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DS. Senado, Pleno, núm. 125, de 08/06/2011
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA

Sesión celebrada el miércoles, 8 de junio de 2011

ORDEN DEL DÍA

Cuarto

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la seguridad de las centrales nucleares.

(Núm. exp. S. 671/000140)

Quinto

MOCIONES

— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de protección del consumidor.

(Núm. exp. S. 662/000182)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con las zonas de mayor riesgo sísmico.

(Núm. exp. S. 662/000183)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a reforzar los mecanismos previstos para garantizar los derechos de los ciudadanos en relación con los medios audiovisuales, especialmente para que no se produzcan conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad.

(Núm. exp. S. 662/000184)

Sexto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 72, de fecha 3 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000103)

(Núm. exp. C.D. 121/000113)




Página 7250


— De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 67, de fecha 27 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000093)

(Núm. exp. C.D. 121/000084)

— De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 67, de fecha 27 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000094)

(Núm. exp. C.D. 121/000096)

— De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 67, de fecha 27 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000097)

(Núm. exp. C.D. 121/000104)

Séptimo

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— Proyecto de Ley por la que se modifican determinadas normas financieras para la aplicación del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 58, de fecha 9 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000098)

(Núm. exp. C.D. 121/000106)




Página 7251


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

Página

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.)

7259

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la seguridad de las centrales nucleares

7259

El señor Esquerda Segués defiende la moción.

La señora Durán Fraguas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Maldonado i Gili defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Marqués López defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Esquerda Segués expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen el señor Tuñón San Martín, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; los señores Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así como la señora Durán Fraguas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Marqués López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por 11 votos a favor, 227 en contra y 3 abstenciones.

Página

MOCIONES

7274

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de protección del consumidor

7274

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de las enmiendas.

La señora Riolobos Regadera defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como las señoras Maestre Martín de Almagro, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.




Página 7252


Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con las zonas de mayor riesgo sísmico

7286

El señor García Ballestero defiende la moción.

El señor Cuervo Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor García Ballestero expone la posición de grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen las señoras Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Arqué i Ferrer, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como los señores Cuervo Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista, y García Ballestero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, por asentimiento de la Cámara.

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a reforzar los mecanismos previstos para garantizar los derechos de los ciudadanos en relación con los medios audiovisuales, especialmente para que no se produzcan conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad

7293

La señora Hernández Gutiérrez defiende la moción.

La señora García García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Hernández Gutiérrez expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen las señoras Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Hernández Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y García García, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelven a hacer uso de la palabra las señoras Hernández Gutiérrez y García García.

Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.

Página

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

7303

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo

7303

El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.




Página 7253


Comienza el debate del articulado.

El señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda número 1, presentada por este senador y el señor Pérez Bouza, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor Ortiz Zaragoza defiende la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Vallejo Serrano.

En turno de portavoces intervienen los señores Sampol i Mas, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Vallejo Serrano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz Zaragoza, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechaza la enmienda número 1, de los senadores Pérez Bouza y Sampol i Mas, por 9 votos a favor, 227 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 120 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 13 votos a favor, 230 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 112 votos a favor y 132 en contra.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 244 votos a favor.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

Página

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

7313

Página

Proyecto de Ley por la que se modifican determinadas normas financieras para la aplicación del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia

7313

En turno de portavoces intervienen el señor Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la señora Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como los señores Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Barreiro Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




Página 7254


Se aprueba el proyecto de ley por 239 votos a favor y 1 en contra.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

Se suspende la sesión a las trece horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.

Página

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación.)

7317

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7317

El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Belda Quintana defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 11 a 13, 16, 18, 24 y 25, originariamente presentadas por el señor Quintero Castañeda, así como la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, originariamente presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 29 a 35, 37 y 38, así como la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 3 y 4, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor Pestana Padrón defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 28, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 26, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Pastor González defiende la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pestana Padrón.

En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Gómez Cermeño, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Pastor González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.




Página 7255


Se rechazan las enmiendas números 16 y 24, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor, 220 en contra y 13 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Mixto, por 20 votos a favor, 106 en contra y 112 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, originariamente presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 20 votos a favor, 108 en contra y 110 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 219 en contra y 5 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 20 votos a favor, 106 en contra y 112 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 108 en contra y 116 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 33 y 34, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 120 votos a favor, 118 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 31, 37 y 38, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 223 en contra y 5 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 20 votos a favor, 107 en contra y 109 abstenciones.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 28, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 36, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 112 votos a favor y 127 en contra.

Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 110 votos a favor, 121 en contra y 7 abstenciones.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación número 64410.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 238 votos a favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando

7328

El señor Vilajoana i Rovira, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.




Página 7256


El señor presidente informa de que las enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto, Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Entesa Catalana de Progrés han sido transaccionadas.

La señora Rodríguez Ramírez defiende las enmiendas números 19 a 26, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Fernández Cucurull defiende las enmiendas números 4 a 14, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Rodríguez Ramírez.

En turno de portavoces intervienen los señores Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Durán Fraguas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Cucurull, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se aprueban las enmiendas números 19, 20 y 23, del Grupo Parlamentario Socialista, por 118 votos a favor y 114 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 21 y 22, del Grupo Parlamentario Socialista, por 231 votos a favor y 1 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 24 y 25, del Grupo Parlamentario Socialista, por 123 votos a favor, 2 en contra y 106 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Socialista, por 118 votos a favor, 7 en contra y 107 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 4, 11 y 14, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 116 votos a favor, 113 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 9, 10, 12 y 13, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 109 votos a favor, 118 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 5, 6 y 8, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 109 votos a favor y 123 en contra.

Se aprueban por asentimiento de la Cámara las propuestas de modificación con número de registro 64386, 64387, 64388 y 64389.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 64390 por 124 votos a favor, 107 en contra y 1 abstención.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 64391 por 122 votos a favor y 108 en contra.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 231 votos a favor y 1 en contra.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.




Página 7257


Página

De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición

7339

El señor Esquerda Segués, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

En nombre del Gobierno hace uso de la palabra la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola).

Comienza el debate del articulado.

El señor Pérez Bouza defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 47 a 65, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Esquerda Segués defiende las enmiendas números 3 a 28, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

La señora Contreras Olmedo defiende las enmiendas números 30 a 46, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Castro Mateos.

En turno de portavoces intervienen los señores Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y el señor Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así como las señoras Castro Mateos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 12 votos a favor y 214 en contra.

Se aprueba la enmienda número 48, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 119 votos a favor y 107 en contra.

Se aprueba la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 223 votos a favor y 3 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 50 y 64, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 4 votos a favor, 221 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 51, 55, 56, 60, 61 y 62, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 12 votos a favor y 214 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 52, 53 y 57, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 9 votos a favor y 217 en contra.




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Se rechazan la enmienda 54 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 10 votos a favor y 216 en contra.

Se rechaza la enmienda número 58, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 6 votos a favor, 218 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 59, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 112 votos a favor y 114 en contra.

Se aprueba la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 115 votos a favor y 111 en contra.

Se rechaza la enmienda número 65, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a favor y 218 en contra.

Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 3 votos a favor, 118 en contra y 105 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 3 votos a favor y 223 en contra.

Se rechaza la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor, 217 en contra y 1 abstención.

Se rechazan el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, con la excepción de la número 16, que es objeto de una propuesta de modificación, por 3 votos a favor y 218 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 31, 32 y 38, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 112 votos a favor y 113 en contra.

Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 106 votos a favor y 119 en contra.

Se aprueban las propuestas de modificación con número de registro 64415 y 64416, por 119 votos a favor y 107 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 64417, por 226 votos a favor.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no incluidas en las votaciones anteriores, por 226 votos a favor.

Se aprueba el proyecto de ley por 222 votos a favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se reanuda la sesión.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.)

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES.

(Núm. exp. S. 671/000140)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la seguridad de las centrales nucleares.

A esta moción se han presentado tres enmiendas de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Popular.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, l’accident Txernòbil fa vint-i-cinc anys va commocionar Europa i el món. Ses senyories recordaran les notícies alarmants de la formació de núvols tòxics que van recórrer tot Europa i que van tocar fins i tot Catalunya. Però, és clar, allò va passar a Rússia i els mitjans de comunicació occidental de seguida van posar en dubte la bondat dels científics, dels tècnics i de les mesures de seguretat de les centrals soviètiques i, de mica en mica, la memòria es va anar esvaint.

Senyories, avui, ara, el que ha esclatat ha estat Fukushima, al Japó, al centre de la màxima tecnologia i minuciositat i un país que s’admira pel seu esperit de superació. És un país que coneix en la seva pròpia carn les maldats de la força atòmica i, per tant, absolutament sensibilitzats amb la seguretat i amb la inseguretat atòmica.

Hem tingut un accident de grau 7, el màxim de l’escala, i demà passat farà tres mesos que va ocórrer i encara no està controlat. És un accident que ha sacsejat l’opinió pública mundial sobre l’experiència de l’energia nuclear. El mateix govern japonès s’ha vist obligat a incrementar el nivell de radiació permesa vint vegades respecte de les dosis de consens internacionals. És un accident que ha provocat que una colla de països de tot el món s’hagin o s’estiguin repensant la política d’energia nuclear dels seus països. Així, des del mateix Japó, que tenia previst elevar del 30 al 50% l’origen nuclear de la seva energia ja va anunciar fa un mes que es bolcaria en les energies verdes i renovables. Itàlia va cancel·lar el seu pla de tornar a l’energia nuclear. Recordaran vostès que el senyor Berlusconi volia revertir la decisió popular de Nuclears, no, de 1987. El govern alemany, que havia aprovat a finals de l’any passat ampliar la vida útil de les seves disset centrals nuclears a 12 anys més de mitjana, ha fixat l’any 2022 com a topall per a l’abandó de l’energia nuclear i augmentarà al 35% la quota de les energies renovables.

També hi ha altres països, com Suïssa, Finlàndia i Suècia, que ja han anunciat la revisió de les seves polítiques energètiques. Suposo que això no es pararà solament en aquests països.

Què està passant? Jo crec que és molt senzill. Hi ha un problema greu de seguretat a les centrals nuclears, i no solament perquè el disseny i els manteniments de les centrals són inadequats, sinó també perquè la seguretat és cara i les companyies volen guanyar diners, senyories. Els informes que fan les mateixes centrals de qualsevol petit o gran incident o accident no te’ls pots creure, perquè enganyen sistemàticament, com va passar amb l’accident d’Ascó de fa tres o quatre anys. Ho hem vist ara a Fukushima, que ha provocat unes declaracions de l’exministra Narbona, segons la qual resulta intolerable l’esforç per minimitzar les conseqüències de Fukushima. En fi, aquesta energia no és ni neta ni barata ni responsable, senyories.

Nosaltres hem presentat aquesta moció des de la responsabilitat i l’hem expressada en uns termes que puguin admesos per tots vostès i des de la premissa que la màxima seguretat nuclear només es produeix quan no n’hi ha, de centrals nuclears.

Sobretot, si recordem el que el 24 de gener de 2004, dos mesos abans d’unes eleccions generals que van canviar el govern del PP per un govern del PSOE, el que era llavors el coordinador del programa electoral del PSOE, el senyor Jesús Caldera, va dir davant dels mitjans de comunicació en l’acte de la




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firma d’un acord programàtic amb els Verds: «Nos comprometemos a sustituir la energía nuclear en un plazo de veinte años».

Per tant, senyories, com que creiem en el que he dit, però no volem lesionar els interessos de ningú, proposem, en primer lloc, l’abandó del concepte de tancament de les centrals segons la vida útil, que és un concepte que ningú sap què vol dir. Quina seria la vida útil d’una central? Ho provem? Hem d’esperar que es trenqui, que esclati, per saber-ho? Jo crec que això seria massa perillós i tots hi estaríem d’acord, oi? Per tant, és cert que s’aniran negociant i allargant els períodes d’acord amb els interessos econòmics, perquè, senyories, es tracta d’això, d’anar munyint la vaca mentre doni llet, sense importar gens ni mica el vella que sigui.

També incorporem la qüestió del magatzem temporal centralitzat, una instal·lació passiva, però perillosa, que es pot convertir en activa en cas que es construeixi al costat d’una nuclear activa mitjançant un accident. Parlem dels plans d’emergència i evacuació que, al cap de quaranta anys, encara no estan en marxa o, almenys, en la bona marxa desitjada. Parlem de repartir una part dels beneficis —beneficis immorals— d’explotació d’aquelles centrals amortitzades, que puguin revertir en la zona on es troben i a la investigació de renovables.

I demanem, per fi, que es compleixi la proposició no de llei aprovada al Congrés. Els demano el seu vot favorable.

Amb l’accident de Fukushima, senyories, va caure el mite que tot està previst i, clarament, s’ha vist que no.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el accidente de Chernóbil hace veinticinco años conmocionó a Europa y al mundo. Sus señorías se acordarán de las noticias alarmantes de la formación de nubes tóxicas que recorrieron Europa e incluso llegaron a Cataluña, pero esto sucedió en Rusia, y los medios de comunicación occidentales enseguida pusieron en duda la bondad de los científicos, los técnicos y las medidas de seguridad de las centrales soviéticas, y poco a poco esa memoria fue desvaneciéndose.

Sin embargo, señorías, en la actualidad lo que ha estallado es Fukushima, en Japón, en el centro de la máxima tecnología y minuciosidad, un país admirado por su espíritu de superación, un espíritu que conoce en sus propias carnes la maldad de la fuerza atómica y, por lo tanto, totalmente sensibilizado con la seguridad y la inseguridad atómica.

Hemos visto un accidente de grado 7, el máximo en la escala, y pasado mañana habrán pasado tres meses desde ese accidente que ha agitado la opinión mundial sobre los peligros de la energía nuclear. El mismo Gobierno ha tenido que aumentar el nivel de radiación permitido veinte veces respecto a las medidas internacionales; un incidente que ha provocado que una serie de países de todo el mundo se estén repensando la política nuclear de sus países. Por ejemplo, Japón, que tenía previsto elevar del 30 al 50% el origen nuclear de su energía, ya anunció hace un mes que se volcaría en las energías verdes y renovables. Italia canceló su plan para volver a la energía nuclear. Se acordarán ustedes de que el señor Berlusconi quería revertir la decisión popular de: Nucleares, no, de 1987, y el Gobierno alemán, que había aprobado a finales del año pasado un plan para ampliar la vida útil de sus diecisiete centrales nucleares a 12 años más de media, ha fijado 2022 como el máximo año en que abandonará la energía nuclear y aumentará un 35% la cuota de las energías renovables

Hay otros países, como Suiza, Finlandia y Suecia que han anunciado la reversión de sus políticas energéticas, y me imagino que esto no se detendrá en esos países.

¿Qué está sucediendo? Yo creo que es algo muy sencillo Existe un problema grave de seguridad en las centrales nucleares, y no tan solo porque el diseño y mantenimiento de las centrales sea inadecuado, sino porque, además, la seguridad es cara y las compañías quieren ganar dinero. Los informes que realizan las mismas centrales nucleares de cualquier pequeño o gran incidente o accidente no nos los podemos creer porque engañan sistemáticamente, como hemos visto en el accidente de Ascó hace tres o cuatro años. Lo hemos visto ahora con Fukushima, que ha generado las declaraciones de la exministra Narbona, según la cual resulta intolerable el esfuerzo para minimizar las consecuencias de Fukushima. Señorías, esta energía no es ni limpia ni barata ni responsable.

Nosotros hemos presentado esta moción desde la responsabilidad, y la hemos expresado en los términos en que pueda ser admitida por todos ustedes, desde la premisa de que la máxima seguridad nuclear tan solo se produce cuando no existen centrales nucleares.




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En especial, sí recordamos lo que sucedió el 24 de enero de 2004, dos meses antes de unas elecciones generales que cambiaron un Gobierno del PP por un Gobierno del PSOE, en el que el entonces coordinador del programa del PSOE, Jesús Caldera, anunció ante los medios de comunicación, en el acto de la firma de un acuerdo programático, lo siguiente: nos comprometemos a sustituir la energía nuclear en un plazo de veinte años.

Por consiguiente, señorías, como creemos en lo que he dicho, pero no queremos lesionar los intereses de nadie, proponemos, en primer lugar, abandonar el concepto de cierre de las centrales según la vida útil, que es un concepto que nadie conoce exactamente qué significa. ¿Cuál sería la vida útil de una central? ¿Lo probamos? ¿Tenemos que esperar a que se rompa, hasta que estalle para saberlo? Yo creo que sería demasiado peligroso y todos estaríamos de acuerdo en ello, imagino. Por lo tanto, será algo que habrá que negociar. Los períodos de acuerdo se irán alargando con los intereses económicos porque, al fin y al cabo, vamos a seguir ordeñando la vaca siempre que haya leche, independientemente de las consecuencias.

También incorporamos la cuestión del almacén temporal centralizado, una instalación pasiva pero peligrosa, que puede convertirse en activa en el caso de que se construya al lado de una central nuclear activa y se produzca un accidente. Planes de emergencia y evacuación. Después de cuarenta años aún no están en marcha o, al menos, no como desearíamos. Estamos hablando de revertir parte de los beneficios —beneficios inmorales— de explotación de aquellas centrales que puedan revertir en la zona cuando se hayan investigado las renovables.

Igualmente pedimos que, por fin, se cumpla la proposición no de ley que fue aprobada en el Congreso, por lo que solicito su voto favorable.

Con el accidente de Fukushima, señorías, cayó el mito de que todo está previsto, porque a todas luces se ha visto que no.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la senadora Durán.

La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, presentamos una enmienda a la moción que nos acaba de explicar pormenorizadamente el senador Esquerda. La moción consta de cinco puntos, de los cuales nosotros presentamos un texto alternativo a los cuatro primeros, estando de acuerdo con la redacción del quinto.

El primer punto de la moción original establece fijar una fecha de cierre definitivo de cada central nuclear, abandonando el concepto de cierre según su «vida útil». Por lo que respecta a este término, al concepto de cierre según su «vida útil» cabe indicar que nosotros hemos aprobado recientemente la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en cuyo artículo 79, relativo precisamente a planificación energética, se establece que dicha planificación y las posteriores actuaciones de ordenación del sistema energético, se orientarán a la consecución bajo diferentes escenarios de demanda de los objetivos para el año 2020.

También cabe señalar el informe aprobado el pasado 17 de noviembre de 2010 por la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años, creada en el Congreso de los Diputados e integrada por todos los grupos. Leo el párrafo textual de esa Subcomisión de análisis: Durante la primera mitad de la próxima década 2011-2020 se hace necesario que en el marco parlamentario se adopten las medidas oportunas para definir el horizonte para las centrales nucleares y la definición de una política nuclear a largo plazo, teniendo en cuenta que nuestro marco de referencia es la Unión Europea y los pilares fundamentales en los que se basa su política energética. En base a ello, para el punto número 1, proponemos el siguiente texto: avanzar en la actual estrategia energética que descarta la construcción de nuevas centrales nucleares y promover el cierre de las existentes una vez agotado su período de vida útil, profundizando en las políticas de ahorro y eficiencia energética, así como en el crecimiento de las energías renovables mediante la aprobación de una ley.

Para el punto número 2, que es el referido a la ubicación de los ATC, nosotros queremos recordar que para la designación del emplazamiento del ATC, de entre los ocho municipios candidatos incluidos en el informe de propuesta que la Comisión interministerial encargada de llevar a cabo ese proceso de selección envió al Gobierno el pasado 16 de septiembre, el Gobierno está tratando de contar, como no puede ser de otra manera, con el máximo consenso posible de los Gobiernos autónomos implicados.




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En esa línea, proponemos la siguiente redacción: que en el plazo más breve posible determine el emplazamiento del almacén temporal centralizado, ATC, asegurándose la consecución del mayor consenso social, territorial e institucional con las entidades locales y las comunidades autónomas afectadas.

El punto número 3 hace referencia a que la autoridad competente analice la viabilidad y suficiencia de los planes de emergencia y evacuación en un radio de 80 kilómetros. Señorías, las zonas de planificación que se contemplan en estos planes alcanzan un radio de 30 kilómetros porque es lo que considera oportuno el Consejo de Seguridad Nuclear, único organismo competente en materia de seguridad y de protección radiológica. Por ello, nuestra redacción alternativa dice lo siguiente: Revisar y actualizar, en colaboración con las administraciones locales y autonómicas afectadas, los planes de emergencia y evacuación previstos en caso de accidentes graves, así como realizar periódicamente —que, por lo visto, no se está haciendo— simulacros de estos planes en colaboración con la población, para comprobar la efectividad de los mismos, asegurando que existen los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para afrontar una situación de emergencia nuclear.

Por último, el punto número 4 de la redacción original de la moción indica que a partir del momento en que se haya amortizado la construcción de cada central nuclear se dedique un tercio de su beneficio de explotación al fomento e investigación de energías alternativas, por una parte, y al fomento de la economía productiva en la zona de influencia de cada central, por otra.

Nosotros proponemos una redacción alternativa para: promover la aplicación de planes de dinamización económica para las zonas afectadas por el cierre de centrales nucleares.

En relación con este punto he de indicar que, con cargo al fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, Enresa distribuye anualmente alrededor de 22 millones de euros, que no decimos que sean suficientes —en 2010 han llegado a los 23,8 millones de euros— entre los municipios situados en el entorno de las instalaciones nucleares.

Por último, y como les decía al principio, estamos de acuerdo con la redacción del punto 5.

Esperamos que el señor Esquerda acepte esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gràcies, senyor president.

Convergència i Unió ha presentat una esmena de modificació que ha procurat un mix, una barreja o una coordinació amb la presentada pel Grup de l’Entesa. En ella reflectim quatre punts. El primer parla d’analitzar cas per cas les sol·licituds de prolongació de la vida útil de les centrals existents que es puguin produir, impedint si s’escau, si es produís, la seva pròrroga, sempre que no compleixin amb els requisits i les garanties de seguretat establertes pel Consell de Seguretat Nuclear, que és un instrument independent, un instrument tècnic que d’alguna forma ens ha de dir quines poden tenir prolongació o no.

El segon punt parla d’atendre la voluntat manifesta que han donat a conèixer els respectius parlaments autonòmics en el procés de construcció del magatzem temporal centralitzat. Ho incloem també per deixar d’una vegada més clar, per reiterar la posició de Convergència i Unió, que és, i s’ha dit i s’ha votat al Parlament de Catalunya, no a la ubicació d’un magatzem a Catalunya. Catalunya la quota solidària la té esgotada.

No estem en contra de la implantació de magatzems, però sí creiem que no s’han de posar a Catalunya.

El tercer punt parla d’analitzar d’acord amb el Pla Bàsic d’Emergència Nuclear i els plans d’emergència de cada comunitat, conjuntament amb les autonomies competents i els ajuntaments la viabilitat, i suficiència dels plans d’emergència i evacuació en un radi de 80 quilòmetres.

És veritat que els plans d’emergència estan obsolets, no s’han portat a terme i, per tant, entenem que és una necessitat urgent actualitzar i dotar dels mitjans humans, materials, i portar a terme simulacres.

El quart parla d’incentivar la investigació d’energies alternatives i adoptar mesures d’impuls a l’economia col·lectiva de la zona d’influència de cada central. Si volem energies alternatives, les hem de desenvolupar. I, per tant, cal incentivar-les.

Aquesta és una moció tipificada com de modificació. Podríem dir que és una moció de millora. No és de substitució. Volem millorar la voluntat manifesta de l’Entesa. Això sí, senyor Esquerda —veig que té




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una rialla simpàtica—, jo li definiré què és aquesta moció. Aquesta és una moció realista, serena i possibilista. Realista perquè estudia la situació actual, és una moció que intenta posicionar l’energia nuclear en el futur on calgui. És serena, perquè no té cap plantejament radical de tancament ja. I és possibilista, perquè d’alguna forma és una moció que jo crec que tindria un gran consens generalitzat, tret d’algun desacord respectable en democràcia, faltaria més, però que ens permetria endegar un camí de consens en l’energia nuclear. Per això l’hem presentada, no per anar en contra d’algú, no per fer demagògia de res, sinó d’aportar voluntats de consens. Esperem que així sigui, que puguem arribar-hi.

Jo ja aprofito, perquè no sé si tindré temps amb la meva intervenció, per agrair la voluntat de consens, els esforços del senador Esquerda, perquè em consta que ha buscat punts d’encontre, de consens, i ens agradaria que aquesta esmena nostra fos acceptada, però tant si ho és com si no vull deixar constància del meu agraïment a la seva actitud i a la seva voluntat de consens.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Convergència i Unió ha presentado una enmienda de modificación que ha procurado ser una mezcla o estar coordinada con lo presentado por el Grupo de Entesa. En esta enmienda reflejamos cuatro puntos. El primero de ellos tiene que ver con analizar caso por caso las solicitudes de prolongación de la vida útil de las centrales existentes, impidiendo en su caso su prórroga siempre que no cumplan con los requisitos y garantías de seguridad establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo técnico independiente que, en cierto modo, indica cuáles pueden prolongar o no su vida.

El segundo se centra en atender la voluntad manifiesta que han dado a conocer los respectivos parlamentos autonómicos en el proceso de construcción del ATC, del almacén temporal centralizado. También incluimos este punto para dejar claro, de una vez por todas, y reiterar la posición de Convergència i Unió, porque de hecho se ha expresado y votado en el Parlamento catalán la negativa a la ubicación de un ATC en Cataluña.

En Cataluña no estamos en contra de la implantación de los ATC pero hemos agotado la cuota solidaria y consideramos que allí no deben instalarse.

El tercer punto propone analizar, siguiendo el Plan Básico de Emergencia Nuclear, los planes de emergencia de cada comunidad autónoma, conjuntamente con los ayuntamientos, la viabilidad y suficiencia de los planes de emergencia y evacuación en un radio de 80 kilómetros.

Es cierto que los planes de emergencia están obsoletos, no se han llevado a cabo y, por lo tanto, entendemos que actualizarlos y dotarlos de los medios humanos y materiales necesarios es una necesidad urgente, así como llevar a cabo simulacros.

El cuarto punto tiene que ver con la incentivación de la investigación de energías alternativas y la adopción de medidas de impulso a la economía productiva en la zona de influencia de cada central. Si deseamos energías alternativas tenemos que desarrollarlas y, por lo tanto, también debemos incentivarlas.

Esta moción está tipificada como de modificación y podríamos decir que es de mejora, no de sustitución; lo que queremos es mejorar la voluntad manifestada por Entesa. Aun así, señor Esquerda —veo que usted se ríe de forma simpática—, me gustaría explicarle en qué se basa esta moción, una moción realista, serena y posibilista. Realista porque estudia la situación actual y también intenta posicionar la energía nuclear en el futuro allá donde sea necesario. Es serena porque no tiene un planteamiento radical de cierre inmediato. Y es posibilista porque en cierto modo es una moción que cuenta con un gran consenso generalizado, salvo ciertos desacuerdos respetables en democracia, faltaría más, pero que nos permitiría iniciar un camino de consenso en la energía nuclear. Por ello la hemos presentado, no para ir en contra de alguien ni hacer demagogia de nada, sino para aportar voluntades de consenso. Esperamos que sea así y que podamos lograrlo.

Aprovecho, porque no sé si luego tendré tiempo en mi intervención, para agradecer la voluntad de consenso y los esfuerzos del senador Esquerda, porque me consta que ha buscado estos puntos de encuentro, de consenso. Nos gustaría que se aceptara esta enmienda, pero tanto si es así como si no, quisiera dejar constancia de mi agradecimiento por su voluntad de consenso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Marqués.




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El señor MARQUÉS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar tengo que decirles que estamos de acuerdo en algunos de los puntos de la moción que, lógicamente, incorporamos a nuestra enmienda de sustitución, pero, desde luego, no en lo fundamental que en ella se plantea que es determinar el cierre de nuestras centrales nucleares sin atender a argumentos técnicos en materia de seguridad, ni estratégicos de interés nacional en materia energética. Aspectos que nosotros consideramos esenciales en el análisis de las centrales nucleares y que incluimos en nuestra enmienda de sustitución. Sin duda, señorías, tenemos que aprender del accidente de Fukushima. Creemos necesario revisar la seguridad de nuestras centrales nucleares estableciendo una normativa más exigente en este ámbito, y hacerlo en coordinación con el resto de países europeos realizando análisis y estudios adecuados en nuestras centrales antes de finalizar el año, es decir, los llamado stress test. Y ello ha de hacerse con transparencia, aplicando los resultados obtenidos y siendo el Consejo de Seguridad Nuclear, como órgano de referencia, el responsable de todas estas acciones.

Todo esto corresponde a los cuatro primeros puntos de nuestra enmienda de sustitución, que coinciden con los cuatro primeros de la proposición no de ley que se aprobó en el Congreso el pasado día 12 de abril, y que ustedes incorporan en el punto 5 de la moción. En esta proposición de ley había un punto 5 que no compartíamos, por ello nuestro grupo se abstuvo en la votación, al plantearse el cierre de la central nuclear de Garoña haciendo así efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros. Y es curioso, porque daban y dan ahora dos razones singulares: el haber cumplido su ciclo de vida útil y estar en consonancia con las exigencias y garantías que se deduzcan del estudio. ¿De qué estudio, dónde está el estudio? Es decir, vamos a cerrar las centrales primero y luego vamos a hacer los estudios. Y en relación con la vida útil, que es un concepto técnico, como dijo aquí mismo el señor ministro hace dos semanas, había un informe favorable para su continuidad hasta 2019 del Consejo de Seguridad Nuclear. Se trata, pues, de una decisión política que intentan vestir técnicamente. Por todo ello nosotros planteamos un punto 5 que sustituye al anterior, a través del cual indicamos que sean los informes técnicos y la nueva normativa la que nos diga la vida útil de una instalación.

Por último, en el punto 6 incorporamos el punto 3 de su moción, que compartimos, ya que se debe hacer una continua evaluación, revisión y mejora de los planes de emergencia y evacuación en torno a las centrales nucleares, sobre todo si es que ahora no se hacen cuando lo cierto es que se debían hacer.

En resumen, no compartimos el concepto de vida útil que se deduce de su moción, es más, anulan el concepto de vida útil.

En relación con el almacén temporal centralizado de residuos radiactivos, quiero decir que está en fase de concurso para ubicarse, con unas bases en las que no priman la lejanía a una central nuclear, sino todo lo contrario; también quiero decir que urge su adjudicación, que lleva muchos años de retraso, con elevado costo y que estamos de acuerdo en que se apoye la investigación y el fomento de las energías renovables y la promoción de las economías de la zona de influencia de las centrales nucleares, pero tendrá que hacerse con la normativa y las medidas adecuadas. La propuesta por ustedes es muy dudosa. En fin, creemos que nuestra enmienda es constructiva y positiva, con voluntad de consenso y que tiene como eje la seguridad de nuestras instalaciones nucleares.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para manifestar la posición sobre las tres enmiendas que se acaban de debatir, tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, els vull agrair, en primer lloc, l’esforç que han fet per presentar aquestes esmenes i l’interès amb que s’ho han pres, perquè evidentment quan un grup presenta una esmena a una moció que presenta un altre grup vol dir que té interès a millorar-la i arribar a un acord. En aquest aspecte, jo els he d’agrair a tots vostès, el Grup Parlamentari Popular, a Convergència i Unió i al Grup Socialista, aquest interès demostrat. Dins de les converses que hem tingut amb vostès han sorgit alguns dubtes que a nosaltres ens faran seguir al mateix punt on ens trobem ara.

Nosaltres partim de diverses qüestions. Una d’elles és que les nuclears actualment no fan falta per donar energia. És a dir, no ens fan falta. Les nuclears proveeixen el 20% de l’energia, però si traguéssim aquest 20% de l’energia del país, continuarem funcionant igual. Per tant, és una qüestió de responsabilitat aquesta moció.




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Senyories, no demanem el tancament immediat —que potser ens agradaria— de les centrals nuclears, sinó que volem arribar a un acord de tancament. Ara bé, la vida útil —que és el punt bàsic on vostès, tots tres, no hi estan d’acord— és un concepte que vostès no saben el que vol dir. Quan s’acaba aquesta vida útil? Quan es trenqui la central, aquesta és la vida útil. En el cas d’un cotxe, és quan l’hem de portar perquè ja no es pot aprofitar. Per tant, això és massa perillós i la vida útil sempre s’anirà allargant a través no de les tècniques, com deia el senyor portaveu del PP, sinó a través de les negociacions, que també requereixen una tècnica, la de la negociació.

En fi, senyories, ho sento moltíssim. Aquí es poden aprovar les mocions. Per un costat, quedes molt bé si acceptes una sèrie de raonaments, encara que desvirtuï la teva moció inicial, i això dóna un goig, un prestigi parlamentari fins i tot. La política és l’art de la negociació. Això ho practiquem moltes vegades, però n’hi ha d’altres, com aquesta, en què pensem que és més contraproduent que productiu. Pensem que els principis que hem marcat en aquesta moció els hem de mantenir i hem de deixar córrer la posada en escena d’un possible acord per tal de mantenir uns criteris i una responsabilitat de què crec que fem gala en aquest acte i presentant aquesta moció. Per tant, senyories, sentint-ho molt, els he de rebutjar totes tres esmenes a la nostra moció.

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyories.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quisiera agradecerles, en primer lugar, el esfuerzo que han realizado para presentar estas enmiendas y el interés que han mostrado, porque cuando un grupo presenta una enmienda a una moción presentada por otro grupo significa que tiene interés en liderarla y llegar a un acuerdo. De modo que me gustaría agradecerles a todos ustedes, al Grupo Parlamentario Popular, al Grupo Catalán de Convergència i Unió y al Grupo Socialista el interés que han mostrado. En las conversaciones que hemos mantenido a lo largo de este tiempo han surgido una serie de dudas, pero nos centraremos en el mismo punto en el que nos encontramos ahora.

Nosotros partimos de distintas cuestiones: en primer lugar, las nucleares hoy por hoy no son necesarias para aportar energía. No son necesarias porque las nucleares proporcionan el 20% de la energía, pero si elimináramos este 20% de la energía del país seguiríamos funcionando igual. Por lo tanto, es una cuestión de responsabilidad lo que hemos mostrado con esta moción.

Básicamente, señorías, queremos decir que no solicitamos el cierre inmediato —que quizás nos gustaría— de las centrales nucleares, sino que queremos llegar a un acuerdo de cierre. Sin embargo, la vida útil —que es el punto básico en el que los tres han mencionado que no están de acuerdo— es un concepto que ustedes no saben qué significa. ¿Cuándo termina esa vida útil? Cuando llegue a su fin la central. La vida útil de un coche es cuando tienen que eliminarlo porque no se puede aprovechar. Esto es demasiado peligroso. La vida útil se irá alargando constantemente no mediante las técnicas, como decía el señor portavoz del PP, sino a través de las negociaciones, lo cual también requiere su técnica, que es la técnica de negociación.

Señorías, lo lamento muchísimo. Aquí se pueden aprobar las mociones. Por un lado, uno queda muy bien si acepta una serie de razonamientos, aunque ello desvirtúe tu moción inicial. Eso es motivo de júbilo y de alegría y al final todo el mundo entiende que la política es el arte de la negociación, pero en una ocasión, y esto lo practicamos a menudo, como la que nos ocupa, pensamos que esto es más contraproducente que productivo. De modo que consideramos que los principios que hemos marcado en esta moción debemos mantenerlos y tenemos que dejar a un lado la puesta en escena de un posible acuerdo en aras de mantener unos criterios y una responsabilidad de la que hacemos gala con este acto y presentando esta moción. Por lo tanto, señorías, lamentándolo mucho, tengo que rechazar las tres enmiendas a nuestra moción.

Muchas gracias, señor presidente y señorías.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de portavoces, señorías.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Tuñón.

El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Egun on, presidente jauna.

Senatari jaun/andere horiek, gaur de nire azken plenoa eta esaldi batzuk euskaraz esan nahi dizkizuet kargua utzi baino lehen.

Dakizuen bezala, gaztelaniaz gain, euskara ere hizkuntza ofiziala da Nafarroako eremu euskaldunean eta bere erabilpena zabalduta dago Nafarroako hainbat tokitan. Egia da euskara eztabaidatzeko hizpide




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dela gure gizartean. Hala ere, nire ustez altxor kultural bat da eta denon erronka da bere etorkizuna ziurtatzea. Horretarako, lagun guztien jarrera errespetatuz, nola ez, ezinbestekoa da euskarak duen egungo kutsu politikoa alde batera uztea. Legealdi honetan, aurrerapauso ona eman zuen gai honetaz Senatuak. Bilera batzuetan posiblea da Estatuko hainbat autonomia erkidegok dituzten hezkuntza koofizialak erabiltzea. Esandako hitzen bidez azpimarratu nahi dut nire adostasuna neurri horrekin, alde batetik, eta bestetik, euskararekiko dudan errespetua.

Buenos días, señor presidente.

Señorías, hoy es mi último Pleno y quiero decirles algunas frases en euskera antes de dejar mi cargo.

Como ustedes bien saben, aparte del castellano, el euskera es también lengua cooficial en la zona navarra vascoparlante y su uso está extendido en muchos otros lugares de Navarra. Es verdad que el euskera es motivo de polémica en nuestra sociedad. Aun y todo, en mi opinión es un tesoro cultural y es un reto de todos garantizar su futuro. Para ello, respetando, cómo no, las opiniones de todos, es imprescindible dejar a un lado el actual matiz político que tiene el euskera. En esta legislatura el Senado ha dado un paso adelante respecto a este tema, ya que en algunas reuniones es posible utilizar las lenguas que son cooficiales en distintas autonomías del Estado. Con estas palabras quiero subrayar mi acuerdo con esa medida y, por otro lado, el respeto que siento hacia el euskera.

Con estas palabras en euskera me despido en este Pleno de la Cámara. (Aplausos.)

Ceso con la constitución del nuevo Parlamento de Navarra a la espera de una nueva elección del senador autonómico. En primer lugar, quiero manifestarles mi satisfacción por haber tenido el honor de pertenecer a esta Cámara. Me llevo solo buenos recuerdos de mis compañeros. He tenido la suerte de haber estado en un excelente grupo, el Grupo Parlamentario Mixto, seguramente el mejor de esta Cámara, con respeto a todos los demás. Pero por encima de las siglas están las personas, y eso sigue siendo lo más importante: todos ustedes individualmente.

En tiempos de zozobra como los que vivimos, siempre defenderé a esta Cámara, a sus representantes y toda la labor realizada por los senadores y senadoras. También ello es posible por el buen equipo de funcionarios, de personal técnico y logístico que hacen todo más fácil y que todo funcione como una máquina perfecta.

En cuanto a esta moción, quiero manifestar lo que siempre he dicho, que soy un antinuclear desde joven por dos razones que siguen estando vigentes: la inseguridad de la energía nuclear y el almacenamiento de residuos. Aquí tenemos que tener, aparte de estas buenas mociones que agradezco al señor Esquerda, un planteamiento claro: demos un plazo para cerrar todas las plantas nucleares e impulsemos las energías alternativas. Este es el futuro y no hay que darle más vueltas. Hoy más que nunca sigue vigente, naturalmente, la expresión Nuclear no, gracias.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Senadora Leanizbarrutia, tiene la palabra.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Egun on, senatariok.

Agur eta ohore Tuñón jauna eta zorionak, izan da ohore handi bat euskaraz, lingua navarrorumen, zuk berba egin ahal izatea ganbara honetan.

Eskertu nahi dizut batez ere pixka bat erantzun nahiko nituzkeelako Lertxundi jaunak atzo hemen azaldu zituen errealitateak. Eta errealitatea da pinganilloa ez duela inork jartzen. Ni ez nator bat horrekin, baina bai esan hori dela estatu honek daukan erretraturik handiena: hemen batzuek jartzen dute pinganilloa, hemen aurrean dauzkat nik elebidunak direnak, pinganilloa jartzen dutenak, berriz, elebakarrak direnak, batzuk ez dute inoiz «pinganillorik» jartzen. Eta hori da errealitatea, Espainiako errealitatea. Errealitatea da han nire herrian, badaudela batzuk ez dituztela hemengoak entzun nahi eta hemengoek ez dituztela hangoak entzun nahi. Baina nik, desde luego, ez dut etsiko, ni naiz nire herri zaharreko alaba, eta nire hizkuntza entzun egingo da hemen, legea eta eskubidea dudalako. Beraz, pinganilloak jartzen dituzte benetan beste hizkuntzak dakizkitenak eta errespetatzen dituztenak Espainiako errealitatean.

Hemengo ganbara honetako presidentetik hasita, ez du pinganillorik jartzen. Bera da hemen erakutsi beharko ligukeena eta eredugarria beharko lukeena izan. Eta gainera izan da alderdi politiko batekoa, beraiek onartu zutena hori, hemen erabiltzearena. Orduan, hortik hasita, hemen inkoerentzia handiak




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daude. Eta nik jarraituko dut hitz egiten Europako hizkuntzarik zaharrenean, aurrenekoa, espainiera eta edozein hizkuntza baino lehenago hemen zegoena, eta hori da nire obligazioa.

Beno, eta orain Esquerdak aurkeztutako mozioari ekingo diogu.

Esango nioke gure ardura, talde parlamentario gisa, ganbara honetan aurkeztu genuen aurreneko legealdi honetan aurreneko interpelazioa izan zela zentral nuklearren segurtasuna. Ez genuen eztabaidan jarri nahi zentral nuklearrik bai edo ez, ez genuen energia horren erabilera jarri nahi eztabaidan, baizik eta segurtasuna. Esan, ganbara honetan mozioa , presentatu genuen mozioa, galdu egin genuela, ez genuela irabazi. Gero etorri da Japonia eta horrek erakutsi digu hemen gauza asko eta asko zehaztu eta konkretatu eta beharbada gehiago aztertu behar direla. Japoniaren ondoren ikusi dugu nahiz eta hainbat prozedura eduki segurtasuna bermatzeko, badaudela hor arazo batzuk ez dakigula nola konpondu daitezkeen. Baina dena dela, erabiltzen den vida útil hori, hitza bera da inseguridade juridiko handiko hitza. Ezin daitekeena da segurtasunaz hitz egin , hablar de seguridad, eta inseguridade juridikoa izatea erabiltzen dugun hitzak. Útil da hitz abstraktu bat, hitz hori guk hori erabili dezakegu nola edo hala, edo nahi dugun moduan, baina politikoa izango da beti ere bere erabilera. Ez da izango kontzeptu tekniko garbia. Beraz, vida útil hori kenduko bagenu koerentea da datak jartzea, datak jartzea eta orduan ze beldur diogu datak jartzeari.

Gero, hemen mozio honetan ere, esaten da errespetatu egin behar dela herrien borondatea. Nik ulertzen dut egon behar dela politika energetiko orokor bat, eta batzuetan, ba etxe guztietan daude saloiak, daude sukaldeak, eta daude bainugelak, orduan badakigu horrelako instalazioak ez dituela inork nahi izaten bere inguruan, baina egon behar du horretarako estrategia energetiko bat. Estatu honek ez dauka estrategia energetiko bat. Estatu honetan egiten ari gara taktikak, eta taktikak ez dira benetako epe luze edo ertainerako politikak. Eta hemen ez dago estrategia energetiko adosturik, inorrek ez duguna adostu. Beraz, inseguridadea ematen du, ze taktikak dira epe motzerako erabilera edo prozedura, epe motzerako, eta energia nuklearra ez da epe motzerako, energia nuklearra da epe luzerako erabaki bat, epe luze baterako ematen dugun erantzuna. Beraz, hori konpontzen ez den bitartean, hau da, estrategia energetiko on bat eta denok adostua, alderdi politiko guztiek adostua, guk ezin dugu esan, edo alde egin, segurtasun eza aurkezten duten egoeretan.

Beraz, gure jarrera izango da mozio honi baietza ematea, gure aldeko botoa emango dugu, Eta eskerrik asko pinganilloa jartzen duzuen guztioi, ze hori da tolerantzia, hori da demokrazia.

Eskerrik asko. (Txaloak)

Muy buenos días, señorías.

Señor Tuñón, le saludamos y le rendimos tributo también porque ha sido un placer escucharle en euskera, en la lingua navarrorum. Es importante que pueda usted expresarse en ese idioma aquí, en esta Cámara.

Después de este agradecimiento, quiero hacer referencia a las realidades que mencionó ayer el señor Lertxundi, y la realidad es que nadie se pone los auriculares. Yo no estoy de acuerdo, pero es lo que hay. Además, creo que eso retrata de forma significativa la situación. Aquí si veo a algunas personas que sí se ponen los auriculares, personas que, además, son bilingües, pero los monolingües nunca se los ponen. Esa es la realidad, la realidad de España, es representativo de España. Allí, en mi país, hay personas que no quieren escuchar a los de aquí y viceversa, pero yo no voy a cejar en el empeño. Yo soy hija del pueblo vasco y mi lengua se va a hacer oír y escuchar aquí porque es mi derecho y porque así lo establece la ley, así que los «pinganillos» se los ponen aquellas personas que conocen otras lenguas y que respetan otras lenguas.

El presidente de esta Cámara no se pone el «pinganillo», para empezar, y creo que sería la persona más indicada para dar ejemplo. Además, es miembro de un partido que estuvo a favor del uso de las lenguas cooficiales aquí, en el Senado. Así que empezando por ahí, creo que la incoherencia es manifiesta. Yo seguiré hablando en la lengua más antigua de Europa, una lengua que estaba aquí mucho antes que el castellano y mucho antes que otras. Además, es mi obligación hacerlo.

Y ahora paso a referirme a la moción que ha presentado el senador Esquerda.

