CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 23
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 3
celebrada el martes, 28 de septiembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
-- Comparecencia del señor Ministro del Interior (Corcuera Cuesta), para
informar sobre lo acontecido en la madrugada del 24 de septiembre en
Madrid y Bilbao con dos presuntos miembros de la banda terrorista ETA. A
petición propia. (Número de expediente 214/000019.)



Se abre la sesión a las diez de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.

En reunión de la Mesa de la Comisión que hemos celebrado a las nueve y
media del día de hoy hemos tomado nota de la resolución de la Mesa de la
Cámara, del día de ayer, que dice lo siguiente: La Mesa de la Cámara, en
su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite la solicitud de
comparecencia del señor Ministro del Interior formulada por el Gobierno,
mediante el escrito registrado con el número 2.718, y trasladarla, a los
efectos previstos en el artículo 203 del Reglamento, a la Comisión de
Justicia e Interior.

La solicitud del Gobierno, de fecha 24 de septiembre, dice lo siguiente:
Tengo el honor de solicitar de vuestra excelencia, en nombre del Gobierno
y al amparo de lo

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dispuesto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, la
comparecencia urgente del excelentísimo señor Ministro del Interior ante
la Comisión de Justicia e Interior para informar sobre lo acontecido en
la madrugada del 24 de septiembre, en Madrid y Bilbao, con dos presuntos
miembros de la banda terrorista ETA.

Consecuente con ello, señorías, la Mesa propone a la Comisión cambiar el
orden del día que teníamos para debatirlo el día de mañana, en el sentido
de debatir como primer punto y en el día de hoy esta comparecencia.

(Pausa.)
Entiende, por tanto, la Presidencia que por asentimiento así se acuerda.

Para informar, por parte del Gobierno, sobre este asunto, tenemos con
nosotros a don José Luis Corcuera, Ministro del Interior, a quien doy la
bienvenida en nombre de toda la Comisión en este inicio de Legislatura.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoras y señores Diputados, quiero agradecerles la rapidez con que han
convocado esta sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e
Interior.

Soy consciente de la importancia de este acto y con SS. SS. participo en
la necesidad de que los acontecimientos ocurridos la pasada semana en
Madrid y Bilbao sean tratados con transparencia y objetividad. Creánme si
les digo que en pocas ocasiones he sentido la necesidad imperiosa de
dirigirme a todos los ciudadanos españoles a través de SS. SS. como en
esta ocasión.

Este acto no puede suplantar la acción de la justicia, pero tengo la
intención de trasladar a la Cámara, y al conjunto de la sociedad, toda la
información que obra en mi poder fruto de la investigación realizada y
que, como podrán comprobar, tiene soporte en lo que creo que es la verdad
objetiva hoy, consciente como soy de que modificaciones en el fondo de lo
que diga en esta comparecencia llevarán a la asunción de
responsabilidades políticas de quien corresponda, incluyendo, por
supuesto, mi propia responsabilidad.

Al mismo tiempo soy consciente de mis limitaciones, pues, aun haciendo
los máximos esfuerzos de claridad y transparencia, los que en su día
explotaron hasta el infinito casos como el de Zabalza o la Foz de
Lumbier, y que todavía no han reconocido su responsabilidad en las
terribles y falsas acusaciones que virtieron, esos mismos se frotan hoy
las manos ante un posible beneficio.

Señorías, entonces los hechos no les dieron la razón; tengo la convicción
que hoy tampoco los hechos les darán la razón. Sólo los demócratas, sólo
a los que no justificamos la muerte, sea de un anciano o de un niño, ni
los malos tratos o cualquier otro atentado a la vida o a la integridad de
las personas, nos interesa de verdad aclarar lo ocurrido. Quienes miran
para otro lado, quienes jalean y dan respaldo a los atentados, saben
utilizar como nadie la muerte y el dolor de las personas. Su objetivo
permanente es el desprestigio de las instituciones y con mayor celo, si
cabe, hacia las que más se distinguen en la lucha contra el terrorismo.

Acabamos de presenciar, señorías, una ofensiva contra la Policía Autónoma
Vasca; ahora estamos en otra que tiene como objetivo el Cuerpo Nacional
de Policía y la Guardia Civil.

Afirmo que los ciudadanos tienen derecho a exigir del Gobierno todas las
garantías e información que acrediten que los medios que se utilizan en
esta compleja lucha son exclusivamente los previstos en un Estado de
Derecho; pero con el mismo énfasis, con el mismo rigor es exigible que
los juicios de valor, cuando no prejuicios, las imputaciones falsas o el
rumor, no puedan socavar la credibilidad de quienes tienen por misión la
defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos. Tengo, señorías
-soy consciente también de ello-, la responsabilidad de hacer desaparecer
cualquier duda. El único procedimiento posible es facultar toda la
información de la investigación realizada sobre lo ocurrido, dando valor
a lo que tiene valor y no a lo que algunos quisieran situar sesgadamente
ante la opinión pública. Doy tal importancia a la movilización de la
sociedad española, y más concretamente a la movilización de la sociedad
vasca en favor de la paz, que me permitirán SS. SS. terminar este
preámbulo como lo comencé: nada influirá en mi ánimo para ocultar dato
alguno y soy consciente de que quedan diligencias fuera de mi ámbito.

Paso, señorías, a darles conocimiento de los rasgos más importantes de la
información realizada, significándoles, al propio tiempo, que de toda
ella daré traslado en el día de hoy al Fiscal General del Estado, y que
si lo consideran conveniente daré también traslado del conjunto de la
documentación a la presidencia de la Comisión.

Respecto de lo acontecido en Madrid, debo señalar que, como consecuencia
de las declaraciones prestadas, con asistencia de abogado, por un
presunto miembro de ETA, el día 22 de septiembre del presente año, se
procedió a la detención de distintas personas, presuntamente relacionadas
con la banda terrorista, el día 23. En concreto, a las 2,05 horas del
pasado día 23 de septiembre, fue detenida Miren Gurutze Yanci, ingresando
a las 2,30 horas en las dependencias de la Comandancia de la Guardia
Civil de San Sebastián. A las 8,15 horas del mismo día, señorías, sale en
conducción oficial hacia las dependencias de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid, en la localidad de Tres Cantos, adonde llega a las 14,30
horas, ratificando el Juzgado Central de Instrucción la incomunicación de
la detenida. Sobre las 20,15 horas del mismo día, el médico forense del
Juzgado Central de Instrucción número 5 se persona en el acuartelamiento,
reconociendo a varios detenidos, apreciando los siguientes datos respecto
de Miren Gurutze Yanci: 31 años, enfermedades propias de la infancia,
subluxación de las rótulas de ambas rodillas, manifestando que estaba
operada hacia diez u once años. La tensión arterial era normal, 130/80,
pulso bien y fondo de ojos bien. La auscultación cardiaca era normal,
apreciándose sibilancias y roncos en las bases pulmonares. Manifestó que
era consumidora de 20 ó 30 cigarrillos al día, que no consumía



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alcohol ni drogas, y que había sido detenida esa mañana en su domicilio,
manifestando que no había sido objeto de violencia o malos tratos,
poniéndole únicamente de relieve que sufría tos, con algo de
espectoración y alguna flema. Manifiesta haber fumado mucho esos días, en
concreto desde el lunes, fecha en que habían detenido a un familiar. Se
le diagnosticó un cuadro irritativo respiratorio. Del reconocimiento
externo que se le practicó únicamente le apreció un importante sobrepeso,
no habiendo ninguna señal externa de malos tratos.

Sobre las 3,15 horas del día 24, se escucha una llamada del timbre de su
celda, manifestando la detenida padecer cierto dolor en el esternón por
lo que se le pone en contacto telefónico con el médico forense que le
atendió tan sólo unas horas antes. La detenida le manifestó por teléfono
haber tenido un dolor en la zona del esternón, entre los dos pechos, que
ya le había remitido, manifestándole determinados síntomas que coincidían
con la patología que el facultativo había apreciado en las bases
pulmonares. Por esta razón ordenó al oficial de servicio que le
administrara Mucorex, y que en caso de observar alguna anomalía, la
pusiera inmediatamente en su conocimiento. Unos tres cuartos de hora más
tarde, se avisa de nuevo al médico forense al observar que la detenida
había empeorado, manifestando éste que se dirigía de inmediato al
acuartelamiento. No obstante, la Guardia Civil avisa al médico del
acuartelamiento residente en Colmenar Viejo, pero dado el estado de
aparente gravedad de la detenida, se procedió a su trasladado urgente al
Centro de Salud de Tres Cantos, donde ingresó cadáver.

Señorías, hasta aquí el relato, sin duda esquemático, de los hechos. Pero
me van a permitir introducir ahora algunos juicios de valor que me
parecen imprescindibles.

En la detención de Miren Gurutze no hay, no puede haberlo, ningún dato
que permita suponer que fue objeto de algún género de malos tratos; por
tanto, debemos salir al paso de cualquier afirmación o de cualquier
insinuación a este respecto. Por otra parte, también puede deducirse que
la actitud de la Guardia Civil fue en todo momento diligente para con la
detenida, procurándole inmediata asistencia facultativa en cuanto
manifestó encontrarse enferma.

Finalmente, permítanme dar la opinión (que he tenido oportunidad, en la
tarde de ayer, de contrastarla con un buen número de médicos de enorme
solvencia) de que el forense ha seguido fielmente en este caso las reglas
de su profesión, salvo criterio, naturalmente, mejor fundado. Tras un
reconocimiento que termina pasadas las 21 horas, en el que se aprecia
únicamente algún problema pulmonar, deja en el acuartelamiento un fármaco
para suministrarlo si la molestia continuaba. A las 3,30 habla con la
enferma, pero ésta le comunica que el dolor le había remitido,
coincidiendo los síntomas con una patología que había advertido. Cuando
le comunican el empeoramiento se dirige de inmediato al lugar de la
detención.

En cualquier caso, creo que es de justicia reclamar, cuanto menos,
prudencia a la hora de extraer conclusiones de una actuación profesional.

Los únicos que deben hacerlo, en su caso, son los expertos en la materia
y, desde luego, yo estaré a su dictamen y, en última instancia a los
tribunales de justicia.

Respecto a lo acontecido en Bilbao, señorías, permítanme que previa a la
explicación de la actuación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, ponga en su conocimiento algunas de las manifestaciones que se
han vertido, ya sea en el atestado instruido por la Policía local de
Durango, en las comparecencias de los agentes municipales, o de otros
datos de interés, como el parte facultativo emitido por el médico en
funciones de forense de Durango y lo hago porque tiene el interés de que
al producirse una resistencia nos encontraremos con que se ocasionan
lesiones en el lugar donde se produce la detención.

Uno de los agentes -dice una de las diligencias- se dirigió conminándole
a que levantara las manos y procediendo a su registro personal. Al
efectuar éste tocó con su mano izquierda el arma que portaba el
individuo, por lo que procedió a la retirada de la misma quedando ésta
bajo su custodia, indicando seguidamente al individuo que se pusiera
contra la pared con las manos en la espalda para proceder a su
inmovilización con grilletes. Nada más indicar lo manifestado, el
individuo se revolvió y empujó al compareciente obligando al mismo a
inmovilizarlo realizando una llave de defensa, tirándole al suelo donde
siguieron forcejeando hasta que llegó el Cabo y alguna otra persona.

Reitero que son diligencias de la Policía local de Durango.

Al llegar al lugar el Cabo, encontró al agente y al detenido en el suelo,
forcejeando ambos, procediendo a su total inmovilización debiendo
utilizar la fuerza. Durante el forcejeo el detenido, al quedar en el
suelo con la cabeza hacia el mostrador, se golpeó contra el posapiés
existente en el bajo del mostrador, produciéndose un hematoma en el
pómulo izquierdo, un chichón en la cabeza y rasguños.

El joven les manifestó que pertenecía a ETA y les amenazó diciéndoles: Os
vendrá un comando. Reitero, atestado de miembros de la Policía local de
Durango.

Otro de los agentes declara: manifiesta el compareciente que el detenido
trató de intimidar a todos los agentes actuales, manifestándoles que
pertenecía a la organización armada ETA; asimismo, le comunica al agente
compareciente que se trataba de un tema fuerte y que le dejara libre,
disimulando el hecho dándole un pequeño golpe.

Otro de los agentes manifiesta: mientras permaneció en estas dependencias
el individuo les manifestó en numerosas ocasiones ser miembro activo de
la banda terrorista ETA, que si le soltaban inmediatamente nadie se
enteraría de los hechos y que en caso de no hacerlo lo comunicaría a la
persona adecuada para matarles.

Debido a que los grilletes los tenía muy apretados, se los aflojaron,
momento en que intentó arremeter de cabeza contra los agentes y tratar de
escaparse, siendo abortado su intento.

La doctora, en funciones de médico forense, extendió un parte facultativo
que indica cómo el detenido presenta síntomas de embriaguez, dos pequeños
hematomas en



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paletilla izquierda, pequeño hematoma en ceja derecha y auscultación
normal.

Dicho esto, señorías, que es íntegramente referido a atestados de la
Policía local, añadiré que sobre las 21,30 horas del día 23 de los
corrientes se recibe en la Jefatura Superior de Policía una llamada de la
Policía Municipal de Durango interesándose por los antecedentes de Javier
Galparsoro. El detenido estaba siendo buscado desde hacía tiempo por los
servicios de información dependientes de la Brigada Provincial de
Información de San Sebastián, por supuesta pertenencia a la banda
terrorista ETA, como se deducía de las declaraciones y documentos
intervenidos a Mikel Ulkuidi e Iván Illarramendi, en diligencias 173 de
1993, de la referida Brigada Provincial. Es ésta la razón por la que el
Jefe Superior de Policía solicita del Juzgado Central de Instrucción la
incomunicación de Galparsoro y su entrega a funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía para la práctica de diligencias. Son nombrados
instructor y secretario para que realicen las mismas los titulares de los
carnets profesionales números 16.022 y 17.935.

Sobre las 23,45 horas del mismo día 23, la Policía Municipal de Durango
entrega al detenido junto a los siguientes efectos que le habían sido
ocupados. Una pistola marca Llama, calibre 7,65 milímetros, con el número
de fabricación borrado (hay que tener en cuenta que la primera impresión
es que era una pistola de 9 milímetros, y era de 7,65), un cargador de la
citada pistola conteniendo ocho cartuchos, un cartucho que se encontraba
en la recámara de la pistola, un sobre blanco sin membrete conteniendo la
cantidad de 325.000 pesetas en billetes de 5.000, una cartera de loneta
conteniendo cinco monedas de 5 pesetas, dos monedas de 25, dos monedas de
500, un billete de 5.000 y otro de 2.000 pesetas (podrá parecer
farragoso, pero siento la necesidad de no excluir nada de lo
intervenido); dos llaveros con tres y cuatro llaves, respectivamente; dos
prendas de abrigo (una cazadora de cuero marrón y una parca de color
verde y forro azul marino), una montura de gafas de color marrón, marca
Brillante, dos condones de color marrón, una diligencia de entrega del
detenido y efectos encontrados al mismo de la Policía Municipal de
Durango, parte médico extendido por el médico forense que examinó al
detenido en las dependencias de la Policía Municipal de Durango.

Los funcionarios llegan con el detenido a la Jefatura Superior de Policía
de Bilbao a las 0,30 horas del día 24, concediéndose su incomunicación
mediante fax. Por parte del instructor se dispone que se dé conocimiento
del ingreso en los calabozos de la citada Jefatura a los órganos
jurisdiccionales competentes, produciéndose su entrada en los mismos a la
1,15 horas del día 24.

Se realizan las primeras gestiones al objeto de averiguar, entre otras
cosas, la vivienda a la que podían pertenecer las llaves que le habían
sido ocupadas, llegándose a la conclusión de que dos de estas llaves
tienen una inscripción que no se corresponde con la que normalmente
efectúa el fabricante. La citada inscripción es «Canuto» y lleva a los
funcionarios a la conclusión de que la razón social del industrial que
las hubiera duplicado no estaba en Bilbao, existiendo un establecimiento
en Vitoria con esa denominación. Se deduce que el ámbito de actuación del
detenido puede, por tanto, concentrarse principalmente en Alava y de ser
así allí podría disponer de una potencial infraestructura.

