CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2010 IX Legislatura Núm. 148

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ISABEL POZUELO MEÑO

Sesión núm. 23

celebrada el miércoles, 27 de octubre de 2010

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez) para informar sobre los siguientes extremos:


- Informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000087 y número de expediente del Senado 771/000087.) ... (Página 2)


- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000089.) ... (Página 9)

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- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villablino (León). (Número de expediente del Congreso 251/000096 y número de expediente del Senado 771/000093.) ... (Página 15)


Debate y votación de las propuestas de resolución:


- Informe de fiscalización del organismo autónomo 'Agencia Española de Seguridad Alimentaria', ejercicio 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000074 y número de expediente del Senado 771/000076.) ...
(Página
21)


- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la entidad pública empresarial 'Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial' (CDTI) en la actividad relacionada con la financiación de proyectos de inversión
I+D+i durante los ejercicios 2004 a 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000075 y número de expediente del Senado 771/000075.) ... (Página 22)


- Moción sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal laboral de
la Administración en virtud de sentencias judiciales. (Número de expediente del Congreso 251/000077 y número de expediente del Senado 773/000005.) ... (Página 22)


Se abre la sesión a las cinco de la tarde.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NÚÑEZ PÉREZ) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:


- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000087 y número de expediente del Senado 771/000087.)


La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la Comisión del Tribunal de Cuentas.



Está ya con nosotros el compareciente, el presidente del tribunal. El primer punto del orden del día es el informe anual de la Comunidad de La Rioja correspondiente a los ejercicios 2004-2005. Le doy la palabra al presidente del tribunal,
don Manuel Núñez, para que nos presente el informe que ha elaborado el tribunal.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Este informe fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de junio de 2009 y, en estos casos, como saben sus señorías, además de remitirlo a las Cortes
Generales y a la Comisión Mixta fue remitido al Gobierno y al Parlamento de la comunidad autónoma.



La Comunidad Autónoma de La Rioja es la única comunidad que no había promulgado una ley financiera o de hacienda propia, lo cual no es malo -para mí que es bueno-, rigiéndose por tanto su actividad económico-financiera por las disposiciones
que sobre el área de la hacienda pública autonómica se recogen en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, por la Ley de Presupuestos Generales de la comunidad para los ejercicios fiscalizados y por la legislación estatal en la materia,
fundamentalmente por la Ley General Presupuestaria y normas que la desarrollan.



El objeto de esta fiscalización fue el análisis de la gestión económico-financiera de la comunidad autónoma y de las entidades dependientes, con el fin de verificar la representatividad de sus cuentas, así como el sometimiento de dicha
gestión a la normativa aplicable y a los principios de eficiencia y economía. El ámbito subjetivo de la fiscalización se extendió, como es natural, a la Administración general de la comunidad autónoma, a tres organismos autónomos, a dos entidades
públicas, a una entidad pública empresarial, a siete sociedades mercantiles, a diez fundaciones, a un consorcio y a la Cámara Agraria de La Rioja. En el informe se señala que el alcance de la fiscalización programada se vio afectado, como ocurre
generalmente en los informes de fiscalizaciones de las comunidades autónomas, por deficiencias en los inventarios del inmovilizado material e inmaterial, en ocasiones por discrepancias valorativas respecto a los reflejados en los estados contables y
sin la debida información sobre su depreciación y amortización. Asimismo, la falta de contestación de determinadas entidades financieras impidió confirmar con rigor sus saldos contables, y la carencia de documentación sobre los ajustes efectuados
en relación con el objetivo de estabilidad presupuestaria no permitió efectuar su análisis.



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En el informe se deja constancia, como habrán visto sus señorías, de que las cuentas generales de la comunidad presentaban salvedades en cuanto al procedimiento de rendición y a su contenido similares a las de ejercicios precedentes. En
cuanto a las cuentas anuales individuales, se analiza el grado de cumplimiento de la obligación de su rendición en el plazo establecido, reseñándose cómo en algunos casos este plazo se había superado y que determinadas entidades públicas no habían
rendido sus cuentas al tribunal, si bien en algunos casos se pudo disponer de las mismas después a través de la Administración de la comunidad. Algunas de las cuentas individuales rendidas no se adaptaban a los estados contables previstos en el
régimen contable al que estaban sometidas.



Por lo que se refiere a la liquidación presupuestaria, las modificaciones presupuestarias supusieron unos incrementos del 7 y del 5 por ciento respectivamente respecto a los créditos iniciales de cada ejercicio, con unos significativos
descensos en el capítulo de inversiones reales compensados con incrementos en los capítulos de transferencias. Las obligaciones reconocidas alcanzaron los 898 y los 968 millones de euros para cada uno de los ejercicios analizados, con un grado de
ejecución presupuestaria del 93 y 94 por ciento. Aproximadamente el 75 por ciento del gasto correspondía a operaciones corrientes. Por su parte, el presupuesto de ingresos presentó un grado de ejecución del 91 por ciento, destacándose el
incremento de los recursos recibidos de la Administración estatal. En cuanto al resultado presupuestario negativo que presentan ambas liquidaciones presupuestarias, en el informe se señalan las deficiencias observadas en el registro de determinadas
operaciones con la consiguiente incidencia en dicha magnitud.



Por lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, establecido en déficit cero respecto al producto interior bruto, según la documentación de la que se pudo disponer dicho objetivo no se vio totalmente
satisfecho.



En cuanto a la situación patrimonial, como cuestiones más relevantes de la situación patrimonial de la Administración autonómica el informe señala que continuaba sin estar completo el registro de inventario de los bienes de inmovilizado al
no haberse registrado los bienes recibidos en los procesos de transferencias del Insalud y del Inem -estamos hablando, como saben sus señorías, de los años 2004 y 2005-, cuyas actas de entrega y recepción continuaban pendientes de formalización en
la Administración estatal y la autonómica. Por el contrario, se describe la indebida contabilización de determinados inmuebles cedidos, así como de las inversiones destinadas al uso general que hubieran entrado en funcionamiento.



Por lo que se refiere al nivel de endeudamiento financiero de la Administración autonómica, al cierre del periodo fiscalizado alcanzaba los 189 millones de euros, superior en 8 millones al del ejercicio 2003, habiéndose respetado en la
gestión de estas operaciones las condiciones establecidas en la Lofca y en las respectivas leyes de presupuestos anuales. Por el contrario, debe señalarse que en los ejercicios fiscalizados no se respetó el procedimiento establecido en el acuerdo
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2003 sobre el endeudamiento financiero de las comunidades autónomas, dado que no se acordaron entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de La Rioja los programas anuales de
endeudamiento previstos en dicho acuerdo, si bien la Administración autonómica remitió a dicho ministerio los programas anuales de endeudamiento.



El resultado económico patrimonial de ambos ejercicios fue positivo en 69 y 80 millones de euros respectivamente, ofreciéndose en el informe su desglose por grandes áreas de ingresos y gastos, así como su evolución interanual. Los estados
de remanente de tesorería rendidos presentaban unos déficits de 156 y 187 millones de euros, respectivamente, al final de cada uno de los ejercicios fiscalizados, manteniéndose la recurrente situación deficitaria que esta magnitud presupuestaria
presenta históricamente en la comunidad. En estos ejercicios la Administración de la comunidad no concedió nuevos avales, manteniéndose vivos los afianzamientos otorgados en el año 2001 a la sociedad autonómica Valdezcaray, S.A, cuyo riesgo estaba
cifrado en 14 millones de euros. Por su parte, los compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios futuros eran de 417 y 515 millones de euros respectivamente, destacando las secciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y
de la Consejería y del Servicio Riojano de Salud.



Con respecto al análisis del sector público autonómico, el informe también recoge los resultados del análisis de la actividad de las diferentes entidades autonómicas, empresas públicas, fundaciones y consorcios que se integran en el sector
público autonómico. Así, por ejemplo, entre otras referencias podemos destacar que la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ADER, configurada como entidad pública empresarial pese a la naturaleza de su actividad, había gestionado, tras un
significativo incremento de los presupuestos iniciales, unos presupuestos definitivos de 61 y 66 millones de euros respectivamente en cada uno de los ejercicios fiscalizados, financiando una amplia y diferenciada actividad subvencionadora que se
extendía a más de 30 líneas de subvención con regulación específica, entre las que destacaban las ayudas destinadas al apoyo y fomento del tejido empresarial autonómico.



También podríamos destacar que la cuenta general de las empresas públicas estaba formada mediante la agregación de las cuentas individuales de las seis sociedades en las que la comunidad disponía de una participación mayoritaria. El sector
empresarial público presentó en el periodo analizado un empeoramiento de la situación económica y financiera respecto al ejercicio anterior que se tradujo, por una parte, en unos resultados de explotación agregados negativos de 8 y 10 millones de
euros respectivamente para cada uno de los ejercicios examinados,


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destacando los déficit de las sociedades Sodetur S.A y Valdezcaray S.A; y, por otra, en el aumento del endeudamiento financiero, registrando al final de periodo una cuantía agregada de 26 millones de euros.



Por otra parte, la cuenta general de las fundaciones autonómicas era la agregación de las cuentas individuales de cinco fundaciones, no habiéndose incorporado a la misma en ninguno de los ejercicios analizados las cuentas de otras cuatro
fundaciones. El informe dedica sendos apartados específicos al análisis de la contratación administrativa y de la actividad subvencionadora, poniéndose de manifiesto que en la contratación administrativa se mantenían sustancialmente las
deficiencias denunciadas en ejercicios anteriores que afectaban fundamentalmente a los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos, a la insuficiente justificación de las demoras y modificados aprobados en la ejecución de determinados
contratos. Por su parte, en cuanto a las líneas de subvenciones analizadas, se constataron carencias y deficiencias, singularmente en la gestión de la línea de ayudas a entidades locales de La Rioja para equipamientos y atenciones especiales y
urgentes.



El informe termina, como siempre, con una serie de recomendaciones dirigidas a corregir las deficiencias expuestas en el informe anterior y que no han sido cumplidas en el tiempo posterior al informe presentado en esta Comisión. Así, se
recomienda agilizar la elaboración del inventario, revisar los procedimientos de concesión de subvenciones, así como la oportunidad y el mantenimiento de sociedades deficitarias. Igualmente se recomienda revisar las normas contables relacionadas
con el registro de proyectos financiados con fondos europeos, con la conveniencia de recuperar datos históricos de las cuentas no presupuestarias, junto con la necesaria depuración o regularización de aquellos saldos que permanezcan durante varios
ejercicios sin movimiento de depuración de saldos antiguos.



Hay algunas recomendaciones que efectivamente sí se han tenido en cuenta y que han mejorado, por tanto, en la parte correspondiente, la gestión del Gobierno de la Comunidad de La Rioja. El informe, como es natural, recoge -no voy a decir
solo lo negativo- que efectivamente se ha avanzado en una mejora de la gestión en los términos que luego en las preguntas podemos ver. Esto ocurre generalmente, y lo digo también para satisfacción de todos, en casi todas las comunidades autónomas,
que a medida que pasa el tiempo van, como es natural, adquiriendo quilates positivos en lo que se refiere a la gestión del sector público que les toca gobernar.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente, por la presentación de este informe.



Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo Popular quería hacer un llamamiento a los diputados y senadores que están negociando y que algunas veces elevan sin darse cuenta el tono de voz. Les rogaría que, para que pudiera ser bien
entendido el presidente y los demás portavoces a la hora de sus interpelaciones, bajaran el tono o negociaran fuera.



En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gómez Trinidad.



El señor GÓMEZ TRINIDAD: En primer lugar, señor presidente, quiero felicitarle por el trabajo y por la valoración tan prudente y tan ponderada que ha hecho de una materia que ciertamente es compleja y donde poco a poco, como usted ha
señalado, vamos entre todos perfeccionando sin duda alguna esta rendición de cuentas.



Quiero agradecer, en primer lugar, al presidente del tribunal la presentación de este informe que nos traslada a unos ejercicios, como en otras ocasiones ya hemos visto, un tanto remotos en el tiempo y diferenciados de la situación económica
financiera actual, donde se han ido corrigiendo, como usted acaba de decir, algunas de las situaciones antes manifestadas como mejorables.



Apreciando el esfuerzo del tribunal por acercar los resultados del control a la gestión elaborando un informe referido a los dos ejercicios económicos, considero que este esfuerzo debería potenciarse por todos a fin de que el control del
tribunal y el alcance de estas sesiones parlamentarias tuvieran un mayor significado de cara a mejorar la gestión futura. En el informe ahora presentado se destaca la aplicación de la Ley General Presupuestaria en la gestión de la comunidad
autónoma. Tenemos, como usted acaba de señalar, como referente una ley nacional -esto usted lo ha dicho- y creo que no es ni positivo ni negativo, pero ahí está, es nuestro referente y punto. Esta situación no ha de interpretarse negativamente,
sino todo lo contrario, ya que permite una mayor homogeneidad y comparabilidad entre la contabilidad estatal y la autonómica, circunstancia que debería ser un objetivo a conseguir en toda la regulación contable autonómica.



El informe señala determinadas deficiencias en el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y en la forma en que estas se han presentado, cuestión que debería corregirse de inmediato y que ya le puedo manifestar que está en la
responsabilidad del Gobierno corregir en la medida en que dependan de él estas deficiencias.



