Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 133-2, de 09/06/2015
 

<< Anterior      parte 1      parte 2     

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 133-2, de 09/06/2015


Al artículo único, apartado tres, artículo 26, apartado 2, puntos 7.º y 8.º

De modificación.

Se propone la supresión del punto 7 y la modificación del punto 8 en los términos siguientes:

"8.º A la realización de los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que su representado le solicite, o en interés de éste cuando así se acuerde en el transcurso del procedimiento judicial por el Secretario judicial, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales."

MOTIVACIÓN

Con la redacción inicial el procurador respondía ante el juzgado del pago de tasas y depósitos. Con la reforma ya no responde de tasas y depósitos, se tendrá que requerir de pago directamente al litigante y será responsabilidad directa del litigante, no del procurador, el pago de las mismas. Y si bien esto en otro supuesto sería razonable no lo es en los términos del Proyecto.

De otra parte, y dado que el Proyecto insiste en la consideración de los procuradores como cooperadores de la Administración de Justicia, parece adecuado que estos tengan que hacer actos de comunicación o cooperación cuando lo requiera el secretario judicial y especialmente si son en interés de su representado, en otro caso dejarán de ser un colaborador del juzgado si el secretario no puede imponerle tareas.

ENMIENDA NÚM. 142

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuatro, artículo 31, apartado 2, punto 1.º

De supresión.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al apartado Uno que modifica el artículo 23, apartado 2, punto 1.º.


Página 100




ENMIENDA NÚM. 143

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cinco, artículo 64, apartado 1

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

Con la reforma se impide presentar a la parte demandada cuestiones declinatorias en el juicio verbal antes del juicio con el fin de eliminar incidencias previas (llamada de tercero, declinatoria), por lo que se tendrán que presentar o plantear en la vista de juicio, como cuestión de previo pronunciamiento.

La medida propuesta está vinculada en la batería de reformas del juicio verbal, que como ya recogimos en nuestra enmienda a la totalidad el Proyecto también trastoca por completo y así el juicio verbal, pasa a tener contestación escrita y que en muchos casos no tendrá vista ya que la vista de juicio sólo se celebrará si se propone prueba o si la piden las partes. Lo más bochornosos es que el Proyecto justifique este cambio lo vergonzante en un supuesto reforzamiento de la tutela judicial efectiva.

Recordamos que la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, dejaba claros los valores que quería imponer y así manifestaba que: "La Ley diseña los procesos declarativos de modo que la inmediación, la publicidad y la oralidad hayan de ser efectivas. En los juicios verbales, por la trascendencia de la vista; en el ordinario, porque tras demanda y contestación, los hitos procedimentales más sobresalientes son la audiencia previa al juicio y el juicio mismo, ambos con la inexcusable presencia del juzgador". Pues bien, la propuesta es radicalmente contraria al modelo diseñado en la nueva LEC y la adecuación que esta supuso a los parámetros constitucionales al consagrar en el procedimiento principios constitucionalizados como la economía procesal, la oralidad, la inmediación y la concentración, principio este íntimamente ligado al de oralidad y al de inmediación, y lógicamente también al de la economía procesal. Y todo ello por no añadir lo que con acierto afirma el Consejo General del Poder Judicial y es que esta medida provocará además, una dilación del juicio.

ENMIENDA NÚM. 144

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado siete bis, artículo 115

De adición.

Se propone una nueva redacción con el contenido siguiente:

"Siete bis. Se modifica el artículo 115 que queda redactado de la forma siguiente:

Artículo 115. Recusación. Competencia para instruir y resolver los incidentes de recusación.

Serán aplicables a la recusación de los Secretarios Judiciales las prescripciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial."


Página 101




MOTIVACIÓN

No se justifica la atribución de tales decisiones a los Jueces y Magistrados, dada la no dependencia jerárquica respecto de los mismos y las disfunciones que de hecho se generan por esta causa por lo que la propuesta deberá acompasarse con las nuevas previsiones que al efecto se incluirán como enmienda en la reforma de la LOPJ.

ENMIENDA NÚM. 145

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado siete ter, artículos 116, 117,118 y 119

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado con el contenido siguiente:

"Siete ter. Quedan derogados los artículos 116, 117, 118 y 119."

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo anterior.

ENMIENDA NÚM. 146

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado ocho

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

"1. Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial.

4. En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que presente en soporte papel, con expresión de la fecha y hora de presentación, y número de entrada de registro. Subsidiariamente, la Oficina judicial podrá hacer constar la recepción de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte.

5. Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación, envío y normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, o cuando los intervinientes opten por estos medios por disponer de los mismos, los escritos y documentos se enviarán por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo, incluyéndose el número de entrada de registro, y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente.


Página 102




A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el artículo 162.2 de esta Ley.

Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios electrónicos a que se refiere este apartado, no sea posible por interrupción no planificada del de los servicios de comunicaciones telemáticas o electrónicas, y siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en la Oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.

En los casos de interrupción planificada deberá anunciarse con la antelación suficiente, informando de los medios alternativos de presentación que en tal caso procedan."

MOTIVACIÓN

En relación con el apartado 1 del artículo 135, se propone su reforma ya que los términos en que se proponen en el Proyecto supone una discriminación frente a la presentación de escritos en soporte papel; se supone que el uso de las nuevas tecnologías debe suponer un beneficio para el operador jurídico y no una desventaja frente a otros procedimientos tradicionales. La eliminación de la posibilidad de la presentación telemática de escritos hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo supone la alteración del sistema vigente de presentación de escritos sin más justificación que el empleo de medios telemáticos, e implica la modificación de las normas procesales cuando precisamente el empleo de un medio de ese género no ha supuesto una alteración de dichas normas.

En relación con el párrafo tercero del apartado 5, se propone la modificación del texto para poder dar entrada a otros servicios de comunicaciones telemática interconectados con las herramientas del ministerio de Justicia (LEXNET), como es el caso de LexnetAbogacia o de un proveedor del servicio tecnológico. Esto es, se debe permitir la presentación de Justificantes de interrupción del servicio que demuestren que en el momento en que debía presentarse un determinado escrito existía una limitación de carácter técnico que impedía el empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes.

ENMIENDA NÚM. 147

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado nueve, artículo 152

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

El objetivo de la reforma es que el secretario no pueda encomendar actuaciones judiciales al procurador si no cuenta con la autorización del cliente, para lo que elimina en el punto 2.º el "a su costa", lo que además abre paso a que el procurador pueda solicitar que algunas actuaciones sean a costa del erario público.

Todo ello no es sino un paso más en la privatización de los actos procesales que constituye una parte básica del funcionamiento de la justicia civil.


Página 103




ENMIENDA NÚM. 148

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado doce, artículo 159, apartado 1

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

La reforma permite que la citación a peritos, testigos o terceros la haga el procurador, pero si el perito o testigo no acude los efectos de su no asistencia serán los mismos que si los hubiera citado el juzgado con lo que no se entiende que ganancia se obtiene.

La realidad es que en la práctica las partes prefieren que les cite el juzgado y casi nunca asumen estas tareas por lo que carece de sentido la reforma.

ENMIENDA NÚM. 149

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado trece, artículo 161

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 161 que tendrá el contenido siguiente:

"3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero, y advirtiendo en todo caso al receptor de su responsabilidad en relación a la protección de los datos del destinatario.

Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella, con las mismas precauciones del apartado anterior.

En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada."

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.


Página 104




ENMIENDA NÚM. 150

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado quince bis, artículo 241, apartado 1, punto 7.º

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado con el contenido siguiente:

"Quince bis. Se modifica en el artículo 241, apartado 1, el punto 7.º que queda redactado de la forma siguiente:

7.º. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, salvo que se haya declarado temeridad del litigante condenado en costas."

MOTIVACIÓN

Carece de sentido eximir del pago de tasas a las personas físicas y a la vez puedan ser obligados a su pago mediante la tasación de costas cuando haya sido una persona jurídica el litigante contrario, quien a su vez puede desgravar fiscalmente la tasa y los honorarios pagados.

ENMIENDA NÚM. 151

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado dieciséis, artículo 243, apartado 3

De modificación.

Se propone la modificación del último párrafo del apartado 2 que queda redactado de la forma siguiente:

"En las tasaciones de costas, los honorarios de Abogado y derechos de Procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que el litigante que presente las costas sea una persona jurídica. No se computará a los efectos del apartado 3 del artículo 394."

MOTIVACIÓN

No es posible dar el mismo tratamiento a las personas físicas que a las personas jurídicas ya que estas últimas pueden desgravar el IVA soportado.

ENMIENDA NÚM. 152

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado diecisiete, artículo 255, apartado 2

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.


Página 105




MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores que proponen la modificación del juicio verbal para pasar a ser escrito lo que irá en detrimento de la oralidad. Es como una vuelta al viejo juicio de cognición, un paso atrás en el consenso alcanzado en 2000 de que el juicio verbal fuera realmente verbal.

ENMIENDA NÚM. 153

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado dieciocho, artículo 260, apartado 1

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores que proponen la modificación del juicio verbal para pasar a ser escrito lo que irá en detrimento de la oralidad. Es como una vuelta al viejo juicio de cognición, un paso atrás en el consenso alcanzado en 2000 de que el juicio verbal fuera realmente verbal.

ENMIENDA NÚM. 154

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado diecinueve, artículo 264

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores. Es un paso atrás en el consenso alcanzado en 2000 de que el juicio verbal fuera realmente verbal.

ENMIENDA NÚM. 155

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado veinte, artículo 265, apartados 3 y 4

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.


Página 106




MOTIVACIÓN

No se comprenden las razones de los cambios que van en detrimento de la oralidad.

ENMIENDA NÚM. 156

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado veintiuno, artículo 336, apartados 1 y 4

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 157

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado veintidós, artículo 338, apartado 2

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 158

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado veintitrés, artículo 339, apartados 1, 2 y 3

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.


Página 107




ENMIENDA NÚM. 159

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado veintitrés bis, artículo 415, apartado 1

De adición.

Se propone la adición en el artículo único de un nuevo apartado veintitrés bis, con el contenido siguiente:

"Veintitrés bis. El apartado 1 de artículo 415 tendrá el contenido siguiente:

1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas.

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado.

Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación o arbitraje.

En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto."

MOTIVACIÓN

Se propone la supresión de la mención al arbitraje en el párrafo tercero, ya que el mismo contiene un error desde la reforma llevada a cabo por el apartado once de la disposición final tercera de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, prever la posibilidad de pedir la suspensión del proceso si han decidido acudir a arbitraje, circunstancia que no es posible que suceda, pues en este caso y a diferencia de la mediación, el arbitraje si resulta excluyente de la jurisdicción y no resulta pues posible suspender el proceso sino que se deberá sobreseer y archivar el procedimiento.

ENMIENDA NÚM. 160

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado veinticinco, artículo 437

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

Desaparece la exigencia como norma general de demanda sucinta lo que comporta que la demanda del verbal tendrá que ser como la del ordinario.

En cualquier caso se propone la supresión porque lo que hace la reforma es romper con el consenso del 2000 sobre juicio verbal como un instrumento ágil y no formalista, para volver al sistema previo a la LEC del 2000 que consagró, creíamos de manera definitiva, en el procedimiento principios constitucionalizados la oralidad, la inmediación y la concentración y en consecuencia la economía procesal.


Página 108




ENMIENDA NÚM. 161

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado veintiséis, artículo 438

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

Este artículo convierte definitivamente el juicio verbal en un procedimiento escrito ya que establece que en todo caso el demandado contesta por escrito. Es la vuelta al juicio de cognición, hasta el punto de que si las partes no proponen prueba, ni la celebración de vista, los autos quedan para sentencia sin juicio oral, y se dará la paradoja de que en el juicio ordinario hay por lo menos una vista oral (la audiencia previa) y en el verbal puede que no haya ninguna.

El nuevo sistema, no hace sino que pervertir las normas y principios del juicio verbal y tendrá una incidencia grande en el funcionamiento de los juzgados, ya que no solo reduce la inmediación, sino que como bien señala el Consejo puede generar mayores colapsos que los actuales, debido a que al no haber vistas el juez podrá encontrarse de golpe con muchos procedimientos para sentencia en los que no ha tenido noticia alguna ni de demanda ni de contestación ya que las tramita e impulsa el secretario judicial.

ENMIENDA NÚM. 162

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado veintisiete, artículo 440

De supresión.

Se propone la supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

Regula la vista de juicio verbal, pero condicionado a que lo pidan las partes. Se rechaza en coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 163

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado veintiocho, artículo 441

De modificación.


Página 109




Se propone la siguiente redacción:

"Veintiocho. Se modifica el contenido actual del artículo 441, añadiendo seis nuevos apartados al inicio del mismo, manteniendo el resto del contenido de la Ley vigente, adaptando la numeración y quedará redactado de la forma siguiente:

"Artículo 441. Actuaciones previas a la vista.

1. Con carácter previo al inicio de la misma las partes comparecerán ante el órgano judicial y manifestarán si subsiste el litigio entre ellas o, si subsistiendo, existen posibilidades de llegar a un acuerdo, en cuyo caso el Secretario Judicial intentará la conciliación y advertirá a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles.

Si las partes alcanzan la avenencia, el Secretario Judicial dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las actuaciones.

Del mismo modo, corresponderá al secretario judicial la aprobación del acuerdo alcanzado por las partes antes del día señalado para los actos de conciliación y juicio. La conciliación y la resolución aprobatoria, oral o escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia.

La conciliación alcanzada ante el secretario judicial y los acuerdos logrados entre las partes aprobados por aquél tendrán, a todos los efectos legales, la consideración de conciliación judicial.

2. En caso de no haber avenencia ante el secretario judicial y procederse a la celebración del juicio, la aprobación del acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes en dicho momento corresponderá al juez o tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo. Sólo cabrá nueva intervención del secretario judicial aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa.

3. Si el secretario judicial estimare que lo convenido es constitutivo de lesión grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho o contrario al interés público, no aprobará el acuerdo, advirtiendo a las partes que deben comparecer a presencia judicial para la celebración del acto del juicio.

4. Del acto de conciliación se extenderá la correspondiente acta.

5. La conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, por el juez o tribunal se llevarán a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.

6. La acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercitará ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los trámites y con los recursos establecidos en esta Ley. La acción caducará a los treinta días de la fecha de su celebración. Para los terceros perjudicados el plazo contará desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes podrán ejercitar la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos y la impugnación por los posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad.

7. Texto vigente apartado 1.

8. Texto vigente apartado 2.

9. Texto vigente apartado 3.

10. Texto vigente apartado 4.""

MOTIVACIÓN

Los cuatro últimos apartados mantienen la regulación en vigor, en coherencia con enmiendas anteriores que se oponen a la modificación del juicio verbal ya que el precepto actual solo viene a encajar los verbales especiales (interdictos, leasings...) al nuevo sistema del verbal con contestación escrita.

Los 6 primeros apartados proponen una conciliación por el Secretario Judicial y teniendo en cuenta que desde el Gobierno se trata de fomentar la mediación, parece adecuado y está justificado que en el ámbito civil general fomentar en principio la función conciliadora de los Secretarios Judiciales que tiene acreditado que en la jurisdicción social la asunción por este colectivo de dicha función está generando unos excelentes resultados.


