ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión de 5 de mayo de 2008... (Página 2)

Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de ésta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001.)... (Página 2)

Comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz) para informar sobre:

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000002.)... (Página 2)

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Las medidas políticas que adoptará como responsable de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000002.)... (Página 2)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000019.)...
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- Los objetivos y programas de trabajo del ministerio durante la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000044.)... (Página 2)

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 5 DE MAYO DE 2008.


El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, procedemos a abrir la Comisión Constitucional con el orden del día que conocen los señores y señoras diputados.


En primer lugar, la ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión del 5 de mayo. Son varias comparecencias pero de una única autoridad, la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia. Si no hay objeción al acuerdo de la Mesa se entiende ratificada la delegación de las comparecencias a la Mesa. (Pausa.) Queda ratificada.


DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ÉSTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/00001.)

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, como saben ustedes, para todas las posibles comparecencias que puedan ser solicitadas, según el artículo 44 del Reglamento y la resolución de la Presidencia de la Cámara del 2 de noviembre de 1983, se procede en todas las comisiones a una delegación genérica a la Mesa de la Comisión, que decide las comparecencias siempre y cuando esa decisión sea por unanimidad; si no lo es, vuelve al Pleno de la Comisión. Si no hay objeciones se entiende aceptada esa delegación en la Mesa de la Comisión. (Pausa.)

COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ), PARA INFORMAR SOBRE:

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000002.)

- LAS MEDIDAS POLÍTICAS QUE ADOPTARÁ COMO RESPONSABLE DE SU MINISTERIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000002.)

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/0000019.)

- LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO DEL MINISTERIO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000044.)

El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora a la celebración de las siguientes comparecencias. A petición propia de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento; de la vicepresidente primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno para informar sobre las medidas políticas que adoptará como responsable de su ministerio, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular; de la vicepresidenta del Gobierno para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista; y también de la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia para informar sobre los objetivos y programas de trabajo del ministerio durante la presente legislatura, solicitada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Procederemos

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a la comparecencia la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia sumando las cuatro solicitudes, a petición propia y de los tres grupos parlamentarios mencionados, con lo cual haremos en una sola intervención la correspondiente a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno.


La señora vicepresidenta tiene la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoras y señores diputados, hace ahora cuatro años, al inicio de la anterior legislatura, comencé mi intervención ante esta Comisión, señalando el honor que para mí suponía ser la primera mujer vicepresidenta del Gobierno de España y formar parte del primer Gobierno paritario de nuestra historia. Hoy comparezco de nuevo ante ustedes con la satisfacción de haber dado un paso más en el camino hacia la plena igualdad. Un paso que significa mucho para todos, hombres y mujeres, cuantos sentimos la ilusión de alcanzar esa irrenunciable conquista democrática que es y debe ser la igualdad. Hoy vuelvo a esta Comisión, orgullosa de formar parte de un Gobierno en el que por primera vez en nuestra historia hay más ministras que ministros. Un paso significativo, sí. Un testimonio claro y contundente de que creemos firmemente en la igualdad y una promesa de que vamos a perseverar hasta conseguir que se extienda a toda la sociedad. Lo hemos hecho durante los últimos cuatro años y lo seguiremos haciendo. Y es que la igualdad constituye uno de los valores que van a significar toda nuestra acción de gobierno, como así lo subrayó el presidente Zapatero en su discurso de investidura. En él fijó el presidente del Gobierno los que serán los ejes de la acción del Gobierno en estos cuatro años. Un proyecto en el que trabajaré con la ilusión y la responsabilidad de saber que los ciudadanos nos demandan la tarea de hacer que nuestro país siga avanzando por la senda de progreso, de desarrollo democrático, de libertad y de bienestar que se inició hace ahora treinta años. Un proyecto que ha fijado nuevas metas. Nuevas metas de modernización, de reforma, de adaptación a una nueva realidad que ya emerge en todos los espacios de nuestra vida personal y colectiva, y de avance hacia una democracia más completa, en la que los ciudadanos estén más empoderados.


No quiero pecar de autocomplacencia, pero creo que el balance es realmente positivo. Avanzamos, crecemos como país, progresamos. Hoy contamos con nuevas leyes que sin duda han elevado nuestro listón democrático y de justicia social; leyes de gran calado transformador cuyo potencial hay que desarrollar y aprovechar al máximo porque son muchas sus posibilidades. Hoy contamos con un marco jurídico que sin duda va a seguir perfeccionándose en esta legislatura gracias a SS.SS., pero que ya nos permite gestionar mucho y gestionar bien. No les quepa duda de que así va a hacerlo el Gobierno, y yo por supuesto desde mis responsabilidades, con las mismas herramientas con las que hemos trabajado en estos años: igualdad, por supuesto, diálogo, respeto, cooperación, voluntad de acuerdo, vocación de consenso y transparencia.
Con esas señas de identidad, voy a exponerles las líneas generales de la acción que me propongo llevar a cabo desde la responsabilidad que el presidente del Gobierno me ha asignado como vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno.


Señoras y señores diputados, en los cuatro años ya transcurridos hemos hecho un gran esfuerzo legislativo. Hemos aprobado leyes para situar a España entre los países más avanzados en derechos económicos, políticos y sociales. Se trata de leyes que mejoran la vida de las personas, que nos hacen ganar calidad democrática y nos van a ayudar a seguir ganando posiciones en la carrera del progreso. Uno de nuestros objetivos durante este nuevo periodo debe ser, por tanto, asegurar el pleno desarrollo y efectividad de esa legislación, porque ello redundará en mayor bienestar, en más calidad de vida y en más justicia social. Para avanzar hacia ese horizonte de pleno rendimiento democrático e institucional al que aspiramos debemos gestionar bien, debemos ganar en eficacia, debemos profundizar en la coordinación de todos los recursos con que contamos para llevar adelante nuestros proyectos, porque los grandes proyectos requieren, señorías, de una acción coordinada de todo el Gobierno. Para ello se han creado la semana pasada las nuevas comisiones delegadas; comisiones que tienen el mandato de aunar esfuerzos en materias que van a ser prioritarias para nuestro país en esta legislatura. A mí, señorías, me ha correspondido la responsabilidad de presidir cuatro de ellas: las comisiones delegadas para la política de inmigración, para la lucha contra el cambio climático, para la política de igualdad y para la cooperación al desarrollo. Eran cuestiones en las que mi departamento ya venía ejerciendo, como es lógico, la coordinación política, que corresponde a la vicepresidencia Primera del Gobierno, pero ahora se hará de manera más institucional y con un mandato establecido, que sin duda contribuirá a reforzar los objetivos de esas políticas.


Por otra parte, señorías, y con ese mismo objetivo de avanzar en eficiencia institucional, quiero aprovechar esta primera intervención parlamentaria de la legislatura para reiterarles el convencimiento del Gobierno de la necesidad de llevar a cabo una reforma pactada y limitada de nuestro texto constitucional en los términos en que ya nos manifestamos en la pasada legislatura, es decir, una reforma que nos permita hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, incorporar la denominación de las comunidades autónomas al texto constitucional, garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado e incorporar el proceso de integración europea a nuestra norma suprema. La legislatura pasada el Gobierno inició las tareas preliminares con la solicitud y emisión del dictamen del Consejo de Estado, órgano que, como SS.SS. saben, se reformó y al que se otorgaron

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mayores atribuciones precisamente para que pudiera realizar una mayor contribución a esta tarea. Como todos ustedes conocen, la falta de consenso impidió que esta reforma pudiera llevarse a cabo. Por eso, en este nuevo periodo legislativo nos gustaría recabar el consenso necesario para tratar de alcanzar el acuerdo preciso que nos permita llevar a cabo la reforma. Quiero, por tanto, reafirmar nuestra voluntad de seguir buscando los puntos de encuentro que nos permitan avanzar en una reforma necesaria, justificada y demandada por una nueva realidad política y social.


Con ese mismo espíritu de buscar acuerdos y fomentar todas aquellas iniciativas que nos permitan ganar en calidad democrática, hemos ampliado durante los pasados cuatro años las posibilidades de participación en política tanto de colectivos con alguna discapacidad como de algunos otros ciudadanos mediante reformas puntuales de la Ley de Régimen Electoral General, más allá de la introducción, a través de la Ley de Igualdad, de la paridad en los procesos electorales. Pues bien, nos proponemos seguir avanzando en todas aquellas reformas que nos permitan facilitar la participación ciudadana y aumentar el rendimiento de nuestras instituciones. Tal y como indicó el presidente del Gobierno en el debate de investidura, vamos a promover con carácter inmediato la creación de una subcomisión en el seno de esta Comisión Constitucional para abordar y evaluar otros posibles cambios en dicha Ley de Régimen Electoral General, buscando, como siempre, el acuerdo y el mayor consenso posible, como exige la modificación de una de las normas esenciales de nuestro sistema político. Les anuncio ya que el Gobierno se propone solicitar, con carácter inmediato, al Consejo de Estado un informe sobre las posibles reformas en torno a la Ley del Régimen Electoral General.
Una vez emitido el dictamen correspondiente por este órgano consultivo, el Gobierno lo remitirá a dicha subcomisión para que lo utilice como una herramienta de trabajo para enriquecer el debate y la reflexión que aquí se van a producir.


También promoveremos en estos cuatro años el desarrollo reglamentario de tres importantes leyes, dos de ellas aprobadas en la anterior legislatura. La primera es la Ley de asociaciones, en cuyo desarrollo reglamentario llevamos trabajando tiempo y que se acometerá antes de que finalice este mismo año para dar respuesta a una demanda de la sociedad que nos va a permitir enriquecer nuestro tejido cívico, mejorar la transparencia y el sistema de gestión de las diferentes asociaciones y, con ello, desde luego, la participación de los ciudadanos en la vida política y pública. Igualmente, nos proponemos acometer el desarrollo reglamentario de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura y también desarrollaremos el reglamento de la Ley de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en el periodo de 1936 a 1939.
Con ello, señorías, pretendemos dar plena efectividad a los derechos de los partidos políticos que vieron enajenado su patrimonio y de las víctimas de ese periodo especialmente doloroso de nuestra historia con las que tenemos contraída una deuda de justicia y que se reflejó en las hoy ya leyes que aprobamos durante la anterior legislatura.


Señoras y señores diputados, en estos treinta años de democracia hemos crecido como país y lo hemos hecho mirando siempre hacia delante, haciendo bueno el aforismo de Unamuno que aconseja ser padres del porvenir en lugar de hijos del pasado. Hemos levantado entre todos un sólido edificio muy bien ahormado por nuestra Carta Magna y magníficamente cimentado sobre los pilares de la tolerancia, la libertad, el respeto y la solidaridad. Esos valores son los que nos han traído hasta aquí, los que nos han guiado por el camino del progreso y nos han situado a la cabeza de los países más avanzados del mundo. No en vano somos la octava potencia económica mundial y nos hemos convertido en un referente de compromiso social y de calidad democrática. Sin duda, el avance en la conquista de los derechos económicos y sociales junto con la protección y ampliación de derechos y libertades tanto en el ámbito público como en el individual forman parte indivisible de ese gran trecho recorrido y han de continuar siendo vía de acción de los poderes públicos. A lo largo de este corto pero intenso período democrático hemos dado pasos de gigante en el ámbito de los derechos económicos y sociales, entre ellos hemos garantizado, entre otros, el derecho a la educación libre y gratuita, a la libertad de sindicación y a la negociación colectiva. Hemos dado pasos decisivos en el capítulo de derechos y libertades en el ámbito público, ya sea en derechos a la igualdad legal, de petición, de participación o de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, y por supuesto hemos avanzado mucho en el capítulo de los llamados derechos individuales como el derecho a la vida, a la libertad de creencias religiosas, ideológicas, a la igualdad jurídica a la hora de contraer matrimonio con independencia de la orientación sexual y también lo hemos hecho en el derecho a la vida privada y al honor. Sin embargo, algunos hechos y decisiones acontecidos en los últimos meses han podido venir a mermar las garantías en su ejercicio de alguno de estos derechos fundamentales e individuales. El caso de mujeres que vieron peligrar su derecho a la intimidad o la confidencialidad de sus datos en el ejercicio de otro derecho como es el de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos en la ley o la suscripción de un convenio por el que el servicio de asistencia religiosa católica pueda formar parte del comité de ética de cuidados paliativos de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid constituyen un buen ejemplo de lo que digo. Como saben, tanto en un caso como en otro, el Gobierno ha puesto en marcha distintos mecanismos destinados a garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales, concretamente el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos, el derecho a la salud y el derecho a la libertad religiosa, ya que de acuerdo con nuestra Constitución no

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pueden tener otros límites que los previstos en el ordenamiento jurídico y los que se derivan de criterios profesionales. Los correspondientes ministros les darán cumplida cuenta en su momento de las actuaciones promovidas en los casos mencionados y su situación actual, pero, en todo caso, quiero, precisamente en esta Comisión Constitucional, reafirmar hoy aquí la voluntad del Gobierno de seguir trabajando por preservar y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales. Es nuestra obligación como Gobierno y no escatimaremos esfuerzos para cumplir con ese objetivo. Decía Platón que la libertad está en ser dueños de la propia vida. La protección de la intimidad, un espacio personal y privado, libre de toda injerencia de los poderes, es uno de los fundamentos mismos de nuestros sistemas democráticos, y vamos a permanecer siempre atentos a toda vulneración que se pueda producir en ese ámbito, en el que solo uno mismo es soberano de su propia vida.


Señorías, es mucho lo que hemos avanzado en reconocimiento y garantía de derechos en la legislatura anterior, pero mientras haya una sola persona que sufra discriminación, violencia o vea atacados o menoscabados sus derechos, toda ambición es poca. Por eso vamos a proponer al Parlamento una ley integral para la igualdad de trato y contra toda discriminación que sitúe a nuestro país en la vanguardia de la garantía efectiva del derecho a la igualdad inherente a todo sistema democrático, a la vez que fomente el reconocimiento de la diversidad como un activo social, impulsando y completando el marco legislativo europeo. Ninguna sociedad democrática pone hoy en duda que los derechos humanos son universales, el gran reto está en conseguir que esos derechos de los que todos somos titulares alcancen su plena efectividad en la realidad cotidiana de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos libres. Por eso me comprometo ante ustedes a presentar antes de que finalice este año un plan de derechos humanos en el que ya hemos venido trabajando a fondo con la colaboración de la sociedad civil. España es un país que garantiza y protege los derechos humanos, incluidos los de nueva generación, por lo que la finalidad de este plan será fundamentalmente sistematizar, vertebrar e impulsar la actuación de los poderes públicos en todos los aspectos relacionados con los mismos. Con su aprobación, España celebrará del mejor modo posible, con el compromiso y con los hechos, el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se conmemora este año. Asimismo, quiero decirles que, durante la pasada legislatura, el Gobierno de España trabajó a fondo en la elaboración de otro plan, un plan integral de lucha contra la trata internacional de seres humanos, especialmente de mujeres, niñas y niños que se encuentra actualmente en una fase muy avanzada de elaboración y que esperamos también aprobar en breve. El plan, este último, enfrenta este terrible problema desde el convencimiento de que esta lacra social exige respuestas desde muy distintos frentes y por ello incorpora entre sus materias principales las de prevención y sensibilización, educación y formación, asistencia y protección a las víctimas, y coordinación y cooperación interior e internacional. Y es que los derechos humanos, señorías, no deben conocer fronteras y el Gobierno de España está fuertemente comprometido con ellos no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por eso firmaremos, en el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio europeo contra la trata de seres humanos y por eso estamos apoyando decididamente la puesta en funcionamiento, en el seno de la Unión Europea, de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, con cuyas tareas de control del respeto a la Carta de derechos colaboraremos sin fisuras. Como ustedes saben, hemos jugado un importante papel en la constitución del nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sustituye a la antigua comisión. El Gobierno de España quiere que este consejo se consolide y se convierta en un sólido impulsor de la agenda de los derechos humanos de las Naciones Unidas, y quiere ser parte de ello. Por eso hemos presentado la candidatura española para formar parte de este prometedor organismo y estamos recabando los apoyos necesarios para que así sea.


Finalmente, y por lo que se refiere a este gran apartado de reconocimiento y protección de derechos, y con el objetivo de seguir avanzando y alcanzar la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado, nos proponemos revisar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a la España de hoy; una ley que también establezca las garantías sobre el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de conciencia y que incorpore, además de los acuerdos hoy vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas, lo que ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado durante estos años.


Señoras y señores diputados, no quiero dejar de abordar en esta comparecencia la que pretendemos sea una tarea importante en el perfeccionamiento del Estado de las autonomías. Una de las fortalezas de un país es, sin duda, contar con una cultura política de cooperación. La red de vínculos, compromisos, interdependencias y responsabilidades que conforman la sociedad debe tener su fiel reflejo en una actitud y una disposición permanentemente favorable al diálogo y al entendimiento por parte de las instituciones que tienen la responsabilidad de dirigir y gestionar los asuntos públicos. El Gobierno quiere profundizar en esa gran fortaleza democrática. Pasaron los tiempos de la reivindicación, pasaron los tiempos de la confrontación. La sociedad, los ciudadanos, los retos que debemos afrontar entre todos, demandan unos poderes públicos capaces de entenderse, de llegar a acuerdos y de colaborar en la resolución de los problemas. Nuestro sistema autonómico cuenta con la suficiente madurez para que así sea. Por eso vamos a seguir trabajando para consolidar e institucionalizar la Conferencia de Presidentes y fomentar el funcionamiento regular y efectivo de las conferencias sectoriales. También nos proponemos, y así se lo anuncio, revitalizar

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la Comisión Delegada de Asuntos Autonómicos, que la hemos adaptado a la nueva estructura del Gobierno y que queremos que se convierta en un actor fundamental en lo que afecte al desarrollo de nuestro Estado de las autonomías y de las reformas estatutarias.


En esa misma línea de mejora del rendimiento de nuestro Estado de las autonomías, vamos a seguir avanzando en la reducción de los litigios entre comunidades autónomas y Gobierno. Ya lo hemos reducido mucho en estos cuatro años, pero aún podemos profundizar más en ese camino hacia un Estado Autonómico que necesariamente debe apoyarse en la lealtad institucional y en el espíritu cooperativo. Durante esta legislatura el Gobierno prestará especial atención a la elaboración de todas sus normas para asegurar que se ajusten rigurosamente a lo dispuesto en la Constitución, en los nuevos estatutos de autonomía y en lo declarado por el Tribunal Constitucional. Con ese fin, vamos a introducir un nuevo instrumento para mejorar la gestión básica del Estado en su adaptación constitucional, lo que nos ofrecerá más conocimiento y más seguridad en la relación de la Administración General del Estado con las administraciones autonómicas. Para ello, les anuncio que todos los proyectos normativos incorporarán como garantía adicional un informe de impacto autonómico, que nos permitirá ponderar desde la más absoluta objetividad y fiabilidad cómo se ven afectadas nuestras autonomías y nuestras distintas normas por cada nueva norma o disposición estatal.


