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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 28, de 29/09/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 28
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 4
celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro del Interior (Corcuera Cuesta), para
informar:
-- De las previsiones y líneas generales a desarrollar en su
Departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000011.)
(Página 364)
-- Sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000039.) (Página 364)
-- De las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en
su Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000016.) (Página 364)
-- De las previsiones y grado de aplicación del Plan Estratégico del
Estado Mayor por el que se prevé el cierre de casi mil cuarteles y
puestos de la Guardia Civil. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (Número de expediente 213/000002.) (Página 385)
-- De las circunstancias ocurridas el pasado día 1 de agosto de 1993, en
el transcurso de una carga policial ante la Casa de Socorro de San
Cristóbal de los Angeles, Villaverde (Madrid), en la cual resultaron
heridos cinco agentes de Policía y dos vecinos. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000045.)
(Página 388)
-- Sobre el estado de resolución de las solicitudes formuladas al amparo
del Real Decreto-Ley 4/1993, de 26 de marzo, por el que se autoriza el
resarcimiento de los daños causados como consecuencia de la rotura de la
presa de Tous. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número
de expediente 213/000064.) (Página 390)
-- Comparecencia del señor Director General de la Guardia Civil (Roldán
Ibáñez), para explicar las razones que le han llevado al aumento de la
plantilla dentro de la cúpula del Cuerpo de la Guardia Civil. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000008.)
(Página 395)
-- Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la urgente
declaración de zona catastrófica en beneficio de los municipios de
Fuenteálamo y Ontur, de la provincia de Albacete y Jumilla y Yecla, de la
de Murcia, cuyos términos municipales resultaron duramente afectados por
la tormenta de granizo sufrida el día 1 de julio de 1993. Presentada por
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (BOCG, serie D, número 6,
de 14-9-93. Número de expediente 161/000005.) (Página 399)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR (CORCUERA CUESTA), PARA
INFORMAR:
- DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO.
A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000011.)
- SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000039.)
- DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR EL MINISTRO EN
SU DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000016.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el orden del día con las comparecencias
que hacen los números 1, 2 y 3 como consecuencia de la decisión de la
Comisión, de la sesión del 22 de septiembre de 1993, que acordó que estas
tres comparecencias -a petición del Gobierno, del Grupo Parlamentario
Popular y del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya- se debatieran de manera acumulada. Las tres solicitan que el
Ministro del Interior, José Luis Corcuera Cuesta, presente y al que damos
la bienvenida, informe de las previsiones y líneas generales a
desarrollar en su Departamento. (El señor Alvarez-Cascos Fernández pide
la palabra.)
El señor Alvarez-Cascos tiene la palabra.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente, en estas condiciones
no podemos celebrar la comparecencia. (El orador se refiere al fuerte
ruido producido por las obras del edificio, que impide una correcta
audición. Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Les decía, señorías, que los tres puntos primeros
del orden del día que componen la comparecencia a petición propia del
Ministro del Interior y a petición de los Grupos Parlamentarios Popular y
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, destinados a informar
sobre el programa a desarrollar por el Ministro al frente de su
Departamento, se debatirán de manera acumulada.
Para ello, tiene la palabra el Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, comparezco de nuevo ante ustedes para
informarles, entre otros asuntos, de las líneas generales a desarrollar
por el Ministerio del Interior, cuyas competencias son, como ya saben, de
las que probablemente más inciden en la vida cotidiana de todos los
ciudadanos y también de las que entrañan más dificultad a la hora de
ejecutar y llevar a buen término si no es con la colaboración de todas
las fuerzas políticas e instituciones y de la sociedad en su conjunto.
Espero que la colaboración con SS. SS. sea lo más fructífera posible en
la presente legislatura, y renuevo mi compromiso de dar cuenta con
transparencia de la gestión del Ministerio y de acudir a informarles,
bien a petición propia o siempre que lo soliciten, al igual que creo
haberlo hecho en la pasada legislatura. Permítanme que al dar cuenta de
las líneas generales a desarrollar, les informe también de las
actuaciones llevadas a cabo desde mi última comparecencia de tipo
general, semejante, por tanto a ésta, que tuvo lugar en esta Comisión el
30 de enero de 1990, porque las líneas básicas a realizar derivan
necesariamente de las ya desarrolladas en el período anterior.
Como SS. SS. saben, el Ministerio del Interior está
estructurado en dos grandes instancias: la que coordina la Secretaría de
Estado para la Seguridad y que integran la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil y la que coordina la Subsecretaría del
Departamento, que comprende fundamentalmente las áreas de Tráfico,
Protección Civil y Política Interior. A ello se unen, además, el control
del juego privado y de los espectáculos taurinos, competencias que serán
transferidas en breve a las comunidades autónomas.
En términos generales, puedo decir que son cinco los objetivos
fundamentales previstos en la presente legislatura: Primero, consolidar
el impulso que entonces prometí dar -y de hecho creo haber dado a las
áreas del Departamento no directamente vinculadas con la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero que también inciden en aspectos de
seguridad de todos los ciudadanos, como son, por ejemplo, las áreas de
tráfico y de protección civil.
En segundo lugar, proseguir en la línea de garantizar un adecuado nivel
de seguridad ciudadana manteniendo e intensificando, entre otras
acciones, la lucha contra el tráfico de drogas. Tercero, continuar con la
política diseñada de lucha contra el terrorismo, tanto desde el punto de
vista policial y de colaboración internacional como del consenso con las
fuerzas políticas en base al Acuerdo de Madrid y al Acuerdo de Ajuria
Enea. Cuarto, consolidar el proceso de modernización ya iniciado en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del modelo policial
establecido. Quinto, dedicar, por último, una especial atención a la
política de extranjería dado que la inmigración, por razones económicas,
constituye, a corto y medio plazo, uno de los grandes problemas al que
habremos de enfrentarnos.
Comenzando por la Dirección General de Tráfico debo señalar, en primer
lugar, la tendencia a la baja, a partir del año 1990, tanto del número de
accidentes con víctimas como del número de muertos. El número de
accidentes con víctimas en carretera ha pasado de 47.313, en 1990, a
39.121, en el año 1992, lo que representa un descenso del 17,3 por
ciento; y el número de víctimas en carretera más travesías pasó de 5.891,
en el año 1990, a 5.135, en el año 1992, lo que representa un descenso
del 12,8 en esos años. En ese mismo período, sin embargo, el número de
turismos por mil habitantes pasó de 307,6 a 335, incrementándose el
número de kilómetros recorridos por vehículo-año.
No es fácil, señorías, establecer de forma clara cuáles son las causas
inmediatas de este descenso de los índices de accidentes. Muy
probablemente, y dada la complejidad del fenómeno del tráfico, deberíamos
buscar causas interrelacionadas. No puede ignorarse la mejora de las
carreteras durante los últimos años y la incipiente renovación del parque
automovilístico, pero considero que las razones más profundas habría que
encontrarlas en el incremento de la sensibilidad social respecto al
tráfico y sus consecuencias negativas, los accidentes y las víctimas.
En este contexto, elementos fundamentales de esta evolución de la
sensibilidad social son, sin duda, los efectos sobre el comportamiento de
los conductores, de la entrada en vigor, en marzo de 1990, de la Ley de
Seguridad Vial, así como en junio de 1992 del nuevo Reglamento de
Circulación, que sustituyó parcialmente al vetusto Código de Circulación
de 1934 lo que, unido a la nueva y sobradamente conocida actividad
divulgativa que se está llevando a cabo en los últimos años y que
consideramos fundamental, está configurando un escenario más favorable
para la seguridad vial. Además, desde el año 1990, la Dirección General
de Tráfico ha realizado inversiones por valor de 56.697 millones de
pesetas tanto en actuaciones directas de seguridad vial, como de
regulación y control del tráfico en acceso a ciudades, mejora de la
seguridad vial en travesías de poblaciones e iniciación de las obras de
la Academia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida,
como en dotar de mejores medios materiales para la realización de su
función a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Por lo que se refiere a las actuaciones previstas por el Ministerio, a
corto y medio plazo, a través de la Dirección General de Tráfico, que
tienen como objetivo primordial contribuir al descenso del número de
accidentes y víctimas, quiero resaltar entre otras las siguientes. En el
ámbito de la formación, se seguirá promoviendo la introducción de la
formación vial más allá de la etapa infantil y primaria, es decir, en el
bachillerato y en la formación profesional, así como en las escuelas
universitarias de formación del profesorado. Se continuarán llevando a
cabo actuaciones directas de formación por la propia Dirección General y
se continuarán realizando las campañas de divulgación de seguridad vial,
que considero han dado buenos resultados hasta el momento.
En el campo de la vigilancia y control del tráfico se realizarán
actuaciones prioritarias en cuanto a los controles de alcoholemia, el
cumplimiento de los límites de velocidad, el uso de los cinturones de
seguridad y casco de protección, la posesión de la documentación que
habilita para la conducción, y se realizará una vigilancia estricta de
los requisitos exigidos en los transportes de viajeros de menores y de
mercancías peligrosas.
En relación con el programa de mejora de la circulación, se seguirán
ejecutando proyectos de regulación de tráfico e instalación de postes de
socorro, y se estudiará el establecimiento de áreas de estacionamiento
para el transporte de mercancías peligrosas.
En el campo de la investigación científica y técnica, se seguirán
suscribiendo convenios con universidades y otras instituciones para la
realización de estudios relacionados con la seguridad vial, como, por
ejemplo, sobre el efecto de los fármacos, drogas y alcoholemia en la
conducción.
En el ámbito normativo, los proyectos más significativos que actualmente
están en elaboración, en desarrollo de la Ley de Tráfico, son: el
Reglamento de sanciones y procedimiento sancionador, el Reglamento de
vehículos y el de permisos de conducción.
Les informo, por último, que está en estudio implantar el permiso de
conducir por puntos, acompañado de medidas adicionales dirigidas hacia
los profesiones de la
conducción. Asimismo se impulsará la firma de un gran pacto social, si es
posible, en base al dictamen de la Comisión especial de encuesta e
investigación, sobre los problemas derivados del uso del automóvil y la
seguridad vial, hecho en el Senado. Como comprenderán SS. SS., todas
estas medidas y proyectos tienen como finalidad reducir la mortalidad en
nuestras carreteras, todavía alta pese a la clara tendencia a la baja que
venimos experimentando.
Siguiendo con la Dirección General de Protección Civil, desde este
organismo se sigue desarrollando lo que entiendo es un gran esfuerzo para
actualizar los medios e infraestructuras necesarios que permitan afrontar
con eficacia todo tipo de riesgos. En este sentido, la colaboración y
coordinación entre todas las administraciones públicas, que se articula a
través de la Comisión Nacional de Protección Civil, son fundamentales
para toda actuación en esta materia.
El esfuerzo principal, desarrollado en el anterior período, se dirigió a
lograr la cualificación técnica que permitiera a dicha Dirección juzgar
eficazmente el papel que legalmente se le atribuye. La mejora de los
medios humanos y técnicos ha permitido el funcionamiento, cada vez más
eficiente, de la Sala nacional de coordinación operativa, que funciona
durante las veinticuatro horas al día, así como completar todas las
directrices aplicables a las diferentes emergencias.
Como ustedes saben, con la aprobación de la norma básica de protección
civil, en abril de 1992, quedaron establecidas las bases por las cuales
los planes de protección civil de todas las administraciones públicas
pueden integrarse en un conjunto operativo y susceptible de rápida
aplicación. Es preciso, sin embargo, completar el desarrollo normativo
sobre los riesgos de inundaciones, riesgos sísmicos y emergencias
derivadas del transporte de mercancías peligrosas.
Por lo que se refiere al riesgo químico se ha completado ya el cuadro
normativo, para dar aplicación en España a las directivas comunitarias en
esta materia y se han firmado los oportunos convenios de colaboración
técnica y cofinanciación con las comunidades autónomas que lo han
requerido. Cabe citar por su importancia el convenio con la Generalidad
de Cataluña, relativo al plan de emergencia exterior de Tarragona y el
suscrito con la Junta de Andalucía, relativo al polígono químico de
Huelva.
Por lo que se refiere al riesgo nuclear, a finales de 1990 se aprobó la
revisión de los planes de emergencia nuclear de las cinco provincias
españolas en las que se ubican, centrales nucleares de potencia, planes
que ya están implantados y en condiciones de funcionamiento. Actualmente
se está llevando a cabo la mejora de las infraestructuras de acceso a las
centrales, habiéndose realizado ya la de las grandes redes y se ha
potenciado la información a población sobre emergencia nuclear que
contemplan los propios planes, coincidiendo con una directiva de Euratom.
La actuación futura en este campo estará dirigida, además de a seguir
extendiendo la información a la población, a concluir la implantación de
la red de alerta a la radiactividad, para su puesta en explotación a
finales del próximo año. Esta red es un sistema de control informatizado
que, a través de sus 902 puntos de sensorización, distribuidos en todo el
territorio nacional, permitirá obtener el conocimiento exacto de los
niveles de radiación existentes y su evolución. Se dará carácter
prioritario al riesgo derivado de los transportes de mercancías, a cuyo
efecto se elaborará la correspondiente directriz básica.
Por lo que se refire a los riesgos naturales, se concluirán las
directrices básicas de planificación que están en curso de elaboración
con relación al riesgo de inundaciones y de fenómenos sísmicos.
La Dirección General de Protección Civil continuará ejerciendo las
actuaciones de su competencia en relación con los riesgos producidos con
ocasión de grandes concentraciones humanas o acontecimientos de similar
naturaleza. En este ámbito se enmarcan las actividades de planificación y
organización de protección civil, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos y
de la Exposición Universal en Sevilla, llevadas a cabo el pasado año, o
las que cada año deban realizarse para facilitar el paso por nuestro país
de los ciudadanos magrebíes en la denominada operación PASO DEL ESTRECHO.
Finalmente, cabe hablar de la Escuela Nacional de Protección Civil,
creada por Real Decreto de 1990, de 13 de junio, que se configura como un
proyecto estatal y que permitirá a las distintas administraciones
públicas contar con un centro para afrontar las necesidades de formación
de expertos que participan en el sistema de protección civil. La
construcción se realiza por fases, la primera de las cuales está a punto
de finalizar y, por tanto, de entrar en servicio.
Dentro del área de la Subsecretaría se integra, igualmente, como ya les
he indicado, el juego, los espectáculos taurinos y la Dirección General
de Política Interior. Respecto al juego, las previsiones se concretan en
dar cumplimiento a la Ley Orgánica de diciembre de 1992, que prevé las
transferencias de esta competencia a las comunidades autónomas y en
conseguir la firma de un convenio que asegure la necesaria coherencia de
todas las actuaciones en esta materia.
Espero que se llegue a un acuerdo en este campo y que todos seamos
conscientes del grave peligro que supondría para este país un crecimiento
incontrolado del juego privado. Esto naturalmente acarreará la
desaparición de una Dirección General en el Ministerio.
Por lo que se refire a la fiesta de los toros, en la pasada legislatura
se aprobó la normativa que les anuncié sobre espectáculos taurinos,
constituida por Ley de abril de 1991, sobre potestades administativas en
esta materia, y por el Real Decreto de 1992, que aprobó el nuevo
Reglamento.
Las facultades sancionadoras que hasta ahora eran ejercidas por los
gobiernos civiles pasarán a las comunidades autónomas que carecían de
esta competencia, en el marco del proceso de transferencias en materia de
espectáculos taurinos.
Pasando a la Dirección General de Política Interior, debo señalar que
engloba la gestión de los procesos
electorales generales, locales y al Parlamento Europeo, prestando la
máxima colaboración en los procesos de elecciones autonómicas, la gestión
de la política de extranjería, y su titular ostenta asimismo la
Presidencia de la Comisión Nacional contra la violencia en el deporte,
además de coordinar cuanto sea necesario respecto de los gobiernos
civiles.
Por lo que se refiere a los procesos electorales, hay que tener en cuenta
que para la celebración de elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán
lugar en la primera quincena de junio del próximo año, será preciso
proponer las necesarias modificaciones de la Ley Electoral, para asegurar
que España disponga de 64 representantes, tal y como se establece en una
decisión del Consejo que ha entrado en vigor el 9 de febrero de este año,
y para posibilitar que los residentes comunitarios en nuestro país puedan
ejercer, tanto su derecho de sufragio activo como pasivo, que les
reconoce el Tratado de la Unión Europea, que próximamente entrará en
vigor.
Respecto a la violencia en el deporte, su erradicación ha sido y seguirá
siendo una preocupación constante del Departamento y ha constituido una
de las líneas de actuación del Ministerio, de tal forma que se elaboró el
Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos
deportivos, aprobado por Real Decreto en mayo del presente año.
La política de extranjería constituye, señorías, uno de los objetivos
prioritarios del Gobierno. En este sentido, la actuación durante estos
años se ha centrado en la ejecución del mandato dado por el Congreso de
los Diputados, con la aprobación en abril de 1991, de la proposición no
de ley relativa a la situación de los extranjeros en España. De acuerdo
con dicho mandato se abrió un proceso de regulación de trabajadores en
situación irregular que permitió, como SS. SS. conocen, la legalización
de más de 110.000 extranjeros. Se estableció la obligación de visado con
los países del Magreb, con Turquía, Perú y la República Dominicana, y, en
febrero de 1992, se concluyó un acuerdo con Marruecos relativo a la
circulación de personas en tránsito y a la readmisión de extranjeros
entrados ilegalmente. En febrero de 1993, un acuerdo con Portugal sobre
readmisión de extranjeros ilegales de terceros países.
Se han creado oficinas únicas de extranjerías, así como la oficina
integrada de asilo y refugio, y se elaboró un proyecto de Ley de reforma
de la Ley de Asilo y Refugio, que se encontraba ya en trámite en las
Cortes cuando se disolvieron las Cámaras. Este proyecto ha sido remitido
de nuevo a esta Cámara en el mes de julio. Es mi deseo que cuente
-¡ojalá!- con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Finalmente, en el Consejo de Ministros de marzo de 1993, se aprobó un
acuerdo por el que se fija el contingente de autorizaciones para el
empleo de ciudadanos extranjeros no comunitarios para este año.
La política del Gobierno en relación con la inmigración es la de aceptar
el número de inmigrantes que realmente podamos asumir, facilitando su
integración, así como el reagrupamiento familiar cuando pueda hacerse en
condiciones dignas. La peor política que podría hacerse en este campo es
la de puertas abiertas, porque ni nosotros ni el resto de los países
europeos podemos asumirla y porque sólo daría lugar a situaciones de
marginación y, por tanto, contribuir a la xenofobia.
En todo caso, quiero dejar claro que estamos firmemente decididos a
luchar contra cualquier manifestación de xenofobia o racismo,
especialmente cuando revistan caracterísicas violentas, y se pondrán
todos los medios para favorecer la integración de los extranjeros que
residen legalmente en nuestro país.
Como actuaciones concretas futuras cabe señalar la elaboración del
Reglamento de ejecución de la Ley de Asilo, cuando sea aprobada por el
Parlamento su reforma, y la modificación del Reglamento de la Ley de
Extranjería, de 1985, en base a la experiencia de ocho años de
aplicación. También se establecerán las reformas necesarias para
facilitar la repatriación de extranjeros en situación irregular, se
generalizarán las oficinas únicas de extranjeros y se ejecutarán todos
los compromisos derivados de nuestra integración en el grupo Schengen y
del tratado de la Unión Europea.
En este sentido, es conocido por SS. SS. que España ha ocupado durante
dos semestres consecutivos la Presidencia del Grupo Schengen, impulsando
-creo que definitivamente- la implantación del SIS -Sistema de
Información-, que se ha visto considerado previo para la eliminación de
los controles internos y que podrá entrar en vigor en breve plazo.
Lo hasta aquí reseñado, relativo a la dirección de política interior es
de tal importancia, sobre todo, en los temas que tienen que ver con
extranjería, señorías, que estoy estudiando la posibilidad de que no sea
dirigido por una dirección general, sino por una secretaría general, sin
aumento de gasto. Ya les he dicho que, entre otras cosas, desaparece una
dirección general que es la que antes tenía encargado el juego.
Respecto a la seguridad ciudadana, el objetivo es, sin duda, alcanzar un
adecuado nivel de seguridad que permita el libre ejercicio de los
derechos y libertades, tratando de controlar y reducir los niveles de
delincuencia. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que la delincuencia
proviene de disfunciones que se producen muy a menudo en el seno de la
propia sociedad y su erradicación no depende únicamente de la actuación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino de un esfuerzo conjunto de
todas las administraciones públicas, de todos los sectores sociales, del
conjunto de la sociedad en definitiva, para hacer políticas preventivas
que hagan menos necesaria la intervención de las Fuerzas de Seguridad del
Estado.
Por lo que se refiere al índice general de delitos, a partir de 1990 se
han producido descensos que se han venido consolidando en los años
sucesivos. Así, en el año 1990, el número total de delitos descendió en
un uno por ciento respecto del año anterior. En 1991, el descenso fue del
3,2 por ciento, y de un 5,3 por ciento en el año 1992.
Esto sería mucho más importante si los niveles sobre los que se producen
los descensos fueran bajos. Como son niveles altos es menos
satisfactorio, aunque,
naturalmente, no puedo por menos que señalar la cierta satisfacción que
produce que, en vez de crecer, comenzamos a descender, lo cual -creo yo-
es un buen dato, sin darle más trascendencia que la que acabo de señalar.
No deben, por tanto, permitir ningún tipo de alegría. Los resultados son
mejores que hace años, pero habrá que seguir en la misma línea de
esfuerzo que se ha venido realizando hasta ahora, para lograr una
disminución cada vez mayor de la delincuencia en nuestro país.
En este sentido, es propósito del Ministerio seguir adecuando la
organización y actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a las
nuevas formas de la delincuencia. Se potenciarán las acciones específicas
para combatir la delincuencia a nivel provincial y local, se continuará
fomentando la coordinación con las policías autónomas y locales a través
de las juntas de seguridad, y se dedicará un mayor esfuerzo para
fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, lo que llevará
consigo una intensificación en la persecución de la delincuencia
económica y el blanqueo de capitales procedente de acciones criminales.
Dentro del ámbito de la seguridad ciudadana, la lucha contra el tráfico
de drogas continúa siendo uno de los objetivos prioritarios del
Departamento, ya que es también de los factores que inciden en una buena
medida en los niveles de delincuencia. La política de lucha contra el
pequeño y gran tráfico se mantendrá partiendo de la base de la
efectividad que las Fuerzas de Seguridad del Estado vienen obteniendo
contra esta actividad delictiva.
España, señorías, es uno de los países europeos que ha alcanzado una
mayor eficacia en aprehensiones de droga en los últimos años, así como en
la desarticulación de importantes organizaciones dedicadas a este
tráfico. Mostrar preocupación no puede impedir reflejar la realidad de
este fenómeno y la realidad de España en el conjunto de la Comunidad
internacinal. Como ya señalé en mi anterior comparecencia, para terminar
con este tráfico hay que abordar globalmente la raíz del problema y
muchos de esos problemas están centrados en los países productores y
transformadores de droga, como también en los problemas que generamos los
países más desarrollados con la demanda.
Consciente de la gravedad de este problema, España tiene una presencia
activa en todos los foros internacionales que se relacionan con el tema y
ha promovido, en el seno del Grupo Trevi, la creación de Europol, germen,
como ya he tenido oportunidad de decir en múltiples ocasiones, de lo que
debe de ser en el futuro una especie de policía europea y que, en breve,
iniciará su andadura inicialmente, como ya conocen, como un centro de
información e inteligencia precisamente en materia de tráfico de drogas.
Es un desafío que requiere el apoyo de las instituciones y colectivos
sociales y también de las instituciones financieras, para facilitar la
investigación de las grandes redes de narcotraficantes. A este respecto,
les informo que el Gobierno remitirá en breve -ya ha remitido de nuevo a
esta Cámara- el proyecto de ley de medidas contra el blanqueo de
capitales.
Por lo que se refiere a la lucha contra el pequeño tráfico, la
promulgación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, tan discutida en
algunos casos, ha proporcionado, en mi opinión, a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad una herramienta para perseguir mejor este tipo de tráfico.
Ha establecido la posibilidad de sanción administrativa para el consumo
en público, que puede quedar en suspenso con el sometimiento voluntario a
un proceso de desintoxicación conforme a la regulación establecida por un
Real Decreto de julio del corriente año.
En cuanto a la lucha contra el terrorismo, señorías, la colaboración
internacional, la mayor eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguriad del
Estado y el acuerdo de todas las fuerzas políticas como forma de aislar
socialmente al terrorismo y de movilizar a los ciudadanos frente a esta
amenaza, sigue siendo un elemento fundamental. Como ya he señalado en
reiteradas ocasiones, considero fundamental el acuerdo con los partidos
políticos y el Pacto de Ajuria Enea, que se ha mostrado, a mi juicio, muy
eficaz y ha servido como instrumento de diálogo y auerdo de los partidos
más representativos del País Vasco.
Entiendo que en los tres campos se ha avanzado de una forma sustancial y
quiero resaltar, una vez más, la acción decidida de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, así como la plena incorporación de la política autónoma en
la lucha contra el terrorismo con resultados muy positivos.
Hay algo que considero fundamental como es la valiente movilización del
pueblo vasco en contra de la violencia de ETA, que nada debiera impedir
que siga creciendo. Como fruto de la relación internacional, simplemente
quiero resaltar la importancia de detenciones efectuadas y, en este
sentido, la de Bidart que supuso la detención de la cúpula de ETA. Por
ello, la política del Departamento consistirá en el mantenimiento y
perfeccionamiento de estas medidas.
Como ya he señalado al principio, otro de los objetivos del Ministerio es
consolidar el proceso de modernización de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que implica tanto la dotación de medios materiales
y humanos, como el desarrollo del estatuto de personal de ambos Cuerpos
para completar el modelo policial establecido por la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, a cuyo efecto les informaré por separado del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Sin embargo, antes de entrar en el análisis de cada una de las dos
Direcciones Generales, creo obligado referirme a determinados
acontecimientos que tuvieron lugar en la pasada legislatura y en los que
la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, coordinadas por la
Secretaría de Estado para la Seguridad, fue decisiva. Me refiero a la
Conferencia de Paz para Oriente Medio, en octubre de 1991, y a los Juegos
Olímpicos de Barcelona y a la Exposición Universal de Sevilla, que
tuvieron lugar el pasado año y en los que la normalidad con que se
desarrollaron tiene mucho que ver con el importante papel que jugaron los
cuerpos policiales, además de demostrar la capacidad de ambas policías
para dar respuesta a acontecimientos de singular relevancia e importancia
y dificultad.
Estos tres acontecimientos supusieron un gran esfuerzo en cuanto a
planificación y empleo de considerables medios materiales y personales
que, como digo, pusieron de manifiesto el alto nivel de preparación de la
policía española y que mereció el elogio de los organizadores y el
reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, de la
importante labor realizada en el área de la seguridad de los mismos.
Señalado lo anterior, expondré de forma esquemática las principales
realizaciones, así como los proyectos de futuro de cada una de estas
Direcciones Generales. Por lo que se refiere a la Dirección General de la
Policía, diré que desde el año 1990 hasta la actualidad se han efectuado
inversiones por valor de 46.800 millones de pesetas, tanto en la
construcción y remodelación de edificios como en la compra de material
para la mejor dotación de sus miembros.