Página 110




Si bien es cierto que la raigambre de las soluciones conciliatorias no es en el orden civil la misma que en el social, lo que está innegablemente vinculado al tipo de relaciones de las que conoce este último, puede aprovecharse la experiencia social para desarrollar las funciones conciliadoras de los Secretarios Judiciales en el orden civil y así fomentar la descarga de trabajo a jueces y tribunales, que podrían, consecuentemente, concentrar sus esfuerzos en pleitos inconciliables, lo que debería redundar en una mayor rapidez en la resolución de procedimientos.

ENMIENDA NÚM. 164

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado veintinueve, artículo 442

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

El precepto y los que se contiene en los nuevos artículo 443, 446 y 447 y se rechazan en cuanto viene a regular el desarrollo de la nueva vista del juicio verbal con contestación escrita y en el mismo se mezclan las disposiciones de la audiencia previa y el juicio ordinario, pero comprimiéndolo a un solo trámite, con el resultado final de desvirtuar la esencia del juicio verbal.

ENMIENDA NÚM. 165

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado treinta, artículo 443

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 166

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado treinta y uno, artículo 446

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.


Página 111




MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 167

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado treinta y dos, artículo 447, apartado 1

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 168

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado treinta y tres, artículo 514, apartados 1 y 2

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 169

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al único, apartado treinta y cuatro, artículo 540

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

"Artículo 540. Ejecutante y ejecutado en casos de sucesión.

1. La ejecución podrá despacharse o continuarse a favor de quien acredite ser sucesor del que figure como ejecutante en el título ejecutivo y frente al que se acredite que es el sucesor de quien en dicho título aparezca como ejecutado.


Página 112




2. Para acreditar la sucesión, a los efectos del apartado anterior, habrán de presentarse al Tribunal los documentos fehacientes en que aquélla conste, entre los que debe incluirse la comunicación al deudor de la cesión del crédito y las circunstancias de la misma. De la solicitud y los documentos se dará traslado al deudor, que podrá hacer las alegaciones oportunas en plazo de diez días. A la vista de sus alegaciones, si el Tribunal los considera suficientes a tales efectos por concurrir los requisitos exigidos para su validez, procederá, sin más trámites, a despachar la ejecución a favor o frente a quien resulte ser sucesor en razón de los documentos presentados.

En el caso de que se hubiera despachado ya ejecución, se notificará la sucesión al ejecutado o ejecutante, según proceda, continuándose la ejecución a favor o frente a quien resulte ser sucesor.

3. Si la sucesión no constara en documentos fehacientes o el Tribunal no los considerare suficientes, mandará que el Secretario judicial dé traslado de la petición que deduzca el ejecutante o ejecutado cuya sucesión se haya producido, a quien conste como ejecutado o ejecutante en el título y a quien se pretenda que es su sucesor, dándoles audiencia por el plazo de 15 días. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que las hayan efectuado, el Tribunal decidirá lo que proceda sobre la sucesión a los solos efectos del despacho o de la prosecución de la ejecución.

4. Si se declara la sucesión, tanto al dictar la orden general de ejecución como con posterioridad a la misma, el Tribunal atendiendo a las circunstancias concurrentes y el coste de adquisición del crédito, podrá, de manera motivada, disponer la condonación de los intereses ordinarios devengados o de un porcentaje del 30 al 50 por ciento del crédito reclamado."

MOTIVACIÓN

Evitar enriquecimientos injustos.

ENMIENDA NÚM. 170

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado treinta y tres, artículo 551, apartado 3, punto 3.º

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores ya que fortalece las competencias del procurador, que con la reforma podrá hacer requerimientos de pago en los procesos de ejecución.

ENMIENDA NÚM. 171

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado treinta y siete, artículo 560, último párrafo

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.


Página 113




MOTIVACIÓN

Se propone la supresión en coherencia con enmiendas anteriores ya que el precepto viene a adecuar la vista de oposición al proceso de ejecución a la nueva regulación del verbal.

ENMIENDA NÚM. 172

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado treinta y siete bis, artículo 575, apartado 4

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado con el contenido siguiente:

"Treinta y seis bis. Se propone la inclusión de un nuevo apartado 4 en el artículo 575 que tendrá la siguiente redacción:

"4. Si solicitud de ejecución y consecuente reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el Secretario Judicial, previamente a efectuar el requerimiento, dará cuenta al Juez, para que pueda apreciar de oficio la existencia de cualquier cláusula de carácter abusivo que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible.

En caso de realizar tal apreciación, se dará vista a la parte ejecutante dentro de los ocho días siguientes, para que en la misma formule las alegaciones que a su derecho convengan, admitiendo solamente las pruebas que versen sobre el carácter abusivo o no de la cláusula.

Finalizada la vista, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes.

De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas.

Si el Tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así y continuará el trámite ordinario. El auto que se dicte, será directamente apelable en todo caso.""

MOTIVACIÓN

El precepto adapta la regulación en las ejecuciones dinerarias a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en junio de 2012 -caso Banesto-, que el Proyecto, además de hacerlo con más de dos años de retraso, propone un sistema limitado al juicio monitorio y además bastante farragoso. La sentencia del TJUE establecía la obligación de actuación de oficio del juez en el supuesto de que hubiera cláusulas abusivas en los documentos que daban lugar al inicio de procedimientos monitorios, que en nuestra opinión es extensible a las ejecuciones hipotecarias.

Resulta obligatorio en este momento proteger adecuadamente a la parte más frágil en este tipo de contratos.


Página 114




ENMIENDA NÚM. 173

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado treinta y ocho, artículo 617

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

Se propone la supresión en coherencia con enmiendas anteriores ya que el precepto viene a adecuar la 617 adaptar las normas procesales de la tercería de mejor derecho al nuevo juicio verbal.

ENMIENDA NÚM. 174

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado treinta y nueve bis, artículo 686, apartado 4

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado con el contenido siguiente:

"Treinta y nueve bis. Se propone la inclusión de un nuevo apartado 4 en el artículo 686 que tendrá la siguiente redacción:

"4. Si solicitud de ejecución y consecuente reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el Secretario Judicial, previamente a efectuar el requerimiento, dará cuenta al Juez, para que pueda apreciar de oficio la existencia de cualquier cláusula de carácter abusivo que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible.

En caso de realizar tal apreciación, se dará vista a la parte ejecutante dentro de los ocho días siguientes, para que en la misma formule las alegaciones que a su derecho convengan, admitiendo solamente las pruebas que versen sobre el carácter abusivo o no de la cláusula.

Finalizada la vista, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes.

De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas.

Si el Tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así y continuará el trámite ordinario. El auto que se dicte, será directamente apelable en todo caso.""

MOTIVACIÓN

Si bien el precepto adapta la regulación de la ejecución hipotecaria a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en junio de 2012, -caso Banesto-, ya que el Proyecto, además de hacerlo con más de dos años de retraso, propone un sistema limitado al juicio monitorio y además bastante farragoso. La sentencia del TJUE establecía la obligación de actuación de oficio del juez en el supuesto


Página 115




de que hubiera cláusulas abusivas en los documentos que daban lugar al inicio de procedimientos monitorios, que en nuestra opinión es extensible a las ejecuciones hipotecarias.

Resulta obligatorio en este momento proteger adecuadamente a la parte más frágil en este tipo de contratos.

ENMIENDA NÚM. 175

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuarenta, artículo 715

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

Se propone la supresión en coherencia con enmiendas anteriores ya que el precepto viene a adecuar las normas procesales al nuevo juicio verbal.

ENMIENDA NÚM. 176

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuarenta y uno, artículo 794, apartado 4

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

Se propone la supresión en coherencia con enmiendas anteriores ya que el precepto viene a adecuar las normas procesales al nuevo juicio verbal.

ENMIENDA NÚM. 177

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuarenta y dos, artículo 800, apartado 4

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.


Página 116




MOTIVACIÓN

Se propone la supresión en coherencia con enmiendas anteriores ya que el precepto viene a adecuar las normas procesales al nuevo juicio verbal.

ENMIENDA NÚM. 178

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuarenta y tres, artículo 809, apartado 2

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

Se propone la supresión en coherencia con enmiendas anteriores ya que el precepto viene a adecuar las normas procesales al nuevo juicio verbal.

ENMIENDA NÚM. 179

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuarenta y cuatro, artículo 815, apartado 4

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

"4. Si la reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el Secretario Judicial, previamente a efectuar el requerimiento, dará cuenta al Juez, para que pueda apreciar de oficio la existencia de cualquier cláusula de carácter abusivo que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible.

En caso de realizar tal apreciación, se dará vista a la parte requirente dentro de los ocho días siguientes, para que en la misma formule las alegaciones que a su derecho convengan, admitiendo solamente las pruebas que versen sobre el carácter abusivo o no de la cláusula.

Finalizada la vista, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes.

De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas.

Si el Tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así y continuará el trámite ordinario. El auto que se dicte, será directamente apelable en todo caso."

MOTIVACIÓN

Si bien el precepto adapta la regulación del juicio monitorio a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en junio de 2012, -caso Banesto-, además de hacerlo con más de dos años de


Página 117




retraso, propone un sistema bastante farragoso. La sentencia del TJUE establecía la obligación de actuación de oficio del juez en el supuesto de que hubiera cláusulas abusivas en los documentos que daban lugar al inicio de procedimientos monitorios.

El sistema que propone la enmienda no exige que el secretario valore previamente del secretario, sino que en contratos entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario se dé cuenta al juez y el juez, antes de decidir, solo ha de convocar a una vista a requirente sin necesidad de que comparezca el requerido ya que la vista se limita sólo a resolver las cuestiones sobre cláusulas abusivas. Entendemos que el sistema es más acorde con la jurisprudencia del TJUE sin necesidad de dar vista al demandado. No tiene mucho sentido darle traslado también al deudor y establecer un trámite previo que convierte el juicio monitorio en una especie de juicio declarativo.

Con el sistema que se propone el Proyecto, el deudor luego no podrá alegar que existen cláusulas abusivas en el monitorio si no lo alegó en esa comparecencia previa, ya que el auto que dicta el juez según la propuesta tiene efecto de cosa juzgada.

De otra parte, señalar que según el Proyecto en la vista o comparecencia previa no es preceptiva la intervención de abogado y procurador el deudor lo que conlleva que no tendrá derecho al beneficio de justicia gratuita.

ENMIENDA NÚM. 180

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuarenta y cinco, artículo 818, apartado 2

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

Se propone la supresión en coherencia con enmiendas anteriores ya que el precepto viene a adecuar la vista de oposición al juicio monitorio a los trámites del nuevo juicio verbal.

ENMIENDA NÚM. 181

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuarenta y cinco bis, artículo 821

De adición.

Se propone la adición de en el artículo único de un nuevo apartado cuarenta y cinco bis con el contenido siguiente:

"Cuarenta y cinco bis. Se modifica el artículo 821, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 821. Iniciación. Demanda. Requerimiento de pago y embargo preventivo.

1. El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará el título cambiario.


Página 118




2. El Secretario judicial analizará, por medio de decreto, la corrección formal del título cambiario y, si lo encuentra conforme, adoptará, sin más trámites, las siguientes medidas:

1.ª Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días.

2.ª Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago.

En caso contrario dará cuenta al Juez para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la demanda, por auto.

3. Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior podrá interponer el demandante los recursos a que se refiere el apartado 2 del artículo 552.""

MOTIVACIÓN

En coherencia con la regulación de la admisión de la demanda en el juicio monitorio, que faculta a los Secretarios judiciales para la admisión de la demanda, bajo un modelo que podemos considerar mixto de doble escalón, de control de cumplimiento de los requisitos procesales de la demanda, con dación de cuenta si no concurren, al Tribunal para que este resuelva, lo que no ha supuesto un resentimiento en el funcionamiento de la justicia, ni tampoco un menoscabo del grado de garantías al justiciable, por lo que entendemos que no existe ningún inconveniente, al igual que se efectúa en el resto de procedimientos contradictorios para que, sea el Secretario Judicial, como técnico en derecho que es, quien realice, mediante decreto, la admisión de la demanda, también de los juicios cambiarios, que han pasado a ser la excepción del régimen general.

Damos así un paso más en la línea marcada por de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judiciales que en su Exposición de motivos, advertía, de la necesidad de descargar a Jueces y Magistrados de cuestiones no estrictamente jurisdiccionales. Si la peculiaridad de este tipo de juicios respecto, por ejemplo, a los monitorios, es que se decrete un embargo preventivo, tal especialidad se convierte en un mero formulismo, si el embargo preventivo es automático y debe acordarse siempre que se admita la demanda de juicio cambiario. Es decir, admitida la demanda el embargo preventivo debe decretarse siempre, sin que exista otra posibilidad. A su vez la demanda se somete a un mero control de regularidad "formal" del título, similar al que ya realizados en otros supuestos.

ENMIENDA NÚM. 182

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuarenta y cinco, artículo 826

De supresión.

Se propone supresión de este apartado.

MOTIVACIÓN

Se propone la supresión en coherencia con enmiendas anteriores ya que el precepto viene a adecuar la vista de oposición al juicio cambiario a los trámites del nuevo juicio verbal.


Página 119




ENMIENDA NÚM. 183

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la disposición adicional única

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

"Disposición adicional única. Utilización de medios telemáticos.

1. A partir del 1 de enero del 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales, que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de los artículos 6.3 y 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Para garantizar la efectividad de esta disposición, las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia deberán dotar, con anterioridad a dicha fecha, a todas las oficinas judiciales y especialmente a las que tengan funciones de registro, de los medios electrónicos adecuados en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

2. Los Colegios de Procuradores habilitarán los medios necesarios para garantizar la recepción por medios telemáticos de notificaciones por todos sus profesionales en cualquier parte del territorio nacional, independientemente del Colegio de Procuradores de adscripción al que pertenezcan."

MOTIVACIÓN

Aun cuando estemos hablando únicamente de presentación telemática de escritos, la dotación de medios es necesaria para las oficinas de registro y reparto concretamente, pero también para el resto de oficinas judiciales, que tendrán que trabajar con los escritos telemáticamente recibidos. Se está cometiendo el error, de pensar que el problema termina con la presentación del escrito; ese escrito ha de incorporarse a un sistema de gestión procesal que tiene que estar adaptado a la tramitación electrónica de esos escritos, ya que la falta de adaptación lleva, por ejemplo a tener que imprimir los escritos presentados de forma telemática, como sucede actualmente.

De otra parte, los Colegios de Procuradores deben garantizar que se puede cumplir correctamente la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y que los Órganos Judiciales podrán notificar sin problemas a cualquier procurador del territorio español. Estas notificaciones se realizarán con las aplicaciones de cada Administración de Justicia, casi siempre mediante Lexnet. Los medios los debe proporcionar la Administración, y los Colegios asegurar la recepción telemática de todas las notificaciones.

ENMIENDA NÚM. 184

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la disposición transitoria primera

De supresión.

Se propone supresión de esta disposición.


Página 120




MOTIVACIÓN

Se propone la supresión en coherencia con enmiendas anteriores referidas al nuevo juicio verbal.

ENMIENDA NÚM. 185

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la disposición transitoria segunda

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

"Disposición transitoria segunda. Ejecuciones y procesos monitorios.

1. La modificación de los artículos 575, 686 y 815 será de aplicación para las ejecuciones dinerarias, hipotecarias y a los procesos monitorios que se inicien tras la entrada en vigor de esta ley.

