PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO
GARCÍA
Sesión celebrada el miércoles, 14 de septiembre de 2011
ORDEN DEL DÍA
Cuarto
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
— Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con la priorización de las inversiones
en infraestructuras ferroviarias del Estado.
(Núm. exp. S. 671/000146)
Quinto
MOCIONES
— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por
la que se insta al Gobierno a que la medida aprobada en el Real
Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la
calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la
consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del
Estado para 2011, por la que se aplica hasta el 31 de diciembre el tipo
reducido del 4 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las
entregas de inmuebles destinados a vivienda, se prolongue doce meses más
y se aplique a la adquisición de vivienda habitual.
(Núm. exp. S. 662/000192)
— Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se
insta al Gobierno a trabajar en la promoción y divulgación en el ámbito
educativo del «Camino Escolar Seguro» como buena práctica y útil
herramienta para la educación vial en los colegios.
(Núm. exp. S. 662/000191)
Sexto
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE
LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
— De la Comisión de Justicia en relación con el
Proyecto de Ley reguladora de la jurisdicción social. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, número 111, de fecha 14 de septiembre de 2011).
— De la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación
con el Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la
Seguridad Social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 110, de
fecha 13 de septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 621/000115)
(Núm. exp. C.D. 121/000123)
— De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca en relación con el Proyecto de Ley sobre titularidad compartida de
las explotaciones agrarias. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número
111, de fecha 14 de septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 621/000116)
(Núm. exp. C.D. 121/000128)
— De la Comisión de Sanidad, Política Social y
Consumo en relación con el Proyecto de Ley General de Salud Pública. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 111, de fecha 14 de
septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 621/000117)
(Núm. exp. C.D. 121/000115)
— De la Comisión de Justicia en relación con el
Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 111, de fecha 14 de
septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 621/000118)
(Núm. exp. C.D. 121/000119)
— De la Comisión de Justicia en relación con el
Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del
artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. (Publicado en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, Senado, número 107, de fecha 7 de septiembre de
2011).
(Núm. exp. S. 621/000110)
(Núm. exp. C.D. 121/000117)
— De la Comisión de Cultura en relación con el
Proyecto de Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número
110, de fecha 13 de septiembre de 2011).
(Núm. exp. S. 621/000111)
(Núm. exp. C.D. 121/000125)
Séptimo
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
— Acuerdo relativo a la protección de información
clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel /
el Ministerio de Defensa israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de
2011. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes
Generales, Serie A, número 421, de fecha 15 de abril de 2011).
— Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra, por el
que se modifica el Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y
cooperación, hecho en Kleinmond, Sudáfrica el 11 de septiembre de 2009.
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes
Generales, Serie A, número 422, de fecha 15 de abril de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000261)
(Núm. exp. C.D. 110/000263)
— Acuerdo de cooperación en la lucha contra la
delincuencia, en particular, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes
y la delincuencia organizada entre el Reino de España y Bosnia y
Herzegovina, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2011. (Publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A,
número 425, de fecha 29 de abril de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000262)
(Núm. exp. C.D. 110/000264)
— Convenio entre el Reino de España y el Reino
Hachemita de Jordania sobre cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia, hecho en Amman el 15 de marzo de 2011. (Publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A,
número 426, de fecha 29 de abril de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000263)
(Núm. exp. C.D. 110/000265)
— Convenio entre el Reino de España y la República de
Serbia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia,
hecho en Madrid el 31 de enero de 2011. (Publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 427, de fecha
6 de mayo de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000264)
(Núm. exp. C.D. 110/000266)
— Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Ghana sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico
de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Accra el 31 de
marzo de 2011. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Cortes Generales, Serie A, número 428, de fecha 13 de mayo de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000265)
(Núm. exp. C.D. 110/000267)
— Convenio Iberoamericano sobre el uso de la
videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de
justicia y del Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el
uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas
de justicia relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de
solicitudes, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010 y
Declaración que España desea formular. (Publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 429, de fecha
13 de mayo de 2011).
(Núm. exp. S. 610/000266)
(Núm. exp. C.D. 110/000268)
— Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre
de 2009. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes
Generales, Serie A, número 431, de fecha 27 de mayo de 2011).
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
— Convenio de colaboración entre Comunidades
Autónomas para el intercambio de información sobre la identidad de
personas inscritas en los registros de parejas de hecho o de similar
naturaleza. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Senado, número 90, de fecha 6 de julio de 2011).
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se
insta al Gobierno a que la medida aprobada en el Real Decreto-ley 9/2011,
de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del
sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y
de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, por
la que se aplica hasta el 31 de diciembre el tipo reducido del 4 por
ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las entregas de
inmuebles destinados a vivienda, se prolongue doce meses más y se aplique
a la adquisición de vivienda habitual.
El señor García Ballestero defiende la moción.
La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor García Ballestero expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ramis
Otazua.
En turno de portavoces intervienen las señoras Cunyat
Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, y Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés; así como los señores Ramis Otazua, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y García Ballestero, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.
Se aprueba la moción por 129 votos a favor y 121 en contra.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.)
Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con la priorización de las inversiones
en infraestructuras ferroviarias del Estado. (Votación.)
Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 140 votos a favor y 109
en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al
Gobierno a trabajar en la promoción y divulgación en el ámbito educativo
del «Camino Escolar Seguro» como buena práctica y útil herramienta para
la educación vial en los colegios.
El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas.
En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia
de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas; los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bruguera Batalla, por el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Jiménez Araya, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y Abejón Ortega, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la propuesta de modificación por 234 votos a
favor y 8 abstenciones.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE
LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en
relación con el Proyecto de Ley sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor Bella Galán, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
El señor Roig i Grau defiende las enmiendas números 18 a
22, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
El señor Batlle Farrán defiende las enmiendas 24 y 25, del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La señora Borrego Izquierdo defiende las enmiendas 1 a 17,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Iranzo
Sánchez.
En turno de portavoces intervienen los señores Pérez Bouza,
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Roig i Grau, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así
como las señoras Iranzo Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
Borrego Izquierdo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
La señora de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Aguilar
Rivero), hace uso de la palabra.
Comienza la votación.
Se rechazan las enmiendas números 19, 20 y 21, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 9 votos a
favor, 121 en contra y 122 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 252 votos a favor.
Se rechazan las enmiendas números 23 y 24, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 14 votos a favor, 116 en
contra y 121 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 4, 5 y 9, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 251 votos a favor y 1 en
contra.
Se aprueba la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 131 votos a favor y 121 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 1, 3, 6, 8 y 10, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 120 votos a favor y 128 en
contra.
Se aprueba la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 130 votos a favor y 121 en contra.
Se aprueba la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 250 votos a favor.
Se aprueban las enmiendas números 13, 14 y 15, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 136 votos a favor y 116 en
contra.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 68734 por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 68735 por asentimiento de la Cámara
Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 68736 por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 251 votos a
favor.
El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.
De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en
relación con el Proyecto de Ley General de Salud Pública. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
El señor Esquerda Segués, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
El señor Zubia Atxaerandio defiende la enmienda número 1,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas 32 a
34, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Esquerda Segués defiende las enmiendas 35 a 127,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
anuncia la retirada de las números 79, 80, 81, 92, 93 y 103, así como de
las números 35 a 78, y 82, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 105, 106, 116,
117 y 122.
La señora De Aragón Amunarriz defiende las enmiendas
números 2 a 31, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y anuncia
que retira la enmienda número 18.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Maestre
Martín de Almagro.
En turno de portavoces intervienen la señora Aleixandre i
Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; así como los señores Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, y Villagrán Bustillos, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pan Vázquez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
Comienza la votación.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, por 19 votos a favor y 321 en contra.
Se rechaza la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a favor, 235 en
contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 18 votos a favor, 232 en
contra y 1 abstención.
Se aprueba la enmienda número 34, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 135 votos a favor y 116
en contra.
Se rechaza la enmienda número 83, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 20 votos a favor, 229 en contra y 1
abstención.
Se aprueba la enmienda número 84, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 138 votos a favor y 112 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 85, 94, 99, 100 y 121,
del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor
y 240 en contra.
Se aprueba la enmienda número 88, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 128 votos a favor y 121 en contra.
Se rechaza la enmienda número 98, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 19 votos a favor y 232 en contra.
Se rechaza la enmienda número 101, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 19 votos a favor y 230 en contra.
Se rechaza la enmienda número 102, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 237 en
contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 104, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 240 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 107 a 115, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 240 en
contra.
Se rechaza la enmienda número 118, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 240 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 119 y 120, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 240 en
contra.
Se rechaza la enmienda número 127, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 18 votos a favor y 229 en contra.
Se aprueban las enmiendas números 7, 8, 9, 17, 19 y 21, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 129 votos a favor y 122 en
contra.
Se rechazan las enmiendas números 6, 10, 11, 13 y 26, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 119 votos a favor, 123 en
contra y 8 abstenciones.
Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 120 votos a favor y 131 en
contra.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 68753 por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 68762 por 234 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 131 votos a
favor y 119 abstenciones.
El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.
Se suspende la sesión a las catorce horas y diez
minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de
Ley reguladora de la jurisdicción social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA
El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.
El señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez) hace uso
de la palabra.
Comienza el debate del articulado.
El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 1
a 12, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números 87
a 90 y 92, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 93 a
162, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y anuncia que
retira las números 100, 101, 102, 103 y 127.
El señor presidente informa de la retirada de las enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Pastor González defiende las enmiendas números 13
a 86, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pestana
Padrón.
En turno de portavoces intervienen el señor Zubia
Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y la
señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; así como los señores Bofill Abelló, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Pastor González, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.
Comienza la votación.
Se rechazan las enmiendas números 3 y 10, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 7 votos a favor, 240 en
contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, por 122 votos a favor, 125 en contra y 1
abstención.
Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas, por 9 votos a favor, 237 en contra y 1
abstención.
Se rechazan el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 6 votos a favor, 125 en
contra y 117 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 87 y 88, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a
favor, 116 en contra y 118 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 89 y 90, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 124 votos
a favor, 123 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 92, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 229 en
contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 94, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 12 votos a favor y 236 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 97, 98, 111, 119, 124,
125, 147 y 161, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por
121 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 105, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 237 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 95, 96, 104, 108, 110,
112, 113, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 126, 133, 134, 135, 138, 140,
143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 157 y 160, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 237 en
contra.
Se rechazan las enmiendas números 93, 99, 106, 107, 109,
115, 118, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 139, 141, 142, 148,
152, 154, 155, 156, 158, 159 y 162, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 11 votos a favor, 124 en contra y 113
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 121 votos a favor y 127 en contra.
Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 117 votos a favor y 130 en contra.
Se rechazan el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 118 votos a favor y 129 en
contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 246 votos a
favor.
El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de
Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números 1
a 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas 79 a 174, del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor Irízar Ortega defiende las enmiendas 72 a 75, 77 y
78, del Grupo Parlamentario Socialista, y anuncia la retirada de la
número 76.
El señor Juncal Rodríguez defiende las enmiendas números 7
a 71, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, informando de la
retirada de las números 8, 11, 42, 54 y 32.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Irízar
Ortega.
En turno de portavoces intervienen la señora Parera
Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, así como los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.
Comienza la votación.
Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 129 votos a favor, 119
en contra y 1 abstención.
Se aprueba la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 130 votos a favor y 120
en contra.
Se aprueba el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 131 votos
a favor, 116 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 124, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 18 votos a favor y 233 en contra.
Se rechaza la enmienda número 138, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 18 votos a favor y 232 en contra.
Se aprueban las enmiendas números 81, 83, 119, 121, 123 y
137 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 126 votos a
favor, 117 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 90, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 18 votos a favor y 232 en contra.
Se aprueban las enmiendas números 122 y 144, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 123 votos a favor, 117 en
contra y 10 abstenciones.
Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 10 votos a favor, 232 en
contra y 9 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 120 votos a favor, 121 en contra y 10 abstenciones.
Se aprueba el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, por 242 votos a favor, 1 en contra y 8
abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 128 votos a favor y 123 en contra.
Se aprueban las enmiendas números 7, 13, 52, 58, 65 y 67,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 123 votos a favor, 120
en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 121 votos a favor, 122 en contra
y 7 abstenciones.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 129 votos a
favor, 1 en contra y 121 abstenciones.
El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de
Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la
Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social
El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
El señor Quintero Castañeda anuncia la retirada de las
enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente
presentadas por dicho señor senador.
El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números
98 a 124 y 159, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números
130 a 139, 147 a 152 y 155, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió.
El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas 3 a 43 del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor Irízar Ortega defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 128 y 129, así como la vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas
44 a 51, 58, 61, 62, 66, 68 y 69, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, y 140 a 146 y 153, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Altava Lavall defiende las enmiendas números 52 a
57, 59 y 60, 63 a 65, 67 y 70 a 96.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Irízar
Ortega.
En turno de portavoces intervienen el señor Zubia
Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y la
señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, así como los señores Bofill Abelló, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Comienza la votación.
Se rechazan las enmiendas números 98 y 99, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 11 votos a favor y 236 en
contra.
Se rechazan las enmiendas números 113 a 116, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 7 votos a favor y 239 en
contra.
Se rechazan las enmiendas números 100 a 112, 122, 123 y
124, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 6 votos a
favor y 240 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 117, 118 y 121, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 6 votos a favor, 232 en
contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 119 y 120, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 13 votos a favor y 234 en
contra.
Se aprueba la enmienda número 159, del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas, por 125 votos a favor, 121 en contra y 1
abstención.
Se rechazan las enmiendas números 131 y 137, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a
favor y 231 en contra.
Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a
favor y 231 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 3, 4, 17 y 19, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 238 en
contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 238 en contra y 1
abstención.
Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor, 237 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 129 votos a favor y 118 en contra.
Se aprueba la enmienda número 40, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 128 votos a favor, 112 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 5 a 16, 24, 26, 28 a 33 y
35 a 37, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos
a favor, 235 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 16 votos a favor, 229 en contra y 1
abstención.
Se aprueba la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 132 votos a favor y 114 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 23, 25, 34, 38, 41, 42 y
43, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a
favor, 231 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a las enmiendas números 44
a 51, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 117 votos a
favor, 123 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a la enmienda número 66,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 112 votos a favor, 132
en contra y 1 abstención.
Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a la enmienda número 68,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 115 votos a favor, 6 en
contra y 126 abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a la enmienda número 69,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 116 votos a favor y 130
en contra.
Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a la enmienda número 58,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 126 votos a favor y 121
en contra.
Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a las enmiendas números 61
y 62, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en segunda votación
al haberse producido empate en la primera, por 124 votos a favor y 123 en
contra.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a las enmiendas números
140 a 146 y 153, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 118 votos a favor y 128 en contra.
Se aprueban las enmiendas números 128 y 129, del Grupo
Parlamentario Socialista, por 126 votos a favor, 120 en contra y 1
abstención.
Se rechazan las enmiendas números 52 a 57, 59, 60, 63, 64,
70, 71, 72, 73, 75 a 80, 82 a 90 y 92, por 122 votos a favor, 124 en
contra y 1 abstención.
Se aprueban las enmiendas números 65, 74, 81, 91 y 93 a 96,
por 121 votos a favor, 119 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueban las propuestas de modificación con número de
registro 68730 y 68731 por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 247 votos a
favor.
El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.
De la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con el
Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la
Seguridad Social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
La señora Rubial Cachorro, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números 11
a 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
El señor Esquerda Segués defiende la enmienda número 8, del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La señora Peris Jarque defiende las enmiendas números 1 a
7, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Bustos
Amores.
En turno de portavoces intervienen las señoras Parera
Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, y Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, así como el señor Pliego Cubero, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora De Aragón Amunarriz, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Comienza la votación.
Se rechazan las enmiendas números 11 a 15, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a
favor y 220 en contra.
Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 16 votos a favor y 216 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 7, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por 115 votos a favor, 116 en contra
y 2 abstenciones.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 225 votos a
favor y 8 abstenciones.
El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de
Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
El señor Sañudo Aja, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.
Comienza el debate de las enmiendas.
La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende las
enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas.
La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda número 15, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 3 a
11, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Fuentes
García.
En turno de portavoces intervienen las señoras
Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, y Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como los señores Bofill
Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y
Villagrán Bustillos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Gueimunde González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Comienza la votación.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, por 14 votos a favor y 211 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 2, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y 10, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 13 votos a favor y 213 en contra.
Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a favor y 214
en contra.
Se rechazan las enmiendas números 3 a 9 y 11, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 14 votos a favor y 214 en
contra.
Se aprueba la parte del proyecto de ley enmendada en
comisión y no comprendida en votaciones anteriores, por 227 votos a favor
y 1 abstención.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 226 votos a
favor.
El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Acuerdo relativo a la protección de información clasificada
entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel / el
Ministerio de Defensa israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011
Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra, por el que se
modifica el Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación,
hecho en Kleinmond, Sudáfrica el 11 de septiembre de 2009
Acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia,
en particular, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la
delincuencia organizada entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina,
hecho en Madrid el 3 de marzo de 2011
Convenio entre el Reino de España y el Reino Hachemita de
Jordania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia,
hecho en Amman el 15 de marzo de 2011
Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia
sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en
Madrid el 31 de enero de 2011
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana
sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico
de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Accra el 31 de
marzo de 2011
Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia
en la cooperación internacional entre sistemas de justicia y del
Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el uso de la
videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de
justicia relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de
solicitudes, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010 y
Declaración que España desea formular
Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para
el intercambio de información sobre la identidad de personas inscritas en
los registros de parejas de hecho o de similar naturaleza
Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta
minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Tomen asiento,
por favor. Se reanuda la sesión.
MOCIONES
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR
LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE LA MEDIDA APROBADA EN EL REAL
DECRETO-LEY 9/2011, DE 19 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD Y COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DE CONTRIBUCIÓN A LA
CONSOLIDACIÓN FISCAL, Y DE ELEVACIÓN DEL IMPORTE MÁXIMO DE LOS AVALES DEL
ESTADO PARA 2011, POR LA QUE SE APLICA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE EL TIPO
REDUCIDO DEL 4 POR CIENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) A LAS
ENTREGAS DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA, SE PROLONGUE DOCE MESES MÁS
Y SE APLIQUE A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL.
(Núm. exp. S. 662/000192)
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día.
Mociones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se
insta al Gobierno a que la medida aprobada en el Real Decreto-Ley 9/2011,
de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del
Sistema Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal, y
de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, por
la que se aplica hasta el 31 de diciembre el tipo reducido del 4 por
ciento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las entregas de
inmuebles destinados a vivienda, se prolongue doce meses más y se aplique
a la adquisición de vivienda habitual.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió ha presentado una enmienda a esta moción.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador
García Ballestero.
El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor
presidente.
Buenos días, señorías. El pasado día 19 de agosto del
presente año, el Consejo de Ministros aprobó por real decreto ampliar el
tipo reducido del IVA al 4%. El periodo de vigencia de esta nueva medida,
según el Gobierno, es hasta el próximo día 31 de diciembre del año
2011.
Señorías, esta es otra improvisación más del Gobierno del
señor Zapatero, que ha seguido al anuncio del Partido Popular de recoger
en nuestro programa electoral la deducción por la compra de vivienda
habitual. Esta es una medida que no concreta nada, que no tiene tiempo
material para que se puedan ver sus efectos y sus beneficios en esta
materia, que afecta por igual a todas las viviendas, ya sean habituales o
segunda residencia, y donde el importe de la vivienda no se tiene en
cuenta, da lo mismo una vivienda de 150 000 euros que una vivienda de un
millón de euros.
Esta ha sido la tónica, señorías, de esta legislatura.
Prisas, improvisación, falta de concreción y rectificaciones. Legislatura
que está a punto de terminar, como también está a punto de terminar la
andadura de los Gobiernos presididos por el señor Rodríguez Zapatero, que
comenzaron con la mejor herencia que jamás ha recibido un Gobierno en la
democracia española, también con la puesta en marcha del Ministerio de
Vivienda, y que va a terminar con paro, con déficit, con recorte, con
deuda y con un ministerio que ha tenido que suprimirse porque no ha sido
capaz de dar la respuesta que los ciudadanos querían en el tema de la
vivienda y que se ha dedicado durante sus siete años de vigencia a
desmantelar el sector.
Hablar hoy en España del sector inmobiliario es hablar,
desgraciadamente, de ruina, de pérdida, de paro, de cientos de miles de
viviendas vacías, de fracaso, de restricción del crédito, de empresas en
quiebra o de los bancos, que se han convertido en la mayor inmobiliaria
de este país.
Y alguna responsabilidad, señorías, tendrá quien ha
gobernado este país durante los últimos ocho años. El desmantelamiento
del sector comenzó con la puesta en marcha del Ministerio de Vivienda y
sus erráticas políticas y llega a nuestros días agudizada por una grave
crisis económica y financiera.
La política del Gobierno socialista en esta materia ha sido
un fracaso. A la vista está. Ha habido tres ministras, fracaso tras
fracaso, rectificación tras rectificación, y los datos, señorías, son los
que son. Hemos pasado del récord de construcción de viviendas y de la
concesión de créditos hipotecarios de la legislatura 2004-2008, con un
millón más de viviendas construidas que en la legislatura 2000-2004, a
las que ahora tenemos que dar salida, a estar en mínimos históricos.
Frente a unos ritmos de venta de más
de treinta mil casas nuevas al mes en pleno bum
inmobiliario se ha pasado en el pasado mes de junio a venderse menos de
13 926 viviendas.
Y si en plena locura alcista era posible vender hasta 112
000 pisos de nueva construcción en un solo trimestre, el último dato
publicado es absolutamente demoledor: apenas fueron escrituradas 26 000
viviendas en el pasado mes de enero. Sin ir más lejos, este mes de julio
fue el quinto mes de descenso consecutivo de este año en la compra de
vivienda y las previsiones no parecen mejorar.
La venta de vivienda en España continúa su particular caída
desde que comenzó a desplomarse en el mes de marzo pasado. Según las
estadísticas publicadas por el Ivima, la transacción de casas se redujo
el pasado mes de julio el 34,5% con respecto al mismo mes del año 2010.
El sector inmobiliario, por tanto, no pasa, señorías, su
mejor momento, y ya acumula en este año cinco meses de caídas
consecutivas desde marzo, tras registrar en enero y en febrero datos
positivos por el denominado efecto llamada, que animó la compraventa en
los últimos meses del año 2010 debido a la eliminación de las deducciones
fiscales, y que siguió notándose a principios de este año, cuando todavía
estaba en vigor la citada desgravación, pero se cambió el rumbo el tercer
mes de este año y ya no ha vuelto a levantar cabeza.
A partir del mes de marzo las operaciones cayeron en un
11%, en abril un 29%, en mayo un 18% y en junio un 22%, y no será que al
Ejecutivo no se le advirtió que esto podía ocurrir; cuando en enero
decidió suprimir las desgravaciones fiscales por compra de vivienda todos
se lo dijimos: los promotores, los constructores, los expertos, los
analistas y el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado
innumerables iniciativas para que no desapareciera dicha
desgravación.
¿Y qué ocurriría en el año 2011? Pues que con más de cuatro
millones de parados y todavía muchos problemas para conseguir hipoteca
todo indicaba que la compra de casas no iba a repuntar, al menos por el
momento. Pero los responsables del Ejecutivo seguían insistiendo con el
mismo argumento: que las viviendas se estaban abaratando y que era el
mejor momento para comprar. Eso decía la entonces ministra y ahora
secretaria de Estado.
Pues no, señorías, las cifras desmienten esa visión tan
optimista de un mercado que desgraciadamente ha pasado de aportar el 10%
del producto interior bruto a un exiguo 4%. Con la subida del IVA del 7%
al 8% pasó algo similar; el mejor ejemplo de ello es el impulso que
registró la venta de viviendas la primera mitad del año 2010. Y después,
en el último trimestre, cuando los más rezagados decidieron comprar antes
de la desaparición de la desgravación fiscal, fue cuando aumentó la
compra de viviendas.
Ahora la finalidad que pretende el Gobierno es la misma,
animar la venta de casas nuevas para reducir el excedente que el
Ejecutivo cifra nada menos que en 680 000 viviendas antes de final de
año. Y si en el último trimestre del año 2010, con el incentivo de la
desgravación, se vendieron 56 000 viviendas, ¿no es muy ambicioso
pretender, señorías, que en cuatro meses se reduzca significativamente el
stock de 700 000 viviendas? Por ello reitero lo anteriormente dicho, y es
que después de casi ocho años de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero
hablar del sector de la construcción sigue siendo hablar de ruina, de
paro, de inaccesibilidad al crédito y de cientos de miles de viviendas
vacías.
Desmantelar el sector de la construcción, como se ha hecho,
sin tener un modelo de crecimiento alternativo solo puede dar los
resultados que se han obtenido y que son de sobra conocidos por todos.
Los datos son los que son, son tozudos y a la vista están todas las
dificultades del acceso a la vivienda, las dificultades del acceso al
crédito y el hecho de que muchas familias humildes lo están pasando hoy
verdaderamente mal con un gobierno socialista.
Aquí se dice que se apoya mucho la vivienda, que se apoya
el alquiler, pero las ayudas a la promoción de la vivienda de alquiler se
han recortado en casi un 40%, y eso es algo tan real como lo es el hecho
de que hoy estamos aquí debatiendo. También se han eliminado las reservas
de eficacia a nuestras comunidades autónomas, unas reservas que primaban
a las comunidades que construían viviendas protegidas y que querían
construir más vivienda social.
Señorías, me han oído decir muchas veces que un país que no
construye es un país que no crece, y mientras no empecemos a construir en
España no empezaremos a crecer. Tenemos que retomar la senda de la
construcción sostenible, razonable y equilibrada, y de un acceso a la
vivienda sensato por parte de los ciudadanos españoles. Este país tiene
que volver a funcionar, se tiene que volver a poner en marcha y el sector
de la construcción se tiene que volver a poner a funcionamiento, algo
esencial para que cualquier país crezca y empiece a funcionar,
Después de todo este lío y después de esta confusión de los
últimos años, nos encontramos con que quienes eliminaron las
desgravaciones a las capas medias y bajas de la sociedad, especialmente a
los
jóvenes para la compra de su primera vivienda, o que
quienes tan solo hace trece meses subieron el IVA del 7 al 8%, ahora nos
traen una reducción del IVA, independientemente del valor que tenga la
vivienda o si es habitual o segunda residencia.
El anuncio de esta reducción fiscal nos cogió a todos con
el pie cambiado. Tampoco era de extrañar. Se trataba de un viernes 19 de
agosto, donde la mayoría de los españoles estaba a otra cosa. Pero
superado el anuncio inicial surgieron las preguntas. ¿Por qué ahora, a
poco menos de tres meses de unas elecciones generales? La respuesta del
ejecutivo es que las ventas están en caída libre. Las ventas en caída
libre, señorías, en el sector inmobiliario llevan ya muchos meses, por no
decir algunos años. Y, quizás, para entender esta iniciativa haya que
buscar las claves en el calendario electoral. Faltan poco más de dos
meses para las elecciones generales y en el Partido Popular hemos
ratificado que si logramos gobernar recuperaremos la desgravación por la
compra de vivienda, la desgravación en el IRPF, y esta claro que era
necesario contrarrestar esta iniciativa que este senador, insisto, ha
defendido en innumerables ocasiones en esta Cámara. Pero es que además de
tarde es muy breve en el tiempo, solo cuatro meses. Está incompleta, no
distingue si es para primera vivienda o segunda vivienda y sus efectos,
insisto, serán muy limitados.
Y después de aprobar esta medida por sorpresa, señorías, y
una vez que ha pasado la euforia del primer momento, lo que aquí queremos
y lo que aquí pretendemos es que esta medida sea más efectiva de lo que
en principio quiere ser. Por tanto, es insólito el tiempo de duración de
cuatro meses, un plazo muy reducido en el que sus señorías entenderán que
la efectividad no se va a poder llegar a ver. Nosotros queremos poner un
poco de cordura en este tema y, aparte de unirlo a la desgravación fiscal
y a la propuesta que vamos a llevar en las siguientes elecciones
generales de desgravación por compra de vivienda, nosotros queremos
ampliar el plazo doce meses más, durante todo el año y el próximo 2012,
porque con las limitaciones que se han puesto encima de la mesa,
difícilmente se puede sacar este estocaje de vivienda y difícilmente se
puede ver el resultado, a no ser que lo que se quiera sea un impacto
electoral que en poco o en nada ayude a resolver el estocaje de vivienda
que hay.
Señorías, la propuesta que ha presentado el Grupo Popular
en esta Cámara, que sometemos a su consideración y que espero tengan a
bien apoyar y aprobar, es la ampliación del plazo del IVA durante el
próximo año 2012 doce meses más. Creemos que es lo justo, creemos que es
lo sensato y creemos que es lo razonable. Es una propuesta que no va en
contra de nadie, que va a favor del sector de la construcción y de los
ciudadanos españoles. Creemos que es una iniciativa que puede ayudar,
junto con otras iniciativas más, a dinamizar el sector de la construcción
en España y, sobre todo, a sacar ese gran estocaje de vivienda nueva que
hay y que es un tapón que tiene nuestro país a la hora de volver a
construir, a la hora de volver a hacer vivienda nueva. Creemos que no es
la panacea, que esta medida aislada no es la que va a resolver todos los
problemas, pero sí creemos que esta medida, junto con otras, tiene que
ayudar a dinamizar este sector, insisto, que ha pasado del 10% del PIB al
4% del PIB, porque un país para crecer tiene que construir.
Por tanto, señorías, les pido que apoyen y respalden esta
iniciativa para que nuestro sector de la construcción, tan maltratado
durante los últimos años, sea un sector que empiece a tener dinamismo,
que empiece a crecer, que se empiece a construir y también que los
ciudadanos españoles tengan un mayor acceso a la vivienda.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a la enmienda del Grupo de Convergència i Unió.
La senadora Cunyat tiene la palabra.
La señora CUNYAT BADOSA: Bé, bon dia, senyor president.
Bon dia, senyories.
El PP ha presentat una moció en què insta el Govern que la
mesura aprovada en el Reial decret llei 9 del 2011 del passat mes
d’agost, per la qual s’aplica fins al 31 de desembre el tipus
reduït del 4 % de l’IVA a les entregues d’immobles destinats
a l’habitatge es prorrogui 12 mesos més i s’apliqui a
l’adquisició d’habitatge habitual.
Bé, com ja hem expressat en diverses ocasions, des del
nostre grup considerem que la rehabilitació i el lloguer han de ser eixos
claus en les polítiques actuals d’habitatge. Som plenament
conscients de l’existència d’un enorme estoc de vivendes
d’obra nova i s’ha d’afavorir la seva venda, ajudant a
moure
estocs d’entitats financeres i també de promotors.
Però no hem d’obviar en cap moment els beneficis que ens aportaria
la rehabilitació d’habitatges, beneficis com la reactivació de
l’economia, del sector de la construcció i en definitiva de la
generació de llocs de treball. És per aquesta raó que presentem una
esmena a la moció presentada pel PP, que té com a objectiu essencial
ampliar l’aplicació de l’IVA reduït a la rehabilitació
d’habitatges, ja siguin d’habitatges d’ús particular,
ja siguin d’habitatges destinats al lloguer.
Nosaltres proposem una modificació de la Llei 37/1992, de
l’Impost sobre el Valor Afegit, en tres sentits, i que afecten la
rehabilitació i reparació d’habitatges. En primer lloc proposem
eliminar el requisit que la despesa total de les obres excedeixi el 25 %
del preu de l’habitatge perquè siguin considerades sota el concepte
de la rehabilitació. Creiem que aquest percentatge —aquest 25
%— és un límit, una barrera important que s’han trobat els
operadors econòmics i, per tant, una dificultat per accedir a aquest
benefici fiscal de la reducció de l’IVA. En segon lloc, proposem
augmentar el percentatge de cost de materials aportats per la persona que
realitzi les obres de rehabilitació a partir de la qual no pot aplicar-se
el tipus reduït, actualment previst en un 33 %, d’acord amb els
límits que estableix la directiva comunitària. El que es pretén amb
aquesta proposta és permetre que aquestes obres de rehabilitació i
reparació que exigeixen una aportació superior al 33 % de matèria per
part del constructor també puguin beneficiar-se d’aquesta aplicació
de l’IVA reduït. La directiva europea únicament fa referència a
«exclosos els materials que suposin una part important del valor del
servei subministrat», per això creiem que tenim marge per augmentar
d’un 33 a un 49% el límit del percentatge del cost de materials
aportat pel constructor per poder-se aplicar aquest tipus reduït
d’IVA. Finalment proposem suprimir la restricció de
l’aplicació de l’IVA reduït a la rehabilitació
d’habitatge habitual perquè també es pugui aplicar als habitatges
destinats al lloguer. Proposem que el tipus reduït s’apliqui quan
el destinatari sigui una persona física, i que tingui com a objectiu
utilitzar l’habitatge per al seu ús particular o per destinar-la al
lloguer.
La directiva s’expressa amb el terme habitatge
particular, pel que creiem que l’aplicació a l’IVA reduït
s’hauria de considerar també per a les obres executades en
habitatges que hagin estat cedides o destinades al lloguer. Amb aquesta
esmena fomentarem la rehabilitació d’habitatges, i en seran
beneficiaris els que ho facin a nivell particular però també els que ho
facin amb la intenció de posar les seves propietats al mercat del
lloguer. Amb la presentació d’aquesta esmena es busquen dues
finalitats: millorar les condicions d’accés a l’habitatge i
la reactivació del sector de la construcció, que està, com ha dit el
nostre company, en autèntiques hores baixes. Des del nostre grup hem dit
en diverses ocasions que creiem que s’han de prendre mesures que
tinguin una incidència clara en el mercat d’habitatge de venda però
també en el del lloguer. Els preus dels habitatges s’han reduït,
però especialment aquesta reducció s’ha donat en els preus
d’habitatges de venda, i encara que també s’ha observat una
certa reducció en els preus dels pisos de lloguer, aquest no ha estat
prou substancial com per fomentar una nova tendència en el sector del
lloguer. A pesar dels diferents ajustaments de preus, a dia d’avui
l’accés a un habitatge segueix essent un problema.
L’actual Govern del Zapatero s’ha marcat com a
objectiu per al 2020 que un 20 % de les famílies espanyoles visquin en
habitatges de lloguer. Actualment estem a l’entorn d’un 15 %,
lluny encara del 30 % europeu, i creiem que aquestes mesures fiscals
fomentarien el moviment en l’oferta de pisos de lloguer, i aquest
fet incidiria directament en el preu, que actualment és molt elevat i
molt similar encara al preu dels habitatges de venda.
Per altra banda, amb les mesures que proposem en la nostra
esmena creiem que el foment per a l’habilitació d’habitatges
provocarà un efecte dinamitzador al sector de la construcció...
Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
El PP ha presentado una moción en la que insta al Gobierno
para que la medida aprobada en el Real Decreto 9/2011 del pasado 19 de
agosto, y por la que se aplica hasta el 31 de diciembre el tipo reducido
del 4% del IVA a las empresas o a las entregas de muebles destinadas a la
vivienda, se prorrogue doce meses más y se aplique a la adquisición de
vivienda habitual.
Como hemos expresado en distintas ocasiones, en nuestro
grupo pensamos que la rehabilitación y el alquiler deben ser ejes clave
en las políticas actuales de vivienda. Somos completamente conscientes de
la existencia de un enorme stock de viviendas de obra nueva, que debe
favorecerse su venta y ayudar a mover stocks de entidades financieras y
promotores, pero no debemos obviar en ningún momento los beneficios que
nos reportaría la rehabilitación de viviendas, beneficios como la
reactivación de la economía, del sector de la construcción y, en
definitiva, también de la generación de puestos de trabajo.
Por ese motivo presentamos una enmienda a la moción
presentada por el PP que persigue como objetivo esencial ampliar la
aplicación del IVA reducido a la rehabilitación de viviendas, ya sea de
viviendas de uso particular o de viviendas destinadas al alquiler.
Nosotros proponemos una modificación de la Ley 37/1992, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, en tres sentidos que afectan a la
rehabilitación y reparación de viviendas: En primer lugar, proponemos
eliminar el requisito de que el gasto total de las obras exceda el 25%
del precio de la vivienda para que sean consideradas bajo el concepto de
rehabilitación; consideramos que este porcentaje —este 25%
mencionado— es un límite, una barrera significativa que los
operadores económicos han encontrado y, por lo tanto, una traba para
acceder a ese beneficio fiscal de la reducción del IVA. En segundo lugar,
proponemos aumentar el porcentaje de coste de materiales aportados por la
persona que realice las obras de rehabilitación, a partir del cual no
puede aplicarse el tipo reducido, que es un 33% actualmente, según los
límites establecidos por la directiva comunitaria. Lo que proponemos
mediante esta propuesta es permitir que estas obras de rehabilitación o
reparación que exigen una aportación superior al 33% de materia por parte
del constructor también puedan beneficiarse de esta reducción o
aplicación del IVA reducido. La directiva europea tan solo hace
referencia a excluidos los materiales que supongan una parte
significativa del valor del servicio suministrado; por lo tanto,
consideramos que aún hay margen de aumentar del 33 al 49% el límite del
porcentaje del coste de materiales aportados por el constructor para
poder aplicársele este tipo reducido del IVA. Y, por último, proponemos
suprimir la restricción de la aplicación del IVA reducido a la
rehabilitación de vivienda habitual para que también pueda aplicarse a
las viviendas destinadas a alquiler. Proponemos que el tipo reducido se
aplique cuando el destinatario sea una persona física y tenga como
objetivo utilizar la vivienda para su uso particular o para destinarla al
alquiler.
La directiva se expresa en términos de vivienda particular,
por eso pensamos que la aplicación del tipo reducido debería aplicarse
también a las obras ejecutadas en viviendas que hayan sido cedidas o
destinadas al alquiler. En esta enmienda también fomentamos la
rehabilitación de viviendas y los beneficiarios serán aquellos que la
realicen a nivel particular, pero también aquellos que la hagan con la
intención de poner sus propiedades en el mercado del alquiler.
Mediante la presentación de esta enmienda perseguimos dos
finalidades: mejorar las condiciones de acceso a la vivienda y reactivar
el sector de la construcción que, como ha dicho nuestro compañero, está
en auténticas horas bajas. Nuestro grupo ya ha dicho en distintas
ocasiones que pensamos que deben tomarse medidas que tengan una
incidencia clara en el mercado de venta de vivienda, pero también de
alquiler. Los precios de la vivienda se han reducido, pero esta reducción
se ha dado sobre todo en los precios de venta. Aunque hemos visto una
cierta reducción en los precios de los pisos de alquiler, no ha sido
sustancial como para fomentar una nueva tendencia en el sector del
alquiler. A pesar de los distintos ajustes de precio, hoy por hoy el
acceso a la vivienda sigue siendo un problema.
El actual Gobierno de Zapatero se ha marcado como objetivo
para 2020 que el 20% de las familias españolas puedan vivir en viviendas
de alquiler. Actualmente nos encontramos en el 15%, lejos del 30%
europeo, y consideramos que estas medidas fiscales fomentarían el
movimiento en la oferta de pisos de alquiler, lo que incidiría
directamente en el precio, actualmente muy elevado, similar aún al de las
viviendas en venta.
A través de las medidas presentes en nuestra enmienda
consideramos que el fomento de la rehabilitación de la vivienda también
provocaría un efecto dinamizador en el sector de la
construcción…
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
La señora CUNYAT BADOSA: Acabo tot seguit.
...especialment el de les petites i mitjanes empreses,
essència en definitiva del nostre sector empresarial.
Per tot això demanem doncs que donin suport a la nostra
esmena. Moltes gràcies.
Termino enseguida.
…sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas,
que, en definitiva, constituyen la esencia de nuestro sector
empresarial.
Por todo lo expuesto, esperamos que sus señorías den su
apoyo a nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para manifestar su posición sobre la
enmienda que acabamos de debatir, tiene la palabra el senador García
Ballestero.
El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor
presidente.
Quiero agradecer a la portavoz de Convergència i Unió, la
senadora Cunyat, la presentación de esta enmienda, contribuyendo a
enriquecer este debate sobre la vivienda y su fiscalidad, pero tengo que
decirle que esta enmienda desvirtúa la moción inicialmente presentada por
el Grupo Popular. Su objeto no es otro que ampliar el plazo de la
reducción del IVA para la vivienda nueva a fin de dar salida al stock de
vivienda nueva existente en nuestro país, a esos cientos de miles de
viviendas que hoy siguen sin venderse, y con la pretensión también de que
constituyan la vivienda principal de las familias que decidan su compra,
tasado su valor, porque, como dije en mi anterior intervención, no puede
ser lo mismo una vivienda de 150 000 euros que otra de un millón de
euros.
Por tanto, senadora, su enmienda persigue la revisión de la
fiscalidad para la rehabilitación y el alquiler de la vivienda, que,
insisto, no es objeto de esta moción. Por eso, creo que puede ser una
buena iniciativa y objeto de una buena moción para presentar en el
siguiente Pleno, a lo que le animo, para que lo tratemos entonces. Pero,
al no estar en consonancia con la filosofía de la moción del Grupo
Popular, la vamos a rechazar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Ramis.
El señor RAMIS OTAZUA: Bon dia, senyor president, senyors i
senyores senadors.
Buenos días, señor presidente, señoras y señores
senadores.
La presente moción del Grupo Popular pretende prorrogar por
un periodo de doce meses la iniciativa del Gobierno de aplicar el tipo
reducido del 4% del impuesto sobre el valor añadido a las entregas de
inmuebles destinados a viviendas, pero que únicamente se aplique a la
adquisición de la vivienda habitual, ajustando además un tope máximo del
precio, hecho que viene a reconocer por parte del Grupo Popular la
idoneidad y la oportunidad de esta medida impulsada por el Gobierno
presidido por Rodríguez Zapatero a través del Real Decreto Ley 9/2011, a
pesar de que el Partido Popular no se dignara a votar favorablemente esta
medida. ¿Y qué pretende esta medida excepcional? Básicamente, reducir el
stock de viviendas sin vender, una rémora que impide reactivar la
construcción. Este sector en su día llegó a suponer casi un 10% del PIB,
como antes señaló el portavoz del Grupo Popular, pero por exceso, porque
actualmente apenas alcanza el 4%, precisamente por esa sobreedificación,
esa sobreexplotación en la construcción. (El señor vicepresidente, Molas
i Batllori, ocupa la Presidencia.)
Se trata, pues, de una iniciativa destinada a impulsar el
final del ajuste del sector inmobiliario y contribuir a que este recupere
el peso específico razonable que ha de tener en nuestro sistema
productivo y de empleo. Se trata, por tanto, de un incentivo fiscal de
carácter marcadamente temporal aplicado a las transacciones de
compra-venta de vivienda nueva precisamente para favorecer su compra,
aplicando el tipo superreducido del IVA del 4%, frente al 8% aplicado
hasta ahora.Una medida que, como decía, pretende reducir el exceso de
viviendas originado, paradójicamente, por las políticas del mismo Partido
Popular que ahora se postula como la solución de todos los problemas
habidos y por haber.
Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que nos
habían dejado la mejor herencia. Sí, pero una herencia totalmente
envenenada, de aquellas políticas de los Gobiernos de Aznar que
convirtieron todo el suelo rústico en suelo urbanizable. Esa es la
herencia que el Partido Popular nos dejó. Tenemos ejemplos como la
comunidad autónoma de las Islas Baleares, en la que el Partido Popular se
opuso totalmente a todas las medidas para controlar la construcción en
materia de licencias. En municipios que intentaban imponer controles para
que no hubiera una masificación en la construcción, el Partido Popular
votaba una y otra vez, reiteradamente en contra. Cuando el Gobierno
autonómico quiso hacer una ley que controlase las licencias urbanísticas,
nuevamente el Partido Popular se opuso porque lo que iba bien entonces
era la construcción abusiva y excesiva. Precisamente para el Partido
Popular la construcción era un paradigma de sus Gobiernos, de su
política. Y a pesar de los avisos que desde Europa nos advertían de una
sobreexplotación y el sobredimensionamiento del sector, en pocos años y
gracias a las políticas impulsadas por el Partido Popular se agotó la
demanda inmobiliaria de una década, y actualmente constituye el mayor
freno para la recuperación económica del país.
Es, pues, la persistencia de este elevado remanente de
viviendas disponibles para la venta y la continuación de la atonía de
este sector, la que hace aconsejable emprender medidas fiscales como la
aprobada por el Gobierno, que ayuden a la colocación de estas existencias
y a la paulatina normalización y recuperación del sector. Por ello la
previsión incluida en el citado real decreto ley es una medida de
política fiscal que incide sobre una situación concreta y temporal, sin
vocación de afectar con carácter permanente la estructura de los tipos
impositivos del IVA. Una medida que, sin embargo, y como ha sido
costumbre durante esta legislatura, no fue apoyada por el Partido Popular
siendo su portavoz el señor Rajoy quien anunció que, si los españoles le
otorgaban su confianza en las próximas elecciones legislativas,
prolongaría esta medida doce meses más. No sé si el señor Rajoy ha
perdido ya esa confianza en que los ciudadanos le otorguen nada o,
simplemente, esta es la forma que el señor Rajoy tiene de cumplir sus
compromisos. Lo cierto es que no ha esperado a obtener la confianza de
los ciudadanos y nos ha presentado esta moción. ¿Es esta la coherencia a
la que se refiere el Partido Popular? Decía el señor Rajoy que estamos en
un período de rectificaciones, lo que no sabía es que estas
rectificaciones afectaban precisamente al Partido Popular.
Nuevamente el señor Rajoy, a la cabeza del Partido Popular,
y a pesar de su reconocimiento de la oportunidad de esta medida, no ha
querido votar a favor. Tampoco ha querido negociar esta medida, y ahora
pretende protagonizar esta medida introduciendo tres enmiendas que
desvirtúan totalmente el sentido y la finalidad de la propuesta. En
primer lugar, solicitan que el término de esta medida se alargue en doce
meses. Pero ¿por qué el decreto ley contemplaba únicamente cuatro meses?
Hay que destacar que esta iniciativa se ha podido llevar a cabo en base
al supuesto de aplicar el tipo impositivo reducido del 4% del impuesto
sobre el valor añadido contemplado en el artículo 91.7 de la Ley 37/1992
del Impuesto sobre el Valor Añadido. Una ley que no es otra cosa que la
transposición de las previsiones de la Directiva 112/2006 de la Unión
Europea relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido y
que, si bien en su artículo 98 regula los tipos impositivos y prevé tipos
reducidos para los supuestos tasados en el anexo III de la misma, en su
artículo 99 establece que los tipos impositivos reducidos deben ser
fijados como un porcentaje de la base imponible que no puede ser inferior
al 5%.
Por tanto, la medida adoptada supone la aplicación de un
tipo impositivo reducido por debajo del mínimo que establece la directiva
europea, por lo que se ha hecho necesario justificar la medida en tanto
que se trata de una disposición de carácter excepcional y con un plazo de
aplicación breve. Por esta circunstancia, resulta difícilmente
justificable ante la Unión Europea prorrogar el precepto anterior más
allá de la fecha que el mismo decreto prevé.
Por otra parte, el Partido Popular pretende limitar esta
medida a la adquisición únicamente de la vivienda habitual y limitar el
precio máximo. Son propuestas que en otro contexto nos parecerían
totalmente correctas, pero que ahora producirían unos efectos contrarios
a la iniciativa del Gobierno, que no son otros que reducir el stock total
de las viviendas existentes sin ningún límite, un exceso de viviendas
que, como he dicho, fue originado paradójicamente por las políticas del
Partido Popular y especialmente por su anterior presidente, el señor
Aznar, que impulsó políticas de construcción masiva.
Señores del Partido Popular, les pido que no tomen
decisiones incoherentes y retiren esta moción, porque, por una parte,
contradice las promesas del señor Rajoy y no es más —y usted lo ha
dicho— que una propuesta electoralista y, por otra, porque además
incumplirían las directivas europeas y anularían los efectos deseados de
esta propuesta, que no son otros que eliminar el stock existente de
viviendas y reiniciar la recuperación de la construcción.
Por tanto, retiren esta moción, y dejen que sea el nuevo
Gobierno el que decida en la próxima legislatura las políticas que se
deben llevar a cabo para incentivar y regular el sector de la
construcción, que ustedes precisamente desrregularon.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
Ningún portavoz desea intervenir.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)
Tampoco desean intervenir.
Por el Grupo de Convergència i Unió, té la paraula,
senadora Cunyat.
La disposició transitòria quarta del Reial Decret-llei
9/2011 preveu que amb efecte de l’entrada en vigor del mateix i en
vigència exclusivament fins al 31 de desembre de 2011, s’aplicarà
el tipus reduït del 4% de l’impost sobre el valor afegit a les
entregues d’habitatge.
La moció formulada pel Grup Popular pretén, en primer lloc,
ampliar l’àmbit temporal de l’aplicació de la mesura a 12
mesos, circumscriure-la a les entregues d’habitatges que siguin per
a residència habituals i ajustar la mesura al màxim de preu
d’habitatge. Evidentment, aquestes propostes presentades per aquest
grup ens semblen correctes i els anuncio ja el nostre vot a favor.
En el primer discurs d’investidura del president del
Govern, el senyor Zapatero, el 15 d’abril de 2004 va anunciar la
creació del Ministeri d’Habitatge i les seves paraules van ser les
següents: Afrontar el major problema amb què avui dia viuen i conviuen
milions de famílies espanyoles: la impossibilitat d’accedir a un
habitatge en condicions raonables. No és necessari insistir en les
conseqüències anihiladores que aquest fet té per a tants projectes de
vida.
Senyories, ahir va comparèixer en aquesta cambra per última
vegada el president Zapatero. Segurament, si li haguéssim demanat un
balanç en matèria d’habitatge s’hauria adonat que les seves
paraules, pronunciades aquell 15 d’abril de 2004, tenen més força
que mai, ja que la realitat avui dia és que Espanya, immersa en una greu
crisi econòmica, no ha estat capaç d’establir estratègies o
polítiques que assegurin l’accés a l’habitatge.
Des del primer moment el Grup Parlamentari Català de
Convergència i Unió va considerar l’habitatge com una prioritat en
aquesta i en aquella legislatura, ja que, entre 1997 i 2003, el preu
mitjà d’un habitatge va créixer d’un 91% i ha estat el país
de la Unió Europea amb un increment més elevat dels preus en matèria
d’habitatge.
A pesar de ser una prioritat política del govern actual, el
balanç de l’actuació d’aquest govern en matèria
d’habitatge al llarg d’aquests darrers set anys, ni existint
temporalment un Ministeri d’Habitatge, pot ser positiu.
Els posaré alguns exemples. L’accés a
l’habitatge en règim de propietat s’està reduint, com
demostren dades relatives al nombre de préstecs hipotecaris nous per a
l’adquisició d’habitatges. Concretament, van disminuir
d’un 35% el 2008, un 13% el 2009 i un 7% el 2010. Una altra dada és
que les transaccions immobiliàries fins al mes de juny han caigut
d’un 40,80% en termes interanuals. Aquesta reducció s’ha
produït principalment per les exigències de solvència que demanen les
entitats bancàries i també per la falta de capacitat financera de les
famílies que, al llarg de la crisi, ha anat disminuint molt ràpidament,
molt més que el mateix preu dels habitatges. Els actuals preus de mercat
no són assequibles i hi ha serioses dificultats per accedir a un
habitatge, a pesar que tenim més de mig milió d’habitatges buits a
disposició del mercat en el conjunt de l’Estat. La renda de les
famílies s’ha deteriorat i ho seguirà fent a mesura que les xifres
de l’atur continuïn creixent.
Davant d’aquesta situació, el lloguer hauria de ser
de manera natural l’alternativa real a l’accés a
l’habitatge, però les xifres demostren que el mercat de lloguer no
s’està convertint en l’alternativa real a la compra. La
inexistència d’un parc públic de lloguer amb una dimensió
suficientment grossa com per influir realment en el mercat i en els seus
preus, així com la inadequació de les ajudes al lloguer fan que les
actuals polítiques del Govern no siguin suficients per afrontar les
dificultats provocades per l’actual crisi econòmica i les seves
conseqüències en l’àmbit de l’habitatge.
Un altre exemple que els vull donar és la línia
ICO-Moratòria Hipotecària, creada el 2008 i en vigor fins a aquest any.
Va ser dotada amb 6 milions d’euros, de la qual només s’ha
utilitzat un 1% de la dotació, a pesar que s’han produït prop de
500 000 execucions hipotecàries. L’aprovació del Reial Decret-llei
de reducció de l’IVA no deixa de significar un fracàs en la
política d’habitatge desenvolupada pel Govern fins al moment.
Moltes mesures, disperses, en ocasions aparentment improvisades i fins i
tot podríem dir que incoherents amb els seus propis discursos, que en
definitiva no solucionen la problemàtica real del sector i dels
ciutadans.
El senyor Blanco deia el passat 3 de maig que el seu
objectiu se centra a trobar un equilibri del mercat immobiliari,
equilibrant rehabilitació i habitatge nou, lloguer i compra, i
l’oferta lliure amb la protegida. Suposo que ara que som a finals
de legislatura, i veient les diferents decisions preses a última hora,
aquest gran objectiu no s’ha aconseguit i el proper govern té un
important repte sobre la taula. Entenem que, per impulsar el sector
immobiliari i que recuperi el pes específic i raonable que ha tenir en el
nostre sistema productiu, el Govern ha aprovat un incentiu fiscal de
caràcter temporal per afavorir la compra d’habitatge nou. No ens
sembla malament, al contrari: va en la línia del que hem estat
sol·licitant sempre. Però aquesta mesura puntual només que fa que
portar-nos a un espiral. Fa pocs mesos van incrementar
un punt l’IVA, vam passar del 7% al 8%, que ara
abaixem al 4%, però que d’aquí a 4 mesos, o 1 any si s’aprova
la moció del Partit Popular, tornarà a ser del 8%. A més, ens trobem en
un punt sense sortida: en comprar un habitatge nou, s’aplicarà un
4% de l’IVA. En canvi, si no es compleixen les rígides condicions
per a la rehabilitació que estableix el Govern, per a una rehabilitació
d’un habitatge s’haurà de pagar un 18% de l’IVA. És per
això que proposàvem la nostra esmena. Tanmateix, la proposta del PP ens
sembla adequada i donarà una estabilitat més àmplia a la mesura aprovada
pel Govern. Aquesta acció, amb la qual estem totalment d’acord,
creiem que dinamitzarà un sector que està absolutament aturat, un sector
que va viure una gran època i que ens va portar, hipotèticament, a
l’etapa de més creixement econòmic de la història d’Espanya.
Clarament, l’aplicació d’aquesta acció generarà moviment dels
grans estocs que avui dia tenen els promotors i les entitats bancàries.
Permetrà la sortida d’habitatges nous i potser, certament a mitjà
termini, implicarà el moviment del sector de la construcció.
En definitiva, en els darrers anys la situació social i
econòmica ha canviat. Les necessitats de les famílies no són les mateixes
i les dificultats marquen les tendències dels hàbits de consum de les
famílies i, en conseqüència té un efecte directe en les dinàmiques dels
mercats, també l’immobiliari. És evident que l’accés a
l’habitatge és un dels grans reptes que haurà d’afrontar el
nou govern. Els actuals preus del mercat de l’habitatge no són
accessibles i existeixen serioses dificultats per accedir a un habitatge
a pesar que hi ha més de mig milió d’habitatges buits a disposició
del mercat en el conjunt d’Espanya.
Com llegia ahir a La Vanguardia, no hi ha solucions
miraculoses, però sí que hi ha canvis més o menys encertats. Per tant,
donarem suport a la moció presentada pel PP.
Moltes gràcies.
Muchas gracias.
La disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley
9/2011 prevé que con efectos desde su entrada en vigor y en vigencia
exclusivamente hasta el 31 de diciembre de 2011 se aplique el tipo
reducido del 4% del impuesto sobre el valor añadido a las entregas de
vivienda.
La moción presentada por el Grupo Popular pretende ampliar
el ámbito temporal de aplicación de la medida a doce meses, circunscribir
las entregas de viviendas que sean para residencia habitual y ajustar la
medida al máximo del precio de vivienda. Evidentemente, las propuestas
presentadas por dicho grupo nos parecen correctas, por lo que ya anuncio
nuestro voto a favor.
