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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 40, de 15/10/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 40
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 4
celebrada el viernes, 15 de octubre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994. (BOCG, serie A, número 27-1,
de 1-10-93. Número de expediente 121/000013):
--De la señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (Narbona
Ruiz). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Socialista (número de
expediente 212/000077), Popular (número de expediente 212/000171), IU-IC
(número de expediente 212/000313) y Mixto (número de expediente
212/000044). (Página 884)
--Del señor Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Llardén Carratalá). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Socialista
(número de expediente 212/000078), Popular (número de expediente
212/000170) y Mixto (número de expediente 212/000132) (Página 907)
--Del señor Secretario General para las Infraestructuras del Transporte
Terrestre (Pérez Touriño). A solicitud de los Grupos Parlamentarios:
Socialista (número de expediente 212/000080), Popular (número de
expediente 212/000173) y Mixto (número de expediente 212/000131)
(Página 918)
--Del señor Secretario General de Planificación y Concertación
Territorial (Zaragoza Rameau). A solicitud de los Grupos Parlamentarios:
Socialista (número de expediente 212/000081), Popular (número de
expediente 212/000172) y Vasco-PNV (número de expediente 212/000058)
(Página 930)
--Del señor Secretario General para los Servicios del Transporte
(Panadero López). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Socialista
(número de expediente 212/000082), Popular (número de expediente
212/000174) e IU-IC (número de expediente 212/000249) (Página 938)
--De la señora Secretaria General de Comunicaciones (Salgado Méndez). A
solicitud de los Grupos Parlamentarios: Socialista (número de expediente
212/000079) y Popular (número de expediente 212/000175) (Página 945)
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
--COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (Número de expediente
121/000013.)
--DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (NARBONA
RUIZ) A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de
expediente 212/000077), POPULAR (número de expediente 212/000171),
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de expediente
212/000313) Y MIXTO (número de expediente 212/000044).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, quiero dar la bienvenida y la
enhorabuena a Cristina Narbona porque hace unos días que se ha
incorporado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y, a
requerimiento de diversos Grupos políticos, ha tenido la amabilidad de
madrugar y venir a esta maratoniana reunión que tenemos hoy durante la
mañana y la tarde.
Ante la cantidad de comparecencias solicitadas y de preguntas que van a
surgir, ayer, en la Mesa, tomamos la decisión de tratar de obtener la
máxima eficacia en esta reunión. Para ello, quiero clarificar, en primer
lugar, que las comparecencias del día de hoy tienen por objeto obtener
información. Por lo tanto, no va a ser una apertura de debates habituales
que están fuera del contexto de esta reunión, sino pedir clarificación a
la Administración sobre los temas que a los señores Diputados de los
distintos grupos políticos les pueda interesar. Eso va a presidir toda la
reunión, porque tenemos un horario muy apretado y queremos respetarlo y
conseguir el máximo beneficio, repito, de estas comparecencias, en
particular de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.
Para ello anuncio que, como es tradicional, para formular las distintas
preguntas de clarificación, intervendrán solamente los Grupos que han
pedido por escrito la comparecencia. No obstante, para que no se le
critique a la Presidencia que no da posibilidades a otros Grupos que se
lo han pensado mejor de que puedan intervenir, si en estos momentos hay
algún representante de algún grupo político que quiere intervenir para
hacer una pregunta adicional a la Secretaria de Estado, es el momento de
decirlo. ¿Algún Grupo de los que no ha solicitado la comparecencia quiere
intervenir? (Pausa.) Ahora diré quiénes lo han solicitado. Los que lo han
solicitado van a intervenir. Si algún Grupo político que no ha solicitado
comparecencia, repito, quiere en estos momentos manifestar su interés de
hacer alguna pregunta a los comparecientes a lo largo de todo el día, es
el momento para anunciarlo y poder coordinar perfectamente la reunión.
(El señor Camisón Asensio pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, quiero solicitar intervenir
en la comparecencia del señor Director General de la Marina Mercante,
aunque las preguntas a esta Dirección hayan quedado subsumidas en las del
Secretario General de los Servicios del Transporte. Puesto que nos
interesa aclarar unos conceptos de la Marina Mercante, solicitamos
intervenir en esta comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Lo tendremos en cuenta.
¿Algún otro Grupo político? (Pausa.)
Entonces, procedemos a iniciar el turno de intervenciones en la
comparecencia de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina
Narbona. Tengo que manifestar que hay distintas solicitudes de Grupos
políticos: Socialista, Popular, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
y Mixto.
Por otro lado, habían solicitado la comparecencia del Director General de
Costas los Grupos Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV),
Coalición Canaria y Mixto.
Debido a la última reestructuración ministerial, el
Director General de Obras Hidráulicas pasa a depender orgánicamente del
Secretario General de Planificación y Concertación Territorial. En ese
caso, huelga decir que las preguntas dirigidas al Director General de
Obras Hidráulicas no van a ser planteadas a la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente, sino al Secretario General de Planificación, que vendrá
esta tarde.
Igualmente, las preguntas dirigidas al Director General de la Calidad del
Agua, a solicitud de los Grupos Vasco (PNV) y Coalición Canaria, y al
Director General para la Vivienda y Arquitectura, a solicitud de los
Grupos Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Coalición Canaria.
Estos son los Grupos que han solicitado la comparecencia para temas que
competen a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. Por lo
tanto, vamos a agrupar las preguntas de tal manera que en diez o doce
minutos, máximo quince, los representantes de cada uno de los Grupos
solicitantes intervengan para plantear preguntas concretas. Al pedir
preguntas concretas a los señores Diputados también voy a pedir
respuestas concretas a la Secretaria de Estado. Lógicamente, aquellas
preguntas que tengan respuesta concreta la van a tener y en el supuesto
de que haya precisiones específicas que en este momento la Secretaria de
Estado no pueda contestar de inmediato, utilizaremos el procedimiento
habitual de que en el plazo de 48 horas nos conteste por escrito a
requerimiento de las señoras o señores Diputados.
Con este preámbulo, y esperando que el día sea provechoso, iniciamos la
intervención del Grupo Socialista para formular las preguntas a la
Secretaria de Estado.
Tiene la palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: La intervención del Grupo Socialista,
evidentemente, comienza por expresar un afectuoso y solidario saludo a la
señora Secretaria de Estado en su primera intervención ante esta Comisión
en su nueva responsabilidad política. No es sólo el saludo la expresión
de nuestro apoyo, sino la seguridad del éxito de su gestión, no ya sólo
por esa solidaridad evidente entre este Grupo y el Gobierno, sino por la
ejecutoria de responsabilidades anteriores de la señora Secretaria de
Estado.
Este Grupo en más de una ocasión, sin despreciar bajo ningún aspecto las
concreciones presupuestarias, ha estimado que el problema fundamental del
medio ambiente en España tiene dimensiones estructurales nuevas que no
han sido contempladas hasta hace poco o no hemos sido conscientes de su
planteamiento. Me estoy refiriendo a la nueva dimensión de globalidad que
tienen esos problemas; globalidad que no sólo tiene el ámbito nacional
que supera, evidentemente, cualquiera de los planteamientos estrictamente
locales y coyunturales, sino la dimensión continental que nos inserta en
toda la estrategia comunitaria de políticas ambientales, e incluso de
ámbito mundial.
Por tanto, las grandes respuestas a esos grande retos deben ser
considerados en las comparecencias o en las deliberaciones de esta Cámara
para que hagan referencia a esos planteamientos globales. Por ello,
tendremos ocasión, con la señora Secretaria de Estado, de realizar esa
reflexión y contribuir a aportar a España esa nueva visión del medio
ambiente superadora, que no quiere decir que olvide los planteamientos
absolutamente concretos, locales y coyunturales. Lo haremos, entonces, en
las comparecencias posteriores y, ciñéndonos, por tanto, hoy y
demostrando esa opinión de que hay que remontar el vuelo no ya sólo para
comprender, sino, sobre todo, para afrontar de verdad los temas
ambientales en nuestro país y en nuestra Comunidad Europea y, sin
embargo, demostrando que hay que estar también pegados al terreno,
quisiéramos de la señora Secretaria de Estado que hoy nos aportase en esa
concreción de las cifras presupuestarias de este próximo ejercicio las
medidas que afrontarían lo que son realidades absolutamente inmediatas.
Si yo pudiese, excediéndome problablemente en mi intervención a aquello
que ya tenía que estar realizado, no tanto porque las capacidades lo
hayan permitido, sino porque las exigencias lo venían reclamando, cómo
son los temas que le voy a situar, señora Secretaria de Estado. Veamos
cómo concibe el Gobierno presupuestariamente el enfrentarse con los
siguientes flancos concretos e inmediatos, por ejemplo, en calidad de
aguas. Nos gustaría ver traducido en cifras cómo la vigilancia de
nuestros cauces hidráulicos, es decir, lo que se conoce en la
terminología de la jerga profesional como el Plan SAICA, cómo esa
necesidad de tener visión global peninsular de nuestra calidad de aguas
tiene reflejo presupuestario. Igualmente cómo, lo que ya es de obligado
cumplimiento entre nosotros, enfrentarse con los retos representados por
la Directiva 91/271, que asegura que la calidad de nuestras aguas
residuales urbanas tiene que adquirir estándares absolutamente
normalizados a nivel europeo, cómo tiene reflejo presupuestario. Con ello
quiero expresar nuestra preocupación por la calidad del agua.
Es conocido de todos que uno de los más urgentes y probablemente más
complejos problemas ambientales en nuestro país es el problema de la
gestión de los residuos industriales. Sabemos que incluso no son sólo las
medidas presupuestarias las que lo han condicionado o lo van a permitir
resolver, es bastante más complejo, pero queremos ver en el día de hoy y
en el contexto en el que estamos cómo está contemplado ese problema
presupuestariamente.
Señora Secretaria de Estado, es tradicional en la posición de este Grupo
Parlamentario que uno de los temas ambientales de máxima importancia para
nuestro país, y no sólo por la aproximación ambientalista, sino incluso
por la más estricta aproximación económica, es la calidad de nuestras
costas, es absolutamente un problema crucial. Nos gustaría ver el reflejo
presupuestario de problemas tan concretos que tienen nombres y apellidos
de localidades precisas, como son los problemas de deslinde, los
problemas de accesos a playas, los problemas de la financiación de la
política que se viene realizando y que creo que, más allá de lo que son
las polémicas lógicas de los debates parlamentarios, es reconocida por
todos como de éxito; me estoy refiriendo a la regeneración de las playas.
Por último, deseo hablar no tanto ya del tema ambiental, sino de otra de
las responsabilidades de su Secretaría de Estado: el aspecto vivienda. Es
evidente, señora Secretaria de Estado, que queremos saber las precisiones
presupuestarias que usted pudiese aportarnos sobre problemas que venimos
arrastrando y que están siendo resueltos, pero que todavía falta, como se
dice en expresión castiza, el rabo por desollar, como puedan ser los
temas de aluminosis o de la liquidación del plan de viviendas de los años
1992-1995. Si usted pudiera hacerlo desde la perspectiva de este Grupo,
por lo que significa de reflexión de cómo toda la sociedad, no sólo el
Estado, contribuye a afrontar los problemas nacionales, nos gustaría
mucho conocer cómo van los volúmenes de recursos que el sector financiero
pueda estar aportando al problema de la política de viviendas.
Finalmente, y aunque esto no sé si tiene o no todavía reflejo
presupuestario, ¿hay alguna previsión sobre lo que van a ser las
directrices políticas importantes que esperamos de su Secretaría de
Estado, como pueda ser el Plan Estratégico Nacional del Medio Ambiente,
como pueda ser el Plan de Gestión de residuos industriales en su nueva
versión?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila, por ajustarse al tiempo
previsto.
De mutuo acuerdo, la Secretaria de Estado prefiere contestar conjunta y
globalmente a todas las preguntas después de ser planteadas por los
distintos grupos políticos. Así evitaremos reiteraciones.
Siguiendo el orden, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular señor
Posada.
El señor POSADA MORENO: Señora Secretaria de Estado, le damos la
bienvenida desde el Grupo Popular en esta su primera comparecencia en
esta Comisión.
Debo decir que nos ha causado sorpresa la configuración de esa Secretaría
de Estado y que no podamos hablar de obras hidráulicas, aunque sí podamos
hablar de viviendas dentro del tema del medio ambiente. Como toda
decisión administrativa del Gobierno, la respetamos, pero nos preguntamos
si no han influido otras visiones para dar esa configuración. Si me
permite la broma, creo que es de celebrar el que usted no sea una experta
bibliófila porque a lo mejor nos encontramos con una Secretaría de Estado
de Medio Ambiente, Vivienda y Bibliotecas. Es un poco sorprendente la
configuración de su Secretaría.
Dicho esto, voy a entrar en lo que es la comparecencia de hoy. Vamos a
hacer preguntas todo lo posiblemente concretas que puedan hacerse para
conocer cuál es el presupuesto del 94 y, naturalmente, cómo va el
presupuesto del 93, que es el antecedente de este presupuesto.
Me voy a centrar en aquellas partidas en las que consideramos que puede
haber dudas y queremos que se nos aclaren. Así empiezo con la protección
y mejora del medio ambiente, el 443.D, y lo primero que destaca en este
programa es que si vemos el grado de cumplimiento a 31 de agosto de 1993,
vemos que mientras el capítulo primero lleva siempre su marcha
perfectamente por doceavas partes, no ocurre así con el capítulo seis, en
el que sólo se había gastado el 36 por ciento, y en el capítulo séptimo,
de transferencias, el 24 por ciento. Se trata de saber por qué ha
ocurrido eso, porque eso ocurría a finales de agosto, y qué previsión hay
si al final del año se han gastado todas las cantidades de los capítulos
seis y siete.
Entrando en el presupuesto de 1994, hay que ver primero el capítulo dos,
de gastos corrientes; pide un aumento de un siete por ciento que puede
ser aceptable, pero conviene precisar mucho más los conceptos; por
ejemplo, atenciones protocolarias, gastos, celebración de reuniones
internacionales y otros, que son 33 millones de pesetas. Esos «otros»,
¿qué otros son?
Entrando en el Capítulo VI, de inversiones reales, que indudablemente
crece, habría que ver algunas actuaciones que yo creo que hay que
explicitar más, y supongo que otros Grupos, como ha hecho el Partido
Socialista, pedirán que se conozcan mejor. Por ejemplo, concretamente,
¿en qué se van a gastar los 2.688 millones de pesetas destinados a
gestión de residuos industriales? ¿O los 1.248 de residuos sólidos
urbanos? El control y vigilancia de la contaminación por residuos pasa de
30 millones a 205 millones. ¿Qué significa esto? ¿Por qué este
incremento? Resulta yo diría chocante que haya 96 millones de pesetas
dedicadas a información medioambiental cuando el Gobierno ni siquiera ha
traspuesto la directiva comunitaria sobre libertad de acceso a la
información en materia de medio ambiente, algo que tratamos en esta
Comisión hace muy poco tiempo en una proposición no de ley de Izquierda
Unida. Tienen mucha importancia las transferencias de capital, el
Capítulo VII, porque ahí si hay un aumento importante para comunidades
autónomas, hay un aumento del 519 por ciento para transferencias a
empresas privadas acogidas al Plan de Residuos Industriales. Pero parece
que este plan está siendo un fraaso o, por lo menos, ésta es la opinión
predominante. No se ha revisado en el pasado año ni en el presente, como
era el compromiso, y sería importante saber a dónde va ese dinero.
Por otra parte, desaparece, aparentemente, la partida presupuestaria de
transferencias de capital a empresas públicas, que eran 594 millones en
1993, y cabe preguntarse cuál va a ser a partir de ahora el papel de la
empresa pública Engrisa.
Finalmente, para terminar este programa, yo creo que es muy importante
saber cuándo se va a presentar ese Programa Nacional de Medio Ambiente
del que habló el Ministro, porque desde hace varios años estamos hablando
en los presupuestos de actuaciones relacionadas con el Plan Estratégico
Nacional del Medio Ambiente. ¿Qué diferencias hay entre ambos planes?
¿Qué resultados ha dado el Plan Estratégico? ¿Por qué cambiamos al de
medio ambiente?
Voy a pasar directamente al Programa de Infraestructura Urbana de
Saneamiento y Calidad del Agua, y vuelvo a preguntar ahí por qué a 31 de
agosto solamente se había realizado un 30 por ciento del Capítulo VI, y
cuánto se va a llevar a cabo a final de año.
En el Capítulo I del presupuesto de este año hay un aumento de
retribuciones de funcionarios desde 88
millones a 136 millones. ¿Qué incremento de funcionarios hay y de qué
tipo para que esto se haya producido? ¿Qué actuaciones se van a llevar a
cabo dentro del Proyecto SAICA --entrando ya en el Capítulo VI-- de
control de la calidad de las aguas superficiales para justificar un
aumento de dotación de 1.980 millones a 4.100? ¿Cuáles son las
actuaciones de interés general dentro del superproyecto de
infraestructura, saneamiento y depuración, concepto que aparece por
primera vez en este año con una dotación de 4.875 millones? Por último,
habría que preguntarse por qué desaparece la transferencia de capital a
las corporaciones locales.
Hablando en general de las confederaciones hidrográficas, nos preocupa si
ahí se está aplicando con el mismo rigor que se podía estar aplicando en
general en la Administración del Estado la austeridad, el control de los
gastos corrientes, el control de sueldos y retribuciones de funcionarios.
Hay un aumento, por ejemplo, de un 20 por ciento de incentivos al
rendimiento en la Confederación Hidrográfica del Sur, aumentos también de
personal en otras confederaciones. Es muy importante tener el control
exactamente igual en los organismos autónomos que en la Administración
directa del Estado.
Entrando ya en temas relativos a la vivienda y a la arquitectura,
señalaría lo siguiente: la financiación convenida para 1993 con las
entidades de créditos era de 560.000 millones de pesetas, aunque en el
presupuesto aparecieran sólo 425.000 en 1993. Entonces ¿cuál ha sido
finalmente la financiación convenida para 1993? ¿Cuál es hasta la fecha
el volumen de préstamos concedidos? En el presupuesto de 1984 aparece
otra vez la cifra de 425.000 millones. ¿Cuál es el objetivo real a
convenir en 1994? Ciertamente, el presupuesto para vivienda tiene un
ligero aumento con respecto al de 1993, pero la pregunta es si es
suficiente para hacer frente al Plan 1992-95. Hasta ahora se ha dicho por
el Ministerio, y es lógico, que no tenía demasiada repercusión el plan
actual, sino que era mayor el plan anterior, pero va pasando el tiempo y
cada vez el plan actual va teniendo más peso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es
suficiente lo que se conviene, a pesar de los aumentos pequeños, quizá
porque el plan no consigue su velocidad de crucero? Esta es una pregunta
que nos hacemos ante el presupuesto de 1994.
Finalmente, de los 27.000 millones que el recorte presupuestario del mes
de junio de este año supuso para el Ministerio, 10.000 millones
correspondieron al programa de vivienda, todos ellos, además, del
Capítulo VII que contemplaba transferencias a comunidades autónomas,
familias, etcétera. En el año 1994 aparece un incremento de 7.000
millones, pero es un incremento menor incluso que el recorte que se ha
producido en el año 1993, prescindiendo ya de la inflación. Entonces, ¿se
van a recuperar estos 10.000 millones? ¿Cómo ha afectado eso a las
obligaciones de 1993?
Estas serían, señor Presidente, nuestras preguntas como Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Posada, por su concisión dentro del
tiempo previsto.
Tiene la palabra, en representación del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora Narbona, quiero felicitarla por su
nombramiento. Siempre es refrescante ver a una mujer disputando con éxito
el espacio público de los hombres, pero siento que sea a través de la
política del PSOE. Con respecto a la primera parte, tendrá nuestro apoyo
más profundo, y con respecto a la segunda vertiente, la crítica más dura,
porque no estamos de acuerdo con la política del Partido Socialista en
este tema. Nosotros opinamos que el desarrollo tiene dos límites no
franqueables: la ética y el equilibrio ecológico. Y en este aspecto
fundamental de la vida política, la vida económica del país, del mundo,
yo creo que, como ha dicho cierto comentarista, o vamos en serio o es
preferible, a partir de ahora, el silencio. En esta misma Cámara el señor
Borrell --le voy a enmarcar la pregunta-- ha dicho que la ecología es un
motor tremendamente importante para luchar contra el capitalismo. El
señor Guerra ha dicho en otro foro que ellos son el partido de la
ecología y que, por tanto, es un motor esencial. Han puesto el listón muy
alto, aunque por delante de un congreso da la impresión de que --como ha
dicho ese comentarista-- está de moda desarrollar ambiciones políticas a
través de la ecología. Desde este punto de vista, habría que aterrizar en
la realidad, y esperemos, como en otros ministerios, que la realidad no
nos estropee un bello sueño: el de la ecología, porque estos presupuestos
dan para poco.
El señor Borrell arranca de una nueva Secretaria de Estado, Medio
Ambiente y Vivienda. Es decir, construye ahí una especie de centauro que
no tiene mucho sentido. Tanto es así que a nosotros nos plantea un
problema: un Diputado lo llama medio ambiente, otro vivienda. No
entendemos el punto de relación que puede haber, aunque quizá hemos visto
algo del punto de relación ante las declaraciones del señor Solchaga
sobre la liberalización salvaje del suelo. ¿Puede haber una relación
entre esa liberalización salvaje y la construcción de vivienda a partir
de ahora? Ustedes han creado una comisión de expertos, según declaró
usted el 5 de noviembre de 1993, a instancias del Ministerio para ver las
ventajas del sector público sobre la política del suelo. Le pregunto
sobre este extremo: ¿cómo va a trabajar esta comisión de expertos de cara
al suelo? ¿Cómo se contempla este tema presupuestariamente? También le
pregunto a la señora Narbona sobre su posición acerca del control público
sobre el suelo, ya que es un debate que ustedes han sacado y con el que
han confrontado dos posiciones encabezadas indistintamente por los
señores Borrell y Solchaga, porque últimamente después de las disculpas
fuertes, duras del señor Borrell, no sabemos cuál es la posición real de
nadie en estos momentos.
La segunda pregunta que le hacemos es: en función de la desagregación y
de la dispersión tremenda de partidas que hay de medio ambiente en todo
el presupuesto, si usted cree que habría que ir a un proceso de unidad de
gestión que culminara en la creación de un ministerio de medio ambiente.
Nosotros, de inmediato, vamos a plantear una iniciativa en esta Cámara
para, uniendo toda la gestión de las partidas correspondientes a este
tema y con un organigrama consecuente, crear de inmediato el ministerio
de medio ambiente para salir de esta situación donde las declaraciones
van bailando más deprisa que la música real. Las declaraciones que se
están haciendo dan una enorme importancia al medio ambiente y después en
los presupuestos no se le da ninguna o casi ninguna, porque lo que se
dedica a los temas de medio ambiente en 1994 --nosotros hemos escrutado
los programas de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente,
Agricultura, Pesca y Alimentación e Industria y Energía-- asciende a un
total de 123.579 millones, que suponen un descenso del 11 por ciento con
respecto a 1993. Esto es duro.
El gasto estatal para medio ambiente viene a representar el 0,4 por
ciento de los Presupuestos Generales del Estado, una décima menos que en
1993, que a su vez descendieron otra décima con respecto a los
Presupuestos de 1992. Por eso le digo que no nos cuadran las
declaraciones que se están haciendo con los números que luego tenemos.
Un ejemplo --y aterrizo en otra de las preguntas--: el señor Borrell
habló de que, para solucionar el tema del agua en todas sus vertientes
--depuraciones, cantidad, calidad, agua de boca, agua de riego, de
industria, etcétera--, hacían falta seis billones de pesetas. Aquí, para
la Dirección General de Calidad de Agua se consignan 18.549 millones.
Creo que tardaríamos «100 años de soledad» para llegar a arreglar esto
del agua según las partidas del señor Borrell.
Entonces, yo le pregunto con respecto a la calidad del agua: ¿cuánto se
va a dedicar a depuración? Ya sabe usted que no se depura el agua en
España y es mucho menor respecto a la media europea. ¿Y a la calidad de
agua de boca?
Hemos visto con asombro que la política de convergencia de ustedes no
consiste en mejorar el agua, sino en empeorar las leyes. Han pedido a la
Comunidad Europea los días 24 y 25 en Bruselas --se utilizan 23
parámetros para hallar la calidad del agua-- que baje estos parámetros
para poder meter muchas de las aguas de consumo humano de España --por
ejemplo, la capital que ha sido el escaparate en 1992, Sevilla-- que no
entran en los parámetros europeos. Se escapa en el tema del sodio, del
cloruro, de la conductividad, de la temperatura. Yo le pregunto, por lo
tanto, ¿qué se va a hacer en este tema --depuraciones, calidad del agua--
con este dinero? Y si la política consiste en intentar bajar los
parámetros europeos, si no hay otra política.
Yo tengo la respuesta de la señora Ministra de Sanidad en este sentido.
Por eso le digo que no es simplemente un tanteo, un sondeo.
Otra de las preguntas que yo le haría es la estimación del gasto total de
todas las administraciones. Yo sé que usted me va a decir que muchas de
las competencias están transferidas en una cantidad posiblemente de
800.000, 900.000 millones de pesetas y me gustaría saber la estimación
total, teniendo en cuenta la Administración central, las Comunidades
Autónomas y las entidades locales.
Quisiera preguntarle también si aparece alguna coordinación de todas
estas partidas y de todos los ministerios de cara a eso que ustedes
también han situado a veces como objetivo más que nada poético: el tema
del desarrollo sostenible.
También quisiera preguntarle a cuánto ascienden los fondos comunitarios
para el medio ambiente en 1994 y en qué proyectos se invertirán, tema que
no aparece claro. En la coordinación con otros ministerios, teniendo en
cuenta que las inversiones de medio ambiente pueden crear mucho empleo,
esta política ¿cómo se va a concretar? ¿La creación de empleo a través de
política activa y una de ellas, fundamentalmente, la de medio ambiente?
Luego aparece --y termino-- una subida seria en los Presupuestos
Generales del Estado para obras hidráulicas o creación de infraestructura
de carreteras --multiplican por 18 y 34, respectivamente--, pero no vemos
que existe ninguna correlación presupuestaria en su Secretaría, teniendo
en cuenta el impacto ecológico muy negativo. ¿Va a seguir el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, según estos datos, realizando obras
públicas sin el necesario --en todo su sentido y su profundidad-- estudio
previo de impacto medioambiental? Porque hasta ahora el señor Borrell
habla mucho a favor de la ecología, pero las obras públicas que se hacen
son las que menos estudios previos de impacto medioambiental soportan.
Nosotros tenemos alguna iniciativa al respecto. Esta sería otra de las
preguntas que le hacemos porque nos parece interesante, ya que no nos
cuadran las declaraciones de intenciones con los números presupuestarios
que ustedes nos han entregado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación el representante del
Grupo Mixto. ¿Hay algún representante del Grupo Mixto? (Pausa.) Perdón,
para clarificar estoy siguiendo el orden de preguntas de comparecencias
solicitadas por distintos grupos políticos a la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Vivienda. A continuación, pasaremos a los grupos que han
solicitado comparecencias dirigidas al Director General de Costas, al
Director General de Calidad de Agua y al Director General de Vivienda y
Arquitectura. Todas ellas serán contestadas por la Secretaria de Estado,
pero por ese orden.
El señor ALCARAZ MASSATS: Señor Presidente, tal como le avisé, nosotros
hemos dividido el tema entre dos Diputados, uno que lleva medio ambiente,
otro que lleva vivienda. En este sentido, yo he reservado cinco minutos
para la intervención de don Jerónimo Andreu.
El señor PRESIDENTE: Correcto; tiene razón. Ha consumido solamente diez
minutos. Si pueden ser cuatro, mejor que cinco.
El señor ALBISTUR MARIN: Yo quiero hacerle una pregunta, señor
Presidente. En concreto, yo tengo presentada solicitud de comparecencia
al Director General
de Costas y al Director General de Obras Hidráulicas, no a la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente. Por tanto, quiero decir que estamos hablando
de medio ambiente ahora y, en todo caso, mi intervención tiene que ser
cuando entre el turno de la Dirección General de Costas y la de Obras
Hidráulicas.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Por eso he dicho que el orden
posterior es el de Grupo Coalición Canaria y Grupo Vasco (PNV), que son
los que han solicitado la comparecencia de directores generales. Las
preguntas serán respondidas por la Secretaria de Estado.
El señor ALBISTUR MARIN: Pero yo insisto. Me parece que en este momento
el turno que estamos utilizando está dirigido directamente a la
Secretaria de Estado. Se acumulan, pero haré las preguntas
correspondientes a la Dirección General de Costas y a la de Obras
Hidráulicas.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, y la respuesta la obtendrá de la
Dirección General de Obras Hidráulicas.
Hemos dicho al principio de la reunión que pasaremos a esta tarde a las
cuatro y media al Secretario de Planificación, por la nueva
reestructuración ministerial que ha habido.
Por lo tanto, el señor Andreu tiene la palabra por cuatro minutos.
El señor ANDREU ANDREU: No seré tampoco muy extenso.
Señora Secretaria, yo quisiera preguntarle sobre algunos aspectos de la
política de vivienda, en los cuales considero que está un poco el talón
de Aquiles de las propuestas de vivienda que ustedes han realizado,
concretamente en la política de suelo en la que ya observamos que hay un
presupuesto en el año 1994 inferior al que existía en el año 1993 y en el
año 1992, no sólo presupuestariamente cara a 1994, sino que la ejecución
del plan de viviendas es la partida o la actuación en la que ha existido
un mayor índice de fracaso, hasta el punto de que, por ejemplo,
actuaciones como las de la Comunidad de Madrid, aproximadamente el 50 por
ciento, están paralizadas porque las previsiones de suelo que existían en
la propuestas que hizo el Ministerio no han conseguido cumplirse.
Yo quisiera que usted me explicara o le explicara a la Comisión cuáles
son las valoraciones que hace sobre la política de suelo que ha realizado
el actual plan de viviendas y cuáles son las críticas --si es que tiene
que hacer alguna-- a la actual legislación y las posibilidades que
existen para que este suelo se obtenga y a las próximas actuaciones
futuras del Ministerio.
También nos llama la atención el resultado de la vivienda tasada. La
vivienda tasada no se está ejecutando dentro de las previsiones que se
tenían, que era fundamentalmente la de que el «stock» de vivienda
existente se pusiera en marcha, sino que está siendo usada de forma
prioritaria para la puesta en el mercado de nueva vivienda en el mercado
libre, en última instancia e incluso produciéndose situaciones anómalas,
que yo creo que nadie desea, de que esa vivienda tasada en realidad tiene
un doble precio: el que se utiliza para el mercado de vivienda tasada y
para el mercado real.
Quisiera también conocer qué valoración hace sobre la nueva política
económica de Gobierno, y cuando digo la nueva política económica del
Gobierno no me refiero a la que plantea el señor Solchaga en sus
declaraciones, sino la nueva política económica del Gobierno cara al
futuro de la política de vivienda y cómo cree que va a incidir la misma y
si la política de austeridad que plantea el Gobierno del señor González
cree usted que va a tener incidencia importante dentro del mercado de la
vivienda y si ello va a significar menores posibilidades de acceso a la
vivienda por parte de los sectores que realmente lo necesitan.
Por último quisiera que me explicara una partida que existe, dentro del
apartado de fomento a la edificación, por valor de 100 millones,
destinados a exposiciones por parte del Ministerio de Obras Públicas.
Quisiera que me explicara cuáles son los programas de exposiciones que
requieren una partida de tanta importancia por parte del Ministerio de
Obras Públicas.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Mixto, tiene la palabra
el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, antes que nada una cuestión de
orden. Debido a los problemas de comunicaciones que uno no provoca, sino
que le provocan, yo había previsto preguntar esta mañana al señor
Director de Obras Hidráulicas; por lo tanto, esta tarde no puedo estar.
Quiero que se me busque una solución para poder tener las respuestas. Yo
las puedo presentar por escrito a lo largo de esta mañana a la
Presidencia y espero las respuestas. Siento molestar.
El señor PRESIDENTE: Ayer lo previmos en la Mesa y llegamos al acuerdo de
que, efectivamente, en algunos casos concretos que ya se manifestaron, no
solamente por su grupo, sino también por el de Coalición Canaria, que las
preguntas que vayan dirigidas en este caso relacionadas con obras
hidráulicas nos las pasen por escrito a la Presidencia y las
transmitiremos con la urgencia de que en el plazo de 48 horas estén
contestadas por parte de la autoridad competente.
El señor ALBISTUR MARIN: Entonces se las entregaré a usted mismo.
Aprovechando este inciso delante de una alta autoridad del Estado, a lo
mejor nos ponen un mejor horario en los aviones a San Sebastián. En este
sentido aprovecho la oportunidad de pedirle a la señora Subsecretaria que
me eche una mano para que nos mejore los horarios en el propio
Ministerio.
Muchas gracias, señora Subsecretaria, por su presencia
aquí y por atender las preguntas que vamos a plantearle.
En materia concreta de la Dirección General de Costas me voy a referir al
Programa 514.C, relacionado fundamentalmente con temas que, aunque tienen
un carácter local, de ámbito estrictamente provincial, sin embargo vienen
siendo problemas que tienen ya un retraso en el tiempo de más de diez
años, por referirme a un horizonte cercano y de unas necesidades de
inversión que superarán prácticamente los 5.000 millones de pesetas. Me
estoy refiriendo en concreto a partidas que figuran como accesos a ribera
del mar, regeneración de playas, rehabilitación de bordes marítimos y
rehabilitación, en concreto de una playa, como es la playa de la
Zurriola, o mejora de la playa de Gros; así figura también en las
partidas dentro de este programa, que, aunque tienen un carácter
plurianual, por ejemplo, en el caso de la rehabilitación de la playa de
la Zurriola, figura simplemente con un presupuesto de 1.142 millones de
pesetas, pero una consignación presupuestaria este año de 490 millones de
pesetas y no figura ningún compromiso para años posteriores. Aparte de
esta aclaración me gustaría también que me fueran, de alguna forma,
detalladas, si fuera posible, las partidas siguientes, para simplificar:
accesos a la ribera del mar en Guipúzcoa, con una partida de 410 millones
de pesetas, dentro del Programa 514.C; accesos y mejoras en costa vasca,
con una partida de 46 millones de pesetas; regeneración de playas en
Guipúzcoa, que viene también con este epígrafe genérico de 404 millones
de pesetas; rehabilitación de borde marítimo en Guipúzcoa, de 541
millones de pesetas, y defensa y regeneración en la costa vasca, así como
paseos en la costa vasca, partidas ambas de 106 y 118 millones de
pesetas.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Martín, en
representación del Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARTIN MENIS: Para un tema de orden también. Las intervenciones
que vamos a hacer ahora son a todos los capítulos a los que responde la
Secretaria de Estado.
Buenos días, señor Presidente, señora Narbona. Coalición Canaria parte, y
lo dijimos el otro día en la comparecencia del señor Ministro, de que
cree en el plan de infraestructuras y en el de medio ambiente. Creemos
que objetivar y priorizar las necesidades de todo el país es fundamental.
En tanto los planes no estén aprobados, como el objetivo de la
comparecencia es conocer los presupuestos, yo me voy a centrar,
indudablemente, en conocerlos en lo que afectan, en mayor medida, a
Canarias.
Empiezo por costas. La necesidad de invertir en la costa canaria,
dependiendo Canarias del turismo, no da lugar a dudas; sin embargo, las
acciones históricas --y me estoy refiriendo ya a temas puntuales-- han
estado plagadas de errores. Han tenido muchos menos errores, incluso
técnicos, las acciones puntuales realizadas por corporaciones locales
hace veinte o treinta años que las acciones realizadas por el Ministerio,
como es la playa de las Vistas, conocida por todo el mundo como un error
técnico importante.
Hay que reconocer, por otro lado, un progreso en los últimos años en la
calidad de los proyectos, pero nos preocupa muchísimo la calidad de los
mismos, tanto por el impacto ambiental de las obras en las costas como
por la calidad del propio diseño de esas obras.
Otros ejemplos de errores es una obra que se está haciendo en estos
momentos, Garachico, donde el 90 por ciento de los técnicos, por lo bajo,
dicen que se están tirando bloques al mar y se tiran mil millones al mar,
habiendo necesidades prioritarias por encima de ellos sin lugar a dudas,
porque lo que se intenta garantizar con esa obra es una seguridad y no
están de acuerdo los técnicos en que realmente se está consiguiendo.
Por lo tanto, nos interesa conocer con mucho detalle las partidas
presupuestarias y cada uno de los apartados que están en el presupuesto.
Hay una partida, que es la referente a la regeneración de la playa de
Jinamar, que tiene 120 millones como total de proyecto, pero la primera
anualidad la pone en 1.000 pesetas en el año 1997; debe ser un error,
pero habría que saber cuándo tiene la primera anualidad y si es realmente
en el año 1997.
Hay una playa en Tasacorte, en la que puede que también haya otro error;
tiene como total de proyecto 128 millones y hay sólo 28 millones en la
anualidad de 1994 y no hay ninguna anualidad más.
Nos interesaría conocer el detalle de los planes --hemos pedido el plan
de costas, pero todavía no lo tenemos-- de la regeneración de playas de
Gran Canaria, para lo que se destinan 2.000 millones y en la anualidad de
1994, 193 millones; de la regeneración de Santa Cruz de Tenerife, para lo
que se destinan 2.500 millones y y en la anualidad de 1994, 191 millones,
así como de la rehabilitación del borde marítimo de Gran Canaria, de
Santa Cruz de Tenerife, accesos ribera del mar de Las Palmas y accesos
ribera del mar de Santa Cruz de Tenerife. Ese conjunto de obras tienen
anualidades muy pequeñas en 1994, pero son obras de envergadura y nos
gustaría saber cuáles son, ya que aquí figuran de forma genérica.
Hay una obra de reposición, también sin especificar, que tiene 211
millones de proyecto y anualidad cero. Después hay otras obras para 1993
que deben de ser partidas resultantes del año 1993 y no aplicadas, que
pasan a 1994 y parece que no necesitan ninguna aclaración.
Una cosa que sorprende es que en una política global, como se entiende
que hay para todas las islas, para Santa Cruz de Tenerife, por lo que
podemos ver aquí, hay una partida muy pequeña, que descompensa un
equilibrio necesario en el archipiélago.
Nos parece prioritario intentar que las inversiones en las islas Canarias
se realicen con criterios objetivos, en función de la población atendida,
tanto residentes como turistas, de los metros de playa existentes y de
los problemas urbanísticos a resolver, pero, como digo, es prioritario
que se vaya enfocando el plan y se priorice de acuerdo con criterios
objetivos si no se pueden realizar todas las
obras, de forma que sepamos el orden en el que se pueden ir ejecutando
estas obras a lo largo del tiempo. Esto nos parece fundamental para poder
planificar incluso los desarrollos en las Islas.
En cuanto a la calidad de agua, querríamos conocer si se incluyen tres
obras, algunas de las cuales están incluso adjudicadas. Suponemos que sí,
pero la partida de 18.000 millones de pesetas está sin especificar.
Estas obras son: el sistema de depuración de Adejarona, el sistema de
depuración de La Orotava y la reutilización del norte de Gran Canaria.
Esas tres obras creemos que deben tener unas anualidades, la de
Adejarona, de unos 850 millones; la de La Orotava, 500 millones, y la del
norte de Gran Canaria, de 350 millones. Entendemos que esos son los
compromisos y queríamos saber si están o no contemplados.
Hay otra obra, el proyecto Tenade, que lo conoce esa Dirección General,
que no está incluida y nos parece fundamental saber si se va a incluir o
no.
En lo que respecta a la Dirección General para la Vivienda y
Arquitectura, nos resulta fundamental conocer, en primer lugar, si con
los 700 millones previstos en los presupuestos se cumple el plan de
aluminosis pactado entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno; creemos que
no, puesto que son 6.000 millones de pesetas. Con esto el plan puede
sufrir un enorme retraso, ya que en Canarias la aluminosis se detectó
hace muchos años y hay muchas casas en condiciones de auténtico peligro,
por lo que es necesario seguir cumpliendo el plan. Creemos que con esa
anualidad no se puede cumplir.
Además, existen dos problemas importantes. Se suscribieron convenios
entre todas las administraciones canarias y el Estado para resolver unos
patronatos benéficos históricos, uno de La Candelaria y otro llamado
todavía Francisco Franco, patronatos que se deben resolver. Las casas,
estaba previsto venderlas y estaban sometidas a unos ritmos de obras, y
estimamos que la anualidad --hablo de memoria-- es de alrededor de los
1.800 millones de pesetas. Buscando aquí la partida, sólo encontramos una
de 692 millones, que es para subvención, adquisición y rehabilitación. Si
fuera ésta, la anualidad no se podría cumplir, por lo que querríamos
saber si han previsto esto.
En cuanto al medio ambiente, creemos que lo importante y lo esperado por
todos es conocer el plan de medio ambiente, sobre el que podríamos
discutir y priorizar. (Rumores.) Nos parece fundamental conocer si en el
plan de medio ambiente...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Martín.
Rogaría a los señores Diputados que respeten el turno de palabra de las
personas; tanto para expresarse el señor Diputado interviniente como para
que la Secretaria de Estado pueda atender y contestar adecuadamente,
sería conveniente que guardaran un poco de silencio. Muchas gracias.
El señor MARTIN MENIS: Creemos que en un plan medioambiental debía
contemplarse la especificidad de los archipiélagos. Desde Canarias,
preocupados por este tema, consideramos necesario y se está preparando un
plan medioambiental para presentarlo a los fondos de cohesión europeos.
Nos gustaría saber si se puede prever el apoyo de la Secretaría de Estado
a dicho plan.
Nada más. (El señor Albistur Marín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Albistur?
El señor ALBISTUR MARIN: Una cuestión de orden.
A la vista de algunas de las preguntas que ha hecho el señor Martín me
entra la duda sobre a quién se debe preguntar en relación con el tema de
depuración, si a la Dirección General de Política de Agua o a la de Obras
Hidráulicas.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Entra dentro de la Dirección General de Calidad de las Aguas.
El señor ALBISTUR MARIN: Antes, por desconocerlo, dejé de hacer una
pregunta que iba dirigida a la Dirección General de Obras Hidráulicas.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Sólo preguntar lo siguiente. En la Dirección
General de Obras Hidráulicas figuran una serie de inversiones de la
Confederación Hidrográfica del Norte y en la Dirección General de Calidad
de las Aguas no figuran inversiones de la Confederación Hidrográfica del
Norte, y yo quisiera saber si es porque no está prevista ninguna
actuación en materia de depuración de aguas en esta Confederación.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el turno de intervención de los
portavoces de los distintos grupos políticos que han solicitado la
comparecencia y, con gran satisfacción, damos la palabra, por primera vez
en esta Comisión, a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, quiero, ante todo,
agradecer la oportunidad que se me ha ofrecido de poder tener de forma
tan inmediata un primer contacto con esta Comisión, a escasamente diez
días de mi toma de posesión como Secretaria de Estado, y manifestar así
la clara voluntad de dar un empuje real a temas que, efectivamente, en lo
que se refiere a la política medioambiental, están en España en un
momento absolutamente incipiente e insatisfactorio. Por tanto, parece
obvio que no se me tienen por qué conceder los tradicionales cien días de
cortesía parlamentaria; estoy a la disposición de SS. SS. para contestar
a las preguntas que se me han hecho, comenzando por algo que ha estado
presente en varias intervenciones, de forma más clara en las
intervenciones de los señores Posada y Alcaraz; me refiero a la
configuración
actual desde el punto de vista de las competencias medioambientales y el
significado y el sentido político que tiene la actual estructura, que ha
sido recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, el 24 de
septiembre pasado.
En primer lugar, quiero decirles que la política medioambiental no es una
política sectorial, sino una política de políticas y, por lo tanto, es
bastante complicado, no sólo en España, sino en otros países que nos
llevan bastante delantera en este campo, concebirla como una política a
adscribir a un único centro directivo dentro de la Administración del
Estado. En ese sentido, tenemos ejemplos para todos los gustos, pero en
ningún caso adscribiendo las bibliotecas al medio ambiente. Es evidente
que estamos hablando de algo serio. Solamente quiero hacerles mención de
cuán difícil sería, como pide Izquierda Unida, que un solo ministerio
pudiera controlar todas aquellas actuaciones que, dentro de la política
de la Administración central del Estado, pueden tener impacto ambiental.
Normalmente, cuando se habla de unir competencias se está pensando de
forma bastante simplistas en las que ahora mismo tiene el Ministerio de
Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas, pero yo quisiera llamar la
atención de los señores Diputados sobre la enorme trascendencia de las
competencias que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Energía
en cuanto al impacto y al ahorro de recursos naturales que pueden tener
sus actuaciones, por no hablar de las competencias que tiene el
Ministerio de Turismo, que cuenta con la actuación más relevante, sobre
el entorno físico, o del Ministerio de Sanidad y Consumo. Se ha hecho
aquí incluso mención de la opinión de la Ministra de Sanidad, yo diría
que no sólo por lo que se refiere a las competencias respecto de la
salud, sino por lo que se refiere también a las competencias en materia
de consumo, de participación de la sociedad a través de las
organizaciones de consumidores, y de defensa de determinados derechos
frente a lo que son las carencias medioambientales. Más allá todavía, el
propio Ministerio de Educación, en su papel de información y de
formación, tiene que cumplir una labor fundamental dentro de la sociedad
española de cara al futuro en esta materia; el Ministerio del Interior, a
través de Protección Civil o de la Dirección General de Tráfico, también
tiene competencias con una amplia incidencia en materia medioambiental; y
por terminar con un ministerio que parece el más alejado de todos, el
Ministerio de Economía y Hacienda, tanto en lo que se refiere a los
instrumentos financieros, que pueden
ser los más idóneos para desarrollar políticas medioambientales, como en
lo que se refiere concretamente a la fiscalidad, que viene a ser en los
países de nuestro entorno uno de los instrumentos sobre cuyo uso se está
insistiendo más ahora mismo en cuanto a la posibilidad de que oriente de
manera adecuada el uso de los recursos naturales y se pueda por tanto
convertir en un instrumento al servicio de la política medioambiental.
Como ven ustedes, he mencionado unos cuantos ministerios, amplios ámbitos
de la actuación pública refiriéndome sólo a la Administración central del
Estado. Si a ello unimos que éste es un Estado autonómico, con una amplia
transferencia de competencias a las comunidades autónomas y que las
materias que pertenecen en estos momentos a la Secretaría de Estado están
transferidas en su gestión y en su desarrollo normativo a los gobiernos
autónomos, es evidente que tenemos un panorama complejo respecto del cual
nos proponemos actuar porque, evidentemente, hay que partir de una
situación en la cual las competencias que directamente están dentro del
ámbito del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, no
son más que una parte, aunque ésta sea importante, y que el Ministerio,
con ser Ministerio del Medio Ambiente, debe cubrir la faceta fundamental
de la coordinación interadministrativa y de la vertebración de una
política medioambiental entre los distintos niveles de la Administración.
A tal fin, está prevista la constitución de una comisión de coordinación
interdepartamental, donde el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente pueda estructurar lo que deben ser las líneas de actuación
de una política medioambiental que, desde luego, en estos momentos en
España no existe, aunque existan políticas o actuaciones aisladas de
carácter medioambiental.
Por hablar del segundo nivel de descoordinación existente, es obvio que,
en las competencias que han quedado actualmente adscritas a esta
Secretaría de Estado, en el único ámbito donde hay no solamente una norma
estatal sino un plan elaborado desde y con las comunidades autónomas es
en la política de vivienda, con los resultados sobre los que después me
detendré, pero es el único de los ámbitos de esta Secretaría de Estado
donde se ha llevado adelante lo que entendemos que debe ser la
construcción del Estado de las autonomías, partiendo de un consenso en la
fase de diseño de las políticas, en la distribución de objetivos, en la
definición de instrumentos y en el seguimiento posterior de los
resultados de un programa de acción pública. Por tanto, coordinación
interadministrativa, vertebración del Estado de las autonomías dentro de
lo que son los distintos parámetros de actuación que quedan situados en
estos momentos dentro del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente y un tercer aspecto del que estamos absolutamente carentes
en España que es el de la participación de la sociedad en cuanto al
problema medioambiental.
Existen movimientos ecologistas, existe una preocupación medioambiental
que ha quedado suficientemente explicitada en recientes reuniones, por
ejemplo, de las Juventudes Socialistas o de las asociaciones de
consumidores, pero son preocupaciones que no tienen en estos momentos un
canal estructurado de diálogo con la Administración. En ese sentido, nos
proponemos crear un consejo asesor del medio ambiente que pueda integrar
todas aquellas instancias de la sociedad civil que tengan entre sus
objetivos el de reivindicar, exigir y transmitir preocupaciones en
materia medioambiental a la Administración central del Estado.
Yo comprendo que los señores Diputados no tienen por qué haber leído el
decreto que configura la actual estructura, pero simplemente les voy a
dar algunas pistas
sobre qué sentido tiene que aparezca una Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y de Vivienda, entre otras cosas porque se ha suscitado en
particular el tema del urbanismo. Efectivamente, lo que queda dentro del
ámbito de la Administración central en cuanto a competencias normativas
de carácter urbanístico ha quedado adscrito a esta Secretaría de Estado
que podría por ello denominarse, si se trata de una cuestión semántica lo
que estamos discutiendo, Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Vivienda, y quizás esto les resultara menos chocante a
quienes creen que es una Secretaría de Estado construida a medida. Si se
entiende qué significa el urbanismo, y dentro del urbanismo qué papel
juega la política de vivienda, es evidente que existe un nexo que no sólo
se ha considerado oportuno en el caso español, sino que existe también en
otros países de nuestro entorno e incluso en la propia Organización de
Naciones Unidas donde grupos específicos trabajan en lo que son los
problemas ambientales y los problemas derivados de los asentamientos
humanos; pero, como decía, hay esquemas para todos los gustos.