En el área de Policía Judicial se han creado grupos especiales para la
lucha contra la delincuencia organizada, en las modalidades de
delincuencia económica y financiera y blanqueo de capitales.
En el área de la seguridad ciudadana se han creado grupos policiales de
atención al ciudadano y de prevención de la delincuencia, que inciden
policialmente en aquellos lugares más conflictivos o puntos negros de las
grandes ciudades. Se ha implantado, a nivel nacional, una amplia red de
coordinadores de contactos con ciudadanos que atienden las necesidades y
peticiones de los diferentes colectivos sociales.
En el área de documentación se ha implantado el nuevo Documento Nacional
de Identidad, y en el área de seguridad privada se está elaborando el
reglamento de desarrollo de la nueva ley. Algunos de estos esfuerzos
requerirán adecuar las tasas al costo que supone una modernización de
esta naturaleza.
Se ha firmado un acuerdo marco entre las autoridades del Ministerio y las
organizaciones sindicales policiales más representativas en el que se
contemplan una serie de medidas a realizar a corto, medio y largo plazo,
que inciden en la modernización, en la mejora de los medios de actuación
y de las condiciones de trabajo de los funcionarios; acuerdo que tiene
algunas complicaciones, no en la voluntad de cumplirlo sino en la
situación económica general del país, pero, desde luego, en aquello que
no tenga efectos o costos económicos la voluntad firme es de cumplirlo y
haremos un esfuerzo, el que sea posible en estas circunstancias, para ver
si podemos, si no en todo sí en parte, ir en la dirección de cumplir el
acuerdo al que me acabo de referir.
Por lo que se refiere a la Dirección General de la Guardia Civil les
informo de que, desde el año 1990 hasta la actualidad, ha invertido casi
69.000 millones de pesetas en el capítulo 6, que incluye tanto la
construcción y remodelación de cuarteles y otros edificios, como la
compra de material para la mejor dotación del Cuerpo. En este período se
ha puesto en funcionamiento la Guardia Civil del Mar, que cuenta
actualmente con embarcaciones en las provincias de Cádiz, Málaga,
Almería, Barcelona, Cantabria y La Coruña, estando previsto extenderla en
los próximos años.
Por lo que se refiere al régimen de personal, les diré que se ha aprobado
ya la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario y, más recientemente, un Real
Decreto, en mayo del corriente año, por el que se regula, con carácter
transitorio, el sistema de ascensos. En esta legislatura está previsto
continuar la transformación de la Guardia Civil, que sin duda constituye
la mayor realización desde la creación del Cuerpo, tanto en lo que se
refiere al despliegue, tema del que informaré específicamente en la
siguiente comparecencia, como en lo que respecta al régimen de personal.
En cuanto a la Policía Nacional, me ha faltado complementar lo dicho con
la redacción del reglamento orgánico y de servicios, que contendrá una
regulación jurídica completa del Cuerpo Nacional de Policía.
Cabe, respecto a la Guardia Civil, citar en este último sentido la
elaboración del anteproyecto de ley de régimen de personal del Cuerpo,
que se someterá a la consideración de SS. SS. en la presente legislatura.
La publicación de esta ley constituye una estapa previa para poder
elaborar el reglamento orgánico y de servicios, que se espera realizar en
este mandato.
Finalmente, señorías, para completar la visión del Ministerio, les
informaré que, a través de la Dirección General de Relaciones
Informativas y Sociales, se están llevando a cabo importantes actuaciones
en el campo de la información y atención al ciudadano, colaborando con
las distintas direcciones generales del Departamento en determinadas
actuaciones en este campo, como ha sido, por ejemplo, la campaña de cita
previa telefónica para el carné de identidad en Madrid, para la Oficina
de Asilo y Refugio, así como las acciones realizadas para incrementar el
número de aspirantes a las pruebas selectivas, tanto para el ingreso en
el Cuerpo Nacional de Policía como en el de la Guardia Civil, habiéndose
conseguido excelentes resultados.
En la petición de comparecencia el Grupo Popular solicita una información
adicional sobre algunos aspectos relacionados con la ejecución del
presupuesto del presente año, de lo que paso a informarles. Grado de
ejecución de los distintos programas. El 15 de septiembre de 1993, y en
términos de obligaciones reconocidas, se ha ejecutado un 60,96 por ciento
del presupuesto definitivo del Departamento. La ejecución de cada uno de
los programas oscila entre el 90,38 por ciento en el programa 463 A,
elecciones y partidos políticos, y un 16,14 por ciento en el programa 223
A, protección civil, dado que este programa incluye las indemnizaciones
correspondientes a la presa de Tous.
En el programa 222 A, seguridad ciudadana, el más importante
cuantitativamente hablando al suponer casi un 61 por ciento del total del
presupuesto definitivo del Ministerio, la ejecución se sitúa en el 64,43
por ciento. Esto comporta un elevado grado de ejecución de los programas
del Departamento, considerando que aún faltan tres meses y medio para el
cierre del ejercicio, y no puede olvidarse que los compromisos adquiridos
suponen un
porcentaje significativamente mayor sobre el presupuesto total, el 78 por
ciento para el conjunto del presupuesto y el 83,3 por ciento en el
programa seguridad ciudadana.
Respecto a las desviaciones producidas en la ejecución del presupuesto de
1993 en cada uno de los programas, les informo que el presupuesto del
Ministerio del Interior para el presente ejercicio se ha incrementado en
un 7,9 por ciento sobre el crédito inicialmente aprobado. El incremento
más significativo se ha producido en el programa 223 A, protección civil,
que ha aumentado en un 511,8 por ciento sobre sus créditos iniciales. La
desviación producida se debe, como ya decía antes, al programa 222 A,
seguridad ciudadana, que representa únicamente un 3,4 por ciento sobre el
presupuesto inicial.
Debo advertirles que los incrementos producidos sobre los créditos
parlamentarios aprobados se deben fundamentalmente a actuaciones
obligadas por los motivos que a continuación expondré. Primero, la
partida más significativa en la desviación producida se refiere al
crédito extraordinario por importe de 19.000 millones de pesetas,
aprobado para el resarcimiento de los daños causados como consecuencia de
la rotura de la presa de Tous. Esta circunstancia justifica el
espectacular aumento de los créditos del programa 223 A, así como el bajo
nivel de ejecución en este programa, consecuencia directa del incremento
en su presupuesto, producido una vez iniciado el ejercicio.
Segundo, de los más de 3.786 millones de incremento como consecuencia de
la aprobación de ampliaciones de crédito, 3.263 millones de pesetas se
refieren a partidos políticos y se han destinado a financiar gastos
electorales y subvenciones a partidos con motivo de las elecciones
generales.
En cuanto a la aplicación de los créditos del programa 221 A, Dirección y
Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil, por un importe de
400 millones de pesetas, ha sido necesario para el abono de
indemnizaciones a las víctimas de bandas armadas y elementos terroristas,
así como las derivadas de los daños a terceros en base a la
responsabilidad patrimonial de la Administración y a la protección a
medios internacionales de transporte que se encuentran en nuestro
territorio.
La ampliación de 124 millones de pesetas del presupuesto inicial del
programa de protección civil se debe a la necesidad sobrevenida de
financiar los gastos de emergencia originados por la acogida y atención
de refugiados procedentes de Bosnia-Herzegovina.
El aumento de los créditos parlamentariamente autorizados como
consecuencia de la aprobación de generaciones de crédito no implica, en
realidad, la existencia de un mayor gasto sobre las previsiones iniciales
al tratarse de aumentos en el presupuesto de gastos precedidos de un
incremento equivalente de los ingresos. De los casi 4.425 millones de
incremento por este concepto, 4.000 millones corresponden a un ingreso en
el Tesoro efectuado por la Dirección General de Tráfico y el resto a un
ingreso del Instituto Nacional de Empleo.
Finalmente, el presupuesto inicial del Departamento se ha incrementado en
3.237.217.000 pesetas como consecuencia de la aprobación de
transferencias de crédito procedentes del programa de imprevistos y
funciones no clasificadas. La mayor parte del aumento señalado ha venido
justificado por la obligación de financiar el incremento de gasto de
personal producido por la aplicación del Real Decreto-ley que dispuso
como medida de revisión salarial aplicable al ejercicio de 1993 el
aumento de las retribuciones de los funcionarios de la Administración del
Estado en un 1,8 respecto a 1992.
Por terminar esta información que solicitaba el Partido Popular sobre
medidas para la reducción de gasto corriente del Departamento, les
informaré que mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de agosto
pasado, se dispuso la no disponibilidad de créditos del Presupuesto del
Estado por un importe de 100.000 millones de pesetas, de los que 6.156
corresponden al Ministerio del Interior.
Por lo que se refiere específicamente al capítulo 2, gastos en bienes
corrientes y de servicios, la aplicación del acuerdo mencionado supone
una reducción del 2,28 por ciento sobre los créditos iniciales y afecta a
múltiples atenciones consignadas en el presupuesto, destacando por su
cuantía la referida a alquileres de equipos para procesos de información,
reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras
construcciones, atenciones protocolarias y representativas por un importe
de 36 millones de pesetas, conforme establece el propio acuerdo, prensa,
revistas, libros y otras publicaciones y, sobre todo, dietas.
Sobre la reducción establecida en el propio acuerdo para cada uno de los
capítulos del presupuesto, se han solicitado determinadas modificaciones
que habrán de ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda, por lo que no
puedo informar aún de la cuantía de la reducción de cada uno de los
capítulos presupuestarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
¿Qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARTIN: Muchas gracias, señor Ministro, por la
información exhaustiva y yo diría que precisa que, como en otras
ocasiones, nos ha proporcionado.
Me han quedado dos dudas que quisiera que se me aclararan: una de ellas
está relacionada fundamentalmente con un tema que, aunque tenga un
carácter local, me parece que es suficientemente importante en su
Departamento y, dada la amplitud de la exposición realizada, me imagino
que, aunque no sea cuestión de tratarla, desearía una ampliación. La
cuestión está relacionada con un tema de importancia porque se está
produciendo el repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado y está
entrando la Ertzaintza. En concreto, la zona de Donostialdea, es decir,
San Sebastián, es uno de los últimos puntos donde se va a incorporar. (El
señor Ministro del
Interior, Corcuera Cuesta: Yo personalmente oigo con muchísima
dificultad.)
El señor PRESIDENTE: A ver si con el esfuerzo de adelantar el micrófono y
subir un poco la voz conseguimos oír mejor.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Se lo digo porque no le
entiendo bien y luego no le contesto.
El señor ALBISTUR MARIN: ¿Se me oye bien ahora? (Pausa.) Me refería,
fundamentalmente, a los temas que usted ha citado y en los que no ha
entrado. Son cuestiones relacionadas con el repliegue de las Fuerzas de
Seguridad del Estado y de la incorporación de la Ertzaintza. Me refiero a
la última de las zonas que quedan, zona muy importante a mi modo de
entender, como es San Sebastián y sus alrededores, que parece que es uno
de los últimos puntos de incorporación de la Ertzaintza. (El señor
Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.) En relación con
este punto, hay temas que afectan al Ministerio del Interior como es la
dispersión de instalaciones, que afectan no solamente a la policía sino
también a los propios servicios para el ciudadano que no han sido
transferidos, como son los pasaportes, documento nacional de identidad,
Gobierno Civil, etcétera, y servicios administrativos que, a mi modo de
entender, causan una cierta confusión. Quizá sería un momento importante
para su concentración o para una mejora de ese servicio al ciudadano ya
que en estos momentos incluso tiene que trasladarse desde diferentes
puntos de la provincia y hay problemas, aunque parece que también se van
a aplicar las medidas que, como usted ha señalado, se han aplicado en
Madrid respecto a la cita previa, etcétera. Allí hay suficientes
instalaciones que van a quedar vacías y me imagino que el Ministerio del
Interior tendrá intención de colaborar con el ayuntamiento en esa
materia. Me gustaría que abundara S. S., si fuera posible, en cuáles son
esos planes de coordinación que, como se puso de relieve en la reunión de
ayer, son temas de trascendental importancia para la vida social.
Por último, respecto a la colaboración internacional me gustaría que el
señor Ministro nos ampliara en lo que sea posible, entiendo que estas
cuestiones tienen sus aspectos delicados, la información sobre cuál es
esa colaboración con la policía francesa porque tengo que decirle
claramente que me da la impresión de que la policía francesa siempre sabe
más de lo que dice y hace y, de alguna forma, somos víctimas de una
cierta actuación de no muy buena colaboración, con las necesidades que se
tienen, de lucha contra el terrorismo a este lado de la frontera. Le
pongo como ejemplo el último descubrimiento de un chalet en la zona de
Arcachon, donde parece que se producían entrenamientos. Creo que es
demasiado evidente que ahora aparezca allí ese chalet donde se realizan
entrenamientos. Parece como que todo eso se adivina a partir de un
accidente de automóvil, que puede ser un accidente de automóvil de unos
turistas. Aunque utilizo términos un poco irónicos, quiero destacar la
importancia que a nuestro modo de ver tiene esta colaboración para los
ciudadanos que vivimos a este lado de la frontera para terminar con
problemas de los que estábamos hablando ayer.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Gracias, señor Albistur.
El señor Camp tiene la palabra.
El señor CAMP I BATALLA: Señor Ministro, muchas gracias por la
información que nos ha suministrado. Voy a hacer algunas puntualizaciones
respecto a la misma.
En cuanto al capítulo de protección civil me gustaría saber hasta qué
punto su Ministerio contempla la posibilidad de modificaciones en la
legislación vigente a los efectos de... (El señor Ministro del Interior,
Corcuera Cuesta: No le he entendido a su señoría.) Decía, señor Ministro,
que me gustaría saber hasta qué punto su Departamento ha podido estudiar
la conveniencia de que los temas de protección civil se analicen desde
una perspectiva más comunitaria en el sentido de relaciones entre las
comunidades autónomas. No quiero decir que actualmente no haya
relaciones, pero, en muchos casos, la cercanía al propio territorio
aumenta unas determinadas potencialidades no sólo en comunidades
autónomas sino con la Administración local propiamente dicha. Lógicamente
estaríamos hablando de una jerarquía y estoy seguro de que en este tema
hay un terreno importante a recorrer en un futuro próximo. Pues bien,
¿hasta qué punto cree que esto es posible y que cabría una modificación
de la legislación vigente que permitiera llevar estas relaciones de forma
ordenada y una asunción clara de funciones y de competencias?
Con relación a este mismo tema de protección civil, también nos gustaría
conocer su opinión sobre hasta qué punto es importante potenciar las
relaciones transfronterizas en aquellas comunidades que tienen frontera
con estados vecinos y que la experiencia nos demuestra que esta relación
coordinada entre Protección Civil española con protecciones civiles de
estados vecinos puede, en un momento determinado, dar mucho provecho. Un
ejemplo claro lo tendríamos en la lucha contra incendios.
Querríamos saber también hasta qué punto han previsto ustedes el impulsar
la implantación del teléfono europeo único de emergencias, que funciona
ya en algunos países, incluso a nivel de alguna directiva comunitaria se
recomienda su implantación, visto desde una gestión directa por parte,
como decíamos antes, del territorio de las comunidades autónomas.
Por lo que se refiere a la Policía Nacional, alguna vez se ha comentado y
se ha trabajado desde el Ministerio en una regionalización de la Policía
Nacional. Regionalización, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto eso es así
y qué perspectivas hay en este sentido?
Para terminar, otra pregunta. Usted ha hecho mención a coordinadores de
contactos ciudadanos como un elemento dentro de la Dirección General de
Policía. La verdad es, señor Ministro, que quien le habla no conoce
exactamente la función de esta figura. Se ha dicho que tenía como misión
el contacto con agentes sociales, si he entendido bien, pero nos gustaría
tener más luz sobre esta figura de coordinadores de contactos ciudadanos.
Nos gustaría hacer también una sugerencia en relación con su exposición.
Cuando usted se refería a que en la Dirección General de Política
Interior cabría la posibilidad de crear una secretaría general, decía: y
esto sin aumento de gasto. A renglón seguido, usted ha añadido:
Recordemos que se va a suprimir la Dirección General del Juego. ¿Esto
quiere decir que es una simple compensación y, por consiguiente, la
filosofía -y es un tema de filosofía en este caso- es no aumentar el
nivel de gasto, pero manteniendo el gasto; o bien la filosofía habría de
ser (ya que se suprime una unidad orgánica como es la Dirección General
del Juego, entre otras cosas, porque esta competencia ha sido
transferida, y será transferida, a través de la reforma estatutaria que
estamos tramitando, a la mayoría de las comunidades autónomas) la de
disminuir el gasto? Este sería un planteamiento que realmente nos
preocuparía porque esta forma de actuar de su Ministerio podría ser
extendida a otros y generalizarse. En ese caso, estaríamos en contra de
una disminución del gasto de la Administración Central del Estado debida
a transferencias de estas competencias a comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Ministro, para contestar
a las intervenciones de los señores Albístur y Camp, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): El señor Albístur
solicita aclaraciones sobre la adecuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado al despliegue de la policía autónoma, y yo aquí
quiero despejar cualquier duda. Los servicios que va asumiendo, por sus
competencias, la Policía Autónoma Vasca origina que deje de ejercerlos
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, esas Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado pasan a ejercerlos en otro lugar. Yo
deseo que se produzca cuanto antes el conjunto del despliegue previsto de
la Policía Autónoma y que, por tanto, ejerza todas sus competencias, lo
cual, como bien decía el señor Albístur, puede originar algunos
problemas. Por ejemplo, hay dispersión de instalaciones y de edificios, a
la que tendremos que encontrar una solución. Algunos de esos edificios e
instalaciones, muchos, son cesiones que en su día hicieron los
ayuntamientos y, por tanto, tendremos que contemplar la devolución de los
mismos a quienes los cedieron para ese uso -la disposición está abierta a
hacerlo así-, y aquellos que son propiedad de la institución debieran
servirnos, entre otras cosas, para suplir insuficiencias presupuestarias,
que debieran llevarnos a que la utilización de esos recursos obtenidos
nos sirvieran para arreglar otras instalaciones, ya sean de Policía o de
Guardia Civil. Pero eso no debe traducirse, como S. S. señala, en un
perjuicio a los ciudadanos, ya que éstos no tienen por qué verse
molestados por esas circunstancias a la hora de obtener el documento
nacional de identidad. De ahí que tengamos que recordar que está en el
acuerdo con la Policía Autónoma Vasca -por lo menos, no he detectado
problemas si no está en él- prestar ese servicio en locales de la
Ertzaintza. Es decir, quienes tienen que recoger los datos pueden
perfectamente desplazarse a un local de la Ertzaintza, unos determinados
días a la semana, en lugares en los que no haya instalaciones, y, sin
molestias a los ciudadanos, en esas instalaciones se puede atender, tanto
para el documento nacional de identidad como para el pasaporte. Ese es el
esquema y así debiéramos hacerlo. La coordinación con la Policía Autónoma
Vasca es fundamental, sobre todo en algunos aspectos, pero aquí no
señalaría aspectos más o menos importantes. Me preocupan más los más
importantes, y debo decir que el despliegue de la Policía Autónoma Vasca
se está produciendo con una normalidad de la que yo me siento -lo decía
ayer- partícipe y, por qué no, un poco orgulloso de ello. Algo que
originó tanta controversia en años pasados, ante lo que una parte de la
sociedad tenía algunas reticencias, hoy haya un acuerdo del conjunto de
las fuerzas políticas y un reconocimiento del papel que está realizando
la Policía Autónoma me parece que es como para satisfacer a todo el
mundo. Por tanto, que ejerza sus competencias y, desde luego, la
coordinación se tiene que producir con absoluta normalidad. Hay un lugar
donde se produce esa coordinación, pero debiera perfeccionarse a los
niveles inferiores, de tal forma que no haya roce alguno. Como sabe S.
S., hemos alcanzado un acuerdo en relación con este tema en cuanto a
vigilancia de prisiones y traslado de detenidos en el territorio de la
comunidad autónoma de quienes estén cumpliendo sentencia, cosa que no
estaba realmente en la letra del Estatuto, pero que me parece que puede y
debe estar en el espíritu, sin duda lo está, y me parece que las
relaciones en ese terreno son correctas, de respeto e incluso de un cada
vez mayor prestigio de la Policía Autónoma Vasca.
Por lo que se refiere a la colaboración con la policía francesa, señoría,
siempre digo que no hay unas relaciones perfectas, siempre hay lugar a
perfeccionarlas, pero creo que son satisfactorias. Lo que pasa es que S.
S. dice algo que no tiene solución. Dice: siempre parece que la Policía
francesa tiene más información de la que dice. Yo siempre tengo la
sensación de que la policía siempre sabe más de lo que dice. Siempre he
tenido dudas, a veces les comento a algunos mandos: ¿Lo que me dices es
el 80
por ciento, el 90 por ciento, o el 95 por ciento? ¿Cuánto es lo que me
dices de lo que de verdad sabes? Pero eso no impide en lo fundamental que
las relaciones sean correctas. Yo diría que son buenas. Yo creo que se
trabaja bien, e incluso digo más, yo creo que ha habido ocasiones, y las
seguirá habiendo en el futuro, en que investigaciones que tiene el Cuerpo
Nacional de Policía o la Guardia Civil que necesitan coordinarse con los
servicios franceses, se coordinan, y cuando es la Policía Autónoma Vasca
quien tiene esa necesidad de coordinación, también se tiene que producir,
y de hecho también se ha producido. Por tanto, yo creo que los niveles
son satisfactorios. Nunca podré decir que estoy satisfecho al cien por
cien, porque
si no estoy satisfecho al cien por cien ni de lo mío, ¿cómo voy a estar
al cien por cien de lo de los demás?
Respecto de lo que ha señalado, le diré que estas cosas son así. Un
accidente da lugar a encontrar el sitio que puede servir de
adiestramiento. Esto es así, porque en esto la suerte también es un
elemento importante. Hay veces que se conjugan todos los astros par tener
mala suerte y hay vece que se juntan todos para que tengas buena suerte.
Lo de ayer, me da a mí la impresión que fue lo primero, probablemente la
referencia a esto es lo segundo. Eso es lo que le puedo decir.
Por lo que se refiere al Grupo Catalán, si lo que me pregunta -y creo que
le he entendido bien- es si se pueden hacer más cosas y tomar más
decisiones en común, le diré que todo lo que sea necesario. Seguramente
se pueda hacer más, y si ésa es su preocupación, tenga la seguridad de
que en esa disposición continuaremos trabajando. Sobre si para hacerlo
juzgo conveniente hacer modificaciones legales, le diré que, en
principio, no porque primero tendríamos que recorrer los márgenes que nos
da para esa cooperación, y por tanto para esa eficacia, la legislación
vigente. (El señor Presidente ocupa la presidencia.) Pero si llegara en
algún momento a la conclusión de que hay algo que impida el buen
funcionamiento, la buena coordinación y la buena cooperación, no tendría
inconveniente en tratarlo con los grupos políticos, ver qué es lo que
impide un mejor funcionamiento y trasladarlo a una norma que el
Parlamento considere necesaria.
Por otro lado, plantea el problema de las relaciones transfronterizas.
Creo que tiene toda la razón. Hay no sólo aspectos que pueden originar
problemas a nuestros vecinos, sino que los medios que ellos tienen y que
nosotros tenemos, en ocasiones pueden servir para atender las
necesidades, de Francia en este caso, o de Portugal, o ayudarnos ellos
con sus medios. Tenemos convenios en esa materia con Portugal y, desde
luego, no será la primera vez que, cuando se produce un acontecimiento,
nuestros países vecinos -incluso los países del Magreb- nos piden ayuda,
o al revés. ¿Deberíamos hacer acuerdos? Si lo plantea S. S. en esos
términos, me parece una buena idea. Con esto quiero decir que los
planteamientos, en la dirección que yo le he escuchado, que podamos hacer
en esta legislatura para introducir las modificaciones que se juzguen
necesarias o acuerdos que fortalezcan la prevención, quien le habla está
totalmente dispuesto a tratarlos. Por ejemplo, la iniciativa del teléfono
único de emergencias no sé contestar si es buena o es mala, pero, en
cualquier caso, la veremos. El teléfono único de emergencias, habrá que
verlo; puede ser una buena iniciativa. No puedo contestarle de otra
forma.
En cuanto a si tenemos previsto regionalizar la Policía Nacional, le diré
que no tenemos previsto regionalizarla, en el supuesto de que eso
supondría desgajar. La Policía Nacional seguirá teniendo un mando único,
una dirección única. Lo que sí debo decir es que tenemos necesidad en
algunas regiones y en algunas provincias de más medios personales y que
no podrán ser satisfechas más que en una política sostenida en el tiempo.
Eso es así y no tiene solución.
Me dice S. S. que abunde más en esa figura que contacta con los
ciudadanos. Esta figura tiene la pretensión de conocer, por ejemplo, en
los barrios, las cosas que ocurren en ellos, de contactar con
organizaciones sociales e, incluso, recabar esa información que a veces
los ciudadanos tienen por el conocimiento del medio donde viven. Ellos
saben quiénes son los que se dedican al tráfico de drogas y, a veces, en
vez de estas explosiones que tratan de tomarse la justicia por su mano,
sería mucho mejor que se trasladase la información a los funcionarios de
policía para que se produjera una investigación, y si es posible la
detención. Todo eso requiere fortalecer el contacto de la policía con los
ciudadanos, y ésa es la pretensión de la figura que le acabo de señalar.
Respecto al aumento del gasto, lo que quería decir -y no sé si lo he
dicho con fortuna- es que al desaparecer la competencia, por tanto
transferir a las comunidades autónomas algo que estaba en la Secretaría
Nacional del Juego con rango de Director General, naturalmente el
Director General desaparece. De tal forma que el anterior Director
General ha pasado a desempeñar funciones de Director General de
Protección Civil. No está producida la transferencia, pero no le he
sustituido -está sin cubrir la Dirección General- ni lo voy a hacer,
porque creo que es inminente la transferencia y, por tanto, no la voy a
cubrir. Ahora me refiero a la Dirección de Política Interior; la
valoración que he hecho de darle la consideración de Dirección General
sin aumento del gasto, no es porque me ahorro la Dirección General, sino
que no hay aumento del gasto en la sustitución de la Dirección General
por la Secretaria General. Y ¿por qué creo que debiera ser una Secretaría
General? Porque la política de extranjería, los problemas de inmigración,
las dificultades de la aplicación del Convenio de Schengen -de tal suerte
que hay que garantizar muchas cosas en frontera-, tienen tal importancia,
o yo por lo menos, sobre todo a las primeras, les doy tal importancia,
tienen tal necesidad de coordinación con otras áreas ministeriales, que
alguien debe tener una jerarquía un poquito superior a la de los demás.
Es muy difícil coordinarse entre directores generales. Es más fácil
coordinar direcciones generales si el que las coordina es un Secretario
General que si es un Director General. Esa es la razón, pero no es ahorro
porque ahorre una Dirección General. El saldo tiene que ser negativo, no
tiene que ser igual.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero Ruiz.