En el primer discurso de investidura del presidente, del
señor Zapatero, el 15 de abril de 2004, anunció la creación del
Ministerio de Vivienda, y sus palabras fueron las siguientes: Mi Gobierno
va a afrontar el mayor problema con el que hoy conviven millones de
familias españolas: la imposibilidad de acceder a una vivienda en
condiciones razonables. No es necesario insistir en las consecuencias
aniquiladoras que este hecho tiene para tantos proyectos de vida.
Señorías, ayer compareció en esta Cámara por última vez el
presidente Zapatero, y si le hubiéramos pedido un balance en materia de
vivienda seguramente se hubiera dado cuenta de que las palabras
pronunciadas el 15 de abril de 2004 tienen mayor fuerza que nunca puesto
que, hoy por hoy, la realidad es que España está inmersa en una grave
crisis económica y no ha sido capaz de establecer estrategias o políticas
que garanticen el acceso a la vivienda.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió
consideró desde el primer momento la vivienda como una prioridad, tanto
en esta legislatura como en aquella, puesto que entre 1997 y 2003 el
precio medio de una vivienda creció un 91%, y este ha sido el país de la
Unión Europea con un incremento más elevado de precios a ese
respecto.
A pesar de haber sido una prioridad política del actual
Gobierno, el balance de su actuación en el ámbito de la vivienda a lo
largo de los últimos siete años ni siquiera existiendo temporalmente un
Ministerio de Vivienda puede ser positivo.
Voy a darles algunos ejemplos. El acceso a la vivienda en
régimen de propiedad se está reduciendo, como lo demuestran los datos
relativos al número de préstamos hipotecarios nuevos para la adquisición
de viviendas; en concreto, disminuyeron un 35% en 2008, un 13% en 2009 y
un 7% en 2010. Otro dato es que las transacciones inmobiliarias hasta el
mes de junio han caído en un 40,80% en términos interanuales. Esta
reducción se ha producido principalmente por las exigencias de solvencia
que piden las entidades bancarias y también por la falta de capacidad
financiera de las distintas familias, que a lo largo de la crisis ha ido
mermando rápidamente, mucho más que el precio de las viviendas. Los
actuales precios de mercado no son asequibles y existen serias
dificultades para acceder a una vivienda, a pesar de que tenemos más de
medio millón de viviendas vacías a disposición del mercado en todo el
Estado. Y la renta
de las familias se ha deteriorado y seguirá haciéndolo a
medida que las cifras del desempleo sigan creciendo.
Ante esta situación, el alquiler debería ser de forma
natural la alternativa real al acceso a la vivienda, pero las cifras
demuestran que el mercado de alquiler no se está convirtiendo en una
alternativa real a la compra. La inexistencia de un parque público de
alquiler con una dimensión lo suficientemente amplia para poder
influenciar en el mercado y en sus precios, así como la inadecuación de
las ayudas destinadas al alquiler hacen que las políticas actuales del
Gobierno no basten para afrontar las dificultades provocadas por la
crisis económica y también sus consecuencias en el ámbito de la
vivienda.
Otro ejemplo que me gustaría darles es el de la línea
ICO−Moratoria Hipotecaria, establecida en el 2008 y en vigor hasta
este año, que fue dotada con 6 millones de euros y de la que tan solo se
ha empleado un 1% de esa dotación, a pesar de que se han producido más de
500 000 ejecuciones hipotecarias. La aprobación del Real Decreto-ley de
reducción del IVA no deja de significar un fracaso en la política de
vivienda desarrollada por el Gobierno hasta la fecha. Son muchas medidas
dispersas y en ocasiones aparentemente improvisadas, e incluso podríamos
decir que incoherentes con sus propios discursos y que, en definitiva, no
solucionan la problemática real del sector y de los ciudadanos.
El señor Blanco decía, el pasado 3 de mayo, que su objetivo
se centra en encontrar un equilibrio en el mercado inmobiliario, en
equilibrar rehabilitación y vivienda nueva, equilibrando alquiler y
compra y también oferta libre con protegida. Vemos que ahora, en que nos
encontramos al final de la legislatura, y tras las decisiones tomadas en
el último momento, este gran objetivo no ha sido alcanzado, y el próximo
Gobierno tendrá un importante desafío sobre el tapete. Entendemos que
para impulsar el sector inmobiliario, para que recupere el peso
específico y razonable que debería tener en nuestro sistema productivo,
el Gobierno ha aprobado un incentivo fiscal de orden temporal para
favorecer la compra de vivienda nueva. No nos parece mal, todo lo
contrario, avanza en la línea de lo que venimos solicitando desde
siempre, pero esta medida puntual nos puede llevar a una espiral. Hace
pocos meses se incrementó en un punto el IVA, que pasó del 7 al 8%, y que
ahora reducimos al 4%; pero dentro de cuatro meses o de un año, de
aprobarse la moción del Grupo Popular, volvería a ser del 8%. Además, nos
encontramos en un callejón sin salida, puesto que al comprar una vivienda
nueva se aplicará un 4% del IVA y, en cambio, si no se cumplen las
severas condiciones establecidas por el Gobierno para la rehabilitación
de una vivienda, deberá pagarse un 18% de IVA. Por ese motivo hemos
formulado nuestra enmienda. Sin embargo, la propuesta del PP nos parece
adecuada y dará una estabilidad mayor a la medida propuesta por el
Gobierno. Esta acción, con la que estamos totalmente de acuerdo,
consideramos que dinamizará un sector que ahora está detenido, un sector
que vivió una gran época y que nos llevó hipotéticamente a la etapa de
mayor crecimiento económico de la historia de España. La aplicación de
esta acción generará claramente también el movimiento de los grandes
stocks que, hoy por hoy, poseen promotores y entidades bancarias y
permitirá la salida de viviendas nuevas; y quizás a medio plazo implicará
un movimiento de todo el sector de la construcción.
En definitiva, en los últimos años la situación económica y
social se ha modificado, las necesidades de las familias ya no son las
mismas y las dificultades marcan las tendencias de los hábitos de consumo
de las familias; por lo tanto, eso tiene un efecto directo en las
dinámicas de los mercados, incluido el inmobiliario. Es decir, el acceso
a la vivienda sigue siendo uno de los principales retos a los que deberá
dar solución el nuevo Gobierno. Los actuales precios del mercado no son
accesibles, y existen serias dificultades para acceder a una vivienda, a
pesar de que hay más de medio millón de viviendas vacías a disposición
del mercado en el conjunto de España.
Como decía ayer La Vanguardia, no existen soluciones
milagrosas pero sí acertadas, y por eso daremos nuestro apoyo a la
propuesta del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias,
señoría.
Por Entesa Catalana de Progrés, té la paraula, senadora
Alberich.
La señora ALBERICH CANO: Gràcies, president. Molt bon dia,
senyories.
Ens trobem davant d’una moció que presenta el Grup
Popular, però que sembla ja que serà recolzada per Convergència i Unió,
que planteja convertir una mesura aprovada recentment, econòmica, amb
caràcter eminentment excepcional, en una mesura permanent.
Com bé saben, el Reial Decret-llei 9/2011, de mesures per
la millora de la cohesió del Sistema Nacional de Salut, el decret que
dóna peu a aquesta moció —i no llegiré el seu títol sencer, perquè
és
realment llarg— va ser convalidat pel Congrés dels
Diputats precisament amb l’abstenció dels dos grups que avui sembla
que es posen d’acord per pactar una modificació tàcita de
l’Impost sobre el Valor Afegit a través d’aquesta moció.
Tot i que l’esmena de Convergència no ha estat
acceptada finalment pel grup proponent, crec que val la pena comentar-la.
Convergència pretenia afegir a aquesta bonificació del tipus de
l’IVA la rehabilitació dels habitatges. Dic que val la pena
comentar-la perquè val la pena recordar d’on ve aquesta modificació
de l’impost. La llei de l’IVA vigent actualment va ser
modificada a través d’una directiva europea que modificava també
l’impost a la resta de la Unió. La finalitat d’aquesta
modificació de l’impost a Espanya era, entre d’altres,
aplicar aquest tipus a la rehabilitació, però aplicar-lo de manera que
qualsevol natura de les obres de rehabilitació tingués cabuda dins
d’aquesta bonificació. Sí que fomentàvem l’impuls de les
empreses de la construcció, fins i tot l’estalvi de les persones
que invertien en aquesta rehabilitació. Així doncs, no s’ha de
considerar aquesta esmena que vostès proposaven amb l’esperit de la
directiva europea entorn de l’IVA.
La directiva, a més, estableix un topall de tipus
impositius reduïts, que és del 5%. Allargar, doncs, aquesta mesura i
convertir-la en permanent seria, d’una banda, infringir de manera
evident la normativa europea. És més, de fet, aquestes mesures que els
Congrés de Diputats va aprovar a finals del mes d’agost han hagut
de ser explicades i justificades pel Govern espanyol a la resta de la
Unió. Les han entès pel seu caràcter permanent i no les entendrien
d’una altra manera.
Sigui com sigui, els dos grups proposen obrir un debat
sobre el model fiscal, sobre la llei de l’IVA, que des de
l’Entesa creiem que no correspon a aquesta cambra en aquest moment.
Potser és un debat d’inici de legislatura, de model fiscal, model
tributari, molt més ampli i no s’ha de circumscriure exclusivament
a uns tipus específics de bonificacions de l’impost.
L’objectiu de l’aplicació dels quatre punts de
més en la reducció de l’IVA per la compra de l’habitatge no
és un altre que impulsar la col·locació de l’estoc encara existent.
Encara hi ha habitatges nous al nostre país que no s’han venut i la
fi última d’aquesta proposta és col·locar aquest parc
d’habitatges de manera que aconseguim estabilitzar el sector, fins
a assolir el percentatge que necessàriament ha de tenir en el nou model
productiu.
És veritat, la venda d’habitatges s’ha reduït
considerablement per la falta de liquiditat de les famílies i la falta de
voluntat de crèdit de les entitats financeres, però no hem
d’oblidar d’on venim. Venim d’una sobreponderació del
sector immobiliari, del sector de la construcció, en la nostra economia i
d’una tasca llarga d’aquesta legislatura de tots els grups
parlamentaris de treballar per modificar aquest model productiu, aquest
sistema, i reconduir aquella sobreponderació del sector cap a nous models
productius i nous sectors, incorporant la investigació i el
desenvolupament, així com el valor afegit.
En definitiva, aquesta mesura, com els dic, és de caràcter
temporal i té dues raons de ser. La primera, des del punt de vista
econòmic, té l’objectiu d’afegir noves garanties per tal
d’acomplir la reducció del dèficit públic, que per a aquest any
està situada en una reducció del 6% entorn del PIB.
La segona és una raó des del punt de vista del model
d’habitatge que volem per al nostre país i que s’ha impulsat
aquesta legislatura. Com bé sabem i han posat de manifest en aquesta
tribuna altres portaveus, el Govern ha fet una aposta pel mercat de
lloguer. L’ha fet impulsant mesures que afavoreixin aquest tipus
d’accés a l’habitatge per sobre de la compra. No tindria
sentit perpetuar una mesura que bonifica la compra, perquè entraria en
contradicció amb el que és —o s’ha manifestat com el que ha
de ser— l’objectiu de país: afavorir el mercat de
l’habitatge, fer-lo competitiu i accessible.
Si des de l’Entesa entenem la millora del tipus
impositiu en la compra fins al 31 de desembre de 2011 és únicament perquè
compartim que hem de col·locar l’estoc sobrant, un cop ja
s’ha reduït el número de noves construccions i hem d’ajustar
el sector. A més, creiem que hem d’avançar amb un model
d’habitatge més flexible, on realment accedeixin a la propietat
aquelles persones que s’ho poden permetre econòmicament, però
alhora garantint que aquelles que no tenen un mercat de lloguer suficient
i de qualitat. Com els deia, perpetuar aquestes ajudes no afavoriria
aquest model. És per això que aquest grup no recolzarà la seva
proposta.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías.
Nos encontramos ante una moción que presenta el Grupo
Popular y que parece que será apoyada por Convergència i Unió, que
plantea convertir una medida aprobada recientemente, una medida económica
con un carácter eminentemente excepcional, en una medida permanente.
Como saben, el Real Decreto-ley 9/2011, de medidas para la
mejora de la cohesión del sistema nacional de salud, es decir, el real
decreto que da pie a esta moción —no voy a leer el título completo,
porque es realmente largo—, fue convalidado por el Congreso de los
Diputados precisamente con la abstención de los dos grupos que hoy parece
que se van a poner de acuerdo para pactar una modificación tácita del
impuesto sobre el valor añadido a través de esta moción.
A pesar de que la enmienda de Convergència i Unió
finalmente no ha sido aceptada por el grupo proponente, creo que vale la
pena comentarla porque Convergència pretendía añadir a esta bonificación
del tipo de IVA la rehabilitación de las viviendas. Y digo que vale la
pena comentarla, porque es preciso recordar de dónde viene esta
modificación del impuesto. La ley del IVA vigente en la actualidad fue
modificada a través de una directiva europea que modificaba a su vez el
impuesto en el resto de la Unión. El objetivo de esta modificación del
impuesto en España era, entre otros, aplicar este tipo a la
rehabilitación, pero aplicarlo de modo que cualquier tipo de
rehabilitación tuviera cabida en esa modificación; de esa manera
estábamos realmente fomentando el impulso de las empresas dedicadas a la
construcción, e incluso el ahorro de las personas que invertían en la
rehabilitación. Así pues, no hay que mezclar la enmienda que ustedes
proponen con el espíritu de la normativa europea para con el IVA.
La directiva establece además un tope de tipo impositivo
reducido del 5%; por tanto, prolongar esta medida y convertirla en
permanente supondría infringir de modo evidente la normativa europea; es
más, estas medidas, que el Congreso de los Diputados aprobó a finales de
agosto, han tenido que ser explicadas y justificadas por el Gobierno
español al resto de la Unión, que lo ha entendido precisamente por su
carácter permanente. Y no lo entenderían de otro modo.
En cualquier caso, los dos grupos proponen abrir un debate
sobre el modelo fiscal y el tipo de IVA, pero el Grupo de la Entesa
piensa que es algo que no atañe a esta Cámara en este momento; es un
debate de inicio de legislatura, de modelo tributario, un debate mucho
más amplio, que no debería circunscribirse a unos tipos específicos de
modificación del impuesto.
El objetivo de los cuatro puntos de modificación de IVA por
la compra de una vivienda no es otro que colocar el stock ya existente,
ya que todavía hay viviendas nuevas en nuestro país que no se han
vendido. Por tanto, el objetivo último de esta proposición consiste en
colocar este parque de viviendas, de modo que consigamos estabilizar el
sector hasta conseguir el porcentaje que necesariamente debe tener en el
nuevo modelo productivo.
Es cierto que la venta de viviendas se ha reducido
considerablemente por la falta de liquidez de las familias y también por
la falta de voluntad de crédito de las entidades financieras. Sin
embargo, no debemos olvidar de dónde venimos. Venimos de un exceso del
sector inmobiliario en nuestro país y también de una larga tarea de todos
los grupos parlamentarios durante esta legislatura para modificar este
modelo productivo, este sistema, y para reconducir esta sobreponderación
del sector inmobiliario, del sector de la construcción, hacia nuevos
modelos productivos y hacia nuevos sectores, incorporando la
investigación y el desarrollo, así como el valor añadido.
En definitiva, como he dicho, esta medida tiene carácter
temporal y tiene dos razones de ser: en primer lugar, desde el punto de
vista económico, el objetivo no es otro que el de añadir otras garantías
a fin de cumplir con la reducción del déficit público; y para este año se
sitúa en una reducción del 6% en torno al PIB.
En segundo lugar, se trata del modelo de vivienda que
queremos para nuestro país y que se ha impulsado en esta legislatura.
Como ustedes saben, y han puesto de manifiesto otros portavoces en esta
tribuna, el Gobierno ha apostado por el mercado de alquiler, y lo ha
hecho impulsando medidas que favorecen este tipo de acceso a la vivienda
por encima de la compra. No tendría sentido perpetuar una medida que
bonifica la compra, porque eso entraría en contradicción —al menos
así se ha manifestado— con lo que debería ser el objetivo del país:
favorecer el mercado de la vivienda, que este sea competitivo y
accesible.
Si Entesa contempla la mejora del tipo impositivo en la
compra hasta el 31 de diciembre de 2011 lo hace únicamente porque
consideramos que debemos colocar el stock sobrante una vez reducido el
número de nuevas construcciones y porque además tenemos que ajustar el
sector y debemos avanzar hacia un modelo de vivienda más flexible en el
que accedan a la propiedad realmente las personas que económicamente se
lo puedan permitir, pero que, al mismo tiempo, garantice que las que no
se lo puedan permitir tengan un mercado de alquiler suficiente y de
calidad. Como decía, perpetuar estas ayudas no favorecería este modelo, y
precisamente por eso este grupo no va a apoyar su propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias,
señoría.
La señora ALBERICH CANO: Perdoni, president, no he acabat.
Senzillament necessitava veure aigua.
No volia baixar de la tribuna sense denunciar la
connivència que en aquesta legislatura hem vist del Grup de Convergència
i Unió amb el Grup del Partit Popular, i que en aquestes darreres
setmanes i dies ni se n’amaguen, és descarat. Convergència i Unió a
Madrid pretén donar una imatge de centre, de partit amb sentit
d’Estat, però avui vota una proposta del Partit Popular sense
contraprestació. Aquests no estan acceptant la seva esmena. Aquesta és la
mateixa Convergència i Unió que dilluns es manifestava per un model
d’escola en català a Catalunya sota els crits de «in, inde,
independència», però accepta el recolzament a Catalunya del Partit
Popular, que vota en contra de mocions a municipis com a Badalona contra
aquest model d’immersió lingüística, permet el seu recolzament al
Parlament de Catalunya i que hi hagi alcaldes processats per xenofòbia o
contracta càrrecs de confiança exdirigents de Plataforma per Catalunya.
En canvi, avui recolzen una iniciativa econòmica del Partit Popular, quan
la seva proposta de modificació no ha estat acceptada. Si ho poso de
manifest és perquè, senyors de Convergència, no els entenc.
Moltes gràcies.
Gracias, señor presidente, pero aún no he terminado. Estaba
bebiendo agua, simplemente. Pensaba que ya apuntaba la línea del
voto.
No quiero abandonar la tribuna sin denunciar la connivencia
que en esta legislatura hemos visto entre el Grupo de Convergència i Unió
y el Grupo Popular, que en las últimas semanas y en los últimos días ya
ni se esconden; es descarado. Convergència i Unió pretende dar en Madrid
una imagen de centro, una imagen de partido con sentido de Estado, pero
hoy vota una propuesta del Grupo Popular sin ninguna contraprestación. Es
la misma Convergència i Unió que el lunes se manifestaba por un modelo de
escuela en catalán en Cataluña bajo los gritos de independencia. Pero, el
Partido Popular, en Badalona, vota en contra de ese modelo de inmersión
lingüística y permite el apoyo en el Parlamento de Cataluña, y además
permite que haya alcaldes procesados por xenofobia o alcaldes que
contratan con cargos de confianza a exdirigentes de Plataforma por
Cataluña y que, sin embargo, hoy apoyan una iniciativa económica del
Partido Popular, aunque la propuesta de modificación no ha sido aceptada.
Y si lo pongo de manifiesto es porque, señores de Convergència i Unió,
realmente no les entiendo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Senador Ramis, té la paraula.
El señor RAMIS OTAZUA: Moltes gràcies, senyor
president.
Muchas gracias, señor presidente.
Me gustaría saber cuál va a ser la decisión del Grupo
Popular con respecto a la propuesta que le hecho de retirar esta moción,
que viene a ser una enmienda al decreto-ley aprobado el 23 de agosto.
Desafortunadamente, no he tenido esa oportunidad, pero a la
vista de la intervención de la portavoz de Convergència i Unió —así
lo ha manifestado la portavoz de Entesa—, y de su apoyo,
independientemente de que se apruebe o no su enmienda, los resultados
serán favorables para el Grupo Popular, pese a que esta propuesta contó
en el Congreso de los Diputados con la abstención tanto del Grupo
Parlamentario Popular como de Convergència i Unió. No es, por tanto, la
finalidad lo que interesa, sino ir en contra del Gobierno en cualquier
medida que este impulse. Esta ha sido la tendencia que ha marcado la
posición del Partido Popular durante estos cuatro años. No importaba que
la situación de España fuera mal; lo que interesaba era hacer una
política para derribar al Gobierno. Y en este sentido los ciudadanos eran
lo que menos importaba para el Partido Popular.
A la hora de justificar y valorar la oportunidad de la
medida aprobada por el Gobierno el pasado 19 de agosto, y a la vista de
la enmienda que ahora propone el Grupo Popular, no podemos dejar de
analizar la situación del sector de la construcción. En este sentido, la
memoria de la Confederación Nacional de la Construcción es contundente.
El peso de la inversión en la construcción sobre el PIB ha retrocedido a
niveles de los años sesenta, y el empleo generado ha retrocedido a las
cifras del año 2000.
Desde el inicio de la crisis han desaparecido 48 000
empresas constructoras, más otras 25 000 pertenecientes a los sectores
auxiliar, de proveedores, de subcontratas, de materiales o de
especialidades
relacionadas con esta actividad, datos que certifican un
sobredimensionamiento de la construcción que, como ya he dicho, se generó
en otras épocas debido a las políticas impulsadas por el Partido Popular;
una construcción que se ha de estructurar basándose en unos conceptos muy
diferentes a los utilizados hasta ahora. Este Gobierno ha puesto en
marcha diferentes iniciativas, algunas solicitadas por la misma
Confederación Nacional de Construcción, como son los planes de apoyo a la
rehabilitación, el plan extraordinario de la inversión pública y privada,
el Real Decreto 6/2010, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo, y las medidas ampliadas en el Real Decreto Ley 5/
2011, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y
fomento de la rehabilitación de viviendas. Y es que hemos de pensar que
el futuro de la construcción no está en el pasado, no está en la
construcción masiva. Ahora hemos de abrir otros caminos, el camino de la
rehabilitación y el de construir según las necesidades de nuestra
población. La realidad es que el ajuste del sector de la construcción
residencial todavía no ha terminado y sigue suponiendo una aportación
negativa al crecimiento y destruyendo empleo neto en nuestro país.
Eso es tan cierto como que el próximo Gobierno,
independientemente de su color político, tendrá que adoptar nuevas
medidas para la recuperación de la construcción dentro de unos márgenes
que eviten que se repitan procesos especulativos como los vividos en las
últimas legislaturas. Uno de los desequilibrios generados en la anterior
fase de crecimiento fue precisamente el excesivo peso que adquirió la
construcción residencial, que absorbía recursos que podrían haber servido
para promover otras actividades productivas de mayor valor añadido, sobre
todo incentivando el endeudamiento privado, que es el mayor problema que
tiene hoy la economía española.
Quiero aprovechar esta moción, que no es más que una
muestra de las contradicciones en las que cae el Partido Popular, para
poner en valor las medidas anticrisis impulsadas por este Gobierno,
ciertamente necesarias y positivas para nuestra economía, pero que son
reiteradamente rechazadas por el Partido Popular, como decía, no por su
idoneidad, sino simplemente para desprestigiar la acción del Gobierno;
medidas que, a pesar de las durísimas turbulencias que afectan no solo a
España sino a toda Europa, están dando resultados netamente
positivos.
En este contexto, y al margen de las tensiones financieras
y del fuerte y prolongado ajuste fiscal, lo cierto es que la economía
española mantiene la recuperación precisamente gracias a medidas como
estas, medidas que han generado que el crecimiento de la tasa
intertrimestral de la economía española en el segundo trimestre fuera de
un 0,2, el mismo que el conjunto de la zona euro y ligeramente superior
al de países como Alemania y Francia; y si no fuera por la construcción
estaríamos hablando de índices próximos al 2%.
Nuestro diferencial de inflación se ha reducido a la mitad
con la zona euro. En los últimos dos años se ha reducido el déficit por
cuenta corriente a la mitad: del 9,6%, en el 2008, al 4,6%, en el primer
trimestre de 2011. Y por primera vez, en el primer trimestre, desde hace
una década, el endeudamiento neto del conjunto de la economía española ha
bajado un 4%. El Gobierno está en el camino de reducir el déficit público
hasta el 6% del PIB al final de este año, uno de los mayores esfuerzos de
austeridad que ha realizado una economía desarrollada.
La encuesta de población activa del segundo trimestre
arroja una tasa de desempleo en torno al 20%, tasa evidentemente
importante para la sociedad española pero que supone para nuestra
economía que se vuelve a crear empleo neto por primera vez en casi tres
años, y lo hace en todos los sectores menos en el de la construcción.
Estas políticas han llevado a que nuestras exportaciones se
incrementen en un 18,5% y que el turismo en estos momentos sea uno de los
puntos fuertes de nuestra economía; y, tal como expresaba el secretario
general de Turismo, el señor Mesquida, el año 2011 se cerrará como el
tercer o cuarto mejor año de la historia del turismo español, con un
crecimiento anual del 6% en el número de turistas extranjeros, hasta
alcanzar los 56 millones, y con un aumento de los ingresos del turismo
internacional del 8,8% en los siete primeros meses del 2011, alcanzando
la cifra más alta de la historia de España en materia turística y
superando el año 2008 en casi 200 millones. ¿Dónde está el Partido
Popular ante esta situación, ante estos resultados positivos? En la
crítica, en la destrucción de toda la gestión y, como decía, sin
importarle para nada los problemas de los ciudadanos.
En este sentido, quiero recordar la posición del Partido
Popular ante las medidas impulsadas por los Gobiernos socialistas, que
pretendían precisamente eso: controlar los excesos urbanísticos que se
producían, por ejemplo, en la comunidad de Baleares. El Partido Popular
se opuso, una vez tras otra, a todas las medidas que pedían limitar la
construcción en Baleares, lo que ahora es precisamente la única
causa que produce crisis en nuestra comunidad y en el resto
de España. En la memoria de la Confederación Nacional de la Construcción
se afirma que en los últimos tres años se han perdido un millón cien mil
empleos en la construcción. Eso representa más de un 33% de todo el paro
que se ha generado, precisamente porque la construcción es la causa
principal de la crisis que nos afecta en estos momentos.
Este Gobierno, para absorber este stock de las nuevas
viviendas, decidió impulsar unas medidas que ustedes no han apoyado y que
hoy intentan modificar y eliminar su contenido; medidas para fomentar la
adquisición de esas viviendas mediante incentivos fiscales, como reducir
a la mitad el IVA, del 8 al 4%; medidas que suponen una ayuda directa a
las familias y a la vez un incentivo para reducir el stock y reactivar la
construcción, ahora sí, sobre la base de las necesidades reales de la
población y no por unos intereses especulativos o, como ahora,
electoralistas; medidas que, como ya he dicho, no permiten su
prolongación en el tiempo al incumplir las directivas europeas y que
demuestran las contradicciones en las que incurre el Partido Popular y en
especial el señor Rajoy.
Esta iniciativa tiene, además, un componente netamente
abierto que permite que el nuevo Gobierno adopte las medidas que crea
oportunas y necesarias para salir de la crisis que afecta a la
construcción. Yo les animo nuevamente a retirar la moción y que dejen que
sea precisamente el nuevo Gobierno que salga de las urnas el que decida
en libertad las medidas que sean oportunas para recuperar el sector de la
construcción y la fuerza que ha tenido en este país. Pero no olviden que
ese sector de la construcción nunca volverá a ser lo que fue,
afortunadamente diría yo, porque no ha generado riqueza, sino destrucción
medioambiental y, sobre todo, una masificación de la construcción en
nuestras zonas costeras.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador García Ballestero.
El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor
presidente. Intentaré ser lo más breve posible.
Al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que
nos anima a que retiremos la propuesta, tengo que decirle que no he
entendido por qué hay que retirar una propuesta que beneficia a todo el
mundo y que no perjudica a nadie. Usted me dirá por qué hay que retirar
una propuesta en esta Cámara que beneficia a todo el mundo y que no
perjudica absolutamente a nadie. Beneficia al sector de la construcción,
beneficia al ciudadano y beneficia el dinamismo del sector de la
construcción que ustedes han arruinado y que durante ocho años se han
dedicado a criminalizar. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.)
Le agradezco la capacidad que le atribuye a este portavoz
para desprestigiar al Gobierno. No merecemos tal calificativo, señoría,
porque ustedes solos se desprestigian, ustedes solos se han
desprestigiado durante estos últimos ocho años. Por lo tanto, le
agradezco ese honor que inmerecidamente nos atribuye.
Señoría, ya vemos que no tienen ninguna responsabilidad
sobre lo que ha sucedido en este país durante los últimos ocho años,
ninguna. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Veo
que tienen ganas de debatir, y eso es importante, pero su portavoz ha
dicho que para qué vamos a debatir si las nuevas medidas las tiene que
adoptar el nuevo Gobierno. Por lo tanto, si las nuevas medidas las tiene
que adoptar el nuevo Gobierno que salga de las urnas en las próximas
elecciones, ¿qué hacemos hoy debatiendo esta iniciativa? ¿Qué hacemos
debatiendo las iniciativas posteriores? ¿Qué hacemos debatiendo en el
Pleno de la próxima semana si todas las medidas las va a tener que llevar
a cabo el próximo Gobierno que salga de las urnas? Señorías, un poco de
respeto a esta Cámara, a las iniciativas y a los ciudadanos.
Le falta algún dato. Señoría, no nos ha explicado por qué
esta medida a cuatro meses. ¿Por qué tan solo cuatro meses? ¿Qué
pretenden en cuatro meses? ¿Sacar en cuatro meses setecientas mil
viviendas que reconoce el Gobierno que hay en stock? ¿Eso es lo que
pretenden? Eso no se lo cree ni usted, y mire que tienen la credibilidad
bastante alta. No lo van a hacer en cuatro meses.
¿Por qué ahora, señoría? Pues porque hay elecciones, porque
es una medida electoralista y porque el Partido Popular va a recuperar
las deducciones fiscales por compra de vivienda y había que poner una
contrapartida encima de la mesa, por lo que ha sido esa la
ocurrencia.
Nosotros lo que pedimos en esta moción es que se amplíe a
doce meses más, y lo que le tenemos que decir a los ciudadanos es que
ustedes no quieren que esa medida electoralista que ustedes han puesto
encima de la mesa de reducción del 4% en la compra nueva les beneficie
durante el año 2012.
Y a ustedes, que defienden tanto las políticas sociales, lo
mismo les da que esta medida sea para las viviendas que valen ciento
cincuenta mil euros, como para las viviendas que valen uno, dos o tres
millones de euros. Les da exactamente igual, y nosotros lo que
pretendemos es que sean las clases medias y bajas de este país las que
tengan acceso prioritario a esa reducción del IVA y a la salida de
estocaje de viviendas. Eso se llama política social y lo de ustedes se
llama política electoralista. Hablando de construcción de viviendas,
según los datos del Ministerio de Fomento, que a usted le faltan, ¿sabe
en qué legislatura se construyeron más viviendas en España? En la
2004-2008, concretamente un millón de viviendas más que en la 2000-2004.
¿Sabe usted en qué legislatura se solicitaron más créditos hipotecarios?
En la 2004-2008. ¿Sabe usted por qué hay cerca de un millón de viviendas
vacías en España? Porque ustedes las generaron en la legislatura
2004-2008. Ustedes son los que tienen el récord, según el Ministerio de
Fomento, de construcción de vivienda nueva, ustedes son los que tienen el
récord de venta de vivienda nueva y ustedes son los que tienen el récord
de solicitud de créditos hipotecarios.
Y vamos a hablar de coherencia, señoría. ¿Usted cree
coherente subir el IVA del 7 al 8%, defender la subida del 7 al 8% hace
tan solo trece meses y ahora defender, a dos meses de unas elecciones
generales, una reducción al 4%? ¿Usted cree que eso es coherencia,
señoría? Eso es una incoherencia a la altura de la incoherencia que ha
mantenido la política de este Gobierno.
Esta legislatura se va a caracterizar, entre otras cosas,
porque ha tenido el tipo impositivo del IVA en la vivienda tres cifras
diferentes, 7, 8 y 4%. En todo caso, serán ustedes los que tengan que
explicar a los ciudadanos por qué no quieren ampliar esta medida del 4%
de reducción.
Gracias al Grupo Catalán de Convergència i Unió por el
apoyo a esta medida. Hay quien confunde que no se aprueben las enmiendas
con un apoyo negativo. Sabemos por qué y a lo que están acostumbrados,
pero no apoyar esas enmiendas no significa que tengan que votar en contra
porque, señoría, han sido bastante más sensibles que ustedes a la hora de
respaldar esta propuesta.
El Grupo de Entesa Catalana de Progrés, aprovechando que el
Pisuerga pasa por Valladolid, ha hecho un refrito hablando de un montón
de cosas que nada tienen que ver con esta iniciativa, y precisamente lo
que tenemos que hacer es hablar de la iniciativa que se ha presentado en
esta Cámara, sobre todo si es buena e interesante para los ciudadanos, de
los que ustedes han hablado muy poco durante el debate.
Veo que el grupo que apoya al Gobierno va a votar en
contra, incluso, de una iniciativa que es suya. Eso también es
coherencia. En cuatro meses no podemos ver los efectos de ninguna manera.
Ya hemos visto los efectos llamada de la subida del IVA del 7 al 8% y de
la retirada de la desgravación fiscal, que no ha solventado absolutamente
nada en el estocaje de viviendas y que esto puede llegar a producir
exactamente lo mismo. Están ustedes en contra y se lo tendrán que contar
a los ciudadanos.
Yo sí les puedo decir que esta medida sí va a ir recogida
en el programa del Partido Popular conjuntamente con otras, como la
recuperación de la desgravación fiscal por compra de vivienda, que nunca
debió desaparecer. Aquí, señorías, lo más sensato hubiera sido no jugar
con la fiscalidad de la vivienda como se ha hecho.
Señorías, termino. La situación del sector de la vivienda
en España necesita medidas mucho más concretas, mucho más serias y mucho
más audaces, pero a partir de ahora todo se andará.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Llamen a votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.—Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del
Grupo Parlamentario Popular que acabamos de debatir y respecto de la cual
no ha sido aceptada ninguna enmienda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 250; a favor, 129; en contra, 121.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.)
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES
EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DEL ESTADO.
(Núm. exp. S. 671/000146) (Votación.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a votar la moción
consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que se debatió ayer, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la
priorización de las inversiones en infraestructuras ferroviarias del
Estado.
A esta moción, como sus señorías saben, se ha incorporado
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 249; a favor 140; en contra, 109.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
MOCIONES (Continuación.)
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A TRABAJAR EN LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO DEL «CAMINO ESCOLAR SEGURO» COMO BUENA PRÁCTICA Y ÚTIL
HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN VIAL EN LOS COLEGIOS.
(Núm. exp. S. 662/000191)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a trabajar en la
promoción y divulgación en el ámbito educativo del «Camino Escolar
Seguro» como buena práctica y útil herramienta para la educación vial en
los colegios. (Fuertes rumores.)
Hay una enmienda transaccional firmada por todos los grupos
parlamentarios, por lo que entraríamos en el turno de defensa de la
moción y seguidamente en el turno de portavoces.
Silencio, señorías. Tenemos por delante siete proyectos de
ley. Les ruego guarden silencio o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)
Puede empezar, señoría.
El señor JIMÉNEZ ARAYA: Gracias, señor presidente.
Es una obviedad que al menos yo no acabo con buen pie la
legislatura, pero como mi pie sano es el izquierdo, tampoco la acabo tan
mal.
Hoy discutimos una moción transaccionada finalmente por
todos los grupos parlamentarios, cuya redacción pretende literalmente
fomentar y apoyar en el ámbito educativo el «Camino Escolar Seguro» como
buena práctica y útil herramienta para la educación vial en los
colegios.
Del mismo modo, se pretende mejorar la movilidad
sostenible, la autonomía personal, el ejercicio físico y la relación de
los menores con su entorno a través de medios de desplazamiento
saludables y no contaminantes, como son andar, la bicicleta o el
transporte público.
Por una parte, se pretende reconocer el esfuerzo que
algunos municipios, comunidades autónomas y centros educativos están
realizando ya a favor del proyecto de caminos escolares seguros.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, senador, es
imposible escucharle. Señorías, yo rogaría que hablen más cómodamente
fuera del hemiciclo y se digan más cosas. Por favor, tenemos siete
proyectos de ley para debatir. Ruego silencio.
Tiene la palabra, señoría.
El señor JIMÉNEZ ARAYA: Gracias, señor presidente.
Decía que, de otra parte, se pretende animar a otros
municipios y comunidades autónomas a sumarse a él a través de su adecuada
promoción y divulgación.
El proyecto «Camino Escolar Seguro» se incluye en la
estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 del Ministerio del Interior, así
como en el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2011-2020.
Se descubren, por tanto, dos objetivos prioritarios y,
además, complementarios. El primero sería actuar sobre la movilidad
urbana para conseguir cambiar el modo en que nos desplazamos, dándoles
participación a aquellos medios de transporte más eficientes, fomentando
el uso de modos no consumidores de energía fósil como la marcha a pie o
la bicicleta.
Un segundo objetivo visto desde esa estrategia de Seguridad
Vial 2011-2020 es reducir las situaciones de riesgo del colectivo
infantil como usuario de las vías. Esta estrategia tiene a su vez tres
objetivos operativos bien diferenciados. Por una parte, mejorar la
utilización eficiente de los sistemas de retención infantil, impulsar la
seguridad vial en el currículum escolar y un tercer objetivo operativo
que es el caso que nos ocupa, proporcionar entornos y trayectos escolares
seguros.
No voy a dar muchos datos sobre niños fallecidos en zonas
urbanas. Sí diré dos cosas: que los picos de siniestralidad se producen
en los horarios de entrada y salida de los colegios y que en 2010 se
redujo el número de víctimas un 62%.
Señorías, el «Camino Escolar Seguro» es una experiencia
contrastada. Tiene como finalidad que los menores puedan desplazarse con
seguridad e independencia en las calles de su uso más frecuente. Se trata
de un proyecto educativo mediante el que se pretende un cambio en las
formas de movilidad y en la adquisición de los grados de autonomía de los
menores en función de las edades y los hábitos de desplazamiento. Sus
beneficios son evidentes. Fomenta la autonomía de los escolares en sus
trayectos habituales en relación con los diferentes modos de
desplazamiento. Educa en valores de respeto, convivencia, responsabilidad
con los demás y con el entorno. Reduce el número de vehículos que a
diario desplazan a los menores al centro escolar, mejorando la movilidad
y reduciendo la contaminación. Recupera espacios públicos fomentando el
uso del entorno de manera segura, saludable y sostenible, especialmente a
pie o en bicicleta, favoreciendo un nuevo modelo de ciudad.
Su éxito, señorías, depende de varios factores. Debe estar
integrado en una estrategia global de movilidad y seguridad vial de la
ciudad. No debe ser una propuesta aislada. Es un proyecto colectivo que
requiere la colaboración y participación de diferentes agentes, niños,
padres, centros escolares, equipos docentes, Administración local,
policía, asociaciones, comercios y medios de comunicación, entre otros.
Exige el análisis de las necesidades y expectativas de los principales
actores, así como un diagnóstico del entorno, identificando los aspectos
relevantes para la movilidad de los menores, como los itinerarios de los
niños hasta la escuela.
Es necesaria la evaluación y seguimiento del proyecto para
mejorarlo y modificarlo si fuera necesario. Además se requiere de un
apoyo económico para su diseño e implantación, apoyo que puede estar
cubierto en un 60% por la Administración.
En definitiva, señorías, el Gobierno de España pretende
recuperar el espacio público para el día a día de miles de niños, para
devolverles parte de ese espacio que las máquinas les han ido quitando,
para hacer de las ciudades y los pueblos lugares más habitables para
ellos, y a ello les emplazo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene la palabra la
señora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Egun on,
Senatariok.
Jartzera noa gure taldearen postura gai honi buruz. Nola
ez, bat dator hemen transakzionatu denarekin. Nola ez, gure taldea,
bete-betean bat dago hezkuntzaren zentzu integral edo oro baten alde.
Beraz, pentsatzen dugu hemen planteatutako mozioa, bat datorrela gure
filosofiarekin. Hezkuntza ez da bakarrik derrigorrezko hezkuntza, baizik
eta baita ere eskolatik kanpoko hezkuntza.
Dena den, adostu egin dugu, eta horrek adierazten du, gutxi
gora behera, zein izan den hezkuntza batzordearen filosofia eta portaera,
eta baita ere ibilbidea legealdi honetan. Gu erabat pozten gara, izan
dugun esperientzia izan delako hezkuntzaren alde lan egitea. Ardura dago,
alderdi politiko ezberdinetan, argi dago, eta ikusi egin izan da, zer
nolako ardura duen gai honek alderdi guztien artean, non, askotan,
guk, transakzionatu ditugun gauza asko; eta erabaki asko
hartu ditugu oso garrantzitsuak, elkartuta eta bat eginda.
Guretzat, hori da garrantzitsuena, ikustea, alderdi
politiko guztietan badagoela ardura hori, eta ikusten dela hezkuntza
benetan dela herriaren etorkizuna garatu eta ziurtatuko duena. Hemen
tratatu izan ditugu gai oso garrantzitsuak, lanbide heziketa izan da oso
gai garrantzitsua, eta beste eratako zenbait eta zenbait hezkuntza
hobetzeko neurriak eskatu izan ditugu pleno honetan.
Beraz, guk ez daukagu dudarik, talde bezala, alderdi eta
pentsamendu ideologiko ezberdinetako kideok badaukagu ardura hori.
Momentu honetan aipatu nahi nuke gure kezka; eta gure kezka da,
badirudiela hezkuntzan badaudela neurri politiko batzuk, non dirua
arrazoituz, hau da gestioaren kudeaketa edo ekonomiaren kudeaketaren
ondoren, hezkuntzak izango duela bere alderdi galtzailea. Galtzaile atera
daitekeen susmoa eta baita ere kezka daukagu.
Orduan, eskatzen dut, legealdi honen bukaerarako, mesedez
alderdi politiko ezberdinetakooi, ardura hori trasladatzea norberaren
politikoei, eta mesedez eskatzea herri hau ez hipotekatzeko berriz, eta
ez desinbertitzeko benetan inbertitu egin behar den arloetan, esaterako,
hezkuntzan. Hezkuntzarik gabe, ezin izango dugu gero esan herri
aurreratua nahi dugula, lehiakorra, eta munduan lehenengo postu horietan
egotea. Hori ezin izango dugu esan. Beraz, konpromisoa benetan
herriarekiko ikusiko da baldin eta hezkuntzan inbertitzen baldin badugu.
Herrien lehengaia pertsonak dira, herrien lehengaia dira gure haurrak,
gure gazteak, eta gure unibertsitateak. Hori da gure lehengaia.
Nik askotan esaten dut Suitza dela munduan dagoen txokolate
onena egiten duena, eta bere enpresak dira munduan garrantzi gehien duten
enpresak, baina kakaoa ez da ematen Suitzan, kakaoa beste nonbaiten
ematen da. Gure lehengaia hezkuntza da, ezin dugu hori ukatu, eta gaur
egun telebistan ikusten ari garen, eta komunikabideetan ikusten ari garen
kezkak, benetan eramaten gaitu pentsatzera ez ote dien demokrazia honek
eliteei bidea zabaltzen, eta herri xeheari, herri apalari ez bermatzen
benetako hezkuntza eta hezkuntza lehiakor bat.
Ez dut dudarik, gure bozeramaileen artean izan dugun
jarrera eta harremana izan dela, bada, esan dezaket, hemengo
esperientzian, oso esperientzia ederra. Benetan, nire kapituluan,
hezkuntza batzordea bereziki gordeta geratuko da nire bihotzean.
Eskertu nahi dut Paco Jiménez Araia, momentu honetan
bozeramailea, Alderdi Sozialistako bozeramailea; bere aurretik egon den
Mario Bedera, gaur estatu idazkaria; baita ere eskertu nahi dut ere
Adolfo Abejón, oso laguna, benetan poztekoa, eta adostu ditugun gauza
guztietan hori eskertzekoa da, Alderdi Popularrekoa; Assumpta, berdin;
baita ere Pedro Torres, hemen ez dagoena, orain dago Margarita Font,
mixtokoa; Ramón Alturo, baita ere CIUkoa.
Aipatzekoa da denok gatozela, eta ni neu ere barne,
hezkuntza mundutik, eta hor ikusi da, benetan, zer ematen duen harreman
zuzena edukitzea gizartearekin. Nik uste dut demostratu dugula, garela
politikoak «de a pie» esaten den moduan. «Politico de a pie», oinezko
politikoak. Guk ez dugu egin politika bulegoetan, gure politika da
eskoletakoa alegia, eskolak izan dira gure politika. Horregatik,
begietara begiratuz ikasleei, beti gogoratu izan gara neurriak hatu behar
ditugula gure herriaren etorkizuna hobetu ahal izateko, Espainiak daukan
historia horretan berriz jausi ez gaitezen.
Orduan, eskertu guztioi, eskertu baita ere batzorde
honetakoak izan ez zareten senatarioi, eta espero dut benetan orain haize
berriak sartzen baldin badira ere, hezkuntza politika egingo dutela,
umeei begira egongo den jendearen eskuetan egongo dela, eta ez
teknokraten eta bulegoetan politika egiten dutenen eskuetan.
Nire desiorik onena, etorriko zareten guztioi. Hemen
agertzen den «Camino seguro escolar» benetan, «Camino seguro escolar»
izan dadila. Hau da, eskolarako bidea, baita ere politikak bermatu
dezala, garantizatu egin dezala segurua izango dela, herri bat egin ahal
izan dezagun. Eskerrik asko.
Buenos días, señorías.
Les voy a plantear la postura de mi grupo parlamentario,
que, ¡cómo no!, está de acuerdo con la transaccional. Mi grupo
parlamentario está totalmente de acuerdo con un sentido completo de la
educación, porque se corresponde con nuestra filosofía, tanto dentro del
ámbito de la educación como fuera de él.
Quiero también hablar de la filosofía y la actitud de la
Comisión de Educación en esta legislatura, y nos alegramos mucho porque
la experiencia que hemos tenido ha sido la de trabajar a favor de la
educación. Está claro que todos los partidos políticos tienen una
responsabilidad en este tema, y eso se ha visto. Hemos planteado muchos
temas y se han adoptado decisiones muy importantes por unanimidad.
Para nosotros eso es lo más importante, ver que todos los
partidos políticos tienen esa responsabilidad y que la educación es
realmente lo que va a asegurar el futuro de una sociedad. Aquí se han
tratado temas muy importantes, como el de la formación profesional, y se
han tomado medidas para mejorar la educación.
Sabemos que los distintos grupos parlamentarios tenemos
responsabilidad, y tenemos una preocupación, y es la de que, tomando como
excusa el tema de los medios financieros, el ámbito de la educación salga
perdiendo debido, como digo, a la situación económica. Eso es algo que
nos preocupa.
Y en este final de legislatura me gustaría trasladar a
todos los grupos parlamentarios la responsabilidad que tenemos con
respecto a la educación; quisiera pedirles que no hipotequen este país,
que sigan invirtiendo en los ámbitos en los que es necesario seguir
haciéndolo, y uno de esos ámbitos tiene que ser el de la educación si es
que queremos que este sea un país competitivo que siga a la cabeza de los
países prósperos. Pero eso no es posible si no se invierte en educación.
La materia prima de los países son las personas, nuestros jóvenes y
nuestras universidades.
Yo muchas veces digo que Suiza es el país donde mejor
chocolate se hace y las empresas que mejor chocolate hacen están en
Suiza, pero el cacao no es suizo. Nuestra materia prima es la educación y
no lo podemos negar. La preocupación que vemos en los medios de
comunicación realmente nos lleva a pensar si no será que esta democracia
no está abriendo las vías a las élites y cerrando las puertas de la
educación al pueblo llano.
No tengo ninguna duda de que las posturas de los portavoces
y las relaciones entre los portavoces en la Comisión de Educación han
sido positivas. Yo voy a guardar en mi corazón la experiencia y las
relaciones que hemos tenido.
Me gustaría dar las gracias a Paco Jiménez Araia, portavoz
actual del Grupo Socialista, a su predecesor Mario Bedera, y a Adolfo
Abejón, un gran amigo. Estoy realmente contenta. Hemos acordado muchos
asuntos con el Grupo Popular. Gracias también a Assumpta Baig, de Entesa,
a Pedro Torres, que no está hoy aquí presente, y a Margarita Font, del
Grupo Parlamentario Mixto, y gracias a Ramón Alturo, de CiU.
Me gustaría decir que todos venimos del mundo de la
educación, yo incluida, y hemos demostrado que somos políticos de a pie.
Venir de ese mundo demuestra realmente la relación que tenemos con ese
mundo. Nosotros no hemos hecho política en las oficinas, nuestra política
ha sido las escuelas. Por eso, mirando a los ojos a los estudiantes,
siempre hemos tomado medidas para mejorar el futuro de nuestro país y,
viendo la historia de España, no quisiéramos que se cayera otra vez en el
error.
Me gustaría agradecer a todos los senadores de esta Cámara
su labor y ahora, aunque entren nuevos aires en el Gobierno, esperemos
que sigan haciendo política educativa, mirando a los niños, a los
estudiantes, y que no sea una política que esté en manos de
políticos.
Espero que «Camino Escolar Seguro» sea realmente una vía
adecuada para poder tener una educación segura en este país.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.
El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.
Senyories, molt bon dia a tothom. En primer lloc, voldria
manifestar la nostra posició. Estem d’acord amb el plantejament de
fons d’aquesta moció que avui tenim aquí perquè, evidentment, la
seguretat dels escolars en el seu camí als centres eductius és molt
important i això és evident.
Tanmateix, discrepem de l’oportunitat i de la
idoneïtat d’aquesta moció en aquests moments i en aquestes
circumstàncies. M’explico: és evident que els escolars en el seu
desplaçament, anant a l’escola o a l’institut han de tenir
les màximes garanties de seguretat, han d’utilitzar el transport
públic, han d’emprar transports eficients no contaminants, han de
caminar i anar en bicicleta. Amb això, és evident que estem
d’acord. En definitiva, els ajuntaments, les administracions que
tenen competències en el tema han de fer i posar-hi tots els mecanismes
perquè això realment sigui així.
És important per tant l’ordenació de les ciutats,
dels municipis, per afavorir aquestes condicions de seguretat que, en
definitiva, són com la senyalització horitzontal, la senyalització
vertical, l’ordenació correcte del trànsit, etc.
Ara bé, cada ciutat, cada municipi, té les seves condicions
particulars i que, per tant, difícilment es pot generalitzar a
l’hora de buscar un consens general. És difícil perquè cadascuna té
condicions pròpies que
faran que requereixin d’unes actuacions o
d’unes altres. També cal dir que els ajuntament ja estan fent
coses. Només faltaria! Ha de ser la seva primera preocupació, la
seguretat en el transport, a l’entrada del col·legi, a la sortida,
i ja ho estem veient en senyalitzacions, en els serveis que presta la
guàrdia urbana a les entrades i a les sortides dels col·legis, que es
preocupen per tal que l’entrada, la sortida i els desplaçaments es
facin sense incidències i tot vagi bé.
Per tant, des d’aquest punt de vista hem de dir que
ja s’estan fent actuacions. I nosaltres entenem també que tal com
està plantejada inicialment la moció que ens ocupa, no es té en compte ni
l’actuació de les autonomies, ni les competències que tenen, ni els
ajuntaments, ni les comunitats educatives. Finalment, s’ha arribat
a una transaccional que nosaltres hem signat perquè en el fons hi estem
d’acord, però ens abstindrem en la votació perquè entenem que les
transferències en matèria educativa estan fetes i, per tant, en aquests
moments la situació correspon a les autonomies i als ajuntaments. Són
ells que ho han de fer. I per tant, si ho tenim transferit, ja està, que
es faci i punt.
També entenem que en aquests moments de situació econòmica
del país greu, de l’ocupació que és una prioritat principal, els
esforços tant de recursos humans com econòmics s’han
d’adreçar en aquestes qüestions que entenem que són prioritàries. I
per tant, potser, en aquests moments, en aquesta moció que avui estem
parlant aquí, això suposaria duplicitat d’actuacions, suposaria
també d’alguna manera despeses que preferim que vagin encaminades a
altres àmbits i, per tant, creiem que hauria estat millor centrar
esforços en altres àmbits tot i que en el fons, evidentment, hi estem
d’acord i que els ajuntaments, que són els primers que coneixen el
seu municipi i la seva ciutat són els que han de determinar quin procés
d’ordenació s’està fent. Així doncs, nosaltres en aquesta
moció, tot compartint-la en el plantejament i sobretot en la
transaccional que hem signat perquè hi estaríem d’acord, ens
abstindrem en la votació.
Finalment, atenent que aquesta és la darrera qüestió des de
l’àmbit educatiu que ara tenim l’ocasió de parlar, vull
manifestar la meva satisfacció per haver format part de la comissió
d’educació que, tot i respectant les competències de les CCAA,
malgrat les discrepàncies i els punts d’acord, sempre hem pogut
treballar en un marc de col·laboració on hem tingut present que
l’educació és la clau d’un país i el motor de progrés i que
cal preservar aquest bé i estimular-lo, perquè sinó no ens en sortirem,
sobretot des del punt de vista de la crisi. La formació és molt
important.
Vull doncs manifestar la satisfacció i també
l’agraïment als portaveus de tots els grups parlamentaris de totes
les iniciatives que s’han presentat i les oportunitats que hem
tingut de debatre, de comentar, d’enriquir-nos tots plegats del
sistema educatiu i de les aportacions que cadascú ha fet. Per tant,
moltíssimes gràcies, ha estat un plaer haver format part d’aquesta
comissió i esperem i desitgem que l’educació realment avanci atès
que és el motor de progrés d’un país i en moments de crisi com el
que tenim ara en aquest país, l’educació és la principal eina
respecte a la qual tots hem de ser capaços de posar-nos d’acord pel
bé del país.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera
manifestar nuestro posición que es que estamos de acuerdo con el
planteamiento de esta moción que hoy debatimos aquí, porque,
evidentemente, la seguridad de los escolares en su camino a los centros
educativos es muy importante. Eso es algo evidente.
Sin embargo, discrepamos de la oportunidad y de la
idoneidad de esta moción en estos momentos y en estas circunstancias. Y
me voy a explicar. Es evidente que los escolares en su desplazamiento a
la escuela o al instituto deben tener las máximas garantías de seguridad,
deben utilizar el transporte público, deben utilizar transportes
eficientes, no contaminantes, deben utilizar la bicicleta. Evidentemente
estamos de acuerdo con todo eso. Y, en definitiva, los ayuntamientos, las
administraciones, que tienen competencias en el tema, deben emplear todos
los mecanismos a su alcance para que esto sea así.
Por consiguiente, es importante la ordenación de las
ciudades y de los municipios para favorecer estas condiciones de
seguridad y que, en definitiva, son la señalización horizontal, vertical,
la ordenación correcta del tráfico, etcétera.
Ahora bien, cada ciudad, cada municipio, tiene sus
condiciones particulares y, por consiguiente, difícilmente se puede
generalizar a la hora de buscar un consenso general; es decir, es difícil
porque cada uno tiene unas condiciones propias que actuaciones distintas.
Asimismo, es preciso decir que los ayuntamientos ya están haciendo cosas,
¡faltaría más! La seguridad Del transporte a la entrada y a la salida de
los colegios debe ser la primera preocupación, y lo es; lo vemos por las
señalizaciones, por
servicios como la presencia de la guardia urbana a la hora
de entrada y salida de los colegios, que se ocupa de que la entrada, la
salida y los desplazamientos se produzcan sin ningún tipo de incidencia,
de que todo vaya bien. Es decir que ya se están realizando
actuaciones.