Señoras y señores diputados, no quiero cerrar este apartado de mi intervención sin referirme a algunos importantes eventos que se van a celebrar en nuestro país y en los que el Gobierno ha tenido y tiene activa participación e interés. Me refiero a la Presidencia de la Unión Europea, que, como saben ustedes, corresponde a España en el primer semestre de 2010; a la Exposición Internacional de Zaragoza, que comienza el 14 de junio; a la conmemoración, ya en marcha, de los bicentenarios de la guerra de la Independencia y de las independencias de las repúblicas iberoamericanas; a la que será la gran conmemoración de los doscientos años de la Constitución de Cádiz, y a la Copa América en Valencia. La vida, decía Ortega, no es solamente lo que hemos sido, sino también lo que deseamos ser. Con estas conmemoraciones recuperamos nuestra memoria, un pasado compartido que nos identifica como pueblo, pero también proyectamos, con acontecimientos como la Copa América de Valencia y la Expo Zaragoza de 2008, nuestro porvenir, nuestra ambición como país.
Celebramos, en definitiva, esa voluntad de futuro que nos une. Como hemos hecho hasta ahora, vamos a seguir apoyando y poniendo nuestro empeño en que tales eventos estén a la altura de lo que esperan los españoles y que tengan la proyección nacional e internacional que merecen.


En lo que respecta a la Presidencia de la Unión Europea, los españoles y españolas hemos demostrado que llevamos a Europa en el corazón. Dentro de año y medio, durante unos meses vamos a convertirnos en el verdadero corazón de Europa. Asumir la Presidencia de la Unión Europea es un reto colectivo y una gran responsabilidad en la que todos debemos sumar fuerzas, alcanzar posiciones compartidas y avanzar de común acuerdo. Lo que está en juego es el prestigio de nuestro país, nuestra proyección en Europa y el progreso de unas instituciones hacia las que los españoles y españolas han mostrado, siempre que han sido llamados a pronunciarse, el mayor de los apegos. Para facilitar esa labor, vamos a contar con la colaboración de un alto representante que, desde la Presidencia del Gobierno, se va a ocupar de la coordinación de las cumbres internacionales y de la Presidencia europea.


Señoras y señores diputados, como ministra de la Presidencia me corresponde mantener la relación con esta casa, con el Parlamento, y me propongo seguir haciéndolo como en los últimos cuatro años, de manera fluida y eficaz, con diálogo y voluntad de acuerdo. Sus señorías saben muy bien que ya en la anterior legislatura nos propusimos ganar en calidad democrática y devolver al Parlamento la centralidad que le corresponde. Estábamos entonces y seguimos estando convencidos hoy de que el Parlamento debe ser el principal foro del debate político, de control y de rendición de cuentas, y no cabe duda de que las distintas iniciativas que hemos venido adoptando en esta línea han proporcionado un renovado protagonismo a las Cámaras. El presidente Zapatero ha renunciado a responder preguntas de su propio grupo parlamentario para facilitar con ello la labor de control del Gobierno por parte de la oposición y, por supuesto, en esta legislatura vamos a mantener ese compromiso.
Igualmente, el presidente del Gobierno seguirá manteniendo su compromiso de someterse al control de la oposición también en el Senado.


El Parlamento ha de ser la gran casa del debate político, el lugar donde se rinden cuentas y desde el cual se piden explicaciones al Gobierno, y no cabe duda de que hoy lo es más que nunca. Creo que todos debemos sentirnos satisfechos por ello. Pero también es importante, señorías, la eficacia -no debemos darnos por satisfechos-, la eficacia política y parlamentaria y por eso un objetivo común ha de ser la modernización del Parlamento; una modernización que en la pasada legislatura ha experimentado un gran avance con la puesta a disposición de la Cámara y de SS.SS. de importantes recursos telemáticos. El Gobierno ha acompañado esa modernización. Hemos agilizado y facilitado el ejercicio del control escrito con la puesta en marcha de distintas medidas telemáticas y así vamos a seguir haciéndolo. De hecho, en pocas semanas iniciaremos el sistema de respuesta por medios electrónicos entre Gobierno y Congreso.
La innovación facilitará una comunicación más rápida y eficaz entre Gobierno y Parlamento. En definitiva, se trata de trabajar mejor para servir mejor a los ciudadanos.


Señorías, dialogo, consenso y responsabilidad constituyen el frontispicio sobre el que el Gobierno quiere que transcurra el devenir de la actividad parlamentaria

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en esta legislatura, y precisamente apelando al sentido de la responsabilidad de los distintos grupos parlamentarios, y muy especialmente al del principal partido de la oposición, me gustaría llamar su atención sobre la necesidad de que se lleve a cabo cuanto antes la renovación de algunos órganos constitucionales. Creo que existen renovaciones que resultan ya inaplazables o, si lo prefieren, hay interinidades que resultan ya inexplicables. Ciertamente, el ordenamiento deja a la prudencia de la Cámara la elección del momento más oportuno para hacerlo, pero no es menos cierto que nunca previó, porque resultaba inimaginable, que las situaciones de interinidad pudieran resultar tan exageradamente prolongadas.


Señoras y señores diputados, no concibo la política si no es indisolublemente unida a la responsabilidad, y no hay responsabilidad sin transparencia. Informar, responder y explicar son imperativos básicos que han de observarse siempre en el ejercicio de la responsabilidad pública.
Por ello quiero manifestar que en mi actuación, en la realización, en el ejercicio de todas mis funciones, pero en especial como portavoz del Gobierno, seguiré atendiendo a ese principio de responsabilidad; responsabilidad ante SS.SS., responsabilidad ante los medios de comunicación y responsabilidad ante los ciudadanos, y lo haré con total transparencia, como he procurado hacerlo siempre y en todo momento. Y aquí también he de hablarles de algo más: de respeto; respeto a las opiniones, respeto a las posiciones, respeto a la pluralidad que, del mismo modo que caracteriza a la sociedad a la que servimos, debe caracterizar al mundo de los medios de comunicación. Queremos medios que respondan a la multiplicidad de voces de una sociedad como es la española, avanzada y abierta, pero también medios de comunicación eficientes, modernos, con la mejor calidad. En la pasada legislatura promovimos con afán clarificador una nueva ordenación del escenario audiovisual, sentando bases claras para todos los operadores, liberalizando sectores, reformando los medios públicos y delimitando su espacio en el panorama general, además de impulsar decididamente y con metas precisas el tránsito hacia la televisión digital terrestre.
Quedaron pendientes algunas cuestiones importantes como la Ley General Audiovisual; una norma sin duda importante que queremos que nazca fruto de un gran consenso entre todos cuantos operan en este complejo escenario. Nuestra voluntad es, por tanto, de consenso y así queremos presentar la norma antes ustedes para someterla a su consideración como un gran acuerdo del sector. También creamos en esta legislatura el Consejo Superior de Medios Audiovisuales como mecanismo de garantía de los derechos que asisten a los ciudadanos, a las instituciones y a los propios medios de comunicación, y como impulsor de buenas prácticas en un mundo tan complejo como el que vivimos. Esas buenas prácticas, y en particular la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad ante los medios, han sido también, como saben, una preocupación y ocupación del Gobierno en estos años. Promovimos el Código de protección de la infancia. También pusimos en marcha algunas iniciativas para luchar mejor contra la violencia de género. En ambos casos, y en otros que queremos promover en esta nueva etapa, hay que seguir trabajando, perfeccionando y haciendo más operativas las iniciativas, pero no cabe duda de que se trata de un camino fructífero y en el que merece la pena seguir avanzando. Por eso, en los próximos cuatro años queremos seguir impulsando este tipo de iniciativas, de modo que alcancen la relevancia y la eficacia que les corresponde como instrumentos destinados a proteger a los sectores sociales que presentan mayor vulnerabilidad. Junto a esas iniciativas, hemos impulsado otras normas que también se han propuesto incrementar la transparencia y reforzar el carácter de servicio público de la comunicación del Gobierno con los ciudadanos, como la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional.


Hemos hecho muchas cosas. Yo, personalmente, me siento satisfecha de haber puesto fin a la televisión pública de partido. Hoy nuestros medios de titularidad pública estatal caminan solos, sin tutelajes, respondiendo solo a criterios de eficiencia y de servicio público. Quiero desde aquí felicitar a todos sus profesionales, porque sin ellos no hubiera sido posible; una felicitación que también quiero hacer extensiva a los profesionales de la Agencia EFE y a su presidente, Alex Grijelmo. EFE ha pasado en estos años de una situación de graves pérdidas económicas a otra de beneficios y ello gracias a una gestión profesional y eficaz de sus recursos y de su potencial, que es mucho. Así lo atestiguan los nuevos proyectos puestos en marcha por la agencia, entre los que quiero mencionar por su especial importancia la puesta en marcha, junto con Televisión Española, de un servicio de noticias en formato audiovisual para el mercado iberoamericano. Y, por supuesto, EFE ha trabajado en libertad, con total independencia del Gobierno y aplicando siempre criterios profesionales. Y así queremos que continúe y que quede garantizado. Por eso nos proponemos aprobar por ley la modernización de la agencia, inspirándonos para ello en los modelos de otras agencias internacionales europeas, así como en las recomendaciones que en su día formuló el llamado comité de sabios para la reforma de los medios de comunicación de titularidad pública.


Señorías, tenemos grandes retos por delante. El gran reto tecnológico que tenemos planteado en 2010, con el llamado apagón analógico, es un buen ejemplo de lo que digo. El impulso a la televisión digital terrestre, que va a transformar de manera radical el modo de hacer y de ver televisión, nos ha ocupado también durante los últimos cuatro años. Hemos hecho avances importantes, que van a convertirse en decisivos en los próximos dos años. No tengan duda alguna, señorías, de que el Gobierno se empleará a fondo en ese impulso. También en la misma línea de apertura, transparencia y fomento de una información de calidad, el Gobierno tiene previsto poner en marcha el centro internacional de prensa. Un

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gran centro de encuentro y de trabajo para todos los periodistas de otros países y sus asociaciones del que hasta ahora no disponíamos y que, sin duda, hacía falta en la capital de España. Un espacio para la información y para la comunicación entre la prensa extranjera y la sociedad española que, sin duda, también contribuirá al enriquecimiento del debate y de la opinión pública.


Señorías, antes de finalizar la exposición de lo que serán mis prioridades en las tareas de Gobierno que tengo encomendadas, quiero referirme brevemente a los organismos autónomos adscritos al Ministerio de la Presidencia. Son, como saben, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Boletín Oficial del Estado y Patrimonio Nacional. Sobre el Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral, Cepreco, que se ha integrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, también les hablaré. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a quien ha dirigido el centro en estos cuatro años, Purificación Morandeira, por su eficaz gestión. El organismo creado por la crisis originada por el vertido del Prestige ha cumplido con el objetivo que se le encomendó y ahora va a dedicarse de lleno a la que ha sido también una línea importante de su actividad: la de trabajar con plena dedicación a la seguridad y prevención de la contaminación marina.
Por ello, el Cepreco mantendrá su estructura y ubicación en A Coruña y, desde allí, seguirá siendo garantía de nuestra capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y continuará trabajando para preservar y reforzar la seguridad frente a los vertidos que se puedan producir en nuestros mares. Es una tarea en la que nos hemos empleado a fondo en los cuatro años pasados, y no solo ante situaciones de emergencia en el mar, sino frente a catástrofes de todo tipo. Como SS.SS. saben, hemos puesto en marcha la Unidad Militar de Emergencias; hemos dotado de más medios a Salvamento Marítimo, poniendo en marcha un plan nacional; hemos creado la Comisión Interministerial de Coordinación para la Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, y a esta labor va a continuar contribuyendo también Cepreco en esta legislatura.


En lo que se refiere al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, quiero también agradecer a José Álvarez Junco su labor como director del centro. Nos propusimos abrir el centro a la investigación más avanzada, crear vínculos con todos cuantos trabajan en ese campo, y creo que, gracias al esfuerzo y al compromiso de su director, podemos estar satisfechos del resultado. Hemos marcado una línea en la que debemos seguir profundizando y nuestra intención es consolidar el Cepco como un centro de referencia nacional e internacional de investigación, formación e información sobre la realidad social, política y constitucional española.


También nos comprometimos a implantar nuevas pautas en la relación del Centro de Investigaciones Sociológicas con el Gobierno, con el Parlamento y con la sociedad, y lo hemos cumplido. En estos cuatro años el Parlamento ha tenido acceso completo a los estudios del CIS y el Gobierno ha eliminado toda interpretación de los mismos. Con ello ha puesto fin al uso partidista de una institución que solo debe estar al servicio de los ciudadanos y del conjunto del Estado. También en este caso la transparencia ha constituido el eje fundamental de nuestra actuación y es un principio que vamos a mantener los próximos cuatro años.


Igualmente hemos reformado el Boletín Oficial del Estado. En 2007 aprobamos su estatuto y creamos la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, con lo que facilitamos y mejoramos su cometido, estableciendo un régimen de funcionamiento más flexible y facilitando la gestión presupuestaria y de personal. Hemos modernizado su presentación y facilitado el acceso público al boletín a través de su digitalización.
Como saben, en 2009 el Boletín Oficial del Estado solo se editará en formato digital. Ese será sin duda un paso decisivo en su modernización.
En ella vamos a seguir insistiendo, a la vez que procurando una apertura a la sociedad de la que son muestra los millones de visitas que recibe su página web; una cifra que se incrementa cada día.


Finalmente, en lo que respecta a Patrimonio Nacional, quiero destacar que junto a las obras de rehabilitación de La Granja, El Escorial y Aranjuez, se han iniciado las obras del que será el Museo de Colecciones Reales en Madrid, un museo que, junto con las exposiciones nacionales e internacionales que ha organizado Patrimonio Nacional, cumple con el objetivo, en el que vamos a perseverar, de que la ciudadanía pueda disfrutar del tesoro cultural, histórico y artístico que constituye nuestro patrimonio.


Señorías, decía Chesterton que la idea que no se convierte en palabra es una mala idea y la palabra que no trata de convertirse en acción es una mala palabra. En esta casa de la palabra y de las ideas que es el Parlamento, he querido exponerles las grandes líneas de mi programa como vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno. No me cabe duda de que la experiencia, el compromiso y la cualificación de todos ustedes, de quienes forman parte de esta Comisión Constitucional, nos van a ser de una gran ayuda en la tarea -que como ven no va a ser poca- de convertir estas palabras en acción. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta, por su intervención.


Corresponde ahora a los grupos parlamentarios plantear en un breve turno las aclaraciones u observaciones que estimen pertinentes. Procederemos a efectuar las intervenciones del grupo de menor número de diputados al de mayor. Aunque no se ha comunicado a la Presidencia ni a la Mesa, debo entender que la señora Oramas es sustituida en este acto por la señora Díez.


La señora Díez tiene la palabra.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, quiero hacer una pequeña observación. Yo creo que lo

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que marcan la costumbre parlamentaria y el Reglamento es que intervengan primero aquellos que han solicitado la comparecencia y a continuación se siga con el resto de los grupos, entonces sí, aplicando el criterio que usted acaba de señalar.


El señor PRESIDENTE: La verdad es que el Reglamento no establece el orden.
En la legislatura anterior, en la que yo tuve también ocasión de ejercer la Presidencia, lo hicimos de menor a mayor, pero si los grupos quieren establecer otro orden, podemos hacerlo así.


El señor ESTEBAN BRAVO: Simplemente señalo que me parece lógico y que es lo que se ha hecho, que yo conozca, en la anterior legislatura. Quizá es que ha habido alguna excepción en las comisiones que usted ha presidido, pero la práctica es que quien presenta las comparecencias es quien primero interviene.


El señor PRESIDENTE: Entendemos que podemos proceder como es habitual.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero dar las gracias a la señora vicepresidenta por su intervención, por su comparecencia y por todas las explicaciones que nos ha dado en este primer turno de palabra.
Me congratulo, como la señora vicepresidenta, de los avances que se han producido hacia la igualdad. En concreto, la señora vicepresidenta ha iniciado su intervención hablando de la igualdad desde la perspectiva de la paridad y, naturalmente, coincido con ella en esa misma apreciación.
Pero sabemos bien que la igualdad no se termina con la paridad entre hombres y mujeres, por eso quiero llamar la atención sobre algunas de las cuestiones que ella misma ha planteado, que caminan precisamente hacia la consecución de esa igualdad plena de derechos que, como digo, supera la relación hombre mujer, la relación paridad. En ese sentido, acojo bien -se lo quiero decir, señora vicepresidenta- su anuncio de tratar la modificación de la Ley Electoral en esa subcomisión que nos ha anunciado que formará el Gobierno. Es una iniciativa necesaria precisamente desde la perspectiva de la igualdad. No se trata de que unos partidos políticos sean perjudicados respecto de otros, sino de que los ciudadanos a la hora de emitir nuestro voto no tenemos el mismo trato según sea la opción electoral que elijamos, sea un partido nacional o sea un partido nacionalista, o según sea la parte de España en la que vivamos. Se trata, por tanto, de cumplir el artículo 23 de la Constitución, que habla de los derechos activos y de los derechos pasivos, y en este caso es mucho más importante el derecho activo, el derecho del ciudadano a que su voto valga lo mismo que el de otro ciudadano, al margen -insisto- de su opción política o de la zona de España en la que viva. En ese sentido, saludo esa iniciativa y veamos si podemos establecer de alguna manera -siempre será muy positivo el diálogo- un acuerdo en relación con esta modificación, para mí estrictamente necesaria.


Saludo también todas sus palabras, señora vicepresidenta, en relación con la defensa de los derechos humanos. Quiero referirme en particular a dos referencias que ha hecho. Por una parte, a la Ley integral para la igualdad de trato, que creo que se ha planteado desde la perspectiva de los derechos humanos o desde una perspectiva amplia, y a la presencia, la influencia o el trabajo que se va a tomar el Gobierno en la Comisión que al respecto trabaja en Naciones Unidas. En cuanto a nuestro trabajo en Naciones Unidas como Gobierno, quería solicitarle a la vicepresidenta una aclaración. ¿Vamos a defender en Naciones Unidas, va a defender nuestro presidente en su visita a Marruecos el cumplimiento de las resoluciones 1754 y 1783 en relación con la autodeterminación del Sahara? Porque eso es defender en concreto los derechos humanos. ¿Va a tener el Gobierno de la nación un papel activo en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de esas dos resoluciones? ¿El Gobierno español va a reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática en defensa de esa autonomía y en defensa de esos derechos humanos?

Por último, quisiera referirme a lo que la señora vicepresidenta ha manifestado en varias ocasiones y que yo comparto. Creo que es muy importante que nuestro país -todos, pero también el nuestro- se convierta cada vez más en un referente de calidad democrática. Participo de esa opinión, señora vicepresidenta, y también de que en esa materia la calidad democrática esté directamente relacionada con la defensa de los derechos de los ciudadanos. Precisamente para eso, señora vicepresidenta, para defender la libertad y los derechos humanos, ¿tiene el Gobierno la intención de hacer todo lo que la ley le pone en su mano para expulsar a los terroristas de las instituciones del País Vasco en las que están gobernando? Se lo planteo desde la perspectiva de los derechos humanos y no de la lucha contra el terrorismo. Es una indignidad, desde la perspectiva de la lucha contra el terrorismo, que no estén expulsados.
Pero se lo planteo desde la otra perspectiva, porque estoy segura de que la vicepresidenta es plenamente consciente de que su presencia dentro de esos ayuntamientos, además de ser una indignidad en términos democráticos, pone en riesgo la vida de muchos ciudadanos. Hay que ver la cantidad de conocimiento, de información y de recursos económicos que tienen a su disposición los terroristas precisamente para combatir los derechos humanos. ¿Piensa el Gobierno, en ese sentido, hacer en esta legislatura una reflexión amplia y un uso absoluto de todos los instrumentos que la ley pone en su mano?

