CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 27
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
-- Aprobación, en su caso, de la delegación en favor de la Mesa, a la que
hace referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. (Número de expediente 42/000007.) (Página 324)
-- Aprobación de la celebración de las comparecencias del señor Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación. A propuesta de la Mesa y Portavoces
de la Comisión acordada en su reunión del día 15 de septiembre de 1993.

(Números de expedientes 213/000006 y 213/000032.) (Página 324)
Comparecencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Albero Silla), para informar sobre:
-- Las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en su
Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (Número de expediente 213/000006.) (Página 324)
-- El programa a desarrollar al frente de su Departamento. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000032.)
(Página 324)
-- Las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. A
petición propia. (Número de expediente 214/000002.) (Página 324)

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Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.




- APROBACION, EN SU CASO, DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE
HACE REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 42/000007.)



El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.

El primer punto del orden del día es la aprobación, en su caso, de la
delegación en favor de la Mesa, a la que hace referencia la resolución de
la Presidencia de la Cámara, de 2 de noviembre de 1983, en relación con
el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Como SS. SS.

conocen, el artículo 44 faculta a la Comisión para aceptar o no la
tramitación de las comparecencias que se solicitan por parte de los
distintos grupos parlamentarios. Habida cuenta de que este trámite
lógicamente retardaba el proceso de aceptación de las mismas, una
resolución de la Presidencia autorizó a que las comisiones deleguen las
competencias que se recogen en este artículo en la Mesa, de manera que
sea la propia Mesa la que acepte o no este tipo de comparecencias.

En la reunión de la Mesa y de los portavoces se acordó proponerlo así a
la Comisión, con la salvedad, expresada por parte del Grupo Popular, de
que en el supuesto de que no exista unanimidad de la Mesa, sea la
Comisión la que decida la aceptación o no de las mismas. Lógicamente,
como SS. SS. conocen, el órgano delegante de cualquier competencia
siempre puede recuperarla para sí en cualquier momento, y así quedó
reflejado en el acuerdo que se formuló en su momento en la Mesa. De todos
modos, en nuestra Comisión -ya en el pasado lo hicimos así y lógicamente
en esta legislatura vamos a continuar- a todas las reuniones de la Mesa
asistirán también los distintos portavoces de los grupos parlamentarios,
de manera que en el momento en que se aceptan las comparecencias ya se
conocería en todo caso la posición de los distintos grupos
parlamentarios. El acuerdo que se somete a la aprobación del pleno de la
Comisión es del siguiente tenor, que la Comisión delega en la Mesa la
aceptación de las comparecencias y existe el acuerdo político que
expresamos todos los grupos parlamentarios de que, en el supuesto de que
no exista unanimidad en la Mesa, sea la propia Comisión la que acepte o,
en todo caso, tramite aceptar o no las comparecencias.

¿Les parece bien a los grupos parlamentarios que así sea? (Asentimiento.)
Muchas gracias. Se entiende delegada la competencia.




- APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DEL SEÑOR MINISTRO
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. A PROPUESTA DE LA MESA Y PORTAVOCES DE
LA COMISION ACORDADA EN SU REUNION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1993.

(Números de expediente 213/000006 y 213/000032.)



El señor PRESIDENTE: El punto 2.º del orden del día es consecuencia
lógica del anterior. Al no tener aprobada esa delegación en el momento
que se reunió la Mesa y de proponer el orden del día, debe ser la propia
Comisión la que en estos momentos ratifique el acuerdo de la Mesa
aceptando las comparecencias. Por tanto, el segundo punto es aprobación
de la celebración de las comparecencias del excelentísimo señor Ministro
de Agricultura, Ganadería y Pesca, a propuesta de la Mesa y de los
portavoces de la Comisión, acordada en su reunión del día 5 de septiembre
de 1993.

¿Se acuerda por parte de la Mesa? (Asentimiento.) Queda aprobado.

Suspendemos por espacio de un minuto para que pueda entrar el señor
Ministro.




Se reanuda la sesion.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(ALBERO SILLA), PARA INFORMAR SOBRE:



- LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR EL MINISTERIO EN
SU DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 213/000006.)



- EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 213/000032.)



- LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO. A
PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000002.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

El tercer punto del orden del día es la comparecencia del excelentísimo
señor Ministro de Agricultura ante la Comisión para desarrollar, a
petición del Grupo Parlamentario Popular, de Izquierda Unida y a petición
propia las previsiones y líneas generales a desarrollar por su
Departamento en este mandato.

Antes de dar la palabra al señor Ministro, me permitirán que, siendo ésta
la primera ocasión en que el señor Ministro, como Ministro de
Agricultura, comparece ante la Comisión, le felicite por su nombramiento
y que le desee en nombre de toda la Comisión los mayores éxitos en su
nueva responsabilidad. El señor Ministro, como



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SS. SS. saben, es ya un antiguo conocedor de la Comisión; no en vano ha
comparecido en la misma en su calidad de Director General de Industrias
Agrarias y Alimentarias, en su calidad de presidente del Forppa, e
incluso, en la pasada legislatura, en su calidad de Secretario de Estado
para las políticas de Agua y Medio Ambiente, y como SS. SS. conocen
también, fue miembro de esta Comisión y portavoz del Grupo Socialista en
parte de la pasada legislatura.

Sin más, queremos felicitarle por su nombramiento y desearle los mayores
éxitos y expresarle también el deseo de nuestra colaboración desde las
distintas responsabilidades que cada Grupo tiene, y en este sentido
esperamos tener ocasión durante esta legislatura de poder tratar con S.

S. los distintos temas de política agraria, pesquera y alimentaria de su
Departamento.

Muchas gracias. Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en primer lugar quiero agradecer al señor Presidente las
amables palabras que ha tenido, que, efectivamente, me traen básicamente
muy buenos recuerdos de esta Comisión, de muchos años ya.

Viene siendo tradicional en la primera sesión que celebra la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de los Diputados que se
aborden las líneas políticas que va a desarrollar el Departamento en esta
legislatura. Solicité comparecer ante SS. SS. al tomar posesión como
responsable del Ministerio. También otros grupos parlamentarios
solicitaron mi presencia en esta Cámara y les deseo expresar mi
satisfacción plena al poder estar con ustedes en esta Comisión. Si cabe,
como ya les he dicho, es mayor esta satisfacción al comparecer como
Ministro del Gobierno en una Comisión de la que guardo muy gratos
recuerdos, en donde, básicamente, como ya ha dicho el Presidente, he
desarrollado mi actividad parlamentaria.

Aprovecho esta primera comparecencia para solicitar la colaboración de
todas las fuerzas políticas representantes en esta Cámara, en aras de la
mejora de las condiciones y la calidad de vida de los hombres y las
mujeres que habitan el medio rural y de los que se dedican a la actividad
pesquera.

Como SS. SS. conocen, mis primeras actuaciones al frente de este
Ministerio han ido encaminadas a conocer directamente de los
interlocutores vinculados al sector el estado de situación de las áreas
de producción, de transformación y de comercialización. He mantenido
reuniones con los sectores industriales, con las organizaciones
cooperativas, también con las organizaciones profesionales agrarias, con
el objeto de conocer sus puntos de vista, tan importantes en este sector.

Asimismo, he tenido la oportunidad de escuchar ideas e intercambiarlas,
con nuestros respectivos planteamientos, con los responsables agrarios de
todos los gobiernos autónomos, en el marco de la reciente conferencia
sectorial y en reuniones bilaterales con muchos de ellos. Aprovecho esta
comparecencia para manifestar a SS. SS. mi voluntad y mi compromiso de
continuar por esta vía de mi interlocución permanente con todas las
instituciones y organizaciones relacionadas con el sector. Tengo la
certeza de que esta línea de diálogo y cooperación que he iniciado es
plenamente coincidente con la trayectoria y con las tareas políticas de
futuro de esta Comisión. Creo, señorías, que el análisis de la situación
del sector nos va a llevar a muchos puntos de coincidencia y, en otras
ocasiones, como es lógico, aflorarán posiciones discrepantes, críticas,
en cuanto a las opciones para resolver los problemas existentes.

Me permito solicitar a SS. SS. que desde esta Comisión abordemos la
problemática del sector con el necesario realismo, sin pesimismos ni
triunfalismos -quizá estamos en un buen momento para planteárnoslo así-,
incluyendo viejos tópicos o supuestos y creo que infundados perjuicios y
prejuicios que a veces pueden manifestar (en otros países, yo creo que no
en España) sentimientos antieuropeístas. Nuestro presente nos permite
abordar el futuro con un optimismo necesario. Una feria a la que acudí
hace poco tenía como eslogan una frase que se me ha quedado: Si no existe
agricultura sin futuro, lo que sí es seguro es que no existe futuro sin
agricultura.

Les quiero expresar hoy, como estoy seguro lo hacen SS. SS. mi
reconocimiento al esfuerzo cotidiano realizado por agricultores,
ganaderos, industriales y pescadores para el logro de un mayor grado de
bienestar económico y social del conjunto del país. Desde esta Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca quizá deberíamos combatir la idea de
que la agricultura y la pesca no tienen futuro. Creo que es todo lo
contrario; no se corresponde con la realidad, y a ello pretendo referirme
a lo largo de la sesión de hoy.

Señorías, es obvio que las líneas generales de actuación política
expuestas por el Presidente del Gobierno en la sesión de investidura,
celebrada a mediados de julio, así como el programa electoral del partido
Socialista, refrendado por una buena parte de la sociedad española el
pasado 6 de junio, van a ser los elementos de referencia que marcan la
actividad política del Departamento. Los ejes básicos de actuación que
durante la actual legislatura pretendo impulsar y desarrollar pasan por
la adopción de una estrategia específica para, por una parte, reivindicar
la modernidad del mundo rural, reivindicar el desarrollo del mundo rural,
avanzar en la vertebración del sector, mejorar la competitividad,
reforzar la posición española en el marco comunitario, incrementar la
cooperación imprescindible con otras administraciones públicas y con las
organizaciones representativas, así como proponer a la Cámara todas
aquellas normas que nos conduzcan a alcanzar estos objetivos.

El sector agrario debe apoyarse, y creo que de esto todos somos
conscientes y estamos de acuerdo, en empresas cada vez más competitivas,
tanto frente a los mercados internos como frente a los mercados que
llamábamos de exportación y que ya son mercados domésticos, los mercados
comunitarios, y otros mercados de terceros países. No podemos olvidar en
ningún caso que la



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dimensión de las explotaciones debe garantizar a los agricultores no sólo
unos ingresos y rentas suficientes para mejorar su nivel de vida en
función en parte de su producción y en parte de los sistemas de
protección, sino que debe garantizar hacia el futuro la competitividad de
sus productos en el mercado. Por ello, durante la actual legislatura
pretendo que el Gobierno presente al Parlamento una ley de modernización
de las estructuras agrarias, en la que prácticamente creo que coincidían
casi todos los programas electorales, que contemplará, entre otros, los
siguientes objetivos. Por una parte, potenciar la explotación familiar
agraria, como elemento indispensable en la necesaria modernización de las
estructuras productivas. A ese estímulo a la explotación familiar agraria
podremos dedicar durante la legislatura un volumen de ayudas de alrededor
de 70.000 millones, que permitirán una inversión privada de unos 200.000
millones. Favorecer la puesta en marcha de inversiones colectivas.

Continuar impulsando una política de rejuvenecimiento e instalación de
agricultores jóvenes, mediante un conjunto de acciones complementarias
que consigan revitalizar el mundo rural, fijar al joven profesional en la
agricultura, fomentar el empleo juvenil y el relevo generacional. En esta
legislatura pretendemos llevar a cabo una inversión, en lo que se refiere
a la incorporación de jóvenes, del rejuvenecimiento de nuestro sector, de
alrededor de 35.000 millones. Propiciar el abandono de explotaciones no
competitivas, liberando suelo para la mejora de otras explotaciones y
apoyando el programa de cese anticipado en la actividad agraria, dentro
de los objetivos que ya nos hemos fijado de acuerdo con las comunidades
autónomas. El objetivo, como saben, es que se pueden acoger al cese
anticipado alrededor de 25.000 agricultores y 5.000 familiares que
trabajen en la misma explotación. Favorecer la movilidad del suelo,
estableciendo un conjunto de medidas y estímulos fiscales para
incrementar el tamaño de las explotaciones, modificando, entre otras
cosas, para ello la vigente legislación de arrendamientos rústicos,
permitiendo que estos arrendamientos puedan tener una duración menor y
que, de este modo, puedan propiciar una movilización mayor de la tierra.

Impulsar la modernización y renovación de regadíos tradicionales, para
obtener un ahorro de agua en el riego con un uso eficiente y social de la
misma, como prevé el futuro Plan Hidrológico Nacional. En cuanto a las
nuevas transformaciones, debemos ser muy rigurosos en su selección,
atendiendo, como es lógico, no sólo a criterios sociales, técnicos y
económicos, sino teniendo en cuenta otros factores que tradicionalmente
no se han evaluado: efectos sobre la ordenación del territorio, sobre el
desarrollo rural y el impacto medioambiental que puedan tener estas
nuevas transformaciones.

La integración de los diferentes elementos que intervienen en el sistema
agroalimentario va a constituir (posiblemente hablaremos mucho de ello;
al menos yo pretendo hablar permanentemente de esta cuestión) uno de los
objetivos estratégicos en la actuación del Ministerio de Agricultura en
la presente legislatura. Partimos de la base de que no se pueden
contemplar de forma aislada los problemas del sector de la producción, de
la transformación y de la comercialización, en cada uno de los
subsectores. Desde mi punto de vista, el proyecto más importante que está
en fase de consulta con las organizaciones profesionales y con los
responsables de las comunidades autónomas, y que espero poder concluir en
fechas próximas para que el Gobierno lo remita al Parlamento en breve
plazo, es el proyecto de ley de la interprofesión, que dotará al sector
del instrumento legal que permita la vertebración vertical del mismo y
mejorará la coordinación de esfuerzos de los distintos eslabones que
componen la cadena agroalimentaria, con un fin último, el de generar un
mayor valor añadido de los productos y, por tanto, un incremento de la
renta a percibir por los productores, pero también esta ley debe
conseguir una mejora importante en la posición competitiva de nuestra
industria agroalimentaria, de nuestro sistema agroalimentario
globalmente, establecer un marco de relaciones y colaboración que hará
posible políticas de promoción, de investigación, de desarrollo de nuevos
productos, la incorporación de avances tecnológicos, la política de
calidad, la normalización de productos y un mejor conocimiento de
mercado. En definitiva, nuestro sistema estará dotado de un modelo de
relaciones intra e intersectoriales, que se ha mostrado clave para el
desarrollo del sistema agroalimentario en diferentes países comunitarios,
como SS. SS. conocen muy bien, y que, por el grado de madurez que ha
alcanzado en algunos subsectores en nuestro país, puede consolidarse de
forma definitiva en los próximos años. No voy a ser exhaustivo ni mucho
menos, pero sectores como los cítricos, la fruta dulce, el porcino, el
remolachero-azucarero podrían ser los pioneros en avanzar por esta línea.

Creo que la ley de la interprofesión no hace interprofesiones; las
interprofesiones las hacen los sectores, los agricultores, los
comerciantes, los industriales. Hace falta una ley para que les dé una
posibilidad de tener un marco jurídico en el que poder desarrollar mejor
la interprofesión, pero les haría un llamamiento a todos ustedes porque
podríamos generar una falsa esperanza si hacemos pensar que la ley de la
interprofesión es la que hace las interprofesiones. Eso en ningún caso es
cierto. Puede haber una ley de la interprofesión muy bien hecha
-esperemos que después de pasar por el Parlamento sea una ley muy
perfecta- y esa ley puede, por descontado, no promover ninguna
interprofesión. La interprofesión es un trabajo de todos y debe contar
con el impulso político de todos los grupos, de los gobiernos autonómicos
y del Gobierno central, el respaldo político; no hemos de interferir ni
intervenir en lo que es un acuerdo entre las partes, pero sí que han de
saber que los poderes públicos, a todos los niveles, van a respaldar, van
a apoyar a aquellos que, dejando a veces viejos recelos y viejas
tensiones, sean capaces de tener la generosidad, que después va a ser
lógicamente premiada por el buen funcionamiento de la interprofesión, de
avanzar en esta línea de cooperación sectorial vertical en cada uno de
los subsectores.

Nuestro sector agroalimentario de transformación ha consolidado un
desarrollo muy importante, que le coloca



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en este momento en el quinto, casi cuarto, lugar en el mercado
comunitario. Pensemos que los que están delante todavía están en un nivel
muy alto de desarrollo y, por tanto, estar en el quinto lugar significa
sólo eso y que tiene una implantación fuerte en todo el territorio del
Estado. Está jugando en algunas zonas, y seguirá jugando, un papel
esencial como animador económico de las áreas rurales, permite compensar
jornadas laborales dedicadas a la agricultura o dedicadas a la
transformación, transforma el 75 por ciento de nuestra producción
agraria. Cuando hablamos de estos porcentajes hemos de pensar que esa
transformación, a veces correcta desde el punto de vista estadístico,
está en niveles de transformación que todavía pueden incrementarse.

Muchas veces contabilizamos, y es correcto, como transformación un primer
proceso, cuando un producto, como saben SS. SS. perfectamente, puede
incorporar otros muchos más procesos de transformación que incrementen el
valor añadido. Por tanto, cuando hablamos del 75 por ciento, ese 75 por
ciento puede seguir transformándose y alcanzar niveles mucho más altos y,
en consecuencia, incorporar mucho más valor añadido y generar también
muchos más puestos de trabajo.

En el conjunto de nuestra industria, el valor añadido bruto de la
industria agroalimentaria es el más importante, representa un 20 por
ciento. En algunas comunidades autónomas, en algunas regiones alcanza
hasta el 28 por ciento, y refleja muy bien lo que representa el sector
agroalimentario. Si seguimos con los criterios de comparación, son las
comunidades con una renta per cápita más elevada aquellas que tienen un
porcentaje más alto de participación de la industria agroalimentaria en
el conjunto de la industria. La industria española agroalimentaria ha
hecho un gran esfuerzo para mejorar su posición competitiva en los
últimos años. Ha tenido un gran apoyo económico de la Administración, de
las administraciones, que han dedicado, en este período 1987-92, en estos
últimos cinco años, alrededor de 200.000 millones para subvencionar el
billón de pesetas que estimamos que ha invertido nuestra industria en la
modernización de sus estructuras industriales y en la incorporación de
mejoras tecnológicas, que han incrementado el nivel de eficiencia de
nuestro sector transformador, con algunas tensiones de
sobredimensionamiento en algunos subsectores. Esta política de apoyo
prioritario a la mejora de la industria va a hacerse más selectiva en
esta legislatura, con líneas de ayuda que colaboren con el esfuerzo
inversor del sector. Apoyaremos esencialmente subsectores o fórmulas
asociativas que, en colaboración con la industria y con las
organizaciones cooperativas, consideremos las más adecuadas para mejorar
la posición competitiva de los sectores.

En el campo de las producciones y los mercados agrarios, tres son los
ámbitos de actuación de la política que vamos a desarrollar. En primer
lugar, el Gobierno seguirá manteniendo la más firme posición en defensa
de los intereses de nuestros agricultores en la definición de la PAC,
cuyas decisiones tanto condicionan, en gran medida, el futuro de la
agricultura comunitaria y, por tanto, de la española. Las reformas que se
han llevado a cabo están teniendo efectos, yo creo, bastante positivos
sobre los sectores a los que están afectando en nuestro país. Nos quedan
sectores muy importantes por reformar, y ahí es donde básicamente hemos
de poner nuestro esfuerzo político y negociador. En segundo lugar, la
gestión y aplicación efectiva de la PAC y sus reformas implicará
continuar con el acuerdo institucional que mi antecesor, Pedro Solbes,
supo encauzar, y yo creo que con con muy buen sentido, con las
comunidades autónomas basado en la corresponsabilidad y en la
colaboración mutuas. Por último, el desarrollo de una política agraria
nacional que complemente la realizada en el marco comunitario debe ser
siempre pactada, consensuada, a ser posible, con los responsables de la
política agraria, que son las comunidades autónomas, en un gran número de
actividades y de responsabilidades, a las que después me referiré. En
cuanto a la conferencia sectorial, debemos seguir potenciándola y es en
el marco de la misma donde podemos hacer más eficaz la plasmación en
nuestro país de la política agrícola comunitaria.

La política agrícola comunitaria, por otra parte -aunque a ella nos
referiremos esta tarde, creo, abundantemente-, viene enmarcada
fundamentalmente por las conclusiones de la Ronda Uruguay, ante cuyas
previsibles decisiones el Gobierno está manteniendo una postura acorde y
firme en la defensa de nuestros intereses. Repecto al preacuerdo de Blair
House, nuestro objetivo es mantener la renta de los agricultores, hacer
efectiva la preferencia comunitaria, aplicar permanentemente, a ser
posible. la cláusula de paz, contabilizar en la CAJA VERDE las ayudas
introducidas en la reforma y, asimismo, seguiremos defendiendo la
aplicación permamente de la cláusula de salvaguardia para prevenir
importaciones procedentes de terceros países. Hemos tenido, como saben,
señorías, en estos últimos días, casi semanas, dos aplicaciones de la
cláusula de salvaguardia. Cuando uno utiliza un instrumento y le es útil,
no quiere abandonarlo y, por tanto, vamos a ser muy insistentes en que la
cláusula de salvaguardia es un instrumento eficaz, útil y que, a veces
«in extremis», nos ofrece una garantía, en todo caso, global que hemos de
mantener. Estaremos igualmente muy atentos para valorar la situación
general de la agricultura comunitaria tras la Ronda Uruguay, ya que, como
es obvio, tenemos organizaciones comunes de mercado pendientes que son de
un gran interés para la Comunidad, pero, especialmente, para los países
mediterráneos y muy principalmente para España. Se trata, como ya saben
SS. SS., de las organizaciones comunes de mercado del vino, del azúcar,
del arroz y de las frutas y hortalizas, sectores en los que, desde
nuestro punto de vista, resulta clave el mantenimiento, y yo diría, más
que el mantenimiento, la recuperación de dos principios básicos de la
PAC: la preferencia comunitaria y la solidaridad financiera. Hemos de
introducir, por tanto, en la reforma de estas OCM, criterios semejantes a
aquellos que han guiado las reformas llevadas a cabo hasta ahora en el
marco de la política agrícola comunitaria. No voy a profundizar más en
esta materia, señorías, ya que esta tarde



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tendremos un debate específico, en el Pleno, como consecuencia de una
interpelación al Gobierno del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que
creo que nos dará ocasión para poder insistir algo más en estas
cuestiones.

En cuanto a la reforma de la PAC, aprobada en mayo de 1992, saben SS. SS.

que hay muchas cuestiones pendientes que se deben perfilar para poder
ofrecer a los agricultores todos los elementos necesarios para la toma de
decisiones en condiciones óptimas. Será necesario discutir en el Consejo
de la Comunidad la necesidad de solucionar aspectos que se derivan de la
existencia de una superficie de base para el maíz y otra para los
cultivos herbáceos de regadío, ante situaciones como las generadas en la
pasada campaña por la sequía que nos ha afectado, como saben SS. SS. Para
este año, esa solución ya la tenemos, pero hemos de garantizar que
permanentemente pueda haber una estimación global de la superficie de
base que nos permita tener un margen de flexibilidad que merece un país
que tiene estas situaciones de sequías cíclicas y que nos pondrían en una
mala situación si esto no se hiciera de modo permanente.

Por otra parte, la retirada obligatoria de tierras, el SET ASIDE de
ragadío, desde nuestro punto de vista, supone una incongruencia muy
fuerte con los esfuerzos técnicos, con los esfuerzos económicos que
nuestro país tiene que hacer para ofrecer esta alternativa de regadío.

Por tanto, estamos planteando también la posibilidad de transferir esta
obligación a tierras de secano, con la aplicación de los coeficientes
adecuados que hagan neutra la operación: cambiar el SET ASIDE de regadío
por SET ASIDE de secano, ya sea del mismo titular, ya sea -ésa es una
petición un poco más compleja, pero la vamos también a plantear- con una
operación de TRANSFER entre distintos agricultores que puedan hacer el
SET ASIDE en su secano a cambio de que un agricultor de regadío no haga
el suyo, lógicamente con las compensaciones adecuadas entre ellos. No
obstante lo que acabo de mencionar, será necesario que en el transcurso
de los próximos años comprobemos si esta «extensificación» que orienta el
modelo de reforma que ha introducido la Comunidad, basado en la reducción
de precios y en la concesión de ayudas comunitarias por hectáreas,
resulta compatible con el mantemiento de una productividad económicamente
rentable. Esta campaña, por descontado, que sí, creo; quizá haya alguna
zona en la que, a pesar de los efectos de la reforma, hubiera preferido
que la sequía hubiera sido menos intensa. Sin embargo, globalmente,
podemos decir que sí, pero no es suficiente. Hemos de plantearnos si en
el futuro el esquema nos va a servir, si en el futuro el esquema nos
permitirá que con las ayudas podamos, al mismo tiempo, garantizar el
nivel de productividad que nos permita estar en los mercados.

Por último, en cuanto a cuestiones comunitarias, quiero señalarles la
necesidad de seguir con la máxima atención la aplicación de los
compromisos que la Comunidad Europea adquiere con terceros países, de
manera que garanticen la neutralidad de los efectos sobre algunos de los
sectores más sensibles de nuestra agricultura. El objetivo a conseguir es
que la carga de tales compromisos, caso de que la haya, se reparta
adecuadamente entre todos los socios comunitarios. Para ello vamos a
apoyar producciones hortofrutícolas, tales como el tomate fresco,
plátano, etcétera, a fin de defender su posición en los mercados.

Junto a algunos problemas de fondo que plantea la aplicación en España de
la PAC, existen otros problemas funcionales no menos importantes; digo no
menos importantes porque los retrasos o el no aprovechamiento al máximo
de algún tipo de política nos serían imputables como Estado en todo caso
y deberíamos evitar que ello pudiera suceder. Ahí la cooperación
autonómica es básica. De acuerdo con este modelo, el Ministerio va a
hacer un esfuerzo máximo de gestión conjunta con las comunidades
autónomas de la política agrícola comunitaria. Hemos iniciado ya la
aplicación de convenios que permiten a las comunidades autónomas asumir
la responsabilidad del pago directo de las ayudas comunitarias en una
línea de coordinación y de corresponsabilidad.

Tenemos muchos asuntos pendientes. Un objetivo a conseguir en la
aplicación de la PAC es una ordenación adecuada del territorio. Los
cambios producidos en el régimen de los cultivos herbáceos y las medidas
de acompañamiento, principalmente la forestación o reforestación, apuntan
hacia líneas que es necesario desarrollar coordinadamente con las
comunidades autónomas. La práctica agrícola del barbecho, práctica
tradicional presenta efectos muy positivos para el medio ambiente; por
tanto, creemos que tenemos fundamento, razón moral y económica para
plantear, en las medidas complementarias de la reforma y, en concreto,
dentro de las de protección medioambiental, la concesión de ayudas para
el mantenimiento de esta práctica. Ya tuve ocasión de hacerlo en el
último Consejo de Agricultura y espero que la Comisión, que tuvo una
receptividad bastante alta a esta propuesta, nos pueda dar una solución
para que lo que son en algunos casos, como saben, inventos comunitarios
para reducción de la producción y que en nuestro país, por necesidades
agronómicas, se venían practicando tengan la prima adecuada que impida
que se perturbe, precisamente, una política que ya estábamos llevando a
cabo.

