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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 185, de 07/09/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 185
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 174
celebrada el martes, 7 de septiembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento de Galicia, orgánica de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 101-1, de 5 de mayo de 2008. (Número de
expediente 125/000019.) ... (Página 4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reconocimiento y protección integral a las
víctimas del terrorismo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 265-1, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 122/000239.) ... (Página 15)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia a partir de energías renovables y de cogeneración. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 412, de 18 de junio de
2010. (Número de expediente 162/000679.) ... (Página 24)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la compensación de deudas tributarias aplazadas o fraccionadas con deudas reconocidas por las administraciones públicas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 407,
de 11 de junio de 2010. (Número de expediente 162/000674.) ... (Página 29)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas estrategias a favor del ahorro y
la eficiencia y las energías renovables. (Número de expediente 173/000155.) ... (Página 33)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo ante el alarmante aumento de casos de violencia de género. (Número de expediente 173/000156.) ... (Página 38)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas (Votación.) ... (Página 43)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación.) ... (Página 43)
Proposiciones no de ley (Votación.) ... (Página 43)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.) ... (Página 44)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página 4)
Del Parlamento de Galicia, orgánica de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial ... (Página 4)
Presentan la toma en consideración los señores Quintana González, Fernández Leiceaga y Puy Fraga, en representación del Parlamento de Galicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista.
Intervienen de nuevo los señores Quintana González, Fernández Leiceaga y Puy Fraga.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 15)
De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reconocimiento y protección integral a las
víctimas del terrorismo ... (Página 15)
Defienden conjuntamente la toma en consideración los señores Benegas Haddad, del Grupo Parlamentario Socialista; Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Díez
González y el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.
Interviene el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).
Proposiciones no de ley ... (Página 24)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia a partir de energías renovables y de cogeneración ... (Página 24)
Defiende la proposición no de ley el señor Alique López, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Oramas González-Moro, del
Grupo Parlamentario Mixto y el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Alique López.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la compensación de deudas tributarias aplazadas o fraccionadas con deudas reconocidas por las administraciones públicas ... (Página 29)
Defiende la proposición no de ley la señora Madrazo Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Madrazo Díaz.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 33)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas estrategias a favor del ahorro y la
eficiencia y las energías renovables ... (Página 33)
Defiende la moción el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Herrera Torres.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo ante el alarmante aumento de casos de violencia de género ... (Página 38)
Defiende la moción la señora Moneo Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista y el
señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, orgánica de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, se rechaza por 25 votos a
favor, 165 en contra y 146 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds y Mixto, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, se aprueba por 336 votos a favor.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia a partir de energías renovables y de cogeneración, con la enmienda de adición del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 186 votos a favor, uno en contra y 149 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la compensación de deudas tributarias aplazadas o fraccionadas con deudas reconocidas por las
administraciones públicas, se aprueba por 335 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 44)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas
estrategias a favor del ahorro y la eficiencia y las energías renovables, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Jorquera, se rechaza por nueve votos a favor, 324 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo ante el alarmante aumento de casos de violencia de género, se aprueba por 333 votos a
favor y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIAS COMPLEMENTARIAS A GALICIA EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL.
(Número de expediente 125/000019.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar, toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas, en este caso del Parlamento de Galicia, de la Orgánica de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos y
seguridad vial. Se encuentran en el salón de sesiones los integrantes de la delegación elegida por el Parlamento de Galicia y han comunicado verbalmente a la Presidencia que desean intervenir de menor a mayor desde el punto de vista numérico. ¿Es
así, están de acuerdo los tres representantes? (Asentimiento.) En tal caso, tiene en primer lugar la palabra don Anxo Manuel Quintana González.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Quintana González): Señor presidente, señorías, hoy venimos a defender una propuesta y acuerdo unánime del Parlamento gallego para mejorar nuestro autogobierno a través de las transferencias
en las competencias de tráfico y seguridad vial, y por tanto de los medios materiales, económicos y humanos que de ello se derivan. Pocas veces la existencia de un hecho diferencial como argumento para la toma en consideración del autogobierno
puede tener tanto peso y tanta fuerza como el caso que nos ocupa. Galicia tiene 2.700.000 habitantes asentados en 32.000 núcleos de población, la mitad del total de núcleos de población de todo el Estado, y es evidente que eso comporta una red de
carreteras y
por tanto unas peculiaridades de tráfico y seguridad vial diferentes, específicas y difícilmente homologables al resto del Estado. Eso sí que es un hecho diferencial, y el hecho diferencial como sustento del autogobierno cobra en este caso
mayor peso que nunca. Pero cuando reclamamos competencias en tráfico y en seguridad vial no lo hacemos solo desde esa perspectiva sino también desde el convencimiento de que reclamamos un derecho para nuestro país, un derecho de autogobierno y un
derecho ejercido con responsabilidad. Galicia tiene hoy la configuración autonómica constitucional al mismo nivel que otras comunidades que ya tienen policía autonómica, por cierto, con resultados exitosos. Parece lógico que desde esa misma
perspectiva de nivel constitucional autonómico Galicia tenga derecho, reclame y ejerza una competencia que serviría, entre otras cosas, para contar con un cuerpo policial propio. Y lo hacemos además desde el convencimiento de que nuestra propuesta
está basada en la simplicidad, en la eficacia y en el ahorro. La seguridad hoy en Galicia, el trabajo sobre ella y la responsabilidad sobre la seguridad está compartida por varios cuerpos policiales. Como es evidente y lógico, nosotros pretendemos
que la asunción de las competencias de tráfico y seguridad vial den paso a la constitución de un cuerpo policial propio que sustituya a los cuerpos de seguridad del Estado, a los cuerpos de seguridad, no a los efectivos que prestan sus servicios en
la Guardia Civil y en la Policía Nacional, muchos de ellos gallegos, por cierto, que aspiramos a que formen parte de la nueva policía gallega a crear.
No queremos dejar pasar la oportunidad de llevar a SS.SS. una reflexión que consideramos importante. Estamos hablando de mejorar el autogobierno de Galicia y hemos escuchado en este hemiciclo en más de una ocasión que mejorar el
autogobierno tiene que ir acompañado cuando menos de dos normas básicas. La primera de ellas es que cualquier ejercicio de mejora del autogobierno siga las normas establecidas, las leyes pactadas y los mecanismos democráticos establecidos en el
Estado de Derecho, y una característica que se ha reclamado aquí insistentemente ha sido que, además de cumplir las normas, el ansia de autogobierno no parta únicamente de una parte minoritaria de la sociedad, sino que venga respaldado por mayorías
cualificadas como reflejo del sentir mayoritario de la población.
Los gallegos y las gallegas apoyan mayoritariamente la necesidad de que Galicia tenga una policía propia al mismo nivel que Euskadi y Cataluña.
Estamos mayoritariamente convencidos de que el tráfico y la seguridad vial se puede gestionar
mejor desde Galicia; para hacerlo los gallegos y las gallegas hemos adoptado un acuerdo unánime las tres fuerzas políticas en el Parlamento gallego y hemos seguido los cauces legales establecidos, por cierto, ya utilizados en otra ocasión para que
existan otras policías autonómicas, y los cauces legales no son otros que la utilización del artículo 150.2 de la Constitución.
Cumplidos todos los trámites por nuestra parte, teniendo el derecho y, por tanto, la posibilidad de poder ejercerlo, conscientes de que lo que vamos a hacer no va contra nadie sino en beneficio de todos, me animo, en nombre del Parlamento
gallego, a pedirles a todos ustedes su apoyo para esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Quintana.
Tiene ahora la palabra don Joaquín María Fernández Leiceaga.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA: (Fernández Leiceaga): Señoras y señores diputados, continúo con la defensa de esta proposición de ley con la responsabilidad también de trasladar las razones de una demanda que es
ampliamente compartida por nuestra sociedad, como ya se ha dicho, y que pone de manifiesto -y creo que es lo primero que debemos destacar- el hecho inusual de que en una cuestión que afecta directamente al autogobierno de Galicia se produzca la
unanimidad parlamentaria en nuestro Parlamento, unanimidad a la que espero que ustedes sean sensibles, pero también lo hago siendo consciente de que la política que en estos ámbitos -el tráfico y la seguridad vial- se ha desarrollado en España en
los últimos años ha sido una política de éxito con un grado notable de acierto. ¿Por qué entonces, se preguntarán ustedes, es necesario que en Galicia accedamos a esta competencia modificando el marco de distribución de competencias que funciona en
la actualidad? Además, tengo que reconocer que en Galicia, en los últimos años, se ha producido una evolución de la siniestralidad viaria y de su cosecha de muertos, heridos graves y otros destrozos; una evolución muy similar a la de la media de
España. Hemos reducido en más de un 40 por ciento los heridos graves y las muertes en los últimos cinco o seis años. Por tanto, ¿por qué hacer este cambio? ¿Por qué esta demanda que trasladamos desde el Parlamento de Galicia a este Parlamento?
Si efectuamos una comparación no intertemporal sino con lo que sucede en otras comunidades autónomas, comprobamos que en Galicia se produce -como se decía antes- un hecho diferencial notable en esta materia. Hay un nivel persistentemente alto de
siniestralidad, de heridos y muertos en nuestras carreteras, que nos sitúa muy por encima de la media de la Unión Europea, al nivel de países como Hungría o Estonia cuando la media española -y ya no digo la de algunas comunidades autónomas- está
claramente por debajo en un nivel parecido al de Alemania o Finlandia. Algo sucede en Galicia que se escapa en parte a las exitosas políticas del Gobierno en esta materia y exige, en nuestra opinión, una aproximación específica de mayor detalle.
Ese algo son causas objetivas, son condiciones particulares ligadas a la orografía, al clima, a las características de la población y su distribución en el espacio. Hay más carreteras por habitante o por kilómetro cuadrado; hay un número más
elevado de vías secundarias que están peor señalizadas; hay un número más elevado de desplazamientos por la dispersión poblacional, la menor tasa de urbanización o las deficiencias en los sistemas
de transporte público que aún arrastramos; hay más personas mayores circulando a pie o en coche; hay una orografía que favorece las curvas y los cambios de rasante, una climatología de lluvias y nieblas que favorece los accidentes y un
elevado número de travesías interurbanas por el centro de las poblaciones. Estas condiciones no constituyen, en nuestra opinión, una barrera infranqueable, pero establecen un nivel superior de exigencia a las políticas públicas. Yo diría que para
condiciones particulares se necesitan políticas específicas.
Tenemos el convencimiento de que ese diferencial al que aludía -en torno al 50 por ciento sobre la media española- puede cerrarse. Un abordaje integral de la seguridad vial dirigido desde la comunidad autónoma y en el marco de las políticas
planificadas y coordinadas por la Administración General del Estado -pues solo estamos hablando de transferir las competencias de ejecución; nada más- puede contribuir a eliminar esa cosecha adicional de víctimas y destrozos, evitando, con las
cifras de hoy, alrededor de cien muertes cada año. Esta es la razón de ser y el norte de nuestra propuesta: perfeccionar los instrumentos de gestión de los que hoy disponemos para aumentar la seguridad vial haciendo una aproximación más flexible y
adaptada al territorio. Ese convencimiento que tenemos parte de los hechos, no es una mera ilusión.
En el País Vasco, que comparte con Galicia algunas condiciones climáticas, algunas condiciones orográficas y un grado notable de envejecimiento de
la población, han conseguido situarse plenamente en niveles muy próximos a los mejores de Europa. La descentralización competencial en esta materia parece que no está acompañada de fracasos, sino de magníficos resultados. No parecen existir
ventajas excesivas en marcos jurisdiccionales más amplios y, en cambio, sí existen ventajas de aproximaciones más adaptadas al territorio.
Les pido, por tanto, que tomen en consideración estos argumentos que están en la base de la unanimidad de criterios entre los grupos parlamentarios que operamos en el Parlamento de Galicia. Admitan a trámite esta proposición no de ley y
permitan que se abra esta puerta. Utilicen el trámite parlamentario, si así lo desean, para establecer los controles pertinentes, como recoge el artículo 150.2 de la Constitución, para marcar los calendarios y las cautelas que consideren oportunas
para precisar las condiciones de la transferencia, que exigen justamente que esté operativa y funcionando la policía.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, debe terminar.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Fernández Leiceaga): Voy acabando, señor presidente.
Hemos hecho los deberes también en estos terrenos. Les pido sobre todo que no desoigan la voz unánime de Galicia, máxime cuando estamos hablando de un procedimiento de mera admisión a trámite.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Por último, tiene la palabra don Pedro Puy Fraga.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Puy Fraga): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, como es bien sabido, el Estatuto de Autonomía de Galicia recoge en su artículo 27.25 la competencia exclusiva para la creación de una policía autonómica. Una competencia que hasta este momento el legislador
gallego no ha considerado necesario desarrollar hasta fechas bien recientes, pero para la que Galicia ha ido dando pasos importantes. Recordemos. En 1991, la creación de la Unidad del Cuerpo de Policía, adscrita a la Xunta de Galicia, que depende
orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de la Consellería de Presidencia, que en la actualidad, con 370 efectivos, está muy lejos de contar con los previstos -es decir, 500-, pese a que la Xunta reiteradas veces ha pedido que se
complete. O la creación en 1992 de la Academia Gallega de Seguridad, que incluye entre sus funciones la de formación para el ingreso en las distintas escalas de la policía autonómica, así como para la afirmación permanente y especializada de todos
sus miembros.
O la presentación en 2005 del primer proyecto de ley de creación de la policía autonómica, un proyecto de ley que incorporaba entre sus funciones, previa aprobación de la correspondiente ley orgánica, la de tráfico. Un proyecto que
decayó por las elecciones autonómicas y que fue retomado por el Gobierno bipartito en el año 2007 y que finalizó con la aprobación de la Ley 8/2007, de 13 de junio, del Parlamento de Galicia de creación de la policía gallega. Finalmente, en
diciembre de ese mismo año, los tres grupos parlamentarios con representación en nuestra Cámara presentaron conjuntamente y aprobaron por unanimidad la proposición de ley orgánica de transferencias complementarias en materia de tráfico que hoy se
presenta ante esta Cámara, dos años después de su remisión y al margen de cualquier justificación política de oportunidad que no sea el normal funcionamiento de las instituciones parlamentarias.
Como se puede comprobar por la breve descripción cronológica realizada, la puesta en marcha de la policía autonómica prevista en nuestro Estatuto y la asunción de competencias de tráfico ha seguido un iter lógico racional, ajeno a cualquier
otra consideración de corte estrictamente identitario. Queríamos, primero, formar la policía a partir de la unidad adscrita y a partir de ahí adquirir aquellas competencias que, de acuerdo con la evolución de la sociedad y las demandas ciudadanas,
configuran lo que se conoce como la policía de proximidad.
Quienes me han precedido en el uso de la palabra han enumerado ya las peculiaridades que nos llevan a presentar esta demanda competencial. No se trata, por supuesto, de denostar la importantísima labor que la
Guardia Civil de Tráfico está realizando en Galicia y que los gallegos tanto apreciamos; se trata simplemente de gestionar desde la proximidad un servicio que en Galicia viene condicionado por lo orográfico, por lo climatológico y por el
asentamiento poblacional a lo largo del territorio, con los consecuentes usos del automóvil por la infinidad de vías de todo tipo que conectan con casi 18.000 kilómetros nada menos que las 30.000 entidades de población -la mitad de España- que hay
en nuestra tierra. Permítanme, por ello, que me centre brevemente en los títulos jurídicos invocados, en particular en el 150.2 de la Constitución, que es el que se apela en la proposición de ley. Un artículo que tiene antecedentes en la
Constitución de la República y también en otras de corte federal, como es la Constitución alemana o la Constitución italiana, y que nació ya en sus orígenes siendo controvertido, puesto que permite la transferencia de obligación de competencias
exclusivas del Estado, siempre y cuando sean susceptibles de ello por su propia naturaleza. Pues bien, demostrar que el tráfico es susceptible de transferencia a Galicia por su propia naturaleza es bien sencillo, teniendo en cuenta que el País
Vasco lo ejerce desde hace décadas o, por ejemplo, que desde el año 1997, por este mismo mecanismo de la ley orgánica, la Comunidad Autónoma de Cataluña también lo asumió. Es conveniente recordar la plena vigencia del artículo 150.2 de la
Constitución española, que ha permitido, entre otros, por ejemplo, que nuestra tierra haya asumido las competencias de políticas activas de empleo -y subrayo lo de activas-, o, como acabo de mencionar, otras comunidades como Cataluña, la competencia
de tráfico. Quiero recordarlo en las actuales circunstancias, que posiblemente no sean las más favorables para un análisis reposado de esta proposición de ley porque en los últimos meses tanto el secretario de Estado de Cooperación Territorial
como, lo que es más importante, las dos vicepresidentas primeras y el vicepresidente tercero del Gobierno de España, ante las demandas competenciales de Galicia, han dicho que el instrumento más adecuado es la reforma del Estatuto. Nos llama la
atención que este sea el argumento cuando justamente acabamos de conocer una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que este tipo de transferencias solo pueden ser dictadas, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 150.2 de la
Constitución y con sujeción a los límites de dicho precepto constitucional. Estamos, en fin, ante la vía constitucionalmente más ortodoxa, ante una alternativa viable desde el punto de vista constitucional y por eso es la que invoca el Parlamento
de Galicia.
Dentro de unos días, el 21 de diciembre, se van a cumplir 30 años de la celebración del referéndum en el que el pueblo gallego, muy mayoritariamente, aprobó nuestro Estatuto de Autonomía. Desde entonces, el incremento de nuestro
autogobierno ha corrido paralelo a la consolidación de las instituciones democráticas y del Estado de las autonomías y, en el plano político y social, a la consolidación de un sentimiento identitario de pertenencia a la realidad gallega, española y
europea, que lejos de parecernos incompatibles a la inmensa mayoría de los gallegos nos parecen plenamente complementarias. No estamos, pues, ante un debate identitario o puramente identitario, estamos, fundamentalmente, ante un debate racional, de
la organización racional del poder.
El señor PRESIDENTE: Señor Puy, debe acabar.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Puy Fraga): El Grupo Popular del Parlamento de Galicia ha apoyado esta proposición en la creencia firme de que con la transferencia de las funciones de tráfico, circulación de vehículos y
seguridad vial se completará prácticamente el desarrollo de nuestro Estatuto para contribuir a hacer una Galicia mejor y una España mejor en una Europa más unida.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puy.
Para fijar la posición, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, señores diputados representantes del Parlamento galego, intervengo en nombre del BNG para expresar el total apoyo de nuestra formación política a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Una proposición de ley que
recibió el apoyo unánime del Parlamento gallego; una proposición de ley fruto de un importante trabajo de consenso, que se plasmó en el total acuerdo de los grupos parlamentarios en la definición de sus contenidos, hasta el extremo de que en el
trámite parlamentario en la Cámara gallega el texto no sufrió ninguna modificación; una proposición de ley que responde a una demanda ampliamente compartida por la sociedad gallega.
Dos son las razones básicas que fundamentan el apoyo del BNG a esta proposición de ley. En primer lugar, la transferencia a Galicia de las competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial es un elemento
indispensable para el despliegue de nuestra policía autonómica, cuya creación ya fue aprobada por el Parlamento gallego a través de la Ley 8/2007, de 13 de junio. En segundo lugar, el traspaso de estas competencias permitirá a Galicia diseñar
políticas específicas de tráfico y seguridad vial que tengan en cuenta sus singularidades.
Señorías, el BNG aspira a que Galicia se dote de una policía autonómica integral. Estamos convencidos de que para favorecer el bienestar y el progreso de un pueblo es indispensable que este se autorresponsabilice, que se dote de los
instrumentos que le permitan por sí mismo resolver sus problemas y atender sus necesidades. Pero aspiramos también a disponer de una policía integral
-no lo ocultamos- por su fuerte contenido simbólico. Señorías, permítanme por un momento recordar lo obvio. Galicia, desde el punto de vista constitucional, tiene el mismo rango que Euskadi y Cataluña. Como Euskadi y Cataluña tenemos una
lengua y una cultura propias, una lengua que dio origen a un sistema lingüístico que en la actualidad tiene más de 240 millones de hablantes en todo el mundo. Como Euskadi y Cataluña, Galicia aprobó en plebiscito un estatuto de autonomía en la II
República. Como Euskadi y Cataluña, Galicia accedió a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. Pero, señorías, para el BNG, contar con una policía autonómica integral va más allá de la aspiración de homologar nuestro estatus al
de otras comunidades autónomas. El BNG apuesta por introducir racionalidad en el modelo policial. ¿Qué sentido tiene -y este es un planteamiento del BNG que quiero exponer- que el Estado mantenga dos cuerpos policiales diferentes? ¿Qué sentido
tiene que uno de esos cuerpos, pese a llamarse Guardia Civil, siga teniendo una naturaleza militar? Desde nuestro punto de vista es más lógico, más racional y más congruente con el propio modelo de Estado la integración de ambos cuerpos en una
única policía de dependencia estatal que sea compatible con la existencia y desarrollo de policías autonómicas. Una policía autonómica, como ya afirmó el portavoz del Parlamento gallego Anxo Quintana, que deseamos que se despliegue aprovechando la
experiencia y el saber hacer de muchos efectivos gallegos que actualmente prestan servicio en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía. Pero al margen de estos argumentos apoyamos esta proposición porque Galicia necesita disponer de
instrumentos que le permitan atender a sus necesidades en materia de tráfico y seguridad vial.
Señorías, tenemos una tasa de siniestralidad en las vías interurbanas sensiblemente superior a la media estatal. Es una realidad objetiva, no una percepción deformada fruto -y cito textualmente- de problemas psicológicos de los gallegos, de
estar instalados en un pesimismo crónico e histórico, como afirmó en su día don Pere Navarro en unas declaraciones más que desafortunadas. En 2009, la población de Galicia representaba menos del 6 por ciento de la población estatal, pero el número
de accidentes con heridos representó el 6,85 por ciento y el número de accidentes con víctimas mortales el 9,33; es decir, casi un 64 por ciento más del que correspondería atendiendo a nuestro peso relativo poblacional. Esto es así porque hay
factores en Galicia que inciden en esta siniestralidad y que hacen necesarios diseños específicos en materia de seguridad vial que atiendan estas singularidades. Somos un país lluvioso y con una orografía accidentada. Somos un país con un alto
porcentaje de población asentada en el medio rural y con un hábitat poblacional extraordinariamente disperso. Galicia, pese a representar menos del 6 por ciento de la población total del territorio español, cuenta con más de la mitad de los núcleos
de población existentes en el conjunto del territorio estatal. Fruto de ello tenemos una red muy densa de carreteras secundarias por las que se realizan una parte importante de los desplazamientos; una red secundaria con trazados sinuosos,
continuas travesías, numerosos cruces e incorporaciones; carreteras que, en la mayoría de los casos, carecen de arcén y por las que transitan numerosos peatones y maquinaria agrícola. Fruto de ello, por citar algunos ejemplos, uno de cada cuatro
atropellos mortales se producen en Galicia.
Las provincias de Lugo, Ourense y A Coruña están entre las ocho provincias del Estado español donde se registran más accidentes mortales en los que se ven involucrados animales. Fruto de esta situación
se producen las siguientes paradojas. Galicia es una de las comunidades donde el Estado más recauda por infracciones de tráfico. El Estado recauda en Galicia bastante más dinero del que destina a mejorar las políticas de seguridad vial en nuestra
comunidad. Según datos del propio Gobierno, en el año 2007 el Estado recaudó en Galicia más de 32 millones de euros por infracciones de tráfico, mientras que destinó poco más de 3 millones de euros a programas de seguridad vial. Y así ocurrió
también, señorías, en otros ejercicios. Galicia tiene la cifra más baja de agentes por kilómetros de carretera del territorio estatal. La Guardia Civil de Tráfico en Galicia prioriza la vigilancia en las carreteras nacionales -quizá por ser de
titularidad estatal- antes que en la red secundaria, pese a que, según los propios informes del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Tráfico, es en esta donde se producen la mayoría de los accidentes y, en particular, la mayoría de
los accidentes mortales.
Señorías, es lógico que estemos al albur de que el Ministerio del Interior asigne más medios y refuerce la vigilancia en carreteras secundarias que son competencia de la Xunta de Galicia, al no poder hacerlo esta por carecer de competencias
en materia de tráfico y de seguridad vial.
Señorías, hablaba antes de Euskadi y de Cataluña. En Cataluña, los Mossos d'Esquadra cuentan con más de 1.200 efectivos destinados a labores de vigilancia y control de tráfico, con la salvedad de que
todos los agentes, incluidos los de seguridad ciudadana, participan en labores de prevención y vigilancia del tráfico con potestad para instruir un informe o tramitar una demanda. Además, señorías, en Cataluña, los efectivos destinados a labores de
vigilancia y control del tráfico se dedican exclusivamente a esta tarea; no se les distrae con labores no relacionadas con su especialidad. Nada de esto ocurre en Galicia, por no hablar de los evidentes déficits en la organización de los turnos de
los agentes y las condiciones laborales manifiestamente mejorables.
