SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas.

Página

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

7740

El señor presidente da cuenta a la Cámara de que han
adquirido la condición plena de senadores el Excmo. Sr. D. Gustavo
Alcalde Sánchez, el Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, la Excma.
Sra. D.ª Tamara González Sanz, el Excmo. Sr. D. Miguel Zerolo Aguilar, el
Excmo. Sr. D. Domingo Francisco Fuentes Curbelo, el Excmo. Sr. D.
Francisco Fuentes Gallardo, el Excmo. Sr. D. Diego Sánchez Duque, la
Excma. Sra. D.ª Josefa Luzardo Romano, la Excma. Sra. D.ª María Blanca
Puyuelo del Val; el Excmo. Sr. D. Javier Fernández Fernández, el Excmo.
Sr. D. Isidro Manuel Martínez Oblanca, la Excma. Sra. D.ª Carmen Nuria
Gámez Vera y la Excma. Sra. D.ª María del Mar Rominguera Salazar al haber
prestado acatamiento a la Constitución mediante documento notarial.

El Excmo. Sr. D. Domingo Francisco Fuentes Curbelo, el
Excmo. Sr. D. Isidro Manuel Martínez Oblanca, la Excma. Sra. D.ª Carmen
Nuria Gámez Vera y la Excma. Sra. D.ª María del Mar Rominguera Salazar
realizan además el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución
en esta sesión.

ACTAS

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
extraordinaria anterior, celebrada los pasados días 12 y 13 de julio de
2011

7740

Se aprueba el acta.

REFORMA CONSTITUCIONAL

7740

Dictamen de la Comisión Constitucional en relación con la
proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución Española.

Comienza el debate sobre el conjunto del dictamen de la
comisión.

En turno a favor interviene el señor García-Escudero
Márquez.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Vilajoana i Rovira.

En un segundo turno a favor interviene la señora Silva
Rego.

En un último turno en contra hace uso de la palabra el
señor Bofill Abelló.

En turno de portavoces intervienen la señora Caballero
Martínez y los señores Martínez Oblanca y Zerolo Aguilar, por el Grupo
Parlamentario Mixto; los señores Zubia Atxaerandio, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Molas
i Batllori, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la
señora Silva Rego, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
García-Escudero Márquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Comienza el debate de las enmiendas.

El señor Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las enmiendas números 13 y 14.

El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números
18 a 20, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

El señor Vilajoana i Rovira defiende las enmiendas 22 a 29,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas números 1 a
3, 7 a 10, 12, 15, 16 y 17, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés.

En turno en contra de las enmiendas hacen uso de la palabra
la señora Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
y el señor Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Molas i
Batllori, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Pérez
Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y García-Escudero Márquez,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 13 y 14, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 12 votos a favor y 232 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 18 y 19, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 14 votos a favor y 233 en
contra.

Se rechazan las enmiendas números 22 a 29, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a
favor, 233 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, 7 a 10, 12, 15, 16
y 17, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a
favor y 234 en contra.

Se aprueba la votación final sobre el conjunto por 233
votos a favor y 3 en contra.

El señor presidente anuncia que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la proposición de reforma del artículo
135 de la Constitución Española.

Asimismo informa de que en el día de mañana se hará pública
la apertura de un plazo de quince días, que concluirá el 26 de septiembre
de 2011, dentro del cual una décima parte de los miembros del Senado
podrán requerir, mediante escrito dirigido al presidente, la celebración
de un referéndum para la ratificación de esta reforma constitucional,
conforme a lo previsto en los artículos 167.3 de la Constitución y 157
del Reglamento del Senado.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta y
cinco minutos.

Página
7740

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto segundo del
orden del día: Reforma constitucional.

Dictamen de la Comisión Constitucional en relación con la
proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española.

Señorías, vamos a dar comienzo al debate sobre el conjunto
del dictamen de la comisión.

¿Turno a favor? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Pío García-Escudero.
(Rumores.)

Ruego silencio, por favor.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor presidente,
señorías, por su propio rango de norma fundamental, toda Constitución
aspira a proporcionar estabilidad desde su propia solidez y permanencia.
Y es lógico que así sea cuando su razón de ser es la de garantizar los
derechos y libertades de los ciudadanos, establecer la trama
institucional de los poderes públicos y, por supuesto, orientar su acción
política de acuerdo con principios y valores democráticos.

Las constituciones sí nacen para durar, señorías, pero solo
pueden hacerlo mientras sirvan con eficacia a la comunidad política de
cuya voluntad traen causa. Por eso mismo, para mantener su eficacia y su
propia pervivencia las leyes también deben ser capaces de adaptarse a los
cambios y a las exigencias de una realidad en continua y en, hoy,
acelerada transformación. Para eso precisamente están los mecanismos de
reforma en los propios textos constitucionales, para que estos no pierdan
el ritmo del cambio, sigan siendo útiles y puedan así perdurar. Unos
procedimientos que, aunque agravados para garantizar un alto grado de
consenso político, hacen posible las modificaciones cuando se estiman
aconsejables o necesarias. Y nuestra Constitución, señorías, no es una
excepción a esta regla. Gracias a ello, con absoluta normalidad
democrática hoy podemos debatir esta proposición de reforma de su
artículo 135, proposición, señorías, que responde a la iniciativa
conjunta de los grupos parlamentarios Popular y Socialista, a un pacto
político y económico de un enorme valor, un compromiso que estamos
dispuestos a garantizar en el futuro, estableciendo su carácter de
permanencia desde la propia Constitución. Queremos ambos partidos, desde
el consenso, sentar unas bases que permitan garantizar el progreso
económico y social de España, desde nuestra norma máxima, manteniendo el
que fue uno de sus principales objetivos desde su aprobación en 1978.
Queremos responder con un ejercicio de responsabilidad política al
momento de especial gravedad que está viviendo nuestra economía y a las
difíciles circunstancias que hoy sufren millones de españoles.

Señorías, si hoy proponemos este cambio constitucional es
porque lo consideramos necesario y, en las actuales circunstancias,
oportuno, responsable e inaplazable. Es necesario porque su objeto, la
garantía de que todas nuestras administraciones públicas han de guiarse
por el principio de estabilidad presupuestaria, es crucial para nuestro
futuro, tanto como para que este principio adquiera rango constitucional.
No se trata de dar una respuesta coyuntural a la crisis, sino de un
principio básico permanente e irrenunciable: que no se pueda gastar más
de que lo que se ingrese. Ningún gobernante jamás debería olvidar esta
máxima, porque la experiencia reciente nos ha demostrado que los excesos
en el gasto y el endeudamiento públicos acaban por traer consecuencias
negativas para las cuentas públicas, para la economía, para el empleo y
para la propia sostenibilidad del Estado del bienestar.

Señorías, a partir de ahora la estabilidad presupuestaria,
el rigor y la austeridad en la gestión de las cuentas públicas se
convierten en una obligación de rango constitucional, dejan de ser una
opción. A partir de ahora, ninguna Administración pública podrá incurrir
nunca en un déficit estructural excesivo o comprometerse con un volumen
de deuda desproporcionado en relación con el PIB. Y hablamos de déficit
estructural porque, insisto, esto no es una simple medida de choque. De
lo que se trata es de prevenir, prudentemente, los riesgos con un arnés
de seguridad flexible para permitirnos avanzar pero, al mismo tipo, firme
para darnos seguridad frente a las oscilaciones del ciclo económico. Y,
evidentemente, los principios de nada valen si no se traducen en acciones
efectivas.

Por ello, en el apartado 5 de la nueva redacción del
artículo 135 se establece la remisión a una ley orgánica para la fijación
de los límites de déficit y deuda, su distribución entre las distintas
administraciones, la metodología de cálculo del déficit estructural y las
responsabilidades derivadas del incumplimiento de los límites
establecidos. Señorías, por eso también el mandato de la disposición
adicional fijando el 30 de junio del próximo año como fecha límite para
la aprobación de dicha ley orgánica; ley orgánica cuyos límites de
déficit y su distribución entre las administraciones, así como sus líneas
básicas aparecen

recogidas en el acuerdo político suscrito por el Partido
Socialista y el Partido Popular como anexo a esta reforma
constitucional.

En definitiva, lo que pretendemos con esta reforma es
reforzar los límites constitucionales al mal gobierno y a la mala gestión
de las cuentas públicas que dañan gravemente los intereses generales.

Señorías, es una reforma oportuna, porque en un momento
especialmente grave para nuestra economía demostramos que somos un país
que confía en sí mismo y en el que se puede confiar. Además, este gran
acuerdo, este cambio constitucional es una aportación importantísima a la
estabilidad de la Unión Monetaria y Económica. Porque si alguna
repercusión inmediata puede tener esta reforma es la de transmitir el
mensaje inequívoco del compromiso de España con la disciplina fiscal; una
disciplina fiscal que cobra mayor valor con la explícita vinculación de
nuestros niveles de déficit estructural y de emisiones de deuda a los
límites y directrices de la gobernanza económica de la Unión Europea.
Porque, tal y como nos recuerda la exposición de motivos de esta
proposición de reforma constitucional, en su día la salvaguarda de la
estabilidad presupuestaria ya supuso un instrumento imprescindible para
lograr la consolidación fiscal que nos permitió acceder a la Unión
Económica y Monetaria.

Y hoy, con esta reforma, España toma la iniciativa
demostrando que su apuesta por el equilibrio fiscal es firme y que, por
tanto, su compromiso con la Unión Europea también lo es. Es una reforma
responsable fruto de un pacto entre dos grandes partidos que, por encima
de ideologías y discrepancias, han sabido anteponer el interés general de
todos los españoles.

Señorías, estamos hablando de un acuerdo de una enorme
trascendencia política, económica y fiscal; política porque recuperamos
el valor del consenso para responder a las preocupaciones de los
españoles y al futuro de nuestro país; política porque reforzamos nuestro
modelo de Estado desde los principios de responsabilidad, lealtad,
solidaridad y coordinación entre las administraciones. Porque, señorías,
el compromiso de estabilidad afecta a todas las administraciones: a los
entes locales, mediante la obligación de equilibrio presupuestario; al
Estado y a las comunidades autónomas mediante los límites precisos de
déficit estructural que autorizará la ley orgánica.

Y lo que planteamos con esta propuesta no es menos
autonomía ni rebajar el poder de los Gobiernos autonómicos, sino más
responsabilidad. Se exige a las comunidades autónomas lo mismo que al
Estado. A ninguna Administración se le está pidiendo más esfuerzos que a
otra; a nadie se le está recortando su espacio de autonomía, y si algún
efecto puede tener esta reforma en nuestro Estado autonómico será el de
favorecer la armonización y la corresponsabilidad fiscal. Además, al
involucrar a todas las Administraciones en un reto colectivo —el
del saneamiento de nuestras cuentas públicas— el principio de
igualdad de todos los españoles también se verá beneficiado.

Los españoles en todas las comunidades autónomas, señorías,
atraviesan por un período difícil, y cuando existen dificultades los
vínculos de la solidaridad deben estrecharse y no relajarse. Y esta
reforma busca incrementar la solidaridad, y estamos convencidos de que
eso redundará en beneficio de todos.

Se refuerza también con esta reforma el principio de
lealtad: lealtad entre las administraciones; lealtad de las mismas y sus
gobernantes con los ciudadanos que son quienes las mantienen con sus
impuestos; lealtad con las generaciones futuras para que no tengan que
heredar unas cuentas públicas insostenibles; lealtad entre las
administraciones para que, a partir de esta reforma, ninguna pueda poner
en riesgo la solvencia y la credibilidad de todos; lealtad con los
ciudadanos porque poniendo límite al déficit y al endeudamiento no
existirá el peligro de necesitarse más recortes o se prestarán peores
servicios; lealtad con el futuro porque nunca más el excesivo pago de
intereses de la deuda frenará el crecimiento y la creación de empleo.

Afirmaba también hace unos momentos, señorías, que esta
reforma es inaplazable. Lo es, porque debemos ser conscientes de la
situación límite a la que hemos llegado; y creo que ninguna de sus
señorías debería olvidar esto a la hora de decidir el sentido de su voto.
Necesitamos imperiosamente recuperar la confianza: la confianza en
nuestra economía, la confianza en nuestras instituciones y nuestra
credibilidad como país. Respondemos a la tremenda situación que hemos
vivido este mes de agosto. Nos comprometemos a no repetir los errores y
excesos de los últimos años, lanzamos a Europa y al mundo un mensaje de
confianza y reforzamos nuestro compromiso con la Unión Europea y con su
futuro.

Señorías, en los últimos días hemos escuchado voces que,
con escaso o ningún argumento, tildan a esta reforma de antisocial. Creo
que es una valoración que no se sostiene. Creo precisamente lo contrario:
creo que esta es una reforma profundamente social porque no hay nada más
social que el compromiso permanente de unas cuentas públicas
equilibradas, porque endeudarse solo sirve para acabar recortando
políticas sociales y sembrar dudas sobre su futuro. Y nada mejor que la
dura experiencia de estos tres

últimos años que nos demuestra los graves riesgos que el
desequilibrio fiscal comporta para el empleo —el primer derecho
social— y para la sostenibilidad de las políticas sociales en su
conjunto. Digámoslo, pues, claramente: sin rigor presupuestario, sin
equilibrio fiscal no hay Estado de bienestar que se sostenga, y no es
momento de clichés ni de orejeras ideológicas. ¿Queremos realmente
defender nuestro Estado de bienestar? ¿Queremos, honradamente y sin
demagogia, preservar este legado para futuras generaciones? Entonces, no
tenemos más camino que el de la disciplina presupuestaria.

Señorías, este pacto con el Partido Socialista, el apoyo
del Partido Popular a esta reforma del artículo 135 de la Constitución es
producto de la coherencia y de la convicción. Coherencia porque se trata
de elevar al rango constitucional un principio, el de la estabilidad
presupuestaria, que siempre hemos defendido. Un principio que ya se
recogió en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001 y que nunca debía
de haberse orillado. Un principio que el Partido Popular en su labor de
oposición ha venido reivindicando durante toda esta legislatura,
especialmente desde hace algo más de un año cuando Mariano Rajoy ya
propuso lo que ahora va a aprobarse.

Señorías, pedimos el apoyo para esta reforma y para lo que
va a significar en el futuro. La votación en el Congreso el pasado
viernes demuestra que los grupos Popular y Socialista ostentamos —y
en esta Cámara también— una mayoría parlamentaria más amplia de la
que la Constitución exige para la aprobación de esta reforma. Pero ambos
grupos deseamos, manteniendo los esfuerzos que hasta el último momento
realizaron nuestros compañeros diputados, sumar el mayor número de apoyos
a esta propuesta. Por ello invitamos a todos los senadores y senadoras
que componen esta Cámara a que se sumen al consenso ya existente
votándola a favor.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor presidente, señoras y
señores miembros del Gobierno, señorías, nosotros, Convergència i Unió,
somos claramente partidarios del principio de estabilidad presupuestaria
que desde hace tiempo está vigente en el ordenamiento jurídico europeo,
español y catalán. Desde que estamos al frente del Gobierno de Cataluña,
y con el objetivo de reducir el déficit del 3,7% que nos encontramos al
llegar al Gobierno hemos aplicado una política de rigor, austeridad y
reducción del gasto que se ha concretado en una reducción del 10%, es
decir, 2100 millones de euros, en los presupuestos de 2011 respecto a los
presupuestos de 2010. Nadie más que nosotros está comprometido en una
política de ahorro y austeridad y, por consiguiente, de equilibrio
presupuestario.

Dicho esto, no vamos a votar esta reforma del artículo 135
de la Constitución por razones de forma y de fondo. Entendemos que
modificar la Constitución requiere sosiego y consenso. Esto es lo
razonable, y no es razonable que se haga una reforma de la Constitución
en menos de 15 días si además esta reforma se hace sin el consenso que se
logró en la Constitución del año 1978. Estas dos razones nos obligan a no
votar esta reforma. Este es un acuerdo que se ha cerrado entre el Grupo
Socialista y el Grupo Popular, y luego se ha pedido a los demás grupos
minoritarios que nos adhiramos a esta propuesta sin condiciones. Se nos
ha pedido sencillamente la adhesión a este acuerdo.

En 1978 Convergència i Unió participó en el debate de la
Constitución; participó en su consenso, consenso por el que se incorporó
al Partido Comunista —Izquierda Unida no está en este
consenso— y se consiguió el objetivo que consistía en incorporar a
aquella Constitución el máximo de ciudadanos de este país, el máximo de
partidarios; el objetivo era conseguir la máxima pluralidad. Pues bien,
esta reforma la hacen dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, que
ciertamente tienen la mayoría necesaria para hacerlo, pero dejan fuera
una serie de partidos y de grupos minoritarios. Se deja fuera al PNV, al
BNG, a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, se deja fuera a
Esquerra Republicana y se deja fuera a Convergència i Unió. En Cataluña
los minoritarios somos claramente mayoritarios. Dicho de otra forma: esta
reforma en el Parlamento de Cataluña no ganaría, no conseguiría los votos
necesarios.

Tampoco estamos de acuerdo en que esta reforma se haya
hecho sin hablar con los Parlamentos ni con los Gobiernos autonómicos.
Ayer, ocho senadores de esta Cámara nombrados por el Parlamento de
Cataluña asistimos voluntariamente a una comparecencia que agradecimos y
en la que explicamos a parlamentarios del Parlamento de Cataluña qué
posición tendríamos hoy en esta Cámara. Entendemos que esto debería
repetirse y que debería haberse hecho con anterioridad a esta reforma.
Esto es lo que pedimos.

Alemania, país al que siempre ponemos como ejemplo y del
que decimos que esta reforma ya la ha hecho, la hizo de un modo
absolutamente distinto. En primer lugar, este principio de estabilidad
presupuestaria lo llevó a efecto haciendo bien las cosas. En primer
lugar, han utilizado el tiempo adecuado, han estado mucho tiempo
dedicándose a este tema. En segundo lugar, y lo más importante, lo han
hecho hablando con los länder, hablando con los Gobiernos de los länder,
hablando con los parlamentarios de los Parlamentos de los länder y, para
ser más exacto y más preciso, en una comisión paritaria entre Gobierno
federal y Gobiernos autonómicos, los länder.

En resumen, no estamos de acuerdo en cómo se ha hecho esta
reforma pero tampoco estamos de acuerdo en el fondo. Ya lo hemos dicho
antes: estamos de acuerdo en limitar el déficit estructural, pero nos
planteamos si es necesario introducir este tema en la Constitución o si
sería suficiente con una actuación legislativa y ejecutiva. Entendemos, y
por esto no estamos de acuerdo, que limitar la autonomía financiera de
las comunidades autónomas al incrementar el rango legal del principio de
estabilidad presupuestaria va en contra del actual reconocimiento de
autonomía financiera de la Constitución española y, además, limitar la
autonomía financiera en el fondo es limitar la autonomía política de las
comunidades autónomas.

Y tenemos también desacuerdos en el redactado de esta
reforma del artículo 135 de la Constitución. En este sentido presentamos
8 enmiendas que defenderé en el turno correspondiente en esta Cámara.