Como les indicaba anteriormente, hemos de acometer la definición entre
todos de una política agraria nacional que complemente el marco de la
política agrícola comunitaria, que debe ser definida en el marco de la
conferencia sectorial. En este sentido, la modernización de algunos de
nuestros sectores productivos clásicos, así como la adaptación de los
cambios derivados de la reforma de la PAC, son algunas de las actuaciones
que vamos a abordar. Paralelamente a la entrada en vigor de las medidas
de acompañamiento de la reforma vamos a llevar a cabo una serie de
medidas en el sector de los medios de producción que permitan una
reducción de costes y que compensen la reducción de precios,
independientemente de los sistemas de ayudas.

En cuanto a actuaciones concretas en sectores productivos, que por muy
diversas causas se verán afectados por la entrada en vigor del mercado
único, destacaremos quizá las más importantes. En cuanto a la adaptación
y



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mejora del sector remolachero-cañero, el año que viene el sistema nos va
a permitir todavía estar en el último nivel de adaptación de precios,
pero a partir de ese momento necesitaremos, requeriremos, exigiremos -en
este sector voy a insistir mucho, porque nuestra competitividad es,
indudablemente, baja con respecto a otros países comunitarios- algún
esquema de ayudas y si no lo obtuviéramos la viabilidad sería
cuestionable. En este aspecto no quiero hacer ningún tipo de alarmismo,
sino todo lo contrario. Quiero garantizarles a SS. SS. que el Gobierno
tiene la decisión firme y cerrada de que nuestro abastecimiento azucarero
-no tenemos ninguna ambición exportadora- y, por tanto, la implantación
de los cultivos de remolacha en zonas muy importantes del país se puedan
mantener poniendo en marcha los niveles de las ayudas adecuadas. Otras
actividades serían la adaptación del sector del tomate en fresco, la
adaptación también del sector hortícola intensivo, poniendo en marcha
ayudas para mejorar invernaderos para que sean competitivos con otros
países comunitarios; la reconversión del sector de frutas de pepita, la
varietal y la mejora sanitaria del sector citrícola y medidas de apoyo a
la agricultura cerealista de secano.

Nuestros conciudadanos de zonas rurales disponen de unos niveles de renta
y de bienestar social que han de ser mejorados fundamentalmente a través
de actuaciones que se dirijan a la diversificación de actividades que
permitan a la población la obtención de ingresos complementarios a los
estrictamente agrarios. El esfuerzo que se ha hecho en dotación de
servicios básicos y de equipamientos de apoyo a la población y a las
empresas debe seguir haciéndose: mejorar las comunicaciones, facilitar la
calidad de vida en las zonas rurales. Por descontado que la agricultura o
la actividad forestal van a seguir siendo actividades básicas en las
zonas rurales, pero es imprescindible mejorar su competitividad. Es
necesario que en los próximos años pongamos en marcha medidas que tiendan
a la diversificación de esta actividad económica, promoviendo la creación
de empleos complementarios para los agricultores y para los habitantes de
zonas rurales, y en concreto quisiéramos actuar en las siguientes líneas;
líneas que en algunos casos -les obvio a SS. SS. hacer la definición o
distinción entre las responsabilidades autonómicas y las estatales, que
SS. SS. conocen- pueden introducir algún elemento de análisis que pueda
no ser correcto, pero creo que la preocupación de esta Comisión y del
Ministerio lógicamente es impulsar, incentivar, catalizar la acción de
las comunidades autónomas, aunque no sean competencias específicas de la
Administración central del Estado.

Estas líneas serían el fomento y el apoyo a la formación profesional de
los habitantes del medio rural, especialmente dirigida a dar satisfacción
a nuevas demandas y a nuevas actividades; actividades que deben llevar a
cabo fundamentalmente las comunidades autónomas, pero que, lógicamente,
no dejan de formar parte de la preocupación y de la responsabilidad del
Gobierno del Estado; revalorizar la producción agraria mediante apoyo a
los procesos de transformación y comercialización de los productos
agroalimentarios de carácter más típico o más local, todo aquello que
tiene que ver con denominaciones específicas de calidad, denominaciones
de origen, en la mayoría de los casos de producción artesanal o
artesanal-industrial; desarrollo y explotación de bosques y de sus
producciones potenciales; apoyar de un modo más amplio las inversiones
efectuadas en la residencia permanente de los agricultores, la vivienda
rural, siempre que esté ubicada en un núcleo rural. Estas inversiones
podrán destinarse no sólo a la restauración sino también y básicamente a
la mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, con menores
restricciones de las que actualmente tenemos, consiguiendo con ello
efectos que pueden no sólo, en primera instancia, favorecer la calidad de
vida de nuestros agricultores, sino después servir de base para algo que
mencionaré a continuación, que es el desarrollo del turismo rural. Es
obvio que cada día hay una ligación más estrecha entre patrimonio rural,
recursos naturales y turismo rural, que se está revelando como una
actividad económica que puede tener una importancia creciente, que
aportará al sector nuevas rentas, nuevos empleos complementarios a los
estrictamente agrarios.

Quiero señalar a SS. SS. que gran parte del éxito de éstas dependerá del
grado que se alcance en la cooperación entre los niveles locales,
regionales, autonómicos, central y comunitario. Este es -lo he dicho ya
creo que en dos ocasiones- uno de nuestros grandes retos. Hemos de
mantener un nivel de cooperación por el que, sin celos competenciales
sino con celo por servir mejor a los ciudadanos, no creemos bloqueos
entre administraciones que impidan obtener el máximo rendimiento de los
recursos comunitarios o nacionales. Por tanto, deberemos establecer
mecanismos de financiación adecuadamente dotados y ágiles que movilicen
la inversión privada y que generen nuevas actividades y ocupación en la
población.

En este contexto, y teniendo en cuenta, por una parte, el Libro Verde
sobre las iniciativas comunitarias, donde se considera necesario y
prioritario potenciar el desarrollo rural mediante los fondos
estructurales y, por otra, la experiencia de los programas Leader,
tenemos la firme decisión de poner en marcha un conjunto de medidas que
fomenten el desarrollo del mundo rural. Estas medidas deben incentivar un
conjunto de actividades productivas, obras, servicios, ordenación
agroambiental, y todo ello debe ser realizado en estrecha colaboración
con las comunidades autónomas, que deben participar en su elaboración y,
por supuesto, serán las responsables de aplicar las medidas propuestas.

El mantenimiento del tejido social en las zonas rurales y el objetivo de
crecimiento de los niveles de renta y bienestar de los habitantes de
estas zonas es de gran interés para el conjunto de la sociedad, no es
sólo de interés para el mundo rural, es de interés para toda nuestra
sociedad, como una condición necesaria e imprescindible para preservar
valores medioambientales, valores culturales, para preservar, en
definitiva, nuestro patrimonio rural.

Esto me lleva a referirme a la preocupación creciente en el marco
comunitario y en nuestra sociedad y a la que



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podemos dar satisfacción y respuesta desde nuestra situación actual en lo
que se refiere a la protección del medio natural. La protección del medio
natural debe pasar por una serie de políticas que se podrían simplificar
en tres grandes cuestiones, algunas de ellas ya con planes en marcha. Por
una parte, está el control de los procesos de erosión y desertificación,
la protección de nuestra cubierta vegetal y la conservación de nuestra
biodiversidad.

Los procesos de erosión y desertificación, como saben SS. SS., están
adquiriendo cada vez más importancia no sólo como problema medioambiental
sino como demanda creciente y sensibilización en favor de la protección y
conservación de la naturaleza. Por ello, vamos a continuar aplicando el
Plan nacional de lucha contra la erosión, elaborado en el año 1991, que,
como saben SS. SS., tiene los siguientes objetivos: la detección y el
control de los procesos erosivos, la recuperación de la capacidad
biológica de las áreas degradadas, la mejora y ampliación de las
superficies forestales, la producción de especies forestales más
resistentes a las enfermedades y con mayores crecimientos, la
consolidación y defensa de este patrimonio público forestal y de las vías
pecuarias. A este respecto estamos elaborando un borrador de anteproyecto
de ley de vías pecuarias. Deberemos también regularizar el ciclo
hidrológico y conseguir otros efectos, que no son desdeñables, como
efectos paisajísticos o recreativos, que contribuyen al asentamiento de
la población rural, compatible con la generación de actividad turística,
con la conservación del medio natural y de los ecosistemas naturales. En
la protección de la cubierta vegetal seguiremos actuando mediante la
prevención y lucha contra incendios forestales, cada uno en su nivel y
con su responsabilidad competencial, y en la defensa contra plagas,
enfermedades y contaminación.

En cuanto a incendios vamos a dar, de manera coordinada con las
comunidades autónomas, un fuerte impulso a la prevención con el fin de
reducir el impacto del fuego sobre la superficie forestal y que se podría
concretar en las siguientes medidas: actuar sobre las causas que
propician la aparición de los incendios para reducirlos en la medida de
lo posible al número de siniestros inevitables por causas naturales o
accidentales; intensificar la silvicultura preventiva mediante la
aplicación de técnicas que hagan que los montes sean menos combustibles,
y el mantenimiento y promoción del potencial de extinción disponible con
la actualización necesaria que permita mejorar el nivel de eficacia que
hemos alcanzado. Quizá en este punto es donde el compromiso desde el
punto de vista del Gobierno es más fehaciente, porque es donde hemos
asumido una responsabilidad más concreta en todo lo que se refiere a
sistemas de apoyo para la extinción. En los otros elementos que he
mencionado básicamente nuestro trabajo ha de ser de cooperación con las
comunidades autónomas, que son las responsables de la prevención y de la
extinción, en todo caso. En cuanto a plagas y enfermedades, continuaremos
trabajando en colaboración también con las comunidades autónomas para la
puesta a punto de métodos de lucha biológica e integrada.

La tercera actuación para la protección y mejora del medio natural es la
conservación y promoción de la biodiversidad, y para ello considero
necesario desarrollar dos medidas específicas: preservar los ecosistemas,
y en este campo incluimos las acciones encaminadas a completar y
consolidar la red estatal de parques nacionales, concebida como
muestrario representativo y bien conservado de nuestra diversidad
biológica. Paralelamente se pondrán en marcha mecanismos de coordinación
con las comunidades autónomas para impulsar políticas regionales en
materia de espacios naturales protegidos, de competencia autonómica; el
mantenimiento de la biodiversidad biológica y genética, es decir, de la
flora y de la fauna, así como de sus hábitats y en particular de las
especies amenazadas y protegidas.

Como saben, España suscribió el Convenio de Biodiversidad. Tenemos un
patrimonio y una responsabilidad importante en lo que se refiere a
nuestra biodiversidad. El avanzar en este terreno nos puede permitir
revalorizar ese patrimonio de diversidad biológica que podemos
desarrollar en el futuro, que nos permitirá obtener nuevos productos
alimentarios o industriales. Creo que vale la pena hacer este esfuerzo
porque la gran carga pero al mismo tiempo el gran patrimonio desde el
punto de vista genético de la Comunidad está en España. No es Europa
precisamente una gran reserva de biodiversidad pero sí España en el marco
comunitario.

Por último, en el sector pesquero, tanto a nivel nacional como a nivel
comunitario y mundial, atravesamos desde hace algunos años por una
coyuntura difícil. Dado que los problemas están interrelacionados,
resulta evidente que las eventuales soluciones únicamente podrán
encontrarse a través de un enfoque igualmente global. Fruto de esta toma
de conciencia es la necesidad imperativa de concebir la política pesquera
con carácter globalizador. Es la concepción y el diseño de lo que a nivel
comunitario ha venido en llamarse la nueva política pesquera, plasmada en
el nuevo Reglamento-marco y aprobada por el Consejo de Pesca del pasado
mes de diciembre.

Las líneas que el Gobierno va a seguir en materia pesquera tienen como
marco de referencia tanto el carácter globalizador como la necesaria
conexión de la política nacional con la comunitaria. Bajo esta óptica se
conciben cinco ejes fundamentales de actuación política, de cuyo
desarrollo e interacción se obtendrán las mejores condiciones para que
nuestro sector pesquero alcance la máxima rentabilidad en el ejercicio de
su actividad. Por una parte, una política de conservación. Toda política
pesquera debe ineludiblemente basarse en el conocimiento profundo y
continuado del estado biológico de los recursos y de las interrelaciones
entre ellos y el medio ambiente en que viven. Más aún, la política de
investigación debe ser multidisciplinar para poder conocer y evaluar no
sólo las dimensiones biológicas, ecológicas y medioambientales sino
también las sociales, económicas y comerciales. Es imprescindible seguir
apoyando y



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potenciando la investigación pesquera y oceanográfica, realizada
principalmente a través de los programas que se centran en la evaluación
y en la prospección de los recursos y en el asesoramiento para el
establecimiento de zonas o épocas de veda o para la adopción de medidas
técnicas. Les quiero hacer, señorías, especial mención de la política de
instalación de arrecifes artificiales y, sobre todo, de la creación de
reservas marinas. En la actualidad tenemos declaradas ya Columbretes y
Tabarca y próximamente lo serán Gata, La Graciosa, el Cabo de Palos y el
Cabo de San Antonio, como reservas marinas en donde las especies se
puedan recuperar.

La regulación y el control de la actividad de la flota pesquera exige el
conocimiento actualizado de la capacidad y características de los buques,
lo cual se va canalizando a través de la creación y actualización del
censo operativo de la flota. La actividad se regula a través de los
contingentes, de las autorizaciones, de los cambios de modalidad,
etcétera. Ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra flota y
en este contexto el objetivo prioritario para el año 1994 va a ser
establecer un sistema general de licencias de pesca, un sistema que
englobe los distintos tipos de autorizaciones existentes actualmente, de
forma acorde con las exigencias comunitarias y con vistas, en definitiva,
a maximizar la operatividad de nuestra flota y eliminar tiempos muertos.

También se actuará en la elaboración de medidas técnicas que se
consideren necesarias para garantizar la conservación de los recursos y
la sostenibilidad de la actividad. En este sentido quiero subrayar que
España ha establecido una serie de medidas técnicas suplementarias a las
comunitarias. Como saben, tenemos prohibiciones internas de utilización
de redes de malla a la deriva o de arrastre semipelágico y que
intentaremos que vayan siendo asimiladas por la normativa comunitaria,
porque aunque estamos, y el sector también, convencidos de que deben
llevarse a cabo las prácticas tal y como establece la normativa española,
lo importante es conseguir también que sus condiciones de competitividad
no se vean deterioradas porque la normativa comunitaria no tenga el mismo
nivel de exigencia.

La actual situación de sobrecapacidad de pesca nos exige soluciones
estructurales, también soluciones de control y vigilancia para las que
España se irá dotando progresivamente de los medios necesarios, tanto
humanos como materiales. Hemos de plantear exigencias a los países
comunitarios, a las flotas comunitarias, también a las flotas de terceros
países, pero una de las condiciones para plantear esas exigencias de
control reside precisamente en que tengamos nosotros esa capacidad de
control y de demostrar la capacidad sobre todo.

En cuanto a las medidas estructurales, estamos poniendo en marcha
programas específicos para determinadas flotas, tales como la congeladora
de gran altura, la bacaladera y la que tradicionalmente se ha llamado la
flota del Gran Sol. España ha participado muy activamente en la
formulación de la política estructural pesquera comunitaria. Quizá sea
una de las políticas en donde la participación española ha sido
absolutamente decisiva, aunque sólo fuera por el peso de nuestro sector
pesquero pero también por el trabajo desarrollado por nuestra delegación.

La importancia que hemos concedido a esta política estructural ha sido
muy alta y ha sido un elemento fundamental para el desarrollo de esa
política estructural, tanto desde el punto de vista cualitativo como
cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, se han ampliado
conceptos, se han puesto en marcha los conceptos de empresa mixta, de
campañas de reorientación, y en el cuantitativo, el aumento de la
financiación, tanto a nivel nacional como comunitario. Nuestra actividad
se centrará en continuar avanzando en este incremento cualitativo y
cuantitativo y en intentar un enfoque global que relacione todas las
políticas, que no permita a veces a la Comisión -no quiero hacer ninguna
crítica a la Comisión en este caso o a otros Estados miembros- segmentar
el proceso y plantear políticas de conservación, de gestión, de control y
de vigilancia integrales.

Tras la reciente cumbre de Edimburgo, como SS. SS. conocen, a través de
la creación del instrumento financiero para la orientación de la pesca,
el IFOP, se han incluido las ayudas al sector pesquero en los fondos
estructurales. Nuestra actuación se centrará en la presentación, en los
plazos marcados, de un plan sectorial para el período 1994-1999 que
contendrá la fijación de las medidas previstas para alcanzar los
objetivos de la política común pesquera, así como los planes de
financiación de las mismas, que deberán materializarse en los siguientes
campos: ajustar lo más perfectamente posible, teniendo en cuenta las
dificultades, el esfuerzo pesquero; renovar y modernizar nuestra flota;
programas de acuicultura; zonas marinas protegidas, a las que ya he hecho
mención; transformación y comercialización de productos y promoción de
productos pesqueros. Este es un sector en el que, al igual que en el
agrario, los niveles de transformación todavía en algunos subsectores son
bajos. Se puede incrementar mucho el valor añadido; se pueden aumentar
mucho los procesos de transformación en fresco, en semifresco y en
transformado. Teniendo en cuenta que somos en el sector pesquero
tremendamente deficitarios, hemos de conseguir que las capturas de
terceros países alcancen un nivel de transformación lo más elevado
posible en nuestro país.

La puesta en marcha del IFOP nos permitirá la designación de zonas
dependientes de la pesca, así como las medidas socioeconómicas de
acompañamiento y, por tanto, también la integración en el Plan de
desarrollo regional de las ayudas correspondientes a las regiones de
Objetivo 1.

En cuanto a mercados -y esto no se refiere sólo a la pesca, obviamente-,
nos estamos encontrando con una corriente liberalizadora tanto a nivel
internacional como comunitario, lo que nos plantea disyuntivas difíciles
que también son predicables de otros sectores -del pesquero y del
agrario- que plantean intereses encontrados; en el caso de la pesca,
entre el sector extractivo y el sector transformador de los productos de
pesca. A pesar de todo ello, la importancia que hemos concedido a estos
aspectos ha permitido que el nuevo reglamento de mercados,



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que se aprobó a finales de año, amplíe el número de especies a las que se
extiende la intervención comunitaria y un cierto ajuste en cuanto a la
protección de otras especies frente a las importaciones procedentes de
países terceros. Es fundamental garantizar un nivel adecuado de ingresos
para nuestros pescadores y una rentabilidad para nuestras flotas. En este
sentido, actuaré en aspectos tan básicos como la defensa del principio de
preferencia comunitaria frente a las producciones exteriores, el
establecimiento de tallas mínimas comerciales, la aplicación de las
directivas sanitarias y, finalmente, la instauración de una política de
calidad que actúe como factor diferenciador para mejorar los niveles de
competitividad frente al exterior.

Hay dos cuestiones concretas que desearía desarrollar durante esta
legislatura. En primer lugar, la normalización e integración de la nueva
política común pesquera de la flota española, que fue objeto de un
régimen específico en el Tratado de Adhesión. España considera que este
asunto es de la mayor importancia, porque no se pueden mantener
velocidades distintas cuando se ha participado de una forma tan
constructiva y tan plena en el diseño y en la materialización de la nueva
política común pesquera. Se han realizado unos esfuerzos muy importantes
de racionalización y control y se ve en el horizonte próximo una eventual
ampliación de la Comunidad. Es necesario, por tanto, acabar con esas dos
velocidades distintas porque España, independientemente de los
calendarios del Tratado, merece, por el esfuerzo que ha hecho en la nueva
política común pesquera, un tratamiento uniforme, equilibrado y
equitativo con respecto a las otras flotas.

En segundo lugar, el Gobierno presentará una ley general de pesca. Es
necesaria su promulgación y se justifica por cuatro razones: la
proliferación y la dispersión de disposiciones; una insuficiencia
significativa del rango normativo de estas disposiciones -se está
funcionando con disposiciones de un rango menor que las hacen poco
operativas-; la falta de adecuación de estas normativas al reparto
constitucional de competencias entre la Administración central y las
comunidades autónomas; la necesidad de integrar en la normativa nacional
los principios de la política pesquera común. Finalmente, la
racionalización y perfeccionamiento del régimen de sanciones vigente. Por
otra parte, queremos poner un acento muy especial en la formación
pesquera, acorde con los conocimientos básicos y especializados
requeridos en el mundo actual. Se procederá a la promulgación de una
nueva normativa legal, a través del instrumento que nos permite la Logse,
que regule las enseñanzas y el ejercicio de las distintas actividades
profesionales.

Quizá he hecho una exposición bastante extensa, ni mucho menos
exhaustiva, del sector pesquero por algo que SS. SS. yo creo que conocen
perfectamente. En el sector pesquero, en todos aquellos buques de más de
12 metros de eslora, en todos aquellos que están navegando por todos los
mares y océanos del planeta, la competencia de la Administración central
es muy fuerte y va a seguir siéndolo. Por tanto, hemos de pormenorizar
más algunas acciones porque es donde tenemos el nivel competencial -va a
seguir siendo así- más elevado y donde, aunque desde el punto de vista
del equilibrio económico, del equilibrio de la valoración sectorial,
quizá no correspondería una parte tan pormenorizada de la política
pesquera, sí desde el punto de vista competencial creo que es necesario
poner el acento en esa política de la que dependen grandes zonas de
nuestro país y que, además, tiene un futuro complicado pero creo que
esperanzador, una vez resueltos muchos de los problemas pendientes de
racionalización de nuestras flotas.

He intentado exponer de una forma creo que muy concisa cuáles son las
pautas, las directrices políticas que voy a seguir desde el Ministerio y
las medidas que van a hacer posible la realización de todas ellas. He
dicho al principio que me gustaría insistir en el papel que debe
desarrollar la Conferencia sectorial. La Conferencia sectorial, que, como
saben SS. SS., tiene ya una capacidad de acuerdo y de decisión que
vincula desde el punto de vista legal, y si es importante en todas las
actividades de nuestra Administración, posiblemente en agricultura, en el
sector agroalimentario, incluida la pesca, tiene una eficacia posible y
una virtualidad mucho mayor. El nivel de transferencias es muy elevado.

La política agraria sobre el terreno la hacen las comunidades autónomas.

La coordinación, en cambio, con la Administración central y, por tanto,
con los efectos de la política agrícola comunitaria es absolutamente
vital. Podemos tener situaciones no deseadas de retrasos o de efectos
perturbadores para nuestros agricultores y ganaderos y deberíamos evitar
pasarnos la responsabilidad, aunque al final cada uno tiene la suya, como
es lógico. Podría entenderse una cierta incomprensión por parte de
nuestros agricultores y ganaderos cuando se les dé la explicación de que
la responsabilidad ha sido de la comunidad autónoma o ha sido de la
Administración central. El problema para el agricultor no es de quién ha
sido la responsabilidad, sino cuál ha sido el efecto que ha producido.

Por tanto, la Conferencia sectorial deberá asumir cada vez más
responsabilidades; deberá asumir todas aquellas transferencias en gestión
que deseen las comunidades autónomas. El proceso no tiene por qué ser
lento, porque podemos poner en marcha instrumentos con eficacia
inmediata, tipo convenios como el que hemos establecido ahora con el
SENPA. Vamos a poner a disposición de las comunidades autónomas, vía
convenio también, esperando después a ver cómo se produce un proceso de
transferencias de personal, el personal posible que pueda ser utilizado
por las comunidades autónomas para prestar un mejor servicio al
agricultor.

Pero yo creo que hay una serie de actividades que nos preocupan a todos y
en las que la Conferencia sectorial va a ser vital. Desde esta Comisión o
desde el Gobierno podemos actuar, además de todo lo que SS. SS. sugieran
o puedan imaginar, porque hace falta algo de imaginación en estas cosas.

Pero decía que hay algunas preocupaciones que se reflejan en la
Administración central y en cambio la Administración central no tiene ya
ninguna competencia. Son procesos a veces permanentes de



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demanda o de crítica cuando básicamente lo que debemos hacer es instar a
las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia sectorial y
desde la propia Comisión, a ejercer esas competencias con el mayor rigor
posible al igual que, lógicamente, es exigible del Gobierno que haga lo
propio en el marco de sus competencias. Hay cuestiones como la formación
profesional, como la extensión, la divulgación, la concentración
parcelaria, importantísimas, que deben llevar a cabo las comunidades
autónomas con el apoyo de la Administración central o de los Presupuestos
Generales del Estado o con los instrumentos comunitarios de los que
podamos disponer. Es una decisión política de las comunidades autónomas
tomar las riendas de estas necesidades y preocupaciones del sector
agroalimentario, porque no obtendremos ningún beneficio ni ninguna
ventaja si pasamos la responsabilidad de un sitio a otro, cuando
básicamente la sede de cada una de las competencias es perfectamente
conocida y lo que se puede alegar es si se tienen o no recursos, pero lo
que no se puede alegar es que las competencias no se conocen. Ya he
convocado una conferencia sectorial de agricultura y tengo previsto
convocar la primera conferencia sectorial de pesca, para mediados de
octubre, que será la primera conferencia sectorial en el marco de la
nueva ley. Vamos a llevar a cabo una nueva experiencia, en nuestro
sistema de funcionamiento como Estado de las autonomías, que tiene un
referente en el modelo comunitario -que a veces es útil, a veces no sirve
para nada, todo hay que decirlo-, que son los modelos mixtos, y será la
primera experiencia en el conjunto de las administraciones. Por tratarse
de la primera veremos qué eficacia tiene, pero creo que es importante
celebrar esta reunión entre los responsables autonómicos de agricultura y
alimentación y los responsables de consumo; también se hará lo mismo a
nivel estatal. La Ministra de Sanidad y Consumo y yo mismo en un consejo
que los comunitarios llaman JUMBO, en lenguaje coloquial, o consejo
mixto, comentaremos estos temas, porque algunas de las cuestiones que se
debaten mucho no pueden mejorar ni tener la eficacia adecuada si no hay
una colaboración entre la Administración.

La normalización, como uno de los objetivos fundamentales, de las
interprofesiones y de cada uno de los sectores no solamente tiene que ser
verificada y controlada en origen, tiene que ser también verificada y
controlada en destino, y ésta es una responsabilidad de consumo. Conocer
el origen de cada producto es una responsabilidad de consumo, no es una
responsabilidad de los departamentos de agricultura, y las
responsabilidades de consumo están en las comunidades autónomas -son su
competencia- y en los ayuntamientos, y es necesario coordinar esa
actividad. No podemos al límite estar forzando la normalización en origen
y que se desnormalice en destino. Es una experiencia que estoy convencido
de que puede ser útil, que va a exigir un esfuerzo por parte de los
ayuntamientos y las comunidades autónomas, pero no podemos permitir que
se esté buscando un referente que no es el adecuado. Es decir, si se
plantea esa demanda frente a los departamentos de agricultura podrían
pasar años sin que tuviera eficacia, porque es la inspección de consumo
la que debe avanzar en ese sentido, y lo creo -es una opinión en la que
no quiero poner ningún matiz crítico en el sentido de decir qué o quién
lo hace- porque como consumidores todos somos conscientes de que las
inspecciones de consumo no son precisamente lo intensas y eficaces que
deberían ser. Desde el punto de vista alimentario esto tiene una gran
trascendencia para defender nuestras producciones. El mejor aliado de
nuestros agricultores y ganaderos son los consumidores, pero éstos tienen
que estar bien orientados para poder ser buenos aliados de nuestros
agricultores y ganaderos. Nuestros consumidores a veces no tienen ni esa
posibilidad de orientarse y eso se puede corregir, en buena medida, con
buenos sistemas de inspección. Para ello les animaremos en este consejo
mixto que pienso convocar.