Se indica la existencia de deficiencias en la confección y mantenimiento de los inventarios del inmovilizado material e inmaterial, lo que origina que la amortización del mismo no sea adecuada. Como usted acaba de señalar, se refiere a los
ejercicios en que se produjeron unos traspasos de competencias ciertamente complejos como las del INEM y especialmente las de sanidad. A día de hoy esto se ha solucionado, pero el volumen de transferencias sin duda alguna ha hecho que pudiera haber
estas dificultades en la actualización de los inventarios.



En cuanto a la falta de contestación de determinadas entidades financieras a la información solicitada por el tribunal, es una indebida actuación de esas entidades quizá voluntaria, pero que debería evitarse. Por lo que


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me consta, el propio Gobierno ha exigido reiteradamente el cumplimiento en las distintas entidades y evidentemente a veces ha tenido que enviarlo sin que hubieran llegado de algunas de las fundaciones.



En lo referente a la ejecución del presupuesto ha de reseñarse su alto porcentaje -como usted acaba de decir-, de un 93 y un 94 por ciento, en lo que destacan especialmente las consejerías de Educación y de Agricultura, en consonancia con
las prioridades fijadas por el Gobierno autonómico. Asimismo, resulta muy elevado el grado de ejecución del presupuesto de ingresos -me parece que ha señalado usted un 91 por ciento, hablo de memoria-, en cuya verificación el tribunal ha constatado
la adecuada tramitación y el registro de los tributos cedidos. Se considera además adecuado el registro y el tratamiento de las devoluciones de ingresos analizadas. Por lo que se refiere a los ingresos recibidos de la Unión Europea, es
significativa la disminución registrada en el segundo de los ejercicios analizados. En lo que se refiere al resultado presupuestario, el propio tribunal corrige en positivo en 15 millones el resultado contable presentado, a la vez que deja
constancia del cumplimiento establecido de estabilidad presupuestaria. A este respeto y como valoración general, me gustaría conocer la opinión del presidente del tribunal sobre si se percibe en el análisis de las cuentas este esfuerzo de la
comunidad autónoma y el avance registrado en la presentación de las cuentas y en la liquidación de los presupuestos.



En el análisis patrimonial se destacan las inversiones efectuadas en las aplicaciones informáticas y las inversiones en construcción dirigidas a centros sanitarios o tecnológicos. Por su parte, el endeudamiento financiero se incrementó a
largo plazo; incremento que puede ser compensado por la minoración de la deuda a corto plazo. Por lo que se refiere al sector público de La Rioja, detenidamente analizado por el tribunal, ha de referirse a la importancia de la actividad de la
Agencia de Desarrollo Económico, que ha sido uno de los mayores motores económicos dentro de la comunidad y cuyas cuentas fueron auditadas de conformidad por la Intervención regional y sobre las que el tribunal no señala deficiencias significativas,
salvo el mantenimiento de importantes remanentes de tesorería, cuestión que debiera atenderse en el momento de elaborar presupuestos futuros y que he visto que la propia Agencia de Desarrollo Económico ha aportado sus documentos explicativos sobre a
qué se debía esa situación.



El sector empresarial está formado por seis sociedades con unos fondos propios de 61 millones de euros y unos pasivos exigibles de 40 millones de euros. Quizás haya que destacar el esfuerzo financiero que supone para la comunidad la
actividad de alguna de estas sociedades. Por lo que se refiere a las diez fundaciones públicas autonómicas, las transferencias recibidas de la comunidad alcanzan los 38 millones de euros, en su mayor parte destinados a las fundaciones dedicadas a
la actividad sanitaria. La disparidad de estas fundaciones hace que en algunos casos sean poco relevantes desde el punto de vista presupuestario, pero siempre lo son desde el ámbito cultural y de construir la identidad regional. El informe
concluye con un apartado de recomendaciones dirigidas tanto a potenciar la representatividad de las cuentas como a habilitar un adecuado seguimiento y justificación de las subvenciones; recomendaciones que se comparten y que propondremos trasladar
a las resoluciones que pudieran adoptarse por esta Comisión.



Deseo agradecerle el trabajo realizado. Trasladaremos a los distintos órganos el cumplimiento de estas recomendaciones.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Luena.



El señor LUENA LÓPEZ: De nuevo tenemos aquí un informe del Tribunal de Cuentas sobre la Comunidad Autónoma de La Rioja. Quería aprovechar para agradecer la solvencia y el rigor del estudio y el análisis que se hace por parte del tribunal
de las cuentas de la comunidad. Creo que este debate es importante e inmensamente útil para los riojanos, puesto que -lo ha citado el portavoz del Grupo Popular y también el presidente- La Rioja es una isla, no solo a nivel legal sino también de
tribunal; no hay ningún tipo de control ni de posibilidad de ejercer ese control. Por tanto, este debate es una oportunidad para ejercer ese control y para que mejoremos y cambiemos algunas cosas, para que señalemos el camino de algunas cosas que
tienen que cambiar. Decía lo del control porque no es habitual que este ejercicio de debate sobre las cuentas públicas de la comunidad se haga allí, en la comunidad. Se puede hacer porque lo que más se conoce es el oscurantismo y a veces el
ocultismo y la opacidad en relación con la gestión y con la criba y el análisis de las cuentas públicas. Por tanto, celebramos que esta sea una oportunidad para el control y el debate sobre la gestión, sobre los contratos, sobre las subvenciones y,
como decía, para mejorar. Digo para mejorar porque quería el portavoz del Grupo Popular inmediatez en el análisis de las cuentas.
Ojalá, porque hoy estaría muy bien debatir y discutir las cuentas de 2008 o de 2009 de la comunidad, porque me temo
que en la mayor parte de las cosas -y lo lamento, señor presidente- no le están haciendo caso en las recomendaciones. ¿Y qué hay que cambiar? Hay que administrar mejor, hay que gobernar igual para todos en el ámbito de la gestión económica y hay
que ser bastante más transparentes y claros.



Voy a desarrollar algunos de los aspectos. Le hablaba de la gestión. En el ámbito de las subvenciones, ¿qué tengo que destacar? Por cierto, no se lo he dicho al inicio, pero usted me ha allanado bastante mi intervención con su resumen del
informe porque vamos a coincidir en resaltar muchas cosas, y me he dado cuenta al escucharlo. Tengo que destacar deficiencias, debilidades, fallos de control interno, fallos del destino, así como del propio objeto de la subvención. Esto que
podríamos


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denominar discrecionalidad en las subvenciones lo vemos en las páginas 79 y 80 de su informe. Véase el caso de Cervera del Río Alhama. Vemos también cómo incumplen su propia normativa en la concesión de avales a empresas de la comunidad y
usted nos lo refleja -hablamos del año 2001; en su intervención lo decía- en la página 77.



En relación con los contratos -por cierto, deja todo esto encarrilado en su recomendación número 2 y su informe lo alude en la recomendación 7-, vemos que se niega la necesaria publicidad en muchos de los contratos.
¿Para qué? Posiblemente
para poder utilizar la contratación a dedo. Hablo de la página 87. Puedo afirmar que, según este informe, la comunidad autónoma no respeta los principios de publicidad, objetividad y transparencia que rige la Ley de Contratos, y el informe del
tribunal nos lo dice en la página 89 b), apartado 2. Se despilfarra el dinero mediante modificaciones de contratos y complementarios en carreteras, llegando incluso a superar el 40 por ciento del coste inicial previsto -páginas 92 a 97-, y menciono
en último lugar el contrato de -para entendernos- retirada de animales muertos, que parece escandaloso, donde se paga más de lo contratado y no se da ninguna justificación. Hablo de casi 200.000 euros. Ubi sunt, podríamos decir.



Con este análisis -quería mencionarle esos apartados concretos-, creo que podemos entrar en el apartado de cambios y mejoras. Es evidente que hace falta una mejor administración, y hablo de técnica contable y de la necesidad de que haya una
integración de esos sistemas informáticos contables, que no la hay y no la había en los años 2004 y 2005. Hablamos de que haya precisión, claridad y transparencia, y estoy hablado, señorías, señor presidente, de los pliegos de contratos públicos.
Es necesario cambiar para mejorar y así cumplir su recomendación 3, que nos habla de eficacia, porque las inversiones de las empresas públicas tienen que hacerse con criterios de eficiencia y de mercado, porque, como podemos observar en su informe,
se dan continuas pérdidas en sus cuentas de resultados. Usted nos lo deja bastante patente en todo el informe.



Antes de concluir, a modo de opinión y con lo que podría ser el adelanto de las propuestas de resolución del Grupo Socialista sobre este informe del tribunal, no sé si lo recuerda pero tuve oportunidad de intervenir en una sesión anterior de
la Comisión en relación con un informe de la Universidad de La Rioja y quería hacerle una pregunta. Esta vez no le pediré que me haga posinformes, pero sí quiero plantearle una pregunta a usted, como experto en esta materia. Se trata de su opinión
sobre esta curiosa construcción que tiene el Gobierno de La Rioja, este curioso aparato financiero económico donde hay un sector público que está duplicado a través de fundaciones y de empresas públicas que escapan del control parlamentario y, por
tanto, del control de la soberanía del pueblo riojano y de la soberanía de aquí, del pueblo español. ¿Qué piensa de esa duplicación de sectores? De este informe concluimos que es necesaria una mejor administración, que hacen falta cuentas más
claras, más transparentes y que hay que garantizar la igualdad y el buen gobierno del erario público. (El señor Aguirre Rodríguez: ¡Habla con tu grupo, habla con tu jefe!)


Si me permite, podría terminar con seis palabras de su informe y también de su intervención. ¿Qué necesitan las cuentas públicas en la Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con lo que vemos en su balance del año 2004 y 2005? Necesitan
austeridad, rigor, claridad, publicidad, transparencia y, sobre todo, necesitan eficacia. (El señor Gómez Trinidad pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: ¿Señor Gómez?


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Señora presidenta, simplemente quería, después de oír a mi compañero...



La señora PRESIDENTA: ¿Quiere usted volver a hacer una intervención en relación con este mismo tema?


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Sí.



La señora PRESIDENTA: Como se reabre el debate, voy a dar una réplica a los grupos que lo soliciten, pero les ruego que sean precisos. Tiene usted la palabra, señor Gómez Trinidad.



El señor GÓMEZ TRINIDAD: Voy a ser lo más breve posible. He procurado ser breve en la primera intervención, por tanto, en esta mucho más.
Evidentemente no tenía previsto hacerla, puesto que entiendo que estamos en el seno de una comisión
que es fundamentalmente técnica, para ser informados y posteriormente hacer las propuestas de resolución. Lo que me extraña es que por segunda vez en esta Comisión asisto a una valoración política y a veces casi a un mitin. Creo que no es el lugar
adecuado para descalificar acciones de un gobierno. Estamos sencillamente para valorar unos informes y hacer las propuestas y las consideraciones de resolución.
Algunas de las descalificaciones que acabo de oír por parte del diputado socialista me
parece que exceden del ámbito de esta competencia y, francamente, hasta me atrevería a decir que me siento avergonzado porque la descalificación que se acaba de hacer de los ejercicios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, indirectamente lo que hace
es descalificar el informe del Tribunal de Cuentas. Se ha dicho que en estos informes se aprecia una falta de precisión, de claridad y de transparencia, cosa que en ningún momento he oído por parte del presidente, ni siquiera del informe. He oído
que hay cosas que se pueden mejorar como ocurre en cualquier administración, pero no he oído ni estas conclusiones ni por parte del presidente del tribunal ni del informe. Me parecen excesivas. En cualquier caso, desde luego, es malinterpretar el


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propio informe o hacer un ejercicio de la política en un ámbito donde no corresponde.



Tengo que ser leal con esta Comisión, pero también con mi Gobierno, y tengo que decir además que en ningún momento existe duplicidad de funciones. La creación de las fundaciones y la rendición de cuentas de esas fundaciones corresponde
hacerlas o no, en uso de su autonomía, a cada Gobierno, así como la rendición de cuentas correspondientes. Por tanto, no se puede deducir del hecho de que haya fundaciones que haya un deseo de opacidad, como por otro lado se pone de manifiesto en
el informe. Quiero reiterar de nuevo la templanza en el informe que se nos ha ofrecido.



La señora PRESIDENTA: Señor Luena, ¿quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.)


Señor Gómez Trinidad, yo me permitiría hacer un comentario porque no he tenido lógicamente ningún inconveniente en atender la réplica que me solicitaba, pero me preocupa que usted haya comentado que el portavoz del Grupo Socialista ha hecho
una descalificación del informe que ha presentado el Tribunal de Cuentas. En ningún momento he oído que se pronunciara en esos términos, por el contrario, he escuchado una felicitación por lo ajustado que había sido el informe del Tribunal de
Cuentas, con el que el portavoz coincidía en muchos casos. Mi intervención está realizada en esos términos para que quede claro que, al menos según mi percepción, no ha habido ninguna descalificación al informe que ha presentado el Tribunal de
Cuentas.



El señor GÓMEZ TRINIDAD: Señora presidenta, ¿puedo contestarle?


