CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 31
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 2
celebrada el jueves, 30 de septiembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
--Aprobación, en su caso, de la delegación en favor de la Mesa, a la que
hace referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. (Número de expediente 42/000007.) (Página 492)
--Aprobación de la celebración de las comparecencias de la señora
Ministra de Sanidad y Consumo. (Números de expedientes 213/000009 y
213/000030.) (Página 492)
Comparecencia de la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán),
para informar:
--De las previsiones y líneas generales a desarrollar por la Ministra en
su Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000009.) (Página 492)
--Sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000030.) (Página 492)
--De las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento.

A petición propia. (Número de expediente 214/000015.) (Página 492)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




--APROBACION, EN SU CASO, DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE
HACE REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 42/000007.)



La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.

Vamos a dar comienzo a la primera sesión de esta legislatura de la
Comisión de Sanidad y Consumo.

El punto primero del orden del día, como conocen SS. SS., es la
aprobación, en su caso, de la delegación de la Comisión en la Mesa de las
atribuciones a que hace referencia la resolución de la Presidencia de la
Cámara, de 2 de noviembre de 1983, en relación al artículo 44 del
Reglamento del Congreso de los Diputados.

Respecto de este tema, esta Presidencia quiere hacer a la Comisión una
propuesta, que se ha acordado tras oír a los miembros de la Mesa y los
portavoces, que es la siguiente: este acuerdo contempla que la Comisión
delegue en esta Mesa la atribución para la realización de los órdenes del
día de comparecencias y ello se hará así siempre que exista unanimidad en
la Mesa. En el supuesto de que no existiera unanimidad entre los miembros
de la Mesa se llevará el tema a Mesa y portavoces, por ampliar más
todavía la posibilidad de llegar a acuerdos con el máximo consenso, como
es la unanimidad. Si a pesar de todo, evidentemente, algún Grupo quiere
volver a plantear, tal como lo dice el Reglamento, que recupere la
Comisión esa competencia, el tema quedaría abierto.

Por tanto, la propuesta es que la Comisión delegue en la Mesa y siempre
que haya unanimidad así se va a hacer; en el supuesto de que no la haya
llevaríamos el tema a Mesa y portavoces, y ahí quedaría siempre en el
buen entendimiento de que va a salir adelante por unanimidad, reservando
siempre a la Comisión la posibilidad de volver a recuperar esa facultad.

¿Están de acuerdo
SS. SS.? (Asentimiento.)



--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DE LA SEÑORA
MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO. (Número de expedientes 213/000009 y
213/000030.)



La señora PRESIDENTA: Segundo punto del orden del día. Como no estaba
conferida la delegación a que hace referencia el punto anterior hay que
someter a la Comisión la aprobación de la celebración de las
comparecencias que a continuación vamos a celebrar de la señora Ministra
de Sanidad y Consumo. ¿Lo aprueba la Comisión? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.




COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (AMADOR MILLAN)
PARA INFORMAR:



--DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR LA MINISTRA EN
SU DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 213/000009.)



--SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO, A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
213/000030.)



--DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO,
A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000015.)



La señora PRESIDENTA: Punto tercero, celebración de las comparecencias de
la Ministra de Sanidad y Consumo, que han sido solicitadas para informar
sobre las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministerio
en su Departamento en esta legislatura, comparecencias que han sido
solicitadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el Grupo Parlamentario Popular, y el Gobierno.

Debo transmitir también a SS. SS. que por acuerdo de la Mesa y portavoces
vamos a conferir cierta deferencia o prioridad a la solicitud de la
señora Ministra; por tanto, agruparemos las tres solicitudes en una.

Vamos a proceder a la comparecencia de la señora Ministra. (Pausa. El
señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Una cuestión de procedimiento,
señora Presidenta.

Habitualmente, incluso con normas escritas emanadas desde la Presidencia,
la persona compareciente o el Ministro, para estar netamente diferenciado
de lo que institucionalmente supone la Mesa de la Comisión, deberá ocupar
un sitio geográfico distinto; por lo cual proponemos que, en este caso,
la Ministra ocupe un extremo de la Mesa sin interrumpir la continuidad de
los miembros de la misma.




La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, efectivamente este es un
tema que se trató en Mesa y también hace unos momentos con los
portavoces. En el Reglamento de la Cámara y en el de la Comisión no se
dice nada al respecto. Ese habitualmente al que S. S. hace referencia es
una costumbre, una tradición que a veces se ha tenido en cuenta en
algunas comisiones. Existe un acuerdo de la Mesa del Congreso en el que
ciertamente tampoco se dice nada concreto para las comisiones.




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Nosotros hemos intentado que el señor letrado hiciera una consulta en la
Mesa y prevalece en cada Comisión un poco el criterio, la costumbre y la
tradición. Quiero recordar que mi Grupo y otros grupos de la Mesa habida
cuenta que si la tradición y la costumbre hacían que en esta Comisión, no
de Sanidad y Consumo, pero sí de Política Social y Empleo, que era como
se denominaba anteriormente, el compareciente por deferencia, por
cortesía o porque así lo venía dictando la tradición se sentaba en el
centro de la mesa, hemos pensado que, efectivamente --aunque las
solicitudes de su Grupo eran en sentido contrario-- se continuara la
tradición que venía siendo habitual y que era, repito, que el
compareciente, sea quien fuere, ocupe el lugar central de la Mesa.

Su señoría y su Grupo tienen la posibilidad de hacer la consulta o el
recurso correspondiente a la Mesa del Congreso. Entretanto, esta
Presidencia y esta Mesa consideran que se debe mantener la tradición
habitual de que el compareciente figure en el centro de esta Mesa.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a cumplimentar el tercer punto del
orden del día, que es la comparecencia de la señora Ministra de Sanidad y
Consumo para informar de las previsiones y líneas generales a desarrollar
por su departamento. Para ello se encuentra con nosotros la señora
Ministra de Sanidad y Consumo, doña Angeles Amador, a quien damos la
bienvenida en la Comisión. Tiene la palabra, señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Señorías, deseo en primer lugar expresar mi satisfacción por comparecer
ante esta Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados por
primera vez.

Me parece un acierto haber deslindado la sanidad y el consumo de otras
políticas y haberle adjudicado una comisión específica. Estoy convencida
de que el trabajo de la Comisión facilitará el diálogo entre el
Parlamento y el Ministerio, un diálogo que no sólo es necesario, sino que
es una obligación de todos los que desde uno u otro papel asumimos la
responsabilidad de dar respuestas al derecho constitucional a la
protección de la salud y a la protección del consumidor que asiste a
todos los españoles. Por mi parte tengo toda la confianza en que
mantengamos una fructífera colaboración.

Vengo hoy a exponerles, señorías, la política de mi Ministerio, como dice
el orden del día, pero deseo realmente que no sea esto un monólogo, sino
que quiero exponerles cuáles son nuestras propuestas para debatirlas y
para escuchar las suyas, sus sugerencias y mejorar y enriquecer así
nuestras líneas de actuación.

Es bueno que hablemos de principios de la política sanitaria, del Sistema
Nacional de Salud. La política sanitaria, señorías, tiene un gran
componente de trabajo a medio y largo plazo. La sanidad debe ser flexible
para adaptarse a los nuevos avances de la ciencia, a las nuevas
circunstancias sociológicas y hacer frente a los nuevos riesgos y a las
nuevas enfermedades. Pero en lo fundamental yo creo que no se puede
improvisar en sanidad y que se deben garantizar unas líneas básicas de
continuidad en sus acciones, sobre todo cuando los indicadores de salud
de la población española nos muestran que, aunque tengamos problemas que
resolver, la salud de los españoles no está mal hoy y, además, la
tendencia es a mejorar.

La política sanitaria debe estar presidida por una enorme dosis de
prudencia para mantener los logros hasta hoy conseguidos, que son muchos.

Por tanto, con la consideración y el respeto a la labor que se ha hecho
hasta ahora, a las cosas importantes que se han culminado o que están
iniciadas y de cuyos frutos nos beneficiamos hoy, también habrá
innovaciones, algunas novedades que voy a exponerles, con las que
pretendo impulsar y conseguir la colaboración responsable de los
profesionales que hacen posible que cada día se proteja la salud de los
40 millones de españoles y la colaboración también de todos los
ciudadanos para que hagan un uso responsable de los recursos sanitarios.

No son innovaciones de fondo, porque considero que los cimientos del
Sistema Nacional de Salud están firmemente instalados y no deben tocarse.

La Ley General de Sanidad representa una guía de actuación para las
administraciones públicas que debemos seguir desarrollando en sus
objetivos y mejorando en sus instrumentos. La Ley General de Sanidad dota
a nuestra sociedad de un sistema sanitario público que alcanza a todos
los españoles sin discriminación alguna. La Ley establece que el Sistema
Nacional de Salud se financie con recursos públicos, que la utilización
de los servicios sanitarios se base en el criterio de necesidad y que la
gestión del sistema, encomendada a las administraciones públicas, pueda
realizarse con provisión de recursos públicos o privados.

La extensión de la sanidad a toda la población, la atención integral a la
salud, la equidad y la solidaridad son principios generales inspiradores
del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y también expresión de
unos valores sociales que están muy hondamente enraizados en nuestra
cultura europea de final de siglo.

Desde la promulgación de la Ley General de Sanidad, en abril de 1986,
hasta la actualidad, se ha realizado, como todos ustedes conocen, un
enorme esfuerzo para desarrollar definitivamente y consolidar el Sistema
Nacional de Salud.

Los avances han sido fundamentales en extensión de la cobertura, que ha
pasado del 82 por ciento, en el año 1979, a la práctica universalización
actual. Un 18 por ciento de la población que no es sólo un porcentaje,
sino que significa que más de siete millones de ciudadanos que antes no
tenían asegurada la cobertura sanitaria ahora sí la tienen.

Otro avance significativo fue la financiación mayoritaria por ingresos
del Estado a partir de la modificación del sistema de financiación del
año 1989.

A estos grandes elementos que dibujan los perfiles del



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Sistema Nacional de Salud hay que añadir, sin duda, el aumento sostenido
del gasto público por persona protegida en los últimos años y que se ha
traducido en el desarrollo de muchos programas de mejora y extensión de
los servicios sanitarios públicos, en especial el de reforma de la
atención primaria de salud y de la apertura de numerosos hospitales allí
donde hacían más falta.

Todo esto es lo que me hace afirmar hoy que el sistema sanitario público
es en España una de las instituciones básicas que promueven la seguridad,
el bienestar y la convivencia en paz de los españoles. Es una conquista
de toda la sociedad, una conquista que debemos cuidar, proteger,
fortalecer y mejorar en sus deficiencias.

Permítanme que ilustre esta afirmación con algunos datos, seguramente
conocidos de todos ustedes pero que no es malo recordar, para hacernos
una idea de hasta qué punto la sanidad pública forma parte hoy de la
realidad cotidiana de los españoles.

El Sistema Nacional de Salud hace en atención primaria 225 millones de
consultas al año, casi 700.000 por día; más de 46 millones de consultas
hospitalarias, unas 140.000 por día. Cada año se atienden nueve millones
de urgencias, que significan 25.000 por día. Se practican millón y medio
de intervenciones quirúrgicas al año, de ellas 1.492 trasplantes de
riñón, 468 trasplantes de hígado y 259 trasplantes de corazón. Se
mantienen 13.000 enfermos en diálisis y se extienden 550 millones de
recetas al año. Son datos éstos de 1992.

Esta enorme actividad del sistema no puede ser ajena a los indicadores de
salud excelentes de que disfrutamos y que nos sitúan en un puesto
destacado entre los países desarrollados. La esperanza de vida al nacer
en España es de 76,5 años mientras que la media de la OCDE es de 75,
según datos de la propia OCDE.

Hace pocos días se presentó en Londres el informe «El progreso de las
naciones», realizado por Unicef. De él se han hecho eco los medios de
comunicación pero tan sólo, en lo que yo he visto, para reflejar un dato:
la baja tasa de natalidad que actualmente tenemos, que es de 1,4
nacimientos por mujer, un dato que empieza a ser preocupante. Pero el
informe dice mucho más. Dice, por ejemplo, que España posee una de las
tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo (nueve defunciones hasta
los cinco años por cada 1.000 niños que nacen sanos), cifras iguales a
las de Austria, Dinamarca, Francia, Alemania y el Reino Unido.

El informe dice también que el programa realizado en mortalidad infantil
en España, en los últimos años, es impresionante. También la mortalidad
de la mujer por causas relacionadas con el embarazo o con el parto está
entre las más bajas del mundo --cinco de cada 100.000--, junto a Canadá,
Alemania, Suiza, Suecia y Grecia.

La inmunización contra el sarampión, por ejemplo, que es un indicador
fiable utilizado para valorar la calidad de la salud infantil, en ese
indicador, España consiguió, en 1991, una proporción de invulnerabilidad
del 84 por ciento entre los menores de dos años, una cifra superior a la
media de los países industrializados que se sitúa en el 80 por ciento.

Las estadísticas, señorías, son el principal instrumento que tenemos para
valorar la salud. De hecho, el nacimiento y el desarrollo de la
estadística está muy vinculado a la epidemiología y a los estudios de
mortalidad, pero las estadísticas en sí mismas, aisladamente
consideradas, no sirven; sólo valen en la comparación con situaciones
precedentes para conocer si la tendencia es a mejor o a peor, y en la
comparación con otras regiones y otros estados, para conocer nuestra
situación en el mundo real.

Las estadísticas, señorías, son incontestables. La salud de los españoles
es buena, el Sistema Nacional de Salud funciona dando un gran servicio de
protección a la salud y un gran servicio de asistencia sanitaria, y eso
lo conseguimos con unos costes comparativamente bajos. Hoy gastamos unas
190 pesetas por habitante y día. Estados Unidos, por ejemplo, gasta 1.000
pesetas por habitante y día, dejando fuera de cobertura a 37 millones de
ciudadanos. Globalmente, yo creo que hay que admitir una buena eficiencia
del sistema.

Creo que es bueno partir de esta referencia general, una referencia real
y objetiva, sobre todo en estos momentos cuando el trabajo político tiene
un marcado contenido económico. Hay que debatir y aprobar unos
presupuestos que necesariamente serán rigurosos. Atravesamos una crisis
económica de gran envergadura y hay que ser exigentes con el gasto
público. Pero precisamente por esto, por el rigor que nos exige el
momento, es importante que tengamos un fiel conocimiento de los fines y
objetivos que persigue el gasto público. Es importante que estemos de
acuerdo sobre lo que es prioritario y lo que no lo es y es también
importante que sepamos qué propuestas políticas van a ayudar a salir de
la crisis en las mejores condiciones para la mayoría de los ciudadanos
españoles y qué otras propuestas nos sumirían aún más en ella o
provocarían graves fracturas sociales al atentar contra logros sociales
conseguidos.

En estos momentos, en la coyuntura difícil que atravesamos, cuando hay
que mirar con lupa cada peseta que gastamos en el sector público, yo
tengo que afirmar que la sanidad es una prioridad absoluta del Gobierno,
como lo son también la enseñanza y las pensiones, que constituyen
conjuntamente los pilares básicos de un Estado de bienestar.

La sanidad es una prioridad porque forma parte fundamental del Estado
social de derecho que hemos construido a lo largo de los últimos años, un
Estado social adoptado por nuestra Constitución de 1978, en clara
contraposición al arquetipo del Estado liberal propio de otras épocas
históricas, cuyo núcleo viene definido por los principios rectores de la
política social y económica. Entre tales principios rectores ocupa un
lugar destacado el derecho a la protección de la salud, cuya efectividad
no se consigue, desde luego, con la pasividad de los poderes públicos,
sino que requiere una actuación tutelar de éstos, bien a través de
medidas preventivas, bien a través de una actuación directamente
prestadora mediante la organización de los servicios necesarios, como la
propia Constitución recuerda y ordena.

El derecho a la protección de la salud, señorías, está



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directamente vinculado al derecho fundamental a la vida, porque el
derecho no tiene sentido sólo como una garantía frente a la privación de
la vida o frente a lesiones que atentan contra su integridad. En otras
palabras, no sólo se tiene derecho a vivir, sino derecho a vivir sano y
la salud física y psíquica requiere que la existencia discurra en
condiciones adecuadas de calidad. Esta es la mayor garantía para la
prevención de las enfermedades de toda índole y cuando la enfermedad
aparece debe ser combatida por los poderes públicos con todos los medios
a su alcance, porque nadie está obligado al sufrimiento, aunque haya que
resignarse a padecerlo.