Estoy a su disposición para todas las cuestiones que me quieran plantear
porque no ha sido -como SS. SS. comprenderán perfectamente- una
exposición exhaustiva, sino de algunos elementos que considero más
relevantes de la política que seguiremos desde el Ministerio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en primer lugar, don Miguel
Ramírez, portavoz del Grupo Popular.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Quisiera, en nombre de mi Grupo Parlamentario,
unirme a la felicitación que el Presidente de la Comisión ha hecho al
señor Albero por su reciente nombramiento y felicitarnos porque, por
primera vez, un miembro de la Comisión de Agricultura alcanza la
responsabilidad del Ministerio, y entiendo que esa vinculación anterior a
la Comisión de Agricultura permitirá al señor Ministro una frecuencia por
esta Comisión mucho mayor que la que habíamos tenido de anteriores
responsables de esa cartera ministerial.

Señor Ministro, usted ha hecho una exposición sucinta, mezclando temas de
la situación del sector agrario español y explicando lo que pretende
realizar en esta próxima legislatura al frente de esta responsabilidad.

Ha hecho mención a un necesario realismo y a un optimismo necesario. Es
obvio que esta segunda cuestión -el optimismo necesario- vendrá de las
soluciones que desde un realismo necesario obtengamos del sector; sector
caracterizado en estos momentos por una profunda caída de la moral
profesional provocada por las incógnitas de la reforma de la política
agraria común, el GATT y la carencia de una política agraria
gubernamental en estos últimos años. La caída de precios, de rentas, el
despoblamiento, la desertización, el envejecimiento y, por tanto, falta
de incorporación de los jóvenes al sector caracterizan este necesario
realismo al que el señor Ministro nos convocaba. Yo creo, señor Albero,
que estamos al inicio de un período trascendental donde cada acción,
error u omisión van a tener efectos trascendentales. Posiblemente
tengamos la última oportunidad -repito, la última oportunidad- de
enfrentarnos seriamente a la solución de las graves cuestiones que
afectan a nuestro sector. La dinámica comunitaria, la dinámica
internacional, el GATT, la reforma de la política agraria común y los



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acuerdos con terceros países están condicionando de tal forma el futuro
de nuestra agricultura que se puede contar por meses el plazo de tiempo
que tenemos para resolver las graves cuestiones.

No voy a hacer mención a cuestiones que han sido planteadas por el señor
Ministro, con las que estamos de acuerdo. ¡Qué duda cabe, cómo vamos a
decir que no hace falta una ley de modernización agraria! Bien es verdad
que en el anterior debate del Grupo Socialista ya nos señalaba que, como
mínimo, de ocho a diez meses harían falta para tener en las Cortes este
proyecto de ley. Me parece que el plazo es excesivamente largo. El señor
Ministro ha dado unos datos y unas cifras sobre el dinero que van a
recibir las explotaciones familiares, las personas que se van a poder
jubilar anticipadamente. Espero que no esté buscando el señor Ministro
unos titulares en la prensa. Esas cifras se tienen que ver reflejadas en
el presupuesto de 1994. Por tanto, no creo que estemos buscando titulares
de prensa para luego olvidarnos de los compromisos financieros que
corresponden.

Señor Ministro, yo creo que hace falta una política agraria de Estado,
que no ha existido hasta ahora y se demuestra en cualquier actuación del
Gobierno. Si quiere releemos los titulares de prensa en relación a los
distintos posicionamientos de titulares del Gobierno con respecto al
Consejo de Ministros celebrado en la Comunidad Económica Europea con
motivo del capítulo agrícola del GATT. Desde el señor Solana, Ministro de
Asuntos Exteriores, que se descuelga diciendo que no hay que tocarlo,
aunque posteriormente va cambiando conforme ve las reacciones en el
interior de nuestro país de las organizaciones profesionales agrarias,
del Gobierno francés e incluso del Gobierno alemán, hasta posiciones
suyas que van evolucionando en los titulares de prensa. Yo creo que no es
forma de representar los intereses españoles en algo tan trascendental
como el capítulo agrícola del GATT, donde se ha demostrado que iba a
afectar a la recientemente aprobada reforma de la política agraria común,
se iba a poner en peligro la preferencia comunitaria, la solidaridad
comunitaria y la cláusula de paz; por tanto, esa política de Estado que
requerimos para la defensa de nuestros intereses en el interior de la
Comunidad, la defensa de estos intereses en las acciones internacionales,
bien del GATT, bien del acuerdo comunitario con el norte de Africa, con
el Magreb. Con el Magreb, señor Ministro, donde estamos al tanto de los
compromisos comunitarios, recientemente puestos de manifiesto por el
Comisario español señor Marín, que ha dicho que debemos ser generosos,
entre comillas, con las exportaciones agrarias del norte de africa a la
Comunidad. Quizá olvidando que todo el sur de la Península, toda la
agricultura mediterránea se va a ver afectada dura y directamente por las
concesiones al norte de Africa. Por tanto, señor Ministro, es necesaria
una política de Estado comprometida en la defensa de nuestros intereses,
como hace el resto de los países, como ha hecho recientemente Francia,
que ha puesto sobre la mesa los intereses agrícolas franceses, que muchas
veces no coinciden con los nuestros, qué duda cabe, pero cuya filosofía
sí que coincide con la de un país agrícola como el nuestro, en el que un
gran número de ciudadanos encuentra en el sector el sustento de su vida.

Señor Presidente, voy a hacer una intervención relacionada con aquellas
cuestiones que el señor Ministro no ha abordado, quizás porque no las
considera convenientes. El señor Ministro no ha hablado de una fiscalidad
agraria. Señor Ministro, hay que modificar el sistema fiscal que grava el
campo, hay que pactar con las organizaciones agrarias los módulos del
IRPF, hay que desgravar los impuestos que aún pesan sobre nuestros
aprovisionamientos, haciendo que sean los más caros de la Comunidad
Económica Europea; hay que declarar exentas las transmisiones
hereditarias y las donaciones intervivos de los pequeños patrimonios
agrícolas, precisamente para favorecer la incorporación de los jóvenes,
ese rejuvenecimiento urgente que necesitamos del sector; hay que tener un
modelo respecto a lo que debe ser el patrimonio agrícola, aquel
patrimonio exento fiscalmente, porque es un instrumento de trabajo y hay
que modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que en este momento no
tiene ninguna relación con el valor de nuestros patrimonios. Sobre
fiscalidad, señor Ministro, usted ha pasado como si no existiera, así
como por la financiación.

¿Es que el Gobierno no piensa abordar la refinanciación de la deuda del
sector agrario? ¿Es que el Gobierno no puede plantearse seriamente que el
sector no puede pagar 280.000 millones de pesetas solamente de intereses
al año y que hay inversiones reales productivas que se hicieron con un
marco de productividad en el seno de la Comunidad Económica Europea,
marco que ha desaparecido? Imagínese, señor Ministro, aquel agricultor
que hizo unas inversiones de regadío y al que ahora le dicen que el 15
por ciento de su tierra no la puede sembrar, que contrajo créditos y
deudas y que en este momento no puede hacer frente, ya que el 15 por
ciento no puede ponerlo a pleno rendimiento. Están bajando los intereses,
señor Ministro, y debemos aprovechar esta oportunidad. El Gobierno tiene
que plantearse seriamente la refinanciación de la deuda contraída por el
sector.

Señor Ministro, tampoco ha hablado de Seguridad Social. ¿Recuerda el
señor Ministro que el 5 de marzo de 1993, cuando los agricultores estaban
en las calles y en las carreteras españolas en una marcha verde, el
Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que establecía la
derogación de las jornadas teóricas? No sabemos dónde está ese proyecto
de ley, se ha perdido. Hay que traerlo aquí. Hay que aprovechar la ley de
presupuestos, que ustedes han utilizado para otras cosas como un viejo
vagón en el que hay que meterlo todo. Aprovechen la ley de presupuestos
de tal forma que, a partir del 1 de enero, las jornadas teóricas
desaparezcan en función de la promesa formal y del acuerdo del Consejo de
Ministros del 5 de marzo. ¿O ya no se acuerdan porque no hay agricultores
en las calles?
Señor Ministro, de interprofesionales, todo lo que quiera hablar y traer
a esta Cámara. Le recuerdo que su Grupo Parlamentario se opuso cuando el
Grupo



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Parlamentario Popular pretendió la regulación de las interprofesionales
en la pasada legislatura. A mí me parece muy bien que cambien de
criterio, porque realmente esa acción la necesita el sector de una forma
urgente.

El Plan Hidrológico Nacional es urgente, señor Ministro, previa
aprobación de los planes hidrológicos de cada cuenca, de tal forma que
haya una relación de continuidad entre los planes de cada cuenca
hidrográfica con las previsiones del Plan Hidrológico.

Señor Ministro, usted no ha hablado del sindicalismo agrario, usted no ha
hablado de relaciones institucionales, usted no ha hablado de elecciones
agrarias. Es el único sector, junto al de la Guardia Civil, en el que no
ha habido elecciones durante la democracia española. Y hay que clarificar
el espectro representativo que nuestro sector tiene, precisamente para
esa intensificación de las relaciones instituciones a las que hacía
referencia el señor Ministro. Si no tenemos interlocutores válidos, si no
sabemos quién es quién en el sector, si no sabemos quién representa a
quién, si no conocemos la implantación sectorial o territorial de las
organizaciones profesionales agrarias, ¿con quién pactamos? ¿Con ese
TOTUM REVOLOTUM que anteriores responsables del Ministerio de Agricultura
intentaron generar? Yo creo que eso es malo, señor Ministro y, por tanto,
debemos intentar -en su esquema de actuación así se lo planteará
constantemente el Grupo Popular- intensificar las relaciones
institucionales, clarificar la representación sindical y potenciar el
sindicalismo agrario.

Ha hecho referencia el señor Ministro a la colaboración con las
comunidades autónomas. Qué duda cabe, señor Ministro, que gran parte de
la acción política y administrativa del antiguo Ministerio de Agricultura
está transferida. Pero está transferida solamente como responsabilidad,
porque no se han transferido los funcionarios. ¿A qué espera, señor
Ministro, para hacer convenios con las comunidades autónomas y transferir
los funcionarios? Le voy a dar un dato para que conste en el DIARIO DE
SESIONES y sea conocido por la Comisión de Agricultura, en Castilla y
León, por ejemplo, aún tiene 1.200 funcionarios. Si excluimos
cuatrocientos que están en las cámaras agrarias y que son objeto del
pacto autonómico que en estos días estamos aprobando, ochocientos aún
dependen del Ministerio de Agricultura, de los cuales seiscientos están
en el SENPA, cuando en este momento cualquier comunidad autónoma tiene la
responsabilidad de recibir los expedientes de la reforma de la política
agraria común, controlar las declaraciones, efectuar los pagos, evitar
los retrasos a los que S. S. hacía referencia. Seamos conscientes, señor
Ministro, de que 1994 no es 1975 ó 1977. En este momento, en los
convenios con las comunidades autónomas, en las transferencias de
funcionarios y en asumir el hecho autonómico son las comunidades
autónomas las que están junto a los agricultores, junto a los ganaderos.

Potenciemos, por tanto, esa interlocución que en este momento no se está
haciendo.

Señor Ministro, no ha hecho referencia a potenciar nuestro comercio
exterior. Yo sé que ahora me va a contestar que las cifras de este año
son más positivas, pero descontemos la devaluación, descontemos la
destrucción de cosechas en otros países, normalmente aprovisionadores de
Europa, etcétera, y quedaremos en que tenemos un defecto no coyuntural,
sino estructural, en nuestro comercio exterior. Señor Ministro, hace
falta segregar el comercio exterior agroalimentario del Instituto de
Comercio Exterior. En este momento no sirve ese instrumento, porque no
participan los agentes sociales que caracterizan el hecho exportador
agrario y agroalimentario. Copiemos modelos que funcionan en otros
países; copiemos el modelo francés, copiemos el modelo alemán, copiemos
el modelo holandés. Creemos instituciones en las que participe el sector
productor. Estamos hablando de interprofesionales. Qué mejor vínculo, qué
mejor salida de la interprofesional que la participación en un organismo
que tenga la plena responsabilidad del comercio exterior.

E inmediatamente el problema de calidades. Lo ha dicho quizás con menor
énfasis del que yo esperaba. Señor Ministro. Intimamente ligado al éxito
de nuestras exportaciones y a la necesaria salida de nuestro potencial
productor agrario más allá de nuestras fronteras y a la necesaria
recuperación del comercio español, combatido en este momento por una
presencia muy importante de la competencia exterior, está el problema de
nuestras calidades. Hay que potenciar las denominaciones de origen,
etcétera. Por esa vía, señor Ministro, podremos recuperar nuestra
situación en el comercio exterior. Hace poco en esta misma sala estuvimos
con los miembros de la Comisión de Agricultura del Parlamento danés.

Venden en el exterior, señor Ministro, tres veces más de lo que consumen
en el interior. Un país de seis o siete millones de habitantes. Eso es un
comercio exterior y eso es potenciar un sector agropecuario, que es
fundamental en el futuro de la economía española.

Estas son las grandes cuestiones a las que hace falta responder desde una
política de Estado. Pero hay cuestiones internas, señor Ministro, del día
a día, que hay que resolver, y a las que usted prácticamente no ha hecho
referencia. Tenemos un problema de sequía durante dos años consecutivos
en gran parte del territorio nacional, y sobre la misma superficie, se ha
producido uno de los fenómenos más graves de sequía que se recuerda. Se
ha hablado de ser la sequía más importante en lo que va de siglo. Señor
Ministro, las medidas aprobadas por el Gobierno son absolutamente
insuficientes. No se ha requerido ayuda comunitaria. Portugal, para la
sequía de 1992, porque hay que poner fecha a las sequías como a las
cosechas de vinos, obtuvo dinero de la Comunidad Económica Europea.

Ustedes no lo plantearon y no lo han planteado para la sequía de 1993. Es
un clamor en el sector agrario que la sequía no ha sido abordada con
generosidad, con prontitud y con altura de miras por parte del Gobierno
socialista. Y estamos a tiempo, señor Ministro, de plantearla.

Seguros agrarios. Señor Ministro, yo creí que iba a hablar de seguros
agrarios. Ese ha sido el tema de este verano, las movilizaciones agrarias
de este verano. En todas y cada una de las provincias han actuado los



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técnicos de Agroseguro, despreciando a los agricultores, llegando tarde,
levantando unas actas absolutamente diferentes de la realidad que se ha
producido, exigiendo unos documentos que, señor Ministro, no estaban
previstos cuando se concertaron los seguros en el otoño pasado. ¿Cómo se
le puede pedir a un agricultor que exhiba la tierra para lo que ha
solicitado las subvenciones de la reforma de la política agraria común,
cuando en otoño no se conocía? ¿Por qué un agricultor no puede asegurar
una tierra que no está incluida en los límites que le permite la reforma
de la política agraria común? ¿Dónde está la prohibición? ¿Por qué
Agroseguro pide esa documentación ahora? Porque no quiere pagar, simple y
llanamente; porque tiene un déficit de 20.000 millones de pesetas este
año. A los que entendemos el seguro agrario como un elemento fundamental
de equilibrio de las rentas del sector para hacer frente a situaciones
meteorológicas, no nos asustan los 20.000 millones de pesetas. Pero para
los que tienen el seguro agrario desde un punto de vista productivista,
exclusivamente, y cuando parte del sueldo de los sectores de Atroseguro
está en función de las primas que no pagan (sueldos, por supuesto, por
encima del Presidente del Gobierno), ¡qué duda cabe que la filosofía del
seguro agrario cambia radicalmente y, por tanto, señor Ministro, es
urgente que a finales de septiembre de 1993 usted entre en esa cuestión.

Señor Ministro, hay que hablar de las cuotas lácteas y de la reasignación
de las cuotas lácteas. Hay ganaderos que en seis meses han consumido la
cuota láctea que se les tenía asignada, y existen 420.000 toneladas de
leche que se tiene que reasignar, 260.000 procedentes de la última
compra, de cuota, y 150.000 que no han sido utilizadas en la venta
directa. Esas 420.000 hace falta reasignarlas ahora, no en el mes de
febrero, porque ahora es cuando los ganaderos entran en el pago de la
penalización de la supertasa, que es carísima, señor Ministro,
paradójicamente en un momento de alza de precios porque no tenemos leche
y porque se están aumentando las importaciones. Demos prisa a esa acción
administrativa a la que hacía referencia el señor Ministro y pongamos los
elementos que tenemos en la mano -reasignación de la cuota- para paliar
esta circunstancia, independientemente de que desde el Grupo Popular
seguimos creyendo que la cuota láctea española es totalmente insuficiente
y marginadora. Y lucharemos, señor Ministro, desde esta Comisión
(apoyándole si lo plantea en Europa o exigiéndole que lo plantee), por el
aumento de nuestra cuota láctea.

Cultivos herbáceos y oleaginosas. ¿Sabe el señor Ministro que ya se están
sembrando cereales para el año que viene? ¿Sabe que en las tierras altas
de Castilla, cuando ha llovido, se siembra el centeno? ¿Sabe que el
agricultor no conoce aún la superficie? No se sabe aún, señor Ministro.

No sabemos el saldo del año último. ¿Nos hemos pasado o no nos hemos
pasado? No lo sabemos y, por tanto, ¿entramos en penalización o no
entramos en penalización? ¿Vamos a poder sembrar la misma superficie o
vamos a poder aumentarla? El cambio de la superficie base de maíz, ¿lo ha
aprobado ya la Comunidad Económica Europea definitivamente para cultivos
herbáceos de regadío, sí o no; entramos en sanción o no entramos en
sanción?
A la vista de todo lo anterior, señor Ministro, modifíquese la Orden
Ministerial del 4 de enero sobre índice de barbecho. No responde a la
realidad. Si no hemos alcanzado la superficie total de herbáceos en
secano, tendremos que recuperar tierra por la vía de superación de los
índices que, artificialmente y con carácter retroactivo, impuso el
Ministerio de Agricultura el pasado 4 de enero. Eso habrá que hacerlo ya,
porque hay agricultores que en este momento, hoy, 29 de septiembre, están
sembrando y no saben sobre qué marco legal lo están realizando.

Igualmente el cupo de oleaginosas. Señor Ministro, el acuerdo del PANEL
de oleaginosas del GATT le da a la Comunidad Económica Europea una
cantidad de superficie, de hectáreas. ¿Cómo lo hacemos: cuota nacional o
cuota europea? ¿Tiene criterio el Ministerio? Nosotros tenemos un
criterio: cuota europea. Cuota europea para que los excesos sean
sufragados por todos. No asignemos una cuota española y sancionemos
exclusivamente a los agricultores españoles. Pero eso hay que hacerlo
inmediatamente. Y, sobre todo, lo más urgente, es qué vamos a hacer con
el millón cuatrocientas once mil hectáreas de la próxima cosecha. En
Andalucía van a sembrar en el mes de diciembre. Como comprenderá, señor
Ministro, estamos hablando de elementos fundamentales que el agricultor
necesita; que usted no tiene que pedir permiso en Bruselas; que no se
tiene que reunir el Consejo de Ministros JUMBO para hablar del capítulo
agrícola del GATT para que usted reasigne cuota de leche, ponga los
índices de barbecho, etcétera. Son acciones que se le exigen a una
Administración socialista que está paralizada desde el mes de marzo y que
no ha tomado ninguna decisión. Eso sí, reafirmar al Director General de
Televisión y darle 42.000 millones de pesetas para el contrato-programa.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, vaya concluyendo.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy terminando, señor Presidente, porque luego
va a haber una intervención cortísima de mi compañero el señor Fernández
de Mesa sobre pesca.




El señor PRESIDENTE: Rápidamente, porque lleva consumido el doble de
tiempo.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Trigo duro, señor Ministro. Hace falta una
orden ministerial que apruebe el pago de las subvenciones, y que sepamos
cómo han quedado definitivamente asignados los territorios, los
agricultores, los históricos, los nuevos, etcétera. Es dinero que está
pendiente de ingresar en la tesorería de los agricultores.

Medidas agroambientales. Hay un reglamento, señor Ministro -y usted lo
sabe mejor que yo-, desde el 30 de junio de 1992, el 2.078. Hay países,
como Francia, que lo han puesto en vigor con ámbito estatal. Por ejemplo,
la



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prima de la hierba, que en Francia va a beneficiar a más de cinco
millones de hectáreas, con premios y ayudas entre 4.750 pesetas y 6.500
pesetas. Hace falta un programa nacional que se afronte decididamente
para aplicar en España ese reglamento que posibilitará, qué duda cabe, la
financiación de los barbechos, las ayudas a la ganadería vinculada a la
tierra, la protección de los cultivos leñosos en zonas áridas y de
erosión, el mantenimiento de razas autóctonas, la apicultura, etcétera.

Por cierto, le invito a que despeje una incógnita en este momento en la
Comisión. Señor Ministro ¿hay dinero para pagar las primas a la
forestación que han sido pedidas por los agricultores? ¿Se van a pagar en
los presupuestos de 1994? Han corrido importantes y serios rumores de que
no hay dinero para pagar las primas de forestación. No tengamos, con la
aplicación de esta medida medioambiental, lo que sucedió con el Real
Decreto 808, que llegamos a acumular una deuda de más de 50.000 millones
de pesetas con los agricultores y se les ha liquidado con cuatro o cinco
años de retraso.

Y termino, señor Presidente. Creemos, señor Ministro, que hace falta un
pacto agrario. En este momento hay un pacto entre el Gobierno, agentes
sociales, agentes económicos. El sector agrario no ha sido invitado a
este pacto ni hay una mesa para enfocar globalmente todas las cuestiones
que sucintamente he intentado exponer. Pero hay una realidad, señor
Ministro. Hay dos millones de españoles desmoralizados, envejecidos,
perceptores de una renta, el 50 por ciento de la media que perciben el
resto de los españoles, con peor calidad de vida y con una caída de la
moral profesional a la que he hecho referencia al principio de mi
intervención. Si el Gobierno, si su Ministerio, en colaboración con la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, con los
interlocutores válidos del sindicalismo agrario, decide claramente
afrontar esta política agraria que le venimos reclamando, señor Ministro,
va a encontrar en el Grupo Popular su decidido apoyo; un apoyo
desinteresado. No vamos a pasar factura para otras cuestiones. Vamos a
colaborar decididamente con el Gobierno en el apoyo y defensa de los
intereses de los agricultores. Y, como he dicho antes, el movimiento se
demuestra andando. En los presupuestos generales que ustedes han aprobado
la semana pasada y que vendrán a esta Cámara dentro de cuatro o cinco
días, esperamos, señor Ministro, encontrar la plasmación numérica de esta
voluntad del Gobierno, que no quede simplemente en el aprovechamiento de
su comparecencia y en aparecer mañana en los medios de comunicación con
unas cifras que luego, desgraciadamente, no tienen realidad
presupuestaria.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, tiene la palabra
brevemente, por favor.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Prsidente, señorías, señor
Ministro, seré breve. Teniendo en cuenta que hay que destacar que España
es la primera potencia pesquera europea y el segundo país del mundo en
consumo PER CAPITA de productos pesqueros, resaltando el hecho de que
existen en España cerca de 100.000 puestos de trabajo directos
dependientes del mundo de la pesca y del orden de los 400.000 ó 500.000
puestos de trabajo indirectos, y teniendo en cuenta también la extensa y
no meticulosa (como ha dicho el señor Ministro) comparecencia que ha
realizado hoy, porque no podía ser de otra forma, no se puede entrar en
detalle, y de hecho el Grupo Parlamentario Popular ya ha solicitado la
comparecencia del Secretario General de Pesca, precisamente para tratar
en profundidad estos temas, me gustaría hacer dos o tres consideraciones
a la amplia exposición que ha realizado el señor Ministro sobre la
política globalizadora que ha dicho que va a realizar dentro de ese marco
comunitario en el que nos movemos.

Señor Ministro, yo comparto, y es difícil no compartirlo por ningún grupo
político, las líneas maestras que usted ha diseñado en esta comparecencia
de hoy en materia de política pesquera española, pero muchas de estas
medidas se podían haber ido tomando hace años, porque coinciden en gran
medida con los postulados enunciados por algunos de los otros Ministros,
concretamente el anterior, de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Efectivamente, esas medidas que usted anuncia hoy, ese plan globalizador
pesquero que usted anuncia hoy deberá tener un reflejo claro en los
Presupuestos Generales del Estado. Porque de nada sirve decir que se
pretenda una potenciación y conservación de la flota pesquera española
si, como en el año 1992, se destinan casi 12.000 millones de pesetas para
desguace de buques o inmovilización y se destinan 1.600 millones de
pesetas única y exclusivamente para el plan de renovación de flota. No
casa esa voluntad del Gobierno de mantener y renovar la flota pesquera
española con los recursos destinados en los Presupuestos Generales del
Estado. Yo creo firmemente en la voluntad expresada por el señor Ministro
en el día de hoy, pero espero también que se refleje en los Presupuestos
Generales del Estado.

Habíamos pedido y solicitado en innumerables ocasiones, en la anterior
legislatura, que se realizara un censo definitivo de buques, de la misma
manera que un censo de caladeros, igual que el señor Ministro lo ha
anunciado de las reservas marinas que se pondrán en práctica. Nosotros
esperamos que todo esto sea así y a medida que se desarrolle la
legislatura que se vaya plasmando. No cabe la menor duda, señor Ministro,
de que los pesqueros, los barcos y las flotas que faenan en el mar del
Norte, en Groenlandia, donde sea, no esperan a que la burocracia se ponga
en marcha y es cierto que están pasando por situaciones difíciles
actualmente. Tengo que referirme, porque no puede ser de otra forma, al
conflicto ocurrido con los boniteros del Norte, de los cántabros, vascos,
gallegos y asturianos, que están viendo cómo se están utilizando redes de
enmalle, volantas pelágicas en el golfo de Vizcaya, cuando para España
están prohibidas esas artes. Esto es problemático. Yo creo que el
Gobierno español puede realizar una medida de presión mayor ante la
Comunidad Europea, puesto que a nosotros nos ha pedido la retirada de ese
tipo de enmalle y esas artes de pesca, para que nosotros exijamos que, en
igualdad de



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condiciones, las personas que pesquen en los mismos caladeros que
nosotros utilicen los mismos métodos artesanales que utilizan nuestros
barcos. Hay un tema grave también y es el pescado que han capturado los
franceses, ahora los irlandeses y los ingleses, con redes de enmalle, con
volantas pelágicas de cinco kilómetros, que a partir del día 1 de enero
de 1994 estarán prohibidas pero continuarán utilizando las de dos
kilómetros y medio, que siguen creando los mismos e incluso uno más grave
en el ecosistema marino español. Quiero decirle, señor Ministro, sobre
las importaciones procedentes de Francia a España, que están abiertas y
que son normales después de la entrada en el Mercado Unico a partir del
día primero del año 1993, que no es de recibo que aquellos productos que
en España están prohibidos pescar con unas artes entren por nuestras
fronteras pescadas con esas artes prohibidas en España y aquí se
manufacturen y se comercialicen. Yo creo que habría que realizar algún
tipo de control sobre estas importaciones y en general. Termino, señor
Presidente, para no extenderme, con la balanza comercial española, que de
una manera tan preocupante ha descendido en estos últimos años. Baste
hacer referencia a la del año 1992, en que nuestras importaciones han
ascendido a casi un 12,5 por ciento y nuestras exportaciones han bajado
en un 13,5 por ciento con respecto al año anterior.

Espero, señor Ministro, que esta política pesquera, esta declaración de
intenciones que usted acaba de manifestar en esta mañana, se plasme de
verdad en una decidida voluntad del Gobierno por defender los intereses
de los pesqueros españoles ante los comunitarios y otros caladeros y que,
en definitiva, los Presupuestos Generales del Estado reflejen lo que hoy
no dudamos será la voluntad política del Gobierno español de defender a
nuestros pesqueros en todos los foros comunitarios.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla
Gracia.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Ministro, en primer lugar, en nombre de
mi Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero agradecerle la
comparecencia en esta Comisión para explicar las directrices de su
Departamento.