Señorías, el Gobierno se opuso en la pasada legislatura a esta transferencia apelando a que el tráfico no es troceable. ¿Acaso es troceable el tráfico en la Unión Europea? Y no por ello dejan de tener competencias los Estados miembros.
¿Acaso el País Vasco y Cataluña no cuentan con delegación de atribuciones del Estado en tráfico y seguridad vial? La coordinación de las políticas en materia de tráfico y seguridad vial a nivel de Estado no es incompatible con la delegación de
competencias. ¿Acaso la
singularidad de Galicia, por las razones antes referidas, no hace tan o más necesaria la delegación de estas atribuciones? No hay nada más irracional que intentar aplicar las mismas recetas a realidades distintas y con necesidades
diferentes. Por estas razones, señorías, apelo a que reflexionen todos los grupos parlamentarios aquí presentes y admitan a trámite esta proposición de ley porque eso es lo que estamos debatiendo y vamos a votar hoy: la toma en consideración, la
admisión a trámite.
Permítanme que concluya ya con una última reflexión. Muchas veces se intenta presentar desde algunos altavoces como una anomalía de la política en el Estado español el hecho de que en contextos sin mayorías absolutas los partidos
nacionalistas se conviertan en muchas ocasiones en determinantes y aprovechen este contexto para conseguir que se atiendan demandas de sus comunidades. Sin ir más lejos, se intenta desprestigiar estos días la actitud del Partido Nacionalista Vasco
en la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado por poner sobre la mesa la necesidad de que se cumpla taxativamente el mapa competencial contemplado en el Estatuto de Gernika, con el cual estamos total y absolutamente de acuerdo.
Señorías, quiero recordar que en un contexto de un gobierno del Partido Popular sin mayoría absoluta Convergència i Unió consiguió que se delegasen estas competencias para Cataluña. Yo creo que la anomalía en la política estatal es exactamente la
contraria. La actitud de cerrazón de todos los gobiernos centrales a la hora de propiciar la descentralización del Estado y el desarrollo del autogobierno hace que tan solo modifiquen esa actitud cuando necesitan los votos de un partido
nacionalista. Hoy podemos tener un ejemplo ello y por eso apelo a todos a que reflexionen.
Esta proposición de ley ha sido aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego, ha sido fruto de un gran trabajo de consenso, es una demanda compartida
por el conjunto de la sociedad gallega y mucho me temo, señorías, que los partidos estatales mayoritarios aquí representados voten en contra, que asistamos al espectáculo de que diputados gallegos de estos grupos voten en contra de lo que
defendieron en el Parlamento gallego. No contribuyan a esta anomalía, sean sensibles a una demanda justa y razonable de la sociedad gallega.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra don Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a reproducir en cierta manera un debate que tuvo lugar en esta Cámara como se ha recordado hace unos años, concretamente en 1997, cuando se acordó la transferencia de las competencias ejecutivas en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor a favor de la Generalitat de Catalunya. Hoy quien nos presenta una propuesta prácticamente del mismo calado es la representación del Parlamento gallego, a la que damos desde nuestro grupo la bienvenida, acompañada
del deseo de final feliz a su petición. Efectivamente deseamos que el resultado del debate que hoy iniciamos tenga el mismo desenlace que en 1997 tuvo la solicitud catalana y que, por tanto, la transferencia de las facultades de ejecución de la
legislación del Estado en materia de tráfico se salde favorablemente y de manera unánime hoy en la toma en consideración, tenga una tramitación parlamentaria breve que derive en la aprobación y traspaso efectivo de las competencias.
No obstante, señorías del Parlamento galego, los deseos demasiadas veces no coinciden con la realidad en esta Cámara ni en temáticas como la que plantean ustedes. No queda claro que puedan contar con el apoyo del Gobierno y del grupo
parlamentario que lo sustenta y lo mismo cabría pensar del Partido Popular. Se leen demasiadas opiniones en los medios de comunicación acerca de una actitud poco predispuesta en el Gobierno que preside el señor Rodríguez Zapatero a plantearse la
posibilidad de transferir más competencias a las comunidades autónomas por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, como sería el caso que debatimos hoy.
Además han sido diversas las ocasiones en que, después de la aprobación de las últimas
reformas estatutarias, se ha insinuado o afirmado desde la Presidencia del Gobierno que se daba por cerrado el modelo estatutario.
Ahora bien, es difícil saber a ciencia cierta cuál es la verdadera voluntad del Gobierno y del Partido Popular
respecto del traspaso de competencias, puesto que también se han oído y leído opiniones en sentido distinto cuando no en sentido contrario. Parece ser que no se descarta del todo utilizar la vía del artículo 150.2 para transferir competencias en
ocasión de determinados contextos, especialmente el presupuestario.
En definitiva, cuando los criterios han ido cambiando con mucha rapidez no es imposible esperar que se produzca un desenlace favorable, ni que sea por aquello de hacer de la necesidad virtud. Pronto saldremos de dudas y conoceremos la
actitud del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la toma en consideración y una eventual posterior tramitación parlamentaria de esta proposición de ley.
En cualquier caso, señorías -y como no puede ser de otro
modo-, podrán contar con el apoyo de nuestro grupo en consonancia con nuestra apuesta de siempre por la descentralización administrativa, por la asunción de mayor grado en el techo competencial por parte de las comunidades autónomas y nuestra
convicción acerca de la validez de la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución para conseguir estos objetivos. La Constitución es flexible y el modelo autonómico sigue abierto, muy a pesar de lo que puedan sustentar algunas formaciones
políticas. Siempre podrán traspasarse a las comunidades autónomas aquellas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación; claro
que dependerá en buena medida -como he dicho antes- de la aritmética parlamentaria.
Señorías, entrando a valorar propiamente el contenido de la iniciativa, y como reza su propia exposición de motivos, el Estatuto de Autonomía de Galicia contempla la competencia del Gobierno gallego para la creación de un cuerpo propio de
policía a modo de los ya existentes Ertzaintza o Mossos d'Esquadra. Para ello se nos presenta una proposición de ley en forma de ley orgánica, precisamente el cauce parlamentario previsto en la Constitución para estos casos. Además de tener
estatutariamente las competencias en materia de policía autonómica, el Parlamento galego -haciendo uso de las mismas- ha procedido mediante la Ley 8/2007 a la creación de este cuerpo policial, si bien en unas condiciones que en la práctica lo
descafeínan mucho. Por tanto, si existe ya un cuerpo policial creado, aun cuando sea precario, es lógico -igual que sucede con la policía vasca o catalana- que se le vaya otorgando el máximo de atribuciones posibles. Teniendo en cuenta que tan
solo han pasado dos años desde la creación de este cuerpo policial, no existe a día de hoy el suficiente número de agentes para que estos puedan sustituir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de forma inmediata en las funciones y competencias
objeto de traspaso: ser una policía integral, como ha comentado el portavoz del BNG. Por tanto, deberá establecerse un proceso de asunción de más competencias por parte de este cuerpo policial de forma paulatina y escalonada en el tiempo -como así
sucedió en su momento cuando se traspasaron las competencias en esta materia a la Generalitat de Catalunya-, pero nada impide que se le otorguen idénticas atribuciones que a los cuerpos policiales autonómicos antes comentados.
Sin nada más que decir respecto a este punto, quiero desear, como se acaba de plantear en la última intervención, que la unanimidad presida la decisión que se tome hoy y pueda, por tanto, debatirse en esta Cámara la proposición de ley
presentada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señores representantes del Parlamento gallego, permítanme saludar, como manifestación preambular y protocolaria de mi intervención, a los tres, cuya facundia quiero halagar, sobre todo a
don Anxo Quintana, con el que me unen lazos de amistad personal desde hace mucho tiempo.
Nosotros vamos a apoyar de forma entusiasta esta proposición de ley orgánica presentada por el Parlamento de Galicia y aprobada por unanimidad -esta es una expresión que conviene enfatizar- en dicho Parlamento, porque por unanimidad
significa que ha sido apoyada por el Partido Popular -representado en el Parlamento gallego-, por el Partido Socialista -representado en el Parlamento gallego- y por el BNG -partido al que aquí representa don Anxo Quintana-. Desde esta perspectiva
lo que vamos a dilucidar es la congruencia política entre las manifestaciones hechas en un Parlamento autonómico y las manifestaciones que a continuación vamos a escuchar en esta sede, la sede donde reside la soberanía popular del Estado español.
No voy a reproducir los argumentos porque me parecen todos convincentes y quiero felicitarles de nuevo por sus intervenciones, por su elocuencia, con la que yo no puedo rivalizar -evidentemente ustedes conocen la realidad de Galicia-, y por las
manifestaciones o especificidades que justifican la transferencia de esta competencia y los títulos competenciales previstos en el bloque de constitucionalidad que justificarían la transferencia de la misma. La fórmula utilizada o que ustedes
preconizan, la del 150.2, a mi grupo parlamentario le merece ciertas dudas conceptuales. Primero, porque este es un precepto prácticamente virgen en nuestra Constitución, de muy escasa utilización y que tiene una naturaleza ornamental. Son
escasísimas las ocasiones en las que este precepto se ha utilizado para derivar competencias del Estado a las comunidades autónomas; y escasísimas, como diría el castizo, ya sería decir algo. Segundo, porque en esta materia ustedes invocan como
título competencial específico la existencia de una policía de carácter integral prevista por la Ley 8/2007 que tendría que ejercer competencias en materia de tráfico de forma integral como las que realizan pretendidamente la Ertzaintza y los Mossos
d'Esquadra, aunque esto tampoco sea cierto, porque no las realizan de forma integral, pero debería ser así. Sin embargo, en el artículo 1 de su proposición de ley se refieren a competencias no de naturaleza policial stricto sensu sino de naturaleza
administrativa. Estas competencias tienen títulos competenciales específicos en el Estatuto de Cataluña, en el anterior y en el nuevo, en el reformado, además convalidadas por la sentencia reciente del Tribunal Constitucional, y en el Estatuto de
Autonomía de Gernika.
Quiero creer también que el Estatuto de Autonomía de Galicia prevé administrativamente que estas competencias corresponden al Gobierno gallego. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Sin embargo, hay una
práctica que nosotros hemos denunciado en numerosas ocasiones y que ha provocado nuestra abstención en relación con leyes tan importantes como la Ley reguladora del carné por puntos o la Ley de Tráfico que consiste en que leyes sectoriales que
regulan la materia de tráfico -aprobadas por el Gobierno, presentadas en esta Cámara y avaladas tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular- han laminado estas competencias autonómicas, algunas ya ejercidas, es decir, las han
rescatado; se ha llegado al extremo de rescatar competencias previamente transferidas a las comunidades autónomas en materia de tráfico, y en este momento en materia de expedición de documentos oficiales, de certificados, o de aplicación de
determinadas sanciones ni siquiera la Ertzaintza, ni siquiera los Mossos, ni siquiera los departamentos de Interior de los gobiernos vasco y catalán pueden ejercer estas competencias. Esto acredita una visión jacobina del Estado o de los
grupos parlamentarios mayoritarios en relación con el ejercicio de las competencias en materia de tráfico que a mí particularmente -y perdonen que sea tan sincero en la exposición de esta personal opinión- no me parece que haga previsible que sea de
fácil aceptación o toma en consideración por algunos grupos de esta Cámara esta proposición de ley que ustedes presentan.
Desde esa perspectiva lo que queda por saber es si existe congruencia entre las opiniones de los partidos políticos manifestadas en el Parlamento gallego y las de esos mismos representados aquí, si existe respeto al Estado autonómico, a sus
especialidades, a sus títulos competenciales específicos o si por el contrario, y como el señor Jorquera con brillantez manifestaba, al final, las transacciones políticas en esta Cámara van a terminar consistiendo en intercambiar el respeto a la
legalidad constitucional por determinados posicionamientos en relación con los presupuestos o cualesquiera otras materias. Si fuera esto segundo y llegáramos a niveles de reduccionismo político y de incumplimiento del ordenamiento constitucional de
esta magnitud, desde luego ustedes no tienen ninguna esperanza de que esta proposición prospere. Si fuera hipotéticamente lo primero y aquí hubiera constitucionalistas de verdad y estatutistas de verdad que quisieran respetar el bloque de
constitucionalidad, esta proposición de ley podría prosperar. Me quedo con la primera de las preposiciones expuestas.
Muchas gracias, señor presidente.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, quiero dar la bienvenida a los representantes del Parlamento de Galicia que esta tarde han defendido ante el Pleno del Congreso de los Diputados la
proposición de ley de transferencia de competencias en materia de tráfico para Galicia. Quiero darles esa bienvenida, especialmente al diputado Anxo Quintana, con quien hemos compartido debates en estas Cortes Generales, así como señalar una
sintonía especial, como él sabe muy bien, desde hace años.
Señorías, el Parlamento de Galicia nos trae hoy una proposición de ley que llega con retraso porque fue presentada en el año 2008 desde la unanimidad y tras haberse aprobado en Galicia la creación de una policía autonómica propia. Por
tanto, hay dos precedentes iniciales: unanimidad en el Parlamento de Galicia y la creación en Galicia de una policía propia a través de la Ley 8/2007. A partir de estos dos parámetros, lo que pide el Parlamento de Galicia es ejercitar un punto que
la propia Constitución ya prevé -que se ha utilizado en otras comunidades autónomas y en Cataluña en este caso se utilizó la misma vía- en el artículo 150.2.
Asusta en ocasiones este artículo porque, de forma inusual, está en la Constitución y no
puede ser inconstitucional aquello que la propia Constitución prevé, que es esa transferencia de competencias que son del Estado pero que por su propia naturaleza se pueden transferir. La ejecución de las competencias de tráfico, que es lo que pide
esta proposición de ley, no es que se pueda transferir, es que incluso el Estatuto podría haber asumido ya inicialmente para sí esa competencia; no lo hizo y por tanto se pide esa transferencia vía artículo 150.2, que desde Convergència i Unió
compartimos. Entendemos que se debe utilizar ese artículo, porque temer esa utilización es temer que el Estado se desprenda de competencias cuando las comunidades autónomas son también Estado y, por consiguiente, ese temor es totalmente infundado.
Además de esa razón constitucional y de esa razón de mero respeto a lo que la propia Comunidad Autónoma de Galicia ha aprobado desde la unanimidad y desde la creación de esa policía, se unen a este texto de proposición de ley razones de seguridad
vial. Por razones de seguridad vial también deberíamos votar que sí a esta proposición de ley. Si alguien quiere en Galicia que mejoren los parámetros de seguridad vial, desde Convergència i Unió entendemos que nunca el Parlamento de Galicia
aprobaría por unanimidad una petición que fuera en contra de esa mayor protección a la seguridad vial. Evidentemente, la policía autonómica, desde la propia proximidad y desde la organización que esta proposición de ley comportaría de unos
servicios de tráfico de la Comunidad Autónoma de Galicia, sería positiva para la seguridad vial, como lo ha sido ya en Cataluña y en el País Vasco. Por eso se pide desde esa unanimidad y por eso nosotros le vamos a dar apoyo, por esa razón de
respetar aquello que se nos pide desde Galicia y también, entrando en el núcleo del contenido, por razones de mejorar la seguridad vial en Galicia. Es cierto además que en diversas ocasiones se han celebrado ante la Comisión de Seguridad Vial de
este Congreso de los Diputados comparecencias sobre temas de tráfico específicos de Galicia, que se han pedido de manera expresa por el Bloque Nacionalista Galego, así como diversas proposiciones no de ley, para atender determinados aspectos a
mejorar en el ámbito de la seguridad vial en Galicia. Además, ahonda esa petición el hecho de que la propia proposición de ley subraya, lo que han hecho también todos los intervinientes, que es la propia realidad gallega, esa multitud de núcleos
que hacen aconsejable que la ejecución de las competencias de tráfico pueda derivarse a su propia policía autonómica. Por tanto, apoyo a esta proposición de ley y esperanza de que se tome en consideración. No teman votar que sí a su toma en
consideración, que además simplemente inicia el trámite parlamentario y permite enmiendas
posteriores para ajustar los tiempos, para ajustar la transferencia de medios personales y materiales, pero votar que sí es respetar aquello que los mismos grupos han votado en el Parlamento de Galicia. Hoy no votar que sí es apartarse en
esta Cámara de aquello que desde Galicia y desde la unanimidad se ha considerado que era lo mejor, tanto desde el punto de vista de mejorar el autogobierno de esa comunidad, como desde el punto de vista de mejorar la seguridad vial con la asunción
de esas competencias ejecutivas en materia de tráfico. Por tanto, Convergència i Unió pide coherencia y anuncia ya que votaremos que sí a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, permítanme, ante todo, que en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, dé la bienvenida a los delegados del Parlamento de Galicia, señores Quintana,
Fernández Leiceaga y Puy, que tan brillantemente han defendido la proposición de ley emanada del Parlamento de Galicia; proposición de ley que, como bien se ha recordado, es una proposición que viene con el voto unánime de las tres fuerzas
políticas en el Parlamento de Galicia, situación que no es tampoco anómala ni singular en esta Cámara cuando se trata de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
Estamos hablando en el momento actual de una competencia estatal, conforme al
artículo 149.1.21ª de la Constitución, que por su naturaleza y visto el desarrollo que ha tenido la materia, está muy afectada con lo que es la seguridad pública en general. En ese sentido, cabe plantearse, y así lo ha hecho el Parlamento de
Galicia, que por el juego de las dos materias, la 29ª y el 21ª del apartado 1 del artículo 149, puede ser objeto de transferencia o delegación en lo que se refiere a esas competencias de ejecución. Asimismo, el artículo 27 del Estatuto de Autonomía
de Galicia, aprobado por ley orgánica del año 1981, contempló o reconoció la competencia de la comunidad autónoma de Galicia en materia de seguridad pública y la habilitó para la creación de una policía autonómica. También tengo que decir que en
este caso, y siguiendo otros precedentes que antes se han puesto de manifiesto, el camino seguido para traernos al Congreso de los Diputados esta proposición de ley ha sido el adecuado, es decir, habilitar el artículo 150.2 de nuestra Constitución,
en el que se prevé que competencias de titularidad estatal puedan ser objeto de delegación y transferencia en favor de las comunidades autónomas. También permítanme ustedes señalar que desde el nacimiento de la Comunidad Autónoma de Galicia por mor
de la nueva Constitución del año 1978 surgió el deseo de los gallegos de contar con las competencias de seguridad pública, y así se hizo constar en su estatuto de autonomía.
Esto tampoco es una situación singular puesto que, como también se ha
recordado, existen otras comunidades autónomas en las cuales la competencia sobre seguridad, y concretamente sobre el tráfico, la tienen en este momento delegada o transferida, como es el caso de Euskadi, como es el caso de Cataluña y de forma
compartida también, según la distinta titularidad de las vías de comunicación, sucede en Navarra.
Todo eso, señorías, es cierto. Comprenderán que para el Grupo Popular una iniciativa como la presente no puede tener otra calificación que la de que la vemos ajustada, normal o propia de lo que puede ser una iniciativa de esta naturaleza y
además por la forma en que se ha hecho. Sin embargo, señorías, permítanme también decir que la situación no es exactamente igual a la que se ha dado en otras comunidades autónomas o en otras circunstancias. Para ello tenemos que tener en cuenta,
en primer lugar y ante todo, que en Galicia no existe un cuerpo de policía propio autonómico, como sucede en otras comunidades autónomas. Es cierto que hay una ley creada en el ejercicio de la legislatura anterior en el Parlamento de Galicia, pero
es un cuerpo de policía que no está hoy desarrollado. Hoy está operando en materia de seguridad una unidad de la policía que ni siquiera tiene sus efectivos al completo; de los quinientos y pico efectivos que se presentan apenas se llega a algo
más de lo que es la mitad. Ese cuerpo de policía autonómica en estos momentos no se encuentra con desarrollo, ni siquiera mínimo, para poder hacerse cargo de lo que sería el ejercicio de la competencia en materia de tráfico. También hay que
recordar y no es un tema menor, puesto que es en nosotros, como Parlamento nacional, en donde deben mirarse las distintas situaciones que se dan, que estamos hablando de un coste de un servicio que por los propios intervinientes se ha cifrado entre
los setenta y cien millones de euros anuales; setenta, según las estimaciones más optimistas, cien o algo superior en las estimaciones quizá más realistas.
Aquí no se trata, señorías, de establecer agravios comparativos entre unas y otras comunidades autónomas. Nuestro modelo constitucional es lo suficientemente flexible para adaptar las circunstancias y las situaciones. Aquí de lo que se
trata, señorías, es de saber si el momento, la oportunidad es o no es para atender la justa reivindicación que hace el Parlamento de Galicia de una transferencia sobre las competencias de tráfico. El hecho diferencial existe, como existen otros
muchos, pero también se estaba reconociendo aquí el esfuerzo que se está haciendo, la mejora de la calidad del servicio a la hora de reducir las cifras de siniestralidad. En definitiva, señorías, para el Grupo Parlamentario Popular, que además fue
autor en sus inicios el año 2005 -como se ha dicho- de una iniciativa tendente a tener las competencias de tráfico, no es un hecho que nos puede dejar insensibles. Vemos con enorme simpatía la situación, pero comprendemos también que ante la
situación existente en estos momentos y ante otras prioridades que no
son posiblemente las que estaban en el año 2008, esta proposición de ley, cuyo debate de totalidad ya veremos cómo se desarrolla, tendrá posiblemente que esperar a otro momento posterior, aun contando con toda nuestra simpatía. Por tanto en
estos momentos le anunciamos que, a la hora de determinar el voto, tendremos que ponderar esas circunstancias de las que estamos hablando, de cómo surge, lo que hay y, en definitiva, cuál es el momento y la oportunidad correspondiente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor García-Tizón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero trasladar el saludo afectuoso y la bienvenida del Grupo Parlamentario Socialista a los representantes del Parlamento de Galicia presentes hoy aquí, señores Fernández, Quintana y Puy.
Créanme señores diputados cuando les digo que entendemos y respetamos su deseo de avanzar en el autogobierno de Galicia. Nuestro grupo parlamentario y el Gobierno socialista han demostrado durante estos años su firme compromiso con la
España plural, la voluntad de cooperación institucional con los gobiernos autonómicos y el claro deseo de avanzar en sus cotas de autogobierno, apoyando las reformas estatutarias como vía para ampliar la autonomía. Créanme cuando les digo que
compartimos su preocupación por la siniestralidad de las carreteras gallegas. Este es, sin duda, el elemento fundamental para decidir el posicionamiento de mi grupo parlamentario, en coherencia con el que sobre la materia ha mantenido también en
todo momento el Gobierno de España. Y digo en coherencia porque a lo largo de todo el proceso de negociación el Gobierno ya manifestó su oposición a la transferencia por incidir negativamente en el tráfico y la seguridad vial. Así lo expresaron
reiteradamente los ministros de Administraciones Públicas e Interior. No lo olviden, señorías, al margen de quien ejecute las políticas, estamos hablando de muertes de personas, de tragedias que hoy sabemos que pueden evitarse, estamos hablando de
salvar vidas y de cuál es la mejor forma para hacerlo.
Como ya se ha dicho, la política de seguridad vial viene recogida por nuestra Constitución en el llamado bloque de competencias exclusivas del Estado, competencias que por su trascendencia e importancia solo pueden ser parcialmente
transferidas al amparo de lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución, una transferencia que solo puede producirse de forma muy excepcional y ante motivos suficientemente sustanciados. Como saben también, la competencia estatal en
materia de tráfico no resulta complementaria de ninguna de las competencias que ostentan las comunidades autónomas con arreglo a sus estatutos de autonomía, sin embargo, es cierto que Cataluña y País Vasco han recibido transferencias parciales en la
materia como excepción a la regla general de la competencia estatal, excepciones que se amparan en circunstancias tan peculiares como es el régimen especial de las respectivas policías autonómicas. ¿Son estas también las circunstancias que se dan
en Galicia? De entrada, el punto de partida es diferente, ya se ha comentado; en el caso de las policías del País Vasco y Cataluña el marco jurídico regulador quedó constituido por sus respectivos estatutos de autonomía, sus leyes autonómicas de
desarrollo y supletoriamente por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dicha singularidad no se da en el caso de Galicia, donde además dicha ley orgánica se aplica en su integridad y su Estatuto de Autonomía no hace referencia alguna
al ejercicio de la competencia de tráfico y seguridad vial.