Para finalizar, señor presidente, señoras y señores del
Gobierno, señorías, ustedes han planteado esta reforma urgente que han
tramitado en 15 días y sin consenso, teóricamente para dar confianza a
los mercados. Lo decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Hasta ahora, a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de la votación
favorable del Congreso de los Diputados, no hemos conseguido que los
mercados confíen en este país. El coste de la deuda ha subido y las
bolsas han bajado. Los mercados no desconfían de España por nuestra deuda
pública, estamos en el 67% del PIB. Se ha dicho en esta Cámara muchas
veces, Estados Unidos y Alemania tienen más deuda respecto al PIB que
nosotros. ¿Por qué los mercados desconfían de nosotros? Básicamente
porque nuestra economía no crece. Por tanto, no somos capaces de crear
puestos de trabajo, tenemos más de 4 millones de parados y no hemos
acometido reformas estructurales suficientes para recuperar
competitividad, crecer y crear ocupación. Este es el problema de
confianza que hemos de resolver, y no hemos sido capaces de resolverlo.
Además, las propuestas que se han hecho hasta ahora en esta Cámara y en
el Congreso sobre este tema no han recibido la respuesta adecuada.

Esta reforma no es la solución, por ello no vamos a
votarla, y consideramos que lo que puede hacer esta reforma es crear
nuevos problemas que queremos evitar claramente.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. Señores
miembros del Gobierno, señorías, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno a favor, tiene la palabra la senadora Silva.
(Rumores.)

Silencio, por favor, señorías.

La señora SILVA REGO: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, hoy hacemos frente a un debate
de gran relevancia para nuestro país. El Grupo Parlamentario Socialista
es consciente de lo significativo que resulta plantear esta reforma
constitucional. Por ello centraré mi intervención en 3 aspectos básicos:
en primer lugar, en las causas sobre las que se asienta; en segundo
lugar, sobre el procedimiento a través del que se propone realizarla.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señoría.
Señorías, ruego silencio.

La señora SILVA REGO: Y, por último, en el alcance y los
objetivos que se persiguen.

Señorías, las causas son sobradamente conocidas por todos
ustedes, aunque a la vista de algunos discursos creo que es necesario
volver a analizarlas. A nadie de los aquí presentes se les escapa que
vivimos tiempos de gran complejidad, de grandes convulsiones económicas y
financieras. Llevamos más de 3 años haciendo frente a una crisis mundial
muy dura, la más dura de los últimos 80 años. Empezó con una crisis
financiera que devino en una profunda recesión de la economía real en
todo el mundo. Hoy se ha convertido en una crisis que afecta seriamente a
la deuda soberana de los países. Esta situación se ha visto, además,
agravada en los últimos meses porque el crecimiento económico se situó
por debajo del

esperado en las principales economías del mundo, lo que ha
puesto de manifiesto que ningún país está libre de esta situación de
inestabilidad. Estamos, pues, ante un momento excepcional, está en juego
la salida de la crisis, el futuro del euro, el crecimiento económico, la
creación de empleo y el mantenimiento del Estado de bienestar.

Todos ustedes saben que la situación económica y financiera
internacional está atravesando por momentos de fortísimas tensiones en
los mercados financieros, que amenazan seriamente al conjunto de las
economías desarrolladas. Todos ustedes saben del impacto que esto ha
supuesto sobre el coste de financiación de la deuda soberana. Nuestra
prima de riesgo ha llegado a superar los 400 puntos básicos en el mes de
agosto. Imagínense lo que significaría que en otoño se agravase. Por eso,
lo que ocurra en las próximas semanas y meses marcará la posibilidad de
un avance o de un retroceso grave en la recuperación económica. Por ello,
estos no son tiempos para la demagogia, son tiempos para el rigor, para
la seriedad y para la responsabilidad.

Estamos hoy aquí para debatir y votar una reforma
constitucional que tendrá una gran incidencia en la economía española, en
el empleo y en la confianza sobre la solvencia y la credibilidad de
España ante el mundo. Señorías, es un momento solemne y todos tenemos la
obligación política de estar a la altura de las circunstancias.

Es cierto, no lo voy a negar, que cuando se inició esta
grave crisis el mundo pudo haber reaccionado actuando de otra forma, pero
no se hizo, señorías, y nadie en su sano juicio puede negar que sería
imposible hacerle frente de forma aislada; sería imposible y
temerario.

Muchos de nosotros estamos de acuerdo en que cuando se
inició esta crisis habría sido más acertado que las instituciones
internacionales hubieran mandado otras señales a los mercados, pero no
fue eso lo que ocurrió; estamos donde estamos y ahora se trata de
garantizar —no solo a los mercados sino a toda la economía
mundial— que somos un país serio y solvente, en el que se puede
confiar y que hace frente a sus compromisos. En este mundo en el que
vivimos muchos de estos compromisos se van a 10, 20 o 30 años, por eso la
decisión que hoy vamos a adoptar no solo es adecuada sino que es
necesaria y urgente, es la garantía de que hacemos frente a nuestras
responsabilidades.

Se puede usar la demagogia fácil y decir que esto impide
mantener el Estado de bienestar, que impide el desarrollo y la
potenciación de las políticas sociales, pero es exactamente lo contrario
porque si no infundimos confianza no habrá financiación, la deuda será un
peso más grande cada día y la recuperación económica se frenará. Sin
garantías y sin confianza todos sabemos dónde podríamos estar abocados y
cuál podría ser el efecto porque, señorías ¿saben dónde sí existe una
seria dificultad para mantener la inversión en políticas sociales? En los
países que están intervenidos, en los países que tienen mermadas sus
capacidades para tomar decisiones, como en el caso de Grecia, de Irlanda
y de Portugal donde, con independencia del color político de sus
Gobiernos, los ciudadanos han visto incrementados sus impuestos y
recortados sus derechos y su Estado del bienestar. ¿Quieren ustedes eso
para los españoles? Yo no, y los socialistas, tampoco.

La aprobación de esta reforma constitucional supone lanzar
al mundo un mensaje fuerte, de solvencia y de confianza, y hay que
hacerlo ahora porque si esperamos podemos llegar tarde. Las medidas, las
decisiones políticas hay que tomarlas cuando es necesario, y es necesario
ahora.

Otros países ya lo han hecho o lo van a hacer. Esta misma
mañana el presidente Sarkozy ha anunciado su intención de llevar a cabo
la misma reforma en la Constitución francesa. Es imprescindible generar
confianza para lograr bajar los costes de la deuda porque, que no se
confunda nadie, esta decisión está dirigida a lograr ese objetivo. Es una
medida económica necesaria y no se olviden que es la economía la que
permite poner en marcha y mantener las políticas económicas y sociales
dirigidas a lograr una sociedad más justa.

Sin recursos económicos no se puede mantener la sanidad ni
la educación ni las pensiones o las prestaciones a los desempleados. ¿Por
qué no? Señorías, no podemos permitirnos ni una deuda ni un déficit
excesivos; eso nos obligaría a hacer frente a unos intereses inasumibles
e impediría tener recursos para hacer lo que es propio de los
progresistas, de los hombres y mujeres de izquierda: seguir, como lo
hemos hecho los socialistas, manteniendo los servicios sociales. Decir lo
contrario no se corresponde con la realidad, y nos llevaría a una
situación económica insostenible. De esta forma, señoras y señores
senadores, las causas están más que justificadas, las causas y la
urgencia, señorías, la urgencia.

Por eso, permítanme que me detenga ahora a responder a
aquellos que plantean que es imprescindible que esta reforma se haga a
través de un referéndum. Todos ustedes saben, porque tienen un
conocimiento profundo de la Constitución de 1978, que nuestra Carta Magna
no exige la convocatoria de un referéndum

para este caso. Saben que los grupos proponentes estamos
siendo escrupulosamente fieles no solo a la letra de la Constitución,
sino también a su espíritu, y no es, sin embargo, señorías, éste el
principal argumento. Ustedes lo saben; en otras circunstancias sería un
debate y una propuesta a tener muy en cuenta, pero ahora, en esta
situación que he descrito, sería totalmente contraproducente porque
inutilizaría la propia medida. Un referéndum retrasaría la reforma y nos
llevaría a plazos muy peligrosos; crearía más incertidumbre y eso es lo
contrario de lo que necesitamos. No nos podemos permitir el retraso de su
aprobación.

Necesitamos un mensaje de confianza en la solvencia de
nuestra economía; y por eso no podemos esperar, porque si esperamos,
igual no llegamos. A poco que lo reflexionen, coincidirán conmigo, como
coincidirán también en lo inapropiado que es plantear que el contenido de
la reforma limita la autonomía de las comunidades autónomas y de las
entidades locales. No, señorías. Esta reforma constitucional no entra a
alterar el estatus relativo autonómico ni el local. Es una decisión
fundamental que toma todo el país para todo el país. Con esta reforma no
se genera ningún choque territorial ni se debilita a nadie. No se altera
en modo alguno la posición de ninguna de las diecisiete comunidades
autónomas ni de las entidades locales. Ahora, y se lo digo con todo el
afecto a aquellos que pretenden abrir un debate territorial que no
procede, no estamos hablando de autonomía ni de modelo de financiación ni
del Título VIII ni de competencias autonómicas o locales. Estamos
hablando de cómo hacer frente a una complejísima situación económica y
financiera. Estamos hablando de cómo generar confianza en nuestra
economía. Todos sabemos que la medida es necesaria y adecuada, que no es
procedente realizar un referéndum y que no se altera la capacidad
autonómica de Galicia ni de Cataluña ni del País Vasco. Al contrario. El
objetivo es permitir que podamos seguir haciendo política desde el
Estado, desde las comunidades autónomas, desde los ayuntamientos.

Lo que hoy nos reúne aquí, en la Cámara Alta, es la
responsabilidad, el rigor y el amor a nuestro país. Hoy nos toca estar a
la altura de las necesidades de España, a la altura de nuestras
responsabilidades como representantes de los ciudadanos.

Hoy estamos defendiendo el futuro de la economía de nuestro
país, y por eso les pido a todos ustedes, a todos los senadores y
senadoras, que reflexionen sobre la importancia de esta reforma y la
necesidad urgente de votarla favorablemente, y que cuando voten lo hagan
atendiendo a la defensa de los intereses generales de España.

Decía el filósofo y dramaturgo francés Albert Camus que la
verdadera generosidad en relación con el futuro consiste en dárselo todo
al presente. Hoy los ciudadanos españoles apelan a esa generosidad de sus
señorías porque es hoy cuando el país la necesita. Es hoy más que nunca
cuando al votar esta reforma estaremos decidiendo no solo la protección
del Estado del bienestar sino también parte del devenir próximo de
nuestra economía.

Y permítanme, señoras y señores senadores, que en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista reconozca al presidente del Gobierno,
a José Luis Rodríguez Zapatero, la demostración de generosidad que ha
tenido en estos tres años. El ha demostrado, como decía Albert Camus, que
la verdadera generosidad en relación con el futuro consiste en dárselo
todo al presente.

Finalizo, señorías. Hace más de treinta años muchos de los
partidos que hoy tienen representación parlamentaria en esta Cámara
tomaron una decisión histórica: aprobar una Constitución que supuso
emprender el camino hacia la democracia. Hoy tienen la oportunidad de
volver a ponerse del lado de los intereses generales de España, de
demostrar que son conscientes de la grave situación por la que atraviesa
nuestro país y Europa apoyando esta reforma, que establece un principio
de buen gobierno, el principio de estabilidad presupuestaria y asegura el
futuro de los nuestros.

Ustedes deciden. Gracias, señorías. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su
intervención en catalán que se reproduce según el texto que facilita a la
Redacción del Diario de Sesiones.)

«Gràcies president. Fa poc més de 7 anys, en iniciar el seu
mandat, el president espanyol ens prometia una Espanya plural, tan
plural, democràtica i oberta que fins i tot els independentistes
deixarien

de ser-ho, i ens prometia una reforma del Senat. Avui, quan
és a les portes d’acabar el seu segon mandat i ja no es torna a
presentar, és a punt d’aprovar una reforma constitucional
centralista, molt poc democràtica i antisocial.

Si s’hagués fet la reforma democràtica del Senat,
avui jo podria fer tota la meva intervenció en català.

Si no ens trobéssim en un context de fracàs absolut del
federalisme a Espanya, Catalunya amb les seves institucions hauria estat
cridada a participar i a estudiar quina és la millor manera de complir
els objectius europeus per rellançar l’economia.

Si l’autonomisme no es trobés en un atzucac, davant
del mur de la Constitució espanyola i del Tribunal Constitucional,
Catalunya, i les altres CCAA, haurien estat tingudes en compte ...»

El señor PRESIDENTE: Señoría, se habrá dado cuenta de que
los taquígrafos no están tomando su intervención para poderla incluir en
el Diario de Sesiones y sus señorías no le están atendiendo, porque no
están entendiendo. Le rogaría que, de acuerdo con el Reglamento que usted
conoce perfectamente, hable en castellano, que es en definitiva la lengua
que en el Reglamento que está en vigor hemos decidido utilizar para estas
intervenciones y que, como usted sabe, hemos modificado para otras
cuestiones. Por tanto, señoría, en el uso de mis facultades y mi
responsabilidad, le ruego que hable en castellano…

El señor BOFILL ABELLÓ: Yo le ruego que me descuente el
tiempo de la interrupción, y continúo en castellano porque me lo pide el
señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

Tiene la palabra, señoría, pero no voy a descontarle
absolutamente nada. Ha empleado usted su tiempo…

El señor BOFILL ABELLÓ: Continúo en castellano para que me
entiendan mejor y conste en el Diario de Sesiones, ya que, a pesar de las
facilidades de las nuevas tecnologías, en el Pleno de hoy no disponemos
de traducción simultánea por una imposición reglamentaria, que es un
ejemplo más de lo que voy a decir… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.

El señor BOFILL ABELLÓ: Los catalanes no cabemos como
somos, entre otras cosas con nuestra lengua, en el Estado español porque
no somos tratados en pie de igualdad por la Constitución española.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.

El señor BOFILL ABELLÓ: Vista desde Cataluña, esta
iniciativa viene a remachar el clavo de la sentencia del Tribunal
Constitucional contra el estatuto y la autonomía de Cataluña. Cataluña no
cabe en la Constitución española. Los catalanes y las catalanas nos
tenemos que preparar para saltar el muro constitucional. El pueblo
catalán tendrá que ejercer su derecho a decidir. Tendremos que trabajar
con inteligencia para que Cataluña pueda sentarse en los órganos de
decisión europeos para participar en ellos con todos los derechos como
Estado miembro, porque, como hemos sido en otros momentos, queremos ser
un motor europeo para la recuperación económica y para la construcción
democrática federal de Europa.

Vista desde Cataluña, esta reforma es inaceptable, por las
formas y por el contenido, tal y como quedó bien manifestado ayer durante
mi comparecencia y la de los senadores catalanes de designación
autonómica en el Parlamento de Cataluña, en el cual hay una mayoría
clara, contraria a esta reforma. Tomen buena nota de ello. Cataluña ha
sido marginada, y no se siente partícipe de esta nueva redacción del
texto constitucional. Vista desde Cataluña es inaceptable, pero, si la
contemplamos desde cualquier otro territorio o desde cualquier hogar,
también lo es, por las formas, dado que todas las comunidades autónomas y
todos los ciudadanos han sido excluidos de su derecho de participación, y
por el contenido, dado que entre otras cosas va a repercutir en un mayor
recorte de las prestaciones sociales.

Los senadores de Esquerra Republicana hemos presentado, en
primer lugar, una enmienda de supresión a la totalidad del articulado a
la propuesta de reforma porque es innecesaria, no es urgente y, sobre
todo, es poco democrática, atenta contra la autonomía de Cataluña y es
antisocial; es poco democrática y rompe todos los consensos
constitucionales al no haber estado sometida a la consideración

previa de los otros partidos, de las comunidades autónomas,
ni de los órganos representativos de los municipios y porque, encima, no
prevé la consulta popular exigible en una reforma tan importante. Limita
la autonomía de Cataluña y pretende imponer un marco homogéneo a una
realidad autonómica heterogénea. No tiene en cuenta, por ejemplo, que la
media del déficit fiscal de Cataluña ronda el 10% del PIB. Si Cataluña
tuviera soberanía fiscal, no tendría déficit público sino, posiblemente,
un superávit próximo al 6%.

Para colmo, el acuerdo político PP-PSOE pretende imponer un
límite total del 0,4% al déficit público, pero el 0,26% se lo reserva
para el Estado, mientras solo reserva un 0,14% para las comunidades
autónomas y nada para los ayuntamientos. Nos preguntamos porqué, porque
este es un planteamiento absolutamente centralista y, además, antisocial;
es antisocial porque ahoga a comunidades autónomas, como Cataluña, que
tiene el 80% de su presupuesto comprometido en gastos sociales, y es
antisocial porque petrifica un mecanismo de contención del déficit, de
manera que impide políticas de inversión pública, anticíclicas, en
momentos de recesión, e incide negativamente en la creación de empleo y
en el gasto social ahora y a largo plazo. Es una reforma de derechas que
ideologiza la Constitución, la cierra, en gran parte, a políticas de
izquierda. No entendemos porqué el PSOE promueve esta reforma
constitucional.

En positivo, y en una línea diametralmente opuesta a la
planteada por la reforma, hemos presentado cuatro enmiendas más: una para
que, tal como desean de forma muy mayoritaria los ciudadanos de Cataluña,
se establezca para Cataluña un régimen fiscal de concierto económico,
partiendo del principio que nos parece más justo: que los impuestos, los
recursos públicos generados en Cataluña, los recaude la Generalitat de
Cataluña; una medida que ampliaría nuestra capacidad financiera, nos
proporcionaría herramientas para promover la economía productiva, para
mantener el Estado del bienestar y, en definitiva, para administrando
directamente nuestros recursos, salir mejor de la crisis y contribuir
también al desarrollo de nuestros vecinos y a la cooperación
interterritorial de la mejor manera.

Curiosamente, en un momento en que cada vez más ciudadanos,
a menudo al margen de los partidos políticos, reclaman mayor
participación no se nos han admitido a trámite tres enmiendas que
pretendían dar mayores posibilidades a los ciudadanos de Cataluña y a los
ciudadanos de todo el Estado para ejercer el derecho a decidir sobre
aquello que les afecta en primer término a ellos .Por un lado, frente a
las carencias democráticas de esta reforma, planteábamos que no entrara
en vigor hasta que hubiera sido aprobada en referéndum por los
ciudadanos. Es un auténtico escándalo que el PP y el PSOE quieran hurtar
a los ciudadanos su derecho a la participación en una reforma que les
afecta tanto, y más cuando lo están reclamando en la calle.

Los senadores de Esquerra Republicana de Catalunya
asumiremos nuestra responsabilidad democrática ante los ciudadanos y ya
anuncio que impulsaremos la recogida de firmas entre los miembros de esta
Cámara para conseguir el mínimo de 26 senadores necesarios para exigir la
convocatoria de un referéndum. Apelamos al sentido democrático de los
senadores del Partido Popular y del Partido Socialista para que rompan la
disciplina de sus grupos, para que se pongan del lado de los ciudadanos
que reclaman mayor participación y se sumen a esta iniciativa.