Creo que miles de familias estaban esperando su comparecencia aquí para
saber qué política piensa desarrollar este Gobierno. Miles de familias
que durante estos días se habrán sentido un poco desconcertadas desde el
mundo rural, desde el mundo de los sectores pesquero y ganadero, porque
se ve que se está empezando a planificar de alguna manera la economía en
otros sectores de la producción y de servicios, que se están adoptando
medidas de emergencia de tipo financiero y de tipo fiscal para apoyar a
la pequeña y mediana empresa del sector de la producción y servicios, y
que estas medidas no requieren la misma atención por parte del Gobierno
al cual usted pertenece. La sensibilidad del Partido Socialista respecto
a este tema quedó demostrada hace quince días en la Cámara cuando se
planteó un plan integral agrario que no era exhaustivo, pero sí que tenía
una virtud, la virtud de que pretendía que la política agraria fuese
planificada, que no fuésemos a salto de mata como parece que estamos
yendo durante estos últimos años. También daba idea de la perentoriedad
del tema y se marcaban unos plazos para que esta planificación fuese
llevada a término. Repito que la actitud del Partido Socialista ha
quedado clara, pero si hablamos de responsabilidades en esta negociación
(no me estoy refiriendo al pacto social, sino al pacto político que
últimamente se está llevando a término), también hay una responsabilidad
importante del Grupo Convergència i Unió al no haber introducido en el
paquete socioeconómico ninguna medida que afecte al sector agrario, lo
que nos da la idea de que cuando Convergència i Unió decía en su campaña
ARA DECIDIREM ahora decidiremos, no se estaba refiriendo realmente al
sector agrario.

No estoy tratando, señor Ministro, de un tema baladí. Creo que el sector
agrario, el sector pesquero y el sector ganadero tienen realmente
problemas que requieren una solución urgente, pero el principal problema
creo que es la falta de confianza en sus potencialidades, la falta de
confianza en tener un Gobierno que defienda sus intereses.

Todos los temas están muy tratados aquí. Son temas viejos y, por tanto,
no es de extrañar que coincidamos muchos grupos políticos. También le
quiero plantear, señor Ministro, que desde el sector agrario lo que se
está echando en falta es una política agraria de Estado; lo han reclamado
las organizaciones profesionales agrarias continuamente. Nos lo hicieron
llegar en un decálogo a todos los partidos políticos para que lo
uniésemos en nuestros programas políticos y mi Grupo Parlamentario lo
asumió. Los agricultores, los payeses, los ganaderos necesitan saber que
hay un Gobierno que les va a defender frente a las organizaciones
comunitarias y a los mercados internacionales.

Respecto a su intervención, señor Ministro, es muy difícil entrar en los
distintos temas que ha abordado. Comparto sus propósitos sobre la
necesidad de coordinación con las comunidades autónomas. Esto es
importantísimo. El ciudadano tiene que saber que la Administración está a
su servicio y no los ciudadanos al servicio de las distintas
administraciones, sean autonómicas, locales o centrales. Eso ha de quedar
claro. Respecto a sus propósitos de colaborar, de coordinarse con las
organizaciones profesionales agrarias, creo que estos propósitos son
adecuados pero de alguna manera insuficientes. No solamente se ha de
dialogar, no solamente se ha de coordinar, sino que se les ha de dar el
cauce de participación para que con pleno derecho puedan estar presentes
y contribuir a tomar las decisiones. Estoy hablando de un tema que
también se ha abordado en muchísimas ocasiones, y es la conveniencia de
la presencia de las organizaciones profesionales agrarias en el Consejo
General del INSS, por cuanto que medidas que actualmente se pueden estar
fijando en materia de pensiones y de Seguridad Social, no



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nos cabe ninguna duda que van a afectar también al REAS, al Régimen
Especial de la Seguridad Agraria.

Usted ha planteado, señor Ministro, dos leyes fundamentales que van a ser
el eje de su actividad política durante esta legislatura. Una es la ley
de modernización y la otra la ley de la interprofesión. Por lo que se
refiere a la ley de modernización, estaba prometida desde el mes de
diciembre del año 1992. Pensamos que es una ley muy interesante, pero que
se le han de asignar los recursos necesarios. Usted, señor Ministro, se
centra mucho en la dimensión de las explotaciones agrarias. Este es un
tema importante, pero cuidado con la dimensión. La dimensión es
importante tanto por lo bajo como por lo alto. Miremos también el exceso
de dimensión de determinadas explotaciones. Hay también, señor Ministro,
explotaciones agrarias que son pequeñas pero que si se agrupan en
cooperativas pueden ser muy rentables, muy competitivas, no solamente
desde el punto de vista de la producción sino también de la
comercialización y para el proceso de transformación.

Respecto a la ley de interprofesión, nuestro Grupo Parlamentario está de
acuerdo con el anteproyecto, que todavía no acabamos de conocer muy bien.

Sí le queremos decir, señor Ministro, que en principio contará con
nuestra aprobación si entre los sectores que se pretenden coordinar
existe el equilibrio suficiente entre lo que es la producción y lo que es
la industria. El tratamiento adecuado de las cooperativas dentro de esta
ley de interprofesión es importantísimo. Cuidado con la cuestión de las
sectoriales, por cuanto no puedan significar una competencia desleal,
entre comillas, respecto al sector cooperativo. Por tanto, estas
sectoriales habrían de ser normalizadas, habrían de ser objeto de una
normativa para que no hiciesen esa competencia a las cooperativas.

En materia de competitividad y de calidad, señor Ministro, no quiero
pasar cuentas de anteriores legislaturas, no lo considero correcto, pero
sí quiero decirle que si hablamos de competitividad tendríamos que hablar
de costes de producción. ¿Cuánto les cuesta el dinero a nuestros
agricultores? Cuando en los países del Mercado Común tenían unos
intereses al 7 y al 8 por ciento, aquí teníamos el 14 o el 16 por ciento
en el mejor de los casos. Esto es importantísimo. Tendríamos que hablar
de intereses y también de otras condiciones que hacen que nuestros
productos no sean competitivos. Muchas veces los precios agrarios son
precios políticos porque al Gobierno le interesa que el índice de precios
al consumo no suba. Cuando algún producto se dispara, este producto es
inmediatamente objeto de importaciones para ponerlo a la baja. Por tanto,
el sector agrario está muchas veces financiando a otros sectores y eso
habría que tenerlo en cuenta.

Usted ha hablado de imaginación. Creo que hay que tener mucha imaginación
y nos tendrá que sobrar para lo que usted plantea, que la mayor parte del
trabajo en el mundo rural se desarrolle a tiempo parcial. Yo no sé por
qué pueblos, por qué comarcas se pasea el señor Ministro, pero en un país
donde hay tres millones de parados, no sé qué tipo de trabajo tendrán
nuestros agricultores y agricultoras para integrarse y hacer el trabajo
que usted plantea a tiempo parcial. Vamos a delimitar, señor Ministro,
las explotaciones prioritarias, vamos a ver cuál es el agricultor a
tiempo principal, vamos a darles las ayudas que requieran y vamos a
determinar de una vez qué podemos producir, dónde y en qué condiciones lo
tenemos que producir. Creo que tenemos que hacer un verdadero esfuerzo de
imaginación. Si no, nos vamos a encontrar con que podemos redimensionar
cantidad de explotaciones, pero después se produce un exceso de
producción, como ha sucedido este verano en mi tierra, que es Lérida, y
nos hemos encontrado destruyendo fruta de primera calidad cuando después
la industria agroalimentaria no ha tenido materia prima para poder
funcionar y se va a encontrar en situación de crisis. Por eso digo, señor
Ministro, que vamos a tener en cuenta todos esos aspectos. Reúnase con
las comunidades autónomas y vamos a ver qué es exactamente lo que tenemos
que producir y dónde.

El futuro de la industria agroalimentaria es importantísimo. Desde el
punto de vista de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, primero
tendríamos que tener cuidado. ¡Ojo! La industria agroalimentaria está ya
en gran medida en manos de transnacionales. Conozco cantidad de zonas
donde la industria agroalimentaria está prácticamente en manos de
empresas extranjeras. Por tanto, tendríamos que ir, dentro de este marco
de la interprofesión, también a fomentar las cooperativas de segundo
grado, que sean capaces de transformar sus productos y que el agricultor
se quede con gran parte del valor añadido. Por esa vía tendrá el apoyo de
nuestro Grupo Parlamentario, señor Ministro.

Comparto con el Grupo Popular que usted no ha tratado cuestiones
importantísimas. Usted no ha tratado el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, no ha tratado la reforma del Régimen Especial de la
Seguridad Agraria, no ha tratado el Impuesto de Sucesiones y
Transmisiones y no ha tratado un tema importantisimo para nosotros, las
elecciones sindicales agrarias. Para que las organizaciones agrarias
puedan apoyar al Gobierno en las medidas sobre competitividad, sobre
calidad, sobre defensa de nuestros intereses, han de ser representativas,
y esa legitimidad normativa se la tienen que dar las elecciones
sindicales agrarias. Por tanto, señor Ministro, en esta primera reunión
de Comisión, le pregunto: ¿Para cuándo las elecciones sindicales
agrarias?
Para acabar, he echado en falta en su intervención la temporalización de
todo lo que ha dicho, que creo que es importantísimo. Estamos de acuerdo
sobre cantidad de temas y contará con la aprobación de nuestro Grupo
Parlamentario, pero la cuantificación, que la veremos en la ley de
Presupuestos, y la temporalización de todas estas medidas son
imprescindibles para que podamos tener en cuenta cómo se va a desarollar
esta legislatura por lo que hace a la política agraria, pesquera y
ganadera.

Solamente una pregunta, señor Ministro. Respecto al Decreto de mayo de
1993 sobre la moratoria para compensar los efectos de la sequía, ¿ha dado
instrucciones su Ministerio a las entidades financieras para que
respondan



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realmente a las demandas que les puedan venir por parte de los
agricultores? Nos consta que las entidades financieras se niegan a dar
ningún tipo de moratoria por cuanto desde las instancias políticas no les
ha llegado información sobre el asunto.

La filosofía que impregna toda nuestra política es que en cualquier ley
-la de modernización, la de interprofesión, en las medidas
agroambientales- se tenga en cuenta y se prime la explotación familiar
agraria, la pequeña y mediana empresa. Punto primero. Segundo, la
potenciación de la cooperativa como medio asociativo natural del sector.

Tercero, la participación de las organizaciones profesionales. Dentro de
estos principios, que son programáticos, si su Ministerio desarrolla lo
que hoy nos ha expuesto el señor Ministro y lo temporaliza de forma
adecuada y con la urgencia que requiere el sector, contará con el apoyo
de nuestro Grupo Parlamentario en los distintos temas.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Vidal tiene la palabra.




El señor VIDAL I SARDO: Señorías, señor Ministro, deseo iniciar mi
intervención agradeciendo, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), su comparecencia en esta Comisión que ha sido
durante muchos años también la suya como Diputado. También quiero
aprovechar esta primera oportunidad para unirme a los que le han
felicitado por su nombramiento como Ministro y expresarle nuestro más
ferviente deseo de que acierte en su gestión como máximo responsable de
la política agraria y pesquera del país. Trabajo no le faltará, señor
Ministro, porque en política agraria queda mucho por hacer o por rehacer,
para lo cual nuestro Grupo le ofrece nuestra colaboración -colaboración
que usted ha solicitado-, que será constructiva, y todo el esfuerzo que
haga falta para dotar al sector de un marco político, jurídico, económico
y social en el que nuestros agricultores se sientan cómodos para
desempeñar con dignidad, rentabilidad y garantías de continuidad su
trabajo.

Mi Grupo opina que, en los tiempos críticos en que nos ha tocado
desempeñar estas actividades políticas, deberíamos buscar el consenso
-como usted también ha indicado- entre los grupos políticos, el Gobierno,
las comunidades autónomas y también con las organizaciones profesionales.

En estos inicios de legislatura, deberíamos alcanzar unas bases de
acuerdo razonables, para realizarlas de inmediato, que den respuesta a
los problemas más acuciantes del sector. Decimos esto, señor Ministro,
porque estamos seguros de que las coincidencias son más, como se trasluce
en esta misma comparecencia, que las discrepancias, y celebramos que
estas coincidencias se unan a las grandes líneas de política agraria que
usted nos ha indicado hoy, señor Ministro, reflejando algunas de ellas
iniciativas parlamentarias de la pasada legislatura.

Usted ha solicitado realismo, señor Ministro. Un inicial reconocimiento
de que el sector está inmerso en una grave crisis económica y de
confianza y que su deterioro sigue empeorando, provocando incertidumbre y
desánimo en el campesinado, sería un buen comienzo, realista comienzo,
para concertar las soluciones idóneas. También ayudaría, señor Ministro,
reconocer que el período que va desde el Tratado de Adhesión a la
Comunidad Económica Europea hasta la entrada en vigor de la nueva
política agraria común, el sector ha estado sometido a una reconversión
semiencubierta, debido especialmente a las condiciones del propio
Tratado, a las deficiencias de las estructuras productivas y de
comercialización de nuestras explotaciones y a una sobrevalorada paridad
de la peseta, entre otros motivos. Con ello se reconocería el valor de
los agricultores que han sucumbido a una presión insostenible sin
compensación alguna, y también el sacrificio de los que todavía resisten
y a los que tendrá que dirigirse el trabajo de su Ministerio y de este
Congreso para convencerles de que su continuidad es necesaria para la
economía del país.

Mi Grupo piensa que este esfuerzo debe ser dirigido a las explotaciones
pequeñas y medianas familiares agrarias y al mundo del cooperativismo en
especial, que también se halla en una difícil situación. Por tanto, el
primer objetivo de lo que he calificado como mínimas bases de acuerdo
debería ser diseñar la política general agraria de forma que solucione
los problemas pendientes y oriente el inmediato futuro.

El segundo objetivo debería de ser aprovechar al máximo todas aquellas
posibilidades de financiación de la nueva política agraria comunitaria,
porque hasta ahora no hemos sabido aprovechar todas las ayudas que no
hemos logrado suficientemente para modernizar nuestras estructuras. Han
llegado pocas ayudas y han estado mal distribuidas, porque los pequeños
agricultores y, en general, la agricultura familiar no han tenido acceso
a ellas. Por tanto, facilitar el acceso a todas las medidas de
acompañamiento, jubilación anticipada, tal como usted ha anunciado, de
25.000 agricultores, reforestación y aplicación de programas
agroambientales debe ser prioritario, nuestro Grupo así lo cree. Ello
requerirá aportaciones importantes de los presupuestos del Estado, y
también de las demás administraciones, presupuestos que se anuncian
restrictivos, pero que no deberían ser, señor Ministro, cicateros con el
sector agrario que está en crisis grave mucho antes de que esta crisis se
generalizara, para que no se transforme la crisis agraria en crónica.

El tercer objetivo que, a nuestro juicio, es inaplazable, es la
definición de un modelo de financiación específico para el sector
agrario, que facilite la modernización de las explotaciones. Usted ha
anunciado un plan, pero debe contar con una financiación suficientemente
y ser capaz de enjugar el endeudamiento actual y de proveer de créditos
agrarios, a intereses semejantes a los que tienen acceso todos los
agricultores europeos. Se deberá cumplir, de inmediato, con los pagos de
las deudas contraídas con los agricultores que se acogieron a las ayudas
de los Decretos 808 y 1887 para combatir su descapitalización.

Es imprescindible -y este es el cuarto objetivo- que la política agraria
propicie el incremento de la dimensión de las pequeñas explotaciones
agrarias, ya que éstas son



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las más pequeñas en promedio de la Comunidad Económica Europea. Ello
exigirá la revisión en profundidad de la fiscalidad que afecta a toda la
actividad agraria, especialmente en lo concerniente a transmisiones
patrimoniales, sucesiones, donaciones, permutas entre profesionales de la
agricultura, así como ayudas económicas y fiscales importantes al
asociacionismo agrario.

La señora Rivadulla ha dado por cerradas unas negociaciones de
Convergència i Unió que siguen abiertas, señora, en este momento. Puedo
asegurarle que se han alcanzado, en política de fomento de la
competitividad agraria y en medidas fiscales de redimensionamiento de las
explotaciones, varios acuerdos. Creo que si estos acuerdos llegan a feliz
término -cosa que deseamos todos- no dude de que darán mejores resultados
que los que han dado políticas estatalistas en las que su Grupo es
especialista.

Estos incentivos deben ser complementados por otros específicos para
fomentar la permanencia y la incorporación de los jóvenes agricultores;
la vivienda sería uno de ellos o la no discriminación de los jóvenes
agricultores para acceder a las becas universitarias. Difícilmente se
logrará la permanencia de la población activa agraria de los agricultores
jóvenes y maduros al frente de sus explotaciones si no se dota al mundo
rural de infraestructuras adecuadas a las necesisades de una sociedad
moderna, con carreteras, teléfonos, equipamientos y servicios sanitarios,
así como las que favorezcan el desarrollo de actividades complementarias,
artesanía, industria, agroturismo.

Estos mínimos contenidos de la política agraria deben incluir también la
reforma en profundidad del Régimen Especial Agrario, señor Ministro, de
la Seguridad Social, que sustituya a las bases de cotización de las
jornadas teóricas por las reales. Es una necesidad perentoria. También
deberán incluir un marco legislativo interprofesional que regule las
relaciones productor-industrias agroalimentarias y el fomento de la
calidad para ser competitivos, así como proyectos de investigación
agrícola.

El señor Ministro ha hablado de la retirada de la fruta dulce. Le
pediríamos una mayor precisión en la vinculación de esta retirada y su
aprovechamiento por el sector industrial. Nuestro Grupo seguirá
insistiendo en los seguros integrales en la fruta dulce y en los frutos
secos y en unas valoraciones de los daños más ajustadas a la realidad de
los perjuicios causados por los siniestros climatológicos.

En cuanto a la reforestación y prevención de incendios, ha dicho el señor
Ministro que se haría un especial hincapié en la prevención. Una de las
premisas para evitar la expansión de los incendios sería fomentar la
limpieza del sotobosque. También el señor Ministro Borrell ha hablado del
tema de reforestación de las cuencas hidrográficas. ¿Ello quiere decir
que existirán mayores disponibilidades para la colaboración de ambos
ministerios? Sería ésta una buena noticia en un año que ha sido
especialmente dramático en incendios forestales.

Ha hablado el señor Ministro de control de superficies sembradas en
cereales de regadío de verano. No es este, señor Ministro, un buen
sistema, creemos, de luchar contra la sequía que aqueja a algunas zonas,
sino que se tendría que profundizar en un mayor esfuerzo regulador de los
caudales de los ríos, con nuevos embalses y fomentando la modernización
de los regadíos que aprovechan mejor los caudales existentes.

He dejado para el final el tema hacia el que nuestro Grupo siente una
especial sensibilidad. Me refiero al desarrollo efectivo de las
competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de
agricultura, respetando, eso sí, la competencia estatal en la ordenación
general de la economía. Usted ha hablado de corresponsabilidad con las
comunidades autónomas en el marco de la conferencia sectorial. Pensamos
que hay que dar un paso más. Creemos que se deben eliminar las actuales
tutelas, duplicidades y recelos que se demuestran entorpecedores de la
política agraria, reconociendo a las comunidades autónomas la facultad
que les conceden los estatutos y la Constitución para desarrollar sus
propias políticas agrarias y para que apliquen la política agraria de la
Comunidad Económica Europea con responsabilidad exclusiva, si se quiere,
supervisada por el Estado. La aplicación de las cuotas lecheras es un
ejemplo elocuente de que la centralización ha constituido un
entorpecimiento a la gestión. Saben que el pasado día 24 terminaba el
plazo de petición del cese de la retirada definitiva de producción
lechera. Para tomar esta decisión muchos ganaderos precisaban saber el
resultado de la aceptación o no de las ampliaciones de las cuotas
alegadas en miles de recursos, pero al hallarse pendientes de resolución
o de comunicación por el Ministerio los ganaderos no han podido tomar una
decisión. Hechos como estos deberían acelerar, pensamos nosotros, la
adjudicación a las comunidades autónomas de las competencias pendientes,
también de la cuota, ahora que hablamos del tema lechero, pendiente, y de
su gestión. Pensamos que el Estado, en este sector, debería asumir la
tasa por exceso de producción, evitando que ésta sea repercutida a los
profesionales, la mayoría de los cuales no son responsables de los
conflictos administrativos.

No quisiera terminar sin recordarle que en aras de una racionalización y
abaratamiento de la administración agraria en beneficio del agricultor,
deberían consolidarse todas las transferencias pendientes. Debo
recordarle que quedan todavía algunas, por ejemplo, montes, Icona y el
Servicio de Inspección de Calidad Agroalimentaria, complementario de la
competencia autonómica de normalización hortofrutícola y de protección de
la calidad.

Finalizo, señor Ministro, alentándole a perseverar en su predisposición,
que ha sido una constante de su discurso, al diálogo abierto, a concertar
la política agraria, a compartir decisiones con las comunidades autónomas
a través de las conferencias sectoriales. Tiempo habrá para precisar,
cuantificar programas, pero deberíamos con urgencia acordar prioridades y
compromisos concretos ya de inmediato. En todo caso, debemos dejar hoy,
junto con su primera intervención y la de los portavoces de los grupos,
un mensaje de esperanza sobre el futuro del sector agrícola, ganadero y
pesquero de nuestro país.




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El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, el señor
Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, en primer lugar,
agradezco al señor Ministro su primera comparecencia en la Comisión y
también la información que nos ha otorgado respecto a los planes y líneas
de actuación que tiene su Departamento. Quería manifestarle que por parte
del Grupo Parlamentario Vasco es intención de mantener una relación
fluida y estrecha con el Ministerio que S. S. dirige, tanto en las
vertientes relativas al campo español como al sector pesquero.

Usted, señor Ministro, ha ido analizando de una forma genérica o global
los diversos aspectos que entiende que el Ministerio debe abordar en el
siguiente período de sesiones y, en definitiva, en esta legislatura. Es
cierto que el Gobierno central pactó el año pasado un acuerdo marco de
relaciones con las organizaciones agrarias, que se instrumentaba a través
de unas mesas de negociación en diferentes aspectos sectoriales como la
fiscalidad agraria, las cotizaciones a la Seguridad Social, la mejora de
las estructuras, la productividad, etcétera. Este aspecto a nosotros nos
parecía positivo, en el sentido de que se tendiera a una mayor
información y una mayor fluidez de relaciones entre la Administración
agraria central y las organizaciones profesionales. Por ello, señor
Ministro, nosotros pediríamos que se continuaran esas mesas de
negociación, en las que quedaron pendientes asuntos importantes, como la
reforma de la Seguridad Social o como la fiscalidad agraria en sus
diferentes instrumentos tributarios de sucesiones y transmisiones
patrimoniales. Creemos que el camino que ya apuntó el Ministro que le ha
precedido en el cargo era viable y positivo, por lo que entendemos que se
ha de profundizar en esa línea.

Ha apuntado usted que es intención del Departamento la elaboración de
diversos textos normativos. A nosotros nos parece importante el texto
relativo a la modernización de las estructuras agrarias. Nos parece que
un texto de estas características debe propiciar que existan unas
explotaciones agrarias viables, así como facilitar a los jóvenes
agricultores el acceso a la titularidad de las explotaciones agrarias.

Señor Ministro, también desearíamos conocer si se ha consultado o se va a
consultar, en el proceso de elaboración de los distintos textos
normativos, a las comunidades autónomas que disponen de competencia en la
materia.

Enlazo esta última exposición para pasar al texto legal de
interprofesionales. Efectivamente nos parece adecuado que se elabore un
texto de esta naturaleza, que regule la relación entre el productor, la
industria y el sector de la distribución, así como que se proceda a
ordenar los precios, evitar la caída de los mismos y poner en marcha
mecanismos de retirada de productos. Tal petición también la han
realizado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y
por ello, señor Ministro, desde nuestro Grupo le pediríamos que ante un
proceso de elaboración de textos legales por su Ministerio, se consultara
o se tuviera en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, tanto
sobre el de modernización de estructuras como sobre el de
interprofesionales, y también sobre otros respecto de los cuales me
gustaría saber en qué estado se encuentran, como el que usted ha
anunciado de vías pecuarias, el de montes y la regulación más moderna y
eficaz en cuanto a la calidad y al control de la calidad de las
denominaciones de origen, puesto que los consejos reguladores se están
convirtiendo en auténticos órganos administrativos, faltos de agilidad,
faltos de eficacia y de flexibilidad a la hora de actuar en la vida
diaria. Por todo ello también se podría pensar en la necesidad de abordar
una modificación del estatuto de la viña, que es el que regula las
denominaciones de origen aplicables por interpretación hermenéutica del
Tribunal Constitucional, a otros productos derivados o nacidos de la
tierra.

Señor Ministro, querría referirme a las ayudas al sector lácteo en las
zonas de agricultura de montaña. Nuestro Grupo Parlamentario entiende que
el sector ganadero-lácteo ha de disponer de un sistema de ayudas que
inicialmente estaba previsto en la reforma de la PAC, del Comisario
MacSharry, y que al final desapareció del texto aprobado, por el que se
pretendía conceder unas ayudas directas a los ganaderos al haberse
desregularizado el régimen de intervención de la leche mediante la
reducción de precios y la contingentación de compras. Yo entiendo, señor
Ministro, que esto puede suponer una modificación puntual de la reforma
de la PAC, pero creo que es importante para la agricultura de montaña de
toda la cornisa cantábrica -gallega, asturiana, cántabra y del País
Vasco- un sistema compensatorio de ayudas para los ganaderos.

Quiero referirme también a una cuestión que ya se suscitó en esta Cámara
y respecto a la cual tuvimos un debate interesante y profundo, logrando
-creo- una unanimidad importante entre los diferentes grupos, que es la
creación de una organización común de la patata, una OCM de la patata.

Nos gustaría, señor Ministro, que nos informara de la situación en la que
se encuentra la creación de esta organización común, aspecto -repito-
sobre el cual todos los grupos parlamentarios aprobamos una proposición
no de ley -creo recordar del Grupo Popular-, puesto que los productores
de la patata están pidiendo la existencia de una OCM fuerte, que tenga
capacidad interventora cuando se produzcan situaciones excepcionales de
mercado. Incluso, señor Ministro, le plantearíamos si sería posible un
sistema de cuotas, como un instrumento para regular el mercado a corto y
largo plazo, aspecto sobre el que me gustaría conocer un poco la opinión
de su Departamento.

Con relación a la dotación o a la reestructuración, como usted ha
denominado, del sector azucarero, estamos de acuerdo con el planteamiento
que ha hecho. Efectivamente esta Cámara aprobó una proposición en la
anterior legislatura para mejorar la competitividad de los productores de
caña y remolacha de azúcar, porque el costo de producción es superior al
que existe en otros países comunitarios, y, complementariamente, para
ayudar a la reestructuración de la industria azucarera. Por



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tanto, estamos en la línea que usted ha apuntado y entendemos que la
Administración central tiene que liderar la industria azucarera, en
colaboración con las comunidades autónomas, juntamente con el tema de la
industria láctea. Señor Ministro, entendemos que es importante que, en
colaboración con las comunidades autónomas, el Ministerio impulse un plan
de reestructuración del sector lácteo, que es muy importante en
determinadas comunidades autónomas, como todas las que están ubicadas en
la cornisa cantábrica y que antes he repetido. Por tanto, yo creo que es
una cuestión de primer orden, señor Ministro, porque efectivamente La
Lactaria Española se encuentra en una situación delicada y sobre esa
materia sabe usted mucho más que yo.