Durante el debate de la proposición de ley tanto en el Parlamento gallego como hoy desde esta tribuna se ha fundamentado la petición de la transferencia del tráfico en los argumentos de oportunidad, conveniencia y necesidad; permítanme,
señorías, que yo también fundamente la posición de mi grupo en esos argumentos. Pero como les decía al principio de mi intervención, atendiendo ante todo a las necesidades del tráfico y la seguridad vial, ¿es oportuna la transferencia? Este es
precisamente el objeto del debate que hoy discutimos. ¿Es oportuno admitir hoy a trámite la transferencia a Galicia de la competencia de tráfico y seguridad vial? El artículo primero de la proposición de ley que hoy nos traslada el Parlamento
gallego recoge los elementos de la competencia de tráfico para los que se solicita la transferencia, un artículo que, tal como se ha dicho también, reproduce lo establecido en la Ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de
tráfico a Cataluña. Este sería, según los proponentes, también el modelo para Galicia. Sin embargo, entre ambos modelos, el catalán y el gallego, existe una diferencia sustancial: mientras en Cataluña la transferencia en materia de tráfico se
efectuó en 1997, cuando la Policía autónoma catalana no solo ya había sido creada por ley sino que también había iniciado y perfeccionado el proceso de expansión y despliegue material, en el caso de Galicia se insta a la transferencia cuando las
unidades operativas de la policía autonómica no están aún ni material ni efectivamente creadas. Señorías, como saben, la especialidad de tráfico requiere de una formación y una experiencia muy determinadas, su eficacia en el control y apoyo a la
circulación es esencial para la seguridad vial, por ello no parece oportuno tramitar la transferencia de esta competencia a un cuerpo que aún no ha sido materialmente creado.
Ello nos lleva a cuestionar el segundo de los argumentos utilizados. ¿Es conveniente realizar la transferencia en estas circunstancias? Cuando se procedió a la transferencia de la ejecución en materia de tráfico a la Policía autonómica del
País Vasco y de Cataluña estas llevaban años colaborando en diversas materias con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes en
la comunidad y en especial con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; los protocolos de colaboración existían y funcionaban adecuadamente, ello permitió ir asumiendo los elementos de la competencia sin distorsiones ni conflictos. La
pretendida transferencia podría tener también efectos disfuncionales en un ámbito cuya gestión requiere de cierta unicidad bajo unos criterios comunes que únicamente puede proporcionar el Estado. A título de ejemplo, es el caso de las restricciones
al tráfico de mercancías, cuya transferencia podría generar asimetrías entre distintos ámbitos territoriales y dificultar la libre circulación de vehículos de transporte a través de todo el territorio nacional. Lo mismo cabría decirse de la gestión
de incidencias en las carreteras, cuya territorialización tampoco parece aconsejable en la medida que ello supondría fragmentar su gestión con el consiguiente riesgo de reducir su eficacia, complicación a la que además se añade la puesta en marcha
de la Administración electrónica, dirigida a facilitar la realización de trámites por vía telemática. La transferencia conllevaría con toda probabilidad la necesidad de diseñar una nueva Administración electrónica de ámbito autonómico en materia de
tráfico que funcione y que se pueda coordinar adecuadamente con el Estado que, como saben, está en proceso de creación en estos momentos, proceso y circunstancias que no se daban en el momento de efectuarse la transferencia al País Vasco y Cataluña.
Finalmente, el tercero de los argumentos esgrimidos es la necesidad. ¿Es realmente necesario transferir las competencias para reducir la siniestralidad en las vías gallegas? Si bien es cierto que el territorio gallego tiene una realidad
específica basada en la dispersión de los núcleos de población, unas características singulares de su red viaria y las propias condiciones orográficas y climáticas, no es menos cierto, como también se ha señalado, que en los últimos años la
siniestralidad ha seguido el mismo comportamiento de descenso que el resto de comunidades autónomas. Hoy las políticas de seguridad vial de la DGT, del Ministerio del Interior, son un ejemplo exitoso en toda Europa. Todas y cada una de las
comunidades autónomas han experimentado en los últimos cinco años una drástica disminución de la siniestralidad, así lo avalan las cifras. Un informe de un prestigioso club de automovilistas destacaba hace unos meses que en el periodo 2005-2009 se
redujo en Galicia en un 34,8 por ciento el número de víctimas mortales y recientemente también hemos sabido en el balance de la operación salida de este verano que Galicia ha sido una de las comunidades autónomas que ha liderado en estas vacaciones
la reducción de víctimas. ¿Es necesaria la transferencia de las competencias para poder realizar y poner en práctica políticas de seguridad vial desde el Gobierno de una comunidad autónoma? Por supuesto que no. Ustedes mismos llevan haciéndolo en
Galicia desde hace tiempo.
Hay un Plan de seguridad vial 2006-2010 de la Xunta de Galicia en colaboración con la DGT, donde se incorporan un conjunto de actuaciones que la Xunta puede hacer en el ámbito de sus competencias y que, junto con las que
hace el Estado, están mejorando la seguridad vial de las carreteras de Galicia. No hace falta una transferencia específica para hacer un plan y tomar medidas.
Señorías, en coherencia con los argumentos expuestos, el voto de mi grupo parlamentario será en contra de la toma en consideración de este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Corcuera.
En turno de réplica tiene la palabra el representante del Parlamento gallego, señor Quintana.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Quintana González): Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para mostrar nuestro agradecimiento a todos los grupos parlamentarios que han manifestado su apoyo y lamentar no poder hacer extensivo este agradecimiento al conjunto de los grupos parlamentarios. Tan democrático y
legítimo es estar a favor de una policía gallega y del traspaso de las competencias de tráfico como estar en contra de ello y manifestarse favorable a que las cosas sigan igual, pero lo que no es admisible, y permítanme que se lo diga, es que las
fuerzas políticas estatales, que se arrogan aquí la cohesión del Estado y el sentido institucional, digan una cosa en Galicia y otra diferente aquí en este Parlamento. Eso es lo único que no es admisible. No es el momento. Aprobamos nuestro
estatuto en el año 1981, va para treinta años de vigencia del estatuto ¿y aún no es el momento de ejercer las competencias en tráfico y seguridad vial? ¿Es diferente Galicia a Cataluña? Es el mismo procedimiento, pero tiene razón el representante
que dijo que es diferente Galicia a Cataluña, hay una diferencia: ellos son catalanes y nosotros somos gallegos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Porque, señores diputados y señoras diputadas, el único miedo que existe en esta Cámara
para la aprobación de esta proposición de ley no es ni el procedimiento legal ni la transferencia de competencias, el único miedo que existe, y yo les animo a que de una vez lo superen, es a que dentro de la arquitectura institucional del Estado
Galicia juegue el mismo papel que Euskadi y Cataluña; y ese papel lo jugaremos porque tenemos derecho a hacerlo, con policía o sin policía, aprobando esta proposición de ley o sin aprobarla, porque, como ya se dijo en otras fases y en otros
momentos, volveremos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quintana.
Señor Fernández.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Fernández Leiceaga): Gracias, señor presidente.
Antes de nada quisiera aprovechar para agradecer el tono y el contenido de las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos; algunos han apoyado nuestra proposición y otros lamentablemente no lo han hecho.
Quiero anunciarles
muy brevemente que como grupo parlamentario en el Parlamento de Galicia seguiremos defendiendo la transferencia a Galicia de estas competencias dentro del marco constitucional, bien utilizando el artículo 150.2 -que ahora no se considera oportuno
pero que entendemos que, a la espera de asistir a una reforma constitucional, sigue vigente de hecho-, o bien a través de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía de Galicia, que ya hemos planteado en el Parlamento de Galicia en fecha reciente.
En segundo lugar, diré muy rápidamente que una descentralización bien hecha contribuye sin duda a reforzar el conjunto de la arquitectura del Estado, porque el Estado somos todos, también las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Al
mismo tiempo, no debo insistir demasiado para convencerlos de los efectos corrosivos del agravio comparativo. ¿Por qué unas comunidades autónomas sí y otras no? Eso, cuando no tiene una buena explicación, acaba debilitando la legitimidad de las
instituciones y acaba provocando problemas. Por eso, ya les digo que seguiremos defendiendo la transferencia de estas competencias a Galicia.
Esperamos con expectación el resultado de la votación que se producirá a continuación, pero de antemano les agradezco a todos ustedes la atención que han mostrado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Señor Puy.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Puy Fraga): Muchas gracias, señor presidente.
También quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios, especialmente a aquellos que van a apoyar esta proposición unánime del Parlamento de Galicia o por lo menos a aquellos que han manifestado su máximo respeto, si no al momento, sí al
fondo de la cuestión.
Me gustaría hacer dos observaciones. La primera es que los grupos han hablado de la oportunidad del momento de realizar la transferencia, un momento que, efectivamente, como ha dicho algún portavoz, se puede diferir en el tiempo en función
de la negociación que el Gobierno del Estado pueda hacer con la comunidad autónoma. Pero si la disculpa que se pone es que no se ha desarrollado la policía autonómica, quiero recordar que el que está obstaculizando la puesta en marcha de la policía
autonómica es aquel que bloquea completar la unidad adscrita a la policía autonómica gallega, que es el embrión de la policía autonómica gallega.
Porque atendiendo a criterios de oportunidad uno puede esperar más o menos tiempo para que se realice
este traspaso, pero lo que sí sería tremendo es que aquel que tiene que facilitar que se ponga en marcha la policía autonómica sea el que pone como disculpa que esta policía autonómica no se ha puesto en marcha y el que bloquea esta policía
autonómica. Sé que si todos los grupos parlamentarios de todos los parlamentos opinasen lo mismo, probablemente lo que nos tendríamos que plantear es que no tendría que existir algún Parlamento. El Estado autonómico implica precisamente esto, que
grupos parlamentarios del mismo partido político en distintas cámaras pueden votar distinto. Lo anómalo sería que todos votáramos uniformemente siempre lo mismo. Entendemos que esto es una muestra más de la soberanía de esta Cámara, pero, como han
dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, quiero comunicar que sea cual sea el resultado -que esperamos todavía que sea positivo- es voluntad unánime del Parlamento de Galicia, como se ha dicho varias veces, continuar demandando esta
transferencia sobre la base de la lógica y de la racionalidad y no, como he dicho, por otro tipo de criterios.
Dicho esto, quiero agradecer nuevamente la atención prestada y dar las gracias a todas SS.SS. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puy.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 122/000239.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida per Catalunya Verds y
Mixto, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Para la defensa del mismo, en primer lugar, tiene la palabra don José María Benegas.
El señor BENEGAS HADDAD: Señor presidente, señorías, en primer término y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero expresar nuestra satisfacción porque esta proposición de ley es fruto del trabajo compartido y del acuerdo de todos
los grupos políticos de esta Cámara, es decir, de todos los representantes de la soberanía popular. Es un honor para mí poder defender esta proposición de ley desde esta tribuna. Esta no es una norma cualquiera, defender un proyecto como este para
mí tiene un significado especial, muy especial,
entre otras cosas por mi propia vida. La política es una actividad más noble cuando sirve para paliar el sufrimiento, para proteger y acompañar a los que han visto vulnerados sus derechos por la barbarie y por la violencia, cuando sirve
para fomentar valores universales como la paz y la tolerancia. El daño causado es irreparable. Las vidas sesgadas por el terrorismo, irrecuperables. El dolor acumulado, inmenso y, además, no tiene fin, porque se reproduce y se recrudece en cada
aniversario de muerte. A veces no somos plenamente conscientes del drama vasco que hemos vivido como consecuencia del terrorismo de ETA. Ha sido un drama no solo por la pérdida de seres queridos e inocentes, que, desde luego, por supuesto, sino
también por los años de olvido, por los años de soledad, por los años de amargura silenciosa, de inhibición de una parte sustancial de la sociedad prisionera de la cobardía, de la indiferencia y del desentendimiento ante el dolor humano. Manuela
Orantos, víctima del terrorismo, nos dijo a todos los cargos públicos en el palacio Euskalduna de Bilbao, el 22 de abril de 2007: No se olviden de nosotros, háganme el favor de recordar que aquí se derramó sangre inocente en nombre del pueblo
vasco. No pueden permitir que esto pase a la historia como si nada hubiera ocurrido. Nosotras ya hemos perdido. Es imposible que nos devuelvan a nuestros seres queridos, pero se puede perder todavía algo más: la dignidad personal y la dignidad
colectiva de todo un pueblo.
Aunque el mayor número de víctimas del terrorismo en España lo han sido por acciones de ETA, todos los ciudadanos bien nacidos de este país llevamos clavado en nuestras vidas y en nuestro corazón un 11 de marzo.
Ha sido el día más triste y
más dramático de nuestra democracia. Nos golpeó brutalmente un fanatismo de otro signo de manera inesperada.
Doscientos dos muertos, el mayor atentado terrorista perpetrado en suelo europeo. Fue algo que nos estremeció a todos. Nuestro recuerdo
de aquel día y de las víctimas de aquel atentado es permanente. Ese vacío, esa falta de empatía y solidaridad a la que hacía referencia al inicio, solamente es reparable a través de la memoria, y esta ha sido posible gracias a la presencia de las
víctimas en el espacio público, a su testimonio, gracias a que sus voces han recorrido las calles y pueblos de este país, haciéndonos ver que no hemos estado a la altura de las circunstancias, que no hemos sabido ser justos. Esto para cualquier
sociedad democrática es un baldón solo reparable a través de nuestro reconocimiento, homenaje y construcción de una memoria compartida que esté siempre presente en nuestra sociedad, que recuerde siempre el sacrificio y sufrimiento de las víctimas.
En Vasconia, el futuro de nuestra convivencia deberá ser construido ineludiblemente sobre la memoria de las víctimas como clara expresión de una sociedad que no quiere volver a vivir nunca más el dolor y el drama que estas han sufrido.
El creciente papel social desarrollado por las diversas asociaciones de víctimas a lo largo de los últimos años ha puesto de manifiesto las insuficiencias, las carencias, las lagunas, los olvidos de la ley vigente, que data de 1999. Las
asociaciones de víctimas nos han hecho ver y sentir la justicia y el fundamento de sus nuevas y viejas reivindicaciones en relación con la ley actualmente vigente. Las víctimas del terrorismo, obviamente, tienen los mismos derechos que todos los
ciudadanos, pero tienen algunos derechos más: el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación. Memoria, justicia y reparación, como se dice en la exposición de motivos, son las tres ideas
fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente proposición de ley. Esta se asienta también en una nueva concepción, que es la idea de la protección integral de las víctimas del terrorismo. La vida de las víctimas conforma
un todo, que se ve afectado por sus circunstancias, y es preciso proteger el todo; la reparación posible, por tanto, debe ser también integral. Desde esta perspectiva, la ley trata de abarcar todas las vertientes: la económica por el daño
sufrido, sea personal o material; la asistencia jurídica; la prestación de atención psicológica o psiquiátrica; tratamientos médicos; medidas de preferencia en relación con el empleo, la vivienda, la formación, la educación; becas especiales;
el fomento del movimiento asociativo y el apoyo a sus organizaciones. Además, la ley no solamente contempla el futuro, sino que la ley mira al pasado, porque sus efectos se retrotraen al año 1960. En el trámite parlamentario, además, vamos a
volver a hablar con todas las asociaciones para ver si algunas cosas todavía se pueden mejorar por amplio consenso de todos en relación con esta ley. Con esta proposición de ley estamos haciendo justicia, posiblemente con retraso, pero justicia con
quienes han sufrido en su propia carne los zarpazos del terrorismo.
Termino diciendo que, como representantes públicos, nuestro trabajo en este ámbito no termina con la ley. Es un paso adelante, un gran avance.
Esta ley va a constituir un referente para todos los países que tienen víctimas del terrorismo,
pero no todo lo que se debe hacer se puede recoger en una norma legal. Las leyes no recogen el cariño y el afecto que permanentemente y en toda circunstancia debemos mantener hacia las víctimas de la violencia. La lucha contra el olvido debe ser
permanente.
Las sociedades tienen una tendencia autodefensiva a pasar las páginas amargas con rapidez. Lo que ha ocurrido no se puede olvidar. Una verdadera cultura de paz y libertad solo se puede construir manteniendo viva la memoria de lo
ocurrido para que nunca jamás vuelva a suceder.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Benegas.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Alfonso Alonso.
El señor ALONSO ARANEGUI: Señor presidente, señorías, en primer lugar quiero saludar a los representantes
de las asociaciones de víctimas que nos acompañan desde la tribuna esta tarde y que son, sin duda, los protagonistas de la proposición de ley que hoy defendemos. Como decía el señor Benegas, para mí también supone desde el punto de vista
personal un honor especial defender esta toma en consideración, porque yo también, como él, vengo del País Vasco. Es verdad que en el País Vasco hemos tenido la experiencia cotidiana del terrorismo y, por tanto, nuestra vida y nuestra vocación
política viene muy marcada por eso. El terrorismo ha golpeado a todas las comunidades, a todos los rincones de nuestro país, a toda España y, por tanto, no es una cosa de vascos, sino algo que nos une a todos los españoles, una tragedia que nos ha
afectado absolutamente a todos, y no solo por ETA sino, como recordaba también el señor Benegas, por otras organizaciones terroristas, por otras amenazas que buscan también destruir los cimientos de nuestra democracia, de nuestra libertad y de
nuestra convivencia. También debo destacar, en primer lugar, el hecho de que se haya producido en torno a este asunto una unidad que no es tan frecuente en los tiempos que corren, donde es difícil establecer consensos amplios. Espero que la unidad
que hoy tenemos en torno a las víctimas del terrorismo se perciba como un signo de esperanza de que es posible volver a retomar el camino en el que fortalezcamos los consensos básicos y que podamos encontrar un proyecto común que aglutine a la
sociedad española y que le lleve a afrontar el futuro con garantías. Esa es, sin duda, la vocación del Partido Popular, la de unir, la de sumar, la de superar las divisiones, la de fortalecer el prestigio de la Constitución y del Estado de derecho.
Señorías, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas del terrorismo y de su significado político -que viene recogido en la ley desde su exposición de motivos- implica la vigencia del mensaje de los que fueron asesinados por defender la
libertad de todos, que fueron privados de sus vidas por aquellos que pretenden imponer un proyecto totalitario. Quiere decir que los terroristas no han conseguido callar la voz de tantos hombres y mujeres libres, que durante mucho tiempo tuvieron
que vivir y lanzar su mensaje desde la más absoluta de las soledades y desde la incomprensión. Pero hoy las víctimas son la referencia ética de la democracia española, porque a pesar del dolor y del vacío inmenso jamás han apelado a la venganza o
al odio. Su compromiso, en cambio, ha sido y es defender la vida. Su causa ha sido la de nuestra libertad y sus principios la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia. Por eso, hoy más que nunca, cumplimos con lo que es debido.
Señorías, el debate se celebra, además, en un momento especialmente oportuno para que juntos podamos reafirmar el compromiso por las libertades y contra el terrorismo. Si somos capaces de estar unidos en apoyo a las víctimas debemos ser
capaces de mantener la unidad en la lucha contra los terroristas. Esa unidad se fundamenta en la voluntad de derrotar al terrorismo utilizando todos los resortes del Estado de derecho, sin posibilidad ninguna de transacción, sin beneficios ni
precios que pagar ni por matar ni por dejar de hacerlo. La primacía de la ley no puede ser menoscabada por la voluntad de unos criminales totalitarios. Ya sabemos cuál es su voluntad, pero debemos repetirles que no tienen ninguna esperanza de
conseguir nada; que el único futuro que pueden esperar es el de su desaparición, y que la democracia española no puede nunca mostrar complacencia o generosidad con los asesinos. Por eso, rechazamos lo que diga ETA, porque es solo una repugnante
justificación de su actividad criminal. Lo importante es que tengamos la certeza de que ETA puede y debe ser derrotada por el Estado de derecho y que, por tanto, ETA acabará cuando nosotros acabemos con ella. Señorías, probablemente ETA atraviesa
el momento de mayor debilidad de su siniestra historia, y esta es la consecuencia del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la contundencia del Estado de derecho, de la deslegitimación social y política del terrorismo y de la
perseverancia de las víctimas del terrorismo. Y ahora que en la debilidad ETA busca oxígeno y pretende de nuevo el engaño para estar presente en las instituciones, debemos responder que la democracia no puede jamás considerar a una organización
terrorista como un sujeto político. El Partido Popular concede la mayor importancia y prioridad a las modificaciones legales que cierren la puerta a que una franquicia de ETA se cuele en las instituciones. Ojala llegue pronto al debate de esta
Cámara. Señorías, señor ministro, el Gobierno sabe -y yo se lo reitero desde esta tribuna- que cuenta con el apoyo del Partido Popular para derrotar al terrorismo, para derrotar a ETA. Sabe que es un apoyo que no se pierde en los reproches del
pasado pero, de la misma manera, es un apoyo exigente en la firmeza y en la contundencia de la acción del Estado.
Señorías, la proposición que tomamos en consideración hoy introduce novedades muy importantes, en primer lugar, como decía el señor Benegas, porque es una ley integral que perfecciona el amparo normativo a las víctimas del terrorismo que
hasta ahora estaba en vigor; amplía el ámbito de protección de las víctimas hasta 1960; se aplica con carácter retroactivo; actualiza y mejora las prestaciones; contempla una serie de medidas y actuaciones en materia social, sanitaria, de
empleo, seguridad social, etcétera. Atiende situaciones que no estaban debidamente cubiertas hasta el momento y en ese sentido, y por la protección integral que ofrece a las víctimas, a su dignidad y a sus necesidades, es en mi opinión una
proposición trabajada, sensible y completa.
Hay una novedad que quisiera destacar que es importante. En el artículo 5 se reclama una especial atención de las administraciones públicas para los amenazados, con lo que por primera vez se reconoce la violencia de persecución que siguen
padeciendo en España centenares de personas. Es verdad que muchas víctimas del terrorismo fueron primero personas amenazadas y que muchas de ellas lo siguen siendo por el coraje y por la claridad con la que combaten a los terroristas, y es de
justicia también hoy recordar a los que desde su actividad profesional o su compromiso personal arriesgan su integridad física y su bienestar en defensa de la libertad.
Señor presidente, esta proposición no puede convertirse solamente en una ley para las víctimas del terrorismo, ha de ser también la ley de las víctimas del terrorismo. Ellas tienen que ser protagonistas en su tramitación, como lo han sido
también en su gestación. Quiero, por tanto, en primer lugar, dar las gracias a las víctimas en nombre de mi grupo por el trabajo que han realizado y, en segundo lugar, pedir que se dé la oportunidad de participar y comparecer en la ponencia a las
diferentes asociaciones y fundaciones de víctimas de manera que su voz se escuche en este Parlamento. Debo decir también que el trabajo con el Gobierno a través del ministerio y de la dirección de víctimas, con los portavoces del PSOE, el señor
Benegas y el señor Hernando, y con los demás portavoces ha sido un trabajo positivo y fructífero. Por eso creo que lo que empezó bien habrá de terminar -espero- mejor.
Señor presidente, termino ya. Quiero hacerlo como comencé, poniendo el valor en el consenso y en la unidad porque esa es nuestra mejor herramienta de trabajo. Con el tiempo es el acuerdo el que ha permitido que contemos con mejores
instrumentos, entre los más importantes sin duda el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo alcanzado durante el Gobierno del Partido Popular, también el acuerdo que hemos adoptado hoy, así como el pacto que mantiene el Partido Socialista
de Euskadi y el Partido Popular para un cambio democrático al servicio de la sociedad vasca. Este último acuerdo ha hecho posible que un nuevo Gobierno, el del lehendakari Patxi López, fije como prioridad en el País Vasco la derrota del terrorismo,
la deslegitimación de la violencia y la defensa de nuestros marcos de convivencia en torno a la Constitución y al Estatuto de Gernika y ha abierto una nueva puerta a la esperanza para millones de vascos y de españoles. Por eso quiero terminar
también con un mensaje desde el corazón, porque soy vasco y porque creo que responde al interés general de todos los españoles: no lo pongamos en riesgo, trabajemos para que cada día sea más sólido, nosotros desde nuestra responsabilidad y el
Gobierno de la nación y el partido que lo sustenta anteponiendo siempre el interés general a las urgencias del presente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra doña Mercè Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, desde Convergència i Unió asumimos con agrado la coautoría de esta iniciativa legal, que tiene como objetivo el reconocimiento y el apoyo integral a las víctimas del terrorismo, al tiempo que celebramos y queremos
poner especialmente en valor el que el apoyo a las mismas sea sin fisuras y se haga por unanimidad, por consenso de todo el arco parlamentario; unanimidad en apoyo a las víctimas y unanimidad también en el rechazo al terrorismo, que lo que debe
hacer es dejar las armas, dejar de matar de manera definitiva, que es lo que la sociedad espera que haga. Aprovecho para reiterar una vez más que por parte de mi formación política vamos a apoyar al Gobierno, como hemos hecho con todos los
gobiernos, en su estrategia en la lucha contra el terrorismo.
Señorías, tanto los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra como a buen seguro los que me seguirán van a glosar diversos aspectos de la iniciativa que estamos viendo, por lo que es difícil evitar la reiteración de argumentos
que sustancialmente hacemos nuestros.