2. Las ejecuciones y los procedimientos monitorios que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley serán suspendidos por el Secretario judicial cuando la petición inicial se fundamente en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario.

En este caso, dará inmediatamente cuenta al Tribunal y simultáneamente dará traslado la parte ejecutante o requirente dentro de los ocho días siguientes, para que en la misma formule las alegaciones que a su derecho convengan, admitiendo solamente las pruebas que versen sobre el carácter abusivo o no de la cláusula.

Cumplido este trámite, el Tribunal resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Si el Tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así ordenando el alzamiento de la suspensión acordada y la continuación del procedimiento."

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas a los artículos 575, 686 y 815.

ENMIENDA NÚM. 186

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la disposición transitoria tercera

De supresión.

Se propone supresión de esta disposición.

MOTIVACIÓN

Se propone la supresión en coherencia con enmiendas anteriores que suprimen las nuevas funciones atribuidas a los Procuradores.


Página 121




ENMIENDA NÚM. 187

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la disposición transitoria quinta

De supresión.

Se propone supresión de esta disposición.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda por la que se suprime la disposición final primera.

ENMIENDA NÚM. 188

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la disposición final primera

De supresión.

Se propone supresión de esta disposición.

MOTIVACIÓN

Si bien entendemos que la regulación actual, especialmente en el supuesto del artículo 1973, interrupción de plazo de prescripción, puede tener efectos beneficiosos para evitar la práctica poco honorables, sobre todo de las aseguradoras en asuntos de responsabilidad, la falta de explicación clara y la ausencia de comentarios en los informes preceptivos a lo que se añade el que no se recoja con claridad la opinión de la comisión de codificación, que se modifican normas centenarias y sin otras razones de peso que lo avalen y justifiquen, excepto la reducción de la litigiosidad, no podemos aceptar la modificación.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

ENMIENDA NÚM. 189

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado dos bis (nuevo)

De adición.


Página 122




Se propone la inclusión de un nuevo apartado dos bis, con la siguiente redacción:

"Dos bis. Se modifica el artículo 24, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 24. Apoderamiento del procurador.

1. El poder en que la parte otorgue su representación al Procurador habrá de estar autorizado por notario o ser conferido 'apud acta' por comparecencia personal ante el Secretario judicial de cualquier Oficina judicial o por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial.

2. La copia electrónica del poder notarial de representación, informática o digitalizada, se acompañará al primer escrito que el procurador presente.

El otorgamiento 'apud acta' por comparecencia personal o electrónica deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador. El apoderamiento podrá igualmente acreditarse mediante la certificación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de las Oficinas judiciales.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 190

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartados nuevos

De adición.

Se propone la adición de dos apartados nuevos, cuatro bis y cuatro ter, con la siguiente redacción:

"Cuatro bis. Se modifica el artículo 34, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 34. Cuenta del procurador.

1. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto, podrá presentar ante el Secretario judicial del lugar en que éste radicare cuenta detallada y justificada, manifestando que le son debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten y reclame. Igual derecho que los procuradores tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador.

2. Presentada la cuenta y admitida por el Secretario judicial, éste requerirá al poderdante para que pague dicha suma o impugne la cuenta por ser indebida, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación.

Si, dentro de dicho plazo, se opusiere el poderdante, el Secretario judicial dará traslado al procurador por tres días para que se pronuncie sobre la impugnación. A continuación, el Secretario judicial examinará la cuenta y las actuaciones procesales, así como la documentación aportada y dictará, en el plazo de diez días, decreto determinando la cantidad que haya de satisfacerse al procurador, bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

El decreto a que se refiere el párrafo anterior no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.


Página 123




3. Si el poderdante no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la cuenta.""

"Cuatro ter. Se modifica el artículo 35, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 35. Honorarios de los abogados.

1. Los abogados podrán reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos. No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador.

2. Presentada esta reclamación, el Secretario judicial requerirá al deudor para que pague dicha suma o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación.

Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estará a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 del artículo anterior.

Si se impugnaran los honorarios por excesivos, el Secretario judicial dará traslado al abogado por tres días para que se pronuncie sobre la impugnación. Si no se aceptara la reducción de honorarios que se le reclama, el Secretario judicial procederá previamente a su regulación conforme a lo previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y dictará decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.

3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 191

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado ocho

De modificación.

Se propone la modificación del apartado ocho del artículo único, que quedaría redactado como sigue:

"Ocho. Se modifica el artículo 135, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 135. Presentación de escritos a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales.

1. Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, remitirán y recibirán todos los escritos, iniciadores o no, y demás documentos a través de estos sistemas, salvo las excepciones establecidas en la ley, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren. Esto será también


Página 124




de aplicación a aquellos intervinientes que, sin estar obligados, opten por el uso de los sistemas telemáticos o electrónicos.

Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las veinticuatro horas.

Presentados los escritos y documentos por medios telemáticos, se emitirá automáticamente recibo por el mismo medio, con expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentación, en la que se tendrán por presentados a todos los efectos. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente.

A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el artículo 162.

2. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por los medios telemáticos o electrónicos a que se refiere el apartado anterior, no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, siempre que sea posible se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso,de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en la Oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.

En los casos de interrupción planificada deberá anunciarse con la antelación suficiente, informando de los medios alternativos de presentación que en tal caso procedan.

3. Si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente para la presentación de los escritos o documentos, se deberá presentar en soporte electrónico en la Oficina judicial ese día o el día siguiente hábil, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito. En estos casos, se entregará recibo de su recepción.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los escritos y documentos se presentarán en soporte papel cuando los interesados no estén obligados a utilizar los medios telemáticos y no hubieran optado por ello, cuando no sean susceptibles de conversión en formato electrónico y en los demás supuestos previstos en las leyes. Estos documentos, así como los instrumentos o efectos que se acompañen quedarán depositados y custodiados en el archivo, de gestión o definitivo, de la oficina judicial, a disposición de las partes, asignándoseles un número de orden, y dejando constancia en el expediente judicial electrónico de su existencia.

En caso de presentación de escritos y documentos en soporte papel, el funcionario designado para ello estampará en los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello en el que se hará constar la Oficina judicial ante la que se presenta y el día y hora de la presentación.

5. La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.

En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 192

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado ocho bis (nuevo)

De adición.


Página 125




Se propone la inclusión de un nuevo apartado ocho bis, con la siguiente redacción:

"Ocho bis. Se modifica el apartado 3 del artículo 146, que queda redactado del siguiente modo:

"3. Los tribunales podrán emplear medios técnicos de documentación y archivo de sus actuaciones y de los escritos y documentos que recibieren, con las garantías a que se refiere el apartado 1 del artículo 135 de esta Ley. También podrán emplear medios técnicos de seguimiento del estado de los procesos y de estadística relativa a éstos.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 193

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado ocho ter (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado ocho ter, con la siguiente redacción:

"Ocho ter. Se modifica el apartado 2 del artículo 151, que queda redactado del siguiente modo:

"2. Los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios profesionales, se tendrán por realizados el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el artículo 162. Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 194

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado nueve

De modificación.

Se propone la modificación del apartado nueve, que quedaría redactado como sigue:

"Nueve. Se modifica el artículo 152, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 152. Forma de los actos de comunicación. Respuesta.

1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se ejecutarán por:


Página 126




1.º Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

2.º El Procurador de la parte que lo solicite.

A tal efecto, en todo escrito que dé inicio a un procedimiento judicial, de ejecución, o a otra instancia, el solicitante deberá expresar si interesa que todos los actos de comunicación se realicen por su Procurador. Si no se manifestare nada al respecto el Secretario judicial dará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, serán realizados por estos últimos si los demandados, ejecutados o recurridos no solicitan expresamente en su escrito de personación, que se realicen por su Procurador.

Los solicitantes podrán, de forma motivada y concurriendo justa causa, pedir la modificación del régimen inicial, procediendo el Secretario judicial, si lo considera justificado, a realizar los sucesivos actos de comunicación conforme a la nueva petición.

Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio, en la dirección electrónica habilitada al efecto, por comparecencia electrónica, o por los medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario.

A estos efectos, el Procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

2. Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, o cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

No obstante, los actos de comunicación no se practicarán por medios electrónicos cuando el acto vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico o así lo disponga la ley.

El destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones. En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3. Los actos de comunicación se efectuarán en algunas de las formas siguientes, según disponga esta ley:

1.ª A través de Procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.

2.ª Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

3.ª Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el Tribunal o el Secretario judicial le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.

4.ª En todo caso, por el personal al servicio de la Administración de Justicia, preferentemente a través de medios telemáticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal.

5.ª Únicamente por personal al servicio de la Administración de Justicia a través de medios telemáticos o, en su defecto, en la forma prevista en el artículo 11 de la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en aquellos procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en los que resulte aplicable dicho precepto.

4. En la cédula se hará constar claramente el carácter judicial del escrito, y expresará el Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, y del Procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba


Página 127




comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.

5. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 195

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado diez

De modificación.

Se propone la modificación del apartado diez, que quedaría redactado como sigue:

"Diez. Se modifica el artículo 154, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 154. Lugar de comunicación de los actos a los procuradores.

1. Los actos de comunicación con los Procuradores se realizarán directamente a los mismos en la sede judicial, o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores.

El régimen interno de este servicio será competencia del Colegio de Procuradores, de conformidad con la ley.

2. La remisión y recepción de los actos de comunicación con los Procuradores se realizará, salvo las excepciones establecidas en la ley, por los medios telemáticos o electrónicos y con el resguardo acreditativo de su recepción a que se refiere el artículo 162.

Si hubiera de realizarse el acto en soporte papel, se entregará, por duplicado, la copia de la resolución o la cédula al Procurador directamente o a través del servicio del Colegio de Procuradores, de las que el procurador recibirá un ejemplar y firmará otro, que será devuelto a la Oficina judicial.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 196

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado catorce

De modificación.


Página 128




Se propone la modificación del apartado catorce, que quedaría redactado como sigue:

"Catorce. Se modifica el artículo 162, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 162. Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.

1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicación se efectuarán por aquéllos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.

Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar estos medios, así como los que opten por los mismos, deberán comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y la dirección electrónica habilitada a tal efecto.

Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos y profesionales obligados a su utilización.

2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios profesionales, transcurrieran tres días, sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.

No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.

3. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien,en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia,incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 197

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado quince

De modificación.


Página 129




Se propone la modificación del apartado quince, que quedaría redactado como sigue:

"Quince. Se modifica el artículo 165, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 165. Actos de comunicación mediante auxilio judicial.

Cuando los actos de comunicación hayan de practicarse por Tribunal distinto del que los hubiere ordenado, el despacho se remitirá por medio del sistema informático judicial salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico, y se acompañará la copia o cédula correspondiente y lo demás que en cada caso proceda.

Estos actos de comunicación se cumplimentarán en un plazo no superior a veinte días, contados a partir de su recepción, debiendo ser devuelto conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Cuando no se realice en el tiempo indicado, a cuyo efecto se requerirá al Secretario judicial para su observancia, se habrán de expresar, en su caso, las causas de la dilación.

Dichos actos podrán ser realizados, a instancia de parte, por procurador, encargándose de su cumplimiento en los mismos términos y plazos establecidos en el párrafo anterior.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 198

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado quince bis (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado quince bis con la siguiente redacción:

"Quince bis. Se modifica el apartado 1 del artículo 167, que queda redactado del siguiente modo:

"1. Los mandamientos y oficios se remitirán directamente por el Secretario judicial que los expida a la autoridad o funcionario a que vayan dirigidos, debiendo utilizarse los medios previstos en el artículo 162.

No obstante, si así lo solicitaren, las partes podrán diligenciar personalmente los mandamientos y oficios.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 199

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado quince ter (nuevo)

De adición.


Página 130




Se propone la inclusión de un nuevo apartado quince ter con la siguiente redacción:

"Quince ter. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 172, que quedan redactados del siguiente modo:

"1. Los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico, salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

En todo caso, el sistema utilizado deberá garantizar la constancia de la remisión y recepción del exhorto.

2. Sin perjuicio de lo anterior, si la parte a la que interese el cumplimiento del exhorto así lo solicita, se le entregará éste bajo su responsabilidad, para que lo presente en el órgano exhortado dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el exhorto expresará la persona que queda encargada de sugestión, que sólo podrá ser el propio litigante o procurador que le represente.

3. Las demás partes podrán también designar procurador cuando deseen que las resoluciones que se dicten para el cumplimiento del exhorto les sean notificadas. Lo mismo podrá hacer la parte interesada en el cumplimiento del exhorto, cuando no haya solicitado que se le entregue éste a los efectos previstos en el apartado anterior. Tales designaciones se harán constar en la documentación del exhorto.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 200

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado quince quáter (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado quince quáter con la siguiente redacción:

"Quince quáter. Se modifica el artículo 175, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 175. Devolución del exhorto.

1. Cumplimentado el exhorto, se comunicará al exhortante conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 172.

2. Las actuaciones de auxilio judicial practicadas, si no se pudieran enviar telemáticamente, se remitirán por correo certificado o se entregarán al litigante o al procurador al que se hubiere encomendado la gestión del exhorto, que las presentará en el órgano exhortante dentro de los diez días siguientes.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


Página 131




ENMIENDA NÚM. 201

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado diecisiete bis (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado diecisiete bis con la siguiente redacción:

"Diecisiete bis. Se modifica el apartado 2 del artículo 259, que queda redactado del siguiente modo:

"2. Los documentos y títulos a que se refieren las diligencias señaladas en el apartado 1 del artículo 256 podrán ser presentados ante el Juzgado para su exhibición por medios telemáticos o electrónicos, en cuyo caso su examen se realizará en la sede de la Oficina judicial, pudiendo obtener la parte solicitante, con los medios que aporte, copia electrónica de los mismos.

En todo caso, el solicitante podrá acudir asesorado por un experto en la materia, que actuará siempre a costa del solicitante.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 202

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado veinte bis (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado veinte bis con la siguiente redacción:

"Veinte bis. Se modifica el artículo 273, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 273. Forma de presentación de los escritos y documentos.

1. Todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, y demás documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.

2. Las personas que no estén representados por Procurador podrán elegir en todo momento si actúan ante la Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la misma. El medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento.

3. En todo caso, estarán obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.


Página 132




c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.

d) Los notarios y registradores.

e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.

f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo.

4. Los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica indicarán el tipo y número de expediente y año al que se refieren e irán debidamente foliados mediante un índice electrónico que permita su debida localización y consulta. La presentación se realizará empleando firma electrónica reconocida y se adaptará a lo establecido en la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

5. El incumplimiento del deber del uso de las tecnologías previsto en este artículo o de las especificaciones técnicas que se establezcan conllevará que el Secretario judicial conceda un plazo máximo de cinco días para su subsanación. Si no se subsana en este plazo, los escritos y documentos se tendrán por no presentados a todos los efectos.

6. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, se presentarán en soporte papel los escritos y documentos cuando expresamente lo indique la ley.

De todo escrito y de cualquier documento que se aporte o presente en soporte papel y en las vistas se acompañarán tantas copias literales cuantas sean las otras partes.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 203

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado veinte ter (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado veinte ter con la siguiente redacción:

"Veinte ter. Se modifica el artículo 274, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 274. Traslado por la Oficina judicial de las copias a las otras partes interesadas, cuando no intervengan procuradores.