Nosotros, como grupo parlamentario, ya presentamos en esta legislatura una primera moción que trataba precisamente de la seguridad de las centrales nucleares. No queremos poner en tela de juicio ni cuestionar la utilización o no utilización de la energía nuclear, no. Como digo, nosotros presentamos una moción, que perdimos, que hablaba de la seguridad nuclear. No la ganamos, y después ocurrió el caso de Japón, lo que creo que ha cambiado las cosas. Me parece, pues, que hay que concretar y precisar toda una serie de cuestiones. Quizá deberíamos reflexionar de forma más profunda sobre ello. Después de lo




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sucedido en Japón hemos visto que, pese a la existencia de procedimientos para garantizar la seguridad, sigue habiendo problemas que, además, no sabemos cómo solucionar. En cualquier caso, utilizamos el término vida útil, un término que es de una incertidumbre jurídica importantísima. Y de lo que no podemos hablar es de seguridad y utilizar a continuación la inseguridad jurídica, no. Útil es una palabra abstracta, una palabra que se puede utilizar de distintas maneras. En cualquier caso, el uso del término será político, porque no se trata de un término técnico unívoco. Así que, si eliminamos ese concepto de vida útil, creo coherente introducir en este caso fechas. Y no sé dónde está el problema en introducirlas.

Por otro lado, en esta moción se dice también que hay que respetar la voluntad de los pueblos. Sí, yo entiendo que debemos tener una política energética general. En todas las casas tenemos salones, baños, etcétera, y sabemos que nadie quiere ese tipo de instalaciones en su entorno. En cualquier caso, es necesaria una estrategia energética, y el Estado hoy por hoy no la tiene. Ahora estamos funcionando con tácticas, pero las tácticas no son políticas útiles a medio o largo plazo. Y como aquí no hay una estrategia energética consensuada, eso nos lleva a la inseguridad, puesto que esas tácticas son cortoplacistas, son procedimientos única y exclusivamente a corto plazo, pero cuando hablamos de la energía nuclear hablamos del largo plazo puesto que se trata —insisto— de una respuesta que se da a largo plazo. Por tanto, si no solucionamos ese problema, esto es, si no disponemos de una buena estrategia energética consensuada por todos los partidos políticos, no podremos decir que estamos proporcionando seguridad.

Así pues, nuestra postura ante esta moción es la siguiente: vamos a votar a favor. Y muchísimas gracias a todos aquellos que sí se ponen los «pinganillos», porque al fin y a la postre eso demuestra tolerancia y democracia.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor president.

Poc s’imaginava el senador Esquerda que aquesta moció donés per a tant, sobretot per a tant emotiu, no? Per què? Perquè ens serveix per donar des dels grups, en aquest cas Convergència i Unió, el comiat al senador Patxi Tuñón, desitjar-li molta sort, agrair-li el seu estil, el seu tarannà i que la vida li doni tot el que es mereix. Em quedaré amb una anècdota: els partits que hem vist conjuntament al Camp Nou del Barça. Li desitjo que segueixi sent un seguidor del Futbol Club Barcelona, que segueixi sent simpatitzant culer.

En la línia de donar molt, vull felicitar la portaveu del Partit Nacionalista Basc i subscriure tot el que ha dit, aquesta irreverència permanent que hi ha en aquesta casa respecte de les llengües catalana, eusquera i gallega. Vam fer un gran esforç de consens, però no hi ha un esforç de seguiment, fins i tot d’entesa i de concòrdia. El temps ens ajudarà, Lore, els temps ens donarà la raó a aquells nacionalistes que vam aconseguir un fet històric, que les llengües oficials de l’Estat es poguessin parlar aquí. De mica en mica, els auriculars arribaran a les orelles i, si no, prou pena tenen, no? Felicitats per la seva intervenció i et donem tot el suport.

Bé, senyoria, em queda molt poc temps, no podré dir el que volia, però volia aprofitar per dir això: felicitats i sort al senador Tuñón, agraïment a la senadora basca per la seva defensa aferrissada de l’ús i comprensió de les llengües en aquesta casa.

Aquesta és una moció conseqüència d’interpel·lació que, de sortida, parla de l’accident nuclear de Fukushima al Japó. Pot semblar una iniciativa oportuna i Convergència així ho entén, perquè ara cal el debat nuclear. És veritat que fa anys que demanem des de Convergència i Unió el debat energètic.

Si bé, al començar la lectura, el nostre grup ja no està d’acord amb el primer punt, ja ho hem dit a la presentació de l’esmena. Creiem que en aquest moment cal un debat serè i tranquil i que, més que plantejar tancaments, cal plantejar actituds per veure què es pot fer en el futur perquè l’energia nuclear sigui segura i transparent.

Ho dic un grup que no és antinuclear, però que per això mateix sempre ha dit que les nuclears han de ser segures i transparents. Ara cal treballar en aquest vessant, buscar la seguretat i la transparència de les nuclears.

També ens preguntem davant dels que diuen que volen el tancament ja de les nuclears quines alternatives reals, contundents i potents tenim a hores d’ara. Només tenim petites alternatives, sempre basades en la natura, la climatologia i, per tant, dependents de moltes circumstàncies: si tenim vent, les




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eòliques; si tenim sol, les solars; si plou i tenim aigua, les hidràuliques, i fins i tot depenent del petroli, de fòssils, amb el problema ambiental que això té. El que és clar és que l’energia nuclear, almenys, és neta.

Aquest és el panorama on ens trobem, on Espanya no té un pla energètic, un pla de futur, i Convergència i Unió ho ha demanat reiteradament, per activa i per passiva, al president Zapatero. Un debat sobre el futur energètic de l’Estat, saber què cal fer, cap on cal anar.

La nostra esmena també parla d’això, d’una planificació i d’estudis sobre energies alternatives. Però com que la política del govern actual és només de petits pedaços, per tant, l’alternativa no està suficientment desenvolupada, no tenim una oferta alternativa a l’energia nuclear. A més, la que tenim és insuficient i molt més cara.

Davant d’aquest panorama i en l’ànim d’aportar, com sempre, hem presentat una moció que ja he defensat, en què demanem tot això: alternatives, estudis, potenciació de mesures econòmiques per als veïns del voltant de la zona, etc.

Com podem veure, ja ho he dit abans, és una esmena realista, serena i possibilista. Estem d’acord amb una part de la moció i no amb una altra. Per això, ens hauria agradat que ens recollíssiu l’esmena, perquè era una esmena que permetia arribar a un consens. No és possible, per tant, ja avanço el meu vot en contra, el vot de Convergència en contra.

Muchas gracias, señor presidente.

Poco se imaginaba el senador Esquerda que esta moción diera para tanto, sobre todo desde un punto de vida emotivo. ¿Por qué? Porque nos sirve para que mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, se despida del senador Tuñón y darle las gracias por su talante, por su buen carácter. Le deseamos que la vida le dé todo cuanto merece de bueno. Diré como anécdota que le hemos visto asistiendo a los partidos del Barça en el Camp Nou. Le deseamos, señor Tuñón, que siga siendo un seguidor culé, un simpatizante del Barça.

Como digo, esta moción ha dado para mucho, porque felicitamos también a la portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas. Suscribimos todo lo que ha dicho, en el sentido de la irreverencia permanente que se da en esta Casa respecto del catalán, el euskera y el gallego. Realizamos todo un esfuerzo de consenso, pero no hay un esfuerzo de seguimiento ni tampoco de entendimiento o de concordia. El tiempo nos ayudará. No tengan duda. El tiempo nos dará la razón a aquellos nacionalistas que logramos un hecho histórico: que las lenguas oficiales del Estado pudieran hablarse también aquí. Poco a poco esos pinganillos irán llegando a los oídos de la gente, y, si no, lo lamentaremos. Felicidades por su intervención. Le ofrecemos nuestro apoyo.

No me queda mucho tiempo, así que no podré decir todo lo que quisiera sobre las nucleares. Repito que le deseo suerte al senador Tuñón. Y, asimismo, agradezco a la senadora vasca su defensa acérrima ante la incomprensión por dichas lenguas en esta Casa.

Debo decir que esta moción consecuencia de interpelación, que desde el principio habla del accidente nuclear de Fukushima, en Japón, puede parecer una iniciativa oportuna, o al menos Convergència lo entiende así, porque ahora es el momento de tener un debate sobre la nuclear. De hecho, hace años que Convergència i Unió exige un debate energético.

Ya hemos dicho en la presentación de la enmienda que nuestro grupo no está de acuerdo con el primer punto. Además, creemos que en este momento se requiere un debate sereno y tranquilo. En lugar de plantear posibles cierres, lo que debemos hacer es plantear actitudes para saber qué se puede hacer de cara al futuro con el fin de que la energía nuclear sea segura y transparente.

Hablo en nombre de un grupo que no es antinuclear pero que siempre ha dicho que las nucleares deben ser seguras y transparentes. Pues bien, debemos seguir trabajando en esa línea, en la de buscar la seguridad y la transparencia de la nuclear.

También nos preguntamos, ante aquellos que exigen el cierre inmediato de las nucleares, qué alternativas reales, contundentes, potentes, tenemos a nuestro alcance. Las alternativas están basadas en la naturaleza, en la climatología, por lo tanto, dependen de una serie de circunstancias; por ejemplo, las eólicas, de si hay viento, las solares, de si hay sol, las hidráulicas, de si llueve; y también dependen del petróleo o los fósiles, lo cual añade un problema medioambiental al que ya existe, porque lo que está claro es que al menos la energía nuclear es limpia.

Este es el panorama en el que nos hallamos: una situación según la cual España no tiene un plan energético ni tampoco un plan de futuro, y Convergència i Unió, de forma reiterada, por activa y por




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pasiva, le ha comunicado al presidente Zapatero la necesidad de un debate sobre el futuro energético del Estado, de saber qué debemos hacer y hacia dónde avanzar.

Nuestra enmienda también habla de eso, de contar con una planificación y de estudiar energías alternativas. Pero, dado que la política del Gobierno actual es ir parcheando poco a poco, y teniendo en cuenta que las alternativas no han sido lo suficientemente desarrolladas, no tenemos una oferta alternativa a la energía nuclear. Además, la que tenemos es insuficiente y mucho más cara.

Por lo tanto, ante esta situación, y con el fin de aportar, que es lo que hacemos siempre, hemos presentado una enmienda, que ya he defendido, mediante la que solicitamos todos estos elementos, es decir, alternativas, estudios, potenciar medidas económicas para los vecinos de la zona de ubicación, etcétera.

Como ya he dicho, se trata de una enmienda serena, posibilista y realista. Estamos de acuerdo con una parte de la moción pero no con la otra. Y nos habría gustado que nuestra enmienda fuera recogida porque eso hubiese permitido alcanzar un consenso. Eso no es posible y, por ende, ya adelanto el voto en contra de mi grupo.

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

El señor MALDONADO I GILI: Acabo, senyor president. Anuncio el vot en contra de Convergència i Unió perquè no va en la línia que nosaltres creiem, que és la del debat serè, potent, però sobretot visualitzant cap a on ha d’anar l’Estat des del punt de vista de l’energia nuclear.

Moltes gràcies.

Termino, señor presidente. Repito que anuncio el voto en contra de Convergència i Unió, puesto que no se sigue la línea que nosotros consideramos más adecuada, que es el debate sereno y potente, además de visualizar hacia dónde debemos avanzar como Estado desde el punto de vista de la energía nuclear.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Gràcies, senyor president.

Per a aquest senador ha estat un honor conèixer i tractar amb el senyor Patxi Tuñón. He après de la seva relació, la seva bonhomia i del seu tarannà moltes coses durant aquesta legislatura. Senyor Tuñón: li desitjo el millor en la seva nova etapa. Moltes gràcies i que hi hagi molta sort.

També vull felicitar, com s’ha fet ja, la senadora parlamentària portaveu del Grup de Senadors Nacionalistes per la intervenció que ha fet referent als auriculars. També voldria felicitar els senadors del Grup Parlamentari Popular, perquè —si bé és cert que no tots— alguns porten auricular. La majoria veig que van aprofitar aquella ciència infusa de la qual feia gala el seu líder, el president Aznar, quan va dir allò que ell parlava molt català en la intimitat. Per tant, felicitats per aquesta ciència infusa de la qual fan gala.

Senyories, parlant de la moció, és cert que hi ha hagut un abans i un després de l’accident de Fukushima. Això no ho pot negar ningú.

Al senyor Maldonado li diria, quan ha fet aquesta afirmació tan gratuïta de dir que l’energia nuclear és una energia neta, que no faci com aquella senyora que considera que casa seva està neta perquè fica la brossa sota la catifa. Em penso que això no va per aquí, senyor Maldonado.

Nosaltres a Catalunya —molt a prop de casa seva— tenim Vandellòs, que vam tenir que desmuntar en part només, la dels residus, aquesta brossa nuclear que tenim que ha de venir cap aquí i que no saben ben bé com fer-ho. Per a la resta de qüestions, una vegada acceptat i fet el projecte de magatzem de superfície d’Ascó, no ens faria falta cap magatzem d’aquests fins a l’any 2019 com a mínim. Aquí s’està dient tot un seguit d’altres coses, però és clar, el desmantellament de la central encara està per fer, la del nucli. És allà, parada, es veu recoberta de xapes i aquestes coses.

Per tant, de neta, res. Els residus duren 30 000 anys de mitjana, n’hi ha alguns que duren fins als 100 000 anys. La nostra era civilitzada el més darrere que arriba és de fa 6000 anys i estem parlant de 100 000 anys. El manteniment d’aquests residus cada 100 o 150 anys farà que es trinxin, totes aquestes coses que diuen que són segures s’hauran de tornar a refer. Aquest manteniment l’haurà de pagar un o altre. El manteniment d’aquests residus ja en superfície costen una colla de




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diners impressionants. Per tant, vostè no em pot dir que és una energia neta, no ho pot dir ni així. Nosaltres som responsables del que diem, del que fem, aleshores això no és de rebut poder-ho dir en una cambra com aquesta, que se suposa seriosa.

És una energia perillosa perquè s’ha demostrat a Txernòbil, a Fukushima, a Ascó i a molts altres indrets. És perillosa per l’objectiu potencial que suposa per a atacs terroristes. Ara, segons sembla, les pressions entre uns i altres han fet que el Günther Öttinger, aquest senyor que va dir que això era l’Apocalipsi quan va veure el de Fukushima, ara s’ha de plegar a les exigències de França, Gran Bretanya i algun altre país per excloure els riscos terroristes de les proves de resistència d’aquestes centrals.

Escolti’m, això és aquí, aquestes centrals estan fetes i d’alguna manera ens les hem de menjar, però això no pot ser per a l’eternitat. El que hem de fer és tancar-les quan es puguin tancar. No volem fer mal econòmic a ningú, però quan s’hagin de tancar que es puguin tancar. I que puguem fixar unes dates concretes per a aquests tancaments, no com diuen vostès, que ja a la mateixa esmena deien que s’ha de negociar per saber quants anys s’ha d’allargar la vida de cada nuclear. Home, això és fort de dir en una esmena. Li agraeixo l’esforç, però escolti’m...

Senyories, crec que els arguments que hem donat, i tots els que s’han quedat al tinter —perquè n’hi ha moltíssims i això donaria per a una sessió de moltíssimes hores— són realistes, fonamentals i molt responsables de cara a la ciutadania, la seguretat dels nostres pobles i la sanitat pública i la salut de tots els nostres ciutadans i ciutadanes.

Senyories, moltes gràcies i els demano per última vegada el seu vot a favor d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Para este senador ha sido un honor conocer y tratar al senador Tuñón. De su relación, su bondad y su talante he aprendido muchas cosas a lo largo de esta legislatura. Señor Tuñón: le deseo lo mejor en esta nueva etapa que inicia. Muchísimas gracias, y que tenga mucha suerte.

También me gustaría felicitar, como ya se ha hecho, a la senadora portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas por su intervención en lo relativo a los auriculares, a los pinganillos. Y me gustaría asimismo felicitar a los senadores del Grupo Parlamentario Popular, porque, aunque algunos de ellos —no todos— llevan auriculares, observo que la mayoría sigue esa ciencia infusa de la que hacía gala su líder, el presidente Aznar, cuando dijo que él hablaba catalán en la intimidad. Por tanto, felicidades por esa ciencia infusa de la que también hacen gala.

Señorías, centrándome en la moción, hay que decir que es verdad que ha habido un antes y un después tras el accidente de Fukushima; eso es innegable, nadie lo puede negar.

Al señor Maldonado, que ha hecho esa afirmación tan gratuita de que la energía nuclear es una en energía limpia, le diría que no haga como aquella señora que consideraba que su casa estaba limpia porque escondía la suciedad bajo la alfombra. Señor Maldonado, creo que no deberíamos ir por ahí.

Nosotros, en Cataluña —de hecho, muy cerca de su casa— tenemos Vandellós, que tuvo que ser en parte desmantelada, desmontada. Esos residuos nucleares luego tienen que trasladarse, y no sabemos cómo hacerlo. Porque, en relación con las demás cuestiones, una vez ya aceptado el proyecto del almacén de superficie en Ascó, no nos haría falta ningún otro almacén de ese tipo al menos hasta 2019; estamos ya hablando de otros elementos. Pero el desmantelamiento del núcleo de esa central aún está por iniciarse; está ahí, detenida, recubierta por una serie de chapas.

O sea, que esa energía no tiene nada de limpia. Los residuos duran 30 000 años de promedio, aunque algunos incluso llegan a los 100 000 años. Nuestra civilización tiene como máximo 6000 años de historia, y ahora estamos hablando de 100 000 años de cara al futuro. Por tanto, cada 100 o 150 años todos esos residuos, teóricamente tan seguros, tendrán que trincharse y luego rehacerse. Alguien va a tener que pagar ese mantenimiento, y el mantenimiento de esos residuos en superficie, asumiendo que todo esto se dé, cuesta muchísimo dinero. Por lo tanto, usted no me puede decir que se trata de una energía limpia, no lo puede decir de esa forma, porque nosotros somos responsables de nuestras palabras, de nuestras acciones. Considero, pues, que no es de recibo. Eso no se debería decir en una Cámara como esta, con la seriedad que se le supone.

Es una energía peligrosa, y así se ha demostrado en Chernóbil, Fukushima, Ascó, y en otros muchos lugares. Y es peligrosa, por el potencial objetivo que supone de ataques terroristas, porque parece ser que las presiones entre unos y otros han hecho que Günther Oettinger, que habló de apocalipsis por lo




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sucedido de Fukushima, tenga ahora que plegarse a las exigencias de Francia y Gran Bretaña para excluir el riesgo de los terroristas, de las pruebas de resistencia de esas centrales.

Mire usted, eso existe. Esas centrales han sido instaladas, y vamos a tener que hacer algo con ellas, pero, claro, eso no puede seguir así hasta la eternidad; tendrán que cerrarse cuando se pueda. No queremos infligir ningún daño económico a nadie, pero cuando se puedan cerrar, deberán cerrarse. Y debemos fijar unas fechas concretas para esos cierres, y no, como ustedes dicen en su enmienda, negociar para saber cuántos años puede alargarse la vida de cada central nuclear. Es muy fuerte decir eso en una enmienda. En cualquier caso, le agradezco su esfuerzo.

Señorías, me parece que los argumentos que hemos aportado, y todos aquellos que se nos han quedado en el tintero —que son muchísimos, y darían para una sesión de muchas más horas—, son realistas, fundamentales, y además, muy responsables de cara a la ciudadanía, la seguridad de nuestros pueblos, la sanidad pública y la salud de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Por última vez, solicito su voto a favor de esta moción.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Durán.

La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero trasladar nuestro agradecimiento al senador Tuñón y desearle éxitos en la vida que va a emprender a partir de este momento. Señoría, ha sido un honor y un placer trabajar con usted. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ese aplauso es para usted.

En este turno de portavoces me gustaría puntualizar algunos aspectos. El primero es que la intención del Gobierno y, por tanto, del Grupo Parlamentario Socialista, es reducir progresivamente la participación de la energía nuclear en el suministro energético español, y ello queda claro con algunas de las decisiones ya tomadas, por ejemplo, la adoptada en la central José Cabrera, más conocida como Zorita, o la tomada sobre la de Santamaría de Garoña.

Pero, señorías, la sustitución de la producción eléctrica que actualmente aporta esta energía se ha de llevar a cabo teniendo en cuenta la disponibilidad de fuentes energéticas alternativas, y tratando además de evitar aquellas que más aumentan el efecto invernadero.

Con ese fin, el Gobierno está promoviendo de forma decidida políticas de fomento de energías limpias, de acuerdo con el nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020, y de ahorro y eficiencia energética, a través del nuevo Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, para el periodo 2012-2020. Por ejemplo, cabe señalar que el pasado 2010 la aportación de las energías renovables a la generación total de electricidad fue del 32,3%, constituyéndose esas energías en la fuente de mayor contribución al suministro eléctrico español.

Señorías, es verdad que Fukushima ha supuesto un antes y un después en materia de energía nuclear, y con el fin de aplicar las lecciones que se pueden extraer de ese accidente, el Consejo de Seguridad Nuclear ya ha enviado a los titulares de las centrales nucleares una instrucción técnica complementaria para que analicen las medidas con que cuentan para hacer frente a una pérdida de funciones de seguridad en sus plantas e identifiquen las mejoras que pueden ser adoptadas para la gestión de accidentes.

El proceso que deben seguir las centrales nucleares para llevar a cabo esa revaluación ya se ha iniciado, y es el siguiente. El próximo 15 de agosto —ya mismo— los titulares de las centrales deberán remitir al Consejo de Seguridad Nuclear un informe preliminar de los análisis en curso, y el 31 de octubre enviarán al Consejo de Seguridad Nuclear los resultados de dichos análisis con la documentación de soporte correspondiente. Una vez analizados esos informes, está previsto que los resultados de esas pruebas se hagan públicos para el conocimiento de la ciudadanía antes de que acabe el año.

Los aspectos que contemplará la revaluación son los que se refieren a riesgos sísmicos, riesgos de inundaciones, escenarios de pérdida de alimentación eléctrica y de pérdida de sumidero final de calor, y gestión de accidentes severos.

Se van a evaluar los medios de que dispone cada central para hacer frente a situaciones extremas en las que se haya producido daño en el núcleo del reactor; las medidas disponibles para mantener las condiciones de refrigeración, que, como saben, fue uno de los problemas que se produjo en Fukushima; la refrigeración tanto de las piscinas de almacenamiento de combustible gastado como de los propios




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reactores; y la capacidad de prevención o mitigación de la pérdida de integridad de la contención. Es decir, se está trabajando de una manera seria para garantizar la seguridad.

Para terminar, quiero aclarar que hay unas condiciones irrenunciables que nuestro Gobierno ya ha anunciado: aquellas centrales que no superen las pruebas de estrés a las que van a ser sometidas en función del acuerdo internacional de definición del marco de seguridad de las centrales nucleares, serán cerradas con carácter inmediato.

Señorías, nuestra mayor preocupación, creo que compartida por todos los grupos parlamentarios, es la seguridad. Pero también lo es que, partiendo del mix energético actual que tenemos en nuestro país, emprendamos un camino hacia un modelo energético más limpio, libre de residuos y de emisiones, pero económicamente viable. Ese trabajo, señorías, lo tenemos por delante y es de todos. En esta ocasión no vamos a poder aprobar la moción que presenta el senador Esquerda, pero le agradecemos el espacio de reflexión que su moción ha creado en esta Cámara.

Para terminar, les diré que me gustaría entender sin pinganillo los distintos idiomas de este país, pero normalmente lo necesito; y tengo que aclarar que sí lo uso. Muchas gracias a todos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Marqués.

El señor MARQUÉS LÓPEZ. Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, lamentamos que no se haya aceptado nuestra enmienda, que era francamente constructiva, porque, sin duda, el accidente de Fukushima nos plantea un nuevo desafío y hace necesaria la revaluación exhaustiva tanto de las condiciones de seguridad de las centrales nucleares como de sus capacidades de respuesta. Es verdad que primero habrá que conocer en profundidad el accidente, pero, mientras, nos parecen bien las decisiones tomadas tanto por la Unión Europea como por el Gobierno para someter a todas las centrales a las oportunas pruebas de seguridad, al llamado stress-test, y que sean los organismos de referencia de cada país los encargados de hacerlo antes del 31 de octubre. Será, pues, el Consejo de Seguridad Nuclear el que tenga la responsabilidad de revisar el nuevo concepto de seguridad y aplicarlo, pudiendo continuar aquellas centrales que lo superen.

No podemos compartir los planteamientos de la moción, porque van en contra de esto, y sobre todo porque anulan el concepto de vida útil. Por cierto, hay quien aplaude ese concepto de vida útil pero luego no lo cumple, como es el caso del Gobierno, que dijo que iba a cerrar la central de Garoña, cuando había informes técnicos que avalaban la posibilidad de perpetuar ese concepto de vida útil. Creo que siempre hay que hacer caso al Consejo de Seguridad Nuclear, que para eso está. En resumen, estamos de acuerdo en revisar la seguridad y la vida útil de nuestras centrales, pero de conformidad con los criterios técnicos que se han coordinado con la Unión Europea.

Evidentemente, es necesario un debate sobre el futuro energético, como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió y lo han pedido también los sectores empresarial y energético; pero ya llevamos muchos años esperando ese debate. Hay que decir que, a día de hoy, en nuestro país no podemos sustituir la energía nuclear por otra que produzca de forma continua y al mismo tiempo no emita CO2. Así lo han ratificado la semana pasada tanto la Comisión Nacional de la Energía como la propia CEOE, descartando la posibilidad de efectuar un apagón nuclear como el planteado en Alemania. Y es que nosotros no tenemos la interconexión eléctrica de Alemania, por lo que eso nos supondría una importantísima elevación de precios, bajaría nuestro grado de autoabastecimiento; y, evidentemente, aumentarían de forma importante las emisiones de gases. Luego hay que ser realistas: hoy por hoy las renovables no pueden sustituir a la nuclear, ni en precio ni en discontinuidad ni en su necesidad de alternancia.

Pero también hay que decir que la energía nuclear y las renovables se complementan, y enfrentarlas sin duda es un gran error. Tenemos que apoyar todas las energías, porque todas son necesarias; evidentemente, la nuclear no es la solución al problema energético en España, pero sin ella la ecuación energética no tiene solución en este momento.

Así pues, partiendo de la necesidad de que forme parte de nuestro mix energético, debemos cumplir los criterios de seguridad establecidos, sobre todo en un sector como este, en el que determinadas decisiones de este Gobierno han provocado incertidumbre e inseguridad jurídica, un sector que necesita estabilidad, que necesita previsiones, que necesita tener un plan para los próximos años. Y esta situación ha producido unos efectos muy negativos, como la subida del 70% del recibo de la luz en los últimos años.




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Hemos pasado de ser un país en el que la energía era barata, que estaba por debajo de la media, a ser el cuarto país más caro en cuanto a energía eléctrica, a lo que hay que añadir los 22 000 millones de déficit de tarifa, también generados en los últimos años, un déficit que tendremos que pagar en el futuro con la consiguiente carga en el recibo de la luz para nuestras familias y para la industria, con lo que ello supone de pérdida de competitividad y la consiguiente pérdida de empleo.

La energía es, después de los salarios, el segundo componente del gasto empresarial, y hay que decir también que en los últimos años la demanda de energía en el mundo se ha incrementado en un 50%; y es que el proceso de desarrollo económico y demográfico tiene una elevada intensidad energética. Por tanto, no podemos bajar la guardia. Son necesarias todas las fuentes de energía, sobre todo en nuestro país, donde tenemos el mayor grado de dependencia exterior de Europa, junto con Italia.

Todas estas son razones por las que no debemos aceptar esta moción.

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.

El señor MARQUÉS LÓPEZ: Sí, el señor presidente me lo permite, quisiera despedir a Patxi Tuñón y darle las gracias por su presencia en esta Cámara y por sus atenciones. No en vano compartí con él muchos años de bachillerato, y ha sido una gran satisfacción tenerle con nosotros durante estos años.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Tomen asiento, por favor.

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de la Entesa. En la medida en que no se ha aceptado ninguna de las enmiendas, votamos la moción en los términos en que ha sido defendida por el senador Esquerda.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 11; en contra, 227; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR.

(Núm. exp. S. 662/000182)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día: Mociones.

Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de protección del consumidor.

A esta moción se han presentado tres enmiendas, pero parece que se va a llegar a una transaccional. (Rumores.)

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Riolobos.

Silencio, señorías, o abandonen el hemiciclo.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor presidente.

Defiendo en nombre del Grupo Popular una moción que tiene como objetivo fundamental mejorar la defensa de los derechos de los consumidores en relación con seis apartados fundamentales: el primero es la veracidad en la información publicitaria; el segundo, que los derechos de los consumidores se publiciten y se expresen de una forma más clara en los medios de comunicación de masas; el tercero, permitir que los discapacitados puedan acceder a la información de consumo en la red; el cuarto, mejorar y potenciar las cartas de servicio de las empresas que prestan servicios; el quinto, mejorar la información en los envases y embalajes de los productos en general y especialmente de los alimentarios, y el sexto,




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extender el sistema arbitral de consumo. (Rumores.—El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Como todos ustedes saben, señorías, el artículo 51 de la Constitución española reconoce el derecho de autodefensa de los consumidores y usuarios, potenciando las políticas de consumo como un elemento social de progreso que corrige las deficiencias de la economía de mercado. La Constitución insta asimismo a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, a proteger la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos y a promover las organizaciones de consumidores y usuarios. (Rumores.)

Estamos viviendo en este momento en Europa, y se está extendiendo a todo el mundo, una grave crisis sanitaria que es, asimismo, una crisis alimentaria y que se ha transformado en una crisis económica de determinados sectores. Creemos que la deriva del brote epidémico de Escherichia coli en Alemania es un argumento poderoso para que en esta Cámara, en el Senado, profundicemos en la mejora de los derechos de los consumidores, pero salvaguardando de forma razonable otros derechos de la cadena alimentaria, entre los cuales están los productores o el prestador de servicios y el consumidor. (Rumores.)

Estos dos puntos de la cadena, el productor y el consumidor, suelen ser los dos más vulnerables y ante graves crisis como la que tenemos en este momento son siempre los perdedores. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Un momento, señora senadora.

Entiendo que se está intentando alcanzar una transaccional, pero todos al mismo tiempo no tienen que intentarlo.

Puede continuar, señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, presidente.

El Partido Popular entiende que hay que seguir espoleando a un Gobierno que está sumido en una parálisis de acciones, en una crisis de confianza generalizada y perdiendo el tiempo en enredos de asuntos internos, de dedazos y candidatos. Estamos preocupados por la actuación del Gobierno en materia de consumo, que se ha caracterizado en estos cuatro años por lo siguiente. En primer lugar, el Gobierno eliminó la palabra consumo del nombre del ministerio y al mismo tiempo eliminó las prioridades de consumo de este ministerio. Tengo que recordarles a sus señorías que hay pendientes para tramitación en la comisión del Senado ciento trece iniciativas, de las cuales dieciocho son de consumo, y, desgraciadamente, la ministra senadora no cumple con sus obligaciones para con esta Cámara dando explicaciones parlamentarias, fundamentalmente en comisión.

En segundo lugar, creemos que el Gobierno ha ignorado de una forma torpe los problemas reales que han afectado a los consumidores y que han sido objeto de denuncias, reclamaciones y consultas a lo largo de estos cuatro años, como han sido fundamentalmente la subida de impuestos, la subida de precios y el paro, y hoy mismo saltaba a todos los medios de comunicación que los consumidores tenemos una nueva espada de Damocles sobre nuestras cabezas, porque se pueden avecinar nuevas subidas del IVA en los productos energéticos y nueva subida de la luz, lo que haría imposibles e insostenibles las economías familiares y las de los consumidores, resultando al final un rechazo de los consumidores a estas políticas, como nosotros hemos defendido siempre.

En tercer lugar, la política del Gobierno en materia de consumo se ha caracterizado por el incumplimiento de los mandatos del Senado, de los mandatos de esta casa, en relación con mociones aprobadas por unanimidad y con mociones o leyes aprobadas en esta Cámara. En la mayor parte de los casos, o no se nos ha hecho caso o se ha hecho caso omiso.

En cuarto lugar, la ministra y el ministerio de consumo han llegado tarde a la mayor parte de las graves crisis que han sufrido los consumidores y los usuarios a lo largo de estos tres o cuatro últimos años. Estamos hablando de los usuarios de aeropuertos y del metro, con miles de ciudadanos atrapados en ratoneras por huelgas salvajes, y del impacto económico que está teniendo, por poner un ejemplo, el último y más reciente, el brote de E.coli en Alemania.

Tengo que decirles que en este sentido nuestra opinión es la siguiente: Alemania ha sido torpe a la hora de enfocar este problema de carácter sanitario, agroalimentario y epidemiológico; ha sido ineficaz, porque todavía se desconoce de una forma clara y precisa el origen de la contaminación por E.coli y, sobre todo, la cadena de transmisión de carácter epidemiológico; ha habido una gran irresponsabilidad a la hora de lanzar alertas alimentarias sin tener verificado el origen de la enfermedad, la causa, la fuente y los mecanismos de transmisión. Creemos que la Unión Europea ha pecado también de precipitación, y en




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este momento, una vez que ha acusado a los productos españoles y a otros productos de la Unión Europea, de tacañería a la hora de pagar las responsabilidades contraídas. También España y nuestro ministerio ha caído en la misma precipitación, repicando las alertas alimentarias sin tener verificado el origen causal del brote; ha sido lenta a la hora de demostrar la inocencia de nuestros productos y ha sido muy débil, y entendemos que está siendo muy débil, en la defensa de los intereses de nuestros productores.

Como decía al principio, en la cadena productor-consumidor siempre el productor y el consumidor son los que llevan las de perder. Por eso, el Grupo Popular ha presentado esta moción que, en seis puntos, recoge lo siguiente: en primer lugar, promover la veracidad de la información publicitaria y que se tenga en cuenta los derechos y los intereses de los consumidores.

En segundo lugar, impulsar la incorporación de los medios de comunicación, de espacios específicos de orientación, información y sensibilización sobre los derechos de los consumidores.

En tercer lugar, garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información que aparezca en la red sobre consumo.

En cuarto lugar, fomentar la utilización de cartas de servicios por parte de las empresas que presten servicios de interés general, estableciendo garantías de calidad y pautas de compromiso en su funcionamiento y en la atención al cliente.

En quinto lugar, potenciar la incorporación en los envases y embalajes de toda la información que sea relevante para los consumidores, en especial de los que tengan efectos sobre la salud, consumo energético, medioambiente y limitaciones de accesibilidad para los niños.

Y, en sexto lugar, extender y mejorar el sistema arbitral de consumo a través de acuerdos entre organizaciones empresariales sectoriales y las asociaciones de consumidores y usurarios.

A esta moción del Grupo Popular se han presentado tres enmiendas que hemos aceptado. Hemos aceptado la enmienda de Convergència i Unió en sus justos términos porque entendíamos que salvaguardaba las competencias de las comunidades autónomas en materia de consumo; en segundo lugar, hemos aceptado la enmienda de la Entesa sobre la incorporación en la información en envases y embalajes de la palabra trazabilidad, con la salvaguarda de: siempre que sea posible y a tenor de la legislación europea al respecto; y hemos aceptado las enmiendas del Grupo Socialista que concretan la Directiva Europea 2005/29/CE, sobre la veracidad de la información publicitaria, mejorar los derechos de los discapacitados al acceso a la información y flexibilizar todo lo que tiene que ver con los sistemas arbitrales de consumo.

Entendemos, y agradecemos, las aportaciones de los grupos enmendantes y quiero agradecer muy especialmente la sensibilidad de los senadores Maestre, Esquerda, Aleixandre, Bouza y Mur. Muchas gracias por su trabajo en defensa de los consumidores y usuarios.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Como se ha presentado el texto integrador de todas las enmiendas, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, señor presidente.

Señorías. Ben, asinamos a transaccional, negociada entre todos os grupos, a esta moción. Polo tanto, é evidente que lle damos o noso apoio. Estabamos perfectamente de acordo coa parte expositiva da mesma, non coa parte resolutiva nos termos que presentaba o Partido Popular e, polo tanto, nun principio non lle iamos dar ese apoio. Despois da emenda introducida polo Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, onde quedan perfectamente salvagardadas as competencias de consumo das comunidades autónomas, si decidimos apoiar esa transaccional porque unha vez máis, xa o dixen onte, o Partido Popular coa presentación destas mocións dalgún xeito pon en cuestión sistematicamente as competencias das comunidades autónomas e, desde un grupo nacionalista coma o noso, non podemos apoiar ese tipo de iniciativas.

Agora a senadora Riolobos ten suficiente cintura política para darse conta desta situación, para aceptar esta proposta de Convergència i Unió que si que deixa a parte resolutiva da moción perfectamente definida que é que as competencias de consumo en moitos casos son exclusivas das comunidades autónomas.




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Polo tanto, circunscribíndonos á parte do acordo que asinamos entre todos, apoiámolo. Outra cousa serían algunhas das valoracións que fixo a senadora Riolobos sobre o comportamento do Goberno e sobre o comportamento da propia ministra e incluso sobre o comportamento con respecto a esta crise sanitaria, a esta crise agroalimentaria que ten Alemaña, que non ten o Estado español. O Estado español sófrea por unha irresponsabilidade de Alemaña.

E eu penso que aquí, e é unha recomendación que lanzo para todos os grupos, mal fariamos se empezamos a facer oposición con este tema. O que debemos é estar todos unidos para efectivamente defender os intereses dos agricultores, para defender os intereses de todos aqueles sectores que se puideron ver afectados no Estado español e para esixirlle responsabilidades con toda contundencia a Alemaña porque, por moi Alemaña que sexa, non pode cometer estas irresponsabilidades como cometeron nesta crise.

Polo tanto, imos votar a moción, única e exclusivamente, pola parte do acordo que estamos perfectamente de acordo, e valga a redundancia, co mesmo.

Nada máis e moitas grazas.

Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo ha firmado la transaccional que se ha negociado entre todos los grupos, por tanto, es evidente que le damos nuestro apoyo. Estábamos de acuerdo con su parte expositiva pero no con la parte resolutiva en los términos en los que la presentó el Grupo Parlamentario Popular. En un principio no la íbamos a apoyar, pero después de la enmienda introducida por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, donde quedan perfectamente salvaguardadas las competencias de consumo de las comunidades autónomas, decidimos apoyarla, aunque una vez más, como dije ayer, el Grupo Parlamentario Popular, con la presentación de estas mociones, de alguna manera pone en cuestión sistemáticamente las competencias de las comunidades autónomas, y mi grupo nacionalista no puede apoyar ese tipo de iniciativas.

Ahora, la senadora Riolobos tiene suficiente peso político para darse cuenta de esta situación, para aceptar esta propuesta de Convergència i Unió, que deja la parte resolutiva de la moción perfectamente definida; las competencias de consumo en muchos casos son exclusivas de las comunidades autónomas.

Por tanto, nos circunscribimos a la parte del acuerdo que firmamos entre todos y la apoyamos. Otra cosa sería una valoración, como ha hecho la señora Riolobos, sobre el comportamiento del Gobierno y sobre el comportamiento de la propia ministra e, incluso, sobre el comportamiento con respecto a esta crisis sanitaria, esta crisis agroalimentaria que sufre Alemania, que no tiene el Estado español; el Estado español la sufre por una irresponsabilidad de Alemania.

En este sentido, les voy a hacer una recomendación a todos los grupos: mal haríamos si empezásemos a hacer oposición con este asunto. Lo que debemos hacer es estar todos unidos para defender los intereses de los agricultores, para defender los intereses de todos aquellos sectores que se hayan podido ver afectados en el Estado español y para exigir la responsabilidad con toda contundencia a Alemania porque, por muy Alemania que sea, no puede cometer este tipo de irresponsabilidades, como ha ocurrido en esta crisis.

Por tanto, vamos a votar la moción favorablemente, única y exclusivamente por la parte que corresponde al acuerdo, ya que estamos perfectamente de acuerdo —valga la redundancia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gràcies, senyor president.

Bon dia, senyories.

Pel que fa a la moció presentada pel Partit Popular, el nostre grup i com ja s’ha dit, va presentar una petita esmena, un afegitó al primer paràgraf en la que el senat insta al govern a tenir en compte les atribucions exclusives en matèria de consum de les comunitats autònomes i en coherència amb la legislació vigent europea. I és que en matèria de consum la majoria de les atribucions en defensa del consumidor són de les comunitats autònomes, en especial, pel que fa a la inspecció i, per tant, sense elles seria impossible cap acció.




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Per altra banda, la nostra normativa tant estatal com autonòmica al consum està basada al 85% en la transcripció de la normativa vigent europea, que no només és d’obligat compliment, sinó que qualsevol usuari de la Unió la pot utilitzar en benefici propi sense que el seu país d’origen l’hagi transposada.

L’esmena del Partit Socialista feia també esment a la legislació europea, tal com havia quedat a la nostra, per la qual cosa vam acceptar la transaccional íntegra. Estem d’acord, com no pot ser d’altra manera, en la defensa d’una informació veraç, que estem cansats de defensar des d’aquesta tribuna entre d’altres fòrums. Estem doncs d’acord amb el Partit Popular.

També estem d’acord amb l’esmena acceptada per l’Entesa i acceptada pel Partit Popular en què es diu que la traçabilitat s’ha vist com l’única eina que hauria estat capaç d’evitar un trasbals com el que hem tingut —amb grans pèrdues econòmiques per al nostre país— degut a una mala gestió del govern alemany, i cal tenir-ho en compte.

És per aquest motiu que m’agrada incidir en el punt número 5 ja que, estant d’acord amb el seu redactat, si el govern corresponent i en aquest cas el del Partit Socialista ens fa cas, m’agradaria que també tingues en compte el següent: en primer lloc, que la Unió Europea, des de fa temps està treballant en la Comissió corresponent per elaborar una normativa comuna per a l’etiquetatge del productes alimentaris que, evidentment, ha de tenir un tractament diferent a la resta; i, com s’està veient pel temps de durada d’aquestes converses, és complex, molt complex.

En segon lloc, com parlem dels experts de la Unió Europea —entre els qual participa, evidentment, l’Estat espanyol— quan es redacti cal tenir en compte que més informació no vol dir millor informació. Una informació poc entenedora és el mateix que desinformació.

Com he dit, la moció que aprovarem, o que esperem aprovar, ha incorporat l’esmena de l’Entesa que parla de traçabilitat en l’alimentació, cosa realment important quan es tracta de segons quin producte, però no de tots, perquè com veurem a la llei que s’aprovarà en unes hores, la de la salut alimentària, és molt difícil posar a l’envàs l’origen d’algunes matèries que formen part, o una petita part, d’un producte elaborat.

Tots estem mediatitzats pel problema generat per la crisi alimentària que estem patint. És cert que és molt diferents a les anteriors, la de les vaques boges o de l’oli de colza, té amb moltes menys víctimes mortals però en aquest cas té grans pèrdues econòmiques de les que no som culpables. D’aquesta crisi hem de destacar una mala gestió del govern alemany, de la que estem pagant les conseqüències, com he dit, sense tenir-ne culpa. En aquest cas, la traçabilitat va fallar, però també van fallar altres mecanismes de seguiment, no només per part d’Alemània, membre de la Unió Europea, sinó per part de tota la xarxa europea de seguiment i alertes, inclús la de l’Estat espanyol, en defensa dels nostres interessos com a productors.

És evident que no és el moment de parlar-ne, però en algun moment ha de ser motiu d’examen exhaustiu per part de l’Agència de Salut Alimentària espanyola, l’AESAN. I esperem que la presentació de l’informe corresponent en aquesta Cambra i molt especialment a la Comissió de Sanitat i Consum es tingui en compte. Com apuntava la senadora Riolobos, la Comissió de Sanitat i Consum, i aquí tenim el seu president, demanarà que l’AESAN vingui a presentar-nos un informe quan estigui complet sobre aquest tema.

Però tornant a la moció, és evident que la traçabilitat ha de ser garantida per a tots els usuaris, però hauríem de ser més rigorosos, perquè quan estem parlant de discapacitat no és el mateix discapacitat visual que els altres diferents tipus de discapacitat física o mental. Parlar de discapacitat és una altra vegada fer un brindis al sol i no vol dir res, ni en la versió original ni el l’esmena del Partit Socialista, ni tampoc com ha quedat redactat.

Quant al fet de fomentar els mecanismes d’autoregulació, sempre són bons. I millor fet directament per les empreses que pels organismes aliens a elles. Pel que fa a l’adhesió de cartes de servei, poc a dir, senzillament que es compleixi la llei que ja està en vigor.

Per últim, creiem que la col·laboració de les organitzacions empresarials i sectorials i de les associacions de consumidors i usuaris en el sistema arbitral de consum pot ser una bona eina per millorar aquest sistema que, per cert, està donant molts bons resultats en la majoria dels casos, evitant, evidentment, la seva judicialització i les despeses corresponents.

M’agradaria per acabar agrair l’esforç de la senadora Riolobos i també del senador Esquerda o del senador corresponent del Partit Socialista per haver aconseguir una transaccional conjunta signada per tots i que esperem aprovar immediatament.

Moltes gràcies.




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Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Respecto a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular he de señalar que nuestro grupo ha presentado un pequeño añadido al primer párrafo en el que solicita que el Senado inste al Gobierno a tener en cuenta las atribuciones exclusivas en materia de consumo de las comunidades autónomas, en coherencia con la legislación vigente europea. En materia de consumo, la mayoría de las atribuciones son de las comunidades autónomas, en especial en lo relativo a la inspección. Por tanto, sin ellas sería absolutamente imposible realizar ningún tipo de acción.

Por otra parte, el 85% de nuestra normativa en el consumo, tanto estatal como autonómica, se basa en la prescripción de la normativa vigente europea, que no solo es de obligado cumplimiento sino que cualquier usuario de la Unión puede utilizarla en beneficio propio sin que su país de origen la haya transpuesto.