Recientemente tuve ocasión de dialogar con la Ministra belga de Medio
Ambiente, que lo es también de Integración Social y de Salud Pública.
Cuando le pregunté cuál era la razón de que en Bélgica el Ministerio de
Medio Ambiente fuese también el de Integración Social y Salud Pública al
mismo tiempo, me respondió lo siguiente: Muy sencillo, éste es el
Ministerio de la solidaridad. Es un enfoque distinto, pero respetable y
que yo creo que es tan válido como cualquier otro, siempre que con el
esquema organizativo que se tenga se sea capaz de llevar adelante las
líneas de actuación que se consideren necesarias.
Volviendo a lo que es la estructura actual he de decir que,
efectivamente, ha desaparecido la Dirección General de Obras Hidráulicas,
que ha pasado a integrarse en la Secretaría General de Planificación y
Concertación Territorial. Aunque ello pueda resultar extraño a algunas de
SS. SS., puedo decirles que ése es el criterio exacto de la Comunidad
Económica Europea que, en la discusión todavía abierta y viva sobre los
fondos de cohesión, ha eliminado de todo el paquete que España había
presentado bajo el epígrafe «proyectos medioambientales» todas las obras
de creación de nuevos embalses; ha considerado que la obra hidráulica es
obra pública y no proyecto medioambiental. Por tanto, separar la
dirección General de Obras Hidráulicas adscribiéndola a lo que debe de
ser la planificación de la inversión pública en infraestructuras no es un
capricho del actual Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, sino que responde a una reflexión sobre qué debe estar en las
infraestructuras y qué debe estar en la Secretaría de Estado de las
políticas medioambientales. Las obras hidráulicas son tan obra pública
como las carreteras y como los ferrocarriles y, por tanto, quedan todas
ellas, y deberá intensificarse nuestra tarea en ese sentido, bajo el
control previo derivado de los estudios de impacto ambiental y, más allá
de eso, desde lo que debe ser un esfuerzo anticipativo en materia de
política medioambiental que debe ser la tónica bajo la cual trabajemos,
no la de la corrección «a posteriori», no la de una política
complementaria que viene, de alguna forma, a darle una apariencia más
atractiva a determinadas inversiones públicas, sino a anticiparse en las
distintas alternativas que sean posibles en cada caso de la inversión
pública para elegir aquellas que optimicen el uso de los recursos
naturales y tengan los menores impactos posibles sobre el medio. En ese
sentido, obras hidráulicas queda situada dentro de lo que son las áreas
de infraestructuras y, en consecuencia, condicionada, como el resto, a lo
que deben ser estos criterios desde el punto de vista medioambiental.
Como decía, dentro de la Secretaría de Estado ha quedado adscrita no sólo
la Dirección General para la Vivienda y la Arquitectura sino también, de
manera funcional, las competencias que en estos momentos están en el
actual organigrama adscritas a una Dirección General denominada de
política territorial y urbanismo que, como queda explicado en el decreto
de reestructuración, en lo que hace a sus competencias en materia de
normativa estatal sobre urbanismo y a política de suelo urbano, quedan a
partir de ahora en el ámbito de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y de Vivienda.
En ese sentido, aprovecho para responder en esta primera parte a algunas
cuestiones puntuales que se me han formulado, en concreto sobre el debate
en materia de urbanismo y sobre las actuaciones del Ministerio en este
campo. Efectivamente, se va a constituir --no se ha constituido porque lo
que se dijo fue que se estaba trabajando la semana pasada en la
configuración del comité de expertos-- un comité de expertos que reunirá
a personas con posiciones de partida diferentes. No se trata de hacer un
comité de expertos que responda a una línea preestablecida, sino un
comité de expertos que discuta sobre este tema. Por cierto, que en el
informe del Tribunal de la Competencia presentado ayer en la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno se establecía, en el conjunto
del análisis que hace el Tribunal de la Competencia sobre otras materias,
servicios, comunicaciones, transportes, solamente en el caso del suelo el
Tribunal de la Competencia reconoce que es un tema muy complejo sobre el
que no avanza propuestas concretas salvo la genérica de aumentar la
competencia en dicho mercado y solicita la creación de una comisión de
estudios. Es decir, el Tribunal de la Competencia en esta materia indica
la necesidad de qe sobre este tema de elevada complejidad técnica y
social se trabaje desde una comisión integrada por los expertos que se
consideren a este respecto más oportunos y que, como digo, serán expertos
que representarán tendencias claramente diferenciadas precisamente para
que ese debate pueda ser vivo. En principio, no habrá una partida
presupuestaria explícita respecto de los trabajos de esta comisión puesto
que, como ya hicimos en el caso del comité de expertos de vivienda --que
elevó un informe poco tiempo antes de cerrarse el diseño del Plan de
vivienda 1992-1995--, se pedirá a las personas que lo integren que
trabajen y tengan cubiertos los gastos en cuanto a asistencias a
reuniones o a desplazamientos, y solamente habrá aportaciones en la
medida en que haya aportaciones escritas a lo que sea el informe final
que
resulte de los trabajos de la comisión. Por tanto, estará dentro de lo
que pueden ser los trabajos técnicos de apoyo en este caso a la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Creo que no debo extenderme en algo que es un debate abierto en estos
momentos, pero sí quiero dejar sentado que, como no podía se menos, estoy
absolutamente en línea con lo que el Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente defiende en esta materia que es, en
concreto, el importante papel del sector público como regulador de un
mercado que, por definición, es un mercado imperfecto y del que, desde
luego, no se puede hablar como se habla de otros mercados de bienes
perecederos que se reproducen y se intercambian en el tiempo y en el
espacio. Cada suelo es irrepetible, el suelo en sí mismo es siempre un
mercado segmentado y, desde luego, en estos momentos la regulación que
tiene España es una regulación no más intervencionista que la de los
países de nuestro entorno europeo, si eliminamos el caso de la regulación
existente en el Reino Unido, que durante le década de los 80 fue
desmontando lo que era la regulación basada, sobre todo, en la
intervención a nivel municipal en materia de suelo, con resultados que no
creemos que sean satisfactorios en absoluto. En esa línea, creemos que la
normativa urbanística actual prácticamente no ha tenido tiempo para
demostrar su mayor o menor eficacia; es una normativa cuyo desarrollo
corresponde a las comunidades autónomas y, en ese sentido, algunas
comunidades autónomas ya están realizando no solament desarrollos
normativos, sino poniendo en práctica actuaciones que utilizan al máximo
las potencialidades que da la actual normativa precisamente para crear
suelo a bajo coste y para intervenir con carácter antiespeculativo en el
mercado del suelo, que es lo que se nos pide desde el mandato
constitucional.
Cuando conteste concretamente a los resultados del Plan de vivienda haré
también alguna aclaración en lo que se refiere a actuaciones concretas,
no de carácter normativo sino de gasto público en materia de política de
suelo en lo que se refiere al Ministerio.
No quiero extenderme más porque se trata de insertar el presupuesto de
1994 en lo que es un escenario para toda la legislatura en materia
medioambiental. Ese escenario para toda la legislatura va a ser objeto de
una comparecencia específica. Será en esa comparecencia donde deberemos
desarrollar algunas de las ideas que he mencionado, y posiblemente en la
explicación concreta de cada una de las direcciones generales que ahora
me corresponden también podré dar algún detalle más.
Tienen SS. SS. un cuadro de resumen, que he querido repartirles, para
que, de una manera muy simplificada, tengan ustedes delante lo que son
los capítulos seis y siete de las distintas direcciones generales que en
estos momentos han quedado adscritas a la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda para tener una comparación inicial muy rápida en
cuanto a las partidas correspondientes a 1993 y el proyecto de 1994. En
ese sentido... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, le ruego silencio de nuevo porque, de lo
contrario, la intervención va a quedarse verdaderamente desaprovechada y
sería una pena.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Muchas gracias, señor Presidente.
Por lo que se refiere a los datos generales que tienen ustedes en ese
cuadro de síntesis, y a partir de los cuales ya empezaré a contestar a
las preguntas concretas que se me han hecho sobre conceptos
presupuestarios específicos, simplemente quiero señalarles que dentro de
lo que son las magnitudes, indudablemente no relevantes desde el punto de
vista de su dimensión presupuestaria, que tiene ahora mismo la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, para el conjunto de los capítulos
seis y siete, de las cinco direcciones generales que han quedado
adscritas, se produce un incremento de algo más del 17 por ciento
respecto a 1993, siendo ese incremento especialmente importante en la
Dirección General de Política Ambiental, en la Dirección General de
Calidad de las Aguas y en la Dirección General del Instituto de
Meteorología. Partimos de cantidades que son pequeñas y, por tanto, ese
incremento, aunque sea un incremento significativo en términos relativos,
es completamente coherente con la austeridad presupuestaria bajo la cual
se ha trabajado este año en la elaboración de los Presupuestos.
Todos sabemos que lo que está en el presupuesto es sólo una parte de lo
que somos capaces de hacer desde la acción pública y, desde luego, en
materia de medio ambiente en estos momentos yo diría que es, con
diferencia, algo de segundo plano en cuanto a importancia, puesto que
tenemos carencias fundamentales no sólo en el terreno organizativo al que
hacía mención en cuanto a la necesidad de coordinación, de vertebración y
de participación de la sociedad en la política medioambiental, sino
también en materia de desarrollo normativo. Es difícil que el reflejo
presupuestario pueda indicar el esfuerzo enorme que tenemos que hacer en
estos momentos para ponernos al día en materia de normativa
medioambiental respecto de los países de nuestro entorno, y, sin embargo,
ésa es la tarea prioritaria que en estos primeros meses de labor al
frente de la Secretaría de Estado me corresponde hacer. Me corresponde
desarrollar proyectos de normas que serán analizadas conjuntamente con la
comunidades autónomas y con los agentes sociales afectados para poder
presentar al Consejo de Ministros, lo antes posible, una serie de leyes y
la trasposición de algunas directivas que están prendientes en estos
momentos, que son compromisos que no podemos demorar y que, como digo, no
pueden tener más reflejo presupuestario que el mínimo correspondiente en
su caso a determinados estudios de apoyo pero, en absoluto, relevantes
desde el punto de vista de las cifras. Por lo tanto, ahí tienen ustedes
lo que sería una primera aproximación muy sintética, para que vean las
grandes partidas en cuanto a capítulos seis y siete.
Voy a pasar ya a las intervenciones concretas respecto a cada una de las
direcciones generales. Naturalmente,
tendré que complementar mi exposición con detalles documentados por
escrito, puesto que en algún caso se trata de preguntas muy detalladas.
Comenzaré con las formuladas por el Grupo Popular en cuanto a la
situación presupuestaria.
Me gustaría que el portavoz del Grupo Popular pudiera atenderme en el
momento que le contesto. Muchas gracias.
(El señor Posada Moreno: Perdón.)
El señor Posada estaba preocupado por la realización del presupuesto a
fecha 31 de agosto, realización que, tanto en lo que se refiere a mejora
del medio ambiente como a calidad de las aguas, efectivamente estaba por
debajo del 40 por ciento, pero en estos momentos en ambos casos se eleva
ya por encima del 70 por ciento, y en el caso concreto de la protección
de medio ambiente, como son los programas de ayudas incluidos dentro del
Plan de Residuos Industriales, ha sido ya objeto de las decisiones
pertinentes en cuanto a la concesión de subvenciones que están reguladas
por la normativa en vigor. Tanto en calidad de las aguas como en política
medioambiental, cuyos presupuestos son relativamente escasos, llegaremos,
sin ningún género de dudas, a final de año a un cumplimiento próximo al
cien por cien de lo establecido, puesto que durante el mes de septiembre
y en los primeros días de octubre, sobre todo, se han contratado obras y
se han resuelto expedientes relativos a la concesión de las ayudas que
están adscritas al Plan de Residuos Industriales. Por lo tanto, desde la
fecha de 31 de agosto, afortunadamente ha habido una aceleración en el
cumplimiento del escenario presupuestario de ambas direcciones generales.
Ha hablado el portavoz del Partido Popular del fracaso del Plan de
Residuos Industriales. Efectivamente, de ese Plan, que arrancó en 1989
con determinados objetivos, puede afirmarse que no se ha cumplido de
forma satisfactoria. Ha sido un primer esfuerzo en un campo en el que en
estos momentos tenemos necesidad, en primer lugar, de una ley-marco sobre
residuos que sea acorde con los logros y los criterios establecidos por
los países de nuestro entorno. Existen algunos borradores de lo que sería
ese proyecto de ley-marco sobre residuos, incluyendo de manera explícita
los capítulos correspondientes a residuos oleosos, aceites usados y a
envases y embalajes como problemas que, por ser en estos momentos
especialmente importantes, es posible, incluso desde el punto de vista de
su presentación al Consejo de Ministros, desagregarlos, ofreciéndose una
primera normativa legal que afecte a esas partes de la ley-marco de
residuos que tenemos pendiente de presentar al Gobierno.
Hay también en estos momentos una revisión ya realizada del Plan de
Residuos, que se aprobó en 1989 y que está todavía en vigor. Existe un
borrador de lo que sería el Plan revisado para el quinquenio 1993-1997, y
ese borrador ha sido remitido a las comunidades autónomas y a todos
aquellos departamentos e instancias que pueden tener una opinión
importante a este respecto. Tenemos convocados, el próximo día 22 de este
mes, a los directores generales responsables en cada comunidad autónoma
en materia mediambiental para ir preparando lo que debe ser una reunión
con los consejeros de este ámbito, a más tardar en los primeros días de
diciembre, para analizar precisamente los proyectos de norma en los que
estamos trabajando, así como la revisión del Plan de Residuos
Industriales que, efectivamente, debe ser ejecutado con criterios que lo
hagan viable.
En cuanto al Plan de Residuos Industriales, yo diría que lo fundamental
son dos aspectos. En primer lugar, cómo se establecen sus prioridades
respecto al anterior Plan de Residuos Industriales, y, en segundo lugar,
cómo se va a financiaar dicho Plan. Yo creo que ésos son los extremos
sobre los que hay que trabajar. En el primer aspecto, cuáles son las
prioridades del futuro Plan de Residuos Industriales, les puedo anticipar
que se dará prioridad absoluta, desde el punto de vista del enfoque del
Plan, a la minimización de la producción de residuos en origen, para que
lo que ha sido sin duda un punto débil respecto a la valoración social y
política del anterior Plan de Residuos, que es el tratamiento final de
los residuos existentes, pase a ser una actuación necesaria, pero una
actuación que debe de irse reconduciendo en una prioridad de segundo
nivel, mientras que la prioridad debe ser cada vez más, como sucede en el
resto de los países de nuestro entorno, que se reduzca la producción de
residuos que deban ser posteriormente tratados con los distintos sistemas
que se utilizan en el mundo occidental.
Un primer cambio de filosofía importante: minimización en primer lugar y
tratamiento en segundo término. En cuanto a tratamiento, no se trata de
que no haya ninguna intervención prevista al respecto. Con esto le
contesto sobre aquello que se suscitaba respecto a las partidas que están
dentro de la gestión de residuos industriales de cara al año que viene.
En ese sentido, está prevista una partida de 1.000 millones de pesetas
para la creación de un centro de tratamiento y de clasificación de
residuos industriales, que sea un centro de apoyo a la gestión de los
residuos industriales que se ofrezca para las comunidades autónomas que
dentro de su ámbito competencial en estos momentos trabajan ya, en algún
caso, con resultados bastante relevantes. Y hay otra partida de 1.000
millones de pesetas destinada a lo que será el inicio de una planta de
carácter integral de tratamiento de residuos. Son las dos partidas más
importantes que estarían dentro de lo que aparece como concepto
presupuestario de gestión de residuos industriales.
Como decía, en cuanto al Plan de Residuos es necesario el debate sobre
las prioridades del mismo, cuáles son los objetivos de este Plan. Tenemos
dos millones de toneladas de residuos industriales que tratar en España y
apenas somos capaces de tratar algo más de 200.000 toneladas año, por lo
tanto, el déficit es absolutamente grave.
Hay que trabajar, como decía antes, no sólo en los programas de
minimización, sino también en los programas de apoyo a las plantas de
tratamiento, apoyo tanto por inversión directa de la Administración
central como por inversión o participación en la inversión que
desarrollen
las comunidades autónomas a través de sus empresas especializadas. En
segundo lugar, el debate importante respecto del Plan de Residuos
Industriales será el que corresponda a los instrumentos de financiación
del mismo. Me estoy refiriendo no solamente a la financiación que
provenga de las administraciones públicas, en particular de la
Administración central y de la Administración autonómica, sino, por
supuesto, a la participación de la iniciativa privada. No olvidemos que
hay un principio de responsabilidad de quién contamina, que está recogido
en la vigente Ley-marco de residuos, aprobada el año 1986 en España.
Por tanto, ese principio vigente en el resto de los países de nuestro
entorno debe significar que también la iniciativa privada, y
concretamente las empresas industriales, hagan importantes inversiones
que apoyen este tipo de actuación. Naturalmente, cabe el debate sobre
fórmulas que se están llevando a cabo en otros países de nuestro entorno,
como es la imposición de tasas o de cánones sobre determinados residuos o
sobre la utilización de procesos industriales. Eso por lo que se refiere
a los residuos industriales.
Respecto a la gestión de los residuos urbanos, aquí las partidas
corresponden básicamente al programa de contenedores, que se está
desarrollando por convenio con las comunidades autónomas y con los
ayuntamientos, dotándoles de instrumentos que son necesarios para la
clasificación de los residuos urbanos y en los cuales pretendemos seguir
avanzando de forma importante. Tanto en residuos industriales como en
residuos urbanos, se trata de disponer de actuaciones sobre los suelos ya
contaminados y de sellado de aquellos vertederos, tanto de tipo
industrial como urbano, que deban ser absolutamente eliminados.
En cuanto a las confederaciones hidrográficas, había una pregunta del
señor Posada sobre la necesaria austeridad en los capítulos 1 y 2 de las
confederaciones. Le rogaría que transmitiera al Subsecretario, que
intervendrá a continuación, puesto que en la actual configuración del
Ministerio las confederaciones hidrográficas dependen, desde el punto de
vista orgánico, de la Subsecretaría, y en lo que son tareas funcionales,
según se trate de los temas de la Dirección General de Calidad de las
Aguas o de Obras Hidráulicas, tienen una dependencia funcional
diferenciada. Por lo que se refiere a las confederaciones hidrográficas,
esto es lo que me tocaría decir.
Por lo que respecta al Plan de vivienda, efectivamente, se había
considerado a principios de este año, en la previsión para 1993, que la
cifra a convenir con las entidades de crédito para el desarrollo del Plan
durante este año sería de 560.000 millones de pesetas. Esta era la cifra
que, cuando hace dos años se diseñó el Plan de vivienda, correspondía a
los objetivos que se habían establecido para los años 1992 y 1993. Lo que
tenemos en estos momentos es que el Plan no arrancó en enero de 1992, las
comunidades autónomas tuvieron que aprobar sus correspondientes normas de
tramitación de las ayudas estatales, y prácticamente hasta el mes de
julio de 1992 el Plan no comenzó a rodar desde el punto de vista de la
concesión de préstamos. A medida que las comunidades autónomas fueron
disponiendo de los instrumentos de tramitación y calificación que les
corresponden, arrancó, en algún caso desde el propio mes de abril, pero,
como digo, en cuanto a concesión de préstamos hubo una que arrancó en ese
momento. Esto ha desplazado las previsiones del Plan en todos los
sentidos, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino en lo
que fueron los resultados de un primer semestre real del año 1992 --a
todos los efectos, es como si hubiera tenido seis meses de existencia--,
pero sí les puedo decir que del mes de julio de 1992 al mes de julio de
1993, se han concedido préstamos para un total de 180.000 actuaciones en
número de viviendas. Esto supone que, en un año efectivo de
funcionamiento del Plan de vivienda, se ha alcanzado un número de
actuaciones financiadas --no digo calificadas, que ha sido en algunas
comunidades casi el doble de la cifra que he dado, en términos
relativos--. Yo quiero recordar a SS. SS. que programas anteriores de
vivienda de los años 1988 a 1990 anduvieron en el orden de las 40.000 ó
50.000 actuaciones anuales financiadas, es decir, que, en un año, el Plan
de vivienda ha conseguido financiar tres veces más, en número de
actuaciones, que los programas anuales anteriores.
La respuesta del Plan se ha venido acelerando desde 1992 hasta los meses
presentes, de forma que a partir de esa previsión de 560.000 millones a
convenir con las entidades de crédito, en estos momentos los préstamos
convenidos con las entidades de crédito se elevan a 730.000 millones de
pesetas para el presente ejercicio, porque las entidades de crédito han
pedido ampliaciones respecto de los convenios originales, ya que existe
una demanda de crédito derivada del volumen de actuaciones calificadas en
todas las modalidades que hace que para las entidades de crédito, con un
tipo de interés nominal que en estos momentos es el 11,75 para la entidad
de crédito, es una actuación que, al parecer, les resulta lo
suficientemente interesante como para que hayan comprometido para este
año esa cuantía.
La estimación que tenemos respecto de los créditos que se han concedido
hasta primeros de septiembre de esos 730.000 millones está próxima a los
400.000 millones de pesetas este año. En estos momentos, estamos
celebrando reuniones bilaterales con cada una de las comunidades
autónomas para analizar cómo va en este momento el Plan, puesto que está
previsto en los convenios firmados con las comunidades que se revise el
cumplimiento de sus objetivos, comunidad a comunidad, con los datos
correspondientes a 31 de octubre, y que en ese momento se vea si se trata
de ajustar objetivos entre comunidades autónomas en función del grado de
cumplimiento que se haya alcanzado dentro del presente ejercicio de 1992.
Recuerdo a los señores diputados que en el mes de abril elevamos al
Consejo de Ministros una propuesta de acuerdo para poder elevar los
compromisos de financiación este año, al apreciar una evolución acelerada
del Plan de vivienda respecto de los objetivos iniciales, y el Consejo de
Ministros aprobó que este año pudiran financiarse 33.000 actuaciones de
vivienda más de
las iniciales, a la vista de la evolución que se estaba registrando. Daré
algún dato más a petición del señor Andréu, pero, en cuanto a los
compromisos, ésa es la situación que en estos momentos tenemos.
Estoy segura de que se me van a olvidar algunas cuestiones. Lo lamento,
porque he procurado tomar nota de todo, pero les rogaría que en el turno
de réplica me preguntaran aquello que haya quedado sin resolver.
Al señor Alcaraz, de Izquierda Unida, le agradezco que me desee suerte
como mujer, pero no como socialista. Yo sé que la crítica no solamente es
necesaria, sino positiva, sobre todo en esta materia en la que creo que
he empezado mi intervención reconociendo una necesidad de esfuerzo muy
importante por las graves carencias que tenemos, tanto desde el punto de
vista organizativo como desde el punto de vista normativo. En esa misma
línea, respecto a que los presupuestos dan para poco. Y, en particular,
los que estamos comentando ahora y que están dentro de mis Direcciones
Generales, insisto en que gobernar no sólo significa gastar --a veces se
gasta mucho y se gobierna mal--, sino que lo importante es que nuestro
gasto sea eficaz, para lo cual tenemos que avanzar en las líneas de
actuación que antes he comentado de una mayor coordinación. El señor
Alcaraz ha dado algunas cifras relativas al gasto de otros departamentos
de la Administración central, que yo lamento no poder comentar porque se
refieren a otros ministerios y solamente dispongo en estos momentos de
las partidas específicas, en cuanto al detalle, que corresponden al
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Creo que ya he dicho algo respecto a cómo entendemos que puede ser más o
menos eficaz la unidad de gestión. Es obvio que la unidad de gestión
siempre debe valorarse como punto de partida positivo, pero, no nos
engañemos, en esta materia ningún ministerio único en ningún país
occidental consigue trabajar si no es capaz de negociar y de articular
políticas consensuadas con departamentos que tienen importantes
competencias que inciden sobre el medio ambiente.
Intentaremos hacerlo, desde luego, lo mejor posible, pero creo que hay un
problema de entendimiento en cuanto a qué significa controlar desde un
ministerio políticas sectoriales y qué significa, por el contrario, la
política horizontal, como debe ser la política medioambiental, que debe
ser más un enfoque o una estrategia que una política definida como algo
separado de la política agrícola, de la política industrial o de la
política financiera del país.
He hablado de la coordinación necesaria con las comunidades autónomas. Si
en algo tiene sentido que se me haya encomendado la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y Vivienda es precisamente porque he intentado hacer
una labor en el campo de la coordinación con las comunidades autónomas en
mi etapa anterior y es lo que pretendemos intensificar en la actual
etapa.
Por lo que se refiere a los fondos comunitarios, en estos momentos la
discusión no está completamente cerrada en cuanto a los proyectos que han
sido ya aprobados. Tengo los datos, hasta septiembre de este año, de los
proyectos que han sido aprobados para los fondos de cohesión. Los
relativos concretamente a proyectos medioambientales del Ministerio de
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, han sido incluidos el
proyecto Linde, que corresponde a la Dirección General de Calidad de las
Aguas, y concretamente a las actuaciones de deslinde del dominio público
hidráulico, y lo que se refiere al proyecto Saica, de información
integrada sobre calidad de las aguas.
Esos son los dos proyectos que en estos momentos tienen ya el visto bueno
de la Comisión dentro específicamente de lo que se considera proyectos
medioambientales. Hay otras áreas de la Administración española,
concretamente proyectos de los Ministerios de Agricultura y de Industria,
que han recibido el visto bueno dentro de este mismo paquete.
En cuanto al importe de la subvención en millones de ecus, por lo que se
refiere a la implantación de las estaciones de control y vigilancia de la
calidad de las aguas, el importe de la subvención del instrumento
financiero es de algo más de 32 millones de ecus. Respecto al proyecto
Linde, algo más de un millón de ecus. Esto es lo que hasta ahora está
aprobado y en lo que seguimos todavía trabajando.
Se han hecho algunas afirmaciones de que no hacemos declaraciones de
impacto medioambiental. No es cierto que no se hagan declaraciones de
impacto medioambiental respecto de la obra pública. Lo que sí es verdad
es que es un terreno absolutamente mejorable, puesto que incluso en estos
momentos tenemos la obligación, frente a la Comunidad Económica Europea,
de ampliar el tipo de obras que queden sujetas a la declaración de
impacto medioambiental, en aplicación de la directiva europea que, como
saben SS. SS., tiene varios anexos respecto de los cuales en estos
momentos hay un compromiso ya asumido por el Ministerio frente a los
organismos comunitarios para ampliar la declaración de impacto ambiental
a otro tipo de infraestructuras.
Desde luego, la declaración de impacto medioambiental debemos entenderla,
como decía antes, no tanto desde el punto de vista de un trámite formal
que venga a cerrar una etapa en la cual las decisiones se han tomado ya
con anterioridad, sino elevar los estudios de impacto ambiental y la
consideración de las alternativas medioambientales a la fase de la
planificación, que es la única forma de evitar que «a posteriori» tengan
que aplicarse medidas correctoras que pueden ser, desde el punto de vista
del gasto público, de una enorme incidencia.
El portavoz de Izquierda Unida me ha formulado preguntas relativas a
política de vivienda y, en particular, a política de suelo. Me va a
permitir el señor Andreu que le dé los datos más recientes respecto a
algo que considera un fracaso del Plan de vivienda en cuanto a los
objetivos que inicialmente se habían diseñado.
Las actuaciones de suelo son una novedad en la política de vivienda y
significan conceder préstamos este año al 5,75 por ciento para las obras
de adquisición y de urbanización de suelo que se destine preferentemente
a viviendas protegidas. Se habían calificado hasta el 1 de
agosto de 1993, desde el primer momento del Plan de vivienda, desde su
arranque, actuaciones por un total de exactamente 45.503 viviendas. Es
decir, había proyectos que habían obtenido ya la calificación favorable
de las comunidades autónomas para poder ser financiados dentro de esta
línea para 45.500 viviendas, lo que supone haber alcanzado, a 1 de
septiembre de este año, algo más del 60 por ciento de los objetivos
establecidos para los dos primeros años enteros del Plan, 1992 y 1993.
Esta es una actuación que, sin ninguna duda, es la que más tiempo ha
tardado en arrancar. Quienes conozcan de cerca los problemas que se
derivan de la gestión urbanística y la lentitud de los trámites, que,
evidentemente, son del todo mejorables, saben que para que efectivamente
las actuaciones puedan ser calificadas dentro del Plan, a efectos de su
desarrollo como actuaciones de suelo, que tienen un límite temporal
establecido por el decreto en vigor de cuatro años para la iniciación de
las viviendas, tienen que ser suelos que gocen ya de una calificación y
una definición urbanística cerrada.
Eso es lo que ahora mismo hemos conseguido en cuanto a proyectos que
están aprobados por las comunidades autónomas. Desde lugo, en esto, como
en cualquier otra modalidad, hay comunidades autónomas que han superado
sus objetivos. Es el caso de la Comunidad valenciana, que tiene
calificadas y financiadas actuaciones de suelo por encima del cien por
cien de lo que se le estableció como objetivo inicial, lo cual no es de
sorprender porque la Comunidad Autónoma valenciana es un buen ejemplo de
acuerdo entre la comunidad autónoma y los principales ayuntamientos,
incluso de distinto signo político, que ha conseguido movilizar suelo de
una forma muy eficaz en el ámbito del Plan de vivienda.
Hay otras comunidades autónomas, como es el caso de Castilla y León --por
citar una que interesará sin duda al señor Posada--, donde,
afortunadamente, también hay ya una operación de suelo de gran
importancia en el polígono Eras de Renueva, en León, que ha significado
que esta Comunidad, que estaba prácticamente a cero en materia de
actuaciones de suelo, haya conseguido ya en términos de calificaciones
estar por encima del cien por cien de los dos primeros años.
Refirámonos un momento a la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha sido
objeto de una pregunta concreta del Diputado señor Andreu respecto a las
dificultades evidentes del Plan de vivienda.
Con los datos hasta primero de octubre de este año de viviendas
financiadas, es decir, de actuaciones no sólo calificadas, sino que han
obtenido la financiación correspondiente dentro del Plan, lamentablemente
la Comunidad Autónoma de Madrid está situada en uno de los niveles de
cumplimiento más bajos de todo el Plan. Aquí hay jugado numerosos
factores y no es, desde luego, el de menor importancia el hecho del lento
desarrollo de lo que se denominó en su día el «Plan 18.000», del
Ayuntamiento de Madrid.
El «Plan 18.000» está pendiente todavía, en un 60 por ciento de su suelo,
de la titularidad por parte del Ayuntamiento y, por tanto, de la
posibilidad de actuar a aquellas cooperativas que en su momento fueron
las adjudicatarias del «Plan 18.000». Eso hace que en lo que se refiere
estrictamente al área de Madrid capital, el Plan de vivienda se haya
encontrado con unas expectativas frustradas, puesto que lo que era la
base de construcción de nuevas viviendas de protección oficial tiene un
retraso muy importante, por dificultades de distinto orden, dificultades
que también en estos días han sido suficientemente comentadas en el caso
del grupo de cooperativas PSV, que concentra en la Comunidad de Madrid el
70 por ciento de sus suelos y de sus actuaciones. Los retrasos que sufren
los programas concretos de la cooperativa PSV inciden, más que en ninguna
otra comunidad autónoma, en la Comunidad Autónoma de Madrid.
El señor Andreu manifestaba también su preocupación por la vivienda de
precio tasado, en cuanto a la estimación de que la mayoría de la vivienda
de precio tasado no está siendo movilización de stock existente, sino
construcción de nueva vivienda a precio algo más elevado, puesto que así
lo permite esa figura, que el que corresponde a la vivienda de protección
oficial en la figura convencional. Las estimaciones que tenemos ahora
mismo en la Dirección General de la Vivienda respecto de la vivienda a
precio tasado no nos hacen coincidir exactamente con esta apreciación,
porque en lo que va de Plan de vivienda, el 70 por ciento de las
viviendas que han sido adquiridas con las ayudas correspondientes a esta
figura son viviendas usadas y han ido a parar a compradores con ingresos
inferiores a tres veces y media el salario mínimo. Es decir, en numerosas
comunidades autónomas se ha movilizado el parque existente. Yo diría que
está cumpliendo una labor social en esos casos puesto que dentro de la
vivienda a precio tasado, en la vivienda usada, nos encontramos a veces
con precios que son incluso inferiores a los precios máximos de la
vivienda de protección oficial de nueva construcción. Eso permite que el
endeudamiento que supone la adquisición, incluso con tipos de interés del
6,5 ó 7,5 por ciento, sea menor porque los precios están resultando muy
bajos.
El señor Andreu habla de doble precio. Lamentablemente, el doble precio
en este país no es sólo un problema de la vivienda de precio tasado, lo
es también de la vivienda de protección oficial convencional, es decir,
la capacidad de control y reacción de la sociedad ante prácticas
fraudulentas en el sector inmobiliario, desde luego, no deja fuera
ninguna figura de las que disponemos en estos momentos, tampoco a la
vivienda de precio tasado.
Es cierto que en determinadas comunidades autónomas, como es
concretamente la Comunidad Autónoma de Cataluña, esta figura de la
vivienda de precio tasado está siendo aprovechada por parte de los
promotores privados para promover nueva vivienda con esa mayor
flexibilidad que da en cuanto al precio máximo la figura del precio
tasado. Ahí sí podríamos analizar si eso es correcto e idóneo en el caso
de Cataluña. Desde luego, estamos hablando siempre de viviendas cuyo
precio legal máximo --ni siquiera en los casos de Barcelona y Madrid
capital, que son los precios máximos-- por metro útil puede superar este
año las 160.000 pesetas metro cuadrado.
Esos son los techos más altos por debajo de los cuales, como digo, se
están situando en la gran mayoría de los casos de los que hasta ahora
tenemos datos estadísticos.
El hecho de que la vivienda de precio tasado sea un tipo de ayuda que
pueda ser utilizado tanto para la vivienda usada como para la vivienda
nueva que esté dentro de esos parámetros, es algo que estamos valorando
con cada una de las comunidades autónomas. Creemos que corresponde a su
propia responsabilidad el establecer aquellas zonas donde, por los costes
actuales del suelo, por la sociedad o los segmentos sociales que en ellos
se sitúan, es más o menos idóneo el que se construyan viviendas de este
tipo y no viviendas de protección oficial.
Por lo que se refiere a los compromisos en materia de política de
vivienda y en qué medida la austeridad presupuestaria que preside en
estos momentos la política económica puede afectarlo, tengo que señalar
que con relación al Presupuesto de 1994, donde se produce un ligero
aumento y dentro de ese ligero aumento lo que se está dando de verdad es
una disminución incluso más rápida de lo que habíamos estimado hace dos
años, de lo que son las colas de los programas de hace cinco, diez,
veinte, treinta o cuarenta años que todavía gotean sobre el presupuesto,
tenemos suficientes partidas presupuestarias como para hacer frente a lo
que es un proceso que no tiene un reflejo presupuestario inmediato. Antes
el señor Posada también manifestaba su inquietud en ese sentido. Hay que
tener en cuenta que todo lo que es vivienda de nueva construcción, el
subsidio y, por tanto, el gasto público, no comienza a recibirse, es
decir, a transferirse desde los Presupuestos Generales hasta que el
comprador no entra en la vivienda y, por consiguiente, en el caso de las
operaciones que inician de promoción de vivienda de protección oficial,
pueden pasar dos y tres años hasta que aparece el reflejo presupuestario
correspondiente. Junto a esa apreciación de carácter general, me cabe
manifestar una cierta satisfacción (digo cierta porque querría mucho más
al respecto) en cuanto a una progresiva redistribución de las ayudas
hacia los que viven en alquiler respecto a quienes viven en propiedad,
desde el punto de vista fiscal.
En el proyecto de ley de presupuestos de este año se ha elevado a tres
millones de pesetas el límite máximo de ingresos dentro del cual se puede
gozar de la desgravación del quince por ciento de las cantidades
satisfechas como alquiler. Esa fue una propuesta de la Dirección General
de la Vivienda hace unos meses, en un paquete más amplio de lo que
entendemos debe ser una política cada vez más agresiva de apoyo al
alquiler y, en particular, de apoyo a la oferta de alquiler a bajo
precio. El presupuesto ya recoge este año algo que creemos que no debe
ser considerado más que como una primera aproximación a un cambio en la
orientación fiscal de las ayudas a la vivienda mucho más sustancial.
En cuanto a los cien millones de pesetas que nos gastamos en
exposiciones, le puedo remitir al señor Andreu la lista exacta de las
exposiciones. Eso es quizá lo menos importante, pero quería decirle que
la mayoría del gasto que se genera por nuestras exposiciones se debe a
dos conceptos: los seguros que acompañan, por materia de seguridad, el
traslado de las obras, y el propio traslado de las mismas. El Ministerio
desde hace varios años desarrolla una labor de colaboración con otros
ministerios o instituciones en materia de arquitectura internacional y
tenemos previsto desplazar tantos exposiciones nuestras, como recibir
exposiciones del extranjero, siempre bajo acuerdos que nos hacen soportar
una parte importante del gasto. Yo diría que, con diferencia, el gasto
más importante se debe a la seguridad en el traslado de determinadas
obras.
El portavoz del Grupo Mixto me ha formulado preguntas relativas a costas
y a depuración de las aguas. Entiendo en ambos casos que hay una
preocupación, desde el punto de vista territorial, bastante señalada en
cuanto que se nos ha preguntado por lo que son las actuaciones tanto en
depuración, como en regeneración de las costas en el litoral del País
Vasco.
Por lo que se refiere al País Vasco, debemos remitirnos al Plan de costas
y, desde el punto de vista de su incidencia, al peso que en estos
momentos se contempla para cada comunidad autónoma. El Plan de costas que
aprobó el Gobierno este año, 1993, prevé un escenario de actuaciones con
un total de inversión de 150.000 millones de pesetas, cuantía que viene
reflejada en un documento que si los señores diputados no disponen de él
--por lo menos así se ha manifestado-- se lo remitiré con mucho gusto. En
él hay previsiones, hay proyectos concretos que afectan al País Vasco y
que suponen el 5,1 por ciento del total de los proyectos incluidos en el
Plan de costas.
Si analizamos concretamente cuánto pesa el País Vasco en términos de
longitud de las playas, que es el objeto preferente del Plan --la
regeneración de playas es la partida a la que el Ministerio aporta
prácticamente el cien por cien del coste de la obra--, del total de
kilómetros de playa existentes en el litoral español, el País Vasco
solamente supone el uno por ciento frente al cinco por ciento, hecho que
queda obviamente justificado por la degradación del litoral vasco en
determinados puntos. Quería situarlo porque creo que es importante que,
como magnitud, se tenga en cuenta que el Plan de costas no es un plan
arbitrario, sino que ha partido de la consideración de elementos que
creemos entender que son objetivos y que, en cualquier caso, por
supuesto, como en cualquier plan no rígido, deben de ser revisados si se
considera oportuno.
Por lo que se refiere concretamente al litoral vasco en materia de
costas, las actuaciones que están previstas son, concretamente en
Guipúzcoa, la del paseo marítimo de Orio y la del paseo marítimo de
Zarauz. En el caso de Vizcaya, el paseo marítimo de Baquio. Estas son las
que se me señalan, por parte de la Dirección General de Costas, como
actuaciones representativas de las que están por contratar durante 1994,
a las que se añaden las que ya han sido contratadas durante el presente
año, donde se sitúan concretamente algunas a las que ha hecho referencia
el señor Diputado en su pregunta.
Por lo que se refiere a las actuaciones en materia de calidad de las
aguas, en el País Vasco nos encontramos
con una situación diferente respecto del resto del territorio, puesto que
son competencias que no han sido todavía transferidas y, por lo tanto, en
esta materia la Administración central está actuando de forma directa en
tanto se produzcan dichas transferencias, como lo hace concretamente en
el caso de Ceuta y Melilla, donde tampoco existe una comunidad autónoma
con las competencias adscritas.
Por lo tanto, en lo que se refiere concretamente a las obras que afectan
al País Vasco, yo diría que de obras en ejecución, el proyecto más
importante, que --como digo-- está ya en ejecución, es el saneamiento en
la comarca de San Sebastián-Pasajes; en cuanto a obras que están en fase
de licitación, y que es posible que se consiga llevar a cabo dicha
licitación incluso en lo que nos queda de ejercicio presupuestario, se
trataría de la segunda fase de la estación de depuración de Galindo. En
saneamiento tenemos los saneamientos de los ríos Deva y Oyarzun y
actuaciones, también previstas, como una estación de depuración piloto en
Azpeitia-Azcoitia. Estas son, desde el punto de vista de las obras de
mayor envergadura, las que afectan al País Vasco.
Me queda por contestar las preguntas formuladas por Coalición Canaria.
Ante todo quiero decirle al señor Diputado, representante de Coalición
Canaria, que la consideración respecto del archipiélago en cualquier
materia en la que exista inversión pública entendemos que puede ser la
misma que aplicamos cuando se configuró el Plan de Vivienda 92-95, que
fue la de dar un trato preferente a Canarias, desde el punto de vista del
peso de las aportaciones estatales, en consideración de un criterio
objetivo reconocido por la Comunidad Económica Europea, que es el
criterio de su carácter de región ultraperiférica. El carácter de región
ultraperiférica ha hecho que dentro del Plan de Vivienda y del
presupuesto del Ministerio en su conjunto Canarias tenga también un peso
numérico que yo creo que es una aproximación correcta a lo que son sus
problemas específicos y que, por supuesto, en lo que hace a ese programa
medioambiental, al que se ha hecho referencia, como en cualquier otro
programa en el cual exista un compromiso de las administraciones
territoriales, estamos dispuestos a apoyar en los ámbitos de nuestras
disponibilidades presupuestarias.
Se ha hecho mención a acciones equivocadas en años anteriores y se han
relacionado varias, respecto de las cuales puede usted imaginar que en
estos momentos no puedo tener un criterio, pero sí quería decirle que
respecto de las actuaciones en costas y, en particular, de la
regeneración de playas existe una preocupación sentida por los propios
organismos de la Comunidad Económica Europea respecto al impacto
ambiental de determinado tipo de actuaciones de regeneración de playas,
preocupación frente a la que debemos extremar nuestras precauciones en
cuanto al tipo de actuación concreta que en cada caso desarrollemos.
En ese sentido, por cuanto he podido apreciar en el poco tiempo del que
he dispuesto y ante críticas o protestas concretas por algunas
regeneraciones de playas, creo que por parte de la Dirección General de
Costas se han acentuado, en el desarrollo de la vigente Ley de Costas,
todos aquellos controles, tanto de lo que es el fondo marino como de lo
que es la calidad de las arenas que efectivamente se utilizan para la
actuación de regeneración de las playas, y en estos momentos los análisis
técnicos de que disponemos parecen estarnos indicando que utilizamos
técnicas (por lo menos en este caso permítasenos decirlo) que en el
ámbito de la Comunidad Económica Europea son consideradas correctas. Por
lo tanto, sin ánimo de que esto signifique no seguir avanzando, espero
que en el caso de Canarias aquellos proyectos que están previstos en el
caso de costas respondan, en primer lugar, al convenio que se firmó en su
momento con el Gobierno canario y que, por lo tanto, marca lo que
entendemos que es un acuerdo entre ambas administraciones, acuerdo que
puede ser complementado, pero que existe (cosa que no hay en todos los
casos, pero sí en el caso del Gobierno canario), para desarrollar
aquellas actuaciones que han parecido prioritarias en el momento de la
firma de ese convenio y que, por lo tanto, entiendo que también pueden
ser sujetas a revisión. Las tres obras de depuración que usted me ha
mencionado son tres obras que van a ser llevadas a cabo durante 1994 y
para las que hay partida presupuestaria. Por lo tanto, en este sentido,
creo que podemos considerarnos sin falta ante la comunidad canaria.
Se refiere usted también a las partidas incluidas en la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura, y concretamente a los convenios de aluminosis
y de los patronatos de Vivienda de Las Palmas, de Santa Cruz de Tenerife
y de La Laguna. Son tres los patronatos que se trata o bien de remodelar
íntegramente o bien de rehabilitar; el convenio firmado en los tres casos
es un convenio que preveía una primera aportación presupuestaria por
parte de la Administración central, aportación que en los tres casos se
ha producido ya durante este año, y a partir de ahí había un plan de
actuación donde, a medida que se iban produciendo los desarrollos
concretos, el Ministerio iba aportando en todos los casos el 50 por
ciento de la inversión total. Ese es el compromiso que tenemos asumido en
el caso de los patronatos y el que podremos mantener este año, a pesar de
que la partida sea reducida, porque el plan de actuación de desarrollo de
estos patronatos, lamentablemente, camina con lentitud.
Yo quiero señalar aquí que son programas que no gestionamos directamente;
que la gestión corresponde en los tres casos al ayuntamiento
correspondiente, con el apoyo lógico de la comunidad autónoma y de los
cabildos, pero que son básicamente los ayuntamientos, con dificultades
sin ninguna duda reales, los que están desarrollando las actuaciones
urbanísticas previas, que permitirán el desalojo de buena parte de las
viviendas de esos patronatos y la ubicación de las familias en nuevas
viviendas --bien ya existentes o de nueva construcción-- y la demolición
y rehabilitación de los mismos.
Por lo que se refiere al convenio sobre aluminosis, indudablemente es un
caso muy semejante. Aquí se va avanzando muy lentamente, no porque no
tengamos partida presupuestaria dispuesta en el presupuesto del
Ministerio, sino porque las actuaciones que hay que llevar a
cabo para poder demoler y rehacer las viviendas afectadas por aluminosis
han encontrado en Canarias, en la mayoría de los ayuntamientos, una
enorme dificultad en cuanto a la localización de suelo efectivamente
disponible y urbanizable para situar las nuevas viviendas que acogerán a
quienes viven, o han vivido, en viviendas con aluminosis. También aquí la
forma de trabajar es análoga. Nosotros hemos adelantado determinadas
cantidades en este convenio y vamos aportando cantidades a medida que se
van realizando las obras; luego el problema, lamentablemente, porque creo
que es un problema social importante, sobre todo en alguna isla, es que
la gestión del suelo no va lo suficientemente rápida como para poder
permitir un mayor éxito en el convenio relativo a aluminosis.
Por lo que se refiere a medio ambiente, ya he dicho que la especificidad
en cuanto a región ultraperiférica yo creo que puede ser siempre tenida
en cuenta. Algunos Diputados han preguntado por la elaboración de un plan
o de una estrategia y he de decirles que la configuración nítida de los
compromisos en esta materia van a ser objeto de explicación detallada en
varias de las comparecencias que están previstas, entre ellas la del
Ministro, que tiene como objeto la explicación de calendarios de
distintos planes, así como también la comparecencia específica sobre lo
que son los proyectos en cuanto al Plan de Medio Ambiente. Plan de Medio
Ambiente que podemos denominarlo obviamente de distinta forma si queremos
hacer énfasis en lo que ha venido en llamarse desarrollo sostenible o si
queremos hacer mención solamente al aspecto medio ambiental, pero que en
cualquier caso es un compromiso prioritario del Ministerio, en el que,
como decía al principio de mi intervención, prácticamente partimos de
cero, ya que los programas de actuación que existen son programas en los
cuales no está suficientemente desarrollada ni la coordinación horizontal
interdepartamental ni la vertebración territorial necesaria para que esa
política ambiental tenga éxito.
Pidiendo de nuevo disculpas a los señores Diputados por aquellas
preguntas que hayan podido quedar sin contestación y agradeciéndoles su
atención, podemos continuar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado. Le
damos opción a que beba, puesto que lleva hora y cuarto hablando sin
parar, y queremos expresarle el reconocimiento de esta Presidencia, en
nombre de toda la Comisión, por el importante esfuerzo que está
realizando para tratar de contestar a las múltiples preguntas que se le
han formulado.
Dado que vamos bien de tiempo, afortunadamente, tanto por parte de los
Diputados como por parte de la Secretaria de Estado, yo sugiero y abro un
segundo turno de preguntas con intervenciones de dos minutos por parte de
cada uno de los portavoces.
Tiene la palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: A ver si en esa brevedad de dos minutos, señor
Presidente, logro transmitir tres o cuatro reflexiones políticas que,
desde la perspectiva de nuestro Grupo, ha merecido la intervención de la
Secretaria de Estado.
Hemos valorado mucho la capacidad, no ya tanto de autocrítica sino de
reconocimiento de situación que ha significado el evaluar lo mucho que
queda por hacer junto con problemas puntuales en alguno de los programas.
Señora Secretaria de Estado, valoramos no sólo lo que significa, desde un
punto de vista personal, esa capacidad de reflexión sino que la
enmarcamos en que sólo la autocrítica deja de ser una figura retórica
para convertirse en un valor político cuando se hace desde lo realizado.
Creemos, desde nuestra perspectiva de Grupo, que, precisamente por lo
mucho que se ha logrado hacer en este decenio, estamos en condiciones de
reconocer lo mucho que nos queda por hacer; en esas condiciones no es
figura retórica sino valor político. Hemos valorado mucho no sólo el
fondo sino incluso la precisión y la forma en la que usted ha defendido
lo que es posición tradicional de este Grupo Parlamentario, y es que el
medio ambiente no es una política sectorial y que se equivocan quienes,
en un criterio corporativo, tratan de conseguir expresiones
administrativas del máximo nivel cuando lo que importa son las
estrategias globales a nivel de Gobierno.
Cuando hice referencia en mi intervención anterior a que nuestra
confianza en su éxito futuro no es sólo desde nuestra solidaridad sino
desde su propia ejecutoria, hacía relación implícita a lo que usted ha
reconocido, y es a su éxito en la capacidad de concertación y
coordinación en este complejo Estado de las autonomías en que vivimos, y
si eso es válido en todos los ámbitos, lo es mucho más en las políticas
ambientales, donde nos vamos a mover, inexorablemente, en el futuro
inmediato, entre unos condicionamientos que no sólo van a ser
legislativos sino también de criterios y de estrategias de ámbito
comunitario, así como de gestión absolutamente pegada al nivel autonómico
en el que la realidad se va a hacer presente.