Previa consulta y autorización de la autoridad judicial que entiende el
caso, se ordena por el Jefe Superior que se disponga el traslado del
detenido a Vitoria para continuar con la práctica de dichas diligencias.

Se procede a sacar del calabozo a Galparsoro, trasladándolo a
dependencias de la Brigada Provincial de Información, en el mismo
edificio. Es cuando el funcionario encargado de organizar el traslado
queda momentáneamente a solas con el detenido. Este consume una lata de
cerveza que le ha sido ofrecida, de lo que queda constancia en la
inspección ocular y fotográfica -con informe adjunto-, en la que para
mayor abundamiento aparecen las huellas dactilares del presunto
terrorista para que no haya equívoco alguno; huellas dactilares que han
podido confirmarse después del lamentable fallecimiento de este presunto
miembro de ETA, que ha sido cuando se han podido tomar las huellas
dactilares que han dado origen a la confirmación que les acabo de
señalar.

En un momento dado, el detenido se abalanza sobre el funcionario
haciéndole perder el equilibrio. Inmediatamente después logró alcanzar la
ventana de la habitación que se encontraba a unos cuatro metros de
distancia y que estaba cerrada; descorrió la hoja pasando al exterior y
cayendo a la acera a un metro de la fachada del edificio.

Tras las instrucciones que cursé a la Dirección General de la Policía,
este organismo encargó inmediatamente a expertos de la policía
científica, dependientes de la Comisaría General de Policía Judicial, un
informe detallado y argumentado de lo ocurrido, entre cuyas conclusiones
quiero destacar algunas, porque el resto estarán a disposición de SS. SS.

En base a las características de la habitación, dice, de la ventana de
referencia, de la situación del detenido en la estancia libre de esposas
y en presencia de un solo funcionario policial, es factible que, bien una
vez que arremetió contra el policía que lo custodiaba, o en cualquier
otra circunstancia de descuido del mismo, llegara hasta la ventana,
abriera con un tirón la hoja corredera y se encaramara en el alféizar,
cuya distancia del suelo, como ya se ha dicho, es de un metro, y una vez
en el mismo se precipitara al vacío.

Teniendo en cuenta -continúa además- la posición en la que fue recogido
en la acera de la calle en base al relato de los funcionarios que lo
auxiliaron (la marca de sangre aún allí depositada, distante a un metro
de la fachada donde se encuentra la ventana), es evidente que no realizó
un salto desde la misma y que tampoco se impulsó, dado que, de haberlo
hecho, probablemente hubiera sido otro el lugar y la posición de caída.

Asimismo, debido a la ausencia de lesiones propias de presión, forcejeo o
luchas sobre el herido, según el parte facultativo de que disponemos, del
Hospital Civil de Basurto, emitido a las 10,40 horas del día de los
hechos, y a la ausencia de violencia en el mobiliario próximo a la citada
ventana, parece



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evidente que no hubo participación de otras personas en la precipitación
del detenido.

Señorías, soy consciente de que a algunas personas les gustaría oír unas
explicaciones más sofisticadas. La conclusión a la que llego con los
datos de la información en la mano es que los hechos ocurridos de este
modo, así de sencillo, así de dramático, con efectos realmente
dramáticos, y me voy a permitir sólo una licencia que no está sustentada
en datos. Puedo pensar -la información a la que luego aludiré lo podrá
demostrar- que se ha podido producir algo que es bastante normal que, en
ocasiones, detenidos parecen señalar una cierta confianza con uno de los
miembros que les está tomando una declaración y con seguridad -en este
caso no lo tengo sustentado con datos-, es probable que eso es lo que
haya ocurrido.

No trato de ocultar la gravedad de lo ocurrido. No se detecta, señorías,
indicio alguno de malos tratos. Si cabe, debe pensarse en un trato
incluso deferente, dependiendo tal vez, como trataba de decir hace un
momento, de que el detenido contribuyera a ayudar a la investigación.

No niego que pueda haber error, negligencia, pero, desde luego, no
aquella que tiene que ver con algo tan rechazable como son los malos
tratos, sino la que permitió que un detenido de estas características
tuviera la oportunidad de intentar huir. Pocos lamentarán tanto como yo
que este hecho haya tenido el desenlace que conocemos, pero también
estaría hablando de una hipótesis de error, incluso de negligencia aunque
con matices distintos, si en vez de intentar la huida desde un segundo
piso, lo hubiera hecho desde una planta baja.

En este sentido, debo informar a SS. SS. que, como es reglamentario y no
se puede proceder de otra forma, se está elaborando una información
previa al expediente, que establezca el nivel de responsabilidad a que
haya lugar.

Señorías, en el caso de que en las próximas horas o días tuviera
información complementaria de importancia acerca de los dos casos a los
que me he referido en este momento, desmintiendo lo que en este momento
creo que es la verdad objetiva, ampliándola o ratificándola, no duden que
consultaré de nuevo con la Comisión la conveniencia de ponerla en su
conocimiento.

Lo que hasta ahora he relatado tiene unos límites que ustedes pueden
perfectamente comprender -y con ustedes toda la opinión pública-, y que
se sitúan en el obligado respeto a la investigación judicial y en la
celeridad con la que, como ya anuncié nada más conocer los hechos, se iba
a actuar. Pero, además de algo tan importante como lo ocurrido, hemos
tomado decisiones en función de alarmas que, anticipo, no tienen el menor
soporte y, por tanto, son infundadas.

Intentaré despejar toda sombra de duda sobre un tercer caso, que, sin
tener las trágicas consecuencias de los dos anteriores, ha suscitado
interrogantes, que, a mi juicio, deben quedar totalmente despejados en la
mañana de hoy, y es que tengo el convencimiento, lógicamente basado en
informes y testimonios, de que el sobresalto que ha provocado este asunto
sólo se justifica por el desconocimiento de los hechos que, en su
totalidad, paso a relatarles.

A las 21,35 horas del pasado día 20 de septiembre es detenida, en su
domicilio de Rentería, María José Lizarribar, que, según se afirma
textualmente en el auto de prisión dictado, el día 27 de septiembre, por
el Juez Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, señala:
Ha facilitado el alojamiento en su piso de Barrionuevo de Amara, en San
Sebastián, a los miembros de un grupo armado de ETA formado por Iñaki
Ormaechea, Patxi Itziar, Jokin Leunda fallecidos, durante más de un año,
realizando prácticas de tiro, comprando para ellos pilas y fiambreras
para la fabricación de aparatos explosivos y, conociendo después de
cometidos, delitos de asesinato.

Aparece que ha realizado vigilancias para la realización de dos
detenciones ilegales, hechos ocurridos en 1988-89. Asimismo, se afirma en
dicho auto que María José Lizarribar pidió a otra persona que realizara
anotaciones de matrículas de vehículos aparcados en la sede del Gobierno
Civil de San Sebastián, pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad del
Estado, que María José hizo llegar a miembros de ETA, entre 1988 y 1989.

Habiendo tenido yo conocimiento el día 25, el sábado, de que fueron
apreciados hematomas en María José Lizarribar en el momento en que presta
declaración ante el Juez Central de Instrucción número 5, se extiende al
presente caso la información que ordené el pasado viernes relacionada con
los dos anteriores. De una parte, se ordena la instrucción de una
información verbal por el Director General de la Guardia Civil, para
esclarecer los hechos que motivaron los hematomas que la detenida
presentaba en el momento de su entrega ante el Juez Central de
Instrucción. Asimismo, se ordena, por parte del Director General de la
Guardia Civil apartar de la investigación que se está realizando
preventivamente y en tanto dure la instrucción verbal al personal del
Cuerpo que había practicado cualquier tipo de diligencias en relación con
la detenida.

Fruto de tal información verbal, se confirman taxativamente los
siguientes extremos. A las 22 horas del mismo día de su detención, al
ingresar en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de San
Sebastián, ofreció relativa resistencia -relativa debo decir- porque
intuyo que no tiene envergadura para que sea excesivamente activa al
descender del vehículo policial, llegando al punto de que fue necesario
hacerla descender, utilizando cierta fuerza. Veinte minutos después, se
da aviso al personal médico disponible para la práctica de un
reconocimiento preventivo, emitiéndose el oportuno parte a las 23 horas,
con el siguiente resultado de la exploración. No puede haber, señorías,
otro motivo para pedir al personal médico disponible que haga un
análisis, que la detencción por parte de los miembros de la Guardia Civil
inmediatamente después de ser detenida de que tiene unos moratones.

El parte médico dice lo siguiente: Zonas equimóticas azuladas sobre
varicosidades en ambos huecos poplíteos de unos 5 centímetros; dos
equimosis paralelas entre sí



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perpendiculares al suelo sombreando ángulo inferior de escápula derecha,
rojas, separadas por 2 centímetros, de 3 centímetros de largo la interna
y 4 centímetros la externa; otra roja, en la zona dorsal, un tercio medio
y externa perpendicular al suelo y de unos 5 centímetros de largo.

Múltiples equimosis confluyentes en ambos brazos y en toda su parte
interna con coloración rojo-azul. Refiere la detenida que dichas lesiones
son recientes y que tiene mala circulación, con tendencia a sufrir
hemorragias cutáneas por traumatismos mínimos; por lo demás presenta un
estado general aceptable.

Por otra parte, se interesan del Fiscal General del Estado noticias sobre
los supuestos malos tratos que se hubieran podido producir en el presente
caso. A esta solicitud ha respondido el Fiscal General con el oficio que
paso a leerles: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.º 2 del
Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y en relación con la denuncia por
supuestos malos tratos a María José Lizarribar, la Fiscalía de la
Audiencia Nacional no ha estimado procedente, en el estado actual de las
diligencias judiciales, solicitar la deducción de testimonio en
averiguación de dicho presunto delito, dado que tanto el parte médico de
origen como el informe de la forense de la Audiencia Nacional han
constatado la propensión de la detenida a la producción de hematomas por
coagulación de la sangre, circunstancia que ella misma puso de
manifiesto. Tampoco se ha considerado procedente solicitar la deducción
de testimonio por presuntos malos tratos respecto del resto de los
detenidos puestos a disposición judicial al no apreciarse indicios
racionales para ello.

En tercer lugar, en los partes de los reconocimientos médicos que
diariamente se le practican aparece lo siguiente: Día 21: El día de la
fecha se ha personado en dependencias de la Guardia Civil para reconocer
a María José Lizarribar, de 32 años, etcétera. La informada refiere haber
sufrido las enfermedades propias de la infancia y no haber sido
intervenida quirúrgicamente. Refiere ser asmática, padecer una sordera de
nervios de la que está en tratamiento que se ha ido agravando con el paso
del tiempo y dice leer los labios desde la infancia. Padece hepatitis C y
ojalá sea posible, a la mayor brevedad, hacer el análisis correspondiente
que despeje esta incógnita diagnosticada -ella lo dice- hace año y medio,
padeciendo trastornos de coagulación y fragilidad vascular -dice ella-,
se hace trasnornos con nada; tiene mala circulación, lesión hepática.

Refiere haber sido detenida sin violencia en su domicilio. En Madrid fue
tratada correctamente, también refiere. En la exploración se aprecian
numerosos hematomas -puedo asegurarles en mi opinión después de ver las
fotografías-, más de 22. Se aprecian numerosos hematomas antiguos y en
distintas vías de resolución y en su brazo derecho dos del tamaño de una
moneda de 25 pesetas aproximadamente, recientes, en el antebrazo
izquierdo a nivel de tercer medio que puede ser de sujeción, hematomas
recientes en la cara posterior de ambas rodillas y antiguos en piernas,
en cara lateral dorsal de pie izquierdo se aprecia otro derrame hemático
reciente; en espalda se aprecia, a nivel dorsal, una pequeña escoriación
de menos de un centímetro en ambas piernas, más en la izquierda;
erosiones alargadas que pueden ser el resultado de rascarse.

Dados sus antecedentes, señorías, no es posible averiguar el agente
causal y la fuerza que actuó en la producción de los derrames hemáticos,
máxime teniendo en cuenta su afección hepática y su consecuencia, ya que
una mínima agresión sería suficiente para causarlas, pero no cabe la
menor duda de que ella misma señala, y no denuncia como malos tratos, la
aparición de esos hematomas en los lugares que he reseñado a SS. SS.

El médico forense la ha visitado en no menos de cuatro ocasiones:
Evoluciona favorablemente; se ha extendido en superficie del dorso pie
izquierdo y cara posterior de ambas rodillas. Día 22: El trato ha sido
correcto. Ha sido atendida por un médico distinto al forense; no se
aprecian modificaciones, el día 23. El trato ha sido correcto. Día 24:
Evoluciona bien de los derrames y erosiones. Día 25: Ha sido reconocida
en los calabozos de la Audiencia Nacional continuando la evolución de los
hematomas; manifiesta no haber desayunado.

A la vista de estos hechos, para mí diáfanos, he autorizado en el día de
ayer, y como resultado de la información practicada, la reintegración de
los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que el día 25 fueron
provisionalmente apartados de las investigaciones.

Debo concluir, señorías, poniéndome, sin reserva alguna, a disposición de
esta Cámara; reiterando la importancia de despejar cualquier duda sobre
la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero esto
no me impide decir que lo relatado son los hechos conocidos, son hoy los
hechos objetivos que no pueden suplantar, como es lógico, investigaciones
más profundas realizadas con más tiempo, como sucederá con las autopsias
y en los procedimientos judiciales.

Por tanto, considero que nadie tiene derecho democrático a dudar sin
argumentos y, mucho menos, a manipular, como hace el entorno de los
violentos cuando su comportamiento consiste en justificar torturas tan
evidentes como el secuestro o en vitorear a condenados por asesinatos.

Muchas gracias y quedo nuevamente a su disposición.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Recuerdo a SS. SS. que el debate se hará de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 203, número 2 del Reglamento.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo parlamentario Mixto el señor Albistur tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Señor Ministro, quisiera situar esto que
pretende ser una conversación, por lo menos en lo que a mí me corresponde
en este momento, entre usted y yo, dentro del máximo respeto precisamente
también a las instituciones democráticas y del



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reconocimiento personal, y de la propia coalición a la que represento, a
las acciones que usted ha tomado.

Nada más recibirse la primera noticia, a través de la radio, me puse en
contacto con usted; estaba en el Consejo de Ministros pero el señor
Agustín Valladolid me atendió muy bien y me informó, en líneas generales,
de temas muy similares a los que usted ha tratado actualmente.

Reconozco también que las reacciones posteriores han sido, a mi modo de
entender, adecuadas y que su comparecencia en esta Cámara, y ante esta
Comisión, así lo ratifican. Vaya todo ello por delante.

Considero que no estamos ante una investigación cerrada; estamos ante una
investigación abierta y dentro de ese contexto haciendo mías también las
palabras del Ministro de Justicia de que los demócratas somos los que más
sufrimos en este tema, quisiera hacer las reflexiones que a continuación
voy a plantear y las conclusiones a las que pretendo llegar.

Quiero hacer unas consideraciones fundamentalmente no sólo como
parlamentario, sino como ciudadano; ciudadano del País Vasco que, en
definitiva, está sometido, como tantos ciudadanos del País Vasco que
luchan por la democracia, a toda una serie de avatares que vienen por un
lado y por otro y que impiden, de alguna forma, llegar a la pacificación
y armonización que todos deseamos y necesitamos.

Deseo adelantar que no quiero presumir nada ni tampoco quiero acusar de
nada. He escuchado sus explicaciones -hoy más amplia que las que usted
mismo me dio el otro día-; las tomo como una hipótesis de trabajo de una
investigación que está abierta y espero que esta Comisión y este
Parlamento puedan también continuar profundizando y llegar a las
conclusiones definitivas, tanto de su institución como de la institución
judicial.