La señora PRESIDENTA: No. (Risas.)


Señor Núñez, tiene usted la palabra.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, agradezco muchísimo las intervenciones del señor Gómez Trinidad y del señor Luena, y agradezco, como es natural, la felicitación que por estos trabajos del Tribunal de
Cuentas ha recibido el tribunal. Hay, efectivamente, en las intervenciones una velada crítica, no al contenido del informe, sino a la lejanía del informe con respecto a la gestión realizada. Es decir, se puede calificar este informe como remoto en
el tiempo puesto que estamos en el año 2010 y estamos analizando los informes correspondientes a los años 2004 y 2005. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Perdone, señor presidente. Le ruego por favor un poco de silencio, señor Aguirre. Se le oye mucho.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Pero, ¿se me oye todo?


La señora PRESIDENTA: Baje un poco el tono. No quisiéramos seguir escuchándole porque estamos escuchando al presidente del tribunal. ¿De acuerdo?


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Estaba diciendo que he entendido que estos informes 2004 y 2005 están un poco alejados en esta época del tiempo que corresponde a la gestión del sector público por parte de las
comunidades que estamos analizando. En este sentido, el Tribunal de Cuentas, como saben -y no solamente para las comunidades autónomas, sino para los sectores correspondientes a la Administración General del Estado, etcétera-, está haciendo un
esfuerzo considerable para, con más inmediatez, traer aquí los informes con la actualidad suficiente para que no hayan perdido ningún interés y sobre todo para que el juicio no quede destemplado por el tiempo que ha pasado entre una época y otra.
Puedo poner ejemplos de que así se ha conseguido. Por ejemplo, los informes de las últimas elecciones generales, autonómicas o locales llevan aquí algún tiempo y algunos ya los hemos visto. Así ocurre con otros informes que hemos visto en estas
últimas comparecencias, donde prácticamente con un año o año y medio el Tribunal de Cuentas ya puede venir aquí con el trabajo realizado. Repito, estamos haciendo un esfuerzo considerable por lograr la inmediatez, la mayor cercanía de nuestro
informe de fiscalización con el tiempo en que la gestión se ha realizado.



Con respecto a este informe de La Rioja tengo que decir que el correspondiente a los años 2006 y 2007 se van a enviar alegaciones en este mes, seguramente. Por lo tanto, en el primer trimestre del año que viene ya tendremos los de 2006 y
2007, y espero que los de 2008 y 2009 también estén terminados a finales del año que viene. Por tanto, hemos logrado dar unos pasos muy considerables en esta línea que yo sé que constituye la preocupación de todos, y que no solamente consigue
inmediatez e interés por la actualidad que tenga nuestro trabajo en relación con el tiempo de la gestión realizada, sino porque también se pueden analizar con mayor contundencia y mayores datos y cifras los trabajos realizados por los efectos que
todavía están latentes con respecto a la gestión sobre la sociedad a la que esa gestión se dirige.



Dicho todo esto, tengo que agradecer, repito, al señor Gómez Trinidad y al señor Luena las frases que nos han dedicado y que efectivamente, como ha dicho la señora presidenta, han subrayado la solvencia y el rigor del trabajo. Otra cosa es
que cada cual en su intervención otorgue la valoración y el giro que estime convenientes, separándose simplemente del rigor técnico de los datos y cifras y dándoles el contenido político que cada cual es responsable de señalar.



En el informe se indica, y así lo ha señalado el señor Gómez Trinidad, que la Comunidad de La Rioja es la única que carece de una ley de hacienda propia, lo que hace que sea de aplicación la Ley General Presupuestaria.



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Esto no es indiferente, no; esto para nosotros tiene un efecto positivo que se ha marcado. Es decir, el lograr un mejor paralelismo, una mejor valoración de las cifras porque estaríamos utilizando módulos y sistemas de valoración entre
unos y otros, algo que, en ocasiones, en fiscalizaciones horizontales tenemos que hacer con un considerable esfuerzo. Así, por ejemplo, se pueden presentar luego las tres cuentas, la de la Administración general, la de las entidades estatales y la
de las fundaciones, en el mismo orden y en el mismo paralelismo en que se emite la cuenta general del Estado cuando esa no se ha remitido al Tribunal de Cuentas. Con el debido respeto al ejercicio de la autonomía que tienen reconocidas las
comunidades autónomas, no cabe duda de que la diversidad de normativas presupuestarias así como la diversidad de planes contables dificultan el seguimiento y la comparación entre los datos de las comunidades. En este ámbito -y esto ya se lo digo al
señor Luena- cabe recordar que se acaba de publicar el nuevo Plan de contabilidad pública, que presenta una clara sintonía con el Plan de contabilidad de la empresa privada. No obstante, a pesar de que en su preámbulo se afirma que es el acuerdo
marco para todas las comunidades autónomas, esta afirmación no es sino un mero pronunciamiento sin vinculación jurídica al no presentar la forma de norma básica, tal y como el Tribunal de Cuentas propuso en una moción elevada al Congreso y que fue
secundada por esta Comisión mixta.



Todas las recomendaciones, repito, se mantienen respecto a ejercicios anteriores. ¿Por qué, porque no se ha avanzado? Pues tengo que distinguir. Es decir, tengo que comentar la especial relevancia o importancia de las recomendaciones
relativas a la necesidad de avanzar en los trabajos para completar el registro de inventario de bienes y derechos del inmovilizado, cuyo mantenimiento actualizado y debidamente conciliado con los saldos contables se considera imprescindible para el
adecuado control y custodia de estos activos, así como la recurrente situación deficitaria de los resultados de explotación generados por la mayor parte de las empresas autonómicas, lo que aconseja valorar la oportunidad de mantener estas
inversiones societarias. Pero como aspectos positivos a señalar en este avance de hacer caso a las recomendaciones que nuestros informes establecen, tengo que decir que, por una parte, en los años 2004 y 2005 se ha aumentado el perímetro de
entidades para la determinación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al incorporar un número significativo de entidades, principalmente empresas y fundaciones, que hasta estos ejercicios no se incorporaban, por lo que sus
resultados no se tenían en cuenta en el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación y, por otra parte, que en el año 2006 la comunidad se ha adaptado a la Ley General de Subvenciones mediante el decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador
del régimen jurídico de las subvenciones en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, lo cual efectivamente ayudará sin duda a una mayor transparencia en la gestión o, mejor dicho, en la fiscalización de este capítulo de la comunidad.



En cuanto a la contratación, según se desprende de los informes de fiscalización -no de estos que hemos presentado, sino de los anteriores- y de aquellos que están en marcha -aunque a los que están en marcha y a punto de mandar las
alegaciones se advierten determinadas mejoras-, en general las deficiencias más significativas que afectan a los principios rectores de la contratación pública, es decir, publicidad, transparencia, objetividad y no discriminación, y de la gestión de
los fondos públicos afectados, economía, tienen que seguir teniendo carácter reiterativo, y aunque se observan mejoras, no son todavía las mejoras relevantes que un órgano fiscalizador como el Tribunal de Cuentas, con el rigor que le caracteriza,
tiene que exigir, pero necesariamente hay que reconocer lo que se reconoce en la evolución de la contratación pública. En todo caso, tengo que decir que efectivamente en los ejercicios 2004 y 2005 se pone de manifiesto -y aludo incluso a las
páginas que ha citado el señor Luena- una mejora en la ejecución de los contratos de carreteras de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, que se concreta en la ausencia de anomalías, deficiencias o irregularidades relevantes en un
conjunto de contratos de obras en una carretera que por sus especiales características fue objeto de fiscalización específica in situ. Quiere decirse -y con esto ya voy terminando- que efectivamente las cuentas reflejan la gestión, pero la
austeridad, el rigor, la publicidad y la transparencia proceden de la gestión que se refleja en las cuentas.
Nosotros somos el espejo que recoge si hay esa transparencia o esa opacidad, y son ustedes los que tienen que valorar el grado de esa
transparencia, de esa opacidad y de ese rigor en el cumplimiento de la norma, nosotros simplemente ponemos a su disposición los datos, y a ellos me remito.



Tengo que terminar diciendo que efectivamente sí hay control, señor Luena, siempre lo hay. Hay control en las comunidades autónomas que tienen órgano de control externo, hay control en las comunidades autónomas que no tienen control
externo, porque el Tribunal de Cuentas lo tiene así adjudicado como labor fundamental tanto por la Constitución como por los estatutos de autonomía cuando efectivamente no se ha creado el correspondiente órgano de control. Pero es que se olvidan
ustedes de que también existe el control interno, que es la Intervención General, y no cabe duda de que ese control interno es la otra cara del control que permite también calibrar si hay rigor, si hay austeridad, si hay transparencia y sobre todo
si hay cumplimiento de legalidad. Todo eso no podemos olvidarlo y, por lo tanto, no se puede -y eso sí que lo digo aquí- deducir de un informe de fiscalización que el control brilla por su ausencia. Justamente, este informe de fiscalización, con
el retraso que ustedes quieran, que es debido a causas ajenas a la voluntad del Tribunal de Cuentas, así lo demuestra.



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- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000089.)


La señora PRESIDENTA: Si les parece, vamos a pasar al 2º punto del orden del día, que es la presentación del informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, también correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005. Señor presidente,
tiene usted de nuevo la palabra.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Este informe fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el día 30 de junio de 2009 y también corresponde a los ejercicios de 2004 y 2005, por tanto ahórrense decir -si
quieren ahorrárselo- los señores intervinientes en esta materia que efectivamente está desfasado respecto a la época en que lo estamos viendo.



De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, un ejemplar de este informe se remitió también a la Asamblea Legislativa de Extremadura y al Gobierno.
El objeto de esta fiscalización
fue el análisis de la gestión económico-financiera de la comunidad autónoma y de las entidades dependientes, con el fin de verificar su sometimiento a la normativa aplicable y la sujeción a los principios de eficiencia y de economía, así como la
representatividad de sus cuentas. El ámbito subjetivo de la fiscalización estuvo integrado por la Administración general de la comunidad autónoma, cinco organismos autónomos, dos entes públicos, veinte empresas públicas, seis fundaciones y nueve
consorcios. Por lo que se refiere a las limitaciones, la fiscalización se vio condicionada por la carencia de un sistema de contabilidad que permitiera efectuar un seguimiento de los gastos con financiación afectada, con la consiguiente incidencia
en el cálculo del resultado de financiación y del remanente de tesorería afectado. Asimismo, el análisis de los bienes y derechos de la Junta de Extremadura se vio afectado por las deficiencias de los inventarios en cuanto a la incorporación de
todos los bienes y derechos y a su valoración. Por otra parte, no se dispuso de información sobre la antigüedad de los saldos de deudores presupuestarios y sobre su riesgo de prescripción. Igualmente, la carencia de cuentas y presupuesto propio
del Servicio Extremeño Público de Empleo y de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio segregados del presupuesto de la Administración general impidió un análisis particularizado de su actuación patrimonial y de su
comportamiento presupuestario. Como saben ustedes, y lo digo también a efectos de que se pueda valorar la relación de la contabilidad con estas cuestiones, todavía ninguna comunidad autónoma tiene contabilidad analítica.



En cuanto a las principales conclusiones, respecto a la rendición de cuentas, las de las entidades integrantes del sector público autonómico se rindieron de acuerdo con la normativa aplicable, con la excepción de las cuentas anuales de una
fundación y dos consorcios. Y por lo que se refiere al plazo, la totalidad de fundaciones y consorcios públicos autonómicos superaron el plazo establecido pero rindieron las cuentas.
Las cuentas anuales de los organismos autónomos y de un ente
público se rindieron integradas en las de la Administración general de la comunidad en virtud de lo previsto en sus estatutos, en tanto no se dote de los recursos y estructura necesarios. Respecto a la liquidación presupuestaria, las modificaciones
presupuestarias supusieron un incremento del 4 por ciento de los créditos iniciales en ambos ejercicios, el porcentaje más bajo de los últimos diez ejercicios. No obstante, se destaca que en los expedientes de modificación no se analiza su
incidencia en la consecución de los correspondientes objetivos ya que en algunos casos se carecía de la correspondiente memoria justificativa o esta era incompleta. El presupuesto de gastos presentó un grado de ejecución del 93 y del 92 por ciento
de los créditos definitivos, destacando el menor grado de ejecución en el capítulo de operaciones de capital, próximo al 75 por ciento. En cuanto al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución alcanzó el 94 y el 98 por ciento respectivamente.

Con independencia de las deficiencias observadas en el registro de los ingresos, fundamentalmente referidas a su incorrecta imputación temporal, se resalta que el avance registrado en el control establecido sobre la gestión de las oficinas
liquidadoras, la demora en términos netos en la imputación presupuestaria de ingresos devengados y cobrados que permanecen en cuentas extrapresupuestarias hasta su adecuada depuración en ejercicios posteriores, supuso una infravaloración de los
derechos reconocidos en los ejercicios fiscalizados por un importe de 5 y 45 millones de euros respectivamente, cuantías en las que debería incrementarse el correspondiente resultado presupuestario, registrado en 60 y 242 millones de euros. Los
recursos percibidos por la comunidad autónoma de la Administración central supusieron el 95 por ciento de la financiación total, correspondiendo el 40 por ciento a ingresos procedentes del Fondo de suficiencia.