Por último, quiero hacer referencia a una frase suya que me parece de la
máxima pertinencia en estos momentos en el tema que nos ocupa. Dijo usted
que no se trata de gastar más sino de gastar bien. Ese gastar bien sólo
se puede valorar en función de tener perspectiva, perspectiva no ligada
sólo al día y al lugar inmediato, sino que es una perspectiva
espacio-temporal. Pues bien, si en algo es difícil tener esa perspectiva,
es precisamente en los problemas ambientales, y celebramos que cualquiera
de estos aspectos que a vuelapluma he recogido hagan de su intervención
algo que estudiaremos detenidamente en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Quiero recordar a todos los Diputados que este
segundo turno es para completar preguntas y no para hacer valoraciones,
que me parecen muy oportunas y muy dignas, pero que las haremos con
posterioridad, cada uno en su entorno apropiado, ya sea de su Grupo o ya
sea de los medios de comunicación. Creo que, en estos momentos, para
aprovechar el tiempo, procede completar las preguntas que, como ha dicho
la señora Secretaria de Estado, hayan podido quedar sin respuesta.
Por tanto, ruego concreción a los señores Diputados a la hora de
completar sus preguntas, porque se trata de eso: de recibir información
directa ante preguntas concretas.
Tiene la palabra el señor Posada. Dos minutos.
El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, procuraré seguir sus
instrucciones, aunque no es sencillo.
Voy a empezar por vivienda, porque creo que ha sido en donde la
Secretaria de Estado, que conoce muy bien el tema, ha insistido más. Creo
que ahí hay un punto esencial que debo decir que es positivo, como vengo
diciendo desde hace mucho tiempo, y es la colaboración entre la
Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones
locales, con independencia del poder político que esté al frente. Esta
teoría que en Castilla y León yo he defendido, al igual que otro ilustre
Diputado del Grupo Socialista, es fundamental para el funcionamiento
correcto de la Administración, y tiene que ampliarse también a medio
ambiente. No será fácil hacerlo, pero eso exige una disposición por parte
de todas las administraciones y, sobre todo, del conjunto de los
partidos, puesto que se ha de poner por delante la situación de la
Administración sobre la situación de partido. Ello exige cumplimientos
exactos de los compromisos y exige también sacrificar el largo plazo por
el corto plazo y por el regate político en corto. Indudablemente, esto no
excluye que cada administración tenga que cumplir sus propios
compromisos, y me refiero, por ejemplo, a lo que decía la Secretaria de
Estado de que esta ayuda fiscal a los que viven en alquiler va a tener
una buena repercusión. De acuerdo, pero, ¿no se produciría una
repercusión mucho mayor --y sabemos que sí-- el día en que la Ley de
Arrendamientos Urbanos se apruebe adecuadamente y solucione el mercado de
alquiler, que está bloqueado fundamentalmente por esa situación? Actuemos
en aquellos campos en que hay que hacerlo, volcándonos en ellos, pero
busquemos también lo mejor y no el fácil halago a ciertos grupos, sean
cuales sean, que quieren proteger sus intereses. Ha dicho que los
créditos concertados han llegado a la cifra de 700.000 millones, lo cual
a mí me parece
positivo porque demuestra que el Plan de Vivienda va hacia adelante, pero
yo querría saber si se están restando las bajas, porque estamos viendo
que en muchos casos hay cambios dentro de las entidades financieras. Yo
me alegro de que se haya alcanzado esa cifra, pero me parece
excesivamente alta.
Paso a referirme muy brevemente al Plan de Residuos Industriales. Por
mucho cambio de mentalidad que hagamos, siendo discutible ese cambio,
siempre será a largo plazo, es decir, que la cantidad de residuos
industriales difícilmente va a cambiar. Queramos o no hay que centrarse
en el tratamiento, en qué es lo que tenemos y lo que tendremos en los
próximos años. Se habla de un centro de tratamiento y clasificación, de
una planta de tratamiento integral, y yo pregunto: ¿dónde va a estar
situada? ¿Está ya concertado? ¿Se ha hablado con comunidades autónomas?
En este tema yo tengo cierta sensación de que no están las cosas
demasiado cerradas.
Para terminar, cuando hablábamos de calidad del agua, yo le preguntaba
por las confederaciones, pero también le preguntaba por la propia
Dirección General de Calidad del Agua, donde hay una subida de los
sueldos de los funcionarios del 50 por ciento; por supuesto que no será
subida de sueldos pero sí subida de funcionarios. ¿Por qué sube el número
de funcionarios?, ¿qué nuevos funcionarios entran ahí? Sin embargo --y
ello me preocupa--, desaparecen las transferencias a corporaciones
locales; ahí sí quiero saber si es que hay un cambio de política o si
tiene otra explicación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: También con la brevedad con que ha intervenido
el señor del PP durante cuatro minutos.
El señor PRESIDENTE: Perdón, han sido tres. (Risas.)
El señor ALCARAZ MASATS: Le intentaba colar el IVA, señor Presidente.
(Risas.)
Yo le he deseado suerte como mujer indudablemente, pero no mala suerte
como socialista. El problema es que este Gobierno en cuanto a medio
ambiente no tiene color. No es el verde su color y, desde luego, lo que
no está en los Presupuestos se dice que no existe. El problema de fondo
es ése y usted ha hecho --y el portavoz socialista así lo ha recogido--
una autocrítica que la honra a la hora de hablar de situación
insatisfactoria e incipiente, a la hora de decir --y a mi juicio esto
tocaba el fondo, la médula de la cuestión-- que no existe política
medioambiental en España; hay políticas. Por eso yo hablaba de la
necesidad de la unidad de gestión, de la necesidad de la unidad de las
estrategias porque, indudablemente, ya se están constituyendo ministerios
de medio ambiente en toda Europa, incluso aquí en España ya hay
consejerías de medio ambiente, y la broma que se ha dado aquí no es tal
broma, lo de la biblioteca y medio ambiente. En Andalucía se llama
Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Está la biblioteca junto al medio
ambiente. Por tanto, todo surrealismo cabe cuando no hay una unidad de
gestión y una idea clara en torno al tema del medio ambiente, de la
ecología en este país. Le digo esto porque usted conoce, como yo, a
Queipo de Llano. Queipo de Llano con un solo camión tomó Sevilla. No
vayamos a que sin presupuestos empecemos a hacer declaraciones constantes
en distintos sitios del país tanto en medio ambiente como en cultura, por
ejemplo, y generemos una especie de estrategia que no existe en el
basamento presupuestario. Este es el problema de fondo. Yo creo que las
declaraciones tanto del señor Borrell como las suyas van en ese sentido
de decir que hay ideas pero no hay dinero.
Termino con las tres preguntas que le quería hacer. ¿Quiénes componen el
comité de expertos, que es un comité plural de cara al concepto de suelo
y al impacto del sector público en el concepto de suelo? En segundo
lugar, puesto que se ha hablado de la adaptación de la
normativa española a la Comunidad Europea ¿qué se piensa hacer respecto
al procedimiento de infracción abierto por la Comunidad Europea por la
incorrecta trasposición de la directiva sobre impacto ambiental? A eso me
refería yo, en concreto, cuando le hablaba de que no se hacen estudios
reales ni siquiera por el Ministerio del señor Borrell. En tercer lugar,
si se va a trasponer ya la directiva (ya ha pasado el plazo, un año) de
acceso a la información de todos los grupos, personas interesadas en el
medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz. Ha consumido tres minutos.
El señor Andréu tiene la palabra por tiempo de un minuto.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, voy a ser muy breve.
Simplemente quiero contarle una pequeña anécdota que, a lo mejor, usted
conocerá. Son muchos los pueblos con alcalde socialista, o de Izquierda
Unida incluso, que se plantean que para construir viviendas de alquiler
en sus municipios están dispuestos a ceder el 15 por ciento a que tiende
el aprovechamiento medio. ¿Lección que se saca con esto? No hay inversión
en vivienda de alquiler pública y los alcaldes, que están muy encima de
los problemas y que son terriblemente pragmáticos, están dispuestos a
llegar a situaciones de esta naturaleza, aunque a mí me parecen
desastrosas.
Yo creo que esto debe hacer reflexionar a este Gobierno sobre cuáles son
las carencias que en política de vivienda, y concretamente en política de
vivienda de alquiler, está generando la política que está desarrollando
el Gobierno. Y fíjese usted que si la inversión en vivienda es un 6 por
ciento del conjunto de la inversión del Ministerio, no es ni siquiera un
1 por ciento del producto interior bruto, y sabiendo cómo son las
inversiones de países de larga tradición democrática, por no decir
socialdemocrática, que rondan entre el 2 y el 3 por ciento, imagínese en
la situación en la que nos encontramos. Y no adivinamos en los
Presupuestos ni en su desarrollo legislativo ni en la adscripción
presupuestaria ninguna partida ni ningún artículo que nos haga sostener
esperanzas de que varíe esta situación.
Un último comentario. Usted ha dicho que no solamente hay que gastar sino
que hay que gastar bien. Yo le digo que, a nuestro criterio, no solamente
hay que intervenir sino que intervenir bien, y que no basta con crear
mecanismos de intervención extraordinariamente engorrosos, como los que
actualmente tenemos con la legislación del suelo, sino que hay que crear
mecanismos de intervención presupuestarios, aunque no sean tan engorrosos
los mecanismos legislativos.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Coalición Canaria, el señor
Martín, ¿tiene algo que añadir? (Pausa.) Puede intervenir por tiempo de
dos minutos.
El señor MARTIN MENIS: En primer lugar, quiero agradecer el tono en
cuanto a que simplemente se reconozca que Canarias es una región
ultraperiférica con problemas específicos que no encuentran los
representantes del Gobierno central. Este reconocimiento sería un avance
importante. Me gustaría que (por supuesto, no ahora sino por escrito) se
nos precisara el desglose de costas, porque es importante conocer los
detalles. Supongo también que en el Plan de costas estarán los
porcentajes de inversión y los porcentajes de extensión de las costas en
relación con el resto del Estado. Para Canarias la presión enorme que ha
tenido sobre las costas y la degradación enorme que hay sobre sus costas
exige una acción especial, desde acciones de disciplina urbanística,
combinadas con la responsabilidad de la comunidad autónoma, a acciones de
regeneración y de delimitación, incluso con paseos marítimos o franjas
que delimiten totalmente lo que es la acción privada de la acción
pública. Nos gustaría que nos concretara este punto, específicamente en
relación con el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que tiene una amplia
franja de costa y una presión terrible entre su puerto y su mar. En ese
municipio, no sé por qué, parece como si fuera un castigo, sus
inversiones son casi cero cuando en Las Palmas de Gran Canaria, por
ejemplo, son muy importantes. Yo creo que tienen problemas similares,
quizá Gran Canaria puede tenerlos mayores, pero indudablemente ahí parece
que ha existido una diferencia importante.
En cuanto a acciones hay alguna como la de Garachico que todavía tiene
750 millones para este año, y yo estoy convencido de que se seguirán
tirando bloques al mar. Igual no hay forma de evitarlo, pero lo único que
se haga será tirar bloques al mar. Ojalá me equivoque y tenga un
resultado real para la defensa de Garachico, pero la historia lo dirá,
porque el mar se va a mover.
Respecto a vivienda estoy totalmente de acuerdo con que hay problemas,
aunque creo que en el caso de aluminosis la partida no es suficiente.
Supongo que, como se podrán hacer modificaciones, porque el convenio
contemplaba mayores cantidades que las que están previstas este año, el
compromiso de la Secretaría será dotarlo con la cantidad que sea
suficiente y al ritmo que se pueda llevar a cabo.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Albístur, quiero
comunicar a todos los miembros de esta Comisión que sería muy conveniente
que ante peticiones de información concreta y precisa, aparte de su
expresión oral, se lo comunicaran a la Presidencia por escrito para
poderlo transmitir al compareciente apropiado. Con mucho gusto las
tramitaremos para que sean contestadas por escrito, pero, por favor,
hágannos llegar esas preguntas o esa petición de información
complementaria por escrito.
El señor Albístur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Secretaria, sobre todo
por el reconocimiento de la gravedad de la situación de la costa vasca
que, a pesar de que tenga ese pequeño peso específico, yo como alcalde me
he peleado con sus predecesores durante mucho tiempo y he
encontrado oídos sordos y ahora encuentro, por lo menos, creo que uno de
los oídos abiertos y espero que el otro también, aunque los datos que
usted me ha dado, que le agradezco sinceramente la concreción, me sigan
pareciendo escasos para esas necesidades y esa urgencia a la que me
refería.
A mi modo de entender ha quedado un tema pendiente y no suficientemente
clarificado. Le he preguntado en relación con el plan de depuración de la
Confederación Hidrográfica del Norte cuáles eran las previsiones de
inversión en depuradoras. Usted me ha dado la de Galindo y el ensayo a
realizar en Azpeitia. ¿El saneamiento de la bahía de Pasaia y Donostia no
tiene esta previsión de depuración? Simplemente quería preguntarle esta
cuestión.
El señor PRESIDENTE: Después de cubierto el turno definitivo de preguntas
a completar, la Secretaria de Estado tiene la palabra para responder.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): En primer lugar, agradezco la intervención del Diputado del Grupo
Socialista que no ha pedido información complementaria y se ha limitado a
dotarme de un estímulo adicional en mi tarea en cuanto a un
reconocimiento de lo que puede ser, ahora mismo, el esfuerzo inicial de
reflexión y de planteamiento de futuro. Espero que sea el principio de
una colaboración intensa entre el Gobierno y el Partido Socialista en
esta materia, colaboración que, evidentemente, tiene que extenderse al
resto de los partidos políticos puesto que, como señalaba el señor Posada
y como yo misma he manifestado en mi intervención, éste es un problema
que debe poder enfocarse, por lo menos de manera correcta, aunando
voluntades, porque los problemas de medio ambiente evidentemente no son
sólo de color verde, yo diría que son bastante negros. Por lo tanto, hace
falta no solamente el apoyo del Grupo que sustenta la acción del Gobierno
sino también una visión constructiva por parte del resto de los grupos
políticos.
El señor Posada en su intervención me pide algo que yo he ofrecido, que
es ampliar a medio ambiente el enfoque con el cual he trabajado desde mis
competencias en materia de vivienda, y en este sentido lo he ofrecido con
absoluta sinceridad. Creo que la única manera de trabajar de modo eficaz
es integrando desde el primer momento a las comunidades autónomas que
tienen competencias de gestión y de desarrollo legislativo, y en el campo
medioambiental, igual que en materia de vivienda, hay comunidades de las
cuales tenemos mucho que aprender a la hora de establecer estrategias
nacionales, porque han sido capaces de llegar más lejos ante carencias de
la propia norma estatal o de los programas estatales. Por lo tanto, creo
que hay que partir de ese reconocimiento generoso hacia experiencias que
a veces se han hecho en solitario, o prácticamente en solitario.
Por lo que se refiere a la necesidad de aprobar la ley de arrendamientos
urbanos, evidentemente, se lo está usted diciendo a una de las personas
que más lo ha intentado y que sigue trabajando para que se produzca con
rapidez. Como seguramente sabe, el anteproyecto de ley está en la
Comisión de Subsecretarios y esperamos poder elevarlo próximamente al
Consejo de Ministros, puesto que es una prioridad reconocida por el
Ejecutivo, para que pueda volver a tramitarse en las Cortes. Y quiero
decir que no desaprovechamos, espero, lo que fue la primera fase de
tramitación, que se vio interrumpida por el anuncio de elecciones
anticipadas, y hemos incorporado al anteproyecto de ley muchas de las
reflexiones que todos los grupos políticos tuvieron ocasión de hacer en
la primera fase de tramitación del proyecto de ley en el momento
anterior.
Por lo tanto, evidentemente, para hacer una política que estimule el
alquiler, lo primero que tiene que haber es una regulación, que será,
como cualquier regulación, imperfecta, pero por lo menos se superará la
incertidumbre que está bloqueando en estos momentos operaciones de
vivienda en alquiler importantes, no sólo y estrictamente operaciones
libres, sino operaciones del propio Plan de Vivienda, que están
paralizadas a la espera de un esquema normativo nuevo.
Por lo que se refiere a la cifra de los 730.000 millones que hemos
convenido con las entidades de crédito, esta cifra es íntegra,
naturalmente no ha habido bajas, lo único que ha habido hasta la fecha ha
sido incrementos en la solicitud de convenio. Yo tendré mucho gusto de
remitirle la lista exacta de los convenios que hasta ahora se han
firmado. Voy a ponerle un solo ejemplo, que creo que es importante. La
Caixa de Pensiones, que es una entidad de crédito que no había colaborado
nunca en materia de política de vivienda, en el actual Plan de Vivienda
concedió préstamos el año pasado por algo más de 40.000 millones de
pesetas y este año ha comprometido ya y ha concedido préstamos por 60.000
millones de pesetas. Sólo La Caixa. Naturalmente, es un indicador que no
nos exime de algo que no he tenido ocasión de comentar en mi intervención
y que formaría parte de la sección de autocríticas en esta materia, que
es la necesidad de que apoyemos a aquellos segmentos de actuación en
materia de política de vivienda que tienen mayores dificultades en cuanto
a la obtención concreta de los préstamos y en los que se suele producir
por parte de las entidades de crédito la petición de garantías
complementarias a la garantía hipotecaria. Me refiero sobre todo a las
operaciones de régimen especial y a las operaciones de suelo, donde la
garantía resulta a veces valorada como insuficiente.
En ese sentido, una de las novedades del presupuesto de este año es que
en el capítulo IV encontrarán ustedes mil millones de pesetas que hemos
destinado, en una partida nueva que se denomina «Fondo de garantía», que
es la partida presupuestaria que debe alimentar lo que en estos momentos
todavía no es más que un proyecto de norma en el que estamos trabajando
para la constitución de un fondo de garantía complementaria que deberá
apoyar lo que sean operaciones que tengan ese tipo de dificultades, y que
creemos que deben ser obviamente
prioritarias en la resolución o en la actuación en materia de política de
vivienda.
Me ha vuelto a preguntar --no le había contestado antes-- por temas
relativos al número de funcionarios correspondientes a la Dirección
General de Calidad de las Aguas que, como saben, es una Dirección General
de muy reciente creación y que viene de un desglose de lo que era
exclusivamente la Dirección General de Obras Hidráulicas, pero no voy a
entrar en un detalle que sinceramente desconozco. No sé si el
Subsecretario que va a comparecer después en materia de los funcionarios
adscritos a la Dirección General de Calidad de las Aguas podrá dar algún
dato ulterior; si no, por supuesto, le contestaré por escrito a esta
pregunta, que creo que es la única que había quedado sin contestación.
Al señor Alcaraz quiero decirle que, quizás, mi exposición ha sido tan
larga que se ha perdido algunas partes de la misma, porque indudablemente
yo he insistido en una serie de cosas y he afirmado otras que veo que no
las ha podido recoger. Lamento haberme extendido tanto, quizás eso haya
hecho perder atención por parte de los señores Diputados.
Concretamente, respecto a la declaración de impacto ambiental y respecto
a la trasposición de la directiva de acceso a la información en materia
medioambiental, he dicho que eran dos de las urgencias con que nos
encontrábamos y que íbamos a intentar, de manera inmediata y a corto
plazo, resolver. Y precisamente acerca de la primera de ellas, la de la
queja comunitaria respecto a la trasposición en materia de declaración de
impacto ambiental, me he referido a que ha sido un compromiso reiterado
ahora con ocasión de la concesión con cargo a los fondos de cohesión de
determinados proyectos medioambientales. Por lo tanto, el compromiso está
asumido no sólo frente al conjunto de la sociedad española, obviamente,
sino incluso respecto a las instituciones comunitarias que nos dan un
margen corto para que resolvamos sobre este tema.
Eso va a significar, entre otras cosas, la necesidad de reorganizar y
fortalecer las estructuras existentes en la Dirección General de Política
Ambiental respecto del desarrollo de esta tarea, que consideramos
fundamental, aunque insisto en que considero todavía más fundamental que
se entienda el análisis de impacto ambiental no exclusivamente en el
momento de la declaración de impacto ambiental sino, previamente, en lo
que es la planificación de las infraestructuras. En ese sentido aprovecho
para comentar que tanto el Plan Hidrológico Nacional como el Plan
Director de Infraestructuras están siendo sometidos en estos momentos a
un análisis, desde el enfoque de lo que es su consideración en el ámbito
medioambiental, para que, cuando definitivamente ambos planes vean la
luz, sean más positivos e incorporen esa visión «a priori» que creo que
debe presidir nuestra actuación en esta materia.
Por lo que se refiere a la unidad de estrategias, creo que es exactamente
lo que he dicho. Es decir, más que una unidad de gestión lo que hace
falta es que haya una unidad de estrategia, y desde luego corresponde al
Ministerio, que lleva en su propia denominación el medio ambiente, el ser
capaz de liderar una unidad de estrategia en materia medioambiental.
Désenos un cierto margen para demostrar que tenemos esta voluntad
política, porque indudablemente no es una tarea fácil, no es una tarea a
corto plazo y, en ningún caso, el presupuesto del año 1994 puede ser una
muestra de esa voluntad, porque, como usted mismo ha señalado, tenemos,
primero, que resolver problemas de carácter normativo que nunca aparecen
reflejados en el presupuesto y, si aparecen, es en tan mínima medida, en
cuanto a los estudios que puedan apoyar determinadas decisiones, que no
son significativos.
Por lo que se refiere a la composición del comité de expertos, también he
dicho en mi intervención que no ha sido todavía creado, sino que se
anunció como compromiso hace una semana y que, en estos momentos, el
Ministro dispone ya de un texto sobre la configuración, las tareas y los
posibles miembros de ese comité acerca del cual el Ministro deberá
decidir en los próximos días y, a través de una resolución o de una orden
ministerial, crearlo. Les puedo anticipar que, como he dicho antes, será
un comité en el cual existan personas con posiciones de partida
absolutamente distintas, desde quienes defienden que es la iniciativa
privada la que debe resolver los problemas del suelo hasta quienes están
en una línea más acorde con lo que han sido algunos de los enunciados en
mi propia exposición. Por tanto, habrá, obviamente, urbanistas; habrá un
número importante de gestores públicos --tanto autonómicos como
municipales--, que en estos momentos están desarrollando personalmente lo
que creemos que son buenos ejemplos de lo que se puede hacer con la
actual normativa urbanística y que, por tanto, me parece oportuno que se
integren en una comisión de expertos desde lo que es el valor de su
propia experiencia; habrá personas pertenecientes al mundo académico que,
desde el análisis administrativista o economicista, pueden tener enfoques
disciplinares específicos que afectan al tema del urbanismo. En suma,
esperamos que sea un comité donde, evidentemente, no estarán todos los
que son, pero espero que, al menos, todos los que estén sean lo
suficientemente interesantes como personas a la hora del debate que debe
desarrollarse y que el propio Tribunal de la Competencia nos dice en su
informe que es necesario.
Al señor Andréu tengo que recordarle que, en materia de política de
alquiler, hemos dicho muchas veces que no estamos satisfechos con la
escasa presencia del sector público en materia de oferta de viviendas de
alquiler y que en el Plan de Vivienda hemos hecho, hasta ahora, lo que
hemos podido, es decir, hemos hecho un diseño donde los incentivos que
corresponden a las viviendas en alquiler son los más altos de todo el
plan: préstamos al 4 por ciento en el caso de viviendas de alquiler de
régimen especial, préstamos al 7 por ciento en el caso de viviendas de
régimen general y subvenciones de hasta el 25 por ciento a fondo perdido
para viviendas de alquiler. Todo ello configura que la modalidad de
actuación en alquiler es la que goza de las mayores ayudas.
Evidentemente, eso
no es suficiente, lo sabemos bien. Sabemos que en este caso hay problemas
que, por una parte, pueden resolverse parcialmente exigiendo una nueva
regulación de carácter estatal, pero además debemos seguir insistiendo en
incentivos de carácter fiscal, que potencien tanto la oferta como la
demanda, y en algo que es más difícil de medir --como todo aquello que no
suele aparecer en los presupuestos--, que es el hecho de ser capaces de
dinamizar en España experiencias como las que existen en otros países en
cuanto a operadores especializados en el campo de la gestión, porque hay
muchos ayuntamientos que están dispuestos a ceder suelo, pero hay muy
pocos que estén dispuestos a gestionar parque de vivienda en alquiler, ya
que la experiencia es muy mala en estos momentos; hay una morosidad alta
y gran dificultad de gestionar el cobro de esos alquileres por parte de
ayuntamientos con escasos medios técnicos y humanos. Lo primero que
debemos perseguir es la potenciación de operadores lo suficientemente
capaces de abordar la gestión, la administración y el mantenimiento de
parques de viviendas, cuyos ocupantes --y lo ha demostrado muchas veces
la experiencia de la vivienda pública en España hasta ahora-- no tienen
nada claro cuál es el límite entre la propiedad y la no propiedad. En
este sentido, creo que esa experiencia pesa mucho en estos momentos y es
una de las dificultades con las cuales nos encontramos, y aunque estamos,
de alguna forma, intentando ayudar, al menos desde el punto de vista
financiero, en lo que sigue a la promoción de las viviendas creemos que
no es suficiente.
Hay otro campo de actuación en materia de política de vivienda que
creemos que es fundamental para promover la vivienda en alquiler, que es
el que se ejecuta a partir del apoyo a la rehabilitación. En esa materia,
este año hemos promulgado un nuevo Decreto donde hemos simplificado
poderosamente el acceso a las ayudas estatales, y en particular hemos
establecido ayudas, que son de la mayor entidad cuando la rehabilitación
de los inmuebles lleva después a destinarlos a alquileres a precio
tasado. Son las operaciones, dentro del Decreto de rehabilitación
aprobado este año, que gozan de las mayores ayudas, porque creemos que el
número de viviendas vacías que existen en España, el número de viviendas
degradadas y, por tanto, la oferta ya construida, hacen que la política
de fomento de alquiler no sea sólo una política de fomento de nueva
construcción, sino sobre todo de adecuado aprovechamiento del parque ya
construido. Por tanto, incidiremos todavía más de lo que hemos hecho
hasta ahora en materia de rehabilitación.
Por lo que se refiere a que sólo nos gastamos el 1 por ciento, tengo que
volver a decir lo mismo: «y dentro de ese 1 por ciento, qué poca eficacia
tenemos». En estos momentos, en el presupuesto de vivienda seguimos
pagando subsidios a operaciones concedidas hace diez y quince años que
están sujetas a programas en los que no se verifica con posterioridad si
la situación de los beneficiarios justifica que siga gastándose ayuda
pública en ellos. Eso es algo que hemos eliminado en el actual Plan de
Vivienda, donde la subsidiación solamente dura cinco años, salvo que el
beneficiario de la ayuda vuelva a demostrar su situación. Pero sabemos
perfectamente que en ese escaso 1 por ciento todavía tiene un peso muy
importante la herencia de un pasado en el que la política de vivienda se
concebía, sobre todo, como una política de estímulo a la construcción y,
desde luego, no estaba presidida por una mayor finura en cuanto a la
eficacia de los instrumentos. Yo creo que en eso tenemos todavía mucho
que avanzar y, desde luego, dentro del gasto público en vivienda, nunca
se menciona más que lo que es ayuda directa --y creo que ya lo hemos
comentado--. Sin embargo, en ayuda fiscal es donde creemos que, incluso,
caben reformas más importantes que la pequeñísima reforma que supone en
estos momentos haber introducido un techo más alto para la desgravación
fiscal en materia de alquiler.
Pido disculpas al Diputado de la Coalición Canaria porque, efectivamente,
con anterioridad no le di el desglose. Tengo un cierto desglose aquí,
pero si no es suficiente, me lo puede decir.
Previamente, quiero decirle que en los programas de costas, además de lo
que es la inversión pública que aporta el Ministerio, hay una
participación de los ayuntamientos en la que, a veces, no es la
aportación económica la más importante, sino que es la aportación desde
el punto de vista urbanístico la que muchas veces bloquea o impide que se
hagan determinadas operaciones de la política de costas, y temo que
algunas de las operaciones que pueden ir con retraso o no ser en estos
momentos satisfactorias puedan responder a problemas de tipo urbanístico
más que a la voluntad o al deseo, por parte de la Dirección General de
Costas, de intervenir en determinadas operaciones en el archipiélago
canario.
Por lo que se refiere a operaciones que están contempladas en el
presupuesto de 1994, dentro de las partidas presentes en el proyecto, en
Las Palmas está contemplada la regeneración y paseo marítimo en la Playa
de las Canteras; el paseo marítimo y la mejora de la Playa de Arinaga; el
tratamiento del borde marítimo entre San Cristóbal y Guiniguada, también
en Las Palmas; en la isla de Tenerife, la ampliación y mejora de la Playa
de Martiánez, en el Puerto de la Cruz; la regeneración de la Playa de
Vallehermoso, en la Gomera, y la regeneración de la Playa de Tijimiraque,
en Hierro, que son dentro de la provincia, pero no en la isla de
Tenerife, que veo que es la que más preocupa al señor Diputado.
En lo que respecta al convenio de aluminosis, quiero decirle que, como en
el resto de convenios, por la mecánica del gasto a la que ya he hecho
mención, vamos transfiriendo fondos a medida que avanzan. Por ejemplo,
este año la partida que inicialmente habíamos establecido para el
convenio de aluminosis en Canarias, de acuerdo con el propio Gobierno
canario, tuvimos que reducirla a la vista de que el programa iba más
lento de lo deseable. Por tanto, igual que hacemos una modificación a la
baja cuando vemos que no nos vamos a gastar ese dinero y lo aplicamos en
otros programas, en caso de que cambie el ritmo, evidentemente, nuestra
voluntad es cumplir los compromisos que hemos firmado con las
administraciones territoriales del Archipiélago.
Por último, el Diputado del Grupo Mixto creo que ha reiterado una
pregunta concreta sobre depuración. Lo lamento, pero la información de
que dispongo se limita a la que le he dado. Por tanto, si no le importa,
le contestaremos por escrito cuál es la situación del proyecto al que ha
hecho referencia. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Cristina Narbona.
Creo que es el sentir de toda esta Comisión, que aparte de las respuestas
concretas y precisas, ha dado satisfacción a todos los grupos
parlamentarios. Yo me congratulo de ello y de que hayamos podido terminar
en el tiempo previsto.
Sugiero en este momento cinco minutos de descanso para poder recibir al
Subsecretario de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. (Pausa.)
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(LLARDEN CARRATALA). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: SOCIALISTA
(número de expediente 212/000078), POPULAR (número de expediente
212/000170) y MIXTO (número de expediente 212/000132).
El señor PRESIDENTE: Señores diputados, por favor, vamos a respetar el
tiempo, puesto que en estos momentos el Subsecretario de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, don Antonio Llardén Carratalá, lleva ya más
de media hora en la sala. Le agradecemos la delicadeza que ha tenido por
venir un poco antes aprovechando la oportunidad de terminar la sesión
anterior con media hora de antelación para ir acelerando el proceso de
trabajo de la Comisión. No ha sido así, pero ha podido presenciar la
intensidad con la que los diputados han preguntado a la señora Secretaria
de Estado del Medio Ambiente y Vivienda y con la misma intensidad --estoy
convencido--, aunque con menos quórum del que había hace unos minutos,
aunque espero que cambie dentro de algunos segundos, vamos a iniciar la
comparecencia del Secretario de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, agradeciéndole, en primer lugar, su disponibilidad y, en
segundo lugar, rogando a los grupos que han solicitado su comparecencia
la misma brevedad que en la sesión anterior.
Para ello, empezamos con el portavoz del Grupo socialista señor
García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Gracias, señor Llardén, por su
comparecencia para estos presupuestos.
No tengo ningún reparo en decir que dentro de un escenario general de
austeridad de los presupuestos y con los objetivos básicos de controlar
la inflación y el déficit público, los presupuestos de este Ministerio,
junto con los presupuestos de gasto social, son excepciones muy gozosas
para nosotros. Realmente, el presupuesto del Ministerio que nos trae aquí
se sale de esa tónica general de austeridad y sostiene un nivel de
inversiones que a nuestro criterio es muy ajustado a las necesidades
reales del país. Nosotros quisiéramos escuchar de usted los criterios
económicos y políticos que han permitido esa realidad gozosa de que los
presupuestos de este Ministerio se salgan de la tónica general de
austeridad y las prioridades de actuación del Ministerio que se derivan
de los criterios que han permitido mantener ese alto nivel de inversiones
para los próximos años y, en concreto, para el próximo ejercicio.
En inversiones, me parece que todos estamos de acuerdo en que este
Ministerio actúa con inversiones de carácter hiperanual. Las inversiones
de este Ministerio no se pueden ver en el corto espacio de tiempo de un
año porque responde, en general, a grandes planificaciones que tienen,
por tanto, reflejo en este presupuesto con unos antecedentes de años
anteriores y con unos consecuentes de los años futuros.
Las tres grandes partes sustanciales de las grandes planificaciones del
Ministerio que hemos tenido ocasión de escuchar aquí son el PBI, los
planes de cuenta y su concreción en un plan nacional y el anunciado nuevo
Plan Estratégico Nacional de Medio Ambiente. Este último es una idea
apenas nacida; no tiene, por tanto, el grado de materialización en los
presupuestos que sí creemos es posible encontrar respecto del Plan
Nacional Hidrológico y del Plan Director de Infraestructuras. Por eso
nosotros quisiéramos saber de qué manera la realidad presupuestaria de
este año se ajusta ya a esas planificaciones estratégicas de futuro que,
aunque no están formalmente aprobadas por el Gobierno ni son formalmente
conocidas por esta Cámara, sí están en el acervo cultural de la mayoría
de los Diputados de la Cámara y son de un general conocimiento. Por
tanto, queremos saber si los presupuestos de este año ya caminan por las
sendas de inversión previstas y por los compromisos previstos en estas
dos grandes planificaciones.
Quiero referirme también a un asunto que es de la mayor importancia y sin
cuya explicación concreta los créditos que aquí vamos a ver en los
próximos días pudieran no tener la significación real que yo creo que
tienen. Como consecuencia de ese carácter estratégico hiperanual de las
inversiones, a nadie escandalizará que yo diga que la mayoría de los
créditos recogidos en los Presupuestos de este año están comprometidos ya
por actuaciones anteriores. Ese mecanismo de cierre aparente tiene su
salida en que la propia Ley de estos Presupuestos autoriza al Ministerio
a contratar, con cargo a próximos ejercicios, cantidades que oscilan
entre el 70, el 80 o el 90 por ciento.
Nos interesa saber el saldo neto real, es decir, deducir las actuaciones
ya comprometidas, incorporando las actuaciones que son posibles con cargo
a próximos presupuestos y conocer con carácter más o menos justo el
crédito real disponible para licitar obras y para adjudicar obras en el
próximo ejercicio, con objeto de poder sostener que los presupuestos,
entre otras influencias importantes, van a tener la de despejar
incertidumbres que
puedan existir en el sector de la construcción especialmente afectado por
estos presupuestos. También deseamos conocer los resultados de ejecución
presupuestaria del año en curso en cuanto al crédito comprometido y al
reconocido y las cifras que ustedes tengan como una previsión a finales
del ejercicio en curso. Asimismo, quisiéramos preguntarle algo que hemos
dicho reiteradamente y que volvemos a sostener en este año. Nos parece
--la palabra quizá sea fuerte, pero es así-- una injusticia que por la
vía del no pago de expropiaciones algunas decenas de miles de ciudadanos
estén financiando con su propia renta las inversiones del conjunto de la
sociedad. Por tanto, nos interesa saber cuál es la situación real de las
deudas pendientes por este concepto y las previsiones que recoge el
Ministerio para reducirlas al mínimo exigible por el propio procedimiento
administrativo.
Por último, también quisiéramos conocer la deuda administrativa real que
tiene el Ministerio con las empresas de construcción, con el Seopan, para
entendernos, porque generalmente a través del mecanismo de subcontratas
de las obras públicas la deuda formal del Ministerio con las empresas
constructoras se transmiten a las subcontratas y terminan provocando en
la cola del proceso graves problemas a empresas que no tienen la
capacidad financiera de resistir el impago de las deudas pendientes que
sí pudieran tener las empresas que teóricamente han sido adjudicatarias
de los concursos de obra. Estas son las cuestiones que nos interesaría
conocer, el reflejo que tienen en el presupuesto de este año para
hacernos un mejor criterio de las realidades económicas que subyacen
debajo del presupuesto del Ministerio y de la ingente cantidad de cemento
que van a mover; queremos saber cómo afecta realmente este cemento a las
realidades económicas y sociales más profundas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado, por su concreción y
brevedad.
Tiene la palabra el señor Posada, en nombre del Grupo Popular.
El señor POSADA MORENO: Señor Subsecretario le damos la bienvenida aquí
en esta comparecencia y, tras las preguntas de carácter general que hace
el portavoz del Grupo Socialista, yo voy a hacer preguntas más bien de
tipo concreto.
Le ruego que si alguna de ellas porque no sea capaz, no la conozca o
incluso no tome nota a lo mejor de lo que yo digo, no la contesta ahora
que, por favor, me la conteste por escrito.
Comenzaría diciendo, por empezar por el año 1993, que ya hubo un ajuste
presupuestario, en verano de este año, de 27.000 millones de pesetas. Yo
querría saber en qué proyectos del Ministerio han repercutido y cómo
estos recortes presupuestarios.
Si entramos en el presupuesto de 1994 en el Capítulo 1: Subsector Estado,
hay un epígrafe relativo a otro tipo de personal que tiene un aumento de
400 millones de pesetas. Convendría saber a qué personal; cuál es la
justificación de esa subida y por qué ocurre esto.
Una tercera pregunta que haríamos, que yo creo que el señor Subsecretario
ha oído cuando se le ha hecho a la señora Secretaria de Estado de Medio
Ambiente, es la relativa a la de las confederaciones como organismos
comerciales donde no sé si esa austeridad global del Ministerio se aplica
de la misma forma y ponía el ejemplo de ese 20 por ciento de incentivos
de rendimiento a la Confederación Hidrográfica del Sur. Es decir, ¿hay un
control realmente de lo que ocurre en las confederaciones?
El presupuesto de esta sección, que tiene un crecimiento global del 14
por ciento prácticamente, en el Capítulo 2 sube un 22,5 por ciento. Eso
se ve leyendo cuáles son los motivos, parece que hay pago de deudas, pero
yo creo que en un momento de austeridad en los gastos corrientes una
subida de este tipo exige una explicación exhaustiva de por qué se
produce y por qué tiene que producirse precisamente en este año.
Tendríamos mucho interés en conocer la relación de proyectos de
infraestructuras y medio ambiente que han sido presentados en Bruselas
para recibir financiación del Fondo de Cohesión; es decir, qué proyectos
están ya aprobados y cuáles se están preparando para presentar. ¿Se han
presentado más de los que parece que había como fondos? Nos gustaría
conocer la previsión del Ministerio sobre la financiación que recibiremos
en 1994 procedente del Fondo de Cohesión y de los Fondos Feder y, a su
vez, de los mismos fondos qué hemos recibido en 1993.
Hay un tema que no es estrictamente presupuestario, pero yo sí quiero que
el señor Subsecretario del Ministerio exprese su opinión porque es
importante, que son los planes de desarrollo regional para el período
94-97 que tienen que estar en Bruselas antes del 30 de octubre, que
tienen que ser aprobados por el Gobierno. Ya sé que esa responsabilidad
es del Ministerio de Economía y Hacienda, pero la repercusión que tiene
sobre las obras públicas en general, el Ministerio y comunidades
autónomas es enorme; por lo tanto, es algo de lo que quiero saber qué
ocurre, porque estamos muy cerca del 30 de octubre.
El portavoz socialista pregunta por expropiaciones, por deudas, lo que me
hace sospechar que ha hecho una buena labor el Ministerio para rebajar
esas expropiaciones y deudas, pero yo pregunto por ello también porque me
interesa conocerlo. Quiero saber también cómo se está haciendo ese pago,
es decir ¿se están adelantando cantidades que se tenían previstas? ¿Se
está pagando con lo previsto en el presupuesto? ¿Se están compensando
deudas? Esto es algo que ha surgido y que se ha dicho, ¿y qué significa
compensación de deuda? ¿Se está aplicando esto a los suministradores,
sobre todo a empresas consultoras del MOPI? Eso es muy importante porque
se puede estar compensando deudas con minoración de ingresos.
Preguntaría ahora el detalle de algunas partidas presupuestarias que yo
creo que es interesante conocer, por ejemplo, en la partida del Programa
511 B Servicio 01: campañas de promoción de infraestructuras con 205
millones de pesetas. ¿Qué es eso? ¿Es contar que se están haciendo muchas
cosas o es decir lo que se está haciendo
para conocimiento de los ciudadanos y que puedan utilizar mejor esas
infraestructuras? Esto es importante contestarlo.
Hay una partida de 1.726 millones, en el Programa 511.D, Servicio 06,
para proyecto de reforma de edificios de los nuevos Ministerios. Esto es
algo que se está haciendo durante años, que no es el primero. ¿Qué obras
se están realizando? ¿Qué se pretende hacer con esos 1.726 millones?
Finalmente, y para terminar, no quiero extenderme, hay un tema que ha
surgido en un momento de austeridad para todos, en que todos los
trabajadores, sobre todo los que están perdiendo su empleo están teniendo
que hacer grandes sacrificios, hay esa polémica de si existen contratos
blindados en la Administración, llamando contratos blindados a
sucedáneos, es decir, creo que no podemos engañarnos, no se trata de que
sea exactamente un contrato blindado, sino si hay un seguro con despido,
etcétera, es decir, asegurar a altos directivos, no, por supuesto, del
Ministerio, obviamente ya lo sé, sino de organismos autónomos o empresas
que tienen relación o dependen del Ministerio que tienen esa situación.
Mi pregunta concreta, señor Subsecretario, es: ¿conoce si existen esos
contratos en el área que tutela el Ministerio? Si los conoce, y existen,
¿qué opinión tiene sobre ello? ¿Como --me atrevo a adelantarme-- se van a
suprimir esas situaciones que no se compadecen con la situación general
del personal laboral en toda España, incluido el propio funcionario y
personal laboral del servicio del Estado al que se van a aplicar esos
planes de empleo?
Estas son las preguntas del Grupo que le haríamos.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguien del Grupo Mixto, que era el tercer
solicitante de la comparecencia? ¿No? En ese caso, con mucho gusto damos
la palabra al señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá): Voy a intentar ser breve y resumir el pequeño alud
de preguntas que los dos diputados me han hecho, con todo derecho,
evidentemente.
En primer lugar, uno de los criterios generales que informan el
presupuesto del año 1994 del Ministerio es, evidentemente, un objetivo
central del Gobierno el mantener el dinamismo de la inversión pública en
infraestructuras en el marco del Plan Director. El presupuesto del año
1994 del Ministerio es el primer presupuesto que recoge ya la impronta
del Plan Director de Infraestructuras. Este es un elemento clave que
entiendo que el Ministro cuando comparezca en el Pleno ampliará, pero que
es la base de nuestro presupuesto, como bien señalaba el portavoz
socialista, porque es de los pocos ministerios que ha tenido un
presupuesto expansivo en un año de presupuestos restrictivos.
Evidentemente, el objetivo principal que se persigue con esto es el de
animar la inversión pública, especialmente en el sector de la
construcción. Recordemos que la construcción representa, aproximadamente,
un valor añadido del 10 por ciento del PIB, con un nivel de empleo
similar y, por lo tanto, todo lo que hagamos en esta línea es animar
directamente la inversión pública.
El contexto en el cual se aprueba el presupuesto que estamos discutiendo
además tiene un antecedente importante; me permito dar este dato como
primicia a los señores Diputados de esta Comisión, que es el proceso de
licitación de obra pública del Ministerio en lo que va de año. Como bien
conocen los señores Diputados de esta Comisión, cuando estamos
discutiendo un presupuesto en realidad lo que estamos viendo es la
consecuencia de lo que se ha licitado el año anterior. Según los últimos
datos del Ministerio, de enero a septiembre de 1992 se licitó obra por un
total de 267.000 millones de pesetas. Pues bien, en el mismo período de
enero a 30 de septiembre de 1993 hemos licitado obra por valor de 615.000
millones de pesetas, es decir, un 213 por ciento de incremento.
Evidentemente, esta obra que hemos licitado a lo largo de 1993, «grosso
modo», se corresponde con la que se va a contratar y ejecutar a partir de
1994; por tanto, hay una recuperación de la actividad licitadora del
Ministerio y de los agentes que dependen del mismo. Dicho esto, paso a
referirme ya directamente al presupuesto.
Efectivamente, el presupuesto agregado del Ministerio es de un billón
265.000 millones --en cifras redondas, sin entrar en detalle--, lo que
representa un 15,4 por ciento de incremento con respecto al presupuesto
del año en curso 1993. Dentro de ese presupuesto destaca con luz propia
el incremento en el capítulo VI de inversiones, que es el capítulo que de
alguna forma marca la actividad principal del Ministerio y que supone más
del 50 por ciento del presupuesto del mismo, que va a ser de 710.000
millones de pesetas, lo que supone un incremento del 16 por ciento cn
respecto al año 1993. Esta es quizá la cifra más significativa de todo el
presupuesto. Aprovecho también para decir de pasada --y con ello contesto
en parte alguna pregunta, aunque después responderé concretamente a cada
una de ellas-- que si los señores Diputados comparan el presupuesto del
año 1993 con el de 1994 verán un aparente incremento del 1,8 por ciento,
al pasar de 49.400 millones a 50.300 millones. Ese 1,8 por ciento es
aparente, ya que realmente el capítulo I del Ministerio está congelado;
lo que sucede es que en el presupuesto que aprobó el Parlamento para el
año 1993 no se tuvo en cuenta, lógicamente, lo que posteriormente hizo el
Gobierno, que fue dar un 1,8 por ciento de incremento, como recordarán,
al personal de los ministerios; el capítulo I real de 1993 va a ser
exactamente igual que el que está presupuestado para el año 1994; por
tanto, ese 1,8 --valga la expresión-- es ficticio.
El capítulo II, de gastos corrientes, disminuye en casi un siete por
ciento, pasando de 12.400 millones a 11.600, fruto de la política que ha
seguido el Gobierno y especialmente de la política que estamos siguiendo
en el Ministerio de intentar reducir gasto corriente (teléfonos,
etcétera).
En el capítulo IV ha habido un importante incremento en las
transferencias corrientes, que pasan de 193.000
millones a 255.000, lo cual se explica fundamentalmente por el incremento
de las transferencias en crédito corriente a RENFE. Si es necesario
podemos ampliar este tema.
El capítulo VI ya hemos dicho que es el que se incrementa de forma más
clara y en el que pasamos a los 710.000 millones. Finalmente, las
transferencias de capital también se incrementan en un cinco por ciento,
pasando de 163.000 a 171.000 millones de pesetas.
Estas son las macrocifras del presupuesto, yendo rápido.
El portavoz socialista me preguntaba de pasada sobre el tema de deudas y
expropiaciones y el señor Posada también me ha hecho algunas preguntas al
respecto que trataré de responder.
Expropiaciones. Efectivamente, el Ministerio acumuló, especialmente a
finales del año 1991, una importante bolsa de deuda con respecto a las
personas que habían sido expropiadas, fruto del incremento de la obra
pública. En el año 1993, como conocerán bien los señores Diputados, se
puso ya una partida explícita para pago de expropiaciones que, si no
recuerdo mal, aunque estoy hablando de memoria, era de 54.000 millones de
pesetas; pues bien, esa partida se está ejecutando con toda normalidad
(después daré los datos de ejecución del presupuesto), pero probablemente
vamos a superarla y yo creo que terminaremos el año 1993 habiendo pagado
unos 65.000 millones de pesetas de expropiaciones pendientes. Esto quiere
decir que, en principio, iniciaríamos el año 1994 simplemente ya con lo
que podríamos denominar la deuda viva normal de expropiaciones que en
todo momento tenemos en el Ministerio, fruto de los diferentes procesos
de expropiación. Para el año 1994 está prevista una cantidad específica
de 41.000 millones de pesetas para hacer frente a esa deuda viva, tanto
la que vamos a tener a 1 de enero como la que se irá generando, pero
insisto en que, con los 65.000 millones de pesetas que habremos pagado de
expropiaciones, consideramos que prácticamente habremos agotado lo que
podíamos llamar deuda histórica de expropiaciones.
En cuanto a deuda con las constructoras, fruto también del proceso
inversor fuerte de los años 89, 90 y 91 y, evidentemente, como el señor
Posada señalaba, de los recortes presupuestarios que en diferentes
momentos se sufrieron, se acumuló con las empresas constructoras un
determinado volumen de deuda que a partir de finales del año 1991
principios del 92 se regularizó, de forma que en el año 1993
--naturalmente, estoy haciendo una previsión de aquí a final de año, pero
con los datos que tengo ahora mismo puedo casi poner la mano en el fuego
por ella-- habremos pagado un total de 80.000 millones de pesetas de
deuda llamémosle extraordinaria a las empresas constructoras, con lo cual
iniciaremos el año 1994 prácticamente ya sin ninguna deuda con las
mismas, salvo lo que está pendiente de pago de forma natural.
Quiero aclarar en este punto que, a veces, cuando discutimos las
estadísticas sobre temas de deudas podemos tener algún tipo de confusión,
pero existen tres elementos fundamentales a tener en cuenta. Por una
parte están las deudas estrictamente hablando, que son realmente las
relativas a la obra ya ejecutada y certificada y que, por el motivo que
sea, no se ha satisfecho su pago. Un segundo factor que a veces se
introduce incorrectamente en el capítulo de deuda es el de los
expedientes de modificados o de obras complementarias que se están
tramitando en el Ministerio y que hasta que no tienen la aprobación
técnica y económica formalmente no es una obra a realizar; esto a veces,
en algunas de las estadísticas, se suma e incrementa el volumen de deuda,
pero real y técnicamente no sería deuda. Hay también un tercer elemento
que no se suele tener en cuenta, pero que restaría, y es el anticipo de
obra viva que el Ministerio mantiene vivo con todas las empresas
constructoras; ese anticipo, a fecha de hoy, es, aproximadamente, de unos
51.000 millones de pesetas. Por tanto, si cogemos el total de deuda y le
restamos los 80.000 millones que a finales de año habremos satisfecho, la
deuda viva pendiente habitual que quede por el movimiento de papeles
prácticamente va a ser igual a ese anticipo de deuda, en términos macro,
claro esá, no digo de empresa a empresa. Entendemos, por tanto, que en
1994 el Ministerio de Obras Públicas habrá regularizado totalmente su
deuda con las constructoras y que ese tema no va a suponer un obstáculo
importante.