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Ridao.


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El señor RIDAO I MARTÍN: Quiero agradecer a la vicepresidenta su comparecencia y sus explicaciones.


Empezaba usted su intervención haciendo referencia a la composición del Gobierno y a la paridad del mismo. Evidentemente, nuestro grupo se felicita también de esa determinación y de ese compromiso del Gobierno para consagrar la plena igualdad, pero el Gobierno tiene la potestad de autoorganizarse como le plazca y son otros los aspectos de los que quiero hablarle, porque esa autoorganización, bajo el principio de dirección de la Presidencia, es un síntoma de hacia dónde dirige la brújula todo Gobierno, todo Ejecutivo. Nosotros, de la composición de ese Gobierno -no solo de la composición orgánica sino de otros aspectos- deducimos dos cosas. La primera es que la composición de ese Gobierno es la segunda parte del guión trazado por el presidente del Gobierno durante el debate de investidura; es decir, nuestra percepción es que hay un cierto giro al centro, una evidente recentralización política y un relativo interés no solo por la agenda catalana sino también por algunos temas autonómicos pendientes. Y le puedo poner como prueba de ello el hecho de que el antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha partido en dos, y ahora se enmascara un tema fundamental, como es la cuarta pata del Estado del bienestar, en un Ministerio de Educación, lo cual no nos parece razonable. Tampoco nos parece razonable la continuidad de la ministra de Fomento, que acumula un auténtico récord mundial no solo de incompetencias sino también de peticiones de dimisión. Y tampoco nos parece razonable esa postergación del Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo en un contexto donde adquiere especial trascendencia el cambio climático, es decir, si Igualdad y Vivienda tienen ministerio propio, creo que Medio Ambiente también debería tenerlo. La segunda conclusión es que no nos parece muy austera la configuración de ese Gobierno. De hecho hay un ministerio más, siete secretarías de Estado más, diecinueve direcciones generales más, etcétera, y por tanto se incrementa hasta un 15 por ciento el personal del nuevo gabinete; son 3,5 millones de euros más al año. Teniendo en cuenta que ya en el año 2004 el gasto corriente se incrementó un 30 por ciento, no nos parece, precisamente en esta coyuntura, un ejemplo de austeridad y de racionalidad por parte del Gobierno.


Nos ha hablado de la acción del Gobierno. Usted ha hecho algunos anuncios que saludamos positivamente, que responden a algunos compromisos ya de la pasada legislatura. Ha hablado de la Ley General Audiovisual, del desarrollo reglamentario, de la devolución del patrimonio, de la memoria histórica o la Ley de Igualdad de Trato, pero hay algunos compromisos de la pasada legislatura que usted ni siquiera ha mencionado -no sé si se trata de un olvido-; me refiero a la Ley de Información Pública. Este es un tema que adquiere trascendencia y oportunidad porque, como usted sabe mejor que yo, el Gobierno continúa aplicando una ley de secretos oficiales de los años sesenta que es una norma preconstitucional, y recientemente, ante un incidente nuclear de extrema gravedad como el de Vandellós, el Gobierno no ha podido hacer lo que hacen otros gobiernos democráticos del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, donde se publica y se publicita cualquier incidente, cualquier detalle, en relación a un accidente de esta naturaleza. Por tanto, me gustaría saber qué intención tiene el Gobierno sobre ese particular, así como sobre la Ley de Reforma del CIS, atendiendo a que el compromiso del Gobierno es que la elección de su director fuera de base parlamentaria.


También, ya que ha hablado insistentemente de derechos humanos, nos gustaría saber qué opinión le merece la Directiva sobre inmigración de la Unión Europea, teniendo en cuenta que contempla una simple autorización administrativa para acordar, incluso, internamientos de hasta dieciocho meses, lo cual, por cierto, se da de bruces con todo ese detalle o despliegue que usted ha anunciado de los derechos humanos. Por tanto, me gustaría saber qué opinión tiene. En ese sentido, quisiera trasladarle una simple impresión y, como tal, subjetiva. Esa poca ambición en el desarrollo legislativo y en las iniciativas del Gobierno en su departamento en particular dan la sensación de que este Gobierno empieza a ralentizar su ejecutoria, creo que a la espera de ver cómo se dibuja el escenario político en los próximos meses e incluso las posibles alianzas en el futuro en esta Casa después de los congresos de los partidos, después de una eventual sentencia adversa o no del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán o después de una reunión -por cierto, todavía pendiente- entre el presidente y el lehendakari Ibarretxe. Lo digo porque ese ralentí afecta a un tema sobre el que usted ha pasado de puntillas y que me gustaría que pudiera ampliar, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esto dificulta también, de forma consiguiente, el desarrollo de la justicia autonómica prevista, por cierto, en los nuevos estatutos.


Ha hablado usted de litigiosidad entre el Estado y las comunidades autónomas; también del alcance de una futura reforma constitucional. Por lo que le hemos escuchado, el alcance de la reforma constitucional es el mismo que en la pasada legislatura. Por tanto, esa reforma que ya fue informada favorablemente por el Consejo de Estado a nuestro grupo le parece una auténtica bagatela. Es decir, si se abre el melón constitucional debe ser para tratar cuestiones como el título preliminar y el título VIII, desarrollar algunos aspectos de la Constitución que han quedado anquilosados después de más de un cuarto de siglo de desarrollo constitucional. También ha hablado de cooperación; ha mencionado algunos instrumentos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.
Me gustaría saber si esa cooperación también incluye dar más celeridad a algunos traspasos pendientes. Sinceramente, señora vicepresidenta, tenemos la sensación de que hay un cierto retraso e incluso una cierta morosidad a la hora de desplegar los estatutos ya vigentes y que son ley.
También ha hablado del Tribunal Constitucional. Déjeme decirle que sin

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renovación este órgano constitucional fundamental -que debe ser un tribunal plenamente equitativo- no goza, en nuestra opinión, de plena legitimidad. En este momento el tribunal -lo sabe todo el mundo, es un secreto a voces- es víctima de la instrumentalización partidista y debe renovarse en profundidad. Por tanto, si no se produce esa renovación -a la cual nos unimos y la emplazamos a que la impulse- debemos advertir que se puede producir, cuando menos, un choque de legitimidades entre, por ejemplo, el Estatuto catalán promulgado y ya en vigor y una decisión judicial como una eventual sentencia adversa por parte del Tribunal Constitucional.


Respecto a la Ley Electoral ha anunciado la creación de una subcomisión.
Nos parece bien, es una cuestión que nos preocupa. No es un tema nuevo porque cada vez que hay elecciones generales en torno a esas fechas se incrementan las voces que quieren reducir el panorama y el espectro político a los dos grandes partidos -PSOE y PP-, incluso ha habido intentos durante esta campaña electoral de consagrar un cierto bipartidismo institucional con declaraciones del presidente del Gobierno y del jefe de la oposición -a las que no me voy a referir- cantando, entre otras cosas, las excelencias de las mayorías absolutas. En cualquier caso, lo que me preocupa y a mi grupo le inquieta es que siempre surge con fuerza el falso axioma de que las minorías están sobrerrepresentadas y que eso condiciona la política española. Eso es falso de toda falsedad. Es una línea trazada, llevada al extremo y dictada por un profundo sentido antidemocrático porque la realidad es que la actual Ley Electoral beneficia -y lo sabe todo el mundo- a los partidos mayoritarios. El grado de desproporcionalidad en cuanto a la representación política de los partidos mayoritarios y los no mayoritarios es brutal. Hay un reciente estudio sobre los 36 Estados democráticos del mundo que tienen sistemas electorales proporcionales que demuestra que el español es el sistema electoral menos proporcional, de forma que la mayoría de los grupos minoritarios de esta Cámara, empezando por Izquierda Unida, tendrían mucha más representación que la que hoy detentan.


Finalmente ha hablado de un tema fundamental como es la laicidad. Ya le dije durante el debate de investidura al entonces candidato y ahora presidente del Gobierno que culminar la transición democrática también quiere decir que el PSOE y el Gobierno dejen de estar neutralizados ideológicamente por la derecha. Lo digo porque hay temas cerrados en falso como el de la laicidad. Profundizar en la democracia pluralista quiere decir avanzar en un Estado laico, en un Estado moderno. Ustedes en la precampaña electoral anunciaron una reforma del aborto. Usted ha citado esa cuestión muy rápidamente. Sí ha hablado de una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, pero nos gustaría que precisara un poco más en qué dirección y sobre qué contenidos se basa esa iniciativa; si va en la línea de garantizar que haya una convivencia entre las distintas confesiones religiosas; si va en la línea, como nosotros preconizamos, de poner fin a los privilegios de la Iglesia católica o derogar el actual Concordato que une la relación del Estado con la Santa Sede, etcétera.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Voy a hacer una referencia no solo a lo que estrictamente correspondería a la señora vicepresidenta, sino también teniendo en cuenta que preside una serie de comisiones delegadas, creo que cinco; usted ha señalado cuatro pero me parece que son cinco las aprobadas por el Gobierno recientemente.


He repasado su intervención de hace cuatro años ante esta Comisión, y recuerdo que el inicio fue diciendo que eran conscientes de que les correspondía articular una mayoría estable de Gobierno. El reto sigue estando presente para el Gobierno; y sigue estando presente considerando además que si bien hace cuatro años se consiguió el apoyo de varios grupos a la investidura, en esta ocasión se ha quedado el grupo mayoritario absolutamente solo. También hablaba hace cuatro años de un compromiso de austeridad en la contención del gasto corriente y de lo que era la propia estructura administrativa. Sinceramente nos parece que lo que ha sucedido del anterior Gobierno a este es una inflación; una inflación administrativa, ministerial, creando incluso algunos ministerios -uno de ellos ya presente en la anterior- con pocas o ninguna competencia, puesto que en el reparto competencial dentro del Estado no le corresponden, como puede ser Vivienda, y otros con una entidad que bien pudiera ser encajable en una medida menor a lo que es un ministerio y con unos recursos más adecuados.


Ha repetido hoy la señora vicepresidenta -y yo alabo que lo haya hecho así- que el Parlamento es el centro de la vida política, el foro de control, de rendición de cuentas, del debate. Me gustaría preguntarle si el Gobierno tiene la intención de cumplir las resoluciones aprobadas por este Parlamento. Quiero recordar una muy en concreto, un asunto que ha estado en los medios de comunicación en estos días. Recuerdo que hubo una propuesta de resolución en el debate del estado de la Nación que todos los grupos votaron a favor, excepto el Grupo Socialista, para enviar una fragata al Índico para proteger a los pescadores españoles. Lo cierto es que el Gobierno incumplió esa resolución, por lo que el Parlamento dejó de ser el centro de ese debate político y de tener esa importancia que se señala. La verdad es que tampoco se hizo nada posteriormente a pesar de los requerimientos parlamentarios para incluir ese tema de la piratería en el Índico en la agenda del Consejo. Recuerdo que incluso hubo, por una parte, comentarios despreciativos sobre la entidad del problema y, por otra, un comentario sobre que son demasiados los medios que hay que poner para afrontar un problema que no lo es tanto, que no existe.
Entonces no se hizo caso al Parlamento;

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espero que eso se corrija a futuro. Es evidente que lo que sí ha habido ahora es un gran despliegue mediático ante las cámaras de los medios de comunicación con la pretensión de transmitir la imagen -en mi opinión falsa, en este caso- de un Gobierno responsable en este tema. Este Gobierno ha tenido un comienzo complicado, dificultoso. Hemos tenido el caso del aceite de girasol, sobre el que el Gobierno del Estado español ha creado una alarma que al parecer después se ha demostrado infundada; ha creado confusión en los consumidores. Ha habido episodios que nos han recordado aquello del en su momento ministro Fraga que se ofrecía a bañarse en Palomares: aquí ofrecían beberse una botellita de aceite de girasol a medias con el periodista que estaba haciendo las preguntas. Se ha armado mucho ruido y la economía del país y de ese sector, no solo los consumidores, ha podido resultar dañada.


Hay un tema que aunque sectorial es muy importante, y a mi modo de ver debe tener un impulso político pues entra dentro de las competencias y del área de la vicepresidenta. Me refiero al ámbito de la justicia sobre, el que no ha habido ninguna referencia, aunque ya sé que habrá una comparecencia del ministro. Recuerdo que hace cuatro años se hizo referencia a temas sectoriales que el Gobierno consideraba fundamentales a la hora de afrontarlos, por lo que quisiera una reflexión somera sobre este tema. La reforma legislativa respecto a las normas de procedimiento en el ámbito de la justicia fue mínima en la legislatura pasada y ahora nos estamos dando cuenta a través de estadísticas, con los últimos escándalos, que no se han cumplido 270.000 sentencias y que hay 400.000 casos penales sin resolver. Ha dicho también la vicepresidenta que hay que hacer efectiva la legislación aprobada por el Parlamento, que hay que hacer efectivo el ordenamiento jurídico y los pasos en un sentido de progreso -como ha señalado y yo comparto-, que se pudieron dar en la legislatura anterior. Tenemos por ejemplo la Ley de Dependencia, que se está quedando para los ciudadanos del Estado español en muchos casos en mero papel porque no hay medios, no hay financiación, no hay una estructuración adecuada. Lo que no podemos hacer en la legislatura que entra es vender grandes ideas sin que vengan soportadas desde atrás con lo correspondiente y -muy importante- con la financiación para poder llevarlas a buen puerto. Por cierto, hay otro asunto en los medios estos días (y la vicepresidenta hablaba también de transparencia), el asunto Taguas, una salida del Gobierno a un lobby que alguno ha decidido que no tiene intereses económicos. ¡Hombre! No sé si eso se puede decir exactamente de Seopan; pero es un asunto que no está aclarado y sobre el que el Gobierno tampoco ha marcado su opinión política. Me gustaría saber también, en este mismo ámbito de la transparencia, de las incompatibilidades, etcétera, si la vicepresidenta está en condiciones de asegurar que todos los miembros del Gobierno cumplen perfectamente la Ley de incompatibilidades de altos cargos.


Se ha hablado de nuevo de la reforma constitucional y de nuevo se ha dicho lo mismo. En resumen, se han vuelto a repetir esos cuatro puntos. Se puede pensar que la reforma constitucional estuvo en boca de muchos, pero la anterior legislatura fue absolutamente infructífera en este tema y uno se pregunta si no volverá a ser un brindis al sol, porque no se ha avanzado mucho en la búsqueda de mayorías suficientes. Y en el mismo sentido que ha señalado el representante de Esquerra, el Gobierno no puede pretender limitarlo a esos cuatro puntos concretos. La mayoría de los votos hacen lo que tengan que hacer, pero al abrirse el melón constitucional estoy convencido de que el debate, tiene que ir y va a ir más allá de esos cuatro puntos concretos que el Gobierno piensa reformar.
Además, sería bueno porque quizá podríamos buscar soluciones a problemas muy antiguos del Estado español que hoy día no se encuentran en muchas ocasiones poniendo a la Constitución como excusa.


Hablaba también de reformas en el ámbito de la Ley Electoral y mi grupo, desde luego, no se va a oponer a que se discutan ni a que pueda crearse una subcomisión si así se considera en este ámbito parlamentario; podemos entrar a discutirlo. Ahora bien ha dicho la vicepresidenta dos cosas con las que yo estoy de acuerdo. En este ámbito electoral hay que mejorar la participación de la ciudadanía y creo que los instrumentos de democracia directa también son útiles, no solo los referéndum, también las consultas sin vinculación legal, pero hay que mejorar la participación ciudadana y la expresión de la voluntad ciudadana. Y ha hablado también de aumentar el rendimiento de nuestras instituciones. Me imagino que se refería al Congreso en la modificación de la Loreg. Estamos abiertos a discutirlo.
Ahora bien, con algunas de las propuestas que están apareciendo en los medios de comunicación últimamente, como por ejemplo aumentar a 400 el número de diputados en el Congreso, no sé si lo que se quiere es mejorar el rendimiento en nuestras instituciones o aumentar el número de canonjías; no sé si aumentar el número de diputados en esta Cámara mejoraría el rendimiento, incluso si habría cauces para la participación de los mismos, ya que en los grupos mayoritarios al menos algunos parlamentarios se las ven y se las desean para intentar tomar parte en esos cauces parlamentarios.


Hay un asunto que no puedo dejar de mencionar, señor presidente, y con esto concluyo. Decía la señora vicepresidenta que en el ámbito de la política autonómica -y ella preside la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Autonómica según un acuerdo reciente del Gobierno- pasaron ya los tiempos de la reivindicación. No lo sé. Supongo que lo dirán los ciudadanos, aquellas opciones políticas que representen a los ciudadanos y las mayorías políticas que haya en un momento o en otro, pero dar por cerrados los tiempos de las reivindicaciones y decretar la paz autonómica porque sí y unilateralmente puede ser de un voluntarismo muy grande pero no real. En ese sentido me parece -coincido con ella- que hay que reforzar mecanismos de diálogo, de encuentro, pero

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sinceramente le quiero señalar que la Conferencia de Presidentes en ese ámbito da poco juego más allá de la foto. Para un debate sereno, para un debate profundo, se necesitan unos contactos más fluidos y otros cauces.
La Conferencia de Presidentes podrá sancionar, entre comillas, aquello que se haya podido ir trabajando, pero entiendo que la Conferencia de Presidentes tampoco excluye los diálogos bilaterales con gobiernos autonómicos. Alabo la intención de reducir los litigios con las comunidades autónomas, me parece que es el camino positivo, pero quisiera recordar a la señora vicepresidenta, por si puede actuar en este ámbito -y entiendo que sí-, que hoy en día ni siquiera se están utilizando los cauces legislativos existentes para minimizar esa litigiosidad con las comunidades autónomas. Ha habido un ejemplo muy reciente. El concierto económico establece que las administraciones forales y Central, de Hacienda, se intercambiarán las intenciones de reforma legislativa para que esas otras puedan estar avisadas y puedan discutir esa legislación o en su caso preparar su normativa para adecuarla. Esto no se ha cumplido desde la última reforma del concierto se ha incumplido sistemáticamente, y yo considero que esos cauces que ya están ahí deberían utilizarse y ponerse en funcionamiento.


La señora vicepresidenta ha hablado de que todos los proyectos incorporarán un informe de impacto autonómico. En principio suena bien, pero no sé si habría que buscarle otro nombre porque dicho así suena a meteorito que va a colisionar con el planeta tierra y vamos a montar aquí un conflicto autonómico de grandes dimensiones. Llamémosle no de impacto autonómico, sino de otra manera, porque además yo entiendo que no debería haber ningún tipo de impacto si el Gobierno español se ciñe a sus competencias. Es un paso, está bien, es interesante, pero es un informe de parte. No sé si podríamos avanzar algo más y hacer que ese informe fuera de ambas partes.