Pero todo el esfuerzo realizado en casos concretos, para poner ejemplos
que se entiendan mencionaré el caso de los trabajadores de una empresa
como Ikusi o todo el trabajo realizado por la propia sociedad vasca,
termina en alguna forma o queda truncado cuando suceden hechos que, en
principio, parece que solamente dan alas y motivos a los violentos. No
tengo ninguna gana ni interés en hacer comparaciones con épocas pasadas
ni es ése mi estilo, estamos en democracia, llevamos ya muchos años de
democracia, gracias a Dios y gracias también precisamente a todos los
demócratas que han colaborado en ello, pero creo que este hecho, estando
en democracia, todavía hace más grave este tipo de situaciones; cunde un
desánimo importante, más cuando se avanza prácticamente sin retorno, y
parece que todo retrocede cuando hechos como éste golpean a la sociedad.

Yo diría que da la impresión -le repito que estoy hablando como
ciudadano- de que existe como una mano negra que tiene mucho interés en
que no se llegue a la paz, en que no se llegue a terminar con la
situación actual. Quiero recordar aquí hechos como son las
manifestaciones tan importantes llevadas a cabo por los ciudadanos hace
diez años, cuando murió el ingeniero Ryan y a continuación falleció
Arregui. Desde luego, no son hechos comparables ni quiero que se tomen
como hechos comparables, pero todos los años, cuando hay un festival de
cine en San Sebastián existe también algún hecho que, de alguna forma,
viene a estropear la situación de convivencia y de difusión, diríamos, de
un hecho cultural.

Yo diría, y aquí sí me atrevo a mojarme, que no se acaba de controlar y
que incluso hay una falta de rigor en el Ministerio y en el entorno de
toda la acción de la policía en estos casos; no lo sé, lo denuncio porque
ese hecho lo contrasto. Hechos como éstos suceden y a mi modo de entender
todo lo que pueda ser la mejora en el control y la mejora precisamente en
el rigor, deberían llevar a que estos hechos fueran prevenidos y no se
produjeran.

Los demócratas no acabamos de entender que pasen -y en todo este contexto
se mezclan- casos como el del señor Amedo, que parece que anda libremente
por ahí, condecoraciones determinadas, ascensos o situaciones como la del
señor Tejero o la que personalmente pudo vivir uno cuando en el año 1974
fue detenido por un teniente de la Guardia Civil, que después entró con
Tejero en este Congreso y que hoy día es un alto cargo dentro de la
Guardia Civil. Yo creo que todo eso hace perder credibilidad, de alguna
forma, hace perder confianza, y sigo insistiendo en que parece que no se
acaba de controlar y que hay una falta de rigor.

Entiendo, y así lo manifiesto, que gran parte de la pacificación viene de
mano de las responsabilidades policiales y entiendo que tiene que haber
también soluciones policiales, pero dado que, a su vez, tiene que haber
soluciones políticas, las actuaciones policiales deben ser eminentemente
rigurosas y delicadas.

Pasaría a un tercer aspecto, a lo que quisiera llamar responsabilidades
administrativas y políticas. Usted nos ha realizado una detallada
descripción de la situación de salud de Miren Gurutze Yanci y también de
lo sucedido con Xabier Galparsoro, en Bilbao. Para no alargarme, sólo
quisiera preguntar: ¿por qué se actuó como se actuó por una profesional
forense, como si se tratara de un simple catarro? A mí no me ha quedado
duda en este caso de que hubiera una actuación profesional seria y
rigurosa; sigo teniendo la duda sobre una actuación a la que, por lo
menos, le falta sensibilidad en un caso como el que usted ha descrito,
con unos síntomas como los que se han descrito y tratándose precisamente
de una presunta militante de ETA. Es más, yo diría que a esta señora,
Miren Gurutze Yanci, que parece no tenía ninguna implicación y que fue
solamente SOPLADA por sus compañeros, quizá para tapar otras cosas, se le
ha hecho una mártir como consecuencia de una actuación no rigurosa.

Diría que lo mismo se puede aplicar para el caso de Galparsoro. Si él se
confiesa de ETA y este extremo parece que se comprueba en las
investigaciones de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, ¿por
qué no se actuó con las medidas de seguridad correspondientes? Vuelvo a
insistir en el control y en el rigor. Todo parece indicar que, de haber
actuado de otra manera, hoy día no estaríamos en esta sala ni habríamos
pasado por esta situación. Yo quiero incidir en estos hechos. Hay
actuaciones de funcionarios, de cualquiera de los grupos que pertenecen



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al Ministerio del Interior, Guardia Civil, etcétera, que no parecen ser
correctas y hay unos procedimientos, que parece pueden ser hasta
habituales, que no parecen los correctos en casos de responsabilidades
como éstos y hay consecuencias de esas actuaciones que tienen, a mi modo
de entender -puede ser discutible, pero es así a mi modo de entender y lo
quiero demostrar- características políticas. Toda la conmoción que se
produce en la sociedad vasca -y, por supuesto, a la sociedad española
también-, el someterla a una tensión innecesaria en momentos en que esta
sociedad está dando el do de pecho por romper, avanzar y ganar la batalla
a los violentos y el introducir, como consecuencia, dudas sobre las
instituciones democráticas, dudas sobre la policía y dudas sobre la misma
judicatura, ha tenido unas consecuencias -usted lo ha dicho-, efectos
dramáticos, y no solamente en la muerte de dos personas y, diríamos, la
aparente sospecha sobre una tercera, sino efectos dramáticos de carácter
social que es, fundamentalmente, lo que a mí me preocupa, porque en la
sociedad vasca hay una hipersensibilidad porque se quiere ganar la
batalla a los violentos, terminar de una vez, y parece ser que todo esto
nos hace retroceder. Yo creo que todo lo que impida ganar esta batalla,
sea realizado voluntaria o involuntariamente, como puede ser este caso,
contiene una grave irresponsabilidad política. Hay que ganarse la
credibilidad, que yo creo que todavía no existe. En este contexto yo
planteo la posibilidad de su dimisión y la de otros responsables.

Pero he dicho que ésta es una investigación abierta y quisiera que en
esta investigación se reforzarse, no su persona, su institución, el
Ministerio, y no tengo nada en contra de usted en el tema personal;
quisiera que se reforzaran precisamente aquellas instituciones de su
propio Ministerio, que saliera reforzada la judicatura y que saliera
reforzada la democracia. Por eso, a mí me parece necesario separar de sus
responsabilidades mientras dure esta investigación a quienes actuaron,
dieron órdenes o tuvieron algún tipo de responsabilidades administrativas
en este tema; que pongan su cargo y los de los directores
correspondientes a disposición de quien corresponda hasta que esta
investigación termine e, insisto, ojalá pudiera salir reforzado, y que
esta Comisión -eso ya va dirigido al señor Presidente-, si fuera posible,
se constituya, mientras dure la investigación en una comisión de
seguimiento de tal investigación, receptora directa de la información y
conclusiones de esa investigación, y no hablo de control porque creo que
con la presencia periódica y frecuente de la información, de los
resultados y datos provenientes de la investigación y de las
conclusiones, habrá materia más que suficiente para un control.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albistur. Señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor Presidente,
señorías, con el máximo respeto porque hay algunas cosas que a su S. S.

ha señalado que probablemente yo las he dicho de otra forma. Considero
que lo acaecido tiene tal trascendencia, más allá de las valoraciones de
los hechos, que no habrá nadie con mayor interés en que quede diáfano el
comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora
bien, generar dudas más allá de las que están en la sociedad, me parece
que contribuyen a poco bueno. Dice S. S. que hay que ganarse la
credibilidad. Pues la verdad es que cuando echa uno un vistazo a lo que
se dice OPINION PUBLICA, ve que más bien nos las tenemos que ganar otros.

Permítame decirle otra cosa que me llama la atención. Como ya he dicho, y
lo reitero, si en lo sustantivo de una información producida con una
celeridad creo que nunca conocida, precisamente por la trascendencia de
estos hechos, una investigación más serena de quien corresponde hacerla,
que tendrá todo el apoyo del Ministerio del Interior, trastocara los
elementos fundamentales de la información que acabo de señalarle, ya he
dicho que sacaré la lectura política de responsabilidad a quien
corresponda, y no me he excluido sino que me he incluido. Por tanto, debe
quedar clara cuál es mi actitud. Y fíjense que alguien puede pensar que
este aterrizaje lleva poco paracaídas, porque en tres días se está
produciendo una información que, probablemente, los organismos
jurisdiccionales encargados de ello tardarán semanas en hacer; pues aun
en esas condiciones reitero lo que he dicho al principio de mi
intervención.

No se equivoque, no se equivoque, Señoría. Dice que hemos hecho un
mártir, que se ha hecho un mártir. El mundo de ETA, su entorno, Herri
Batasuna, ha hecho mártires a asesinos con muchas docenas de muertos a
sus espaldas. Esa no es la cuestión, la cuestión es que, incluso en una
dificultad como ésta, no nos arruguen, porque no hay motivo alguno para
bajar la guardia so pretexto de que ese mundo de los violentos trate de
generar la idea de que, como hay represión, hay legitimidad para producir
atentados. No. Es que cuando HB exige responsabilidades, exige
depuraciones; tiene que mirarse hacia adentro y decir qué hace ella con
quien es un asesino convicto, o decir qué hace ella con miembros de la
mesa nacional convictos de cobrar la extorsión. Tenemos los demócratas la
suficiente fuerza para sobreponernos a una dificultad como la presente,
siempre y cuando, naturalmente, que no pongamos en peligro cosas que no
debemos poner, excepto en supuestos concretos y con respaldo concreto,
Señoría.

Me va a permitir (porque yo he tenido con éste dos problemas que me han
causado una hondísima preocupación: la Foz de Lumbier y este supuesto),
que pueda decir con orgullo, Señoría, que pasados cinco años de
responsabilidad política en este Ministerio no conozco sentencia alguna
durante ese período de tiempo en la lucha antiterrorista consecuencia de
malos tratos o torturas. Sin embargo, cuando se produjeron los hechos de
la Foz de Lumbier, sólo le voy a relatar lo que dijo el entorno de ETA
(si tuviera que relatar lo que dijeron otros celosos de los valores
democráticos, como si solamente ellos existieran en este mundo y los
demás nos los



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saltáramos cada vez que pudiéramos, no tendríamos tiempo de terminar a
las cuatro de la tarde).

«Egin» (30-6-90): Corcuera falta a la verdad y lo hace de forma
manifiesta, porque oculta datos de la intervención de los guardias
civiles. Txemi Gorostiza, abogado de la acusación particular.

«Egin» (2-7-90): Tenemos el convencimiento de que más tarde o más
temprano la versión oficial será desmentida por el esclarecimiento de los
hechos. Comunicado de ETA.

«Egin» (4-7-90): Rubenach afirma al juez haber herido a Susana Arregui
con dos disparos en el pecho; también afirmó que Juan Mari Lizarralde se
había disparado contra él mismo.

«Egin» (9-7-90): Lo de Irrumberri le ha salido al PSOE que ni a pedir de
boca. Irultza.

«Egin» (10-7-90): Ahora nos toca conocer los suicidios a la alemana, pero
somos dueños de nuestro pensamiento y hasta allí no llega Corcuera ni su
soldadura. Guillermo Arbeloa, en un artículo titulado «Claroscuros».

Da igual, Señoría, que hubiera habido una declaración diciendo lo que
había ocurrido. No es la verdad lo que les interesa a los violentos, es
la verdad que quieren construir para alimentar una espiral de violencia,
y a ello yo jamás contribuiré ni por dejación; por tanto, me remito a lo
primero que he dicho. Mi pretensión, Señoría, no es sustituir a nadie en
la investigación, faltaría más. He empezado diciendo que quien tiene la
atribución de llevarla a cabo la tiene que agotar.

Es indudable que si existen lo que usted señala como hipotéticas MANOS
NEGRAS, si existieran, yo sobro en la responsabilidad que ocupo con
carácter inmediato; con carácter inmediato, Señoría. Pero ¿en qué se
funda? ¿En que han podido concurrir dos desgracias de esta naturaleza,
que puede poner incluso en peligro la versión que he señalado respecto de
lo acontecido en Madrid? ¿Qué críticas de verdad podemos hacer, señorías,
a la actuación de la Guardia Civil en Tres Cantos si somos de verdad
honestos y esto de la responsabilidad política no es un cajón en el que
cabe todo? ¿Qué han hecho mal? Díganme qué han hecho mal, señorías.

El marido estaba en una celda al lado, suena el timbre -lo cual quiere
decir que no estaban en la celda, Señoría, no había nadie en la celda- y
es cuando suena el timbre cuando van, con la mayor diligencia, y la ponen
en comunicación telefónica con la médico forense. ¿Qué se le puede
achacar a esa Guardia Civil, cuando con posterioridad están pendientes de
cómo evoluciona, se dan cuenta de que empeora y llaman inmediatamente al
médico y, en previsión de que tarde, llaman al médico del acuartelamiento
que vive en Tres Cantos y, en previsión de que no lleguen a tiempo, a la
vista de cómo está, se la llevan urgentemente al hospital? ¿Qué hay que
decirle a la Guardia Civil que no sea manifestarle el respeto si los
hechos son así? Nada. Pero yo incluso me he atrevido a ir más lejos; es
lo único que he puesto de mi cosecha, Señoría, aunque he dicho que no
sólo de mi cosecha sino contrastando durante estos días, y concretamente
ayer, con significativos médicos de este país. He preguntado, porque
tenía que hacerlo, yo no tengo por qué defender aquí la actuación de un
médico, pero me siento en la obligación de hacerlo. Me siento en la
obligación de decir, con todas las reservas y a expensas de lo que diga
quien tiene más conocimiento que yo en esta materia, que un
reconocimiento médico que se practica y se termina pasadas las nueve de
la noche, en el que se detectan una serie de anomalías, en el que el
médico forense deja en las instalaciones un medicamento por si acaso
surgiera algo, que habla con la reclusa, que la reclusa le dice que ya se
le está pasando lo que ha dado origen a la llamada urgente por parte de
la Guardia Civil y que le dice que puede tomar la medicina, porque no han
cambiado
-entiendo yo- muchas cosas desde el reconocimiento realizado pasadas las
nueve hasta la hora que estoy reseñando...

A veces, tengo la sensación de que so pretexto de sospechas (que no entro
-créame, Señoría- a valorar la justificación en atención a cosas
históricas, a momentos pasados, pero que creo sinceramente que no tienen
que ver con la realidad), hay una falta de generosidad absoluta, una
falta de generosidad para no aceptar en los demás muchas de las cosas que
nosotros hacemos todos los días. Los errores normales se transforman en
responsabilidades de todo tipo, la cuestión es reclamar de los demás lo
que nosotros no estamos nunca dispuestos a hacer.

¿Qué tengo que hacer en el supuesto de lo que he relatado, Señoría? En el
otro supuesto, ¿es que no he dicho que ha podido haber un error, incluso
una negligencia, pero no con intención de causar malos tratos? ¿Es que en
el tiempo transcurrido desde la detención y llegada a la Comisaría y las
preparaciones para mandar a ese detenido a Vitoria, con los aditamentos
(está tomando una cerveza, señorías), ha habido un error? Es probable.