Otro dato interesante es el tiempo medio con el que estamos pagando a las
empresas constructoras, referido, por supuesto, al Ministerio de Obras
Públicas; evidentemente, no hablo de otros ministerios. El tiempo medio
desde que un ingeniero a pie de obra certifica en cualquier punto del
país que se ha realizado un determinado volumen de obra hasta que ese
papel sale del Ministerio debidamente autentificado por la Intervención
General del Estado es en estos momentos de 25 días, y el tiempo medio que
el Tesoro está tardando en pagar esa orden de pago es de 45 días, lo que
nos da una suma de 70 días de media, que es lo que, desde hace unos seis
meses, se está manteniendo en el ritmo de pago a las empresas, inferior,
por tanto, a los 90 días que de alguna forma recoge la Ley de Contratos y
que podíamos considerar que es lo habitual en el terreno mercantil.
Evidentemente, ahí no está incluida esa deuda histórica acumulada (los
80.000 millones) que hemos satisfecho a lo largo del año.
Un tercer elemento que hay que tener presente a la hora de considerar el
presupuesto del año que viene y por el que los dos Diputados me han
preguntado de una forma u otra son los techos que nos ha autorizado el
Ministerio de Hacienda para el año próximo. Efectivamente, la Ley
Presupuestaria establece unos techos del 70, 60 y 50 por ciento y el
presupuesto que estamos discutiendo en estos momentos y que tiene que ser
aprobado o no por el Parlamento establece unos techos mayores, del 90, 80
y 70 por ciento, tal y como aparece en el anexo del texto de los
Presupuestos. Esto quiere decir que si sumáramos las cantidades de techo
que nos autoriza el Ministerio de Hacienda tendríamos del orden de un
billón y medio de pesetas totalmente libre, que son los techos que nos
autorizan a endeudarnos a partir de año
1994, más la parte de presupuesto del año 94 que no está comprometida en
el inicio del ejercicio.
Cuando fui nombrado Subsecretario del Ministerio en 1991 recuerdo que,
prácticamente, el presupuesto con el cual iniciamos el año estaba
comprometido en un 99 por ciento, lo cual quiere decir que todas las
desviaciones --y de ahí vinieron las deudas--, efectivamente estaban ya
fuera de presupuesto. Pues bien, con la política un poco de austeridad
que se ha seguido y, evidentemente, con las mayores dotaciones
presupuestarias que nos ha dado el Parlamento en definitiva, el año 1994
lo podemos iniciar con aproximadamente un gasto comprometido de un 60 por
ciento, lo cual quiere decir que queda ya un 40 por ciento de esa cifra,
más ese billón y medio, que serían los techos que podemos contratar. Esto
es lo que me permite decir con toda autoridad y modestia que las
previsiones del Plan Director de Infraestructuras y del Plan hidrológico,
en el momento en que sean aprobados, están perfectamente comprendidas
dentro del Presupuesto de 1994. El Presupuesto para 1994 parte de la
hipótesis que vamos a desarrollar, el Plan Director de Infraestructuras y
el Plan hidrológico, lógicamente con las modificaciones que el Parlamento
estime oportunas, pero en términos presupuestarios caben dentro del
Presupuesto.
Hay un último elemento que quizá pueda ser oportuno introducir en este
momento. Me refiero a la célebre discusión --digo célebre porque es
continua en los medios de opinión-- de si mantenemos o no el 5 por ciento
de inversión en infraestructuras, o inversión pública en general, en el
Gobierno. Los datos que puedo dar a los diputados, que son los datos más
recientes que publicó la Intervención General del Estado para el año 92
--todavía no hay datos de 1993-- indican que, en 1992, el conjunto de
inversión en todas las obras públicas --en lo que se refiere a mi
Ministerio habría que sumar el Ministerio, los organismos autónomos y las
sociedades estatales que de ellas dependen-- alcanzó el 5,06 por ciento,
con el siguiente desglose: el Ministerio de Obras Públicas y sus entes
representaron el 1,49 por ciento del PIB de esta inversión; el resto de
la Administración central el 0,82, y el conjunto de comunidades autónomas
y de ayuntamientos, el 2,74. Esto nos da el 5,06 por ciento. La parte
correspondiente al Ministerio era para un total de inversión de 875.000
millones en el año 1992. ¿Cuál sería la cifra homologable para el año
1994? En este caso, deberíamos acudir no sólo a los 710.000 millones de
pesetas que el Ministerio va a invertir en el capítulo seis, sino a lo
que también van a invertir, neto, los organismos autónomos y las
sociedades estatales que dependen del Ministerio. Hablo del neto porque,
evidentemente, no cuento dos veces las transferencias internas de capital
que podrían justificar que la cifra fuera mayor. Pues bien, esta cifra
homologable para el año 1994 va a ser de un billón 113.000 millones de
pesetas. Esta es la inversión de lo que, en términos empresariales,
denominaríamos el «holding» del Ministerio de Obras Públicas. La
discusión parlamentaria hace que el debate se desarrolle en
compartimentos estancos. Si esto fuera un consejo de administración no
estaríamos discutiendo solamente el presupuesto del Estado sino el
conjunto del «holding» empresarial, del cual es responsable el Ministerio
políticamente y el Ministro en primer lugar.
Por tanto, el billón 113.000 millones de pesetas es la cifra de invesrión
que el Ministerio va a colocar en el Estado bien directamente o a través
de sus organismos dependientes. Esto quiere decir que el Ministerio, por
sí solo va a asegurar prácticamente dos puntos del PIB en inversión, lo
cual significa que, razonablemente, si en 1992 alcanzamos el 5 por ciento
con solamente 1,49, aportación nuestra, este año aportamos dos puntos,
con lo cual sobraría medio punto que, evidentemente, puede ser el que se
absorba porque otras administraciones no mantengan este ritmo de
inversión. Pero suponiendo que el resto de administraciones lo
mantuvieran, pasaríamos incluso del 5 por ciento. En todo caso, lo que
está claro es que el Ministerio de Obras Públicas mantiene el esfuerzo
inversor que nos permitió alcanzar el 5 por ciento y lo incrementa.
Ya que estoy aquí y simplemente de pasada, sin aburrir a los señores
Diputados, salvo que me pregunten más datos sobre este punto, diría que
el total consolidado del Ministerio, sus organismos autónomos y
sociedades estatales, al cual corresponde esta cifra de inversión, sería
de 2 billones 176.000 millones; es decir, la cifra inicial que he dado
correspondiente a un presupuesto del Ministerio de 1 billón 265.000
millones se refiere al Estado estrictamente hablando. Si le añadimos los
organismos autónomos y las sociedades estatales del Ministerio,
alcanzamos los 2 billones 176.000 millones. En términos estrictamente
políticos, cabría añadir a esto la parte pequeña de empresas públicas de
Patrimonio que, no estando adscritas formalmente al Ministerio, sí están
tuteladas por él, por ejemplo, Enausa, porque hacen funciones
directamente ligadas a esto, y esto nos daría unos 50.000 millones más de
consolidado, poca diferencia; y, sobre todo, queda una tercera empresa,
que es una empresa privada por su mayoría de capital pero que en una gran
parte ejerce funciones derivadas del contrato con el Estado, que es la
Telefónica, que, en números redondos, tiene un presupuesto de 1 billón de
pesetas. Evidentemente, si añadiéramos la Telefónica a estas cuentas
consolidadas, alcanzaríamos los tres billones y pico de pesetas. No lo
introduzco porque entiendo que es un elemento diferente y sí podemos
decir que el «holding» consolidado del Ministerio representa 2 billones
200.000 millones en números redondos, del cual el 50 por ciento es cifra
de inversión pura, algo más del 50 por ciento.
Permítanme que repase la preguntas que me han ido haciendo. Me
preguntaban por los criterios prioritarios. De forma rápida diré que el
Ministerio tiene, de hecho, cinco grandes líneas de actuación --que no
políticas-- que podríamos decir que son las siguientes: creación de
infraestructuras, prestación o explotación de servicios de transporte
--que sería la segunda línea--, ordenación de sectores productivos,
básicamente telecomunicación y transportes terrestres, política de
vivienda y política de medio ambiente. De estas cinco grandes líneas de
actuación sale un conjunto de ocho políticas, de las cuales tres
de ellas absorben más del 70 por ciento del presupuesto. Ahora vuelvo a
hablar del Presupuesto del Estado y organismos autónomos, no introduzco
las empresas estatales. De éstas, la primera política por volumen es la
de infraestructura y conservación de carreteras, que se va a llevar, en
el año 1994, 445.000 millones de pesetas; la segunda sería
infraestructura y apoyo al transporte terrestre (para entendernos,
transporte ferroviario fundamentalmente), que se llevaría 365.000
millones, y la tercera la infraestructura hidráulica, que se llevaría en
su conjunto, sumando Estado más confederaciones hidrográficas, 193.000
millones de pesetas. A partir de aquí vendría el resto de políticas que
no detallo ahora por no cansar a sus señorías.
Ahora bien --para concluir con el tema de prioridades--, si sumáramos el
conjunto de dinero que va a parar a un sector, vía las sociedades
estatales que lo gestionan, veríamos cómo, por ejemplo, el sector al cual
el Estado, y en definitiva los ciudadanos, destinan más dinero es el
sector ferroviario, ya que si sumamos --repito, consolidándolo, evitando
dobles transferencias-- la explotación del transporte ferroviario y la
creación de infraestructuras ferroviarias, se llevan del conjunto del
Estado 700.000 millones de pesetas, seguida de carreteras, que se
llevarían 445.000 millones. Por tanto, hay una prioridad clara que es
transporte ferroviario, transporte terrestre, infraestructura hidráulica
y, a partir de aquí, tendríamos política de telecomunicaciones, puertos y
aeropuertos.
Simplemente de pasada voy a recordar que el conjunto del sistema
aeroportuario público, aeropuertos españoles y navegación aérea, va a
mover en 1994 198.000 millones de pesetas, de los cuales 82.000 son de
inversiones, y el conjunto de puertos del Estado va a mover del orden de
135.000 millones de pesetas, de los cuales 48.000 son de inversiones.
Yo creo que estas grandes cifras dan una aproximación general de los
criterios. Respecto a los criterios concretos que informan estas
políticas, aunque estoy en condiciones de contestar en tanto que
Subsecretario, saber que el resto de mis colegas con responsabilidades
verticales que el Ministerio va a seguirme en esta intervención, me hace
pensar que probablemente sean ellos los que puedan entrar en mayor
detalle.
No he contestado a la pregunta formulada sobre la ejecución. Los últimos
datos de ejecución de que dispongo --y más recientes que éstos no los
tiene nadie, entiendo que son los últimos de verdad--, a 30 de
septiembre, son los siguientes: el total de ejecución del conjunto del
Ministerio --voy a darlo en porcentajes porque creo que es la forma más
clara de verlo-- es de un 88,57 por ciento; en concreto, el capítulo seis
--quizá es el más significativo ya que el capítulo uno suele ejecutarse
de forma natural, sin ningún problema-- está, en términos de ejecución,
en un 87,77 por ciento, a 30 de septiembre. El ritmo de esta ejecución y
la experiencia de años anteriores nos hacen pensar que, efectivamente, el
grado de ejecución del presupuesto del Ministerio, como suele ser
habitual --y el señor Posada, como antiguo buen funcionario de la Casa lo
conocerá--, va a acercarse al 99 por ciento. El año anterior fue el 98,8
por ciento y calculamos que este año va a ser el 99 por ciento.
Calculo que el grado de obligaciones reconocidas que habremos alcanzado a
final de año con el ritmo que llevábamos, puesto que en este momento
estamos en el 64 por ciento --en el capítulo sexto, por coger el capítulo
más significativo--, alcanzará el 95 ó el 96 por ciento, a 31 de
diciembre. Como los señores diputados saben, este año no se nos va a
aplicar el artículo diez, y, por tanto, ese nivel de obligaciones
reconocidas va a ser exactamente el real. Esto nos permite pensar que la
incorporación presupuestaria para el año siguiente va a ser simplemente
de este «gap» entre el 96 y el 99 por ciento. En conclusión, el grado de
ejecución del Ministerio, como no podía ser de otra forma, está siendo
perfectamente normal y vamos a alcanzarlo con todo detalle.
Respecto a las inversiones plurianuales, en parte he contestado con el
tema de los techos. Creo que con esto he dado las respuestas generales
más importantes.
El señor Posada me hacía algunas preguntas concretas. Respecto al ajuste
de 1993, los 27.000 millones. Efectivamente, de estos 27.000 millones
están retenidos ya por parte de la Intervención General del Estado, de
los cuales --ahora le hablo de memoria-- unos 12.000 los tenemos en el
capítulo sexto. No le puedo decir aquí exactamente en qué proyectos
están, se lo puedo hacer llegar, pero repito que de estos 27.000
millones, 12.000 estarían en el capítulo sexto. No obstante, viendo las
cifras globales del Ministerio y el grado de ejecución puedo decir, sin
que me oiga Hacienda, que esto no va a afectar a la política del
Ministerio en la medida en la que, realmente, su peso en el total de la
inversión coincide casi con este 1 por ciento inejecutable prácticamente.
Habla de otro tipo de personal. Tiene una explicación muy concreta. Es el
personal caminero. En el Ministerio tenemos un personal que no es ni
laboral ni funcionario, sino un híbrido en términos estatutarios, que es
el personal caminero. Es un Cuerpo en vías de extinción, como saben. En
este momento tenemos unas 1.090 personas y este personal ha estado sujeto
en los años pasados a una serie de reclamaciones, vía Magistratura,
precisamente porque tiene este «status», no está claro si es funcionario
o laboral. Yo creo que algunos diputados que están aquí conocen bien este
problema. Ha habido diferentes sentencias de la Magistratura de Trabajo
que han obligado al Estado a reconocerles determinados pluses que, en
principio, no estaban reconocidos. Esto es lo que hace incrementar las
cantidades que aparecen en el presupuesto. Es posible que haya más
incrementos en la medida en que estas sentencias se vayan ejecutando,
pero no responde realmente a otra cosa sino a este reconocimiento de
antigüedad, de pagas extras, etcétera. Insisto en que éste es un personal
que está prestando servicio en el Ministerio, pero ya en su mayor parte,
no en las funciones para las que se creó el Cuerpo hace muchísimos años.
Con las propias organizaciones sindicales estamos enfocando hace tiempo
una cierta reconversión de este personal en otras áreas. Como digo, estos
400 millones sirven para cumplir estas sentencias. Recuerdo incluso
--hablo de
memoria-- que, en 1993, tuvimos un crédito extraordinario porque se
reconoció una determinada cantidad y hubo que proveer en el Presupuesto
de 1993 una mayor cantidad para este colectivo en el capítulo uno.
En cuanto a las Confederaciones Hidrográficas, efectivamente con la
reestructuración que se ha producido en el Ministerio siguen manteniendo
su dependencia funcional de las dos Direcciones Generales que le dan
trabajo, Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, pero al estar
divididas en dos áreas diferentes, el Gobierno ha decidido que pasaran a
depender orgánicamente del Subsecretario. Pues bien, puedo asegurarle con
toda la autoridad que los criterios en política de gastos, tanto del
capítulo dos como del capítulo uno --incluso yo diría del capítulo seis--
que se han dado a las Confederaciones son los mismos que para el resto
del Ministerio.
La explicación de por qué puede haber algunas modificaciones viene de dos
sitios: por una parte, del capítulo dos en el año actual --anterior a
efectos presupuestarios--, puesto que las Confederaciones han ejecutado
una parte bastante importante de obras de emergencia derivadas del
problema de la sequía, lo que les ha llevado a incrementar determinados
gastos de trabajos, servicios, etcétera, hecho que explica con toda
probabilidad --lo voy a mirar con mayor detalle-- este posible incremento
que pueda parecer diferente del resto del Ministerio, porque,
efectivamente, en el Ministerio ha disminuido el capítulo dos un 6 por
ciento.
En cuanto a productividades, lo que puede explicar eso (porque, repito,
la política ha sido exactamente la misma) es lo siguiente. En el año
1993, el conjunto de las Confederaciones recibió una dotación de
productividad extraordinaria a lo largo del año mayor que la inicialmente
prevista como compensación de un procedimiento, que se estaba demorando
en el tiempo, de modificación de las RPT. Ahora bien, estas cantidades
eran, por decirlo así, a cuenta o temporales. En la medida en que las
nuevas relaciones de puestos de trabajo se fueran aprobando desaparecería
esta cantidad. Lo que sucede en el momento actual, a 30 de septiembre, es
que ya el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de
Hacienda nos han aprobado las nuevas relaciones de puestos de trabajo de
cuatro de las nueve Confederaciones, lo cual da unas cifras que no son
homogéneas en la comparación, pero que en cuanto a la política son
exactamente iguales. En cuanto a las otras cinco Confederaciones
pendientes, espero que de aquí a final de año lo hayamos resuelto. Dentro
de éstas se halla la del sur, que también está pendiente de
transferencia, y que en un plazo inmediato también lo estará.
El Diputado del Grupo Popular me preguntaba por los proyectos del fondo
de cohesión en Bruselas. Efectivamente, existe una lista de proyectos
aprobados. Sinceramente, no tengo aquí la información en la documentación
que he traído, pero se lo haré llegar en el plazo de tiempo que ha
marcado el Presidente.
Por lo que se refiere al PDR, como efectivamente usted ha dicho, es una
responsabilidad formal del Ministerio de Economía y Hacienda, pero le
puedo dar --aunque quizás no me corresponda a mí-- la primicia de que
precisamente la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de ayer vio ya el
PDR y entiendo que lo va a elevar al Gobierno en un plazo próximo.
Creo que el PDR va a cumplir la fecha. Tenemos prevista, en principio,
una duplicación de fondos estructurales (Feder, fondo de cohesión,
etcétera) en el período 94-99 y, en este momento, no le puedo dar ninguna
otra precisión. Simplemente, quiero decir que está visto ya por la
Comisión Delegada, que con toda seguridad el Gobierno lo va a aprobar en
los próximos días y que existe esta duplicación de fondos. En cuanto a la
lista de proyectos del fondo de cohesión, se la haremos llegar.
He contestado en parte lo relativo a la deuda, aunque quiero hacer una
matización: El Ministerio no ha realizado compensación de deudas. Cuando
estoy hablando de las deudas que pagamos a los constructores quiero decir
expedientes de revisiones de precios, de modificados, etcétera, que no se
habían satisfecho y que se han pagado no sólo por parte del Ministerio
sino por parte de Tesoro. Lo que es cierto es que Tesoro (hablo por parte
de Hacienda, sin que quizás me corresponda a mí; esto lo prevé el
Reglamento de recaudación y, por lo tanto, no es excepcional) puede, a
petición de un beneficiario, de un constructor o de un suministrador,
cambiar el importe que le debe el Estado por impuestos. Esto me consta
que se hace de forma absolutamente transparente. Es reglamentario, pero,
en todo caso, ni lo hace el Ministerio ni directamente tenemos nada que
ver con ello. Cuando yo hablo de regularizar hablo de lo que está en
nuestras manos. Independientemente de esto, si suministradores que tienen
deudas con el Estado pueden cambiarlas por impuestos pendientes, es un
tema en el que el Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia de
Recaudación, y Tesoro establecen lo que sea necesario.
Finalmente, el señor Posada me preguntaba por tres cuestiones concretas,
una de las cuales es bastante más complicada que la de los contratos.
Vamos por las sencillas.
El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario, no hay ningún problema. Creo
que está haciendo un gran esfuerzo para conseguir contestar a múltiples
preguntas puntuales y muy interesantes. No tenga prisa, no se agobie.
Creo que los diputados están muy interesados en escuchar su respuesta.
Por lo tanto, tómeselo con calma.
El señor SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá): Si esto fuera unas oposiciones, habríamos ganado
cinco minutos.
En el Programa 511.D, servicio 01, hay una cifra de unos 200 millones de
pesetas para campañas de promoción de infraestructuras. Esto son,
fundamentalmente, como el señor Posada ha indicado, unas campañas que
normalmente el Ministerio suele hacer, especialmente coincidiendo con el
verano, en las que se suele dar una información lo más al día posible de
toda la red, especialmente de aquellos tramos que en ese momento están en
obras; es decir, que esto responde fundamentalmente a campañas
informativas del conjunto de grandes infraestructuras que en este momento
pueden afectar a la red vial.
Por otra parte, me preguntaba acerca de los 1.720 millones en el servicio
06, las obras. Como S. S. bien conoce, en el Ministerio iniciamos hace
tres años una labor de refección del conjunto de plantas del Ministerio.
Hay que entender que Nuevos Ministerios es un edificio que, si bien se
empieza a ocupar en el año 1954, ve iniciadas las obras en la República y
prácticamente nunca había habido una labor profunda de renovación. Lo que
estamos haciendo, para permitir que esto se compatibilice con el trabajo
de los funcionarios, ha sido dar instrucciones a la Dirección de
Servicios para que vaya haciendo las obras planta por planta, intentando,
en la medida de lo posible, coger un espacio suficientemente grande, que
sale incluso más a cuenta económicamente. En los dos últimos años y en lo
que llevamos de éste, se han hecho obras en alrededor de 40.000 metros
cuadrados del complejo. Pensemos que el complejo tiene unos 220.000
metros cuadrados, lo que da una idea de la magnitud de lo que queda por
hacer. Las obras están consistiendo, básicamente --invito al señor
Diputado a verlas; la planta octava, por ejemplo, aún no se ha ocupado,
se desalojó al personal funcionario, que fue alojado temporalmente en
otros locales--, en rasar todo lo que son tabiques que no tenían ningún
tipo de valor y en hacer una nueva distribución de espacios que, entre
otras cuestiones, nos está permitiendo ganar un 30 por ciento de espacio.
Se hacen unas oficinas con una concepción mucho más moderna, con menos
pasillos, con menos despachitos, mucho más oficina-paisaje.
Concretamente, a la planta octava está a punto de ir ya la Dirección de
Carreteras, que está ahora dispersa y vamos a concentrar una gran parte
ahí. Por tanto, estos 1.720 millones --no tengo ahora aquí la relación
exacta-- son para el conjunto de obras que, para el año 1994, está
previsto realizar. Se ha hecho ya obra también en la planta cuarta, en
los sótanos y en un conjunto de sitios del Ministerio.
Finalmente, en cuanto a la pregunta que me hacía sobre contratos
blindados, entiendo que al Parlamento se le ha dado ya por parte del
Ministerio correspondiente, que pienso que fue el de Administraciones
Públicas, una información sobre los contratos blindados o lo que podíamos
entender por contratos diferentes de los habituales. Yo estoy en
condiciones de decirle lo siguiente. Primero, en el ámbito del Ministerio
--por descontado, como él mismo ya me indicaba-- no hay ningún contrato
de este tipo en lo que podríamos llamar altos cargos del Ministerio o de
sus organismos autónomos. Más bien, como los señores Diputados saben, nos
rebajaron parte de los emolumentos, lo que hemos aceptado solidariamente,
sin discutir; más bien ha sido lo contrario.
En el ámbito de sociedades estatales y empresas públicas adscritas al
Ministerio, en un período de tiempo razonable que yo sepa no se ha
producido la firma de ningún contrato blindado o de ese tipo, aunque sí
existen --ahora hablaré de ellos-- de períodos anteriores. Con esto
contesto en parte a la pregunta que él me hacía. En principio, no existe
un criterio escrito del Ministerio, pero, desde luego, ha existido un
criterio --que yo mismo he transmitido a los presidentes en su momento--
de que este tipo de contratos no se realizara. Al menos en el período en
el que yo he sido Subsecretario, no tengo conciencia de que se hayan
celebrado. Más bien ha existido una instrucción, llamémosle genérica, a
los presidentes --hay que recordar que tienen autonomía, de acuerdo con
la legislación-- de que este tipo de contratos no se realizara. Sin
embargo, existen, en concreto, en Renfe, Feve, Retevisión, Hispasat y
Aena, algunos contratos que podríamos entender que se asemejan a los
contratos llamados blindados, únicamente por un motivo: son contratos de
personal de alta dirección en los que, de acuerdo con el real decreto que
en su momento modificó el estatuto del personal de alta dirección, se
establece la posibilidad de una indemnización por cese en determinadas
circunstancias. Lo que no tengo en este momento, y por tanto no le puedo
informar, son estos contratos, aunque he pedido verlos para examinarlos.
¿Criterio que puede tener el Ministerio sobre este terreno? Con toda
sinceridad, no es un tema que yo haya discutido con el Ministro y, por
tanto, no existe un criterio definido. He dicho antes que el propio
Subsecretario, en un cierto momento --yo diría que hace unos meses o un
año, cuando este tema empezó a salir en la prensa--, dictó una
instrucción verbal a los presidentes para que, salvo en circunstancias
muy justificadas y que tenían que justificarse ante el Ministerio, no se
hicieran nuevos contratos. Por tanto, el primer criterio podría ser
restrictivo, más por las condiciones de contorno que el propio Diputado
ha expresado que por el fondo en sí, porque en el momento en que
desgajamos de la Administración entes para hacer que funcionen lo más
posible como empresas privadas, hasta cierto punto es razonable también
que estén acogidos a las mismas reglas de juego que tiene el personal
privado. No obstante, por este contexto que yo comparto plenamente, no es
política del Ministerio que existan estos contratos.
Ahora bien, habrá que ver qué hacemos y examinar con cuidado los
contratos que ya existían fruto de la autonomía que tienen estos entes.
Por la información que yo he recabado, no hay ningún otro tipo de
contrato especial sino, simplemente, unos contratos de alta dirección
que, tal como la legislación recoge --por tanto, en principio es legal,
otra cosa es que nos parezca más o menos oportuno--, establecen estas
posibilidades de indemnización a personal de alta dirección. Estamos
reflexionando sobre este tema. Entiendo que debería ser una política
común a toda la Administración --el Ministerio de Obras Públicas es una
parte del conjunto de la Administración--, y veremos lo que hacemos con
este asunto.
Con esto creo haber respondido, aunque puede que me haya dejado cosas en
el tintero. No obstante, creo que he dado una respuesta de conjunto a las
preguntas realizadas.
El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, porque
estamos en la hora justa y la disciplina se ha impuesto, tiene la palabra
el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: De una manera breve, sin literatura
alguna, quiero plantear dos cuestiones que se me suscitan al hilo de lo
escuchado al señor Subsecretario.
Cuando nos explicaba el carácter aparente del pequeño incremento de
gastos de personal que se produce en el Ministerio, del 1,8 por ciento,
subrayaba que es un incremento aparente, que no responde a la realidad
física de los hechos porque se produce, por el contrario, una congelación
efectiva de los gastos de personal. Yo quiero saber si esta congelación
es global del Ministerio o si vincula a cada uno de sus organismos. Dicho
en otras palabras, las Direcciones de Obras Hidráulicas, Carreteras,
Correos, Ferrocarril, que se van a ver inmersas en una labor de
planificación importantísima como consecuencia, fundamentalmente, del
PDI, ¿tendrán los recursos humanos de personal altamente especializado
capaz de hacer el trabajo que se requiere de un Ministerio que está
gestionando un techo que se ha establecido aquí del orden de dos billones
de pesetas, o esta política de congelación es tan ciega que pudiera poner
en peligro las planificaciones del Ministerio por un, a mi entender,
falso criterio de austeridad en el gasto? ¿Se permite la contratación de
personal técnico especializado con cargo a los créditos de inversiones o
hay algún otro sistema que permita solucionar lo que es un grave problema
que se puede plantear en este Ministerio?
La segunda cuestión es que, al hilo de las deudas pendientes, nos
informaba de que el origen de muchas de ellas pueden ser los expedientes
de modificación y de obras complementarias que se producen sobre obras ya
adjudicadas. Ha salido en prensa --no sé si es verdad o no-- que las
empresas están yendo ahora a contratar con bajas del 30 y hasta el 40 por
ciento. No nos vamos a engañar entre nosotros, esas bajas de este
ejercicio se van a traducir, dentro de dos años, en modificados y en
obras complementarias. ¿Hay alguna política concreta del Ministerio de
una mayor atención a la obra, de estar más pendiente de ella, que nos
permita curarnos en salud ante un acontecimiento que ya se ha vivido con
anterioridad en este Ministerio, o estamos al albur de los hechos?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Posada, brevemente
también.
El señor POSADA MORENO: Seré muy breve. En conjunto creo que las
respuestas del Subsecretario han sido concretas, pero quiero señalarle
algunas cosas.
En primer lugar, el capítulo 2 dice que los Presupuestos del Estado para
el Ministerio en sentido estricto bajan, en efecto, un 6,6 por ciento.
Pero si vemos el presupuesto para el Ministerio más organismos autónomos,
sube un 22 por ciento. Indudablemente, hay una situación que no
corresponde a la de la Administración del Estado y, por tanto, se tiene
que explicar a fondo.
En segundo lugar, recibiremos la información que nos mande sobre la
financiación de los fondos de cohesión.
Me habla también de las obras del Ministerio. Es importante que esas
obras se agilicen, y es muy importante, además, que, como contrapartida a
esas obras que está haciendo el Ministerio, se rebajen los alquileres de
una serie de organismos que están distribuidos por toda la ciudad de
Madrid, por poner un ejemplo. Luego vamos a compensar unas cosas con
otras.
Respecto a los contratos blindados, creo que es buena política la que ha
señalado el Subsecretario, que es máxima transparencia. Aquí se trata de
decir las cosas con absoluta claridad. Dice el Subsecretario que en los
dos años que él ha estado ha dictado instrucciones verbales. Bien, son
instrucciones verbales y está bien que se diga; no son escritas, pero se
han dado, insisto, instrucciones verbales. Ha dicho el Subsecretario que,
por lo menos, él no conoce que se hayan hecho por escrito. Eso supone un
cambio respecto a la época anterior. ¿En la época anterior los había? Hay
que decirlo y aclarar cuántos son en cada sitio y a qué afectan. Yo estoy
convencido de que en la situación actual habrá algunos de los que tienen
esos contratos dispuestos a cederlo voluntariamente, porque,
indudablemente, nos afecta esa situación.
Tiene que haber una transparencia total. No puede crearse la idea de que
los funcionarios en general --incluyo algos cargos, Diputados y
Senadores-- tienen su sueldo congelado y unas condiciones estrictas y hay
una fórmula con dinero público. Se dice que los vamos a tratar como
empresa, pero es dinero público, y se establece una diferencia grave con
el conjunto de los ciudadanos.
Por eso, lo que pido aquí es transparencia total. Si alguien tiene que
criticar que en un momento determinado en el año 1990 se hicieran esos
contratos, que lo haga. Yo no lo haré, pero insisto que habrá quien lo
haga. Esa es la razón de que no pueda crearse la confusión de que ahora
se puede hacer en un momento determinado.
Termino, aunque no sé si es procedente o no, recogiendo las últimas
palabras del portavoz socialista, porque creo que ha sido ahí muy claro
sobre cuál es la situación. Se están produciendo unas bajas,
indudablemente. Cualquier técnico o político que conozca un poco cómo se
hacen las obras y cómo se hacen los proyectos sabe que es absolutamente
imposible pensar que pueda llevarse a cabo esa obra con una baja tan
enorme en la inmensa mayoría de los casos; puede haber un caso, dos o
tres en que el proyecto esté muy mal elaborado y realmente se le pueda
dar la vuelta, pero en general no es así. Esas bajas se producen porque
hay una terrible demanda de obra por las empresas constructoras que les
hace ofrecer unas condiciones que cualquiera sabe que no se pueden
cumplir. Eso se transforma luego en modificados, como decía el propio
portavoz socialista.
Todo esto es engañarnos. Vuelvo, hoy que estoy de citas socialistas, a
referirme al portavoz anterior, que decía: No se trata de gastar más,
sino de gastar bien. Hay que gastar bien, pero hay que saber dónde se
está gastando. No tiene ninguna razón de ser el aceptar esas bajas que
luego se van a traducir en esa deuda del Ministerio que aumenta.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá): Brevemente voy a contestar las preguntas.
En primer lugar, ¿el capítulo 1 vincula a todo el Ministerio? En
principio, sí. No obstante, la pregunta concreta que me formula el
portavoz es si se va a poder contratar personal si es necesario. De
momento, sí.
En los Presupuestos del Estado, tal como está previsto aquí, se establece
ya que la oferta pública de empleo está congelada, pero excepciona al
Gobierno el que con unos determinados trámites pueda, si lo estima
oportuno, autorizar, con carácter extraordinario, contratación de aquel
personal que estime que puede ser indispensable.
Ya en el año 1993, el Ministerio de Obras Públicas gozó de este pequeño
privilegio --evidentemente, demostrándoselo bien a Hacienda-- y se nos
autorizó, con carácter excepcional, a llevar adelante la oposición al
Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Ministerio --creo recordar de memoria
que eran unas 35 plazas--, que en teoría no podía realizarse porque
estaba congelada la oferta pública. Pero el Ministerio de Hacienda y el
Gobierno entendieron que para el esfuerzo inversor que se estaba haciendo
esta previsión de nuevas plazas, primero, no alteraba el presupuesto,
evidentemente, en términos apreciables y, fundamentalmente, suponía
sustituir jubilaciones; por tanto, era procedente.
Yo sí que puedo anunciar aquí que, como política del Ministerio, tenemos
intención, en el momento oportuno, en cuanto se apruebe el presupuesto,
de solicitar al Ministerio de Hacienda que nos autorice para el año 1993
aquellas contrataciones indispensables de personal técnico de tipo medio
o de tipo superior, fundamentalmente, bien para reponer jubilaciones o
bien porque se necesite.
Esas cifras, evidentemente, se harán públicas en su momento. Incluso yo
no tendría ningún inconveniente en venir a esta Comisión y explicarlo en
el momento en que hagamos la petición. No puedo adelantar una cifra
ahora, pero nos movemos en entornos pequeños para lo que es la magnitud
del Estado.
En segundo lugar, respecto a las bajas, recojo también la preocupación
del señor Posada.
La verdad es que da gusto discutir con gente que sabe muy bien de qué va.
Con el miedo únicamente de que sepan más que el que va a dar la
respuesta, voy a intentar explicar muy honestamente y con mucha
transparencia cuál es la situación.
Efectivamente, en el Ministerio llevamos un control estricto, como pueden
imaginarse, del ritmo de las bajas, que en el último año ha crecido. Ha
pasado de un 30 por ciento en números redondos a, prácticamente, un 40 ó
41 por ciento en lo que va de año.
¿Cuáles son las explicaciones? Hay fundamentalmente dos. La más
importante, el hambre de cartera que las empresas del sector han tenido,
especialmente después de la terminación de las grandes obras de 1992.
Esto, con toda seguridad, es lo que explica que las empresas estén
licitando --pero todas ellas, no algunas-- a bajas cada vez mayores.
En el caso de las subastas, podemos aplicar la previsión del 10 por
ciento por temeridad, pero incluso así, sacando las que están más allá
del 10 por ciento de la baja media, esa propia baja media está en un
entorno que en principio no parece demasiado razonable.
Hay, no obstante, un matiz que vale la pena que al menos en esta Comisión
tengamos en cuenta, y es que el ritmo temporal con el cual la
Administración pública ejecuta la contratación --es decir, realiza un
proyecto, lo aprueba, lo licita, lo autoriza y lo contrata--,
efectivamente, como la señora Diputada indica, es un período largo. ¿Qué
quiere decir? Que las obras que se están adjudicando en este momento
están concebidas por los proyectistas dos años o dos años y medio antes,
en el momento álgido en que los costes de la construcción no tenían nada
que ver con los que hay ahora.
Por tanto, puede existir algo que es difícil de remediar «manu militari»,
porque no se puede hacer, y es que el propio proyecto esté técnicamente
bien hecho, pero conlleve unos costes que no son los de hoy. El sueldo
medio de un ferrallista, en agosto de 1991, no tiene nada que ver con el
sueldo medio de un ferrallista de la construcción en agosto de 1993, por
poner un ejemplo. Incluso el precio del cemento o de otros materiales ha
bajado. Por tanto, conclusión: puede haber también un factor de
distorsión cuando se hace la comparación.
Dicho esto, ¿qué medidas ha tomado el Ministerio? Ha tomado tres tipos de
medidas. La más importante: desde finales del año anterior, a todos los
nuevos proyectos que se están realizando en el Ministerio --que son, por
tanto, de obras que aún no se han licitado, los primeros se empiezan a
adjudicar ahora-- se está destinando más dinero en la fase de concepción.
En media, hemos pasado del uno y pico por ciento de coste del proyecto
sobre el total de obra, a casi el tres por ciento. ¿Con qué objetivo?
¿Para pagar más a los proyectistas? Evidentemente, no, sino para intentar
tener unos proyectos mejor hechos, por tanto, con más tiempo y con más
mediciones previas. Evidentemente, estamos convencidos de que, con
proyectos más sólidos, las desviaciones posteriores van a ser menores.
Hay que reconocer que muchas veces la Administración realiza un proyecto
inicial, pasa el tiempo, y cuando este proyecto se ejecuta,
efectivamente, ha habido modificaciones de todo tipo, a veces incluso
porque han variado las necesidades iniciales. Estamos intentando que no
sea así, y ello puede limitar, en parte, este tema.
Hay un segundo elemento. Durante el año anterior se ha puesto en marcha
en el Ministerio, dependiendo concretamente de la Dirección General de
Control de Gestión, una inspección específica de la obra pública que con
carácter sistemático está comprobando las revisiones de precios y los
modificados. Esta inspección está empezando a dar resultados ahora, y si
este tema les es interesante, podemos hablarlo aquí otro día. Confiamos
en que esto sea una medida de control importante.
Hay una tercera medida de tipo disuasorio que no está tanto en manos de
la Administración como del propio sector, y es que ese propio sector de
la construcción vea --creo que lo está empezando a ver-- que,
efectivamente, las previsiones, al menos del Ministerio de Obras
Públicas, son suficientemente razonables en que va a haber cartera, es
decir, que hay presupuesto y hay cartera. ¿Qué ha pasado? Creo que en
parte la pregunta del señor Posada introducía este elemento. Siempre que
hablamos de adjudicaciones hay que pensar en los ritmos temporales. Lo
que estamos viendo ahora es lo que pasó hace un año. ¿Qué pasó hace un
año? Hubo incluso un síndrome en el país, en parte real, de que la
situación económica iba muy mal, que no iba a haber cartera, y las
empresas --es un mecanismo casi inevitable-- van a conseguir mercado como
sea. En la medida --pienso yo, y lo he comentado directamente con la
patronal de la construcción, con Seopan, en largas reuniones-- en que
vayan viendo que hay un marco estable de financiación, que hay un plan
director y que unos presupuestos que recogen esto pueden razonablemente
ellas mismas --valga la expresión-- autorregularse. Desde la
Administración es muy difícil ningún otro sistema. Hemos estado dando
vueltas --no tengo ningún inconveniente en comentarlo con los Diputados
de la Comisión-- incluso a procedimientos más mecánicos de adjudicación
que eliminaran aquellas ofertas que tuvieran un tanto por ciento de baja
determinado, pero se hace difícil cuando todo el sector va junto porque
entonces puedes eliminar a los que sobresalgan de ese determinado tanto
por ciento, que es arbitrario, por otra parte, el que lo fijemos, pero si
va todo el mundo junto en la media, forzosamente esa media sigue siendo
mala.
¿Qué es lo importante aquí? Mejores proyectos, autorregulación del sector
viendo que hay un marco estable y --añadiría-- mejora de la situación
económica. No hay que olvidar que las empresas constructoras, en una
parte importante, reposan sobre la obra pública, siendo el resto la
edificación civil normal, pero eso está en cifras muy bajas, no se
construyen en este momento viviendas no protegidas o edificios de
oficinas y, por tanto, las empresas, como es muy lógico, se han volcado
en el único agente contratante que está manteniendo un ritmo de
inversión. En expresión mía que utilicé en una reunión reciente con los
constructores, el Ministerio de Obras Públicas está manteniendo un caudal
ecológico de inversión en este país, es el caudal que está manteniendo,
especialmente, al sector de la construcción. Por consiguiente, espero que
en las próximas adjudicaciones de licitaciones, el propio sector haya
regulado este proceso de bajas.
Contesto a otras preguntas que me ha hecho el Diputado del Grupo Popular.
En cuanto al capítulo 2, efectivamente, hay una explicación. Al juntarlo
con los organismos autónomos hemos puesto los 4.500 millones de pesetas
de la deuda de Correos. Yo creo que esto es conocido por los Diputados,
si no, lo aclaro aquí. En los Presupuestos de este año se ha reconocido,
con carácter extraordinario, una deuda que la antigua Dirección General
de Correos, no el organismo autónomo nuevo, sino, repito, la antigua
Dirección General de Correos, mantenía, si no me equivoco, con
Telefónica. Esto está reconocido, y el señor Camisón lo sabe casi mejor
que yo. Hemos recogido, por tanto, seis mil millones de pesetas: 4.500
millones en el ejercicio del año 1994 y 1.500 que se van a recoger en el
ejercicio del año 1995. Esto es lo que hace subir artificialmente la
cifra del capítulo 2 exactamente, en un 22 por ciento.
En cuanto al tema de los contratos blindados, comparto el criterio del
Grupo Popular. Lo que hay es lo que ha habido. Hay que pensar, no
obstante, como explicación --no estoy entrando en ninguna justificación--
que en los momentos en que se hicieron estos contratos, al menos por lo
que a mí me consta en el ámbito del Ministerio, fundamentalmente han
coincidido con los momentos de mayor expansión del sector privado, en
donde hubo una verdadera --si me permiten la expresión-- caza y captura
de directivos, no en vano se les llama los «head hunters», los cazadores
de cabezas.
¿Cuál es mi criterio personal sobre este tema? Entiendo que cuanto más
cercano esté a la Administración un ente, menos sentido tiene que se
aplique este tipo de contratos; cuanto más lejano esté del punto de vista
de gestión, cuanto más sea una empresa normal y corriente, más lógico
puede ser que se aplique. También es cierto que en el sector privado se
han dado verdaderos abusos, que todos conocemos por la prensa, en el
terreno de contratos blindados. Por tanto, aquí hay una dificultad.
Nuestro país no tiene, a este respecto, una doctrina muy establecida. Por
ejemplo, en países como Francia, los presidentes de empresas públicas, en
general, nombrados por el Gobierno, suelen tener un mandato cerrado en
principio, del cual, salvo dimisión, no pueden ser cesados por el
Gobierno. Esta es otra fórmula. Si la introdujéramos, seríamos acusados,
casi con absoluta seguridad, de que estamos intentando mantener a unos
señores fuera de lo que es la normal rotación política. Con esto quiero
decir simplemente no que el sistema me parezca mejor, sino que hay
diferentes métodos en el extranjero para esa estabilidad del gestor
empresarial público. Probablemente entre todos no hemos encontrado aún la
mejor fórmula. Yo creo que es bueno que el Ejecutivo se interrogue y
reflexione sobre ello, que el propio Parlamento también reflexione y que
busquemos soluciones que ni funcionaricen a unos señores que realmente no
son funcionarios, ni tampoco, evidentemente, den a personas que están muy
cerca del entorno funcionarial unos derechos que no tiene nadie del
entorno, ni los altos cargos, ni los Diputados, ni nadie más.
Estoy de acuerdo en que hay que hacer una reflexión mayor y encontrar ese
punto medio de eficacia empresarial de búsqueda de personal.
Hay un último punto que ha tocado el señor Posadas y que yo comparto
plenamente --espero que el compartir un punto con el Partido Popular no
me cueste la Subsecretaría-- y es que estoy de acuerdo en que algunos de
estos contratos hechos en épocas anteriores, muy probablemente ahora las
personas que los tienen en un contexto diferente no tendrían ningún
inconveniente en
renunciar a ellos. Estoy convencido. Son fruto de un determinado momento
en donde la contratación de personal de un cierto nivel sufrió, incluso
en términos de retribuciones, unos vaivenes que probablemente hoy en día
el mercado no está dando.
De todas formas, termino. Les agradezco a los señores Diputados la
paciencia y benevolencia que han tenido conmigo y al señor Presidente
también.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Subsecretario.
Vamos ahora un poco cortos de tiempo, pero creo que ha valido la pena
escuchar la contundencia y la honestidad con la que el Subsecretario --y
no era menos lógico esperar que fuera así-- ha correspondido a las
expectativas que esta Comisión tenía ante su comparecencia. Estamos
plenamente satisfechos, al menos yo lo estoy, y cada uno de los Diputados
juzgará.
Por tanto, gracias por su comparecencia y le tomamos la palabra para que
vuelva a comparecer en nuestra Comisión cuando haya otras cosas que
aclarar sobre su Departamento.
--EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
TERRESTRE (PEREZ TOURIÑO), A SOLICITUD DE LOS GRUPOS: SOCIALISTA (número
de expediente 212/000080), POPULAR (número de expediente 212/000173) Y
MIXTO (número de expediente 212/000131).
El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, queridos colegas, seguimos porque
es nuestra obligación terminar el orden del día de la mañana y llevamos
un ligero retraso, pero vamos a tratar de cumplir con el orden del día
que tenemos previsto.
En esa línea interviene el Secretario General para las Infraestructuras
del Transporte Terrestre, don Emilio Pérez Touriño, que, como todo el
mundo sabe, intervino en una comparecencia anterior recientemente. En
este caso es a petición de los Grupos Socialista, Popular y Mixto, y
también en respuesta a petición de comparecencia del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya al Director General de Carreteras y al
Director General de Infraestructuras y Transportes Ferroviarios.
Siguiendo el procedimiento que hemos utilizado durante toda la mañana,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Bienvenido, en nombre del Grupo
parlamentario Socialista, el señor Secretario General para las
Infraestructuras del Transporte Terrestre.
Hemos escuchado al señor Subsecretario del Ministerio decir hace unos
instantes que con carácter general las inversiones del Ministerio se
engloban dentro de las previsiones contempladas en el Plan Director de
Infraestructuras, aunque, como ya hemos dicho y volvemos a reiterar, no
es una planificación todavía cerrada por el Gobierno ni del conocimiento
formal de esta Cámara.
Nos interesaría, descendiendo un poco en el nivel de concreción al que es
posible llegar, escuchar al señor Secretario General si ese encaje
general de las inversiones del Ministerio en el PDI tienen una traslación
también a los presupuestos de infraestructura del transporte. Es decir,
si las inversiones previstas este año en infraestructuras del transporte
responden a lo contenido en el Plan Director, tanto en el transporte
urbano como en el interurbano.
Me gustaría también conocer los incrementos, o disminuciones en su caso
si los hay, de inversiones en infraestructuras del transporte terrestre
en relación con el ejercicio actual. (El señor Secretario, Vilafranca
Bosch, ocupa la Presidencia.)
Por último, querríamos una definición, lo más concreta posible, de las
prioridades que se mantendrán en carreteras y en ferrocarril, por ser las
dos infraestructuras más concretas que vamos a tratar en esta
comparecencia, puesto que están previstas otras de las Holding Puertos
del Estado y de AENA, y las razones por las que desde el Gobierno, y
desde el Ministerio en este caso, se sostienen esas actuaciones
prioritarias.
El señor SECRETARIO (Vilafranca Bosch): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Bienvenido señor Pérez Touriño. Intervendré en el
aspecto de carreteras, y luego el señor Camisón seguirá en
infraestructuras ferroviarias.
Voy a hacer una intervención muy concreta, centrándome en el desarrollo
de la actuación en carretera y, por tanto, mirando hacia esa situación en
que todavía no se aplica el Plan Director de Infraestructuras, pero en el
que ya se da por completado el Plan 1984-1991. Estamos a finales de 1993
y mis preguntas irán dirigidas fundamentalmente a saber qué pasa con ese
plan puente, cómo ha terminado y cómo se aplica.
Según la situación de los programas del Plan 1984-1991 a 31 de diciembre
de 1992, es decir, al empezar el año, los kilómetros que faltaban por
contratar eran los siguientes --según datos oficiales--: programas de
autovías, 226 kilómetros; programa de acondicionamientos, 1.536
kilómetros; programa de reposición y conservación, 1.078; medio urbano,
352. Esto era, repito, al empezar el año. Ahora ya terminamos el Plan y
entonces queremos saber cuántos kilómetros se han ajudicado, o están a
punto de adjudicarse, antes del 31 de diciembre, y más o menos un detalle
de los mismos, pero sobre todo cuántos se han adjudicado de cada uno de
éstos para saber si hemos completado o no ese Plan.
El Plan de transporte para acceso a grandes ciudades por carretera tenía,
en febrero de este ejercicio --eso me lo dijo a mí personalmente el
Ministro en la interpelación que yo le hice en el Senado--, un 34 por
ciento del presupuesto sin adjudicar, y era un Plan, recuerdo, 1990-1993,
es decir, que este es el último año de ese Plan de
transporte, ese Plan Felipe para carreteras, el Plan de cercanías. ¿Cuál
es el volumen de obra contratado? ¿Qué proyectos se han adjudicado? ¿En
qué cifras estamos? Si el Plan 1990-1993 en febrero de 1993 estaba en el
34 por ciento, con esto vamos mal.