La moción que estamos debatiendo no tenía en cuenta
inicialmente lo que están haciendo las autonomías, ni lo que están
haciendo los ayuntamientos o las comunidades educativas. Finalmente, se
ha acordado una transaccional, que nosotros hemos firmado también porque,
en el fondo, lógicamente, estamos de acuerdo en lo que propone. No
obstante, nos vamos a abstener en la votación, porque las transferencias
en materia educativa están hechas y, por lo tanto, todo esto les
corresponde ahora mismo a las autonomías y a los ayuntamientos, son ellos
los que deben actuar. De modo que, si está transferido, que se haga, y
punto.
En estos momentos, en que la situación económica del país
es grave y tenemos que estimular la ocupación, los esfuerzos en recursos
humanos y económicos deben dirigirse a cuestiones prioritarias, y la
aplicación de esta moción supondría una duplicidad de actuaciones y
gastos que preferimos que se dirijan a otros ámbitos. Nos parece que
habría sido mejor centrar los esfuerzos en otros ámbitos, a pesar de que,
como he dicho, estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión y creemos
que los ayuntamientos —que son los que mejor conocen su municipio y
su ciudad— son los que han de definir y determinar cuál es el
proceso de ordenación que deberá establecerse. De modo que compartimos el
planteamiento de la moción, hemos firmado la transaccional porque estamos
de acuerdo en ella, pero nos vamos a abstener en la votación.
Por último, dado que esta es la última cuestión del ámbito
educativo que debatiremos, quisiera manifestar mi satisfacción personal
por haber formado parte de la Comisión de Educación, en la que hemos
trabajado respetando las competencias de las comunidades autónomas. A
veces hemos tenido discrepancias, lógicamente, pero también hemos
encontrado muchos puntos de acuerdo, siempre en un marco de colaboración
y teniendo presente que la educación es la clave de un país, el motor de
progreso, y que, por tanto, hay que preservar este bien y estimularlo; si
no, no saldremos adelante, y en el marco de la crisis la educación es muy
importante.
Quiero aprovechar, pues, la ocasión para darles las gracias
a todos los grupos parlamentarios por todas las iniciativas que han
presentado y por las oportunidades que nos han ofrecido de debatir, de
comentar, de enriquecernos todos juntos en cuanto al sistema educativo
con las aportaciones de cada uno. Muchísimas gracias. Ya digo que me
siento satisfecho por haber formado parte de esta comisión. Esperamos que
la educación avance, porque es el motor de progreso de un país, es su
herramienta principal, y debemos ser capaces de ponernos de acuerdo por
el bien del país.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Moltes gràcies, senyor
president.
Nosaltres, a la moció inicial presentada pel senador
Jiménez del Grup Socialista, havíem presentat una esmena que ha estat
recollida a la transaccional signada per tots els grups parlamentaris, de
manera que ens sentim plenament satisfets del resultat final que ha
adoptat la moció. Tal com es presentava l’esmena, el govern
n’havia de ser l’impulsor, però les competències en matèria
educativa ja estan traspassades a les comunitats autònomes. A més, hi ha
comunitats autònomes com el cas de Catalunya o del País Basc que també
tenen competències pel que fa al trànsit i la seguretat vial. Per tant,
repeteixo, el resultat final ens satisfà. Es recull el marc competencial
del l’Estat espanyol i, per tant, nosaltres donarem suport a
aquesta moció.
Vull fer un parell de reflexions breus sobre el contingut,
sobre el tema en concret. En primer lloc, la seguretat vial. Es tracta
d’un element important a l’escola. Cal entendre
l’alumne com a ciutadà però també l’alumne com a conductor,
com a usuari de la via pública o com a futur conductor. Per tant, tot
allò que sigui inserir a l’escola, treballar a l’escola amb
bones pràctiques en aquest àmbit ens sembla molt i molt important. Així,
projectes concrets com els plans de mobilitat urbana sostenible o el que
ens plantegen avui aquí, el camí escolar segur, són evidentment elements
importants per al conjunt de la ciutadania i dels municipis, però també
dins de l’escola, entenent l’escola no pas com un element
separat del seu marc social, sinó absolutament integrada en el barri i en
el municipi.
Finalment, vull fer una petita reflexió que no desvirtua en
absolut el sentit del nostre vot. Normalment, quan es plantegen
iniciatives d’aquesta mena, es tendeix a pensar que
l’aplicació més fàcil d’aquestes
mesures és en els grans municipis, en les ciutats grans. Jo
vull recordar que la majoria de municipis no disposen de guàrdia urbana,
per exemple, i que en el tema que ens ocupa són precisament els petits
municipis, les petites ciutats, que probablement per les seves
característiques poden aplicar encara amb més facilitat aquest tipus de
bones pràctiques, com és el cas del camí escolar segur, per diversos
motius. En primer lloc, perquè la proximitat, la distància entre la casa
on viu l’alumne i l’escola, no és massa allunyada. A més,
normalment, en els petits municipis no hi ha transport públic i
s’utilitza precisament perquè el trànsit és més fluït i no hi ha
tant risc d’accidents, i se sol anar a l’escola a bicicleta o
a peu. Per tant, no oblidem —ho deixo com a petita reflexió—
que a l’hora d’implantar aquest tipus de mesura no només hem
de pensar en els grans municipis, sinó molt especialment en els petits i
mitjans.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo presentó una enmienda a la moción
inicialmente presentada por el Grupo Socialista que ha sido recogida en
la transaccional que han firmado todos los grupos parlamentarios. Por
consiguiente, nos sentimos absolutamente satisfechos por el texto final
de la moción. Tal como se trataba el asunto, el Gobierno debía ser el
impulsor, pero las transferencias en materia educativa están ya
residenciadas en las comunidades autónomas. Además, hay autonomías, como
Cataluña y el País Vasco, que también tienen competencias desde la
perspectiva del tráfico y la seguridad vial. Por eso nos satisface el
resultado final: se recoge el marco competencial del Estado español. Por
consiguiente, vamos apoyar esta moción.
Permítanme ahora hacer un par de reflexiones breves sobre
el tema que nos ocupa. En primer lugar, la seguridad vial es un elemento
esencial en la escuela. Debe ser materia escolar, puesto que el alumno ha
de desarrollarse como ciudadano, como usuario de la vía pública y como
futuro conductor. Por lo tanto, todo lo que sea trabajar en la escuela
sobre buenas prácticas en este sentido nos parece muy interesante.
Proyectos concretos, como el plan de Movilidad urbana sostenible o
«Camino Escolar Seguro» son importantes para la ciudadanía en su
conjunto, para todos los municipios, pero también para la escuela
entendida no como elemento separado de su marco social, sino integrado en
el barrio y en el municipio.
Finalmente, una observación que no desvirtúa en absoluto el
sentido de nuestro voto. Normalmente, cuando se plantean iniciativas de
este tipo, se tiende a pensar que el lugar donde estas medidas deben
empezar a implantarse es en las grandes ciudades. Sin embargo, quiero
recordar que la mayoría de los municipios no disponen de guardia urbana,
por ejemplo. Por lo tanto, es precisamente en los pequeños municipios y
en las pequeñas ciudades donde, por sus características, buenas
prácticas, como el «Camino Escolar Seguro», resultan de más fácil
aplicación; y ello por diversos motivos: en primer lugar, porque la
distancia entre la casa en que vive el alumno y la escuela no es
demasiado grande; además, normalmente, en los pequeños municipios no hay
transporte público, el tráfico es más fluido y no existe tanto riesgo de
accidentes; es en los pequeños municipios donde se puede utilizar la
bicicleta para llegar a la escuela o, simplemente, es fácil llegar
andando. Así que no nos olvidemos —lo digo como pequeña
reflexión— de que, al implantar estas medidas, no deberíamos pensar
en las grandes ciudades solo, sino también y muy especialmente en los
pequeños y medianos municipios.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Jiménez.
El señor JIMÉNEZ ARAYA: Muchas gracias, señor
presidente.
Solamente quiero expresar algunas matizaciones. Comparto
con la senadora Leanizbarrutia que es necesario el consenso y el trabajo
continuo en materia de educación. Tengo la sensación de que perdimos una
oportunidad al no alcanzar el pacto educativo. En realidad, siento
frustración. En Extremadura, por ejemplo, fuimos capaces de conseguirlo,
pero a nivel nacional no fue posible.
En cualquier caso, es cierto que vivimos en una época
convulsa. Los que trabajamos en el campo educativo mandando
constantemente mensajes contradictorios a los jóvenes, a veces los
desquiciamos. Toda la vida se ha dicho que es bueno compartir y, sin
embargo, ahora les decimos también que compartir por Internet puede
constituir delito. Sin duda, nos enfrentamos a grandes retos y la
educación, como siempre, se postula como una gran solución.
La enmienda de Entesa Catalana de Progrés pretendía
básicamente solucionar lo que ha propuesto el senador Alturo, de CiU.
Efectivamente, es competencia municipal la reordenación del tráfico, la
señalización y demás y, por supuesto, le corresponde a la
comunidad autónoma por sus competencias en materia educativa trabajar en
los currículos. Por eso entendemos perfectamente las razones del senador
de CiU, pero no nos parece un problema estrictamente competencial. No
obstante, él ha firmado la enmienda transaccional, porque también
comparte al menos la música de la moción.
Como ha dicho el compañero de la Entesa, efectivamente, la
distinción entre zona rural y zona urbana es muy importante. Por ejemplo,
yo soy de zona rural, y soy consciente de que allí todo es más sencillo.
El paseo a la escuela era un juego diario con otros compañeros de la
misma calle. Ahora eso se ha convertido en una especie de odisea, y lo
que pretendemos con esta moción es precisamente recuperar el espacio
público, no solo en los pueblos, sino también en las ciudades. Se trata
de que las máquinas cedan un poquito de espacio a los peatones, en este
caso a los niños y a jóvenes, peatones o ciclistas.
Ese era el ánimo de la moción. Hemos firmado todos la
enmienda transaccional y, por lo tanto, compartimos la música y también
buena parte de la letra. Solamente me queda agradecerles su esfuerzo de
comprensión.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el contenido del proyecto que hoy debatimos tenía
no hace muchos años un carácter natural y normal. La mayoría de los que
estamos aquí íbamos al colegio andando o en bicicleta; unos porque eran
de pueblo, y otros porque las ciudades no tenían la dimensión que tienen
en estos momentos. Pero hay que reconocer que la realidad en las ciudades
hoy es bien diferente. El trabajo del hombre y de la mujer, los cambios
sociales que se han producido, la aglomeración de personas en las
ciudades, todo ello ha cambiado el hábito de los niños de ir andando a la
escuela. Y esto está teniendo consecuencias no deseables para los
pequeños. Los niños no tienen el mismo despertar, no hacen el ejercicio
de caminar viendo el entorno, no hacen la amistad que se hacía antes
camino de la escuela; se les está privando de ello como consecuencia de
la extensión de las ciudades que entre todos hemos ido creando. A ello se
añade el uso masivo del vehículo privado. Conduciendo por la mañana,
cuando paso por un colegio, por el montón de coches aparcados a la
entrada, veo que son un riesgo la vida de los demás. A veces, los padres,
por afán de proteger al niño o al joven, nos acercamos hasta la misma
puerta del colegio, sin ver que estamos haciendo correr un riesgo a los
demás niños que están caminando por allí.
La moción que hoy se presenta obedece realmente a algo que
está demandando la sociedad, no exenta de muchas complicaciones que se
desprenden de mi exposición, pero que, desde luego, debemos abordar.
Además, los que procedemos del mundo educativo sabemos que los niños, en
el desarrollo de acciones cotidianas como subir a un autobús o cruzar una
calzada, no tienen la capacidad sensorial que tenemos los mayores: mirar
primero, antes de pasar, para ver si hay tráfico, o tener cuidado al
subir al autobús, porque puede venir un coche y nos puede atropellar. El
niño está a lo que está, está en su mundo, y no ve los peligros que le
acechan. Su estado natural es ir a pie o en bicicleta, que le encanta a
esa edad. Lo que más nos gustaba a todos de pequeños era coger la
bicicleta en un mundo idílico en el que solo estábamos nosotros. Y ese es
el mundo de los niños: caminar o coger la bicicleta. De hecho, si les
preguntásemos a ellos —ahora que está de moda hacerlo— qué
opción elegirían entre ir en autobús, en el coche con su madre, a pie con
su madre, solo con los amigos o en bicicleta, creo que la encuesta nos
diría que todos prefieren ir en grupo, porque se lo pasan pipa y, además,
si pueden ir en bicicleta, todavía mejor, porque en ese caso no es
aburrido ir al colegio sino gratificante. Eso es escuchar a los niños. Ha
dicho el señor Jiménez que se tiene en cuenta a los padres, a las madres,
a los ayuntamientos, etcétera, pero a quienes debemos tener en cuenta
realmente es a los niños. Es decir, tenemos que construir una ciudad
acorde con el pensamiento de los niños, y no solo acorde con el de los
mayores.
La moción que hoy debatimos no nos brinda solo la
oportunidad de buscar la autonomía de los niños, en esta última
intervención dedicada a la educación. Es también muy oportuna para hacer
una reflexión sobre cómo viven hoy los niños en las ciudades, cómo
transitan por ellas y si realmente han aportado la visión de ciudad que
quieren para el futuro. Por tanto, es una moción que, desde mi punto de
vista, sobrepasa el entorno de la escuela y que ha de centrarse también
en el modelo de ciudad que queremos para el futuro de los niños. Aunque
es una propuesta que proviene de Interior, el hecho de abordar este
proyecto en el ámbito de la escuela es muy correcto, porque allí se
ubican una suma de fuerzas que favorecen su desarrollo. Es decir, que a
la hora de llevar a cabo proyectos de este tipo debemos
preguntarnos si contamos con mano de obra suficiente, y esa
mano de obra está en la escuela, porque es la parte más interesada de la
sociedad y, además, es una parte importantísima: allí es donde están los
niños, los profesores, los padres y madres. ¿Los profesores solos son
suficientes? No, pero no cabe duda de que constituyen una parte con mucho
interés por llevar a buen puerto este proyecto.
No obstante, cometeríamos un error si pensáramos que este
es un proyecto de escuela, de centro o de instituto. ¿Por qué? Porque los
portavoces en este ámbito conocemos la realidad de los centros educativos
hoy en día y la suma de responsabilidades de los maestros y profesores,
que están sobresaturados de trabajo; no se les pueden encargar más
tareas. La conclusión final en relación con cualquier aspecto de la
sociedad es que se trata de un problema educativo: el esfuerzo, la
bondad, la generosidad, la solidaridad, la paz, la convivencia, la
educación para la ciudadanía y la educación vial son problemas
educativos, que hay que abordar en la escuela; y hay que aprender
matemáticas, física, filosofía, latín. La tarea del profesor ya está
sobredimensionada y el llamamiento que ha hecho esta Cámara es el
adecuado: a este proyecto debe sumarse toda la sociedad. Pero eso
resultaría un poco ambiguo, de modo que debemos sumarnos todos los
políticos que representamos a la sociedad, y tenemos mucho que hacer para
apoyar estas actividades sanas en la educación desde la infancia. Esto
que hacemos hoy los políticos de reflexionar sobre la infancia y hacer el
camino más agradable y más saludable para nuestros niños es muy positivo;
ya nos estamos implicando los políticos. Desde luego, este proyecto hay
que ubicarlo en cada municipio, porque cada municipio es un mundo
diferente y, en consecuencia, los ayuntamientos tienen mucho que decir a
la hora de planificar las ciudades, a la hora de hacer el urbanismo, a la
hora de tener en cuenta a los niños.
La infancia ha cobrado en estos momentos un valor que, más
que con los niños, está relacionado con la proyección de lo que los
adultos queremos para los niños. En momentos difíciles, como los que
padecemos, de crisis económica y social, la infancia aparece como una
tabla de salvación para recuperar los valores perdidos y construir
ciudades diferentes de las que hemos construido siguiendo la demanda de
otras urgencias que no vamos a exponer hoy: ciudades construidas en torno
a las empresas, en torno al empleo, en torno a una mejor calidad de vida,
en torno al proyecto vital que queríamos desarrollar. Esa ha sido la
realidad. Cuántas personas se han desplazado de los pueblos a las
ciudades para resolver su vida, y en las ciudades se han encontrado con
todo esto. Por todo ello, creemos que la moción es oportuna, que está
bien planteada, y por eso la vamos a apoyar.
Ha sido un placer que el último debate de educación lo
hallamos dedicado a los niños. Para mí, ha sido un orgullo poder debatir
con todos los portavoces de educación de forma profunda, siempre con
voluntad de consenso; hemos llegado a muchos acuerdos y debemos
felicitarnos por esa actitud permanente de búsqueda de consenso. Señor
Jiménez, seis meses estuve yo en el ministerio, y créame que fueron seis
meses de trabajo intenso —se lo puede decir el señor Bedera o el
señor Gabilondo— por culminar el pacto educativo. No se alcanzó,
pero yo lo veo muy positivo: ahí quedan 136 propuestas de todos los
grupos para que todos trabajemos.
A mí ya no me queda más que deciros que, como la política
tiene corazón, en el mío siempre estaréis todos, los portavoces
principalmente. Ha merecido la pena trabajar por los niños, por los
jóvenes. Os deseo que el destino os conduzca a todos a lo mejor para
vuestra vida.
Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Hay una
transaccional.
El señor PRESIDENTE: Sí, está firmada por todos los grupos,
pero el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
quiere que se vote la moción.
Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del
Grupo Parlamentario Socialista, con una enmienda transaccional firmada
por todos los grupos parlamentarios.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 234; abstenciones, 8.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE
LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
— DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
PESCA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE TITULARIDAD COMPARTIDA DE
LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.
(Núm. exp. S. 621/000116)
(Núm. exp. C.D. 121/000128)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del
día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en
relación con el proyecto de ley sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Bella. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Tome la palabra, señoría.
El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para
presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca sobre el proyecto de ley sobre titularidad compartida
de las explotaciones agrarias.
Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso
de los Diputados y publicado el 29 de junio de 2011. El plazo de
presentación de enmiendas concluyó el día 5 de septiembre, ampliándose
posteriormente al día 7 de septiembre.
A este proyecto se han presentado 24 enmiendas por los
siguientes grupos parlamentarios: enmiendas números 1 a 17, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; enmiendas números 18 a 22, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y enmiendas
números 23 y 24, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día
8 de septiembre, aceptándose como dictamen el texto remitido por el
Congreso de los Diputados.
Por último, para su debate ante el Pleno, se han formulado
3 votos particulares, que a continuación se defenderán: del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, correspondiente a las enmiendas
números 1 a 17; del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas números 18 a 22; y
del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, correspondiente a las
enmiendas números 23 y 24.
Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que
hasta ahora se ha llevado a cabo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Roig, para la defensa de
sus enmiendas.
El señor ROIG I GRAU: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para decir que doy por
defendidas todas nuestras enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, para
la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el senador Batlle.
El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.
Intervengo también para dar por defendidas las enmiendas de
Entesa Catalana de Progrés, toda vez que no me correspondía a mí
intervenir en este turno de defensa de enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para la
defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la senadora Borrego.
La señora BORREGO IZQUIERDO: Buenos días, señor
presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo
Parlamentario Popular por haberme designado para defender esta ley que
han estado reivindicando las organizaciones de mujeres desde hace años.
Saludo a todas las que estáis presentes en este momento.
Este proyecto de ley es muy importante para el mundo rural.
Nosotros creemos que en estos momentos tan difíciles la mujer tiene un
protagonismo especial, y por ello hemos presentado diecisiete enmiendas,
de las cuales, señorías, voy a defender, o al menos a explicar, las más
importantes. Hemos presentado trece enmiendas de titularidad compartida y
cuatro relacionadas con los buques pesqueros.
Señorías, mi grupo sobre todo quiere manifestar que la Ley
de Titularidad Compartida no tiene nada que ver con el Título VI porque
es un añadido a una ley que es totalmente especial para las mujeres
rurales, y además, es inadecuado presentar esta incorporación, sobre todo
porque los buques pesqueros figuran en otra ley. Es un batiburrillo que
ha presentado el Gobierno, como ha ocurrido en otras ocasiones. De todas
maneras, considero importante resaltar que en el debate de esta ley hemos
mantenido un gran diálogo —digo diálogo porque nos hemos reunido
los portavoces principalmente de la Comisión de Agricultura— para
sacar adelante en lo posible lo que pretenden las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Como he dicho anteriormente, son diecisiete enmiendas en
total. La número 7, señor presidente, la vamos a retirar y quedarían doce
de titularidad compartida; además, me gustaría que se votara por separado
la relativa a los buques de pesca.
Al artículo 2 hemos presentado la enmienda número 1, que
podría ser de modificación pero que en realidad es un recordatorio,
porque consideramos que se ha olvidado incluir el concepto de hijas de
ambos matrimonios o parejas en esta ley. Por tanto, queremos recordarlo y
que se tenga en cuenta para las próximas modificaciones que se puedan
realizar en esta ley.
En cuanto al artículo 4, es verdad que en derecho los actos
de administración son los que mantienen en su integridad el patrimonio y,
en su caso. lo aumentan, sobre todo cuando se alquila algún bien; en
cambio, los actos de disposición, solo los que transmiten o gravan bienes
y derechos, los que significan una modificación de patrimonio, como
vender o donar, no sirven para que sean solidarios. Por tanto, la
enmienda pretende lo siguiente: la representación de la explotación de
titularidad compartida sería solidaria, con excepción de los actos que
supongan disposición, enajenación o gravamen de la misma, en los que
dicha representación será mancomunada.
En cuanto al artículo 6, apartado 2, consideramos que sería
adecuado que figurara el nombre de la entidad de titularidad compartida,
igual que las sociedades anónimas tienen las siglas S.A. y las
comunidades de bienes tienen las siglas C.B. Por tanto, creemos que
debería figurar la denominación de las explotaciones de titularidad
compartida con las siglas finales de identificación T.C. y, además,
añadir y especificar el domicilio de la explotación y datos de
identificación de la explotación agraria de titularidad compartida, la
actividad y los bienes y derechos que la conforman. En el caso de bienes
inmuebles y de derechos reales sobre ellos, se debería especificar la
referencia catastral o cualesquiera otros datos que pudieran
resultar.
La enmienda número 4 al artículo 6.3 se ha formulado porque
efectivamente necesitamos un plazo para la inscripción. Creemos
conveniente que en el plazo máximo de tres meses se efectúe por el
registro correspondiente tras las comprobaciones que fueran pertinentes.
Transcurrido dicho plazo sin contestación denegatoria por parte del
registro se entenderá que está efectuada la inscripción por silencio
administrativo.
La enmienda número 5 al artículo 8 se refiere a la
extinción. Pensamos que la transmisión de la titularidad a tercero ajeno,
que es lo que dice la ley, induce a error porque no hay un ajeno a causa.
Queremos simplemente simplificar y solicitar la supresión de la palabra
«ajeno».
La enmienda número 6 al artículo 9 pretende evitar la
duplicidad de obligaciones fiscales. Normalmente se requiere mucha
burocracia para estas gestiones y nosotros creemos que es suficiente la
solicitud, la obtención del NIF y el alta en el IAE. Las demás
obligaciones a efectos formales no contributivas deberían simplificarse.
Ustedes saben que una explotación agraria pequeña no puede hacer todos
estos trámites y necesitaría siempre una ayuda o un asesor fiscal.
Hemos retirado la enmienda número 7. No obstante, me
gustaría decir que va conjuntamente con la disposición adicional tercera,
en la que hemos llegado a una transaccional. Era importante nuestra
propuesta porque abríamos un abanico en la ley. La Ley
18/2007, de 4 de junio, dice que tendrán derecho al régimen especial de
la Seguridad Social todas las mujeres de menos de 40 años y hasta 40
años. Nosotros pensamos que sería conveniente ampliar este derecho hasta
los 55 años de edad porque hay muchas mujeres mayores que trabajan en
explotaciones sin ser reconocidas por ninguna ley.
Habíamos solicitado también que los 5 años previstos en la
ley para las bonificaciones fueran 10, 5 años más puesto que tenemos
dificultad con la información en las zonas rurales y sobre todo lleva
tiempo convencer a las mujeres, que en muchas ocasiones dudan.
La enmienda número 8 al artículo 10.3 alude a las parejas
de hecho. En la Ley 2007, de 4 de julio, se encuadran las parejas de
hecho. Pero pedimos que se regule por la Seguridad Social, en el plazo de
tres meses, el alcance del encuadramiento de las parejas de hecho de
titulares de las explotaciones agrarias.
La enmienda número 9 al artículo 13.1 hace hincapié en el
derecho a la compensación económica. Se refiere al régimen de
gananciales. Normalmente el régimen económico de las mujeres que están en
las zonas rurales en caso de matrimonio es de gananciales y queremos que
esta ley lo recoja expresamente para poder ayudarlas y para que quede más
claro y más específico.
La enmienda número 10 al artículo 14.1 dice que para el
cálculo de la compensación se tendrá en cuenta el valor real de las
explotaciones agrarias, el tiempo efectivo y real de trabajo en la
actividad agraria y la valoración de la actividad en el mercado, porque
creemos que la compensación es por el trabajo real y efectivo y no es una
simple colaboración que hacen las mujeres continuamente en sus
explotaciones.
La enmienda número 11 a la disposición adicional primera se
refiere a la constitución de sociedades de responsabilidad limitada. La
disposición adicional primera obliga a todas las sociedades constituidas
de responsabilidad limitada previstas en el artículo 5.2 del Real Decreto
Ley 13/2010, de 3 de diciembre, a la adaptación de sus estatutos, o sea a
los estatutos tipo que se aprueben en el Ministerio de Justicia. Dado que
es un mandato imperativo, sería conveniente aplicar las bonificaciones a
los gastos que ello conlleva.
En todo caso, la redacción quedaría: «(…).Estas
sociedades se ajustarán a los estatutos-tipo que se aprueben en el
Ministerio de Justicia, con las bonificaciones y exenciones fiscales que
legalmente se determinen.»
Respecto a la enmienda número 17, como he dicho antes, es
una transaccional a la que se ha visto obligado el Grupo Popular al
retirar la número 7. Creemos que es una manera de abrir la puerta a la
ampliación de los años de las mujeres. Si en estos casos la mujer llega a
los 40 años, según está redactada la ley, pensamos que es conveniente, al
menos, que llegue a los 50 años. Como todos los grupos hemos tenido la
buena voluntad de llegar a un acuerdo, hemos accedido a esta disposición
de los grupos. Por lo tanto, hemos suprimido los 10 años de ampliación
que habíamos solicitado para la duración de los beneficios a estas
mujeres y quedaría en 5 años.
Creo que es importante mejorar la redacción de esta ley. El
espíritu de este proyecto de ley es positivo en cuanto busca la
equiparación de derechos entre hombres y mujeres en el mundo rural, pero
se ha quedado corto en su contenido y desarrollo, ya que el nivel
funcional y operativo dificulta mucho a las mujeres rurales incorporarse
a la explotación agraria. De todas maneras, entiendo que hemos
fortalecido el proyecto con el diálogo y el esfuerzo de todos los
representantes de la comisión de agricultura de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra la senadora Iranzo.
La señora IRANZO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.
En primer lugar, quiero dar un caluroso y afectuoso saludo
a todas las organizaciones de mujeres que nos acompañan esta mañana, en
un día importante, en un día trascendental para el medio rural, para la
mujer en el medio rural y para la mujer en el medio rural con mayúsculas.
Hoy es un día importante para todas nosotras y me alegro mucho de que
todas ustedes nos acompañen hoy.
Voy a utilizar este turno para fijar la postura de mi grupo
parlamentario respecto a las enmiendas presentadas por el resto de
grupos. Antes querría decir que ha sido un gusto trabajar, como siempre,
con
los señores portavoces de los grupos parlamentarios, que
existe alguna diferencia pero que en el fondo de esta cuestión hemos
estado de acuerdo.
Comenzaré refiriéndome a las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular. En la número 1 ellos planteaban, como decía mi
compañera, la senadora Juana Borrego, el tema de las hijas. El Grupo
Parlamentario Socialista entiende que la situación prioritaria, la más
demandada para dar una solución acorde y adecuada es la de las parejas y
los matrimonios. Por eso, mi grupo parlamentario entiende que en esta
primera instancia es preferible dejar la ley tal como está, que sin duda
puede ser un paso a futuro, un paso siguiente, un paso que debemos dejar
pendiente para estudiar y hacer, como digo, un estudio pormenorizado de
esta cuestión.
La enmienda número 2 pretende modificar el punto 2 del
artículo 4, donde se establece la representación solidaria. El Grupo
Parlamentario Popular pide que esta representación sea también
mancomunada. Nosotros entendemos que no es necesario aprobarla ya que
esta ley no interfiere directamente en el patrimonio. Entendemos que tal
y como establece, que sea una representación solidaria, favorece el
objetivo de la ley, que no es otro que igualar a ambos titulares frente a
terceros.
La enmienda número 3 tampoco la aprobaremos ya que
entendemos que es innecesario complicar la información puesto que no
aporta datos de interés establecer el nombre de T.C. Entiendo que son más
que suficientes los que pide el artículo 6.2.
La enmienda número 4 introduce un plazo de tres meses para
que el registro se pronuncie sobre la constitución, estableciendo que si
transcurrido el plazo no se produce contestación denegatoria se entenderá
efectuada la inscripción por silencio administrativo. La vamos a aceptar
porque entendemos que supone agilizar la administración, agilizar el paso
de constitución, y votaremos a favor de ella.
También votaremos a favor de la enmienda número 5, de
modificación del punto d) del artículo 8.1, que propone la transmisión de
la titularidad de la explotación a un tercero ajeno. Esa es la redacción
literal en el texto legal. Entendemos que la palabra ajeno puede inducir
a error, por lo que eliminaremos esa palabra y hablaremos únicamente de
transmisión de la titularidad de la explotación a terceros. Consideramos
que la eliminación de esa palabra deja mucho más clara la redacción.
La enmienda número 6 la vamos a rechazar ya que plantea
incorporar un cuarto párrafo al artículo 9.2 en el que se diga que se
evitará la duplicidad de obligaciones fiscales de carácter formal.
Consideramos que esta frase puede llegar a resultar innecesaria ya que el
artículo está elaborado de una forma que asegura, como decía
anteriormente, la simplificación. Además, tal y como está redactada la
frase entendemos que resulta confusa y que podría dar lugar a
disfunciones en la aplicación de la norma.
La pretensión de la enmienda número 7 es incorporar en el
artículo 10.2 que los beneficios de cotización a la Seguridad Social que
tiene el cónyuge de la persona titular de la explotación agraria, y a los
que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 18/2007, se
extiendan hasta los 55 años. Entendemos que no es apropiada al ser una
modificación de la Ley 18/2007, lo que requiere recogerse en una
disposición final. Como es una enmienda que hemos transaccionado todos
los grupos, la explicaré a posteriori. Se trata de una enmienda que,
dicho sea de paso, como transaccional a la 17 nos produce una gran
satisfacción.
Rechazaremos también la enmienda número 8, ya que
consideramos que no procede establecer un plazo de tres meses en lo que
se refiere al encuadramiento de las parejas de hecho titulares de las
explotaciones agrarias.
Estamos de acuerdo con la enmienda número 9. El artículo
13.1 de la ley establece que las personas casadas o las parejas de hecho
que no reciban pago o contraprestación por el trabajo realizado ni se
acojan al régimen de titularidad tendrán derecho a una compensación
económica, que deberá hacerse mediante la acreditación del trabajo
efectivo, lo que podrá realizarse por cualquier medio de prueba admitido.
Estamos de acuerdo con el planteamiento de esta enmienda de que, en caso
de un matrimonio en régimen de gananciales, se pueda aceptar como prueba
la colaboración durante los años de convivencia y que esta,
evidentemente, sea remunerada.
No compartimos el planteamiento del Grupo Parlamentario
Popular en las enmiendas números 10 y 11 ya que consideramos que se
podría entender como trabajo lo realizado por las parejas durante el
tiempo pasado y podríamos incurrir en una legalización de una situación
de trabajo compleja.
Aceptamos la enmienda número 12, sobre pesca, pero aquí voy
a hacer un inciso. Las enmiendas números 12 a 15 hablan de pesca, y para
mi grupo parlamentario esta ley tiene mucha entidad, esta ley tiene mucha
importancia. También la tiene la pesca en este país —no quiero
restarle importancia—, pero no entendemos que este sea el texto
donde debamos regular materia de pesca. Vamos a votar a favor de
la enmienda número 12.Y esto no es un batiburrillo del
Gobierno, sino que son enmiendas a esta ley que se van a introducir por
el resto de los grupos, es decir, aquí no hay ningún batiburrillo del
Gobierno y quiero dejarlo claro, son enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Popular y que las van a introducir en una ley tan
importante otros grupos parlamentarios. Mi grupo entiende que la pesca es
importantísima y que habrá que abordarla por otra vía, pero no en esta
ley.
Respecto a la enmienda número 16, hemos planteado una
transaccional que hemos firmado todos los grupos parlamentarios y por la
que esa enmienda se matiza ya que los términos que proponía el Grupo
Parlamentario Popular superaban el ámbito de regulación del actual
proyecto. Lo que hemos hecho ha sido instar a los poderes públicos a que
fomenten la titularidad compartida en cuanto a la presencia de los
órganos rectores de las entidades asociativas agrarias. En esa línea
hemos firmado la enmienda transaccional.
En cuanto a la enmienda número 17 del Grupo Parlamentario
Popular creo que hay mucho que decir. Hemos alcanzado una enmienda
transaccional fruto del trabajo, fruto del consenso de todos los
portavoces, fruto del esfuerzo y de la capacidad de convencer de nuestra
ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar. Vamos a
superar ese límite de los 40 años y vamos a llegar a los 50 para que las
mujeres puedan acogerse a bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social durante un plazo de 5 años. Debo decir que para mí es
una enorme satisfacción y un honor haber alcanzado este acuerdo. Sé que
ustedes están satisfechas por el paso que hemos dado, y me estoy
refiriendo ahora a las mujeres que hoy nos acompañan desde la tribuna
pública. Hay que seguir trabajando y somos conscientes de ello, pero a
las pruebas me remito, cuando trabajamos cohesionados y persiguiendo un
único fin lo conseguimos. Ojalá que esta situación se produzca más veces.
En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, hemos firmado todos los grupos parlamentarios una
enmienda transaccional sobre su enmienda número 18. En principio esta
enmienda pretendía eliminar el requisito establecido en el artículo 3 que
exige que las personas titulares de la explotación residan en la comarca
en que esté radicada la explotación, pero con la enmienda transaccional
hemos circunscrito este criterio al ámbito territorial rural en que esté
radicada la explotación.
Votaremos en contra de las enmiendas números 19, 20 y 21 y
a favor de la número 22, que consiste en una mejora técnica que aclara la
norma.
Respecto a la enmienda número 23 del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés al artículo 12.2, mi grupo entiende que con la
actual redacción del texto no se genera ningún agravio comparativo entre
explotaciones. Lo que se hace es favorecer aquellas explotaciones que
deciden apostar por la titularidad compartida. Aceptar esta modificación
equivaldría a anular las ventajas que, en lo que a la actividad agraria
se refiere, supone el reconocimiento de la titularidad compartida y por
ende una merma en los derechos que reconoce esta ley al colectivo de la
mujer rural.
En cuanto a la enmienda número 24 del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés vamos a rechazarla puesto que en una norma de
rango legal técnicamente no se puede introducir la línea de trabajo que
deberá seguir el Gobierno en lo referido a gestiones o negociaciones con
terceros.
En definitiva, esta es la postura de mi grupo parlamentario
respecto de las enmiendas planteadas y en relación con las cuales hemos
alcanzado un elevado grado de consenso. Y como he dicho antes, eso
siempre redunda en beneficio para el sector, en que la Comisión de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca ha estado trabajando durante los últimos
cuatro años.
Sin más, señorías, agradezco su atención.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces. ¿Desea intervenir el Grupo
Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene la palabra el
senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente. Bo día,
señorías, bo día señora ministra.
Efectivamente, ya se ha dicho en esta tribuna que estamos
ante una de las leyes, no sé si más importante —creo que sí—,
pero desde luego más necesaria y que no podía pasar más tiempo sin que
fuese aprobada. Era una auténtica injusticia que la titularidad de las
explotaciones agrícolas solo pudiera recaer sobre una persona,
generalmente y en la inmensa mayoría de los casos sobre el hombre, y que
la mujer a pesar de aportar una parte muy importante —quizá la
mayor parte— del trabajo en esa explotación agraria no pudiera
acceder a su cotitularidad y, por lo tanto, a los beneficios de todo tipo
que eso reporta,
incluida la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social y
de tener en el futuro una pensión digna una vez que se jubilara.
En consecuencia, el Grupo de Senadores Nacionalistas, PNV y
BNG, consideramos que esta es una de las leyes importante y necesaria que
vamos a aprobar en esta legislatura, que vamos a debatir y a aprobar en
esta Cámara, una de las leyes que afecta directamente a los ciudadanos y
que da una solución a los problemas que estos ciudadanos nos tienen
planteados.
Es importante por lo anterior, pero es importante además
porque esto contribuye a asegurar de alguna manera la viabilidad del
medio rural. Que nadie piense que se puede mantener un medio rural activo
si la mujer no tiene absolutamente un papel protagonista y trascendental
en ese medio rural, y una pieza fundamental es que pueda ser cotitular,
que pueda tener titularidad sobre la explotación a la que contribuye a
mantener con su trabajo. Por lo tanto, es de absoluta justicia.
Dicho esto, y aunque el BNG y el PNV estamos totalmente de
acuerdo con esta ley y por eso no hemos presentado ninguna enmienda,
quiero decir que sí vamos a apoyar aquellas enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular que hacen referencia a aspectos relacionados con la
regulación de determinadas embarcaciones pesqueras. Y aquí tengo que
echarle una pequeña bronca a mi querida portavoz del Grupo Socialista,
porque las enmiendas no las ha introducido ningún grupo político, el que
introduce el tema de la pesca en esta ley es el Gobierno y hay un grupo
político que en esta Cámara presenta enmiendas que pretenden mejorar ese
texto que el Gobierno introduce en esa ley. Pues bien, me gustaría que se
aplicara para el Gobierno el mismo criterio que se aplica para los grupos
políticos, porque a este grupo político, al Grupo de Senadores
Nacionalistas, y al Grupo Catalán de Convergència i Unió se nos han
vetado enmiendas a determinadas leyes porque no tenían nada que ver con
el título de la ley ni con el argumentario principal de la ley; sin
embargo, señor presidente del Senado, ya ve que al Gobierno sí que se le
permite introducir aspectos muy importantes pero que nada tienen que ver
con el argumento, con el corpus central de esa ley. Por lo tanto, espero
que se utilice el mismo criterio para todos, para el Gobierno y para los
grupos parlamentarios.
Con todo, coincido, eso sí, con la senadora portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en que la pesca es muy importante, pero
esta ley, efectivamente, es lo suficientemente importante, con el
suficiente peso como para no haber introducido dos temas tan distintos en
ella, reconociendo que la regulación de determinadas embarcaciones
pesqueras que están ahí en un limbo absolutamente paralegal también es
importante, pero debería ir por su cauce normal.
En cualquier caso, vamos a dar respaldo a esta ley, vamos a
firmar las transaccionales a las que hemos llegado entre los distintos
grupos y vamos a votar favorablemente las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular que tratan de mejorar eso que ha introducido el
Gobierno, no los grupos parlamentarios, referente a la regulación de
determinadas embarcaciones pesqueras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Solamente quiero
decirle que he aplicado rigurosamente las normas y rigurosamente el
Reglamento. El Gobierno ha presentado el proyecto de ley y cuando se
presentan las enmiendas —que es lo que me toca, en lo que tengo la
responsabilidad— es cuando tengo que decir o no decir. Cuando me
hagan miembro del Gobierno, entonces contestaré de otra manera, pero
hasta entonces…
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el
senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Buenos días, señor presidente, señora
ministra, señorías.
Intervengo para fijar la posición del Grupo de Convergència
i Unió en esta ley, una ley que es muy importante para el mundo rural y
muy especialmente para la incorporación de la mujer en la gestión de las
explotaciones agrarias. Esta es una ley que se va a aprobar con bastantes
acuerdos y en Convergència i Unió nos felicitamos de que esto sea
así.
Es cierto que desde la perspectiva de Cataluña hay algunos
aspectos que ya tenemos superados en función de nuestro propio Código
civil y del régimen de separación de bienes que tenemos en Cataluña, pero
es indiscutible que esta es una ley buena y, por lo tanto, estamos
satisfechos de poderla aprobar hoy.
A pesar de la importancia de la ley, creemos sinceramente
que, en especial desde el punto de vista técnico, sería muy mejorable.
Concretamente, por lo que hace referencia al artículo 12.2, según la
información que tenemos —aunque quizás nos equivoquemos—,
entendemos que puede ser recurrida ante la Comisión Europea y que,
además, dicho recurso puede prosperar. Pero, en todo caso, esto ya se
verá.
De esta observación, nuestra enmienda número 20, que a
nuestro entender es importante y propone una disposición adicional nueva,
en la que pide al Gobierno que realice las gestiones y negociaciones
oportunas ante la Unión Europea para que se declare compatible con el
mercado interior en aplicación del Título III del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. Nos parece que si no existe esta
autorización, estas gestiones previas —insisto, de acuerdo con
nuestros informes técnicos y jurídicos—, puede ser recurrida.
En definitiva, se trata de facilitar el acceso de la mujer
a la titularidad mayoritaria o compartida de las explotaciones agrarias
sin limitación por razón de edad como medida favorable para superar la
discriminación de la mujer también en el sector agrario.
Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas. Algunas
se han transaccionado. Quiero resaltar también, como han dicho tanto la
portavoz del Grupo Socialista como la del Grupo Popular, que ha habido un
nivel de diálogo muy interesante, que ha favorecido que llegáramos a
acuerdos.
Nosotros votaremos a favor de las enmiendas que hacen
referencia a la pesca, no sin reconocer que están encajadas aquí porque
sí, práctica, por cierto, bastante habitual en esta legislatura, en la
que tenemos leyes que incorporan aspectos que no tienen nada que ver con
la ley básica. Pero, dicho esto, las enmiendas nos parecen correctas y,
por lo tanto, las votaremos a favor. También lo haremos en muchas de las
enmiendas que nos propone el Grupo Popular, en algunas no, como, por
ejemplo, en la número 1, porque nos parece que si no se modifica la
ubicación —y hemos hablado bastante con Juana sobre ello—, al
final acabamos afectando a toda la ley, aunque la voluntad es correcta y
la compartimos. Respecto a otras, mantenemos el criterio técnico de la
posibilidad de recurrir esta ley, porque nos parece que plantea alguna
situación, si no de ilegalidad, por lo menos de alegalidad.
Lógicamente, mantendremos nuestras enmiendas números 19 y
20 porque forman parte del hilo conductor de la doctrina que creíamos que
debía implicarse en esta ley, y votaremos a favor de las enmiendas de la
Entesa números 23 y 24 porque coinciden con estos argumentos que he
planteado.
Para acabar simplemente les diré que no sé si esta va a ser
mi última intervención en este Senado —yo espero que no, pero
ustedes saben que en esto de la política puede pasar de todo—, pero
es posible que no coincidamos con algunos portavoces con los que hemos
compartido acuerdos, desacuerdos y debates durante toda esta
legislatura.
Muy especialmente, por lo que hace referencia a la Comisión
de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, quiero aprovechar este turno para
agradecerles a todos y a todas el trato, la consideración y el respeto
que siempre se han tenido con este portavoz. Por lo tanto, quiero darles
las gracias. Quiero hacer una mención especial —yo sé que a ella no
le gustaría— a la senadora Esmeralda Iranzo, con quien, debido a su
responsabilidad en el Grupo Parlamentario Socialista, he mantenido una
muy buena relación, así como también con el senador José Cruz Pérez
Lapazarán, con quien asimismo he mantenido un diálogo muy fluido.
En cualquier caso, y por lo que se refiere a doña Esmeralda
Iranzo, espero que continúe en la brega la próxima legislatura, porque
desde un punto de vista personal pero también político no se puede
desperdiciar tanto talento, tanta convicción y tanta dedicación a un
proyecto, y quiero que así quede recogido en el Diario de Sesiones.
Señorías, muchas gracias por todo. Esta es una buena ley
por lo que representa, aunque a nuestro juicio sea mejorable técnicamente
pues puede generar dudas en su aplicación, pero insisto en que el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió está satisfecho por su
aprobación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el
senador Batlle.
El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.
Ante todo mi grupo parlamentario quiere dar la bienvenida a
esta Cámara a las señoras que representan a las federaciones de
organizaciones de mujeres rurales, así como felicitarlas por esta
iniciativa, por esta ley.
Hoy es uno de esos días en los que uno se siente orgulloso
por varias razones. En primer lugar, yo me siento orgulloso de mis
orígenes. La mayoría de ustedes, y concretamente los miembros de la
Comisión de Agricultura, saben que soy cotitular de una explotación
agraria, titularidad que comparto con mi señora, y estos orígenes me
predisponen a hablar de estos temas con cierta autoridad que no con
autoritarismo. Asimismo me siento orgulloso de mi condición de
parlamentario porque precisamente en esta tribuna
puedo defender aquellas cosas en las que he creído siempre,
en las que creo firmemente hoy y en las que voy a seguir creyendo
siempre, cosas que voy a seguir defendiendo porque forman parte de mi ADN
y de mi ser.
Y me enorgullezco también de formar parte de un partido
político como el PSC, que en este y en muchos otros casos da soporte al
Gobierno, un Gobierno que ha tenido la sensibilidad y la valentía de
afrontar una situación que no es otra que la de reconocer con rango de
ley el papel preponderante, esencial e imprescindible que ha jugado,
juega y jugará la mujer en la agricultura y en el medio rural.
Porque al analizar la ley uno se puede preguntar qué se
pretende con ella. Pues en esencia esto es lo que pretende la ley: dar el
reconocimiento social que hace años se le debe a la mujer por su
aportación a la agricultura y al mantenimiento del medio rural, no les
quepa duda de ello. La gente que hemos compartido la titularidad con
ellas somos conscientes de lo que ha aportado la mujer a la agricultura y
al medio rural: le ha aportado inteligencia, ponderación, mesura y, sobre
todo —aparte de bienes—, trabajo, muchísimo trabajo, y eso
hay que reconocerlo y es justo que lo haga esta ley.
Y lógicamente hoy me siento también orgulloso de este
Gobierno que hoy nos acompaña a través de la ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, de un Gobierno que ha tenido la sensibilidad de
materializar esta ley y de buscar los acuerdos necesarios para que se
aprobara por unanimidad en el Congreso y para que probablemente se
apruebe también por unanimidad hoy en esta Cámara. De hecho la
sensibilidad del Gobierno se demuestra en el articulado de la ley, un
articulado que seguramente requerirá alguna mejora técnica, pero no se
puede negar que con él se hace un reconocimiento entusiasta y efectivo de
lo que la realidad social representa hoy, de los derechos de la mujer que
deben ser reconocidos y compensados.
Y permítanme que termine esta intervención justificando que
un miembro que milita y, por tanto, es activista de Unió de Pagesos no
vote a favor de las enmiendas que Unió de Pagesos, a través de Unión de
Uniones, ha presentado a este proyecto de ley. ¿Y saben por qué? Porque
esto no es discriminar. O sea, la enmienda que plantea que el 180% de la
renta de referencia es discriminatorio, con el 120% de la renta en los
programas de ayudas o en las ayudas europeas con las explotaciones
agrarias prioritarias no es discriminatorio, porque, por esta regla de
tres, las explotaciones agrarias prioritarias tienen ventajas que no
tienen el resto de explotaciones agrarias, y nadie dijo que las
explotaciones agrarias prioritarias tenían y cumplían un concepto de
anticonstitucionalidad. Y tampoco es discriminatorio porque las
explotaciones agrarias prioritarias tienen ventajas fiscales que el resto
de explotaciones no tiene.
En cuanto a los programas de ayudas nacionales y europeos,
¿es discriminatorio o no es discriminatorio el trato que reciben los
programas de incorporación de jóvenes, porque los que no son jóvenes no
pueden acceder a estos programas? Si cuando se hace una ley y cuando se
hace un programa lo que se pretende es incorporar, o se dan beneficios
fiscales y se produce discriminación positiva, o, simplemente, el
programa no tiene efecto. Y como no tiene efecto, nuestro grupo y el PSC
votarán afirmativamente este proyecto de ley, y lo hará…
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor BATLLE FARRÁN: …además con satisfacción y
orgullo.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Iranzo.
La señora IRANZO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, sin duda, no pensé al inicio de esta legislatura
que el final de la misma en materia de medio rural y de igualdad de
oportunidades fuera a tener un broche tan espléndido.
Como mujer que habita y que reside en el medio rural, como
hija, nieta y bisnieta de una generación de mujeres que han trabajado
desde siempre en el campo, no puedo sentirme hoy más orgullosa.
Hoy aprobamos el proyecto de ley sobre titularidad
compartida, en el cual han trabajado muchas mujeres a lo largo de muchos
años: las organizaciones que hoy nos acompañan, la sensibilidad del
Gobierno de España —encabezado por la ministra Rosa Aguilar—,
mi portavoz —Carmela Silva, que lleva mucho tiempo en esta
brecha—, la senadora Juana Borrego, esta humilde portavoz, pero
también el senador José Cruz Pérez Lapazarán —un hombre—, el
senador Roig, el senador Bouza. Es un trabajo de
todos, de todos por el reconocimiento, por la igualdad de
oportunidades, por las ganas de todos de hacer visible el trabajo de
todas estas mujeres que tanto hacen día a día en el medio rural.
Avanzamos en términos de igualdad, damos un paso más en la
seña de identidad de este Gobierno. Las mujeres en el medio rural han
tenido un papel que tradicionalmente ha quedado en el medio camino entre
ser el soporte de la familia y colaboradoras y trabajadoras incansables
—incansables— en nuestras explotaciones familiares. Esto ha
derivado en que históricamente nunca hayan visto reconocida —o ha
sido muy difícil— la importante, la importantísima función social
que han tenido tanto dentro de las explotaciones familiares como en su
función de agentes de cohesión social, económica y cultural de nuestro
medio rural. Hoy nadie puede negar que para las mujeres que habitan
nuestro medio rural trabajar en la familia ha tenido consecuencias
profesionales. Con la aprobación de esta ley, esas consecuencias son las
que pretendemos subsanar. Es decir, el trabajo realizado en una empresa
familiar fortalecía económicamente una bolsa común, cuyo titular era
siempre el cabeza de familia. Las mujeres han contribuido siempre de modo
fundamental a la marcha del negocio familiar y han tenido en muchísimas
ocasiones serias dificultades para obtener remuneraciones personales,
derechos sociales e identidad profesional.
Con este proyecto hemos conseguido o pretendemos conseguir
—una vez sea ya definitiva su publicación— que el trabajo de
estas mujeres en las explotaciones agrarias familiares se conozca como
tal y poner punto y final a una situación que venimos viviendo durante
todos estos años, en la que, como decíamos, su trabajo ha sido
considerado una mera ayuda familiar, aunque se ha desarrollado siempre de
manera habitual y diaria. Damos pues, con esta ley, un marco jurídico en
consonancia definitivamente con la realidad social que vive nuestro país,
para que las mujeres del mundo rural gocen de una igualdad de derechos
plena, real y efectiva.
Quisiera destacar una enmienda que nos ha costado mucho
esfuerzo, ¿verdad que sí, senadora Borrego?, la enmienda 17, pero que nos
enorgullece enormemente a todos, y es, como decía en mi primera
intervención, la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social hasta
los 50 años. No sé si habrá que explicarle bien al mundo lo que supone
esto, pero yo sí sé lo que supone para nosotras.
Quiero finalizar esta que no sé si será mi última
intervención o no, dando la gracias -porque es de bien nacido ser
agradecido- primero a los señores portavoces de los grupos parlamentarios
de los que tanto he aprendido y tanto me han enseñado como el senador
Batlle y quiero agradecer la amistad sincera de algunos otros portavoces,
y decirles que toda esta buena entente sin duda se ha traducido en que la
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca —también por la
colaboración del Gobierno que tuvo la mano siempre flexible— haya
conseguido alcanzar grandes consensos que se han traducido en beneficios
para todo el sector agrario.
Como dice la canción y como dice la película: Ha sido un
gran placer. Buenos días y buena suerte. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora
Borrego.
La señora BORREGO IZQUIERDO: Señor presidente, señorías.
Señora ministra, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Creo que merece la pena aprobar una ley por la cual todas
las mujeres rurales se verán beneficiadas. En la otra ley no estaba
suficientemente ampliada la edad. Al Grupo Popular le hubiera gustado
llegar a los 55 años de edad, pero con los 50 años abrimos un abanico que
puede llevar, por lo menos, a pensar que los presupuestos se puedan
llevar a cabo.
Respecto a las enmiendas de Entesa y CiU, el Grupo Popular
ha llegado a una transaccional con CiU, la última vamos a votarla
afirmativamente, pero vamos a abstenernos en las otras, igual que haremos
con las de Entesa, porque creemos que las enmiendas que proponen no son
lo suficientemente claras y, sobre todo, supone una acción positiva para
las mujeres.
Nosotros no compartimos la situación de inferioridad que
han tenido durante muchos años las mujeres rurales y en estos momentos,
ahora que podemos con esta ley, queremos y tenemos el deber de premiarlas
en este sentido. Creemos, además, que este proyecto de ley de titularidad
compartida de explotaciones agrarias que hoy estamos debatiendo es una
reivindicación histórica desde la Directiva comunitaria del año 1986 y
que desde siempre han abanderado las ONG de mujeres rurales como la
Federación de la Mujer Rural, que me honro presidir, Amfar, Afames,
Ceres, la Unión General de Centros de Animación Rural y Fademur. Todas
ellas han participado activamente en las reuniones a las que nos
ha convocado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino para poder alumbrar un poquito la ley con el ánimo de mejorarla
y adecuar su texto a la realidad del trabajo que vienen desempeñando
desde hace muchos siglos las mujeres rurales en las explotaciones
agrarias.
Señorías, creo que desde el Senado todos los grupos
parlamentarios que representamos el mundo rural de nuestro país debemos
sentir la obligación de mejorar la ley. Todos conocemos el problema que
hoy día tiene la mujer en el campo. Creemos que su situación ha de
mejorar, que se las debe sacar de esa invisibilidad de su trabajo diario
en las explotaciones agrarias y ayudarlas en estos momentos. Según las
estadísticas, en la actualidad el 82% de las mujeres que trabajan en el
campo lo hacen en calidad de cónyuges o de hijas de titulares de la
explotación. En la mayoría de los casos, hasta el 71,2 %, en concreto,
los titulares son hombres. Y, aproximadamente, un 20% son menores de 40
años. Si ahora podemos ampliar con esta ley hasta la edad de los 50 años,
esto supondrá que aproximadamente el 40% de ese 62% restante serían
mayores de 40 años.
En este contexto, en el que el trabajo de las mujeres se
considera ayuda familiar y que a pesar de trabajar en las explotaciones
agrarias no pueden gestionarlas administrativamente ni consolidan ningún
derecho si los titulares son solo los cónyuges, debemos apoyar esta ley,
fundamentalmente porque en España la mujer siempre ha desempeñado un
papel muy importante con su trabajo diario en el campo, ha tenido una
labor ardua y dura que jamás ha sido reconocida.
Las titulares de las explotaciones agrarias suman cerca del
30%, son propietarias de la tierra el 9% y habitualmente se trata de
explotaciones bastante más pequeñas que las que poseen los hombres. Las
otras mujeres, las que no son titulares de explotaciones agrarias pero
trabajan en el campo, no tienen propiedades, y muchas son mayores de 40
años. Ya hemos dicho que trabajan en la casa y en el campo, por lo
general están casadas, tienen hijos y, por tanto, cargas familiares, y
siempre acuden al trabajo de la explotación familiar.
Por eso, creo que en estos momentos podemos estar
satisfechos, señorías, porque ya figurarán en las estadísticas, pero
sobre todo porque tendrán los derechos propios. Resulta importante la
aprobación de la enmienda transaccional a la disposición adicional
tercera.