¿Qué tenemos que hacer con aquel funcionario de policía que, en el
ejercicio del deber de custodia que tiene o de detención de un
delincuente, éste se le escapa? ¿Acabamos con él? ¿Hay que acabar con él
por cualquier medio? ¿Para qué? ¿Para quedarnos tranquilos? Pero
tranquilos, ¿de qué, Señoría? ¿Es que no podemos contemplar con
naturalidad, no exenta de preocupación por lo que aconteció como
consecuencia de esos hechos, que es posible el error, sin tener que
fusilar a nadie al amanecer? ¿No podemos contemplar con naturalidad que
se abren unas diligencias informativas y que si da lugar a un expediente
por equivocaciones o por negligencias, habrá las consecuencias que de
ello se deriven? Pero estaría diciendo lo mismo en este supuesto: si
hubiera sido -como he dicho- en la planta baja, estaríamos buscando a un
liberado de ETA y, por tanto, también en ese supuesto existiría error o
negligencia. ¿Es que no es posible contemplar esto con naturalidad, no
exenta de preocupación, no exenta de exigir responsabilidades? ¿Es que
alguien está autorizado para crear tal cúmulo de incertidumbres sin
fundamento y, al final, tengamos que ser nosotros y otros pocos más los
que vayamos a detener a este tipo de delincuentes?
Ya he dicho -Señoría- que si hay una modificación sustancial (no dude
usted que doy tanta importancia como usted a la movilización del pueblo
vasco en la



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búsqueda de la paz), encontraré como algo natural el facilitar que
continúe la investigación, porque eso está por encima de las personas y,
desde luego, está por encima de mí. A partir de ahí -créame- tengo todo
el respeto por sus puntos de vista y si usted cree que debo quedar en
STAND BY, a la espera, yo se lo respeto, pero yo no he encontrado motivos
para apartar a los miembros de la Guardia Civil o a los otros, excepto el
que está sometido a diligencias previas. ¿Por qué lo tengo que hacer?
¿Por qué hay que hacerlo, Señoría? ¿Cuál es la razón por la que hay que
hacerlo? ¿No lo hizo el Director de la Guardia Civil cuando, con gran
preocupación -adicional a la que estamos comentando-, tuvimos
conocimiento -erróneo, por cierto- de una detenida que aparecía con
muestras de moratones? ¿No tomó la decisión de apartar a esos
funcionarios? ¿Qué es lo que ha hecho el Director de la Guardia Civil en
cuanto ha llegado a la constatación -la posible en estos momentos- de los
hechos? Pues, restituirles en sus puestos. Pero, ¿cómo vamos a hacer lo
contrario, Señoría? ¿Por qué?
Concluyo, y siento haberme alargado. Nada me gustaría más, Señoría, y
estoy plenamente de acuerdo con usted, que no hubieran ocurrido estos
hechos que, sin duda, han sometido a una tensión innecesaria a muchos
ciudadanos de buena fe. Deben tener la seguridad de que la voluntad de
esclarecimiento es total, de que esa voluntad en las autopsias se ha
manifestado dando participación a quien la familia ha creído o ha
entendido conveniente, informando inmediatamente incluso con riesgo de
producir alguna equivocación en la información. Creo poderles decir en
este momento -póngalo entre comillas porque no lo tengo contrastado- que
lo único que se ha avanzado, adicionalmente a lo que es conocido de la
autopsia, es que es posible descartar el envenenamiento. El resultado del
conjunto de la autopsia tardará todavía días en conocerse, pero no hay
ninguna duda de la voluntad de transparencia y de asunción de
responsabilidades. Eso es lo que quisiera -con el mayor de los respetos-
que le quedara perfectamente claro a S. S.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor González
de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA:
Quisiera agradecer, en primer lugar, esta rápida comparecencia del señor
Ministro en esta Cámara, sus valoraciones, incluso su actitud personal
ante estos graves hechos. Por ello, desearía comenzar esta intervención
dejando clara y meridianamente, por parte del Grupo Vasco, una
manifestación expresa del reconocimiento y la confianza hacia los dos
ministros que van a tener que enfrentarse con los hechos que hoy
analizamos. José Luis Corcuera y Juan Alberto Belloch son dos demócratas
reconocidos y perfectos conocedores de los mecanismos que tiene la
democracia. Son además conocedores de Euskadi, de su situación pasada y
presente y, en consecuencia, plenamente conscientes de lo que allí
suponen hechos como los que hoy analizamos. Por eso no tenemos ninguna
duda de que ambos van a ser consecuentes, cada uno en su parcela, con la
obligación que todos los demócratas convendidos tenemos cuando ocurren
hechos tan lamentables como estos.

Los fallecimientos de Miren Gurutze Yanci y de Javier Galparsoro nos
llenan de desazón a todos los que de verdad nos consideramos demócratas y
pacifistas y a todos los que, además, confiamos en los mecanismos del
Estado de Derecho. Son hechos que requieren un inmediato esclarecimiento,
una rápida y eficaz intervención de la justicia y la correspondiente toma
de medidas expeditivas si llega a acreditarse, en su momento, que ha
existido alguna responsabilidad en los funcionarios policiales que han
tenido bajo su custodia a los fallecidos. Y participamos en las
intenciones del señor Ministro al indicar que todo ello hay que hacerlo
con celeridad y transparencia. Estamos seguros de que así se hará, aunque
el seguimiento de estos criterios de nada sirva a quienes no creen en la
democracia y en las libertades. A pesar de ello, esta forma de proceder
debe ser para nosotros un dogma de fe y de compromiso con las libertades.

Es importante, señor Ministro, realizar una reflexión a fondo. Usted nos
ha efectuado un relato de hechos, no tenemos más datos; los datos que ha
proporcionado el Ministerio del Interior desde el principio han sido
claros y contundentes. La actitud, desde esa perspectiva, es
irreprochable. Sin embargo, estos hechos suceden en una atmósfera
determinada que no puede obviar. Preguntaba usted en su última
intervención si existen datos para poder pensar otras cosas. Es indudable
que no, que los datos que existen son los que usted ha avanzado en esta
comparecencia; sin embargo, es verdad también que, haciendo la
historiografía vasca de los últimos quince o veinte años en democracia,
ese análisis a uno le produce más de una desazón, máxime cuando,
avanzando la sociedad vasca en la actualidad, implacablemente, hacia la
exteriorización más contundente del rechazo de la violencia y en defensa
de los derechos humanos, un mazazo sacude nuevamente las conciencias de
los demócratas del país. Son dos ciudadanos vascos los que están muertos
en comisaría el mismo día y de madrugada. Esa es la gravedad de los
hechos, eso es lo que mueve a la reflexión.

Es verdad, y usted lo conoce muy bien (no hace falta dar ninguna
explicación), que son muchos los que piensan que existen MANOS NEGRAS,
pero basta con hacer un análisis semiótico elemental de la historiografía
de los últimos quince años para observar que, tal y como indicaba el
señor Albistur, es precisamente, coincidiendo con el Festival de Cine de
San Sebastián y en los momentos en que los mecanismos sociales se activan
más hacia la pacificación del País Vasco y los que estamos liderando de
alguna manera estos procesos ponemos más carne en el asador y echamos más
leña al fuego, cuando suceden estas cosas. No es que haya más sospechas,
no es que haya más datos, no es que haya más dudas, es que el análisis
semiótico de la historiografía de los últimos años hace ver que se dan
repeticiones en ese sentido. Es decir, como si existieran MANOS NEGRAS
que cíclicamente



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operan para que el camino para la consecución de la paz registre
interesados e incompresibles retrocesos.

Esa es la valoración de este tipo de palabras, señor Ministro, no porque
existan más datos, no porque existan más sospechas. Nosotros estamos con
usted, somos los primeros interesados en que esto se esclarezca y en que
todos estos datos puedan irse reforzando, pero es verdad que en la
sociedad vasca se tiene cierta sensación de que existe algún núcleo en
las Fuerzas de Seguridad del Estado que no acaba de asumir plenamente los
principios básicos del Estado de Derecho y que, precisamente, ciertos
sectores de los cuerpos antiterroristas torpedean eficazmente el proceso
hacia la pacificación cuando se registran avances significativos. Nos
alegramos mucho de su intervención, señor Ministro, porque viene a
desmentir esa impresión, esa sensación que se tiene en la sociedad vasca.

Nos sentimos muy reconfortados de observar que la información de la que
usted dispone, y que ningún otro puede rebatir, sea precisamente en el
sentido de desmentir esta sensación que flota en la sociedad vasca, pero
convendrá conmigo, señor Ministro, que resulta intolerable que, en un
momento en que la sociedad civil había activado precisamente mecanismos
de pacificación, de rechazo de actitudes violentas por la normalización
social en Euskadi, en un momento en que los demócratas y los pacifistas
del país éramos conscientes de que teníamos en las cuerdas a ETA y a su
entorno, se produzcan, precisamente ahora, estos lamentables hechos.

Por ello, con la autoridad moral que creemos tener el Partido
Nacionalista Vasco, derivada de este liderazgo en la sociedad vasca en
esa activación de mecanismos de pacificación, conjuntamente con otros
partidos políticos, con otras fuerzas sociales, es por lo que exigimos al
Gobierno del Estado el esclarecimiento de estos hechos con la mayor
rapidez, rigor y transparencia y la consiguiente depuración de
responsabilidades en el caso de que existieran.

Es la propia sociedad vasca la que exige esta catarsis, precisamente a
fin de rearmarse moralmente para proseguir su activa tarea de
pacificación y normalización social en Euskadi. Si estos sucesos no se
esclarecen, tenemos que ser conscientes de que estamos echando abundantes
jarros de agua fría sobre dichos mecanismos de pacificación. Entiendo,
señor Ministro, que su intervención en el día de hoy ayuda a todo lo
contrario, a poner las cosas y los datos encima de la mesa y a hacer
partícipe a toda la sociedad de las reflexiones, de los datos objetivos
que, con rigor, usted nos ha ofrecido hoy aquí. Precisamente, el
esclarecimiento de los hechos y la exigencia de responsabilidades son las
dos claves de estos lamentables sucesos que, desde posturas democráticas,
reclama la mayoría del pueblo vasco: exigir transparencia y
responsabilidades como mejor prueba de transparencia democrática para
evitar que puedan enarbolar la bandera de los derechos humanos aquellos
que en su praxis política sistemáticamente no se los reconocen a los
demás. Si esto no fuera así, el fundamentalismo radical del MLNV
recibiría un balón de oxígeno en el momento en que más falta les hace.

Además, se produciría un incumplimiento total del punto 6 del Acuerdo de
Ajuria Enea, en el que se pacta por parte de todos los grupos el
esclarecimiento en Derecho de todas las violaciones de los derechos
humanos.

Desde el Grupo Vasco tenemos que lamentar, señor Ministro, algunas
declaraciones de un líder de un Grupo de la oposición que, en este
sentido, no coincide y, de alguna forma, está en desintonía con este
punto sexto del Pacto de Ajuria Enea. Entendemos que declaraciones de ese
estilo desestabilizan y desorientan la actuación que usted, a nuestro
entender, está llevando correctamente porque, en principio, no hay por
qué dudar de que los sucesos hayan sido fortuitos, de que hayan sido como
usted los ha relatado, pero también convendrá conmigo, señor Ministro,
que es imprescindible despejar plenamente las sospechas que
inevitablemente sacuden en el baúl de nuestra memoria histórica.

Siendo abogado del diablo, compartiendo con usted esta tarea de
investigación y de esclarecimiento, quisiera formularle algunas preguntas
porque es verdad que, «a priori», uno se muestra reacio a aceptar, sin
más, que un detenido pueda saltar por la ventana de una comisaría
intentando huir o que una detenida tenga que hablar por teléfono con el
médico. Lo ha esclarecido usted, pero admítame que en principio uno se
muestre reacio a creerlo. Le remito a la memoria histórica y a esa
historiografía. Bullen en la cabeza distinto tipo de preguntas. Es
difícil imaginarse que un miembro declarado de ETA, a quien se acaba de
quitar un pistolón, delante de un comisario sea capaz de escaparse por la
ventana. Admítalo sólo en la labor de esclarecimiento de los hechos, sin
ir más allá, en el cumplimiento de la función de esta Comisión. ¿No
estaba esposado Xabier Galparsoro? ¿Consigue abrir la ventana? ¿Cómo
consigue abrirla? ¿No fue sometida Gurutze Yanci a ningún tipo de
interrogatorio en los dos días que permaneció detenida? Parece que no se
deriva del relato de hechos que usted ha planteado. Le reconozco que he
ido borrando preguntas que tenía y las evito. ¿Existen indicios para
hablar de presunción de pertenencia a ETA en el caso de Yanci?
Creo que estamos asistiendo a tres casos completamente distintos, el de
Galparsoro, el de Yanci y el de Lizarríbar. ¿Es este Galparsoro el que
estuvo detenido en agosto en las dependencias policiales de Llodio, con
el sobrenombre de ANUK? En todo caso, genéricamente, señor Ministro, ¿qué
tienen las dependencias policiales para provocar el infarto mortal de una
persona o el pavor suicida de otra? Quizá, ésa es la pregunta genérica.

Admitirá conmigo que estos hechos son, en todo caso, un fracaso. Por lo
menos, cuando me lo comunicaron el día pasado en la sesión del Pleno del
Parlamento vasco, la primera impresión que tuve fue de fracaso. En primer
lugar, para la policía que, por encima de su misión genérica de prevenir
y reprimir el delito, tiene la obligación esencial e inexcusable de
garantizar la seguridad e integridad de las personas puestas bajo su
guarda y custodia. Admitiendo el supuesto de que se concluya diciendo que
no han existido torturas, eso no equivaldría a eximir de
responsabilidades a los policías a cuyo cargo se



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encontraban los detenidos. La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, en su artículo 5.3 apartado b) asigna a los servidores del
orden público la misión de velar por la vida y la integridad física de
las personas a quienes detuvieren o se encontraren bajo su custodia. Todo
ello admitiendo que los tres casos son completamente distintos, que evito
en mi intervención toda referencia al caso de Lizarríbar y que entiendo
que el de Galparsoro y el de Yanci son pertinentemente distintos. Creemos
que en el caso de Galparsoro se da una grave negligencia policial en la
custodia del detenido, y que desde esta preocupante constatación
sorprende que no se anuncie ningún otro tipo de medida, desde esa
perspectiva, exclusivamente de la negligencia policial.

Quizá en un apartado siguiente los hechos acaecidos deberían servir para
sacar enseñanzas de ellos, intentando ser constructivos, tomando
decisiones que disminuyan en el futuro este tipo de riesgos, para que no
ocurran este tipo de actuaciones y para que los violentos de siempre,
aquellos que utilizan los muertos a su conveniencia y desprecian el
sufrimiento hasta de sus más allegados, no puedan instrumentalizar la
desgracia.

En este sentido quisiera hacer un par de consideraciones. La primera: la
necesidad de profundizar en los métodos profesionales de las Fuerzas de
Seguridad y en la sensibilización de algunos de sus mandos. Los delitos
se esclarecen con investigación, conocimientos en los ámbitos social y
legal en que se desenvuelven los delincuentes y estrecha colaboración de
todos los elementos que componen el sistema penal. Jueces, fiscales y
policías deben trabajar codo a codo pues persiguen los mismos objetivos:
obtener buenas pruebas, informar a los jueces para que puedan valorarlas,
buscar la colaboración de los fiscales y aquilatar al máximo la
intervención policial a desarrollar. Todo ello favorece una adecuada
instrucción y una buena resolución de las causas en los tribunales. Ese
estilo es, además, forzosamente garantista. Entendemos que aplicar estos
principios es clave para el trabajo policial, porque carga de pruebas los
atestados y da solidez a la instrucción judicial, lleva generalmente a
los detenidos a prisión y evita que las actuaciones policiales puedan
aparecer vinculadas a cuestiones ajenas al Derecho y al imperio de la
Ley.

No necesito explicar al señor Ministro qué efectos causan los fallos de
profesionalidad en la actuación policial, ni la imagen que ofrecen en
Euskadi estas Fuerzas si se pueblan las carreteras con indiscriminados
controles o si se fomentan procesos de detención en los que se molesta y
alarma a muchas más personas que las propiamente afectadas por la
intervención policial. Por ello le indicaba que son los tres casos que
hoy estamos analizando sistemáticamente distintos. Pero los datos
disponibles, los que usted mismo ha indicado hoy aquí, apuntan a que la
operación en que resultó detenida Miren Gurutze Yanci encajan en este
estéril proceder. Hoy tenemos a todos los medios de comunicación hablando
de una presunta etarra cuando usted no ha aportado ningún dato en ese
sentido. ¿Es una presunta etarra? La clase política tenemos una seria
responsabilidad en esta serie de consideraciones. No podemos hacer ver
que una persona es lo que no es porque nos interesa.