Por último -ahora sí, señor presidente-, tengo que hacer una referencia a mi comunidad autónoma en concreto y lamentar nuevamente que parezca que el Gobierno -al menos en el debate de investidura así se pudo deducir- tenga un proyecto definido y conocido con respecto a la Comunidad Autónoma vasca. A pesar de nuestros requerimientos en el debate de investidura no se pudo concretar nada, más allá de los términos genéricos de diccionario político que son habituales en el Gobierno en este asunto.
Estamos todos de acuerdo en el diálogo, la igualdad y el respeto al ordenamiento jurídico, pero habrá que ir concretando las cosas, ponerlas sobre un papel y decir que hasta aquí esto es respeto al ordenamiento jurídico, esto no, según tu opinión, vamos a ver, vamos a avanzar. Pero sabemos que no se concreta y, desde luego, nos sorprende mucho que el presidente del Gobierno español no tenga tiempo... Solo dos minutos, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Le doy uno.


El señor ESTEBAN BRAVO: Y le pido algo de tiempo al señor presidente del Gobierno para reunirse con el máximo representante de una comunidad autónoma como es el lehendakari de Euskadi. Luego hablará el Gobierno de diálogo y de encuentro, pero que pasen los meses y que no se produzca la reunión, sinceramente, parece que la agenda del presidente del Gobierno está muy ocupada, pero ya nos gustaría que nos explicara exactamente en qué para no poder tener una reunión de este tipo. En definitiva, tenemos la sensación de que el Gobierno del Estado se esconde, no existe en estos temas, no existe con respecto a la cuestión vasca y a la posible búsqueda de una solución estatutaria dentro del marco del ordenamiento jurídico más allá de las palabras huecas de rigor que suelen ser habituales. Y nos gustaría que esa actitud -al final quizá sean los hechos los que cambien esa actitud-, en la medida de lo posible en la legislatura, y lo antes posible se viera modificada.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta, por su muy pronta comparecencia ante esta Comisión, por la información que nos ha trasladado y por el debate que estamos manteniendo y que mantendremos durante los siguientes minutos para la presentación de sus planes en el inicio de esta IX Legislatura constitucional, en la cual los ciudadanos les han encargado a ustedes, al Partido Socialista, que gobiernen, y que gobiernen por ser precisamente la lista más votada. También les han encargado que gobiernen a partir de una determinada aritmética, que es la de la mayoría relativa, y les han convocado a ustedes y nos han convocado a los otros grupos al acuerdo en el ámbito parlamentario. El punto de partida de este acuerdo en el que se tiene que desarrollar esta IX Legislatura lo debemos recordar. El presidente del Gobierno fue investido en segunda vuelta de acuerdo con las previsiones constitucionales y en esta legislatura aún hay mucho camino que recorrer para conformar colaboraciones parlamentarias para trabajar durante estos próximos cuatro años. Quiero reiterar nuestra predisposición al diálogo en los términos que ya expresó mi portavoz, el señor Duran Lleida, durante el debate de investidura, pero también a la luz del desarrollo de la anterior legislatura nuestro voto fue de abstención y, por tanto, el paso a la segunda vuelta en la investidura.


Usted nos ha planteado, señora vicepresidenta, afrontar otra vez, cuatro años después, una reforma constitucional y le quiero trasladar en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nuestra predisposición, como hace cuatro años, a hablar de estos asuntos. De los cuatro asuntos que ha planteado hay dos muy importantes. Uno es la igualdad de acceso a la

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jefatura del Estado después de haber aprobado la Ley de Igualdad y después de anunciarnos una ley de igualdad de trato, tema absolutamente necesario, y otro es la reforma del Senado. Son estos dos y muchos más.
Coincido con otros grupos parlamentarios. Creo que sin miedo, con lealtad constitucional, con el mismo espíritu de lealtad de hace treinta años -este próximo otoño vamos a conmemorar treinta años de Constitución- podemos discutir estos dos aspectos importantes, así como otros también importantes.


Nos ha anunciado la voluntad de reflexionar sobre una reforma de la Ley Electoral a partir de la creación de una subcomisión, pero en todo caso le corresponde a esta Comisión Constitucional apreciar la conveniencia de la misma. Le quiero reiterar algo parecido a lo que decía hace un momento respecto a la reforma constitucional. Necesitamos un acuerdo amplio -esto también lo ha dicho usted-, un acuerdo como el que se produjo en el momento de la aprobación de la Constitución y de la Ley Electoral, porque esa ley forma parte del bloque de constitucionalidad y porque en aquel momento se contemplaron dos elementos: primero, la proporcionalidad en la elección de los miembros del Congreso de los Diputados y, segundo, la demarcación provincial. Revisar estos dos criterios requiere el mismo grado de consenso. Usted no ha hablado del número de diputados, pero quiero sumarme a las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre la labor que desarrollamos 350 diputados. Respecto a reformas electorales, si repasamos su intervención de hace cuatro años, usted hacía una mención expresa a la conveniencia de afrontar una reforma para mejorar la gobernabilidad de los ayuntamientos. Aquel fue un anuncio que no se concretó durante la anterior legislatura. Usted no ha hecho una referencia expresa a la mejora de la gobernabilidad en su intervención.
Quiero recordarle su compromiso de hace cuatro años para decirle que nosotros estamos predispuestos, dentro del marco de reflexión al que usted nos invitaba sobre reforma electoral, a hablar de una mejor y mayor estabilidad en los gobiernos municipales. Existía y existe una norma no escrita de respeto a las listas más votadas en los ayuntamientos que con el paso de las legislaturas se ha ido degradando, de manera que las elecciones en los ayuntamientos -sea dicho, de todos los colores políticos- se han convertido muchas veces en un mercadeo que tendríamos que reformar a través, por ejemplo -y se lo apunto- de las dos vueltas electorales, de la segunda vuelta en la conformación de mayorías estables en los ayuntamientos. Si hablo de mayor estabilidad y de respeto a la lista más votada en los ayuntamientos, usted también entenderá que para mi grupo parlamentario sea esta una cuestión primordial, cuestión que no hace referencia a ninguna reforma legal porque estamos dentro de un sistema parlamentario en las Cortes Generales y en las comunidades autónomas. Entenderá perfectamente que forma parte del campo de las actitudes que se respete la lista más votada en los parlamentos autonómicos, también en el Parlamento de Cataluña a la hora de afrontar la conformación del Gobierno catalán. Esto lo digo dentro de estas reflexiones sobre la Ley Electoral a las que usted nos invitaba. A nadie se le pasaría por la cabeza, en el ámbito del Congreso de los Diputados, no respetar la lista más votada a la hora de conformar gobierno.


Señora vicepresidenta, usted también nos ha apuntado aspectos interesantes sobre desarrollo autonómico. Nos ha hablado de la necesidad de incrementar la cooperación y de superar la confrontación. Muchas veces interpretamos mal lo que quizá interpreta usted cuando ha hablado de confrontación. Cuando el Gobierno habla de confrontación, a veces otras fuerzas políticas lo entendemos como defensa de las competencias. Un caso muy evidente de la anterior legislatura es la Ley de Dependencia y la falta de respeto a las competencias autonómicas. Entenderá también, señora vicepresidenta, que en este capítulo de la cooperación y del desarrollo autonómico invite al Gobierno al cumplimiento estricto de una ley orgánica, que además ha sido refrendada por el pueblo de Cataluña, al cumplimiento estricto del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en vigencia desde el día 9 de agosto del año 2006 y con un grado de cumplimiento del traspaso de competencias muy bajo. Usted ha hablado de lealtad constitucional y yo también invoco esta lealtad constitucional para pedirle el desarrollo de aquello que aprobaron estas Cortes y que refrendó el pueblo de Cataluña; y la lealtad no es el tactismo de estar a la espera de la resolución de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional. Dentro del desarrollo de este Estatuto de Autonomía, una singular referencia a la financiación, tampoco porque se tenga que negociar una nueva financiación autonómica; simplemente se tiene que respetar lo contemplado en el Estatuto, el principio de bilateralidad y la concreción del modelo antes del 9 de agosto de este año. Sobre el impacto autonómico, la expresión es sugerente, básicamente porque, cuando usted habla de impacto autonómico, no sé si hace referencia al impacto autonómico respecto a la Administración General del Estado. En todo caso si buscamos el paralelismo con el impacto medioambiental y a la luz de estos treinta años de democracia, el medio ambiente, el medio natural a preservar es el medio autonómico y son las comunidades autónomas; esto es lo que yo le traslado en nombre del Grupo Parlamentario Catalán.


La señora vicepresidenta también ha hecho referencia al desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Histórica. Haré una breve referencia a la misma, porque los debates sobre la Ley de Memoria Histórica ya los tuvimos en la anterior legislatura. Señora vicepresidenta, le quiero plantear algo que es de justicia. Durante los últimos años y haciendo actos de justicia se han hecho leyes para restituir los bienes a los sindicatos, para restituir los bienes a los partidos políticos. Pues bien, en honor a este acto de justicia, señora vicepresidenta, le quiero recordar que durante la guerra civil también se confiscaron depósitos de moneda, concretamente de moneda republicana, que fue canjeada por un papel

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moneda y que nunca fue restituida. Aquello que ha sido restituido a sindicatos y a partidos políticos también debe ser restituido a particulares. Creo que es un acto de justicia y le dejo apuntada esta iniciativa que este grupo parlamentario desea plantear durante esta legislatura.


Aunque le parezca secundario o no previsible, le quiero hablar de algo que usted ha dado por consolidado absolutamente. Ha dicho que durante estos treinta años hemos consolidado derechos como el derecho de petición.
Señora vicepresidenta, esta es una buena oportunidad para mejorar el derecho de petición. El derecho de petición es un derecho contemplado en la Constitución que tiene un cauce, que son las comisiones de Peticiones del Congreso y del Senado, pero que muchas veces es el derecho a la frustración, a la respuesta genérica e inconcreta por parte de las administraciones y de la Administración General del Estado. Podemos y debemos experimentar fórmulas más abiertas, como, por ejemplo, la audiencia a las personas que quieren ejercer este derecho o el derecho al acceso a la información de las administraciones públicas, tal y como contemplaba el programa electoral del grupo de la mayoría.


No sé si entrar en el siguiente punto, porque usted, señora vicepresidenta, simplemente ha planeado sobre la invocación del derecho a la vida y el derecho a la salud, sin entrar en más. Usted no ha entrado ni ha hecho referencia alguna a la Ley del Aborto; no lo ha hecho y yo simplemente le digo que, si queremos abrir este debate, lo que sería apropiado es que se cumpliera la actual Ley del Aborto en cuanto a los plazos y en cuanto a los casos pasados. Creo que en este punto nos podríamos poner de acuerdo fácilmente.


Señor presidente, voy terminando con dos consideraciones finales. Usted también -nos lo ha recordado- tiene la responsabilidad de la relación con el Parlamento, con las Cortes Generales. Y usted nos ha hablado, señora vicepresidenta, de la mejora de la calidad democrática y de los esfuerzos hechos -y que le quiero reconocer- para convertir el Parlamento en el centro de la vida política. Pues bien, para mejorar en la siguiente legislatura en estos buenos propósitos, este Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera indispensable que afrontemos finalmente la creación de la Oficina Presupuestaria. Treinta años de democracia y a los distintos grupos parlamentarios, los distintos diputados y senadores, diputadas y senadoras, nos es imposible hacer un control objetivo y riguroso del grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado.
No me parece necesario recordarles lo importantísima que es esta ley que cada año aprueban las Cortes Generales. Es indispensable que se afronte la creación de una oficina presupuestaria para controlar la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. Usted me podrá decir que esto depende de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Yo, en mi primer turno, y antes de la réplica, le quiero pedir que me diga si hay voluntad política, porque con voluntad política no debemos remitir este importante asunto a la reforma del Reglamento parlamentario. Debemos decidir si España, igual que Francia, igual que Alemania, igual que Estados Unidos, tiene la capacidad de controlar desde el Parlamento el grado de ejecución de sus presupuestos.


En el ámbito de política internacional, comparecerá en su momento el ministro de Asuntos Exteriores, pero usted ha hecho algunas incursiones muy interesantes, dentro de sus competencias, en la política internacional. Conviene que la Presidencia española de 2010 tenga muy bien perfilados algunos asuntos que considere prioritarios plantear durante los seis meses de Presidencia española. Yo le apunto uno, que es el Proceso de Barcelona y la política euromediterránea, el gravísimo peligro de que alguna iniciativa de algún país vecino dé por enterrado el Proceso de Barcelona con alguna iniciativa no concordada con el conjunto de socios de la Unión Europea. Le apunto simplemente esto como un aspecto importante.


Finalmente, usted también ha hecho una referencia relevante a los derechos humanos. Pues bien, convendría que continuáramos con algo que iniciamos la anterior legislatura: desarrollar una política de cooperación vinculada a los derechos humanos. Este grupo parlamentario no cree que es posible la exportación exprés de la democracia a otras latitudes y a otras realidades, pero sí creemos que es indispensable que la cooperación con otros países se haga a partir del fomento del respeto a los derechos humanos, que es la forma, quizá más lenta pero más segura, de extender los valores democráticos.


El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, ha hecho usted una observación sobre que será esta Comisión la que pueda establecer una subcomisión o ponencia para la Ley Electoral y me parece muy bien que llame la atención, pero yo le llamaré a usted la atención en cuanto a que ha hablado de una réplica que no está en el Reglamento y ha sustituido también a la Mesa en la organización del debate.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señora vicepresidenta, señoras y señores comisionados, permítanme en primer lugar que exprese mi satisfacción -lo diré en términos muy sencillos, con toda humildad- por el reencuentro de tres grandes amigos políticos: el señor presidente, a quien el otro día no tuve ocasión de expresarle en nombre personal y de mi grupo nuestra alegría después del apoyo que le dimos para que ocupara de nuevo la Presidencia de esta Comisión, Presidencia que en la pasada legislatura también avalamos como apuesta y en esta decididamente con confianza; la señora Fernández de la Vega, a quien hace muchos años que me precio de tener por amiga política; y desde luego todos los señores comisionados en nombre también de mi grupo. En estos días en que la amistad política está poco de moda es una satisfacción encontrarse

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con amigos políticos en la Comisión Constitucional y hablando de derechos humanos.


La señora vicepresidenta se ha presentado como tal, como ministra de la Presidencia y como portavoz del Gobierno, y sobre todo como coordinadora política del Gobierno. Y yo que me precio de conocerla algo, efectivamente le agradezco su completud en la presentación de las líneas generales -como las ha definido-, los objetivos y el programa que pretende desarrollar en nombre del Gobierno que ha obtenido la confianza de la Cámara, tras obtener legítima e impecablemente la mayoría de la voluntad de los españoles. Para eso tiene toda la legitimidad. Pero, señora vicepresidenta, usted no puede poner el marcador a cero, porque su señoría no empieza hoy; lleva ya cuatro años. Además de llevar cuatro años, resulta que lleva 57 días en funciones -casi tres meses-, 37 días desde la constitución de estas Cortes y 24 días desde su nombramiento, y compareció por última vez en el Pleno el 19 de diciembre del año 2007, del año pasado. Por tanto, me va a permitir que yo, en efecto, analice lo que nos ha contado a la luz de esos cuatro años y de esos días, de esas semanas y de esos meses. Porque ya, para confianzas, las hasta aquí dadas y las dadas en la legislatura anterior para emprender unos objetivos que no han sido cubiertos y, si me lo permite, le diré con toda suavidad que han sido sencillamente defraudados.


Hace cuatro años, su señoría nos pidió la confianza en nombre del presidente, que así lo había anunciado en el Pleno de investidura, para reformar nada menos que la Carta Magna de nuestra vida política, de nuestras libertades, la Constitución española. Tengo delante las citas que hizo su señoría, todas ellas avaladas por el mismo verbo que en el día de hoy. Le confieso que hoy ha estado -haciendo una concesión a las citas clásicas que ha utilizado la señora vicepresidenta- aún más convencida -de lo cual me alegro; a ver si es verdad que sacamos provecho de ello- al citar el diálogo, el consenso, la responsabilidad, el respeto y la transparencia y, además, al citarnos a Platón. Nada menos que a Platón; ya se lo agradezco. Precisamente, creo que fue Platón -creo que sí; yo contrasto cita por cita- el que hablaba de que las palabras son el espejo de la realidad, y me da la impresión, señora vicepresidenta, de que su señoría y el Gobierno al que representa hace tiempo que rompieron el espejo y salieron de la caverna. Hace tiempo que nos han dado con la realidad -si me permite la vulgaridad de la expresión nada platónica- en las narices, sobre todo a quienes, como este grupo, le ofrecieron el apoyo para reformar la Constitución española con muy pocas condiciones, casi ninguna. En primer lugar, el orden, que supiéramos a dónde íbamos; en segundo lugar, que empezáramos por ahí y no por los estatutos; y, en tercer lugar, que supiéramos cuánto nos iba a costar la operación. Para ello su señoría pidió el aval de una reforma de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, y lo tuvo. Los tres citados inicialmente sabemos muy bien que lo tuvo y yo estoy muy orgulloso de esa operación legislativa.
Tuvo el respaldo absoluto de mi grupo para reformar el Consejo de Estado de manera que pudiera hacer su nueva labor de estudio y un informe sobre la reforma de la Constitución que quería el Gobierno, en cuatro capítulos. Hoy se reabre eso. El señor presidente el otro día habló solo de dos. ¿En qué quedamos, en los cuatro que dijo en la otra ocasión? ¿En los que dijo en el debate de investidura? ¿En los que dice hoy? ¿En los que ha dicho el Consejo? ¿En los términos del Consejo? ¿En los términos de lealtad constitucional a la propia Constitución para su reforma? Porque, si estamos en los términos de lealtad constitucional, yo le tengo que exhibir la nuestra: el plan Ibarretxe; le dijimos que no entre los dos grupos mayoritarios, con la misma legitimidad que ustedes lo presentaron, con la misma. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, hecha unilateralmente. Ya, ya sé que la han avalado. Ya sé que la han avalado pero, ¡caramba!, para interinidades la de la señora presidenta del tribunal. Una reforma hecha ad hoc, a la medida. Por primera vez una ley orgánica de desarrollo constitucional, no del bloque de la constitucionalidad, la que define el bloque de la constitucionalidad, sin contar con el principal partido de la oposición.
¡Vaya! La reforma del Estatuto catalán, en la que se prescindió por primera vez del principal grupo de la Cámara y en la que estuvimos mes y medio y a algunos nos dio la oportunidad de conocer a personajes tan extraordinarios como el señor Ridao, con el que hoy contamos entre nosotros y entonces representaba al Parlamento de Cataluña en la ponencia.