El señor ROMERO RUIZ: Existe, señor Ministro, la tradición parlamentaria
al inicio de la legislatura, una vez que el Presidente del Gobierno es
investido por el Pleno del Congreso, donde expone su programa de
investidura, de que los ministros que componen su Gobierno comparezcan en
las comisiones respectivas para explicar las tareas, las líneas generales
de su actividad en el Ministerio, y en esa sesión es en la que nos
encontramos. Así que este «Diario de Sesiones» de la Comisión de Interior
y Justicia será un Diario a conservar muy cerca para controlar, estudiar
y ver los plazos y los calendarios para ponerlo en marcha.
Se han planteado una serie de apartados a los que yo me voy a referir por
seguir su línea, al mismo tiempo que también dejaré constancia de lo que
figura en política de interior y de seguridad ciudadana en el programa
electoral que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó a los
electores en estas últimas elecciones generales.
Referido a protección civil, es necesario -y se ha aumentado en medios y
recursos- que se ponga en marcha esa escuela nacional y que, al mismo
tiempo, participen en ella, como usted ha dicho, los ayuntamientos y las
comunidades autónomas. Nosotros, en Izquierda Unida, pensamos que se
debería extender a las federaciones deportivas, se debería hablar con los
sindicatos, con la Cruz Roja, con asociaciones juveniles y trasladar al
campo educativo todo lo que significa la protección civil en una sociedad
moderna, porque es una de nuestras tareas más olvidadas. Cuando hay
inundaciones, cuando hay incendios, cuando hay catástrofes, cuando hay
riesgos sísmicos, es necesario estudiar muy detenidamente cómo debe
participar la sociedad civil en su protección, en su seguridad. Es una
regla de oro en política de interior en un país cuidar y dotar de medios
y, sobre todo, de instrucciones y de conocimiento educativo la labor de
la protección civil.
Se habla del paso del Estrecho, de los problemas que ha ocasionado el
paso del Estrecho por la población magrebí que trabaja y que es emigrante
en los países de la Comunidad. Se habla de otros apartados, pero sería
muy importante dar ese paso, establecer convenios con todas estas
entidades para ofrecer a cuadros dirigentes a estos niveles cursos,
participación y estudio en las tareas de la protección civil en España.
Nosotros consideramos que se ha avanzado, pero no lo suficiente y
estaríamos en condiciones, incluso con recursos presupuestarios
reducidos, de avanzar más siempre que se amplíe la participación a otros
estamentos de la vertebración de la sociedad civil.
En relación con la Dirección General de Tráfico, es verdad que se han
reducido los accidentes, se han mejorado en algunas autovías y algunos
medios de comunicación los puntos negros, la señalización, se han tomado
medidas publicitarias y se han reducido los accidentes mortales. Sigue
estando pendiente el aumento de la plantilla de la Guardia Civil dedicada
al tráfico. Está estancada en España desde hace 14 ó 15 años y como ha
aumentado enormemente el parque motorizado automovilístico en nuestro
país sería importante plantearlo, al mismo que se respetara la
circunvalación de las grandes ciudades urbanas para el transporte de
materias peligrosas, inflamables, etcétera. Pero para ello es necesario
aumentar los siete mil y pico guardias civiles que componen la presencia
de la Guardia Civil en las carreteras de nuestro país.
Al mismo tiempo, señor Ministro del Interior, sería importante observar
con detenimiento la publicidad en la prensa escrita, en los medios
radiofónicos, sobre todo en la televisión, de las casas de automóviles
con afirmaciones contrarias al Código de la Circulación (es decir,
límites de velocidad, potenciación de los vehículos que se promocionan
para el consumo), con objeto de conseguir que se respete también en la
publicidad de los automóviles, de los distintos vehículos, el Código de
la Circulación y la seguridad que significa su respeto.
Se ha avanzado también, y habría que seguir en la línea -en opinión
nuestra-, en el ámbito educativo, para ir formando desde el punto de
vista de lo que significan hoy los carriles-bicis o los derechos del
peatón, porque hay ciudades donde el peatón, el ciudadano, se ve sin
posibilidades de ejercer sus derechos a circular teniendo en cuenta la
invasión automovilística que se padece.
Hay también problemas en relación con la regulación del transporte
público. Ha habido dificultades en torno a los autobuses de línea y
autobuses piratas y a la necesidad de que la documentación que presentan
a los agentes de tráfico esté en regla; es muy importante que eso se
lleve a cabo.
En relación con el juego en España se plantea que desaparezca esa
Dirección General y que las comunidades autónomas se hagan cargo del
mismo. Hay un problema relacionado con los delitos de carácter económico,
con el blanqueo de dinero negro, con hechos delictivos que corresponden a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ministerio, al que se
debería seguir prestando una especial atención, independientemente de que
las garantías del local, la apertura, las licencias, correspondan a las
comunidades autónomas. Por eso es muy importante que este tema se tenga
en cuenta.
En relación con la fiesta de los toros, señor Ministro, yo, que soy un
aficionado a los toros como usted, le voy a contar una anécdota. El
Secretario del Partido Comunista de España en el año 1934, José Díaz, que
era panadero, de Sevilla, era un gran aficionado a los toros y en la
época del Frente Popular hubo una conversación en la que le plantearon si
se suprimirían los toros o no en España y él contestó que si el pueblo
decidía que había que suspender los toros, a lo mejor ocurría que se
suspenderían, pero él se enteraría dónde se daba la última corrida, iría
a verla y cuando terminara saldría a la puerta y se sentaría a llorar.
Era un gran aficionado a los toros.
Nosotros pensamos que aunque en el Reglamento taurino que se aprobó en
esta Cámara la facultad de sanción la tengan las comunidades autónomas,
es necesario que se coordine con objeto de que se cumpla, porque ha
habido algunas sanciones en algunas comunidades autónomas en relación con
infracciones graves, como suspensiones de corridas, afeitados, el
problema del peto de los picadores, una serie de temas que son
importantes, en los que se debería observar el Reglamento y se debería
velar por su desarrollo.
Hay un capítulo que usted ha abordado y que a nosotros nos preocupa en
gran medida: la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero
negro. Ahí es donde está la cabeza de la serpiente. Nosotros proponemos
de una manera muy clara en nuestro programa electoral que para favorecer
la acción del Estado contra el
crimen organizado, el dinero negro y el narcotráfico se debe crear por
ley una unidad policial especializada, directamente dependiente de los
jueces y magistrados, en la perspectiva de una futura reordenación de
funciones y medios adscritos al Poder judicial.
Nosotros creemos que la gran asignatura pendiente en la lucha contra la
droga es el blanqueo de dinero negro. No se pueden blanquear capitales
enormes con apoyo de sectores financieros. Hay que lograr un acuerdo
europeo e internacional para que la banca y los sectores financieros no
blanqueen dinero negro y no se invierta en instalaciones dinero
procedente de la sangre de la juventud, dinero criminal procedente del
narcotráfico, que es un atentado al interés general. Ahí es donde yo creo
que el balance es claramente insuficiente, claramente escaso.
Independientemente de las aprehensiones que se hacen de carnés de
conducir falsos, de algunas armas, de algunos alijos, no se han
inmovilizado todavía cantidades importantes de miles de millones y
edificios donde se ha blanqueado ese dinero procedente del narcotráfico.
Ahí es donde tenemos la gran asignatura pendiente, no sólo en España sino
en Europa y en el mundo. El dinero, señor Ministro, debe tener padre y
madre, venga de nuestro país o venga de capitales extranjeros. El dinero
con un origen negro y procedente del narcotráfico es un dinero criminal a
perseguir, a inmovilizar. Sería también interesante -ya se ha hablado de
ello- que quedara en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado los medios requisados a los narcotraficantes en relación con
materiales móviles, tipo de transmisiones, etcétera.
Hay un asunto relacionado con la Guardia Civil del Mar al que no se ha
hecho referencia, sobre el que sería también de destacar su puesta en
práctica. Pero repito que esa es nuestra opinión fundamental. A lo mejor
se ha dicho y no he prestado la atención debida a ese apartado.
En la lucha contra el terrorismo ha quedado claro que se necesita la
unidad de las fuerzas democráticas, que hay que lograr que el aislamiento
de la sociedad hacia el terrorismo sea un hecho cada vez más evidente y
que toda la acción policial se inscriba siempre en el respeto escrupuloso
al Estado de Derecho.
Cuando se refería usted a la modernización de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, es necesario plantear los recursos, los salarios, la ley de
segunda actividad, el papel del Consejo de la Policía. El Consejo de la
Policía es un órgano para oír a los representantes de la policía elegidos
por su colectivo en relación con las reivindicaciones que plantean y es
necesario tener en cuenta sus reclamaciones. No se trata de un Consejo
vinculante, de un órgano corporativo como antes. Ya sabe usted que en el
VERTICAL se decía: oída la parte social, se procede; y procedía el poder
como le daba la gana. Oída la parte social se deben tener en cuenta una
serie de reivindicaciones de la policía que son naturalmente lógicas,
entre otras cosas, señor Ministro, porque hay una diferencia de salario
entre la Policía Municipal de algunas ciudades importantes de nuestro
país, entre la Policía Autonómica, que se baraja entre las 35.000 y las
50.000 pesetas en algunos casos con un funcionario del Cuerpo Nacional de
Policía. En ese campo es necesario que esos temas se corrijan, porque esa
discriminación no es tolerable.
También es necesario, en el campo de la asociación profesional, que se
estudie una fórmula que permita a la Guardia Civil el derecho de
asociación. Nosotros seguimos pensando que no es de recibo que la Guardia
Civil en España carezca del derecho de asociación para defender sus
intereses estrictamente profesionales, salariales, etcétera, ante el
Ministerio del Interior y las instancias del Estado. Es algo que
planteamos de manera clara en nuestro programa electoral, en el que
seguimos pidiendo la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de
otras leyes que creemos que vulneran derechos. El Tribunal Constitucional
se pronunciará en breve en torno a este asunto.
Para terminar, en relación con la Ley de Extranjería, quiero comentar las
situaciones que se dieron en Melilla, con emigrantes centroafricanos en
terreno de nadie, situaciones como abusos a mujeres dominicanas,
situaciones de racismo y xenofobia. La Comunidad Europea nos obliga a
tener una frontera, pero no debe ser una frontera que levante alambres de
espino en relación con el Tercer Mundo para que éste no venga a este
lugar europeo al que ven diariamente por televisión en cualquiera de sus
países en donde se encuentran en una situación miserable, que es como
están los países del Tercer Mundo, sobre todo en la zona del sur. Es
necesario plantear la tipificación como delito contra los derechos del
hombre y contra los derechos humanos del racismo y la xenofobia, no sólo
en relación con la extranjería, sino también con las minorías étnicas en
nuestro país. Hemos tenido brotes muy peligrosos en relación con la
población gitana en algunos lugares.
Le voy a plantear en esta comparecencia una información a la que hemos
tenido acceso, relacionada con las actividades racistas y neonazis. Los
próximos días 1 a 3 de octubre se reúnen en Madrid organizaciones
neonazis venidas de países europeos. Festejan el 50 aniversario del
ingreso de la Legión valona, norte de Bélgica, en la Armada de Hitler;
para que el hito sea completo, traen a León Degrelle, antiguo alto
dirigente de las SS, quien será homenajeado. Se reunirán aquí porque
parece ser que España es el único país de la Comunidad Europea en el que
se les autoriza y se les permite y, además, sirve para apoyar y
consolidar a grupos neonazis de nuestro país.
Desde Izquierda Unida queremos transmitir esta preocupación y esta
información al señor Ministro del Interior, pidiendo que se actúe, entre
otras cosas, para que no se autoricen actos que tienen como contenido y
objetivo una apología clara del racismo, de la xenofobia, de la
intolerancia. Es necesario también que se sepa que se pueden estar
editando en nuestro país en lengua alemana algunos materiales que se
prohíben en Alemania. Se deben tomar las medidas necesarias, entre otras
cosas, porque en Europa asistimos a un rebrote del nacismo y a unos
acontecimientos sobre los que España, con su tormentosa historia, en la
situación actual debería extremar las medidas para que no ocurrieran.
Es necesario, al mismo tiempo, terminar en esta
comparecencia planteándole, en el apartado de la Ley Electoral, donde se
habla de organizar una modificación, que a los emigrantes que voten se
les pague el gasto del envío de su voto. Hemos estado en Australia, en la
reunión de la Interparlamentaria, y hemos recibido a los representantes
de los residentes españoles en aquel lejano continente y nos cuentan que
todavía no han cobrado del Ministerio del Interior el costo del voto que
han emitido, cosa que se les prometió. La Ley existe, hubo ese
compromiso; a lo mejor no debía haberse incluido, porque votar es un
derecho, pero es muy importante que se garantice en cumplimiento de la
ciudadanía europea, que originó la modificación de la Constitución
Española, con nuestro voto favorable, porque hemos querido siempre que
los residentes voten en las elecciones locales, sean candidatos, sean
electores; es necesario que se le garantice a nuestra emigración en el
exterior el voto, así como que se les abone la cantidad que se había
estipulado, y, al mismo tiempo, que se corrijan algunos defectos que la
administración electoral tiene en nuestro país.
En el campo de la seguridad privada, también es necesario revisar la
aplicación de la Ley de Seguridad Privada por el volumen financiero, por
la cantidad de personas, por el papel que juegan en la protección de
servicios públicos, de edificios públicos, para que la vía pública quede
siempre en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no de
la seguridad privada.
Es también necesario que se investiguen algunos trabajos en esa
dirección. Que se clarifique el Estatuto de la policía local, que se
coordinen las transferencias a las policías autonómicas y que se haga un
diseño más racional del modelo policial en nuestro país. Como vamos a
tener tiempo de seguir planteando todos estos temas en esta V
Legislatura, y esperamos que se inicien las reuniones de esta Comisión
sin el ruido de los albañiles una vez que terminen de construir este
edificio, iremos explayando nuestras posiciones y discutiendo sobre estos
asuntos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Ministro, al comienzo de su
intervención situaba la primera parte de la información que hoy nos ha
suministrado como continuación de las líneas básicas expuestas en la
comparecencia del año 1990. Precisamente por ello, porque su propia
exposición toma la referencia para dar continuidad a las líneas básicas
del año 1990, a mí me gustaría recordar que, en aquella comparecencia, el
señor Ministro anunció para la legislatura pasada una serie de proyectos
legislativos, algunos de los cuales fueron desarrollados y aprobados en
la legislatura; sin embargo, hay proyectos legislativos anunciados
entonces y no cumplidos a lo largo de la legislatura y hubo también
proyectos legislativos del Ministerio del Interior no anunciados y
aprobados en la legislatura.
Entre los proyectos que en el año 1990 el señor Ministro anunció y que
luego, en la legislatura, no cumplió, están los decretos de plantillas,
la ley de segunda actividad y el reglamento de la Guardia Civil. Y entre
los no anunciados y cumplidos está justamente la Ley de Seguridad
Ciudadana. Eso hace, señor Ministro, que si tomamos como referencia el
planteamiento del año 1990 su comparecencia de hoy nos lleve a la
incertidumbre de si éstas van a ser las líneas básicas o, unas por
incumplimiento y otras por innovación, a lo largo de la legislatura
contemplaremos sorpresas o frustraciones como las de la legislatura
anterior. Por tanto, le rogaría que en ese sentido fuera más fiel
ejecutor de las líneas maestras que hoy ha traído al Congreso de los
Diputados.
Su señoría ha recorrido, como corresponde a su responsabilidad, cada una
de las áreas del Ministerio del Interior; pero la limitación de tiempo y
la valoración política, de importancia, de los temas que debemos hacer
los grupos parlamentarios, lleva al Grupo Parlamentario Popular a centrar
esta intervención de su comparecencia en los temas que a nosotros nos
parecen capitales en este momento en relación con la política del
Ministerio del Interior, anunciándole que próximamente solicitaremos una
comparecencia monográfica para tratar el tema de tráfico, porque creemos
que es un tema de suficiente entidad para tratarlo aisladamente y no
picotear con unas pinceladas que serían las que encajarían en el tiempo
que tiene este Grupo Parlamentario. Lo mismo en relación con la
protección civil y el juego.
En relación con el terrorismo, señor Ministro, poco que decir porque no
tenemos nada nuevo que añadir. Creo que hay una coincidencia básica en el
enfoque que todos los partidos políticos democráticos venimos
desarrollando en torno a los acuerdos por la paz de Ajuria Enea, de
Pamplona y de Madrid y, por tanto, en la medida en que el Gobierno afirme
o reafirme su convicción de mantener la estrategia basada en esos
principios, el Grupo Popular estará también al lado de las fuerzas
democráticas en el cumplimiento del espíritu y de la letra, repito, del
espíritu y de la letra, de los acuerdos por la paz que tan eficaces han
resultado para lograr los avances conseguidos en la lucha contra el
terrorismo y en el aislamiento de los violentos.
Nos queda el tema de la seguridad ciudadana, señor Ministro, que a
nosotros nos parece que es el tema capital, fundamental y el eje de las
responsabilidades del Ministro del Interior. El señor Ministro del
Interior, una vez más, se acoge a unas estadísticas de elaboración
propia; estadísticas que, por cierto -y eso lo reiteraremos en sucesivas
iniciativas parlamentarias en esta legislatura-, no conocemos las bases
de su elaboración; son fuentes propias, pero cómo se hacen esas
estadísticas en el seno del Ministerio del Interior para nosotros
continúa siendo un misterio.
Usted anuncia, señor Ministro, que se ha producido, en el año 1992, un
nuevo descenso de los índices de delincuencia. En los casilleros del
Congreso de los Diputados estos días -no hace mucho tiempo- nos han
entregado la Memoria que la Fiscalía General del Estado eleva al
Gobierno. En esta Memoria, señor Ministro, de nuevo se afirma que la
delincuencia ha crecido en el año 1992 y que mantiene la misma tendencia
de crecimiento que en
los años anteriores. Se dice exactamente: Así, durante el año 1991 se
incoaron 2.089.120 diligencias previas, lo que hace un total de 2.469.987
procedimientos. Durante el año 1992 el número total de diligencias
previas ha sido de 2.244.982, lo que arroja un total de 2.610.882
procedimientos, significando esta cifra, por lo tanto, un incremento del
5,70 por ciento, que es lo que, comparativamente hablando, la Fiscal
General califica de incremento de la criminalidad. Página 103 de la
Memoria recién distribuida entre los parlamentarios.
Por tanto, señor Ministro, yo creo que es hora ya de que salgamos de este
debate de estadísticas que, al final, puede llevar a la confusión y a la
ineficacia. Nosotros creemos que no hay una evolución sustancial en la
reducción de los niveles de delincuencia que son, con sus estadíticas o
con las de la Fiscalía, el doble de los niveles de delincuencia que había
en el año 1982. Se podrá discutir si están creciendo al 7, al 5 por
ciento, o descienden como usted dice, pero son el doble de los niveles de
delincuencia que había en el año 1982, con cualquier estadística.
Además, señor Ministro, con alguna otra peculiaridad. Por ejemplo, el
elevadísimo número de casos no esclarecidos. En esta misma Memoria se
afirma que, en el año 1992, de los 2.244.982 diligencias previas
tramitadas se archivaron el 61 por ciento; es decir, no han conseguido
ser esclarecidas el 61 por ciento de las diligencias iniciadas con motivo
de presuntos actos delictivos, lo cual quiere decir que no hay en estos
momentos unas referencias estadísticas fiables de mejora de la actividad
policial, que, por otra parte, se ratifican cuando uno examina, también
con estos mismos datos, los posibles efectos que ha podido tener la Ley
de Seguridad Ciudadana en la lucha contra el tráfico y consumo de drogas,
porque resulta que en el año 1992 las detenciones por tráfico y consumo
de drogas han disminuido con relación al año 1991: 27.713 frente a 28.581
del año anterior, e incluso los decomisos se han mantenido exactamente en
la misma cifra. Es decir, las estadísticas de la Fiscalía ponen de
manifiesto que el instrumento de la Ley de Seguridad Ciudadana cuando se
examina a la luz de los datos no parece suministrar datos positivos que
justifiquen la operatividad y la eficacia de esta norma, cosa que, por
otra parte, señor Ministro, al Grupo Parlamentario Popular no le
sorprende, porque alguna de las claves de la eficacia policial han venido
siendo disminuidas y reducidas a lo largo de estos años.
Usted nos ha dado datos globales de la inversión del Ministerio en
deteminadas direcciones generales, pero si descomponemos la evolución de
las inversiones, año tras año, nos encontramos con que las inversiones
reales en el Programa 222 A, de Seguridad Ciudadana, entre el año 1990 y
1993, disminuye en 9.000 millones de pesetas; bajan de 35.000 del año
1990 a 26.000 millones del año 1993. Y cuando se disminuyen las
inversiones en seguridad ciudadana se está afectando previsiblemente a la
eficacia. De la misma manera, en las actuaciones policiales en materia de
drogas se produce otra disminución proporcional en las dotaciones que en
el Programa 222 C estaban previstas para estos instrumentos eficaces de
lucha.
Como el tercer pilar de la lucha contra la delincuencia, que es la
presencia policial en la calle, no ha mejorado, es explicable,
razonablemente, que los índices de delincuencia no hayan cambiado de
signo y mantengan una tónica de aumento constante en la línea de los
últimos años.
Señor Ministro, el tema de la presencia policial en la calle es clave. En
los programas electorales de los años 1989 y 1993 de todos los partidos
políticos estaba el cumplimiento de ese compromiso de mayor presencia
policial en la calle, como estaba en los discursos de investidura del
Presidente del Gobierno, pero esa mayor presencia policial en la calle
sólo se ha podido llevar a la práctica de manera puntual ante los grandes
acontecimientos del año 92, y es verdad que, puntualmente, en Barcelona y
Sevilla se percibieron los efectos positivos y la eficacia de una mayor
presencia policial en la calle, cosa que en el resto del territorio
español con carácter general no se puede afirmar. Esa mayor presencia
policial en la calle no es posible porque la plantilla del Cuerpo
Nacional de Policía, lamentablemente, está disminuyendo. Los datos que el
Gobierno nos remite en las contestaciones a nuestras preguntas
parlamentarias ponen de manifiesto que la plantilla del Cuerpo Nacional
de Policía era de 56.000 hombres en el año 1986 y en la Memoria del
Ministerio del Interior del año 1992 se cifra la plantilla del Cuerpo
Nacional de Policía en 50.798 efectivos. Por lo tanto, está disminuyendo
la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía. Lo mismo la plantilla de la
Guardia Civil, que de 49.231 efectivos, en el año 1986, en el año 1991,
que es el último año en el que tenemos cifras precisas facilitadas por el
Ministerio del Interior, ha bajado a 48.925.
Señor Ministro, es necesario plantearse una mayor presencia policial en
la calle basada en una adecuación de las plantillas del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil a las necesidades del crecimiento de la
delincuencia. Y eso plantea algo que ya ha sido expuesto en otras
ocasiones por mi Grupo Parlamentario. No es posible conformarse con
reconocer que hay limitaciones en la capacidad de formación de policías y
de guardias civiles. Es necesario hacer un esfuerzo suplementario en los
sistemas de formación en las academias de ambos cuerpos, el de la Policía
Nacional y el de la Guardia Civil. Y frente a la posibilidad de sacar una
promoción al año, señor Ministro, basados en cursos académicos
convencionales, mi Grupo Parlamentario insiste y reitera la fórmula de
programar en los próximos ejercicios tres promociones cada dos años,
basadas en cursos de ocho meses para cada una de las promociones que
académicamente, desde el punto de vista de la formación, los expertos en
formación reconocen como suficientes para equiparar el nivel de formación
de cursos de nueve o diez meses. No es un esfuerzo que rebaje el nivel de
formación. Se puede hacer en ocho meses lo mismo que se está haciendo en
nueve o diez meses. Y ese esfuerzo lo demanda la sociedad española para
que el crecimiento de las plantillas de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional se acomoden a las demandas que, por otra
parte, figuran en los objetivos de los proyectos de plantillas que, en su
momento, ha ido barajando el Ministerio del Interior.
Finalmente, aunque esta consideración tiene un apartado aislado, a
petición de Izquierda Unida, me parece que no puede quedar fuera, al
hablar de las plantillas, la consideración de una opinión general sobre
la política del Ministerio y, por lo tanto, en todo caso, ahorraría el
tiempo suficiente en la intervención siguiente, puesto que no reiteraría
esta consideración.
Además de adecuar, en cuanto al número de efectivos, las plantillas es
necesario realizar despliegues adecuados a la realidad. Nosotros, señor
Ministro, no estamos de acuerdo con el proyecto de despliegue de la
Guardia Civil, que consiste en suprimir 1.000 puestos en toda España. Se
lo digo con toda claridad, porque no es homologable la eficacia que se
logra con el objetivo de aumentar el número de patrullas dedicadas a la
seguridad ciudadana, aunque sea duplicándolas de las 3.000 actuales a las
6.000 proyectadas, con el nivel de eficacia que supone la presencia en
cada una de esas localidades, pueblos y núcleos, con carácter permanente,
de esos efectivos de la Guardia Civil. Porque justamente, señor Ministro,
la eficacia de la Guardia Civil no se basa en tener muchos coches
dispersos circulando por muchos núcleos y haciendo muchos kilómetros. No,
señor Ministro. Usted sabe, porque es también la opinión de los expertos
que tienen la responsabilidad de dirigir la Guardia Civil, que lo
fundamental de la capacidad operativa de la Guardia CIvil es,
literalmente, en términos coloquiales del Cuerpo, hablar con la gente,
estar en contacto con la gente, convivir con la gente. No se trata de
tener más coches-patrulla por las calles; se pueden tener muchos más que
no conviven, que no se implican, que no tienen esa capacidad de
información, que no pueden establecer una red permeable que recopile
todos los datos y sea capaz de garantizar el nivel de información para la
prevención y la persecución de los delitos.
Señor Ministro, hay problemas en las casas cuartel y en los puestos de la
Guardia Civil, y es necesario hacer un esfuerzo para acomodarlos a las
necesidades y al nivel de vida exigible para todas las dotaciones de la
Guardia Civil, pero eso no se puede hacer suprimiendo 1.000 puestos de la
Guardia Civil en toda España, porque eso significa rebajar de manera
sensible el nivel de eficacia, el nivel de operatividad y, como
consecuencia, el nivel que, para garantizar la seguridad ciudadana, hoy
ofrece la Guardia Civil a la sociedad española y, muy particularmente, a
las zonas más marginadas de la misma en todas las prestaciones cívicas,
que son los españoles que viven en las zonas rurales de nuestro
territorio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Pérez Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: Señor Ministro, en primer lugar, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, queremos manifestar nuestro acuerdo, como
no podía ser menos, con lo manifestado por el señor Ministro sobre cuáles
van a ser sus líneas maestras de actuación y, en alguna forma, sobre cuál
ha sido su actuación desde la última comparecencia en el año 1990;
acuerdo y apoyo que creemos compartir con el resto de la Cámara, ya que,
después de lo oído en esta comparecencia, en mi opinión, salvo problemas
de matiz, hay un acuerdo general en cuáles deben ser esas líneas de
actuación.