Está claro que Xabier Galparsoro se declara miembro de ETA, lleva una
pistola y la propia organización así lo ha reconocido. Es un caso
sustancial y pertinentemente distinto. No parece que ése sea el caso de
Miren Gurutze Yanci.

Una segunda consideración. Quiero insistir en que en aquellas zonas en la
que la Ertzaintza se encuentra desplegada, la ejecución de la política de
seguridad corresponde a este Cuerpo, sin perjuicio de la necesaria
coordinación entre todos los que trabajan para combatir el delito. No
entendemos la actuación de determinados mandos de la Policía Nacional, en
el caso de la detención de Xabier Galparsoro, cuya detención se produjo
en Durango, zona en la que la Ertzaintza presta servicio desde hace siete
años. Aquel detenido y la consiguiente investigación debió quedar en
manos de la policía vasca.

Y voy a terminar insistiendo en mi confianza de que estos hechos se van a
esclarecer hasta el final y también en que servirán para aprender y para
mejorar. Los que estamos del lado de la democracia condenamos a los que
torturan y asesinan, sean etarras, policías, militares, médicos, maestros
o viajantes de comercio, porque creemos firmemente que nuestro sistema de
libertades acoge el discurso en favor de cualquier reivindicación y
porque sabemos que los logros que se cimentan sobre el dolor y la sangre
son conquistas, no convicciones y jamás razón, y en democracia se trata
precisamente de convencer, no de conquistar.

Agradecemos al señor Ministro su comparecencia, sus datos, ofrecidos con
rigor, desde la perspectiva de los datos que en la actualidad él posee, y
le anuncio, señor Presidente, que compartimos la iniciativa del señor
Albistur en el sentido de que esta Comisión se constituya en una Comisión
permanente para poder seguir los nuevos datos que por el Ministerio del
Interior o por vía judicial se pudieran tener, para poder seguir,
precisamente, la vía política que se derive de estos hechos.




El señor PRESIDENTE: Al margen de que la Comisión, en todo caso, siempre
se puede reunir a solicitud del Gobierno, de grupos, etcétera, la
solicitud de Comisión, igual a Comisión de seguimiento, debe realizarse
mediante solicitud a la Mesa, como bien sabe S. S.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señoría, en primer
lugar, debo transmitirle, sin ningún género de dudas, algo que, entiendo,
no ha sido una crítica sino más bien lo contrario: la seguridad de que yo
no le voy a defraudar en lo que ha dicho.

Los ciudadanos deben saber que existen motivos para creer en el Estado de
Derecho. Y he dicho y reitero que si algo pusiera en duda eso, yo
asumiría las responsabilidades políticas que se derivasen de ello, y
junto a mí quienes están por debajo de mí.

Pregunta S. S. qué indicios son los que hay. Debo de señalarle que quien
decreta la incomunicación no es la



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policía. Espero no incumplir ninguna diligencia -espero-, pero veo que
preguntando a un detenido que ha ingresado en prisión para que explique
concretamente qué datos facilitó a dichos individuos -habla de Rosario
Picabea, persona, como conocen SS. SS., importante en la estructura de
ETA, cuando lo era-, manifiesta que pasó el nombre de tres personas: de
Gurutze Yanci, de Eguerrategui y de un individuo de Lasarte.

¿Qué es lo que ocurre, señoría? Es detenida, como he dicho antes, a la
hora que he señalado. Es trasladada a Madrid al día siguiente por la
mañana. Es reconocida ese día por la tarde. Y estamos en presencia de
este desenlace faltal por la noche. Es decir, que ocurre prácticamente en
24 horas.

He entendido que le extraña la diligencia, no conocida antes en las
Fuerzas de Seguridad del Estado, de que cuando alguien se pone enfermo,
si hace falta, le ponen al teléfono médico. Pues, es una de las cosas de
las que más satisfecho me siento yo: que eso que a algunos les extraña
pueda ser algo normal. Pero es que esto no lo dice el informe del
Ministro del Interior o de la Guardia Civil, señoría, esto lo dice la
médico forense: y es que la ponen al teléfono y le comunica en qué
circunstancias se encuentra. Por tanto, en ese extremo debiera de
desaparecer cualquier atisbo de duda.

En cualquier caso, quien piense o quien pensara, equivocadamente por
supuesto, que en España no han ocurrido cosas, y cosas muy importantes en
todos los órdenes de la vida, entre otros en las Fuerzas de Seguridad,
que no estaban entonces precisamente para defender los derechos y las
libertades de los ciudadanos sino justamente para lo contrario, hoy
debieran felicitarse porque existe un mandato constitucional de defender
la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Por consiguiente, nos
debiéramos felicitar, más allá de que podamos siempre permanecer
vigilantes para que quien recibe de la sociedad la fuerza, la utilice
correctamente, la utilice con arreglo a las leyes.

¿Existirá alguna vez -y dice S. S. que es un fracaso- la posibilidad de
que podamos reconocer en la sociedad que cuando ocurran estas cosas es un
fracaso de todos? Creo recordar con bastante nitidez una intervención de
un hombre a quien respeto profundamente, cuando decía que hay supuestos
que implican un fracaso de la sociedad. ¿Supone un fracaso de la sociedad
que alguien piense que es posible en una España como la de hoy, en una
Euskadi como la de hoy, defender planteamientos políticos poniendo bombas
a hombres de 78 años, a niños, a mujeres, en cualquier lugar? ¿Es posible
que eso no represente un fracaso de la sociedad? Tengo pocos problemas,
señoría, en aceptarlo; pocos problemas.

Con buen criterio, S. S. me pregunta: ¿La noticia que sale en «Egin», en
agosto, en la que, al parecer, se ha detenido -según señala «Egin»- por
parte de la Ertzaintza a un refugiado, ANUK. Es posible que sea éste. Lo
que ocurre es que no doy en absoluto crédito a algunos comentarios sobre
este hombre, hoy fallecido, porque no me los puedo creer, porque no me
puedo creer que pueda señalar, ni tan siquiera poner en duda el
comportamiento de la Ertzaintza y, por tanto, no me puedo creer que la
Ertzaintza detenga a una persona y que él pueda decir, luego, en un
comentario probablemente sin fundamento, que fue llevado al monte; y como
no lo puedo creer, se lo expongo en los términos que conozco. Creemos que
sí, que el ANUK se corresponde con éste, pero no creemos que fuera
detenido por la Policía Autónoma Vasca, porque, entre otras cosas, si
hubiera sido detenido, estaría registrado, como corresponde pensar en una
policía que cumple con el Estado de Derecho y con las normas.

No estaba esposado, señoría -creo haberlo dicho-, porque si estuviera
esposado, no podría haberse escapado, no podría haber abierto la ventana.

Pero, permítanme añadir algo a lo dicho. Quien conozca la calle, sabe que
es una calle estrecha; sabe que enfrente hay una residencia, creo
recordar -si me acuerdo todavía un poco de Bilbao-, de estudiantes del
Opus. ¿Alguien cree posible que, puestos a tener mala fe, a pensar que se
ha incumplido lo que a mí más me preocupa, que es un trato correcto con
el detenido -y un trato correcto no supone tenerle sin esposas, sobre
todo, cuando tiene un antecedente, aunque probablemente los funcionarios
de Policía no conocían las dificultades de su detención en Durango-,
alguien con sentido puede creer que se pueda producir en esa calle una
actuación incorrecta, como dicen los que defienden permanentemente la
violencia; con una ventana que mide 90 centímetros cuando se abre la
hoja; donde los funcionarios enviados desde Madrid han tratado de
detectar si en las paredes -por eso he dicho anteriormente que el
conjunto de la documentación se la puedo remitir a la Comisión, porque
sería excesivamente exhaustivo, pienso yo, leer a SS. SS. todo el
informe- hay rastros de huellas, pensando en lo peor? ¿Alguien puede
pensar con fundamento que se pueda hacer en esa calle? Tengo serias
dudas, señoría, de que se pueda encontrar a alguien que tenga más interés
en que acabe el terrorismo que aquellos que padecen en mayor grado sus
consecuencias. No alcanzo a entender que de verdad, sea posible
contemplar la realidad social en colectivos tan importantes más allá de
la realidad social de la calle. Probablemente, como me decía el señor
Atutxa no hace mucho tiempo, la composición de nuestras Fuerzas, es
decir, de los funcionarios, se corresponda bastante -posiblemente menos-
con lo que hay en la sociedad. Por tanto, es posible que podamos tener,
sin duda es posible, alguien que no cumpla con integridad su labor.

Nuestra obligación es separar de las Fuerzas de Seguridad a quien tenga
esa actitud. Pero no alcanzo a entender, créame, señoría, alguien con más
interés, con más ilusión, con más fervor en que desaparezca el terrorismo
que aquellos que padecen en primera persona sus consecuencias; no alcanzo
a entenderlo; y además injustamente, porque uno podría entender -podría
entender, entre comillas- que quien quiere atentar contra las Fuerzas de
Seguridad se diera cuenta de que son mandados, entre otros, por mí, y
que, por consiguiente, fuera más selectivo. No, da igual que sea joven,
que sea mayor, pero no cabe la menor duda de que son los que padecen en
mayor grado las consecuencias. Tengo que pensar, por tanto, que,
globalmente, no



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habrá nadie más interesado en acabar con el terrorismo.

Me señala S. S. la profesionalidad. En esto nunca estaré satisfecho;
nunca. Pero un reconocimiento de la sociedad a la capacidad, a la
profesionalidad con que las Fuerzas de Seguridad del Estado se vienen
pronunciando y produciendo en la lucha antiterrorista, me parece que es
justo. Jamás me he puesto una medalla yo en este asunto; jamás. En
operaciones brillantes no me he puesto en ninguna foto, en ninguna; pero
yo me siento legítimamente orgulloso de mandar en unas Fuerzas de
Seguridad del Estado que han demostrado que tienen capacidad profesional,
siempre insuficiente, porque la lucha antiterrorista es una lucha muy
peculiar, muy complicada, sobre todo cuando el terrorismo todavía cuenta
con un cierto respaldo popular, aunque, como bien es sabido -y en eso
estoy de acuerdo con S. S.-, cada vez, evidentemente, menos, por fortuna.

Concluyo como comenzaba. Yo no le defraudaré, señoría. ¿Por qué? Porque
si tuviera que desmentirme de lo fundamental, de lo importante -no de un
minuto más o un minuto menos-, de lo sustantivo de lo que he dicho,
tendría que llegar a la conclusión de que no he sido capaz de encontrar
la verdad, aun en el escaso tiempo de que he dispuesto, o dicho de otra
forma, que me hubieran engañado, y no echaré la responsabilidad a quien
me engaña; consideraré que me he dejado engañar. Por tanto, tenga la
seguridad de que, si llegara ese momento, la situación de la búsqueda de
la paz estará por encima de las personas, desde luego está por encima de
mí.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Ministro.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Camp.




El señor CAMP I BATALLA: Señor Ministro, hemos escuchado con mucha
atención toda la explicación de los hechos que usted ha relatado, que
usted ha calificado de verdad objetiva, y también de su predisposición a
asumir las responsabilidades políticas que le tocasen en el momento de
finalizar esta investigación que, como bien se ha dicho, está todavía
abierta tanto en el ámbito estrictamente administrativo como en el de las
diligencias judiciales pertinentes.

Usted ha dicho que su interés era el de buscar y plantear estos hechos en
base a la transparencia y sinceridad. Ciertamente creemos que éste es el
ánimo que a usted le guía, y por eso consideramos muy acertada su
comparecencia hoy aquí, en esta Comisión, para dar información. Estos
hechos son hechos que usted, señor Ministro, y seguro que todos los
miembros de la Comisión convendrán conmigo en que no han de suceder
nunca, pero que pueden suceder y, cuando suceden, la mejor de las
medicinas es la información, la transparencia y la acción rápida que
devuelva la credibilidad en las propias instituciones. Por consiguiente,
el mecanismo de la Comisión parlamentaria correspondiente, creo que es
uno de los mejores mecanismos a utilizar para incidir en la opinión
pública, como el señor Ministro antes decía, porque la opinión pública
necesita información y esta información contrastada es la que, a través
del control y el seguimiento que puede hacer esta Comisión, puede llegar
a ella.

Creemos sinceramente, señor Ministro, su frase de que pocos lamentan
tanto como usted los hechos que hoy estamos comentando, y ello nos lleva
a hacer unas breves reflexiones. En primer lugar, considerar estos hechos
como una muy mala noticia que representan, sin duda, un paso atrás en la
lucha contra la violencia y el terrorismo. Nuestra convicción es que
estos hechos requieren mucha luz para que no haya sombras, porque en un
Estado de Derecho, en un régimen democrático, usted convendrá conmigo en
que una de las cosas más graves es que haya sospechas sobre la propia
acción de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tenemos también la convicción de que el Estado ha de revestirse no tan
sólo de la autoridad jurídica que le dan las normas, sino también de la
autoridad moral en la aplicación de las mismas, esta autoridad moral que
evite cualquier fuga de credibilidad, en este caso en la lucha contra la
violencia y el terrorismo, lucha que para nosotros siempre ha de estar
enmarcada dentro del estricto respeto de los derechos humanos y, por
consiguiente, dentro del esquema del Estado de Derecho.

Nuestro Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán, siempre ha
coincidido en que en la lucha contra el terrorismo hay dos bandos: los
terroristas y los demás. Pero los demás, en este caso todos nosotros,
hemos de defender los derechos de todos, incluso los derechos de los
terroristas, porque ésta es la base de respeto de los derechos humanos en
la que se basa el sistema democrático que nos hemos impuesto.

Por consiguiente, señor Ministro, señoras y señores Diputados, la
posición de nuestro Grupo Parlamentario es que se haga luz sobre los
hechos de forma rápida; que se exijan responsabilidades; y que, en
definitiva, dentro de un tiempo podamos ver este episodio como un
episodio que ha servido para reforzar las instituciones democráticas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Muchas gracias,
señorías. Algunas de las cosas por usted manifestadas las he contestado
y, además, lo he hecho asumiendo en gran medida el contenido de todas sus
exposiciones.

Si me permite, quisiera hacer un comentario a algo que ha dicho. Dice que
pocas cosas más graves pueden ocurrir que el que haya dudas respecto del
comportamiento, por ejemplo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Yo estoy con usted. Pocas cosas más graves pueden ocurrir que el
que haya dudas sobre ese comportamiento. Pero a mí se me ocurre que hay
otra más grave que ésa, y es en la que incurre aquel que genera dudas,
desde la más aparente pureza democrática, basado sólo en infundios, en
rumores, en prevenciones. Me viene a la memoria, señoría -antes recordaba
qué es lo que ocurrió



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con la Foz de Lumbier-, que una noche, cuando ocurrieron aquellos
acontecimientos, viendo la televisión oí a un sesudo comentarista unas
expresiones del siguiente tenor. No son literales, pero me esforzaré en
que el contenido y la forma se aproximen bastante. Compara lo ocurrido
con lo que ocurrió en Alemania con la banda Baader Meinhoff señalando lo
bien que suicidaban los policías alemanes, y concluye este sesudo
comentarista: «La policía española no sabe suicidar.»
Ese todavía no ha pedido disculpas. Todavía no ha dicho: Solicito que no
se tenga en cuenta lo que dije. Me parece gravísimo, y esto tiene que ver
-créame llevo ya en política mucho tiempo como para ocultar muchas de las
cosas que pienso- con esa facultad propia de los prepotentes de estar
dispuesto a exigir de los demás lo que no están dispuestos a dar ellos
mismos. Eso es más grave que lo otro. Lo otro es gravísimo, pero eso es
más grave, porque eso es generar artificialmente una duda en la que no se
aportan elementos para poder decir: Esto no es una impresión. En las
cosas serias no se puede hablar sobre impresiones, incluso sobre dudas
razonables. Oiga, es que esto es muy serio. Aquí no se pueden emitir
determinados juicios.

