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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 37, de 06/10/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 37
PRESUPUESTOS
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles, 6 de octubre de 1993
ORDEN DEL DIA:
--Aprobación, en su caso, de la delegación en favor de la Mesa, a la que
hace referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, en los términos previstos en la reunión de la
Mesa y Portavoces celebrada el día 28 de septiembre de 1993. (Número de
expediente 42/000007.) (Página 714)
--Aprobación, en su caso, de la celebración de las comparecencias del
señor Secretario de Estado de Hacienda. (Número de expediente
212/000021.) Y de la señora Interventora General de la Administración del
Estado. (Número de expediente 212/000022.) A propuesta de la Mesa y
Portavoces de la Comisión, acordada en su reunión del día 28 de
septiembre de 1993. (Página 715)
--Comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda (Martínez
Robles) para informar sobre la evolución de la ejecución del Presupuesto
del Estado hasta el mes de agosto de 1993. A petición propia. (Número de
expediente 212/000021.) (Página 715)
--Comparecencia de la señora Interventora General de la Administración
del Estado (Esteso Ruiz) para informar sobre las cuentas económicas del
Instituto Nacional de Empleo (INEM) en aplicación del artículo 126.e, de
la Ley General Presupuestaria, correspondientes a los años 1990, 1991 y
1992. A petición propia. (Número de expediente 212/000022.) (Página 735)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
--APROBACION, EN SU CASO, DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE
HACE REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1993, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN LA REUNION DE LA
MESA Y PORTAVOCES CELEBRADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1993. (Número de
expediente 42/000007.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a dar comienzo a
esta sesión, en la que, antes de la intervención del compareciente, el
señor Secretario de Estado de Hacienda, quisiera hacer una propuesta, que
es a la que hacen referencia los dos primeros puntos del orden del día, e
informar a la Comisión y a los grupos del previsible calendario de
nuestros trabajos en torno a la Ley de Presupuestos para 1994.
Como SS. SS. saben, esta mañana, a las 14 horas, ha terminado el plazo
para la petición de comparecencias por los grupos de los representantes
de la Administración del Estado y, en su caso, de otras comparecencias.
De acuerdo con el calendario establecido por la Mesa de la Cámara, estas
comparecencias tendrán lugar no sólo en la Comisión de Presupuestos, sino
en el conjunto de las Comisiones de la Cámara los días 14, 15, 18 y 19.
En cuanto acabe esta sesión a la que hoy estamos convocados, la Mesa y
los portavoces se reunirán para la calificación de las peticiones y para
el señalamiento del calendario de trabajo de la Comisión. Lo más probable
--lo digo para que lo comuniquen SS. SS. a sus compañeros y a los
grupos-- es que las comparecencias en la Comisión de Presupuestos tengan
lugar los días 14 y 15, y con la experiencia que nos dan las peticiones
formuladas en ocasiones anteriores, yo creo que ustedes pueden hacer su
cálculo de trabajo pensando que el día 15 pudiéramos terminar.
En una reunión, a la que luego me referiré, que hemos tenido los miembros
de la Mesa y los portavoces de los grupos, hemos pensado que el sistema
fuera el de años anteriores, es decir, que es la Comisión de Presupuestos
quien califica, admite o no las peticiones, las remite a las distintas
Comisiones sectoriales y se las autorremite a la Comisión de
Presupuestos. También hay un criterio inicial, que recordarán SS. SS.,
los que ya pertenecían a la Comisión, y era que en la Comisión de
Presupuestos solían comparecer los Presidentes de algunas importantes
empresas públicas, todos ellos. El criterio, en principio, de la Mesa y
la Junta de Portavoces es que los Presidentes de esas empresas
comparezcan en la Comisión sectorial correspondiente. Se lo indico para
que también puedan ustedes decir a sus compañeros de grupo que este es el
previsible criterio, aunque formalmente lo tomaremos a última hora de la
tarde. Es decir, el Presidente de Renfe, si es que se solicita su
comparecencia, lo hará en la Comisión de Transportes, y el Presidente de
la Empresa Nacional de Electricidad, si se solicitara su comparecencia,
lo hara en la de Industria. Todo esto aligera un poco el trabajo de la
Comisión de Presupuestos en esta fase de comparecencias, y por eso yo
creo que podemos pensar con acierto que entre los días 14 y 15, y casi,
si se me apura, el 15 por la mañana, podríamos terminar.
Posteriormente, como SS. SS. saben, hay un trámite de enmiendas a la
totalidad que no nos compete más que como miembros de la Cámara, y luego
hay un trámite que afecta a todos los grupos, que es el de enmiendas al
articulado, si se salva por el proyecto de ley del Gobierno el trámite de
enmiendas a la totalidad, que finaliza el día 25 a mediodía.
Quiero indicar también a los grupos que, dada la composición
parlamentaria de la Cámara, es de esperar que el trámite de Ponencia sea
más complicado que en años anteriores y que, por tanto, quizá tengamos
que disponer de esos días del fin de semana último de mes, el viernes 29,
sábado 30, domingo 31, lunes 1, que es fiesta, y martes 2. Por tanto, los
miembros de la Comisión que puedan ser designados por los grupos miembros
de la Ponencia que hagan su programa de trabajo pensando en que quizá no
puedan disponer de ese largo, apetecible y apetitoso fin de semana.
El calendario previsto por la Mesa de la Cámara indica que tenemos hasta
el día 5 para la confección de la Ponencia, y que tenemos tiempo hasta el
día 12 para el debate de Comisión. Sin embargo, tenemos un problema no
menor, y es que se ha señalado que es semana de trabajo del Pleno de la
Cámara la segunda, es decir, esa semana que comienza el día 7 y, sin
embargo, que es semana de no trabajo, semana de vacación, la primera
semana. Sé que algunos grupos parlamentarios, y yo mismo en nombre de la
Mesa, estamos haciendo gestiones cerca del Presidente y de la Mesa para
ver si eso se puede cambiar y que sea semana de trabajo de Pleno la
primera y, sin embargo, sea semana de vacación de Pleno la segunda, que
sería la que nosotros tendríamos libre y disponible sólo para nosotros,
para los trabajos de la Comisión, con lo cual podríamos terminar esos
trabajos, como está previsto, el día 12 de noviembre; la semana siguiente
sería la semana de Pleno y podría estar todo dispuesto para que el
proyecto, en los términos que resuelva el Pleno de la Cámara, salga para
el Senado el día 19 de noviembre.
Resumiendo, lo más probable, para que tomen nota los grupos y las
compañeras y compañeros de Comisiones, es que 14 y 15 --a ser posible 15
por la mañana--, comparecencias; presentación de enmiendas, como SS. SS.
saben, hasta el mediodía del día 25; trabajos de Ponencia lo más normal
es que sean ese largo fin de semana que incluye el domingo 31 y el día de
todos los Santos, y trabajos de la Comisión en la semana cuyo domingo es
7, previsiblemente, haciendo hábil para nuestros trabajos el lunes 8, que
se comenzará por la tarde para facilitar el desplazamiento de las
señorías que viven en provincias.
Con esto creo que queda suficientemente claro el
calendario de trabajo de la ley de Presupuestos para 1994. De todas
formas, si alguna señora o señor Diputado quisiera hacerme alguna
pregunta, ahora sería el momento. (El señor González Lizondo pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: En relación a lo que hablamos anteriormente
sobre el día de todos los Santos, ¿es definitivo que vamos a trabajar los
días 31 y 1?
El señor PRESIDENTE: No es definitivo porque ni siquiera es definitivo
que la Mesa de la Cámara haya tomado el acuerdo de establecer como semana
de trabajo la primera de noviembre, y como semana de vacación para el
Pleno y, por tanto, de trabajo para la Comisión la segunda semana. Pero
si así fuera, que parece al menos de sentido común y hay que esperar que
el sentido común se imponga también en la mesa de la Cámara, creo, señor
González Lizondo, que, si el plazo de presentación de enmiendas finaliza
el 25 al mediodía, tenemos que dar algún tiempo a los servicios de la
Cámara para que ordenen las enmiendas, y si, como he indicado antes, la
composición política de los grupos no asegura, sino todo lo contrario, un
trámite de Ponencia especialmente rápido, pienso, con el calendario en la
mano, que no habrá más remedio que habilitar esos días para los trabajos
de la Ponencia. Yo celebraré mucho que estas previsiones no se cumplan,
pero me temo que tendrán que cumplirse.
¿Alguna otra pregunta? (Pausa.)
Doy a la Comisión y a los grupos, a las señoras y señores Diputados por
informados de nuestro previsible calendario de trabajo en relación con el
proyecto de ley de Presupuestos de 1994.
La Mesa y los Portavoces de los grupos de la Cámara se han reunido para
hacer una propuesta, que el Letrado va a leer, en relación justamente con
la petición de comparecencias.
En la legislatura anterior se planteó una delegación, yo creo que
ilimitada, del Pleno de la Cámara en la Mesa para aceptar o no
comparecencias. También la distinta composición parlamentaria, dentro de
continuar en el espíritu de agilizar los trabajos de la Cámara y por
tanto de exponer nuevamente una delegación del Pleno de la Comisión en la
Mesa, ha planteado cambiar algo los términos de esta delegación. En
definitiva, el sentido del acuerdo que la Mesa y los portavoces de los
grupos someten al Pleno de la Comisión es el siguiente: Si hay unanimidad
en la Mesa de la Comisión para aceptar una petición de comparecencia, se
entiende que no hay límite para ello y que, por tanto, la Mesa opera en
cuanto delegada del Pleno de la Comisión. En el caso de que no hubiera
unanimidad para la aceptación, o bien que hubiera denegación por mayoría
de la Mesa, ésta, con los portavoces de los grupos, plantearían el tema
al Pleno de la Comisión.
Como también hemos acordado que siempre que se cite a la Mesa de la
Comisión se citará a los portavoces de los grupos, tanto si es necesario
como si no es necesario en términos reglamentarios, me parece que el
acuerdo que proponemos da suficientes garantías al Pleno de la Comisión,
da suficientes garantías a los grupos y asegura la agilidad posible en el
respeto a la composición de la Comisión.
A continuación, el Letrado leerá el texto concreto de la propuesta de
acuerdo que por unanimidad hemos tomado en la primera reunión los
miembros de la Mesa y los portavoces de los grupos.
El señor LETRADO DE LA COMISION: La Mesa y Portavoces de la Comisión de
Presupuestos del día 28 de septiembre acuerda una fórmula para delegación
en la Mesa de la Comisión de la facultad de decidir sobre la celebración
de comparecencias en los siguientes términos: La Mesa de la Comisión
podrá acordar por sí misma la celebración de comparecencias si existe
unanimidad entre sus miembros en tal sentido. Si no existiese unanimidad
o la propuesta de comparecencia fuera unánimemente rechazada, el acuerdo
deberá ser sometido a los portavoces de la Comisión. Si entre ellos no se
alcanzara acuerdo, resolverá directamente la Comisión. En el trámite de
celebración de comparecencias del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado, corresponderá a la Mesa, por delegación de la
Comisión, resolver o no la celebración de las comparecencias.
El señor PRESIDENTE: Someto este acuerdo a la Comisión.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--APROBACION, EN SU CASO, DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DEL
SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (número de expediente 212/000021),
Y DE LA SEÑORA INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
(número de expediente 212/000022), A PROPUESTA DE LA MESA Y PORTAVOCES DE
LA COMISION ACORDADA EN SU REUNION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1993.
--COMPARECENCIA, A PETICION PROPIA, DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE
HACIENDA (Martínez Robles), PARA INFORMAR SOBRE LA EVOLUCION DE LA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO HASTA EL MES DE AGOSTO DE 1993.
(Número de expediente 212/000021.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la comparecencia del Secretario de
Estado de Hacienda, señor Martínez Robles, que es antiguo conocido
nuestro en su anterior cargo de Subsecretario del Ministerio de Economía
y Hacienda, y al darle la bienvenida desearle que las cosas le vayan todo
lo bien posible. Quiero felicitarle, y creo que con eso resumo también la
posición de la Comisión, por su nombramiento. Además, me parece que no
sería malo que constara en acta nuestro agradecimiento por la
colaboración que en esta Comisión tuvo el señor Zabalza Martí, que hasta
el nombramiento del señor Martínez Robles ocupó la Secretaría de Estado
de Hacienda. Si les parece, podríamos aprobar estos acuerdos,
trasladárselo verbalmente al señor Martínez Robles y por escrito al señor
Zabalza.
La comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda y la que
tendrá lugar después, que es de la Interventora General de la
Administración General del Estado, fueron solicitadas, en primer lugar,
por el Grupo Parlamentario Popular. Hubo más recientemente una segunda
petición, relativa sólo al Secretario de Estado de Hacienda, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Como no habíamos adoptado el acuerdo que acabamos de tomar en relación
con la delegación de la Comisión en la Mesa en los términos que hemos
planteado, nos encontrábamos con que hubiéramos tenido que reunir a la
Comisión en una sesión única, exclusivamente para acordar la
comparecencia. Nos pareció, a la Mesa y a mí en concreto --si me permiten
la expresión y con todas las comillas posibles--, que era matar pulgas a
cañonazos. Por eso, lo que decidimos, y es un nuevo planteamiento de
reconocimiento tanto al Secretario de Estado de Hacienda como a la
Interventora General de la Administración del Estado, que peticiones que
se habían hecho por los grupos en los términos que expresé se
convirtieran en peticiones, al tiempo, hechas por los propios
comparecientes a su iniciativa, y esto nos permitía facilitar el trámite.
Todo esto requiere que tengamos que tomar un acuerdo, que doy por
supuesto, de aceptar el pleno de la Comisión la comparecencia a petición
propia, en este caso, del Secretario de Estado de Hacienda, y después de
la Interventora General de la Administración del Estado. Como espero que
no haya dificultad alguna, lo someto y lo doy por aprobado por
asentimiento del pleno de la Comisión.
Ya no tendremos necesidad de este trámite en las próximas comparecencias,
puesto que operará el acuerdo en los términos que antes hemos resuelto.
El Secretario de Estado de Hacienda comparece ante la Cámara formalmente
a petición propia, y de hecho a petición propia y a petición del Grupo
Popular y del Grupo Federal de Izquierda Unida. En la última legislatura
teníamos unas normas que servían para encaminar este tipo de
comparecencias, normas que no fueron convalidadas definitivamente por la
Mesa de la Comisión porque incluso se pensó que pudieran formar parte, de
alguna manera, del nuevo Reglamento que se estaba gestando, pero con las
cuales hemos venido operando.
En la reunión que hemos tenido el pleno de la Mesa y los portavoces se ha
acordado, y si les parece así seguiremos trabajando, que las
comparecencias del Secretario de Estado de Hacienda, que, como SS. SS.
saben, están tasadas en tres épocas concretas del año, acordes con
determinados momentos de la vida presupuestaria, tendrán lugar de
conformidad con aquel sistema, que ahora les recuerdo: El Secretario de
Estado de Hacienda hace una intervención inicial por un plazo del orden
de 30 minutos. Hay una posibilidad, sin entrar en el fondo del
planteamiento hecho por el Secretario de Estado, de que en un plazo de
tres minutos los Grupos planteen aspectos que a su juicio deberían estar
incluidos en el informe y que no lo están. El Secretario de Estado de
Hacienda contesta a este breve trámite e inmediatamente después se
producen las intervenciones de los grupos en el orden reglamentariamente
establecido. Contesta el Secretario de Estado de Hacienda y, si vamos
bien de tiempo, hay un segundo turno excepcional para que planteen las
insatisfacciones en el mismo turno de grupos que he señalado antes y
cierra el Secretario de Estado de Hacienda.
Si les parece, señoras y señores Diputados, operamos de esta manera.
Perdonen por lo dilatado de esta intervención inicial, pero el hecho de
que sea la primera reunión de trabajo de esta Comisión de Presupuestos
hace que fueran absolutamente inexcusables los acuerdos que he propuesto
y las explicaciones que he dado, dadas las dificultades de orden
reglamentario que habíamos tenido.
Tiene la palabra el señor Martínez Robles.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Muchas
gracias por las palabras de bienvenida y por las dirigidas al señor
Zabalza, que ya le trasladaré. (Ruidos provocados por las obras en el
exterior de la Comisión impiden la correcta audición del orador.)
El señor GONZALEZ LIZONDO: Por favor, señor Secretario, suba un poco el
volumen, porque no se oye nada.
El señor PRESIDENTE: La cuestión no es que suba el volumen el Secretario
de Estado, sino que cesen los ruidos, como parece que ahora sucede.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Voy a
continuar mi exposición acerca del informe sobre la evolución de la
ejecución del Presupuesto del Estado a agosto de 1993, preparado por la
Intervención General del Estado. (Los ruidos provocados por las obras en
el exterior de la Comisión continúan impidiendo la correcta audición del
orador.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, a ver si cesan los ruidos. (Pausa.)
Puede continuar, señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Voy a
seguir, como decía en mi exposición, el informe sobre la evolución del
Presupuesto para 1993 que ha preparado la Intervención General del
Estado.
Decía que en la página número 4 aparece el cuadro que recoge cuál es el
déficit de Caja no financiero del Estado a finales del mes de agosto.
Como se aprecia, ese déficit de Caja no financiero del Estado a finales
del mes de agosto alcanza un importe de dos billones 398,2 miles de
millones, lo que supone un aumento del 71,9 por ciento en relación al
alcanzado en igual período del ejercicio anterior.
Esta evolución es consecuencia directa del significativo crecimiento del
12,5 por ciento experimentado por los pagos no financieros, 10,7 puntos
porcentuales superior al registrado en los ingresos de igual naturaleza
que tan sólo superaron en un 1,8 por ciento a lo registrado en 1992.
Medido en relación al PIB previsto para el año 1993, el déficit de Caja
no financiero durante estos ocho primeros meses se sitúa en el 3,9 por
ciento, lo que supera en 1,5 por ciento a la misma «ratio» referida al
mes de agosto de 1992.
Los ingresos no financieros durante este período se han elevado a siete
billones 879,5 miles de millones, que suponen un 12,9 por ciento del PIB,
porcentaje inferior en 0,3 puntos al obtenido el año anterior.
Por otro lado, la participación de los pagos no financieros en el PIB se
ha incrementado en 1,3 puntos respecto a 1992, alcanzando un porcentaje
del 16,9 por ciento de esta magnitud.
En la página número 6, siguiendo el informe, aparece el cuadro en el que
se recogen cuáles son las necesidades de endeudamiento del Estado a
finales del mes de agosto de 1993.
Las necesidades de recursos líquidos del Estado en los ocho primeros
meses de 1993 se han elevado a dos billones 631 miles de millones,
cuantía superior en un 71,6 por ciento a la registrada en igual período
del año 1992. Este comportamiento es consecuencia del significativo
aumento experimentado en sus dos componentes: el déficit de Caja y la
variación neta de activos financieros, que presentan unas tasas de
crecimiento del 71,9, como ya hemos dicho, y del 68,7 por ciento
respectivamente.
Dentro de los activos financieros, la concesión neta de préstamos alcanzó
un volumen de 229,5 miles de millones frente a los 35,2 miles de millones
del ejercicio anterior. Destacan, entre éstos, el concedido a la
Seguridad Social, de 140,3 miles de millones, para la cancelación de
deudas del Insalud generadas con anterioridad al año 1992, y el efectuado
a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación por importe
de 23,6 miles de millones para la cobertura de riesgos políticos a la
exportación.
Los préstamos netos concedidos al crédito oficial han aumentado en un 14
por ciento en relación a 1992, alcanzando, a finales de agosto de 1993,
la cifra de 62,7 miles de millones destinados en su totalidad a financiar
el proyecto de actuación del Fondo de ayuda al desarrollo. La adquisición
neta de acciones durante este período ha ascendido a 61,2 miles de
millones, manteniéndose en unos niveles similares a los registrados en
años anteriores. El resto de activos financieros ha proporcionado
recursos por importe de 57,9 miles de millones, como se aprecia en el
cuadro.
En la página 8 se recoge el cuadro de la financiación de las necesidades
de endeudamiento del Estado a finales del mes de agosto.
El aumento neto del pasivo financiero, a finales del mes de agosto,
ascendió a tres billones 205,4 miles de millones. A diferencia de lo
ocurrido en el pasado ejercicio, en el que se registraron amortizaciones
netas por importe de 230,1 miles de millones, los recursos obtenidos de
las emisiones de pasivos financieros han permitido no sólo la
financiación de las necesidades de endeudamiento, sino también que el
Estado haya reducido su deuda con el Banco de España en 574,4 miles de
millones.
Dentro de los pasivos financieros, la deuda a medio y largo plazo
constituye la principal fuente de recursos, con un total de cuatro
billones 367,9 miles de millones, un 84,1 por ciento más que en igual
período del año anterior. Asimismo, los préstamos recibidos por el Estado
que provienen de mercados financieros del exterior proporcionan 438,8
miles de millones, cifra que equivale a más del doble de los recursos
obtenidos en el año 1992.
Los valores a corto plazo han registrado, durante los ocho primeros meses
de 1993, disminuciones significativas. En este sentido, las letras y
pagarés del Tesoro en circulación a finales de agosto de 1993 son
inferiores en 631 miles de millones y 689,6 miles de millones,
respectivamente, a los existentes al inicio de dicho ejercicio.
Vamos a entrar ya en lo que es la liquidación del Presupuesto del Estado
a esta fecha. Vamos a ver, en primer lugar, cuál ha sido el presupuesto
de ingresos del Estado.
En la página número 12 se recoge el cuadro donde figura la ejecución del
presupuesto de ingresos del Estado por operaciones no financieras. La
ejecución de ese presupuesto de ingresos del Estado hasta finales de
agosto muestra que la recaudación por operaciones no financieras
representan el 59,2 por ciento de los ingresos previstos en el
Presupuesto, y supera, en un 1,8 por ciento, lo obtenido en igual período
del año anterior. Este ritmo de crecimiento es inferior al previsto al
elaborar los Presupuestos para este ejercicio, que situaba dicha tasa en
un 8,4 por ciento con relación a los ingresos realizados en el año 1992.
La recaudación por impuestos directos asciende a tres billones 979,4
miles de millones. Dentro de la imposición directa sobresale el descenso
de un 0,6 por ciento de los ingresos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en un 7,8 por ciento de los correspondientes al
Impuesto sobre Sociedades. Posteriormente veremos con más detenimiento
cuál ha sido la evolución en estos impuestos.
La recaudación por impuestos indirectos se eleva a dos billones 885,2
miles de millones, cifra inferior en un 7,8 por ciento a la efectuada en
igual período en 1992. El comportamiento de la imposición indirecta se
explica en gran medida por el descenso del Impuesto sobre el Valor
Añadido y los impuestos especiales de fabricación en un 10,6 por ciento y
en un dos por ciento, respectivamente,
así como también por la caída, en un 54,2 por ciento, de los ingresos
procedentes del tráfico exterior.
La recaudación del capítulo de tasas y otros ingresos asciende a 159,6
miles de millones, cifra que supone un descenso del 11,5 por ciento en
relación a igual período del año anterior, inferior, por tanto, a la
prevista en el Presupuesto para 1993 que situaba la tasa de crecimiento
de estos ingresos en un 7,5 por ciento.
Las transferencias corrientes recibidas por el Estado ascienden a 157,8
miles de millones y superan el 4,7 por ciento las efectuadas en igual
período del año anterior, siendo dicho porcentaje de crecimiento poco
significativo, teniendo en cuenta que la mayor parte de ingresos de este
capítulo presupuestario se efectuará en los próximos meses de 1993.
A finales de agosto las transferencias corrientes más importantes son las
derivadas de la lotería y apuestas del Estado, con un volumen de 108,9
miles de millones, y las aportaciones al Estado de la Comunidad Foral de
Navarra y del País Vasco, por un importe de 18,4 miles de millones y de
22,2 miles de millones, respectivamente.
Los ingresos patrimoniales del Estado ascienden a 672,9 miles de
millones, y la expansión de estos ingresos 1993 está originada por el
volumen de dividendos ingresados por el Banco de España, por el Instituto
Nacional de Hidrocarburos y por la Sociedad Estatal Patrimonio I, como
consecuencia, estos dos últimos, de las privatizaciones relativas a
Repsol y Argentaria.
Por último, en el cuadro general de ingresos, las transferencias de
capital recibidas por el Estado descienden a finales de agosto un 32,9
por ciento, situándose en 42,8 miles de millones. Estos ingresos proceden
en su totalidad del presupuesto comunitario, no estando sujetos a un
calendario previo para su realización, por lo que es de prever un aumento
importante de los mismos en los últimos meses del ejercicio.
Vamos a ver a continuación cuál ha sido la evolución de las figuras
impositivas más importantes. En la página 13 se recoge el cuadro de lo
que ha sido la evolución de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. A finales de agosto, el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas ha obtenido una recaudación de 3 billones 157,5
miles de millones e inciden en el importe las devoluciones desplazadas a
los primeros meses de 1993, por un importe total de 150.000 millones,
referidas al ejercicio de 1991, habiéndose realizado una parte de dichas
devoluciones en 1992. En términos de recaudación bruta, respecto a este
impuesto, registra, a finales de agosto, un aumento del 6 por ciento,
porcentaje inferior al presupuestado que situaba el crecimiento de estos
ingresos en el 10,3 por ciento.
Otros factores a tener en cuenta en la evolución de este Impuesto son los
ingresos a cuenta, entre los que cabe citar, por su importante volumen,
las retenciones sobre rendimientos del trabajo y de actividades
profesionales, que representan el 64,3 por ciento de los ingresos totales
del IRPF y experimentan, a finales de agosto, un aumento del 3,9 por
ciento. Las causas más significativas que explican el crecimiento
moderado de este concepto impositivo son la evolución general del empleo,
así como el retraso en la retención de trabajo a ingresar por la
Seguridad Social y el aumento de los desplazamientos solicitados durante
el año 1993.
Los rendimientos del capital mobiliario y los pagos fraccionados de
empresarios individuales y profesionales, con un volumen de 584,5 miles
de millones y 363 miles de millones, representan un aumento, con relación
a igual período del año anterior, del 13,3 por ciento y del 1 por ciento,
respectivamente.