La Ley General de Sanidad, al establecer el principio de universalización
de las prestaciones sanitarias, ha proporcionado respaldo jurídico
suficiente a dichas demandas, en congruencia con el derecho fundamental a
la protección de la salud, y con ello ha echado también sobre las
espaldas del sistema sanitario público la responsabilidad de atender, sin
acepción de personas, las solicitudes de asistencia que se formulen.

Sin embargo, la presión que los ciudadanos ejercen hoy sobre el Estado en
sus demandas de asistencia sanitaria, amparados en la legítima aspiración
de obtener una respuesta casi siempre urgente a las situaciones de
enfermedad o de quebranto accidental de la salud, no debe llevarnos al
desconocimiento de que las prestaciones asistenciales no son el contenido
único del derecho a la protección de la salud, ni siquiera delimitan un
núcleo fundamental de su actuación. La actuación fundamental de los
poderes públicos se centra en la prevención de la enfermedad, lo que no
obsta para tener que luchar con la mayor eficacia contra ella una vez que
se manifiesta.

Este es el significado profundo del derecho a la protección de la salud y
no sólo del derecho a la asistencia sanitaria. Esta forma parte del
contenido de aquél como una de sus manifestaciones, pero no es la más
importante. Lo decisivo no es el derecho a recibir asistencia en caso de
enfermedad, sino el derecho a disfrutar de una calidad de vida que evite
pérdidas injustificadas o al menos evitables de la salud. En este ámbito,
corresponde a la autoridad sanitaria garantizar la igualdad sustancial de
todos los españoles en el ejercicio del derecho a la protección de la
salud en su sentido más profundo. La igualdad en salud es una conquista
básica del Estado de bienestar y en tiempos de crisis hay que afirmar con
contundencia que es una conquista irrenunciable.

La sanidad pública, como la educación, como las pensiones, como el
desempleo, son elementos esenciales de una política de protección social;
es esa política que nos permite seguir avanzando como sociedad en
riqueza, en estabilidad, en cohesión y en seguridad. Y, entre todas estas
políticas, hay que decir que la sanidad pública es el servicio público
más redistributivo, más equitativo y más democrático de cuantos existen.

Aunque la fascinación por el progreso médico nos lleve hoy a la ilusión,
en ocasiones, de que algún día será posible ganar la batalla a todas las
enfermedades, eso no es verdad, eso es una utopía. Las leyes biológicas
son imperativas para todos los hombres. Pero hay que recordar que hasta
hace pocas décadas, en este país, esas diferencias, ese fin inexorable
estaba muy matizado por la condición social. Las estadísticas sanitarias
eran bien claras y demostraban que la enfermedad y la muerte no
castigaban igual a los más débiles que a los más instalados. Era la
realidad sangrante que hoy seguimos viendo entre los países del primer
mundo, donde la esperanza de vida se acerca a los 80 años, y los del
tercer mundo, donde ronda los 30. Esta vieja realidad hoy no es
reconocible en España.

La sanidad pública ha hecho de la salud el valor más democrático de
cuantos hay en la sociedad. Ante la necesidad de ser hemodializado, de
ser intervenido de corazón, de ser asistido en cuidados intensivos, de
ser tratado contra el sida o contra el cáncer, o de recibir un
transplante, no hay distinción alguna. La espera, cuando la hay, es igual
para todos, como la cantidad y la calidad de la asistencia, y todos los
ciudadanos españoles hoy tienen derecho a estos tratamientos cuando lo
precisan y sólo la sanidad pública puede garantizarlos. La medicina
moderna se ha hecho tan costosa que sólo con el esfuerzo de todos es
posible hoy financiar las necesidades sanitarias que tienen unos pocos.

Ni siquiera las clases más instaladas pueden asegurarse un acceso
privilegiado a estos servicios que hoy posibilita la sanidad moderna,
porque la oferta privada es limitada o no existe, y no puede existir
porque no hay mercado para estos servicios, no son rentables desde el
punto de vista de la empresa privada. Esta es una de las grandezas de
nuestro sistema sanitario público. Lo he dicho ya en alguna ocasión: Creo
que la habitación de un hospital público es el lugar de encuentro de
clases sociales más libre, más humano y más democrático que jamás haya
existido.

Aunque estemos de acuerdo en todo esto, aunque en lo teórico no
discutamos el valor de la moderna sanidad pública y gratuita, lo cierto
es que la sanidad se ve afectada por un fenómeno particular que no sufren
otros servicios del Estado. Continuamente se vienen cuestionando sus
principios básicos. Su imagen pública no se corresponde con lo que
realmente representa. No basta con el convencimiento teórico y con una
visión complaciente de la realidad sanitaria, porque a pesar de los
logros sociosanitarios alcanzados, a pesar de los datos indiscutibles que
nos dicen que disponemos de las más bajas tasas de mortalidad --que he
citado--, de las más altas esperanzas de vida al nacer, a pesar de que
estemos a la cabeza del mundo en algunos indicadores como el de
transplantes, a pesar de que todo ciudadano tenga hoy acceso a la más
sofisticada tecnológica médica cuando la necesita, sin discriminación de
ningún tipo, a pesar de todo eso seguimos asistiendo al cuestionamiento
permanente de la sanidad pública, de la calidad de sus servicios, de su
rendimiento, de sus resultados y hasta del propio futuro del Sistema
Nacional de Salud como institución que garantiza la universalidad y la
gratuidad de la asistencia. Se habla a veces de despilfarro, de saco sin
fondo, de ineficiencia, de desorden, de descontrol del gasto, y lo cierto
es que en España se ha conseguido este nivel de cobertura, del que he
dado algunos datos, con un gasto relativamente



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contenido, y desde luego menor que el de otros países de nuestro entorno.

Este permanente cuestionamiento del sistema y de su eficacia me preocupa,
porque me parece indiscutible la esencia y la existencia del propio
sistema. Por tanto, que con ocasión de cada debate presupuestario
asistamos a este cuestionamiento, a este volver a empezar y a este
replantearse el Sistema Nacional de Salud, verdaderamente me parece
asombroso.

Me propongo definir el sistema, el alcance del sistema sanitario público,
sus actuaciones, lo indiscutible de su permanencia y consolidación, su
marco financiero y su naturaleza o su carácter de seña de identidad del
Estado social de derecho en el que vivimos. Quizá no esté hoy
suficientemente claro qué podemos y qué debemos esperar del sistema
sanitario público. Quizá el ciudadano no tenga perfectamente claro qué
puede y debe obtener de la sanidad pública y cree, en ocasiones, que no
se le proporciona lo que se promete o lo que le espera, y comienza a
retirar su apoyo. Se da una pérdida de legitimación. Por eso yo creo que
estamos en un momento en que es imprescindible distinguir entre la
existencia de problemas y la crisis del sistema. Sólo si no somos capaces
de resolver los problemas que tenemos, acabaremos teniendo como resultado
una pérdida de estabilidad que amenaza a instituciones tan básicas como
la que estamos tratando.

En la consideración de lo público, a veces percibo que hay quien piensa
que no hay que administrar rigurosamente ni que dosificar adecuadamente
los recursos. A veces parece que cuando tratamos de lo público es como si
no pagara nadie, como si no hubiera que valorar los costes, los
esfuerzos. También se constata con preocupación que a veces se hace
responsable a los poderes públicos de limitaciones evidentes que existen
en las posibilidades de curación. Hoy en ningún sistema sanitario se cura
todo, no existe siempre la respuesta médica que resuelva eficazmente un
problema de salud, y no me parece justa la tendencia a responsabilizar de
esto a los poderes públicos.

Tampoco el sistema sanitario público puede suplir absolutamente la
solidaridad, los cuidados que el entorno familiar y social sólo puede
proporcionar y, por tanto, tampoco debe transferirse al sistema sanitario
público la responsabilidad individual y colectiva de una sociedad
solidaria. No es verdad que lo mejor para un enfermo sea morir en un
hospital en una UCI. Deberíamos decirlo porque es así y hacer reflexionar
más sobre nuestra propia responsabilidad personal, familiar y social, en
vez de transferir sistemáticamente a los poderes públicos algunas
responsabilidades que sólo a los individuos compete.

Tampoco la protección del Sistema Nacional de Salud puede extenderse
indefinidamente. Los supuestos son muchos, no seguramente los que se
reflejan, pero cuando un ciudadano español decide hoy trasladarse a un
país extranjero a recibir una atención médica por decisión propia
--porque es muy libre de hacerlo--, no me parece razonable que tenga la
expectativa de que el sistema sanitario público le reembolse esa atención
médica recibida en otro país, porque hoy en España y en los hospitales
públicos en España se da la misma atención médica que se da en cualquier
hospital del mundo. Por tanto, si en uso de la libertad individual
cualquier persona decide someterse a un tratamiento fuera del país, no
parece razonable y además no estamos en condiciones de reembolsar decenas
de millones de pesetas que a veces se reclaman del sistema sanitario
público.

Pero no es sólo el ciudadano el que se acerca al sistema sanitario
público como si éste fuera un marco ilimitado de atención, con capacidad
infinita de atender todas sus necesidades de cualquier índole. También
desde el sector privado, a la hora de planificar sus prestaciones, se
cuenta permanentemente con la existencia de un red pública que en
cualquier momento hace frente a cualquier necesidad de asistencia sin
ningún condicionamiento, y debería reconocerse así. También desde los
poderes públicos se han adoptado decisiones a lo largo de los últimos
años en materia laboral, en materia social, en materia industrial, en
materia de función pública. Se han reconocido derechos que tienen un
importante contenido sanitario y que no siempre se ha hecho evidente,
pero que es bueno recordar y tener presente a la hora de evaluar el
crecimiento del gasto sanitario, ese supuesto descontrol en el
crecimiento del gasto sanitario.

Todos estos factores y algunos otros han sido posibles porque hoy no está
claramente definido cuál es el ámbito de prestaciones del sistema
sanitario público, qué prestaciones hacen efectivo el derecho a la
protección de la salud que la Constitución proclama. Por ello me parece
tarea imprescindible avanzar en esa definición, de forma que el ciudadano
ejerza sus derechos conociendo perfectamente el alcance de éstos, porque
ello, además, garantiza la igualdad sustancial de los españoles en la
prestación sanitaria. Sólo si tenemos recogidos y bien claras cuáles son
esas prestaciones sanitarias, podremos estar seguros de que se están
recibiendo en iguales condiciones en todo el país, en cada centro
sanitario público de todo el territorio. Por ello, en el Ministerio
estamos trabajando ya en la elaboración de un catálogo de prestaciones
que refleje las técnicas, procedimientos, servicios y bienes a que tiene
derecho el ciudadano, en cada circunstancia, para que sea efectivo el
derecho a la protección de la salud. Es evidente la envergadura y la
complejidad técnica de la tarea, pero espero contar, en el plazo que nos
hemos marcado, con la colaboración científica y técnica de los sectores
implicados, de los médicos, de la enfermería, de los demás profesionales,
de la industria y de los agentes sociales para que el resultado sea
riguroso y tenga un amplio consenso, el mismo que ha obtenido ya en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por parte de todas
las comunidades.

Para hacer más efectiva esta colaboración, para identificar cada vez más
los problemas, para clarificar algunos conceptos que hoy no lo están
tanto, vamos a acometer la ordenación de las profesiones sanitarias para
definir cuáles son, cómo se forman hoy los profesionales para atender las
nuevas necesidades y cómo promovemos mecanismos de incentivación, desde
la carrera profesional al incentivo económico. Para eso, y previa
discusión con todos los interlocutores que ya conocen cuáles son las



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directrices de esa ordenación, vamos a elaborar el proyecto de ley de
ordenación de las profesiones sanitarias.

A través de la definición de las prestaciones del Sistema Nacional de
Salud vamos a conseguir algunas cosas que, a mi juicio, son básicas para
abordar la solución de otros problemas. Vamos a conseguir definir el
campo de trabajo específico de la sanidad, en el que los políticos, los
administradores sanitarios y los profesionales podamos saber de qué
estamos hablando con el mismo lenguaje. Vamos a despejar falsas
expectativas que no se corresponden con la realidad posible de la ciencia
y de la técnica actuales o cuestionan principios éticos. Con la
definición de las prestaciones vamos a conseguir también algo que es
decisivo para garantizar el futuro del Sistema Nacional de Salud, la
corresponsabilización de los distintos sectores y de las distintas
políticas en el mantenimiento y en el respeto al campo específico de la
protección de la salud. Corresponsabilidad, en primer lugar, del
ciudadano, para que use los servicios y demande las prestaciones que
necesite y para que no sea benevolente con el fraude. Corresponsabilidad
de los profesionales, especialmente de los médicos, ya que sin contar con
los médicos y con su corresponsabilización con los fines del sistema no
es posible avance sanitario alguno, y menos aún es posible conseguir un
crédito estable del sistema y de sus valores. Corresponsabilidad también
de la oferta privada de servicios sanitarios, para que sean lo que deben
ser: complemento necesario en la provisión de servicios.

Corresponsabilidad de las empresas del sector, para que orienten sus
actividades a las necesidades reales de salud de los ciudadanos, para que
no generen expectativas que no se corresponden con la realidad y que
caigan inútilmente sobre los limitados recursos del Sistema Nacional de
Salud. Corresponsabilidad también de las distintas administraciones en lo
relativo a su política social, para que se coordine adecuadamente con la
sanidad pública.

La definición de las prestaciones del sistema y la corresponsabilidad
son, por tanto, objetivos esenciales para la consolidación del Sistema
Nacional de Salud. Otro objetivo es la necesidad de controlar el
crecimiento del gasto sanitario.

La garantía de una sanidad universal y gratuita nos obliga a definir un
marco de financiación estable y suficiente del Sistema Nacional de Salud
para el futuro. En los últimos años el presupuesto sanitario, como SS.

SS. conocen, ha crecido por encima de la inflación y del crecimiento
medio de los Presupuestos Generales del Estado y, aun así, el gasto ha
crecido aún más, superando los presupuestos iniciales. Esta tendencia no
se puede mantener y seguramente no se debe mantener. Hemos llegado a un
punto en que el gasto sanitario debe empezar a ajustarse a los recursos
disponibles. El problema es cómo distribuir los recursos cuando éstos son
limitados --y siempre lo son-- mientras la demanda sanitaria crece sin un
horizonte limitado. En otras palabras, cómo hacemos política sanitaria o
cómo establecemos las prioridades.

Durante los últimos años se han adoptado ya algunas iniciativas tendentes
a garantizar los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Salud,
mejorando la eficiencia y preservando la solidaridad. Son medidas
organizativas, presupuestarias, de gestión, que se contenían en el
Programa de Convergencia aprobado por las Cortes Generales en abril de
1992. En ese mismo año se adoptaron decisiones para sanear la deuda y
otras para modernizar la gestión, como son el contrato-programa entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Insalud y entre éste y cada uno de
los hospitales y centros de atención primaria.

No podemos seguir con el crecimiento de gasto en sanidad de años
anteriores y tampoco con la generación de deuda y, por tanto, estamos
obligados a garantizar rigor en el gasto. Estoy convencida de que el
sistema ha alcanzado el grado de madurez suficiente para que los recursos
se puedan ajustar de forma apropiada a las necesidades y demandas. Para
ello vamos a seguir trabajando en la línea de la corresponsabilidad. Un
ejemplo significativo lo ha dado ya la industria farmacéutica al tener la
iniciativa, respondiendo a una petición del Ministerio, de rebajar el 3
por ciento del precio de venta al público de sus productos. Esta medida
no tiene precedentes ni en nuestro país ni en otros de nuestro entorno, y
no sólo en el sector farmacéutico sino en otros sectores de la industria.

Por tanto, tengo motivos para pensar que el comienzo sí es alentador, y
que seguramente tenemos que cambiar algunos usos muy imbuidos en nuestros
sectores económicos.