No, señora vicepresidenta, no. No empieza hoy, no está el marcador a cero, no ha habido reciprocidad, no la ha habido, pero se la vuelvo a ofrecer en nombre del Grupo Parlamentario Popular y de su presidente, en los términos del dictamen del Consejo de Estado, que reformamos para que les hicieran a ustedes el dictamen, y en los mismos que están en nuestro programa electoral, que es verdad que no ha ganado, pero que avalan 10.250.000 españoles, sin los cuales no se puede tocar el texto constitucional y que están diciéndoles lo mismo que les dice el Consejo de Estado, lo mismo, y lo mismo que dicen ustedes. Planteemos una reforma limitada, con unos ejes básicos: estabilidad del Estado de las autonomías; dotar al Estado de los instrumentos necesarios para garantizar la igualdad de los españoles y de los mecanismos que aseguren el consenso, reforzando las mayorías en esta casa entre los que representamos al 90 por ciento y consensuamos con los que representan, tan legítimamente como nosotros, a un porcentaje menor. Nuestro programa, el dictamen del Consejo de Estado y lo que usted quiera, con toda lealtad, como la tuvimos en el plan Ibarretxe, como la tuvimos en el Estatuto de Cataluña y como la tendremos ante la sentencia del Tribunal Constitucional, sin amenazas, acatando lo que se diga, sin intoxicaciones anticipadas; acatando lo que se diga, sin precipitaciones en la renovación, que ya vale. (Risas.) Claro, claro. Miren, señorías, este es un tema muy serio.


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Podemos tomarlo a broma a estas horas y, sobre todo, hacerlo con buen humor.


Yo les voy a decir una cosa. Aquí tengo dos recortes de prensa me parece que del día de ayer: El PNV -tan brillantemente representado aquí- prepara una iniciativa para dar cobertura legal a la consulta de Ibarretxe. Explíquese el Gobierno. (Un señor diputado: ¿Quién lo dice?) No, no; explíquese el Gobierno. Ustedes son los que gobiernan. Explíquese un Gobierno que ha ofrecido su primer pacto -aunque no ha sido aceptado- en la constitución de la Cámara al PNV. Aquí hay otra. Dice: La Generalitat -que gobierna el partido de su señoría- eliminará los obstáculos para convocar un referéndum en Cataluña. Podría celebrar una consulta de autodeterminación con que lo pidan 150.000 personas.
Explíquese el Gobierno, porque eso ya no sería ni lealtad constitucional ni nada; sería algo que, a mi juicio, ya ha ocurrido con el Estatuto. Su señoría sabe que la Constitución española prevé un procedimiento de reforma, pero lo que ustedes han hecho hasta ahora es una mutación constitucional. El Centro de Estudios Constitucionales, que S.S. ha mencionado y que hace siempre tan extraordinaria labor, publicó una obra clásica de Jelinek -y perdón por la cita-, que distingue entre la reforma y la mutación. Esto es de finales del XIX, pero sigue estando muy de moda. La mutación es exactamente la modificación que deja indemne el texto fundamental, sin cambiarlo formalmente, y que se produce por hechos legislativos que no tienen el mismo rango ni procedimiento. Nosotros a eso no jugamos.


Segundo bloque, electoral. Nos dice usted que quiere mandarlo de nuevo al Consejo de Estado, máxima garantía. Adelante, créese la subcomisión, adelante, pero no nos hagan lo mismo que la otra vez, porque de nuevo aquí la lealtad tiene que ser recíproca. No se puede sacar en una ley de paridad el tema electoral, porque el tema electoral es una ley específica de desarrollo constitucional, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional.
¡Hombre! Si se ha de pactar la Ley Electoral, se ha de pactar con el principal partido de la oposición, y no, so pretexto de algo tan absolutamente indiscutible como la igualdad de género -como ustedes le llaman o como quieran llamarlo-, meter una reforma de la Ley Electoral.
¡Hombre, no! Eso no es serio, con todo respeto a la igualdad, a la susodicha ley y mucho más a la Ley Electoral, a la que ustedes han tenido poco respeto.


Luego -¡oh!, esto es importantísimo- ha hecho una especie de sinfonía que me ha encantado, un interludio humanista. Nos ha hablado del desarrollo de los derechos humanos mirando al futuro. Ha citado a Unamuno: ser padres del porvenir y no hijos del pasado. ¡Caramba! ¡Ojalá! Luego hablamos de la Ley de la Memoria Histórica, que parece que no se va a perder ese mismo ritmo en esta legislatura. Pero voy a lo de los derechos humanos. ¿Cómo que va a haber un plan de derechos humanos? ¿Un plan? No, señora vicepresidenta, por favor, no. Plan de derechos humanos, no. El plan de derechos humanos, señorías, es la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, de 13 de agosto de 1789, de la Asamblea Nacional francesa; la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas; la Declaración de derechos civiles y políticos; la Declaración de derechos sociales y económicos; la Declaración europea de derechos humanos y la Constitución española, señora vicepresidenta. No me haga usted un plan para los derechos humanos. Los derechos humanos se protegen frente al poder y por tanto que no me haga el poder plan de derecho humano alguno. Déjennos como estamos. A mí no me tranquiliza nada que tenga usted que hacer ahora una ley de libertad religiosa. Que yo sepa, es de 5 de julio de 1980, desarrollando ya la Constitución. Como dirían en mi pueblo, ¡válgame Dios si tiene usted que amparar mi libertad religiosa, señora Fernández de la Vega!

Yo me he encontrado mucho más tranquilo con esta ley que con algunas de las actitudes de su Gobierno en campaña electoral. Se lo digo -ya saben, además, que yo no lo oculto- como católico. Mucho más tranquilo. Más vale que dejemos las cosas como están y que no venga usted a hacer una ley de libertad religiosa y sea el pretexto para hacer una ley contra determinadas creencias, porque la mía, tan digna como la de los demás, es además la de la mayoría de los españoles. No me venga con esto del plan de derechos humanos, por favor, y menos para hablar de la intimidad. Me cita a Platón como el autor del derecho a la disposición sobre la propia vida. Mire usted -es literal-, que se lo pregunten a su maestro Sócrates, porque el que le hizo tomar la cicuta fue el poder. Aquí los derechos humanos los defiende cada cual. ¿Sabe cómo? Se lo voy a decir. Se defienden con una justicia que no tenga -y saco La Vanguardia para que vean cómo estamos de centrados- 270.000 sentencias sin cumplir. Así se defienden los derechos humanos. Se defienden, como ha dicho la señora Díez -a quien no me importa nada citar, antes al contrario-, protegiendo a las víctimas del terrorismo y luchando contra el terrorismo, que atenta contra las libertades y los derechos básicos de los ciudadanos. Se defienden, señorías, haciendo que de una vez se cumpla la Constitución española en algunos derechos básicos, sin tanta retórica, con mucha más eficacia. Mire, el único plan de derechos humanos que yo recuerdo -pero, claro, la memoria en el derecho comparado es traicionera; ahí están los letrados de la casa, que pueden hacer un estudio- es el que hizo la Procuratura. ¿Saben ustedes lo que es la Procuratura? Sí, lo saben todos.
El tutor de los derechos humanos del régimen soviético. Hizo un plan de derechos humanos después de la cumbre de Helsinki. Mire, ahí sí que no cuente con mi grupo. De plan, nada. Ni en derechos humanos, ni probablemente en nada. Ya pasaron a la historia cuando éramos chiquitos con los planes de desarrollo. Pero sobre los derechos humanos, garantías judiciales, independencia judicial, independencia del Fiscal General del Estado -hoy no ha hablado, en la otra ocasión sí; hoy lo han mantenido; más vale no mirar hacia atrás, ya lo creo-, independencia

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del ministerio fiscal, independencia del Tribunal Constitucional, menos broncas a su presidenta en público y en privado y garantía de los derechos fundamentales, señora vicepresidenta. (Aplausos.)

Subcomisión electoral, de acuerdo. Pero -insisto- sin que se afecte por otras iniciativas un derecho tan fundamental como es el derecho igual de todos los españoles a ejercer su voto.


Vamos a volver al hilo del discurso. (La señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz de Gobierno pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí, es que he de confesarle que ya no estoy yo para planes a estas edades. (Risas.) Señora vicepresidenta, me ha gustado mucho lo del informe del impacto autonómico. ¡La que tienen que estar preparando! (Risas.) Impacto autonómico. A ver en qué consiste.
Ha citado los eventos, la Copa de América, etcétera. Eso sí, como ministra de la Presidencia ha hablado de la necesidad de revitalizar la institución parlamentaria. Vamos a ver el "Diario de Sesiones" de la primera comparecencia de S.S. ante la Comisión, en mayo ¿Qué decíamos de la Oficina Presupuestaria? Que estaba el Gobierno deseoso de ponerla en marcha. Cuatro años. Ya debe ser difícil. Que estaba el Gobierno deseando acabar con el Reglamento de la Cámara. Pues mire, ya sabe que yo lo intenté. Me siento muy frustrado por no haberlo conseguido. Se sentirá Marín, el presidente Marín, muy frustrado; el presidente Pons, magnífico presidente; la presidenta Rudi. A ver si va a resultar que lo saca el presidente Bono. ¡Fíjese lo que son las cosas, hasta yo estoy dispuesto a apoyar eso! Hasta yo. Pero, por favor, seamos serios. Empiecen por poner los medios, telemáticos, informáticos, los que quieran, pero la Oficina de Control Presupuestario depende de ustedes, del Gobierno, no de esta casa; pónganla.


Los órganos constitucionales. Creo que no debo seguir insistiendo, pero insisto, eso de los intermedios inaplazables y situaciones de interinidad. ¡Hombre, claro! Si resulta que hacemos las leyes a la medida, y luego resulta que el Gobierno, por primera vez en la historia constitucional de Europa, recusa -como Gobierno- a dos magistrados y compone o intenta componer una mayoría a su medida, responde a cada recusación que se haga, con toda legitimidad, porque lo ha estimado un señor -por demás respetabilísimo amigo mío-, un dictamen de la Generalitat para contribuir a la elaboración de su Estatuto, y nos responden con tres recusaciones más, no me hable usted de interinidad inaplazable.


Vamos ya finalizando, señor presidente, con lo que la señora vicepresidenta ha llamado, como portavoz del Gobierno, la transparencia.
En aquella comparecencia de 10 de mayo de 2004, decía: gobernar con los ciudadanos significa, en mi opinión -en la suya, en la mía también- transparencia en la acción de Gobierno, proximidad en la gestión diaria de los asuntos e incremento de la responsabilidad política. Nada peor para una buena salud democrática que la opacidad informativa -dice S.S.- dirigida o condicionada desde el Gobierno. Pues bien, gran ocasión.
Alguno de los portavoces ya se ha referido a ella. Señora vicepresidenta, en la VII Legislatura, en la que yo regenté un ministerio de los que tienen que dar cuenta de los gastos reservados, estuvimos aquí los tres ministros que tenemos gastos reservados el 21 de junio de 2001, el 24 de junio de 2002, el 10 de diciembre de 2003, el 4 de septiembre de 2005 y, además, hubo tres comparecencias más del director del CNI desde que su partido en la oposición y el nuestro en el Gobierno pactó la Ley del CNI.
En la VIII Legislatura, con la transparencia, los tres ministros comparecieron en una sola ocasión para dar cuenta de los fondos reservados -materia viscosa esta- el 22 de diciembre de 2004, y nada más.
Luego vino, efectivamente, el director del CNI para hablar, claro está, de los vuelos de la CIA, que parece que habían ocurrido durante nuestra etapa y que luego resultó que no; y de los del espía que surgió del frío del que no hemos vuelto a saber. (Risas.)

Señora vicepresidenta, el control por la llamada comisión de los diputados que fiscalizan el CNI y la utilización de los fondos reservados por los ministerios de Exteriores, Interior y Defensa obliga a que venga aquí el director del CNI a hablar del secuestro del Playa de Bakio; obliga. No sigan con la opacidad. No sigan con la falta de transparencia. Avancen en la democracia. Vengan a dar cuenta de sus actos. Yo tuve que oír que el Ejército español, en la etapa que usted dirige, estaba antes para morir que para matar. No dije nada entonces, pero le voy a decir una cosa: desde luego para lo que no está el ejército es para pagar en vez de para disparar. (Rumores y protestas.) No se escandalicen, no se escandalicen.
El Gobierno de Francia envió allí una fragata y envió un grupo de operaciones especiales para intervenir, no para exhibir el pabellón.
Porque mire, a los atracadores no se les sitúa al lado un barco de la Armada con el pabellón de España, ni se les mandan negociadores a Londres a pagar rescates. La señora vicepresidenta, probablemente, hoy podría ya contarnos mucho de eso. Porque no me hagan recordar, señorías, que ella misma, como secretaria de Estado, fue quien nos informó sobre la operación Laos, Stuart, Paesa y el pago con fondos reservados.
(Aplausos.) Ese es un capítulo cerrado de la democracia española, pero no me hagan ni nos hagan reabrirlo; no me hagan ni nos hagan reabrirlo.
Vengan a la Comisión, porque para eso hicimos una ley entre nuestro Gobierno y su grupo en la oposición, déjense ya de retóricas y vayan a la realidad de la transparencia.


Finalmente, transparencia y responsabilidad política. ¡Vaya, vaya! Real Decreto de 1 de diciembre de 2006 por el que se nombra director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno a don David Taguas Coejo.
Vengo a nombrar director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno con rango de secretario de Estado a don David Taguas Coejo, a quien no tengo el gusto de conocer, pero he de decir que sí lo ha conocido Seopan, la patronal de los grandes constructores. Su señoría sabe muy bien -qué les voy a contar yo si siguiéramos por este camino- que la Ley de 10 de abril

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de 2006 regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado. Se consideran como altos cargos los miembros del Gobierno y los secretarios de Estado equiparados, y en consecuencia durante los dos años siguientes a la fecha de su cese en los altos cargos no pueden ejercer en el tráfico o granjería en el que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en los que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades, y así lo es la Comisión delegada de asuntos económicos y la Seopan. Es verdad, han hecho un dictamen en Presidencia pero se lo digo para que vaya buscando la réplica. Ha dicho que no es una entidad con ánimo de lucro. Claro, las patronales y las asociaciones nunca tienen ánimo de lucro pero los que están en la Seopan sí; si no, que se lo pregunten al señor Morlán o a la señora Álvarez, a lo mejor así nos explican por qué continúan.


Señor presidente, señorías, vuelvo por donde comenzamos. Las buenas palabras sean bienvenidas, los buenos deseos vuelvo a explicitarlos a pesar de que, comprendan, para nosotros después de cuatro años el marcador no estaba ni está a cero. Después de estos días de Gobierno, el presidente de Gobierno ha decidido que en vez de dar cuenta a la Cámara de estos y otros asuntos que ya han incidido en su gestión, ese amor por el Parlamento con el que ha terminado la señora vicepresidenta consistía en negar a la oposición un turno de preguntas orales en el pasado Pleno de control -que no lo hubo- e irse ese mismo día con toda desfachatez a 59 segundos, es decir a los medios públicos de comunicación. Mientras esa sea su idea de la revitalización de la Cámara, señora vicepresidenta, vamos a seguir rompiendo en este y en los demás temas el espejo de Platón. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo, por su intervención. No puedo eludir agradecerle sus primeras palabras dirigidas al presidente de la Comisión, amables y amistosas, que no llamarían la atención a quien hubiera estado en la anterior legislatura -como nos hemos llevado todos en esta Comisión- aunque podría llamarla en contraste con todo lo que vino después en su intervención. (Risas.)

Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Quijano.


El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Yo quisiera empezar, siendo esta mi primera intervención en esta Comisión y prácticamente en este Parlamento, por hacer una expresa afirmación de disponibilidad al resto de los miembros de la Comisión y a los portavoces de los grupos, teniendo en cuenta que esta ha sido, es y debe seguir siendo una Comisión un tanto especial, en el sentido de que los temas que han de pasar por aquí seguramente nos permitirán recordar de dónde venimos pero también nos deben permitir acordar adónde vamos. En la medida en que entre todos seamos capaces de encontrar un equilibrio entre la continuidad de un modelo que ha sido útil y válido y su evolución prestaremos un buen servicio en conjunto.
Por tanto, para esa tarea cuenten conmigo como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión.


Yo ya sé que todos podríamos dedicar la intervención a hacer comparación retroactiva, pero yo no quiero hacerla. Todos tendríamos motivos y argumentos. Yo desde luego no voy a consumir mi tiempo en esa tarea. Hay además muchas otras cuestiones concretas que serán objeto de tratamiento en las comparecencias específicas de las distintas comisiones que se irán sucediendo, por tanto eso tampoco debiera de ser objeto de mayor consideración aquí. Quiero decirle en todo caso a la señora vicepresidenta, en nombre del grupo, que su comparecencia de hoy me ha parecido comprometida en los compromisos que ha asumido, muy concreta en el alcance de esos compromisos y valiente en algunas expectativas y propuestas que ha realizado. Obviamente no haría falta indicarlo pero lo digo: esos objetivos los asume el Grupo Parlamentario Socialista también como propios; no en vano compartimos un proyecto que es el que los ciudadanos han respaldado mayoritariamente en el reciente proceso electoral. También me gustaría decir que en el desarrollo de ese proyecto el Grupo Parlamentario debe tener un papel activo. No sé si lo que se suele esperar del portavoz del Grupo del Gobierno en esta ocasión es la típica intervención de trámite, pero tampoco quiero que sea así. Quiero reivindicar este papel activo del grupo parlamentario en relación con alguno de los objetivos que aquí se han explicitado por parte de la señora vicepresidenta. Quiero poner en valor, o hacer especial referencia, a los objetivos que me parecen más significativos.


Reforma de la Constitución. No tengo base para saber qué ocurrió con esta iniciativa en la pasada legislatura. Tampoco tendría mucho sentido hacer ese cálculo para obtener consecuencias. Se ha iniciado una nueva legislatura y este sigue siendo un compromiso explícito. Mi grupo comparte que la reforma no es una revisión constitucional. Yo creo que esta tiene que ser una posición de partida claramente afirmada. Un modelo constitucional que ha garantizado treinta años de pluralismo, de convivencia y de desarrollo a la sociedad española en su conjunto no debe ser objeto de revisión global. Me parece que este es un punto de partida elemental. Por tanto, yo creo que la Constitución merece reformas puntuales -la señora vicepresidenta habló de reformas pactadas y limitadas-, y me parece que ese es el marco adecuado para plantear la cuestión. Obviamente, lo deseable sería que esa reforma de la Constitución tuviera al menos el mismo grado de consenso que tuvo la Constitución de 1978, y ojalá pudiera ser así.También hay que decir que el consenso es cosa al menos de dos; si es posible de más, pero desde luego de dos. Si aparte de los dos luego hay más consenso, mejor que mejor, pero desde luego de los dos que son imprescindibles al respecto.
Por eso insisto en que no quiero hacer o usar la estrategia de la comparación retroactiva porque quizá no

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resistiría el análisis. En esto es mejor abrir un nuevo horizonte y volver a trabajar por este objetivo, si es posible.


En segundo lugar, el estudio -ahí no me atrevo, obviamente, a explicitar más porque sus resultados habrá que verlos- de la Ley Electoral. Digo algo similar. La Ley Electoral vigente es probablemente una de las pocas leyes de la transición que sustancialmente continúa vigente aun con algunas reformas parciales, pero no en cuanto al modelo electoral que recoge; ha garantizado un pluralismo representativo y proporcional muy importante y de hecho ha permitido dar estabilidad a la vida política española durante todo este tiempo. ¿Necesita algún tipo de reforma? Es posible. Si compartimos la idea de que hay que poner en marcha una iniciativa de estudio y análisis es porque al menos algún aspecto vemos en ese sentido, y me parece bien empezar por pedir un informe al Consejo de Estado, institución en este sentido prestigiosa y por supuesto nada sospechosa al respecto, que puede iluminar mucho en la tarea. Por eso quizá me anticipo a cosas que serán objeto de otros debates, pero lo digo: creo que las iniciativas parciales que se están produciendo de reforma de la Ley Electoral vía proposición de ley, y que imagino que van a ser discutidas en próximos plenos, debieran esperar a este cauce porque, si no, probablemente no va a ser un buen principio tener que ir dejando apartadas, como si hubiera un criterio negativo, todas esas iniciativas, antes de poder discutir con carácter global lo que pueda ser el alcance del estudio a iniciar sobre la Ley Electoral.