Para una democracia plena en el Estado español es también
necesario que la Constitución reconozca y garantice el ejercicio del
derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. Este es el sentido de
nuestras otras dos enmiendas para que el pueblo catalán pueda decidir
libre y democráticamente su estatus político, económico, social y
cultural y dotarse de un marco estatal propio o compartir en todo o en
parte su soberanía con otros pueblos.

Sea como sea, todos los pueblos tienen derecho a decidir
democráticamente su destino. Y más allá de esta Constitución española en
la que cada vez nos reconocemos menos, el pueblo catalán ejercerá su
derecho a decidir y, si así lo quieren la mayoría de los ciudadanos de
Cataluña, acceder a la independencia para construir un Estado catalán en
la Unión Europea.

Europa debe escuchar a Cataluña, una de las naciones
milenarias que la constituyen. Cataluña quiere contribuir a la
construcción europea. Europa es utilizada como excusa en esta reforma
constitucional, pero en el caso catalán la realidad es que sin el déficit
fiscal que sufre no habría déficit público y nuestra economía estaría en
mejores condiciones de ser uno de los motores del nuevo despegue
europeo.

Permítame que lo repita en otra de las lenguas europeas: La
Catalogne, qui est une nation millénaire de l´Europe qui veut
continuer à être un moteur économique de l´Europe, doit être
écoutée.

Termino ya, señor presidente, ni por cortesía se ha
consultado a los demás partidos políticos. No se ha consultado a las
comunidades autónomas ni a los municipios. No se nos ha dejado ningún
espacio real

de diálogo y negociación. No se han admitido a trámite una
parte de nuestras enmiendas y no se deja que la ciudadanía participe y
tenga la última palabra en un referéndum. El trámite de esta reforma
constitucional no nos parece aceptable. Si no se deja votar a los
ciudadanos recogeremos firmas para el referéndum, pero nosotros, los
senadores de Esquerra Republicana de Catalunya, como los ciudadanos,
tampoco participaremos en las votaciones. Ustedes han dejado la
Constitución en una vía muerta. Si ya nos sentíamos alejados de la
Constitución española, lo estamos más aún después de la sentencia del
Tribunal Constitucional contra el estatuto catalán que los ciudadanos de
Cataluña habían aprobado, hoy ,después de que PP y PSOE hayan manoseado,
como lo han hecho, la que supuestamente era una norma casi sacrosanta e
intocable , nos sentimos ajenos a ella. Los ciudadanos de Cataluña, el
pueblo catalán, con unidad, encontrará el camino de la plena soberanía y
de la independencia.

Visca Catalunya lliure! Gràcies.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces. (Rumores.)

Silencio, por favor.

El Grupo Parlamentario Mixto va a dividir su tiempo. Tiene
la palabra, en primer lugar, la senadora Caballero.

La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Buenas tardes.

Señorías, en nombre de mi partido, Unión del Pueblo
Navarro, quiero manifestar nuestro apoyo sin reservas a la reforma
constitucional que se nos propone porque la consideramos altamente
necesaria y oportuna, puesto que constituye una medida imprescindible si
pretendemos que la gestión de las administraciones públicas discurra por
los cauces de eficacia y eficiencia que nos exige esta hora y nos
demandan los ciudadanos.

No voy a extenderme reiterando las bondades de esta
reforma, ya expuestas por quienes me han precedido en el uso de la
palabra, solo apuntaré que el rigor presupuestario debe ser la norma de
actuación de todos los partidos en todas las instituciones: el Estado,
las comunidades autónomas y los ayuntamientos. No caben subterfugios.
Debemos ser conscientes de que esta medida que nos hemos visto obligados
a tomar es una tarjeta amarilla y que si no la tomamos y no tomamos buena
nota de ello serán los ciudadanos quienes nos saquen la tarjeta roja. Y
digo esto porque a la hora del desarrollo normativo de la reforma por
parte de las comunidades autónomas deberemos demostrar que, en efecto,
hemos entendido el mensaje. Si queremos garantizar el Estado de
bienestar, no echemos balones fuera, porque más allá de los argumentos
partidarios o ideológicos, debemos hacer frente a la difícil situación
que tenemos por delante. Asumamos nuestras responsabilidades y no nos
perdamos en la retórica porque esta es la hora de los hechos, no de la
palabrería.

Bienvenida la reforma, bienvenido el consenso, un consenso
in extremis, es cierto, entre los grupos mayoritarios, que debiera
haberse producido mucho antes, sí, y en muchos otros aspectos también.
Así lo consideramos partidos como al que yo pertenezco, que viene
defendiendo y actuando desde su creación en el marco de la cultura del
consenso.

Es cierto que una modificación constitucional son palabras
mayores y puede parecer precipitada, pero compartimos el objetivo que
persigue de proyectar una imagen creíble y seria de la economía española,
el mismo compromiso de seriedad y credibilidad por el que apuesta Navarra
en el pacto entre las formaciones que conforman el Gobierno y el mismo
compromiso de responsabilidad que les hemos reclamado desde esta tribuna
en tantas ocasiones a lo largo de esta legislatura, porque, señoras y
señores del Partido Socialista y del Partido Popular, si lo hubieran
hecho antes, sin tantas prisas y tan a última hora probablemente no se
hubieran producido algunas de las críticas que hoy hemos tenido que
escuchar ni quizás hubiéramos tenido que pasar el verano tan crítico que
hemos pasado.

Dicho esto, quiero concluir congratulándome por el
amplísimo consenso alcanzado en esta Cámara. En UPN nos sumamos gustosos
porque representa un cambio y debe suponer una nueva forma de hacer
política por parte de los grandes partidos. Ojalá que este final de
legislatura marque el camino de diálogo, de entendimiento entre las
formaciones políticas, de eficacia en la gestión, que nos permita superar
las dificultades de hoy sin deterioro del Estado de bienestar y mirar al
futuro con confianza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, comienzo mi
intervención expresando que Foro, a través de este representante en la
Cámara Alta, manifiesta su apoyo a la estabilidad presupuestaria y a la
limitación del déficit público, pero rechaza la reforma constitucional
que se está proponiendo porque en España la que ha fracasado
calamitosamente es la política del Partido Socialista, no la
Constitución. Esta proposición quiebra el espíritu de consenso que se
alcanzó para redactar y aprobar la Carta Magna y lo desbarata para una
finalidad que nada tiene que ver con lo que tradicionalmente representa y
significa una Constitución, algo que tratándose de una norma suprema es
de muchísimo mayor calado que lo que supone una política económica
concreta.

Esta reforma pretende lavar los durísimos efectos de la
irresponsable política económica realizada en estos últimos años por el
Partido Socialista que endosa sus consecuencias aciagas a la sociedad,
aunque en la práctica retrate la desconfianza mutua entre los líderes de
los partidos mayoritarios, incapaces de promover acuerdos serios,
responsables y leales entre todos los dirigentes políticos para afrontar
situaciones difíciles como las que vivimos, es decir, la reforma consigue
el efecto contrario del que pretenden sus impulsores.

Además de desdeñar la capacidad para buscar grandes
acuerdos que impliquen a todas las fuerzas políticas, sociales y
sindicales, se reniega de procedimientos legislativos que en 2001,
viniendo también de tiempos de crisis, lograron el crecimiento económico
y la creación de empleo. En España nos distinguimos entonces ante Europa
por elaborar leyes precursoras, serias y rigurosas, que crearon toda una
cultura de la estabilidad para las finanzas públicas y permitieron crecer
económicamente y crear varios millones de puestos de trabajo, hasta que
el Gobierno de Zapatero las transformo definitivamente en 2006 a su
manera. Como consecuencia de ello, desde el 2008 hemos sido arrastrados a
un déficit público de 260 700 millones de euros, acumulado en los tres
últimos ejercicios, que ha producido efectos letales sobre el crecimiento
y los puestos de trabajo.

Sin embargo, ahora, en nombre del despilfarro socialista,
el Partido Popular renuncia a su genuino acervo político, de impulsor de
aquella Ley general para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
dos leyes reguladoras del equilibrio de las finanzas públicas de las
comunidades autónomas. A cambio, acepta someter a la sociedad española al
trauma de una reforma constitucional, lo que, además, ni siquiera es
garantía de cumplimiento y sería del todo innecesario si hubiese
gobiernos solventes dispuestos a ser rigurosos con los preceptos legales
establecidos y ha marcarse objetivos serios.

Ya demostramos que se pueden hacer leyes y pactos útiles
para afrontar situaciones críticas como las que tuvimos en España, lo que
permite decir que no hace falta trastocar la Constitución para lograr
grandes objetivos. Para defender la estabilidad y para corregir el
déficit basta con cumplir y hacer cumplir leyes como aquellas de 2001.
Mucho antes supimos hacerlo firmando acuerdos simbólicos e históricos,
como los denominados Pactos de La Moncloa, que fueron útiles para
combatir una situación complejísima con una inflación que se aproximaba
al 47%. Ahora se renuncia también a reeditar los grandes pactos basados
en la lealtad de todos.

Se modifica la Constitución mediante un procedimiento
relámpago, precisamente en unos tiempos en los que los ciudadanos están
demandando una mayor participación en las decisiones políticas y en que
se reclama en las calles una mayor proximidad de los representantes
públicos a sus representados. Las consecuencias de esta ruptura son
imprevisibles y sus efectos, incalculables. Se modifica la Carta Magna de
forma inapropiada, para un fin legítimo como es la estabilidad
presupuestaria; pero queda, a cambio, el poso de haber roto de forma
innecesaria y rotunda la referencia a algo tan básico como es el esquema
de convivencia en España.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Zerolo. (Rumores.)

Silencio, por favor.

El señor ZEROLO AGUILAR: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, es la primera vez que tengo la oportunidad de
hablar en el Senado, pues hace poco que fui nombrado, junto con dos
compañeros, representante de nuestra comunidad autónoma: un territorio
que está a 2000 kilómetros de Madrid y a dos horas y media en avión, un
territorio que está más lejos que París, Londres o Roma.

Cuando en Canarias uno oye que en la península están
preocupados porque el paro está llegando al 20%, dice: es que en Canarias
ya estamos rozando el 30%. Por cierto, aprovecho para decir que no he

oído nunca al ministro del ramo hablar de la tristeza que
significa tener un 30% de paro en Canarias. No sé si lo habrá hecho, pero
yo no lo he oído, ni tampoco lo han oído los compañeros a los que se lo
he preguntado, por si me había despistado. Es más: los canarios, por ley,
deberíamos recibir del Gobierno del Estado la media, como mínimo, de lo
que se invierte en el territorio español. Nunca se ha cumplido, y yo
estoy aquí para intentar que la Comunidad Autónoma de Canarias sea
escuchada, comprendida y atendida.

En cuanto a la reforma constitucional, anuncio que
Coalición Canaria va a votar en contra. Y va a votar en contra porque los
que llevamos muchos años en política intentábamos explicar en su día, en
los mítines por la aprobación de la Constitución, cómo se había
conseguido el consenso; qué capacidad de sacrificio, de renuncia, tenían
aquellas personas, aquellos políticos, para haber llegado a elaborar una
norma por la que todo el mundo se sintiera, si no representado al cien
por cien, sí representado. Eso es lo que creo que el Partido Socialista y
el Partido Popular se han cargado. Por lo tanto, no vamos a votar a
favor.

Sin embargo, deseo que tranquilicen ustedes a los mercados,
ojalá sea cierto que lo hacen. No sé si esa tranquilidad la van a
conseguir por un día, por una semana, por un mes; no creo saberlo yo ni
que lo sepa nadie de los que estamos aquí, pero ojalá sea así.

En cualquier caso, después de tres años en los que los
ciudadanos españoles han estado sometidos a la tensión y a la falta de
confianza que ha creado la falta de acuerdo político entre los dos
grandes partidos, lo que yo voy a proponer es que cojan carrerilla ahora,
y de verdad sigan por esa senda, pero que incorporen además a los
partidos que no han querido incorporar, y además a los sindicatos, y
además a los empresarios, y además a los medios de comunicación. Porque
los parados, los que han perdido sus viviendas, los que han perdido el
vehículo, los que han tenido que cambiar de colegio a sus niños, los que
han cerrado su bar, los que han cerrado sus comercios, los que no los
pueden abrir porque no hay créditos o los que tienen dinero y no se
atreven a invertirlo porque están temeros, lo que requieren es confianza.
Pero, la confianza que ustedes les están dando ahora a los mercados
—o la que dicen que les están dando—, pónganse de acuerdo
para dársela a los ciudadanos españoles, que son los que la
necesitan.

Este es un gran pueblo; y si ustedes, que son los llamados
a liderarlo, son capaces de dar confianza a todos los españoles, este
país saldrá adelante, estoy seguro. Dando solo confianza a los mercados,
no se conseguirá, es necesario que ustedes se la den a los españoles. Y
fíjese usted en que no digo que sea solo culpa del Gobierno, porque no es
culpa del Gobierno solo, es culpa del Gobierno y culpa del principal
partido de la oposición; por cuestiones partidarias de facciones
internas, por presiones de algunos medios de comunicación, al final, son
incapaces de transmitir a la ciudadanía lo que en estos momentos
requiere…

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.

El señor ZEROLO AGUILAR: …que no es otra cosa que
confianza y tranquilidad a pesar de la situación en la que estamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra
el senador Zubia. (Rumores.)

Silencio, señorías.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores del Gobierno, intervengo como portavoz
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, pero lo hago en
nombre y representación de los nacionalistas vascos, ya que el
representante del Bloque Nacionalista Galego, integrante también, como es
sabido, de este grupo parlamentario, intervendrá en el turno para la
defensa de las enmiendas y en él fijará la posición de su formación
política.

Vaya por delante que los senadores nacionalistas vascos,
pese a utilizar este turno de portavoces y no un turno en contra, debido
al número de representantes de que disponemos, manifestamos nuestro
rechazo, absoluto rechazo, a la proposición de reforma del artículo 135
de la Constitución, promovida por los Grupos Parlamentarios Socialista y
Popular.

Y vaya también por delante que los senadores nacionalistas
vascos compartimos plenamente el principio de que, como regla general, no
se debe gastar más de lo que se tiene. Es un principio razonable y
positivo; estamos a favor del equilibrio presupuestario; no somos, ni de
lejos, contrarios al control del déficit y del endeudamiento. Son
precisamente Partido Socialista y Partido Popular, las dos formaciones
políticas autoras de la iniciativa, los que han sometido a un absoluto
control el déficit y el endeudamiento público en Euskadi. Pero somos
contrarios, radicalmente contrarios, a constitucionalizar un principio
que, si me permiten la expresión, es de sentido común: somos
absolutamente contrarios a convertir las reglas de un buen gobierno
económico en normas rígidas, y la rigidez de la Constitución es
incompatible con la flexibilidad y ese sentido común al que me refería,
que deben estar presentes en las excepciones que deben darse en todo
equilibrio presupuestario.

Además, no podemos entender por qué los límites de déficit
estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso
de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia
extraordinaria, conforme reza el artículo 135.4. ¿Por qué solamente en
estos casos? ¿Por qué no también en las fases de crecimiento, si este
instrumento de política económica se gestiona por las administraciones
públicas de una forma prudente? Esta es una de las razones que ya
llevaron al Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados a
votar en contra de la toma en consideración de la iniciativa y que
justifica el rechazo de la reforma.

Hay otras más, que ya fueron expuestas el 30 de agosto y el
2 de septiembre, y que hoy, pocos días después, tienen plena vigencia o
validez. En primer lugar, debo referirme al atropello —nunca mejor
utilizada esta palabra— que supone esta iniciativa a los
procedimientos democráticos. Toda una reforma constitucional que se
tramita en peores condiciones de transparencia y publicidad que las
fijadas para cualquier ley ordinaria. Una reforma que, si en el Congreso
de los Diputados ha sido rápida —exprés la denominaba un medio de
comunicación—, en el Senado cabe calificarla de meteórica. En una
semana, la que va del 30 de agosto, fecha en la que se tomaba en
consideración la proposición presentada, al 7 de septiembre, hoy, se
culmina toda una reforma constitucional de la que bien podría decirse que
utiliza la crisis como oportunidad.

Además, como bien saben sus señorías, todo proyecto de ley,
por ordinario que sea, está o debe ir acompañado de una serie de informes
preceptivos que tienen que ver con su impacto económico y con su
legalidad. Pues bien, en la reforma constitucional que ahora se pretende
se omiten e ignoran todos esos órganos consultivos del Estado. Afrontando
como se afronta la reforma normativa más importante, ¿cómo es posible que
no tengan nada que decir órganos como el Consejo de Estado, por ejemplo,
o el Consejo Económico y Social? ¿Para qué están? Suprímanlos. A la
deslealtad que supone no contar con su opinión se añade algo peor: el
propósito deliberado de no someter la reforma a contraste, de no escuchar
opiniones que bien pudieran ser contrarias. Vía, por tanto, opaca, con
derecho de enmienda limitado, procedimiento sumarísimo y, en definitiva,
con unas condiciones de transparencia, publicidad y contraste peores que
las establecidas con carácter general. Y todo ello cuando se trata de la
reforma más importante ideológicamente hablando, repito, que hoy puede
plantearse en la Unión Europea.

Somos igualmente contrarios a la propuesta porque es
irrespetuosa con la estructura compuesta del Estado. Se promueve una
reforma que afecta de manera decisiva a las competencias fiscales y
financieras de las comunidades autónomas y de los entes locales, sin
contar tan siquiera con los órganos consultivos o con los órganos creados
al efecto; léase Consejo de Política Fiscal y Financiera, o Federación de
Municipios y Provincias, o, en el caso de los territorios forales, que
también existen, señorías, Comisión Mixta del Concierto Económico o
Comisión Coordinadora del Convenio.

Permítanme, señorías, que, siquiera brevemente, les
recuerde las características específicas del régimen de autonomía fiscal
y financiera que compete a Euskadi. Permítanme, señorías, que les diga
que la reforma ataca el autogobierno y pone una vez más de manifiesto el
nulo respeto de Madrid al autogobierno vasco. Baste con citar el artículo
44 del Estatuto de Gernika. Conforme a dicho artículo 44, el Congreso y
el Senado no son los competentes para fijar el límite del déficit y la
política fiscal y financiera vasca, y menos aún para dar el visto bueno a
un acuerdo político entre partidos estatales que ha dejado al margen o,
mejor dicho, ha excluido, como ha dicho algún portavoz anterior, al resto
de formaciones políticas.

La reforma, a través de la limitación del déficit de las
administraciones públicas, restringe las capacidades financieras y
fiscales de los territorios históricos y, en consecuencia, pone en
cuestión el autogobierno vasco. Pese a que la Constitución habla, en su
disposición adicional primera, del amparo y respeto de los derechos
históricos de los estatutos forales, lo cierto es que esta reforma
intenta recortar,

sin la participación de la sociedad vasca, el sistema de
autogobierno que los ciudadanos vascos sí aprobamos en su día.