¿Considera el Ministerio concluido, en cuanto a licitación y
contratación, el Plan 1984-1991 al finalizar 1993, aunque queden
kilómetros pendientes, sean los que sean? ¿Sigue considerando el
Ministerio vigente la última previsión de febrero de este año que situaba
el coste total del plan --porque ya lo estamos acabando-- en 2,7
billones, que era una previsión para el 93 por cien del plan? Según las
estimaciones que se hicieron entonces en diciembre de 1992 se habían
reconocido obligaciones por 1,7 billones, y se preveía reconocer, en
1993, otros 0,3 billones, por tanto, llegar a las cifras que antes
dábamos, ¿se ha cumplido esta previsión? Si se ha cumplido, quedarían
todavía por reconocer 657.000 millones de pesetas para terminar de pagar
el Plan 1984-1991. La pregunta es: de los 419.000 millones previstos en
1994 para inversión en carreteras ¿cuál es la previsión que corresponde
todavía a reconocimiento de obligaciones de 1984-1991?
Hablamos ahora de un plan puente, al que se refirió el Ministro, entre
ese Plan 1984-1991 y el Plan Director de Infraestructuras, cuando llegue.
Resulta que ese plan puente tiene muchos tramos de autovías que no se
contemplan --es un plan puente 1993-1994-- en este presupuesto, ¿cómo no
se van a iniciar, por ejemplo, tramos como los de Huelva-Ayamonte;
Mérida-Zafra; Benavente-Astorga-Villafranca del Bierzo;
Salamanca-Tordesillas; Málaga-Nerja-Motril, etcétera? Si es un
plan-puente, que es de dos años, quiere decirse que en esos dos años
habrá que iniciar algo porque, si no, no ha servido para nada.
Habría que saber también a cuánto ascienden los gastos de publicidad y
propaganda de la Dirección General de Carreteras durante 1993, en
concreto, los anuncios sobre la ejecución del Plan 1984-1991.
Termino ya con una pregunta muy concreta pero de gran actualidad. Se ha
hablado mucho de la autovía del Cantábrico. Se han manejado cifras, se ha
hablado de unas cantidades que luego no correspondían (inversiones en
este año, inversiones en años sucesivos), y debo decir de pasada que una
cosa que a mí personalmente me sorprende mucho es que cuando vemos el
coste de los proyectos de carreteras no hay forma de que las anualidades
sumen lo que es el coste total. Supongo que eso tendrá alguna
explicación, pero en la mayoría de las obras el coste total no aparece y
hay sumas que no salen. En este tema de Galicia y Asturias yo creo que sí
es importante, por las expectativas existentes, saber cuál es el coste de
esa obra, qué se pretende hacer durante este año y el próximo y cuántos
años puede tardarse en hacer esa autovía.
El señor SECRETARIO (Vilafranca Bosch): Como continuación a la
intervención del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Secretario General, en esta ocasión voy a
formular una serie de preguntas con gran concreción, absteniéndome de
hacer valoraciones, y utilizando una cierta lentitud en la exposición con
la intención de que haya tiempo para que sean tomadas perfectamente por
usted o por los colaboradores que le acompañan. En el caso de que por la
concreción de las mismas careciese de datos para su respuesta, le rogaría
que en el plazo reglamentario de 48 horas me fueran remitidos a esta
Comisión, ya que nos son muy necesarios para la formulación de nuestras
enmiendas, aunque el Gobierno tendría la opción de acudir al acta
taquigráfica de esta Comisión.
Aprovecho también para recordarle que en su última comparecencia se
comprometió a enviarnos una serie de datos relativos a la misma y espero
que lo active al máximo porque también los precisamos para estos
Presupuestos. Las preguntas que nos interesan, referidas todas ellas a la
infraestructura de transporte ferroviario, son las siguientes.
En el Presupuesto de 1994, el proyeto 87.23.003.0565, plan de supresión
de pasos a nivel, figura una determinada consignación presupuestaria.
Preguntamos: ¿Cuántos pasos a nivel se suprimieron y de dónde en 1993?
¿Cuántos pasos a nivel se piensan suprimir en 1994, con indicación de la
localización exacta y el coste de cada uno de ellos? (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
En el proyecto 87.23.003.0660, renovación de vía, aparecen también unas
determinadas consignaciones. Preguntamos: ¿Cuántos kilómetros de vía se
renovaron en 1993 y dónde, tanto en la red básica como en la
complementaria, con indicación detallada de los trayectos? ¿Cuántos
kilómetros se ha previsto renovar en 1994 y en qué trayectos?
El proyecto 87.23.003.0665, otras actuaciones del PTF, contempla también
unas determinadas partidas de inversiones. Preguntamos: ¿Qué actuaciones
concretas se llevarán a cabo en 1993 y cuáles se prevén para 1994, con
detalle del coste respectivo en cada una de ellas?
El proyecto 87.23.003.0675, contratos de asistencia técnica, tenía una
inversión asignada, en 1993, del orden de los 2.000 millones de pesetas,
sin embargo, en los Presupuestos de 1994 figura con una drástica
reducción. ¿Cuál es el motivo de esa disparidad de... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego a los señores Diputados un mínimo
de silencio para escuchar al señor Diputado.
El señor CAMISON ASENSIO: ¿Qué contratos se firmarán en 1993 y con quién?
¿Cuál fue el procedimiento de contratación empleado? Para el año 1994,
aparece una consignación determinada y al respecto preguntamos: ¿Cuántos
y qué tipo de contratos de asistencia técnica se piensan celebrar en el
próximo año? ¿Con quién se proyecta firmar? ¿Por qué procedimiento de
contratación?
Con respecto a los proyectos 90.23.003.0100, Madrid; 90.23.003.0200,
Barcelona; 90.23.003.0300, Valencia; 90.23.003.0400, Sevilla; y
90.23.003.0500, Oviedo, ¿cuáles
fueron las actuaciones realizadas en 1993, en cada una de las ciudades
citadas, con cargo a las anteriores dotaciones, con indicación de la
inversión correspondiente a cada uno de los proyectos? ¿Qué actuaciones
concretas se prevén realizar en 1994 en cada una de esas ciudades?
Para terminar, señor Secretario General, ¿cuáles son las actuaciones
incluidas en el superproyecto 9.013 (página 454), cuyo coste total es de
104.926 millones de pesetas, de los cuales se aplican al presupuesto de
1994 que estamos debatiendo 13.754 millones?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda
Unida, señor Andréu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, vamos a dividir la intervención
entre el Diputado don Pedro Antonio Ríos y yo mismo.
Quería plantear al señor Pérez Touriño algunas cuestiones sobre las
inversiones del Programa 513.A, Infraestructuras de transporte
ferroviario. En primer lugar, el cómputo de este programa, que es de
128.686 millones de pesetas, significa menos del 10 por ciento,
aproximadamente --creo que es el ocho y medio o nueve por ciento--, del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, mientras que,
por ejemplo, la inversión en carreteras es de 364.826 millones, lo que
supone una inversión tres veces superior a la del ferrocarril. Yo querría
saber, señor Pérez Touriño, si ése es el índice que va a utilizar en las
próximas inversiones el Ministerio y, concretamente, si el Plan Director
de Infraestructuras va a ir en esa dirección de triplicar las inversiones
en carretera sobre las del ferrocarril.
En la exposición que ustedes hacen del Programa 513.A (que, por cierto,
es una exposición extraordinariamente parecida a la de presupuestos de
años anteriores, cuando parece que las condiciones varían continuamente y
resulta un poco burocrática la forma de presentar el Presupuesto por
parte del Ministerio) hablan de actuar solamente en aquellas líneas de
las que consideran que existe una alta tasa de utilización, incluso se
refieren a que solamente se van a producir desdoblamientos en aquellos
sitios donde haya una utilización al cien por cien o superior a ese cien
por cien de su capacidad. Yo le pregunto si el Ministerio no cree que, al
igual que cuando se proyectó la línea AVE Madrid-Sevilla y estimó que iba
a haber una serie de usos inducidos a partir de esa línea, si no
considera ahora que una mejora de la infraestructura ferroviaria puede
significar también la existencia de tráficos inducidos, porque el
criterio de que solamente se hará en aquellas líneas que tengan una
utilización superior al cien por cien de su capacidad no deja de ser un
criterio con el mismo grado de arbitrariedad que el que se pudo haber
planteado con respecto a los tráficos inducidos en la línea
Madrid-Sevilla. ¿No consideran que tanto un argumento como otro tienen un
alto grado de riesgo o de arbitrariedad? Yo me pregunto si sería posible
hacer otro tipo de reflexión intelectual ante la inversión en
infraestructura ferroviaria como crear tráficos inducidos en muchas de
las líneas que, a lo mejor, están en capacidades inferiores al cien por
cien, y si podríamos llevar a cabo una mejora sustancial del conjunto de
la red arterial ferroviaria.
También le preguntaría al señor Secretario General si realmente tienen
abandonado el proyecto de red arterial ferroviaria, porque, si no
recuerdo mal, la inversión destinada a dicho proyecto es de cero pesetas.
Me gustaría que me dijera si el Ministerio da por zanjado que no tengamos
una red arterial ferroviaria en el Estado o si, por el contrario, es
solamente una coyuntura temporal que va a resolver el Plan Director de
Infraestructuras.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve.
Nos gustaría conocer a qué obedece el volumen de concentración en zonas
que la inversión en carreteras tiene para este año. Hay una actuación en
lo que es infraestructura de carreteras que está concentrada en grandes
autovías, en grandes autopistas en tres grandes focos, pero no hay una
distribución en toda la red, no hay una distribución en una actuación de
desarrollo territorial integrado. Sin embargo, el Programa Director de
Infraestructuras, aquel borrador que ustedes publicaron, incluía
actuaciones que estaban más ensambladas, bastante más integradas.
Proyectaban una actuación sobre regiones urbanas y hacían actuaciones
intermodales de transporte, coordinando las inversiones tanto en
carretera para el transporte de mercancía como ferroviario, como para
puertos en algunas zonas. Definían actuaciones en ciudades o planes de
estudio que iban a realizar durante este año para actuaciones
intermodales en determinados núcleos urbanos importantes. Nos gustaría
conocer cuáles son las actuaciones intermodales que tienen previsto
acometer este año, en qué ciudades se van a llevar a cabo, porque en el
estudio de aquel programa que ustedes definían para el año 1994 hablaban
de bastantes ciudades, aunque algunas podían quedar fuera.
El segundo bloque de preguntas iría dirigido a los compromisos que el
señor Ministro --por lo menos nos los había anunciado y han decantado en
el último año-- anunció para introducir en los presupuestos de obras de
carretera (en general de obra pública, pero, sobre todo, en las de
carreteras) un volumen de actuaciones medioambientales, tanto en lo que
se refiere a evaluación de impacto ambiental dentro de la propia obra
pública incorporado al propio costo de la obra, como a lo que podríamos
llamar tramos urbanos de autovía; los efectos sobre el ruido, la
posibilidad de utilizar sistemas diversos, que se han puesto en práctica
por ejemplo en la M-30 en Madrid --quizá no se haya podido poner en
práctica en otros sitios--, y de qué manera van a incorporar en el
volumen de la obra pública una parte de ese presupuesto para esas
actuaciones de índome medioambiental en zona urbana, pensemos en los
efectos acústicos, en las pantallas de protección o en usos de un tipo de
firme distinto.
Por otro lado, si hacemos un análisis comparativo de
los Presupuestos observamos una reducción en activos financieros en lo
que hemos dado en llamar sector público, en los concesionarios de
autopistas. Se produce una reducción de casi 400 millones de pesetas con
relación al año 1993. ¿A qué obedece esa reducción de préstamos que
ustedes tenían comprometidos con el sector público a largo plazo, en lo
que se refiere a estos concesionarios de autopistas? ¿Es debido a una
evolución que va a ser permanente o a una actuación puntual?
En cuanto a lo que podríamos llamar sectores de transporte, los flujos de
transporte --y es más bien una solicitud de circunscripción que de
globalidad--, ustedes definían como foco prioritario todo el eje
mediterráneo desde la frontera, desde lo que era Gerona hasta Murcia,
hasta la parte sur, la parte oriental de Andalucía. Ese era el flujo de
mayor demanda de transporte. En el Programa Director de Infraestructuras
había incluso una valoración del uso de viajeros y de mercancías que
había en ese eje y, sin embargo, nos extraña que ustedes no concentren
actuaciones ni en ferrocarril, ni en carreteras en ese eje. En
ferrocarril, hay tramos que quedan sin ultimar, tramos de comunicación de
Murcia a Alicante así como de electrificación no ultimados. Y en
autopistas recuerdo aquella famosa autopista de hace muchos años que iba
para Cádiz y queda sin ultimar el tramo de Baza-Puerto Lumbreras. Era
para la Expo-92, es la autovía del 92, estamos finalizando el 93 y
todavía no está ultimado. En lo que se refiere a ferrocarril, tampoco hay
comunicación entre la parte oriental de Andalucía con la parte del
Levante, está cerrada, aunque, según los estudios realizados, los flujos
son mayores desde Almería que desde Granada. Me gustaría saber si a nivel
de infraestructuras se va a incorporar esa inversión para los próximos
años.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
TERRESTRE (Pérez Touriño): Procederé a contestar siguiendo el mismo orden
en que han intervenido los señores diputados de los diferentes grupos
parlamentarios.
En primer lugar, el señor García-Arreciado ha planteado tres grandes
elementos en relación con el presupuesto en materia de infraestructuras
de carreteras y ferroviarias. Ha mencionado el grado de correspondencia
con las previsiones del PDI; en segundo lugar, hacía un análisis
comparativo de este presupuesto y una valoración respecto a la
disminución o no con relación al del año anterior, y también ha
solicitado que explicase las prioridades que orientaban este presupuesto.
Es evidente que se trata de tres preguntas que afectan a la sustancia de
las características del presupuesto que presenta el Ministerio en esta
área. Trataré de contestar brevemente pero, en todo caso, intentaré
responder a lo demandado por su señoría.
En relación con el presupuesto de este año en materia de inversión viaria
y de inversión en infraestructura ferroviaria, las dos áreas de esta
Secretaría General, he de manifestar que de la lectura de las cifras que
lo soportan se puede deducir que es un presupuesto que significa el
esfuerzo de priorización en un año de restricción presupuestaria, de
dificultades presupuestarias; plasma muy concretamente la priorización
que hace el Gobierno de la inversión en infraestructuras y, muy en
particular, de la inversión en infraestructura viaria y, en menor medida,
en infraestructura ferroviaria, pero también con cambios en positivo
importantes respecto al año pasado.
En el capítulo seis --estamos hablando de lo fundamental, que es el
presupuesto en inversiones-- el presupuesto en materia de carreteras pasa
de una inversión de 393.000 millones el año pasado, a una inversión de
419,9, es decir, prácticamente 420.000 millones. Por ser rápido diré, en
síntesis, que supone un crecimiento del 6,8 por ciento. Un crecimiento
que todavía es mayor, un 7,1 por ciento si hablásemos sólo y
exclusivamente de lo que es creación de infraestructura de carreteras, el
programa de obra nueva. Se sigue manteniendo el esfuerzo inversor en lo
que es conservación y explotación de carreteras. Cabe recordar que lo que
era conservación y explotación, tan sólo en 1991, estaba en 42.000
millones de pesetas y el presupuesto en este año, tres años después, se
sitúa en 70.800 millones de pesetas. Se ha producido un crecimiento del
5,2 por ciento sobre el año pasado después de haber dado ya un salto
importante, una priorización muy considerable en el presupuesto del año
anterior.
En síntesis, creo que se trata de un presupuesto que permitirá soportar
--y a ello me referiré posteriormente-- una nueva generación de
actuaciones, por una parte --a la que se referían también señorías en
otras intervenciones--, el llamado plan-puente o programa prioritario de
actuación en materia de carreteras, y, al mismo tiempo, finalizar, con un
grado elevado de cumplimiento, el primer Plan general de carreteras. Este
presupuesto se plantea tres grandes objetivos, y con esto contesto a las
prioridades por las que se me preguntaba aunque, en principio, un poco
ampliamente: en primer lugar, finalizar el primer Plan de carreteras con
un grado de cumplimiento que, en media y para el conjunto de los
programas, superará el 90 por ciento. En segundo lugar, queremos
posibilitar el comienzo de la segunda generación de actuaciones,
plan-puente, que significa, en definitiva, poner en marcha un plan que
alcanzará una inversión prevista de 1,2 billones de pesetas --se
planteará a esta Comisión, a las Cámaras, pero en los borradores y
proyectos que estamos trabajando el plan-puente previsiblemente alcance
una inversión como la citada--, de los cuales prácticamente un billón
estará destinado a la creación de nuevas autovías.
Es evidente que este plan-puente se realizará en varios años. Comprende
inversiones de obras ya licitadas y adjudicadas en 1993, obras que se
licitarán y adjudicarán en el presupuesto de 1994, y algunas de ellas
serán obras que se adjudiquen en 1995. Cuando hablo de poner en marcha un
plan-puente que significará una inversión sólo para autovías de un billón
de pesetas, estoy refiriéndome a obras que se ejecutarán no solamente en
el
presupuesto de 1994, sino que algunas de ellas han empezado en 1993 y
otras lo harán en 1995.
El tercer elemento sustancial de este presupuesto (no cuantitativo pero
sí cualitativo y quiero resaltarlo) es que se podrá mantener una política
muy importante de saneamiento de las incidencias. Es decir, seguir
cumpliendo el objetivo de pagar las expropiaciones simplemente con un año
de diferencia, con lo cual el presupuesto de 1994 permitirá pagar todas
las expropiaciones a 31 de diciembre de 1993. Por otra parte, permitirá
seguir haciendo el esfuerzo con relación a la reducción, el pago y la
atención de las incidencias con el sector de la construcción, al cual se
ha saneado de forma muy importante como reconoce y explicita la directiva
de la propia asociación de constructores de la junta directiva del
Seopán, y, a su vez, mantener un esfuerzo muy importante por mantener
criterios de calidad en la concesión de la obra pública. De hecho, se
siguen destinando presupuestos muy elevados para la mejora y el pago de
los proyectos de construcción y seguimiento de obra. Aparecen partidas
específicas también en el presupuesto de este año a las que podemos
referirnos.
Estos son los grandes elementos de orientación de los objetivos y las
cifras comparativas respecto a las del año pasado.
En síntesis, las previsiones establecidas en el Plan Director de
Infraestructuras en materia de carreteras se compadecen de manera
consecuente con las previsiones que el Plan director contenía, Plan en el
que, de nuevo, se reabrirá el proceso de tramitación y es previsible que,
a lo largo de este año 1993, bien pueda ser presentado ya para su
aprobación, o lo sea en fecha próxima, a la finalización del año.
Podría dar una información más detallada respecto al nivel de objetivos
que se plantean con este presupuesto. Quizá valga la pena ofrecer un
mayor grado de información respecto a los objetivos concretos que
orientan el presupuesto. Me referiré a lo que venimos denominando
programa de actuaciones, plan-puente. En el presupuesto de 1994 se
contempla una serie de actuaciones, básicamente: cerrar las dos
comunicaciones por autovía con Galicia, desde Benavente hasta La Coruña y
desde Benavente hasta Vigo; en segundo lugar, cerrar el eje
Bailén-Jaén-Granada; en tercer lugar, cerrar la conexión de la autovía
Madrid-Valencia; en cuarto lugar, la autovía Cervera-Igualada; en quinto
lugar, extender la autovía del Cantábrico hasta Asturias; y, por último,
realizar los cuatro tramos de la autovía Zaragoza-Huesca, que comunicarán
Zaragoza con Nueno; además del comienzo de la construcción del túnel de
Somport. Son éstas las actuaciones fundamentales que aparecen detalladas
ya expresamente en el presupuesto que se presenta. Además, aparece un
resto de actuaciones sin numerar que darán cabida a aquellas actuaciones
también del plan-puente que, precisamente, se están elaborando,
discutiendo y matizando a nivel de borrador para poder incorporarlas.
Tenemos la previsión presupuestaria correspondiente, en todo caso, para
dar soporte al comienzo de esas actuaciones. Me refiero a actuaciones que
también han sido mencionadas en la intervención del señor Posada, que son
en la autovía de Castilla Tordesillas-Salamanca; en la autovía de la Ruta
de Plata, Mérida-Zafra; en la autovía Sevilla-Ayamonte, el tramo
Huelva-Ayamonte; en la autovía del Mediterráneo, Málaga-Nerja; en la
autovía del Noroeste, por supuesto, Villafranca-Lugo, para cerrar el
conjunto de la conexión con Galicia... En todas esas autovías se está
trabajando y, previsiblemente, podamos licitar también en 1994.
Junto a ellas, estamos trabajando en otra serie de objetivos a incorporar
al plan-puente que, en concreto, hacen referencia a la continuación de la
autovía de la Ruta de Plata, desde Zafra hasta Sevilla; la autovía del
Mediterráneo, desde Nerja hasta Motril; la autovía Alicante-Cartagena, la
primera calzada de su autovía; el comienzo de la autovía Albacete-Murcia,
desde Cieza hasta Archena; la autovía Levante-Aragón, desde Sagunto hasta
Segorbe, la segunda calzada porque la primera ya está en construcción; y
la autovía que denominamos en principio orbital, que en definitiva es la
gran circunvalación de Barcelona en el eje entre Abrera y Sant Celoní.
Son, por lo tanto, un conjunto de actuaciones que están en diversa fase
del procedimiento. Trataré de explicarlo después en la respuesta a S. S.
con un poco más de detalle. Están en distinto grado de intervención.
Algunas de ellas ya se han adjudicado y comienza su ejecución, en
términos físicos, en 1994; otras, las licitaremos a lo largo de ese año,
y comenzarán a finales de 1994, comienzos de 1995; y las últimas a las
cuales hacía referencia, serán autovías que tendremos que licitar a
finales de 1994, comienzos de 1995.
Todas ésas conformarán el plan-puente. No quiero adelantarlo porque son
todavía borradores de trabajo, pero el presupuesto que se plantea esta
Comisión permitirá soportar estas actuaciones, junto con la finalización
del primer Plan de carreteras, tema al que trataré de contestar
posteriormente.
Esto quizá sea lo que pueda adelantar en relación con el conjunto de
preguntas que formulaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en
esta Comisión en relación con carreteras.
Respecto al ferrocarril, la inversión en materia ferroviaria en los
presupuestos de este año conoce también un incremento significativo y
positivo, en términos porcentuales, respecto al presupuesto del año
pasado. El presupuesto de la Dirección General de Infraestructura del
Transporte Ferroviario, para este año, es de 64.500 millones de pesetas,
frente al del año pasado de 47.600. En definitiva, ha habido un
crecimiento superior al 25 por ciento, un 26 por ciento. Es evidente que
es un presupuesto que todavía no está en la línea de marcha con la
previsión del Plan Director de Infraestructuras, porque es claro que en
materia ferroviaria tenemos todavía pendientes desarrollos planificadores
que no están hechos al mismo nivel que los ya realizados en el plan de
Carreteras.
En definitiva, estamos trabajando todavía en desarrollo del PDI, en los
planes sectoriales correspondientes. El presupuesto del año 1994 (insisto
en que se incrementa
en un 26 por ciento lo que es inversión e infraestructura ferroviaria de
la Dirección General respecto al del año pasado) se concentra este año,
fundamentalmente, en una serie de programas a los que puedo hacer
referencia con un mayor detalle. Por una parte, se trata de acabar, de
dejar contratado todo el Plan de transporte de cercanías. El presupuesto
de este año dedica 21.000 millones de pesetas, es decir, el 33 por ciento
del dinero presupuestado en 1994, a dar soporte al cumplimiento del PTC,
del Plan Felipe, en materia de transporte de cercanías. Un plan que
quedará contratado en su totalidad en 1994 y que entrará en servicio en
su totalidad en 1995.
El grado de ejecución a 31 de diciembre de 1993 del Plan de Transporte de
Acceso a Grandes Ciudades, que formaba parte del Plan Felipe, será de un
60 ó 61 por ciento de cumplimiento. Es decir, este año habremos gastado
el 60 por ciento de lo previsto. En 1994 estaremos en el 90 por ciento
del cumplimiento, y en 1995 estará todo él en servicio.
La primera prioridad de los 64.000 millones es el acceso a las grandes
ciudades. Se trata de dar cumplimiento a un criterio prioritario que
venimos remarcando desde hace tiempo, que es el papel que el ferrocarril
tiene que jugar especializadamente en el transporte a las grandes
ciudades, en el acceso a las grandes ciudades.
El segundo objetivo prioritario del presupuesto de este año, que supone
una concentración de esfuerzos, es la duplicación de vía y la elevación,
para 200 y 220 kilómetros por hora, en dos corredores, en primer lugar en
el Corredor Mediterráneo, en la conexión entre Valencia y Barcelona,
duplicando la vía y elevándola a 220 kilómetros por hora, y, en segundo
lugar, en el Corredor Madrid-Valencia, con los mismos objetivos. Ambos
sumados suponen una anualidad, presupuesto de 1994, de 22.000 millones de
pesetas, lo que significa que absorben el 34 por ciento del Presupuesto
que está en discusión, y podría detallar --les eximo de hacerlo, porque
aparece en el anexo de inversiones-- concretamente los tramos del
Corredor Mediterráneo y del Corredor Madrid-Valencia que se atienden con
estas cantidades a las que vengo a hacer referencia.
Existen luego otros dos programas que quiero subrayar, que son muy
importantes este año, tanto cuantitativa como, por supuesto,
cualitativamente, que son el programa de renovación de vía en el resto de
la red y el programa de supresión de pasos a nivel. Dos pinceladas de
entrada en el programa de renovaciones de vía, posteriormente trataré de
dar mayor información al señor Camisón, que la demandaba. En este
programa se hace este año un esfuerzo muy importante, se destinan 11.000
millones de pesetas a renovar vías en el conjunto de la red básica de
Renfe, concretamente renovaremos vía en 650 kilómetros a través de 17
actuaciones, iniciando un programa que significa un gasto total de 40.000
millones de pesetas, de los cuales, insisto, este año son 11.000; el
resto se harán entre 1994, 1995 y 1996, 11.000 millones en 1994 y el
resto en 1995 y 1996. Luego daré cuenta de cuáles eran estas actuaciones,
porque eran demandadas por la intervención del Grupo Parlamentario
Popular.
El otro programa es el de supresión de pasos a nivel. Este año se
destinan cantidades también importantes al inicio de un programa
ambicioso de supresión de pasos a nivel, que abarcará desde el año 1994
hasta 1997, es decir, 4.300 millones de pesetas en el año 1994 sobre un
total de 16.500. Se trata de suprimir 127 pasos a nivel que, o bien
tienen algún convenio específico, o bien están en corredores en los que
se eleva la velocidad, o bien corresponden a líneas de cercanías.
En síntesis, por tanto, en materia ferroviaria, ¿dónde estamos
concentrando el esfuerzo de los 64.000 millones de este año? En el
transporte de acceso a las grandes ciudades, en dos corredores donde nos
parece prioritaria la asignación de recursos para culminar una actuación
que es muy importante por la congestión, la capacidad y el potencial de
tráfico que soportan --el Corredor Mediterráneo y el cierre de
Madrid-Valencia--, y en programas que están a lo largo de todo el
territorio en la red básica de Renfe, tanto en renovaciones de vía como
en supresión de pasos a nivel.
Junto a ello están las inversiones que lógicamente sigue haciendo en
infraestructura lo que es la propia empresa, la operadora pública, Renfe
y Feve. En particular, haré una breve referencia a las inversiones que
hace Renfe, que fundamentalmente se mantienen en un nivel semejante a las
del año pasado, con un cierto descenso o una cierta reducción, porque, en
definitiva, nuestro criterio es que las inversiones en lo que es obra
nueva se hagan desde los Presupuestos Generales del Estado para la
administración de la Dirección General de Infraestructura, y Renfe debe
concentrar sus esfuerzos en lo que realmente tiene lógica que haga Renfe
como operadora, que es, por una parte, dedicarse a las inversiones en
mantenimiento, y, por otra, más inversiones asociadas a la operativa y al
funcionamiento de los servicios.
En líneas generales, esto es lo que me parece esencial a destacar de los
Presupuestos de este año en cuanto a objetivos y en cuanto a la
comparación, al tipo de evolución y al esfuerzo en priorización de
infraestructuras que significa.
Entrando a contestar a las preguntas formuladas por el señor Posadas,
desde el Grupo Popular, en materia de carreteras manifestaba tres o
cuatro elementos, el número uno de los cuales hace referencia al grado de
realización del primer plan de carreteras que anunciamos que damos por
finalizado; el segundo al plan puente, y el tercero a cuestiones
puntuales, una referente a gastos de publicidad y otra a la autovía del
Cantábrico. Trataré de contestarle en la medida de lo posible a todas
ellas con cierto nivel de concreción, debido a la información de que
puedo disponer en este momento.
Respecto al grado de ejecución del primer plan de carreteras, desde el
punto de vista del soporte presupuestario lo que le puedo decir a S. S.
en el ámbito de esta materia es que los Presupuestos para este año
permiten un grado de cumplimiento, como estaba previsto, que, desde la
perspectiva del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, posibilita
dar por concluido el primer Plan general de carreteras. En términos
concretos, en cuanto
al programa de autovías --voy a examinarlo con cierto grado de detalle,
tal como lo demanda S. S.--, en torno al 99 por ciento. Quiere decir esto
que quedan adjudicadas, y por tanto en curso de ejecución, todas las
autovías que estaban contempladas en el primer Plan de carreteras, con la
excepción, en este momento, del tramo de la autovía entre Puerto
Lumbreras y el límite de la provincia de Almería, que será adjudicado
previsiblemente en el mes de noviembre, en todo caso antes de fin de año
--y por eso lo computamos dentro del 99 por ciento--, posiblemente en un
próximo Consejo de Ministros del mes de noviembre. Está toda la
documentación preparada y a punto de ser elevada para su autorización,
repito, por el Consejo de Ministros.
¿Qué es lo que queda sin cumplir exclusivamente en el programa de
autovías? En cuanto a qué actuaciones son, me eximo de la enumeración
porque aparecen en el programa de inversiones públicas. Las autovías que
permiten decir esto están enumeradas en el programa de inversiones
públicas, y son los tramos Arganda-Perales, Játiva-Silla y
Almansa-Alcudia en la autovía de Levante; la variante Puerto Lumbreras y
Puerto Lumbreras-límite de la provincia de Almería en la de
Alicante-Baza; en la autovía San Roque-Guadiaro, el tramo de
Málaga-Algeciras; Marcenado-Lieres, en Oviedo-Pola de Siero;
Caudete-Requena, en la autovía Valencia-Utiel; Almaraz-Jaraicejo,
Miajadas-Mérida, en la autovía de Extremadura; la variante de Lérida,
dentro de la autovía de Lérida, Lérida-Cervera; la variante de Almería y
el tramo Adra-El Parador dentro de la autovía Puerto Lumbreras-Adra, y
Castro-Colindres y Treto-Uznayo dentro de la autovía del Cantábrico. Todo
este conjunto de autovías aparecen presupuestadas en el año 1994 con las
anualidades correspondientes para atender las certificaciones del año
1994, más la programación correspondiente a los años 1995 y 1996, en que
todavía arrastra alguna de ellas cola presupuestaria.
Esas son las autovías que tienen anualidad y que permiten aseverar que el
programa queda todo en ejecución, con excepción de los tramos
Guadiaro-Estepona y Estepona-Río Verde, tal como ya se había planteado en
mi informe elevado al Consejo de Ministros, aprobado por éste y
presentado a la Comisión correspondiente en la legislatura anterior.
En la medida en que la opción del Ministerio, como recoge el Plan
director de infraestructuras, es dar continuidad, con estos tramos, a la
autopista de la Costa del Sol, tanto por trazado como por costes
previstos de la actuación, parece razonable que sean construidos como
autopista de peaje.
Por tanto, hay en torno al uno por ciento de incumplimiento respecto al
programa de autovías y a los objetivos que ya habían sido anunciados y
explicados.
En cuanto al programa de acondicionamientos, este año conocen --supongo
que lo habrá advertido S. S. en particular-- un incremento significativo,
muy importante respecto a la dotación presupuestaria del año pasado,
precisamente para poder acabar el primer Plan de carreteras con la
previsión que habíamos anunciado. Nosotros acabaremos el Plan de
carreteras en materia de acondicionamientos este año, a 31 de diciembre
de 1993, con un grado de cumplimiento en el entorno del 90 por ciento,
prácticamente un 91 por ciento, y para eso hemos dotado a este programa
con 86.000 millones de pesetas de presupuesto frente a los 71.000 que
tenía el año pasado. Esto es lo que nos va a permitir, insisto, en torno
al 90 ó 91 por ciento de cumplimiento, de ejecución de dicho Plan de
carreteras.
¿Cuáles son los acondicionamientos? Aparecen todos ellos listados, uno a
uno, en el programa de inversiones públicas de este año. Ahí sí que no le
voy a hacer la lectura porque son muchos; están en el anexo a los
Presupuestos Generales del Estado, por tanto, lo tienen sus señorías. Se
recogen todos los proyectos de acondicionamiento, numerados
específicamente, con la excepción, para no hacer la lista tan larga ya,
de aquellos que tienen cantidades, en principio, de presupuesto de
adjudicación menor de 1.000 millones de pesetas, que nos parecían ya
actuaciones cuya enumeración haría la lista quizá carente de significado.
En todo caso, si fuera preciso o si sus señorías lo desean, lo podríamos
adjuntar. Esto en cuanto al programa de acondicionamientos.
Respecto al programa de actuaciones en medio urbano, ahí es donde, como
en su momento explicábamos que era lógico, el grado de cumplimiento en la
ejecución baja un poco con arreglo a los otros programas, porque el de
actuaciones en medio urbano, como es fácil, creo, de poder explicar, es
siempre más complejo, ya que pasa por acuerdos con los ayuntamientos, por
problemas siempre complicados de definición, de ejecución sobre todo, por
tanto siempre lleva un grado mayor de retraso en la ejecución con
respecto a los objetivos previstos. En concreto, lo daremos por
finalizado con un grado de cumplimiento cercano al 85 por ciento. Ese
grado de cumplimiento vuelve a subir de forma importante en el caso del
programa de reposición y conservación, donde estaremos en torno al 93 o
al 94 por ciento. Por eso decíamos que el grado de incumplimiento global
se situará un poco por encima del 90 por ciento respecto al grado de
realización.
En la previsión de coste seguimos manteniendo en este momento --no tengo
datos que me hagan modificar-- los dados en su día en el informe que
presentamos a esta Comisión, o a la anterior; es decir, seguimos
manteniendo la misma previsión de coste.
En cuanto al arrastre de compromisos, le puedo dar las cifras oficiales
de que dispongo a fecha de hoy. En este momento, en lo que es el conjunto
del programa, tanto de actuaciones en autovías, como autovías medio
urbano, como en acondicionamiento, tenemos un compromiso fijo, en
definitiva, derivado de las obras del primer Plan de carreteras, en torno
a 205.000 millones de pesetas, depende del momento en que se cifren los
datos de la Intervención General del Estado. En el otro programa, en el
de conservación y explotación de carreteras, nos situamos en torno a los
45.000 millones de pesetas. En definitiva, unos 250.000 millones de
pesetas en cuanto a compromisos fijos a atender con cargo a los
Presupuestos de 1994. Es evidente que hay también cargas sobre los
presupuestos del año 1995 y 1996, pero en este momento los compromisarios
arrastrados para 1995 todavía están en un nivel bajo, unos 79.000
millones de pesetas en el primero de los programas, en el primer bloque
que le he distinguido, y en conservación y explotación están en torno a
los 11.000 millones de pesetas. Estas son las cifras arrastradas de las
que puedo dar información en este momento.
Referente a datos de incumplimiento de objetivos en térmimos físicos, le
diré que en el año 1993 hemos puesto en servicio --lo que es literalmente
autovías-- 293 kilómetros y 273 kilómetros de acondicionamientos; las
actuaciones en medio urbano y en refuerzo de firmes se miden en número de
actuaciones o en millones de pesetas, no en kilómetros. Para el año 1994
prevemos poner en servicio 100 kilómetros de autovías y que entren en
servicio 232 kilómetros de acondicionamientos. Pero por no mezclar,
respecto a autovías --que es por lo que me preguntaba-- puestas en
servicio en 1993, son cerca de los 300 kilómetros, y en
acondicionamientos 273 kilómetros.
Objetivos para el año 1994, plan puente. Esa era la pregunta que me
hacían, fundamentalmente si había actuaciones que no se contemplaban y en
qué consiste, en líneas esenciales, el plan puente. Trataré de explicarlo
con mayor detalle.
El plan puente lo que plantea, fundamentalmente, es cubrir la transición
entre la finalización del primer Plan de carreteras y la aprobación del
segundo, un segundo plan sectorial que tendrá que ser aprobado una vez
que lo sea el plan director de infraestructuras. Decía anteriormente que
estamos trabajando con el objetivo de que en torno a diciembre de 1993
(eje de referencia), un poco antes o un poco después, pudiéramos tener el
plan director de infraestructuras. A partir de ahí, en el segundo
semestre de 1994 deberíamos tener el segundo plan de carreteras. Mientras
tanto, lógicamente no debemos paralizar la actuación, por eso el
Ministerio, con el plan director y el borrador del plan director de
infraestructuras que conocen sus señorías, estuvo trabajando a lo largo
del año pasado y este mismo año; por tanto, tenemos ya un plan puente de
actuaciones que será presentado. Este plan puente de actuaciones,
insisto, plantea una inversión, en principio --tomen las cifras con
cierto carácter de previsión, tendremos que traerlo y ser aprobado-- en
torno a 1,2 billones de pesetas. De esa cifra, un billón sería para
actuaciones en materia de autovías, algo más de 100.000 millones serían
para actuaciones en materia urbana, actuaciones en ciudades, y en torno a
los 70.000 millones de pesetas serían para acondicionamientos. No
incluimos en el plan puente, porque ésa es una inversión que hay que
mantener todos los años y que no depende de actuaciones del plan en ese
sentido, lo que es propiamente el programa de conservación y
mantenimiento, que lo ponemos aparte.
¿Cómo se refleja el plan puente en el Presupuesto de 1994? El Presupuesto
de 1994 concretamente a lo que da soporte de forma específica, y creo que
esto es importante, es, por una parte, a una serie de actuaciones en
materia de autovías que ya aparecían en los Presupuestos de 1993, y que
se trata de continuar en 1994. Me refiero a la autovía del Noroeste, en
la que, como saben, entre Lugo y La Coruña ya se han licitado todos los
tramos, que son cinco, y se han adjudicado obras en dos de ellos, por
tanto, ya se han iniciado las obras en el propio año en curso, en 1993.
Con el Presupuesto de 1994 se trata de garantizar la posibilidad de
licitar y contratar toda la autovía desde Benavente hasta La Coruña.
La autovía de las Rías Bajas, simétrica a la anterior, desde Benavente
hasta Porriño, hasta Vigo, en definitiva, cinco tramos entre Orense y
Vigo, ya han sido licitados, uno de ellos incluso adjudicado, ya han
empezado las obras, y el resto, hasta llegar a Benavente, es lo que
soporta el presupuesto de 1994. Exactamente igual para la autovía
Bailén-Jaén-Granada, en la que hemos licitado ya dos tramos y estamos a
punto de licitar, en lo que falta de año, los otros dos. Quiere decirse,
por tanto, que en el año 1994 estará en ejecución toda la autovía
Bailén-Jaén-Granada y tenemos presupuestada la anualidad correspondiente
para los pagos del año 1994 y los sucesivos previstos.
La autovía del Cantábrico prefiero dejarla para la parte específica y así
poder contestar, al final, a la pregunta que me demandaba mayor detalle.
En principio, y también al final, está incluida en el plan puente, igual
que, por supuesto, el cierre de la autovía Madrid-Valencia, los tramos
desde Atalaya hasta Caudete. Se incluyen, igualmente, los tramos de la
autovía Cerbère-Igualada; en Zaragoza-Huesca, los tramos desde Villanueva
de Gállego hasta Nueno, como decía anteriormente. Todas éstas eran
previsiones --si no me olvido de ninguna, creo que no-- que ya estaban en
los Presupuestos de 1993 y que sus señorías, por tanto, conocen.
Además, en 1994 nos planteamos, como objetivo, licitar
Tordesillas-Salamanca, Mérida-Zafra, Huelva-Ayamonte, Málaga-Nerja y
Villafranca-Lugo. Un tramo al que no me he referido anteriormente, y que
lo daba por incluido dentro de la autovía de Galicia, es el paso de
Piedrafita. Ya hemos anunciado en reiteradas ocasiones que este paso
concreto es muy complicado técnicamente y que lleva un cierto retraso
respecto a los demás por las dificultades añadidas que tiene. En todo
caso, tenemos la previsión de poder licitarlo en 1994 y que, por tanto,
se ejecute a lo largo de los años 1994 y 1995, como está previsto en el
convenio con Galicia.
Esto significará, en términos físicos, que para el año 1994 nuestro
objetivo, en definitiva, es licitar en torno a 900 kilómetros de
autovías; iniciaremos actuaciones en materia de autovías en unos 900
kilómetros; se generarán nuevas actuaciones, también en materia de
autovías, entre 800 a 900 kilómetros, más cerca de 900 que de 800, y
tendrán otra fase de actuación, que quizá no alcance la licitación, en
las autovías que anteriormente mencioné Nerja-Motril, Alicante-Cartagena,
Albacete-Murcia, Sagunto-Segorbe y Abrera-San Celoni, en Cataluña. Todas
ellas forman parte del plan puente en que estamos trabajando, pero la
fase proyectual es un poco previa y, por tanto, razonablemente
es difícil establecer el objetivo de
que nos dé tiempo a licitar eso en el año 1994; estaremos a caballo entre
1994 y 1995 para poder licitarlo.
La autovía del Cantábrico, para no exterderme excesivamente, hay que
dividirla, en los trabajos del Ministerio, en tres grandes bloques. El
primero hace referencia a lo que ya está en curso, está en ejecución,
Castro-Colindres y Treto-Uznayo; en definitiva, la conexión entre Bilbao
y Asturias. Castro-Colindres y Treto-Uznayo aparecen en el anejo de
inversiones públicas con las correspondientes anualidades y, como podrán
comprobar, es una obra que debe acabar en 1995, aparece presupuestada,
con la anualidad correspondiente, y es la extensión de la autovía del
Cantábrico entre Santander y Bilbao.
El segundo bloque de actuaciones es la extensión de la autovía del
Cantábrico. Castro-Colindres y Treto-Uznayo aparecen con presupuesto de
adjudicación, porque ya han sido adjudicados y, por tanto, el presupuesto
de obra para el año 1994 es de 12.936 millones de pesetas.
La extensión hasta Asturias forma parte del plan puente. Se trata de una
actuación en la que calculamos un presupuesto de 110.000 millones de
pesetas, más 7.500 millones correspondiente a Llanes-Llovio; es decir, en
el entorno de los 118.000 millones de pesetas, será el coste de la
extensión de la autovía del Cantábrico hasta Asturias. Insisto en que ése
es un objetivo incorporado en el plan puente que, por tanto, quiere decir
que el tramo Llanes-Llovio ya lo licitaremos este mismo año 1993, y el
resto lo tenemos que licitar en el año 1994.
El resto de la autovía del Cantábrico, que es la extensión a Galicia,
como saben también SS. SS. hay el objetivo (y existe el compromiso firme
del Ministro subrayado por el Presidente del Gobierno muy recientemente)
de incorporarlo al Plan director de infraestructuras. Es la extensión,
repito, de la autovía del Cantábrico desde Asturias hacia occidente,
hasta Galicia. Ahí, por tanto, estamos trabajando en fase muy previa;
estamos haciendo las primeras aproximaciones, y lo que hay es el
compromiso político, insisto, de incorporarlo al plan director de
infraestructuras. Su programación dependerá, por tanto, de la
programación del PDI.
Con esta información confío en que haya respondido a la inquietud
formulada por su señoría.
Respecto a los gastos de publicidad, prefiero enviarle por escrito la
correspondiente contestación, porque la verdad es que no puedo
responderle con certidumbre en este momento, ya que no tengo la
información con ese grado de detalle; está en los Presupuestos, pero se
la podemos completar por escrito.
Referente a las preguntas que formulaba su compañero, señor Camisón, en
relación con materia ferroviaria...
El señor PRESIDENTE: Le damos un respiro de unos segundos al Secretario
General. Lógicamente tiene que contestar a las preguntas, pero lo único
que rogaría es un poco de celeridad, si es posible, dada la hora que es y
que a las cuatro y media volvemos a reanudar los trabajos.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
TERRESTRE (Pérez Touriño): Señor Presidente, lo intentaré. Resumiré las
preguntas, pero contestando a las cuestiones que formulan SS. SS., y lo
que no pueda me comprometo a enviarle por escrito los datos más
concretos.
Empezando por el primero de los proyectos, supresión de pasos a nivel, le
mandaremos la información, porque es evidente que pide un grado de
detalle al que no le puedo contestar, ya que es proyecto a proyecto y se
trata de cientos de ellos. Le mandaremos, repito, la información
detallada que quiere tener, pero le daré un criterio general y los
grandes elementos de cada uno de los proyectos muy rápidamente.
Como le anunciaba en la anterior intervención, en el programa de
supresión de pasos a nivel figura una dotación para este año de 4.300
millones de pesetas en los Presupuestos de 1994. Eso, por así decirlo,
abre un programa cuyo coste previsto es de 16.543 millones de pesetas; un
programa que, en definitiva, lo que pretende es lograr una supresión de
127 pasos a nivel en el conjunto de la geografía española. Este programa
responde, lo decía también anteriormente, a una tripleta de objetivos:
por una parte, de aquellos en los que existe un convenio con la comunidad
autónoma o ayuntamiento, y que aparece ya priorizado y con colaboración
de otras administraciones para realizarlo; programas en los que por
elevación de velocidad tiene lógica que al mismo tiempo procedamos ya a
la supresión de pasos a nivel y otros en los que estamos ante la mejora
en un tramo de línea de cercanía y es muy importante priorizar la
supresión del paso a nivel. Se trata --se lo puedo enumerar-- de 30 pasos
a nivel en la línea Valladolid-Vitoria; siete en Alcázar-La Encina; 25 en
la línea Silla-Cullera; tres en San Adrián de Besós-Malgrat; 17 pasos en
Venta de Baños-León; cuatro pasos en Campo Criptana y en Tomelloso; en
Sevilla tres, Bellavista, Isaac Peral y Plaza Arenal, y un paso a nivel
en Castellón.
Eso en lo que corresponde a actuaciones con compromiso fijo para 1994 ya
hechos, y nueva contratación en 1994 son 36 pasos en Valencia-Castellón y
un paso en Sagunto.
En todo caso, insisto, le mandaré la información complementaria. Tenemos
también grafiado --se lo puedo mandar a S. S.-- las líneas y los
corredores en concreto en que están suprimidos los pasos a nivel.
En cuanto al programa de renovación de vías, los presupuestos de este año
contienen también un elemento importante cualitativa y cuantitativamente.
Le decía anteriormente que se trata de un presupuesto para renovación de
vía con anualidad 1994 de 11.000 millones de pesetas, y que abren gasto a
un programa más amplio de 40.000 millones de pesetas a realizar entre los
años 1994 a 1996. Se trata de renovar vía dentro de la red básica de
Renfe, ése ha sido el criterio, en 650 kilómetros y en 17 actuaciones.
Estamos en las mismas circunstancias. Se han escogido (de acuerdo con la
propuesta fundamentalmente de la operadora, como es lógico, y con los
criterios luego del Ministerio) aquellas actuaciones en las que, por
envejecimiento de la línea, era más importante renovar,
dentro de lo que es la red básica, aquella que soporta los tráficos más
importantes.
El programa se lo puedo referir muy brevemente, independientemente de que
le envíe la información posteriormente. Se trata de actuaciones en San
Adrián de Besós-Mataró; Navidiello-Malvedo, en Asturias; en Madrid, en
Chamartín-Fuencarral-Pitis; en el País Vasco, en varios tramos, entre
Orduña y Llodio, Alsasua-Zumárraga y Zumárraga-Tolosa; en Galicia, en
tramos importantes, Orense-Guillarei, Guillarei-Tuy, Redondela-Vigo; en
Cataluña, Arenis-Massanet, y después en otra serie de puntos de la
geografía española. Creo que es preferible que le mande el listado
completo en aras de la brevedad exigida por la Presidencia.
Existe también el grafiado que permite ver el detalle concreto de la
programación y los criterios con los que se ha hecho.
Respecto al programa de otras actuaciones del PTF, es un programa que
contiene algunas actuaciones que tienen también importancia desde el
punto de vista del funcionamiento de la red, aunque la inversión sea
menor. En concreto, querría destacar la inversión (le mandaré el detalle
preciso con la minuciosidad que la reclama), pero estamos hablando de
mejoras en las instalaciones de seguridad de 2.276 millones de pesetas
destinados a finalizar obras correspondientes al control de tráfico
centralizado en los tramos entre Calatayud y Ricla, Bárcena-Santander; a
instalaciones de seguridad entre Miranda-Bilbao, y al bloqueo automático
en Chamartín-Coslada-San Fernando.
El PTC es quizá el programa más relevante desde el punto de vista de la
priorización. Tenemos también el grado de detalle en cada una de las
actuaciones por puntos de actuación. Tenemos un compromiso fijo
arrastrado de 13.500 millones de pesetas, que se distribuyen en 6.000
millones en Madrid, 3.400 en Barcelona, 1.400 en Valencia, 160 en Sevilla
y 2.494 en Oviedo y Gijón, y una nueva contratación con cargo al año 1994
por valor de 7.745 millones de pesetas. En total son los 21.300 millones
de pesetas a los que hacía referencia anteriormente, sobre los que creo
que existe información exhaustiva y detallada que le enviaremos a S. S.
con todo el grado de precisión que señala.