Cuando las partes no actúen representadas por Procurador, firmarán las copias de los escritos y documentos que presenten, respondiendo de su exactitud, y dichas copias se entregarán por el Secretario Judicial a la parte o partes contrarias.

Si la presentación se realizara por medios telemáticos por estar obligados o haber optado por ello, siempre que cumplan los presupuestos y requisitos exigidos, el traslado de las copias a las demás partes se realizará por la Oficina judicial por el medio que proceda.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


Página 133




ENMIENDA NÚM. 204

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Enmienda al artículo único. Veinte quáter (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado veinte quáter con la siguiente redacción:

"Veinte quáter. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 276, que quedan redactados del siguiente modo:

"1. Cuando las partes estuvieren representadas por procurador y la presentación de los escritos y documentos se realizase de forma telemática, el traslado de copias se hará de forma simultánea a la presentación telemática del escrito y documentos de que se trate y se entenderá efectuado en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que el traslado tenga lugar en día y hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley se entenderá efectuado el primer día y hora hábil siguiente.

2. Si la presentación fuera realizada en soporte papel, el Procurador deberá trasladar con carácter previo a los procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y documentos que vaya a presentar al Tribunal.

El procurador efectuará el traslado entregando al servicio de recepción de notificaciones a que alude el apartado 3 del artículo 28, la copia o copias de los escritos y documentos, que irán destinadas a los procuradores de las restantes partes y litisconsortes. El encargado del servicio recibirá las copias presentadas, que fechará y sellará, debiendo además entregar al presentante un justificante de que se ha realizado el traslado. Dicho justificante deberá entregarse junto con los escritos y documentos que se presenten al Tribunal.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 205

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado veinte quinquíes (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado veinte quinquíes con la siguiente redacción:

"Veinte quinquíes. Se modifica el artículo 278, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 278. Efectos del traslado respecto del curso y cómputo de plazos.

Cuando el acto del que se haya dado traslado en la forma establecida en el artículo 276 determine, según la ley, la apertura de un plazo para llevar a cabo una actuación procesal, el plazo comenzará su curso sin intervención del Tribunal y deberá computarse desde el día


Página 134




siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas o al de la fecha en que se entienda efectuado el traslado cuando se utilicen los medios técnicos a que se refiere el artículo 135.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 206

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado veinte sexies (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado veinte sexies con la siguiente redacción:

"Veinte sexies. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 320, que quedan redactados del siguiente modo:

"1. Si se impugnase la autenticidad de un documento público, para que pueda hacer prueba plena se procederá de la forma siguiente:

1.º Las copias, certificaciones o testimonios fehacientes se cotejarán o comprobarán con los originales, donde quiera que se encuentren, ya se hayan presentado en soporte papel o electrónico, informático o digital.

2.º Las pólizas intervenidas por corredor de comercio colegiado se comprobarán con los asientos de su Libro Registro.

2. El cotejo o comprobación de los documentos públicos con sus originales se practicará por el Secretario Judicial, constituyéndose al efecto en el archivo o local donde se halle el original o matriz, a presencia, si concurrieren, de las partes y de sus defensores, que serán citados al efecto.

Si los documentos públicos estuvieran en soporte electrónico, el cotejo con los originales se practicará por el Secretario judicial en la Oficina judicial, a presencia, si concurrieren, de las partes y de sus defensores, que serán citados al efecto.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 207

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado veinte septies (nuevo)

De adición.


Página 135




Se propone la inclusión de un nuevo apartado veinte septies con la siguiente redacción:

"Veinte septies. Se modifica el artículo 333, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 333. Extracción de copias de documentos que no sean textos escritos.

Cuando se trate de dibujos, fotografías, croquis, planos, mapas y otros documentos que no incorporen predominantemente textos escritos, si sólo existiese el original, la parte podrá solicitar que en la exhibición se obtenga copia, a presencia del Secretario judicial, que dará fe de ser fiel y exacta reproducción del original.

Si estos documentos se aportan de forma electrónica, las copias realizadas por medios electrónicos por la Oficina judicial tendrán la consideración de copias auténticas.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 208

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado veintitrés bis (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado veintitrés bis con la siguiente redacción:

"Veintitrés bis. Se modifica el apartado artículo 346, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 346. Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el Tribunal designe.

El perito que el Tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar por medios electrónicos al Tribunal en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado por el Secretario judicial a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista a los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean oportunas. El Tribunal podrá acordar, en todo caso, mediante providencia, que considera necesaria la presencia del perito en el juicio o la vista para comprender y valorar mejor el dictamen realizado.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 209

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado treinta y cinco bis (nuevo)

De adición.


Página 136




Se propone la inclusión de un nuevo apartado treinta y cinco bis con la siguiente redacción:

"Treinta y cinco bis. Se modifica el apartado 1 del artículo 552, que queda redactado del siguiente modo:

"1. Si el tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución, dictará auto denegando el despacho de la ejecución.

Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dará audiencia por quince días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3.ª.

El procedimiento descrito en el párrafo anterior se seguirá también cuando, en el despacho de la ejecución de un laudo arbitral que haya adquirido fuerza de cosa juzgada, el Tribunal apreciare que alguna de las cláusulas arbitrales contenidas en el contrato celebrado entre empresarios o profesionales con consumidores o usuarios puede ser abusiva.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 210

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado cuarenta y cuatro

De modificación.

Se propone la modificación del apartado cuarenta y cuatro, que quedaría redactado como sigue:

"Cuarenta y cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 815, que queda redactado del siguiente modo:

"4. Si la reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el Secretario judicial, previamente a efectuar el requerimiento, dará cuenta al Juez para que pueda apreciar el posible carácter abusivo de cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible.

Cuando el Juez apreciare que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Para dicho trámite no será preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.

De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas.

Si el Tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así y el Secretario judicial procederá a requerir al deudor en los términos previstos en el apartado 1.

El auto que se dicte será directamente apelable en todo caso.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


Página 137




ENMIENDA NÚM. 211

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

A la disposición final tercera

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición final tercera, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición final tercera. Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Uno. Se introduce un nuevo artículo 32 bis, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 32 bis. Registros electrónicos de apoderamientos.

1. Asimismo, se dispondrá en las Oficinas judiciales con funciones de registro,de un registro electrónico de apoderamientos en el que deberán inscribirse las escrituras públicas de poder y los apoderamientos 'apud acta' otorgados presencial o electrónicamente por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento judicial a favor de representante, para actuar en su nombre ante la Administración de Justicia.

Ello no impedirá la existencia de registros de apoderamientos en cada Oficina judicial para la realización de los trámites específicos en cada una.

2. Los registros electrónicos de apoderamientos deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se registren en sus correspondientes registros.

Los registros electrónicos de apoderamientos permitirán comprobar válidamente, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, así como al registro mercantil y de la propiedad, y a los protocolos notariales, la representación que ostentan quienes actúen ante la Administración de Justicia en nombre de un tercero.

3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos deberán contener, al menos, la siguiente información:

a) Nombre y apellidos o razón social, Documento Nacional de Identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.

b) Nombre y apellidos o razón social, Documento Nacional de Identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado.

c) Fecha de inscripción.

d) Tipo de poder según las facultades que otorgue.

4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación judicial.

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente en determinadas clases de procedimientos.

c) Un poder especial para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en un procedimiento concreto.

5. El poder en que la parte otorgue su representación al apoderado habrá de constar en escritura pública autorizada por notario o ser conferido por comparecencia 'apud acta'.


Página 138




El apoderamiento 'apud acta' se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica judicial haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal ante el Secretario judicial de cualquier Oficina judicial.

6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.""

"Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 33, que queda redactado del siguiente modo:

"1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos.

Asimismo, se podrá establecer legal o reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse con ella utilizando solo medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.""

"Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 40 y se introduce el nuevo apartado 3, que quedan redactados del siguiente modo:

"1. Se aportará copia electrónica, informática o digital, del poder notarial de representación conferido al procurador. En caso de impugnación, el secretario judicial procederá a comprobar el apoderamiento a través de la Agencia Notarial de Certificación.

(...)

3. El apoderamiento podrá igualmente acreditarse mediante la certificación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de las Oficinas judiciales.""

"Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 43, que quedan redactados del siguiente modo:

"1. El incumplimiento del deber de uso de las tecnologías, en los términos establecidos en esta Ley, por un profesional de la justicia en su primera comunicación con un órgano judicial podrá ser subsanado. A estos efectos, el órgano judicial concederá un plazo máximo de cinco días con apercibimiento de que todas sus actuaciones ante ese órgano, en ese o en cualquier otro proceso, así como ante cualquier otro órgano del mismo partido judicial, deberán realizarse empleando medios electrónicos y de conformidad con esta Ley.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 212

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Disposición final (nueva)

De adición.


Página 139




Se propone la introducción de una disposición final nueva, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición final XXXX (nueva). Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Victimas del Terrorismo.

Se modifica el artículo 48, que queda redactada del siguiente modo:

"Artículo 48. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.

1. Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en todos los procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la situación que provoca la citada condición, con independencia de sus recursos económicos, en los términos establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, En estos supuestos, una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a las personas a que se refiere el artículo 4 en caso de fallecimiento de la víctima.

2. En todo caso, se garantizará la asistencia jurídica gratuita de forma inmediata a todas las víctimas del terrorismo que lo soliciten. El derecho de justicia gratuita se perderá si con posterioridad no se les reconoce la condición de víctima o si se dicta sentencia absolutoria firme o archivo firme, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 213

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Disposición final (nueva)

De adición.

Se propone la inclusión de una nueva disposición final con la siguiente redacción:

"Disposición final XXXX (nueva). Modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 8, que queda redactado del siguiente modo:

"En caso de que no se acompañase dicho justificante por no haberse realizado el pago mismo o por haberse omitido su aportación, o cuando la liquidación efectuada fuera errónea, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte o corrija la liquidación en el plazo de diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de tal deficiencia o de corrección de la liquidación, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


Página 140




ENMIENDA NÚM. 214

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

A la disposición final séptima

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición final séptima, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición final séptima. Entrada en vigor.

1. La presente ley entrará en vigor con su publicación oficial en el "Boletín Oficial del Estado".

2. No obstante, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la Ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entrarán en vigor el 1 de enero del 2016.

Por otra parte, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos anteriormente indicados, no entraran en vigor hasta el 1 de enero del 2017.

3. No obstante lo anterior, lo dispuesto en la reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita en relación con los Graduados Sociales y los Colegios de Graduados Sociales no será de aplicación hasta que se incorporen en la Ley Orgánica del Poder Judicial las previsiones correspondientes a su designación de oficio para los procedimientos laborales y de Seguridad Social así como hasta la entrada en vigor de la normativa que regule la capacitación profesional exigida a los Graduados Sociales para actuar en el orden jurisdiccional social."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 215

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado siete bis (nuevo)

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado siete bis con la siguiente redacción:

"Siete bis. Se añade un apartado 4 al artículo 130, que queda redactado del siguiente modo:

"4. Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de lo que pueda establecerse para las actuaciones electrónicas.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


Página 141




ENMIENDA NÚM. 216

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado veintiséis

De modificación.

Se propone la modificación del apartado veintiséis, que quedarían redactado como sigue:

"Veintiséis. Se modifican la rúbrica y el contenido del artículo 438, que quedan redactados del siguiente modo:

"Artículo 438. Admisión de la demanda y contestación. Reconvención.

1. El Secretario judicial, examinada la demanda, la admitirá por decreto o dará cuenta de ella al Tribunal en los supuestos del artículo 404 para que resuelva lo que proceda. Admitida la demanda, dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de diez días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario. Si el demandado no compareciere en el plazo otorgado será declarado en rebeldía conforme al artículo 496.

En los casos en que sea posible actuar sin Abogado ni Procurador, se indicará así en el decreto de admisión y se comunicará al demandado que están a su disposición en el Juzgado unos impresos normalizados que puede emplear para la contestación a la demanda.

2. En ningún caso se admitirá reconvención en los juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada.

En los demás juicios verbales se admitirá la reconvención siempre que no determine la improcedencia del juicio verbal y exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal. Admitida la reconvención se regirá por las normas previstas en el juicio ordinario.

3. El demandado podrá oponer en la contestación a la demanda un crédito compensable, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 408. Si la cuantía de dicho crédito fuese superior a la que determine que se siga el juicio verbal, el Tribunal tendrá por no hecha tal alegación en la vista,advirtiéndolo así al demandado, para que use de su derecho ante el Tribunal y por los trámites que correspondan.

4. El demandado, en su escrito de contestación, deberá pronunciarse necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista. Igualmente, el demandante deberá pronunciar sobre ello, en el plazo de tres días desde el traslado del escrito de contestación. Si ninguna de las partes la solicitase y el Tribunal no considerase procedente su celebración,dictará sentencia sin más trámites.

En todo caso, bastará con que una de las partes lo solicite para que el Secretario judicial señale día y hora para su celebración, dentro de los cinco días siguientes. No obstante, en cualquier momento posterior, previo a la celebración de la vista, cualquiera de las partes podrá apartarse de su solicitud por considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones meramente jurídicas. En este caso se dará traslado a la otra parte por el plazo de tres días y transcurridos los cuales si no se hubieren formulado alegaciones o manifestado oposición, quedarán los autos conclusos para dictar sentencia si el Tribunal así lo considera.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


Página 142




ENMIENDA NÚM. 217

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado veintisiete

De modificación.

Se propone la modificación del apartado veintisiete, que quedaría redactado como sigue:

"Veintisiete. Se modifican el título y el apartado 1 del artículo 440, que quedan redactados del siguiente modo:

"Artículo 440. Citación para la vista.

1. Contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o el crédito compensable, o transcurridos los plazos correspondientes, el Secretario judicial, cuando haya de celebrarse vista de acuerdo con lo expresado en el artículo 438, citará a las partes a tal fin dentro de los cinco días siguientes. La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de un mes.

En la citación se fijará el día y hora en el que haya de celebrarse la vista, y se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la vista su decisión al respecto y las razones de la misma.

En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304. Asimismo, se prevendrá al demandante y demandado de lo dispuesto en el artículo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista.

La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los tres días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el Secretario judicial a la vista para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de tres días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 218

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

A la disposición adicional única

De modificación.


Página 143




Se propone la modificación de la disposición adicional única, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición adicional única. Utilización de medios telemáticos.

1. A partir del 1 de enero del 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías, que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de los artículos 6.3 y 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Para garantizar la efectividad de esta disposición, las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia deberán dotar, con anterioridad a dicha fecha, a las oficinas judiciales y fiscales con funciones de registro, de los medios electrónicos adecuados en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 18/2011.

2. Los Colegios de Procuradores habilitarán los medios necesarios y colaborarán con la Administración de Justicia para garantizar la recepción por medios telemáticos de notificaciones por todos sus profesionales en cualquier parte del territorio nacional, independientemente del Colegio de Procuradores de adscripción al que pertenezcan.

El resto de Colegios profesionales igualmente podrán habilitar tales medios."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 219

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

A la disposición derogatoria única

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición derogatoria única, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente ley."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 220

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al artículo único. Apartado catorce bis (nuevo)

De adición.