Antes de acabar este capítulo, no puedo evitar detenerme en
el punto 6 del artículo 135 que se pretende aprobar, y que encierra una
generosa concepción del autogobierno: haga lo que quiera, sí, pero
siempre que coincida con lo que yo le ordeno. Es lo que un medio de
comunicación llamaba, con buen criterio, «constitucionalizar la orden».
De ahí, señor presidente, que veamos en la reforma un intento, por cierto
nada encubierto, de recentralización del Estado, y que, en consecuencia,
no la apoyemos, sino que la rechazamos. Y, por si las consideraciones
apuntadas fueran pocas, podemos y debemos señalar tres más: la reforma es
ineficaz, es innecesaria y es antieuropea.

El tiempo me exige ir terminando, pero no quisiera hacerlo
sin decir que, en definitiva —y con ello concluyo, señor
presidente—, estas son las razones, las muchas razones, que nos
llevan a manifestarnos radicalmente en contra de la presente propuesta de
reforma constitucional y a mostrar nuestro absoluto rechazo de ella. Tan
solo siete días han bastado para pasar de considerar la Constitución como
algo inmutable e intocable, a considerarla algo que sí se toca, a algo
cuya reforma es más fácil de aprobar que cualquier ley ordinaria;
aplicando, eso sí, el rodillo y atropellando a las minorías, aunque
consiguiendo de esta manera menos apoyo que el que la Constitución tuvo
hace 33 años; omitiendo —repito— todo tipo de informes e
incluso el de administraciones, como las forales, que resultan afectadas
en su capacidad de autogobierno, y sin someter la reforma a referéndum
porque los grupos parlamentarios que la han propuesto se oponen a su
celebración pese a las no pocas manifestaciones y movilizaciones
pidiéndolo.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Vilajoana. (Rumores.)

Silencio, por favor, señorías.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señoras y señores miembros del Gobierno, señorías, no vamos
a votar esta reforma —y lo he dicho antes en el turno en
contra—, porque discrepamos de su necesidad, así como por el fondo
de la propuesta y por la forma en que se ha desarrollado. Reiteramos que
esta reforma no va a cumplir los objetivos que teóricamente ustedes, PSOE
y Partido Popular, le atribuyen.

Para concretar y para no extenderme mucho más, porque
entiendo que en mi intervención anterior he expresado ya todos los puntos
que sustentan nuestro rechazo a esta reforma, ayer, martes, uno de los
padres de la Constitución de 1978, don Miquel Roca i Junyent, escribía un
artículo en el periódico La Vanguardia que voy a utilizar parcialmente
para cerrar mi intervención en esta Cámara. Escribía ayer Miquel Roca en
La Vanguardia lo siguiente: «Parece que los objetivos reales de esta
reforma serían aprovechar la coyuntura económica para volver a
centralizar España y volver al uniformismo homogeneizador que la
Constitución de 1978 pretendía superar. Con la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, que rompía el espíritu del
pacto constitucional, y con la reforma que ahora nos proponen, se cierra
el paréntesis que la Constitución de 1978 había abierto. Seguramente, una
amplia mayoría social del resto de España les da soporte, pero las
minorías cuentan también con sus propias mayorías, y unos y otras no van
en la misma dirección. Todo esto —y termino mi intervención—
hace que nos sintamos cada vez más lejos de este proyecto.»

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Molas.

El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias.

Señoras y señores senadores, este debate trata sobre la
introducción de un artículo nuevo en la Constitución, pero su contenido
no es muy nuevo. ¿Por qué? Porque esta reforma constitucional incorpora
normas que hoy están vigentes en España. Yo estoy de acuerdo en la
estabilidad presupuestaria —el partido al que pertenezco, Partit
dels Socialistes de Catalunya, también— y en la reducción
progresiva del nivel de deuda. Pero estabilidad no significa déficit
cero, ni avalar el recorte, ni, por tanto, disminuir los servicios
públicos. Es una posibilidad, pero no la única. Este proyecto permite la
realización de proyectos distintos, de proyectos diferentes, siempre en
el marco de la Unión Europea, por supuesto, pues el límite externo de la
entidad política a la que estamos incorporados también cuenta.

He dicho que no hay cosas muy nuevas. El principio de
estabilidad presupuestaria está recogido ya en la legislación. La Unión
Europea viene establecido límites al endeudamiento desde hace más de diez
años. El Estado y las comunidades autónomas deben autorizar por ley la
emisión de deuda pública o la sumisión a crédito, la entrada en crédito,
algo que, incluso, establece la Constitución actual.

La competencia del Estado para establecer límites al
endeudamiento de comunidades autónomas y de ayuntamientos fue declarada
constitucional en el mes de agosto. Nadie ha dicho nada, pero en el mes
de agosto fue declarada constitucional la Ley del año 2001. La previsión
de supuestos para la alteración de límites es una novedad importante que
se establece en caso de recesión económica y de emergencia extraordinaria
y, además, se prevé una ley orgánica que regule los supuestos
excepcionales, que entrará en vigor en 2020. El cálculo del déficit
estructural máximo se hará en relación con el PIB.

Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es que se
introduce en la Constitución algo que ya existe. Las comunidades
autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los
límites establecidos por la Constitución y la Unión Europea, adoptarán la
estabilidad en sus normas y las decisiones presupuestarias
correspondientes.

Seguramente, el tremendismo que está por debajo no afecta
directamente a lo que se está debatiendo, a este proyecto —luego me
referiré a ello—. Es exagerado decir que este proyecto es
antisocial, exagerado. Si no se está en contra de la estabilidad
presupuestaria o en contra de la pertenencia a la Unión Europea, la
crítica debe ser mucho más matizada y, probablemente, está fuera de
contexto hablar de la imposición española sobre los otros que no son
españoles.

¿Estamos hablando todos del mismo tema? Este es el
problema, porque a lo mejor estamos hablando de temas distintos en los
que los elementos de confianza funcionan de forma parecida. En primer
lugar, me referiré a los temas de aquí, a las razones. Las razones creo
que son muy claras: las deudas deben pagarse, máxime si se quiere obtener
más préstamos del mismo a quien se le pagan. Este es un principio de
sentido común, casi diría yo que prepolítico. La credibilidad se
cuantifica, porque esto que ahora llaman los mercados —y que antes
tenían nombres más clásicos y a lo mejor más emocionantes— lo
cuantifican. Y uno no dirige un país pensando en las condiciones que le
gustaría tener, sino sobre la base de las condiciones en que el país
está. Y este aspecto ha sido importante en la historia constitucional:
Francia hizo una ley constitucional —la Constitución Francesa de la
III República no era un solo texto, eran varios— justamente para
garantizar que se pagara la deuda pública, porque era un elemento
fundamental para que el Estado siguiera existiendo; y eso fue incorporado
a nuestra Constitución en el artículo 153.2, actualmente vigente, y
trasladado a la ley.

Las razones son, pues, básicamente una cuestión de
credibilidad mundial, de credibilidad interna también, y un asunto
urgente. A lo mejor no es muy conveniente, pero en un mundo en que las
turbulencias han aumentado, en el que la crisis de agosto ha creado una
especial alegría entre de los que tenían la fortuna de estar de
vacaciones, del susto del lunes negro de esta semana, de los anuncios del
otoño, no se puede decir que sean algo teórico, que ya se arreglará; no,
esto o funciona o hay peligros ciertos.

¿Que es necesario regular los flujos financieros de los
mercados financieros y de los especuladores internacionales? ¿Que este es
un objetivo fundamental para la democracia? Es evidente. Pero mientras
este objetivo no se encamine y se consiga que esté normado, que no esté
solo autorregulado sino normado en parte y controladas las
especulaciones, por tanto, se han de resolver los problemas que tenemos.
Y hay un problema fundamental: primero vivir, después filosofar, me
explicaban en latín cuando estudiaba Derecho. Si quieren: lo primero es
lo primero y, después, ya hablaremos de lo segundo; y lo primero es que
esta sociedad tiene un problema real, y hay unos riesgos inmediatos sobre
el euro, que no implican solo a nuestra sociedad, sino también a otras
sociedades, y unos riesgos inmediatos sobre la economía española. Frente
a esto, la decisión de la Unión Europea y del Banco Central Europeo ha
sido comprar deuda española para poder evitar el crecimiento del
diferencial y sostener, por tanto, su valor. Eso significa que hay una
situación de interdependencia absoluta y que nuestro problema no es solo
nuestro problema, también es un problema de la Unión Europea, y que la
credibilidad es nuestra y de la Unión Europea, y que el objetivo
seguramente es desarrollar en Europa una política económica y fiscal más
armónica. Y seguramente todo eso implica que, o se dan pasos adelante
para hacer de la Unión Europea un Estado o una organización política con
capacidad de decisión, o los problemas no van a resolverse. Es decir,
tenemos que huir de cualquier riesgo, por remoto que sea, del hundimiento
del euro, de la misma forma que vamos a huir de cualquier posibilidad de
tener que pedir un rescate.

¿Esta es una política a favor de España, a favor de
Cataluña, a favor de Europa? Es una política a favor de los ciudadanos:
de Cataluña, de España y de Europa; es a favor de, no en contra nadie. ¿O
es

que el interés de los catalanes es distinto del interés de
los otros? ¿Es que la economía catalana es distinta de las otras
economías con las que está interrelacionada? Es una apuesta a favor de la
confianza.

Ese es el texto alrededor de la ley. Pero hay otra
cuestión. Antes he planteado: ¿cuál es el problema? El problema no es que
la mayoría, por la vía que está establecida, pueda cambiar la
Constitución. El problema no es poder discutir otras reformas, que puedo
discutirlas aunque no esté de acuerdo en ellas. El problema no es ese;
eso para su momento, para cuando toque. El problema es que abrir el melón
tiene riesgos, como decía un conocido político de la derecha española, y
no quería abrir el melón. Pero ahora se abre el melón y, si se abre mal,
tiene riesgos para el futuro. Yo preferiría un acuerdo más amplio, porque
es lo que convendría, y más si se tiene en cuenta que el contenido era
compartido por más grupos de los que comparten la reforma.

Frente a esto nosotros nos ponemos una vacuna para evitar
la enfermedad antes de que venga. Las vacunas se ponen antes, ¿no? Otros
se ponen la vacuna porque lo que va a venir después se ha de evitar. Todo
el mundo se pone vacunas para enfermedades distintas, pero son temas
absolutamente diferentes. Y debo decirles con sinceridad que hoy tenemos
una urgencia: se debe aprobar la reforma de la Constitución, pero existe
la obligación política en España de reparar las grietas que pueden
haberse abierto en los puentes, este es un elemento fundamental para el
futuro. Esta es la menos mala de todas las soluciones posibles hoy, pero
no debe echarse por la borda el consenso constitucional, sobre el que se
ha trabajado para ampliarlo; esta es nuestra fuerza, y una base
importante de nuestra credibilidad. Esta reforma hoy es urgente y
necesaria, convierte en constitucionales normas que ya son vigentes
—la inmensa mayoría de ellas— en el plano legal, y deja más
posibilidades de las que piensan los que son contrarios a que la futura
ley orgánica diga lo que se está haciendo ahora como una vía para
hacerlo, porque se prescinde de que ya no hay posibilidad para ello.

Cada uno puede pensar lo que quiera. El político debe
buscar una solución dentro de lo posible y lo más orientada hacia la
opción que expresa. Yo no voy a entrar en apropiaciones, ni de la
voluntad del pueblo ni de la patria ni de Cataluña ni de España ni del
mundo, simplemente les he explicado mi opción, la opción del partido al
cual represento, pero respeto a los que tienen opciones distintas. Creo
que tenemos mucho que hacer para devolver la confianza, no a los
mercados, no solo al mundo internacional, no solo al euro, sino a
nosotros mismos, que somos capaces de trabajar juntos, siendo muy
distintos, para salir de la crisis en la que estamos y volver a dar un
horizonte de futuro más esperanzador a la sociedad en la que vivimos. Es,
por tanto, una reforma en interés de Cataluña, en interés de España, en
interés de Europa, e intenta dar una respuesta a las exigencias de
credibilidad que existen dentro y fuera de nuestras fronteras, dentro y
fuera de nuestra sociedad. Podemos y debemos hacerlo. Debemos intentar
que si ha habido heridas —que las ha habido— sean reparadas
para poder construir lo que va a ser más dificultoso después de haber
iniciado una etapa difícil de nuestra historia y haberla terminado
razonablemente bien para el futuro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora
Silva.

La señora SILVA REGO: Gracias, señor presidente.

Realmente, señor Molas, tengo que reconocer que es usted un
sabio, y que es un honor compartir esta Cámara con alguien que es capaz
de hacer reflexiones tan profundas y tan serias.

Créame, yo he escuchado atentamente a todos los portavoces
que han intervenido y, de verdad, he intentado entender las razones de su
posición desfavorable a esta reforma constitucional, pero, se lo digo con
todo el respeto y consideración, no las comprendo. Ustedes se olvidan del
contexto en que se produce esta propuesta de reforma; ustedes parecen
ignorar lo que está pasando y se olvidan de que esta crisis es la más
grave conocida desde los años treinta del siglo pasado. Y lo más grave,
ustedes no plantean ninguna alternativa para responder a esta realidad, a
la realidad de la que estamos hablando. Ustedes obvian que vivimos en un
mundo globalizado, que existe una gran interdependencia entre todos los
países del mundo y que esto significa que lo que ocurre en uno o en un
conjunto de ellos tiene traslación inmediata a los demás en tiempo real.
Ustedes no introducen en sus análisis el hecho de que formamos parte de
la Unión Europea, que compartimos una moneda única con los países del
euro y que esa integración exige que compartamos con nuestros socios
comunitarios los criterios de déficit estructural y deuda para lograr
algo muy importante, que es ganar conjuntamente solvencia europea que
garantice estabilidad económica y financiera, y con ella el Estado de
bienestar. Ustedes no parecen tener en cuenta que estamos viviendo la
crisis de deuda más grave de la historia de la Unión Europea. Ustedes
hablan

legítimamente, y yo lo respeto profundamente, pero han
hablado aquí de otras cosas y no del principio de estabilidad
presupuestaria, no de lo que hoy está ocurriendo en el mundo, no de la
situación y de las tensiones tan graves que está viviendo el mundo desde
un punto de vista económico y financiero. Porque si ustedes se centraran
en la cuestión de la que estamos hablando y consideraran todos los
factores que la rodean estarían de acuerdo en que obligatoriamente hay
que reaccionar, en que estamos obligados a tomar conciencia de los
riesgos que nos acechan, y concluirían entonces que es necesario asegurar
la credibilidad de nuestro país. Es necesario hacer un ejercicio de
responsabilidad y, por tanto, es necesaria esta reforma. Porque tenemos
que trasladar dentro y fuera de España el mensaje de que somos y vamos a
seguir siendo capaces de ser un país solvente, capaz de afrontar sus
compromisos y en el que se puede invertir porque se puede confiar. Si
todos hiciéramos esto, antepondríamos cualquier interés o debate, por
legítimo que fuera, al interés general. Porque hablamos de eso, hablamos
de interés general.

He escuchado sus argumentos y creo que ninguno de ellos ha
entrado en el fondo de la cuestión; ninguno de ellos ha planteado
propuestas para hacer frente a esta profunda inestabilidad financiera que
amenaza muy seriamente al conjunto de la economía de la zona euro.
Ninguno de ellos ha entrado a analizar lo que está ocurriendo ni, por
tanto, a poner encima de la mesa soluciones reales, eficaces y
útiles.

Señorías, desde el más profundo de los afectos les pido que
reflexionen. No es cierto que esta reforma reste capacidad política para
tomar decisiones de política económica. Al contrario, lo que sí la
restaría sería que el coste de financiación de la deuda fuera tan alto
que pusiese en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas. Es
totalmente erróneo plantear que no es la Constitución española el marco
adecuado para establecer el principio de estabilidad presupuestaria.
¿Creen de verdad que la Carta Magna no es el espacio legal que ofrece más
seguridad para reconstruir la confianza que nuestro país necesita y donde
cabalmente hay que establecer los principios de buen gobierno económico?
¿Creen ustedes que los principios de buen gobierno económico no deben
tener permanencia en el tiempo? ¿Creen que no es un buen principio de
actuación económica? Estas son las preguntas a las que hay que
responder.

Muchos de ustedes han planteado hoy aquí que aspiran a una
reforma más profunda, que esta no es una reforma necesaria, que es una
imposición, la descalifican diciendo que es una reforma exprés y nos
acusan de no promover un referéndum. De nuevo —siento tener que
decirlo, y lo digo con el mayor de los respetos y de la
consideración— se sitúan en la negación de la realidad. Nadie nos
impone nada, lo que hacemos es cumplir con los compromisos y acuerdos que
hemos adquirido conjuntamente en el marco de la Unión Europea para hacer
frente a una situación muy compleja, porque, señorías, no hay respuestas
fáciles para situaciones complejas.

Nosotros no practicamos la política del avestruz, esa que
esconde la cabeza para ver si con argumentos estereotipados, usando la
demagogia, abriendo debates que no se corresponden con la seriedad de las
dificultades a que nos enfrentamos, podemos situarnos en posiciones de
ventaja. Ese, señorías, no es el comportamiento que se demanda en esta
situación tan grave a los responsables políticos. Este es el tiempo de
poner a España, a los intereses del conjunto de los españoles, a los
españoles del presente, pero también a los del futuro, por encima de
cualquier otro interés. No se trata de restar competencias a ninguna
comunidad autónoma, ni a ninguna entidad local, ni de restarles autonomía
política y financiera; se trata de fortalecer la confianza en la economía
de nuestro país, y con ella la de todos y cada uno de los territorios. No
es la hora de traer debates y reivindicaciones territoriales que nada
tienen que ver con el objetivo que se persigue. No es la hora de
aprovechar este debate para plantear reclamaciones que no se corresponden
con las necesidades urgentes de nuestro país. Es la hora de aunar
esfuerzos, de sumarse al consenso, de tener la suficiente altura de miras
para saber que esta situación necesita de todos.

La decisión se tomó con urgencia. Inmediatamente después se
habló con todos los grupos parlamentarios para intentar el diálogo y el
acuerdo. Señorías, no fue posible. Yo coincido con el señor Molas en que
tenemos que dejar abiertas todas las puertas para el diálogo y para el
consenso, porque España lo necesita, pero Galicia también, y Cataluña y
el País Vasco y el resto de las comunidades autónomas que tienen aquí, en
esta Cámara, su representación territorial.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador García-Escudero. (Rumores.)

Silencio, señorías.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, yo también querría fijarme en este turno en
algunos aspectos concretos del debate político que nos ocupa hoy y en
algunas afirmaciones que se han expuesto en esta tribuna en las
anteriores intervenciones.

En primer lugar, quiero subrayar que, pese a algunas
opiniones, esta no es una reforma impuesta ni es fruto de ningún rodillo
parlamentario; bien al contrario es una reforma producto del consenso, de
un consenso basado en el acuerdo entre los dos grandes partidos de ámbito
nacional, pero que desde el primer momento ha estado abierto, y sigue
estándolo, al concurso del resto de las fuerzas políticas.