Por lo que se refiere a la situación patrimonial, en el análisis del inmovilizado, aunque se avanzó en la conexión entre contabilidad patrimonial y la gestión del inventario, se constató que el inventario general de bienes y derechos recogía
únicamente los correspondientes a bienes inmuebles y vehículos, sin incluir los restantes bienes y careciendo de valoración gran parte de los bienes incorporados. En estos ejercicios se modificó el criterio de registro contable de las inversiones
destinadas al uso general, aplicando el establecido en el Plan general de contabilidad pública, el Plan de 1996 se aplica en Extremadura a partir del año 2002. La Administración general de la comunidad mantenía formando parte de sus activos
financieros préstamos de diversa


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naturaleza sobre los que no existían registros completos que permitieran delimitar vencimientos e intereses devengados. En el último ejercicio fiscalizado se constituyó una provisión de 20 millones para insolvencias, si bien tomando para
ello una media aritmética de saldos pendientes de cobro a fin de ejercicio en una serie temporal de cinco ejercicios.
Asimismo se señala en el informe la persistencia de deudores procedentes de ejercicios anteriores que deberían depurarse dada la
antigüedad de sus saldos, con independencia de que la modificación incorporada al sistema de registro informático no facilite la información. Durante los ejercicios analizados -los dos- no se incrementó el nivel de endeudamiento, situado en 782
millones de euros. Se destaca en este informe, como habrán podido ver sus señorías, la carencia de información que deberían haber aportado las memorias de la cuenta general y se insiste en la necesidad de implantar módulos de sistemas de
información.
Por lo que se refiere al Fondo de compensación interterritorial, se resalta que las dotaciones aprobadas corresponden a líneas generales de actuación. Y en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria fijado en el
equilibrio presupuestario para ambos ejercicios, se constata -y así se dice en el informe- que dicho objeto se cumplió satisfactoriamente, registrándose una capacidad de financiación de 40 y 318 millones de euros respectivamente en términos de
contabilidad nacional.



Se efectúa también un breve análisis de la liquidación presupuestaria de los cincos organismos autónomos de la comunidad, que reconocieron obligaciones en estos ejercicios por un importe de 1.130 y 1.164 millones de euros en cada ejercicio,
correspondiendo el 99 por ciento del total del presupuesto agregado al Servicio Extremeño de Salud, sobre el que se destaca la elevada cifra, alrededor de 114 millones de euros, de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto. Por lo que se
refiere a las restantes entidades públicas, se llevó a cabo en el año 2005 un proceso de reestructuración del sector público empresarial que quedó constituido por veintiuna empresas públicas. En la presentación de resultados se apreció una
evolución positiva, si bien influida por las subvenciones recibidas, por los resultados extraordinarios y por los ingresos financieros, muy superiores a los resultados de explotación.
Asimismo se constató una significativa reducción del
endeudamiento financiero del sector. Integran también el sector público autonómico, como saben sus señorías, las fundaciones públicas, de las que la comunidad autónoma carecía de un registro a finales del periodo fiscalizado, razón por la que se
reconoce que los datos incorporados al informe sobre este subsector pueden ser imprecisos en cuanto a la participación y la financiación pública. Según la información de que ha dispuesto el tribunal, estaban en funcionamiento seis fundaciones
públicas autonómicas a las que la Junta destinó financiación por un importe de 9 millones de euros durante los dos ejercicios fiscalizados.
En varios informes de auditoría emitidos sobre sus cuentas se incorporan manifestaciones de incertidumbre
sobre su evolución, de los que no voy a dar explicación porque vienen perfectamente reflejados en el informe que tienen ustedes en su poder. Se efectúa también en el informe un breve recorrido por los nueve consorcios autonómicos, a los que la
comunidad autónoma aportó financiación por 10 millones de euros, dirigida fundamentalmente a la promoción cultural, a la investigación, a la promoción comercial, atendiendo a la actividad desarrollada por dichos consorcios.



En cuanto al análisis de la gestión, diremos brevemente que se excedieron en 0,3 millones de euros las previsiones del programa de endeudamiento para el ejercicio 2005 suscrito entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Secretaría de
Estado de Hacienda y Presupuestos. En relación con la concesión de avales, se indica que la memoria no incorpora la información establecida por el Plan general de contabilidad.
A finales del periodo constaba la existencia de cuatro avales vivos
otorgados directamente a través de una sociedad por importe total ligeramente superior a 2 millones de euros. En el análisis de la gestión de las dos líneas de subvenciones seleccionadas en la fiscalización se observaron tres clases de
deficiencias: la verificación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios, la imprecisión normativa sobre los plazos y la forma de justificación con las actuaciones posteriores de acreditación y control. Por último, se ofrecen los
resultados del análisis de la contratación celebrada, pudiéndose destacar que en los concursos examinados las bajas de las ofertas económicas fueron escasamente valoradas. En los pliegos de algunos concursos no se especificó adecuadamente la forma
de otorgar las puntuaciones de los baremos establecidos para los diferentes criterios de adjudicación, lo que no es conforme con los principios de publicidad y transparencia.
Asimismo se constataron demoras injustificadas en la ejecución de algunos
de los contratos de obra examinados. Resalta el informe que 42 expedientes de contratos de transporte escolar adjudicados por un importe de 4 millones de euros fueron tramitados con algunas irregularidades por contratos administrativos especiales.
Asimismo, estos contratos fueron también -dicho entre paréntesis y con la palabra presunto delante- indebidamente adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia de ofertas, y todos ellos fueron resueltos durante la
ejecución sin que conste en los datos que tiene el tribunal la aplicación de actuaciones establecidas para la valoración y el resarcimiento de daños.



Por lo que se refiere a las recomendaciones, en el apartado de las mismas se efectúa un seguimiento de las efectuadas en el informe anterior, que también se ha visto en esta Comisión, constatando los avances registrados en el establecimiento
de régimen contable de organismos y entidades públicas, y por otra parte se reiteran la mayor parte de las formuladas en ejercicios anteriores, dirigidas, como saben sus señorías, a la corrección de las deficiencias expuestas en los diferentes
apartados del


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informe. También se recomienda un tratamiento presupuestario y contable segregado a determinadas entidades contables con personalidad jurídica y presupuesto propio, contar con una información adecuada sobre gastos con financiación afectada
y sobre inmovilizado y disponer de un inventario completo. Igualmente se propone una revisión sobre la necesidad de la existencia de sociedades -pregunta que antes me olvidé de contestar, pero que se hace generalmente respecto a todos los informes
de las comunidades autónomas-, algunas con objeto social muy similar, así como prever los adecuados mecanismos de control. Estas recomendaciones se completan con la referida a llevar a cabo la contratación con la máxima garantía y a dotarse de una
normativa adecuada para disponer de información requerida sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Eso es todo. Quedo a la espera de las preguntas que quieran hacerme las señoras y los señores diputados.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gallego.



El señor GALLEGO BARRERO: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, le agradezco también en nombre de mi grupo su presencia y el esfuerzo realizado para completar la cuantiosa documentación que contiene el informe, máxime teniendo en cuenta
que engloba conjuntamente los ejercicios 2004 y 2005, en un loable intento por su parte de acortar el enorme retraso en la fiscalización que nos obliga a remontarnos a períodos ampliamente superados. Tengo que agradecerle, asimismo, esa intención
que al parecer existe, me imagino que también para la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acumular los dos periodos siguientes con el fin de intentar ofrecer resultados cada vez más próximos al momento en que han de ser examinados. Perdóneme,
señor presidente, si no hago caso a su recomendación de que me ahorre lo del tiempo desfasado, puesto que le ruego que me permita insistir en este punto ya que se reitera todos los años en todas las intervenciones, porque si bien la finalidad de sus
informes fundamentalmente constituye una orientación a través de sus recomendaciones al Gobierno de la comunidad autónoma para que adecue sus actuaciones a la normalidad, sin embargo, también significa un instrumento importante para aquellos a
quienes nos corresponde el ejercicio de la oposición, máxime en comunidades como la presente en que el obstruccionismo y la opacidad nos impiden acceder a muchos de los datos que ustedes nos aportan. Del examen de su informe se desprende con
claridad la existencia de responsabilidades. Usted las ha ido exponiendo aquí claramente, pero en el informe se ven con mucha más claridad y yo se las diré también dentro de un momento. Son por supuesto, responsabilidades políticas e incluso
responsabilidades de mayor gravedad, pero imagínese que por aquellas fechas el responsable principal del Gobierno de Extremadura era el señor Rodríguez Ibarra, que a la fecha de hoy se encuentra disfrutando de una plácida jubilación, liberado por
completo de las consecuencias de sus actuaciones en los años sometidos a la consideración del tribunal. Por tanto, no debemos engañarnos. Yo no estoy echando ningún tipo de culpa a este tribunal, Dios me libre, pero sin duda alguna aquí existe
algo que hay que arreglar para el futuro.
Estos datos que ustedes nos dan al cabo de cinco o seis años no tienen para nosotros eficacia práctica alguna. Es una pena el ingente trabajo que ustedes realizan absolutamente para nada.



Antes de entrar en el examen del documento no me resisto a la tentación de establecer un paralelismo entre este tipo de fiscalización y la que lleva a cabo la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Administración Local en
materia de control de legalidad de los actos y acuerdos de las corporaciones locales, que representa no ya una actividad normal de control sino un auténtico y grosero acoso a aquellas administraciones locales que no se hallen en su órbita política y
que finalizan no en complacientes recomendaciones sino en enconadas actuaciones judiciales. Produce un cierto rubor comprobar la laxitud que practica la Junta en el cumplimiento de sus obligaciones y la persecución, con un desproporcionado
despliegue de medios, de los ayuntamientos no afines para el cumplimiento de supuestos idénticos a los que en el presente informe se le imputan a ella. Entrando en el examen de sus tantas veces citado informe y de otros años anteriores a los
actuales, se observa que reitera rutinaria y machaconamente una y otra vez los mismos defectos, las mismas irregularidades y en algunos casos, como luego veremos, las mismas ilegalidades, ante la absoluta pasividad de la Administración fiscalizada,
que reiteradamente hace caso omiso a las acertadas recomendaciones del tribunal. La contratación administrativa, usted mismo lo ha dicho, precisa una especial atención.
Ustedes han fiscalizado 105 contratos, de los cuales 71 corresponden al año
2004 y 34 son relativos al año 2005. Todos ellos suman la nada despreciable cifra, para una comunidad pobre como es Extremadura, de 166 millones de euros. Pues bien; en todos ellos, a excepción de uno del año 2005, se detectan anomalías,
irregularidades y deficiencias. Dicho por ustedes. Entonces la pregunta es obligada: ¿no existe aquí ningún tipo de responsabilidad? Para matizarlo de una forma más clara voy a hacer referencia a un caso concreto que usted ha mencionado, a mi
entender -y se lo digo con afecto-, con excesiva complacencia. Ha hecho usted referencia a 42 expedientes de contratos a los que ustedes prestan una especial atención, efectivamente. Son contratos de transporte escolar, figuran en el anexo 3.1 con
los números 29 a 71 y son adjudicados también por un importe muy elevado, por una cantidad de 3.748.608 euros. Usted ha hablado anteriormente de la existencia de controles internos. Estos contratos están controlados internamente puesto que van
acompañados, y ustedes lo reflejan, por el reparo, advertencia de ilegalidad e informe contrario de la Intervención. Todos ellos fueron calificados y tramitados como contratos administrativos


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especiales y adjudicados el mismo día mediante procedimientos negociados sin publicidad, es más, ni siquiera con concurrencia mínima de oferta. No hubo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la voluntad era sencillamente adjudicarlos
directamente a dedo. Repito que me parece que usted ha sido excesivamente complaciente al calificar estos términos, porque existe un control de legalidad interno y unas advertencias de legalidad por parte de Intervención. Además todos estos
contratos terminan de forma ilegal y ni siquiera la Administración se puede resarcir porque, con una ilegalidad más, en lugar de exigir la fianza que establece la ley, tan solo se fijó un uno por ciento, dato también recogido de sus propias
indicaciones. Señor presidente, por un supuesto prácticamente similar hoy día están imputados dos concejales de Plasencia y el propio interventor de Plasencia. La pregunta también aquí es lógica: ¿no existe aquí tampoco ningún tipo de
responsabilidad? ¿Ha incoado el fiscal del tribunal algún tipo de diligencias en este asunto? Siguiendo con la materia de contratación, del informe se desprende que en esta comunidad autónoma se constituye un auténtico desastre y se comete un
cúmulo de despropósitos que nos es imposible resumir aquí, pero de los que sin duda se desprende responsabilidad contable para aquellos que tenían en sus manos en aquellas fechas el manejo de caudales y efectos públicos de la Junta de Extremadura.
Señor presidente, creo honestamente y digo con sumo respeto que, tal como se desprende del artículo 12.2 de su ley orgánica -la Ley Orgánica del Tribunal-, al observar la existencia de estas infracciones, abusos y prácticas irregulares, por supuesto
muy superiores a la comunidad autónoma que hemos examinado con anterioridad, se debería también indicar las responsabilidades en las que a su juicio se ha incurrido y las medidas a adoptar para su exigencia.