Nuestro apoyo, sin embargo, y así queremos manifestárselo al señor
Ministro, no es un apoyo que no tenga matices; el matiz que querríamos
introducir es el ánimo crítico, que sin duda tiene el Ministerio pero que
nosotros querríamos mostrar a lo largo de toda la legislatura, de mejora
en los servicios policiales, de mejora sobre todo en alguno de esos
puntos clave en los próximos años de la sociedad española como puede ser
el problema de la extranjería, el problema de la xenofobia, el problema
del racismo, en los que, sin duda, el Ministerio del Interior tiene un
importante papel que desarrollar y que nosotros querríamos que fuera, en
la medida de lo posible, de solidaridad, de acogida, en definitiva, de
preocuparnos para que esos grupos que quieren llegar a nuestro país
pudieran encontrar la mejor acogida de la sociedad española.
Quisiéramos también -como sin duda va a hacer este Ministerio- que en
problemas tan serios como los que se van a plantear en cuanto a la
dispersión de la Guardia Civil, lugar de ubicación de cuarteles de
Policía Nacional, etcétera, primase, por encima de todo, por encima de
los intereses de cualquier grupo o localidad, un elemento de
racionalidad.
Voy a terminar ya porque no quiero extenderme más, pero, si se me
permite, querría decir al señor Alvarez-Cascos que en las encuestas que
él manejaba, enfrentando las del Ministerio del Interior con las de la
Fiscalía General del Estado, desde mi punto de vista, probablemente se ha
producido un error en su interpretación. La Fiscalía General del Estado,
cuando habla de las diligencias previas abiertas, incluye en las mismas
lo que es el elemento fundamental en cuanto a la importancia
cuantitativa, que son los accidentes de tráfico; es decir, todo lo que se
abre como diligencias en un Juzgado. Esas diligencias, además, tienen una
vida efímera porque, de acuerdo con la legislación vigente, al cabo de
dos meses deben archivarse, salvo que las partes hayan expresado su
derecho y, en ese caso, opción de presentar denuncia. Por eso, la vida de
las mismas, bien por arreglo entre las compañías de seguros o bien porque
no se han producido algunas de las circunstancias por la entidad del
accidente en orden a los heridos que se hayan podido producir y que
necesitan además unas determinadas cualificaciones, terminan en el
sobreseimiento; de ahí esa cifra del 61 por ciento que él atribuía a que
no se han descubierto los autores de las mismas, pero que sin embargo se
debe a que no tienen entidad penal y sí civil y que por eso se archivan.
Por tanto, yo creo que ahí no se pueden enfrentar, en orden al aumento de
delitos, llevándolo a la cifra de las diligencias previas abiertas en los
juzgados, que nada tiene que ver con la existencia de delitos, ni en
orden a que no se haya descubierto a los autores de los mismos, que no se
puede equiparar al sobreseimiento que se hace en el Juzgado, porque son
también dos conceptos que no podemos homologar de ninguna manera.
Muchas gracias, señor Ministro, por su comparecencia, y animarle para que
desde su Ministerio continúe su labor ya que, por lo oído a los distintos
grupos, no existe un especial descontento a la realizada desde el año
1990.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): El señor Romero plantea
la necesidad de que la Escuela Nacional de Protección Civil entre en
funcionamiento cuanto antes, he creído entender. En ella concibe muchas
esperanzas, cosa en la que estoy completamente de acuerdo, hasta el
extremo de que estamos acelerando la entrada, aunque sea en una primera
fase, para que empiece a cumplir esos objetivos. Si presupuestariamente
fuera posible, sería el primero en apuntarme a que se terminara cuanto
antes, porque yo también, como el señor Romero, valoro imprescindible esa
Escuela de Protección Civil, no sólo para formar expertos de ámbito
nacional sino, como él ha dicho, para formar, junto con las comunidades
autónomas y los ayuntamientos, a aquellos que se van a tener que encargar
a nivel local o a nivel comunitario de llevar adelante los planes de
protección civil del conjunto de la sociedad. Por tanto, nada que objetar
a lo que yo he entendido que ha dicho el señor Romero en esa materia que
no sea la intuición que tengo de que no será posible hacerlo a la
velocidad que quisiera por problemas presupuestarios, pero, en cualquier
caso, espero que este año entrará en servicio la primera fase de la
Escuela de Protección Civil.
Respecto de la protección civil, también ha hecho referencia a temas que
tienen que ver con el paso del Estrecho. El año pasado fui objeto de
muchísimas críticas, sin duda muchas de ellas con razón, en relación a
cómo se habían producido los acontecimientos del paso del Estrecho de
ciudadanos del Magreb. Les dije a SS. SS. lo que había ocurrido, les dije
cómo se había producido ese paso del Estrecho en 1991, y con satisfacción
podemos hoy ver que, al no haber cosas extrañas o imprevisibles en la
materialización de los planes de Protección Civil, de las áreas del
Ministerio del Interior, y también de ayuntamientos y de comunidades, e
incluso con los países de los que estos ciudadanos son nacionales, este
año creo que ha funcionado con normalidad, y es nuestra pretensión que en
el futuro todo transcurra con normalidad.
En todo lo que señala de avanzar más en temas relacionados con protección
civil estoy totalmente de acuerdo con usted, entre otras cosas porque nos
acordamos de la protección civil cuando llueve, en un orden falso
probablemente de prioridades. Si yo, mañana, diera una rueda de prensa
sobre protección civil, probablemente hablaríamos de terrorismo,
hablaríamos de delincuencia, pero lo de protección civil en dos minutos
quedaría listo. Por tanto, en todo aquello que suponga contribuir a
concienciar a la sociedad estoy totalmente de acuerdo con S. S., y vamos
a ver si cada día acertamos en mayor grado. Debemos tener en cuenta, no
obstante -y por eso participe usted-, que se debe de avanzar más, que es
una dirección general muy reciente; como SS. SS. saben, es algo que hemos
empezado a conocer y a organizar hace muy poquitos años. La Ley que da
origen a ese cargo en la Administración es recientísima.
También estoy de acuerdo con usted en que hay que aumentar la dotación de
la Guardia Civil de Tráfico; a mí me gustaría aumentarla mañana mismo. No
puedo. Pero no sólo la Guardia Civil de Tráfico, me gustaría que algunos
de los servicios que demanda la sociedad estuvieran hoy -y lo estarán-
mejor dotados; por ejemplo, la que tiene que ver con la conservación de
la naturaleza que allí donde tiene no digo suficiente dotación, que
probablemente en ningún lugar la tiene, pero donde existe se están
obteniendo resultados espléndidos, e incluso en los lugares donde más
presencia existe en los últimos tiempos se detecta un descenso, por
ejemplo, en el número de incendios. Por tanto, es una prioridad también
aumentar la plantilla o la dotación en esas llamémosles nuevas áreas
policiales que creo yo entroncan perfectamente con lo que son las
prioridades que la sociedad cree que debemos de atender, y también la
Guardia Civil del Mar, que tiene dos problemas para situarse en el número
que yo juzgo conveniente: uno es la dificultad -y, por tanto, la
tendremos que desarrollar en el tiempo-, de suficiente dotación en medios
humanos; y otro es presupuestario, de suficientes recursos
presupuestarios para poder abordar lo que supone un importante número de
embarcaciones para cuidar debidamente nuestro litoral.
Respecto del aumento de la Guardia Civil de Tráfico y de su cada día
mejor formación, yo tengo depositadas muchísimas esperanzas en la escuela
de tráfico que se está construyendo en Mérida, que permitirá la formación
de esa unidad de la Guardia Civil cada día mejor y que posibilitará no
sólo eso sino, si las cosas van como preveo y espero luego contestar,
poder aumentar paulatinamente la dotación de la Guardia Civil de Tráfico.
Completamente de acuerdo con usted en los temas de publicidad de
automóviles, aunque no sean cuestiones que caen de lleno en mis
competencias, pero sería, como usted, el primero en empujar en esa
dirección, como asimismo educar e, incluso, profundizar más en la
educación que se está haciendo en temas que tienen que ver con tráfico.
También en juego, porque es cierto que aunque se transfieran las
competencias puede haber alrededor de eso algunas actuaciones no acordes
con la ley de las que no podemos abdicar, pero eso no se transfiere y,
por tanto, naturalmente tendremos que tenerlo presente, con aquellas que
queden en el Ministerio; lo único que ocurrirá es que no habrá un
Director General para atenderlas sino que irán a otro departamento o a
otra dirección, que serán de las pocas que queden en relación con estos
temas.
Compartimos afición en el tema de los toros, y claro que habrá una
coordinación e incluso habrá una competencia porque la propia ley en
temas de sanciones,
dependiendo de cuáles sean éstas, sigue manteniendo competencias del
Ministro que, en este caso, no se transfieren; por tanto, la capacidad de
recursos, etcétera, está en los términos que fija la ley, y eso no se
transfiere.
En relación con esto, me gustaría decir algo, y usted también lo ha
dicho. Hay que asegurar la integridad de la fiesta de los toros. Al final
ésta desaparecerá, si es que desaparece -yo creo que no desaparecerá
nunca- cuando no haya afición, cuando desaparezca el entronque que yo
creo que tiene esta Fiesta con los ciudadanos en múltiples pueblos y
ciudades de nuestro país. El tema del fraude y a la espera de saber qué
ocurre durante 1993 con los expedientes abiertos en esta ocasión y hasta
ahora por presuntas manipulaciones de las astas de toros, sí debo decir
que yo he presenciado este año muy pocas, pero en anteriores ocasiones
algunas corridas de toros en algunos lugares donde probablemente no se
tendrían que haber celebrado. ¿Por qué? Porque aparentemente era tan
visible que aquello no estaba como debía estar que probablemente se
tendrían que haber suspendido. La pregunta es ¿quién suspende una corrida
de toros en un pueblo porque un veterinario llegue a la conclusión de que
previamente ha podido estar manipulada un asta? El primero que le empuja
para que no suspenda es el alcalde; el alcalde, los concejales, las
peñas... Porque, ¿qué ocurre si se queda esa tarde sin corrida de toros?
Puede pasar cualquier cosa y, claro, a veces se hacen conscientes de que
existen razonables dudas de que está ocurriendo lo que está ocurriendo.
Vamos a ver cómo acaban los expedientes abiertos este año porque debo
decir que aquello que los aficionados sospechaban que podría ser el lugar
por donde se colara el fraude no ha sido así, no ha habido ganaderos que
hayan llamado a los funcionarios públicos para decir: este toro tiene un
asta deteriorada, vamos a retocarla porque sigue sirviendo; no le han
llamado, por tanto, no ha habido autorización legal para hacerlo, ni creo
que ocurra en el futuro porque dudo que alguien llame a la Guardia Civil
para decir que van a retocar el asta a un toro y que esté vigilando cómo
lo hacen.
Coincido con usted en los temas de blanqueo de dinero, aunque me permito
añadir lo siguiente: es fundamental la lucha contra el blanqueo de
dinero, sobre todo en aquello que sea dinero negro y mucho más en aquel
que sea consecuencia de hechos delictivos, sin ninguna duda. Ya he dicho
que se está especializando a funcionarios de policía a fin de que tengan
mayor cualificación profesional para poder luchar contra el blanqueo de
dinero, pero a ustedes y a la sociedad les tengo que decir que esto no es
nada fácil. Aquí puede aparecer dinero que ha sido blanqueado en
cualquier otro país del mundo; incluso hay algunos lugares donde las
facilidades para poder hacerlo son extraordinarias, lugares que no están
bajo nuestra jurisdicción y que, por tanto, o se hace en cooperación con
otros países o no habrá forma de ser eficaces, lo cual no quiere decir
que en un momento determinado una línea de investigación puede dar un
resultado positivo. Hablando en serio de este problema o aquí se produce
cooperación internacional o no habrá eficacia en la lucha contra el
blanqueo de dinero. Esto no quiere decir que no hagamos todo lo que
tengamos que hacer, y algunas de las cosas que hemos hecho es poner a
disposición de la Fiscalía mayor número de funcionarios policiales para
que se produzca en ese lugar la investigación con las mayores garantías
de éxito que se puedan producir.
Si me preguntan cuál es mi criterio, yo debo señalar que mi criterio es
adscribir más unidades a fiscales de tal forma que los jueces hagan la
instrucción. Esa es mi opinión, lo cual no excluye que se adscriban
también a jueces, pero entiendo que el futuro debe ir por la adscripción
de unidades policiales a los fiscales.
En el tema de salarios, S. S. ha planteado que hay una discriminación, y
yo lo suscribo. Hay funcionarios de policías locales y de comunidades
autónomas con niveles salariales más altos que la Policía o la Guardia
Civil. Aquí tengo que puntualizar algo. Los funcionarios policiales que
ejercen su función, por ejemplo, en el País Vasco no tienen menos
ingresos que los funcionarios de la Policía autónoma que ejercen su
función en esa Policía, aunque todos sabemos cuáles son las razones de
eso, pero es necesario puntualizar.
En segundo lugar, yo estoy convencido de que no es igual ejercer la
función policial en Madrid que en una ciudad pequeñita (no voy a decir el
nombre para que no se moleste ningún funcionario policial) que tiene
menos índices de delitos y otra estructura, e incluso donde el acceso a
la vivienda es mucho más barato que en Madrid, en Barcelona, en Valencia
o en otros lugares de España. No es igual trabajar de una forma que de
otra; no es igual prestar el servicio vigilando, por ejemplo, el
Ministerio del Interior que estar en un ZETA patrullando por Madrid de
noche. Por tanto, ¿qué hemos venido haciendo hasta ahora? Lo que hemos
venido haciendo hasta ahora, con un crecimiento por encima de lo que
cifran los Presupuestos Generales del Estado en el capítulo 1 (aunque
bien es cierto que la consideración de ese ingreso no está en las bases,
sino en los específicos o en pluses), ha sido tratar de distinguir las
condiciones en que se presta el servicio. ¿Eso es una barbaridad? ¿Es una
barbaridad decir que el funcionario policial que presta el servicio en un
ZETA, en Madrid, gana más que el que trabaja de día? Yo creo que no. El
problema es que, como hay una insatisfacción, que soy el primero en
reconocer, la pretensión de los sindicatos es que todo lo que se haga
tenga carácter horizontal y que, por tanto, el crecimiento de los
salarios sea exactamente el mismo, con independencia del lugar donde se
presten los servicios.
Como usted ha hecho referencia a aquellas épocas pasadas, a qué ocurría
oído el órgano representativo, le diré algo que ya decía yo entonces.
Recuerdo que cuando un tornero se quejaba de que ganaba menos que un
calderero, yo le decía que si el torno lo pusiéramos en los cascabeles
del horno alto ganaría igual que el calderero, pero mientras estuviera en
un taller con aire condicionado no podía ganar lo mismo que el calderero.
¿Por qué? Porque el calderero estaba en los cascabeles del horno alto y
no es lo mismo trabajar en unas condiciones de peligrosidad, de
toxicidad, que hacerlo en unas condiciones distintas, a igualdad de
cualificación. Pues me parece que aquí
sucede lo mismo; tendremos que conjugar las posibilidades de subidas
horizontales que afecten a todos los funcionarios policías y de la
Guardia Civil con la especificidad de aquellos que están en unas
condiciones peores, porque el puesto, que no el policía, debiera tener en
sí mismo unas retribuciones que las cobra el que está en ese puesto de
trabajo.
Usted ha señalado una discriminación que voy a ver si se puede corregir,
porque para esto, señorías, hay que contar con la voluntad de todos, no
sólo la mía o la de los sindicatos. Hay una discriminación más allá de
cuánto gana uno y cuánto gana otro; hay niveles distintos que debiéramos
solucionar. No parece razonable que la Policía local tenga el nivel 14 y
que un Policía nacional tenga el nivel 12, pero eso no es el sueldo,
porque el sueldo no sólo es el nivel, sino los pluses, y si algún
ayuntamiento se vuelve loco yo no me puedo volver loco; un ayuntamiento
se puede volver loco si tiene 10 policías locales y no sé lo que puede
hacer con los salarios, pero cuando hay 50.000 una locura de esa
naturaleza no hay quien la pague. Por tanto, tendremos que hacerlo con
cuidado.
Este año fue posible hacer no el 100 por ciento de lo que estaba pactado,
pero sí aproximadamente la mitad, y no se hizo porque, como no daba
satisfacción, diría que no encontré acogida entre los sindicatos para
poder hacerlo. Estábamos hablando de no menos de 6.000 millones de
pesetas. Creo que, con la comprensión de mi compañero de Gobierno, el
Ministro de Hacienda, podré volver a recuperar la posibilidad que tuve en
los primeros meses de este año, y si vuelvo a tener esa posibilidad
trataremos de corregir una de las discriminaciones que se produce en este
momento en el nivel. Esa es mi intención, señoría, con las dificultades
presupuestarias que tenemos en este momento.
No participo con usted respecto al modelo policial y a los planteamientos
de Izquierda Unida sobre los temas de la Guardia Civil, pero hemos tenido
muchas oportunidades de discrepar. En este momento, constato que seguimos
discrepando.
Respecto a los temas de inmigración en Melilla que ha señalado S. S., yo
no puedo aceptar que algún ciudadano se encontrara en tierra de nadie.
No. Lo que ocurrió fue que no estaban en territorio español y, como no
hay tierra de nadie en la frontera, si no estaban en territorio español
estaban en territorio marroquí. Así de sencillo. Lo que pasa es que aquí,
como se funciona con estereotipos, a alguien se le ocurrió decir que
estaban en tierra de nadie y se ha quedado esa expresión. No, no; estaban
en territorio marroquí, y España y este Ministro solucionaron el problema
no porque estuvieran en tierra de nadie. Entraron en España no porque
estuvieran en tierra de nadie, sino porque había un problema llamemos
humanitario que atender, y reconozco que en este momento todavía no hemos
solucionado algunos casos, pero después de haber estado con
organizaciones no gubernamentales, concretamente con la CEAR, hace pocos
días, espero poder remover las trabas que se produzcan para solucionarlo.
Respecto a los problemas con ciudadanas dominicanas, señoría, habrá que
convenir que ha sido la propia Policía, la propia Brigada de Política
Interior, la que lo ha detectado e investigado durante mucho tiempo,
porque una cosa es tener la convicción moral y otra poder aportar las
pruebas necesarias para tratar de depurar las responsabilidades en las
que haya podido incurrir cualquier funcionario, gestiones e
investigaciones de las que me siento plenamente satisfecho, porque nadie
debe comerciar con nadie, con personas, y mucho menos con la necesidad de
las personas.
Respecto a garantizar el cobro de gasto del voto, daremos cumplimiento al
compromiso, y vamos a ver si lo hacemos con celeridad, porque creo que
tiene razón.
¿Defectos en la administración electoral? Pues, señoría, no es mi
competencia. Aquí también ocurre algo curioso; cada vez que hay un
problema, por ejemplo en el censo, se acuerdan del Ministro del Interior,
pero es que el Ministro del Interior no hace el censo. A veces da la
impresión, a mí en muchísimas ocasiones, de que uno administra casi todos
los potenciales desastres del país, y cuando se produce uno dicen: ¿de
quién es? De éste. Pues no, ese no es mío, y además tampoco es del
Gobierno, porque no vaya a ser que alguien sonría diciendo: es que se lo
está echando a otro compañero de Gobierno. No; no es del Gobierno la
competencia en la administración electoral.
Respecto al tema de la seguridad privada, yo participo con S. S., pero
una de las iniciativas que tomamos fue la ley, que gozó de un respaldo
parlamentario importante, y debemos cumplirla y hacerla cumplir; por
tanto, cualquier deficiencia en ese sentido que suponga una crítica por
parte de S. S. no tendré más remedio que aceptarla.
Creo haber contestado a todo.
Señor Alvarez-Cascos, algunas de las iniciativas tomadas en la
legislatura anterior tienen que ver con la necesidad imperiosa que uno
puede llegar a tener de contar con instrumentos que juzga plenamente
constitucionales y que preservan la seguridad individual y colectiva para
dotar de instrumentos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Segundo. El hecho de que algunas iniciativas parlamentarias comprometidas
no se hayan llevado a la práctica en la anterior legislatura tiene que
ver con el adelanto de las elecciones en este año porque si no se
hubieran cumplido. Hay una de las que S. S. señala que ya había estado en
Comisión de Subsecretarios y, por tanto, entrarán en el Parlamento,
espero que con la mayor brevedad y tienen que ver con temas de segunda
actividad, con el Reglamento de la Guardia Civil.
¿Cómo solucionamos el problema de las estadísticas? Permítame que le diga
lo siguiente, primero una afirmación: hay más delincuencia en 1993 que en
1982. Nada que objetar. Hay o había más delincuencia en 1982 que en 1975
y que en 1978 y, desde luego, en 1978 había mucha más que en 1927. Pero
esto no es algo propio de España. En Estados Unidos hay más delincuencia
hoy que hace veinte años y que hace cinco, y en el Reino Unido y en
Alemania... Hay una preocupación extraordinaria en toda Europa y de cómo
está creciendo el número
de delitos en un momento en el que en España están descendiendo. Esto
¿tiene que generar autosatisfacción? No. Pensar que algo tiene que ver
uno en que eso ocurra le da a uno un poquito de alegría, pero si cuando
uno puede tener una alegría tampoco le van a dejar que la tenga... No
puede ser. Cuando me reúno con el Ministro del Interior inglés o con el
francés que tienen una preocupación porque allí aumentan, y yo les digo
que aquí están descendiendo, me preguntan qué hacemos. ¿Esto cómo es?
Lo que hace falta es poner en cuestión las estadísticas. La estadística
que maneja el Ministerio del Interior es la misma del año 1983, la misma
de 1984, la misma de 1985, la misma de 1987, la misma de 1979 y la misma
de 1980. Entonces no se sacaba el informe de la Fiscalía General del
Estado. ¿Por qué? Porque esa encuesta decía que crecía. La encuesta nos
dice que desciende levemente, pero desciende. Con Gobiernos socialistas
decía que crecía y entonces el Gobierno decía: crece, y todo el mundo se
lo creía. Pero das una buena noticia, dices que desciende y se piensa:
vamos a ver cómo complicamos la visión de que desciende y entonces
cogemos el informe de la Fiscalía.
El portavoz del Grupo Parlamentario ha dicho algo evidente y es que esas
diligencias a diferencia de llevarle como le lleva al señor
Alvarez-Cascos a la pretensión primero de que hay un aumento y en segundo
lugar un descenso de eficacia, es justo lo contrario, porque si dice que
de los dos millones y pico de diligencias el 61 por ciento se archiva, se
archiva no porque no se esclarezca, se archiva porque no es un delito (El
señor Alvarez-Cascos pronuncia palabras que no se perciben). Sí señoría,
en una buena parte, pero no solamente actuaciones de tráfico, sino otras
muchas actuaciones y diligencias en las que intervienen los jueces que no
son o no tienen origen en un delito. Por tanto ¿qué deberíamos hacer, no
tanto para que usted y yo nos ahorremos esta discusión, sino para que si
es posible dejemos de producirla y lo que hagamos tenga crédito en la
ciudadanía? Yo estoy dispuesto, con la Fiscalía General del Estado o con
quien ustedes quieran, a coger y someter a revisión la encuesta.
En el caso del Ministerio del Interior no es una encuesta, es la
recopilación, la suma de todas las denuncias que se producen. ¿Se puede
hacer más que sumar todas las denuncias que se producen? Yo creo que no
puede hacer más que sumarlas, claro que si se quiere poner en duda
siempre aparece una tercera consideración y es que hay quien es sujeto de
un delito y no lo denuncia, con lo cual nunca, nunca, podremos decir:
¡hombre ya hemos dado con la encuesta! Resulta que cuando uno va dando
datos dice: es que hay ciudadanos que no lo denuncian. No, la verdad es
que ha descendido y lo ha hecho entre otras cosas porque han sido años de
repunte económico y cuando las cosas van bien en lo económico va más
gente a los toros, va más gente a los espectáculos y se delinque menos.
Cuando se entra en una etapa de recesión corremos el riesgo de que haya
un repunte de la comisión de delitos. Para no hacer bascular sólo sobre
las Fuerzas de Seguridad, yo estoy preocupado en este momento por dos
cosas: porque puede haber un repunte y porque hay una delincuencia que
cada vez se hace detener con mayor dificultad. Hemos detectado que hay un
tipo de delincuencia que tira con pistola a los funcionarios con mucha
más facilidad que antes o con mucha más propensión; por tanto, aparecen
nuevos riesgos para los funcionarios y aparece un tipo de delincuencia de
una dureza extraordinaria a la hora de ser detenida por funcionarios de
la policía. Esas dos cosas sí tengo que trasladarlas a S. S. porque son
ciertas y causan una enorme preocupación en las Direcciones tanto de la
Policía como de la Guardia Civil, y en todo el Ministerio.
Me señala usted que ha habido un descenso en el número de detenidos en
relación con temas de tráfico de droga. En sí mismo como S. S. ha dado la
cifra, pone de manifiesto que la cosa no está mal, que es importante,
27.000 ó 28.000 relacionados con tema de droga no es una cosa menor, son
cifras importantes. Yo creo que se ha movido en términos razonablemente
iguales, pero ha aumentado la eficacia en el esclarecimiento de los
delitos. No lo he traído aquí porque no era motivo de esta comparecencia
pero como S. S. ha dicho que planteemos comparecencias específicas,
traeré los datos que demuestran que ha habido un aumento en la eficacia
policial en relación con los esclarecimientos de delitos.
Participo con usted con que es fundamental la presencia policial en la
calle. Es muy importante la presencia policial de quienes no parecen
policías, eso es para otro tipo de delitos, pero para dar seguridad
-sensación de que existe- es importante e incluso para que los
delincuentes, sobre todo el que se dedica al menudeo no tenga una
presencia impune en las calles, pero tenemos en la calle todo lo que
podemos, señoría. Entre otras cosas estamos valorando y hemos hablado con
los sindicatos para ver la posibilidad de que aquellos funcionarios
públicos que pasan a segunda actividad no se queden en un puesto que
puede ser ejercido por personas de esa edad. Pasar a segunda actividad a
un hombre con cincuenta y cinco años que pudiera estar o que puede estar
vigilando un edificio y quitando a un joven para tenerle en la calle,
debiera ser algo que pudiéramos hacer ¡ojalá lo podamos hacer! Mientras
no podamos hacer cosas de esas, sacar a todos los funcionarios que están
haciendo o desarrollando una función que puede ser ejercida por un
ciudadano que no tenga la condición de funcionario policial debiera ser
algo previo a contemplar un aumento de plantillas.
Podemos mirar para hacer en dos años tres cursos, podemos mirarlo siempre
que no baje el nivel de formación de los funcionarios, pero es probable
que S. S. tenga razón sobre que técnicamente es posible, solapando y no
perdiendo ningún mes, aumentar el número de candidatos a ser policías y
guardias civiles y, por tanto, aumentar las plantillas. Eso sólo tiene un
límite; si técnicamente es posible, tendrá, si cabe, un límite
presupuestario. No tiene otro límite porque es cierto que tenemos que
hacer un esfuerzo en aumento de dotacion, pero es el que estamos
haciendo. Hace unos años, en la Escuela de Avila se formaban 500
policías, se pasó a 700 y el año que viene saldrán 1.200. Es decir, en
poquitos años, una escuela
que estaba concebida para 500 la hemos pasado a que pueda formar a 1.200.