El Plan de derechos humanos. Yo animo a la vicepresidenta y al Gobierno a continuar en esa tarea. Más allá de lo que pueda ser la frivolidad nominativa -por algún portavoz ejercida yo creo que en abundancia al referirse a este asunto-, me parece que es muy necesaria. Ya sé que desde concepciones caducas sobre lo que son los derechos humanos en la actualidad habrá quien piense que basta con que el Estado se abstenga para que esté garantizada la libertad de todos; no. Eso quizá ocurre con algunas libertades fundamentales clásicas, en absoluto con los derechos humanos de nueva generación: ni los de contenido económico ni otra larga lista que yo creo que cualifican a la democracia española probablemente más que a ninguna otra democracia de países europeos que no tienen en sus constituciones apuestas tan valientes y tan modernas al respecto. Por tanto en este asunto seriedad y rigor. Es cierto que hay derechos fundamentales en este momento, incluso de los clásicos, que están sometidos a riesgo, porque este no es un asunto solo del poder público; no. Yo creo que la clave en la sociedad moderna está en que hay derechos fundamentales afectados por poderes privados y este a veces es el serio problema del desarrollo de estos derechos. Por eso, tanto para derechos clásicos sometidos a nuevos riesgos como para derechos de nueva generación necesitados de afirmación y de contenido exigible, es necesario hacer una evaluación global. No me importa que se le llame plan; me parece que eso es secundario. Si ese nombre no gusta, es probable que haya la posibilidad de encontrar otro que lo explique mejor, pero no descalifiquemos por una cuestión nominativa lo que considero un serio problema de fondo en la sociedad moderna.


Relaciones con las comunidades autónomas. Voy terminando, señor presidente. Me ha sonado muy bien lo del informe de impacto autonómico.
Me parece además una idea útil: que el Estado evalúe su normativa también desde este punto de vista y por tanto que la calidad legislativa tenga en cuenta este aspecto, el impacto autonómico. Ningún miedo ni prevención en relación con el término. Este es un término absolutamente generalizado en la terminología de la elaboración legislativa actual. Si se hacen informes de impacto ambiental o de impacto de género, por qué no de impacto autonómico. Todos sabemos lo que quiere decir y no le busquemos tres pies al gato porque creo que no los tiene en este caso concreto.
¿Dónde haría yo un añadido? En que quizá no estuviera mal pensar en el informe de impacto en el sentido recíproco: que también las comunidades autónomas asuman esta cultura de que cuando legislan hagan valoración de impacto sobre las competencias del Estado de su propia legislación.
Probablemente, si el principio de lealtad funcionara en este sentido en ambas direcciones, el informe de impacto autonómico en la doble dirección sería todavía más útil.


En mi intervención he querido seleccionar simplemente las cosas que me parecían fundamentales, y muchas de las cuestiones sobre derechos civiles, libertad religiosa, igualdad, etcétera, creo que están subsumidas dentro de lo que tiene que ser ese plan de derechos humanos o de efectividad, desarrollo, etcétera, de los derechos humanos y no hago ahí distinción. Acabo, haciendo una consideración favorable sobre el compromiso de mantener, diría yo, e incrementar la puesta en valor del Parlamento. Me parece que desde esta Comisión no podemos sino felicitarnos de que este sea un compromiso efectivo. Quizás aquí la valoración retrospectiva no ofreciera punto de comparación posible con épocas anteriores, pero tampoco me voy a detener en ese aspecto. Creo que hubo ningún prsidente del Gobierno que pasara por el Senado a contestar preguntas de los grupos parlamentarios ni hubo una garantía tan clara como la ha habido en esta legislatura pasada en el ejercicio de los instrumentos de control en cada Pleno. Dicho eso, todavía aquí hay seguramente mucho por hacer, en la centralidad del Parlamento, de lo cual probablemente esta Comisión tiene que ser el lugar de depósito y testigo privilegiado de este avance. Que esto esté sin duda en los objetivos básicos me parece fundamental, y no separo de esos objetivos la cuestión de la renovación de órganos constitucionales, porque esta es también una cuestión de centralidad del Parlamento, ya que la legitimidad de esa renovación deriva de aquí. Precipitaciones ninguna, pero retrasos excesivos tampoco, y los retrasos excesivos tienen responsabilidad; por tanto, si ha llegado el momento de avanzar por consenso hacia esa renovación,

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mejor que mejor, pero, si no, también soy de la opinión de que los retrasos excesivos culpables no se pueden mantener más tiempo en el inicio de esta legislatura.


Termino como empecé, ofreciéndole a la señora vicepresidenta, y en su persona al conjunto del Gobierno, el estímulo para desarrollar este programa, el respaldo en lo que a esta Comisión se refiera en ese desarrollo y la disponibilidad mía y del conjunto de los miembros del Grupo Socialista en la Comisión para avanzar en esta tarea con ella, con el Gobierno y con el resto de los grupos parlamentarios. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Ahora, si la señora vicepresidenta quiere contestar, aclarar algo o hacer una intervención valorativa, es su turno. Tiene la palabra la señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente y muchas gracias a los portavoces de todos los grupos parlamentarios por sus intervenciones, por sus aportaciones y por el tono de las mismas. Voy a procurar contestar a todas las cuestiones y aclarar las dudas que ha suscitado mi intervención y que ustedes han recogido en sus planteamientos para tratar de darles respuesta.


Le agradezco la intervención a la señora Díez. Es verdad que la igualdad no se agota en sí misma en la paridad: Lo que he dicho es que es una manifestación importante, es un elemento fundamental de la acción política de este Gobierno, que lo ha sido a lo largo de estos cuatro años y que lo va a continuar siendo no solo en el ámbito de la igualdad por razón de género sino en todos los ámbitos, como eje vertebrador y como uno de los derechos fundamentales que configuran nuestro sistema democrático. En ese sentido he anunciado la ley, que ya le aclaro que es una ley integral; no está planteada desde la perspectiva exactamente de los derechos humanos, sino en un sentido más amplio incluso para abordar el desarrollo, yendo aun más allá de las dos directivas europeas que tratan de los temas de discriminación por razón de sexo, de raza, de ocupación, por temas laborales, en fin en todo su amplio espectro para tratar de regular y evitar que se produzca ningún tipo de discriminación en ningún ámbito que afecte a los ciudadanos de nuestro país. Aspiramos, como decía al inicio de mi intervención, a estar en la vanguardia en la garantía y en el ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación por cualquier tipo de motivo, por cualquier tipo de razón.


En ese sentido, ya enlazando con la política de derechos humanos, -luego me referiré con más precisión a la polémica que ha suscitado el portavoz del Grupo Popular en relación con el plan de derechos humanos, probablemente porque no conoce las resoluciones de Naciones Unidas que recomiendan estos planes de derechos humanos y a qué se refieren los mismos, quizá sea eso; lo entiendo así porque sé que el señor Trillo es experto en todos estos temas y supongo que también en derechos humanos y supongo que conoce la política de Naciones Unidas y la política del Alto Comisionado de Naciones Unidas en relación con los planes nacionales de derechos humanos- quería decirle a la señora Díez que por supuesto este Gobierno ha defendido siempre en el ámbito de Naciones Unidas sustancialmente el contenido de las resoluciones 1774 y 1773 referidas a la problemática de los derechos del pueblo saharaui. En ese sentido, como usted bien sabe, el Gobierno en estos cuatro años ha tratado de impulsar que hubiera una solución a este conflicto que se eterniza y que tanto sufrimiento está produciendo a tantas personas. Sabe que nosotros somos claramente partidarios de que se busque una solución entre las partes, una solución por supuesto con la mediación de Naciones Unidas, que hemos intentado volver a reinstaurar cuando ya se acabó el mandato que existía, y que sea una solución satisfactoria para las partes pero fundamentalmente satisfactoria para las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui que están reconocidas en esas resoluciones de Naciones Unidas. Por lo tanto, hemos trabajado, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir impulsando con todos los medios a nuestro alcance que se pueda llegar efectivamente a una solución definitiva de un terrible problema que se alarga demasiado en el tiempo y crea mucho sufrimiento.


Tenga la absoluta seguridad del compromiso de este Gobierno en pro de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de las libertades, sobre todo del derecho a la libertad. Evidentemente, hemos estado trabajando para aislar a los violentos y para garantizar el derecho que sabemos que tienen, que a veces no pueden disfrutar y que sufren muchas personas por razón de la actuación de los violentos y de quienes los apoyan. Tenga la absoluta tranquilidad y seguridad de que el Gobierno utilizará, como ha hecho hasta ahora, todos los instrumentos que la ley nos otorga en la defensa de ese derecho a la libertad y para promover cuantas actuaciones sean precisas, sabiendo que en muchas ocasiones hablamos de temas delicados que son difíciles dentro del ámbito de la legalidad; algunos se han discutido en alguna ocasión en esta Cámara, como el debatido y siempre difícil y delicado de la disolución de determinadas corporaciones locales, esa es una preocupación que comparto absolutamente. Como usted no ignora fue la mayoría de esta Cámara la que consideró que no procedía en aquel momento disolver los ayuntamientos, y creo que tenemos que ser prudentes. Vamos a trabajar, como lo hemos hecho por garantizar el derecho a la libertad, por garantizar los derechos de la persona y por aislar a quien no tiene cabida en nuestra democracia, que son los violentos y quienes los amparan. Tenga la absoluta tranquilidad, señora Díez, de que actuaremos en todos los ámbitos que la ley nos permita, y lo haremos además con firmeza y con convicción.


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En relación con la Ley Electoral vamos a abrir una subcomisión. Debe ser ella la que establezca el ámbito de los debates que ahí se tienen que producir. Les ha anunciado que como Gobierno nos comprometemos a tratar de recabar una opinión del órgano consultivo del Estado, del Consejo de Estado, que pueda ser aportada para que contribuya a enriquecer, alimentar y poder ser utilizado como una herramienta de trabajo por SS.SS. en un debate muy importante, porque es el del desarrollo de una ley de desarrollo constitucional prioritaria, como es la Ley Orgánica del Régimen Electoral.


En cuanto a lo que el señor Ridao me planteaba, respeto absolutamente las posiciones que se puedan mantener, como las que usted ha mantenido, en orden a la composición adoptada por el presidente en relación con el Gobierno. El Gobierno se ha dotado de una estructura, que es la que se considera necesaria para llevar a cabo los proyectos y objetivos que el presidente y el grupo que le apoya suscribieron con los ciudadanos a través de nuestro programa electoral y que estos ciudadanos han apoyado mayoritariamente en las urnas. Es una composición del Gobierno moderna, es una composición que trata de potenciar desde la acción política los temas prioritarios que señaló ya también en el debate de investidura y que tiene en cuenta, evidentemente, el desarrollo de nuestro Estado de las autonomías. Es evidente que hay ministerios que pierden competencias pero no poder para realizar lo que incumbe al Gobierno desde el punto de vista constitucional. En eso vamos a trabajar, así como en impulsar desde la acción política al más alto nivel la coordinación de políticas que hay llevar de forma conjunta y acordada. Por tanto, la estructura del Gobierno obedece a criterios de funcionalidad, de eficiencia y de optimización de recursos. Sé que ha habido algún otro grupo que también ha criticado -me parece que ha sido el Grupo Vasco- la composición del Gobierno. Respeto las posiciones; sé que hay algunos grupos que pueden defender una posición de un Estado mínimo y a lo mejor una organización pública más débil. Nosotros consideramos que debe haber un Estado -y ese es el Gobierno que hemos constituido precisamente para satisfacer esas necesidades a las que nos hemos comprometido con los ciudadanos- que garantice derechos de ciudadanía y que facilite una política social avanzada y de calidad para todos, por supuesto respetando siempre el marco de convivencia y el marco constitucional, que es el que nuestra Carta Magna establece. Por tanto esa es la decisión que hemos adoptado.


En cuanto al Ministerio de Educación, va a tener competencias en materia de coordinación de asuntos sociales y de deportes. Lo mismo le podría decir respecto al Ministerio de Medio Ambiente; en absoluto considero que su fusión con las competencias que tenía el antiguo Ministerio de Agricultura suponga merma alguna de la importancia, sino todo lo contrario, que este Gobierno le otorga a todo lo que tiene que ver dentro del ámbito de sus competencias, del medio ambiente y del cambio climático. Creemos que la estructura adecuada para solventar los problemas, los retos y los desafíos que tenemos en ese ámbito se van a llevar de forma más coordinada, con mayor eficacia desde el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que trata de promover políticas que tienen que ver con el entorno y con el desarrollo.


En relación con la transparencia, este es un Gobierno que ha adoptado multitud de decisiones con relación a la misma. Hicimos un plan completo de transparencia, que contenía más de cien medidas -que les invito a repasar y conocer-, muchas de las cuales tienen que ver con medidas administrativas y otras son de tipo económico. Desde la perspectiva del funcionamiento de la Administración, hemos mejorado. ¿Qué es mejorable? También; estoy segura de que todavía podremos mejorar en transparencia, en acceso a la información y en facilitar más información. Desde luego, ahí no vamos a escatimar esfuerzos en seguir incrementando la transparencia y en facilitar a todas SS.SS. toda la información necesaria para el ejercicio correcto de sus funciones.


Es verdad que en la pasada legislatura me referí en mi intervención al desarrollo legislativo y que prioricé el calendario legislativo del Gobierno, cosa que en esta ocasión no he hecho. En esta intervención me he referido exclusivamente a las iniciativas legislativas que fundamentalmente corresponden al Ministerio de la Presidencia y sobre todo a aquellas que tienen que ver con lo que considero corresponde al Ministerio de la Presidencia, Presidencia del Gobierno y Vicepresidencia política, que son todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo de derechos fundamentales. Las iniciativas que he mencionado, desde el punto de vista de desarrollo reglamentario, son: la Ley de Asociaciones y las dos leyes que aprobamos la pasada legislatura, de reconocimiento de derechos a las víctimas del franquismo y de la dictadura y la de devolución de patrimonio a los partidos políticos, así como lo que se refiere a revisión o promulgación de leyes nuevas que desarrollan derechos fundamentales: la de igualdad, la de libertad religiosa o todas aquellas que tienen que ver con el ámbito de mis competencias como portavoz. No he entrado en otros temas, porque no hay tiempo para hacerlo. Es verdad que el tema de la justicia es claramente prioritario, pero sí le digo que podremos ver y ordenar todo el calendario legislativo del Gobierno cuando se hayan celebrado las comparecencias de todos los ministros. De todas formas, ustedes tienen la guía fundamental de las leyes en el discurso de investidura que pronunció el presidente del Gobierno. Por tanto, tenemos un proyecto ambicioso de promoción legislativa que, aunque quizá no sea tan amplio como el de la pasada legislatura, es muy importante, porque afecta a leyes que también son básicas, que van a desarrollar derechos y que van a mejorar la vida de los ciudadanos.


Me ha planteado usted también el tema de la inmigración y la directiva. Me ha preguntado cuál era nuestra opinión sobre la directiva de inmigración.
En esta directiva se viene trabajando desde hace un montón de años,

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llevará dos o tres años en el ámbito de la Comisión y nosotros hemos participado en los trabajos de la misma. En términos generales, la directiva afecta a la legislación española, a mi juicio, en un tema, porque en los demás se habla de decisión administrativa o judicial. Aquí tenemos una Ley de Extranjería que es más garantista. La directiva es un mínimo y, por tanto, puedes ir a un máximo. En este sentido, tenemos elementos que se refieren al control de la inmigración irregular, que está judicializado y va a va a seguir judicializado en nuestro sistema, más allá de que la directiva abra vías administrativas. En lo que sí afecta la directiva a nuestra legislación es en cuanto al tiempo de estancia máximo. Como usted sabe, en muchos países europeos el tiempo es indefinido. La negociación que se ha llevado a cabo en la Unión Europea es poner límite a aquellos países -no al nuestro en el que tenemos un tiempo máximo de seis meses- que tienen un tiempo indefinido. Ahí se establece un año y medio. Ya veremos porque es una transacción y no sé cómo quedará al final, porque además estaba pendiente de que pasara por el Parlamento Europeo y no sé si se llegará a alguna solución o compromiso de reducir más ese plazo o dejarlo tal y como está. Pero sí quiero colocarle en la perspectiva y la perspectiva no era ampliar desde los países que tienen una legislación con un plazo más reducido sino lo contrario, reducir y acotar tiempos respecto de aquellas legislaciones que tienen un plazo indefinido.


La reforma constitucional es un tema que ha salido en las intervenciones de todos los grupos y me gustaría volver a señalar lo que he dicho en mi intervención inicial. La reforma constitucional se tiene que llevar a cabo por consenso, es imprescindible ponerse de acuerdo. Hay que consensuar, hay que hablar, hay que dialogar y hay que pactar y, por tanto, hay que buscar elementos mínimos o reformas sobre las que exista un muy alto grado de consenso. Todo se puede debatir. En el ámbito del debate de las ideas y de las razones todo es admisible, pero hay que saber hacia dónde vamos y el Gobierno cree -y creyó ya en la pasada legislatura en lo que presentó- que las cuatro reformas que proponíamos eran elementos sobre los que podía haber un grado de consenso, además de ser necesarios. ¿Alguien se opone a la reforma de la Constitución -y aquí ya se ha dicho; creo que nadie, y es el único elemento en que he oído a todo el mundo estar de acuerdo- para incorporar la igualdad en el acceso a la Jefatura del Estado? Creo que esa es una reforma que todo el mundo considera que es conveniente y necesaria y nadie se opone a ella. Así es como debemos operar. No podemos abrir una reforma de la Constitución que no sea pactada, que no sea limitada, que no esté acordada y que no esté consensuada. Lo propusimos. Además establecimos un procedimiento, señor Trillo. Claro que ustedes nos apoyaron en el procedimiento, pero ahí se acabó el apoyo, porque cuando vino la reforma del Consejo de Estado no la apoyaron en nada. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde hace gestos afirmativos.) No, señor Trillo, no, en nada. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pronuncia palabras que no se perciben.) En nada. Y nada es nada. No estaban ustedes de acuerdo en que se llevase; no estaban ni de acuerdo ni en condiciones. Les trasladamos el informe del Consejo de Estado, que era el elemento de partida para iniciar un debate y ver si se podía llegar a algún acuerdo, y no hubo posibilidad. En eso como en tantas otras cosas, señor Trillo, es así. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: No es así.) Es así. La prueba está en que no ha habido acuerdo. Ahí está el trabajo y no ha habido acuerdo. Y no ha habido acuerdo no porque el Gobierno no quisiera, porque hizo todo el trabajo.
(Rumores.) No, el Gobierno quiso, lo demostró. Hizo la reforma, la remitió al Consejo de Estado y cuando el Consejo de Estado la devolvió, la volvió a remitir a los grupos políticos para ver si había alguna posibilidad. Pregúnteselo a su presidente a ver si opina lo mismo, porque no hubo posibilidad ninguna de consensuar, señor Trillo. Yo no quiero mirar al pasado. Es verdad que yo tengo pasado; todos tenemos pasado. ¿O es que usted no lo tiene, señor Trillo? (Rumores.-El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: ¡Ya lo creo!) Claro lo tiene. Todo el mundo tiene pasado y mucho, afortunadamente. Además yo me siento absolutamente orgullosa de mi pasado. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: Y yo del mío.) Y usted supongo que también. Pues ya está.
La cuestión es si queremos o no queremos abordar una reforma constitucional pactada y limitada a determinados temas. Si queremos, estamos abiertos a hablar de ello porque creemos que ha de hacerse a través del consenso, y si no queremos, pues no queremos. No le demos más vueltas. O queremos o no queremos. Y si queremos, vamos a hablar de promover una reforma consensuada y limitada. Comprendo que a muchas personas les puede parecer insatisfactoria porque no se llegue muy lejos, pero empecemos por algo. Debatir, claro que se puede debatir. ¿Cómo no se va a poder debatir? Se puede debatir lo que se considere oportuno.
¡Faltaría más!