Los pagos fraccionados de empresarios individuales y profesionales
recogen el efecto sobre las tres liquidaciones trimestrales del Decreto
1841/1991, mediante el que, como es sabido, se modifica el sistema de
cálculo en la estimación directa y en la estimación objetiva por
coeficientes, e introduce la estimación objetiva por signos, índices o
módulos. Asimismo recoge la reducción en los rendimientos a declarar en
la estimación objetiva por módulos, establecida por el Real Decreto-ley
3/1993, que afectó a las liquidaciones trimestrales presentadas en los
meses de abril y julio, correspondientes a este ejercicio de 1993.
Por último, la cuota diferencial neta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, recoge a finales de agosto la variación entre los
ingresos realizados por dicho concepto y parte de las devoluciones
correspondientes a la liquidación del ejercicio de 1991, que son a las
que me he referido al principio. Los ingresos corresponden a la
liquidación anual de la campaña de renta de 1992 y/o al primer plazo de
dicha liquidación, en el supuesto que se fraccione el plazo entre el 40 y
el 60 por ciento. Los ingresos procedentes de dicha liquidación anual
alcanzaron un volumen aproximado de 420.000 millones de pesetas, el 9 por
ciento más que los efectuados en igual período del año anterior.
En la página 15 figura el cuadro donde se recoge cuál ha sido la
recaudación del Impuesto sobre la Renta de Sociedades. La recaudación
total por este Impuesto asciende, como se aprecia en el cuadro, a la
cifra de 748,5 miles de millones, de los cuales 248,3 miles de millones
corresponden a ingresos a cuenta por retenciones sobre el rendimiento del
capital mobiliario, imputados a este Impuesto. La partida del hecho
imponible, con unos ingresos de 500,2 miles de millones y un descenso del
16,8 por ciento, recoge el primer pago a cuenta del impuesto
correspondiente al ejercicio 1993, así como la liquidación anual del
ejercicio 1992, efectuada por aquellas entidades jurídicas cuyo ejercicio
económico coincide con el año natural y cuyo efecto en caja ha tenido
lugar en los meses de julio y agosto. El comportamiento de esta partida
viene determinado en gran medida por el descenso aproximadamente del 18
por ciento de los ingresos realizados en estos dos últimos meses, la
mayor parte de los cuales proceden de la ya citada liquidación anual en
la que ha influido la caída de los beneficios empresariales. También aquí
se va a advertir que por los calendarios de declaraciones una parte de
los ingresos que realizan las sociedades figurará en la recaudación del
mes de septiembre y no en la recaudación del mes de agosto.
En la página 16 figuran los datos referentes a los impuestos indirectos
y, en primer lugar, los referentes al Impuesto sobre el IVA.
La recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido recoge en el mes de
agosto los efectos de la subida del 13 por ciento al 15 por ciento del
tipo impositivo ordinario que se realizó en el año 1992, así como también
las reducciones del tipo que tienen efecto a partir de 1.º de enero de
1993, el gravamen incrementado para determinados productos que pasan del
28 al 15, como es sabido, y la aparición de un tipo superreducido para
artículos de primera necesidad.
La recaudación total del IVA hay que analizarla por otro lado, junto con
la de un Impuesto especial sobre determinados medios de transportes, dado
que, como es conocido, dicho impuesto viene a compensar la pérdida de
ingresos originados por el descenso del tipo incrementado del Impuesto
sobre el Valor Añadido en el sector de automoción. En este sentido, la
recaudación global de estos dos impuestos resulta inferior en el 6,4 por
ciento a la efectuada en igual período del año anterior frente al
descenso del 10,6 por ciento anteriormente citado.
Otros factores que han incidido en el comportamiento de estos ingresos
son la evolución negativa de las importaciones y del consumo con especial
incidencia en el sector del automóvil así como el aumento de los
aplazamientos solicitados en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Teniendo
en cuenta los hechos anteriormente analizados, parece difícil que los
ingresos globales del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto
sobre determinados medios de transporte alcancen al final del ejercicio
el crecimiento del 9,9 por ciento recogido en la previsión
presupuestaria.
El análisis de las operaciones gravadas por el Impuesto sobre el Valor
Añadido muestra que la recaudación correspondiente a importaciones
experimenta un descenso del 54 por ciento debido principalmente al
tratamiento de las operaciones intracomunitarias a partir de enero, como
consecuencia de la creación del Mercado Unico. Este hecho origina un
trasvase de ingresos del Impuesto sobre el Valor Añadido, importaciones,
al Impuesto sobre Valor Añadido, operaciones interiores, basado en que
estos últimos han registrado un aumento del 22 por ciento.
Yo creo que con esto podemos pasar a analizar lo que ha sido la
liquidación del Presupuesto de gastos del Estado.
En la página 20 aparece un cuadro general sobre lo que ha sido la
liquidación del Presupuesto de gastos del Estado. En este cuadro se
observa cómo los créditos iniciales aprobados para el ejercicio de 1993
se elevaron a la cifra de 14 billones 752,6 miles de millones, un 7,7 por
ciento más que en el año anterior.
Las modificaciones de estos créditos efectuadas durante los ocho primeros
meses de 1993 han registrado un crecimiento del 59,7 por ciento respecto
a 1992, con un importe de 1 billón, 178,7 miles de millones. El volumen
de créditos finales durante el período considerado ascendió, por
consecuencia, a 15 billones, 931,3 miles de millones, cifra superior en
un 10,3 por ciento a la obtenida en el año anterior.
El crecimiento experimentado por el importe de las obligaciones
reconocidas se situó en el 13,5 por ciento, con un total de 10 billones
901,2 miles de millones. Por tanto, el porcentaje de realización que se
obtiene del cociente entre obligaciones reconocidas y créditos finales ha
presentado un incremento de 1,9 puntos porcentuales respecto al alcanzado
en 1992, con el 68,4 por ciento.
El volumen de obligaciones reconocidas que han quedado pendientes de pago
a finales de agosto de 1993 ha sido de 1 billón 640,9 miles de millones,
un 6 por ciento menos que en idéntico período del ejercicio anterior.
El importe total de los pagos no financieros efectuados durante estos
ocho primeros meses ha experimentado un incremento del 12,5 por ciento,
en relación a 1992, con un volumen global de 10 billones 277 miles de
millones, de los cuales 9 billones 260,3 miles de millones corresponden a
pagos del ejercicio corriente y 1 billón 17,4 miles de millones a pagos
de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores, así como a los
efectuados por operaciones no presupuestarias.
Las modificaciones presupuestarias a las que me refería aparecen
recogidas en el cuadro que figura en la página 22. Las modificaciones de
créditos, como hemos visto, ascienden a la cifra de 1 billón 178,7 miles
de millones, lo que supera en un 59,7 la cifra obtenida en igual período
en el ejercicio anterior.
La incorporación de remanentes ha sido la modificación de mayor
importancia cuantitativa, registrando un volumen de 514 miles de
millones. El capítulo en el que se ha producido un mayor número de estas
modificaciones ha sido el de transferencia de capital, con un total de
201,4 miles de millones. Otras incorporaciones de crédito significativas
son las que afectan a transferencias corrientes, que ascienden a 48,2
miles de millones.
Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos han alcanzado un
volumen de 460 miles de millones, 232,2 miles de millones más que los
aprobados en idéntico período del año anterior. Estas modificaciones han
afectado principalmente al capítulo de transferencias corrientes, con
304,4 miles de millones, de los cuales 222,4 miles de millones
corresponden al crédito extraordinario aprobado por el Real Decreto-ley
10/1993, concedido al Inem para cubrir insuficiencias producidas en
materia de gestión de prestaciones por desempleo durante 1991.
Durante los ocho primeros meses de 1993 las ampliaciones de crédito
registran un descenso del 10,2 por ciento, alcanzando un importe de 188,8
miles de millones, correspondiendo al capítulo de transferencias
corrientes el 63,7 por ciento de los mismos, con un total de 120,2 miles
de millones. Destacan las ampliaciones efectuadas en el Ministerio de
Sanidad y Consumo, como protección del Estado a la Tesorería de la
Seguridad Social, para financiar las operaciones corrientes del Insalud.
En el cuadro de la página 23 se especifican también cuáles son las
clasificaciones económicas de estas diversas modificaciones de crédito.
Pasamos, a continuación, a analizar la clasificación
económica en relación a las obligaciones reconocidas por gastos no
financieros. Siguiendo el cuadro que figura en la página 25, el volumen
de obligaciones reconocidas durante los primeros ocho meses de 1993 ha
experimentado un crecimiento del 13,5 por ciento, en relación a igual
período del año anterior, con un total de 10 billones 901,2 miles de
millones, de los cuales 9 billones 645 miles de millones corresponden a
operaciones corrientes y el resto, 1 billón 256,2 miles de millones, a
operaciones de capital. El porcentaje de realización presentado por las
operaciones corrientes ascendió al 70,4 por ciento, 14,2 por ciento
superior al obtenido por las operaciones de capital.
Las obligaciones reconocidas en el capítulo de gastos de personal
presentan un crecimiento más moderado, con sólo el 4,4 por ciento,
alcanzando a finales de agosto de 1993 el importe de 1 billón 654,3 miles
de millones.
El capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios ha presentado un
crecimiento del 29,7 por ciento y, en el capítulo de gastos financieros,
las obligaciones reconocidas han crecido de forma significativa por un
volumen de 1 billón 797,7 miles de millones. El porcentaje de realización
alcanzado por este capítulo es el más elevado de todos, con el 76,4 por
ciento.
Las transferencias corrientes absorben el 54,4 del total de las
obligaciones reconocidas durante el período que estamos considerando, con
un total de 5 billones 926,2 miles de millones, cifra superior en el 15,8
por ciento a las registradas en el período anterior.
En la página 26 aparece también un cuadro que especifica cuáles han sido
todas las transferencias corrientes durante este ejercicio.
Dentro de las operaciones de capital, el capítulo de inversiones reales
presentó una tasa de crecimiento del 16,2 por ciento, que eleva el
volumen reconocido de obligaciones, en los ocho primeros meses de 1993, a
659,2 miles de millones. Las inversiones de carácter militar han
ascendido a 190,3 miles de millones, un 25,8 por ciento más que en 1992.
Las inversiones civiles han sido de 468,9 miles de millones, gestionados
principalmente por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Las obligaciones reconocidas en el capítulo de transferencias de capital,
hasta finales de agosto de 1993, se situaron en 597 miles de millones, un
5,9 por ciento más que en el ejercicio anterior. El porcentaje de
realización alcanza en relación a este capítulo tan sólo el 54,4 por
ciento.
En la página 28 figura un cuadro donde aparece más especificada la
evolución de este capítulo.
A partir de aquí, el informe recoge la clasificación funcional del gasto
que, si les parece, pasamos en este momento. Me referiré sólo al cuadro
que aparece en la página 33, donde está recogido el grupo funcional cero,
Deuda Pública, al que me voy a referir por su interés.
Los gastos recogidos en este grupo funcional, Deuda Pública por
obligaciones reconocidas, han aumentado el 14,9 por ciento en relación al
ejercicio anterior, situándose en 1 billón 795,5 miles de millones, como
dijimos anteriormente, de los que 1 billón 709,4 miles de millones
corresponden a la carga financiera derivada del endeudamiento interior y
el resto, 88 miles de millones, del endeudamiento exterior. Los intereses
generados por la Deuda Pública interior a medio y largo plazo se han
elevado a 906,8 miles de millones, lo que supone un crecimiento del 35
por ciento respecto al período de 1992. Por el contrario, los valores a
corto plazo han generado intereses por importe de 758,2 miles de
millones, 32,9 miles de millones menos que en 1992. Esta evolución es
consecuencia de la tendencia, ya iniciada en el ejercicio anterior, de
sustitución de deuda a corto plazo por deuda a medio y largo plazo,
habiéndose convertido ésta en la principal fuente de financiación del
Estado.
Los intereses derivados de la deuda y préstamos asumidos por el Estado se
han mantenido en los mismos niveles que en el ejercicio anterior. La
mayor parte de estos gastos corresponde a la deuda asumida del INI.
En relación al endeudamiento exterior, los intereses y demás gastos
asociados al mismo han presentado un importe de crecimiento del 60,8 por
ciento en relación a 1992, alcanzando un volumen total de 88,1 miles de
millones.
A continuación, me referiré a la evolución de los pagos no financieros.
En la página 35 se recoge el cuadro general de lo que han sido los pagos
no financieros del Estado a finales del mes de agosto de 1993. Como dije
antes, en este período los pagos de carácter real han ascendido a 10
billones 277,7 miles de millones, un 12,5 más que en igual período de
1992. Esta evolución se debe principalmente al comportamiento de los
pagos por operaciones corrientes que con un crecimiento, respecto a 1992,
del 15 por ciento se ha elevado a 9 billones 70,8 miles de millones. Por
el contrario, los efectuados por operaciones de capital han experimentado
un descenso del 2,5 por ciento, situándose en 1 billón 195,6 miles de
millones.
Dentro de las operaciones corrientes, los gastos de personal se han
incrementado el 4 por ciento, alcanzando un volumen de 1 billón 674,5
miles de millones. No obstante, hay que señalar que la distinta evolución
del pago correspondiente a las retribuciones del personal activo ha
crecido el 1,8 por ciento, mientras que las referidas a clases pasivas
presenta una tasa de variación del 11,1 por ciento.
Por gastos en bienes corrientes y servicios se han realizado pagos por
importe de 271,9 miles de millones, 38,6 miles de millones más que en
idéntico período en 1992, que refleja una tasa de crecimiento del 16,5
por ciento.
Los gastos financieros registraron un crecimiento del 61,8 por ciento
respecto al ejercicio anterior elevándose a 1 billón 592 miles de
millones, lo que representa un 15,5 por ciento del total de pagos de
carácter real. Este comportamiento se ha debido al vencimiento de gran
parte de las Letras del Tesoro emitidas a finales del ejercicio anterior
que ha dado lugar al correspondiente devengo de intereses.
El capítulo de Transferencias Corrientes absorbe más de la mitad de los
pagos no financieros en Caja, registrándose un total de 5 billones 532,4
miles de millones, cifra superior en un 9,3 por ciento a la de igual
período de
1992. En la página 36 hay también un cuadro donde aparecen detallados
cuáles han sido los pagos por transferencias corrientes en este período.
Dentro de las operaciones de capital, los pagos por inversiones reales se
han elevado a 625,9 miles de millones, un 3,5 por ciento más que en igual
período de 1992, de los cuales 451,1 miles de millones son inversiones
civiles y el resto, 174,8 miles de millones, son inversiones de carácter
militar.
Los pagos por transferencias de capital han descendido un 8,3 por ciento
en relación al ejercicio anterior y se han situado en 569,7 miles de
millones. En la página 39 figura un cuadro donde aparecen especificados
cuáles han sido los pagos por este concepto.
Si les parece bien, y una vez contemplados los cuadros más importantes de
este informe, doy por terminada esta primera parte de la comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, terminada la primera
exposición del Secretario de Estado de Hacienda, conocido por los grupos
el informe de pastas rojas de la Intervención General de la
Administración del Estado, que ha estado a disposición de los grupos
desde el jueves o viernes de la semana pasada, y conocidas también por
los grupos las normas por las que se rige este tipo de comparecencias, se
abre un turno de aproximadamente tres minutos por si hubiera algunos
aspectos que, de acuerdo con las normas, tuvieran que estar incluidos en
el informe oral del Secretario de Estado o en el informe escrito del que
los grupos disponen, como digo, desde la semana pasada, y merezcan un
informe adicional por parte del Secretario de Estado.
¿Algún grupo quiere intervenir en este pequeño turno? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo quisiera que las primeras palabras
que pronuncia en este tipo de comparecencias sean igualmente para sumarse
a la bienvenida al señor Secretario de Estado de Hacienda, así como de
reconocimiento al señor Zabalza por su contribución en la etapa anterior.
Dicho esto, señor Presidente, queremos poner de manifiesto que no vemos
ninguna diferencia entre el informe oral y el informe escrito y, por
tanto, esperamos al siguiente turno para poder escuchar alguna valoración
más allá de la propia lectura del documento.
No obstante, nos gustaría que el señor Secretario de Estado nos
anticipara alguna valoración respecto a dos datos, y que nos ampliara la
información que ha leído en este primer turno. Concretamente, mi grupo
quisiera escuchar la valoración que le merece al señor Secretario de
Estado de Hacienda la evolución que han tenido los pagos por intereses.
Como conoce S. S., estos pagos han tenido un incremento del 62 por
ciento, pasando de 983.000 millones, en el año 1992, a 1,5 billones, el
año 1993.
Igualmente, me gustaría escuchar alguna valoración política en torno a
qué opinión le merece el incremento que han registrado los ingresos
patrimoniales que, como consta en el informe, es un incremento
aproximadamente del 350 por ciento, que identifica toda la política que
existe detrás de las razones de este incremento. Además, de alguna
manera, en el propio texto del informe se dice que, gracias a este
incremento, se ha compensado (estoy hablando, entre comillas, de la
redacción del documento) la fuerte caída de ingresos del Estado.
Con estas dos preguntas, mi grupo consume este primer turno esperando un
segundo en el que hagamos una valoración más extensa del documento que
obra en nuestro poder.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir en este turno
concreto?
El señor Homs, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Sin duda por cortesía doy la bienvenida al señor
Secretario de Estado. No sé si puedo augurarle muy buenas perspectivas,
porque ha tenido usted una mala herencia. La imagen que se desprende de
este informe que nos ha transmitido no es una imagen muy satisfactoria.
Las cosas están complicadas, muy difíciles y se incorpora usted a una
responsabilidad sin duda complicada. Por tanto, ya que tengo ocasión de
dirigirle la palabra, quiero transmitirle en primer lugar que percibimos
que la situación financiera de la Hacienda Pública es difícil.
No quiero complicarle más la tarde, pero deseo plantearle algunas
preguntas adicionales respecto a la información que nos ha transmitido.
En cuanto a ingresos, ¿qué estimaciones sobre devoluciones tienen ustedes
previstas por IRPF y por Impuesto sobre Sociedades? Estas estimaciones
que contempla el informe ¿integran ya las devoluciones que se van a
experimentar en este ejercicio 1993, o no?
Puesto que las declaraciones que se han hecho a cuenta, tanto en Renta
como en Sociedades (especialmente en Sociedades), están realizadas sobre
bases en principio más elevadas de las que van a ser en realidad, creo
que sería interesante conocer qué previsiones tienen ustedes en cuanto a
estimaciones de devoluciones en esos dos tributos.
La segunda pregunta es, en cuanto al IVA, que ha experimentado una caída
sustantiva muy importante, ¿qué dato puede usted hoy darme (que a lo
mejor no me lo puede dar hoy, pero sí me gustaría que, si puede ser, me
lo transmitiera en los próximos días, o cuando usted estuviera en
condiciones de hacerlo), qué estimación de recaudación por IVA se realiza
en el sector del automóvil en España? Puesto que ésta ha sido una
actividad que, como usted sabe muy bien, ha experimentado un
desdoblamiento de la figura impositiva indirecta, quisiera saber el
desdoblamiento y qué previsión hay en este momento de recaudación en este
sector, puesto que la actividad en este sector está hoy prácticamente en
la primera fila de las preocupaciones económicas.
En cuanto a gastos, quiero formularle dos preguntas. Por lo que se
refiere a las modificaciones de crédito, las que se han experimentado
hasta agosto de este año, el dato que figura en el informe indica que hay
un incremento de modificaciones de crédito del orden del 59,7 por ciento.
Quisiera preguntarle si nos puede dar mayor información sobre estas
modificaciones de crédito. Hay algunas que atañen a esta Cámara, porque
las hemos aprobado vía créditos extraordinarios. En este sentido,
quisiera preguntarle si el crédito extraordinario Thyssen está dentro de
los datos que usted me ha dado, porque sí figura el relativo a Televisión
Española, pero no veo el asignado a la fundación Thyssen. Quisiera un
mayor detalle, si es que puede dármelo, de la distribución de esta
cantidad, porque es significativa.
Deseo preguntarle a qué responde la incorporación de remanentes --es la
cuarta cuestión--, casi medio billón, y cuáles son los orígenes de esa
partida de medio billón de incorporación de remanentes que deben proceder
de la ejecución del presupuesto del año anterior.
Por último, señor Presidente, quiero formularle la quinta pregunta, que
se refiere al endeudamiento exterior acumulado, no al del ejercicio.
¿Podríamos conocer la cifra de cuál es la proporción dentro del
endeudamiento global? Porque sí figura el desdoblamiento por la parte
exterior-interior en el ejercicio de 1993, pero no el acumulado. ¿Se
podría conocer cuál es la situación del endeudamiento que tiene hoy
nuestra Hacienda, el Estado, en cuanto a la parte que corresponde al
exterior y la parte que se coloca en el interior?
Estas son puntualmente las preguntas, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor González
Lizondo tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: En primer lugar, Secretario de Estado, deseo
agradecer su comparecencia en esta Comisión, pero, al igual que ha dicho
el señor Homs, no le envidio el puesto y espero y le deseo que salga
triunfante de él.
Quisiera hacer unas pequeñas puntualizaciones. ¿Qué estimaciones tiene
sobre el posible impago que pueda existir del Impuesto de Sociedades
sabido el alto tanto por ciento de suspensiones de pago y quiebras que se
están produciendo en el país? ¿Puede aproximar una cifra acerca de a
cuánto cree que puede ascender?
Hay un tema muy importante, que son los fondos transferidos a las
comunidades autónomas y a las corporaciones locales, ya que en ambos
casos han descendido las cantidades transferidas. Quisiéramos tener una
valoración sobre el tema, puesto que, por ejemplo, a la Generalidad
Valenciana le ha supuesto 3.000 millones de pesetas por intereses de
demora el no haber recibido a tiempo la cantidad que le había asignado.
Asimismo, todos conocemos la penuria que las corporaciones locales están
teniendo en estos momentos, por lo que este descenso en las
transferencias habidas cuanto menos merecen una valoración por su parte.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, el señor
Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
agradecer la comparecencia del señor Secretario de Estado. De todas
formas, la explicación que nos ha dado con la documentación que teníamos
no ha tenido gran diferencia.
Me habría gustado, puesto que estamos en unos presupuestos por programas
y no en una presupuestación funcional más tradicional en la
Administración, haber recibido una valoración del cumplimiento de los
objetivos que se marcaron los presupuestos, puesto que es bueno conocer
el cumplimiento y la liquidación de los objetivos que se han cumplido,
cuáles se aplazan y cuáles se han iniciado y no se han podido terminar.
Al igual que en los programas, nos gustaría también conseguir eso que se
llaman los cuadros macroeconómicos que el Gobierno remite en cada
presupuesto, máxime cuando este presupuesto está al final de un ciclo,
con actuación plurianual.
Me habría gustado también conocer cuál es el ajuste definitivo de los
100.000 millones de pesetas que se anunciaron en un principio, en el mes
de junio, que iban a ajustar los distintos ministerios y saber de qué
manera se ha producido.
Por otro lado, me gustaría saber, con un nivel de segregación mayor, los
deslizamientos habidos de ejercicios anteriores. Aquí se ha hablado de
los remanentes o de los créditos. Es verdad que los créditos
extraordinarios van circunscritos más a operaciones o a gastos corrientes
y que los remanentes van más a inversión, a capitál. A mí me habría
gustado conocer cuál es el deslizamiento del año 1992 e, incluso, de años
anteriores a 1992.
En cuanto a lo que llaman déficit de caja no financiero, que se nos ha
entregado como documentación, en presupuestos corrientes lleva una cifra
y en presupuestos cerrados, en ingresos. Figuran 429.000 millones de
pesetas (de presupuestos cerrados, repito, no del corriente) y de
presupuestos cerrados también en pagos, hay un billón de pesetas. En este
sentido, a mí me gustaría conocer cuáles obedecen a deslizamientos de
1992 y cuáles a presupuestos anteriores a este año.
Por último, me gustaría conocer también si se tiene previsto un nivel de
liquidación presupuestaria con un grado de desagregación mayor al que se
nos aporta, puesto que está muy globalizado. Hoy, en la época de la
informática, cuando existe la posibilidad de seguir, no a nivel de
subconcepto o de concepto sino de segregación, tanto las inversiones como
la liquidación del presupuesto, nos gustaría que se hubiera realizado un
seguimiento de la liquidación presupuestaria a un nivel de segregación
mayor que lo que supone esta liquidación.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo Parlamentario quiere hacer uso de
la palabra? (Pausa.)
Para contestar a estas preguntas concretas, tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE
HACIENDA (Martínez Robles): Quiero agradecer a los distintos
intervinientes de los grupos las palabras de bienvenida.
Entrando directamente en las distintas cuestiones, la primera que se me
presentaba era, no una petición de datos, sino una valoración de los
pagos por intereses. La partida de pagos por intereses, en sí misma, casi
no puede llevar una valoración, porque ésta es una partida automática.
Probablemente, la valoración que pedía el señor Diputado se refería al
endeudamiento que causa estos intereses. Con respecto a los intereses, lo
único que le puedo decir es algo que ya he referido en el informe, y es
que se ha producido una variación de los intereses con motivo de la
variación que ha experimentado la deuda de corto plazo a la de medio y
largo plazo, y también porque durante el año se produce un fenómeno
importante de descenso de los tipos de interés que, sin embargo, no
tienen efecto todavía en los pagos que se realizan en el año 1993, sino
que surtirán efecto en los pagos que se realicen en los ejercicios
siguientes. El incremento de esta partida, como es lógico, viene
automáticamente determinado por los endeudamientos ocurridos en los
ejercicios anteriores. En ese sentido, la valoración sobre esta partida
en concreto, más que una valoración es una consecuencia de lo anterior.