Indiscutiblemente, esta reforma concreta, que afecta
solamente a un artículo del Título VII, es escrupulosamente
constitucional de acuerdo con el procedimiento que la propia Constitución
estipula en el artículo 167. Y debo recordar que reformar la
Constitución, según los cauces previstos en ella, es simplemente aplicar
la Constitución.

Sin embargo, señorías, no se trata solo de cumplir la ley,
lo cierto también es que esta modificación constitucional cuenta con un
respaldo amplísimo, con un respaldo que ronda en ambas Cámaras el 90% de
la representación, mucho más del 60% exigido.

Esta reforma es fruto del acuerdo entre los dos grandes
partidos nacionales, un respaldo que es imprescindible cuando se trata de
las normas fundamentales para nuestra convivencia o de los grandes
asuntos de Estado. Podemos discutir si es suficiente que el Partido
Socialista y el Partido Popular se pongan de acuerdo sobre asuntos clave,
pero desde luego nuestra opinión es que en este tipo de asuntos, los
acuerdos, cuanto más amplios sean, mejor. En cualquier caso, señorías, lo
que nadie puede discutir es que el entendimiento entre estos dos partidos
es y debe ser una condición necesaria para cualquier reforma de este
tipo.

En los últimos años hemos echado muy en falta la existencia
de este consenso básico; un consenso que fue clave para la transición a
la democracia o para la construcción de nuestro Estado autonómico. Con
mucha razón hemos oído voces lamentando la pérdida de este consenso y
reivindicando la necesidad de su recuperación, especialmente cuando la
crisis hizo su aparición, por eso no se entiende bien que algunas de esas
mismas voces que no hace mucho pedían este consenso hoy critiquen que
ambos partidos hayamos sido capaces de alcanzarlo.

La premura de esta reforma, señorías, también ha sido
motivo de críticas y, desde luego, sobre este asunto debo decir que en el
Partido Popular nos sentimos corresponsables del qué de esta reforma
pero, como es obvio, no del cómo ni del cuándo. Llevamos más de un año
defendiendo su necesidad y lo que ha ocurrido es que el tiempo ha
terminado por darnos la razón, y lo ha hecho con una urgencia que no
admite más demoras.

Sencillamente, señorías, el más elemental sentido de la
responsabilidad nos exige hoy a todos estar a la altura de las difíciles
circunstancias que en este momento histórico estamos viviendo; un momento
en el que están en juego la credibilidad de nuestra economía y la propia
estabilidad de Europa.

Señorías, nos parecen muy respetables las críticas que se
han vertido contra esta reforma pero hay algunas que, sinceramente, son
muy difíciles de entender. No entendemos cómo puede sostenerse que esta
reforma puntual del artículo 135 de la Constitución pueda suponer
—como aquí se ha dicho— una ruptura del consenso
constitucional básico; desde luego no lo entendemos si nos atenemos al
contenido de la reforma, no ya porque su alcance sea limitado y muy
concreto, que lo es —ya que afecta a un solo artículo y no del
Título I ni del Título VIII sino del Título VII, el relativo a la
economía y a la hacienda—, sino que además estamos convencidos de
que este cambio ni rompe consensos básicos ni contraviene el espíritu de
la propia ley fundamental; muy al contrario, creemos que lo que hace es
perfeccionarlo y actualizarlo aunque sea en un aspecto muy concreto. En
este sentido, cuando hablamos de garantizar la sostenibilidad del
conjunto de las administraciones públicas dentro de nuestro modelo
autonómico de Estado y cuando invocamos el esfuerzo de la solidaridad
como vía para lograrlo nos estamos ateniendo fielmente a los principios
del artículo 2 de la Constitución, y cuando defendemos la idea de que la
estabilidad presupuestaria es la mejor garantía de nuestros servicios
públicos y nuestro Estado del bienestar nos estamos guiando, sin ir más
lejos, por el mandato del artículo 40.1 de la Constitución, que dice:
«Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el
progreso social y económico y para una distribución de la renta regional
y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad
económica…»

Señorías, ¿cómo puede decirse entonces que una medida
orientada a garantizar el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las
políticas públicas rompe el consenso constitucional? Si así fuera
resultaría que

todos los Estados europeos que ya han modificado o van a
modificar sus respectivas constituciones, igual que nosotros, también
estarían quebrando sus pactos constituyentes.

Es absolutamente incierto también, señorías, que esta
reforma menoscabe el principio de autonomía proclamado en el artículo 2
de la Constitución y desarrollado en su Título VIII, porque no estamos
hablando de recortar nuestro Estado autonómico sino de fortalecerlo,
porque fortalecerlo es garantizar la sostenibilidad financiera de todas
nuestras administraciones públicas; fortalecerlo es implicar en un común
acuerdo solidario a la Administración central, a las comunidades
autónomas y a las entidades locales; fortalecerlo, señorías, es
garantizar, mediante el cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria, el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar y, por
tanto, de la sanidad, de la educación y de todas las políticas sociales
prestadas por las comunidades autónomas.

Señorías, al introducir una regla fiscal en nuestra
Constitución, lo que estamos haciendo, además de transmitir hoy un
mensaje de confianza, es vacunarnos para el mañana frente a los riesgos
del déficit descontrolado y del endeudamiento insostenible. Porque todas
las alarmas se han encendido, y de ahí, entre otras cosas, la urgencia de
esta reforma. Pero eso no significa que esta sea una reforma al dictado
de los mercados, como sostienen quienes solo saben guiarse por
estereotipos de trazo grueso. Señorías, si de algo puede servir esta
reforma es precisamente de evitar que perdamos soberanía frente a los
mercados, unos mercados que pueden llegar a restringirnos el crédito si
dudan de nuestra solvencia. Y no nos cansaremos de insistir en esta idea:
sin estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, sin respaldo financiero,
el Estado del bienestar no pasa de ser un lema en una pancarta. Y lo que
queremos, señorías, es que sea una realidad firme y sólida; lo que
queremos, señorías, es garantizar los medios para su sostenimiento, y eso
es lo que hoy está en el centro de este debate y no otras cosas que no
vienen al caso.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular apela también a su
sentido de la lealtad constitucional y a su altura de miras para recabar
su apoyo a esta inaplazable reforma, porque creemos que el momento
realmente lo exige.

Quiero agradecer a la senadora María Caballero y a su
partido, Unión del Pueblo Navarro, su apoyo a esta reforma. Señorías,
seamos leales con nuestras instituciones y sobre todo con nuestros
ciudadanos. Sepamos reaccionar frente a las exigencias de este difícil
presente y anticipémonos todos así, de esta manera, a los grandes retos
del futuro.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Finalizado el debate sobre el conjunto pasamos al debate de
los votos particulares.

En primer lugar, tiene la palabra el senador Quintero
Castañeda, del Grupo Mixto.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Buenas tardes, señorías.

Coalición Canaria ha presentado dos enmiendas. Aquí se ha
hablado de consenso, de buscar el consenso por todos los grupos. Me
gustaría preguntar al Grupo Socialista y al Grupo Popular si se han leído
las dos enmiendas que presenta Coalición Canarias y si perjudican a la
Constitución o la mejoran, porque hablamos de consenso y de modificarla.
Creo que las dos enmiendas que presenta Coalición Canaria no perjudican a
la Constitución, todo lo contrario, mejoran la Constitución y mejoran el
bienestar de los ciudadanos de España y de Canarias.

La primera enmienda modifica el artículo 135 en los
apartados 4 y 5. En el apartado 4 dice: En el caso de las comunidades
autónomas, el déficit podrá superarse por acuerdo de la mayoría de tres
quintos de los miembros de sus asambleas. En tal supuesto, se autorizará
a las comunidades autónomas una emisión extraordinaria de deuda pública.
En el apartado 5 dice: una ley orgánica aprobada por una mayoría de los
tres quintos de los miembros de la Comisión General de Comunidades
Autónomas del Senado, integrada por los senadores de designación
autonómica.

Señorías, esta es la Cámara territorial, el Senado, y
tenemos la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Aquí lo
decimos: no puede ser porque un grupo quiera, ni en la Comisión General
de las

Comunidades Autónomas ni en las asambleas de las
comunidades autónomas. Son necesarios tres quintos, la mayoría reforzada,
lo estamos diciendo.

Se ha dicho que no se quita competencias a las comunidades
autónomas. Pues bien, sí se les quita competencias cuando no se deja
debatir lo más importante, que es su estatus económico y el déficit de
cada una de ellas.

La segunda enmienda a la Constitución que presenta
Coalición Canaria es de adición, en este caso a la disposición adicional
tercera, para definir y confeccionar el modelo singular en la
Constitución española del archipiélago canario, un archipiélago alejado y
fragmentado; una realidad que sí reconoce la Unión Europea pero no
reconoce la Constitución española, y con esta enmienda de adición
queremos dejar claras las circunstancias especiales y específicas de un
territorio que, como ha dicho mi compañero en su primera intervención,
está a más de 2000 kilómetros, es fragmentado y tiene unas situaciones
especiales, económicas y financieras, con su régimen económico y fiscal
especial, y lo que queremos es que en la Constitución se garantice este
régimen económico y fiscal.

Y díganme ustedes, señorías, si estas dos enmiendas que
presenta Coalición Canaria a la Constitución no la mejoran, no la adecuan
a los tiempos en que nos encontramos y no mejoran la calidad y el
bienestar de los ciudadanos en una época de crisis en la que nos
encontramos.

Si ustedes las hubieran leído, quizá estarían de acuerdo
con estas dos enmiendas y conmigo.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas había
presentado —y digo había— un total de cuatro enmiendas, tres
de las cuales tienen el sello de los nacionalistas vascos, y una
pertenece al Bloque Nacionalista Galego.

Respecto a las presentadas por los nacionalistas vascos, he
de decir que la enmienda que supone la adición de una nueva disposición
adicional ha sido ayer, pocos minutos antes de la celebración de la
Comisión Constitucional, no admitida a trámite por la Mesa, tal y como ya
lo fue en el Congreso de los Diputados.

Los argumentos —si se pueden considerar como
tales— ahora esgrimidos, igual que los de entonces, se nos antojan
meras disculpas que no tienen otro objeto que evitar la enmienda; evitar
que se debata y, sobre todo, que se vote. Y simplemente quiero señalar
que la enmienda pretendía alcanzar en el año 2011 lo que no fue posible
en 1978, es decir, una enmienda que no buscaba sino solucionar el
conflicto vasco.

Las dos enmiendas presentadas por los nacionalistas vascos
y que sí han sido admitidas a trámite por la Mesa pretenden cubrir lo que
en un inicio considerábamos un olvido, y ahora, tras ser rechazadas por
el Congreso de los Diputados, consideramos un grave defecto del texto
consensuado entre los grupos parlamentarios Socialista y Popular. Son
enmiendas que resultan congruentes por el respeto a los derechos
históricos que el propio texto constitucional consagra en su disposición
adicional primera, y como tales debieran ser tomadas en consideración.
Pero todo parece indicar lo contrario; un grave defecto que en caso de
persistir y no ser rectificado podría lesionar la capacidad financiera y
fiscal de los territorios vascos.

Las enmiendas, en definitiva, afectan a los puntos 2 y 3
del artículo 135, ya que en ellos se cita al Estado, a las comunidades
autónomas y a las entidades locales, pero se ignora a los territorios
forales expresamente señalados en la disposición adicional primera de la
Constitución. Con la aceptación de las enmiendas, quedaría claro que los
territorios forales no son entidades locales y que, por tanto, no les es
de aplicación el déficit cero —repito lo de cero— establecido
para estas en la iniciativa presentada.

La enmienda restante, que obedece a la número 20, lleva la
firma de este portavoz pero, como les decía, es del Bloque Nacionalista
Galego; a ella se referirá sin duda su senador en un turno posterior, por
lo que ahora la doy por defendida en sus justos y literales términos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Presidente, señorías, en mi
anterior intervención manifesté nuestro voto en contra a esta reforma, y
les dije que uno de los motivos para no apoyarla era que nos pedían una
adhesión sin condiciones, y lo demuestra el hecho de que hemos presentado
ocho enmiendas, que se presentaron previamente en el Congreso y en la
comisión, y no votaron ni una. Y estas ocho enmiendas que siguen vivas,
que defiendo en este acto y para las cuales pido su voto, tienen dos
objetivos fundamentales: uno, respetar la autonomía financiera que fija
la Constitución y el Estatut de Cataluña para Cataluña y, dos, introducir
el concepto de déficit fiscal en la decisión sobre el déficit. Esta
filosofía general es la que defendemos en estas ocho enmiendas que ahora
voy a detallar.

La enmienda número 26 pretende suprimir el párrafo 2 del
apartado 2 del artículo 135, porque entendemos que por sistemática del
texto se propone que todo el contenido de lo que debe ser regulado a
través de esta ley orgánica para desarrollar el presente artículo se
integre en el apartado 5.

La enmienda número 22 pretende modificar el apartado 3 del
artículo 135 para precisar que la autorización para emitir deuda pública
o contraer crédito corresponderá a los respectivos órganos legislativos
de las comunidades autónomas cuando la deuda o el crédito sean contraídos
por estas.

La enmienda número 23 pretende modificar el apartado 4 del
artículo 135, y en ella se suprimen los términos «escapen del control del
Estado» por imprecisos y se contempla la posibilidad de que una comunidad
autónoma pueda verse forzada a superar el límite de deuda estructural en
caso de catástrofe natural u otras situaciones de emergencia de las
especificadas en el texto, requiriendo para ello la apreciación por parte
del respectivo órgano legislativo autonómico, y aquí está la
diferencia.

La enmienda número 24 pretende modificar el apartado 5 del
artículo 135 y sistematizar en dicho apartado todo el contenido de lo que
debe ser regulado a través de ley orgánica para desarrollar el presente
artículo, y en este sentido se desarrollan todos los puntos de esta
enmienda.

La enmienda número 27 pretende adicionar una nueva letra en
el apartado 5 del artículo 135. El objetivo es incorporar a la ley
orgánica, que deberá desarrollar el artículo 135 de la Constitución, el
mandato de fijar también los límites del déficit fiscal territorial de
carácter estructural de cada comunidad autónoma en el conjunto del
Estado. Asimismo, se incorpora el mandato al Estado de garantizar que en
ningún caso se alteren las posiciones ordinales de aportación per cápita
por parte de cada comunidad autónoma respecto a las posiciones finales en
renta per cápita disponible.

La enmienda número 25 modifica el apartado 6 del artículo
135 con objeto de clarificar que la voluntad de la reforma de la
Constitución no pretende impactar en la autonomía financiera de las
comunidades, tal como ha expresado el Gobierno y hoy se ha dicho en esta
Cámara, y en este sentido quiero precisar que, en el caso de las
comunidades autónomas, deberán ser sus órganos legislativos quienes
deberán aprobar por ley su respectivo límite máximo de déficit
estructural.

La enmienda número 28 modifica el título de la disposición
adicional única pasando a ser disposición transitoria única. Se trata de
una mejora técnica para adecuarlo a su contenido.

Igualmente, la número 29 suprime el apartado 2 de la
disposición adicional única del artículo 135. También es una mejora
técnica y su contenido se incorpora al apartado 5 del artículo 135.

Reitero, pido el voto para estas enmiendas que lo que
pretenden fundamentalmente es respetar la autonomía financiera, esto es,
la libertad de las comunidades autónomas respecto al equilibrio
territorial y, también muy importante, introducir el concepto del déficit
fiscal en la decisión sobre el déficit.

En el turno de portavoces aclararé algunos aspectos más que
quiero introducir sobre este tema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vilajoana.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador
Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, voy a defender las siete
enmiendas de supresión y dos de adición que solicitan el referéndum del
texto de la reforma constitucional.

Estamos ante un debate complejo, con muchos argumentos,
muchos de ellos retóricos. Quiero dejar claro que mi grupo, Iniciativa
per Catalunya Verds, va a votar en contra de la reforma constitucional y
lo va a hacer fundamentalmente por tres razones que voy a intentar
explicar. Primera, porque esta reforma constitucional es socialmente
regresiva. Segunda, porque desde el punto de vista territorial es una
propuesta recentralizadora. Y, tercera, porque es antidemocrática o, si
les parece fuerte que diga que es antidemocrática, porque es poco
democrática.

Me van a permitir que haga una reflexión previa antes de
argumentar estas tres razones. La previa es que la elaboración y la
aprobación de la Constitución fue producto del consenso, de un espíritu
de pacto constitucional que este acuerdo entre el Partido Popular y el
Partido Socialista ha roto. Es absolutamente inconcebible que
Convergència i Unió o que Iniciativa per Catalunya, herederos del PSUC,
no participemos en este consenso y en este diálogo. No se puede de
ninguna de las maneras llevar adelante una reforma constitucional sin
contemplar el papel fundamental que jugaron determinados grupos
minoritarios que hoy existen.

La sentencia sobre el Estatuto de Cataluña ha supuesto el
distanciamiento de muchos ciudadanos en relación con la Constitución.
Esta reforma constitucional aleja a muchos ciudadanos de la Constitución,
a miles y miles de ciudadanos. Yo soy uno de ellos. Estoy más lejos de la
Constitución hoy que hace 15 días, y ello producto de la falta de
consenso.

Les decía, pues, que hay tres razones para votar no. La
primera, porque es socialmente regresiva. La política económica de la
Unión Europea, del Banco Central, del Gobierno español y de los Gobiernos
de la Unión Europea ha fra-ca-sa-do, ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado?
En primer lugar, porque no se han calmado los mercados. En segundo lugar,
porque ha provocado ajustes sociales que han disminuido las prestaciones
sociales. Y, en tercer lugar, porque no hay crecimiento y el paro crece.
¿Cómo se puede decir que esta es una buena política económica? ¿Alguien
piensa que con la reforma constitucional vamos a calmar a los mercados?
Absolutamente nadie. Hace 48 horas Schröder, Jaques Delors o Felipe
González decían clarísimamente que había que dar un paso adelante en la
institucionalización de la Unión Europea. Hay que crear los eurobonos;
hay que crear un gobierno económico; hay que regular los flujos
financieros, y si no se hace esto la reforma constitucional, desde el
punto de vista de calmar los mercados es inútil, como han sido inútiles
la reforma de las pensiones, la reforma laboral o la congelación de los
salarios de los funcionarios. Y esto no es que lo diga Iniciativa per
Catalunya Verds, sino que Krugman, Stiglitz, Josep Borrell hace poco o
Antonio Gutiérrez Vegara dicen que situar como exclusivo objetivo de la
política económica la reducción del déficit es absolutamente equivocado y
lo es mucho más en España, donde las reformas y contrarreformas fiscales
que se han hecho en estos años han aumentado el déficit.

Pero hay otro elemento. ¿Por qué el 0,4? ¿Por qué no el
0,2? ¿Por qué no el 0,6? ¿Por qué no el 0,7 cuando la Unión Europea
plantea el 1%? ¿Cuál es el argumento del 0,4? No hay ningún argumento.
Además, ¿cuál es el argumento para que el 0,4 se distribuya en el 0,26 y
el 0,14? Absolutamente ninguno.

