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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 36, de 06/10/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 36
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE: DON VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles, 6 de octubre de 1993
ORDEN DEL DIA:
--Aprobación, en su caso, de la delegación en favor de la Mesa, a la que
hace referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. (Número de expediente 42/000007.) (Página 690)
--Aprobación de la celebración de la comparecencia del señor Ministro de
la Presidencia. A propuesta de la Mesa y Portavoces de la Comisión
acordada en su reunión del día 29 de septiembre de 1993. (Números de
expedientes 213/000020 y 213/000042.) (Página 690)
Comparecencia del señor Ministro de la Presidencia (Pérez Rubalcaba),
para informar:
--Sobre las previsiones y líneas generales a desarrollar en su
Departamento. A petición propia. (Número de expediente 124/000014.)
(Página 690)
--De las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en
su Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000020.) (Página 690)
--Sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000042.) (Página 690)
Se abre la sesión a las once y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la sesión, pidiendo
disculpas por el retraso en el inicio de la misma.
--APROBACION, EN SU CASO, DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE
HACE REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 42/000007.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el orden del día de la Comisión tiene como
primer punto del orden del día la aprobación, en su caso, de la
delegación en favor de la Mesa, a la que hace referencia la Resolución de
la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983, en relación con el
artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y que se
refiere a la comparecencia de autoridades u otras personas a
requerimiento de la Comisión y de los señores Diputados, de tal forma que
no tengamos que reunir la Comisión para tomar esas decisiones, sino que,
con el objeto de agilizar al máximo estas comparecencias solicitadas por
sus señorías, lo pueda realizar la Mesa directamente.
El acuerdo que se somete, por consiguiente, a aprobación de la Comisión
sería el siguiente, del que doy lectura: «La Comisión Constitucional, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, así como la Resolución de la Presidencia de 2
de noviembre de 1983, en sesión celebrada el 6 de octubre de 1993 acuerda
delegar en su Mesa las facultades de recabar información y documentación
del Gobierno y de las Administraciones Públicas, la presencia de miembros
del Gobierno, de autoridades y funcionarios o de otras personas, siempre
que la decisión que al respecto adopte la Mesa de la Comisión tenga el
carácter de unánime. En caso contrario, será la propia Comisión quien
adopte la oportuna decisión.»
Este sería el acuerdo de delegación en la Mesa y que tiene, insisto, como
único objetivo agilizar las comparecencias solicitadas por SS. SS. ¿Están
de acuerdo? (Asentimiento.)
Queda acordada la delegación.
--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LA COMPARECENCIA DEL EXCELENTISIMO
SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, A PROPUESTA DE LA MESA Y PORTAVOCES DE
LA COMISION, ACORDADA EN SU REUNION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1993.
(Números de expedientes 213/000020 y 213/000042.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto no hubiera sido necesario si
hubiéramos tenido ya esta delegación, pero como no la teníamos, es
necesario que la Comisión apruebe en este momento la celebración de la
comparecencia del señor Ministro de la Presidencia, a propuesta del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Popular, así como
a petición propia del Ministro de la Presidencia.
¿Están de acuerdo SS. SS. en que realicemos acto seguido la citada
comparecencia? (Asentimiento.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (PEREZ RUBALCABA) PARA
INFORMAR:
--DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO.
A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000014.)
--DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR EL MINISTRO EN
SU DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000020.)
--SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
213/000042.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, la Comisión acaba de aprobar la
petición de comparecencia que ha realizado el Grupo de Izquierda Unida y
el Grupo Popular, así como el propio Gobierno, para que informe sobre el
programa y las líneas generales a desarrollar por el Ministro en su
Departamento en este mandato, dice Izquierda Unida. Por consiguiente,
vamos a iniciar la citada comparecencia.
Le rogamos tenga en cuenta el tiempo de que disponemos con el fin de
dejar tiempo suficiente para que los señores portavoces hagan la
intervención correspondiente.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, comparezco ante esta Comisión con el objeto
de exponerles las líneas fundamentales de la acción que me propongo
desarrollar a través del Departamento que tengo la responsabilidad de
dirigir. Lo hago a petición propia y para responder también a las
peticiones de comparecencia presentadas por los grupos parlamentarios
Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por tanto, se trata
de una sesión simultánea de información y de control.
Quiero subrayar de esa circunstancia el interés confluyente mostrado por
los grupos y por el Gobierno en torno a los asuntos cuyo tratamiento
corresponde a esta
Comisión Constitucional. Nada me parece más lógico, ya que entiendo que
el Parlamento es, señor Presidente, señorías, el ámbito privilegiado para
incorporar la mayor legitimidad social a las políticas sectoriales
diseñadas por el Gobierno. Ello es aún más cierto y, por tanto, más
necesario, cuando se trata de los asuntos que por su relevancia,
contenido e incidencia general para la vida institucional y política
requieren de un continuado diálogo, de la búsqueda de un consenso básico
y eventualmente de una paciente y generosa negociación.
Muestro ante SS. SS. mi plena disposición para propiciar ese diálogo,
para trabajar en favor de ese consenso y de esos acuerdos básicos. Lo
hago por talante personal, que creo haber puesto de manifiesto en las
relaciones que he tenido con la Cámara en el ejercicio de mis anteriores
responsabilidades, pero lo hago fundamentalmente porque el trabajo
político que ese permanente diálogo conlleva constituye el eje
estratégico de las competencias y de las funciones que mi Departamento
tiene atribuidas.
Quisiera reclamar su atención, dando así fin a esta parte inicial de mi
intervención, sobre el hecho de que concluyen hoy las comparecencias,
ante sus respectivas comisiones, de los miembros del Gabinete constituido
el pasado mes de julio. De manera inmediata a aquella constitución, el
Gobierno solicitó esas comparecencias con el objeto de exponer ante SS.
SS. las líneas fundamentales de su acción política, lo que se ha
producido de manera sucesiva e inmediata a la apertura del actual período
de sesiones.
Pero, más allá del interés que por sí mismo tiene el planteamiento
estrictamente sectorial, el Gobierno quiso emitir desde el primer momento
la inequívoca señal de que consideraba necesario reforzar el papel del
Parlamento como ámbito lógico y fundamental de la acción política y de
que se disponía a contribuir a ese reforzamiento en lo que estuviera al
alcance de sus propias posibilidades.
Pienso que hoy podemos presentar un balance positivo de ese abanico de
comparecencias en relación con el objetivo que les acabo de manifestar,
un balance positivo que entiendo aún parcial, ya que se trata de un
objetivo profundo y de largo alcance en el que tendremos que cooperar día
a día el Gobierno y los grupos a los que SS. SS. representan.
A este respecto, me gustaría compartir ahora con SS. SS. algunas
reflexiones de carácter general. ¿De dónde procede esa preocupación por
la necesidad de fortalecer el papel del Parlamento y de las instituciones
democráticas? ¿De dónde el interés común por atender a ese
fortalecimiento? Podríamos creer que se deriva simplemente del resultado
electoral. Es apenas una simple constatación el señalar que, después de
tres legislaturas consecutivas con mayoría absoluta del mismo Grupo
Parlamentario, iniciamos la presente en la que ningún grupo ha alcanzado
un apoyo de tal dimensión. Es bien cierto que ello ha de contribuir a
introducir no pocas variaciones en el funcionamiento de las instituciones
y de cada uno de sus órganos y que va a requerir un nivel efectivo de
acuerdo que confiera la estabilidad parlamentaria en cada caso precisa.
Pero no debemos concluir de ello que estamos simplemente ante una mera
necesidad de carácter aritmético o cuantitativo ante el solo requisito de
tener que conformar una mayoría suficiente; antes bien, estamos ante una
necesidad mucho más profunda que se origina en una serie de fenómenos de
hondo calado, muchos de los cuales trascienden el ámbito nacional pero
que provienen también de algunas características propias que se han
manifestado recientemente entre nosotros.
Tenemos una preocupación compartida, señor Presidente, señorías, acerca
de la consideración de la democracia, del aprecio por las instituciones y
de la participación ciudadana en la vida política, una preocupación
compartida en este fin de siglo marcado por la incertidumbre. Tenemos una
fundada inquietud por la percepción y la valoración social de la
política, de los políticos y de la dinámica de la acción política misma.
En este incierto fin de siglo --decía-- asistimos a la paradoja de que el
triunfo de la democracia como sistema político ha venido acompañado por
una cierta erosión en la confianza que despierta. Desaparecido el bloque
político alternativo ante el cual la democracia se legitimaba en no poca
medida, como contraposición, como el menos malo de los sistemas posibles,
sobre ella pesan ahora los problemas que agobian a las sociedades
industriales avanzadas. Su aprecio social está ahora más vinculado que
nunca a la capacidad real que demuestre en la resolución de las
dificultades y conflictos que preocupan a los ciudadanos.
A esa crisis de confianza han venido a sumarse los efectos negativos de
la recesión económica, tanto los que se perciben como asociados a la
coyuntura como aquellos que de manera preocupante aparecen como síntomas
de transformaciones más profundas, y anuncian la necesidad de que
procedamos a la revisión de algunas concepciones y esquemas que han
permanecido inalterables a lo largo de décadas. La reaparición de
conflictos de gran virulencia en la historia de nuestro entorno europeo
que se habían mantenido larvados durante el prolongado período de la
seguridad de bloques, la reavivación de egoísmos de carácter territorial
o corporativo, el surgimiento de fenómenos políticos singulares en no
pocos países europeos o el crecimiento de amenazas totalitarias, sean
raciales, sean xenófobas, son distintas manifestaciones de los retos que
hoy confrontan las instituciones democráticas.
Si a ello añadimos la alarma social que despiertan los fenómenos de
escándalo y corrupción vinculados al propio entorno de la acción
política, era lo razonable esperar que las distintas fuerzas
representadas en esta Cámara expresaran en las pasadas elecciones la
necesidad de abrir una nueva etapa. Una nueva etapa que superara los
desaciertos y las insuficiencias, que dejara atrás el clima de crispación
que predominó en la última fase de la legislatura anterior y que
afrontara, a través del diálogo y del acuerdo, las reformas precisas para
fortalecer la vida de las instituciones democráticas y,
consiguientemente, la percepción positiva y la vinculación activa de los
ciudadanos a las mismas. Ese mandato para que pongamos en
marcha una nueva etapa pueden encontrarlo con facilidad SS. SS. en el
resultado electoral del pasado 6 de junio. Se trata de un mandato
abrumador, ya que tales propuestas figuraban en una mayor o menor medida,
con contenidos a veces dispares, pero con una gran coincidencia de fondo,
en las respectivas ofertas de las fuerzas políticas aquí presentes.
El programa con el que concurrimos los socialistas consideraba como un
objetivo para afrontar los desafíos para el futuro de nuestra sociedad la
promoción de una cultura política que fuera capaz de robustecer la vida
democrática. Para ello, se proponía contribuir a la generación de un
nuevo impulso democrático, a la puesta en marcha de las reformas y de los
comportamientos precisos para favorecer la transparencia y la proximidad
de nuestras instituciones.
El principal grupo de la oposición dedicó igualmente un amplio capítulo
de su programa a lo que vino en definir como revitalización de la
democracia. Izquierda Unida consideró una prioridad la adopción de
medidas que tuvieran por objetivo la democratización y el acercamiento de
las instituciones a los ciudadanos, la potenciación de la independencia
de los poderes del Estado y la ampliación de las fórmulas participativas
en las distintas instancias de poder. Convergència i Unió consideró
conveniente llevar a cabo algunas adaptaciones en nuestro sistema
institucional para dar respuesta a las exigencias que plantea la propia
consolidación de la democracia parlamentaria y para la recuperación de la
identidad entre valores éticos y políticos. Una preocupación temática
asimismo consistente se reflejaba en el tratamiento otorgado por el
Partido Nacionalista Vasco. El resto de las fuerzas aquí representadas
recogieron igualmente en sus programas similares aportaciones a la
cuestión que venimos tratando.
No caeré en la ingenuidad de creer que todos y cada uno de nosotros
hacemos la misma valoración de la situación actual, como tampoco de
pensar que hay un acuerdo pormenorizado sobre las soluciones que esta
situación requiere. No iré tan lejos como para atribuirnos
inapropiadamente las mismas posiciones a unos y a otros; sí creo poder
extraer, sin embargo, de este somero repaso que existe no poca
coincidencia en los aspectos esenciales: una misma preocupación por los
problemas de legitimación y de la cierta desafección política que se ha
producido, una misma voluntad de encararlos a través de reformas y de
comportamientos institucionales y un mismo convencimiento de que ello
sólo es posible a través de un amplio diálogo y de un consenso básico.
Ese mismo convencimiento estuvo en la base del programa de Gobierno
presentado por el candidato a la Presidencia en el debate de investidura.
Consideró que era necesario abrir esta nueva etapa con un compromiso
sólido de renovación política y con una reafirmación de los valores de
progreso, afirmando a la vez que los problemas de nuestra democracia
dependen exclusivamente de nosotros mismos, deben resolverse
profundizando en la propia democracia, abordando reformas institucinales
concretas y mejorando nuestros mecanismos de participación y control.
Tras reconocer y mostrar su preocupación por la crítica general y sin
matices a los partidos, a las instituciones y a todos los ámbitos de la
vida pública, el Presidente del Gobierno afirmó que, aun sin dramatizar
en exceso el distanciamiento, hemos de ser conscientes de la necesidad de
revalorizar la vida de partidos e instituciones convirtiendo el
Parlamento en el centro real del debate democrático, dotando de mayores
poderes al Consejo General del Poder Judicial con el objeto de hacer más
eficaz la justicia, aumentando, en fin, la eficacia, la agilidad y la
transparencia de la Administración y haciéndola por tanto más próxima al
ciudadano.
Se refirió, finalmente, a la procedencia de abordar una nueva legislación
sobre partidos políticos, culminar las reformas de los reglamentos del
Congreso y del Senado y proveer las vacantes existentes en los órganos
constitucionales.
Todo ello, señor Presidente, señorías, encuadrado en una acción de largo
y hondo alcance, en la que hay también un amplio abanico de acciones de
carácter más sectorial, todas ellas confluyentes en una legitimación más
profunda de nuestra actividad política.
El más importante en todo caso de los instrumentos que tenemos a nuestro
alcance reside en nuestra propia práctica habitual, en nuestro propio uso
de los comportamientos y valores asociados a la democracia, tales como la
transparencia, el diálogo, el rigor, la proximidad a los ciudadanos o la
solidaridad.
La formación del nuevo Gobierno encargado de desarrollar el programa
presentado en la investidura ha traído como consecuencia la creación del
Ministerio de la Presidencia, cuya responsabilidad y dirección se me ha
encomendado. Saben SS. SS. que mi Departamento ha asumido
fundamentalmente las competencias antes atribuidas al Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno y al Ministerio
del Portavoz del Gobierno.
No entretendré a SS. SS. con una descripción detallada del Real Decreto
1.486, de 3 de septiembre de este año, por el que se determina la
estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia. Sí quiero
detenerme, siquiera muy brevemente, en la filosofía que subyace a las
funciones que tiene atribuidas, por cuanto constituyen el núcleo de la
necesaria coordinación en el trabajo del Gobierno y en su relación con la
Cámara, así como en la igualmente necesaria información y comunicación
con la sociedad.
En el apoyo al Presidente y al Vicepresidente del Gobierno le
corresponden a mi Departamento las funciones de preparación y seguimiento
de la ejecución del programa gubernamental, organizando para ello los
trabajos del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del
Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios; la comunicación entre el Gobierno y las Cortes Generales
a través de la preparación, desarrollo y seguimiento de su programa
legislativo, y en especial de su tramitación parlamentaria. Finalmente,
la
coordinación de la política informativa y de comunicación y las
relaciones con los medios informativos nacionales y extranjeros.
Mi Departamento, señor Presidente, señorías, tiene por encargo la
comunicación entre el Gobierno y las Cortes Generales, ejerciendo
funciones de coordinación y asistencia en las relaciones de aquél con el
Congreso de los Diputados y con el Senado, tanto en las de carácter
legislativo como en las de control, pero quiero subrayar aquí que es al
mismo tiempo un instrumento al servicio de SS. SS. En este sentido, les
ofrezco mi plena disposición y la del conjunto de mi Departamento para
contribuir al más eficaz desempeño de las facultades que a SS. SS.
reconoce el artículo 7.º del Reglamento de esta Cámara, singularmente las
que se refieren a recabar de las administraciones públicas los datos,
informes o documentos que obren en poder de éstas, así como a dar también
cumplida respuesta a las iniciativas que se contemplan en los artículos
185 y siguientes del Reglamento.