En segundo lugar, tenemos una coyuntura que debemos contemplar. Hay unos
años en los que van a pasar muchos funcionarios a segunda actividad, pero
luego van a entrar en una velocidad de crucero más razonable. Por lo
tanto, debemos atender esa punta que tiene que ver con una época en la
que se formaba a los policías en tres meses; se formaron en muy poco
tiempo muchos policías y vamos a tener una punta de pase a segunda
actividad que tenemos que solucionar. Pero, señoría, aun con todo y con
eso, debo decir que es sensiblemente igual el número de funcionarios de
policía que hay en este momento al que había cuando yo llegué a esta
responsabilidad. En el año 1989 teníamos 56.661; en el año 1992 teníamos
54.800; algo más en 1993; y en 1994 espero tener 54.964. Si tenemos en
cuenta que se han desplegado policías autónomas en este período de tiempo
en Euskadi, que se empieza a desplegar policía autónoma en Cataluña,
debiéramos de sumar lo que teníamos sin policía autónoma en Cataluña y en
el País Vasco y lo que tenemos hoy con los funcionarios que debieran de
estar en el País Vasco, para hacer las cuentas igual. Por tanto, si
sumáramos eso, en 1994 tendremos más policías que los que teníamos cuando
yo llegué a esta responsabilidad en 1988. No vamos a dejar de sumar la
Policía Autónoma Vasca, porque si no hubiera Policía Autónoma Vasca ahí
estaría desplegada la Policía Nacional. Tenemos que sumar por lo menos
una parte, no digo toda, porque si fuera Policía Nacional, probablemente
serían menos.
Guardia Civil. El esfuerzo que se ha hecho en la Guardia Civil es
notable, señor Alvarez-Cascos. Me podrá decir que hay que hacer más. Ya
he dicho que habrá que hacer más esfuerzo. Pero a partir de 1989 las
convocatorias de ingreso en el Cuerpo fueron incrementándose, respecto de
las bajas, de una forma notable. En 1989 se incrementaron, respecto de
las bajas, en 1.000; en 1990, en 2.000; en 1991, en 2.000; en 1992, en
2.000, y en 1993, en 1.630. De tal forma que las previsiones a 31 de
diciembre de 1994 es que tendremos 9.084 guardias más que el 31 de
diciembre de 1988.
Voy a ser un poquito más prudente porque no sé cuántos podremos meter el
año que viene, aunque no serán menos de las bajas que se produzcan, para
decir que el número que tendremos a 31 de diciembre de 1994 no será
inferior a 7.000, por encima de los que teníamos en 1988. He dicho que
necesitamos más para tráfico, para el servicio de la naturaleza, para la
Guardia Civil del Mar y para que se queden en la calle. Pero ¿no le
parece razonable, señor Alvarez-Cascos, que antes de aumentar el gasto
veamos si tenemos un despliegue correcto?
Dice S. S. que no está de acuerdo con la previsión de supresión de 1.000
cuarteles de la Guardia Civil. No está de acuerdo en 1.000 pero no sé si
estará de acuerdo en 800 ó 700. Lo que no es posible es que se pueda
defender con rigor que debemos tener un despliegue de la Guardia Civil
como el actual, entre otras cosas porque la proximidad de cuarteles
obedece a que la pareja de la Guardia Civil iba andando y tenía que tener
un lugar a ocho kilómetros porque era lo que andaba. No es posible tener
en un radio de acción de 15 kilómetros cinco cuarteles de la Guardia
Civil, señoría, en los que sólo hay fuerzas suficientes para cubrir el
servicio de puertas del cuartel.
¿Qué garantía tiene un ciudadano de que velan por su seguridad tres
guardias civiles que están en su cuartel y que cada uno tiene que estar
ocho horas en la puerta? Si le ven será cuando está fuera de servicio y
va a tomar un vino o un pote al bar. Pero será cuando está fuera de
servicio. ¿Puede ser desalentador para un delincuente el hecho de que
allí haya una casa cuartel? Es probable, pero no es razonable tener a
4.000 funcionarios de la Guardia Civil haciendo guardia en la puerta,
cuando a esos 4.000 los podemos tener en la calle. Yo no abdico de tratar
de convencerles a usted y a su Grupo de que es necesario que contemplemos
ese despliegue y de que lleguemos en la Cámara a la conclusión a la que
podamos llegar. No trataré de eludir la responsabilidad del Gobierno,
porque, al final, tendrá que hacer lo que cree que tiene que hacer, pero
lo que sí digo es que intentaré que alcancemos un acuerdo en la Cámara.
Hay cuarteles donde no se detiene a nadie o se detiene a uno, donde no se
hace una diligencia o se hacen tres al año. Con esos datos habría que
llegar a la conclusión de que donde ocurre eso no nos podemos estar
gastando dinero. Porque el otro razonamiento del que no ocurre porque
están, no se puede mantener porque, de verdad, no están. Además, tenemos
otro problema que solucionar y es el número de horas que trabaja la
Guardia Civil. No podemos mantener una situación donde la insuficiencia
de medios, que nunca podrán ser suficientes, haga que los miembros de la
Guardia Civil, en un lugar donde están tres o cuatro, trabajen cuarenta y
cinco o más horas. Además, si alguno se pone enfermo, aunque nada más sea
para suplir la vigilancia de la puerta, tienen que doblar, y aquí no se
pagan horas extraordinarias. Tenemos que solucionarlo, señoría, porque si
no no estaremos haciendo las cosas bien.
Creo que eso es todo. Muchas gracias por las explicaciones que respecto
de algunos temas ha dado el representante del Grupo Socialista y quedo a
reservas de cualquier comparecencia específica que crean necesaria los
grupos parlamentarios.
También quiero mostrarles mi satisfacción por un hecho. He dicho en mi
comparecencia que actualizaré las tasas del Ministerio con los costos, es
decir, actualizaré las tasas, adjuntando una memoria económica de por qué
se ajustan, y estoy ampliamente satisfecho de que eso que he dicho en la
comparecencia no haya merecido la crítica de los grupos en la Cámara. (El
señor Alvarez-Cascos pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez-Cascos, sabe de sobra que no hay
réplica, so pena que sea por alusiones.
Tiene la palabra exclusivamente para hablar del tema de diligencias y por
un tiempo de tres minutos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Pérez Mariño, señor Ministro,
cada año la Fiscalía
General cambia algo la estructura no de sus encuestas, sino de sus
estadísticas, que es distinto. De encuentas ha hablado el señor Pérez
Mariño. La Fiscalía habla de estadísticas y dice que de las 2.256.481
diligencias del año 1992, hay archivadas por no ser constitutivas de
delito 349.000 -son muy pocas, señor Ministro-; declaradas faltas,
177.000; archivadas por no ser conocido el autor- y en los delitos de
tráfico se conoce el autor 1.376.000. Pero si vamos a las de años
anteriores, donde estas cifras se desglosan, señor Pérez Mariño, en el
año 1991 el 67,28 por ciento de la criminalidad nacional son delitos
contra la propiedad; los delitos contra la vida aumentaron en el año
1991; los delitos contra la libertad sexual experimentaron un discreto
aumento; los delitos contra la libertad y la seguridad aumentaron un
16,29 por ciento; los delitos contra la seguridad interior del Estado
pasan de 23.000 a 24.000; también experimentan un aumento de las figuras
de falsedades; los delitos contra la seguridad del tráfico permanece
inalterado y se observa que bajan los delitos contra el honor.
Quiero decir, señorías, que, por ejemplo, en el año anterior, también
recoge la Fiscalía que los delitos contra la propiedad son más de un
millón. Tratar de devaluar la importancia de estas estadísticas diciendo
que son problemas de compañías de seguros y de tráfico, creo que es,
señor Pérez Mariño, sencillamente, no haberse leído las memorias de la
Fiscalía e intentar aquí, en este rifirrafe parlamentario, colar un
argumento para echarle un capote al Ministro.
Señor Ministro, supongo que en la Fiscalía también suman, y en estos
momentos hay dos estadísticas -no dos encuestas-, la suya y la de la
Fiscalía: en una se dice que la delincuencia en España está en descenso y
en otra, la de la Fiscalía, que en el año 1992 ha aumentado un 5,70 por
ciento. Si le parece, es un bonito tema para ponernos todos a trabajar y
resolverlo, pero no para descalificar las cifras que cita la oposición.
El señor PRESIDENTE: El señor Pérez Mariño tiene la palabra también por
tres minutos.
El señor PEREZ MARIÑO: También por alusiones.
El señor Alvarez-Cascos acaba de citar unas cifras, que yo no las tengo,
pero, así, de cabeza, me parece que supone el 14 por ciento.
Aproximadamente, de los dos millones y algo que ha dicho de diligencias
abiertas en la Fiscalía, trescientas y pico mil son de tráfico, es decir,
el 14 por ciento, aproximadamente, haciendo grandes números, y el señor
Ministro ha dicho que descendían los delitos en un cinco por ciento. Es
decir que con las cifras que acaba de citar el señor Alvarez-Cascos -y
hablo sin tenerlas presentes- se produciría un descenso con respecto a
las producidas por la Fiscalía. (El señor Alvarez-Cascos pronuncia unas
palabras que no se perciben.) Le ruego que esté callado, señor
Alvarez-Cascos, no me interrumpa.
En segundo lugar, el señor Alvarez-Cascos quizá no ha realizado nunca una
estadística judicial y debería saber que, por el mismo hecho, es
especialmente frecuente que se abran dos diligencias en distintos
jugados; por el mismo hecho es perfectamente frecuente que se abran en el
mismo juzgado varias diligencias, solamente porque cualquiera de los
participantes en el hecho delictivo ha producido sendas denuncias, que
después se acumulan. Yo le invitaría al señor Alvarez-Cascos que
comprobase «de viso», en los juzgados cómo se hace la estadística
judicial, que le preguntase a sus compañeros de escaño que tienen
práctica judicial y se enterase de que las estadísticas judiciales es lo
menos fiable que nos podemos encontrar, porque no es sumar. Cuando uno
tiene, por ejemplo, un accidente de tráfico en Guadalajara y se viene
para Madrid ese mismo día, nos podemos encontrar con que hay unas
diligencias en Guadalajara, producidas por la Guardia Civil de Tráfico,
con que hay otras diligencias en Madrid de donde es, y si además tiene un
pariente que se va ese mismo día para Galicia, pues presenta otra
denuncia en Galicia, y se sabe por todos los que están en el mundo
judicial que es una cosa harto frecuente y que después se produce la
acumulación consiguiente. En cualquier caso, sólo de los dos millones
trescientas y pico mil que citó debe retirar las trescientas y algo mil
-es decir, aproximadamente un 14 por ciento- y, entonces, ya entraríamos
en cifras un poco más adecuadas.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la Comisión durante cinco minutos.
(Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Corcuera Cuesta): Con muchísima brevedad,
señorías.
Estamos aquí hablando y sumando -siento que no esté el señor
Alvarez-Cascos, pero no voy a plantear ninguna polémica- cosas distintas.
Un delito puede tener más de una diligencia y, por tanto, estaríamos
sumando todas las diligencias y no sumando sumandos iguales. Pero si
encontramos un procedimiento para que no entremos en esta polémica, yo me
someto a él. Creo que el mejor procedimiento es sumarlos. Es decir, no
hay ninguna diligencia cuando no hay denuncia. Por tanto, sumemos las
denuncias y asegurémonos de que sumamos todas. Es decir, quitemos de los
temas que tienen que ver con seguridad ciudadana denuncias de un
ciudadano, por ejemplo, que ha sufrido una estafa de no sé quién. Eso da
origen a diligencias judiciales pero no tiene que ver con la seguridad
ciudadana, por ejemplo.
El señor Romero me apunta un tema que me he olvidado y tiene razón, es el
de los neonazis. No será la primera vez que hemos prohibido actos de la
extrema derecha, incluso cuando han venido de fuera. Continuaremos de
igual forma, prohibiendo lo que nos conste que puede dar facilidades para
que se creen condiciones xenófobas, racistas o incluso peores. Nos
gustaría estar acompañados en estas prohibiciones de todo el mundo; entre
otras
cosas que, cuando hagamos una prohibición, no nos levanten la
prohibición. Eso sería lo deseable.
Respecto a algo que usted ha dicho, en lo que tiene razón y nos está
preocupando -es el tema de publicaciones-, estamos investigando dónde se
han producido algunas publicaciones que no se pueden hacer, por ejemplo,
en Alemania y que tenemos más de un indicio de que se han producido en
España. Probablemente eso dé lugar a algunas modificaciones legislativas,
naturalmente muy cuidadosas, para impedir que determinadas publicaciones
puedan hacerse en nuestro país. Por tanto, participo con usted de esa
prohibición. Asimismo, tomo nota de lo que usted ha dicho para ver en qué
circunstancias se encuentra esa posible reunión a la que usted ha hecho
referencia.
El señor PRESIDENTE: Señorías, en el orden del día, pendientes de
información y debate, como es el caso de la proposición no de ley que
obra al final del orden del día, quedan todavía cinco iniciativas, y es
voluntad de la Presidencia terminar hoy con el debate de todo el orden
del día; por tanto, es un ruego de esta Presidencia, no ya que se atengan
a los diez minutos que van a tener los distintos portavoces para la
exposición, sino que incluso limiten más el tiempo de exposición, ruego
que, evidentemente, hago también al señor Ministro del Interior.
- PARA DAR CUENTA DE LAS PREVISIONES Y GRADO DE APLICACION DEL PLAN
ESTRATEGICO DEL ESTADO MAYOR POR EL QUE SE PREVE EL CIERRE DE CASI MIL
CUARTELES Y PUESTOS DE LA GUARDIA CIVIL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 213/000002.)
El señor PRESIDENTE: El punto número cuatro del orden del día es la
comparecencia, a solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, del Ministro del Interior para dar cuenta
de las previsiones y grado de aplicación del Plan Estratégico del Estado
Mayor por el que se prevé el cierre de casi mil cuarteles y puestos de la
Guardia Civil.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor Presidente, es
probable que mis intervenciones, sobre todo cuando se me piden
explicaciones, sean largas; trataré de ahorrarles lo que no es
sustantivo.
En primer lugar, señoría, debo señalar que ya no existe Estado Mayor en
la organización de la Guardia Civil, a partir de la reestructuración de
la Dirección General llevada a cabo por el Real Decreto 107/1991, de 1 de
febrero.
Debo señalar también que éste es un tema del que ya informé en otras
ocasiones en la anterior legislatura, y concretamente, una vez, a
instancias de un Diputado de su mismo Grupo Parlamentario, el señor Núñez
Casal, en sesión de 19 de mayo de 1992. Dije entonces que el actual
despliegue de la Guardia Civil, que, con ciertas modificaciones, data
casi desde la creación del Cuerpo en el siglo pasado y obedece a las
características de la sociedad de aquel tiempo, hoy es, en mi opinión,
absolutamente incorrecto. Con el actual despliegue no se satisfacen
correctamente las necesidades de los ciudadanos en el ámbito territorial
donde ejercen sus funciones, ni se pueden mejorar las condiciones de
trabajo de los funcionarios del Cuerpo, ya sea en vivienda o en horario,
ni la Guardia Civil puede prestar debidamente las competencias que tiene
atribuidas. No se pueden mantener casi 3.000 cuarteles cuando en más de
1.000 únicamente se alcanza a hacer el servicio de puertas, cuando en
algunos casos hay una duplicidad de policía y Guardia Civil, cuando
muchos están a una distancia tal como si todavía se tuviera que ir
andando y cuando en algunos sitios, lo único que queda es el cuartel de
la Guardia Civil. Es decir, que hay sitios, créanme, señorías, donde lo
único que queda es el cuartel de la Guardia Civil. Hubo un caso en que se
hizo una obra pública, creo que era una presa, se puso un cuartel, por un
problema de inseguridad porque fue después de la guerra civil, y ahí
estaba el cuartel todavía.
Por tanto, efectivamente, se ha estudiado hacer un despliegue distinto,
adaptado tanto a las necesidades actuales como a los medios con que se
cuenta. Ese despliegue está realizado; se analizaron más de 3.000 casas
de la Guardia Civil; es decir se ha analizado el número de personal que
hay, el que sería deseable, los delitos que se cometen en la zona, las
diligencias que se tramitan en ese cuartel, en definitiva, se ha
analizado todo, no sólo las que proponemos cerrar, sino todas y cada una
de ellas y, como consecuencia, hay una propuesta que espero poderla
discutir con SS. SS. con la suficiente tranquilidad.
Para cada uno de estos casos se analizó exhaustivamente el índice y las
características de la delincuencia a través de las diligencias y
atestados instruidos, la extensión de la demarcación, la población, la
distancia de los puestos próximos, dónde era más operativo efectuar la
concentración, así como los medios personales y materiales necesarios
para prestar adecuadamente el servicio.
Los objetivos del nuevo despliegue son: establecer puestos de diez
guardias civiles como mínimo, lo que a su vez permitirá mantener activado
el puesto de forma permanente e incrementar la presencia policial en toda
la demarcación, mejorar la investigación de los delitos e incrementar la
posibilidad de reacción de los puestos ante cualquier emergencia, lo cual
redundará en una mejora de la seguridad ciudadana. También permitirá
mejorar las instalaciones, optimizar el empleo de medios de transporte y
transmisiones y mejorar las condiciones laborales del personal del
Cuerpo.
Como consecuencia de la aplicación de los criterios antes señalados en la
reorganzación de la zona y de las agrupaciones de tráfico de la Guardia
Civil, unidades sobre las que descansa la operatividad del Cuerpo, se han
obtenido las siguientes conclusiones: Se considera necesario suprimir
1.017 puestos y crear 80 nuevos, lo que
significa pasar de los 2.936 actuales a 1.999; la reducción de puestos
será, pues, de 937. Significa un ahorro inmediato de personal de 4.685
guardias, al suprimir el servicio de puertas que requiere una dedicación
de cinco guardias por unidad o, si no son guardias, serán horas en que
guardias suplen a los que no existen. Si queremos de verdad que la
Guardia Civil tenga el horario que tiene la Policía Nacional debemos
considerar cinco guardias por puesto. De la misma forma, 937 comandantes
de puestos, sargentos o cabos, pasarán a incrementar los efectivos de
otros puestos más operativos.
Respecto a la Agrupación de Tráfico, se suprimen 12 destacamentos, se
crean otros 12 distintos y se fusionan 16 destacamentos de autopistas con
otros ordinarios limítrofes, con una disminución real de 16
destacamentos.
El porcentaje de distribución actual por funciones de las plantillas de
las comandancias en seguridad ciudadana, autoprotección, logística y
burocrática se modificaría, pasando a ocuparse de la seguridad ciudadana
el 71 por ciento del personal, frente al 54 que se ocupa actualmente.
Fíjense qué cifras, se pasa del 54 por ciento actual al 71 por ciento, en
la propuesta que yo haré a SS. SS. con toda serie de detalles.
La ejecución del nuevo despliegue se ha planteado por medio de
actuaciones progresivas a corto, medio y largo plazo. A corto plazo,
estaría prevista la supresión de 424 puestos y la creación de tres; la
creación de 18 equipos de Policía Judicial y de seis unidades
penitenciarias; la supresión de servicios estáticos en delegaciones de
Hacienda y el establecimiento de un nuevo sistema de intervención de
armas. A medio plazo, está previsto suprimir 150 puestos; suprimir los
servicios estáticos en la sede del Banco de España, que serán sustituidos
por guardias en reserva activa; la asignación de plantillas a unidades
según las previsiones del despliegue; reestructurar el despliegue y
plantilla del Servicio Fiscal del Cuerpo y readaptar algunas unidades a
las necesidades operativas derivadas de la aplicación del Convenio de
Schengen. A largo plazo, se continuará con la supresión y creación de
unidades, se suprimirán los servicios en los centros penitenciarios, se
desarrollarán plenamente las especialidades y se completará el desarrollo
del Servicio marítimo.
Se trata, sin duda, de una importante reorganización de la Guardia Civil,
que se basa en un profundo estudio sobre las necesidades que existen en
los distintos ámbitos en los que este Cuerpo ejerce sus funciones,
articulando la forma más operativa y eficaz de ejercerlas. Y, además,
añado: originaría automáticamente una modificación en el despliegue de la
Policía Nacional, porque una de las cosas que tenemos que conseguir es
que alguna de las creaciones que se hicieron... ¿Por qué no decirlo todo?
Cuando el Ministerio del Interior no tenía competencias en la Guardia
Civil, en algunos lugares donde estaba desplegada la Guardia Civil el
Ministro del Interior desplegó a la Policía sobre la que sí tenía
competencias, y además me parece que lo hizo bien, quien lo hiciera, lo
hizo bien, porque al estar mandando o tener responsabilidad sobre
seguridad ciudadana y no tener competencias sobre un cuerpo que está
ejerciendo esa función, probablemente no encontraría en aquel momento
otra solución que desplegar más policía, pero en este momento no es
posible continuar con la presencia de Policía y de Guardia Civil en una
misma ciudad. Es mejor tener más guardias civiles si sigue la Guardia
Civil, o tener más policías si sigue la Policía. Esa es la única
pretensión que tiene este estudio y que tiene esta propuesta. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente había cuarteles de la Guardia Civil en
muchos lugares, entre ellos en algunos cortijos. Mi abuelo paterno nació
en un cuartel de la Guardia Civil de un cortijo a las afueras de
Antequera que era propiedad del Ministro Romero Robledo, el gran elector,
«El pollo antequerano» le llamaban a dicho Ministro porque era un
Ministro de Cánovas que solía ganar las elecciones de una manera muy
particular en la España de la época. Pero existía un cuartel de la
Guardia Civil allí y en otros cortijos grandes cuando la Guardia Civil se
utilizaba para servicio privado y para garante de las propiedades de los
terratenientes en Andalucía, y también en otros lugares; no sólo en los
pueblos, sino que también en los cortijos existían puestos y cuarteles de
la Guardia Civil.
Nosotros hemos solicitado esta comparecencia porque estamos preocupados
con este despliegue, con este cierre de cuarteles, con este plan
estratégico. En mi Grupo han pensado con buen criterio que todos los
planes estratégicos los elaboran los estados mayores, aunque es verdad
que ha desaparecido ese Estado Mayor y figura así en la petición de
comparecencia. Nosotros estamos preocupados porque hay muchas zonas
rurales que no son pequeñas poblaciones, como ocurre en algunas
comunidades autónomas, sino pueblos de entidad, de 2.000, de 3.000
habitantes, pueblos importantes con preocupación por fenómenos nuevos
como es la entrada de la droga en las zonas rurales, que ha entrado más
tarde que en las zonas urbanas, y donde tiene importancia el papel de los
alcaldes, el papel de las comunidades rurales en el planteamiento de que
se mantenga la presencia de la Guardia Civil en su zona. Es verdad que
hay problemas de vivienda y de horario, pero hay problemas de vivienda
que aumentan al concentrarlos. Por eso se podría llegar -y ésta es la
propuesta concreta que nosotros queremos hacer en esta convocatoria- a
discutir este plan de manera sosegada con las juntas de seguridad en cada
provincia, con presencia de los alcaldes y de los gobernadores civiles,
con esa audiencia para reorganizar los servicios que se pueden establecer
a nivel comarcal o a nivel de zona. Se puede mantener, por ejemplo, un
día abierto el cuartel de la Guardia Civil para pasar revista de armas,
para estar presente en las denuncias de algunas localidades, y la
presencia en algunos núcleos rurales es fundamental que se mantenga; es
decir, de los 937 cuarteles o puestos
de la Guardia Civil que se piensan cerrar o dejar inactivos para
reagruparlos y organizarlos utilizando vehículos «todoterreno» u otro
tipo de vehículo con un radio de acción mayor para su desplazamiento,
sería necesario que se mantuviera la posibilidad de que en el cuartel,
con un apoyo importante de los ayuntamientos, la Guardia Civil siguiera
recibiendo, se incorporara por la mañana al puesto cercano de la comarca
donde van a desarrollar el servicio, volviera a ese cuartel de la Guardia
Civil por la noche y algunos días a la semana prestaran servicio. Sería
una solución mixta que facilitaría el horario, en lugar de tener a tanta
gente haciendo las puertas en los cuarteles de la Guardia Civil, que
tuvieran mejores condiciones y que se agruparan los efectivos. Pero es
muy importante que en algunas poblaciones que, repito, no son aldeas de
200 o de 100 habitantes, sino que son núcleos de población que tienen
entidad, se pensara en organizar la actividad y los patrullajes a nivel
general manteniendo la existencia del cuartel y su apertura como centro
de la Guardia Civil algunos días a la semana. Esa sería una fórmula que
nosotros estaríamos dispuestos a discutir de manera serena con el
Ministerio del Interior. Ya se lo hicimos llegar al Director General de
la Guardia Civil en una entrevista con alcaldes de la provincia de Málaga
afectados por esta medida del cierre de los cuarteles que se anuncia en
algunas poblaciones de Andalucía y también en otros lugares. Ese es
nuestro planteamiento y nuestra preocupación.
En resumen, he de decir muy brevemente que nosotros estaríamos dispuestos
a estudiar la aplicación de ese plan, que es necesario reagrupar a la
Guardia Civil, que es necesario organizar esas misiones en un ámbito más
amplio que el de las localidades pequeñas, pero que hay localidades que
tienen mucha entidad y cuyos vecinos se movilizan para evitar que
desaparezca el puesto de la Guardia Civil.
También hay dificultades para obtener información sobre la delincuencia,
para la entrada y salida de noche, para los delitos generales, para los
delitos de la droga, porque hay ciudadanos que no utilizan el teléfono
para llamar al puesto de al lado o de la comarca, que no ofrecen una
información de ese tipo y, sin embargo, en la convivencia diaria con los
guardias civiles del pueblo sí se mantiene una información y un
conocimiento de los problemas con un efecto disuasorio muy importante con
la presencia de la Guardia Civil en estas zonas.
Resumiendo y concretando, nuestra petición de comparecencia consiste en
aplicar de manera discutida un plan que podría concretarse con un sistema
no tan drástico de cierre definitivo de 937 cuarteles de la Guardia
Civil, analizando paso a paso y comarca a comarca, a lo que nosotros
estaríamos dispuestos. Si se aplicara de manera tajante, tal y como está
en el mapa, con ese estudio que se ha hecho que técnicamente y con las
estadísticas se avala y se defiende, nosotros creemos que va a ocasionar
muchos problemas, muchos desacuerdos, en algunas ocasiones naturales del
ayuntamiento y de toda la gente que firma y que no quiere que la Guardia
Civil se vaya de su pueblo, y en otras ocasiones muy fundamentado que
tendría nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente, intervengo para, tal
como anuncié en la comparecencia anterior, dar por reiteradas mis
palabras en relación con este tema y, por economía de tiempo, no consumir
más del que necesita la Comisión para otros asuntos. Las doy por
reiteradas en este punto del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Presidente, intervengo brevemente para
manifestar la posición del Grupo Socialista que es absolutamente
comprensiva con el plan elaborado por la Dirección General de la Guardia
Civil. Creo que estamos ante un supuesto de necesidad, de reorganización,
de despliegue logístico de esta importante fuerza al servicio de la
seguridad ciudadana que parece que tiene una coherencia lógica. El
Ministerio está intentando superar un modelo que tiene más de cien años y
parece que en cien años se han producido los suficientes cambios, tanto
en los medios con que cuenta la Guardia Civil como en la nueva tipología
de la delincuencia, como en el proceso de despoblamiento que
inevitablemente está sufriendo nuestro país y de concentración urbana,
que seguramente exige este planteamiento que hace el Ministerio del
Interior.