Quiero referirme también tangencialmente al tema al que usted ha hecho
referencia de la compatibilidad de la PAC con el GATT, tema sobre el que
esta tarde va a haber un interesante debate en el Pleno de la Cámara,
para manifestar que estamos de acuerdo en una cuestión que usted ha
dicho, como es garantizar la preferencia comunitaria, pero no únicamente
la preferencia en el ámbito agrícola sino también en el pesquero, en el
que, como apuntaba, hay infinidad de problemas. Hay una importación
masiva de pescado que está alterando y distorsionando el mercado pesquero
español, con unos precios bajísimos, con pescado que se recibe desde
Argentina y desde Chile y que llega a unos precios que están por el suelo
en el mercado español, lo que evidentemente está produciendo que esos
precios sean muy bajos no sólo por la importación, sino también porque
como las capturas en las aguas de la zona exclusiva de pesca comunitaria
se han reducido, está siendo un año muy malo para la flota que faena en
aguas de la Comunidad Económica Europea.

Deseo indicarle también, señor Ministro, en cuanto a las relaciones con
la Comunidad Económica Europea, que nosotros seríamos partidarios de que
el Ministerio planteara también la posibilidad de crear marcos
comunitarios de apoyo a la hora de la aplicación de los fondos
estructurales en cuanto al objetivo 5-B; marcos comunitarios a nivel
regional que reflejaran la existencia de que estamos en un Estado
compuesto, en un Estado de composición diversa como es el Estado
autonómico, de forma que se promueva una interlocución, en algunos casos
directa, y que haya una relación incluso también financiera en algunos
casos de las comunidades autónomas con la Comunidad Económica Europea.

Así, en Bélgica y Alemania, que son Estados de composición compuesta, el
hecho regional y el hecho federal de ambos países permite que las
regiones en un caso y los Länder o Estados en otro puedan tener marcos
comunitarios de apoyo regional directo en su relación con la Comunidad
Económica Europea a la hora de la gestión y ejecución de los fondos
estructurales comunitarios.

Como ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, el portavoz
del Grupo Catalán, nuestro Grupo estaría también de acuerdo con la
transferencia del Senpa y el Forppa. Recientemente se ha logrado una
unanimidad en el Parlamento vasco entre el Partido Socialista, el Partido
Popular, el Partido Nacionalista Vasco y Unidad Alavesa sobre la
transferencia de estas materias a las comunidades autónomas. En nuestro
Grupo, sin perjuicio del avance que puedan suponer los instrumentos de
colaboración que usted propone a las comunidades autónomas a la hora de
la gestión de los recursos financieros provenientes de los fondos
estructurales y del Feoga-Garantía, seríamos partidarios de que se
produjera esa transferencia. De hecho, el Forppa ha dejado prácticamente
de tener la función que tenía, ya que ha pasado a ser el Feoga organismo
interventor en materia agrícola, y es únicamente un organismo habilitado
para el pago. Como prevé también el Reglamento comunitario regulador de
las relaciones financieras, nosotros creemos que cabe la posibilidad de
que el Gobierno central, la Administración central, el poder central de
un Estado habilite ante la Comisión de la CEE otros organismos pagadores,
que en nuestro caso creemos que, en lugar del Senpa, tal y como queda
habilitado, o del Forppa, podían ser también las comunidades autónomas.

No obstante, puede ser un avance, en el planteamiento que usted realiza,
el iniciar a través de unos instrumentos de colaboración y cooperación el
primer marco de relaciones con las comunidades autónomas en cuanto a la
gestión de los recursos financieros del Feoga-Garantía.

Paso, señor Ministro, al segundo gran tema que usted ha analizado que es
el del sector pesquero. Efectivamente coincido con usted en que es
necesario realizar una adaptación del régimen pesquero aplicable a la
flota española que pesca en la zona económica exclusiva de pesca
comunitaria. Ha de tener lugar esa adaptación porque se está produciendo
una discriminación sin ningún fundamento. Evidentemente, el Tratado
contenía esas condiciones, pero si se ha producido un adelantamiento del
período transitorio en el ámbito de la agricultura, creemos que también
se tiene que dar en el ámbito de la pesca, y que no se originen esas
limitaciones que en estos momentos tenemos para pescar en determinadas
zonas y con una prohibición de entrar en el «box» irlandés; la limitación
que tenemos, incluso, para cambiar de actividad, de pasar de arrastrero a
palangrero; la limitación que tenemos de no tener TAC en especies tan
importantes como el bacalao, el lenguado, la caballa y el merlán. En
definitiva, señor Ministro, todas estas limitaciones hacen que en el tema
de pesca seamos un país de segundo orden, a nivel de tratamiento legal
comunitario, sin perjuicio de que a nivel real seamos la primera o la
segunda potencia comunitaria.

Señor Ministro, estoy de acuerdo en que se ha de producir una adaptación
lo más profunda posible. Yo no sé qué contrapartidas puede pedir la
Comisión; me imagino, por la información que he tenido, que va a ir
dirigida a través del establecimiento de mecanismos de control en
contrapartida con que se realicen unas adaptaciones parciales, pero,
repito, señor Ministro, creo que se debe terminar con ese período
transitorio a la mayor brevedad posible. Y yo le rogaría que lo que han
realizado en el Consejo Científico de la NAFO, donde el Ministerio
verdaderamente ha luchado para que la flota pesquera



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española que faena en esas aguas no se viera perjudicada, también lo haga
en este caso. Tengo la confianza de que ustedes lo van a hacer en esa
línea de igualar verdaderamente el régimen pesquero español al del resto
de la flota comunitaria.

Quiero referirme también, señor Ministro, a que es importante para la
flota, no ya para la comunitaria sino para la que faena en aguas de la
NAFO, en el Atlántico noroccidental y en las aguas del Atlántico
nororiental, la ratificación y puesta en marcha del convenio
internacional sobre el Espacio Económico Europeo, porque ello va a
suponer que la flota pesquera bacaladera española pueda disponer de unas
capturas adicionales de hasta 6.000 toneladas. Por ello creo que la
tramitación que se está realizando en este momento en esta Cámara sobre
el acuerdo internacional relativo al Espacio Económico Europeo es
importante, pues va a permitir, repito, la posibilidad de acceder a
cuotas complementarias en aguas del Atlántico nororiental.

Señor Ministro, quiero hacerle una serie de sugerencias respecto a la
posición que puede mantener el Gobierno español a la hora de la formación
de la voluntad comunitaria respecto al preacuerdo entre la Comunidad y
Canadá sobre las relaciones pesqueras. El preacuerdo -usted lo conocerá,
señor Ministro- no es beneficioso para la flota española. En definitiva,
¿qué es lo que se hace, en un gesto de intentar normalizar relaciones, es
decir, en un gesto político de normalizar las relaciones Canadá-Comunidad
Económica Europea? La Comunidad prácticamente pierde la facultad de
objetar las cuotas que se establezcan en la NAFO, y eso para nosotros,
señor Ministro, como usted sabe, es muy perjudicial, porque las cuotas
que objetaba la CEE correspondían fundamentalmente a España y Portugal.

Por todo ello, creo que ustedes tienen un papel importante que jugar a la
hora de la formación de la voluntad comunitaria respecto al acuerdo
económico Comunidad Europea-Canadá.

Quiero referirme también, señor Ministro, a una cuestión a la que usted
se ha referido y es al régimen de limitaciones o prohibiciones que
tenemos o complementamos al existente en la Comunidad Económica Europea
en materia de pesca con el tema de las restricciones en cuanto al
arrastre pelágico o las redes de malla a la deriva. Creo que la línea
mantenida en la política pesquera española es la correcta en ese sentido;
es decir, ese tipo de artes de pesca son perjudiciales y dañinas, y
ecológicamente se está demostrando que está originando perjuicios no sólo
en la pesca de los túnidos, sino también a otro tipo de especies, como
los cetáceos. Por ello nosotros hemos presentado una iniciativa para que
esta Cámara y el Gobierno, con el apoyo de esta Cámara, insten a la
Comunidad y fuercen a la Comunidad a que desde el 1 de enero del año que
viene se prohíba definitivamente la utilización de las redes de malla a
la deriva, conocidas también como volantas, tanto en la zona del
Mediterráneo como en la zona del Atlántico.

Señor Ministro, termino indicándole que nosotros esperamos que el
Ministerio y las comunidades autónomas sigan en la colaboración que hasta
ahora están realizando en la reestructuración de la flota pesquera. Usted
sabe que se están produciendo una serie de convenios de colaboración para
lograr una acumulación de derechos de pesca respecto al contingente de la
lista de los «300», y en esa línea se está produciendo una
reestructuración con ayuda de la Administración central y de las
comunidades autónomas, que entendemos que debe seguir. Por ello, quisiera
saber si es su intención mantener en vigor los convenios que tiene, por
ejemplo, la Comunidad Autónoma del País Vasco, y creo que estaba a punto
de celebrarse también con Galicia, para que se adapte la capacidad de la
flota a la capacidad de generar recursos que tiene la zona económica
exclusiva de pesca de la Comunidad Económica Europea.




El señor PRESIDENTE: En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, quiero sumarme con gran
cordialidad a las palabras de bienvenida y felicitación que los otros
portavoces han dirigido al señor Ministro en esta su primera
comparecencia como tal ante nuestra Comisión.

Desde el punto de vista de Coalición Canaria, señor Ministro, paso
rápidamente, después de esta bienvenida, a plantearle una serie de
cuestiones desde nuestra óptica territorial, inserta también en muchos
aspectos y compartiendo lo que han dicho los anteriores portavoces dentro
del concepto de política agrícola y pesquera nacional.

Como usted bien sabe, la peculiaridad canaria está reflejada en un marco
jurídico de relaciones especiales tanto dentro del Estado español como
dentro de la Comunidad Europea, que comienza por el denominado Poseican.

Yo le pediría al señor Ministro el mantenimiento de una política de
cooperación y buen entendimiento con la Consejería de Agricultura y
también con la Consejería de Pesca, en el fondo separada, del Gobierno
autónomo de Canarias, que ha llevado a felices resultados en las
negociaciones que en Bruselas se han tenido para atender la peculiaridad
de la agricultura canaria y de sus producciones, fundamentalmente de la
que ahora me voy a referir, con relación a la OCM del plátano.

Señor Ministro, quisiéramos que el Ministerio de Agricultura -en
cooperación con lo que viene realizando la Consejería del Gobierno de
Canarias pero a nivel peninsular-, que es el que tiene, en verdad, un
sustrato informativo, junto con otros departamentos, prestara especial
atención al uso de las licencias de importación de plátanos,
fundamentalmente del área dólar, del área Caribe, que han comenzado a
tener su presencia en el mercado peninsular. Tienen, como sabe el señor
Ministro, el condicionante de unos precios verdaderamente competitivos,
tanto por los costes de producción del plátano en Centroamérica como,
sobre todo, por una cuestión (en la que también le voy a pedir su apoyo)
de las tarifas de los fletes marítimos de transporte. Aquí le pediría
-porque esto va a estar relacionado también con la política del GATT y de
la Ronda Uruguay- que consiga de su colega el Ministro de Transportes,
así como de los



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departamentos españoles implicados, que cuando a nivel del GATT o de la
Ronda Uruguay se hable de las subvenciones se tengan en cuenta las
producciones agrarias canarias, que tienen que pasar por el circuito
encarecedor, dado el monopolio para líneas de bandera nacional, de
bandera española, en el transporte de la fruta, plátanos y tomates
fundamentalmente -no digo ya el sector de flores y plantas ornamentales,
que usted bien conoce-, para acceso a los mercados continentales
comunitarios. Si no hay una inteligente y acertada política de subvención
al transporte de estas mercancías, con destino Península o territorio
continental, las rentas de los agricultores canarios, la política agraria
en su correspondencia nacional en Canarias tendrá muy serias
dificultades, con unos costes añadidos a los ya caros del agua, del riego
y los propios costes de mano de obra o de producción por el sistema
estructural de la agricultura en Canarias.

En segundo lugar le quisiera decir que respecto al documento del
memorándum español sobre la Ronda Uruguay, Coalición Canaria lo apoya en
toda su extensión, y apoyamos, por las noticias que tenemos, que este
documento no se puede verdaderamente lograr si España no va también con
socios que lo defiendan a la Ronda Uruguay. Y digo que llevemos como
socio de apoyo al Gobierno francés; apoyar en este momento en la política
agraria al Gobierno francés en la denuncia que está haciendo de los
acuerdos de Blair House y de los temas de feroz liberalización, sobre
todo en el comercio de productos agrarios, como bien se dice en este
memorándum que recientemente nos ha hecho llegar a los portavoces el
Gobierno español, por un comercio agrícola sin nuevas tensiones. Me
quiero referir al segundo párrafo de este documento en el que con
carácter realista -y esto no tiene por qué significar nada peyorativo
para el Gobierno español sino todo lo contrario-, cuando se dice que
España se encuentra con una considerable incertidumbre para valorar la
situación general de la agricultura comunitaria tras la Ronda Uruguay,
participamos plenamente de ello. O se nos despejan las incertidumbres
total y absolutamente o España debe ser, como Francia, tremendamente
restrictiva en aceptar cualquier imposición, por parte de Estados Unidos,
liberalizadora de un comercio de productos agrícolas que puede llevar a
una verdadera situación catastrófica en multitud de explotaciones
agrarias españolas, incluidas las canarias, por supuesto, que por su
dimensión estructural son incapaces de aguantar precisamente esta libre
competencia.

Y que cuando se dice aquí que se haga una aplicación equilibrada de la
preferencia comunitaria, como sucede con el resto de las principales
producciones de la Comunidad, esto se lleve a rajatabla, señor Ministro.

Me estoy refiriendo a la producción y al mercado del tomate. Le pido, por
favor, que le diga al Comisario español en la Comunidad Económica
Europea, señor Marín, que se abstenga de actuar como Presidente de la
Cámara de Comercio Agrícola hispano-marroquí; que no incentive
inversiones agrarias en Marruecos, sobre todo en el área del tomate; que
se calle; que no origine esta irritación en el sector de producción del
tomate de las provincias del sur de España y de Canarias conjuntamente,
para las que es uno de sus capítulos de exportación, porque usted sabe lo
que está ocurriendo con el tomate marroquí. O cumplimos las preferencias
comunitarias, como producto comunitario que es éste, o en mala situación
se va a encontrar en el futuro la agricultura productora de tomate.

Cuando se esté negociando el capítulo de hortalizas en el GATT, en la
Ronda Uruguay, signifíquese, señor Ministro -es lo que le pido-, este
producto agrícola de primer orden en este momento en la renta agraria de
muchas explotaciones meridionales e insulares de España. Por tanto, apoyo
conjunto con Francia.

Las reuniones que recientemente ha tenido con su colega francés, así como
las que ha celebrado el Presidente del Gobierno español con el Primer
Ministro francés, señor Balladur, son un buen camino, salvando cualquier
diferencia ideológica, porque en este momento la agricultura requiere
aunar esfuerzos y un objetivo común.

En otro orden de ideas, señor Ministro, cuando su antecesor el señor
Solbes presentó, en abril del año pasado, el plan de modernización de la
agricultura para la mejora de rentas y el desarrollo rural, se fijaron
tres objetivos que para nosotros siguen siendo plenamente válidos. En
cuanto al primero, aumentar la productividad sin generar excedentes y
apoyar directamente la renta de los agricultores y al segundo objetivo,
la mayor participación en el valor añadido de los agricultores, queremos
significarle nuestra permanencia en la defensa de estos dos objetivos
dentro del marco del GATT y de la Ronda Uruguay dado el peligro inminente
en que podemos vernos. Si tratáramos aquí de definir y de exigirle la
mejor política agrícola o agraria, pesquera y ganadera para España
autárquicamente, si este compromiso que hay con el GATT, la Ronda Uruguay
y la Comunidad no se clarifica, lo que podamos obtener aquí no llevará a
un resultado positivo que todos quieren alcanzar en este momento. Por
tanto, que la comisión correspondiente de la Comunidad Económica exija
que los negociadores de la Ronda Uruguay tengan la máxima transparencia
respecto a lo que están acordando allí. Por una presión norteamericana
indirecta podemos llegar a acuerdos en los que nos llevemos sorpresas
desagradables, como, por ejemplo, cuando se trate de poner en aplicación
el volumen de excedentes, si la Comisión no informa bien al Consejo en
cuanto a excluir productos agrícolas transformados, el segundo objetivo
que aquí nos habíamos trazado respecto a una mayor participación en el
valor añadido se encuentra en un régimen de inseguridad jurídica
verdaderamente tremendo. Yo diría que hoy en día el problema agrario de
España en este nivel internacional es la inseguridad jurídica, mientras
no tengamos una clarificación y una transparencia respecto a lo que
acuerde la comisión negociadora del GATT en la Ronda Uruguay.

Termino, señor Presidente, tocando de pasada, por la premura del tiempo,
unos aspectos de competencia de su Departamento en el área específica de
Canarias, aparte de éstos que ya he dicho. Está el tema del Icona. Como
sabe el señor Ministro -no es ajeno a esta sensibilidad con el medio
ambiente-, Canarias como comunidad



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autónoma cuenta con cuatro parques nacionales, del total de diez que
existen en todo el territorio y, salvando las peculiaridades que pueda
tener el de Timanfaya, en Lanzarote, por su carácter geológico volcánico,
hay que pedir que el Icona respete los acuerdos de los patronatos de los
parques en la defensa ecológica del medio ambiente y de los impactos
ambientales, porque se han detectado en Canarias algunas posiciones
demasiado flexibles -voy a emplear esta palabra- del Icona con zonas de
aparcamientos de coches, de visitantes en los parques nacionales,
etcétera, que, desde luego, son negativos en el impacto ambiental.

Al mismo tiempo, señor Ministro, quiero pedirle que las obras, las
inversiones y los planes de reforestación en el Archipiélago, en zonas
que están situadas fuera del parque pero que condicionan fundamentalmente
por su carácter archipielágico, se puedan llevar al máximo por parte del
Icona, y que esto se ensamble con una labor tradicional cuya competencia
ha quedado en manos del Estado, que es la obra hidráulica -sabe S. S. que
no está transferida al Gobierno canario y que las inversiones siuen
perteneciendo al Gobierno-. Le pedimos que inste a su colega del
Ministerio de Obras Públicas, señor Borrell, para que estén perfectamente
identificadas y potenciadas las obras de regadío, y, sobre todo, señor
Ministro, que pida la colaboración de institutos -como el antiguo IRYDA,
de reforma y desarrollo agrario- en la reutilización de aguas residuales
para fines agrícolas.

La competencia en el tema del agua entre los dos sectores, turismo y
agricultura, en Canarias, es feroz. Nosotros comprendemos que el uso de
un agua cara, de utilización turística, que vaya hacia la agricultura
-cuando en este momento y desde hace varios años hay una guerra por la
utilización del agua pura, de extracción totalmente subterránea, que
usted bien conoce en Canarias- no tiene más solución que una inversión en
reutilización de aguas residuales y, en segundo término, de las
potabilizadoras de agua marina, cuyo coste no puede pagar el agricultor
pero sí el sector servicios, el turismo.

Termino con una referencia al mantenimiento de los niveles de prestigio
de la sanidad vegetal y animal españolas en el tema de epizootia, de
plagas fitosanitarias, para que el servicio funcione adecuadamente y,
sobre todo, para que no nos vayan a poner -en lo que nos puede quedar de
liberalización por los acuerdos de la Ronda Uruguay, del GATT, en el
comercio de productos agrícolas transformados o no transformados- trabas
sanitarias en cuanto a los animales y vegetales que nos pueden llegar.

También quiero decirle al señor Ministro que tendrá el apoyo y la
colaboración de Coalición Canaria en el problema de la pesca con el que
nos estamos encontrando en Canarias, junto a cuestiones como las que han
planteado otros portavoces, entre ellos el del Partido Nacionalista
Vasco, con los costes de utilización de los servicios de los puertos
canarios para las flotas que operan allí. Si el organismo o ente autónomo
recientemente creado, lo que era la antigua Dirección General de Puertos
del Ministerio de Obras Públicas, no tiene con los amarres y las flotas
pesqueras -tanto españolas como internacionales, pero, sobre todo, con
las españolas o comunitarias como las queramos llamar- una política de
precios y de tarifas, soportando como está la Marina Mercante española
los precios y tarifas de las tripulaciones embarcadas, si no hay un
tratamiento inteligente de apoyo al uso de la plataforma portuaria,
teniendo enfrente la de Agadir, en Marruecos, mal porvenir le espera. Yo
espero de su comprensión, señor Ministro, que esta gestión para que las
tarifas o los servicios portuarios de las flotas pesqueras que amarran en
Canarias y tienen su base allí, con todo lo que generan para el sector,
tengan el tratamiento adecuado que se merecen por estas condiciones, y
espero que nosotros algún día veremos plasmados la letra del Poseican o
que, cuando se apruebe el Tratado de Maastricht, los compromisos de las
regiones ultraféricas se materialicen. Para ello tendrá usted nuestro
apoyo y nuestra cooperación, porque sacar adelante el sector agrario,
segundo renglón de nuestra generación en el Archipiélago del producto
interior bruto, merece todos los esfuerzos de cooperación.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Roncero.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Ministro, en primer lugar, vaya por
parte de nuestro Grupo nuestra felicitación por retomar esta actividad en
la que tanto tiempo ha trabajado. También quiero expresarle nuestro
agradecimiento por su comparecencia, en un día de mucha significación en
el sector agrario español, San Miguel, en que tantas ferias y mercados
existen en nuestro país y tan importante en cuanto al ciclo económico que
finaliza y que se inicia, con sementeras, final de contratos, inicio de
contratos, etcétera, un día de mucha tradición en nuestro sector agrario
y que espero sea un buen augurio para este comienzo de legislatura, con
esta comparecencia y con esta exposición que nos ha hecho, que, en
opinión de nuestro Grupo, ha sido densa y rica en contenidos. No vamos a
hacer una valoración a la ligera de su exposición, porque hay cosas muy
importantes que requerirán una lectura y una reflexión pausada de todo lo
que nos ha sido transmitido en cuanto a política general.

Creemos, además, que ha sido un enfoque realista de la situación de
nuestro sector agrario y pesquero; como no podía ser menos, un enfoque
global, repito, realista, sin fuegos de artificio, sin hablar de
Televisión Española, por ejemplo (Rumores.), cosa que hemos tenido que
oír por aquí y que no tiene ninguna relación con estos temas. Desde
luego, la intervención del señor Ministro no ha sido para salir en los
medios de comunicación, sino para llamar, en nuestra opinión, a la
reflexión, al consenso, al pacto, a la colaboración entre los grupos
parlamentarios, las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias.

Nuestra valoración es muy positiva, en esa globalidad que comentamos, sin
entrar a analizar problemas muy concretos, porque ha sido una exposición
muy ajustada como resultante de un programa electoral del Partido



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Socialista que ha obtenido el refrendo mayoritario de los ciudadanos y
que tiene coincidencias con otros grupos políticos, grandes coincidencias
en algunos aspectos de fondo, que también nos interesaba destacar a lo
largo de esta exposición, algunos de los cuales han sido ya remarcados
por el señor Ministro.

En ese programa electoral y en esta exposición se pueden resumir unos
grandes objetivos, que ya fueron puestos de manifiesto en un debate
anterior en la Cámara la semana pasada. Parece que hay un cierto consenso
en cuanto a la definición de esos objetivos, a la exposición teórica de
esos objetivos, que podríamos resumir en más renta y más desarrollo para
nuestro mundo agrario y pesquero, con objetivos generales de mayor
productividad, mayor rentabilidad, compatibilidad en no generar
excedentes, mayor valor añadido -también ha sido citado aquí por otros
grupos-, desarrollo rural, armónico y protector del medio ambiente y una
mejora de calidad de vida y rejuvenecimiento de nuestra población agraria
rural y pesquera. Esos grandes objetivos generales coinciden, aparte de
con los planteados por los grupos, con los recogidos en el propio
acuerdo-marco con las organizaciones profesionales agrarias. Creemos que
eso es lo que hay que valorar, en principio, como muy positivo. Estamos
ante unos objetivos globales bastante aceptados por todos, que pueden
generar un gran nivel de consenso y, por consiguiente, tenemos esperanza
de que esto permita que, a la hora de instrumentar las medidas concretas
para conseguir esos objetivos compartidos por todos, seamos capaces de
tener la sensatez, la serenidad, la responsabilidad suficiente para,
pegados al terreno, afrontarlos con soluciones posibles.

A nadie se le escapa que en esta legislatura nuestro Grupo por sí solo no
está en condiciones de garantizar el buen fin de algunas actuaciones que
en el pasado sí podía garantizar al tener una mayoría parlamentaria
suficiente. En este período, la implementación de medidas concretas para
conseguir esos objetivos generales sólo puede ser consecuencia de un
esmerado proceso de colaboración de todos los grupos de esta Cámara, con
las organizaciones agrarias, con las comunidades autónomas, de acuerdos
con las prioridades y, por tanto, de renuncias, pues cada vez que se
establece una prioridad hay que renunciar a algo. Por tanto, acuerdos en
las prioridades; renuncias a temas que estén por debajo de los intereses
generales; concesiones y pactos que deben estar presididos, en nuestra
opinión además de por el sentido común, necesario siempre, por altura de
miras para esa defensa de los intereses generales.

Nuestro Grupo sigue ofreciendo diálogo para solucionar los problemas. Ha
habido diálogo en la legislatura pasada con las propias organizaciones
profesionales; ha habido diálogo con las comunidades autónomas; debemos
seguir ofreciendo y profundizar en ese diálogo sin dramatismos ni
catastrofismos. Si de verdad -como aquí se ha dicho también- es necesario
generar confianza y dar esperanza al sector agrario y pesquero de nuestro
país, es necesario hacerlo sin generar confusión. Es decir, hay que
hacerlo con sentido común, con sensatez y con responsabilidad. Hay que
abordar los asuntos con mucha responsabilidad. Cuando se habla de asuntos
en los que todos estamos de acuerdo -como se han mencionado aquí-, de
modernización, de vertebración, de desarrollo del mundo rural, de
conservación de la naturaleza, de medio ambiente, de la defensa y reforma
de nuestras producciones, de la reorientación de la política pesquera o
de temas concretos dentro de esos objetivos, como la fiscalidad,
etcétera, hay que hablar con responsabilidad, pegándose al terreno de las
circunstancias. Desde luego, estamos de acuerdo en que hay que consensuar
primero las definiciones. Cuando hablamos de protección a la fiscalidad,
hoy el discurso global de casi todos los grupos políticos podría ser
aceptable en su conjunto, como, por ejemplo, el de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y el del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), sobre la protección de la explotación familiar agraria, las
pequeñas y medianas empresas, el mantenimiento de rentas, mejores
condiciones de trabajo, etcétera, pero cuando llegamos a concretar
aspectos es difícil no discrepar y no ponernos de acuerdo con algunos
grupos, como cuando se habla de exenciones fiscales de patrimonios según
valoraciones catastrales. Todos sabemos que nuestro país no tiene
vigencia para hacer ese tipo de valoraciones y, por tanto, no estamos
hablando de lo mismo. Hablamos de fiscalidad, pero no nos referimos a lo
mismo cuando se habla de exenciones patrimoniales, de sucesiones o de
donaciones, ligándolas a valores catastrales que generalizarían la medida
no para explotaciones familiares y pequeñas y medianas empresas, sino a
un marco general, lo cual no es el objetivo de la mayoría de los grupos
parlamentarios que han intervenido, que de verdad piensan en un apoyo a
la explotación familiar, a la pequeña y mediana empresa, al
cooperativismo que, en definitiva, deben ser los receptores de la mayoría
de las ayudas y de los instrumentos que seamos capaces de poner en
marcha.

En consecuencia, creemos que estamos en una... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, un momento, por favor.