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora BORREGO IZQUIERDO: Les agradezco su sensibilidad
a las mujeres que han trabajado y siguen trabajando en las explotaciones
agrarias desde hace tanto tiempo. Tiene que ser una ley para mirar hacia
el futuro.
El problema del mundo rural en estos momentos es grave.
Tenemos menos agricultores. Las mujeres siempre estamos dispuestas a
sacar de los problemas a nuestras familias y estamos dispuestas a poder
funcionar cada día mejor para lograr mejor trabajo, mejores posiciones y
una mejor agricultura.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego que termine. Ha
consumido su tiempo.
La señora BORREGO IZQUIERDO: Un minuto, por favor.
Señorías, al Grupo Popular le ha gustado que se haya
producido un efecto positivo y que se haya manifestado gran sensibilidad
en esta Cámara para sacar adelante esta ley tan importante y necesaria
para las mujeres del medio rural, en la que se busca la equiparación de
derechos entre mujeres y hombres, aunque, como he dicho antes, se queda
corta en su contenido y desarrollo, puesto que, a nivel funcional y
operativo, será difícil de entender para las mujeres que quieran
incorporarse.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora BORREGO IZQUIERDO: Termino, señor presidente.
Por último, como esta ley se ha fortalecido con el diálogo
y el esfuerzo de todos, solo me queda agradecérselo a todas sus señorías.
Y finalmente quiero decir que, como este será uno de los
últimos plenos de la legislatura, a todas sus señorías les deseo mucha
suerte. (Aplausos.)
Muchas gracias. (La señora ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Aguilar Rivero, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Finalizado el debate, me solicita la palabra la señora
ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
(Aguilar Rivero): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, permítanme que mis primeras
palabras sean para agradecer a las organizaciones de mujeres rurales su
presencia hoy aquí, pero también para darles las gracias por su
participación activa en esta ley que lo fue desde el primer momento de su
redacción, así como por todo el trabajo realizado a lo largo de todos
estos años para que llegáramos a un momento -el momento necesario y
deseado- de dar respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres
rurales. Trabajo e ilusión es lo que han puesto todas y cada una de las
mujeres que conforman las organizaciones y, por eso, yo quiero darles las
gracias sinceras, darles las gracias de corazón.
Pero también, como se pueden imaginar sus señorías, he
solicitado la palabra para dar las gracias a todos y cada uno de los
grupos parlamentarios, a todas sus señorías, a todos sus señorías, por el
trabajo que se ha realizado en el marco del Senado que tiene una seña de
identidad: la del diálogo, la del consenso y la del acuerdo, que es como
mejor se sirve y se responde a las ciudadanas y a los ciudadanos -en este
caso, a las mujeres rurales-, dándoles una respuesta clave, esencial y
fundamental en términos de igualdad. Y también quiero darles las gracias,
cómo no, por sus aportaciones a la ley que hemos propuesto y por el
trabajo bien hecho en el marco del Senado.
Me gustaría compartir con todas y con todos ustedes este
momento en el que damos un paso decisivo, un paso determinante en
términos de igualdad. El Gobierno de España ha hecho una apuesta clara y
decidida por las políticas de igualdad y no podía quedar atrás el medio
rural. Por tanto, hoy lo que hacemos es dar ese paso necesario y justo en
términos de igualdad en el ámbito de la agricultura, en el mundo rural;
un paso determinante para la visibilidad de las mujeres en las
explotaciones agrarias familiares, que a lo largo del tiempo,
históricamente, han venido trabajando de manera habitual en ellas pero
que no han tenido visibilidad. Se consideraba que el trabajo que las
mujeres desarrollaban en las explotaciones agrarias familiares era
complementar el trabajo fundamental, principal y esencial, que era el del
hombre y, por otra parte, se consideraba el trabajo en el ámbito de ayuda
familiar, cuando de lo que se trataba era de una jornada laboral en el
marco de la titularidad compartida y la mujer trabajaba a la par que el
hombre. También teníamos una realidad que pone de manifiesto que no se
hacía visible el trabajo que las mujeres desarrollaban, y es que más del
70% de los titulares de las explotaciones agrarias familiares eran
hombres. En ese sentido también es un porcentaje superado a la hora de
tener la representación en responsabilidades en el ámbito agrario, en el
ámbito de las cooperativas y en todos los ámbitos del mundo rural.
Por lo tanto, con esta ley lo que hacemos es labrar juntos
un nuevo tiempo, un nuevo futuro para las mujeres en el ámbito de la
agricultura, de la titularidad compartida, y no solo hacerlas visibles,
sino hacerlas en términos de igualdad, protagonistas de ese futuro que
juntas y juntos hemos de ganar. Por tanto, señorías, muchas gracias por
su esfuerzo, por su trabajo, por el consenso alcanzado, y gracias a todas
y cada una de las mujeres de las organizaciones que han puesto pasión,
ilusión y corazón, que es como las cosas salen bien, como ha salido la
ley de titularidad compartida.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Llamen a votación. (Pausa.)
Cierren las puertas.
Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley sobre
titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
En primer lugar, votaremos las enmiendas de Convergència i
Unió números 19, 20 y 21.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 9; en contra, 121; abstenciones, 122.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 22, también de Convergència
i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 252.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Prolongados
aplausos.)
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
de forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M.el Rey.
— DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y
CONSUMO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE SALUD PÚBLICA. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. S. 621/000117)
(Núm. exp. C.D. 121/000115)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos, a continuación, a
debatir el dictamen de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
en relación con el Proyecto de Ley General de Salud Pública.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Esquerda. (Rumores.)
Silencio, señorías, o abandonen el hemiciclo.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el
día 3 de agosto del 2011, siendo publicado ese mismo día en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto
de ley expiró el día 5 de septiembre, ampliándose posteriormente al 7 de
septiembre. Durante dicho plazo se presentaron 127 enmiendas por los
grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas, enmienda 1; Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, enmiendas 32 a 34; Entesa Catalana de
Progrés, enmiendas 35 a 127, y Popular, enmiendas 2 a 31.
La comisión se reunió el día 8 de septiembre para
dictaminar el proyecto de ley, sin que el texto que se convirtió en
dictamen de la comisión sufriera variaciones.
El dictamen de la comisión, junto con los votos
particulares presentados, ha sido publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales el día 14 de septiembre de 2011.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, pasamos al turno de defensa de las
enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Hay una enmienda transaccional que corresponde a nuestra
enmienda número 1, que es la única que mi grupo ha presentado. En
consecuencia, no procede su defensa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor
presidente.
Señorías, llevamos casi tres años hablando de la Ley
estatal de Salud Pública, por la necesidad y la importancia para el
futuro sanitario de este país de elaborar una ley consensuada, y también
porque, como ustedes saben perfectamente, se han producido emergencias
sanitarias que así lo requerían.
Asimismo, en la redacción de esta ley debíamos tener en
cuenta que la salud pública fue una de las primeras transferencias
realizadas a las distintas comunidades autónomas, posiblemente debido a
su escaso nivel económico y porque era fácil hacerlo. Sin embargo, las
atribuciones de la sanidad pública, que quiero recordar que no tienen
nada que ver con la sanidad asistencial, se han ido transfiriendo a estas
comunidades, cada una de las cuales evidentemente ha elaborado su
legislación oportuna.
Del mismo modo, a pesar de las transferencias, en algunos
casos, hay unos determinantes de salud cuya modificación solo puede
llevarse a cabo desde el ámbito estatal, incluso deberían hacerse desde
el
ámbito europeo, especialmente porque, como ustedes saben y
repito, se han producido crisis sanitarias y alimentarias, algunas reales
y otras no tanto, objetivo de la ley que nos ocupa.
La salud pública está compuesta —me lo han oído decir
en muchas ocasiones desde esta tribuna— por las tres pes:
prevención, protección y promoción de la salud. Pero en las últimas
décadas, posiblemente por la influencia de brotes epidémicos y
alimentarios, se ha producido una gran sensibilización en la población
sobre esta cuestión; además, ha quedado demostrado científicamente, sin
ningún lugar a dudas, que la prevención es altamente rentable y, como es
lógico, es una de las partes importantes de la ley.
Señorías, voy a hablar de las tres enmiendas que hemos
presentado, y me referiré en primer lugar al calendario. Como ustedes
saben, la que les habla es una defensora a ultranza de un mismo
calendario para todas las comunidades, es absurdo tener diecisiete
calendarios distintos sobre las mismas vacunas, porque podría ocurrir que
los padres o abuelos de un niño vivieran en comunidades distintas y, por
tanto, incumpliera ambos calendarios.
Pero, señorías, un calendario coordinado no quiere decir un
calendario único, que es a lo que se refiere nuestra enmienda. Tenemos un
Estado con distintos climas, distintas poblaciones y es lógico que, en el
caso de que fuera posible presupuestariamente, algunas comunidades
pudieran incorporar nuevas vacunas.
Otra de nuestras enmiendas se refiere a la extensión del
derecho a la asistencia sanitaria pública, que ha sido transaccionada con
las distintas fuerzas políticas, porque cada una había presentado una
enmienda similar.
Por último, en la enmienda número 34 añadimos una letra k)
que recoge la prevención y la detección precoz de enfermedades raras, así
como el apoyo a sus afectados y familiares.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Termino, señor
presidente.
Señorías, la detección precoz y las investigaciones y
apoyos a familiares de enfermedades raras ha sido una de las prioridades
de esta Cámara. Ha habido ponencias, resoluciones, se han presentado
mociones, etcétera, cuyas aportaciones a esta ley deberían ser
contempladas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Esquerda.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado 93 enmiendas
al proyecto de ley general de salud pública, de las cuales las números
79, 80, 81, 92, 93 y 103 quedan retiradas porque consideramos que ya
fueron incluidas en el texto del proyecto de ley en su trámite en el
Congreso, y no comprendemos cómo no se incluyó esa circunstancia en la
ponencia.
También vamos a retirar algunas enmiendas porque, a pesar
de los esfuerzos realizados, no encontramos apoyos por parte de otros
grupos parlamentarios de la Cámara, y por tal circunstancia, y habida
cuenta del apretado programa que tenemos en el día de hoy, hemos optado
por esta posibilidad que agilizará la sesión. Estas enmiendas son las
siguientes: las números 35 a 78; las números 82, 86, 87, 89, 90, 91, 95,
96, 97, 105, 106, 116, 117 y 122.
Las enmiendas que mantenemos las he agrupado por materias
para una mayor comprensión. Así, entendemos que en cuestión de salud
pública el principio de precaución es fundamental porque, ante una
pequeña posibilidad de aparición de cualquier problema, es fundamental
prestar la máxima alerta, y para ello presentamos un grupo de enmiendas
que afectan a varios artículos y que mejoran esta precaución. Son las
enmiendas números 83, 84, 101, 119 y 120, que afectan respectivamente a
los artículos 10, 11, 28.2, disposición final primera, y 3.d).
La enmienda número 102 añade al artículo 32 una serie de
actuaciones en el ámbito de la salud laboral. Incorporamos un nuevo
apartado al artículo 43, enmienda número 104, para que se puedan
presentar alegaciones por parte de cualquier interesado a la estrategia
de salud pública.
La enmienda número 118 formula una nueva disposición
transitoria para presentar un proyecto de ley de prevención y reducción
de la contaminación electromagnética.
La enmienda número 98, que afecta al artículo 27.2,
garantiza que se puedan consultar los análisis de los riesgos para la
salud.
Mediante la enmienda número 88 proponemos también añadir un
nuevo artículo, a continuación del artículo 14, para dotar de recursos
suficientes, humanos, materiales, presupuestarios, e infraestructuras, a
la salud pública.
Las enmiendas números 85, 94, 99, 100, y 121, que afectan
respectivamente a los artículos 13.3, 22.1.g), 27, también con un nuevo
apartado, y 12.3, matizan cómo han de ser realizados los estudios
epidemiológicos y la coordinación de la vigilancia epidemiológica.
Las enmiendas números 107 a 115 pretenden endurecer la
calificación de las infracciones cometidas en salud publica, incrementar
sus sanciones, alargar los plazos de prescripción, y crear un registro
público de infracciones.
Las enmiendas números 123, 124, 125 y 127, todas ellas
modificadoras de la disposición adicional sexta, relativa a la extensión
del derecho de la asistencia sanitaria pública, modifican el tercer punto
para proporcionar la universalización de la sanidad pública también a los
profesionales liberales, a los que se limita en dicho punto.
Finalmente, la enmienda número 126 añade una nueva
disposición adicional con objeto de considerar una nueva profesión
sanitaria titulada y regulada, denominada psicólogo general sanitario, de
nivel licenciado o graduado.
Para todas estas enmiendas, señorías, pedimos su voto
favorable porque mejoran todas ellas y de forma sustancial este proyecto
de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Aragón.
La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ: Gracias, señor
presidente.
Buenos días, señorías. Subo a esta tribuna para defender
las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado a esta ley de salud pública y para posicionarnos sobre el resto de
enmiendas presentadas por otros grupos políticos.
En primer lugar, quiero manifestar que retiramos la
enmienda número 18 porque por un problema técnico quedaría solapada con
la número 19.
En cuanto a las enmiendas de los demás grupos, he de
señalar que, tanto el Grupo de Senadores Nacionalistas, el Grupo
Parlamentario Popular, como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, coincidíamos en una enmienda que finalmente ha
sido transaccionada, de lo cual nos alegramos.
La enmienda de la Entesa número 126, que también ha sido
transaccionada, cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.
Votaremos afirmativamente la enmienda número 34 de
Convergència i Unió que se refiere a enfermedades raras, tema que ha sido
muy trabajado y muy consensuado en esta Cámara, pues por iniciativa de
este grupo político se elaboró en la anterior legislatura una magnífica
ponencia. Quiero dar las gracias a todos los grupos políticos, pero muy
especialmente a mi compañero de grupo, Ignacio Burgos, por el empeño y el
entusiasmo que ha puesto en enfermedades raras. Agradecemos a
Convergència i Unió que haga esta alusión en esta ley tan importante para
enfermedades raras. Recibirá todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño.
Votaremos favorablemente las enmiendas números 84 y 88 de
Entesa. La primera habla de habilitar recursos suficientes materiales y
humanos para llevar a cabo la Ley de Salud Pública. La otra habla de
imparcialidad y es coincidente con una de nuestras enmiendas.
Una vez mostrada nuestra postura sobre el resto de las
enmiendas vamos a hablar del posicionamiento del Grupo Popular. El Grupo
Parlamentario Popular en el Senado considera que esta ley es necesaria y
oportuna, pero lamenta que se apruebe de la forma en que se aprueba
porque nuevamente el Gobierno socialista demuestra una vez más que muchas
palabras y pocos hechos porque a la hora de la verdad hay poco compromiso
con la salud pública, algo tan importante para el bienestar de nuestros
ciudadanos.
Siempre hablan de consenso, pero también siempre dejan
fuera de él al Partido Popular. Es algo que lamentamos profundamente
porque la voz del Partido Popular no solamente es la voz de esta portavoz
en este momento o de los miembros que estamos aquí representados, ni tan
siquiera de los afiliados del
Partido Popular; es la voz de millones de ciudadanos
españoles a los que nosotros aquí representamos. Por tanto, lamentamos
que esa voz siempre quiera ser ignorada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Mantenemos vivas 29 enmiendas. Me voy a referir a ellas
también por bloques. Hay un grupo de enmiendas que se refieren a la
necesidad de que haya una adecuada información en salud pública. La
información en salud pública, desde nuestro punto de vista, debe ser
veraz, debe tener garantías y debe ser fluida en todos los procesos para
que cuando haya algún tipo de riesgo para la salud, como en caso de
vacunaciones, pandemias o epidemias, no ocurra lo que ha ocurrido durante
este Gobierno socialista, porque realmente ha habido informaciones o
desinformaciones que han traído alarmas innecesarias a la población y que
ocasionan unos riesgos tremendos no solamente para la seguridad que
tienen depositada los ciudadanos en el Gobierno, sino también riesgos
económicos importantes para determinados sectores, como ha ocurrido hace
poco con la famosa crisis del pepino.
A la hora de dar esta información, es necesario también
contar con sociedades científicas, con cooperaciones y con agentes
sociales, pero siempre que se garantice plenamente la imparcialidad de
estas cooperaciones o de estas entidades y que no entren en conflicto de
intereses cuando tienen que hacer comunicados en materia de salud
pública. Esta es otra de las enmiendas que recogemos. Y cómo no, se debe
adaptar a los criterios de la OMS y de la Unión Europea.
Estas enmiendas no van a ser apoyadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, pero tendrán que explicar por qué, qué tienen
de malo, por qué son nocivas o por qué no creen que enriquezcan esta Ley
de Salud Pública.
La enmienda número 19 habla de la participación de todas
las oficinas de farmacia. Tenemos en concreto el respaldo del Grupo de
Convergència i Unió y de los organismos colegiales. La salud pública es
transversal y entran a formar parte de ella muchos profesionales
sanitarios, también los farmacéuticos, cómo no, los veterinarios y otros
muchos. Todas las oficinas de farmacia, por pequeñas que sean, en el
medio rural, en el que yo me muevo habitualmente, tienen una importancia
transcendental para ser también vehículos de comunicación y para velar
por la salud pública.
En la enmienda 28 recogemos no solo —como dice la
ley— el deber que tienen los profesionales sanitarios de formarse,
sino el derecho que tienen a recibir por parte del Gobierno una formación
continuada.
En la enmienda número 11 hablamos de la vigilancia
epidemiológica, pues es imprescindible que se garantice que todos los
estamentos de los servicios nacionales de salud formen parte de ello y
que haya una coordinación en atención primaria especializada y en
hospitales.
En la enmienda número 26 hablamos de algo importantísimo
desde nuestro punto de vista. Como decimos que la salud pública es
totalmente transversal, las políticas también deben serlo. Por ello, debe
haber una comisión interministerial porque la salud pública trasciende a
todos los ministerios, a Trabajo, a Educación, a Igualdad, a todos ellos.
Por tanto, para que haya una coordinación y no una descoordinación, como
he manifestado anteriormente, es imprescindible la creación de esta
comisión.
Entendemos que es necesario crear un plan nacional de
enfermedades nosocomiales, que son aquellas que adquiere un paciente
cuando está ingresado en cualquier centro de salud, hospitalario o no, y
que también son un riesgo para los profesionales que trabajan en ese
centro. Es una realidad que está recogida en los países de nuestro
entorno europeo y no entendemos por qué esa negativa a enriquecer esta
ley con este plan especial de enfermedades nosocomiales.
Lo mismo ocurre con el centro de referencia de enfermedades
profesionales. Ya hemos recibido el apoyo de dos grupos políticos, y lo
agradecemos, CiU y Entesa Catalana de Progrés y esperamos recibir el
apoyo de otros grupos. Pensamos que el Gobierno debe ser consciente de
que esta es también una realidad cada vez más manifiesta y que es
necesario abordarla en esta importante ley.
Hablamos de planes y no de estrategias. Es algo que no
gusta nada al Grupo Socialista ni al Gobierno, porque el plan nacional,
en el que tenemos muchísimas iniciativas en esta legislatura y en la
anterior, es mucho más ambicioso y mucho más comprometido para el
Gobierno que una estrategia. La estrategia forma parte de un plan. El
plan nacional es el que realmente compromete al Gobierno, tanto
presupuestariamente como en estrategias, y esta sería una muestra más de
descompromiso por parte del Gobierno socialista.
Ley de cohesión. Con una disposición derogatoria, quieren
acabar con un artículo que es mucho menos ambicioso que la Ley de
cohesión, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Pero
nosotros vamos a más y no a menos, como este Gobierno socialista.
Quería referirme a una serie de enmiendas que son
trascendentales y que hablan de carteras de servicios comunes para todos
los españoles y para todas las comunidades autónomas, así como de
calendario vacunal único. Han sido muchísimas las iniciativas del Grupo
Popular. Siempre han sido rechazadas por parte del Grupo Socialista.
Ahora hablan de un calendario único y de una cartera de servicios, pero
poquito, como nos tienen acostumbrados.
Es una ley de salud pública de mínimos. Nosotros
ambicionamos una ley de salud pública como merecemos y que sea ambiciosa,
en la que se recoja una cartera de servicios común para todos. No va a
entender ningún ciudadano, vote a quien vote, por qué un español que vive
en una determinada comunidad autónoma tiene derecho a un programa de
salud bucodental hasta los 16 años y en otra comunidad no; nadie va a
entender por qué en unas comunidades hay programas de prevención tan
importantes como unas pruebas preventivas para el cáncer, por ejemplo
colorrectal, y en otras comunidades no; nadie entiende por qué un médico
de una comunidad de atención primaria puede solicitar una ecografía o una
mamografía desde su centro de salud y de otra no.
Respetando profundamente las autonomías, como las respeta
el Partido Popular, creemos que esto es una desigualdad y una injusticia
a la que hay que poner freno y el momento de hacerlo es ahora en esta ley
de salud pública, con una cartera de servicios común comprometida y donde
haya una serie de prestaciones comunes que queden escritas y no como
quedan en esta ley de salud pública, sin compromiso veraz por parte del
Gobierno socialista.
Con el calendario vacunal pasa lo mismo. Incluyen el
calendario vacunal único en esta ley, pero también por mínimos. No,
nosotros pedimos que haya un calendario vacunal único, que sea la
comisión nacional de vacunación la que incluya las vacunas, la que decida
cuáles son las dosificaciones y las franjas de edad y que, además, sea
revisado y actualizado periódicamente. Eso es lo que pide el Partido
Popular porque entiende que es bueno para todos.
Lo mismo pide con la cartera de servicios. La salud pública
se basa en muchos pilares y uno de los pilares fundamentales es la
prevención. Vacunas y planes de prevención son fundamentales para la
salud de nuestros pacientes. Además, tal y como está ahora mismo el
sistema sanitario, con un problema de sostenibilidad financiera tremendo,
también es importante que apostemos por la prevención porque irá en
beneficio de todos, no solamente de nuestra salud, sino también de la
sostenibilidad del sistema sanitario.
Esto es lo que nosotros pedimos. Ustedes, el Grupo
Socialista, al que me dirijo expresamente, hace poco han votado en contra
de una moción que presentó el Grupo Popular para el calendario vacunal
único. Ustedes llevan siete años hablando y presumiendo de una ley de
salud pública. Cada vez que alguna iniciativa de este grupo hablaba de
algún problema de salud pública nos remitían a esa ley que estaban
ustedes elaborando.
¿Qué ocurre? Que después de siete años otra vez vamos a lo
mismo. Es la muestra de todo lo que ha ocurrido en estos siete años.
Ustedes nos prometían una ley de salud pública y, mientras tanto, ¿qué
hacían? Con sus obras se demuestran sus hechos. Al final todos los
Presupuestos Generales del Estado, todos y cada uno de ellos desde que
gobierna el Partido Socialista en España han ido rebajando las partidas
para salud pública, sanidad exterior, todas, incluso educación de la
salud, algo que ustedes han olvidado durante estos siete años de
gobierno. Ahora tienen la oportunidad de enmendarlo y de recogerlo en
esta ley de salud pública con un compromiso, como digo, veraz y real para
todos los ciudadanos, pero vuelven otra vez a lo mismo.
Lamento que no esté aquí la ministra de Sanidad, pero debo
decir que nosotros no creemos que se trate de aprobar una ley por
aprobarla. Entendemos que estamos al final de una legislatura, que se han
adelantado las elecciones, que han entrado prisas y que después de siete
años hemos querido hacer deprisa y corriendo una ley de salud pública que
realmente no es la que merecen los españoles, y para muestra lo que ha
ocurrido durante estos siete años. Lo lamentamos. Pensamos que esta ley
es importante, es necesaria, pero podría haber sido buena, y desde el
Partido Popular entendemos que no lo es por no escuchar. Creo que hay una
obsesión por parte del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno que
le obceca y que consiste en no querer escuchar la voz del Partido
Popular, y termino como empecé, diciendo que esa voz del Partido Popular
es la voz de muchos ciudadanos a los que ustedes tendrán que dar
explicaciones.
Ruego, por favor, en este último intento que hagan un
análisis de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular y
que las rebatan diciendo por qué son malas, por qué no benefician a la
salud pública y en qué se basan ustedes para rechazarlas. No puede ser y
no me puedo creer que solamente se basen en el rechazo al Partido Popular
porque eso sería de todo punto injustificado.
Como es la última intervención en la que me puedo dirigir a
todos los miembros de la Comisión de Sanidad, quiero decir que ha habido
debates como este, en el que no estamos de acuerdo, pero todos han sido
enriquecedores y por encima de todo quedan las personas. A todos y cada
uno de los miembros de la Comisión de Sanidad les quiero mostrar mi
cariño, mi respeto, mi afecto, desearles lo mejor y, cómo no, a nuestra
letrada Maribel que ha hecho una magnífica labor, así como a todos
aquellos trabajadores de la Cámara que desde la oscuridad han hecho
posible que esta Comisión de Sanidad haya funcionado correctamente.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno en contra.
Tiene la palabra la portavoz socialista, señora
Maestre.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor
presidente.
Voy a hacer uso del turno en contra para explicar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista con respecto al conjunto de
las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios.
Efectivamente, este es el último proyecto de ley que vamos
a llevar a la consideración del Pleno desde la Comisión de Sanidad y
Política Social del Senado antes de la disolución de las Cámaras, y es
verdad que se ha tramitado por la vía rápida, por el procedimiento de
urgencia, pero esto no significa que no se haya trabajado en el proyecto
de ley. Es cierto que durante un largo período de tiempo han sido muchas
las jornadas de trabajo, las reuniones parlamentarias, pero especialmente
las iniciativas que han llevado a ofrecer un anteproyecto de ley en su
momento y un proyecto de ley en la actualidad que nace precisamente del
trabajo conjunto de muchísimas organizaciones que han trabajado en la
elaboración de esta ley de salud pública. Por lo tanto, aunque sí es
cierto y tenemos que reconocer que el trámite del Senado ha sido muy
rápido, también es cierto que en la elaboración previa ha habido una
amplia participación de los sectores sanitarios y sociales implicados en
la elaboración de esta ley de salud pública.
La verdad es que por lo menos el Grupo Parlamentario
Socialista puede decir que se siente enormemente satisfecho, porque,
aunque este trámite último en el Senado ha sido rápido, podemos decir que
se ha trabajado bien y que en la medida de lo posible hemos hecho grandes
esfuerzos para que entre todos los grupos pudiéramos impregnar a esta ley
del mayor consenso. Ante todo, y esto es lo más importante, la ley ha
salido en esta legislatura porque era un compromiso que tenía el
Gobierno, un compromiso en el que se ha volcado especialmente la ministra
Leire Pajín y que vamos a conseguir que entre unos y otros trabajamos y
rememos para que antes de la disolución de las Cortes podamos estar todos
aquí debatiendo una ley que entendemos que es muy importante para el
ámbito de la sanidad. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa
la Presidencia.)
Y, señora Aragón, no hace falta que entre ahora a rebatirle
absolutamente todos los comentarios que usted ha hecho, pero es verdad
que este ha sido uno de los más empleados con los tres ministros que han
acudido a la Comisión de Sanidad y Política Social en los últimos cuatro
años. Ustedes siempre han empleado el argumento de la no comparecencia,
cuando es totalmente inexacto. No recuerdo de memoria el tiempo que lleva
la ministra Pajín ejerciendo como primera responsable de la cartera de
Sanidad, pero las cifras hablan por sí mismas: ha sido sometida a 8
comparecencias en las comisiones del Senado, a 17 interpelaciones y a 70
preguntas orales. Repito que las cifras hablan por sí mismas teniendo en
cuenta que hace dos legislaturas, cuando gobernaba el Partido Popular, la
ministra Ana Pastor, la última ministra que ustedes tuvieron, solo acudió
en una ocasión a esta Cámara. Por tanto, no tienen ustedes autoridad
moral para decir que los ministros no comparecen. Por cierto, una
cuestión de agenda ha impedido que la ministra de Sanidad haya acudido a
presentar esta iniciativa, pero la realidad es que si estamos debatiendo
muchos aspectos importantes de esta ley y si la tramitación parlamentaria
ha sido agilizada para cumplir con la tramitación de este proyecto de ley
antes de la disolución de las Cortes, ha sido precisamente porque la
ministra y el Gobierno se han empeñado en que salga adelante este
importante proyecto de ley. Porque es cierto que en los últimos años se
ha trabajado de forma muy profunda para desarrollar iniciativas
legislativas que mejoraran la asistencia sanitaria de nuestro país. Hace
poco hemos celebrado el XXV aniversario de la Ley General de Sanidad, y
es cierto que un Gobierno socialista, igual que en esta ocasión, va a
avanzar en la ley de salud pública. Y hemos de reconocer también que ha
habido otros avances legislativos como la ley de calidad y cohesión
sanitaria. Pero es cierto también que se dejaba un poco de lado la otra
concepción de la sanidad que se contiene en este proyecto de ley, la
orientada a la
prevención y promoción de la salud, que es otra manera de
ahondar en el derecho constitucional a la salud, además de que dicho
proyecto tiene efectos en cuestiones de sostenibilidad. Es decir, el
trabajar en la promoción y prevención de la salud va a repercutir
directamente en el ámbito sanitario a efectos de prevenir enfermedades y
contribuir a esa sostenibilidad.
Y, aunque la señora Aragón en su alocución ha hecho mención
de la carencia de iniciativas, esa manifestación vuelve a quedar en
evidencia a causa de los datos. En esta legislatura concretamente, y
también en la anterior, hemos llevado a cabo importantes iniciativas
legislativas que tenían que ver con la salud pública, Ley de medidas de
prevención del tabaco -salud pública- o la Ley de Seguridad Alimentaria,
es decir, lucha contra la obesidad, prevención de la hipertensión,
etcétera. Sabemos, por tanto, que nos avala el trabajo que hemos hecho,
del que estamos muy satisfechos, como lo estamos también de que en la
recta final de esta legislatura podamos trabajar en este sentido para
consolidar aún más el derecho a la salud de los ciudadanos.
Había muchos aspectos sobre los que teníamos que legislar,
pero yo voy a ir a uno de los que considero más importantes. Dentro de
esta iniciativa legislativa había aspectos a los que queríamos hacer
frente, y respecto de los cuales tanto el Gobierno como el Grupo
Parlamentario Socialista estaban volcados en resolver, por ejemplo, el
tema de la universalización de las prestaciones sanitarias y acceso a la
asistencia sanitaria. Y es que aunque parezca increíble a estas alturas,
todavía había ciudadanos que se quedaban fuera del sistema, en concreto
parados que habían agotado ya sus prestaciones y el subsidio y algunos
colegios profesionales que se acogían a las mutualidades, autónomos y
profesionales por cuenta propia. Nosotros entendíamos que teníamos que
trabajar para que podamos decir definitivamente con todas las de la ley
que nuestro sistema sanitario es universal y equitativo, uno de los
aspectos en el que más hemos trabajado. Por eso, en cuanto al conjunto de
enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios —el Grupo
Parlamentario Socialista no ha presentado ninguna— todas coinciden
en el aspecto de la universalización. Hemos querido volcarnos para que
entre todos pudiésemos sacar un texto conjunto en el que generáramos un
proceso paulatino de incorporación a este sistema en la forma más
responsable posible teniendo en cuenta la situación económica en que nos
encontramos. Partimos del hecho de que nosotros consideramos que debe ser
prioritario que los parados entren a formar parte cuanto antes de este
sistema con pleno derecho, por eso el texto que viene del Congreso
inicialmente contempla la incorporación a partir del 1 de enero del año
2012. Y el fondo que subyace en esta enmienda transaccional en la que
estamos trabajando —y no tengo ningún inconveniente en sentarnos y
volverla a revisar porque a última hora he notado en algunos portavoces
una especie de titubeo o de dudas con respecto a la redacción de la
misma— es que podamos hacer una incorporación progresiva,
reglamentariamente hablando, en el marco de los seis próximos meses.
Hay otra enmienda que consideramos muy importante y que
también nace de ese compromiso que hemos expresado, que llevamos a cabo
con la Ley de Economía Sostenible pero que quedaba pendiente, y
entendíamos que antes de terminar la legislatura teníamos que cumplir
nuestra palabra. Nosotros sí queremos cumplir nuestra palabra y además lo
queremos hacer dejando bien configurado lo que va a ser el futuro de una
profesión que entendíamos que estaba sin regular, que realmente estaba
sin regular, y han sido precisamente los representantes del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España los que así nos lo
han traslado. El senador de Esquerra Republicana de la Entesa Catalana de
Progrés lo ha incorporado y nosotros también lo recogemos en una enmienda
transaccional orientada a regular el período transitorio hasta que pueda
llevarse a cabo la incorporación real acompañada por ese recorrido
curricular en el ámbito formativo para aquellos psicólogos que desean
especializarse en el ámbito sanitario.
Por lo tanto, estamos muy satisfechos porque damos un paso
adelante en la consolidación del sistema sanitario de salud, porque
teníamos que trabajar ya no solo en esa vertiente asistencial sino
también en la de la prevención y la promoción de la salud y porque, ante
todo, hemos aprovechado, primero, para cumplir nuestra palabra y seguir
avanzando hacia adelante y, segundo, para cubrir esas deficiencias
—entre comillas— que habíamos considerado importante
incorporar en esta iniciativa legislativa. Señorías, espero que esas
transaccionales salgan adelante definitivamente.
Y respecto al resto de las enmiendas, tengo que decir que
la mayoría ya han sido debatidas, de hecho buena parte, un amplísimo
porcentaje, el 95%, de las enmiendas presentadas son las mismas que
presentaron en el Congreso e incluso algunas nacen de una transaccional,
es decir, vuelven a enmendar transaccionales que hemos aprobado con
ustedes, tanto con el Partido Popular como con ICV, Izquierda Unida en el
Congreso, y otros grupos parlamentarios como Convergència i Unió, con los
que hemos
sacado adelante importantes textos transaccionales. Damos
por sentado que nuestra posición es de rechazo teniendo en cuenta,
repito, que muchas de esas enmiendas son reiterativas. Deduzco que serán
retiradas.
Al resto de las enmiendas votaremos desfavorablemente.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas
gracias.
Turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas?
(Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gràcies, senyor
president.
Señorías, yo continúo en el punto que dejé en mi
intervención anterior, donde decía que científicamente ha quedado
demostrado que la prevención es altamente rentable, y aunque en
situaciones económicas como la actual parezca que la prevención es algo
baladí, no lo es y científicamente, como decía, está totalmente
demostrado. Por lo tanto, que esta ley recoja la prevención es
importante.
La ley además pide un esfuerzo a la población en general de
forma totalmente distinta a lo que se había hecho hasta ahora. Por
primera vez la ley contempla no solo derechos, sino también deberes de
los ciudadanos para consigo mismos y para con la sociedad en general. El
deber de colaboración, así como la obligación de abstenerse de dificultar
o impedir la ejecución de una serie de trámites, el deber —y es
importante, repito, que las leyes contemplen también deberes— de
comunicar cuantos hechos y circunstancias puedan constituir riesgo para
la salud colectiva, demuestran que el egoísmo no tiene lugar en la
ley.
Otro punto importante es la vigilancia, fundamental en la
salud pública, tanto para la seguridad alimentaria —que todos lo
tenemos suficientemente claro, supongo— como para enfermedades
transmisibles, también las laborales, que se incorporan, o relacionadas
con los medios de comunicación físicos, audiovisuales y sus asociados.
Señorías, a pesar de que el Congreso introdujo, gracias a
nuestras aportaciones, a las de otros grupos parlamentarios y al buen
hacer del ministerio, una serie de modificaciones que creíamos oportunas
en ese momento, hemos presentado —como he dicho antes— unas
enmiendas a esta ley. Y, me gustaría insistir en una, entre otras cosas,
porque el Grupo Popular también ha hecho alusión a ella. Estoy hablando
del calendario vacunal único. Nosotros eliminamos lo de único porque
queríamos un calendario vacunal coordinado, sin embargo, ustedes lo
quieren básico y obligatorio. Es absurdo que las vacunas básicas tengan
tramos distintos en su aplicación según la comunidad. Es totalmente
ridículo. A los tres meses, a los seis meses, al año y medio… ¡Por
favor, seamos serios! Esto tendría que haberlo solucionado el
ministerio.
Además, parte del territorio de nuestro país está
prácticamente en África. Ceuta y Melilla son África. Las condiciones
climatológicas de las islas Canarias son tropicales. Y al revés. Tenemos
zonas totalmente continentales y climas suaves como el mediterráneo, con
poblaciones absolutamente distintas. ¿Por qué una comunidad autónoma no
puede incorporar una vacuna en un momento determinado si desde el punto
de vista presupuestario —muchas veces se olvida esto— sí
puede?
Yo creo que sería importante que aunque no la incorporara
toda la sociedad estatal, o las distintas comunidades autónomas, una
comunidad autónoma pudiera hacerlo perfectamente. De aquí nuestro
calendario básico y obligatorio, pero no único. Les pedimos al Grupo
Popular e, incluso, al Grupo Socialista que se lo planteen porque creemos
que un calendario único es malo. Ustedes, que tantas veces hablan de
diversidad, esta vez se olvidan de ella.
En cuanto a las demás enmiendas, agradecemos que apoyen la
de las enfermedades raras y, respecto a los demás grupos, estamos de
acuerdo en las correcciones del artículo 44. Votaremos a favor de las
enmiendas 7 y 8 del Grupo Popular porque son prácticamente técnicas, así
como de la 9 sobre la declaración reglamentaria de intereses.
En cuanto a la coordinación entre la atención primaria y la
oficina de farmacia, señorías, esta que les habla es una defensora de que
los tres puntales de la salud pública son los tres primaristas: el
médico, la enfermera primarista y la farmacia. Con seguridad, toda la
población pasa por ellos y es donde se puede
ejercer no ya el control, pero sí llegar a la población con
los distintos mensajes. En ese sentido, estamos de acuerdo con ustedes,
así como en cuanto a los centros de referencia.
Nos abstendremos en algunas actuaciones, factores, en el
ámbito de actuación de las guarderías o, incluso, en cuanto a la Comisión
Interministerial, porque creemos que debería haber sido consensuada.
En cuanto a la Entesa, votaremos a favor de los grupos
poblacionales y de contrastar la información recibida. Creemos que es
importante que se contraste con las sociedades científicas, que se
incorpore en la redacción estatal o autonómica, que las consultas tengan
su protección de datos y que se establezcan comunicaciones previas
obligatorias. Respecto a las demás que hayan quedado vivas votaremos en
contra.
También votaremos a favor de la enmienda 126, que es la
incorporación de los psicólogos. Este es un tema que no tiene nada que
ver con la ley, pero, últimamente, cada vez que tenemos una ley acabamos
tapando agujeros o errores de otras leyes. No obstante, creemos que es de
justicia y, por eso, votaremos a favor.
No votaremos a favor de la transaccional conjunta y hemos
solicitado que se retire, porque no es lo que habíamos pedido. El texto
decía que a partir del 1 de enero de 2012 y entendemos que, actualmente,
los condicionantes económicos pueden hacer que se tenga que retrasar,
pero una cosa es retrasar y otra que se reglamente su incorporación, que
es lo que pone en la transaccional, algo con lo que no estamos de
acuerdo.
Por último, señorías, quisiera decir unas palabras antes de
terminar. Quizá sea esta mi última intervención en la Cámara. Después de
ocho años de luchar con ustedes, a su lado, o, muchas veces, en contra,
me gustaría decirles que ha sido un placer trabajar con ustedes. Hemos
discrepado, hemos estado de acuerdo y creo que hemos trabajado mucho y
bien, aunque no siempre se nos reconoce, porque a veces trabajar en
silencio, de la forma en que lo hacemos, no es bonito que se refleje en
los medios de comunicación. Pero lo hacemos.
Señorías, todo ha sido gracias a su responsabilidad, a su
buen hacer y también a la paciencia de todos, especialmente, de los
servicios de la Cámara. Hablo deprisa y, a veces, salpico palabras
técnicas difícilmente reconocibles. Gracias, señor presidente, por su
paciencia, pues también a veces me paso de tiempo y, muy especialmente,
gracias a todos, ha sido un honor trabajar con ustedes. Les deseo toda
clase de felicidad y de éxitos económicos, personales, profesionales y,
si nos encontramos, hasta la próxima. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias,
señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Esquerda.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, creo que todos debemos felicitarnos por la
aprobación hoy de este proyecto de ley. Tal y como ya se ha dicho en esta
tribuna, nos ha costado muchísimo llegar a este punto y se han celebrado
consultas con muchos colectivos, fundamentalmente desde el Congreso. El
hecho de que haya una ley de salud pública que una todas las
disposiciones sueltas existentes hasta la fecha es una noticia muy
positiva.
Hace ya tiempo se aprobó en un Pleno de esta Cámara una
moción solicitando la elaboración de este proyecto de ley. Entonces yo
les dije que la salud pública tenía que ser entendida como la salud de la
población en su conjunto y de su calidad de vida. Pero, además, en
sanidad —y la salud pública es parte de ella— estamos ante
una encrucijada, pues están variando un montón de cosas. Así, antes el
centro neurálgico de la sanidad era el médico y actualmente es el
paciente, pero es que, además, vamos hacia un futuro en el que el
estandarte de la sanidad y de la salud ya no lo va a llevar ni el médico
ni el paciente sino el ciudadano, el individuo y la sociedad en su
conjunto. ¿Y ello por qué? Pues porque o nos adelantamos a los
acontecimientos o tendremos que estar siempre medicándonos para solventar
los problemas según vayan saliendo, y es muchísimo más barato evitar
estos problemas que intentar curarlos.
Y es que el principio de toda la salud pública es la
prevención, que es muchísimo mejor y más barata que la curación. Tengan
ustedes en cuenta que en los presupuestos de cualquier país la salud
pública viene a costar del orden de un 1% de la sanidad, y ello quiere
decir que con muy pocos recursos se hace muchísimo trabajo, lo cual va a
favor de una calidad de vida mucho mejor, de una elongación de la
esperanza de vida de la población en su conjunto y del individuo debido a
las condiciones de esta sanidad en la transversalidad de la salud
pública.
Con esta ley que ya existe en Cataluña y en alguna otra
comunidad autónoma se ordena la salud pública y se pueden coordinar una
serie de medidas en todo el Estado sin tener que beligerar con las
comunidades autónomas porque se ha sido cuidadoso en este tema.
Actualmente esta ley se traduce en la universalización de la sanidad
pública, que suponemos se va a aprobar, y es que hay colectivos que no
están dentro de la sanidad pública, lo cual es un tanto absurdo hoy día.
Es decir, estamos pagando la sanidad a través de los Presupuestos
Generales del Estado, a través de la fiscalidad, a través de los
impuestos, y hay colectivos que pagan esos impuestos y que no pueden ir
al médico a la sanidad pública. ¡Hombre! Esto, de alguna manera, se tiene
que arreglar. En eso estamos y en eso está algún grupito de la sala.
Vamos a ver si finalmente se puede hacer.
También vamos a aprobar aquí —y nos enorgullece
muchísimo— una enmienda propuesta por nuestro grupo sobre una nueva
profesión sanitaria, la de psicólogo general sanitario. Yo creo que habrá
una transacción, porque es muy importante que exista. Es algo que este
colectivo ha estado solicitando desde el primer día.
No quiero alargarme en esto. Creo que todos ustedes
entienden que esta ley es muy importante.
Para finalizar mi intervención, solamente quiero decirles
que esta, seguramente —con el 99,9% de posibilidades—, va a
ser mi última intervención en este Pleno.
Yo vine aquí hace ocho años e inicié esta etapa que para mí
ha sido fascinante, una etapa de mi vida que ha supuesto el 20% de mi
vida laboral y me marcho muy satisfecho del trabajo realizado. He
conocido y he trabajado con muchos de ustedes y de ustedas y de todos,
sin excepción, he aprendido mucho. A veces hemos discutido en el fragor
del debate, pero confío en que nunca haya ofendido a nadie y, si alguna
vez lo he hecho, ha sido seguramente porque me he equivocado y he dicho o
he hecho lo que no debía hacer, por error. Pero si, de todas formas,
alguien se ha sentido ofendido en algún momento, supongo que entenderán
que pida unas disculpas absolutas.
Agradezco también el buen ambiente personal, sobre todo en
las dos comisiones que he tenido el honor de presidir: una en mi primera
legislatura —la legislatura anterior—, la Comisión de
Entidades Locales, y otra, la Comisión de Sanidad, Política Social y
Consumo, en esta legislatura.
Muchísimas gracias a todos los componentes de estas dos
comisiones y a todos ustedes mi agradecimiento. Les deseo un futuro muy
próspero y afín a sus deseos, porque eso es lo más importante.
Y, como final, no quiero decirles adiós sino hasta
siempre.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Villagrán.
Tiene derecho a un tiempo máximo de diez minutos.
El señor VILLAGRÁN BUSTILLOS: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Para mi grupo es una gran
satisfacción que en las postrimerías de esta legislatura, de una
complicada etapa de obstáculos muy significativos, que todos conocemos,
se sigan haciendo todavía, por parte del Gobierno, acciones políticas de
avance en el campo social, en el campo de la solidaridad, en el campo de
la igualdad y en el campo del aumento de los derechos cívicos.
Y, en esa línea, hoy nos encontramos en el trámite
parlamentario con la satisfacción de traer a debate esta ley de salud
pública. Yo personalmente estoy agradecido a mi grupo porque me ha
permitido su defensa, y ello es debido a que soy un senador, antiguo
trabajador del sistema sanitario público —al cual voy a volver
dentro de unos días—, con más de 38 años de servicio, donde, en
principio en las filas de la Unión General de Trabajadores y después en
las filas del Partido Socialista Obrero Español, desde el año 1981, luché
con otros compañeros en aras de un sistema sanitario público, no sin los
inherentes problemas, que ustedes comprenderán, de aquel lejano tiempo.
Que esta sea una de mis últimas intervenciones en esta
Cámara es para mí de una gran importancia, más que valiosa, y que me
gustaría que comprendieran sus señorías.
La Ley 14/1986, General de Sanidad, llevada a cabo por
aquel primer Gobierno socialista en desarrollo del artículo 43 de nuestra
entonces joven Constitución, apoyada y mantenida por todos los Gobiernos
de la democracia, ha marcado los criterios y los principios del Sistema
Nacional de Salud tal como hoy lo conocemos.
La verdad es que con el tiempo han ido mejorando las cosas
en lo que se refiere a calidad asistencial, pero en menor medida la
potenciación de la salud pública. La universalización de la asistencia y
la homologación de los profesionales son piezas que se reflejaron en la
Ponencia de Estudio de Recursos
Humanos que esta Comisión de Sanidad llevó a cabo y que
aprobó este Pleno. En esta ley, senadores, se establecen los derechos y
obligaciones de los ciudadanos con respecto a la propia ley; igualmente,
los principios generales que la faciliten con criterios de equidad, de
oportunidad y de transparencia. Asimismo, se regulan los recursos y se
establece la coordinación desde el propio Estado encastrándola, como ha
dicho el senador Esquerda, en un sistema único de salud pública.
Todo ello ha sido realizado por este Gobierno, pero no
deberíamos olvidar que esto es un resultado de un arduo y laborioso
trabajo hecho sin prisa, senadora, con la contribución de más de 400
entidades y expertos, además de una amplísima participación de agentes
activos de todos los sectores.
Saben ustedes que muchas de las acciones de salud pública
son competencia de las comunidades autónomas, de las ciudades autonómicas
y de los municipios; sin embargo, muchas veces —las más— la
solución no está en lo local, la solución está en lo nacional. Y digo
más, en lo supranacional. También muchas veces mejora la eficacia del
remedio cuando siempre se supera lo local. Comprenderán sus señorías que,
si ya es complicado —bastante complicado— actuar en lo local
y en lo regional, más complicado será cuando pasamos a niveles
superiores, territorios diferentes, capacidades y actuaciones dispares.
Luego no se trata solo de armonizar actuaciones para coordinar funciones
entre las distintas Administraciones autonómicas y locales, que ya está
regulado nítidamente en nuestras normativas legales, se requiere una
verdadera organización que consiga la cohesión humana en términos
intelectivos, con experiencia y excelencia en política de salud pública
para que los mejores recursos en esta materia estén a disposición de
cualquier comunidad o cualquier entidad para atajar el supuesto problema
y para influir y actuar en la esfera internacional, contribuyendo a la
salud global.
En España, señoría, nuestros profesionales en esta materia
y sus instrumentos están repartidos por toda nuestra geografía con una
gran capacidad técnica, profesional y científica de un altísimo nivel.
Pero hasta esta ley no se ponen los cimientos necesarios para trabar una
organización que optimice estos múltiples recursos consiguiendo la
cohesión humana, que es lo más imprescindible.
Mi sincera enhorabuena al ministerio por haber sacado esta
ley adelante; mi reconocimiento sincero a la senadora Mestre, portavoz
del Grupo Socialista en Sanidad; el agradecimiento a todos los portavoces
de Sanidad, porque esta es mi última intervención como portavoz de la
Comisión de Sanidad en el Pleno, y el agradecimiento a mi grupo por
haberme dejado defender esta importante, para mí, ley.
Presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pan.
La señora PAN VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, al Grupo Parlamentario Popular no le cabe duda
alguna de la importancia que tiene el desarrollo de una ley de salud
pública que dé solución a algunos de los problemas que nuestro sistema
sanitario tiene como consecuencia de la falta de desarrollo de un sistema
de salud pública que se incardine en el propio sistema sanitario y a la
vez coordine y cohesione las políticas preventivas y de salud pública,
porque, señorías, las comunidades autónomas tienen ya regulaciones
propias y, por tanto, conviene esa coordinación y esa cohesión de las
políticas de prevención.
Las numerosas iniciativas que sistemáticamente el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado en el Senado pero también en el
Congreso ponen de manifiesto nuestra voluntad firme de modernizar y
avanzar en esta importante área, aunque no siempre hemos tenido el apoyo
y el respaldo del Grupo Socialista, del grupo que apoya al Gobierno.
Baste como ejemplo la negativa que hubo a un calendario vacunal único.
Hay que recordar en esta Cámara y desde esta tribuna que cuando el
Partido Socialista llegó al Gobierno heredaba un calendario vacunal
único. Eso era lo que se había logrado en una etapa anterior, una etapa
popular, con el esfuerzo y el trabajo, eso sí, de todos los grupos y de
todas las comunidades autónomas. Duró poco ese calendario vacunal único
pero ustedes durante ocho años se han encargado de negar esa realidad,
aunque hoy de alguna manera quieran expresarla en la ley. (El señor
vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Prresidencia.)
Señorías, no se puede defender un calendario vacunal único
con la boca pequeña o un calendario vacunal único sujeto a
interpretaciones. El sentido común, que es tan necesario y hace tanta
falta, pero también el consenso profesional no entienden que se haga
política partidista de algo tan elemental y necesario. Por eso, señorías,
durante ocho años de Gobierno socialista con las prioridades ha sucedido
como ocurre con el movimiento, que se demuestran andando, o, lo que es lo
mismo, la preocupación por la salud pública se demuestra, por ejemplo, en
los presupuestos con una dotación suficiente, que ni
siquiera ha habido en los años de bonanza económica
socialista, porque año a año disminuyeron las partidas dedicadas a la
salud pública, aunque nosotros año tras año enmendamos para que dedicaran
ustedes recursos cuando había dinero y posibilidades, porque entendemos
que la mejor inversión en salud es la inversión en prevención y salud
pública.
Pero, señorías, hay que mostrar vocación de diálogo,
escuchar a todos los colectivos, escuchar a los grupos políticos que
representan a la sociedad y trabajar, trabajar mucho, trabajar lo que
haga falta para conseguir el máximo consenso en una ley que afecta a
todos los españoles, sin distinción, desde el mismo momento en que
nacemos o hasta que morimos, porque ahí está el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria, que también es una competencia de salud pública.
Como decía, ha faltado esa voluntad de diálogo y consenso.
El partido que aspira a gobernar en la próxima legislatura, el Partido
Popular, no ha sido escuchado, no ha sido tenido en cuenta. Se han
rechazado la gran mayoría de las enmiendas presentadas tanto en el
Congreso como en el Senado y esto, señorías, recuerda al fin de etapa
socialista, que recuerda también el inicio de la etapa de Gobierno
socialista, la etapa del cordón sanitario, cuando con el PP no se podía
contar para nada o cuando aquel pacto vergonzoso y antidemocrático que
fue el Pacto del Tinell.
Señorías, debatimos hoy en el Senado una ley que tiene una
importancia trascendental para la sanidad Una ley que ha sufrido una
tramitación de vértigo en los últimos días, después de haber sido
retrasada durante años y mutilada por razones ajenas a la opinión o al
consenso profesional. Una ley que se llevó por delante a un director
general de Salud Pública, más ambicioso con la salud pública que sus
propios jefes, que su propia ministra; ministra que no ha tenido la
deferencia de estar presente hoy en esta Cámara. Será que no tiene tanto
interés por la salud pública como parece decir el grupo que le apoya.
Una ley que olvida y no resuelve temas importantes en
nuestra opinión. Y quiero anunciarles, señorías, que en el Grupo
Parlamentario Popular, por esa falta de consenso, de diálogo, y por esa
falta de acuerdos que hemos perseguido hasta el último momento, nos vemos
obligados a retirar la enmienda número 30, la que se refiere a la
universalidad de la asistencia, que no tiene tanto que ver con una ley de
bases de salud pública, aunque sí con el sistema sanitario. La retiramos,
como he dicho, porque hemos estado trabajando hasta el último momento y
no hemos conseguido ese acuerdo tan necesario para una ley que trata
asuntos tan importantes y tan trascendentales como son los que aquí
tratamos.
Esta ley, como decía, olvida y no resuelve temas que en
nuestra opinión son muy importantes. No se refleja la problemática de las
enfermedades nosocomiales. No se entiende que ustedes no apoyen la
enmienda que hemos presentado en este sentido. Se habla de vacunas, pero
no se garantiza lo que desde el PP venimos pidiendo hace años. No se
establece una cartera de salud pública, señorías, queda absolutamente
difuminado. Y esa cartera está recogida en la ley de cohesión que, como
ustedes saben, sigue en vigor, con lo cual habrá españoles que puedan
acceder al cribado de cáncer de colon y otros no. Habrá españoles que
puedan acceder al tratamiento de deshabituación al tabaco y otros no.
Habrá españolas que puedan tener en determinado rango de edad un cribado
del cáncer de mama y otras en unas edades a lo mejor diferente. Y habrá
niños españoles que puedan tener acceso a determinada vacuna que otros
niños españoles no pueden tener.
Esta ley además perpetúa la separación del Sistema Nacional
de Salud, que es asistencial, y de la salud pública. Un error en nuestra
opinión, porque el Sistema Nacional de Salud hay que reorientarlo y tiene
que centrarse en atender a la prevención. Es decir, nosotros defendemos
la integralidad de la asistencia, la orientación a los crónicos, salir
del hospitalocentrismo. Y es necesario dotar, señorías, a la atención
primaria del reconocimiento y el papel que debe jugar en todo el Sistema
Nacional de Salud. Lo hemos planteado muchas veces.
En esta ley se crea un consejo asesor de salud pública, un
consejo consultivo del Consejo Interterritorial, un centro estatal de
salud pública, pero, señorías, hay una gran y vergonzosa laguna: olvida
completamente al Instituto de Salud Carlos III. Parece ser que al
Gobierno no le interesa nada. El Instituto de Salud Carlos III, señorías,
es el eje y pilar fundamental de la salud pública de este país. Aquí está
la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el Centro Nacional de
Epidemiología, el Centro Nacional de Medicina Tropical, el Centro
Nacional de Microbiología, el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, la
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, la Escuela Nacional de Sanidad
y el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Pecata minuta para
el Gobierno y para la ministra de Sanidad. Además, el Gobierno incumple
un mandato de esta Cámara que solicitaba el regreso del Instituto de
Salud Carlos III a Sanidad. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
La importancia de la salud pública ha quedado puesta aquí
de manifiesto. A lo largo de la historia reciente de este país ha habido
numerosas alertas, como la que supuso el aceite de colza, que parece que
queda tan lejano pero solamente fue cinco años antes de la aprobación de
la Ley General de Sanidad; o la neumonía atípica o las legionelosis que
se han dado en las distintas ciudades; o las toxiinfecciones
alimentarias, la última con un importantísimo impacto económico en
nuestra economía, como fue la contaminación de los pepinos por
Escherichia coli ; o la situación de alerta de la gripe aviar o de la
gripe por H1N1. También alertas de contaminación ambiental: las antenas,
las aguas de consumo, las aguas de los litorales y de baño; y los cambios
alimentarios que se están produciendo: el incremento de obesidad,
etcétera. En definitiva, toda la cadena alimentaria, la educación para la
salud y la investigación.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora PAN VÁZQUEZ: Sí, señor presidente.