La segunda pregunta se refería a los ingresos patrimoniales. Hemos visto,
efectivamente, cómo los ingresos patrimoniales presentaban un incremento
muy importante en sí mismos. También hemos señalado cómo durante el año
1993, en lo que va transcurrido de ejercicio, este incremento tiene dos
causas importantes: por un lado, los beneficios obtenidos por el Banco de
España. Como es sabido, los beneficios obtenidos por el Banco de España
durante 1993 son muy relevantes y mucho más cuantiosos que los adquiridos
en otros ejercicios, fundamentalmente por las operaciones de venta de
divisas que realizó el Banco de España durante el ejercicio por los
distintos movimientos de la peseta. En este sentido, los ingresos son
importantes, repito. Creo recordar que la cifra que figura en el informe
es del orden de quinientos y pico millones.
Por otro lado, junto a estos ingresos se ponen de manifiesto los
procedentes de lo que se ha denominado privatizaciones: ingresos
procedentes de la enajenación de acciones de la sociedad Repsol, que
figuran con una cifra de 60.000 millones de pesetas en este período, y
una partida de unos 67.000 millones, que son los rendimientos de la
operación de enajenación de un 24,9 por ciento de acciones de la sociedad
Argentaria. Estas son las peculiaridades más importantes que presenta
este concepto del capítulo V: Ingresos patrimoniales, ingresos
extraordinarios en el Banco de España, ingresos extraordinarios también
como dividendos producidos por las privatizaciones o enajenaciones de
acciones de la sociedad Repsol y de la sociedad Argentaria. Son ingresos
que no estaban en ejercicio anteriores, y, por tanto, señalan la
diferencia fundamental de esta capítulo con relación a otros ejercicios.
El señor Homs preguntaba por las devoluciones en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Estamos considerando la evolución del
Presupuesto del Estado, a agosto de 1993. He hecho referencia a que en
los datos que figuran en el informe hay un total de devoluciones del
Impuesto sobre la Renta de 290.000 millones, de los cuales, como he
dicho, 250.000 corresponden a devoluciones del ejercicio 1991, que se
realizaron fundamentalmente durante el mes de enero. Figuran también
40.000 millones más que corresponden a devoluciones del año 1993, es
decir, declaraciones del ejercicio 1992 presentadas en 1993. El grueso de
las devoluciones del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio
de 1993 se ha empezado a efectuar durante el mes de agosto --se han
devuelto 40.000 millones-- y se van a efctuar durante los meses
siguientes. Esta cifra supone un total, creo recordar, de 730.000
millones de pesetas respecto a las devoluciones del Impuesto sobre la
Renta que figuraban en las declaraciones que se presentaron en el mes de
junio, correspondiente al ejercicio 1992 y que, como digo, cumpliendo los
plazos legales se han iniciado las devoluciones y se acabarán, también
dentro de los plazos legales, durante este ejercicio 1993 y el mes de
enero de 1994.
En cuanto a las devoluciones del Impuesto sobre Sociedades están
incluidas las que se han realizado durante el año 1993 hasta agosto,
porque figuran como disminución de los ingresos. No tengo los datos en
este momento, pero ya se los proporcionaré. Respecto a las devoluciones
que se correspondan con las declaraciones correspondientes al ejercicio
1992, que se han presentado fundamentalmente durante el mes de agosto y
alguna durante septiembre, se empezarán a realizar a partir de estos
momentos.
No tengo aquí, pero se los proporcionaré, los datos referentes al
Impuesto sobre el Valor Añadido en el sector de automóvil en España, para
examinar el efecto que se produce con motivo de la partición del Impuesto
sobre determinados elementos de transportes y el Impuesto sobre el IVA.
En cuanto a las modificaciones de crédito, había una pregunta de mayor
compresión con respecto a determinadas modificaciones de créditos
ocurridas durante el ejercicio 1993. Con respecto a los créditos
extraordinarios y suplemento de créditos que figuran en el informe por un
importe total de 460.000 millones de pesetas, se me preguntaba
concretamente si dentro de esta partida figuraba la correspondiente a la
colección Thyssen. Efectivamente, en esta partida figura un crédito
extraordinario por 8.455 millones.
Las partidas más importantes son un crédito extraordinario (Decreto-ley
número 10/1993) para insuficiencias del INEM durante el año 1991, por un
importe de 222.000 millones de pesetas; el Real Decreto-ley 1/1993, sobre
retribuciones de personal activo, por 80.000 millones; diversos créditos
extraordinarios que figuraban en el Real Decreto-ley 3/1993, de medidas
urgentes, por un total de 50.000 millones, de los cuales 37.000 iban al
Ministerio de Obras Públicas, 10.000 al Ministerio de Agricultura y 3.000
al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También hay créditos
extraordinarios para ayuntamientos y diputaciones, por un importe de
24.000 millones, y un crédito extraordinario para indemnizaciones
derivadas de las sentencias del Tribunal Supremo a titulares de oficinas
de farmacia por 11.000 millones, etcétera. Esas son las partidas más
importantes.
En cuanto a los remanentes de ejecución de presupuestos de ejercicios
anteriores, me imagino que se refiere S. S. a las incorporaciones de
créditos, que ascienden a un total de 514.000 millones. Como es sabido,
son créditos de inversión. Se trata de operaciones que están
comprometidas en el ejercicio anterior y durante el ejercicio siguiente
se realiza la incorporación de los créditos que figuraban en el
presupuesto de 1992, en este caso, al presupuesto de 1993. Aquí las
partidas más importantes son las siguientes: para inversión civil hay una
incorporación global de 325.000 millones; para el Fondo de Compensación
Interterritorial, hay una incorporación de 75.000 millones y para el
Ministerio de Defensa, hay una incorporación de 112.000 millones.
Respecto a la siguiente cuestión, sobre el endeudamiento exterior e
interior del país, le puedo informar que, a 31 de agosto de 1993, el
saldo vivo de endeudamiento en divisas es de 2 billones 359.000 millones,
lo que supone un 9,6 por ciento sobre la deuda total del Estado.
Este endeudamiento es en diversas monedas: dólares, libras, francos,
etcétera. Normalmente, están establecidas a un tipo fijo, en su mayor
parte --un 70 por ciento--, y un 30 por ciento a tipo variable, que suele
ser al líbor más algún descuento. Ya digo que esto supone el 9,6 por
ciento del endeudamiento total del Estado. El dato del endeudamiento
total referido al Estado se lo puedo proporcionar a 31 de diciembre, en
que ascendía a 22 billones 582.000 millones. El total de las
administraciones públicas a esa fecha es de 27 billones 725.000 millones.
A diciembre de 1992, el endeudamiento total que presentaba con respecto
al PIV era de un 47,2 por ciento, un porcentaje, por cierto, más bajo que
el de la mayoría de los países europeos.
El señor González Lizondo me preguntaba sobre los impagos en el Impuestos
sobre Sociedades para aproximar la cifra. Hacía referencia a si se tienen
datos que pongan de manifiesto cuáles son los efectos de las quiebras o
las suspensiones de pago de las sociedades con relación al Impuesto sobre
Sociedades.
Si no existen ingresos, que se producen por la negativa, no tenemos
datos, porque, en particular, los datos del Impuesto sobre Sociedades
vienen determinados, por un lado, por la caída de los beneficios de las
empresas y, por otro, cuando se ponen de manifiesto los problemas
financieros de las empresas, demás de en las declaraciones e ingresos que
no puedan presentar, es cuando estas sociedades que están en suspensión
de pago o en quiebra solicitan aplazamiento y fraccionamiento de deuda,
como han hecho las distintas sociedades.
Creo tener por aquí y le podré facilitar el dato total, en el año 1993,
del fraccionamiento y aplazamiento del Impuesto sobre Sociedades.
Hablando por importes, se han solicitado 84.749 millones de pesetas en
peticiones de aplazamiento, de los cuales, a esta fecha, están concedidos
29.000 y hay pendientes de resolución 45.000 millones de pesetas.
Me preguntaba si decrecían las transferencias a comunidades autónomas y a
corporaciones locales. No sé si se refiere al dato de caja o a pagos. (El
señor González Lizondo: Página 38.) Sí, página 39. Se trata del pago a
las comunidades autónomas. Esta diferencia no se produce en las
obligaciones reconocidas. Durante los meses de septiembre y octubre se
normalizarán los pagos con las comunidades autónomas y con las
corporaciones locales.
Las siguientes cuestiones del señor Ríos se referían a si se había
incluido una valoración del cumplimiento de objetivos. Yo creo que cuando
se realiza un análisis de cuál es la evolución parcial, y no del año, del
presupuesto hay que entender que no se realiza una valoración del
cumplimiento de objetivos, sino que esta valoración global del
cumplimiento de objetivos tiene lugar en una comparecencia que hay una
vez concluido el ejercicio presupuestario durante el cual, conocidos
todos los datos y teniendo cerrado el ejercicio, puede hacerse una
valoración completa del cumplimiento de los objetivos de los distintos
programas. Por eso, y siguiendo la tradición de este tipo de informes, el
informe no incluye una valoración de objetivos, sino simplemente una
información de cuál ha sido la evolución de la gestión de las distintas
partidas del Presupuesto durante el año 1993 hasta agosto.
El ajuste que se realiza a partir de principios de agosto de 1993, por un
importe de 100.000 millones, no aparece expresamente recogido en el
informe, pero esta cuestión aparecerá en informes posteriores porque el
efecto de este ajuste tiene lugar durante el mes de agosto: el acuerdo se
toma a principios de este mes, durante el citado mes de agosto y
principios de septiembre las distintas oficinas presupuestarias concretan
los términos del ajuste con el Ministerio de Economía y Hacienda y, una
vez concluido, se procede a la realización del ajuste. Por tanto, en el
próximo informe sobre la evolución de la ejecución presupuestaria, a
partir del mes de agosto, conoceremos cuál ha sido la evolución del
ajuste por este importe de cien mil millones en los distintos
ministerios.
Hay también una petición de mayor desagregación de deslizamientos de
ejercicios anteriores, de remanentes de distintos ejercicios. Yo creía
que el informe contenía cierta especificación en cuanto a qué años
correspondían los créditos que se van pagando de un año para otro, en dos
fases: una, en las incorporaciones que se realizan y, otra, en los pagos
que se van efectuando de obligaciones reconocidas en ejercicios
anteriores. No sé si se refiere S. S. a una mayor información sobre estas
partidas en concreto o si basta con ordenar la información que aparece en
el documento. En este caso nos hemos atenido a presentar un informe con
una desagregación que hasta ahora había sido lo normal en esta Comisión.
Podríamos ampliarla. No hay ningún inconveniente en hacerlo. Al final del
informe figuran unos datos estadísticos en donde se recogen de forma más
desagregada los que constan en el cuerpo del informe.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los representantes de los
grupos quiero indicar, sobre todo a aquellos Diputados que han solicitado
datos al señor Secretario de Estado --y el señor Secretario de Estado se
ha comprometido a enviarlos por escrito-- que envíen una nota al letrado
de la Comisión para podérsela entregar al señor Secretario de Estado
antes de finalizar la Comisión y saber con exactitud cuáles son las
cuestiones que está dispuesto a contestar por escrito, consiguiendo así
que la contestación se produzca en un plazo breve y posible.
Comienza el turno de intervenciones de los grupos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Secretario de Estado por el
tono de sus contestaciones y por la información facilitada. Mi Grupo
también se incorpora a los deseos de que la gestión política de sus
nuevas responsabilidades sea una gestión llena de éxito, porque
coincidirá con nosotros en que el acierto en esta gestión lo está
necesitando como agua de mayo la economía española y de forma inmediata.
Hoy nos trae aquí un documento sobre ejecución presupuestaria a 31 de
agosto que, a nuestro entender, certifica que el déficit está
absolutamente fuera de control. Para poder apoyar esta afirmación me va a
permitir construir una pequeña serie, en el marco de la década de los 90,
en la que se recoja la evolución del déficit y las desviaciones respecto
de sus previsiones de déficit.
En 1990, el año cerró con un déficit de 1,17 billones; en el año 1991, de
1,37 billones; en el año 1992, de 1,87 billones y ahora, a los ocho
primeros meses del año 1993, tenemos ya un déficit de 2,4 billones. En
materia de desviación y respecto de sus previsiones de déficit, quiero
decirle que, en el año 1990, ustedes tuvieron unas desviaciones de
310.000 millones de pesetas; en el año 1991, 870.000 millones de pesetas;
en el año 1992, 750.000 millones de pesetas. Todas estas desviaciones
registradas al cierre del ejercicio. Ustedes arrojan ahora en esta
ejecución presupuestaria, a los ocho primeros meses de 1993, una
desviación de algo más de un billón de pesetas.
Como se desprende de esta serie, el déficit se acelera, a nuestro
entender, sin control, lo que se traduce en que las desviaciones son una
práctica constante en su ejecución presupuestaria, año tras año y año
tras año están pervirtiendo y convirtiendo en falsos los presupuestos que
aprueba esta Cámara.
Señor Secretario de Estado, si hace usted el ejercicio de repasar la
ejecución de estos últimos tres años --por poner una serie cercana, es
decir, 1990, 1991 y 1992-- observará que el origen de la aceleración del
crecimiento del déficit está en las permanentes desviaciones;
desviaciones que siempre sostienen el desbordamiento del gasto público.
Este desbordamiento del gasto público siempre lo han pretendido ustedes
atajar sucesivamente y de forma reiterada y, por qué no decirlo, de forma
exclusiva, por el lado de los ingresos, aplicando aisladas medidas
fiscales que siempre se han traducido en un aumento de la presión
impositiva. Esta presión impositiva, esta mayor presión fiscal sabe usted
que penaliza clarísimamente la inversión y el ahorro, y esta penalización
tiene su reflejo inmediato y directo en la competitividad, competitividad
que al tiempo se encuentra atacada también por los incrementos
salariales.
Este empeoramiento de nuestros índices de competitividad genera los
récords de déficit exterior y también los récords de nuestras cifras de
paro. Y así llegamos al final: una mayor bolsa de parados necesita
aumentar la cobertura de gastos sociales. Como no se le escapa a S. S.
puede comprobar que este final no es otra cosa que el recorrido de una
espiral que tiene su origen en la tendencia y en la estructura del gasto
público. Pues bien, si se aproxima usted a la ejecución del presupuesto
de 1993, se pone otra vez de manifiesto, de forma reiterada, y en esta
ocasión alcanzando el récord, la espiral del gasto público.
Se estimó a principios de año que el déficit de Caja sería de 1,4
billones, y transcurridos los ocho primeros meses, cuando restan todavía
cuatro para finalizar el ejercico, este déficit está ya en 2,4 billones.
¿El origen de este déficit? El mismo que en los años 1990, 91 y 92. ¿Su
impacto en la inversión, el ahorro, la competitividad, la balanza de
pagos y las cifras de paro? El mismo que en los años 1990, 91 y 92. ¿La
receta para corregir estos efectos? La misma que en los años 1990, 91 y
92: incrementan ustedes la presión fiscal y actúan de forma aislada y
exclusiva del lado de los ingresos.
Señor Secretario de Estado, estamos ante el presupuesto más expansivo de
todos los mandatos de gobiernos socialistas. En contra de lo que se ha
podido escuchar, este récord de expansión convive --y me lo podrá usted
reconocer-- con un crecimiento negativo de nuestro PIB, y convive también
con el récord de nuestras cifras de paro, el 22,4 por ciento. Confío,
señor Secretario de Estado, en que estos datos, estos argumentos y estas
afirmaciones no las califique usted de ejercicios lingüísticos
interesantes o no las quiera usted calificar de búsqueda de adjetivos
desacalificativos sonoros. Desde el Grupo Popular le estamos recordando
cifras absolutamente oficiales. No creo que considere usted un adjetivo
descalificador el que le recordemos que, oficialmente, se reconoce que la
desviación de la ejecución del presupuesto de 1993 va a sobrepasar los
dos billones de pesetas. El presupuesto de 1993, señoría, lo están
ustedes convirtiendo en un presupuesto intensamente expansivo.
Mi Grupo le quiere invitar a que haga usted un ejercicio, no lingüístico,
sino un ejercicio de observación y de corrección, y abandone las
excursiones verbales para esconder la responsabilidad que la política
presupuestaria de los gobiernos socialistas tiene en la delicada, crítica
y recesiva situación de la economía en la que nos han sumergido.
El déficit de Caja se ha incrementado, como decía usted anteriormente, en
71,9, es decir, lo han colocado ustedes en el récord: 2,3 billones de
pesetas. Este déficit de Caja, traducido en necesidad de endeudamiento,
lo sitúan ustedes en 2,6 billones, lo que quiere decir que la variación
neta de activos financieros se incrementa en el
68,7 por ciento. Señoría, la variación de activos financieros que se
incrementa en el 68,7 por ciento está siendo utilizada como un cajón
contable, un cajón contable para ocultar déficit presupuestario. En los
activos financieros incluyen ustedes préstamos a la Seguridad Social, a
la Cesce, que suponen, a nuestro entender, un maquillaje de déficit.
Para mi Grupo, el Grupo Popular, las cifras presupuestarias están siendo
objeto de una intensa manipulación, supongo yo que para intentar arrojar
resultados que no reflejen la realidad de los problemas financieros del
Estado.
Señoría, el déficit de Caja, lógicamente, no incluye las operaciones de
activos financieros siempre y cuando se trate de operaciones que colocan
fondos en acciones o en préstamos que pueden dar lugar a una rentabilidad
futura. Sin embargo, en 1993 tales operaciones son en su mayor parte
ficticias. Más de la mitad de las mismas corresponden a un préstamo a la
Seguridad Social por 140.000 millones --como se ha mencionado-- para
cancelar las deudas del Insalud generadas con anterioridad a 1992,
préstamo que no se recuperará, como dice el Gobierno, a no ser que
aumente la transferencia del Estado a la Seguridad Social, con lo que el
déficit que por esta vía se evite hoy aflorará en los próximos
ejercicios. Insistimos, estamos ante un déficit que alcanza récords
históricos y ante una necesidad de endeudamiento que con prácticas
contables habilidosas --dicho esto entre comillas-- maquilla las cifras
de nuestro déficit, un déficit que tiene unos gastos no financieros del
Estado que aumentan un 13,5 por ciento en términos de obligaciones
reconocidas.
Me va a permitir que construya otra serie también en el marco de la
década de los noventa. Al cierre del año 1990 los gastos no financieros
del Estado, en términos de obligaciones reconocidas, se incrementaron en
un 10,2; al cierre del 91, un 10,7; al cierre del 92, un 12,2. Ustedes
ya, en los ocho primeros meses de 1993, han incrementado en su ejecución
estos gastos no financieros en un 13,5. Esta serie nos sugiere, señor
Secretario de Estado de Hacienda, que estamos ante una tendencia
creciente, que el Gobierno es incapaz de frenar.
Siguen creciendo más las operaciones de gastos corrientes que las
operaciones de capital y esta reestructuración del gasto público a favor
del gasto corriente, a nuestro entender, se manifiesta en mayor medida
cuando observamos que los pagos por operaciones corrientes registran una
tasa de variación del 15 por ciento y los pagos por operaciones de
capital registran una tasa de variación negativa del menos 2,5 por
ciento.
Señor Presidente, quisiera mi Grupo detenerse en este punto de la
intervención para llamar la atención en torno a las modificaciones de
crédito, y para ello también vamos a intentar construir una serie en el
marco de la década de los noventa. En el año 1990 se cerró el ejercicio
con unas modificaciones del crédito en torno a los 793.000 millones; en
el 91, estas modificaciones de crédito significaron 1,5 billones; en el
92, significaron 1,2 billones y en el 93, en estos ocho primeros meses,
estas modificaciones alcanzan 1,1 billones. Según se desprende del avance
de la liquidación para 1993, en el último cuatrimestre del año tienen
ustedes previsto incrementar los créditos extraordinarios y
suplementarios en 243.000 millones y tienen también previsto incrementar
las ampliaciones de crédito en 243.000 millones. Me parece que he podido
dar una cifra mal y voy a repetirlas para dejar constancia de ellas bien
dichas. Tienen ustedes previsto incrementar los créditos extraordinarios
en 824.000 millones y las ampliaciones de crédito en 243.000 millones.
Esto nos coloca en el cálculo de las modificaciones de crédito, que a
diciembre de 1993 estiman ustedes que el año va a cerrar con unas
modificaciones de crédito de alrededor 2,3 billones.
Señorías, según los cálculos que se pueden realizar con las cifras
presupuestarias al mes de agosto de 1993, en esta fecha --me refiero al
31 de agosto-- ustedes han incumplido el artículo diez, número 5, párrafo
segundo, de la Ley General de Presupuestos para 1993, que, como saben SS.
SS., establece que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito
no podrán superar, en ningún caso, el tres por ciento de los créditos
inicialmente aprobados. Y digo que lo han incumplido ustedes al mes de
agosto, porque supongo --como ya hemos podido leer en la prensa y
seguramente en algún que otro acuerdo del Consejo de Ministros-- que
estarán ustedes pensando en derogar el artículo diez. Y les voy a decir
por qué tienen ustedes que estar pensando en derogar este artículo. El
avance de la liquidación también anticipa que van ustedes a incumplir con
creces el artículo diez, número 5, en su primer párrafo, que establece un
límite para el conjunto de las obligaciones reconocidas y, como sabe
usted, si se cumplen las previsiones del avance de liquidación, a final
de año subrepasarían ustede este límite del artículo diez, número 5, en
la no pequeña cifra de 624.000 millones. Es evidente que ustedes han
tenido que proceder a derogar esto en el último Consejo de Ministros.
Pues permítame, señor Secretario de Estado, que le haga una cita de
Víctor Hugo, en la que decía que «la libertad es, en la filosofía, la
razón; en el arte, la inspiración; y en la política, el derecho». Yo me
pregunto en voz alta qué garantías jurídicas podemos tener cuando el
Gobierno propone cambiar leyes como si fueran fichas de ajedrez, a su
capricho.
Señor Presidente, para finalizar esta intervención, en este turno,
quisiera realizar algunas consideraciones muy breves en materia de
ingresos. Nuevamente hay que significar que, al igual que se ha producido
un incumplimiento en las previsiones de gastos, que se entendía crecerían
al ritmo del 7,7 y lo han hecho al del 13,5, en los ingresos también se
estimó un crecimiento en torno al 8,4 y el ritmo de incremento que se
está registrando en estos ocho primeros meses es tan sólo del 1,8. Un
bajo ritmo de crecimiento, máxime si tenemos presente el comportamiento
de las distintas figuras impositivas. Si observamos el comportamiento de
estas distintas figuras impositivas, veremos que tan sólo destaca el
crecimiento positivo del Impuesto sobre el Patrimonio frente al resto de
las
figuras de impuestos directos e indirectos que tienen crecimientos
negativos.
No obstante, la caída o el bajo ritmo de incremento de los ingresos, a
nuestro entender, pone de manifiesto la inoperancia de aumentar los
impuestos en una fase de clara recesión, no sólo porque no aumenta la
recaudación en función del incremento de los tipos sino porque, a nuestro
juicio, promueve al fraude. Por tanto, señoría, el primer error se
encuentra en la elaboración de unos presupuestos que partían de una
situación económica muy alejada de la realidad; un bajo ritmo de
incremento de recaudación que pone de manifiesto la crisis de beneficios
empresariales, la baja actividad económica, los récords de las tasas de
paro, en definitiva, señoría, ponen de manifiesto un indicador más del
cuadro de nuestra economía a la deriva.
Señor Presidente, para finalizar, quiero añadir que para el Grupo Popular
la ejecución del presupuesto de 1993 y el avance de liquidación definen
un presupuesto intensamente expansivo en los gastos, con un
comportamiento de los ingresos que certifica la recesión económica y la
dificultad de tesorería de nuestras empresas; con un déficit que ha
escapado al control del Gobierno, que incurre sucesivamente en
incumplimientos de las disciplinas legales; con un déficit que no es más
abultado gracias a ciertas habilidades contables; con un déficit que hace
aumentar nuestra deuda EMBALSADA, que se traduce en un alto grado de
morosidad del Estado y convierte nuestra política fiscal en un rehén de
dicha deuda.
Los presupuestos que aprobó esta Cámara para 1993 nada tienen que ver con
aquéllos cuya ejecución estamos hoy analizando. Señor Secretario de
Estado, no son unos presupuestos atípicos, son unos presupuestos típicos
de gobiernos socialistas. Lo que ocurre, en esta ocasión, es que se les
ha ido a ustedes la mano en la dosis de tipismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: La liquidación de presupuestos, que hemos
conocido hoy por su intervención y por la documentación que se nos ha
entregado, inclusive por la documentación que se adjunta a los
Presupuestos Generales del Estado que se proponen para 1994, viene a
manifestar para Izquierda Unida que, por desgracia para los españoles, no
se han cumplido los objetivos que se planteaban.
Para analizar si el déficit público es bueno o malo, desde nuestro punto
de vista, debiéramos de medirlo por el éxito de las prioridades que nos
habíamos marcado y por el cumplimiento de los objetivos que perseguían
estos Presupuestos. Eran unos presupuestos que partían con unos
compromisos cara a Europa y que debieran haber traído beneficios a los
españoles, por lo menos haber frenado el desempleo y haber dotado a
España de una estructura productiva más competitiva cara a Europa, es
decir, una mejor situación de nuestras empresas, tanto en tecnología como
en capacidad productiva como desarrollo. Es decir, los objetivos que nos
habíamos marcado no se han cumplido. Por tanto, la valoración de estos
Presupuestos respecto a sus compromisos originales es, para Izquierda
Unida, bastante negativa. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa
la presidencia.)
En cuanto al déficit público, la diferencia entre lo que se preveía de
ingresos y lo que se va a recaudar por la acción del propio Estado se ha
dirigido de una manera poco ajustada; creemos que no se ha dirigido a
necesidades básicas. El arte de hacer política debiera ser administrar
recursos escasos (porque todos los recursos son escasos, a pesar de que
estos Presupuestos eran una continuidad de los Presupuestos de 1992) de
cara a beneficiar a los ciudadanos, priorizando el destino de estos
dineros. La verdad sea dicha, el dinero se ha gastado y no en lo que más
necesitaban los españoles. Por eso, el déficit público es todavía más
gravoso, según lo vemos nosotros, porque no ha ido dirigido a las
necesidades prioritarias que teníamos. Es más, respecto a la liquidación
de estos Presupuestos, bajo el punto de vista de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, ustedes no han sido austeros, han sido
más bien manirrotos a la hora de gestionar y administrar los dineros
públicos. Hay un volumen de modificaciones altísimo, un porcentaje de
modificaciones que hace parecer muy poco lo que en origen se plantea con
lo que al final resulta el propio presupuesto.