He señalado en el informe que les he trasladado 22 cardenales; no, más
cardenales. El problema es que no se han hecho en comisaría; el problema
-y por eso la necesidad de informar- es que cuando llega detenida ya los
tenía; el problema es que por sus condiciones físicas, que ella misma
manifiesta, casi se los hace sin traumatismo alguno; el problema es que
hay expertos en medicina, consultados durante estas pocas horas, que han
señalado que cuando se producen esos cuadros a veces salen o se rompen
venillas -no sé si ésa es la expresión técnica- sin que ocurra nada. El
problema no es contribuir a generar un clima de sospecha, porque
generándolo no se beneficia, en mi opinión, más que a los violentos. Si
quienes tenemos la responsabilidad no somos claros, o SS. SS. detectan
que estamos tratando de ocultar algo, nosotros estamos haciendo daño a la
lucha antiterrorista y sobramos. Pero aquí no hay ninguna posibilidad de
ocultar nada, ninguna, porque aquí hay dos autopsias pendientes de
resolución; aquí hay una investigación judicial que se tiene que
producir. Nos pondremos a su disposición, y si existiera algún indicio de
que no nos ponemos a su disposición, también vale lo que he dicho al
principio.

Así están las cosas. Ahora bien, generar dudas artificiales para que de
ellas saque provecho el señor Idígoras y nos haga un discurso a todo el
país y a los vascos donde él es, pretendidamente, el demócrata cuando va
a vitorear a quien tiene un montón de muertos sobre sus espaldas, no es
posible aceptarlo. Esta sociedad no se puede arrugar.

Eso es lo que me sugería su intervención, señoría, aunque la verdad es
que la última parte tenía poco que ver, casi ha sido un desahogo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Romero tiene la palabra.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, cuando
el Presidente de esta Comisión de Interior y Justicia del Congreso me
telefoneó a mi domicilio para comunicarme el adelanto de su comparecencia
y su voluntad de comparecer rápidamente, yo agradecí y apoyé esa
iniciativa, que es importante; es más, nuestro Grupo Parlamentario, que
pensaba solicitar su comparecencia, no lo ha hecho mediante el escrito
correspondiente, y a veces, en otras comparecencias, no sólo ocurre que
el Gobierno pide a petición propia comparecer, sino que los grupos,
utilizando el derecho que les asiste, solicitan la misma. Por tanto, vaya
por delante nuestro reconocimiento a esta iniciativa rápida de comparecer
en la Comisión, porque hoy, y no es ninguna novedad, se somete a examen
al Estado de Derecho, pero los exámenes son permanentes en la democracia.

Aquí, en la sede donde se residencia la soberanía popular, comparece
usted como Ministro del Interior de un Gobierno en minoría parlamentaria,
y hay que aprobar este examen con la exposición de la verdad sobre los
hechos. Hay que arrojar toda la luz para esclarecer las circunstancias
que han rodeado la muerte de Miren Gurutze Yanci y de Javier Galparsoro,
así como sobre si hubo malos tratos a otros detenidos, que no a éstos,
como se ha puesto de manifiesto en su intervención con todo detalle.

España es un país, señor Ministro, firmante de la Convención contra la
Tortura y los Malos Tratos, de Nueva York. La estatura moral, ética y
jurídica del Estado de Derecho deben quedar salvaguardadas en todo
momento. La custodia de una persona detenida por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad obliga a éstas y a sus responsables a garantizar su integridad
física y sus derechos con la asistencia necesaria. El detenido pierde su
libertad, pero no los demás derechos que le asisten como ciudadano:
alimentación, asistencia médica, jurídica cuando lo establecen las normas
procesales, y vigilancia permanente para impedir la fuga, las
autolesiones o el suicidio. Se le desprovee de cordones de zapatos si los
porta, del cinturón, de cadenas ornamentales, de anillos, de cualquier
instrumento con el que pueda autolesionarse. Hay una gran responsabilidad
en este campo en la custodia de los detenidos, se les acuse de lo que se
les acuse.

Javier Galparsoro, muerto como consecuencia de las heridas producidas por
la caída del segundo piso de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao.

El detenido no estaba esposado. Usted ha explicado con todo detalle lo
que portaba encima y cómo se comportó, sobre todo cuando los grilletes
los tenía muy apretados y forcejeó con los que estaban encargados de
custodiarle. Al parecer tenía síntomas de haber ingerido alcohol, y se le
sirve una lata de cerveza. Sólo estaba acompañado por un funcionario
cuando ocurrió el hecho. ¿Por qué se le deja solo con un funcionario
después de esta actitud?
Usted ha dicho, y queda en el «Diario de Sesiones» -yo he tomado nota, no
sé si correctamente-, que no niega que haya podido haber negligencia en
esa custodia y en ese momento en el que queda solo el detenido Javier
Galparsoro con un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, momento que
aprovecha para arrojarse por la



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ventana, sin que haya forcejeo alguno, y caer junto a la pared del
edificio de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Otros portavoces
del Grupo Mixto y del PNV han planteado que se da una negligencia en la
custodia del detenido, o una imprudencia, términos que se han empleado, y
no el de malos tratos, por nuestra parte, durante la detención del
ciudadano Javier Galparsoro. Es necesario que se explique este tema, que
se abra la investigación correspondiente, porque aquí se produce, con los
datos que usted aporta hoy, con los datos que tenía nuestro Grupo
Parlamentario, una presunta negligencia en la custodia de un detenido al
confirmarse todos estos datos en esta comparecencia. Es necesario que se
tome nota de que el detenido huye, y estoy de acuerdo con usted, de la
primera planta o de la segunda. Un detenido que huye es un fracaso de la
custodia, con resultado de muerte para el que huye o con resultado, si se
fuga, de peligro para la sociedad civil, por su actitud terrorista y
violenta. En este caso, queda claro que es necesario que esa
investigación determine que se le sirve una lata de cerveza en las
condiciones en que se encontraba, que no se percatan de que ha forcejeado
en más de una ocasión y que, al no llevar esposas, pudiera haberse
arrojado por una ventana pequeña, caer en la acera y, después de
trasladarlo al hospital, morir de las lesiones que se produce.

Usted ha relatado cómo se produjo el fallecimiento de la detenida Miren
Gurutze Yanci. Nosotros tenemos unos datos que coinciden con los que
usted ha presentado y que ponen de manifiesto que tras la detención por
parte de la Guardia Civil de Ramón Urdangarín, en su declaración ante el
abogado, denunció a Miren Gurutze Yanci, nacida en Urnieta (Guipúzcoa) el
5 de mayo de 1962, como posible colaboradora de la banda terrorista ETA.

Miren Gurutze Yanci fue detenida a las 2,05 horas del día 23 de
septiembre del presente año en la localidad guipuzcoana de Urnieta para
esclarecer sus actividades a favor de la banda ETA. A las 2,30 horas del
día 23 ingresa en las dependencias de la 513 Comandancia de la Guardia
Civil de San Sebastián. A las 8,15 horas del día 23 es conducida hacia la
112 Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. A las 14,30 horas del día
23 ingresa en las dependencias de la 112 Comandancia, ubicada en la
localidad de Tres Cantos (Madrid). A las 16,10 horas del día 23 se recibe
la confirmación de la incomunicación por el magistrado juez en funciones
de la Audiencia Nacional. A las 20,15 horas del día 23 fue reconocida por
el médico forense del juzgado en funciones de guardia de la Audiencia
Nacional, el cual emite un parte médico, y a las 3,15 horas del día 24 se
escucha una llamada de su calabozo, el agente acude a atender esa llamada
y le manifiesta padecer un cierto dolor en el esternón. Se le pone a la
detenida en contacto telefónico con el forense en funciones de guardia de
la Audiencia Nacional y una vez terminada la conversación con la
detenida, dicho forense ordena al instructor que se le administre una
pastilla de Mucorex, y, en su caso, que se le comunique si empeora, y a
las 4,20 horas, al observar que no parece encontrarse bien y que sigue
empeorando, se hacen esas gestiones que usted ha manifestado de la
Guardia Civil, que reconocemos que se explican con detalle. Sin embargo,
aquí hay una presunta imprudencia médica en un hecho evidente, porque un
infarto no se trata con una pastilla de Mucorex, señor Ministro. No se le
detecta en el reconocimiento anterior, y por teléfono no se puede hacer
un diagnóstico de una persona con un infarto. Se debió trasladar a Miren
Gurutze a un hospital. Hay unas horas muy importantes de su empeoramiento
y de su sufrimiento con el infarto, y las dependencias de las fuerzas de
seguridad no son el lugar para atender a una persona grave con un proceso
de infarto, porque no reúnen condiciones para ello, y mucho menos que una
persona muera en ellas. Por eso, señor Ministro, es muy importante que
este tema se plantee siempre en los términos precisos: presunta
negligencia en la custodia en el caso de Bilbao e imprudencia médica, con
todas las gestiones que la Guardia Civil hace, recetando por teléfono una
pastilla para un proceso de infarto, como parece ser que demuestran los
primeros datos de la autopsia que se han puesto de manifiesto.

Señor Ministro, ¿por qué se traslada a varios detenidos a Tres Cantos
después de haber sido interrogados en Intxaurrondo o en otros lugares de
Euskadi? ¿Se hacía necesario un interrogatorio complementario? Es una
pregunta que nos interesa que se responda.

Hay una detenida, María José Lizarribar, que presenta hematomas en varias
partes de su cuerpo y ella, como otros detenidos, ha denunciado ante el
juez que ha sufrido malos tratos y ha hablado de las bolsas de plástico,
de la práctica conocida como LA BAÑERA. En la estrategia de los miembros
de ETA y de su entorno está la denuncia permanente de los malos tratos.

Nosotros conocemos este hecho, pero la obligación del Estado, de sus
poderes constitucionales, en este caso y en todos, del Ejecutivo o del
Poder Judicial, es investigar a fondo para despejar cualquier duda sobre
este hecho, porque usted ha hablado de sus cinco años al frente del
Ministerio del Interior, pero con la Constitución española aprobada,
antes de su mandato, sí hubo en España sentencias en firme por el
Tribunal Supremo por prácticas de este tipo, y usted lo sabe, como los
demás. Por eso es necesario eliminar las dudas de que en la España que
camina hacia el año 2000 se practiquen los malos tratos a los detenidos.

Estos hechos se producen en un momento donde la movilización positiva de
la gente, de la sociedad civil vasca y del conjunto del Estado, ha
colocado a los partidarios de la violencia terrorista en un aislamiento
histórico, señor Ministro. Nosotros somos firmantes del pacto
antiterrorista y aceptamos todos los términos que se establecen también
en el Pacto de Ajuria Enea, lo mismo que en el de Madrid, y estamos
comprometidos en la lucha contra el terrorismo asesino y en defensa del
Estado democrático. Hoy pedimos que se tomen medidas que fortalezcan el
Estado de Derecho como una necesidad ética, moral, política, jurídica,
que además nos haga ganar posiciones sin retroceder en el aislamiento de
los terroristas. Es necesario que se tomen medidas, los expedientes
abiertos que usted ha comunicado aquí, la suspensión de sus funciones,
que se han comentado en algún caso, o el



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apartamiento en los interrogatorios. No podemos refugiarnos en el Poder
Legislativo, inhibiéndonos de las responsabilidades del Poder Ejecutivo y
del control parlamentario. Las instancias judiciales hablarán y lo harán
cuando les corresponda, pero el Gobierno, el Ministerio que usted
encabeza en España y el Parlamento sí deben pedir unas medidas
administrativas del Ejecutivo, que usted anuncia y de las que nosotros
vamos a hacer un seguimiento exhaustivo. Que haya médico de la Asociación
contra la Tortura o propuesto por los familiares en la autopsia de los
cadáveres y que jurídicamente se actúe en los tribunales son hechos de
normalidad democrática, pero todo ello no exime de la responsabilidad y
de la acción de Gobierno.

El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil están sufriendo los
zarpazos del terrorismo. Muchos de sus miembros han dado su vida por
garantizar, como indica el artículo 104 de la Constitución, el disfrute
de las libertades democráticas para todos los ciudadanos y la seguridad
ciudadana, y así figura en el texto constitucional. Nuestro Grupo
Parlamentario ha sido siempre solidario, y saludamos desde Izquierda
Unida la rapidez con que se ha producido también su comparecencia en este
caso. No hay nada que negociar con los terroristas. La unidad de las
fuerzas democráticas, el aislamiento de los violentos en la sociedad es
la tarea de hoy. Por eso no se pueden dar balones de oxígeno, ni a ETA ni
a su entorno, por eso es necesario explicar con claridad todo lo sucedido
y exigir responsabilidades; que las investigaciones continúen, que se
aclaren todas las irresponsabilidades en torno a la negligencia o en
torno a la imprudencia, una en el campo del Ministerio del Interior y
otra en el campo del funcionamiento de la justicia y de todos sus
apartados incluyendo la medicina forense y su práctica. No es éste un
debate con intereses electorales, de desgaste del Gobierno, con estos
fines. Por el contrario, es un debate en torno a los cimientos mismos del
Estado de Derecho. No apoyamos en principio la propuesta del portavoz del
Grupo Mixto y del Grupo Vasco (PNV) de crear una comisión parlamentaria
en esta Comisión, porque es esta Comisión en pleno, la Comisión de
Justicia e Interior, la que, a nuestro juicio, actuando hoy y pidiendo
las comparecencias oportunas, tiene que hacer un rápido y exhaustivo
control permanente, porque ése es nuestro compromiso y nuestro deber como
parlamentarios.

Este momento es delicado. Hay sectores -yo no me refería a la MANO NEGRA,
a la que han aludido otros portavoces, objetivamente, como realidad
política, con algunas expresiones de algún tipo de comunicación
organizativa entre ellos, que quieren alimentar la espiral. No es extraño
que esto suceda, ocurre en otros lugares con fenómenos de este tipo. Es
necesario situar con rigor la estrategia del Estado de Derecho en la
lucha contra los violentos y no alimentar de ninguna manera esa espiral
como hace gente de distintos sectores interesados en ello, tal y como se
ha referido a ello el portavoz del Grupo Vasco (PNV). Así es que señor
Ministro del Interior, señorías, se debe estudiar, cuando ocurren casos
como éstos, la actividad de los médicos forenses, su presencia y
disponibilidad. No es de recibo atender telefónicamente a un detenido, en
opinión de Izquierda Unida. La presencia y las medidas técnicas, la
profesionalidad para la custodia de los detenidos es siempre una
asignatura pendiente y es necesario reforzarla. Es una necesidad la
obtención de información por los medios que establecen las normas
jurídicas de nuestro país y de los foros internacionales. Por tanto, no
es gratuita la nota de destacadas personalidades de la Iglesia vasca. No
es gratuita la advertencia desde la prensa escrita. No se debe echar en
saco roto lo que significa una vigilancia, porque no se puede bajar la
guardia, porque se fortalece al Estado, siempre que éste sea transparente
y cristalino, en situaciones como ésta.

Muchas gracias por la atención prestada.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro del Interior tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor Romero, aunque va
a parecer una gracia, créame que no le doy ese contenido. La verdad es
que lo que he estado padeciendo en mayoría, y ahora que estamos en
minoría, por primera vez, estoy de acuerdo con usted en un porcentaje
importantísimo de lo que ha dicho. Me he perdido, por estar en mayoría
probablemente, esa satisfacción en muchas ocasiones.

Pocas cosas tengo que añadir a lo que ha dicho, porque ya le digo que
estoy muy de acuerdo en un alto porcentaje. Si cabe, contestarle a una
pregunta. ¿Se hacía necesaria la presencia? Está a disposición del
juzgado que interviene en esas diligencias. Es la Audiencia Nacional,
está en Madrid. Está decretada la incomunicación. Lo normal, por tanto,
es aproximarla en las diligencias a donde está el juez que tiene que
intervenir. Han sido puestos en libertad en Madrid, en muchas ocasiones.

¿Por qué? Porque no había elementos suficientes, no ahora, en muchas
otras ocasiones para encausarles y han sido puestos en libertad.

Usted ha hecho una cronología de los hechos que creo que coincide -no sé
si al cien por cien, pero prácticamente al cien por cien- con lo que yo
he señalado a la Comisión, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que
S. S. tiene buena información. Puede creerme que en este caso no me
preocupa o me preocupa mucho menos que en cualquier otra circunstancia.