Esa es la verdadera importancia que ha de tener una ley de
salud pública.
Por eso, señorías, aunque mi grupo parlamentario apoyará
algunas enmiendas que hemos considerado positivas, nos abstendremos
—como ya ocurrió en el Congreso de los Diputados— por las
razones que he ido exponiendo y el texto adolece de todas esas lagunas.
En cualquier caso, señor presidente, seguiremos trabajando
y buscando el consenso para mejorar esta norma que, como he dicho al
principio, es muy importante y, en consecuencia, modificará el Grupo
Parlamentario Popular cuando gobierne. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento, por favor.
Cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación del Proyecto de
Ley General de Salud Pública.
En primer lugar, votamos la enmienda número 1 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 250; a favor, 19; en contra, 231.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, votamos la enmienda número 32.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 250; a favor, 13; en contra, 235; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, votamos la enmienda número 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 18; en contra, 232; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, votamos la enmienda número 34.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 135; en contra, 116.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés. Votamos la enmienda número 83.
Votamos a continuación las enmiendas números 119 y 120, del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 11; en contra, 240.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 127, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 18; en contra, 229.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, a continuación votamos las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, números 7, 8, 9, 17, 19 y 21.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 129; en contra, 122.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas números 6, 10, 11, 13, y 26, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 250; a favor, 119; en contra, 123; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 120; en contra, 131.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la propuesta de modificación del
dictamen, con el número de registro 68753, ¿puede aprobarse por
asentimiento? (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, votamos la propuesta de modificación con el
número de registro 68762.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 234; en contra, 15; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 250; a favor, 131; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la
tarde.
— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. S. 621/000114)
(Núm. exp. C.D. 121/000110)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en
relación con el proyecto de ley reguladora de la jurisdicción social.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Asensio. (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor
presidente.
Buenas tardes, señorías. Bienvenido, señor ministro de
Justicia.
Tengo el honor de hacer la presentación del dictamen de la
Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley reguladora de la
jurisdicción social.
El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento
de urgencia tuvo su entrada en esta Cámara el día 26 del pasado mes de
julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 5
de septiembre y fue ampliado hasta el día 7 de septiembre. A este
proyecto de ley se presentaron 165 enmiendas, así distribuidas: 12 del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, 6 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 70 del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, 75 del Grupo Parlamentario Popular y 2 de los
grupos parlamentarios Mixto, de Senadores Nacionalistas, Convergència i
Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular, conjuntamente.
Por decisión de la Presidencia del Senado, en el ejercicio
de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, no fueron admitidas
a trámite dos enmiendas, por considerarse, de conformidad con la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se refieren a materias
que de manera evidente y manifiesta carecen de conexión con el proyecto
de ley. Dichas enmiendas son las siguientes: 91 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 165 del Grupo Parlamentario
Popular.
El día 8 de septiembre la comisión designó ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera: don Miguel Bofill Abelló, del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Arcadio Díaz Tejera,
del Grupo Parlamentario Socialista; doña Izaskun Gómez Cermeño, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Ildefonso
Rafael Pastor González, del Grupo Parlamentario Popular; don Anselmo
Francisco Pestana Padrón, del Grupo Parlamentario Socialista; don Narvay
Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; y don José Zubia
Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
Dicha ponencia acordó, por mayoría, proponer a la Comisión
de Justicia que se mantuviera en sus propios términos el texto remitido
por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar
el mismo el día 8 de septiembre, y acordó aceptar como dictamen el texto
propuesto por la ponencia, que no introduce modificaciones en el remitido
por el Congreso de los Diputados. Han presentado votos particulares a
este dictamen los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas,
Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular.
Eso es todo, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Solicita la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, más de veinte leyes, algunas importantes, como la
de reforma del Código penal, la del Registro civil o la de arbitraje,
hemos podido debatir y tratar entre todos a lo largo de los más de dos
años y medio que han transcurrido desde que asumí la cartera de Justicia.
Siendo leyes importantes, también hoy se someten a la consideración de
esta Cámara otras tres leyes sumamente importantes para el sistema de
justicia de nuestro país, máxime en el momento que vivimos.
Todos somos conscientes de la relación que existe entre la
jurisdicción y la economía y de la que existe, también, entre los
derechos y libertades de los ciudadanos y una justicia más eficiente, más
ágil, más eficaz. Esa doble relación está presente en ese conjunto de
leyes, que buscan, cada una desde el plano de la realidad del sector en
el que interviene, un objetivo común: facilitar el acceso a la
jurisdicción, simplificar procedimientos y suprimir trámites y cargas que
no conducían casi nunca a ningún lugar, para que gane en eficacia, y
sobre todo en tiempo de respuesta, nuestro sistema de justicia. Con ello
queremos, además, ayudar a solventar algunas situaciones que se han
agravado en nuestros tribunales de justicia —obligado es
reconocerlo— como consecuencia del aluvión de procesos vinculados a
la crisis económica que todos llevamos un tiempo viviendo.
Quisiera enumerar muy telegráficamente esos tres proyectos
de ley porque el sentido de mi intervención era, sobre todo, subrayar la
transcendencia que tiene en este momento cada uno de ellos para la buena
marcha de nuestra jurisdicción. Son tres leyes que han sido no solo
defendidas y apoyadas por el Gobierno, sino impulsadas también de manera
muy especial, algunas de ellas, por el Consejo General del Poder
Judicial, pues hemos contado con el apoyo de magistrados, jueces y
abogados; con el apoyo de personas que trabajan a diario en la justicia
de nuestro país y, por ello, esperamos que los proyectos puedan entrar en
vigor lo antes posible.
La primera de ellas, la Ley de Medidas de Agilización
Procesal, conocida ya como Ley de Agilización, incide en el orden de la
jurisdicción civil y en el orden contencioso administrativo, dos órdenes
estrechamente relacionados con la vida económica de nuestro país. De ahí
la importancia de esta ley y su efecto y consecuencias sobre la mismo. Se
introducen una serie de reformas que bien conocen sus señorías y que solo
muy brevemente apuntaré. La idea es simplificar el proceso y reducir
costes y tiempo. Para ello se eliminan trámites innecesarios en uno y
otro orden jurisdiccional y se racionalizan los sistemas de recursos para
evitar que quien tiene una sentencia favorable vea, sin embargo, durante
largos años, y como consecuencia de la sucesión de instancias, que sigue
esperando justicia frente a quien la ha perdido; un efecto nada deseable
que se produce en algunos supuestos. Se racionaliza, por tanto, este
sistema de recursos y se introduce un régimen procesal para la
responsabilidad penal de las personas jurídicas que —como
saben— fue una de las novedades del Código penal, pero que no está
presente en nuestro sistema de enjuiciamiento criminal y, por tanto, era
necesario que lo procesal estuviese acorde con el nuevo marco
sustantivo.
Se potencia el proceso monitorio civil, sobre todo para la
reclamación rápida de deudas que se produzcan entre particulares. Se
apuesta claramente por un Tribunal Supremo capaz de llevar a cabo el
cometido que la Constitución le encomienda; un Tribunal Supremo que
necesita poder resolver en plazos razonables y, por tanto, administrar el
volumen de asuntos que llegan; un Tribunal Supremo que es no todas las
instancias, sino la última instancia de nuestro sistema de justicia y
que, como tal, debe cumplir con ese cometido de garantizar a través de su
jurisprudencia la unificación de doctrina y la aplicación igual de la ley
en todo el territorio nacional.
Convendrán conmigo en que si mantenemos un sistema en el
que todo puede llegar al Tribunal Supremo, éste acabará desgraciadamente
no haciendo justicia, sino casi historia del derecho. Y ese cometido, tan
imprescindible para el resto del sistema judicial y de nuestro sistema de
justicia, que es su jurisprudencia, su unificación de criterio y la
igualdad no se producirá en los tiempos propios que como ciudadanos
esperamos para que se mantenga el criterio de igualdad y de unidad dentro
del sistema. Estas son algunas de las reformas que se introducen.
Hay otra más que aparece por primera vez en nuestro sistema
judicial y que me parece sumamente importante: también los ciudadanos
tenemos que hacernos responsables de nuestras obligaciones ante la
Administración de justicia. No solo podemos tener derechos, no solo
garantías, sino también obligaciones. Por eso en esta ley se establece
por primera vez la obligación de comunicar, una vez comparecido ante una
autoridad judicial, el cambio de domicilio que cada ciudadano
experimente. Como saben, el hecho de que hoy no exista esa obligación
genera muchos retrasos, a la hora de notificar los expedientes judiciales
y cada uno de los actos y trámites judiciales, intentando localizar a
esas personas que no aparecen ya en aquel domicilio que inicialmente
habían facilitado en el acto de la comparecencia. La justicia no es solo
la perspectiva de uno, siempre que hay un conflicto hay más partes
inevitablemente; y es, por tanto, atender equilibradamente a todas las
circunstancias del proceso.
La segunda de las leyes, antes se anunciaba, es la relativa
a la jurisdicción social. Con ella pretendemos una actualización de
nuestro sistema de enjuiciamiento en un contexto tan importante como es
el social, tan vinculado también a la realidad que está experimentando
España en estos momentos, y
sobre todo a la situación de los trabajadores, y en el que
pretendemos una idea añorada por la doctrina de nuestro país pero también
por muchos magistrados de este orden de lo social: evitar la
peregrinación de jurisdicciones diversas en asuntos relacionados con lo
laboral o con lo social, especializar la jurisdicción, que es además,
como saben sus señorías, una jurisdicción ágil, que funciona en tiempos
muy razonables y, por tanto, unificar en un orden jurisdiccional todas
aquellas cuestiones vinculadas con las relaciones sociales y de trabajo,
evitando la dispersión que se produce hoy, por la que a veces una parte
del pleito es conocida en el orden de la jurisdicción social, otro,
porque hay una sanción, en el ámbito contencioso-administrativo y, a la
vez, se ha medido un contrato de arriendo o subarriendo entre empresarios
en un juzgado de lo mercantil o en el orden de la jurisdicción civil. Si
hay una jurisdicción especializada, lo lógico es que esa jurisdicción
conozca íntegramente de esos asuntos, evitando, por consiguiente, los
frentes distintos de jurisdicción con los que se encuentran empresas y
ciudadanos. Igualmente, esta ley mejora la protección judicial de los
derechos de los trabajadores, evita duplicidades y también permite que se
puedan emitir por nuestros tribunales resoluciones mucho más rápidas.
Todas las cuestiones relacionadas con un conflicto de esta naturaleza
serán conocidas por un mismo juez, y no como acontece a día de hoy. Por
tanto, una respuesta judicial integral especializada y más ágil.
Por último, otra ley clave en el momento social y político
que vivimos en España y en Europa: la Ley concursal. Su objetivo es
precisamente que el concurso no sea visto como el fin de los proyectos
empresariales; que la falta de solvencia en un determinado momento no
signifique la muerte de la empresa, sino más bien un momento, una nueva
oportunidad. Por eso, es una ley que parte de una ley muy buena, la del
año 2003, pero una ley, la que se aprobó con amplio consenso en las
Cortes en su momento, que no había previsto la crisis financiera que
hemos tenido que vivir últimamente y, por tanto, los efectos sobre los
concursos que se producen en nuestro sector empresarial. Era necesario,
como han hecho otros países de nuestro entorno, particularmente los de la
Unión Europea, potenciar los acuerdos previos y la viabilidad de los
proyectos empresariales para que la falta de solvencia en un momento no
signifique el fin de la empresa, sino, como antes decía, una nueva
oportunidad para ganarse el futuro y mantener los puestos de trabajo.
Concilia, por lo tanto, este proyecto de ley la
satisfacción obligada de los acreedores con la recuperación de la
situación de solvencia empresarial, ofreciendo salidas al deudor al
margen del proceso concursal, facilitando los acuerdos previos, y
descargando también así al orden de la jurisdicción mercantil. Facilita
las propuestas anticipadas de convenio, impulsa los acuerdos
prejudiciales de refinanciación y —algo que nos parecía
imprescindible— regula por primera vez en nuestro país el
denominado fresh money o sistema de dinero nuevo o fresco, que llevaba a
muchas de nuestras empresas a buscar este tipo de soluciones fuera de
nuestras fronteras. Parece lógico que si alguien está dispuesto a apostar
por una empresa que se encuentra en situación de falta de solvencia
momentánea, aportando dinero porque considera —esa empresa o
entidad financiera o de capital— que el proyecto es viable, si hace
ese esfuerzo y asume ese riesgo, parece lógico, decía, que pueda también
tener una acción prioritaria sobre el capital o sobre los bienes de la
entidad concursada, en caso de que finalmente la operación no pueda
prosperar. Por tanto, son medidas pensadas para el mantenimiento de las
empresas, para reflotarlas, para mantener puestos de trabajo.
Aprovechamos además esta reforma, que ha trabajado
profundamente la Comisión de Codificación, dependiente del Ministerio de
Justicia, para potenciar el denominado procedimiento abreviado
simplificado, que hace más cómodo este tránsito, ya en situaciones de
insolvencia. Se otorgan mayores atribuciones a los administradores
concursales, exigiéndoseles a cambio en la ley mayores responsabilidades;
se homologa nuestro derecho de insolvencia con los más modernos de
nuestro entorno jurídico y —algo que nos parecía sumamente
importante desde el primer momento— se garantiza el respeto de los
derechos de los trabajadores afectados por la situación de una empresa en
crisis, para que la declaración del concurso tenga el menor impacto
posible.
Son tres proyectos de ley que, como saben bien sus
señorías, han transitado ya por la Cámara Baja concitando un notorio
consenso, y en ella se ha mantenido un importante debate. Estoy
convencido de que, como otras veces, en este Senado se mantendrá ese
mismo tono de diálogo, de búsqueda del acuerdo, mejorando y
perfeccionando, como se ha hecho siempre, la calidad de nuestras
leyes.
Quisiera, por tanto, agradecerles de antemano ese diálogo y
ese trabajo, especialmente a quienes han estado durante todo este tiempo
en la Comisión de Justicia de esta Cámara.
En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas. Tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Bienvenido sea, señor ministro de Justicia, a esta sesión
plenaria que todo parece indicar que será la penúltima o anteúltima de la
presente legislatura.
Intervendré con la máxima brevedad, ya que, de las 12
enmiendas efectivamente presentadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, 8 se corresponden con el Capítulo I, Título I
del Libro Primero del proyecto de ley, es decir, con los artículos 2 y 3,
que regulan respectivamente el ámbito del orden jurisdiccional social y
las materias excluidas. Las que afectan al artículo 3, que son en
concreto las números 6, 7 y 8, son de supresión de los apartados d), e) y
f), en la medida en que, conforme al criterio que mantenemos, pasan a
formar parte del artículo 2, léase enmiendas números 1, 2 y 4. Entendemos
que en estos casos, al igual que en las dos enmiendas restantes, números
3 y 5, estamos hablando de una competencia que debe corresponder al orden
social de la jurisdicción, y no ser, como en el proyecto, materias
excluidas.
La enmienda número 9, tiene que ver ya con el Capítulo II
del Título II, más concretamente con el artículo 21, referido a la
intervención de abogado y graduado social colegiado o procurador. Se
trata de sustituir, en su punto 3, al secretario judicial por el juez u
órgano judicial competente, distinguiendo así la posibilidad de actuación
ante órganos unipersonales u órganos colegiados en esta jurisdicción.
Al Libro Segundo hemos presentado las enmiendas números 10
y 11, referidas a los artículos 139 y 148, respectivamente. La primera de
ellas, que afecta a la letra b) del apartado 1 de dicho artículo 139,
tiene por objeto garantizar en todo caso el derecho a la doble instancia
procesal como garantía del derecho de tutela judicial efectiva. ¿Cómo?
Indicando simplemente, como se hace en la enmienda, que contra la
sentencia sí —y recalco el sí— procederá recurso, a
diferencia de lo que dice el proyecto en su redacción actual.
La número 11, relacionada, como he dicho, con el artículo
148, no pretende sino la supresión de su letra d) y es una mera
consecuencia de lo indicado para el artículo 3 f). Es decir, que todas
las actuaciones relativas a la Seguridad Social deben ser objeto de
tutela judicial por el orden social de la jurisdicción.
Por último, y termino, señor presidente, nuestra enmienda
número 12 se refiere al artículo 191 del proyecto, al ámbito de
aplicación del recurso de suplicación. No solicitamos en ella más que la
supresión de la letra f) del apartado 2 de dicho artículo, en congruencia
con la modificación que pretendemos en el artículo 139.1 b). Dicho de
otra manera, que sí procede recurso —vuelvo a recalcar el sí—
en los procesos relativos a dicha materia.
Esto es todo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Parera.
La señora PARERA ESCRICHS: El grueso de enmiendas, aunque
son solamente 5 las que hoy sometemos a votación, pretenden
principalmente adecuar este proyecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil,
por una cuestión de coherencia puesto que esta actúa como norma
supletoria.
Otra de las enmiendas que hemos presentado que no entra en
este grueso principal pretende dar una nueva regulación a la asistencia
jurídica gratuita, otorgando este beneficio exclusiva y únicamente a
aquellas personas que demuestren falta de capacidad económica, puesto que
entendemos que esta es una manera real y efectiva de asegurar su derecho
constitucional a una tutela judicial efectiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president. (El señor
senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el
texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.): «Gràcies,
president.
Mantenim un important paquet d’esmenes en aquest
projecte perquè la precipitació de la fi de la legislatura no ha permès
un treball prou acurat de la ponència.»
Continúo en castellano por esta a mi entender molesta y
poco democrática imposición reglamentaria.
Le agradezco al señor ministro su intervención y le
felicito por este capítulo de reformas. Lástima que en la recuperación de
los contenidos del Título de Justicia del Estatuto de Autonomía de
Cataluña no haya podido ser tan diligente y eficiente.
Por lo que se refiere a este proyecto de ley, mantenemos un
importante paquete de enmiendas. En primer lugar, para posibilitar que
algunas puedan ser aprobadas al coincidir con las de otros grupos, y
también porque la premuera de la tramitación no nos ha permitido trabajar
en condiciones adecuadas ni constituir una ponencia que realmente pudiera
desbrozar el camino al el Pleno. Téngase en cuenta que el plazo de
presentación de enmiendas terminó el miércoles, que el jueves la comisión
solo pudo celebrar una sesión de trámite y que hasta ayer no dispusimos
de la publicación en la web de las enmiendas y de su índice. Este fin
precipitado de la legislatura no es bueno para el trabajo legislativo.
Afortunadamente, en estas tres leyes de Justicia que debatimos esta tarde
hay un grado de acuerdo considerable que nos llega del Congreso de los
Diputados.
Por lo que se refiere a las enmiendas, retiro las números
100, 101, 102 y 103, prácticamente coincidentes con las números 115, 117,
119 y 120, respectivamente, que mantenemos. También retiro la 127, aunque
no me guste hacerlo porque coincidía con una que ha defendido en esta
tribuna Convergència i Unió; pero creo que es mi deber retirarla, por una
cuestión de principios, de ideología de izquierdas.
Por lo demás, quiero subrayar nuestras coincidencias con
otros grupos parlamentarios: nuestra enmienda 105 coincide exactamente
con la 12 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; nuestra
enmienda 67 con la 92 de Convergència i Unió; nuestra enmienda 94 es
igual a la 20 del Grupo Parlamentario Popular, como iguales son a efectos
prácticos la número 124 de Entesa y a la número 61 del Grupo Popular;
igualmente, nuestras enmiendas 97, 98, 111, 119, 125, 147 y 161 coinciden
con otras tantas del Grupo Popular.
Por lo tanto, pedimos votación separada de nuestras
enmiendas, y no les voy a cansar repitiéndolas porque el letrado tiene la
lista completa. Si algún portavoz necesita alguna aclaración, yo se la
haré.
Moltes gràcies, president.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Socialista? (Pausa.)
Las ha retirado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador
Pastor.
El señor PASTOR GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, se han presentado 162 enmiendas a
la tramitación de este proyecto de ley por el Senado, de las cuales 74
corresponden al Grupo Parlamentario Popular. Obviamente, en aras de la
mayor brevedad, que estoy seguro de que sus señorías me agradecerán, y
porque la mayoría de ellas vienen repetidas del trámite del Congreso, no
me voy a referir a todas ellas. Sin embargo, nuestro grupo ha presentado
dos enmiendas nuevas para su tramitación en esta Cámara, por lo que
comenzaré mi intervención refiriéndome a ellas.
Estas enmiendas a las que me refiero son las números 41 y
84, ambas referidas al artículo 79.7 del texto que nos ha remitido el
Congreso. Este artículo, que hace referencia a los procesos en los que se
ejercita la acción de extinción del contrato de trabajo a instancia del
trabajador, con fundamento en el artículo 50 del Estatuto de los
Trabajadores, en los supuestos en los que la conducta empresarial
perjudique la dignidad o integridad física o moral del trabajador,
haciendo inexigible la continuidad de la prestación de trabajo. Este
supuesto del artículo 79.7 se remite, a su vez, al artículo 180.4 de este
mismo proyecto de ley, que versa igualmente sobre medidas cautelares y en
el que se establece, por ejemplo, la suspensión de la relación laboral.
Pues bien, el texto del artículo tal y como ha llegado a esta Cámara
añade que ello será con el mantenimiento del deber empresarial de abonar
los salarios y las cotizaciones, sin perjuicio de lo que pueda resolver
la sentencia. Y es precisamente ahí, en este último inciso, donde nuestro
grupo entiende que la redacción debe ser corregida, siendo este trámite
del Senado una excelente oportunidad para ello; ya que, de mantenerse el
tenor literal del texto remitido por el Congreso, podría producirse una
situación injusta por la cual un empresario que resulta absuelto ha
tenido que abonar unos salarios y unas cotizaciones, pero no ve
satisfecho su legítimo derecho a obtener el reembolso de aquello que no
debería haber pagado.
De esta forma, la primera de estas dos enmiendas, la número
41, modificaría el texto del artículo 79.7 eliminando la coletilla final
a la que antes me refería, «sin perjuicio de lo que pueda resolverse en
la
sentencia»; mientras que la segunda enmienda, la número 84,
incorporaría una disposición transitoria nueva instando al Gobierno a
que, transcurridos seis meses tras la entrada en vigor de la ley, se
habiliten los mecanismos necesarios para el reembolso de las cantidades,
en caso de resultar absuelto el empresario en el supuesto de dicho
artículo.
Señorías, nuestro grupo ha entendido desde un principio que
había margen más que suficiente para llegar a un acuerdo satisfactorio
que solucionase esta situación a la que me refería. Se lo hemos hecho
saber al Grupo Socialista, especialmente cuando el mismo ponente del
Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, el señor Pedret i
Grenzner, afirmaba en el debate de la Comisión de Justicia del Congreso
en la que se aprobó este texto que el artículo 79.7 formaba también parte
de sus preocupaciones, y que veríamos si en el Senado había alguna
posibilidad de llegar a matizar y expresar de forma clara en el texto de
la ley la situación, para que no se derivara de esta medida cautelar
ninguna consecuencia negativa para el empresario.
Nosotros hemos puesto la percha para que se produjera el
acuerdo, hemos transmitido al Grupo Socialista nuestra voluntad de
alcanzar dicho acuerdo, hemos esperado hasta el último momento para ver
si el acuerdo podía producirse y, finalmente, lamentamos que no haya
podido ser así y que el espíritu de consenso al que se hacía referencia
en el Diario de Sesiones del Congreso no haya podido alcanzarse en esta
Cámara, una cuestión que probablemente se deba a la premura en la
tramitación, aunque desde luego por nuestra parte no ha faltado voluntad
para ello.
Por lo que se refiere al resto de las enmiendas presentadas
por mi grupo parlamentario, hay dos grupos a los que me referiré muy
brevemente. Por un lado, un bloque relativo a la oportunidad y vigencia
del proyecto, y por otro, el formado por aquellas a las que nuestro
ponente en el Congreso denominó como desatascadores procesales.
El primero de estos grupos está compuesto por enmiendas
cuya intención es evitar que la entrada en vigor de la ley pueda provocar
problemas en el funcionamiento y celeridad de la jurisdicción social. En
este sentido nuestra enmienda número 83 introduce una disposición
transitoria nueva que requiere al Gobierno para que, transcurridos dos
años tras la aprobación de la ley, remita un estudio sobre la evolución
de los cambios procesales operados y el impacto de la entrada en vigor
del proyecto, así como las medidas humanas, materiales y técnicas a
adoptar en su caso.
En la misma línea la enmienda número 85 a la disposición
final séptima plantea que, con la excepción del recurso contra las
resoluciones de la autoridad laboral en materia de expedientes de
regulación de empleo, el resto de la ley entre en vigor a los 3 años de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En definitiva, como
decía, con estas enmiendas pretendemos dar respuesta a nuestra
preocupación por el incremento de la carga de trabajo que esta ley va a
suponer para la jurisdicción social, evitando con ello que se pueda
provocar un colapso, preocupación sobre la que me pronunciaré más
extensamente en el turno de portavoces.
El segundo bloque al que me refería es el de los
desatascadores procesales. Con estas enmiendas pretendemos plantear
posibilidades instrumentales que contribuyan a agilizar los procesos,
reducir la carga de trabajo y conseguir que los asuntos puedan resolverse
con rapidez y eficacia. En este bloque hay dos enmiendas, la 31 y la 58.
La primera de ellas se refiere al señalamiento sucesivo de los juicios de
despido y reclamación de cantidad, y aunque esta enmienda fue objeto de
transacción en el trámite de ponencia del Congreso, nuestra voluntad es
mantenerla de forma testimonial para su votación, ya que entendemos que
la solución que en ella proponemos es técnicamente más adecuada que la
que finalmente se incorporó en ponencia.
Por otro lado, la enmienda número 58 plantea un
procedimiento social, y también la mantendremos para su votación ya que
el procedimiento monitorio que finalmente ha sido recogido en la ley no
termina de convencernos, no solo por el límite de los 6000 euros, que nos
parece escaso, sino también porque creemos que las previsiones en
relación con la formulación de la demanda podrían haberse realizado de
otra manera.
En cualquier caso, y aunque no me referiré a todas las
enmiendas, ya que son muchas y creo que el texto justificativo que las
acompaña es suficientemente claro, me gustaría señalar algunas de ellas.
En concreto, la número 29 propone la supresión del artículo 21.2 de la
ley, ya que se obliga a decidir al demandante si va a acudir con abogado
o no al juicio, disponiendo únicamente de los dos días siguientes para
decidirlo. Entendemos que el apartado no se ajusta a la realidad al
presentar lo habitual, que es ir representado, como excepcional, y lo
excepcional, que es no ir representado, como habitual.
Consideramos, además, que esta situación puede provocar en
algunos casos la indefensión de los sujetos demandados, y por tanto,
mantendremos esta enmienda para su votación.
Otra enmienda que queremos señalar es la número 30,
relativa a la supresión del párrafo segundo del apartado 5 del artículo
23, que trata de la prescripción. Entendemos que la prescripción no se
debe interrumpir en función del instrumento utilizado o de a quién
afecta.
Y por último la enmienda número 64, de modificación del
artículo 196, pretende que se señalen los minutos concretos de la
grabación en la prueba testifical o la pericia practicada para su
eventual revisión, garantizando de este modo el derecho de defensa.
Entendemos que procesalmente hablando se abre un nuevo abanico que
seguramente en el futuro se acabará incorporando a las normas de nuestro
derecho procesal.
Y finalmente, y en cuanto al resto de las enmiendas, me
remito, como ya he dicho, al texto que recoge su justificación, que es
suficientemente claro.
Por lo que respecta a los otros grupos parlamentarios, solo
se ha presentado en este trámite una enmienda nueva, la número 92 del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que mi grupo votará en
contra. En cuanto a las demás, anunciamos ya que mantendremos el mismo
criterio de nuestro grupo en el Congreso.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra tiene la palabra el senador Pestana.
El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Intervengo en nombre del Grupo
Socialista para expresar el sentido del voto respecto a estas enmiendas.
Vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas por todos los
grupos.
En primer lugar, quiero hacer unas reflexiones iniciales
sobre el funcionamiento del Senado y las enmiendas que se han presentado,
sobre el interés que tiene esta Cámara en mejorar los textos que salen
del Congreso de los Diputados, pero no así, salvo temas muy importantes
en los que yo creo que hay que incidir —y me parece justo que los
grupos políticos puedan hacerlo—, en reproducir de nuevo debates
que ya se han producido y se han saldado incluso con transacciones, como
señalaba el portavoz del Grupo Popular, y que ya han sido objeto de un
marco de entendimiento entre los grupos políticos. No parece lógico,
pues, que volvamos a repetir enmiendas presentadas en la otra Cámara,
salvo en esas excepciones que he mencionado.
Es verdad que hay dos enmiendas nuevas, presentadas por el
Grupo Popular, las números 84 y 41, pero en el Grupo Socialista creemos
que no se ha dado la fórmula adecuada para lograr una buena transacción
sobre esos artículos. Lo lamentamos, pero sí creemos que nuestro
ordenamiento tiene instrumentos para resolver la cuestión que de fondo se
traduce en estas enmiendas. Por tanto, pensamos que, siendo así, no es
tan relevante, aunque sí hubiésemos querido llegar a un buen acuerdo.
También quiero expresar mi agradecimiento a Miquel Bofill
—con el que durante estos años he debatido cuestiones importantes
en esta Cámara— por la retirada de la enmienda número 127. Yo se lo
agradezco y hago un llamamiento sobre las enmiendas que han presentado
Convergència i Unió —números 89 y 90— y el Grupo Popular
—número 79—, porque al igual que la Entesa ha entendido que
había que retirarla pues afectaba a derechos ya firmemente asentados en
nuestro ordenamiento, como es la gratuidad para los trabajadores y los
sindicatos de la jurisdicción social, creo que no debemos en absoluto
tocar principios que están ya muy bien asentados en nuestro ordenamiento.
Sinceramente creo que el Congreso de los Diputados las va a rechazar,
pero me gustaría que esta Cámara no introdujera esos temas en este texto
legal. La jurisdicción ha funcionado muy bien. Los sindicatos tienen esa
protección, porque representan a los trabajadores y es una tutela incluso
constitucional reforzar el esfuerzo que se hace en defensa de los
derechos de los trabajadores y creo que hacemos un mal favor al
ordenamiento de nuestro país eliminando la justicia gratuita y la
exención de costas en estos casos.
Voy a hacer una reflexión general. Agradezco la presencia
del señor ministro, y aunque mi colega Arcadio Díaz Tejera va a hacer una
intervención general, yo creo que hay que hacer una valoración
—como ha hecho el ministro— muy positiva de este texto, del
trabajo de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados y también
aquí, aunque en el Senado ha sido muy precipitado. Es un trabajo que
permite elaborar una nueva ley de la jurisdicción social excelente, que
parte del marco del texto refundido de 1995, pero que, como decía el
ministro, al final se configura el juez de lo social, como es natural, en
materia de políticas sociales, con ese pequeño aplazamiento de la Ley de
dependencia en un
nuevo texto legal para dentro de tres años. Yo creo que, en
general, como decía antes, es un excelente texto legal.
Podemos recordar simplemente que los accidentes de trabajo,
la prevención de riesgos laborales y todo lo que tenga conexión con ello,
incluidos los órganos de representación en materia de riesgos laborales,
se insertan en el conocimiento de esta jurisdicción, lo cual es un
elemento positivo. Los derechos fundamentales que afectan a una relación
laboral —hablamos del acoso, por ejemplo—, incluso cuando hay
un tercer trabajador afectado, pertenecen a esta jurisdicción.
Aprovecho la benevolencia del presidente de la Cámara,
porque esta va a ser mi última intervención en el Senado, para dar las
gracias a todos los grupos, especialmente a las personas con las que más
relación he tenido, portavoces de los grupos políticos. Ha sido una etapa
interesante de mi vida y a partir de ahora participaré en otra esfera de
la política, en el cabildo insular de La Palma, y a todos los miembros de
los grupos políticos que quieran visitar la isla de La Palma los recibiré
con gusto.
Ya comenté en otro debate hace algún tiempo cómo veía un
joven de 13 años la política cuando comenzaba la Transición en nuestro
país y el orgullo de ese joven, que hoy tiene 46 años, por lo que ha
ocurrido, más allá de los problemas actuales, con una crisis económica
que ha devastado tanto y que incluso nos ha hecho reconsiderar muchas
realidades que considerábamos prácticamente estables por el esfuerzo que
se ha hecho en momentos tan difíciles.
Me voy con un sentimiento agridulce, sinceramente, porque
este país ha pasado por momentos muy difíciles, y jamás olvidaré que ha
habido quien no ha estado a la altura al votar sobre cuestiones muy
importantes para salvar la economía y ayudar a los ciudadanos de este
país. Lo lamento.
Mi agradecimiento a todos, señorías. Espero encontrarlos
alguna vez en otra etapa de mi vida.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) No se hace uso
de la palabra.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra
el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor
presidente.
Tras haber defendido las enmiendas que mi grupo
parlamentario mantiene vivas para este trámite, no voy a entrar yo ahora
en una réplica al turno en contra utilizado con anterioridad. No procede,
y mucho menos estando en vísperas de la disolución de las Cortes
Generales y siendo consciente de que estamos en el debate de un proyecto
de ley, como bien ha dicho el señor ministro de Justicia, muy
consensuado, a pesar del alto número de enmiendas presentado en esta
Cámara.
No voy a desdecir yo hoy —Dios me libre— al
portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados.
Es verdad que la aceptación de enmiendas en aquella Cámara ha sido
amplísima y es verdad que han sido muy numerosas las aceptadas a nuestro
grupo, seguramente, por el carácter técnico que tenían. Es verdad que
allí se ha trabajo bien y, como decía, se ha hecho un buen trabajo y es
verdad que estamos ante un proyecto de ley bien configurado, es decir,
estamos ante un buen proyecto de ley.
Precisamente por todo ello anuncio el voto favorable de mi
grupo parlamentario al dictamen elaborado por la Comisión de Justicia de
esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la
senadora Parera.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.
Yo también voy a ser muy breve.
Esta ley viene a reformar una norma que sustituye a la Ley
de Procedimiento Laboral e intentamos dar continuidad a una estructura
anterior modernizando el procedimiento, proyectándolo hacia la
jurisdicción social, a todo el ámbito social. Es una ley que creo que ha
nacido con voluntad de consenso en un momento difícil para el mercado
laboral. La crisis económica está causando situaciones muy gravosas para
las personas que pierden sus trabajos, para las personas que deben
reclamar salarios y para muchas empresas inmersas en situaciones
económicas muy difíciles. Por tanto, deseamos apoyar esta ley. Entendemos
que este texto tiene que ser una pieza más de la modernización de la
Justicia que entre
todos estamos intentando impulsar en esta legislatura a
través de todos los proyectos legislativos que estamos aprobando y, por
tanto, expresamos nuestro más firme apoyo a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador
Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su
intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a
la Redacción del Diario de Sesiones): «Gràcies president.
La meva intervenció serà breu amb la intenció de donar la
màxima agilitat al debat d’unes reformes legislatives en què es
mantenen moltes esmenes, però en què hi ha un acord de fons tant sobre la
seva oportunitat i necessitat, com sobre el seu contingut».
Decía que mi intervención será muy breve en aras de
agilizar el debate de unas reformas legislativas para las que se
mantienen muchas enmiendas pero sobre las cuales hay un acuerdo de fondo
tanto sobre su oportunidad como por su contenido.
En relación con esta reforma sobre la jurisdicción social,
quería subrayar sobre todo su ambición y el cambio de perspectiva que
supone, dados los conflictos que se producen entre trabajadores y
empresarios, en toda su dimensión social, lo que se refleja en el propio
título de la ley, en el que se ha dejado de lado la referencia limitativa
al procedimiento laboral para pasar a hablar de jurisdicción social.
Particularmente, queremos subrayar el esfuerzo que se ha
hecho para racionalizar la distribución competencial entre los distintos
órdenes jurisdiccionales en el ámbito de las relaciones laborales,
concentrando la materia laboral con la de seguridad social y agilizando
los procedimientos. Una buena ley, en definitiva, que contribuye a la
modernización de la justicia.
Graciès, president.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz
Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente.
En nombre del Grupo Socialista, en primer lugar quiero dar
la bienvenida a esta Cámara a los magistrados don José Folguera Crespo,
Fernando Salinas Molina, Juan Pedro Quintana y José Manuel Sieira Míguez.
La verdad es que no es frecuente que los integrantes del Poder Judicial
asistan a estos debates en el Senado de España, pero, francamente, me
parece muy relevante que estén ustedes aquí e incluso que estén
permanentemente al tanto de los devenires y quehaceres de esta Cámara.
Quiero también saludar al ponente en el Congreso de los Diputados, mi
querido amigo y colega a quien tanto admiro por su generosidad, Manolo de
la Rocha, presente también en este debate.
Para nosotros este es un texto muy muy relevante. Lo
reafirma y refuerza la presencia del ministro de Justicia, en cuyo
discurso ha mostrado una evolución de conjunto de los tres textos. Ha
dado una explicación sobre el transfondo político, la relevancia
económica y la relevancia social que tienen los tres textos en este
período precisamente. Es un esfuerzo de unificación competencial en el
orden social, de los magistrados de lo social, de los asuntos que están
dispersos y que generaban lo que algunos clásicos llamaban el peregrinaje
de las jurisdicciones, asuntos vinculados al ámbito civil o al ámbito
contencioso que tienen que ver con la enfermedad profesional o con los
accidentes de trabajo y que se concentran en el orden jurisdiccional
social.
He preguntado a muchos colegas del orden social cuánto
aumentaba esta ley, en su opinión, la carga de trabajo. Ellos me decían
que aproximadamente un 25 o un 26%. No sé el ámbito de rigor que tienen,
pero se lo preguntaba con toda sencillez, y ellos me respondían también
espontánea y sencillamente que un 26%. Supongo que esto se tendrá que
tener en cuenta a la hora de redistribuir la carga de trabajo en el orden
social porque cuando se detrae de otros órdenes y se hace descansar en el
orden social, tiene que tener una relevancia desde el punto de vista de
la creación y distribución de los órganos jurisdiccionales. Y aquí
ciertamente hay que destacar no solo la ampliación de las materias, la
clarificación de las materias en el orden social, la voluntad de
modernización del procedimiento, que ya tiene en cuenta las últimas
reformas que se han hecho en orden a la Oficina Judicial, al Plan
Estratégico de Modernización e incluso a la previsión de los tribunales
de instancia.
Hay una serie de asuntos sobre los que se plantea esta
amplitud de materias en el ámbito de la prevención: la garantía de la
protección de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones
de
trabajo y las libertades públicas de empresarios y
trabajadores, las materias relativas al ámbito sindical y de huelga, el
caso del acoso, que mi compañero y amigo, Anselmo Pestana Padrón, senador
por La Palma y por Tenagua —quien hoy aquí se ha despedido
temporalmente; un pequeño paréntesis entre jóvenes— ha puesto de
manifiesto.
Creo que, tanto para los asuntos vinculados a los ERE como
para los trabajadores autónomos económicamente dependientes, es una ley
relevante. No solo pone orden, no solo redistribuye tareas y competencias
en el ámbito jurisdiccional, no solo moderniza, sino que se esmera en
afilar normas de procedimiento que tan buen resultado han dado a lo largo
de la historia judicial española. De siempre quienes han trabajado en
otros órdenes jurisdiccionales han puesto de manifiesto con especial
cariño la fluidez, la rapidez y la diligencia del procedimiento laboral.
Siempre ha sido un ejemplo, que creo que con esta ley se reafirma y se
refuerza.
Así que enhorabuena a los padres y madres del texto,
enhorabuena a los ponentes en el Congreso. Exactamente de 400 enmiendas
presentadas en el Congreso de los Diputados, 233 fueron aceptadas en sus
términos originales, en sus términos literales, o al menos transadas, en
la voluntad que animaba, las expresiones gramaticales que se utilizaban.
Es una ley que llega aquí muy pactada, muy negociada, muy dialogada, y
parte de la legitimación del ejercicio de esta Cámara —de la
legitimación de origen no hay cuestión alguna por su origen
democrático— es no repetir lo que ya se ha dialogado y en lo que se
ha alcanzado un punto de acuerdo, sino tratar de incorporar y precisar en
una segunda lectura aquellos asuntos que no se han podido abordar en una
primera lectura, por su mayor pasión. Entre los senadores y senadoras hay
más serenidad y otro buen rollo —permítanme esta expresión
coloquial—, pero sabemos a lo que nos estamos refiriendo.
Algunos asuntos que se han planteado, muy interesantes
desde el punto de vista del contenido, no se han podido abordar por los
criterios que nos han trasladado, por razones económicas y por la
situación que estamos viviendo. En cualquier caso, enhorabuena a los
parlamentarios y parlamentarias por el trabajo que se ha hecho, y
enhorabuena, insisto, a los magistrados que están hoy aquí y honran esta
Cámara con su presencia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Pastor.
El señor PASTOR GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, señor ministro, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para fijar posición en relación con esta ley objeto
de debate, la ley reguladora de la jurisdicción social. Una ley que, como
ya se ha dicho, efectivamente viene muy trabajada del Congreso de los
Diputados, y que en el trámite de la Cámara Baja ha sido objeto de un
buen número de acuerdos, como lo atestigua el exiguo número de enmiendas
nuevas que se han presentado a trámite aquí en el Senado.
Sin embargo, antes de entrar directamente en la materia que
nos ocupa, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Y es que nos
encontramos al final de la legislatura en lo que podrían calificarse como
los minutos de descuento antes de que se disuelvan las Cámaras y los
ciudadanos sean convocados a las urnas. Y pese a que en un momento como
este todo debería estar ya hecho, sin embargo la actividad de esta Cámara
resulta frenética. Parece que nos han entrado las prisas, y la ley que
hoy debatimos es una buena prueba de ello. Si me lo permiten, diré que
esta situación me recuerda mucho a la de aquellos malos estudiantes que
tras haberse pasado el curso mareando la perdiz, pretenden aprobar
metiéndose el gran atracón el último día. Todos sabemos que este no es el
comportamiento más sabio ni el más aconsejable, pero ¿qué quieren que les
diga? Es lo que hay.
Así pues, igual que los malos estudiantes, el Gobierno, que
ha estado buena parte de la legislatura entretenido en otras cosas, nos
trae ahora un buen número de proyectos de ley para su aprobación expresa
antes de que la legislatura expire, y el que hoy nos ocupa es
precisamente un ejemplo de eso. Por tanto, fruto de las prisas nos
encontramos con que prácticamente no hemos tenido tiempo para el estudio
de esta ley. Hemos tenido un plazo de enmiendas muy ajustado, realmente
ajustado, como todos los ponentes conocen perfectamente, y que ha
limitado de una forma, en mi opinión, muy notable, el tiempo disponible
para estudiar y negociar convenientemente las enmiendas de los distintos
grupos parlamentarios. En definitiva, una situación esta que en mi
opinión debería llamarnos a la reflexión para evitar que en el futuro las
cosas se hagan igual.
En cualquier caso, por lo que se refiere a la ley que traen
hoy a la consideración de esta Cámara, la ley reguladora de la
jurisdicción social, cabe señalar que trae su causa en buena medida en la
Ley 35/2010, de 17 de diciembre, en la que se mandaba al Gobierno que en
el plazo de seis meses trajera una modificación legal del texto a fin de
que los recursos ante las decisiones administrativas de la autoridad
laboral en relación con los expedientes de regulación de empleo recayesen
sobre la jurisdicción social.
El Gobierno podía perfectamente haberse limitado a hacer
una modificación legal menor, cambiando únicamente unos cuantos artículos
y, sin embargo, ha preferido optar por presentar un texto legislativo
completo, cambiando la Ley de Procedimiento Laboral, que a partir de
ahora será la ley de la jurisdicción social.
Esto se ha traducido en la incorporación de nuevas
competencias, especialmente en el ámbito de los accidentes de trabajo y
en la prevención de riesgos laborales, con la voluntad —como han
señalado el señor ministro y varios ponentes— de evitar el
peregrinaje judicial, que en muchos casos conlleva la coincidencia de
actuaciones de la jurisdicción social, la civil o la
contencioso-administrativa al mismo tiempo.
Igualmente, se incorpora —y, desde nuestro punto de
vista, es relevante— el recurso de casación de unificación de
doctrina, legitimándose al ministerio fiscal para interponerlo, y se
refuerza una mayor presencia en el juicio del Fondo de Garantía Salarial,
el Fogasa, en lo que en nuestra opinión es una decisión acertada del
proyecto en aras de la limitación de las situaciones de fraude.
No obstante, como ya he mencionado en relación con las
enmiendas, hay una cuestión que debe ser considerada y que es objeto de
preocupación para mi grupo parlamentario, que no es otra que el que esta
ley pueda suponer un incremento en la carga de trabajo de la jurisdicción
social que termine por afectar a su rapidez y eficacia, máxime en un
momento como el actual —ya lo han referido otros portavoces—
en el que los juzgados de lo social se encuentran sometidos a una
importante presión debido al incremento de los procedimientos que han de
tramitar, consecuencia directa de la situación de crisis económica que
atravesamos. En este sentido, la jurisdicción social, que antes podía
resolver en una media de cuatro meses, puede llegar a tardar ahora hasta
doce, catorce o dieciséis meses desde que se interpone la demanda hasta
que hay sentencia. Por tanto, en un contexto de saturación de la
jurisdicción social como en el que nos encontramos, además de atribuirle
la competencia sobre los expedientes de regulación de empleo le añadimos
todas las que adicionalmente contempla el proyecto de ley que hoy
debatimos. En consecuencia, en mi opinión deberíamos plantearnos la
pregunta de si esta reforma es temporalmente oportuna.
En el mismo sentido, me gustaría señalar que estamos de
acuerdo con la formulación a la que se ha llegado en relación con la
dependencia, pues en nuestra opinión hubiera resultado imprudente asumir
sin más las pretensiones de algunos grupos sobre esta materia, que de
salir adelante provocarían, sin duda alguna, que los jueces de lo social
salieran corriendo de España ante los miles de casos adicionales que se
les podrían venir encima.
En cualquier caso, pese a las cautelas y las dudas que nos
producen algunos aspectos del proyecto de ley y que están recogidas en
las enmiendas que hemos presentado, mi grupo parlamentario le va a dar
una oportunidad y, por tanto, anuncio nuestro voto favorable.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento, por favor.
Cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación del Proyecto de
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas números 3 y 10.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 248; a favor, 7; en contra, 240; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas votamos
la enmienda número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 248; a favor, 11; en contra, 237.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 95, 96, 104, 108, 110, 112,
113, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 126, 133, 134, 135, 138, 140, 143,
144, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 157 y 160, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 248; a favor, 11; en contra, 237.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 93, 99, 106, 107, 109, 115,
118, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 139, 141, 142, 148, 152,
154, 155, 156, 158, 159 y 162, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 248; a favor, 11; en contra, 124; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado. En primer lugar, la enmienda número
20.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 248; a favor, 121; en contra, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 117; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 118; en contra, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 246; a favor, 246.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. S. 621/000118)
(Núm. exp. C.D. 121/000119)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la Comisión de
Justicia en relación con el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal.
Tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador
Asensio.
El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar el dictamen de la
Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal. (El señor vicepresidente, Molas i
Batllori, ocupa la Presidencia.)
El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento
de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 3 del pasado mes de
agosto, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 5
de septiembre y fue ampliado hasta el día 7 de septiembre de 2011.
A este proyecto de ley se presentaron 174 enmiendas así
distribuidas: 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; 96, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés; 7, del Grupo Parlamentario Socialista; y 65, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado. Por decisión de la Presidencia del
Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara,
no fue admitida a trámite la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió por considerarse, de
conformidad con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
que se refiere a materias que de manera evidente y manifiesta carecen de
conexión con el proyecto de ley.
El día 8 de septiembre la comisión designó ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera: doña Carmen Alborch Bataller, del
Grupo Parlamentario Socialista; don Miguel Bofill Abelló, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Arcadio Díaz Tejera, del
Grupo Parlamentario Socialista; don Francisco Javier Irízar Ortega, del
Grupo Parlamentario Socialista; don Juan Manuel Juncal Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; doña Eva Parera Escrichs, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don
Narvay Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; y don Joseba
Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
Dicha ponencia acordó por mayoría proponer a la Comisión de Justicia que
se mantuviera en sus propios términos el texto remitido por el Congreso
de los Diputados.
La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 8 de
septiembre y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la
ponencia, que no introduce modificaciones en el remitido por el Congreso
de los Diputados.
Han presentado votos particulares a este dictamen los
grupos parlamentarios Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés,
Socialista y Popular.
Es todo, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor
senador.
¿Algún grupo solicita intervenir en el debate de totalidad?
Si no, pasaríamos directamente a debatir las enmiendas. (Denegación.)
Como ningún grupo parlamentario quiere intervenir en el
debate de totalidad, pasamos al debate de las enmiendas.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la
palabra la senadora Parera.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Un segundo,
señoría. Antes de que tome la palabra, a fin de agilizar lo que podríamos
llamar la auscultación por parte de todos, ¿harían el favor de comentar
fuera sus despedidas?
Continúe cuando usted lo desee, señoría.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias.
Hemos presentado un grupo de enmiendas para su aprobación
en este Pleno que persiguen distintas soluciones: por ejemplo, estamos
intentando que se aprueben en este proyecto de ley soluciones
extrajudiciales, por lo que proponemos introducir un procedimiento
notarial previo, con la finalidad de desjudicializar y promover
soluciones convencionales en la insolvencia del deudor. Entendemos que
así se agiliza muchísimo más todo el procedimiento.
Asimismo queremos garantizar —porque creemos que
actualmente no se hace, tal y como está el texto— conocimientos
suficientes en el ámbito concursal por parte de aquellos administradores
concursales que vayan a intervenir, motivo por el cual proponemos una
vuelta al texto vigente en cuanto
a exigir cinco años de ejercicio profesional, debiendo
incluso acreditar especialización en materia concursal.
Igualmente proponemos una mayor flexibilización en la
realización de los bienes afectos a créditos con privilegio especial con
respecto a los derechos de los acreedores y, en su caso, del
concursado.
También perseguimos obtener un mismo tratamiento, que
actualmente no existe, para aquel concursado que durante el desarrollo
del proceso concursal ha obtenido una quita inferior a un tercio del
importe de los créditos o una espera inferior a tres años, con el
tratamiento que recibe actualmente el deudor, que ha conseguido por vía
anticipada un convenio con las mismas características.
Por último, me gustaría comentar que con posterioridad
hemos presentado un grupo de enmiendas que vienen a solucionar o
modificar unos errores materiales que se habían detectado en el texto
elaborado en las Cortes. Por tanto, pido a todos los grupos
parlamentarios aquí presentes que den su apoyo a las mismas puesto que
modifican aspectos básicamente materiales de un texto que venía con
errores, cambios que han sido avalados tanto por el letrado del Congreso
como por el de nuestra comisión en el Senado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias,
señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su
intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a
la Redacción del Diario de Sesiones.): «Gràcies, president.
Mantenim també una gran quantitat d’esmenes en
aquesta llei, malgrat el nostre acord general amb el projecte. Sobretot,
volem emfatitzar que es tracta en bona part d’esmenes que tracten
de garantir que en tot cas es tingui en compte la posició dels
treballadors en els concursos.»
Continúo en castellano por la falta de traducción
simultánea, obviamente. Decía que mantenemos también una gran cantidad de
enmiendas en esta ley, a pesar de nuestro acuerdo general con el
proyecto. Queremos enfatizar con ellas unas propuestas que tratan de
garantizar que, en todo caso, se tenga en cuenta la posición de los
trabajadores en los concursos como parte especialmente interesada en
asegurar la continuidad de la empresa sometida a concurso y en la
urgencia de los trabajadores para obtener respuestas en relación con sus
necesidades personales y familiares, como aquellas relacionadas con el
cobro de salarios o de indemnizaciones.
Entre las enmiendas que mantenemos quiero destacar dos que
hacen referencia a la administración concursal en la medida en que
durante la pasada legislatura fue una cuestión debatida en esta Cámara a
raíz de una moción presentada por nuestro grupo. En concreto, con nuestra
enmienda 130 pretendemos proteger el cobro de los honorarios de los
administradores concursales con la idea de asegurar la máxima
profesionalidad en su intervención, que tienen como misión buscar en la
medida de lo posible una salida viable para la empresa que recurre al
concurso, y con nuestra enmienda 142 tratamos de que el nombramiento de
los administradores concursales se haga con la máxima transparencia y con
una repartición equitativa de los asuntos, evitando situaciones de
oligopolio y de agravio.
Por lo demás, cabe decir que nuestras enmiendas 124 y 138
coinciden con las números 1 y 5, de Convergència i Unió. Por otra parte,
nuestras enmiendas 81, 83, 119, 121, 123, 137 coinciden con las enmiendas
números 7, 13, 52, 58, 65 y 67, del Grupo Parlamentario Popular. Cabe
destacar que la enmienda 137, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, y la 67, del Grupo Parlamentario Popular, son exactamente
iguales pero importantes en la medida en que en ellas proponemos ambos
grupos la inclusión en esta ley de todo un título décimo denominado
Acuerdos de refinanciación, con diecinueve artículos, ya que coincidimos
en estimar que es necesario desarrollar de esta forma específica esta
solución preconcursal reforzando la intervención del operador judicial en
estos acuerdos y facilitando la intervención profesional en la
negociación y la formulación de acuerdos con control judicial.
No voy a resumir lo acordado a efectos de votación porque
el letrado ya cuenta con la lista y no voy a repetirla, pero sí quiero
especificar que retiramos nuestra enmienda 109 ya que es idéntica a otra
presentada: la número 166. Estas coincidencias en enmiendas presentadas
por el mismo grupo pueden parecer extrañas, pero son fruto de la
inclusión de enmiendas remitidas por el Congreso de los Diputados y allí
Esquerra Republicana e Izquierda Unida a veces formulan enmiendas
idénticas con justificaciones distintas, de ahí estas coincidencias
extrañas.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Irízar.
El señor IRÍZAR ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para defender las enmiendas que
presenta mi grupo, que son puramente técnicas y de mejora del texto. Así,
las enmiendas 72, 73, 75 y 78 suponen una mejora en la redacción del
texto.
Se retira la enmienda número 76 porque coincide con la
número 75.
En la enmienda número 74 se incluye un inciso en el que se
dice que, además del Consorcio de Compensación de Seguros y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, cualquier administración pública podrá
aparecer con los mismos derechos porque también en esta ley se incluye la
posibilidad de que las administraciones públicas sean administradoras en
caso de concursos especiales. Por coherencia con esto se les incluye así.
Además, en la enmienda 77, también de carácter técnico, se
elimina del apartado 5 una parte que ya está incluida en el apartado 6.
Por tanto, son enmiendas de carácter puramente técnico.
Aprovecho este turno para decir que el Grupo Parlamentario
Socialista entiende que las correcciones presentadas por la letrada
mejoran el texto de la ley y ofrecen la posibilidad de que haya una
enmienda transaccional por parte de todos los grupos para mejorar el
proyecto de ley de forma técnica.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado el senador Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias.
Señor presidente, señoras y señores senadores, tengo que
empezar diciendo que no podemos estar satisfechos del trabajo efectuado,
primero porque, aparte de la consabida reforma pendiente del Senado, la
función de segunda lectura no se ha cumplido en esta ley.