Más allá, por tanto, de sus atribuciones sectoriales, mi Departamento
sirve como instrumento a la acción conjunta del Gobierno y tiene una
clara y explícita vocación de diálogo. Diálogo con las Cámaras, diálogo y
comunicación con los ciudadanos y con la sociedad en su conjunto. Tiene,
por tanto, una particular disposición para todo cuanto pueda concernir a
la revitalización de las instituciones democráticas y por todo cuanto
pueda favorecer la información plural de los españoles y, por tanto, su
mayor participación política.
Por todo ello, una buena parte de las líneas generales de la acción que
me ha de corresponder desarrollar está asociada a la acción general que
despliegue el Gobierno. En buena parte, también, a la que SS. SS. y los
grupos que representan estén en disposición de impulsar desde las
Cámaras.
Hay otra parte, sin embargo, que, aun teniendo un carácter general y
correspondiendo al Gobierno como conjunto, requiere acciones
sectorializadas, a las que me voy a referir a continuación. Les estoy
hablando, señorías, señor Presidente, de cuestiones tales como la reforma
de los reglamentos del Congreso y del Senado, las modificaciones a
introducir en el Tribunal de cuentas, la provisión de las vacantes
actualmente existentes en los distintos órganos, la eventual revisión del
Estatuto de Radiotelevisión Española, la progresiva relación con el
parlamento del Centro de Investigaciones Sociológicas, la configuración
del Centro de Estudios Constitucionales como foro de documentación,
debate y génesis de propuestas en relación con los problemas del
funcionamiento democrático a los que me vengo refiriendo y, finalmente,
la revisión de la legislación actual sobre partidos políticos y régimen
electoral.
En lo que concierne a la reforma de los reglamentos del Congreso y del
Senado no se me ocurrirá en modo alguno interferir la plena autonomía de
las Cámaras. Simplemente, señalaré que el Gobierno desearía que se
culminaran las reformas que ya alcanzaron un grado de tramitación
bastante avanzado en la anterior legislatura, singularmente aquellas que
se relacionan con la aproximación más inmediata, más directa, más eficaz,
a los problemas de los ciudadanos a través del debate parlamentario. Para
ello, y en este mismo sentido, comprometería la presencia permanente del
propio Gobierno, con el objeto de propiciar una más amplia labor de
control del conjunto de sus actuaciones y de cada una de ellas en
particular.
Por lo que se refiere específicamente al Senado, hemos señalado
igualmente nuestra voluntad de que la reforma de su Reglamento, que
parece próxima a retomarse, permita su progresiva configuración como
Cámara territorial. Hemos señalado también de manera manifiesta nuestra
predisposición a apoyar, y promover si fuera precisa, una eventual
reforma de la Constitución en este sentido, con la condición siempre de
que a su necesidad le acompañe el consenso político parlamentario y
social suficiente.
He señalado a SS. SS. que deberíamos proceder de manera inmediata a la
provisión de las vacantes en los distintos órganos e instituciones. Si
estoy en lo cierto, señor Presidente, señorías, estarían pendientes las
siguientes provisiones: Defensor del Pueblo, a elegir por el Pleno de
esta Cámara; cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial, a
elegir cuatro por el Pleno de esta Camara y uno por el Senado; quince
miembros del Consejo de Universidades, cinco a elegir por el Pleno de
esta Cámara, cinco por el Senado y otros cinco por el propio Gobierno;
doce miembros del Consejo de Administración del Ente público
Radiotelevisión Española, seis a elegir por esta Cámara y otros seis por
el Senado; dos miembros del Consejo Consultivo de la Agencia de
Protección de Datos, uno a elegir por esta Cámara y otro por el Senado;
finalmente, tres miembros del Consejo de Seguridad, aceptados o vetados
por la Comisión correspondiente de esta Cámara una vez propuestos por el
Gobierno.
En el ámbito que le corresponde al Gobierno estamos dispuestos a la
inmediata provisión, y en aquello que le trasciende quiero asegurarles
una vez más que deseamos que se supere, y de manera pronta, el bloqueo
producido en la pasada legislatura por la falta permanente de acuerdo
entre los grupos.
Les reitero igualmente que pretendemos contribuir a evitar que la
provisión obedezca al sistema de cuotas o quede totalmente a expensas de
las distintas posibilidades de veto. Para superarlo, estamos dispuestos a
ofrecer y estudiar los mecanismos apropiados, tendentes a apoyar de
manera concordada a candidatos prestigiosos y de reconocida valía, sin
atender a su eventual adscripción política.
Ciñéndonos ahora al Tribunal de Cuentas, compartimos las posiciones de
quienes se muestran partidarios de abordar la modificación de la
normativa que lo regula si ello conduce al mejor cumplimiento de las
previsiones constitucionales en su función de control. Tal modificación,
que estaría singularmente orientada al más eficaz seguimiento de la
contabilidad de los partidos políticos para hacerla más transparente,
debe contar asimismo con el respaldo sustancial de las distintas fuerzas
políticas. La iniciativa para abordar tales cambios podría proceder tanto
de acuerdos alcanzados en la propia Cámara
--y de ello hay algún ejemplo en pasadas legislaturas, aun cuando no
llegaran a su definitiva plasmación-- como de la propia capacidad del
Gobierno, que en último caso no dejaría de ejercer su iniciativa,
consciente como es de la necesidad de acometer tales reformas.
Por lo que respecta al Estatuto de Radiotelevisión Española, quisiera
plantear brevemente ante SS. SS. algunas consideraciones de carácter
general.
El mercado audiovisual mundial se ha visto sometido a transformaciones de
profunda incidencia en apenas unos años. Algunas de ellas derivan de la
rapidísima innovación de raíz tecnológica, algunas otras de la feroz
competencia internacional por asegurar cuotas de mercado.
No es éste el lugar y la ocasión, que seguramente la habrá, para
extenderme en el análisis de tales transformaciones y de su alcance, pero
sí quiero llamar la atención sobre la encrucijada decisiva ante la que se
encuentra en estos momentos la producción audiovisual europea.
En el marco de las actuales negociaciones del GATT, pero también en un
horizonte más lejano, Europa está obligada a incrementar su capacidad de
producción para conseguir satisfacer la demanda específica de su
población, aplicando para ello las directivas de la propia Comunidad que
regulan la participación audiovisual europea. En este marco nuevo y
dinámico Radiotelevisión Española debe plantearse un conjunto de
objetivos, tales como la necesaria adaptación a las actuales condiciones
tecnológicas, sociales y de mercado, el mantenimiento de servicios
públicos con escasa capacidad de autofinanciación, pero de rentabilidad
social clara, el desarrollo de una oferta con voluntad mayoritaria y
destinada a satisfacer a todos los sectores de nuestra sociedad.
Conseguir todo ello, manteniendo una situación financiera estable,
requiere, sin duda, la necesaria reestructuración de la empresa, que en
buena medida ya se ha emprendido, para alcanzar una mayor racionalización
y una mejor adecuación entre los medios y los fines perseguidos.
Circunscribiéndonos ahora a la eventual reforma del Estatuto de
Radiotelevisión Española, es fácilmente constatable, señor Presidente,
señorías, que la realidad en la que vio la luz el Estatuto de 1980 es
claramente diferente a la que hoy tenemos ante nosotros. Frente a una
situación exenta de competencia, tenemos ahora una multiplicidad de
canales autonómicos, así como de cadenas privadas que compiten entre sí,
que han dado origen a una realidad nueva en la que aparece de manera más
palpable aún la utilidad de un servicio público como el que
Radiotelevisión Española presta.
Para dar este servicio público a la sociedad española es preciso, sin
embargo, dotarla de unos instrumentos más flexibles que, dentro del
ejercicio de una competencia leal, le permitan cumplir su papel en favor
de la formación, de la información, de la participación política de los
ciudadanos, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la
cultura española y de sus nacionalidades y regiones.
El marco empresarial debe ser, pues, más flexible, y ello conllevaría, no
sólo cambiar el modelo organizativo, sino también contemplar la
modificación de otro elemento tan sustancial e importante como es el
Consejo de Administración. Habría de procurarse, sobre todo, que sus
funciones le permitieran convertirse en el instrumento esencial de
carácter técnico que procediera a la fijación de las orientaciones y del
marco de directrices, pero con la capacidad simultánea de desarrollar las
líneas de gestión en el mundo cambiante en el que la televisión pública
ha de moverse actualmente.
Sería conveniente, por tanto, que el control político de Radiotelevisión
Española pasase del Consejo de Administración a las comisiones
parlamentarias, que ya de hecho vienen ejerciéndolo con plenitud, tanto
en la Comisión de Control Parlamentario de Radiotelevisión España como en
la propia Comisión de Presupuestos.
En lo que se refiere a las eventuales reformas sobre la regulación de los
partidos políticos quisiera hacer ante SS. SS. dos planteamientos de
carácter previo. Respecto del primero de ellos, creo poder afirmar con
fundamento que nos une idéntica inquietud por el deterioro que se ha
venido produciendo en la percepción que sobre los mismos tienen los
ciudadanos. Las causas son idénticas a las que anteriormente ha hecho
alusión cuando me he referido a los problemas de la democracia. Si acaso,
habría que añadir que entre nosotros se dan algunas circunstancias
peculiares, tales como los reiterados y largos períodos de autoritarismo
en nuestra historia contemporánea, con la consiguiente demonización de
los propios partidos políticos.
El proceso de la transición política y la consiguiente
constitucionalización de los mismos en nuestro texto de 1978 estuvieron
marcados por la voluntad de fortalecer y proteger su funcionamiento, con
el objeto de asegurar el enraizamiento de una democracia de partidos.
Consecuentemente, la Constitución quiso igualmente garantizar la
democracia en los propios partidos.
Superado a quince años vista el objetivo inicialmente marcado, teniendo
que atender ahora a ciertas disfunciones que se han venido mostrando en
este período y pareciendo oportuno adecuar su existencia a las nuevas
características y exigencias de la sociedad compleja y plural en la que
nos estamos adentrando, el Partido Socialista ofreció en su programa
electoral la elaboración de una nueva ley de partidos políticos.
Propuestas igualmente preocupadas por la revisión de aspectos generales o
parciales de su actual regulación fueron asimismo ofrecidas por unos y
otros políticos.
Las cuestiones que con cierta lógica deberían afrontarse en esa revisión
serían las referidas a su funcionamiento democrático y, por tanto, a los
derechos y deberes básicos de los afiliados y a la garantía eficaz,
interna o externa, de tales derechos y deberes. Asimismo, a lo
concerniente a su financiación y a las fuentes de ésta y, por tanto, a su
control eficaz interno y externo, reforzando en este caso los mecanismos
del Tribunal de Cuentas, la ampliación del ámbito a controlar por éste,
que habría de alcanzar a las entidades que tengan relación con los
partidos y con las coaliciones y agrupaciones de los electores y, por
supuesto, a las facultades de carácter sancionador que el Tribunal hoy
posee.
Respecto del segundo planteamiento, creo también poder interpretar el
sentimiento de SS. SS. al afirmar que, tanto sobre estas cuestiones, como
sobre las eventuales del régimen electoral que vayan más allá de la mera
consolidación normativa de los acuerdos parlamentarios alcanzados en la
pasada legislatura, es no sólo inconveniente sino imprescindible asegurar
un amplísimo consenso, ya que estamos ante uno de los fundamentos básicos
del funcionamiento del sistema democrático. Con este objeto, el Gobierno
se propone acometer el diálogo preciso para explorar las posibilidades
reales de conformación de este consenso, al objeto de proceder a las
reformas que cree necesarias, pero que considera, repito, que precisan de
un apoyo consistente.
Quisiera ahora referirme de manera breve, señor Presidente, señorías, a
las previsiones de dos de los organismos adscritos a mi Departamento, dos
organismos directamente relacionados con el conocimiento y la reflexión
acerca de la participación política de nuestros ciudadanos.
El primero de ellos es el Centro de Estudios Constitucionles. Más allá de
los cursos y seminarios que de manera regular organiza, entre los que
destacan los conducentes a la obtención del diploma de posgrado en
ciencia política y Derecho constitucional, y más allá también de su
actividad editorial, tengo el propósito de canalizar, a través del Centro
de Estudios Constitucionales, un debate teórico sobre la profundización
de nuestra democracia y la mejora en el funcionamiento de las
instituciones.
Tres son las líneas en las que orientará su reflexión, siempre desde la
perspectiva del Derecho constitucional: el reto de la construcción de la
Unión Política Europea, la consolidación de nuestro Estado de las
autonomías, con el estudio de las consiguientes medidas de índole
constitucional y legislativo que ello pueda implicar y, finalmente, el
perfeccionamiento de los cauces de participación e integración de los
individuos en el sistema de las instituciones democráticas.
Por su vocación eminentemente investigadora y de reflexión, el Centro de
Estudios Constitucionales puede ser un ámbito y lugar idóneo para la
celebración de debates, simposios y seminarios, donde se desarrolle un
fructífero encuentro entre las estructuras universitarias y las
instancias políticas, convocando a aquéllas al debate crítico de nuestras
actuales instituciones y desempeñando paralelamente un papel incentivador
de la investigación de nuestra realidad social en el ámbito de las áreas
jurídicas y sociales.
El segundo de ellos es el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS.
Como SS. SS. saben, el CIS fue creado en 1977. En 1990, después de un
debate parlamentario, se transformó en organismo autónomo de carácter
administrativo. Su misión fundacional no es otra que el desarrollo y
fomento del estudio crítico de la sociedad española.
Me gustaría recordar que, como corresponde a esa normativa fundacional, y
a su propia estructura orgánica, la actividad esencial del CIS es la
realización de estudios, principalmente a través del método de encuesta,
que contribuyan al conocimiento científico de la realidad y de la
sociedad española, entre los cuales, dicho sea de paso, las
investigaciones de carácter político constituyen sólo una parte, y las de
interés electoral una parte aún menor. Pero, además, el Centro de
Investigaciones Sociológicas lleva a cabo también un amplio conjunto de
actividades complementarias de la principal, entre las que destacan las
encaminadas a difundir los resultados de sus investigaciones,
contribuyendo de este modo a un mejor conocimiento de nuestra sociedad.
En relación con la situación del Centro y sus perspectivas de futuro a
medio plazo, quisiera llamar la atención de SS. SS. sobre el proceso de
modernización técnica en el que está actualmente embarcado. El elemento
más destacable de este esfuerzo de modernización es el plan de desarrollo
del sistema informático del CIS, aprobado a finales de 1992, y
actualmente en pena fase de ejecución. Su culminación está prevista para
fines del año en curso y su objetivo es la plena informatización de los
principales procesos que lleva a cabo el Centro.
Desde el punto de vista de los usuarios o consumidores de los productos
del CIS, el aspecto posiblemente más interesante de este esfuerzo
modernizador es el objetivo, muy próximo a su realización, de plena
informatización del riquísimo banco de datos del Centro, lo que redundará
en la mejora de las condiciones operativas de acceso, búsqueda,
recuperación y tratamiento de los resultados de los estudios y de las
encuestas. No cabe duda de que ello redundará en una mayor accesibilidad
de los resultados de las investigaciones que realiza el CIS y, por
consiguiente, en su mayor transparencia, terreno éste en el que, como
también es generalmente reconocido, se han producido avances
considerables en los últimos tiempos, ya que la normativa por la que se
rige el acceso a dicho banco de datos ha sido reformada recientemente a
iniciativa del propio Centro y en beneficio de los usuarios.
No se me oculta que la transparencia en el funcionamiento del Centro
suscita el interés o la preocupación recurrente de algunas de SS. SS., lo
que es comprensible, dada la naturaleza de la materia, aunque en relación
con ello circulen a veces estereotipos que no se comparecen con la
realidad.
Permítanme que les haga alguna observación al respecto. Tal y como
establece la normativa vigente, los resultados de todos los estudios y
encuestas que el CIS realiza en el ejercicio de sus funciones ingresan en
el banco de datos del Centro, rigiéndose el acceso a los mismos por el
principio de igualdad que se predica de toda persona natural o jurídica,
pública o privada que lo solicite.
Recientemente, además, haciéndose eco de la preocupación de esta Cámara,
la orden de 31 de marzo de 1993, del entonces Ministro de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, ha venido a regular las bases
específicas del procedimiento administrativo para el acceso a la
información contenida en el banco de datos, con el objeto de facilitar en
la práctica el ejercicio del derecho de igualdad de acceso, conforme a
los principios de
objetividad y neutralidad en la acción administrativa y de respeto al
secreto estadístico y a las normas sobre protección de datos de carácter
personal. Tales son las condiciones actuales de accesibilidad a la
información, relativa a las informaciones del CIS.