Se refería también S. S. a un superproyecto, que no he identificado, por
13.704 millones de pesetas, que supongo que será --porque es el único que
queda-- el de algunas de las actuaciones en duplicación de vía en el
corredor mediterráneo o en el corredor Madrid-Valencia. El primero de
ellos es el corredor mediterráneo. La anualidad 1994 son 17.000 millones
de pesetas y corresponde a la duplicación de vía en los tramos
Castellón-Oropesa, Alcanar-Camarles, que ya está en ejecución, y
Camarles-Tarragona. Después está el acondicionamiento, ya no la
duplicación, a 200 ó 220 entre Valencia-Castellón, Oropesa-Alcanar y
Tarragona-San Vicente de Calders. En cuanto a la conexión entre
Madrid-Valencia, se trata de la actuación básicamente en el tramo entre
La Encina y Silla, que es la partida fundamental.
Al igual que me pasaba en materia de carreteras, en cuanto a los
contratos de asistencia técnica, aunque tienen un grado de detalle y una
inversión de índole menor, no tengo aquí ese grado de precisión. Se lo
remitiremos a S. S., que me parece que era el último de los
superproyectos a que hacía referencia.
Finalmente, me referiré a las intervenciones de los señores Andreu y
Ríos, de Izquierda Unida, en materia de ferrocarril por parte del señor
Andreu y en materia de carreteras por parte del señor Ríos. En materia de
ferrocarril planteaba S. S. tres elementos de referencia. El primero es
que la cifra de inversión es muy baja comparativamente con las
carreteras, y en definitiva que hay poca priorización de la inversión en
materia ferroviaria. Por otro lado, preguntaba qué criterios ha soportado
o soporta y si no podía haber criterios alternativos respecto a la
concentración de la inversión en las líneas de alta tasa de ocupación, y
en tercer lugar, me demandaba información sobre las redes arteriales
ferroviarias. Creo que esencialmente ésas eran las tres cuestiones.
Respecto a la priorización del ferrocarril en relación con la carretera,
es evidente que es un tema que habría que tratar con mucha más calma,
pero uno de los grandes elementos de referencia es que la carretera en
nuestro país y en el conjunto de los países europeos a lo largo de estos
años se ha convertido en el modo dominante universal; es el modo que
tiene garantizada la accesibilidad a todo el territorio. Es el modo de
transporte más permeable y con mejor capacidad de adaptación, es
evidente. Soporta por encima del 90 por ciento de los tráficos, tanto de
viajeros como de mercancías. El ferrocarril en este período es un
ferrocarril que ha ido perdiendo cuota de mercado, en toda Europa y en
España, que soporta menos del 10 por ciento de los tráficos, tanto en
viajeros como en mercancías, y que necesariamente es un ferrocarril que
tiene que buscar su especialización en aquello en lo que es más rentable
social y económicamente. Y el ferrocarril donde es más rentable social y
económicamente, desde nuestra perspectiva, es en el transporte, en el
acceso a las ciudades, en transportar grandes masas de población en
movimientos punta a las ciudades, a las áreas metropolitanas y, en
segundo lugar, para determinado tipo de corredores. Y allí es donde
precisamente se han concentrado y se han especializado los recursos que
tenemos en materia ferroviaria este año. Por tanto, la cifra no es baja
respecto al papel que la carretera tiene que jugar. Como línea de
orientación general, si uno hiciera los porcentajes de comparación,
incluso tendría que tener quizás un desequilibrio mayor. Sin embargo, es
criterio del Plan Director de Infraestructuras priorizar la inversión
ferroviaria, insisto, dentro de esos parámetros o de esas líneas
generales de actuación. Fundamentalmente es necesario que el ferrocarril
se especialice, y hay que abandonar la idea de un ferrocarril soporte de
todos los servicios y soporte de todo tipo de tráfico. Esa es una idea, a
nuestro entender, que correspondió a otra época del ferrocarril, que ni
las prioridades ni las capacidades presupuestarias de este país la
permiten y creemos que sería una muy mala asignación de recursos.
En cuanto a los criterios concretos en que está volcado el ferrocarril en
las líneas de alta ocupación o cuáles son los criterios que han
soportado, lo acabo de referir. Básicamente un 33 por ciento de la
inversión o un 31 por ciento del presupuesto de este año ha ido a lo que
es el cumplimiento del plan de transporte de cercanías; un 33 por ciento
a las duplicaciones de línea y acondicionamiento del ferrocarril para 200
ó 220 kilómetros por hora, en corredores cuya demanda y potencialidad de
tráfico son los más importantes del país, y el resto ha ido prácticamente
a los programas de renovación de vía y de supresión de pasos a nivel.
Por lo que se refiere a las redes arteriales ferroviarias, efectivamente
este año aparece una dotación muy baja --quiero recordar que no mayor a
los 600 millones de pesetas-- que es para culminar una actuación de la
red arterial ferroviaria de Córdoba. Tenemos pendiente el desarrollo,
pero no está maduro como para poder concretarlo presupuestariamente, es
decir, no podemos empezar la obra y, por tanto, no hay partida
presupuestaria, de un conjunto de actuaciones en medio urbano, que tienen
que ver con transporte intermodal a que hacía referencia el señor Ríos.
Son actuaciones pendientes de definición en una serie de actuaciones,
pero en todo caso sí quisiera hacer una referencia concreta. Las redes
arteriales ferroviarias consumen un volumen de recursos muy importante, y
el criterio del Ministerio es que lo que tradicionalmente se han
denominado redes arteriales ferroviarias deben ir a actuaciones no
pesadas, a actuaciones que, a ser posible, eviten el soterramiento del
ferrocarril, a financiar, desde los presupuestos ferroviarios,
actuaciones que son fundamentalmente de carácter urbano. Ahí es
fundamental la colaboración de aquellas otras administraciones que tienen
competencia en materia urbanística de ordenación y de responsabilidad en
materia de gestión de suelo, como son los ayuntamientos y las comunidades
autónomas. Por tanto, son actuaciones que tienen que ser concertadas y
soportadas en la parte correspondiente a lo que tengan de actuación en
materia urbana por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas. Por
eso son procesos que hay que concertar, que llevan más tiempo, y en este
momento todavía están en proceso de elaboración las que vayan a ser y no
hay ninguna que deba tener soporte con cargo a los presupuestos de 1994.
Esto por lo que se refiere al ferrocarril.
Con respecto a lo demandado por el señor Ríos en relación con la
carretera, sobre los criterios territoriales, debo decir que la actuación
del presupuesto de 1994 en materia de carreteras viene caracterizada por
ser un proceso de transición entre el primer plan y el segundo plan de
carreteras. Por tanto, por ir por partes, en materia de autovías las que
se han puesto en marcha obedecen a convenios firmados con
administraciones autonómicas:
con Galicia; Bailén --Jaén--, Granada, con Andalucía; con la Generalitat
de Valencia en el caso del cierre Madrid-Valencia, o son actuaciones que
correspondieron a compromisos de Gobierno, como el plan de dinamización
de Asturias. Por tanto, se trata de actuaciones puntuales convenidas por
el Gobierno que había que atender en los presupuestos de 1993 y de 1994.
En todo caso, si uno hace el repaso territorial de las mismas, creo que
no hay concentración, son todas ellas actuaciones casi de mallado de la
red, que no corresponden a un criterio de radialidad, que ya ha sido
cubierto por el primer plan, y que precisamente permiten avanzar en la
línea de ordenación y estructuración del territorio con criterios de
reequilibrio territorial. Se trata, con carácter singular y
paradigmático, de toda la inversión de la extensión de las autovías a
Galicia, de toda la extensión del cierre perimetral de la autovía del
Cantábrico, el corredor del Cantábrico, de lo que es el caso de
Bailén-Jaén-Granada, un eje norte-sur que estrutura todo el espacio
oriental en el caso de Andalucía, desde Bailén hasta la costa, hasta
Granada, y posteriormente se extenderá a Motril.
Es el caso de la autovía Madrid-Valencia, de cerrar una actuación que no
había estado prevista en el primer plan de carreteras, en un eje muy
importante del país. Se trata de otro gran eje que estructura el
territorio de Aragón y que abre una nueva vía de conexión a Europa, como
es el eje del Somport, el de Zaragoza-Huesca. Por lo tanto son todas
ellas actuaciones prácticamente --insisto mucho en ello-- de ordenación
de territorio, de reequilibrio territorial, de avance de aquello que es
un criterio fundamental del PDI, que es el mallado de la red una vez que
se ha conseguido de manera importante el soporte más radial, atender, por
lo tanto, las prioridades de las zonas de tráfico más congestionadas que
fueron atendidas con el primer plan de carreteras.
Por otra parte, no hay que olvidar todas las actuaciones en medio urbano
y acondicionamientos, muy importantes presupuestariamente, que están
también en los Presupuestos Generales del Estado y que entran en línea
--con ello paso al segundo tema que usted demandaba-- con actuaciones en
medio urbano, que son muy importantes desde el punto de vista de la
mejora de la intermodalidad de los tráficos y para resolver los problemas
de congestión en las ciudades y que están repartidas a lo largo y ancho
del territorio. Si hiciera el gráfico de la actuación en materia de
acondicionamientos en medio urbano le daría un detalle muy completo de la
actuación en el conjunto del territorio del país. Nada más alejado de la
realidad sería una visión muy deformada porque precisamente la actuación
en materia de carreteras tiene, como es lógico que tenga, no podía ser de
otro modo, un carácter de accesibilidad dentro del territorio, de
universalidad que necesariamente aparece muy diversificada por el
conjunto del territorio. En todo caso la perspectiva general habrá que
tenerla con un período temporal más prolongado. Si uno quiere ver cómo se
actúa en el territorio en todo lo que es el programa de autovías, tendrá
que verse lógicamente en un período más dilatado que la anualidad de un
año, los presupuestos de un año. Hay que ver la actuación a lo largo de
varios años; por lo tanto habrá que verlo con el plan-puente y con
segundo plan de carreteras.
En cuanto a la inversión intermodal, además de lo que le he dicho
anteriormente de que hay unas actuaciones en medio urbano --y todas las
redes arteriales vienen
especificadas en los anexos de los presupuestos generales y por lo tanto
están ahí detalladas-- hay actuaciones propiamente de carácter más
intermodal en las que no solamente interviene la carretera. Se está
trabajando fundamentalmente en la operación cinturón verde en Asturias,
en Oviedo en particular y en todo lo que es el área de la comarca central
de Asturias, Oviedo-Gijón. Se está trabajando en lo que es la operación
de Bilbao. Se está trabajando en lo que es un plan especial para todo el
área de Cartagena y se está trabajando también en el área de Cádiz. Como
actuaciones intermodales que son, son actuaciones en las que intervienen
también las otras administraciones con competencia en el territorio:
ayuntamientos y comunidades, y ninguna de ellas, como tales actuaciones,
aparece con presupuesto específico porque parte de ellas se hacen a
través de consorcios que se autofinancian, caso de Bilbao o de Oviedo, y
otras aparecen financiadas en la parte sectorial correspondiente. Quiero
decir que en el área de Cádiz, la variante de Puerto Santa María, la
variante de Puerto Real que van a ser adjudicadas uno de esos días, en
breve plazo, son actuaciones que forman parte de ese conjunto, pero que
aparecen presupuestadas en la parte correspondiente de carreteras.
En cuanto a las inversiones en medio ambiente no aparecen presupuestadas,
aunque se las podemos dar, aunque sería un grado de detalle elevadísimo,
pero se presupuestan y tienen partidas específicas, como es lógico, una
vez efectuada la declaración de impacto ambiental en cada proyecto. Cada
proyecto de carreteras que se contrata lleva aparejado una determinada
actuación de corrección de impacto ambiental. Ese presupuesto se conoce
obviamente; se ejecuta, obra a obra, proyecto a proyecto, son cientos de
proyectos, por lo menos, los que cada año ejecutamos y, por lo tanto, es
un grado de detalle que se le podría dar, pero hemos optado por no hacer
el sumatorio que podría hacerse del conjunto de lo que se invierte en
medio ambiente en cada uno de los proyectos de carreteras. ¿Por qué?
Porque son actuaciones que hay que definir proyecto a proyecto, están muy
ligadas al proyecto constructivo, al proyecto de ejecución en cada caso.
En cuanto a la reducción de préstamos a concesiones de autopistas, que le
preocupaba a S. S., no tiene ningún significado, por decirlo de una
manera quizá rápida, en el sentido que supongo que le preocuparía a S. S.
No obedecen a nada especial. Son, por así decirlo, automáticas cada año
en función de los criterios establecidos en los correspondientes reales
decretos. Las concesiones de préstamos al sector público este año figuran
por un valor de 3.000 millones de pesetas y corresponden exactamente a
los anticipos reintegrables por la ejecución de los tramos Fene-Guísamo y
Grande-Couceiros, que son dos tramos de la autopista de Galicia que la
autopista del Atlántico tiene que hacer este año, y el compromiso de
acuerdo con el decreto del Estado, del año 1989 es reintegrarle,
anticiparle, prestarle, en definitiva, por el valor del 30 por ciento de
la inversión en el caso de la autopista del Atlántico. Dado que la
inversión prevista en concreto este año en esos tramos es la que es, el
30 por ciento son 1.962 millones de pesetas.
El otro tramo corresponde a la autopista pública Aucalsa, con el
desdoblamiento del túnel del Negrón. Entonces el 30 por ciento de la
inversión prevista son 1.018 millones de pesetas que sumados a los
anteriores son los que corresponden a los 3.000 millones, pero es que no
es que haya ninguna intención o deseo de disminuir o aumentar la
inversión; no, corresponde realmente al compromiso del Estado de
anticipar determinada cantidad en función de la obra que se haga cada
año. Es la cantidad que correspondía este año; el año que viene, para el
1995, tendrá que estar la que corresponda.
Sobre la extensión del corredor mediterráneo, la no priorización en
materia de ferrocarril y en materia de carreteras también, en cuanto a
Baza-Puerto Lumbreras, la extensión de la autovía del 92, como saben, se
ha llegado a un convenio con la Junta de Andalucía por el cual el
Ministerio hacía hasta el límite de la provincia de Almería y el tramo
que he comentado anteriormente se va a adjudicar de aquí a final de año,
previsiblemente en noviembre; por lo tanto habrá la conexión desde Puerto
Lumbreras --que ya ha sido adjudicada-- hasta el límite de la provincia
de Almería, y hasta el límite con Andalucía lo adjudicará el Ministerio
antes de fin de año. El convenio firmado con la Junta de Andalucía decía
que la extensión hasta Granada la haría la Junta de Andalucía. Le puedo
adelantar por la información que tenemos --lógicamente lo seguimos
puntualmente-- que también tiene el objetivo la Junta de Andalucía de
licitar y adjudicar esas obras antes de final de año de acuerdo con lo
convenido y se está trabajando con ese objetivo. El Ministerio priorizaba
entonces la actuación en el Bailén-Jaén-Granada, por el convenio que se
firmó en su día. Por lo tanto, creo que a través de la actuación
Bailén-Jaén-Granada que hace el Ministerio con cargo a sus presupuestos y
la extensión de la autovía del 92 que ha asumido la Junta de Andalucía
realmente, desde el punto de vista de la red viaria, el espacio oriental
de Andalucía tiene un impulso importante y creemos que está bien
cubierto. Por otra parte, como conoce bien hay toda la extensión de la
autovía hasta llegar Almería incluyendo la variante de Almería que se ha
adjudicado recientemente.
En materia ferroviaria, como acabamos de decir, se ha concentrado la
inversión y se ha priorizado en el corredor mediterráneo, precisamente en
la inversión que se hace este año en materia de corredores y
particularmente lo que es la conexión desde Valencia hasta Barcelona, no
así, evidentemente, y es obvio que no está en los presupuestos del
Estado, otra actuación que no sea ésa en cuanto a actuaciones en
corredores en los presupuestos de este año.
Por mi parte inicialmente nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario General.
Creo que todo el mundo en estos momentos se puede dar por satisfecho y el
que no lo esté tiene la puerta y los cauces abiertos para, vía preguntas
escritas u orales, vía
otras comparecencias continuar presionando con el mismo celo con que se
ha hecho hoy. Por lo tanto, considero que en estos momentos lo mejor que
podemos hacer es tratar de descansar un rato para reincorporarnos al
trabajo en plena forma a partir de las cuatro y media.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, le agradeceríamos al señor
Secretario General para las Infraestructuras del Transporte Terrestre que
nos envíe por escrito la misma información que ha sido solicitada por
otros portavoces.
El señor PRESIDENTE: La misma información la recibirá la Presidencia y la
distribuirá a los portavoces de los diferentes grupos políticos. Se
suspende la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACION Y CONCERTACION
TERRITORIAL (ZARAGOZA RAMEAU). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
SOCIALISTA (número de expediente 212/000081), POPULAR (número de
expediente 212/000172) Y VASCO, PNV (número de expediente 212/000058).
El señor PRESIDENTE: Seguimos nuestra sesión de hoy, en la que tenemos el
gusto de recibir en nuestra Comisión al Secretario General de
Planificación y Concertación Territorial.
Todo el mundo sabe ya que esta mañana las preguntas que había en materia
de obras hidráulicas iban a ser contestadas por el Secretario General
aquí presente, don José Alberto Zaragoza Rameau.
Los Grupos que han pedido la comparecencia del Secretario General son el
Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo Vasco, PNV. A continuación,
se ha pedido también la comparecencia del Secretario General para los
Servicios del Transporte. Tengo que decir que, seguidamente, vendrá la
Secretaria General de Comunicaciones, la excelentísima señora doña Elena
Salgado Méndez, y que, con posterioridad, el Grupo de Coalición Canaria,
que había pedido la comparecencia del Director General del Organismo
Autónomo de Correos y Telégrafos, ha anulado su petición. No obstante, ha
dejado una pregunta que transmitiremos para que se lo conteste por
escrito.
Igualmente, tenemos la duda (y duda muy fundada en estos momentos) de si
podrá tener lugar la comparecencia solicitada del Delegado del Gobierno
en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, don
Carlos Martín Plasencia, en nombre del Grupo Vasco, PNV. Evidentemente,
esta Presidencia considera que, si no está presente ninguno de los
miembros que representa al Grupo que ha solicitado la comparecencia,
habría que avisar al señor Martín Plasencia para que no asistiera en este
caso a la reunión.
Y tengo que anunciar que en el orden del día de esta tarde hemos
incluido, a las ocho y media en principio (salvo que no haya nadie del
PNV) al representante de la empresa Senasa. Si por fin no viene nadie del
PNV, trasladaríamos a las ocho de la tarde al representante de Senasa. Yo
creo que podemos esperar un tiempo prudente, y después de la
comparecencia del Secretario General de Planificación y Concertación
Territorial decidiremos si se le avisa al Delegado del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que
venga o para que no venga, en función de la presencia del Grupo
solicitante.
Este es el programa que tenemos para esta tarde. Después de agradecer la
comparecencia del señor Secretario General de Planificación, que ha
creado bastantes expectativas esta mañana, no solamente por el contenido
general en sí, sino porque había bastantes preguntas sobre obras
hidráulicas, que orgánicamente, a partir del 24 de septiembre, caen bajo
su responsabilidad, es el momento para que se le planteen las preguntas
pertinentes.
Por tanto, sin más dilación, doy la palabra al portavoz del Grupo
Socialista, señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Bienvenido a la Comisión, señor
Secretario General.
Como decía el señor Presidente, la incorporación de obras hidráulicas da
un poco más de contenido presupuestario a la gestión de esta Secretaría
General. Antes de hablar de obras hidráulicas quisiera decir que, desde
nuestro punto de vista, pudiera ser interesante que el señor Secretario
General, al magen de obras hidráulicas, explicase los contenidos del
trabajo de la Secretaría General que, en mi modesto entender, superan con
creces el peso que en el presupuesto tienen realmente las actividades que
se desarrollan. Creo que se está efectuando un buen trabajo de
planificación y que es bueno que en el contexto de estos nuevos
presupuestos tengamos una información, siquiera sea somera, de las
previsiones al respecto para el año próximo, aunque, como digo, el peso
presupuestario sea más bien anecdótico.
Lo que también quisiera escuchar del señor Secretario General es la
relación que tienen los contenidos presupuestarios para el próximo año
con las previsiones establecidas en el Plan Director de Infraestructuras.
Si a su criterio constituyen un buen comienzo, si estamos en la senda de
las inversiones establecidas en el Plan Director de Infraestructuras y si
se produce este año el lanzamiento de las inversiones que en ese Plan
están comprometidas.
A la espera de los planes de cuenca y del plan hidrológico nacional, en
obras hidráulicas estamos funcionando ahora con el decreto 94, que
preveía obras por valor, creo recordar, de casi 700.000 millones de
pesetas, y hemos escuchado recientemente al señor Ministro anunciar un
nuevo plan de obras urgentes que dé continuidad a las que se hayan
iniciado en base precisamente a los contenidos del decreto del año en
curso. Yo quisiera saber la
situación actual de las obras contenidas en ese decreto y las previsiones
que pueda haber para la normativa que dé continuidad en el futuro
inmediato a las obras a que me refiero.
Estos años, especialmente el último, el país ha vivido con una crudeza
excepcional, que yo creo que viene bien como puerta de introducción a los
planes de cuenca y al plan hidrológico nacional, las consecuencias de la
sequía, las consecuencias de la falta de regularidad, espacial y
temporal, de las lluvias en todo el país, lo cual, como digo, quizá sea
una llamada de atención de la naturaleza a quienes dentro de muy pocos
meses vamos a tener que discutir ese plan hidrológico nacional. Digo esto
como introducción a la pregunta que le formulo a continuación sobre qué
medidas se recogen en los presupuestos para continuar con el esfuerzo de
la Administración por terminar con ese problema endémico y cíclico en el
país, que es la dispersión de los recursos hídricos.
Recientemente, a pesar de la sequía que hemos padecido en todo el país,
escuchamos al señor Ministro decir que, a pesar de eso, los daños que se
habían ocasionado por riadas, por defectos en el encauzamiento de los
ríos, por las carencias que puede haber todavía en el desarrollo del SAIH
nos han costado una cifra aproximada de 50.000 millones de pesetas en
daños. Por tanto, interesa mucho a nuestro Grupo conocer las medidas
presupuestarias que estén encaminadas a que en el futuro se atenúen al
máximo posible los daños que nos vienen ocasionando las riadas.
Sobre los organismos de cuenca yo quisiera conocer (sé que está en la
documentación de los presupuestos, pero es tan amplia y tan compleja que
no me ha dado tiempo todavía de llegar a ella) el volumen de recursos
propios de las confederaciones y la situación en la que se encuentra la
crónica dificultad de estos organismos de cuenca por cobrar a los
usuarios en alta del agua las tasas y los cánones que éstos deben abonar
por el uso consuntivo que hacen de este recurso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor
Posada.
El señor POSADA MORENO: Damos la bienvenida al Secretario General de
Planificación y Concertación Territorial, y comenzaría mi intervención
haciendo una cierta reflexión sobre el hecho de que desde 1991, en que se
creó la Secretaría General de Planificación, con direcciones generales de
ella dependiente, no parece que la producción de programas y proyectos,
sobre todo de planes terminados y elaborados, se corresponda con la
importancia que política y administrativamente tiene esta Secretaría.
Así, sería muy importante saber cuándo se van a presentar a las Cortes el
plan de desarrollo de infraestructuras, los planes sectoriales que, a su
vez, desarrollan ese plan, el plan hidrológico, los planes de cuenca;
incluso todos los estudios básicos para esos esquemas directores de
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, etcétera. ¿Para cuándo son
esos compromisos? Es decir, ¿son trabajos internos, van a tener algún
resultado? Es más --y ésa sería una segunda pregunta--, se crean esos
entes políticos
--porque están nombrados por decreto; direcciones generales, etcétera--,
pero al mismo tiempo se está dando el fenómeno de que la inmensa mayoría
de los trabajos se contratan fuera. Es decir, no hay ese cuerpo de
doctrina que en el propio Ministerio debía crearse, de tal forma que el
Ministerio no debía ser un demandador de trabajos de alta calificación en
la planificación, sino que, al revés, debía sentar las bases para que
fueran utilizados por las empresas privadas, por las empresas
financieras, porque es ahí donde debían generarse esos trabajos. Sabiendo
que no es así, querríamos saber también, en el Plan Director de
Infraestructuras y en el plan hidrológico nacional y planes de cuenca,
hasta la fecha ¿qué gastos exteriores ha habido, es decir, qué trabajos
de entidad se han contratado? ¿A qué empresas? Estoy hablando de los
trabajos de entidad. ¿De qué forma se hicieron esos contratos?
Entrando en el tema, que depende de esa Secretaría General, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, querríamos hacer una primera
pregunta de carácter general. Nos preocupan enormemente los estudios de
impacto ambiental, precisamente de esa Dirección General que tanta
influencia tiene en el medio ambiente. ¿Esos estudios de impacto
ambiental se llevan a cabo por la propia Dirección General? ¿Los hace la
propia empresa constructora, si se trata de un pantano o de un trasvase,
por ejemplo? ¿Los hace
alguien pagado por la empresa pero que es independiente? A su vez, aunque
eso no entre dentro de la Secretaría General, pero sí dentro del
Ministerio, ¿son suficientemente analizados en la Dirección General de
Medio Ambiente correspondiente? Es decir, el proceso de esos estudios de
impacto ambiental ¿tienen verdaderamente las garantías que deben
exigirse?
Haría también ahora unas preguntas sobre embalses de regulación a
iniciar, en ejecución y a terminar. Yo comprendo --voy a leer despacio
las preguntas-- que es posible que, sobre todo a la segunda de ellas, no
pueda contestar de palabra, y queremos la contestación por escrito. La
primera pregunta, que quizá sí pueda contestar, es cuáles son las diez
presas que se preveía terminar en 1993 y cuáles las nueve que se preveía
terminar en 1994, y a su vez, unido a lo anterior, las siete que se
pensaban iniciar en 1993 y las diecinueve que dice que se van a iniciar
en 1994 --me parece excesivo--. Luego querríamos saber --insisto en que
es muy probable que eso no lo sepa, pero queremos la contestación
escrita-- cuáles son las diecinueve en ejecución en 1993 y cuáles las
catorce que lo estarán en 1994, pero insisto sobre todo en las que se
proponían terminar este año y las que se van a
terminar el año que viene.
Un tema que preocupa, y ha salido aquí reiteradamente, es el tema del
pago de las expropiaciones. En el presupuesto de 1994 se prevén sólo
2.800 millones para expropiaciones. ¿Son suficientes para hacer frente a
las deudas? Es un problema que debemos resolver aquí o por lo menos tener
la contestación.
Otro tema, que enlaza en cierta forma con lo que se ha planteado antes
pero en el que queremos mucho más
detalle, es que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de abril un
plan de actuaciones en obras hidráulicas para el período 1993/94, como un
plan puente o avance del programa de infraestructuras establecido en el
anteproyecto del plan hidrológico, que se ha ido retrasando. El Ministro,
a su vez, habla el 21 de septiembre de que ese plan puente se sustituye
por otro que va a ser, en pocos meses, el plan puente 1994/95 --antes era
1993/94--, pero esta sustitución no puede hacerse a base de olvidar el
plan 1993/94, y en este último plan --por tanto, de esos dos años--,
cuando vemos el anexo, observamos que hay muchísimas obras que no
aparecen en absoluto en el de 1994 y no estaban en el de 1993, luego
entonces ¿qué ha pasado con ese plan 1993/94? Pongo ejemplos: la presa de
Ibiur, en la cuenca del norte; las presas del Atance y Pozo de los Ramos,
en la cuenca del Tajo --puedo decir muchas más--; la presa del Algar, en
la cuenca del Júcar... En otros aparecen los proyectos con dotaciones
ridículas, que es un poco como no aparecer, porque la presa del Andévalo,
que yo conozco bien, aparece con una dotación de cuatro millones para una
inversión de 7.000, lo que no resulta representativo.
¿Qué ha pasado con ese plan? Porque transformar el plan de 1993/94 en el
plan de 1994/95, pero no hacer lo contemplado en 1993 ni en 1994 no es
buena solución. Por ello, querríamos saber cómo está esa situación, así
como la situación de las distintas obras de emergencia aprobadas por el
Gobierno durante el año 1993 en el tema de sequías. ¿Cómo están esas
obras? ¿Se han iniciado? ¿Se han terminado? Eran obras de emergencia, por
tanto, tienen que estar ya en un desarrollo muy completo, porque si no
han sido iniciadas a estas alturas y eran de emergencia, indudablemente,
aunque se contemplen y se hagan en el futuro, no es lo que se buscaba con
ellas.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún representante del Grupo Vasco (PNV)?
(Pausa.)
Entonces, damos la palabra directamente al Secretario General para que
aporte sus respuestas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACION Y CONCERTACION TERRITORIAL
(Zaragoza Rameau): Intentaré contestar con el máximo detalle posible a
todas sus preguntas, y a aquellas que no me sea posible contestar con el
detalle adecuado, obviamente, les remitiré por escrito todas las
precisiones que sean necesarias, tanto a las que ustedes me formulan en
este momento como a aquellas otras que se pueden derivar de la
información que les pueda remitir por escrito.
En primer lugar, atendiendo a las preguntas del Grupo Socialista, la
Secretaría General de Planificación --y de alguna forma este
planteamiento iba también en la pregunta del Grupo Popular-- es una
unidad que fue creada con el nuevo planteamiento
del Ministerio en 1991 y era una unidad orgánica nueva que tenía como
finalidad un planteamiento, que, personalmente, puesto que soy el
responsable, me parece muy correcto que era separar, en alguna medida, la
capacidad que puede tener un grupo de «staff» de pensar en el largo plazo
de las dificultades que tienen normalmente las direcciones generales a la
hora de gestionar y ejecutar una obra muy presionada política, social y
económicamente, para lo que dificulta muchas veces a las direcciones
generales sectoriales el realizar con calma una meditación a largo plazo.
El Ministro quería que la Secretaría General hiciera un planteamiento de
carácter horizontal de toda la visión de futuro que se podía hacer desde
el punto de vista de las infraestructuras. Cuando fue creada la
Secretaría General, tenía al Secretario General de Planificación y
Concertación territorial. Punto. No tenía nada más. Los primeros
esfuerzos de la Secretaría General, y no eran los menos importantes,
fueron, primero, formar un equipo, que no existía; en segundo lugar, no
se quiso que el equipo fuese amplio y con una gran estructura, sino que
funcinara más como un «staff» que construyera los planes y que diera las
directrices generales a las direcciones sectoriales. Por tanto, los
primeros seis meses de la Secretaría General se emplearon en construir un
grupo de trabajo y en lo que me parece muy importante, generar una teoría
y una forma de actuar. Hay que tener en cuenta que el nuevo Ministerio es
la fusión de dos ministerios que estaban acostumbados a pensar
separadamente y de forma sectorial, y no sé si de una forma coordinada
siempre. Las primeras realizaciones de la Secretaría General fueron
generar una teoría suficiente para que tuviéramos capacidad de influencia
dentro del Ministerio. Estos fueron los primeros meses de funcionamiento.
Inmediatamente, en cuanto el grupo estuvo en funcionamiento, el primer
encargo que recibió del Ministerio fue la confección de un plan director
de infraestructura, que dijera un poco cuál debería ser en el largo plazo
el diseño de las infraestructuras de este país. Eso implicaba todas las
infraestructuras, desde las de transporte a las hidrológicas; es decir,
absolutamente todas las infraestructuras del Ministerio.
La Secretaría General de Planificación estuvo trabajando en ello y,
digamos, al año y medio aproximadamente gestó el Plan Director de
Infraestructuras que SS. SS. conocen. Obviamente el Plan Director de
Infraestructuras es un documento final y hay un conjunto importante de
estudios realizados de forma sectorializada e interna hasta el momento de
llegar al Plan Director. El Plan Director es el final de un conjunto de
análisis de carácter sectorial realizados dentro de la Secretaría
General. Por tanto, muchos de estos trabajos realizados no están
publicados sino que son trabajos internos que han permitido llegar a la
realización del Plan Director de Infraestructuras.
Junto al Plan Director de Infraestructuras, como gran plan de
infraestructuras, había otro proyecto en el que la Secretaría General
estuvo trabajando conjuntamente con la Secretaría de Estado de Políticas
de Agua y el Medio Ambiente, que era el plan hidrológico, sobre el cual
SS. SS. tienen información. Por tanto, digamos que los dos grandes
bloques de planes que aproximadamente en año y medio la Secretaría
General confeccionó directamente, o colaboró con la Secretaría de Estado
en confeccionar, fueron los dos grandes planes de infraestructuras
que este país tiene. De alguna forma yo diría que el Plan Director de
Infraestructuras es la gran superestructura de los planes y uno de ellos,
el primero que se puso en funcionamiento, frente a la opinión pública, en
cuanto a su lanzamiento, fue el Plan Hidrológico.
Unido a esto hay otro conjunto de planes que se han ido realizando en
estos últimos meses y que han ido saliendo a la opinión pública: un plan
de costas, que está recogido dentro del Plan Director de
Infraestructuras, y se han comenzado los primeros trabajos del segundo
plan de carreteras, si se puede llamar segundo al plan de carreteras, y
trabajos iniciales respecto a un plan ferroviario.
Por tanto, tenemos un macroplán de infraestructuras, un gran plan, en
borrador en este momento en el Consejo Nacional del Agua, que es el plan
hidrológico; los primeros trabajos del segundo plan general de
carreteras, un plan de costas y los correspondientes estudios para la
realización de todo este conjunto de temas. Estas son «grosso modo» las
líneas de las producciones de planificación, de los estudios sectoriales
de planificación durante este tiempo.
Centrándome más, como S. S. planteaba, en el tema de las actuaciones en
obras hidráulicas, de lo que ha sido tradicionalmente la única
competencia que tenía la Secretaría General de Planificación, que era
pensar en el largo plazo y, de alguna forma, coordinar las actuaciones en
el largo plazo de las direcciones sectoriales, a partir de hace escasas
semanas tiene otra competencia más, que es la competencia en obras
hidráulicas. Esta competencia viene a complementar en alguna media la que
de alguna forma ya tenía, puesto que la Dirección General de Obras
Hidráulicas comprende dos facetas importantes: la confección del plan
hidrológico, por tanto, la planificación desde el punto de vista
estratégico, del agua y, al mismo tiempo, la realización y la gestión de
las inversiones correspondientes a las obras hidráulicas. Por tanto, la
Secretaría General se encuentra con la competencia de planificación y,
desde hace escasas semanas, con la necesidad de llevar a cabo la gestión
de todo el conjunto de infraestructuras correspondientes al agua en la
vertiente de obras hidráulicas.
La Secretaría de Estado, cuando esta función estaba anteriormente en su
competencia, había confeccionado un documento, al que SS. SS. han hecho
referencia, que era sobre las actuaciones hidrológicas 1993-1994.
Exactamente, qué es esto y cómo funciona.
La realización de un plan hidrológico es una tarea larga desde el punto
de vista técnico, complicada desde el punto de vista
técnico-institucional, puesto que existen los planes de cuenca y el plan
nacional, y complicada desde el punto de vista de viabilidad política;
por tanto, es un plan, en cualquier país donde se planteara, y en el
nuestro por supuesto, de difícil confección y realización en pocos meses.
Es un plan que ha llevado tiempo su aprobación definitiva y llevará
todavía una serie de meses.
A efectos de no generar ningún vacío dentro de lo que implica el futuro
de las obras hidráulicas plasmadas en el Plan Hidrológico, el Ministro
encargó, y así se realizó, este documento al que SS. SS. se referían, que
eran las actuaciones en obras hidráulicas para 1993 y 1994. Esto
exactamente qué es. ¿Quiere decir que es el conjunto de obras que se van
a realizar físicamente a lo largo de 1993-1994? No es exactamente eso.
Quiere decir que es el conjunto de obras que se van a iniciar; unas,
porque empezarán los estudios iniciales para la confección de los
proyectos; otras, porque se habrán finalizado los proyectos y comenzará
la licitación; otras, porque se habrán licitado y se contratarán; otras,
porque se habrán contratado y empezará físicamente la obra. Lo que quiere
decir es que todo lo que ese documento plantea, algo más de 700.000
millones de pesetas --estoy hablando de memoria--, 650.000 millones de
pesetas aproximadamente en obra hidráulica y unos setenta y tantos mil
millones de pesetas en calidad de agua, todo este conjunto de obras es,
digamos, el plan puente entre lo que estábamos haciendo en obras
hidráulicas cuando empezamos a pensar sobre el plan hidrológico y lo que
el plan hidrológico, una vez que sea aprobado por SS. SS., plantee como
futuro. Para que no se produzca un vacío se plantea ahí la planificación
de lo que vamos a hacer en ese período. Esa planificación implicará
algunos proyectos, empezar los estudios y, por tanto, la confección de
los propios proyectos, otras veces, licitarlas, contratarlas, y otras,
iniciar las obras.
Hay una enorme y variopinta situación de todos ellos, por tanto, puedo
darles algunas cifras, pero los análisis puntuales requieren un estudio,
porque, por ejemplo, ese plan puente comprende, como decía,
aproximadamente unos 732.000 millones de pesetas que plantean 243
actuaciones en obras de agua, de las cuales aproximadamente unas 52 se
licitan en el bienio 1993-1994, y aproximadamente unas 172 se licitan y
se contratan en ese bienio. En el primer caso, las que se espera licitar
alcanzarán una cifra de unos 244.000 millones de pesetas, las que se
espera licitar y contratar, alcanzarán unos 346.000 millones de pesetas y
habrá un conjunto de otras acciones previas a la licitación que serán:
estudios de impacto ambiental, proyectos, etcétera, que serán
aproximadamente unas 19 actuaciones y que comprenden una cifra de unos
141.200 millones.
En la documentación de que disponemos está absolutamente reflejada, obra
por obra, cuenca por cuenca, la situación en este momento. Tengo
actualizada --creo que al mes de octubre de 1993-- cada una de las
actuaciones que se encuentran dentro de ese documento, y esta situación
se va actualizando en la medida en la que cada equis meses tiene una
dinámica que va avanzando. Por tanto, el conjunto de actuaciones de 1993
y 1994 es la situación del plan puente correspondiente a todas estas
obras.
Qué sucede en cuanto a la decisión de realizar un análisis 1995-1996,
puesto que en el caso de 1993-1994 estamos agotando 1993 y el presupuesto
de 1994 creo que refleja claramente la voluntad del Gobierno respecto a
la necesidad de poner en funcionamiento el plan hidrológico. No quiero
dejar de decir a SS. SS., aunque lógicamente lo tendrán bien presente en
las cifras que manejan, que el presupuesto de obras hidráulicas en 1994
crece aproximadamente un 30 por ciento respecto al presupuesto de
1993. Esto significa un volumen de crecimiento que yo creo que respalda
claramente la voluntad del Gobierno de poner en funcionamiento el plan
hidrológico. Pero el plan hidrológico esperemos, puesto que dependerá, en
última instancia, de las Cámaras, que sea aprobado a lo largo de 1994.
Por tanto, a lo largo de 1994 estaremos terminando la puesta en
funcionamiento, o las diversas situaciones que se produzcan referentes a
todo el documento de actuaciones 1993-1994.
A efectos de que no se produzca en ningún momento ningún vacío de
planificación entre el documento de 1993-1994 y la puesta en
funcionamiento del plan hidrológico, por encargo del Ministro, la
Dirección General de Obras Hidráulicas ha empezado a confeccionar un
documento que sería el conjunto de actuaciones que, exactamente igual,
con los mismos criterios que las de 1993-1994, empezaríamos a poner en
funcionamiento en 1995 y 1996 y que, obviamente, todas ellas están
incluidas dentro del plan hidrológico.
Permítanme ustedes que les diga que si el plan hidrológico fuese aprobado
justamente a lo largo de 1994, el conjunto de actuaciones que aparecerían
en el documento 1995-1996 estaría inmerso dentro del plan hidrológico. Si
por alguna razón --que no llego a pensar-- se dilatara la aprobación del
plan hidrológico a lo largo de 1994, no tendríamos ningún vacío de
planificación a la hora de confeccionar el presupuesto de 1995 que, como
SS. SS. saben muy bien, se confecciona en 1994. Por tanto, tendríamos que
tener las directrices de planificación justamente en el verano de 1994,
que nos permitan confeccionar el presupuesto de 1995. Esta es la única
finalidad que corresponde al futuro del documento 1993-1994. Quiero
recalcar, por tanto, que hay un conjunto de actuaciones en un documento
1993-1994 deslizante, que se actualiza --y se les puede remitir a SS. SS.
la situación en cada momento de actualización de ese documento-- y un
documento en construcción a efectos de que nos sirva de guía para la
confección del presupuesto de 1995 en su momento si el plan hidrológico
no hubiera sido aprobado.
Respecto a la sequía, creo que éste es un tema sobre el cual,
lógicamente, todos hemos dado vueltas y casi me remitiría a algunas
cifras y a algunos análisis que podrían servirnos de orientación. El
volumen de capacidad embalsada en los últimos diez años en las obras del
Estado ha crecido aproximadamente un 38 por ciento. Este es un volumen
importante de crecimiento en la capacidad embalsada. Al mismo tiempo es
cierto que, a pesar de este crecimiento importante de la capacidad
embalsada, la situación de sequía actual por la que pasa nuestro país es
grave, es de las más dramáticas de los últimos períodos y, por tanto, ha
exigido la realización de un conjunto de obras de emergencia, por una
envergadura de unos 38.000 millones de pesetas aproximadamente, que están
prácticamente casi todas realizadas, o a punto de terminarse algunas de
ellas, y por supuesto puedo remitir a SS. SS. con todo detalle la
situación correspondiente de cada una de ellas.
Por tanto, las obras de emergencia en 1993 son para hacer frente a la
situación de emergencia en que estábamos y que vivimos actualmente de
sequía.
En 1994 lo que está claro es que hay un conjunto de obras hidráulicas que
tienen como finalidad, como todas las obras hidráulicas, prevenir un
conjunto de posibles catástrofes que se puedan plantear (inundaciones,
etcétera), y hay algunas de ellas que lo que plantean precisamente es
mejorar el suministro al consumo de agua en un conjunto de zonas del
país. Esas no son obras de emergencia, sino obras que tienen como
objetivo una de las finalidades de la obra hidráulica: suministrar y
garantizar, precisamente, el abastecimiento a un conjunto de regiones y
zonas del país. Obviamente, si la meteorología a lo largo de los meses
que quedan de 1993 y el año 1994 cambia de una forma o de otra, veremos
en qué situación de emergencia podríamos estar o no. Esperemos que la
meteorología nos sea a todos favorable y, por tanto, nos veamos cubiertos
con las obras de emergencia que estamos terminando en este momento y con
aquéllas que se están planteando dentro de la planificación, ya no como
obras de emergencia sino como obras a realizar en cuanto a suministro o
problemas de avenidas y de inundaciones, etcétera, que nos permitan
solucionar los problemas futuros.
Respecto a las confederaciones hidrográficas, tengo por aquí el conjunto
de los presupuestos de las confederaciones, pero por no mirarlo en este
momento le daré la cifra con exactitud posteriormente. Claramente diría
que la política del Ministerio en el tema de las confederaciones es
potenciarlas al máximo, en el sentido de que son el gran y el mejor
instrumento que tiene la política hidrológica, y la política de obras
hidráulicas en general, para actuar sobre el territorio. Yo creo que el
agua es uno de los grandes instrumentos de ordenación del territorio, no
solamente las infraestructuras de transporte a las que siempre nos
referimos. El agua es un gran instrumento, quizá el más importante, de
ordenación del territorio, y las confederaciones hidrográficas, en este
sentido, son instrumentos importantes de planificación y ordenación del
territorio alrededor de una infraestructura fundamental, como son las
infraestructuras de obras hidráulicas. En este sentido, la política del
Ministerio va a estar en dotarlas, en la medida de lo posible, de los
mejores recursos y de las mejores capacidades, no solamente recursos
económicos sino, lo que es muy importante, de la capacidad de gestionar
bien las obras que tienen que realizar y, por tanto, convertirlas, en la
medida de lo posible, en buenas empresas que gestionen y ejecuten las
obras hidráulicas en el territorio. Al mismo tiempo, hay que procurar ir
descentralizando la realización de un conjunto de obras hacia las
confederaciones hidrográficas en mayor medida y, por tanto, potenciarlas
desde el punto de vista de los recursos de que disponen y de las obras
que realizan.
Quizá hay algunos temas mucho más específicos que el Grupo Popular
planteaba sobre este asunto y, aunque algunos los he comentado cuando me
refería a las preguntas del Grupo Socialista, quisiera referirme a ellos
con mayor detalle.
En cuanto a la producción de proyectos y programas yo creo que en mi
planteamiento inicial estaba contestado el tema. Respecto a la cuantía
del volumen total de trabajos realizados, las empresas, etcétera, por
supuesto, le puedo remitir a S. S. con todo detalle la cuantía de los
trabajos y las empresas a las que se les han encargado.
Sí me gustaría hacer referencia a un tema que creo que es importante que
dejemos claro. En casi todos los presupuestos del Ministerio suele
aparecer un epígrafe que son las asistencias técnicas, que es un poco el
volumen de trabajos que se encargan. Los funcionarios del Ministerio (y
hablo en lo que a mí me corresponde, obviamente, por Obras Hidráulicas,
pero creo que de alguna forma podía darlo como general en cuanto al
Ministerio) tienen una dedicación y un volumen de trabajo que hay que
considerar como excepcional. Yo soy funcionario de carrera, aunque ahora
en este momento esté en la situación en la que me encuentro, y debo
reconocer que la situación de volumen de trabajo que soportan los
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente es muy importante y de un grado de tensión excepcional, no me
atrevería a decir dentro de la Administración pública porque podría
parecer que estoy considerando mal el volumen de trabajo de los demás,
pero desde luego muy excepcional.
Al mismo tiempo me gustaría decir que en casi todos los países --y
podemos remitir los datos correspondientes-- el volumen de asistencias
técnicas que se encarga a las empresas consultoras (y es muy importante
que un país tenga un conjunto de empresas consultoras fundamentales que
sirvan, de alguna forma, de satélites y de generación de estudios e
informes a la Administración) suele abarcar entre el 10 y el 15 por
ciento del volumen de inversión que se maneja, aunque varía de un país a
otro. Las cifras que en nuestro país manejamos son sensiblemente más
inferiores. Por poner el caso de Obras Hidráulicas, del que tengo los
datos, creo recordar, de memoria, que lo que aparece aproximadamente en
el presupuesto de 1994 son cinco mil y pico millones para asistencia
técnica, sobre un volumen de inversión que está próximo a los 160.000
millones de pesetas, lo cual da aproximadamente el grado del peso que
tienen las asistencias técnicas dentro del trabajo del Ministerio. Pero
yo entiendo que S. S. se refería no solamente a las asistencias técnicas,
sino al volumen de trabajos y empresas a las que se les ha contratado no
solamente las asistencias técnicas sino otro conjunto de estudios que se
puedan plantear.
Su Señoría me hacía varias preguntas sobre los estudios de impacto
ambiental, a las que yo intentaré contestar con la mejor voluntad, pero
que desbordan las competencias que tengo y, por tanto, le daré un poco la
filosofía general que puedo manejar. Hay una cuestión que está clara, y
supongo que esta mañana la Secretaria de Estado habrá hecho referencia
con todo detalle al planteamiento correspondiente medioambiental. Yo creo
--hablo con toda claridad-- que la capacidad que tiene nuestro Ministerio
de analizar el impacto medioambiental es la que tiene y, por lo tanto, da
de sí lo que da de sí. Eso quiere decir que cuanto menos lo que tenemos
que tener es la absoluta seguridad de que aquellas obras que se realizan
tienen la aprobación por parte de la autoridad competente del estudio de
impacto medioambiental. Por lo tanto, no puede haber ninguna obra pública
--obviamente no hay ninguna obra hidráulica--, o de ningún otro rango,
que se confeccione que no vaya acompañada de todos los requisitos que la
ley plantea, entre ellos, lógicamente, los estudios de impacto ambiental,
los cuales son visionados, analizados y aprobados por la Dirección
General de Medio Ambiente.
¿Es suficiente el análisis que realiza la Dirección General de Medio
Ambiente respecto de estos estudios? Esto ya sería salirme de mis
competencias y supongo que la Secretaria de Estado habrá hecho el
análisis de ello. A mí me parece que sí es suficiente, aunque el concepto
de suficiente es valorativo y no cuantificable, por lo tanto, supongo que
puede haber criterios discutibles sobre lo bueno, lo malo, lo feo, lo
bonito, lo suficiente o no suficiente. En nuestra opinión, yo creo que la
Dirección General de Medio Ambiente hace todo lo que puede realizar.
¿Suficiente? Quizá deberíamos tener más dotación para que la Dirección
General pudiera realizar un análisis más exhaustivo, pero supongo que con
los medios de que disponemos la Dirección General de Medio Ambiente hace
lo que puede.
Su señoría me ha hecho unas preguntas que luego apuntaré con más detalle,
porque he empezado a tomar nota de las diez primeras, las diecisiete, las
diecinueve y me he perdido. Luego lo tomo con todo detalle y le remitiré
por escrito la situación correspondiente de todas las presas, de las que
se van a terminar en 1993, las que se van a iniciar en 1993, etcétera.
Pago por expropiaciones. Este es un tema fundamental. En 1994, como S. S.
indicaba, hay una reducción en el volumen de pago por expropiaciones
respecto a las cifras de 1993. Esto es así precisamente porque en 1993 se
ha realizado un importante avance en el pago de expropiaciones. Hay que
tener en cuenta que el pago de expropiaciones en el ejercicio de 1993 era
de 15.200 millones de pesetas, y precisamente el hecho de haber realizado
durante 1993 un fuerte avance en el pago de expropiaciones es el que nos
ha permitido realizar una presupuestación menor dentro de la
cuantificación de expropiación respecto a 1994. Hay que tener en cuenta
que las expropiaciones son como un estanque que tiene entradas y salidas
y, por lo tanto, en algún momento leemos el «stock» que tenemos, pero ese
«stock» disminuye en función de lo que se va pagando pero se va
incrementando en función de las obras que se van poniendo en
funcionamiento y que las confederaciones hidrográficas van pasando a la
Dirección General.