La verdad, Señoría, es que yo, no sé por qué, por temperamento, a veces,
me meto donde no me llaman, porque ¿qué motivo tengo yo, más allá
incluso, por si tuviera pocos problemas, de manifestar en la Comisión
cuál es la verdad de la que yo dispongo respecto de aquellos funcionarios
sobre los que tengo competencias, para, además, hacer un juicio sobre el
comportamiento profesional de alguien sobre el que no tengo competencias?
Sin embargo, me he sentido en la obligación ética de hacerlo porque lo
creo profundamente, porque creo que a veces, si no se es cuidadoso,
podemos poner a las personas en presencia de bretes de los que no se
recuperan nunca; bretes en el sentido de poner en tela de juicio su
capacidad profesional -no estoy en absoluto haciendo una crítica, créame-



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cuando creo que hay peritos que lo podrán decir. Yo he dado mi impresión,
porque estoy de acuerdo con usted en que un detenido tiene que tener los
mismos derechos que el resto de los ciudadanos, los mismos, incluso
aquellos que se derivan de la atención médica; de ésos y de todos. Ahora,
es discutible que tenga más que el conjunto de los ciudadanos. Eso es
discutible. Que tenga más derechos que el resto de los ciudadanos, eso es
discutible. Claro, ¿cuántos ciudadanos en este país, pueden considerarse
afortunados ante el hecho de que les reconozca un médico -que empieza a
la hora que S. S. dice, pero la auscultación dura más tiempo, termina
pasadas las nueve de la noche, porque el forense no solamente hace una
revisión a esta detenida sino a más detenidos; otra cosa es que haya
fallado, que eso lo dirá, supongo, la autopsia-, al que llaman por
teléfono a las tres de la mañana y el médico se pone, el que la ha
atendido a las nueve, y le dice: haz esto, y si no que me llamen
urgentemente, que voy? Yo creo que el común denominador de los ciudadanos
no se sentirían insatisfechos con ese derecho. Señoría, créame, no
pretendo ni tan siquiera prejuzgar; eso es lo que he querido decir. Por
eso he creído conveniente señalar que, en mi opinión -y he hecho algunas
consultas, más allá de lo que digan quienes tienen más conocimiento que
yo para poderlo decir-, detecto que no hay un comportamiento sobre el que
tenga que bascular la responsabilidad de un hecho tan lamentable como el
que estamos analizando.

Fíjese si estoy de acuerdo con usted, Señoría, acerca de que la
democracia es el examen permanente, que yo no solamente me he examinado.

No sé la nota que he sacado, no sé si he sacado un aprobado, un notable o
un suspenso. En cualquier caso y antes de saber la nota que sacaba, he
quedado para septiembre voluntariamente, porque he dicho: ésta es mi
verdad, la de hoy. Si esto cambia, aquí estaré para asumir las
responsabilidades políticas que SS. SS. se dignen demandarme. O sea que,
voluntariamente, sin saber la nota, me he ido para septiembre, es decir,
para la semana que viene, para mañana o para el mes que viene.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Alvarez-Cascos.




El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, quiero agradecerle también la diligencia con la que ha
solicitado esta comparecencia que, aunque no es la primera vez que
insisto en ello, no deja de tener importancia, creo que debería
convertirse en pauta y norma de conducta del Gobierno, no digo ante
situaciones como ésta, que ¡ojalá! no se repitan, sino ante cualquier
situación que por razones de interés...




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Alvarez-Cascos, me están indicando
algunos Diputados que le escuchan con dificultad. Quizás acercando un
poco más el micrófono o hablando un poco más also se oiga mejor.




El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Decía, que al tiempo que agradezco al
Ministro la diligencia con la que ha solicitado su comparecencia, me
permitiría insistir en que no porque se puedan repetir, que no es
deseable, acontecimientos como éstos, sino cada vez que se susciten
asuntos de interés general, exista el mismo nivel de diligencia en la
comparecencia del Gobierno y del Ministro del Interior ante esta
Comisión.

Quiero agradecerle también la precisión de los datos que ha facilitado y
añadir que mi Grupo Parlamentario no tiene otros distintos que puedan
poner en tela de juicio los que ha aportado el Gobierno y los que ha
aportado el Ministro; más todavía, que no he escuchado en esta
comparecencia motivos de inquietud o de reticencia en las intervenciones
de otros grupos hacia la objetividad o la precisión de los datos que ha
facilitado el Ministro del Interior.

Sin embargo, creo que éste no es el tema de esta comparecencia. El tema
de esta comparecencia es que en estos momentos la sociedad española y
creo que los que estamos aquí formando parte de la misma estamos sumidos,
una vez más, en una paradoja democrática y es que estos acontecimientos
crean más perjuicio en la estrategia de los demócratas que luchan por
ordenar la convivencia en todo el país, y particularmente en el País
Vasco, y favorecen objetivamente la estrategia de los violentos, a pesar
de que las víctimas son compañeros de estos grupos fanáticos que siembran
el terror. Y es la sensibilidad de la sociedad democrática la que está
afectada en estos momentos. A mí me preocupa, señor Ministro, que esta
comparecencia, sus palabras y nuestras intervenciones, en lugar de
contribuir a fortalecer la convicción democrática de quienes creen que
sus instituciones democráticas están defendiendo el Estado de Derecho y
los derechos humanos, pudieran contribuir después de una intervención
política en el foro más importante, a sembrar alguna duda, afectando a
esa sensibilidad democrática y perjudicando de alguna manera
objetivamente esa estrategia de los demócratas para tratar de restablecer
de manera definitiva la paz y la convivencia en el País Vasco y en toda
España. ¿Dónde están las raíces de alguna de las causas que pueden herir
estas sensibilidades y que de alguna manera son rectificables o son
superables con la conducta de las personas y de los grupos que estamos
aquí representados, comenzando por el del Gobierno? Creo que ésta es la
clave de esta comparecencia y de este tipo de intervenciones.

Señor Ministro, yo no me resisto a recordar en esta Cámara que los grupos
políticos y la sociedad democrática, a través de la institución
parlamentaria, han ido superando progresivamente las causas de estas
situaciones, y quizás, en las causas, en los antecedentes de estas
situaciones, haya que reconocer algunas de las incertidumbres o algunas
de las debilidades que hoy tiene nuestra sociedad democrática. Señor
Ministro, mi Grupo Parlamentario, como oposición, está en condiciones
desde hace mucho tiempo -y de reiterar ahora- de garantizar que nunca se
repetirán manifestaciones como, por ejemplo, las que yo ahora, muy
sintéticamente, le voy a recordar, que se han pronunciado en esta Cámara,
que las ha pronunciado el hoy portavoz del Grupo Socialista, señor
Solchaga,



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ante acontecimientos que han sido recordados hace unos minutos, como el
«caso Arregui». Decía entonces literalmente el señor Solchaga: Pero
también debo decir que no va a refrenar mi lengua el miedo al dramatismo,
el miedo a la tensión, porque esa tensión y ese drama que vive hoy esta
Cámara y que se extiende a todo el país no es cosa de mi Partido, no es
cosa de mi Grupo Parlamentario, no es cosa de los ciudadanos. Antes al
contrario, ante él nos sentimos sujetos pasivos y sufrientes; es cosa de
quien ha tenido la responsabilidad en el lado del poder y es cosa de
quienes en otro orden de factores hacen terrorismo y cometen acciones de
violencia contra el Estado.

Señor Ministro, estoy en condiciones de asegurarle al Gobierno y de
reiterar a la Cámara que nosotros jamás nos sentiremos en este tema una
oposición pasiva; jamás nos sentiremos fuera del problema, al que usted
hacía referencia, de que éste no es sólo un problema del Gobierno; es
problema de todos nosotros y que todos nosotros tenemos algún tipo de
responsabilidad en estos acontecimientos. Y justamente porque la
aceptamos colectivamente, tal vez estemos en el camino de fortalecer
democráticamente a nuestra sociedad para evitar esas incertidumbres que
nos colocan en desventaja con relación a los violentos. Jamás
equipararemos al poder legítimo con la conducta de los terroristas. Y
también, señor Ministro, porque hay que superar otras situaciones, por
ejemplo, la de establecer comparaciones entre policías buenas y policías
malas, según la responsabilidad política de quienes dirigen los distintos
cuerpos policiales. Es decir, para nosotros existe aquí en el Congreso de
los Diputados y en el País Vasco, como han demostrado nuestros compañeros
en relación con la responsabilidad de la Ertzaintza, exactamente el mismo
grado de confianza. Y por eso, porque no establecemos diferencias según
la responsabilidad política o las circunstancias personales de los
sistemas de selección de los cuerpos policiales, cuando hacemos esos
análisis semióticos no encontramos esas MANOS NEGRAS, porque si las
hubiera, este verano ha debido haber otra MANO NEGRA en un cuartel de la
Ertzaintza. Puestos a ser objetivos, habría que considerar que las MANOS
NEGRAS no son sólo las que pueden actuar en los cuarteles de la Guardia
Civil o del Cuerpo Nacional de Policía; las MANOS NEGRAS, en todo caso,
objetivamente, estarían en todas partes. Y no aceptamos esas
intervenciones e interpretaciones exhaustivas, especialmente cuando no
reconocen el derecho a la generalización. Creo que la acumulación de los
acontecimientos y de los datos que embargan nuestra preocupación es una
pésima noticia, señor Ministro, y es una pésima noticia, además, que se
haya producido en este período de tiempo y en este momento, pero creo que
atribuirlo a algo más que a una coincidencia fatal, a mí, en este
momento, me parece que tampoco sirve para clarificar ni ayuda a resolver
lo que tiene que ser el objetivo de todos nosotros, que es clarificar
definitivamente cualquier atisbo de responsabilidad que pudiera haber
existido en el comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado afectados.

En este sentido quiero decirle, señor Ministro, que algunas de las cosas
que en otros grupos parlamentarios han sido motivo de pregunta desde la
preocupación legítima, desde mi Grupo político también podrán suscitar
argumentos en relación con la corrección con la que se han desarrollado
algunas conductas y, sin embargo, con relación a otras responsabilidades
que no se han mencionado. Yo creo que para quien tenga, y todos la
tenemos, la imagen de las películas sobre los interrogatorios, el saber
que se hace un interrogatorio invitando a una lata de cerveza, en un
local abierto, y no en una mazmorra, sin luces presionantes, no parece
que signifique que el Estado de Derecho en España está retrocediendo. En
cambio, habría que preguntarse por qué eso que se hace así, y que algunos
pensamos que se hace así porque conviene que se haga así para obtener la
mejor información sin lesionar ningún derecho, se hace en un local, esté
en la planta que esté, donde se pueda abrir una ventana con esa
facilidad. Yo creo, señor Ministro, que ésa es la pregunta que hay que
hacerse, si no hay que plantearse en estos momentos, sobre las
infraestructuras de las comisarías que dependen del Ministerio del
Interior, locales en los que puedan hacerse las cosas así, incluso sin
esposas, señor Ministro, sin que haya ningún riesgo de que alguien se
pueda descolgar. Por cierto, partiendo de los datos que el señor Ministro
ha dado, me gustaría que interpretara si esa persona se ha descolgado o
ha saltado, porque si se ha producido y está probado en los datos -que
mucho deseamos que la Comisión nos haga llegar rápidamente-, nos
agradaría saber si la caída ha sido porque el presunto terrorista se
descolgaba o porque saltaba por su propio impulso o por cualquier otra
razón. Eso confirmaría -creo- la versión del propio Ministro en relación
con la voluntariedad del acto que al final ha tenido trágicas
consecuencias para la persona que ha intentado la huida.

En todo caso, debe quedar claro también, señor Ministro, que todos
defendemos por igual los derechos humanos de todos, por igual, sea cual
sea la filiación de las personas afectadas y aunque esa filiación los
coloque en la órbita de los grupos terroristas. Además, el problema es no
que haya que hacer un esfuerzo de protección especial o de garantías
especiales de los derechos humanos de los terroristas, sino que en torno
a la interpretación que se hace de las garantías que se ofrecen yo creo
que es necesario hacer un esfuerzo especial para contrarrestar la
propaganda de aquellos a los que no les interesan ni los derechos humanos
de los demás ni los propios. En relación con el problema de los derechos
humanos, esa preocupación creo que no nos autoriza a extenderla hasta la
confusión entre lo que es el uso legítimo de la violencia -a veces
incluso para producir una detención, uso legítimo en defensa de la paz y
de la convivencia que todos hemos confiado a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado- y el recurso a la violencia que ejercen para
quebrar esa paz los terroristas. En ese sentido, yo creo que es necesario
que no extendamos ingenuamente el concepto de los derechos humanos para
conceder esa equiparación en el uso legítimo o ilegítimo de la violencia;
como tampoco la consideración de los derechos humanos, señor Ministro,
ampara a nadie para conceder más



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credibilidad que a quienes respetan, defienden y se comprometen con el
Estado de Derecho, concediéndosela a aquellos que recurren a todo tipo de
propaganda, y todos sabemos que el terrorismo se basa justamente en la
propaganda para hacer llegar a la sociedad sus macabros mensajes y poder
así ejercer su influencia, utilizándola además incluso para negar
cínicamente esa macabra actividad basada en asesinatos, en secuestros y
en chantajes. Estos acontecimientos, señor Ministro, no pueden hacer
olvidar a nadie, no pueden hacer olvidar a la sociedad española que el
Estado de Derecho y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están
tratando de que en España, en el País Vasco, en todas las regiones donde
se ha extendido la zarpa del terrorismo, acaben los asesinatos de las
bandas terroristas, los secuestros y los chantajes. La preocupación por
los derechos humanos, señor Ministro, no creo -y mi Grupo está persuadido
de ello- que exija conceder la misma credibilidad a las palabras y a los
testimonios que aporta en ese caso el señor Ministro como legítimo
representante de las instituciones que a las consignas de quienes carecen
de escrúpulos, de quienes no respetan la verdad y de quienes incluso en
estos momentos demostradamente desprecian la vida y la memoria de quienes
son sus compañeros de fanatismo criminal.

Señor Ministro, es verdad que el Gobierno tiene el deber de garantizar
los derechos de todos y de modo muy especial de los detenidos que la
sociedad pone en sus manos, custodiados por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, pero es también verdad -como decía al principio-
que sólo con datos y pruebas se pueden poner en tela de juicio las
versiones que los legítimos representantes del Estado de Derecho están
suministrando. En estos momentos, la única versión amparada en datos -y
luego los órganos jurisdiccionales dirán lo que proceda- pone de
manifiesto que no es posible hablar ni de exceso de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad ni mucho menos de torturas y, desde luego, yo me niego a
aceptar la equiparación, que cada vez el uso legítimo de la violencia por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con la custodia
de un detenido pueda ser sistemáticamente interpretado como una actividad
delictiva o como una actividad tipificada como tortura. Es evidente que
se han producido hechos lamentables que pueden ser consecuencia de fallos
evitables y que S. S. tiene el deber de continuar esclareciendo para que
todos en esta Cámara, en esta Comisión, para que a través de esta Cámara
la sociedad española pueda conocer en el plano político -los órganos
jurisdiccionales dirán si hay responsabilidades de otro orden- esas
responsabilidades políticas de nuestras autoridades y de nuestro
Gobierno.

Es evidente que es necesario profundizar sobre lo que ha ocurrido con el
tratamiento médico, pero al profundizar también hay que pensar que esos
problemas que se derivan de la consultas telefónicas no son problemas que
hoy puede padecer o sufrir exclusivamente una persona detenida en la
cárcel. Es que también este tipo de problemas lo padecen hoy muchos
ciudadanos sin que puedan invocar ninguna conducta penalmente reprochable
ni políticamente censurable por parte de las autoridades sanitarias.