Hemos iniciado un nuevo período en lo que respecta a la política de
trasparencia y difusión de su actividad científica, pues con anterioridad
a la vigente ordenación el acceso a los estudios y encuestas del CIS se
encontraba restringido a aquellos usuarios que pudieran justificar fines
exclusivamente científicos, lo que en su día supuso también un paso
adelante en relación con la legislación precedente.
Para finalizar estos comentarios relativos al CIS quisiera referirme
brevemente a algunas iniciativas parlamentarias que recientemente se han
producido en relación con el asunto que nos ocupa, tendentes a establecer
una comunicación más sistemática entre el CIS y esta Cámara. En tal
sentido, y por lo que respecta al acceso de los grupos parlamentarios a
los datos resultantes de las investigaciones del CIS, me permito recordar
a SS. SS. que al principio de igualdad de acceso y a los preceptos
recogidos en los respectivos reglamentos del Congreso y del Senado la
citada orden ha venido a añadir la posibilidad de que el CIS suscriba
convenios de colaboración con los órganos constitucionales, a fin de
facilitar a los miembros de estos órganos el acceso preferente a su banco
de datos.
No obstante lo que he señado hasta aquí, aunque considero que las
condiciones de transparencia y de accesibilidad a los estudios del CIS
son actualmente plenas y efectivas, les manifiesto mi plena disposición a
estudiar cualquier iniciativa que tenga por objeto facilitar el mejor
acceso de SS. SS. a sus estudios y encuestas.
Antes de que me adentre en la fase final de mi intervención me permitirán
SS. SS. que les exprese mi disposición y la del Gobierno en lo que
concierne a su política informativa. Si la democracia moderna es una
democracia de partidos, el régimen democrático lo es fundamentalmente de
opinión pública. Favorecer la información necesaria para la conformación
plural y objetiva de esa opinión es no sólo un requisito de la
comunicación sino un instrumento básico en el mejor funcionamiento de la
democracia y en la valoración social de la misma. Si tuviera que
caracterizar con una sola palabra la política informativa del Ministerio
de la Presidencia, un Ministerio para el diálogo, como he señalado al
inicio de mi intervención, utilizaría la denominación de activa, como
expresión del compromiso asumido ante los ciudadanos, y de manera
especial ante los medios de comunicación, de mantener abierta y con
decisión una línea de transparencia, de rigor, de disponibilidad y de
claridad. Informar es, además de una obligación del Gobierno, un servicio
a la sociedad. Hacerlo con transparencia es apostar por la necesaria
explicación que siempre precisa la acción del Gobierno y por favorecer el
debate político rectamente entendido, imprescindible en el proceso de
formación de esa opinión pública madura y documentada. Hacerlo con rigor
es subrayar nuestro propósito de llevar a cabo esta tarea con
responsabilidad y con profesionalidad. Hacerlo con claridad es combatir
la opacidad que sólo puede enrarecer el ámbito de la acción política. Se
trata de responder, en suma, a la sociedad española que hoy es una
sociedad más abierta, plural e informada que lo que jamás haya podido ser
en ningún otro momento de su historia.
Me dispongo, ahora sí, señor Presidente, señorías, a concluir mi
intervención. Me permitirán que antes de que proceda a ello retome el
sentido general de las grandes líneas de acción que habrán de
caracterizar esta legislatura, tal como fueron expresadas por el
Presidente del Gobierno en el debate de investidura: superación de la
crisis económica y creación de empleo, impulso democrático, desarrollo
autonómico y afianzamiento de nuestra política exterior y, singularmente,
del proyecto europeo.
Las cuestiones de las que he venido hablando a SS. SS. se encuadran más
específicamente en la segunda de tales líneas, pero convendrán SS. SS.
conmigo en que el fortalecimiento de la democracia deriva del éxito que
seamos capaces de alcanzar en todo el conjunto de la acción política. No
sería lógico, por tanto, que cayéramos en espejismos reduccionistas.
Ahora bien, en lo que se refiere al apartado que hemos venido
desarrollando estamos ante un esfuerzo que compete a todos los grupos
políticos y sobre el que hemos de alcanzar coincidencias esenciales. Más
allá de cualquier modificación normativa, la mejor estima de la
democracia y de sus instituciones depende de la reconstrucción social de
los valores y las referencias éticas en los que se asienta y de la medida
en la que todos nosotros las practiquemos. Si al final de esta
legislatura hubiéramos sido capaces de desterrar los niveles de
crispación que hemos alcanzado en el pasado y estuviéramos en condiciones
de mantener con normalidad el debate riguroso, profundo y respetuoso
sobre los problemas de nuestros ciudadanos, habríamos dado un paso más
para la estabilidad y madurez de nuestra sociedad. Desde esta perspectiva
ofrezco mi disposición personal y la del Gobierno para encaminarnos en
ese diálogo y me pongo a disposición de SS. SS. para las aportaciones,
sugerencias y críticas que tengan a bien desarrollar.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Seguidamente damos la palabra a los grupos
parlamentarios que han solicitado la comparecencia por el orden de
presentación de la misma.
En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo de Izquierda
Unida.
El señor LOPEZ GARRIDO: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia ante esta Comisión Constitucional. Espero que esto sea el
inicio de numerosas comparecencias en esta Comisión.
Me ha parecido entender de su intervención que deseaba que se
estableciese una fructífera amistad entre la Comisión Constitucional y
usted mismo, el Ministerio que representa, y estamos dispuestos a
apoyarle en que eso sea así para que fructifique esta colaboración en
alguna de las líneas que, de una forma quizá un poco abstracta, usted ha
explicado en esta comparecencia.
El Ministerio de la Presidencia creo que ha sido una de las novedades
significativas, más significativas seguramente que lo que pudiera
deducirse de su intervención, de la última reestructuración del Gobierno.
En principio parecería que el Ministerio de la Presidencia era
simplemente una unión de dos Ministerios anteriores, el de Portavoz y el
de Relaciones con las Cortes. Sin embargo, creo que puede ser mucho más
el Ministerio de la Presidencia, y me imagino que eso no le disgustará a
usted que se lo diga.
Para empezar, si leemos el Real Decreto a que usted ha hecho alusión
sobre estructura orgánica básica del Ministerio, la primera de las
competencias, dice ese Real Decreto, es el apoyo al Presidente y
Vicepresidente del Gobierno y en particular en las funciones de
preparación y seguimiento de la ejecución del programa gubernamental.
Nada menos que eso. Por tanto, creo que tiene una especial
responsabilidad coordinadora el Ministerio de la Presidencia y, en base a
esa responsabilidad, creo que la oposición debe exigirle que la
desarrolle, que la exponga, que la explique, para que pueda ser, en su
caso, controlada, fiscalizada.
Dado que el Presidente del Gobierno no se prodiga en este Parlamento,
permítame que aprovechemos, en esta que es la culminación de las
comparecencias de ministros en esta Cámara, para plantearle algo sobre la
política gubernamental.
Efectivamente, hoy acaban las comparecencias y de las mismas da la
impresión de que no se ha extraído una voz cohesionada, coherente, y un
impulso en el programa del Gobierno. Da la impresión de que hay un cierto
desorden en este momento en cuanto a la implementación --y perdón por la
palabra-- del programa del Gobierno, una cierta descoordinación. Incluso
se ha hablado de falta de liderazgo por algunas otras voces de Grupos
Parlamentarios, una cierta improvisación en algunos temas recientes como
el famoso del 15 por ciento del IRPF, una cierta ausencia de proyecto
inmediato, más allá de las líneas directrices, muchas de ellas
compartibles, del discurso de investidura de Felipe González y que
espectacularmente se manifiesta, por ejemplo, en lo que podríamos llamar
el parón institucional que hay y al que usted ha hecho referencia, pero
del que no parece que haya desbloqueo inmediato.
Por eso, creo que estaríamos perfectamente legitimados para preguntarle,
como una especie de cordial desafío, qué política tiene el Gobierno en
este momento para los próximos meses; qué política tiene realmente ese
Gobierno, concretando en aspectos que desciendan mucho más allá a temas
de calendario, a objetivos concretos y por encima de los planteamientos
generales que nos ha hecho. Muy en concreto, cuál es su posición respecto
de la inmediata renovación de órganos constitucionales. Sabe usted que
nuestro Grupo se ha dirigido, a través de mi persona, a los portavoces de
otros Grupos Parlamentarios señalando la necesidad de entrar a esa
renovación inmediata. Creo que este es un tema muy importante, y el parón
institucional es grave en estos momentos de inicio de una nueva
legislatura, inicio ya pasados algunos meses, por cierto, desde las
elecciones.
Descendiendo a temas más sectoriales, ha hablado usted de
Radiotelevisión. Hay que decir que la Directiva europea sobre lo
audiovisual todavía no está desarrollada en nuestro país, incumpliendo
flagrantemente el Derecho comunitario. Efectivamente, es necesario
cambiar la regulación legal de la televisión, de lo audiovisual, que ha
cambiado profundamente en nuestro país, y tiene que cambiar el tipo de
control. Coincido con usted en que el Consejo de Radiotelevisión tendría
que pasar a ser mucho más un consejo de administración con
características de gestión y que se renovase --y es también otro desafío
que tenemos aquí-- la forma en la que funciona, un tanto aletargada o
burocratizada, la Comisión de Control de Radiotelevisión.
La financiación de partidos políticos es una gran cuestión. Hay un tema
de fondo y es que los partidos políticos sufren una crisis (la palabra
«crisis», que se emplea ya para casi todo, llega también a los partidos
políticos) como hacedores de política, y ahí está, creo, el origen del
alejamiento respecto de los ciudadanos o la crítica que se hace por los
ciudadanos al funcionamiento de los partidos políticos, que tienen un
importante contenido burocrático y que se muestran como incapaces, en
muchas ocasiones, de plantear políticas, de hacer de grandes
coordinadores de política nacional. Por eso la reforma de los partidos
políticos no puede limitarse a la mera financiación, sino que tiene que
ir mucho más allá para enfrentarse valientemente con el funcionamiento de
esos partidos, porque, como usted ha dicho, ellos son el fundamento de
nuestra democracia, tal como la conocemos hoy día.
Nos alegramos de que el Tribunal de Cuentas sea revitalizado, al menos
ese es el propósito que nos dice del Gobierno, pero nos gustaría que
concretase un poco más, porque creemos nosotros que el Tribunal de
Cuentas funciona a toro pasado, muchos años después de que se hayan
liquidado las cuentas del Estado, y resulta muy inoperante en muchísimas
de las tareas que tiene encomendadas.
No se ha referido al tema de los contratos de la Administración pública,
otro elemento significativo en cuanto a la revitalización de la vida
pública, al saneamiento de la misma.
También nos gustaría algo más de concreción en cuanto a las líneas
directrices de la reforma electoral que contempla el Gobierno.
Tampoco se ha referido, por cierto, a otra de las asignaturas pendientes
del desarrollo constitucional como es la ley del secreto profesional de
los periodistas y de la cláusula de conciencia. Nuestro Grupo tiene
presentada una proposición de ley y esperemos que en esta ocasión no se
diga, por tercera vez, que se rechaza la toma en consideración porque el
Gobierno está preparando una ley que es mucho mejor.
También nos gustaría preguntarle por el estado de la ratificación de
protocolos muy importantes que restan
del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En estos momentos creo que son
el 1, 4 y 7, protocolos muy importantes de ese Convenio que restan por
ratificar. Nos gustaría saber qué piensa el Gobierno al respecto.
Uno de los componentes fundamentales de su intervención ha sido el de las
relaciones con el Parlamento. Efectivamente, su Ministerio tiene esa
importantísima función, el representar la relación del Gobierno con el
Parlamento. Ha hablado del Parlamento como un elemento fundamental de
legitimación social. El Parlamento es algo más que legitimar socialmente
directrices aprobadas por el Gobierno, va más allá, y en esta legislatura
sin mayorías absolutas deberá ir mucho más allá. Nosotros concedemos al
Parlamento un lugar central en la vida política, un lugar desde donde
surjan verdaderas directrices de la vida política y creo que es lo que
más estaría de acuerdo con esa expresión, empleada por el Presidente del
Gobierno en su discurso de investidura, de impulso democrático.
Me atrevería a decir que esta Comisión Constitucional podría ser un
elemento o un mecanismo muy importante en esta nueva relación del
Gobierno con el Parlamento, recuperando, de alguna forma, ese modelo que
nos dio la Comisión Constitucional en la época constituyente como lugar
fundamental de consensos, a través de ese supermodelo que fue la Ponencia
constitucional, y que se podrían, a mi juicio, recuperar para que
surgieran del propio Parlamento regulaciones, a las que usted se ha
referido, tan importantes como el tema del Estatuto de Radiotelevisión o
de la comunicación en general de lo audiovisual, el tema de los partidos
políticos, el tema electoral y, cómo no, naturalmente, la reforma
constitucional.
Creo que esto sería un avance importante de revitalización del
Parlamento, un tanto anquilosado en los anteriores años de recurrentes y
constantes mayorías absolutas y que habría que empezar por hacer cosas
para significar tangiblemente que algo ha cambiado en el interior de la
vida parlamentaria. Un funcionamiento a base de ponencias, con
comparecencias ágiles de personas exteriores a la Cámara, creo que sería
algo a tener en cuenta y nosotros, desde luego, propugnamos ese
funcionamiento en el futuro para este y otros temas que son centrales en
la revitalización de la vida democrática española.
Me he referido antes a las iniciativas de los grupos parlamentarios. Me
gustaría saber la opinión del Gobierno, su política en relación con el
Parlamento en cuanto al tratamiento de iniciativas de grupos
parlamentarios que han sido sistemáticamente desechadas en legislaturas
anteriores, en las tomas en consideración, y creo que debería revisarse
seriamente esa política.
En cuanto al tema del control, hay que revitalizar el control
parlamentario, que es un elemento central en la vida de un Parlamento.
Usted se ha referido a una presencia mayor del Presidente del Gobierno en
el Parlamento y me gustaría que concretase más a qué se está refiriendo
con ello. También que se refiriese a un tema que siempre surge a ese
respecto, que es el de las comisiones de investigación, que suelen ser
las dos estrellas de toda reforma reglamentaria.
Pero quisiera poner énfasis especialmente en un elemento de control
fundamental, que es la ejecución del Presupuesto. El Presupuesto, que es
un instrumento gubernamental por excelencia en este momento, a través del
cual impone su política, desarrolla su política, es un texto legal que se
aprueba en diciembre de todos los años y del que se olvidan las Cortes a
partir de ese momento --y sin embargo se está ejecutando día a día--,
probablemente porque en el Parlamento no se tienen medios suficientes
para ello. Una oficina presupuestaria sería esencial a ese respecto,
porque el seguimiento de cualquier ley, pero también de la ejecución del
Presupuesto, es esencial para ver cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta
la política del Gobierno, que tiene un vehículo esencial a través del
Parlamento.
Señor Presidente, para terminar querría hacer alusión a temas puntuales
relativos a competencias del Ministerio de la Presidencia y sobre los que
nos gustaría que se explayase un poco más el señor Ministro.
En primer lugar, a su función de coordinación. Una de las funciones
fundamentales del Ministerio de la Presidencia es la coordinación
interministerial, que es algo que se ha echado en falta y es uno de los
viejos vicios, sin duda, del funcionamiento del Estado español.
Tradicionalmente, los ministerios han funcionado como reinos de taifas,
como auténticos virreinatos, sin una verdadera coordinación. Sin embargo,
nos da la impresión de que el Ministerio de la Presidencia no tiene
suficientes medios para llevar a cabo esa coordinación, es decir,
instrumentos orgánicos al estilo de los que vemos en otros países
europeos, tales como consejos de coordinación. Me gustaría saber si el
Ministerio de la Presidencia dispone de esos medios para llevar a cabo
esa labor fundamental de coordinación, sin la cual no aparece cohesionada
en ninguna forma la acción gubernamental.
También nos gustaría que profundizase algo más sobre la política
informativa del Gobierno. Se ha referido a la transparencia necesaria de
esa política y, desde luego, sin transparencia en la información del
Gobierno es imposible el control parlamentario. Esa es una de las claves
de la revitalización de la vida parlamentaria y nos gustaría que
profundizase algo más sobre las líneas de novedad que va a haber en
cuanto a política informativa del Gobierno.