La estimación que la Dirección General tenía al momento de confeccionar
el presupuesto era que, aproximadamente, con la cifra planteada
tendríamos para realizar los pagos de expropiaciones correspondientes a
1994. Por lo tanto la realidad de bajarlo es porque el «stock» medio
estancado de expropiaciones ha bajado fundamentalmente entre 1993 y 1994.
Quizá en la lectura del documento 1993-1994, relacionándolo con el de
1994-1995, que es un documento muy exhaustivo y donde las columnas
indicativas se refieren a la confección del proyecto, a la licitación, a
la contratación, etcétera --las diversas fases-- hay alguna obra que S.
S. no encuentra o no la encuentra actualizada. Yo le remitiré la
información correspondiente, porque todo lo que está en ese documento
1993-1994 está en una situación dinámica y no hay ninguna operación
dentro de ese documento que no esté o en la fase de confección del
proyecto, o en la de licitación o en la de contratación o en la de
empezar la obra. Lo que sí puede suceder, y estoy seguro, es que la
mayoría o alguna de las obras que le puedan interesar a S. S., desde la
última información que tuviera hasta la situación actual se ha
dinamizado. Lo que no sucede, obviamente, es que se nos haya olvidado o
escapado alguna. En el documento 1994-1995, no. En el de 1993-1994,
insisto, lo que habrá será un deslizamiento, que es una actualización
como consecuencia de lo que va pasando con cada una de las obras. Pero,
independiente de esto, en el de 1995-1996 habrá algunas obras que no
aparecerán porque se habrán terminado, pero habrá otras que estarán en
realización.
Quiero recordar, insistiendo en lo que comentaba antes, que lo que se
plantea ahí no es tanto la realización física de las inversiones, sino la
puesta en funcionamiento de las inversiones. Hay que tener en cuenta que
estamos hablando de un montante, en el caso de obra hidráulica, de más de
650.000 millones de pesetas, que obviamente no se van a realizar
físicamente en el 1993-94; se van a poner en funcionamiento en 1993-94 y
tendrán una sombra presupuestaria a lo largo de los sucesivos
presupuestos que irán aprobando SS. SS.
Me pregunta por las situaciones de emergencia. Tengo, exactamente igual,
un documento con la situación de cada una de ellas. Le anticipo a S. S.
que están prácticamente todas terminadas, pero le remitiré la situación,
obra a obra, en que se encuentran en este momento.
Muchas gracias por sus preguntas y si alguna cosa no he aclarado estoy a
su disposición.
El señor PRESIDENTE: A continuación, y brevemente, si el portavoz
socialista tiene algo que añadir, puede hacerlo. (Pausa.)
¿Hay alguna aclaración por parte del portavoz del Grupo Popular? Tiene la
palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Agradezco la intervención del Secretario General
pero quiero hacer algunas consideraciones. La primera es que, en su ánimo
de explicar la creación de esa Secretaría General de Planificación, nos
da la filosofía inicial, que era una filosofía que estaba rondando por el
Ministerio de Obras Públicas durante mucho tiempo --que a mí me parece
positiva-- y él la define como un órgano «staff» que no tiene la premura
de la actuación de todos los días. Lo que ha pasado ahora en septiembre
(y eso lo comentaba yo esta mañana, quizá en un tono un poco bromista,
pero hay que estudiarlo) es que por una serie de circunstancias, en las
que yo sigo insistiendo en que aspectos personales han tenido una cierta
influencia, hemos cambiado otra vez y hemos dado a la Secretaría General
de Planificación la preocupación de la Dirección General de Obras
Hidráulicas. Ahora entramos ya en si se pagan o no las expropiaciones. El
Secretario General y su «staff» es responsable ya de actuaciones de todos
los días. Hemos dado, el propio Secretario General lo manifestaba, una
vuelta atrás, y eso ya ha pasado muchas veces en el Ministerio de Obras
Públicas. Aquí engarzo con el siguiente tema. Yo soy funcionario y
precisamente del Ministerio de Obras Públicas y ahí he hecho toda mi
carrera administrativa. Ciertamente, los funcionarios del Ministerio
están trabajando y trabajan muy bien, y yo hago aquí un canto a su
profesionalidad que se ha mantenido durante años y siempre. Ahora bien,
lo que no puede ser tampoco es que existan esas asistencias técnicas, que
sólo deben darse para actuaciones de carácter técnico muy concreto, muy
avanzado, en algunos casos en que el funcionario, que tiene un dominio
general, no tenga esa técnica concreta. Sin embargo, los funcionarios del
Ministerio de Obras Públicas y el «staff» que está en la Secretaría
General tienen capacidad más que suficiente para dirigir, para hacer los
trabajos importantes, en el sentido significativo del término, es decir,
para dar sus opiniones técnicas de funcionario sobre cómo deben llevarse
a cabo los planes.
Nuestra crítica, ¿dónde va dirigida? A que se obvie esa actuación del
funcionario, a veces, de titulación superior, con gran experiencia en la
casa, que conoce muy bien cómo han ido las cosas, lo que debe hacerse
--desde su punto de vista, naturalmente-- y que a través de estudios
encargados fuera se dé una visión de la realidad que no corresponde. Es
decir, estudios técnicos avanzados, estudios de características que no
puedan completarse con lo que tienen los funcionarios, bien; estudios que
sustituyan esa labor técnica y técnico-económica y técnica-directiva de
los funcionarios del Ministerio, eso es lo que es erróneo y lo que no se
debe contemplar. Por eso tenemos interés en conocer cuáles son los
estudios encargados y las empresas que los han realizado. Pongo un
ejemplo, si son necesarios los estudios de aforos porque no dan abasto
para hacer un estudio determinado de una confederación hidrográfica, me
parece una actuación muy buena, estudios de aforos de agua o de aforos de
tráfico o estudios de ese tipo. Un estudio de por dónde deben ir las
grandes líneas de transporte en España no me parece que deba hacerlo
ninguna empresa, porque ésa es la labor del Ministerio, no de sus órganos
políticos directivos, que deben elegir entre las opciones que se les
ofrecen, sino de los propios funcionarios del Ministerio.
Esperamos la información sobre las presas que le he pedido.
En cuanto al plan puente debo decir que, en efecto, tal como lo explica
el Secretario General de Planificación, va a haber actuaciones en todas
esas presas, pero cuando nosotros pensamos en un plan puente, cuando el
Ministro lo anuncia en público, cuando la opinión pública lo recibe,
aunque no se diga lo contrario, lo que se está percibiendo es lo que se
va a acometer, lo que se va a contratar, lo que en ese período de tiempo
se licita y se
contrata. Que en ese período de tiempo se vean los estudios geológicos
para ver si se hace una presa, eso no es cuando se dice, y pongo un
ejemplo que es común a varios Diputados de esta Cámara, la presa de El
Andévalo. Cuando se dice la presa de El Andévalo, se espera la
reactivación de la presa, pero siete millones en la presa de El Andévalo
parece indicar que se va a hacer un estudio geológico de algún punto.
Estoy hablando de algo que no coincide con lo que ha planteado el
Secretario General de Infraestructuras hoy como plan puente en
carreteras, que dice: esto, este año o el que viene está licitado o
contratado. Esto es otro plan; este plan me parece que es de actuaciones,
vestido para que parezca más de lo que en realidad es. Y creo que es
mejor no dar un plan de 700.000 millones si no es eso lo que se va a
licitar y contratar. A lo mejor no hay que plantear tanta obra pública,
pero un plan debe responder de verdad a la realidad de lo que se va a
llevar a cabo.
Finalmente, tenemos mucho interés en conocer las obras de auténtica
emergencia, porque, efectivamente, hay obras que son de abastecimiento,
pero en un plan de emergencia deben hacerse sólo obras de emergencia.
Queremos conocer cuál es la situación de esas obras de emergencia que se
acometieron en el año 1993.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACION Y CONCERTACION TERRITORIAL
(Zaragoza Rameau): En cuanto a la primera puntualización de S. S. creo
que es bueno, me parece muy positivo, que los seres vivos cambien, porque
demuestra que están vivos. En este sentido, los ministerios son seres
vivos y, por tanto, es bueno que se ajusten y cambien. ¿Esto qué quiere
decir? Que una estructura realizada hace dos años (y yo precisamente he
planteado el hecho de que los primeros meses fueron para crear un equipo,
una teoría y una capacidad de actuar) ha ido generando un conjunto de
planes. En este momento, como supongo que el Secretario General de
Infraestructuras ha manifestado esta mañana, hay un conjunto de planes
que se están realizando. En el caso concreto de las obras hidráulicas que
se han pasado a la Secretaría General, la Secretaría General lo que asume
es la planificación que tenía anteriormente en colaboración con la
Secretaría de Estado y, además, el seguimiento de las obras
correspondientes de la Dirección General de Obras Hidráulicas. Realmente,
¿a quién afecta esto? Pues esencialmente al Secretario General de
Planificación, porque el Director General de Obras Hidráulicas va a
seguir haciendo lo mismo que hacía antes y el resto de la Secretaría
General de Planificación va a seguir haciendo lo mismo que hacía antes.
El Secretario General es el que además de pensar y meditar sobre los
temas de planificación sigue el análisis de las inversiones
correspondientes.
Creo que es un análisis positivo puesto que integra, mucho más que antes,
la planificación, que de alguna forma, como he dicho al principio, en el
tema de aguas se compartía entre dos zonas, y así como en las demás
infraestructuras no estaba compartimentalizada y la planificación era
íntegra en la Secretaría General, en el tema del agua, al estar la obra
hidráulica en otra Secretaría de mayor rango, como es, lógicamente, una
Secretaría de Estado, planteaba la necesidad de convivir en la
planificación. Eso hoy día se integra completamente dentro de la
Secretaría General.
Respecto a lo que dice S. S. sobre asistencia técnica, yo estoy total y
absolutamente de acuerdo con lo que plantea, porque lo que tiene que
suceder es eso, y lo que yo creo que se produce primero es eso. Nunca
deben las asistencias técnicas sustituir ni la capacidad que tengan los
funcionarios, con su formación, de asesorar, ejerciendo su función, a los
altos cargos del Ministerio ni, lo que es mucho más importante, sustituir
la dirección no sé si política pero técnica-política de los grandes
planes. En este sentido, las asistencias técnicas que se realizan son
estudios que apoyan la descripción inicial sobre temas. Puedo hacer
referencia al plan de carreteras, no sé en qué medida el Secretario
General lo habrá hecho esta mañana, pero puedo referirme concretamente a
lo que sí me afecta muy claramente, que es el Plan Director de
Infraestructuras. Le puedo decir a S. S. que durante muchos meses lo
primero que estuvimos haciendo dentro de la Secretaría General, con las
demás secretarías generales y demás órganos del Ministerio, fue discutir
en largas jornadas de concertación interna cuáles tenían que ser los
grandes rasgos directivos del Plan Director de Infraestructuras. Y le
puedo garantizar a S. S. que en las discusiones dentro del Ministerio,
con otras secretarías generales, el Secretario de Estado, el Ministro,
con un mapa de carreteras puesto encima, se contrastaron los criterios
políticos. A partir del momento en que se toman las grandes decisiones
--y estoy de acuerdo con S. S.-- de por dónde tienen que ir los temas,
hay un conjunto de estudios de apoyo o de desarrollos puntuales, de
análisis, que en algunos casos pueden realizar los propios funcionarios,
pero que en otros me parece muy positivo --y obviamente S. S. creo que
comparte mi opinión-- que los realicen determinadas consultoras. Su
señoría se refería a un punto muy concreto que creo que es muy
descriptivo, y es el caso de los análisis de los estudios de aforos, pero
hay otros, como por ejemplo estudios que se realizaban para el Plan
Director de Infraestructuras, estudios sobre el grado de accesibilidad
que se planteaba en el territorio como consecuencia de la realización del
Plan Director de Infraestructuras. Dentro de la situación actual de las
carreteras, el país tiene un grado de accesibilidad en su territorio, y
esto es medible, y se pueden tomar diversos criterios para analizarlo. Lo
que planteamos con esta descripción inicial de las carreteras que
queremos realizar en el Plan Director de Infraestructuras es: usted,
empresa, haga un estudio de cómo cambia la accesibilidad del territorio.
Este es un planteamiento que está descrito simplemente con unos cuantos
gráficos en el Plan Director de Infraestructuras, pero que tiene detrás
un estudio. Este es el tipo de estudio que yo creo --y por eso decía que
comparto completamente la opinion de S. S.-- deben
realizar las consultoras. Una consultora nunca debe sustituir la
capacidad de decisión técnico-política, lógicamente, no sólo de los altos
cargos, sino, obviamente, de los técnicos superiores del Ministerio.
En cuanto a las precisiones que hacía S. S. respecto al plan 1993-94,
independientemente de la problemática de una presa concreta que a S. S.
pueda inquietarle y sobre la que yo le tendría al corriente en todo
momento, lo que sucede es que todo el mundo sabe cuándo se toma la
decisión de hacer una presa. Es cierto que muchas veces cuando dices
vamos a hacer una carretera o vamos a hacer una presa, la primera
pregunta del ciudadano medio de la calle es cuándo empiezan las máquinas,
pero S. S. sabe, como funcionario del Ministerio de Obras Públicas, que
entre que se toma la decisión de hacer una carretera y entran las
máquinas hay un largo proceso, que muchas veces no visualiza el ciudadano
medio de la calle, pero que es enormemente importante. Hay que realizar
unos estudios iniciales, hay que sacar unos procesos de información, hay
que licitar, hay que contratar y, por fin, llegan las máquinas. Ese
proceso es más o menos dilatado según las obras. Está claro que cuando
decimos en un documento que durante el año 1993-94 se van a poner en
funcionamiento o se van a empujar 732.000 millones en obras lo que
estamos diciendo es que algunas las tendríamos ya maduradas en el
Ministerio y en fase de ejecución, pero otras habrá que empezarlas a
nivel de estudio. ¿Es realmente una parte pequeña --y S. S. hacía
referencia al plan de carreteras, que es un plan puente concreto-- la que
se va a licitar y contratar en el análisis 93-94? De 732.000 millones de
pesetas que recogen las actuaciones en 1993-94, que son 243, salvo 19 de
243 actuaciones, las doscientas veintitantas restantes suponen que o se
licitan o se contratan. Es decir, de 732.000 millones de pesetas, algo
más de 600.000 millones se van a licitar o contratar. Lo que suponen son
estudios de impacto ambiental y proyectos. Luego sobre 732.000 millones,
141.000 millones. Van a comenzarse los estudios de 19 proyectos y todo lo
demás, que son prácticamente 600.000 millones de pesetas, se licitan o se
contratan a lo largo de 1993-94. Por lo tanto, creo que no es un plan
ficticio, sino que es un plan que recoge realmente una voluntad de «poner
en marcha», entre comillas --si entendemos por poner en marcha
simplemente la obra a licitar y contratar, aunque S. S., lógicamente,
conoce que los pasos previos hay que darlos--, poner en funcionamiento
600.000 millones de pesetas por licitación y contratación, lo cual me
parece una obra bastante importante.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario General.
Hemos llegado al final de la comparecencia. Gracias por su asistencia y
por someterse a las preguntas de los Diputados que han tenido a bien
planteárselas. Como es lógico, no es un tema que esté acabado, ni mucho
menos; esperemos la aprobación del Plan Director de Infraestructuras y,
en consecuencia, después de la comparecencia del Ministro al respecto,
estoy seguro que con más frecuencia tendremos que vernos en esta Comisión
para clarificar posturas que permitan ejercer la actuación parlamentaria
de forma apropiada.
¿Están de acuerdo los miembros de la Comisión en que, puesto que en este
momento todavía no tenemos ninguna presencia por parte de algún miembro
del Grupo PNV, se cancele también la comparecencia del Delegado del
Gobierno en Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales?
(Asentimiento.) Así, pues, pasamos SENASA a las ocho.
--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE (PANADERO
LOPEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de
expediente 212/000082), POPULAR (número de expediente 212/000174) E
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUÑA (número de expediente
212/000249).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar deseo dar la bienvenida al
Secretario General para los Servicios de Transporte, don Manuel Panadero
López, por su amabilidad de venir hoy viernes por la tarde a comparecer
ante esta Comisión. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo
Socialista, por el Grupo Popular, por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Cataluña y también por el Grupo Vasco (PNV). Por tanto, después de
darle la bienvenida y agradecerle su presencia, procedemos a que el
portavoz del Grupo Socialista plantee sus preguntas al Secretario
General.«
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Más que preguntas al señor Secretario
General quiero utilizar este turno para expresar que es un placer tener
entre nosotros al señor Secretario General, darle la bienvenida a esta
Comisión e indicar que no tengo ninguna pregunta en concreto que hacer y
que, en todo caso, después de su intervención, si ello diera lugar a una
pregunta por parte de nuestro grupo, mantengo el derecho a reintervenir
si ello fuera preciso.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema. Sabe que la repregunta cabe
en este contexto, mientras vayamos bien de tiempo, que parece que sí
vamos a ir, con lo cual queda aceptada su propuesta de que, con
posterioridad, pueda ejercer el derecho de preguntar brevemente al
Secretario General.
En estos momentos, tiene la palabra el señor Camisón, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor CAMISON ASENSIO: Advierto, señor Presidente, que mis preguntas
se refieren exclusivamente a temas de la Marina Mercante, que habían
quedado subsumidas en esta comparecencia.
Señor Secretario General, también el Grupo Parlamentario Popular le da la
bienvenida a esta Comisión de Infraestructuras y, en relación con el
proyecto de ley que ocupa esta Cámara, empiezo preguntándole lo
siguiente: en las transferencias corrientes para el año 1994 se
observa un aumento de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima, de cerca de 2.500 millones de pesetas respecto al presupuesto
inicial del año 1993. Esta misma sociedad prevé para el año 1994 un
resultado neto de explotación de menos 6.600 millones y recibe una
subvención de explotación de más 6.400 millones. Ante estos hechos,
preguntamos: ¿cuáles fueron los ingresos ordinarios --si no los tiene el
señor Secretario General le rogaría que nos lo enviara en un plazo de
cuarenta y ocho horas-- de la explotación de esta sociedad estatal en
1992 y los estimados para 1993? A la vista de estos hechos, y puesto que
los resultados netos de explotación están ahí patentes en los documentos
para el año 1992 más de 5.000 millones y para 1993 menos de 6.600, le
preguntamos cuáles son las perspectivas de vida económica de esta
sociedad estatal y cuándo podemos entender que va a arrojar una cuenta de
explotación de signo positivo.
En relación con la Marina Mercante, es conocido que los grandes problemas
que tiene planteados el sector afectan al mercado internacional, que está
muy deprimido y totalmente liberalizado, con un cabotaje en proceso de
esa liberalización, con unos costes operativos bastante más elevados
cuando se trata de pabellón español que los registros abiertos o
especiales; con un registro especial de Canarias que está en marcha, pero
que no tiene aún beneficios fiscales ni siquiera parafiscal; que las
empresas están transfiriendo sus buques a registros más competitivos, con
altos costes de indemnización y, sobre todo, y lo más preocupante en
estos momentos, con problemas de desempleo creados por este motivo.
Otros problemas que afectan al sector son la paralización de la
inversión, en cuanto afecta al descenso de la flota, al envejecimiento de
la misma y a la obsolescencia. Ello lleva aparejado un descenso de la
actividad de la flota y de demandas de industrias suministradoras.
Parece obvio que las medidas que debieran aplicarse a esta situación
debieran pasar por la utilización de registros abiertos, sin obstáculos
de tipo administrativo; en incrementar los incentivos a la inversión en
la flota, sobre todo en los tráficos de cabotaje; en mejorar las
condiciones del registro civil de Canarias mediante la instrumentación,
lo más urgente posible, aunque fuera incluso con carácter provisional, de
bonificaciones previstas en determinados supuestos y en el apoyo a la
consolidación de los servicios regulares de cabotaje, a través de las
autorizaciones, manteniendo el equilibrio oferta-demanda más conveniente.
Siendo éste el problema y las medidas que parecen razonables, a este
Diputado, señor Secretario General, le gustaría ser convencido por usted
de que el presupuesto va en esa dirección, porque insistiendo en los
servicios regulares de cabotaje, para que esta consolidación fuera
posible, parece lógico que se debiera insistir en medidas de apoyo a la
reducción de los costes de las empresas, en particular mediante la
continuidad de todo el proceso de consociación de los servicios, al
fomento de la modernización de la flota, aunque esté insistiendo en el
tema, mediante los incentivos fiscales, y al control próximo del sistema
de autorización y de relación oferta-demanda.
Resumiendo, ¿qué relación o qué actitudes o qué medidas se adoptan en
este proyecto de ley, trascendental en la vida española en esta
dirección?
Pasando a otra cuestión, es obvio que hay una intensa interrelación entre
la marina mercante y su explotación y la construcción naval, que, aunque
sean medidas de otros departamentos, sin embargo la relación está
permanentemente, y hay un problema que surge y es que ya ha llegado la
hora de un cumplimiento lo más rápido y lo más urgente posible por parte
del Gobierno español a la vista de las medidas de apoyo autorizadas por
la CEE en cuanto afecta a la séptima directiva sobre construcciones
navales, que altera totalmente el escenario dado, que van a desaparecer o
a disminuir una gran cantidad de ayudas que estaban previstas, pero se da
el caso, y mucho más importante el caso español, de que había medidas que
estaban tramitándose, que estaban en marcha, que no estaban cobradas y se
crea un período de transición a lo largo del cual el sector está viviendo
la inseguridad de qué va a ocurrir con eso que tenía en tramitación y que
en estos momentos no tienen consolidado a través de la directiva séptima
de la Comunidad. Le rogaría que nos dijera qué ha previsto en los
presupuestos para esta situación de la construcción naval tan
intensamente ligada a las perspectivas de explotación de la marina
mercante. (El señor Vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa la Presidencia.)
Hay otro tema que afecta también al sector como consecuencia de la
disminución de actividad de la flota, sobre todo en tráfico de cabotaje,
y la inmovilidad y el desfase de la normativa que afecta a las
atribuciones de los titulados náutico-pesqueros. Parece también razonable
que en estos momentos se procediera a la revisión y modificación de las
atribuciones profesionales de este tipo de titulados de la marina
mercante, por supuesto según criterios de la OMI, de forma que se pudiera
competir en igualdad de condiciones laborales con el resto de nuestro
entorno europeo y de occidente y a partir de cuando han surgido los
problemas graves, que ha sido a partir del 1 de enero de 1993. Me
gustaría saber qué tiene previsto a nivel de este proyecto la ley
trascendental para el país en cuanto a estas dificultades que ya están
sufriendo los titulados náutico-pesqueros en cuanto a sus atribuciones.
De momento, señor Presidente, esto es lo que tenía que exponer.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz señor Andréu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Panadero, voy a formularle preguntas
bastante escuetas sobre los departamentos en relación con los que usted
comparece.
En primer lugar, en lo que se refiere a subvenciones y apoyo al
transporte terrestre, hay una cantidad importante la que se plantea en
los Presupuestos en relación con el presupuesto general del Ministerio
--236.000 millones de pesetas, aproximadamente--, y yo le preguntaría
a usted qué controles ejerce su Secretaría sobre esta cantidad, con qué
criterios se reparte y el grado de dependencia que Renfe tiene con
respecto a su Secretaría, porque, evidentemente, cuando se aporta esta
cantidad de dinero algún control y alguna dependencia política y de
gestión se debe tener. En cualquier caso, a nosotros nos parece
clarificador que las subvenciones se realicen de esta manera, pero
quisiéramos conocer los controles sobre las desviaciones que pudieran
existir y sobre las razones por las que se producen estas subvenciones.
En lo que se refiere al control del tráfico terrestre, a la inspección de
transporte terrestre, nos interesaría saber si ustedes tienen previsto
--ya sé que no está en estos Presupuestos Generales del Estado--, si
ustedes han valorado lo que significaría la aplicación de una tasa por la
utilización de infraestructuras al transporte terrestre fundamentalmente,
en definitiva el transporte de autobuses, que para nosotros es un hecho
importante que determina, hoy por hoy, que ese transporte se encuentre en
un grado de competitividad favorable con respecto al ferroviario, y nos
interesaría saber si ustedes han hecho valoraciones sobre esa posible
tasa y lo que ello significaría y, además, lo que significaría no
solamente en términos económicos, aunque también, sino en términos de una
mayor oferta de transporte.
También quisiera saber las evaluaciones que ustedes hayan hecho sobre el
control del transporte por autobuses, el control de la seguridad del
transporte por autobuses. Qué datos puede usted aportar sobre el último
ejercicio tanto en cuanto a sanciones que ustedes hayan podido realizar
como controles de otro tipo que hayan llevado a cabo.
Sobre la marina mercante quisiera preguntarle una valoración del segundo
registro de Canarias que, a nuestro entender, no ha cumplido las
expectativas que se preveían sobre el mismo, creo que apenas son cinco
barcos los que están inscritos en esa segunda bandera de conveniencia, y
las perversiones que a nuestro juicio genera esta segunda bandera, que,
como son conocidas y están en los «Diarios de Sesiones», no les voy a
reiterar aquí, pero esas perversiones que a nuestro juicio genera creo
que los argumentos contrarios sobre beneficios económicos de ningua
manera están justificados con los resultados existentes.
Quisiera preguntarle también, sobre el ente público de puertos, cuál es
la cantidad que en el conjunto de las diferentes autoridades portuarias
destinan a señalización marítima, y si el Ministerio considera que la
señalización marítima está resuelta perfectamente con la adscripción que
hoy en día tiene a las diferentes autoridades portuarias en detrimento de
la señalización que anteriormente estaba adscrita a la marina mercante,
que, según nuestro criterio, también debería seguir siendo la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para responder a las cuestiones
planteadas por los diferentes portavoces y que tengan relación con la
materia objeto de la comparecencia, con la materia presupuestaria, tiene
la palabra el señor Secretario General, don Manuel Panadero.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE (Panadero
López): Gracias a los Diputados por sus palabras de bienvenida. Le
pediría permiso al señor Posada, como representante del Grupo Popular,
para empezar contestando al señor Andreu. Simplemente porque me ha
indicado que tenía urgencia en irse, por lo que, si no le importa, le
responderé en primer lugar.
La primera pregunta se refería a la dependencia de Renfe respecto a la
organización del Ministerio, y he de decir que Renfe en cuanto
explotadora está adscrita a la Secretaría General y existen por parte de
la Secretaría General las competencias de tutela que corresponden a un
órgano administrativo sobre una empresa pública que a él está adscrita.
Los criterios de otorgamiento, como usted sabe, aparece computado un
total que viene a ser el conjunto de la compensación y no aparece en un
cierto desglose de esa cantidad, desglose en el cual querríamos avanzar
en el próximo contrato-programa, que espero que se pueda finalizar en el
curso del próximo año, en una definición más precisa y de alguna forma
con aportaciones a conceptos y no una cierta cifra general que, si bien
internamente tiene una lógica de pago de diversos conceptos, no aparece
como tal desglosada para pago, como decía, de determinados servicios que
Renfe realiza y encajados en las normas comunitarias, básicamente lo que
tiene que ver por la compensación de la infraestructura, el pago, como
dice la Presidenta de Renfe, la carretera ferroviaria que tiene un coste,
compensable de acuerdo con la normativa comunitaria, el pago de las
obligaciones de servicio público en determinados servicios, como son
cercanías, como son regionales y, evidentemente, también el pago de unas
ciertas pérdidas de explotación que, de acuerdo con la directiva
comunitaria, deben ir avanzando progresivamente hacia su total
eliminación, y que debería ser el objetivo de este contrato-programa
establecer el ritmo, calendario y conjunto de actuaciones para avanzar en
esta línea. Esperamos poder cerrar este contrato-programa el próximo
ejercicio. Nuestra voluntad, y así se lo hemos manifestado a los agentes
sociales, en este caso concretamente a las organizaciones sindicales, a
las federaciones de transportes, es que respondiera también a un cierto
esquema de discusión de cómo conjuntamente somos capaces de abordar un
problema importante, como es el tema de los déficit ferroviarios, de tal
forma que pudiéramos llegar a un horizonte en el cual esos déficit no
encubrieran unas pérdidas de explotación, un déficit de gestión en la
terminología clásica, sino que respondieran al pago de una serie de
obligaciones de servicio público que, lógicamente y como S. S. puede
entender, son precisamente aquellas partes sobre las que se toma la
decisión de que no sean pagadas por el usuario en función de las ventajas
sociales o de las economías que se pueden producir.
En lo que se refiere a la tasa para autobuses de infraestructura, no
hemos hecho esa evaluación que me pide.
Yo quiero señalar a S. S. que absolutamente todos los estudios demuestran
que el autobús paga más que de sobra por la fiscalidad específica a los
costes de infraestructura. Tan es así que incluso en la propia normativa
comunitaria, en trance de aprobarse, sobre armonización fiscal ni
siquiera se considera el tema del autobús, directamente se deja porque se
sabe que eso es así.
Por otro lado, quiero llamar la atención porque consecuentemente con esa
línea y consecuentemente con ese mismo esquema y óptica comunitaria de no
pago por parte del ferrocarril de la infraestructura, la imposición
específica aislada de un marco general donde se pudiera replantear el
tema de la fiscalidad de las infraestructuras de transporte en un marco
más amplio que se dirigiera exclusivamente a los autobuses produciría la
paradoja de que pagando éstos los costes de infraestructura, según los
datos disponibles, penalizaríamos a las capas populares de menores
ingresos obligándoles a pagar unos mayores costes, cuando realmente están
cubriendo absolutamente todos los costes. A mí me parece que no resulta
congruente. Puedo señalarle a S. S. que no existe absolutamente ningún
país donde esto sea así, fuera de la imposición fiscal sobre el
carburante, y que en el marco comunitario, igual que se ha producido una
armonización de la fiscalidad para los camiones, ni siquiera se ha
considerado el tema de una fiscalidad específica adicional para los
autobuses. Nosotros hemos hecho bastantes estudios sobre estos ratios y
estaría encantado, si S. S. tiene interés, de podérselos facilitar.
El siguiente tema era la seguridad en los autobuses. Los análisis que se
han realizado de seguridad señalan que el autobús tiene un elevadísimo
grado de nivel de seguridad. Es cierto que cuando se producen sucesos
desgraciados, como el famoso que ocurrió en Castellón, el impacto es muy
fuerte precisamente por la cantidad de viajeros. Es un fenómeno similar
al del avión. Evidentemente, la seguridad del autobús es bastante
inferior a la del avión; no quiero decir que se muevan en cifras
equivalentes de seguridad, pero el impacto que produce un accidente en
aviación es tremendo, se produce un auténtico shock, es que puede ser 100
ó 150 personas, y es un shock. Sin embargo, 50 muertos todos los fines de
semana se acaban procesando casi como un dato de la vida cotidiana,
desgraciadamente hay que decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que, en gran
medida, esos 50 accidentes de cada fin de semana, esta auténtica sangría
que existe en todo el marco comunitario, por no poner marcos más amplios,
no se producen de forma globalizada, se producen de forma
individualizada, y el choque para la sensibilidad de la opinión pública
es mucho menor. Yo le puedo decir que los ratios se encuentran en cifras
infinitamente más elevadas que las del vehículo particular, inferiores a
las de Renfe, pero en cifras más o menos equivalentes, y le puedo enviar
datos. Incluso creo que ha habido comparecencias y respuestas a preguntas
parlamentarias aportando estos datos. Estas cifras reflejan que el
conjunto del autobús en comparación con el ferrocarril viene moviéndose
en cifras más o menos equivalentes o ligeramente superiores. He dicho el
ferrocarril, pero he señalado antes que no con Renfe, porque hay un
cambio importante entre la accidentalidad de Renfe y la accidentalidad de
ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, ferrocarriles valencianos,
ferrocarriles vascos y la propia Feve, derivados de su propio proceso
estructural de mayor interrelación con el territorio, mayor número de
pasos a nivel, etcétera.
En lo que se refiere a sistemas de carrocerías, etcétera, es cierto que
con carácter general se ha derivado hacia un sistema en el cual ha
primado durante bastante tiempo la estética de la carrocería por encima
de la seguridad. Eso no quiere decir que sean inseguras las carrocerías,
pero recientemente se han aprobado normas y España es una adelantada
imponiendo normas especiales para conseguir una mayor estanqueidad en
caso de vuelco de las carrocerías que nos sitúan en niveles perfectamente
comparables, y me atrevo a decir que claramente por delante de las que
existen en otros países.
Hemos hecho multitud de controles en carretera realizados por la Guardia
Civil, realizados por las inspecciones de transporte, tanto de las
Comunidades Autónomas como del propio Ministerio, un amplio control sobre
los tiempos de conducción y creo que la conclusión es que podemos dormir
tranquilos, siempre en ese contexto de que la tranquilidad no debe ser
absoluta, sino una intranquilidad tranquila. Existe un razonable nivel de
seguridad, diría que más que razonable. Hay en estos momentos un control
bastante importante de discos tacógrafos que se chequean no solamente con
carácter aleatorio, sino que siempre que se produce un accidente del cual
tenemos conocimiento se produce una inspección de los discos de esa
empresa en todo el período anterior y posterior al accidente, de tal
forma que se controla para tener la seguridad de que funciona
adecuadamente.
Ha hecho S. S. referencia al registro de Canarias. Yo tengo que decirle
que es un tema que me resulta paradójico, sobre todo oír ciertas
opiniones que reclaman como un gran avance el registro Euros y
descalifican el registro de Canarias por bandera de conveniencia y, por
ejemplo, se producen a nivel sindical, cuando resulta que el registro de
Canarias se sitúa en condiciones de tripulaciones claramente en el lado
de conservación de empleo nacional respecto a los borradores que existen
a nivel comunitario del registro Euros. Sobre que sea una bandera de
conveniencia, me permitirá que tenga mis reservas, especialmente, como he
señalado, sobre un registro que entraría dentro claramente de los
borradores que la Comisión barajaba para ese registro Euros o para
conceder la bandera comunitaria a un registro marítimo.
¿Qué el número es reducido? Bueno, no es un elemento de preocupación. Yo
quiero hacer una reflexión, si S. S. me lo permite, sobre un cambio que
quizás ha pasado desapercibido, y es que en su momento ese segundo
registro especial de Canarias fue contemplado como la única posibilidad
para conservar una flota de titularidad española. La
internacionalización, que ya era mucha, pero que ha aumentado, del
negocio marítimo internacional señala que en ciertos tráficos sólo es
posible mantener una flota compitiendo en esos tráficos --estoy hablando
básicamente de tráficos extranacionales-- si se opera en condiciones
abiertas. Hay dos posibilidades: renunciar directamente a operar en esos
mercados o, si se quiere operar, usted está obligado a moverse en esos
registros porque son mercados abiertos donde existen unas normas muy
abiertas y flexibles que tienen que ver con ese proceso en el cual la
marina mercante es un cierto abanderado de problemas económicos que se
están planteando con la competencia con el Tercer Mundo. Realmente, en
aquellos tiempos se pensaba que ese segundo registro podía ser la
solución. Obviamente, no lo puede ser y, en ese contexto, la Ley de
Puertos tomó una decisión, digamos, racional, que era eliminar muchas de
las trabas que existían en un marco que respondía a un esquema histórico
en el que se establecía una especie de campana sobre un segmento de la
Marina Mercante, se le aislaba de la realidad del mundo, se establecía en
un mercado no competitivo, protegido, aislado de cualquier contaminación
y germen. El día, que tiene que ver con nuestro ingreso en la Comunidad,
que se empezó a levantar la campana, los cuerpos no estaban lo
suficientemente inmunizados y así se han producido muchos de los daños
sufridos por las navieras españolas, de sobrecostes, de falta de
adecuación a un marco competitivo. En ese sentido, la Ley de Puertos optó
por crear un marco abierto de posibilidades para los navieros que, en
función de sus diversas características, pudieran localizarse en los
registros donde España puede seguir teniendo un cierto control;
básicamente el cabotaje sería el primer registro, registros más abiertos,
pero digamos de una competencia, por decir así, con registros
comunitarios, donde la flexibilidad puede ser menor, que es el marco que
correspondería al registro especial de Canarias, y, en tercer y último
lugar, los registros absolutamente abiertos o los mercados totalmente
competitivos, donde difícilmente se puede competir, si somos coherentes
con lo que afirmamos, si no es operando en eso que se ha venido dando en
llamar registros abiertos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Y
quiero hacer una llamada sobre cuál es la nacionalidad de los buques que
están en esos registros, por si alguien piensa que son panameños o
liberianos, porque suelen ser estadounidenses, comunitarios, etcétera, y,
afortunadamente, incluso españoles, en los últimos tiempos.
Evidentemente, se puede ver desde otra óptica, pero ha sido la
posibilidad de salvar empleo, porque si no hubiese desaparecido
absolutamente. Al segundo registro le falta --y esperamos hacerlo en el
contexto de la definición del régimen económico y fiscal de Canarias-- el
completarlo con una serie de medidas respecto a las cuales quiero hacer
una salvedad. No son medidas que vayan dirigidas a aumentar la
competitividad de los buques; eso es falso. Los registros más
competitivos son los abiertos, que no tienen ningún beneficio fiscal. Las
ayudas a lo que van dirigidas es a asentar empleo comunitario, de forma
competitiva con los registros abiertos, dicho lisa y llanamente, pagando
la diferencia de coste al armador o al naviero entre lo que cuesta el
registro abierto y lo que cuesta en condiciones aceptables para ese país.
No hay otra forma. Cuando los números no cuadran, las realidades suelen
ser bastante negras. Y este registro, que, como decía, ha sido tachado de
bandera de conveniencia y de una serie de elementos, sin tener en cuenta
que se considera, como le decía, muy positivo el registro Euros, que es
mucho más abierto que el de Canarias, y más con la deriva que va
teniendo, en una de las últimas reuniones, después de una muy fuerte
oposición española, se cambiaron palabras que hacían referencia al número
o a la composición de la tripulación de nacionales comunitarios, y
desapareció un «much more flexibility» y quedó en un «more flexibility»,
y estábamos hablando ya del 50 por ciento, como dato. Por eso digo que es
bueno saber por dónde soplan ciertos vientos. Yo soy optimista,
ciertamente, y hace poco estuve en Panamá y les decía a compañeros
panameños que con el registro de Canarias no pretendemos hacerles la
competencia; somos mucho más modestos. Es un registro que tiene su nicho
de mercado, a ése va dirigido, y, en parte, ligado con alguna de las
inquietudes que el señor Camisón señalaba y que después le podrá
contestar.
Respecto al tema del Ente Público Puertos del Estado, ciertamente no
tengo en la memoria las cifras de señalización, tengo el conjunto de la
inversión, pero preferiría mandárselas, si no le importa. Y quería
corregir una afirmación suya, seguramente un proceso de lapsus. Los faros
estaban antes adscritos a Puertos; o sea que siguen en Puertos y no ha
habido ningún cambio orgánico de adscripción. Otra cosa que existía una
cierta posición que pedía su adscripción a la sociedad de salvamento, por
entendernos, o a Marina Mercante, frente a la adscripción de Puertos. Por
razones técnicas, operativas, de mayor capacidad de gestión, de conseguir
mayor productividad, se optó claramente por un sistema, que era seguir
manteniéndolos adscritos en el Ente Público Puertos del Estado. Le puedo
decir que, con la experiencia de estos nueve o diez meses,
aproximadamente, creo que ratifica, claramente y fuera de toda duda, el
acierto en esa decisión, y también creo que tenemos que ser conscientes
de que, sin dudar de la importancia del sistema de señalización marítima
tradicional de faros, es un sistema que se mueve claramente en regresión
respecto a los nuevos sistemas. Y eso no quiere decir que el sistema sea
obsoleto y que deba desaparecer, sino que es como tomar conciencia de los
nuevos sistemas de la telefonía frente al telégrafo o del correo
electrónico frente al correo tradicional. Hay un giro; afortunadamente
las tecnologías se difunden, la comunicación vía satélite, los nuevos
sistemas de comunicación, que están dejando el sistema tradicional de
señalización marítima reducido a un espectro más reducido, y además es
muy dado a una tecnificación. Es decir, no es necesario hoy --y éste era
el debate que estaba de fondo-- entrar en un sistema farero-faro. Es
posible mantener un sistema perfectamente funcionando, totalmente eficaz,
incluso con una máxima seguridad, sin necesidad de mantener un farero en
cada faro, abriendo --y esto lo permitía su adscripción en el Ente
Público Puertos del Estado-- un sistema de mayor productividad del
personal que estaba en el Cuerpo de Señales Marítimas, abrirle a nuevas
oportunidades de trabajo
y, en consecuencia, obtener una mayor productividad del conjunto del
sistema. Las cifras se mantienen en los planes que existían. Ya le digo
que le enviaré las cifras concretas, incluso quizás con su desglose
territorial. Sinceramente, le tengo que decir que, después de estos diez
meses --y yo tuve también mis dudas con el tema, no crea-- de experiencia
y después del análisis, la conclusión a la que nosotros llegamos es que
yo me felicito por haber tomado esa decisión, y se lo digo con absoluta
fiabilidad y seguridad de que es así. Creo que con esto le he contestado.
Quedo en enviarle los datos que me había pedido.
Paso a contestar al señor Camisón, pidiéndole disculpas y agradeciéndole
que me haya permitido contestar, en primer lugar, al señor Andreu. Su
primera pregunta hacía referencia, fundamentalmente, al tema de la
Sociedad Estatal de Salvamento, y hablaba de un déficit. Yo creo que es
importante señalar cuál es la estructura de la Sociedad de Salvamento. La
Sociedad Estatal de Salvamento viene a ser como --si me permite y no me
toma literalmente las palabras-- el cuerpo de bomberos marítimo. Es
decir, ante una emergencia, fundamentalmente ligada a salvamento de la
vida en el mar o ante determinados elementos de incidentes o accidentes
marítimos que puedan dañar al medio marino, se produce la reacción, pero,
evidentemente, este conjunto de servicios que presta no los factura. Es,
de alguna forma, una prestación generalizada de salvamento de la vida,
pero no aparece el helicóptero y, cuando llega el náufrago, le dice:
Oiga, o paga usted o yo me voy y le dejo aquí. No le cobra, pero,
evidentemente, sí incurre en un coste. Por esto decía que, de alguna
forma, este fenómeno es equivalente a lo que puede ser el cuerpo de
bomberos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus ingresos, ciertamente, tienen
un carácter muy aleatorio, básicamente se derivan --y pueden ser
cantidades importantes, pero aleatorias y difícilmente predecibles y
consignable; más bien serían ingresos atípicos-- de si se produce su
actuación en un rescate marítimo de un buque que se va a hundir y, a
través de los mecanismos de cobro que están establecidos para este tipo,
o si presta un servicio de remolcaje de una determinada embarcación.
Pero, fuera de esto que digo, tiene un carácter secundario y
relativamente anecdótico en la explotación; es un servicio absolutamente
presupuestario; por tanto, gravita sobre el presupuesto.
Su señoría podría decir, y con toda razón: Precisamente por los
argumentos que usted dice no entiende por qué se constituye una sociedad
diferente de la que podía ser la propia estructura funcionarial, porque
al final usted lo que me está diciendo es que se paga exactamente igual:
Que los ingresos que existen tienen un cierto carácter residual, aunque
un año pueden ser muy importantes. La diferencia es que, por sus propias
formas de organización, por su necesidad de trabajo 24 horas al día, hay
que estar atentos y con capacidad de dar respuesta inmediata a cualquier
incidente. Por las propias singularidades que tiene la contratación del
personal, la experiencia que teníamos es que su funcionamiento, dentro
del ámbito de marina mercante, presentaba prácticamente innumerables
problemas y dificultades de mejora de la gestión y que era necesario dar
un cambio orgánico. Sobre esa constatación y esa práctica lo que se hizo
fue convertirla en una sociedad estatal cuyo objetivo era seguir
prestando esos mismos servicios y evitar la eliminación de la rigidez que
para determinados servicios específicos presenta el Estatuto de la
Función Pública, como puede ser para la prestación de servicios de 24
horas, para integrar a personal que se mueve en un espectro difícil de
jugarse la vida, cierta y literalmente, para salvar la de otros
conciudadanos en un momento crítico. Por ello fue la decisión que las
Cortes aprobaron de convertirla en sociedad estatal. Pero,
consecuentemente, de alguna forma su déficit es equivalente a su
aportación presupuestaria o, dicho de otra forma, es en ese ejemplo que
yo decía de los bomberos: usted tiene esta dotación para organizarse y
prestar este servicio con estos medios, de la forma más eficiente. Por
tanto, no le debe preocupar a S. S. este déficit porque sería equivalente
a si estuviese en el presupuesto y fuese una organización administrativa,
una dirección general, un organismo autónomo y se financiara con cargo al
presupuesto.
El incremento al que ha hecho referencia se debe básicamente a dos
aspectos: uno, que prácticamente de forma operativa empezó su
funcionamiento aproximadamente en marzo de este año, en tanto que el año
que viene son doce meses. En segundo lugar, que hay una apuesta del
Gobierno en este presupuesto por aumentar el nivel de protección de la
vida humana en el mar a través de mayores medios; por ejemplo, un tercer
helicóptero que va a operar en Canarias todo el año que viene, en tanto
que este año serán aproximadamente del orden de cuatro meses nada más, a
través de la dotación de unas torres de control que van a permitir un
mayor nivel de fiabilidad y seguridad a la hora de responder a accidentes
que se puedan producir en el mar. Al mismo tiempo de controlar ciertos
tráficos, cuyos incidentes --y no digo nada si llega a accidentes--
pueden ser gravísimos para ciertos sectores de la industria nacional.
Estoy pensando en el tráfico del estrecho y en el corredor de Finisterre.
Este año que viene, como digo, hay una mayor prestación de servicios, hay
un mayor de desarrollo que yo creo que todos nos debemos congratular de
ello, y, evidentemente, tienen mayor coste. Estoy absolutamente
convencido que crece más el nivel de prestación de servicios que lo que
crece la asignación presupuestaria o, dicho de otra forma, que vamos a
ser capaces, y eso está implícito en el presupuesto, de conseguir mayor
eficiencia en la prestación de los servicios.
Después de esta explicación entenderá que esperar un resultado positivo
en términos puramente económicos comerciales de cualquier sociedad no
resulta posible porque no es ese el esquema de esta sociedad.
Su señoría ha hecho un análisis sobre el tema de la marina mercante. Me
pregunta por algunos elementos, que me permitirá que me abstenga de
contestarle, como son los elementos de la construcción naval, de la
incidencia que tiene el cambio de normativa comunitaria, porque no es la
especialidad. Le podría dar unas impresiones,
pero casi en plan particular porque no soy responsable de esa área y
preferiría que, consecuentemente, con mucho mayor nivel de conocimiento,
fuese el responsable de los temas de construcción naval quien le
conteste.
De alguna forma, en la contestación que hacía al señor Andreu sobre la
organización del sistema marítimo contestaba a alguna de sus preguntas.
Le he dicho que la Ley de Puertos abre la posibilidad para el naviero, en
el marco administrativo que le es propio a la ley, de mover sus buques a
aquellos registros que considere más necesarios para mantener su empresa
competitiva en el segmento de mercado en el que opera. Existen problemas,
yo lo comparto con S. S., que tienen que ver con los convenios
colectivos, con, en su caso, la necesidad de llegar a acuerdos con los
tripulantes, que suponen una serie de costes para el naviero que quiere
desplazarse de un registro a otro. Pero ese es un tema de la legislación
laboral que, en su caso, podrá tener soluciones en el marco de unas
modificaciones del sistema o de las relaciones laborales, pero
difícilmente en el marco exclusivo de un sistema mercante.
El segundo registro hay que conceptuarlo, no como la solución que durante
muchos años estuvo al menos flotando en el aire, aunque quizá no se
dijera de una forma tan expresa como yo lo estoy diciendo en estos
momentos, sino que es simplemente una posibilidad más de registro para
aquellos tráficos abiertos a navíos comunitarios con pabellón comunitario
y donde la competencia se centra en ese aspecto; ofrecer a los navieros
españoles una posibilidad de competir en esos tráficos sin necesidad de
tener que trasladar sus buques a un segundo registro comunitario y, por
tanto, situándole en un mismo entorno de lo que son esos segundos
registros comunitarios.
Los beneficios fiscales ya señalaba anteriormente que esperamos
incorporarlos en el conjunto de la Ley de Régimen Económico y Fiscal de
Canarias porque nos parece más lógico meterlos en este contexto. Al mismo
tiempo, le señalaba que este tipo de ayuda de Seguridad Social, de
beneficios fiscales, etcétera, tiene más que ver que con la
competitividad del pabellón de los propios navieros, y tiene como
objetivo la fijación del máximo nivel de empleo español posible.
Hablaba S. S. del tema de la paralización de inversiones. Estamos
interesados y estamos tratando con el Ministerio de Industria de buscar
un nuevo marco que establezca para los próximos años la continuidad del
actual marco de financiación para los buques españoles que presenta
ciertos problemas. Pero creo, sinceramente, que podremos mover ayudas. Ya
hay problemas con la normativa comunitaria en lo que se refiere a las
ayudas. Podemos hacer una financiación muy barata, pero en tanto no
consigamos que la explotación de las empresas navieras presente
resultados positivos, no serán ni siquiera muletas porque no producirán
ninguna ayuda. Si no hay resultados positivos en la cuenta de explotación
de las navieras, desengañémonos, las navieras no van a invertir.
Precisamente lo discutimos en el marco comunitario y creo que conseguimos
un clima bastante favorable para la flota española. Tenemos que
aprovechar para la de cabotaje los años de período de transición para
alcanzar esa adaptación y lograr su competitividad en el nuevo marco que
se va a producir.
Nos preocupa mantener un nivel de competitividad que sea adecuado o el
fruto preciso del equilibrio entre la oferta y la demanda y que combine
tanto la competitividad y la competencia entre las empresas como la
estabilidad del sistema, sobre todo por lo que tiene que ver en las
relaciones con Canarias y Baleares desde la Península.