Habría que plantearse los riesgos de esos diagnósticos telefónicos o las
insuficiencias de las infraestucturas de nuestras comisarías para hacer
interrogatorios, sin necesidad de utilizar procedimientos en los que la
violencia física tenga un papel preponderante. Y porque todo esto es así
y porque creo que estas opiniones son mayoritariamente compartidas por la
sociedad española y por la sociedad vasca, señor Ministro, tiene usted el
deber de ser todo lo exigente que ha dicho y más todavía si cabe. Al
mismo tiempo, yo le pido no que se constituya esta Comisión como ningún
órgano de control parlamentario, porque no sería necesario; lo que sí le
pido es que si usted al mismo tiempo que es exigente con su propia
responsabilidad es también exhaustivo y diligente en la información que
suministra a la sociedad a través de estos grupos parlamentarios, a
través de los medios de comunicación, creo que la sociedad española podrá
tener la seguridad de que a pesar de los lamentables acontecimientos que
se han acumulado en las últimas fechas, no está en tela de juicio la
estrategia, ni lo objetivos, ni las seguridades de que la sociedad
española y la sociedad vasca avanzan a pasos agigantados en el buen
camino para acabar con la violencia terrorista.




El señor PRESIDENTE: Lógicamente la Presidencia acepta el ofrecimiento
del señor Ministro, de ampliación de datos de tipo documental
fotográfico, etcétera, y quedarán depositados en la Comisión para que
cada una de SS. SS. puedan ampliar su nivel de información.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor Presidente, tengo
que comenzar agradeciendo la intervención del señor Alvarez-Cascos y
contestarle a algunas de las cosas concretas que me ha preguntado.

¿Tenemos infraestuctura, señoría, para que eso se produzca en las
condiciones que ha planteado? Desgraciadamente, no. Estamos mal en
infraestructura en instalaciones policiales, aunque se ha hecho un
esfuerzo importante como estamos mal en las condiciones en que viven
muchos miembros de la Guardia Civil, en casas cuartel que no reúnen
condiciones, y, lo que es peor, la inversión que se ha venido sosteniendo
en los últimos años -inversión importante- en el año 1994 no será posible
y, por tanto, tendremos que aquilatar de la mejor forma lo que podemos y
debemos de hacer. Aprovecho para adelantar algo que mañana, sin duda, va
a ser motivo de una comparecencia ordinaria. Creo que es imprescindible
replantearnos un despliegue distinto de Guardia Civil y, como
consecuencia de ese despliegue de Guardia Civil, también de policía,
porque si no, incluso con un esfuerzo presupuestario superior al
mantenido en los últimos años, no alcanzaremos a dotar a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de una infraestructura como la que S. S. reclama.

Participo con usted en que es una pésima noticia; una pésima noticia en
un momento además por mí sólo



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conocido, pero lejos de cómo está la situación ahora, hace años. Quien
recuerde el asesinato de Ryan recordará que en aquel momento comenzó a
producirse un primer atisbo de concienciación de la sociedad vasca para
tratar de manifestar la repulsa que le producía el asesinato y la
extorsión. Es cierto que hubo un hecho desgraciado. Quiero pensar,
señoría, que yo no tendré que rectificar de tal forma que lo que aquí
ocurrido la pasada semana tenga algo que ver con lo de Arregui. Si yo
tuviera la más mínima duda de que se ha producido lo que la judicatura
demostró que se produjo entonces, esta comparecencia hubiera sido de otra
forma. Tengo necesariamente que decir, no para debatir con S. S., que
conozco al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y desde luego
nunca ha podido poner en pie de igualdad la legitimación de un Estado de
Derecho y la desligitimación de quienes atentan contra la convivencia de
ese Estado de Derecho. No me cabe la menor duda. Creo que está lejos en
el tiempo, creo que son otros tiempos, creo que es evidente que son otros
tiempos.

Como ya le he agradecido su intervención, me quedan decir dos cosas a las
que antes no he contestado -si me permite el Presidente- al representante
del Partido Nacionalista Vasco cuando hablaba de los problemas de
despliegue de la Policía Autónoma vasca y, en este caso concreto, por qué
en una zona donde estaba desplegada la Policía Autónoma vasca intervienen
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, otra policía,
que creo sinceramente que está cada día en una mejor coordinación, no
detecto más que buena voluntad para que eso se produzca, para que no haya
tensiones. Es una de las cosas, señoría, de las que más íntimamente
satisfecho me siento. Una de las cosas de la que más satisfecho me siento
es haber participado en mucho o en poco en que un contencioso como el que
suponía el despliegue de la Policía Autónoma vasca hoy esté superado y
que no haya argumentos de peso por parte de los violentos para poner en
solfa una reivindicación ya conseguida desde hace tiempo, aunque eso no
les está impidiendo -como bien conoce S. S.-, inmediatemente de haberse
dado cuenta de que la Ertzaintza detiene a los delincuentes, entre ellos
a los delincuentes que son terroristas, acusarla de represiva, de no
representar al pueblo, cuando es evidente que tiene un enorme arraigo en
el pueblo vasco. Pero las cosas son así. Y contesto a su pregunta: ¿por
qué, señoría? Porque las diligencias se inician, están iniciadas como
consecuencia de lo que he señalado con anterioridad, creo que con
fidelidad, y son unas diligencias que se inician en San Sebastián por
parte de la Policía Nacional. Entiendo que el juez juzga que quien ha
iniciado esas diligencias debiera de concluirlas. Creo que eso es lo que
ocurre, pero desde luego no he observado ninguna fricción que no tenga
solución.

Y aunque sea a destiempo, voy a referirme a otro tema. Antes se ha citado
al señor Setién. Yo he estado pensando muy mucho decir alguna cosas
respecto de un contenido que supongo que se asemejará a la realidad que
he leído y he llegado a la conclusión de que no, porque si me enfadara
con el señor Setién, como estoy convencido de que él busca la
desaparición de la violencia como yo, luego nos tendríamos que juntar
otra vez, y eso cuesta un trabajo tremendo. Cuando uno entra en estos «yo
digo» «tú dejas de decir», al final luego no te arreglas en muchos meses,
y como mi pretensión no es, ni mucho menos, entrar en un debate que no
sólo no beneficia la causa de la paz, desde mi punto de vista, sino que
la puede perjudicar, en el respeto que me merece cualquier manifestación
siempre puedo hacer público mi desacuerdo, pero en este caso no he
querido hacerlo. Lo ha citado el señor Romero y eso es lo que quería
decir.

Yo creo que soy uno de los ministros que más ha comparecido en esta
Comisión desde hace mucho tiempo. En la anterior Legislatura ustedes me
tenían aquí cada mes. No sé cuántos Ministros han hecho lo mismo. Si en
ésta y en este caso concreto tengo que estar cada quince días o cada
semana a requerimiento de SS. SS, aquí estaré con mucho gusto.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Pérez Mariño tiene la palabra.




El señor PEREZ MARIÑO: Señor Presidente, señor Ministro, señoras y
señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista no viene hoy aquí a
defender la labor del Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista viene a
conocer y a juzgar la objetividad de los hechos, viene a buscar la verdad
por encima de cualquier otro interés.

La lucha contra el terrorismo en el Estado de Derecho sólo está
justificada exclusivamente si se mueve en los cauces y los canales y
dentro del respeto absoluto a la legalidad. Por eso no venimos a dar
ningún cheque en blanco a ningún Gobierno y por eso defendemos
actuaciones como las que en su día había tenido el hoy portavoz del Grupo
Parlamentario, señor Solchaga, en un caso producido con anterioridad al
Gobierno del Partido Socialista en 1981. Porque la lucha contra el
terrorismo, con todo lo importante que sea, no justificará nunca ningún
tipo de vulneración de ninguna clase de principio legal y
fundamentalmente el respeto a la integridad y a la vida de las personas.

Los hechos, sin embargo, después de oír al señor Ministro, no admiten
muchas interpretaciones. Podemos extendernos en hablar de negligencias o
de imprudencias. Lo que no podemos sostener, y así lo han dicho todos los
grupos -bien es verdad que alguno después de decirlo con alguna otra
interpretación-, esta mañana aquí es que se haya vulnerado ningún
principio que afecte a la persona o a su integridad, como es la
vulneración de la misma, como es, en definitiva, la existencia de
torturas o malos tratos. Eso no lo ha podido decir nadie, porque, con lo
que ha dicho el señor Ministro, con la convicción con que lo ha dicho,
con las pruebas existentes, con las investigaciones de todos los grupos
políticos, con la participación en la investigación de todos los
elementos que se ha querido y que se quiera, ha quedado claro y diáfano
que puede haberse equivocado algún funcionario policial o algún médico
forense, es posible que



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esto pueda suceder, pero en ningún caso existe ningún tipo de actuación
que nos lleve, ni desde el punto de vista de la sospecha ni mucho menos
de los indicios, a poder hacer ningún tipo de afirmación de torturas o
malos tratos. Y si todos los que somos representantes de la sociedad
española no dejamos eso muy claro y no distinguimos lo que puede ser un
problema de negligencia o de imprudencia profesional médica, no lo
separamos de un problema tan grave para la sociedad como es la muerte de
dos detenidos en dependencias policiales, sobre los que queda, en última
instancia, una especie de manto de sospecha de que pueden haberse
sobrepasado en cuanto al cuidado de esas personas por malos tratos,
haríamos un malísimo servicio a la sociedad española, como se ha hecho en
muchas ocasiones. Desgraciadamente, es cierto que, en la sociedad
española, los demócratas recordamos algunos casos de la ventana, pero son
casos, como el de Julián Grimau, de hace más de treinta años, o como el
de Enrique Ruana, que se nos han quedado grabados en la retina, de hace
más de veinte años.

Los que hemos dedicado parte de nuestra vida a la función judicial
sabemos que no se puede juzgar a nadie, y menos a esta Administración y a
esta sociedad nuestra demócrata, por antecedentes, y encima que no son
nuestros. Son antecedentes de un sistema político pasado que no defendía,
lógicamente, los principios que hoy defendemos aquí. Porque hay otros
casos que han ocurrido durante el Gobierno socialista, alguno de ellos
como el caso de la Foz de Lumbier, que a mí me tocó juzgar
profesionalmente en el tribunal, donde realmente qué poco tiene que ver
la realidad que allí hemos juzgado con la sospecha que quedó en la
sociedad sobre el posible suicidio o muerte sin defensa de militantes
etarras. Los que conocimos el problema jurisdiccionalmente sabemos que
los únicos causantes de las muertes de la Foz de Lumbier fueron aquellos
que preparaban, desde días antes, el asesinato de unos guardias civiles,
y ésa es la única realidad. Lo que ocurre es que es posible que, con
nuestro afán, a veces sin querer, de sembrar algún tipo de dudas o
sospechas por si acaso, hayamos creado un mal servicio a la sociedad
española.

Creo que el Ministro se ha constituido hoy, y no lo digo desde la
perspectiva de ser el Grupo que apoyamos y sostenemos al Gobierno, en un
garante del sistema democrático y del principio de legalidad. Por eso,
nosotros no podemos aceptar ningún atisbo de nadie que diga que pide su
dimisión. Nosotros sólo podemos pedirle que siga en la actitud que hoy el
Gobierno y su Ministro del Interior han demostrado aquí esta mañana, que
es el de responsabilizarse de todo aquello que ocurra en todos los
funcionarios que estén directamente dependientes de él mismo, pero de
nada más que de lo que hayan realizado, no de sospechas. Porque es cierto
que -y algunos dicen que existen MANOS NEGRAS-, como decían todos los
grupos, al final, y el Ministro, si supiéramos de alguna MANO NEGRA, si
este Grupo o el Gobierno supiera que existe alguna MANO NEGRA, estaríamos
en primera línea entre ellos. Lo que existen son los designios de los
grupos que amparan las actuaciones terroristas de crearnos esa especie de
duda de que existen MANOS NEGRAS, esa especie de sombra o de sospecha de
que a todos aquellos terribles casos, como éste, que han sucedido hay que
ponerles el hálito de la desgracia, de la sospecha, de la duda, y
nosotros no podemos atender a esos designios. A veces, parece que en la
lucha contra el terrorismo seguimos los pasos y nos tenemos que defender.

Nuestros designios son exclusivamente la razón y la verdad, que son los
únicos principios que nos inspiran. Y si hemos tenido la desgracia, en
nuestra sociedad, de dos hechos luctuosos que han ocurrido, nada tenemos
que ver con los mismos. El acaecimiento de los mismos no es
responsabilidad de ninguna función del Gobierno ni de la lucha contra el
terrorismo. Hipotéticamente, es posible que exista imprudencia
profesional médica, pero también los que nos hemos dedicado a la función
de juzgar sabemos lo complejo y complicado para que se dé alguno de los
dos elementos necesarios para que exista una imprudencia profesional
médica, la «lex artis» o la «lex functionis», pero no es éste el sitio
para entrar nosotros en esa diatriba.

Queremos que se investigue, pero separado de todo lo que tenga que ver
con malos tratos o torturas. Queremos que se investigue, como que se
investiguen todos los problemas de responsabilidad criminal que una
persona puede tener, aun aquellos, como los de negligencia o imprudencia,
que no son conductas dolosas y son culposas. ¿Pero podemos plantearnos
seriamente, en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los
Diputados español, investigar sobre conductas culposas o conductas
imprudentes? ¿No estaremos rizando el rizo, cuando nuestra función es muy
otra? Por eso, no nos oponemos a que se constituya la Comisión permanente
y venga el Ministro las veces que se quiera, pero yo le pediría al
Ministro y les pediría a los otros grupos políticos que, mientras no
exista un dato nuevo que hable de torturas o malos tratos, no volvamos a
hablar de este asunto, porque el sitio para poder perseguir la
imprudencia y la negligencia -la imprudencia profesional médica, en su
caso, y la negligencia en la custodia- no debe ser la Comisión de
Justicia e Interior. Creo que la Comisión de Justicia e Interior sí tiene
que velar por el mínimo atisbo de torturas o malos tratos que se pueda
dar en este país, pero no por las conductas negligentes de un médico
forense, en el caso de que ésta sucediese.

Por todo ello, no quiero yo utilizar las palabras tan al uso de que nos
congratulamos, pero sí estamos enormemente satisfechos de cuál es el
trato que en estos casos se les dio a los dos detenidos que
desgraciadamente han muerto. Estamos satisfechos porque, desde la
responsabilidad política, no se puede hacer ningún tipo de reproche que
ponga en duda cuál es el sentido de cómo se persigue en este país el
terrorismo. Si hubiera algún tipo de duda, sepa el señor Ministro y sepa
el Gobierno y sepan todos los otros grupos políticos que el Grupo
Parlamentario Socialista no apoyaría al Gobierno porque, por encima de
las disciplinas y de los apoyos, está el respeto a los ideales, y nuestro
único amo y señor son nuestros principios del esclarecimiento de la
verdad.




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El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Para agradecer
profundamente, aunque suene a piropo entre compañeros de Grupo
Parlamentario, la intervención del portavoz del Grupo Socialista y para
remediar un olvido ante una pregunta que me ha hecho el señor
Alvarez-Cascos y que no he contestado. Me ha preguntado si la impresión
es de si salta o, he creído entender, se descuelga. Pues no me atrevería
a decir, de ninguna forma, qué es lo que se produce. Lo que sí parece es
que no salta, porque, de haber saltado, el informe técnico, que remitiré
a la Comisión, nos estaría diciendo que no puede caer a un metro de la
fachada. Por tanto, ha podido producirse un traspiés en el alféizar. Para
no sorprender a nadie, tengo que decir que no soy capaz de contestar
tajantemente a esa pregunta, porque ni el informe contesta tajantemente a
esa pregunta, aunque plantea algunas hipótesis. En cualquier caso,
señorías, debo decir que, naturalmente, hay una investigación ocular y
fotográfica, producida la misma noche, un conocimiento del juez de todo
lo acontecido a través de esa investigación ocular y fotográfica, y una
investigación judicial, que es, en mi opinión, la que puede desmentir -y
ojalá que esto no ocurra- lo que yo creo que es la verdad objetiva que yo
puedo ofrecer a la Cámara.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su información.

Les recuerdo a SS. SS. que continuaremos los trabajos de esta Comisión
mañana, a las diez de la mañana.

Se levanta la sesión.

Era la una de la tarde.