Por otro lado, creemos que es necesario -creo que ésa está siendo la
actitud del Ministerio y es la que comparte el Grupo Socialista- que ese
plan, ambicioso plan, que seguramente redundará en beneficio de la
eficacia de la Guardia Civil, se desarrolle con el máximo consenso
político posible teniendo en cuenta que en estas cuestiones hay, sin duda
alguna, más allá de lo que la lógica y el estudio que ha determinado este
plan podrían hacer pensar, intereses políticos que pueden afectar a todos
los grupos. Desde nuestra perspectiva y habiendo oído algunas de las
intervenciones que se han producido aquí, no deberíamos hacer la
respuesta ante este problema por una mera intuición o por un mero dejarse
llevar por esa respuesta psicológica que se produce cuando en algún
pueblo o municipio, por muy pequeño que sea, se cierra aparentemente un
edificio que presta un servicio público. No estamos hablando de la
supresión de la presencia de la Guardia Civil en los núcleos sino de un
cambio a la hora de instrumentar esa presencia.
Permítanme terminar con alguna reflexión que me parece que pudiera ir en
la línea de una mayor coherencia con lo que se ha pedido, en general, por
la mayoría de los grupos, en especial por el Grupo Popular, en cuya
posición ante este tema nos parece advertir una
contradicción. Para que pueda haber más presencia policial, y creemos que
en esa petición se incluye a la Guardia Civil, parece absolutamente
necesario que «saquemos» -dicho entre comillas- a la Guardia Civil de la
necesidad de estar presentes en los cuarteles, dado el enorme número de
ellos, y que puedan estar patrullando, vigilando los caminos, vigilando
las comarcas, vigilando la naturaleza, que es, evidentemente, una de las
tareas llamadas importantes a cumplir por la Guardia Civil. Por
consiguiente, creemos que es más coherente este modelo, que exigirá sin
duda alguna el consenso necesario, con lo que la sociedad está
reclamando, más allá -insisto- de la respuesta psicológica o el interés
político electoral coyuntural de un modelo que ciertamente parece estar
periclitado, aunque sólo sea por los años que tiene de vigencia. En ese
sentido, el Grupo Socialista ratifica su apoyo y su deseo de que el plan
cumpla la finalidad de esa nueva eficacia de la Guardia Civil y que tenga
el máximo posible de consenso con todos los agentes territoriales,
ayuntamientos, grupos políticos, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro del Interior, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Con muchísima brevedad,
señorías. He hablado de acciones a corto, a medio y a largo plazo. He
dicho que un nuevo despliegue acarrea, entre otras cosas, construir
ochenta instalaciones nuevas, porque no es una cuestión de cerrar y no
preocuparse de qué es lo que ocurre. Hay instalaciones que pasan a ser
algo así como cabeceras de comarca, que no tienen infraestructura para
poder atender dicho fin, y, por tanto, hay que hacer ochenta
instalaciones, que no las podemos hacer de la noche a la mañana. Por
consiguiente, hay operaciones a corto, a medio y a largo plazo. En
segundo lugar, yo no quisiera que esto se politizara, en absoluto. ¿Por
qué? Porque es tan evidente que podemos poner a más de 4.000 guardias
civiles a trabajar en la calle, dejando de hacer servicio en la
instalación, que eso no debiera admitir ninguna duda. ¿Dónde prestará
mejor servicio? En la calle, no en la instalación. No puede ofrecer duda
alguna. En tercer lugar, puede haber algún acuartelamiento en el que, por
la significación de la ciudad, porque se juzgue importante, pueda estar
equivocada la propuesta de cierre. Conclusión: hemos suspendido la
aplicación, hemos suspendido el que en ese tipo de acuartelamiento se
ponga en práctica este nuevo despliegue. Señorías, no podemos esperar,
entre otras cosas, porque tenemos a los funcionarios trabajando muchas
más horas de las que trabaja el común denominador de los trabajadores de
este país. En los puestos de la Guardia Civil que tiene una dotación de
tres miembros, esos tres guardias civiles trabajan muchas más horas de
las que uno puede entender que son razonables. Tenemos que abordar este
tema y, para ello, les haré una propuesta. A la máxima urgencia, nos
pondremos en contacto con la Presidencia de la Comisión y daremos a la
Comisión una explicación pormenorizada de cuál es el despliegue, los
pormenores y el estudio previo, que se hizo durante un año, de por qué se
llega a esa conclusión, qué es lo previsto a corto, a medio y a largo
plazo. Buscamos el acuerdo; si éste no es posible, nos quedaremos frente
a nuestra responsabilidad, que es algo de lo que no podemos abdicar. Eso
es lo que yo les propongo, una explicación de cómo se solapa el
despliegue de la Guardia Civil y los efectos que tiene en la Policía,
porque, entre otras cosas, utilizaremos mejor los recursos de la Policía.
¿Por qué decimos que a largo plazo tiene que desaparecer en casi todo la
vigilancia en prisiones? Pues, señorías, porque si tenemos un guardia
civil en una prisión que, cuando va a haber una fuga, no puede usar sus
medios o no los usa, después de haberle tenido formándose durante nueve
meses, tenemos a un funcionario frustrado, porque no ha sido formado para
estar vigilando una prisión; ha sido formado para ofrecer sus
conocimientos en mayor grado a la sociedad. Si hay una alternativa a eso,
porque las prisiones se pueden vigilar de otra forma -no digo por medios
privados, digo siempre por medios públicos-, no por un guardia civil. A
un vigilante de prisiones se le puede formar en tres meses, o en menos.
Para formar a un guardia civil se necesitan nueve meses y un año de
prácticas. Yo les propongo exponerles todo lo que tenemos y buscaremos el
mayor consenso. Ojalá que éste se produzca. Si no se produce, quedaremos
frente a la responsabilidad de tomar decisiones. Eso es lo que yo les
propongo. Por tanto, si están de acuerdo, yo consultaré con la Mesa de la
Comisión cuándo puede celebrarse esa sesión, que ya les adelanto que será
un poco larga.
- DE LAS CIRCUNSTANCIAS OCURRIDAS EL PASADO DIA 1 DE AGOSTO DE 1993, EN
EL TRANSCURSO DE UNA CARGA POLICIAL ANTE LA CASA DE SOCORRO DE SAN
CRISTOBAL DE LOS ANGELES, VILLAVERDE (MADRID), EN LA CUAL RESULTARON
HERIDOS CINCO AGENTES DE POLICIA Y DOS VECINOS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 213/000045.)
El señor PRESIDENTE: Quinto punto del orden del día, comparecencia del
Ministro del Interior, a solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para dar cuenta de las
circunstancias ocurridas el pasado día 1 de agosto de 1993, en el
transcurso de una carga policial ante la Casa de Socorro de San Cristóbal
de los Angeles, Villaverde (Madrid), en la cual resultaron heridos cinco
agentes de Policía y dos vecinos.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señoras y señores
Diputados, efectivamente, señoría, el día 1 de agosto pasado se
produjeron graves incidentes en la Casa de Socorro de San Cristóbal de
los Angeles cuando un numeroso grupo de personas que protestaban por el
cierre del centro, decidido por la
autoridad municipal, y que impedía la salida del personal sanitario del
mismo se enfrentaron con miembros de la Policía, de quien estas personas
habían solicitado ayuda. De los incidentes ocurridos se instruyeron las
oportunas diligencias, que fueron remitidas el mismo día 1 a la autoridad
judicial. A la vista de que, de las declaraciones prestadas en las
diligencias por las personas implicadas en los hechos, se desprendía una
posible actuación irregular del inspector que mandaba la unidad que
intervino, se adoptaron de inmediato dos resoluciones. De una parte, se
relevó del mando de la unidad al funcionario señalado; de otra, se le
inició expediente disciplinario por posible falta administrativa de
carácter grave, sin perjuicio, como es obvio, de la responsabilidad penal
en la que, en su caso, hubiera podido incurrir. Señoría, ésta ha sido la
actitud de la Dirección de la Policía ante estos incidentes: reacción
inmediata ante una posible actuación irregular y adopción de medidas
contra aquellas personas que posiblemente hubieran incurrido en ellas.
Señalado lo anterior, no considero necesario alargarme, dada la hora, en
cómo ocurrieron los hechos porque entiendo, entre otras cosas, que S. S.
tendrá conocimiento seguro de ellos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Romero tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Nuestro Grupo Parlamentario se hizo eco de esta
actuación, desproporcionada, con un comportamiento irregular, con riesgo
para la integridad de los propios funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía que intervinieron y de los vecinos, que organizaron una protesta
vecinal en torno a una decisión municipal, en Villaverde, el día 1 de
agosto. En esa línea, a nosotros nos parecía conveniente solicitar esta
comparecencia, y así lo hicimos, aunque tuvimos conocimiento, a través de
los medios de comunicación, de esa actuación del inspector que mandaba la
fuerza, considerada irregular y a todas luces causante de una situación
que pudo terminar de manera más trágica aún de como terminó, con los
heridos que se produjeron en estos hechos. Nosotros creemos que se actuó
con corrección, que estos expedientes deben continuar,
administrativamente hablando, hasta ver qué opina la autoridad judicial.
Trasladando este debate del «Diario de Sesiones» de nuestra Comisión de
Interior y Justicia a la Asociación de Vecinos y al personal que se vio
implicado en estos hechos se dan las garantías necesarias de que cuando
se actúa de forma irregular se toman medidas por parte del Ministerio del
Interior. Quiero saludar esta iniciativa en nombre de Izquierda Unida y
trasladaremos a la gente que recurrió a nosotros esta comparecencia y
esta información, dada en sede parlamentaria, con esta apertura de
expediente al inspector que mandaba las fuerzas de seguridad aquel día.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen intervenir? (Pausa.) El
señor Baón tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor BAON RAMIREZ: Sólo quiero hacer una puntualización al señor
Ministro. Respecto del informe que le han pasado y que se refería al
cierre de una Casa de Socorro, es lo cierto que era un cierre tan sólo
por vacaciones. Como quiera que es de competencia municipal del
Ayuntamiento de Madrid, debo precisar que era tan sólo por un mes ese
cierre.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor De
la Rocha tiene la palabra.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Muy brevemente, quiero agradecer, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, la información del señor Ministro,
que este Grupo conoció en su momento con amplitud, porque apareció en la
prensa de Madrid, en los medios de comunicación y en el barrio de
Villaverde, donde está situada la Casa de Socorro que el Ayuntamiento de
Madrid, en una decisión que fue criticada por los vecinos, decidió
cerrar, aunque fuera temporalmente. A mí me parece que este pequeño
conflicto -voy a hacer una brevísima reflexión- podemos también situarlo
en el marco de una idea que ayer se expresó aquí. El Estado de Derecho
-aunque éste es un conflicto menor- está siempre siendo objeto de examen,
en este caso de un examen cotidiano pero sobre un tema de poca entidad:
conflictos sociales donde tiene que intervenir la fuerza pública, donde
tienen que intervenir las fuerzas de seguridad -me consta que las
instrucciones fueron que se actuara de manera pacífica-, donde se produce
una actuación desproporcionada o irregular de un funcionario y,
automáticamente, de manera inmediata, hay una reacción diligente y rápida
de los mandos del Ministerio del Interior adoptando medidas, como se han
explicado, yo creo que enormemente correctas. En ese sentido, quiero
alentar al Ministro del Interior a que, por una parte, incremente la
acción formativa de esos mandos que en algunos casos no asumen la
responsabilidad de garantizar las libertades de todos los ciudadanos,
también de los que protestan, y, en segundo lugar, quiero felicitarle
porque esa actuación diligente y rápida es la garantía de que cuando se
produce una disfunción, los ciudadanos saben que el Ministerio del
Interior no está para taparla, sino para garantizar los derechos de
todos.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Con muchísima brevedad,
señor Presidente, para mostrar mi total disposición a rectificar lo dicho
en el sentido expresado por el señor Baón. Y, en segundo lugar, y por
último, quiero poner también de manifiesto la actuación, que queda
nítidamente reflejada, la actuación correcta de los demás funcionarios
policiales, según se desprende unánimemente de todos los que
intervinieron en estas diligencias.
- SOBRE EL ESTADO DE RESOLUCION DE LAS SOLICITUDES FORMULADAS AL AMPARO
DEL REAL DECRETO-LEY 4/1993, DE 26 DE MARZO, POR EL QUE SE AUTORIZA EL
RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ROTURA DE LA
PRESA DE TOUS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000064.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al número 6 del orden del día: Comparecencia
del Ministro del Interior, última de las comparecencias del día de hoy
del señor Ministro, a solicitud también del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para informar sobre el
estado de resolución de las solicitudes formuladas al amparo del Real
Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, por el que se autoriza el
resarcimiento de los daños causados como consecuencia de la rotura de la
presa de Tous.
El señor Ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Sin que la brevedad sea
ninguna falta de delicadeza -porque tengo muchos folios preparados,
señorías-, estoy seguro de que lo sustantivo que quiere conocer quien me
interpela es cómo está la situación en este momento -no el Real
Decreto-ley-, qué es lo que se ha hecho, etcétera.
Para articular el procedimiento indemnizatorio que decidieron SS. SS. al
aprobar el Real Decreto-ley, que abarca la cifra nada desdeñable de
29.130 expedientes presentados, a fecha del 14 de septiembre, se ha
requerido la dedicación de medios humanos y materiales importantes, que
han atendido las solicitudes de los afectados, los han registrado,
estudiado y analizado. Una vez evaluado y extractado cada expediente, se
ha elevado al Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana para la
cuantificación de la compensación al damnificado y firma del impreso del
convenio transaccional correspondiente. Este es remitido al interesado a
fin de que preste su conformidad o aceptación de la propuesta que, en el
supuesto de ser positiva, se remite a la Dirección General de Protección
Civil para libramiento de las cantidades acordadas. Finalmente, y a
efectos de la renuncia a toda reclamación indemnizatoria, se remitirá uno
de los ejemplares firmados por el interesado a la Audiencia Provincial de
Valencia.
Todo el complejo procedimiento iniciado, la urgencia del mismo y el
volumen de afectados, ha hecho necesaria la creación de una
infraestructura administrativa especial y puntual para este supuesto, en
cuya composición ha colaborado la Generalidad Valenciana. Para darnos una
idea del trabajo realizado y del estado de la situación actual, diré que,
a fecha de 14 de septiembre, habían sido presentadas un total de 29.130
solicitudes, de las cuales 29.060 lo hicieron en el plazo marcado por el
Real Decreto-ley y 70 fuera de éste. En este punto hay que hacer constar
que un gran número de solicitantes ha presentado, por diversas razones,
su solicitud por duplicado, habiendo sido detectadas hasta el momento
1.134. De acuerdo con estos datos, prevemos que sean alrededor de 27.000
el número de expedientes a tramitar. Hasta el momento, 8 de septiembre,
podemos hacer la siguiente enumeración de cifras: Número de convenios
ofrecidos al damnificado: 7.339, por un importe económico de 2.963
millones de pesetas; convenios aceptados: 4.227; convenios pagados:
2.510, por algo más de 1.000 millones de pesetas; convenios en propuesta
de pago: 1.102, por una cuantía cercana a los 500 millones; convenios en
trámite: 615. La diferencia entre ofrecidos y aceptados corresponde no a
desechados sino a convenios pendientes de contestación por parte de la
persona a la que se le ha ofrecido.
En cuanto al índice de aceptación de convenios a fecha 14 de septiembre,
puedo señalar que se han tramitado 7.339 propuestas de convenio, de los
que hasta la fecha indicada han respondido 4.843, de los cuales 3.612 -es
decir, el 74,58 por ciento- han sido aceptados por el interesado, lo que
nos hace pensar que el índice de aceptación final alcanzará cifras muy
próximas al 90 por ciento.
Teniendo en cuenta el ritmo de trabajo actual, estamos en condiciones de
asegurar que durante la primera quincena de diciembre puede haber
finalizado el grueso de esta labor, aun cuando es previsible que quede un
pequeño número de expedientes, cuya específica complejidad dilate o pueda
dilatar algo en el tiempo la solución definitiva.
Tengo que terminar, señoras y señores Diputados, reiterando mi interés
personal por la pronta tramitación y resolución de los expedientes, así
como mi satisfacción por el gran esfuerzo que está desplegando la
Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, el grupo de
funcionarios puestos a su disposición, que están realizando, creo yo, su
labor con la máxima celeridad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: En cuanto a los datos aportados por el señor
Ministro en esta comparecencia, son datos que agradecemos y que
seguramente serán muy importantes al conocerse públicamente por el
conjunto de los afectados y de la opinión pública en el País Valenciano,
y a nivel general, porque en España se siguió muy de cerca todo este tema
de la presa de Tous, del juicio, de la indemnización, y hubo un debate en
el Pleno de la Cámara en torno a este asunto, donde se tomaron las
decisiones. Pero de 29.130 expedientes, aunque nosotros entendemos la
complejidad de su elaboración, el esfuerzo y la colaboración establecida
con la autonomía del País Valenciano para conseguir articularlos y
recogerlos, en la práctica se han pagado 2.510, aunque hay otra serie de
tramos, de convenios propuestos que están en marcha.
Esa famosa frase, tan española, «qué hay de lo mío», es
una frase que se sigue repitiendo en la zona del País Valenciano y que
nosotros queremos que se deje de repetir tanto porque la gente está muy
agobiada; son gente modesta en su gran mayoría y han tenido daños
irreparables. Este tema viene de muy lejos. Es verdad que se acuerda y se
instrumenta el crédito extraordinario para resarcir de estos daños, para
proceder a las indemnizaciones, pero cuando se trata de dinero público
hay que ver los temas con rigor; rigor no está reñido con la necsidad de
agilizar de manera importante estas indemnizaciones. Se aprobó, además,
en vísperas de unas elecciones generales y es necesario que el Estado,
que las instituciones democráticas, por el prestigio de la
Administración, una vez celebradas las mismas, agilice el cobro a la
gente que tiene derecho a ello.
Nosotros hemos planteado esta comparecencia movidos por la inquietud de
Esquerra Unida del País Valenciá para que se dé a conocer a la opinión
pública cómo está la tramitación y se le dé un impulso. Ese era el
objetivo de nuestra comparecencia. También quiero decir que todavía hay
una cantidad enorme de expedientes sin resolver, que sería malo que
coleara este asunto un año o dos años más en nuestro país,
independientemente de que haya flecos, y que el recurso de los afectados
a los tribunales dé a éstos, como corresponde, la última palabra en el
campo del litigio que mantienen con los poderes del Estado, con el
Ejecutivo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el
Grupo Popular el señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Ministro, para nosotros el asunto que nos
ocupa tiene que ser necesariamente enmarcado -y así nos lo piden los
propios damnificados- dentro del contexto general de lo que el Real
Decreto significa, como lo que el Gobierno quiso que fuera teóricamente,
esto es, la solución última, la solución definitiva a las consecuencias
ocasionadas por la ruptura en su día de la presa de Tous.
Nosotros ya dijimos en su momento -y es conveniente reiterarlo hoy aquí
por lo que diré al final- que el texto de este Real Decreto adolecía de
errores de concepción muy sustanciales que difícilmente iban a poder
darle viabilidad en el sentido de intenciones con que el Gobierno lo
promulgaba. Hubo ocasión de promulgar este Real Decreto como proyecto de
ley a fin de promover un debate sereno que corrigiera los vacíos y
disfunciones del texto, pero el Gobierno se negó a ello. Hubo ocasión de
escuchar a los damnificados antes de concluir este Real Decreto, para que
el mismo naciera arropado por un gran principio de acuerdo entre Gobierno
y afectados, de manera que sus contenidos tuviesen garantizada una amplia
apoyatura social y, sin embargo, el Gobierno tampoco mostró disposición
alguna a hacerlo posible. En definitiva, hubo ocasión de cerrar este
largo proceso de diez años con algo más que con esa especie de «o lo
tomas o lo dejas» con la que nuevamente se vuelven a ignorar las
verdaderas dimensiones de un problema que sigue pendiente.
Este Real Decreto falla, señor Ministro, porque no cumple la finalidad
que el propio señor Ministro anunciaba en la sesión del 27 de abril; esto
es, ofrecer a todos los damnificados una vía de resarcimiento. No puede
cumplirla, aunque el señor Ministro sostiene otra tesis, desde el momento
en que su ámbito de aplicación se ciñe tan sólo a aquellos que figuran en
la relación del proceso, ignorando así que desde esa perspectiva se
cierra todo camino a aquellos particulares y municipios que no figuran en
esa relación por causas que, desde luego, no le son imputables. Sé que el
señor Ministro ha sostenido y sostiene una tesis de interpretación
distinta, pero los hechos y sobre todo las normas dictadas por los
representantes del Gobierno en la Comunidad Valenciana están claramente
avalando nuestra interpretación. Falla también porque después de diez
años no sólo no se contemplan elementos para la actualización de la
valoración de daños o el reconocimiento del interés devengado, sino que,
por el contrario, define una orientación que en lo jurídico y en lo
político resulta poco sostenible, como es la deducción aplicada a las
cantidades que se pudieron percibir en concepto de subvenciones a fondo
perdido y aquéllas recibidas del Consorcio de Compensación de Seguros. Y
falla, en definitiva, señor Ministro, porque desatiende cuestiones que no
se pueden ignorar, como las que tiene que ver con la reposición de las
tierras de Antella, la compensación a sus propietarios por el tiempo en
el que no han podido cultivar esas tierras, la eliminación de toda
referencia a los créditos concedidos sobre la central de riesgos del
Banco de España o la compensación por los gastos extraordinarios que
tuvieron que sufragar quienes comparecieron en la acusación particular.
Este Real Decreto no colmó, por tanto, señor Ministro, lo que eran las
exigencias indispensables para cerrar con satisfacción lo que la propia
realidad de la cuestión demandaba. Y prueba de ello es que prácticamente
todos los grupos políticos, incluida la ejecutiva socialista de La
Ribera, reclamaron la modificación de sus postulados fundamentales,
precisamente en la línea que acabamos de apuntar.
Pues bien, las cifras que ha dado el señor Ministro y las que nosotros
disponemos pueden coincidir en algunos aspectos, varían en otros, pero,
desde luego, a nosotros nos invitan a una interpretación diferente.
Nosotros creemos que los contenidos, los términos de la transacción
ofrecida por el Gobierno no han conseguido calar en el ánimo de los
afectados y que las propias cifras, la interpretación de lo que esas
cifras significan así lo acreditan. En estos momentos, según nuestros
datos, son 27.060 los damnificados que han solicitado información sobre
su caso, si bien muchos de ellos nunca podrán ser beneficiarios de esa
transacción por no reunir los requisitos subjetivos que exige para ello
el propio Real Decreto, y de ahí la referencia que el señor Ministro ha
hecho a que estas solicitudes serán remitidas, cada una de ellas, a la
Audiencia Provincial. De esas 27.060 solicitudes de información, sólo han
sido contestadas por la
Administración 7.339, de las cuales 4.227 propuestas de transacción han
sido aceptadas por los interesados, mientras que otros 3.112 han
rechazado las valoraciones que se les han ofrecido. En todo caso quedan,
según nuestros números, 19.721 damnifizados a los que aún no se les ha
contestado su solicitud de información y otros 6.940 perjudicados que ni
siquiera han formulado una consulta.
Con independencia, pues, de los contenidos del Real Decreto, hay que
señalar también que estos números indican que la capacidad operativa de
la Administración ha sido tan lenta como insuficiente. No cuestionamos la
predisposición de ánimo, la buena voluntad de las autoridades y de los
funcionarios. ¡Naturalmente que no! Pero sí decimos que esa capacidad
operativa ha sido insuficiente por no haberse dispuesto de los elementos
materiales y humanos indispensables para dar cumplimiento a la reiterada
promesa de dotar a la tramitación de estas solicitudes de la máxima
celeridad. También decimos que ha habido un error esencial en el
planteamiento de fondo de esta cuestión que determina la falta de
celeridad, y éste es la necesidad que establece el Real Decreto de
rehacer todo el proceso de acreditación documental del daño sufrido por
cada damnificado -hecho tremendamente dificultoso una vez transcurridos
diez años y con la desaparición de algunas de las evidencias físicas,
como es natural-, cuando hubiera resultado mucho más simple y lógico
tomar como referencia la llamada cartilla del damnificado y cuando,
además, la propia Administración ha reconocido que obran en su poder
todas las valoraciones tramitadas ante los ayuntamientos en 1991, cuando
se prometió que se iba a dar una inmediata solución política a este caso,
antes de que el Tribunal Supremo fallara los recursos que le habían sido
presentados, promesa que por cierto quedó en el olvido una vez se
celebraron las elecciones locales y autonómicas de aquel año.
Las cifras anteriormente señaladas se han de completar, desde nuestro
punto de vista, con una consideración que el propio señor Ministro ha
reconocido y que revela hasta qué punto la Administración no ha sido
capaz de atender sus propias previsiones en lo que concierne al modo de
aplicación de este Real Decreto, porque lo cierto es que a fecha de hoy
sólo 2.510 afectados han recibido las cantidades correspondientes, lo que
no puede considerarse en absoluto como un paradigma de diligencia. Sobre
todo ello no se puede perder de vista tampoco lo que es el estado de
opinión generalizado entre los damnificados en relación con la dotación
presupuestaria de este Real Decreto. Decía el señor Ministro en la sesión
del 27 de abril que 19.000 millones de pesetas no son una limosna.
Efectivamente, esa afirmación por sí sola resultaría irrebatible si no
fuera porque por sí sola no sirve en el caso que nos ocupa, ya que
difícilmente esos 19.000 millones de pesetas, en pesetas de 1993, pueden
alcanzar un montante capaz de resarcir el conjunto final de pérdidas
sufridas por los particulares y valoradas en 51.000 millones en pesetas
de 1982.
La dotación del crédito es, a nuestro juicio, un postulado básico, señor
Ministro, para entender el tenor literal de este Real Decreto y, por
consiguiente, su ejecución ulterior. Y es que da la sensación, al menos
esa sensación tienen los damnificados, señor Presidente, de que aquí se
pensó primero en el dinero disponible en la caja del Estado para después
acomodar el sentido de la letra legal. Eso, evidentemente, es algo que,
como digo, no escapa a los propios afectados. Los damnificados, pues, se
están viendo prisioneros de un estado de necesidad que hay que valorar a
la hora de interpretar las cifras de ejecución de este Real Decreto. Un
estado de necesidad que en muchos casos resulta insostenible después de
diez años de espera y que ha forzado a una parte de los mismos a tener
que acogerse al Real Decreto aun sabiendo que con ello están teniendo que
renunciar a una reparación económica más equiparable al valor del daño
entonces sufrido, y por ello esa sensación de haber sido maltratados a lo
largo de estos diez años no solamente no ha desaparecido con la
aplicación de este Real Decreto, sino que en muchos casos, en muchos
sectores de la sociedad de La Ribera, se ha agudizado aún más.
Tampoco se puede ocultar, señor Ministro, que las bases del convenio de
transacción están concebidas a la baja.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego que concluya.