Finalmente, hacía referencia a la problemática que se plantea con los
titulados náuticos pesqueros y el marco de atribuciones, que es un tema,
como todos ellos, que presenta problemas importantes entre los colectivos
de formación profesional, los de los titulados náuticos pesqueros y los
de los propios licenciados náuticos, los marinos mercantes.
Tenemos la voluntad de movernos en este sentido de forma muy acompasada,
por supuesto, a los convenios internacionales y también a las nuevas
directrices sobre atribuciones, exigencias de titulación y experiencia
que se están produciendo en el marco de la nueva política marítima
comunitaria y que van a hacer mucho énfasis en los niveles de
profesionalidad, en la formación de las tripulaciones. Con ello se
pretende que cualquier movimiento que en este sentido se haga suponga un
incremento de las posibilidades de trabajo de todo el colectivo
--náuticos, pesqueros, formación profesional y marinos mercantes-- y no
suponga que, por aumentar parcelas de un colectivo respecto al otro,
creemos elementos de tensión entre ellos y que adicionalmente se pueda
producir que ciertos reconocimientos de atribuciones que pudiéramos hacer
de forma interna no tuvieran en el fondo mayor eficacia porque fueran
negados por las normas comunitarias.
Por tanto, en ese contexto yo recomendaría, y es nuestra filosofía,
seguir muy de cerca este desarrollo de la normativa comunitaria y
ceñirnos mucho, en cuanto al marco de atribuciones, a las exigencias que
van a derivar de estos proyectos de reglamentos y directivas que la
Comisión está poniendo encima de la mesa.
Obviamente, gran parte de este tipo de actuaciones no deben llevar detrás
unos presupuestos importantes, sino que son medidas de regulación de
mercados, titulaciones, que no requieren llevar detrás rubros importantes
de tipo presupuestario.
Es cierto que a formación se destinan partidas en los presupuestos.
Queremos hacer un esfuerzo en colaboración con otros órganos de la
Administración que tienen también competencias en temas de marina --el
Instituto Social de Marina, etcétera--, de tal forma que incentivemos el
mayor nivel de formación de nuestros profesionales, porque sólo por ese
lado, en ese contexto abierto que existe para la marina mercante, seremos
capaces de conseguir oportunidades de colocación, bien sea en la flota
española, bien sea en la flota de otras banderas.
Creo que he contestado, al menos eso he pretendido, a las preguntas que
se me habían formulado. En todo caso, si queda alguna duda o algún matiz,
estoy a su disposición
para aclararlo o para subsanar el lapsus que haya podido cometer.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General.
¿Alguien más desea formular alguna pregunta? (Denegaciones.)
Sólo resta agradecer su comparecencia. Sus clarificaciones creo que han
dado satisfacción a todos los miembros de esta Comisión.
En espera de que llegue la Secretaria General de Comunicaciones, hacemos
una pausa.
Se reanuda la sesión.
--DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACIONES (SALGADO MENDEZ). A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente
212/000079) y POPULAR (número de expediente 212/000175).
El señor PRESIDENTE: Continuamos nuestra reunión con el último punto del
orden del día, en el que tenemos la satisfacción de contar con la
comparecencia de la Secretaria General de Comunicaciones, doña Elena
Salgado Méndez. Como la petición de comparecencia ha sido realizada por
los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular, ruego al portavoz del
Grupo Socialista que formule las preguntas que crea pertinentes a la
señora Secretaria General.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Bienvenida, señora Secretaria
General, en su comparecencia en esta Comisión.
Por lo que respecta a sus funciones desde el punto de vista de estos
presupuestos, están contenidas básicamente en los Programas 521.A, de
explotación de los servicios postales, y 521.B, de ordenación y gestión
del espectro radioeléctrico. Yo le voy a hacer algunas preguntas con
relación a ambos programas.
Con respecto al Programa 521.A, que se gestiona a través de Servicios y
Correos, desde la creación de este nuevo organismo está en vigor un plan
de empresas con el objeto de recuperar los niveles de calidad que
sufrieron cierto deterioro en la década de los 80, por razones que no
viene al caso detallar, algunas de ellas imputables al mercado y otras a
la propia Administración, el objetivo de ese plan de empresas, como
decía, era recuperar y mejorar los niveles de calidad y mantener un
cierto equilibrio entre gastos e ingresos de Correos. Ello conllevaba una
política en las tarifas y el desarrollo de un plan de inversiones.
Lo que me interesa en esta comparecencia, referido al presupuesto de
Correos, es la previsión de ingresos para el próximo año, la previsión de
los resultados, las principales inversiones que se acometen y las mejoras
de los índices de calidad que resulten esperables de esas inversiones y
del conjunto de la actuación de Correos en el próximo año.
En cuanto al Programa 521.B de ordenación y gestión del espectro, esta
Cámara aprobó, en junio de 1992, un Plan nacional, con unas resoluciones
de los diferentes grupos de la Cámara, de cuyo desarrollo hemos tenido
exacto conocimiento en una ponencia especial creada en el seno de esta
Comisión para controlar el desarrollo de dicho Plan. No me voy a referir,
por tanto, a los objetivos en él contenidos sino, específicamente, a los
compromisos de inversión del citado Plan para el primer cuatrienio de
vigencia del mismo, que vence precisamente en el ejercicio presupuestario
próximo.
Esos compromisos de inversión eran del orden de dos billones y medio de
pesetas desde el año 1991 a 1994, de los que 2 billones 200.000 millones,
prácticamente, correspondían al sector regulado, y el resto al sector
desregulado. Obviamente, tampoco me puedo referir al sector desregulado,
porque no hay posibilidad de influencia en él, sino sólo indicar unas
líneas de actuación que ya estaban contenidas en el Plan. El sector
regulado contemplaba 34.000 millones de inversión por Correos;
prácticamente 60.000 por Retevisión; 45.000 por Hispasat; casi dos
billones por Telefónica, y el resto, hasta casi 100.000 millones de
pesetas, en inversiones diversas de apoyo.
Como es una comparecencia sobre los presupuestos del próximo año,
solamente quiero preguntarle en qué medida se recogen en los presupuestos
de 1994 los compromisos que resultan de este cuadro de inversiones y, lo
mismo que en el anterior programa, las mejoras de calidad en la
prestación de los servicios que se pueden esperar como resultado de esa
política de inversiones.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Yo espero, señor Presidente, que en esta
ocasión, y dada la trascendencia de los temas que dependen de la señora
Secretaria General, tenga cierta comprensión respecto al tiempo, habida
cuenta de que en otras comparecencias este Grupo ha sido respetuoso a la
hora de utilizar sus tiempos.
Señora Secretaria General, el Grupo Popular también le da la bienvenida y
va a valorar, sin duda alguna, la información que nos va a proporcionar.
La primera cuestión que quiero plantear se refiere a la empresa pública
Hispasat. Hoy, señora Secretaria General, voy a ser muy concreto en mis
preguntas y le ruego que si aquí no tuviera datos relativos a alguna de
ellas, los remita en un plazo inferior a 48 horas, porque nos van a ser
necesarios para la formulación de nuestras enmiendas.
La primera se refiere a dicha empresa pública. Segn criterios actuales,
desearíamos que dijera a la Comisión el beneficio acumulado esperable al
final de la vida útil de proyecto Hispasat. Esta es una magnitud. También
quisiéramos saber la tesorería final generada en el proyecto al término
de su vida útil.
La tercera, también relacionada con el Hispasat, se
refiere a cuánto debería ascender por año el montante de ingresos de cada
traspondedor para la difusión de la televisión por satélite, de acuerdo
con los datos actuales y no con las previsiones cuando se genera el
proyecto. Además, queremos conocer la que ha servido para hacer las
adjudicaciones de esta difusión de televisión por satélite.
En algún momento la señora Secretaria General nos ha informado de que, en
términos de retornos, la empresa constructora del satélite, la empresa
Matra, se había comprometido a una reinversión en nuestro país de 14.000
millones de pesetas. Nos gustaría conocer la situación de esta inversión
francesa en nuestro país y qué relación tiene con las previsiones del
presupuesto.
De acuerdo con los satélites, tiene las cuatro emisiones conocidas: la
DBS, la emisión fija FSS, la emisión con Iberoamérica y la emisión del
Ministerio de Defensa. Se nos dijo en su momento que la vida económica
del proyecto se iniciaba en enero de 1993. En base a todos estos
traspondedores, nos interesa saber, señora Secretaria General, para cada
uno de tales traspondedores --para todos y por meses-- los ingresos
habidos durante 1993 y las previsiones para los meses que faltan de este
año. Y también por meses, las mismas cifras para el año 1994.
Nos gustaría conocer el nivel de contratación del servicio fijo FSS,
tanto respecto a Telefónica como a Retevisión, como a Correos u a otros
si fuera el caso, así como la perspectiva, en el caso de que no
estuvieran vendidos o arrendados.
Nos gustaría conocer, señora Secretaria General, las perspectivas de
situación económica para el cuarto año de la vida del proyecto puesto
que, como se anunció en cierto momento, llegaba a su punto crítico en el
cuarto año de su vida. Le preguntamos si el Ministerio de Defensa ha
abonado su cuota prevista inicial de 2.700 millones, correspondiente a
1993, y la previsión de 2.700 millones de la cuota correspondiente al año
1994. ¿Qué ocurre con esos compromisos del Ministerio de Defensa? Si
hubiera habido un convenio entre los Ministerios de Obras Públicas y
Defensa, nos gustaría que nos hiciera saber su contenido o que remitiera
a esta Comisión una copia de dicho convenio.
Nos gustaría conocer, señora Secretaria General, la deuda de Televisión
Española con Hispasat y los contratos blindados de la empresa pública
Hispasat. En cuanto al balance de situación de la citada, nos gustaría
aclarar la partida de acreedores del pasivo, quiénes son éstos y en qué
cantidades. Respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, existe la
partida de ventas netas con un importe de 10.554 millones de pesetas para
el año 1994. Le pedimos el desglose de esta partida de ventas. Nos
interesa la información que pueda suministrarnos respecto a las
previsiones de utilización y sus correspondientes plazos de todos los
recursos del sistema de satélites Hispasat, de los dos que hay en estos
momentos en órbita.
En cuanto a Retevisión, existe el presupuesto de explotación con un debe,
donde aparece una partida de 1.226 millones de pesetas por variación de
las provisiones de pérdidas de créditos incobrables. Nos interesa conocer
quiénes son los deudores de esta cantidad. En el haber figuran las ventas
netas previstas de Retevisión, con un montante de 34.320 millones de
pesetas. ¿Cuál es su distribución entre los distintos clientes? Nos
gustaría disponer de información sobre la regulación pendiente de los
servicios VSAT del satélite y conocer las influencias que la Orden
Ministerial, de julio de 1992, haya podido producir sobre los compromisos
de Telefónica con otros satélites respecto a la inversión de 144.000
millones que se dijo en su día, para seguir las disponibilidades de
Telefónica de acuerdo con el satélite.
En términos más generales y respecto a la política de liberalización,
nuestra impresión es que hay una lentitud de adecuación a la Comunidad
Económica Europea. Le preguntamos si este proyecto de ley confirma esa
lentitud del Gobierno y no marcha en la dirección de ese ritmo de
liberalización deseable, que está patente en el resto de países
comunitarios.
Le pedimos noticias sobre el concurso de licencia para la explotación de
la telefonía móvil automática, el TMA, nuevamente demorada por el
Gobierno. Lo mismo sobre la mejora de la gestión del sistema de espectro
radioeléctrico, que está llegando a situaciones de gravedad así como las
demoras en la regulación de la televisión por cable justamente en un
momento en el que los dos satélites están ya operativos y que al no estar
regulada la televisión por cable está provocando un freno innecesario.
Como sabe la señora Secretaria, somos el único país del entorno europeo
que aún no lo tiene regulado.
Nos gustaría conocer, habida cuenta lo manifestado por los sectores
afectados, las deudas de los organismos estatales con las empresas
electrónicas españolas. Se han anunciado partidas importantes del
Ministerio. En este momento yo no le voy a plantear esta cuestión, ni le
voy a solicitar las de AENA porque no son de su competencia, pero me
gustaría que nos cifrara exactamente en estos momentos las deudas de
Retevisión y de Correos con las empresas electrónicas españolas.
En el Programa 521.B de la Secretaría General de Comunicaciones, artículo
62, aparece una inversión nueva en equipos informáticos de 315 millones
de costo total, y 75 millones para 1994. Queremos conocer a qué
aplicaciones se va destinar este dinero.
En el artículo 63 aparece el proyecto de obras de reposición de
edificios, en el que figura un coste de 5.502 millones y 1.302
específicos para 1994. ¿Cuál es el destino?
En el artículo 64, gastos de inversiones de carácter inmaterial, figura
un proyecto de 160 millones de coste total, del cual un 50 por ciento se
destina a estudios y exposiciones. Queremos conocer qué estudios de
modernización y perfeccionamiento de redes se van a realizar, y cuál es
el plan, en cuanto a número y tipo de exposiciones previstas, para su
realización en comunicaciones.
En el artículo 64, de inversiones de carácter inmaterial del Plan
Nacional de Telecomunicaciones, queremos conocer qué destino se pretende
dar a la consignación de 569 millones que aparece en el coste total y
cuál es la asignación presupuestada para 1994.
En la red de banda ancha, nos gustaría conocer qué
destino se pretende dar a esta consignación y cuál a los 80 millones
consignados para 1994. En VSAT, qué destino se pretende dar a los 304
millones previstos como coste total. En acción nacional de comunicaciones
móviles, qué destino se pretende dar a los 325 millones previstos como
coste total de proyecto. En estudios relacionados con el transporte, qué
destino se va a dar a los 200 millones previstos como coste total; cuál
es el de los 50 millones presupuestados para el año 1994; qué parte del
presupuesto para 1993 no se ha gastado; y cuánto se va a transferir a
1994.
Esto en líneas generales. Con la benevolencia del señor Presidente,
quisiera completar estas preguntas con cuestiones referidas al organismo
autónomo de Servicios y Correos. En este caso, señora Secretaria General,
a nuestro Grupo le interesan (si no los tiene, como es natural, nos
gustaría que nos los remitiera con la mayor urgencia) los documentos
siguientes. De la Subdirección General de Explotación del organismo
autónomo del área de tráfico, los estudios referentes al correo nacido
mensual y agregado anual; la comparación mensual detallada entre 1992 y
1993, llegando hasta la fecha actual, así como las previsiones de los
meses que faltan de 1993, especificando todos los datos posibles, pero,
sobre todo, el tanto por ciento acumulado sobre el año 1992, tanto en las
líneas de producto agregado de básica, como de económica, de urgente y
total, además del global que supone para el año 1993 y previsiones de
estas partidas para 1994.
Asimismo, en cuanto al estudio del organismo autónomo sobre la evolución
postal exprés, nacional e internacional, nos interesa conocer el tanto
por ciento de desviación de estas partidas del año 1992 respecto a 1991,
de 1993 respecto a 1992 y la previsión de desviación de 1994 respecto a
1993. Dentro del mismo organismo autónomo, le pedimos, con datos actuales
y no previsiones anteriores (si no los tiene, le rogamos que nos los
envíe por escrito), las previsiones de acuerdo con los resultados de
explotación correspondientes a los años 1993, 1994 y 1995. Le preguntamos
si nos va a dar estas previsiones con amortizaciones y provisiones
incluidas o no. En su caso, le solicitamos el desglose descontando estas
partidas.
En cuanto al crecimiento del mercado nos interesa conocer, con criterios
actuales, no de previsiones anteriores, el crecimiento anual medio de
Correos y Telégrafos correspondiente a los años 1993, 1994 y 1995, así
como, refiriéndome exclusivamente a la línea básica, el incremento del
volumen de Correos y Telégrafos correspondiente en esta línea a los años
1993, 1994 y 1995.
Le preguntamos, señora Secretaria General, qué implantación de centros de
correo electrónico se ha ejecutado en el año 1993, dónde y por qué
importe, y qué implantación de centros de correo electrónico se va a
ejecutar en los años 1994 y 1995 --pero, sobre todo, en 1994-- dentro de
las previsiones del presupuesto en cuanto a centros de correo
electrónico.
Respecto a la evolución prevista de ingresos (sin que ello obste para que
luego le solicite más concreción), en líneas generales, nos interesa
conocer los siguientes índices. A la vista de los datos actuales
--reitero--, no de previsiones, evolución comparativa del año 1993
respecto a 1992 y de 1994 y 1995 con relación a los años anteriores.
Por lo que se refiere a la caja única de giro nacional, nos interesan
tres partidas, que son: el número total de giros, el importe movido, en
millones, por años y los ingresos generales para Correos y Telégrafos,
que han oscilado últimamente en 4.000 millones. Estas cifras nos
interesan para los años 1992 y 1993 y perspectivas para 1994. De los
4.000 millones de ingresos para Correos propiciados por la caja nacional
del giro, le preguntamos cuántos son de ingresos financieros y cuántos
días de media figura de capital retenido en Correos las partidas de la
caja del giro nacional.
Se había anunciado en propuestas de empresas la decisión de tomar ya los
beneficios que podían derivarse de comprar o arrendar los servicios de
uno de los transpondedores del Hispasat por Correos. Nos gustaría que nos
diera noticias de esta decisión anunciada.
En relación con las cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al
organismo autónomo, se nos dice que, a partir del año 1992, se cambia el
criterio de formalización de esta cuenta y se hace por acuerdo al
principio contable del devengo. Le preguntamos por qué se ha cambiado de
criterio en la formalización de esta cuenta a partir de ese año. Ya en la
cuenta que tenemos aquí delante, que es la correspondiente al año 1992,
aparece una partida, que es de ingresos financieros, por un importe de
2.185 millones. Le pedimos el desglose y el origen de esta partida de
ingresos financieros por cantidad tan importante y los correspondientes a
los previstos para los años 1993 y 1994.
En cuanto a las deudas de Correos --me refiero a las deudas generadas por
Correos, con independencia de quién las vaya a pagar, porque las paguen
Correos o los Presupuestos del Estado, al final todo sale de la
ciudadanía española--, nos interesa conocer las correspondientes a los
años 1991 a 1993 y las previsiones para 1994, desglosadas las que
corresponden a Caja Postal, a Renfe, a Iberia, al PMM, a Telefónica, a la
Seguridad Social, a otros provedores y, en general, toda la deuda. Repito
que me refiero a las deudas generadas por Correos, independientemente de
quién las vaya a satisfacer.
Insistiendo en los ingresos de Correos, le pedimos, detallado por meses,
la partida de ingresos de Correos y la de gastos para los años 1992,
1993, las previsiones de los meses que faltan de 1993 y las
correspondientes a 1994.
En cuanto a la evolución del servicio postal exprés, pedimos el número
correspondiente a los años 1992/93/94 --para estos dos últimos, las
previsiones-- y, por meses, el número de envíos que se han perdido y el
importe de estas pérdidas. Nos interesa conocer, en cuanto al déficit
previsto para el año 1993, la variación que ha supuesto la cifra de 1993
respecto a la de 1992.
En el Programa 412.A, ordenación y explotación de los servicios de
comunicaciones postales y telegráfico, queremos conocer cuál fue, para el
año 1992, el montante de crédito inicial por capítulos, las
modificaciones de crédito a 31 de diciembre, por capítulos, los créditos
totales a
31 de diciembre, por capítulos y la disposición y obligación reconocida,
también por capítulos, a la misma fecha.
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, han pasado dieciséis minutos.
Habíamos acordado en la Mesa un máximo de quince minutos, por lo que
estaba usted en su perfecto derecho, dentro del contexto de la
comparecencia, de pedir todos esos detalles. Lo ha hecho, pero le ruego
que vaya terminando, por respetar las reglas acordadas por la Mesa.
El señor CAMISON ASENSIO: Voy, acatando sus instrucciones, a intentar
acortar, y voy terminando con unas preguntas muy concretas.
Para el año 1993, nos interesaría conocer los mismos datos que había
pedido para 1992 del Programa 512.A. También en el Programa 521.A, en el
objetivo tres, ampliación y modificación de la infraestructura en la que
se apoya la prestación de los servicios del organismo, figura el
indicador 1, que es construcción de edificios para centros de
tratamiento, por un importe de 3.625 millones. Queremos saber cuál fue la
inversión realizada u obligación reconocida en el año, y su desglose para
cada uno de los centros de tratamiento. En el presupuesto de 1994 figuran
1.960 millones, cuantía que también nos gustaría que nos desglosara.
Acatando las instrucciones del Presidente, con esto termino, en una
primera parte, la serie de preguntas que tenía que hacer el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: ¿Me permite intervenir, por una
cuestión de orden?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Creo que debo decir, por ser
absolutamente respetuoso, que la intervención que hemos escuchado
desvirtúa el más generoso sentido de interpretación que se pueda dar a la
razón que nos convoca hoy aquí, que son los Presupuestos Generales del
Estado para el próximo año.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Posada. ¿Es para una
cuestión de orden?
El señor POSADA MORENO: Para una cuestión de orden.
Como portavoz del Grupo Popular, debo oponerme a esas palabras del
portavoz del Grupo Socialista, porque no creo que lo desvirtúe. Estamos
haciendo unos presupuestos y, para saber las partidas que deben ir a cada
uno de los organismos, por ejemplo, Hispasat, Retevisión, Correos,
etcétera, conocer la situación económica es muy interesante. Quizá sea
cierto --lo decía mi compañero, el señor Camisón-- que la Secretaria
General nos pueda contestar en este momento detalladamente a todas las
preguntas, pero ya se ha dicho que se formulan para que sean contestadas
por escrito y poder elaborar las enmiendas, lo cual sí es pertinente.
El señor PRESIDENTE: Como lo que interesa es que los trabajos de la
Comisión sigan un turmo positivo y eficaz, yo interpreto que el contexto
de la intervención del señor Camisón está dentro de la línea del debate
presupuestario, y la señora Secretaria de Estado tiene ahora la palabra
para contestar a lo que crea oportuno en estos momentos, y a lo que no
pueda contestar lo hará por escrito, como se le ha pedido.
La señora SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACIONES (Salgado Méndez): Señor
Presidente, quiero dar las gracias a los representantes del Grupo
Socialista y del Grupo Popular por sus preguntas.
No puedo sino manifestar también una cierta sorpresa por el contenido de
la intervención del representante del Grupo Popular, no tanto por lo
premioso de todos los datos que me ha solicitado, porque estaría en su
derecho, sino porque muchos de esos datos corresponden a ejercicios de
los años 1992 y 1993. Podría entender, tal como el propio señor Camisón
ha insistido en otras ocasiones, que los datos correspondientes al
ejercicio de 1993 tienen cierta relación con el presupuesto del año
siguiente, pero sería injusto para el resto de señores Diputados
presentes que en una comparecencia presupuestaria tenga que dar los
ingresos mensuales por cada una de las líneas de productos del organismo
Correos y Telégrafos correspondientes a cada uno de los meses del año
1992, en el caso de que tuviera esa información.
Me comprometo a enviar al señor Camisón (no en cuarenta y ocho horas,
porque eso significaría el domingo, espero que se refieran a cuarenta y
ocho horas de día hábil), como fecha límite, el miércoles los datos que
me ha pedido, pero no tengo claro --quisiera que el Presidente de la
Comisión me lo aclarara-- si debo enviar datos correspondientes al año
1992, cuando estamos preparando el Presupuesto del año 1994.
En cuanto a los datos que se piden correspondientes al año 1993, se hace
siempre por parte del representante del Grupo Popular la salvedad de que
son datos reales, no presupuestarios. Debo entender, por tanto, que me
pide datos de lo que llevamos transcurrido del año, porque para el resto
es también una previsión o es el presupuesto.
Con todas estas salvedades, le rogaría al señor Camisón (aunque creo que
he tomado nota de todo, quisiera tener la seguridad de que tengo todas
sus preguntas) que me entregara sus preguntas por escrito. Pero hay
alguna que sí quisiera contestar aquí.
En cuanto a Hispasat, como ya hemos tenido ocasión de manifestar tanto el
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente como yo misma
en esta Comisión, debo decir que la vida útil del Hispasat es de diez
años para cada uno de los satélites. Quiere decir, por tanto, que esos
diez años hay que contabilizarlos, para el primer satélite, desde el 1 de
enero de 1993; para el segundo satélite, desde el 1 de noviembre del año
1993.
Esto quiere decir que en este momento está operativo el primer satélite y
que dentro de muy pocos días estará operativo el segundo. Debiéramos
hablar únicamente de la ocupación del satélite que está operativo. Le
puedo decir a este respecto que la ocupación es completa, se está
utilizando la misión de Defensa, se está utilizando la misión del
servicio fijo, y se está utilizando, a manera de prueba y repitiendo la
emisión del canal internacional, la emisión de un canal sobre América.
El día 1 de noviembre va a comenzar la operación del segundo satélite.
Una vez que tengamos esos dos satélites comenzará ya la operación de
Defensa también sobre el segundo satélite. De hecho, debo decir aquí que
circunstancias excepcionales que se están produciendo en este momento en
Bosnia han hecho que el Ministerio de Defensa nos solicite la utilización
del segundo satélite, a pesar de no haber finalizado todavía
completamente el período de pruebas. Excepcionalmente, y por el hecho de
tratarse de una misión humanitaria, se está utilizando también el
transpondedor de la unidad 1 B) para nuestras tropas españolas destinadas
en Bosnia. En todo caso, están ya adjudicadas las concesiones de canales
de televisión por satélite en difusión directa. Las televisiones privadas
tienen que comenzar sus emisiones, como fecha límite, en febrero,
mientras que la televisión pública tiene que comenzar sus emisiones en el
mes de diciembre.
En cuanto al servicio fijo, están en este momento utilizándose cuatro
transpondedores por Retevisión, un transpondedor por Correos (si bien con
un equipamiento mínimo todavía, porque está a punto de decidirse la
adjudicación de los equipos de antenas, de los equipos de recepción, para
ser instalados en las oficinas de Correos) y un transpondedor por
Telefónica. Es decir, el primer satélite de servicio fijo está utilizando
su capacidad. Quisiera recordar al señor Camisón que aunque entre los dos
satélites tienen 16 transpondedores de servicio fijo, siempre se ha
pensado --todas las contabilidades de explotación se han hecho con ese
supuesto-- que iban a utilizarse únicamente 12, quedando los otros cuatro
de reserva. Evidentemente, se pueden utilizar si es necesario, pero no
están contemplados en los presupuestos de explotación. Estamos en tiempo
de alquilar transpondedores correspondientes al segundo satélite, que no
ha empezado todavía su funcionamiento.
Comentaba el señor Camisón que el precio de un transpondedor de DBS ha
servido para hacer las adjudicaciones. No hay un precio en las
adjudicaciones. El pliego de bases del concurso establecía varias fases
diferenciadas. La fase que correspondía decidir por acuerdo de Consejo de
Ministros era a qué empresas de radiodifusión se adjudicaban los canales.
Decía el propio acuerdo del Consejo de Ministros que las empresas
adjudicatarias deberían firmar un contrato con Retevisión para la
prestación del transporte de señal con un transpondedor del satélite
Hispasat. Por tanto, esta etapa no ha llegado todavía. En cualquier caso,
el precio, como muy bien sabe el señor Camisón, está establecido como una
referencia máxima en un acuerdo del Consejo de Ministros anterior.
Como ya hemos dicho aquí varias veces, los precios de los transpondedores
de Hispasat van a ser precios de mercado a lo largo de la vida útil del
satélite y, por tanto, Hispasat, sociedad comercial, va a tener las
mismas posibilidades. En consecuencia, Retevisión, que es la entidad
contratante, va a tener las mismas posibilidades que las entidades
propietarias de otros satélites a efectos de tener una tarifa más baja
los primeros años y más alta los años siguientes, acompasada al ritmo de
instalación de antenas en los hogares.
El beneficio final acumulado sigue siendo, porque no se han modificado
las previsiones que mencionamos, de entre 25 y 30.000 millones.
Quisiera manifestar aquí que una buena parte de la financiación del
proyecto Hispasat se ha hecho con créditos del Banco Europeo de
Inversiones, créditos en ecus, mientras que la contratación de los
transpondedores, como son contrataciones en España, se hacen en pesetas.
De ahí que siempre tenga que haber una cierta indefinición en cuanto al
beneficio final acumulado a lo largo de estos diez años.
En cuanto a si ha abonado el Ministerio de Defensa el dinero
correspondiente al año 1993, hay que decir que este año todavía no ha
terminado. Hay un convenio con el Ministerio de Defensa por el cual, a la
vista de los presupuestos aprobados por el Departamento para el año 1993,
se ha convenido que el pago efectivo se hará con fecha 1 de enero de
1994. Por tanto, en ese año se regularizará esa situación.
En este momento, la deuda de Televisión Española con Hispasat es
inexistente, puesto que todavía no ha empezado la operación comercial de
Televisión Española con Hispasat. En cuanto a si se van a cumplir los
presupuestos de unas ventas netas de 10.000 millones de pesetas/año, los
datos qaue tenemos en este momento son que sí.
Con relación a Retevisión, haré llegar al señor Camisón, porque no lo
tengo aquí, la distribución entre los distintos clientes de las ventas
netas previstas. Evidentemente el cliente más importante, con mucho, es
decir, muy separado del resto, es Radiotelevisión Española, tanto
televisión como la radio.
Se me preguntaba que en qué manera ha afectado la regulación VSAT del
satélite a los compromisos de Telefónica con otros satélites. La
prestación de servicios VSAT por parte de Telefónica hasta este momento
era prácticamente inexistente. Recuerdo que pueden prestar servicios VSAT
tanto Retevisión, como Telefónica, como Correos, y nada impide que
Telefónica preste servicios VSAT sobre el satélite Hispasat, de la misma
manera que Retevisión, en uno de los transpondedores que tiene alquilados
o que puede alquilar.
En cuanto a la liberalización, cuando se nos dice que hay una cierta
lentitud del Gobierno, verdaderamente yo no entiendo muy bien qué es lo
que se quiere significar. El Gobierno está cumpliendo escrupulosamente
las previsiones de la LOT, de nuestra Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en todos los plazos previstos. Se ha liberalizado
todo aquello que estaba previsto liberalizar
en el año 1993. Hace muy pocos días que se ha convocado el concurso para
dos servicios de valor añadido que todavía quedaban pendientes de
convocar, que es la radiotelefonía móvil en grupo cerrado de usuarios y
la radiobúsqueda a nivel local. Por tanto, aquí no hay ninguna lentitud.
En cuanto a la comparación con otros países, una vez más quiero decir
aquí que únicamente el Reino Unido tiene en estos momentos liberalizada
la telefonía vocal, un país entre doce de la Comunidad Europea. Todos los
países han estado de acuerdo en posponer la obligatoriedad de liberalizar
la telefonía vocal al menos hasta el año 1998, con seis países
exceptuados de esa obligación, seis países no cuatro: Bélgica y
Luxemburgo dos años más, y Grecia, Irlanda, Portugal y España hasta cinco
años más, que evidentemente no tienen intención de agotar. En cualquier
caso, ése es un plazo de garantía para acometer en nuestro país las
transformaciones necesarias para evitar que una liberalización no
suficientemente pensada produzca deficiencias en la prestación de un
servicio público esencial como es el servicio telefónico básico.
Demoras en la regulación de la televisión por cable. El proyecto de
televisión por cable estará en el Consejo de Ministros y, por tanto,
podrá llegar a esta Cámara antes de que finalice el año 1993. En
consecuencia, en el año 1994 previsiblemente, y de acuerdo con los plazos
que tenga el Parlamento, podrá estar aprobado.
El concurso de TMA realmente no ha sido retrasado una vez más. Aquí hay
que repetir que casi textualmente lo que dice la LOT es que el servicio
de telefonía móvil automática perderá su condición de servicio a prestar
en exclusiva el 31 de diciembre del año 1993. Es decir, lo que dice la
LOT es que a partir del 1 de enero de 1994 podrá ser liberalizado, pero
no hay, ni en España ni en ningún país de la Comunidad Europea, porque no
existe directiva al respecto, ninguna obligación de liberalizar la
telefonía móvil automática. De todas maneras, es intención del Gobierno
proceder a la convocatoria de dos licencias de telefonía móvil
automática, una de ellas para Telefónica, si cumple las condiciones del
concurso, y otra para otra empresa o conjunto de empresas que puedan
presentarse.
No existe ninguna deuda ni de Retevisión ni de Correos con empresas
electrónicas, se lo digo con absoluta seguridad. Hay, como en todos los
casos, el período normal de cobro de 90 días, pero no hay en este momento
--y así lo ha reconocido la Asociación Nacional de Industrias
Electrónicas, ANIEL-- ninguna deuda de Retevisión con las empresas
electrónicas.
En cuanto a los datos que se preguntan sobre las inversiones, creo que
los menos importantes en cuanto a número se los haré llegar por escrito.
En cuanto a los datos de inversión en edificios, por un importe de 5.502
millones, de los cuales 1.302 son para el año 1994, en su casi totalidad
están dedicados a reparaciones importantes en el Palacio de
Comunicaciones de Madrid que, como usted sabe, tenía un estado de
conservación no adecuado. De hecho, las lluvias caídas en los últimos
días nos van a obligar a hacer alguna reparación de urgencia en las
cresterías del Palacio. Incluso tengo el detalle por planta que, con
mucho gusto, al final de esta comparecencia, le haré llegar. (El señor
Madrid López: ¿Cuántas tejas?) En cuanto al resto de los análisis sobre
inversiones también lo tengo escrito y con mucho gusto se lo podré hacer
llegar.
Respecto a Correos nos han pedido muchos datos y creo que podremos hacer
llegar los correspondientes al año 1993. En cuanto a las previsiones para
el año 1994 quiero manifestar aquí la dificultad de darlas en términos
mensuales; estas previsiones existen internamente para Correos en la
medida en que tiene que organizar de alguna manera el trabajo de sus
funcionarios y de sus trabajadores, pero teniendo en cuenta que más del
80 por ciento del correo es comercial, hacer ahora previsiones de cuándo
las empresas van a decidir dar salida a sus stocks es un poco complicado.
De hecho, en el año 1993 había un cierto retraso y por esto el tráfico
comenzó con una diferencia importante con respecto al año 1992 --el
correo nacido, particularmente el correo empresarial--, pero ese retraso
se ha ido aminorando a lo largo del año, con lo cual estimo que la
diferencia al final del año 93 respecto a lo previsto va a ser mínima.
En cuanto al déficit de explotación, por supuesto es previsto, pero creo
que puedo ya anticipar aquí que el déficit de explotación de Correos de
1993 será muy similar al del año 1992, que fue un año bastante
excepcional. Aquí es necesario señalar otra vez que como ya hemos
repetido, más del 80 por ciento del correo en España, al igual que en
otros países, es un correo empresarial y por tanto la disminución de
actividad económica influye en el tráfico, como no podía ser menos. En
todo caso, Correos está recuperando mercado. A través de las actuaciones
de ordenación del sector por parte de la Secretaría General se está
realizando una cierta recuperación del correo para la empresa que presta
el servicio con mayores garantías y con mayores niveles de calidad, que
es nuestro prestador público postal.
Implantación de centros de correo electrónico durante el año 1993 no ha
habido. Como ya hemos expresado aquí una vez ha sido un proyecto que se
ha pospuesto para el año 1994 y, por tanto, ni tan siquiera se hizo la
adjudicación del presupuesto que estaba en principio destinado a ello.
Realmente he de decirle que ya no existe ese concepto de caja única de
giro nacional. Yo creo que es una expresión anticuada que corresponde a
cuando Correos era una Dirección General. Ahora no es ésta la expresión.
Las cantidades no se retienen ningún día. De hecho, el número de
reclamaciones por retrasos en el giro es absolutamente insignificante en
Correos, yo creo que se pueden contar por decenas, en unos volúmenes de
giro muy importantes. A partir del año 1992 se cambia el criterio, se
utiliza el criterio de devengo, porque a partir de esa fecha, con la
constitución del organismo autónomo, los ingresos son propios del
organismo y por tanto no se ingresan en el Tesoro sino que son ingresos
propios del organismo y como tales figuran en lo que es el presupuesto.
Los ingresos financieros de 2.195 millones corresponden a una excelente
gestión de la tesorería del organismo.
Sobre las deudas generadas por Correos se hace una cierta mezcla en la
intervención del señor Camisón. Cuando se habla de deudas generadas por
Correos, con independencia de quien las pague, el organismo autónomo
Correos no tiene deudas. Está pagando a sus proveedores en el plazo
normal de pago. No tiene deudas con Telefónica, no tiene deudas con Renfe
y no tiene deudas, por supuesto, con la Seguridad Social. En el caso de
las deudas anteriores de la Dirección General, que por tanto son deudas
del Estado en su conjunto, el presupuesto del año 1994 recoge una
transferencia de la Secretaría General de Comunicaciones a Correos para
que haga efectivos 4.500 millones de pesetas a Telefónica por los
servicios facturados y no pagados por inexistencia de créditos
suficientes, anteriores al 1 de enero de 1992, es decir, anteriores a que
fuera organismo autónomo. También existe en el presupuesto de Renfe
--tendrán oportunidad de conocerlo si comparece la Presidenta de Renfe--
una partida para el pago de la deuda por una insuficiencia de crédito de
la anterior Dirección General de Correos con Renfe, anterior siempre al 1
de enero del año 1992.
Algunos de los datos que me han solicitado sobre las ejecuciones de las
inversiones los tengo disponibles aquí por escrito, pero será mejor
hacérselos llegar por escrito y el resto los tendrán en los primeros días
de la próxima semana. Esta sería la contestación al Grupo Popular.
En contestación al Grupo Socialista, la
previsión de ingresos de Correos para el próximo año es de 152.000
millones, con unos gastos comerciales de 32.000, lo cual da un resultado
comercial neto de 120.000 millones. Entre las inversiones más importantes
que se acometen, lo más urgente continúa siendo reponer y acometer obras
de importancia en lo que es la infraestructura de Correos, en todo lo que
son oficinas y locales, que se realizará en dos partes, una primera parte
en los locales, algunos de ellos muy pequeños, en los que se presta el
servicio directamente a los ciudadanos, y en otros locales que son
centros de clasificación postal para determinados tipos de tráfico. En el
primer caso se están acometiendo todas estas actuaciones sobre la base de
lo que podríamos denominar unos expedientes globales. Téngase en cuenta
que Correos tiene más de 12.000 oficinas y que ha sido intención del
organismo no sólo de modernizarlas, sino de hacerlo bajo ciertos
estándares, de manera que pueda reconocerse la imagen de Correos en estas
12.000 oficinas y que incluso la distribución interna, en planta, de
estas oficinas guarde una cierta similitud para que, en el supuesto de
traslado de trabajadores de un sitio a otro, les sea más fácil
familiarizarse con la nueva oficina, al contar con los mismos
procedimientos de trabajo.
La recuperación de los niveles de calidad está siendo un hecho. Cada seis
meses se realizan mediciones externas por parte de la auditoría de Arthur
Andersen, encargada por la Secretaría General de Comunicaciones, que es
la que tiene a su cargo la exigencia de Correos, como prestador en
exclusiva de un servicio público esencial, de unos niveles de calidad
cada vez mejores y en línea con la de los Correos europeos. A modo de
ejemplo, puedo decir que según la medición correspondiente al mes de
abril del año 1993, teniendo en cuenta el total de cartas, tanto en flujo
local como en flujo provincial o interprovincial, casi el 60 por ciento
de las cartas se entregan al día siguiente, un 82,58 por ciento antes de
dos días y un 94 por ciento antes de tres días. Eso en cuanto al tráfico
en su conjunto, porque si hablamos de las cartas urbanas el 91 por ciento
de las cartas se entregan ya al día siguiente. Por tanto, esto quiere
decir que las mejoras de calidad van a ser cada vez menores, pero cada
vez menores porque ya se está en unos niveles de calidad muy altos si
tenemos en cuenta que Correos distribuye 4.500 millones de objetos al
año. En todo caso quisiera repetir aquí por parte de la Comunidad Europea
y por parte también de la Asociación Española de Marketing Directo se nos
ha felicitado por las mejoras de calidad que ha conseguido Correos en
este último año.
Finalizaré diciendo que el presupuesto recoge todos los compromisos del
Plan Nacional de Telecomunicaciones, absolutamente todos, y el
presupuesto de Telefónica, de acuerdo con los datos que tiene la
Delegación del Gobierno en Telefónica, también recoge todos los
compromisos que ha asumido la Compañía Telefónica en el Plan Nacional de
Telecomunicaciones.
Por mi parte no tengo más que añadir en este momento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria General. Creo que
la Secretaria General ha actuado como debía actuar, como era de esperar,
y si por un lado la intensidad de preguntas ha sido mayor, por otro
también ha habido preguntas muy interesantes que en el derecho
parlamentario todo Diputado o todo representante de un grupo tiene
perfecto derecho a hacer, y creo que no se viola en absoluto ninguna
norma de funcionamiento de esta Casa ni de la Comisión ni de los acuerdos
de la Mesa. Además tenemos la prerrogativa de que hoy vamos a terminar
antes de lo previsto, puesto que hemos anulado tres comparecencias. Ruego
un poco de comprensión a todos y que el tono que siempre hemos tenido lo
mantengamos porque así funcionaremos muy bien, y prueba de ello han sido
las claras respuestas de la Secretaria General. Es su privilegio
contestar o no, y es nuestro privilegio interpretar o no sus silencios o
sus respuestas. Ha contestado lo que ha creído oportuno, se ha
comprometido a mandar por escrito respuestas mucho más precisas que el
señor Camisón le había dicho que las quería por escrito y que entendía
que no era ahora el momento de darlas. Por tanto, volviendo a la
normalidad, y para acabar esta reunión, daremos un último turno al
portavoz del Grupo Socialista para formular, si es que las tiene, y a
continuación al portavoz del Grupo Popular.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO. Señor Presidente, no hay ninguna
nueva pregunta, solamente dar las gracias a la señora Secretaria General
por las pacientes e informadas respuestas que ha dado a la mayoría de las
preguntas que se han planteado.
En cariñosa y amistosa contradicción con el Presidente de esta Comisión,
quiero ratificarme en mi impresión de
que un alto porcentaje de las preguntas que se han formulado realmente no
aportaban nada al conocimiento de los presupuestos.
.
El señor PRESIDENTE: El criterio fundamental, aparte del criterio del
Presidente que en todo momento asume la responsabilidad de la concesión
del tiempo a las distintas personas que han intervenido, y la asumo
plenamente, es que creo que la última palabra la tenía la Secretaria
General a la hora de contestar, y la Secretaria General ha hecho lo que
ha creído más oportuno. Por tanto, el tema para mí queda zanjado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Para mí también.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, por parte del Grupo Popular
quiero agradecer la información, señora Secretaria General, a pesar de la
escasez de datos que nos ha dado y de la poca profundidad de algunos de
los mismos.
Quisiera advertir que la ley de presupuestos es una ley que organiza la
inversión y la actitud financiera del Estado para un determinado
ejercicio, pero es un documento plurianual. La prueba es que todos los
cuadros de explotación o los cuadros de previsión vienen reflejados por
años anteriores y por previsiones para los siguientes, y lo podemos ver
en cualquiera de los programas que se refieren a años anteriores y a los
siguientes.
Para un Grupo como éste --y supongo que para el resto--, que quiere
estudiar a fondo todos los condicionamientos que pueden intervenir en la
formación de enmiendas, todos los datos que he planteado condicionan las
futuras enmiendas de este Grupo. Usted puede, efectivamente, al
contestar, elegir la contestación que adopte el Gobierno, pero si a
nosostros se nos deniega los datos que he pedido, se nos condiciona la
posibilidad de formular las enmiendas que como Grupo creemos tener
derecho a formular.
Señora Secretaria General, estimo que ha debido ser un lapsus totalmente
involuntario, si no no tendría explicacion, cuando me ha acusado de
cierto egoísmo porque quiero conocer datos sólo para mí, lo que sería
injusto para el resto de los miembros de la Comisión. Ha dicho «sería una
injusticia». No, señora Secretaria General, los datos que he pedido no
los he pedido para mí personalmente, los he pedido para la Comisión, los
he pedido para que se los mande el Gobierno al Presidente de la Comisión
para conocimiento de todos los grupos y no de este Diputado
reservadamente. Que quede clara esta cuestión.
Dice que yo le mande por escrito la petición. Yo he hecho lo que tenía
que hacer. Esta comparecencia es un trámite normal de presupuestos y he
hecho lo que tenía que hacer, que es venir aquí y hacerlo. Si no he ido
tan despacio como en otras comparecencias es porque estaba seguro que el
señor Presidente me iba a pedir que procurara acelerar, pero yo he
intentado por todos los medios que quedara constancia en el «Diario de
Sesiones» dé todos los datos y dé todos los matices que le interesan a
este Grupo. Por tanto, yo les remito a lo mismo que yo voy a hacer, que
es recurrir al acta taquigráfica; que el Gobierno acuda también al acta
taquígrafa y conteste a todas las cuestiones y matices que yo he
planteado.
Señora Secretaria General, usted ha empleado una cierta sorna al poner
también dudas sobre la fijación de un plazo de 48 horas por parte de este
Diputado. No le fijo eso, señora Secretaria, lo fija el Reglamento de la
Cámara. La Cámara dice en 48 horas, y si hay un domingo por medio, es un
problema del Reglamento de la Cámara, pero no mío. Entiendo que debe ser
otro lapsus que ha tenido la Secretaria General.
Por último, para terminar, aparte de que ha reconocido y yo le agradezco
la sinceridad de que existen documentos internos en Correos
exclusivamente para usos internos del organismo, no señora, si existen en
Correos documentos internos son también para conocimientos de este
Parlamento.
Dicho esto, yo espero que la congruencia que siempre ha demostrado la
Secretaria General en sus comparecencias, sobre todo una vez que han
tenido lugar, que a la hora de contestar a las preguntas y a los matices
que yo he planteado, con toda seguridad yo espero que la va a hacer en la
línea congruente, con datos que nos van a ser útiles para formular las
enmiendas que este Grupo quiere presentar, haciendo uso de ese derecho en
este debate parlamentario.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria General.
La señora SECRETARIA GENERAL (Salgado Méndez): Quisiera, en primer lugar,
agradecer al representante del Grupo Socialista sus palabras. Seguramente
tampoco he dado respuesta a todas sus preguntas en detalle, pero creo que
ha entendido el sentido de mis respuestas.
En cuanto al representante del Grupo Popular, creo que me ha
malentendido. Yo no he pretendido decir que los datos que usted había
solicitado los quería para usted solo. Cuando he dicho que sería una
cierta injusticia me refería a que sería una cierta injusticia martirizar
a todas las personas aquí presentes con la relación de las contestaciones
de cuál ha sido el tráfico de Correos por meses en cada una de las líneas
de producto. A eso es únicamente a lo que me he referido al hablar en
términos de injusticia. Por supuesto que los datos que facilite los
entregaré al Presidente de la Comisión y serán de conocimiento de todos
los grupos. ¡Faltaría más!
En cuanto a la remisión al acta taquigráfica, quiero que entienda el
señor Diputado que lo he hecho con el mejor ánimo de ganar tiempo. De la
misma manera que me he ofrecido a darle ya, sin esperar a dentro de 48
horas, el detalle de las inversiones en el Palacio de Comunicaciones,
porque lo tengo escrito, de la misma manera
entendía que podía ser correlativo que por parte del señor Diputado se me
hicieran llegar, sin necesidad de esperar al lunes a tener el acta
taquigráfica, los datos para poderlos ir preparando. Pero, en cualquier
caso, tiene usted razón, esperaré al lunes y el lunes comenzaré a
prepararlos.
Yo creo que sobre la respuesta a lo de las 48 horas corresponde al
Presidente de la Comisión decir si los días de fiesta están o no
incluidos, pero creo que no merece la pena contestar a esa cuestión.
Documentos internos en una empresa hay muchísimos, muchísimos, todos los
días, cientos de documentos internos: comunicaciones de una persona a
otra, instrucciones internas, absolutamente todos. Correos tiene también
muchísimos documentos internos, documentos preparatorios de sus
presupuestos, documentos de consulta entre las distintas unidades, y,
desde luego, si el Parlamento pide alguno de esos documentos, se le harán
llegar, pero no dejaría de parecernos una petición ciertamente
pintoresca. En cualquier caso, en la medida en que entregamos al
Presidente de la Comisión la documentación y los datos que se han pedido,
así como aquellos que a esta Secretaría general y al organismo autónomo
Correos y Telégrafos le parezcan que pueden ser de alguna utilidad a
efectos de preparar enmiendas y que puedan ser fáciles de obtener, de
manera retrospectiva incluso, yo quisiera que fuera el Presidente de la
Comisión el que dijera si esos datos son suficientes o no, porque lo que
sí le anticipo ya es que algunos de los datos que nos ha pedido sería
absolutamente imposible tenerlos en 48 horas. De todas maneras, quisiera
expresar mis dudas respecto a que el tráfico interprovincial en el mes de
marzo del año 1992 sea un dato absolutamente relevante a la hora de
preparar unas enmiendas a los presupuestos para el año 1994. En cualquier
caso, será el Presidente de la Comisión el que me pida documentación
adicional si estima que esos datos son insuficientes para el propósito
que usted mismo ha manifestado, que es que quiere datos que le permitan
preparar las enmiendas correspondientes al presupuesto para el año 1994.
Por mi parte, nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria General.
Por alusiones lógicas al Presidente por parte de la señora Secretaria
General que parece que en dos ocasiones quiere saber mi posición al
respecto, tengo que decir públicamente que no me compete a mí tomar la
decisión sobre esta información. Le compete al señor Diputado darse por
satisfecho o no con la respuesta oficial que ha obtenido y, en cualquier
caso, por la vía de amparo, el señor Diputado puede intervenir ante el
señor Presidente de la Cámara, en el supuesto de que no se considere
contestado. Por tanto, mi posición al respecto es la de respeto al
Reglamento de la Cámara y a la actuación democrática de cada uno de los
Diputados de esta Cámara.
Quiero agradecer la presencia de la señora Secretaria General, así como
la de todos los presentes hasta estas horas, y decir que creo que hemos
hecho un buen trabajo.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho de la noche.