Si vamos a los objetivos que se plantearon en cuanto a la recaudación, a
la política de ingresos, nosotros hubiéramos visto con buen talante un
informe de lo que se ha hecho contra el fraude fiscal, de qué manera
hemos luchado contra la gente que no está pagando, cuál es la deuda que
se tiene contraída con el Estado, cuál es cobrable y cuál no lo es. A
nosotros nos gustaría que en este país se intentase anular la diferencia
de las dos Españas, la España real y la España oficial, que ahora serían
la España con IVA y la España sin IVA, que se caminase para evitar que en
sectores enteros, como pueden ser la construcción o los servicios, haya
un volumen mayor de dinero en movimiento y de actividad de lo que
significa no legalizado --por no utilizar la palabra negro-- que de lo
que significa legalizado.
A nosotros nos hubiese gustado que los éxitos de su recaudación hubieran
sido los de los impuestos directos y no echar mano de los impuestos
indirectos. En concreto, en la liquidación de los Presupuestos que nos
expone hoy, los mayores éxitos de ustedes vienen a plantearse en la
gestión de las enajenaciones, capítulo V, las ventas del patrimonio, en
las tasas y en las multas de recargo que ustedes imponen, capítulo III,
de ingresos, con 106 por ciento de gestión, y en las transferencias de
capital, las que ustedes reciben de fuera o de otros organismos para
poder invertir, el 114 por cien. Sin embargo, no se recibe igual de todos
los demás capítulos de ingresos.
Y si vamos a la filosofía de la distribución del gasto, a la aplicación
del gasto, la liquidación que ustedes nos presentan también tiene, desde
nuestro punto de vista, una desviación: gestionan mal lo que pudiéramos
llamar ministerios y programas de coste social, lo que pudiéramos llamar
el salario diferido que reciben los ciudadanos de los Presupuestos
Generales del Estado. Por utilizar la
liquidación del Presupuesto, en el capítulo II, en gastos corrientes, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Agricultura,
el Ministerio de Sanidad y Consumo y de Asuntos Sociales tienen un
porcentaje alrededor del 60 por ciento de los pagos realizados, mientras
que otros ministerios tienen otro volumen. Estoy hablando del capítulo
II, gastos corrientes, o bienes y servicios, que debieran significar las
condiciones en las que recibimos estos servicios.
Pero si nos dirigimos a las inversiones, la evolución de la liquidación
del presupuesto todavía hace esta comparación más alta. Por ejemplo, la
inversión del Ministerio de Economía y Hacienda se sitúa en torno al 55
por ciento; la inversión del Ministerio de Industria y Energía en torno
al 40 por ciento; la inversión de Agricultura, Pesca y Alimentación en
torno al 54 por ciento; Sanidad y Consumo el 38 por cien y Asuntos
Sociales el 30 por cien. Es decir, las inversiones dirigidas a mejorar
las condiciones en que se reciben los servicios, llamémosle salario
indirecto que la teoría del Estado del bienestar debiera de haber traído,
no significan un buen augurio con la liquidación de este presupuesto.
Por tanto, entendemos que el paso dado por el Presupuesto de 1993 es un
paso hacia un funcionamiento poco ajustado a los compromisos de partido y
una liquidación presupuestaria --aunque es verdad que a nivel de
inversión se puede dar un volumen más alto a partir de estos meses-- que
no tiene relación con los objetivos básicos que en origen nos habíamos
marcado.
Estas son las valoraciones que hacemos de la evolución de la liquidación
presupuestaria. Nosotros no nos vamos a sumar al descrédito de lo
público, nosotros no vamos a ir ni siquiera a la idealización del déficit
público, puesto que los parámetros en los que nos movemos hoy y el propio
marco de Maastricht prosibilitan posiciones muy distintas en un país y en
otro. Por tanto, sin entrar en eso, sí tenemos que decir que el déficit
público que se ha obtenido hoy, muy alto, no ha sido para las prioridades
que nosotros considerábamos básicas. La liquidación de este presupuesto
viene a confirmarnos que la política hasta ahora ejercida y la forma de
vehicularla con los Presupuestos Generales del Estado no ha ido a los más
necesitados sino que ha mantenido las distancias que existían de partida.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Casas,
por el Grupo de Minoría Catalana.
El señor CASAS I BEDOS: Hoy Grupo Catalán, señor Presidente (Risas.)
Minoría Catalana es para los miembros veteranos de la Cámara, que era
como nos llamábamos en anteriores legislaturas.
Señor Secretario de Estado, nosotros agradecemos mucho su intervención y
su comparecencia hoy en esta Cámara porque significa el primer contacto
de los grupos parlamentarios con usted.
Aunque esto es un pequeño adelanto de lo que va a ser el debate de
presupuestos, quisiera salirme un poco del tema objeto de su
comparecencia y hacer una reflexión un poco más general para situar cuál
es la posición de nuestro Grupo ante una situación especial de la
economía española.
Tradicionalmente, y sobre todo en la anterior legislatura, el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió había criticado y
cuestionado la política presupuestaria del Gobierno en el sentido de que
no se parecía en nada el proyecto que aprobaba la Cámara con la ejecución
final del Presupuesto. Esto lo hemos denunciado reiteradamente
básicamente por una razón: no por el hecho en sí, sino porque la
desviación que se producía entre lo aprobado y lo ejecutado, normalmente,
generaba más déficit público y un incremento del gasto en algunos
conceptos que nosotros discutíamos. Sin embargo, la situación en este
momento yo creo que es sustancialmente distinta por dos razones: Primero,
porque la situación económica de España es grave y no es la que era hace
un par de años, por tanto, implica una actuación política, a nuestro
juicio, distinta, y más que hacer hincapié en la discrepancia --que es
importante señalar--, en estos momentos se deben buscar escenarios de
coincidencia que permitan, de alguna forma, cambiar la situación
económica del Estado. Y, segundo, desde el punto de vista político,
evidentemente, también hay un cambio sustancial, y es que en las
anteriores legislaturas el Gobierno tenía un Grupo parlamentario que, por
sí solo, podía aprobar la política presupuestaria, y hoy esto no es
posible. Esto también implica, a nuestro juicio, una actitud política
distinta, al menos por nuestra parte, y es que, además de señalar las
discrepancias, que es imprescindible hacerlo, y mostrar las distintas
alternativas que pueda haber en política económica y presupuestaria, creo
que tenemos la obligación también de buscar escenarios de coincidencia
que permitan tener una mayoría suficiente que posibilite una política
presupuestaria y económica y, sobre todo, que permita que España empiece
a salir de la situación de crisis económica en la que está.
Esto, a nuestro juicio, hoy, en este momento, requiere dos condiciones:
la primera, que por parte de la Secretaría de Estado y, por tanto, del
Ministerio de Economía y Hacienda, haya un rigor escrupuloso, casi yo
diría que de visera y manguito, de aquí a lo que queda de año, en lo que
es el gasto público. Un rigor extremo. No podemos permitirnos incrementar
más el déficit (yo creo que estamos todos de acuerdo en que la situación
económica no lo permite) y, por tanto, de aquí a final de año, deben
ejecutar un presupuesto, que está aprobado con mayoría suficiente, con
extremado rigor.
Luego, es necesaria otra condición, y es que el Gobierno y, por tanto, el
Grupo mayoritario, sea capaz durante el debate de presupuestos de buscar
aquellos escenarios de coincidencia posibles con otros grupos
parlamentarios que permitan aprobar un presupuesto que facilite la
gobernabilidad del Estado.
Esta es la posición de mi Grupo Parlamentario. Hasta la fecha es evidente
que se ha avanzado en la búsqueda de estos escenarios de coincidencia que
posibiliten unas políticas económicas distintas que puedan favorecer lo
que mi Grupo Parlamentario ha llamado «la economía
productiva del conjunto del Estado». Por tanto, en esta línea, vamos a
iniciar un debate, dentro de pocos días, en el que creo que tenemos que
ser todos muy responsables; pero, sobre todo, yo creo que a lo largo del
debate, que acabará en noviembre o diciembre, el Ministerio tiene la
oportunidad de extremar este rigor en el gasto público y facilitar
también las cosas para que se pueda encontrar un escenario de
coincidencia, que nosotros queremos encontrar por responsabilidad
política y porque creemos que la situación económica requiere un esfuerzo
en el que sean más importantes las coincidencias que las discrepancias,
pidiendo por supuesto, extremado rigor en el ejercicio presupuestario de
aquí a finales de año.
Las cifras que hoy usted nos ha dado son realmente abrumadoras y
francamente preocupantes. Estos niveles de déficit público y de
endeudamiento, en una situación de recesión económica, son yo diría que
casi alarmantes, pero no nos debemos recrear en poner en evidencia una
cosa que es así, sino que debemos intentar, entre todos, sumar el máximo
esfuerzo posible para lavantar esta situación, porque, si no se levanta,
las cifras de incremento de paro pueden ser alarmantes, y este es el tema
que más motiva a mi Grupo Parlamentario y creo que es el gran problema
que tiene en este momento la economía española.
Esta comparecencia es un avance, prácticamente, de los presupuestos,
porque se solapan casi en el tiempo, puesto que usted nos liquida una
parte del presupuesto cuando ya está presentado el proyecto de ley del
ejercicio del año que viene. Este año, evidentemente, va a ser un debate
muy político, por las especiales circunstancias políticas y económicas y,
por tanto, dependerá de la generosidad de unos y del rigor de otros. En
este marco de coincidencias, pensando en el bien de la economía
productiva del país, que es la que puede generar los puestos de trabajo,
es donde van a encontrar la disposición de trabajar del Grupo
Parlamentario Catalán.
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Secretario de Estado, mis primeras
palabras serían que si estas variaciones que han existido en el
presupuesto de 1993 existieran en la iniciativa privada, exigirían,
naturalmente, el inmediato cambio absoluto de todo el equipo que lo ha
llevado a efecto. Nosotros creemos que la previsión del Gobierno del
déficit público para 1993 se aproximará al 6 por ciento del producto
interior bruto, exactamente el doble de la sugerida por el Tratado de
Maastricht, superando un montante de 3 billones 680.000 millones de
pesetas.
El déficit previsto para 1994 se ha fijado en el 5,2 por ciento del
producto interior bruto, y esta cifra corresponde a un incremento de
previsión de ingresos del 3,7 por ciento, y una disminución de los gastos
del 1,3. De esta manera el montante del déficit público previsto para
1993 alcanzará los 3 billones 297.000 millones de pesetas. Por tanto, los
presupuestos del Estado para 1994 se presentan poco ambiciosos para los
sacrificios contemplados. Tan sólo se piensa reducir el déficit público
en 380.000 millones de pesetas.
Uno de los objetivos del Gobierno, según nuestro criterio, debe ser el
control del déficit público. La existencia de tan elevado montante de
gastos por encima de los ingresos previstos genera consecuencias muy
negativas para la economía; entre otras, podemos citar que la
financiación del déficit público vía emisión de deuda pública provoca
tensiones sobre los tipos de interés existentes en la economía. El
Estado, al emitir deuda pública, compite con el sector privado en la
captación del ahorro de la economía susceptible de ser invertido, y esto
no es bueno. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
La falta de pago en tiempo y forma, ya lo hemos comentado, traslada las
dificultades financieras del Estado a las comunidades autónomas y a las
corporaciones locales, y ha hemos dicho que solamente la Generalidad
Valenciana ha gastado 3.000 millones de pesetas por intereses de demora
durante el año 1992. Genera también problemas de liquidez a las empresas
acreedoras del Estado, que en estos momentos están atravesando
verdaderamente situaciones en algunos casos dramáticas. Otra cosa quizá
para mí mucho más importante es trasladar a generaciones futuras costes
presentes.
Nos reiteramos en la afirmación de que el control del déficit público
necesita la elaboración de un plan de saneamiento plurianual. El
incremento de impuestos esporádico no basta para reducirlo, sólo sirve
para mitigarlo levemente y a un coste social elevadísimo, destrozando, al
mismo tiempo, las expectativas de los agentes sociales e introduciendo un
clima de desasosiego muy preocupante.
El control del déficit público requiere la adopción de medidas
estructurales, por lo que todas las medidas coyunturales que se apliquen,
como aumento del precio de la gasolina, etcétera, no solucionarán el
problema, más bien al contrario, a largo plazo lo continuarán agravando.
El déficit público se debe abordar desde dos puntos de vista: desde los
ingresos y desde los gastos. Respecto a los ingresos, se debe actuar,
básicamente, luchando contra el fraude fiscal e introduciendo criterios
empresariales en la gestión de las empresas públicas con el fin de
rentabilizarlas o de, al menos, limitar sus pérdidas. Estamos asistiendo
a momentos de verdadero escándalo, con cifras francamente apabullantes,
como son esos últimos 60.000 millones de pesetas de la compañía Iberia.
Pero es en el apartado de los gastos donde se debe librar la auténtica
batalla. Es necesario un mejor control de los gastos superfluos, un
estudio en profundidad de las cuentas de las empresas públicas, de la
ejecución del presupuesto y, por supuesto, una previsión real de los
ingresos y gastos a realizar a lo largo del ejercicio.
Por tanto, propondríamos la aplicación de un estudio auditor a la
liquidación de los presupuestos generales del Estado correspondiente a
1992, sólo conociendo la verdadera realidad económica y sus empresas, las
causas que generan estos continuados déficit y siendo conscientes
del carácter estructural de muchos de estos déficit se podrán controlar.
Hay déficit que pueden ser aceptados, hay algunos que son inaceptables.
No se puede aceptar el incremento tan espectacular de ese capítulo 2 de
gasto corriente. Se podría aceptar déficit en estructuras, se podría
aceptar en inversiones productivas, donde nosotros, como hemos anunciado,
estamos dispuestos a avalar al Gobierno. Desde Unión Valenciana estamos
predispuestos de antemano a que todo aquello que sirva para generar
empleo, para producir riqueza debe contar con el endeudamiento que sea
necesario, se llegue o no se llegue y al que haya que acudir, pero no así
en otros capítulos en los que lamentamos mucho la liquidación que se
avecina de este presupuesto de 1993, que para nosotros sinceramente, y lo
lamentamos, no es de recibo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Almunia, por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Secretario de Estado, yo también quiero
sumarme, en nombre del Grupo Socialista, a la bienvenida, a la
felicitación por su nombramiento y, por supuesto, con la misma sinceridad
que las intervenciones anteriores, mi deseo de que tenga éxito en su
gestión y en los propósitos que la animan.
La verdad es que el comienzo de la gestión del Secretario de Estado y el
comienzo de la legislatura se producen en un momento preocupante, desde
el punto de vista presupuestario. Hay, a lo largo de 1993, una evolución
de déficit peor de la que se había estimado, incluso, poco tiempo antes
de la disolución de la Cámara, del final de la anterior legislatura y,
por tanto, el análisis que estamos haciendo nos debe llevar a todos, por
lo menos así lo ve el Grupo Socialista, a expresar nuestras opiniones,
valoraciones e ideas con más rigor, si cabe, que el que hemos utilizado
en ocasiones anteriores al cubrir este trámite de valorar la ejecución
del Presupuesto.
Para empezar con alguna constatación o alguna precisión de rigor en las
valoraciones, creo que no es lo mismo que el déficit aumente, incluso que
aumente bastante, por encima de las previsiones incorporadas al
Presupuesto inicial del año 1993, con el hecho de que esté fuera de
control. Mi Grupo no cree que el déficit esté fuera de control, y prueba
de que está bajo control, aunque es mayor del deseado, es que la
información que nos trae aquí el Secretario de Estado es una información
precisa, una información que detalla con concreción extrema las causas
que han llevado a ese aumento del déficit. Esa información, además, está
ya desarrollada y ampliada en esta Cámara con el material que el Gobierno
acaba de enviarnos a los parlamentarios para iniciar el debate del
proyecto de Presupuestos de 1994.
No está fuera de control y tampoco es un déficit récord. Yo creo que la
memoria del portavoz del Grupo Popular es escasa. En los años ochenta,
también en estos momentos de recesión --al inicio de la gestión de los
gobiernos socialistas en los años 1983, 1984 y 1985--, el nivel del
déficit, en relación a nuestro producto interior bruto, era similar al
actual. La recesión entonces no fue tan profunda como la actual y, sobre
todo, el peso del conjunto del Presupuesto sobre la economía nacional era
muy inferior a la actual, lo cual hacía más preocupante y más difícil de
atajar y de atacar ese déficit. Por tanto, constatemos la dimensión del
déficit. Hay una evolución menos positiva de lo que hubiésemos deseado.
Analicemos sus causas y los tratamientos, pero no faltemos al rigor y a
la memoria, porque de un mal diagnóstico nunca pueden venir soluciones
buenas.
La causa del déficit, a juicio del Grupo Socialista, y coincidiendo con
lo que ha expresado el Secretario de Estado y también el Ministro de
Economía en la presentación de los Presupuestos, no es, a diferencia de
lo que opinaba el señor Aguirre, el propio gasto público. La evolución
del gasto no genera por sí sola déficit. A la vista está que los mayores
crecimientos de gasto público realizados en nuestro país en los años
ochenta han tenido lugar simultáneamente a una reducción del déficit
público. Es evidente, a mi juicio, que el crecimiento del déficit por
encima de lo presupuestado radica en la recesión y que por ahí debe
empezar nuestro análisis, si queremos encontrar buenas soluciones y
buenos tratamientos.
Mal podía ser la causa del déficit del 6 por ciento del PIB el aumento
del gasto, cuando en países que no han visto, a lo largo de los años
precedentes, aumentar su gasto público sí han visto incrementar su
déficit de forma similar, e incluso superior, al modo en que está
incrementándose en nuestro país. Ahí está el ejemplo de los Estados
Unidos a finales de 1980; el ejemplo de Gran Bretaña a principios de los
años noventa, y el ejemplo de la República Federal, etcétera. Por lo
tanto, tengamos claro, por lo menos ése es el modo de ver del Grupo
Socialista, que atacando la recesión económica, reencontrando una senda
de crecimiento estable y sostenido tendremos una buena parte de las
soluciones que requiere el desequilibrio de nuestro sector público, de
nuestro déficit público.
Es evidente que hay que encontrar esa senda, no sólo por las razones
generales de mayor bienestar y mayor creación de empleo derivadas del
crecimiento, sino porque, a corto plazo, si no se encuentran soluciones
al déficit, nos faltará el ahorro suficiente para invertir y de ahí
encontrar generación de empleo estable. Estaremos presionando al alza los
tipos de interés en una coyuntura en la que podremos aprovechar, si nos
conducimos con moderación, argumentos para reducirlos, y estaremos, en
caso de no atajar la evolución del déficit, ampliando un endeudamiento
que puede hipotecar seriamente en el futuro el equilibrio de nuestro
sector público.
También quería inferir en alguna valoración sobre la composición del
déficit, que creo que es importante analizar. A mi juicio, hay una parte
del déficit, tal como nos ha sido explicado por el Secretario de Estado,
que deriva de la caída de ingresos producto de la recesión, de la caída
de la actividad económica y del empleo, y es posible que de algunos
aprovechamientos de áreas de mayor ocultamiento al fisco por la entrada
en vigor del mercado interior o por otras causas. Ahí apoyaremos, por
supuesto, todas las actuaciones que desde el Gobierno, la
Secretaría de Estado y la Agencia Tributaria se hagan para perseguir y
reducir al posible defraudador. También es verdad que hay otra parte del
déficit que viene derivada de las propias consecuencias de la crisis, con
unos sistemas de protección que por primera vez en una recesión son
dignos de tal nombre, y que actúan al modo en que han venido actuando en
otros países más avanzados que nosotros en el pasado, extendiendo la
protección a aquellos que quedan desprotegidos cuando el crecimiento
disminuye y cuando el desempleo aumenta.
Por lo tanto, a diferencia de lo que parecía he creído deducir de la
intervención del portavoz de Izquierda Unida, que el déficit no va a los
más favorecidos en perjuicio de los menos favorecidos, es al contrario.
En este déficit hay una parte muy importante que precisamente va a
proteger a los más débiles en momentos de recesión, aquellos que no
pueden valerse por sí mismos para reaccionar ante la crisis económica y
sus consecuencias.
En esta presentación que nos hace el Secretario de Estado hay, además,
una exhibición de realismo que es de agradecer. Quizá hubiese sido fácil,
en medio de los casi treinta billones de pesetas que suma el presupuesto
consolidado de todas las administraciones públicas, no darnos todo el
diagnóstico de nuestras enfermedades económicas públicas de golpe, sino
haberlo hecho en dosis más suaves, pero no hubiese sido acertado. Es de
agradecer que por parte del Secretario de Estado se nos presente, igual
que lo ha hecho el Gobierno con el proyecto de presupuestos de cara a
1994, la situación real y a partir de ahí un diagnóstico y unos
tratamientos adecuados.
Nos parece que es bueno que sepamos cuánto déficit tiene el INEM en este
momento y que no critiquemos, sin más, las modificaciones presupuestarias
que puedan llevar a financiar su desequilibrio del pasado a través de los
oportunos créditos extraordinarios, si a la vez no se dice --cosa que
desde luego mi grupo no dice-- que no hay crédito extraordinario porque
se va a suprimir la causa del gasto del INEM, es decir, la protección por
desempleo. Si defendemos una protección por desempleo razonable hay que
asumir las consecuencias en momentos de evolución negativa del mercado de
trabajo y completar las previsiones presupuestarias iniciales. Por lo
tanto, ese realismo de mayor financiación para el pago de prestaciones
por desempleo nos parece razonable y explica una parte muy importante del
déficit que aquí se presenta.
También nos parece sensato y razonable cumplir compromisos, no ya con
esta Cámara, que también, sino con el conjunto de las comunidades
autónomas gestoras del Sistema Nacional de Salud, junto con el Gobierno
de la nación, para financiar desequilibrios del pasado del Instituto
Nacional de la Salud. Por lo tanto, no entiendo tampoco por qué el
portavoz del Grupo Popular se extraña de que en los presupuestos del año
1993 se haya realizado la oportuna financiación del crédito
extraordinario tal como se pactó, financiando la mitad en el primer año
del pacto y las otras dos cuartas partes en los ejercicios de los años
1993 y 1994.
Agradezco al Secretario de Estado el realismo, expreso nuestra
preocupación por el diagnóstico real y le ofrezco la colaboración del
Grupo Socialista para atajar las causas cuando convenga o para adoptar
las medidas necesarias que alleguen recursos que permitan financiar las
desviaciones de gasto derivadas de la recesión.
Contará con el Grupo Socialista y con los miembros del Grupo en esta
Comisión para salir al paso de cualquier frivolidad o banalización del
tratamiento del déficit público, sea por decir que se podía reducir a
cero o por decir que se podía multiplicar por dos; sea por tratar de
emitir unas recetas fáciles diciendo que con suprimir presuntos
despilfarros de lapiceros y papel en algunos ministerios se arregla este
déficit público; sea porque se trate de facilitar soluciones, a mi modo
de ver arbitrarias, diciendo que con el esfuerzo de unos pocos, todos los
demás podíamos librarnos de colaborar en la solución de nuestros
problemas económicos.
Agradezco también, por supuesto, en nombre del Grupo Socialista, la
intervención de algún otro Grupo que ha mostrado su vocación y su
voluntad de acudir a zonas de entendimiento para que entre todos podamos
resolver cuanto antes, y de la mejor manera posible, la situación real
que nos ha presentado el Secretario de Estado de Hacienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Agradezco la
intervención de los distintos Grupos, que nos ha permitido conocer sus
ideas no sólo sobre la liquidación del presupuesto al mes de agosto, que
sería el objeto de esta Comisión, sino sobre toda la actividad
presupuestaria de 1993, incluso algunos adelantos de lo que ha de ser en
1994.
Parece que es imposible, en una discusión sobre la liquidación del
presupuesto, cuando está presentado en las Cámaras el correspondiente a
1994 y cuando se ha anticipado cuál va a ser la liquidación de 1993,
según las previsiones del Gobierno, evitar este tipo de consideraciones,
y por eso voy a responder en términos generales a los distintos
intervinientes.
Debo decir al señor Aguirre que probablemente el Decreto-ley 16/1993, de
1 de octubre, que se publicó el 5 de octubre, es decir, ayer, a través
del cual se derogaba el apartado 2 del artículo 10 al que él se refería,
es un paradigma de lo que está ocurriendo en el año 1994, porque es un
Decreto-ley por el que se concede un crédito extraordinario de 237.000
millones para atender insuficiencias producidas durante 1992 en materia
de gestión por prestaciones de desempleo. En este momento se deroga el
límite del tres por ciento sobre los créditos extraordinarios. Hasta
entonces no se había producido.
Decía que es el paradigma de lo que está ocurriendo porque,
efectivamente, como ha dicho algún Grupo, estamos en una época de gran
recesión económica, estamos en un momento en que los presupuestos del
Estado están actuando en la forma en que aparecen configurados en la
moderna hacienda, como un gran elemento para estabilizar la economía.
Con las cifras del presupuesto que ya conocemos en agosto de 1993 y las
que podemos avanzar para 1994, se puede observar fácilmente que se está
padeciendo y mostrando la crisis económica, que afecta, como no puede ser
de otra manera, a las distintas magnitudes económicas sobre las que está
basado el presupuesto en su área de ingresos. Como consecuencia de ello
hemos visto, al repasar la recaudación obtenida por todos los conceptos,
cómo los ingresos de los distintos impuestos --sobre la renta, sobre
beneficios, sobre el consumo-- son inferiores a los del año anterior.