Los profesionales y la Administración no pueden perder de vista que la
finalidad principal del sistema no es otra que proteger la salud
individual y colectiva de los ciudadanos. El grado de satisfacción de los
ciudadanos es la principal fuente de legitimación o deslegitimación de la
sanidad pública. Más allá de tal o cual queja o reclamación individual,
conviene ser conscientes de la permanente necesidad de compensar la
tendencia que hoy se produce a la despersonalización, a la
burocratización de las relaciones entre sanitarios y pacientes, porque
muchos avances tecnológicos y las necesidades de gestión de unidades
complejas hoy favorecen esa tendencia. Y esa tendencia es percibida, de
manera muy sensible y muy negativa, por el ciudadano. Por tanto, debemos
ser exigentes y cuidar de dar más y mejor información a los ciudadanos
sobre sus instituciones, sus servicios, las prestaciones y los
profesionales asignados a los que tienen derecho. Nos exige aumentar la
capacidad de elección del ciudadano. Ya pueden elegir médico general y
pediatra. Debemos seguir trabajando para que se puedan elegir los
especialistas. Pero ninguna medida relativa a la administración de la
asistencia sanitaria, ni estructural ni de gestión, estará legitimada ni
justificada si no se acompaña de un máximo esfuerzo para evitar la
enfermedad. Asumir que evitar la enfermedad es la primera y más lógica
obligación de la autoridad sanitaria no implica desconocer cuál es el
ámbito competencial en el que nos movemos. En desarrollo de los estatutos
de autonomía, todas las comunidades autónomas han asumido las
competencias en materia de salud pública con carácter pleno, pero la
verdad es que no es posible establecer fronteras a



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los riesgos en salud. Por tanto, el Ministerio tiene responsabilidades
inexcusables que ejercer.

Voy a centrar mis esfuerzos en conseguir extremar la colaboración de
todas las administraciones en la prevención de riesgos y en la promoción
de hábitos saludables de vida. Además, el Estado tiene que hacer frente a
compromisos internacionales, especialmente en el ámbito comunitario, lo
que señala otra coordenada que delimita el campo de acción en materia de
salud para el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades
autónomas. En el ámbito de promoción de la salud debemos intensificar hoy
acciones educativas sobre el abuso del tabaco y del alcohol. Son dos de
los factores de riesgo evitables que mayor significación negativa tienen
hoy entre la población española. En su difusión e implantación colabora
especialmente la publicidad, paulatinamente más y más negativa. Estamos
procediendo a una rigurosa vigilancia del cumplimiento de la legalidad
vigente y vamos a modificar ésta a fin de evitar la difusión
indiscriminada, pertinaz y agresiva de mensajes que fomentan el
desarrollo de determinados hábitos entre la juventud. Hay datos que en
este sentido llaman a la preocupación. Por ejemplo, que los adolescentes
se emborrachan por primera vez a los 13 años, que el 21 por ciento de los
jóvenes bebe habitualmente y que el 40 por ciento de los accidentes de
tráfico son debidos al alcohol. La educación para la salud forma parte
esencial de la política sanitaria. Estamos, en colaboración con el
Ministerio de Educación, desarrollando un convenio y desarrollando
acciones en educación. La educación, incluida en los programas de
formación en la escuela, es un elemento importante en la formación
integral de los individuos y representa la estrategia más rentable en su
desarrollo porque aprovecha su etapa de formación.

Hay otro problema que constituye hoy, como todo el mundo sabe, un serio
problema de salud y es el sida, una epidemia que además de provocar tanto
sufrimiento está poniendo a prueba la capacidad de reacción de los
sistemas sanitarios modernos. Vamos a seguir garantizando a todos los
afectados la atención sanitaria que precisan y seguirán teniendo acceso a
los medicamentos más eficaces, pero además debe hacerse un continuado
esfuerzo para evitar el contagio y la extensión de la epidemia para
impedir la consolidación social de actitudes discriminatorias, lo que es
compatible con una especial atención a los drogodependientes y a la
población reclusa. Nos proponemos conseguir que el contagio de la
enfermedad se detenga, difundiendo entre la población la información
pertinente, evitando actitudes discriminatorias hacia los afectados,
garantizando su atención sanitaria y, además, normalizándola en lo
posible mediante la encomienda paulatina a los médicos generales.

Para terminar la primera parte de mi intervención --la segunda la
dedicaré a enumerar las medidas concretas--, me voy a referir a la otra
gran área de competencia del Ministerio, que es el consumo. Algún día
invertiremos el orden, porque el consumo, tratado tras el gran tema de la
sanidad, puede ocultar su verdadera trascendencia. Con la Unión Europea,
hoy la política de consumo amplía sus horizontes y actúa en escenarios
más amplios de los que constituían el de un determinado país. La política
de protección al consumidor en nuestro país y desde su origen ha tenido
fundamento jurídico constitucional y ha ido dirigida a la creación de
unos cimientos que garantizasen su solidez futura. Por eso, tras la
promulgación de la Ley de Defensa de los Consumidores, se hizo necesario
acompasar la necesidad de protección del consumidor a la realidad
política y administrativa configurada por el nuevo reparto competencial,
así como buscar mecanismos de coordinación. Se han fomentado las
organizaciones de consumidores, dotándolas cada vez más de sistemas de
representación y participación en todos los órganos colegiados cuya
actuación incide directa o indirectamente en el consumidor.

En otras palabras, el diseño de la política de consumo en estos años se
ha centrado, en una primera etapa de su desarrollo, en tres áreas
prioritarias, que son base imprescindible para un desarrollo posterior.

Estas han sido: la elaboración de un marco normativo, la puesta a punto
de estructuras administrativas especializadas y el fomento del
asociacionismo de los consumidores. Hoy esta etapa podemos darla por
concluida porque, además, el contexto en el que nos desenvolvemos
presenta rasgos distintos. Los niveles económicos, sociales y culturales
alcanzados por amplios sectores de nuestra sociedad hacen que, en la
aproximación hoy del ciudadano al mercado, la preocupación por la
disponibilidad o la inocuidad de los bienes y servicios haya perdido
importancia frente a una valoración cada vez mayor de la calidad. Se ha
intensificado la tendencia a que los individuos intervengan activamente
en la defensa y promoción de sus intereses. Por tanto, en este nuevo
contexto de la ciudadanía europea que atribuye derechos políticos
fundamentales a todos los ciudadanos de los Estados miembro, la política
de protección al consumidor adquiere una dimensión superior que
trasciende al mercado. Se produce un salto cualitativo que supone que la
protección y promoción de los consumidores pase de ser un principio
informador a un objetivo en sí mismo, en pie de igualdad con los
restantes objetivos de los tratados comunitarios. Por tanto, vamos a
impulsar una política de consumo que refleje las nuevas características y
las nuevas preocupaciones del consumidor de la sociedad de hoy.

Tras esta exposición general, voy a enumerar las medidas concretas que me
propongo abordar en los distintos ámbitos. Empezaré por la salud pública,
continuaré con las relativas a la asistencia sanitaria y, por último, me
referiré a las de consumo.

En políticas de salud, para mejorar la coordinación con las comunidades
autónomas, vamos a potenciar la Comisión de Salud Pública que se creó en
el año 1992 como un instrumento esencial para facilitar la información
recíproca, la cohesión técnica y la acción conjunta de las distintas
administraciones públicas sanitarias.

En segundo lugar, la principal herramienta de trabajo de la salud pública
sigue siendo la epidemiología. Las nuevas epidemias y los avances
tecnológicos aconsejan la adaptación del sistema de vigilancia
epidemiológica a las



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circunstancias actuales. Para ello me propongo la promulgación de un
decreto que regule el sistema de vigilancia epidemiológica, a la vez que
procederemos a la modernización del Centro Nacional de Epidemiología para
que preste un servicio eficaz a las comunidades autónomas.

El sida requiere particular atención. De manera inmediata se va a
proceder al desarrollo del Plan del sida, con especial atención a los
focos más importantes de infección y de desarrollo de la enfermedad. Se
va a establecer un plan de acción conjunto con el Plan Nacional de Drogas
y con Instituciones Penitenciarias, con cuyos responsables ya se ha
iniciado la coordinación necesaria en el seno del Consejo
Interterritorial.

Un asunto para el que no tenemos soluciones apropiadas hoy es el de los
residuos sanitarios. La envergadura creciente que está adquiriendo este
asunto en los grandes centros sanitarios y los problemas que puede
generar exigen cubrir un vacío legal relativo a la gestión interna,
transporte, eliminación y distribución de responsabilidades en este
campo. Se trata de evitar situaciones dispares en cada comunidad
autónoma, impedir la indefinición en las responsabilidades y clarificar
la situación dentro de los establecimientos sanitarios. Para ello estamos
trabajando en la regulación, mediante real decreto, de los sistemas de
almacenamiento, retirada, transporte y eliminación de residuos
sanitarios.

La sanidad exterior es una competencia exclusiva del Estado. Por Real
Decreto de 1987 se ordenó y se atribuyó su competencia al Ministerio de
Sanidad y Consumo. Pero desde entonces se han producido modificaciones
muy importantes, tanto por las transferencias en materia de salud pública
como por el desarrollo normativo de la Comunidad Europea. Por ello se
hace necesario una nueva regulación en materia de sanidad exterior que
también estamos preparando a través de la elaboración de un decreto.

Ya he puesto de manifiesto la importancia que, a mi juicio, requiere hoy
la educación sanitaria en la escuela. El convenio general que tenemos con
el Ministerio de Educación, del año 1993, contempla un área concreta
referida a la educación para la salud. Se han desarrollado ya actuaciones
concretas en relación con el alcohol y con el tabaco en el medio escolar
y nos proponemos continuar en este curso escolar e iniciar otras en
relación a hábitos saludables y a hábitos de nutrición.

El papel decisivo que hoy juega la información en el ámbito de protección
de la salud, no sólo respecto de los medios de comunicación como
informadores de situaciones de riesgo y alarma, sino también como
orientadores de la demanda y promoción de hábitos de vida y consumos de
servicio, nos impulsa a considerar que la información sanitaria en los
medios de comunicación debería ajustarse a normas éticas y profesionales
específicas que tengan siempre presente como objetivo prioritario la
salud del ciudadano. Para ello me propongo impulsar un acuerdo con las
empresas editoras, las radios y las televisiones sobre el tratamiento de
la información sanitaria.

Dentro del campo de promoción de la salud, el proyecto impulsado por la
Organización Mundial de la Salud de las ciudades saludables seguirá
siendo apoyado, impulsado y colaborando con la Federación Española de
Municipios y Provincias.

Como ya he dicho, me propongo desarrollar las normas de la Ley General de
Publicidad relativas a la prohibición de la publicidad de tabacos y de
bebidas alcohólicas.

La formación de profesionales sigue siendo una tarea estratégica
permanente del sistema. Disponemos hoy de un sólido y prestigiado sistema
de formación de especialistas médicos y escuelas de enfermería, pero
hemos de cuidar la formación de técnicos de salud pública y personal
directivo y gestor de los servicios sanitarios. Para ello me propongo, de
acuerdo con el Ministerio de Educación, promover la acreditación de los
programas de formación y de las escuelas y centros de salud pública y
administración sanitaria.

El proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que ya he
tenido que comentar, constituye una importantísima iniciativa en la que
estamos trabajando, y esperamos que dé satisfacción al proceso de
especialización de actividades y funciones que ha supuesto la aparición
de nuevas profesiones en un tiempo relativamente corto.

Y terminando con las medidas relativas al ámbito de salud, el fomento y
la ayuda a la investigación nos han hecho elaborar un proyecto, en
colaboración con el Instituto «Carlos III», para impulsar más eficazmente
que sea el apoyo científico y técnico a las necesidades actuales y
futuras del sistema. Por último, en el año 1994 aprobaremos el plan
integrado de salud, una vez que las comunidades autónomas ya han
elaborado sus respectivos planes. Hasta aquí, las medidas en materia de
salud.

En materia de asistencia sanitaria vamos a favorecer la relación personal
y la libertad de elección de médico, mediante --como he dicho-- la
ampliación de la libre elección a los especialistas. El primero que
estamos estudiando es el de ginecólogo. Además vamos a incidir en los
aspectos de la información a los pacientes y sus familiares, alentando
los programas que ya se vienen desarrollando en este sentido por el
Insalud, como son la asignación de médico responsable a cada paciente
hospitalizado y de equipo de enfermería y facilitar las relaciones
padres-hijos en los hospitales infantiles.

En la misma línea de aumentar la información y la responsabilidad de los
usuarios vamos a potenciar el consentimiento informado para cada
procedimiento diagnóstico o terapéutico que conlleve riesgos o molestias
relevantes para el paciente. Vamos a extender el plan de reducción de
listas de espera a toda la red del Insalud, el plan de listas de espera
que se ha llevado a cabo en Madrid. Las medidas de reducción del plan de
listas de espera conllevan la incentivación del rendimiento de quirófanos
en jornada normal, la implantación de unidades de cirugía mayor
ambulatoria para los procesos más frecuentes en las listas de mayor
espera y la potenciación de la cirugía ambulatoria y de corta estancia en
los hospitales. Con este plan pretendemos incrementar la actividad



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quirúrgica en 15.000 intervenciones hasta finales de junio de 1994.

La elaboración del catálogo de prestaciones, que hacen efectivo el
derecho a la protección de la salud, como he dicho, ha sido ya
consensuado en el Consejo Interterritorial y se ha aprobado la creación
de una comisión especial que elaborará una propuesta en el plazo de dos
meses a partir de esta fecha. También vamos a poner en marcha la agencia
de evaluación de tecnologías sanitarias, para la que ya tenemos sede,
como apoyo científico y técnico.

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley de Sanidad, vamos a promover el
establecimiento de un sistema de compensación financiera entre las
comunidades autónomas para los servicios sanitarios de referencia
prestados recíprocamente. Es fundamental, además, dotar de capacidad de
gestión a los hospitales; es preciso que los hospitales y los centros de
salud cuenten con un modelo de gestión más abierto y responsable, que
facilite la iniciativa profesional para dar respuestas eficaces a las
necesidades de atención de los usuarios y para lograr la máxima
integración de cada hospital y cada centro de salud en el medio
territorial en el que se desenvuelve. Para ello, se han dado pasos
importantes a través de los contratos-programa, que van a seguir
generalizándose.

Para el desarrollo efectivo de esta autonomía de gestión de centros
sanitarios y de contratos-programa, es necesaria la implantación efectiva
de sistemas de contabilidad analítica y desarrollo del sistema de
información y de indicadores que permitan la evaluación comparativa de la
calidad de la asistencia y el control de costes en todo el sistema y que
facilite la ejecución de auditorías médicas y económicas. Asimismo nos
proponemos que el Consejo Interterritorial estudie el desarrollo para
todo el sistema de un mecanismo de acreditación de hospitales para
garantizar la calidad de la estructura y las instalaciones hospitalarias
en todo el territorio. Todo esto es impensable sin la colaboración de los
profesionales del sistema y por ello constituye una prioridad esencial de
mi política la relación y el diálogo con los interlocutores profesionales
y sociales.

Finalmente, estamos desarrollando el acuerdo suscrito en su día con el
Consejo General del Poder Judicial para analizar la vertiente jurídica de
los problemas sanitarios en el sistema, y fruto de este desarrollo va a
ser la inminente celebración de un seminario realizado con el Consejo
General del Poder Judicial que va a tener lugar antes de que finalice el
presente año.

En consumo, vamos a asegurar una participación efectiva en la elaboración
de disposiciones de ámbito comunitario, que hoy revisten extraordinaria
importancia para los consumidores, como son la multipropiedad, la
responsabilidad del prestador de servicios, el etiquetado de productos
alimenticios y las ventas a distancia, que están actualmente elaborándose
y en las que participamos muy activamente.

Seguiremos la trasposición de directivas comunitarias, tanto directamente
como en nuestra colaboración con otros ministerios; entre otras, ahora
estamos trabajando en la de cláusulas abusivas y seguridad de los
productos. Vamos a promover la utilización de códigos éticos, suscritos
voluntariamente por sectores productivos o por empresas individuales.

Vamos a seguir impulsando el sistema arbitral de consumo y vamos a
constituir la junta arbitral de consumo, de ámbito nacional, con carácter
inminente.

Para no extenderme más, éstos son, a grandes rasgos, los principios, la
visión del sistema sanitario hoy y las medidas que me propongo poner en
marcha inmediatamente.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.

Señorías, si les parece, y siguiendo una vez más la tradición en esta
Comisión, a pesar de que es nueva pero no tanto, tomarían la palabra los
grupos por orden de mayor a menor, finalizando el portavoz del Grupo
Socialista. ¿Están ustedes de acuerdo? (Asentimiento.) ¿Desean intervenir
todos los grupos? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, señorías, señora
Ministra, la presentación que S. S. ha realizado de las líneas maestras
que van a regir su actuación en el Ministerio de Sanidad y en la presente
legislatura ha sido, por el Grupo Parlamentario Popular al menos,
auténticamente decepcionante. No nos ha sorprendido, bien es cierto, no
esperábamos nada más ni del Gobierno, ni de la Ministra, ni del Partido
Socialista que apoya a ambos, pero nos ha decepcionado por ser la
reiteración de un catálogo de promesas socialistas formulado de siempre,
además acompañado, adobado con algo que sí puede resultar preocupante:
una carencia absoluta de autocrítica y formulado desde la
autocomplacencia.