Como muy bien ha expuesto el presidente de la comisión en
la exposición del dictamen, esta ley tuvo entrada el 3 de agosto y el
plazo de enmiendas terminó el día 7. Sigue habiendo problemas de encaje
como nos ha anunciado la portavoz de Convergència i Unió en unas
enmiendas de tipo transaccional que afectan solamente a las cuestiones
técnicas. He hablado con la letrada para que las cuestiones técnicas se
arreglen de inmediato, porque así está previsto en la normativa, en el
Reglamento y, por tanto, se pueden hacer sin ningún tipo de problemas. El
Grupo Parlamentario Popular en el Senado entiende que ese tipo de
enmiendas que afectan nada más y nada menos que a las diez disposiciones
transitorias y a una adicional modifican básicamente el contenido del
texto y, por lo tanto, deberían ser objeto de moción en su debido plazo y
en este momento son extemporáneas y si no, que el Gobierno no hubiese
tenido tanta prisa por sacar adelante una ley con los problemas que tiene
y que se van a detectar —y voy a exponer a continuación— al
objeto de que no se hubiese producido esta circunstancia. Pero
—como decía— las prisas son las prisas y dicen que son malas
consejeras. En todo caso —vuelvo a insistir—, es
responsabilidad del Gobierno querer aprobar una reforma que, desde luego,
no tiene la mejor redacción.
El Gobierno ha improvisado y voy a tratar de explicar por
qué. En el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el grupo que
sustenta al Gobierno, presenta nada más y nada menos que 36 enmiendas a
temas importantes como el artículo 27, que regula la administración
concursal y que sigue siendo caballo de batalla y sin resolver. Presenta
enmiendas por el tema de disposición de bienes de la suspense, la
calificación culpable o no culpable del concurso, el concurso abreviado,
reforma de la Ley del Iva para invertir el sujeto pasivo del impuesto.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta en el Senado
—como acaba de decir su portavoz— 7 enmiendas, de la 72 a la
78, aunque ha retirado una, pero sigue manteniendo privilegios en el
artículo 28. Después me adentraré en ese tema.
El Partido Popular ha presentado en el Senado las numeradas
de la 7 a la 71 —65 enmiendas—, para tratar de mejorar el
texto en aspectos como la jurisdicción del juez, la jurisdicción del
concurso —que quede perfectamente claro en el ámbito del juez
concursal—; los concursos necesarios, los concursos solicitados por
el deudor regulados en el artículo 15, o la posibilidad de declaración
conjunta de concurso de las personas afectadas cuando sean cónyuges,
cuando exista confusión de patrimonios, estén solapados, etcétera-, que
abarcan las enmiendas 19, 20 y 21. También presentamos enmiendas
referentes al artículo 25; por supuesto, al artículo 27, sobre el que más
tarde me explayaré un poquito más; al
artículo 28, sobre incompatibilidades, muy importante
también; al artículo 34, referente al arancel; la enmienda 29, que afecta
al artículo 43, relativo a un asunto importante, la disposición de bienes
no necesarios para el mantenimiento de la actividad; al artículo 48, que
regula el embargo cautelar de bienes de los administradores; al artículo
58, que habla de privilegios de los créditos públicos, compensación en la
que, a nuestro entender, tiene demasiados privilegios la Hacienda pública
—una cosa es que no los tenga y otra que sean excesivos—; al
artículo 191, que regula el procedimiento abreviado en la definición de
insolvencia porque es uno de los grandes problemas.
Siento que se haya ido el ministro, pero, efectivamente,
uno de los grandes problemas con los que aquí nos enfrentamos es el
ingente número de concursos, que, por tanto, habría que abordar.
También coincidimos en un título nuevo, en los acuerdos de
refinanciación, porque es importante que dentro de unas posibles
soluciones —primero, para descongestionar y, segundo, para que las
empresas puedan subsistir— existan de forma regular, coherente y
efectiva los acuerdos de refinanciación.
Y, por supuesto, para cerrar, la enmienda número 71
pretendía -porque por lo que sé no va a tener el apoyo mayoritario de la
Cámara- introducir en el ordenamiento la creación de un texto refundido
por el Gobierno al objeto de recomponer y tener en un solo texto toda la
normativa dispersa a lo largo de estos años de vigencia de la Ley
Concursal del 2003 y además las modificaciones posteriores que se
hicieron en 2009.
El señor ministro explicaba los motivos de esta
modificación de la ley. Si vamos a la exposición de motivos, vemos que se
dice que la situación económica provoca disfunciones. En este caso no
estoy de acuerdo, lo que provoca disfunciones es el contenido de la ley;
lo que provoca la situación económica es el incremento de los casos.
Podemos dar una estadística a 1 de septiembre de este año. El
Observatorio del Registro Oficial de Economistas Forenses este año
detecta un repunte claro, en torno a un 16% —no voy a marear con
las cifras— de casos de concursos tanto de empresas como de
personas físicas. Y quiero destacar, si observamos la estadística desde
el 2004 al 2011 del número de casos de concursos, vemos que frente a unos
200 casos en el 2002 fluctúan en torno a los 1000 en 2005, 6 en el año
2007; que en el 2008 se disparó a 3200 o 3300 concursos; que en el 2009 y
2010 se ha ido la cifra a 6100 y 5800 respectivamente; y que las
previsiones para este año, de acuerdo con lo que se lleva transcurrido de
ejercicio 2011 y, por lo tanto, es una previsión, nos vamos a ir a 6588.
¿Qué pasa? Que tenemos una administración judicial, unos
jueces de Distrito, unos jueces de lo Mercantil que se han visto
absolutamente desbordados. Por consiguiente, no estoy de acuerdo con esas
disfunciones que provoca la situación económica. La situación económica
provoca incremento de casos.
¿Por qué el 95% de los concursos acaban en liquidación?
Probablemente por muchas razones, pero una de ellas, la primera, es que
se presentan tarde. Otra razón que podríamos señalar como causa de que el
95% de los concursos terminen tarde es la actuación de los
administradores o la situación de los administradores.
Se hablaba como un pilar de la reforma del preconcurso,
pero tal y como está es simplemente una operación para retrasar
probablemente lo inevitable, porque no hay un control efectivo judicial.
Ahí está el artículo 8.
En cuanto al fresh money, el anglicismo que utilizamos para
referirnos al privilegio del dinero fresco que entra en pleno concurso,
se habla del 50%. No sé si se lo han jugado a cara o cruz porque puede
haber teorías para nada, el cincuenta o el cien por cien. Creo que
aplicaron el juicio de Salomón y se quedaron en el 50%, pero no hay
ningún índice que nos indique que esa es la cifra correcta para tener ese
privilegio especial.
Crean un registro público concursal regulado en el 198. Me
parece muy bien, pero se les olvida un tema tan sencillo —después
intentaré exponerlo porque está contenido en una de nuestras
enmiendas— como es que dentro de ese registro concursal tenga una
publicidad adecuada la disposición de bienes. Todos aquellos bienes que
son innecesarios para el mantenimiento de la empresa se ponen a la venta.
¿Cómo? En un procedimiento en el que estamos viendo que los
administradores concursales están haciendo de agentes de la propiedad
inmobiliaria. Lo lógico sería que aparte de ese registro donde se vuelcan
todos los autos judiciales, todas las actuaciones referentes a ese
expediente, hubiera también un espacio informático, un espacio virtual
donde se volcaran esas operaciones al objeto de mayor transparencia y
mayor publicidad, lo que supondría una seguridad y una tranquilidad en
cuanto a que la venta de esos bienes están en unas condiciones de
publicidad y de concurrencia.
En cuanto a los administradores concursales, son pieza
básica de esta ley porque regula los concursos, y para los concursos
necesitamos uno o varios acreedores, un deudor, un juez y, obviamente,
los administradores concursales. Pues resulta que veníamos
de una ley que mantenía tres administradores concursales con experiencia
profesional, entró en el Congreso igual que está en la ley vigente pero
ya sin experiencia, y ahora empieza a introducirse la persona o empresa
jurídica como administrador concursal.
Por último, las sociedades anónimas deportivas. Esto es lo
que regulaba la exposición de motivos de la ley.
¿Qué problemas hemos detectado? Las personas físicas, los
administradores concursales, el cierre de empresas y, obviamente,
cuestiones técnicas.
En cuanto a las personas físicas, meter al ciudadano en un
concurso —permítanme la expresión— es como meter a un bebé en
un veterinario, es administrarle una dosis de caballo, porque la ley
concursal no está pensada para este tipo de actuaciones o situaciones de
insolvencia de personas físicas. ¿Cuál es la solución del Gobierno? Una
disposición adicional primera que dice que el Gobierno, en el plazo de
seis meses, elaborará un informe con posible adopción de medidas para la
protección de la economía social de las familias y los consumidores. A
tal efecto podrán proponerse opciones de soluciones extrajudiciales para
estos casos, sean de carácter notarial, registral, mediación y arbitraje,
añadiría yo, pero han aprobado hace poco, como muy bien ha recordado el
ministro, la Ley de mediación y arbitraje y no contiene nada sobre estos
temas. Por eso yo me pregunto: ¿tanta prisa para aprobar esta ley si
realmente este tema no lo tienen resuelto y, como digo, era uno de los
pilares de la reforma?
Cierre de las empresas. Hay que preguntarse por qué el 95%
de los concursos, como decía antes, acaban en liquidación. Se presentan
los acuerdos de refinanciación, sí, pero con un problema sustancial que
hace que sea indispensable modificar esa situación tal como está
redactada porque no tienen una supervisión efectiva. El deudor
simplemente le comunica al juez que se encuentra en una situación
preconcursal. Después informa en función del acuerdo alcanzado, si es que
llega a alguno, pero durante ese impasse la Administración judicial está
ciega.
Podríamos también pensar en regular el estado de
insolvencia. ¿Por qué? Porque las situaciones de insolvencia que están en
este momento vigentes y que regula la ley, por ejemplo el impago de sus
obligaciones fiscales, el impago de salarios, de la Seguridad Social,
etcétera, han demostrado que no son suficientes para contener ese estado
de insolvencia y que cuando las empresas llegan ya es tarde. Por eso
nuestra modesta aportación a la modificación del artículo 2.2 es una
norma técnica. Porque ¿cuándo estamos en insolvencia? Cuando el pasivo
circulante es mayor que el activo circulante. Hemos hecho nuestra
aportación también en una enmienda para que se estudie un tratamiento
preventivo de la insolvencia.
Pero vayamos a uno de los temas más cruciales de la reforma
que mantienen Convergència i Unió y la Entesa. Como decía antes, el
proyecto de ley entró en una situación en la que se decía que era
necesario un abogado con experiencia —ahora salimos con que tiene
que ser sin experiencia— y un solo administrador. ¿Abaratando
costes? Pues bien, probablemente todo ello apunta a que esta reforma va
dirigida a las grandes multinacionales de la auditoría. Cuando yo hice el
curso de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas recuerdo que
el porcentaje de actuación del socio era un 3%. No creo que esto haya
variado mucho, pero los honorarios estaban en torno a las 50 000 pesetas
por hora, y estoy hablando del año 1989, con lo cual dudo mucho que los
costes se vayan a abaratar.
Viendo la enmienda número 74 del Grupo Parlamentario
Socialista pensé que se habían dado cuenta de eso y que lo iban a
modificar, pero no, lo mantienen. Y es que cuando el administrador es una
persona física, un abogado o un economista, si quien está en la lista de
personas que están en disposición de acceder al cargo de administrador
concursal es nombrado en tres concursos en dos años, no puede ser
nombrado de nuevo. Es curioso, pero esta limitación no existe para las
personas jurídicas. Y existe también incompatibilidad por estar vinculado
personal o profesionalmente —reguladas en el artículo 93—;
pero resulta curioso que las personas jurídicas contenidas en el segundo
párrafo del artículo 27 no estén afectas por esta incompatibilidad. Y a
mayores, se mantiene que no podrá ser nombrado administrador concursal
quien como experto independiente hubiera hecho el informe referente del
acuerdo de financiación.
Señorías, ¿quieren profesionalizar? Estamos de acuerdo y
abiertos a ello. Lo mismo que se creó en su día el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas, créese el registro oficial de administradores
concursales con una característica, es decir, regulando la formación, las
condiciones de acceso, las condiciones de ejercicio, etcétera. En cuanto
a los honorarios, el Gobierno tiene el arancel para escribir. Yo conozco
un poco el tema y comprendo que a veces las minutas de algunos concursos
son de auténtico escándalo, pero hay que conocer también la realidad de
las otras porque muchas veces, como muy bien apuntaba el
senador Bofill, hay que tomar medidas para garantizar el
cobro por el trabajo realizado por muchos administradores concursales que
cuando llega la finalización del trabajo no tienen masa para hacer
efectivos sus honorarios.
Nombramientos. Indudablemente, regúlenlo también. Desde
luego, estos titulares donde se dice que investigan a jueces de lo
mercantil por la adjudicación de concursos de acreedores o que un juez
obliga a un grupo de administradores concursales a devolver 2 millones de
euros, no nos gustan a nadie. Regúlenlo de manera efectiva porque tienen
capacidad para ello.
Resumiendo, aprueban una administración concursal
unipersonal, entregan la actividad a las multinacionales, hay la
posibilidad de que acceda al puesto gente sin la debida especialización,
es un regalo no sé a favor de quién, pero sí desde luego en contra de los
intereses de los colegios de abogados, auditores y economistas de España,
que han venido trabajando en este tema con eficacia a lo largo de todos
estos años, y lo que es más importante, es contrario al sentido
común.
Ya me he referido antes a la cuestión de la administración
de activos. Y en cuanto a las sociedades anónimas deportivas —otro
de los pilares de la reforma decían ustedes—, porque el 25 de
agosto hubo un convenio entre la federación española, los clubes y los
futbolistas, porque si no, debido al rango de la normativa, con la
disposición adicional segunda tal y como se ha redactado en el Congreso,
el cacao —y perdonen ustedes la expresión— que se iba a
montar iba a ser importante.
En cuanto a las enmiendas de Convergència i Unió, me he
leído, obviamente, tanto las presentadas en el Congreso como las
presentadas aquí, en el Senado, y entiendo su espíritu y lo compartimos,
lo que yo no entiendo es cómo teniendo ese espíritu en las enmiendas
pueden compartir el texto. La verdad es que no entiendo esta entrega
porque, como muy bien dijo la portavoz de Convergència i Unió, el
procedimiento notarial no sé si es el mejor, pero desde luego abre una
solución a ciertas situaciones de las personas físicas para evitar entrar
en un concurso. Ya he dicho cómo queda en este momento la administración
concursal con experiencia y lo mismo sobre los acuerdos de
financiación.
Efectivamente, hay temas comunes, esta es una ley técnica y
nadie va a poner pegas ni a discrepar en cuanto a plazos, clasificación
de los créditos, acumulación de concursos, recursos, etcétera, pero
indudablemente hay otras cuestiones que son sensibles y no es normal
—o a mí no me parece normal— que en una ley con un articulado
de 198 artículos, 100 no hayan sido enmendados en ningún momento, ni
siquiera en el Congreso de los Diputados; quiere decir ello que las 238
enmiendas presentadas en el Congreso y las 174 en el Senado se concentran
en unos artículos muy específicos, muy concretos y, por supuesto,
importantes.
Yo no sé si el ministro ha querido justificar su trabajo.
Dijo: Hemos presentado veinte leyes, más estas tres de hoy. Parece que
quisiera hacer una ley más, una muesca más en la culata, el mérito de
haber presentado una ley más; no sé si es para que lo lleven en la lista,
pero les digo de verdad que esto no es un enfrentamiento ideológico. Esta
ley no tiene cuestiones de contenido ideológico y ojalá hubiésemos podido
llegar a un acuerdo, como era nuestro deseo. Yo ofrecí al portavoz
socialista reunirnos el fin de semana con ánimo de trabajo para solventar
estas cuestiones, quisimos arrimar el hombro, pero las prisas
—vuelvo a insistir— lo han impedido, y este es un trabajo
demasiado importante para efectuarlo con prisas.
En definitiva, el endeudamiento familiar no se soluciona,
la administración concursal se complica, las situaciones preconcursales,
convenios anticipados, no son claras, se establecen unos criterios de
privilegios para la Hacienda pública, el fresh money no tiene tampoco
mucho viso de solucionar gran cosa; en resumen, se van a retrasar los
concursos y provocará el efecto perverso y contrario al querido por el
legislador. Esa es la realidad.
Vamos a retirar las enmiendas —supongo que el letrado
tiene conocimiento de ellas— números 8, 11, 42, 54 y 32 por
coincidencia del texto con otras presentadas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas
gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Irízar.
El señor IRÍZAR ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a votar en contra de todas las enmiendas
presentadas y defendidas por los distintos portavoces ante el Pleno.
En primer lugar quiero manifestar alguna coincidencia de
criterio con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando ha
expresado un cierto desasosiego, que también embarga a quien les
habla, debido a que esta Cámara, que lo es de segunda
lectura, haya tenido que realizar un trabajo rápido y apresurado por el
hecho de que, habiendo finalizado el plazo de presentación de enmiendas
el día 7 de septiembre, nos encontremos hoy, tan solo unos pocos días
después, debatiendo este proyecto de ley en el Pleno.
Pero estábamos ante una disyuntiva. ¿Qué hacer? El proyecto
de ley ya había entrado en la Cámara y podíamos dejarlo pasar y que se
disolviesen las Cortes el próximo día 26, tal y como ya anunció el
presidente del Gobierno en el ejercicio de sus facultades, con lo que
habría caducado este proyecto y habría tenido que comenzar de nuevo en la
próxima legislatura el trayecto parlamentario, o lo que se ha hecho. Y es
que mi grupo parlamentario entendió que eso era malo, que era
perjudicial, porque en una situación de crisis económica como la que
estamos viviendo, en la que están creciendo exponencialmente los
concursos, era bueno dar una solución cuanto antes que fuera rápida y
mejor, como hace este proyecto de ley. Y pensamos que, aun en detrimento
de la calidad absoluta de la ley, que es muy compleja y difícil, era
bueno que en el Senado se aprobase con la velocidad con la que se está
haciendo la Ley concursal, tal y como se va a hacer hoy. Por ello estoy
satisfecho de que hayamos hecho este esfuerzo, aunque es evidente que una
ley de este tipo habría requerido de una ponencia, de una comisión,
etcétera.
Pero entrando ya en las enmiendas, me voy a centrar en las
que considero más trascendentes, y en este sentido le diría al Grupo
Parlamentario de Entesa, que ha hecho especial hincapié en las enmiendas
referidas a la protección de los derechos de los trabajadores en esta
ley, que esta representa un importante avance respecto de lo que hasta
ahora teníamos regulado. Así, en el artículo 21 de esta ley se exige por
primera vez en derecho concursal que sea obligatorio comunicar a los
trabajadores y a sus representantes las situaciones que se vayan
produciendo. Es decir, que no solo hay que comunicárselo a los
trabajadores, sino, insisto, también a los representantes que, además,
pueden ser parte en el concurso y pueden personarse en él.
Pero no solo eso, sino que también se introduce la
posibilidad de que en determinados concursos, en los que los salarios
tienen una especial trascendencia en la masa, los representantes de los
trabajadores puedan ser incluso administradores. Entendemos que esto
supone un avance sobre la legislación actual.
Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, lamento que el Grupo Parlamentario
Popular no las haya firmado como transaccionales, pues todos los grupos
parlamentarios las habíamos aceptado ya que mejoraban técnicamente la
ley. Pero, como digo, no han podido entrar en esta Cámara ya que el Grupo
Parlamentario Popular no las ha querido firmar. No obstante espero que
podamos subsanarlo, al menos en parte, vía las recomendaciones de la
letrada.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, decía que me voy a centrar fundamentalmente en
aquella que recoge la creación de este procedimiento notarial, que
ciertamente es un tema novedoso en la legislación concursal, una
legislación que, por otra parte, tiene muy pocos años de vigencia en
nuestro país. Ya en el Congreso se llegó a un acuerdo para introducir en
la única disposición adicional de esta ley que el Gobierno deberá
presentar una propuesta de medidas a tomar para los concursos que afecten
a familias y a personas individuales entre las que aparecerán, entre
otras, las registrales y notariales. Por esta vía, señora Parera, se
podrá introducir, probablemente, lo que usted pretende como enmienda
directa a esta Ley, porque es un tema que tiene que ser estudiado con más
detalle. Pero —insisto— por esta vía se podrá introducir casi
con absoluta seguridad.
El Grupo Popular ha presentado enmiendas a casi toda la
ley. Son enmiendas variadas, muchas enmiendas. Voy a centrarme en dos o
tres para no cansar a la Cámara en un Pleno tan cargado de proyectos de
ley, como este que nos ocupa.
Hay una enmienda que pretende modificar lo que el proyecto
de ley, a mi juicio, garantiza para la venta de los bienes durante la
tramitación del concurso. El proyecto de ley garantiza que se vendan a un
valor razonable, que entiendo que es más correcto que el que su señoría
propone. Usted habla de un valor razonable y el proyecto de ley garantiza
el valor en que los bienes aparecen inventariados, con alguna posibilidad
de que los administradores puedan reducir el 20%, cuando son inmuebles, o
el 10%, cuando son muebles. Tenemos un valor ya en el concurso que no
puede ser libremente interpretado por los administradores.
Señoría, hay varias claves, pero una de las claves
fundamentales es la modificación —que se enmienda totalmente por
parte del Grupo Parlamentario Popular— de la designación de los
administradores. Es cierto que el proyecto de ley opta por una postura
novedosa y, si se quiere, arriesgada, que es la introducción de la
posibilidad de que las personas jurídicas sean administradores
concursales. Hasta ahora, en la Ley concursal, y tradicionalmente en las
suspensiones de pago, siempre habían sido
personas físicas —letrados, economistas— las
que habían llevado a cabo estas tareas de administración concursal. Y
esta ley introduce la posibilidad de que sean personas jurídicas. ¿Qué se
pretende con esto? Se pretende profesionalizar la administración
concursal, ponerla en manos de quienes realmente conocen este tema tan
complejo, pero, en ningún caso, se deja fuera la posibilidad de que sigan
siendo personas físicas. El juez puede seguir nombrando letrados,
economistas, aunque generalmente se apuesta por el administrador
jurídico.
Entendemos que es una buena apuesta. ¿Arriesgada? Puede ser
arriesgada, pero es una buena apuesta. ¿Y qué va a ocurrir? Pues no lo
sabemos, pero, probablemente, en las grandes ciudades, en los grandes
concursos, se tenderá más a las personas jurídicas y en las capitales de
provincias pequeñas muchas veces los jueces seguirán acudiendo a los
profesionales de prestigio de estas localidades, a letrados, a
economistas, para que sigan desempeñando esta tarea. No hay una apuesta
decidida y única por las personas jurídicas, sino que se abre este paso,
este camino y esta posibilidad. Yo creo que su señoría no debe temer que
sean seis empresas, que están en la cabeza de todos, las que vayan a
monopolizar todos los concursos. No, yo creo que no va a ser así. Habrá
reparto, habrá para todos y, sobre todo, en los sitios pequeños habrá
muchas personas físicas que seguirán desempeñando este papel, con toda
seguridad, señoría.
También hay una serie de enmiendas del Grupo Popular que
tienden a modificar otro de los puntos clave de este proyecto de ley, el
preconcurso. El preconcurso, que no existía en la Ley concursal del año
2003, que se introduce de forma muy leve en el artículo 5.3 del decreto
ley del año 2009, en este momento se desarrolla y permite que, de forma
abreviada y sin entrar en el concurso, se resuelvan muchos temas. Yo creo
que este es uno de los mayores éxitos de este proyecto de ley, y su
aplicación va a ser uno de los éxitos de mayor calado porque va a
permitir en muchos casos que muchas empresas no tengan necesidad de
llegar propiamente al concurso.
Se ha utilizado con mucha profusión la leve regulación del
decreto ley del año 2009 en el sentido de que muchas empresas han acudido
a esta especie de preconcurso, pero al final no había salida. Al final
iban al concurso o volvían adonde estaban. Con este proyecto de ley se
pretende que las empresas, por esta vía, fuera del concurso, puedan bien
liquidarse, bien volver a trabajar porque puedan resolver su situación.
Es un tema importante, y las enmiendas del Grupo Popular pueden impedir
que esto pueda llevarse a cabo.
Voy a terminar refiriéndome también a algo que el portavoz
del Grupo Popular ha dicho al final de su intervención, porque el deporte
es un tema que tiene importancia en esta sociedad en que vivimos y goza
de un gran predicamento popular. ¿Qué estaba ocurriendo? La Ley del
deporte establece que cuando un club no paga, cuando un club no cumple
con sus obligaciones, una de las sanciones posibles es el descenso de
categoría. Esto se dice en la prensa deportiva, está casi a la orden del
día. ¿Qué habían inventado? Habían inventado un subterfugio que era
acudir al concurso. Lo que ocurría en ese momento es que determinados
clubes deportivos que se encontraban en esta situación no descendían de
categoría porque iban a concurso de acreedores. El juez tomaba las
medidas oportunas y, al final, eludía la ley. ¿Qué hace la Ley concursal?
La Ley concursal lo que hace, en definitiva, es declarar la prevalencia
de la legislación deportiva sobre la legislación concursal en este punto.
Entendemos que es importante y, sobre todo, evita el fraude de ley en
algún momento determinado.
Por esas razones y por no extenderme más, señorías, anuncio
que votaremos en contra de toda las enmiendas, aunque evidentemente nos
hubiera gustado tener más tiempo para estudiarlas y discutirlas, pero
creemos que es bueno que la sociedad española cuente desde ya con una Ley
concursal moderna, ágil, nueva, para resolver los gravísimos problemas
por los que están atravesando muchísimas empresas en esta situación de
crisis. Por esa razón, a pesar de la premura, creo que el Senado está
haciendo un buen servicio a la sociedad y está trabajando en beneficio de
todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): ¿Turno de
portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) No interviene.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Pausa.) No
interviene.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.
La situación de crisis económica nos marcaba una necesidad
urgente e imperiosa de modificar esta Ley concursal. Con esta reforma lo
que se pretende es agilizar trámites procesales reduciendo o eliminando
algunos costes de tramitación. Se intentan permitir medidas de ahorro de
costes económicos y temporales para los deudores. Se intenta facilitar la
refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades
financieras y se intenta fijar también un orden de pago de los créditos
contra la masa en caso de que resulte insuficiente la masa activa, entre
otras muchas mejoras.
Por todo ello, entendemos que es un acto de responsabilidad
por nuestra parte dar nuestro total apoyo al presente proyecto de
ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo de
Entesa Catalana, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su
intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a
la Redacción del Diario de Sesiones.): «Gràcies, president.
Aquesta serà una de les meves últimes intervencions com a
portaveu de Justícia d’aquesta legislatura, una legislatura que no
ha estat la de la Justícia com havia anunciat solemnement el ministre en
el seu inici, no ho ha estat ni pressupostàriament, ni per les reformes
legislatives dutes a terme.»
Continúo en castellano. Aprovecho para significar, una vez
más, que la asignatura pendiente de un ministro de Justicia —a
pesar de ser gallego— y además suspendida con un muy deficiente, es
justamente la de igualdad de trato de la lengua de los catalanes, ya no
en una institución estatal como esta sino en la propia Administración de
Justicia en su relación con los ciudadanos de Cataluña, en el territorio
de Cataluña. Es escandaloso.
En este Pleno estamos debatiendo algunas iniciativas
legislativas importantes, como esta de reforma de la Ley Concursal, que
podemos situar en el haber de la legislatura y en relación con las cuales
ha habido un gran consenso, se ha trabajado bien en el Congreso de los
Diputados y en la relación de los grupos con el ministerio; no así en el
Senado, como ya se ha puesto de manifiesto, donde el trámite de urgencia
y la precipitación del final de la legislatura nos ha impedido trabajar
en ponencia como correspondía para una ley compleja y de tanta
repercusión social como es esta.
Es cierto que con el ministro Caamaño ha habido notables
avances en relación con la modernización, aunque frenados por la crisis
presupuestaria, y se han tramitado algunas reformas legislativas
importantes, que, vistas desde el ámbito más estrictamente jurídico,
aportan algunas satisfacciones. No obstante, aparte de que la aplicación
de estas reformas necesitará más recursos, también es cierto que el
ministro se ha concentrado en lo que le han dejado pero ha puesto el
freno de mano y se va a acabar la legislatura, se van a acabar las dos
legislaturas del presidente Zapatero sin las reformas ni de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley de Demarcación y Planta ni de las
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que quedaron pendientes al final
de la legislatura anterior y respecto a las cuales, contrariamente a lo
dicho y acordado, se ha estado media legislatura a la espera de la
sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de
Cataluña y luego no se ha tenido el coraje de plantearlas.
La actitud del Gobierno en relación con el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, refrendado por el pueblo de Cataluña, y en
relación con la sentencia del Tribunal Constitucional, particularmente en
materia de justicia, es de lo más grave. Hace un año, el 20 de agosto de
2010 el Gobierno anunciaba a bombo y platillo el rescate de parte del
Estatuto catalán, especialmente —se decía— en lo referido al
capítulo de justicia, y encargó expresamente al ministro de Justicia que
pusiera en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en
relación con la creación de los consejos de Justicia autonómicos, a
partir de la delegación de competencias por parte del Consejo General del
Poder Judicial.
¿Dónde está esa reforma? ¿En qué ha quedado? En nada, en
otra promesa incumplida. Vista ya no desde el catalanismo sino desde el
autonomismo más tibio; vista desde el proceso de la Transición y la
primera estructuración del Estado de las Autonomías, la Justicia, la
reforma de la Administración de Justicia está encallada y hace chirriar
las estructuras de este Estado. Mala peça en el teler, mala pieza en el
telar, como decimos los catalanes.
En relación con la reforma de la Ley Concursal, ya apuntaba
en el turno de enmiendas nuestro acuerdo general en relación con la
oportunidad y la necesidad de dicha reforma y con buena parte de su
contenido ya que en ningún caso nuestras enmiendas van en el sentido de
una reconsideración global del
proyecto, aunque también coincido con los portavoces que
han insistido en que en el Senado no se ha hecho una tramitación que
realmente diera realmente margen para mejorarla.
Para terminar, queremos subrayar que es evidente que la
crisis ha sobrecargado de trabajo a los juzgados mercantiles y debemos
insistir en que la correcta intervención judicial es un factor más de la
recuperación económica y para garantizar los derechos de los acreedores y
de los trabajadores, por lo que es indispensable que la Administración
dedique los recursos humanos y materiales para que funcione bien la
aplicación de esta reforma que hoy vamos a aprobar.
Gracias, president.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz.
El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señor presidente.
Cuando un texto como este llega al Senado, caben dos
posibilidades: dejar de cumplir con nuestra responsabilidad y decir que
no hacemos más leyes o, estando las circunstancias como están, hasta el
último momento en que tienes la condición de senador trabajas como
senador, porque es nuestra responsabilidad. Y todo en la vida puede ser
hecho con mucho tiempo y lentamente o también rápidamente, cuando hay
poco tiempo; de todo hay. Aquí hemos visto mociones que se han planteado
en muy poco tiempo cuando ha habido voluntad de negociación y, por el
contrario, ha habido textos que hemos tramitado a lo largo de varias
semanas. De todo ha habido, al menos, en los ocho años de experiencia que
tengo como senador.
Por lo tanto, ¿es preferible lento y, en términos canarios,
con pachorra y deleitándonos en la reflexión y el conocimiento? Sí, es
preferible. Yo habría preferido, como hicieron en el Congreso, escuchar a
17 expertos entre los ámbitos académico, judicial, notarial, registro,
etcétera, pero cuando las cosas están como están y la realidad económica,
financiera y de las empresas es la que es —porque les sugiero ver
el ritmo que están llevando los juzgados de lo mercantil en las grandes
ciudades, el incremento progresivo que se está produciendo—,
entonces comprenderán las razones de la reforma de esta ley. Una ley que
entró en vigor prácticamente en el año 2004, porque antes de esta ley
estuvimos casi un siglo con el mismo texto, el Código de Comercio y la
ley que regulaba las quiebras o suspensiones de pago. Se hizo una reforma
de esta ley en el año 2009 por decreto ley porque lo requería la
situación de urgencia. Y esta misma realidad por la que están pasando
muchas empresas es la que requiere esta respuesta, que nos habría gustado
que fuera con otro ritmo y con otra lentitud, pero no superando el límite
de incumplir con nuestra responsabilidad.
Yo no digo que el conjunto de razonamientos que se esgrimen
no estén animados por la buena voluntad, me parece excesivo, pero creo
sinceramente que tampoco es adecuado trasladar el ánimo de que aquí se
trata de primar a 7 o 9 empresas multinacionales. No es verdad, porque
también se podría argumentar: ¿en el siglo XXI todo es artesanía o
también existen las fábricas? También existe el capitalismo industrial.
Junto al hecho de lo que se llama una boutique jurídica de un abogado, 2
o 3, también hay grandes firmas. ¿Cuáles son mejores y cuáles son peores?
De todo hay, el ritmo de unas realidades y unas áreas económicas de
nuestro país es uno y en otros ámbitos otro. Por lo tanto, no se trata de
satanizar ni beatificar ni una posibilidad ni otra, sino dejar esos
márgenes para que el juez en el momento de evaluar la situación económica
de la empresa pueda optar por una fórmula o por otra.
Y tampoco es cierto que por estar colegiado durante 2, 3, 4
o 5 años se tengan ya los conocimientos y experiencia para esa área. No
es verdad, los conocimientos y experiencia, la profesionalización o
especialización en esa área se tiene cuando se acredita, porque no se
excluye la veteranía ni la antigüedad, pero se pone como mérito
preferente esa especialización y esa formación porque no todos los
juristas tienen esa cualificación, ni los economistas, ni los auditores,
cada uno tiene la que tiene.
Por eso, respecto a las objeciones de fondo sobre las
personas jurídicas, que he argumentado, y lo que he planteado ahora en
torno a la antigüedad, yo les diría que sinceramente son razonamientos
que tratan de salirse del modelo. Hay un esfuerzo por reducir una
administración con tres patas, la trimembre, porque abarata costes,
porque reduce trámites. Incluso le puedo conceder que la evaluación de la
bondad o maldad de este texto solo se podrá saber pasados unos años.
Cierto es, pero responde a la demanda de muchos empresarios, de muchos
titulares de los juzgados de lo Mercantil, incluso de administradores
concursales, porque es verdad que los colegios profesionales han
expresado su criterio, los he leído, pero también hay otros muchos
compañeros que argumentan que igual esto invita a que algunos
profesionales
nos planteemos esta posibilidad de una forma un poco más
organizada, buscando otro tipo de fórmulas de sociedades patrimoniales,
como hay profesionales que ya se lo están planteando.
La pregunta de fondo es: ¿esto puede facilitar las cosas
porque abre el abanico de respuestas en el ámbito anterior al concurso,
lo que llaman el ámbito preconcursal, dando la opción a que el propio
deudor viendo la situación tenga esa agilidad de refinanciar, tenga la
agilidad de buscar fórmulas de acuerdo? Yo creo que eso abre esa panoplia
de posibilidades. Por lo tanto, no hay argumentos de fondo que se
planteen en torno a este asunto. Hasta tal punto no hay argumentos de
fondo que de un total de 238 enmiendas, 111 enmiendas fueron pactadas. Y
si lee —por supuesto sé que lo ha leído y lo ha estudiado— el
tenor de las intervenciones de todos los grupos parlamentarios sin
excepción, de todos los ponentes que participaron en esta Comisión de
Justicia, francamente el tono general era absolutamente constructivo, de
diálogo, una ley muy consensuada. Y los argumentos de fondo que se
esgrimieron tanto en el ámbito de las sociedades deportivas como en el
ámbito de las personas jurídicas o respecto a la antigüedad, todos fueron
argumentos debatidos y consensuados entre sí. Yo creo que es un texto que
sale bastante bien elaborado del Congreso. Y sinceramente creo que no hay
razones para que aquí pongamos dificultades. Creo que es un buen texto,
que va a dar más mecanismos a los administradores, más mecanismos a los
juzgados y, sobre todo, muchos más mecanismos a los que están en
situación en que su pasivo circulante es superior a su activo circulante.
Desde mi punto de vista, proporciona muchos más
instrumentos y con el transcurso de los años veremos si hemos ayudado a
quienes lo están pasando mal, para que encuentren una vía de escape y que
algunos proyectos empresariales alcancen la prosperidad a partir de la
aprobación de esta ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente porque creo que ya hemos debatido
suficientemente la cuestión, entre otras cosas por interés.
Siento discrepar de la exposición del senador Díaz Tejera
pero es que no tengo miedo a las sociedades sino que conozco su
funcionamiento y, por ello, como he dicho antes, se debe regular el
acceso a ese registro oficial de administradores concursales. Francia
cuenta con uno parecido, pero está regulado y también está regulado el
cobro de honorarios para los casos en que hay insuficiencia de masa, con
el fin de que esas personas puedan percibir los honorarios que les
correspondan. Como dije en un momento de mi intervención anterior, sin
administración concursal tampoco tendremos concurso porque esa es una de
las patas.
Usted propone que en lugar de tres haya uno, y en los casos
de menor cuantía, en los casos pequeños, indudablemente un solo
profesional puede llevar a cabo la labor, pero en una gran empresa
—y el Partido Popular transaccionó el límite entre concursos de
pequeña dimensión y grandes concursos— no debemos descargar la
responsabilidad en solo un administrador concursal. Digo esto
sencillamente porque he trabajado en suspensiones de pagos y muchas veces
tienes la responsabilidad de la administración, de la disposición de
bienes, etcétera, y para garantía de todos es mejor que se cuente al
menos con dos administradores y uno de los acreedores, que es lo
tradicional y lo que estaba vigente desde 1922 —como usted bien
decía—, que se reformó en 2003 y entró en vigor en 2004. En este
sentido, la ley de 1922 no debía ser tan mala cuando ha durado los años
que ha durado; usted es un prestigioso jurista y, por lo tanto, me tendrá
que dar la razón en que una ley que estuvo en vigor a lo largo de tantos
años, junto con las disposiciones del Código de Comercio, no podía ser
tan mala.
El Partido Popular considera que se plantean
incertidumbres, como también se puso de manifiesto en el Congreso de los
Diputados en su momento y perdóneme que le diga que nuestro portavoz dejó
allí claro que el Partido Popular no iba a ser copartícipe de esta
redacción por muy diversas causas.
En relación con la intervención de su compañero, el señor
Irízar, en cuanto a la valoración de bienes, no considero conveniente
fijar en este momento por ley un tope del 10% o del 20% para disponer de
los bienes cuando pueden ser necesarios. Obviamente, todos sabemos lo que
están suponiendo las rebajas en el sector inmobiliario, por poner un
ejemplo, que superan con creces ese 20% y, por tanto, estamos limitando.
Sin duda, lo que quiere el Partido Popular es que cuando se disponga de
esos bienes se haga con todas las garantías y al mayor valor posible.
¿Por qué? Porque eso irá en beneficio de la concursada, de los acreedores
y, en definitiva, en beneficio de la masa. Por eso decía que los
redactores del ministerio
estaban obsesionados con las direcciones electrónicas del
administrador concursal, del juez, por la comunicación de acreedores,
pero no se les ha ocurrido lo que he dicho anteriormente, que deben dejar
un hueco en esa página web del registro concursal para que todas esas
operaciones tengan una difusión y una transparencia en el ámbito nacional
en cuanto a plazos de convocatoria y que no estén condicionados por los
problemas de los subasteros, etcétera.
Insisto en que no tengo miedo a la sociedad, pero debemos
ser conscientes de que se nombrará administrador concursal a una persona
física y que va a exigir su despacho con el juez. Usted sabe como yo que
una sociedad debe regularse, pero el problema está en que no está
regulado cómo tiene que ser esa sociedad; ese es el problema al que me
refería antes. El ROAC tiene previsto sociedades de auditoría, pero exige
que el 95% del capital sea de los socios auditores. No admite capital. Yo
no sé —tengo la duda— en una sociedad con múltiple actividad
quién va a realizar el trabajo directo que tiene que hacer el
administrador concursal. Y usted sabe que hay que estar a pie de obra
—así de claro— por decirlo de alguna manera. Y no está
convenientemente regulado.
Yo no entiendo esa presión salvo, vuelvo a insistir, el
argumento de que el señor ministro tiene interés de colgarse una medalla,
de que ha hecho 23 leyes en un tiempo récord, etcétera.
En cuanto al preconcurso, estamos de acuerdo. Nosotros
proponemos también soluciones de este tipo. Pero hay un problema, y es
que falta la tutela judicial, falta la tutela del juez. Entonces, un
deudor puede solicitar el concurso y estar dos meses, más uno, tres, tres
meses quietecito, que no pasa nada, y eso sabemos que deteriora de forma
irreversible muchas veces el patrimonio o el poco patrimonio o la
situación patrimonial de la empresa.
Por eso le decimos, incorpórese el informe o que esté
tutelado, pues precisamente no va a ser por otra persona, lógicamente,
más que por uno de los recogidos en el 27.1, un administrador concursal
que le pueda decir al juez, señoría, aquí no se está moviendo un papel,
aquí no se está negociando con los trabajadores, aquí no se está
negociando con ningún acreedor, y lo único que se está haciendo es ganar
tiempo, ganar tres meses. Por lo tanto, el juez, su señoría, con su
debida información o contrastando la información que quiera, podrá
decretar el inicio del concurso o no. Es lo único que decimos, pero es
que es fundamental porque, si no, vuelvo a insistir, es una pérdida darle
tres meses de tiempo.
En el tema del deporte, tal y como salió redactada del
Congreso de los Diputados —por eso hacía la mención del acuerdo del
25—, al Gobierno le tocó la lotería porque el 25 de agosto la AFE,
la federación, los futbolistas y los clubes firmaron un acuerdo porque,
si no, estábamos con el problema de legislación, de rango que tienen la
disposición concursal y la Ley del Deporte. Pero ¿cuál era la solución?
El Gobierno en seis meses legislará. Pero usted sabe que en la fecha que
estamos —no porque sea septiembre, sino por tema electoral— y
teniendo en cuenta todas las referencias que hace la ley a seis meses,
usted sabe que es imposible que el Gobierno, sea uno u otro o el que sea,
vaya a redactar absolutamente nada.
Por eso, el Partido Popular obviamente va a mantener su
postura y sus enmiendas.
Sí quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo, aunque
también es otra de las dudas —no sé si es por el seny
catalán— que comparto con Convergència porque presentan una serie
de enmiendas que, desde luego, por el número y por el contenido está
claro que no se puede estar de acuerdo con la ley pero,
incomprensiblemente, están de acuerdo, a pesar de mantener esas enmiendas
y mantener igualmente esa, para mí, dualidad de conceptos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias,
señoría.
Llamen a votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento.
Cierren las puertas. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación del Proyecto de Ley de
Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Votamos las enmiendas de Convergència i Unió. En primer
lugar, la número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 249; a favor, 129; en contra, 119; abstenciones, 1.
Votamos la enmienda número 5, de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 250; a favor, 130; en contra, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas de Convergència i
Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 248; a favor, 131; en contra, 116; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (El señor Roig i
Grau pide la palabra.)
Tiene la palabra, señoría.
El señor ROIG I GRAU: Señor presidente, perdóneme, ha sido
un olvido mío, pero quisiera que la enmienda número 90, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que está incluida en el resto
de enmiendas, se votara por separado, así como la número 24, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos las enmiendas del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, la
enmienda número 124.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 251, a favor, 18; en contra, 233.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 138, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 250; a favor, 18; en contra, 232.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 81, 83, 119, 121, 123, y 137,
del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 251; a favor, 126; en contra, 117; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda número 90, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 250; a favor, 18; en contra, 232.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las enmiendas números 122 y 144,
del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 250; a favor, 123; en contra, 117; abstenciones, 10.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 251; a favor, 10; en contra, 232; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas socialistas, en
primer lugar, la número 74.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 251; a favor, 120; en contra, 121; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas
socialistas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 251; a favor, 242; en contra, 1; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Rumores.)
Señorías, silencio, por favor.
A continuación, vamos a votar las enmiendas del Grupo
Popular, en primer lugar, la número 24.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 251; a favor, 128; en contra, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las enmiendas números 7, 13, 52,
58, 65, y 67, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 251; a favor, 123; en contra, 120; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos el resto de enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 250; a favor, 121; en contra, 122; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 129; en contra, 1; abstenciones, 121.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.
— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL Y DE REFORMA DEL
ARTÍCULO 35 DE LA LEY 53/2002, DE 20 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL.
(Núm. exp. S. 621/000110)
(Núm. exp. C.D. 121/000117)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en
relación con el Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de
reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Asensio.
El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar el dictamen de la
Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley de medidas de
agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de
20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento
ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 5 del pasado mes de
julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 16
de julio y fue ampliado hasta el día 22 de julio de 2011. A este proyecto
de ley se presentaron 159 enmiendas, así distribuidas: 2 del señor
Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; 31 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 29 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 41 del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés; 2 del Grupo Parlamentario Socialista y 54 del
Grupo Parlamentario Popular.
Por decisión de la Presidencia del Senado, en ejercicio de
la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, no fueron admitidas a
trámite varias enmiendas, por considerar, de conformidad con la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se refieren a materias
que de manera evidente y manifiesta carecen de conexión con el proyecto
de ley. Dichas enmiendas son las siguientes: la 97 del Grupo
Parlamentario Popular, las números 125, 126 y 127 del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas y las números 154, 157 y 158 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Por otra parte, el Gobierno, al amparo de lo establecido en
el artículo 134.6 de la Constitución y en el artículo 151 del Reglamento,
no prestó su conformidad a la tramitación de la enmienda 156 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El día 1 de septiembre la comisión designó ponencia,
quedando integrada de la siguiente manera: don Manuel Guillermo Altava
Lavall, del Grupo Parlamentario Popular; don Miguel Bofill Abelló, del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Agustín Conde Bajén,
del Grupo Parlamentario Popular; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Javier Irízar Ortega, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Narvay
Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; y don Joseba Zubia
Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 1 de
septiembre y emitió un dictamen en el que se han introducido
modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados como
consecuencia de la aprobación de diversas enmiendas. Han presentado votos
particulares a este dictamen los grupos parlamentarios Mixto, de
Senadores Nacionalistas, Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés,
Socialista y Popular.
Eso es todo, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de las enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.
Anuncio que Coalición Canaria retira las enmiendas números
1 y 2 que ha presentado a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra el senador Zubia.
EL señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Al presente proyecto de ley el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas mantiene vivas para este momento un total de 28
enmiendas, las que van de la número 98 a la número 124, ambas inclusive,
así como la número 159. De ellas, las 20 primeras del Grupo de Senadores
Nacionalistas afectan al artículo primero, es decir, a la modificación de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y son reproducción exacta de
las ya presentadas con ningún éxito, como a la vista queda, en el
Congreso de los Diputados, por lo que me limitaré a darlas por defendidas
en sus justos términos.
Al artículo tercero, la modificación de la Ley de 1998
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se han
presentado 2 enmiendas, las números 118 y 119. La primera de ellas tiene
que ver con la modificación del número 2 del apartado 3 del artículo 60
referido a la prueba. En la misma se propone un nuevo sistema que
consiste en que en demanda y contestación se pida el recibimiento y
contestación y simultáneamente se propongan los medios de prueba o
sistemas probatorios.
En cuanto a la segunda, la número 119, quiero indicar que
tiene que ver con el apartado seis, no con el cinco como erróneamente
dice la enmienda, o sea, con la modificación que se introduce en el
apartado 2. b) del artículo 86. Propugnamos que se suprima tal
modificación y que, en consecuencia, se mantenga la redacción actual del
precepto, es decir, que se mantenga la suma de 25 millones de las
antiguas pesetas o 150 000 euros para acceder al recurso. Y ello pese a
haberse rebajado la cuantía, de los 800 000 euros originarios a los 600
000 actuales del proyecto.
Lo que falla —tengámoslo presente, señorías— no
son los ciudadanos que se limitan a ejercer su derecho, lo que falla es
el sistema. De ahí que consideramos adecuado el régimen actual de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en cuanto al
recurso de casación y entendamos que no debe producirse recorte a los
ciudadanos de su acceso a los recursos, sino una meditada, profunda y
plural reflexión acerca del sistema completo de los mismos.
Sí me detendré, con su permiso, en la enmienda número 159
que trata de algo no previsto con anterioridad, pero que se nos antoja de
la máxima importancia. En virtud de dicha enmienda procedería añadir, y
por eso lo proponemos, una nueva disposición adicional, que sería
—creo recordar— la sexta, a la Ley 1/ 2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil. De conformidad con esta enmienda 159 defendemos que
en caso de las adjudicaciones solicitadas por el acreedor ejecutante en
los términos previstos en la Sección VI del Capítulo IV del Libro III
—es decir, las subastas de bienes inmuebles en procedimiento de
apremio—, siempre que las subastas en las que no hubiere ningún
postor se realicen sobre bienes inmuebles diferentes de la vivienda
habitual del deudor, el acreedor pueda pedir la adjudicación de los
bienes por cantidad igual o superior al 50% de su valor de tasación o por
la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
Asimismo, entendemos —y de ahí que lo propugnemos en
la segunda parte de la enmienda— que en los términos previstos en
la mencionada sección para los citados bienes inmuebles diferentes
—repito— de la vivienda habitual del deudor, cuando la mejor
postura ofrecida sea inferior al 70% del valor por el que el bien hubiese
salido a subasta y el ejecutado no hubiera presentado postor, podrá el
acreedor pedir la adjudicación del inmueble por el 70% o por la cantidad
que se le deba por todos los conceptos, siempre que esa cantidad sea
inferior a la mayor postura.
Se trata, en definitiva, señorías, de una mejora técnica,
pero a nuestro juicio necesaria, ya que de no realizarse las medidas de
ampliación, la protección del deudor quedaría en entredicho sobre
vivienda habitual.
Termino, señor presidente, con una somera referencia a las
enmiendas 120 a 124, ambas inclusive, que pertenecen al Bloque
Nacionalista Galego, indicando que son todas ellas de supresión y lo son
a diferentes apartados de los artículos 3 y 4, léase de la modificación
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o
léase de la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, a los efectos todas ellas, repito de supresión, de
garantizar la tutela judicial efectiva y el acceso a la segunda instancia
sin limitaciones que privarían de garantías procesales de carácter
esencial a los ciudadanos.
Es todo cuanto tengo a bien señalar, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora
Parera.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.
Con las enmiendas presentadas por Convergència i Unió
proponemos a la Cámara, entre otras, las siguientes reformas: En primer
lugar, proponemos una enmienda para solventar una grave carencia, a
nuestro entender, del sistema penal español en relación con los delitos
graves, debido a que actualmente hay una inexistencia de segunda
instancia de revisión de sentencias dictadas por tribunales en primera
instancia. Quisiera recordar a sus señorías que los compromisos
internacionales ya obligan a disponer de segunda instancia penal y así lo
establecen tanto el convenio europeo de derechos humanos como el pacto
internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas. Por
tanto, entendemos que esta es una reforma importante, que debería
incluirse en nuestro sistema penal español.
Asimismo, proponemos una enmienda para eliminar el
incremento en la cuantía de las sentencias recurribles en apelación de 18
000 a 30 000 euros, puesto que entendemos que ello es incrementar la
posición de desigualdad de las partes, impidiendo a la parte más débil el
acceso a la segunda instancia.
También proponemos una serie de medidas para la agilización
en los procedimientos de desahucio, medidas con el fin de agilizar la
colaboración del procurador en el proceso de localización íntegra del
patrimonio del ejecutado, contando con la autorización, eso sí, previa
del secretario judicial.
Tenemos otro paquete de medidas para hacer efectivo el
derecho de los ciudadanos a dirigirse a los órganos con jurisdicción en
todo el Estado en su respectiva lengua oficial. Creemos que este es un
punto importante.
Por último, quiero referenciar una enmienda, que no por ser
la última deja de ser importante, con la que proponemos modificar la
clasificación retributiva de los magistrados de Tarragona, de Lleida y de
Girona, puesto que esta las penaliza al no tener en cuenta la densidad
demográfica real de los partidos judiciales de estas ciudades y la
correspondiente carga de trabajo, así como tampoco toma en consideración
el coste de la vida en dichas ciudades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president. Serem molt
breus.
Intervengo, brevemente, para expresar el importante
consenso al que hemos llegado en esta ley y en relación con la cual
mantenemos unas enmiendas de mejora. Muchas de las cuales coinciden con
otros grupos, por lo cual pido votación separada —se lo comunico
para que los grupos lo tengan presente— de las siguientes
enmiendas: de Senadores Nacionalistas, las enmiendas números 98, 99, 113,
114, 115 y 116, que son coincidentes con la 3, 4, 17, 19, 21 y 22 de
Entesa; de Convergència i Unió, las enmiendas números 131 y 137,
coincidentes con la 27 y la 39 de Entesa y, finalmente, las enmiendas
números 61, 62, 66 y 68 del PP, que son coincidentes con la 18, 21, 22 y
40 de Entesa.
Gràcies.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Irízar.
El señor IRÍZAR ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta dos
tipos de votos particulares en este Pleno. Uno corresponde a enmiendas
presentadas y rechazadas en comisión, convertidas en voto particular, y
otro corresponde a enmiendas aprobadas de otros grupos en comisión por
las que se solicita volver al texto remitido por el Congreso de los
Diputados.
En cuanto al primer tipo, se trata de dos enmiendas, una de
las cuales pretende modificar el título de la ley para dejarlo solamente
como ley de agilización procesal porque entendemos que no procede en
dicho título hacer alusión a la modificación de un artículo que fijaba
las tasas para determinados actos judiciales y para determinadas
empresas. En muchas leyes se modifican artículos de otras y no se llevan
al título. Entendemos que lo que debe prevalecer para que sea conocido
por quienes accedan a esta ley es que se trata de una ley de agilización
procesal.
La otra enmienda que proponíamos, y que fue rechazada en
comisión, pretende aclarar alguna cuestión que entendemos que mejora la
redacción del preámbulo de la ley.
Por otro lado, hemos presentado votos particulares para la
vuelta al texto del Congreso a enmiendas que han sido aprobadas por la
comisión. Existen una serie de enmiendas aprobadas por la comisión
referidas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y entendemos que no es
bueno mezclar las cosas en esta
norma. Esta ley, en cuanto a la de enjuiciamiento criminal,
exclusivamente se refiere a imponer los elementos que procesalmente no
existían desde el momento en que se modificó el Código Penal y apareció
la posibilidad de los delitos cometidos por las personas jurídicas. No
estaba regulado cómo tenían que comparecer las personas jurídicas ante el
juez y, por tanto, esta ley lo que hace es regular esto, pero otras
cuestiones, que son complejas y discutibles, creemos que deben quedar
diferidas a esa futura ley de enjuiciamiento criminal que,
desgraciadamente, ya no podrá ser aprobada en esta legislatura.
Entendemos que las próximas Cortes Generales, con libertad de criterio,
deben elaborar, porque es necesario ya, una nueva ley de enjuiciamiento
criminal en la que se estudie y aparezcan todas estas cuestiones que no
deben ser incluidas aquí.
También fue aprobado algo muy novedoso y que entendemos que
es peligroso que quede en las leyes procesales. Me refiero a que
solamente podrán ser recurridas las sentencias condenatorias, pero no las
absolutorias, en caso de delito, porque aunque se proponía también en las
faltas, en estas no prosperó, diferencia de criterio que tampoco
entendemos en las votaciones de la comisión. Repito que respecto a las
faltas no prosperó esta enmienda y, por tanto, la presentamos porque
entendemos que es lo lógico ya que, en caso contrario, habría una
contradicción evidente.
Respecto de la Ley contencioso-administrativa, fue aprobada
en comisión una enmienda sobre los recursos —que sin embargo no se
aprobó en la Ley de Enjuiciamiento Civil— referida a las cuantías.
Las deja como están en la ley actual y nosotros entendemos que no es
correcto porque se trata de evitar que lleguen demasiados recursos tanto
a las salas de los tribunales superiores de justicia como a la sala del
Tribunal Supremo. La subida de las cuantías a treinta mil y seiscientos
mil euros respectivamente viene a limitar los recursos porque entendemos
que en la función casacional, fundamentalmente, no deben llegar tantos
recursos porque están colapsando las salas de los tribunales superiores y
del Tribunal Supremo.