Por el lado de los gastos se produce --algún grupo parlamentario lo ha
llamado desbordamiento-- un aumento, claramente no de forma
indiscriminada, sino que es un aumento de los gastos producidos por los
efectos de la crisis. La crisis necesita una actuación del sector público
que sin duda es más importante que la que se realiza en otros momentos y
hay un aumento considerable del gasto público.
Este gasto público, como ha dicho el representante del Grupo Socialista,
también se realiza para determinados fines. No es un aumento
indiscriminado del gasto público, sino más bien hay que considerar que el
presupuesto español, en lo que es la gestión normal del mismo, es muy
ajustado. Se habla normalmente del capítulo 2 del presupuesto del Estado,
de los crecimientos, etcétera, pero estoy seguro de que todas SS. SS.
saben que este capítulo es el más bajo que hay, en porcentaje de PIB, de
la Comunidad Económica Europea y, por tanto, también que durante los
últimos años se ha venido haciendo una limitación muy importante de este
presupuesto. En cualquier caso, la pequeña cuantía de este capítulo casi
carece de importancia si no la tuviese quizá a efectos educativos. Por
eso digo que el incremento se ha producido en determinados gastos: gastos
en desempleo, gastos en sanidad, gastos en Seguridad Social, gastos en
pensiones, etcétera.
Por otra parte, este fenómeno ocurrido entre los años 1992 y 1993 no se
produce sólo en España, sino también en todos los países. Por ejemplo, el
déficit de Alemania, que era del 2,7 por ciento en el año 1992, pasará en
1993 al 4,8; el déficit de Francia, que era el 3,9 en 1992, pasará al 6
por ciento en 1993; el déficit de Italia, que ya era en 1992 el 10 por
ciento, subirá al 10,3 por ciento; el déficit del Reino Unido, que era el
6,2, subirá al 8,6 por ciento; el déficit de Canadá subirá del 6,6 al 7
por ciento. Es decir, lo que está ocurriendo en España no es una
peculiaridad del sistema español, sino que es lo que está pasando en los
países industrializados. Estamos asistiendo a una grave crisis económica
que afecta a todos los países industrializados. En todos ellos, durante
el año 1992, hemos asistido a un fenómeno de aumento del déficit
presupuestario porque, como digo, no puede ser de otra manera. Bajan las
bases sobre las que están establecidos los ingresos, aumentan las
necesidades sociales y hay que proveer a las mismas.
Por eso el crecimiento del déficit en 1993 --las cifras que llevamos
hasta agosto y según las que ya podemos avanzar de 1992-- no puede
considerarse sino en relación a los demás países europeos. En
consecuencia, creo que no es exacto señalar que la labor de los distintos
Gobiernos socialistas, con relación al déficit, ha sido una actuación de
constante crecimiento del déficit económico.
En términos de Caja se puede saber que el déficit, que en 1982 era del
5,3 por ciento, ha ido decreciendo hasta el año 1989, que fue el 1,7 por
ciento. Ha habido una gran actuación de los distintos Gobiernos
socialistas encaminada a la reducción del déficit. El déficit crece en
1990 al 2,3, en 1991 al 2,5, en 1992 al 3,2 y al 6 por ciento en 1993.
Por tanto, no hay una actuación de aumento del déficit. Esto es un
acompañamiento de lo que ha sido la crisis económica. Este año 1993 es el
primero en que, en términos presupuestarios, la crisis se muestra de una
forma más clara.
Sin embargo, ello lleva al país, a pesar de las nuevas necesidades de
endeudamiento para financiar el déficit que se va a generar en el año
1993, a un aumento de dicho endeudamiento, como hemos visto
anteriormente; me parece que era en relación a una pregunta que me hacía
el señor Homs. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ya que, a
pesar de ello, tanto en el año 1992, como en 1993, incluso en 1994, los
índices de endeudamiento de España, de todas las Administraciones
públicas y del Estado, están muy por debajo de la media europea y del
límite exigido por los acuerdos de Maastricht. No se puede entender de
ninguna manera que España es un país en quiebra, sino todo lo contrario.
A pesar de la crisis económica, gracias a las actuaciones realizadas en
años anteriores, estamos en condiciones de afrontar esta grave situación.
Esta grave situación nos lleva a contemplar, para este año 1993, un
déficit, en términos de caja, del 6 por ciento y, sin embargo, en los
presupuestos para 1994, a los que se ha hecho referencia, hay un enorme
esfuerzo para la disminución de este déficit. Este déficit para el año
1994, en comparación con las previsiones de liquidación para 1993, supone
una disminución del 1,3 por ciento, que el señor González Lizondo
consideró que era moderada; pero si descontamos los pagos en intereses y
los pagos a las administraciones --absolutamente necesarios-- se
convierte en una disminución del presupuesto del 8,1 por ciento, que sin
duda es un descenso muy importante y que supone una labor presupuestaria
igualmente importante.
Hay, además, otra serie de actuaciones que casi no se pueden considerar,
que hacen referencia a la utilización de datos no exactos o técnicas
contables no correctas. Yo creo que no se produce eso en ningún caso.
Todas las técnicas que se utilizan son correctas y los déficit se
contabilizan siempre en la contabilidad nacional en el momento y lugar en
el que se producen. Nunca hay una desviación de déficit de un año para
otro. Cuestión diferente es en términos de caja cuando estos déficit se
pagan y cuáles son los efectos internos, pero bien sabe el señor Aguirre
que a efectos económicos lo que tiene importancia son los datos
económicos. Estos datos los pone de manifiesto la contabilidad nacional y
cada uno de los
déficit o cada uno de los gastos tiene su registro en el momento en el
que los gastos se producen. Por ello cuando decimos que en este momento
se están financiando los déficit del INEM de los años 1991 ó 1993 o las
deudas del Insalud de tal o cual año, estas deudas han sido siempre
recogidas en la contabilidad nacional exactamente en el año en que se
producen. No hay ninguna actuación, ni siquiera ocurrente, contable sobre
este particular. La contabilidad refleja exactamente lo que ocurre en
cada uno de los casos.
Por lo demás, el señor Diputado hacía referencia a que el presupuesto no
había cumplido los objetivos que tenía planteados. Creo que en el momento
en que nos encontramos --ya se lo decía en mi intervención anterior en
relación con este asunto-- es difícil hacer consideraciones a mitad de
año sobre cuál es la ejecución del presupuesto. Ha hecho S. S. referencia
a los distintos grados de ejecución de los créditos cuando son créditos
del capítulo 2 o cuando son créditos de los capítulos 6 ó 7, pero esto es
algo que se normaliza cuando se contempla la gestión del presupuesto a lo
largo de todo el año, porque las fases, los ritmos de gestión de cada uno
de los presupuestos del Estado son distintos.
En el año 1993 las necesidades que se han presentado al presupuesto son
tan importantes que ha sido preciso atenderlas mediante la
correspondiente financiación. Por ello se han habilitado los créditos
extraordinarios correspondientes para financiar todos los gastos a los
que anteriormente he hecho referencia.
Por tanto, globalizando todas estas intervenciones, que creo que todas
han incidido en la misma dirección, habremos de decir que durante el año
1993 la gestión del presupuesto que se realiza está haciendo frente a la
situación económica que se ha planteado, con una disminución de los
ingresos y un aumento de las necesidades a financiar, igual que está
ocurriendo en el resto de los países europeos, lo que sin duda va a
llevar al presupuesto del Estado a un déficit, en términos de caja, del 6
por ciento, en términos de contabilidad nacional del 6,2 por ciento en
1993. Es un déficit muy preocupante, es un déficit que afecta de forma
importante al endeudamiento del país y, por tanto, al efecto que el
endeudamiento del país produce en los distintos equilibrios económicos.
Por ello, en el presupuesto de 1994 se contienen una serie de medidas
importantes para tratar de controlar y solucionar los problemas
presupuestarios y económicos que durante el año 1993 se están poniendo de
manifiesto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir para un único y breve
turno? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, el problema de las
prácticas de ejecución presupuestaria que se viene detectando en la serie
que me ha parecido oportuno traer hoy aquí, es la serie que se construye
en los primeros años de la década de los noventa. Evidentemente, con los
datos que usted nos ha facilitado del déficit, lo llame usted
acompañamiento de la crisis, o como quiera calificarlo, el crecimiento
del déficit es el que es, el que usted ha mencionado y el que yo he
mencionado en otro tipo de cifras.
El problema estriba fundamentalmente, señor Secretario de Estado, en que
ustedes hacen unos presupuestos en el marco de unas previsiones
absolutamente irreales que luego, además, no se cumplen. Mi Grupo se ha
cansado de hablar de estas previsiones; vamos a insistir en poner de
manifiesto que las previsiones que ustedes realizan después no se cumplen
nunca. Podríamos traer aquí la famosa frase que en su día pronunció el
anterior Ministro de Economía, que venía a decir, cuando se criticaban
estas previsiones aquello de: Me lo creo yo y basta. Bueno, si se lo
creen ustedes y basta..., lo que pasa es que después los hechos
demuestran exactamente todo lo contrario en materia de previsiones, y no
digamos cuando hacen ustedes los cuadros macroeconómicos en los que
sustentan la estructura del presupuesto. Por tanto, el problema reside
ahí: ustedes hacen unos presupuestos que no están de acuerdo con la
realidad económica del país, y a las pruebas nos remitimos.
Mi Grupo no se extraña de que haya que financiar la deuda del Insalud,
evidentemente que hay que financiarla, lo que ocurre es que si ustedes
utilizan el tratamiento contable que utilizan lógicamente están
maquillando el déficit, porque, ¿podría usted contestarme cómo se van a
devolver esos préstamos por parte del Insalud o por parte de otros
organismos autónomos? Yo le insisto, si esos préstamos no se van a
devolver, tarde o temprano esa deuda ustedes la tendrán que aflorar como
déficit. Recuerdo aquella ocasión en la que el anterior Director General
de Presupuestos vino a afirmarnos en esta misma Comisión, en la
legislatura pasada, que en torno a la deuda concreta del Insalud no se
tenía detectado el volumen de la deuda ni a qué ejercicios contables
pertenecían, y se desconocía también el nombre y la relación de los
deudores. Traigo aquí una frase, que no es aislada ni sacada de contexto,
del Avance sobre la actuación económica y financiera de las
Administraciones públicas de julio de 1993 en que se habla de estas
transferencias y se dice: dichas transferencias no se pueden imputar a
ejercicio en el cual se ha generado la insuficiencia de financiación
porque «a priori» se desconoce el año y se desconoce el importe. Por
tanto, claro que hay que financiar esas deudas, pero dígamos usted cómo
va a devolver la Seguridad Social estos préstamos. Si no los va a
devolver, está claro que estamos ante un mayor déficit y un maquillaje de
cifras. Y no voy a entrar en si ha de calificarse la situación del
déficit de control o descontrol. A mí me parece que ésta es una frase en
la que coinciden infinidad de informes en los que están haciendo
valoraciones sobre el carácter del déficit, y el tiempo demostrará si
está controlado o no está controlado. Dese luego, en estos últimos cuatro
años este déficit está absolutamente descontrolado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
Lo fácil que hay en la economía siempre es ver lo que ha pasado y cómo
tenemos el presente. Lo difícil, lo de la prueba del diez, es establecer
las propuestas para evitarlo en el futuro. En ese sentido es en el que
nosotros creemos que está nuestro diferencial de la crisis. Siempre se
hace referencia a la crisis en el mundo, la crisis europea, esta crisis
que a todos nos afecta, pero ¿y el diferencial nuestro? Porque hay
parámetros específicos nuestros y hay parámetros que son generales y la
situación de nuestro déficit queda en una situación determinada,
reconociendo que el endeudamiento en los países europeos la media europea
está por encima de nosotros, reconociendo todo eso, pero la situación de
desempleo y la situación de capacidad productiva también se encuentra en
otro parámetro.
Por lo tanto, a mí me hubiese gustado que en esta liquidación nos
hubiéramos equivocado. Pero es que ustedes siempre parten de unas
previsiones, de unas cifras, de unas valoraciones macroeconómicas que no
se han cumplido en los últimos años que yo he podido seguir, ni en el
crecimiento económico del país, ni en las bases de inflación, ni en la
posibilidad de inversión privada ni en el déficit público. Se parte de
una previsión después de analizar una realidad determinada, y los caminos
por los que hemos andado no han ido por ahí.
Usted ha venido a decir que el déficit se ha provocado porque nuestras
necesidades son mayores que las previsiones, y prácticamente se centra el
déficit público en una evolución complicada, el desempleo y algunas
atenciones sociales que hemos tenido que hacer. Y no es así. Mientras
funcione la caja única, todos los elementos del gasto van a componer la
proyección final de ese déficit, y, por tanto, las prioridades en el
gasto, la forma de gastar, las decisiones de algunas actuaciones también
se suman para este déficit, e indudablemente en algunos casos podemos
tener equis elementos de carácter social, pero no todos. ¿Y la diferencia
de ingresos? ¿Y la previsión de los ingresos? Porque también ha añadido
no las necesidades del gasto, sino la falta de previsión en los ingresos.
¿Es que todo está provocado por las empresas y por el desempleo? No. Hay
más. Yo le hacía referencia al tema del fraude fiscal, a la necesidad de
planificar y programar de una manera determinada actuaciones hacia ello.
Yo le había hecho una petición al Presidente de la Comisión y la voy a
reiterar a usted la idea de conocer las previsiones regionalizadas de las
inversiones y las liquidaciones y de evolucionar en la liquidación
presupuestaria de una manera muy transparente. Las perras públicas, los
dineros públicos tienen que ser muy transparentes en la devolución.
Con la cibernética y la robótica incorporada, yo no diría que con una
tarjetilla todos supiéramos cómo va la Intervención y cada partida cómo
ha estado contraída. Hay países que lo tienen, de los países con los que
nos comparamos para algunas cosas, hay países que tienen ese control
presupuestario.
Aquí, siempre que hacemos una liquidación, o, por lo menos, las que yo he
visto, son siempre de macrocifras. Pero la evolución concreta no la
seguimos.
En ese sentido, nosotros vamos a invertir tiempo en hacer un seguimiento
y a pedir el máximo de transparencia en la ejecución durante todo el
ejercicio y también al final del propio ejercicio, y en este sentido
decíamos que las previsiones originales no se han cumplido, el
presupuesto no ha servido para lo que se estableció, y ahí es donde
creíamos que no se cumplía el objetivo final, que nunca son cifras o
macrocifras económicas, sino que tienen objetivos y valoraciones
políticas. Los presupuestos son el instrumento más político que se hace
desde un Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Yo creo que
el tema de la bondad de las previsiones está en las dos últimas
intervenciones. Es lo cierto que en una época donde la movilidad
económica ha sido tan importante como en los últimos años, las
previsiones que se han realizado no sólo por el Gobierno, sino por todos
los gobiernos, también por las organizaciones internacionales, todas las
previsiones han fallado en alguna parte. Eso no es una novedad. Lo que sí
es importante de todas las maneras son las actuaciones que se realizan
además de estas previsiones, y, en ese sentido, yo creo que hay
diferencias importantes entre lo que se dice por los distintos grupos.
En relación a lo que decía el señor Aguirre sobre el maquillaje del
déficit, le digo que no hay tal maquillaje. Creo que el señor Aguirre
confunde dos términos, los de contabilidad presupuestaria. En
contabilidad presupuestaria el déficit se pone de manifiesto cuando se
realiza el gasto y en ese ejercicio no se financia el déficit, eso forma
parte del término de contabilidad nacional. Después, a lo que creo que se
refiere es a términos de contabilidad patrimonial, porque lo que ocurre
es que con este préstamo el Estado tiene un anticipo sobre la Seguridad
Social --creo que eso es a lo que se refiere-- y este préstamo se pagará
o no, pero tendrá efecto sobre el patrimonio del Estado y no sobre el
déficit, porque ya le digo que esto ya ha sido recogido en los déficit
correspondientes.
Lo que he leído del informe económico-financiero se refería a una
cuestión muy especial, a un caso donde se dan unas circunstancias muy
especiales, donde la Intervención dice que en ese caso no se siga la
regla general, que es imputarlo al año en que se devengan, porque no se
sabe a qué año hay que imputarlo; es un caso especial éste al que se
refería.
En fin, lo importante es que yo creo que no se puede decir que hay un
maquillaje contable del déficit; eso no puede courrir. Además, la
contabilidad que se realiza por la Administración del Estado está
sometida a unas reglas normalizadas europeas, a través del SEC; se
utilizan los criterios normalizados en todos los aspectos y, desde luego,
no hay maquillaje del déficit. Hay déficit, pero no hay maquillaje del
déficit, que creo que son cosas diferentes.
Por tanto, insisto en que creo que no existe un descontrol --ya me decía
el señor Diputado que a lo mejor eso no era lo importante; si el déficit
estaba controlado o descontrolado parecía que no le importaba mucho--, el
déficit está controlado, en el sentido de que es perfectamente conocido y
está perfectamente contabilizado. Además, debemos señalar que también
podemos considerar --y creo que es lo más importante de todas las
consideraciones con respecto al déficit-- que se están poniendo los
medios para la reducción del déficit en el Presupuesto del Estado.
Y paso a hacer referencia a las medidas que se instrumentan en el
presupuesto del Estado para 1994.
Señor Ríos, en cuanto al tema de las previsiones económicas sobre las que
se basan los presupuestos, le digo lo mismo que le decía al señor
Aguirre, que, efectivamente, se hacen unas previsiones económicas, y las
previsiones económicas, aunque también configuran la realidad, siempre
tienen un elemento de incertidumbre importante, que, además, es mucho más
acusado en épocas de inestabilidad como las que estamos viviendo.
Sin embargo, creo que el hecho de que las previsiones no se hayan
producido no puede impedir el analizar cuál ha sido la dirección en que
se ha movido el presupuesto para resolver problemas que estaban
planteados. Ahí es donde les decía que, efectivamente, los objetivos
fundamentales creo que se cumplen a través de la acción presupuestaria.
Efectivamente, en su intervención anterior hizo una referencia a la
actuación contra el fraude y, como en este sentido nada le dije,
aprovecho esta intervención para decirle que sí se realizan unas
actividades importantes en la lucha contra el fraude en sus efectos
fiscales y en su aspecto económico más general. Sobre el fraude fiscal,
ya conoce el señor Diputado cómo, a partir del mes de julio, se va a
realizar un plan especial de actuación fiscal con respecto al impuesto
sobre el valor añadido que, como hemos visto en el examen de las cifras
de ingresos en la primera parte de mi intervención, muestra unas cifras
de caída de recaudación muy importantes en este año 1993, y por ello
respecto a este impuesto se va a realizar una actuación especial de la
Administración tributaria para la lucha contra el fraude fiscal, para
tratar de controlar también todas las operaciones de las importaciones,
que en este año 1993 tienen un régimen de declaración diferente,
etcétera.
Se está llevando a cabo el trabajo de regionalizar las inversiones
referidas al presupuesto para 1992 --creo que hay una petición suya en
ese sentido--, la intervención General está trabajando en esta dirección
y en este mes de octubre o a principios del mes de noviembre tendremos el
presupuesto para 1992 debidamente regionalizado.
Sin duda, la exigencia de máxima transparencia en la gestión del
presupuesto es algo inherente al propio presupuesto. El presupuesto debe
tener máxima transparencia, desde luego lo tiene para la Administración
del Estado y también lo tendrá para esta Cámara a través de las
comparecencias de este Secretario de Estado, que se irán realizando en
los momentos oportunos y donde aportaremos esta información y, si por el
Presidente se me indica, cualquier otra información sobre la gestión
presupuestaria que se estime importante por esta Comisión. (El señor
Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Brevísimamente, señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, al Grupo Popular le ha
quedado una duda de la exposición y querría despejarla, si es posible, a
través de una simple pregunta.
En su exposición, señor Secretario de Estado, nos decía que el
Decreto-ley deroga el artículo 10.5. No me ha quedado claro si deroga
exclusivamente el párrafo segundo o deroga los párrafos primero y
segundo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Se lo voy a
leer.
«Quedan derogados los párrafos primero y segundo del apartado 5 del
artículo 10 de la Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Estado para
1994.»
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado, por su
comparecencia.
Hay Grupos que han planteado preguntas a las que el señor Secretario de
Estado está dispuesto a contestar por escrito, como el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y no recuerdo si también el
Grupo Parlamentario Popular.
La Mesa y la Presidencia recogen la iniciativa del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, contestada por el señor Secretario de Estado en el
sentido de un mayor detalle en la regionalización de las inversiones. Me
comprometo a plantear a los Grupos una modificación, que creo que es una
leve modificación, de las normas por las que se rigen las comparecencias
del Secretario de Estado, de acuerdo con la buena disposición que el
propio señor Martínez Robles ha manifestado en relación con ese tema.
La Mesa ha acordado levantar la sesión por cinco minutos; un pequeño
descanso que ruego nos perdone la Interventora General de la
Administración del Estado. (Pausa.)
--COMPARECENCIA, A PETICION PROPIA, DE LA SEÑORA INTERVENTORA GENERAL DE
LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (ESTESO RUIZ), PARA INFORMAR SOBRE LAS
CUENTAS ECONOMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (EN APLICACION DEL
ARTICULO 126.e DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA), CORRESPONDIENTES A LOS
AÑOS 1990, 1991 Y 1992. (Número de expediente 212/000022.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados,
comenzamos la comparecencia de la Interventora General de la
Administración del Estado
Como ya tuve ocasión de informar al comienzo de esta sesión, la petición
de comparecencia, relacionada con las cuentas del Instituto Nacional de
Empleo, fue solicitada en su día por el Grupo Parlamentario Popular. Por
las dificultades reglamentarias de constitución de la Comisión a que hice
referencia, hicimos gestiones cerca de la Interventora General para que
formalmente una comparecencia que había sido solicitada por el Grupo
Popular lo fuera por ella y así podíamos operar con mayor agilidad y
urgencia, señalándoles que a partir de ahora y después de la delegación
que la Comisión ha hecho en la Mesa y los portavoces, este tipo de
actuaciones serán innecesarias. En todo caso, quiero agradecer a la
Interventora General su buena disposición para dar ocasión a que la
comparecencia tuviera lugar.
Como, por un lado, desde el punto de vista real, la comparecencia fue
solicitada por el Grupo Parlamentario Popular y desde el punto de vista
formal es solicitada por la Interventora General, la verdad es que estoy
en la duda de cómo ordenar el debate, si, utiliza el turno en primer
lugar la Interventora General o si lo hace quien realmente había
solicitado la comparecencia, que era el Grupo Popular. Si han llegado a
un acuerdo, yo pongo en práctica el acuerdo. (Pausa.) Como han llegado a
un acuerdo la señora Villalobos y la Interventora General, tiene la
palabra la Interventora General.
La señora INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): Señor Presidente, efectivamente hemos llegado al acuerdo de que se
haga por mi parte una exposición inicial, en virtud de esta comparecencia
que se ha solicitado a la Interventora General de la Administración del
Estado para informar sobre las cuentas económicas del Inem
correspondientes a los ejercicios de 1990, 1991 y 1992 y que en virtud de
lo establecido en la Ley General Presupuestaria, artículo 126, de todos
conocido, corresponde elaborar a este centro para todo el sector público
de España.
Mi exposición pretende, sobre todo, antes de pasar a explicitar las
cuentas, recordar a SS. SS. algunas precisiones metodológicas que
considero bastante interesantes para poder comprender mejor,
precisamente, la elaboración de estas cuentas.
La Intervención General de la Administración del Estado en España, como
en los demás países comunitarios, aplica para dicha elaboración, la
metodología establecida por el Sistema Europeo de Cuentas Económicas
Integradas, que recientemente en la intervención del Secretario de Estado
de Hacienda se ha citado. Su intérprete oficial para España es el
Instituto Nacional de Estadística. La aplicación de esta misma
metodología para todos los países comunitarios es lo que nos permite la
comparación de la información económica de los distintos países, dadas
las diferencias en las leyes financieras de unos y otros. Según dicho
sistema, el sector público sabemos que se identifica en cada país con el
conjunto de unidades administrativas que forman parte de las
administraciones públicas; de ahí que queden fuera, por tanto, empresas
públicas e instituciones financieras públicas. El Instituto Nacional de
Empleo, objeto de esta comparecencia, es parte de dichas administraciones
públicas y por convención de este Sistema Europeo de Cuentas forma parte
del subsector Administraciones de la Seguridad Social. Hay que decir que
el criterio de adscripción de un agente a un sector se basa,
precisamente, en la naturaleza de las funciones que realiza y no en la
forma jurídica que pueda arropar uno u otro agente.
Para el conjunto de todas las administraciones públicas y también para
cada uno de los agentes se establece la elaboración de seis cuentas: de
producción, explotación, renta, utilización de renta, cuenta de capital y
cuenta financiera. Los saldos de cada una de ellas son de interés para
todo el conjunto de las administraciones, pero evidentemente, para una
unidad administrativa como el Inem, los saldos más importantes son los de
la cuenta de utilización de renta, cuyo saldo es el ahorro o desahorro
bruto, y la cuenta de capital, cuyo saldo es la capacidad o necesidad de
financiación.
Los componentes o rúbricas de cada cuenta --esto también son precisiones
metodológicas que me parece interesante resaltar-- se elaboran, por
supuesto, en base a la información contable que se deriva de cada uno de
los organismos que componen las administraciones públicas, con los
siguientes criterios para todos ellos. Se han de recoger todas las
operaciones que se realicen en el ejercicio considerado,
independientemente de cuál sea su registro contable. Esto quiere decir
que la contabilidad nacional toma en cuenta, por tanto, las operaciones
presupuestarias y las extrapresupuestarias, en cuanto recojan gastos e
ingresos que tengan efecto en el correspondiente ejercicio. Otro aspecto
importante es que la contabilidad nacional es una contabilidad de flujos
en términos económicos, y por esto se identifica la fase de ingreso y
gasto con la de obligaciones contraídas y derechos reconocidos, y no con
la de pagos y recaudación. Evidentemente hay algunas operaciones,
normalmente extrapresupuestarias en las cuales coincide la fase
obligación-pago, contracción del derecho y recaudación, y en ese caso la
contabilidad nacional recoge la fase ingreso y pago.