Les ruego silencio, señorías, porque es difícil seguir la intervención
del señor Roncero.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Creemos que estamos en una situación compleja, que podemos calificar de
continua adaptación de nuestro sector agrario a los retos del Mercado
Unico, de la integración europea y de la liberalización del comercio
mundial, como también ha sido puesto de manifiesto por el señor Ministro,
y que estos retos deben ser afrontados desde un sentido de
responsabilidad y de colaboración. Nos sumamos a esas peticiones y
aceptamos ese reto de colaboración, de pacto, de consenso y de renuncias
a determinadas cosas que cada uno debemos hacer en defensa de los
intereses generales, siempre con el límite de la defensa de



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los intereses generales frente a intereses concretos o a determinados
intereses sectoriales.

Nuestro Grupo va a trabajar por la modernización, por la vertebración del
sector, por el desarrollo del mundo rural, por la protección de la
naturaleza y del medio ambiente, por la defensa y reforma de nuestras
producciones y por la reorientación de una política pesquera común, que
tienda a que nuestra pesca esté en igualdad de condiciones frente a
nuestros socios comunitarios.

En este día especial de tradición agraria llamamos a esa colaboración, a
ese consenso y a recuperar, en su sentido más noble, frente a posibles
tentaciones de intereses particulares, coyunturales o partidistas,
algunos valores tradicionales de un día como el de hoy -San Miguel-, a
los valores del trato, en su mejor sentido, de la mediación, de la
cooperación y de la colaboración. Ese es el espíritu con el que vamos a
afrontar esta legislatura y, desde luego, con el que afrontaremos también
la actividad legislativa, de control del Gobierno, sobre cualquiera de
los temas puntuales que aquí han sido planteados.

Nuestro Grupo, con el enfoque global que el señor Ministro ha hecho, está
totalmente de acuerdo, porque refleja ese programa electoral, refrendado
mayoritariamente por el pueblo español, que tiene, en la mayoría de sus
grandes objetivos generales y en los instrumentos para alcanzar esos
objetivos, un amplio consenso con las fuerzas políticas, aunque no dejará
de haber discrepancias que en ese camino deberemos superar, así como
establecer acuerdos y renuncias que siempre serán necesarios a la hora de
fijar prioridades. Queremos animar al señor Ministro y llamar a la
colaboración y al consenso de todos los grupos políticos.

Quiero insistir en algo que el señor Ministro ha dicho y que debemos
trasladar todos los grupos políticos a las comunidades autónomas en las
que tenemos responsabilidades, en que incentiven la instrumentación de
las medidas necesarias para la aplicación concreta, en el terreno, de lo
que es preciso para desarrollar una política agraria específica como la
que necesita nuestro país en estos momentos, en este proceso de
adaptación internacional a ese Mercado Unico y a la liberalización
internacional de los mercados.

Quiero insistir asimismo en la colaboración interparlamentaria con las
organizaciones agrarias y, muy especialmente, en el establecimiento de
mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas -incluso esos
nuevos mecanismos nos han parecido muy apropiados al ligar el consumo a
las conferencias sectoriales-. Desde luego, debemos ser conscientes de
transmitir esperanza, no confusión, y que nuestra agricultura sin la
Comunidad Europea hoy día no sería posible; que tenemos problemas con la
política agraria comunitaria, como también ha sido puesto de manifiesto
por el Ministro; que hay que seguir resolviendo esos problemas, pero que
no sería imaginable hoy día una agricultura española sin estar dentro de
la Comunidad Económica Europea. Tampoco sería imaginable una agricultura
o una economía europea sin que, al final, con las correcciones necesarias
que haya que hacer -y esta tarde podremos hablar de ello con respecto a
los acuerdos del GATT-, el Acuerdo del GATT llegue a buen puerto con la
defensa de los intereses. En nuestra opinión, lo está haciendo muy bien
el Gobierno español manteniendo una postura equilibrada y razonable en
este aspecto y, por tanto, pensamos que hay que seguir por ese camino.

Vuelvo a insistir en que llamamos al sentido común, a la sensatez, a la
responsabilidad y a la colaboración de todos para que de verdad nuestros
sectores agrario y pesquero tengan una mayor integración, una mayor
vertebración y, por consiguiente, más competitividad y mejor posición en
el comercio internacional.




El señor PRESIDENTE: Para contestar las preguntas y observaciones
formuladas, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla):
Señorías, en primer lugar, tengo que decirles que es verdaderamente
estimulante para un Ministro de Agricultura comparecer ante esta
Comisión, porque se plantean cuestiones sustanciales y muy concretas que
demuestran el alto interés de los diputados presentes en esta Comisión
por el sector agrario, pesquero y alimentario. Lo digo sin ningún afán de
halagar a SS. SS., sino como un reflejo real de la sensación que me voy a
llevar de esta comparecencia, que no es la primera, pero que en este
caso, como digo, me sirve de estímulo porque el contenido de todas las
intervenciones ha sido muy interesante.

Se han planteado cuestiones en las que podemos estar de acuerdo, en otras
quizás no tanto, creo que básicamente sí que lo estamos, que me van a
permitir incorporar algunos elementos adicionales.

En segundo lugar, quiero felicitar al señor Ramírez por ser hoy el día de
su santo y esperar que hoy recupere también su capacidad peripatética. Su
señoría hacía referencia a si estaba buscando titulares de prensa. Creo
que no. Si hubiera buscado titulares de prensa les podría haber
anticipado -aunque la agricultura siempre esté sometida, como es lógico,
a muchas coyunturas- que la estimación que tenemos para este año es que
la renta agraria crecerá un 10 por ciento. Es una estimación prudente.

Hacía referencia también a la incorporación de jóvenes, al
rejuvenecimiento de nuestro sector. En los últimos cuatro años hemos
incorporado a un ritmo de 40.000 jóvenes anuales, quizás no sea
suficiente. El Gobierno francés acaba de tomar algunas medidas para
elevar las ayudas a los jóvenes. Nosotros ya las habíamos tomado; estamos
al límite de las posibilidades que la Comunidad nos otorga para
establecer ese tipo de ayudas. Ahora parece que el Gobierno francés las
ha elevado, pero nosotros ya las habíamos puesto a ese límite hace algún
tiempo.

En cuanto a las fechas de alguna norma, se refiere a ocho o diez meses
con respecto a la ley de modernización. Podría ser antes. Es cierto que
nos hemos puesto ese límite para ser prudentes y no superarlo, pero
podría ser



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antes de acabar este año legislativo. Yo espero que sea antes.

Hay una cuestión a la que tendremos que hacer una mayor referencia esta
tarde. En cuanto a la posición española con respecto al preacuerdo de
BLAIR HOUSE, creo que ha sido absolutamente coherente. A veces es difícil
no ya la coordinación entre Ministerios, sino incluso entre intereses,
todos legítimos y todos nacionales. En este caso -no sé si lo reconocerá
conmigo S. S.-, le puedo decir que el memorándum español agrario ha
servido de base para la redacción del memorándum del Gobierno español.

Fue debatido entre el Ministro de Comercio, el de Asuntos Exteriores y yo
mismo hace mucho tiempo y el contenido no ha variado, ha sido siempre el
mismo. La forma de presentación, como es lógico, está en función de la
personalidad de cada uno, pero, en todo caso, el objetivo siempre ha sido
el mismo. En el Consejo JUMBO el Ministro de Asuntos Exteriores hizo un
planteamiento absolutamente coherente con el memorándum agrario, que no
coincidía con el memorándum francés, entre otras cosas, porque era
abundar, y abundar en algo en lo que podemos estar de acuerdo no hacía
falta, pero el memorándum francés carecía de elementos muy importantes
que están en el nuestro. No hemos ido evolucionando. Lógicamente, se hace
una presentación en función también de cómo va evolucionando la posición
de los demás. No tiene mucho sentido que un país -en eso coincidiremos
todos- como España, con intereses variados y diversos, haga
pronunciamientos de confrontación, sino todo lo contrario,
pronunciamientos que permitan avanzar, pero que, al mismo tiempo, que
preserven nuestros intereses.

En el debate del Consejo JUMBO y, posteriormente, del Consejo de
Agricultura, el memorándum español fue el que sirvió de base a que otros
países mediterráneos, incluido Francia, apoyaran ese memorándum y
aparecieran, como ya comentaremos esta tarde, en el texto del acuerdo los
elementos básicos de nuestra posición.

Ha hecho referencia también a los acuerdos con terceros países,
concretamente con el Magreb, con Marruecos. Supongo que SS. SS. conocen
perfectamente la situación. Hay una posición de la Comisión ante la que
nosotros hemos presentado nuestro memorándum. Todavía no ha ido al
Consejo. El Consejo tiene que aprobar la posición negociadora de la
Comunidad. El memorándum español -desde nuestro punto de vista, como no
podía ser menos- tiene lógica, pero pensamos que es bastante objetivo, es
decir, que no sólo se debe seguir por el camino trillado ya de que las
concesiones siempre van en el sentido de la capacidad exportadora de
Marruecos, sino que, desde el punto de vista de los intereses marroquíes,
nos parece más interesante potenciar su capacidad de autoabastecimiento.

Incluso el Gobierno marroquí ha puesto de relieve muchas veces que la
población marroquí pueda tener azúcar, leche, cereales, en un nivel de
autoabastecimiento mucho más alto que el que tiene ahora. Por lo tanto,
hacia ahí deben ir las ayudas básicamente. Eso no quita que pueda haber
algún tipo de mejora en el tratamiento de su accesibilidad al mercado
comunitario, pero hay algunas cuestiones que nosotros consideramos que no
se deben tocar. Podemos incrementar, por ejemplo, el aceite de oliva y
podemos poner 5.000 ó 7.000 toneladas más, que a nosotros no nos va a
afectar. Desde luego, algunas cuestiones nos parecen intocables, como
tomates y cítricos. Otras, posiblemente sí, porque, entre otras cosas, va
a ir en beneficio de la propia población marroquí.

Este es nuestro planteamiento, éste es el memorándum español, que lo
tiene la Comisión. La Comisión no ha avanzado demasiado en cuanto a
integrar o no, o qué va a presentar definitivamente al Consejo. Cuando lo
presente al Consejo, en el debate lógicamente, seguiremos defendiendo
nuestra posición y veremos qué mandato negociador le damos a la Comisión,
pero les anticipo a SS. SS. que el contenido del memorándum es que
algunas cuestiones concretas para nosotros son intocables, otras, en
cambio, nos permiten un cierto margen de holgura y que estamos dispuestos
a que la Comunidad apoye a Marruecos todo lo que pueda para que mejore su
capacidad de producción de azúcar, de leche o de cereales.

Efectivamente, hay muchas cosas que no he mencionado porque lógicamente
hubiera hecho una intervención excesivamente larga.

Respecto a la fiscalidad agraria, los módulos del IRPF están
discutiéndolos las organizaciones profesionales con el Ministerio de
Economía. Es una relación que está llevándose en este momento a cabo
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y organizaciones agrarias.

Espero que tengan buen resultado porque, entre otras cosas, sabe que su
titular es sensible a esta cuestión.

En cuanto a exenciones, hemos hablado con Convergència i Unió sobre estas
cuestiones. Creo que los avances que hemos hecho pueden dejar satisfechas
las demandas que se han planteado, que van a consistir básicamente en las
exenciones a las donaciones, a las herencias, a las permutas, a todo
aquello que, en definitiva, contribuya a desbloquear el mercado de la
tierra.

De la financiación no he hablado, efectivamente. La estimación que
tenemos sobre la financiación del sector agrario es que este año puede
haberse incrementado el endeudamiento en un 12 por ciento,
aproximadamente. Es lógico después de una campaña tan dura como la
anterior. No es, desde luego, superior al de otros sectores. Hay otros
sectores desgraciadamente en una situación de crisis o de recesion, y esa
situación es perfectamente predicable de otros muchos sectores. Por
tanto, el concepto renegociación, refinanciacion, asumido globalmente
para un sector, traería unas consecuencias que no se le escapa a S. S.

que podrían ser imposibles de satisfacer. En cambio, sí que hay algunos
elementos en el Decreto de sequía, aunque después en su interpretación
las instrucciones que se han dado no han sido formales. Han sido
conversaciones con las entidades financieras que nos parece que están
teniendo buen resultado en algunos casos, posiblemente en todos no, pero
el Decreto de sequía ya prevé una cierta refinanciación de sectores que
es una excepción en comparación con otras.

La ley de jornadas teóricas no está perdida en ningun



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cajón. Aunque pueden perderse las cosas a veces, ésta no está perdida. Ya
he mantenido conversaciones con el Ministro de Trabajo para que
inmediatamente después de la presentación de los presupuestos la ley de
jornadas teóricas venga al Parlamento tal y como se acordó; parece que
debe ir. Como sabe S. S., la utilización de la Ley General Presupuestaria
como LEY JUMBO ya no se puede hacer; ya el año pasado no se hizo esa
utilización como LEY JUMBO y parece bastante correcto que no utilice. Por
tanto, los instrumentos legales que antes se incorporaban a esa LEY JUMBO
es lógico que tengan una normativa especial y un procedimiento
específico; cuestión que yo creo que a S. S. en otras épocas le
preocupaba, y con razón, que cada norma debe tener su tratamiento. La
autorización de la ley de presupuestos era cómoda, pero, en todo caso,
podía privarnos de algún debate concreto sobre cuestiones muy concretas.

Por tanto, la ley de jornadas teóricas vendrá al Parlamento
autónomamente.

Me alegra escucharle que el Plan Hidrológico Nacional cuenta con su
apoyo. Creo que es importante. Plantea de nuevo un debate un poco
bizantino entre CUENCA y NACIONAL. No voy a entrar en ese debate. Creo
que es todo al mismo tiempo y que no se puede decir que uno antes que el
otro o el otro antes que uno, porque uno integra a los demás. Por tanto,
es un debate no diría ni siquiera teórico, es bizantino. Podemos hacer el
de CUENCA y luego el NACIONAL modificará a los de CUENCA, con lo cual nos
quedaremos igual. Tendríamos que hacerlos los tres. Lo importante es que,
desde el punto de vista agrario, el Plan Hidrológico Nacional va a
cumplir objetivos muy importantes para el conjunto de la sociedad y para
el sector agrario, que es la utilización más adecuada de los recursos
escasos; utilización más adecuada que, además, tiene efectos económicos
positivos sobre el sector agrario, los va a tener, y nos permitirá una
capacidad de regadío más alta -sobre todo ahora es mucho más relevante
sabiendo la situación de nuestras cuencas- y una utilización mucho más
eficaz de los recursos escasos. Esperemos que no siga la situación así,
pero es cierto que ahora es más relevante la puesta en marcha del Plan
Hidrológico.

Sí que he hecho referencia a las relaciones institucionales. Su señoría
ha dicho que no había hecho referencia y luego ha dicho que sí. He estado
con todas las organizaciones profesionales, horizontales y verticales,
con las más importantes, con las que tienen más representación.

En cuanto a las elecciones, las va a poner en marcha el Gobierno central,
pero van a ser realizadas en cada comunidad autónoma en función de sus
competencias y de sus propios calendarios, a los cuales nos adaptaremos.

Transferir funcionarios es absolutamente prioritario. Me lo he planteado
como una prioridad absoluta; lo que pasa es que de la prioridad absoluta
a la realidad hay ciertas diferencias, y en la Conferencia sectorial eso
se trasluce inmediatamente. Tenemos, es cierto, muchos funcionarios del
Senpa que en muchos casos no se adaptan a las funciones nuevas que tienen
que realizar. Vamos a transferirlos, pero la situación es tan simple y
tan compleja como que cualquier comunidad autónoma podría decir que
quiere funcionarios pero que se los dejen elegir, por decirlo así de
claro. Eso dejaría a la Administración central en una condición muy
precaria, sin que fuera tan cierto que pudiera elegir exactamente los que
necesita. Tenemos un problema de reciclaje de personal. Hay muchos jefes
de silo, que hacen todos los esfuerzos que pueden para tramitar una
restitución, pero no ha sido ésa su formación. Entonces es un tipo de
personal que vamos a intentar reciclar, pero que lo hagan las propias
comunidades autónomas. El proceso a que me refería de convenios no es
ninguna excusa para no hacer la transferencia; y responder también al
representante del Partido Nacionalista Vasco. No tenemos ningún problema
en cuanto a hacer la transferencia. El problema, que es mutuo, es qué
transferencias hacemos y de qué funcionarios se trata. Ese proceso puede
ser largo y, por tanto, los convenios facilitan que inmediatamente
determinadas comunidades autónomas, todas si puede ser, dispongan de más
personal del que tienen actualmente. Es muy distinto el sistema de
intervención, como SS. SS. saben, que teníamos antes de la adhesión,
después de la adhesión y después de la reforma. Cada vez está más
tecnificado, se necesita más cualificación de personal y, por tanto, hay
una disfunción tremenda entre los efectivos y las necesidades
administrativas.

En cuanto al comercio exterior, yo creo que es una carga que debe tener
cualquier Gobierno. Es decir, si las cosas van mal, la culpa es del
Gobierno, y si van bien es gracias a la devaluación. Eso hay que
asumirlo. Su señoría descuenta las cosechas malas; me imagino que la de
Argentina, por ejemplo, en girasol, pero es que eso siempre es así. Si
todo el mundo tuviera grandes cosechas, difícilmente nuestro mercado
podría ir bien. Pero a eso jugamos lógicamente. Tenemos mala cosecha de
almendra en California, buenos precios de almendra en España; mala
cosecha de girasol, buenos precios de girasol; si a esos precios de
girasol añadimos que el sector va a recibir creo que unos 120.000
millones aproximadamente, son cifras verdaderamente importantes. No lo
digo por la importancia de la cifra, porque como negociador comunitario
-papel del que no debo deshacerme ni siquiera en esta Comisión, y SS. SS.

lo entienden perfectamente- en ningún caso voy a decir que algo sea
importante. Lo que sí que creo que es importante es que en un año como
éste, en el que los recursos que van a ir al sector agrario, con precios
buenos en la mayor parte de l casos (en el porcino en este momento
tenemos buenos precios en general), buenos precios con buenos niveles de
subvención, incorporada la devaluación, por descontado, se debe permitir
al sector que los dedique al propio sector. A veces reclamamos ayudas,
que pueden ser importantes, pero indudablemente algunas decisiones como
las que les voy a referir a continuación tienen mucha más trascendencia
que una partida presupuestaria, que después de un gran debate consiga
incorporarse, de 2.000 o de 3.000 millones. Estamos hablando a veces de
10.000 ó 20.000 ó 30.000, que son producto de una negociación larga con
la Comunidad, que nos permite acceder a ese volumen de recursos que, como
el dinero sólo tiene un color, es independiente que venga del presupuesto
o que



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venga de la Comunidad; yo prefiero que venga de la Comunidad. Pero hay
una gran diferencia entre nuestra capacidad de esfuerzo presupuestario,
que en este momento es limitadísima, y, en cambio, los efectos que puede
tener una buena negociación comunitaria.

Respecto a los efectos que la interprofesión debe tener sobre un buen
comercio exterior, una mejora de nuestro comercio exterior, espero que
este año -ya sé que S. S. tradicionalmente distingue entre la agraria y
la agroalimentaria-, si evolucionan las cosas tal como hasta ahora,
podamos tener incluso la balanza agraria positiva que a S. S. le
preocupa. Aunque creo que en cierto modo conceptualmente sigue siendo
válido separar lo agroalimentario de aquello que tiene una componente
industrial, en todo caso, la agraria puede tener una cobertura positiva,
quizá de un cuatro o un cinco; la agroalimentaria por descontado la va a
tener, salvo incidentes que esperemos que no haya. Es cierto que la
interprofesión debe servir para eso. Esas famosas subvenciones
encubiertas -que por el hecho de serlo quiere decir que no se puede saber
nunca si existen o no, por eso el concepto de encubierta- no son
resultado más que de la acción de la interprofesión; la capacidad de
penetrar en el mercado, ectcétera. Estamos viendo todos los meses
promociones, cócteles o exposiciones de productos comunitarios en Madrid.

Todo eso no lo pagan los gobiernos, lo pagan las interprofesiones.

También tenemos un cierto retraso en lo que se refiere a la normativa. Y
no me voy a referir al retraso, al que S. S. aludía, de hace dos o tres
años, porque es un retraso mucho más antiguo. Francia, cuando ni siquiera
se pensaba en la Comunidad, ya tenía su propia ley y ahora está
consolidado. Habrá que hacerlo de otro modo, porque es cierto que la
interprofesión tiene elementos muy positivos en cuanto a una cierta
opacidad, elemento que siempre es positivo para que los sistemas de ayuda
pública sean compatibles o al menos no sean vulnerables desde el punto de
vista de la compatibilidad. El ejemplo de Dinamarca lo utilizamos todos.

Sólo quiero recordarle que Dinamarca ha estado gobernada por socialistas
durante 50 años y el resultado no parece que haya sido malo. (Risas.)
Simplemente es constatar una realidad histórico-política.

En cuanto a la sequía, yo creo que la comparación con Portugal siempre se
puede hacer, porque puede haber un objetivo concreto de la Comisión en
cuanto a una ayuda, del tipo que sea, para la sequía. Ahora, ¿qué es más
importante? Hemos conseguido dar respuesta a dos cuestiones sobre las que
S. S. ha formulado dos preguntas muy pertinentes: una, hemos integrado la
superficie de base del maíz con los otros cereales; lo ha decidido la
Comisión. La respuesta es positiva. Eso, lógicamente, desde el punto de
vista de recursos va a ser muy importante. He informado antes de la cifra
del girasol, 120.000 millones. Prefiero esto, y creo que S. S. coincidirá
conmigo, a que la Comunidad me dé una limosna de mil millones y me diga,
además, que es una ayuda especial para España por la sequía. Prefiero
120.000 millones a una ayuda especial por la sequía.

No he hablado de seguros agrarios, aunque SS. SS. saben que ha sido, es y
va a seguir siendo uno de los elementos fundamentales de nuestra política
agraria. Vamos a seguir incidiendo en ellos. Es cierto que teníamos un
déficit importante que vamos a cubrir en el presupuesto de este año.

Vamos a intentar ampliar alguna cuestión a la que después me referiré
cuando responda al representante del Grupo Catalán. Quizá también
tengamos que reformar la relación entre la Empresa Nacional de Seguros,
Agroseguro, las compañías. Puede haber alguna perturbación en esas
relaciones, pero no sé si es exactamente en el sentido que S. S. decía,
pero sí puede haber algunos elementos que no estén respondiendo
exactamente al objetivo del seguro. Iba a decir que es una experiencia
casi española, porque no hay muchos países comunitarios que tengan ese
sistema de seguros. Como sabe -y nos podemos sentir satisfechos de ello-,
la Comisión de la Comunidad ha ofrecido a los nuevos países libres del
Este como modelo para poner en marcha un sistema de seguros agrarios el
español. Es el modelo que la Comisión considera el mejor de todos y se lo
ha ofrecido a los países del Este para que lo pongan en marcha, porque
funciona bien dentro de las limitaciones.

Cuotas lácteas. Precisamente he estado este fin de semana y el anterior
en contacto con grupos de ganaderos bastante numerosos. Estuve en Galicia
con unos 200 ganaderos, que lógicamente tienen sus problemas. Dentro de
las incertidumbres que plantea la resolución final de la cuota, hay unos
márgenes de certidumbre suficientes para disminuir ese riesgo, no al cien
por cien, pero se puede disminuir bastante ese riesgo de superar la cuota
y tener que estar con la supertasa. Entre nosotros coincidiremos en que
no es viable, no se puede convivir con la supertasa. Se debe evitar,
supone trabajar para nada. Por tanto, vamos a evitarla. ¿Cómo se puede
evitar? En primer lugar, tenemos la distribución de las 270.000
toneladas, que necesitó una larga y ardua negociación. Me permitirá que
le diga, señoría, que esto desmiente un poco ese concepto de paralización
de la Administración, y no lo voy a decir por el Ministro, que parece que
está obligado a estar desde las nueve de la mañana a las once de la
noche. Y en todo caso es voluntario; lo digo en honor de los
funcionarios, de los altos cargos del Ministerio, que dedican diez y doce
horas al día a este tipo de negociaciones aquí y en Bruselas, que nos han
permitido pasar de los 200.000, que era lo que había aceptado el Consejo,
a 270.000, haciendo una pequeña ingeniería financiera, en una negociación
muy delicada, porque el Consejo había hablado de 200.000 con su
equivalente económico, que nos permitía comprar más toneladas. Esta
paralización administrativa, entre comillas, ha permitido que de 200.000
hayamos pasado a 270.000 en tres semanas, lo cual quiere decir que esas
70.000 adicionales nos van a permitir dar satisfacción a una parte de los
recursos con respuesta positiva y vamos a tener libres aproximadamente
esas 200.000 toneladas que, movilizándose en el mercado, van a permitir
que unos abandonen y otros mejoren su posición competitiva. Y también el
reparto de las 150.000 de la venta directa.

Este sería el primer margen de maniobra que hace que



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puedan tener un cierto horizonte de disminución del riesgo. Este discurso
no es sólo para los ganaderos, es también para las empresas. Las empresas
asumen riesgos, y a veces mucho más importantes, en otras zonas de su
actividad. Yo creo que se les puede pedir modestamente que asuman un
cierto riesgo, porque al final el proceso puede acabar con una diferencia
de un más menos uno por ciento, que puede ser asumible si a este primer
elemento añadimos alguno más. El segundo sería el esquema de
compensación. Vamos a elaborar un decreto por el que se permita una
compensación entre empresas, incluso a nivel nacional, con limitaciones
muy específicas para evitar que esa compensación perturbe el mercado.

Tiene que haber un nivel de compensación que responda a las necesidades
actuales. Tiene que ser un decreto con una vida corta. Quizá esté vigente
durante un año y veamos los efectos positivos que va a tener para evitar
que lo que uno deja de hacer se pierda y otro que hace demasiado tenga
supertasa. Veremos los efectos al cabo de un año y luego seguro que
tendremos que reajustar el decreto. Pero lo vamos a elaborar para que sea
un elemento adicional de seguridad. Otro elemento adicional de seguridad
-y con estos tres yo creo que es suficiente- es que antes de final de
noviembre pondremos en marcha también el mercado libre de cuotas, con una
serie de limitaciones importantes. Libre acompañado de líneas de
financiación, que pensamos compartir con las comunidades autónomas, que
permitan que a partir de una determinada producción y para alcanzar otra
-no cualquiera, otra- pueda haber una financiación que dé solución a una
preocupación de muchos pequeños ganaderos que están en la alternativa de:
si vienen a comprármela la venderé, porque no puedo comprar más; pero si
tuviera financiación compraría más.

El límite no debe ser muy bajo. No podemos abrir una línea de éstas a
alguien que tenga dos vacas y de repente haya pensado que debe tener cien
(eso no tiene mucha lógica), sino a alguien que está en un proceso de
modernización y que, efectivamente, tiene vocación lechera, es joven y
está en zonas específicas. Debemos delimitar lo mejor posible esos
elementos que permitan que sea un mercado libre, pero con una serie de
condicionantes que también eviten grandes movimientos de cuota.

Intentaremos que sea, por descontado, consensuado con todas las
comunidades autónomas y que agilice este mercado. La cesión temporal
también es una solución que se está utilizando; sería un cuarto elemento
utilizable en este momento. Con estos cuatro factores no debería haber
leche con supertasa.