La señora Ministra nos ha leído más una intervención de campaña electoral
del partido con el que colabora, que una intervención parlamentaria. Un
papel escrito, sin duda, por los órganos de propaganda de su Ministerio,
del Partido Socialista, por tanto, lleno de promesas ya oídas
reiteradamente desde 1983 y sistemáticamente imcumplidas.

Señora Ministra, ha aceptado S. S. un papel en el Gobierno y en la
política nacional y usted sabrá por qué lo ha hecho, pero creo que le han
hecho un flaco favor ascendiéndola desde la Subsecretaría del Ministerio.

Ya que la Ministra ha hecho una extensa excursión filosófica al principio
de su intervención, voy a hacerla histórica y, en un esfuerzo de memoria,
poniendo de manifiesto que resulta sorprendente el camino que ha
recorrido la política sanitaria del socialismo desde 1982 hasta esta
comparecencia.

Como recordarán SS. SS. llegó a la sanidad española el socialismo con el
señor Lluch, el primer Ministro del señor González, cuya primera
intervención, en una comparecencia similar a la que hoy estamos
desarrollando, la realizó montado entusiásticamente en el programa
electoral del Partido Socialista de aquel entonces. El socialismo
español, pletórico de intenciones aprendidas



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diligentemente en manuales revolucionarios de sanidad histórica y
vanguardista, llegaba dispuesto a poner fin a todos los males del sistema
y de la salud pública española. Siete años duró el señor Lluch, que
constituyó un auténtico récord por lo que después hemos visto en cuanto a
la duración de los Ministros.

Le sustituyó el señor García Vargas, que fue ya el heredero inicial de la
desilusión de los grandes teóricos de la sanidad socialista, que no
encontraron en España, a pesar de haber leído aquellos manuales, ni
enfermedades tropicales, ni enfermedades más propias de países caribeños
que de España y que descubrieron, además, rápidamente que con un botiquín
al hombro de un sanitario, que es como a ellos les gustaba denominar a
los profesionales de la sanidad, no era suficiente como modelo de sanidad
pública para España.

El señor García Vargas enarboló el eslogan de «salud para todos en el año
2000», como línea argumental básica de su primera intervención en esta
Cámara, considerando tan encomiable objetivo como algo irrenunciable para
el socialismo español. Pasará a la historia, además, el señor García
Vargas por haber asumido la realización del informe Abril, que duerme hoy
día el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio, y nos gustaría
saber qué piensa hacer la nueva Ministra con dicho documento.

Fue sustituido a los quince meses por el señor García Valverde, al que
recordarán SS. SS. por el escándalo Renfe, que fue cesado por eso y que
pasó por el Ministerio de Sanidad durante nueve meses sin hacer
absolutamente nada.

Fue sustituido por el señor Griñán, el cuarto Ministro del señor
González, que llegó desde la experiencia de haber sido Consejero de
Sanidad de la Junta de Andalucía y presentando quizás como rasgo que
mejor puede definirle en la eficacia de su gestión el haber sido
responsable de los 800.000 millones de deuda que en este momento
renegocia el señor Chaves con la Administración central para ver si
acepta o no, si colabora o no en la cesión del 15 por ciento del IRPF a
las comunidades autónomas. Es decir, de la pasión programática al eslogan
voluntarista del escándalo Renfe, a los 800.000 millones de deuda del
Servicio Andaluz de Salud, el socialismo lleva once años dando bandazos
en política sanitaria.

Ahora llega su señoría, nos tememos, con el encargo de salvar los pocos
muebles que han quedado después de la riada. Llegamos hoy, señora
Ministra, a su comparecencia, llegamos hoy, señora Ministra, a la
realidad que han hecho posible los once años de modelo socialista de
sanidad y de los once años de gestión socialista de dicho modelo.

Llegamos a los recortes de las prestaciones sanitarias, efectivos unos,
como el MEDICAMENTAZO o el recorte de prestaciones farmacéuticas,
anunciados otros en prestaciones asistenciales.

Usted, señora Ministra, pasará a la historia al menos como el artífice
del inicio del desmantelamiento de la sanidad pública española, como la
responsable de hacer pagar a los ciudadanos de su bolsillo los errores
del socialismo español en sanidad en los últimos once años.

La sanidad pública española en 1993, siendo Presidente don Felipe
González y Ministra de Sanidad doña Angeles Amador, deja de ser
universal, gratuita, equitativa y solidaria. En las elecciones del 6 de
junio, que ustedes ganaron, como nos recuerdan con reiteración muchos
miembros del Gobierno, y el señor Griñán antecesor suyo hace bien pocos
días, no les dijeron a los españoles que iban a hacer esto. Es más, el
voto del miedo fue inducido por don Felipe González afirmando que lo
haría el Partido Popular si llegaba a gobernar.

En este momento los españoles, si quieren acceder a todas las medicinas
de uso legal en España, tendrán que pagarse de su bolsillo parte de
ellas. Eso sí es privatizar la sanidad. Los españoles tendrán que pagar
de su bolsillo algunos actos médicos si quieren preservar íntegramente su
salud, esa salud que ustedes reivindicaban entusiásticamente para todos
en el año 2000, que como concepto global, tal como se contempla, además,
en la Ley General de Sanidad, en su artículo 98, y sobre todo en el
artículo 43 de la Constitución Española, será posible de verdad para
todos los que puedan pagarla privadamente. Eso sí es privatizar la
sanidad.

Esta, lamentablemente, es la realidad de la sanidad pública española al
día de hoy, pero es una realidad que no es casual, que no se produce
accidentalmente, es consecuencia de un determinado modelo de sanidad, el
socialista, y de una determinada gestión del mismo, también socialista.

Se han empeñado durante todos estos años, se siguen empeñando tras oír a
la señora Ministra, en mantener el monopolio asistencial del Estado, en
aprobar presupuestos ficticios año tras año, en admitir desviaciones
presupuestarias en el gasto que no reconocen después en su totalidad, en
permitir la existencia de obligaciones no reconocidas con sus
proveedores, en no exigir la legalidad y la transparencia en el manejo de
los fondos públicos para adquirir suministros sanitarios o contratar
obras. Se han empeñado ustedes en considerar a los profesionales como los
enemigos públicos número uno del sistema, incompatibilizando a los
médicos, primero, y obligándoles después a hacer peonadas, impidiendo la
existencia de especialidades en enfermería, permitiendo la desigualdad
retributiva, siendo incapaces de articular, a pesar de los múltiples
anuncios, las carreras profesionales, tanto para médicos como para
diplomados en enfermería, en permitir y potenciar la politización de la
dirección y de la gerencia hospitalarias y de la sanidad en general,
actuando así en claro detrimento de la profesionalidad y, por tanto, de
la eficacia. Se han empeñado en no desarrollar un plan gerontológico con
las infraestructuras propias que ahora empiezan a echar de menos.

Eso sí, han conseguido en tan delicado asunto como es el sida colocarnos
a la cabeza de los países europeos, en cuanto al número de nuevos
enfermos, y el segundo, en cuanto a casos acumulados. Y siguen
produciéndose en 1993 casos de contagio por transfusiones --seis en el
primer semestre-- y casos de contagio por administración de



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hemoderivados --doce en el primer semestre--, teniendo aún pendiente el
cumplimiento de una promesa electoral del Partido Socialista, que fue
indemnizar a los enfermos hemofílicos contagiados.

Señora Ministra, puede usted plantearme --faltaría más-- tantos discursos
como el actual como S. S. quiera. Pero ya me explicará por qué voy a
creerla cuando hemos oído las mismas promesas a sus antecesores en el
cargo y S. S. se ve en la obligación de volver a formularlas en el día de
hoy.

No nos inspiran ninguna credibilidad, señora Ministra, ni por lo que
dicen ni por lo que hacen, porque ya me explicará S. S., por ejemplo, por
qué su Grupo Parlamentario --por cierto, con su ausencia del hemiciclo--
se ha negado a crear una ponencia para estudiar las deudas del Sistema
Nacional de Salud. Algún día sabremos qué ocultan ustedes para impedir lo
que podíamos denominar la auditoría de la sanidad pública.

Señorías, el Sistema Nacional de Salud --y siento desilusionarla--, que
no discutimos, corre serio peligro y no podemos permitirnos el lujo de
que salte por los aires como consecuencia de un mal modelo y de una peor
gestión. Tenemos que ser capaces de devolverle la viabilidad de la que
carece en estos momentos, pero para ello es imprescindible una serie de
medidas que habría que encarar de forma inmediata.

Hay que realizar una auditoría del Sistema Nacional de Salud, señorías,
imprescindible para saber dónde estamos y qué cambios son necesarios, y
ahora más que nunca precisamente, porque nadie nos explica por qué la
creación de la ponencia que propusimos ha sido negada.

Es imprescindible la confección de unos presupuestos generales del Estado
para sanidad realistas, sin ficciones presupuestarias, sin permitir
sistemáticas desviaciones que luego precisan de créditos extraordinarios
y que dan lugar a morosidad, a impagos, a obligaciones no reconocidas, a
una especie de gran agujero negro que es la financiación del Sistema
Nacional de Salud que todo lo devora. Unos presupuestos generales del
Estado, además, solidarios con las desigualdades interterritoriales.

Tiene que conseguir, señoría, una gestión transparente y descentralizada
de los fondos públicos, que hasta ahora no es una realidad. Tiene que
liberalizar y desregular la asistencia sanitaria, rompiendo el monopolio
asistencial del Estado, siguiendo, en definitiva, las recomendaciones en
este sentido del último informe del Banco Mundial con la colaboración de
la Organización Mundial de la Salud.

En definitiva, se debe permitir a todos los españoles lo que ya se
permite a los funcionarios del Estado sin pagar ni una peseta más,
manteniendo la unidad de aseguramiento de la Seguridad social,
permitiendo la elección del prestador de la asistencia sanitaria entre
los que ya financia la Seguridad Social, el Insalud o los servicios
autonómicos de salud, y las compañías de seguro libre, las de reembolso
de gasto o las entidades colaboradoras de empresa.

Señora Ministra, hay que entusiasmar --no sólo dialogar-- e involucrar a
los profesionales en el modelo sanitario para que lo hagan rentable y
para que encuentren rentabilidad personal en ese logro. Hay que
profesionalizar para despolitizar la dirección y la gerencia de los
hospitales y de las áreas de salud. Tienen que implantar la tarjeta
individual sanitaria de forma universal, informatizar auténticamente todo
el Sistema Nacional de Salud, BAREMAR todos los actos asistenciales, no
sólo para conocer su costo en el Sistema Nacional de Salud --que ello
sería poca cosa, que no sería una norma de higiene financiera lo
suficientemente importante--, sino para poder también negociar la
desregulación asistencial.

Señorías, señora Ministra, si este cambio de modelo no se produce, si
algunos de sus anuncios vuelven a quedar otra vez en las palabras, el
Sistema Nacional de Salud, que es de todos, saltará por los aires. Si
estos cambios no se producen continuaremos recorriendo un camino nada
deseable y obligados por ustedes, el camino de los recortes de la sanidad
pública a costa de los ciudadanos, que, sin duda, se van a seguir
produciendo si ustedes siguen empeñados en hacer las cosas tal cual las
llevan haciendo desde hace once años y tal cual sustancialmente nos ha
anunciado la señora Ministra.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Señorías, señora Ministra, en primer lugar
quiero agradecer su comparecencia en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y darle la bienvenida a esta Comisión.

A continuación, quiero decir, desde la responsabilidad que a todos y
todas y cada uno de los Diputados y Diputadas que estamos aquí nos
corresponde, que no es fácil intervenir en respuesta al contenido de su
exposición, teniendo en cuenta que su relación con la realidad en estos
momentos del país es difícil de encontrar.

Señora Ministra, en estos momentos nos encontramos en una situación de
crisis económica muy grave; situación de crisis económica que está
llevando a un desempleo --el más importante de los países de la Comunidad
Económica Europea-- y que, además, no es un dato económico aislado, sino
que incide directamente en el incremento de las necesidades de salud de
la población y en el incremento de las desigualdades en materia de salud.

Esto supone, en lo que a su Departamento le afecta, un incremento del
gasto sanitario para atender a necesidades crecientes que se centran en
unos sectores muy concretos de la población.

Lo que usted no ha dicho en su comparecencia --sí en otros medios-- es
que el presupuesto del Ministerio de Sanidad para 1994 se congela y que
se recortan prestaciones sanitarias. A mi juicio, el contenido de su
discurso se sitúa fuera de la realidad y, de hecho, a mí me parece que la
disposición de ánimo, desde la cual la señora Ministra enfrenta sus
responsabilidades, no se corresponde --siento insistir pero es una
realidad, la diga quien la diga-- con las promesas electorales del
Partido Socialista y, a mi



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juicio, con lo que es más importante, con las necesidades de salud de la
población.

Su comparecencia se ha iniciado, como siempre las de los ministros
socialistas, buscando la legitimación de su actuación y de su discurso en
los indicadores de salud de la población. Siento insistir porque lo he
dicho en otras ocasiones, pero, señora Ministra, los indicadores de salud
de la población que usted ha manejado no son aceptados como creíbles por
la Organización Mundial de la Salud, al citar que nuestro país tiene como
sexta causa de muerte (como usted sabe, o debe saber, las causas de
muerte es un elemento central para la elaboración de todos los
indicadores sanitarios) las que se producen por procesos no bien
definidos. Y sitúa a nuestro sistema de información fuera de los
considerados como creíbles por la Organización Mundial de la Salud.

La tasa de mortalidad infantil, que las cifras oficiales dan, está
absolutamente sesgada por un subregistro de muertes de niños en las
primeras 24 horas, que son los que más inciden en la mortalidad infantil
y que, además, no se corresponden con otro dato. Estamos a la cabeza de
los países europeos y a la mitad de los países del mundo (es decir, por
detrás de países con mucho menor nivel de desarrollo que el nuestro) en
niños con bajo peso al nacer, primera causa de mortalidad infantil. Es
decir, hay datos que no se corresponden. Pediría a usted y a las
autoridades del Ministerio de Sanidad que no intenten legitimar su
discurso con indicadores de salud que no son reales.

Además, hay otro aspecto. Los indicadores de salud globales no sirven
porque las desigualdades sociales en materia de salud existen en todos
los países del mundo, no sólo en los países subdesarrollados.

Pediría a las personas que han elaborado su discurso que consulten los
manuales de salud pública, porque ni siquiera en países que cuentan con
sistema de salud mucho más desarrollados que el nuestro, como son los del
norte de Europa, han podido eliminar las desigualdades en materia de
salud. Ni siquiera en esos países. Así que la autocomplacencia
--ignorante, con perdón-- de decir que las desigualdades en materia de
salud no existen, parece un insulto a lo que está sucediendo en la
realidad, salvo que el Ministerio de Sanidad se niega a elaborar
indicadores que reflejen diferencias en materia de salud por factores
socioeconómicos.

En la pasada Legislatura yo presenté una proposición de ley, que fue
aprobada en esta Cámara --de las poquitas, por eso me acuerdo bien--,
exigiendo al Ministerio de Sanidad que los indicadores de salud, de
mortalidad y de morbilidad se reflejen por diferencias en el nivel de
renta, en el nivel de educación, etcétera, y que yo sepa no ha sido
tomada ninguna medida en su Ministerio para cumplir el mandato de esta
Cámara, y en concreto de esta Comisión. Esa sería la única manera, por un
lado, de reflejar la realidad y, por otro, de que los indicadores de
salud sirvieran para lo que tienen que servir: para ser instrumentos
fundamentales en la planificación.

La intervención sobre las necesidades de salud de la población es el
instrumento más elemental de la planificación sanitaria. claro, como no
hay plan integrado de salud; como usted anuncia, como sus predecesores,
que para el próximo año, si Dios quiere, evidentemente no hay por qué
elaborar indicadores que sirvan para esa planificación.

Hay otro elemento que yo no tengo por menos que señalar aquí. Señora
Ministra, señorías del Partido Socialista Obrero Español, ustedes
aprobaron una Ley General de Sanidad que tenía enormes posibilidades, a
mi juicio y en opinión de mi Grupo, de ser un instrumento legal eficaz
para intervenir positivamente en la reforma del sistema sanitario. Es
verdad que tenía elementos muy grandes de ambigüedad, que han sido los
que están permitiendo que se esté desarrollando el sistema sanitario
contradiciendo frontalmente principios enunciados en la Ley General de
Sanidad. Todo el mundo sabe que el mayor indicador de que la Ley General
de Sanidad les sirve a ustedes como algo más o menos decorativo es que su
desarrollo no se ha producido en la inmensa mayoría de sus aspectos. El
más importante, el plan integrado de salud. Insisto en que la Ley General
de Sanidad daba un plazo de seis meses, en el año 1986, para que se
elaborara. Usted dice ahora que para 1994. Sus predecesores dijeron lo
mismo. Ojalá en este caso --desde luego le concedo el beneficio de la
duda-- haya ese plan integrado de salud, que deberá servir para adecuar
el desarrollo del sistema sanitario a las necesidades reales de la
población, medidas a través de indicadores fiables.