Por otra parte, es importante también destacar, en cuanto a la
elaboración de las cuentas nacionales, que cuando se recogen las
operaciones de un ejercicio, por ejemplo el ejercicio n+l, y si en ese
ejercicio tiene efecto un ajuste, un apunte contable que ha tenido efecto
también en el año anterior en otra de las cuentas, y por tanto ha sido
recogido ya por la contabilidad nacional, en el ejercicio n+l hay que
proceder al ajuste de eliminación de esa cantidad, de esa partida que ya
ha sido contabilizada en el año anterior. El caso más concreto que es
conocido por SS. SS. es, por ejemplo, cuando se concede un anticipo de
tesorería en un ejercicio, una operación extrapresupuestaria de un
ejercicio. Contabilidad nacional recoge esa operación, tanto si es un
ingreso como si es un gasto, y si en el ejercicio siguiente se produce la
incorporación del crédito presupuestario para reponer ese gasto que se
hizo extrapresupuestariamente el año anterior, hay que
eliminar de este saldo presupuestario del correspondiente ejercicio n+l
esa operación que fue contabilizada el año anterior. Es decir, de alguna
manera, se trata de que la contabilidad nacional no puede recoger dos
veces un mismo gasto o un mismo ingreso. Si lo ha recogido en un
ejercicio «n», ha de anularse cuando se incorpore al ejercicio n+l en
otra de las cuentas que se recogen también en contabilidad.
También se produce un efecto importante en la contabilidad nacional y es
la necesidad de eliminar operaciones internas entre agentes que
pertenecen a un mismo sector. Es decir, dentro de administraciones
públicas sabemos que existe Administración del Estado, organismos
autónomos, Seguridad Social. El efecto externo del conjunto del sector se
recoge anulando las transferencias internas entre los distintos
componentes del sector. Otro aspecto importante es que el déficit o
superávit de un sector o agente se identifica con la necesidad o
capacidad de financiación, que, como acabo de decir, es el saldo de la
cuenta de capital. Este saldo se produce por la agregación de todos los
ingresos de carácter no financiero, en su fase de derecho reconocido,
restando de ello la del conjunto de los gastos no financieros. Este es el
dato que produce la necesidad o capacidad de financiación de un agente o
de un sector globalmente considerado. Este saldo, además, coincide con el
de pasivos menos activos financieros, y de esta manera se cierra el
circuito de la contabilidad. Este déficit a que me acabo de referir se
puede calcular también de otra manera, y es con el conjunto de los
ingresos y gastos presupuestarios y extrapresupuestarios de un agente y
sobre ellos realizar unos ajustes que determina el Sistema Europeo de
Cuentas Económicas. La coincidencia de las cifras nos permite contrastar
que tenemos bien realizadas las cuentas. Estos ajustes suelen ser de
alguna importancia en la Administración del Estado por la propia
complejidad del agente, pero son de poca relevancia en otros organismos
de las administraciones públicas de más sencilla organización y
funciones. Lo veremos en el caso del Inem.
En todo caso, quiero decirles también que en el último avance de
actuación económico-financiera de las administraciones públicas para
1992, que fue publicado por la Intervención General en julio de este año,
se recoge ya un apéndice precisamente explicativo del cálculo de esa
necesidad de financiación para cada uno de los agentes de las
administraciones públicas. Lo hemos incorporado por primera vez
precisamente para conseguir aumentar la transparencia de la elaboración
de las cuentas públicas en su fase de contabilidad nacional.
Una vez hechas estas precisiones, que espero no hayan sido muy largas,
vamos a pasar a las cuentas correspondientes al Instituto Nacional de
Empleo, que es el motivo de la comparecencia, que como organismo autónomo
de la Administración del Estado, se integra en el sector Administraciones
Públicas y que, como dije también antes, por la naturaleza de sus
funciones, integra sus datos en el subsector Administraciones de la
Seguridad Social. Voy a dejar depositadas en la Presidencia, por si
fueran de interés de SS. SS., las seis cuentas a que hice referencia
anteriormente para el Instituto Nacional de Empleo, referidas a los tres
ejercicios, 1990, 1991 y 1992. Las cifras que en ellas figuran se
refieren a datos ya definitivos para 1990 y 1991 y datos aún
provisionales para 1992. Asimismo, en el conjunto de información que
deposito, también dejo un pequeño documento donde, a partir de la otra
fórmula de calcular el déficit, o sea, ingresos globales-gastos globales
menos o más ajustes de contabilidad nacional, llegamos al mismo dato de
déficit o superávit, es decir, necesidad o capacidad de financiación para
cada uno de los ejercicios. Las dos fórmulas de calcular este saldo
figuran en estos dos documentos que dejo aquí depositados.
Como SS. SS. conocen perfectamente, la contabilidad de los organismos
autónomos es competencia del propio organismo desde 1986. Su director o
presidente es el cuentadante de las cuentas, que remite al Tribunal de
Cuentas por conducto de la Intervención General y que forman parte de la
Cuenta General del Estado. En base a la contabilidad que reflejan dichas
cuentas, es decir, las remitidas oficialmente por el organismo, más los
ajustes que voy a comentar a continuación, la Intervención General de la
Administración del Estado elabora las cuentas económicas del Inem que voy
a dejar aquí.
Los ajustes que producen ¿por qué? Por las relaciones que se establecen
entre el Inem, el Estado y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Por eso, es necesario realizar ajustes. Todos sabemos que las
prestaciones por desempleo gestionadas por el Inem se hacen efectivas a
través de la Tesorería General de la Seguridad Social, a excepción de las
prestaciones relativas al Régimen Especial Agrario. A su vez, la
Tesorería General de la Seguridad Social recauda por cuenta del Inem las
cotizaciones por desempleo y las cuotas de formación profesional.
En los tres últimos ejercicios, también es de todos conocido, las
prestaciones por desempleo que ha tenido que afrontar la Tesorería
General de la Seguridad Social han sido superiores a los recursos
obtenidos por cotizaciones de desempleo y por transferencias del Estado.
La contabilización que dejo depositada y, por tanto, los datos de
prestaciones de desempleo de los ejercicios de referencia se obtienen,
precisamente, de los pagos que por tal concepto efectúa la Tesorería
General de la Seguridad Social, más las prestaciones del Régimen Especial
Agrario que, como todos conocemos, se recaudan a través de la cuenta
corriente del Instituto en el Banco de España.
Existen algunas diferencias entre las prestaciones por desempleo que
recoge o contabiliza la Tesorería General y las que nos encontramos
contabilizadas en el presupuesto del Inem cuando recibimos oficialmente
esta información en la Intervención General, tanto por vía presupuestaria
como extrapresupuestaria. Esto es debido --también conocido por SS. SS.--
a la falta de conciliación que existe, a veces, entre estos dos
organismos, el Inem y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Cuando la contabilidad nacional, como dije antes, debe recoger los gastos
y los ingresos reales del ejercicio y se encuentra con alguna diferencia
entre la prestación recogida o contabilizada por la Tesorería General de
la
Seguridad Social y la contabilizada por el Inem, en la realización de la
contabilidad nacional utilizamos el dato de la Tesorería General de la
Seguridad Social, y ello porque es el más próximo al momento en que se ha
pagado la prestación y, por lo tanto, ha figurado como contrapartida en
las cuentas de las familias. Naturalmente, al final, todo tiene que
cuadrar y la contabilidad nacional es un circuito cerrado: si hay un
agente pagador, hay otro agente receptor. Por tanto, en el mismo
ejercicio en que la prestación ha sido recogida en las cuentas de la
Tesorería, que es quien primero recibe la información, y por esa misma
cuantía, lo han recibido las familias y es contabilizada en las cuentas
nacionales llamadas sector Hogares. Por eso digo que si hay alguna
diferencia, que las suele haber, entre los datos ofrecidos por la
Tesorería General y la contabilidad derivadas del Instituto, entendemos
que es debida a la falta de conciliación y damos preferencia a la
Tesorería General de la Seguridad Social, porque, repito, el dato es más
próximo al momento del pago de la prestación.
Las prestaciones por desempleo --se ha hablado que es donde se han
producido las diferencias en los años anteriores-- junto con todo el
resto de gastos del Inem, como los de funcionamiento y otros gastos como
ayudas de fomento al empleo, sabemos que se financian, en primer lugar,
por los ingresos de cotizaciones, por las transferencias del Estado, y,
en segundo lugar --en estos últimos años ha sucedido así--, por el
crédito del Inem frente a la Tesorería por los descubiertos que se han
ido produciendo en cuenta corriente. Esta ha sido, digamos, la
consecuencia.
¿Cómo figuran estos descubiertos en la contabilidad de los dos
organismos, Inem y Seguridad Social? Figuran como un pasivo financiero
del Inem --por tanto, entre sus cuentas financieras-- y como un activo
financiero del sistema de Seguridad Social contra el Inem. Naturalmente
cuando hacemos la cuenta de las Administraciones de la Seguridad Social
estas dos operaciones se anulan, porque es ingreso de una y gasto de
otra, en cuanto a operaciones financieras.
La necesidad de financiación del Inem, que encontrarán aquí y que voy a
comentar en seguida, se ha elaborado, por tanto, aplicando la metodología
establecida en el SEC, con los principios que dije al inicio, en el
Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas, y se ha aplicado a la
liquidación del presupuesto del Inem, presupuesto y operaciones
extrapresupuestarias, y a todos los datos derivados de la cuenta
corriente de la Seguridad Social. A efectos de la contabilidad nacional,
de la misma manera que he dicho que utilizamos la información base
derivada de la Tesorería, también hay que decir que las prestaciones de
desempleo, que es el dato que nuevamente nos preocupa, se consideran
recogidas y contabilizadas en el año en el cual se han pagado por la
Tesorería. También puede suceder, y lo vamos a ver en el año 1992, que en
el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo figuren unos gastos
presupuestarios por obligaciones extrapresupuestarias de años anteriores,
y esto tiene que dar lugar, cuando realizamos la contabilidad nacional, a
anulaciones de esos gastos, porque ya han sido considerados gastos por
parte de los correspondientes ejercicios en que se produjeron las
obligaciones extrapresupuestarias, por lo que digo de que utilizamos la
información básicamente de la Tesorería de la Seguridad Social y además
porque se registran también las operaciones extrapresupuestarias. Si en
un ejercicio, como veremos en 1992, se produce una anulación de esas
obligaciones extrapresupuestarias y se genera crédito y pago en el
presupuesto del Inem, como esto significaría una duplicación de datos de
gasto si no los elimináramos, en este ejercicio de 1992 se eliminan. De
todas maneras ahora veremos la cifra.
En cuanto a las cotizaciones, exactamente lo mismo, utilizamos el dato
base de la Tesorería de la Seguridad Social, porque es la que en primer
lugar recauda las cuotas y posteriormente realiza las conciliaciones con
el Instituto Nacional de Empleo, pero el momento más próximo a la
recaudación de la cuota es el que recoge la contabilidad de la Tesorería
de la Seguridad Social. Por esto, en ese momento, en ese ejercicio, es en
el que imputamos las cotizaciones de desempleo que figurarán como
ingresos del organismo y que también, como digo, pueden ser distintas en
alguna medida a las cuotas que ofrece la liquidación del presupuesto del
propio organismo.
En relación con las transferencias, hay también un aspecto importante y
es que el Instituto Nacional de Empleo viene recibiendo transferencias
del Estado, puesto que es uno de los elementos importantes de
financiación, y en uno de los ejercicios, que veremos que es el de 1992
(primero en el que se ha producido un crédito extraordinario para cubrir
insuficiencias de años anteriores), esta transferencia figura como un
gasto en el Estado, que es el que paga, gasto en ese ejercicio, año 1992
y, por tanto, déficit del Estado, y como ingreso en el Instituto Nacional
de Empleo en el mismo ejercicio en que se ha recogido. Esto también es un
principio del Sistema Europeo de Cuentas utilizado en el caso de que un
organismo transfiera a otro recursos por insuficiencias de años
anteriores. Se hace figurar como gasto del Estado, y así es como aparece
en las cuentas publicadas y ofrecidas, y como ingreso del Instituto
Nacional de Empleo.
Finalmente, también he de decir que el hecho de que existan relaciones
entre los tres organismos, Estado, Seguridad Social e Inem, significa que
tenemos que observar en las contabilidades respectivas la cifra que cada
uno ha contabilizado como transferencia pagada o recibida. Es decir,
imagínense que el Estado, por ejemplo, hubiese recogido en sus cifras que
ha pagado al Inem 100.000 millones y, sin embargo, el Inem recoge entre
sus cifras que el Estado le ha pagado 115.000 millones. La necesidad de
conciliar unas y otras informaciones lleva a que se tome una de las dos
cifras, que normalmente suele ser, en el caso de transferencias, la del
que ha dicho que paga, o sea, el órgano que paga, porque suele estar más
próxima a la realidad, por lo menos de ese ejercicio económico. Si dice
que ha pagado 100, difícilmente ha pagado 120. Este es otro ajuste que se
puede producir y que se debe producir cuando se concilian las
informaciones procedentes de todos los organismos.
Finalmente, las cuentas que, como decía, entrego. Por supuesto las
cuentas de producción y de explotación para un organismo administrativo
tienen escasa relevancia. No existe producción de servicios no destinados
a la venta. Esto es una convención de la contabilidad nacional. De todas
maneras se elaboran las cuentas. La cuenta de renta es una uenta
importante, porque entre los recursos, como SS. SS. conocen
perfectamente, aparecen las cotizaciones sociales, que han pasado de
901,8 (miles de millones) a un billón 217,9 en 1992; la información está
aquí y no hace falta, creo, que tomen datos. En cuanto a los empleos, la
única cifra importante es la de prestaciones sociales, porque el resto,
subvenciones de explotación o intereses efectivos, para un organismo
administrativo no tiene apenas relevancia. Es, sobre todo, la cifra de
prestaciones sociales, que ha pasado de un billón 418,2 (miles de
millones) en 1990 a dos billones 17,2 (miles de millones) en 1992. Esta
información, como digo, está aquí. La cuenta de utilización de renta que
nos produce el ahorro o desahorro del organismo y que en el caso del
Instituto Nacional de Empleo es un desahorro que ha pasado de menos 114
en el año 1990 a menos 250 en el año 1992. La cuenta de capital, como
decía también, es otra importante porque su saldo nos ofrece la capacidad
o necesidad de financiación, o sea el déficit o superávit del organismo
en términos de contabilidad nacional, y nos ofrece las tres cifras que
creo que son sobradamente conocidas, porque algunas ya están publicadas.
En el año 1990 el Inem registró una necesidad de financiación de 115,1
(miles de millones); en el año 1991, de 322,5 (miles de millones), y en
el año 1992, de 52,0 (miles de millones). El saldo de esta cuenta, como
les decía, coincide con el de la cuenta financiera, que son los pasivos
menos activos financieros.
Con este conjunto de información, pormenorizando por cada una de las
partidas de empleos y recursos, se llega a la necesidad o capacidad de
financiación y también al dato del saldo de la cuenta de capital. Como
les decía, y también queda depositado aquí, podemos llegar al mismo
resultado de otra manera. Por ejemplo, para 1990 hemos hecho también los
cálculos partiendo del conjunto de derechos reconocidos globalmente por
operaciones no financieras, restando de ellos los gastos reconocidos
también por operaciones no financieras y haciendo una serie de ajustes
derivados de la contabilidad, y llegamos a la misma necesidad de
financiación de 115,1 miles de millones. Según esta información, los
ingresos de 1990 por derechos reconocidos en su presupuesto fueron de un
billón 534.000 millones. Los gastos de 1 billón 588,1 (miles de
millones), de los cuales lo que les interesa más a SS. SS. es que las
prestaciones por operaciones no presupuestarias fueron 217,5 (miles de
millones). Eso está recogido entre los gastos imputados por la
contabilidad nacional, mientras que la obligación presupuestaria fue de 1
billón 370,6 (miles de millones). Aparece recogido en el gasto imputado
al Instituto tanto las obligaciones presupuestarias como las
extrapresupuestarias. A todo esto se hace un conjunto de ajustes que en
concreto en este año fue de menos 61,0 (miles de millones). Con estas
tres cifras llegamos a menos 115,1. Los ajustes voy a comentarlos muy
rápidamente porque me imagino que es un poco cansado, pero como toda esta
técnica es un poco compleja también conviene explicarla bien; por lo
menos a mí me interesa que quede lo suficientemente claro.
Tenemos un pequeño ajuste por consolidación de transferencias entre
administraciones públicas. Como dije hace un rato hay que constatar que
el Estado hace figurar una cifra a favor del Inem, el Inem recoge una
cifra que dice que recibe del Estado y, a su vez, el Inem mantiene con la
Seguridad Social otra relación de transferencias por las cotizaciones de
los desempleados, que también conocen perfectamente. La confluencia de
las tres cifras nos ha dado lugar a un pequeño ajuste que ha aumentado la
necesidad de financiación de 1990 en 1,4 (miles de millones). Esto forma
parte del ajuste que les decía de 61.000 millones que se suman a los
gastos.
Ajustes de cuenta corriente. Les decía también anteriormente que el dato
que básicamente se toma para poder imputar prestaciones y cotizaciones de
cada ejercicio es el derivado de la cuenta corriente de la Tesorería de
la Seguridad Social. ¿Qué sucede? Que como los datos de que les hablaba,
ingresos y gastos, se derivan del presupuesto del organismo, es decir, de
las liquidaciones del Instituto Nacional de Empleo, y la contabilidad
nacional considera más próximo al dato real el que recoge la Tesorería de
la Seguridad Social, confrontamos las dos cantidades y se ve que en su
caso hay que hacer alguna corrección a los datos derivados de la
contabilidad del Inem. Esta corrección ha supuesto en 1990 una
disminución en los ingresos que dice el Inem que tiene por 36,7 (miles de
millones) y en unos gastos, que también decía el Inem que tiene, por 13,4
(miles de millones). En conjunto, este ajuste por la cuenta corriente de
la Tesorería ha supuesto menos 23,3 (miles de millones) más al déficit
registrado por el propio Instituto.
Hay otro ajuste, que ha sido un poco importante en este ejercicio, que es
el derivado de la aplicación de los fondos que provienen del Fondo Social
Europeo. En cuanto al Fondo Social Europeo, tal como circula
financieramente por nuestros presupuestos, la cantidad que cada año libra
la Comisión a nuestros presupuestos es una cantidad que recoge la
Dirección General del Tesoro, la cantidad equis de cada ejercicio.
Entretanto se recibe o no esta cantidad, el Estado suele hacer anticipos
al Inem para que vaya realizando los gastos de formación de personal, de
promoción de empleo, etcétera, que sabemos que se financian con ese fondo
social. Entonces, el ajuste que se hace aquí, el que se hizo en concreto
este año, se deriva de que la contabilidad nacional imputa como ingreso
procedente de estos fondos exteriores lo que refleja exactamente la
cuenta de la Dirección General del Tesoro, es decir, el ingreso que
realmente ha venido desde los presupuestos comunitarios. Como el
presupuesto del Inem ha ido recogiendo los anticipos que el Estado le ha
ido ofreciendo para ir haciendo frente a los gastos que financia ese
fondo, hay que producir un ajuste eliminando esos anticipos, porque para
la contabilidad
nacional esos anticipos son realmente como una operación financiera;
realmente es una operación financiera. Este ajuste ha dado lugar en 1990
a incrementar la necesidad de financiación del Inem en 35,7 (miles de
millones), que voy sumando para llegar a los 61,0. Luego hay unos
pequeños ajustes de revisión de sus cuentas que han dado lugar a menos
0,6, que es una cantidad bastante insignificante. Esto por lo que se
refiere a 1990. Como podrán observar, la misma cifra al final que la que
se obtiene desde ir pasando cuenta a cuenta de la contabilidad nacional y
arrastrando los correspondientes saldos hasta llegar a la necesidad de
financiación.
En 1991 los ingresos obtenidos de la contabilidad del Inem, o sea,
derechos reconocidos no financieros, fueron 1 billón 574,2 (siempre hablo
en miles de millones), los gastos 1 billón 917,1, de los cuales 429,1
fueron operaciones no presupuestarias, es decir, gastos del ejercicio
pero para los que no había cobertura presupuestaria y se hicieron
mediante operaciones extrapresupuestarias.
Los ajustes por los mismos conceptos de que les hablaba anteriormente,
transferencias del Estado, cuenta corriente de la Tesorería y ajuste con
la Comunidad Europea, han producido menos 0,2 de consolidación de
transferencias; 12,8, positivo, en el ajuste con la cuenta corriente de
Tesorería; 6,7, positivo, el ajuste del fondo social y 1,1 otros ajustes.
En total, un ajuste positivo, es decir, que resta de la necesidad de
financiación, de 20,4 y la necesidad de financiación global, 322,5 (miles
de millones).
Por último, 1992. En datos recogidos del presupuesto y de las
liquidaciones extrapresupuestarias del Inem, derechos reconocidos no
financieros, 2 billones 108,4, entre los cuales figuran 195,8 (miles de
millones) del crédito extraordinario aprobado por el Congreso en junio
del año pasado para cubrir insuficiencias de 1990.
Los gastos se elevaron a 2 billones 166,6, y aquí es donde figura el
ajuste que quiero que quede muy claro y que he intentado explicar hace un
momento. El presupuesto del Inem, precisamente por el incremento derivado
del crédito extraordinario, 195,8 (miles de millones) por parte del
presupuesto del Estado, es decir, mayor transferencia del Estado, y
366.000 millones por remanente de tesorería del Instituto, alcanzó a
560,2 (miles de millones) de regulación de insuficiencias presupuestarias
de ejercicios anteriores. ¿Qué hizo, por tanto, el presupuesto del Inem?
Recoger esta cantidad, 560,2 miles de millones, como gasto presupuestario
del ejercicio 1992. Es decir, que en las obligaciones del presupuesto de
1992 aparece el gasto de 1992 más 560,2 miles de millones, que eran
gastos anteriores a 1992 y que por el sistema que les he intentado
explicar hasta el momento han venido imputándose en Contabilidad Nacional
en los ejercicios en que esa insuficiencia se estaba produciendo en todos
los años anteriores. Esa cifra, por tanto, hay que restarla de las
obligaciones reconocidas por el presupuesto de ese ejercicio. En cambio,
se produjeron 305,0 miles de millones por operaciones no presupuestarias,
que sumamos en Contabilidad Nacional a los gastos del ejercicio.
Quiero decir con esto que de unas obligaciones reconocidas que figuran en
el presupuesto del organismo, para 1992, por 2 billones 421,8 miles de
millones hay que restar, porque han tenido efecto económico y efecto
contable en los correspondientes ejercicios en que se produjo la
insuficiencia, 560,2 miles de millones, pero hay que sumar 300,5 miles de
millones por insuficiencias del propio ejercicio 1992, que han sido
cubiertas mediante obligaciones extrapresupuestarias. El conjunto de
estas magnitudes, una sumando y otra restando da lugar a la cifra de
gastos que les acabo de decir: 2 billones 166,6 miles de millones.
Los ajustes por los mismos conceptos que les decía anteriormente dieron
lugar a 6,2 miles de millones positivo, 1,2 por consolidación de
transferencias y 5,0 por ajustes con la cuenta corriente de la Tesorería.
En este ejercicio verdaderamente lo más importante, lo que me interesa
más que quede claro, es la imputación de los 195.000 millones como mayor
transferencia del Estado, que, por tanto, aumentaron los derechos
reconocidos y aumentaron los ingresos del organismo y que fueron gasto,
en cambio, del Estado y como tal han figurado contabilizados en el
Estado. En cambio, el efecto de la regularización de insuficiencias de
ejercicios anteriores tiene que ser eliminado salvo que dupliquemos las
cifras.
Estos 560,2 miles de millones eran insuficiencia desde 1988 --la más
importante, evidentemente, fue la de 1990, pero se arrastraban desde
1988--. Como tales insuficiencias, que fueron recogidas en obligaciones
extrapresupuestarias, han sido contabilizadas cada uno de los años en los
datos que sistemáticamente todos los años ofrecen las cuentas de las
administraciones públicas. Por eso, en este ejercicio de 1992 es
necesario restar esa cifra, porque, si no, significaría que las familias
han recibido 560.000 millones que no han recibido, puesto que los han
percibido en los años anteriores. Esto es quizá lo que más me interesa
que quede claro de los ajustes de 1992, porque verdaderamente es donde se
produjo un cambio en la situación que se venía reflejando hasta el
momento.
No quiero cansarles más. Espero no haber sido excesivamente prolija y
estoy a su disposición para las aclaraciones que quieran.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Muchas gracias, señora Interventora, por su
explicación. Para una persona como yo, que sabe poco de números, ya es
complicado y con lo que usted acaba de decir aquí, el tema se complica
muchísimo más. No obstante, sabe que las mujeres somos pesaditas y
acabaré entendiendo incluso algo de Contabilidad Nacional.
Sinceramente, tengo enormes dudas --y por eso pedí su comparecencia en
esta Comisión-- sobre las cuentas finales del Inem. Desde el punto de
vista de la Contabilidad Nacional, los datos que usted ha expuesto son
los que usted debe reflejar aquí, pero al analizar los que aportan el
Ministerio de Trabajo, el Inem y la propia Tesorería General de la
Seguridad Social es cuando ya los datos no
casan demasiado. Quiero formular unas preguntas sobre temas
presupuestarios y respecto a esta enorme diferencia, me contestará, como
es lógico, el Director General del Inem.