En cuanto a la normalización contable, creemos que es la primera exigencia que debería hacerse a la Junta de Extremadura. También usted ha hecho referencia a ello. Las cuentas de algunos organismos se integran en las cuentas de la propia
comunidad autónoma. Entendemos que ello constituye una infracción muy grave ya que no solamente resultan contaminadas las cuentas de la comunidad por esta incorporación, sino que además la falta de transparencia que ello provoca impide un adecuado
análisis individualizado de los citados organismos, entre los que es necesario destacar el Sexpe, que usted ha mencionado, con un enorme remanente de tesorería negativo. Dicha normalización también requiere el cumplimiento de la tantas veces
formulada actualización del inventario, también se ha hecho referencia, en efecto, pero tan solo bienes y vehículos, los cuales o no están valorados o están valorados muy deficientemente. ¿Y qué consecuencia tiene este incumplimiento? Una
consecuencia a mi entender muy grave, pues, como usted sabe perfectamente, si no existe inventario tanto las cuentas de balance como las cuentas de resultados son ficticias. Algo semejante ocurre con los gastos con financiación afectada. Si, como
se denuncia como práctica habitual de la Junta de Extremadura, tales gastos no se contabilizan de forma adecuada con sus desviaciones, tanto las propias del ejercicio como las procedentes de ejercicios anteriores, la consecuencia es muy lógica:
nunca sabremos si el superávit o el déficit que arroja la propia cuenta es real o es ficticio. Lo mismo ocurre con la falta de contabilización por la provisión por insolvencias y por dudoso cobro de proveedores. De ello se deriva que si no se
eliminan los créditos incobrables, los prescritos, los declarados fallidos, etcétera, los remanentes de tesorería nunca serán reales. Por cierto, y a propósito de esta observación, quisiera formular al tribunal una pregunta sobre un dato que no he
sido capaz de verificar en sus documentos. Los extremeños soportaron en su día la cantidad de 33.876.660,97 euros como consecuencia de los gastos sanitarios y farmacéuticos correspondientes al año 2001. En esa fecha -como usted bien conoce- tuvo
lugar la transferencia de competencias en materia de sanidad a la Comunidad Autónoma de Extremadura, y ese año intermedio se estableció por ley que se anticipaba por las comunidades autónomas este tipo de gastos sin perjuicio de ser resarcidos con
posterioridad por el Estado. Pues bien, señor presidente, la comunidad autónoma más desgraciada, y lo digo desde el punto de vista estrictamente económico, que es Extremadura, es la única que no ha cobrado esas cantidades. No las ha cobrado.
Usted me dirá que qué tiene que ver. Sí, sí tiene que ver, porque yo le pido a usted que me indique cómo está contabilizado ese posible crédito ya que mucho me temo que en una serie de pleitos absurdos que están manteniendo el Partido Socialista de
Madrid con el Partido Socialista de Extremadura, esas instituciones que indudablemente yo no tengo más remedio que identificar con los socialistas de uno y otro sitio, que están discutiendo exclusivamente por cuestiones formales no por cuestiones de
fondo, lo único que está pasando es que los extremeños son los que no reciben los 5.600 millones de pesetas que tenían que tener hace muchos años en su tesorería, hace ya muchísimos años. Yo he hecho una pregunta...



La señora PRESIDENTA: Señor Gallego, le ruego que vaya concluyendo porque lleva ya una larga intervención, muy por encima del tiempo asignado.



El señor GALLEGO BARRERO: Le agradezco mucho la atención, pero como tuvo la amabilidad de dar un segundo turno, espero que tenga también la paciencia de aguantar un poco.



La señora PRESIDENTA: Señor Gallego, la paciencia la estamos teniendo todos. Sin embargo, como presidenta estoy obligada a moderar el debate y por tanto le digo que lleva quince minutos de intervención.



El señor GALLEGO BARRERO: Si usted lo que quiere es quitarme la palabra realmente lo tendré que aceptar.



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La señora PRESIDENTA: Señor Gallego, no le he quitado la palabra. Si se la quito, se la quito. No le he quitado la palabra, le he dicho que vaya concluyendo por favor porque lleva una intervención muy extensa, de más de quince minutos.



El señor GALLEGO BARRERO: Sería muy prolijo enumerar otras irregularidades, porque son muchas y efectivamente, el informe da para mucho. Sin embargo, me voy a detener en un procedimiento de reintegro por alcance contra Suministros
Auxiliares de la Industria Extremeña, S.A., en la que es parte la Junta de Extremadura, y en el que se dictó sentencia definitiva por la Sala tercera del Tribunal Supremo, de fecha 16 de abril de 2008. Concretamente, respecto a esta sentencia, a
este procedimiento que ha llevado su tribunal, pregunto lo siguiente: ¿en qué situación se encuentra la ejecución de la sentencia mencionada? Es decir, ¿ha percibido ya la Junta de Extremadura los 104 millones? (Rumores.) Les rogaría, por favor,
que tuvieran un poquito de paciencia, si no les importa. Le preguntaba en primer lugar por la situación en que se encuentra la ejecución de la sentencia mencionada, es decir, si la Junta de Extremadura ha sido reintegrada del importe de más de 100
millones de pesetas que según dicha sentencia hay que abonar, y en segundo lugar le pregunto por qué no se ha deducido testimonio en este supuesto en el cual la propia sala en uno de sus considerandos manifiesta: La evidencia de una actuación
concertada con fines fraudulentos permite a esta sala de justicia proceder al levantamiento del velo y considerar que Suministros Auxiliares a la Industria Extremeña, S.A. actuó no por cuenta propia y en interés propio, sino por cuenta e interés de
Siderúrgica Balboa, S.A., en un claro papel de cobertura en fraude de ley.



Tenía bastante más cosas de las que hablar, pero haré caso a la señora presidenta, a quien pido humildemente disculpas por el tiempo que he sobrepasado en mi exposición, y ruego al señor presidente que si le es posible conteste a las
preguntas que le he formulado.



La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González.



El señor GONZÁLEZ MELITÓN: Intervendré en un tono mucho más amable y como corresponde al carácter técnico de esta Comisión, como se han encargado de recordarnos anteriormente.



Como es la primera vez que tomo la palabra en esta Comisión, quiero agradecer tanto al presidente del Tribunal de Cuentas como a todas las personas que desarrollan sus funciones en esa institución su labor y su dedicación, porque con ese
trabajo el Tribunal de Cuentas se convierte, a mi entender, en el mejor garante ante los ciudadanos de la correcta gestión de los fondos públicos y es de justicia reconocérselo. Quisiera destacar también, porque lo conozco de primera mano, la
actitud con la que la Administración autonómica de Extremadura, que es el caso concreto que nos ocupa, recibe los informes emanados del Tribunal de Cuentas. No se consideran un obstáculo a la labor de Gobierno sino, todo lo contrario, se valoran
como un instrumento inmejorable para continuar avanzando en la eficacia y la eficiencia en la gestión. Señorías, creo que no descubro nada si digo que hay dos maneras de enfrentarse ante un informe como este: poner la atención en los errores
cometidos y en las deficiencias detectadas, que las hay evidentemente, cómo no las va a haber, o fijarse en las sugerencias y recomendaciones y aplicarlas. Creo sinceramente que esta segunda opción es la correcta porque es la que mejor sirve a los
intereses de los ciudadanos. Quizá la primera forma servirá mejor a los intereses de un partido político, pero sin duda atender a esas recomendaciones y a esas sugerencias es lo que mejor sirve a los intereses de los ciudadanos. Me va a permitir
que le pida al señor Gallego que retire la alusión que ha hecho a esa supuesta fiscalización de la Junta de Extremadura, porque los problemas que su ayuntamiento o que algún otro ayuntamiento extremeño de su partido pueda tener con la Dirección
General de Administración Local no es asunto ni mucho menos de la Comisión ni del asunto que nos reúne aquí esta tarde.



Entrando en el contenido del informe y sin ninguna intención de justificar ni de explicar absolutamente nada porque no es el momento ni el lugar -hace poco más de un año que compareció el consejero de Administración Pública y Hacienda en la
Asamblea de Extremadura y allí hubo el debate correspondiente-, sí me gustaría señalar que algunas de las conclusiones a las que ha llegado el tribunal han sido solucionadas o están en vías de solución. Es el caso, por ejemplo, de la referencia a
la ausencia de un inventario completo de bienes y derechos con la promulgación en el año 2008 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea y del posterior Reglamento
general del inventario del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, el informe habla de acciones llevadas a cabo como consecuencia de recomendaciones efectuadas en informes de ejercicios anteriores.



Se ha referido también a esos 42 contratos de transporte escolar y en este sentido me veo obligado a decir, para que conste en el 'Diario de Sesiones', que lo que se hizo aquel año fue seguir únicamente una forma de hacer que venía de la
Administración General del Estado antes de que la Comunidad Autónoma de Extremadura recibiera esas competencias, Administración General del Estado que en esos momentos estaba en manos del Gobierno del Partido Popular. En la convocatoria siguiente
se atendieron ya las distintas sugerencias de la Intervención General de la Junta de Extremadura en el sentido de que se sacaron a concurso esos contratos de transportes, y se da además la circunstancia de que ese año había una premura de tiempo y
un conflicto de transportistas que obligaron a hacerlo de esa manera tan


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inmediata, pero tampoco es cuestión de que entremos mucho en detalle.



El informe señala en otro apartado una demora excesiva en las resoluciones de concesión de determinadas subvenciones, y en este sentido me gustaría preguntarle al presidente si el tribunal ha podido comprobar si esas demoras son achacables
solo a la Administración o también a los administrados. Sabemos que en ocasiones cuando un interesado solicita una subvención no aporta desde el primer momento toda la documentación precisa, sino que en la tramitación del expediente es necesario
que la Administración le solicite determinados documentos que el ciudadano tiene que aportar y que además esta situación se puede repetir incluso varias veces, lo que sin duda hace que en ese proceso también se vaya un tiempo muy valioso. No sé si
lo que estoy planteando quizás escapa, por ser demasiado concreto, a la labor del tribunal, pero si el presidente conociera el dato y me pudiera contestar se lo agradecería porque quizás en este caso no estaríamos tanto ante un fallo de la
Administración sino ante un problema de la eficiencia de nuestros procedimientos administrativos.



Para finalizar, quisiera plantearle una duda respecto a la última de las recomendaciones en relación con la contratación administrativa, concretamente cuando se habla de que atendiendo al principio de economía en la gestión de los fondos
públicos debería primarse la valoración de los precios más bajos en las ofertas frente a otros criterios. ¿Hasta qué punto esta afirmación es simplemente una opinión del Tribunal de Cuentas, una opinión autorizada, pero una opinión más? Me
explico. Todos conocemos la complejidad de la Ley de Contratos de la Administración así como las discrepancias que suelen surgir en relación con la objetividad de los criterios de adjudicación y el peso que deben tener los criterios técnicos frente
a los criterios económicos o viceversa. Dejando claro que coincidimos en la apreciación y que la Administración autonómica ya está trabajando en esa línea, convendrá conmigo en que siempre que nos movamos dentro del marco de la ley es un asunto
opinable y me gustaría saber lo que usted considera al respecto. Por mi parte, no me queda más que reiterarle mi reconocimiento por el trabajo que desempeña el tribunal.
(Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Damos de nuevo la palabra al presidente del tribunal para que responda a sus señorías en la medida de lo posible, ya que algunas de las cuestiones que se han planteado no corresponden directamente al informe que él ha
presentado. Señor presidente, tiene usted la palabra.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Quiero dar las gracias al señor Gallego y al señor González por sus intervenciones, por sus amables palabras de agradecimiento y también por sus críticas. Señor Gallego, por lo
visto el informe da para mucho a pesar de estar desfasado; lo acaba de decir usted. Parece que el desfase lo hacía completamente inútil y de su intervención se deduce y se demuestra claramente que este informe tiene mucha utilidad, como todos los
informes del Tribunal de Cuentas, porque al margen del tiempo trascurrido el contenido del mismo refleja una valoración de la legalidad, de la transparencia, de las responsabilidades en las que los gestores han podido incurrir y también la forma en
que esas irregularidades se pueden corregir. También, sin ánimo de que eso sea el objetivo principal de nuestros informes, hay una valoración de las deficiencias, de las lagunas del ordenamiento jurídico que permiten esas irregularidades. Traer
aquí a colación el análisis de esa debilidad de normas cuando estas existen permite que a través de las mociones o de resoluciones que de esta Comisión pueden salir, hagamos un buen beneficio al ordenamiento jurídico. Este es un primer dato que
quería trasladarles. No hablo más de los desfases porque ya dije antes lo que pensábamos de eso y sobre todo la posición del tribunal respecto a hacer el mayor esfuerzo posible para que sus informes lleguen a esta Comisión rápidamente a la fase de
gestión.