En la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista también se hace alusión a la legislación europea, por ello aceptamos la transaccional. Estamos de acuerdo en la defensa de una información veraz, y estamos, de hecho, cansados de defenderla desde esta tribuna y desde otros foros; por tanto, estamos de acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular.

También estamos de acuerdo con Entesa en la medida en que, en la actualidad, la trazabilidad ha sido la única herramienta capaz de evitar un trastorno como el que hemos conocido, con grandes pérdidas económicas para nuestro país debido a una mala gestión del Gobierno alemán.

En cuanto al punto número cinco, he de señalar que si el Gobierno correspondiente, en este caso el del Partido Socialista, nos hiciera caso, debería tener en cuenta, primero, que la Unión Europea desde hace tiempo está trabajando en la comisión correspondiente para elaborar una normativa común para el etiquetado de los productos alimentarios, que, evidentemente, tiene que tener un tratamiento distinto de los demás, pero, como se está viendo, por el tiempo de duración de estas conversaciones, es un asunto harto complejo.

En segundo lugar, si hablamos de los expertos de la Unión Europea, de los cuales los españoles forman parte, evidentemente hay que tener en cuenta que más información no significa mejor información. Una información poco comprensible es lo mismo que una desinformación.

Como he dicho, la moción que esperamos aprobar incorpora también la enmienda de Entesa respecto a la trazabilidad. Es muy importante, sobre todo cuando se trata de algunos productos, pero no de todos, ya que, como veremos en la ley de salud alimentaria, que se aprobará en unas horas, es muy difícil incluir en el envase algunos datos que forman parte del producto elaborado.

Todos estamos mediatizados por el problema generado por la crisis alimentaria que estamos sufriendo, que, es cierto, es muy distinta de las anteriores, la de las vacas locas o la del aceite de colza, y con muchas menos víctimas mortales. Aquí lo que tenemos son grandes pérdidas económicas, de las que no somos culpables; por tanto, hay que subrayar una mala gestión del Gobierno alemán, y estamos pagando las consecuencias sin tener culpa de ello. En este caso, la trazabilidad falló, como también fallaron otros mecanismos de seguimiento no solo por parte de Alemania —un miembro de la Unión Europea— sino también por toda la red de seguimiento y alerta, incluida la del Estado español, en defensa de nuestros intereses como productores.

Evidentemente, ahora no es momento de hablarlo, pero en algún momento deberemos examinarlo de manera exhaustiva, o deberá hacerlo la agencia responsable española, que deberá presentar el informe correspondiente en esta Cámara, muy especialmente en la Comisión de Sanidad y Consumo, que esperamos se tenga en cuenta. Como apuntaba la senadora Riolobos, esperamos que esta Comisión de Sanidad y Consumo pueda darnos un informe.

Volviendo a la moción, evidentemente la trazabilidad debe estar garantizada para todos los usuarios, pero tenemos que ser más rigurosos, porque cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de problemas harto distintos. No es lo mismo una discapacidad visual, por ejemplo, que otros tipos de discapacidades físicas o mentales. Hablar de discapacidades en general es un brindis al sol y no significa nada, ni en su versión original ni con la enmienda del Grupo Socialista, ni tampoco en su redactado final.

En cuanto a fomentar los mecanismos de autorregulación, siempre es bueno, y mejor si lo hacen las empresas desde el principio. De las cartas de servicio hay poco que decir, simplemente que se cumpla la ley que ya está en vigor.

Por último, creemos que la colaboración de las asociaciones de consumidores, de las empresas, etcétera, en el sistema arbitral de consumo puede ser una buena herramienta para mejorar este sistema




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que, por cierto, está dando muy buenos resultados en la mayoría de los casos, evitando errores, con los gastos correspondientes.

Para terminar, me gustaría agradecer el esfuerzo realizado por la senadora Riolobos, el senador Esquerda y el senador del Grupo Socialista por llegar a una transaccional conjunta, que esperamos poder aprobar todos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Por la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Moltes gràcies, senyor president.

Hem aprovat una transaccional a aquesta moció presentada pel Grup Parlamentari Popular. Crec que és una moció interessant, llarga com totes, però que d’alguna manera toca una sèrie de qüestions pràctiques i que poden ser importants per al consum.

Jo seré bastant breu. El consum, és clar, és quelcom que ens afecta absolutament a tots. El consum som tot. Tot el dia estem consumint. Ara ens diuen que consumim poc, que hauríem de consumir més, que les vendes haurien de ser més grans, i que així d’aquesta manera sortiríem de la crisi, però vaja, això és un altre tema. Però el consum és quelcom que ens afecta a tots i que jo crec, com s’ha dit altres vegades en aquesta Cambra, que és una assignatura pendent. No només pendent en aquesta legislatura, sinó també en totes les que ens han precedit i d’aquest govern també, evidentment, perquè no se li ha volgut o pogut donar la importància que requereix. Una cosa que afecta tots els ciutadans hauria de ser prioritària en el tractament legislatiu.

Quan mirem les estadístiques de les reclamacions, i aquí tenim l’informe anual, de les associacions de consumidors, sempre tenim els mateixos sectors: la telefonia, els serveis financers, les immobiliàries, les assegurances... i els mateixos temes: els preus, la qualitat, la quantitat, els serveis, etc.

Quan una estadística és tan contundent com una d’aquestes hauria de servir per poder prendre mesures legislatives, per poder legislar adequadament, i anar millorant aquests serveis i aquests productes. Tanmateix, veig que això tampoc ho fem. No s’ha de culpar el govern. Crec que aquesta és una qüestió de tots els grups parlamentaris que no hi fiquem el que hi hauríem de ficar. Potser perquè està molt diluït, i aleshores no ens empenyen els sector, no hi ha un sector «consum», o un «sindicat del consum». Si n’hi hagués un segurament rebríem molta més pressió, però com no hi és, no es fa. I em nego a acceptar que això se li imputi només al govern de torn, sigui el que sigui.

Hi ha molts temes. Aquí s’ha parlat del brot del bacteri E. coli. Això també és consum. Aquí hi ha hagut un seguit de persones que han consumit no se sap ben bé què, i aleshores pel consum s’han contaminat d’aquest bacteri. És un bacteri molt nociu i en aquest cas s’ha presentat en la versió més dolenta de les que hi pot haver, una complicació molt greu que pot ocasionar la mort, com de fet s’ha vist en una vintena llarga de persones. Sembla que majoritàriament han estat dones.

En aquest tema, a mi em va sobtar molt que a l’última convocatòria de l’últim consell interterritorial, on s’havia de tractar aquest problema —per cert, després s’ha dit que es va incloure molt a última hora, i és evident perquè havia passat aleshores i per tant no es podia haver inclòs en previsió dos mesos abans— no hi assistissin cap dels responsables de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular. I aleshores això ho dic, i ho dic aquí perquè sempre s’estan criticant un seguit de mesures i un seguit de qüestions i, clar, amb les qüestions de sanitat, senyories, jo em penso que les qüestions de la seguretat ciutadana haurien de passar molt per davant de les qüestions partidistes, per davant de la idea de voler fer política amb la salut i amb la sanitat dels ciutadans. Des del meu punt de vista això va ser un error.

Pel que fa ja a la moció, nosaltres hem presentat una petita esmena —petita per la seva longitud, però crec que important en el seu contingut— per una qüestió de responsabilitat. I parlant de l’E. coli, nosaltres hem parlat de la traçabilitat i l’hem inclòs —i donem les gràcies a la senadora Riolobos i a la senadora del Partit Popular per l’acceptació d’aquesta esmena, i també al grup socialista perquè també l’ha millorat amb la seva aportació— perquè és important.

Tal com s’ha dit abans, la traçabilitat dels productes alimentaris, que d’això es tracta, ens pot donar pistes per quan surtin aquests problemes que ara estem vivint—, i aleshores això és el que compte.

Pel que fa als punts de la moció, el tema de la publicitat és molt important perquè hi ha moltes denúncies de la publicitat mal feta. I de la publicitat enganyosa o que pot ser-ho. Quan veiem productes que diuen que et posen una cama nova quan ja la tens ben espatllada... miri, això no és veritat. És un exemple que il·lustra el fet que es diuen coses absolutament inventades.




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Parlem dels drets dels consumidors en el punt número 2. Mirin, la gent, en general, no els coneix. I aquí sí que caldria fer una publicitat massiva, l’hauria de fer el govern a tots els mitjans, per donar a conèixer tots aquests drets —i també els deures— que tenen els consumidors i que no haurien de provocar tants dubtes. Els consumidors haurien de saber on han d’anar a reclamar, com poden reclamar, de quina manera, etc.

En el punt número 3, el dels discapacitats, estic d’acord aquí amb el que s’ha dit del fet que hi ha molts tipus de discapacitat i no és el mateix un discapacitat que té una sordesa, que un discapacitat que té una ceguera, o un discapacitat que ha d’anar en cadira de rodes, i cada cosa té el seu propi tractament. Potser la redacció d’aquest punt no és del tot afortunada, però sí la intenció que se li ha volgut donar.

Un tema una mica més complex és el tema de l’etiquetatge. L’etiquetatge dóna tombs des de fa molt de temps, aquí al nostre país i a Europa. No s’acaba d’arribar a un acord perquè hi ha molts interessos. Per cert, avui, en unes poques hores, debatrem la Llei de Seguretat Alimentària, on surten temes d’aquests; tots hem rebut visites d’un seguit de sectors als quals interessa que això s’hi inclogui o que allò no s’inclogui... Totes aquestes coses són importants. I és difícil aconseguir incloure tot el que un vol en una etiqueta, perquè de vegades són productes molt petitets i si haguéssim d’incloure tota la informació a l’etiqueta ens faltaria producte. Un conjunt de factors fan que una cosa senzilla com definir una etiqueta esdevingui un problema molt complex. Per això nosaltres parlem de la traçabilitat. En definitiva, la traçabilitat consisteix a saber tot el recorregut que ha anat fent un producte alimentari en aquest cas des de que surt del pagès, sabent quins tractaments ha tingut aquell producte. I no ja des de que surt del productor, sinó des que surt de la llavor!

Per últim, queda el tema arbitral. És una qüestió molt important, segons el meu parer, perquè evita la judicialització d’un munt de casos, cada vegada més, que caldria ampliar a molts més sectors i molts més productes. També crec que s’ha de donar a conèixer. En general, la gent no sap que hi ha aquest procediment per poder resoldre qüestions que moltes vegades són escabroses. Crec que valdria la pena fer un esforç de publicitat, de donar a conèixer a la gent aquesta eina, perquè la gent pugui viure millor i estar més tranquils amb tota aquesta qüestió de consum.

Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyories.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hemos aprobado una transaccional a esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Creo que es una moción interesante —larga, como todas— que, en cierto modo, toca cuestiones prácticas que pueden ser importantes para el consumo.

Voy a ser bastante breve. El consumo es algo que nos afecta a todos. El consumo somos todos; todo el día estamos consumiendo. Ahora se nos dice que consumimos poco y que deberíamos consumir más, que así saldríamos de la crisis; pero esto es harina de otro costal. El consumo nos afecta a todos. Y, como ya se ha dicho en otras ocasiones en esta Cámara, es una asignatura pendiente, no ya solo en esta legislatura sino en las que nos han precedido y también, evidentemente, de este Gobierno, porque no se le ha querido o no se le ha podido dar la importancia que requiere. Algo que afecta a todos los ciudadanos debería ser prioritario en su tratamiento legislativo.

Cuando observamos las estadísticas sobre reclamaciones —y aquí tengo el informe anual de las asociaciones de consumidores— siempre aparecen los mismos sectores: telefonía, servicios financieros, inmobiliarias, seguros, etcétera; y los mismos temas: precios, cantidad, calidad, servicios, etcétera.

Cuando una estadística es tan contundente como esta debería servir para impulsar medidas legislativas que mejoren los servicios y los productos. Sin embargo, no lo estamos haciendo y creo que no debemos culpar al Gobierno sino que es algo que atañe a todos los grupos parlamentarios, que quizá no estamos poniendo de nuestra parte todo lo que deberíamos. No hay un sector consumo que cree un lobby que nos apriete ni un sindicato del consumo. Si lo hubiera, seguramente nos apretaría y actuaríamos de otro modo. Esta es la situación y me niego a aceptar que se impute exclusivamente al Gobierno de turno, sea cual sea.

El concepto de consumo es muy amplio. En este sentido, se ha hablado del brote de E.coli porque también es consumo. Unas personas han consumido no se sabe exactamente qué y parece ser que les ha afectado una bacteria muy negativa, en su versión más dañina, provocando unas complicaciones realmente graves que incluso pueden ocasionar la muerte, en este caso de más de veinte personas, mayoritariamente mujeres.




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Me sorprendió muchísimo que en el último consejo interterritorial en el que se tenía que analizar este problema se dijese que se había incluido esta cuestión a última hora, pero hay que tener en cuenta que no se podría haber incluido hace dos meses porque no teníamos la previsión de que se fuese a producir ese brote. Además, quiero señalar que no aparecieron los responsables del Partido Popular, y lo menciono porque siempre se critican ciertas medidas y cuestiones y, señorías, todo lo relativo a la sanidad y a la seguridad ciudadana debería quedar aparte de las políticas partidistas. No se debería hacer política con la salud y con la seguridad de los ciudadanos. Desde mi punto de vista, eso fue un error.

Por lo que respecta a la moción, mi grupo parlamentario ha presentado una pequeña enmienda, pequeña en cuanto a su longitud, pero importante respecto a su contenido, en la que incidimos en una cuestión de responsabilidad del E.coli y de la trazabilidad. En este sentido, quiero dar las gracias a la senadora Riolobos y al Grupo Parlamentario Popular por la aceptación de esta enmienda, y al Grupo Parlamentario Socialista porque sus contribuciones la han mejorado.

Creo que es importante porque, como se ha dicho antes, la trazabilidad de los productos alimentarios, que de eso se trata, nos puede dar pistas para cuando se planteen problemas como los que estamos viviendo ahora. Esto es lo importante.

Por lo que respecta a la publicidad, se recoge un aspecto muy importante porque existen muchas denuncias relativas a publicidad mal hecha, a publicidad engañosa o que pudiera llegar a serlo; por ejemplo, en el caso de productos que aseguran que te dejan la pierna nueva cuando la tienes mal, que, lógicamente, no es cierto. Este es un ejemplo para ilustrar lo que se llega a decir y que son puros inventos.

Hablamos de los derechos de los consumidores en el punto número 2. Miren ustedes, la gente en general no los conoce y de este punto realmente debería hacerse una publicidad masiva. En mi opinión, esta publicidad debería hacerla el Gobierno, utilizando todos los medios para dar a conocer los derechos y también los deberes de los consumidores, ya que estos no deberían tener tantas dudas y deberían saber dónde reclamar, cómo reclamar, de qué forma, etcétera.

El punto número 3 se refiere a los discapacitados. Estoy de acuerdo en que hay muchos tipos de discapacitados. No es lo mismo un discapacitado con un problema de sordera que una persona con ceguera, o un discapacitado que va en silla de ruedas. Cada discapacidad tiene su propio tratamiento. Así que tal vez la redacción de este punto no es muy afortunada pero la intención sí es buena.

Una cuestión más compleja es la del etiquetado. Se ha dado muchas vueltas sobre el etiquetado desde hace mucho tiempo en nuestro país y en Europa, pero no se acaba de llegar a un acuerdo en este sentido porque hay muchos intereses y existen muchas empresas. De hecho, aquí podríamos estar debatiendo durante horas sobre la ley de seguridad alimentaria, que, de hecho, se debatirá, pero no salen estos temas, y todos hemos recibido visitas de distintos sectores interesados por el hecho de que esto se incluya o no se incluya, pero lo cierto es que es una cuestión importante. Es muy difícil incluir todo lo que se quiere en una etiqueta. A veces el producto es muy pequeño y si quisiéramos incluirlo todo en la etiqueta nos faltaría espacio en el producto. Estos son factores que hacen que este asunto realmente sea muy complejo. Parece que una etiqueta sin más es algo muy sencillo, pues no, es muy complejo. Por eso hablamos de la trazabilidad que, en definitiva, consiste en saber todo el recorrido de un producto alimentario, en este caso desde que sale de la semilla, ya no del productor en sí, y sabiendo cuál es el tratamiento que recibe.

Por último el tema arbitral es muy importante porque evita la judicialización de muchos casos que deberíamos extender a muchos más sectores y productos. Creo que también tenemos que darlo a conocer, porque, repito, la gente no sabe en general que existe este procedimiento para resolver problemas, en ocasiones un tanto escabrosos. Valdría la pena hacer un esfuerzo de publicitación para que la gente conociera este instrumento, ya que, en definitiva, sirve para que vivamos mejor y para que podamos estar más tranquilos en todas las cuestiones relativas al consumo.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Maestre.

La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos complace haber podido lograr un punto de encuentro en cuanto a los aspectos que contiene el petitum de esta moción, que, tal y como entiende el Grupo Parlamentario Socialista, inicialmente podía contener peticiones que ya han sido resueltas en el ámbito normativo nacional e internacional. De




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hecho, bien a través de transposición de directivas europeas o bien a través del ordenamiento jurídico español, se ha abordado una adaptación, ampliación y mejora de las diferentes normativas que deben velar por los derechos de los consumidores de nuestro país.

Es cierto que, tal y como recoge la exposición de motivos de la moción inicial, la Constitución reconoce el derecho a la defensa de los consumidores. Es cierto que los poderes públicos debemos proteger a los consumidores, su seguridad, su salud y también sus legítimos intereses económicos. Y por eso, más allá de la opinión de la portavoz de consumo del Grupo Parlamentario Popular, en los últimos años los socialistas, tanto desde el Gobierno como desde el ámbito parlamentario, hemos promovido un avance significativo de los derechos de los consumidores, tanto en el despliegue normativo como en la articulación de los servicios de atención a los consumidores, de la mano de las comunidades autónomas en el ámbito competencial que les corresponde. También es cierto que la sociedad de consumo actual y los múltiples cambios en las tendencias de consumo de los diferentes productos de uso diario obligan a que estemos permanentemente atentos a las diferentes situaciones que se pudieran producir y que pudieran vulnerar los intereses de los consumidores o incluso su salud.

Por eso, como digo, tenemos que estar permanentemente atentos a las novedades que se pudieran producir, a los cambios o situaciones en una sociedad tan globalizada como la que tenemos y por ello se han emprendido iniciativas legislativas, como puede ser la reforma de la competencia desleal —que parece que a la senadora Riolobos se le olvida—, que establece una serie de modificaciones a un importante número de leyes españolas para garantizar y mejorar la protección de los consumidores. Concretamente, senador Esquerda —que echaba en falta el asunto de la publicidad—, en el título segundo de la Ley General de la Comunicación Audiovisual se aborda la publicidad ilícita y las acciones para hacerla cesar, articulando así un marco legal donde se encuadra la publicidad y donde se regulan una serie de acciones y mecanismos jurídicos para combatir los distintos tipos de publicidad irregular —incluyendo incluso la subliminal—;además, dicha ley prevé la creación de un consejo general audiovisual como instrumento de protección para el consumidor, medidas que se han promovido desde esta Cámara.

Y, si hablamos de garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad, a la información que aparezca en la red de consumo, podemos decir con rotundidad que, además, el Gobierno ya ha demostrado su priorización en las medidas y acciones que promuevan este derecho. Una prueba reciente de ello la tenemos en este último Consejo de Ministros, donde se ha aprobado el anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente, que hace mención expresa a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a dichos servicios.

Asimismo, podemos decir que existen instrumentos potentes orientados fundamentalmente a los códigos de autorregulación —también lo ha señalado la senadora Aleixandre—, a los sellos de confianza y de calidad, tanto en las instituciones europeas como en las nacionales, donde se viene observando una evolución hacia esquemas de fomento de mecanismos de autorregulación concebidos como un instrumento útil, eficaz y necesario como complemento de los tradicionales instrumentos legales. Valga como ejemplo el acuerdo firmado en el año 2007 para el fomento de la autorregulación de la actividad publicitaria del Instituto Nacional de Consumo y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial y el Autocontrol.

La reforma del sistema arbitral —a la que también hace mención la moción con una alusión directa al sistema arbitral de consumo— se está promoviendo para dotarlo de mayor flexibilidad dentro del ámbito y del contexto europeo. Es otra medida que es buena para mejorar los cauces de protección de los derechos de los consumidores, y lo está llevando a cabo el Gobierno de la mano de las comunidades autónomas —vuelvo a insistir, en virtud de su ámbito competencial— y con la Federación Española de Municipios y Provincias.

Por lo tanto, señorías, lejos de la opinión del Partido Popular, entendemos que se está dando un importantísimo impulso en las políticas de protección al consumidor de una forma variada y completa. La última es —la he mencionado antes— esa aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente. Y, en una sociedad como la actual, con mercados totalmente globalizados, se hacía imprescindible reforzar estos controles para alcanzar una mayor seguridad, si bien es cierto que en este ámbito hay un amplio abanico de disposiciones y de directivas europeas que con su armonización al ámbito nacional van a garantizar a los ciudadanos un nivel de protección adecuado y van a estimular la confianza de los consumidores en las operaciones transfronterizas que serán, sin duda, cada vez mayores.




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Llevo cuatro minutos enumerando todas las iniciativas de consumo —que también conoce la senadora Riolobos y que ha querido obviar en esa retranca que tiene continuamente de decir que no se está haciendo política de consumo—. Creo que hemos hecho un gran trabajo en todos los campos: comunidades autónomas, ámbito legislativo, ámbito parlamentario y en el Gobierno de España.

Dicho esto, tengo que decir que no comparto con su señoría que haya mencionado precisamente la crisis del pepino para incluir esta moción de defensa de los intereses de los consumidores. No me parece el mejor ejemplo, puesto que precisamente gracias a nuestro ordenamiento jurídico y a los mecanismos de control y de seguridad alimentaria los consumidores de este país han podido contar con todas las garantías posibles de información y de veracidad en cuanto al consumo de estos productos.

Solo voy a enumerar lo que ocurrió en las primeras 24 horas con la famosa crisis del pepino. Jueves 26 de mayo: la senadora de Hamburgo hace las declaraciones que ya todos conocemos, culpando a los pepinos españoles de la infección llamada E.coli; esto sucede a las 13:30 e inmediatamente la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente, como sus señorías saben, del Ministerio de Sanidad, pide explicaciones ala Comisión Europea que responde que no sabe nada y solicita tiempo para recabar información. A las 19:30 horas de ese mismo día, la Comisión Europea adelanta a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que hará una comunicación a las redes de alertas europeas señalando a dos empresas españolas de pepinos como origen del brote y la AESAN lo comunica inmediatamente a la Junta de Andalucía y reclama a la Comisión Europea información detallada en la que se basa esta alerta. Además, la AESAN observa que esta información es incompleta, que incluso tiene errores y exige precisión a la Comisión.

Una hora después, la Comisión Europea cuelga en su web la alerta que acusa a España y exactamente media hora después el Ministerio de Sanidad emite un comunicado, informando a los ciudadanos españoles de esta alerta declarada, en la que advierte que no hay pruebas consistentes para que se hable de que esta bacteria ha salido de España.

Como ven, en apenas unas horas el protocolo establecido por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición pone de manifiesto los múltiples errores que ha tenido tanto el Gobierno alemán como la Comisión Europea y pone de manifiesto que España —por cierto, ayer lo reconocían los directores generales de salud pública de todas las comunidades autónomas, incluso las del PP—, dispone de un sistema de alertas, de alarmas y de seguridad alimentaria sumamente protocolizado, sumamente efectivo y que ha puesto de manifiesto que tienen que ser las instituciones europeas las que deben revisar. Es más, los directores generales junto con el Gobierno de España han promovido e impulsado ese llamamiento, esa petición a las instituciones europeas para que mejoren los sistemas de alarma.

Yo creo que en España se está haciendo un buen trabajo gracias al desempeño de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Además, hoy mismo, lo decían algunos senadores, vamos a aprobar una ley que tiene una doble vía: la promoción de hábitos saludables en el ámbito alimentario; establecer y protocolizar la seguridad alimentaria en la cadena, desde la cepa, desde la granja hasta la mesa, y en eso en nuestro país estamos llevando un claro liderazgo. Y la verdad es que me uno a las palabras del senador Esquerda: no es muy serio, no demuestra gran altura de miras el Grupo Parlamentario Popular, que una vez más utiliza una situación delicada, en la que se ve de manera totalmente involuntaria inmerso nuestro país, para hacer oposición, para dar caña, como siempre, boicoteando reuniones, demostrando, repito, poca altura de miras y proponiendo bien poco.

Es desalentador, y es desalentador para los ciudadanos, señora Riolobos, que con la excusa de una moción, con la que se pretende mejorar las condiciones de seguridad e información de los consumidores, usted ataque a su propio país, a los intereses económicos de su propio país, a los intereses sanitarios de los ciudadanos de su país. La verdad es que es desalentador y los ciudadanos son conscientes de lo que está ocurriendo.

Le pido que tenga más altura de miras. Es verdad que estamos aprobando una transaccional en la que todos estamos de acuerdo que tenemos que mejorar los cauces de publicidad, información y defensa de los intereses de los consumidores, pero no haga leña con un asunto tan importante, en el que está en juego el desarrollo económico, los intereses económicos de muchos ciudadanos, empresarios y agricultores de este país. Moderen su ansia de poder, señorías, y demuestren que trabajan verdaderamente por los intereses de los ciudadanos. Nosotros lo estamos demostrando.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Tiene la palabra la senadora Riolobos, por el Grupo Popular.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero, como dije al finalizar la anterior intervención, agradecer a todos los grupos políticos que hayan mejorado la moción que ha presentado el Partido Popular y creo que se ha trabajado de una forma seria y rigurosa en defensa de los consumidores.

Voy a contestar, en primer lugar, a las afirmaciones que ha hecho el senador Bouza, en el sentido de que esto es la crisis sanitaria alemana, no es la crisis del pepino. Esto es la crisis sanitaria alemana porque se ha demostrado que son incapaces de identificar de una forma clara y precisa el organismo causal de una epidemia, porque en este momento es un brote epidémico de E.coli, porque son incapaces de saber cuál es la fuente del microorganismo, porque son incapaces de saber, después de todos los días que han pasado, cuáles han sido los mecanismos de transmisión y porque son incapaces de dejar de embarrar a todo el sector hortofrutícola no solamente español, sino también de toda la Unión Europea. Es una crisis alemana, no es la crisis del pepino español, senadora Maestre. Es la crisis alemana de carácter sanitario, agroalimentario y económico más importante en la repercusión al resto de los países europeos.

Senador Bouza, creo que tenemos que aprender de los errores. Yo estoy en la línea de la intervención de la senadora Aleixandre. El Gobierno y la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición tienen que venir a esta Cámara y en la Comisión de Sanidad explicar todo el seguimiento que se ha hecho de esta crisis alemana y de este brote epidémico de E.coli. Debemos aprender de los errores porque este error ha sido garrafal para muchos sectores muy importantes de nuestro país. Va a tener un impacto enorme sobre la economía hortofrutícola, no solamente por lo que ya ha ocurrido, sino por lo que va a ocurrir en el futuro, impacto que se producirá en uno de los problemas más serios que tiene nuestro país, que es el empleo. Esto hay que corregirlo, hay que aclararlo y hay que pedir responsabilidades.

Dice usted que hablar de este tema significa no tener credibilidad en la situación española. Creo que es al revés. Aclarar la situación y ver quién ha cometido errores, que en este caso han sido garrafales por parte de Alemania e importantes por parte de la Unión Europea por precipitarse. Asimismo, aun defendiendo nuestro sistema y compartiendo las palabras de la senadora Maestre de que tenemos probablemente el mejor sistema de vigilancia epidemiológica de Europa en la capacidad para identificar microorganismos de una forma rápida y precisa y detectar el agente causal en los mecanismos de transmisión de cualquier brote epidémico de una forma mucho más rápida que Alemania —probablemente lo hubiéramos hecho mucho antes—, lo que está claro es que tenemos que aclarar la situación para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado en este momento.

En relación con la intervención del senador Esquerda, tengo que decirle que el Partido Popular no va a ir del ronzal del Partido Socialista y del Gobierno. Lo que no se puede hacer, porque nos parece una falta de respeto, es convocar una reunión del consejo interterritorial con un listado muy grande de puntos en el orden del día a la que tiene tienen que acudir un montón de consejeros en funciones porque han perdido las elecciones en sus comunidades autónomas respectivas y que ya no deben firmar ni avalar ninguna propuesta del Gobierno de España, puesto que, como digo, están en funciones y no deben dar el visto bueno a ningún proceso, a ningún proyecto de ley o a ninguna propuesta que pueda implicar el compromiso del resto de los gobiernos, que todavía no han tomado posesión pero que tienen presidentes electos, como en el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha.

En relación con la intervención de la señora Maestre, debo decir que sí se han hecho cosas en consumo —faltaría más que no hubiéramos hecho nada en casi cuatro años de legislatura—, pero muy pocas. El ejemplo más claro es que el consumo, que estaba en la denominación del ministerio, fue eliminado de un plumazo, lo que fue criticado por todas las asociaciones de consumidores de España y el Gobierno no ha hecho nada para remediarlo y corregirlo. Es más, aparte de esto, ¿usted cree que es de recibo que tengamos paralizada —lo digo porque en este momento acaba de entrar la ministra, que también es senadora de esta Cámara— desde hace más de cinco meses la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Consumo de esta Cámara porque la ministra, que es senadora, se niega a comparecer en la comisión y a explicar los cientos de preguntas que están sin responder? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¿Usted cree que es de recibo que una senadora esté obstaculizando el trabajo de la comisión y de la Cámara? Esto no es de recibo. Los ciudadanos




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españoles no pueden comprender cómo una ministra que es senadora está paralizando en este momento el trabajo de la Cámara.

Señora Maestre, yo estoy muy preocupada porque el número de quejas y reclamaciones —usted lo sabe perfectamente— se incrementa cada año. Si está aumentando el número de quejas, reclamaciones y denuncias es porque las cosas no están funcionando bien, luego algo estará haciendo mal el Ministerio de Sanidad, que en estos momentos lo tienen ustedes. A lo mejor dentro de unos meses ya no, pero en este momento todavía lo tienen ustedes.

¿Cómo dice usted que ha actuado bien el ministerio, su ministerio, el Ministerio de Sanidad, cuando el mismo día 26 lo primero que hace es, sin estar identificado todavía el organismo causal ni la fuente de contaminación ni el mecanismo de transmisión, colgar una nota de prensa con la alerta alimentaria precipitada de la Unión Europea y con la alerta alimentaria precipitada de Alemania, que se ha visto que era precipitadísima? La ministra de Sanidad solamente ha sacado pecho cuando ya estaba el daño hecho y no se podía corregir nada de lo que había pasado. El daño ya está hecho y ahora saca pecho saliendo en todos los medios de comunicación hablando del tema. Pero es que hay algo más grave. ¿Usted cree que se puede mantener la página web de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición para hablar de las actividades y de las acciones que ha hecho el Gobierno en relación con la denominada crisis del pepino? Señorías, es que esto no es una crisis del pepino; esta es la crisis sanitaria alemana, es un brote epidémico de E.coli en Alemania, lo que no tiene nada que ver con los pepinos españoles. Pues nuestro Gobierno mantiene en la página web las noticias sobre el brote, la primera alerta con sus notas de prensa, y todavía sigue refiriéndose a la crisis del pepino relacionándola con las actuaciones del Gobierno. Le pido en esta Cámara que eliminen inmediatamente este resumen de actividades y que pongan: crisis alemana por un brote epidémico de E.coli.

Buenos días y muchas gracias. (Fuertes aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Finalizado el debate, y comprobado que hay una posición unánime de la Cámara por lo que se ha manifestado, ¿podemos aprobar la moción por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda, pues, aprobada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS ZONAS DE MAYOR RIESGO SÍSMICO.

(Núm. exp. S. 662/000183)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas en relación con las zonas de mayor riesgo sísmico.

Tiene la palabra el senador García Ballestero para su defensa.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el pasado día 11 de mayo un terremoto de magnitud 5,2 en la escala de Richter sacudió la localidad murciana de Lorca. Segó la vida de nueve personas, causó centenares de heridos, dejó a miles de personas sin hogar e inmuebles dañados en la ciudad y también dejó dañado su patrimonio histórico. La totalidad de las víctimas mortales ha sido causada por el derrumbe y el desprendimiento de los elementos arquitectónicos de los edificios. El 90% de los edificios ha quedado afectado por el temblor, lo que ha obligado a miles de personas a dejar sus hogares, y dos de ellos sucumbieron por completo.

Señorías, han pasado algo más de tres semanas desde que ocurrió el terremoto que asoló la ciudad murciana de Lorca, y hoy es difícil encontrar casas y edificios que no hayan resultado dañados por el seísmo; y muchos de los que no lo están han tenido que ser desalojados por su proximidad a otros que presentan problemas estructurales. El personal de los servicios de emergencia, con gran riesgo, está retirando las propiedades y pertenencias personales del interior de las viviendas, y lo hacen accediendo a los inmuebles por las ventanas y ayudados por unas grandes grúas. Una vez sacados los enseres los depositan en las puertas de los edificios para que los vecinos las vayan recogiendo y retirando. Esta es la situación real que se sigue viviendo en Lorca después de este desastre natural. Y mientras los expertos siguen sorprendidos de las consecuencias de este seísmo, ya que no siendo el mayor que se ha producido en España, ha sido uno de los más destructivos. Por eso el terremoto de Lorca, con sus singularidades y




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la gran aceleración del suelo, la muchísima energía liberada, la situación de la ciudad sobre una falla y la superficialidad han despertado el interés de investigadores de todo el mundo.

El director de la Red Sísmica Española ha dicho que expertos de las principales agencias sísmicas de Estados Unidos, Francia, Italia, Chile y Nueva Zelanda han solicitado datos del terremoto de Lorca para su posterior estudio.

Señorías, tras un terremoto, los datos dependen de tres factores: la profundidad a la que se haya producido el terremoto, la distancia que haya al núcleo urbano y el tipo de suelo en que se produce. Y el de Lorca no ha sido un gran terremoto, pero el epicentro se ha localizado a dos kilómetros bajo tierra, se ha producido a menos de tres kilómetros de distancia de las viviendas y ha tenido lugar en un terreno de arenas y de grava. Y todo esto es lo que ha cerrado el círculo para determinar el alto grado de destrucción de este seísmo. Y es que cuanto más blando es el suelo mayor efecto amplificador se produce, y en el caso de Lorca los efectos se han multiplicado por tres al ser el suelo muy blando y estar formado por grava y por arena. Pero también debemos tener muy en cuenta que otra de las cuestiones que ha puesto de manifiesto el terremoto de Lorca es que la norma vigente hoy en España no contemplaba que la ciudad estaba situada exactamente encima de una falla, por lo que este factor deberá ser tenido muy en cuenta en las posibles modificaciones de la norma para la elaboración de mapas de peligrosidad.

Señorías, de cada terremoto se extraen nuevas lecciones y nuevos datos, y el de Lorca debe servir para mejorar la norma sismorresistente vigente hoy en España. Son fenómenos naturales inevitables, pero las consecuencias que estos pueden tener se pueden minimizar en gran medida y, señorías, en nuestra mano está poder hacerlo. Es ahora, tras este terremoto, cuando llega el momento de evaluar los daños y de analizar lo ocurrido para impedir que se repita otra tragedia como la que hemos vivido en la ciudad de Lorca.

Lo principal y lo más urgente, si sus señorías me lo permiten, es referirnos a los niveles de seguridad que presentan las construcciones en los lugares de alto riesgo sísmico. Entra dentro de lo comprensible que algunos edificios históricos se hayan visto afectados, pero menos comprensible es que edificios de construcción mucho más reciente hayan sufrido desprendimientos de cornisa, balcones, ornamentos, y ocasionado víctimas mortales.

La norma que está vigente en España es del año 2002 y establece las condiciones técnicas que han de cumplir los edificios ante un eventual terremoto. Su principal objetivo es evitar que los edificios colapsen ante la acción del seísmo, pero se aplica desde entonces y no con carácter retroactivo.

El debate acerca de revisar la normativa ha surgido tras comprobar cómo un seísmo de intensidad moderada ha provocado daños considerables y cuantiosos en la ciudad, con nueve víctimas mortales y tres centenares de heridos de diversa consideración a causa de los derrumbes y desprendimientos de elementos arquitectónicos, añadiendo la circunstancia de que uno de los edificios que se desplomó por completo causando dos muertos, era de reciente construcción, con apenas ocho años.

Si el diseño de los edificios es sismorresistente, estos no colapsan, pero otra cuestión es que al moverse la estructura todos los elementos adosados caen: ladrillos, cornisas, etcétera. Por tanto, puede ser que las estructuras estuviesen bien hechas y diseñadas, pero no así las fachadas, por lo que se han registrado fisuras, grietas y desprendimientos muy importantes.

A esto hay que añadir que muchas de las viviendas afectadas son muy anteriores a los años sesenta, cuando comenzaron a implantarse en España de manera tímida las normas de construcción sismorresistente. Pero, también es evidente que los cálculos constructivos antisísmicos en el municipio de Lorca han quedado superados según la norma sismorresistente, ya que la aceleración sísmica del suelo fue el triple de la prevista para Lorca, derribando, incluso, estos edificios de reciente construcción.

Después del terremoto de Lorca los expertos llegan a la conclusión de que hay que actualizar el mapa de peligrosidad sísmica y la norma sismorresistente. Y han llegado a esta conclusión porque después de cada terremoto importante casi siempre se recalculan todos los datos de la norma y, especialmente, el nivel de aceleración del suelo, que es el caso que hoy nos ocupa. Esto no quiere decir que la actual norma esté mal hecha, porque siempre se hace en función de los datos que se tienen, sino que hay que revisarla y adaptarla a los datos que tenemos en la actualidad, a los nuevos datos que ha aportado este terremoto, porque, entre otras cosas, para poder determinar los valores de aceleraciones del suelo en una determinada zona, se necesita haber tenido antes movimientos sísmicos.

En definitiva, señorías, este suceso hace indispensable que con carácter de urgencia se revise y se actualice la norma de construcción de edificios, así como los protocolos de seguridad al objeto de subsanar cualquier carencia que pueda existir y que se haya puesto de manifiesto tras el terremoto de Lorca. Además, se ha de tener en cuenta que existen numerosos inmuebles que se han construido con anterioridad a la




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vigente norma antisísmica que no cumplen por no haberse adaptado a ella. Por eso, instamos al Gobierno de España a que, con carácter de urgencia y en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales situadas en las zonas de mayor riesgo sísmico, revisen y actualicen la normativa sismorresistente en España para la construcción de edificios, así como que para dicha revisión se tenga en cuenta la opinión y la colaboración de todos y cada uno de los expertos en este tema.

En otro de los puntos de esta moción, solicitamos que se incentive un plan de rehabilitación de todos aquellos edificios situados en las zonas de mayor riesgo sísmico que hayan sido construidos con anterioridad a la norma sismorresistente y con especial atención a aquellos edificios construidos antes de 1974. Somos conscientes de las dificultades de abordar el problema de los edificios de hace más de cuarenta años, pero hay que aprender de lo sucedido en Murcia y hacer un plan porque ahora no hay nada previsto. No hay estudios de sismicidad, por ejemplo, para una catedral o para un edificio histórico, y es algo que deberíamos de implementar porque la normativa no se aplica para el patrimonio histórico. Por ejemplo, el campanario que todos vimos caer por televisión era de mampostería y tenía una estructura rígida sin capacidad de deformarse, y ante cualquier movimiento o ante cualquier empuje brusco se rompe la estructura y cae y, por tanto, es lo que mayor riesgo y mayor peligro tiene en caso de seísmo.

Por lo tanto, una de las asignaturas pendientes que tenemos en España es adecuar y rehabilitar los edificios antiguos y tomarnos en serio la rehabilitación de los barrios construidos antes de los años sesenta. Debemos promover una política activa de rehabilitación y adecuación de nuestra normativa sismorresistente. A nuestro juicio, es urgente esa revisión de la norma sismorresistente para actualizarla y, además, hacer una actuación integral para comprobar el estado en el que se encuentran muchos edificios antiguos levantados ya hace muchos años cuando no existía normativa reguladora para prevenir seísmos pero que siguen siendo también visitados por muchísima gente. Una vez comprobado el estado, si hay que invertir dinero, señorías, en nuestro patrimonio arquitectónico, habrá que invertirlo.

La pregunta es, ¿se cumple nuestra normativa o nuestra norma sismorresistente? Sí se cumple, señorías, pero, dado los avances en investigación sobre terremotos, la propia norma ha quedado anticuada y necesita actualizarse. Trabajamos con la norma del año 2002. Han pasado ya diez años y cada día tenemos y se conocen muchos más datos y, aunque ya recoge algunos aspectos más allá de los estructurales, no solo tenemos que exigir que la norma contemple temas estructurales, porque esta norma presta muy poca atención a los elementos ornamentales. Hay que vigilar, por tanto, otras cuestiones como las fachadas, las cornisas, los aleros y otros elementos, como pueden ser los aparatos de aire acondicionado que también se desprenden y caen sobre quien pasea por la calle.

Hoy, solo una pequeña parte de nuestros edificios construidos se ajustan a la normativa. En mi opinión, y aunque ya se recogen algunos aspectos más allá de los estructurales, no solo tenemos que exigir que la norma se cumpla en estos temas estructurales, como ya he dicho anteriormente, si no que es muy importante que incida en los elementos ornamentales de los edificios.

La norma sísmica no tiene carácter retroactivo, señorías, y el patrimonio inmobiliario de una ciudad viene de lejos. No es posible revisar todos los edificios, y somos conscientes, pero sí debería hacerse que los que son más visitados y más utilizados por los ciudadanos sean, en principio, los que antes se revisen y tengan, por tanto, mayor protección para minimizar los daños de una posible catástrofe.

Esta moción, señorías, no pretende buscar ningún culpable, pero somos conscientes de que existen muchos recorridos para poder mejorar. No sería asumible, señorías, que si dentro de algunos años ocurriese algo similar, se dijera que era algo impredecible, que no se podía haber evitado o minimizado los riesgos o que no se pudo hacer más.

También es cierto que el riesgo sísmico en España no es similar a la de otras zonas del mundo, pero los españoles debemos ser conscientes de que tenemos este problema y que debemos aprender de la lección. La formación, la colaboración, la concienciación y, en definitiva, la prevención son imprescindibles y saber cómo debemos actuar en este tipo de catástrofes naturales es fundamental para evitar más pérdidas y más vidas humanas.

Señorías, les pido que apoyen esta moción para que estas normas sismorresistentes se adecuen a los datos y a la realidad actual y para que, por tanto, si volvemos a sufrir otra catástrofe de estas dimensiones, que espero que no, al menos nos coja prevenidos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.

A esta moción se ha presentado una enmienda.




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Senador García Ballestero, no he entendido si se ha manifestado ya en esta primera intervención sobre esta enmienda. (Denegación.) De acuerdo, lo hará después.

Por tanto, tiene la palabra el senador Cuervo para la defensa de la enmienda.

El señor CUERVO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en la defensa y explicación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y comenzaré diciendo que, ante la preocupación social surgida en las poblaciones asentadas en las zonas de mayor riesgo sísmico de nuestro país a raíz de los importantes daños sufridos en la localidad de Lorca como consecuencia de los movimientos sísmicos ocurridos el pasado 11 de mayo, entendemos que la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que insta a la revisión y actualización de la normativa sismorresistente en España, es oportuna en su contenido y, a la vez, un instrumento válido para hacer visible el interés de esta Cámara por la preocupación que las consecuencias del terremoto de Lorca han despertado en todo el país.

En el ánimo de alcanzar los fines que la propia moción pretende, mi grupo parlamentario presentó una enmienda de modificación, cuyo contenido paso a exponer para la consideración y, en su caso, aceptación por el grupo proponente y el resto de la Cámara.

Sobre la base de la estructura y contenido de la propia moción, nuestra enmienda presenta la siguiente propuesta. Su punto 1 quedaría con la siguiente redacción: «Que, con carácter de urgencia, y con la colaboración de las comunidades autónomas y las entidades locales situadas en las zonas de mayor riesgo sísmico, se revise y, en su caso, actualice la normativa sismorresistente en España para la construcción de edificios.»

El punto 2 se suprimiría en aras de evitar la contradicción de pedir la creación de una futura comisión de expertos que lleve a cabo la revisión de la norma —como contempla la propuesta— cuando desde 1974 existe en España la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, presidida por el director general del Instituto Geográfico Nacional e integrada por una veintena de expertos.

El punto 3 quedaría con la siguiente redacción: «Que incentive…» —se entiende, el Gobierno— «…de manera coordinada con todas las administraciones competentes actuaciones de rehabilitación de todos aquellos edificios situados en las zonas de mayor riesgo sísmico que hayan sido construidos hace más de 40 años.»

La redacción del punto 4 sería: «Reforzar la formación para el personal técnico y promocionar, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, campañas de concienciación a la población que resida en zonas de mayor riesgo sísmico, difundiendo vías metodológicas de prevención en riesgos naturales y manuales para centros de enseñanza primaria y secundaria, al objeto de mejorar la información sobre cómo actuar en caso de terremoto.»

Señorías, consideramos que estas incorporaciones mantienen los principios de la moción propuesta, a la vez que la acercan a la realidad sobre la potente normativa sismorresistente que ya existe en España, cuya calidad y garantías se verán beneficiadas.

Por ello, señorías, pedimos la aceptación de esta enmienda.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador García Ballestero para manifestar su posición sobre la enmienda.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo con brevedad para decir que aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que no incide en el contenido global de la moción y, sobre todo, pretende revisar las normas sismorresistentes. Creemos que esta enmienda, con alguna corrección de errores, enriquece y refuerza la moción. Por lo tanto, aceptamos la enmienda.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Pasamos al turno de portavoces a fin de que puedan manifestar su posición sobre la moción con la enmienda incorporada.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Denegación.)




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Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president.

En nom del Grup Parlamentari Català al Senat de Convergència i Unió, anuncio el nostre vot a favor de la moció presentada pel Partit Popular i, en aquest cas, amb l’esmena incorporada.

Tenim el recent antecedent del municipi de Llorca, als quals aprofito per transmetre novament en nom del meu grup tot el suport i recolzament, especialment als afectats i a les famílies de les víctimes. Precisament per tractar-se d’un tema tan sensible i recent, m’agradaria deixar constància que, havent el PP acceptat l’esmena del Partit Socialista, els dos grans grups parlamentaris de la cambra no hagin tingut l’interès de signar una esmena transaccional conjunta amb la resta de partits parlamentaris i demostrar d’aquesta manera i, com és habitual en aquesta cambra, el compromís conjunt de tots els grups amb representació parlamentària respecte a molts temes i, en especial, els de més impacte social.

És evident que moltes vegades no és fins que es produeix un accident o una desgràcia natural —fa un moment es parlava en aquesta cambra de les centrals nuclears i ara ho fem dels terratrèmols— que ens adonem que no estem prou preparats per afrontar certes situacions i, en definitiva, hem de reflexionar i establir millores per assegurar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i evitar tragèdies d’aquesta magnitud.

En aquest cas i respecte d’aquest tema, no hem de ser menys. Em sembla molt encertada la moció que presenten a la cambra. Com hem dit abans, és una llàstima que no haguem arribat a un acord conjunt, però en tot cas des de CiU donarem suport a la moció presentada.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, anunciamos nuestro voto a favor de la moción presentada por el Grupo Popular, en este caso con la enmienda que ha sido incorporada.

Tenemos el reciente antecedente del municipio de Lorca, y aprovecho para transmitir en nombre de mi grupo todo nuestro apoyo y respaldo a los afectados, en especial a las familias de las víctimas. Precisamente, como se trata de un tema sensible y reciente, me gustaría dejar constancia de que, habiendo aceptado el Grupo Popular la enmienda del Grupo Socialista, los dos grandes grupos parlamentarios de la Cámara no han tenido interés de firmar una enmienda transaccional conjunta con los demás grupos parlamentarios y demostrar, como es habitual en esta Cámara, el compromiso conjunto de todos los grupos con representación parlamentaria en relación a muchos temas y, sobre todo, a aquellos que tienen una mayor incidencia social.

Es evidente que hasta que no se produce un accidente o una desgracia natural —hace poco hablábamos de las centrales nucleares y ahora de los terremotos— no nos damos cuenta de que no estamos preparados para hacer frente a determinadas situaciones. Por ello, tendremos que reflexionar y establecer mejoras para garantizar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y evitar tragedias de dicha magnitud.

En este caso, como consideramos que no debemos quedarnos cortos en este tema, vamos a votar a favor de la moción presentada en la Cámara. Lamentamos no haber llegado a un acuerdo conjunto, pero Convergència i Unió dará apoyo a la moción presentada.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Arqué.

La señora ARQUÉ I FERRER: Gràcies, president.

Senyories, és evident que davant situacions extremes i catàstrofes com la passada l’11 de maig a Llorca, tinguem, sentim la necessitat de revisar les normatives existents que protegeixen al màxim la seguretat dels ciutadans.

En aquesta moció se’ns planteja la problemàtica dels moviments sísmics i, per tant, com assenyala l’esmena del Grup Socialista, es revisi i s’actualitzi la normativa ja existent des d’una voluntat de màxim control amb la construcció d’edificis amb la nova construcció amb la fita i, evidentment, amb el tema de protecció arquitectònica.




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També em sembla correcte i important incentivar de manera coordinada entre totes les administracions, per això també acceptàvem aquesta moció amb les esmenes corresponents, la rehabilitació de tots aquells edificis situats a les zones de major risc amb construccions de fa més de 40 anys, però és evident, i reflexionant i escoltant el que deia el portaveu del Partit Popular, evidentment també els de nova construcció, és a dir, una certa revisió d’edificis que tot i no tenir tanta antiguitat poden en el seu moment haver presentat o presentar situacions de risc.

En aquests acords em sembla molt important la vinculació del personal tècnic, evidentment dels ajuntaments, però també jo diria que dels col·legis d’arquitectes, és a dir, aquestes reflexions s’han de fer a un abast en què impregnin en els elements tècnics a les persones que tècnicament i professionalment treballen en aquest afer amb la necessitat d’assegurar que aquelles normatives que ja tenim fetes, ordenades, doncs que se segueixin amb la màxima seguretat.

També, i sobretot, amb les campanyes de conscienciació a la població, amb guies metodològiques en el tema de la prevenció i, per tant, manuals tant per centres d’ensenyament com s’assenyala en primària i secundària evidentment, i que millorin la informació de com actuar en casos de moviments sísmics importants com ha estat l’últim que hem patit. És per això, evidentment, que donarem suport, el donàvem a l’esmena del Grup Socialista, sobretot també per la implicació de totes les administracions ja que jo crec que els ajuntaments són una part implicada importantíssima en aquest seguiment de control, de molta proximitat, i evidentment en la moció general presentada pel Partit Popular.

Gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, es evidente que, ante situaciones extremas y catástrofes como la que sucedió el 11 de mayo en Lorca, sintamos la necesidad de revisar la normativa existente sobre una mayor protección y seguridad a los ciudadanos.

En esta moción se nos plantea la problemática de los movimientos sísmicos y, por lo tanto, como apunta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se debe revisar y actualizar la normativa existente con la voluntad de fomentar el máximo control en la construcción de los edificios de nueva construcción y, también, de los ya existentes con medidas de protección arquitectónica.

También me parece correcto e importante incentivar la coordinación de las distintas administraciones, por lo que aceptamos esta moción con la enmienda correspondiente sobre la rehabilitación de todos aquellos edificios ubicados en las zonas de mayor riesgo que fueron construidos hace más de 40 años. Pero es evidente, después de haber reflexionado y haber escuchado al portavoz del Grupo Popular, que también debe extenderse a los edificios de nueva construcción. Es decir, debería hacerse una revisión de aquellos edificios que no siendo tan antiguos pueden llegar a enfrentarse a situaciones de riesgo.

En estos acuerdos me parece muy importante la vinculación del personal técnico de los ayuntamientos, claro está, pero también de los colegios de arquitectos. Estas reflexiones deben llevarse a cabo con cierto alcance, de forma que también se introduzcan los elementos técnicos. Las personas que, desde un punto de vista técnico y profesional, trabajan en estas materias deberían poder garantizar que la normativa ya aprobada certifica la máxima seguridad.

A su vez, podemos hablar de las campañas de concienciación de cara a la ciudadanía, de guías metodológicas en materia de prevención y de manuales para centros de enseñanza en primaria y secundaria. Con ello se mejora la información y podremos saber cómo actuar en caso de movimientos sísmicos importantes, como el último que hemos padecido. Por este motivo evidentemente votaremos a favor de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y también de la implicación de todas las administraciones en esta iniciativa, pues considero que los ayuntamientos son parte fundamental en este seguimiento y control de proximidad, así como votaremos también a favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Cuervo.

El señor CUERVO FERNÁDEZ: Señor presidente, señorías, vuelvo a intervenir en turno de portavoces, un turno en el que comienzo poniendo de manifiesto la colaboración que en esta moción estamos teniendo los grupos parlamentarios, lo que redunda en la rapidez de su tramitación; supongo que con ello




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favoreceremos que los invitados al acto de la jura de la Constitución por su Alteza Real, el príncipe de España, lleguen a tiempo mientras los demás disfrutamos de un generoso recreo.

Dicho esto, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la moción que estamos debatiendo sobre medidas en zonas de riesgo sísmico en nuestro país con la satisfacción de comprobar que el grupo proponente ha tenido a bien aceptar la enmienda que hemos presentado. Agradecemos asimismo el apoyo de los demás grupos aunque falte la formalidad de la transaccional.

Quiero en primer lugar poner de manifiesto la solidaridad del Grupo Parlamentario Socialista del Senado con el pueblo de Lorca con motivo de la tragedia que le ha tocado vivir y, de manera singular, con las personas a las que el terremoto del pasado 11 de mayo causó el mayor daño como son las víctimas mortales, sus familias y aquellas otras que de manera dramática vieron alteradas sus condiciones de vida por unas u otras razones. A todos ellos manifestamos todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento.

Y una vez constatadas las consecuencias del terremoto creemos que, en honor a la justicia y a la verdad, también es el momento de destacar los hechos positivos surgidos para hacer frente a la desgracia y que a nuestro juicio deben ser puestos en valor. Me refiero al ejemplo de solidaridad y colaboración dado por el conjunto de vecinas y vecinos de la población de Lorca, que se han volcado con los que más lo necesitaban, y a la notable actuación de auxilio llevada a cabo por los servicios públicos de ayuda, que, en perfecta coordinación, desarrollaron una gran labor para paliar los daños y atender a las personas afectadas en el grado de eficiencia que corresponde a una sociedad equilibrada y responsable; hecho este que tuvo continuidad con la rápida acción del Gobierno de la nación, aprobando tan solo dos días después de ocurrir el siniestro medidas paliativas y reparadoras contenidas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, de medidas urgentes para reparar los daños.

Aunque debería ser práctica habitual sin mediar circunstancia adversa alguna, merece ser destacado que este rápido proceso de ayuda del Gobierno fue diseñado en contacto permanente con el Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca en un claro ejemplo de colaboración institucional, necesaria en ese momento y, a buen seguro, también en el futuro.

No se pudo evitar el daño, pero sí se actuó con los parámetros propios de una sociedad regida por los principios de justicia social. Ese espíritu de colaboración y de buen hacer tiene afortunadamente continuidad hoy en la Cámara de representación territorial con esta moción que ha sido traída por legítima iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, y que nos va a permitir impulsar, en clave parlamentaria, un ejemplo de trabajo en común y la puesta de la actividad política y parlamentaria al servicio de un interés superior de la sociedad que representamos, de esa sociedad que, con frecuencia, se manifiesta desconcertada y muchas veces distante de la política y de sus representantes, la misma sociedad que en su versión más joven está reclamando nuevas vías de participación y nuevas formas de hacer política, y cuyo comprensible desencanto nos puede ayudar a superar acuerdos parlamentarios como este, que se manifestará apoyando una moción que a partir de la iniciativa de un grupo parlamentario incorpora la aportación de otro como ejemplo de buena práctica parlamentaria. Sinceramente, señorías, creo que esto es lo que demanda el conjunto de la sociedad por encima de cualquier bandera.

Sobre esa base, sobre la base que acabo de explicar, la de la colaboración, mi grupo parlamentario ha querido aportar a la propuesta inicial del Grupo Popular unos apuntes que están reflejados en la enmienda ya citada, los cuales creemos dan un mayor nivel de calidad a un documento importante que se elevará al Gobierno, instándole a actuar en algo que los hechos desgraciados ocurridos el pasado 11 de mayo en Lorca han elevado a preocupación colectiva en los territorios de riesgo sísmico en España. A esa preocupación los poderes públicos tienen que dar respuesta aportando tranquilidad con normas que eliminen los riesgos en la cuantía máxima posible, como corresponde a una sociedad avanzada y asentada en los principios de justicia social que antes cité. Lo entendió así el grupo proponente y el resto de la Cámara prestando su apoyo a esta moción, a esta iniciativa. Mi grupo quiere agradecer a todos su actitud, y me van a permitir que de manera especial lo haga al portavoz del Grupo Popular en esta moción, a mi tocayo y colega José Manuel García Ballestero.

Sinceramente creo que es un buen servicio y un buen ejemplo. No en vano se trata de una cuestión de alta sensibilidad para el conjunto de la sociedad. La naturaleza, señorías, tiene sus reglas y es imposible acotar sus comportamientos, pero debe ser objeto de los representantes de los ciudadanos procurarles un país con el mayor grado de seguridad para sus habitantes, con normas de prevención de catástrofes que ayuden a limitar los riesgos y también con recursos para atender a los afectados cuando la naturaleza muestra su peor cara, como lo ha hecho a lo largo de la historia —acabamos de comprobarlo,




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lo acaban de comprobar en carne propia los vecinos y vecinas de Lorca— y es bien seguro que lo seguirá haciendo.

Tengo la sensación de que hoy hemos dado un pequeño paso en ese objetivo de conseguir un país mejor y más seguro. No estaría de más que intentáramos seguir haciéndolo en el futuro pues ciertamente es mucho lo que queda por hacer.

Termino, señorías, como es lógico, anunciando el voto favorable a la moción que se debate una vez aceptada nuestra enmienda.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador García Ballestero.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Gracias, presidente. Seré muy breve porque, a estas alturas, prácticamente el tema ya está lo suficientemente debatido y las posturas de los distintos grupos que conforman la Cámara están también lo suficientemente claras.

Agradezco a todos los grupos la sensibilidad que han tenido en un tema tan importante con el apoyo y el respaldo que le van a dar a esta moción, que hemos pretendido en todo momento que cuente con el mayor número de apoyos posible y entrar en la menor polémica posible porque es algo que va en beneficio de todos nuestros ciudadanos, de todos nuestros vecinos y de todos nuestros compatriotas.

Por tanto, muchísimas gracias por esa sensibilidad, muchísimas gracias por el apoyo que han prestado a esta moción, y ahora sí, para finalizar mi intervención, pido que el Gobierno de la nación tome nota —que tiene un mandato claro de las Cortes Generales, que tiene un mandato claro de este Senado a partir de hoy— y que se ponga manos a la obra, que cumpla y que ponga en vigor cuanto antes todos los puntos de esta moción, que lo que pretende no es otra cosa que minimizar todos los riesgos posibles para que cuando se produzca —y espero que no se produzca nunca más— una catástrofe como la que ha tenido lugar en Lorca, se consigan minimizar los máximos riesgos posibles.

Nada más y muchas gracias, presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Dadas las manifestaciones, ¿entiendo que podría aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada, por tanto, la moción con la enmienda incorporada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORZAR LOS MECANISMOS PREVISTOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS AUDIOVISUALES, ESPECIALMENTE PARA QUE NO SE PRODUZCAN CONDUCTAS FAVORECEDORAS DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD.

(Núm. exp. S. 662/000184)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): El siguiente punto del orden del día es la moción del Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a reforzar los mecanismos previstos para garantizar los derechos de los ciudadanos en relación con los medios audiovisuales, especialmente para que no se produzcan conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad.

Tiene la palabra la senadora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.

Me he planteado si rescatar o no algunos mensajes de medios de comunicación que de forma cotidiana soportamos. No tenía claro hasta hace bastante poco si debía citarlos en su literalidad, porque entiendo que pueden dañar la sensibilidad de la Cámara. Pero creo que hay que decirlo, precisamente para que se sientan incómodos, incómodas, indignados, indignadas, como los y las que los hemos escuchado.

Cito literalmente: «Si tienen delante la TV apartémonos un momento porque puede herir sus susceptibilidades: es una vieja fotografía de De la Vega en la playa». Otras frases: «…la exmahoísta Elena Salgado, que no tiene ni idea y que ha hecho si acaso un curso de barbiespesa superstar…»




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«Quiero decir que esta señora (por Marina Géli, exconsejera de Salud de Cataluña), que es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados…». Si las frases que he leído anteriormente se refieren a De la Vega, a Elena Salgado, a Marina Géli, les voy a leer una referida a Soraya Sáenz de Santamaría, porque esto no es cuestión de partidos: «Es una actitud prostibularia (...) Intenta hacer normales las mismas conductas que pretenden normalizar los progres: la droga, la pederastia y el puterío. ¿Por valiente quiere decir usted puta?» Son solo algunos ejemplos, algunas de las perlas que nos encontramos en los medios de comunicación, en las columnas de los periódicos, en los que se compara a nuestras políticas con actrices porno.

Me he pensado mucho, mucho, mucho, mucho si leer esto en esta Cámara, por respeto a la misma, por respeto a todos ustedes, pero les repito que creo que era necesario porque hay mucha gente que no lo ha escuchado, que no lo ha visto, que no lo ha leído, y debemos indignarnos —sí, indignarnos— todos y todas. Es la realidad, es lo que ocurre; esto y, en algunos otros casos, justificaciones de la violencia de género. Vuelvo a leer: «Porque un chico normal de 21 años que está enamorado de su novia embarazada, es normal que pierda el corazón y la cabeza, el sentido y el mundo de vista, si un día llega a casa y su chica le dice que le va a dejar y que además el bebé que espera no es suyo.» Así justificaba un señor que cobra de una televisión pública como tertuliano un crimen, un asesinato, la violencia de género.

Les presento estas frases concretamente, porque, quizás, son las que más nos han sorprendido, porque son las que más nos hieren, pero ¿cuántas encontramos sobre los motivos o las causas que desencadenaron el asesinato: alcohol, celos, discusiones, desempleo prolongado? El hecho es que son del todo injustificables y que solo tienen una causa: el machismo, solo el machismo.

Sin embargo, las leyes son claras. El preámbulo de la Ley de comunicación audiovisual establece que esta norma aspira a promover una sociedad más incluyente y equitativa, específicamente en lo referente a la prevención y eliminación de discriminaciones de género. Además, esta ley, en su artículo 4.2, establece que la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y que debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres.

La Ley de comunicación audiovisual reitera cuestiones reguladas en la Ley de igualdad, en su artículo 39, al establecer que todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier forma de discriminación —mandato ya recogido, como saben, en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Violencia de Género—. Y la segunda parte de este artículo recoge que las administraciones públicas promoverán la adopción por parte de los medios de comunicación de acuerdos de autorregulación. En esa fase de autorregulación estábamos y estamos.

Está claro que como legisladores decidimos solucionar conflictos desde el convencimiento y no desde la imposición, y en esta línea se establecen códigos de conductas que pueden ayudar a solucionar conflictos al margen de los tribunales.

El artículo 40 dice: «Las autoridades a las que corresponde velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan de acuerdo con su regulación, para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales.»

Los medios deben cumplir un triple objetivo: informar, formar y entretener, pero, además, tendrán que llevar a cabo esta tarea atendiendo a los mandatos constitucionales.

Al debatir esta moción, es inevitable aludir a dos debatidas anteriormente: la primera fue en el Pleno pasado, y fue bien traída por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por su portavoz, el senador Chiquillo, que hablaba de control, inspección, y sanción, en el cumplimiento general de la Ley General de Comunicación Audiovisual, en materia de protección o desprotección, en este caso, de menores.

El senador Chiquillo empezaba su intervención diciendo que era un asunto de vital importancia para el futuro de nuestro país, para las nuevas generaciones de la España del siglo XXI, que deben ser protegidas, amparadas y blindadas para su pleno desarrollo en esta sociedad de la globalización. Pues bien, estuvimos y estamos de acuerdo con esta moción aprobada en el Pleno pasado, y me he permitido traer de nuevo al Pleno las palabras del senador Chiquillo porque quiero ponerlas en relación con otra moción aprobada en esta Cámara el 27 de abril que hablaba de adolescentes y de violencia de género —en los más jóvenes.

En esa moción, recordarán ustedes que, aparte de hablar de la escuela, de las campañas en los medios de comunicación, del uso de los más jóvenes de las redes sociales, decíamos que los niños, las niñas, los adolescentes no son marcianos que se educan solo en el cole, sino que tienen su referencia en




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los medios de comunicación, en su forma de relacionarse, en lo que ven en la familia, etcétera. La realidad no es un accidente, es cómo hemos integrado las estructuras de convivencia entre todos, y en eso, por supuesto, hemos de incluir —pues tienen un papel fundamental— los medios de comunicación. Pues bien, como la realidad no es un accidente, el futuro tampoco va a ser una deriva del presente; el futuro será lo que construyamos entre todos y todas, y en este asunto tienen un papel fundamental los medios de comunicación.

La enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, de la que luego hablaremos, nos remite a la justicia ordinaria y a la autorregulación. Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista lo que plantea ahora es si la política sirve para algo, más allá de los juzgados. ¿Podemos hacer algo con la política? Entiendo que la respuesta de todos y todas los que estamos aquí —por la razón que sea la portavoz del Grupo Parlamentario Popular me sonríe— es que sí. Nuestra moción no pretende entrar en polémica —tal es así que hemos intentado ajustar el texto a lo planteado por el Grupo Parlamentario Popular en el Pleno pasado sobre menores, pues consideramos que debe tener la misma protección la mitad de la población que está siendo agredida por algunos medios de forma reiterada, algo a lo que ya nos hemos acostumbrado—, sino dar respuesta a estas situaciones, que no hacen más que prorrogar la desigualdad.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda.

Tiene la palabra la senadora García.

La señora GARCÍA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señora Hernández, en primer lugar, he de decirle que he recogido sus palabras, y la primera pregunta que me hago antes de entrar a defender mi enmienda, y la formulo en alta voz en este hemiciclo, es: ¿cuántos expedientes sancionadores existen por todas esas frases que usted ha denunciado ante esta Cámara? Me gustaría que me lo dijera.

Dicho esto, mi grupo ha presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Con nuestra enmienda se pretende instar al Gobierno a una protección activa —repito: una protección activa— de los derechos de los ciudadanos en relación con los medios audiovisuales. Y esa protección activa que instamos del Gobierno es para que se utilicen los instrumentos y mecanismos de control que establecen las leyes. Tenemos leyes, tenemos mecanismos; pero, si no los utilizamos, de nada sirven. Por tanto, lo que nosotros pedimos a través de esta enmienda es que se ejerza esa protección activa. Y no solamente en el ámbito de la Administración, en el ámbito administrativo, sino que vamos más allá: en todos los ámbitos; en el ámbito administrativo y en los ámbitos jurisdiccionales competentes, si a ello hubiera lugar. Y ello, como usted ha planteado en su moción, con un objetivo: erradicar la apología que se pueda hacer en los medios de comunicación de la violencia de género y de la discriminación por razón de sexo.

Además, en nuestra enmienda a su moción, en el apartado segundo, también instamos al Gobierno a que se promuevan códigos de autorregulación en las cadenas de televisión. Estos códigos de regulación ya existen y están regulados en la ley que lleva poco más de un año en vigor, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en la que se regulan los controles de autorregulación en relación con la defensa de los menores. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señora Hernández, no podemos ni debemos falsear la realidad. Y la realidad muestra que no se están activando los mecanismos de control necesarios para poder lucha contra la discriminación y contra la violencia de género. Por tanto, le pido, en defensa de los derechos de estas mujeres, que seamos valientes y digamos la verdad. También le pido que me indique —se lo he preguntado al inicio de mi intervención— cuántos expedientes de control de los medios audiovisuales se han abierto, cuántas sanciones se han impuesto, cuántos se han llevado al ámbito jurisdiccional y cuántas condenas se han impuesto. Entonces yo entendería su moción, entendería que usted pidiera que se reforzaran los mecanismos. Pero, señoría, difícilmente vamos a reforzar aquello en lo que no estamos trabajando.

Cuando hablé con usted le expresé que creía que mi enmienda era una enmienda valiente, de reconocimiento de que había que ponerse a trabajar en este asunto. Por tanto, sigue abierta, ya que considero que debería ser aceptada.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para manifestar su posición sobre la enmienda, tiene la palabra la senadora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, comparto plenamente con usted que no podemos ni debemos falsear la realidad. Pero la realidad es que ustedes, en el Pleno pasado, presentaron una moción que decía: El Senado insta al Gobierno a que ejerza las funciones de control e inspección que la ley establece imponiendo las sanciones que corresponda a aquellas cadenas de televisión que vulneren lo que establece la ley y generen con su infracción desprotección de los menores y perjudiquen su desarrollo psicológico.

La realidad es que esta senadora le ofreció a usted una transaccional sobre la base de esta moción del Pleno pasado, cambiando «menores» por «igualdad». Y la realidad es que usted, con su enmienda —la cual no podemos aceptar—, rebaja la protección; rebaja la protección. Usted me decía que no, pero el texto dice otra cosa: nos manda a la autorregulación y nos manda a la justicia ordinaria. No podemos compartirlo. Y, desde luego, no entendemos cómo ustedes planteaban en el Pleno pasado una protección para los menores y un control de los medios audiovisuales para las futuras generaciones —como señalaba el senador Chiquillo—, y en este caso nos dicen que no a la protección de la mitad de la población. No podemos comprenderlo, y no entendemos cómo usted no acepta la oferta transaccional que les hacemos sobre la base que nos propusieron ustedes en el Pleno pasado.

No podemos aceptar su enmienda. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegación.)

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, la senadora Leanizbarrutia tiene la palabra.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.

Eskerrik asko.

Beno, guk, gure taldeak, mozio honen aurrean aldeko botoa emango dugu. Egia da hemen pena bat dela ez onartzea PSOEk, Alderdi Sozialistak, ez onartzea PPk planteatzen dituen emendakinak, baina hala ere iruditzen zaigu planteatzen dena ba bueno bidezkoa dela. Argi daukagu bermatu egin behar dugula berdintasun hori eta eskatu nahi diogu Gobernuari ba egiteko ekimen guztiak hori bermatu ahal izateko. Ongi deritzogu horri.

Agian tamalgarria da, edo penagarria da, ikustea ez garela ados jartzen beti adostu ditugun gai hauetan. Ez dakit Alderdi Popularrak zer egingo duen mozio honen aurrean, baina uste dut dela edo guztia edo ezer, eta nik uste dut erdibideak ere badaudela. Noski bermatu daitezkeela askoz ere modu aktiboagoan eta aktiboki jarri daitezkeela neurriak, baina bueno momentu honetan Alderdi Sozialistak onartzen ez badu ba guk ezin diogu ezetzik esan. Politagoa izango litzake denok adostea ze genero bortizkeriaren aurrean nik uste dut ganbara honetan beti agertu garela ados, eta hori izango litzake niretzat aipatu nahiko nukeen gauza bakarra. Erabili behar dira mekanismoak, egia da Alderdi Popularrak esaten duena, aktiboki, hau da batzuetan legeak hor egoten dira baina legeak ejerzitatu egin behar dira, eta orduan martxan eta aktiboki jarri behar dira, eta orduan beharbada batzuetan konformatu egiten gara legeak edo erregulazioak esaten duenarekin, hor kokatzen dugu gure betebeharra edo gure erantzukizun guztia, eta askotan jendeak ez du jartzen behar besteko indarra lege horiek betearazteko.

Beraz, tamalgarria da, berriz ere azpimarratu nahi dut, gai honetan ez adostea talde guztiok izan dugun jarrera, behintzat legealdi honetan. Gure aldeko botoa ze gu gaude benetan bermatu egin behar direla hiritarren eskubideak, eta batez ere genero bortizkeriaren kasuetan ematen denean. Halako eskubideak zalantzan jartzen direnean eta nolabait erasotuta daudenean gure alderdiak beti- beti, eta taldeak beti, defendatu dugu eskubide horiek defendatu egin behar ditugula. Indar gehiagorekin edo gutxiagorekin, baina behintzat beti ere agertuko gara horren aurka, bortizkeriaren aurka.

Eskerrik asko.

Muchas gracias.

Nuestro grupo va a votar a favor de esta moción. Es una pena que el Grupo Socialista no acepte la enmienda del Grupo Popular, pero lo que se plantea nos parece que es totalmente justo. Tenemos claro




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que hay que garantizar esas medidas sobre la igualdad, y le queremos pedir al Gobierno que haga todo lo posible para garantizarlas; nos parece muy bien lo que se pide.

Es una pena ver que en estos temas no llegamos todos a un consenso. No sé qué va a hacer el Grupo Popular ante esta moción, pero creo que es o todo o nada; por otra parte, también hay caminos intermedios. Claro que se pueden garantizar las cosas de una manera más activa, y con unas medidas mucho más activas. Pero en estos momentos, si el Grupo Socialista no lo acepta, nosotros no podemos decir que no, no podemos negarnos; sería mejor que todos llegásemos a un acuerdo, con la misma postura ante la violencia de género, porque siempre hemos estado a favor de esto, y para mí sería la postura más adecuada. Lo que quiero decir es que tenemos que utilizar los mecanismos; aunque es verdad, como dice el Grupo Popular, que hay que hacerlo de una forma activa. Es verdad que hay leyes, pero las leyes hay que ejercitarlas y ponerlas en marcha de una forma activa. Muchas veces nos conformamos con lo que regula la ley —nos limitamos a eso— y sí que es verdad que muchas veces no ponemos toda la fuerza para hacer cumplir esas leyes.

Es una pena —lo vuelvo a decir— que no tengamos consenso en este tema, que no nos pongamos de acuerdo, porque hemos tenido más o menos la misma actitud en toda la legislatura. Nuestra opinión es que hay garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo en lo que respecta a la violencia de género. Esos derechos se ponen en juego, y nuestro partido, nuestro grupo, siempre ha dicho que tenemos que defenderlos, sea con más o con menos fuerza; siempre vamos a estar en contra de la violencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, bon dia.

Bé, en primer lloc voldria aprofitar la meva intervenció per fer una reflexió sobre les iniciatives parlamentàries que s’estan portant a aquesta Cambra. Em sembla força incomprensible que moltes de les mocions que es porten per ser aprovades en aquest ple o fins i tot a les comissions, siguin mocions que tenen com a objectiu fonamental el compliment d’una llei.

El Poder Legislatiu treballa amb la finalitat de protegir drets, però també per determinar obligacions. Les lleis es fan per complir-se. Això implica a tots els col·lectius, però també a la pròpia administració, que té la obligació de vetllar per què el seu compliment sigui una realitat i procedeixi, a sancionar, en cas que aquesta es vulneri.

Avui la senadora Hernández, del Grup Parlamentari Socialista, ens duu al ple una moció que «insta al govern a reforçar els mecanismes previstos per garantir els drets dels ciutadans en relació amb els mitjans de comunicació», en aquest cas respecte al concepte d’igualtat i de la discriminació de gènere.

L’exposició de motius de la present moció, que curiosament presenta el mateix partit que està al govern, fa referència a diverses lleis que pretenen prevenir la discriminació de sexe als mitjans de comunicació. Vostès, amb bon criteri, argumenten que a pesar de tota aquesta legislació, el govern ha estat incapaç de fer desaparèixer dels mitjans de comunicació els continguts de caràcter discriminatori i, de fet, ens ha donat clars exemples del que ens trobem cada dia als mitjans de comunicació.

És evident que els mitjans tenen un gran poder i influeixen enormement sobre la societat. Tanmateix, tal com va argumentar el meu company, el senador Alturo en una moció similar portada en el darrer ple per part del PP, voldria deixar constància que la llei general de comunicació audiovisual preveu, en el seu títol VI, el règim sancionador per incompliments de les obligacions per part dels mitjans de comunicació. Per tant creiem que el govern disposa d’una eina fonamental i bàsica per a la protecció dels drets dels ciutadans, i és la seva responsabilitat fer complir les obligacions que allà s’hi estableixen.

Potser seria intel·ligent per la seva part fer certa autocrítica, doncs és probable que el govern no estigui fent tots els esforços per aconseguir la situació a la que estem fent referència. Tanmateix, per al grup parlamentari català al senat de Convergència i Unió és una prioritat aconseguir que tots els mitjans de comunicació elaborin i emetin continguts a favor de la igualtat, i que en cap cas aquests vagin en detriment de l’esforç que s’ha fet en el nostre país entorn del foment de la igualtat entre homes i dones.

Creiem que el govern té l’obligació de fer complir la llei, però en qualsevol cas aprovarem la moció presentada perquè pretén millorar i reforçar els mecanismes per aconseguir que així sigui.

Moltes gràcies.




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Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días.

En primer lugar, quisiera aprovechar mi intervención para hacer una reflexión sobre las iniciativas parlamentarias que se están realizando en esta Cámara. Me parece bastante incomprensible que muchas de las mociones que se traen para su aprobación en este Pleno o en las comisiones sean mociones cuyo objetivo principal sea el cumplimiento de una ley.

El Poder Legislativo trabaja para proteger derechos, pero también para determinar obligaciones. Las leyes se hacen para ser cumplidas. Esto implica a todos los colectivos, pero también a la Administración, que tiene la obligación de velar porque el cumplimiento de aquellas sea una realidad y de proceder a sancionar, si se vulnera.

Hoy la senadora Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, nos trae al Pleno una moción que insta al Gobierno a reforzar los mecanismos previstos para garantizar los derechos de los ciudadanos en relación con los medios de comunicación. En este caso, respecto al concepto de la igualdad y la discriminación de género.

La exposición de motivos de esta moción, que curiosamente presenta el mismo partido que está en el Gobierno, hace referencia a diversas leyes que pretenden prevenir la discriminación por razones de sexo en los medios de comunicación. Ustedes, con buen criterio, dicen que, con esta legislación, el Gobierno ha sido incapaz de hacer desaparecer de los medios de comunicación los contenidos de carácter discriminatorio. De hecho, lo ha ilustrado la portavoz con claros ejemplos de lo que aparece en ellos cada día.

Es evidente que los medios tienen un gran poder e influyen enormemente en la sociedad. No obstante, tal como argumentó mi compañero, el senador Alturo, en una moción similar que trajo al Pleno el Partido Popular, quisiera dejar constancia de que la Ley General de la Comunicación Audiovisual prevé en su título VI el régimen sancionador por incumplimiento de los medios de comunicación. Por tanto, creemos que el Gobierno dispone de una herramienta fundamental y básica para la protección de los derechos de los ciudadanos y que es responsabilidad suya hacer cumplir las obligaciones allí establecidas.

Tal vez sería inteligente cierta autocrítica, porque es posible que el Gobierno no esté haciendo todo lo posible para corregir la situación a la que nos referimos. Sin embargo, en el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió pensamos que es prioritario conseguir que todos los medios de comunicación elaboren contenidos en favor de la igualdad, y que en ningún caso vayan estos en detrimento del esfuerzo que se ha hecho en nuestro país en pro del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Creemos que el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley pero, sea como fuere, aprobaremos esta moción porque pretende mejorar y reforzar los mecanismos para que así sea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.

La señora BAIG I TORRAS: Gràcies, president. Des de l’escó mateix.

Jo crec que l’exposició de motius de la moció del Grup Socialista detalla varies lleis, varies lleis que van des de l’1/2004 de Mesures de Protecció Integral Contra la Violència de Gènere, la llei 7/2010 General de Comunicació Audiovisual. Ens mostra, doncs, i ens relata un marc jurídic prou estable per fer desaparèixer la discriminació envers les dones. Tot i així, malauradament, massa sovint sorgeixen missatges degradants per les dones que mostren no sols una cultura masclista sinó un manca de respecte, de mala educació amb actituds realment indignants.

Aquesta va ser la primera lectura d’aquesta moció. Avui amb l’exposició que ha fet la portaveu del Grup Socialista ens ha mostrat algunes perles, més que perles són realment qüestions molt indignants, que ens han de preocupar des de la seva vessant del masclisme i també des de la vessant de voler fer abolir l’interès per la política de les dones. De la mateixa manera que en un primer moment vaig veure a la moció alguns aspectes que no m’acabaven de quadrar respecte aquesta moció, he descobert al llarg de la seva intervenció que realment sí que té sentit que el Grup Socialista hagi presentat aquesta moció. I té sentit per la contradicció que ens ha explicat la seva portaveu, la senyora Hernández, i per la moció que varem aprovar en el darrer ple.

Crec que podríem demanar al Grup Popular que la mirés des d’aquesta vessant, perquè és realment preocupant que vegem la necessitat del control de la inspecció i de la sanció quan estem treballant per la infantesa i no ho vegem —les mateixes dones fins i tot— quan estem treballant pels drets de les dones.




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Però és que també estem treballant pels drets de la infantesa. Quina televisió o quins mitjans de comunicació poden informar, formar i entretenir si s’escolten aquestes qüestions tan indignants que ens han portat avui al ple?

És per això que nosaltres aprovarem la moció del Grup Socialista i demanaríem al Grup Popular que la veiés des d’aquesta situació, que realment hi ha un interès importantíssim per eradicar l’apologia de la violència contra les dones, garantir els drets de les dones que també passa per fer política i, sobretot, que estem treballant perquè l’educació dels nostres infants sigui una altra i tinguin en el futur una visió completament diferent de quins són els drets de les dones que han de ser realment iguals per viure en una societat que puguin compartir i que puguin conciliar en el futur homes i dones.

Gràcies, senyor president. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño.

La exposición de motivos de la moción del Grupo Parlamentario Socialista detalla diversas leyes, desde la 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, hasta la 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual; por consiguiente, nos relata un marco jurídico bastante estable para acabar con la discriminación de las mujeres. Sin embargo, desgraciadamente demasiado a menudo surgen mensajes degradantes para las mujeres, que muestran no solo una cultura machista sino también falta de respeto y mala educación, con actitudes realmente indignantes.

Esta fue mi primera lectura de la moción. Pero hoy la portavoz socialista nos ha mostrado en su intervención algunas «perlas» —por llamarlas de algún modo—, cuestiones sumamente indignantes que deben preocuparnos por su machismo y porque intentan abolir el interés de las mujeres por la política. Del mismo modo que en un primer momento encontré en la moción algunos aspectos que no acababan de encajarme, a lo largo de su intervención he comprendido que realmente sí tiene sentido que el Grupo Parlamentario Socialista la haya presentado, por la contradicción que nos ha explicado su portavoz, la señora Hernández, y que también se incluyó en la moción que se aprobó en el último Pleno.

Creo que podríamos pedirle al Grupo Parlamentario Popular que considerara esta moción desde esta óptica, porque es realmente preocupante que estimemos la necesidad del control de la inspección y la necesidad de la sanción cuando estamos trabajando por la infancia, y que no lo veamos igual cuando trabajamos en pro de los derechos de las mujeres; incluso las propias mujeres. Además, se ha de tener en cuenta que también estamos trabajando por los derechos de la infancia porque ¿qué televisión o que medios de comunicación pueden informar, formar y entretener si se escuchan en ellos opiniones tan indignantes como las que se han expuesto en este debate?

Por eso apoyaremos la moción del Grupo Parlamentario Socialista, y le pedimos al Grupo Parlamentario Popular que la vea también desde esta perspectiva, desde la óptica de que existe realmente un gran interés en erradicar la violencia, en acabar con la violencia contra las mujeres, en garantizar el derecho de las mujeres también a hacer política. Sobre todo, consideremos que estamos trabajando para que la educación de nuestros hijos sea distinta y tengan en el futuro una visión completamente distinta de los derechos de las mujeres, que deben ser iguales para que todos puedan vivir en una sociedad que puedan compartir, que pueda conciliar a hombres y mujeres.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero agradecerle al senador Tuñón, porque se me pasó hacerlo en mi primera intervención y ahora no se encuentra presente, su trabajo en la Comisión de Igualdad. Mi grupo parlamentario estima que no hubiera sido posible trabajar de la misma forma sin su participación activa, sin su defensa a ultranza de la igualdad y de los derechos de las mujeres. Leyes tan importantes como la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva se han enriquecido con la participación del senador Tuñón. Mi grupo parlamentario y todos los componentes de la comisión van a echarle mucho de menos. Le deseamos mucha suerte en su nueva andadura.

En segundo lugar, quiero contestar a la senadora Lore Leanizbarrutia. Estoy de acuerdo en que es una lástima; y de verdad espero que ahora el Grupo Parlamentario Popular nos anuncie su voto favorable a la moción. Creo que estas cuestiones van más allá de los partidos —y de hecho, en mi intervención nombraba a Soraya Sáenz de Santamaría—, porque esto no va de partidos, va de defensa de la igualdad.




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Lo que pasa es que mi grupo parlamentario entiende que no podemos consentir una rebaja de la protección cuando estamos hablando de mujeres con respecto al Pleno anterior, porque fue hace nada, fue el otro día, en el que se trató el tema de los menores. No podemos consentir que parezca que haya cosas a proteger en menor grado. De hecho, a pesar de que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió había aceptado nuestro texto inicial y se abstuvo luego en la votación de la moción del Pleno pasado, le hemos ofrecido al Grupo Parlamentario Popular una transaccional en los mismos términos en los que planteó la suya el senador Chiquillo en el Pleno pasado; es decir, la misma protección. Cuál ha sido nuestra sorpresa al ver que no se aceptaba nuestra propuesta, ni siquiera en los términos planteados por ellos en el Pleno pasado.

Por eso no podemos aceptar su enmienda, porque no podemos aceptar una protección menor; porque no somos ciudadanas de segunda categoría; porque no necesitamos que se nos proteja menos; y porque estamos hablando de lo mismo: estamos hablando también de menores. Y estamos hablando también del modelo de sociedad que queremos en un futuro. Estamos hablando de que los chicos y las chicas reciben esas referencias. Y no sólo con los excesos del machismo en algunos medios de comunicación; porque algunas personas que pueden participar en la perpetuación del sistema, al oír estas frases, estas perlas, pueden considerar también que esto es machismo, que esto es un exceso. Sin embargo, hay otros aspectos, de los que hemos hablado, cómo con imágenes, con frases más sutiles, se sigue justificando los rasgos del macho ibérico y de la señorita de bien, y esa forma de comportarse; no son tan explícitos, pero que nos los van colando en los medios de comunicación. De esto también habla la moción. Y además habla de anuncios y de las imágenes que nos trasmiten los medios de comunicación audiovisual.

La moción habla, pues, de todo esto. Y a mí me da lástima lo que estamos viendo, que hay una protección para los menores y otra diferente para la igualdad. A mí me da lástima ver cómo, una vez tras otra, el Grupo Parlamentario Popular, el grupo parlamentario mayoritario en esta Cámara, pone piedras en el camino a la igualdad. Cómo busca excusas para no votar la Ley de Igualdad, para no votar la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva, para no votar esta moción; ¡por Dios, que es igual que la que se aprobó en el Pleno pasado! Cómo intentan liarnos con una enmienda en la que cambian «que se erradiquen» por «que se eviten» —fíjate tú, qué sutil— y «reforzar los mecanismos» por «protección activa». Cómo nos mandan a la justicia ordinaria. Oiga, esto ya lo teníamos antes de la Ley de igualdad: cualquier mujer que fuera insultada de la forma en la que han sido insultadas las personas que yo he puesto como ejemplo podía ir a la justicia ordinaria. Pero no se trata de esto, porque no se insulta solo a Fernández de la Vega, a Marina Geli, o a Soraya Sáenz de Santamaría o a la senadora y ministra Pajín, se insulta a la población en su conjunto, y se insulta y se denigra a la mitad de la población: a las mujeres. No se trata de que interponga una demanda judicial la persona agredida; se trata de todos y de todas, y del modelo de sociedad que queremos; y los medios de comunicación tienen un papel muy activo en esto.

Hemos optado por la autorregulación. Como dicen las veteranas militantes de mi partido, porque se publique una ley en el boletín oficial no pasa a ser una realidad; y mucho menos en un tema como este, con veintiún siglos de discriminación. La ley optó por un modelo: la autorregulación, la negociación. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres recibe a diario reclamaciones que traslada a los medios de comunicación y que en la mayoría de los casos, es verdad, reciben respuesta; por supuesto, el programa ya está emitido, el programa ya se emitió. Sin embargo, en este caso estamos hablando de dar un paso más, de reforzar los mecanismos para que esto no suceda. No entiendo por qué inspección, sanción en los casos de menores, y aquí a la justicia ordinaria y a la autorregulación. No somos ciudadanos de segunda; somos las ciudadanas, somos más del 50% de la población española; no somos un sector de la población, y las niñas que hay que proteger también son mujeres.

No quiero liarme mucho más. De verdad, le pido encarecidamente al Partido Popular que vote lo que votaron y propusieron en el Pleno pasado y que dejen de poner chinas en el camino de la igualdad.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora García.

La señora GARCÍA GARCÍA: Señora Hernández, mi discurso va a ser muy tranquilo porque estamos tratando un asunto de una sensibilidad especial: estamos hablando de las mujeres víctimas de violencia de género. Probablemente en este momento, mientras estamos aquí, en esta sala, haya mujeres que están padeciendo y sufriendo la violencia de sus parejos. Por eso le digo que voy a hacer un discurso




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sereno. Pero voy a hacer un discurso sobre la base de la verdad; la verdad que usted no ha utilizado. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Aquí y ahora le digo, señora Hernández, que nosotros vamos a votar a favor de la moción, ¡claro que vamos a votar a favor de la moción!, porque no ponemos piedras en el camino. Al contrario: queremos caminar junto a ustedes, junto a los demás grupos, en la lucha contra la violencia de género y en la lucha contra la discriminación.

Se lo dije ayer y se lo vuelvo a repetir aquí hoy, en esta Cámara: usted no ha entendido mi enmienda. O no la ha entendido, o no la ha querido entender, que es lo más seguro. Cuando mi enmienda dice instar a ejercer una protección activa, lo que estoy diciendo es que el Gobierno no la está ejerciendo —lo han dicho también aquí otros senadores, otros portavoces— no está cumpliendo las leyes.

Para lo que usted llama sanción, yo empleo la palabra —y la generalizo— control: utilizar los controles que establecen las leyes. Si ha leído la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que me imagino que la ha leído, habrá visto que, entre los medios de control está el de imponer sanciones cuando se incumple la norma en materia de discriminación de género y en materia de violencia de género. Por tanto, tengo que entender que usted no ha querido entender mi enmienda. Y a mayores, no solamente me quedo en el ámbito administrativo, ya se lo he dicho, sino que hay que actuar también en el ámbito jurisdiccional, cuando sea necesario, y habrá que condenar cuando se incumplen las leyes.

Lo que pasa es que este Gobierno tiene doble vara de medir, y los medios audiovisuales los mide dependiendo de si le son o no favorables. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Eso, señorías, no es luchar contra la violencia de género, no es luchar contra la discriminación de género, sino luchar por sus propios intereses. (La señora Hernández Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señoría, le puede gustar o no, pero no hay más verdad que esta. Si no, mírese usted la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que resuelve a favor de la cadena de Intereconomía en la demanda que el Ministerio de Industria le puso.

Por tanto, señoría, vamos a ser sinceros, vamos a decir la verdad y vamos a trabajar en contra de la violencia de género. En el Partido Popular, mi partido, siempre hemos trabajado a favor de la lucha contra la violencia de género. (La señora Hernández Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señoría, no se enfade que es así, aunque no le guste oírlo. Se lo dije ayer y se lo repito hoy en esta sala. Lamento que no le guste.

Yo le tiendo la mano a usted, al Grupo Parlamentario Socialista y al resto de grupos porque sí estamos dispuestos a trabajar y a luchar contra la violencia de género, para que no haya ni una mujer más en España que pierda la vida como consecuencia del maltrato de su pareja. Ahí vamos a estar. Pero lo que no podemos permitir es que usted mienta deliberadamente en esta Cámara. Eso no podemos consentirlo porque es mentira: el Partido Popular nunca ha puesto piedras en el camino en la lucha contra la violencia de género, sino todo lo contrario, siempre hemos estado apoyando la defensa de estas mujeres.

Nosotros pedimos control. Pedimos que el Gobierno actúe. Yo le he preguntado, y me llama la atención que usted no me haya respondido, cuántos expedientes hay al día de hoy abiertos contra los medios audiovisuales por discriminación por razón de género o en materia de violencia de género. ¿Cuántos expedientes? No me lo ha dicho aquí, pero espero que, a lo mejor fuera de este hemiciclo, me lo diga. ¿Sabe por qué no me lo dice? Porque no los hay, porque no se está trabajando.

Entonces lo que usted hace es presentar una moción intentando dar a entender a esta Cámara que el Gobierno está trabajando, y lo que pide es que se refuercen los mecanismos. Señora Hernández, reforzarlos sí, pero primero vamos a ponernos a trabajar; y, si es necesario reforzar, el Partido Popular apoyará, este grupo parlamentario apoyará, no le quepa la menor duda, todo cuanto sea necesario en la lucha contra la discriminación de género y contra la violencia. Apoyaremos todo. Pero diga usted la verdad. Le pido que diga la verdad. Y la verdad es esta: no se está trabajando.

Le hemos pedido también que se promuevan los códigos de autorregulación, pero a usted no le interesa. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el artículo 13 —le señalo hasta el artículo para que, cuando usted salga y tenga oportunidad, se lo lea—, en el párrafo segundo, habla de que la Administración Pública promoverá la autorregulación. Es que parece que yo he venido aquí a decir cosas extrañas o a no defender los intereses… (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, silencio.




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La señora GARCÍA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Y eso no se lo puedo consentir, señora Hernández, no se lo puedo consentir. Y menos, como le he dicho al principio, en estas materias tan sensibles, donde miles de mujeres con sus hijos están sufriendo.

Y para terminar le voy a dar un consejo. (Fuertes rumores.) Usted dice en su enmienda: discriminación de género. Pues bien, yo le pondría muchos ejemplos, y les pediría a ustedes, ya que son del mismo signo político que el Gobierno, que le digan que trabaje en materia de discriminación de género. Y me estoy refiriendo a discriminación salarial, señora Hernández. Mire usted, en mi comunidad, Asturias, somos líderes con un 30% de diferencia salarial en contratos entre hombres y mujeres. (Fuertes rumores.)

Veo que usted se ríe, pero a mí no me hace gracia, y creo que a las mujeres tampoco se la hará. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora GARCÍA GARCÍA: A mí no me hace ninguna gracia. Estas son cosas muy serias como para que usted se ría, señora Hernández. Lamento que tome usted mi intervención a risa porque no es para reírse. Es una intervención desde la seriedad, desde la responsabilidad… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

La señora GARCÍA GARCÍA: …y desde el respeto hacia todas estas mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La señora Hernández Gutiérrez pide la palabra.)

Tiene su señoría la palabra.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Señor presidente, la senadora ha dicho que digo mentiras, que me tengo que leer la Ley integral, y por alusiones…

El señor PRESIDENTE: Sí, señoría, puede hacer uso de la palabra por alusiones.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Sí, señor presidente. Por alusiones tengo que decirle a la senadora que ha intervenido que ella ha dicho que yo digo mentiras pero no ha citado ni una sola mentira. Me ha dicho que me va a dar un consejo, que me lea la Ley integral contra la violencia de género.

Pues bien, esas actitudes paternalistas son difíciles de explicar en esta Cámara por usted. Son muy difíciles de explicar o al menos para mí son difíciles de entender. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio. Señora senadora, le pido que haga mención a las alusiones.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Sí señor presidente.

La alusión se refiere a que ha dicho usted que la justicia le ha dado la razón a Telemadrid. Pues recordemos que ha sido por las declaraciones sobre Marina Geli en las que se llamaba a la ex consejera guarra, puerca y en las que se decía también que está fabricando degenerados. Y usted ha venido hoy aquí a defender ese programa, ese canal y a ese contertulio. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora García.

La señora GARCÍA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señora Hernández, cuando empecé mi intervención le dije que quería hacerla desde la serenidad y desde el respeto hacia las mujeres víctimas de la violencia de género. Creo que lo mejor que puedo hacer en este momento es no dar crédito a las palabras que usted ha manifestado.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

He escuchado las distintas intervenciones y, a pesar del debate, parece ser que hay acuerdo en la moción. Entiendo, por tanto, que se puede aprobar por asentimiento. ¿Es así, señorías? (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento.




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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE CRÉDITO AL CONSUMO.

(Núm. exp. S. 621/000097)

(Núm. exp. C.D. 121/000104)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto sexto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley de contratos de crédito al consumo.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el senador Asensio.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Tengo el honor de presentar el dictamen del proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 20 del pasado mes de mayo, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 24 y fue ampliado hasta el día 26 de mayo. A este proyecto de ley se presentaron 38 enmiendas así distribuidas: 17 del señor Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 10 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 7 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; y 3 del Grupo Parlamentario Popular, siendo una de ellas posteriormente retirada por dicho grupo.

El señor PRESIDENTE: Señorías, está equivocado el panel, pero no está equivocado el que habla. Siga, señoría.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ: La comisión se reunió para dictaminar el pasado día 1 de junio, y emitió dictamen en el que se han introducido modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados como consecuencia de la aprobación de las enmiendas números 28 del Grupo Parlamentario Popular y 36 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Se han corregido también diversos errores advertidos en el texto del proyecto de ley.

Han presentado votos particulares a este dictamen los Grupos Parlamentarios Mixto, Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular. (Suena la llamada a votación.—Rumores.—Varios señores senadores se acercan a la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, un momento, por favor.

Señorías, se está llamando a votar, pero nosotros no estamos llamando a votar. La tecnología a veces falla, pero desde aquí no se está llamando a votar. Por tanto, a quien le corresponda, que lo resuelva, porque uno, evidentemente, no está para resolver estas cuestiones. Por favor, que paren de llamar a votar.

Senador Asensio, tiene la palabra.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

A continuación, tengo el honor de presentar el dictamen del proyecto de ley de contratos de crédito al consumo. El proyecto de ley que se somete en este caso a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 19 del pasado mes de abril de 2011, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 4 de mayo de 2011.

A este proyecto de ley se presentaron 6 enmiendas así distribuidas: 1 de los señores Pérez Bouza, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto; 2 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 2 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; y 1 del Grupo Parlamentario Popular.

La comisión se reunió para dictaminar el pasado día 25 de mayo y emitió dictamen en el que no se han introducido modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Han presentado




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votos particulares a este dictamen los señores Pérez Bouza, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas del senador Pérez Bouza y del senador Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.

Paso a defender la enmienda número 1. Si bien he de reconocer que poco tiene que ver suprimir el real decreto de privatización del sistema aeroportuario, de AENA, he de advertir que esta técnica legislativa no la hemos inventado los dos senadores autores de esta enmienda ni tampoco el Grupo Parlamentario Mixto, sino que es una práctica habitual del Gobierno y de los distintos grupos presentes en el Senado y en el Congreso. Digo esto porque con ocasión de algún otro debate parecido, algunas excelencias del Congreso se escandalizaron de que utilizáramos esta técnica que, como digo, no hemos inventado nosotros. De todas maneras, sí que tiene que ver con el consumo el hecho de que unas infraestructuras tan importantes como el sistema aeroportuario se privaticen y queden en manos de empresas que únicamente, como es su obligación, van a defender la rentabilidad económica de la explotación de los aeropuertos de España.

En el caso de las Illes Balears el tema es muy preocupante. Ha habido pronunciamientos del Parlament de las Illes Balears, de todos los sectores económicos, agentes sociales, empresarios, sindicatos, Cámara de Comercio, y existe una total unanimidad en que privatizar los aeropuertos de las Illes Balears es un auténtico disparate porque significa poner la puerta de entrada de nuestra principal actividad económica, el turismo, en unas manos que no necesariamente van a tener sus intereses en el turismo. Además, la experiencia de gestión privada de algunos aeropuertos, especialmente en Gran Bretaña, ha demostrado que no se mejora el servicio de estos aeropuertos; al contrario, ha empeorado y mucho. Por tanto, la privatización de los aeropuertos no defiende el interés general.

En el turno de portavoces insistiré en ello y recalcaré que para unas economías turísticas, como la de los archipiélagos, privatizar el sistema aeroportuario se considera un auténtico disparate y vemos con temor que nuestros aeropuertos puedan caer en manos privadas que hagan una gestión que dificulte nuestra principal actividad económica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado dos enmiendas a este proyecto de ley. La primera pretende ampliar el plazo de entrada en vigor a cuatro meses, puesto que entendemos que las entidades de crédito requieren un plazo mucho mayor del previsto actualmente para implementar los cambios introducidos en esta ley. La segunda, equiparar el trato fiscal de créditos y préstamos hipotecarios, evitando así que se tenga que tributar por el mero hecho de haber convenido un crédito en lugar de un préstamo cuando su finalidad, como todos sabemos, es la misma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.):

«Gràcies, senyor president.

Dono per defensades les nostres esmenes, ja m’hi referiré en el torn de portaveus.»

Decía que las doy por defendidas y me referiré a ellas en el turno de portavoces.

Gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz Zaragoza.

El señor ORTIZ ZARAGOZA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en esta Cámara el Grupo Parlamentario Popular ha presentado únicamente una enmienda pero que consideramos muy positiva su incorporación. Se trata de una enmienda cuya finalidad es poner fin a la inseguridad jurídica, inseguridad jurídica que genera la dispersión normativa en materia de defensa de los derechos e intereses tanto de consumidores como de usuarios; existe tal dispersión normativa que resulta muy difícil para los consumidores saber realmente cuáles son sus derechos y, por tanto, es muy difícil que los puedan ejercer. Así pues, nuestra enmienda va en ese sentido: terminar con la inseguridad jurídica que para los consumidores supone esta dispersión normativa a través de la elaboración de un texto refundido que recoja y al mismo tiempo armonice en un único texto lo regulado acerca de esta materia en los distintos textos normativos vigentes, incluyendo, por supuesto, los preceptos contenidos en esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vallejo Serrano.

El señor VALLEJO SERRANO: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

En este turno en contra de las 6 enmiendas planteadas por los diversos grupos parlamentarios de la Cámara me gustaría hacer un análisis básico de carácter general.

Ninguno de los votos particulares aprobados en comisión a las enmiendas defendidas por sus señorías alude en absoluto al objeto sustantivo de este proyecto de ley; por tanto, parece que hay un elemento básico inicial, y es que todos estamos de acuerdo con el contenido del proyecto de ley que hoy se trae a la Cámara. El que más se aproxima lo hace a una cuestión accesoria, como es el plazo de entrada en vigor, la vacatio legis, que es la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Y en una primera lectura de la documentación sobre una cuestión presentada por los grupos Nacionalista y Mixto, tengo que confesar que incluso pensé que había habido un error. No sabía qué tenía que ver la llamada privatización de AENA con los créditos al consumo, no veía ninguna posibilidad de incardinarlo. Efectivamente, todo es consumo, por esa vía podríamos introducir en este texto legal lo que se les ocurra a sus señorías, pero no parece muy sensato que una cuestión como esa que, además, se ha analizado, debatido y aprobado hace escasos meses en la Cámara, en este momento intente colarse por una puerta pequeña en este texto legal.

Otras enmiendas pretenden regular préstamos y créditos hipotecarios aprovechando un proyecto de ley como este, que excluye expresamente su regulación, igual que lo hace la directiva que se traspasa con este proyecto de ley. Precisamente, las enmiendas números 2 y 3 de Entesa Catalana de Progrés se refieren a los préstamos hipotecarios.

La enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene más carácter de moción que de auténtica enmienda, pues plantea que se haga un texto refundido de la Ley de consumidores y usuarios. No parece una técnica legislativa razonable comprometer al Gobierno a poner en marcha otra ley, incluso de carácter más general. Lo razonable, lo habitual en una ley es el compromiso de su desarrollo reglamentario pero no el compromiso de otra ley completamente distinta, de carácter más amplio y general.

Por último, la enmienda número 6 de Convergència i Unió sorprendentemente pretende que una ley de carácter estatal regule algo que es competencia de las comunidades autónomas. El impuesto sobre actos jurídicos documentados está transferido, y son las comunidades autónomas las que deben fijar el tipo de gravamen, las bonificaciones, exenciones, etcétera, es decir, cualquier alteración, y, además, se refiere también a préstamos y créditos hipotecarios que están excluidos.

Entro ahora más concretamente en cada una de las enmiendas.

Respecto a la presentada por los senadores Sampol y Pérez Bouza, he de decir, en primer lugar, que no hay privatización de AENA. Vamos a partir de esa base porque, en todo caso, el 51% del capital de AENA siempre va a estar en manos públicas, eso está garantizado y, por tanto, el control público de la compañía está absolutamente garantizado.




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En segundo lugar, se asegura la sostenibilidad de la red. Se permite una gestión más eficiente de la misma porque, además, da participación a las administraciones territoriales, y en el caso de las islas Baleares va a ser muy importante que la Administración territorial tenga presencia en la gestión aeroportuaria porque es un elemento esencial del desarrollo de la isla, y seguro que esa presencia logrará que esa gestión se incardine mucho mejor en las necesidades del entorno y aportará no solamente más eficacia sino una gestión mucho más adaptada a sus necesidades.

Esta ley permite el mantenimiento de los aeropuertos deficitarios mediante los acuerdos entre AENA y las sociedades filiales de cada uno de los aeropuertos. El patrimonio queda en manos de AENA Aeropuertos Sociedad Anónima, con lo cual queda completamente en manos del Estado y, en definitiva, se van a controlar y supervisar todas las tarifas. No parece que este sea un paso de modernización sino todo lo contrario, un paso atrás respecto de lo aprobado recientemente.

En cuanto a las dos enmiendas de Entesa Catalana de Progrés, he de decir, en primer lugar, que no solamente exceden el objeto de la ley sino que, al referirse a las cláusulas abusivas y a la reciprocidad entre el techo y el suelo de los créditos hipotecarios, el tema es de una complejidad tal que haríamos muy mal en tratarlo a la ligera en una ley que nada tiene que ver con los préstamos hipotecarios mediante una enmienda.

Nos parece tan de justicia que se regulen las cualidades de los contratos entre las entidades financieras y los ciudadanos para que realmente haya equidad y reciprocidad en los compromisos entre ambas partes que no parece que el sistema elegido mediante estas enmiendas sea el apropiado para introducirlo en una ley que nada tiene que ver.

Hay cuestiones básicas en este debate. ¿Afectaría al riesgo de las entidades financieras la modificación en el suelo o el techo de los préstamos? ¿Afectaría esto a los tipos de interés? ¿Afectaría a la disponibilidad crediticia de los ciudadanos? Estos son los elementos fundamentales. En nuestra opinión, el acuerdo al que se llegó en el Congreso de los Diputados para crear una subcomisión que analizase este tema y abriese una ruta sobre cómo podemos regular la reciprocidad y evitar cláusulas abusivas en estos contratos sin que esto repercuta en una restricción de los créditos o en un encarecimiento de las hipotecas nos parece esencial. Por tanto, señorías, en el fondo estamos absolutamente de acuerdo pero no creemos que la lógica legislativa sea introducir una enmienda de estas características a bote pronto en una ley que nada tiene que ver con lo que se pretende regular.

Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, ya he hablado de su deficiencia en cuanto a la técnica legislativa. Pero, además, tengo que decirle, señoría, que en la legislación mercantil y civil de carácter económico de los últimos veinte años en este país lo que fundamentalmente se ha hecho es avanzar en la defensa y protección de consumidores y usuarios. Ese es el camino de la normativa europea y, por tanto, cada vez que hacemos una trasposición de una directiva europea, cada vez que hacemos una nueva regulación de carácter mercantil o civil en relación con el acto de comercio, lo que estamos haciendo es impulsar nuevas garantías en una sociedad cada vez más global, con compañías cada vez más grandes y con más capacidad de abusar que necesitan la protección de los usuarios y consumidores. Ya hay un texto refundido de la ley y podemos hacer otro, pero estoy convencido de que dentro de dos años alguien en esta Cámara propondrá hacer otro nuevo texto refundido por ser muy dispersas las normas que existen al respecto.

Por lo tanto, no nos parece oportuno, aparte de no tener encaje, desde el punto de vista de técnica legislativa, en la norma que tratamos de aprobar. Pensamos que hacer en este momento un texto refundido nuevo de la Ley de consumidores y usuarios sería equivalente a una ley de punto y final sobre los derechos y garantías de los usuarios y consumidores, sencillamente. Podríamos decir: como la garantía de los derechos de los usuarios prácticamente ya está plasmada en la ley, vamos a hacer un texto refundido que evite la dispersión que exista porque eso va a ser lo que quede en el futuro. Pero somos conscientes de que esa no es la realidad, se va a seguir legislando mucho en los próximos años en defensa de los consumidores y usuarios porque es uno de los grandes retos de nuestro país y uno de los grandes retos económicos de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene hacer un nuevo texto refundido para tener que volver a hacer otro nuevo dentro de poco tiempo? Les pedimos a sus señorías que reflexionen sobre ello porque creemos que no tiene mucho sentido.

En cuanto al planteamiento de Convergència i Unió sobre la vacatio legis a fin de aumentar de tres a cuatro meses su entrada en vigor, hay dos cuestiones que nos parecen esenciales. Primero, ya se ha aumentado el plazo en el Congreso; inicialmente estaban previstos dos meses pero se ha pasado a tres, con lo cual ha habido una cesión en el sentido de ampliar el plazo. Segundo, ya vamos un año tarde; esta




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ley tenía que haber sido aprobada en junio del pasado año, según señala el artículo 27 de la directiva de la que en este momento se hace la trasposición. Pero lo más importante, señorías, miren cualquier página web de la banca española y verán perfectamente que desde hace un año todas las entidades financieras tienen preparados todos los formularios —son armonizados para toda Europa—, tienen toda la documentación para empezar a dar créditos al consumo con arreglo a esta nueva norma el día que entre en vigor. No serían necesarios ni los tres meses que en la ley se expresan. Por lo tanto, no se trata de una demanda social ni de una demanda de las entidades financieras y lo único que haría sería retrasar algo en lo que ya vamos tarde. Es más, no lo necesita ninguna entidad financiera porque ya están preparadas para la puesta en marcha de este nuevo sistema.

Termino con la última de las enmiendas de Convergència i Unió. Ya he dicho al principio que este es un impuesto transferido a las comunidades autónomas, tan es así que alguna comunidad autónoma ya lo ha regulado. La Comunidad de Madrid ya ha puesto sendas exenciones, tanto en el impuesto sobre actos jurídicos documentados para los préstamos hipotecarios como para los créditos hipotecarios, cuando se produce una novación o una subrogación por acuerdo entre ambas partes, que es lo que sus señorías están pidiendo. ¿Por qué se trae a esta Cámara? Me preocupa la incongruencia de ese planteamiento pero casi más el apoyo que en su momento le dio el Partido Popular. Porque si se aprobara, tal como se plantea, que sea el Estado a través de esta ley el que autorice esa exención, ¿qué ocurriría? Que dentro de tres o cuatro meses, cuando la norma entre en vigor, habrá una parte de los españoles para los que su comunidad autónoma tendría que asumir el coste del impuesto sobre actos jurídicos y documentados en tanto que para el resto lo pagaría el Estado. Eso no tiene sentido porque, además, los que tendrían que pagar serían los que mejor han actuado al haber ejercido sus competencias según la norma existente. Así pues, en mi opinión, el planteamiento que están haciendo ustedes no tiene ningún sentido.

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.

El señor VALLEJO SERRANO: Termino, señor presidente.

Consideramos, y con ello concluyo, que el contenido de la ley tiene suficiente consenso, y por tanto, les pido que se evite el debate sobre enmiendas que poco tienen que ver con la realidad del texto legal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista insiste en recriminarnos que presentemos una enmienda que no tiene nada que ver con el proyecto de ley. ¡Con lo que hemos tenido que aguantar esta legislatura! En cada proyecto de ley se han colgado enmiendas que nada tenían que ver con el tema que se tramitaba, y el colmo llegó con la tramitación de la Ley de cooperación internacional donde se colgaron enmiendas que modificaban el sistema de cajas de ahorro. Hasta ese extremo hemos llegado.

Señorías, yo voy a insistir en la defensa de nuestra oposición a la privatización del sistema aeroportuario, porque con el 49% no van a encontrar compradores y eso es lo que va a terminar privatizándolo, con una valoración que de momento se ha hecho entre 12 y 18 000 millones de euros, cuando únicamente las reformas que ha llevado a cabo AENA en los últimos cinco o seis años ascienden a más de 30 000 millones de euros. Y ello sin contar los beneficios que genera anualmente el sistema aeroportuario.

Pero esta privatización presenta, además, problemas jurídicos muy importantes. Así, por ejemplo, los bomberos, como personal de una empresa pública, tienen la consideración de agentes de la autoridad, lo que, entre otras cosas, les obliga a la prestación de auxilio; no pueden denegar la prestación de auxilio y se tienen que jugar la vida en ello. Pero ese no es el caso de los bomberos de empresas privadas, que ya existen, y que pueden denegar el auxilio.

Hasta ahora, como agentes de la autoridad que son, tienen que aprobar una oposición, reciben una formación y tienen que tener unas aptitudes físicas, e incluso colaboran con otras administraciones cuando hay siniestros de gran magnitud. Pero si esto acaba como un servicio más que desempeña una empresa privada, esta no tendrá la obligación de prestar auxilio ni de colaborar con otras administraciones,




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sino de ganar dinero, y de un criterio de acceso a una profesión regulada mediante unas pruebas se pasará sencillamente a entrar por enchufe.

Y hay un tema que está actualmente en el debate político y que se está suscitando estos días con todo ese movimiento que ha surgido recientemente, y desde las filas del Grupo Parlamentario Socialista se reclama un giro a la izquierda. Señorías, el giro a la izquierda no es privatizar lo público, sino gestionarlo, y sobre todo gestionar servicios públicos esenciales como los aeroportuarios. Insisto, girar a la izquierda no es privatizar servicios públicos, es gestionarlos correctamente desde las administraciones públicas. Pero parece que los conversos al neoliberalismo son los más radicales a la hora de privatizar servicios.

Y, finalmente, me quería referir a las necesidades de las Illes Balears. Nuestras necesidades las conocemos los partidos políticos que estamos representados en el Parlament de las Illes Balears, que ha tomado reiterados acuerdos, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, incluidos el Partido Socialista y el Partido Popular, reclamando la transferencia de la gestión a las administraciones de las Illes Balears: Gobierno, consells insulars y ayuntamientos donde están ubicados los aeropuertos. Esta es la voluntad unánime de las fuerzas políticas de las Illes Balears o, en todo caso, participar de una cogestión con el Gobierno del Estado: Gobierno del Estado, Gobierno de las Illes Balears, consells insulars y ayuntamientos. Esto es lo que se ha manifestado mediante votaciones en la Cámara de representación que es el Parlamento de las Illes Balears.

Vuelvo a insistir: dejar en manos privadas unas infraestructuras tan importantes para unas economías turísticas, para unos archipiélagos que son vitales para la economía y para la conectividad de los residentes en los archipiélagos con el continente, es algo vital, y ni por un momento se puede pensar en cometer el disparate de dejar en manos privadas estas infraestructuras esenciales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente. Bon dia, señorías.

El Grupo de Senadores Nacionalistas va a votar a favor de esta ley, una ley que pensamos que introduce mayores garantías en la relación entre los consumidores y las entidades de crédito dentro de una fórmula de crédito a la que los consumidores recurren con mucha frecuencia. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la ley, lo que no implica que hayamos presentado una enmienda que, efectivamente, señor Vallejo, no tiene nada que ver con la ley. Pero yo ya se lo manifesté en comisión y se lo repito hoy: no ha sido el senador Sampol ni este modesto senador los que hemos inventado esta fórmula; esta fórmula la ha inventado el Gobierno, su Gobierno, el Gobierno al que usted da apoyo. Ahora mismo tenemos en tramitación alguna ley en la que el Gobierno introduce una enmienda por la cual pretende que el superávit de las multas de tráfico se reconduzca más allá de lo que se invierte en seguridad vial; le aseguro, y puede comprobarlo, que pretende colarse a través de una ley que nada tiene que ver con el tráfico ni con la seguridad vial. Por lo tanto, no siga por ese camino porque no fuimos nosotros los que inventamos esta fórmula.

En cualquier caso, la presentamos porque sí consideramos importante seguir manteniendo este debate; porque sí consideramos que la privatización de una parte de los aeropuertos, del sector aeronáutico, no es una cuestión menor; porque, además, consideramos que no va a traer absolutamente ninguna mejora para los ciudadanos, que no responde a ninguna cuestión de interés general, que no va a favorecer la competencia —y tenemos ya ejemplos de sobra en otros sectores en los que se ha privatizado y no se ha favorecido para nada la competencia, sino todo lo contrario—, con lo cual no van a conseguir ese ansiado objetivo de que se rebajen las tasas aeroportuarias, sino más bien todo lo contrario, e incluso, como ya ha señalado el senador Sampol, esta privatización puede traer serios perjuicios para sectores económicos fundamentales dentro del Estado español, como es el sector del turismo.

Pero resulta curioso, señor Vallejo, que el Grupo Socialista se oponga a esta enmienda, que el Gobierno haya abierto el camino de la privatización de los aeropuertos, mientras cierra la puerta a la entrada de las comunidades autónomas en su gestión; la cierra todo lo que puede y pone todas las trabas que puede a la entrada de las comunidades autónomas en la gestión de estas infraestructuras, absolutamente fundamentales para el desarrollo de los territorios donde están ubicadas.

Pero aún resulta más curioso, señor Vallejo, que un senador del Grupo Socialista nos diga que lo moderno es facilitar la entrada del capital privado en sectores absolutamente estratégicos para un Estado, como es el sector aeronáutico, y que lo antiguo es defender que esos sectores se gestionen desde la




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Administración pública. Me resulta muy curiosa esa apreciación, y que se ligue incluso la eficacia y la eficiencia en la gestión a la entrada del capital privado, porque eso es tanto como asumir que desde las administraciones públicas no somos capaces de gestionar con eficacia y con eficiencia, y yo me niego a suscribir esa apreciación.

Y, por último, señor Vallejo, espero que ni usted ni yo veamos dentro de unos años a algún responsable de Fomento, que abrió la puerta a la entrada del capital privado, sentado en los consejos de administración de algunas de las empresas que van a gestionar esta parte de la tarta que el Gobierno socialista está dispuesto a entregarle. Estamos viendo estos días —y meses atrás— cómo en otros sectores ya se ha producido, y seguramente —ojalá que no lo veamos— dentro de unos años veremos algunos de los responsables máximos de Fomento sentado en los consejos de administración de estas empresas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

En este turno de portavoces simplemente quiero manifestar nuestro total apoyo a este proyecto de ley. Ante todo, quisiera destacar y valorar muy positivamente el acierto que se ha tenido en la elaboración del proyecto de ley al incorporar todas aquellas previsiones de nuestro derecho interno que ofrecen una mayor protección en el ámbito del crédito al consumo que el estrictamente necesario de acuerdo con la directiva. No obstante, como ha manifestado el compañero del Grupo Socialista, es verdad que vamos con demora en la aplicación de esta directiva y, por tanto, un retraso de un mes al solicitar una vacatio legis de cuatro meses no creo que sea un problema tan grande como usted quiere plantear.

Asimismo, quiero recordarle que efectivamente la bonificación del impuesto es competencia de las comunidades autónomas, no así la exención. De ahí el motivo de nuestra enmienda.

No obstante lo anterior, reitero nuestro total apoyo a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.):

«Gràcies, president.

El nostre grup només manté dues esmenes que no es refereixen al nucli d’aquesta llei, en la tramitació de la qual hi ha hagut un gran consens en el Congrés de Diputats.»

Continúo en castellano por una imposición poco democrática en un Estado con millones de ciudadanos que tienen como lengua propia el catalán, el gallego o el euskera.

Decía que nuestro grupo mantiene dos enmiendas que no se refieren estrictamente al núcleo de esta ley, cuya tramitación en el Congreso de los Diputados obtuvo un gran consenso.

Es cierto que esta ley hace referencia a la transposición de una directiva europea que se refiere a créditos al consumo que no son hipotecarios. No es menos cierto que en un momento en que hablamos de créditos, los ciudadanos nos piden que hablemos también de créditos hipotecarios, que tanto afectan a las economías domésticas y, en particular, que legislemos en torno a las cláusulas abusivas a las que justamente se refieren nuestras dos enmiendas. Por eso, no las vamos a retirar, porque los ciudadanos no se conforman con decirnos que esta no es la mejor técnica parlamentaria. Los ciudadanos están hartos de que se maree la perdiz.

En este Pleno, en septiembre de 2009 —pronto hará dos años—, se aprobó por unanimidad una moción que exigía el cumplimiento del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y pedía una mejora de la protección de los consumidores y usuarios de servicios financieros, procediendo a solicitar al Banco de España la elaboración y remisión en el plazo de tres meses de un informe en relación con los siguiente extremos: Primero, la existencia de cláusulas en los contratos de préstamos hipotecarios que: 1, limiten los derechos de los usuarios; 2, determinen la falta de reciprocidad, y 3, sean desproporcionadas; y segundo, establecer la efectiva traslación de los descensos del euribor a




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las cuotas de las hipotecas. Este informe debe remitirse ya para su toma en consideración por parte de los grupos parlamentarios.

Pues bien, dos años después nos dicen que hay que crear una subcomisión para que lo estudie. ¿Saben lo que piensan los ciudadanos de esto? Sí que lo saben. Por eso están en la calle y por eso se quejan, porque están hartos de que les hablen de técnicas parlamentarias y no resolvamos problemas que son fundamentales y que afectan a la gente todos los días.

No se ha cumplido la moción y tampoco se ha sometido a la consideración de esta Cámara ningún proyecto de ley en relación con el crédito hipotecario.

El portavoz del PSOE ha dicho que es de justicia que se haga esta reforma, pero que no es el momento de tratar ese asunto, algo sorprendente, y añade que se ha creado una subcomisión que lo va a estudiar. Yo retiraría estas enmiendas, porque a mí tampoco me gusta esta técnica parlamentaria, se lo digo de verdad. Son unas mociones que hemos heredado del Congreso y las defendemos aquí, pero solo las retiraré a cambio de que presenten un proyecto o de que se vaya a hacer realmente algo en esta Cámara en relación con esta cuestión, si no, las mantendremos para su votación; de hecho, la gente piensa que esto son dilaciones, excusas de mal pagador.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a propósito de nuestras enmiendas para eliminar estas cláusulas abusivas por falta de reciprocidad en los créditos hipotecarios, dijo que estaban de acuerdo en señalar que el tratamiento actual de estas cláusulas era abusivo, así como que había que someter a revisión no solo las cláusulas suelo sino otras cuestiones, como la posibilidad de dación en pago, las cláusulas referidas al vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo de forma inmediata, el impago de alguna cuota, o los tipos de interés de demora aplicados a estas operaciones. Se debe afrontar —decía— conjuntamente la reforma de nuestro sistema hipotecario. Pues bien, hagámoslo. Mientras tanto, votemos favorablemente las enmiendas de nuestro grupo que pretenden resolver al menos una parte del problema de muchas familias; una problema que además, como todos sabemos, se ve agravado en estos tiempos de crisis.

Nosotros no nos conformamos con la simple creación de una subcomisión porque consideramos que es un asunto demasiado importante. Hay que ser propositivos, y nosotros emplazamos al Gobierno a serlo. Este es el sentido de nuestras enmiendas, que retiraremos si el portavoz socialista sube a la tribuna y se compromete a presentar en un plazo de tres meses, antes de terminar la legislatura, un proyecto de ley que vaya en esta dirección, porque este es un asunto que debería haberse estudiado ya. El Senado pidió un informe al Banco de España hace dos años, y sobre la base de ese informe, se podía haber elaborado ya algún proyecto, y no se ha hecho. En mi opinión, hacemos las cosas de cara a la galería, de cara a un titular de periódico, y luego los ciudadanos se cansan de nosotros.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vallejo.

El señor VALLEJO SERRANO: Gracias, señoría.

Cuando desde esta tribuna alguien plantea que una de las enmiendas excede el objeto de una ley o que no tiene nada que ver, no acusa al grupo que lo hace de haber tomado una iniciativa sin precedentes, simplemente ejerce el derecho que todos debemos ejercer. Unas veces será el Gobierno, otras será su señoría, o cualquiera de los grupos, y eso da derecho a todos los demás a decirle que esa no es una buena técnica; eso, es evidente. Eso es lo que hace este senador cuando alguien lo plantea: ejercer un derecho al que no debemos renunciar nunca porque, en mi opinión, una de las obligaciones que tenemos es hacer buenas leyes. Y esto no solamente significa que su contenido sea justo, sino también que sean leyes ordenadas, que tengan una buena técnica jurídica, por tanto, entendible, utilizable por los ciudadanos, porque para eso se hacen las leyes.

No quiero entrar mucho más en la cuestión de la cogestión o no cogestión. Si Baleares aspira a la cogestión de las administraciones y mantienen sus señorías que solo un 49% no se va a privatizar nunca, lo que se va a conseguir es claramente una cogestión si las administraciones territoriales participan ahora que la ley posibilita su entrada en el capital de AENA.

No creo que sea el momento de debatir si es más o menos progresista dejar que entre capital privado en minoría en una compañía de aeropuertos, pero tengo mis dudas de que eso sea una cuestión de progresismo o de izquierdismo. Lo mismo que no tengo ninguna duda de que no dejaría entrar capital privado, por ejemplo, en la sanidad, porque es un derecho esencial en el que el beneficio lo único que




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puede provocar es empeorar la salud de los ciudadanos, enfrentarse a ello; pero no se trata de la gestión de un aeropuerto. Lo que puede aportar, aparte del capital, que siempre es bueno y más en un momento como este, son técnicos de gestión que hagan más eficiente lo que ya en España funciona razonablemente bien. AENA es una buena empresa y lo hace bastante bien pero, evidentemente, todo es mejorable. Cuando entramos por la puerta de un aeropuerto, probablemente todos somos conscientes de que hay cosas que pueden funcionar mejor, y quizá ese tipo de cuestiones se aporten desde otras instancias, desde administraciones territoriales o desde el sector privado. Por lo tanto, el hecho de incorporar o no capital privado en minoría en una compañía como esta no me parece que sea una cuestión de ideología.

Señoría, impulsemos la subcomisión. Es urgente, le doy la razón, y probablemente muchos ciudadanos llevan razón cuando piensan que aquí mareamos mucho la perdiz. Y no solamente lo hacen los grupos mayoritarios, sino también los minoritarios; es decir, por distintos motivos todos marean la perdiz.

Estamos de acuerdo en que es un tema importante, que es de justicia, que hay cuestiones a regular que son singularmente trascendentes, como, por ejemplo, si puede afectar a los tipos de interés, si puede afectar a las disponibilidades de crédito, etcétera. Vamos a impulsar entre todos los grupos, y tenemos nuestro referente en el Congreso de los Diputados, que esta subcomisión sea eficiente, resuelva cuanto antes y emita un dictamen que podemos utilizar para una ley. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, y me parece que tenemos capacidad e influencia suficiente para hacerlo. Creo que es una propuesta razonable.

Es verdad que la exención de los impuestos transferidos en algún caso está limitada, pero la bonificación del 99% que se utiliza siempre es igual que la exención, y la utilizan las comunidades autónomas permanentemente. Es decir, que si realmente lo que se quiere es homogeneizar préstamos y créditos a la hora de la novación o subrogación, considero que cada comunidad autónoma lo puede hacer en el momento que quiera, tiene sus competencias y las puede ejercer.

Si me permiten sus señoría, voy a dedicar los pocos segundos que me restan a poner en valor lo que aporta esta ley, porque afecta a decenas de miles de ciudadanos que todos los años piden préstamos para el consumo. Consideramos que es una ley que protege mucho más a los consumidores, que homogeneiza claramente los créditos en toda la Unión Europea, que da una única fórmula de cálculo de los intereses de lo que llamamos la tasa anual equivalente, y que aumenta las posibilidades de los consumidores de obtener préstamos más allá de las fronteras de cada país; además esa armonización se hace de manera paralela respecto de cada país para que aquello que no viene en la directiva sea una norma estatal propia, y así se ha hecho en asuntos muy importantes en España como, por ejemplo, que la oferta sea vinculante, que la eficacia de los contratos esté sujeta a que se concedan los créditos —extremo que hasta ahora no era así—,…

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.

El señor VALLEJO SERRANO: Concluyo, señor presidente.

…que el tratamiento del cobro indebido sea a favor del consumidor, una buena información previa durante el contrato, posibilidades de resolución del contrato; es decir, ventajas para los ciudadanos a la hora de contratar un crédito. Creo que es un paso muy importante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ ZARAGOZA: Señorías, en primer lugar, debo discrepar de los argumentos facilitados por el senador Vallejo, del Grupo Parlamentario Socialista, cuando intenta hacer ver que el contenido de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular no parece de técnica legislativa razonable —creo que ha dicho—, ya que debería derivarse a un desarrollo reglamentario. Y no es así, ya que incluso la propia Constitución, en su artículo 82.2, dice que la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo, como es el caso que nos ocupa.

Ya en términos generales, debo decir que el proyecto de ley de Contratos de Crédito al Consumo contiene en su texto dos objetivos principales: en primer lugar, busca eliminar la rigidez de las cláusulas que regulan los contratos de crédito que los usuarios firman como personas físicas y, en segundo término, adaptar nuestra legislación a la Directiva 2008/48, si bien hay que destacar que en este último objetivo vamos con cierto retraso, ya que la directiva establece que los Estados miembros adoptarán y




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publicarán las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta directiva antes del 12 de mayo de 2010.

La directiva que estamos transponiendo pretende conseguir una armonización total para garantizar que todos los consumidores de la Unión puedan beneficiarse de una elevada y equivalente protección de sus intereses y, por supuesto, para crear un auténtico mercado interior. Por ello, los Estados miembros no pueden mantener o adoptar en la legislación nacional disposiciones distintas a las previstas en esta directiva.

En relación con las normas armonizadas, la directiva no es de mínimos, es de máximos. En caso de que no existan normas armonizadas, los Estados miembros son libres para mantener o adoptar normas nacionales. La orientación del proyecto de ley es, pues, la expuesta en la directiva. Con eso quiero decir que tiene como finalidad controlar severamente la información, así como garantizar la transparencia de los trámites de préstamos que se realicen, ayudando de esta forma al consumidor a evitar posibles estafas. Se estaría así, por una parte, aumentando la protección al consumidor y, al mismo tiempo, su confianza en el sistema financiero.

Quiero destacar que también se modificarían, en este sentido, las leyes que regulan el mercado interior para promover una mayor cantidad de operaciones intracomunitarias; especialmente relevante es la normalización de la tasa anual equivalente correspondiente al crédito, que debe ser calculada de forma idéntica en todos los países de la Unión Europea. Esto facilita que podamos acogernos al crédito al consumo transfronterizo, a la vez que otorga a las autoridades mayor capacidad para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios.

Por lo que respecta al resto de las enmiendas de otros grupos, vamos a rechazar las enmiendas números 1, 2 y 3 en lo relativo a las cláusulas suelo de las hipotecas. Estamos de acuerdo, por una parte, en señalar que el tratamiento actual de estas cláusulas es abusivo. Mi grupo ya presentó en esta Cámara una iniciativa en este sentido y también solicitó en el Congreso la creación de una subcomisión para el análisis del sistema hipotecario español que examine no solo las cláusulas suelo sino otras cuestiones, como ya ha destacado el senador Bofill con anterioridad, como es la posibilidad de dación en pago, las cláusulas referidas al vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo de forma inmediata al impago de alguna cuota, o los tipos de interés de demora aplicados en estas operaciones. Se debe afrontar conjuntamente toda la reforma de nuestro sistema hipotecario; por tanto, ni desde el punto de vista de la técnica legislativa ni desde la adecuada defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, al tratarse de una propuesta muy parcial, podemos apoyar esta enmienda, aunque queremos dejar claro que nos parecen cláusulas abusivas.

Termino. Vamos a votar a favor de la enmienda número 5, de CiU, que pide una vacatio legis de cuatro meses. La adaptación de esta ley es especialmente compleja, requiere la confección de un nuevo documento que hasta ahora no existía. Es un documento que contiene muchísimos campos variables que deben ser procesados y entregados instantáneamente al consumidor. Esta es la razón por la que la mayoría de los países en los que ya se ha hecho la transposición fijaron períodos de vacatio legis amplios, que van desde los seis a los once meses, y aquellos que no lo hicieron, como es el caso de Portugal, donde la ley entró en vigor de manera inmediata, los prestatarios o entidades financieras cerraron el crédito para evitar incumplir la ley, lo cual perjudicó a aquellos a los que precisamente la directiva y la ley que debatimos trata de proteger, es decir, a los consumidores.

Vamos a apoyar también la enmienda número 6, de CiU, y por supuesto el texto del dictamen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Vamos a iniciar la votación del proyecto de ley de Contratos de Crédito al Consumo.

Enmienda número 1, de los senadores Pérez Bouza y Sampol i Mas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 9; en contra, 227; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de las enmiendas números 5 y 6, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 120; en contra, 122; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación de las enmiendas números 2 y 3 de Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 13; en contra, 230; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación de la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 112; en contra, 132.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación del resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 244.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de contratos de crédito al consumo.

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADAS NORMAS FINANCIERAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1060/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SOBRE AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.

(Núm. exp. S. 621/000098)

(Núm. exp. C.D. 121/000106)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: conocimiento directo por el Pleno de los proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

Proyecto de ley por la que se modifican determinadas normas financieras para la aplicación del Reglamento 1060/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia.

A este proyecto no se ha presentado ninguna enmienda.

¿Algún senador desea presentar el proyecto de ley? (Pausa.)

Iniciamos el turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Pausa.) No hacen uso de la palabra.

¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Pausa.) No hacen uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, Convergència i Unió no ha presentado ninguna enmienda a este proyecto de ley y, por tanto, me voy a limitar a decir en esta intervención que apoyaremos esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Alberich.




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La señora ALBERICH CANO: Muchas gracias, señor presidente.

Por parte del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés quiero poner de manifiesto que no hemos presentado ninguna enmienda, y anunciar que vamos a apoyar esta ley porque realmente consideramos necesario regular los mecanismos de supervisión de las agencias de calificación crediticia. En este proceso de crisis ha quedado claro que no eran suficientes, que muchos créditos y la solvencia de los instrumentos financieros eran cuestionables, y que es necesario adoptar un marco común europeo. Por todo ello el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés va a apoyar este proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Alberich.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Es bastante sorprendente, señor presidente… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías. Ruego silencio.

El señor LERMA BLASCO: No lo digo por el silencio.

Es bastante sorprendente, señor presidente, que cuando vamos a aprobar una de las cuestiones que más criticada ha sido a lo largo de toda la crisis, con intervenciones que cuestan a veces miles de millones de euros, más que todos los planes de ajuste que se puedan hacer, lo pasemos simplemente como un cuestión que no tiene ninguna trascendencia, salvo que naturalmente, y así cabe suponer, sea porque es una medida tan consensuada que afortunadamente nadie va a concederle mucha importancia. Pero a mí me parece que los ciudadanos sí merecen una explicación de esta actuación. Y por tanto, yo no voy a ser breve —voy a serlo porque poco tiempo me concede el Reglamento— pero, en cualquier caso, sí quiero explicar lo que vamos a hacer. Vamos a aprobar unas modificaciones legales para hacer posible que la reglamentación sobre el control de las agencias de calificación crediticias, que todo el mundo ha reclamado a lo largo de estos años de crisis financiera, sea posible. Es decir, vamos a transponer un reglamento comunitario para hacer posible que las agencias de calificación… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio. Es difícil escuchar al senador que está en el uso de la palabra. Ruego que quien no quiera escuchar salga del hemiciclo, pero, por favor, guarden silencio.

Tiene la palabra.

El señor LERMA BLASCO: Como decía, vamos a transponer un reglamento comunitario para hacer posible que las agencias de calificación tengan un control. Ya ha habido un debate en esta Cámara al respecto, creo recordar que a propuesta del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que incidió mucho en los problemas que habían tenido las agencias de calificación, especialmente en acertar en sus previsiones. Desde luego no acertaron con la crisis y tampoco con las calificaciones que daban, porque ya saben ustedes que tanto en el caso de Enron, que supuso un escándalo evidente, como en el de las triples A que concedían tradicionalmente a todas las hipotecas subprime, no eran precisamente una valoración acertada, pero no voy a insistir en eso porque ya se debatió aquí. Y lo cierto es que se debatió eso y muchos fallos más que tenían las agencias de calificación, yo creo que en un buen debate.

En definitiva, el problema es que han fallado en las previsiones de la crisis, valorando activos de alto riesgo con la máxima calificación y subvalorando el riesgo en muchos activos para, a continuación, una vez la crisis estallara, entonces sobrevalorar los riesgos. En especial sobrevaloraron mucho los riesgos de la deuda soberana, que todo el mundo sabe que en la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los países y, en especial de los países europeos, la van a cobrar. Y han contribuido claramente a empeorar la crisis y a hacer que los ciudadanos tuvieran que pagar sobrecostes evidentes por las emisiones de su deuda, contribuyendo a ahondar la crisis y poniendo en riesgo a países que no tendrían que pasar por esta situación. Antes de esto había, pues, problemas de transparencia en la actuación de las agencias de calificación. También había problemas en relación con los posibles conflictos de intereses que pudieran tener, puesto que a la vez valoraban, compraban y vendían valores que ellos habían valorado. Y además, problemas evidentes de una situación monopolística porque suponen una concentración de poder en solo tres agencias de calificación que controlan la inmensa mayoría del mercado.

Existe, además, otro problema evidente, y es el tratamiento de la deuda soberana en relación con otras emisiones privadas que, obviamente, no tienen las mismas garantías de emisión. Esta ley modifica




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las normas financieras para la aplicación del Reglamento número 1060/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, y vienen a intentar resolver estos problemas que he mencionado antes con las agencias de calificación. Tendrán ahora una mayor supervisión y lo harán después de haberse escuchado a la Comisión Europea, al Comité Económico y Social, al Banco Central Europeo y finalmente al Parlamento Europeo y al Consejo, que son los que han tomado una decisión.

Es, pues, una decisión ampliamente consensuada, que ha sido aprobada sin ningún voto en contra en el Congreso y que viene sin enmiendas, por tanto, al Senado y esperamos que sea aprobado por una amplia mayoría.

Pero quiero terminar hablando de otra cuestión. Estamos acostumbrados a decir que hay una dictadura de los mercados en muchas ocasiones, cuando parece que las cosas van mal y muchos ciudadanos creen realmente, y su desapego respecto a la política es por eso, que son los mercados los que mandan y no los Gobiernos en la actuación de las economías. Quiero decir que eso no es verdad, no se parece en nada a la realidad, porque el problema es que los mercados son los que se posicionan en función de las decisiones tomadas previamente, en función de decisiones tomadas por los órganos democráticamente calificados para ello, tal sea el caso de los Gobiernos, los parlamentos, o tal sea el caso de los órganos reguladores, que tienen normalmente ese mandato. Entonces, hay que acudir a estos para pedir las responsabilidades y no a las agencias de calificación o a los mercados.

En este capítulo de los organismos reguladores tendríamos mucho que hablar. Es evidente que siempre que se produce un largo período de crecimiento como el que habíamos tenido antes de 2007 —ha sido un largo período de crecimiento, en el que prácticamente todo el mundo decía que habían desaparecido las crisis— se produce un exceso de crédito y una mala valoración de los riesgos. Y ese exceso de crédito y esa mala valoración de los riesgos es lo que el organismo regulador tiene que saber interpretar correctamente y yo creo que ahí es donde deberíamos estar pidiendo más responsabilidades, no a las agencias de calificación, que ya he dicho que se han equivocado en valorar los riesgos, pero que ellas se posicionan en función de las decisiones tomadas previamente, sino que hay que ver si fueron adecuadas las intervenciones de los bancos centrales.

Pienso que esa es una discusión que deberíamos tener y la deberíamos tener con prontitud, como la han tenido ya en otros parlamentos. No cabe duda de que ahora tenemos un riesgo permanente en nuestra deuda y van subiendo los diferenciales de seguros, pero lo cierto es que nosotros hasta el año 2007 hemos sido uno de los países más cumplidores de Europa y no tendríamos que estar pagando por esta situación, ya que nosotros hemos cerrado con supéravit los últimos presupuestos antes de empezar la crisis, cosa que no ha ocurrido en los países que ahora pretenden darnos ejemplo y nos critican.

Nosotros tendríamos que pensar y debatir también —y lo digo aunque parezca que no viene al caso y porque es quizá una de las últimas sesiones que vamos a tener— cómo funcionan los organismos reguladores, qué intención tiene el Banco Central Europeo, cómo funciona la Unión Europea y cómo podemos controlar la inflación y no perder competitividad con una entrada masiva de capitales privados, alemanes y franceses fundamentalmente, que vienen buscando una mayor rentabilidad de la que obtienen en su país.

Parece que al menos algunos alemanes, especialmente su canciller, solo tienen una fórmula para resolver eso, y es ir reduciendo permanentemente el valor de los salarios españoles para que podamos mantener la competitividad española. Como no parece que esa pueda ser la solución, habrá que emprender otras reformas, y aparte de los problemas de la reforma laboral que tenemos en curso, aparte de los problemas de la reforma de pensiones, y aparte de los problemas de la reforma de la Constitución, incluyendo este de las agencias de calificación, también tendremos que hacer alguna reforma en la Unión Europea, especialmente relativas a una coordinación fiscal más evidente y, sobre todo, una reforma fundamental, y es que no le podemos proponer a los ciudadanos de la Unión Europea que la Unión Europea sirva solo para intentar contener el crecimiento a base de controlar los déficits, porque controlando los déficits no se consigue crecimiento y creación de empleo.

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.

El señor LERMA BLASCO: Esa debería ser una de las primeras reformas que deberemos emprender.

Por otro lado, quiero terminar, aparte de agradeciéndole la paciencia al presidente, diciendo también que en esto de las agencias de calificación que ahora acabamos de reformar, también tienen mucho que ver las calificaciones con el comportamiento que tenemos, no solo con las decisiones de ingreso y gasto,




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sino con el comportamiento político cotidiano que tenemos, y no parece que sea una buena recomendación para obtener una buena calificación de las agencias la transición que estamos teniendo en el traspaso de poderes de algunas comunidades autónomas, en el que yo recomendaría más seriedad en la actuación para hacer posible que estas reformas de las agencias de calificación ayuden a la recuperación.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lerma.

Tiene la palabra el senador Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, empiezo por el principio y por lo que nos reúne hoy aquí. Creo que es un paso importante el que se da en la comisión y, por lo tanto, el que se da con la transposición de esta normativa comunitaria al ámbito legislativo español de establecer algún organismo regulador que redunde en una mayor transparencia de cara al funcionamiento de las agencias de calificación crediticia y, por lo tanto, que esto venga con el consenso que se ha dado en el ámbito comunitario y que genere la creación de esa agencia europea del mercado de valores, y en consecuencia la traslación al ámbito español para que ese control se lleve a cabo a través de la agencia nacional, creo que es un paso importante que va a contribuir de forma clara a reforzar el papel de las agencias de calificación.

Dicho esto, hay dos cuestiones que me parecen importantes y que no tenía pensado introducir en el debate, pero el portavoz socialista ha creído importante hablar de estos temas. Que nadie se engañe en esta Cámara ni en el conjunto del país: el problema de la situación de España no es el problema de las agencias de calificación de rating; el problema de la economía española no es el problema de las agencias de calificación de deuda crediticia; el problema de la economía española es un problema de falta de confianza en el Gobierno que está en estos momentos dirigiendo el país y de incompetencia ante las decisiones que el Gobierno está adoptando. A partir de ahí podemos discutir si en las actuaciones de las agencias ha habido pasos más o menos acertados, pero las agencias han llevado adelante un trabajo con carácter profesional, discutible hasta donde queramos, pero que veladamente intentemos ver si ha habido errores..., no, lo que ocurre es que hay un problema de confianza no en el país, sino en quien tiene que dirigir la política económica, y ese problema de confianza puede trasladarse con mayor o menor acierto a la hora de reflejar la valoración que hagan las agencias de rating, pero esa no es la única variable, ese no es el único determinante que condiciona esa confianza. Avancemos todo lo que podamos y bienvenido sea, pero el problema de fondo está donde está. El problema de fondo está en quien en este momento está en La Moncloa, esa es la realidad del asunto. Por tanto, no busquemos cosas raras en los mercados ni actuaciones un tanto cuestionables —que pueden serlo— en el papel de las agencias de calificación. Creo que nada tiene que ver. Y, por supuesto, muchísimo menos tiene que ver que en algún caso los procesos de cambio de poder en determinadas comunidades autónomas no respondan seguramente, como usted ha dicho, a la vía que debían seguir. Pero esto deberá analizarse precisamente desde esa perspectiva, y habrá que ver por qué esas circunstancias se están dando, circunstancias seguramente más vinculadas con lo que yo antes comentaba, con quien está en este momento en La Moncloa que no con lo que usted pretendía decir.

Concluyendo. Creo, por tanto, que es un paso importante desde el punto de vista de la transparencia en España, y del papel, en mi opinión necesario, que deben jugar las agencias de calificación. En segundo lugar, hay otro aspecto muy diferente que hemos debatido aquí en multitud de ocasiones y que desgraciadamente tendremos que seguir debatiendo porque quien tendría que tomar las decisiones no las está tomando y sigue y sigue aferrado a esa situación, y ese es el fondo real del asunto: que hay un problema de confianza en la economía española no generado por las agencias sino por el equipo de Gobierno que dirige el señor Zapatero.

Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, tomen asiento, por favor.

Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley por el que se modifican determinadas normas financieras para la aplicación del Reglamento número 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 239; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, señorías, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley.

Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.

Eran las trece horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Buenas tardes, señorías.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación.)

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000103)

(Núm. exp. C.D. 121/000113)

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día.

De la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Asensio.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

Tengo el honor de presentar el dictamen del proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 20 del pasado mes de mayo, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 24 y fue ampliado hasta el día 26 de mayo.

A este proyecto de ley se presentaron 38 enmiendas, así distribuidas: 17 del señor Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, 10 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 7 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y 3 del Grupo Parlamentario Popular, una de las cuales fue posteriormente retirada por dicho grupo.

La comisión se reunió para dictaminar el pasado día 1 de junio y emitió dictamen, en el que se han introducido modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados como consecuencia de la aprobación de las enmiendas 28, del Grupo Parlamentario Popular, y 36, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Se han corregido también diversos errores advertidos en el texto del proyecto de ley.

Han presentado votos particulares a este dictamen los Grupos Parlamentarios Mixto, Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Corresponde el turno de defensa de las enmiendas.

El senador Belda tiene la palabra para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto.

El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes.

Al igual que dije en comisión, como ahora, con las nuevas tecnologías de la información, se exige que se firmen digitalmente las enmiendas, por error no se incluyó mi firma digital, porque la intención era que




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las enmiendas no solo fueran firmadas por el senador Quintero, sino conjuntamente por este senador que les habla, de Coalición Canaria.

En relación con las enmiendas sobre las que hemos presentado un voto particular, anunciamos ahora que vamos a retirar las números 11, 12, 13 y 25, por cuanto que fundamentalmente son enmiendas técnicas y parte de su contenido ya está incluido en el texto del proyecto de ley. Incluso, en algunos casos, algunos de los párrafos ya figuraban textualmente en el articulado. Por lo tanto, quedan vivas y vamos a defender las enmiendas números 16, 18 y 24.

La primera de ellas se refiere a los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, que se omiten en el artículo 34.2 del proyecto de ley. Dado que se obvian estos servicios de notificaciones para los actos de comunicación por vía electrónica, estimamos que esto no solo vulnera el artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 28.3 y 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que también, después de los importantes progresos conseguidos hasta la fecha, conducen al fracaso los actos de comunicación por vía telemática, dado que los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores son los impulsores y los usuarios, por excelencia, de este sistema de notificaciones telemáticas, el llamado LexNet. Este servicio, que funciona razonablemente bien, viene a colmar las aspiraciones y previsiones fijadas en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, paliando una de las principales causas de dilación en nuestro proceso judicial y contribuyendo de forma notable a la mejora de la gestión y calidad del servicio, dotándole de una mayor seguridad jurídica y permitiendo la notificación simultánea a cada una de las partes en el proceso cuando éstas se hallen representadas por procurador, facilitando la labor del tribunal y de las partes en lo que es el cómputo y control de los plazos procesales y creando, en definitiva, un servicio que garantiza el impulso y desarrollo del proceso sin las dilaciones debidas.

Por lo que respecta a la enmienda número 18, que es similar, idéntica a la número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, cuya defensa también asumimos en comisión, al igual que lo hizo el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y es igual también a la número 3 de la Entesa e igual a la número 30 de Convergència i Unió, consiste en la autorización al procurador para acceder a los registros informáticos a disposición del órgano judicial en relación con las actuaciones procesales que se tramiten. Es una autorización que en este caso la daría el secretario judicial y que quedaría sin efecto al concluir el proceso correspondiente. Todos sabemos que ahora mismo se utiliza el punto neutro judicial para acceder a este tipo de datos, sobre todo a los que se refieren a la averiguación patrimonial o de domicilios, y la idea es que los procuradores sean autorizados también para hacer estas averiguaciones accediendo al sistema. Todo el sistema está mecanizado y, a pesar de que está automatizado y mecanizado todo el sistema de acceso a las bases de datos, las consultas ahora mismo se tienen que realizar bien por el secretario judicial o por el personal autorizado por dicho órgano. Lo que pasa es que el gran volumen de consultas en los distintos procesos, la dedicación a otras funciones por parte del secretario o de los funcionarios y la pérdida de tiempo en tareas burocráticas provoca realmente un colapso en las actuaciones ordinarias de tramitación y retrasos que no se deben producir. El acceso e identificación a través de sistemas electrónicos con certificado de firma electrónica, que ofrece las garantías exigibles para este tipo de actuaciones, va en la línea ya marcada por la Ley 13/2009, que autoriza las actuaciones de los procuradores en el ámbito procesal de los actos de comunicación y de ejecución, por ejemplo. Todos sabemos los retrasos que conlleva la solicitud de acceso a estos datos, de averiguación pues, desde que se presenta la solicitud hasta que por los juzgados se facilita la información, pueden transcurrir fácilmente dos meses. Y por eso creemos que con la autorización a los procuradores se resolvería gran parte de este problema.

Finalmente, la enmienda número 24 se refiere a la garantía de interoperabilidad de los sistemas al servicio de la Administración de Justicia que tienen que hacer las comunidades autónomas con competencia en Administración de Justicia. Lo que le añadimos es el inciso de los recursos financieros suficientes, de la mismo manera que hay alguna otra enmienda, presentada fundamentalmente por el Grupo de la Entesa en este mismo sentido, porque últimamente estamos viendo con bastante frecuencia que es muy común en las leyes del Estado atribuir responsabilidades a las comunidades autónomas, pero si esas responsabilidades luego conllevan un gasto, no se debe atribuir también la correspondiente financiación para cubrir ese gasto que se deriva de ello.

Por lo tanto, en este sentido damos por defendidas las enmiendas de Coalición Canaria.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Belda.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado como voto particular las enmiendas números 29 a 35, 37 y 38, habiendo sido la enmienda número 32 transaccionada por todos los grupos.

Asimismo, hemos presentado como voto particular la enmienda número 1, presentada en su momento por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Voy a dar por defendidas todas las enmiendas aquí mencionadas, deteniéndome muy brevemente en la enmienda número 38, por considerarla importante y relevante.

Con la enmienda número 38 pretendemos modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instaurando una segunda instancia de revisión de sentencias dictadas por todos aquellos tribunales competentes en relación con los delitos más graves.

Tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas obligan a disponer de una segunda instancia penal. Pero en España, a fecha de hoy, aún no se ha tramitado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a este efecto. Por tanto, lo que pretendemos es subsanar esta cuestión, resolver una situación actualmente irregular y que, a nuestro entender, crea una gran indefensión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Las enmiendas números 29 a 35, 37 y 38, de Convergència i Unió, se entiende que se dan por defendidas? (Asentimiento.)

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones: «Gràcies, president.

Intervendré molt breument per retirar la nostra esmena número 4, amb la qual cosa només mantenim la número 3 que és coincident amb les números 1, de Senadors Nacionalistes, 18, del Grup Mixt, i 30 de CiU, per a les quals demanem votació separada.»

Intervengo no sin antes protestar, una vez más, por la falta de plena normalidad democrática en el uso en esta Cámara de las lenguas de millones de ciudadanos.

Me autotraduzco para aquellos que no lo hayan entendido en catalán: Decía que retiramos la enmienda número 4 y que mantenemos la número 3, coincidente con las enmiendas números 1, 18, y 30, para las cuales pedimos votación separada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bofill.

Pasamos a continuación a la enmienda socialista.

Tiene la palabra el senador Pestana.

El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, señor presidente.

Mi intervención se refiere a las enmiendas que prosperaron en comisión, la número 28, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y la número 36, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, relativas a la exención de tasas en los procedimientos monitorios.

Lo cierto es que esta opción de la exención genera situaciones discriminatorias dado que unos pagan con la solicitud y otros no, cuando en la mayoría de los casos se trata del mismo tipo de personas jurídicas o de la misma persona jurídica y supone excluir del pago de la tasa a los principales usuarios de la justicia civil.

Señorías, los costos por el abono de dicha tasa serán ahora objeto de corrección, pues en el anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal se prevé que las tasas judiciales formen parte de la condena en costas; opción legislativa que tiene mayor sentido —probablemente sus señorías compartirán con nosotros este criterio— que la de establecer una exención objetiva al artículo 35 de la Ley 53/2002.




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Estamos hablando, señorías, de una recaudación estimada en algo más de 1000 millones de euros y, aunque estos datos que les estoy dando sean estimativos, es una cantidad económica relevante, que contribuiría a sufragar los gastos de la Administración de Justicia en un momento en que dadas las reformas realizadas y en marcha cualquier ingreso no solo es necesario sino también conveniente.

El dato correcto que supondría la exención si se aprobara esta enmienda respecto al texto de la comisión es que en el 55% de los casos no habría tasas.

Entendemos que puede haber un ámbito de consenso si esa exención la llevamos a la condena en costas. Por tanto, vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas en comisión y que han prosperado. Votaremos a favor de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Pastor.

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado únicamente tres enmiendas a la tramitación de esta ley en el Senado. De estas tres enmiendas, como ya se ha señalado, una fue retirada, otra aprobada, y la última es la que mantenemos para su debate y votación ante el Pleno del Senado.

La enmienda que nuestro grupo mantiene es la número 27. En la misma lo que proponemos es la inclusión en el texto de la ley de una disposición adicional referida a la fe pública y uso de la firma electrónica. En este sentido, nuestra enmienda apunta que lo dispuesto en esta ley ni sustituye ni modifica las normas que regulan las funciones que corresponden a los secretarios judiciales como fedatarios públicos, que tienen legalmente la facultad de dar fe pública en las actuaciones judiciales dentro del ámbito de sus competencias de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes procesales.

Esta enmienda supone, en nuestra opinión, una mejora técnica del texto legislativo ya que, como tuve ocasión de señalar en el trámite de comisión, si el elemento tecnológico no solo modula sino que elimina la fe pública se sacrificaría el propio Estado de derecho. Por ello, consideramos que la función de fedatarios públicos que los secretarios judiciales tienen encomendada debe ser contemplada en esta ley, que regula la adaptación de la Administración de Justicia a la era digital. Por ello, mantenemos nuestra enmienda y solicitamos el voto favorable a la misma.

Por lo que se refiere a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que fue aprobada en el trámite de comisión, la número 28, coincidente con la número 36 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, se ha presentado un voto particular del Grupo Parlamentario Socialista solicitando la vuelta al texto remitido por el Congreso en aquello que la misma modifica. Al respecto, y aunque me referiré a ello con más detalle en el turno de portavoces, quiero aprovechar para adelantar nuestra oposición a la vuelta al texto del Congreso en este punto. En nuestra opinión, el texto aprobado por la ponencia aporta una mayor seguridad jurídica en relación con la reclamación de las deudas de menor cuantía, algo que estimamos imprescindible, máxime en un momento como el actual en el que como consecuencia de la crisis económica la morosidad se ha disparado en nuestro país.

Por otro lado, como ya se ha señalado, se ha presentado una transaccional a la enmienda 32 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; transaccional a la que el Grupo Parlamentario Popular se ha sumado y que apoyaremos, puesto que responde a una petición que, en relación con la interconexión de los sistemas informáticos en la Administración de Justicia, nos ha planteado el Consejo General del Poder Judicial.

Por último, ya para finalizar, me gustaría realizar una breve mención a la enmienda número 38 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Al respecto, nuestro grupo desea señalar que compartimos la necesidad de revisar la legislación con el objeto de introducir la segunda instancia en el proceso penal. No obstante, consideramos que la reforma que la enmienda propone tiene un calado y entidad suficiente como para que determinemos que no es este el mejor trámite para llevarla a cabo. Se trata de una reforma necesaria, en nuestra opinión, pero que requiere de un debate y de un análisis profundo y que no puede ser introducida a través de una enmienda a una ley que nada tiene que ver. Por ello, votaremos en contra de la misma.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Pestana.

El señor PESTANA PADRÓN: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero anunciar nuestro voto favorable a la enmienda transada y referente a la enmienda 32 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Pero quiero empezar por la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, que coincide básicamente con la número 3 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, la número 30 de Convergència i Unió y la número 18 del Grupo Parlamentario Mixto, que se mantienen vivas. Señorías, en este caso, se refiere a un tema delicado, los datos de carácter personal, que quiero explicar básicamente. A través del punto neutro judicial se pueden efectuar no solo consultas de carácter patrimonial sino también consultas domiciliarias y referidas a la agencia estatal tributaria, a la Dirección General de Tráfico, al INE; por tanto, a domicilio padronal, policía, acceso al DNI, Tesorería de la Seguridad Social, consultas de instituciones penitenciarias, sentencias firmes de menores, registro central de rebeldes. En fin, una serie de consultas, señorías, que contienen datos de carácter personal que son directamente objeto de protección por nuestra Ley orgánica de protección de datos, y para acceder a ese tipo de datos en cada caso se requiere la autorización de una autoridad judicial. Por tanto, les llamo a la reflexión sobre este importante tema porque entendemos que no debe ser aprobada esta enmienda ya que significa abrir una vía de agua a la protección de datos de carácter personal, algo fundamental que hay que proteger y que hemos tenido ocasión de debatir en esta Cámara.

La enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Mixto, que ha defendido el senador Belda, ya fue transada en el Congreso de los Diputados. Entendemos que debe mantenerse el texto que fue objeto del acuerdo de todos los grupos parlamentarios en dicha Cámara y que debe respetarse ese acuerdo.

Asimismo rechazamos la enmienda número 24, también del Grupo Parlamentario Mixto y que ha presentado Coalición Canaria, porque, tal y como se recoge en la memoria del impacto económico de esta ley, la reforma no supone costos adicionales, sino que cada Administración con competencia en materia de Justicia asumirá sus propios gastos. Así pues no se puede incluir una enmienda que suponga gastos adicionales para el Gobierno de España. Se trata de coordinar, a través de este texto legal, las actuaciones en esta materia de nuevas tecnologías para que haya criterios conjuntos. Pero en ningún caso supone un mayor esfuerzo económico por parte de las distintas administraciones que tienen que innovar en esta materia, y que tienen que mejorar en su ámbito competencial y modernizar la Administración de Justicia.

Por otra parte, mi grupo parlamentario considera innecesaria la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Popular, que se mantiene viva en este debate, porque en ningún caso la ley pretende reformar o modificar las competencias que ya tienen los secretarios judiciales, y menos aún la fe pública que es de su competencia y, por tanto, y dado que esto está ya recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a ella nos remitimos. Se mantienen plenamente esas competencias y, por tanto, entendemos que esta enmienda es innecesaria.

Por lo que se refiere a la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el archivo electrónico de documentos, existe ya un real decreto, el 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, que marca las pautas a seguir en este tema y, por tanto, a él nos referimos como marco adecuado para regularlo. Entendemos, pues, innecesaria la modificación que se plantea en esa enmienda.

En la número 31, del mismo grupo parlamentario, y que se refiere al comité técnico de administración judicial electrónica, quisiera decir simplemente, señorías, que la comparecencia por turnos rotatoria entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia viene siendo la norma habitual en los órganos en que participan ambas instituciones junto a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia. Así es en el caso del Pleno de la Comisión Nacional de Estadística Judicial y en su comisión técnica; e idéntico criterio se sigue en la copresidencia de la Comisión de Seguimiento del Convenio EJIS. Entendemos, pues, que es innecesaria esta enmienda, pues el funcionamiento es adecuado y está correctamente regulado.

La enmienda número 34, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sobre el desarrollo del marco normativo técnico, fue transaccionada en el Congreso de los Diputados con pleno acuerdo de todos los grupos parlamentarios y, por tanto, nos remitimos a ese acuerdo. En cualquier caso, la




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competencia para aprobar las guías corresponde al Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, es una enmienda que consideramos innecesaria.

La enmienda número 35 se refiere a la preocupación de los costes derivados de esta ley y, en este sentido, quisiera decirles que, en cualquier caso, tenemos un marco, que es la Ley de financiación de las comunidades autónomas, en la que se permite una revisión anual de los costes de las competencias asumidas por estas y en la que se supervisa expresamente las nuevas reformas que se hubieran introducido en ese ejercicio objeto de análisis para detectar los sobrecostes que hubieran producido. La redacción nos parece incoherente con el artículo y, por tanto, su aprobación nos parece inadecuada.

En cuanto a la enmienda número 37, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la disposición final tercera, cuya supresión se solicita ahora, se incluyó como consecuencia de la aceptación de la enmienda número 79, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y, por tanto, nos remitimos también a ese amplio consenso que esperemos también se respete en el Senado.

Por último, en cuanto a la enmienda número 38, que se refiere a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en primer lugar por una cuestión de técnica normativa, no parece oportuno que en una ley que viene a esta sede parlamentaria con otro objetivo introduzcamos un debate que es de calado, como es el de la doble instancia judicial. Es verdad que los tratados internacionales lo exigen, pero yo llamo a la cordura y a un debate más sosegado; no creo que una enmienda a esta ley deba ser el mecanismo para abordarlo. Hay en marcha una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que esperemos que podamos ver al final de esta legislatura y que entonces podamos entrar a debatir este tema, que me parece importante, que apoyamos, pero no en la formulación que se hace ahora. En definitiva, necesita un debate más sosegado y a ese debate apelo, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.

El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, tal y como dijimos en comisión, desde Coalición Canaria coincidimos con las enmiendas de Convergència i Unió y del Partido Popular referidas a la exención de la tasa judicial en los procedimientos monitorios en reclamación de cantidad que no exceda de 30 000 euros. Consideramos que esto es importante porque si no se declara exenta la tasa judicial en este tipo de procedimientos estaríamos añadiendo una dificultad a las pequeñas empresas, a los pequeños autónomos que tienen pequeñas deudas y que para poder reclamarlas tienen que incurrir en unos costes añadidos que les dificultan enormemente el acceso al servicio público de justicia. Por lo tanto, desde Coalición Canaria vamos a votar en contra del voto particular presentado por el Grupo Socialista en relación con estas enmiendas.

Por lo demás, con carácter general, manifestamos nuestro apoyo a este proyecto de ley ya que la incorporación en las oficinas judiciales de las nuevas tecnologías y su uso generalizado contribuirá a una mejora en la gestión de las propias oficinas judiciales, incrementando los niveles de eficiencia y también abaratando los costes del servicio público de justicia.

En este sentido, compartimos los tres objetivos principales del proyecto de ley, que son, en primer lugar, actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas gracias a la agilización que se obtiene con el uso de estas tecnologías; en segundo lugar, generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia y, en tercer lugar, definir en una norma con rango de ley el conjunto de los requisitos mínimos de interconexión, interoperatividad y seguridad necesaria para el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial.

Por tanto, a pesar de no aceptarse algunas de las enmiendas que hemos presentado y teniendo en cuenta también que otras enmiendas presentadas en el Congreso por nuestros compañeros de Coalición Canaria sí han sido aceptadas o transadas, lo que ha mejorado notablemente el texto del proyecto de ley en relación con el que tuvo entrada en sede parlamentaria, vamos a apoyar esta iniciativa.

Finalmente, queremos reconocer igualmente el esfuerzo de consenso que se ha realizado en este proyecto de ley, que destacamos y, desde luego, desde Coalición Canaria, compartimos.

Muchísimas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Creo que estamos ante un proyecto de ley, este que regula el uso de tecnologías y de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que será aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios de esta Cámara. No en vano, se hizo un buen trabajo, cosa que reconocemos y nos felicitamos por ello, en la ponencia y en la comisión que aprobó con competencia legislativa plena tal proyecto en el Congreso de los Diputados. Tan es así, que de las 130 enmiendas presentadas en aquella Cámara solo se mantienen vivas para este trámite plenario un total de 21 enmiendas, contando con la vuelta al texto del proyecto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 28 del Grupo Parlamentario Popular y, con distinta sistemática, la número 36, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, de las 38 enmiendas —38, repito— presentadas en la Cámara Alta.

Dos fueron las grandes disfunciones que denunciamos, que de una u otra manera han sido resueltas. De una parte, la extraña ausencia del Consejo General del Poder Judicial de los órganos de configuración de la información y de armonización de las estructuras, es decir, del que debe conectar a los órganos judiciales entre sí y a estos con los ciudadanos. Y, por otro lado, la ausencia de las funciones de la procura con carácter general y, de forma más específica, de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores.

Como ha sido recordado, solamente una enmienda, la número 1, ha sido presentada por nuestro grupo parlamentario en esta Cámara. Una enmienda al artículo 37, que se corresponde tal cual con la número 43, que presentamos en el Congreso de los Diputados, en la medida en que no hemos querido abrir debates nuevos. No me referiré a ella, por cuanto que es idéntica —también ha sido recordado con anterioridad— a la número 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, a la número 18, del Grupo Parlamentario Mixto, y a la número 30, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Es evidente, después de escuchar a mi buen amigo, el profesor Anselmo Pestana, que el Grupo Parlamentario Socialista sigue en la posición de que solo el órgano judicial pueda realizar autorizaciones a los procuradores para proceder a la indagación de información reservada de domicilio y de patrimonio de las personas que son parte en un procedimiento. En consecuencia, me limitaré a mantener la enmienda para su votación, no sin antes recordar la página 32 del Libro Blanco de la Justicia.

Por lo demás, únicamente quiero indicar que el proyecto de ley actual contará —como creo que lo hará el resto de grupos parlamentarios— con nuestro apoyo y, consiguientemente, con el voto favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Zubia.

Deseo felicitarle sinceramente por su recuperación.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Gracias.

Este es un proyecto de ley a nuestro entender muy necesario, puesto que el derecho a una tutela judicial efectiva requiere también de una mayor agilidad en el funcionamiento ordinario del Poder Judicial y de la Administración de Justicia en general.

En la tramitación de este proyecto de ley quisiera destacar la incorporación al dictamen de un punto que considero muy importante, como es la exención de la tasa judicial para la presentación del procedimiento monitorio en reclamaciones de deudas por importe inferior a 30 000 euros. La existencia de dicha tasa suponía una grave penalización para el acreedor y, por tanto, un beneficio para el deudor, que comprobaba cómo para pequeñas deudas no se iniciaba actuación judicial alguna por el alto coste de esta. Con esta modificación, que espero que aquí se apoye, no solo se va a defender al acreedor sino que también nos vamos a equipar al resto de países de la Unión Europea, en los que no se está cobrando dicha tasa.

Por tanto, pido encarecidamente el voto en contra a la vuelta al texto original, que presenta el Grupo Socialista en este punto.

Muchísimas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): «Gràcies, president.

Aquesta és una llei important perquè la seva aplicació suposarà un canvi molt substancial pel que fa a modernització i major agilitat del funcionament de l’Administració de Justícia. El consens amb què s’ha aprovat la major part del seu articulat obliga encara més, si és possible, als governs, a les institucions amb competències sobre l’Administració de Justícia, a posar tots els mitjans necessaris perquè es pugui aplicar. Així, primer lloc, vull subratllar que s’han de posar el mitjans perquè es en respecti el dret dels ciutadans a utilitzar el català, el gallec o l’euskera també en les relacions amb mitjans electrònics amb l’Administració de Justícia, si així ho desitgen, tal com ho preveuen tant l’article 11.4 d’aquesta llei com la disposició addicional sisena de la Llei 11/2007 d’accés dels ciutadans a l’administració electrònica.»

Continúo en castellano, por una imposición reglamentaria nada respetuosa con la pluralidad, a la espera de que quede algún federal, no aquí, porque aquí no los espero (señalando los escaños de la derecha del hemiciclo), los espero allí (señalando los escaños de la izquierda del hemiciclo.—Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)…

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor BOFILL ABELLÓ: …que sepa convencer al Grupo Parlamentario Socialista de la necesidad de aprovechar este tramo final de la legislatura para normalizar plenamente el uso de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas en todo el Pleno.

He dicho al principio de mi intervención que esta es una ley importante porque su aplicación supondrá un gran cambio en la modernización y en la agilización del funcionamiento de la Administración de la Justicia. Decía también que el consenso con que se ha aprobado obliga aun más, si cabe, a los Gobiernos con competencias en la materia a poner todos los medios necesarios para que se pueda aplicar. E insistía en la necesidad de que se pongan los medios para respetar el derecho de los ciudadanos a utilizar el catalán, el gallego y el euskera también en las relaciones con la Administración de Justicia mediante medios electrónicos, si así lo desean, tal como lo prevé tanto el artículo 11.4 de esta ley como la disposición adicional sexta de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Esta ley de modernización de la Administración de Justicia supone una inversión importante, tanto en medios tecnológicos como en formación del personal al servicio de dicha Administración, una inversión, por lo demás, rentable, ya que ha de permitir a medio plazo reducir los costes y los tiempos en la Administración de Justicia, que acaban siendo costes para la Administración y para los usuarios.

Por ello, es bueno recordar aquí la LOFCA y el principio de lealtad institucional, a menudo olvidado por tan poco aplicado, como se hace en la enmienda número 35, de CiU, que los senadores de Esquerra Republicana votaremos afirmativamente. Es curioso constatar que los senadores de Esquerra Republicana la defendemos con más ahínco que el propio grupo proponente, Convergència i Unió. Es una enmienda que es lógico que la presente un grupo que está en el Gobierno de una comunidad autónoma con competencias en materia de justicia, para que se evalúen las obligaciones de gasto que para dichas comunidades autónomas sin duda se derivarán de la aplicación de las disposiciones de esta ley.

Por el mismo motivo, los senadores de Esquerra votaremos a favor de la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario Mixto. También les anuncio el voto favorable de los senadores republicanos a la enmienda número 29, que se refiere a la reserva, a favor de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, de la potestad reguladora reglamentaria sobre los archivos judiciales territoriales.

Y por lo que se refiere a la enmienda número 38 de CiU, no la podemos aceptar precisamente por el argumento que daba el grupo proponente. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la creación de una segunda instancia para la revisión de sentencias en el ámbito penal es demasiado importante para ventilarla como una enmienda a una ley también importante, pero más instrumental, como es esta.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Gómez.




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La señora GÓMEZ CERMEÑO: Gracias, señor presidente.

Estamos ante una ley importante y necesaria, una ley cuyo objetivo es poner al día la Administración de Justicia aprovechando las nuevas tecnologías. Con esta ley ayudamos a los ciudadanos para que la tutela judicial a la que tienen derecho sea más ágil, más transparente, más eficaz, más barata y, desde luego, esté más coordinada.

Sin duda alguna, para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos es necesaria la modernización de la Administración de Justicia. En este contexto de modernización, uno de los elementos de mayor relevancia es la incorporación en las oficinas judiciales de las nuevas tecnologías. Con ello se mejora su gestión, se incrementan los niveles de eficiencia, se permite abaratar los costes del servicio público de la justicia y sin duda supone una mejora en la confianza del sistema, lo que se traduce en una mayor seguridad.

En nuestro ordenamiento existen ya antecedentes que hacían necesaria la aprobación de esta norma. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluía la posibilidad de dotar a los nuevos documentos de la validez y eficacia de los originales, siempre que se garantizase la autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos previstos en nuestras leyes procesales.

En el plano internacional, la Unión Europea ha desarrollado el Plan e-Justicia, plan que busca una mejora de la eficacia de los sistemas judiciales mediante la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la gestión administrativa de los procesos judiciales, en la cooperación entre autoridades judiciales y en el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Para todo ello es preciso adoptar medidas coordinadas a nivel nacional y europeo. Somos conscientes de que su aplicación implicará modificaciones y adaptaciones en la legislación procesal, así como la creación de un marco regulador de la utilización de las nuevas tecnologías, que, desde luego, es el objetivo que persigue esta norma.

Asimismo, es preciso señalar que los efectos de una tramitación electrónica se han revelado como positivos en otros ámbitos administrativos, y ello, sin ninguna duda, permitirá una reducción de los costes de funcionamiento tanto para ciudadanos y profesionales como para la propia Administración de Justicia.

Desde el punto de vista de la inversión necesaria —tema que surgió en la propia comisión—, este grupo quiere significar que este proyecto descansa en líneas de financiación ya existentes, por lo que su impacto presupuestario se encuadra en partidas presupuestarias asignadas y relacionadas con los programas de modernización tecnológica del sistema de justicia.

Y para finalizar debo decir que con esta ley se crea un nuevo derecho: el de acceder a la Administración de Justicia a través de las técnicas de la información y de la comunicación. Es un nuevo derecho, y este grupo se siente orgulloso de él. Consideramos que el nacimiento de un nuevo derecho siempre es motivo de celebración y, por ello, sin ninguna duda, el Grupo Parlamentario Socialista dará su voto afirmativo a este proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Gómez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pastor.

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con el proyecto de ley objeto de debate, que tiene por finalidad la adaptación de la Administración de Justicia a las tecnologías de la información y la comunicación.

En primer lugar, me gustaría destacar el amplio consenso con el que este proyecto de ley ha llegado a su trámite parlamentario en la Cámara Alta, un consenso del que dan buena muestra el reducido número de enmiendas presentadas, así como el hecho de que la mayoría de ellas provengan del trámite del Congreso. Considero que es algo reseñable y que es bueno que en leyes como esta, en la que se regula el funcionamiento futuro de la justicia, seamos capaces de llegar a acuerdos, como así ha ocurrido también en el trámite del Senado con la transaccional apoyada por todos los grupos, a la que me referiré más adelante.

En cualquier caso, estoy convencido de que todos estamos de acuerdo con la importancia que las tecnologías de la información y la comunicación han adquirido en nuestra sociedad, y con que su implantación en todos los órdenes de la administración y, por supuesto, en la Administración de Justicia, puede comportar notables beneficios. Se trata, sin duda, de un elemento de modernización que ha de mejorar el funcionamiento de la justicia sin detrimento de la seguridad jurídica.




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La implantación de estas tecnologías en la Administración de Justicia ha de permitirnos ganar en agilidad y transparencia, puede contribuir al ahorro y a una gestión más eficiente de los recursos, y facilita una relación más directa de los ciudadanos y profesionales con la Administración.

Por ello, estoy convencido —así lo demuestra el grado de consenso al que me refería antes— de que todos compartimos el objetivo de que la justicia alcance un nivel tecnológico similar al existente en otras administraciones públicas, poniendo de esta forma a disposición de los ciudadanos un servicio más próximo, más accesible y de mayor calidad.

No obstante, hay una serie de aspectos sobre los que me gustaría llamar la atención de sus señorías. El primero de ellos es el que se refiere a la dotación económica —que ya ha sido mencionada aquí— o, más concretamente, a la ausencia de una memoria económica para la puesta en marcha de las medidas contenidas en la ley.

Estoy seguro de que a nadie se le oculta el fuerte desembolso económico necesario para proceder a la adaptación de la Administración de Justicia a la era digital, un desembolso necesario para dotar a los juzgados de los equipos y programas necesarios para permitir la tramitación electrónica de los expedientes, así como la seguridad de dicha tramitación; y esperamos que esa seguridad sea superior a la demostrada en el proyecto estrella del presidente del Gobierno para León, el Inteco, que en fechas recientes ha sufrido una severa quiebra en su seguridad, permitiendo la sustracción de miles de datos personales. En cualquier caso, como vengo diciendo, la ausencia de una memoria económica resulta un elemento de preocupación de cara a la efectiva puesta en marcha de las disposiciones contenidas en la ley sobre la cual entendemos es necesario llamar la atención. Y no será por falta de recursos. El Ministerio de Justicia ha dispuesto de 400 millones de euros para modernizar y agilizar la justicia, unos fondos que se han gestionado de forma deficiente y que no han servido de momento para resolver los problemas reales de los juzgados.

Por otro lado, a nuestro juicio, el proyecto trata con excesiva tibieza la interconexión entre las oficinas judiciales, tanto dentro de los mismos territorios autonómicos como entre estos. Adolece, por tanto, la ley de una falta de interoperabilidad que es un elemento de preocupación, ya que esta es fundamental para el éxito de la ley. En nuestra opinión, la interoperabilidad de los sistemas informáticos es imprescindible para que los datos resulten accesibles desde cualquier punto de la geografía española y evitar así que los documentos tengan que viajar de unas sedes a otras. Precisamente por ese motivo nuestro grupo se ha sumado a la enmienda transaccional, firmada por todos los grupos, al artículo 46, al tiempo que anunciamos nuestro voto afirmativo a la enmienda número 34, de Convergència i Unió, ambas en respuesta a la petición que se nos ha hecho llegar desde el Consejo General del Poder Judicial para que se garantice la interoperabilidad en todo el territorio nacional. Con ello respondemos a la situación creada por el ministerio tras incumplir su compromiso con el Consejo General del Poder Judicial, una situación que ponía en riesgo la mencionada interoperabilidad, así como los esfuerzos que el consejo viene realizando para crear una plataforma común para toda España.

En otro orden de cosas, finalizo mi intervención refiriéndome a las dos únicas enmiendas aprobadas en el trámite de comisión y sobre las que el Grupo Socialista ha formulado un voto particular, pidiendo la vuelta al texto del Congreso. Estas enmiendas, cuyo contenido es idéntico —la 27, del Grupo Popular, y la 36, de Convergència i Unió—, se refieren al proceso monitorio. Como no puede ser de otro modo, nuestro grupo votará en contra de la vuelta al texto del Congreso, y lo hacemos porque entendemos que la modificación introducida es relevante y necesaria.

En este sentido, y como ya hemos señalado reiteradamente, nuestro grupo entiende que, dado el incremento de las reclamaciones por impagos, derivadas de la situación de crisis económica por la que atraviesa nuestro país, y especialmente en el ámbito de los créditos al consumo, en el que en la mayoría de los casos estás reclamaciones son de escasa cuantía, la imposición de una tasa inicial supone una penalización a las legítimas pretensiones del acreedor que no ha de ser aceptada. Por todo ello, nuestro grupo introdujo esta enmienda, que exime del pago de la mencionada tasa a las reclamaciones por deuda cuya cuantía no exceda de 30 000 euros, y que, por otro lado, no es de aplicación en ningún país de la Unión Europea. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Termino anunciando nuestro voto a favor del proyecto de ley y diciéndoles que estaremos vigilantes en su cumplimiento.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Tomen asiento, señorías. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas, del Grupo Parlamentario Mixto, números 16 y 24.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 5; en contra, 220; abstenciones 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 18, también del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 20; en contra, 106; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Abran las puertas. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Votamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo de Convergència i Unió, originariamente presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 20; en contra, 108; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas de Convergència i Unió.

En primer lugar, la número 29.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 15; en contra, 219; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 30, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 20; en contra, 106; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 35, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 15; en contra, 108; abstenciones, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas de Convergència i Unió números 33 y 34.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 120; en contra, 118; abstenciones, 1.




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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas de Convergència i Unió números 31, 37 y 38.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 11; en contra, 223; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 3, del Grupo de la Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 20; en contra, 107; abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 28, del Grupo Parlamentario Popular, y 36, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 112; en contra, 127.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 27, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 110; en contra, 121; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 64410.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 238.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas antes de ser sancionado el texto definitivo por S. M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 12/1995, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REPRESIÓN DEL CONTRABANDO.

(Núm. exp. S. 621/000093)

(Núm. exp. C.D. 121/000084)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Vilajoana.

Espere, un momento, señoría, a que se haga silencio. Está todo el mundo expectante para escucharle. (Rumores.)

Señorías, les ruego silencio o que abandonen el hemiciclo.

Tiene la palabra.




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El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor presidente, señorías, procedo a la presentación del dictamen del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 8 de abril, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas, que terminaba el día 20 de abril, fue ampliado hasta el día 28 del mismo mes. Se presentaron 27 enmiendas a este proyecto de ley, así distribuidas: 3, de la senadora Caballero Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto; 4, del Grupo Parlamentario de Convèrgencia i Unió; 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 8, del Grupo Parlamentario Socialista; y 11, del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia ha estado integrada por doña Judith Alberich Cano, doña María del Mar Angulo Martínez, doña Ana Luisa Durán Fraguas, don Nicolás Fernández Cucurull, don José Manuel Pérez Bouza, doña María José Rodríguez Ramírez, don Pere Sampol i Mas, y por el senador que tiene el honor de dirigirse en estos momentos al Pleno de la Cámara.

La ponencia emitió informe el día 27 de abril, y acordó mantener en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión dictaminó el mismo día 27 y aceptó como dictamen el texto propuesto por la ponencia.

Han presentado votos particulares a este proyecto de ley los grupos parlamentarios Mixto, de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular.

Nada más y muchas gracias, señor presidente y señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vilajoana.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Las enmiendas del Grupo Mixto, de Convergència i Unió y de la Entesa han sido transaccionadas. Por tanto, pasamos a debatir las enmiendas del Grupo Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Ramírez.

La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista entendemos necesaria y adecuada la reforma de una ley que debe actualizarse a la luz de la evolución del contrabando, para dotarse de nuevos mecanismos con los que afrontar con mayor eficacia la realidad de esta actividad delictiva. Las nuevas formas de comercio ilegal, la experiencia de aplicación de la ley vigente, la práctica judicial, la modificación de la normativa relacionada, como el Código penal o la regulación comunitaria aduanera, exigen una respuesta de nuestro ordenamiento jurídico para prevenir, perseguir y combatir mejor el contrabando.

Sin duda, los aspectos sustanciales de la tramitación de esta reforma de la ley orgánica en el Senado han sido la consideración de delito para el comercio ilegal del tabaco y su penalidad. Hemos tenido la oportunidad de plantear textos y enmiendas transaccionales en relación con el límite cuantitativo que debe alcanzar el comercio ilegal de tabaco para ser considerado delito, que es sin duda uno de los aspectos que mayor atención ha concentrado por parte de los grupos y de las respectivas enmiendas que han presentado. De hecho, gran parte de ellas iban en la dirección de rebajar más aún el límite alcanzado por unanimidad en el Congreso, fijado en 20 000 euros.

Primero, quiero señalar algo que de por sí merece la pena ser destacado, y es que el contrabando de tabaco en nuestro país ha descendido de manera notable. Si el año 1995 el índice era del 20%, ninguna de las estadísticas que se manejan en la actualidad alcanzan la cifra del 3%, frente al 8% de Francia o al 14% del Reino Unido. Dicho esto, entendíamos que establecer la cantidad en 20 000 euros era razonable, si nos ateníamos al hecho de que, dejando a un lado la carga impositiva de la mercancía, el valor real del tabaco era de entre 12 000 y 14 000 euros; es decir, hablábamos de un fraude menor, de 10 cajas aproximadamente o 500 cartones, nada que ver con el contrabando a gran escala, a cargo de organizaciones criminales, que se articula a través del transporte marítimo por contenedor, sino de una actividad de entidad menor; ilegal, pero con una gravedad considerablemente distinta. Por tanto, un comportamiento jurídico claramente diferente exige un comportamiento legal diferenciado. Además, se imponían razones del incremento del nivel de precios, en especial de los precios de las marcas más comunes del tabaco que son objeto de contrabando o de marcas de fabricación nacional sustitutivas en el mercado; es decir, que la propia actualización de precios justificaría ese límite. En cualquier caso, y en aras del acuerdo, nos parecía que el límite de 15 000 euros también podría cumplir estas exigencias de




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evolución de los precios, así como una previsión que no se puede olvidar: que el límite no quede desfasado en un espacio de tiempo corto. De modo que celebramos el acuerdo que ha sido posible entre todos los grupos en esta cuestión.

Además, el hecho de que también se hayan producido modificaciones en las sanciones de las infracciones administrativas nos produce en el Grupo Parlamentario Socialista la tranquilidad de que no se puede hablar de despenalización ni del consecuente incremento del contrabando. Las modificaciones compensan, a nuestro juicio, cualquier incentivo de aumento del contrabando. El establecimiento del límite de 15 000 euros provoca, consecuentemente, la modificación de las sanciones por infracción administrativa en otros preceptos, aunque eso es algo de relativamente poca importancia.

El otro punto que finalmente hemos sido capaces de consensuar entre todos los grupos es el de la penalidad que merece el delito de contrabando. Entendemos que se impone un principio de racionalidad, de proporcionalidad y equilibrio ante unos hechos que fundamentalmente cabe asimilar a delitos fiscales, pues el bien jurídico a proteger es fundamentalmente la Hacienda Pública, puesto que, en concurrencia con otros bienes jurídicos como la salud pública, prevalecerían estos tipos penales. Hay que señalar que en la ley se endurece la pena de multa y que, además de tratarse de delitos de esta naturaleza, es evidente que en modo alguno parece que un delito de contrabando pueda tener la misma consideración penal que una tentativa de homicidio, una violación o delitos de lesiones graves o torturas.

En cuanto a algunos de los argumentos que apuntaban en la dirección de que debían ser tenidos en cuenta intereses parciales a la hora de condicionar la gradación de la pena, en el Grupo Parlamentario Socialista nos atenemos a un principio evidente: el de que todos los delitos deberán tener la pena que por sus características y naturaleza merezcan en nuestro ordenamiento jurídico, atendiendo a criterios de proporcionalidad en relación con los hechos, el bien jurídico a proteger, etcétera, con independencia de otras consideraciones, y que será el funcionamiento de la Administración o de los procedimientos necesarios para su investigación los que deban acomodarse a ellos, y no al contrario.

Por tanto, señorías, creo que el texto resultante de incorporar estas enmiendas transaccionales a la ley mejora notablemente una norma que está llamada a ser la herramienta que durante los próximos años sustente el control del Estado sobre operaciones de comercio ilegal y contrabando.

De la misma manera, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado otras enmiendas, necesarias a nuestro juicio, que se agrupan en torno a diferentes aspectos. Con las números 21 y 22 queremos clarificar el tratamiento que los precursores de drogas deben tener en esta regulación a la hora de ser considerados delito. En la redacción que llegó al Senado su comercio aparecía catalogado como delito cualquiera que fuera el valor que alcanzaran. Nuestra propuesta es que se considere delito cuando estas sustancias y productos alcancen un valor igual o superior a 50 000 euros. Hay que tener en cuenta que estamos ante una tipificación distinta de la efectuada por el Código Penal, que ya se encarga de que las acciones dirigidas a destinar tales sustancias a la producción de estupefacientes merezcan una sanción. En esta norma se atiende a precursores que pueden ser perfectamente objeto de comercio legal para otros fines. Por eso proponemos que la consideración de delito se produzca a partir de una cantidad de cierta entidad, teniendo en cuenta además que la ley prevé la comisión de delito en la modalidad de imprudencia y que podemos estar ante este supuesto por la mera vulneración de una normativa reguladora que puede exigir determinadas cumplimentaciones de tipo formal y otras exigencias que, desde luego, no merecerían una pena de delito con cantidades inferiores. No parece muy ponderado que ante una operación comercial desvinculada de la droga se pueda entender como delito cualquier cantidad, sobre todo porque, siempre que estemos ante otro tipo de supuesto y que exista esa vinculación, opera la previsión de delito contra la salud pública del Código Penal, al margen de la ley. Aparte de delimitar claramente la conducta que se quiere penalizar, proponemos una modificación en la enmienda número 22 para hacer referencia al Reglamento comunitario en esta materia, para la vigilancia del comercio de precursores entre la Comunidad y terceros países.

En la enmienda número 23 el Grupo Parlamentario Socialista plantea una nueva disposición por la que se reduce a 200 cigarrillos al mes la cantidad máxima que disfrutaría de la exención fiscal de IVA y del impuesto especial del tabaco para viajeros residentes y trabajadores fronterizos con Gibraltar y el Principado de Andorra. Señorías, se trata de una medida adecuada para hacer frente a las operaciones que, en abuso de derecho, se están realizando en estas zonas fronterizas. En los dos últimos años la exportación de tabaco a Gibraltar, por ejemplo, se ha multiplicado por cuatro. Si desechamos la interpretación de que cada ciudadano de Gibraltar consume a diario 11 cajetillas, hemos de inferir que ese volumen de mercancías tiene otro destino y sale de Gibraltar de uno u otro modo. Efectivamente, lo que




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se ha incrementado no es el consumo de tabaco sino el uso abusivo del derecho de esa franquicia aduanera y de la exención fiscal. Se ha producido en los últimos años un sustancial incremento de las importaciones de Gibraltar, a través de la aduana de La Línea de la Concepción, y del Principado de Andorra a través de la aduana de Farga de Moles. Entendemos que eso debe ser atajado también en esta ley. De hecho, esa limitación se contempla ya en la normativa comunitaria y también en las leyes reguladoras del impuesto del IVA o de los impuestos especiales. Pero, además, entendemos que resulta del todo contradictorio rebajar el límite cuantitativo que marca el delito de contrabando en el comercio ilegal de tabaco alegando que ello acarrea graves consecuencias para el sector de venta minorista o que tiene repercusiones negativas en el ámbito aduanero y tributaria, y al mismo tiempo obviar una realidad que no tiene más justificación que el fraude de ley y que va contra esos mismos intereses.

Con la enmienda número 23 van relacionadas otras que no voy a mencionar.

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.

La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Termino ya, señor presidente.

Del mismo modo, hay enmiendas de carácter técnico, como la 19, la 20, la 24, la 25 y la 26.

Por último, señorías, antes de terminar quiero insistir en mi reconocimiento y agradecimiento a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, que han realizado un trabajo necesario para la búsqueda de acuerdos que sin duda ninguna mejora esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández Cucurull.

El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a defender ante este Pleno once enmiendas en relación con el proyecto de ley que nos ocupa. Para su mejor comprensión, vamos a agruparlas en tres bloques. El primero comprende las enmiendas números 5, 6, 7 y 8 y va dirigido a reducir el umbral cuantitativo que fija el límite entre el delito de contrabando y la infracción administrativa. En este sentido, se propone sustituir las cantidades que figuran en el proyecto para los distintos tipos delictivos contemplados en el mismo; esto es, 150 000, 50 000 y 20 000 euros, por 30 000, 20 000 y 10 000 euros respectivamente. La razón que justifica dicha propuesta es clara: que a la hora de establecer los nuevos umbrales, el proyecto de ley ha ido mucho más lejos de lo que se derivaría de una mera actualización monetaria, lo que lleva a unos límites excesivamente elevados que despenalizan injustificadamente innumerables supuestos. Esto va a tener, de no aceptarse las enmiendas propuestas, una repercusión muy negativa sobre la persecución de este tipo de delitos, que quedará reducida en muchas ocasiones a una infracción administrativa cometida por insolventes y, por tanto, con nulos efectos disuasorios.

El segundo de los bloques mencionados, conformado por las enmiendas números 9, 10, 12 y 13, pretende mejoras técnicas en relación con aspectos diversos de la ley y, por su heterogeneidad, he de explicarlo enmienda por enmienda. La enmienda número 9 pretende que se aplique la pena superior en uno o dos grados cuando el objeto del contrabando sean las sustancias mencionadas en el artículo 2.3.a) de la ley, tales como drogas, armas, agentes biológicos, sustancias químicas tóxicas y otras, y cuando el contrabando se realice a través de organización. Pensamos que, de acuerdo con la gravedad de estos delitos, su pena debe equipararse a la que establece el Código Penal para los delitos contra la salud pública, para el tráfico de armas y explosivos, para el blanqueo de capitales o para los delitos contra la Hacienda Pública.

La enmienda número 10 tiene por objeto, en relación con los presupuestos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, un reforzamiento de las garantías jurídicas respecto al uso de fondos confidenciales, ya que los vincula a operaciones encomendadas por las autoridades judiciales.

La enmienda número 12 va dirigida a modificar el artículo 68 de la Ley General Tributaria, eliminando la suspensión del plazo de prescripción en el derecho de la Administración tributaria para liquidar la deuda tributaria, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica. Dado que la reforma del Código Penal que entrará en vigor el 16 de diciembre prevé la colaboración de la Administración Tributaria en la ejecución de sentencias firmes si no ha podido liquidar la deuda correspondiente, no tiene sentido paralizar el cómputo de la prescripción.




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La enmienda número 13 también va destinada a modificar la Ley General Tributaria, en este caso su artículo 180, que regula el principio de no concurrencia de sanciones tributarias, con la intención de coordinar la facultad de exigir la deuda tributaria por parte de la Administración Tributaria con la tutela judicial efectiva de los interesados cuando se aprecian indicios racionales de criminalidad por delito fiscal.

Un tercer y último grupo de enmiendas, que abarca a las número 4, 11 y 14, van destinadas a adecuar la Ley Orgánica de Represión del Contrabando al régimen económico y fiscal especial de Ceuta y Melilla. Para su mejor comprensión, es necesario recordar previamente que, como sus señorías conocen, Ceuta y Melilla, por razón de su régimen económico y fiscal especial, aun formando parte del territorio español y comunitario, se encuentran, en virtud del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, fuera de la Unión aduanera. Hecho este recordatorio previo, la enmienda número 4 pretende modificar el concepto de importación del artículo 1 de la ley citada, para excluir del mismo la entrada de mercancías comunitarias en Ceuta y Melilla. La mayor parte de las mercancías que entran en ambas ciudades son comunitarias y procedentes del resto de España, por lo que no tiene sentido que una mercancía que sale de territorio español y llega a territorio español, pueda ser objeto de aplicación de la Ley de contrabando, que está prevista para la entrada de mercancías no comunitarias. Con la redacción que se propone para el concepto de importación, solo podría aplicarse el delito de contrabando a la entrada de mercancías no comunitarias en Ceuta y Melilla; es decir, exactamente igual que en el resto del territorio español.

Como complemento de la enmienda anterior, la número 14 propone una nueva disposición final para aclarar que la no consideración como importación, a los efectos de la presente ley, de la introducción de mercancías comunitarias en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla no exime de las obligaciones documentales y tributarias, conforme a la normativa reguladora del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, que, como sus señorías sin duda conocen, es el impuesto local que, conforme al reiterado régimen económico y fiscal especial, se aplica, en lugar del IVA, en ambas ciudades. De esta manera, las Haciendas de ambas ciudades autónomas quedan debidamente salvaguardadas, consiguiéndose exclusivamente el objetivo pretendido de que no pueda aplicarse el delito de contrabando a algo que no es una importación, esto es: la entrada en Ceuta y Melilla de mercancías procedentes del resto de España.

Por último, la enmienda número 11 trata de evitar lo que, a nuestro juicio, es un claro exceso legislativo y una discriminación de los ciudadanos de Ceuta y Melilla, que introducen la ley en su redacción actual. La disposición adicional tercera establece para las compañías de transporte unas exhaustivas obligaciones de información a las autoridades aduaneras sobre los pasajeros que vayan a ser embarcados en países de fuera del territorio comunitario con destino al territorio español. Ahora bien, la citada disposición adicional extiende dicha obligación al transporte que se realice desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español. La información citada comprende —lo recuerdo para que sus señorías sepan de qué estamos hablando— el nombre y los apellidos de cada pasajero, su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad y tipo del mismo, forma de pago, importe del billete, fecha de compra, puntos de escala y medios de contratación. Creemos que aplicar dicha disposición, pensada para los que viajan desde el exterior hacia España, a los ciudadanos españoles de Ceuta y Melilla en sus desplazamientos al resto de España es un exceso y una discriminación frente al resto de los ciudadanos españoles. Por eso, la enmienda propone la supresión del segundo párrafo de la mencionada disposición adicional.

Estas son las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular en este debate, para las cuales solicito el voto favorable de sus señorías.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, una vez que hemos llegado a acuerdos transaccionales y que han decaído las enmiendas formuladas por el resto de grupos, a excepción de las presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista —es verdad que hemos podido llegar a algunos acuerdo y esas transaccionales son el testimonio de ello—, el posicionamiento de mi grupo en relación con las enmiendas que acaba de defender el senador Fernández Cucurull es contrario, en coherencia con lo que hemos defendido hasta ahora, por muchos de los planteamientos que expresan.




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Por ejemplo, el Grupo Popular pretende una rebaja indiscriminada y con escasa justificación de los distintos límites cuantitativos que determinan la comisión de delitos en los diferentes supuestos que esta ley prevé. Así, de 150 000 euros quiere pasar a 50 000 o de 50 000 a 30 000. Por nuestra parte, hemos apelado a criterios de proporcionalidad. Si hemos sido capaces de acordar los criterios, y eran válidos, para el delito de contrabando, igualmente consideramos que lo son en estos supuestos.

Para empezar, hay que señalar que este proyecto de ley pretende establecer una regulación distinta de la anterior, más proporcional, con una gradación en tres escalones, en contraposición de lo que había hasta ahora; diferenciando entre unas conductas y otras, conforme a su nivel de gravedad. Partiendo de que se considera delictiva toda conducta de contrabando realizada mediante una organización, que es el supuesto más grave, a partir de ahí se establecen diferentes escalones para la intervención penal, del mismo modo que se hace respecto de otros delitos de nuestro ordenamiento jurídico, como pueden ser los cometidos contra la Hacienda Pública, dejando al Derecho administrativo la potestad sancionadora allí donde la experiencia ha demostrado que la intervención penal no representa en absoluto un plus de protección.

Así, uno de los motivos del proyecto de reforma es la adecuación técnica de la vigente ley orgánica a los principios de proporcionalidad y mínima intervención penal, procediendo para ello a la agrupación de los múltiples bienes jurídicos que están en juego cuando se habla de una ley como la de contrabando y que se incluyen en esta ley en tres grandes categorías, según los tipos de bienes: por un lado están los de lícito comercio, en el que el bien jurídico es la Hacienda Pública; por otro, los bienes de lícito comercio que estén sujetos a unas limitaciones adicionales para su comercio exterior, que superan el interés de la defensa de la Hacienda Pública e incluyen a personas, bienes o mercados; y, por último y en tercer lugar, el género de ilícito comercio.

Para el primero de estos grupos, para el que la ley establece el límite de 150 000 euros y que el Grupo Popular quiere rebajar a su tercera parte y dejarlo en 50 000 euros, teniendo en cuenta que el bien jurídico protegido es el mismo, parece lógico que se aproxime al límite entre este tipo de contrabando y los delitos contra la Hacienda Pública, y la comunitaria. Es decir, estamos hablando de los mismos bienes jurídicos y el Código Penal estable un límite para determinar cuándo hay delito contra la Hacienda Pública; pues bien, asimilemos ese límite en la Ley de contrabando cuando el bien jurídico protegido es la Hacienda Pública. Y para eso la cuota máxima por derechos de importación debe estar en torno a los 45 000, 50 000 euros, que es la cantidad que más se acerca al tipo fijado en el Código Penal, para lo que se requiere partir de una cantidad mínima de referencia de 150 000 euros, en los que el IVA y el arancel representarían esos 45 000 euros; es decir que el valor de la mercancía objeto de delito tendría que ascender a 150 000 euros, como mínimo. Esa es la razón de que ese límite cuantitativo esté en la ley. Quiere decirse que se trata de dar un tratamiento similar a delitos que son de similar naturaleza. Pero es que, además, pese a que el Partido Popular afirma en la justificación de la enmienda que la propuesta obedece a la actualización conforme al IPC de los umbrales que se establecieron en la Ley de 1995, en realidad dicha ley establecía dos cantidades y no hay lugar a esa actualización y a ese cálculo. En el segundo escalón, en el que ustedes pretenden, por ejemplo, rebajar la cantidad que marca cuándo el contrabando es delito de 50 000 a 30 000 euros, la actualización del IPC tampoco sale ni cuadra. Dicho esto, nosotros volvemos a lo que nos parece más importante: el propósito de esta ley, que hace un planteamiento diferente al anterior. En este caso, además, en el que los 50 000 euros que ustedes pretenden bajar a 30 000, estamos hablando de bienes de lícito comercio sometidos a obligaciones distintas al cumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas a este tipo de comercio. Por ejemplo, la obligación de disponer de una autorización emitida por las autoridades para importar o exportar un producto sujeto a un determinado límite. Y le he puesto antes el caso de los precursores. Efectivamente, se prevé además la modalidad por imprudencia. Cuando falte un requisito formal, ¿estaríamos ante la comisión de un delito? Pues tendremos que elevar los límites cuantitativos para que se trate de cantidades mínimamente significativas y de cierta entidad; es el mismo caso de los precursores que el portavoz del Partido Popular ha venido también a acordar con la enmienda que nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, hemos presentado. Estamos hablando de bienes que tienen que ver, por ejemplo, con el interés histórico nacional; en absoluto estamos hablando de sustancias peligrosas relacionadas con estupefacientes o explosivos.

En la enmienda número 9 el Grupo Parlamentario Popular pretende agravar la pena en uno o dos grados. Hay que recordar, cuando hablamos de elevar la penalidad, que la investigación empírica tiene más que acreditado que el incremento de los límites mínimos o máximos de las penas —especialmente




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el de estos últimos— apenas tiene incidencia real en la prevención de los delitos, siendo mucho más importante otro tipo de actuaciones. Aquí volvemos a esgrimir el argumento de la proporcionalidad; las penas aplicables, según la enmienda del Partido Popular, llegarían a los trece años y medio de prisión, una pena ajena a toda racionalidad respecto a la gravedad del delito de que estamos hablando. Además, no resulta adecuado justificar la enmienda, como hace el Partido Popular, con la equiparación con las penas de delitos de blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública. En el primer caso estaríamos hablando de seis años y en el segundo de cinco, nada parecido a los trece años y medio a los que se llegaría. En cualquier caso, dado que la penalidad del delito ha sido transaccionada con el acuerdo de todos los grupos, entendemos que lo más conveniente sería retirar la enmienda. Además, hay una cosa que nos parece importante señalar; la acción represora de la Administración es lo suficientemente contundente como para asegurar una sanción que se traduce incluso en medidas más expeditivas que aquellas que proceden del ámbito penal, porque el ámbito penal está sujeto a mayores garantías: el cierre de establecimientos, etcétera. Esas medidas resultan muy eficaces, frente a procedimientos que se alargan en el tiempo y que no necesariamente producen una sentencia condenatoria. Por tanto, ojo con afirmar que se van a despenalizar conductas y que va a haber manga ancha, digamos, para acciones delictivas, cosa que no es cierta.

Igualmente, en la enmienda número 10 nosotros no compartimos la idea de que solo los tribunales puedan encomendar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la persecución de los delitos. La ley es la que en todo caso debe hacerlo, correspondiendo, por supuesto, a los tribunales la fiscalización del correcto ejercicio de dichas tareas y la utilización y control de las medidas que, por su contenido limitativo de derechos fundamentales, así lo requieren. Otra cosa es que, en su consideración de Policía Judicial, los funcionarios con responsabilidad en las tareas de prevención de delito estén sometidos, por supuesto, a las órdenes y mandamientos de los juzgados y tribunales; y en nada se cuestiona, desde luego, la disposición adicional que ustedes pretenden modificar. El funcionamiento hasta la fecha del presupuesto dedicado a operaciones confidenciales de persecución del contrabando ha sido de gran utilidad en la investigación de estos delitos, especialmente en la lucha contra el contrabando de drogas en el tráfico portuario, con informaciones sobre embarcaciones sospechosas de transporte de hachís o tabaco. Estos presupuestos y estos fondos se han utilizado en el descubrimiento de delitos siempre en su fase previa a la judicialización, por su mismo carácter de información confidencial que normalmente avisa o proporciona datos sobre un presunto delito que se va a cometer y de los que los informantes son especialmente conocedores. Una vez judicializada la investigación, no tiene sentido la utilización de estos fondos. Por otra parte, este presupuesto tiene indiscutiblemente un control exhaustivo sobre el que no deberían sembrarse dudas —espero que no sea esa la intención del Grupo Parlamentario Popular—, ya que el apartado dos de la disposición establece los mecanismos para controlar esos fondos, y así se ha venido produciendo. Limitar la utilización de dichos presupuestos solo a los casos en los que la Agencia Tributaria colabore con los tribunales en la persecución de delitos restringiría totalmente la utilidad de dichos fondos respecto a la situación actual, ya que supondría que también en los casos de contrabando se limitaría su utilización al pago de informaciones confidenciales cuyos expedientes ya estuvieran judicializados, cuando los fondos tienen utilidad precisamente en la fase previa de investigación.

Las enmiendas números 12 y 13 plantean serios problemas porque no solo generan dudas de inconstitucionalidad, lo que de por sí sería suficiente, sino que además requerirían la modificación de normas diversas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cualquier caso, los problemas que genere la interpretación de la Ley General Tributaria en relación con el artículo 305 del Código Penal, cuya entrada en vigor ya se ha producido —lo quiero aclarar porque entiendo que la enmienda procede de la fase en que este se tramitaba en el Congreso—, requieren de otras reformas y ajustes técnicos, y los que aquí se proponen pueden generar más problemas de los que se pretende resolver.

En cuanto a la enmienda número 4, el texto al que hace referencia es el que está en vigor desde el año 1995, es exactamente la misma norma; por tanto, habría que revisar determinadas afirmaciones. Respecto a las circunstancias que motivan su presentación, mi grupo considera que, como usted ha dicho, traen causa de un régimen económico y fiscal de carácter especial que tiene no solo ventajas sino también algún tipo de inconveniente, en aras de la seguridad y de la protección de los bienes jurídicos que esta ley pretende preservar.

En cuanto a la enmienda número 11, estaríamos de acuerdo —ya he tenido la oportunidad de manifestarme al respecto—, pero pensamos que está vinculada al concepto y a la definición de importación que figura en la ley. Por tanto, determinadas exigencias pueden ser innecesarias, algo que no tengo




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problema en compartir. De todos modos, como he tenido ocasión de explicarle, no solo se deriva de esa definición de importación, sino que existe además una previsión en la disposición adicional tercera en el sentido de habilitar al Ministerio de Economía y Hacienda para eximir y limitar las rutas o trayectos respecto de los cuales se pide esa información, cuando no se considere necesario porque no haya ningún tipo de riesgo ni justificación. Sinceramente, considero que nos ha faltado un poco más de diálogo para llegar a una transaccional en este sentido porque, compartiendo como compartimos algunos aspectos, seguro que hubiéramos llegado a otro resultado.

En cualquier caso, termino diciendo que, pese a las discrepancias, agradezco enormemente la colaboración y la disposición del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, aunque para estas enmiendas que ha defendido nuestro voto será en contra.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente, simplemente para manifestar que estamos absolutamente de acuerdo en la tramitación de esta ley que modifica una ley orgánica anterior de represión del contrabando. Por eso no hemos presentado ninguna enmienda en el trámite en el Senado. Sí lo hicimos en el Congreso, donde se incorporaron algunas enmiendas, y nos damos por satisfechos.

Es una lástima que en el debate en el Congreso no fuera posible incorporar la enmienda que presentamos y que aquí no hemos vuelto a presentar porque el posicionamiento del Gobierno era totalmente firme y no había ninguna posibilidad de que fuera aceptada. No obstante, me gustaría que constara en el Diario de Sesiones que seguimos defendiendo que sería oportuno que los funcionarios que trabajan en vigilancia aduanera fueran equiparados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En mi opinión, no se hizo por presión corporativa de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; pero, de haberse llevado a cabo esta modificación, todos saldríamos ganando, porque, con la situación actual, los abogados defensores de determinados contrabandistas, cuando se presenta la ocasión, recurren a esa situación de alegalidad en que trabajan estos funcionarios a la hora de combatir el contrabando.

En cualquier caso, lo hemos expuesto y no ha sido posible incorporarlo, y con el resto de la ley nos damos por satisfechos y, por tanto, vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El senador Vilajoana tiene la palabra por Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo brevemente para decir que Convergència i Unió había presentado cuatro enmiendas cuyo objetivo era rebajar el umbral que delimita la tipificación del delito de contrabando de labores de tabaco a fin de pasar de los 20 000 que aprobó el Congreso a 12 000. Hemos firmado una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, que hemos aceptado todos los grupos y que sitúa este umbral en los 15 000 euros. Por tanto, han decaído las cuatro enmiendas presentadas.

Por otra parte, valoramos la negociación que se ha hecho con el Grupo Parlamentario Socialista y con su portavoz pues en el caso de la enmienda número 27, presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, nosotros teníamos dificultades para su aprobación tal y como estaba planteada pero estamos de acuerdo con la transaccional que se nos ha ofrecido y la hemos firmado.

Finalmente, respecto a las enmiendas que siguen vivas, votaremos a favor de las números 21, 22, 24 y 25 del Grupo Parlamentario Socialista y en contra de las números 19, 20, 23 y 26. Respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, votaremos favorablemente las enmiendas números 4, 11 y 14, que han sido perfectamente defendidas por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto a la situación de Ceuta y Melilla; entendemos que es razonable lo que plantea y por eso las apoyamos. Nos




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abstendremos en las enmiendas números 9, 10, 12 y 13. Y votaremos en contra de las números 5, 6 y 8 del Grupo Parlamentario Popular.

Globalmente, vamos a aprobar esta ley. Entendemos que mejora la Ley 12/1995, y por eso este será el voto de nuestro grupo.

Gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés no hace uso de la palabra.

La senadora Durán tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista.

La señora DURÁN FRAGUAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, este proyecto de ley orgánica adapta la legislación española a la nueva normativa nacional e internacional sobre contrabando y a la definición de las nuevas misiones del servicio de aduanas en la Unión Europea, principalmente en lo que se refiere a la protección contra el comercio desleal o ilegal y a la seguridad y protección de sus ciudadanos y el medio ambiente.

Así, el Código Aduanero Comunitario establece que las aduanas comunitarias supervisarán el comercio internacional de la Unión y que deben contribuir a un comercio justo y abierto, poniendo especial énfasis en algunos puntos. Uno, proteger los intereses financieros de la Comunidad y de los Estados miembros. Dos, proteger a la Comunidad del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo tiempo las actividades comerciales legítimas. Tres, garantizar la seguridad y protección de la Comunidad y de sus residentes y también la protección del medio ambiente, actuando cuando proceda en estrecha colaboración con otras autoridades. Y, cuatro, mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo.

Señorías, para garantizar la seguridad y protección de la Comunidad es necesario regular los mecanismos de control sobre el comercio internacional de material de defensa, de productos y tecnologías de doble uso o que puedan destinarse en su momento a usos tanto civiles como militares o, en su caso, nucleares, así como de los productos que puedan ser utilizados en la fabricación o utilización de la energía nuclear con fines no pacíficos o bien que puedan servir para la obtención de agentes químicos, biológicos, etcétera.

Este proyecto de ley adapta, por tanto, la tipificación del delito que se puede producir en el comercio fraudulento de los materiales antes citados a los compromisos internacionales asumidos por España. Por otra parte, esta reforma adapta la regulación en materia de contrabando, como ya ha explicado muy bien mi compañera María José Rodríguez, al Código penal. Como consecuencia de ello, se modifica el concepto de delito de contrabando, se delimitan los criterios de graduación de las infracciones administrativas conforme al actual modelo de gestión del control aduanero, se incrementa el límite inferior de las cuantías establecidas para la calificación penal de los ilícitos de contrabando y se incorpora la definición explícita del principio de concurrencia de sanciones con idéntica regulación a la de los supuestos tributarios que impide la coincidencia de un proceso penal con otro administrativo.

Así, a lo largo del articulado se adaptan los conceptos necesarios para la delimitación exacta de los productos ilícitos relacionados con todo tipo de armas que puedan usarse para tortura; se define el concepto de mercancía, incluyendo cualquier medio de pago, aunque se oculte en la aduana; se modifica la tipificación penal del delito en función del bien jurídico protegido; y, como ya ha explicado mi compañera, se eleva a 150 000 euros el valor de los bienes objeto de contrabando para que este sea considerado delito penal, a 50 000 euros el mínimo para ser delito penal en mercancías prohibidas o estancadas, y a 15 000, sobre la base de la transaccional que se ha firmado con todos los grupos parlamentarios, el valor mínimo de los géneros de tabaco para que se considere delito penal de contrabando. Además, se adaptan al Código penal las penas para imponer en estos delitos.

Señorías, esta ley llega al Congreso de los Diputados el 19 de julio de 2010. Como ya nos ha recordado el senador Pérez Bouza, allí se presentaron 22 enmiendas del BNG y del Grupo Parlamentario Popular, y se hizo un esfuerzo de transacción porque de hecho se incorporaron enmiendas del BNG y se transaccionaron las números 9 y 15 del Grupo Parlamentario Popular. El proyecto sale del Congreso con un alto nivel de consenso, pues se aprueba con 322 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

Yo creo que el proceso de tramitación de la ley en el Senado ha servido para hacer una lectura más serena, para incorporar cosas que habían quedado poco claras o pendientes; ha sido un proceso en el que hay que agradecer, como ya ha hecho mi compañera, el buen ambiente y la capacidad de todos los




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grupos parlamentarios para llegar a consensos. Por tanto, de aquí sale un proyecto de ley mejor del que nos ha llegado y por ello debemos felicitarnos todos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández Cucurull.

El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Gracias, señor presidente.

Señorías, en coherencia con la posición que el Grupo Parlamentario Popular mantuvo durante la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica de represión de contrabando en el Congreso, debemos volver a manifestar hoy que estamos básicamente de acuerdo con el proyecto de ley que debatimos, y que compartimos la justificación de la necesidad de la reforma contenida en su preámbulo. No obstante, y a pesar del citado acuerdo en lo fundamental, consideramos que la ley se podía mejorar, y por ello hemos presentado las enmiendas que he tratado de explicar y justificar.

En mi intervención anterior he aludido a un grupo de enmiendas que pretendían reducir los límites cuantitativos que fijan el umbral entre el delito y la infracción administrativa de contrabando. Ahora tengo que manifestar mi desacuerdo con la argumentación utilizada en el turno en contra por parte de la senadora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Señorías, me he tomado la molestia de obtener del Instituto Nacional de Estadística el cálculo de la variación del índice de precios al consumo entre diciembre de 1995, cuando fue aprobada la ley que se pretende reformar, y julio de 2010, que es cuando entra en el Congreso la reforma que ahora debatimos, y el resultado que arroja dicho cálculo es del 49,2%. Aquí tengo el documento del INE por si alguna de sus señorías tiene interés en verlo.

Si en la actual ley partimos de un umbral de 3 millones de pesetas con carácter general, es decir, de 18 000 euros, y de 1 millón de pesetas para el contrabando de tabaco, es decir, de 6000 euros, la actualización monetaria alcanzaría respectivamente las cantidades de 27 000 y 9000 euros. Si ello se compara con los umbrales que fija la ley, 150 000, 50 000 y 20 000 euros, puede deducirse fácilmente que se produce una considerable despenalización, a nuestro juicio no justificada, y que creará importantes lagunas de impunidad. El tiempo en todo caso dará o quitará razones.

Asimismo se ha llegado a varios acuerdos transaccionales, concretamente en el caso del contrabando de tabaco, para reducir el umbral del delito de 20 000 a 15 000 euros. A nuestro juicio eso sigue siendo excesivo, pero ante lo improbable de que nuestra propuesta de fijarlo en 10 000 euros saliera adelante, hemos optado por el mal menor y hemos decidido unirnos a ello en beneficio de los empresarios del sector, por lo cual retiramos nuestra enmienda número 7.

Tampoco parece que vayan a ser aceptadas nuestras propuestas de mejora técnica relativas a la elevación de la pena en los supuestos recogidos en el artículo 2.3. a), sobre reforzamiento de garantías judiciales en el uso de fondos confidenciales por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y modificación de la Ley General Tributaria en materia de plazos de prescripción y no concurrencia de sanciones tributarias, por lo que no podemos sino lamentarnos de que estas no vayan a ser tenidas en cuenta.

Finalmente, y en este caso tengo que lamentarlo por otro motivo adicional que no es otro que mi condición de senador por Ceuta, el Grupo Socialista también se ha manifestado en contra de las enmiendas relacionadas con el régimen económico y fiscal especial de Ceuta y Melilla. En este punto tengo que manifestar nuevamente mi discrepancia con la argumentación en contra de la senadora Rodríguez.

El objetivo del régimen económico y fiscal es dotar a las ciudades de Ceuta y Melilla de un instrumento adecuado para superar los fuertes obstáculos que de manera objetiva suponen para el desarrollo socioeconómico su separación física del resto del territorio español, la escasez de recursos básicos y su condición de frontera terrestre con una zona de mucho menor desarrollo económico. Ese instrumento necesita una actualización permanente para adaptarnos a las circunstancias cambiantes, cosa que no sucede desde hace siete años, y sobre todo requiere impedir que las interpretaciones cada vez más restrictivas del mismo, impulsadas por el Gobierno a través de las autoridades tributarias, lo dejen convertido en una cáscara vacía. En este sentido iban las enmiendas que, a pesar de la oposición del Grupo Socialista —que no es por falta de diálogo, sino de voluntad, me temo—, espero que puedan ser aprobadas. Agradezco expresamente al portavoz de Convergència i Unió, senador Vilajoana, el anuncio de su apoyo y animo al resto de los grupos a hacer lo propio.




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Por último, en relación con las enmiendas que siguen vivas, mi grupo votará a favor de las números 21 y 22, en contra de las números 19, 20 y 23 y se abstendrá en las números 25 y 26, todas ellas del Grupo Socialista. También he de decir que mi grupo se ha sumado a la transaccional sobre la enmienda número 27 de la Entesa, aunque, al igual que en el acuerdo sobre el contrabando de tabaco, como mal menor. Seguimos considerando que, en función de la gravedad de los delitos tipificados, la pena máxima debería seguir siendo de seis años, como se acordó en el Congreso, porque de lo contrario se dificultará notablemente la investigación de estos delitos.

Para finalizar, vuelvo a reiterar el apoyo de mi grupo al resto del proyecto en lo no afectado por las enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación (Pausa.)

Señorías, tomen asiento, por favor.

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a votar el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

Votamos las enmiendas números 19, 20 y 23, del Grupo Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 118; en contra, 114.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

A continuación, votamos las enmiendas números 21 y 22, del Grupo Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 231, en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a votar las enmiendas números 24 y 25, del Grupo Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a favor, 123; en contra, 2; abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda número 26, del Grupo Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 118; en contra, 7; abstenciones, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Vamos a proceder a votar las enmiendas números 4, 11 y 14, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 116; en contra, 113; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

A continuación, votamos las enmiendas números 9, 10, 12 y 13, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 109; en contra, 118; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 5, 6 y 8, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 109; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las propuestas de modificación del dictamen con los números de registro 64386, 64387, 64388 y 64389.

¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Quedan aprobadas.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 64390.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 124; en contra, 107; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con número de registro 64391.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 122; en contra, 108.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A continuación, votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 231; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN.

(Núm. exp. S. 621/000094)

(Núm. exp. C.D. 121/000096)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al debate del dictamen de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Esquerda. (Rumores.) Señoría, espere un momento a que se haga silencio. (Pausa.)

Adelante, señoría.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 13 de abril de 2011, siendo publicado ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el día 27 de abril, ampliándose posteriormente al 4 de mayo. Durante dicho plazo se presentaron 65 enmiendas por los Grupos Parlamentarios de Senadores Nacionalistas, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular. La ponencia, constituida por doña Rosa Nuria Aleixandre i Cerarols, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, doña María Jesús Castro Mateos, del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Begoña Contreras Olmedo, del Grupo Parlamentario Popular, doña Esmeralda Iranzo Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, don José María Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, don José Manuel Pérez Bouza, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, doña María Carmen Riolobos Regadera, del Grupo Parlamentario Popular, y por mí mismo, acordó la incorporación al texto remitido por el Congreso de los Diputados de la enmienda número 29, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la corrección de dos errores que afectaban al preámbulo del proyecto y al artículo 51.1.




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La comisión se reunió el día 25 de mayo para dictaminar el proyecto de ley sin que el texto propuesto por la ponencia, que se convirtió en dictamen de la comisión, sufriera variaciones. El dictamen de la comisión, junto con los votos particulares presentados, ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 27 de mayo de 2011.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Solicita la palabra el Gobierno.

Tiene la palabra la ministra de Sanidad. (Rumores.)

Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero comenzar mis palabras dando las gracias a todos los grupos parlamentarios por su excelente trabajo y por su voluntad de llegar al máximo consenso posible en una ley que considero de una enorme importancia para nuestro país.

Todos los proyectos legislativos tienen su importancia, sin lugar a dudas, pero este la tiene de manera especial, sobre todo en estos momentos pues estos días se está hablando, desgraciadamente más que nunca, de la seguridad alimentaria en España y en Europa.

Hoy aprobamos en esta Cámara un texto para su remisión definitiva y para su aprobación en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ha impulsado lejos de las coyunturas y lejos de las prisas. Por tanto, hoy damos un impulso importante a una labor que ha sido fruto de la reflexión y del trabajo compartido.

Teníamos la obligación de actualizar y de modernizar la organización y la regulación de la sanidad alimentaria adaptando nuestra legislación a un nuevo concepto de seguridad alimentaria, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional. Necesitábamos seguir reforzando la confianza de los consumidores. Alimentación y salud son una realidad que necesita de marcos legislativos actualizados y sobre todo eficaces; una realidad que, como sabemos bien, no está exenta de incertidumbres y que nos exige un paso decisivo adelante en la gestión de los riesgos.

Por esta razón, la nueva ley atiende a las perspectivas clásicas de la seguridad alimentaria como son, por ejemplo, la detección y la eliminación de riesgos físicos, químicos y biológicos desde un nuevo enfoque anticipatorio que se fundamente jurídicamente en el principio de precaución. También tiene en cuenta otros elementos que a diario tenemos que abordar en nuestro entorno cercano, como son los riesgos nutricionales, dada la preocupante prevalencia en la actualidad de la obesidad en nuestra sociedad.

Por esta razón, la ley contiene, desde las perspectivas de la seguridad alimentaria, aquellos elementos que inciden en los derechos de la población, como son la existencia de riesgos sociales de integración e incluso de discriminación. Señorías, una ley que, como es lógico, tiene en su eje fundamental las competencias de desarrollo normativo y ejecución de las materias relacionadas con la seguridad alimentaria de las comunidades autónomas.

Hago esta reflexión precisamente cuando estamos viendo la debilidad y la fragilidad de un gran país, como Alemania, por no disponer de una coordinación sólida y eficaz de los diferentes niveles de su Administración, lo que ha tenido como consecuencia para el sector productivo de toda Europa —y, desgraciadamente, de nuestro país— terribles pérdidas que tenemos que seguir trabajando para conseguir indemnizar.

Por ello, señorías, necesitamos seguir dando pasos a medio y a largo plazo, y esta ley es un paso muy importante, en mi opinión, por las siguientes razones. En primer lugar, porque aseguramos el nivel elevado de salud en relación con los alimentos. En segundo lugar, por el establecimiento de instrumentos que garanticen seguridad alimentaria. En tercer lugar, por los medios que propicien colaboración y coordinación de administraciones públicas competentes. En cuarto lugar, por la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos; este extremo ha quedado también en entredicho en la gestión alemana y, por tanto, es muy importante que lo reforcemos, como hacemos en este paso decisivo. En quinto lugar, por el establecimiento de procedimientos de actuación en supuestos de crisis o emergencias, así como en la seguridad de alimentos y de piensos destinados a animales productores de alimentos. En sexto lugar, por las estrategias que también fomenten la información, la educación y la promoción de la salud en el ámbito de la seguridad alimentaria y de la nutrición. Y, por último, por los análisis de riesgo, de trazabilidad y de principio de cautela.




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Cuando termine esta crisis —y ojalá sea pronto—, vendrán seguramente otras situaciones difíciles de gestionar. Y quiero poner una vez más en valor el sistema español de coordinación de seguridad alimentaria —coincidían conmigo ayer todas las comunidades autónomas, sin excepción—, así como nuestros sistemas de prevención en materia de salud pública. Hemos demostrado muchas veces —y también en estos días— que tenemos un buen sistema. Este proyecto de ley de seguridad alimentaria va a complementar ese buen sistema y, por tanto, nos va a permitir seguir avanzando en esa dirección, además de seguir promocionando una pauta de vida y comportamiento saludables entre nuestra población, especialmente entre nuestros adolescentes.

Por eso hoy, desde el Senado, quiero darle la máxima prioridad a esta ley y destacar el buen trabajo que han hecho los grupos parlamentarios en una ley compleja, que ha llevado su tiempo, muchas enmiendas, pero que sale hoy con un gran consenso y que, sin lugar a dudas, es un paso adelante y decisivo en nuestra seguridad alimentaria, y también en unas instituciones en las que creemos y tenemos que poner en valor.

Esta misma mañana he tenido ocasión, junto con el vicepresidente primero, de reunirme con investigadores de nuestro país; investigadores e instituciones de gran prestigio que ponen de manifiesto, una vez más, que nuestro país tiene un gran sistema, una gran coordinación y que trabaja pensando siempre en los ciudadanos y con la máxima diligencia.

Esta ley, señorías, complementará, como digo, este sistema y nos permitirá seguir acertando, seguir garantizando la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos y también garantizar una salud pública de calidad, como se merecen nuestros ciudadanos.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Pasamos al turno de las enmiendas.

En primer lugar, las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas.

Tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.

El Grupo de Senadores Nacionalistas presenta dos enmiendas a este proyecto de ley, concretamente la 1 y la 2.

La número 1, la voy a dar por defendida en los términos en que ha sido presentada.

Respecto a la número 2, en un principio presentamos una enmienda que pretendía eliminar los azúcares de esa relación de productos que de alguna manera se verían limitados. Lo hacíamos con el convencimiento de que ningún elemento por separado es peligroso en sí mismo, sino que lo que realmente hay que controlar dentro de una dieta es la dieta en sí misma para que no tenga efectos adversos para la salud. Posteriormente, encontramos una fórmula adecuada para dar cobertura y mejorar el texto que nos llegaba del Congreso. Finalmente, hemos llegado a una transaccional que introduce una sola palabra, pero que mejora sustancialmente la redacción del artículo 40.6 y, sobre todo, salvaguarda que en el futuro los niños que acudan a nuestras escuelas puedan consumir productos que sí tienen un alto contenido en azúcar, pero es azúcar natural. Nadie entendería que en las escuelas, en los colegios o en las guarderías nuestros niños no pudieran consumir fruta, no pudieran consumir leche, que todos saben que tienen azúcares en distintas formulaciones (lactosa, fructosa, sacarosa), pero es natural y, por tanto, todos tenemos el convencimiento de que son productos saludables y, además, necesarios para una dieta equilibrada.

Nuestra enmienda decaerá al final de este debate, y nos damos por satisfechos con la enmienda transaccional que hemos firmado varios grupos, que mejora sustancialmente tanto el texto que ha llegado del Congreso como nuestra propia enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta ley llega al Senado en unos momentos en los que como pocas veces ocurre la mayoría de los ciudadanos se pregunta qué dice la legislación vigente sobre el tema que hoy nos ocupa: la salud




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alimentaria. Permítanme que la valoración de la ley la haga en el turno de portavoces, ahora me limitaré a defender las enmiendas presentadas.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado 18 enmiendas, de la número 47 a la 65 que pasaré a defender en grupos. El primero de ellos está formado por enmiendas de un marcado carácter competencial. Las números 52, 53 y 54 proponen en los artículo 15 y 16 el cambio de denominación de «Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria» por el de «Plan Estatal de Control Oficial de la Cadena Alimentaria».

En el artículo 25 se propone cambiar la denominación de «Sistema Nacional de Coordinación de Alertas Alimentarias» por el de «Sistema Estatal de Coordinación de Alertas Alimentarias»; cambiar «nacional» por «estatal» es una vieja aspiración de este grupo. No es nada más que reconocer que somos Estado plurinacional; nada más.

En la enmienda 51, al artículo 14, se demanda que los planes de control tengan carácter básico en reconocimiento a las atribuciones de las comunidades autónomas. En esta misma línea se halla la enmienda 55, en la que proponemos en el artículo 17.2 que las autoridades competentes establecerán los criterios mínimos comunes en los que habrá de basarse la correcta ejecución del examen independiente de los procesos de auditoría. En ambos casos intentamos salvaguardar de nuevo las competencias de las comunidades autónomas en materia de seguridad alimentaria. Les recuerdo que una de las primeras transferencias en Sanidad fue precisamente la de salud pública y, entre ellas, la de salud alimentaria.

En la enmienda número 56 proponemos que en el artículo 20, relativo a medidas de emergencia, se reconozca que la petición de estas medidas de emergencia pueda ser iniciada a propuesta directamente de las comunidades en su ámbito territorial, evitando la pérdida de tiempo y reconociendo la capacidad de las mismas en la materia.

La enmienda número 58 propone la supresión del apartado 4 del artículo 26, puesto que existiendo la colaboración entre distintas comunidades autónomas, lo mismo que en la enmienda anterior, es absurdo tener que esperar a que sea la Administración General del Estado la que realice un comunicado inicial perdiendo un tiempo precioso en el caso de riesgo real.

En la enmienda número 60 proponemos un nuevo redactado para el artículo 30 sobre los riesgos emergentes para salvaguardar las competencias de las comunidades autónomas. Lo mismo ocurre con la enmienda número 61 respecto a las responsabilidades del Comité Científico.

En la enmienda número 62 proponemos añadir al apartado 2 del artículo 35 que la creación de la base estatal de datos y cartera de servicios por la Agencia de Seguridad Alimentaria se haga conjuntamente con las comunidades autónomas, como no podría ser de otro modo y como deberá ser porque, de lo contrario, no se van a poner de acuerdo y va a ser un fracaso aunque la ley no lo diga.

La enmienda número 59 es complementaria con la número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas. Y proponen —y ahora ya paso a enmiendas de otro tipo— que en situaciones de riesgo sean informados previamente los operadores económicos afectados y que en colaboración con ellos se realicen las correspondientes advertencias. Señorías, es una petición justa ya que son los principales implicados y responsables en este caso de la emergencia. Si hubiese existido este artículo en la legislación europea, los operadores españoles no se hubiesen enterado por los medios de comunicación de la catástrofe de la supuesta contaminación, falsa al final, de nuestras hortalizas, que ha provocado una crisis económica importante en nuestro país añadida a una crisis sanitaria sin consecuencia para nosotros, pero sí para el Estado alemán, y con unas consecuencias sin precedentes. Creemos que esta petición es razonable ahora más que nunca.

En cuanto a las enmiendas números 48, 49, 50 y 64, pueden calificarse de técnicas. La enmienda 48 se refiere al artículo 4, relativo a los principios de actuación y propone añadir simplemente que las medidas preventivas lo sean también en el ámbito de la gestión. Es una enmienda puramente técnica.

La enmienda número 49, sobre la trazabilidad, propone que los procedimientos utilizados sean los más adecuados para su actividad. Una enmienda, señorías, sencillamente de sentido común. La número 50 tiene también un marcado carácter técnico y en el párrafo 2 del artículo 9 se especifica el caso de riesgo manifiesto para la salud para la retirada de productos, pues de lo contrario podría confundirse con las retiradas realizadas por los distribuidores por distintos motivos que no tengan ningún efecto para la salud. Por ejemplo, un mal etiquetado, un envoltorio defectuoso, es decir, que no tengan nada que ver con el carácter sanitario.

La enmienda número 64 pretende la supresión del artículo 44 sobre la publicidad de los alimentos. Ustedes saben perfectamente que la que les habla es una defensora de que la publicidad de los alimentos




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sea real y no engañosa. Lo he defendido muchas veces desde esta tribuna, pero la Unión Europea tiene una legislación suficientemente amplia como para no necesitar no ya que la repitamos, sino que entremos en contradicción.

La enmienda número 47 propone la eliminación del término «efectos secundarios» en el apartado 1 del artículo 1, pues si bien es cierto que los alimentos puestos en el mercado deben ser seguros y la comunicación respecto a ellos veraz —es más esta mañana hemos aprobado una moción al respecto por unanimidad—, los efectos secundarios solo pueden ser atribuidos a un medicamento, nunca a un alimento. Esta enmienda número 47 ha sido objeto de una transacción.

En cuanto a la enmienda número 63, sobre las medidas dirigidas al ámbito escolar, demanda en el artículo 40 apartado 5 la elaboración de menús especiales para los escolares con intolerancia al gluten. Señorías, evidentemente siempre a partir de la renovación del contrato de servicio en el centro escolar. Señorías, esta es una medida ampliamente demandada por los padres de los alumnos con problemas de intolerancia al gluten, unos alumnos que siempre han tenido problemas por la peculiaridad de sus comidas.

Por último la enmienda número 65 en parte es semejante a las enmiendas números 12 y 16 de la Entesa. Estas dos enmiendas prácticamente configuran nuestra enmienda 65, en la que se propone la participación de licenciados en ciencias de educación física y del deporte o de aquellos titulados que ostenten la cualificación necesaria para garantizar que la actividad física y deportiva sea realmente sana, segura y de calidad, junto con la participación del personal sanitario de atención primaria y en los programas de actividad física porque así se da en la práctica. Le recuerdo que el personal sanitario de atención primaria son los primeros agentes en la salud pública de este país y sin su colaboración nada podremos hacer. Lo veremos en la ley de salud pública, que esperamos que vea la luz pronto en esta Cámara, ya que, por fin, ha dado el paso definitivo en el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a hablar, en esta ley de seguridad alimentaria, de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, que presenta 26 enmiendas: 12 de Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa y 14 de Esquerra Republicana de Catalunya. Voy a dar por defendidas las 12 enmiendas de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa y voy a defender individualmente las 14 enmiendas de Esquerra.

En primer lugar, hemos llegado a una transacción con varios grupos sobre la enmienda número 16, que modifica el punto 1 del artículo 42, por el que la práctica deportiva y actividad física para personas dependientes y con necesidades especiales sea supervisada por profesionales con formación acreditada.

Las demás enmiendas las voy a presentar agrupadas por temas. En primer lugar, tenemos seis enmiendas sobre trazabilidad y organismos modificados genéticamente. La enmienda número 6 añade un nuevo punto al artículo 6 de la trazabilidad, para que esta fuera especial para productos alergénicos o para aquellos modificados genéticamente.

La enmienda numero 15 modifica el artículo 41, que habla de las licitaciones de concesión de servicios de restauración, para incluir el derecho a poder elegir un menú libre de organismos modificados genéticamente o un menú vegetariano.

La enmienda número 22 añade una nueva letra al punto 1 del artículo 50 para considerar infracción la contaminación de cultivos tradicionales por parte de los OMG.

La enmienda número 23 añade una nueva letra al artículo 53 en el mismo sentido que la enmienda anterior.

La enmienda número 25, que propone una nueva disposición adicional, establece una moratoria de la producción y comercialización de los OMG en virtud del principio de cautela que se establece en el artículo 7 de esta ley. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

La enmienda número 26 propone una nueva disposición adicional que quiere salvaguardar de la contaminación de cultivos por OMG a cultivos e investigación, alimentos y piensos de cultivos tradicionales y ecológicos.




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Presentamos dos enmiendas que plantean unas cuestiones sobre profesionales de actividad física. La enmienda número 12 propone un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 40 para hablar del fomento de la actividad física y deporte en la escuela para que sea supervisada por profesionales con formación acreditada. Y el artículo 28, al que proponemos una nueva disposición adicional, va en el mismo sentido que la anterior pero para toda la ciudadanía.

Presentamos una enmienda sobre menú escolar, que es un nuevo punto al artículo 40, para que los padres puedan elegir un menú escolar de acuerdo con las creencias éticas y saludables.

En cuanto a publicidad, presentamos tres enmiendas: la número 18 modifica el punto 3 a) del artículo 44, que añadiría a la prohibición de hacer publicidad a los pacientes reales o ficticios que saliesen en ella. La número 19 añadiría una letra nueva al artículo 44.3 sobre la prohibición de utilizar las bondades de ciertos alimentos cuando no lleve una cantidad mínima preestablecida. Y la número 21, que modifica el artículo 46.2, sobre la publicidad dirigida a menores de 15 años, incorpora un mayor rigor a la voluntariedad de cumplimiento del reglamento.

Por último, presentamos la enmienda número 27, que propone una nueva disposición adicional en coherencia con la política exterior y de cooperación, velando por el cumplimiento de los principios establecidos en esta ley en política internacional, especialmente en cooperación.

Esas son todas las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Les pediría que votaran afirmativamente a todas ellas o a todas las que puedan.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la senadora Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 17 enmiendas al proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición, basadas en dos objetivos fundamentales y prioritarios. Por un lado, la protección de la salud y, por otro, la prevención de las enfermedades transmitidas a través de los alimentos.

Estamos hoy ante el debate de un proyecto de ley que podría haber sido más ambicioso, pero que en cierta medida viene a recoger los reglamentos y las recomendaciones que nos marca la Unión Europea en el libro blanco y en la Comisión Europea sobre seguridad alimentaria y nutrición.

Decimos que estamos ante este debate que nos parece que es una armonización entre los intereses del sector agroalimentario de nuestro país y del sector de los consumidores. En definitiva, la propia legislación marca claramente cuáles son las pautas a seguir y las responsabilidades de unos y de otros. Por un lado entendemos que este proyecto de ley está llamado a ser de referencia en este ámbito, y más en la actualidad con los acontecimientos que estamos observando estos días, tanto para el sector del consumidor como para el sector agroalimentario que, independientemente de la importancia que tiene en nuestro país por su aportación al producto interior bruto y por la aportación a los puestos de trabajo que genera, tiene que estar condicionado por las garantías que se reviertan en los consumidores.

En este sentido, y a juicio del Grupo Parlamentario Popular, pensamos que algunos de los artículos son excesivamente intervencionistas, ya que creemos en la libertad de las personas —imagino que ustedes también—, por lo que pensamos que los consumidores deben tener una responsabilidad en la formación a la hora de la elección definitiva de sus alimentos.

Dicho esto, vamos a entrar en las enmiendas. En primer lugar, haré una referencia a la enmienda número 30, al artículo 13, sobre un tema de procedimiento. Lo que pretendemos con esta enmienda es incluir la referencia al Real Decreto 1997/1999, que añade seguridad jurídica. Existe un procedimiento establecido ya, regulado y experimentado, por lo que hay una certeza en cuanto a las garantías exigibles en el ámbito del comercio exterior y una seguridad alimentaria experimentada durante estos últimos años. Por lo tanto, solamente cabe una referencia a los puntos de inspección fronteriza establecidos por la normativa de la Unión Europea.

En cuanto a nuestra enmienda número 31, que hace referencia a la creación de un apartado 6 nuevo al artículo 26, tratamos de evitar un daño económico y de imagen a empresas que están sometidas a una evaluación de alguno de sus productos como consecuencia de falsas alarmas. Nuestro objetivo se centra en la armonización y homogeneización de todas las administraciones competentes a la hora de comunicar riesgos.

El artículo 26 establece una serie de principios referentes a la independencia y a la transparencia, a la proporcionalidad, a la confidencialidad y a una sólida base científica que dé garantías de seguridad




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y tranquilidad a las administraciones competentes a la hora de saber cómo funcionar para comunicar un riesgo y, de esta manera, poder evitar lo que recientemente hemos visto a través de sentencias firmes en nuestros tribunales de justicia y que ha supuesto las falsas alarmas desde el punto de vista de seguridad alimentaria.

Mantenemos también nuestra enmienda número 32, al artículo 28.3, sobre actuaciones de formación. En nuestro grupo creemos que sería conveniente la aprobación de un plan nacional de formación de manipuladores de alimentos. Está claro que esta normativa existente en esta materia y dispar en las diferentes comunidades autónomas no ayuda ni en cuanto a los programas, ni en cuanto a la metodología, ni incluso en cuanto a las acreditaciones.

En la actualidad tenemos un real decreto que establece una normativa relativa a los manipuladores de alimentos, pero existe una disparidad, como digo, a la hora de su formación dependiendo de en qué comunidad autónoma radique la empresa. Nos parece que esto no satisface ni da homogeneidad a la hora de que empresas que están radicadas en diferentes comunidades autónomas tengan un mínimo de coincidencia en los programas, la metodología, la duración, etcétera.

Con respecto a nuestra enmienda número 33 proponemos la supresión del artículo 38 en lo relativo a la creación de un observatorio de nutrición y de estudio de la obesidad. Lo justificamos basándonos en el criterio de que nuestro grupo parlamentario considera que en un momento de austeridad económica, como es el presente, todas las administraciones públicas deben apretarse el cinturón. Creemos que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición cubre o debe cubrir estas atribuciones, con lo cual el organismo propuesto de creación de un observatorio más representaría un gasto innecesario y desde todo punto de vista evitable.

También proponemos la supresión del punto 6 del artículo 40 de nuestra enmienda número 34, una de las enmiendas clave y más debatidas a lo largo de la tramitación tanto en el Congreso de los Diputados como aquí. Es una pena que una ley de la trascendencia de esta se quede resumida a una mera anécdota respecto de la prohibición o no para nuestros niños en los centros escolares de una serie de alimentos. El Grupo Parlamentario Popular considera que hay que defender que nuestras administraciones públicas han de comprometerse en la enseñanza de la nutrición y de la alimentación en los centros educativos, para lo cual deberán poder elegir en libertad los alimentos y las cantidades que los compongan en una dieta sana y equilibrada. Habrá que fomentar el deporte y las actividades físicas en su conjunto, no solo en el ámbito escolar sino también en las actividades extraescolares atendiendo a que en los comedores escolares las comidas sean equilibradas y variadas, incluso teniendo en cuenta que muchos alumnos pueden padecer alguna intolerancia a determinados alimentos. De la misma manera no podemos estar de acuerdo con una prohibición en relación con la venta de algunos alimentos o bebidas que no cumplan unos determinados perfiles nutricionales suministrados en las escuelas y centros escolares.

Nuestro grupo parlamentario cree tanto en la estrategia NAOS como en el Reglamento 1924/2006, que respetan el principio de que no existen alimentos buenos o malos. Lo que sí existe son dietas equilibradas o desequilibradas. Somos conscientes de que, en gran medida, los padres queremos para nuestros hijos lo mejor, así como la colaboración de las administraciones a la hora de tener una información sobre los alimentos de nuestros hijos a lo largo del día, referidos por ello a una estrategia española de lucha contra la obesidad, participando voluntariamente en el desarrollo de estos objetivos promocionando una mayor información nutricional al consumidor. Incluso la industria está reformulando productos, comercializando porciones, etcétera. Es verdad que cada uno de los alimentos que consumimos no tienen por qué tener en sí mismos una composición perfecta. Creemos que los alimentos de los niños deben ser evaluados en su conjunto, es decir, lo que consumen al cabo del día, semana o mes, por lo cual reiteramos que deben ser equilibrados desde el desayuno que hacen en casa —responsabilidad de los padres— hasta la comida, merienda y cena que hacen también en su propia casa. Por esto queremos dejar claro que el problema de la obesidad infantil pasa por una buena educación y no por una prohibición de alimentos individuales. Una dieta variada y equilibrada es un requisito previo de buena salud y los productos por separado tienen una importancia relativa respecto del conjunto de la dieta.

Respecto de nuestra enmienda número 35, en lo referido a la modificación del punto 7 del artículo 40 y relacionado con la publicidad y patrocinio de eventos deportivos, he de decir que el fomento del deporte en el ámbito escolar es un objetivo que forma parte de la estrategia NAOS y que también está regulado en el programa Perseo. Muchos colegios, muchos centros escolares llevan tiempo realizando estas actividades deportivas que en muchos casos por falta de presupuesto impedirían la práctica del deporte, por lo cual nosotros consideramos que es conveniente mantener esta excepcionalidad a la hora de




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participar en estas actividades deportivas. Incluso pedimos también que la autorización no solo sea por la propia autoridad sanitaria competente sino también por la autoridad educativa.

En cuanto a nuestra enmienda número 36 de creación de un artículo 43 bis nuevo, no podemos entender que cuando se está tratando de una norma que regula por ley la nutrición, no se tengan en cuenta los trastornos alimentarios, que están incidiendo cada día más en un sector de la población, en concreto, de la población juvenil, de nuestros jóvenes.

Por ello, defendemos que los ministerios competentes, en coordinación con las comunidades autónomas, incluso, con las corporaciones locales, lleven a cabo medidas en este sentido, con operadores económicos, agentes sociales, asociaciones que trabajan en esta materia, y pongan en marcha una estrategia para la prevención de trastornos de la alimentación, estableciéndose así unos objetivos concretos y generales, adoptando unas medidas preventivas que se puedan evaluar por un periodo de unos cinco años. De esta manera, los ministerios competentes presentarían anualmente un informe en el Parlamento para el control de este tipo de trastornos.

Paso a defender en bloque las enmiendas relacionadas con la publicidad de los alimentos. En la enmienda número 37 incorporamos el texto de la Ley 29/2009, del régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de consumidores y usuarios. En la enmienda número 38 ponemos de manifiesto que la proliferación de mensajes publicitarios encubiertos hace necesario ampliar el alcance de este apartado a cualquier comunicación comercial. En la enmienda número 39 se quiere dejar claro que, en primer lugar, no todas las publicidades tienen connotaciones negativas, ya que, en muchos casos, la publicidad, los objetos publicitados y divulgados, los estilos de vida saludables, así como las dietas sanas y equilibradas, son muy beneficiosos. Por ello, entendemos que si se permite el aval de las asociaciones, debería permitirse también el testimonio de profesionales reales que incidan y representen, siempre y cuando esté científicamente acreditado lo que allí se publicite, así como que sea comprensible.

En cuanto a nuestra enmienda número 40, proponemos añadir un punto 6 al artículo 44 sobre la publicidad de alimentos, en relación con la Ley 29/2009, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, en concreto remitirnos a su artículo segundo que modifica el Título II de la Ley General de publicidad referente a la publicidad ilícita y a las acciones para hacerla cesar. Entendemos que la publicidad será ilícita cuando incumpla las prohibiciones establecidas en los apartados anteriores.

Termino este bloque de enmiendas de publicidad con la enmienda número 41 en la que proponemos la supresión del apartado 2 del artículo 46 pues, como saben sus señorías, el Código PAOS, al que hay adheridas 36 empresas y las televisiones, permite que los contenidos de anuncios dirigidos a los menores se emitan en la hora en que se emiten y que sean adecuados a este horario televisivo. Por ello, no tiene sentido que la ley establezca que si en un plazo de un año no se hubiese creado este código de conducta —código que para nosotros ya existe, y así lo anuncia también el presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición— el Gobierno reglamentará las normas que regule tales comunicaciones.

Voy terminando con un bloque referido a sanciones. Con la enmienda número 42, pretendemos la equiparación de las sanciones económicas con las reseñadas en otros textos legales similares de comunidades autónomas. Con la enmienda número 43 al artículo 52.3 pretendemos establecer una medida cautelar para no proceder al cierre ni clausura temporal de ningún establecimiento cuando la infracción esté originada por un proceso administrativo subsanable y no haya supuesto efecto nocivo para la salud del consumidor.

En el Grupo Popular creemos que es importante mantener los procesos administrativos, pero esta cuestión no tiene por qué conllevar el cierre de instalaciones cuando la infracción sea administrativa y no haya afectado a la salud de los ciudadanos.

No quiero terminar esta intervención sin resaltar la importancia de la enmienda número 44. Con ella, estamos hablando de una nueva disposición adicional que pretende fusionar la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Cabe resaltar que estas dos agencias vieron la luz en Gobiernos del Partido Popular, por lo cual, sabemos de lo que estamos hablando.

La situación económica actual de nuestro país obliga a hacer un esfuerzo de austeridad importante en las administraciones públicas en cuanto a la reducción y el uso racional de instituciones para gobernar de una forma más racional. El Partido Popular pretende la fusión de estas dos agencias, lo que no supondría otra cosa desde el Sistema Nacional de Salud que tener un organismo similar (en el Sistema Nacional de




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Salud) al americano, la FDA, Food and Drug Administration, que, así, podría velar por la calidad de los alimentos y los medicamentos.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría…

La señora CONTRERAS OLMEDO: Voy terminando, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, se le ha acabado el tiempo. La dejo concluir, pero no ir terminando.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Le pediría un minuto de benevolencia puesto que…

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Siga usted, pero le digo que no vaya terminando, porque ya ha consumido su tiempo. Por tanto, le dejo concluir.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Le agradezco su cortesía, señor presidente.

Con la enmienda 45 solicitamos una actualización de las sanciones.

Mediante la enmienda 46 se promueven unos hábitos de vida saludables, con la pretensión de que no menos del 50% de la recaudación por infracciones se derive a la aplicación de esta ley, a la puesta en marcha de campañas de promoción del deporte, etcétera.

Finalizo lamentando, señor presidente, señorías y, especialmente, señora ministra, la negativa a firmar una transaccional de todos los grupos al artículo 49, que esta mañana hemos tenido el gusto de presentar, como digo, a todos los grupos, en referencia a una reposición de la situación alterada por la infracción y una indemnización por daños y perjuicios, algo que en estos momentos estamos demandando a la Unión Europea y a Alemania, para que se resarza de los daños y perjuicios ocasionados por una alerta alimentaria en concreto y que en una ley actual como es esta no vamos a conseguir.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, finalice, por favor.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Voy a comunicar nuestra posición de voto respecto a las enmiendas de los demás grupos.

Vamos a apoyar las enmiendas números 49, 59 y 63, de Convergència y Unió; vamos a abstenernos respecto de la número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas, y la 6, de la Entesa…

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, dispone usted de otro turno para decir qué va a hacer respecto de las enmiendas presentadas.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Con esto le prometo que ya acabo.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): No hacen falta promesas. Usted debe acabar porque le queda otro turno.

La señora CONTRERAS OLMEDO: No, no me queda a mí; le queda a mi compañero.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Le queda a su grupo y usted habla en nombre de su grupo.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Señor presidente, querría acabar mi intervención despidiéndome, en nombre de mi grupo, de la senadora Riolobos, que hoy finaliza su intervención como portavoz de consumo en esta Cámara, agradeciéndole su labor en esta materia…

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Para un turno en contra, tiene la palabra la senadora Castro.

Señoría, dispone de un tiempo que ha de ser apropiado a un turno en contra de todas las enmiendas defendidas, dentro del equilibrio que corresponde a un debate de esta naturaleza.

La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ante una ley que salió del Congreso con un gran apoyo de todos los grupos. Por tanto, no consideramos que sea oportuno desandar lo andado ya que los acuerdos que allí se lograron, desde




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nuestro punto de vista, son muy razonables. De las enmiendas que se presentaron en el Congreso de los Diputados, que fueron 143, se recogieron el 50%, es decir, 64 enmiendas se tuvieron en consideración, de modo que fueron aceptadas o se aprobaron enmiendas transaccionales.

El Grupo Parlamentario Socialista entiende que estos acuerdos hacen que esta ley llegue bien respaldada. Por tanto, respetamos los acuerdos que, con bastante trabajo, se han conseguido en la otra Cámara. Además, no solo se han conseguido estos acuerdos con los grupos parlamentarios, también hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo con aquellas organizaciones que por su actividad tienen relación con el contenido de este proyecto. De ahí que fundamentalmente hayamos trabajado en consensuar aquellas enmiendas nuevas presentadas en el Senado que considerábamos que se podían transaccionar o aceptar.

Resumiendo: en esta Cámara se han presentado 65 enmiendas al proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición, y 55 de las 65 presentadas son iguales a las que se presentaron en el Congreso; para ser precisos, 54 son exactas y dos son prácticamente iguales, se puede decir que tienen una pequeña variación en relación con las transacciones que allí fueron acordadas respecto a estas dos. De las 56 enmiendas, 44 fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados y se hizo allí una argumentación por parte de los grupos que las rechazaban; esto fue en la Comisión de Sanidad. Nosotros creemos que aquí, después del debate allí producido, tenemos que mantener el mismo criterio. No voy a repetir los criterios porque prácticamente aquí hay muchas que son repetidas, sino que vamos a decir que todas aquellas que fueron transadas o rechazadas con un debate amplio en el Congreso nosotros aquí mantenemos la misma postura.

De las nuevas enmiendas, que son las que hemos tratado de aceptar o transar, podemos decir que han sido nueve en esta Cámara y hemos transaccionado con Convergència i Unió la enmienda número 47, hemos transaccionado con la Entesa la número 16, con el Grupo Parlamentario Nacionalista la número 2, y hemos aceptado la número 48 y la número 49 de Convergència i Unió. Respecto al resto de las enmiendas, que son cuatro, a las que no hemos llegado a un acuerdo, tengo aquí la argumentación pero parece que esta Cámara está ya un poco agotada del Pleno y prefiero no dar la explicación.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mur.

El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.

Voy a ser breve. Dado lo avanzado de la hora, quiero utilizar este turno de portavoces para fijar la posición fundamentalmente sobre el conjunto de la ley que me parece una ley importante, oportuna, ambiciosa, aunque la veo excesivamente intervencionista y detallista. La ley debería haber ido más a los principios y menos al detalle. Ya sé que el buscar el equilibrio entre la libertad individual y la seguridad que toda Administración quiere dar a los ciudadanos es un punto difícil, pero esta ley adolece de un excesivo intervencionismo. Es curioso, porque la actualidad ha puesto de moda las cuestiones que se tratan aquí y en el preámbulo de la ley se hace referencia al Libro Blanco de la Comisión Europea, adoptado el 12 de enero del 2000, sobre Seguridad Alimentaria, cuando todos sabemos el fiasco de la Comisión Europea y de algunos de los países de la Comisión Europea precisamente en estas fechas con el tema famoso de los pepinos españoles, que ha sido un auténtico fiasco y un auténtico error monumental que espero que Europa y la comisión rectifiquen por el bien de nuestros agricultores y del sector. Pero, dicho esto, creo que la ley es buena, era oportuna y necesaria y que las enmiendas que se han presentado tienden a mejorar el texto que llegó del Congreso de los Diputados. Por eso, casi todos van a contar con mi voto favorable porque me parece que lo que tienden es a mejorar el proyecto de ley.

Nos hubiera gustado, además de las tres transaccionales, que vamos a apoyar aunque no están suscritas por razones de oportunidad pero nos parecen correctas, como digo, nos hubiera gustado que el Grupo Socialista hubiera sido más sensible a la enmienda sobre el artículo 49, que no ha querido ni siquiera dejar que se debata, porque pedir lo que estamos pidiendo en Europa también es oportuno pedirlo en España a través de la ley: que los operadores económicos tengan derecho a ser indemnizados por los gastos y los daños ocasionados por los errores de las administraciones públicas, que es lo que pretendíamos un conjunto de grupos parlamentarios, pero el grupo que apoya al Gobierno yo no sé si no ha tenido tiempo de estudiar esta propuesta o simplemente no se ha querido molestar. Hubiera sido un




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buen ejemplo para que nosotros ahora hubiéramos incorporado en la ley este texto para ir con más fuerza a Europa a decirles: ustedes cuando se equivocan, lo van a tener que pagar.

En definitiva, señor presidente, señorías, apoyaremos un buen número de enmiendas y, en su caso, las transaccionales y el texto del proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente, simplemente para anunciar nuestro voto favorable a una ley con la que estamos absolutamente de acuerdo, y por eso solo hemos presentado dos enmiendas, una de las cuales además va a ser transaccionada. Por tanto, nos damos por satisfechos.

Pensamos que es una ley importante que, desgraciadamente, en la actualidad está de moda. Esperemos que pase pronto esa moda, que se resuelva esta crisis sanitaria, agroalimentaria de Alemania, porque la que tiene la crisis es Alemania, no España, que no deje de ser una ley más, pero que no tenga que estar por más tiempo de actualidad.

Con respecto a las enmiendas de los otros grupos parlamentarios, apoyaremos varias del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre todo aquellas que defienden las competencias autonómicas, y votaremos en contra del resto, por considerar que no mejoran sustancialmente la ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.

Como decía al inicio de mi primera intervención, esta ley coincide en el tiempo con la crisis alimentaria en un país de la Unión Europea, en concreto, Alemania, y que afecta por irresponsabilidad de los agentes de salud pública alemanes a nuestros productores hortofrutícolas.

Una crisis de características muy distintas a las dos últimas sufridas: la mal llamada crisis de las vacas locas, o mal de las vacas locas, y la del aceite de colza, y que, aunque cuya gravedad sanitaria ignoramos, mucho nos tememos que por desgracia puede ser muy superior a las anteriores, tanto en número de afectados como en el de casos mortales.

Sin embargo, de lo que sí tenemos ciencia cierta es que está produciendo gravísimas pérdidas económicas a nuestra industria hortofrutícola en unos momentos en los que la crisis se ceba en todos los sectores de nuestra sociedad.

En el preámbulo de la ley se expone la necesidad de la misma, no solo por el tiempo transcurrido desde la Ley General de Sanidad sino por los cambios sufridos en nuestra sociedad, tanto económicos, técnicos como sociales, y no solo por encontrarnos en una sociedad totalmente globalizada en cuanto a los intercambios comerciales sino por la importancia que adquiere la alimentación respecto de la salud humana.

No es que este país careciera hasta la fecha de legislación sobre salud alimentaria, prueba de ello es la creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la AESAN —por cierto, con espléndidos resultados hasta el día de hoy— el 5 de julio de 2001, sino que necesitaba una puesta al día. La problemática no es española, es de todos los países de la Unión, por ello, en la misma línea, fue creada en 2002 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

En cuanto a nuestro modelo territorial, como he dicho en mi intervención anterior, una de las primeras transferencias sanitarias a las comunidades autónomas fue la de salud pública en el año 1992, cierto que solamente para las comunidades que accedieron a ella por la vía del artículo 143 de la Constitución, pero actualmente todas las comunidades tienen transferidas, sin excepción, las competencias en salud pública.

Por tanto, nos ha llamado la atención que todavía tengamos que presentar seis enmiendas, las números 51, 55, 56, 58, 60, y 62, que pretenden salvaguardar precisamente estas competencias en materia de seguridad alimentaria, y que no han sido aceptadas por ninguno de los grandes grupos parlamentarios.




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Nunca, reza el preámbulo de la ley, se ha tenido tal conocimiento de la relación existente entre alimentación y salud. Nunca se han generado tantas situaciones de incertidumbre científica ni se ha demandado por parte de la ciudadanía tanta intervención administrativa. A lo que podríamos añadir que nunca habíamos tenido un sistema de alarmas sanitarias como las actuales. Ni nunca los problemas alimentarios han estado tan presentes en nuestra sociedad como lo están ahora, tanto a favor como en contra.

Por primera vez asociamos exceso de alimentación con una patología determinada, la obesidad, y, por ende, ésta como parte de problemas mucho más agudos, como las enfermedades cardiovasculares.

Nunca ningún pueblo de la humanidad había tenido problemas con el exceso de alimentación, tampoco habían sido reconocidos problemas psiquiátricos asociados a alteraciones alimentarias como la anorexia y la bulimia.

Necesitamos seguridad. Necesitamos información y, sobre todo, necesitamos que esta sea clara y accesible. Pero también necesitamos continuar teniendo una libertad de elección a la que no podemos renunciar.

Esta ley debería servir para darnos seguridad, al productor, al distribuidor, al transporte y a los distintos operarios de la cadena, asegurándonos que en cualquier momento tengamos mecanismos oportunos para frenar cualquier contingencia alimentaria que se produzca.

Una ley que debería asegurarnos publicidad real, no manipulada, de las virtudes de los alimentos. Una ley que debe dejar claro que no hay alimentos buenos y malos, solo malas dietas que pueden provocar alteraciones en nuestro metabolismo, especialmente si existe —y repito, si existe— una predisposición genética o una patología determinada como diabetes, hipertensión u obesidad. En esta línea se creó la Estrategia NAOS, una estrategia dirigida a la nutrición, a la actividad física y a la prevención de la obesidad en la que participaron la Administración y las empresas de alimentación. Sin duda, nos marcan una buena línea a seguir.

En cuanto al trámite parlamentario, agradecemos el esfuerzo, aunque lo consideremos nimio, realizado por el partido que da soporte al Gobierno. Pasa siempre, todo para el Congreso y el Senado ya no importa.

En cuanto al propio Gobierno sobre la lectura de la ley, entendemos que ha hecho un esfuerzo al aceptar pequeñas incorporaciones, en especial la de efectos secundarios, que consideramos importante.

Votaremos a favor de las enmiendas 24 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y de las números 16 y 32 del Grupo Parlamentario Popular, así como de la transaccional del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas por el tema de los azúcares añadidos. Nos oponemos totalmente a ello, de lo contrario los frutos y los lácteos, como ha dicho el senador Pérez Bouza, no podrán ser admitidos en los centros escolares.

Sentimos, como ha dicho el senador Mur, que no hayamos podido incorporar otra pequeña modificación, la que estábamos seguros que podíamos introducir entre todos y relativa al resarcimiento económico de los distintos operadores en caso de errores por parte de la Administración. Esperamos, precisamente con un artículo como este, que el Gobierno español pueda exigir a Alemania este resarcimiento.

Por último, me gustaría felicitar a la senadora Carmen Riolobos, que parece que nos deja, por el tiempo dedicado a esta Cámara, por sus esfuerzos y su buen trato. Le deseamos toda clase de éxitos en sus próximas responsabilidades. Muchas gracias, Carmen.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Gràcies, senyor president.

Señorías, esta ley de seguridad alimentaria y nutrición establece un marco legal básico común para la seguridad alimentaria a fin de conseguir unos hábitos saludables en nutrición y en la forma de vivir. La trazabilidad, el principio de precaución y el análisis de riesgo pasan a ser elementos básicos para la salud y la seguridad de los consumidores, y todo ello de acuerdo con los principios y requisitos establecidos en el Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo. Fundamentalmente, con esta simbiosis se pretende hacer frente a una coordinación imprescindible con la libre circulación en todo el territorio de la Unión Europea y tener una idea común sobre cómo actuar en las fronteras de supervisión a las importaciones.




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Se establecen instrumentos de seguridad, de coordinación, de comunicación y de información, así como laboratorios de referencia para la seguridad alimentaria. Se constata y establece la necesidad de una estrategia de nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, la NAOS, motivada por el incremento acelerado de esta patología especialmente en la población infantil, lo que provoca una especial atención a la población escolar con medidas específicas para ello.

También, la ley dedica un capítulo aparte a la publicidad, especialmente a la dirigida a los menores de 15 años dada su especial vulnerabilidad a los mensajes publicitarios. A la ley se la dota de potestad sancionadora y se establecen las tasas por los servicios prestados por la AESAN.

El Gobierno, al presentar esta ley, no ha querido ir más allá del reglamento europeo, lo cual no es malo para las empresas pero sinceramente creo que se hace un flaco favor al ciudadano, al consumidor. Por lo tanto, uno se queda con un regusto agridulce porque no se explotan todas las posibilidades que ofrece. Pero, claro, si aquí hemos tenido presiones de ciertos sectores, imagínense cómo deben de ir los lobbys empresariales por Bruselas. Así que tendremos que luchar más tiempo para concluir lo que ahora podríamos hacer de una tacada y que no haremos por tener que seguir las pautas marcadas por Europa.

Votaremos que sí a la ley porque es un buen avance y, aunque se quede corta en su resultado, su proyección futura será altamente positiva.

Me acabo de enterar por las palabras que han dicho mis antecesores que la señora Riolobos abandona próximamente el Senado y que a lo mejor esta puede ser su última intervención en el Pleno. Quiero que sepa que he estado encantado —como sabe, hemos tenido una buena relación personal, política menos— en todo este tiempo que hemos coincidido. Le deseo lo mejor en el futuro.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Castro.

La señora CASTRO MATEOS: Gracias, señor presidente.

Debatimos en esta Cámara el proyecto de ley de seguridad alimentaria y de nutrición, una norma que consideramos necesaria, esperada y oportuna, no porque se esté debatiendo hoy, tras el problema que tenemos en Europa, y concretamente en Alemania, sino porque se empezó a elaborar antes de que nada de esto ocurriera. Esta ley refuerza la apuesta de España por la seguridad alimentaria, y con esta norma el Gobierno cumple, además, otro de sus compromisos con la ciudadanía, un compromiso incluido en la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2008–2012.

Y, hablando de seguridad alimentaria, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición por su buen hacer. Estos días, con la crisis que anteriormente mencionaba, hemos visto el importante papel que la agencia ha jugado. La AESAN tiene 10 años de vida con un balance muy positivo. Esta agencia, como se ha dicho anteriormente, nace de otra época convulsa que tuvo lugar en la Unión Europea a principios de los años 2000, donde se produjeron otros problemas que también preocuparon mucho a la Unión.

Quiero felicitar a su equipo directivo, que tanto en esta ley como en los temas que son de su competencia, está siempre abierto al diálogo, no solo con los grupos políticos, sino también con todos aquellos colectivos o entidades que tienen que ver con los temas que lleva la agencia. Pero esta no es una opinión de mi grupo parlamentario, sino que nos llega desde estos ámbitos a los que me acabo de referir.

El proyecto de ley aborda el tema de la salud alimentaria en su concepto actual, es decir, que incluye tanto el hecho de que los alimentos sean seguros, como saludables, y el derecho a la seguridad alimentaria de hombres y mujeres requiere de un enfoque integral que considere todas las perspectivas posibles por lo que, como consecuencia, y por primera vez, se integran la seguridad alimentaria y la consecución de hábitos nutricionales y de vida saludables. La Organización Mundial de la Salud considera la tendencia creciente de la obesidad y del sobrepeso como la segunda causa de muerte evitable en nuestro siglo y en Occidente, por desgracia; no así en el resto mundo.

Esta ley reforzará la lucha contra la obesidad puesta en marcha en España a través de la Estrategia NAOS; y se incentiva esta estrategia con un premio anual que concederá el Gobierno y que tiene como función reconocer y dar visibilidad a aquellas iniciativas que se consideren ejemplares.

Es importante la creación del observatorio de la nutrición para el estudio de la obesidad que la ley contempla, y que realizará el análisis periódico de la situación nutricional en España, ya que este se




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considera importante y necesario. Sistematizar y actualizar toda la normativa existente, incluida la nueva, es otro de los objetivos de esta norma. Quiero destacar finalmente que en los centros escolares se proporcionará a los padres y tutores la información sobre el menú y la alimentación que sus hijos e hijas reciben en los colegios. Asimismo, no se permitirá en el ámbito escolar la venta de alimentos y bebidas que se considere inadecuada para estos espacios. En el ámbito escolar también se fomentará el deporte dentro de la Estrategia NAOS. (Rumores.)

La seguridad de comer sano garantizando la cadena alimentaria desde la huerta o desde la granja hasta la mesa, pero también comer para una nutrición adecuada a la calidad de vida que deseamos, es el objetivo de esta ley. Por ello, y para finalizar, pedimos el apoyo de este proyecto de ley ya que todos los grupos lo consideran necesario y oportuno, como dije al comienzo. (Rumores.)

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos. (Rumores.)

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la aprobación de la ley…

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Un segundo, señora senadora.

Intento solamente que la Cámara, si lo desean sus miembros, pueda escuchar la intervención final del debate.

Tiene la palabra, senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve, solamente para ratificar que el Partido Popular considera que esta ley, la ley de seguridad alimentaria y nutrición, es muy importante para la protección de la salud a través de la seguridad de los alimentos, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una alimentación de calidad y equilibrada y para proteger de una forma especial a los grupos más vulnerables de la población, fundamentalmente a los niños y a los adolescentes.

Esta ley ha regulado de una forma clara lo que tiene que ver con la seguridad de los alimentos desde la granja, el mar y el campo hasta la mesa, y da un paso más en la relación de la nutrición vinculada a la salud y a la calidad de vida. Es una ley muy importante pero que, desgraciadamente, ha venido precedida de la polémica sobre la prohibición de determinados alimentos en los centros escolares, alimentos considerados y clasificados como malos. Creemos que esto ha sido una polémica artificial, jaleada por el Gobierno y que, desde luego, lo único que ha hecho es deslucir lo importante que es esta ley en otros muchos aspectos. La obsesión por el Gobierno por banalizar la ley y trivializar simplificando su contenido se ha visto corregida por la cruda realidad de lo que hemos visto hoy en relación con la crisis de salud pública en Alemania y con el brote epidémico de E.coli.

Desde el Partido Popular hemos intentado a lo largo de la tramitación de esta ley imprimir una serie de criterios en todas nuestras enmiendas. Lamentablemente, el Gobierno ha sido muy restrictivo y el partido que apoya al Gobierno no ha aprobado ninguna de nuestras enmiendas, y estos criterios han sido: proteger a los más vulnerables, más control de los productos alimenticios en fronteras, garantizar la seguridad de las alertas alimentarias, mejorar la formación a nivel nacional de los manipuladores de alimentos, mayor rigor en la publicidad, más austeridad en la aplicación de la ley, más formación y educación de los escolares y de la población en general y conseguir el mayor equilibrio posible en relación con las prohibiciones.

Desde el Partido Popular lamentamos la no aceptación de nuestras enmiendas por parte fundamentalmente del partido que sustenta al Gobierno y queremos agradecer el trabajo de todos los ponentes de todos los grupos políticos.

Y con la venia del señor presidente, quiero aprovechar esta intervención para, con su consentimiento, despedirme del Senado, donde he vivido la mejor experiencia política de mis 16 años de vida política. Y en esta última intervención, puesto que paso a partir del día 16 a ser diputada regional en las Cortes de Castilla-La Mancha, quiero agradecer al presidente y a la Presidencia su paciencia y su benevolencia. Quiero dar las gracias de forma extensiva a todos los trabajadores de la Cámara por su profesionalidad y por el respeto que nos han tenido. Quiero agradecer también a todos los medios de comunicación la pluralidad y la imparcialidad en la transmisión de las intervenciones. Quiero dar las gracias a todos los




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grupos políticos y en especial a los portavoces de sanidad, bienestar social y consumo, por su gran capacidad para el diálogo a pesar de la discrepancia; les pido perdón si en algún momento les ofendí o fui desconsiderada en algunas de las intervenciones. Quiero dar las gracias al Grupo Popular y especialmente al Grupo Territorial de Castilla-La Mancha por su extraordinario apoyo y por la amistad que me han brindado, y personalizarlo en los dos senadores de la provincia de Toledo, el senador Burgos y el senador Conde, que me enseñaron a caminar con paso firme en esta Casa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Quiero agradecer también al portavoz de mi grupo, Pío García-Escudero, que ha sido el mejor portavoz y además ha demostrado una gran confianza en mí y una gran libertad, y en su nombre quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todo el equipo de dirección y a todos los trabajadores del Grupo Parlamentario Popular. Y gracias también —cómo no— a la presidenta electa de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, porque sin su generosidad y su apoyo esta fructífera y gratificante experiencia hubiera sido imposible.

Muchas gracias, y hasta siempre. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Bravo! Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con varios de sus senadores puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, tomen asiento, por favor.

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición.

En primer lugar, votamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 12; en contra, 214.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió.

En primer lugar, votamos la enmienda número 48.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 119; en contra, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar la enmienda número 49, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 223; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas números 50 y 64, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 4; en contra, 221; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 51, 55, 56, 60, 61 y 62, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 12, en contra, 214.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas números 52, 53 y 57, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 9; en contra, 217.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 54, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226 a favor, 10; en contra, 216.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 58, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 225; a favor, 6; en contra, 218; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 59, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 112; en contra, 114.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la número 63, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 115; en contra, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Y votamos la enmienda número 65, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 8; en contra, 218.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas de la Entesa.

En primer lugar, la número 6.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226 a favor, 3; en contra, 118, abstenciones, 105.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 12, de la Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 3; en contra, 223.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 24, de la Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 225; a favor, 7; en contra, 217; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas de la Entesa, con la excepción de la número 16, que está transaccionada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 221; a favor, 3; en contra, 218.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Popular.

En primer lugar, las números 31, 32 y 38.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 225; a favor, 112; en contra, 113.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 225; a favor, 106; en contra, 119.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las propuestas de modificación con el número de registro 64415 y 64416.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 119; abstenciones, 107.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la propuesta con el número de registro 64417.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 226.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión que no han sido votadas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 226.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 222; a favor, 222.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos.


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