Otra cuestión -que no han mencionado- es la sobrecapacidad de nuestras
industrias. Uno no puede sobredimensionarse todo lo que quiera, estamos
en un mercado libre, y si uno decide poner una planta cinco veces
superior a su capacidad de captar cuota es su decisión. La ventaja -y me
lo decían precisamente en Galicia algunos industriales- es que el
sobredimensionamiento, dado el avance de la tecnología, de las mejoras
que se van introduciendo en el proceso cada vez más rápidamente, se
resuelve enseguida, porque lo que hoy es sobredimensionado mañana es
obsoleto. No es ésta la solución que ofrecemos al sector. No ofrecemos
ningún tipo de soluciones en ese sentido, porque creo que sería pagar la
factura dos veces y comprendo la preocupación del sector. Repetir que
sería pagar la factura dos veces subvencionar el sobredimensionamiento y
después subvencionar la readaptación a las capacidades adecuadas.

Como muy bien decía S. S., los precios están muy altos y eso
aparentemente es una contradicción. Yo estoy muy contento de que estén
muy altos porque ello nos va a permitir que el ajuste se produzca con más
normalidad.

Una preocupación de todos es cuál va a ser el resultado en cuanto a la
superficie de base de herbáceos. Tenemos unas estimaciones -como saben
hasta final de año hay tiempo- y cuando se hace un agregado de los datos
de las comunidades autónomas siempre sale algo más de lo que tiene que
salir; parece que las sumas siempre dan mas que una visión global. Esto
suele ocurrir siempre. Algunos de los incrementos son justificables, casi
todos. Ha habido reducciones muy importantes de cultivo de arroz o de
algodón en Andalucía, por ejemplo. La estimación que tenemos es que
podríamos incurrir en alguna penalización que vamos a intentar que sea lo
más baja posible. Cuando digo esto me estoy refiriendo a un dígito -y no
es que quiera ser muy misterioso en esto- y pequeño. No me preocupa -me
preocupa relativamente- la penalización, me preocupa el SET ASIDE, y en
ese sentido va a ir toda nuestra negociación con la Comisión. Nuestra
negociación es que si hay una penalización la asumimos, entre otras cosas
porque -me remito al efecto de la inflación- es bastante digerible. La
penalización desde el punto de vista SET ASIDE no nos parece asumible y
vamos a evitar que se nos aplique el SET ASIDE.

En cuanto a la cuota de oleaginosas, la posición del Gobierno español es
muy conocida. Nosotros el año que viene tenemos una cuota de 1.411.000;
en el preacuerdo de BLAIR HOUSE figuran 5.128.000 para toda la Comunidad.

Son posiciones absolutamente dispares. Son buenos compañeros de viaje en
esta negociación, buenos y abundantes -todos los socios son buenos-, pero
en este caso hay alguna diferencia de opinión respecto de los franceses,
que ellos comprenden y que nosotros comprendemos, otra cosa es que sean
distintas; su posición es una y la nuestra es diferente. Pensamos que no
hay nada en el preacuerdo que diga que haya que nacionalizar la cuota,
por tanto, objetivo comunitario sin franquicias, porque me parece que no
tiene sentido aplicar una franquicia, sobre todo porque se está basando
en datos españoles muy reales, desde el punto de vista económico, pero
ciertamente algo artificiales. Nuestros dos últimos años no son ni mucho
menos representativos y la Comisión es la primera en saberlo. Por tanto,
no debería esgrimirse el argumento de que nuestro sector tiene una
potencialidad tremenda -que la tiene-, pero no tan tremenda. Tiene una
potencialidad que se irá adaptando en función también de la aproximación
de las ayudas a lo que sería una cuota normal. Alemania está en la misma
posición que nosotros, el Reino Unido también, no está mal. Hay países
que están en nuestra posición y que tienen peso en la



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Comunidad. Creo que podemos conseguirlo porque la filosofía no se
entiende, tiene poco soporte, es comunitario y por qué tiene que dejar de
ser comunitario.

En cuanto a las medidas ambientales ha hecho mención a rumores. Los
rumores siempre salen de algún sitio y se extienden por unos o por otros.

Me gustaría que nosotros mismos no divulgáramos los rumores. Yo creo que
no lo he hecho nunca, pero si he cometido ese error lo lamento. Recursos
va a haber. Como sabe, el programa de forestación, la medida de
acompañamiento de forestación tiene ese concepto de prioritaria, que es
obligatoria pero al mismo tiempo no obligatoria en cuanto a las fechas,
por ejemplo. No es un derecho subjetivo a fecha fija, como ocurre con
otro tipo de subvenciones. Sabemos seguro que lo cobraremos, sabemos
seguro que, además, los reembolsos llegan desde el momento en que
presentamos el plan y el plan está presentado desde hace tiempo ya.

Llevamos dos meses -incluidas dos reuniones celebradas en agosto-
hablando con la Comisión. La Comisión no está objetando nada y,
básicamente, no se les escapa a SS. SS. que lo que objeta es que la GUIDE
PINE se dispara y que no hay manera de contener el déficit
presupuestario, pero es una obligación que la Comisión tiene que hacer
buena. Creemos, además -y he aprovechado este último Consejo informal
para insistir en esta cuestión-, que debemos tener fe en ella. Si de
verdad la forestación va a eliminar excedentes para siempre, va mejorar
la situación medioambiental y la cubierta vegetal del territorio
comunitario, hemos de tener fe en ella. La demanda que hemos hecho a la
Comunidad, como sabe, es de 198.000 millones y tienen que llegar esos
recursos. Yo creo que no es bueno porque aparentemente cuando se presenta
parece generosa, aunque lo es realmente. Ya sé que su Grupo había pedido
que fueran las ayudas mucho más altas. No sé si coincidirá conmigo, pero
dada la situación presupuestaria de la Comunidad es difícil. Si ya la
petición actual va a tener una respuesta difícil -que estoy seguro de que
la va a tener-, por la situación presupuestaria, si hubiéramos alcanzado
esos límites máximos yo creo que al final hubiera sido motivo de cumbre
comunitaria porque no había recursos disponibles, sobre todo porque la
reforma está saliendo más cara de lo que se preveía. Creo, por tanto, que
no tenemos necesidad de divulgar este tipo de rumores. Va a haber
recursos. La pregunta que nos podemos hacer es si habrá recursos
nacionales -autonómicos o estatales- para suplir el retorno comunitario
en el espacio de tiempo en el que no lleguen. A esta pregunta tenemos que
darle una respuesta y la respuesta está en manos de las administraciones
autonómicas, de la administración estatal y -por qué no- de la
financiación privada a la que se debería intentar acceder. En el sistema
financiero se podría acceder a ese tipo de crédito puente hasta que el
reembolso llegue. Pero lo que me preocupa -como decía antes- es que esta
oferta, que para muchos agricultores puede ser muy interesante, no
deberíamos desanimarla. Muchos agricultores dudan de si les van a dar
dinero sólo por poner unos árboles y después van a percibir una renta
todos los años. Esto es cierto y hemos de insistir en ello, pero si
corren los rumores de que a lo mejor no es verdad pueden desanimar a la
gente. No debemos desanimar a los agricultores porque no tenemos ninguna
duda de que es así. Que habrá algún problema de financiación,
posiblemente; se demorará en tres, seis u ocho meses, pero en una
actividad de larga duración no debemos desanimar al sector agrario
-aunque es uno de los sectores mejor informados-, aunque una norma se
puede poner en duda. Es verdad, habrá dinero y habrá reembolsos cuando
nos lo apruebe la Comisión. Esperemos que no tarde más de dos o tres
meses, a lo mejor soy optimista, en aprobarnos el plan. Esperamos que no
tarde más. En todo caso, sólo hay dos presentados. Seguirán otros,
supongo, pero el nuestro ya está desbordando las expectativas
comunitarias.

En cuanto a medidas medioambientales, las dos primeras que se han
aprobado han sido españolas, la de Castilla y León y la de los acuíferos
de Castilla-La Mancha. No está mal. Hay siete países que todavía no han
presentado ninguna. Nosotros ya hemos presentado sesenta, de las cuales
dos han sido aprobadas ya.

Varias intervenciones -yo creo que todas- han hecho referencia al
acuerdo-marco, a la relación que pueda tener o no, o por lo menos que yo
establezco, con las negociaciones que se están llevando a cabo
actualmente en el marco de las relaciones con los agentes sociales y
económicos. El acuerdo-marco en este sentido sería pionero en ese tipo de
relación. Por descontado que yo pienso no sólo respetarlo como tal letra
escrita, sino avanzar en él, y así se lo he hecho saber a las
organizaciones profesionales agrarias.

El señor Fernández de Mesa aludía a algunos de los objetivos que nos
fijamos. Es cierto que fijar un censo definitivo, que cada uno sepa
exactamente qué licencias tiene y que pueda optimizar su buque, es uno de
los objetivos que nos planteamos para 1994. Queremos que en 1994 sea
cierto al 99 por ciento. Puede ser un paso importante.

Como alguna cuestión tenía que ver con las que ha planteado el
representante del Grupo Vasco, diré que las negociaciones que estamos
llevando a cabo, por ejemplo, en el sector bacaladero, están funcionando
razonablemente bien. En las islas Svalbard vamos a capturar este año unas
ocho mil toneladas; se está rehaciendo bastante la especie, todo lo
contrario de lo que ocurría el año pasado. En la zona 3-M y 3-NO de Nafo
podremos capturar unas dos mil toneladas de bacalao, más las especies
planas, en las que no tenemos una cuota muy importante, pero con el
fletán se puede cubrir bastante la flota. Eso no tiene nada que ver con
el objetivo bacaladero, pero sí con la ocupación de una parte de los
cuarenta bacaladeros que tenemos desplegados.

También me preguntaba el representante del Grupo Vasco cómo va la
negociación del espacio económico. Es cierto que sería bueno ratificarlo,
no sería tan no optimista, sino maximalista, como el representante del
grupo vasco, de pedir las seis mil toneladas de Noruega. Las seis mil,
no; ahora, una parte sustancial, sí. Y en esa negociación estamos con los
otros que tienen derechos



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históricos, que son los portugueses, para conseguir el máximo de esas
seis mil toneladas del espacio económico, sobre todo de Noruega.

Con respecto a las importaciones y el uso de las volantas, la
prohibición, como sabe S. S., nos la autoimponemos, para dar ejemplo.

Sería como la chaptalización o el riego. Son situaciones distintas, pero
parecidas. Digo distintas porque las decisiones que podamos tomar con
respecto, por ejemplo, al estatuto de la viña pueden ser diferentes a las
que tomemos en este sentido. Yo creo que hemos de seguir insistiendo, a
pesar de todo, en que nuestra forma de pescar es mucho más ecológica, es
mucho más respetuosa, mantiene la especie y cuando tengamos los próximos
consejos, que creo que tenemos tres y supongo que, como corresponde al
mar, serán tormentosos, la delegación francesa tiene que demostrar que el
uso de las volantas de 2,5, porque las de 5 dejan de poderse utilizar, no
son agresivas, desde el punto de vista científico y medioambiental es
casi imposible de demostrar eso. Es casi imposible de demostrar que eso
no tiene efecto pernicioso, porque, además, las volantas se pierden en el
fondo del mar y son trampas mortales para muchas especies. Pero no dejará
de reconocer S. S. que estamos bastante, no digo aislados, ni mucho
menos, con la opinión a favor de grupos conservacionistas que tienen
mucho peso y que estamos intentando que se refleje lo más posible, pero,
desde el punto de vista de los intereses económicos, eso no es tan fácil.

En cuanto al box irlandés -el Ministro de Pesca irlandés estuvo aquí hace
dos semanas y yo voy a Irlanda dentro de una semana o dos- es una
negociación, como sabe, dura. Tenemos problemas con nuestros barcos y hay
problemas de control. Hemos de insistir en que el control es nuestra
garantía de respeto para exigir algo. Eso es lo que hemos hecho también
con los conflictos de los boniteros. Las autoridades francesas han
colaborado bien. Hemos tenido dos buques de guerra trabajando muy bien, y
en el caso de Irlanda ya sabe que de vez en cuando nuestros barcos se
tienen que refugiar en aquellos puertos y cuando se refugian normalmente
tienen algún pequeño problema.

En el box irlandés vamos a seguir insistiendo, vamos a conseguir penetrar
en él; no les puedo decir en este momento qué vamos a conseguir, pero
algo sí. Por lo menos, sentar el principio, el fuero, y luego seguir
avanzando.

La señora Rivadulla ha hecho referencias a la política agraria a salto de
mata. La política agraria es un poco a salto de mata porque la política
agraria comunitaria no digo que vaya a salto de mata, pero está cambiando
sin parar, y va a seguir, porque las consecuencias de la reforma van a
estar corrigiéndome permanentemente. Y es cierto que para los
agricultores esto es bastante incómodo, complejo y difícil de gestionar.

Pero así es. Digo que así es porque ésta es más o menos la respuesta que
nos daba el comisario a planteamientos semejantes de varios ministros en
el último consejo. Efectivamente, es compleja. Sobre una misma actividad
aparecen cuatro o cinco reglamentos distintos y, además, cambiantes. Por
lo tanto, no es que sea una justificación de que nuestra política agraria
vaya a salto de mata porque la política agrícola comunitaria va así; es
que es así, tenemos que ir adaptándonos permanentemente y lo que valía
hace dos años ahora ya no vale. Tendremos que seguir adaptándonos a eso
porque lo que estamos haciendo en definitiva es conseguir, preservar, con
mecanismos bastante sofisticados, las rentas de nuestros agricultores y,
en algunos casos -esperemos que en todos-, la eficacia de la preferencia
comunitaria.

También hacía alguna matización sobre temas viejos. Yo creo que lo que
han aparecido son temas nuevos. Temas viejos van quedando menos. Lo que
aparecen son temas nuevos, a los que hemos de ir dando solución. Podemos
decir que tema viejo sería la cuota láctea, pero ése ya no es un tema
viejo, sino nuevo, en el sentido de que podemos encontrar la solución
para que el sector tenga una renta estabilizada y mayor en el futuro, sin
necesidad de estar sometida a tantos avatares como hasta ahora ha podido
estar.

En cuanto a la dimensión, es cierto que hemos de ayudar a aquellas
explotaciones que alcanzan una dimensión de rentabilidad que les permite
estar en el mercado en buena situación. Y si lo están utilizando
mecanismos cooperativos, mucho mejor. Yo creo que incluso no deberían
estar sin utilizar algún instrumento asociativo. Esto me haría volver a
hacer referencias a la interprofesión y a los mecanismos de cooperación,
pero es absolutamente imprescindible. Cada vez va a ser más difícil vivir
fuera de cualquier sistema asociativo. Deberíamos predicar eso. Vivir
aislado e independiente ya no es posible. En este sector que, en ese
sentido, es bastante atípico, vamos a tener la competencia de aquellos
absentistas, en el sentido estético, tradicional, familiar, patrimonial,
todos los añadidos que quiera ponerle S. S. Pero es cierto que es un
sector distinto a otros. Nadie pone una fábrica de tornillos porque es
bonito tenerla. La pone para ganar dinero. Nadie pone una instalación
porque sus padres la tenían. La pone para ganar dinero. En el sector
agrario hay actividad que no está pensada para ganar dinero básicamente,
sino para mantener un patrimonio familiar y eso perturba cualquier
mercado, porque mal competidor, mal colega es aquel que no tiene interés
por ganar dinero.

Eso no puede impedir, supongo que el mercado lo irá corrigiendo, pero es
una situación que va a permanecer siempre y que en nuestro país, además,
se da bastante.

Con respecto a la mención que ha hecho de las sectoriales, lo que sí
debemos quizá ir consensuando y teniendo claro es que difícilmente se
puede hablar de un producto si no se tiene interés en él y el interés no
tiene por qué ser exclusivamente económico; puede ser también interés
como organización profesional o interés político. Supongo que eso es
bastante fácil de admitir.

Por tanto, hemos de intentar, a través de los sistemas
interprofesionales, estructurar los sectores, hablando en cada caso de
aquello que preocupa a ese sector.

Algunas connotaciones incluso históricas importantes tienen el rechazo
hacia las estructuras verticales, y son comprensibles y lógicas; rechazos
intelectuales y



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políticos. Pero eso no quita que siga siendo la forma de organizar un
sector, lo cual no implica para nada que las organizaciones profesionales
agrarias, concretamente, o la Federación Nacional de Cooperativas, tengan
sus especialistas, que sepan de tal producto o de cual otro, que
entiendan de eso y que tengan, en defensa de los intereses generales del
sector, su aportación, su algo que decir en ese sector. No tiene ninguna
contradicción, sino más bien al revés; yo creo que eso va a dar más
contenido a las organizaciones de ámbito general u horizontal. Lo que
pasa es que es necesario organizarse sectorialmente e intentar dejar de
lado, a estas alturas ya, algunos recelos, o muchos recelos, que tienen
fundamento, pero que no deberían impedirnos avanzar por ese camino, desde
todos los puntos de vista.

En el nacimiento de las organizaciones interprofesionales vamos a
encontrar dificultades de tipo psicológico, dificultades de tipo
histórico, dificultades a veces por parte de algunos que, no por
cuestiones ideológicas, sino porque creen que un poco a río revuelto,
mejor. Yo creo que se equivocan. A lo mejor a corto plazo pueden obtener
beneficios mayores, pero, en cambio, a medio y largo plazo, ni el sector
transformador, ni el sector comercializador obtendrían mejores beneficios
de una desestructuración del sector. Pienso que cada uno ha de dejarse un
poco en la interprofesión y los responsables políticos necesariamente lo
que hemos de hacer es impulsar de tal modo que no la hagamos inviable
también. La interprofesión debe avanzar, pero tampoco a empujones. Si la
empujamos puede ser que la llevemos al fracaso, y eso es lo peor que
puede pasar. Si la interprofesión fracasa, es un mal ejemplo para las
siguientes. Pero tampoco hemos de esperar a que todo esté perfecto. Si
esperamos a que todo el mundo diga que sí, seguro que no avanza ninguna.

A lo mejor alguien expone algún matiz y en el camino se corregirá, pero
lo importante es que avancen los sectores y se sienten a la mesa, no sólo
para resolver problemas de precios, que en algunos casos puede ser la
última derivación de la cuestión, sino para resolver problemas de
presencia estable en los mercados, de normalización, de mejora de la
calidad, de investigación, y también, por qué no, de contratos tipo y de
homologación de contratos. Pero no debe ser ese tampoco el primer
elemento que nos haga avanzar, como si fuera sólo algo que fijara un
precio. Eso no; ése es un elemento que puede surgir, pero que estará
sobre todo en función del mercado, y la interprofesión no la debe hacer
vivir, ni la debe matar, un mercado en alza o un mercado a la baja. La
interprofesión es estable y permanente; si el mercado está al alza,
permitirá posiblemente que acumule fondos para poder financiar su propia
actividad y si está a la baja intentará utilizar esos fondos para laminar
un poco esas crisis. Pero ése es el objetivo fundamental.

Se han hecho algunas matizaciones también a los costes de producción y a
los tipos de interés. Quizá tengo que dar la misma respuesta que he dado
antes. El sector tiene un endeudamiento, que ha crecido este año, pero no
parece que podamos darle un trato específico de refinanciación si lo
comparamos con otros sectores. Yo creo que ésa es un poco la situación. Y
sobre todo este año, con los recursos que, vía FEOGA, van a llegar al
sector, se podría provocar algún agravio comparativo con otros
subsectores; no es que sea mi preocupación, pero sí lo es, lógicamente,
con independencia de ser Ministro de Agricultura, como defensor de
intereses generales. Los recursos que este año van a llegar al sector van
a superar los 700.000 millones, que es una cifra muy importante que va a
superar en un treinta y tantos por ciento las previsiones que teníamos.

Yo creo que esto debe permitir al sector rehacerse de quebrantos pasados
y generar alguna reserva para el futuro, aunque pienso que el año que
viene el volumen de recursos comunitarios también va a ser muy alto.

Efectivamente, hay cosas que llaman la atención. No llaman la atención al
que esté en el sector específico, pero sí a los ciudadanos, cuando ven
que destruimos las frutas de primera calidad. Es que son las que hay que
destruir. Si no, no hacemos nada. Hemos de destruir las de primera
calidad.

¿Pero por qué destruir? Esa es la pregunta que se puede uno hacer. Espero
contestársela cuando responda al portavoz de Convergència i Unió, porque
ha hecho una pregunta muy específica en ese sentido y puede ir en el
mismo contexto.

Hay un tema en el que no acabo de estar de acuerdo, y es el qué, dónde y
cuándo. El qué, dónde y cuándo, cada empresa lo decidirá. Siempre es una
pregunta que se puede hacer: ¿qué es lo que debemos hacer? Quién iba a
pensar que este año íbamos a poner dos millones de hectáreas de girasol.

No hay ninguna planificación que pueda llegar ahí. A mí me gustaría más
que las comunidades autónomas, que son las responsables, incidieran más
en el cómo. Es decir, formación profesional, extensión agraria, saber qué
hay que hacer, cómo. El qué en el sentido del cómo. Cómo se opera, cómo
se debe trabajar en la explotación agraria. ¿Qué planto? Usted decidirá.

¿Dónde? Donde pueda o donde quiera, con las limitaciones del «set aside»
y con otro tipo de limitaciones. Y ¿cuándo?, también lo mismo. Yo creo
que es una visión excesivamente intervencionista.

En cuanto a la titularidad societaria de las industrias, cada vez es más
difícil hablar de industrias o empresas extranjeras cuando nos referimos
a empresas comunitarias. Las empresas comunitarias son extranjeras, pero
ya no lo son en el sentido tradicional de la palabra. Lo que sí es cierto
es que, lógicamente, hay unas determinadas vocaciones que suelen tener
vinculación con el origen, con la matriz de la compañía, y, en ese
sentido, el hecho de que tengamos grandes empresas españolas,
cooperativas, de capital nacional, puede distinguirlas en matices, y a
veces más que en matices, con respecto a otras grandes que puedan tener
capital multinacional. Pero, básicamente, lo que me preocupa es que esas
industrias respondan a los contratos, paguen a los agricultores,
satisfagan sus compromisos; más que los efectos, que no niego que en
algún momento se puedan producir, pero que creo que no es lo que más nos
debería preocupar en este caso.

En cuanto a la temporalización y a la cuantificación, ya



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he dicho algunos calendarios legislativos, y algunos muy concretos; los
que se refieren, por ejemplo, al tema de la superfice de base. Alguno se
me ha olvidado, pero les anuncio que con un poco de retraso (lo digo ya
de antemano), va a salir la orden para fijar los coeficientes del trigo
duro, que espero que mañana aparezca en el Boletín Oficial; dependerá del
Boletín, pero mañana o pasado mañana.

Con respecto a otro tipo de calendarios, interprofesión lo antes posible.

Lo antes posible quiere decir que no debemos tardar más allá de tres
meses, y si conseguimos ponernos de acuerdo creo que no será difícil. La
de vías pecuarias, inmediatamente, porque está bastante avanzada. La de
modernización, ya he respondido al señor Ramírez que antes de esos siete
u ocho meses parece un horizonte un poco conservador. Si podemos, lo
haremos antes, no tenemos ningún inconveniente; es un problema de acabar
de perfilar algunas cuestiones que creo que interesan a todos y que
tienen que ver básicamente con la fiscalidad, que van a facilitar que se
alcance el consenso.

El señor Pérez Pidal, responsable del Grupo Catalán, me hablaba de las
incertidumbres políticas, jurídicas, sociales; políticas con mucho
contenido, porque se trata de gran política; la negociación GATT es una
incertidumbre política. Jurídicas, también. En la Comunidad la Comisión
cambia sobre la marcha algunas decisiones. En ese sentido, hay algunas
incertidumbres que intentamos resolver positivamente, como en este caso a
que nos referíamos antes del maíz, pero, a veces, pueden no estar
resueltas positivamente a tiempo.

Hacía S. S. un planteamiento, e intentaré contestarle después punto a
punto, con respecto a la cuota láctea. Es cierto. El ganadero ha tenido
que tomar la decisión de abandono sin conocer el resultado concreto de su
reclamación. Tenemos 49.700 reclamaciones, de las cuales la mitad no
tiene fundamento, pero que hay que analizarlas; después se ve en la
práctica que no tienen ninguna base en cuanto a derechos. De esas 49.000
hemos contestado 12.700 al día de hoy, y en los próximos días saldrán
8.000 más. Tendremos 20.600 ó 20.700 con respuesta positiva o negativa.

La media de las respuestas positivas es un incremento de la cuota de un
28 por ciento de media. Nos quedan todavía algunas hasta alcanzar las
49.000, aunque muchas de las que quedan no tienen base y, por tanto, no
van a repercutir en cuanto a incremento de cuota.

En general, la mayor parte de los ganaderos tiene una idea de cuál va a
ser la respuesta; pero es cierto que han tenido la incertidumbre de tomar
una decisión u otra. A pesar de la incertidumbre de la respuesta, el
margen del acceso a las 200.000 o 270.000 toneladas de retirada que hemos
recuperado ahora, más las 150.000 del mercado de venta directa, más la
posibilidad de acceder al mercado libre de cuotas, si tienen vocación
lechera, no creo que hayan tomado la decisión de abandonar. Puede haber
alguien, como siempre en estos casos, que esté en una situación en la
que, de verdad, esa duda le haya hecho retirarse, pero no creo que sea un
gran número. Lo que sí es cierto es que durante un mes o dos, que es el
plazo que nos damos, van a estar con esa incógnita. Antes de fin de año
tenerlas todas acabadas y que todo el mundo tenga su respuesta. Esa es
una incertidumbre jurídica a la que S. S. se refería y es cierta.

Que algunas de las cuestiones que he planteado en mi intervención tenían
que ver con mis ideas parlamentarias de la pasada legislatura es
absolutamente cierto. Hemos ido recogiendo ya en nuestro programa
electoral, y hemos coincidido en ello con otros programas electorales,
poner en marcha alguna de las cuestiones referidas concretamente a la
fiscalidad, a la modernización de las explotaciones y a favorecer la
permanencia de los jóvenes en el sector. Todas estas iniciativas ya se
habían tomado en la legislatura anterior.

En cuanto a la grave crisis yo separaría dos conceptos, ya que S. S. hace
referencia a la grave crisis y, al mismo tiempo, a la incertidumbre.

Tenemos casi permanentemente una grave crisis de incertidumbre, pero en
este momento no podemos decir que tengamos una grave crisis en el sector.

Si dejamos aparte, como he dicho antes, el sector del porcino, tenemos un
nivel de rentas aceptable en general en casi todos los sectores. Las
previsiones que tenemos de campaña, desde el aceite de oliva, a cítricos,
las que han terminado no han terminado mal de todo. Los albaricoques han
ido un poco regular. Los cereales están funcionando bastante bien; ahora,
como es lógico, están bajando, pero otros años habían empezado a bajar
antes. Por lo que se refiere a los cereales de primavera, el maíz, por
ejemplo, depende de a quién se le pregunte; si le pregunta a un ganadero,
dirán que está carísimo, y si le pregunta a un productor de maíz le dirá
que está bien. En todo caso, está bien de precio. El girasol también; el
vacuno está muy bien. No podemos decir que haya una grave crisis. Ahora
bien, sí que le acepto que hay una grave crisis de incertidumbre. La
incertidumbre seguramente la seguiremos manteniendo. Cuando se termine,
si se termina, yo espero que sí, pero lo veremos, la Ronda Uruguay se
añadirán nuevos elementos de incertidumbre en el sentido de que la
Comunidad tendrá que ir tomando decisiones para que, adaptándose a los
acuerdos que tiene asumidos en el GATT y en esa valoración global que
esperamos conseguir en la Ronda, nos permita que un año el 21 por ciento
de reducción se aplique más a un sector que a otro y podamos regular
mejor los subsectores. Por tanto, siempre se estará pendiente de esas
decisiones. Es decir, este año a quién le toca: le toca más a éste porque
tenemos menos producción y, por tanto, nos afecta menos. Esto va a estar
pasando constantemente.