Tengo que empezar negando lo de la complacencia. Usted me ha dicho que yo he estado complaciente en la descripción de determinados apartados del informe, en concreto de los 42 expedientes de contratos de transporte escolar. No confunda la
complacencia con la prudencia, y le voy a decir por qué. Porque contestándole a una pregunta que usted ha hecho, el ministerio fiscal y el abogado del Estado, a los que fue sometido este informe, solicitaron la remisión de antecedentes a la sección
de enjuiciamiento en relación con diferentes supuestos de posible responsabilidad contable relacionadas con la gestión de gastos e inmovilizado, subvenciones y distintos contratos, entre los cuales están estos. Según información recabada por la
Presidencia antes de venir aquí, como hago siempre, este procedimiento se encuentra en fase de instrucción. Por lo tanto, cuando esto ocurre, hay que decir, hay que poner la palabra, presuntas, antes de las responsabilidades. Si eso es traducido
como complacencia en la descripción de los hechos, me parece que se ha equivocado con el sustantivo. Resaltamos que 42 expedientes de contratos de transporte escolar adjudicados por un importe de 4 millones de euros fueron indebidamente tramitados
como contratos administrativos especiales, por lo que no se exigieron las respectivas clasificaciones a los contratistas, etcétera, es decir, todo lo que dice el informe. Aunque yo haya puesto la palabra, presuntas, responsabilidades contables
-porque lo son, dado que está en enjuiciamiento este tema-, no se puede, ni muchísimo menos, juzgar mis palabras con el ánimo de disminuir la importancia de esta irregularidad. Todo lo contrario, queda expuesta en el informe y también en mis
palabras.



Por otra parte, he notado también que en determinadas preguntas o planteamientos que usted ha hecho parece


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que yo no era presidente del Tribunal de Cuentas sino el presidente de la Junta de Extremadura. En su tiempo estos controles pudieron hacerse a través de una cosa que se llama control parlamentario, que allí, en el Parlamento de
Extremadura, como en los parlamentos de todas las comunidades autónomas y como aquí, no necesitan esperar al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, sino que justamente a través de lo que usted ha señalado con mucho acierto, de los
informes de control interno -es decir, justamente de todos los requisitos que se necesitan para una adjudicación correcta de un contrato que tiene que fijarse en el informe del control interno-, puede servir para que controlen también desde el punto
de vista parlamentario, el control político, porque en definitiva nosotros somos coadyuvantes de ese control político con nuestras intervenciones. Hay una serie de preguntas que usted me ha hecho, con toda la amabilidad y la cordialidad se lo digo
-el anticipo de la comunidad autónoma por gastos sanitarios o la sentencia del Tribunal Supremo, que está en ejecución-, que no están dentro del informe, que corresponden incluso a fechas en las que yo ni era consejero del Tribunal de Cuentas, en
2001, pero en todo caso investigaremos si hay gatos en el Tribunal de Cuentas y con mucho gusto le mandaremos toda la información detallada por escrito, como siempre hacemos cuando una pregunta queda sin contestar. Entienda usted que por mucho
conocimiento que yo pueda tener de la institución que presido no venía preparado para contestar temas del año 2001.



Hay otra serie de cuestiones que me han planteado y que podría contestarles. Me parece que de la intervención del señor González se desprendía que preguntaba si ha habido alguna mejora respecto a la fiscalización de ejercicios anteriores.
Yo tengo aquí una serie de cuestiones que no han mejorado en absoluto en el tiempo que ha transcurrido, es decir, que siguen siendo válidas las recomendaciones que en el informe se establecían y sobre todo las que repiten recomendaciones del informe
de 2003, pero hay dos o tres cosas en las que sí ha habido algún adelanto, y creo que es bueno decirlo. Por ejemplo, decíamos en una recomendación que debería procederse a la implantación paulatina del Plan general de contabilidad pública en las
entidades del sector público regional sometidas al mismo que, con base en disposición transitoria primera de la orden que lo aprueba, aún no lo han hecho. ¿Qué ha ocurrido? Que durante el ejercicio 2005 tuvo lugar la implantación de una adaptación
del sistema de información contable de la Comunidad Autónoma de Extremadura al Ente Público Consejo Económico y Social y a los organismos autónomos Consejo de la Juventud de Extremadura, Instituto de la Mujer de Extremadura e Instituto del Corcho,
la Madera y el Carbón Vegetal. Se ha completado, por tanto, la implantación del Plan general de contabilidad pública a las entidades autonómicas sujetas al mismo, a excepción de los consorcios Museo Extremeño González Santana y Museo Vostell
Malpartida.



Por lo que se refiere a otro tema que también han tocado tanto el señor Gallego como el señor González, el del inventario general de bienes y derechos, estoy de acuerdo con usted en valorar las consecuencias de un inventario mal hecho, estoy
plenamente de acuerdo con todas sus consecuencias y las reflexiones que ha hecho, pero hay que recordar que decíamos en la recomendación de 2003 que con la inclusión de la totalidad de los previstos en la orden que regula la formación del inventario
de 4 de mayo de 1987, así como dotar los recursos que permitan completar el proceso de valoración de los bienes y derechos inventariados. Pues bien, en orden a completar la valoración de los bienes inventariados se firmaron sendos convenios
formalizados entre la Consejería de Hacienda y Presupuesto de la Junta de Extremadura, el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación Provincial de Badajoz y la Diputación Provincial de Cáceres el 27 de diciembre de 2004, cuya ejecución ha
generado resultados a partir del ejercicio de 2006. Si le doy este dato es porque, repito, el trabajo de campo de 2006 y 2007 ya se ha hecho, se va a mandar alegaciones, y ya puedo adelantar algunos datos que les traeré perfectamente ordenados y
analizados cuando -si es que nos toca- vengamos aquí a presentar los informes correspondientes a 2006 y a 2007.
Pues bien, eso ha dado lugar, según la información proporcionada por el servicio de Patrimonio, a la revisión de valoración de un gran
número de inmuebles cuya distribución por provincias tenemos aquí reseñada y que pongo a disposición de ustedes y mandaré por escrito a la señora presidenta para que ustedes lo vean.



No le pongo más ejemplos de lo que significa que se hayan tenido en cuenta por los gobiernos correspondientes -anteriormente por el de La Rioja y ahora por el de Extremadura- algunas de nuestras recomendaciones, que han servido para
perfeccionar la gestión del sector público en la parte que les corresponde. Repito, tomo buena nota de las preguntas que usted me ha hecho y esté completamente convencido de que les mandaremos la respuesta por escrito porque se trata de asuntos que
no están dentro de este informe que presentamos, el informe 2004 y 2005, pero si están en el tribunal, como es natural, están a su disposición; faltaría más.



- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO (LEÓN). (Número de expediente del Congreso 251/000096 y número de expediente del Senado 771/000093.)


La señora PRESIDENTA: Damos por concluido este punto segundo del orden del día.



A continuación analizaremos el tercer informe que presentará el presidente sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Villablino.



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El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Vamos a hablar del Ayuntamiento de Villablino y del informe de fiscalización que aprobó el pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de septiembre de 2009. A efectos de enmarcar el
alcance de la fiscalización, cabe recordar que este municipio tenía a comienzos del año 2008 una población próxima a los 11.000 habitantes, habiéndose registrado un descenso superior al 27 por ciento en los diez últimos años. Es decir, estamos ante
un ayuntamiento que, por circunstancias que nos duelen mucho a todos pero mucho más a los leoneses, ha tenido una evolución distinta de la que en otros tiempos lo convirtieron en una joya del Bierzo. El informe que hoy se presenta tuvo como
antecedente un informe previo de fiscalización del mismo ayuntamiento de los ejercicios 1998 a 2002, que fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 20 de julio de 2006 respecto del cual esta comisión adoptó la resolución de solicitar del
Tribunal de Cuentas que llevase a cabo una nueva fiscalización de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Villablino de los ejercicios 2005 y 2006, fiscalización que se incluyó en el programa del tribunal del ejercicio siguiente. Los
trabajos preliminares de esta nueva fiscalización debieron posponerse entre otros motivos porque no se encontraban elaboradas las cuentas del ejercicio 2005 ni cerrada tampoco la contabilidad del 2006. Superado el nuevo plazo otorgado, como quiera
que a finales de octubre de 2008 aún no se habían rendido las cuentas de los ejercicios 2005 y 2006 pese al requerimiento formulado, el pleno del tribunal en su sesión de enero de 2009 modificó el ámbito temporal y el objetivo inicialmente previsto
para esta fiscalización. -Esto es muy importante a la hora de determinar luego las responsabilidades contables que pudieran derivarse de este informe o que no pudieran derivarse de este informe justamente por este dato tan importante, que el
objetivo inicialmente previsto para la fiscalización fue cambiado totalmente por el pleno del Tribunal de Cuentas justamente para dar respuesta a la resolución de esta Comisión-. En consecuencia, por las circunstancias que he señalado, esta
fiscalización se dirigió a la revisión de los procedimientos de control interno y al análisis de las circunstancias que dificultaban la llevanza de la contabilidad y que habían impedido disponer de las cuentas generales en los plazos legales, así
como a la verificación de si se habían subsanado las deficiencias y carencias en la gestión económico-financiera puestas de manifiesto en el informe anterior.



Como información complementaria, se puede indicar que la cuenta general de 2005 se aprobó en marzo de 2009 y fue rendida una vez concluidos los trabajos de la fiscalización. Según información actualizada, las cuentas de los ejercicios
siguientes a 2005 continúan sin rendirse al tribunal.
En relación con las deficiencias señaladas en el anterior informe de fiscalización y con las resoluciones adoptadas por esta Comisión parlamentaria, debe señalarse que, en general, el
ayuntamiento no había adoptado medidas para atender las recomendaciones y resoluciones formuladas. Así, por ejemplo, en relación con la elaboración de los presupuestos específicos para cada ejercicio, cumpliendo el objetivo de equilibrio
financiero, se señala en el informe que el último presupuesto aprobado por el ayuntamiento correspondió al ejercicio 2002 y desde entonces hasta incluido el ejercicio 2009 se ha venido produciendo de forma automática la prórroga del mismo,
deviniendo en una práctica habitual lo que debería haber sido una práctica excepcional y transitoria, como saben sus señorías. Esta actuación contribuyó de forma decisiva a que el funcionamiento de la corporación tuviera importantes carencias de
control interno y originó que tanto las estimaciones de los ingresos como en mayor grado la de los créditos del estado de gastos, estuvieran completamente desfasadas en las cuantificaciones y en la consignación de créditos para los nuevos gastos que
iban apareciendo.
Como hecho indicativo cabe señalar que en el estado del remanente de tesorería que acompañaba a la liquidación del ejercicio 2005 figuraban pagos por 6,5 millones de euros pendientes de aplicación presupuestaria.



Necesariamente tengo que detenerme en la intervención accidental, porque las carencias de control se vieron potenciadas por la falta de cobertura de la plaza de interventor municipal durante diez años continuados, de modo que hasta 2008, con
la excepción de un breve periodo de nueve meses entre 2000 y 2001, sus funciones fueron desarrolladas de forma accidental por un auxiliar administrativo de la plantilla municipal designado por el ayuntamiento, circunstancia que impidió que las
funciones de la intervención se desarrollaran con la garantía y la eficacia necesaria, exigiendo la implantación de procedimientos de gestión ajustados a principios de racionalidad administrativa. La falta de una contabilidad ordenada en tiempo y
forma como consecuencia de que esta era llevada en exclusividad y de forma imprecisa e incompleta por el interventor accidental, sin tener previsto un sistema normalizado para cubrir sus posibles ausencias, supuso que su repentino fallecimiento
sumiera al servicio en una situación de descontrol mayor de la que fuera puesta de manifiesto en el informe de fiscalización anterior. A comienzos del año 2008 fue nombrado provisionalmente un nuevo interventor perteneciente ya a la escala de
funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter estatal -luego dedicaremos a esto un parrafito quizá en las preguntas- que adoptó medidas conducentes a la mejoría de la gestión, organizando y racionalizando la gestión y el
archivo del servicio y estableciendo algunas nuevas pautas para la gestión de la tesorería, del presupuesto y del personal. No obstante, la documentación anterior a su llegada seguía sin registrarse y a la finalización de la fiscalización se
carecía de procedimientos normalizados, regulando las tareas a desempeñar en los distintos servicios.



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¿Cuál era la situación financiera que nos encontramos con este cúmulo de incidencias? Durante la fiscalización se pudo constatar que el ayuntamiento de Villablino arrastraba un déficit financiero al menos desde hacía diez años. En el
anterior informe de fiscalización se indicaba que, al cierre del ejercicio 2002 el saldo negativo acumulado el remanente de tesorería, ascendía a 11,1 millones de euros. Esta difícil situación financiera ha obligado al ayuntamiento a atender, en la
medida en que los ingresos lo permitían, solo una parte de las obligaciones económicas que generaba, con atención primordial a los salarios de los trabajadores y a ciertos acreedores principales, acumulándose retrasos importantes con las
administraciones y restantes acreedores. (La señora vicepresidenta, Sanjurjo González, ocupa la Presidencia.)


A 31 de diciembre de 2008 mantenía una deuda de al menos 16,5 millones de euros, de la que 7,8 millones se encontraban vencidos y exigibles y 3 millones correspondían a deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, cuyo abono se había fraccionado y aplazado mediante pagos mensuales hasta el año 2012. A pesar de todo lo anterior, e incumpliendo lo establecido en la normativa vigente, el ayuntamiento no había elaborado
ningún plan de saneamiento ni adoptado las medidas necesarias para reequilibrar la deficitaria situación financiera en los términos señalados por el Tribunal de Cuentas y asumidos por esta Comisión parlamentaria.



