunir y espero que SS. SS. vengan con nuevos impulsos
de trabajo para poder desarrollar nuestras labores parlamentarias.
No voy a repartir ahora este documento porque lo vamos a fotocopiar para
hacerlo llegar a los señores portavoces, porque si les damos tarea no van
a venir descansados la próxima semana.
Se levanta la sesión.
Eran las siete de la tarde.