Página 144




Se propone la inclusión de un apartado catorce bis con la siguiente redacción:

"Catorce bis. Se modifica el primer párrafo del artículo 164, que queda redactado del siguiente modo:

"Cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el artículo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, o cuando así se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo 157, el secretario judicial, consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial de conformidad con la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, así como otros derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos. Tal publicidad podrá ser sustituida, en los términos que reglamentariamente se determinen, por la utilización de otros medios telemáticos, informáticos o electrónicos.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 221

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

A la disposición transitoria cuarta

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición transitoria cuarta, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición transitoria cuarta. Presentación de escritos y documentos y realización de actos de comunicación por medios telemáticos.

Transitoriamente, hasta el 1 de enero del 2016, los Procuradores y demás profesionales de justicia que no puedan presentar y recibir escritos y documentos y actos de comunicación en la forma descrita en la disposición adicional única, podrán seguir haciéndolo en la sede del Tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores. El Colegio de Procuradores radicado en el ámbito territorial en el que se encuentre el órgano u oficina notificante, asume la obligación de remitir las comunicaciones, notificaciones y, en su caso, documentación que las acompañe al Procurador que esté colegiado fuera de dicho ámbito territorial. Cuando se trate de expedientes administrativos o autos procesales, el Secretario judicial podrá acordar, en atención a sus características o por concurrir causa justificada, que sean consultados en la sede del Tribunal o directamente retirados de la misma por las partes.

Por otra parte, hasta el 1 de enero del 2017, los interesados que no sean profesionales de la justicia y no estén representados por Procurador, no podrán optar ni ser obligados a la presentación o recepción de escritos y documentos o actos de comunicación por medios telemáticos en los términos del artículo 273.

Transitoriamente y hasta esa fecha se seguirán haciendo dichos actos por los otros medios regulados en la ley.

Hasta esa misma fecha, en la que se ponga en funcionamiento el Registro de apoderamientos, la acreditación del poder de representación se efectuará por medio del poder notarial o del apoderamiento "apud acta"."


Página 145




JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica

ENMIENDA NÚM. 222

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Disposición final (nueva)

De adición.

Se propone la inclusión de una nueva disposición final, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición final XXXX (nueva). Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Se introduce el nuevo apartado 3 al artículo 23, que queda redactado del siguiente modo:

"3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.""

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 223

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

A la disposición final quinta

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición final quinta que quedaría redactada como sigue:

"Disposición final quinta. Título competencial.

1. El artículo único de esta ley, las disposiciones finales primera ter y tercera ter se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación procesal.

2. La disposición final primera y cuarta se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.º de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil.

3. En relación con la disposición final primera bis, las reformas de los artículos 1, 2, 3, 6, 8, 10.1, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 36 y la disposición final primera bis se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.5.ª y 6.ª de la Constitución Española, sobre "Administración de Justicia" y "Legislación procesal", respectivamente. Las reformas de los artículos 10.2, 10.3, 13, 24, y la disposición final segunda bis serán de aplicación en defecto de normativa


Página 146




específica de las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisión de medios para la Administración de Justicia.

4. La disposición adicional única y las disposiciones finales segunda, segunda bis, tercera y tercera bis y tercera quáter se dictan al amparo de las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil y administración de justicia, establecidas en los artículos 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 224

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

A la exposición de motivos

De modificación.

Se propone la modificación de la exposición de motivos, que quedaría redactada en los siguientes términos:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los avances en el uso de las nuevas tecnologías de comunicación constituyen un valioso instrumento para el desarrollo de las actuaciones de la Administración de Justicia así como en su relación con los profesionales y los ciudadanos.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su redacción original, ya recogió parte de estas inquietudes al regular el uso de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por parte de la Administración de Justicia y de aquellos que acrediten tener disposición de dichos medios. Esa previsión, junto con la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que establece el deber de utilizar los medios electrónicos para los profesionales de la justicia y de las Oficinas judiciales, así como la obligación de las Administraciones competentes de dotar de estos medios y el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, supusieron un paso muy importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, no se ha logrado una aplicación generalizada de los medios electrónicos como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y de relacionarse la Administración de Justicia con los profesionales y con los ciudadanos. Por ello, constituye una necesidad imperante acometer una reforma en profundidad de las diferentes actuaciones procesales para generalizar y dar mayor relevancia al uso de los medios telemáticos o electrónicos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel. Así, no solo se conseguirá una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de los procedimientos, sino también ahorro de costes al Estado y a los ciudadanos y se reforzarán las garantías procesales. Es decir, estaremos ante un nuevo concepto de Administración de Justicia y será un paso más para mejorar el servicio público que constituye la misma.

II

En la línea indicada se establece una fecha concreta para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. A partir del 1 de enero del 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos


Página 147




existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, debiendo la Administración competente, las demás administraciones, profesionales y organismos que agrupan a los colectivos establecer los medios necesarios para que ello sea una realidad. El incumplimiento de este deber, si no se subsana llevará consigo que se tengan por no presentados los escritos y documentos a todos los efectos.

Se establecen normas generales para la presentación de escritos y documentos por medios telemáticos, lo que se podrá hacer todos los días del año, durante las veinticuatro horas, aplicándose el mismo régimen para los escritos perentorios, con independencia del sistema utilizado de presentación. Se desarrollan las garantías que deben reunir los justificantes que acrediten la presentación de los documentos y se realizan las adaptaciones precisas en cuanto al traslado de copias de los documentos presentados, así como al valor probatorio de los mismos.

Respecto a los actos de comunicación dirigidos a los profesionales, se diferencia si se realizan a través de los Colegios de los que forman parte o a ellos directamente. Para dar una perspectiva general de la remisión de los actos de comunicación por medios telemáticos, se posibilita que todos los profesionales, y no solo los Procuradores, puedan recibirlos a través de sus Colegios, siempre que se organicen con tales fines.

Con la finalidad de que la comunicación electrónica sea la forma habitual de actuar en la Administración de Justicia también en relación con los ciudadanos, se establece expresamente que los actos de comunicación se podrán realizar en la dirección electrónica habilitada por el destinatario o por medio de otro sistema telemático, aunque ello no será posible hasta el 1 de enero del 2017. Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de los actos de comunicación, como es el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos designados.

Por otra parte, como reflejo del avance tecnológico, se introduce la previsión de identificación de la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del demandado como uno de los datos que puede ser de utilidad para su localización. Se regula, también, qué personas deben utilizar con carácter obligatorio los medios electrónicos, entre ellos las personas jurídicas, estableciéndose como fecha límite para que ello sea de aplicación el 1 de enero del 2017.

Pero además, se realiza una aplicación global de los medios telemáticos a las diferentes actuaciones procesales. El uso de los medios telemáticos se extiende también a la tramitación de los exhortos, mandamientos y oficios, exhibición de documentos en cumplimiento de diligencias preliminares o presentación de informes periciales.

Por último, como novedad, en materia de representación, se incluyen nuevos medios para el otorgamiento del apoderamiento "apud acta" mediante comparecencia electrónica, así como para acreditarla en el ámbito exclusivo de la Administración de Justicia, mediante su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos que se creará al efecto, y que entrará en vigor el 1 de enero del 2017. Ello conlleva la modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

III

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil vino a establecer una nueva regulación de los actos de comunicación, en la que, tanto los litigantes como sus representantes, asumían un papel más activo y eficaz. La Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya destacó, como pieza importante de este nuevo diseño, a los Procuradores de los Tribunales, poniendo de manifiesto que, por su condición de representantes de las partes y de profesionales con conocimientos técnicos sobre el proceso, estaban en condiciones de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos, siendo hoy los responsables de los servicios de recepción y práctica de las notificaciones. Las reformas acometidas con posterioridad, en particular la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina judicial, reforzando el papel de los servicios comunes, sentaron las bases para poner a las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos que se ven en la necesidad de acudir a los Tribunales.


Página 148




En todo este proceso de modernización de la Justicia, la figura del Procurador, con gran raigambre histórica en nuestro Ordenamiento jurídico, ha tenido una intervención directa y activa y en estos momentos está llamada a jugar un papel dinamizador de las relaciones entre las partes, sus Abogados y las oficinas judiciales. Los Procuradores han ido asumiendo, a medida que la situación lo ha ido requiriendo, en virtud de su condición de cooperadores de la Administración de Justicia, un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, desempeñando en parte funciones que hoy en día compatibilizan con su originaria función de representantes procesales de los litigantes. Así, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, especialmente con la reforma llevada a cabo en el artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vino a acentuar esa condición que viene caracterizando desde hace tiempo la actuación del Procurador cuando desempeñan su función como colaborador de la Administración de Justicia, en la línea marcada por el Libro Blanco de la Justicia elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que ya puso de relieve la necesidad de considerar "la conveniencia de tender a un sistema en el que, manteniendo la figura del Procurador como representante de los ciudadanos ante los Tribunales, pudiera al mismo también asumir otros cometidos de colaboración con los órganos jurisdiccionales y con los Abogados directores de la defensa de las partes en el procedimiento, concretamente en el marco de los actos de comunicación, en las fases procesales de prueba y ejecución y en los sistemas de venta forzosa de bienes embargados, en los términos y con las limitaciones que se establecen en otras partes de este estudio".

La presente ley continúa en la dirección indicada y parte, igualmente, de la condición del Procurador como colaborador de la Administración de Justicia a quien corresponde la realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso.

Así es, se refuerza el elenco de atribuciones y obligaciones de los Procuradores respecto de la realización de los actos de comunicación a las personas que no son su representado. La reforma parte de la dualidad actual del sistema manteniendo las posibilidades de su realización, bien por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, bien por el Procurador de la parte que así lo solicite, a su costa, y en ambos casos bajo la dirección del Secretario judicial. Pero exige que, en todo escrito por el que se inicie un procedimiento judicial, de ejecución o instancia judicial, el solicitante ha de expresar su voluntad al respecto entendiendo que, de no indicar nada, se practicarán por los funcionarios judiciales. No obstante, este régimen no será aplicable al Ministerio Fiscal ni en aquellos procesos seguidos ante cualquier jurisdicción, en los que rija lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

Como novedad destacable, se atribuye a los Procuradores la capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación, lo que les permitirá su práctica con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial y, con ello, se les exime de la necesidad de verse asistidos por testigos, lo que redundará en la agilización del procedimiento. De forma correlativa, en el desempeño de las referidas funciones, sin perjuicio de la posibilidad de sustitución por otro Procurador conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Procuradores deberán actuar necesariamente de forma personal e indelegable, con pleno sometimiento a los requisitos procesales que rigen cada acto, bajo la estricta dirección del Secretario judicial y control judicial previéndose, expresamente, que su actuación será impugnable ante el Secretario judicial y que contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer, a su vez, recurso de revisión ante el Tribunal.

Directamente relacionado con la actuación de los Procuradores, para unificar las diferentes prácticas forenses que se están desarrollando en los Tribunales en relación con los procedimientos de cuentas juradas de Procuradores y reclamación de honorarios de los Abogados, se establece expresamente para estos procedimientos la no exigencia de postulación y, en consecuencia, la ausencia de costas procesales, como así se viene recogiendo reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.


Página 149




IV

Por otro lado, se aprovecha la presente reforma para introducir modificaciones en la regulación del juicio verbal con la finalidad de reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y que son fruto de la aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que venían siendo demandadas por los diferentes operadores jurídicos.

Entre las modificaciones operadas debe destacarse la introducción de la contestación escrita, que deberá presentarse en el plazo de diez días, la mitad del establecido para el procedimiento ordinario, generalizando con ello la previsión que ya se recogía para determinados procedimientos especiales, lo que ha comportado la adecuación de todos los preceptos relacionados con el trámite del juicio verbal y de los procesos cuya regulación se remite al mismo, incluida la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Igual relevancia debe atribuirse a la regulación, en aquellos supuestos en que resulte procedente, del trámite de conclusiones en el juicio verbal así como del régimen de recursos de las resoluciones sobre prueba. Del mismo modo, siempre que el Tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista y se exige que se anuncie con antelación la proposición de la prueba del interrogatorio de la parte.

Por otra parte, se establece la necesidad de que se aporte la minuta de la proposición de prueba en la audiencia previa del juicio ordinario por escrito, sin perjuicio de reproducirse verbalmente o completarse en el acto, a fin de favorecer el desarrollo de los trámites posteriores, al no estar ya presente en el acto el Secretario judicial.

También se aborda la sucesión procesal del ejecutante o ejecutado cuando la ejecución ya está despachada, ante la laguna legislativa existente y las diferentes posiciones adoptadas por los Tribunales.

V

Por último, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto Banco Español de Crédito, C-618/10, donde, tras el examen de la regulación del proceso monitorio en España, en relación con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, declaró que la normativa española no es acorde con el derecho de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores, en la medida "que no permite que el Juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio -in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento- el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado oposición". Por esta razón se introduce en el artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en un nuevo apartado 4, un trámite que permitirá al Juez, previamente a que el Secretario judicial acuerde realizar el requerimiento, controlar la eventual existencia de cláusulas abusivas en los contratos en los que se basen los procedimientos monitorios que se dirijan contra consumidores o usuarios y, en su caso, tras dar audiencia a ambas partes, resolver lo procedente, sin que ello produzca efecto de cosa juzgada, como exige la normativa europea.

Igualmente, se da cobertura a la STJUE de 6 de octubre de 2009 y al criterio consolidado en nuestra jurisprudencia al incorporar la posibilidad del control judicial de las cláusulas abusivas en el despacho de ejecución de laudos arbitrales, al igual que ya está previsto para los títulos no judiciales.

VI

Esta reforma sirve también para llevar a cabo una primera actualización del régimen de la prescripción que contiene el Código Civil, cuestión de una gran importancia en la vida jurídica y económica de los ciudadanos.

A partir de los trabajos de la Comisión General de Codificación, se acorta el plazo general de las acciones personales del artículo 1964, estableciendo un plazo general de cinco años. Además, se modifica el artículo 1973 del Código Civil, sobre el régimen de interrupción de la prescripción, con la finalidad que las reclamaciones extrajudiciales sucesivas no puedan demorar el plazo legal


Página 150




de prescripción. Con ello se obtiene un equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo. La disposición transitoria relativa a esta materia permite la aplicación a las acciones personales nacidas antes de la entrada en vigor de esta ley, de un régimen también más equilibrado, surtiendo efecto el nuevo plazo de cinco años.

VIl

Finalmente, se aprovecha la reforma para incluir aquellas modificaciones que se consideran más necesarias en relación con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, a fin de adecuarla a la realidad actual. La reforma sigue configurando el sistema de justicia gratuita como un servicio público, financiado con fondos públicos y prestado fundamentalmente por la Abogacía y la Procuraduría, incluyendo a los Graduados Sociales en cuanto que ostentan la representación técnica en los procedimientos laborales y de Seguridad Social tramitados en la jurisdicción social y a los que se les aplicará el mismo régimen que a los Abogados. Ello lleva a la modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

En la reforma se trata de abordar cuestiones que tienen una gran relevancia para la sociedad y para el sistema judicial y administrativo, y sobre las que no existen discrepancia.

Puede destacarse un primer grupo de modificaciones que responde a la necesidad de resolver las diversas dudas interpretativas que se han venido planteando y que han terminado por poner en peligro la uniformidad en la aplicación del modelo y, por consiguiente, la igualdad en el acceso al derecho a la asistencia jurídica gratuita. A tal fin responden las modificaciones relativas a la precisión de que el reconocimiento del derecho por circunstancias sobrevenidas no tiene carácter retroactivo, a que las aportaciones del sistema serán proporcionales en los supuestos de pluralidad de litigantes con derecho a asistencia jurídica gratuita, o en relación con los efectos de la solicitud sobre la caducidad o prescripción.