El señor GIL LAZARO: Termino en un par de minutos, señor Presidente.
Gracias.
Y sobre ello no sólo se están produciendo valoraciones por debajo de lo
que correspondería a la mera aplicación literal de esas bases, lo cual
resulta de todo punto incomprensible, sino que, además, se está
produciendo lo que ya advertimos que iba a pasar, esto es, que la
prevista retención sobre la valoración transaccional de las cantidades
que en cada caso pudieren quedar pendientes por créditos concedidos por
instituciones oficiales a los particulares iba a conllevar el que alguno
de esos damnificados, en vez de percibir por vía de la transacción, aún
quedaran deudores del Estado. Eso también se ha observado ya en la
práctica, aun cuando desde fuentes gubernamentales se prometió que nunca
sería así.
Concluyo, señor Presidente, diciendo aquí lo que dicen las gentes de
Alcira, de Carcagente y de la Ribera. Dicen que el Real Decreto, sienten
que el Real Decreto 4/1993 fue una especie de fruto precipitado del miedo
a una sangría electoral, y sólo así se puede comprender que se tratase de
presentar como solución global lo que sólo estaba llamado a ser un
remiendo mal hilvanado. Después de ese Real Decreto el Gobierno perdió
por vez primera unas elecciones en las dos capitales emblemáticas de lo
que fue la tragedia de la pantanada, y me refiero a las ciudades de
Alcira y Carcagente, lo que comporta un dato que no se puede obviar, esto
es, que los damnificados no se vieron en modo alguno identificados con lo
que se les ofrecía como alternativa a sus diez años de penalidad.
Quiero que se entienda, señor Presidente, señor Ministro, que digo esto
desde una profunda vocación constructiva, para que entre todos seamos
capaces de cerrar bien
lo que hasta ahora se ha hecho mal, y no hay ninguna razón que impida que
en lo sucesivo, en vez de estar debatiendo la mecánica de desarrollo de
un texto cojo, sin duda bien intencionado en su génesis pero cojo,
podamos ir más allá dando lugar a las reconsideraciones precisas para que
un texto reformado de este Real Decreto coincida en su espíritu y en su
letra con lo que los hechos requieren.
Recuerdo que el señor Trillo-Figueroa, en la sesión del día 27 de abril,
señalaba que en este caso miles de ciudadanos se han visto gravemente
afectados por un mal funcionamiento de un servicio público, visto el
hundimiento de la presa, un mal funcionamiento del Gobierno, visto que ha
necesitado más de diez años para reaccionar y cuando lo ha hecho ha sido
de una forma muy parca, y, desde luego, ha funcionado mal la
Administración de justicia, hasta el punto de quedar muy en entredicho el
derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Quizá por eso son
muchas las circunstancias dimanadas del hundimiento de la presa de Tous
que aún quedan por resolver. Permítame, para terminar en un minuto, una
breve referencia a dos de ellas, cuyas consecuencias, señor Ministro,
entre todos, si queremos, aún podemos evitar, porque pueden ser
consecuencias graves.
El próximo 13 de octubre volverá a celebrarse la vista oral en unas
condiciones que hacen imposible el que los damnificados que comparecen en
la acusación particular puedan efectuar los nuevos y cuantiosos
desembolsos que exige la defensa de su derecho en lo que concierne a la
realización de la prueba pericial; mientras que se tienen noticias de que
la Administración ha contratado ya a una consultora inglesa para que
asegure ante el Tribunal la confirmación de sus tesis. Hubo promesas
electorales muy contundentes afirmando que se reintegrarían los gastos
devengados por la acusación particular, precisamente para garantizar a
ésta la posibilidad de comparecer en el nuevo juicio, en igualdad de
condiciones, frente a la Administración. Nada se ha hecho al respecto y
eso genera tensión. Por último, hay que hacer algo, y hay que hacerlo con
urgencia, para garantizar que aquellos ciudadanos que desean continuar
residiendo en el casco antiguo del municipio de Gavarda puedan ver
plenamente consolidado su derecho. Esta es también una cuestión
arrastrada desde hace tiempo que puede degenerar en un serio conflicto
si, como toda solución, sólo se prevé desalojar por la fuerza a esos
vecinos cuando su justa pretensión de permanecer en sus casas viene
avalada por el parecer institucional del Defensor del Pueblo y por unas
manifestaciones clarísimas de voluntad efectuadas en su momento por las
Cortes Valencianas.
Concluyo pues, señor Presidente, volviendo a señalar el elemento clave de
toda esta cuestión, esto es, que el Real Decreto 4/1993 no ha sido capaz
de constituir el epílogo que todos, sin lugar a dudas todos, Gobierno,
grupos parlamentarios y afectados hubiésemos deseado. Por ello volvemos a
reclamar que el Gobierno, dialogando con esos afectados, adopte las
iniciativas de modificación precisas para que el señor Ministro no pase a
la historia como el Ministro que arregló a medias este problema, tal y
como él afirmó en la sesión del 27 de abril, sino como el Ministro que
promovió y logró la solución definitiva, justa y completa del mismo.
Nosotros sinceramente, señor Ministro, así lo deseamos, pero de usted y
del Gobierno depende.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Ciscar.
El señor CISCAR CASABAN: Señor Presidente, señorías, intervengo con
brevedad indicando, en primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, que
la comparecencia del señor Ministro a la que asistimos está relacionada
fundamentalmente con la información en torno a la solicitud de acogida al
propio Real Decreto-ley que establecía las posibilidades de compensación.
En ese aspecto quiero agradecer la información que el señor Ministro nos
ha ofrecido y que nos permite conocer con exactitud cuál es la situación
en este momento y, al mismo tiempo también, la indicación que el señor
Ministro ha realizado de que a lo largo de diciembre, y en torno a la
primera quincena, podrán estar resueltos los trámites de los expedientes
que en este momento nos ha indicado que existen.
Si bien es cierto que las manifestaciones que aquí podemos escuchar nos
llevan de nuevo a lo que fue el debate, en su día, en torno a la
situación producida por los daños de la rotura de la presa de Tous, creo
que se olvidan algunos hechos que son fundamentales para entender esta
situación. En primer lugar, es cierto que a lo largo de diez años, desde
1982 hasta principios de 1993, la situación no había sido resuelta por
los tribunales, por tanto, por la Administración de justicia, y que no
había ningún damnificado que pudiera traer derechos indemnizatorios para
percibir las compensaciones correspondientes por parte del Estado. En ese
momento, sobre todo después de la sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia, en la que tan sólo se reconocieron derechos indemnizatorios a
4.426 afectados, dejando fuera a los 19.000 restantes que habían sido
personados, fue el Tribunal Supremo el que, al anular esa sentencia, dejó
naturalmente sin derechos indemnizatorios a ninguno de los casi 24.000
personados en la causa. Posteriormente y en virtud del Real Decreto-ley
es cuando se ofrece la posibilidad de compensación, y no hay que olvidar
que esa posibilidad de compensación está basada en un convenio entre las
partes que supone la renuncia a las acciones judiciales y el acuerdo en
cuanto a la cantidad que se va a percibir como compensación. Quiere ello
decir, por tanto, que está basado también en la propia libertad de los
afectados de entender que la compensación es justa, y por tanto acogerse
a ella, o de continuar por la vía judicial tratando de obtener el
reconocimiento de sus derechos indemnizatorios. Es una acción clara
tendente a compensar, de forma justa, a aquellas personas que han sufrido
daños y que quieran acogerse a esa posibilidad, dejando también, como es
lógico, abierta la posibilidad a quienes quieran conseguir sus derechos
indemnizatorios por la propia vía judicial. El hecho de las solicitudes,
que
nos ha informado el señor Ministro que rebasan las 27.000, supone que ha
habido más damnificados incluso de los que se personaron en su día en la
causa que han acudido a esa vía, por tanto, que han expresado su voluntad
de llegar a una compensación. Es lógico que cuando hay que establecer
comprobaciones para que las compensaciones sean justas, los trámites no
puedan ser todo lo rápidos que se deseara, pero es también cierto que en
este plazo de tiempo se ha podido ya resolver un número importante de
expedientes, ofrecer unas posibilidades de compensación a aquellos que lo
han aceptado y, además, avanzar en el trámite en los próximos meses para
que se pueda completar de la mejor forma posible.
Estos son los hechos reales. Y lo que no se puede plantear en estos
momentos es que una responsabilidad la asuma directamente la
Administración o el Gobierno, cuando los derechos indemnizatorios no han
podido ser obtenidos a lo largo de diez años y, en cambio, sí que se ha
ofrecido, porque la legislación así lo permite, la posibilidad de acceder
a estos acuerdos. Este paso es importante. Puedo afirmar que la mayor
parte de los afectados lo han recibido con el interés propio de resolver
esta situación, con independencia de que queden algunas cuestiones
pendientes o la posibilidad también, que han planteado las distinas
asociaciones a través de sus representantes, de obtener resarcimiento o
compensación por aquellos gastos que han realizado a lo largo de este
tiempo para defender lo que eran sus expectativas legítimas. Es también
cierto que ha habido, tanto desde la Delegación de Gobierno en la
Comunidad Valenciana como desde la propia Generalitat, conversaciones,
aproximaciones y deseo de solución incluso en aquellos aspectos que no
estaban exactamente contemplados. Por tanto, mi Grupo confía plenamente y
comparte el planteamiento que el Ministro del Interior ha ofrecido. Somos
conscientes del esfuerzo y la diligencia que se ha empleado por la propia
Delegación de Gobierno en este corto plazo de tiempo para resolver este
problema y confiamos también en que en el tiempo restante, que aquí nos
ha indicado el señor Ministro, se puedan ir solucionando estas cuestiones
y pueda obtenerse el resarcimiento o la compensación por parte del mayor
número posible de damnificados que, de acuerdo con su voluntad libremente
expresada, lo establezcan en el convenio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor Presidente, si me
permiten, voy a hacer una referencia a algo que he dicho antes y es que,
a veces, tiene uno la sensación de que es mejor no meterse en según qué
cosas porque siempre sale trasquilado. ¡Miren que el Ministerio del
Interior estaba al margen de este asunto! Un día en una Comisión le
pillan a uno y le dicen: Vamos a ver si lo solucionamos. Y dice Izquierda
Unida: Si lo soluciona le vamos a poner una placa. Yo creo que, si se
cumplen los plazos que he dicho, la placa de la que habló el señor de
Izquierda Unida, aunque nada más sea testimonial, me la habré ganado
bien. Por lo que parece sólo me habré ganado media placa del Grupo
Popular porque será a medias, pero no por lo que ha dicho, porque los
miles de millones no están puestos al albur; están puestos en base a la
extensión a otros damnificados que no habían ejercido la acción civil,
teniendo en cuenta la decisión judicial de la Audiencia de Valencia. La
previsión, teniendo en cuenta esto, es que con 19.000 millones se puede
hacer. Por tanto, no es un número caprichoso.
Los argumentos que da el señor Gil son los que su Grupo dio en el debate
del Real Decreto-ley. Por tanto mis respetos a los mismos, pero la Cámara
ya se pronunció al respecto.
El tiempo. Yo tengo necesariamente que decirles que siempre dudé de que
esto se hiciera a la velocidad que se está haciendo. Desde que se aprueba
hemos tenido unas elecciones generales que, se quiera o no se quiera,
paraliza mucho la Administración; hemos tenido también vacaciones, pero
puedo decirles que al 13 de octubre la previsión es ofrecer 12.500
propuestas de acuerdo. Ha habido un período de tiempo en que ha habido
que crear el instrumento y hacer posible que los funcionarios se pusieran
a trabajar. Creado el instrumento va a haber más velocidad y yo espero
que se cumplan los plazos de diciembre. Si terminamos en este año,
después -no es una cosa mía sino del representante de Izquierda Unida-
voy a tener la satisfacción de que me invite a comer y me dé la placa.
Me queda una cosa que no sé cómo resolver. Ni quiero hacer un titular ni
tan siquiera un compromiso; no hay compromiso. Pero tengo que hacerme eco
de algo que alguna razón tiene de ser expuesto. Aquellos que dedicaron
recursos económicos a plantear su defensa con abogados e hicieron
acuerdos transaccionales, es cierto que van a encontrarse en una peor
situación que quien no utilizó recursos esperando que la Administración
extendiera la decisión judicial hacia los que la habían planteado al
resto de los damnificados. Ningún compromiso, por tanto, pero voy a ver
-y el Gobierno va a ver- si es posible tener en cuenta eso. Insisto en
que no quiero hacer ningún titular y, mucho menos, que de lo que acabo de
decir se derive un compromiso que luego me puedan exigir.
Reitero lo dicho, señorías. Si en la primera quincena de diciembre somos
capaces de dar respuesta a todos los expedientes planteados, a mí me
parece que en ese supuesto lo único que cabría decir es que la
Administración ha actuado con celeridad. Eso es lo que creo. Vamos a
contemplar algo que he entendido de lo que ha dicho el señor Gil y que a
mí me ha llegado por otras áreas, empezando por el Partido Socialista y
por Izquierda Unida, que es ver en qué forma podemos analizar esa
situación. A resultados no me comprometo, porque ni están en el Real
Decreto ni tengo la capacidad para poder hacerlo.
Concluyo como empecé esta segunda intervención, señorías. La verdad es
que el Ministerio del Interior no formaba parte de esto. Habrá que
reconocer que proponemos una vía de salida, porque estaba cegada la otra;
otra cosa es que se considere insuficiente, y no conozco a
ningún sujeto a indemnizar que esté de acuerdo con su indemnización.
Claro que a quien no tiene que pagar le puede venir bien, porque puede
decir lo que quiera; al que tiene la responsabilidad de pagar ya no le
puede venir bien. (El señor Peralta pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Peralta, ¿se siente usted aludido en el tema de la placa y de la
comida? Tiene un minuto.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, quiero disculparme ante la Comisión y ante el señor Ministro
por no haber podido estar presente en esta comparecencia que había
solicitado mi Grupo -yo concretamente-, pero estaba en otra Comisión yo
solo. Lamento no haber estado presente en esta Comisión en la que el
señor Ministro ha dado informaciones bastante positivas sobre la marcha
de los expedientes y previsiones bastante optimistas, que nuestro Grupo
apoya, en cuanto a una próxima terminación de los expedientes este año,
lo cual nosotros celebraríamos. Mantenemos plenamente los compromisos que
en su día asumimos en la medida en que comprobamos que usted los asume y,
desde luego, si resuelve ese tema al que ha hecho referencia de los
gastos que soportaron determinados ciudadanos para llevar adelante el
proceso, el asunto quedará todavía mucho mejor. (El señor Gil pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, no hay réplica. En la
comparecencia ha habido una alusión, pero no a S. S.
El señor GIL LAZARO: Si el señor Presidente me lo permitiera, en un
minuto solventaría una alusión conceptual del señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Ha habido alguna contradicción, lógicamente, pero no
es posible romper la normal interpretación del Reglamento, concretamente
el artículo 203, que hacemos en esta Comisión.
Señorías, con esto terminamos las comparecencias del señor Ministro del
Interior, al que doy las gracias por el esfuerzo y la información dada,
un día más, en esta Comisión. (Pausa.)
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (ROLDAN
IBAÑEZ) PARA EXPLICAR LAS RAZONES QUE LE HAN LLEVADO AL AUMENTO DE LA
PLANTILLA DENTRO DE LA CUPULA DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 212/000008.)
El señor PRESIDENTE: El punto séptimo del orden del día, señorías, es la
comparecencia del Director General de la Guardia Civil, don Luis Roldán,
quien se encuentra en esta Comisión y al que doy la bienvenida, por
iniciativa del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, con el fin de que explique las razones que le han llevado al
aumento de la plantilla dentro de la cúpula del Cuerpo de la Guardia
Civil.
Señor Director General de la Guardia Civil, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Roldán Ibáñez): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, en mi toma de posesión en
octubre de 1986, hace ya casi siete años, la Guardia Civil se configuraba
como una estructura de Cuerpo de Ejército, con un jefe (director
general), un segundo jefe (subdirector general) y un Estado Mayor de
asistencia mandado por un general de brigada del Ejército de Tierra, con
cuatro secciones al mando de tenientes-coroneles, también del Ejército de
Tierra, diplomados de Estado Mayor.
A partir de ese momento comienza un proceso de transformación basado
fundamentalmente en tres puntos. Primero, el de dotar a la Dirección
General de la Guardia Civil de una estructura de gestión logística y
operativa, modificando una estructura propia de un Cuerpo de Ejército y
transformándola en una estructura administrativa de centro de mando
directivo, todo ello conforme a su dimensión. Segundo, reorganizar los
servicios periféricos, acomodados entonces al despliegue del Ejército de
Tierra y relacionado por tanto con las entonces capitanías generales del
Ejército, adaptando su estructura a la estructura territorial del Estado
de las autonomías. Por último, sustituir los mandos del Ejército de
Tierra por los propios de la Guardia Civil en las tareas de máxima
responsabilidad que hasta ese momento no desempeñaban.
Este proceso que hoy podemos considerar en su última fase no sólo se ha
hecho con la necesaria prudencia en la transformación de instituciones
tran tradicionales como la que me honro en dirigir, sino que el resultado
final refleja una estructura modesta, eficaz y moderna, que resiste
cualquier comparación, con ventaja, no sólo con unidades administrativas
sino también con las de cuerpos policiales de naturaleza militar de
nuestro entorno (como puede ser Gendarmería o Carabineros) e incluso con
cuerpos de policía de naturaleza civil.
No es la cuestión, a mi entender, comparar el número de directivos de una
organización en una época u otra del tiempo, sino estudiar su adaptación
a las necesidades de dicha organización. En este punto, es necesario
recordar las dimensiones de la Guardia Civil. En primer lugar, el número
de miembros que en estos momentos alcanza este Cuerpo está próximo a las
68.000 personas, lo que requiere un esfuerzo de administración y política
de personal fácilmente imaginable. Asimismo, la función de formación que
todos los años desempeñamos facilita cursos de acceso, promoción y
perfeccionamiento a más de 10.000 personas, junto también con el ingreso,
en estos momentos, del orden de 5.000 personas nuevas. Del mismo modo es
destacable que el número de unidades
independientes es de más de 2.700 y que su dispersión es por toda la
geografía nacional. En el ámbito de material, por ejemplo, habría que
destacar que, además de los 2.900 cuarteles a los que ha hecho antes
referencia el señor Ministro que dan soporte a estas instalaciones y que
lógicamente convierten al Instituto en una formidable gestora
inmobiliaria, hay además 13.000 vehículos que componen su parque de
automóviles, más de 150.000 armas, una red de comunicaciones, una red de
informática, el vestuario del personal, etcétera. El presupuesto total de
la Dirección General de la Guardia Civil para 1993, excluyendo la
Agrupación de Tráfico que depende presupuestariamente de la Dirección
General de Tráfico, alcanza la cifra de 210.000 millones de pesetas. Sólo
la gestión de la nómina mensual puede dar idea del volumen de trabajo
administrativo y de responsabilidad que comporta la Guardia Civil. (La
Señora Vicepresidenta, Pelayo Duque, ocupa la presidencia.)
Pues bien, con estas cifras, lo que S. S. llama el aumento de la
plantilla dentro de la cúpula de la Guardia Civil ha consistido en dotar
a la Dirección General de un total de cinco subdirecciones generales, de
las cuales una es el Gabinete Técnico, como órgano que ha dirigido y
dirige el proceso de reorganización; otra tiene funciones inspectoras,
que comprenderá que son muy necesarias con las cifras que le acabo de
revelar; quedando para las tareas de gestión la Subdirección de Personal,
otra de Apoyo de Gestión de Recursos Económicos y una última Subdirección
de Operaciones. No existen en toda la Administración española
subdirecciones generales con un volumen de gestión, y por tanto de
responsabilidad, tan elevado como el que se da en este centro directivo.
Me he tomado la molestia de comprobarlo en estos días y le aseguro que
estamos a la cabeza en cuanto a parquedad estructural se refiere. La
verdad es que nunca pensé que iba a ser interpelado por este motivo, sino
que más bien pensé que lo sería por el contrario, pues, como le decía al
principio, esta transformación de un Cuerpo de Ejército a una unidad
administrativa se ha realizado, entre otras características, con la
máxima prudencia y con una constante evolución durante estos siete años.
La adaptación de la organización periférica de la Guardia Civil al Estado
de las Autonomías que configura nuestra Constitución era también una
tarea pendiente, ya que, como he dicho, la Guardia Civil estaba
organizada conforme al antiguo modelo de capitanías generales del
Ejército de Tierra, y hemos buscando un modelo más racional pero también
parco, donde todas las zonas de la Guardia Civil ejerzan su competencia
en comunidades autónomas completas, creando además una nueva zona con
mando de coronel para Canarias y Baleares y una de general para las
comunidades autónomas de Galicia y de Asturias, al objeto de prestar una
especial atención a estas regiones y particularmente a las regiones
insulares.
Es obvio que estos cambios han supuesto un aumento en el número de
oficiales generales en el Cuerpo de la Guardia Civil, pero también en
este punto las comparaciones se comentan por sí solas. En estos momentos,
la Guardia Civil cuenta con un total de 16 generales entre división y de
brigada (4 de división y 12 de brigada) para más de 68.000 efectivos
profesionales. Por poner algún ejemplo, la Gendarmería francesa cuenta
para su desarrollo, además de con un Gabinete Técnico y de la Inspección
de la Gendarmería, con cinco subdirecciones generales, y en cuanto al
número de sus generales, estos alcanzan la cifra de 26 en sus distintos
empleos; el Cuerpo de Carabineros de Italia cuenta además de con un
teniente-general jefe de Cuerpo con un total de 31 generales, de los que
nueve de ellos son subdirectores generales. Por tanto, no se ha realizado
ningún aumento significativo de la plantilla que responda a razones
estructurales u organizativas, sino que los cambios en el número de
efectivos en los diferentes empleos de oficiales del Cuerpo se han
producido sólo por la aplicación de una norma legal, que es la contenida
en la Ley 48/1981 de Ascensos Militares.
Por último, si se recuerda el tercer punto, base también de la
transformación acometida, puedo indicarle que se ha realizado de forma
completa la sustitución de los oficiales del Estado Mayor del Ejército de
Tierra que prestaban servicio en la Guardia Civil por otros miembros del
cuerpo, una vez que éstos han podido alcanzar el diploma de Estado Mayor,
cosa que no era posible hasta el año 1984. Es obvio, pues, que no todos
los diplomados de este curso superior pasan a ocupar puestos de trabajo
en el antiguo Estado Mayor de la Dirección General, sino que se ha
establecido que un número máximo de dos o tres titulados de cada
promoción son los que pasan a ocupar destinos de distinta índole, donde
puedan realizar mejor su labor.
Comprenderá por tanto, señoría, mi sorpresa por la petición de
comparecencia, máxime cuando este proceso ha sido realizado de forma
continua a lo largo de los siete años que llevo al frente del Instituto.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): La comparecencia del Director
General de la Guardia Civil se ha producido a solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En nombre del citado Grupo, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: La comparecencia que nosotros hemos solicitado es
una comparecencia que nos sentimos obligados como Grupo Parlamentario a
solicitar para velar por la gestión de los impuestos de los ciudadanos,
por el control del organigrama y de la dirección de las instituciones del
Estado en España, en este caso de la Guardia Civil, y no creo -es un
argumento parlamentario y político- que deba usted sorprenderse por la
solicitud de una comparecencia de estas características. Yo no me he
referido -y no me voy a referir en el contenido de la misma- al cambio
que se ha operado. El que haya una dirección de un ciudadano civil,
político, al frente de una institución como la Guardia Civil constituye
un cambio extraordinariamente importante y positivo en relación con
nuestra reciente historia, así como que cuente con un organigrama que
consideramos lógico -al que yo me voy
a referir ahora- compuesto por generales de división, en una parte, y, en
otra, por generales de brigada. Pero es un apartado específico al que yo
quiero referirme, para que usted explique a esta Comisión, a petición de
nuestro Grupo, qué razones le han llevado a ello.
Por ejemplo, a nosotros nos parece bien que en la Dirección General que
usted ostenta exista un organigrama con un subdirector general de
Gabinete Técnico, con un subdirector general de Inspección General, con
un subdirector general de Apoyo, con un subdirector general de
Operaciones y con un subdirector general de Personal, la mayoría de ellos
generales de división. También nos parece lógico que exista una Jefatura
de Enseñanza, una Jefatura de Investigación e Información, una Jefatura
de Unidades Especiales y de Reserva y una Jefatura de Servicios de Apoyo,
todas ellas dirigidas por generales de brigada. Desde Izquierda Unida
nada tenemos que objetar a un organigrama de estas características.
Ahora bien, hay 12 miembros que se han incorporado a la organización, a
la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil
-ORIS en abreviatura-, hay 12 agentes adscritos que han tenido relaciones
y actividades con el Centro Superior de Información de la Defensa, que
están en posesión de cursos superiores de técnicas operativas de
inteligencia, espionaje y contraespionaje, cuatro de ellos sargentos, y
también hay cabos, que han sido condecorados con la Cruz Roja del Mérito
de la Guardia Civil, en algún momento, por usted mismo, y es necesario
que se explique qué funciones cumplen y por qué se ha producido ese
incremento, si antes no existía. Este es el apartado concreto. Esa es
nuestra petición de información. También es necesario que se explique
cómo es conocido en el Cuerpo, a raíz de algunas informaciones que hemos
recibido, este grupo que se define -con eso tan español como son los
motes, que son para los españoles casi como títulos de nobleza-, cuando
se refieren a él, como los PATAS NEGRAS y cuando explican su disposición
de fondo, su actuación dependiendo de la Dirección General, teniendo en
cuenta que estamos hablando, en España y en la Guardia Civil, de
situaciones difíciles, de salarios bajos, de horarios extensos, de
disponer de medios para que fundamentalmente los agentes hagan su trabajo
en la calle, es decir, de austeridad. Nosotros tenemos que llevar un
control de este tema desde el punto de vista ético, estético, jurídico y
también presupuestario. Y ésa era -agradeciendo todos los datos que usted
ha dado, de los que quedará constancia en el «Diario de Sesiones»- la
información que veníamos a solicitar.
Creo que usted sabía muy bien lo que nosotros queríamos de esta
convocatoria, porque usted es un hombre informado. De hecho, una gran
parte del salario que recibe lo recibe por esa cualidad, que debe tener
un buen Director de la Guardia Civil, la de estar informado, y, en esa
línea, queremos que explique este aumento, estas situaciones que se
denuncian, para que nosotros conozcamos cómo se están administrando los
presupuestos, los fondos, en la Dirección General y por qué en este
apartado concreto se ha producido este incremento tan notorio e
importante en el último período, que antes no existía, según nuestra
información, que queremos contrastar aquí.
Muchas gracias por la atención prestada.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Para contestar, tiene la palabra
el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Roldán Ibáñez): Si me lo
permite, señor Romero, aunque la solicitud de comparecencia, tal como
estaba redactada, habla de la cúpula, voy a aprovechar para responderle y
no tener que volver otro día, aunque estoy dispuesto a venir tantas veces
como la Comisión desee, pero aprovechamos la ocasión y resolvemos el
tema.