En cuanto a la gestión de la Tesorería, se observó que se mantenían las deficiencias del ejercicio anterior, destacándose la realización de muchos ingresos y pagos a través de una misma caja de efectivo, si bien en el segundo semestre de
2008 se implantó ya un procedimiento para el seguimiento y control de los pagos a justificar, que había sido indebidamente utilizado en el periodo anterior. Asimismo, se señala la escasa garantía ofrecida por el procedimiento aplicado en el control
de los ingresos tributarios directamente gestionados por el propio ayuntamiento y la carencia de control sobre las cuentas de recaudación presentadas por la diputación provincial. En referencia a la gestión del personal, el ayuntamiento carecía de
un registro de personal y no había elaborado una relación de puestos de trabajo como se recomendó en el anterior informe. Los gastos de personal suponen un 77 por ciento de los ingresos y, pese a la disminución de la plantilla de personal laboral
entre enero de 2004 y diciembre de 2008 en diecinueve efectivos, la reducción en gastos en esta área no ha sido significativa. Las recomendaciones de este informe insisten en las que formulamos en el anterior informe, considerando urgente la
adopción de las pertinentes medidas para reequilibrar la situación financiera y enfocar la gestión en términos de estabilidad presupuestaria, para lo que será necesario elaborar y aprobar el plan de saneamiento financiero al que antes nos
referíamos. Asimismo, se reiteran en este informe las recomendaciones relativas a la presentación de las cuentas generales en tiempo y a la necesidad de aprobar una relación de puestos de trabajo ajustada a las necesidades de las funciones y los
servicios desarrollados.



Por otra parte, el Tribunal de Cuentas recomienda que la Administración General del Estado, representada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras en la Comisión de
seguimiento del Plan nacional estratégico del carbón 2006-2012, vigile y controle que los proyectos que presenta el ayuntamiento se adecuan a los fines del plan, así como el grado de cumplimiento de las actuaciones aprobadas estimulando la
observancia de los plazos. Además, el tribunal entiende y recomienda que la Junta de Castilla y León, en atención al principio de tutela financiera a las entidades locales establecido en el artículo 54 del estatuto, debería colaborar y cooperar con
el ayuntamiento en la implantación de medidas de gestión de servicios así como financieras y organizativas.



Señora presidenta, señorías, esto es de momento el resumen que puedo hacer de un informe que me gustaría que fuese brillante. Estoy completamente convencido de que, andando el tiempo y puestas las cosas en otra orientación, podremos traer
aquí un informe que expondremos con mayor satisfacción.



La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): A continuación por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cerezales.



El señor CEREZALES GONZÁLEZ: Es para mí un honor como senador por la provincia de León asistir hoy a esta comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, el ilustre leonés don Manuel Núñez Pérez. Expreso mi agradecimiento al Tribunal
de Cuentas por el oportuno cumplimiento de la resolución adoptada en el seno de esta Comisión por la que se le solicitaba una nueva fiscalización del Ayuntamiento de Villablino. En el informe presentado se describen las circunstancias y avatares
por los que esta corporación local ha pasado y continúa pasando, como lo viene a demostrar el hecho de que no se hayan rendido, pese a las actuaciones llevadas a cabo por el tribunal, las cuentas del ejercicio 2006 y posteriores. No cabe
justificación para la situación que el Tribunal de Cuentas ha transmitido a través de su informe y, en consecuencia, se deberían adoptar por todas las administraciones implicadas las medidas necesarias para su solución. Además de sus catorce
núcleos de población, su situación geográfica al norte de la provincia de León y limítrofe con Asturias hace que la implantación de los servicios municipales cueste más que en otros municipios de España que no tienen sus características.

Reconociéndole esta especificidad, debería el ayuntamiento haber implantado todas las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del periodo 1998-2002,


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las cuales fueron instadas por esta Comisión Mixta Congreso-Senado en su resolución del 19 de diciembre de 2006, aunque conocemos que algunas de ellas sí las han implantado.



El dato verdaderamente preocupante del informe de fiscalización es la deuda que el ayuntamiento mantenía a fecha de 31 de diciembre de 2008 de 16,5 millones de euros, es decir, 2.745 millones de las antiguas pesetas.
Es llamativa la falta
de garantías y de seguridad jurídica de los acreedores, por lo que se tuvo que hacer frente a las obligaciones financieras de las que se conocía el servicio prestado, dejando pendiente de pago las restantes deudas y demorándose también los pagos a
la Seguridad Social y a la Hacienda pública. Esta situación se complica aún más por la falta de control sobre los ingresos, ni los que liquida el servicio de recaudación de la diputación provincial ni los directamente gestionados por el propio
ayuntamiento, a la vez que los ingresos del Estado van decreciendo -como bien decía el presidente- porque va disminuyendo el número de habitantes.



El informe de fiscalización termina con unas recomendaciones que suscribo en su totalidad y aprovecho para felicitar al Tribunal de Cuentas por su brillante trabajo. El principal problema del ayuntamiento es su deuda; una parte importante
de esta se debe a proveedores, y detrás de esas cantidades frías, señorías, existen personas, como empresarios y trabajadores, que están corriendo un peligro cierto de que las empresas terminen en concurso de acreedores y los trabajadores en el
paro. Algún ejemplo conozco personalmente y es una situación muy penosa. ¿Sería posible, señor presidente del Tribunal de Cuentas, que la Administración General del Estado, a través de su representación por el Instituto para la reestructuración
para la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras en la comisión de seguimiento prevista en el Plan Nacional Estratégico del Carbón 2006-2012, pudiera dotar a este ayuntamiento, clasificado como municipio muy afectado por
la minería del carbón, es decir muy minero, con financiación suficiente para pagar su deuda a los acreedores? Esa sería la mejor inversión de los fondos públicos para mantener las empresas actuales que ya están creadas y tienen puestos de trabajo.
Es muy importante que cobren sus deudas y que puedan seguir manteniéndolos, que no siga aumentando el paro porque, dada la situación geográfica del municipio, es muy difícil que se instalen nuevas empresas, como se ha demostrado en los anteriores
años de vigencia del Plan del carbón. Señorías, en vez de construir una piscina cubierta, como figura en el informe del apartado de inversiones reales con fondos Miner y que luego no haya dinero para el mantenimiento -como ocurre en un ayuntamiento
colindante-, en Villablino sería mejor invertirlo en pagar las deudas a las empresas actuales. Nuestro grupo formulará las pertinentes propuestas de resolución a fin de impedir que puedan mantenerse situaciones administrativas como la reflejada en
el informe hoy analizado.



La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): A continuación tiene la palabra el señor Mas, por el Grupo Socialista.



El señor MAS I ESTELA: El señor presidente del Tribunal de Cuentas ha empezado diciendo que le dolía como leonés tener que presentar este informe. A mí, que saben ustedes que llevo el mundo municipal en el corazón, también me ha dolido
mucho leerlo y reflexionar sobre este ayuntamiento y sobre su situación. Es el segundo informe que nos presenta el Tribunal de Cuentas sobre Villablino. El primero analizó hasta el año 2002. Después, como ha explicado el presidente del tribunal,
se hizo un segundo informe de 2005 al 2006 por petición de esta propia Comisión. Se cerró por el tribunal 2009, supongo que recogiendo datos de 2008, y ahora lo vemos. El informe pone de manifiesto el descontrol administrativo total que existió en
su momento en este ayuntamiento, supongo que fruto del desastre político que representó la gestión que llevó a este descontrol administrativo. No es que una cosa vaya ligada con la otra; puede haber descontrol administrativo con estabilidad
política; puede haber desastre político sin descontrol porque hay una buena maquinaria funcionarial, pero me parece que en este caso, desgraciadamente para el mundo municipal por el ejemplo que representa, nos encontramos con las dos cosas: con un
descontrol administrativo y con un desastre político que deseo y espero por el bien de los ciudadanos de Villablino y de su administración que se esté enderezando. Estamos hablando de una etapa que espero que se supere a partir de 2007, y
tendríamos que ver qué actuaciones se han llevado a cabo. El Tribunal de Cuentas nos dice que algunas se han realizado, otras no; supongo que todos hemos indagado sobre cómo está el tema y sabemos que después del cierre del informe del Tribunal de
Cuentas algunas cosas han mejorado. Por ejemplo, se han aprobado las cuentas de 2006 -aunque no sé si han llegado ya al tribunal pero sé que están aprobadas-, lograron aprobar un presupuesto en 2009 que ya cierra el ciclo de los presupuestos
elaborados desde 2002, han llegado a acuerdos con la Tesorería de la Seguridad Social, han llegado a acuerdos con la Hacienda pública que también se cumplen, y han refinanciado la deuda con Caja España, que también se cumple en muy buenas
condiciones. Todavía faltan cosas como otras cuentas generales, la relación de puestos de trabajo o el plan de saneamiento, pero en algunas cosas se ha avanzado.



Tendríamos que valorar la dificultad de enderezar el rumbo de una nave que, probablemente, esté encallada en unos arrecifes de difícil salida.
Tal y como ha expuesto el presidente y tal y como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha
puesto de manifiesto, este ayuntamiento de la zona minera está en la zona alta de León -me van a permitir que recuerde hermosas comarcas como el Bierzo, Laciana, Bavia, Luna-, una zona realmente


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hermosa, pero todos conocemos la regresión económica en la que se encuentra debido a su dependencia de la minería del carbón y lo que pasa con esta situación: 30 por ciento de población menos en diez años. Esto es muy indicativo de las
dificultades que va a haber si se intenta enderezar el rumbo de una nave encallada como esta. Por tanto, el informe es muy contundente.



El segundo informe no mejora el primero, todavía; esperemos que sí. Esto implica reflexionar sobre algunas cosas del mundo municipal. En primer lugar, deseamos que esta situación no se haya extendido a muchos otros municipios en España.
Hay 8.000 municipios y todos sabemos las dificultades de unos y otros, pero este portavoz desearía que no hubiera demasiados municipios en España que estuvieran en esta triste situación.
En segundo lugar, la reflexión, señor presidente,
probablemente no se la podemos dirigir ni a usted ni al tribunal. ¿A quién debemos dirigir nuestras reflexiones sobre esta situación? Podríamos dirigirnos al Tribunal de Cuentas para que haga un nuevo informe y después de dos o tres años -la
anterior sesión de esta Comisión que vio el primer informe fue en 2006, estamos en 2010-, en 2014 más o menos, cuando veamos un nuevo informe sobre Villablino, nos dirá que seguramente han avanzado en algunas cosas pero que desde los años 2008 ó
2009 no se ha avanzado.
Supongo que el señor presidente y el portavoz del Grupo Popular también saben que la funcionaria que se hizo cargo de la intervención en 2008 ya no está. Aquí tenemos otro problema, que es cómo fijamos personal funcionario
cualificado en determinadas zonas de España para que lleven a cabo su correcta función. A veces desde el Poder Legislativo vemos muy fácil establecer una norma que tiene que cumplir todo el mundo, pero hay unos que la pueden cumplir y otros que
quizás no pueden hacerlo tan fácilmente. La interventora de 2008 no está, hay un técnico de contabilidad habilitado que cada día hace el trayecto León-Villablino. No sé cuánto tiempo podrá durar esto; deseo que mucho, pero quizás cuando el
Tribunal de Cuentas pueda volver allí se encuentre con que las cuentas se han dejado otra vez. Esperemos que no. En todo caso, creo que al dirigirnos al Tribunal de Cuentas podríamos caer en aquello de que los esfuerzos estériles conducen a la
melancolía. Tengo mi duda de si es al Tribunal de Cuentas. Podemos dirigirnos al ayuntamiento. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)


El Tribunal de Cuentas adoptó una decisión un poco dura -el señor presidente lo sabe-, que era la exigencia a la alcaldesa actual de responsabilidades personales por la no rendición de cuentas. La decisión es un poco dura porque, analizando
el desastre y la historia de este desastre, no sé si era una decisión que tenía que haberse matizado un poco. En todo caso, es una cuestión del tribunal. Pero ¿podemos dirigirnos al ayuntamiento conociendo realmente esta situación y exigiéndole
más? Ceo que no tenemos que dejarlos caer en la sensación de que nadie se preocupa de ellos y en que nadie les exige nada, pero tenemos que modular en todo caso las exigencias, tenemos que dirigirnos al Gobierno. El señor portavoz del Grupo
Popular hacía ahora una sugerencia que en el debate de las propuestas que tendremos durante los próximos días deberemos analizar convenientemente porque puede ser interesante. Pero ¿la Administración del Estado tiene que responsabilizarse de la
mala gestión que en su tiempo hubo, hace diez años? Evidentemente, no, pero ¿podemos exigir que el ayuntamiento resuelva por sí solo una situación de 17 millones de euros en deudas pendientes? Si no tengo mal entendido, el Ayuntamiento de
Villablino tiene un presupuesto de 3 millones de euros. ¿Esto cómo se hace? Evidentemente el Estado no tiene por qué resolver una mala gestión realizada anteriormente, pero tampoco el ayuntamiento está en condiciones de avanzar. Creo que con el
portavoz del Grupo Popular, supongo, y con otros portavoces, si se prestan a ello, podremos reflexionar sobre qué posibles propuestas de salida podemos plantear para que el Ayuntamiento de Villablino salga de la situación actual.