Su señoría ha hecho una referencia muy interesante a que hay pocas ayudas
y mal distribuidas. Yo no diría pocas, no sé hasta dónde se puede decir
pocas o muchas. Quizá, desde otros puntos de vista, puedan parecer
muchas. Mal distribuidas, por descontado. Lo que pasa es que es un
problema bastante difícil de corregir y de los que más se debaten en el
seno del Consejo. La reforma tiene unos efectos estructurales, pero no
pensados desde el punto de vista de una filosofía estructural. Está
teniendo cada vez más componentes estructurales, pero que no



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tienen una filosofía estructural, tienen una filosofía de mercado. Por
tanto, no racionalizan excesivamente la producción agrícola comunitaria.

En algunos casos en el seno del debate comunitario uno se tiene que
morder la lengua porque esas irracionalidades también nos afectan a
nosotros; nos afectan positivamente, desde el punto de vista de ingresos
como país. Preferiría que eso fuera de otra forma y se pudiera corregir.

Si se introduce este factor de autocrítica, lo que puede ocurrir es
quedarse sin diezmos ni limosna; quedarse sin una cosa y sin la otra. Si
no es necesario para este sector o subsector, se lo acepto; pero no le
acepto que sea necesario para otro. La racionalización de la política
tiene ese riesgo.

Con respecto a la vivienda rural, pretendemos ampliar la accesibilidad de
los agricultores que deseen mejorar su vivienda y no tenerla limitada
sólo a los jóvenes o a aquellas limitaciones que tiene actualmente y que
cualquiera que esté en un núcleo rural pueda utilizar ese tipo de ayudas,
ya sea para restauración o mejora de la habitabilidad.

Sobre la fruta dulce -cuestión que se ha planteado en dos o tres
ocasiones- su retirada y por qué no se mejora el sistema, tengo que decir
el planteamiento que acabamos de hacer a la Comisión. Como la negociación
comunitaria es larga, no creo que sea para esta campaña, sería bastante
difícil. Lo vamos a intentar, pero creo que es bastante complicado. Sería
seguir un mecanismo paralelo o semejante al de la leche. Analizando todas
las posibilidades, la única viable es que la industria procese la
retirada y la entregue a los escolares con un sistema semejante al de la
leche. A Italia, después de oír el planteamiento que hicimos en el
Consejo, le pareció una idea magnífica y la está apoyando, quizá, más que
nosotros. Parecería bastante lógico si los excedentes de leche no se
destruyen y se exportan o se distribuyen a los escolares con una
participación bastante importante. En el caso de la fruta, resolvería
bastante la cuestión, porque la estimación que hemos hecho casi cuadra;
una mitad de escolares recibiendo una ayuda de este tipo podrían cubrir
las retiradas medias que podemos estar haciendo. Los costes para la
Comisión son, en principio, nulos, porque como la subvención corre a
cargo de las administraciones del Estado autonómicas, estatales y de las
APA, como sucede con la leche, podría ser un buen mecanismo y, sobre
todo, sería un buen estímulo para promover el consumo en las épocas en
que los niños forman sus hábitos de consumo. Esta es una propuesta que
hemos hecho y esperemos que tenga una respuesta positiva porque, entre
otras cosas, tendería a estabilizar bastante ese tipo de suministro.

Sobre la referencia que hacía a la reforestación de las cuencas, ahora
estamos precisamente preparando un convenio entre el Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente y el de Agricultura para utilizar
recursos estatales, cofinanciación española en este caso, de las
confederaciones del Ministerio de Obras Públicas, que sería la parte
española, incluso el reembolso anticipado en todas esas zonas que tienen
a disposición las confederaciones, ya sean riberas, ya sean zonas libres
expropiadas, para poder utilizar el Reglamento comunitario. Como es
lógico, no habría una renta durante veinte años, pues sólo tendríamos
acceso a la subvención inicial por ser un ente público, pero podría ser
una solución para una parte, pequeña, pero una parte, de nuestro Plan
nacional de reforestación. Tiene una ventaja cualitativa, que son
cabeceras de cuenca y, por tanto, con una necesidad muy importante de
luchar contra la erosión. Desde el punto de vista cuantitativo, pueden no
ser muchas miles de hectáreas, pero desde el punto de vista cualitativo
tiene mucho interés medioambiental.

Respecto a las cuotas lecheras, ya las he comentado.

En cuanto a la modernización de regadíos, ése va a ser uno de los
objetivos de la Secretaría General de Estructuras, uno de los objetivos
que ha tenido siempre, pero queremos poner el acento para que la
Secretaría General de Estructuras Agrarias coordine perfectamente las
acciones del Plan Hidrológico Nacional desde el punto de vista agrario,
que al final, como todos ustedes saben, representa el 80 por ciento del
consumo, del cual podemos obtener más rendimiento. No es que queramos que
en vez del 80 sea un 70, lo que queremos es que siga siendo el 80, pero
que se puedan regar algunas hectáreas más.

Creo que lo he puesto de manifiesto en mi intervención, pero vuelvo a
insistir en ello. La corresponsabilidad con las comunidades autónomas es
fundamental en aquello en lo que tiene que haber corresponsabilidad, en
otras cosas no tiene que haber corresponsabilidad, tiene que haber
exigencia mutua; exigencia mutua de las comunidades autónomas y de los
grupos políticos al Gobierno de la nación, y creo que de los grupos
políticos y del Gobierno de la nación a las comunidades autónomas, para
que ejerzan sus competencias sin ningún tipo de duplicidad, como S. S.

decía, sin ningún tipo de tutela y sin ningún tipo de recelo. Creo que
esta Comisión tiene una responsabilidad sobre el conjunto del país, que
le es exigible independientemente de los niveles de competencias. Parece
que políticamente a esta Comisión le es exigible animar o incentivar para
que las comunidades ejerzan sus competencias con la mayor eficacia
posible.

Dos problemas de transferencias con respecto a Cataluña. Creo que en
Montes estamos prácticamente a punto de concluir esa transferencia. En
fraudes, como sabe, hay sentencias de todo tipo, unas a favor y otras en
contra. Me preocupa básicamente una cosa: que se ejerzan; es lo que más
me preocupa, no que las ejerza uno u otro, sino que se ejerzan. El
sistema está bloqueado actualmente; ni las ejercen las comunidades
autónomas ni las ejercemos desde la Administración central. Aunque pueda
parecer contradictorio con nuestra distribución competencial, que hay que
aceptarla porque la hemos dado y queremos que sea así, la verdad es que
la insepección, cuanto más cerca, como principio general, puede ser más
ineficaz. Es más eficaz porque está cerca y lo ve, es más ineficaz porque
a veces es más difícil poner una multa a un vecino a quien se ve todos
los días. Es un problema de los fraudes y también el problema de la
inspección de consumo. Si está lejos, posiblemente se atreva más a poner
una



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sanción de tres o de cinco millones a alguien que no está actuando
adecuadamente; si está en la misma comarca, puede crear algún problema.

En todo caso, que se ejerzan desde la Administración central o desde las
comunidades autónomas. Vamos a intentar resolver ese problema de fraudes
lo antes posible, porque no tiene sentido tener los inspectores de fraude
y todo el sistema de laboratorios a un bajo rendimiento porque no se sabe
definitivamente quién tiene las competencias. Estamos en condiciones de
transferirlas, desde mi punto de vista, pero los que las ejerzan deben
ser conscientes del desgaste o el esfuerzo que eso va a representar; si
no, nos podemos quedar sin inspección de fraudes.

Algunas de las cuestiones que ha formulado el señor Gatzagaetxebarría las
he contestado cuando S. S. no estaba presente, pero están en el «Diario
de Sesiones»; sobre todo las referidas a pesca las he integrado en la
respuestas al Grupo Popular.

En cuanto a las consultas respecto a la ley de modernización, me
preguntaba S. S. si las estamos haciendo. El primer borrador se
distribuyó por mi antecesor, don Pedro Solbes, a todas las comunidades.

Hasta este momento no hemos recibido ningún tipo de enmienda, de
sugerencia, aunque también ha coincidido con el verano. En la última
Conferencia sectorial hemos remitido ya a los consejeros el borrador
definitivo para que hagan todas las correcciones que crean convenientes.

Si no hay ningún problema desde el punto de vista de las comunidades
autónomas, estaremos en condiciones de poderlo remitir al Parlamento.

Agradezco su apoyo a la ley de la interprofesión. Creo que,
efectivamente, es el instrumento básico para vertebrar los sectores. La
competencia estatal que pretendemos que tenga la ley de interprofesión
será simplemente ese gran Consejo de la interprofesión, al que alguien ha
hecho referencia, como instrumento incluso de apoyo a los mercados
exteriores, que no sea la CMA. No podemos copiar exactamente modelos de
otros países porque son modelos consagrados desde hace demasiados años,
que ahora no tendrían viabilidad legal, pero pueden ser elementos
semejantes.

También estoy de acuerdo -y ésta es una sugerencia muy interesante- en lo
que se refiere a las denominaciones de origen y las reformas que hay que
hacer en el Estatuto del vino, la viña y los alcoholes. Hay que hacer
esas modificaciones, hay que desburocratizar los consejos reguladores.

Creo que es una buena sugerencia que tendremos que estudiar.

La OCM de la patata. No hace falta que les explique a SS. SS. las
dificultades que tiene la OCM de la patata. La Comunidad está
completamente dividida en ese punto. Es lógico, porque el que tiene una
buena interprofesión -volvemos a la interprofesión-, Holanda por ejemplo,
no le interesa una OCM de la patata, porque serán, visto desde su punto
de vista, muy legítimo, recursos comunitarios para alguien que no está
organizado. Dirán que ellos han organizado y no necesitan esos recursos y
por qué parte de sus recursos han de ir a financiar a alguien que no esté
organizado. Es un argumento que se puede comprender desde su punto de
vista. El argumento de los países que estamos a favor de una OCM es el
contrario; es un sector que tiene dificultades cíclicas, académicas, muy
estudiadas, pero no resueltas, como el porcino. Vamos a seguir
discutiendo. No sé si vamos a conseguir algo. Desde luego, las demandas
que planteamos los países mediterráneos, básicamente, difícilmente serán
satisfechas, pero podrá salir una OCM no tan ligera como pretenden los
países del norte, algo que tenga algún elemento de protección y
posiblemente que también incentive a una mejor organización del sector.

Quizá, ése podría ser el resultado.

En cuanto a transferencias, se refiere S. S. al SENPA y al FORPA. El
SENPA, como tal maquinaria administrativa que gestione las ayudas
comunitarias. En mi respuesta, señor Ramírez, ya he dicho que ése es un
objetivo que nos queremos fijar, y si hubiera adecuación entre humanos y
necesidades, lo podríamos hacer inmediatamente. Como esa adecuación no
existe, lo tenemos que ir haciendo, en principio, utilizando la vía de
los convenios y, al final, buscando algún sistema que nos permita que
cada comunidad y la Administración central asuman sus responsabilidades.

La carga administrativa sobre lo que antes era el instrumento de
intervención español se ha elevado considerablemente. Como es cierto que
desde el punto de vista del número total de efectivos humanos no podemos
decir que tengamos pocos, más bien tenemos muchos, pero no con la
cualificación adecuada, hay una concentración de esfuerzo muy fuerte.

Sabe, además, S. S. que la negociación comunitaria exige una altísima
cualificación, no alta, posiblemente de los departamentos donde la
cualificación profesional debe ser más alta y no se pueden utilizar los
recursos humanos que tenemos en lo que antes era el organismo de
intervención, seguramente ni para una cosa ni para otra, porque son
funciones que han desaparecido, algunos podrán reciclarse y en otro
aspecto tendrán que ser las comunidades las que se doten
presupuestariamente.

Aquí estamos partiendo de una cuestión que quizás no está lo
suficientemente bien analizada por las dos partes, pienso, y es que,
después del proceso de transferencias, se produce la reforma de la PAC.

La Administración del Estado no estaba preparada para la reforma de la
PAC; las transferencias estaban hechas ya. ¿Quién debe asumir las
complicaciones que esa reforma introduce en las competencias? Si la
reforma se ha producido después de las transferencias, parece lógico que
la administración competente, la autonómica, se dote de los instrumentos
humanos para llevar a cabo esa reforma, porque ya no eran competencias
estatales. De ahí las diferencias de criterio que podemos tener. Vamos a
hacer todos los esfuerzos posibles para que no haya personal que no tenga
una actividad porque no esté en el lugar adecuado. Creo que no es por
eso; pienso que es porque la cualificación que tiene no es la adecuada.

Hacía también referencia el señor Gatzgaetxebarría al sector remolachero
azucarero. Este sector es de los que va a necesitar un plan de
reconversión, de adaptación, de reducción de costes; ya se hizo con
respecto a la



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industria, pero hay que hacerlo con el propio sector. Es un sector que
tiene una tradición de relación con los responsables de campo de las
empresas y, por tanto, es fácil canalizar las nuevas técnicas hacia los
agricultores. Se ha hecho mucho ya; lo que pasa es que a veces nos parece
que está hecho todo; desde el punto de vista cualitativo, sí; todos los
remolacheros saben lo que es sembrar monogermen, pero quizás no todos lo
hacen. Si queremos conservar la competitividad de ese sector tendremos
que poner en marcha ese plan de reconversión.

No tuve ocasión el otro día en la pregunta parlamentaria en el Pleno, y
aprovecho ahora para agradecerle la valoración que hizo de la negociación
en el Comité Científico de NAFO. Creo que fue una buena negociación, como
S. S. dijo, y le agradezco, en nombre de los funcionarios que hicieron
esa negociación, la valoración tan positiva que ha hecho.

Con respecto a la flota de los 300, la cooperación está funcionando muy
bien; ya no son 300, por suerte; son 240, creo, y seguiremos en ese marco
de colaboración. No ha sido necesario esperar a ayudas comunitarias;
hemos podido avanzar en la adaptación de la flota de los trescientos.

Agradezco al señor Mardones, al igual que a todos, los buenos deseos, su
felicitación -todos lo han hecho constar y yo se lo agradezco como
Ministro y como compañero de esta Comisión-. Creo que sí que podemos
llegar a una buena cooperación en esta Comisión y a un buen
entendimiento. Además, creo que es necesario. Tenemos problemas objetivos
que nos trascienden de la política nacional, aunque ésta tenga mucho que
ver con ello. Claro que ahora hay diferentes opciones. También las puede
haber en la negociación internacional, comunitaria o extracomunitaria,
pero cada vez una parte más importante y más sustancial de esa posición
española va a ser la posición de Estado, y es bueno que sea así, con los
matices que deba tener en cada caso, pero eso nos puede permitir ese
nivel de cooperación y buen entendimiento a que S. S. hace referencia.

Con respecto a la OCM del plátano, estamos de acuerdo en que ha sido,
como S. S. ponía de manifiesto, un trabajo magnífico de todos los
responsables administrativos y políticos. Se ha conseguido un seguro que
pensábamos lograr, pero no estábamos tan convencidos de conseguirlo.

En cuanto al uso de licencias para traer el 1 por 2 del plátano-dólar,
sin recursos para el sector. Sabemos que se utilizan esas licencias, que,
en definitiva, están en el mercado, pero renunciar a esos ingresos es un
poco difícil de aceptar, porque, en definitiva, es una parte de la OCM,
una parte precisamente del esquema en el que estamos funcionando.

Por descontado que la devaluación nos ha favorecido y, por tanto, la
competitividad de este plátano-dólar es mucho menor, aunque eso con el
tiempo tendrá que corregirse, pero en este momento no parece que sea el
tema más grave.

En cuanto a los fletes, sabe S. S. que hay una bandera cautiva y que en
el conjunto del debate de transportes saldríamos perdiendo si hiciéramos
ese planteamiento de liberalización, lo que no quita -y así se lo voy a
decir a mi colega de transportes- que podamos buscar algún sistema, que
pueda ser consolidable en el marco del GATT, que nos permita hacer este
doble juego de mantener la reserva de bandera y, al mismo tiempo,
permitir que esos fletes sean asequibles y no estén permanentemente en la
tentación de demandar la liberalización de la reserva de bandera.

Los tomates no han ido mal. No sé hasta dónde podemos medir la capacidad
de competir, una vez resueltos los problemas intraespañoles,
intracomunitarios, de los productores de tomates de Canarias. la
capacidad creo que es altísima, porque este año los marroquíes han
incrementado sus exportaciones un 12,4 por ciento y Canarias ha
incrementado su producción en un 17 por ciento. Así que, a pesar de esto,
el incremento de exportaciones canarias ha sido mucho más fuerte que el
incremento de las exportaciones marroquíes. De todos modos, en la
negociación, como les he dicho, con Marruecos la posición española es que
tomate y cítricos son intocables. Veremos cuál es el resultado.

Francia es un buen socio en este caso. Los motivos son distintos y creo
que es una asociación no con Francia, con los intereses agrarios de la
Comunidad, incluso, porque, polarizar demasiado, estoy convencido de que
al Gobierno francés tampoco le gusta mucho. No es la posición francesa,
es la posición de una buena parte de los Estados miembros. Algunos hemos
dado un respaldo más explícito, otros no tanto, pero tampoco hay que
polarizar tanto al decir que es una posición francesa, porque hay
elementos del memorándum francés muy importantes para nosotros, como la
cláusula de salvaguardia, por ejemplo, o incluso la cláusula de paz;
otros no lo son tanto, pero la repercusión que nos puede llegar, sí. Es
buen socio porque, además, la respuesta que está dando al memorándum
español es muy positiva. Tengo que decir, en honor a los compromisos que
se asumen en el despacho en las visitas y que luego en el Consejo a veces
no se cumplen, que en la visita que me hizo mi colega francés asumió unos
compromisos y luego en el Consejo insistió en temas que le preocupaban
menos realmente. En cambio, en justa correspondencia a nuestro apoyo, dio
su respaldo a los planteamientos mediterráneos.

De todos modos, seguiremos esperando tanto en lo que se refiere a los
fletes como a la negociación de frutas y hortalizas. Vamos a seguir ese
principio global que se aceptó en Tokio de «no se aprueba nada si no se
aprueba todo». Seguiremos así. Esto nos llevará al límite; lo que pasa es
que no hay que forzar los límites porque en ellos normalmente el que
puede sacar algo siempre es el más grande; los menos grandes, aunque
seamos Comunidad, podemos ser más vulnerables. Así que tampoco hay que
apurar al límite. El principio vale, pero hasta cierto punto.

Con respecto a la posición de nuestro Comisario señor Marín, creo que
tiene unas obligaciones comunitarias que cumplir, en las que podemos,
como Estado miembro, estar en desacuerdo, pero sus compromisos como



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responsable comunitario y como controlador europeo son sus compromisos o
sus pronunciamientos. Lo que podemos estar es en desacuerdo desde el
punto de vista nacional; es normal y eso pasa en otros Estados miembros.

El Gobierno federal alemán no está de acuerdo con su comisario en algunas
cosas, y hay una concretamente que nos afecta a nosotros en la que
prefiero que no esté de acuerdo el comisario alemán con su Gobierno, ya
que éste es más favorable a esas posiciones que el comisario. Yo creo que
hemos de respetar esa independencia europea de nuestros dos comisarios.

Lo que pasa es que nuestras posiciones allí tienen que reflejarse en la
ampliación del calendario, en una eliminación del incremento de
contingentes y que eso desaparezca es el elemento clave, pero será la
posición española.

Es cierto lo que decía S. S. de que lo mejor aquí no vale, porque casi lo
mejor no existe. Hemos de intentar hacer lo mejor posible o lo posible
mejor. Ese es un principio que no evita la crítica al Gobierno, que yo
creo que es precisamente la función del Parlamento -la crítica y el
análisis de lo que hace el Gobierno-, pero sí para, como Estado, saber
hasta dónde hemos alcanzado éxitos y hasta dónde no los hemos alcanzado,
porque si nos ponemos como meta la perfección no la vamos a alcanzar
nunca y al final estaremos con un complejo terrible de que no nos salen
bien las cosas, lo cual yo creo que hasta este momento no está siendo
cierto.

Tomo nota de su preocupación en lo que se refiere a la gestión del ICONA
en los parques nacionales. Se lo voy a comunicar al Secretario General de
Estructura y al Director del ICONA porque supongo que quizá haya alguna
cuestión de éstas que se pueda corregir, como los aparcamientos, el
tratamiento del periparque, etcétera. Creo que próximamente el Director
General del ICONA va a ir a ver los parques de Canarias y le haré notar
estas cuestiones.

Con respecto a la obra hidráulica, ya sabe que era mi dedicación y que
algunas cosas se han hecho; el pequeño embalse de La Palma y algunas
otras importantes en lo que se refiere a desalación.

La posibilidad de que el IRYDA colabore en los procesos de reutilización
no tiene por qué descartarse; pueden ser consideradas como acciones de
interés nacional y, por tanto, cabría esa posibilidad. Además, yo creo
que podría tener recursos comunitarios, porque son acciones ejemplares de
reutilización y podría ser una buena idea y tomo nota de ella.

Estoy absolutamente de acuerdo en cuanto a mantener nuestros niveles de
prestigio zoo y fitosanitario. Es clave y va a ser clave en el futuro.

Esos van a ser los mecanismos que van a utilizar. Tenemos algunos socios
comerciales, como Japón, que los utilizan abusivamente y sin ningún tipo
de limitación. Alguna cuestión nos queda en esto que nos va a permitir
dar un salto importante -confío- en el mercado del porcino y será cuando
consigamos dejar el país totalmente exento de peste porcina, porque, a
pesar de que hemos avanzado y de que Extremadura ya no tiene, todavía nos
queda algo en Huelva. Hemos de conseguir eliminarlo porque la imagen
sigue estando en los libros que usted conoce tan bien, donde consta cada
país, y a pesar de que España esté exenta en un 90 por ciento, mientras
quede una pequeña mácula, eso sirve para perturbar el tráfico
internacional. Hemos de conseguir evitar ese tipo de hechos.

Además, hay más cosas. Cuando en el marco comunitario se está oyendo con
demasiada intensidad el recurso a la problemática de los residuos, en eso
a veces quizá el nivel de complicidad de nuestra sociedad es bajo -quizá
sea una digresión demasiado larga-, pero el nivel de complicidad, con
mayúscula, es bajo. La conciencia de los intereses nacionales la tenemos
que divulgar un poco más. Cualquier pequeña cuestión que con toda la
buena intención alguien puede poner de relieve a nivel nacional en los
medios de comunicación, es amplificada terroríficamente por cualquier
competidor comercial. Ese tema es muy delicado porque, como digo, con
buena intención se pueden cometer errores gravísimos.

Por tanto, nuestro sistema incluso no ya de control científico y de base
de zoosanitario y fitosanitario, debe preservar y mejorar, aunque es
alto, su prestigio internacional para que pueda tener credibilidad, para
que no pueda nadie hacer un informe en dos semanas y desmontarnos un
sector.

Con respecto a los costes del nuevo Ente Nacional de Puertos, le
transmitiré su preocupación, que es la mía también, al Ministro de
Transportes para que tome nota, aunque, como siempre en estas cuestiones,
hay que dar respuesta a una pregunta, y es quién paga en esta situación
presupuestaria, pero, lógicamente, hay problemas políticos que, aunque no
puedan tener inmediatamente una respuesta económica, deben afrontarse.

Buscaremos en común la mejor solución, si es que de verdad hay tanta
diferencia entre las tarifas de Agadir y las de los puertos canarios. Se
lo comentaré al Ministro de Transportes.

El señor Roncero, al mencionar el día de San Miguel, me ha recordado mi
última visita a la Feria de San Miquel de Lleida, donde, además, pude
apreciar algo más que síntomas de relanzamiento de la actividad y del
sector. He estado en tres ferias y encuentros distintos donde sí que se
nota una mejora psicológica, digamos, del sector. Está más animado o se
plantean mejores expectativas. Es cierto que hay muchas coincidencias. Lo
que pasa es que si después analizamos las coincidencias, ha hecho S. S.

una comparación con el Acuerdo-marco, coincidencias entre los grupos
políticos, coincidencias en los programas, coincidencias con los
objetivos del Acuerdo-marco. Coincidir en las buenas intenciones es
normal. Luego ya se desciende a coincidencias en cuestiones más
concretas, donde también hay un alto grado de coincidencia en los
objetivos de nuestra política agraria y pesquera.

Ponía S. S. el acento en el desarrollo rural y medioambiental. Ese es un
patrimonio importante que tenemos también desde el punto de vista
agrario. En el encuentro informal que terminó ayer al mediodía, la
defensa de nuestra posición en cuanto a la imagen de la agricultura se
basaba bastante en eso. Tenemos la responsabilidad de cuidar, sobre todo
son los agricultores los que lo hacen, el



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mayor patrimonio medioambiental de toda la Comunidad. Casi la mitad del
patrimonio medioambiental está en España y son nuestros agricultores los
que han generado ese paisaje, los que han hecho posible todo eso, los que
ahora han de convivir con esas zonas, y una de las cuestiones que
plantea, aunque, como ya digo, era informar al Consejo, era precisamente
buscar mecanismos de compensación para que esa convivencia se facilite lo
más posible, para que no sea una convivencia en detrimento de, sino que,
al contrario, pueda animar a los agricultores a mantener esas zonas
preservadas y a cumplir esas funciones que la Comisión o que el Consejo
ha encomendado de guardianes de la naturaleza; guardianes, pero no
gratis; guardianes, pero con algún tipo de compensación.

Creo que el efecto positivo que puede tener para nuestra agricultura esa
capacidad de diálogo de todas las fuerzas políticas y de las
organizaciones profesionales con la Administración puede ser
tremendamente positivo. Entraría un poco en esto que le decía antes al
señor Mardones y a todos ustedes de esa necesaria complicidad de tener
conciencia clara de intereses comunes, porque es cierto que en la
Comunidad pueden, y de hecho ocurre, resurgir algunos intentos
renacionalizadores o proteccionistas. Los incidentes que tuvimos este
verano en Francia reflejan eso, reflejan un cierto retraimiento de
cerrarse en sí mismo. A nosotros creo que no nos interesa, tampoco a la
Comunidad, ni a Francia; no le interesa a nadie, pero hay que evitar que
eso pueda tener alguna motivación.

La mejor forma, quizá, de hacerlo, es que, desde luego, no sean los
poderes públicos ni los responsables políticos los que deben hacer eso,
sino los propios ciudadanos; es decir, si los ciudadanos, como decía
antes, se convierten en los mejores garantes de sus propias producciones,
de sus propios productos específicos, los consumidores son el mejor aval
y la mejor garantía para el sector, más que declaraciones o posiciones
que se pueden volver en contra nuestra con mucha facilidad. Hemos de
avanzar en ese diálogo entre todos para ir definiendo exactamente
aquellas cuestiones que, digamos, son discutibles, aunque todas lo son;
aquellas cuestiones en las que hay un margen de posiciones distintas, y
aquéllas en las que la posición es común y es mucho más fácil,
defenderlas en las instancias comunitarias y dentro de nuestra propia
sociedad. Podría dar una larga lista de ejemplos de aquellos puntos en
los que creo que es fácil coincidir, coincidimos todos, y en los que
contar con el apoyo de SS. SS., cuando uno está en esas largas noches en
Bruselas o donde sea, constituye un acicate moral importantísimo que le
hace estar fresco, aunque sean las cinco de la madrugada.

Muchas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Creo que la
comparecencia ha sido lo suficientemente larga e intensa. Se ha dado
cumplida respuesta a todas las preguntas y cuestiones formuladas, por lo
que solamente nos resta agradecer al señor Ministro su intervención y
reiterarle el ofrecimiento de colaboración que al comienzo de la sesión
le hemos manifestado.

Antes de levantar la sesión, recuerdo a todos los portavoces que esperen
un momento, pues tenemos una brevísima reunión de la Mesa y portavoces.

Muchísimas gracias.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cinco minutos de la tarde.