En cuanto a los déficit acumulados del Inem --yo he pedido su
comparecencia aquí por los ejercicios de 1990, 1991 y 1992--, si uno
analiza la liquidación de presupuestos definitiva que acompaña a los
Presupuestos Generales de 1994 respecto a los de 1992, se encuentra con
unas necesidades de financiación que, desde mi punto de vista, van mucho
más allá, ratificado por lo que dice la propia liquidación definitiva de
presupuestos del organismo, que habla de que el Inem ha reconocido y
pagado obligaciones por importe de 560.000 millones que corresponden a
los ejercicios 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, esos 560.000 millones
corresponden a esos ejercicios presupuestarios. Luego, ya había unos
déficit que se deben fundamentalmente a la utilización excesiva de los
apuntes extrapresupuestarios. Por primera vez, en el informe del
Ministerio de Hacienda, en su propia Intervención General, se apunta el
hecho de que el Inem utiliza de forma abusiva los apuntes
extrapresupuestarios las cuotas de desempleo, las cuotas de formación
profesional, que hasta el mes de diciembre o cuando lo considera
oportuno, lo aplica al capítulo IV de los Presupuestos Generales del
Estado. Este hecho lo vuelven ustedes a repetir cada vez que aparece la
palabra Inem en ese informe de liquidación de la Intervención General del
Estado.
Parece que hay una preocupación de la Intervención General respecto al
abuso del Inem de los apuntes extrapresupuestarios, porque, como es
lógico, en la liquidación de presupuestos no aparecen en ningún sitio, no
tienen por qué estar porque son apuntes extrapresupuestarios. Por primera
vez --insisto--, en los informes de la Intervención General, para el mes
de julio, último dato del que yo dispongo, ustedes sí reflejan el
excesivo abuso de la utilización de lo extrapresupuestario por parte del
Inem.
Aparecen también apuntes extrapresupuestarios no solamente a nivel de
ingresos, sino también de obligaciones reconocidas, es decir, de gastos.
Ya en el informe del propio Tribunal de Cuentas, que se hace de acuerdo
con los datos que usted le facilita, aparecen, en el año 1989, en cuentas
extrapresupuestarias 368.833 millones de pesetas del Inem, que no están
contabilizadas presupuestariamente. No explica a qué ejercicios
corresponde, pero sí dice que de estos 368.833 millones de pesetas,
191.601 sí corresponden al ejercicio del año 1989. Los demás deberían ser
de los ejercicios anteriores, pero aparecen 560.000 millones.
¿Quién paga los déficit acumulados del Inem desde el año 1986?
A mí me gustaría saber si no habría sido mucho más simple (usted como
Interventora y vigilante del cumplimiento presupuestario de los
organismos públicos me podría responder) y lógico que, habida cuenta que
las prestaciones por desempleo y todas las prestaciones del Inem son
ampliables desde hace muchos años, se hubiera cumplido el artículo 66 de
la Ley General Presupuestaria para que se hubieran ampliado estos
créditos y no se hubieran convertido no en remanentes, porque no aparecen
en los presupuestos, sino en apuntes extrapresupuestarios. Al final, yo
conseguiré averiguar por qué se pagan todos los déficit acumulados desde
el año 1986 del Inem, con lo cual se han disparado las cifras.
Tenga en cuenta, señora Interventora, que según los datos de 1993, el
avance de liquidación del año 1993 que acompaña a los Presupuestos
General de 1994, aparece una modificación de créditos para el año 1993 de
un billón 116.949 millones de pesetas, algunos a través de créditos
extraordinarios. De hecho, se aprobó en el último Consejo de Ministros un
crédito extraordinario de 237.000 millones de pesetas. ¿Qué pasa con el
resto? ¿Hasta un billón 116.000 millones? Ya en el Libro Amarillo de los
Presupuestos que reparten ustedes a los medios de comunicación, se recoge
que, hasta finalizar el año 1993, vamos a aprobar en esta Cámara un total
de 871.000 millones de pesetas de créditos extraordinarios para el Inem,
de los cuales forma parte el que aprobamos --supongo-- en junio y el que
vamos a aprobar en el próximo Pleno, si Dios no lo remedia.
Vistas estas modificaciones estimadas que figuran en la documentación de
la Intervención General del Ministerio de Economía y Hacienda, me
gustaría saber de dónde sale este billón 116.000 millones de pesetas. Lo
digo porque, al final, estamos hablando de aproximadamente medio punto
del PIB de incremento del déficit en el año 1993 y no me parece justo
porque corresponde a muchos años atrás.
Por otra parte, me gustaría saber si la Intervención del Inem formuló
alguna observación al respecto sobre esta utilización excesiva del apunte
extrapresupuestario por parte del Inem y si la propia Intervención
General del Estado lo hizo al preparar las cuentas fiscales del Estado en
su totalidad y no solamente del Inem.
Los créditos que vamos a aprobar al final de 1993 están por encima del 3
por ciento. Claro que ahora, en ese mismo Decreto, se cargan el límite
del 3 por ciento para los créditos ampliables y son déficit
extrapresupuestarios pero, al final, déficit. Porque usted ha dicho una
verdad absoluta, que como es dinero a terceros, esas personas han
recibido su prestación por desempleo. Habría que preguntarle al Tesorero
General de la Seguridad Social qué tal le ha parecido esto, sobre todo,
por aquello del equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social
fundamentalmente. No debemos olvidar que son cuotas que pagan los
trabajadores y los empresarios. La Seguridad Social no tiene la maquinita
de hacer dinero. Luego, ahí hay ya unas dificultades importantes. Tampoco
olvidemos que la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el año
1992, ha recurrido al Banco de España de una forma bastante importante.
Yo creo que estos datos tendrán que acabar cansando.
¿No será que se ha ido manteniendo esa ficción o esa corruptela --como lo
llaman algunos especialistas, yo no lo soy, en los temas de
contabilidad-- presupuestaria de mantenerlo en el silencio de lo
extrapresupuestario para
que no superara, en ningún caso, ese 3 por ciento de incremento de los
créditos ampliables, como decía, hasta el día de ayer, el artículo 10 de
los Presupuestos Generales del Estado?
Por otro lado, a 31 de diciembre de 1992 --sería otra pregunta--, la
diferencia entre los ingresos y los gastos (estos últimos, es decir los
gastos, del crédito extraordinario de 195.000 millones de pesetas a que
se ha referido usted correspondiente a 1990) es de 366.116 millones de
pesetas. Tras la modificación de crédito del presupuesto de gastos, es de
561.282 millones de pesetas. ¿Se ha producido esta modificación con
remanente de Tesorería, como así figura en los documentos de liquidación
del Inem y en los documentos de liquidación de la propia Intervención del
Estado?
Me gustaría saber cuáles son los remanentes de tesorería del Inem desde
el año 1986. Como es lógico, yo he utilizado los datos de liquidación que
acompañan a los diferentes Presupuestos Generales del Estado: el previsto
de liquidación, que es provisional, del año anterior, y la liquidación
definitiva de dos años anteriores, el «n menos 2», para utilizar su misma
terminología. Ahí me encuentro con que el remanente de Tesorería, desde
el año 1986 al año 1991, que es el último año en que se producen datos
positivos del Inem --ya en el año 1992 se recoge un déficit de
trescientos y pico mil millones de pesetas--, la cuenta final es bastante
deficiente. Me sale que, al final, en positivo son 98.000 millones de
pesetas. ¿Cómo es posible que se hayan podido cubrir con remanentes de
Tesorería más de 600.000 millones de pesetas, si no los tenía? ¿Qué
ocurrió? Me gustaría poder entenderlo. (Risas.) Comprendo que
posiblemente sea difícil que yo lo pueda entender. Desde luego, hay
compañeros socialistas que llevan quince años y todavía no se han
enterado. Luego yo, que llevo menos, a lo mejor pongo más voluntad y
puede que algún día consiga entender este maremágnum de apuntes contables
que son las diferentes contabilidades, tanto las suyas, como las del Inem
o las de la Tesorería General.
El señor Arnau, representante del Grupo Socialista, en el mes de junio,
en la Diputación Permanente en la que se aprobó el crédito extraordinario
del que hablábamos antes para el déficit del Inem del año 1991,
utilizando datos que supongo le había proporcionado el Ministerio de
Economía y Hacienda y a los que yo no tengo acceso --se los voy a pedir y
usted ya me ha dicho que me los va a proporcionar, lo que le agradezco
muchísimo--, el señor Arnau, digo, hablaba de la auditoría de cuentas del
Inem de los años 1990 y 1991, que no coinciden con las cifras que usted
acaba de dar ahora. Hablaba de un déficit del ejercicio de 1990, de
53.000 millones de pesetas. Como habíamos aprobado un crédito de 195.000
millones, supongo que el resto del dinero se pasaría al ejercicio
siguiente y así se convertiría en un remanente de Tesorería, puesto que
el crédito se había aprobado por una cifra de 191.000 millones de
pesetas, mientras que el déficit del desempleo --según el señor Arnau, de
la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado--
era de 92.937 millones de pesetas y el déficit global de todo el
Instituto era sólo de 53.000 millones de pesetas. Para el año 1991, el
déficit era de 345.000 millones de pesetas, es decir, la necesidad de
financiación del Inem una vez auditadas las cuentas por la Intervención
General del Estado.
No sé si las cifras del señor Arnau eran voluntaristas para explicar lo
inexplicable pero yo prefiero creerme las suyas, señora Interventora,
porque usted es una profesional, una gran funcionaria y está cumpliendo
un servicio para el conjunto de la sociedad y no para un partido
determinado. Por tanto, yo prefiero creerme más sus cifras que las de
cualquier otro interviniente, pertenezca al partido que pertenezca. Por
lo tanto, me gustaría que usted me aclarara si es que la suma total de
las cifras que usted ha dado son éstas --porque ha dado usted tantas, por
el viejo sistema de complicarle la vida a una-- o son exactamente las que
utilizó el señor Arnau en su intervención porque, al final, señora
Interventora, lo que realmente me gustaría saber es cuál es el déficit
real del Inem desde el año 1986. Está pagado, y bien pagado en la mayoría
de los casos, al margen del fraude que haya. ¿Cuál es la situación real?
Nos anuncian que vamos a aprobar 870.000 millones del año 1993 y no
coincide con las cifras suyas, que es un billón 116.000 millones de
pesetas.
Me gustaría saber si esta necesidad de financiación de estos remanentes
de Tesorería corresponden a una realidad. De lo que usted ha hablado
respecto al año 1992, los 561.000 millones, hay que restarles los 195.000
millones del crédito extraordinario que aprobamos, y entonces hay 366.116
millones de pesetas de remanente de Tesorería. Luego, no ha habido ningún
otro crédito extraordinario ni ampliación de crédito que aparezca
reflejado en la documentación de la Intervención. Me gustaría que
colaborara conmigo para conseguir, entre todos, saber cuál es la
situación real del déficit porque, al final, puede quedar la sensación de
que se ha estado maquillando el déficit del Inem desde hace muchos años
para que el déficit total de las administraciones públicas no se saliera
demasiado de madre y no sé por qué motivación, en el año 1993, el
Gobierno --y ésa es ya una motivación política para la cual ya no le pido
que me dé ningún tipo de explicaciones-- dice que van a aflorar todos los
déficit que existen en las administraciones públicas, no sé si para que
quede mal el antiguo Ministro o por la razón que sea, pero la realidad es
que ésa es la situación en la que nos encontramos en los presupuestos de
1993.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir?
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Intervengo muy brevemente, señor Presidente.
A mí me gustaría haber intervenido después de tener los documentos que se
nos van a proporcionar a partir de la comparecencia de la señora
Interventora.
A mí no me gustaría mezclar elementos que pueden llevar a confusión,
porque en la comparecencia se ha
mezclado la situación de déficit real de un organismo con la posibilidad,
exista o no, de fraude en la aplicación de ese organismo, más la falta de
previsión de un Gobierno a la hora de planificar lo que deben ser sus
propias responsabilidades, que para mí son tres cosas distintas. En todo
caso, a mí me gustaría hacerle tres preguntas: dos de índole general y,
una, concreta.
La primera es cuál es el soporte legal que posibilita al organismo el uso
de eso que usted llama aportaciones extrapresupuestarias y que se han
cifrado en 560, 2 miles de millones hasta el año 1991. La segunda
pregunta es, al margen de ese soporte presupuestario, cuál es el primer
informe del Tribunal de Cuentas que detecta el uso o el abuso de esta
figura presupuestaria y no la que puede ser normal, como es un crédito
extraordinario o una modificación presupuestaria. Cuál es el primer
informe y qué medidas adopta la propia Intervención General del Estado
para corregir estas deficiencias, si es que se llega a algunas
conclusiones. Porque aquí se han utilizado tres diferentes
contabilidades: la del propio organismo, la de la Seguridad Social y la
de la Intervención General del Estado, aparte de los propios controles
que me imagino habrá realizado el Tribunal de Cuentas.
Sí puede haberse producido una modificación técnica, un uso técnico, para
evitar proyectar a los presupuestos la realidad. Porque a la hora de
presupuestar no estamos reconociendo las personas que están subsidiadas o
que reciben dinero de los programas que figuraban en el programa 312 A
--prestaciones para los desempleados-- de los presupuestos generales y
que ha ido evolucionando durante algunos años.
Me gustaría conocer si hay otras modificaciones, deslizamientos o
evoluciones de los presupuestos distintas a las que se han manifestado
con posterioridad o si se ha regularizado, en el año 1992, la realidad
del Inem. Digo esto porque en la liquidación de presupuestos que se nos
ha entregado, fruto de los presupuestos de 1994, las transferencias
corrientes que inicialmente tenían los Presupuestos Generales del Estado
en el año 1993, eran de 1,7 billones de pesetas y ha tenido una
modificación presupuestaria de 1,1 billón de pesetas; modificación
presupuestaria que da un total de 2,8 billones de pesetas para el año
1993, ejercicio que todavía no está liquidado. Me gustaría saber en qué
momento se regulariza esa realidad. En cualquier caso, cuando estudiemos
en profundidad los datos que usted nos ha aportado tomaremos las
iniciativas que sean precisas para intentar esclarecer estas
modificaciones, al margen de que nos gustaría conocer si en la gestión
participada del Inem de los sindicatos, las personas que participan, si
esta realidad ha sido conocida en todas y cada una de las secuencias de
los años, o solamente a finales de 1992 cuando afloran las cifras
globalizadas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señora Interventora por su
exposición. Yo creo que ha sido una exposición sobre la contabilidad del
Inem técnicamente perfecta. Ni mi Grupo ni yo tenemos datos para
contradecirla, no podríamos hacerlo en este momento, pero ésta no es la
cuestión. El problema del Inem no está en cómo evoluciona la
contabilidad, lo que realmente le interesa a mi Grupo es el porqué del
déficit. A estas alturas la Cámara conoce el porqué y lo que hay que
buscar son soluciones.
Hemos hablado tanto del Inem y de su reforma en esta Cámara en la
legislatura pasada y en la anterior que a uno le queda siempre la
sensación de que no llegamos nunca al fondo del tema. Me interesa muy
poco hablar del pasado del Inem, de los ejercicios anteriores. Me
interesa saber el futuro del Inem; me interesa saber qué vamos a hacer
con el Inem; me gustaría mucho que contestase a la pregunta, si puede --a
veces no se puede contestar en el momento--, que le ha formulado la
señora Villalobos de cuál es realmente el déficit. ¿Qué debe el Inem en
este momento? Porque esta pregunta --no digo que sea la del millón, pero
la contestación a esta pregunta nos dejaría a todos satisfechos--.
¿Cuánto se debe en este momento? Ya vemos cómo lo vamos a pagar. Lo que
me interesa es el futuro del Inem, ¿qué vamos a hacer con este Instituto?
¿Cuál va a ser la asignación de funciones que le vamos a dar? Sus
señorías saben que yo he pedido mucho en la Cámara que el Inem
desaparezca y que se transfieran todas sus funciones a las comunidades
autónomas. Pero, a continuación, debo añadir que hay razones que, aunque
no me convenzan del todo comprendo, para que exista un cierto organismo
que impulse algún tipo de políticas activas --tampoco es que haya
impulsado muchas, pero ésa debería ser su función-- para la colocación de
personal, etcétera. Ese es otro discurso, otro debate, que espero vendrá
en el futuro, pero hoy no es el día apropiado para iniciarlo. Si nos
contesta a la pregunta de cuánto debe el Inem habremos justificado la
sesión. En caso contrario, sabremos, más o menos, cómo controla la
contabilidad del Inem, pero eso tiene poco interés, porque estamos
seguros de que S. S. hace su trabajo perfectamente, no tenemos dudas.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Quería, en primer lugar, agradecer su
presencia a la señora Interventora, así como la gran exposición, la gran
lección que nos ha dado; se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Yo
no me siento preparado para rebatirle y discutirle, porque ha demostrado
que sabe muy bien en qué forma se llevan los número, cuáles son las
cuentas y de qué manera se tienen que compoener los presupuestos. Se lo
digo de verdad, creo que está usted muy bien preparada. Yo considero el
Inem más bien en su vertiente política, de la que aquí no se ha hablado.
Coincido totalmente con mi predecesor en el uso de la palabra en que
tendrá que llegar un momento en que el Inem se transfiera a las
comunidades autónomas, ya que es un absurdo que se mantenga como se
mantiene y me reafirmo también en su pregunta, que es la única que se
puede hacer aquí: ¿qué debe exactamente el Inem?
Vuelvo a agradecerle el gran número de datos que nos ha proporcionado,
los documentos que ha dejado a la Mesa y que espero que se nos trasladen,
puesto que nos permitirán analizar contablemente la situación, que no me
cabe duda de que, a tenor de su exposición, será perfecta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Yo también me quiero sumar al agradecimiento a la
Interventora General del Estado por su comparecencia y por la información
que nos ha proporcionado. Yo le recomendaría a la señora Villalobos que
se la leyera despacio, porque creo que está muy bien explicada cuál es la
función de la Intervención a la hora de llevar a cabo sus tareas de
Contabilidad Nacional, cuál es la diferencia entre la contabilidad
presupuestaria y la Contabilidad Nacional, cuáles son los flujos
monetarios que tienen lugar en la vida diaria de nuestras
administraciones y cómo llegan a ser plasmados en los libros de
contabilidad que prevén nuestras leyes y, en cambio, a quien quiera saber
más de estas cosas yo le recomendaría que no se lea la intervención de la
señora Villalobos porque, francamente, no le iba a aclarar demasiado una
cuestión tan importante como es la contabilización de los ingresos y
gastos del Inem.
Si quiere que le diga mi opinión después de escucharla, comentaré que las
causas de los problemas financieros del Inem se arrastran desde hace
años, en particular desde 1990, en que empieza a aumentar el desempleo y
a tener un efecto perverso sobre la evolución de los gastos en
prestaciones. El aumento de la velocidad de rotación del mercado de
trabajo no es una causa contable, por lo que es posible que algunas de
las cosas que se querían saber sobre el Inem usted no nos las pueda
aclarar, ni es éste, por supuesto, el momento de analizarlas.
Yo también he sacado la conclusión de que, en la medida en que toda una
serie de prestaciones sociales u otros compromisos públicos, pero, en
particular, las prestaciones sociales del sistema de protección social,
generan derechos subjetivos que amparan las leyes que hacemos en este
Parlamento, en algunas situaciones y en algunas coyunturas es
extraordinariamente difícil, por no decir imposible, que la Contabilidad
Nacional, ni siquiera la contabilidad presupuestaria, sigan a la misma
velocidad en aquellos momentos en que la generación de derechos
subjetivos obliga a hacer unos desembolsos mayores de los previstos a
cualquier organismo público, como le ha sucedido al Inem.
Lo que también queda claro en esta comparecencia es que no hay nada
ilegal en que se produzcan esos desfases, ni siquiera hay nada oculto.
Las cifras de lo que el Inem ha pagado cada año en prestaciones por
desempleo están en cualquier publicación a la que no sólo tienen acceso
los sindicatos, sino que cualquiera que lea el Boletín de estadísticas
laborales del Ministerio de Trabajo sabe lo que el Inem va gastando, mes
a mes, en prestaciones por desempleo de las diferentes previsiones
legales; sabe los ingresos por cuotas, sabe la aportación del Estado,
etcétera. Por tanto, no hay nada oculto, es más, si el Inem, como antes
de 1978 sucedía con su organismo antecesor, estuviese integrado en el
sistema de Seguridad Social, una parte importante de los problemas que
tiene la contabilización de sus gastos en este momento no tendría lugar
porque formaría parte del sistema de Seguridad Social. Y estamos ante
dificultades de tipo administrativo, muchas veces, o
jurídico-administrativo, además de las derivadas del cumplimiento de
nuestras leyes en materia de contabilidad, nacional y presupuestaria,
cuando se plantean derechos subjetivos.
Hay un problema que no se le puede preguntar a la señora Interventora
porque es un problema del Parlamento y, en todo caso, del Gobierno, del
Consejo de Ministros, y es a qué ritmo se pueden aprobar o se deben
aprobar en esta Cámara créditos extraordinarios que permitan ajustar
contablemente los desfases que se hayan producido en la realidad. Pero
volvemos a lo mismo, no es un tema contable, es un tema político,
político por quien tiene la iniciativa de presentar créditos
extraordinarios, y político también por quienes votamos en las leyes de
presupuestos --a veces a sugerencia y con el aplauso del Grupo Popular--
algunas limitaciones al comportamiento del Gobierno, a la hora de
administrar los presupuestos de cada año --y me refiero al artículo diez
de las leyes de presupuestos, o a la limitación al endeudamiento del
Tesoro con el Banco de España--, que llevan a que al Gobierno le sea
imposible en momentos de aumento de generación de derechos subjetivos,
como ha sucedido en los últimos años, cumplir con las propias
constricciones que le fija la Ley de Presupuestos, y eso hace que no
pueda presentar con la rapidez que le gustaría a veces las propuestas de
crédito extraordinario. Por tanto, quede despejado, dentro de la maraña
técnica que suponen estas cosas, que no hay nada que haya estado oculto,
no hay nada que se deba ocultar y, por supuesto, nada ilegal, a juicio
del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Interventora.
La señora INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): Señor Presidente, quiero agradecer, en primer lugar, las palabras
de afecto que he recibido en cuanto a la exposición. He intentado ser lo
más clara posible pero parece ser que han quedado oscuros algunos temas.
Hay una primera afirmación muy rotunda que quisiera exponer aquí y que va
un poco al hilo de la última pregunta o afirmación de la Diputada
Villalobos. Usted ha dicho algo así como: ¿no es como para que el déficit
total no se saliera de madre? Pues no, rotundamente no, porque el déficit
total ha recogido esos gastos. Esos gastos, insuficiencia presupuestaria
o suficiencia presupuestaria, han sido recogidos en el gasto del conjunto
de las
administraciones públicas y, por tanto, aflora, total y absolutamente, en
los ejercicios en que se ha producido. Aquí lo único que se puede
producir --y podemos estar o no de acuerdo--, es si ese, digamos, déficit
debería aflorar en un agente o en otro, pero el conjunto de los gastos
derivados de la gestión del desempleo, que es lo que aquí nos ocupa, y,
en conjunto, de todo el Inem, ese gasto ha aflorado exactamente en
contabilidad nacional. Por tanto, las cifras de déficit público, que son
las que oficialmente se manejan, las que se dan a la Comunidad Europea y
las que se utilizan para el Fondo Monetario y para todos los organismos
internacionales, recogen total y exactamente los gastos y los ingresos.
(El señor Fernández Norniella hace signos negativos.) Sí, sí, señor
Diputado, los recogen todos; esa afirmación no la puedo aceptar. No hay,
en este sentido, ninguna ocultación del déficit global de las
administraciones públicas. Las cantidades absolutas y relativas que cada
año se hacen públicas en avances y liquidaciones definitivas, recogen
todos los datos de las distintas administraciones, sin perjuicio, como
digo, de que, por no incorporación de determinados créditos o de
ampliación de créditos, luzcan en una cuenta y no luzcan en otra, pero
globalmente no hay posibilidad de que, por no haberse recogido ese gasto
como obligación presupuestaria del Inem, eso no haya figurado en las
cuentas generales de las administraciones públicas. Esta es una primera
afirmación que quiero dejar muy clara, porque es algo importantísimo.
Después hay un conjunto de puntos que voy a ver si puedo aclarar en su
totalidad.
Señora Villalobos, en 1988 --fecha en la que seguramente usted y yo
estábamos en otros menesteres-- se hizo una regularización de atrasos, de
insuficiencias presupuestarias, debidas sobre todo a la protección por
desempleo, desde 1980, lo que supuso 231,9 miles de millones. Esto se
hizo en 1988.
Desde 1988 a 1992, que es cuando hemos hecho la última regularización,
que todos conocen, de junio del año pasado, la de los 560.000, se ha
hecho la regularización de insuficiencias arrastradas desde 1988 hasta
1990 por los 560,2 miles de millones. Este dato también se lo puedo
dejar, no hay ningún problema. Vamos a hablar de estos 560.000, puesto
que el otro dato era muy anterior a todo esto.
Desde junio de 1992, para que veamos cómo coincide con las operaciones
extrapresupuestarias que nosotros, Intervención General, hemos ido
recogiendo en contabilidad nacional de cada año, se ha producido en
conjunto por crédito extraordinario y por crédito ampliable, los 560.000,
2 de junio de 1992; 195,8 miles de millones a cargo del Estado y 364,4 a
través de ampliación generada por remanente de Tesorería.
En julio de 1993 se ha aprobado otro crédito extraordinario de 222,4, a
cargo de transferencias del Estado, y el resto, con 205 miles de
millones, por ampliación generada por remanentes de Tesorería. Le estoy
dando todas las cifras, tal y como las tengo contabilizadas.
En octubre de 1993, es decir, la semana pasada, el Decreto que todavía no
ha pasado por el Congreso, aprobaba un crédito extraordinario de 237,5
miles de millones, más 49,5 con cargo a remanentes de Tesorería. El
conjunto de todos estos datos, que suma un billón 274,6 miles de
millones, cubre las insuficiencias generadas desde 1988 hasta 1992. Esto
es lo que se ha ampliado, pero vamos a ver ahora si lo cubre.
El conjunto de operaciones extrapresupuestarias y, por tanto,
insuficiencias de crédito en transferencias por desempleo, desde 1987,
que no habían sido cubiertas anteriormente, hasta 1992 --lo tengo también
por años--, han sido imputados a los gastos de cada ejercicio, no
contados de ninguna de las maneras, sino imputados a tal ejercicio en
contabilidad nacional, ha alcanzado 1.291,1 miles de millones.