No tengo preguntas que formularle, señor presidente, pero quiero hacerle una reflexión en voz alta desde mi vieja historia en el mundo municipal, y es que el Tribunal de Cuentas nos pone en alerta sobre situaciones de difícil solución, fruto
de años de descontrol y de desastre político sumados que han llevado hasta aquí. En todo caso, como dije al principio, si al presidente le duele como leonés, a mí, como viejo municipalista, también me duele tener que estudiar un tema como este.



La señora PRESIDENTA: Señor presidente, tiene de nuevo la palabra.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Es reconfortante escuchar las intervenciones que han seguido a la exposición de este informe por la noble sensibilidad que en uno y otro caso han puesto sobre la mesa. Tanto la
sensibilidad del que conoce los problemas de una comarca -y que además, porque ha ejercico responsabilidades sabe muy bien hasta qué punto llegan y qué dificultades tienen para resolverla- como la sensibilidad del diputado y señor alcalde, porque
efectivamente quedan en su sentimiento, en su corazón, los problemas que tienen las corporaciones locales y el especial tratamiento que exigen en algunos casos, por encima incluso de lo que es la rutinaria aplicación de las normas. Por eso repito
que para mí ha sido muy reconfortante escuchar las dos intervenciones.



Este es un informe muy especial, y lo es porque estaba tratando de lograr unos objetivos que no se traducían en responsabilidades contables o simplemente en irregularidades que pueden reflejarse en datos y cifras, sino que detectan problemas
políticos y administrativos que han influido después en la creación y en la provocación de un montón de irregularidades, convirtiendo a los ayuntamientos


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en auténticos semilleros de problemas y de pleitos. Este informe es de tal naturaleza y con unos objetivos tan cambiados que cuando se presentó al ministerio fiscal y al Servicio Jurídico del Estado dijeron que en todo caso no estamos en
disposición de apreciar supuestos de responsabilidad contable. Hagan ustedes otro informe que complemente este. Es lógico que haya sido así porque la desorganización expresada en el informe afecta a toda la actividad económico-financiera y ello
hace que el informe no se detenga en operaciones específicas sobre las que pudieran derivarse responsabilidades contables.



Yo quiero hacer también algunas reflexiones que en parte contestan a las preguntas y en parte comparten reflexiones que ustedes han hecho para que conozcamos qué es lo que se puede hacer y a quién se le pueden pedir remedios, pues eso, señor
Mas, es en definitiva una pregunta. Volver al Tribunal de Cuentas a lo mejor no significa nada más que esperar y que en unos años volvamos a examinar aquí todas las cuestiones y todos los avances que hayan podido darse, pero a lo mejor
efectivamente el remedio llega tarde y a lo mejor hay que adelantarse. En todo caso, como se ha hablado de los requerimientos y hay que explicar por qué se hizo, le diré que porque hay que concretar la responsabilidad contable en un requerimiento
personal en la última responsable, que no tiene nada que ver con la situación anterior y por lo menos esta Comisión tiene que saber por qué. Así, tras el requerimiento formulado para la rendición de cuentas, que no fue atendido, se dio un nuevo
plazo para que fuera cumplimentado antes de formular la multa prevista por la normativa del tribunal, que fue definitivamente impuesta por el pleno del tribunal en la sesión del 29 de enero de 2009. Contra la imposición de esta multa fue
interpuesto un recurso de reposición que el pleno del tribunal desestimó en su reunión del 30 de abril de 2009. ¿Por qué? Porque se trata de responsabilidades objetivas que están perfectamente tasadas y simplemente no se planteaban cuestiones que
pudiesen, digamos, anular la responsabilidad personal que recae en alguien que ha tenido que tener conocimiento de la situación. Este tipo de requerimientos y las consecuencias son así de crueles.



La formulación de requerimientos por parte del Tribunal exigiendo la rendición de cuentas es, repito, la vía habilitada por la normativa del propio tribunal, normativa que ha sido aprobada en estas Cámaras, en el Congreso de los Diputados y
en el Senado. Han sido varias las ocasiones en las que el Tribunal ha aplicado este procedimiento, bien por iniciativa propia o bien a petición de algún órgano de control externo de comunidades autónomas en relación con los ayuntamientos de su
respectivo ámbito. De hecho, en el orden del día de la reunión del pleno que vamos a celebrar mañana se prevé la remisión de cincuenta y tres requerimientos conminatorios a los alcaldes de otras entidades locales que no han dado respuesta a la
solicitud de personarse en el tribunal para evaluar la situación de incumplimiento; ayuntamientos de más de 5.000 habitantes que no han rendido algunas de las cuentas de los ejercicios 2006-2008, que conforman el plan de seguimiento, y
ayuntamientos entre 1.000 y 500 habitantes que no hubieran rendido ninguna de las cuentas de los tres ejercicios citados. Es la forma que tenemos de que se cumpla la base fundamental que necesita el control externo de las corporaciones locales.

Sin la rendición de cuentas no cabe ni muchísimo menos seguir en el proceso de fiscalización.



El departamento de corporaciones locales ha comunicado que el ayuntamiento en estas fechas -lo digo porque aunque no ha hecho la pregunta la ha dejado sobre la mesa- no ha rendido las cuentas del ejercicio 2006 y siguientes; ha rendido la
de 2009, que es la siguiente a la que la actual alcaldesa tomó posesión. Por tanto, a partir de ahí las cosas van marchando, pero queda la laguna de las cuentas anteriores y efectivamente se necesitaría algún procedimiento, alguna colaboración
especial, algunos técnicos especializados y con vocación de arreglar ese tema que, digamos, pudieran cumplir esa laguna de rendición de cuentas que tiene todavía el Ayuntamiento de Villablino. Tenemos que señalar que la Ley de 2002, por la que se
crea el Consejo de Cuentas de Castilla y León, otorga al consejo, repito, en su artículo 8, competencias para la fiscalización de las cuentas de las entidades locales. También podría servir que le mandásemos este problema al Consejo de Cuentas de
Castilla y León para que, navegando sobre el terreno, pudiera conseguir de otras entidades de la Administración autonómica ayudas o bien movilizar la conciencia de determinados organismos o entidades financieras para que arreglasen la cuestión. En
todo caso, es él el competente para hacer una fiscalización antes que los otros.



Otra cosa es que efectivamente en cualquier momento nosotros podamos también hacer la fiscalización, porque aunque tenga la competencia en exclusiva un órgano de control externo para fiscalizar las corporaciones locales eso no elimina la
competencia que el Tribunal de Cuentas tiene para hacerlo cuando se lo pida a esta casa y cuando el pleno de tribunal así lo acuerde. En todo caso, cabe recordar que también el Tribunal de Cuentas, con la colaboración de los órganos de control
externo de las comunidades autónomas, ha puesto en funcionamiento un sistema de rendición telemática de las cuentas que facilita esta rendición, junto con una plataforma que permite un análisis más inmediato de la información remitida. Este proceso
de rendición telemática de las cuentas de los ayuntamientos se inició con las cuentas del ejercicio de 2007, y a tal fin hemos suscrito convenios con la mayor parte de los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Esta aplicación
informática permite a la entidad local enviar su cuenta de forma fácil e intuitiva y, en el caso de que no dispusiera de la misma, cumplimentar los formularios previstos a tal efecto. Con lo cual, esta forma de rendición de cuentas


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puede servir para superar esas lagunas de años en las que el Ayuntamiento de Villablino no las ha podido rendir. La implantación de esta plataforma ha venido acompañada de un plan de comunicación y de asistencia permanente, así como de un
plan de formación a través de cursos que se han impartido en quince comunidades autónomas. El resultado de esta forma de rendición telemática de cuentas puede calificarse como bastante satisfactoria -voy a calificarlo así por no lanzarnos flores a
nosotros mismos-, pero sí puedo decirles que en muchas comunidades autónomas se ha llegado ya al 95 por ciento en la rendición de las cuentas de los ayuntamientos, algo que era absolutamente impensable hace solo cuatro años. Quiere decirse, por lo
tanto, que estas fórmulas nuevas pueden servir -de ahí ese remedio- para rendir las cuentas que obligatoriamente tienen que hacer todos los ayuntamientos. Continuando con este esfuerzo la situación endémica de falta de rendición de cuentas de este
sector habrá quedado definitivamente superada.



Paso a hablar de otro tema que se ha planteado aquí, que es la dotación de personal de los ayuntamientos para que los responsables políticos, es decir, las corporaciones elegidas para gobernar el municipio, estén perfectamente asistidas y,
como decía Garrido Falla, asistidas quiere decir con una eficacia indiferente. Es decir, que al margen del color político de la corporación sepan que tienen una asistencia con una eficacia que trata simplemente de servir al ayuntamiento por encima
de todas las cosas.



Bien, se desconoce en la actualidad el número de ayuntamientos -es la reflexión que me ha puesto usted sobre la mesa- cuyo secretario o cuyo interventor no es un funcionario estatal que haya superado las pertinentes pruebas selectivas,
estando ejerciendo dichas funciones otra persona de forma accidental o interina. No obstante, en una moción que se elevó al Parlamento sobre el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas por los ayuntamientos se dejó constancia de que una de
las causas explicativas de estas situaciones patológicas era la falta de recursos humanos que pudieran ejercer con suficiente capacidad técnica y garantías dichas funciones. Un ayuntamiento de la categoría del de Villablino, que llevaba no sé
cuántos años sin interventor, necesariamente tenía que terminar en la situación en la que lo hemos encontrado.



En relación con los interventores, que es la cuestión aquí planteada, quisiera hacer una referencia histórica -y con esto ya termino- a una intervención muy concreta y significativa en la que tuve un especial protagonismo en los comienzos
del año 1990, cuando yo estaba aquí, al igual que ustedes, como diputado. En los ayuntamientos de España hay una serie de puestos de trabajo de especial relieve por su cometido, relacionado con la legalidad, la fe pública y el control financiero,
son los puestos de secretario, interventor y tesorero. Estos puestos, reservados a funcionarios locales con habilitación nacional, se cubrían hasta 1992 mediante concurso de méritos. Pero con una disposición adicional a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 1992, el Gobierno de aquel año, en contra de la opinión del grupo mayoritario de la oposición, que presentó una enmienda de supresión que yo defendí y presenté, decidió que tales puestos se cubrieran mediante libre
designación. Este cambio normativo ha propiciado una organización de tan importantes consecuencias para la gestión pública como el informe hoy presentado ha venido a confirmar. Lo desmoralizador del caso es que han pasado diecisiete años desde
entonces, ha habido alternancia en el Gobierno, han ocurrido las cosas que están en la mente de todos en las administraciones locales y se han mantenido las carencias organizativas en lo que a los mencionados puestos se refiere.



Concluiría aquí diciendo que a lo mejor volver a poner otra vez sobre la mesa una moción de esta naturaleza, con todas las dificultades, con todos los planteamientos y con todas las particularidades que respecto a las comunidades autónomas
hay que tener en cuenta, podría ser, repito, una consecuencia positiva de lo que en esta tarde hemos debatido y que ha traído a cuento este informe de Villablino que, vuelvo a decir, como presidente del Tribunal de Cuentas, pero sobre todo como
leonés, he sentido muchísimo tener que venir a exponerles esta tarde.



La señora PRESIDENTA: Vamos a hacer un pequeño receso para despedir al presidente del tribunal y enseguida continuamos con el orden del día de la Comisión. (Pausa.)


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 'AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA', EJERCICIO 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000074 y número de expediente del Senado 771/000076.)


La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar al debate y votación de las propuestas de resolución. Creo que no habrá debate porque ha llegado a la Mesa una propuesta de acuerdo sobre los tres puntos que nos quedan, pasaré a enumerarlos y a la
votación uno a uno, porque entiendo que serán aprobados por unanimidad, ya que la propuesta viene firmada por los distintos grupos proponentes.



En primer lugar, vamos a votar el informe de fiscalización del organismo autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria correspondiente al ejercicio 2006.



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Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN APLICADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 'CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL' (CDTI) EN LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
I+D+I DURANTE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000075 y número de expediente del Senado 771/000075.)


La señora PRESIDENTA: Punto número 5.º del orden del día, propuesta de resolución sobre el informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por la entidad pública empresarial Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial en la actividad relacionada con la financiación de proyectos de inversión I+D+i durante los ejercicios 2004 a 2006.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



- MOCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE EVITAR LOS RIESGOS DE QUE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS CONTRATADAS POR LA ADMINISTRACIÓN, POR LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD CONTRATADA, SE CONVIERTAN EN PERSONAL LABORAL DE
LA ADMINISTRACIÓN EN VIRTUD DE SENTENCIAS JUDICIALES. (Número de expediente del Congreso 251/000077 y número de expediente del Senado 773/000005.)


La señora PRESIDENTA: Punto número 6.º del orden del día, propuesta de resolución sobre la moción relativa a la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por las
condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



No teniendo ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión.



Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.