Además, hay una regulación igual, salvando las diferencias,
en la Ley de Enjuiciamiento Civil en este proyecto de ley. Sin embargo,
allí la enmienda no prosperó y aquí sí. No es razonable.
También proponemos que en las costas rija el principio de
vencimiento, como en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así venía el
proyecto de ley del Congreso de los Diputados y aquí se aprobó una
enmienda, no aprobada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que rige
el principio del vencimiento cuando la que pierde es la Administración,
pero no cuando pierde el administrado que recurre contra un acuerdo de la
Administración. Entendemos que la igualdad de las partes en los
procedimientos debe ser total en todos los momentos. Sabemos que la
Administración es más fuerte, que los administrados son más débiles, pero
si hay costas debe regir el principio de vencimiento y no como hasta
ahora, por lo que no parece razonable que si pierde la Administración
pague costas y si pierde el administrado que quede a la libertad del juez
en función de las circunstancias que se aprecien de temeridad,
etcétera.
Por tanto, proponemos también la vuelta al Congreso de los
Diputados.
Finalmente, prosperó una enmienda del Grupo de Convergència
i Unió sobre determinadas facultades de los procuradores, facultades que
entendemos deben ser estudiadas con más rigor. Además, se trata de
facultades del secretario judicial, que debe ser el que las ejecute y en
ningún caso los procuradores. Por esta razón también solicitamos la
vuelta al texto del Congreso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador Altava.
El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia, señor presidente.
Señorías, también quiero dar la bienvenida a este Pleno al
presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo y a los magistrados que le acompañan, cuestión que les hace
implicarse en la agilización de la justicia.
Me corresponde a mí, señorías, defender las 53 enmiendas
que ha presentado mi grupo parlamentario para la modernización de la
justicia en la presente ley. Algunas no fueron admitidas, con buen
criterio, por la Mesa del Senado en seguimiento a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. En cuanto al resto tenemos que decir que el
proyecto de ley es un texto bien intencionado que en determinadas
materias pretende agilizar la justicia, y da ciertos retoques o matices a
esa agilización, aunque he de decir, siendo bien intencionado, que tiene
un enfoque equivocado puesto que creemos que aporta propuestas de
soluciones inidóneas precisamente a la justicia a que queremos llegar y
que es a que acabe instaurada en España esa nueva oficina judicial.
Además, señorías, la Ley de medidas de agilización hace un hincapié
importantísimo en la segunda instancia y en el recurso extraordinario de
casación ante el Tribunal
Supremo, como si esos fuesen los únicos problemas que tiene
nuestra justicia. Y los tiene, y es verdad que nuestra justicia es lenta
y está colapsada en la segunda instancia y en el sistema de recursos
extraordinarios, pero desde luego no es el único. Con lo cual entendemos,
y nuestras enmiendas van en esa línea, que se deberían haber abordado
otras cuestiones que este proyecto, iniciativa del Gobierno, deja fuera.
Fíjense, se parte de una premisa: la segunda instancia está
colapsada, y entonces se pretende evitar ese colapso por elevación
diciendo que no vayan a la apelación o a la casación aquellos que no
alcance el objeto del proceso una determinada cuantía. Creemos que es un
error de bulto, un error garrafal, porque es volver a distinguir -y es
iniciativa del Gobierno de la nación que lo presenta- entre una justicia
para ricos y una justicia para pobres. ¿Quién de los que estamos aquí o
de los ciudadanos tiene un problema por una cuantía superior a los 600
000 euros? Posiblemente ninguno de nosotros. Fíjense, la aportación
principal que uno puede hacer en su vida quizá sea una vivienda. ¿Quién
tiene una vivienda que pueda superar esos 600 000 euros? Le estamos
privando a esa persona poder acudir al máximo órgano jurisdiccional
ordinario en casación para solventar ese problema que pudiera tener en lo
contencioso-administrativo. ¿Qué trabajador autónomo con una pequeña o
mediana empresa va a facturar 600 000 euros y puede tener un problema que
le pueda llevar a la casación? Creemos que con independencia del recurso
de casación, por el interés casacional, se debería haber acudido a un
criterio cualitativo. Todo el mundo tiene derecho a acudir a casación,
con independencia de que se estén ventilando 150 euros. Y eso es lo que
vemos también en el Tribunal Constitucional, que mediante el recurso de
amparo se puede ir por cualquier cuantía, eso sí, por determinadas
materias. Con lo cual, si queremos descolapsar el Tribunal Supremo
mediante el recurso, hagámoslo pero bien hecho, por un sistema
cualitativo y no cuantitativo.
Igual pasa en materia civil, que desaparece la posibilidad
de la apelación cuando la cuantía no exceda de los 6000 euros, deviniendo
en firme la sentencia dictada ya en ese acto o en apelación ante los
órganos unipersonales de la jurisdicción contencioso-administrativa, que
pasa de 18 000 a 35 000 euros.
Por otra parte, esa intención de que no se colapse la
segunda instancia el proyecto la aborda desde una segunda perspectiva:
con la intimidación económica. Lo que se pretende es intimidar
económicamente a aquel que va a litigar contra la Administración con
pleno derecho, al menos en lo que él se cree. ¿Cómo se le va a intimidar?
Precisamente con la imposición de las costas procesales, como el senador
Irízar ha manifestado.
No nos parece acertado que el principio del criterio del
vencimiento que rige en el proceso civil pase sin más al proceso
contencioso-administrativo porque, señorías —y de eso entiendo un
poco porque la tesis doctoral la hice sobre eso—, en el proceso
civil sí hay un principio claro de igualdad de partes, ahí litigan ambas
partes en un principio claro de igualdad, pero en la Administración no.
En el contencioso-administrativo está la Administración, que casi siempre
habrá dictado un acto —o no, la inactividad también puede ser
recurrible ante lo contencioso-administrativo—, pero se litiga
contra una administración y el que litiga contra la Administración va a
litigar en principio contra un acto que ha sido dictado, no ante un
incumplimiento civil. Ahí se está acusando de alguna manera a aquel que
va a litigar contra la Administración pública diciéndole: si pierdes, que
sepas que además vas a pagar las costas procesales. O sea, ustedes han
hecho pasar del fiscus gratis litigat, cuando la Hacienda era
eminentemente patrimonialista, a una situación actual en la que se va a
sancionar muy gravemente, con la imposición automática de costas
procesales, a aquellos que pierdan su litigio contra la Administración.
Creemos que es mucho mejor que se mantenga lo que ahora mismo recoge la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio, o la
enmienda que plantea el Grupo Popular: caso de que los tribunales
aprecien mala fe o temeridad, se impongan las costas procesales. Lo
creemos mucho más justo.
Voy a dividir muy esquemáticamente la defensa de las
enmiendas tal y como vienen en el proyecto de ley, por bloques. En primer
lugar, las enmiendas que se plantean respecto a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal de 1881. Aquí hay una incongruencia legislativa
tremenda: el Gobierno llegó a presentar no solo un anteproyecto de ley de
Enjuiciamiento Criminal, sino un proyecto de ley, el Consejo de Ministros
llegó a aprobar un proyecto de ley que suponía absolutamente una nueva
Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por otra parte estaba realizando esta
modificación puntual en la Ley de medidas de agilización de determinados
preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señorías, o no se creían
una reforma legislativa —la de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal— o no se creían esta reforma; que una iba a salir o que
otra iba a salir o que ninguna de las dos. De hecho, sí que es cierto que
no ha dado
tiempo a que se sustanciara y se debatiera la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y nos encontramos con las enmiendas que ustedes
han presentado aquí.
Mi grupo parlamentario ha presentado unas enmiendas
técnicas, la 55 —que hace referencia a los recursos de
súplica—, 56, 58 y 62 —del recurso de apelación—, 57
—auto de procesamiento—, la enmienda 61 sobre la declaración
por el juez de la firmeza de la sentencia y la 63 sobre la obligación de
los profesionales de guardar secreto profesional.
Hay otras enmiendas de fondo, de la 44 a la 52, que se
refieren a dotar de mayor garantía a las personas jurídicas, máxime en un
momento de crisis económica como en el que nos encontramos. Con la
introducción de estas enmiendas pretendemos que la representación de las
personas jurídicas y el derecho a la última palabra se tengan exactamente
igual, con los mismos derechos y garantías por parte de las personas
físicas que por parte de las personas jurídicas. También hacemos
referencia a la declaración como imputada de la persona jurídica.
Introducimos qué se entiende por domicilio de persona jurídica —y
todos conocemos la vasta jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo diciendo qué se tiene que entender por domicilio tanto de las
personas físicas como de las personas jurídicas. Qué debe hacerse
respecto a la imposición de las medidas cautelares de las personas
jurídicas o a la declaración de la situación procesal de rebeldía de las
personas jurídicas.
Entendemos que la clasificación de los recursos podría de
alguna manera adecuarse más a la realidad, y que el recurso de reforma
podría tener cierta limitación de supuestos para su planteamiento. Desde
luego defendemos con toda nuestra alma las enmiendas 59 y 60 para impedir
que el ministerio fiscal sea quien ostente el monopolio de la acusación.
Entendemos que se debe dar toda la importancia del mundo a la acción
popular, y desde luego que cualquiera que tenga un interés en el
procedimiento debe poder personarse y perseguirlo siendo parte en el
proceso, así como la acción popular con la limitación de los intereses
difusos que conocemos y que ha dicho la jurisprudencia. Pero creemos que
la acción popular de cualquier ciudadano o de cualquier asociación tiene
que tener los mismos derechos de personación en un procedimiento y de
persecución penal que el ministerio público. Por lo que se refiere al
secreto de sumario, pretendemos limitar los supuestos a los delitos
graves limitando las prórrogas.
En cuanto a las enmiendas a la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa , tal y como acabo de decir, entendemos que no
se debe acudir a la limitación cuantitativa, sino a la cualitativa. Ha
sido voluntad del Grupo Parlamentario Popular —y diversos senadores
hemos sido testigos de las diversas negociaciones que hemos intentado
llevar a cabo con el Gobierno de la nación y con los senadores del Grupo
Parlamentario Socialista— intentar llegar a un acuerdo, a una
enmienda paccionada en la que se pudiera alcanzar determinada cuantía que
a todos pareciera bien en este momento de crisis para, de alguna manera,
no limitar absolutamente a todos a la casación en lo
contencioso–administrativo, pero no ha sido posible debido a la
falta de voluntad a la hora de llegar a un entendimiento que creíamos
absolutamente racional en aquello que es la posibilidad de que todo el
mundo pueda acudir a ese tribunal cuyas máximas garantías
constitucionales nos preservan: el Tribunal Supremo junto con el Tribunal
Constitucional.
¿Cómo podemos, pues, limitar el colapso? Pues
efectivamente, subiendo la cuantía, que es lo que han hecho en el
proyecto. No se explica por qué se fija la cuantía de los 600 000 euros,
quizá porque en la jurisdicción civil se indica dicha cuantía. Debemos
darlo por supuesto. Pues miren, precisamente porque la voluntad del Grupo
Parlamentario Popular es la de llegar a acuerdos, la de encontrar
soluciones y colaborar necesariamente en esa reforma del recurso de
casación, vamos a retirar la enmienda número 67, algo que hago constar en
este momento para que lo tengan en cuenta los servicios de la Cámara. En
ella solicitábamos que de los 150 000 euros se pasara a los 300 000 para
que, de alguna manera, se adecuen las mismas cantidades en el orden
jurisdiccional civil que en el contencioso-administrativo de los 600 000
euros. Supongo que los magistrados de lo contencioso-administrativo que
nos acompañan estarán absolutamente conformes con la retirada de esta
enmienda que hace el Grupo Parlamentario Popular, asemejando ambas
cuantías.
Ahora bien, también anuncio que si los ciudadanos nos dan
su apoyo el próximo 20 de noviembre y gobernamos, desde luego haremos una
revisión absoluta del recurso de casación para que exista un criterio
uniforme y ordenado y pueda acudir a él todo el mundo que tenga un
derecho además del interés casacional.
Y en materia de costas nuestra enmienda número 69 recoge
nuestro absoluto desacuerdo con el criterio del vencimiento sin más con
una aplicación homogénea y extrapolable de la Ley de Enjuiciamiento Civil
a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En cuanto a las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento
Civil 1/2000, entendemos que no se deben exigir las tasas judiciales vía
costas procesales. Se puede hacer, no es ilegal, pero consideramos que
esta no es una fórmula que todos hayamos estudiado ni es la idónea. Las
costas procesales son honorarios de abogados, derechos suplidos de
procurador, peritos y boletines, y fuera de ello no debe haber más costas
procesales, lo otro ha de ir por otra vía, pues es algo que tiene su
importancia a la hora de su exacción. Tampoco somos partidarios de
eliminar la fase de preparación de los recursos, y ello se recogió en
unas enmiendas expresamente solicitadas por el Consejo General de la
Abogacía, y que son las números 72 a 78. Somos partidarios de la no
supresión del recurso de apelación en los juicios verbales para
posibilitar precisamente esa segunda instancia. Y en materia de ejecución
nuestras enmiendas 91 a 96 plantean una serie de mejoras técnicas
referidas a las subastas sin postor, al cobro de los peritos dirimentes,
a la documental en el proceso monitorio y a los motivos por los que
cabría plantear dicho proceso.
Respecto al texto refundido de la Ley de las Haciendas
Locales aportamos simplemente una nueva disposición final. En el actual
momento de crisis económica que vivimos creemos que haría mucho bien
introducir esta disposición final tendente a la modificación del sistema
de endeudamiento de las corporaciones locales.
Sí quiero hacer una mención especial a una enmienda que
hemos pactado entre todos, una disposición adicional nueva, en la que el
ministro se implicó, que deja cerrada ya de una vez la situación en que
se encuentran magistrados, fiscales y secretarios judiciales que hubieran
ostentado un cargo público y después pasaran a su actividad de siempre
como fiscal, juez, magistrado o secretario judicial. Creemos que con esta
enmienda, que el ministro de Justicia entendió perfectamente y se implicó
en su reforma, puede estar solucionada la cuestión. Bien es cierto que
quedarían fuera algunas situaciones —a lo mejor debería devenir
alguna nueva reforma—, porque magistrados o fiscales que hubieran
estado en situación de excedencia voluntaria y en la actualidad se
encontraran en situación de servicios especiales no podrían recuperar
como antigüedad aquellos años que hubieran estado en situación de
excedencia voluntaria.
Mantenemos nuestra disposición transitoria única, referida
a que en el período transitorio todos los procesos que se estén
sustanciado ahora mismo, estén en el trámite en que estén, se continuarán
sustanciando por la legislación procesal anterior.
En cuanto a la disposición final primera, respecto al
título competencial, queremos y entendemos que tiene que ser así, dentro
del artículo 149.1.6.ª de la Constitución, donde el Estado tiene la
competencia exclusiva también en la legislación penal, civil, mercantil y
procesal, que es en lo que estamos.
La disposición final segunda reforma el artículo 35 de la
Ley 53/2002, sobre la determinación de la cantidad fija en las cuotas
tributarias para los recursos.
Y, respecto a la disposición final tercera, la vacatio
legis, entendemos que debe ser de veinte días.
Por otra parte, sí que les anuncio, como también lo hice en
comisión, que mi grupo parlamentario va apoyar el texto del proyecto de
ley, porque entendemos que todo lo que sea introducir reformas
legislativas para una agilización procesal tiene que ser bienvenido.
Y, por lo demás, después en el turno de portavoces,
referiré nuestro voto respecto a las enmiendas de los grupos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra?
Senador Irízar, tiene la palabra.
El señor IRÍZAR ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, consumo un turno en contra para oponerme a todas
las enmiendas presentadas por el resto de grupos, que no prosperaron en
comisión y que han sido traídas a este Pleno, a excepción de la enmienda
número 159, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, que vamos
a votar a favor, porque entendemos que mejora las relaciones de los
ejecutados de las primeras viviendas y que puede ir en la línea de otro
tipo de medidas que ya se han tomado en otras leyes, por parte de esta
Cámara y del Gobierno. Por esta razón, vamos a votar a favor la enmienda
número 159, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, pero nos
oponemos al resto de enmiendas.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
ha presentado una serie de enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
entre ellas la enmienda que solicita que no sean recurribles las
sentencias de los juicios de faltas cuando estas sean
absolutorias. Ya se aprobó en comisión, aunque hemos presentado una
enmienda pidiendo la vuelta al texto del Congreso de los Diputados, que
aquí ocurriera también en los delitos.
Creemos que todas las sentencias de los juicios de faltas
deben ser recurribles también cuando son absolutorias, porque en los
procesos penales existe el interés público —que representa el
ministerio fiscal— y existen intereses de las víctimas, que si no
están conformes con una primera sentencia dictada por el juzgado de
instrucción en los juicios de faltas o del Juzgado de lo Penal, en casos
de juicios de delitos menos graves, deben tener derecho a la segunda
instancia. A veces, además, en los juicios de faltas se ventilan
cantidades económicas muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en
accidentes de circulación con muertos, parapléjicos, etcétera, que,
lógicamente, deben tener una segunda instancia y no derivarlos al
procedimiento civil, porque sería atascar todavía más los juzgados de lo
Civil. Por esa razón nos oponemos a esta enmienda.
También nos oponemos a la enmienda del Grupo de Senadores
Nacionalistas sobre el sistema de recursos y el incidente de ejecución,
nuevo en la ley. Entendemos que no es necesario, sobre todo porque
seguimos manteniendo el criterio que ya manifestamos en nuestra anterior
intervención, de que en esta Ley de Enjuiciamiento Criminal solamente
debe modificarse lo que se refiere a la intervención de las personas
jurídicas en el proceso penal; en ningún caso en otras cuestiones.
Respecto a la enmienda que pretende que los recursos de
casación y apelación se mantengan como en la ley actual, creemos que el
proyecto de ley introduce un elemento razonable. En primer lugar, que los
juicios verbales no sean recurribles cuando se trate de reclamaciones de
cantidad, es decir, de aquellos que tengan una cuantía inferior a 3000
euros. Parece lógico no atascar las audiencias provinciales con recursos
pequeños de cantidades insignificantes. Además, la Constitución española
no prevé el derecho a la doble instancia en las cuestiones civiles, por
lo que es perfectamente posible que aquellos procedimientos de ínfima
cuantía, cuando se trata de reclamación de cantidad, no sean recurribles
como recoge el proyecto de ley. Por otra parte, elevar la apelación a 600
000 euros, como ya se ha indicado también en los contenciosos ,la
casación es una medida que evitará, como ha dicho el ministro en la
intervención de esta tarde, colapsar el Tribunal Supremo de cantidad de
procedimientos que le impiden ejercer su verdadera función, que es fijar
doctrina, dictar sentencias en aquellos temas que tengan interés
casacional y que muchas veces se retrasan enormemente las sentencias del
Tribunal Supremo por la cantidad de asuntos que tienen no de una gran
cuantía. No obstante, se sigue manteniendo que cualquier asunto, sea de
la cuantía que sea, si tiene interés casacional, puede ser recurrido en
casación y, por tanto, tener acceso al Tribunal Supremo.
Entesa Catalana de Progrés presenta algunas enmiendas en
las que solicita la suspensión del recurso de reforma y de queja; es
decir, que pudiesen agilizar la justicia. Pero yo creo —igual que
he dicho anteriormente— que conviene una nueva ley de
enjuiciamiento criminal —imagino que en la legislatura que viene
será aprobada por las Cámaras con plena libertad y en función de las
mayorías que las urnas den— y no ir parcheando esta Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Solamente hemos pretendido traer aquí, como ya
hemos dicho, la comparecencia en juicio de las personas jurídicas, pero
no otras nuevas cuestiones.
También plantea Entesa Catalana de Progrés en el orden
civil la posibilidad de la ejecución provisional sin que se haya
producido apelación. Entendemos que esto no sería ejecución provisional;
es decir, pedir la ejecución provisional de una sentencia que no ha sido
apelada no es correcto desde el punto de vista técnico. Cuando haya una
sentencia que no ha sido apelada, la parte podrá pedir medidas cautelares
para que esta sentencia sea eficaz en el supuesto de que sea confirmada
en apelación. Pero mientras no haya sido recurrida no puede ser apelada.
Lo que se pretende con esta enmienda es que sentencias en el orden civil
puedan ser recurridas aunque todavía no hayan sido apeladas. Entendemos
que esto técnicamente no es correcto y, por tanto, no procede.
También presenta Entesa Catalana de Progrés una enmienda
por la que solicita la eliminación de las tasas en los procedimientos
monitorios. Ya el proyecto de ley contiene dos elementos respecto a los
procedimientos monitorios que entendemos interesantes: uno, que
desaparece el límite de cuantía. Como saben sus señorías, la cuantía era
de 30 000 euros hace no mucho tiempo, y en una reciente reforma que
aprobaron en esta legislatura estas Cámaras, se elevó la cuantía a 250
000 euros. Este proyecto lo que hace es eliminar cuantías. Los monitorios
podrán tener cualquier cuantía sin límite. Esto responde a que los
juicios monitorios están siendo utilizados con profusión por las empresas
ante la ola de impagados
que tenemos, no solo de las Administraciones públicas, sino
también de las empresas privadas, y están siendo verdaderamente eficaces.
Por esa razón se suprime la cuantía límite de los monitorios.
Pero además se incluye en este proyecto de ley una
disposición por la que no se abonarán tasas por aquellos monitorios
referidos a cantidades inferiores a 3000 euros, es decir, en parte se
atiende al criterio de la Entesa, pero insisto en que solo es para
aquellos monitorios referidos a cuantía inferior a 3000 euros. Por esta
razón, vamos a votar en contra de la enmienda.
El Grupo de Convergència i Unió plantea alguna enmienda
referida a la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a los recursos
contra las sentencias penales con el objetivo de garantizar la doble
instancia, como ha explicado su portavoz. Sin embargo, no se garantiza
totalmente la doble instancia para todos los procedimientos y entendemos
que este no es el lugar para ello. Es algo que evidentemente está
pendiente y España ha sido condenada por no garantizar la instancia en
numerosas ocasiones. Habrá de legislarse sobre esta cuestión y nuevamente
nos remitimos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal pendiente, pero no
creemos que sea adecuado legislar de forma apresurada sobre la garantía
de la doble instancia en el procedimiento penal.
También plantea el Grupo Catalán de Convergència i Unió
alguna modificación en el procedimiento del desahucio. La presente ley
introduce un monitorio para el desahucio por falta de pago, es decir, se
agilizarán tremendamente los desahucios por falta de pago cuando no haya
oposición puesto que no habrá que celebrar juicio, de manera similar al
procedimiento monitorio referido a las reclamaciones de deudas, que
directamente pasan a ejecución cuando no existe oposición. En este caso
creemos que está suficiente regulado y bien regulado y que la enmienda de
Convergència i Unió no viene a crear sino una mayor confusión. Por esa
razón no la vamos a apoyar.
Tampoco vamos a apoyar las que no fueron admitidas en
primera instancia sobre los procuradores. Esta es una cuestión complicada
pero entendemos que las competencias de los secretarios judiciales no
deben ser asumidas por los procuradores y deben ser ejecutadas por los
propios secretarios judiciales.
El Grupo Popular coincide respecto a algunas enmiendas .En
especial, plantea una enmienda a fin de que las tasas no sean incluidas
en las costas. La verdad es que desde que se introdujeron las tasas por
el ejercicio de acciones civiles o contencioso-administrativas para
determinadas empresas ha habido contradicción en los juzgados de Primera
Instancia y en las audiencias provinciales sobre si deben ser incluidas o
no en las costas. El proyecto de ley sí las incluye. Es evidente que son
costas, es un gasto necesario para iniciar el procedimiento. Podemos
decir lo que nos parezca. A mi juicio, es evidente que son costas, aunque
podemos solicitar que no se incluyan en ellas. El proyecto de ley sí lo
mantiene y creo que es lógico porque se trata de un gasto necesario para
iniciar el procedimiento. Por tanto, suponen un coste del procedimiento,
aunque técnicamente pudiera ser discutible.
Este grupo propone también que los peritos gocen del
procedimiento privilegiado de la jura de cuentas, que ya no se llama así;
ahora se llama cuenta de abogado o cuenta del procurador. Este
procedimiento que tienen los abogados y procuradores es privilegiado,
para cobrar los honorarios que se les adeudan por sus intervenciones
profesionales en los procedimientos judiciales. Extender este privilegio
—privilegio en el sentido de que es más rápido— a los peritos
parece excesivo. Creemos que, si no les paga, han de acudir al
procedimiento ordinario, al procedimiento monitorio como el resto de
ciudadanos, porque es lo correcto.
Finalmente, el Grupo Popular plantea un nuevo sistema de
recursos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por las razones ya
expuestas respecto a otras enmiendas referidas a esta ley, vamos a votar
también en contra.
Lo mismo sucede respecto a un planteamiento largo y prolijo
sobre el secreto referido a las actuaciones judiciales, que también vamos
a votar en contra.
También solicita que se mantenga el trámite de preparación
del recurso, aunque yo no entiendo muy bien por qué, puesto que esta es
una medida que sí agiliza, aunque a los abogados no les guste. El trámite
de preparación del recurso hace que los recursos civiles tarden mucho más
en tramitarse porque el plazo son 10 días, pero no es verdad porque desde
que se presenta la preparación del recurso hasta que el juzgado da
traslado para que se formalice, no pasan 10 días sino, en ocasiones,
algunos meses. Por esa razón entendemos que es un trámite inútil, aunque
a los letrados les viene bien en un momento determinado. A veces se
anuncia el recurso hasta ver luego qué se hace, pero la justicia no debe
funcionar así. Cuando hay que recurrir que se recurra en forma y
directamente porque se tardará bastante menos en tramitar los
procedimientos en segunda instancia. Por esa razón y puesto que va contra
el espíritu de la ley que lo que pretende es agilizar el procedimiento
civil, vamos a votar en contra.
Para terminar, señorías, como presumo que esta será mi
última intervención en esta legislatura, al igual que otros senadores que
me han precedido esta tarde en el uso de la palabra, quiero decirles que
me siento satisfecho de haber formado parte de esta Cámara y de haber
participado en el mayor número de reformas legislativas, más rápidas, más
seguidas y más importantes que se han llevado a cabo en España desde el
siglo XIX, porque ciertamente teníamos unas leyes procesales y civiles
viejas. Es cierto que ya la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del
año 2000 empezó el proceso de modernización, pero gracias al impulso al
Gobierno, gracias al impulso especial del actual ministro de Justicia,
nos hemos encontrado con que en muy pocos años se ha hecho la reforma que
la sociedad y los profesionales venían demandando durante más de un
siglo. Yo me siento satisfecho de haber participado en esto. Sé que
siguen faltando cosas, sé que siguen faltando leyes, pero espero que el
nuevo Gobierno, sea el que fuere, las impulse y que las nuevas Cámaras,
sea con las mayorías que sean, terminen con la reforma de estas leyes
procesales para modernizar la justicia, que hay que resaltar que es uno
de los logros de esta legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegación.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)
El senador Zubia tiene la palabra.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
El presente proyecto de ley, querámoslo o no, es un
importantísimo proyecto de ley. La mayor parte de las enmiendas, y me
estoy refiriendo a las presentadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas , hacen referencia a reformas que tienen que ver
con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero es evidente que no es ahora
el momento procesal oportuno. El momento procesal oportuno, nadie lo
duda, hubiera sido la presentación con tiempo suficiente de un proyecto
de ley de enjuiciamiento criminal que permitiera un debate que resolviera
de forma ordenada y estructurada todas y cada una de las cuestiones que a
todas luces son necesarias. Pero es igual de evidente que este ha sido
presentado, sí en sede parlamentaria, pero a sabiendas de que ese debate
era imposible, máxime anunciada ya la disolución de las Cámaras para
dentro de unos pocos días.
En relación con el resto de materias, es justo reconocer
que en la Cámara Baja fueron aceptadas gran parte de las enmiendas allí
presentadas por nuestro grupo parlamentario. Buena prueba de ello es que
a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa tan
solo hemos presentado dos enmiendas, y a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil una enmienda en forma de disposición adicional
sexta. Me estoy refiriendo únicamente, señorías, a las enmiendas que
llevan el sello de los Senadores Nacionalistas . No reiteraré ahora las
razones que nos han llevado a presentar las dos primeras, pero sí diré
respecto a la tercera, la que tiene que ver con las medidas de ampliación
de la protección del deudor sobre vivienda habitual, que celebro muy de
veras que el Grupo Parlamentario Socialista vaya a votar tal cual dicha
enmienda y de forma favorable. Agradezco al senador Irízar y a su grupo
tal disposición, a la que espero se sumen el resto de grupos
parlamentarios. Repito que estamos hablando de la enmienda número
159.
Por lo demás, y termino, señor presidente, solo me queda
indicar que nuestra función como legisladores es intentar mejorar las
leyes atendiendo y garantizando suficientemente la tutela judicial
efectiva. La pregunta salta de inmediato ¿es este proyecto de ley el
llamado a garantizar un derecho tan importante como es este de la tutela
judicial efectiva? La respuesta no puede ser otra que la del no, pero,
pese a ello, seguiremos votando afirmativamente lo que ahora se preconiza
en cuanto mejora ciertamente lo anterior, aunque no es ni con mucho la
solución a ninguno de los múltiples y gravísimos problemas que la
Administración de Justicia tiene y seguirá teniendo, habida cuenta de que
la nueva ley de enjuiciamiento criminal una vez más —recalco y
reitero una vez más— continuará siendo esperada.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.
Con la aprobación de este proyecto de ley estamos
respondiendo a una demanda de la sociedad, del Consejo General del Poder
Judicial e incluso del propio presidente del Tribunal Supremo.
La propia exposición de motivos que acompaña el proyecto de
ley nos señala que, solo en 2009, el crecimiento de nuevos asuntos en
nuestras jurisdicciones se sitúa en torno al 33% y, por tanto, esa mayor
demanda de justicia por parte de la ciudadanía debe venir acompañada, sin
ninguna duda, de una mayor agilización en los procesos, que es lo que
aquí pretendemos.
Este no es un proyecto de ley fácil. Se han presentado
muchísimas enmiendas y, seguramente, el texto final no responderá a todo
lo que Convergència i Unió hubiese deseado. No obstante, entendemos la
necesidad de aprobar esta reforma, que entendemos buena y, por tanto,
vamos a prestar nuestro total apoyo al texto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su
intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a
la Redacción del Diario de Sesiones.): «Gràcies, president.
Un cop més començo en català la meva intervenció com ho he
fet sistemàticament, sempre, en les meves intervencions en aquest Ple o
en Comissió des del 2004, per posar en evidència la anormalitat
democràtica que suposa excloure del Parlament les llengües de milions de
ciutadans.»
Anuncio de entrada que vamos a votar a favor de este
proyecto de ley.
Les he dicho en catalán que he hecho uso de mi lengua en
esta Cámara desde el inicio de la legislatura, para poner en evidencia lo
que considero una anormalidad democrática y para intentar corregirla
mediante una reforma del Reglamento que permita algo tan sencillo como la
traducción simultánea.
La legislatura llega ahora a su fin y, con la venia del
señor presidente y brevemente, quiero utilizar parte de este turno para
expresar mi agradecimiento a todos los que han participado, han
colaborado, han facilitado, han tolerado o, simplemente, no han
obstaculizado los avances en el uso de las lenguas en el Senado durante
estos años. Se han producido unos avances en estas dos últimas
legislaturas que, si miramos lo que debieran ser, son insuficientes, pero
si los comparamos con las siete primeras legislaturas, han sido
inmensos.
Quiero también mostrar mi agradecimiento a las mesas y
presidencias de las comisiones en que he intervenido, así como a la Mesa,
al vicepresidente y, singularmente, al presidente de la Cámara, que me
han dado margen suficiente para expresar mi posición y para hablar en mi
lengua, en un tira y afloja de tiempo, creo que respetuoso y también
cordial.
Igualmente, quiero destacar la amabilidad de las
taquígrafas y de la redacción del Diario de Sesiones, que han reproducido
las intervenciones en catalán según los textos que les he facilitado,
salvo excepciones imputables a un servidor al no habérselos remitido a
tiempo.
Por lo que se refiere a los senadores, quiero destacar que
el uso de las lenguas en el Senado no ha sido objeto de una oposición
taxativa, absoluta y permanente por parte de ningún grupo. Baste recordar
que la reforma del Reglamento en 2005 respondió a una iniciativa conjunta
de Entesa, el Partido Popular y el PSOE.
En cualquier caso, es bueno subrayar la normalidad con que
se desarrollan los debates de las mociones, con intervenciones en las
cuatro lenguas con traducción simultánea, lo que considero un buen
augurio para su futura extensión a todos los debates del Pleno.
Por otro lado, se lo agradezco muy especialmente a aquellos
que en principio se opusieron a la reforma, pero al mismo tiempo he de
reconocer la mayor, y es que sin el Grupo Parlamentario Socialista no se
habría dado ningún paso hacia la normalización de las lenguas en el
Pleno; se lo agradezco y les diré que se me alegra el ánimo cada vez que
un senador del Grupo Parlamentario Socialista se expresa en catalán, en
gallego o en euskera con normalidad, porque es su lengua o la de sus
conciudadanos.
Finalmente, quiero mencionar al grupo de los 34 senadores y
senadoras que suscribimos la propuesta de reforma; entre ellos, fue
ejemplar la participación activa de senadores castellanohablantes, por
ejemplo los de Coalición Canaria, como el amigo Narvay Quintero. Insisto,
el éxito es de todos los que suscribieron la iniciativa y aunque me
alargaría demasiado nombrándolos uno a uno, no puedo dejar de referirme
al papel decisivo de José Manuel Pérez Bouza; a la argumentación potente
de Miren Lore Leanizbarrutia y de Iñaki Anasagasti; a Joan Maria Roig y
Jordi Vilajoana, a quienes agradezco la colaboración y la
confianza; y, sobre todo, el apoyo de todos y cada uno de
los compañeros de la Entesa y, en particular, a los de Esquerra
Republicana, Carles Bonet, Pere Muñoz y Josep Maria Esquerda, quien al
amparo del Reglamento ha utilizado también en el Pleno la lengua
occitana, habida cuenta que es oficial en Cataluña como lengua del Valle
de Arán.
Termino ya, insatisfecho pero esperanzado, porque el camino
del futuro entendimiento en esta Cámara o en el Parlamento europeo está
trazado y juntos ya hemos conseguido avanzar por él un trecho. (Rumores y
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.)
Muchas gracias a todos, incluso a los que me interpelan
desde el Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. No se
alteren.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente.
Decía a las cuatro de la tarde el ministro de Justicia, el
señor Caamaño, respecto a este proyecto, que quería simplificar el
proceso, eliminar costes, racionalizar los recursos, agilizar trámites y
garantizar la tutela efectiva, abordar la repercusión —la
responsabilidad penal— de las personas jurídicas y la potenciación
del proceso monitorio en el ámbito civil, tratando de hacer lo posible
para que el Tribunal Supremo pueda hacer aquello que, si no lo hace el
Tribunal Supremo, no lo puede hacer ningún otro órgano, y que sean otros
los órganos que hagan aquello que no tiene por qué hacer el Tribunal
Supremo.
A mí me parece que, en lo que tiene que ver con los ámbitos
de reforma de la justicia, ya está la Ley 13/2009, de reforma de la
legislación procesal, que cambia hasta 31 leyes para hacer posible la
nueva Oficina Judicial; y, como toda cultura administrativa, choca con
muchas inercias, muchos hábitos, muchas rutinas acumuladas durante
siglos, pero ahí está el esfuerzo por hacer lo posible. Esa reforma tiene
una dimensión organizativa —nueva oficina—, tiene una
dimensión tecnológica —el Plan de modernización—, y tiene un
ámbito normativo, que es en el que estamos metidos: esta, junto con otras
normas. Se retocan artículos como el 22.4, el 455.1 y el 440.3 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. También se reforman artículos de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa que no han merecido comentario
alguno, siendo muy positivas las reformas, como la del 8.4 para hacer
posible que sean los Juzgados de lo Contencioso los lleven todos los
asuntos relativos a extranjería; o la del artículo 60, relativo a la
prueba, cuando no es tan necesario; o la que se refiere a supuestos en
que se pueda evitar las vistas, en el artículo 78: en muchas ocasiones la
vista no es más que para que cada letrado diga que da por aducido lo que
ya ha escrito, no hay más.
A mí me sorprende que, en el ámbito del principio del
vencimiento, lo que ya se hace en el ámbito civil se plantee como algo
maligno en el ámbito contencioso, siendo así que, salvo que haya vivido
un espejismo, cuando estamos en sede jurisdiccional, ahí rige el
principio de igualdad de partes. ¿O es que para algún magistrado español,
cuando está sentado escuchando a algún abogado de la Administración o al
de algún otro ciudadano, hay un momento en que vive desigualdad? No. De
lo que se trata es de no confundir el ámbito jurisdiccional con el ámbito
anterior, en el cual sí existe el principio de presunción de legalidad
del acto administrativo, el principio de autotutela, el principio de
ejecutoriedad, pero eso es anterior a lo jurisdiccional. Cuando llega lo
jurisdiccional y la Administración pública manda el expediente completo y
este llega allí, hay principio de igualdad para todos, sin excepción, sea
cual fuere la materia y sea cual fuere la Administración. ¿Y por qué
razón, si en el ámbito privado rige el principio de vencimiento, no se
puede plantear también en el ámbito contencioso? No hay razón alguna que
lo impida. Es más, ¿por qué se dice eso de justicia para pobres y
justicia para ricos? ¿Por qué no se dice que si el asunto tiene interés
casacional —que se omite—, aunque el valor sea 0,1 céntimo de
euro, puede llegar al Tribunal Supremo? Eso hay que decirlo. Como también
hay que decir que hay escritos de presidentes de sala planteando que el
límite no sea de 600 000 sino de un millón de euros; incluso en la
negociación se han planteado cuantías distintas para buscar fórmulas de
consenso porque, en cualquier caso, es evidente que no se puede seguir en
esta situación. El criterio es ese, si no es bueno busquemos otro, pero
hay que establecer un criterio. Y es que el derecho a la tutela judicial
efectiva es obtener una respuesta en un plazo razonable, sin dilaciones
indebidas; una respuesta, no dos, tres, cuatro o cinco porque, al final,
al que le dan la razón la primera vez se eterniza y ya no le compensa que
dentro de equis tiempo se lo vuelvan a dar por cuarta o quinta vez, ya no
tiene ningún sentido. La justicia que es lenta no es eficaz, y si no es
eficaz es injusta. Por tanto, es una cuestión que debería evaluarse,
porque no se ajusta a la
realidad de lo que acontece en el país. Y más. Sobre las
tasas; ¡si ya se plantea que, si hay dudas sobre hechos o derechos, se
exonere del pago! Eso también hay que decirlo en las conclusiones del
discurso.
Este texto pretende que los asuntos se puedan solventar
cuanto antes mejor y que todo lo que el órgano inferior —perdonen
esa expresión inadecuada, pero es para entendernos y ser claros en la
exposición— pueda solventar no tenga por qué solventarlo otro
órgano, y que todo lo que se pueda solventar en un ámbito no tenga por
qué plantearse en otro, salvo aquello que tenga interés casacional. Es
algo que hay que subrayar. El asunto de cualquier español, en cualquier
lugar de España, aunque la cuantía sea de 0,1 céntimo de euro, si tiene
interés casacional puede llegar al Tribunal Supremo. Estas fórmulas se
plantean para ver de qué manera se abordan aquellos asuntos que en la
jerga profesional, en la carrera judicial, llaman los espirituales
—me dijo, le dije—, porque no hace falta que tantos
servidores del Estado, tantos servidores del interés general, tengan que
pronunciarse reiteradamente, puesto que son asuntos que no tienen mayor
relevancia ni mayor trascendencia en el conjunto del sistema.
En mi opinión, este es un texto bastante consensuado en el
ámbito del Congreso. Sinceramente pienso que vale la pena que lo
apoyemos, y, como han sido tantos los senadores que se han despedido,
permítanme que yo me despida. Ha sido un placer, me he alegrado de
conocerles y tienen ustedes a un amigo en Canarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
No se despidan tanto, que igual se tienen que
arrepentir.
Tiene la palabra el senador Altava.
El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente. Con la
venia.
Hoy estamos haciendo gala de lentitud de la justicia, le
estamos dedicando un monográfico; y, aunque con lentitud, las reformas
judiciales han llegado a tiempo en esta IX Legislatura.
Voy a intervenir muy brevemente para manifestarme sobre las
enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios.
Respecto a las enmiendas del Grupo Mixto, no estamos de
acuerdo, como he puesto de manifiesto, en la eliminación de los recursos
de reforma y de súplica. Creemos que es importante que puedan volver a
ser revisados por el mismo órgano jurisdiccional que dicta la resolución,
y, además, un sistema garantista debe reconocerlos. El propio juez puede
depurar errores que puede haber cometido; no solo por la legislación
autorizada que conocemos —existe en el
Contencioso-Administrativo—, sino porque los errores son humanos y
es adecuado que al juez que dicta una resolución se le dé una oportunidad
de repensarlo. Por tanto, no es una pérdida de tiempo su existencia.
Además, uno de los mayores logros de nuestro ordenamiento jurídico es
precisamente el derecho de acceso al recurso. Si tenemos reconocido, como
uno de los pilares básicos del sistema procesal, la jurisdicción, la
acción y el proceso, parte de esa acción es parte del derecho de acción
para el proceso, la posibilidad de acudir al recurso en sus últimas
consecuencias.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas, aunque en alguna podríamos
estar de acuerdo, no lo estamos en la modificación de los recursos que
plantean y que limita el derecho de acceso al recurso, concretamente la
enmienda número 100 respecto a la apelación.
Con respecto a las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ya he
anunciado, como hice en comisión, que vamos a apoyar las números 140 a
146, la 131 y la 153.
Sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, tengo que decir que las acompaña una buena
justificación —ya lo dije en comisión— y hay que felicitar al
técnico que ha elaborado la enmienda número 14; pero consideramos que los
derechos del imputado, en lo que respecta a la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, ya están bien expresados como están. Los derechos del artículo
520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son más que suficientes porque,
de hecho, nunca han planteado ninguna disquisición doctrinal ni
jurisprudencial para que sean retocados ahora; sería intentar meterse en
una harina que a nadie llama.
Tampoco estamos de acuerdo en la línea de pensamiento que
se sigue respecto a la eliminación de los recursos suspensivos que
proponen, ni en la limitación de los requisitos de la casación para la
unificación de la doctrina. Efectivamente, podría entender algunas
enmiendas, e incluso compartirlas, y podrían tener cabida en una
concepción distinta de la economía de libre mercado, que es la que
reconoce
la Constitución y la que está instaurada en nuestra
legislación procesal. Fuera de esa legislación podrían tener cabida esas
enmiendas, pero no en una economía de libre mercado, donde echarían
chispas y no encajarían de ninguna manera.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, las números 128 y 129, creemos respecto a la 128 que el
título —Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del
artículo 35…—, está bien como está. No podemos soslayar esa
enmienda al artículo 35, modificando o reafirmando las tasas judiciales
para la imposición o para el derecho al recurso. Consideramos que es algo
muy importante, de modo que nos conformamos y nos parece bien el título
original, que ustedes mismos le han dado al proyecto. Respecto a la
enmienda número 129, no nos parece bien evitar la vista en los recursos
donde no se solicite el recibimiento del pleito a prueba; al menos, que
exista esa posibilidad.
Senador Díaz Tejera, ahora me refiero en particular a
usted, y sabe que nos tenemos un gran afecto. Es cierto que el señor
ministro, en la presentación de los tres proyectos de ley, ha manifestado
su preocupación por garantizar la tutela efectiva del artículo 24.1 de la
Constitución, algo que también nos preocupa a todos los que amamos la
justicia. También ha dicho el señor ministro —lo he apuntado—
que ha pretendido mantener diálogos y buscar acuerdos. Pues precisamente
en cuanto a la casación, nosotros les hemos ofrecido llegar a un acuerdo,
y usted lo ha hecho punta de lanza de la explicación del recurso en lo
contencioso-administrativo, pero no han querido llegar a acuerdos, ni el
Gobierno ni su grupo parlamentario, que le sustenta en esta Cámara. Ha
dicho que quería llegar a acuerdos, habrá sido en otras cuestiones; pero
en esa, que es tan importante para ustedes, y también para nosotros
—ya le he dicho que, si llegamos a gobernar, acometeremos una
reforma total del recurso de casación—, no se ha alcanzado un
acuerdo.
Me ha dicho que no he hablado de la enmienda número 8 ni de
la 60, pero es que he agrupado todas las enmiendas. Señoría, llevaba la
defensa de 53 enmiendas. Según el Reglamento de la Cámara, tengo derecho
a un minuto para la defensa de cada enmienda, es decir, a 53 minutos, y
se me ha dado 20; pero creo que usted, como yo y como todos los
senadores, está encantado de que no haya disfrutado de los 53 minutos
para la defensa de las enmiendas. (Risas.)
Lo de la igualdad de las partes me parece que está muy
claro. Yo sé que la igualdad de las partes existe en cualquier orden
jurisdiccional, tanto en el civil como en el contencioso-administrativo;
pero no están en igualdad de partes procesales, que es a lo que usted se
refiere. Vamos a añadirle, aunque sea una incorrección técnica, la parte
procesal en el proceso; vamos a hablar de la igualdad de partes, de quién
es una persona física o una persona jurídica en un pleito civil, de quién
es la Administración pública y de quién es una persona física o jurídica
en un proceso contencioso-administrativo. Por supuesto, no es lo mismo.
El interés casacional. ¡Desde luego que estamos de acuerdo
en que se pueda acudir al interés casacional! Pero lo que nosotros
planteamos —y vuelvo a repetirlo— es que no se distinga por
una cuestión cuantitativa, que no se vaya a una determinada cantidad.
¿Por qué no puede ir en casación alguien que no alcance esos 600 000
euros? Desde luego, nosotros hemos retirado la enmienda y estamos de
acuerdo, para no marear y, en aras de la búsqueda de acuerdos, llegar a
esa uniformidad con el orden jurisdiccional civil. En todo caso,
entendemos que ese interés casacional se debería revisar y mejorar.
Por último, senador Díaz Tejera, creo que toda la Cámara ha
sido testigo del cariño que nos profesamos. Desde luego, estaré encantado
de visitar las islas afortunadas —ese nombre reciben—, que al
menos son tan bonitas como la Comunidad Valenciana, a la que usted
también está invitado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento.
Cierren las puertas.
Vamos a proceder a la votación del Proyecto de Ley de
medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley
53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo de
Senadores Nacionalistas 98 y 99.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 247; a favor, 11; en contra, 236.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 246; a favor, 7; en contra, 237; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 22, de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 129; en contra, 118.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 40, de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 128; en contra, 112; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas números 5 a 16, 24, 26, 28 a 33 y 35
a 37.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 246; a favor, 7; en contra, 235; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 27, de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 246; a favor, 16; en contra, 229, abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 39, de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 246; a favor, 132; en contra, 114.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas números 23, 25, 34, 38, 41, 42 y 43,
de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 8; en contra, 231; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Socialista.
Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por las enmiendas 44 a 51 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 117; en contra, 123; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al
texto remitido por el Congreso en lo modificado por la enmienda número 66
del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 245; a favor, 112; en contra, 132; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al
texto remitido por el Congreso en lo modificado por la enmienda número 68
del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 115; en contra, 6; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda socialista de vuelta al texto remitido por el
Congreso en lo modificado por la enmienda número 69 del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 246; a favor, 116; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda socialista de vuelta al texto remitido por el
Congreso en lo modificado por la enmienda número 58 del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 126; en contra, 121.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda socialista de vuelta al texto remitido por el
Congreso en lo modificado por las enmiendas números 61 y 62 del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 123; en contra, 123; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ante el empate repetimos la
votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 124; en contra, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda socialista de vuelta al texto remitido por el
Congreso en lo modificado por las enmiendas números 140 a 146 y 153, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 246; a favor, 118; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Socialista votamos las enmiendas
números 128 y 129.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 126; en contra, 120; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
números 52 a 57, 59, 60, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 75 a 80, 82 a 90 y
92.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 122; en contra, 124; abstenciones, 1.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
números 65, 74, 81, 91 y 93 a 96.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 121; en contra, 119; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos ahora las propuestas de modificación con número de
registro 68730 y 68731. ¿Se pueden aprobar por asentimiento?
(Asentimiento.)
Quedan aprobadas.
Votamos a continuación el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 247.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Rumores.)
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
— DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN EN RELACIÓN
CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PROCEDE A LA INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN
ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. S. 621/000115)
(Núm. exp. C.D. 121/000123)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Trabajo e
Inmigración en relación con el Proyecto de Ley por la que se procede a la
integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el
Régimen General de la Seguridad Social. (Rumores.)
Para la presentación del dictamen tiene la palabra la
senadora Rubial.
Señorías, ruego silencio, por favor. (Pausa.)
La señora RUBIAL CACHORRO: Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, he sido designadas para presentar a la Cámara el
dictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con el
proyecto de ley por la que se procede a la integración del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la
Seguridad Social. (Rumores.)
Quiero aprovechar…
El señor PRESIDENTE: Espere un momento.
Señorías, no se puede oír absolutamente nada. Por favor,
todavía nos queda mucha tarea.
La señora RUBIAL CACHORRO: Decía que quiero aprovechar para
dar las gracias a los miembros de la Comisión de Trabajo, a quienes han
compartido Mesa conmigo, a las y los portavoces y a los vocales, porque
creo que han hecho que la comisión haya resultado fácil de llevar. A
pesar de las discrepancias políticas, que las ha habido, la relación ha
sido muy humana. Eso ha hecho posible que las sesiones de la comisión
hayan discurrido en un ambiente agradable.
El proyecto de ley al que me refiero tuvo su entrada en el
Senado el pasado día 29 de julio, siendo publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de
enmiendas concluía el día 2 de septiembre y fue ampliado hasta el día 5
del mismo mes. Se ha tramitado por el procedimiento de urgencia. Se han
formulado sesenta y dos enmiendas: cuarenta y siete por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, dos por el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, cinco por el Grupo
Parlamentario Socialista, y siete por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, además de una conjunta de los grupos parlamentarios Popular y
Socialista. La Comisión de Trabajo e Inmigración dictaminó dicho proyecto
en su sesión del día 7 de septiembre, acordando aceptar como dictamen el
texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Por último, para su debate en el Pleno se han formulado
tres votos particulares. (Rumores.)
Pasamos a continuación al turno de defensa de las
enmiendas.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Parera. (Continúan los
rumores.)
Señorías, ruego silencio, por favor, o salgan del
hemiciclo.
Su señoría tiene la palabra.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.
De todas las enmiendas presentadas a este proyecto de ley
quisiera resaltar tres aspectos de su contenido.
Una serie de enmiendas van destinadas a conseguir una
aplicación paulatina de las bases y tipos cotizados y de reducciones. En
ellas se hace referencia a la necesidad de contar con los representantes
de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del
ámbito estatal, así como permitir la integración de las organizaciones de
ámbito autonómico. Asimismo, presentamos una enmienda destinada a
clarificar los criterios de separación de las fuentes de financiación.
Otra enmienda —que en comisión pareció no gustar
mucho pero que es importante y en Cataluña creemos que es
necesaria— está destinada a que el Gobierno presente un estudio
sobre la evolución del subsidio agrario, la renta agraria y el programa
de empleo agrario, donde se analice su contribución a la creación de
empleo y a la evolución de las tasas de desempleo en las comunidades
autónomas que son beneficiarias. En las conclusiones de este estudio
deberían incluirse propuestas de actuación en los siguientes ámbitos:
necesidad de mantener el subsidio agrario, la renta agraria y el programa
de empleo agrario, o la realización de modificaciones normativas en su
regulación teniendo en cuenta la relación entre beneficiarios y
desempleados en las comunidades autónomas; su contribución al déficit del
REASS y la integración del régimen agrario en el Régimen General de la
Seguridad Social; la revisión de las medidas llevadas a cabo en el sector
agrario con el objeto de mantener la actividad en él, y si fuera el caso,
medidas sobre la reducción de los niveles de fraude que pudieran existir
en estos programas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene
la palabra el senador Esquerda.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor
presidente.
Voy a defender la enmienda número 8 al proyecto de ley por
el que se procede a la integración del Régimen General Agrario de la
Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.
Del Pacto de Toledo surgió el mandato de integrar todos los
regímenes de la Seguridad Social en dos: autónomos y asalariados. El
REASS, es decir, el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social,
contaba con trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta
ajena. Los trabajadores por cuenta propia, autónomos, se han incorporado
según el tamaño de sus explotaciones y así los titulares de las grandes
empresas han pasado a cotizar como puede cotizar un autónomo de otro
sector, al cien por cien. Los trabajadores por cuenta propia titulares de
pequeñas y medianas explotaciones agrarias cotizan en el CTA con una
bonificación por contingencias comunes, y cotizan por este concepto el
18,75% en lugar del 26,5%, lo que viene a ser una compensación por no
poder aprovechar las economías de escala, que sí aprovechan las grandes
explotaciones.
La enmienda que proponemos quiere mantener la filosofía del
Pacto de Toledo, que reclama una especial consideración para los
trabajadores eventuales agrarios, cosa que no hace el presente proyecto
de ley al equiparar las reducciones a aplicar a los trabajadores fijos y
eventuales en la letra b) del apartado c) del punto 1 de la disposición
adicional segunda. Con esto se beneficia directamente a las grandes
explotaciones agrarias, mayoritariamente situadas en el sur de la
Península, que ha sido lo que ha negociado principalmente la CEOE, lo que
provoca que, por ejemplo, en Cataluña la integración de los trabajadores
fijos cueste en el año 2031 un incremento del 35% del coste laboral, y en
cambio la integración de los trabajadores eventuales en el mismo año sea
del 105%. Esto en Cataluña, pero en otros lugares con otros convenios
provinciales aún puede costar más. Por lo tanto, para equilibrar esta
integración y cumplir el Pacto de Toledo, con esta enmienda proponemos
aplicar unas reducciones un poco mayores para los pequeños y medianos
empresarios, mayoritariamente para los trabajadores eventuales; al mismo
tiempo, con ello no empeoraremos aún más la renta agraria, que en el
período 20012010 ha bajado un 38% en Cataluña.
Por todo ello, señorías, les pido su voto favorable para
esta enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora
Peris.
La señora PERIS JARQUE: Gracias, señor presidente,
señorías.
El Grupo Popular ha presentado siete enmiendas, las números
1 a 6, inclusive, cuya justificación es la mejora técnica.
La enmienda número 7 solicita la adición de una nueva
disposición adicional, el derecho a la pensión de jubilación en su
modalidad contributiva para las personas incluidas en el régimen especial
de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por sus actividades
agrícolas, ganaderas o forestales que reúnan las condiciones generales
para dicha prestación, excepto la de la edad, que para estas personas la
condición específica será haber cumplido 65 años. La justificación del
Grupo Parlamentario Popular para presentar esta enmienda se debe
evidentemente a las especiales condiciones de penosidad y siniestralidad
de dichas dedicaciones, además de ser coherente con lo defendido por
dicho grupo respecto a mantener la edad legal de jubilación en 65 años, a
diferencia del Grupo Parlamentario Socialista.
Por último, sintiéndolo mucho, no vamos a apoyar las
enmiendas del resto de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Bustos.
El señor BUSTOS AMORES: Gracias, señor presidente.
Intervengo en este turno en contra de las trece enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, Entesa Catalana de
Progrés y Convergència i Unió, correspondiendo siete de ellas al Grupo
Parlamentario Popular, una al Grupo Parlamentario de Entesa y cinco al
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Las enmiendas coinciden con
las ya planteadas en el Congreso y en la Comisión de Trabajo e
Inmigración de esta Cámara, donde fueron rechazadas, y por ello no voy a
repetir aquí las razones que ya expuse en la comisión, y que están
recogidas en el Diario de Sesiones del Senado, para no aceptarlas.