Agradezco que se vaya a revitalizar ese centro tan querido por algunos
constitucionalistas como es el Centro de Estudios Constitucionales, que
tiene que dejar de ser un centro de estudios o cursos internos para
abrirse a la sociedad. Yo creo que ése fue el propósito originario de ese
Centro y que no lo ha cumplido suficientemente hasta ahora. Por eso
--repito-- me alegro de que ahora vayan por ahí los tiros, hacia una
apertura contundente --yo diría-- de ese Centro a la sociedad, en este
momento en el que hay muchos aspectos de la vida política española que
requieren un estudio y la participación de muchas personas ajenas a la
vida política.
Concluyo diciendo que nuestro Grupo comparte las expresiones del señor
Ministro sobre la necesidad de ir a un consenso básico en temas
fundamentales de nuestro desarrollo político en general y eso que ha
dicho de que el
Parlamento tiene que ser el centro de la vida política. Es fundamental
que en esta legislatura se concluya con que las mayorías absolutas no son
fuente de ineficacias y que hay que volver a tiempos pasados en donde
estaba clarísimo de dónde partían las directrices.
Nuestro Grupo apuesta por la estabilidad política y económica de nuestro
país en este momento de crisis, y esto es importante porque hay que dejar
claro que la crisis no es incompatible con el desarrollo de la
democracia, que la crisis económica no tiene por qué ir unida a una
involución en el desarrollo de la democracia y de los derechos
fundamentales, sino que, por el contrario, tiene que ser un acicate para
que se desarrollen todos estos aspectos de la vida democrática.
Creo que éstos son objetivos compartidos por todos, por nuestro Grupo
también, y reitero el agradecimiento al Ministro por su comparecencia y
por el talante que ha demostrado, que encontrará cumplida respuesta en
nuestro Grupo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, también solicitante de
esta comparecencia, tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Con su venia, señor Presidente.
Voy a intentar ser breve, aunque siento que no voy a poder ser en
absoluto sistemático ni ordenado, puesto que se trata de explayar las
reflexiones que la intervención del señor Ministro ha provocado. Al
solicitar esta comparecencia nosotros no lo hacíamos tanto como el
ejercicio de un instrumento de control sino específicamente con el fin de
recabar del señor Ministro de la Presidencia la exposición informativa de
sus programas y propósitos. Creo que hemos tenido una satisfacción
relativamente cumplida de esta pretensión. Quiero agradecer el talante
personal que hoy y aquí el señor Ministro de la Presidencia ha
acreditado. Esas precisiones hacen referencia a otro extremo del que
después me ocuparé.
Podríamos compartir plenamente el diagnóstico que en un planteamiento
teórico inicial ha acometido el señor Ministro de la Presidencia sobre la
situación actual de la democracia, sobre los elementos de fatiga o
desaliento democrático, de desafección de los ciudadanos, que puedan
advertirse y sobre la necesidad de esa revitalización. Sin embargo, no
podemos por menos de apuntar algunos elementos paradójicos de su
intervención en ese diagnóstico.
Creo recordar que alguno de los riesgos que para la buena salud
contemporánea de la democracia ha retenido el señor Ministro era
justamente la afloración de los egoísmos territoriales. Compartimos, sin
duda, ese diagnóstico, pero no sabemos hasta qué punto ese diagnóstico
teórico es asumido y encarnado en una política del Gobierno socialista en
este momento, en su plenitud.
Por otra parte, señor Ministro, no nos ha quedado claro si el impulso o
el afán de revitalización democrática es necesidad o virtud. El señor
Ministro ha venido a reconocer de una forma tácita que la sucesión
ininterrumpida de mayorías absolutas podía haber tenido un cierto efecto
degradante o desvitalizador sobre la vida parlamentaria. Es lo cierto que
estas mayorías han quebrado y, consecuentemente, esta revitalización
podría venir de resultas de un honesto, resuelto y sincero propósito de
revitalización o por imperio de la necesidad.
No obstante, poniendo en relación ese imperio con otras consideraciones
del señor Ministro, yo he creído retener los siguientes adjetivos,
compartiendo no tanto que el Parlamento sea, como ha dicho, el ámbito
privilegiado de legitimación social, sino que es el único ámbito de
legitimación política. En mi opinión, señor Ministro.
Como decía, he retenido algunos adjetivos con los que el señor Ministro
ha sembrado su intervención. Ha hablado en algún momento de consenso
básico, ha hablado en otro momento de consenso máximo --político, social
y económico--, ha hablado de consenso amplísimo y de consenso
consistente. El Grupo Popular piensa sinceramente que una precaria
complementación de una mayoría parlamentaria en virtud de unos densos,
laboriosos y eventualmente costosos esfuerzos ciertamente no representan
la consecución de ese consenso. Desde luego, no sería ni amplísimo ni
consistente. Le digo esto porque la intervención del señor Ministro
hubiera estado revestida de una muy superior credibilidad de haberse
producido hace mes y medio, ya que no podemos volver la espalda ni ser
ajenos a acontecimientos que se han producido en este tiempo.
¿Hay realmente una voluntad de convertir el Parlamento en el centro de la
decisión, de la argumentación del debate político? De hecho asistimos con
alguna sorpresa, por ejemplo, a unas negociaciones de un pacto social,
contra el que nada tenemos --creemos que como herramienta y como
metodología puede ser un instrumento útil para la salida de la crisis--,
pero en el que, lejos de contraerse a la discusión de una política de
rentas o de una consideración de la reforma del mercado de trabajo, que
serían obviamente sus objetos pertinentes, discurren claramente sobre
decisiones presupuestarias de principal magnitud, sobre decisiones de
política económica, que de algún modo vendrían comprometidas o contraídas
desde fuera, desde esa mesa de negociación, hasta el Parlamento.
Nos encontramos con una compleja teoría de negociaciones bilaterales del
15 por ciento, donde, según recuento, se han producido hasta siete
rectificaciones de la propuesta gubernamental, lo que abundaría un poco
en la idea de improvisación o de ausencia de proyecto a que se refería el
señor López Garrido, y, sin embargo, a ese Senado, al que se pretende
revitalizar, se le hace enmudecer en ese debate y se le soslaya.
Tenemos noticias de múltiples iniciativas, de múltiples contactos,
negociaciones y diálogos, que naturalmente entre partidos son
perfectamente legítimos, que ante un Gobierno y algún Grupo
Parlamentario, fuera del seno del propio debate, no parecen caminar en la
dirección de esa revitalización parlamentaria.
En el plano de la teoría de propósitos en que el señor Ministro se ha
mantenido respecto a las reformas del
Estatuto de Radiotelevisión, de la provisión de los órganos
constitucionales, del Consejo de RTVE, de los Reglamentos de las Cámaras,
de la legislación de partidos y de la legislación electoral, en ese plano
de principios nosotros coincidimos plenamente. Si es absolutamente cierto
--y no tenemos por qué dudarlo-- que se renuncia al principio de cuotas,
que se renuncia al principio de veto y que se buscan elementos de máximo
prestigio, profesionalidad, imparcialidad política, etcétera, descuide,
señor Presidente, que el supuesto bloqueo, del que el Grupo Popular no se
siente en absoluto responsable, se resolvería de inmediato; es decir, la
coincidencia es tal en los principios que no parece difícil su
instrumentación en la elección de unas personas concretas.
Alguna mayor duda se nos suscita sobre el tema del Estatuto de
Radiotelevisión. Yo creo que el Consejo de Administración de RTVE tiene
que ser un consejo de administración, un órgano técnico y profesional
que, desde luego, vele por los principios del propio estatuto, con
independencia de si el control político puede ser satisfactoriamente
ejercido por esta Cámara, que sólo lo sería en virtud de que el Consejo
respondiera a esos criterios que ha enunciado. En todo caso es una
cuestión opinable, instrumental y ya descenderemos al terreno de los
textos concretos y de las propuestas concretas para valorarlo, pero en la
intención, en la línea de propósitos, no podemos por menos de coincidir.
Sinceramente creo que también aquí la realidad va en contra de sus
promesas y propósitos, porque en ese nuevo paisaje audiovisual que nos ha
descrito y que constituye un reto y un emplazamiento para la televisión
pública, lo que hemos visto hasta ahora en la televisión pública es que,
abandonando cualquier noción de utilidad pública o de rentabilidad
social, lo que hace para acoplarse a esa nueva realidad es entrar en una
desaforada competencia mercantil, degradante de su propia producción,
desde las perspectivas de exigencias culturales y educativas que todos
queremos sin atribuir como justificación misma y única de la propia
televisión pública, que está muy lejos de esos fines que teóricamente el
señor Ministro le atribuye.
Nos tranquilizan sus manifestaciones sobre la provisión de los órganos
constitucionales y nos tranquilizan porque parecen contradecir
literalmente algunas otras emanadas desde su Partido y en las que se ha
llegado a invocar la autoridad del propio Presidente del Gobierno en el
sentido de que una permanencia de la situación de bloqueo, de la que,
insisto, negamos toda responsabilidad, podría traducirse en una reforma
de las reglas mismas del juego. No se le ocultará al señor Ministro que
esta transformación de las reglas para intentar acomodarlas al nuevo
paisaje parlamentario, con ser difícil por la propia realidad
parlamentaria supondría una flagrante ruptura del consenso
constitucional. Sin duda no se le ocultará este riesgo y esa
responsabilidad al señor Ministro, inquietud que ha quedado parcialmente
aliviada por su intervención. La preocupación preferente de nuestro Grupo
es justamente la estabilidad y la gobernabilidad en busca de esos
consensos amplísimos y consistentes y sólo desde ellos podrá acometerse
un repertorio tan objetivo de propósitos como el que el señor Ministro ha
enunciado.
Si la preocupación sobre el CIS es recurrente, por algo habrá sido. Y si
existe un estereotipo, el estereotipo no se forma de manera gratuita.
Sabe bien el señor Ministro que existía el procedimiento de acceso pero
que hasta la Orden del 31 de marzo no era prácticamente actuable, por la
ausencia de ese mecanismo específico. La proximidad de las elecciones de
junio sobre la entrada en vigor de dicha Orden hacen que todavía estemos
en una situación inédita con respecto a ese nuevo funcionamiento del CIS.
Tomamos nota de los compromisos que ha asumido de una consideración
preferente de la posición parlamentaria del Centro de Investigaciones
Sociológicas con respecto a la institución parlamentaria. Bien podría ser
esta Comisión el ámbito de residencia de esa recepción de información
sistemática, permanente y puntual.
Compartimos las preocupaciones sobre la política informativa. En ningún
caso una política informativa puede suplir ni suplantar la omisión o la
poca premura en el cumplimiento de sus deberes parlamentarios por parte
del señor Presidente del Gobierno en su permanencia continuada ante esta
Cámara.
Señor Ministro, me sorprenden esas omisiones a las que ya se ha referido
el señor López Garrido, primero respecto a todas las reformas incoadas,
aunque no sean de su ámbito específico pero que justamente por su alcance
tienen todas las reformas de la administración pública e incluso del
Estatuto de los funcionarios públicos, que han estado ausentes en su
exposición, así como el tema suscitado también por el señor López
Garrido, y al que nosotros concedemos una atención absolutamente capital,
del control del gasto público.
El señor Ministro ha recapitulado, ha codificado, al establecer las
prioridades del programa de Gobierno; ha hablado de impulso democrático y
ha hablado de lucha contra la crisis. Pues bien, el descontrol del gasto
público es un tema en el que confluyen ambos objetivos; se trata de
servir a ambos objetivos. Ustedes, señores del Gobierno, por espacio de
diez años han triturado materialmente los principios del derecho
presupuestario, han eliminado cualquier carácter limitativo a las
autorizaciones de gasto, han permitido con una latitud extraordinaria
cualquier tipo de cambios de partidas; están en trance de incumplir el
artículo 10 de la Ley General Presupuestaria, por vez primera, y la
información trimestral que se recibe en este Parlamento sobre la
ejecución del presupuesto tiene un carácter estrictamente
contable-formal, es decir, cualquier pretensión de deducir la realidad de
la ejecución del presupuesto, como después nos encontramos con los
suplementos INEM, con los suplementos RTVE, etcétera... Me siento en la
necesidad de recordar que el anterior titular de Economía, al presentar
el presupuesto vigente lo hacía como el más moderado de los últimos
veinte años. Anunciaba un crecimiento del gasto del 3,7 y ese crecimiento
del gasto puede ser en este momento del 16,8; anunciaba un objetivo de
déficit público del 2,3 del PIB y ese déficit público puede irse al 7 por
ciento del PIB. No voy a caer en el formalismo jurídico
de entender que estos resultados estremecedores admitan una lectura
jurídico-parlamentaria. Sí quiero decir que ustedes han sentado las bases
para producir este resultado desde el momento que han sustraído del
control efectivo del presupuesto al Parlamento y hubieran tenido un
elemento auxiliar importantísimo para hacer frente a esta demanda
exorbitante, a esta presión social, incoercible, en favor de la expansión
del gasto público, si hubieran compartido, como era además su deber legal
y constitucional, con el Parlamento el control de la ejecución de ese
gasto.
Siendo su antecesor el señor Zapatero titular de la Cartera que ahora
desempeña, de una de las que se han integrado en su nueva unidad
administrativa, hablamos con él y encontramos un nivel de receptividad
suficiente sobre la eventual creación de una oficina parlamentaria de
control del gasto --esas preocupaciones de las comisiones «ad hoc» que
parecen desazonar al señor Solbes--, que tendrían en esta Casa, sin duda,
su razón de ser y su sentido, de forma que todos, los contribuyentes
españoles, los ciudadanos, la oposición y, al parecer, el propio Gobierno
no se vieran sorprendidos por fastuosos agujeros de proveedores de la
industria farmacéutica, de la Seguridad Social, etcétera.
Señor Ministro, hay dos observaciones concretas que no parecen caminar en
la dirección de los propósitos enunciados, y me refiero a los problemas
de la contratación administrativa. Qué autoridad moral se tiene para
reclamar una congelación salarial de funcionarios o anunciar
restricciones de plantillas cuando, al mismo tiempo, se difunde la
existencia de escandalosos contratos blindados en el ámbito del sector
público. También nos parece poco edificante, desde ese punto de vista,
digamos, de ética democrática, algunas soluciones «ad hoc», «in tuito
personae» adoptadas para soslayar el rigor de las incompatibilidades
parlamentarias, cambiando artificialmente de rango determinadas unidades
administrativas cuyos titulares ostentan la condición de parlamentarios.
A mí no me escandaliza, y estoy seguro de que al señor Ministro tampoco,
ninguna pendencia de partido en los ámbitos propios de tal partido,
ninguna controversia, por viva o acerada que ésta sea; lo que sí me
escandaliza es que sea desde el Gobierno desde donde se introduce en esa
pendencia, en términos recientes por su parte que, en mi opinión, quiero
denunciar aquí como claramente desafortunados. No es el señor González
quien tiene el monopolio de hablar sobre los problemas nacionales fuera
del territorio español, como suele hacer, como tiene por costumbre, mucho
menos cuando su auditorio es exclusivamente de periodistas españoles,
circunstancia que en sus oportunísimas declaraciones a la Agencia Efe,
cómo no, a la Agencia Efe del señor Ministro, se omitían. No se puede
patrimonializar ni monopolizar el concepto de españolidad y de España
identificándolo con una situación concreta de Gobierno, como se deduciría
de este registro nacional patriotero en la condena de esas declaraciones.
Ciertamente sobre los perfiles críticos de nuestra situación económica
sería una gran ingenuidad en tiempos de globalización informativa, con la
permeabilidad y la porosidad que tienen en este momento los medios,
suponer que los juicios o los diagnósticos del señor Presidente del
Partido Popular tenían el valor de una revelación para ningún auditorio.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario quiere intervenir?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Recoder, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor RECODER I MIRALLES: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Ministro su comparecencia y de ella quiero valorar fundamentalmente una
circunstancia, que es el talante con que ha comparecido ante la Comisión.
Valoramos muy especialmente en las circunstancias actuales el tono
dialogante y sobre todo la manifestada voluntad de buscar el consenso en
aspectos tan importantes, que afectan a nuestro sistema democrático, como
son los que le conciernen a usted, como Ministro de la Presiencia del
Gobierno.
De sus palabras iniciales, por la cita expresa que ha hecho de nuestro
programa electoral, como del de otras fuerzas, doy por supuesto que
conoce usted cuáles son nuestras pretensiones y cuáles son nuestras
propuestas y puntos de vista en todos y cada uno de aquellos aspectos que
usted ha mencionado. Pero déjeme que abunde un poco más en algunos
aspectos que afectan a su competencia y que nosotros entendemos que
deberían constituir el objetivo de esta legislatura.