Por ello desde Convergència i Unió quisiéramos únicamente destacar algunas consideraciones globales respecto a esta iniciativa. La primera es que consideramos de importancia resaltar que, a diferencia de un
proyecto de ley cuya autoría es solo del Gobierno, lo que hoy estamos tramitando es una proposición de ley, lo cual quiere decir que es la propia ciudadanía, la propia sociedad española quien a través de sus legítimos representantes en esta Cámara
es la que quiere ser autora de la iniciativa parlamentaria y, de esta manera, rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, al tiempo que quiere reconocer un compromiso y solidaridad permanentes con todas las personas que lo han sufrido o lo puedan
sufrir, un reconocimiento que es también y al mismo tiempo una deslegitimación ética, social y política del terrorismo.
Quisiera también en nombre de Convergència i Unió reconocer y agradecer el trabajo incansable de las asociaciones de víctimas. Su labor constante ha hecho posible que en su día nacieran las primeras previsiones normativas, recogiendo y
amparando la singularidad y complejidad de las situaciones en las que se encuentran las víctimas, así como que estas previsiones normativas fueran ampliándose y adecuándose, y finalmente han hecho posible que hoy podamos tomar en consideración un
cuerpo legal unitario que, en buena medida, recoge -como no podía ser de otra manera- propuestas de las asociaciones de víctimas. Precisamente en la ley se dedica un capítulo especial al fomento del movimiento asociativo, reconociendo así la
esencial labor desarrollada por las asociaciones y organizaciones de víctimas; un texto del que también queremos resaltar su integralidad -se ha dicho ya aquí-, porque compendia, unifica y actualiza todos aquellos aspectos presentes en la normativa
vigente, a la vez que incorpora nuevas medidas que responden precisamente a propuestas de los colectivos de defensa y representación. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Así, por ejemplo, a efectos del
reconocimiento subjetivo de la condición de víctima, se completa la regla de la territorialidad con el principio de ciudadanía. La incorporación normativa de este principio, impulsado entre otras por la Asociación catalana de víctimas de
organizaciones
terroristas, llevará como novedad a proteger a los españoles que sufran atentados terroristas fuera de España y de la Unión Europea.
La normativa que estamos viendo constituye un cuerpo legal que regula de manera unificada las prestaciones, ayudas económicas directas y todas aquellas que permitan que la incorporación a la vida familiar, social o laboral se realice en las
mejores condiciones posibles; incorpora nuevas medias que estaban contempladas ya en leyes autonómicas e incrementa el importe de las ayudas previstas en la legislación anterior. Mención especial nos merece la aplicación retroactiva de la ley a
todos los actos acaecidos a partir del 1 de enero de 1960, así como que se abra dicha aplicación retroactiva también a quienes en función de la legislación anterior hubieran percibido en concepto de ayuda cantidades que resultan inferiores a las
previstas en el texto que estamos debatiendo. Asimismo contiene medidas de respeto a las víctimas en relación con el tratamiento que debe darse en los medios de comunicación; la incorporación de la nueva figura de los amenazados y la consagración
del principio de mínima lesividad, de manera que en el desarrollo del proceso penal las víctimas no se vean obligadas a mantener contacto visual directo con los acusados, son también medidas recogidas en la ley que queríamos señalar. Es un proyecto
de ley, cuya toma en consideración hoy iniciará su tramitación parlamentaria, que implicará que, como se ha dicho, vayamos a escuchar las aportaciones que las distintas asociaciones han hecho y previsiblemente nos van a hacer llegar, todo lo cual
podrá traducirse en enmiendas que mejoren sin duda el texto que finalmente va a salir de la Cámara. Se trata de un texto, pues, todavía vivo pero que tiene ya trazadas unas importantes líneas maestras.
Señorías, finalizo tal como comencé, reiterando el apoyo de mi grupo parlamentario a esta iniciativa que rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y expresa y concreta su compromiso con ellas, ya que, tal y como se recoge en la exposición
de motivos, la dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones de terrorismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, no quería empezar mi discurso, mi parlamento, de esta manera, pero, señor Alonso, permítame que le diga que nosotros presumíamos que este iba a ser un debate basado en la solidaridad,
en la unidad que hemos logrado concitar sobre los problemas de las víctimas. No se pueden hacer invocaciones de esta naturaleza y simultáneamente realizar reflexiones políticas colaterales estigmatizadoras de determinadas organizaciones políticas
que posteriormente van a dificultar el consenso que usted preconizaba; opiniones personales o de su grupo parlamentario que no interesan a las víctimas. Ha hecho muchas reflexiones colaterales, ha hablado más de terroristas que de víctimas. Lo
que empieza bien usted estimaba que podía acabar mejor. Ojalá acabe mejor, pero para eso tenemos que articular discursos de naturaleza diferente y no seguir patrimonializando el dolor de las víctimas para conseguir réditos políticos o lo que fuera.
Dicho esto, nosotros teníamos como tesis, señora presidenta, hablar de víctimas y manifestar nuestra solidaridad con ellas, nuestra empatía.
Decía Eduardo Galeano que la utopía está en el horizonte. Uno da dos pasos hacia la utopía y la
utopía se retira dos pasos más allá, uno da diez pasos hacia la utopía y la utopía se retira diez pasos más allá.
Entonces le preguntaba a Eduardo Galeano: ¿En qué consiste el valor de la utopía? En eso, en que nos obliga a avanzar y a convertir
la utopía en realidad. Nosotros queríamos en relación con las víctimas convertir la utopía en realidad. Queríamos convertir la utopía en realidad a través de un consenso inédito y sin precedentes en esta Cámara por la problemática de las víctimas
y por las siguientes razones: porque nosotros somos los primeros en aceptar que hay silencios liberadores y hay silencios acongojantes. Sobre las víctimas se han practicado históricamente durante mucho tiempo por todos los partidos y por todas las
instituciones silencios acongojantes, y tenemos que superarlos con voces liberadoras, en la medida de las posibilidades, porque el propio Pérez Esquivel decía que el dolor de las víctimas es infinito pero se puede apaciguar, se puede atenuar.
En relación con las víctimas y con una buena ley de víctimas, que tiene que basarse en postulados que se consignan y se preconizan en la propia exposición de motivos de la ley, a valores tan importantes como memoria, dignidad, justicia y
verdad hay que añadir algo que no se ha dicho pero que las víctimas han trasladado a nuestro grupo y a los demás grupos parlamentarios: deseos de paz. Si hay esperanzas de paz, hay que buscar y optimizar todas las posibilidades que haya en
relación con el objetivo de la paz, que es lo que va a acabar en definitiva en términos absolutos con las víctimas, y hacerlo de forma consensuada, uniforme, mediante el diálogo, según los consensos políticos que han servido para articular los
fundamentos de esta importante proposición de ley. Esta es también una buena ley de víctimas, señora presidenta, porque recoge la voz de las víctimas; mejor dicho, las voces de las víctimas. Las voces de las víctimas no son uniformes, no son
homogéneas. También las víctimas poseen sensibilidades diferentes y formas o mecanismos diferentes de atender a su problemática. Aquí se ha buscado un punto de síntesis y de equilibrio, que lo hemos alcanzado con las víctimas, afortunadamente.
Por esto es la ley de las víctimas, porque recoge y se fundamenta la voz de las víctimas. Por eso esta es una buena ley de víctimas para reparar a las víctimas del terrorismo.
Una buena ley de víctimas del terrorismo -esta puede ser una buena ley de víctimas del terrorismo- es aquella que acaba con esa pretensión bastarda de patrimonializar el dolor de las mismas para obtener réditos políticos.
Esta lo puede
conseguir también. Es una ley que se ha basado en consensos de espectro político tan amplio que puede hacer que los políticos renuncien al comprensible dolor de las víctimas para obtener réditos políticos o rentabilidades políticas que son
manifiestamente bastardas.
Voy a poner un ejemplo que resulta paradigmático. Hubo una administración vasca presidida por un lehendakari del Partido Nacionalista Vasco que fue estigmatizada por una pretendida falta de sensibilidad con las víctimas
del terrorismo. Nunca se interpuso contra esa Administración un recurso contencioso administrativo por parte de ninguna asociación de víctimas.
Sin embargo, de aquellos gobiernos que alentaron la estigmatización de esa Administración concreta
vasca, este Gobierno sufrió -en virtud de las declaraciones de los letrados de las asociaciones de víctimas del terrorismo- una media de 700 contenciosos administrativos relativos a los derechos de las víctimas indebida o insuficientemente atendidos
durante la época en que esta Administración gobernó el Estado español.
Una buena ley de víctimas es aquella que automáticamente refuta y denuncia a los victimarios. Por eso esta es también una buena ley de victimas, porque refuta y denuncia a los victimarios. Una buena ley de victimas es también una ley de
víctimas que establece el punto de retroactividad en el año 1960, por una razón fácil de comprender y que hemos negociado entre todos. En el año 1960 se empezaron a sufrir los primeros atentados de la organización terrorista ETA, poco después de
otras organizaciones terroristas de ámbito revolucionario o vinculadas en algunas ocasiones posteriores a los aparatos del Estado; incluso durante la década de los cincuenta todavía se estuvieron dilucidando responsabilidades del régimen franquista
contra los republicanos, hasta el extremo de que hay un punto de intersección en el año 1960 que es perfectamente correcto, porque todo lo anterior debe ser atendido bien por la Ley de Memoria Histórica o por otras leyes existentes, y todo lo
posteriormente ocurrido tiene que ser atendido por una ley de estas características. Una buena ley de víctimas es una ley, como ha sido comentado ya, que determine exactamente cuál es la condición de amenazado, que son personas que sufren muchas
veces en silencio, y sobre todo que determine los criterios objetivos para la protección de estos amenazados y evite polémicas estériles que hemos sufrido recientemente en relación con qué amenazados deben ser objeto de protección y qué amenazados
no lo deben ser. Una buena ley de víctimas debe establecer criterios objetivos o posibilitar una evaluación objetiva del componente de riesgo para establecer las medidas de protección a estos amenazados. Una buena ley de víctimas tiene que
incardinarse en la defensa de los derechos humanos o en la defensa -como hace precisamente esta ley de víctimas- de los derechos de las sociedades más democráticas y más abiertas de carácter constitucional y de carácter democrático. Una buena ley
de víctimas debe basarse en el principio de igualdad; situaciones iguales de las víctimas deben ser objeto de una atención igual. La propia uniformidad, el propio carácter unitario de esta ley lo posibilita. Debe constituir un cuerpo legal
unitario para posibilitar lo que las víctimas necesitan fundamentalmente, que es la incorporación a la vida familiar y social. Una buena ley de víctimas requiere superar y corregir las lagunas que existían en una regulación anterior, un poco de
aluvión, un tanto desordenada, que esta ley corrige adecuadamente, sobre todo en materia indemnizatoria; lagunas tan importante como la de establecer, cuando se producía un fallecimiento por una acción terrorista, cuál es el orden de protección de
los beneficiarios, de las indemnizaciones previstas. Cuestiones como estas han provocado complicaciones de entidad no menor.
Una buena ley de víctimas -voy acabando, señora presidenta- debe prever los sistemas de atención médica, psiquiátrica, psicológica, necesidades de prótesis y otras de otra naturaleza; debe garantizar la dignidad de las víctimas mediante la
complicidad -esto es manifiestamente importante- de los medios de comunicación para evitar campañas difamatorias de las víctimas, para garantizar la intimidad de las víctimas del terrorismo mediante la articulación incluso de procesos de formación
de los profesionales de los medios de comunicación. Una buena ley de víctimas, señora presidenta, requiere, en definitiva, en el ámbito procesal la menor lesividad posible mediante el acceso universal a la justicia gratuita y mediante los
procedimientos menos lesivos para las víctimas de una acción terrorista. Por último, señora presidenta, una buena ley de víctimas requiere, sobre todo y fundamentalmente, no convivir con esta patológica normalidad con la que se ha convivido durante
tantos años como si las víctimas sencillamente no existieran. Esta es una buena ley de víctimas en términos teóricos o ideales. Esta buena ley de víctimas se corresponde exactamente con el texto articulado cuya tramitación se inicia hoy.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ya se ha dicho por parte del portavoz del Grupo Popular que el azar ha querido que debatamos esta toma en consideración poco después del comunicado de ETA haciendo público el alto el fuego. Al hilo de la intervención del mismo
portavoz popular permítanme que diga que para nosotros constituye una noticia positiva, y lo digo sin ningún género de dudas. Una cosa
es que sea deseable un cese definitivo, total y además sin contraprestaciones, pero ello no hace menos significativo un compromiso por parte de esta organización armada de no realizar acciones y por tanto de seguir matando. Otra cosa son
las dudas y el lógico escepticismo ante tantas oportunidades perdidas y fallidas en el pasado, lo cual no debe llevar siempre a ver el vaso medio vacío. Constituye evidentemente un pequeño paso, un paso modesto pero positivo y como tal requiere
también que se profundice con otros que nos lleven en el futuro a la paz y a la normalización política. Eso requiere también un esfuerzo generoso por todas las partes. Por tanto, contrariamente a lo que se ha dicho, debe ser un auténtico estímulo
y un acicate para encauzar el acuerdo político a través del diálogo, y creo sinceramente que la historia demuestra que procesos como este reclaman, insisto, ese esfuerzo de generosidad y de aparcar la visceralidad, que por cierto son ingredientes
que en el pasado han contribuido a solucionar otros fenómenos de violencia tan complejos como este, como el que conocimos en Irlanda del Norte.
La presente proposición de ley parte de la premisa que compartimos, y por ello la suscribimos en su momento, de que si el Estado debe cuidar siempre de forma prioritaria los intereses de aquellas personas que son víctimas de los delitos.
Lógicamente con más razón debe actuar de forma más diligente, si cabe, con las víctimas del terrorismo; en definitiva con las víctimas del sufrimiento y del daño casi siempre irreparable que supone el terrorismo, las amenazas, las acciones
terroristas, quizá la mayor y más terrible vulneración de los derechos humanos. Esta es una iniciativa legislativa, cuyo contenido no voy a glosar -ya se ha dicho-, que aporta cosas novedosas: desde la ampliación del espectro o noción de víctima
del terrorismo que supone un baremo indemnizatorio idéntico para todas las víctimas, que acaba con algunos agravios comparativos y también introduce un amplio régimen de protección social. Por tanto, en este sentido, es una buena ley. Otra cosa es
-debo decir que no la compartimos, ya lo dijimos en su momento- la integridad de su texto. Lo hemos suscrito, como todos los grupos, pero no hemos contribuido a su redacción, quizá porque, como invocaba el Grupo Popular hace unos minutos, esta es
una ley tributaria de un pacto antiterrorista que nosotros siempre hemos juzgado como un acuerdo y un pacto excluyente y dudosamente democrático. En todo caso, quiero subrayar, señorías, para ir acabando, una discrepancia profunda, que va a ser
objeto de enmiendas por parte de Esquerra; ya lo fue en su día en sede del debate de memoria histórica, pero no fueron atendidas. Señorías, cuando se habla del dolor humano las lágrimas no son solo de unos, especialmente si el silencio tiñe, tapa
y enmascara el dolor de otras víctimas, desde los que aguardan la posibilidad de recuperar los maltrechos cuerpos que todavía están en las fosas comunes o los que, desgraciadamente, ignoran el paradero de muchos desaparecidos de la dictadura y
también de la transición política.
Todos ellos, señorías, deben poder llorar a sus muertos, también honrarles y dedicarles calles y plazas. La ley parte por tanto de la perspectiva, señorías, de que bajo un régimen fascista la lucha armada no es
terrorismo, en cambio sí lo es en un Estado de derecho. Eso nosotros no podemos compartirlo. Sinceramente no entendemos, lo hemos dicho más de una vez, por qué se resarce a la víctima de un maquis y, en cambio, no a un maquis que fue asesinado a
bocajarro por un guardia civil. Qué sucede también con las víctimas de organizaciones fascistas parapoliciales durante la transición. Solo es asumible reconocer las víctimas del terrorismo si se reconoce también a otras víctimas, a todas las
víctimas.
Por tanto, la verdadera reconciliación de las víctimas y de la misma sociedad solo será posible si se metabolizan en clave de justicia y de reparación de todas las víctimas sin ningún tipo de exclusión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, comparte esta iniciativa de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, porque esta iniciativa no es otra cosa que el propósito de rendir tributo y expresar
recuerdo, reconocimiento, respeto, afecto y solidaridad con las víctimas del terrorismo. Supone también concretar y mejorar la protección del Estado, la garantía y la eficacia de los derechos de las víctimas de forma, a ser posible, integral. Es
la voluntad de la ley. Pero el valor más preciado de esta propuesta es que se fundamenta en la unidad de las fuerzas políticas, eludiendo cualquier tentación partidista y de patrimonialización de las víctimas. Se fundamenta también en la
participación de las organizaciones de víctimas afectadas y en el entendimiento y coordinación entre las administraciones públicas. Por tanto, para nosotros no solamente es importante el valor, el objetivo de la iniciativa sino también el método,
el procedimiento que se ha ofrecido en esta proposición de ley. Cabe destacar igualmente que el texto recoge la mayoría de las recomendaciones internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Europa y específicamente del Parlamento
Europeo en materia de victimología.
La Ley 32/1999 supuso un avance. La presente proposición de ley repara las insuficiencias y dificultades de la aplicación de esta ley ya pasada que se han detectado en la última década y en la restricción de los derechos procesales, por
ejemplo. También esta iniciativa da continuidad a la Ley de Memoria Histórica que sigue, aunque de manera insuficiente, este mismo camino: el de la memoria frente a la amnesia pero también frente a la insensibilidad y a la equidistancia en la
lucha contra cualquier tipo de terrorismo; el de la justicia frente a la
venganza, pero también frente a la impunidad; y el de la reparación, reparación que es un hecho de justicia, pero que también significa un paso previo a la reconciliación y a la convivencia. Por todas estas razones vamos a respaldar esta
iniciativa, que en los aspectos materiales completa el marco de indemnizaciones por los daños sufridos y su reparación se proyecta amparando a las víctimas de actos acaecidos a partir del año sesenta. En segundo lugar, también se destaca el valor
de la memoria y la dignidad de la persona junto a la consideración del terrorismo como vulneración de los derechos humanos fundamentales.
También se plantea una persecución más eficaz y con mayor claridad del enaltecimiento del terrorismo y de la
humillación de las víctimas y se vela por el respeto a las víctimas en su tratamiento en los medios de comunicación. Aunque nada ni nadie puede compensarlas por el sufrimiento vivido, reparar los daños sufridos y mantener su recuerdo es una
obligación de todos los demócratas porque las víctimas del terrorismo, también las víctimas del franquismo, significan y simbolizan los valores del Estado democrático de derecho violentados por el terror. Por eso, señorías, sería deseable que
lográramos mejorar este texto mediante un desarrollo normativo con las comunidades autónomas y con los municipios que nos parece que en esta iniciativa están no ignorados pero sí orillados porque es una iniciativa con un carácter administrativo y no
pluriadministrativo.
En segundo lugar, nos parece que hay una pega en algunos conceptos de amplia lectura de indeterminación legal. Por ejemplo, autocontrol de la publicidad o mínima lesividad para las víctimas son conceptos jurídicamente indeterminados y por
tanto merecería la pena determinarlos en el trámite de ponencia. En referencia a la dignidad de las víctimas, en nuestra opinión la justicia no es solo para evitar situaciones de desamparo sino también para restaurar la convivencia. Y por último,
sería conveniente determinar la periodicidad de los informes sobre situación de las víctimas, dando una vuelta, si es posible, a las indemnizaciones excesivamente rígidas establecidas en el anexo 1, al igual que se hace en la tabla número 3.
Señoras y señores diputados, en definitiva nos parece una iniciativa necesaria, una iniciativa integral que pone en valor la memoria, la justicia la reparación para todas las víctimas, donde queda mucha tarea todavía por hacer.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señor ministro, señorías, asociaciones de víctimas del terrorismo, después de todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tengo que empezar por decir que me siento
identificada y hago mías la mayor parte de las cuestiones que aquí se han dicho, sobre todo aquellas que tienen que ver con el contenido de la ley y con el paso que hoy estamos dando. Por tanto, utilizaré mi turno para enfatizar algunas cuestiones,
casi todas ellas no para contraponerlas a las cosas que aquí se han dicho sino para darles precisamente mayor importancia o por lo menos plantear la importancia que a mi juicio tienen, sin perjuicio de que me siento obligada a hacer una pequeña
enfatización -pequeña en el tiempo- que en este caso sí que es una contraposición. Es una reflexión que le quiero hacer a mi compañero Joan Ridao en referencia a su reflexión inicial, no en lo que tiene que ver con los encapuchados porque creo que
no tenemos tiempo para eso, aunque naturalmente no comparto su reflexión; no voy a hablar de eso.
Usted decía que la parte que no le gusta de esta ley es que es una ley tributaria del Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Eso es
precisamente lo que más me gusta a mí de esta iniciativa, que es una ley tributaria del Pacto por las libertades y contra el terrorismo, que fue una gran cosa que se hizo y que ha tenido, desde el punto de vista democrático, excelentes resultados
para el Estado de derecho.
También explicaba usted, señor Ridao, cómo debiera ser la reconciliación.
Yo quiero decir a SS.SS. -y esta es una reflexión que hago en alto y para todo el mundo- que esta no es una ley para la reconciliación. Esta ley tiene un título y
un contenido, y es para el reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, de eso estamos hablando y eso es lo que queremos hacer, esa es la asignatura pendiente que tenemos todos -y creo que en eso podemos compartir todos la
reflexión- con las víctimas del terrorismo que, como ya se ha dicho por parte de algún otro portavoz -creo que el portavoz del Grupo Socialista, señor Benegas-, tienen sus derechos, los que tienen como ciudadanos, que son suficientes, no necesitan
ninguno más; tienen su derecho a ser escuchados, su derecho a ser reconocidos, su derecho a que se regule y legisle, como muy bien decía también el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, en una ley integral, lo que estamos haciendo hoy. Pero hoy
hablamos de eso, de una asignatura que tenemos los demócratas, que hemos ido aprobando porque se han ido haciendo cosas antes que esta ley, pero que hoy queremos ponerle un colofón, adaptarlo a las circunstancias y cubrir aquellos aspectos que no se
habían cubierto hasta el momento presente. Porque, insisto, las víctimas son ciudadanos, por eso son víctimas. El señor Olabarría decía que no le gustaba que se hablara de terrorismo y que habíamos venido a hablar de víctimas. Claro, no
hablaríamos de víctimas si no hubiera terroristas y es inevitable que hablemos de esto porque, utopía por utopía, mi utopía es que la deroguemos, que esta ley sea inútil dentro de poco tiempo, que la podamos derogar entre todos los que estamos aquí.
Utopía por utopía, supongo que esta también la compartimos todos.
Dicho todo esto, se trata de hacer justicia, de proclamar memoria y dignidad. Creo que era el portavoz de Izquierda Unida quien citaba la palabra venganza precisamente para
denostarla. Por cierto, las víctimas nunca la pidieron. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Cuando pasen suficientes años y alguien estudie lo que ha sido este periodo de la democracia española, quizá desde fuera porque igual desde
dentro no tendremos la capacidad para hacerlo, alguien tendrá que reconocer que en esta sociedad, en esta joven democracia que venía de una dictadura, nunca las víctimas, nadie, ni los uniformados ni los no uniformados, pidieron venganza y yo creo
que es algo que también debemos recordar hoy que estamos debatiendo sobre esta ley de reconocimiento de víctimas.
Para ir finalizando, siendo una asignatura pendiente, también podemos compartir entre todos que el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas del terrorismo, algunas de las cuales están sentadas no solo en la tribuna, sino aquí abajo,
entre los diputados, es recordarnos todos de forma permanente que el totalitarismo nunca se ha convertido a la democracia. Nunca en la historia de la humanidad los movimientos totalitarios se han convertido a la democracia y creo que vendría bien
que lo recordáramos de vez en cuando. La democracia les ha tenido que derrotar. Esta es nuestra historia, la historia de esta humanidad, jamás se han convertido y, por otra parte, la democracia ha triunfado cuando nunca se ha declarado en tregua,
tampoco la democracia. Precisamente en reconocimiento de estas víctimas, de su memoria y de su sufrimiento, insisto, de las que están allá y de las que están aquí también sentadas entre nosotros, a quienes debemos no el cariño, que es una cosa
personal y que lo tenemos o no lo tenemos -yo a las tres que veo aquí las quiero por igual-, sino el respeto, que es lo que las víctimas siempre han pedido. Lo otro, insisto, son sentimientos personales.
Para finalizar, y como mejor homenaje, recomendaría -empezando por mí misma- la relectura -para no olvidar esas cosas que son tan importantes cuando nos entran las dudas y no sabemos cómo identificar- de un pequeño ensayo de Montesquieu que
además de hablar de la separación de poderes, que siempre es importante recordar, se refiere al auge y la decadencia del Imperio romano.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, debe acabar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino.
En ese ensayo sobre el auge y la decadencia del Imperio romano, por si hiciera falta -que espero y deseo que no haga falta-, recordaba cómo en la época de la decadencia del Imperio romano los romanos empezaron a pagar por la paz, decía que a
veces por debilidad y otras veces por cobardía. Decía que no es recomendable pagar por la paz; el que te la ha vendido se encuentra en mejor situación para hacerte pagar de nuevo. Eso lo podríamos ahora mismo suscribir entre todos nosotros y
merecería la pena que no lo olvidáramos nunca precisamente por la memoria y por la dignidad de las víctimas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 27 de junio Su Majestad el Rey pedía en esta Cámara unidad, determinación y solidaridad para terminar con el terrorismo de ETA en nuestro país. Desde Unión del Pueblo Navarro creemos que esos valores deben impregnar toda
nuestra actividad política. Afrontamos la tramitación de esta proposición de ley firmada por todos los grupos de esta Cámara bajo esos principios a los que se deben unir como corolario obligatorio el cariño, el respeto y el agradecimiento de todo
un país a las familias, amigos y compañeros de las miles de víctimas a las que fundamentalmente ETA arrebató injustamente su vida y su libertad. Un agradecimiento, señor Ridao, por la respuesta siempre mesurada y templada de quienes, pudiendo estar
tentados de recurrir a la violencia, a la venganza o al ojo por ojo, optaron por delegar en el Estado de derecho, en sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la justicia y también en nosotros, los políticos, que entre todos diéramos una respuesta que
fuera justa, firme y compartida por la inmensa mayoría de los españoles. El ejemplo admirable de su contención ante el zarpazo terrorista está ahí y seguirá ahí como expresión máxima de fortaleza, de coraje cívico y de espíritu de superación -y, en
muchos casos, de perdón- de un pueblo como el español demasiado acostumbrado a enfrentamientos cainitas entre hermanos.
Todo ello nos obliga a estar a la altura de ese sacrificio y de este comportamiento único. Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa intenta llenar ese vacío imposible de comprender. Se trata de una proposición de ley que constituye
una obligación, una necesidad y una oportunidad. Sabemos que es imposible resarcir el dolor y, obviamente, la ausencia, pero estamos obligados a demostrar permanentemente nuestra solidaridad con todas las víctimas, no solo a través de las medidas
eficaces de apoyo y ayuda recogidas en la proposición de ley, sino también renovando con lealtad unos imprescindibles acuerdos políticos que trasladen a todas esas víctimas la determinación de nuestra lucha hasta la victoria final, sin desencuentros
políticos entre partidos democráticos, sin utilización interesada de la violencia, sin que nadie aproveche electoralmente el chantaje de los violentos, sin negociaciones políticas bajo manga y sin atajos inconfesables en la lucha policial y judicial
contra los terroristas.
Ninguna banda terrorista puede erigirse en la guardiana de la libertad y mucho menos en su legítima defensora. La libertad se gana, se conquista y España hace tiempo que se conjuró para garantizarla como paso previo de una paz que vemos -es
verdad- hoy más cerca que hace unos años. A quienes quieren aprovecharse de la paz como hasta ahora se ha aprovechado de la violencia debemos hacerles saber claramente que los fascismos hace mucho que desaparecieron de nuestro país y que, sabiendo
como saben cómo y cuál es el camino de la
democracia, nada conseguirán si, como los demás, no aceptan las reglas de juego. La primera y más elemental es respetar los derechos humanos más esenciales de las personas: la vida y la libertad. Es bien fácil, aunque es verdad que no hay
peor ciego que el que no quiere ver.
Desde Unión del Pueblo Navarro, como decía, saludamos esta iniciativa y también la unidad de los grupos representados en esta Cámara y, cómo no, las declaraciones que en estos días todos los partidos han realizado sobre la falta de espacio
histórico o político para las componendas y los apaños oportunistas con aquellos y de aquellos que solo representan la decadencia y la derrota. Solo esperamos, señorías, señor presidente, que esta unidad política tan unánime se consolide en el
tiempo, que no se rompa y que nadie la quiebre. Y si fuera posible pedir algo más, desde UPN abogamos por animar a los grupos políticos para buscar nuevos espacios en otros campos en los que ampliar este mismo espíritu de unidad, lealtad y
compromiso que en materia antiterrorista dejamos patente esta tarde. España, señorías, señor presidente, lo necesita más que nunca y el pueblo español así nos lo reclama.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
El señor ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Pronunciaré unas brevísimas palabras que tienen que ser inicialmente de agradecimiento por parte del Gobierno a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí discutiendo esta proposición de ley, empezando por supuesto por las
asociaciones de víctimas del terrorismo, que han incorporado su trabajo, su tesón y sus propuestas al texto que hoy empezamos a considerar en esta Cámara; siguiendo por los grupos parlamentarios -todos ellos-, que también han trabajado para mejorar
el texto; e incluyendo también a los equipos del Ministerio del Interior, que hace tiempo que comenzaron a trabajar en un texto nuevo -el que hoy vemos-, tanto tiempo que los primeros borradores se remontan a la época en la que don Gregorio
Peces-Barba era el alto comisionado para el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. A todos ellos expreso mi agradecimiento y el del Gobierno por el acto que hoy estamos celebrando aquí.
En segundo lugar, me gustaría indicar que, como se ha dicho desde la tribuna y con razón, estamos ante un excelente texto, ante una excelente proposición de ley. Ello es así, primero, porque tiene el acuerdo de todos los grupos
parlamentarios, cosa que es ciertamente importante y muy de destacar. Y en segundo lugar, porque es verdad que este texto viene a sustituir una proposición de ley que se hizo ley en esta Cámara hace ahora once años, la primera ley de ayuda, de
solidaridad, se llama, a las víctimas del terrorismo. La viene a sustituir incorporando al nuevo texto algunos aspectos que la experiencia aconseja modificar respecto al texto hoy todavía en vigor, incorporando y colmando algunas lagunas jurídicas
que la experiencia también ha demostrado que existían. Y, finalmente, y lo más importante, incorporando también las mejores prácticas que el conjunto de las administraciones públicas hemos sido capaces de desarrollar en estos once años para ayudar
a las víctimas del terrorismo, de todos los terrorismos. Finalmente, quisiera destacar dos cosas más. Se ha dicho desde la tribuna, y lo quiero reiterar aquí, que estamos ante un texto de ley integral en un doble sentido, porque integra las
ayudas, los honores y las indemnizaciones que estaban dispersos en una normativa que no estaba toda ella en una sola ley. A partir de la aprobación de este texto lo estará. Integral también porque junto a las indemnizaciones y a los honores se
incorporan algunos aspectos nuevos de apoyo psicosocial para hacer un seguimiento integral y, por tanto, una ayuda integral a todos aquellos que sufren el terrorismo, desde el momento en que sufren el atentado, a lo largo de toda su vida, hasta el
final de ella. Por tanto, estamos ante una ley integral en este doble aspecto.
Termino ya. Hace once años -creo que los va a hacer dentro de unos días- tuve el honor de defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el texto de ley que va a ser reformado por este que hoy inicia aquí su tramitación. En aquel
entonces terminé mi intervención como quiero acabarla hoy. Dije que no hay indemnización ni compensación que permita sustituir la pérdida de un ser humano. No existe. Y que es verdad que lo más importante que las fuerzas democráticas podemos
comprometer con las víctimas del terrorismo es nuestra voluntad firme para acabar con el terror. Hoy se ha recordado aquí. Estamos más cerca del fin que hace once años. Hemos sufrido mucho pero estamos más cerca del fin. Quiero que mis palabras
sean para, en nombre de todos los grupos -y creo que esto lo suscribimos todos-, decirles a las víctimas del terrorismo que nuestra voluntad es también más firme que nunca para acabar con el terror.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro del Interior.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA A PARTIR DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DE COGENERACIÓN. (Número de expediente 162/000679.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia a partir de energías renovables y de
cogeneración. Para la defensa de la misma tiene la palabra don Jesús Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, defiendo esta proposición no de ley en representación del Grupo Parlamentario Socialista con la convicción de que la aprobación por parte de esta Cámara supondrá reforzar los tres pilares en los que se basa la política energética
que lleva acabo el Gobierno de España: en primer lugar, la seguridad de suministro; en segundo lugar, la lucha contra el cambio climático y, en tercer lugar, la competitividad. Además, esta propuesta está en la misma línea de varias directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo, y pretende simplificar y acelerar los procedimientos de conexión a la red de aquellas instalaciones de energías renovables de tamaño reducido y de microgeneración, de pequeña generación que, como saben, consiste
en la producción conjunta de calor y de frío.
Lo que proponemos a través de esta iniciativa es que se abrevien los plazos de resolución para aquellas instalaciones de potencia no superior a diez kilowatios y, al mismo tiempo, fomentar el
autoconsumo a través de unas condiciones técnicas y administrativas básicas simplificadas. El impacto indudablemente será muy positivo para el sistema, ya que se simplifican los trámites administrativos para las instalaciones de pequeño tamaño que
procedan de generación eléctrica de renovables y de cogeneración, lo que va a redundar en tres aspectos: en primer lugar, en fomentar las energías renovables; en segundo lugar, en favorecer la generación distribuida y con ello el autoconsumo; y,
en tercer lugar, en impulsar la eficiencia energética y el ahorro energético en la misma línea de los compromisos que tenemos con la Unión Europea con el conocido 20-20-20. Como digo, en primer lugar, se trata de favorecer el desarrollo de las
energías renovables a través de eólica, solar, biomasa, etcétera, generando con ello actividad económica y empleo. Esto es así porque este tipo de tecnologías, las renovables, son las más apropiadas y las más utilizadas para su aplicación en la
generación distribuida. Una consecuencia evidente de esto es que vamos a seguir disminuyendo nuestra dependencia energética y con ello contribuyendo también a un desarrollo más sostenible.
En segundo lugar, se trata de favorecer la generación distribuida, que es aquella producción de energía eléctrica a pequeña escala de energía renovable y de cogeneración próxima a los puntos de consumo, por tanto, cerca de nuestros hogares,
cerca de nuestras empresas, y con ello fomentando el autoconsumo. Además, la generación distribuida tiene otras dos ventajas. La primera es que se puede conectar directamente al consumidor o a la red de distribución, sirviendo como respaldo o
soporte a la misma. Con esta modalidad vamos a evitar pérdidas de energía eléctrica que se producen en este momento en la red y también a reducir significativamente las inversiones necesarias tanto en transporte como en distribución desde los
grandes centros de producción de energía eléctrica a los puntos de consumo que, como ustedes saben, hoy están bastante alejados. Les recuerdo que en este momento en lo que se refiere al transporte de la electricidad desde esos grandes puntos de
generación de energía eléctrica a los puntos de consumo se está produciendo una pérdida de aproximadamente el 10 por ciento de la electricidad: en concreto, un 2 por ciento en lo que se refiere al transporte y un 8 por ciento en lo que se refiere a
la distribución.
Y, en tercer lugar, como consecuencia de lo que estábamos hablando, la generación distribuida, es decir, esa producción de electricidad a pequeña escala procedente de renovables y de cogeneración, va a suponer, puesto que está cerca de los
puntos de consumo, un importante ahorro energético pues va a evitar esas pérdidas en la red que anteriormente comentaba. Es decir, estamos apostando por la eficiencia energética como un factor clave para afrontar el futuro de la política energética
de nuestro país, pues la energía más segura en lo que se refiere al suministro, la más barata y la más respetuosa con el medio ambiente es precisamente aquella que no se consume, es decir, aquella que se ahorra.
Señorías, todas estas razones son suficientes para apoyar la iniciativa que les presentamos y ya les adelanto que admitiremos la enmienda de CiU, que aclara que esto lo tiene que hacer el Gobierno en sus competencias, después de aclarar
también con el portavoz del BNG, con cuya enmienda estamos de acuerdo, que nos parecía que era más razonable admitir la de CiU, pero teniendo en cuenta también la filosofía del BNG. En definitiva, con esta iniciativa y de acuerdo con el plan de
energías renovables se pretenden dos cosas: intensificar, por un lado, el uso de nuevos modelos de negocio, como es la generación distribuida y con ello convertir también a la misma como una alternativa para el suministro de electricidad, que por
una parte reduce las necesarias inversiones y los costes, y por otra parte aumenta la fiabilidad y la calidad en el suministro eléctrico; y, por otro lado, se trata de intensificar la potencia instalada de determinados tipos de tecnologías, como la
eólica, la solar, pero también la cogeneración y los residuos o la biomasa, con el fin de mejorar la distribución energética, disminuir las pérdidas de energía a las que anteriormente me refería, frenar el cambio climático y acercar la producción de
energía al punto de consumo, a fin de ir sustituyendo con el paso del tiempo esos grandes centros eléctricos y los tendidos eléctricos aéreos por parques o pequeñas centrales que generen, almacenen y distribuyan la electricidad, la energía en el
mismo lugar de consumo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alique.
Para la defensa de las enmiendas en primer lugar por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Inmaculada Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, debatimos una proposición no de ley que forma parte del debate energético que afecta a un sector con un impacto económico y social muy importante y a un sector estratégico en nuestra
economía y en nuestra competitividad. Los retos que tenemos que construir son los de un modelo energético más estable, más diversificado, que reduzca la actual dependencia, que dé mayor seguridad y que consiga mayor eficiencia en el sistema. Estos
son unos retos en los que el conjunto de la sociedad está implicada. Desde nuestro grupo entendemos que la proposición no de ley que hoy debatimos, presentada por el Grupo Socialista, persigue facilitar aquellas iniciativas de los ciudadanos
dirigidas a la producción de energía, contribuyendo a conseguir también objetivos de eficiencia, ahorro energético y sostenibilidad a partir de las energías renovables. Son unas iniciativas que, como evidenciamos en una proposición no de ley
presentada por nuestro grupo parlamentario en la Comisión de Industria, son necesarias y positivas.
En un momento en el que es necesario intensificar las acciones dirigidas al ahorro y a la eficiencia energética y al desarrollo de las energías renovables, entre otros, como consecuencia de los compromisos internacionales asumidos por el
Gobierno en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y como estrategia de lucha contra el cambio climático, desde las administraciones públicas se pone de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia en su
vida diaria de todas aquellas medidas que pueden adoptarse en esta materia, especialmente en los hogares. De este modo, se realizan actuaciones relacionadas con el fomento de electrodomésticos y lámparas eficientes, campañas de sensibilización y
formación sobre el correcto uso de electrodomésticos; se elaboran manuales de consejos para el ahorro de energía en el hogar, etcétera. Ello parece adecuado pero, por otro lado, cuando el ciudadano opta por producir electricidad limpia en el
ámbito doméstico, la complejidad burocrática y las obligaciones administrativas que conlleva significan en muchos casos un encarecimiento económico y desincentivador de la iniciativa. En el caso de que se pretendan incorporar sistemas de producción
de energía para su conexión en la red, las dificultades se multiplican. No voy a dar la relación de todos los trámites, pero son muchos los que se deben realizar, gastos que deben abonarse y obligaciones que debe asumir un particular o una pequeña
y mediana empresa, aquellos que pretendan instalar en su domicilio o establecimiento algún sistema de producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables y evacue a la red parte de la energía que genere y no consuma. En ambos casos, tanto
si nos referimos a emplazamientos aislados de la red como mediante instalaciones conectadas a la red, la carga burocrática, señorías, desincentiva la voluntad de los ciudadanos de abastecer con energía limpia a sus domicilios. Por esta razón, el
grupo parlamentario que represento presentó una proposición no de ley en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, relativa a la simplificación administrativa y fiscal de la producción de energía mediante fuentes renovables en el ámbito
doméstico y de las pymes, que fue aprobada el 14 de octubre de 2009. Casi un año más tarde el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley -la que estamos debatiendo- en la línea de la ya aprobada. Desde mi grupo parlamentario creemos
sinceramente que lo que también debería hacer el grupo que da apoyo al Gobierno es urgirle a presentar, de una vez por todas, el proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables; proyecto de ley del que venimos oyendo desde inicios de
legislatura y recordando que el Gobierno se comprometió a tener un anteproyecto antes del 31 de diciembre de 2008. Por otro lado, entendemos desde nuestro grupo parlamentario que el texto dispositivo que estamos debatiendo debe tener en cuenta que
su objeto debe referirse a las competencias del Estado en la materia, ya que las comunidades autónomas ostentan competencias que deben respetarse. En este sentido, hemos presentado una enmienda al texto en la que pretendemos recoger el respeto de
las competencias de las comunidades autónomas en la materia, aspecto que nos parece indiscutible, por lo que entendemos que debe instarse al Gobierno siempre en el ámbito de sus competencias.
Señorías, nuestro grupo parlamentario -acabo, señor presidente- votará favorablemente la proposición no de ley. Agradecemos la aceptación de la enmienda por parte del Grupo Socialista y del resto de grupos que la voten. No podemos dejar de
subrayar, y de volver a subrayar, en el marco de este debate la importancia que damos desde el grupo al sector energético y la urgencia que damos a establecer un modelo energético estable que nos permita reconducir de una vez por todas los déficits
actuales del sistema en términos de dependencia, eficiencia y seguridad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Antonio Erias.
El señor ERIAS REY: Señor presidente, señorías, la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista es sencillamente innecesaria, y lo es porque con esta proposición no de ley se pretende instar al Gobierno a que vuelva a legislar
sobre aquello acerca de lo que ya ha presentado iniciativa. Fíjense, con fecha 22 de julio el Gobierno ha presentado una propuesta de real decreto de regulación de la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña
potencia.
Realmente de esto es de lo que trata la proposición no de ley. Por tanto, creemos que en vez de instar al Gobierno a que haga lo que ya está haciendo, hay que instar al Gobierno a que realmente cumpla con lo que se ha acordado. Todos
sabemos, por nuestra experiencia, que a las proposiciones no de ley se las hace poco caso. Por otro lado, esta proposición no de ley se refiere a un asunto, la generación distribuida, incluido ya en la legislación
que se está llevando a cabo y que pretende marcar la dirección estratégica del sector energético español. Me estoy refiriendo a la ley de economía sostenible y a ese proyecto también no nacido de la ley de energías renovables y de
eficiencia energética. Además, se trata de una propuesta de acción definida en términos generalistas, sin concretar, que a nuestro juicio no aporta valor añadido alguno y que pretende anticipar la respuesta a un problema netamente estratégico cuya
solución nunca puede ser a corto plazo.
Sin embargo, el Grupo Popular, plenamente consciente de que es importante continuar profundizando en el desarrollo de las energías renovables, ha presentado una enmienda con dos puntos. Es una enmienda de adición que trata de requerir que
antes de que entre en vigor esta proposición no de ley de manera urgente se cumpla con lo que estaba previsto en el llamado Plan contador, que preveía el establecimiento de un 30 por ciento de contadores bidireccionales antes del 30 de diciembre de
2010, y que además todas estas medidas que ahora se anuncian en la proposición no de ley nunca supongan coste adicional ni para el consumidor ni tampoco un incremento del déficit tarifario. Piénsese que esta proposición no de ley viene a incidir en
dos ambientes, o sobre la tarifa o sobre el déficit tarifario, y no queremos ser alarmistas, pero, en todo caso, puede llevar a un efecto anuncio y a que nos convirtamos en cada vivienda unifamiliar en productores de nuevos déficits futuros. Por
tanto, para evitar eso, desde nuestro grupo reclamamos que estas medidas que se pongan en práctica nunca supongan coste adicional, como ya he dicho, ni incremento del déficit tarifario. En cualquier caso, pretender llegar a un consenso hoy, cuando
todavía ni tan siquiera -como he dicho- se han aprobado las leyes que han de enmarcar el despliegue de esta generación distribuida, nos parece que no es lo más correcto, que es demasiado atrevido, salvo que nuestros colegas los socialistas pretendan
de antemano limitar el sistema de generación distribuida a consumos individuales o colectivos no superiores a los 10 kilovatios, algo que sin duda supone un ejercicio de fe demasiado arriesgado y prematuro, que en ningún caso puede admitirse sin
antes haber consensuado la legislación marco así como la hoja de ruta que nos lleven a conseguir los objetivos estratégicos a largo plazo del sector energético español para superar, gracias a las redes inteligentes, los desafíos que la generación
distribuida conlleva.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en primer lugar para dar por defendida la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego, como me ha pedido el señor Jorquera que manifieste. Asimismo, y sobre la base de lo dicho por don Jesús Alique, quiero
manifestar que está de acuerdo con asumir la transaccional de Convergència i Unió, que responde a la planteada por el señor Jorquera y que también comparte Coalición Canaria.
Señor presidente, señorías, vamos a apoyar esta iniciativa del Grupo Socialista porque estamos de acuerdo con la necesidad de abordar las modificaciones administrativas y técnicas necesarias para la creación de instalaciones que produzcan
energía eléctrica de pequeña potencia, pero queremos hacer varias precisiones y algunas críticas. En primer lugar, se trata de una proposición que ya tiene su reflejo en un proyecto de real decreto que todos conocemos y que han remitido tanto el
ministerio como la Comisión Nacional de Energía. Entiendo que ustedes presentaron esto en abril, pero el Grupo Socialista debería tener un poco más de iniciativa a la hora de presentar cosas nuevas y no llegar cuando las cosas están negociadas,
pactadas, redactadas y el real decreto ha sido anunciado y visto por todas las partes. En segundo lugar, aunque las condiciones técnicas y administrativas que se recogen tanto en el decreto como en esta proposición son importantes, no son lo más
importante, ya que, como muy bien decía el portavoz popular, el problema principal es el económico. La crisis está rebajando las tarifas fotovoltaicas por el déficit del sector eléctrico, lo que crea incertidumbre en el promotor de las
instalaciones así como una situación importante, clara, a la Administración pública. Por otro lado, hay que dejar atado el poder que se les da a las empresas distribuidoras para conceder los puntos de conexión de estas instalaciones a la red
eléctrica, que son de baja potencia, sin mucha incidencia en la red y casi siempre de pequeños inversores domésticos, y esto es lo que hoy le quería decir a don Jesús Alique para ver qué se puede hacer todavía a estas alturas de la película y si
realmente ustedes todavía pueden mover ficha y no traen esta iniciativa sencillamente para convalidar un decreto. En el decreto los plazos son muy largos, lo cual da demasiado poder a la distribuidora, que al final es la que decide, y en nuestra
opinión una empresa privada no puede decidir si el proyecto de un particular es viable o no. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, pero, como digo, nos gustaría que ese exceso de decisión que se otorga a la distribuidora pudiera ser corregido
finalmente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
La verdad es que me ha sorprendido esta proposición no de ley, y lo sabe el señor Alique, porque casualmente
-las casualidades en política a veces suceden- se discute el mismo día que se discute una moción nuestra. Se discute después de que el Ministerio de Industria haya encontrado al villano del déficit, y, como usted bien sabe, el villano del
déficit son las renovables. El ministro Sebastián no se cansa de decir que este déficit acumulado se debe al sobrecoste de las renovables. Queríamos poner de manifiesto hoy en la tribuna -y lo vamos a poner especialmente de manifiesto en la
discusión de la moción- que es un escándalo que se hable de que el villano del déficit son las renovables y, en cambio, ni tan siquiera se hable de los beneficios caídos del cielo que reciben las hidroeléctricas o las nucleares amortizadas. Es aquí
donde se habla de esta iniciativa, teóricamente a favor de las pequeñas instalaciones en materia de renovables, pretendidamente -yo creo que lo es- razonable, pero es una iniciativa que se ubica en el desconcierto, en la marcha atrás del ministerio
en todo lo que se refiere a las renovables. Puedo poner el ejemplo del discurso del déficit, pero también podría poner el ejemplo del Paner, el Plan de acción nacional de energías renovables, presentado en Bruselas. Respecto al documento
presentado en Zurbano, supone renuncias para que las renovables no tengan el mismo peso que se planteaba en el mes de marzo. Esa también es la tarjeta de presentación de un gobierno que quiere poner freno a las renovables porque entiende, en
definitiva, que la apuesta española tiene que ser bien distinta, sin tener en cuenta externalidades, costes de CO2 ni los ahorros que suponen las energías renovables en menos importaciones de gas y de petróleo.