Otro de los elementos, señora Ministra. A mí me parece una falta de
respeto a esta Comisión, en la que hay personas que entendemos un poco de
sanidad, decir que el sistema sanitario funciona muy bien porque hace
muchas consultas, porque hace muchas intervenciones quirúrgicas o porque
ingresa mucha gente. Por un lado, le diré que ese dato, si no lo refiere
usted a consultas por habitante o a consultas por profesional, no sirve
absolutamente de nada. Me da igual que me diga veinte o cuarenta
millones; no sirve para nada. Por otro, si usted lo relacionara de esa
manera, podríamos ver, como existe la comparación, que en nuestro país
existen menos consultas por habitante, menos ingresos por habitante que
en otros países, no porque la tasa de mortalidad sea muy baja, ni la
esperanza de vida muy alta, sino porque los recursos sanitarios públicos
en nuestro país son muy inferiores a los de otros países europeos. Todas
esas cifras son menos de las necesarias, porque los recursos son
inferiores a los necesarios.

También quería decirle que me alegro de la declaración de intenciones en
defensa del sistema sanitario público. Usted sabe que yo las comparto. Me
temo que sean poco más que declaraciones de intenciones, porque eso,
desgraciadamente, se mide en pesetas, señora Ministra.

Cuando se congela el gasto sanitario, cuando nos alejamos progresivamente
de la media de gasto sanitario público de países de la OCDE, cuando
estamos a la cola de países de la OCDE en camas hospitalarias, la defensa
del sistema sanitario público en sus palabras --hermosas a mi juicio-- no
deja de ser una mera declaración de buenas intenciones si usted no
aumenta la inversión en infraestructuras sanitarias públicas, porque la
realidad, pese a



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sus deseos, es que está potenciando el sistema privado. Está potenciando
que quien tenga acceso real a las prestaciones sanitarias sea quien esté
en condiciones de pagarlo. Obras son amores, señora Ministra, y o usted
incrementa, extiende la reforma de la atención primaria a toda la
población, principal elemento de la reforma que ustedes aprobaron --en
eso con el apoyo nuestro-- o no habremos hecho nada.

Yo quiero preguntarle aquí muy concretamente, porque quiero que conste en
el «Diario de Sesiones», para qué año piensa la señora Ministra completar
la reforma de la atención primaria para toda la población. Le adelanto
que el señor García Vargas, en el año 1990, dijo que eso iba a suceder en
el año 1992. Como es evidente, eso no se ha producido. Yo le pido
compromisos concretos de lo que es el eje central de la reforma del
sistema sanitario público a ese nivel. Le adelanto que si bien la Ley de
Sanidad permite la libre elección de médico en atención primaria en el
ámbito territorial del área sanitaria, me parece una cortina de humo
inaceptable cuando esa reforma de la atención primaria no se ha producido
todavía, y coloca la libre elección de médico como una especie de
pantalla general que está escondiendo la realidad. Usted lo sabe igual o
mejor que yo.

¿De dónde viene la clientela de la atención privada en medicina general?
¿Quiénes son los clientes de los médicos privados? Los mismos que tiene
en la consulta del seguro, que van a la casa particular del médico. Es
decir, no es la libre elección del médico, no es la persona individual la
que garantiza la calidad de la atención, sino las condiciones concretas
en las que se produce su ejercicio profesional. Y cuando se están
manteniendo datos como tres minutos de media por paciente en medicina
general, el tomar medidas como la libre elección de médico a mí me parece
que aunque la ley lo permita tiene mucho de demagogia en ausencia de
otras medidas complementarias.

Algo parecido, señoría, pasa con la responsabilidad en educación para la
salud. Las campañas publicitarias en educación para la salud, en primer
lugar, se neutralizan con las campañas publicitarias de las empresas y,
en segundo lugar, no tienen eficacia real si no son individualizadas. La
población está bombardeada de mensajes publicitarios. Los mensajes
publicitarios sanitarios no sirven; sirve la educación sanitaria concreta
dirigida a las condiciones concretas de la persona en el ámbito del
funcionamiento de los servicios sanitarios y, desde luego, educativos. En
ese sentido me parece muy adecuado el acuerdo con el Ministerio de
Educación, y me alegro que se potencie, pero lo que corresponde a los
servicios sanitarios, en el ámbito de su trabajo del ejercicio
profesional, es explicar a una madre aspectos de alimentación o cómo se
puede trabajar con adolescentes.

Yo quiero insistir, porque me parece que es elemental, en la pregunta
acerca de cómo, sin haber evaluado globalmente el sistema sanitario, sin
haber establecido objetivos del sistema sanitario a través de la
planificación, se pueden recortar prestaciones sanitarias. Señora
Ministra, ese es un atentado gravísimo, en situación de crisis económica
--quiero insistir--, contra los sectores de la población más
desfavorecidos.

Usted ha hablado de que se pueden recortar las prestaciones en prótesis;
usted ha hablado de que se puede eliminar de la prestación sanitaria la
interrupción voluntaria del embarazo o la reproducción asistida. Y yo
diría, ¿la señora Ministra no se ha parado a pensar en la cantidad de
prestaciones sanitarias que hoy están excluidas de la asistencia
sanitaria pública y que son necesarias: las prótesis auditivas, las
visuales, la salud laboral, la salud bucodental, primer problema de salud
según la última encuesta que publicó el Ministerio de Sanidad, o la
planificación familiar? ¿Para cuándo se piensa desarrollar la Ley General
de Sanidad en su Título IV que habla de salud laboral? ¿Para cuándo el
Gobierno piensa trasladar a la Cámara el proyecto de ley de salud laboral
al que está obligado por una directiva europea desde el año 1989, cuando
nuestro país es el primero en muertes por accidentes de trabajo y el
último en enfermedades profesionales porque da la casualidad de que no se
registran? ¿No se ha parado a pensar la señora Ministra qué hace una
familia con recursos limitados para acceder a esas prestaciones que no
están recogidas hoy por la Seguridad Social, antes de plantearse el
recorte de otras? Yo apelo a la sensibilidad por la sanidad pública de la
señora Ministra y a la supuesta sensibilidad socialista para decir que en
momentos de crisis económica, en momentos de dificultades, el aumento de
las inversiones en salud es un elemento indispensable de justicia social.

La señora Ministra no ha hablado de eso --como sus predecesores--, no ha
hablado del incremento de la participación de la sanidad privada en las
prestaciones sanitarias generales. Yo me congratularía de eso,
entendiendo que el mercado en la salud es un instrumento de desigualdades
y de precariedad de lo público, si no fuera, como decía antes, que el
recorte presupuestario en inversiones, en infraestructuras sanitarias
públicas, supone --lo diga la señora Ministra o no lo diga-- un
incremento de la participación de la atención privada en las prestaciones
sanitarias.

Para finalizar mi intervención, señora Ministra, quería hacerle varias
preguntas. La primera de ellas --que no vale dinero y conste que yo creo
que el dinero en la sanidad es muy importante y más en estos momentos--
se refiere a cuándo piensa la señora Ministra potenciar estructuras de
participación efectiva de los profesionales de la salud y de la población
en el control, evaluación y planificación del sistema sanitario.

Yo afirmo, señora Ministra, que la alternativa entre la burocratización
del sistema y el mercado es la participación de la población y de los
profesionales. Pero yo querría saber cuál es su opinión, porque sus
predecesores hablaron de este aspecto, sobre esa participación, que usted
llama corresponsabilidad y yo no tengo nada en contra de la palabra,
porque si se entiende participación de los profesionales como
incentivación económica directa en el ahorro sin control de calidad y sin
control social del ejercicio profesional, evidentemente puede llevar a
actuaciones perversas por parte de los profesionales



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--los hay honestísimos, pero como en cualquier profesión hay de todo--
que antepongan sus objetivos económicos a los objetivos de prestaciones
sanitarias necesarias.

¿Para cuándo la transferencia a todas las comunidades autónomas? La Ley
General de Sanidad --si se la relee-- en su exposición de motivos decía
algo lúcido y casi profético, vista la realidad. Se proponía una reforma
del sistema sanitario, pero hablaba de los plazos, y más o menos señalaba
el temor de que el nuevo sistema que pretendía imponer la Ley General de
Sanidad fuera uno más que se superpusiera a la dispersión de redes
sanitarias existentes. Hoy esa exposición de motivos de la Ley General de
Sanidad es una realidad por cuanto el sistema sanitario público está
disperso, descoordinado, y los limitados recursos son imposibles de
gestionar de una manera razonable por cuanto tienen dependencias
administrativas diversas y descoordinadas.

Quiero insistir en algo muy concreto: los hospitales militares. Ha habido
denuncias sindicales estos días de una ocupación de las instalaciones
militares del 30 por ciento. ¿Es de recibo que cuando hay una penuria de
recursos, a la que ustedes hacen referencia constantemente, estén
hospitales vacíos, como el Gómez Ulla, con cuatro plantas cerradas, y la
población está agolpándose a las puertas del Doce de Octubre o del
Hospital Clínico?
Le repito, ¿para cuándo la cobertura del cien por cien en la atención
primaria? ¿Para cuándo el incremento de camas de agudos, que no nos lleve
a desviaciones presupuestarias en el presupuesto consolidado de 1992, que
es el último que yo conozco, del 20 por ciento por conciertos? Ahí está
la realidad de lo que yo le digo. La insuficiencia de infraestructuras
públicas supone incremento de los conciertos, con una desviación del 20
por ciento en el presupuesto consolidado de 1992.

El plan de listas de espera, ¿cómo lo va a hacer usted, señora Ministra?
¿Con conciertos con la sanidad privada o se va a aumentar la inversión en
hospitales públicos? ¿Para cuándo las camas de mediana y larga estancia
que permitan una atención adecuada a los enfermos crónicos, sin dilapidar
excesivamente la ocupación de camas, muy caras, como sabe usted, de corta
estancia?



La señora PRESIDENTA: Por favor, señora Maestro, vaya terminando.




La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señora Presidenta.

Enumero rápidamente. ¿Para cuándo la libre colegiación de los
profesionales de la sanidad vinculados al sistema público? La carrera
profesional no sé si estará incluida dentro del proyecto de ley de
ordenación de las profesiones sanitarias, pero usted sabe tan bien como
yo que es una demanda urgente, repetidamente anunciada por responsables
de su Ministerio, que hasta la fecha no ha tenido concreción alguna.

¿Para cuándo medidas razonables y racionales en farmacia que no supongan
recortes de las prestaciones sociales sin criterio? ¿Para cuándo la
potenciación de genéricos? ¿Para cuándo la gratuidad de los medicamentos
esenciales? ¿Para cuándo la potenciación de la formación de los médicos
en materia de medicamentos? ¿Para cuándo la eliminación de la publicidad
en medios de comunicación de masas en materia de medicamentos?
En fin, señora Ministra, tiene usted por delante largo tiempo, espero, de
permanencia en su Ministerio, pero deseo fervientemente que las medidas
anunciadas no sean los ejes de la política sanitaria que usted vaya a
llevar a cabo.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Maestro.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: En primer lugar, quería agradecer, en nombre de
nuestro Grupo, esta primera comparecencia de la señora Ministra en esta
Comisión, nueva sólo en parte, para la exposición de las líneas
políticas, de los objetivos, así como de las consiguientes medidas que se
propone llevar a cabo al frente del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Se me ocurren una serie de reflexiones al amparo, precisamente, del
ofrecimiento de diálogo que ha hecho la señora Ministra en el seno de
esta Comisión. Entendemos que de ahí han de salir algunos puntos de
contacto, algunos puntos de consenso, algunos puntos de encuentro.

La mejora de la sanidad pública implica, sistemáticamente, un aumento de
la demanda, de manera que los avances técnicos que inciden en una mayor y
mejor calidad de vida, así como en el aumento de la expectativa de vida
de la población, la misma universalización del sistema, el hecho de una
cronificación de enfermedades antes incurables o la aparición de otras,
comportan un incremento considerable de las necesidades presupuestarias
que se destinan al Sistema Nacional de Salud. De manera que podríamos
decir que, a medida que mejora la salud pública, se incrementan, y en
mayor proporción, las propias necesidades del sistema. Se puede llegar al
extremo de decir que gastar mejor no quiere decir gastar menos. Por
tanto, siendo imprescindible gastar mejor, habrá que ir aumentando, quizá
en menor medida y proporción de lo deseable pero dentro de lo posible,
las aportaciones presupuestarias; más aún en momentos como los actuales,
de crisis y de recesión, con mayor motivo habrá que hacer los esfuerzos
necesarios e imprescindibles para mejorar la gestión --lo ha dicho en la
expresión MOXIMO RIGOR EN LA GESTION--, para que este desequilibrio se
note menos. Desde este aspecto entendemos que, por encima de debates
superados de sanidad pública o sanidad privada, hay que ir a un sistema
de gestión de lo que entendemos como compra de prestación de servicios,
es decir, en beneficio de una mayor flexibilidad gestora y de una mejora
de la calidad de la asistencia sanitaria.

En este sentido, hay que hacer hincapié en la relación enfermo-médico,
que yo preferiría llamar de usuario-profesional. Hay que tener en cuenta
el factor que el profesional representa en este sistema, sobre todo en lo



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referente a los costes, en definitiva, a los gastos por la medicación,
por las prescripciones, por las prestaciones farmacéuticas que el propio
profesional tiene que efectuar. Entendemos que es una buena medida la
libre elección de médico en la asistencia primaria y el pediatra, así
como la medida que ha expuesto de ir generalizándolo. En nuestra opinión,
el objetivo sería lograr que el usuario sepa, en todo momento, que va a
consultar a su médico y que, a su vez, el profesional tiene ante sí a uno
de sus enfermos. En este sentido, creemos que es imprescindible
incardinar al profesional sanitario en los objetivos del sistema, y no
digo necesariamente dentro de su funcionamiento, sino en los criterios,
en los objetivos y en las consecuencias sociales que todo sistema
nacional comporta. En definitiva, conseguir una asistencia lo más
humanizada posible, porque la medicina, el médico en concreto, en el
mayor número de ocasiones cura, otras veces sólo alivia, pero siempre y
en cualquier caso ha de consolar.

Otra cuestión imprescindible es la educación sanitaria de la población.

Es verdad que los temas sanitarios ocupan a la población en general,
pero, indudablemente, es cuando acude a consultar un problema, bien sea
personal o familiar, cuando realmente se preocupa por su tema en concreto
y por la sanidad en general. Este Diputado entiende que estamos en el
mejor momento para hacer una adecuada educación sanitaria, con el tiempo
necesario y, sobre todo, contando con algo que es primordial, y es la
ascendencia del médico sobre uno de sus enfermos.

No quisiera entrar en una teórica inútil, disquisición o dicotomía entre
medicina o sanidad supertecnificada o medicina o sanidad humanizada, pero
sólo con una correcta relación profesional-usuario y con una suficiente
educación sanitaria de la población, se podrán reducir muchos de los
costes que pueden ser superfluos, máxime cuando a veces algunos
tratamientos son, si no nocivos, no inocuos del todo.

Y pasando de la poesía a la prosa, si me lo permite, señora Presidenta,
un tema que nos preocupa es la cuestión de la financiación sanitaria. Lo
hemos dicho en tantas cuantas ocasiones hemos tenido oportunidad de
explicitarlo. En ese sentido, entendemos que hay cuatro aspectos
fundamentales en el tema de la financiación sanitaria que no se pueden
soslayar.

En primer lugar, es preciso aflorar el déficit acumulado en el ejercicio
de 1992 y el que se producirá en 1993, independientemente de la solución
de la deuda histórica que en su momento se palió con las medidas
correspondientes.

En segundo lugar, hay que conseguir un sistema de automatismo en el pago
de las desviaciones generadas por el Insalud. En este sentido, entendemos
que el sistema actual es discriminatorio para las comunidades autónomas
con la sanidad transferida, en relación al territorio del Insalud
centralizado. Representa un 43 y un 57 por ciento, respectivamente, y
pensamos que afecta a buena parte de ese Insalud.