Existe una cuestión de principio. No es que yo cobre por estar informado,
sino que debo estar informado para cumplir bien con mi responsabilidad y,
consecuentemente, prestar un buen servicio -no sólo el mío sino el de
toda la Institución- a la sociedad. Por tanto, es verdad que esto es así,
pero desde esa perspectiva y no desde la otra.
Señor Romero, el problema es que usted está mal informado. Le informa mal
el señor Cervero, que es un sargento de la Guardia Civil, expulsado de la
misma, que es el que le informa de estas cosas, y al cual yo me niego a
reingresar en el Cuerpo. Y como tiene mala información, esto da pie a
preguntas de este tipo. Si quiere después le amplío un poco los detalles
al respecto.
En primer lugar, me sorprendí mucho cuando leí la información a ese mote,
que yo desconocía, de los PATAS NEGRAS. Me sorprendí mucho, primero
porque decían que eran 12 cuando no eran 12, y después, tras una
reflexión, porque me percaté de que lo que necesitaba no eran cinco PATAS
NEGRAS, sino una granja completa de patas negras, con lo cual estoy
seguro de que podría hacer mi trabajo muchísimo mejor, pero no para mí
sino para la sociedad.
A nadie se le oculta que hay determinadas tareas e investigaciones en el
Cuerpo -por ejemplo, me podría referir a los aspectos internos del Cuerpo
-que sólo desde una cobertura no conocida se pueden realizar. Si usted
quiere hacer una investigación en Baleares para saber si hay algún
problema de irregularidades y manda a alguien del Servicio Central de
Información de Madrid, todo el mundo sabe que si están ahí los de
Información, es que están buscando algo, mientras que si van personas que
están adcritas a otros servicios, prestando su trabajo y su
responsabilidad en bien de la Institución, lógicamente, pasan mucho más
desapercibidos y, con toda seguridad, sus gestiones son muchísimo más
fructíferas para la Institución. Muchas de las operaciones que se han
hecho y que se están haciendo para demostrar -y creo que cumplida cuenta
han dado de ello los medios de comunicación- presuntas irregularidades
cometidas por miembros del Instituto, en temas de tipo fiscal, por
ejemplo, o incluso en relaciones con el narcotráfico o con el tráfico de
estupefacientes, han sido posibles, entre otras cosas, gracias a este
tipo de investigaciones. Comprenderá que la
investigación interna de un colectivo es francamente difícil, porque el
colectivo, de por sí, ya es extremadamente cerrado en cuanto a su simple
división por parte de la estructura operativa que tiene la Institución.
En cuanto al aspecto que hace referencia al Cesid, el Cesid cuenta
aproximadamente con 700 u 800 personas, posiblemente más -si quiere se lo
preciso más en su momento- que son guardias civiles y que prestan su
servicio en el Centro Superior de Inteligencia para la Defensa, que están
allí un tiempo, que luego vuelven a la institución y se incorporan al
destino que eligen, en función de la antigüedad o en función de la
elección del mando, y otras veces vienen por ascenso o porque ellos
mismos quieren cambiar de trabajo. Por tanto, no son cinco funcionarios
del Cesid. En la Guardia Civil hay muchos funcionarios en el Cesid y hay
muchos que en un momento determinado han estado destinados en el Cesid.
Esa es una realidad que usted conoce. (El señor Presidente ocupa la
presidencia.)
La Oris. La Oris no es nada nuevo. Antes de llegar yo había un gabinete
de prensa; ahora es algo más que un gabinete de prensa. Es un gabinete
que se emplea en las relaciones con los medios de comunicación y también
con los sociales, es decir, que atiende aquellos problemas de tipo social
en los que, digamos, la interlocución es más fácil por ese medio. Le
puedo citar, por ejemplo, desde viudas a muertos en acto de servicio o
por muerte natural hasta personas que tienen problemas de colocación para
los hijos, estudios o traslados. Todo ese tipo de cosas que antes no se
hacían en ese departamento ahora se hacen, y el personal que hay es
prácticamente el mismo que había antes, en todo caso, ampliado con las
personas necesarias para estas nuevas funciones, no más.
En la información a la que usted ha hecho referencia, se hablaba también
de la secretaría de despacho como algo nuevo, y no lo es, no es nada
nuevo; es lo que antes se llamaba secretaría particular y que ahora tiene
otro nombre, que es secretaría de despacho, porque hace algo más que
ocuparse de los asuntos particulares del Director General. Se ocupa
también de las tareas de registro y de despacho del Director con el resto
de los servicios. Por lo tanto, ese incremento tampoco está motivado por
cosas nuevas. En todo caso, serán cosas con otro nombre.
También hacía referencia implícitamente -aunque usted no me lo ha
preguntado- al incremento en otros empleos. En mi contestación, he hecho
referencia, de pasada, a que es un problema de imperativo legal. Es
decir, yo tengo que cumplir la Ley 48/1981, que no se cumplía en la
Guardia Civil, que supone el ascenso por años de antigüedad en el
servicio y que tenía una vigencia. Cuando se empieza a aplicar en 1989,
como se aplica con cinco años de retraso, supone que, de 47 coroneles, se
pase a tener 135, la mayoría de ellos sin destino, precisamente por eso;
los tenientes-coroneles, como ascienden por los años en los empleos, pues
también; los comandantes, también, y de teniente a capitán, también. Por
lo tanto, me veo en la obligación, por un imperativo legal, de ascender a
un montón de gente, para no lesionar los derechos que, hasta entonces,
quizá por una aplicación defectuosa, evidentemente, se estaban
lesionando. Por eso, en 1988 se produce un incremento de tenientes, de
capitanes, de comandantes y de coroneles que, lógicamente, se ha tenido
que ir, digamos, amortiguando a lo largo de estos años, y hay un real
decreto último que cifra ya la plantilla que en esos empleos estimamos
que es la que deberíamos tener, que supone pasar de 47 coroneles, en
1987, a 95; pasar de 142 tenientes-coroneles, en 1987, a 180; pasar de
192 comandantes, en 1987, a 275; pasar de 924 capitanes, en 1987, a 730;
y pasar de 634 tenientes, en 1987, a 1.045. Y ése es el último real
decreto, que se aprobó, si mal no recuerdo, en el verano y que hace
referencia a lo que entendemos que debe ser la plantilla, ajustando y
amortiguando todos los efectos que ha tenido el cumplimiento de una Ley,
insisto de 1981 y que ha producido estas distorsiones, pero no como un
hecho voluntario de la Dirección de la Guardia Civil, sino, simplemente,
por la mera aplicación de la Ley.
No sé si con esto que acabo de exponer, aunque no estaba en el redactado
de su pregunta, le he contestado y le he satisfecho. Si no, en cualquier
caso, me tiene a su disposición. (El señor Romero Ruiz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, yo pensaba que, a estas horas de la
tarde, ni siquiera usted se atrevería a pedir la palabra. En todo caso,
¿en base a qué artículo la solicita?
El señor ROMERO RUIZ: No la he pedido en ninguna de las comparecencias
anteriores. Hoy me estoy portando muy bien. (Risas.) Hoy estoy
desconocido. Quiero solamente hacer una aclaración.
El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Quiero hacerle una aclaración al Director General
en relación con lo siguiente. En España se es muy dado por la
Administración española, de antes y de ahora -creo que es una tendencia
que producen estas tierras-, a la macroencefalia, a aglutinar a mucha
gente por arriba, incluso a pedir asesoramiento fuera de las
instituciones. Usted ha dado una explicación y unos datos que yo
agradezco, pero sólo he pedido la palabra para corregirle una afirmación.
Usted se ha referido a una persona concreta, que no está aquí, ha dicho
que es mi fuente de información y debería usted saber -si no lo debería
corregir ahora- que tengo otras fuentes de información, y lo digo en su
descargo y en el mío.
El señor DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL (Roldán Ibáñez): Espero que sean
mejores.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo quiere fijar su posición? (Pausa.)
Señorías, por tanto, terminamos la parte de comparecencias del orden del
día, agradeciendo la comparecencia del Director General de la Guardia
Civil, don Luis Roldán.
- PROPOSICION NO DE LEY POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA URGENTE
DECLARACION DE ZONA CATASTROFICA EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS DE
FUENTEALAMO Y ONTUR, DE LA PROVINCIA DE ALBACETE, Y JUMILLA Y YECLA, DE
LA DE MURCIA, CUYOS TERMINOS MUNICIPALES RESULTARON DURAMENTE AFECTADOS
POR LA TORMENTA DE GRANIZO SUFRIDA EL DIA 1 DE JULIO DE 1993. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000005.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos, señorías, el debate del último punto, que
se refiere a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
la urgente declaración de zona catastrófica en beneficio de los
municipios de Fuenteálamo y Ontur, de la provincia de Albacete, y Jumilla
y Yecla, de la de Murcia, cuyos términos municipales resultaron duramente
afectados por la tormenta de granizo sufrida el día 1 de julio de 1993.
La iniciativa parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Peñarrubia.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor Presidente, señorías, la naturaleza
suele ser caprichosa con determinadas zonas de Levante y del sureste
español. A épocas prolongadas de sequía, como la que actualmente padece
la región de Murcia y comarcas de Albacete, se suceden imprevistas
lluvias torrenciales, que provocan graves y dañinas inundaciones o
precipitaciones acompañadas de pedrisco o granizo, como la que anteayer
ocurrió en la ciudad de Yecla. El pasado 1 de julio del actual se produjo
en amplias zonas de las comarcas de Albacete y Murcia, concretamente en
los municipios de Fuenteálamo y Ontur, en la provincia de Albacete, y
Yecla y Jumilla, en la Comunidad Autónoma de Murcia, una de estas
precipitaciones de granizo, lo que provocó la práctica destrucción de las
cosechas pendientes de recolección, especialmente cereales, uva, almendra
y aceituna, dañando incluso a las plantaciones fijas, con el consiguiente
perjuicio para próximas cosechas. Dichas precipitaciones afectaron
igualmente a las infraestructuras agrarias, siendo la cuantía de los
daños, en una primera valoración efectuada por agricultores,
ayuntamientos, cooperativas y asociaciones agrarias, cercana a los 15.000
millones de pesetas, sin estar incluidas en esta valoración las pérdidas
indirectas, como puede ser el aumento de paro como consecuencia también
de la pérdida de futuras cosechas. Ahorro, dada la hora, a SS. SS. entrar
en detalle exhaustivo de los daños que produjo la tormenta del 1 de
julio.
Los ayuntamientos afectados, la propia Comunidad Autónoma y todos los
grupos políticos en ella representados fueron conscientes de la magnitud
de la catástrofe y, en consecuencia, adoptaron medidas tendentes a paliar
en lo posible estos gravísimos daños, medidas tales como la moratoria de
impuestos municipales, la concesión de créditos extraordinarios y algunas
más. Pero a nadie se le escapa que dichas medidas, adaptadas a las
posibilidades reales de las administraciones que las pusieron en
práctica, son insuficientes, como insuficientes son también los seguros
agrarios que cubren esta clase de daños y, teniendo en cuenta la
situación económica y social de las comarcas afectadas como consecuencia
de dicha tormenta, entiende el Grupo Popular que deben aplicarse los
mecanismos que la legislación española contempla para estos casos, cual
es la declaración de zona catastrófica para los municipios anteriormente
mencionados; declaración que implica medidas tales como la concesión de
beneficios fiscales, crediticios y de cotizaciones a la Seguridad Social.
Entiende mi Grupo que la agricultura española, abandonada y dejada de la
mano de Dios por culpa de una nefasta política socialista, está
necesitada de medidas de este tipo, sobre todo cuando ocurren
circunstancias extraordinarias como las que aquí se están planteando.
En base a ello, el Grupo Popular somete a la consideración de esta
Comisión la declaración de zona catastrófica de las comarcas mencionadas.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas a la proposición no
de ley, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señorías, yo no me atrevería a culpar a la
gestión socialista de algunas catástrofes, aunque ayer en la reunión que
tuvimos de presupuestos alguien se atrevió a decir que la alta
superioridad del cielo tenía buena relación con esta Administración.
Me gustaría referirme a lo que han sido los efectos de una tormenta de
granizo que tuvo lugar el día 1 de julio y que ha provocado daños en
todas y cada una de las producciones en comarcas enteras, tanto de
nuestra región, en el caso de Yecla y Jumilla, en Murcia, como en
Albacete, inclusive en una parte de Alicante, aunque no están recogidas
en la propia proposición. Pero el problema no quedó ahí. A final de mes
volvió a repetir otra nueva tormenta y el 27 volvió a haber unos efectos
fuertes.
En este sentido, el nivel de informe que han ido haciendo las
administraciones tienen para el viñedo casi el 80 por ciento de la
superficie cultivada como cosecha totalmente perdida; para el año 1994,
una prospección casi del 50 por ciento, y para 1995, el 30 por ciento; en
el caso del almendro, casi a la mitad de la cosecha actual; en el olivo,
casi el 60 por ciento, y para el próximo año, el 80 por ciento, puesto
que el efecto para años venideros es peor que para el actual; en el
cereal es casi el 35 por ciento, y podíamos seguir según la valoración
que ha habido.
Si los ayuntamientos han tomado acuerdos en ese mismo mes de créditos
extraordinarios, de actuaciones para paliar los efectos; si las propias
comunidades autónomas han tomado medidas para dar líneas de crédito
blando que subvencionan a 2,5 puntos, inclusive para
cooperativistas un punto más, ¿por qué remitir a nivel del Estado, a
nivel central, la solicitud de actuación? Pues, fundamentalmente, porque
así fue solicitado por las administraciones locales, actuaciones del
Gobierno central, tanto desde el Ministerio de Agricultura como desde la
Seguridad Social, y actuación coordinada y globalizadora, porque así lo
han planteado las propias organizaciones de agricultores y porque, según
nosotros, la legislación que regula la declaración de esta zona
catastrófica así lo posibilita.
A mí me gustaría que el decreto que regula la declaración de zona
catastrófica lo tuviéramos encima, ya que hace referencia a zonas que
tengan un nivel de emergencia o grave riesgo, tanto en personas como en
bienes, ocasionados por una catástrofe por acontecimientos provocados por
la naturaleza o calamidad pública. Inclusive hay experiencias anteriores
de declaración del Gobierno del Estado de zona catastrófica. Por ejemplo,
en el año 1987, por efecto de inundaciones, y en el año 1988, por daños
causados por tormentas y lluvias torrenciales.
Por tanto, nosotros creemos que es positivo que haya una acción
coordinada y globalizadora para hacer frente a los efectos que han
provocado estas tormentas.
Nuestra propuesta de adición a lo que ha planteado el Grupo Popular iría
a incorporar en la exposición de motivos lo ya realizado por la
Administración. Administraciones locales y Administración regional. En la
parte resolutiva, en todo el segundo párrafo, donde dice puede declararse
zona catastrófica o puede no declararse zona catastrófica, especificamos
cuatro medidas que podían afectar o beneficiar a nuestra propia región.
La primera sería la de créditos para reparar los daños de infraestructura
de carácter central, ya que hay un volumen alto de montes públicos que
están afectados, casi 560 hectáreas; establecer exenciones fiscales a los
agricultores que han estado afectados en un volumen superior al 50 por
ciento, tanto en viña como frutal, almendro, olivo, cereal o el caso del
girasol; fijar por el Instituto Nacional de la Seguridad Social la
reducción o moratoria en las jornadas teóricas que se hayan podido perder
por los propietarios afectados y que el Ministerio de Agricultura aumente
la superficie a nivel de reforestación.
En el último párrafo proponemos que la gestión y el seguimiento de estas
actuaciones se haga de forma descentralizada y coordinada con todas las
administraciones, hecho que también recoge la normativa a nivel del
Estado, sobre todo la Orden ministerial del año 1993, donde se habla del
procedimiento para la concesión de ayudas a determinadas necesidades
derivadas de catástrofes o de emergencia.
Por tanto, señor Presidente, señorías, nuestra propuesta sería adicionar
y ampliar la del Grupo Popular y votar afirmativamente la declaración en
caso de que el Consejo de Ministros así lo haga después de ser instado
por este Congreso.
El señor PRESIDENTE: ¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: La información de que disponemos es
insuficiente, en general, en este tema. De ella se deduce que los daños
ocasionados por estas tormentas se circunscriben a producciones
agrícolas. Por consiguiente, estas producciones son susceptibles de estar
aseguradas y ello nos lleva a que en el análisis que hacemos de la norma
reguladora de las declaraciones de zonas catastróficas veamos cómo es de
difícil encaje esta situación que se plantea en la propia norma, puesto
que el artículo 4.º del Real Decreto de 27 de marzo del año 1981
establece que quedan excluidas de estas medidas los daños que sean
indemnizables por compañías de seguros, mutuas o entidades de carácter
similar, de naturaleza pública o privada, que sean sus consecuencias y
arreglos susceptibles de previo aseguramiento. Es una política general
tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas fomentar que
exista cada vez más este seguro agrario previo y preventivo y, por
consiguiente, creemos que difícilmente encaja en la norma y en la praxis.
Quizá la vía que se hubiese tenido que utilizar en este caso hubiera sido
complementaria de las ayudas que se han recibido por parte de otras
Administraciones de carácter local o regional, pero quizá no la de zona
catastrófica, puesto que los daños se circunscriben, repito una vez más,
a los estrictamente agrícolas; no hay daños en personas ni a nivel
material, de infraestructuras o, si los hay, no son de un importe
suficiente como para plantearnos una declaración de zona catastrófica de
la forma que se han planteado. Por consiguiente, creo que la vía más
adecuada hubiese sido la de solicitar al Gobierno central ayudas
complementarias, pero que no habría que plantearse una declaración de
zona catastrófica.
Por ello, nuestro Grupo anuncia que no podrá votar a favor de la
propuesta que se somete a nuestra consideración.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Cremades.
El señor CREMADES SENA: En la pasada legislatura, por enésima vez se
plantearon proposiciones de ley parecidas en casos similares al que nos
ocupa en este momento. Tenía la esperanza de que al iniciarse la V
legislatura el Partido Popular aplicara un poco el sentido común en esta
especie de caos, porque cada vez que hay una catástrofe de estas
características, que yo suscribo y que el Grupo Socialista lamenta
exactamente igual que el resto de los Grupos, se deberían tener en cuenta
los mecanismos que tienen las distintas Administraciones para resolver
este tipo de problemas.
Voy a intentar en esta Primera ocasión en que en esta legislatura
tratamos una proposición de este tipo que en lo sucesivo seamos capaces
de no traer una proposición de ley de estas características cada vez que
hay un pedrisco o se producen unos daños en cualquier territorio. En
mi circunscripción tengo bastante experiencia en estas cuestiones.
La proposición no de ley plantea dos cuestiones: una, la urgente
declaración de zona catastrófica y, dos, la concesión de beneficios, que
lleva implícito en caso de que se declarase zona catastrófica; beneficios
fiscales, crediticios y de cotización a la Seguridad Social por parte de
los agricultores, y se dice que en las mejores condiciones posibles. En
todo caso, si se aprobase, ya no debería ser en las mejores condiciones
posibles, sino en las condiciones suficientes para paliar los daños, con
lo cual en la propia definición de la proposición no de ley se huele lo
que siempre ha existido: una especie de planteamiento electoralista para
quedar bien, precisamente saltándose a la torera toda la legislación que
se establece para solucionar este tipo de problemas. Porque si se
declarase zona catastrófica, el Portavoz del Grupo Popular debe de saber,
igual que sabemos los demás, que no debe ni es posible declararse zona
catastrófica cuando solamente hay un Ministerio afectado. En la propia
definición de la declaración de zona catastrófica se habla de que para
poder llevar esto a efecto tiene que haber varios ministerios afectados,
tiene que haber grandes daños producidos en infraestructuras, en canales,
en casas, en bienes materiales, en bienes muebles, etcétera.
La propia proposición no de ley ya reconoce que en el caso que nos ocupa
solamente ha habido destrucción de cosechas y de plantaciones. Lo dice la
proposición no de ley. También dice, en segundo lugar: en una valoración
definitiva de los daños. Por lo tanto, obviamente estamos hablando de un
problema que tiene la solución en una política, que este gobierno ha
venido llevando a cabo desde hace ya bastantes años a través del
Ministerio de Agricultura, de intentar mantener las rentas agrarias a
través del Plan anual de seguros agrarios.
No es cierto, como dice el ponente popular, que la agricultura está
abandonada. Históricamente, la agricultura ha estado abandonada en este
país. Afortunadamente, los problemas que tiene la agricultura española
son en la actualidad de otras características y, desde luego, mucho
menores que en el pasado más lejano, precisamente debido a las
actuaciones que el Gobierno socialista ha venido practicando desde el año
1982.
Este Plan de seguros agrarios, a través de la empresa Enesa, subvenciona
las primas de seguros hasta el 49 por cien, con un gasto presupuestario
de 14.500 millones de pesetas en el último ejercicio. Sobre estos
beneficios extraordinarios que se piden, por la propia legislación está
contemplado que todas aquellas producciones susceptibles de aseguramiento
no pueden, a la vez, ser susceptibles de otro tipo de ayuda
extraordinaria, que sería la que pide el Portavoz del Grupo Popular con
la declaración de zona catastrófica, por lo cual es prácticamente
imposible. Y no es cierto, como dice la proposición no de ley, que hay un
mecanismo idóneo de resolver estos problemas, como es la zona
catastrófica porque, si se leyera exactamente la legislación, se daría
uno cuenta perfectamente de que ese mecanismo no es posible en este caso.
Habrá que leer toda la legislación al respecto y habrá que tener
presente, sobre las cosechas destruidas en las zonas de Fuente Alamo, de
Ontur, de Jumilla y de Yecla, que en este momento todas las producciones
son susceptibles de estar dentro del aseguramiento del Plan de seguros
agrarios. Eso, por una parte.
Vamos a suponer que aceptáramos compensar a aquellos agricultores que no
han querido asegurar su cosecha, vamos a suponer que estos agricultores
fueran compensados, al igual que van a ser compensados todos los
agricultores que, teniendo su cosecha asegurada, van a tener obviamente
las indemnizaciones correspondientes, que el año pasado han sido de
12.000 millones de pesetas, a través de las compañías aseguradoras; vamos
a suponer que hiciéramos eso. En primer lugar, estaríamos haciendo una
injusticia. En segundo lugar, estaríamos desmantelando un mecanismo de
mantenimiento de las rentas agrarias a través del Plan de seguros -que,
que yo sepa, nadie ha criticado aquí todavía-, desalentando a aquellos
agricultores que, por negligencia o porque confían más en la bonanza de
la atmósfera, no quieren hacer el planteamiento de mantener las rentas
agrarias a través del esfuerzo que está haciendo la Administración para
asegurar las cosechas; estaríamos desmantelando un mecanismo que ha dado
resultados muy positivos a lo largo de estos años de Gobierno socialista.
Podría quedarnos un fleco que yo voy a reconocer aquí, podría quedarnos
algún producto que no fuese susceptible de aseguramiento. En todo caso,
las pérdidas de ese producto no son de la cuantía de la indemnización que
se está pidiendo aquí; en todo caso, se podrían estudiar, no ya por la
Administración central, sino a través de las diputaciones o de las
comunidades autónomas correspondientes, mecanismos de ayudas para
intentar algún tipo de compensación para ese producto que no es
susceptible de aseguramiento, comprobado cada caso particular.
No obstante, voy a informar que la Comunidad de Castilla-La Mancha y la
murciana ya han establecido, de entrada, algún tipo de ayuda. La
Comunidad Murciana ha propiciado una línea de préstamos de 1.500 millones
de pesetas que puede llegar hasta una bonificación de 4,5 puntos para
paliar los daños en este sentido.
Por otro lado, refiriéndome al portavoz de Izquierda Unida, que hablaba
de que también ha podido haber algún deterioro, alguna catástrofe en los
montes, en el medio ambiente, la Comunidad Murciana, por ejemplo, también
ha establecido ya una cantidad de 576 millones de pesetas para paliar
este tipo de daños que desgraciadamente se produjeron el 1 de julio en
esa zona.
Yo quisiera que fuésemos conscientes de que en estos casos hay que
aplicar el sentido común y que hay un mecanismo establecido que intenta
garantizarle al agricultor que, cuando desgraciadamente se producen
hechos de este tipo, su cosecha por lo menos no tenga todas las pérdidas,
como pasaba anteriormente a los Gobiernos socialistas.
Yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo por hacer entender a
todos los agricultores que tienen que procurar asegurar su cosecha para
evitar que cada vez que haya hechos de este tipo tengamos que estar
recurriendo, como hacen ustedes, a las proposiciones no de ley de
declaración de zona catastrófica, que no sólo no pueden, ni siquiera con
la ley en la mano, ser aplicables, sino que simplemente lo que proponen
es intentar que lo que se puede resolver por otras vías se resuelva aquí
para que se tenga que rechazar lo que debe de ser rechazable; la
declaración de zona catastrófica, intentando, eso sí, hacer una especie
de demagogia electoralista en la zona, porque se queda mejor diciendo que
se pide todo y en las mejores condiciones posibles, cuando lo que
queremos nosotros es intentar resolver los problemas que se produjeron
con las lluvias del 1 de julio de 1993.
Por esa razón, mi Grupo, una vez más, rechaza esta proposición no de ley.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cremades.
El señor Peñarrubia tiene la palabra, exclusivamente a efectos de aceptar
o no las enmiendas presentadas.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor Presidente, aunque sea brevemente yo
tendría que contestar, en un minuto, a algunas de las puntualizaciones
del portavoz Socialista. Nos ha acusado de demagógicos y de
electoralistas.
Señor Cremades, de planteamientos electoralistas saben ustedes mucho más
que nosotros, y no me voy a remontar a los «Diarios de Sesiones» de esta
Cámara.
Los daños son importantes. Me he referido a cosechas actuales y futuras,
me he referido a infraestructuras; afectan también al medio ambiente.
Evidentemente, en una primera valoración se establecieron en 15.000
millones de pesetas; después se han ajustado, pero esa cifra se ha
quedado hasta corta. Sólo en la Comunidad Autónoma de Murcia los propios
responsables del Gobierno regional los estiman en 6.000 millones, sin
contabilizar las que afectan a los municipios de la provincia de
Albacete. Los agricultores, por otra parte, van más lejos; hablan de
10.000 millones.
Los seguros agrarios, no ya es que son insuficientes, como he dicho aquí,
sino que dejan sin cubrir algunos de los cultivos; concretamente la
almendra no está cubierta por este tipo de seguro, y es uno de los
cultivos que ha sido afectado.
Por último, antes de aceptar o rechazar las enmiendas propuestas por el
Grupo de Izquierda Unida, al señor Ríos, con toda cordialidad, le tengo
que decir que Dios me libre de culpar al Gobierno socialista de ser el
causante de las tormentas. He dicho que es culpable de una mala política
en materia de agricultura, y eso es evidente. En cualquier caso, mi Grupo
acepta las enmiendas propuestas por Izquierda Unida, porque precisan aún
más la proposición no de ley que nosotros hemos presentado y establecen
una serie de medidas concretas que en el texto nuestro estaban de alguna
manera globalizadas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peñarrubia.
Vamos a proceder a la votación, teniendo en cuenta que a la proposición
no ley se añaden lógicamente las dos enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, y todo ello lo votaremos conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, diez;
en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley y las
enmiendas añadidas.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.