Dicho esto, yo creo que la proposición no de ley -lo tenemos que decir- es eso, un resumen de intenciones de borradores de decretos del Ministerio de Industria, de ese decreto que mandó a la Comisión Nacional de Energía para su tramitación a
primeros de agosto y que está ahora en plazo de alegaciones, como sabe el señor Alique. En definitiva, se trata de facilitar la conexión de proyectos de renovables de muy poca potencia y de regular el autoconsumo. Yo creo que eso es positivo, sí,
y se ajusta a la nueva directiva, pero tiene a mi juicio un pequeño inconveniente, que no es tan pequeño, y es que la nueva potencia y esos proyectos van a tener que pasar por el registro del ministerio y forman parte de los cupos. Ese es el
problema, señor Alique, por lo que tendrán que ponerse a la cola y esperar ¿dos, tres años, para que se puedan ejecutar? Y eso no lo resuelve su proposición no de ley. A mí me hubiese gustado, y así lo planteábamos en las enmiendas, que dichos
proyectos, los proyectos de muy poca potencia, se hagan fuera de cupo y que así se especifique en su proposición no de ley. Aún está a tiempo. Podríamos hacerlo en una transacción si usted así lo entiende. Así sí que sería concreta esa
proposición no de ley, si ustedes quieren muy parcial, muy limitada, pese a que el Gobierno hoy está en retirada en materia de renovables, pero como mínimo sería concreta; sin embargo, eso no es lo que vamos a aprobar. Yo creo que tendrían que
estar fuera de cupo, de lo contrario nos encontraremos con un brindis al sol e implícitamente con un apoyo al régimen de cupos y de registro, que usted sabe que es una barrera administrativa. Por eso hemos presentado las enmiendas que usted conoce,
que tienen dos objetivos. En primer lugar, que la planificación energética integral incluya los planes de ahorro de emisiones, los planes de renovables y los de ahorro y eficiencia, incrementando los objetivos europeos 30-30-30 para 2020, como
están haciendo muchos países europeos y como entiendo que nosotros deberíamos hacer si queremos liderar, a no ser que queramos volver a la cola en materia de renovables, y obviamente que esto tenga un modelo de generación distribuida complementado
con interconexiones y con inversión en redes inteligentes, en smart gates, como están haciendo tantos otros. En segundo lugar, que aprueben una ley de renovables -porque si no haremos un brindis al sol- antes de finalizar 2010, de acuerdo y
trasponiendo la Directiva 2009/28, relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables, y que se establezca un marco regulatorio estable, una simplificación administrativa: lo que les ha marcado la directiva. Si no, lo que
tendremos -y hoy se aprobará seguramente- será un brindis al sol, y si se queda así ya anuncio que no le daremos nuestro voto a favor, para no lavar la cara, en definitiva, de un gobierno que no está cumpliendo. No nos opondremos, pero la verdad es
que su Gobierno no está cumpliendo en renovables, para nada; está dando marcha atrás y por eso entendemos que esas son las enmiendas y las piezas claves que se tienen que aprobar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Para fijar posición, por el Grupo Vasco tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, intervengo muy brevemente y desde el escaño para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista con el fin de solventar los problemas
administrativos y técnicos que impiden o dificultan la aplicación de la generación distribuida a pequeña escala y en puntos cercanos al consumo. Creemos que la generación distribuida de la energía eléctrica procedente de las energías renovables y
de la cogeneración debe ser facilitada a los ciudadanos que lo deseen, debe ser apoyada e impulsada. En este sentido, parece lógico que se eliminen las trabas administrativas y técnicas, tal y como plantea el Grupo Socialista. Sin embargo, es
preciso realizar una puntualización que creo que ha quedado relativamente aclarada en este Pleno, y es que estas condiciones administrativas y técnicas que establezca la Administración General del Estado lo serán en el ámbito estricto de sus
competencias, y dado que creo que ha sido aceptada una enmienda de Convergència i Unió en este sentido, nuestro grupo piensa que es positiva
la aceptación de esta enmienda y va a votar favorablemente la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor Alique, ¿tiene la bondad de decir qué enmiendas acepta S.S. para la votación?
El señor ALIQUE LÓPEZ: La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA COMPENSACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS APLAZADAS O FRACCIONADAS CON DEUDAS RECONOCIDAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000674.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la compensación de deudas tributarias aplazadas o fraccionadas con deudas reconocidas por las administraciones públicas.
Para su defensa tiene la
palabra doña Ana Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender una iniciativa presentada por el Grupo Popular que, de aprobarse hoy, supondría un auténtico soplo de aire freso, un respiro para nuestras pymes y nuestros autónomos. Se trata de una proposición
no de ley planteada desde el sentido común y el espíritu práctico, que muchas veces los ciudadanos nos reclaman a los políticos, porque les recuerdo que estamos aquí para intentar aportar soluciones y no para crear problemas. En esta iniciativa el
Partido Popular plantea algo que tiene mucha lógica y que en esencia consiste en instar al Gobierno a estudiar y establecer un procedimiento que permita la compensación de deudas tributarias pendientes de pago por pymes y autónomos con deudas
reconocidas y pendientes de cobro procedentes de cualquier Administración pública. Por eso, señorías, decía al principio de mi intervención que se trata de puro y simple sentido común, porque convendrán conmigo que no es lógico que un empresario
tenga que estar desembolsando fondos para poder pagar sus impuestos cuando son las propias administraciones públicas las que deben dinero a ese mismo empresario. Si tenemos en cuenta además las enormes cargas burocráticas que tienen que soportar
nuestras pymes y nuestros autónomos y la exigencia de un Estado moderno de avanzar en la simplificación de trámites a los ciudadanos modernizando los procedimientos, nos encontramos con una iniciativa, la que hoy planteamos desde el Partido Popular,
de gran trascendencia para aliviar la situación de crisis económica y de paro que atraviesa España.
Señorías, el Partido Popular hizo en su momento un gran esfuerzo de modernización de los procedimientos dentro de la Agencia Tributaria para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. En este sentido, la promulgación
en el año 1998 de la Ley de derechos y garantías de los contribuyentes supuso un enorme avance en las relaciones de los ciudadanos con la Administración tributaria, y en ese marco se puso en funcionamiento en el año 1999 la llamada cuenta corriente
tributaria para empresarios y profesionales. Hoy, el Partido Popular quiere dar un paso más en este mismo camino que iniciamos cuando gobernábamos, y pretendemos con esta iniciativa que se puedan compensar no solo las devoluciones tributarias sino
también cualquier otro tipo de créditos que ese pequeño empresario o autónomo tenga frente a cualquier Administración pública. Somos conscientes de las dificultades que entraña encontrar los procedimientos gestores adecuados que permitan que
nuestra iniciativa sea una realidad ya que hablamos de deudas y créditos de distintas administraciones. Por ello, hemos negociado una enmienda transaccional con los diversos grupos políticos con los que esperamos poder llegar a un consenso.
Señorías, voy a intentar avalar la importancia de nuestra iniciativa con una serie de datos que me parecen trascendentales para darnos cuenta de la necesidad y urgencia de aprobar hoy esta proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular. El último informe de recaudación correspondiente a 2009 publicado por la Agencia Tributaria pone de manifiesto que el volumen de deudas tributarias pendientes de cobro se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, pasando de 4.800
millones de euros en 2005 a nada más y nada menos que 11.600 millones de euros en 2009, lo que supone nada menos que el 7,6 por ciento de lo que recauda la Agencia Tributaria en un ejercicio. Se trata, señoría, de las mayores tasas de morosidad
tributaria jamás alcanzadas en la Agencia Tributaria.
Es la propia agencia la que reconoce en ese informe de recaudación -y cito textualmente- que el intenso crecimiento de los derechos pendientes de cobro en los dos últimos años refleja los
problemas de liquidez de los contribuyentes. Efectivamente, nuestras empresas no venden sus productos o servicios como consecuencia de la actual crisis económica, pero además de no venderlos tienen un alto índice de morosidad en el cobro de sus
facturas, lo que les hace padecer graves problemas de tesorería y de liquidez, que se ven agudizados por la sequía crediticia de nuestros mercados financieros. Las consecuencias son de todos conocidas: cierre de miles de empresas y destrucción de
puestos de trabajo. Muchas de estas empresas tienen facturas pendientes de cobro por parte de distintas administraciones públicas, especialmente ayuntamientos, ya que en un año se ha triplicado la morosidad de estas administraciones. Según la
fuente que manejemos, la cifra que las distintas administraciones
deben a nuestras empresas oscila entre 30.000 y 40.000 millones de euros, que deberían estar en manos de los empresarios, ahogados por la falta de crédito, expedientes de regulación de empleo y un largo etcétera de problemas económicos que
están llevando al cierre y al aumento del desempleo. Mientras tanto, estos pequeños empresarios y autónomos tienen que seguir pagando sus impuestos y cumpliendo con el fisco, como, por otro lado, no puede ser de otra manera. Pero ¿qué pretendemos
hoy desde el Grupo Popular con la presentación de esta iniciativa? Como decía al principio, ni más ni menos que aplicar el sentido común permitiendo que toda esa deuda pendiente de cobro de las administraciones públicas sea compensada con las
deudas tributarias aplazadas y fraccionadas que están pendientes de pago. Señorías, en medio de esta crisis económica que el Gobierno es incapaz de atajar existen soluciones prácticas y de sentido común como la que hoy planteamos. No permitamos
que nuestras cifras de paro sigan aumentando. Hemos dicho muchas veces que no hay otra forma de generar empleo y riqueza que ayudando a nuestros empresarios a crearlo.
Hoy podemos ayudarlos con la aprobación de esta iniciativa, facilitándoles que
puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Puede ser la primera piedra de un camino que nos permita salir hacia la recuperación económica. Hasta ahora casi todas las medidas del Gobierno socialista han ido encaminadas a favorecer a sectores
liderados por grandes multinacionales, descuidando actuaciones sobre este numeroso tejido de pequeños y medianos empresarios y autónomos que son los que han sufrido y sufren con mayor virulencia las dificultades actuales. Por eso hemos intentado
transaccionar con el resto de grupos una enmienda y, en aras del consenso, aunque rebaja nuestras pretensiones iniciales y ceñimos la compensación de deudas al ámbito de la Administración General del Estado, hemos incorporado también sugerencias de
otros grupos, como la necesidad de implantar una línea de crédito ICO dirigida a la Administración local para el pago de las deudas a sus proveedores, que fue aprobada ya en la Ley de lucha contra la morosidad, y hemos incorporado igualmente la
necesidad de cambiar el criterio de devengo de IVA para que en lugar de ingresarlo en el momento de la emisión de la factura se pueda ingresar en el momento del cobro, algo que aliviaría en gran parte la situación de asfixia financiera que sufren
nuestros pequeños y medianos empresarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar tiene la palabra, por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado varias enmiendas a esta proposición no de ley con varios objetivos, como generar crédito y hacer que este crédito, que es hoy el principal problema de nuestra economía, y no la rigidez laboral, como algunos esgrimen,
realmente vuelva a fluir. Por eso hemos presentado dichas enmiendas, que entendemos que se han incorporado parcialmente, no todas. En la primera planteábamos poner en marcha de forma inmediata y urgente la línea de crédito en condiciones
preferentes, dirigida a entidades locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010. En la segunda pretendíamos que se permita al proveedor abonar el IVA a la autoridad
competente cuando reciba el pago por una entrega o prestación que establezca su derecho de deducción. Y en la tercera, de acuerdo con el Real Decreto-ley 3/2009, proponemos que se establezca un tipo de demora que no pase solo del 7 al 5 por ciento,
como se estableció en el año 2009, sino que esté de acuerdo con el entorno actual, que hoy se sitúa en el uno por ciento. Decía que parcialmente se han incorporado dichas enmiendas y eso lo que nos va permitir votar a favor.
Por último, quiero decir que, como la portavoz del Grupo Popular sabe, la propuesta que hoy discutimos ha sido trasladada por Gesta, que muchos grupos han incorporado y también lo hemos hecho desde Iniciativa Verds e Izquierda Unida. La
propuesta plantea que los 12.300 millones en facturas sin pagar por parte de las administraciones permitan recuperar liquidez y crédito, con una compensación y con una garantía que tampoco supondrían mayores esfuerzos para la Administración en el
sentido de que esto sería compensado de otras maneras. En cualquier caso, entendemos que la solución que se ha dado es positiva, aunque limitada. Lamentablemente, parece que Convergència i Unió hoy le quiere poner puertas al campo -me refiero a la
transacción-, pero en cualquier caso la transacción a la que se ha llegado es positiva, aunque limitada, y nuestro grupo va a votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, don Josep Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de matizar algunas de sus consideraciones y aspectos
relevantes y, al mismo tiempo, precisar algunos elementos que nosotros entendíamos que eran muy importantes para llegar a un consenso entre todas las formaciones políticas que conformamos el Congreso de los Diputados. En primer lugar, nosotros
entendíamos que la compensación de deudas entre la Administración central y la economía productiva española, básicamente pequeñas y medianas empresas, trabajadores y empresarios autónomos y empresas normales, tendría que circunscribirse única y
exclusivamente a los
impuestos que son competencia de la Administración central. Por tanto, desde esa perspectiva, nosotros entendíamos que solo se podrían compensar las deudas reconocidas y pendientes de cobro por cualquier concepto siempre que sean deudas
provenientes de la Administración central y que esta sea la deudora de los diferentes agentes productivos. Esta era una precisión importante y por este motivo planteábamos el primer punto. El segundo punto era que mientras no se establezca el
procedimiento de compensación mencionado en el apartado anterior, el contribuyente podría compensar automáticamente su saldo deudor y acreedor con la Administración General del Estado siempre y cuando sean impuestos de la Administración General del
Estado. Nosotros entendíamos que tendrían que quedar fuera de este contexto y de esta cuenta corriente tributaria los impuestos devengados por corporaciones locales, por ayuntamientos o por comunidades autónomas. Finalmente, un aspecto muy
importante que incorporamos en la última Ley de morosidad, en la cual establecíamos para todas aquellas empresas, básicamente pequeñas y medianas, pymes, microempresas y empresarios autónomos que fueran acreedores de las diferentes corporaciones
locales, que para que estas corporaciones locales pudieran atender una parte muy importante de recursos que por dificultades financieras no pueden satisfacer en tiempo y forma a los agentes económicos -repito, en este caso autónomos, microempresas y
pequeñas y medianas compañías- se tenía que establecer una línea de crédito ICO-morosidad para que pudieran regularizarse inmediatamente estas deudas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Había un plazo para que el
ICO pusiera en marcha esta nueva línea de financiación que nosotros habíamos definido como ICO-morosidad entes locales, que lamentablemente no se ha puesto en marcha, y lógicamente esto está afectando a un tejido industrial muy importante
configurado por pequeñas y medianas empresas que no cobran de las administraciones, básicamente de las corporaciones locales, que les está llevando en muchos casos a insolvencias, a regulaciones de empresas y a cierres de pequeñas y medianas
empresas. Por tanto, entendemos que esta es una buena oportunidad para incorporarlo en esta proposición.
Mientras estamos debatiendo esta proposición no de ley se ha instrumentado por parte de diferentes grupos parlamentarios una transacción que incorpora algunos aspectos que ha planteado Convergència i Unió, algunos aspectos que ha planteado
el Grupo Parlamentario Popular y algún aspecto que ha planteado el señor Herrera en su intervención, con los que lógicamente estamos de acuerdo, ya que esta parte de la proposición no de ley había sido aprobada en ocasiones anteriores. En lo que no
estaríamos de acuerdo es en que se pudieran incorporar en este aspecto todas aquellas deudas de la Seguridad Social. Creemos sinceramente que mezclaríamos otro organismo autónomo dependiente de la Administración y entendemos que para que esto
pudiera formalizarse con el voto favorable o la aceptación y la firma de Convergència i Unió tendrían que retirar el párrafo de la Seguridad Social. En este caso, lógicamente, nosotros estaríamos dispuestos a votarla favorablemente.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Sánchez i Llibre, antes de que abandone la tribuna me gustaría que hiciera una aclaración.
Su enmienda es de sustitución, no de adición, ¿no?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, señora presidenta, nuestra enmienda es de sustitución.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, brevemente voy a fijar la posición de Coalición Canaria en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. En primer lugar, quiero afirmar que compartimos la totalidad de la parte expositiva de la
proposición no de ley. Creemos que los elementos que se aportan coinciden plenamente con la necesidad que tienen las pequeñas y medianas empresas, las dificultades que tienen en estos momentos, y creemos sinceramente que este problema se tiene que
resolver por una vía que tiene que afrontar esta Cámara, que tiene que afrontar el Estado, y es la ley de financiación de las administraciones públicas. Cada Administración publica tiene que estar financiada con los recursos de todos en función del
marco competencial, sin embargo hemos observado cómo, sobre todo las corporaciones locales más cercanas a los ciudadanos, los ayuntamientos, han asumido responsabilidades, han asumido competencias y ahora nos encontramos con que no existen recursos
suficientes para atender esos servicios que demandaban los ciudadanos. A partir de ahí se ha generado una situación de deuda importantísima, como resaltaba la portavoz del Grupo Popular, entre las corporaciones, las administraciones públicas y las
empresas. Es evidente, como decía, que hay que llegar a ese objetivo final de modificación de la Ley de financiación, pero también es necesario, como decía muy bien la portavoz del Grupo Popular, que apliquemos el sentido común y apliquemos medidas
concretas que son lógicas, y tenemos que resolver los obstáculos para que también sean legales.
Parece razonable que si una empresa es deudora con una Administración pública y la Administración pública a su vez es deudora con la empresa, se puedan establecer mecanismos de compensación que eviten ese tipo de problemas de los que estamos
hablando. Además, se da la circunstancia de que después estas empresas no pueden licitar con otra Administración pública si son deudoras con esa Administración pública. Parece un tema difícil
de entender, sobre todo cuando hablamos de un periodo de crisis, un periodo en el que la inversión pública de las administraciones viene a activar la economía y a generar el empleo necesario. Por eso compartimos también el criterio expuesto
por la portavoz del Grupo Popular en la línea de aplicar el sentido común y de hacer legal lo que parece lógico desde el punto de vista de que se puedan establecer estas compensaciones.
Es evidente que la iniciativa planteaba un tema que a nosotros
sí que nos parece posible y positivo porque afecta a las empresas, y es la deuda de la Seguridad Social. Valoramos de manera positiva el esfuerzo que ha hecho el Grupo Popular al ceder en algunos de los planteamientos para lograr ese apoyo
mayoritario de la Cámara; apoyo que espero que se obtenga en esa transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente y que Coalición Canaria va a votar favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta para su debate y votación una proposición no de ley que a primera vista resulta sugerente y parece razonable, pero que encubre notables problemas de fondo, no
solo de aplicación de la medida, es decir problemas jurídicos, sino también, como diré, algunos problemas políticos y de eficiencia económica. Plantea, simplificando, que un empresario o un autónomo puedan descontarse a la hora de pagar los
impuestos en una determinada Administración tributaria el importe de lo que esa misma administración u otra diferente le debe por los trabajos realizados o por los servicios prestados. Se propone así un mecanismo de compensación entre
administraciones, de forma que unas administraciones soporten los impagos o las deudas de otras. Este mecanismo generaría, en nuestra opinión, un sistema complicado de imposible gestión. Creemos que sería como matar moscas a cañonazos. Entendemos
el problema de los empresarios y de los autónomos, entendemos que no puedan cobrar y entendemos que sea un problema para ellos las deudas que la Administración tiene y que les impide en muchos casos pagar incluso las nóminas, con las consecuentes
derivaciones en el mercado del aumento del desempleo, etcétera. Por tanto, somos sensibles a esta cuestión, pero pensamos que lo que el Grupo Parlamentario Popular plantea, al menos en el primer punto, ya que en el segundo punto podríamos estar
básicamente de acuerdo, lejos de solucionar el problema, lo dificulta y complica. Jurídicamente decía que es muy complicado porque cada Administración a nivel institucional -ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o Administración
Central del Estado- tienen su propia normativa al respecto, pero eso, al fin y al cabo, si hay voluntad y mayoría suficiente se puede cambiar. A nuestro grupo lo que le preocupa es que este sistema pueda generar más problemas de los que pretende
resolver; en primer lugar, ineficiencias económicas. El hecho de que un tercero asuma los compromisos de pago de otra Administración -léase un ayuntamiento-, puede conducir a que dicho ayuntamiento, en lugar de contener y controlar los gastos,
cuestión imprescindible en la situación económica en que nos encontramos, asuma nuevos compromisos de gasto en una especie de huida hacia delante porque sabe que otras administraciones van a soportar ese coste.
Además, este sistema puede demorar el necesario debate de la reforma de las administraciones públicas, la revisión de las políticas de gasto, la necesaria reestructuración y reordenación de las administraciones públicas y la reforma del
modelo de financiación de las corporaciones locales. Tendría que ser en esta nueva ley donde, amén de la suficiencia financiera para desarrollar las competencias, se contemplara la posibilidad de aplicar estos mecanismos. Por otro lado, desde el
punto de vista político, unas corporaciones de determinado signo político podrían aplazar pagos para que tuvieran que afrontarlos otras de diferente color, lo que sin duda generaría conflictos de envergadura. En todo caso, creemos que la medida
tendría sentido dentro de la misma Administración.
Ahí sí podríamos estar de acuerdo, puesto que es difícilmente entendible que un ayuntamiento, por ejemplo, exija el IBI o el pago de una licencia municipal a una empresa a la que debe dinero. En
este caso sí, aunque también habría que respetar las reglas de juego y regularlo. Por este camino parece que avanza una supuesta enmienda transaccional que todavía no conocemos y que parece que se va a presentar en esta Cámara. Había una primera
enmienda transaccional en la que se planteaba que hubiera una compensación entre todos los entes dentro de la Administración General del Estado, incluida la Seguridad Social; parece que había consenso para esta transaccional y nuestro grupo también
estaba de acuerdo, pero ahora desconocemos cuál va a ser la enmienda transaccional que se va a plantear al final. Esperamos que sea una enmienda transaccional satisfactoria y que la podamos votar favorablemente.
Insisto en que si se vota la iniciativa exclusivamente planteada por el Grupo Parlamentario Popular votaríamos que no al punto primero pero votaríamos favorablemente el segundo apartado. Vamos a esperar, no obstante, a la enmienda
transaccional.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora Madrazo, señoras y señores del PP, analicemos su proposición no de ley que, a su entender,
tal y como usted decía, está redactada desde el sentido común. Nos plantean una primera petición: una compensación de deudas tributarias con deudas pendientes de cobro de cualquier Administración. Señorías, recuerden que ya debatimos esto
mismo traído por ustedes en el Pleno del pasado 15 de junio y que solo obtuvo el voto a favor de su grupo, del Grupo Parlamentario Popular. Ningún otro grupo lo apoyó. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no lo apoyamos el 15 de junio, como
tampoco lo podemos apoyar hoy, porque la compensación en nuestro ordenamiento jurídico solo puede contemplarse cuando coinciden la posición acreedora y la deudora. Por tanto, además de que no es jurídicamente posible hacerlo a través de distintas
administraciones, tampoco nos parece muy lógico.
¿Por qué? Porque, señora Madrazo, al final el mal parado acabaría siendo siempre el conjunto de los contribuyentes, ya que si un ayuntamiento, por ejemplo, debe un pago a una pyme o a un autónomo,
lo que ustedes nos están proponiendo es que esta pyme o autónomo, basándose en esta circunstancia, deje de cumplir sus obligaciones tributarias con otras administraciones que pueden estar perfectamente al corriente de sus respectivos pagos.
Plantean, por ejemplo, que deje de pagar sus deudas tributarias a la Agencia Tributaria, a Hacienda. El principal problema es que con su propuesta plantean una vulneración del principio de autonomía financiera reconocido por la Constitución
española tanto a las comunidades autónomas como a los entes locales. Además, comprenderán que sería todo un estímulo para que alguna administración en concreto pudiera legítimamente ampararse en este mecanismo para dejar de pagar a pymes y
autónomos, destinando así sus recursos a otros temas y trasladando la carga a otra administración distinta. Es decir, supondría todo un aliciente para la falta de disciplina presupuestaria. Y no comprendemos cómo pueden presentar este aliciente
viniendo esta propuesta de un partido que pide recurrentemente techos de gasto para todas las administraciones, hasta el punto de querer modificar la Constitución para poder poner en marcha estos techos de gasto. Señorías, estamos ante una
incoherencia más del Partido Popular.
En su proposición no de ley hacen dos propuestas más, pero si acuden a la Ley General Tributaria y al reglamento general de recaudación podrán corroborar que estas propuestas ya se prevén, señoras y señores del PP.
Por tanto, puede hacerse
tal y como ustedes piden en su propuesta y, de hecho, se hace cumpliendo los requisitos legales que, insisto, recogen la Ley General Tributaria y el reglamento general de recaudación.
A través de una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se nos ha planteado una enmienda transaccional. Decía la señora Madrazo en su intervención: Hemos presentado esta propuesta desde
el sentido común y además estamos en esta Cámara para traer soluciones y no para crear problemas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, a la vista de la propuesta de enmienda transaccional que nos han hecho llegar, queremos preguntarle si tienen
claro este punto, el del sentido común y el de no crear problemas, porque, señorías, esto ya es el súmmum. Lo que pretenden es compensar deudas tributarias de la Administración General del Estado mezclándolo con las cotizaciones de la Seguridad
Social. No se entiende cómo desde el Partido Popular, los mismos que sin ningún fundamento en firme estos días atrás vienen reclamando aquello de no a la ruptura de la caja común, planteen la compensación de deudas tributarias a cuenta de la
Seguridad Social. No sabemos cuál es ese sentido común y cuál es esa búsqueda de soluciones y no la búsqueda de creación de nuevos problemas. No podemos estar de acuerdo con esta propuesta de enmienda transaccional. En ningún caso podemos mezclar
distintas administraciones, pero menos mezclar la Administración General del Estado con la Seguridad Social. En definitiva, señoras y señores del PP, reconocemos cualquier otro argumento. Sería completamente falso que el problema existe. El
problema que ustedes plantean no podemos negarlo, pero, señora Madrazo, señoras y señores del PP, creemos firmemente que no podemos arreglarlo con propuestas inviables, como ya les dijimos la anterior vez que trajeron esta propuesta al Pleno, ni
tampoco entendemos que podamos mejorarlo pidiendo mecanismos que actualmente ya están en vigor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Gastón.