Esta reforma trae causa de otra realizada por este Gobierno
para resolver la problemática de los trabajadores agrarios por cuenta
propia y su inclusión en el Régimen Especial de los Trabajadores
Autónomos, una reforma que se aprobó en 2007, que fue precedente de esta
y que de alguna manera culmina en esta reforma de equiparación de
derechos de las personas que desarrollan su actividad en el mundo
agrario. Vamos a hacer realidad una de las recomendaciones del Pacto de
Toledo que quedó plasmada en algunos documentos allá por el año 1995. Por
fin podemos festejar que la recomendación, que ha obtenido el acuerdo
casi unánime de todas las personas que han participado en las
negociaciones, se hace realidad. Vamos, pues, a hacer realidad una
equiparación que beneficia directamente a 850 000 trabajadores, y por
tanto, esta es una decisión muy trascendente que estoy convencido de que,
al igual que ocurrió ya en el Congreso, saldrá adelante.
Es importante poner de relieve que en el Congreso se
pactaron una serie de enmiendas de gran trascendencia para el sector
agrario, como la posibilidad de compatibilizar la realización de labores
agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional con la pensión de
jubilación del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social, así como
otras enmiendas que mejoran sustancialmente este proyecto de ley. Por lo
cual repetir ahora las mismas enmiendas tiene solo el sentido del debate,
pero no pueden ser aceptadas por los motivos que, como he dicho
anteriormente, ya expresé en la comisión, y además porque no mejoran una
norma pactada con los afectados por ella y que tiene una gran aceptación
por la casi totalidad del sector agrario.
Quisiera únicamente hacer referencia a las enmiendas
números 8 del Grupo Parlamentario de Entesa y 11 del Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, en las que se plantea una distinta tabla de
bonificación de cuotas empresariales y laborales. Nosotros no podemos
aprobar este planteamiento. Manifestamos nuestro respeto absoluto por el
acuerdo unánime alcanzado entre el Gobierno y los interlocutores
sociales, y por tanto, parece poco lógico que nos pongamos a elaborar
aquí una nueva
tabla después de las muchas horas que ha costado alcanzar
el acuerdo sobre la anterior. Por supuesto se podría hacer otra tabla
distinta, pero, desde nuestro punto de vista, una como la que se plantea
desequilibraría el sistema, y en cualquier caso, podría provocar
problemas financieros importantes al nuevo sistema que acabamos de
rediseñar.
El Grupo Parlamentario Socialista tampoco cree que con este
proyecto de ley se trate de lanzar gestos negativos en relación con los
subsidios agrarios a los planes especiales de fomento del empleo que se
desarrollan en las comunidades autónomas del Estado español, lógicamente
con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, que es donde
estadísticamente hablando más trabajadores hay en este momento.
En definitiva, señorías, estoy convencido de que con el
acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios hemos diseñado un buen
sistema, una buena ley que responde a una necesidad, a una reivindicación
histórica, una ley que equipara derechos entre trabajadores, una
equiparación que, además, se hace sin poner en riesgo la viabilidad de
las explotaciones y con un sistema económico y financiero perfectamente
asumible por la Seguridad Social de nuestro país.
Por todo ello no vamos a apoyar ninguna de las trece
enmiendas que se han presentado y a las que antes me he referido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)
El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de palabra.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas?
(Denegaciones.)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas tampoco
hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Convèrgencia i Unió, tiene la
palabra la senadora Parera.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.
Este proyecto de ley no representa la posición de la
mayoría de los agricultores catalanes, los cuales lo perciben como un
incremento de costes perjudiciales para la competitividad y para el
empleo de las explotaciones agrarias de Cataluña.Por tanto, Convèrgencia
i Unió no va a apoyar el proyecto de ley, puesto que no queremos ser
corresponsables de una decisión que los agricultores catalanes juzgan
contraria a los intereses de nuestras explotaciones agrarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde que enero de 2008 entró en vigor la
incorporación de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el
régimen de trabajadores autónomos, únicamente quedaban fuera del Régimen
General de la Seguridad Social los trabajadores agrarios por cuenta
ajena. Es una situación hoy día obsoleta, además de injusta, ya que no se
habían tenido en cuenta los cambios laborales, sociales, técnicos y
económicos del sector agrario, que durante estos últimos 30 años han
cambiado muchísimo, y todavía se da una situación de agravio comparativo
en cuanto a la protección social de los trabajadores y las prestaciones
económicas a percibir.
Esta ley recoge la demanda del sector agrario, al tiempo
que da respuesta a los acuerdos adoptados en el Pacto de Toledo para
simplificar los regímenes de la Seguridad Social, equiparando en derechos
y obligaciones a todos los trabajadores dentro del régimen general.
Este proyecto de ley, que ha sido consensuado con las
organizaciones profesionales más representativas, los sindicatos y el
Gobierno, permitirá modernizar el marco de protección social de los
trabajadores agrarios por cuenta ajena a través de unas medidas que a lo
largo de un período de tiempo dilatado de 20 años, hasta 2031, permitirá
ir adecuando las necesidades del sector a la respuesta del sistema. Esta
nueva situación va a permitir un cambio del modelo económico de las
empresas agrarias que, además de prestar una mayor protección social,
podrá dar mayor estabilidad en el empleo, ayudando al arraigo de las
personas en el trabajo agrario, a una mejor preparación profesional,
dando una estabilidad a las explotaciones agrarias y mejorando su
viabilidad económica y su competitividad.
Este proyecto llega a esta Cámara con un amplio consenso.
Ciertamente, después de un período de negociación de mucho tiempo, pero
llega con un amplio consenso. Tiene también la valoración positiva del
Consejo Económico y Social y, como ya he dicho, de las organizaciones
empresariales y sindicatos, además de los grupos parlamentarios en el
Congreso de los Diputados en su trámite parlamentario, y esperemos que el
consenso se logre también aquí, en el Senado.
Me va a permitir, señor presidente, decir solamente unas
palabras, porque quiero despedirme de esta Cámara, ya que yo no voy a
presentarme otra vez y, por tanto, será muy difícil que pueda salir
nuevamente elegida.
No soy persona de muchas palabras, creo que nunca he
agotado el plazo de tiempo que se me ha dado, pero creo que hoy es justo
que pueda dirigirles a todos ustedes estas palabras.
En primer lugar, quiero decirles que ha sido para mí un
honor trabajar en esta Cámara; que he aprendido mucho de todos y todas
ustedes, señoras y señores senadores; que han sido dos legislaturas muy
diferentes, pero cada una ha tenido su particularidad, y que he podido
participar en la elaboración de leyes que creo que han ayudado a mejorar
la situación de todas las personas. Creo que este es el objetivo y lo que
se nos pide. Y este objetivo, que es nuestra obligación como
parlamentarios, se ha conseguido durante estas dos legislaturas. Esta
experiencia ha sido para mí muy enriquecedora. Espero haber podido
cumplir con aquello que la gente espera de nosotros.
Finalmente, quiero agradecer a todos los compañeros y
compañeras de la Comisión de Trabajo, a la que ha hecho referencia la
senadora Lentxu Rubial, y de las dos comisiones especiales no
legislativas, el buen ambiente de trabajo que siempre ha habido y la
voluntad de llegar a un consenso; esto es lo más importante. Y a los
senadores y senadoras que vayan a formar parte de la próxima legislatura
les deseo mucha suerte y no olviden que, por encima de las diferencias
ideológicas, la gente nos pide que sepamos defender sus intereses y
solucionemos sus problemas. Trabajo no les va a falta, así que les deseo
mucha suerte y muchas gracias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Muchas gracias, presidente.
Quiero, en primer lugar, resaltar la extraordinaria
importancia de este proyecto de ley, que previsiblemente va a ser
aprobado por una abrumadora mayoría en esta Cámara, porque supone que 834
045 trabajadores eventuales del campo van a tener los mismos derechos en
términos de pensiones y en términos de prestaciones sociales que los del
régimen general. Por tanto, me parece un hecho relevante, más allá de las
discrepancias que se puedan mantener al respecto. Por otra parte, ha sido
una ley extraordinariamente consensuada no solamente en el Parlamento,
sino con agentes sociales, asociaciones agrarias, sindicatos y
empresarios, lo cual la hace relevante.
Decía la portavoz de Convergència i Unió que cuando
defendía todas la enmiendas, la número 15 no gustó. Permítame que le
diga, con afecto y cariño, que no es que no gustase. He seguido dándole
vueltas y soy incapaz de entender cómo ustedes pueden poner esa enmienda
en una ley, se lo digo desde el afecto, es que no está a la altura de la
solvencia política y parlamentaria del grupo al que usted representa. Que
en una ley sobre el sistema de protección de los trabajadores eventuales
del campo en Andalucía y en Extremadura, en unas condiciones
dificilísimas de desempleo y que si no fuera por estas prestaciones la
única salida sería la emigración, que un Gobierno en el año 1984, cuando
gobernaba un tal Felipe González, puso en marcha para evitarlo, aquí,
insisto, en una ley, se pida una proceso general de carácter
inquisitorial afirmando ya en el contenido de la propia enmienda la
perversidad del sistema y añadiendo al final, en el apartado c): en su
caso, sobre la reducción de los niveles de fraude que pudieran existir,
esto ni en las guerras preventivas. Es decir, que se analicen los niveles
de fraude que pudieran existir en Andalucía, no en los 6000 millones de
euros que cobran los productores de ayudas de la Unión Europea en España.
No, ahí que no se analice nada. No en líneas muy dotadas económicamente
de empleo y de desempleo en las comunidades autónomas, muy singularmente
en Cataluña, de mucha mayor cuantía que el sistema de protección en
Andalucía. No, esto no. Será por aquello de ser vos quien sois. Pero aquí
sí. Esto representa —y no lo entiendo— adherirse a los
tópicos más burdos y más falsos sobre la Andalucía subsidiada y el voto
cautivo, que tanto han defendido insignes portavoces del Partido Popular.
Ahora ya no, porque pueden ganar las elecciones, y automáticamente el
voto ya es cualificado, por aquello de los que votan al PP, aunque sigan
cobrando el subsidio de desempleo, no hay problema.
Yo les pido un poco de seriedad, de rigor y de respeto a la
dignidad de estos trabajadores que no tienen un subsidio de desempleo,
que tienen una prestación contributiva por la que pagan.
Un obrero eventual del campo cuando está trabajando cotiza
el 4,70% de su salario a la Seguridad Social, lo mismo que uno del
régimen general, y cuando está cobrando el desempleo o está en el paro,
puro y duro, cotiza el 11,40%, más que el régimen general. Quien cotiza
menos y se beneficia —que nos parece muy bien— es el que
contrata, que paga 8,5 puntos menos que el régimen general, además no
sobre el salario real sino sobre una base tarifada menor de la que
corresponde. Por tanto, abrir un proceso general para ver el supuesto
fraude, si es que lo hubiere, de verdad que no lo entiendo, creo que no
está a la altura de la solvencia de un grupo parlamentario como es
Convergència i Unió.
Señorías, en 1984 el Gobierno de Felipe González puso en
marcha este sistema, que, entre otras cosas, va a permitir que más de 300
000 mujeres en Andalucía —porque el 62% de los trabajadores
eventuales del campo son mujeres— tengan derecho a una pensión
contributiva, que las que hoy día están jubiladas —o la inmensa
mayoría— no tienen, no porque no hayan trabajado —que sí lo
han hecho—, sino porque no fueron dadas de alta. Y aunque solamente
fuera por eso, merecería la pena que tuvieran un mayor respeto a este
sistema.
Y, sobre todo, señorías, no se guíen por los tópicos:
porque hay que atacar al Gobierno, porque hay elecciones dentro de dos
meses y esto puede dar juego en Cataluña, donde hay 26 000 eventuales del
campo, y para desgracia nuestra, en Jaén solo hay 86 000. No frivolicen
ustedes con este tema. Insisto, critiquen al Gobierno, intenten ganar las
elecciones, pero tengan un poco de respeto con los trabajadores
eventuales del campo de Andalucía y Extremadura. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora
Aragón.
La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ: Gracias, señor
presidente.
Buenas tardes, señorías.
Voy a ser muy breve en mi intervención.
Diré que vamos a apoyar este proyecto de ley, que, no libre
de dificultades, efectivamente ha llegado con un gran consenso a esta
Cámara. Es una reivindicación histórica que nos llena de satisfacción que
hoy se vaya a aprobar, primero, porque es una de las reivindicaciones del
Pacto de Toledo pero, sobre todo, porque se lo merecen los agricultores,
porque, después de ocho años de políticas agrarias totalmente nocivas
para los agricultores y el campo español, hoy vamos a aprobar una ley en
la que el sector agrario y nuestros agricultores lógicamente se sentirán
satisfechos, por el gran consenso que ha habido.
Tengo que decir al senador Pliego acerca del PER que la
historia no comenzó con el PSOE ni Felipe González. En Andalucía había un
desempleo contributivo que venía de la UCD. Por tanto, hay historia
antes, después y entremedias del Partido Socialista.
Hablaba también su señoría de la emigración y decía que
ahora en Andalucía no hay. También decía usted el otro día en la comisión
que nos iba a dar una clase de pedagogía política. Señoría, pedagogía,
poca, pero valor se le reconoce: que venga usted diciendo eso, cuando
hace pocos días hemos podido saber por todos los informativos españoles
que 15 000 españoles han emigrado a la vendimia francesa, de los cuales
11 500 son andaluces, es para reconocerle valor.
Esta es una Cámara territorial. Por supuesto, el Partido
Popular apoya a los agricultores andaluces, los insignes portavoces del
Partido Popular que usted dice y los no tan insignes, todo el Partido
Popular. Apoyamos a los agricultores andaluces, a los agricultores
extremeños, pero también a todos los agricultores del resto de la
geografía española.
Como le recordaba el otro día, señoría, yo provengo de una
comunidad, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde somos menos
habitantes y hay menos sector agrario. Pero el campo en Castilla y León
es importantísimo para nuestra subsistencia. Lo ha sido siempre para
todos los castellanos y leoneses, como lo ha sido para otras muchas
comunidades o prácticamente todas las comunidades españolas.
Pero lo que, lamentablemente, en estos ocho años de
política socialista ha sucedido es que se les ha dado la espalda a los
agricultores. Ha habido una política agraria nefasta en España. En
Bruselas no hemos sabido defender los intereses de los agricultores.
Por tanto, nosotros apoyamos y apoyaremos siempre a todos
los agricultores de toda la geografía española porque, efectivamente, el
medio rural es importante. Y en los discursos no vale solo decir que
hay que asentar la población, hay que asentarla con
políticas activas. Y ni tan siquiera en el preámbulo de esta ley hablan
de iniciativa alguna en materia de trabajo, y a las pruebas me remito con
lo que tenemos.
Quiero decir para terminar que nos sentimos muy satisfechos
de que esta ley se apruebe por todos los agricultores del territorio
español, daremos nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera, y
esperamos que esta sea la primera muestra de una mejor política, porque
confío en que vendrán una políticas en el sector agrario y en el campo
que mejorarán trascendentalmente la situación por la que atraviesa en
estos momentos, que ha sido bastante lamentable, sobre todo con los
últimos episodios que hemos tenido este verano con la crisis del pepino.
Por tanto, damos nuestro apoyo a todos los agricultores.
Y por último, señor presidente, como he comentado esta
mañana cuando me refería a los compañeros de la Comisión de Sanidad,
quiero decir que ha sido una satisfacción trabajar en esta comisión.
Quiero dar las gracias a todos y cada uno de sus componentes, en
especial, a nuestra presidenta, querida Lentxu, y a María Burgués, por su
despedida y por las circunstancias especiales por las que han pasado, y a
todo el resto de compañeros y, por supuesto, de mi grupo político, quiero
desearles lo mejor. Efectivamente hay debate político, pero las personas
estamos por encima de todo, los políticos ante todo somos personas y
estamos para hacer políticas para las personas. También quiero dar las
gracias a los letrados que hacen una magnífica labor y, cómo no, como he
dicho esta mañana, a todos aquellos trabajadores de la Cámara que desde
la sombra realizan una magnífica labor para que esta comisión haya podido
realizar sus trabajos con buenos resultados.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento por favor.
Cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación del Proyecto de
Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.
En primer lugar votamos las enmiendas de Convergència i
Unió números 11 a 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 13; en contra, 220.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 8, de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 232; a favor, 16; en contra, 216.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos las enmiendas números 1 a 7, del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 115; en contra, 116; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, vamos a votar el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 225; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el proyecto de ley por la que se procede a la integración del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de
la Seguridad Social.
— DE LA COMISIÓN DE CULTURA EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA.
(Núm. exp. S. 621/000111)
(Núm. exp. C.D. 121/000125)
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos el debate del
dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el proyecto de ley
reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Sañudo.
El señor SAÑUDO AJA: Buenas tardes.
Señor presidente, señorías, el proyecto de ley que se
somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su
entrada en esta Cámara el día 5 de julio de 2011, tramitándose por el
procedimiento ordinario y terminando el plazo de presentación de vetos y
enmiendas el día 22 de julio de 2011.
A este proyecto de ley se presentaron 17 enmiendas,
distribuidas de la siguiente manera: las números 1 y 2, correspondientes
al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; de la número 3 a la
número 13, correspondientes al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés; la número 14, correspondiente al Grupo Parlamentario Popular en
el Senado; las números 15 y 16, correspondientes al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y la enmienda número 17, al
Grupo Parlamentario Socialista.
Por decisión de la Presidencia del Senado, en ejercicio de
la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, no fueron admitidas a
trámite la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Popular, y la
número 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió por considerarse, de conformidad con la reciente jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, que se refieren a materias que, de manera
evidente y manifiesta, carecen de conexión con el proyecto de ley.
Por otra parte, el Gobierno, al amparo de lo establecido en
el artículo 134.6 de la Constitución y en el artículo 151 del Reglamento,
manifestó su disconformidad con la tramitación de las enmiendas números
12 y 13, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La comisión designó ponentes el día 13 de julio; el día 7
de septiembre se reunió la ponencia, que no emitió informe; y, a
continuación, se reunió la comisión, que aprobó la enmienda número 17,
del Grupo Parlamentario Socialista.
El dictamen de la comisión ha sido publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales del día 13 de septiembre, junto con los
votos particulares presentados por tres grupos parlamentarios. A través
de los tres votos particulares se mantienen para su debate y votación en
el Pleno las siguientes enmiendas: en el voto particular número 1, el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene
la enmienda número 15; en el voto particular número 2, el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas mantiene las enmiendas números 1
y 2; y en el voto particular número 3, el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés mantiene las enmiendas números 3 a 11.
Creo que he resumido la tramitación que hasta ahora se ha
llevado a cabo, pero no quiero terminar sin antes agradecer a todos los
integrantes de la comisión, a la mesa, a los portavoces y a los letrados
de la misma su colaboración y buen hacer durante toda la legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Iniciamos el debate de las enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,
tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente.
Buenas noches.
Señorías, la garantía que el Estado otorga a las obras de
interés cultural es un mecanismo de gran importancia a la hora de
organizar exhibiciones artísticas. Por ello, mi grupo parlamentario
presentó la enmienda número 1, en la que se plantea la posibilidad de
que, además del Reina Sofía y Thyssen, cualquier otro museo del
territorio español que reciba una cesión temporal de obras o conjuntos de
obras de interés cultural para su exhibición en una misma exposición
cuente con la posibilidad de beneficiarse de la garantía del Estado. Por
eso se fijaba una cifra mínima superior a los 100 millones de euros. Se
pretende que el Estado deba facilitar la organización de estos eventos,
más allá de la limitada lista de las instituciones que se encuentran en
Madrid, colaborando de esta forma a dar una respuesta a ese objetivo,
es decir, a que todo el conjunto en el Estado español, con
los museos que tengan capacidad para organizar eventos de ese calibre, de
esa entidad, pueda tener este tratamiento de la garantía del Estado.
En nuestra segunda enmienda, señorías, lo que nosotros
planteamos es una vieja reivindicación de nuestro pueblo, y es que el
Guernica de Picasso, que hoy se encuentra en el Museo Reina Sofía
—y lanzo y expreso aquí la voz de las instituciones vascas y del
pueblo vasco sin excepción—, vaya a Euskadi. Durante los terribles
años del franquismo, señorías, este cuadro fue el gran aliado de los
demócratas para denunciar ante todo el mundo los despropósitos de una
guerra que los habitantes de Gernika lo sufrieron y que sería el inicio
de una serie de ataques a la población civil durante la segunda guerra
mundial, el único grito en el mundo contundente, en aquellas épocas
negras de la dictadura, que no se podía callar por parte de los
golpistas, en su afán de echar la culpa de semejante atrocidad a los
vascos. El Guernica pues, señorías, es una muestra de lo valiosa que
puede ser una obra de arte al servicio de la defensa de los derechos
humanos y de la democracia. Pensamos que es una obra que fue el cuadro
del pueblo de Gernika y que por ello sí se merece que su cuadro, el
cuadro Guernica de Picasso, vaya a tierras vascas.
Muchísimas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora
Cunyat.
La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ha presentado un voto particular que se
refiere básicamente a la política de adquisiciones del centro. Hemos
propuesto introducir dos puntos en la disposición adicional tercera que
buscan claramente la colaboración con las comunidades autónomas. El
primer punto pretende evitar básicamente casos de concurrencia de
administraciones o de instituciones en la adquisición de archivos o
fondos. Lamentablemente esta situación es frecuente y provoca claramente
especulación en el proceso de compraventa de obras de arte y, en
consecuencia, implica un claro aumento de los precios de las mismas.
Además, consideramos adecuado que las adquisiciones en caso de que no se
destinen a la exposición permanente en el Centro de Arte Reina Sofía se
depositen en los centros que dispongan las autoridades de la comunidad
autónoma que le corresponda. En definitiva, señorías, presentamos una
enmienda que pretende regular la colaboración entre instituciones en el
proceso de adquisición y exposición de obras de arte, siempre con la
máxima lealtad institucional y dentro del marco de respeto de las
competencias otorgadas a las comunidades autónomas.
A pesar de que no fue aceptada en la Comisión, les pido que
reconsideren su posición y den apoyo a nuestra enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su
intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a
la Redacción del Diario de Sesiones) «Gràcies, president.
Podria tenir gràcia la paradoxa que el museu més republicà
de l’Estat es digui «reina» si no fos que és fruit d’una
imposició, com ha estat una imposició la monarquia, sense que els
ciutadans s’hagin pogut expressar específicament sobre aquesta
qüestió. Vagi per davant, doncs, que aquesta segurament seria la nostra
primera esmena en aquest Centre d’Art Contemporani.»
Continúo en castellano por otra imposición poco
democrática. Decía que la paradoja de que el museo más republicano del
Estado se llame reina hasta podía tener gracia si no fuera fruto de una
imposición como lo ha sido la monarquía, sin que los ciudadanos hayan
podido expresar en las urnas si preferían una república y la mayor
democracia, transparencia y ahorro que conllevaría.
Esta ley no tiene muchas enmiendas porque, una vez aceptada
la mayor, que es la existencia, hasta contradictoria en su formulación,
de un hipermuseo de arte contemporáneo con un nombre de reina, con fondos
públicos, incluso con fondos de arte del Estado captados en algunos casos
a través de la dación en pago de impuestos, radicado en el centro, en
Madrid, capital del reino, en paralelo al Museo del Prado, esta ley era
necesaria. Es una ley necesaria porque le da una autonomía similar a la
del Museo del Prado y permite modernizar mínimamente sus estructuras y
sus políticas al no depender tan directamente de la estructura
ministerial.
Durante estos años hemos dado todo nuestro apoyo a la
gestión de su actual director, Manuel Borja-Villel, con objeto de
conseguir esta nueva norma para el museo, y también porque nos parece
encomiable y hasta titánica, por su inmensa dificultad, su labor para
transformarlo en dinamizador de la creación, es decir, de las críticas y
de las convenciones de todo tipo, y para establecer relaciones no
centralistas, potenciadoras de la diversidad, no jerárquicas sino
rizomáticas, con centros de arte, saltando fronteras, potenciando la
creación y lo diverso para compartirlo y vivir mejor.
Dicho esto, tampoco vivimos en un espejismo y no es
sorprendente que las enmiendas que quedan vivas sean justamente de los
senadores catalanes y vascos y que algunas de ellas se refieran a los
dineros, a los privilegios económicos que tiene este museo en relación
con otros museos públicos de arte contemporáneo de gran interés que
reciben menos ayudas del Estado y que colaboran, pero también compiten,
tanto en la adquisición de obras en el mercado del arte y en la captación
de sponsors y mecenazgos como en la organización de eventos y en la
captación de público.
Por ello, señorías, presentamos las enmiendas números 12 y
13, que pretenden que el MACMA, el MNAC y todos los museos que acordaran
el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas, como el Reina
Sofía, se pudieran beneficiar de los incentivos fiscales al mecenazgo en
los términos previstos en la ley, es decir, un 5% adicional de deducción
fiscal.
Estas enmiendas han sido rechazadas por el Gobierno en otro
acto de este Gobierno que no quiere corregir el centralismo del Estado,
con lo cual se mantienen el trato desigual y la competencia desleal entre
museos del Estado central y museos autonómicos sin consideración a su
interés general.
Evidentemente, porque van en la misma línea de igualdad de
trato entre museos de interés general, independientemente de si son de
titularidad del Estado o no, vamos a apoyar la enmienda número 1, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y la enmienda número 15,
de Convergència i Unió, que, como nuestra enmienda número 11, pretenden
evitar esa competencia desleal entre museos y posibilitar que los fondos,
archivos u obras pertenecientes a personas físicas continúen en la
comunidad autónoma donde se han generado y que el Reina Sofía suscriba
convenios de colaboración con las comunidades autónomas que cuenten con
centros de arte contemporáneos similares por su ámbito y sus
objetivos.
Suscribimos estas enmiendas como si fueran nuestras y son
complementarias de todas las que presentamos, todas ellas dirigidas a
introducir criterios de mayor participación democrática, mayor
transparencia y mayor colaboración con las comunidades autónomas para que
en su gestión por ley se deba tener en cuenta la pluralidad cultural
lingüística de los territorios y los ciudadanos del Estado español y para
que se respete la adscripción nacional de los artistas catalanes, por
ejemplo.
Asimismo, con nuestra enmienda número 8, pretendemos que se
incorporen a la financiación de ese museo radicado en Madrid tanto la
administración local como la autonómica de dicho territorio, que tanto se
beneficia de esta ubicación. Y no es un tema baladí el de la ubicación,
es otra vez la prueba del algodón del centralismo, si es que se necesitan
muchas pruebas para una obviedad de conocimiento general.
Se puede entender que un museo como el del Prado, creado a
principios del siglo XIX -una institución heredada del pasada
centralista-, esté en Madrid y que se busquen formas de gestión con
participación de las comunidades autónomas que permitan su disfrute por
todos los ciudadanos, una colaboración y compartir fondos con otros
museos, pero no se puede entender que en plena transición se creara para
el arte contemporáneo un contenedor de estas dimensiones, a todas luces
exagerado, con una obra nueva de Jean Nouvel, para epatar, que es todo
menos funcional y adecuada para disfrutar del arte, y de nuevo en Madrid,
al margen de donde se generaron gran parte de las obras que le dan
sentido, sin un proyecto claro, que, entre otras cosas, tuviera en cuenta
los centros de arte ya existentes, la historia de las vanguardias
artísticas europeas y mundiales, el papel de Barcelona y de Cataluña en
esa historia y que estamos en un Estado compuesto. Fue un despropósito
que hoy intentamos corregir con un nuevo dinamismo en la dirección
artística pero con poco criterio plural en la orientación política como
se ve en esta ley.
Dos legislaturas de Gobierno socialista han sido tiempo
suficiente para que, al menos, en el terreno de la cultura, con costes
económicos mínimos, se empezara a hacer realidad, se viera esa España
plural que nos prometían, ese inicio de un camino auténticamente federal.
Pues no, no ha sido así, y no será porque les haya fallado nuestra
colaboración y la de tantos otros, en general, situados en las costas,
lejos del centro de la península. No ha sido así porque, en realidad,
solo se ha entendido esa pluralidad en términos de cesión tacaña de
algunas competencias, pero nunca en términos de cambio profundo de la
propia estructura de la Administración del Estado, que es
la misma de siempre. No han sido capaces en realidad, no han querido
crear una estructural cultural plural. Lo de ministerio de las culturas
no ha pasado de ser un recurso retórico que no se ha creído nadie, porque
no lo creían ni quienes lo decían.
La verdad es que es una cuestión que me duele
profundamente, y creo que los responsables socialistas de cultura han
cargado con una grave responsabilidad al no haber creado puentes
estructurales fuertes entre la cultura catalana, los ciudadanos y los
territorios monolingües castellano-hablantes. En el mejor de los casos
—a veces ni eso—, nos han dejado ejercer nuestras
competencias en Cataluña, pero no han asumido su responsabilidad de dar a
conocer y divulgar como un valor positivo la pluralidad, el trato en pie
de igualdad de la lengua y la cultura catalana.
En lugar de acercarnos, nuestros caminos se alejan, porque
los caminos, las culturas y las lenguas diversas no deben fusionarse ni
dejarse asimilar sino que deben tener vitalidad propia para dejarse
influir y, al tiempo, continuar existiendo reconociéndose como iguales.
Miles de circunstancias históricas, sociales y políticas explican la
existencia de unas lenguas y culturas diversas. Lo sustancial es que cada
una de ellas existe, y tiene tanto derecho a continuar existiendo como
cualquier otra, y que, además —y eso es importantísimo—, esa
diversidad es buena, aporta visiones y soluciones diversas; es un factor
de bienestar para las personas, de creatividad y de progreso.
La cultura y la lengua catalana necesitan un pleno
reconocimiento internacional de su existencia, de su espacio, de sus
aportaciones a la cultura europea y universal y necesitan un Estado que
lo asegure.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno en contra.
Tiene la palabra la senadora Fuentes.
La señora FUENTES GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señoría, subo a esta tribuna, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, para fijar nuestra posición sobre las enmiendas
presentadas al proyecto de ley reguladora del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.
En primer lugar, quiero expresar desde esta tribuna mi
agradecimiento a todos los grupos por el buen clima que ha reinado
durante el debate de esta ley, tanto en ponencia como en comisión, y,
además, expresar mi satisfacción por el apoyo del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado a nuestra enmienda presentada en comisión y que fue
aprobada.
Antes de fijar nuestra posición de voto, quiero dar algunas
razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista apoya el proyecto
de ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y que
entendemos que es un momento bastante beneficioso y además histórico para
este museo. En primer lugar, es una de las instituciones culturales de
referencia en el panorama museístico nacional e internacional. Su número
de visitantes ha crecido de manera significativa: un 350% en las últimas
dos décadas. En segundo lugar, es un ejemplo de consolidación de la
dimensión social del museo al haberse convertido en un espacio
multidisciplinar de experimentación, generación de conocimiento y debate
de la esfera pública, y ha demostrado su voluntad de modernización y su
compromiso con la creación artística contemporánea.
Teniendo en cuenta la necesidad de modernización de su
régimen jurídico, señalaré algunas de las ventajas de la fórmula jurídica
de la propia ley. En primer lugar, está orientada a la consecución de
objetivos más flexibles para adaptarse a los nuevos retos. El régimen
jurídico es de naturaleza mixta, mantiene el carácter público del museo
pero en algunos aspectos se sitúa en el derecho privado. Mayor
flexibilidad para la explotación de actividades comerciales: librerías,
cafeterías, etcétera, y agilidad para realizar ciertas actividades:
exposiciones temporales, etcétera. Establecimiento de un control
financiero permanente y un régimen de modernización presupuestario más
flexible para agilizar la gestión económico-presupuestaria. Permitirá
reducir los tiempos de tramitación de un expediente de contratación.
Agilización de los trámites en el terreno de la adquisición de obras de
arte. Simplificación del régimen jurídico del personal del museo para
promover una gestión homogénea y potenciación de los expertos propios del
museo, comerciales y de patrocinio, lo que aumentará la autofinanciación.
Ahora, voy a hablar de las enmiendas que se han presentado.
En cuanto a la primera de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, entendemos que es competencia del Ministerio de
Economía y Hacienda. La garantía del Estado para bienes de interés
cultural, regulada en la disposición adicional novena de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del patrimonio histórico español, y el Real
Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se
desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de patrimonio histórico español, sobre garantía del Estado para
obras de interés cultural, es un sistema de seguro público por el que el
Estado español asume el compromiso de asegurar bienes de interés que se
cedan temporalmente para su exhibición pública en algunas instituciones
organizadoras. La segunda enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas, relativa al traslado del Guernica a la localidad vasca, no
se acepta por razones estrictamente técnicas y objetivas de conservación
de la obra. Y ustedes saben que eso es cierto.
No vamos a aceptar las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. La enmienda número 3, formulada
al artículo 3.j) del proyecto de ley, se recoge como fin. El Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía establece relaciones de cooperación y
colaboración con otros museos y universidades, centros de investigación,
instituciones culturales, nacionales o extranjeras, para favorecer el
intercambio de experiencias y conocimientos, por lo que el contenido de
la enmienda propuesta a la exposición de motivos ya se prevé en el
artículo de la ley. Para la enmienda número 4 aplicamos la misma
justificación que en la anterior.
El contenido de la enmienda número 5, relativo a la
necesidad de tener en cuenta por el museo en el ejercicio de sus
funciones la pluralidad cultural y lingüística del territorio del Estado,
puede entenderse recogido en la nueva disposición adicional segunda,
incorporada al texto remitido al Senado.
La enmienda número 6 no la podemos aceptar porque puede
darse cumplimiento al contenido de la enmienda con la disposición
adicional tercera del texto remitido al Senado o, en su caso, mediante
convenios de colaboración sobre la materia planteada en las distintas
comunidades autónomas o entidades locales.
Tampoco podemos aceptar la número 7 porque pide la
disminución de vocales en el Real Patronato del Museo, y en la comisión,
como bien sabe, se aprobó la enmienda número 17 del Grupo Parlamentario
Socialista, en la que se incrementa el número de patronos.
En cuanto a la número 8, consideramos que la previsión es
innecesaria puesto que el artículo 17.d) del proyecto de ley recoge,
entre los recursos económicos del museo, las transferencias corrientes o
de capital que procedan de las administraciones o entidades públicas,
entendiéndose integrado en ese supuesto el contenido de la enmienda
propuesta.
En cuanto a la enmienda número 9, dada la naturaleza
jurídica del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, tanto por las
actividades que realiza, así como por sus fines, no parece conveniente
que para su régimen presupuestario se establezca la elaboración de un
contrato programa, resultando más conveniente que su elaboración se
circunscriba a lo establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, para los sujetos que integran el sector público
administrativo.
Rechazamos la número 10 porque es igual que una del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
La enmienda 11 tampoco podemos aceptarla porque en ella se
solicita modificar el régimen de depósito del patrimonio cultural.
En el caso de las números 12, 13 y 14, consideramos que es
una cuestión que compete al Ministerio de Economía y Hacienda y esta
materia corresponde al Ministerio de Cultura.
Respecto a las enmiendas presentadas por CiU, he de decir
que la número 15 ya fue presentada en el Congreso, habiéndose recogido el
punto 3 en la nueva disposición adicional tercera.
En cuanto a la número 16, entendemos que es una actuación
que compete al Ministerio de Economía.
Señoría, creo que con esto he fijado la posición de mi
grupo respecto de este proyecto de ley que espero sea respaldado por
todos los grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra
la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente.
Señorías, nuestro grupo entiende que con esta ley se dota
al Reina Sofía de un instrumento adecuado y necesario para gestionar este
tipo de instituciones en el siglo XXI. Fue al inicio de la legislatura
cuando se presentó esa necesidad en la Comisión de Cultura del Senado.
Debemos decir que lo entendimos desde nuestra óptica de política
cultural, y lo que hoy vamos a aprobar en esta Cámara responde de forma
general a las necesidades de un museo moderno.
No creo necesario, pues, utilizar mi tiempo en describir
las bondades de la ley porque ya habrá quien lo haga. Pero tengo algunos
no obstantes que comentar aquí. Le deseamos larga vida al museo Reina
Sofía. No dudamos de que el buen uso de esta ley traerá prosperidad a las
artes, así como a la economía que genera este tipo de actividades. Para
ello esta ley dará al museo mayor flexibilidad presupuestaria y
autonomía, condiciones básicas para la gestión de este tipo de
instituciones.
Señorías, permítanme que, después de escuchar el turno en
contra de las enmiendas presentadas por los grupos nacionalistas por
parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, les diga que no
hay nada nuevo en esta Cámara. La diversidad, lo complejo, no existe.
Este es el rodillo del centralismo. Este tipo de actitudes por parte del
Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno son nuestra gran
desilusión, pues no aceptan nuestra enmienda en la que se pide y se
reconoce esa garantía del Estado a centros que también organizan
exposiciones, y lo hacen con muchísima dignidad, pues están dando nombre
incluso al Estado español en el mundo. No solamente existe el Museo del
Prado ni el Reina Sofía, sino que hay museos en el Estado con una
capacidad suficiente y con una dignidad y maneras de hacer que son
indiscutibles. Denegarles el mérito a estos museos es aplicar el rodillo
centralista. Ahí se ve cuál es el espíritu que anima a quienes realmente
apoyan esta ley.
Nosotros apoyaremos esta ley porque pensamos que realmente
es buena y necesaria, pero no vamos a dejar de denunciar, por enésima
vez, lo de siempre. Este tipo de cosas se hacen para Madrid y desde
Madrid. Todos los demás tenemos que aguantarnos. No existe razón para la
diversidad.
Si el siglo XXI necesita estas leyes para poder gestionar
este tipo de museos también necesita gente inteligente que sepa liderar
lo complejo y España o el Estado español es muy complejo y es muy
diverso. No enseñamos mucha inteligencia ni emocional ni desde luego
legal.
Tenemos otro no obstante que tenemos que dejar bien claro,
la gran espina que tenemos nosotros los nacionalistas, y es la negativa
del Estado a que el Guernica vaya a Gernika. Lo único que nos animaba a
los vascos en los momentos más negros de la dictadura era saber que ese
grito desgarrador en contra de la guerra representado por este cuadro era
la denuncia permanente en el mundo libre de las atrocidades cometidas por
los fascistas en contra de la legalidad republicana.
Señorías, no sé si en España existía durante la dictadura
esa conciencia tan arraigada y sentida por este cuadro que describía los
horrores sufridos en primera mano por los gernikeses, en un ataque
histórico e insólito en la historia de las guerras. Nosotros los vascos
—doy fe— sentíamos que este cuadro hablaba de esos horrores
sufridos en concreto y en ese momento por los nuestros porque, sin
ninguna duda, defendían los derechos democráticos. Y ese, señores,
emocionalmente era su cuadro, el cuadro de los gernikeses, de Gernika.
Pero no; hay razones políticas disfrazadas de técnicas —¡por
Dios!—. Hablarnos en estos momentos de que es imposible después de
treinta años trasladar el Guernica a Gernika es tomarnos por tontos. Por
favor, no nos tomen por tontos. Esto es lo único que les pido. Tengan
cierto respeto. Invéntese lo que les dé la gana, pero no eso porque
sabemos que informes técnicos nos dicen perfectamente que el Guernica se
puede trasladar perfectamente en ocho horas a Gernika, repito, en ocho
horas. Razones técnicas no existen, son políticas y díganlo de
verdad.
Pensábamos que no nos discutirían esto. Esto nos lo
discutió el franquismo. Pensábamos que en la democracia nos lo iban a
reconocer, y no ha sido así. Este tipo de respuestas, señorías, pobres de
espíritu, son las que niegan a los pueblos esos momentos de grandeza
cuando se dan actitudes en las que prevalece el amor y el reconocimiento
por quienes han sufrido.
Señorías, falta algo tan necesario en la vida como es la
empatía, es como la sal del pan. Sin empatía, señorías, no se puede
vivir…
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: No olviden que
los vascos somos un pueblo viejo y tenemos una característica, y es que
somos muy perseverantes, tan perseverantes que no nos importará esperar
siglos, porque así, gracias a esa perseverancia, seguimos defendiendo
nuestras libertades, nuestra lengua y nuestra historia…
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Termino
diciendo en euskera en este Pleno —gracias, señor presidente—
Guernica, gernikara. Ya les trasladaré después lo que quiere decir.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Cunyat.
La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, presidente.
Intervengo para fijar la posición de Convergència i Unió en
la Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, un
proyecto de ley que consideramos oportuno, ya que permitirá modernizar el
régimen jurídico y organizativo de un museo que ha demostrado ser capaz
de crecer y al mismo tiempo adaptarse a las necesidades y novedades de la
sociedad.
Como se explica en el preámbulo de la ley, el museo ha
experimentado enormes cambios a lo largo de los últimos años, al mismo
tiempo que ha dinamizado la producción artística contemporánea y ha
favorecido el acceso del público al conocimiento y disfrute de tales
creaciones.
Todos estos cambios y funciones desarrolladas en los
últimos años justifican claramente la necesidad de una adecuación y
modernización del régimen jurídico y de organización que permitirá dotar
al Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía del mismo régimen jurídico
que el de otros referentes museísticos de vanguardia existentes en el
panorama internacional, aportándole, en definitiva, más agilidad y
competitividad y permitiéndole consolidarse como auténtico museo de
referencia a nivel estatal.
Destacamos los ejes básicos que vertebran el proyecto de
ley que se lleva a aprobación: responsabilidad social y medioambiental;
financiación sostenible; garantía a la investigación y la formación
cultural y artística de las generaciones futuras.
Sin embargo, en nuestro grupo lamentamos que no se tenga la
intención de aprobar ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos
nacionalistas y que refuerzan, en definitiva, el carácter plurinacional
del Estado. Nos hubiera gustado poder llegar a un acuerdo y nos
entristece ver la actitud del PSOE, que no se ha planteado la posibilidad
de modificar el texto y proponer una transaccional en la que se pudieran
sentir cómodos todos los partidos.
Como decía bien el señor Bofill, es una lástima terminar la
legislatura sin intención de dialogar respecto de unas enmiendas que
refuerzan el papel de las comunidades autónomas. Claramente no ha habido
voluntad política, señorías.
Antes de terminar mi intervención, me gustaría hacer
referencia a una enmienda que no ha sido admitida a trámite por la Mesa
del Senado, concretamente se trataba de una enmienda que pretendía
establecer que la organización y el desarrollo del XV Campeonato del
Mundo de Natación, a celebrar en Barcelona el año 2013, fuera considerado
acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo
dispuesto en la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. A pesar de que la
Mesa justificó la no admisión a trámite por considerar que se refiere a
una materia que carece de manera evidente y manifiesta de conexión con el
proyecto de ley que estamos debatiendo y vista la no admisión final, a
pesar de nuestra solicitud de reconsideración, queremos hacer constar en
la sesión de hoy que hubiera sido nuestra voluntad poder debatir este
tema con el resto de grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Intervendré muy brevemente para
expresar dos cuestiones. La primera, que nosotros también tenemos una
enmienda igual que la de los senadores nacionalistas para que el Guernica
vuelva al País Vasco porque creemos que moralmente se debe a los
descendientes de las víctimas de la barbarie sufrida en Gernika.
La segunda, que cuando hablamos de que nuestros caminos no
se deben fusionar, lo que queremos decir es que nos debemos acercar, que
la colección del Reina Sofía, por ejemplo, tiene una lectura catalana, y
esa lectura catalana también debe estar presente en los itinerarios del
Reina Sofía. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es visibilizar la
diversidad en todos los ámbitos en que sea posible.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Villagrán.
El señor VILLAGRÁN BUSTILLOS: Gracias, presidente.
Desde 1986, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
viene desarrollando la ocupación de un espacio más que interesante en el
mundo del arte moderno contemporáneo tanto de España como del extranjero.
Y no solo por conservar y acrecentar, exponer y divulgar diversas
manifestaciones de esta magnífica tendencia artística sino, además, por
ejercer una actuación de dinamización, como ha dicho la senadora Fuentes,
de la producción artística contemporánea favoreciendo el acceso del
público al conocimiento y disfrute de las creaciones.
Superado el tradicional modelo de institución centrada en
las clásicas funciones de custodia y preservación, hoy significa la
concreción social de un museo convertido en un foro multidisciplinar y de
experimentación, generación de conocimiento artístico y centro de debate
de la esfera pública.
Evidentemente, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
ha seguido una evolución desde el principio adaptándose a la legislación
que se le ha otorgado.
Esta ley que hoy vamos a aprobar, señorías, acomete cambios
sustanciales en la modernización de la gestión y del régimen del museo,
al igual que han hecho también los principales museos de Europa, incluido
el Museo Nacional del Prado, para dar agilidad y dinamismo a la gestión
en sus propias estructuras administrativas y aligerar las posibilidades
de gestión del organismo para el cumplimiento de sus funciones.
Igualmente, para fomentar la generación de recursos
financieros propios incrementando su nivel de autofinanciación,
diversificar y mejorar la oferta de actividades y, en definitiva, dotar a
la institución de un marco jurídico determinado que aumente la calidad y
la eficiencia del museo dentro del ámbito de garantías, por supuesto, de
la Administración General del Estado.
Sale de esta Cámara esta ley con un gran consenso, que
siempre es muy oportuno cuando hablamos de cambio de estructuras
organizativas que mejoran y aumentan la flexibilidad en la siempre
deseosa y rigurosa gestión.
Mis felicitaciones al ministerio por esta ley que da al
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía las posibilidades que necesita
para avanzar aún más en la senda marcada por el Gobierno.
Esta es, señorías, ni más ni menos, una ley Sinde más, una
ley moderna, una ley actual, progresista, valiente y adaptada a los
tiempos que corren en los campos de la cultura en general y de las artes
plásticas en particular. Enhorabuena de nuevo al ministerio por haber
sacado esta ley adelante.
Quisiera también felicitar —y ya han hecho referencia
a ello otros portavoces— al director del museo, don Manuel
Borja-Villel. Le conocí la pasada legislatura cuando la Comisión de
Cultura acudió al museo a hacer una visita inmediatamente después de su
nombramiento en el centro. Nos contó allí su proyecto, que hoy se hace un
poco más realidad con esta ley, y nos enseñó aquellas galerías donde
duermen tantos recuerdos, tantos sueños, tanta historia, tanta
reconciliación y tanta vida artística.
Felicito igualmente al director del museo por su labor
pretérita y por la labor que seguro que va a realizar en el futuro
apoyándose en los instrumentos que por esta ley le estamos otorgando a la
estructura organizativa y dirigente de este museo. Quisiera felicitar
también a mi compañera, la senadora Fuentes García, por su buen hacer en
el trabajo de llevar al consenso y al buen fin en el Senado esta ley tan
importante para el mundo cultural de nuestro país.
Señorías, en mi última intervención en este Pleno quiero
agradecerles a todos su magnífica relación personal para con este senador
que vuelve a su antigua profesión de cirujano ortopédico, que no ha
dejado, de donde salió hace ocho años. Ha sido una experiencia más que
interesante pasar dos legislaturas con ustedes en este Senado, donde dejo
innumerables amigos y compañeros y a muchos trabajadores de la Casa. A
todos ustedes, señorías, les deseo que sigan trabajando por hacer de este
país un lugar más próspero, más libre, más solidario, más igualitario y,
en fin, más habitable. Les deseo, como desean siempre los viejos
socialistas, salud para todos.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
senadora Gueimunde.
La señora GUEIMUNDE GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías,
subo a esta tribuna para manifestar la posición de mi grupo en relación
con la ley reguladora del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, que no ley
Sinde, porque hasta hoy era un texto plenamente consensuado. Esperamos
que siga recordándose como una ley de todos, en la que todos hemos
contribuido, no atribuyéndosela solamente a una parte, sobre todo cuando
todos hemos puesto algo de la nuestra para que se llegase a este
consenso. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.)
Dicho esto, avanzo también cuál será la votación de nuestro
grupo parlamentario en contra de las enmiendas ya planteadas por CiU,
Entesa y Grupo de Senadores Nacionalistas. Es evidente, porque creemos
que así se ha demostrado durante todos estos años, que el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía es un referente en el panorama artístico
internacional, y han sido muchas las dificultades salvadas y los éxitos
alcanzados por este museo desde sus inicios, allá por el año 1986, como
centro expositivo. Pues bien, como foro artístico y de vanguardia que es,
a la altura de los grandes museos de este y de otros continentes, creemos
que ha llegado la hora de modificar ese régimen jurídico.
Es evidente también, como demuestran sus actuaciones con
repercusión en el mundo entero, que su tradicional objetivo de custodia y
preservación de ese patrimonio ha sido enriquecido con nuevos programas
de experimentación y creación artística ya debidamente afianzados.
Justifican, por tanto, la necesidad de ajustar ese régimen jurídico y de
esa forma responder con eficacia, prontitud y competitividad a los retos
planteados por el devenir continuo del arte y de la sociedad.
Con esta nueva ley, semejante a la que en su día se aprobó
para el Museo del Prado, transformaremos un organismo autónomo en público
pero guiado siempre por un estatuto específico que le permitirá tanto
agilizar su gestión como organizar el trabajo y el personal en función de
las necesidades que requiere un centro de esta magnitud. Este ente,
además, se someterá —como no podría ser de otra manera— a la
normativa propia que determina la organización de la Administración
General del Estado, lo que garantiza que la actividad sea de control
permanente sobre los fondos públicos.
Nuestro grupo parlamentario ha apostado, por creerlo
conveniente y necesario ya desde inicios de esta legislatura y ha
convencido incluso a este Gobierno para que se abriesen las vías para
llegar a este consenso, a esta ley que, repito, es una ley de todos. El
Reina Sofía alcanzará pues el prestigio —ya lo ha alcanzado—
que en su día alcanzó con esta modificación el Museo del Prado.
Dicho esto —no solamente les habla una senadora, sino
que también les habla una artista—, tengo que decir que queremos
reconocer la buena disposición y mejor voluntad de los distintos grupos
parlamentarios, y hemos de valorar también la actitud tanto del Gobierno
como del ministerio y de los portavoces de las distintas Cámaras
—la recordaremos, pues—. Pero también habremos de decir que
el arte es de todos, que el arte es un vehículo de expresión y un canal
de comunicación que no entiende ni de razas ni de nacionalidades ni de
sexos ni de territorios, ni tampoco de condiciones sociales, que se
concibe solamente en función de las experiencias del individuo y se
ofrece al espectador libre de cargas y de prejuicios en los espacios
museísticos de todo el planeta. Ofrezcamos, pues, al Reina la posibilidad
de cumplir esa labor con dignidad y dotémosle de un nuevo régimen
jurídico para situarlo en el lugar que se merece. El Reina está de
enhorabuena, el arte está de enhorabuena y España está de enhorabuena.
Debemos felicitarnos por haber contribuido a mejorar y consolidar uno de
los mejores museos del mundo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación del Proyecto de
Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
En primer lugar, votamos la enmienda número 1, de Senadores
Nacionalistas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 225; a favor, 14; en contra, 211.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 2, de Senadores Nacionalistas, y 10,
de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 13; en contra, 213.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo de Convergència i Unió, votamos la enmienda
número 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 228; a favor, 14; en contra, 214.
Votamos las enmiendas números 3 a 9 y 11, de Entesa
Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 228; a favor, 14; en contra, 214.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la parte del proyecto de ley que ha
sido enmendada en comisión, pero que no ha sido votada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 228; a favor, 227; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 226; a favor, 226.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
— ACUERDO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL /
EL MINISTERIO DE DEFENSA ISRAELÍ, HECHO EN MADRID EL 7 DE FEBRERO DE
2011.
(Núm. exp. S. 610/000260)
(Núm. exp. C.D. 110/000262)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto séptimo del
orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios
internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. Acuerdo
relativo a la protección de información clasificada entre el Reino de
España y el Gobierno del Estado de Israel / el Ministerio de Defensa
israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)
¿Se puede entender concedida la autorización?
(Asentimiento.)
Autorizamos.
— ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, POR OTRA, POR EL
QUE SE MODIFICA EL ACUERDO EN MATERIA DE COMERCIO, DESARROLLO Y
COOPERACIÓN, HECHO EN KLEINMOND, SUDÁFRICA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE
2009.
(Núm. exp. S. 610/000261)
(Núm. exp. C.D. 110/000263)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por
otra, por el que se modifica el Acuerdo en materia de comercio,
desarrollo y cooperación, hecho en Kleinmond, Sudáfrica el 11 de
septiembre de 2009.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)
¿Se puede entender concedida la autorización?
(Asentimiento.)
— ACUERDO DE COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA, EN PARTICULAR, EL TERRORISMO, EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES
Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BOSNIA Y
HERZEGOVINA, HECHO EN MADRID EL 3 DE MARZO DE 2011.
(Núm. exp. S. 610/000262)
(Núm. exp. C.D. 110/000264)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de cooperación en la lucha
contra la delincuencia, en particular, el terrorismo, el tráfico de
estupefacientes y la delincuencia organizada entre el Reino de España y
Bosnia y Herzegovina, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2011.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)
¿Se puede entender concedida la autorización?
(Asentimiento.)
Autorizamos.
— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO
HACHEMITA DE JORDANIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA, HECHO EN AMMAN EL 15 DE MARZO DE 2011.
(Núm. exp. S. 610/000263)
(Núm. exp. C.D. 110/000265)
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y el
Reino Hachemita de Jordania sobre cooperación en materia de lucha contra
la delincuencia, hecho en Amman el 15 de marzo de 2011.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)
¿Se puede entender concedida la autorización?
(Asentimiento.)
Autorizamos.
— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
SERBIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA,
HECHO EN MADRID EL 31 DE ENERO DE 2011.
(Núm. exp. S. 610/000264)
(Núm. exp. C.D. 110/000266)
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la
República de Serbia sobre cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia, hecho en Madrid el 31 de enero de 2011.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)
¿Se puede entender concedida la autorización?
(Asentimiento.)
Autorizamos.
— ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
GHANA SOBRE LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN ACCRA EL 31 DE
MARZO DE 2011.
(Núm. exp. S. 610/000265)
(Núm. exp. C.D. 110/000267)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Ghana sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares,
hecho en Accra el 31 de marzo de 2011.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)
¿Se puede entender concedida la autorización?
(Asentimiento.)
— CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE LA
VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS DE
JUSTICIA Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL
USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS
DE JUSTICIA RELACIONADO CON LOS COSTOS, RÉGIMEN LINGÜÍSTICO Y REMISIÓN DE
SOLICITUDES, HECHO EN MAR DEL PLATA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010 Y
DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.
(Núm. exp. S. 610/000266)
(Núm. exp. C.D. 110/000268)
El señor PRESIDENTE: Convenio Iberoamericano sobre el uso
de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de
justicia y del Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el
uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas
de justicia relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de
solicitudes, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010 y
Declaración que España desea formular.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)
¿Se puede entender concedida la autorización?
(Asentimiento.)
Autorizamos.
— ACUERDO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO MULTILATERAL
IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, HECHO EN LISBOA EL 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2009.
(Núm. exp. S. 610/000267)
(Núm. exp. C.D. 110/000269)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de Aplicación del Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de
septiembre de 2009.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)
¿Se puede entender concedida la autorización?
(Asentimiento.)
Autorizamos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
— CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD DE
PERSONAS INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE PAREJAS DE HECHO O DE SIMILAR
NATURALEZA.
(Núm. exp. S. 592/000032)
(Núm. exp. C.D. 093/000035)
El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de los convenios
internacionales, pasamos al punto octavo del orden día: Conocimiento
directo por el Pleno de convenios entre comunidades autónomas. Convenio
de colaboración entre comunidades autónomas para el intercambio de
información sobre la identidad de personas inscritas en los registros de
parejas de hecho o de similar naturaleza.
No se han presentado propuestas de que la celebración de
este convenio necesite autorización de las Cortes Generales.
¿Alguien desea intervenir? (Denegaciones.)
En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la
celebración de dicho convenio.
Señorías, finalizado el orden día se levanta la sesión,
hasta la próxima semana.
Eran las veintiuna horas y cuarenta minutos.
Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID ·Aviso Legal