En cuanto a la renovación de los órganos constitucionales, he hecho una alusión a ella. Creo que el constituyente no estableció ningún mecanismo porque nunca pensó -jamás pensó- que se pudieran extender unos plazos de interinidad de más de un año en algunos casos, como está ocurriendo actualmente. Es insólito. No lo pensó nunca jamás; nadie pudo imaginarlo.
Eso es un problema de responsabilidad política de todos. Sí, sí, del principal partido de la oposición también, ¿o no? Es un tema importantísimo porque la Constitución marca unos límites. Y es verdad, como he dicho en mi intervención, que deja al sentido de oportunidad de las Cámaras el tiempo y el momento una vez transcurrido ese plazo, pero -vuelvo a repetir- nunca llegando a una extemporaneidad tan larga, tan grande y, a mi juicio, tan absolutamente disfuncional que pone de manifiesto que el sistema está funcionando mal. Está funcionando mal. Por tanto, creo que deberíamos hacer un esfuerzo -sé, por supuesto, que hay disposición de hacerlo- para

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solucionar ese problema. Ello va a redundar, sin duda alguna, en la mejora de la calidad democrática, del funcionamiento de órganos tan importantes como es el Tribunal Constitucional o como es el Consejo General del Poder Judicial y, desde luego, en la mejora de los servicios de la democracia para los ciudadanos.


En relación con el Estatuto catalán quiero dejar muy claro que el Gobierno y, desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista han expresado su convicción de que el Estatuto de Cataluña aprobado por estas Cortes Generales se ajusta a la Constitución. Lo hemos dicho una y otra vez porque lo creemos. En todo caso, creo que debemos respetar, por supuesto, al Tribunal Constitucional en su exclusiva función de juzgar la constitucionalidad de las leyes. Y ese respeto pasa, a mi juicio, por no adelantar pronunciamientos ni hacer conjeturas sobre hipotéticos contenidos de su sentencia. De nadie. Las resoluciones de los tribunales, señor Trillo, hay que respetarlas siempre, no solo cuando me convienen.
(El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, usted a lo mejor, pero no todo su entorno. No solo es usted; es usted y su entorno. (Risas.-Rumores.) De verdad creo que las resoluciones de los tribunales hay que respetarlas. Le digo, señor Trillo: autonomía del fiscal, toda; independencia de los jueces, absoluta; y respeto a las decisiones, siempre. Esa es la posición del Gobierno, la que siempre ha tenido este Gobierno. Yo no hablo de independencia fiscal. Nunca he hablado de ella, porque el modelo constitucional es de fiscal que tiene autonomía en el ejercicio de la acción, pero no tiene el mismo estatuto de independencia que tiene el juez, que la tiene absoluta. Este Gobierno la ha respetado siempre, lo mismo que ha respetado las resoluciones de los tribunales; siempre, nos sean o no nos sean favorables. Por tanto, creo que tenemos que dejar trabajar a los tribunales para que lo hagan con tranquilidad, con su autonomía y con su independencia de criterio, sin establecer ningún juicio que pueda interpretarse como presión. De verdad creo que lo sensato, lo responsable y lo maduro desde el punto de vista democrático es dejar que el Tribunal Constitucional, en sus tiempos y en sus momentos, dicte la resolución que considere oportuna con arreglo a la Constitución. Nuestra posición en ese tema está muy clara. Como está muy clara nuestra posición en relación con el desarrollo de los estatutos; con el desarrollo del Estatuto de Cataluña y de todos los estatutos.
Nuestra posición en relación con los estatutos está muy clara, señor Trillo.


Nosotros concurrimos a las elecciones en 2004 con una propuesta de modificación de los estatutos, porque creíamos que después de veinticinco años era importante adaptarlos a las circunstancias que se habían dado en nuestro país y había que llevar a cabo esa reforma. Le diré que no solo lo creíamos nosotros, lo creían todos los presidentes de todas las comunidades autónomas a quienes recibió el presidente del Gobierno en La Moncloa nada más tomar posesión, en 2004. Todos, absolutamente todos propusieron reformar esos estatutos. El problema es que a ustedes unas reformas les parecían bien, si el estatuto era de una tierra, y otras les parecían mal, si el estatuto era de otra tierra. Sí, eso es lo que ha pasado, ese es el resultado de lo que ha pasado al final. Ustedes no apoyaron el Estatuto de Cataluña, pero apoyaron muchas cosas que están en él en el de Andalucía, en el de Valencia, en el de Baleares. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde hace gestos negativos.- Una señora diputada: No es así, no es así.) Sí, señor Trillo, sí; le guste o no, es así. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: No, no.) Tengo montañas de ejemplos. Le daré el listado. ¡Si lo hemos llevado hasta al Tribunal Constitucional! Lo sabe usted bien. Hay muchos supuestos. Cuando quiera, le enseño la literalidad de los artículos que ustedes han apoyado en los estatutos de Valencia, de Baleares, de Andalucía y de Aragón y han recurrido en el Estatuto de Cataluña. Cuando quiera, lo vemos. Nos extenderíamos mucho aquí, pero sabe usted que eso es así. Por tanto, quien ha cambiado de criterio no ha sido este Gobierno, han sido ustedes, evidentemente. Cuando les ha interesado, han apoyado, y cuando no les ha interesado, no han apoyado: España se rompe, España se destroza... Ni España se rompe, ni España se destroza. Tenemos una España más fuerte que nunca, con un modelo constitucional que está funcionando, con un modelo de las autonomías que está funcionando, que hemos construido entre todos y que tenemos que terminar de desarrollar entre todos. Por supuesto que cada uno puede seguir manteniendo una posición permanentemente reivindicativa frente al Estado central, es libre de hacerlo. A mi juicio, hemos llegado a una situación en la que, más allá de las reivindicaciones que, por supuesto, cada uno pueda ejercer, lo que nos reclaman los ciudadanos es la resolución de los problemas que les afectan, sea cual sea la Administración que lo tenga que hacer. Creo que, con las reformas de los estatutos que estamos llevando a cabo en esta ocasión, hemos llegado a un nivel de empezar a reforzar la cooperación -propia de un Estado federal, por otra parte-, estableciendo mecanismos e instrumentos propios cooperativos. Por eso digo que habría que empezar a pensar en ir pasando de un modelo más reivindicativo a un Estado más cooperativo, que es un Estado más maduro, que creo que es el nuestro, ya que está en condiciones de poder expresar esa madurez con la cooperación.


Me sorprende que les llame tanto la atención la garantía adicional (El señor Esteban Bravo: No, no; si está muy bien.) del impacto no ambiental, autonómico. (El señor Esteban Bravo: ¿Autonómico?) Sí, es una terminología al uso. Son informes que se utilizan precisamente, desde el punto de vista del derecho administrativo, para analizar determinados parámetros en razón de la norma: impacto de género, impacto ambiental, impacto autonómico. Es una garantía que nos ponemos, porque queremos desarrollar bien el sistema y hacer que madure, porque acabamos de aprobar unas normas que no son tan sencillas. La Administración central y la

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Administración autonómica se tienen que acostumbrar a trabajar con el nuevo modelo. Desde luego, le tomo la palabra, en el sentido de que sea de ida y vuelta, es decir, que también las autonomías, cuando legislen, incorporen a su normativa un informe en el que se analicen con mayor rigor las competencias, porque si eso fuese así, evitaríamos muchos litigios. Desde luego, lo que es responsabilidad del Gobierno, señor Ridao, lo vamos a hacer. Creo que esa es una norma de autoexigencia que además va a venir bien también para los análisis y los conflictos que se puedan derivar en su caso, porque esos informes siempre aportarán luz.


Mire, a mi juicio, no llevamos retrasos en el desarrollo de las transferencias del Estatuto de Cataluña. Claro, eso es una cuestión subjetiva. Creo que se está haciendo una transferencia y traspasos razonables. Lo que no se están haciendo son traspasos que no están en el estatuto, es verdad. (El señor Ridao i Martín pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor Ridao. Usted sabe muy bien lo que le digo. A veces se pretende conseguir por la transferencia lo que no se consiguió en el Estatuto. No, vamos a trabajar seriamente. Estamos trabajando seriamente y el propósito del Gobierno es trabajar seriamente. Este Estatuto es de una enorme complejidad: amplía el autogobierno, establece una forma de actuar distinta de la Generalitat, de las instituciones autonómicas y establece transferencias, pero muchas menos de las que estableció el primero. Lo más importante no son solo las transferencias, sino el ejercicio de determinadas funciones. No todo hay que centrarlo en las transferencias. Esa es una visión -si me lo permite y con todos los respetos- un poquito antigua, porque no estamos en un proceso solo de transferencias, sino de ejercicio de funciones que están en la norma, y hay que compatibilizar, armonizar ese ejercicio de funciones por parte de una Administración autonómica y de una Administración central, y eso hay que hacerlo de mutuo acuerdo, mediante el diálogo y la cooperación, señor Ridao. Haremos las transferencias que sean necesarias, pero no solo es un problema de transferencias.


En relación con el último tema que usted me planteaba le diré que he anunciado que, tras veintiocho años de vigencia de la Ley Orgánica de Libertad religiosa, nos parece -así nos comprometimos con los ciudadanos en nuestro programa electoral- que hay que hacer un debate sereno y pausado que conlleve a actualizar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, introduciendo cuestiones que en el año 1980 no se introdujeron. Por ejemplo, nada dice la Ley Orgánica de Libertad Religiosa sobre el derecho fundamental a la libertad de conciencia. Fue aprobada en una época en donde todavía no se habían celebrado, como usted sabe, muchos de los acuerdos que hoy están vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas distintas de la católica. En los últimos veintiocho años las transformaciones habidas en la sociedad española como consecuencia de su apertura al exterior y el establecimiento y consolidación de un régimen de derechos y libertades son profundas y palmarias, por tanto, señor Trillo, no me diga usted que en este país está en peligro el ejercicio de la libertad religiosa de nadie. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: De momento.) De nadie, señor Trillo. Y no lo ha estado en estos cuatro años con el Gobierno de España, durante los que hemos promovido una actuación en este tema respetuosa con la libertad religiosa, respetuosa con el principio de autonomía y separación, cosa que otros no han hecho siempre, entre Iglesia y Estado, y con el principio de cooperación con la Iglesia católica, que es la confesión mayoritaria. Lo hemos hecho con absoluto respeto, con unas relaciones buenas con la Conferencia Episcopal y con unas relaciones de cooperación buenas con el Vaticano; buenas de cooperación; de discrepancia también, y no hay ni un solo español que pueda pensar ni que se le pase por la cabeza que tiene algún problema para el ejercicio. Nadie, señor Trillo. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: No todo es la ley.) No, porque no todo el mundo cree que su derecho... Hay otras confesiones religiosas, no solo la suya. Usted no es el único que vive en el mundo, sino que hay otros. Hay pluralidad, hay otros que también quieren que sus derechos sean garantizados, señor Trillo. Lo que decimos es: vamos a introducir y recoger ese pluralismo que existe en la sociedad y que no existía en el año 1980 y vamos a recoger acuerdos, que usted sabe que se han suscrito entre el Estado y otras confesiones. Usted lo sabe y, por tanto, no exagere, por favor. Es una exageración decir: no me traiga nada, no me traiga usted una ley.
Pues sí, se la voy a traer, y la voy a traer con el acuerdo de toda esta Cámara y seguro que con su acuerdo también, porque es sensato. Como yo sé que al final usted es sensato, estoy segura de que llegaremos a un acuerdo también en un tema que afecta a muchos ciudadanos españoles y que va a mejorar su vida y su libertad. Ese es el sentido del anuncio que les he hecho y les garantizo que el proyecto de ley que en su día traigamos a esta Cámara lo hablaremos con ustedes y que buscaremos el máximo acuerdo posible, el máximo consenso con todos los grupos políticos y con todas las partes que puedan estar afectadas.


Aborto. Es un tema que también me han suscitado algunos de los portavoces.
No he hablado del compromiso que hemos adquirido porque entiendo que es un compromiso que desarrollarán los ministros correspondientes. Sí he hablado de algo que me parecía muy importante, que era que el Gobierno, en todo caso, va a garantizar -en tanto se aprueba o no una modificación de la ley- el ejercicio de los derechos de las mujeres y de los profesionales de la sanidad a poder actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley hoy vigente, cosa que en algunas actuaciones, evidentemente, se ha puesto en riesgo. Ahí sí que se ha puesto en riesgo el derecho a la intimidad. Se ha puesto en riesgo, señor Trillo, sí; y de confidencialidad de los datos. Se lo digo porque como usted decía: me viene usted con la intimidad. Pues sí, la intimidad es un derecho fundamental; el de las mujeres también, que también tienen derecho a la intimidad. (El señor Trillo-Figueroa

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Martínez-Conde pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí, se lo digo por si acaso; lo digo porque es evidente, señoría, que ha habido actuaciones en donde determinados derechos se han podido ver vulnerados, y este Gobierno no lo va a permitir. Derechos en el ejercicio de acceder a una prestación determinada y a unas condiciones por la ley. A eso es a lo que me he referido; me he referido a eso, lo quiero aclarar. El derecho a la intimidad de las personas es un derecho fundamental. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso, como usted sabe, es que vamos a constituir un comité de expertos que haga una evaluación completa del funcionamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y con sus conclusiones trataremos de consensuar una reforma, la reforma que se considere mejor para garantizar que se puedan producir interrupciones voluntarias del embarazo, que siempre son situaciones muy dolorosas y muy difíciles para las mujeres, en condiciones de garantías y estableciendo, además, las pautas de los modelos que, en este sentido, existen en las legislaciones europeas, de los cuales nuestra ley es una ley muy homologable, aunque probablemente pueda necesitar algunas mejoras; no cerramos la puerta en absoluto, como usted sabe, a que podamos desarrollar ese tema de la mejor manera posible, incrementando las garantías de los derechos de las personas.


Señor Esteban, a algunos de los temas que usted me ha planteado ya le he ido contestando al hilo de la respuesta a otros portavoces. Sí le quiero decir, con relación al tema del secuestro del pesquero Playa de Bakio, que es verdad que aquí hubo una resolución -usted se ha referido a la resolución que se aprobó aquí en el Parlamento- por la que se establecía que la fragata debería ir a la zona del Índico durante tres meses: agosto, septiembre y octubre. Eso fue lo que se acordó. En su momento, en el mes de octubre, compareció aquí el secretario de Estado de Asuntos Exteriores para poner de manifiesto los problemas que había en que una fragata aislada hiciera ese trabajo, y para ofrecerle el seguir trabajando con nuestros socios en la zona. Esa era una alternativa. Otra alternativa era prohibir pescar en esas aguas, una zona exclusiva de Somalia. Y una tercera alternativa era la de colaborar con los gobiernos limítrofes para tratar de buscar una solución, que es en lo que estamos, evidentemente. La verdad es que ha sido lamentable que se produjera, desde luego. (El señor Esteban Bravo: Pero podía pasar y ya lo avisamos.) Afortunadamente, los mecanismos de la diplomacia han funcionado y han podido salvarse vidas que han estado en riesgo, es verdad. El Gobierno va a comparecer para dar todo tipo de detalles sobre todas las gestiones y todas las actuaciones que ha llevado a cabo la Administración durante el secuestro. Lo que sí le puedo adelantar -y se lo enviaremos- es que estamos trabajando en estos momentos con iniciativas en el ámbito de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de los países aliados. En la Unión Europea en dos líneas, tanto en la Dirección General de Pesca y Asuntos Exteriores como en el ámbito de la política de seguridad porque es un tema que afecta a competencias de la Unión Europea en materia de pesca y en materia de seguridad. Es evidente que en estos momentos ha sido bien acogida la iniciativa de España, pero nuestro objetivo es tratar de acelerar gestiones con algunos de los países que tienen intereses en la zona para tratar de adelantar una actuación que pudiera poner en marcha un servicio de vigilancia multinacional en la zona y que adelantase alguna decisión que pudiera ser adoptada luego con un carácter más estructural por la Unión Europea y, de la misma manera, en el ámbito de Naciones Unidas. Por tanto, vamos a seguir trabajando con toda la intensidad en ese tema. Es un asunto que ya hemos puesto en el orden del día de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Por tanto, ¿cumplir las resoluciones del Parlamento? Sí, sí que cumplimos las resoluciones del Parlamento; cumplimos las resoluciones que podemos cumplir porque de verdad en este caso usted sabe bien que dimos todo tipo de explicaciones, que no había posibilidades de establecer un sistema individual de vigilancia como país aislado. Se le dieron todo tipo de explicaciones y se le ofreció la alternativa con respecto a los trabajos que estábamos haciendo para ser más eficaces. Desgraciadamente nos ha pillado el toro en el sentido de que hemos tenido un incidente muy grave aunque se ha resuelto felizmente en relación con las vidas de esas personas, pero es verdad que allí hay una situación muy difícil de abordar, en un país además con una situación muy complicada desde el punto de vista internacional.


La Unión Europea le ha dado la razón al Gobierno español respecto a las medidas de alerta anunciadas en relación con el problema que hubo con una partida de aceite de girasol proveniente de Ucrania. Ha habido un comunicado de la Unión Europea de alerta posterior al primero en el que se ha dicho que quien lo ha hecho bien es España. Así ha sido, así es la vida. No es que nos hayamos equivocado, sino que la Unión Europea nos ha dicho que hemos hecho lo que había que hacer. Eso lo ha dicho la Comisión cuando estableció el viernes dos recomendaciones en cuanto a la retirada y en cuanto a la prohibición, y España ya se había adelantado por el principio de precaución y por las alertas que saltaron en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Por tanto, no ha habido una alarma infundada, sino que se ha actuado con responsabilidad. El ministro de Sanidad va a comparecer para dar todo tipo de información y para que vea usted los comunicados de la Unión Europea, el primero y el segundo, que le recomiendo que lea, y entonces podrá ver que en lugar de levantar una alarma, lo que ha hecho la Unión Europea ha sido felicitar a España.


Son varias las ocasiones en las que SS.SS. han hecho alusión al tema de la justicia. Desde luego, el Gobierno es absolutamente consciente de la situación por la que atraviesa nuestra Administración de Justicia y creemos que un país como España no puede permitirse una situación semejante, creemos que no es admisible y que es urgente resolverla. Por lo tanto, no he hecho alusión a

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ello porque va a haber una comparecencia próxima del ministro de Justicia en donde monográficamente se va a abordar este tema. Creo que hay dos temas urgentes en el ámbito de la justicia, dos: uno, el tema del servicio público, y dos, el tema del poder. Desatascar el órgano, renovarlo y poner medios urgentes, equipos de refuerzo, en la línea de modernización de la oficina judicial para que el servicio público de la justicia funcione de otra manera. Esos son, a mi juicio, los dos elementos más importantes y más urgentes que en estos momentos tiene pendiente la justicia: el servicio al ciudadano y desatascar el órgano de gobierno del Poder Judicial porque tienen responsabilidad en eso, porque hay que poner al frente del órgano a personas que se dediquen a gestionar y que no estén esperando a ver qué día se van a ir a su casa. Esas dos cosas son urgentes. Desde luego, por parte del Gobierno no va a faltar dedicación y esfuerzo ni para lo uno ni para lo otro. Le recuerdo que en la pasada legislatura este Gobierno creó más de mil plazas de jueces y fiscales, más de las que se crearon en las dos legislaturas anteriores, señor Trillo, mil plazas de jueces y fiscales en la pasada legislatura.
Esa es la línea. ¿Tenemos que poner más medios? Sí. ¿Los vamos a poner? Sí. ¿Tenemos que modernizar? Sí ¿Tenemos que renovar el Consejo? Sí.
Hagámoslo. Yo sé que todo el mundo tiene la mejor disposición y, desde luego, por parte del Gobierno no va a faltar disposición en ese tema.


No le vuelvo a decir nada en relación con la reforma constitucional. No es, señor Esteban, un brindis al sol. Le he reiterado que es un tema de consenso y, por tanto, que el Gobierno cree que hay que avanzar en ese consenso; y mientras no se avance en ese consenso poco podemos hacer, pero desde luego vamos a trabajar para que así sea. Vamos a seguir trabajando, como ya le he dicho, en la búsqueda de elementos para construir y aproximar la ejecución de las normas que son, en muchas ocasiones, compartidas. Usted se refería a la Ley de Dependencia. No es verdad que la Ley de Dependencia no tenga financiación, la tiene en los Presupuestos Generales del Estado, y usted sabe que esa financiación tiene que ser compartida y ejecutada entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que según la ley tienen también competencias y que en muchas comunidades no se ejercen. Son competencias compartidas. El Gobierno ha hecho sus deberes y ha puesto en la partida presupuestaria el dinero correspondiente, lo que pasa es que no en todas las comunidades a veces hay la diligencia necesaria para hacer las valoraciones, los reconocimientos y poner en marcha un sistema que es compartido y que tiene que ser el fruto de la cooperación. Estoy de acuerdo con usted en que los mecanismos de cooperación son mejorables y estoy de acuerdo en que en muchas ocasiones no se utilizan todos los instrumentos que las leyes prevén para aproximar acuerdos y llegar a establecer soluciones dialogadas. Pero usted sabe que el diálogo es una cuestión de dos.
Siempre es una cuestión de dos y, por tanto, desde luego por nuestra parte no va a existir ninguna duda en que vamos a seguir trabajando en relación con ese tema.


Para terminar con los asuntos que me planteaba el señor Esteban, en relación con el tema del lehendakari Ibarretxe le diré que desde el punto de vista formal - ha llamado esta mañana el presidente del Gobierno al lehendakari Ibarretxe, no ha podido hablar con él; esta tarde va a volver a hacerlo para fijar una fecha en la agenda-, ya lo dije hace unos días, es una cuestión de agenda.(El señor Esteban Bravo: El diálogo es cosa de dos.) Efectivamente. No creo que haya habido un presidente en la historia de la democracia que haya recibido más a los presidentes de las comunidades autónomas y al lehendakari en Moncloa que el presidente Zapatero. Por lo tanto, creo que sí ha habido una manifestación de diálogo en esta pasada legislatura, y en la que empezamos ahora va a seguir estando la siempre la mano tendida. Repito, desde el punto de vista formal va a haber reunión. Está pendiente de que esta misma tarde se cierren las agendas. Desde el punto de vista institucional, las relaciones del presidente del Gobierno con el lehendakari, como con todos los presidentes de las comunidades autónomas, son relaciones fluidas, cordiales, positivas y casi siempre fructíferas, porque se han reunido en muchas ocasiones y en ocasiones han llegado a acuerdos y en otras no. Y desde el punto de vista del modelo, en el debate de investidura el presidente del Gobierno lo dejó bien claro: el Partido Socialista no se subirá -creo que lo dijo literalmente- a un tren que no se sabe adónde va, que representa una aventura y en muchas ocasiones una aventura ya gastada que no ofrece ninguna expectativa para muchos ciudadanos de su comunidad autónoma. Yo no tengo inconveniente en repetirle lo que hemos dicho en muchas ocasiones; como el señor Trillo también se refería a ello, lo repito para que el señor Trillo lo vuelva a oír: cualquier reforma o cualquier avance de autogobierno tiene que hacerse en el marco de la Constitución y del ordenamiento jurídico, respetando la voluntad democrática y las reglas democráticas de nuestro Estado de derecho.
Además es imprescindible que haya el consenso suficiente, porque nadie puede pretender, señor Esteban, imponer su proyecto a otra parte importante de ciudadanos. (El señor Esteban Bravo pronuncia palabras que no se perciben.) Nadie. Así pues, estamos dispuestos al diálogo. (El señor Esteban Bravo: Sí, pero...) Sí, estamos dispuestos al diálogo, pero los límites son claros: la Constitución y los procedimientos establecidos en ella. El consenso necesario para mejorar la convivencia en el País Vasco que alcance a todos, a nacionalistas y a no nacionalistas, y que respondan al interés y a la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el marco, señoría, el único que, como les dijo ya el presidente del Gobierno, ofrece seguridad y certidumbre. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tengo ningún inconveniente en volver a repetirlo y por eso le traigo aquí a colación las palabras del presidente del Gobierno en relación con su preocupación de si recibía o no recibía

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al lehendakari, que por supuesto le ha recibido cuantas veces el lehendakari ha pedido ser recibido; y una vez más se volverá a encontrar con él el día que sus agendas lo permitan, tal y como lo hayan acordado seguramente esta misma tarde.


Señor Xuclà, gracias por su intervención, por su buena predisposición a hablar de la reforma constitucional. Creo que ha sido usted quien ha dicho que hay dos temas que son imprescindibles dentro de los cuatro que yo he mencionado que estaban en el informe del Consejo de Estado, que son la igualdad y el Senado. La vía es tratar de hablar y ver si podemos llegar a algún acuerdo. En relación con el tema de la Loreg ya he dicho cuál es la posición. No voy a entrar ahora en detalles de cuál es la reforma ni si tiene que haber mayor o menor número de diputados, es un tema que se tiene que debatir en el ámbito de esta subcomisión; por tanto, con absoluta libertad, en principio, de criterio lo dejamos al ámbito parlamentario. Sí quiero recordarle que en la pasada legislatura el Gobierno presentó un proyecto de ley... mejor dicho, no lo llegó a presentar porque no alcanzamos el consenso necesario con el principal grupo de la oposición -nos parece que ese es un tema también de consenso- sobre la Ley de bases de régimen local. Recordará que teníamos un texto, que se había avanzado mucho, pero no se pudo seguir avanzando en el mismo porque no hubo el consenso que tiene que existir en esta materia. En relación con el tema del desarrollo autonómico creo que ya he dicho cuál es la posición del Gobierno. Por supuesto que vamos a trabajar en desarrollo autonómico. Y en relación con la financiación autonómica, es un tema prioritario para este Gobierno, ya empezamos a trabajar en la anterior legislatura, el vicepresidente comparecerá mañana en esta Cámara y podrá extenderse algo más pero yo les puedo reiterar cuál es la posición del Gobierno. Es evidente que la reforma de la financiación de las comunidades tiene que hacerse con el máximo consenso y con el respeto a los principios de igualdad y de solidaridad de los españoles. Yo sé que va a ser un trabajo intenso lograr el acuerdo entre las comunidades pero sé que lo vamos a intentar y estoy segura de que lo vamos a lograr.
También le digo que no nos estamos planteando un retraso del sistema de financiación ni estamos esperando a que haya una sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dictará sentencia cuando lo considere oportuno. La intención del Gobierno es, desde luego, lograr un acuerdo político antes del mes de agosto, lo dijo ayer el propio vicepresidente, de manera que la reforma de la Lofca pueda tramitarse después del verano y entrar en vigor en 2009. Ese es el planteamiento, ustedes lo saben. Por tanto creemos que hay base para un acuerdo sobre el sistema, porque en los estatutos aprobados durante la anterior legislatura creo que son más las coincidencias que las diferencias. Le recordaré que nuestra intención es que el nuevo sistema de financiación refuerce la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que esa autonomía se haga depender más de sí mismas y menos del Estado y que a la vez garantice mecanismos de solidaridad y convergencia regional. Nuestra opinión es que sobre estas bases es posible llegar a un acuerdo, que no será fácil pero que estoy segura que terminará beneficiando a todos y, desde luego, el compromiso del Gobierno es que no habrá perdedores con el nuevo sistema. Sobre la Ley del aborto ya le he dicho cuál es la posición del Gobierno. El Gobierno va a estar siempre abierto a poder modificar, ampliar y mejorar el derecho de petición, a que pueda ampliarse a la posibilidad de que puedan comparecer las personas que ejercen ese derecho en esta Cámara; siempre he sido partidaria de la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a expresar sus opiniones en el ámbito de esta Cámara y vamos a trabajar por seguir mejorando la información en el Parlamento y la transparencia.


Respecto al punto de vista internacional, le digo que por supuesto no he hablado de las líneas de la política internacional, me he referido única y exclusivamente a un acontecimiento importante que es la Presidencia europea porque lo incardinaba en el ámbito de eventos importantes que desde el punto de vista de la Presidencia del Gobierno van a marcar los próximos cuatro años. Por supuesto que podemos hablar del tema de Europa, porque va a estar en la agenda de la política exterior en primera línea.
Queremos consensuar y acordar los objetivos de la Presidencia europea.
Creo que en el ámbito de la Comisión Mixta de la Unión Europea vamos a poder hablar de todo eso y, desde luego, ya sabe que somos partidarios del proceso de Barcelona porque es un proceso que nosotros pusimos en marcha y sabe que se están buscando soluciones que no desvirtúen la importancia del proceso que pusimos en marcha y que por tanto afecta a todo el tema del Euromediterráneo, donde sabe que tenemos un compromiso importante. Desde luego, en el nuevo plan director de la cooperación española que se pueda aprobar figurará de nuevo la política de cooperación en materia de derechos humanos y en el plan de derechos humanos que vamos a promover también figurarán los aspectos desde el punto de vista del ámbito internacional, no solo de la cooperación, sino también política de defensa de los derechos humanos como una de las líneas fundamentales de la política exterior.


Señor Trillo, no voy a reabrir el tema del consenso constitucional y de los consensos porque usted sabe muy bien que este Gobierno ha tenido una predisposición absoluta a hablar con ustedes y consensuarlo todo, absolutamente todo, y no hemos podido. Vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentarlo, le invito a intentarlo otra vez porque nuestra disposición es absoluta, pero no me diga usted que no ha habido disposición al diálogo para consensuar todo; lo ha habido en todo, señor Trillo, en todo, en todos los temas importantes y también en los que no lo son, y la prueba está que en algunos hemos llegado a acuerdos, claro que sí; cuando no ha habido problema de que se rompiera un discurso que estaba predeterminado y predirigido de que si España se rompía o no, cuando no ha habido ese problema, ha habido

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acuerdos, cuando eso lo hemos dejado aparcado ha habido consensos en temas importantes, pero cuando hemos priorizado otras cosas no lo ha habido.
Claro que no ha habido reciprocidad, lo suscribo, pero al revés: no ha habido reciprocidad por parte del principal partido de la oposición, no la ha habido, señor Trillo, claro que no la ha habido. Ya le he dicho lo del Tribunal Constitucional. No es sensato. A usted le podrá parecer que es una espera razonable la renovación, a mí me parece de verdad que es algo realmente imprescindible y además es una manifestación de un mal funcionamiento del sistema que no se haya producido ya esa renovación tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional.


Me dice que el Gobierno se explique en el tema Ibarretxe. La verdad es que ese es el problema; el problema es que nuestra posición es la misma de siempre en los temas de los estatutos, ha sido siempre la misma, no la hemos cambiado nunca. Por lo tanto, creo que los ciudadanos tienen muy clara cuál es la posición del Gobierno con respecto al modelo de Estado, con respecto a las cuestiones que se pueden promover y no promover por parte de las autonomías, con respecto a lo que se puede o no consensuar con el señor Ibarretxe; a lo que le hemos dicho una vez que no le volveremos a decir que no, y también hemos dicho en otras ocasiones que no a otras autonomías y luego hemos consensuado aquí, muchas veces con ustedes, porque ha habido estatutos que han venido de las autonomías pactados por ustedes en los territorios y que aquí hemos modificado y hemos llegado a acuerdos. Por lo tanto, de verdad, seamos un poco más sensatos con este tema. Usted sabe que la posición del Gobierno en esta materia es la posición que establece y marca los límites de la Constitución y del ordenamiento jurídico, ni más ni menos ni menos ni más, esa es; y que en ese marco todo es posible acordarlo, siempre y cuando beneficie a los ciudadanos y haya consenso previo de los territorios. Lo demás es seguir intentando hacer un discurso que ha quedado un poquito antiguo, el de la pasada legislatura, señor Trillo, de verdad. Que no, que el Estado de las autonomías tiene un estado importante de salud y lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar los sistemas que hemos creado para que los ciudadanos se vean beneficiados de las políticas que estamos poniendo en marcha, que en muchas ocasiones no es posible hacerlo porque falta completarlo con mecanismos de cooperación. Por lo tanto, señor Trillo, espero que haya reciprocidad, la misma que ha tenido el Gobierno en la pasada legislatura, espero del principal partido de la oposición en ésta reciprocidad y responsabilidad.


El tema de la Ley Electoral tenemos la oportunidad de hablarlo, pactamos unas reformas muy pequeñitas. Es verdad que el tema de la paridad, de la igualdad de género no es que le llamemos nosotros igualdad de género, señor Trillo, es que es igualdad de género. Lo ha dicho en un tono: ¡eso que llama usted igualdad de género! No, es que es igualdad de género, no es que lo llame yo así, es que es igualdad de género. De la misma forma que le digo que el plan de derechos humanos puede no gustarle, pero el plan de derechos humanos es un plan de derechos humanos establecido por Naciones Unidas. Son los planes de derechos humanos que efectivamente no van a garantizar los derechos humanos sobre los que nuestra Constitución tiene mecanismos de garantía, que están en la Constitución, que están en la ley, que están en los tratados internacionales de los que formamos parte, que tienen que garantizar los tribunales, pero es verdad que la promoción de los derechos humanos existe siempre, aquí y en los países más avanzados, y los países más avanzados tienen planes de derechos humanos, casi todos los europeos, planes nacionales de derechos humanos en donde establecen mecanismos de promoción activa de los derechos de nueva generación pero también de las libertades individuales, de mejoras.
Es más, si quiere le diré -ya lo hablaremos porque me gustaría consensuar ese plan, y estoy segura de que estará usted de acuerdo- que hay hasta recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas al Gobierno anterior, no al Gobierno socialista sino cuando su grupo político gobernaba, para que se hiciera un plan de derechos humanos. Por lo tanto, de verdad, no hagamos tampoco demagogia con un tema que creo que es muy serio y que es un tema importante, de siempre. Es evidente que los derechos humanos en nuestro país tienen reconocidos todos los mecanismos, todavía nos falta firmar algún convenio y ahora mismo tenemos que poner en marcha hasta en Europa la Agencia de Derechos Fundamentales; siempre es un tema, señor Trillo, desgraciadamente inacabado. Desde luego, nunca nos sentiremos totalmente satisfechos porque siempre todo es mejorable, la actuación de los poderes públicos y la actuación de los particulares.


En cuanto a la libertad religiosa, creo que ya he dicho suficiente. Sé que S.S. no tiene ninguna preocupación, ni la más mínima, porque no hay ni un solo motivo para tenerla, sino todo lo contrario, hemos de sentirnos muy satisfechos del modelo que tenemos y de que podemos seguir avanzando en el modelo de Estado que entre todos hemos construido.


Señor Trillo, no voy a entrar en las acusaciones procesales, por así decirlo, porque, de verdad, podríamos escribir un libro entero. Podríamos escribir un libro entero de los intentos de incursión -no de usted, ¡Dios me libre!- del entorno en actuaciones procesales entonces en el Tribunal Constitucional. Mejor corramos un tupido velo. No voy a entrar en eso porque me parece que por respeto y por responsabilidad y, sobre todo, por respeto al Tribunal, que es el que tiene que tomar sus decisiones, deberíamos dejar al Tribunal Constitucional mucho más tranquilo para que haga su trabajo. Desde luego, por mi parte nunca jamás me habrá oído decir nada que no sea de respeto absoluto al Tribunal Constitucional y a todos los tribunales. Por tanto, no quiero entrar más en ese tema.


Finalmente le voy a decir, señor Trillo, que usted ha sido un buen presidente de esta Cámara, y tuve ocasión además de compartir muchos buenos momentos y

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muchas peleas también, pues tuvimos muchas discusiones, que usted sabe perfectamente lo que se ha mejorado la participación del Parlamento en la decisión y en la toma de decisiones políticas; lo sabe: la Ley de Defensa Nacional, el envío de tropas y los nombramientos. Usted sabe que no ha habido un presidente que haya contestado a más preguntas parlamentarias que el señor Zapatero. Usted lo sabe. Hemos hecho el debate de las autonomías que no se hizo en la pasada legislatura. Hemos mejorado. ¿Que se puede mejorar más? Por supuesto. ¿Que hay que modernizar más este Parlamento? Por supuesto. Siempre me encontrará ahí; siempre me encontrará ahí. Y siempre hemos apoyado a todos los grupos políticos y seguimos apoyando a todos los grupos políticos para todas las mejoras que se hagan y para la promoción de los avances que se puedan hacer también en las reformas reglamentarias que están pendientes.


Para terminar le diré que me siento muy orgullosa de la actuación del ejército en todos los momentos durante la crisis del pesquero Playa de Bakio y que no fue ni al alba ni al amanecer. (Aplausos.).-(El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Hemos llegado al final de la comparecencia de la señora vicepresidenta. Señor Trillo, esta es una comparecencia informativa y está tasado el tiempo sin réplica y con un turno de diez minutos y saben bien los señores intervinientes que muchos de ellos han consumido más del doble de lo que el turno establece. Me parece que podemos dar por terminada la comparecencia. Agradezco a la señora vicepresidenta las informaciones que nos ha dado y hasta la próxima sesión.


Eran las siete y treinta minutos de la tarde.