Por tanto, la reforma constitucional no es un instrumento
útil para calmar los mercados. El problema de la especulación, de los
ataques de los mercados es un problema político, de diseño institucional
de la Unión Europea que tome medidas contundentes en contra de los
mercados.

Segundo argumento. He dicho que esta reforma constitucional
es, desde el punto de vista territorial, recentralizadora. Desde hace un
año y medio hay muchas voces mediáticas, políticas, sociales que abogan
por un retroceso del Estado de las autonomías. Tengo aquí algunos
recortes de prensa: «Rajoy y Botín coinciden en la necesidad de revisar
el Estado autonómico.» «Rajoy denuncia que las patologías autonómicas
lastran la recuperación.» «Rajoy ve en el Estado autonómico un obstáculo
adicional a la recuperación.» El invierno pasado 37 empresarios
redactaron un documento, «Un momento clave de oportunidad para construir
entre todos la España admirada del futuro», que entregaron al rey, cosa
insólita en un Estado democrático donde el rey no tiene ningún poder
ejecutivo, en el que planteaban, fundamentalmente, que el gran problema
del Estado español es el Estado de las autonomías.

La crisis se está convirtiendo en una excusa para
recentralizar el Estado español, el Estado de las autonomías, y esto es
grave, en primer lugar, porque se ha producido un proceso de
centrifugación del déficit del Gobierno central a las comunidades
autónomas. Se nos han transferido competencias sin dinero, véase la Ley
de dependencia o la Ley de la vivienda. Y aunque se da esta imagen de que
las comunidades autónomas son las máximas responsables de la deuda,
quiero decir que las comunidades autónomas simplemente representan el 17%
de la deuda pública de todo el Estado español y, por consiguiente, es
absolutamente injusto, no se sostiene y no tiene ningún fundamento
distribuir el 0,4 entre el 0,26 y el 0,14; debería ser al 50% y no dejar
fuera a los ayuntamientos.

Por lo tanto, a los que dicen que no se limita la autonomía
financiera les diría que se leyeran el texto. Decir que solo puede ser el
0,14% ¿es limitar o no limitar? ¿Por qué no el 0,20? Se limita la
autonomía financiera. Es más —y algún portavoz lo ha dicho—,
se pone como ejemplo Alemania. Hubo un proceso dilatado de debate donde
los länder participaron activamente en la definición de esa reforma
constitucional. ¿Se ha llamado a alguna comunidad autónoma? ¿Ha habido
algún diálogo con alguna comunidad

autónoma? Ningún diálogo con ninguna comunidad autónoma.
Por lo tanto, desde el punto de vista del Estado de las autonomías la
crisis se ha convertido en una excusa y se ha actuado como si España
fuera un Estado absolutamente unitario, y he de decirles a ustedes que es
necesario que se avance en un Estado federal.

Tercer argumento. Esta reforma constitucional es
antidemocrática. Desde la recuperación de la democracia, desde 1977,
nunca, absolutamente nunca en el Estado español había habido un nivel de
desafección, de impugnación, de descrédito, de desconfianza hacia la
política por parte de los ciudadanos como existe ahora. Nunca ha habido
esa desafección y precisamente es en este momento cuando la iniciativa
que ustedes lanzan va en sentido absolutamente contrario de lo que hoy es
la demanda de la gente que se mueve. Hay propuestas del movimiento 15-M
con las que estoy de acuerdo y otras con las que no lo estoy, pero todas
coinciden en dos cuestiones con las que sí estoy de acuerdo: en la
necesidad de mejorar la calidad democrática y en la necesidad de
participación. Pues bien, esta reforma constitucional no solo no aumenta
la calidad democrática, sino que la disminuye, y no solo no aumenta la
participación, sino que la disminuye. Por estas razones pedimos un
referéndum. Se dice que no hay tiempo. Sí que hay tiempo, pero lo que no
hay es voluntad política de hacer un debate de estas características.

Acabo, señor presidente, diciendo lo siguiente: creo que es
grave la ruptura del pacto institucional, especialmente con dos
formaciones políticas sin las cuales la Constitución actual no existiría.
Sin el papel de Roca i Junyent y sin el papel de Solé Tura no tendríamos
esta Constitución, y ustedes se atreven a reformar la Constitución sin
considerar el pensamiento político que hay detrás de lo que significó la
aportación de Convergència i Unió y del Partido Socialista Unificado de
Cataluña. Como he dicho, estamos en contra por estas tres razones: por
ser socialmente regresiva, territorialmente recentralizadora y
antidemocrática.

Acabo haciendo alusión a una lectura de este verano en la
que reparé en un concepto que me gustó mucho. Se trata de un libro de un
sociólogo que seguro que muchos de ustedes han leído, Tony Judt, y que se
titula Algo va mal. Decía que para que las sociedades funcionen, tengan
cohesión social, sean eficaces y dinámicas es fundamental establecer
redes de confianza. La palabra confianza es clave en este sentido. Pues
bien, les aseguro —y no es un juicio de intenciones— que esta
reforma constitucional rompe no una confianza, sino muchas confianzas, y
en esta situación difícil que atravesamos no es posible romper muchas
confianzas. Va a ser difícil rehacer confianzas porque la urgencia, la
premura, la opacidad y la falta de argumentos de esta reforma
constitucional hacen que muchos de nosotros creamos que no es posible una
confianza como la mantenida hasta ahora.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno en contra. Dividiremos el turno en dos,
Popular y Socialista.

En primer lugar, tiene la palabra la senadora
Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERRER: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, subo por primera vez a esta tribuna como senadora
para exponer y defender la postura de mi grupo parlamentario ante las
enmiendas presentadas a la proposición de reforma del artículo 135 de la
Constitución española. Es para mí un honor.

Acabamos de oír a los portavoces de los grupos pero, con
independencia de las diferentes opiniones que nos han manifestado, hay
algo que a estas alturas de la tarde ha quedado claro: que estamos ante
una cuestión especial en la historia de nuestro ordenamiento jurídico.
Ayer lo dije en mi intervención en la comisión. Desde luego, estamos ante
algo nada frecuente, pues nuestra Constitución solo se ha modificado una
vez desde su promulgación. Pero también es una situación especial porque
lo que estamos haciendo en las Cámaras es perfeccionar con rango
constitucional nuestro ordenamiento financiero y presupuestario para
asegurar las bases que permitan que España infunda confianza, crezca y
genere empleo, algo de lo que en este momento andamos un poco
escasos.

Nuestra Carta Magna, señorías, recoge los derechos y
deberes de los españoles, los de todos los españoles, sin hacer
distinción entre lugares de residencia ni entre generaciones presentes o
futuras. Y la propuesta que se ha recibido del Congreso de los Diputados,
a instancia de los grupos Socialista y Popular, trata precisamente de
eso: de garantías y de igualdad. Aunque se quiera desvirtuar, tanto su
contenido como sus objetivos, aunque se quiera presentar como limitadora
de derechos presentes y futuros, es justo lo contrario. Es, señorías, un
ejercicio de responsabilidad. Y a nosotros no nos cuesta nada decirlo
porque somos unos convencidos, de hecho introdujimos el principio de
estabilidad

presupuestaria en nuestra normativa cuando gobernamos. Es
más, visto lo visto en los últimos años, llevábamos tiempo preconizando
esta reforma constitucional, que por otra parte cada vez está más
presente en los países europeos de nuestro entorno.

La propuesta de reforma es ajustada, como creo que debe ser
una variación constitucional, no genera diferencias a lo largo y ancho de
España y, por supuesto, es plenamente compatible con otros preceptos de
la propia Constitución, en especial con la garantía de los derechos
fundamentales y con nuestra configuración autonómica. Y aunque en las
enmiendas presentadas estos son los dos argumentos principales para su
rechazo, en ninguno de los casos compartimos su contenido.

Se han mantenido veinticuatro enmiendas, cuya defensa,
señorías, acaban de escuchar por los grupos proponentes. En general se
pretende la anulación de la reforma, aunque también se aproveche para
introducir otras cuestiones en el texto de la Constitución. Adelanto
nuestra posición contraria a todas ellas y voy a hacer algunos
comentarios que apoyan nuestra posición.

Entesa Catalana de Progrés ha presentado y ha defendido
once enmiendas que se pueden resumir en dos: las que anulan la reforma en
su totalidad y la que solicita un cambio en la financiación de Cataluña,
pasando del régimen común a un sistema de concierto económico. Esta
última se descalifica por sí misma —el apelativo no quiere ser
peyorativo, señorías, sino literal: no tiene encaje ni en este momento ni
en nuestra Constitución—, todas las demás van anulando el texto de
la reforma por partes y en la número 3 se aporta la justificación del
rechazo. Nos lo han explicado y podemos utilizar su terminología para
exponer nuestras razones, porque es cierto que la justificación viene muy
ordenada.

Entendemos que la reforma es necesaria y, por tanto, si lo
es, es urgente, especialmente en los tiempos que vivimos de crisis aguda
en la que nuestros acreedores son absolutamente imprescindibles, eso que
se da en llamar «mercados» pero que en realidad son nuestros acreedores y
que son imprescindibles para que podamos mirar al futuro con cierta
tranquilidad, y en la que el compromiso con esas generaciones futuras a
las que me refería da la señal de seriedad que muchos nos demandan.

Tiene toda la legitimidad democrática que tenemos los
diputados y senadores de los partidos que la hemos firmado y que
representamos una amplísima mayoría de las Cámaras, y la legitimidad que
por otra parte supone seguir rigurosamente el procedimiento que la propia
Constitución marca para su reforma.

No limita la autonomía de las comunidades, señorías
—así lo entendemos—, porque el que la Constitución contenga
el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas no
significa que esa autonomía no pueda quedar regulada por la propia
Constitución. Y así lo ha dejado muy claro la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional de 20 de julio, a la que el senador Molas hacía
referencia hace un momento, que es una sentencia que da respuesta a un
recurso del Parlament catalán contra la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria; esas leyes que regulaban principios muy similares o
similares al que ahora incorporamos eran plenamente compatibles con el
texto constitucional.

Y no va a tener, señorías, una incidencia negativa en las
políticas sociales, porque la única manera de garantizarlas es tener las
cuentas públicas saneadas. ¿O es que ustedes creen, sinceramente, que la
sanidad y la educación se pueden financiar con déficit y deuda de forma
continuada? La estabilidad presupuestaria, el orden en las cuentas
públicas, es la única garantía de que los derechos adquiridos por los
españoles en la España del siglo XXI puedan mantenerse, de que el sistema
sea sostenible en el tiempo y de que nuestros hijos y nuestros nietos
puedan tener lo mismo que tenemos hoy nosotros.

La enmienda número 13, del senador Narvay Quintero
—me he leído las dos, porque estoy contestando—, corrige la
reforma asignando competencias a los parlamentos regionales y a las
propias comunidades en relación con la determinación del déficit o su
reparto. Señorías, de lo que se trata es justo de lo contrario: similares
normas para todos, trato similar que solo se puede dar en su conjunto y
se regulará en sus detalles en la ley orgánica a la que se refiere el
nuevo artículo 135. El órgano coordinador será el que nos garantice que
todos juntos podamos alcanzar los objetivos comunes que nos fije Europa o
que nos fijemos nosotros mismos para crecer, crear empleo y garantizar
nuestro Estado del bienestar.

Y, por último, la número 14. Entendemos que el REF, el
Régimen Económico y Fiscal canario, queda garantizado por la Constitución
española, por lo que creemos que esta enmienda no es necesaria.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas presenta
tres enmiendas. Nos han explicado dos que pertenecen a los senadores del
Partido Nacionalista Vasco, que solicitan la mención expresa de los
territorios forales junto a las comunidades autónomas, lo que no nos
parece necesario.

La tercera enmienda —la número 20— es la que
pide la supresión de la reforma y sobre la cual ya he señalado los
argumentos que la hacen rechazable.

Por último, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió presenta ocho enmiendas sobre las que, señor
Vilajoana, usted y yo ya hemos discutido algunas veces y le he escuchado
con mucho interés. Son ocho enmiendas que, partiendo de la base de que no
van a aprobar esta reforma, pero que tampoco la van a votar, lo que hacen
es desnaturalizarla absolutamente. Desde las autorizaciones de
endeudamiento a las determinaciones de los déficits y su distribución por
administraciones, a la propia denominación del órgano coordinador que
quieren llamar de colaboración o, incluso, a las referencias que hacen
sobre el déficit fiscal, creo —hablando stricto sensu y sin ser
peyorativa— que son inadmisibles, porque no encajan en esta
reforma, y, usted, tal y como lo ha planteado, lo sabe. Por lo tanto,
reciben por parte de nuestro grupo la misma opinión que el resto de las
enmiendas a las que me he referido.

Señor presidente, señorías, finalizo. Mi grupo, como ya
anticipé, votará en contra de todas las enmiendas presentadas.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Pérez Sáenz.

El señor PÉREZ SÁENZ: Señor presidente, señorías.

Soy de una ciudad con vestigios romanos y aquel imperio nos
dejó algún conocimiento, como el de que hagamos lo que podamos cuando no
podemos hacer lo que queremos.

Señorías, es comprensible que algunos grupos, ante la
presentación de esta reforma constitucional, puedan plantear objeciones.
Es absolutamente comprensible. Lo que es menos comprensible es que a esos
grupos parlamentarios se les haya exhibido de diversas maneras, diría
incluso innecesariamente, la necesidad. Porque, como comenté durante la
tramitación de la reforma en la Comisión Constitucional, esta reforma es
extraordinaria, esta reforma es urgente, esta reforma es excepcional. Es
decir, si es urgente y es necesariamente urgente, ¿es adecuado decir en
cualquier formulación por qué no es urgente, por qué no es excepcional,
por qué no es extraordinaria, por qué es inútil esta reforma? Y, una vez
que hubiera una argumentación relativamente bien elaborada al respecto,
podríamos entrar o no en la discusión. Pues, señorías, todavía no he oído
esto.

Esta reforma es urgente y su tramitación es absolutamente
legítima y democrática, porque, señor Saura, las cuestiones —usted
lo sabe perfectamente— no son democráticas o casi democráticas. Son
democráticas o no democráticas. No hay cuestiones intermedias. Y esta
reforma es absolutamente democrática.

En lo que llevamos de debate y por lo que he podido
presenciar también en el de la Comisión Constitucional, hay algo que
queda claro. Si a este grupo parlamentario le dolía algo respecto a la
posibilidad de consenso con otros grupos parlamentarios, puesto que
entendía que la búsqueda del consenso en una reforma constitucional puede
ser imprescindible, podía ser que hubiéramos fallado en la aproximación.
Oyéndoles a ustedes queda claro que eso es imposible. No se quejen de que
la tramitación haya durado 15 días porque, como dice la canción, ustedes
ni en 19 días ni en 500 noches se habrían aproximado; es imposible. Y es
que, señor Bofill, he observado cómo tienen ustedes una posición
absolutamente calculada; ustedes y los demás grupos parlamentarios han
tenido tiempo suficiente para el acuerdo, y hoy se demuestra aquí que ese
acuerdo es imposible.

Señor Bofill, no mueva usted la cabeza. ¡Si hay una
compañera de escaño que me ha dicho que sale usted en las portadas
diciendo que ha invitado al Senado a saltarse la Constitución! Y yo me
pregunto: ¿pero qué sorpresa es esta, si usted va vestido de atleta en
las dos últimas legislaturas, desde que le conozco? En sus intervenciones
está siempre por encima del Reglamento y alejándose de la
Constitución.

Pero lo importante para el ciudadano es saber qué es lo que
queremos hacer con esta tramitación, y lo que queremos es sencillamente
dotar y reforzar la economía de nuestro país, lo que queremos hacer con
estas actuaciones, señor Saura, es precisamente dar confianza a las
instituciones europeas para armar esa institucionalización que usted
tanto pide. Esta es una fórmula, la de intentar decir desde este país,
desde esta Constitución que nosotros queremos contribuir a la
construcción europea.

Una de las claves fundamentales que se vive en la calle y
que me ha tranquilizado —porque supone aproximadamente el 2% de la
representatividad de esta Cámara— es que aquí apenas se discute que
la estabilidad presupuestaria sea algo que va contra la política social.
Y esto es importante porque a muchos ciudadanos se les ha trasladado la
idea de que la estabilidad presupuestaria limita el gasto social. Y es
importante que al menos en este Senado quede claro que la estabilidad
presupuestaria no limita ningún gasto social, lo que sin duda limita es
ir a unos recursos ajenos, a una búsqueda indefinida del

endeudamiento, pero no al gasto social. Que esto quede
absolutamente claro, porque he oído algunas voces que no me gustan y que
dicen que los recortes sociales que a partir de ahora se hagan en
cualquier comunidad autónoma, en cualquier ayuntamiento o en cualquier
ministerio no tendrán nunca la justificación de esta reforma. Y nunca la
tendrán, señorías, porque el gasto social debería ser un gasto ordinario
en todas las administraciones, y para ello se deberían buscar unos
recursos ordinarios, y si hay quien para los gastos ordinarios recurre a
ingresos extraordinarios es que no está haciendo bien las cosas.

Pero en algunos casos es mucho más fácil gobernar buscando
la política de endeudamiento en vez de subir los impuestos, en vez de
buscar la valoración de los ingresos para justificar los gastos.

Me decía un ciudadano de la calle una cosa enormemente
interesante: No entiendo cómo hay consejerías en comunidades autónomas
que están dispuestas a discutir ahora una plaza de maestro, una plaza de
médico mientras siguen habiendo en todos los pueblos fuegos
artificiales.

Hay muchas maneras de recortar. El juego de recortar el
gasto pasa por mantener unas prioridades. El principio de estabilidad
presupuestaria nos dice que la peor prioridad para no ser autónomo y la
mejor manera de perder soberanía ¿saben cuál es?: ser esclavos de los
acreedores. Los ciudadanos lo saben, las familias lo saben: la mayor
pérdida de autonomía y soberanía de una familia y de un Estado es ser
esclavo del endeudamiento.

Respecto a las formas, lo que estamos haciendo —el
señor Molas lo ha intentado explicar correctamente— es elevar un
acuerdo —votado aquí por todos los grupos políticos, sin ningún
voto en contra, en la Ley de estabilidad de 2006—, un principio de
estabilidad de rango.

Nosotros podemos estar discutiendo desde el punto de vista
constitucional si la Constitución puede someterse a estos vaivenes, pero
pregunte usted a un ciudadano si un principio aprobado sin ningún voto en
contra en el año 2006 en esta Cámara, si el sacrificio que supone
elevarlo a ley orgánica en la Constitución es verdaderamente una causa
belicosa en esta Cámara para la vida del ciudadano. Lo que estamos
haciendo única y exclusivamente es introducir un principio en la
Constitución. No estamos violando ningún consenso, no estamos violando
ningún acuerdo, no estamos violando nada, estamos incorporando un
principio aceptado por todos a la Constitución Española. No estamos
haciendo nada especial, nada que vaya contra el espíritu de la
Constitución, en absoluto. No hay ninguna norma, ningún artículo, ningún
acuerdo, ninguna filosofía en la Constitución que vaya contra este
principio que ahora se incorpora, ninguno.