Señora Madrazo, su turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Vamos a presentar una enmienda transaccional firmada por cinco grupos políticos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias. Señora Madrazo, además de estar firmada por cinco grupos tendrá que tener la unanimidad de todos los grupos para su tramitación.
MOCIONES CONSECUENCIAS DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MODIFICACIONES LEGALES OPORTUNAS PARA UN NUEVO CÁLCULO DEL DÉFICIT TARIFARIO Y EL IMPULSO DE NUEVAS ESTRATEGIAS A FAVOR DEL AHORRO Y
LA EFICIENCIA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES. (Número de expediente 173/000/155.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas estrategias a favor del ahorro y la eficiencia y las energías renovables. Para
defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Venimos a traer un problema, una obsesión, un daño colateral y un despropósito. El problema es que nuestro modelo energético, particularmente nuestro modelo eléctrico, tiene un exceso de déficit tarifario. En el Real Decreto-ley 6/2009 se
establecía un déficit para 2009 y para 2010. Para 2010 no tenía que superar los 3.000 millones de euros y para 2009 los 3.500. Hoy tenemos un déficit acreditado por la Comisión Nacional de la Energía de 4.615 millones de euros en el año 2009. Ese
es el problema. En segundo lugar, tenemos una obsesión del Ministerio de Industria. Este ministerio entiende que el coste del déficit es exclusivamente causa de las energías renovables. Para el señor Sebastián, ministro de Industria, las
renovables son el chivo expiatorio, los villanos del déficit, y se olvida de que las renovables tienen impacto en menos emisiones de CO2, que las renovables hoy exportan más que el sector del vino, que ocupan a más de 109.000 personas de acuerdo con
lo que acredita el Ministerio de Medio Ambiente, y que la eólica produjo electricidad que evitó la importación de combustible por valor de 3.600 millones de euros, cuando las primas que recibió fueron de 1.600 millones. Pero la obsesión del
ministro acaba conduciendo a la renuncia.
Y la renuncia es que hoy el Gobierno y el ministerio han presentado un Plan de acción nacional de renovables que lo que ha hecho es dar pasos atrás respecto de lo que se aprobaba en Zurbano, haciendo que la
aportación de las renovables a la producción eléctrica pase del 42 al 38 por ciento, estando por debajo incluso de lo que ha representado en el primer semestre de este año, mientras que el gas y el carbón suben en porcentajes. Desaparece
prácticamente la eólica marina, la biomasa o la geotermia tienen un papel marginal. Esta es la sensibilidad del ministerio y del Gobierno. Mientras tanto, no presentan la ley de renovables trasponiendo la directiva, y lo que hacen es proclamar la
revolución de las renovables, eso sí, obligando a consumir más gas, más carbón y más nuclear. Pero si este es el problema, el del déficit, y esta es la obsesión, la del ministro, tenemos otro elemento, el daño colateral, que seguramente es aquello
que explica casi todo.
Ustedes saben que en España se invirtió mucho, quizá demasiado, en centrales de ciclo combinado, que las centrales de ciclo combinado para amortizarse tienen que operar 5.000 horas anuales y que hoy están operando 3.500 y Red Eléctrica prevé
1.700 horas para 2016, razón por la cual hoy probablemente el acento del Gobierno sea en contra de las renovables y a favor de quien hace más negocio. Si este es el daño colateral, si esa es la obsesión del ministro, si este es el problema del
déficit, ¿cuál es el despropósito? Señorías, el despropósito es que hoy, cuando machaconamente insistimos en el sobrecoste de las renovables, las nucleares y las hidroeléctricas se embolsan en torno a los 5.000 millones de euros al año por un mal
funcionamiento del pool por los beneficios caídos del cielo y nadie le quiere meter mano. Los beneficios caídos del cielo hay quien los ha calculado en 2009 en 3.600 millones de euros. No lo digo yo, lo dice Martín Gallego, que fue secretario de
Estado de Energía con Felipe González. Un informe de la Comisión Nacional de la Energía así lo acredita, y eso sin contar con aquellos recursos que vienen de los CTC y con lo que se ha computado de más. Hoy centrales hidroeléctricas amortizadas,
construidas en tiempos de dictaduras como la de Franco o incluso la de Primo de Rivera, que no pagan por el agua, centrales nucleares amortizadas venden la electricidad por encima de lo que les cuesta su generación, de acuerdo con el precio de la
última tecnología que entra en el pool, que acostumbra a ser centrales de ciclo combinado. Y así tenemos la gallina de los huevos de oro, que nos cuesta a todos en torno a los 5.000 millones de euros en función del año. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
Pero hoy nos vamos a encontrar con la actitud lamentablemente negativa del conjunto de la Cámara, pese a que la Comisión Nacional de la Energía, reputados expertos y multitud de inteligencias sobre la materia dicen que lo que hay que hacer
es acometer un modelo que defina el precio de la luz, de la electricidad de manera distinta. Hoy se esconderá bajo la complejidad técnica el mantenimiento de determinados privilegios. Y en un escenario de crisis, en un contexto donde se recortan
derechos a trabajadores, a pensionistas, a dependientes, donde se le pone el acento a las renovables, no somos capaces de acabar con un privilegio; el privilegio de las eléctricas, que lo que hacen es embolsarse millones y millones de euros, que
quizá por eso tengan tantos beneficios y que quizá por eso en un contexto de crisis son capaces de externalizarse como nunca. Por eso nosotros entendemos que esta Cámara tiene que dar un paso y lo que no vale es dejarlo para más adelante. Nos
dirán también que no se puede tratar porque estamos en el marco de la subcomisión sobre el tema energético, y lo cierto ese que esta Cámara acaba de discutir una proposición no de ley sobre renovables presentada por el Grupo Socialista y votó una
moción de UPN, del Grupo Mixto, sobre el tema de renovables sin que nadie tuviese reparo alguno en aprobar dicha moción, sin que nadie tenga reparo alguno en aprobar hoy dicha proposición no de ley. Por eso entendemos que no hay motivos para
mantener privilegios.
Es insólito, inaceptable e incluso les diría que produce bochorno, que cuando recortamos derechos como nunca, cuando algunos hacen reformas laborales injustificables, cuando se recortan los derechos de los pensionistas, no seamos capaces de
poner límite y freno a un privilegio, el de las eléctricas, que por una mala regulación del pool hoy reciben miles de millones de euros. De ahí la moción; una moción completa que trata diferentes aspectos y que, además, intenta poner freno a los
excesos que hay.
Señor presidente, acabo ya diciendo que en la moción podrán ver diferentes puntos y que en ella planteamos que se presenten en el Congreso informes que acrediten lo que cuesta cada cosa; las primas a las renovables y los sobrecostes que
existen en la valoración de la generación de electricidad, así como los sobrecostes del conjunto del sistema sumado a la necesidad de acentuar la tarea de inspección de la Comisión Nacional de la Energía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Para defender la enmienda del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego ha presentado una enmienda en la que solicitamos que se haga el matiz de que estas políticas tienen que implementarse en colaboración con las comunidades autónomas desde el estricto respeto a sus
competencias, en la medida en que muchas de ellas son competencia autonómica. Dicho esto quiero expresar nuestra total concordancia con los contenidos generales de esta moción. Discrepamos del intento de focalizar el déficit tarifario en las
primas a las energías renovables y culpabilizar a estas de las continuas subidas de la luz.
Como muy bien se apunta en la propia exposición de motivos de la moción consecuencia de interpelación, es necesario recordar que las energías renovables
contribuyen a reducir las emisiones de CO2; contribuyen a disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles; contribuyen a reducir las importaciones y, además, han contribuido en un sector que hoy en día es puntero, que aporta valor
añadido, aporta empleos de calidad y tiene una creciente presencia en otros mercados. Incluso hay estudios que afirman que el impacto económico de esta aportación que hacen las energías renovables -porque todas estas cuestiones que he enumerado,
señorías, tienen un impacto en la economía- es muy superior al sistema de primas del que se benefician. No queremos decir que el BNG no esté de acuerdo en que haya que racionalizar las primas que se conceden a las energías renovables y, en
particular, evitar que se produzcan movimientos especulativos con las mismas, pero la apuesta a favor del desarrollo de las energías renovables tiene que marcar el diseño de la estrategia energética en el Estado español. Además, hay que abordar
problemas de fondo que no se quieren abordar y que se apuntan muy bien en la moción consecuencia de interpelación que se somete a debate. Es necesario introducir un cambio en el sistema regulatorio para evitar las distorsiones provocadas por un
sistema de precios en el que todas las instalaciones cobran al precio más alto de la última tecnología en entrar en el mercado. Esto beneficia en particular a las centrales nucleares, a las centrales hidroeléctricas, cuyas inversiones se encuentran
total y absolutamente amortizadas. Hay que recordar que las centrales hidroeléctricas, además, explotan un recurso público como es el agua. En Galicia sabemos muy bien cómo las empresas eléctricas que gestionan y explotan las centrales
hidroeléctricas se benefician de un recurso público, como es el agua, para la generación de electricidad y obtienen pingües beneficios por el desarrollo de esta actividad, mientras gran parte de los costes ambientales y sociales que significa esta
especialización productiva los tiene que asumir la sociedad. Hay cálculos hechos por destacados expertos que señalan que tanto las instalaciones de generación nuclear como las instalaciones de generación hidroeléctrica obtuvieron 1.600 millones de
euros por encima de sus costes de producción. Por lo tanto, hay que estudiar otros mecanismos, como establecer un precio fijo pautado a la electricidad de origen nuclear y de origen hidroeléctrico sacándolos del pool energético.
Por lo demás, coincidimos total y absolutamente en la necesidad de diseñar una política energética que apueste por la eficiencia, que apueste por combatir el cambio climático, que apueste por el desarrollo de las energías limpias. Por
tanto, reitero el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta moción consecuencia de interpelación, tan solo solicitamos que quede perfectamente claro que la implementación de estas políticas se hará siempre desde el estricto respeto a las
competencias autonómicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jorquera.
Para fijar posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, el diputado Joan Herrera del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya Verds nos presenta una moción orientada a la revisión del
cálculo del déficit tarifario y al impulso de las nuevas estrategias a favor del ahorro, la eficacia y el fomento de las energías renovables. Para ello argumenta que el déficit de las tarifas se está disparando, que para reducir los ministerios se
está intentado recortar las primas, cuando el verdadero problema del sobrecoste es el exceso del beneficio de las compañías eléctricas, que el problema está en el marginalismo que lleva a las hidráulicas y nucleares a que obtengan millones de
beneficios caídos del cielo ya que sus inversiones están más que amortizadas, y que la solución al déficit no debe pasar por rebajar las primas sino por un cambio decidido en el sistema regulatorio. Para ello plantea modificar el funcionamiento del
mercado excluyendo a hidráulicas y nucleares, de manera que pasen a regirse por los costes incurridos sin que obtengan beneficios caídos del cielo. También plantea presentar al Parlamento un informe relativo a este asunto y aprobar una
planificación energética que eleve los objetivos del 20-20-20 para el año 2020 al 30-30-30 para el año 2020, a la vez que plantea siete medidas más sobre retribución de renovables, ley de ahorro, eficiencia energética, fiscalidad ambiental, ley de
renovables, etcétera.
El tema de la moción, como sabe el diputado Herrera, es de enorme interés y una preocupación para nuestro grupo parlamentario y especialmente para muchos ciudadanos que han de soportar la factura eléctrica, pero, señor Herrera, como usted
sabe, en el seno de la subcomisión energética estamos hablando de estas cuestiones y tratando de consensuar un documento sobre el mix energético del futuro. Estamos hablando de la tarifa, estamos hablando de las energías renovables, de la
eficiencia energética, etcétera, de todos los temas que usted plantea en la moción y de algunos más. Podríamos argumentar en contra de algunas cuestiones que hoy plantea usted aquí y sin lugar a dudas podríamos apoyarle en muchas de las medidas e
ideas que bien sabe usted que compartimos. Sin embargo, mientras no cerremos el documento -de consenso o no, con más o menos votos particulares en la subcomisión-, trasladar el debate de la subcomisión al Pleno mediante esta moción que presenta hoy
su grupo parlamentario no nos parece oportuno porque perdería fuerza el posible acuerdo que podamos alcanzar en el seno de la subcomisión y que nos está llevando tanto esfuerzo y trabajo. Por este motivo, espero que lo entienda en este marco, y
estando de acuerdo -insisto- en algunas de las cuestiones que usted plantea, creemos que no es el momento de proponerlas y por lo tanto vamos a votar en contra de su iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Es cierto que la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds es consecuencia de interpelación y que, tal y como ha manifestado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, don
Pedro Azpiazu, incorpora muchos puntos que se están tratando en la subcomisión de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, que justamente está analizando y estudiando desde hace bastante meses, intentando conseguir un consenso sobre algunos de
los aspectos más relevantes que ha planteado el señor Herrera en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Por este motivo nosotros no vamos a poder estar de acuerdo con la misma y vamos a votar en contra de todos sus puntos, a pesar de que con algunos de ellos podríamos coincidir. No obstante, consideramos que es una moción un poco oportunista
y quizás un poco electoralista, si se me permite, y con mis máximos respetos hacia el señor Herrera. En nuestra opinión, no es de recibo que el señor Herrera plantee esta moción cuando muchísimos de sus aspectos están siendo debatidos en la
subcomisión e incluso también él ha participado en algunos de los debates que se han producido en el seno de la misma. Vamos a elaborar un documento en el que se intentará alcanzar el máximo consenso entre todas las formaciones políticas y, si esto
no es posible, las diferentes formaciones políticas tendrán la oportunidad de plantear votos particulares. Por eso, señor Herrera, con el máximo respeto y cariño, le indico que no es de recibo que ahora venga usted aquí con una moción con quince o
dieciséis puntos, con diez o doce incorporaciones que plantean más posibilidades ante el Gobierno, y que podamos resolver de un plumazo el mix energético para la economía española en los próximos veinte años, que podamos posicionarnos respecto a
cómo se va a elaborar la nueva tarifa eléctrica o cómo eliminar el déficit eléctrico, así como con algunos planteamientos ideológicos que vienen por parte del señor Herrera en cuanto a aspectos referentes a las posibilidades de la energía nuclear en
el futuro en España.
No entremos en planteamientos ideológicos, planteamientos quizás desde esta perspectiva electorales, pero quiero dar a entender a todas SS.SS.
que este grupo parlamentario ha sido un firme defensor de las energías renovables desde todas sus
perspectivas y en todos sus ámbitos, tanto de la energía fotovoltaica como de la energía eólica y de la cogeneración.
Por ello entrar en estos momentos a debatir alguno de los puntos que plantea el señor Herrera creemos que sería precipitado,
inoportuno e incluso me atrevería a decir con el máximo respeto que es una falta de consideración hacia aquellas formaciones políticas que llevan catorce o quince meses trabajando insistentemente en la subcomisión de Energía e Industria, dirigida
magistralmente por el diputado don Antonio Cuevas y en cuyo seno ha intentado conseguir el máximo consenso entre todas las formaciones políticas, así como que en ella puedan participar sin ningún tipo de excepción todos los agentes políticos,
económicos y sociales del sector energético español.
Por estas motivaciones importantes -al menos para este grupo parlamentario- y a pesar de que en algunos aspectos podríamos estar de acuerdo con el señor Herrera porque también hay que decir que en algunos aspectos hemos coincidido con S.S.,
que ha sido ocurrente y brillante en algunas de sus exposiciones, quiero señalar que este no es el sitio oportuno para tratar todos los puntos planteados en esta moción, motivo por el que vamos a votar en contra.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en torno a la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Son varios los elementos que hemos tenido en cuenta a la hora de determinar la
posición final de nuestro grupo que, ya le anticipo, va a ser contraria a la moción. Una yo creo que se ha dejado entrever en la posición del defensor de la moción e incluso se detecta en la lectura de la propia iniciativa, que es la falta
de una política energética coherente por parte del Gobierno. Después de seis años que hace que gobierna este Gobierno y que se presentó en esta Cámara como el que tenía la solución para resolver los problemas energéticos que tenía nuestro país, se
ha constatado que ese modelo energético no existía y que desgraciadamente para todo nuestro país nuestro modelo energético brilla por su ausencia y está causando importantes problemas a nuestro sistema económico. Fíjense en que desde que el señor
Zapatero llegó al Gobierno han sido más de veinte las modificaciones que ha habido sobre el marco regulatorio que se encontró entonces y ninguna de ellas, como digo, ha sido capaz de resolver los problemas que decían que tenía nuestro sistema y que
desde luego pretendían resolver. Prueba de que no existe ese modelo es que ha sido en esta legislatura cuando se ha tenido que abrir una subcomisión para definirlo, para definir un modelo de futuro, y prueba de que no se tiene ese modelo energético
para nuestro país es que se están negociando con el Partido Popular aspectos importantes del mismo porque la gestión del Gobierno lo ha hecho insostenible.
Se presentaba el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, como quien quería hacer de la lucha contra el cambio climático uno de los ejes de su Gobierno y nos hemos encontrado con que este es un Gobierno que no tiene política
energética, que ha reducido las primas a las renovables, que está incentivando la producción de energías altamente contaminantes y que se ha enmendado no sé cuántas veces en la fecha para traer a esta Cámara una ley de eficiencia energética y de
energías renovables. Todo esto no sale gratis; todos estos vaivenes, todos estos dimes, todos estos diretes no salen gratis. No sale gratis a la competitividad de la economía española, no sale gratis a la hora de generar confianza en los
mercados, no sale gratis a nuestras empresas y, lo que es más importante, no sale gratis a las personas, a los cientos de personas que en un porcentaje muy elevado se ven en el paro como consecuencia de la ineptitud del Gobierno. No es que seamos
nosotros los que estemos diciendo que esto no sale gratis, que esta falta de política energética no sale gratis, es que no hay una sola asociación de productores de energía, no hay un solo organismo regulador que tenga competencias sobre esta
materia que no llame la atención sobre la falta de un modelo energético coherente en los últimos seis años.
Hay otros elementos que, como les decía, tenemos que considerar. Uno es el radicalismo que yo creo que late en la iniciativa que se presenta. Desde la exposición de motivos hasta la propia defensa que se hace de la misma creo sinceramente
que late detrás un radicalismo, un extremismo -si usted me lo permite, señor Herrera- que no se puede compartir a día de hoy, o al menos mi grupo parlamentario no lo comparte. Dos -y termino, señor presidente-, la presencia de una subcomisión en la
que se están tratando muchos aspectos que hoy se traen a colación, cuando si se deja que culmine sus trabajos posiblemente podremos configurar unos ejes básicos, como se está haciendo en otros países, sobre lo que debe ser nuestro desarrollo
energético. En último termino, nosotros estamos intentando negociar con el Gobierno, bien es cierto que para intentar resolver los problemas que ellos mismos han generado, para intentar resolver el incremento tan descomunal que ha habido del
déficit tarifario desde que llegaron al Gobierno, para intentar resolver los efectos llamada que ellos mismos provocaron y que han hecho insostenible lo que era perfectamente sostenible cuando llegaron al Gobierno. Para todo eso también estamos
negociando, porque nosotros sí estamos arrimando el hombro para resolver el principal problema de nuestro país, que es el de las personas que están en el paro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Antonio Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en relación con la moción que nos trae hoy aquí, consecuencia de la interpelación sobre el déficit tarifario, el impulso de las nuevas estrategias a favor del ahorro y la eficiencia y las energías renovables, como ya se ha dicho
aquí en esta Cámara, al Grupo Socialista, que pretende fijar posición en este asunto, le parece, como otros portavoces han dicho, que todos los temas que aquí se están planteando coinciden no solo con lo que se está analizando en la subcomisión sino
también con los veintiocho puntos, creo recordar, que fueron suministrados por el Gobierno en el llamado Pacto de Zurbano. Por tanto, son preocupaciones que están discutiéndose y que necesitan un debate distinto del que aquí se nos plantea. Sin
embargo, como todo acto parlamentario -y este lo es- no es inocuo, plantea una visión tanto desde la óptica del promotor como desde la de algunos intervinientes que han explicado su posición.
Mi grupo quiere dejar claras ambas cuestiones. En primer lugar, este es un tema complejo que no se puede despachar solo con afirmaciones como que hay unos beneficios exagerados en las empresas energéticas o como que el Gobierno considera
como villanos a las energías renovables, porque ninguna de estas afirmaciones y otras que se hacen se sostienen con la realidad. Hasta el 2004 se instalaron 1.300 megavatios de energías renovables; del 2004 al 2008 -Gobierno socialista-, 2.600; y
3.000 en lo que va de legislatura. El déficit tarifario no lo ha creado el Gobierno socialista, lo heredamos, venía de otras concepciones de política en las que se decía que el coste de la electricidad no subiría para los consumidores actuales pero
subiría para los futuros y, por tanto,
era un coste camuflado dentro de una estrategia que ahora, al cabo de los años, nos presenta una factura inasumible. Nosotros no consideramos -el Gobierno tampoco- que el sobrecoste de las renovables sea consecuencia del déficit tarifario,
pero es verdad que, como estaba en la factura eléctrica, la ha incrementado de forma notable: 6.600 millones de euros, que no parecerá una cuestión baladí, durante este año. Si pensamos que los compromisos son a veinticinco años, calculen ustedes
hacia dónde nos lleva esto. En uno de los puntos de esta moción se dice que el Gobierno tendría que tomar medidas para corregir esta situación y esto es lo que estamos intentando hacer en la subcomisión para mantener la seguridad jurídica de todos
los inversores y también para que sea posible poner algún orden en el futuro del desarrollo de las energías renovables. Se dice que tenga que ver también con el desarrollo de todo el componente energético de nuestro país. Por eso se creó esa
subcomisión que creo recordar que está fijada en un horizonte de veinticinco años; o sea, no se ha creado la subcomisión porque este Gobierno no tenga política energética; no, esa subcomisión la crea este Congreso porque estima, igual que otros
parlamentos en todo el mundo, que deben analizarse las previsiones que, en una estratégica energética como la que estamos, en una coyuntura técnico-energética muy importante como no se había visto en muchos años, hay que vislumbrar para el futuro.
Ese es el sentido. Por tanto, no tergiversemos las cosas porque no tienen nada que ver. Solo pongo un ejemplo: el llamado régimen especial, o sea las renovables, produjo 79 teravatios en el 2009 y el coste fue de 9.040 millones de euros, los
6.055 del sobrecoste tarifario más la retribución de mercado de 2.900 millones de euros. La producción en el llamado régimen ordinario fue de 183 teravatios, o sea casi tres veces lo que produjo el régimen especial, a un coste de 6.962 millones de
euros. Luego, las centrales nucleares y las hidráulicas han producido el 40 por ciento de esta producción, y no se puede venir aquí a decir que las primas significan un sobrecoste mucho menor que el deficiente funcionamiento del mercado eléctrico
que hincha los beneficios de las compañías y permiten la existencia del déficit. No, señor Herrera, no se puede decir esto con los números; se podrá decir otra cosa. Desde luego, este Gobierno ha apoyado las renovables. Como he dicho al
principio, es el Gobierno que ha introducido, en consonancia con las directivas europeas, una liberalización del sector eléctrico que está produciéndose, es el Gobierno que ha introducido mejoras en la eficiencia y es el Gobierno que ha conseguido
éxitos como, por ejemplo, reducir en trece puntos la intensidad energética, cosa que hacía años que no se producía en nuestro país. Por lo tanto, estamos en presencia de decisiones de política energética que deben mantenerse consensuadas, que
exigen mayor seriedad.
Mi grupo lo está haciendo y por eso está apoyando al Gobierno en sus decisiones sobre materia energética.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
Señor Herrera, ¿acepta S.S. la enmienda del señor Jorquera?