Usted me preguntó hace un rato por las auditorías que nosotros en la
Intervención General hacemos para saber el alcance del crédito ampliable
a realizar. Cuando hemos estudiado la documentación que ha dado el Inem
para el crédito extraordinario correspondiente a la semana pasada,
nuestra auditoría ha fijado la cifra, no en 305 miles de millones que
registra el Inem, sino en 237 más 49, es decir, en 286 miles de millones.
Según el Inem, el problema está en que aún hay documentación por recibir
de la Tesorería de la Seguridad Social por los problemas de conciliación,
es decir que pueden aparecer, no digo que no, pero, por el momento, la
auditoría que hemos realizado, al no encontrar esa documentación soporte,
no ha podido decir si existen esas insuficiencias, es decir, que se han
cubierto esos gastos. Luego, la diferencia entre esas dos cifras que le
digo espero que se deduzcan de una auditoría que se hará dentro de un par
de meses cuando se hayan recibido ya todas las informaciones cruzadas
entre la Seguridad Social y el Inem. Esta es la diferencia que cubre
insuficiencias del Inem hasta 1992. Los créditos, por tanto, son de
222,4, 237,5, y si finalmente se comprueba que existe esa diferencia de
aproximadamente 40.000 millones más, que sería lo que cubriría el resto
del déficit de 1992, y el otro crédito del que se ha informado al
Congreso, que se supone que alcanzará unos 400.000 millones, ya pretende
cubrir insuficiencias de 1993.
La cifra de aproximadamente 850.000 millones que dio el Ministro de
Hacienda, cubría 222, 237, que en aquel momento se pensó que era un poco
mayor, por lo que he dicho sobre los propios datos del Inem, más la
insuficiencia de 1993. O sea que, con en el crédito extraordinario que se
conceda y está previsto conceder antes de final de año, las previsiones
(yo no soy adivina, no sé si 1993 nos puede dar un susto para el cual no
estemos preparados) son que se cubra la total insuficiencia hasta final
de 1993. Esto por lo que se refiere a créditos insuficientes dotados y
ampliaciones correspondientes.
Hay una pregunta que es ¿qué debe el Inem? Yo no sé qué quiere decir esta
pregunta, porque el Inem no debe nada. El Inem ha pagado todo a través de
la Tesorería de la Seguridad Social. Si lo que SS. SS. me quieren
preguntar es cuál es el saldo con la Tesorería General, que no sé si es
eso... (El señor Hinojosa i Lucena: Es eso.) Si es eso se lo puedo decir.
El saldo de la cuenta corriente que mantiene el Inem con la Tesorería
General, a 31 de
diciembre de 1992 (estos saldos, a efectos de contabilidad nacional los
vemos a final de cada año) alcanzaba a 353,5 miles de millones, a favor
de la Tesorería. Este es el saldo del Inem con la Tesorería. Si se
refieren a qué debe, eso es lo que debe en cuanto al movimiento interno
de cuentas, pero no debe nada a los desempleados, si es eso lo que
querían preguntar. No debe nada en cuanto que yo les he dicho que tenemos
contabilizadas las operaciones extrapresupuestarias, se cubren con todos
los créditos, unos aprobados ya y otros en trámite de aprobar, si no
sucede ninguna catástrofe, a final de año quedarían cubiertas esas
insuficiencias.
Abusos extrapresupuestarios. Hay una cuestión que también quería dejar
muy clara. La información que la Intervención General remite al
Parlamento con motivo de la presentación de los presupuestos de cada
ejercicio, con un avance de liquidación del ejercicio en curso y una
liquidación definitiva del ejercicio anterior, sistemáticamente recoge
todos los años las operaciones extrapresupuestarias del Inem. Es verdad
que la liquidación presupuestaria no lo recoge y en los cuadros
correspondientes de liquidación presupuestarias ese dato no aparece, pero
ustedes encontrarán, tanto en la nota metodológica como en notas a pie de
página, unas cifras donde se reconoce, se imputa, se informa de las
operaciones extrapresupuestarias realizadas por el Inem en cada
ejercicio. Y estos son los datos recogidos de la contabilidad; luego no
hay tampoco, según entiendo, ocultación en cuanto que todos los
parlamentarios reciben esa información cuando discuten el presupuesto de
cada ejercicio.
¿Qué es lo que podemos decir desde la Intervención Delegada o cuando
recogemos las cuentas del Inem para incorporarlas a la Cuenta General?
Hay una cosa que me gustaría dejar muy clara. El control de legalidad
que, como ustedes conocen, en lo que se refiere al Inem y, en concreto, a
las prestaciones de desempleo, no es una fiscalización limitada previa,
es una fiscalización total, es un control íntegro y total, lo que
pretende es comprobar el cumplimiento de la normativa vigente por parte
de los distintos expedientes que se proponen a aprobación.
La normativa vigente, que, en principio, es la Ley General
Presupuestaria, que nos dice en el artículo 41 cuándo y cómo se pueden
contraer obligaciones, nos dice que se pueden contraer obligaciones
resultado de la ejecución de los presupuestos generales por sentencia
judicial firme o por operaciones de Tesorería legalmente autorizadas.
Quiero decir con esto, y ya le respondo a usted también, que, cuando la
intervención delegada recibe unos expedientes de gasto que no tienen
cobertura presupuestaria, lo que tiene que analizar es si el organismo
está autorizado para realizar operaciones de Tesorería, puesto que
efectivamente es otra forma de contraer obligaciones por parte de la
Administración. La cobertura de esas operaciones está estudiada en la
Intervención General --tengo un dictamen hecho internamente por la parte
jurídica de la Intervención General, concretamente la Subdirección
Fiscal-- y la base para ello la dan la Ley 31/1984, de Protección por
Desempleo; el artículo 8 del Real Decreto 1325 y la disposición adicional
cuarta del Real 625/1985. Con toda esta normativa, a juicio de la
Intervención General, el Instituto Nacional de Empleo tiene respaldo
suficiente para realizar estas operaciones extrapresupuestarias, desde el
punto de vista del control interno de legalidad realizado por la
Intervención.
En concreto, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 625 dice:
En tanto no se disponga lo contrario por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el pago de las prestaciones por desempleo se efectuará
a través de los circuitos financieros que habilite la Tesorería General
de la Seguridad Social. Por citar uno de los párrafos que da apoyo y
soporte a la posibilidad de realizar operaciones extrapresupestarias.
Si me pregunta si me gusta que se realicen operaciones
extrapresupuestarias, tengo que decirle que no se trata de que a la
Intervención General le guste o no, sino que si existe cobertura legal
para realizar estas operaciones, el control previo de legalidad no pueda
negar la realización de esos gastos, aparte de los derechos subjetivos
que todas las personas de esta Comisión conocen perfectamente, que se han
generado por estas disposiciones que acabo de citar.
Sobre la cuenta, es decir cuando recibimos la cuenta en la que aparecen
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, hay que decir también
que el alcance del trabajo que se debe hacer en la Intervención General
para remisión al Tribunal de Cuentas de esas cuentas no lo voy a llamar
meramente formal, pero es bastante formal. Lo que la Intervención General
hace en ese caso no es una fiscalización de la cuenta, que es lo que le
corresponde hacer al Tribunal de Cuentas, sino una preparación de la
cuenta, una revisión de la coherencia interna de esa cuenta, para ver si
puede incorporarse al conjunto de los organismos de la Administración y
ser remitida al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. A la
Intervención General no le corresponde, en la fase de repaso, estudio,
revisión de las cuentas remitidas por cada organismo que se rinden al
Tribunal por su conducto, entrar en el contenido de las operaciones para
ver si son o no correctas, sino la coherencia misma de la cuenta y un
conjunto de aspectos que no les voy a cansar en citar, que son los que
revisamos, como el encuadre aritmético de los estados contables, la
coherencia interna de los datos, si existen las firmas y diligencias
adecuadas, si la cuenta se ha rendido adecuadamente por el órgano, si
existe coherencia de saldos entre los entrantes y salientes; cuando esa
información aparece, si coinciden las cifras con todos los datos que
conocemos de presupuesto, con el presupuesto inicial, con las
modificaciones de crédito, aportando sus expedientes correspondientes y
los saldos salientes de Tesorería. Se trata de un conjunto de
comprobaciones que permiten preparar esa cuenta para que sea fiscalizada
por el Tribunal de Cuentas. Hasta ese alcance entendemos que debe llegar
el trabajo a realizar para la preparación de la cuenta. No quiero
citarles doctrina al respecto, pero la tenemos de hasta dónde debe llegar
la Intervención General en el estudio de las cuentas que remite al
Tribunal y que no hace directamente,
porque el que las prepara y el que las rinde es el propio organismo, que
es el responsable de la contabilidad.
En cuanto al tema de los remanentes, ya les he dicho los tres grandes
créditos que entre 1992 (junio) y 1993 (octubre) llevan aportación de
remanentes de Tesorería. Los remanentes de Tesorería, en los organismos
autónomos administrativos está perfectamente regulado que son una forma
de financiar incrementos presupuestarios de años sucesivos. El remanente
de Tesorería nos dice que hay unos mayores derechos reconocidos no
cobrados, es decir, tenemos un activo frente a terceros, menos las
obligaciones pendientes de pago: pasivo respecto a terceros. Ese es el
remanente de Tesorería y, desde luego, la liquidación correspondiente a
cada ejercicio, en la medida en que lo primero de todo tiene que ofrecer
la liquidación de los derechos y de las obligaciones y se sabe cuáles han
sido los cobrados y no cobrados; el remanente de Tesorería sale de esas
cuentas.
En la Intervención General no certificamos esas cuentas, es verdad que
las certifican los organismos. En todo caso, es un aspecto fácil de
comprobar que existen esos remanentes. Le digo más, por lo general, los
organismos autónomos no suelen tender a inflar los remanentes, sino a
disminuirlos. Cuando en el mes de septiembre se presenta el proyecto de
presupuestos del año siguiente, se pide a los organismos que digan cuál
es su remanente previsto para que se le disminuya en su caso la
transferencia que el Estado le va a hacer el año próximo, con lo cual los
organismos suelen tender a disminuir esa cifra que creen que van a tener
de remanente, con el fin de que el Estado les dé una mayor transferencia.
No suele ser la práctica normal ofrecer esa cantidad para financiar un
crédito, porque después eso tiene que ser líquido; si no es líquido queda
absolutamente colgado el presupuesto del organismo. Estamos hablando de
algo que se ofrece para financiar unos gastos, pero si después ese algo
no es liquidable, si no se convierte en caja, verdaderamente, los
problemas se le plantean al organismo que no va a poder financiar, a
pesar de habérselo ofrecido como primera partida de financiación. Esto en
lo que respecta al remanente.
Dice usted que las auditorías de cuentas no coinciden. Efectivamente, los
créditos extraordinarios se aprueban por el importe que se deriva de la
auditoría, señora Villalobos, y de lo que sí puedo hablar --y se las
puedo remitir sin ningún problema-- es de las tres auditorías que han
medido la insuficiencia de los años 1990, 1991 y 1992. En el caso de
1990, fueron los 295,8 miles de millones, que dieron amparo al crédito
extraordinario --estos datos los tengo aquí--. En cambio este que se
acaba de aprobar y que se aprobará en el Congreso en los próximos días ha
disminuido un poco la cifra que estimaba el Inem, porque mientras pensaba
en una ampliación de aproximadamente 250.000 millones ha sido de 237,5
miles de millones, en función de la auditoría realizada por la
Intervención General, que lo que hace es recoger la documentación soporte
de esa petición de crédito extraordinario, analizarla y sumarla, de tal
manera que pueden existir --y existen a veces-- reintegros duplicados. Es
decir, puede haber algunas cifras que la auditoría detecte que no son
correctas; en ese momento las da de baja y el crédito extraordinario
recoge la cifra auditada. Esto es lo que le puedo decir. La cifra de los
90.000 millones no sé de dónde puede salir, porque no es la que tenemos
nosotros; la que sale es la que le he dicho.
Me dice usted que en 1988 el Tribunal de Cuentas apuntaba un déficit. Yo
le puedo decir que en 1988 existió un déficit presupuestario de 179,5
miles de millones. Luego hay ajustes. Fue el año en que se aplicaron los
remanentes y se actualizaron los créditos hasta ese año. Remanentes de
Tesorería existentes. El remanente de Tesorería, al final, se cobra.
Porque si no se cobra, repito, no es financiación; es una pescadilla que
se muerde la cola. Tiene que ser de una partida que sea financiación. En
el caso del Inem lo que me inclino a creer es que los derechos
reconocidos sean cifras que la propia Tesorería prácticamente ya ha
cobrado, pero que todavía no le ha pasado el importe al Inem. Es lo que
me imagino.
Prestaciones extrapresupuestarias, 57,8 miles de millones. Hubo una
regularización de 231,9 y finalmente ese ejercicio, en cambio, la
necesidad de financiación recogida en contabilidad nacional fue de menos
21,2 miles de millones; necesidad de financiación. Porque, vuelvo a
insistir en el mismo caso de 1992, la aplicación de la regularización de
años anteriores incrementó el gasto presupuestario del ejercicio, pero
realmente eran gastos de años anteriores aplicados en operaciones
extrapresupuestarias. Fue el mismo caso de lo que les acabo de relatar de
1992. Cuando se incorpora esa regularización y se lleva al presupuesto de
gastos, esos gastos, al haber sido recogidos en los años anteriores, en
el año 1992 tuvieron que darse de baja para hacer la contabilidad
nacional. Evidentemente, si usted mira las cifras de liquidación del
presupuesto, están ahí, pero no son gastos del ejercicio, son de otros
años. Están, claro que sí, los 560 y los 231, absolutamente seguro. Pero
toda esta información se la dejo aquí y cuando la estudien lo
comprenderán perfectamente.
Decía el señor Ríos si el Tribunal de Cuentas detecta uso o abuso de la
figura. En el Informe de 1990 quizá es en el primero que podría haber
dicho algo, aunque también ha habido otros ejercicios con operaciones
extrapresupuestarias. Yo no recuerdo que haya explícitamente comentarios
de este tenor, en el sentido de considerar que ha habido abuso; no lo
recuerdo. Tendría que repasarlo.
Sobre si se ha regularizado en 1992 o no, espero que haya quedado claro
con lo que acabo de decir, toda la suma de créditos extraordinarios y
ampliables y la suma de insuficiencias, que también he dado, con lo cual
había una pequeña cifra de diferencia, que es la que se derivará,
seguramente, de la última auditoría que hagamos y que espero que se
incorpore al crédito que cubra la insuficiencia de 1993. Esta es mi
lectura.
Espero que haya quedado suficientemente claro, aunque, efectivamente, las
relaciones con la Tesorería General quizás son las que complican un poco.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea un turno brevérrimo de
aclaraciones? (Pausa.)
El señor Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy breve, señor Presidente.
Simplemente, si puede aportar la señora Interventora tanto la auditoría
de 1992, en la que hacía referencia a que justifica el crédito
extraordinario que se ha presentado ahora, como ese informe de base
jurídica que ha barajado la Intervención General, en el que aportan las
razones o las bases legales para poder utilizar esta figura que llama
aportaciones extrapresupuestarias.
La señora INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): Obligaciones extrapresupuestarias. Aportaciones no: obligaciones
extrapresupuestarias.
El señor RIOS MARTINEZ: Ese informe jurídico que ha citado usted que
tenía...
La señora INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): Sí, sí, pero se refiere a si el Inem está autorizado legalmente a
gastar con cargo a obligaciones extrapresuputarias o no.
El señor RIOS MARTINEZ: Usted ha citado la disposición adicional cuarta,
que incluso nos ha leído, de un determinado decreto. Toda esa base
jurídica que ustedes pidieron; nos gustaría tener ese informe jurídico.
La señora INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): Pero me refiero a que es si el respaldo a si el Inem está
autorizado, por las distintas disposiciones legales existentes, a
realizar gastos con cargo a operaciones extrapresupuestarias.
El señor RIOS MARTINEZ: El informe que usted tenga.
La señora INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): Es eso, ¿no?
El señor RIOS MARTINEZ: El que usted ha dicho; el informe que usted
tiene. Si no lo tiene, ¿cómo lo voy a pedir?
La señora INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): No, es que como ha dicho aportaciones... Aportaciones no sé lo que
es. Obligaciones extrapresupuestarias, es decir, gastos sin cobertura
presupuestaria, porque hay una serie de disposiciones que amparan poder
realizar este tipo de gastos.
El señor PRESIDENTE: Está claro el sentido de la petición del señor Ríos.
La señora Villalobos tiene la palabra.
La señora VILLALOBOS TALERO: Aparte de sumarme a la petición del
representante de Izquierda Unida quiero decir a la señora Interventora
General que, dada mi ignorancia --como no he sido Ministro nunca, no
tengo los conocimientos profundos de los compañeros socialistas que saben
de todo (Risas), por eso soy Diputada, simplemente--, los datos que yo he
utilizado en mi intervención han sido datos extraídos de la liquidación
de presupuestos, datos aportados por el Ministerio de Economía y Hacienda
a esta Cámara, donde aparece la previsión de liquidación del año
anterior, del presupuesto del año 1994, liquidación del año 1993
prevista, y la definitiva del año anterior. En los datos que yo he
utilizado aquí del año 1992 hay una ampliación de 560.000 millones; hablo
del ejercicio presupuestario de 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, estoy
hablando de la documentación de liquidación definitiva de año 1992, que
la Intervención General, el Ministerio de Economía y Hacienda, remite a
esta Cámara.
Usted dice que en el año 1988 se hizo un borrón y cuenta nueva, lo que se
está haciendo este año, poner el déficit a cero y empezar de nuevo; los
déficit o no déficit que se generen en 1994 ya es otra historia. Lo que
se está produciendo a través de esos 870.000 millones del año 1993 sería
poner el déficit del Inem a cero. Usted dice que en el año 1988 se hizo
exactamente lo mismo. Yo le digo a usted --y son datos suyos y no míos--
que aparecen los años 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990, y que la auditoría
de cuentas del año 1989, que es la última de la que disponemos, dice que
hay 360.000 millones de pesetas que no aparecen contabilizados en el
presupuesto del Inem.
Como usted comprenderá, señora Interventora, yo no le echo a usted la
culpa de esa cuestión. Yo, simplemente, he pedido su comparecencia para
poder conseguir averiguar dónde está el problema. En ningún caso he dicho
que el problema esté en la Intervención General del Estado. Lo que creo
es que la Intervención General del Estado tiene una función que cumplir
en la Administración; no solamente auditar unas cuentas, sino que los
presupuestos se puedan cumplir. El Inem ha abusado desde el año 1986 de
ese sistema extrapresupuestario, que usted dice que tiene capacidad de
hacer, cosa que analizaremos a fondo. Usted hasta ahora ha hablado nada
más que de la Tesorería General de la Seguridad Social, es lo que nos ha
leído aquí, Tesorería General de la Seguridad Social. Por supuesto, no
pongo en duda para nada la capacidad jurídica y de interpretación de la
Ley que tiene la Intervención General del Estado, pero me gustaría saber
cuáles son esos créditos extrapresupuestarios, porque en el libro que es
de la Intervención General del Estado --junio de 1993, respecto a los
presupuestos de 1992--, la misma Intervención dice que las transferencias
de este crédito extraordinario del año 1992 no se pueden imputar a ningún
otro ejercicio, sino al año 1992, porque, «a priori», se
desconoce el año y el importe; es decir, no se sabe a qué año corresponde
esa transferencia del Estado, a través de un crédito extraordinario, al
Inem. Usted dice que aparecen reflejados en los presupuestos de
liquidación, aunque sean extrapresupuestarios, los déficit de los que
estamos hablando.
Señora Interventora, yo no he encontrado esos déficit
extrapresupuestarios del Inem, no he encontrado ni los del año 1988, ni
los del año 1989 ni los de 1990 ni los de 1991, y he cogido la
liquidación definitiva de presupuestos desde el año 1986. Le vuelvo a
decir, señora Interventora, que si sumamos los remanentes de crédito del
Inem, de los años 1986, con un superávit de 78.875 millones de pesetas;
1987, con un superávit de 101.771 millones de pesetas; 1988, con un
déficit de 146.665 millones de pesetas; 1989, con un superávit de 178.302
millones de pesetas; año 1990, con un superávit de 191.320 millones de
pesetas; año 1991, con un superávit de 113.115 millones de pesetas; año
1992, con un déficit de 358.545 millones de pesetas (una no sabe más que
hacer la cuenta de la vieja, suma y resta los positivos y negativos), al
final, la suma total nos da un remanente de crédito a favor del Inem de
98.000 millones de pesetas. ¿Que haya remanente de créditos
extrapresupuestarios? Es posible, señora Interventora. Desde luego, en la
liquidación de presupuestos que se remite a esta Cámara, no aparece.
Lo que le puedo decir es que como simple Diputada de un Grupo
Parlamentario que intenta conocer la realidad, porque creo que es mi
obligación y para eso me votaron 8.200.000 españoles, tengo la obligación
y el derecho de solicitar a la Administración que me proporcione estos
datos que no aparecen en la documentación que la propia Administración
remite a esta Cámara. Las interpretaciones de sonrisas o ironías, que
como es lógico están en función de la capacidad de las personas, señora
Interventora, las dejo para las relaciones entre los grupos
parlamentarios.
Gracias, señora Interventora, ha sido usted exquisamente espléndida en su
explicación. (El señor Almunia Amann pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, quiero insistir en que no es un tema
de polémica.
El señor ALMUNIA AMANN: Le iba a hacer un ruego al Presidente, de forma
mucho más breve que la intervención que me ha precedido.
Como usted mismo y algún otro miembro del Grupo Popular que también está
en la Mesa y presiden nuestros debates también han sido ministros, les
pido que hagan un esfuerzo por explicar algunas cosas a la señora
Villalobos.
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, depende en todo caso de la humildad
con que uno ha ejercido la función del Ministerio. (Risas.)
Señora Interventora, tiene la palabra.
La señora INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): Es demasiado tarde ya.
El señor PRESIDENTE: Me parece, señoras y señores Diputados, que todos
estamos de acuerdo en que la señora Interventora, de verdad y no desde la
cortesía, ha agotado al máximo su capacidad de respuesta en su ámbito y
que lo que aquí se está planteando --y me parece que en eso estamos todos
de acuerdo-- no es tanto la pulcritud de la contabilidad de las cuentas
del Inem sino una determinada política que ha conducido a unos
determinados resultados. En ese sentido, si la señora Interventora no
tuviera un especial deseo de hablar o en todo caso diese una contestación
muy puntual, como es claro que estamos extraordinaria y sinceramente
satisfechos por su explicación, yo no alargaría más la sesión. En todo
caso, usted tiene la palabra.
La señora INTERVENTORA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): Muy brevemente.
Me interesa decir que comprendo que los señores parlamentarios tengan
interés en que las cosas estén claras, pero la Intervención General
también. Tenemos unos funcionarios magníficos que --y aprovecho para
decirlo-- se han sentido un poco dolidos en estos últimos meses porque
parecía que se estaba poniendo en tela de juicio su trabajo, cuando era
un trabajo absolutamente correcto, basado y fundamentado en principios y
reglas de los que podemos decir con la cabeza muy alta que efectivamente
son los correctos.
Solamente quería decir dos cosas muy breves. Es importante que, cuando se
convoca a alguien para comparecer, se sepa hasta dónde llegan sus
competencias; que se amplíe o no un crédito, que se haga o no vía crédito
extraordinario no es algo que competa a la Intervención General, se ha
comentado hace un momento. En el momento en que se decide una de las dos
vías, es verdad que a la Intervención le compete --en la Intervención
delegada o en la general-- hacer un informe acompañando a esa gestión,
pero ni nos compete iniciar la tramitación ni nos compete tramitar ni,
finalmente, aprobar. Me gustaría que eso quedara muy claro. En todo caso
podríamos hablar de cuáles serían mis preferencias, pero no de cuál es el
papel que tenemos que jugar por el hecho de que se amplíe o no un crédito
o, en vez de esto, se lleve a crédito extraordinario. No nos corresponde
jugar el papel de decir que se haga o no de una u otra forma. Para eso
hay autoridades competentes que son las que lo deben hacer.
Habla de los datos pormenorizados. Yo llevo dos años y pico en la
Intervención General y como me di cuenta de que existía este problema de
insuficiencias presupuestarias, que se estaban cubriendo por obligaciones
extrapresupuestarias, me cuidé de que los avances que se enviaban al
Congreso llevaran especificadas las cantidades correspondientes que no
figuraban como liquidación del presupuesto pero que sí eran operaciones
extrapresupuestarias. Observará usted que desde 1991 aparece esta
información, para que ustedes conozcan ese dato que hay que agregar a la
contabilidad presupuestaria. También aparece la nota de que ¡cuidado! hay
operaciones ahora incorporadas al presupuesto que ya han sido
extrapresupuestarias en años anteriores.
Y el dato de hasta dónde cubrió el saneamiento --llamémosle así--, la
cobertura de insuficiencias hasta 1988, lo tienen ustedes ahí, están
claras las cifras recogidas de la contabilidad oficial y la
correspondiente al año pasado cubrió desde 1988 hasta el final.
Estos son los datos, señora Villalobos. Yo no sé de dónde le salen esos
datos al Tribunal de Cuentas. Desde luego lo que sí le puedo decir es que
en el caso de las prestaciones --como decíamos al principio-- no hay nada
oculto. El gasto está hecho y el pago está realizado. Es decir, ahí no
hay posibilidad de decir que vamos a desfasar gastos de un año para otro.
La contabilidad nacional recoge lo presupuestario y lo
extrapresupuestario de cada ejercicio. Esto es lo que les puedo decir en
cuanto a la corrección de nuestras cifras.
De todas maneras, estúdiense la documentación y no tendremos ningún
inconveniente en ampliar lo que sea necesario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Interventora. La Comisión
espera que le remita esos dos documentos que ha indicado, si es posible
por escrito.
Le reiteramos nuestro agradecimiento, el de todos.
Ruego a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los grupos que
permanezcan en la sala, pues tenemos la reunión para calificar las
peticiones de comparecencia.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.