Por lo tanto, no podemos elevar también esa crítica, muchas
veces extraordinaria, de qué es lo que estamos haciendo. Pues lo que
estamos haciendo, ni más ni menos, es que un principio en el que todos
estamos de acuerdo, el principio de buen gobierno, de buena gestión
—como decía la portavoz del Grupo Socialista— se pueda elevar
de rango a la Constitución española. Si ese esfuerzo, señorías, conlleva
un bien para España, yo creo que merece la pena.

Hay sin duda algunas dificultades. Reconocí —no
podíamos hacer más en representación del Grupo Parlamentario
Socialista— que si no hubiera sido urgente, si no hubiera sido
extraordinario, si no hubiera sido excepcional, podíamos haber hecho un
esfuerzo mayor de acercamiento a los grupos parlamentarios. Sin duda, lo
podemos hacer.

Voy a decir una cosa que quiero dedicar especialmente a
Convergència i Unió. Hay un partido que desde el comienzo ha estado
detrás de la Constitución apoyándonos siempre en las mismas siglas, que
ha sido el Partido Socialista y hay otro partido que hasta hoy le
acompañaba, Convergència i Unió. Yo he oído todas las objeciones que ha
hecho Convergència i Unió, pero me parece que no hay razones para
saltarse esa ligazón que tiene con el Partido Socialista de haber
mantenido la defensa de la Constitución. Y no las hay por una cuestión
fundamental: porque ustedes están de acuerdo en la estabilidad
presupuestaria. Y si ustedes están de acuerdo en lo fundamental, no se
pueden quedar reducidos a una cuestión accesoria. Hemos hecho esfuerzos
con ustedes, pero a lo mejor resulta que el esfuerzo de ustedes es el
calculado, el de apartarse. En el Congreso de los Diputados se hizo un
esfuerzo, que he calificado incluso de humillante por los dos grupos
parlamentarios, para convencer a Convergència i Unió, para atraer a
Convergència i Unió, e incluso después de firmar una transaccional,
—no sé si de acuerdo con Miquel Roca, pero estoy seguro de que
Miquel Roca no hubiera dicho lo que luego se dijo—, después de
haber hecho un esfuerzo Convergència i Unió dijo que en ningún caso iba a
cambiar su voto.

Posiblemente su voto, su alejamiento al apoyo a la
Constitución es calculado, a lo mejor es calculado, porque la referencia
—y también duele— a una persona autonomista, a una Cámara
autonomista, como es el haber contado, en un Estado compuesto, con las
comunidades autónomas —como es cierto que se debería haber
contado—, ello puede corregirse a través del desarrollo de una ley
orgánica.

Hay cosas —y con esto termino— que duelen, y lo
de Convergència i Unió al Grupo Socialista le duele especialmente. Y le
duele porque hay corsés: que si la Constitución es española, no se
aceptan y, en cambio, en la Constitución Europea sí se aceptan; que si la
Constitución, si las reglas y los que los transmiten en vez de ser
españoles son europeos, entonces sí. El problema es que a lo mejor hay
una distancia calculada de apartarse del español. Pero nosotros no vamos
a competir en eso. Nosotros si hacemos esta reforma precisamente es por
lo contrario, por defender el interés general y por defender el interés
de España.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, debo dar las gracias a la
senadora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, por las enmiendas.
No comparto la justificación y retiro lo de que no se las han leído
todos; algunos es verdad que se las han leído, es verdad.

El señor Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista,
ha hecho algunas aclaraciones que me gustaría comentar. Al final de su
intervención ha dicho: sí compartimos algún argumento de la Constitución
Europea pero no de la española. Estoy de acuerdo con usted: Europa
reconoce las singularidades específicas de Canarias, las que yo les
planteo en una enmienda; las reconoce; la Constitución española no.
Entonces usted me da la razón en una parte y no me la está dando cuando
le presento una enmienda que Europa sí reconoce y la Constitución
española no. Entonces, pongámonos de acuerdo. Pero estoy de acuerdo con
usted: si Europa lo reconoce, la Constitución española también, y si la
Constitución española sí, la europea también.

Ciertamente me sigue sorprendiendo la actitud de los dos
partidos mayoritarios de la Cámara. Como ya ha pasado en el Congreso,
aquí también en el Senado van a rechazar las dos enmiendas que proponen
los miembros de Coalición Canaria.

En nuestro caso, presentamos una enmienda tanto para que
las especificidades canarias estén plenamente reconocidas en la
Constitución como para que, en el caso de la fijación del límite del
déficit y de la deuda, se permita la participación de estas comunidades
autónomas, a las que no se les ha dado audiencia en esta reforma y
considero que tenían mucho que decir.

Señorías, la primera enmienda, como dije antes, aunque a
usted le sorprenda, lo que persigue es que las comunidades autónomas que
tienen más del 40% del gasto conjunto de las administraciones públicas
puedan en situaciones excepcionales acordar la suspensión del límite
establecido por la ley orgánica a que se remite la propia
Constitución.

No sé si es que no han querido o no han sabido —como
dije antes— entender el fundamento de nuestras enmiendas. Lo que
proponemos es que para que no quede en manos de la mayoría una comunidad
autónoma o un Gobierno, que puede haberlo hecho mal, se refuercen los en
las asambleas de las comunidades autónomas. Esos tres quintos, señorías
del PP y del PSOE, no podrían hacerse nunca sin contar con ustedes en
todas las comunidades autónomas donde están representados con mayorías
significativas. Que no hayan aceptado esta enmienda en el Congreso ni
aquí, en el Senado, pone de manifiesto que tanto PSOE como PP, en este
caso, la misma cosa es: siguen instalados en la posición centralista que
poco casa con el actual Estado de Autonomías que tenemos en España.

La segunda enmienda busca espacios de participación
multilateral con las comunidades autónomas. En efecto, uno de los
principales escollos de la constitucionalización del límite de déficit y
la incidencia de la deuda en las comunidades autónomas es debido a la
ausencia de un foro multilateral en el que se esté participando
directamente y de manera exclusiva en la toma de decisiones estatales.
Dicho en otros términos, nos falta una Cámara verdaderamente territorial,
al estilo de la alemana, donde las comunidades autónomas puedan
participar en la determinación de estos límites de déficit.

Señorías, en estos últimos treinta años poco o nulo interés
han tenido tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular en adaptar la
Constitución Española a la evolución del modelo territorial español. Han
tenido muy poco interés. Hasta hace unos meses la negaban, de repente, en
pocos días se ponen de acuerdo para modificarla. Claro que Coalición
Canarias está de acuerdo en que hay que hacer una

reforma de la Constitución, en adaptarla a los nuevos
tiempos, al nuevo sistema territorial, pero hay que hacerla con la
participación de todos.

Señorías, nadie le ha dicho nada a Coalición Canaria de
llegar a un consenso en las enmiendas; nadie nos ha llamado para
consensuarlas, modificarlas, mejorarlas. Nadie. Simplemente las han
rechazado. Se han puesto de acuerdo para modificar un artículo por
conveniencia de los acreedores. ¿A qué acreedores tenemos que
justificarnos? No entendemos esta modificación ni las formas. A lo mejor
sí es el momento de hacerla, pero creemos que se tenía que haber hecho de
otra manera, dando audiencia a todas las comunidades autónomas que, como
dije y repito, algo tendrán que decir en el modelo territorial del Estado
español. Y quién mejor que las comunidades autónomas para marcar el
déficit con las circunstancias y peculiaridades de cada una; quién mejor
que las comunidades autónomas para decirlo, y que no sea por voluntad del
Gobierno de turno, sino de los tres quintos. Con la complejidad de la
Comisión de Comunidades Autónomas que tenemos en el Senado, reitero: si
queremos en verdad que sirva para algo, démosle las competencias que
necesita.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene la palabra el
senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Boa tarde, señorías.

Boa tarde, a los membros do goberno que ainda nos
acompañan.

Es público y notorio que el BNG está en contra de esta
reforma de la Constitución pactada entre el Grupo Popular y el Grupo
Socialista por cuestiones de forma, por cuestiones de fondo y porque no
podemos admitir las justificaciones que desde esta tribuna se han dado
por parte de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario Socialista para justificar esta reforma. Nos parece que son
rotundamente falsas, y, además, es un engaño a la ciudadanía del Estado
español.

Estamos en contra de la reforma por la forma, porque nos
parece que no es de recibo que en dos tardes de verano, con unas
elecciones ya anunciadas, con unas Cortes Generales en tiempo de
descuento, dos señores, por muy presidente que sea uno y por muy líder de
la oposición que sea otro, a espaldas del conjunto de las fuerzas
políticas de este Estado —no sé en el Grupo Popular, pero en el
Grupo Socialista es público y notorio que no le habían consultado, que no
sabían que se estaba negociando esta reforma, por supuesto, el resto de
organizaciones políticas tampoco— pacten una reforma de este
calado. Pero por si esto no fuera suficiente, la tramitación
parlamentaria de esta reforma es impropia de una reforma de la máxima
ley, de la ley más importante que en este momento tiene el Estado
español: la Constitución. Incluso tendría serias dudas de que esta
tramitación parlamentaria atropellada fuera la propia para reformar una
ley de un rango muchísimo menor, como puede ser una ley ordinaria. Esto
parece más propio para reformar una orden ministerial o una circular
administrativa, pero nunca para una reforma constitucional. El
procedimiento que ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, han
escogido lo que demuestra, señorías, es una falta de respeto absoluto por
la democracia, una falta de respeto absoluta por los ciudadanos, por el
debate parlamentario y por una técnica legislativa mínimamente rigurosa.
Una auténtica chapuza, por cierto muy propia de este Estado centralista y
chapucero que es el Estado español y que lo tiene demostrado a lo largo
de la historia.

Pero lo que quizá más me sorprende, lo que más sorprende a
fuerzas políticas como el BNG es que aquellos que durante 33 años se han
dedicado a sacralizar la Constitución, a elevarla a categoría de texto
sagrado, ahora, en dos tardes de verano —espero que, cuando menos,
las negociaciones hayan sido en alguna institución oficial y no en un
chiringuito de playa—, la han banalizado hasta límites
insospechados.

Aún recuerdo lo que en esta Cámara se nos dijo una vez tras
otra por parte del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario Popular cuando algunos proponíamos reformas bastante más
interesantes, bastante más importantes, bastante más necesarias que esta,
como es, por ejemplo, la arquitectura administrativa del Estado
suprimiendo las diputaciones o la reforma de esta Cámara, del Senado.

Señor presidente, acuérdese de su discurso en la apertura
de la legislatura. Era un objetivo irrenunciable abordar la reforma de
este Senado. ¿Dónde queda ese objetivo? Supongo que el presidente que
venga, sea usted o sea otro, volverá a citarlo en el próximo discurso de
apertura de legislatura. Ahí se nos decía sistemáticamente que era
necesario reformar la Constitución y que no tocaba, que no había el
consenso necesario, que era necesario el debate, que era necesaria la
negociación, que era necesario el

tiempo. Y ahora, en dos tardes de verano se liquidan
ustedes una reforma de gran calado de la Constitución española.

Estamos también en contra del fondo. Es una reforma
absolutamente centralista. Sí, sí, señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, es
profundamente centralista y va absolutamente en contra de la autonomía
financiera, pero sin autonomía financiera no hay autonomía política, no
hay posibilidad de gobernar, y esto va claramente en contra de la
autonomía financiera de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Y no es cierto que se haga para garantizar el Estado del bienestar. Si
fuera ese el objetivo de esta reforma, el texto debería ser otro, debería
ser un texto donde garantizáramos que, como mínimo, un porcentaje de los
presupuestos del conjunto de las administraciones públicas debería
gastarse todos los años en garantizar el Estado del bienestar, en
garantizar políticas públicas de sanidad y educación, porque no están
dispuestos a abordar esa reforma y sí están dispuestos a abordar una que
lo único que garantiza, y lo dice muy claro el texto del artículo 135, es
que, por encima de todo, pase lo que pase, lo único que se garantiza es
que vamos a pagar la deuda. Eso es lo único que queda garantizado en el
texto de esta reforma.

Pero además estamos en contra porque supone elevar un dogma
de la política económica neoliberal a la Constitución. Estamos
absolutamente en contra porque es un dogma que ha fracasado ya en este
momento en el Estado español. Desde mayo del año 2010 nos dicen que las
sucesivas reformas que van recortando derechos para los ciudadanos se
hacen para ganar la confianza de los mercados y para salir de la crisis.
Llevamos un año con esta cantinela; suena ya a disco rayado pero no
salimos de la crisis. Y lo que se ha generado con esas reformas es más
paro, es más exclusión social, son más dificultades para amplias capas de
esta sociedad. Ha fracasado este dogma, pero han fracasado otros muchos
de la teoría política neoliberal, como ese dogma de que los mercados todo
lo solucionan, de que la libre competencia es lo que debe regir los
destinos económicos de este mundo. Precisamente eso y la falta de control
público es lo que nos llevó a esta situación de crisis que ustedes no
quieren abordar.

Por supuesto que el BNG es una fuerza política responsable,
por supuesto que el BNG está a favor del rigor presupuestario, está a
favor de cuentas públicas saneadas y está a favor de cuentas públicas
sostenibles. Y nosotros efectivamente defendemos que no se puede gastar
lo que no tenemos capacidad de pagar, pero sí que se puede gastar más de
la capacidad de ingresar que tengamos en un determinado período, porque
para eso está la política económica y la política financiera, para
equilibrar las cuentas públicas en un período más largo que un año
presupuestario.

Respecto a las justificaciones que usted nos da, señor
Pérez Sáenz, decía que aún no ha escuchado a nadie que le rebatiera la
urgencia de esta reforma. Claro que no es urgente, cómo va a ser urgente
una reforma que entrará en vigor en el año 2020. Hasta el año 2020
teníamos tiempo de sobra de debatir, de negociar, de acordar, de buscar
consensos. Por lo tanto, no se puede justificar como urgente una reforma
que va a entrar en vigor en el año 2020. Otra de sus justificaciones es
para preservar el Estado de bienestar, y ya le he dicho que no, que esa
no es la intención. La intención es garantizar a los mercados que van a
cobrar lo que inviertan en la deuda española, algunos de buena fe, la
mayoría de forma especulativa.

Sean valientes, por lo tanto, señorías del Partido
Socialista y del Partido Popular y digan la verdad a los ciudadanos,
digan la verdad de por qué se hace esta reforma: simplemente porque la
señora Merkel nos lo está imponiendo, simplemente porque los mercados
especulativos se lo imponen. Pero no esperen que se den por satisfechos
con esta reforma. Nos estarán pidiendo más continuamente. Y el éxito ya
ven el que han tenido: desde que se ha anunciado esta reforma, la Bolsa
no ha dejado de bajar, la prima de riesgo no ha dejado de subir.
Concretamente el lunes, después de que el viernes se aprobara la reforma
en el Congreso de los Diputados, fue uno de los días más negros para la
economía del Estado español. Por lo tanto, no nos vendan esto como una
garantía de éxito porque ya está demostrado a día de hoy que no lo
es.

Llegado a este momento y dadas las coincidencias que hay en
lo esencial de la política económica entre el Partido Popular y el
Partido Socialista, permítanme que les haga dos propuestas en tono
irónico. La primera es que se presenten juntos a las elecciones.
Coinciden en lo elemental, preséntense juntos a las elecciones generales.
La segunda: si después no quieren gobernar, pídanle a la señora Merkel
que asuma el Estado español como un länder más de Alemania, eso sí,
dejándonos a algunos la capacidad de decidir si queremos formar parte de
ese länder o queremos volar por nosotros mismos.

Y finalmente termino ya con una propuesta mucho más en
serio. Señorías, me dirijo especialmente a los 34 senadores que formamos
parte de fuerzas políticas que no estamos bajo la disciplina del Partido

Socialista y del Partido Popular: tenemos la oportunidad
histórica de reivindicar la utilidad de este Senado. Tenemos la
oportunidad histórica de reivindicar las minorías como fuerzas políticas
necesarias en un Estado democrático. Tenemos la oportunidad de torcerle
el pulso al Partido Socialista y al Partido Popular si todos sentimos que
es necesario que, cuando menos, esta reforma constitucional sea
consultada, que claro que es democrática, que claro que es legal, que
claro que tiene la mayoría suficiente para ser aprobada, pero de este
modo obligamos al Partido Popular y al Partido Socialista a consultarla
con los ciudadanos en un referéndum. Por eso el BNG trabajará hasta el
último día, hasta el último minuto para ver si es posible en esta Cámara
que, cuando menos, 26 senadores y senadoras firmemos esa solicitud de
referéndum. Sin duda sería el mejor servicio que este Senado le podría
haber hecho a la democracia de este país, sería la manera de
reivindicarse, aunque sea en muy pocas ocasiones, como una Cámara útil
para la democracia.

Por último, y resumo: el BNG está en contra de esta
reforma. Esta argumentación es la que sustenta nuestra enmienda de
supresión a lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. En
todo caso ya anuncio que no participaré en las votaciones como expresión
del rechazo a esta chapuza legislativa y a esta reforma que en absoluto
responde a los intereses de los ciudadanos. Y en vista de que ustedes no
quieren darle voz a esos ciudadanos, nosotros tampoco participaremos en
este sarao que ustedes organizan en pleno verano, y que va claramente
contra los intereses de los ciudadanos y únicamente para satisfacer a
esos mercados, que alguna vez ya le dije que no se satisfacen nunca.
Nunca se dan por satisfechos porque su condición es ganar cada vez más
dinero a costa de lo que sea. Por lo tanto, señorías, si aún nos queda
algo de dignidad, ejerzámosla obligando al Partido Popular y al Partido
Socialista a convocar ese referéndum.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, señor presidente.

Senador Pérez Sáenz, ha cambiado usted todo el orden de mi
intervención, y quiero decirle dos o tres cosas. Antes de nada he de
comentar que lamento mucho su dolor, pero sé que usted lo superará. En
cualquier caso, le pido que no se engañe y, sobre todo, que no nos quiera
engañar.

Convergència i Unió siempre ha actuado con responsabilidad
para con este Estado, defendiendo los intereses de Cataluña. Fui nombrado
senador por el Parlamento de Cataluña y mi prioridad es la defensa de sus
intereses pero, insisto, en Convergència i Unió siempre hemos actuado con
voluntad y responsabilidad de Estado. Le recuerdo que en mayo de 2010,
cuando ustedes propusieron unas reformas y ajustes que afectaban a
salarios, pensiones, etcétera, nosotros nos abstuvimos porque si no este
Estado, España, se iba al abismo. El Partido Popular no estuvo, estuvimos
nosotros, y si ahora no estamos es porque en una noche, en una tarde o en
una mañana ustedes, con el Partido Popular, prescindiendo de nosotros,
pasando de nosotros, pasando de Iniciativa por Cataluña, pasando del
Grupo Vasco y pasando de Esquerra Republicana, decidieron arreglar el
mundo arreglando la Constitución. No nos hemos ido nosotros, nos han
sacado ustedes y esa es su responsabilidad, no la nuestra. Repito, lo
cierto es que no nos hemos ido sino que han pasado de nosotros, señor
Pérez Sáenz.