El señor HERRERA TORRES: Sí, señor presidente, la acepto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL EJECUTIVO ANTE EL ALARMANTE AUMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 173/000156.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo ante el alarmante aumento de casos de violencia de género. Para la defensa de la misma, tiene la palabra doña Sandra Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, puedo afirmar sin temor a equivocarme que lo que más desearía mi grupo, y entiendo que el resto de grupos de esta Cámara, es que llegase el día en que no tuviésemos que debatir sobre violencia de género. Sería la prueba evidente
de que con el esfuerzo de todos habríamos puesto fin a esta terrible lacra social. Desgraciadamente, a día de hoy, esto no es así. Y lo digo con pesar; pesar porque después de tanto años -hace más de catorce años que se pusieron en marcha los
primeros planes de lucha contra la violencia de género-, después del compromiso de los sucesivos gobiernos, después del intenso trabajo de los diferentes colectivos sociales, también de los jueces, de los fiscales, de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, hoy tenemos que hablar de un número de muertes, a nuestro juicio, insoportable. Pesar por quienes desde diferentes responsabilidades políticas hemos asumido el compromiso de combatir la violencia que sufren miles de mujeres,
pero pesar sobre todo por aquellos que han perdido la vida, por sus familias, por sus hijos, muchos de ellos desgraciados testigos del maltrato que han sufrido sus madres. En lo que va de año, 48 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o
ex parejas. Un 12 por ciento más que el año anterior. De estas mujeres, solo el 14,8 por ciento tenía una orden de protección y ocho de cada diez no había interpuesto denuncia. Datos sin duda para la reflexión, la búsqueda de nuevas medidas y
también para la asunción de responsabilidades. No es intención de este grupo desviar el debate buscando falsos culpables. Para el Grupo Popular el verdadero culpable es aquel que acaba con la vida de la mujer. Ahora bien, si durante años nos
hemos impuesto una autoexigencia, con el fin de dar pasos firmes y decisivos para erradicar la violencia de género,
es hora de analizar la situación y ser plenamente conscientes de que algo no está funcionando cuando el número de muertes no disminuye sino que aumenta, cuando el número de denuncias no aumenta sino que disminuye y cuando ese 14,8 por ciento
de mujeres asesinadas este año que tenían una orden de protección no lo han sido lo suficiente como para salvar su vida. Porque algo no está funcionando y porque no hay tiempo que perder es por lo que el Grupo Popular presenta esta moción; una
moción elaborada a la luz de las conclusiones aprobadas en la subcomisión constituida en esta Cámara; una moción que ha buscado el consenso, porque somos plenamente conscientes de la importancia del mismo en esta materia. En este punto, me
gustaría agradecer a todos los grupos enmendantes su interés en llegar al máximo acuerdo. Todos los grupos tenemos nuestras legítimas ambiciones en busca del interés común, y tan legítimas son unas como otras, por eso es de agradecer el acuerdo, a
sabiendas de que esto no implica renuncia sino responsabilidad para que podamos dar los pasos necesarios en la búsqueda del fin de la violencia de género.
No hay duda de que a este grupo, al grupo al que represento, le hubiese gustado que su moción fuese aceptada en su totalidad, nos hubiera gustado que los menores fueran incluidos en el artículo 1 de la ley como sujetos directos de la misma,
como víctimas que lo son de la violencia que se vive en el entorno familiar. El pasado año en más del 8 por ciento de los casos el agresor asesinó a su mujer, a su pareja, en presencia de sus hijos. Nos hubieran gustado determinados cambios
procesales, qué duda cabe, para que la declaración de la víctima, llevada a cabo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer tuviera el valor de prueba preconstituida.
Nos gustaría que, de una vez por todas, asumiéramos que algo está pasando con los
juzgados de Violencia sobre la Mujer. Además de estar saturados, de hecho los exclusivos de Violencia sobre la Mujer, que superaron en el tercer trimestre del pasado año el número de diligencias previas previstas para todo un año, están resolviendo
cuestiones civiles que bien podrían ser conocidas por juzgados competentes en esta materia o por los juzgados de Familia. También desearíamos que,en un tema tan sensible como el que nos ocupa no se intentase buscar culpables donde no los hay.
Creemos sinceramente que la polémica desatada con los jueces hace escasas semanas en nada beneficia la lucha contra la violencia de género. Lo importante es proteger a la mujer, darle seguridad, transmitir desde las diferentes instancias que no
están solas y que todos asumimos las responsabilidades. Resulta, no obstante, verdaderamente preocupante que los jueces hagan profundas críticas a la ley, señalando que el problema es que esta no diferencia entre supuestos concretos, y mientras los
casos leves son los asuntos que mayoritariamente se tramitan por los juzgados de Violencia, los más graves, sin denuncia interpuesta, no se suelen investigar.
Señorías, todos somos conscientes de que no podemos perder ni un solo minuto sin resolver esta cuestión. Por eso hemos incluido en la moción la necesidad de una completa implantación de las unidades de valoración forense que permitan
analizar la situación de cada víctima. Por ello, también hacemos nuestra la intención del Observatorio de violencia contra la mujer que asimismo ha sido incluida en enmiendas de otro grupo, en orden a acelerar los informes periciales tal y como
contempla la Ley contra la Violencia de Género y tal como debiera haberse hecho ya.
Señorías, determinadas cuestiones no requieren una modificación de la ley.
Requieren una correcta aplicación de la misma. Requieren que una norma apoyada por la mayoría de esta Cámara no duerma el sueño de los justos y pueda desarrollarse
plenamente. Otra cuestión son las necesarias modificaciones que, a nuestro juicio, debiera contemplar esta ley. Mi grupo no renuncia a ellas, pero en estos momentos para nosotros, igual que para muchos grupos que han manifestado su intención de
apoyar una enmienda transaccional de mi grupo, estamos dispuestos a alcanzar el consenso en aras a ese bien común. El inmovilismo, señorías, es malo en política, y el conformismo puede ser en ocasiones letal. No obstante, en aras a ese consenso
del que he hablado hemos buscado el acuerdo con todos los grupos. Espero que todos los grupos de esta Cámara, no solo los enmendantes, los que han hecho sus aportaciones y a los que quiero mostrar un agradecimiento especial, acepten esta enmienda
transaccional que recoge una buena parte de las solicitudes de todos. Estoy segura de que la sociedad española, en especial esas mujeres que sufren día a día el maltrato, agradecerá nuestros esfuerzos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
Para la defensa de enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, tomamos la palabra para defender las enmiendas que presentamos a la moción defendida por la señora Moneo. Hemos de decir que en general compartimos la moción que presenta el Grupo Popular, en la medida en que hay algo que, desde
nuestro punto de vista, es muy importante, como es que el debate sobre la violencia de género y todas aquellas cuestiones que hay que impulsar es muy necesario que lo mantengamos en el tiempo y que no quedemos tranquilos pensando que todo está hecho
porque en un momento determinado fuimos capaces de consensuar una ley.
Al margen de esta cuestión que, como digo, hace que de forma general valoremos muy positivamente esta moción, presentamos estas enmiendas por dos razones fundamentales: una, porque desde luego nosotros no compartimos que la cuestión
relacionada con aquellas necesidades que tengan los menores por razón de la aceptación
o los perjuicios que sufran como sujetos de situaciones de violencia de género, tengan que resolverse a través de la modificación del artículo 1.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Para nosotros es
importante que el artículo 1 de la ley se mantenga como está a no ser que se incorpore alguna cuestión que incida en el concepto que en el mismo se desarrolla y que no es otro que reconocer el hecho de que la violencia de género está ligada total y
absolutamente a las condiciones de desigualdad que histórica y culturalmente padecemos las mujeres. Por tanto, nos parece importantísimo que ese artículo se mantenga como está a no ser efectivamente que sea incidiendo en la exposición conceptual
que en el mismo se hace. En cambio, sí consideramos que es conveniente seguir analizando aquellas situaciones que puedan ser perjudiciales para los menores que en este momento no estén debidamente atendidas y por lo tanto tenemos que buscarles
soluciones, de ahí el tenor de nuestra enmienda presentada.
Por otro lado, en relación con la otra enmienda que hemos planteado que tiene que ver con los juzgados de Violencia sobre la Mujer, señorías, nosotros hemos seguido las diferentes intervenciones que se han hecho en la subcomisión que se creó
para analizar esta ley en la Comisión de Igualdad y fuimos perfectamente conocedoras de que hay una controversia real en este asunto, es decir, hay profesionales vinculados a la judicatura, de todo tipo de jurisprudencia, que no comparten el hecho
de que los juzgados de Violencia sobre la Mujer tengan que atender también las cuestiones civiles, en cambio hay otros profesionales que manifiestan lo contrario y que además ensalzan el hecho de que en estos juzgados se atiendan absolutamente todas
aquellas cuestiones que tengan que ver con cualquier proceso relacionado con un asunto vinculado a esa violencia, ya sea la violencia en sí o los asuntos de divorcio, etcétera. Por tanto, la enmienda que presentamos pretende que se siga analizando
esta cuestión de manera que podamos tomar en su momento las decisiones o soluciones más oportunas.
Por otra parte, señorías, quisiéramos aprovechar esta moción para recordar una vez más que para nosotros el hecho de que tengamos una Ley como la de Violencia de Género no supone que esta vaya a resolver el problema del asesinato de mujeres;
desgraciadamente, esto no va a ser así a corto ni a medio plazo en la medida en que el problema es mucho más profundo.
Evidentemente -y así se ha hecho por nuestra parte en la subcomisión que analizó el desarrollo de la ley-, hay otros asuntos que
necesitan ser reconducidos o impulsados, por eso compartimos la propuesta que se hace en la moción de que lo antes posible se lleven a cabo aquellos acuerdos alcanzados con el documento que se elaboró, las resoluciones elaboradas en la subcomisión
que analizó, como digo, esta ley, porque ahí se analizaban en profundad aquellas cuestiones que en este momento no están desarrolladas que son necesarias impulsar y otras que estando desarrolladas no son suficientes para resolver aquellos asuntos
fundamentales a los que están orientados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.
Saludamos y sobre todo agradecemos a la señora Moneo su voluntad de llegar a un acuerdo, pero también la de todos los grupos políticos de esta Cámara, porque para nosotros es importantísimo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...en materia de violencia de género alcanzar acuerdos cada vez que tratemos el tema.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, desde Convergència i Unió compartimos con el grupo proponente la preocupación por el elevado número de víctimas de la violencia de género, la preocupación, en definitiva, por constatar que estamos aún lejos de erradicar la
violencia machista, a pesar de todos los instrumentos y todos los esfuerzos que se están realizando desde hace tiempo por parte de todas las fuerzas políticas, porque todos hemos tenido, tenemos o tendremos en algún momento responsabilidades de
Gobierno en algunas de las administraciones responsables de implementar medidas al respecto. Es una lucha contra la violencia de género en la que uno de los valores más importantes ha sido, y en nuestra opinión debe seguir siéndolo, el consenso;
el mensaje a las mujeres que sufren violencia de que, más allá de las legítimas diferencias ideológicas y partidistas, somos capaces de debatir, de renunciar incluso a posiciones propias para poder seguir adoptando y perfeccionando instrumentos
hasta encontrar los más adecuados y los más eficaces para erradicar esta lacra social.
Hoy el Grupo Popular nos propone una serie de medidas para mejorar la lucha contra la violencia de género y he de decir, sin mayor preámbulo, que desde Convergència i Unió las podemos compartir. Podríamos estar de acuerdo con todas ellas
porque algunas se han aprobado por unanimidad en el informe de la subcomisión de seguimiento de la Ley contra la Violencia de Género, que se realizó precisamente a instancia de mi grupo parlamentario, y otras no se aprobaron pero fueron también
propuestas por Convergència i Unió como, por ejemplo, la de separar las competencias civiles de las penales, retornando las civiles a los juzgados de Primera Instancia o a los juzgados de Familia. Por tanto, podríamos apoyarlas, pero, conscientes
de que no son
unas medidas sobre las que haya unanimidad o ni siquiera acuerdo, como se constató en la subcomisión de seguimiento de la Ley contra la Violencia de Género, hemos preferido, aprovechando que el debate propuesto por el Grupo Popular nos
ofrece la oportunidad de aprobar un nuevo mandato al Gobierno, hacer una enmienda con el ánimo de contribuir a crear de nuevo un consenso.
¿Qué es lo que propone nuestra enmienda? Propone nada más y nada menos que instemos al Gobierno a que ponga en marcha de forma inmediata las recomendaciones, la totalidad de medidas que se aprobaron en la subcomisión de estudio de la Ley
contra la Violencia de Género. Esto, señorías, no es una simple remisión a un texto, son treinta y cinco nuevas medidas, algunas tan importantes como que se contemple la asistencia psicológica de mujeres e hijos previo a denunciar, como que se
pueda contar con asesoramiento jurídico previo a la denuncia e incluso previo a la solicitud de orden de protección, o como flexibilizar los requisitos de acceso al Fondo de garantía de pensiones para que no sea, como lo es ahora, una medida
prácticamente vacía de contenido por la rigidez de las condiciones de acceso a la misma. Medidas importantes en relación con la protección de los hijos, tales como que la orden de protección, las medidas cautelares sean extensivas a los mismos, y
medidas también para que se mejore y agilice la realización de la valoración del riesgo de las víctimas de manera que los jueces puedan disponer del informe de valoración de riesgo antes de adoptar las medidas de protección y optimizar de esta
manera la imposición de brazaletes de control telemático, control de la medida de alejamiento que, tal como se ha señalado incluso por el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, es una medida que se usa poco y que, sin embargo, puede ser
un instrumento realmente eficaz en la protección de las víctimas.
Otros grupos parlamentarios han presentado también enmiendas que mi grupo puede suscribir en su totalidad. Con todo ello, con la buena disposición de la señora Moneo a llegar a un acuerdo con los portavoces de los grupos enmendantes, yo
quiero finalizar mi intervención con la esperanza, diría que ya en este momento del debate con la seguridad, de poder llegar a un texto que todos podamos votar y que permita que nuevamente desde el consenso podamos instar al Gobierno a adoptar más y
mejores medidas que redunden también en más y mejor protección de las víctimas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Montón. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la violencia de género es una de nuestras máximas preocupaciones. Es una preocupación del Grupo Parlamentario Socialista y una preocupación del Gobierno, así lo ha demostrado en estas dos legislaturas. Con la Ley contra la
Violencia de Género esta se ha puesto en primera línea de la agenda política y de la atención social. Se ha pasado de la parcialidad a tener una ley integral. Alrededor de ella se ha desarrollado un complejo sistema que va perfeccionándose y
ampliándose con el paso del tiempo; un sistema pionero y de referencia en Europa, y lo hemos hecho sobre la base del consenso y la unidad.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda, porque no estamos de acuerdo ni con la exposición de motivos ni con las medidas que enumera la moción. Esta se sustenta -la moción- en la intención de desvirtuar el
concepto de violencia de género y un cambio en el modelo de los juzgados; todo bajo la idea principal de que la ley y todo el sistema es un fracaso. Es un cambio de modelo unilateral que supone dar pasos atrás y que no se asienta en las bases
internacionalmente reconocidas, como la Conferencia de Beijing de 1995, ni tampoco en todo lo que hemos venido trabajando y consensuando a lo largo de todos estos años. Señorías del Grupo Popular, no se debe distorsionar demagógicamente lo que es
violencia contra las mujeres. La violencia de género es violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo, como brutal acto de dominación y símbolo de desigualdad.
Desgraciadamente, en este ámbito de violencia viven menores. Son los hijos
de mujeres que sufren violencia y debemos protegerlos también. Por ello, en nuestra enmienda hacemos una propuesta concreta para su protección como siempre que debatimos este tema, porque esto favorece además que las mujeres puedan salir del
círculo de la violencia y su posterior recuperación. Otro logro contra la violencia es la creación de los juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer: 106 exclusivos y 358 compatibles, frente a los 17 previstos en un primer momento. Se ha
hecho un gran esfuerzo que permite la tramitación conjunta civil y penal, agilizando, evitando duplicidades y haciendo que las decisiones que se adoptan -por ejemplo, referentes a custodia- se tomen con el conocimiento global por parte del juez.
En violencia hablamos siempre de consenso, un consenso que ustedes no ponen fácil. Lo pusieron difícil en el trabajo de la subcomisión, que ya rechazó las cuestiones que ahora vuelven a plantear en la moción. Lo pusieron difícil en el
debate sobre el estado de la Nación, en el que la Cámara rechazó su petición de modificar la ley. Y lo ponen difícil si cada vez que hablamos de violencia su argumento principal, como dice la moción y como expresó en la intervención de su
interpelación, es que todo es un fracaso. No me parece honesto transmitir ese mensaje falso a la sociedad y a las mujeres que necesitan saber que de la violencia se puede salir. No me parece responsable transmitir ese mensaje a los maltratadores
que tienen que saber que sus actos jamás quedarán impunes.
Señorías, la violencia de género no puede ser un arma partidista. Esta cuestión merece un cambio de actitud y trabajo en equipo; un equipo en el que cada cual tiene su
responsabilidad, desde el Gobierno central a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Esperamos un cambio de actitud -felicitamos el comienzo de ese cambio de actitud- donde impere la responsabilidad, pues es poco serio hacer solo
una política populista y de gestos por la que se quitan o ponen observatorios -como ha hecho ahora doña Esperanza Aguirre- en función del márquetin de una foto que puede dar ganancia electoral.
Ese no es el modelo que necesitamos. Necesitamos
avanzar en el camino del consenso y de la unidad en el que comenzamos en 2004, que es lo que planteamos con nuestra enmienda, avanzando en medidas para la protección de los hijos, en el uso de los dispositivos electrónicos, en la detección precoz,
en las unidades de valoración forense y en el tratamiento informativo de los medios de comunicación. Todas las medidas presentadas por mi grupo son razonables y positivas -ustedes lo saben-, aunque algunas no han sido aceptadas por puro prurito
partidista. Pero no quiero quedarme con eso, quiero felicitar el cambio de discurso del Partido Popular, rebajando el catastrofismo y reconociendo que la ley que aprobamos entre todos es un instrumento útil y necesario. Y quiero felicitar el
esfuerzo y el trabajo realizado por todos los grupos por haber llegado a una transaccional que refuerza ese consenso y esa unidad que necesitamos para luchar contra la violencia de género. Entre todos y entre todas lo vamos a conseguir.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, celebramos el tono de la diputada Moneo hoy, un tono constructivo. De hecho, si hemos llegado a acuerdos en la transaccional ha sido gracias a esta actitud constructiva. Pero también debo decir que...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: Pero también debo decir que se aleja bastante del tono un tanto catastrofista que utilizó en la interpelación. Es evidente que queda mucho por recorrer en la lucha contra la violencia de género, que lamentablemente
se van repitiendo los casos de asesinatos de mujeres, pero también es cierto que hemos avanzado mucho, y en esto creo que debemos ser honrados políticamente y reconocer la obra del Gobierno y la de todos los grupos parlamentarios, que hemos
mantenido una actitud de colaboración, de apoyo, una actitud constructiva. Por tanto, no ha lugar a discursos catastrofistas. Lo correcto es reconocer la obra de todos.
También hay que reconocer que gracias al trabajo de la Comisión tenemos una
hoja de ruta, tenemos un rumbo expresado en las conclusiones de la subcomisión, una subcomisión de valoración de la Ley integral contra la Violencia de Género. Conclusiones que en buena parte estaban contenidas también en una proposición no de ley
de nuestro grupo parlamentario que fue aprobada recientemente en la Comisión. Lo que pretendía nuestra enmienda de sustitución era que el Gobierno reafirmara la voluntad de llevar a cabo el cumplimiento de esta proposición no de ley que, en buena
parte, recogía el universo de todas nuestras demandas; razón por la cual esta proposición no de ley fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, repito, hace escasamente unos meses. También debo decir que hay algunos aspectos del texto de la
proponente que no están incluidos en la transaccional con los que nosotros no estábamos demasiado de acuerdo. Por ejemplo, discrepamos de algunas medidas propuestas respecto a los menores, porque la Ley de medidas de protección integral contra la
violencia de género tiene unas destinatarias muy específicas como son las mujeres, que son las beneficiarias de una ley que prevé medidas en todos los ámbitos para hacer frente a la violencia machista.
Por tanto, no entendíamos esta demanda, lo
cual no significa que la transaccional no deba incluir la necesidad de elaborar un estudio ad hoc.
También discrepábamos en lo que se refiere a la pérdida o suspensión de la patria potestad en aquellos casos en los que existe condena firme contra
el progenitor por malos tratos al menor y no estamos a favor de dicha medida porque se prevé de forma automática sin dejar margen al juez...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: ...para que pueda valorar las circunstancias concurrentes. En tercer lugar, presentábamos la enmienda de sustitución porque tenemos dudas sobre los efectos de algunas de las medidas procesales que proponen. No nos
oponemos rotundamente a las mismas, pero nos gustaría estudiarlas con más detenimiento. Por ejemplo, nos referimos a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para considerar como prueba preconstituida la declaración de la víctima de la
violencia doméstica ante el juez instructor cuando se garantice el derecho de contradicción del imputado.
En todo caso, nuestra enmienda a la totalidad también llevaba incluida una demanda, que en aras del consenso, en aras de este espíritu constructivo que atañe a todos los componentes de la Comisión, nosotros hemos aceptado transaccionar.
¿Cuál era nuestra demanda? Nuestra demanda tenía un objetivo muy claro. Atendiendo al hecho de que las partidas económicas destinadas a la lucha contra la violencia de género en estos Presupuestos Generales del Estado han sido reducidas respecto
al ejercicio anterior, pretendíamos que el Parlamento instara al Gobierno a que, como mínimo, repito, como mínimo, en el ejercicio del año 2011 las partidas económicas fueran, al menos, al menos, las mismas que las del año 2010. Esto no ha sido
posible y se ha transaccionado que los recursos serán los suficientes. Esperemos que la interpretación del Gobierno de la palabra suficiente sea la que requiere la lucha rotunda y categórica en contra de la violencia machista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
¿El Grupo Vasco desea fijar posición? (Pausa.) El señor Agirretxea tiene la palabra.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño, brevemente, para decir que nos unimos al consenso. Gracias a la voluntad de todos los grupos hemos llegado a un acuerdo, porque el tema de la violencia de género, como se ha dicho antes, es un tema muy serio con
el que no se puede andar con tonterías y romper unos consensos que ya existían es baladí. Yo creo que una ley que a veces puede tener fallos de funcionamiento no podemos echarla para atrás. Hay que mirar qué es lo que no funciona y corregir esos
defectos sin necesidad de tener que cambiar artículos de la ley, como se proponía al inicio. La diferencia que pudiéramos tener al inicio poco a poco se ha ido acercando y hemos llegado a acordar un texto. Agradezco la voluntad de la proponente,
así como la que han mostrado otros grupos. Es importante que en esta materia tengamos una posición fija, que no tengamos movimientos en falso, porque el tema es muy grave y, como se ha dicho en más de una ocasión, son personas las que están
muriendo víctimas de la violencia de género. Vuelvo a reiterar que no se debe romper el consenso por cuestiones en las que quizá podamos tener criterios diferentes, incluso en este mismo texto yo puedo tener también matices con los que no estaría
cien por cien de acuerdo, pero por mor del consenso quizá deberíamos de dejar bastantes pelos en la gatera, dicho popularmente, para que un texto unificado pueda ser el que salga adelante. Por tanto, mi grupo -no me voy a alargar más- va a apoyar
el texto resultante -reitero- del consenso. También creo que en materia de violencia de género existen unas conclusiones de la subcomisión, una ley en la que todos pusimos nuestro esfuerzo, todos pusimos de nuestra parte, y debe ser el elemento
fundamental que haga que este tema verdaderamente funcione, porque cualquier mínima erosión a quién va a beneficiar es a las personas que ejercen la violencia, y eso no lo debemos permitir. En este caso no debe haber rémoras, no debe haber grietas.
Mi grupo, por tanto, la apoyará, como no podía ser de otra manera.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Señora Moneo, ¿se ratifica en la enmienda que nos ha hecho llegar firmada por todos los grupos? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Votaremos dentro de cinco minutos. (Pausa.)
Señorías, vamos a comenzar las votaciones. Cierren las puertas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN.)
- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIAS COMPLEMENTARIAS A GALICIA EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL.
(Número de expediente 125/000019.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, orgánica de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 25; en contra, 165; abstenciones, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 122/000239.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA A PARTIR DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DE COGENERACIÓN. (Número de expediente 162/000679.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia a
partir de energías renovables y de cogeneración. Esta proposición se vota con la enmienda de adición del Grupo Catalán Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 186; en contra, uno; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA COMPENSACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS APLAZADAS O FRACCIONADAS CON DEUDAS RECONOCIDAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000674.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la compensación de deudas tributarias aplazadas o fraccionadas con deudas reconocidas por las administraciones públicas. A esta proposición se ha presentado por
algunos grupos parlamentarios una enmienda transaccional.
¿Hay algún grupo que se oponga a su tramitación? (Denegaciones.) En consecuencia, se votará en los términos de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 335.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MODIFICACIONES LEGALES OPORTUNAS PARA UN NUEVO CÁLCULO DEL DÉFICIT TARIFARIO Y EL IMPULSO DE NUEVAS ESTRATEGIAS A FAVOR DEL AHORRO Y
LA EFICIENCIA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES. (Número de expediente 173/000155.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las modificaciones legales oportunas para un nuevo cálculo del déficit tarifario y el impulso de nuevas
estrategias a favor del ahorro y la eficiencia y las energías renovables. Se vota con una enmienda del Grupo Mixto, en concreto del señor Jorquera. ¿Es así? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, nueve; en contra, 324; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL EJECUTIVO ANTE EL ALARMANTE AUMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 173/000156.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo ante el alarmante aumento de casos de violencia de género. Esta moción se vota en los términos de una enmienda transaccional, si
nadie se opone a su tramitación.
(Denegaciones.) Siendo así, en los términos de la transaccional, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 333; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.