Un segundo bloque de cambios son los que afectan a la definición de los supuestos que permitirán el reconocimiento de este derecho, estableciendo una casuística más amplia que la existente hasta ahora.

Se mantiene el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita a determinadas víctimas en los términos introducidos por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, con independencia de sus recursos económicos (víctimas de violencia de género, de terrorismo, y de trata de seres humanos, menores y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental). Este acceso se acompaña de una atención o asesoramiento jurídico especializado desde el momento de interposición de la denuncia, estableciéndose un turno especial de designación de profesionales para asegurar esta labor de asesoramiento previo, siguiendo las previsiones que también recogen las normas de la Unión Europea. Este es el caso de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.

Además, estas víctimas serán defendidas por un mismo abogado en todos los procedimientos, siempre que sea posible, con lo que se garantiza su intimidad y se disminuye la posibilidad de revictimización. Y por otra parte, se impide que cualquier implicado, y no solo el agresor, en actos de violencia contra cualquiera de las referidas víctimas que sea causahabiente de la víctima pueda obtener dicho beneficio. Como consecuencia de estas reformas se adapta la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género.

En la lucha contra el terrorismo, se reconoce a las asociaciones que tienen como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de terrorismo la asistencia jurídica gratuita, con independencia de sus recursos económicos. Ello supone la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

La reforma, para garantizar una mayor equidad, incluye dentro de la unidad familiar de cuatro o más miembros, a las familias numerosas, con independencia de su número, de forma que se aumenta la cobertura del sistema.

En el ámbito penal, como consecuencia de la aprobación de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procesos relativos a la orden de detención europea, se


Página 151




reconoce expresamente a las personas reclamadas y detenidas como consecuencia de una orden europea de detención y entrega la presencia de Abogado del turno de oficio si no le ha designado ella. Asimismo, para garantizar los derechos de los beneficiarios como de los Abogados, se señala expresamente que en el ámbito penal se prestará la asistencia sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, sin perjuicio de abonar los honorarios devengados si no se le reconociera el derecho.

De acuerdo con la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles los Estados miembros deben alentar a los profesionales del Derecho a informar a sus clientes de las posibilidades que ofrece la mediación. En consonancia con esta previsión comunitaria, la disposición adicional segunda de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, vino a establecer que las Administraciones públicas competentes procurarán incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previsto en el artículo 6 de la Ley de 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes, cumpliéndose con la reforma esta previsión. Así, se incluye expresamente dentro de la prestación relativa al asesoramiento y orientación gratuitos el derecho del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita a recibir toda la información relativa a la mediación y otros medios extrajudiciales de solución de conflictos como alternativa al proceso judicial. No obstante, la obligación de facilitar esta información no supone que deban asumirse los gastos generados en la sesión informativa a que se refiere la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

El tercer grupo de reformas afecta al funcionamiento del sistema. Se promueve el desarrollo de la tecnología, regulando la presentación de la solicitud, búsqueda de datos y comunicación de la resolución a los órganos por medios tecnológicos.

Entre las disfunciones detectadas estos últimos años de aplicación de la Ley de asistencia jurídica gratuita están las situaciones de discordancia en los datos aportados por los solicitantes con la realidad. Para tratar de dar una solución, se aumentan las facultades de averiguación patrimonial por parte de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, de tal forma que no sólo se requiera a la Administración Tributaria la confirmación de los datos, sino también se podrá instar al Catastro, a la Seguridad Social y a los Registros de la Propiedad y Mercantiles y, en general, a aquellos otros que permitan comprobar por medios electrónicos la información proporcionada en la solicitud. Igualmente, la información que se va a comprobar no es sólo la relativa a rentas o ingresos, sino que también se va a tomar en consideración el patrimonio.

Este planteamiento se completa también con la posibilidad de que el Juez competente revoque el derecho si aprecia temeridad o abuso del derecho en la pretensión amparado por el derecho de asistencia jurídica gratuita y condene a la parte.

Igualmente se establece que el procedimiento de revocación del derecho de justicia gratuita a realizar por la Comisión debe ser con audiencia del interesado y con resolución motivada, atribuyéndose a la misma también el trámite para la declaración de que el beneficiario ha llegado a mejor fortuna. Finalmente, para agilizar la tramitación y resolución judicial de las impugnaciones realizadas a las resoluciones de la Comisión sobre justicia gratuita, se amplía el plazo a 10 días para su interposición, y se establece un procedimiento por escrito, eliminándose la vista, salvo excepciones,

En cuanto a la composición de las Comisiones, se excluye de las mismas al Ministerio Fiscal, lo que era reiteradamente reclamado, y se incorporan a los Decanos de los Colegios de Graduados Sociales cuando proceda designar a dichos profesionales, estableciéndose, en consecuencia, en la Presidencia un sistema rotatorio semestral entre los miembros. Para facilitar el funcionamiento de las Comisiones se establece un régimen especial de sustituciones del funcionario del Ministerio de Justicia que forma parte de la misma.

En definitiva, la reforma de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita supone un impulso a la viabilidad del modelo español de justicia gratuita.


Página 152




VIII

También se acomete la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para permitir que los funcionarios públicos, que no tienen reconocido el derecho de justicia gratuita con independencia de sus recursos, puedan comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, con lo que se recuperaba la regulación ya existente con anterioridad a la Ley de Tasas.

Finalmente, se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para transponer los pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a la posibilidad de realizar el pago de la tasa en el plazo otorgado para la subsanación de la acreditación de haber realizado la autoliquidación."

JUSTIFICACIÓN

Mejor técnica.

ENMIENDA NÚM. 225

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Disposición transitoria (nueva)

De adición.

Se propone la inclusión de una nueva disposición transitoria al PLRLEC, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición transitoria XXXX (nueva). Solicitudes de justicia gratuita en tramitación.

1. Las solicitudes de justicia gratuita presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, seguirán tramitándose y se resolverán con arreglo a la normativa anterior.

2. Hasta la entrada en vigor de la normativa que regule la capacitación profesional exigida a los Graduados Sociales para actuar en el orden jurisdiccional social, se seguirá aplicando el régimen actual y se designarán solo a los Abogados para que presten la asistencia jurídica gratuita en el orden jurisdiccional social."

JUSTIFICACIÓN

Mejor técnica.

ENMIENDA NÚM. 226

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Disposición final (nueva)

De adición.


Página 153




Se propone la introducción de una disposición final nueva, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición final XXXX (Nueva). Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad.

Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, la vía administrativa previa cuando así se establezca en la legislación específica, así como el asesoramiento previo al proceso contemplado en el artículo 6.1."

Dos. Se modifica el apartado g y se añade el apartado h al artículo 2, que quedan redactados del siguiente modo:

"g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.

En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de los delitos a que se refiere este apartado y, en especial, en los de violencia de género, deberá ser el mismo abogado el que asista a aquélla, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.

h) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011 de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo."

Tres. Se modifican la letra c) del apartado 1 y los apartados 2 y 3 del artículo 3, que quedan redactados del siguiente modo:

"c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

2. Para la determinación del concepto de unidad familiar en sus diversas modalidades se estará a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, equiparándose a los cónyuges no separados legalmente las parejas de hecho constituidas de conformidad con los requisitos que les fueran exigibles.


Página 154




3. Los medios económicos serán valorados individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia."

Cuatro. Se modifican los apartados 1, 2, 3 y 10 del artículo 6, que quedan redactados del siguiente modo:

"1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g del artículo 2, la asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella.

2. Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado abogado en el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiere designado abogado.

No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.

3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal, mediante resolución motivada, para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. En los mismos términos y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, se podrá solicitar la representación técnica de un graduado social.

10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 de este artículo no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples."

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado del siguiente modo:

"3. Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos a los que se refiere el apartado anterior corresponda a un órgano judicial cuya sede se encuentre en distinta localidad, el Secretario judicial, una vez recibidos los autos judiciales, requerirá a los respectivos Colegios la designación de abogado o graduado social, si procede, y, en su caso, procurador de oficio ejercientes en dicha sede jurisdiccional."

Seis. Se modifica el primer párrafo del artículo 8, que queda redactado del siguiente modo:

"No se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita ni a prestaciones distintas de las solicitadas al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su contestación, salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener aquél sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación, respectivamente. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por circunstancias sobrevenidas no tendrá carácter retroactivo."

No procederá la solicitud del derecho cuando el proceso ya hubiera finalizado mediante resolución firme, salvo que se refiera a su ejecución.


Página 155




Siete. Se modifica el artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 10. Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

1. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará compuesta por los Decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid, o el abogado o procurador que ellos designen, un Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A 1. La Comisión será presidida semestralmente por cada uno de sus miembros, a excepción del funcionario del Ministerio de Justicia, quien actuará como Secretario.

La integrará también el Decano del Colegio de Graduados Sociales de Madrid o el graduado social que él designe cuando proceda la designación de graduados sociales del turno de oficio.

2. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las Comunidades Autónomas estarán integradas por el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el Abogado o el Procurador que ellos designen, y por dos miembros que designen las Administraciones Públicas de las que dependen. Cuando proceda la designación de graduados sociales del turno de oficio también formará parte de ella el Decano del Colegio de Graduados Sociales o el graduado social que él designe. El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará cuáles de sus integrantes desempeñarán la Presidencia y la Secretaría.

3. En las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la Administración General del Estado, los miembros que corresponden a la Administración pública serán un Abogado del Estado y un funcionario, que actuará como secretario, perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A 1, con destino en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia correspondiente o, en su defecto, un funcionario de los citados cuerpos o escalas que preste sus servicios en la Delegación o Subdelegación del Gobierno del territorio de que se trate.

En las provincias donde exista más de un Colegio de Abogados, de Procuradores o de Graduados Sociales, el representante de estas Corporaciones en la Comisión se designará de común acuerdo por los Decanos de aquéllos.

Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias justificadas lo aconsejen, podrán crearse Delegaciones de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, con la composición y ámbito de actuación que reglamentariamente se determinen y garantizando, en todo caso, la homogeneidad de criterios para reconocer el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita."

Ocho. Se modifica el último párrafo del artículo 11, que queda redactado del siguiente modo:

Los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales pondrán a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, la lista de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación, en su caso, de especializaciones.

Nueve. Se modifican los apartados 2, 4 y 6 del artículo 12, que quedan redactados del siguiente modo:

"2. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que podrá comprender todas o algunas de las prestaciones previstas en el artículo 6, se instará por los solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado de su domicilio. En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al Colegio de Abogados territorialmente competente.

La solicitud podrá presentarse por cualquier medio, incluyendo los previstos en la normativa de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

4. Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo una sola defensa o representación, deberán computarse, a efectos del reconocimiento del derecho, la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes. En este caso, si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes no sobrepasan los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 3, se procederá a nombrar abogado o graduado social, si procede, y, en su caso, procurador del turno de oficio, que deberán asumir la defensa o representación conjunta de todos ellos.


Página 156




6. Si se acreditare que los ingresos y haberes patrimoniales de alguno de los solicitantes que deban litigar bajo una sola defensa o representación superan los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 3 pero no alcanzan el quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de las prestaciones establecidas en el artículo 6 se otorgará a los solicitantes.

Cuando el coste de las prestaciones reconocidas hubiera de sufragarse por varios litigantes, la aportación del sistema de asistencia jurídica gratuita se limitará a la parte proporcional que corresponda a las partes a las que se hubiera reconocido el derecho."

Diez. Se modifica el artículo 13, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 13. Requisitos de la solicitud.

En la solicitud se indicará de forma expresa las prestaciones para las que se solicita el reconocimiento del derecho, que podrán ser todas o algunas de las previstas en el artículo 6 y se harán constar, acompañando los documentos que reglamentariamente se determinen para su acreditación, los datos que permitan apreciar la situación económica y patrimonial del interesado y de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales y familiares, la pretensión que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiere.

En la presentación de la solicitud se informará al solicitante de la facultad atribuida a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para la consulta de los datos a que se refiere el artículo 17, tanto del solicitante como, en su caso, de su cónyuge o pareja de hecho, debiendo prestar todos los afectados el consentimiento en la solicitud para aquellos supuestos en los que fuera necesario.

Cuando el solicitante del derecho no estuviera casado o su matrimonio hubiera sido disuelto o estuviera separado legalmente deberá confirmar, mediante declaración jurada, que carece de pareja de hecho."

Once. Se modifica el artículo 15, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 15. Designaciones provisionales y traslados.

Si de la solicitud y sus documentos justificativos resulta acreditado que el peticionario se encuentra incluido en el ámbito definido en el artículo 2 de esta Ley, el Colegio de Abogados, subsanados los defectos advertidos, procederá en el plazo máximo de quince días, contado a partir de la recepción de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de abogado, comunicándolo inmediatamente al Colegio de Procuradores a fin de que, en caso de ser preceptivo, en el plazo máximo de tres días, se designe procurador que asuma la representación. Si se hubiera solicitado la designación de graduado social, lo comunicará al Colegio de Graduados Sociales para que designe, en los mismos términos, a uno que asuma la representación técnica.

En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que el peticionario no cumple las citadas condiciones, o que la pretensión principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, notificará en el plazo de cinco días al solicitante que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado o las comunicaciones previstas en el párrafo anterior y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Del expediente correspondiente y las designaciones provisionales efectuados, se dará traslado en el plazo de tres días a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos de su verificación y resolución.

En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolución alguna en el plazo de quince días, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la cual, de modo inmediato, recabará el expediente al Colegio de Abogados ordenando, al mismo tiempo, las designaciones provisionales que procedan, y seguirá, posteriormente, el procedimiento fijado en el artículo 17 de esta Ley."


Página 157




Doce. Se modifica el artículo 16, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 16. Suspensión del curso del proceso.

1. La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso o expediente administrativo.

No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Secretario judicial o el órgano administrativo, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o las designaciones provisionales que procedan, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las leyes procesales o administrativas. Esta suspensión afectará también al plazo de subsanación a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

2. Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción o caducidad, éstas quedarán interrumpidas o suspendidas respectivamente hasta la designación provisional de los profesionales del turno de oficio que proceda para que ejerciten la acción en nombre del solicitante; y si no fuera posible realizar esos nombramientos, hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa, reconociendo o denegando el derecho.

El cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado o graduado social por el Colegio profesional correspondiente o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud.

En el supuesto de que esta petición hubiere sido denegada, fuere claramente abusiva y únicamente esté preordenada a dilatar los plazos, el órgano judicial que conozca de la causa podrá computar los plazos en los estrictos términos legalmente previstos, con todas las consecuencias que de ello se derive."

Trece. Se modifica el artículo 17, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 17. Comprobación de datos, resolución y notificación,

1. Para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y, en especial, de la información relativa a las rentas y al patrimonio declarados por el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita, incluyendo, en su caso, los de su cónyuge o pareja de hecho, la Comisión realizará las comprobaciones y recabará telemáticamente toda la información que estime necesarias. Esta información podrá recabarse, en particular, de la Administración Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles o de cualesquiera otros registros que tengan información relacionada con los indicios a que se refiere el artículo 3, debiendo ser remitida por medios telemáticos. La Administración Tributaria y la Seguridad Social facilitarán la información necesaria en el marco de lo establecido en su normativa específica.