En tercer lugar, creemos que es conveniente hacer un presupuesto real en
base al gasto liquidado en el ejercicio anterior, dejando de hacer unos
presupuestos tal vez en clave política, esperando que se gaste un poco
menos o incitando a que se gaste lo menos posible --por otra parte,
natural--, sin reconocer, en este supuesto, las necesidades propias e
inherentes del sistema.

En cuarto lugar, entendemos, en definitiva, que hay que trabajar en la
dirección de un nuevo sistema de financiación sanitaria, caracterizado
por la suficiencia y la equidad, y que garantice el necesario equilibrio
entre todas las comunidades autónomas.

Terminando ya, señora Presidenta, señora Ministra, señoras y señores
Diputados, nos leeremos con la atención que se merece la exposición que
ha hecho la señora Ministra, y, como es habitual en nuestro Grupo, más
que entrar en un debate a bote pronto sobre las medidas que ha expuesto,
prepararemos las consideraciones oportunas para poder aportar, en su
momento, lo mejor y lo que nosotros entendamos más positivo para el país.

Nada más.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Martín Menís.




El señor MARTIN MENIS: Señora Presidenta, quiero ser concreto, como creo
que acostumbro a serlo en mis intervenciones, y me gustaría agradecer,
indudablemente, la presencia de la señora Ministra y también la
colaboración que ha ofrecido.

La exposición de la señora Ministra es optimista. Yo creo que todos somos
conscientes en el país de que en sanidad hemos progresado; me parece que
decir lo contrario no sería justo. Pero igualmente hay que decir que
existen muchos problemas; eso me parece que está clarísimo, que está en
la calle y en la conciencia de todos los ciudadanos. El sistema tiene que
evolucionar, aunque no me corresponde, en absoluto, estar en el diseño de
ese sistema; lo que sí me corresponde, en mi labor, es intentar, desde el
punto de vista personal y del Grupo al que represento, establecer una
crítica positiva a la exposición de la señora Ministra.

Creo que los sistemas evolucionan y son los que progresan, no creo en los
cambios traumáticos. Me parece que la exposición de la señora Ministra va
relatando una serie de acciones y propuestas positivas, pero algunas de
ellas las he oído hace muchos años y «después de» no se hacen realidad.

Me voy a centrar en alguno de esos puntos, porque creo que no viene a
cuento que yo dé el punto de vista personal de Coalición Canaria en este
momento.

Ha señalado la señora Ministra que las listas de espera son igual para
todos. Yo creo que las listas de espera no son iguales para todos, y no
lo son porque son largas y porque cuando hay colas el sistema se vuelve
perverso, el sistema busca las fórmulas para resolverlo. Todos sabemos
que en España la presión en urgencias es excesiva en comparación con
cualquier otra «ratio», pero en la calle todo el mundo sabe también que
para ingresar, cuando estás desesperado y llevas meses esperando, el
mejor modo es intentarlo por urgencias, y eso hace difícil la



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planificación sanitaria, eso crea muchos problemas, y la realidad es que
tenemos una medida en nuestros hospitales --en unos más y en otros
menos-- de un 50 por ciento de personas que entran por la vía de
urgencia.

No parece razonable que el 50 por ciento tenga que utilizar esa vía de
urgencia para ingresar en un hospital, y eso sucede porque las listas de
espera, insisto, son largas. Si las listas de espera fueran más
razonables, no tendríamos problemas. Esas listas de espera son grandes en
todos los lugares del mundo, pero son necesarias medidas de impacto que
las reduzcan, y no sólo en la Comunidad de Madrid, sino a lo largo de
toda la geografía española, incluidos los archipiélagos.

Hay casos sangrantes --yo tengo datos de algunos-- de listas de espera en
las que no se ponen medios para disminuirlas. Hay casos, como puede ser
el de unas cataratas, donde una persona mayor se desespera porque ve que
su vida se acorta y no logra la operación, pero existen otros casos, de
patología oncológica, donde el problema es que la intervención, en su
momento, es fundamental para la oportunidad que tiene el paciente de
salvar su vida. Y en muchos otros eso no puede ser así por unas listas de
espera largas. Establecer programas para evitar esas listas de espera es
algo fundamental en aquellos casos en los que el tiempo es factor
elemental en el éxito de una intervención determinada.

Hay otro punto en el que me ha agradado la intervención de la señora
Ministra, que se refería a un catálogo de prestaciones a las que tienen
derecho los ciudadanos. Yo creo que es necesario clarificar los datos de
la sanidad española, tanto los económicos como los sanitarios; hay que
facilitar datos no sólo de información global, sino también
particularizados, datos que le permitan saber a cada paciente cuál es la
media de la lista de espera en el problema que le aqueja en un momento
determinado, porque eso es lo que permitirá denunciar el sistema. Esos
datos tienen que estar en manos de todos; debemos tener la posibilidad de
que cualquier ciudadano disponga de esos «ratio» que necesita para saber
en qué lugar se encuentra. Insisto en que el usuario debe conocer esos
datos, pero también los que trabajan en el sistema sanitario deben tener
conocimiento de los mismos. Yo no sé de ningún sistema que progrese
cuando no es totalmente transparente. Necesitamos estadísticas, como
decía la Ministra, pero, repito, también necesitamos «ratio» comparativos
económicos y sanitarios que nos permitan a todos conocer cómo está
funcionando el sistema.

Indudablemente, el conocimiento de esos datos permite la crítica, y en
muchos casos no interesa darlos porque se abre la puerta a la posibilidad
de ejercer una crítica feroz o a una crítica más pausada. Sin embargo, yo
los considero necesarios y fundamentales para poder evolucionar, y
evolucionar rápidamente.

A mí me parece que históricamente no se han aprovechado todos los
recursos del sistema, y cuando hablo de los recursos me estoy refiriendo
a los recursos del sistema público directo del Gobierno central, de las
autonomías que lo tienen transferido, de las corporaciones locales, de
las entidades sin ánimo de lucro y de los privados. A lo largo de la
historia hemos podido ver cómo, en muchos casos, incluso en los recursos
públicos del propio Gobierno, la lucha por el poder en áreas determinadas
ha incentivado el progresivo deterioro de otras unidades que están
dándole asistencia al sistema; en algunos casos unidades tan buenas,
mejores o iguales, pero, en cualquier caso, recursos en ocasiones
públicos y, en otras, recursos con que cuenta la sociedad y que no se
pueden desperdiciar. A mí me parece que buscar sistemas para aprovechar
esos recursos al máximo es un elemento fundamental para obtener éxito
cuando necesitamos más medios humanos o de instalaciones, e
indudablemente la sanidad puede absorber tantos recursos como se le
quiera dar. Si tenemos unas aportaciones financieras limitadas, el
aprovechamiento al máximo de las mismas me parece un elemento fundamental
que hay que cuidar como propio, ya que muchas veces no se hace así.

En cuanto al sistema de financiación, tanto cuando la provisión del
recursos no es del propio Estado e incluso en los hospitales del propio
Estado, ha sido en muchos casos perverso, si bien están introduciéndose
mejoras, aunque no con la velocidad necesaria. El sistema ha sido
perverso, repito; sabemos que ha dado lugar a que las estancias sean
largas; sabemos que también ha dado lugar a que muchas veces fuese la
hostelería lo que se estaba cobrando; en definitiva, ha dado lugar a
fórmulas que no incentivan la buena administración. El sistema de
financiación hay que intentar corregirlo, introduciendo mejoras en los
programas que tienen establecidos.

Anteriormente hablaba el representante del Grupo Catalán y decía que las
desviaciones que se producen en el sistema sanitario en la parte
transferida no se resuelven a la misma velocidad que las que se producen
en la parte que no está transferida. Esas desviaciones que se producen en
todo el sistema sanitario de forma similar no entiendo por qué no pueden
resolverse con la misma rapidez; son desviaciones que se pueden producir
en el sistema sanitario público, en el de las comunidades autónomas y en
el del Gobierno central, y en el de las administraciones locales, pero
que siguen siendo recursos del Estado. Si el Estado somos todos, si el
Estado está compuesto por todo el aparato del Gobierno central, de las
comunidades autónomas y de las administraciones locales, las desviaciones
habría que corregirlas para incentivar su participación y no para
desincentivarla.

Se ha referido también a un tema relativo al consumo, como es el de la
multipropiedad, y ha aludido a una ley de la multipropiedad. Yo creo que
lo que resulta necesario es que esa ley se publique, porque hace años que
se viene hablando de ella y es necesario que salga, ya que, en muchas
áreas del Estado español, la falta de legislación está afectando de forma
muy negativa.

Me gustaría concretar --para acabar-- y resumir mi intervención en tres
preguntas.

En primer lugar, ¿se está dispuesto, indudablemente, a transparentar el
sistema, tanto como sea necesario, para que nos permita a todos, usuarios
y agentes activos del propio sistema, trabajadores, conocer cómo funciona
todo el sistema sanitario español, cómo funcionan sus



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hospitales, cómo funciona toda la atención primaria y secundaria?
En segundo lugar, si la extensión de esos programas que la Ministra
propuso para evitar las listas de espera es inmediata y de forma
homogénea en todo el Estado, colaborando de forma urgente en aquellos
casos en que la competencia esté transferida con las comunidades
autónomas y, en otros casos, con toda la red de hospitales de la
autonomía o región de que se hable en cada momento.

En tercer lugar, buscar fórmulas que incentiven la mejor eficacia
sanitaria de todos los hospitales que tiene este país, porque todos, al
final, son los que están prestando la sanidad a los usuarios y a todos
los españoles.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora
Mendizábal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señora Presidenta, señora Ministra, tomo
la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para darle la
bienvenida, como ha hecho el resto de los portavoces de los diferentes
Grupos, y para dársela en un doble sentido. En primer lugar, porque es su
primera comparecencia en esta Comisión --yo creo que éstas no son sólo
palabras de cortersía; las han repetido otros portavoces--, estrenamos
una Comisión que coincide específicamente con la denominación de su
Ministerio de Sanidad y Consumo. Y pienso que esto no es sólo cortesía,
sino que esta coincidencia, como creo que lo ha apuntado también la
señora Ministra en el inicio de su intervención, va a suponer una
colaboración más estricta, y el producto de los debates, las reflexiones,
los intercambios de opinión en esta Comisión servirán para lo que tienen
que servir: para incrementar el bienestar ciudadano, que es lo que pienso
que perseguimos todos los que en estos momentos estamos en esta sala.

También quiero expresar nuestra satisfacción, y la satisfacción del Grupo
Socialista, por la total identificación de este Grupo tanto con las
líneas de política general que ha expresado la señora Ministra en esta
comparecencia como con las medidas, tanto en el campo de la sanidad como
en el del consumo, que ha cae al final de su exposición. Y no es decir
nada nuevo, porque no podía ser de otra manera.

Estamos convencidos de que la sanidad es un objetivo prioritario del
Gobierno, como ha señalado la señora Ministra, ya que es uno de los
pilares básicos del estado de , y, por tanto, el cuestionamiento
permanente de la sanidad pública por parte de algunos grupos, las
descalificaciones continuas que, utilizando, muchas veces, la eficacia
como bandera, realmente lo que persiguen es el desprestigio de ese
sistema público en beneficio, por supuesto, de un modelo sanitario
totalmente distinto, cuya cacareada eficacia --me permito decir-- se
mide, normalmente, en términos de desigualdad.

El cuestionamiento de este sistema sanitario público no nos va a
debilitar a los socialistas en la defensa de la sanidad pública, porque
--como también ha señalado la señora Ministra y lo ha recordado algún
otro Grupo-- la igualdad en la salud sí es un objetivo fundamental del
proyecto socialista, y así venía señalado en nuestro propio programa.

Dicho lo anterior, voy a centrarme ya en algunos temas que han sido
expuestos en la comparecencia; quisiera centrarme en dichos temas dejando
de lado las clases de historia o las clases de estadística que hemos
estado escuchando esta tarde.

Creo, señora Ministra, que ha sido usted muy clara, diría yo que casi
pedagógica, explicando lo que significa la elaboración de un catálogo de
prestaciones, e inicio por aquí mi intervención por ser uno de los temas
más polémicos estos días. Efectivamente, con un catálogo de prestaciones
se trata de definir, para que no haya ninguna duda, cuál es el conjunto
de prestaciones que hacen efectivo, como la señora Ministra bien ha
dicho, el derecho a la protección de la salud.

En el Grupo Socialista somos conscientes de la dificultad que esto puede
entrañar y de lo laborioso que resulta poner en marcha un proyecto de
este tipo, pero estamos convencidos de que hay que hacerlo porque es un
ejercicio de racionalización, pero también es un ejercicio de
transparencia que puede contribuir, que debe contribuir a la mejora y a
la consolidación del sistema.

También estamos seguros de que quienes pretenden y defienden la mejora y
la consolidación del sistema público con nosotros comprenderán y
aplaudirán esta medida, una vez que haya pasado este primer impulso, que,
debido quizás a una transmisión de la información incompleta, en algunos
casos o en otros por una utilización más demagógica o interesada, hayan
preferido utilizar esa terminología de reducción de prestaciones,
terminología que desde nuestro punto de vista no resulta nada adecuada ni
responde a la realidad; únicamente contribuye a sembrar malestar,
inestabilidad, duda en un momento en el que lo que debemos tener es
serenidad y consenso para avanzar y que sean realmente estos dos núcleos,
la serenidad y el consenso, la vía para nuestro quehacer político.

Por eso creo que debemos dejar muy claro cuál es la terminología que hay
que desechar y la que hay que utilizar de manera más precisa. Por tanto,
el catálogo de prestaciones trata de clarificar el ejercicio de un
derecho, que es el de protección a la salud.

Quisiera destacar, además, que, como ya se ha explicado, el resultado
final de este proyecto no es un producto de una actitud totalmente
discrecional de nadie, sino que va a ser producto de una labor de amplio
consenso y de una colaboración científica, técnica, de todos aquellos
sectores que están implicados en el tema. Es precisamente en este tema de
la colaboración donde quería incidir en otra parte de la comparecencia
que ha hecho la señora Ministra.

Al Grupo Socialista le parece fundamental la corresponsabilidad, no sólo
en el tema de la sanidad, sino en cualquier otro tema, porque creemos que
es un elemento básico en la vida política; en este caso es un instrumento
básico para garantizar el futuro del sistema nacional de salud.

Por tanto, desde aquí, señora Ministra, le ofrecemos



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toda la colaboración que considere necesaria de todas y todos y cada uno
y cada una de los miembros de este Grupo, en aras a hacer posible esa
corresponsabilización, tanto desde el punto de vista de los distintos
sectores implicados, tanto usuarios como profesionales, como al otro tipo
de corresponsabilización que también se ha señalado, que se refiere a
otro tipo de políticas que muchas veces lo que hacen es descargar sus
insuficiencias en la política sanitaria.

También queremos mostrar nuestra satisfacción por la rápida aprobación
del Real Decreto-ley de libre elección de médico general y pediatra,
medida que responde al programa electoral socialista, y teníamos una
pregunta que ha sido contestada ya en la comparecencia de para cuándo la
libre elección de ginecólogo.

Asimismo, dentro de este apartado de compromisos electorales y dentro de
ese talante también de corresponsabilidad que ha expresado la señora
Ministra en su comparecencia, creemos que está el proyecto de la ley de
ordenación de los profesionales sanitarios. Consideramos que este
proyecto de ley es prioritario para la creación de ese clima sosegado y
estable en las profesiones sanitarias para llevar adelante el sistema
público.

Dentro del ámbito de la promoción de la salud, y también en cumplimiento
del programa electoral socialista, nos parece fundamental la tarea
educativa que ya ha señalado y creemos que es una tarea en la que hay que
comprometerse seriamente. Promover hábitos saludables de vida y, más
concretamente, el destierro, como ya se ha señalado, del abuso del
alcohol y del tabaco, es una tarea fundamental, porque son hábitos que,
efectivamente, están arraigados de manera preocupante en la juventud y es
algo que hay que cuidar y proteger.

Un tema que nos preocupa, que también ha señalado la señora Ministra en
su comparecencia, de manera especial es el del SIDA. Aprovechamos para
anunciar que, precisamente por la especificidad del tema y porque creemos
que tiene la suficiente envergadura, hemos solicitado ya una
comparecencia del Secretario General de la Salud para que, dentro del
marco de las políticas para la salud, aborde de manera específica el plan
del SIDA.