Sabe usted, señor Ministro, cuál es nuestro punto de vista sobre la
reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Entendemos que ha
de constituir un objetivo prioritario acometer esa reforma, finalizarla
dentro de esta legislatura y el norte ha de ser acercar la actividad
parlamentaria a la realidad del país.
Lo mismo sucede con el Reglamento del Senado. Entendemos que ha de
constituir un objetivo prioritario acometer y finalizar su reforma, en
este caso con el norte de transformar el Senado, Cámara que, desde
nuestro punto de vista, está fuertemente devaluada en la actualidad, en
una Cámara parlamentaria de representación territorial, en la auténtica
Cámara de representación territorial.
Segundo aspecto que consideramos de suma importancia: la reforma del
Tribunal de Cuentas. Debemos reforzar sus funciones, darle medios para
desarrollarlas con la eficacia requerida y, sobre todo, debemos conseguir
que el Tribunal de Cuentas pueda ejercer su función de organismo de
control presupuestario; debemos conseguir de una vez una mayor celeridad
en el examen de las cuentas generales del Estado. Entendemos que éste
debería ser un segundo objetivo dentro de esta legislatura.
Ha hecho referencia a otro aspecto que para nosotros es importante, que
es la reforma de la legislación que afecta a los partidos políticos; ha
abundado en ello. Estamos de acuerdo en que hay que reformar la Ley al
respecto para conseguir una financiación transparente y suficiente de los
partidos políticos, y me remito a las
circunstancias que hemos vivido en la anterior legislatura para poner en
evidencia la necesidad de dicha reforma. Pero el señor Ministro ha hecho
referencia a un aspecto que me ha parecido muy destacable. Decía usted
que la Constitución establecía dentro de nuestro régimen de partidos la
necesidad y la voluntad de garantizar su funcionamiento democrático. Yo
creo que, en la actualidad, los ciudadanos, una parte de nuestra opinión
pública se pregunta si realmente hemos sido capaces y somos capaces de
conseguirlo. La pregunta está en el aire y sería conveniente que todas
las fuerzas políticas representadas en la Cámara pudiéramos conjuntamente
realizar un análisis al respecto sobre si nuestros partidos políticos,
eje fundamental de nuestra democracia, están siendo una auténtica vía de
participación democrática, y, si la conclusión fuera que no es
exactamente así o que, a veces, no es así, pudiéramos encontrar también
los mecanismos que, plasmados en una reforma legislativa, garantizaran
que realmente los partidos políticos fueran correas de transmisión de la
voluntad de participación democrática de los ciudadanos.
Ha citado usted otro aspecto muy someramente pero que para nosotros es
fundamental también. Entiende nuestro Grupo parlamentario que hay que
potenciar el funcionamiento de la institución del Defensor del Pueblo;
hay que intensificar los medios humanos y materiales que a la vez
propicien la presencia en la sociedad y posibiliten que el Defensor del
Pueblo pueda realizar convenientemente sus funciones.
Otra cuestión que ha planteado el señor Ministro y a la cual me quisiera
referir es el Tribunal Constitucional. Entendemos que es necesaria una
agilización del Tribunal Constitucional, pero también entendemos que,
dentro del marco de la reforma del Reglamento del Senado, debería
contemplarse la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran
participar en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional
cuya elección compete a dicha Cámara. Es una propuesta que le lanzo y
quisiera que el señor Ministro me pudiera decir qué piensa al respecto.
Por último, ha enunciado también algo que nos parece que debe constituir
un objetivo de legislatura, que es la reforma del Estatuto de
Radiotelevisión Española. Es evidente que las circunstancias han cambiado
y que el panorama audiovisual español está absolutamente distorsionado en
relación al del año 1980, cuando se aprobó el Estatuto. Ocasión tuvimos
la semana pasada de debatirlo o de contrastar con el Director general del
Ente la conveniencia de su reforma. Ahora bien, yo quisiera, enlazando
con el debate político alrededor de los medios de comunicación social
audiovisuales, formularle una pregunta y quisiera saber si usted estaría
de acuerdo en encontrar alguna fórmula que pudiera corregir una
situación.
Muy a menudo hablamos y hemos hablado de la necesaria imparcialidad de
los medios de comunicación públicos durante las contiendas electorales,
no exclusivamente durante ellas pero sí muy especialmente en ese momento,
para que no pueda suponer un elemento distorsionador de la competencia
entre partidos políticos, y con más o menos críticas y con más o menos
acuerdos lo hemos ido consiguiendo por lo que se refiere a los medios
públicos. Lo que pasa es que, dentro de esa distorsión del panorama
audiovisual que se ha producido en el Estado español con la puesta en
funcionamiento de las televisiones públicas, entiendo y entiende este
Grupo parlamentario que hoy en día la imparcialidad que tenemos
garantizada en las televisiones públicas no sucede con los medios de
comunicación privados, con las televisiones privadas que, al fin y al
cabo, son concesionarias de un servicio público esencial. Es un tema
sobre el que no se ha suscitado el debate, pero no se engañará el señor
Ministro al pensar que este Parlamentario y este Grupo, cuando se refiere
a él, está recordando la última campaña electoral. Entendemos que
deberíamos encontrar alguna fórmula para poder garantizar esa
imparcialidad o, al menos, la concurrencia de todas las fuerzas políticas
durante las campañas electorales a los medios de comunicación
audiovisuales, no sólo públicos, sino privados también, en tanto en
cuanto son concesionarios, repito, de un servicio público esencial.
Por último, señor Ministro --no quiero extenderme más--, simplemente debo
agradecerle su comparecencia, agradecerle el talante de su intervención y
sus manifestaciones acerca de la voluntad de encontrar consenso. Sabe que
en este Grupo Parlamentario va a encontrar siempre un talante dialogante,
talante que nos llega a la coincidencia en la voluntad de encontrar ese
consenso, tanto para acometer todas estas reformas que tenemos pendientes
como para acometer la renovación de los órganos constitucionales cuya
elección compete a la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista,
señor Mohedano.
El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
señor Ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista le damos la
bienvenida a esta su primera comparecencia en la Comisión Constitucional
y, además, le deseamos el máximo acierto en su gestión política. Estando
de acuerdo, como lo estamos, con la filosofía que nos ha expuesto, que ha
manifestado que impregna su gestión en el ámbito de la acción política y
de las funciones que tiene atribuidas en el Gobierno de Felipe González,
sus aciertos van a contribuir indudablemente a un diálogo cada vez más
fructífero entre el Gobierno y el Parlamento. Además, sus aciertos van a
facilitar la concreción legislativa e institucional de lo que, en el
programa que presentó el Partido Socialista en las últimas elecciones,
veníamos a denominar el impulso democrático y que, con una denominación
similar, este mismo concepto y esta misma noción, como usted ha indicado,
también se recogía en los programas de otras formaciones políticas.
Hablar de modificación, renovación, revitalización de la legislación
sobre los partidos políticos, hablar del estatuto de un ente público y
medio de difusión tan importante como Radiotelevisión Española, hablar de
la
jurisdicción contable de los entes públicos y de los partidos políticos,
hablar de la renovación de los órganos constitucionales del Estado y de
que el Estado democrático es el Estado donde la opinión pública debe
tener un peso decisivo en la formación y el control de las decisiones
políticas es hablar, en definitiva, de las piezas medulares de la
democracia, pero también de los problemas que tiene la democracia en
nuestro contexto cultural y político.
Para definir con una expresión todos estos problemas, diríamos que se
trata no tanto de la contradicción en la que puede caer el régimen
democrático, sino de sus efectos perversos; perversos en el sentido de
que no podemos ignorar que en el propio seno de la democracia se
desarrollan situaciones que la contradicen y que pueden amenazarla. Todos
sabemos --y aquí hay algunos ilustres constitucionalistas-- que sobre
esto hay una amplia literatura, pero nosotros no venimos aquí, como ha
quedado bien claro en la exposición del Ministro, a hacer literatura,
venimos a dar respuesta política y legislativa a las demandas que nos
presentan los ciudadanos. Y aunque hoy vivimos en un mundo, sobre todo el
occidental, el mundo europeo, en el que parece que la economía quiere
dirigir la acción política, parece que quiere sobreponerse a la propia
acción política y que las únicas respuestas que deben darse desde los
órganos del Estado son fundamentalmente de carácter económico y social,
no podemos olvidar que las respuestas políticas son a veces tan
importantes, o más, que las respuestas económicas y que las crisis
políticas son a veces las que arrastran determinadas crisis económicas.
La eficiencia del sistema institucional, la transparencia y la publicidad
de la acción política es algo que quieren los ciudadanos y a lo que hay
que dar respuesta política. Por lo tanto, ése es un cometido fundamental
del Parlamento y, además, es una de las acciones fundamentales de esta
Comisión Constitucional.
No me voy a referir ahora pormenorizadamente a cada uno de los aspectos
que el Ministro y los grupos parlamentarios han tratado, porque hay
iniciativas legislativas presentadas, y otras en trance de presentarse,
sobre las que ya se concretan muchos de esos aspectos. Sí quiero
referirme a algo que ya está en ciernes, en lo que ya estamos trabajando:
la renovación de algunos órganos constitucionales del Estado en aquello
que respecta a la misión que tiene el propio Parlamento. Porque ya ha
sido indicado por el señor Ministro que la provisión de algunas vacantes
compete al Gobierno, pero hay otras que competen al Parlamento, a
Diputados y Senadores, y no podemos endosarlo sobre las espaldas de nadie
porque es una responsabilidad y una función que corresponde a los grupos
parlamentarios. Por parte del Grupo Socialista --no hace falta decirlo
porque lo conocen otros grupos parlamentarios-- se está trabajando en esa
línea de buscar el máximo consenso, no sólo eso, sino de eliminar y
suprimir cualquier atisbo, cualquier impresión, cualquier sombra o
sospecha, de una especie de reparto por cuotas de estos órganos
constitucionales del Estado.
Me gustaría hacer una observación que no sé si es pertinente. Creo que
ese esfuerzo va a dar resultados concretos en el sentido de que esa
renovación se produzca no sólo con el consenso sino con la idoneidad de
todas las personas que vayan a ser elegidas. Pero la democracia es un
sistema político que también presupone el disenso y el disenso en algunas
ocasiones produce también el bloqueo del propio funcionamiento del
sistema político. La verdad es que la democracia no está sólo basada en
el consenso ni está sólo basada en el disenso, sino en la presencia, al
mismo tiempo, del consenso y del disenso o, más precisamente, en un
consenso tal que no excluya el disenso y en un disenso tal que no
trivialice el consenso. Por lo tanto, no es necesario para el
funcionamiento un consenso unánime, que a veces tampoco es posible. El
requerimiento de 210 parlamentarios en el Congreso para la elección de
algunos de esos órganos constituyentes hace prácticamente obligatorio el
consenso y, en una sociedad compleja y en un Parlamento plural, es
difícil muchas veces conseguir esa unanimidad. Pensamos que habrá que
hacer, y los haremos, todos los esfuerzos necesarios para aplicar el
método democrático del diálogo, el método de la persuasión política y el
método de la transparencia en el sistema y en el procedimiento de la
selección de las personas que haya que elegir para estos órganos
constitucionales.
Si somos partidarios de la aplicación de este método democrático y de
persuasión política, en lo que se refiere, señor Ministro, a la actitud
del Grupo Parlamentario con el Ministro de la Presidencia y con el
Gobierno, deseo mostrarle también, como siempre hemos hecho en todas las
legislaturas, el apoyo de este Grupo Parlamentario a la acción política
del Gobierno y del Departamento al que usted representa y del que es
titular.
El señor PRESIDENTE: ¿Falta algún otro Grupo por intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ministro, rogándole que deje un tiempo a los
señores portavoces por si estimaran oportuno intervenir.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias,
señor Presidente.
Con carácter general --y no lo repetiré en cada una de las respuestas que
voy a dar a cada uno de los portavoces--, quisiera agradecer el tono con
que todos ellos se han expresado en este turno, el tono y la oferta de
diálogo y de colaboración que creo haber entendido en sus intervenciones.
Me parece que es bueno que en este primer día de trabajo conjunto en esta
Comisión sentemos las bases de lo que entiendo que debe ser el fundamento
último de nuestro trabajo. Es una Comisión, como señalaba el portavoz de
Izquierda Unida, que, como ninguna otra, debe trabajar sobre bases de
consenso y de diálogo. No en vano los temas que toca afectan, en muchas
de sus concepciones, a la esencia de la democracia, y es algo que debemos
cuidar conjuntamente. Por tanto, mi agradecimiento y mi oferta de
colaboración renovada después de la intervención de todos los portavoces.
Efectivamente, creo que hemos acertado con el tono que debe darse a los
trabajos de esta Comisión.
Paso a referirme a la intervención del señor López
Garrido, portavoz de Izquierda Unida. He hecho una mención específica en
mi discurso a la competencia que el señor López Garrido señalaba como
competencia fundamental dentro de las que el Ministerio tiene
establecidas en el Real Decreto en el que se establece su estructura
orgánica: la del apoyo al Presidente y al Vicepresidente del Gobierno en
la preparación y seguimiento del programa gubernamental. He hecho una
referencia explícita porque seguramente es una de las competencias más
importantes. Pienso que ello no debe llevarnos a interpretar este
Ministerio como una sustitución, en modo alguno, de la tarea del
Presidente y del Vicepresidente, que finalmente es la tarea de
coordinación del Gobierno. No es el Ministerio de la Presidencia quien
coordina al Gobierno, sino quien apoya al Presidente y al Vicepresidente
en tareas de coordinación (en algunas tareas de coordinación, no en
todas). Me parece que ese es el límite que debemos marcar a la
intervención de este Ministerio en las tareas cotidianas de la acción
gubernamental y también, lógicamente, a aquellas intervenciones públicas
que haga en esta Comisión o en cualquiera otra de esta Cámara. Por tanto,
desde esa perspectiva, me va a permitir el señor López Garrido que no
haga una reflexión general sobre el programa del Gobierno. No creo que
corresponda hacerlo aquí, en este momento, ni al Ministro de la
Presidencia. No obstante, algunas reflexiones muy generales sí quisiera
hacerle, empezando por negar que exista improvisación o incoherencia en
la acción del Gobierno.
Quiero decirle que cada Ministerio tiene su trabajo sectorial y ese
trabajo está coordinado en un marco, que es el del programa electoral que
presentamos a las elecciones, y en un marco mucho más concreto que es el
del programa gubernamental, que se coordina desde el Presidente y el
Vicepresidente del Gobierno. Existe esa coordinación y existe la
coordinación en torno a los grandes ejes que el discurso de investidura
del Presidente del Gobierno, entonces candidato, señaló: crisis y lucha
contra la crisis, con una derivada concreta, el pacto social, como un
instrumento positivo y eficaz, creemos, para la salida de la crisis y la
creación de empleo; impulso democrático, desarrollo autonómico y política
exterior. Concretamente, hoy en esta Cámara hay una comparecencia del
Ministro de Asuntos Exteriores en donde se están tratando temas de su
Departamento en relación con este último ámbito.
Permítame que le haga algunas reflexiones muy sencillas, muy simples,
sobre los tres primeros. Creo que no es necesario destacar la acción del
Gobierno en lo que a crisis y pacto se refiere. Se han tomado medidas en
relación con la crisis, ha habido debates en este Parlamento (dos, creo
recordar) sobre política económica, se han presentado ya unos
Presupuestos Generales del Estado que recogen una parte de las políticas
en lo que a presupuestos se refiere, que el Gobierno tiene intención de
poner en marcha justamente para combatir la crisis y generar empleo, y,
por supuesto, en el primer debate sobre la situación económica que hubo
el 5 de agosto, el Ministro desgranó un conjunto de acciones, algunas ya
incluidas en la Ley de Presupuestos, que implicarían reformas
estructurales sustanciales, a nuestro juicio importantes, para combatir
la situación económica que tenemos en España. Alguna de ellas se
incorporará a los trabajos de la Cámara, o se enviará a la Cámara en muy
poco tiempo, como, por ejemplo, la que se refiere a la autonomía del
Banco de España o algunas referentes a los servicios públicos y sus
sistemas de competencia, vamos a decirlo así. Hay algunas otras que
lógicamente están en la mesa del pacto social y que son enormemente
importantes, singularmente aquellas que se refieren a la reforma del
mercado laboral.
Pero hay en el discurso del Ministro de Economía un conjunto de acciones
que corresponden básicamente a ese Ministerio, aunque afectan también a
algunos otros. Estoy pensando en los Ministerios inversores, que tienen
que ver con la lucha contra la crisis económica y con la generación de
empleo.
Igual que hay un trabajo, que no le voy a relatar a usted, con los
agentes sociales en relación con el pacto y unos planteamientos que el
Gobierno ha venido reiterando. Hemos cubierto una parte de los trabajos
del pacto por el empleo; entramos ahora, a juicio del Gobierno, en la
parte fundamental, que es la parte en la que realmente vamos a hablar de
aquellos temas que afectan más directamente al empleo. No es que no lo
hayamos hecho hasta ahora, se ha hecho, pero vamos a entrar ahora en los
temás más importantes: pacto de rentas, negociación colectiva, reforma
del mercado laboral. Ese es el programa de trabajo en el que los
interlocutores y el Gobierno se van a mover dentro del ámbito del pacto
social, y ya le digo que es una de las líneas fundamentales, dentro de
ese gran epígrafe de lucha contra la crisis económica que señaló el
Presidente del Gobierno.
De impulso democrático he hablado yo hoy aquí. Lo he hecho en la parcela
que al Ministerio de la Presidencia corresponde, singularmente. He hecho
también referencia a algunas otras parcelas de lo que podríamos denominar
impulso democrático. Impulso democrático en la reforma de la justicia;
son cambios en el poder judicial, en las leyes procesales; es todo
aquello que usted conoce bien que puede agilizar los procedimientos
judiciales y, por tanto, hacer una justicia más eficaz cara al ciudadano.
Impulso democrático es reforma de la Administración; es reforma también
de algunas piezas presupuestarias de la Administración que van a venir a
dar más transparencia a los procesos por los cuales los administradores
públicos gastan (si me permite la expresión) el dinero público. Impulso
democrático son algunas de las cosas que he mencionado yo; impulso
democrático --¿por qué no?-- es también la lucha contra el fraude;
impulso democrático son muchas cosas. Todas ellas están en marcha y todas
ellas han sido expuestas pormenorizadamente en las distintas Comisiones.
No obstante, tengo que decirle que sí hay una coordinación de todos los
temas de impulso democrático, y aprovecho también para decirle que esa
coordinación pertenece directamente al ámbito del Vicepresidente del
Gobierno, que es quien está trabajando en estos temas.
Hay un conjunto de iniciativas coordinadas dentro de
lo que podríamos denominar impulso democrático, algunas de las cuales han
sido objeto de una pormenorizada intervención esta mañana por mi parte
aquí. Igual que hay específicamente trabajos en el campo del desarrollo
autonómico. Hace muy poco, justamente esta Cámara ha conocido las
modificaciones estatutarias correspondientes a la puesta en marcha del
denominado pacto autonómico, la concreción legislativa, en lo que a
Estatutos se refiere, del pacto autonómico. Eso es impulso autonómico;
es, en última estancia, como usted bien sabe, dotar a las Comunidades que
accedieron a la autonomía por el artículo 143 de la Constitución del
mismo techo competencial que tienen actualmente aquellas que lo hicieron
por el artículo 151. Como desarrollo autonómico es, y así lo hemos
presentado, y así le voy a insistir a usted hoy aquí, el famoso tema de
la cesión del 15 por ciento del IRPF. Es esencialmente desarrollo
autonómico, es corresponsabilidad fiscal. Bien es cierto que hay quien
piensa que es un avance limitado en la corresponsabilidad fiscal.
Nosotros entendemos que, con todo y eso, y admitiendo que no es un paso
gigantesco, es un paso enormemente importante en la corresponsabilidad
fiscal. Porque corresponsabilidad fiscal entendemos que es que las
Comunidades autónomas participen en la Agencia Tributaria y, por tanto,
se corresponsabilicen con la Administración del Estado en lo que es la
gestión de los impuestos; corresponsabilidad autonómica entendemos que es
que los ciudadanos perciban más claramente que una parte de los impuestos
que dan al Estado sirven para financiar los servicios públicos que las
Comunidades autónomas les están dando, que las escuelas gallegas o que
los hospitales catalanes no se financien con un dinero distinto de aquel
que los ciudadanos ingresan con los impuestos que conceden al Estado. Eso
entendemos que es corresponsabilidad fiscal, como entendemos que son de
corresponsabilidad fiscal las distintas fórmulas de utilización del
esfuerzo fiscal de cada una de las administraciones autonómicas que en
este momento se están discutiendo. Y quiero decirle que sobre esto no ha
habido cambios sustantivos en la posición del Gobierno. El Gobierno dijo
que pondría en marcha la cesión del 15 por ciento del IRPF; lo dijo, por
cierto, el Partido Socialista en su programa electoral; lo dijo el
Presidente en su discurso de investidura, y quiero recordarle (y no
quiero hacer un tabú de las fechas, porque seguramente acabaré
incumpliendo yo mismo algunas de las que mencione) que en el discurso de
investidura del Presidente del Gobierno se decía que el tema del 15 por
ciento se resolvería en el marco natural de resolución de estos temas
(luego hablaré de ello, cuando conteste al señor Cisneros), que es el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, antes del 15 de octubre de 1993.
Hay una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera mañana, que
es 7 de octubre. No quisiera avanzar aquí el contenido de esa reunión; sí
quiero decirle, porque es mi sentimiento en este momento, que con toda
probabilidad mañana se alcanzará el amplio acuerdo al que el Presidente
del Gobierno se refirió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y
que permitirá dar cumplimiento, por tanto, a un compromiso electoral, a
un compromiso del Gobierno, en una línea que es la que yo le he indicado
aquí, en sus planteamientos generales, y que, en todo caso, repito, se ha
mantenido por el Gobierno en toda la negociación. ¿Que ha habido cambios
en algunas cuestiones concretas? Es evidente. ¿Cómo no va a haberlos? De
lo contrario, lo que hubiera habido no hubiera sido una negociación, sino
una imposición, y el Gobierno, en esta como en otras tantas materias, ha
querido buscar un acuerdo, y para eso es necesario recoger las
sugerencias de las distintas Comunidades autónomas y de sus distintos
intereses.
Por tanto, cambio en lo esencial, no. Modificaciones, en aquello que nos
permita acercarnos a un acuerdo lo más amplio posible, tengo que decirle,
con toda claridad, que sí, señor López Garrido. Eso es impulso autonómico
y eso es dar coherencia o desarrollo autonómico a una de las líneas
fundamentales de la acción del Gobierno. Pero, con todo y eso, le repito,
no creo que sea mi misión aquí ofrecer un panorama de lo que corresponde
propiamente al Presidente del Gobierno y, por delegación, por encargo en
muchos temas, al Vicepresidente del Gobierno, que lo harán en su momento
en estas Cámaras.
Me decía que cuál era mi posición respecto a la cobertura de los órganos
constitucionales. Esta posición la he expresado con claridad. Se la
repito. Creemos que hay que desbloquear rápidamente este tema, que hay
que hacerlo con las líneas de trabajo, con los principios que he
enunciado en mi intervención y con las matizaciones o en el marco de la
reflexión más general, que comparto plenamente --y lo digo ya--, que ha
hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Entendemos que hay
que conseguir un acuerdo amplio sobre la cobertura de los llamados
órganos constitucionales; lo que exige, sin duda, sentarse a trabajar, y
pronto, y tratar de buscar aquellos candidatos que, sin adscripciones
partidistas, reúnan las características más comúnmente aceptadas por
todos los grupos parlamentarios, de mayor aceptación por los grupos
parlamentarios.
Me preguntaba por la directiva europea audiovisual. Puedo decirle que
esta mañana en la Comisión de Subsecretarios se ha estado estudiando ya.
Esto quiere decir que, razonablemente, en una de estas próximas sesiones
de los Consejos de Ministros la aprobaremos. Usted sabe, señor López
Garrido, que no es una directiva fácil de aprobar, puesto que plantea
algunas dificultades a las cadenas de televisión, públicas y privadas.
Dificultades que el Gobierno, lógicamente, está tratando de soslayar por
la vía por la que se pueden hacer estas cosas, que es la negociación. En
todo caso, ya está en la última fase de su tramitación, le repito, y en
las próximas semanas verá la luz.
Me decía: profundice usted un poco más sobre los temas del Tribunal de
Cuentas. Algunas cosas he dicho, algunas se han dicho también por los
Grupos parlamentarios. Yo coincido básicamente con todas. Déjeme que le
diga lo que sería una reflexión más general que, a juicio del Gobierno,
debería estar presente a la hora de modificar el Tribunal de Cuentas. Al
margen de las modificaciones para reforzar el papel de control del
Tribunal de
Cuentas sobre los partidos políticos y su financiación, lo que tiene que
ver, como usted sabe, con la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas
investigue no sólo a partidos, sino también a instituciones que,
eventualmente, puedan financiar partidos; al margen de modificaciones en
su mecánica cotidiana de la presencia del buen talante o no en las
comisiones correspondientes, que es algo que, desde luego vamos a poner
en marcha; al margen de los medios materiales a los que se refería el
portavoz de Convergència i Unió, que, efectivamente, debemos de poner
encima de la mesa para que el Tribunal sea más efectivo, y al margen de
la voluntad del Gobiermo para hacer también más eficaz por la vía de
remitir más rápidamente los informes, que es también voluntad del
Gobierno, creo que hay una reflexión general que deberíamos hacernos, y
es la que tiene que ver con el propio sentido del Tribunal de Cuentas. Me
planteo, y nos plateamos en el Gobierno, si no sería bueno avanzar, sin
que eso signifique restar capacidad jurisdiccional al Tribunal de
Cuentas, en lo que llamaríamos la capacidad auditora del Tribunal de
Cuentas; si no sería bueno reforzar el carácter de auditoría, el carácter
técnico, por tanto, en lo que a fiscalización y auditoría se refiere que
en este momento tiene el Tribunal de Cuentas. Repito que eso se puede
plantear con modificaciones o no en su tarea jurisdicional y es algo
sobre lo que podemos hablar; pero me planteo si no sería bueno que
examináramos por dónde están yendo hoy los tribunales de cuentas de los
países de Europa y, singularmente, el Tribunal de Cuentas Europeo.
Seguramente concluiríamos que todos están tratando de reforzar su
carácter de control, auditor o financiero de las cuentas de los
organismos públicos y, por tanto, reforzando más esa faceta que la
estrictamente jurisdiccional que está siendo progresivamente enviada a
los tribunales ordinarios. Repito que eso se puede hacer modificando la
parte jurisdiccional o no; que se puede hacer con un balance distinto de
funciones o no; se puede hacer, sin más, incrementando la parte auditora,
por así decirlo, pero creo que por ahí hay una línea de avance que
debería impregnar la reflexión que sobre el Tribunal de Cuentas
deberíamos hacer; una reflexión que, como he dicho en mi intervención,
puede partir --otros ejemplos ha habido en el pasado-- de esta propia
Comisión, o bien, si la Comisión no lo considera oportuno o no hay un
acuerdo suficiente, partiría de la acción del Gobierno, porque entendemos
que esta modificación, repito, en esta dirección general, que se puede
concretar mucho más, hay que hacerla.
Me preguntaba usted por la ley de secreto profesional y cláusula de
conciencia, y también el Portavoz del Partido Popular hace una reflexión
sobre ello. Yo quisiera decirles que esta omisión ha sido deliberada en
mi discurso. No es que no sepamos que existe la pretensión, absolutamente
legítima, por parte de algunos grupos de que trabajemos en el desarrollo
del artículo 20.1 d), si no recuerdo mal, de la Constitución, sino que no
lo hemos incluido deliberadamente, por una razón muy sencilla. Es un
tema, como usted conoce bien, porque es experto en Derecho
Constitucional, cosa que yo no soy, complejo; es un tema difícil; es un
tema sobre el que el Gobierno en anteriores legislaturas ha estado
trabajando sobre ambas cosas, el secreto profesional y la cláusula de
conciencia, y sobre el que debemos decir con toda claridad aquí que no
hemos conseguido ni un acuerdo político ni un acuerdo social en los
medios profesionales correspondientes suficiente. Esa es la realidad. Es
un tema complejo y difícil; es un tema, al mismo tiempo, que le recuerdo
a usted que no exige, para su puesta en práctica, como el resto de los
derechos fundamentales de nuestra Constitución, una intermediación
legislativa. Es de aplicación directa, y de hecho los tribunales así lo
están entendiendo, ya que, como usted sabe, hay jurisprudencia suficiente
en la materia, sobre todo en lo que se refiere al secreto profesional.
Dada esta situación de aplicación directa de ambos derechos fundamentales
y dada la dificultad objetiva que tiene, comprobada sucesivamente en
intentos que se han hecho en el pasado para su desarrollo, no me ha
parecido procedente incluirlo en lo que entiendo que es el programa de
trabajo inmediato. ¿Quiere esto decir que el Gobierno está cerrado a
cualquier iniciativa en esta materia? En modo alguno. Cualquier
iniciativa, en relación con las cláusulas de conciencia y el secreto
profesional, será estudiada por el Gobierno con el mayor interés.
Unicamente me gustaría decirle que con dos, vamos a llamarlas, cautelas,
para no poner un término que pueda ser más duro. Primera, que cuente con
un consenso político amplio, como corresponde al desarrollo de un derecho
fundamental; consenso social y profesional también. Y segunda --y esto me
parece importante destacarlo--, que sea de aplicación a todos los
profesionales, trabajen en el sector público o en el sector privado; que
no haya discriminación en un derecho fundamental que entendemos afecta a
todos los profesionales. Con estas dos cautelas o condiciones, si quiere
usted, estaríamos dispuestos a entrar en cualquier discusión. Pero,
repito, es un tema complejo, delicado, para el que creo que
razonablemente el Gobierno exige, y se exige a sí mismo, un grado amplio
de consenso en lo político, también en lo social y en lo profesional.
Me preguntaba usted por la ratificación de un conjunto de protocolos de
derechos humanos. No tengo en este momento en la cabeza el trámite o el
momento procesal en el que están, pero, con mucho gusto, le informaré a
usted inmediatamente.
Me hacía también alguna reflexión sobre los contratos de las
Administaciones públicas. Puedo decirle que la Ley de Contratos del
Estado, que, como usted sabe, interrumpió su tramitación en razón de la
convocatoria electoral, está ya en tramitación. De hecho puedo informarle
que está en el Consejo de Estado, puesto que en el proyecto de ley que
pretendemos mandar a las Cámaras hemos incluido una parte de las
observaciones y de las enmiendas que los grupos políticos hicieron en el
anterior trámite parlamentario. Nos ha parecido procedente introducir
estas enmiendas en el nuevo texto de ley y, consecuentemente, enviarlo al
Consejo de Estado para que venga con todas las bendiciones --si me
permite la expresión-- a esta
Cámara. Es cuestión de semanas y el proyecto estará aquí.
Me preguntaba con carácter general: ¿Está el Gobierno dispuesto a aceptar
iniciativas? Por supuesto. Nos parece, en concreto, que el ámbito de esta
Comisión es especialmente indicado para que existan iniciativas
parlamentarias en razón de los temas que he tocado. Y creo que a algunas
de ellas he hecho referencia explícitamente en mi discurso: el Tribunal
de Cuentas, y acabo de hablar del secreto profesional y cláusula de
conciencia. Por supuesto, estamos dispuestos a admitir estas iniciativas
con las condiciones y características que entendemos que temas tan
importantes como los que vengo mencionando exigen, lógicamente. Creo que
todas ellas han sido objeto de referencia y reflexión por parte de los
grupos, y básicamente una de ellas, que es el consenso lo más amplio
posible.
Me preguntaba S. S. por la modificación del Reglamento del Congreso y,
consecuentemente, la presencia del Presidente en las Cámaras. Usted sabe
que en la anterior legislatura se llegó a un acuerdo sustancial en esta
materia, que, desde luego, el Gobierno va a mantener. Por tanto, al
margen de que el Presidente venga con normalidad y habitualmente a las
Cámaras, seguimos manteniendo nuestro acuerdo a esa modificación del
Reglamento, por la que se establecen algunas obligaciones parlamentarias
concretas para el Presidente del Gobierno.
Sobre el tema de la ejecución presupuestaria, también ha hecho algunas
reflexiones el señor Cisneros. Yo no comparto que las cosas sean como
ustedes las dicen. En todo caso, estoy dispuesto a estudiar la propuesta
que creo que más pormenorizadamente ha explicado el señor Cisneros en
relación con una oficina presupuestaria en el Parlamento. No sé si esa es
la formulacíón final; en todo caso, con todo lo que tiene que ver con la
clarificación de la ejecución presupuestaria a efecto del debido control
por parte de los diputados. Estoy completamente abierto a estudiar las
fórmulas que propongan en esa materia. Luego haré una reflexión un poco
más completa, porque creo que el señor Cisneros le ha dedicado bastante
más tiempo que usted.
Me preguntaba, finalmente, por los medios del Ministerio de la
Presidencia. Tengo que admitirle que es un Ministerio que, efectivamente,
si uno los compara con la suma estricta de las dos estructuras de origen,
Relaciones con las Cortes y Ministerio de Portavoz, es más pequeño; es
verdad que al juntar hemos suprimido algunos organismos o algunas
direcciones generales, cosa que, por cierto, me parece absolutamente
procedente. No pienso que las estructuras sean más eficaces por tener más
órganos. Creo que el Ministerio cuenta con los órganos necesarios para
garantizar estos elementos de su gestión que a usted le procupaban o que
atribuye al Ministerio como característicos.
Existen las comisiones en el seno del Gobierno que permiten garantizar
una adecuada coordinación, comisiones que preside el Presidente o el
Vicepresidente y a las que el Ministro de la Presidencia asiste y que
tutela, digamos, desde el punto de vista administrativo. Por supuesto, el
Consejo, la Comisión de Secretarios de Estado y las distintas comisiones
delegadas que existen y que funcionan habitualmente, la de política
económica y la de política autonómica, además de aquellas que, como usted
sabe, se suelen crear con carácter «ad hoc» para temas específicos y que
en general es verdad que corresponde coordinar al Ministerio de la
Presidencia. Existen los medios necesarios y creo que en este sentido no
tendremos ninguna dificultad para desarrollar nuestra tarea, la que he
expuesto aquí.
No creo que sea procedente tratar ahora este tema, pero quizás podríamos
hacer alguna comparecencia específica para hablar de la acción del
Gobierno en cuanto a los medios de comunicación se refiere. No sé si lo
que voy a decir le va a gustar mucho o poco; seguramente según
corresponda. Me explico: mi pretensión como Ministerio portavoz es que el
Gobierno esté más cerca y, por tanto, más presente en los medios de
comunicación, y no lo digo con ningún ánimo propagandístico, no es esa la
función, lo digo, simplemente, con el ánimo en el que se inspira el
discurso que acabo de hacer, para que haya más información, para que los
ciudadanos puedan estar más presentes en el debate político y, por tanto,
para conseguir que los debates sean los reales, no los que a veces,
desgraciadamente, por falta de información, se producen. Esa es una tarea
del Ministerio de la Presidencia y para la cual hemos puesto en marcha
algunas modificaciones en lo que eran nuestras pautas de comportamiento
normales respecto a los medios de comunicación. Va a haber, por tanto, un
mayor contacto con los medios, bien lo saben, porque he tenido reuniones
con la gran mayoría de ellos; va a haber una presencia más permanente del
Gobierno en los medios, repito, no con el ánimo que alguien podría
atribuirle, sino con el de establecer una función que nos parece
fundamental, que es informar a los ciudadanos de lo que el Gobierno hace
y de lo que el Gobierno piensa, y sobre esto luego haré alguna referencia
a un comentario específico del señor Cisneros.
Agradezco las palabras del señor López Garrido en relación con el CESCO.
Puede creer que las valoro en lo que valen porque usted conoce bien el
funcionamiento de ese centro y creo que las líneas que hemos diseñado
pueden permitir muy bien convertirlo en un órgano vivo de debate en el
que participen --y esto me interesa mucho-- las universidades, en el que
encuentren las universidades un seno de referencia para el debate en el
mundo del derecho político y constitucional, que usted sabe que está
haciendo falta. Esa sería la intención que tenemos en relación con los
tres ejes fundamentales que he diseñado en mi presentación.
Señor Cisneros, como le he dicho al principio, le agradezco el tono de su
intervención y las reiteradas ofertas de diálogo y consenso que ha hecho
en la misma.
Ha empezado por hacer algunas reflexiones críticas no sobre mi
intervención estrictamete, sino sobre acciones colaterales, vamos a
llamar, que podrían inducir interpretaciones distintas de mi intervención
de aquellas de las que cabalmente pudieran deducirse de las palabras que
he expresado aquí. Me va a permitir que no entre mucho en ellas porque no
quisiera cambiar el tono de este debate y porque no creo que sea
procedente que usted y yo discutamos aquí en este momento sobre algunas
cosas, aunque algunas pequeñas matizaciones me siento incapaz de dejar de
hacer.
Ha hecho una referencia a los egoísmos territoriales y creo que es un mal
planteamiento, señor Cisneros, se lo digo de verdad; lo es para ustedes y
lo es para la gobernabilidad de España. Aprovecho para decírselo porque
no tenemos muchas ocasiones para hablar de estas cosas ustedes y nosotros
tan a las claras. Creo que es un mal planteamiento. Creo que la
estabilidad política, el pacto entre partidos es, desde luego, legítimo,
políticamente conveniente, interesante para España y deberíamos tratar de
verlo así todos. Meter, si me permite la expresión, chinas --y no lo
entienda mal-- en los engranajes que el Gobierno pone en marcha para
conseguir esta estabilidad, con argumentos que no se compadecen con
algunos de los que hace muy poco tiempo ustedes mismos utilizaron y que,
desde luego, no se compadecen con la realidad de lo que se está
discutiendo en las mesas, tengo que decirle, señor Cisneros, que no me
parece bien. Es mi opinión que transmito aquí, como ve usted, en un tono
mesurado, como el que usted ha empleado.
Hacía un análisis de una parte de mi discurso que no comparto. No he
dicho que tres legislaturas con mayoría absoluta hayan conducido a una
situación de deterioro institucional. No he dicho eso. He dicho que hay
una situación política distinta y que eso va a cambiar el funcionamiento
de las Cámaras. He dicho otra cosa que me parece muy importante y que la
siento personalmente y creo que es cabalmente lo que siente el Gobierno;
he dicho que cuando tratamos de encontrar acuerdos y pactos sobre ésta y
muchas otras materias tratamos de cambiar lo que ha sido la dinámica
política de los últimos meses, sobre la que no quiero hablar, y lo
estamos haciendo, más allá que por una lógica aritmética, por una lógica
política que creemos se desprende estrictamente de los que los ciudadanos
han dicho a los partidos políticos en las elecciones. Esta ha sido la
base de mi discurso.
Hay, sin duda, que conseguir estabilidad aritmética para gobernar y, por
tanto, mayorías en torno a aquellas cosas que queramos sacar adelante,
pero le puedo asegurar --y esto siempre forma parte de aquello que usted
puede creer o no creer-- que con mayoría absoluta estaría haciendo en
esta Comisión un discurso idéntico, porque creo profundamente que de lo
que se trata es algo más profundo que eso. Esa es mi convicción. No le
digo nada nuevo porque lo he expresado alguna vez, pero, como digo --es
una cuestión de creencias--, puede usted creerlo o no, pero lo que sí le
digo es que de mi discurso no puede desprenderse en modo alguno la
interpretación que usted ha hecho, porque, entre otras cosas, no lo he
dicho.
Ha hecho usted un análisis de mis adjetivos. No tengo por qué explicarle
cada uno de ellos. Le puedo decir, con toda franqueza, que algunos están
más meditados que otros, que hay algunos que aparecen simplemente por
lógica gramatical, vamos a llamarla así, o por lógica de estilo, hay
otros que, sencillamente, están muy meditados. Es verdad que algunos
quieren decir estrictamente lo que quieren decir. Todos ellos en conjunto
no deben interpretarse como que al Gobierno le bastan los consensos
necesarios.
Por tanto, la interpretación que usted teme no la ha planteado como
interpretación, sino como posibilidad; se la quiero, digamos, rebatir
--la palabra no es «rebatir» porque no la ha puesto encima de la mesa--;
simplemente, quitar de la cabeza. No trata el Gobierno de conseguir los
consensos estrictamente necesarios para hacer aquellas cosas que tiene
que hacer, sino otros mucho más amplios que se corresponden con la
naturaleza de las cosas que queremos hacer. Déle usted la interpretación
a mis adjetivos en este marco y seguramente encontrará una lógica, repito
que no en todos ellos, porque algunos dependen puramente de
consideraciones estilísticas.
Sobre el tema del pacto social, contraponer pacto social, y, por tanto,
acción de diálogo del Gobierno con los interlocutores sociales, con
acción parlamentaria me parece que no es correcto. El Parlamento tiene,
lógicamente, su campo de acción política, el más importante, y por el
Parlamento deberán pasar todas las leyes que deban ser aprobadas,
cualesquiera que sean los diálogos que se hayan establecido previamente
con los grupos interesados. Por tanto, no hay por esta parte ningún
intento del Gobierno de mediatizar, si me permite la expresión, la acción
parlamentaria; en modo alguno lo hay.
Sobre el tema del 15 por ciento ya he hecho algunas reflexiones. Creo que
con independencia de que haya debates parlamentarios sobre el 15 por
ciento, que los va a haber, que los ha habido, que los debe haber
seguramente, como usted señalaba, en el Senado, tengo que decirle que el
tema del 15 por ciento, como todos los temas que corresponden a la
financiación autonómica, se resuelven allá donde tradicionalmente se han
resuelto estos temas. Me apresuraría a decirle, señor Cisneros --y
también es una opinión personal-- que si este tema del 15 por ciento se
hubiera planteado en la anterior legislatura no hubiéramos tenido estos
problemas, se hubiera resuelto en el seno del Consejo de Política Fiscal
y Financiera. Es seguramente el nuevo clima político el que hace más
atractivo --si me permite la expresión, que no es peyorativa--, desde el
punto de vista político, esta materia, pero siempre se han encontrado
acuerdos sobre financiación de las Comunidades allí, porque es allí donde
la Ley, la que hemos hecho en el Parlamento, quiere que se busquen los
acuerdos de financiación entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
entre el Estado y las instituciones que son las Comunidades Autónomas. De
esos acuerdos podrá darse, ¡cómo no!, cuenta al Parlamento que puede
incluso modificar eventualmente la LOFCA para decir que pase del Consejo
al Parlamento. Es una propuesta que el Parlamento puede eventualmente
hacer, pero, tal como están las cosas, dejemos las cosas a sus cauces,
los que han funcionado bien, los que han permitido que por dos veces
hayamos pactado con las comunidades autónomas, todos en conjunto, un
esquema de
financiación y busquemos un acuerdo sobre el 15 por ciento en ese marco.
¿Eso impide el debate parlamentario? En modo alguno. Lo que el Gobierno
ha pedido es que se deje buscar ese acuerdo, lo más amplio posible, y a
partir de ese momento vendremos al Parlamento y lo explicaremos en
profundidad. Ese es el método correcto de trabajo, si lo que queremos --y
estoy convencido de que usted lo quiere también-- es avanzar en esta
materia.
A continuación me hacía algunas reflexiones sobre los temas concretos
objeto de esta intervención. Me decía que coincide con muchos de ellos.
Simplemente lo constato con interés y con alegría, si me permite la
expresión. Es señal de que vamos a poder avanzar.
Me hablaba de cuotas. Creo que mi oposición ha quedado clara en esta
materia y pienso y comparto plenamente las precisiones que se hacían.
Me planteaba sus dudas sobre el Estatuto y el Consejo de Administración
de Televisión y es verdad que puede haber algunas diferencias. Sin
embargo, yo creo que en lo esencial podríamos llegar a un acuerdo y es
que la Televisión pese a tener un Consejo de Administración que le
permita una gestión eficaz, y que el control político, todo lo estricto
que sea necesario para garantizar principios que deben estar presentes en
la acción de la Televisión, pese a la Comisión parlamentaria de Control.
Esa sería un poco la posición; mezclar ambas cosas --usted lo decía-- es
malo, porque confundir un consejo de administración con un consejo de
control político es llevar a la Televisión a una situación de gestión
difícil, y ni ustedes ni nosotros queremos eso.
Queremos que se gestione bien en un mundo competitivo y tenemos que ser
capaces de ver qué consejo de administración. Le avanzo que yo no sería
partidario de que el Consejo de Administración de Televisión fuera una
asamblea de facultad. No sería partidario de ese modelo. Sería partidario
de un consejo de administración como tal, que funcione, como el que usted
y yo haríamos si tuviéramos una empresa de nuestra propiedad. Esa sería
la fórmula. Si usted y yo tuviéramos una empresa, ¿qué consejo de
administración haríamos para que eso funcione? El mejor consejo y un
consejo --tengo que decirle con franqueza-- donde haya lealtad, donde los
consejeros se sientan comprometidos con la gestión de la empresa en la
que están trabajando y donde, por tanto, acabemos con algunas prácticas
que, tengo que decirle, en un mundo tan competitivo como el de la
Televisión, son prácticas lesivas para los intereses de Televisión
Española. Sobre esa base podríamos avanzar bastante y conseguir
seguramente una Televisión más eficaz y mejor, que es finalmente lo que
todos queremos.
Se ha referido a la competencia de la Televisión. Ese es otro debate
interesante que me apresuro a decir que el Gobierno está dispuesto a
llevar adelante. Podemos llevar la Televisión a dos situaciones extremas,
señor Cisneros. Una, en la que Televisión no tenga una peseta de dinero
público y, por tanto, compita. Si hacemos esto, todos sabemos a qué
estamos llevando a la Televisión, porque la competencia tiene sus reglas.
Yo no estoy por ese modelo.
El otro extremo es una Televisión que esté sufragada al cien por cien con
dinero público, una Televisión que no compita, por así decirlo, que pueda
hacer aquello que desee porque no tiene ningún problema presupuestario.
Yo creo que ese modelo tampoco es bueno y seguramente acabaría siendo
ineficaz.
Habría que encontrar un modelo intermedio, pero en el mismo nos vamos a
mover con las reglas de la competencia. Usted, nosotros y cualquier
Gobierno que tenga que dar dinero finalmente; el Parlamento, que es el
que asigna las subvenciones de Televisión. Ese es el equilibrio que hay
que encontrar.
El Gobierno ha querido encontrar un equilibrio cuando en el
contrato-programa ha separado aquello que corresponde estrictamente a
cosas que hay que mantener, pero que no son competitivas --Radio
Nacional, que no tiene anuncios, los coros, la escuela de formación--, de
aquello que puede competir. No obstante, admitimos que puede haber otras
fórmulas distintas y estamos dispuestos a estudiarlas, siempre y cuando
seamos conscientes de que los límites de la acción de Televisión dependen
en buena medida de las decisiones políticas que tomemos respecto a su
financiación. Eso es lo fundamental y ahí también podemos avanzar.
En cuanto al CIS, ya le he dicho cómo están las cosas. Efectivamente,
como usted decía, la Orden acaba de entrar en funcionamiento. Yo creo que
la podemos desarrollar; con todo eso, hay iniciativas parlamentarias. Le
repito que estamos dispuestos a estudiarlo.
Ha hecho usted una larga exposición sobre temas presupuestarios. Algo ya
he dicho. Vamos a estudiar fórmulas, ya lo hizo el anterior Ministro de
Relaciones con las Cortes y yo estoy en la misma dirección. No siempre,
señor Cisneros, y usted lo sabe bien, las desviaciones del gasto público
obedecen a una gestión poco transparente o a una gestión mala. A veces
obedecen a cosas más sencillas. Si aumenta el paro, se producen dos
fenómenos al mismo tiempo que usted conoce: aumentan los gastos, porque
hay más desempleados y bajan los ingresos, porque hay menos cuotas de la
Seguridad Social. Eso es déficit público y eso, señor Cisneros, tiene que
ver con la política económica, qué duda cabe, pero no implica
necesariamente que se gestione mal el presupuesto. Implica, simplemente,
que la economía va peor de lo que previeron quienes hicieron el
presupuesto. Puede haber un error de cálculo, pero no un error de
gestión. Es una consideración muy general que, en todo caso, usted
comprende perfectamente.
Ha hablado de contratos administrativos. Ya le he dicho que estamos
próximos a ver una ley y espero que sobre ella podamos hablar y llegar a
acuerdos, en el bien entendido que es una ley que tiene que tener dos
utilidades al mismo tiempo: tiene que ser una ley que haga transparente
la contratación en la Administración, pero tiene que ser una ley que no
impida la contratación en la Administración. Ese sería el equilibrio que
hay que conseguir. Estoy seguro de que ustedes, que tienen también
gestión en muchos sitios, podrán entender este equilibrio.
Finalmente acabo con una reflexión, aunque no creo que sea el sitio ni el
lugar. Ha hecho usted algunas reflexiones acerca de unas declaraciones
mías. No creo que sea el sitio y el lugar, repito, pero, como usted las
ha hecho, casi por cortesía parlamentaria y porque uno se calla mal las
cosas que siente muy profundamente, no tengo más remedio que decírselo.