Por eso, mi grupo parlamentario ha presentado ocho
enmiendas que lo que intentan, como dice usted, es desnaturalizar esta
reforma, pero es que eso es lo que queremos porque ya se ha demostrado
que esta reforma no es la solución, tal y como están indicando los
mercados; además nos puede complicar más la vida de lo que ya la tenemos
y por eso nos vamos a inhibir. Vamos a votar a favor de nuestras
enmiendas y de las que han presentado otros grupos, pero nos vamos a
inhibir en relación con la reforma porque entendemos que no solamente se
trata de una cuestión de rango, que no pasaría nada e incluso se podría
discutir.

Además, señor senador, he de pedirle que no utilice el
nombre de Miquel Roca en vano. Usted decía que si el señor Roca estuviera
aquí seguramente actuaría de un modo distinto, pero el señor Roca publicó
ayer en La Vanguardia que está absolutamente en desacuerdo con lo que
está ocurriendo en relación con esta reforma. De hecho, antes he leído
expresamente sus palabras para que no se malinterpretaran y, a pesar de
ello, usted ha dicho que el señor Roca haría aquí no se qué. Sin embargo,
repito, el señor Roca publicó ayer un artículo donde marcaba claramente
su posición.

Por otro lado, insisto, las razones de nuestra posición han
quedado claramente explicadas en el turno en contra, en el turno de
portavoces y ahora las reitero. De verdad, estamos donde estamos porque
ustedes nos han puesto en este punto y la prueba de ello es que hay una
enmienda que es clave, en la que se pide que esta modificación no afecte
a los derechos de financiación marcados en la Constitución y en el
estatuto, pero ustedes no la aprueban. Señor Pérez Sáenz, siento por
usted un gran respeto personal, sabe que le aprecio pero, de verdad, no
nos engañemos.

Hoy no apoyaremos esta reforma porque no podemos hacerlo
porque, como he dicho antes y ahora reitero, creemos que no es útil y,
además, no cuenta con la forma ni el fondo adecuado.

Mi grupo parlamentario dejo muy claro en el Congreso de los
Diputados cuál iba a ser nuestra posición y dijimos que si se hacían
propuestas las aceptaríamos, pero que no cambiaríamos de postura. Aunque
el señor representante de Izquierda Unida lo vetara, nosotros no
hubiésemos cambiado de posición, ni la cambiamos, y avisamos claramente
que no cambiaríamos el voto pasara lo que pasara. La prueba de ello es
que nosotros hemos defendido y planteado aquí las enmiendas tal como las
presentamos, nada más. Hubiésemos podido presentar las dos
transaccionales, y no lo hemos hecho, porque nuestra posición pasa
incluso por encima de estas enmiendas. Lo repito, nuestra posición es
clara, y no nos puede decir que Convergència i Unió no ha actuado
responsablemente porque hemos actuado responsablemente siempre, en esta
legislatura y en otras. Y en estos momentos y ante esta situación, los
que no han actuado con el respeto adecuado, perdone, son ustedes.

Dicho esto, reitero dos cosas. Vamos a apoyar estas
enmiendas. Lamentamos que nuestras enmiendas no se aprueben. El objetivo
era claramente —lo he dicho antes— respetar la autonomía
financiera que tienen las comunidades autónomas de acuerdo con la
Constitución y de acuerdo con sus estatutos, y esto es lo que defendemos.
Y, en segundo lugar, introducir el tema fundamental del déficit fiscal.
Porque hay un asunto también muy importante al que quería dedicar más
tiempo, pero ahora le dedicaré menos. Lo he dicho en esta Cámara en
sesión plenaria en más de una ocasión cuando algunas veces en alguna
moción se planteaba la estabilidad presupuestaria, la cual nosotros
compartimos absolutamente. Pero qué decíamos —y voy a intentar
repetirlo—: el déficit lo marca grandemente el Estado, y me
explicaré. El Estado tiene el 51% de los gastos del total. El 30% la
Seguridad Social, que habitualmente es equilibrada o da superávit. El 21%
es gasto. Las comunidades autónomas gastan el 34% del total y los
ayuntamientos, de los que no hemos hablado, el 13%. Entonces, no tiene
sentido que ustedes puedan hacer más deuda que nosotros cuando ocurren
dos cosas: todo el paquete de la política social del Estado del bienestar
está totalmente traspasado. ¿Y qué ocurre? Hay un problema que hemos
discutido y planteado aquí que es la lealtad institucional. Esta Cámara
aprobó una ley de dependencia que todos estamos de acuerdo que no se dotó
financieramente de forma adecuada. ¿Quién se come este marrón? Las
comunidades autónomas. ¿Quién genera y traspasa déficit? El Estado, la
Administración central. Este es otro tema que hay que discutir, y para
ello están estas enmiendas. Y hay otro tema, no se puede resolver todo
esto en una noche, en una tarde, en quince días y, además, ponerlo en la
Constitución.

Por todas esta razones —ya voy acabando—, vamos
a apoyar las enmiendas, porque entiendo que aportan elementos y mejoran
esta propuesta —sé que no se van a apoyar, pero nosotros las vamos
a votar—, y no vamos a votar esta reforma por las razones que
reiteradamente hemos dado tanto en el Congreso como en el Senado,
fundamentalmente que esta reforma no va a solucionar el problema, puede
introducir nuevos problemas y, además, otra cosa que nos parece muy
importante es que creemos sinceramente que las comunidades autónomas
pierden autonomía financiera, y perder autonomía financiera es perder
autonomía política. Y por este motivo, y no por otro, vamos a dejar de
votar esta reforma que hoy ustedes nos proponen.

Muchas gracias, señorías, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Molas.

El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor presidente.

Llegados a este punto del debate y habiéndose expresado
todas las modalidades, colores y sensibilidades del grupo
convenientemente, solo me queda decir que cada uno confirma que hará
aquello que había anunciado en su propia intervención. Por tanto, les
excuso de hacer otro discurso sobre el mismo tema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Molas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Pérez Sáenz.

El señor PÉREZ SÁENZ: Gracias, señor presidente.

Qué casualidad, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular
de esta reforma, doña Elvira Rodríguez, ha dicho: Es mi primera
intervención en el Senado. Posiblemente la mía sea la última.

Alguna vez he estado con sus señorías y les he traído a
Montaigne. Hoy lo quiero traer de nuevo. Dice que para qué nos sirve ser
sabios si no sabemos ser útiles para nosotros mismos. Y yo añado: y para
nuestra sociedad.

Creo sinceramente que a la Constitución, además de ser un
símbolo de consenso, se le puede sacar provecho, porque posiblemente su
utilidad fundamental es fortalecer España, y lo que los grupos
proponentes de esta reforma queremos es proteger a España, sin romper en
absoluto el espíritu de la Constitución, sino cumpliendo su
finalidad.

Señorías, aunque el Grupo Parlamentario Socialista tenía
dudas al comienzo de esta sesión, después de escuchar todas las
intervenciones tenemos algo claro: si no es así, esta reforma no sale. Es
imposible que saliera de otra manera.

Quiero transmitir un mensaje del Grupo Parlamentario
Socialista a los ciudadanos, porque hay quien dice que damos la espalda a
los ciudadanos y lo que mi grupo no quiere en ningún momento es darles la
espalda.

Posiblemente no sea necesario consultar al ciudadano para
saber lo que desea. Lo que seguro que nos dice es que hagamos lo posible
o lo imposible por restablecer una senda de crecimiento, de bienestar y
de trabajo. Eso es lo que nos dicen todos los ciudadanos. No es necesario
hacer una consulta popular para saber que lo que quieren los ciudadanos
es que podamos volver a la senda del crecimiento, a la senda del
bienestar, y a la senda del trabajo.

Lo que los ciudadanos españoles quieren también es que
demos ejemplo. La política y los políticos están denostados, y lo que nos
piden es un ejemplo, y la mayoría de los ciudadanos españoles quiere que
ante una situación de gravedad extrema como la actual los partidos nos
unamos. Y nos hemos unido con el adversario político fundamental que
hemos tenido en estas dos legislaturas, y hemos sabido ponernos de
acuerdo. Por tanto, creo que hemos escuchado a los ciudadanos.

Finalmente, los ciudadanos quieren —al menos es lo
que interpreta el Grupo Parlamentario Socialista, y tampoco necesita
ninguna consulta— que todos los grupos políticos, los que van a
votar la reforma y los que no, reconozcamos que hemos cometido errores y
que debemos comprometernos a gestionar mejor. Posiblemente, con estos
compromisos, ya merecía la pena la reforma y su debate.

Y no quisiera dejar de hablar de lo que creemos que quieren
los ciudadanos y lo que no quieren sobre el referéndum. Señorías, es muy
difícil decir a un ciudadano que no quieres consultarle algo. La mayoría
recibimos mensajes diariamente de ciudadanos bien intencionados que nos
dicen que quieren un referéndum, y —creo que se confunden—
que no somos democráticos si no lo hacemos.

A los ciudadanos, incluso a los que piden el referéndum,
deberíamos decirles que es absolutamente democrático no hacerlo porque la
Constitución establece que en algunas normas fundamentales es obligatorio
un referéndum y en otras no. No digo que no se pueda hacer, sino que no
es obligatorio. Por tanto, es muy difícil explicar al ciudadano su
participación, pero, desde luego, a ustedes no; repito, a ustedes no. A
ningún grupo parlamentario de esta Cámara debiera serle difícil entender
que jugar con el referéndum hoy supone bastantes kilos de populismo.

Ha habido alguien en esta tribuna que ha dicho:
Convergència i Unió tiene mucha responsabilidad. La tiene y la ha tenido,
pero en cuanto a pedir un referéndum, no; no me digan que tienen mucha
responsabilidad en pedir que se celebre un referéndum, porque pueden
pedir que se celebre un referéndum en Cataluña sobre cuestiones que a los
ciudadanos posiblemente les importe más, como puede ser la supresión de
las urgencias en Solsona, o en Palafrugell, qué se yo. (Aplausos.)
Pídanle un referéndum. Sí, sí. Esa es la responsabilidad de saber
exactamente el significado de las consultas populares.

Señorías, en España, en el año 2005, se celebró un
referéndum. La última vez que se ha consultado a los ciudadanos ha sido
en el año 2005. ¿Saben para qué fue? ¿Recuerdan para qué fue? ¿Lo
recuerdan? Fue precisamente para que dieran su apoyo al Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. ¿O no se acuerdan? En el año 2005, los
ciudadanos dieron su acuerdo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Quiero dirigirme fundamentalmente al Grupo Parlamentario
Popular en el Senado. A nosotros no nos avergüenza ir junto con ustedes a
defender esta reforma de la Constitución. A nosotros nos parece que el
hecho de que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario
Socialista estén de acuerdo en las cuestiones fundamentales de España no
es ningún problema; todo lo contrario, en muchos casos es una necesidad.
No va a haber problemas de confusión, señorías, no los va a haber. La
estabilidad presupuestaria deja margen, sin duda, para hacer políticas
más o menos progresistas.

Señor presidente, finalmente, quiero manifestar que el
Grupo Parlamentario Socialista y su portavoz son conscientes del coste
que para ese partido, el partido que sustenta al Gobierno, tiene esta
iniciativa, y sobre todo es consciente del coste que supone hacerlo en
vísperas de unos programas electorales. Pero cada uno de los senadores y
senadoras del Grupo Parlamentario Socialista la vamos a apoyar con una
enorme convicción, la de que los principios para la reforma
constitucional estaban incluidos en sus programas electorales desde el
año 1979. Los principios son que, por encima de nuestro interés
partidario, está el interés de los ciudadanos, y que debemos
compatibilizar la defensa de nuestras ideas y de nuestros principios con
la defensa de los intereses de España. Eso siempre ha figurado en todos
los programas electorales. El Grupo Parlamentario Socialista no puede
hacer otra cosa que cumplirlo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador don Pío García-Escudero.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, en tiempos difíciles es cuando más importa estar
a la altura de lo que se nos exige. Los representantes políticos nos
debemos —como acaba de decir el senador Pérez Sáenz— antes
que nada a los ciudadanos que han confiado en nosotros; ciudadanos que
hoy en muchísimos casos atraviesan serias dificultades, dificultades que,
como siempre sucede, se ceban especialmente en los sectores más
desfavorecidos; ciudadanos que han perdido su puesto de trabajo o que se
ven amenazados por la precariedad laboral.

Señorías, los problemas son grandes, las amenazas también,
pero España y los españoles disponemos de la fuerza necesaria para
remontar las adversidades; siempre lo hemos hecho y lo vamos a volver a
hacer; y lo que hace falta es una política que esté a la altura de la
sociedad española, una política que no suponga un obstáculo, sino un
cauce favorable a esta enorme cantidad de energía; esas enormes energías
con que cuenta la sociedad española y que ejercidas solidariamente serán
las que nos saquen de esta crisis.

Señorías, la reforma constitucional que en breves minutos
someteremos a votación no es ningún remedio mágico que por sí solo y de
forma instantánea sirva para resolver todos nuestros problemas. Esperar
tal cosa de ella sería de una enorme ingenuidad, pero descalificarla por
no conseguirlo también. Sin embargo, señorías, debemos valorarla en lo
que significa. Significa que hemos aprendido de los errores que hemos
cometido y que no estamos dispuestos a que las generaciones de mañana
carguen con los errores de hoy. Significa que asumimos que el principio
de estabilidad presupuestaria ya no es una opción entre otras, sino el
referente irrenunciable de la política fiscal, el soporte esencial para
el crecimiento de la economía y del empleo y la mejor garantía de nuestro
Estado del bienestar. Significa que estamos de acuerdo en que este
principio solo es realizable si concierne por igual y solidariamente a
todas las administraciones públicas. Significa también, señorías, lanzar
un mensaje de confianza en nuestras propias capacidades para afrontar la
recuperación económica. Significa reforzar la credibilidad internacional
en nuestra economía. Significa, por tanto, reafirmar nuestra vocación y
nuestro compromiso con el proyecto europeo. No se trata solo de enviar un
mensaje a Europa. Se trata de volver a demostrar que somos Europa, que
somos conscientes de nuestro peso en la Unión y que actuamos a la altura
de esa responsabilidad.

Señorías, en el Partido Popular pensamos que este acuerdo
de reforma constitucional debe servir también como un punto de inflexión
porque —como decía antes— esta reforma es imprescindible,
pero insuficiente por sí sola. Sin más demoras, sin más titubeos, España
necesita abordar más reformas estructurales que sirvan para allanar la
recuperación económica y que nos devuelvan a la senda del crecimiento;
reformas para sanear nuestras cuentas públicas, para impulsar la
competitividad de nuestra economía, para reactivar el sistema financiero,
para modernizar nuestro mercado de trabajo; reformas también que sirvan
para fortalecer nuestras instituciones y para relanzar nuestra proyección
internacional

como un país de referencia; y es esta, señorías, una
enorme, pero inaplazable labor. Y este, señorías, es el camino que
trazamos hoy con la reforma que vamos a aprobar.

Me estoy refiriendo al camino de las reformas, del diálogo
y del consenso; un camino que siempre ha reportado beneficios a nuestra
democracia y a nuestro progreso como nación; un camino que jamás debió de
abandonarse. Y por este motivo debemos celebrar que el Partido Socialista
y el Partido Popular hayamos sido capaces de construir conjuntamente este
espacio de acuerdo. Lo dije antes y vuelvo a insistir en ello, ambos
partidos, aun sin renunciar a nuestras respectivas señas de identidad, no
es que tengamos la posibilidad, sino que estamos obligados a entendernos
en las grandes cuestiones de Estado, porque como en el caso de esta
reforma constitucional, los grandes principios orientadores de la acción
política deben fundamentarse en el consenso si no queremos que acaben
siendo letra muerta más pronto que tarde.

En estos días agitados hemos escuchado muchas cosas, hemos
llegado a oír voces que preguntan que quiénes se creen que son el Partido
Socialista y el Partido Popular para acordar esta reforma. Y la respuesta
no puede ser más sencilla: somos los partidos políticos que ostentamos
más del 90% de la representación ciudadana en las Cortes Generales.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Por eso, ni es legítimo poner en duda nuestra representatividad
democrática ni tampoco criticarnos cuando nos ponemos de acuerdo, porque
si algo se ha echado en falta en estos últimos años ha sido precisamente
eso, el consenso, un consenso que hoy, en este momento especialmente
difícil, en esta encrucijada a la que España tiene que enfrentarse, cobra
un valor aún mayor.

Señorías, es hora de decisiones importantes, hora de
avanzar sin excusas ni tardanzas, con decisión y con ambición, pero desde
la moderación, el equilibrio y la transversalidad, pues solamente así
podemos asegurar la solidez y la estabilidad de la reforma. Tal es el
reto, un reto que a todos nos incumbe y ojalá que en el futuro podamos
recordar esta fecha, la de hoy, la de la aprobación por las Cortes
Generales de esta reforma constitucional, como la del día que empezamos a
conseguirlo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Ha finalizado el debate. Llamen a votación. (El senador
Pérez Bouza pide la palabra.)

Senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.

Dado el posicionamiento político de los distintos grupos,
anuncio que retiro la enmienda número 20, una enmienda de supresión al
texto acordado en el Congreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tomen asiento, señorías.

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición
de reforma del artículo 135 de la Constitución española.

En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Quintero
Castañeda, enmiendas 13 y 14.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 244; a favor, 12; en contra, 232.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 18 y 19 del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 247; a favor, 14; en contra, 233.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas que van de la 22 a
la 29, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 245; a favor, 11; en contra, 233; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Finalmente, votamos las enmiendas 1 a 3, 7 a 10, 12, 15, 16
y 17 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 245; a favor, 11; en contra, 234.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procede, señorías, la votación final sobre el conjunto. De
conformidad con el artículo 167.1 de la Constitución y 156.1 del
Reglamento del Senado, para la aprobación de la reforma constitucional se
requerirá la mayoría favorable de tres quintos de senadores en una
votación final sobre el conjunto. Dado que la Cámara está integrada por
261 senadores, la mayoría de tres quintos es de 157.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 236; a favor, 233; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Fuertes y prolongados
aplausos.)

En consecuencia, señorías, queda definitivamente aprobada
por las Cortes Generales la proposición de reforma del artículo 135 de la
Constitución española.

Señorías, en el día de mañana se hará pública la apertura
de un plazo de quince días, que concluirá el 26 de septiembre de 2011,
dentro del cual una décima parte de los miembros del Senado podrán
requerir, mediante escrito dirigido a su presidente, la celebración de un
referéndum para la ratificación de esta reforma constitucional conforme a
lo previsto en los artículos 167.3 de la Constitución y 157 del
Reglamento del Senado.

Señorías, finalizado el debate, se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.