No quisiera terminar mi intervención sin felicitar, una vez más, a la
señora Ministra por el acuerdo suscrito con Farmaindustria por el que se
reduce el 3 por ciento el precio de la venta al público de los productos
farmacéuticos; quisiéramos felicitarla no sólo por el efecto económico
que puede tener esta medida (que, efectivamente, puede resultar, como
resultará, importante, sobre todo en una situación económica como la
actual, en una coyuntura económica de crisis, y quisiera que nos hiciera
una pequeña valoración de cuál puede ser la cuantía), sino, y sobre todo,
que nos parece importante, porque es un ejemplo más de cómo es posible
esa corresponsabilización y, desde nuestro punto de vista, además, es un
ejemplo de su capacidad y de su talante.

Por tanto, la felicitamos nuevamente y esperamos que tenga muchos éxitos
en su nuevo mandato, tanto por su propio prestigio personal como por el
proyecto socialista.




La señora PRESIDENTA: Para responder a las distintas intervenciones de
las señoras y señores portavoces de los distintos Grupos tiene la palabra
la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, en
primer lugar, a los portavoces que han tenido la cortesía de darme la
bienvenida a esta Cámara; a los que no la han tenido no les tengo que dar
las gracias.

Voy a comenzar contestando al Grupo del PP y al señor Fernández-Miranda.

Señor Fernández-Miranda, es difícil que hablemos entendiéndonos de la
sanidad en el planteamiento que yo he venido a hacer, porque yo he venido
a hacer un planteamiento serio en un discurso que despectivamente dicen
ustedes que me han escrito; en todo caso, han escrito lo que yo he dicho
que se escriba, porque eso es lo que yo creo de sanidad. He venido a
analizar qué es lo que me encuentro al acceder a mi responsabilidad como
Ministra, cuál es la valoración que hago de lo que me encuentro, que es
extraordinaria, y es lógico después de once años de Gobierno socialista
que lo que se haya conseguido en sanidad sea absolutamente grandioso. Lo
digo porque lo pienso, y si ustedes llevaran gobernando once años y
hubieran conseguido implantar su modelo seguramente se permitirían algún
tono triunfalista más que el que yo he venido a invocar, porque me parece
que he sido prudente en mi planteamiento.

Por tanto, que yo haya venido a comparecer por primera vez ante esta
Comisión, a decir lo que pienso de cómo se ha hecho en sanidad, cómo está
ahora la sanidad, cuáles son las causas de los problemas que tiene la
sanidad, el crecimiento del gasto que tanto les preocupa, etcétera, lo he
podido hacer con mayor o peor fortuna, pero, desde luego, he hablado de
la sanidad, he hablado del pasado, del presente y de las medidas que
pensamos abordar. Por cierto, lo he hecho en una intervención leída
porque he venido a exponer a la Comisión el programa de sanidad y me
parecía que merecía un discurso estructurado y no dejar nada a la
improvisación. Lo que me sorprende es que su contestación a lo que no
había oído sí estaba escrita y también la ha leído usted. Eso es más
sorprendente. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: ¡Son tan conocidos!)



La señora PRESIDENTA: Les ruego que no interrumpan.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Celebro que lo
conozcan, porque, además, que yo repita aquí cosas que ya se han venido
diciendo demuestra la coherencia de un proyecto, porque es el mismo
Gobierno.

Se queja usted de que le recordamos quién ha ganado las elecciones, pero
es que parece que les hace falta porque se les olvida a veces. Por tanto,
venir aquí a invocar qué se ha hecho en Sanidad, qué problemas tiene hoy
la sanidad, desde mi punto de vista, y cómo pretendo abordarlos, me
parece un planteamiento razonable. Usted, en cambio, me contesta con la
brevedad de los mandatos de



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los Ministros de Sanidad --que, por cierto, no es malo que sean breves,
lo malo es, en mi opinión, sentarse en la silla y no moverse-- y con la
historia de la sanidad.

Me hubiera gustado hablar más de sanidad, porque lo que me dice
verdaderamente es asombroso. Le aseguro, señor Fernández-Miranda, que yo
no voy a pasar a la historia estoy segura de que por ninguna causa, pero,
desde luego, por desmantelar la sanidad pública, no; por privatizar la
sanidad pública, no. Se lo aseguro.

Por tanto, ese juego de palabras, esas imputaciones verdaderamente tan
valientes, tan carentes, a mi juicio, de fundamento, me sorprenden en el
portavoz del Grupo Popular en esta Comisión. Me sorprenden porque usted
sabe que no hay el más mínimo fundamento para eso, no hay el más mínimo
fundamento para imputar al Gobierno en este momento que va a privatizar
la sanidad. Yo creo, de verdad, que es muy legítimo el modelo sanitario
que ustedes preconizan, a pesar de que no es fácil identificarlo porque
cada vez dan ustedes un paso más desdibujando sus características
esenciales, porque hoy ha hablado de aseguramiento único de la Seguridad
Social. Es muy legítimo que ustedes tengan otro modelo; lo que no es
legítimo es que pretendan que los demás en el fondo estemos desarrollando
el suyo, porque de verdad que no. Si lo hacemos será por un mal
entendimiento, porque no tienen nada que ver.

La capacidad que ustedes preconizan S. S. sabe que no la tiene el
ciudadano. Ustedes preconizan la capacidad de elección del prestador de
los recursos. Quien elige son las compañías de seguros, que son las que
exigen períodos de carencia, que son las que rechazan a las personas
enfermas, que son las que cuantifican las primas de manera diferente. La
capacidad de elección del ciudadano en un sistema de provisión privada de
verdad que no existe. La capacidad de elección la tienen las compañías,
que son las que aceptan contratar o no.

No va a pagar parte de su bolsillo el ciudadano en sanidad con este
Gobierno. Va a pagar lo que corresponde pagar: los impuestos, las
cotizaciones a la Seguridad Social, el 40 por ciento que se paga en los
medicamentos. Pero no sé a qué se refiere cuando dice que va a pagar la
sanidad. Pagamos todos la sanidad. Es un servicio que se puede dar
gracias a la solidaridad y a los impuestos de todos y a las cotizaciones.

Usted sabe cómo se financia la sanidad, pero no le entiendo cuando me
dice que lo va a pagar de su bolsillo.

Desde luego, sabe que no acepto su interpretación del Decreto de
financiación selectiva de los medicamentos. Además, no le oculto que cada
vez que oigo esas afirmaciones me producen verdadero asombro. Usted sabe
que no se han excluido medicamentos esenciales para la salud. Usted sabe
que el Decreto de financiación selectiva no ha reducido la prestación
farmacéutica y usted sabe que el Decreto de financiación selectiva lo que
hace es garantizar la pervivencia de la prestación farmacéutica. Además,
lo malo que tiene utilizar la sanidad como arma arrojadiza es que en
algunos sitios gobierna su partido y tiene la responsabilidad en sanidad.

De verdad que los resultados no son muy diferentes y las dificultades que
compartimos con la comunidad autónoma donde gobierna el Partido Popular
son parecidas, en algunos casos acrecentadas en cuanto a los resultados
económicos en la comunidad.

Que diga usted que el Gobierno socialista ha aumentado el número de casos
de sida en España verdaderamente es una afirmación asombrosa, así como
que impute usted al Gobierno también los contagios por transfusiones que
cita usted y que constituyen un suceso dramático cuando se producen.

Parece que usted celebre la estadística de cuándo se produce en un
hospital un accidente de esa naturaleza. Me asombra que se esgrima en la
Comisión de Sanidad del Congreso, porque, claro, eso se produce en una
atención sanitaria, en un hospital en cuya puerta no pone qué adscripción
ideológica tiene. Es muy desdichado que ocurra y, por tanto, lamento que
se utilice como arma arrojadiza frente a mí y que me diga hoy que se han
producido no sé cuántos contagios. (El señor Fernández-Miranda y Lozana:
¿No los conoce?)



La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, por favor, a lo largo de
su intervención, así como en las intervenciones del resto de los
portavoces, la señora Ministra seguramente habrá tenido que escuchar
muchas cosas con las que, evidentemente, no está de acuerdo y no les ha
interrumpido en ningún momento. Les ruego que tengamos con ella la misma
deferencia.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): No tengo
conocimiento, señor Fernández-Miranda, de ese número de contagios por
transfusiones que se han producido que usted ha citado. No conozco todos
y cada uno de los percances que se producen en cada hospital al día. Se
lo reconozco abiertamente, ya que me reconocen que me suponen también un
desconocimiento notable en algunas de las intervenciones sobre los
contenidos médicos, que, por otra parte, no tengo por qué saber porque yo
no soy médico, como todo el mundo sabe. Los conozco cuando constituyen un
problema que hay que resolver como el de los hemofílicos, que usted
insiste en invocar como si fuera algo arrojadizo políticamente. El
problema de los hemofílicos --ya se lo he dicho en alguna ocasión, señor
Fernández-Miranda-- no fue una promesa electoral, como usted se empeña en
decir, fue una solución dada a un problema muy serio, creado en este país
y en otros, y me parece que su vinculación nada tiene que ver con la
gestión socialista de la sanidad pública ni con el Gobierno. Por tanto, a
mí me duele que cite usted esa tragedia de muchas personas en los debates
políticos porque, de verdad, no encuentro la conexión.

En cuanto al incumplimiento, está usted mal informado porque la comisión
que está trabajando en las indemnizaciones para los hemofílicos tiene
informados ya la mayor parte de los expedientes --no recuerdo ahora mismo
las cifras, podría sacarlas--. Si son 1.500 los que se han presentado, ya
están 1.000, por ejemplo; está el crédito confirmado en los presupuestos,
está la tramitación muy avanzada, y si no, diríjase usted al colectivo y
les pregunta, porque no hay razón ninguna para que usted se



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permita afirmar que hay un incumplimiento de una promesa electoral para
referirse al tema de los hemofílicos.

Verdaderamente no sé a qué se refiere con lo de las auditorías del
Insalud, porque no es planteable una auditoría general de todo el
Insalud. En el Insalud hay una parte gestionada directamente y otra
transferida; de manera que parte de ese Insalud al que se refieren lo
pueden auditar ustedes en alguna comunidad autónoma, porque son ustedes
los responsables. En las de gestión directa, el Insalud está auditado por
varias vías: lo audita la Seguridad Social, lo audita Hacienda. Quiere
decir que eso que oigo en estos últimos días de la auditoría
verdaderamente no sé a qué se refiere, pero estoy dispuesta a facilitarle
toda la información porque se ha realizado un buen número de auditorías
con intervención previa, con control posterior. El último informe que he
visto de la auditoría se refiere a 27 grandes hospitales. En fin, no
tenemos ningún problema con los sistemas de auditoría, con otros
mecanismos para auditar. Por tanto, no le preocupen las auditorías.

En cuanto al tema de las prestaciones, es un tema lo suficientemente
importante como para que lo haya dejado para el final y para ver si somos
capaces de centrar un asunto que está llegando a la población de manera
alarmante, y me parece que debemos evitarlo. Difícilmente me han podido
oír hablar de recorte de prestaciones. Aprovecho para contestar ya a la
portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señora Maestro, a
quien agradezco sus palabras iniciales de bienvenida, pero, como lo
primero que ha planteado es el recorte de prestaciones, voy a
contestarle. La señora Maestro ha planteado el recorte de prestaciones y
la congelación de presupuestos, atribuyéndome semejantes afirmaciones. Es
imposible que usted me haya oído hablar de congelación de presupuesto y
de recorte de prestaciones, sencillamente porque no lo he dicho. Me he
referido al presupuesto, creo que por primera vez ayer, para decir que el
presupuesto de Sanidad crece --porque el presupuesto sanitario ha sido
una prioridad en la discusión presupuestaria--, pero menos que en los
últimos años y que, por tanto, estamos en una situación difícil, y crece
la aportación del Estado en un 8,8 y el presupuesto en su conjunto del
Insalud un 6. Por tanto, congelación de presupuestos no hay. Hay un
crecimiento menor que el de los años anteriores, que comprendo que a
usted le parezca poco. A mí me hubiera gustado que fuera mayor, pero no
hay congelación presupuestaria, y le voy a dar algún dato más. Pero vamos
al recorte de prestaciones porque es un asunto que, tal como se ha
planteado, como decía, ha creado alarma y me parece que no debemos
contribuir nadie, desde luego desde el conocimiento no --seguramente ha
sido culpa nuestra el no explicarlo bien-- y desde otros intereses menos,
a llevar mensajes tan preocupantes a la población. No hay en absoluto
ninguna intención ni ninguna decisión de recortar prestaciones.

Mi propuesta, que he tratado de explicar en mi comparecencia sin
reticencias, no sé cómo puede entenderse como un recorte de prestaciones
cuando yo de lo que estoy hablando es de dar un paso más en el Sistema
Nacional de Salud, que consiste en poner por escrito el conjunto de
prestaciones que hacen efectivo el derecho a la protección de la salud
para que cada ciudadano conozca a qué tiene derecho en el sistema
sanitario público, para que garanticemos que en todo el territorio se dan
las mismas prestaciones y así no estamos a expensas de que haya un gran
hospital en un sitio o en otro no se conozca, para que estemos seguros de
que los programas prevención en el embarazo, que la señora Maestro
conoce, de verdad sean utilizados en todo el territorio y que no haya una
sola ciudadana española embarazada que no tenga conocimiento de que ese
programa existe. Y de ahí se transmite el recorte de prestaciones y se
esgrime la prótesis de cadera, que no se me ha pasado por la imaginación
y que, además, constituye un disparate tan mayúsculo que me asombra que
alguien pueda de verdad decir que, a partir de este momento, no se dan en
la sanidad pública las prótesis de cadera; o se habla de otras
prestaciones igualmente asombrosas, porque es que no hemos hablado de
recortar ninguna prestación. Lo que pasa es que en sanidad parece que a
veces se está esperando siempre la noticia de alarma o que llama la
atención. Si esto es mucho más normal, si yo digo lo que pienso, con
todas las interpretaciones que ustedes quieran hacer, con todas las
carencias que puedan SS. SS. apreciar. No voy a salir a decir que voy a
hacer un catálogo de prestaciones como vía para recortar no sé qué,
porque si creyera que hay que recortar las prestaciones sanitarias, lo
hubiera planteado de otra manera y de forma mucho más clara. Hubiera
dicho que creo que hay que recortar las prestaciones sanitarias. Creo que
no hay que recortar las prestaciones sanitarias y que hay que controlar
el crecimiento del gasto, pero que hay que empezar por otros sitios; que
si hay que controlar el crecimiento del gasto, la vía no es recortar las
prestaciones sanitarias ni hacer pagar al usuario. Por tanto, ahí está.

Llevo dos meses y pico y he empezado por donde creo que debo empezar una
política de ahorro y de contención, que es en la política de farmacia,
como es público y notorio, según se sabe.

Agradezco la valoración que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista del
acuerdo alcanzado con Farmaindustria, que, efectivamente, yo valoro
extraordinariamente por lo que supone de corresponsabilidad de un sector
tan importante en el control del crecimiento del gasto y que supone
24.000 millones de pesetas en total, de los cuales la sanidad pública
ahorra en su factura 18.000 millones.

He empezado por ahí y vamos a seguir con otras medidas en política de
farmacia que reduzcan la factura farmacéutica, porque ésta en España es
hoy casi el 20 por ciento del total del gasto. Por ejemplo, es el doble
de lo que se gasta en Estados Unidos, y consideramos en el Ministerio que
hay que promover un uso racional del medicamento que limite el consumo
que hoy se produce con automedicación indiscriminada en unas cantidades
cuyo conocimiento en cifras pone de manifiesto que hay que abordar
medidas para contener ese gasto.

Como también creo que hay que luchar contra el fraude en la utilización
de la prestación farmacéutica.




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También lo creo. Y los datos me dicen que se está produciendo fraude en
la utilización de las cartillas de pensionistas. Lo digo con toda
claridad. Y cuando he dicho que voy a adoptar medidas de contención del
gasto farmacéutico lo he dicho con toda claridad. Ahí está el acuerdo con
Farmaindustria, como también he dicho que voy a adoptar medidas en
relación con los farmacéuticos. Y lo digo, naturalmente, asumiendo todas
las críticas que lícitamente me van a hacer. Lo que asumo mal es que se
diga que he dicho cosas que no he dicho y que se cree en los
pensionistas... (La señora Maestro Martín: Lo dijo el Subsecretario con
los datos que yo he leído.)



La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, por favor, no provoque un diálogo
cruzado. Deje que termine la Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): En todo caso, si
ha habido defecto en la explicación por parte del Ministerio, soy la
primera en lamentarlo porque soy la primera que he tenido que salir a dar
explicaciones y, sobre todo, no lo lamento por mí, sino por las personas
que se han visto alarmadas, inseguras, pensando que vamos a suprimir
prestaciones cuando no hay el más mínimo fundamento para afirmar eso.