Cuando el Partido Popular ataca al Gobierno, y es su derecho y su deber,
el Gobierno está en el suyo de defenderse y de decir lo que piensa de
aquello que dice el Partido Popular. Ese es el juego democrático y no
tiene que escandalizarnos que un ministro del Gobierno le diga a un
diputado del Partido Popular o al Presidente del Partido que no está de
acuerdo con algo que ha dicho. Con la misma legitimidad con la que el
Presidente del Partido o algún Diputado coloca semanalmente unos cuantos
epítetos en la prensa. Le pediría a usted, señor Cisneros, que haga un
repaso en nuestras hemerotecas de lo publicado en los últimos meses y
encontrará algunos adjetivos o algunas palabras curiosas. Se ha hablado
de trileros, de pirómanos, de mentirosos, de los más mentirosos del
mundo, de los más que nunca han sido. Se ha hablado de muchas cosas muy
duras, señor Cisneros. Lo que pasa es que esta vez entendemos que hay una
cosa importante.
Usted decía: «¡Hombre! Los medios de comunicación difunden la
información.» Es verdad, y todos sabemos más o menos cómo están los
distintos países, pero yo le digo, y se lo repito aquí, que no es bueno
que el Presidente del primer partido de la oposición diga a los
mejicanos, a través de los medios de comunicación mejicanos, a través de
la Televisión mejicana, que España va al suicidio económico. Le digo a
usted que no es bueno, que refuerza, que amplifica, que multiplica por
cien la imagen que un mejicano pudiera tener de nuestra situación
económica. Y le pregunto a usted con qué cara vamos a pedir ahora, todos,
a los inversores extranjeros, a los inversores mejicanos, que vengan aquí
a un país que, según ustedes, va al suicidio económico. (El señor Guerra
Zunzunegui: Lo saben, lo saben.) Y con qué cara van a ir nuestros
empresarios a Méjico a vender sus productos. Ese es un problema, señor
Cisneros, serio. Yo creo, sinceramente, que ha metido la pata y así se lo
he dicho, porque me parece que el Gobierno tiene derecho también a decir
lo que piensa acerca de lo que dice la oposición del Gobierno. Fíjese que
es tan complejo como todo eso. Es decir algo de lo que piensa de aquello
que dice la oposición del Gobierno, con un tono, en todo caso --y empleo
otra vez más la expresión--, que no se compadece en absoluto con el
empleado por algunos miembros de su partido en los últimos meses en
relación con el Gobierno y su Presidente. Se lo digo con franqueza.
Señor Mohedano, le agradezco mucho el tono de su intervención, igual que
al resto de los que han participado en este debate. Comparto con usted un
razonamiento que me parece enormemente importante, como es el valor de la
política. En un mundo en el que se discute permanentemente de la
economía, la política y esta Comisión tienen mucho que decir, puede
servir de mucho, puede dar un ámbito de discusión distinto, más
oxigenado, si me permite la expresión, y creo que es lo que debemos hacer
aquí con el espíritu con el que nos hemos acercado a este debate hoy.
Igual que comparto plenamente sus reflexiones sobre lo que va a ser el
trabajo inmediato de esta Comisión y más concretamente de esta Cámara en
lo que se refiere a la cobertura de los órganos constitucionales.
Finalmente, le agradezco su cordial oferta de colaboración y por supuesto
de apoyo por parte del Grupo Socialista.
Perdón, se me olvidaba contestar al señor Recoder, no por poco
importante, sino porque me he pasado dos páginas al tiempo.
Señor Recoder, también le agradezco su tono y sus ofrecimientos, que
acepto gustoso. Comparto muchas de las cosas que ha dicho, prácticamente
la totalidad de su discurso. Creo que es verdad que hay que modificar --y
lo he dicho-- los reglamentos del Congreso y del Senado en la dirección
que usted señalaba: acercar el Congreso a los problemas que tienen los
ciudadanos y tratar de resolverlos en el ámbito del debate y de los
acuerdos parlamentarios, que es la tarea que tenemos por delante.
Le he dicho algunas cosas en relación con el Tribunal de Cuentas,
concretamente he compartido con usted la necesidad de que el Tribunal
tenga los medios que necesita para trabajar, así como alguna reflexión
que hacía usted sobre la lentitud que, admito, a veces las
administraciones públicas tienen o tenemos para enviar nuestras
respectivas cuentas a dicho Tribunal.
Ha hecho también algunas reflexiones sobre la ley de partidos, que creo
coinciden plenamente con las mías; es un tema, sin duda, complejo, que
debe legislarse con el máximo acuerdo posible, sobre el que el Gobierno
ha expuesto algunas líneas generales para empezar a trabajar. Me parece
que debería preocuparnos en los próximos meses a todos y tratar de buscar
los acuerdos correspondientes.
Sobre la participación de las comunidades autónomas, es una propuesta que
vamos a estudiar. Quiero decirle que en todo caso me produce algunas
dudas; cambiaría sustancialmente el carácter que nuestra Constitución ha
querido dar al Tribunal Constitucional la propuesta de la naturaleza de
la que usted hace, y es algo que deberíamos meditar. Yo, «a priori» me
inclino por mantener la situación actual, máxime cuando estamos pensando
dar al Senado una configuración distinta en lo que se refiere a su
relación con las comunidades autónomas. El objetivo que usted quiere
conseguir seguramente podría lograrse vía modificación del Reglamento en
un momento inicial, y, en su caso, de la propia constitución de la
Cámara, mas que por un proceso concreto de modificación de los mecanismos
por los cuales se rige la elección de miembros del Tribunal
Constitucional. Mi posición, en este caso, sería ésta.
Del Estatuto de Televisión, ya he comentado. Sobre las televisiones
privadas, me parece una reflexión pertinente
pero, en todo caso, difícil de articular en términos legales, porque
compiten dos concepciones entre sí: la televisión como servicio público y
la libertad de expresión. Y en esa confrontación regulaciones como las
que usted propone entiendo que tienen bastante difícil encaje, aun
compartiendo con usted alguna de las preocupaciones que expresaba que,
sin duda, son ciertas y que no sólo comparten los grupos de esta Cámara,
sino probablemente muchos ciudadanos españoles.
Le agradezco la parte final de su intervención, referida a mi talante
personal.
El señor PRESIDENTE: ¿Señores portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Señor Pérez Rubalcaba, en el Catecismo que yo
estudié --me temo que S. S. no, porque, deplorablemente, es mucho más
joven que yo--, se decía que fe es creer lo que no vimos; lo que no se
llegaba a pretender es que fe fuera creer lo contrario de lo que vemos.
Si yo he invocado aquí algunos datos de la realidad política de este mes
y medio no ha sido por un afán polémico de desnaturalizar los términos de
una comparecencia informativa, sino justamente por contraponerlos en su
valor político con la teoría de propósitos que usted ha expuesto. Yo
comparto, por ejemplo, plenamente, el modelo de consejo de administración
de RTVE que usted ha diseñado, pero es que esos consejos de
administración eligen su presidente y nombran su director general. No
creo que esa teoría de propósitos se compadezca con el renombramiento del
señor García Candau, con un Consejo de Administración en una situación
tan precaria e irregular como es que su Presidencia esté ostentada por un
partido o por el vocal de un partido que no tiene en este momento
naturaleza parlamentaria. Esos son los términos de contradicción que
pretendía exponer en legítimos términos de confrontación política.
Ha sido usted quien ha hablado de egoísmo territorial, no yo. Confieso
que lo ha introducido usted, nada menos que en un diagnóstico sobre
problemas de la democracia. Reconózcame que era una provocación
intelectual absolutamente invencible, como aquéllas también a las que S.
S. se ha referido.
Ha interpretado --le creo, no tengo por qué no creerle-- la certeza
transmitida de que su discurso hubiera sido el mismo aunque estuviera
aquí asistido por una mayoría absoluta, de la que hoy carece, pero esto
me introduce en el asunto de los adjetivos, y, descartando aquellos que
pudieran tener una mera significación retórica, quiero decirle que me ha
interpretado bien. Nuestro temor, avalado por esos hechos, que no por su
discurso, es que ustedes están buscando el consenso necesario, no el
consenso consistente. Y serán los hechos y las decisiones políticas de
los próximos días los que nos darán la pista de si son ciertas sus
promesas o fundados nuestros temores. Quedaremos a la espera de los
acontecimientos.
No desconozco el ámbito competencial del Consejo Económico y Fiscal ni
tampoco el carácter instrumental del pacto social. Por supuesto que prima
sobre ellos una decisión final soberana de esta Cámara, pero como método,
¿cree ciertamente que hubiera sido inoportuno un debate en el Senado,
multilateral, vamos a llamarle así, intrapartidario, sobre la cesión del
15 por ciento --y aquí ha habido una referencia por algún compañero
portavoz sobre la situación de devaluación del Senado, su vocación más
retórica que otra cosa, de Cámara de representación territorial,
etcétera--, debate obstruido por la mayoría socialista y sus aliados? ¿No
piensa que el pacto autonómico de la pasada legislatura nos suministra un
ejemplo de acuerdo político, que podría ser perfectamente invocado, con
otras metodologías distintas de las que se han acometido con el 15 por
ciento, con el propio pacto social?
Creo que la latitud de la libertad parlamentaria hace que esta sea la
Casa más apropiada para decirnos todo y de casi todo. No comparto su
juicio sobre la eventual oportunidad de mi referencia a sus
declaraciones, ni pretendo coartar la libertad de expresión del Gobierno.
Lo que ocurre es que se espera del Gobierno una cierta solemnidad
institucional, que sea el Gobierno de todos, que nos podamos sentir
reconocidos todos en él. Ayer el Partido Socialista, en su Ejecutiva,
sacó una nota que no se me ha ocurrido impugnar, idéntica, por cierto a
su pronunciamiento. No se me ha ocurrido impugnar esa nota, digo, pero sí
su pronunciamiento, porque, insisto, no acepto su explicación sobre esa
lesión. No son ustedes los únicos custodios, garantes ni intérpretes de
los intereses españoles; no comparto en absoluto esa referencia sobre el
posible efecto lesivo de las declaraciones; insisto en esa concepción
patrimonial a que usted se ha referido; reitero que esas declaraciones
tuvieron por destinatarios exclusivos a periodistas españoles, enviados
especiales y corresponsales de la prensa española; las de televisión a
que usted se ha referido fueron infinitamente más suaves, menos
estrepitosas.
En último término, no puedo aceptar con naturalidad esas lecciones de
patriotismo por parte del militante de un partido que no hace muchos años
suscribía acuerdos con el PCUS de la Unión Soviética, acuerdos formales y
oficiales, o desempeñaba intensos esfuerzos diplomáticos para intentar
torpedear el acceso de España en la Alianza Atlántica en otros
parlamentos extranjeros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor Presidente,
voy a intervenir muy brevemente para concluir este debate. He tenido
ocasión de explicar en el pleno, en contestación a una pregunta
precisamente de una Diputada de su Grupo, las razones que llevaron al
Gobierno a nombrar director general sin previamente modificar la
composición del Consejo de Administración. Creo que son las mismas que
ustedes expusieron, si no recuerdo mal, en la anterior legislatura,
cuando, desde el Gobierno, solicitamos a las Cámaras que procedieran a
nombrar Consejo de Administración. Entonces ustedes dijeron: señores
socialistas, no
queremos nombrar a nuestros representantes en el Consejo de
Administración, no queremos entrar en eso porque queremos cambiar el
estatuto. Y, en ese rifirrafe de si cambiamos el estatuto o cambiamos el
Consejo de Administración, la televisión pública vivió unos cuantos meses
--creo que más de un año, no estoy seguro-- de interinidad, una
interinidad que usted sabe como yo, señor Cisneros, que en un mundo como
el de la televisión, tan competitivo, es casi lo peor que puede pasar a
una televisión. Por tanto, esta vez dijimos: Como estamos dispuestos a
hacer una oferta que yo he hecho aquí y que he hecho también en el pleno,
de modificación del Estatuto, porque hay que cambiarlo, por las razones
que hoy hemos compartido, que son bastante más sólidas que las que muchas
veces unos y otros planteamos, como hay que cambiar el Estatuto, sigamos
la lógica del Partido Popular en la anterior legislatura. Mantengamos el
Consejo de Administración, porque no es posible acometer un proceso de
reforma como el que está acometiendo, y hoy hay noticias sobre esa
materia, el Director de televisión, busquemos el acuerdo sobre un
Estatuto y adaptemos definitivamente el marco de la televisión pública
española a la situación actual del mundo de los medios de comunicación
audiovisuales. Ese fue el planteamiento, pura y sencillamente,
planteamiento que tampoco es nuevo, porque usted sabe que los directores
de Televisión con frecuencia se han elegido por los consejos de
administración recién nombrado el Gobierno, antes de renovar, porque el
Consejo siempre es una renovación compleja. Por tanto, éste fue el
interés en un marco como el que le estoy describiendo. No coincidimos;
parece que nunca coincidimos, parece que si nosotros vamos a sus
posiciones, ustedes vienen a las nuestras. En todo caso, yo creo que hoy
hemos abierto aquí una vía de diálogo sobre el Estatuto, que pienso que
es lo que realmente conviene cambiar.
Puedo asegurarle que mi mención al egoísmo territorial en el discurso,
aunque es verdad que haya podido ser (no sé qué expresión ha empleado)
creo que ha dicho una provocación intelectual, no tiene una referencia
concreta; es, como usted sabe, una referencia global. He hablado de
xenofobia, he hablado de racismo, he hablado de fenómenos preocupantes en
la Europa, creo que está enmarcado en un párrafo estrictamente dedicado a
Europa. Ese es el marco geográfico en el que deberíamos movernos. Como ya
he contestado antes, sobre eso no entro.
Me decía lo del consenso necesario. Le repito, en los temas de los que
hoy hemos hablado aquí, partidos, Tribunal de Cuentas, renovación de los
órganos constitucionales, temas que afectan al funcionamiento de las
Cámaras, no basta el consenso necesario, hace falta todo el consenso, si
me permite la expresión, a ser posible la unanimidad de los grupos de la
Cámara. Creo que comparte usted conmigo ese principio, porque estamos
afectando a temas enormemente trascendentes para la vida democrática
española y porque, además, muchos de ellos proceden de regulaciones que
se hicieron bajo ese mismo principio. Esa es la oferta del Gobierno en
esta materia. No quiere decir que esa oferta la debamos extrapolar al
conjunto de la acción política en el Parlamento, como usted puede
imaginar. Creo que hubiera sido inoportuno el debate en el Senado --es mi
convicción y la del Gobierno-- y el día 7 lo veremos. Hay un posible
acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que seguramente
no hubiera contribuido un debate parlamentario en los términos en los que
estaba planteado en ese momento el debate en el Consejo, que eran
enormemente técnicos porque, si recuerda bien, los principios políticos
se compartieron desde el principio. Me parece que los temas tan técnicos
deben debatirse en los órganos técnicos, acordarse y luego, por supuesto,
ser objeto de toda la reflexión que las Cámaras quieran hacer, cómo no.
Finalmente, casi casi voy a hacer un compromiso de legislatura, no voy a
remontarme en la historia como ha hecho usted; no tan lejos. Fíjese qué
compromiso. No me he dejado recursos dialécticos en esto que acabo de
decir hoy aquí; no voy a ir tan lejos como usted ha hecho. Si le he
recordado algunas cosas de las hemerotecas de estos meses, es justamente
para remarcar lo que ha sido la actitud del Gobierno durante estos meses,
que creo que ha sido más que prudente frente a algunas de las, vamos a
llamar, invectivas, por no calificarlo de otra manera, a las que ha sido
sometido el Gobierno y su Presidente. Lo que pasa es que el tema que nos
ocupa es un poco distinto. Yo no comparto su reflexión; yo creo que sí
tiene importancia. Es un tema que afecta a la presencia española, en este
caso en Iberoamérica, y tengo que decirle, señor Cisneros, y ya es lo
último que hago, que repase usted no las declaraciones de Méjico; le
aconsejo que revise, desde el punto de vista periodístico, toda la gira
del señor Aznar y seguramente encontrará alguna justificación más sólida
todavía de la que yo he dado aquí, que es mucho, a mis declaraciones. (El
señor Cisneros Laborda: De ahí su éxito en su gestión.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos finalizado esta Comisión y creo
representar el sentir de todos los comisionados si agradezco al señor
Ministro su buena disposición a suministrar cuanta información
necesitemos para cumplir con nuestro cometido. Y también me parece que
represento a la Comisión si, en ésta su primera comparecencia, le deseo,
en nombre de todos ellos y en el mío propio, el máximo acierto en su
gestión.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.