También podrá la Comisión oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción, cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la real situación económica del solicitante.

2. La Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, dictará resolución, en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la recepción del expediente por la Comisión, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita y determinando cuáles de las prestaciones son de aplicación a la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas las decisiones que previamente hubieran podido adoptar los Colegios de Abogados, de Graduados Sociales o de Procuradores, sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Página 158




La resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, a los Colegios profesionales que proceda, así como a las partes interesadas y se comunicará al órgano administrativo o al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso o, si éste no se hubiera iniciado, al Juez Decano de la localidad.

Las comunicaciones y notificaciones previstas en este artículo se efectuarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando aquéllas tengan lugar entre Administraciones públicas, órganos judiciales, profesionales de la justicia, Colegios profesionales y la Comisión.

Si el Colegio de Abogados no hubiere dictado ninguna resolución, el silencio de la Comisión será positivo. A petición del interesado, el órgano administrativo, en su caso, o el Juez o Tribunal que conozca del proceso o, si la solicitud se realiza con anterioridad a la iniciación del mismo, el Juez Decano competente procederá a declarar el derecho y a requerir a los Colegios profesionales la designación provisional de abogado o graduado social, si procede, y procurador, en su caso. Ello sin perjuicio de lo que resulte de las eventuales impugnaciones contra tal estimación presunta."

Catorce. Se modifica el primer párrafo del artículo 18, que queda redactado del siguiente modo:

"El reconocimiento del derecho se adecuará a las prestaciones solicitadas. Implicará la confirmación de las designaciones de abogado o graduado social, si procediera, y de procurador, en su caso, efectuadas provisionalmente por los Colegios profesionales."

Quince. Se modifica el artículo 19, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 19. Revocación del derecho.

1. La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, previa audiencia del interesado, a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante resolución motivada que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.

La revocación contemplada en el párrafo anterior llevará consigo la obligación del pago de todos los honorarios o derechos devengados por los profesionales intervinientes desde la concesión del derecho, así como la cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.

2. Si el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita apreciase abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio, en la resolución que ponga fin al proceso declarará la existencia del mismo, revocará el derecho de justicia gratuita y le condenará en costas procesales, cuyo abono se regirá por lo dispuesto en el artículo 36, en los términos del apartado anterior. Dicha revocación se pondrá en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente a fin de que por la Administración pública competente se obtenga el reembolso, en su caso por la vía de apremio, de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido como consecuencia del reconocimiento de su derecho a litigar gratuitamente."

Dieciséis. Se modifica el artículo 20, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 20. Impugnación de la resolución.

1. Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de Letrado, habrá de realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Este remitirá el escrito de impugnación, junto con el


Página 159




expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de ésta, al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.

2. Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que alude el párrafo anterior, el Secretario judicial requerirá a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando de ella dependa la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, para que en el plazo de cinco días presenten por escrito las alegaciones y pruebas que estimen oportunas.

El Juez o Tribunal podrá acordar mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, la celebración de una comparecencia si la impugnación no pudiere resolverse con los documentos y pruebas aportados. El Secretario judicial señalará día y hora para que tenga lugar dentro de los diez días siguientes.

3. Recibidas las alegaciones o finalizada la comparecencia, en su caso, el Juez o Tribunal resolverá sin más trámites mediante auto en el plazo de cinco días, manteniendo o revocando la resolución impugnada, con imposición de una sanción pecuniaria de 30 a 300 euros a quien hubiere promovido la impugnación de manera temeraria o con abuso de derecho.

Contra el auto dictado por el Juez o el Tribunal no cabrá recurso alguno."

Diecisiete. Se modifica el artículo 21, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 21. Requerimiento de designación de profesionales del turno de oficio.

Si, conforme a la legislación procesal o administrativa, el órgano judicial que esté conociendo del proceso o el órgano administrativo que tramitara el expediente estimare que, por las circunstancias o la urgencia del caso, fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos económicos siempre que ello fuera exigible para obtener el derecho de asistencia jurídica gratuita, dictará una resolución motivada requiriendo de los Colegios profesionales correspondientes el nombramiento provisional de un profesional del turno de oficio, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad.

El Secretario judicial o el órgano administrativo comunicará dicha resolución por el medio más rápido posible a los respectivos Colegios profesionales, tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en los artículos precedentes."

Dieciocho. Se añade un último párrafo al artículo 22, que queda redactado del siguiente modo:

"El Consejo General de Graduados Sociales de España así como sus Colegios organizarán los servicios de representación técnica en el ámbito de la Jurisdicción Social, atendiendo a los mismos principios de prestación continuada, funcionalidad y eficiencia."

Diecinueve. Se modifica el artículo 24, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 24. Distribución por turnos.

Los Colegios profesionales establecerán sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales de oficio. Dichos sistemas serán públicos para todos los colegiados y podrán ser consultados por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita.

Los Colegios de Abogados, salvo aquéllos en los que por la reducida dimensión de la actividad no sea necesario, contarán con un turno de guardia permanente para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido y otro para la prestación de los servicios de asesoramiento previo y de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y de menores de edad y persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental que sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato."


Página 160




Veinte. Se modifica el artículo 25, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 25. Formación y especialización.

El Ministerio de Justicia, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas competentes, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía, de los Procuradores de los Tribunales y de los Graduados Sociales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios profesionales, sin perjuicio de los requisitos complementarios que puedan establecer las Comunidades Autónomas competentes."

Veintiuno. Se modifica el artículo 26, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 26. Responsabilidad patrimonial.

En lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales estarán sujetos a los mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones públicas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."

Veintidós. Se modifica el título del Capítulo IV, que queda redactado del siguiente modo:

CAPÍTULO IV

Designación de abogado, procurador y graduado social de oficio

Veintitrés. Se modifica párrafo primero del artículo 27, que queda redactado del siguiente modo:

"El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo, cuando se hubiera solicitado, la designación de abogado o graduado social, si procediera, y de procurador de oficio, si fuera preceptivo, sin que en ningún caso puedan actuar simultáneamente un abogado de oficio y un procurador libremente elegido, o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renunciara por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el Colegio en el que se halle inscrito."

Veinticuatro. Se modifica el párrafo primero del artículo 28, que queda redactado del siguiente modo:

"Quienes tengan derecho en los términos previstos en esta Ley a la asistencia jurídica gratuita podrán, no obstante lo previsto en el artículo anterior, renunciar expresamente a la designación de los profesionales de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza debiendo constar expresamente este extremo en la solicitud y afectando simultáneamente esta renuncia a los profesionales intervinientes."

Veinticinco. Se modifica el párrafo primero del artículo 31, que queda redactado del siguiente modo:

"Los profesionales designados desempeñaran sus funciones de asistencia y representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia, sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la Ley."


Página 161




Veintiséis. Se añade un último párrafo al artículo 32, que queda redactado del siguiente modo:

"El régimen aplicable a los abogados sobre la insostenibilidad de la pretensión o del recurso regirá también para los graduados sociales."

Veintisiete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 36 y se añade un nuevo apartado 5, pasando el 5 a ser el 6, que quedan redactados del siguiente modo:

"1. Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa y representación de aquélla.

2. Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20."

Veintiocho. Se modifica el párrafo primero del artículo 37, que queda redactado del siguiente modo:

"Las Administraciones públicas competentes subvencionarán con cargo a sus dotaciones presupuestarias, la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales."

Veintinueve. Se modifica el párrafo primero del artículo 38, que queda redactado del siguiente modo:

"Reglamentariamente se establecerá el sistema a través del cual se subvencionará, con cargo a las dotaciones presupuestarias de las Administraciones públicas competentes, el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas."

Treinta. Se modifica el párrafo primero del artículo 39, que queda redactado del siguiente modo:

"Los Consejos Generales de la Abogacía Española, de los Procuradores de los Tribunales de España y de los Graduados Sociales distribuirán entre los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales el importe de la subvención que corresponda a la actividad desarrollada por cada uno."

Treinta y uno. Se modifica el artículo 40, que queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 40. Retribución por baremo.

En atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan los profesionales designados de oficio, se establecerán, previo informe, según proceda, del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España o del Consejo General de Graduados Sociales de España, las bases económicas y módulos de compensación por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.


Página 162




La retribución que corresponda a los graduados sociales cuando ejerzan la representación técnica en el orden social será igual que la que se establezca para los abogados respecto a sus actuaciones profesionales en el mismo orden jurisdiccional."

Treinta y dos. Se modifica el párrafo primero del artículo 42, que queda redactado del siguiente modo:

"El régimen disciplinario de los abogados, procuradores y, en su caso, graduados sociales de los servicios de asistencia jurídica gratuita se regirá por las mismas reglas establecidas con carácter general para el desempeño de dichas profesiones, con las siguientes especialidades:"

Treinta y tres. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional primera, que queda redactado del siguiente modo:

"1. El capítulo I, los artículos 9, 10.1, 12 y 16 a 21 del capítulo II, los artículos 27 a 29 y 31 a 36 del capítulo IV, el capítulo VIl, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, y la disposición derogatoria y la disposición final primera bis se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.3.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución Española, sobre 'Relaciones Internacionales', 'Administración de Justicia' y 'Legislación procesal', respectivamente."

Treinta y cuatro. Se introduce la disposición adicional segunda bis, que queda redactada del siguiente modo:

"Disposición adicional segunda bis. Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en casos excepcionales.

Excepcionalmente, cuando necesidades del servicio lo requieran, el funcionario que actuará como Secretario en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la Administración General del Estado, podrá ser sustituido por un empleado público perteneciente a subgrupo profesional A1 con destino en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia correspondiente o, en su defecto, en la Delegación o Subdelegación del Gobierno del territorio de que se trate."

Treinta y cinco. Se introduce la disposición final primera bis, que queda redactada del siguiente modo:

"Disposición final primera bis.

En esta ley se contienen las normas de incorporación al Derecho español de las disposiciones de la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios.""

JUSTIFICACIÓN

Mejor técnica.

ENMIENDA NÚM. 227

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Disposición final (nueva)

De adición.


Página 163




Se propone la inclusión de una nueva disposición final con la siguiente redacción:

"Disposición final XXXX (nueva). Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

?Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que queda redactado del siguiente modo:

1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten.""

JUSTIFICACIÓN

Mejor técnica.

ENMIENDA NÚM. 228

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Disposición final (nueva)

De adición.

Se propone la inclusión de una nueva disposición final, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición final XXXX (nueva). Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 21 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que quedan redactados del siguiente modo:

"3. Si en cualquier otra actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de letrado o representado por graduado social, el secretario judicial adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.

4. La solicitud de designación de abogado o graduado social por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del sistema de seguridad social que, por disposición legal ostentan todos el derecho a la asistencia jurídica gratuita, dará lugar a la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones. Cuando el abogado o el graduado social designado para un proceso considere insostenible la pretensión deberá seguir el procedimiento previsto en los artículos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.""

JUSTIFICACIÓN

Mejor técnica.


Página 164




ENMIENDA NÚM. 229

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

Al apartado dieciséis del artículo único

De modificación.

Se propone la modificación del apartado dieciséis, que quedaría redactado como sigue:

Dieciséis. Se modifica el apartado 2 del artículo 243, que queda redactado del siguiente modo:

"2. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito.

Tampoco serán incluidas en la tasación de costas los derechos de los Procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, y otros actos de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, y demás actuaciones meramente facultativas, que hubieran podido ser practicadas, en otro caso, por las oficinas judiciales.

El Secretario judicial reducirá el importe de los honorarios de los Abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 y no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costas.

En las tasaciones de costas, los honorarios de Abogado y derechos de Procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica

ENMIENDA NÚM. 230

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

A la disposición transitoria segunda

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición transitoria segunda, que quedaría redactado como sigue:

"Disposición transitoria segunda. Procesos monitorios y ejecución de laudos arbitrales.

1. Las modificaciones de los artículos 815 y 552.1, último párrafo, serán de aplicación a los procesos monitorios y de ejecución que se inicien tras la entrada en vigor de esta ley.

2. Los procedimientos monitorios que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley serán suspendidos por el Secretario judicial cuando la petición inicial se fundamente en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario. En este caso, dará inmediatamente cuenta al Juez quien, si apreciase que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes y resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Si el Juez no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así, procediendo el Secretario judicial a alzar la suspensión acordada y la continuación del procedimiento.


Página 165




3. Si se tratare de ejecuciones de laudos arbitrales que se fundamenten en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, que no estuviera archivada definitivamente, se seguirá el procedimiento descrito en el apartado anterior a fin de apreciar si alguna de sus cláusulas pudiera ser calificada de abusiva."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

ENMIENDA NÚM. 231

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular

en el Congreso

A la disposición final sexta

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición final sexta, que quedaría redactada como sigue:

"Disposición final sexta. Modificaciones y desarrollos normativos.

1. El Gobierno llevará a cabo las modificaciones y desarrollos normativos que sean necesarios para la ejecución de la presente ley.

2. El Gobierno aprobará en el plazo de 6 meses a contar desde la publicación de esta Ley en el "Boletín Oficial del Estado" la normativa que regule el régimen de acceso a la profesión de Graduados Sociales y la capacitación profesional exigida a los Graduados Sociales para actuar en el orden jurisdiccional social y que determine, entre otros aspectos, el titulo exigible, la formación especializada y la evaluación a realizar.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas competentes, previo informe del Consejo General de los Graduados Sociales de España y de CNMC establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa y los principios de necesidad y proporcionalidad.

3. El Ministerio de Justicia a la entrada en vigor de la reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita habrá procedido a la normalización de los documentos a presentar por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.


Página 166




ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

Exposición de motivos

- Enmienda núm. 224, del G.P. Popular.

Artículo único. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Uno (Modificación del apartado 2 del artículo 14)

- Enmienda núm. 139, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 39, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 40, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 4, del G.P. La Izquierda Plural, regla 1.ª y 2.ª.

Dos (Modificación del apartado 2 del artículo 23 y añadir apartados 4, 5 y 6)

- Enmienda núm. 140, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 41, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 42, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2 y apartado 3 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 43, del G.P. Catalán (CiU), apartados 2 y 4.

- Enmienda núm. 44, del G.P. Catalán (CiU), apartados 2 y 5.

- Enmienda núm. 5, del G.P. La Izquierda Plural, apartados 4, 5 y 6.

Tres (Modificación de los puntos 7 y 8 del apartado 2 del artículo 26)

- Enmienda núm. 6, del G.P. La Izquierda Plural, (Supresión).

- Enmienda núm. 46, del G.P. Catalán (CiU), punto 3.º y punto 7.º (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 141, del G.P. Socialista, puntos 7.º y 8.º.

- Enmienda núm. 45, del G.P. Catalán (CiU), punto 8.º.

Cuatro (Modificación del punto 1.º del apartado 2 del artículo 31)

- Enmienda núm. 142, del G.P. Socialista, (supresión).

Cinco (Modificación del apartado 1 del artículo 64)

- Enmienda núm. 143, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 7, del G.P. La Izquierda Plural.

- Enmienda núm. 52, del G.P. Catalán (CiU).

Seis (Modificación del apartado 1 del artículo 77)

- Sin enmiendas.

Siete (Modificación del artículo 80)

- Sin enmiendas.