Lo que vamos a hacer es la lista de las prestaciones y lo que hizo el
Subsecretario del Ministerio, al tratar de explicarlo, era dar los
criterios en virtud de los cuales se decidía que esas prestaciones eran
fundamentales para hacer efectivo el derecho. Habló de esos parámetros de
eficacia clínica, de eficacia tal, etcétera. De ahí se ha deducido una
conclusión errónea, ya que incluso se conoce la lista, que produce
verdadero asombro.

Ya que se ha originado el debate, no tengo ninguna preocupación en decir
que hay prestaciones clínicas asistenciales que se pueden estar haciendo
en todo el mundo y que yo considero discutible que deban ser financiadas
públicamente. Esta mañana he tenido que buscar un ejemplo, porque como no
tenía pensado recortar ninguna prestación, no se me ocurría. Por ejemplo,
yo no creo que la cirugía estética deba ser financiada públicamente,
señor Fernández-Miranda, y, por tanto, en un catálogo de prestaciones,
puesto que me han dicho... (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Yo no he
dicho...) Sí, es que me ha preguntado usted cuáles. Vamos a ver qué
prestaciones médicas efectivamente no guardan esa relación con la mejora
de la salud que no justifique su financiación pública. Seguramente habrá
alguna alrededor de la cual habrá que reflexionar. Ninguna, desde luego,
de las que han sido citadas. Por tanto me gustaría aclarar el asunto del
catálogo de las prestaciones y agradecer el apoyo de la portavoz del
Grupo Socialista.

Voy a seguir contestando a la señora Maestro. Como le decía, no hay
congelación de presupuesto, aunque haya un crecimiento inferior. Los
capítulos en que concentramos el menor crecimiento y, por tanto el ahorro
que vamos a tener que producir respecto al ritmo de crecimiento que
venimos manteniendo, que es muy alto, los vamos a concentrar en la
política de farmacia y, por tanto, vamos a intentar que no se resienta ni
la atención sanitaria, ni la calidad en las prestaciones, ni otras
partidas del gasto sanitario.

El otro gran capítulo donde se va a notar que el presupuesto sanitario no
crece tanto este año es en inversiones. En 1994 las inversiones se
reducen, pero a esto también tengo que decir que en 1995 se van a
duplicar, porque tenemos ya conseguidos para Sanidad unos fondos Feder
muy importantes que además tienen la novedad de que no sólo son para
nueva inversión sino para reposición, con lo cual nos van a permitir un
empleo mucho más útil, porque no es sólo en inversión nueva sino en
reposición. Por tanto, se ralentiza la inversión en 1994 y, con arreglo a
las previsiones que tenemos, se duplicará en 1995 contando con los fondos
Feder.

Algunas de las cosas que he dicho a S. S. le han gustado, le han parecido
bien --lo que le agradezco-- aunque demuestra que no se las cree. Con las
que está de acuerdo me dice que no se las cree y que son sólo buenas
intenciones. La verdad es que he tenido poco tiempo para demostrar que
algo voy a hacer, pero estoy segura de que podremos hablar más adelante
de qué voy a hacer y qué no voy a hacer en relación con lo que hoy he
dicho. Luego hay problemas de desacuerdo.

Los indicadores de salud, señora Maestro, usted los discute siempre --yo
lo sé-- y tiene opiniones distintas; los infravalora y no les da ninguna
autoridad. Hay indicadores de salud que constituyen elementos de
comparación y de referencia comúnmente aceptados. Sobre todo lo que yo he
invocado hoy aquí no eran indicadores del Ministerio ni elaborados por
nosotros, era a propósito de un informe de Unicef, que se ha presentado
en Londres y del que me ha llamado la atención que lo único que ha salido
en los periódicos era el dato negativo de la bajada de la tasa de
nacimientos. Todo lo demás que dice textualmente: «Es impresionante»
entre comillas, lo que se ha hecho en España en la mortalidad infantil,
eso no lo ha reflejado nadie y no era sólo ese dato, había más datos
positivos en ese informe. Al informe de la Unicef no sé si S. S. le resta
credibilidad y con qué indicadores está hecho. (La señora Maestro Martín
pronuncia palabras que no se perciben.) Si está basado en nuestros datos
oficiales serán los mismos datos oficiales que los de los demás países y
como en la relación salimos bien parados, yo como responsable de Sanidad
vengo contentísima con el informe de Unicef a contarles cuáles son los
indicadores, cosa me parece que legítima, aunque siento que a S. S. no le
convenzan.

El Plan Integrado de Salud, señora Maestro, es verdad que lleva mucho
retraso. Cuando anuncio que estamos ya, por fin, en condiciones de
aprobarlo en 1994, que usted lo descalifique porque no se ha hecho antes
también me descorazona, pero S. S. sabe que ha exigido la elaboración de
doce planes de comunidades autónomas y no es fácil conseguir los planes
de salud de todas las comunidades autónomas o, por lo menos, no es sólo
culpa del Ministerio de Sanidad.

Número de intervenciones. Ya sé que hace falta valorar más, sobre todo
con S. S. Hace falta dar más datos cuando se habla del número de
intervenciones. A mí me



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parece que son datos muy espectaculares, porque además estoy segura de
que se hacen bien esos actos médicos. Aunque los contempláramos con todos
los datos que S. S. pide, yo creo, de verdad, que el sistema sanitario
público en su vertiente asistencial funciona extraordinariamente bien y
lo creo de verdad. A lo mejor a SS. SS. les pareceré una ingenua o una
ignorante, pero yo creo que el sistema sanitario público funciona
admirablemente bien en la asistencia sanitaria y creo que en este país
cada vez que alguien se encuentra de verdad enfermo acude a un hospital
público y se lo encuentra abierto 24 horas al día y atendiendo a toda la
población. A mí eso me parece una cosa extraordinaria, aunque sea motivo
de bromas o de sarcasmos; yo lo creo sinceramente si no seguramente no
estaría aquí. Alguien me ha preguntado por qué he aceptado el cargo. Lo
he aceptado entusiasmada. Me parece que es una oportunidad
extraordinaria, pero es que yo creo en esto, creo en el sistema sanitario
público y creo en cómo está funcionando. Estoy preocupada con las cosas
que no funcionan y son las que pretendo mejorar.

Las actuaciones en educación para la salud, señora Maestro, no han sido
campañas informativas o publicitarias. Yo también tengo preocupación por
las campañas, sobre todo porque tengo poco dinero para campañas. Las
actuaciones con el Ministerio de Educación han consistido en el reparto
de unos vídeos y documentación en los centros, en las clases con un
material didáctico para los profesores. Por tanto ha tratado de llegar
más al destinatario y no ser simples campañas informativas.

La participación de los profesionales y de los ciudadanos en el control
de calidad. Este asunto me parece esencial, si tenemos en cuenta, además,
que hay que controlar la gestión que, por tanto, hay que ser estricto con
el gasto y que no podemos correr el riesgo de que una supuesta eficacia
en el control del gasto se resienta en la calidad; por tanto, aseguro a
S. S. que constituye una preocupación esencial. Yo he esbozado entre las
medidas los indicadores de calidad que me preocupa mucho establecer y
generalizar en todo el sistema, precisamente porque soy consciente del
riesgo que eso comporta.

Es verdad que hay que incentivar la participación de los profesionales.

Estoy segura que tenemos que conseguir incentivar a los profesionales
para que se corresponsabilicen con los fines del sistema, con los costes
del sistema, con el mantenimiento del sistema. Es verdad que hay que
incentivarles a ellos también, pero hay que tener los controles de
calidad adecuados. No puedo estar más de acuerdo con S. S. A lo mejor ha
pasado desapercibida pero entre las medidas de mejora de la gestión hay
una que me parece esencial para contrarrestar ese rigor en la gestión,
que es el control de la calidad.

En cuanto a la cobertura de atención primaria que preocupa a S. S., con
razón, le diré que estamos en el 72 por ciento, a finales de 1993, y
esperamos llegar al 100 por ciento en el año 1995. Esas son las
previsiones y los datos que tengo; ya sé el retraso que hay, pero ésas
son las previsiones con las que trabajamos.

La carrera profesional se va a incluir en la ley de las profesiones
sanitarias.

No sé si he entendido bien a S. S. cuando me ha dicho que hay que dar más
farmacia. ¿Más medicamentos? ¿Medicamentos gratis? (Rumores.)



La señora MAESTRO MARTIN: No, he hablado de medicamentos...




La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Maestro. Señora Ministra, también le
ruego que no me provoque diálogos cruzados con S. S.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señora
Presidenta, perdóneme, soy nueva, pero es que no he entendido bien a S.

S. Habla de medicamentos esenciales y pregunta que para cuándo los
medicamentos esenciales gratuitos.




La señora MAESTRO MARTIN: Si, medicamentos esenciales...




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): De verdad,
señora Maestro, que más medicamentos gratuitos, no.




La señora MAESTRO MARTIN: Medicamentos esenciales, genéricos.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Política de
genéricos estamos haciendo y es difícil extender una política de
genéricos porque no los fabricamos nosotros, pero estamos impulsando
seriamente una política de genéricos.

La tarjeta sanitaria está repartida en el 82 por ciento, con las
solicitudes que han llegado, que se han cumplimentado, que se han
contestado y esperamos tenerla para final de año. No sé si podremos
cumplirlo, pero la previsión es que para final de año todo ciudadano
tenga su tarjeta sanitaria.

En cuanto a los hospitales militares, le diré que el día 8 de octubre se
firma el convenio con el Hospital Naval de Cartagena. Como sabe S. S.

tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa que estamos
desarrollando y tenemos prevista la firma de otros convenios para
utilización --también en Madrid-- de hospitales militares. El primero de
todos es el de Cartagena, que ha llevado algún retraso, pero el día 8 de
octubre se firma el convenio.

Señor Cardona, agradezco a S. S. los comentarios amables que me ha
dedicado y también las reflexiones que ha hecho cuando decía que eran
filosofía. Yo creo que no sólo hay que hablar de números, aunque en
sanidad hay que hacer números, pero me parece que también es muy
gratificante hablar de todo lo que hay alrededor de la sanidad, que es
muy importante, y que afecta muy directamente al ser humano. Por tanto,
todo lo que sea hablar de la humanización de la medicina, de la educación
sanitaria, comparto absolutamente sus planteamientos.

En el tema de la financiación es difícil no compartir lo



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que usted ha dicho, distinto será que seamos capaces de hacerlo
atendiendo a todas las expectativas y en los plazos adecuados porque,
como todo el mundo conoce, tenemos una situación económica difícil y, por
tanto, en mi caso no es un problema de voluntad, sino de posibilidades.

Es evidente que hay que aflorar el déficit de los años 1992 y 1993. La
deuda está saneada hasta el 31 de diciembre de 1991 y tenemos que aflorar
el déficit que se ha producido en el año 1992, que es mucho menor que en
el año 1991, bastante menor. También tenemos que manejar cuál va a ser la
desviación de 1993, porque aunque queden tres meses tenemos ya los datos
suficientes para poder hacer una prospección. Por tanto, hay que aflorar
ese déficit y vamos a ver cómo aclaramos las cifras, porque se manejan
algunas verdaderamente asombrosas y cómo establecemos los mecanismos para
sanear el déficit de estos dos años, con la expectativa de hacer un
presupuesto real claro. Nos ha pillado el convencimiento generalizado de
que había que hacer un presupuesto real que nos ha llegado en un año
especialmente difícil. Todo lo que hemos peleado este año para convencer
a todo el mundo de lo importante que es el presupuesto real, para el año
que viene, que será mejor ya que estaremos saliendo de la crisis, esa
labor no caerá en saco roto porque se sabe que a la sanidad se le debe un
poco en el presupuesto.

En cuanto al automatismo en el pago de las desviaciones también lo
comparto, lo he dicho ya. El que un mero instrumento genere dificultades
en la comunidad autónoma no me parece razonable y, por tanto, vamos a ver
cómo establecemos las fórmulas de pago a las comunidades autónomas para
que generen el automatismo y no perturben.

Señor Martín, agradezco sus palabras de bienvenida y su cordialidad. Le
digo lo mismo que decía hace un momento: el que hagamos las mismas
propuestas que hace algún tiempo es lógico desde el punto de vista de la
coherencia política. Demuestra, es verdad, que nos hemos retrasado en
algunas cosas; es verdad y yo lo acepto, algunos programas van
retrasados, pero también le digo, con la misma sinceridad, que lo
importante es que sigamos y que se hagan. Eso sí, los cálculos han sido a
veces muy optimistas, pero eso pasa en todas partes, es decir, no me
parece un reproche grave y me importa más la coherencia que se demuestra
al seguir manteniendo las mismas propuestas.

Las listas de espera es un problema muy serio que tenemos y yo creo que
he sido prudente, no he dicho nunca que voy a acabar con las listas de
espera. No creo que podamos acabar con ellas, sinceramente, y no me gusta
decir cosas que no estoy en condiciones de cumplir. He dicho que vamos a
tratar de reducir los tiempos de espera, porque los que hay ahora son, en
muchos casos, insoportables para las personas que los sufren. Y no es que
Madrid tenga ninguna relación de preferencia, es que en Madrid se hizo un
plan piloto que ahora nos permite evaluar los resultados, saber lo que
nos ha costado, el tiempo que hemos necesitado, cuáles son, y eso nos va
a permitir plantear su extensión a todo el territorio con cierto
realismo. No hay que plantearse ambiciones de lista de espera
numéricamente cifradas y que luego no podamos cumplir; por tanto, en las
listas de espera, que es un problema que afecta a tantas personas, y que
preocupa a tantas personas, yo soy muy respetuosa con no hacer promesas
que no esté en condiciones de poder cumplir. La propuesta es extender el
plan de Madrid a todo el territorio.

Estoy absolutamente de acuerdo con lo que me dice de aprovechamiento de
todos los recursos, de conocimiento de los datos sanitarios; me parece
esencial, los datos económicos y presupuestarios son públicos y notorios
y respecto a los demás estaré encantada de facilitarle aquellos concretos
que le interesen.

En materia de consumo ha hecho referencia a la multipropiedad y le diré
que es un asunto que ya parece que avanza en la Comunidad. En el último
Consejo de Ministros comunitario se dijo que el próximo iba a ser el
definitivo y en cuanto se apruebe la directiva comunitaria se traspondrá,
ya que en el Ministerio de Justicia se está trabajando en el proyecto; es
decir, que la multipropiedad, que lleva un retraso extraordinario --no
sólo en España--, por fin parece que va a ser aprobada, si no en este
Consejo, de manera inmediata.

A la portavoz del Grupo Socialista le quiero agradecer su cordialidad y
la valoración que ha hecho de mis propuestas y del planteamiento que he
venido a hacer. Como no podía ser de otra manera, estamos de acuerdo,
pero le agradezco personalmente las manifestaciones de cordialidad y de
apoyo en esta primera comparecencia; yo las valoro mucho porque soy
nueva.

Respecto a la libre elección de ginecólogo, le diré que es la propuesta
inmediata en cuanto a los especialistas y plazo no he dado porque todavía
no sabemos en qué momento va a poder empezar a funcionar, pero yo espero
que pronto, y seguiremos avanzando en otras especialidades, porque
creemos que ésa es la vía.

Coincido en cuanto a la valoración de la ley de ordenación de las
profesiones sanitarias. Es seguramente el proyecto más importante que
tenemos, aunque sólo sea porque es una ley, y su éxito será obtener el
consenso suficiente, por eso hemos empezado a manejar borradores de los
que disponen todos los interlocutores sociales, todos los profesionales,
para que sea un instrumento de trabajo que nos permita empezar a hablar,
a consensuar y a elaborar un texto que no responda a un diseño teórico,
sino que de verdad venga a resolver los problemas que hoy tienen las
profesiones sanitarias. Si no conseguimos eso, más vale no hacerlo. Por
tanto, el inicio del proceso de elaboración del proyecto ha sido partir
de un texto, que tendrá carencias y defectos, pero sobre el que se pueda
discutir con todo el que tenga algo que decir.

Sobre el tres por ciento, ya he expuesto mi valoración.

No sé si me olvido algo, pero, en todo caso, agradezco de verdad la
oportunidad de haber estado aquí y me disculpo si he hablado mucho y he
aburrido a SS. SS.

Muchas gracias.




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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra de Sanidad y
Consumo.

Cumplimentado el trámite del orden del día de esta primera reunión de la
Comisión de Sanidad y Consumo, antes de levantar la sesión quiero
agradecer a SS. SS. su trabajo en la misma y, evidentemente, a la señora
Ministra su presencia y su amable exposición.

Se levanta la sesión.




Eran las siete y veinte minutos de la tarde.