Ocho (Modificación de los apartados 1, 4 y 5 del artículo 135)

- Enmienda núm. 58, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 146, del G.P. Socialista.

- Enmienda núm. 13, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 1.

- Enmienda núm. 191, del G.P. Popular, apartado 1, apartados 2 y 3 (no contemplados en la reforma) y 4 y 5.

- Enmienda núm. 57, del G.P. Catalán (CiU), apartados 1,2 (no contemplado en la reforma), 5 y 6.

- Enmienda núm. 14, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 4.

- Enmienda núm. 127, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 4.

- Enmienda núm. 15, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 5.


Página 167




Nueve (Modificación del artículo 152)

- Enmienda núm. 147, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 194, del G.P. Popular.

- Enmienda núm. 59, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.

- Enmienda núm. 60, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.

- Enmienda núm. 16, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 1, ordinal 2.º.

- Enmienda núm. 128, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 1, ordinal 2.º.

- Enmienda núm. 17, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 2, ordinal 4.ª.

- Enmienda núm. 18, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 2, ordinal 5.ª.

- Enmienda núm. 61, del G.P. Catalán (CiU), apartado 5.

Diez (Modificación del apartado 1 del artículo 154)

- Enmienda núm. 62, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 195, del G.P. Popular, apartado 1 y apartado 2 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 63, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2 (no contemplado en la reforma).

Once (Modificación del apartado 2 del artículo 155)

- Sin enmiendas.

Doce (Modificación del apartado 1 del artículo 159)

- Enmienda núm. 148, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 19, del G.P. La Izquierda Plural.

- Enmienda núm. 64, del G.P. Catalán (CiU).

Trece (Modificación del artículo 161)

- Enmienda núm. 65, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.

- Enmienda núm. 129, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 2.

- Enmienda núm. 20, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 3.

- Enmienda núm. 149, del G.P. Socialista, apartado 3.

Catorce (Modificación del párrafo primero del apartado 1 del artículo 162)

- Enmienda núm. 196, del G.P. Popular, apartado 1 y apartados 2 y 3 (no contemplados en la reforma).

Quince (Modificación del artículo 165)

- Enmienda núm. 197, del G.P. Popular.

Dieciséis (Modificación del apartado 2 del artículo 243)

- Enmienda núm. 229, del G.P. Popular.

- Enmienda núm. 151, del G.P. Socialista, último párrafo.

Diecisiete (Modificación del apartado 3 del artículo 255)

- Enmienda núm. 152, del G.P. Socialista, (supresión).

Dieciocho (Modificación del apartado 1 del artículo 260)

- Enmienda núm. 153, del G.P. Socialista, (supresión).

Diecinueve (Modificación del artículo 264)

- Enmienda núm. 154, del G.P. Socialista, (supresión).


Página 168




Veinte (Supresión del apartado 4 del artículo 265 y se modifica el apartado 3)

- Enmienda núm. 155, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 21, del G.P. La Izquierda Plural.

- Enmienda núm. 73, del G.P. Catalán (CiU), apartado 3.

- Enmienda núm. 130, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 3.

Veintiuno (Modificación de los apartados 1 y 4 del artículo 336)

- Enmienda núm. 156, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 76, del G.P. Catalán (CiU), apartado 5 (no contemplado en la reforma).

Veintidós (Modificación del apartado 2 del artículo 338)

- Enmienda núm. 157, del G.P. Socialista, (supresión).

Veintitrés (Modificación de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 339)

- Enmienda núm. 158, del G.P. Socialista, (supresión).

Veinticuatro (Modificación del apartado 1 del artículo 429)

- Enmienda núm. 22, del G.P. La Izquierda Plural.

- Enmienda núm. 80, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 81, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 131, del G.P. Unión Progreso y Democracia.

Veinticinco (Modificación del artículo 437)

- Enmienda núm. 160, del G.P. Socialista, (supresión).

Veintiséis (Modificación de la rúbrica y contenido del artículo 438)

- Enmienda núm. 161, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 216, del G.P. Popular.

- Enmienda núm. 23, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 1.

- Enmienda núm. 82, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.

- Enmienda núm. 24, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 4.

- Enmienda núm. 83, del G.P. Catalán (CiU), apartado 4.

- Enmienda núm. 132, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 4.

Veintisiete (Modificación del título y el apartado 1 del artículo 440)

- Enmienda núm. 162, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 25, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 1.

- Enmienda núm. 84, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.

- Enmienda núm. 85, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.

- Enmienda núm. 133, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 1.

- Enmienda núm. 217, del G.P. Popular, apartado 1.

Veintiocho (Modificación de la rúbrica y contenido del artículo 441)

- Enmienda núm. 26, del G.P. La Izquierda Plural.

- Enmienda núm. 163, del G.P. Socialista.

Veintinueve (Modificación del artículo 442)

- Enmienda núm. 164, del G.P. Socialista, (supresión).


Página 169




Treinta (Modificación del artículo 443)

- Enmienda núm. 165, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 86, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 27, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 1.

- Enmienda núm. 134, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 3.

Treinta y uno (Modificación del artículo 446)

- Enmienda núm. 166, del G.P. Socialista, (supresión).

Treinta y dos (Modificación del párrafo 1 del apartado 1 del artículo 447)

- Enmienda núm. 167, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 28, del G.P. La Izquierda Plural.

- Enmienda núm. 88, del G.P. Catalán (CiU).

Treinta y tres (Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 514)

- Enmienda núm. 168, del G.P. Socialista, (supresión).

Treinta y cuatro (Modificación del artículo 540)

- Enmienda núm. 169, del G.P. Socialista.

- Enmienda núm. 29, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 2

Treinta y cinco (Modificación del punto 3.º del apartado 3 del artículo 551)

- Enmienda núm. 170, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 30, del G.P. La Izquierda Plural.

- Enmienda núm. 94, del G.P. Catalán (CiU).

Treinta y seis (Modificación del punto 3.º del apartado 1 del artículo 559).

- Sin enmiendas.

Treinta y siete (Modificación del último párrafo del artículo 560)

- Enmienda núm. 171, del G.P. Socialista, (supresión).

Treinta y ocho (Modificación del apartado 1 del artículo 617)

- Enmienda núm. 173, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 32, del G.P. La Izquierda Plural.

Treinta y nueve (Modificación del apartado 3 del artículo 641)

- Enmienda núm. 33, del G.P. La Izquierda Plural.

Cuarenta (Modificación del artículo 715)

- Enmienda núm. 175, del G.P. Socialista, (supresión).

Cuarenta y uno (Modificación del apartado 4 del artículo 794)

- Enmienda núm. 176, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 35, del G.P. La Izquierda Plural.

- Enmienda núm. 107, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 135, del G.P. Unión Progreso y Democracia.


Página 170




Cuarenta y dos (Modificación del apartado 4 del artículo 800)

- Enmienda núm. 177, del G.P. Socialista, (supresión).

Cuarenta y tres (Modificación del apartado 2 del artículo 809)

- Enmienda núm. 178, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 36, del G.P. La Izquierda Plural, párrafo primero.

- Enmienda núm. 108, del G.P. Catalán (CiU), párrafo primero.

- Enmienda núm. 136, del G.P. Unión Progreso y Democracia, párrafo primero.

Cuarenta y cuatro (Adición de un apartado 4 al artículo 815)

- Enmienda núm. 37, del G.P. La Izquierda Plural.

- Enmienda núm. 110, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 137, del G.P. Unión Progreso y Democracia.

- Enmienda núm. 179, del G.P. Socialista.

- Enmienda núm. 210, del G.P. Popular.

Cuarenta y cinco (Modificación del apartado 2 del artículo 818)

- Enmienda núm. 180, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 112, del G.P. Catalán (CiU), apartados 1 (no contemplado en la reforma), 2 y 3 (no contemplado en la reforma).

Cuarenta y seis (Modificación del artículo 826)

- Enmienda núm. 182, del G.P. Socialista, (supresión).

Apartados nuevos

- Enmienda núm. 189, del G.P. Popular, artículo 24 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 47, del G.P. Catalán (CiU), artículo 28 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 48, del G.P. Catalán (CiU), artículo 32 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 190, del G.P. Popular, artículos 34 y 35 (no contemplados en la reforma).

- Enmienda núm. 49, del G.P. Catalán (CiU), artículo 52 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 50, del G.P. Catalán (CiU), artículo 52 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 51, del G.P. Catalán (CiU), artículo 52 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 53, del G.P. Catalán (CiU), artículo 81 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 54, del G.P. Catalán (CiU), artículo 85 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 55, del G.P. Catalán (CiU), artículo 88 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 8, del G.P. La Izquierda Plural, artículo 115 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 144, del G.P. Socialista, artículo 115 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 145, del G.P. Socialista, artículos 116, 117, 118 y 119 (no contemplados en la reforma)(supresión).

- Enmienda núm. 9, del G.P. La Izquierda Plural, artículo 116 (no contemplado en la reforma) (supresión).

- Enmienda núm. 10, del G.P. La Izquierda Plural, artículo 117 (no contemplado en la reforma) (supresión).

- Enmienda núm. 11, del G.P. La Izquierda Plural, artículo 118 (no contemplado en la reforma) (supresión).

- Enmienda núm. 12, del G.P. La Izquierda Plural, artículo 119 (no contemplado en la reforma) (supresión).

- Enmienda núm. 215, del G.P. Popular, artículo 130 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 56, del G.P. Catalán (CiU), artículo 134 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 192, del G.P. Popular, artículo 146 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 220, del G.P. Popular, artículo 164 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 198, del G.P. Popular, artículo 167 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 199, del G.P. Popular, artículo 172 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 200, del G.P. Popular, artículo 175 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 193, del G.P. Popular, artículo 151 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 66, del G.P. Catalán (CiU), artículo 188 (no contemplado en la reforma).


Página 171




- Enmienda núm. 67, del G.P. Catalán (CiU), artículo 241 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 68, del G.P. Catalán (CiU), artículo 241 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 150, del G.P. Socialista, artículo 241 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 69, del G.P. Catalán (CiU), artículo 246 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 70, del G.P. Catalán (CiU), artículo 246 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 201, del G.P. Popular, artículo 259 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 71, del G.P. Catalán (CiU), artículo 250 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 72, del G.P. Catalán (CiU), artículo 258, (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 202, del G.P. Popular, artículo 273 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 203, del G.P. Popular, artículo 274 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 74, del G.P. Catalán (CiU), artículo 276 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 204, del G.P. Popular, artículo 276 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 205, del G.P. Popular, artículo 278 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 75, del G.P. Catalán (CiU), artículo 285 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 206, del G.P. Popular, artículo 320 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 207, del G.P. Popular, artículo 333 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 77, del G.P. Catalán (CiU), artículo 342 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 208, del G.P. Popular, artículo 346 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 78, del G.P. Catalán (CiU), artículo 394 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 79, del G.P. Catalán (CiU), artículo 394 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 159, del G.P. Socialista, artículo 415 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 87, del G.P. Catalán (CiU), artículo 445 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 89, del G.P. Catalán (CiU), artículo 455 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 90, del G.P. Catalán (CiU), artículo 463 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 91, del G.P. Catalán (CiU), artículo 464 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 92, del G.P. Catalán (CiU), artículo 495 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 93, del G.P. Catalán (CiU), artículo 524 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 209, del G.P. Popular, artículo 552 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 31, del G.P. La Izquierda Plural, artículo 575 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 172, del G.P. Socialista, artículo 575 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 95, del G.P. Catalán (CiU), artículo 587 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 96, del G.P. Catalán (CiU), artículo 621 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 97, del G.P. Catalán (CiU), artículo 622 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 98, del G.P. Catalán (CiU), artículo 623 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 99, del G.P. Catalán (CiU), artículo 624 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 100, del G.P. Catalán (CiU), artículo 675 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 34, del G.P. La Izquierda Plural, artículo 686 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 174, del G.P. Socialista, artículo 686 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 101, del G.P. Catalán (CiU), artículo 700 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 102, del G.P. Catalán (CiU), artículo 701 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 103, del G.P. Catalán (CiU), artículo 702 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 104, del G.P. Catalán (CiU), artículo 703 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 105, del G.P. Catalán (CiU), artículo 706 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 106, del G.P. Catalán (CiU), artículo 775 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 109, del G.P. Catalán (CiU), artículo 811 bis y ter (nuevos) (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 111, del G.P. Catalán (CiU), artículo 816 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 113, del G.P. Catalán (CiU), artículo 821 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 181, del G.P. Socialista, artículo 821 (no contemplado en la reforma).

Disposición adicional única

- Enmienda núm. 183, del G.P. Socialista.

- Enmienda núm. 218, del G.P. Popular.

- Enmienda núm. 114, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.

- Enmienda núm. 115, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.


Página 172




Disposiciones adicionales nuevas

- Enmienda núm. 116, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 117, del G.P. Catalán (CiU).

Disposición transitoria primera

- Enmienda núm. 184, del G.P. Socialista, (supresión).

Disposición transitoria segunda

- Enmienda núm. 185, del G.P. Socialista.

- Enmienda núm. 230, del G.P. Popular.

- Enmienda núm. 38, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 2.

- Enmienda núm. 118, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.

- Enmienda núm. 138, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 2.

Disposición transitoria tercera

- Enmienda núm. 186, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 119, del G.P. Catalán (CiU).

Disposición transitoria cuarta

- Enmienda núm. 221, del G.P. Popular.

Disposición transitoria quinta

- Enmienda núm. 187, del G.P. Socialista, (supresión).

Disposiciones transitorias nuevas

- Enmienda núm. 225, del G.P. Popular.

Disposición derogatoria única

- Enmienda núm. 219, del G.P. Popular.

Disposición final primera (Modificación del Código Civil en materia de prescripción)

- Enmienda núm. 188, del G.P. Socialista, (supresión).

- Enmienda núm. 120, del G.P. Catalán (CiU), apartado Uno.

- Enmienda núm. 121, del G.P. Catalán (CiU), apartado Dos.

- Enmienda núm. 130, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado Dos.

Disposición final segunda (Modificación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje)

- Sin enmiendas.

Disposición final tercera (Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia)

- Enmienda núm. 211, del G.P. Popular, artículo 32 bis (no contemplado en la reforma), artículo 33, apartado 1, artículo 40, apartados 1 y 3 (no contemplados en la reforma) y artículo 43, apartado 1 (no contemplado en la reforma).

- Enmienda núm. 122, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 123, del G.P. Catalán (CiU), artículo 26, apartado 1 (no contemplado en la reforma), artículo 40, apartados 1 y 3 (no contemplados en la reforma) y artículo 43, apartado 1 (no contemplado en la reforma).


Página 173




Disposición final cuarta (Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal)

- Sin enmiendas.

Disposición final quinta

- Enmienda núm. 223, del G.P. Popular.

Disposición final sexta

- Enmienda núm. 231, del G.P. Popular.

Disposición final séptima

- Enmienda núm. 214, del G.P. Popular.

Disposiciones finales nuevas

- Enmienda núm. 124, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 125, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 126, del G.P. Catalán (CiU).

- Enmienda núm. 212, del G.P. Popular.

- Enmienda núm. 213, del G.P. Popular.

- Enmienda núm. 222, del G.P. Popular.

- Enmienda núm. 226, del G.P. Popular.

- Enmienda núm. 227, del G.P. Popular.

- Enmienda núm. 228, del G.P. Popular.

<< Anterior      parte 1      parte 2     

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal