Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 107, de 19/01/2011
 





Página 5780


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA

Sesión extraordinaria

celebrada el miércoles, 19 de enero de 2011

ORDEN DEL DÍA:

Cuarto

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN. (Continuación.)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la priorización del corredor ferroviario mediterráneo desde Algeciras (Cádiz) hasta la frontera francesa. (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 563, de fecha 16 de diciembre de 2010). (Número de expediente Senado 671/000119.)

Quinto

MOCIONES

— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la situación de las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo y en otros de Asia y África. (Número de expediente Senado 662/000153.)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para poner freno al incremento de las tarifas eléctricas. (Número de expediente Senado 662/000154.)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a reforzar las medidas y reformas en marcha para contribuir a una pronta recuperación de la confianza exterior en nuestro sistema financiero. (Número de expediente Senado 662/000152.)

Sexto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA




Página 5781


POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 5, de fecha 14 de enero de 2011.) (Número de expediente Senado 624/000012.) (Número de expedienteC.D. 122/000254.)

— De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 5, de fecha 14 de enero de 2011.) (Número de expediente Senado 624/000013.) (Número de expediente C.D. 122/000255.)

— De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 6, de fecha 17 de enero de 2011.) (Número de expediente Senado 605/000001.) (Número de expediente C.D. 127/000002.)

Séptimo

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 357, de fecha 18 de octubre de 2010.) (Número de expediente Senado 610/000221.) (Número de expediente C.D. 110/000221.)

— Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, hecho en Viena el 18 de abril de 1961. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 358, de fecha 18 de octubre de 2010.) (Número de expediente Senado 610/000222.) (Número de expediente C.D. 110/000222.)

— Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, hecho en Viena el 24 de abril de 1963. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 359, de fecha 18 de octubre de 2010.) (Número de expediente Senado 610/000223.) (Número de expediente C.D. 110/000223.)

— Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado), hecho en La Valetta el 16 de enero de 1992. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 363, de fecha 22 de octubre de 2010). (Número de expediente Senado 610/000224.) (Número de expediente C.D. 110/000226.)

— Denuncia del Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de 1969 y publicado en el Boletín Oficial del Estado número 180, de 5 de julio de 1975. (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 364, de fecha 22 de octubre de 2010.) (Número de expediente Senado 610/000225.) (Número de expediente C.D. 110/000227.)

Octavo

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

— Informe de la Ponencia de Estudio sobre la protección del ecosistema de la dehesa, constituida en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 553, de fecha 26 de noviembre de 2010). (Número de expediente Senado 543/000009.)




Página 5782


Noveno

INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

— Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de febrero a junio de 2010. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 560, de fecha 7 de diciembre de 2010.) (Número de expediente Senado 871/000005.)




Página 5783


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

Página

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN. (Continuación.)

5789

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la priorización del corredor ferroviario mediterráneo desde Algeciras (Cádiz) hasta la frontera francesa

5789

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de las enmiendas.

La señora Candini i Puig defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen los señores Bonet i Revés, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Gordo Pérez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Página

MOCIONES

5794

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la situación de las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo y en otros de Asia y África

5794

El señor Muñoz-Alonso Ledo defiende la moción.

La señora Gutiérrez del Castillo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Muñoz-Alonso Ledo expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen los señores Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y De Puig Olive, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así como la señora Gutiérrez del Castillo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Gutiérrez del Castillo y el señor Muñoz-Alonso Ledo.

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para poner freno al incremento de las tarifas eléctricas

5809

El señor Palacios Zuasti defiende la moción.




Página 5784


El señor Alturo Lloan defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

La señora Durán Fraguas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Palacios Zuasti expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Nuet i Pujals, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como la señora Durán Fraguas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por 116 votos a favor y 133 en contra.

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la situación de las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo y en otros de Asia y África. (Votación.)

5822

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a reforzar las medidas y reformas en marcha para contribuir a una pronta recuperación de la confianza exterior en nuestro sistema financiero

5823

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Hurtado Zurera defiende la moción.

El señor Pérez Bouza defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

El señor Hurtado Zurera expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen los señores Tuñón San Martín y Sampol i Mas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Hurtado Zurera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Barreiro Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por 240 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

Página

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

5840

Página

De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

5840




Página 5785


El señor López Carrasco, presidente de la comisión, presenta el dictamen de esta proposición de ley así como el de la que se tramitará a continuación.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto nº1, presentada por este senador y el señor Nuet i Pujals, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor Belda Quintana defiende la propuesta de veto nº 2, presentada por este senador y el señor Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra de las propuestas de veto presentadas hace uso de la palabra el señor Pestana Padrón.

En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana y Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Roig i Grau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Pestana Padrón, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechaza la propuesta de veto nº 1, de los señores Guillot Miravet y Nuet i Pujals, por 6 votos a favor, 234 en contra y 3 abstenciones.

Se rechaza la propuesta de veto nº 2, de los señores Belda Quintana y Quintero Castañeda, por 9 votos a favor y 232 en contra.

Comienza el debate del articulado.

El señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas 1 y 2.

El señor Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 35 a 37 presentadas por este senador y el señor Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Pérez Bouza defiende las enmiendas 29 a 34, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

El señor Nuet i Pujals defiende las enmiendas 3 a 28, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana y Tuñón San Martín, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; y Roig i Grau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como las señoras Sumelzo Jordán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Página

De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

5863

Comienza el debate del articulado.




Página 5786


La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende las enmiendas 2 a 19 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se da por defendida la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

En turno en contra intervienen el señor Vallés Molero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen las señoras Caballero Martínez, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; así como el señor Uzquiza González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.

Página

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura

5871

El señor Lerma Blasco, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor hacen uso de la palabra los señores Fuentes Gallardo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Monago Terraza, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bonet i Revés, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Pérez Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Monago Terrazo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero) hace uso de la palabra.

Se aprueba por 240 votos a favor y 1 abstención.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Página

De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

5884

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas 1 y 2, del senador Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, por 3 votos a favor; 235 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas 35 a 37, de los senadores Belda Quintana y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 11 votos a favor, 230 en contra y 1 abstención.




Página 5787


Se rechaza la enmienda 31, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 6 votos a favor, 231 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas 29, 30 y 32, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 7 votos a favor, 231 en contra y 4 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas 33 y 34, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 2 votos a favor, 235 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas 3, 7 y 12, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 233 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas 13 y 14 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 5 votos a favor y 236 en contra.

Se rechazan las enmiendas 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 24, 25 y 28, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 6 votos a favor, 233 en contra y 3 abstenciones.

Se aprueba el resto de la proposición de ley por 235 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica.

Página

De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

5885

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas 2 a 19, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 7 votos a favor y 234 en contra.

Se rechaza la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor y 234 en contra.

Se aprueban aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 235 votos a favor y 7 en contra.

Se aprueba el resto de la proposición de ley por 235 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Página

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

5886

Página

Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980

5886

Se autoriza.




Página 5788


Página

Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, hecho en Viena el 18 de abril de 1961

5886

Se autoriza.

Página

Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, hecho en Viena el 24 de abril de 1963

5887

Se autoriza.

Página

Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado), hecho en La Valetta el 16 de enero de 1992

5887

Se autoriza.

Página

Denuncia del Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de 1969 y publicado en el Boletín Oficial del Estado número 180, de 5 de julio de 1975

5887

Se autoriza.

Página

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

5887

Página

Informe de la Ponencia de Estudio sobre la protección del ecosistema de la dehesa, constituida en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

5887

El señor Bella Galán, presidente de la comisión, presenta el informe.

En turno de portavoces intervienen el señor Roig i Grau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Llanos Vázquez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Conde Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el informe por asentimiento de la Cámara.

Página

INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

5894

Página

Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de febrero a junio de 2010

5894

El señor Piñeiro García-Lago, presidente de la comisión, presenta el informe.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta minutos.




Página 5789


Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN. (Continuación.)

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA PRIORIZACIÓN DEL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO DESDE ALGECIRAS (CÁDIZ) HASTA LA FRONTERA FRANCESA. (Número de expediente Senado 671/000119.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la priorización del corredor ferroviario mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa.

A esta moción se había presentado una enmienda de Convergència i Unió, pero parece ser que hay una transaccional. ¿Es así? (Asentimiento.) Por tanto, decae dicha enmienda, así como las del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor President. En primer lloc, permeti’m que expressi la meva emoció personal i especial de poder parlar amb la llengua que penso, amb la llengua que m’han educat. Amb una llengua que fa mil anys que existeix. Amb una llengua que, per defensar-la, el meu avi va estar molts anys a la presó. Després de 32 anys de democràcia, finalment podem expressar, amb el mateix compromís polític, però amb la tranquil•litat de saber-se respectat culturalment.

Pel que fa a la moció que avui presentem arran de la interpel•lació, és una moció important sobre la priorització del corredor ferroviari mediterrani, des d´Algesires, Cadis, fins la frontera francesa.

No fa massa dies, el passat 12 de gener, va haver una autèntica ofensiva política, a Brussel•les, per demanar el que nosaltres defensem en aquesta moció. Ministres, presidents autonòmics, consellers i líders empresarials van defensar la necessitat més absoluta de prioritzar, sense més demora, tota aquesta infraestructura. Tots per defensar aquest eix clau per al desenvolupament futur del teixit productiu de territoris com Catalunya, València, Múrcia o Andalusia. És per tot això que té una gran importància també, en el temps, que les inversions vagin molt lligades per on circula l’economia.

Aquesta moció ha estat transaccionada per tots els partits polítics i diu el següent: el Senat manifesta l’enorme importància que té per tota la ribera mediterrània la construcció del corredor ferroviari del mediterrani en ample internacional i pel transport de mercaderies com via d’interconnexió de l’Europa mediterrània. Així mateix, el Senat insta el govern a:

Primer, defensar, davant les institucions de la Unió Europea que l´eix mediterrani sigui declarat prioritari en tota la seva extensió, des d´Algesires fins la frontera francesa, passant per Almeria, Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya fins aconseguir la seva inclusió en la futura xarxa transeuropea de transports, la revisió de la qual estarà prevista pel present any 2011.

Segon, en el marc de les actuals disponibilitats pressupostàries i financeres accelerar les actuacions en curs de tot el corredor i establir una planificació per portar finalment les restants en el menor termini possible i en concret:

a. Finalitzar la redacció el projecte constructiu entre Tarragona i Castelló.

b. El desdoblament complet de la via de doble ample europeu entre València i Tarragona.

c. La licitació de les obres dels nous accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona i la seva sincronització amb la posada en marxa del tercer carril des del Port fins la frontera francesa.

d. Licitar la contractació de les obres del tram entre València i Castelló.

e. Impulsar la redacció dels estudis entre Almeria i Algesires.

f. I, finalment, atendre, en la mesura del possible, la proposta de FERMED en relació a l’estudi tècnic del traçat Algesires-frontera francesa així com les suggerències pel traçat realitzats pel denominat Fòrum de la Declaració de Castelló.

Per part nostre, per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, ho sap perfectament el senador Juan Luis Gordo, del Partit Socialista, que hem tingut molta voluntat d’arribar certament a un acord, un




Página 5790


acord que permeti que amb la participació de tots els partits polítics, realment ens posem d’acord perquè siguem capaços, per part del govern i de totes les forces polítiques, d’accelerar al màxim possible aquesta proposta. No és una qüestió ni de Catalunya, ni és una qüestió de València, ni és una qüestió de manera aïllada de Múrcia o d´Extremadura. És una qüestió d’economia, que en moments difícils té més importància que mai posar l’accent i les prioritats respecte de les inversions per allà on sorgeix tot el que representa l’economia productiva.

Sap perfectament, senador Gordo, que nosaltres preteníem quelcom més de compromís, perquè creiem sincerament que l’època de la retòrica ja ha passat, perquè la crisi ens empeny realment a saber prioritzar els diners públics cap a on han d’anar. Nosaltres avui fem un exercici de responsabilitat i de compromís polític. Però amb el benentès que si, transcorreguts uns mesos, per part del govern no s´ha complert aquesta moció, evidentment ens obligarà a exigir responsabilitats.

Moltíssimes gràcies, sobretot per la col•laboració de tots els partits polítics. Gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, voy a expresar mi emoción personal y especial por poder hablar en la lengua en la que pienso, en la lengua en la que me han educado, una lengua que hace mil años que existe y por la que, para defenderla, mi abuelo estuvo muchos años en prisión. Después de treinta y dos años de democracia, finalmente podemos expresar con el mismo compromiso político, pero con la tranquilidad de saberse respetado culturalmente.

En cuanto a la moción que hoy presentamos como consecuencia de interpelación, es una moción importante sobre la priorización del corredor ferroviario mediterráneo desde Algeciras, Cádiz, hasta la frontera francesa.

No hace muchos días, en concreto el pasado 12 de enero, hubo una auténtica ofensiva política en Bruselas para pedir lo que nosotros defendemos en esta moción. Ministros, presidentes autonómicos, consejeros y líderes empresariales defendieron la necesidad absoluta de priorizar sin más demora esta infraestructura; todos, en defensa de este eje, clave para el desarrollo futuro del tejido productivo de territorios como Cataluña, Valencia, Murcia o Andalucía. Por todo ello, también tiene gran importancia en el tiempo que las inversiones vayan muy vinculadas por donde circule la economía.

Esta moción, que ha sido transaccionada por todos los grupos, dice lo siguiente: El Senado manifiesta la enorme importancia que tiene para toda la ribera mediterránea la construcción del corredor ferroviario del Mediterráneo en ancho internacional y para el transporte de mercancías como vía de interconexión de la Europa mediterránea. Asimismo, el Senado insta al Gobierno a, primero, defender ante las instituciones de la Unión Europea que el eje mediterráneo sea declarado prioritario en toda su extensión, desde Algeciras hasta la frontera francesa, pasando por Almería, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña, hasta conseguir su inclusión en la futura red transeuropea de transportes, cuya revisión está prevista para 2011. Y segundo, en el marco de las actuales disponibilidades presupuestarias y financieras, acelerar las actuaciones en curso de todo el corredor y establecer una planificación en el menor tiempo posible para que se lleven a cabo; finalizar la redacción del proyecto constructivo entre Tarragona y Castellón; el desdoblamiento completo de la vía de ancho ibérico entre Valencia y Tarragona; licitar las obras en los nuevos accesos viarios y ferroviarios al puerto de Barcelona y su sincronización con la puesta en marcha del tercer carril desde el puerto hasta la frontera francesa; licitar la contratación de las obras del tramo entre Valencia y Castellón; impulsar la redacción de los estudios entre Almería y Algeciras; y atender en la medida de lo posible la propuesta en relación con el estudio técnico del trazado Algeciras−frontera francesa, así como las sugerencias para el denominado Foro de la Declaración de Castellón.

Por parte de Convergència i Unió —lo sabe muy bien el senador Gordo, del Grupo Socialista—, hemos tenido una gran voluntad para llegar a un acuerdo con la participación de todos los partidos políticos y el Gobierno con el fin de acelerar al máximo esta propuesta. No es una cuestión de Cataluña ni de Valencia ni, de forma aislada, de Murcia o Extremadura. Esta es una cuestión de economía, y en momentos difíciles tiene más importancia que nunca poner el acento en las prioridades respecto de las inversiones por donde surge todo lo que representa la economía productiva.

Usted, senador Gordo, sabe perfectamente que nosotros pretendíamos hallar un mayor compromiso, porque ya ha pasado la época de la retórica. La crisis nos está motivando a impulsar el dinero público y saber por dónde tiene que ir. Hacemos un ejercicio de responsabilidad y compromiso político, pero si en unos meses el Gobierno no ha cumplido lo previsto en esta moción, nos van a obligar a exigir responsabilidades.




Página 5791


Muchas gracias, sobre todo, por la colaboración de todos los grupos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)

No hace uso de la palabra.

¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)

Entiendo que tampoco.

¿Por el Grupo de Convergència i Unió, senadora Candini? (Denegaciones.)

Gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Bonet.

El señor BONET I REVÉS: Gràcies senyor president. Ahir vaig veure, en fi, la repercussió, i avui, que ha tingut als mitjans de comunicació que en el Senat es pogués utilitzar amb normalitat en un Ple les diverses llengües espanyoles, no? La meva pregunta és com es pot dir que la utilització de les diverses llengües al Senat espanyol sigui això una anormalitat. No és una anormalitat, és un acte de normalitat, perquè Espanya és així. Espanya lingüísticament és plural, i ho veiem quan tenim el tracte diari amb els senadors d’aquí, de tots els llocs que parlem les diverses llengües espanyoles, concepte llengües espanyoles que està inclòs així en plural a la Constitució, a l’article 3, i fins i tot que quan es va fer la Constitució en el BOE surt la Constitució en totes les llengües espanyoles. Per tant, la pluralitat lingüística és intrínseca no només a Espanya sinó també a la pròpia Constitució. I per tant, ahir vam fer un acte de profunda normalitat i profunda constitucionalitat, eh. I després també que l’expressió d’aquesta pluralitat que ja era hora que es fes en una institució central de l’Estat, això es digui doncs que costi 300.000 euros, demostra un petit, gasiu i miserable concepte d’Espanya que, en fi, això no s’hauria de permetre.

Senyora Candini, la felicito perquè ha aconseguit que el Senat en bloc, en una sola peça, es pronunciï sense reserves sobre la necessitat que el corredor mediterrani sigui una prioritat de la xarxa transeuropea de transports. Això és molt important el que estem fent avui. És important que la cambra territorial espanyola es pronunciï per unes infraestructures clarament axials i clarament no radials. Avui no és un bon dia per als seguidors de la doctrina del quilòmetre zero. Vostè, senyora Candini, ha tingut més sort que la que vam tenir la moció que l’Entesa va presentar al març de 2001, que la va presentar el senador Met, que fou rebutjada, eren altres temps que espero que com a mínim en matèria de concepció d’infraestructures, de planificació d’infraestructures, no tornin. En aquells temps vivíem en matèria d’infraestructures un renovat esperit centralista. És així que en el debat d’investidura el president Aznar en el seu discurs va anunciar que el propòsit del seu nou govern era fer una xarxa d’alta velocitat de manera que en 10 anys havia de situar totes les capitals de província a menys de quatre hores del centre peninsular. Aquesta concepció ja vol dir que és la concepció de quilòmetre zero ferroviari en matèria d’AVE. Tot un clàssic doncs del centralisme, aquest objectiu el confirmà el ministre de Foment, Francisco Álvarez Cascos, que va presentar al juny del 2000 el Programa d’Infraestructures 2000-2007, en què assenyalava que les inversions es feien de manera per donar compliment al fet que en 10 anys totes les capitals de província estiguessen a menys de quatre hores del centre peninsular.

Bé, doncs amb aquesta filosofia d’espíritu nacional radial, no?, no és estrany que avui encara Barcelona i València estiguin sense connexió d’AVE. I això explica que el Govern espanyol d’aleshores, doncs no va incorporar el corredor mediterrani com a eix prioritari europeu. Bé, des de l’Entesa en el mes d’abril de 2009 vàrem preguntar al senyor Zapatero si aprofitaria la Presidència europea per impulsar el corredor mediterrani com a eix prioritari. Ens va dir que el seu Govern estava molt interessat, i que l’impulsaria. I ara ja arribem a la data en què això s’ha de dirimir, al mes d’abril d’enguany s’ha de dirimir si s’incorpora com a eix prioritari. I espero doncs que aquesta moció, en la qual estem compromesos, està compromès el partit que dóna suport al Govern, està compromesa l’oposició, estem compromesos tots els grups parlamentaris, fins i tot el Grup Parlamentari de Convergència que avui en dia està al govern de la Generalitat.

Gracias, señor presidente.

Ayer, y también esta mañana, he podido ver la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación el que en el Senado se puedan utilizar con normalidad en un Pleno las distintas lenguas españolas. Mi pregunta es cómo se puede decir que la utilización de las distintas lenguas españolas en el Senado español sea una anormalidad. No lo es. Precisamente es un acto de normalidad, porque España es así.




Página 5792


España lingüísticamente es plural, y lo vemos aquí en nuestro trato diario con los senadores de todos los lugares: hablamos las distintas lenguas españolas, un concepto, por cierto, el de lenguas españolas, que está incluido así, en plural, en la Constitución, en su artículo 3; e incluso cuando se publicó la Constitución en el BOE se hizo en todas las lenguas españolas. Por tanto, la pluralidad lingüística es intrínseca no solo en España sino también en la propia Constitución. Así pues, ayer hicimos un acto de profunda normalidad y de profunda constitucionalidad. Y que se diga que la expresión de esa pluralidad —que ya era hora de que llegase a una institución central del Estado— cuesta 300 000 euros y pensar que eso no debería permitirse demuestra un pequeño y miserable concepto de España.

Señora Candini, la felicito, porque ha conseguido que el Senado en bloque, todos a una, se pronuncie sin reservas sobre la necesidad de que el corredor mediterráneo sea una prioridad de la red transeuropea de transporte. Lo que estamos haciendo hoy es muy importante. Es importante que la Cámara territorial española se pronuncie por unas infraestructuras claramente axiales y no radiales. Hoy no es un buen día para los forofos de la doctrina del kilómetro cero. Usted, señora Candini, ha tenido más suerte que la que tuvimos con la moción que presentó la Entesa en marzo de 2001 —la presentó el senador Armet—, que fue rechazada. Eran otros tiempos, que espero que, como mínimo, al menos en materia de concepción y de planificación de infraestructuras, no vuelvan. Entonces, en materia de infraestructuras vivíamos un renovado espíritu centralista. Así, en el debate de investidura, el presidente Aznar en su discurso anunció que el propósito de su nuevo Gobierno era hacer una red de alta velocidad, de forma que en diez años debía situar a todas las capitales de provincia a menos de cuatro horas del centro peninsular. Esa concepción ya indica la doctrina del kilómetro cero ferroviario en materia de AVE, todo un clásico del centralismo. Ese objetivo lo confirmó el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, que en junio de 2000 presentó el programa de infraestructuras 2000-2007, sobre el cual señalaba que las inversiones se hacían con el objetivo de que en diez años todas las capitales de provincias estuvieran, como digo, a menos de cuatro horas del centro peninsular. Bien, pues con esa filosofía de espíritu nacional radial no es extraño que aún hoy Barcelona y Valencia estén sin conexión de AVE, y eso explica que el Gobierno español de entonces no incorporase el corredor mediterráneo como eje prioritario europeo.

En el mes de abril de 2009 la Entesa preguntó al señor Zapatero si aprovecharía la Presidencia europea para impulsar el corredor mediterráneo como eje prioritario, y nos dijo que su Gobierno estaba muy interesado en ello y que lo impulsarían. Pues bien, ahora llegamos a la fecha en que esto debe dirimirse. Concretamente, en abril de este año debe dirimirse si se va a incorporar o no como eje prioritario, y espero que esta moción, en la que todos estamos comprometidos —lo está el partido que da apoyo al Gobierno, también la oposición, todos los grupos parlamentarios, incluso el Grupo Parlamentario de Convergència, que actualmente está en el Gobierno de la Generalitat…

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor BONET I REVÉS: Deia que crec que avui aquest acord ha de servir per certificar i per donar impuls que d’una vegada per totes s’esmeni aquest error garrafal, aquest pecat original, i d’alguna forma doncs l’Espanya axial, no?, des del punt de vista d’infraestructures, doncs prengui forma en la Unió Europea i que l’eix mediterrani sigui eix prioritari.

Res més, moltes gràcies.

Decía que creo que el acuerdo de hoy debe servir para certificar y dar impulso con el fin de que, de una vez por todas, se enmiende este error garrafal, este pecado original, y de algún modo la España axial desde el punto de vista de las infraestructuras tome forma en la Unión Europea, y el eje mediterráneo sea un eje prioritario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Gordo.

El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente. Y, gracias, señorías.

Para el Grupo Parlamentario Socialista es una enorme satisfacción que los senadores que hoy me han precedido en el uso de la palabra —la senadora Candini y el senador Bonet— se hayan podido expresar en su lengua materna. Aunque llega tarde, y a pesar de las críticas que en muchos casos hoy recoge la prensa española, es un derecho de la democracia y del cual hoy todos nos podemos sentir muy orgullosos.




Página 5793


Y orgullosos nos sentimos también de haber llegado a una transacción y a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios para poner de relieve la importancia del corredor mediterráneo. Sin duda, se trata de un importante corredor que se complementa con otros, como el corredor de la travesía pirenaica central. Este es un corredor que se configura como uno de los principales ejes de transporte por carretera y ferrocarril, como muy bien apuntó la senadora Candini en su interpelación al ministro de Fomento. Además, en el futuro no solo nos permitirá incluir una de las zonas con mayor población y de mayor peso, sino también la interconexión modal con los distintos puertos. Como decía antes, este corredor complementa el corredor de la travesía central, en el que ya se está trabajando.

Señorías, ahora toca la revisión de las redes transeuropeas. En 2003, cuando estas se definieron, no fue incluida —lo siento, señor Ortiz—. Y en 2010, durante el periodo de la Presidencia española de la Unión Europea, ya se ha definido y acordado la metodología para su inclusión; y consideramos que encaja plenamente en esa metodología. Por lo tanto, el Gobierno defiende y trabaja, con el apoyo de asociaciones y comunidades autónomas, en la incorporación del corredor mediterráneo en las redes transeuropeas. Además, el corredor se ha incluido en la red básica del Plan estratégico para el impulso del transporte de mercancías por ferrocarril, tal y como nos recordó el ministro Blanco en su comparecencia ante la Comisión de Fomento, en la que presentó el Plan de mercancías, un plan que contempla las prioridades específicas para el desarrollo del corredor y que formula y establece mecanismos para su financiación y ejecución.

Señorías, no cabe duda del compromiso del Gobierno socialista, del Gobierno de España para desarrollar esta infraestructura. Hasta 2009 se han invertido 5200 millones de euros en la ejecución de este corredor; en 2010, 1300 millones de euros, y para 2011, nada más y nada menos que el 33% del presupuesto en línea de alta velocidad: 1684 millones de euros.

Haciendo referencia a los hitos concretos que plantea la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, he de decirles que el proyecto para el acceso ferroviario y viario al puerto de Barcelona —proyecto que presenta determinadas dificultades, pues no es fácil compatibilizar el acceso viario con el ferroviario— se encuentra en redacción. El Gobierno tiene la intención de concluirlo este año y licitar las obras en 2011. Lo mismo ocurre con el corredor entre Castellón y Valencia, para el que existe la intención de licitar las obras durante este año. El Gobierno presentará en breve un estudio integral, que sin duda busca un mejor desarrollo. Asimismo, impulsará estudios previos, como los de Almería-Algeciras o Tarragona-Castellón.

Señorías, como saben, la legislación española es garantista, sobre todo desde el punto de vista medioambiental. Y los estudios informativos, la información pública y la declaración de impacto ambiental requieren sus fases y sus tiempos. En este sentido, se escuchará a todos, como a Ferrmed o la llamada Declaración de Castellón. Ahora bien, es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de impulsar este proyecto. Y si algo nos ha enseñado este momento de crisis ha sido que el desarrollar capacidades que están por encima de las necesidades tiene un sobrecoste, pero no solamente el coste de la inversión, sino también el del mantenimiento, que en muchos casos…

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor GORDO PÉREZ: Voy terminando, señoría.

… que en muchos casos es muy superior a la propia inversión en sí. Por tanto, entre todos hemos de buscar desarrollos y proyectos que nos permitan ajustar en todo momento la especialización y las necesidades a los proyectos y, por consiguiente, a la disponibilidad económica y financiera. Hoy nuestro gran reto es generar confianza, ajustar las cuentas públicas y llegar al objetivo del déficit del 3%, porque de esa manera estaremos dando consistencia a nuestras infraestructuras y a nuestra economía.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario también se congratula de haber llegado a este acuerdo, al que también hemos colaborado, como es lógico. Hemos presentado alguna enmienda que ha sido literalmente reproducida en la enmienda transaccional, y además nuestras enmiendas iban también encaminadas a reproducir los compromisos adquiridos por el propio ministro en la comparecencia que se produjo hace pocas fechas en la Comisión de Fomento de esta Cámara, como ha resaltado el senador Gordo.




Página 5794


Y me gustaría hacer dos aclaraciones. A la senadora Candini, le pido, por favor, que cuando hable de Valencia la trate como se establece en el Estatuto de Autonomía, es decir, como Comunidad Valenciana; Valencia, Castellón y Alicante componen la Comunidad Valenciana. Y el corredor mediterráneo atraviesa las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Valencia es la ciudad, y la Comunidad Valenciana lo es en su conjunto. Lo digo nada más que como aclaración. Por eso, yo mismo intenté corregirlo poniendo, cuando usted hablaba de Valencia, Comunidad Valenciana, tal como dice, repito, el estatuto de autonomía.

En segundo lugar, el senador de la Entesa y el senador Gordo han hecho referencia al año 2003 —si no recuerdo mal—, cuando la malograda Loyola de Palacio era comisaria europea. Ella sí planteó ante la Unión Europea —hay que decir las cosas como son— la incorporación de este corredor en el Libro Blanco del Transporte, y fue la Unión Europea la que no lo consideró prioritario. Pero aunque no hubiera sido así, lo cierto es que desde que está gobernando el Partido Socialista, desde el año 2004, hemos avanzado muy poco, puesto que en el libro blanco no aparece el eje del corredor mediterráneo como eje prioritario. Por tanto, seamos consecuentes. Ahora sí que hay voluntad por parte del Gobierno y de las fuerzas políticas aquí representadas para que se presione a Europa a fin de que este corredor se incluya en el Libro Blanco del Transporte Transeuropeo, cuya revisión se va a producir durante este año.

Por tanto, es bueno que las fuerzas políticas hayamos dado este paso hoy aquí, firmando una enmienda transaccional para ayudar y colaborar a que el Gobierno consiga que sus gestiones ante Europa sean lo más fructíferas posible. La enmienda transaccional, efectivamente, se refiere a todos los problemas que se están planteando en este corredor. Pero también quiero decir —lo ha dicho ya el senador Gordo— que eso no supone menospreciar el corredor pirenaico central ni tampoco el futuro corredor cantábrico-mediterráneo. No se trata de priorizar un corredor para quitar otro sino de complementar los corredores para el transporte ferroviario tanto de viajeros como de mercancías. Creo que en eso también estamos de acuerdo.

Decía el senador Gordo que se congratula de que se vayan a hacer los accesos al puerto de Barcelona. Mi grupo parlamentario también, pero no solo nos congratulamos por los de Barcelona, es que los puertos de interés general del arco mediterráneo deben estar conectados con el transporte ferroviario, sobre todo para dar salida a las mercancías, y nuestro frente mediterráneo es muy productivo en todos esos aspectos. Y decía también el senador Gordo que es responsabilidad del Gobierno redactar este proyecto. Efectivamente, pero también es bueno que las sugerencias de un lobby como ha sido Ferrmed, que ha trabajado codo con codo con el Gobierno, y así lo ha reconocido el propio ministro de Fomento, se tengan en cuenta. Y en cuanto a la Declaración de Castellón, todos recordaremos que diez alcaldes de las capitales de provincia que atraviesa este corredor se reunieron y firmaron una declaración. Por eso yo también me congratulo de que se tengan en cuenta esas sugerencias en la enmienda transaccional.

Dado que mi grupo parlamentario ha suscrito la enmienda transaccional, por coherencia política la va a votar favorablemente.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Hay una transaccional firmada por todos los grupos. Se entiende, pues, que se puede aprobar por asentimiento. (Asentimiento.)

Se aprueba.

MOCIONES

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LAS MINORÍAS CRISTIANAS EN LOS PAÍSES DE ORIENTE PRÓXIMO Y EN OTROS DE ASIA Y ÁFRICA. (Número de expediente Senado 662/000153.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día: Mociones.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la situación de las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo y en otros de Asia y África.




Página 5795


A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, durante los últimos meses la opinión pública internacional se ha visto conmovida por los reiterados ataques terroristas, así como por las medidas de presión de que están siendo objeto las minorías cristianas en distintos países de Oriente Medio.

Por su abundancia y reiteración, resulta imposible hacer una relación de todos los sangrientos acontecimientos de este tipo que se han cebado en los últimos tiempos en las diferentes confesiones cristianas que habitan en estos países desde hace dos milenios, mucho antes de que llegaran sus actuales perseguidores.

Pero basta consultar las hemerotecas para constatar que no nos hallamos ante casos esporádicos, sino ante un plan preconcebido para eliminar cualquier rastro de pluralismo religioso en esos países de mayoría musulmana. Se trata de un problema que no es nuevo, pues los libros de historia nos dan cuenta de las frecuentes matanzas de cristianos que se produjeron en el Imperio Otomano y en el marco de la llamada cuestión de Occidente, y que suscitaron las continuas protestas de los países europeos, especialmente durante los siglos XVIII y XIX.

Pero, desgraciadamente, no se trata de hechos del pasado, ya que de nuevo se ha desatado por todo el gran Oriente Medio, desde Irak a Egipto, y con preocupantes ramalazos de intolerancia en otros países, como Turquía, Nigeria, Argelia o Marruecos, una desaforada persecución de los cristianos que utiliza diferentes instrumentos, desde las dificultades o prohibiciones para celebrar libremente sus cultos, hasta las exclusiones y, en los casos más graves, brutales atentados terroristas en iglesias cristianas abarrotadas de fieles, como el que tuvo lugar el pasado 31 de octubre en la iglesia del Perpetuo Socorro de Bagdad, que produjo más de medio centenar de muertos, o el que, con motivo de la misa de Año Nuevo, ocasionó diecisiete muertos en una iglesia copta de la ciudad egipcia de Alejandría.

Un film francés seleccionado para los Óscar y que está teniendo un gran éxito, De dioses y hombres, centrado en el asesinato en 1996, en Argelia, de siete monjes trapenses, nos recuerda que la suerte de los cristianos en el mundo islámico es un problema endémico ante el que no podemos permanecer impasibles.

Nos hallamos, en efecto, ante una situación que nos concierne a todos, con independencia de cuáles sean nuestras opiniones o creencias religiosas, y así lo han entendido la enorme mayoría de los demócratas europeos, con independencia de su ideología o de sus tendencias políticas.

Ya en noviembre pasado un grupo de eurodiputados celebró en Bruselas una conferencia sobre la persecución de los cristianos, en la que se insistió en la libertad religiosa, que debe integrarse en las políticas exteriores de la Unión Europea. Y hace solo unos días, dos eurodiputados italianos, uno de la derecha, Mauro, y otro de la izquierda, Gianni Pitella, han anunciado que van a presentar en el Parlamento Europeo una resolución común. Pitella, que es presidente de los eurodiputados del Partido Demócrata Italiano, el principal partido de la oposición de izquierdas, ha dicho, refiriéndose a su iniciativa, que se trata de una campaña de civilización y libertad, ya que es francamente intolerable cualquier forma de discriminación y de persecución contra los que profesan libremente su fe. Y ha añadido que tanto a nivel europeo como nacional es necesario responder a esta situación de la manera más firme. Mauro, en la parte de la derecha, ha subrayado que la libertad religiosa no es una libertad como las otras, porque es el fundamento de todas las demás.

Por todo ello, no puede extrañarnos que un periódico de orientación laica, como Le Monde, dedicara el pasado mes de noviembre una editorial en primera página a esta cuestión con el título: Un día tras otro el éxodo de los cristianos de Oriente. Aludía allí no solo a los atentados terroristas de que son víctimas los cristianos sino a la islamización creciente de las sociedades en las que viven. Para las comunidades concernidas —continuaba Le Monde—, más allá del islam radical, es ahora la cotidiana confrontación con un islam político la que hace cada vez más difícil la supervivencia de la cultura y la tradición cristianas. Y concluía: el éxodo de los cristianos de Oriente es un drama que nos concierne a todos. Tomas de posición similares hemos podido leer en periódicos tan dispares como The New York Times o The Wall Street Journal.

Como consecuencia de los atentados mortales se produce tan lógica como inevitablemente el éxodo, la huida de muchos de esos cristianos perseguidos, que intentan salvar la vida y se convierten en refugiados en los países vecinos o en otros más alejados.




Página 5796


Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 20% de los iraquíes que han huido a otros países son cristianos, mientras que en el conjunto de la población solo representan el 3%.

La comunidad cristiana de Iraq, que según estimaciones estaba en torno al millón de personas, ha quedado reducida a la mitad. Naciones Unidas da el dato de 1.100 familias cristianas que han tenido que huir de Iraq; solo en Mosul, en octubre de 2008, después del asesinato de 14 cristianos, huyeron 14.000 cristianos, y en febrero de 2010, después del asesinato de 10 cristianos se marcharon para salvar su vida otros 4.000 miembros de la minoría cristiana; el resultado es que de los 500.000 cristianos que vivían en Mosul solo quedan allí unos 5.000.

Y esta casi extinción de las minorías cristianas no se produce solo en ese país sino que es una pauta generalizada en todo el mundo musulmán; así, en un siglo, la población cristiana de Turquía ha pasado de representar el 20% a quedar reducida al 2,0%, y en el conjunto de los países medio orientales, el cristianismo ha pasado del 15% al 6%.

Los terroristas yihadistas presentes en los diversos países del mundo árabe musulmán, y que a veces disfrutan de la connivencia de las autoridades, han proclamado abiertamente que su objetivo legítimo —según ellos— es matar a los cristianos donde quiera que se encuentren, según reiteraba después del citado atentado de Bagdad, una organización terrorista vinculada a Al Qaida.

Y sabemos muy bien cómo las fuerzas de seguridad españolas, como las de otros países occidentales, no cejan en el control y desmantelamiento de células yihadistas, durmientes o inactivas, que se han instalado en nuestros países, porque estos grupos terroristas no quieren limitar su campo de acción a los países musulmanes, pues, como bien sabemos, aspiran a exportar su intolerancia y su violencia hacia nuestros propios territorios. Sería una ceguera irresponsable que no nos diéramos cuenta de que nos hallamos ante un gravísimo desafío a nuestro sistema de valores y a nuestro modo de vida.

En ese conflicto, esas minorías cristianas de Oriente Medio son en cierto modo nuestra vanguardia, y no podemos permanecer impasibles mientras son objeto de una sistemática aniquilación que tiene todas las características de una limpieza étnica y a veces encaja perfectamente en el concepto de genocidio.

Las reacciones empiezan a producirse: a finales del pasado mes de diciembre 94 parlamentarios de 15 países, de los cuales el 20% son españoles, y algunos miembros de esta Cámara, han dirigido una carta al presidente Barack Obama en la que, tras describir la situación de las minorías cristianas en Iraq y otros países de la zona, le piden que los Estados Unidos asuman el liderazgo en defensa de la libertad de religión en Iraq y en el conjunto de Oriente Medio; los parlamentarios firmantes de la carta se ofrecen para colaborar en todas las acciones que contribuyan a la ayuda inmediata, transparente, unida, duradera de los cristianos de Iraq y otras minorías religiosas.

Asimismo, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Italia, Polonia y Hungría han enviado el pasado 8 de enero una carta a la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, señora Ashton, en la que le solicitan que promueva medidas para proteger a la población cristiana frente a los ataques terroristas que vienen sufriendo en varios países musulmanes. Y el presidente Sarkozy, en un discurso pronunciado el pasado día 7 de enero ante los representantes de todos los cultos religiosos existentes en Francia ha denunciado lo que denominaba como un perverso plan de depuración religiosa en el Próximo Oriente, que tiene como objetivo expulsar a la población cristiana. Hay que lamentar que la diplomacia española, tras una tenue condena pronunciada tras el atentado de Bagdad el 31 de octubre, ha estado ausente de todas estas iniciativas emprendidas por algunos de nuestros socios europeos.

Debo recordar, sin embargo, que el 25 de mayo pasado formulé en este Pleno al entonces ministro de Asuntos Exteriores, señor Moratinos, una pregunta oral sobre las expulsiones de cristianos que se vienen produciendo en Marruecos; mi interés era conocer si en el marco de la Alianza de las Civilizaciones, proyecto estrella de este Gobierno, se iba a abordar aquella cuestión, especialmente en el Tercer Foro Mundial de la Alianza, que se iba a celebrar pocos días después en Río de Janeiro.

Le recordé al ministro los textos de algunos de los documentos preparados para aquel acontecimiento, derivados tanto del I Plan Nacional de la Alianza de las Civilizaciones, publicado en 2008, como del II Plan, cuya vigencia se extenderá entre 2010 y 2014.

Cito literalmente uno de los párrafos más significativos de este documento oficial del Gobierno: Asegurar el ejercicio efectivo de la libertad religiosa, que incluye el derecho a profesar una religión o credo o a no tener ninguna, a cambiar de religión, así como el derecho a expresar sus creencias, solo o en comunidad con otros, en público o en privado, a través de la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Como muestra el caso de Marruecos —añadía yo por mi parte—, estos buenos propósitos se quedan en




Página 5797


el papel, y el Gobierno de España, portaestandarte de la Alianza de las Civilizaciones, no hace nada para convertirnos en realidad, como dije en aquel momento. Lo que dijimos entonces de Marruecos es, por desgracia, extensible a todos los países de Oriente Medio, incluidos los que durante algún tiempo han practicado una cierta tolerancia, como es el caso de Egipto, o del propio Marruecos.

Debo reconocer que, después de aquel debate del 25 de mayo, el ministro Moratinos, solo tres días después, propuso en Río de Janeiro, en ese III Foro de la Alianza de las Civilizaciones, un seminario sobre la protección de las minorías cristianas con el objetivo de garantizar la libertad religiosa y de ejercicio. Al proyecto se sumó inmediatamente Italia, y Moratinos subrayaba que la Alianza no es una simple iniciativa que busca gestionar la diversidad cultural y contribuir al diálogo interreligioso, sino que quiere ser ante todo un instrumento innovador y eficaz en materia de diplomacia preventiva; suscribo totalmente las palabras del anterior ministro. Pero el anunciado seminario no se ha celebrado, y los sangrientos atentados a los que me he referido en esta intervención demuestran que la Alianza de las Civilizaciones no ha sido capaz, al menos hasta el momento, de desempeñar ese papel de diplomacia preventiva a que se refería el anterior ministro.

Estamos viviendo una etapa regresiva, y todos estos países miembros de Naciones Unidas, que no solo no defienden a las minorías religiosas sino que las acosan y las fuerzan al exilio, incumplen sin rebozo el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, les recuerdo, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión —algo que allí es considerado como un delito— o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En estos países, además, se niega la universalidad de los derechos humanos.

En un reciente viaje a Argelia, un parlamentario local afirmó públicamente, ante varios miembros de esta Cámara, que para ellos más importante que la declaración universal de las Naciones Unidas eran otras declaraciones: la de la Liga Árabe y la de la Unión Africana, y allí radica la clave para introducir medidas discriminatorias que se ceban en otras minorías religiosas, y siempre y muy especialmente en el papel de la mujer, a la que niegan la igualdad de los derechos —yo he tenido ocasión de tratarlo— y que se refieren a una equivalencia de los derechos de la mujer pero no de la igualdad, y para convertir a los cristianos en ciudadanos de segunda, abocados al exilio, a la expulsión pura y simple.

La moción que presentamos quiere salir al paso de esta intolerante e intolerable situación, y a través de sus cinco puntos solicita al Gobierno que adopte en las instituciones de la Unión Europea una actitud más activa, como están haciendo ya otros países, según he señalado; y esa actitud más activa debe concretarse en que se adopten medidas específicas respecto de los países implicados para que definitivamente se ponga coto a esta penosa situación que está produciendo tanto sufrimiento a las minorías que son víctimas de ella. Se solicita, asimismo, que nuestra diplomacia actúe en el mismo sentido, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral, y que se destine una partida específica a través de los fondos para la promoción del desarrollo y para la protección de las citadas minorías.

Otro de los puntos de nuestra moción insta a que se estudie la posibilidad de acoger en España a algunos cristianos orientales que se encuentran en situaciones de especial peligro. A ese respecto, vale la pena recordar que según el periódico Le Monde, Francia ya ha acogido a 1500 cristianos de Iraq y, tras el atentado de Bagdad, se dispuso a recibir otros 150. Ante una interpretación literal de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que pudiera plantear dificultades jurídicas para aplicar sus beneficios a estas minorías cristianas, creo que es un buen precedente su aplicación al caso de los presos de conciencia cubanos excarcelados recientemente por aquella dictadura y acogidos por España.

Por otra parte, la misma ley alude claramente, en su disposición adicional cuarta, a la cooperación en el marco del Unión Europea y, más allá de las gestiones bilaterales que pueda llevar a cabo la diplomacia española, sería conveniente afrontar este grave problema en el ámbito de la política exterior y de seguridad común de la Unión.

En el punto 5 del petitum de la moción se insta al Gobierno a que, en el ámbito de la Alianza de las Civilizaciones, exija a los miembros islámicos de la misma la estricta reciprocidad, de modo que los cristianos gocen en aquellos países de las mismas garantías para la profesión y práctica de sus creencias religiosas que las que disfrutan los musulmanes en los países occidentales. Ya nos hemos referido a los compromisos asumidos en este sentido por el anterior ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.




Página 5798


Señorías, todo esto es una exigencia para todos nosotros y es una manera de intentar poner remedio a una situación que ha llegado ya a unos extremos absolutamente intolerables.

Por eso les pido a todos el apoyo a la moción que acabamos de presentar.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Gutiérrez.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, el Grupo Socialista y el Gobierno de la nación siempre han liderado la lucha por la defensa de los derechos humanos, y en particular para procurar a todas las personas la libertad de pensamiento, religión y conciencia, tal y como se recoge en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La condena del Gobierno español ha sido clara y contundente a los atentados terroristas perpetrados contra comunidades cristianas.

Por todo ello, permítame, señor presidente, expresar mi posición respecto a la enmienda presentada por mi grupo a la moción del Grupo Popular. Y esta enmienda tiene como principal objetivo, en primer lugar, propiciar que el Senado, de forma unánime, condene, con la mayor firmeza, los brutales ataques terroristas y la persecución religiosa que están sufriendo las comunidades cristianas en Iraq y en otros países de Asia y África.

Además, proponemos instar al Gobierno a una serie de acciones en una triple dirección: en el ámbito de las relaciones internacionales, bilaterales o multilaterales, en el de la Unión Europea, y siempre con referencia básica al artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

También proponemos una serie de iniciativas en relación con la aplicación del ordenamiento jurídico interno para la protección de determinadas minorías. En concreto, proponemos que, en el ámbito de la Unión Europea, el Gobierno promueva una mayor atención por parte de las instituciones europeas hacia la situación de las minorías religiosas en los países de Oriente Próximo y en otros de Asia y África. Asimismo, que esa atención se concrete en medidas que tengan como objetivo la efectiva protección a las personas y a las comunidades para que puedan libremente practicar la religión que profesan sin sufrir ningún tipo de violencia, coacción o discriminación.

En el segundo punto proponemos que se incluyan una serie de iniciativas en el ámbito bilateral y multilateral para que se apoye a los países afectados en la lucha contra el radicalismo fundamentalista y en defensa de la libertad religiosa, de acuerdo con el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

También en aplicación de la nueva ley, aprobada por las Cortes Generales recientemente sobre fondos para la promoción del desarrollo, establecemos que el Gobierno preste especial consideración a los grupos sociales más desfavorecidos, entre ellos las minorías religiosas. También que se haga eco de la aplicación de la ley de asilo y de la protección subsidiaria y pueda estudiar, tal y como propone la propia iniciativa del Grupo Popular, la posible acogida de algunos cristianos que se encuentren en una situación de mayor peligro.

Por último, y por no por ello menos importante, proponemos seguir profundizando en el trabajo que ya realiza la Alianza de Civilizaciones para promover la cooperación entre confesiones religiosas, la cooperación que solo puede surgir de la continua labor de tender puentes y profundizar en el conocimiento mutuo y el respeto. Solo así será posible que los ciudadanos pertenecientes a cualquier minoría gocen en estos países de las garantías para procesar su propia religión.

Señorías, hemos realizado un esfuerzo y un trabajo de aproximación, un trabajo de diálogo con todos los grupos de esta Cámara, especialmente con el Grupo Popular, de cara a poder llegar a una posición común por parte del Senado en este asunto. Por ello, pedimos, especialmente al Grupo Popular, un esfuerzo porque aún estamos a tiempo de alcanzar una propuesta transaccional que sea asumible por todos los grupos de esta Cámara.

Señorías, señor presidente, el objeto de esta enmienda no es otro que lograr un amplio consenso en el Senado que permita mostrar que por encima de las diferencias ideológicas todos estamos de acuerdo en la necesidad de promover el respeto de los derechos humanos, específicamente el de libertad de pensamiento, religión y conciencia.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)




Página 5799


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso para manifestar la posición sobre la enmienda que acabamos de escuchar.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.

La enmienda del Grupo Socialista, que agradezco en principio, es una redacción de una manera distinta de mi misma moción, con un único punto en el que creo que va a ser muy difícil que alcancemos un acuerdo. He aceptado ya algunos puntos de la enmienda de sustitución, empezando por el encabezamiento que dice: «El Senado —antes de que yo dijera el Senado insta—, además de condenar con la mayor firmeza los brutales ataques terroristas y la persecución religiosa sistemática que están sufriendo las comunidades cristianas en Iraq y en otros países de Asia y África, insta al Gobierno a». Aceptado sin ninguna dificultad.

En el punto 2 acepto también, por supuesto y porque me parece una mejora, el añadido que dice: «... de acuerdo con el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos», a la que, como han dicho ustedes, he aludido en mi exposición.

En cuanto al punto 3, acepto la redacción que me propone el Grupo Socialista, que es muy parecida a la mía, pero que hace referencia a la Ley 36/2010, que entrará en vigor el próximo 20 de enero, y a los contextos y grupos sociales más desfavorecidos, entre ellos las minorías religiosas. Perfecto, no me importa, renuncio a mi redacción y acepto el texto socialista.

Lo que no puedo aceptar son los cambios que se me proponen para el punto 5, donde el Grupo Socialista quisiera que desapareciera la palabra reciprocidad, que para mí es fundamental y creo que está muy patentemente expresada en los textos que he leído de la propia Alianza de las Civilizaciones y del propio ministro Moratinos cuando debatimos algo parecido a eso aquí y por una razón que me parece que vale la pena que la explique. Me proponían la sustitución de la palabra reciprocidad por equivalencia y esa palabra supone para mí toda la reserva y, por qué no decirlo, todo el rechazo, y voy a explicar por qué. Cuando hace bastantes años, en la otra Cámara, yo tuve que defender alguna cosa parecida a esta, me encontré con algo muy curioso, un libro que me dieron, en español, por supuesto, pero editado en Irán, donde se explicaba que los derechos de la mujer allí no estaban discriminados. ¿Cuál era la explicación? Que los derechos de la mujer no son iguales a los del hombre porque las mujeres y los hombres no son iguales, sino equivalentes. La palabra equivalencia que ustedes usan —me parece que es un error— es la que ellos utilizan para justificar la discriminación de la mujer, y yo no estoy dispuesto a pasar por eso. Yo hablo de la estricta reciprocidad entre el trato de las minorías musulmanas en los países occidentales y el trato que pido y exijo a las minorías cristianas en los países de mayoría musulmana. En eso consiste la reciprocidad y, desde luego, pueden ustedes estar de acuerdo o no, pero les ruego que no utilicen lo de equivalencia porque están cayendo en las tesis discriminatorias que se difunden en determinados países musulmanes. Por eso lo siento, porque estando de acuerdo con los tres puntos a los que he aludido al principio, no puedo en absoluto aceptar la sustitución del punto 5 de la moción de mi grupo por el que ustedes proponían para llegar a un acuerdo general.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Presidente jauna, ohorea da niretzat ganbera honetan nire gurasoen hizkuntza erabiltzea. Nire euskara ez da ona, nire haurtzaroan eta gaztaroan jazarritako hizkuntza izan zelako. Niri, Iñaki gisa bataiatua eta erregistratua izan nintzenari, izena aldatu eta Ignacio deitu zidaten, hizkuntza inperioaren kidea den obsesio uniformizatzaileagatik, eta inperioak bakarrik erdaraz hitz egin behar zuen.

Badakit esaten ari naizena ulertzeko itzulpena behar duzuela, zeren eta euskararen jatorria ezezaguna da, aurre-indoeuroparra eta ezagutzeko, errespetatzeko eta erabiltzeko ondarea da. Eta bere jatorria ezezaguna bada, guk ez dugu bere amaiera ezagutu nahi.

Uste dut ganbera hau lurralde-ordezkaritzakoa bada, nazio, kultura eta hizkuntza anitzeko estatuan, ez dagoela batere gaizki, Belgikan bezala, hiru hizkuntza koofizialak erabili ahal izatea, bizirik daudelako.




Página 5800


Era berean, badakit eskuin tematiaren aldetik oso gogorra eta demokratikoa ez den kanpaina dagoela. Erabiltzen duten argudioa da guztiok erdara baldin badakigu, erdara bakarrik erabil dezagula eta liturgia lelo hau ken dezagula. Eskubideak zenbatzen dituzte. Irizpide honen arabera, ken ditzagun Pazko Militarra, jauregiak, eskumuinak… ez dutelako ezertarako balio eta hitz egin dezagun guztiok txineraz, gehien hitz egiten den munduko hizkuntza delako.

Konstituzioa onartu zenetik 32 urte pasa eta gero, gau hau barreen objektu da, eta horrek esan nahi du ez dagoela onartuta autonomien estatua. Eta tamalgarria da. Izan ere, Asturiaseko Printzeek Gabonak zoriondu dituzte erdaraz, ingelesez eta frantsesez, erdara eta hizkuntza koofizialak errespetatu beharrean, euren soldata autonomia horiek ordaintzen badute ere. Autonomia horiek euren hizkuntza euren mugen hesietan izatera derrigortzen dituzte.

Badakit askok ez duzuela entzungailurik jarriko. Eta asko gustatzen zait zuen sektakeria hain agerian geratzea. Frankoren garaietan diktadurak hizkuntza hauek hilerrietatik ere kentzeko neurri guztien alde egingo zenuten, eta komunikazio-kode hauek jasan zuten jazarpenagatik baino ez bada ere, gutxieneko errespetua izan beharko zenukete, baina ez duzue izango, bizi zareten Tea Party berezi horrek ez dizuelako uzten. Eta barru-barruan, niri asko gustatzen zait.

Ez diogu inongo beldurrik PPko Alejandro Muñoz Alonsori, mozio hau da adibidea. Van Halenen PPri diogu beldur, España beltz eta erasotzailearen ordezkari. Guzti honegatik, saiatuko gara Zapaterori urte bateko laguntza ematen, eta PPk erakutsi duen errespetu falta guztiz antidemokratikoa delako.

Sarrera honek balio dezala adierazteko hau jarraitzen duela izaten gutxiengoen eskubideen babes-lerroa. Popularren legebiltzar taldearen Mozio honen alde egingo dugu. Mozio osoa gutxiengoen, kasu honetan gutxiengo erlijiosoen, erabateko defentsa da. Are gehiago pairatutako sarraskiaren ondoren.

Mozioan Zibilizazioen Aliantzaren esparruaz hitz egiten da. Alderdi Popularrak ez du kontzeptu hori, hain zuzen ere, gehiegi maite, baina ondo dator hemen elkarrekikotasuna eskatzeko kristau-ohituren garaian. Horri buruzko aurrekaririk badago. Europako Parlamentuak Ebazpen bat onartu zuen Egipton eta Malasian kristau-erkidegoen kontrako atentatuak salatzeko. 2010eko urtarrilaren 6an, Egipton, sei kristau koptoren eta polizia baten hilketa, Goi Egipton kristau-negozio asko suntsitzea, eta Malasian elizen eta gurtza-tokien kontrako erasoak, giza eskubideekiko eraso larriak dira. Europako Parlamentuak Europar Batasuneko erakundeak gonbidatu ditu bere kanpoko harremanen esparruan, gaur munduan zehar jazarritako gutxiengo erlijiosoen, kristau-erkidegoak barne, egoerari arreta berezia ematea adosteko.

Ikerketen arabera, % 75 eta % 85 arteko munduko jazarpen erlijiosoek kristauei kalte egiten diete, eta, urtero, hauetariko asko hil egiten dira euren fedeagatik. Bortizki jazarritako fededunen zenbatekoa, guztira, 200 milioi pertsona ingurukoa da. Informazio hauek ez dute behar bezalako entzuterik, zeren eta adibidez Iraken, Egipton edo Malasian, konnotazio politikorik izan edo ez, kristauen kontrako indarkeria musulmana agerian uztea ez dirudi politikoki zuzena denik. Zorionez, Europan oso odoltsua izan zen kristauen kontrako indarkeria gelditu zen, momentuz, Sobietar Batasunaren erorketarekin. Musulmanen kontrako indarkeria, berriz, Balkanetako gudaren ostean. Horregatik, kontzentratu behar gara beste kontinenteetan gertatzen diren egungo jazarpen erlijioso gogorretan, ez bakarrik herrialde musulmanetan, baizik eta Txina bezalako beste batzuetan ere —Tibeteko budisten, kristauen, musulman uigureen, eta abarren kontra—, Afrikako herrialde askotan eta ospetsua eta baketsua den Indian.

Europako Parlamentuaren Ebazpenak Europar Batasuneko Ministro Kontseiluak 2009ko azaroaren 16an hartutako Ebazpenaren berri eman zuen, eta Europar Batasunaren konpromiso sendoa berresten du, erlijioaren eta sinismenen askatasuna sustatzeko eta babesteko, eta berresten du bere asmoa gai hauei lehentasuna emateko, Europar Batasuneko giza eskubideen politikaren parte gisa, bereziki, bere alde biko harremanen esparruan eta alde anitzeko esparruetan.

Mila esker, presidente jauna.

Señor presidente, es un honor para mí expresarme en esta Cámara en el idioma de mis padres. Mi euskera no es muy bueno ya que fue una lengua perseguida en mi niñez y en mi juventud. A mí, que fui bautizado y registrado como Iñaki, me cambiaron el nombre y me pusieron Ignacio por la obsesión uniformizadora que lleva pareja la lengua imperial y, por lo tanto, el imperio debía hablar solo en español.

Sé que para entender lo que estoy diciendo necesitan traducción, y es que el origen del euskera es desconocido. Es preindoeuropeo, un patrimonio a conocer, a respetar y a utilizar, y aunque su origen sea desconocido, nosotros no queremos ser testigos de su desaparición.




Página 5801


Pienso que como esta es una Cámara de representación territorial, en un Estado con diversidad nacional, cultural y lingüística no está nada mal, como ocurre, por ejemplo, en Bélgica, que se puedan utilizar las tres lenguas cooficiales ya que están vivas.

A su vez, sé que hay una campaña muy dura y antidemocrática promovida por la derecha más recalcitrante, cuyo argumento es que como todos sabemos español, que solo utilicemos español y nos olvidemos de esta liturgia tonta. Según ese criterio, quitemos también la Pascua Militar, los palacios o los besamanos porque no valen para nada y hablemos todos en chino porque es la lengua que más se habla en todo el mundo.

Cuando ya han pasado 32 años desde que se aprobó la Constitución, este tema es objeto de burla, lo que quiere decir de alguna manera que el Estado de las Autonomías no está aceptado. Los Príncipes de Asturias han felicitado las Navidades en español, en inglés y en francés en vez de respetar las lenguas cooficiales, si bien son esas autonomías las que pagan sus sueldos. Esto obliga a las autonomías a mantener sus lenguas dentro de sus fronteras.

Ya sé que muchos ni siquiera se pondrán los auriculares y me encanta que su sectarismo quede tan patente. En la época franquista hicieron todo lo posible por quitar estas lenguas hasta de los cementerios, y solo por la persecución que sufrieron estos códigos comunicativos deberían mostrar un mínimo respeto, pero no lo van a tener ya que este Tea Party peculiar en el que habitan no se lo permite, y en el fondo a mí todo esto me gusta.

No le tenemos ningún miedo al señor del PP Pedro Muñoz-Alonso, y esta moción es un ejemplo. Le tenemos miedo al PP como representante de esa España negra y violenta y, por eso, vamos a intentar darle nuestro apoyo al señor Zapatero. Sabemos que la falta de respeto del PP es totalmente antidemocrática.

Esta introducción va en línea con la defensa de los derechos de las minorías. Votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La moción en su totalidad es una defensa absoluta de las minorías, en este caso de las minorías religiosas, máxime después de la masacre que han sufrido.

En la moción se habla del ámbito de la Alianza de las Civilizaciones, concepto que no agrada demasiado al Partido Popular pero que viene muy bien para apelar a la solidaridad en la época de los valores cristianos. Ya hay precedentes sobre todo esto. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenaba los atentados contra las comunidades cristianas de Egipto y Malasia. El 6 de enero de 2010 asesinaron en Egipto a seis cristianos coptos y a un policía y cabe citar también la destrucción de numerosos negocios de cristianos en el Alto Egipto y los ataques contra las iglesias y lugares de culto en Malasia. Todos ellos son ataques graves a los derechos humanos. El Parlamento Europeo ha invitado a las instituciones de la Unión Europea a que en el ámbito de sus relaciones exteriores acuerde conceder una atención especial a las minorías religiosas perseguidas en todo el mundo, incluidas las comunidades cristianas.

Según las investigaciones, entre un 75% y un 85% de todas las persecuciones religiosas del mundo afectan a los cristianos y año tras año mueren por razón de su fe. El número de personas creyentes perseguidas violentamente es de unos 200 millones. Estos datos no tienen el eco que se merecen. Al parecer dejar al descubierto la violencia que sufren los cristianos en Iraq, Egipto o Malasia por parte de los musulmanes, ya sea con connotaciones religiosas o sin ellas, no es políticamente correcto. Por suerte, en Europa la violencia sangrienta contra los cristianos se acabó con la caída de la Unión Soviética y la violencia contra los musulmanes, por su parte, después de la guerra de los Balcanes. Por ello, nos debemos concentrar en las persecuciones religiosas tan crueles que ocurren en los otros continentes y no solo en los países musulmanes sino en otros, por ejemplo en China contra los budistas del Tíbet, los cristianos, los musulmanes uigures, etcétera, o en muchos países de África y en la conocida y pacífica India.

El Parlamento Europeo informó sobre la resolución adoptada por el Consejo de Ministros de la Unión Europea en la que se reafirma el compromiso firme de la Unión Europea para impulsar y proteger la libertad religiosa y de culto. Asimismo, se reafirma en su intención de dar prioridad a estos temas como parte de la política sobre derechos humanos de la Unión Europea, en especial en el ámbito de las relaciones bilaterales y multilaterales.

Muchas gracias, señor presidente.




Página 5802


El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Sí, president, moltes gràcies. Senadors, senadores, senador Pedro Alonso Muñoz, jo voldria agrair-li aquesta moció que ha presentat, en primer lloc perquè ens permet, aquí al Senat, que el grup de Convergència i Unió pugui condemnar, com planteja el text alternatiu que planteja el Partit Socialista, pugui condemnar amb la major fermesa possible, els brutals atacs terroristes i la persecució religiosa sistemàtica que estan sofrint les comunitats cristianes a l’Iraq i a altres països d’Àsia i Àfrica; i es per això que ens sembla bé que aquesta moció insti al govern a que, dins de la tasca que es fa a la Unió Europea, doni una major atenció per part de les autoritats europees a la situació d’aquestes minories religioses.

I en aquest sentit li voldria dir, senyor Alonso, que ens agrada més l’al•lusió que fa la proposta socialista, l’esmena que li proposa el Partit Socialista, de parlar de minories, diguéssim, perseguides, de tot tipus, més que no pas minories cristianes; perquè en aquests moments el tema greu ha estat aquest, però ens sembla que en aquests moments hi ha un conjunt global de la Humanitat que està patint una persecució per les seves idees que ens sembla, aquí, el factor fonamental.

Ens sembla també molt bé que en aquesta moció s’incorpori l’al•lusió a l’article divuit de la Declaració dels Drets Humans, que vostè ha acceptat, perquè ens sembla fonamental que hem de lluitar per protegir aquests drets humans, i el dret de tota persona a la llibertat de consciència, així com a la llibertat de practicar la religió que cregui més oportuna, i això fer-ho individualment, col•lectivament i en públic; i per tant, jo crec que recull aquests aspectes.

En conjunt, nosaltres estem molt a prop, i vostè ho ha acceptat, de l’alternativa que planteja el Grup Socialista. Aquí hi ha un punt de discrepància fonamental, que és al punt cinquè. Aquí vostè dóna una gran importància a la paraula «reciprocitat». És cert que nosaltres volem que els drets que tenim, que tenim tots els ciutadans del món, siguin respectats a tot arreu; però, repeteixo, Espanya és un país no confessional i, per tant nosaltres no actuarem, per dir-ho així, estructuralment en aquests països. El que sí volem és que es respectin aquests drets de les persones basats en aquesta Declaració Universal. Per tant, nosaltres estaríem més a prop de la proposta que li fa el Partit Socialista, que en l’àmbit de l’Aliança de les Civilitzacions promoguem un diàleg entre tots els membres islàmics per aconseguir que aquest respecte es produeixi.

Ens agradaria molt, senyor Alonso, que poguéssim acostar-nos i que poguéssim donar suport a aquesta moció, però ens sembla que aquest punt té la seva importància. Vostè ho diu, i vostè, a partir d’aquesta importància que li dóna, ens nega. Nosaltres l’informem que, si no es pogués arribar a un acord en aquest aspecte, nosaltres ens abstindríem en aquesta moció, en la votació d’aquesta moció; tenint en compte, repeteixo, que estem fonamentalment d’acord, i a més ens sembla una bona oportunitat perquè en aquesta cambra tornem a parlar de drets humans, de minories perseguides, i que la necessitat i el compromís que tenim tots perquè aquestes minories perseguides trobin una solució i puguin viure en pau de consciència, personal, física, de tota mena, respectant la seva consciència, les seves idees, les seves voluntats.

Res més; moltes gràcies, President, senadores, senadors.

Muchas gracias, señorías. Senador Muñoz-Alonso, yo quisiera agradecer la moción que ha presentado, en primer lugar, porque permite que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió pueda condenar aquí, en el Senado, con la mayor firmeza posible, como plantea el texto alternativo que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, los brutales ataques terroristas y la persecución religiosa sistemática que están sufriendo las comunidades cristianas en Iraq y en otros países de Asia y África.

Por ello nos parece bien que esta moción inste al Gobierno a que, dentro de la tarea que se lleva a cabo en la Unión Europea, las autoridades presten una mayor atención a la situación de estas minorías religiosas, y en este sentido quisiera decirle, señor Muñoz-Alonso, que nos gusta más la sugerencia que recoge la enmienda que le propone el Grupo Parlamentario Socialista de hablar de minorías perseguidas de todo tipo más que de minorías cristianas. Es cierto que en este momento el tema grave ha sido este, pero nos parece que hay un conjunto global de la humanidad que está teniendo una persecución por sus ideas, lo que aquí nos parece un factor fundamental.

Asimismo nos parece muy bien que en esta moción se incorpore la alusión al artículo 18 de la Declaración Univeral de los Derechos Humanos que usted ha aceptado; nos parece fundamental. Tenemos que luchar para proteger estos derechos humanos y el derecho de toda persona a la libertad de conciencia,




Página 5803


así como a la libertad de practicar la religión que le parezca más oportuna y hacerlo de manera individual o colectiva y en público, y entiendo que se recogen estos aspectos.

Nosotros estamos muy cerca, y usted lo ha aceptado, de la alternativa que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Pero hay un punto de discrepancia fundamental; me refiero al punto cinco. Aquí usted da gran importancia a la palabra reciprocidad. Es cierto que nosotros queremos que los derechos que tenemos todos los ciudadanos del mundo sean respetados en todas partes, pero repito que España es un país no confesional, y por tanto, y por decirlo de alguna manera, no vamos a actuar estructuralmente en estos países. Lo que sí queremos es que se respete el derecho de la persona basado en esta declaración universal. Así que estaríamos más cerca de la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista en la cual se propone que, en el ámbito de la Alianza de las Civilizaciones, promovamos un diálogo entre todos los miembros islámicos para conseguir que se produzca este respeto.

Nos gustaría mucho, señor Muñoz-Alonso, que pudiéramos acercarnos y apoyar esta moción, pero nos parece que este punto tiene su importancia. Usted lo dice, y a partir de la importancia que le da, nos lo niega. Pero le informamos de que si no se pudiera llegar a un acuerdo en este aspecto, nosotros nos abstendríamos respecto de esta moción, teniendo en cuenta, repito, que estamos fundamentalmente de acuerdo con ella y que esta nos parece una buena oportunidad para que en esta Cámara se vuelva a hablar de derechos humanos, de minorías perseguidas y de la necesidad y compromiso de todos para que todas estas minorías encuentren una solución y puedan convivir en paz de conciencia, personal, física y de todo tipo, respetando su conciencia, sus ideas y sus voluntades.

Nada más y muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa tiene la palabra el senador De Puig.

El señor DE PUIG OLIVE: Senyor president, senyores senadores, senyors senadors, d’aquí un mes farà 32 anys que jo sóc parlamentari de l’Estat espanyol, d’Espanya. 25 anys en el Congrés de Diputats i més de set en el Senat. I aquest, avui, és el meu últim discurs parlamentari.

D’aquí dues setmanes presentaré la meva renúncia com a senador tal com vaig anunciar ja fa temps, i és voluntat meva, perquè passo a d’altres tasques d’interès personal per mi, després de tots aquests anys d’haver fet de parlamentari, ja dic, en el Congrés de Diputats, i en el Senat, encara que la meva acció més persistent com a parlamentari ha estat a les delegacions internacionals i particularment en el Consell d’Europa.

Es dóna la circumstància que aquest final de la meva carrera parlamentària es dóna en una ocasió molt especial. Jo durant 32 anys he parlat en castellà al Congrés i al Senat, i just en el moment en què me’n vaig, es dóna l’oportunitat que ho pugui fer en la meva llengua pròpia, cosa que és una enorme satisfacció per mi, i em fa pensar també que no hi ha mal que cent anys duri. És a dir, que al final les coses, aquelles per les quals hem lluitat, s’arreglen.

La meva satisfacció va una mica més enllà de la reacció de molts mitjans de comunicació d’ahir mateix. Ahir va ser el primer dia en què es va poder fer això, es va poder parlar les llengües cooficials, i avui hem vist la reacció en molts mitjans de comunicació. Jo estic una mica trist, estic una mica trist perquè veig molt parlar del pinganillo i de frivolitats. Francament, és que estic en desacord, però és que em sembla a més a més de política o de plantejament gallinaci de la política perquè en aquesta ocasió les llengües no es va al fons de la qüestió. Ningú, no he vist en cap diari que el fons de la qüestió és que una institució com el Senat, central a l’Estat espanyol, reconeix les llengües oficials o cooficials, i fa un reconeixement en línia amb el que diu la Constitució, de respecte i protecció de les altres llengües que no són el castellà, la fa seva i demostra així als ciutadans d’aquestes parts d’Espanya on hi ha una altra llengua cooficial, que la respecta, que la fa seva, i per tant això és un element de profunditat democràtica constitucional, i en relació amb el que ha de ser el Senat, la cambra territorial, molt important.

En tot cas, ja els dic, en el meu darrer discurs tinc la satisfacció de parlar català i també els vull dir que aquests anys m’han ensenyat moltes coses, he lligat moltes amistats, com vostès poden comprendre, de tots els grups polítics, he tingut una relació en general magnífica amb tothom, he après moltes coses de vostès i dels meus antics col•legues al Congrés de Diputats, i he comprès després de tots aquests anys, que potser no hi ha una activitat més noble a fer en els nostres països, en les nostres comunitats autònomes, en les nostres nacionalitats i regions però també a l’Estat espanyol, que el noble exercici de la política. I he après també que la immensa majoria dels polítics són honestos, honrats, i tenen un ideal de treball al servei dels ciutadans, contràriament al que diuen aquestes tertúlies indecents que sentim cada dia, que




Página 5804


volen desprestigiar els polítics per desprestigiar la política i per fer mal a la democràcia. Jo he entès el contrari. Jo me’n vaig orgullós d’haver treballat en el camp que han treballat vostès perquè entenc que el que fan vostès, i el que faran els que els seguiran, és com dic una de les tasques més nobles que pugui realitzar un ciutadà que defensa la seva societat i el seu país. (Aplaudiments.)

I dit això, voldria referir-me a la moció que ha presentat el senyor Muñoz Alonso, diguem que si les coses no canvien, no la podrem votar. Estic content que el senyor Muñoz Alonso hagi presentat aquesta moció, perquè com ell ha explicat la situació històricament i actualment de la persecució de grups cristians arreu del mon, o almenys d’una part molt important d’Àsia i d’Euroàsia i Àsia, és d’una gravetat extraordinària i mereix la pena que ens n’ocupem, val la pena que el Senat prengui una decisió.

També estic content que el senyor Muñoz Aonso accepti del Grup Socialista tres o quatre de les quatre primeres esmenes, que no eren ben bé una esmena, perquè recollien pràcticament el mateix que deia el senyor Muñoz Alonso, que les reculli i les faci seves.

Aleshores, jo em pregunto: fer l’èmfasi en la paraula reciprocitat, per què? Fins al punt de perdre la moció? Que no es podia aprovar? És tan important que digui reciprocitat com perquè no puguem votar tots unànimement? No es pot dir una altra paraula? No es aprovar una altra fórmula? Jo li suggereixo, ara, així mateix, home, diguem que en el més estricte...., en compte de en la més estricta reciprocitat, diguem en el més estricte respecte del concepte de llibertat religiosa en el món internacional, per exemple. Però és que reciprocitat, jo he tingut ocasió de comentar-l’hi, per mi és un tema potser equívoc, i pot tenir una interpretació molt diferent de la que vol el senyor Muñoz Alonso. Jo entenc el que proposa, i puc estar-hi d’acord, però sé que hi ha gent que interpretarà aquest punt com plantejar l’exigència que els seus grups religiosos en el nostre país puguin exigir, parlant de reciprocitat, el tractament que tenen aquests grups religiosos en els seus països. I això ens crearia una situació imagini aquests sectors musulmans diguessin: «Escolti, ara nosaltres, el mateix tractament a Espanya que tenen a la resta els cristians i també els catòlics». I entrem en una dinàmica que els que protestaran més, si això passa, si això passés, serien vostès. El més possible; encara potser que d’altres àmbits ideològics es podria acceptar una cosa d’aquest tipus, però els que estic segur que no ho acceptarien serien vostès. Per tant, per què no traiem la paraula reciprocitat que té aquest rerefons negatiu, i possiblement preocupant, per una altra fórmula que no pugui ser interpretada de cap manera? Jo li he dit aquesta, en el més estricte compliment del concepte de llibertat religiosa en el dret internacional. Punt. Ja ningú podrà interpretar si jo tinc dret ara, aquí, si jo exigeixo a l’Estat espanyol, o jo exigeixo a l’Estat francès que a mi em faci el mateix que a la religió cristiana. Això desapareix; i, escolti, pel que he sentit dels portaveus, si vostè accepta un tipus de fórmula així, i ens la suggereix en la seva última intervenció, votarem tots a favor, tenint en compte ja l’esforç que ha fet ja d’acceptar algunes de les fórmules del Partit Socialista.

Per tant, jo li demano que faci aquest últim esforç, en bé del que ha sigut la seva moció i del que potser la posició general del Senat. I bé, senyories, aquesta serà la nostra posició negativa, si no hi ha algun canvi, i positiva si hi ha aquest canvi.

Per la resta, ja els he dit: aquesta és la meva darrera, última intervenció, els agraeixo de tots vostès el tracte personal que m’han tingut durant tots aquests anys, i espero que ens seguim veient. Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Señor presidente, señoras y señores senadores, de aquí a un mes hará 32 años que soy parlamentario de España —25 años en el Congreso de los Diputados y ya más de 7 en el Senado—, y hoy es mi último discurso parlamentario.

En dos semanas presentaré mi renuncia como senador, tal como anuncié ya hace un tiempo. Es mi voluntad porque paso a realizar otras labores de interés personal para mí después de todos estos años de haber trabajado como parlamentario, como digo, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, aunque mi acción más persistente como parlamentario ha sido formar parte de las delegaciones internacionales y más en particular en el Consejo de Europa.

Se da la circunstancia de que este final de mi carrera parlamentaria se da en una ocasión muy especial. Yo, durante 32 años he hablado en castellano en el Congreso de los Diputados y en el Senado y justo en el momento en que me voy se me da la oportunidad de poderlo hacer en mi lengua propia, lo cual es una enorme satisfacción para mí y me hace pensar también que no hay mal que cien años dure. Es decir, aquellas cosas por las que hemos luchado se arreglan.

Y mi satisfacción va un poco más allá de la reacción de muchos medios de comunicación de ayer mismo. Ayer fue el primer día en que esto se pudo hacer, se pudieron hablar las lenguas oficiales y hoy




Página 5805


hemos visto lo que expresan muchos medios de comunicación y yo estoy algo triste. Estoy algo triste porque veo que se habla mucho del pinganillo y de frivolidades que, francamente, estoy en desacuerdo con ellas, pero además me parece un planteamiento gallináceo de la política, porque en esta cuestión de las lenguas nadie va al fondo de la cuestión, no lo he visto en ningún periódico y el fondo de la cuestión es que una institución central como el Senado español reconoce las lenguas oficiales o cooficiales y hace un reconocimiento en línea con lo que dice la Constitución de respeto y protección de las otras lenguas que no son el castellano, las hace suyas y demuestra así a los ciudadanos de aquellas partes de España donde hay otra lengua cooficial que la respeta, la hace suya y, por lo tanto, es un elemento de profundidad democrática constitucional y en relación con lo que debe ser el Senado, una Cámara territorial muy importante.

En todo caso, ya les digo que en mi último discurso tengo la satisfacción de poder hablar en catalán. También quiero decirles que estos años me han enseñado muchas cosas, he conseguido muchas amistades, como podrán comprender, de todos los grupos políticos. He tenido, en general, una relación magnífica con todo el mundo y he aprendido mucho de ustedes y de mis antiguos colegas en el Congreso de los Diputados. He comprendido, tras todos estos años, que quizás no hay una actividad más noble que desempeñar en nuestros países, en nuestras comunidades autónomas, en nuestras nacionalidades y regiones, pero también en el Estado español, el noble ejercicio de la política. Y he aprendido también que la inmensa mayoría de los políticos son honestos, honrados y que tienen un ideal de trabajo al servicio de los ciudadanos, contrariamente a lo que dicen esas tertulias indecentes que escuchamos todos los días y que quieren desprestigiar a los políticos para desprestigiar la política y para hacer daño a la democracia. Yo he entendido lo contrario, me voy orgulloso de haber trabajado en el campo en que han trabajado ustedes, porque entiendo que lo que hacen ustedes y lo que harán los que vengan después es, como digo, una de las labores más nobles que puede realizar un ciudadano que defiende a su sociedad y a su país. (Aplausos.)

Dicho esto, querría referirme a la moción que ha presentado el señor Muñoz-Alonso diciendo que si las cosas no cambian no la vamos a poder votar. Estoy contento de que el señor Muñoz-Alonso haya presentado esta moción porque, como ha explicado él mismo, la situación históricamente y actualmente de la persecución de los grupos cristianos en todo el mundo o, al menos, en una parte muy importante de Eurasia y Asia es de una gravedad extraordinaria y merece la pena que el Senado tome una decisión al respecto.

También estoy contento porque el señor Muñoz-Alonso ha aceptado tres o cuatro de las primeras enmiendas, aunque no eran realmente enmiendas porque recogían prácticamente lo mismo que decía el señor Muñoz-Alonso. Pero, bueno, que las recoja y las haga suyas.

Entonces, yo me pregunto, hacer hincapié en la palabra reciprocidad, ¿para qué? ¿Hasta el punto de perder la moción, de que no se pueda aprobar? ¿Tan importante es que diga reciprocidad como para no poder votar todos unánimemente? ¿No se puede utilizar otra palabra? ¿No se puede hallar otra fórmula? Yo le sugiero aquí mismo que en lugar de» en la más estricta reciprocidad» digamos, por ejemplo, «en el más estricto respeto del concepto de libertad religiosa en el mundo internacional». Reciprocidad —yo he tenido ocasión de comentárselo— para mí es algo que puede llevar a equívoco y puede tener una interpretación muy distinta de la que el señor Muño-Alonso pretende. Yo entiendo lo que propone y puedo estar de acuerdo, pero sé que hay gente que va a interpretar ese punto como un derecho de los grupos religiosos en nuestro país a exigir —si se habla de reciprocidad— el trato que tienen esos mismos grupos religiosos en sus países. Eso nos crearía una situación complicada. Imaginen ustedes, por ejemplo, a estos sectores musulmanes que hemos comentado, pues podrían decir que quieren el mismo trato en España que tienen el resto de los cristianos y también los católicos. Si esto llegase a pasar los que van a protestar más serían ustedes. Dirían: ¿Cómo es posible? Quizás desde otros ámbitos ideológicos se podría aceptar algo de este tipo, pero estoy seguro de que quienes no lo aceptarían serían ustedes. ¿Por qué no quitamos entonces la palabra reciprocidad que tiene ese transfondo negativo y probablemente preocupante y usamos otra fórmula que no puede ser interpretada de ninguna otra forma? Yo le he dicho, por ejemplo, «en el más estricto cumplimiento del concepto de libertad religiosa en el derecho internacional», y nadie va a poder interpretar si yo tengo derecho aquí o si yo exijo aquí en el Estado español o en el Estado francés que a mí se me dé el mismo trato que a la religión cristiana. Eso desaparece.

Por lo que he oído a los otros portavoces, si aceptan ese tipo de fórmula y la sugiere usted en su última intervención, votaremos todos a favor. Todos vamos a votar a favor teniendo en cuenta ya el esfuerzo que ha hecho de aceptar algunas de las fórmulas del Partido Socialista. Por lo tanto, yo le pido




Página 5806


que haga ese último esfuerzo por lo que ha sido su moción y lo que puede ser la posición general del Senado.

Señorías, esa va a ser nuestra posición, negativa si no hay ningún cambio y positiva si hay ese cambio. Por lo demás, ya les he dicho que esta es mi última intervención. Les agradezco a todos el trato personal que me han dado durante todos estos años y espero que nos sigamos viendo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Gutiérrez.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, intervengo ahora para manifestar la posición de mi grupo. Todavía tengo esperanza de que podamos alcanzar algún acuerdo. Pienso que la dificultad está precisamente en el punto 5 de su moción y quizás ese término que usted propone puede llevar a graves confusiones.

Sinceramente, yo lo he interpretado de la siguiente manera. Usted nos propone en su moción que Naciones Unidas —porque la Alianza de Civilizaciones fue una iniciativa del presidente Zapatero, que se concretó luego en una iniciativa de Turquía y España, que hizo suya Naciones Unidas— acepte condiciones en la aplicación del artículo 18 de su declaración universal. Pero, señoría, ese es el problema —le aseguro que esa es mi interpretación—. Aunque también tengo que decir que saludo muy efusivamente que el Grupo Popular, por fin, parece que se ha dado cuenta de la importancia de la Alianza de Civilizaciones.

Quizá convenga profundizar en la función que debe cumplir, para lo que me voy a referir a las palabras del secretario general de Naciones Unidas cuando define cuáles son sus funciones, más allá de lo que usted y yo pensemos —y leo textualmente—: El papel de la Alianza es tender puentes, catalizar esfuerzos concretos y prácticos destinados a promover la confianza y la cooperación entre las diversas culturas. Por lo tanto, todo lo contrario de plantear exigencias, por bienintencionadas que estas puedan ser.

Pero, en segundo lugar, también porque la defensa de los derechos humanos no es negociable. Nuestros Estados —entre ellos, España— no van a negociar los derechos de sus ciudadanos, de cualquier creencia, porque otro país los niegue a los suyos. Por tanto, no puede haber ningún tipo de reciprocidad entre que yo dé derechos a mis ciudadanos si tú das derechos a los tuyos. Creo que eso es inaceptable, señoría, salvo que usted quiera decir otra cosa, aunque esto es lo que yo entiendo del punto 5 de su moción.

En tercer lugar, porque la propuesta del Partido Popular puede llevar también a una confusión entre lo que son Estados islámicos y los grupos terroristas internacionales que se apoyan en el fundamentalismo religioso.

En cuarto lugar, porque lo contrario de un Estado islámico no es un Gobierno cristiano, sino Estados aconfesionales, que constituyen la inmensa mayoría de la Unión Europea. La aconfesionalidad del Estado es precisamente la garantía de que cualquier ciudadano pueda ejercer libremente su derecho a la libertad de pensamiento, religión y conciencia. De nuevo, no es posible plantear eso de que mi país da libertad a los ciudadanos musulmanes a cambio de que tu país dé libertad a tus ciudadanos cristianos. La libertad en este contexto no es negociable ni es una mercancía, señoría.

Insisto, son nuestros Estados los que protegen la libertad de los ciudadanos frente a las imposiciones ideológicas. Esto es precisamente lo que tratamos de hacer ver a otros Estados en proceso de democratización. Eso sí, además de las iniciativas a las que hemos hecho referencia, es posible que existan otros mecanismos para realizar presión a terceros países en relación con el respeto de los derechos humanos, pero no situando una equivalencia en el ejercicio de estos derechos en distintos países. Le pongo un ejemplo, señoría. En cuanto a la política comercial, la política de inversiones de países terceros, ahí sí es posible. En concreto, la política comercial de la Unión Europea, que es una parte esencial de la política exterior de la Unión Europea, sí está imponiendo —aquí sí se puede hacer— el respeto de los derechos humanos en un país con el que se negocian determinadas concesiones comerciales, por el carácter previo y obligatorio de la vigencia de las mismas. Es en ese ámbito donde es posible establecer exigencias como las que usted está planteando.

No quiero terminar de explicar el posicionamiento de mi grupo sin recordar, porque usted ha hecho mención a ello, la no posición beligerante del Gobierno español en relación con el respeto de la libertad religiosa. Yo querría recordar que durante la Presidencia de España de la Unión Europea se tomaron una serie de iniciativas para que se propiciara el respeto del ejercicio del derecho a la libertad religiosa; en concreto, se presentó una iniciativa en junio de 2010 sobre la libertad de religión y creencia. Esta iniciativa




Página 5807


ya ha empezado a dar sus frutos con la inclusión de este asunto en todos los diálogos pertinentes con países como Afganistán, China, Turquía, Iraq, Irán, Egipto, Pakistán, entre otros.

Esta iniciativa europea sobre libertad de religión y creencia también ha llevado a la realización de acciones individuales. El Gobierno de España, de acuerdo con el espíritu del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha incidido defendiendo de manera activa y contundente esta posición a favor de la libertad religiosa y de creencia de todos los ciudadanos pertenecientes a minorías cristianas. Entendemos que la muerte o persecución de una persona por sus creencias es tan grave tanto si pertenece a una minoría cristiana como si pertenece a una minoría chií o una minoría suní.

Celebramos, por ello, la preocupación del Partido Popular por la situación actual de las minorías cristianas y nos gustaría ver que su preocupación se extiende asimismo a otras creencias también perseguidas. Pensamos que para llevar a cabo una acción eficaz es importante alcanzar amplios consensos, y este, el Senado, es un sitio apropiado para ello.

Usted ha hecho mención a las iniciativas que se están produciendo en el seno del Parlamento Europeo. Allí hay, efectivamente, iniciativas de los dos grandes grupos políticos, iniciativas socialistas también, para la defensa de la libertad religiosa y en contra de la persecución de las personas por sus creencias. Se viene produciendo también ese debate en el seno de la Unión Europea, del Consejo, de la Comisión, y espero que el Parlamento alcance una resolución común. Nuestro grupo así lo está intentando.

Aquí también queremos lograrlo y todo ello debe tener por objeto esa defensa del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esperamos, señoría, consensuar una enmienda transaccional que permita que en el Senado, además de rechazar de forma contundente e inequívoca los ataques terroristas sufridos por comunidades cristianas en determinados países, también alcancemos una unanimidad que nos permita mostrar que por encima de diferencias ideológicas podemos conseguir un amplio acuerdo en esta materia.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que estoy un tanto sorprendido del enorme montaje, creo que multiforme y poliédrico, que han hecho en torno a la palabra reciprocidad, que es muy simple, les puedo asegurar que toda la opinión pública lo entiende perfectamente bien. (Rumores.)

Este debate que estamos teniendo hoy aquí se ha mantenido también bastante en la sociedad y en los medios de comunicación, y ha aparecido insistentemente la expresión reciprocidad porque la entiende todo el mundo y la entiende de una manera muy sencilla, y en la moción lo explico. ¿En qué consiste la reciprocidad? Está clarísimo, digo exactamente que consiste en: …de modo que los cristianos gocen en aquellos países de las mismas garantías para la profesión y práctica de sus creencias religiosas que las que disfrutan los musulmanes en los países occidentales.

Lo entiende todo el mundo así y yo lo he reflejado aquí así, por eso no me explico por qué ahora a ustedes esa palabra, que me parece clave porque es una palabra, como digo, muy aceptada por la opinión pública y que la opinión pública entiende muy bien para comprender este problema, no les parece bien.

Solo pido pura y simplemente que, de verdad, apliquemos el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no voy a volver a leer. Lo mismo que nosotros en nuestros países occidentales respetamos ese artículo que lo respeten ellos. En eso consistiría, en última instancia, la reciprocidad.

En la legislatura pasada tuvimos aquí en esta Cámara —y no terminó sus trabajos, desgraciadamente— una ponencia sobre las relaciones entre Islam y Occidente, en la que precisamente formaba parte de la misma el senador De Puig. Él recordará muy bien que, insistentemente, en nuestros debates salía la palabra reciprocidad, y eran miembros de su grupo los que decían: si no partimos de la reciprocidad no avanzamos en absoluto. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí, pero ustedes han hecho una elaboración complejísima como si la reciprocidad fuera una palabra cargada de no sé sabe qué consecuencias negativas, peligrosas y explosivas que sería mejor explicar. No estoy en absoluto de acuerdo.

¡Claro que estamos en Estados confesionales en el mundo occidental! ¿Y qué es lo que pedimos a estos Estados? Que creen las condiciones suficientes para que los fieles de las distintas minorías o creencias puedan desarrollar su fe, sus cultos, etcétera, con absoluta libertad. Eso que nosotros tenemos plenamente asumido pedimos que también lo hagan en los otros países. Ya




Página 5808


sabemos que no lo van a hacer de golpe ni de una sola vez, pero que vayan avanzando en esa dirección. Además, está hasta en los textos de la propia Alianza de Civilizaciones.

Aquí tengo el II Plan Nacional de la Alianza de las Civilizaciones 2010-2014, uno de cuyos puntos dice claramente: el II Plan persigue garantizar el ejercicio de la libertad religiosa o de creencia y la convivencia pacífica de las diferentes confesiones religiosas. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Eso es reciprocidad, o no? A mí me extraña mucho que de pronto discutan incluso los propios textos que han salido del Gobierno aunque no aparezca esa palabra que a ustedes, por las razones que sean, les pone excesivamente nerviosos. No queremos ni más ni menos que se cumpla estrictamente la letra y el espíritu de estos textos que al final suponen que lo que ya estamos haciendo en países como los nuestros se llegue a hacer también en esos otros donde se están produciendo estas persecuciones a unas minorías cristianas. Estamos hablando ahora de las cristianas, pero podíamos hablar —y creo que en alguna ocasión hemos hablado aquí— de otras minorías que, por supuesto, también merecen protección, como los bahá´í, en Irán, a los que también tendríamos que dedicarles en algún momento atención porque están muy perseguidos desde muchos puntos de vista.

Eso es lo que estamos pidiendo, hablar ahí de reciprocidad porque nosotros estamos donde estamos; estamos aquí, y lo que estamos diciendo es que lo que hacemos aquí en el mundo occidental —no me refiero a España— y lo que en el mundo occidental es una práctica asumida, se haga también en esos otros países. Lo que observo, además —también lo he dicho en mi intervención— es que nos encontramos en una regresión, porque hay algunos países donde había una cierta presencia aceptada de esas minorías. Podría recordar, por ejemplo, a Egipto, donde el señor Butros-Ghali, perteneciente a una familia copta de larga tradición, llegó a ser incluso secretario general de Naciones Unidas y tuvo cargos, por supuesto, en su Gobierno. Ahora esos coptos, que antes en Egipto eran absolutamente aceptados, empiezan a ser perseguidos y empiezan a tener dificultades. Y levantamos la voz frente a esa situación, frente a esa regresión.

La palabra reciprocidad me parece que expresa muy bien una buena parte de ese problema. Desde luego, lo que me deja muy sorprendido —ya se lo he dicho y lo repito— es que me hablen de equivalencia. Por favor, no utilicen esa palabra: es una palabra típica de ciertos sectores del radicalismo islámico, que utilizan para justificar la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, y se lo digo porque lo he estudiado con un cierto detenimiento y me dejó muy sorprendido cuando me dijeron: no, los derechos de las mujeres no son iguales, pero son equivalentes. ¿Y qué significa que son equivalentes? Que como la biología las ha hecho distintas, necesitan tener una regulación diferente, y a partir de ahí viene todo: desde el burka hasta la desigualdad de derechos ante los tribunales, etcétera. Eso no lo vamos a aceptar, y por eso me parece que es mucho mejor utilizar la palabra reciprocidad que la palabra equivalencia.

Me gustaría que lo pensaran y que lo aceptaran. Considero que el significado está explicado, que no es una palabra dejada al albur, para ver qué piensan unos y qué piensan otros. Me gustaría que pudieran comprender que ahí está la clave y toda la enjundia de esta moción, en la que, por otra parte, estamos todos de acuerdo. Por favor, no echemos para atrás esta moción por una sola palabra del texto original.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La señora Gutiérrez del Castillo pide la palabra.)

Senadora Gutiérrez, tiene la palabra.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, quiero presentarle una propuesta al ponente del Grupo Parlamentario Popular.

Efectivamente, podemos cambiar la palabra «equivalente». No obstante, le propongo que acepten lo siguiente: (…) «de manera que se alcancen los mismos niveles de derechos que se disfrutan en España.»

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor presidente, si me pasan por escrito el texto, con mucho gusto lo estudiaré. Pero sigo sin entender por qué hay que eludir la palabra «reciprocidad».




Página 5809


El señor PRESIDENTE: Señorías, la votación de esta moción tendrá lugar —si es que hay acuerdo o continua el desacuerdo— con posterioridad al debate y votación de la siguiente moción.

— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PONER FRENO AL INCREMENTO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS. (Número de Expediente Senado 662/000154.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para poner freno al incremento de las tarifas eléctricas.

A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Palacios. (Rumores.)

Señoría, espere un momento a que se haga silencio en la Cámara. (Rumores.)

Señorías, ruego silencio o abandonen el hemiciclo.

Comience, señoría.

El señor PALACIOS ZUASTI: Señor presidente, señorías, buenos días a todos.

El año 2011 ha comenzado con la mayor subida en el recibo de la luz que se recuerda desde los años ochenta, sumada a las subidas de otros precios también regulados como el gas natural, el butano o el AVE. Para 17 millones de familias y para pequeñas empresas que están acogidas a la tarifa del último recurso, la luz ha subido casi un 10%. Hasta el ministro Sebastián ha tenido que reconocer que se trataba de una medida fuerte y excepcional. Es una medida que ha batido todos los récords, es un desatino económico, es una barbaridad política y, además, se ha tomado en el peor momento de la crisis: cuando las economías familiares se encuentran castigadas por una cadena de aumento de precios en los servicios básicos, cuando se han suprimido ayudas públicas, cuando han desaparecido deducciones fiscales, cuando se están produciendo los peores pronósticos sobre el desempleo, cuando muchas familias están afectadas por el paro, los recortes salariales y la congelación de pensiones, así como por la subida del IVA. La medida se ha tomado cuando los precios se disparan situando a la inflación en la temida barrera psicológica del 3%, y cuando ya se está hablando de riesgo de estrangulación de nuestra economía. En definitiva, ha sido tomada cuando la concurrencia de todos estos factores económicos hace temer una crisis de empobrecimiento social.

Lamentablemente, esta subida del precio de la luz no es la primera ni será la última que acuerde este Gobierno. Es más, es una de las muchas que se vienen produciendo desde que Miguel Sebastián es ministro de Industria, que cuenta con el triste honor de que, en el tiempo que lleva en el Gobierno, la luz se haya encarecido un 43%, muy por encima de la inflación y sextuplicando de largo la subida del IPC. En el tiempo que el señor Sebastián lleva de ministro de Industria, un usuario que en el año 2007 pagaba por su recibo de la luz 38 euros al mes tiene que pagar ahora 54, es decir 16 euros más, cantidad que está muy por encima de ese manoseado precio de un café con el que, con muy poca fortuna, trató de ironizar el ministro.

Es sabido, y así lo señalan los datos de Eurostat, que con los gobiernos del Partido Popular la luz bajó un 14,2% y que nunca subió por encima de la inflación. Pues bien, con los gobiernos de Zapatero, desde el año 2004 ha subido más de un 60%, con lo que se ha situado por encima de la media de la Europa de los 27 y ha sobrepasado el precio que se paga en países como Francia, Finlandia, Reino Unido y Portugal. Este es un escenario que no podemos por menos que calificar de lamentable, porque resta competitividad a nuestra economía, y es sabido que la crisis que padecemos en España es una crisis de competitividad. Y si nuestros costes de producción son mayores que los de nuestros vecinos y no podemos devaluar nuestra moneda, estamos abocados a seguir en la sima de la crisis en que nos encontramos.

Este Gobierno ha tenido que subir las tarifas eléctricas para pagar en gran medida los errores de la política energética del señor Zapatero. En un reciente informe que ha publicado el Ministerio de Industria, aparece, negro sobre blanco, esa demencial política energética que se ha seguido durante estos años, basada en la demagogia, que tiene como único objetivo buscar la rentabilidad política a corto plazo, ignorando las consecuencias que puedan tener tales medidas sobre la competitividad y la eficiencia de nuestro país. Una política que consiste en subvencionar una serie de energías carísimas y de escasa eficiencia, al tiempo que se cierran centrales nucleares como la de Garoña. Este Gobierno está obsesionado en ser el primero que realice un despliegue masivo de tecnologías inmaduras. Por eso ha puesto en




Página 5810


marcha una serie de parques eólicos y fotovoltaicos, y una serie de plantas de biocombustibles de los cuales solamente una parte están justificados. Y como consecuencia de todas estas decisiones, ahí están los 6000 millones euros que hay que pagar como subvención a su explotación. Esta política energética ha llevado a que en España se hayan duplicado las energías renovables entre 2004 y 2010 y a que las subvenciones que hubo que pagarles a estas ascendieran en el año 2009 a 6200 millones de euros. Lamentablemente, este Gobierno lleva muchos años haciendo una política energética de cara a la galería y, al tiempo que cerraba plantas nucleares seguras con un coste marginal de 15 euros megavatio/hora, ponía en marcha de forma masiva unos parques solares que le cuestan al sistema 450 euros megavatio/hora, es decir 30 veces más.

Esta política energética es la que ha provocado que el recibo de la luz haya subido un 43% en los últimos tres años y que tengan que ser los ciudadanos los que se rasquen el bolsillo para pagar los disparates provocados en gran medida por razones ideológicas. Una política que invierte tan solo 200 millones de euros anuales en I+D+i y se permite el lujo de pagar subvenciones a la explotación de instalaciones de generación en régimen especial de 6200 millones al año; creo que es descabellado invertir tan poco en I+D+i y derrochar tanto en subvenciones, en una época en la que existen tantos cambios tecnológicos. Una política energética que ha tenido como consecuencia que el déficit tarifario se dispare pasando de los 1499 millones de euros en los que estaba cifrado en el año 2004 a los 18 000 del momento presente.

Esa política energética errática de este Gobierno está igualmente repercutiendo en el recibo de la luz, y no es justo. No es justo que estén unidos el concepto de coste energético, es decir todo lo que se refiere a la generación, el transporte y la distribución de la energía, y el de fiscalidad efectiva, es decir las subvenciones, las primas, etcétera. Lo que hay que hacer es separar ambos conceptos y asignar el pago de cada parte a quien le corresponda, de tal forma que se cargue a los presupuestos lo que es de los presupuestos, y a los consumidores lo que a ellos les corresponde. En estos momentos, a la parte relativa al coste de la energía que consumen los usuarios solamente le corresponde el 45,6%, y el resto, hasta llegar a cien, está integrado por las subvenciones a las renovables, por los impuestos, por el déficit de tarifa y por otros conceptos, entre los que se encuentra el de la moratoria nuclear. Pues bien, todos esos conceptos que están destinados a pagar primas, subvenciones e impuestos, que son consecuencia de decisiones políticas y que se elevan hasta constituir el 47%, los tiene que pagar también el ciudadano en el recibo de la luz, del que tan solo el 53%, como les digo, está destinado a remunerar el coste real de la energía que él consume. Esto no es justo. El coste de todas esas decisiones políticas no debe cargarse en el recibo de la luz, sino que lo tiene que pagar el que ha tomado esas decisiones, porque ya sabemos que es muy fácil tirar con pólvora del rey.

Unos días antes de que se produjera esta subida récord de las tarifas eléctricas, en vísperas de Nochebuena, el Gobierno nos sorprendió con la aprobación de un real decreto ley que, a modo de testamento, redactó el secretario de Estado de Energía, que pocos días después iba a ser destituido. Un real decreto que pone en evidencia la grave situación en la que se encuentra el sector y que contiene un conjunto de medidas marco con las que se trata de articular un nuevo marco regulatorio con el que el Gobierno pretende ahorrarse más de 4600 millones de euros hasta el año 2013. El Gobierno ha metido la tijera y, por ley, ha abaratado las cargas del sistema eléctrico, para lo cual, entre otras cosas, ha suprimido una parte de las subvenciones a las renovables, especialmente a las fotovoltaicas; es decir que, a mitad de partido, ha cambiado las reglas de juego que él mismo había establecido para los que hicieran inversiones en fotovoltaicas. Con esta medida está abocando a muchos inversores a la quiebra. Les puedo poner el ejemplo de mi tierra, de Navarra, donde hay cerca de 30 000 familias afectadas, que tienen créditos personales que no van a poder devolver: están abocadas a la quiebra, como les digo. Además, la medida está dañando la imagen de España, ya que pone de manifiesto que en este país no existe seguridad jurídica; que, como en las repúblicas bananeras, se da la incertidumbre regulatoria, que es lo peor que puede ocurrir, porque ahuyenta a los inversores, tanto a los nacionales como a los extranjeros.

Este real decreto del 23 de diciembre vio la luz sin que el Partido Popular, el principal partido de la oposición, fuera consultado o informado. Seis meses antes, en el mes de julio, desde esta misma tribuna, el ministro de Industria, respondiéndome a una interpelación, me decía que la política energética es una política a largo plazo, por lo que es muy importante tener clara la hoja de ruta que se quiere seguir, que hay que intentar consensuar con todos los partidos con representación parlamentaria. Pues bien, seis meses después, esas palabras tan bonitas parece que se las ha llevado el viento, porque, como les he indicado, este real decreto se aprobó sin consultarle al Partido Popular. Esto demuestra la incapacidad de




Página 5811


este Gobierno para llegar a acuerdos, y es muy grave. Para salir de la crisis que padecemos, que ahora tiene —dicen los economistas— forma de «L» y estamos en el fondo, para que pase a tener forma de «V» y podamos remontarla, es preciso acometer una serie de reformas: laboral, financiera, de la educación, de la justicia y también, cómo no, de la energía, porque las cuestiones energéticas son una cuestión de Estado. Por eso, cuando nos encontramos con un sinfín de frentes abiertos en política energética, cuando tenemos una situación muy parecida a la del año 1985 pero con un mix mucho menos eficiente y con mayor dependencia de las fuentes de energía primaria del exterior, es preciso que sin dilación se alcance un pacto de Estado que permita recomponer un mix de generación que vuelva a ofrecer a los ciudadanos y a las empresas españolas una energía eléctrica barata, segura, competitiva y respetuosa con los objetivos medioambientales.

El Partido Popular tiende la mano al Gobierno una vez más, para tratar de buscar las fórmulas que nos permitan tener un sistema energético lo más barato posible; es decir, todo lo contrario de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, que tenemos el más caro. Tendemos la mano para acabar de una vez por todas con el déficit tarifario, para resolver la crítica situación en la que se encuentra nuestro sistema eléctrico. Pero, de todas formas, el Gobierno es el que tiene la responsabilidad de gobernar. Si quiere nuestro apoyo tiene que venir con una hoja de ruta —en palabras del ministro Sebastián— en la que estén plasmadas sus políticas, para que podamos debatirlas.

Esto es, ni más ni menos, señorías, lo que estamos solicitando con esta moción que ahora debatimos, que espero cuente con el apoyo de esta Cámara. Con la esperanza de este apoyo, les doy las gracias a todos ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de enmiendas.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president, senyories, bon dia a tothom.

El nostre grup parlamentari ha presentat una esmena de substitució a la moció que presenta el Grup Parlamentari Popular. En el sentit d’instar el govern a donar un ràpid i degut compliment a les conclusions que aprovi el Ple del Congrés dels Diputats en relació a l’informe de la subcomissió d’anàlisi de l’estratègia energètica espanyola per als propers vint-i-cinc anys. Amb la finalitat de dur a terme una política energètica a llarg termini que sigui eficient, competitiva i que permeti minimitzar els increments de les tarifes elèctriques. Considerem, des del nostre Grup Parlamentari, que el treball que ha realitzat la Subcomissió del Congrés dels Diputats ha tingut un ampli recolzament parlamentari que de ben segur també tindrà un recolzament del sector energètic.

Aquest acord ha d’aclarir les incerteses i fixar les bases d’un nou model energètic. No solament un model energètic més autosuficient i competitiu, sinó també compromès amb els hàbits d’estalvi i eficiència per aconseguir un desenvolupament sostenible i cercar cada cop més la seva integració a Europa fins aconseguir un mercat europeu de l’energia. Per tant, nosaltres entenem que aquest és el camí i l’única manera de resoldre els problemes energètics espanyols com són el dèficit tarifari i sobretot la gran dependència exterior i, per tant, tenir una energia competitiva que afavoreixi la competitivitat, l’eficàcia dels sectors productius a un preu adequat i també que els usuaris domèstics tinguin el preu i no pateixin aquestes pujades que en aquests moments estan tenint.

Per tant nosaltres, des del nostre grup parlamentari, el que fem és demanar al Partit Popular que tingui en compte aquesta esmena que fa referència a un treball que té uns amplis acords i que en definitiva hem de buscar el màxim consens possible tant en l’àmbit parlamentari com també en l’àmbit del sector energètic. I en definitiva pensem que tard, però s’està iniciant el bon camí per arribar a resoldre els greus problemes del sistema energètic espanyol. Per tant, demano al senador del Partit Popular que accepti aquesta esmena amb la qual cosa iniciaríem un procés per intentar resoldre els problemes que tenim.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente, señorías. Buenos días a todos.

Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución a la moción del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de instar al Gobierno a dar un cumplimiento rápido a las conclusiones que aprobó el Congreso de los Diputados sobre el informe de la Subcomisión de Análisis de la Estrategia Energética




Página 5812


Española para los Próximos 25 Años, con la finalidad de llevar a cabo una política energética a largo plazo, que sea eficiente y competitiva, y que permita minimizar los incrementos de las tarifas eléctricas. Consideramos que el trabajo que ha realizado la subcomisión del Congreso de los Diputados ha tenido un amplio apoyo parlamentario, y seguro que contará también con el del sector energético.

Este acuerdo debe aclarar las incertidumbres y fijar las bases de un nuevo modelo energético; un modelo energético no solo más autosuficiente y competitivo, sino también comprometido con los hábitos de ahorro y eficiencia, para conseguir un desarrollo sostenible y buscar cada vez más su integración en Europa, hasta conseguir un mercado europeo de la energía. Este es el camino y la única manera de solucionar problemas energéticos españoles como el déficit tarifario y, sobre todo, la gran dependencia exterior, y tener una energía competitiva que, en definitiva, favorezca la competitividad, la eficacia de los sectores productivos a un precio adecuado, así como que los usuarios domésticos dispongan de un buen precio y no sufran las subidas que sufren en estos momentos.

Nuestro grupo parlamentario le pide al Grupo Parlamentario Popular que tenga en cuenta esta enmienda, que hace referencia a un trabajo que cuenta con amplios acuerdos. En definitiva, debemos buscar los máximos consenso posibles, tanto en el ámbito parlamentario como en el del sector energético. Aunque tarde, se está iniciando el buen camino para llegar a resolver los grandes problemas que tiene el sistema energético español. Por tanto, le pido al senador del Grupo Parlamentario Popular que acepte esta enmienda, con la que vamos a iniciar un proceso para intentar resolver los problemas que tenemos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Durán para defender la enmienda.

La señora DURÁN FRAGUAS: Señor presidente, señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para presentar una enmienda de modificación a la moción relativa al incremento de la tarifa eléctrica.

En nuestra enmienda, que ahora pasaré a explicar, pedimos que se suprima el punto número uno; pedimos una redacción distinta para el punto número dos, que después enunciaré; y manifestamos nuestra conformidad con los puntos números tres y cuatro de la moción original.

El primer punto de la moción que ha presentado el senador Palacios hace referencia a cómo poner freno al incremento del precio del recibo de la luz, que resulta excesivo, en su opinión, injusto e injustificado. Quiero recordarles que estamos hablando de la tarifa de último recurso, que contiene dos conceptos, cada uno de los cuales viene a constituir aproximadamente la mitad del peso de la tarifa, que reflejan la evolución del coste de la energía en el mercado libre, un mercado liberalizado porque así se ha decidido. Quiero recordarles también, señorías, que no podemos liberalizar los mercados y, a la vez, intervenir, porque eso es imposible. Por tanto, tenemos una parte en el mercado libre y otra regulada, que es la que fija el Gobierno: los denominados peajes que, como ya se ha recordado, retribuyen el uso de las redes de distribución, el transporte de las redes de alta tensión, las primas a las energías renovables —que ya se han mencionado también— y otros conceptos. Claro, sería interesante saber qué es lo que propone el Partido Popular sobre este asunto. Hablan de primas de energías renovables, pero ¿en cuánto las queremos dejar? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es la planificación que queremos? No lo sabemos.

De todas maneras, ¿qué hemos hecho nosotros? Con el fin de contener el incremento del recibo de la luz, el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: ha regulado para dejar congelada la parte regulada de la tarifa de último recurso, que es sobre la que tiene capacidad de decidir; porque la otra es el resultado de una subasta en el CESUR, celebrada el 14 de diciembre, que produjo un aumento del 21,3%, nada menos. El coste de la energía refleja, evidentemente, la evolución al alza de los costes de los combustibles fósiles que utilizamos para generar electricidad: el del barril del petróleo ha sufrido una subida espectacular; además, hay que contar con el efecto estacional de los meses de invierno, en que el consumo de los hogares se dispara justo en las horas del día en que el precio de la electricidad es más caro. Esa subida está en línea con lo que ha pasado en el resto de Europa, que está aplicando incrementos de los precios. Desde luego, no creo que reflejen para nada lo que haya ocurrido con una central, Santa María de Garoña, que, por cierto, todavía sigue funcionando. La liberalización energética implica la no intervención del Gobierno en la evolución de los costes de la energía allá donde no puede intervenir, pero, evidentemente, refleja lo que está pasando.




Página 5813


Aparte de esto, les recuerdo también que se ha actuado para evitar que la subida perjudique. El señor Palacios hablaba de 17 millones de familias, que a nosotros también nos preocupan, no podría ser de otra manera. Lo que ha hecho este Gobierno, y lo que nosotros apoyamos como Partido Socialista, es proteger a los más débiles, eso se ha hecho: se ha ampliado la vigencia del bono social hasta 2013. Los acogidos al bono social son por el momento 3 millones de hogares, pero hay 5 millones que podrían acogerse. Por cierto, en esta Cámara se aprobó una moción para hacer una campaña para que esos hogares conozcan las ventajas con que pueden contar y se puedan acoger a ellas. Hay 13 millones de personas que podrían acogerse ahora mismo al bono social, que no tuvo subida ni en 2009 ni en 2010, y tampoco la tendrá en 2011 ni 2012 ni en 2013. Por tanto, la protección de los más débiles está garantizada. Por otra parte se ha publicado un real decreto —ya se ha hablado aquí de él—, cuyas medidas van a contribuir a rebajar en 4600 millones de euros los costes del sistema, que es importante.

En cuanto al número dos, proponemos dejar el siguiente texto: «Definir la política energética de España a largo plazo tomando como marco —como comentaba el senador Alturo— el pacto alcanzado en la subcomisión de análisis de la prospectiva energética española para los próximos 25 años en la definición del mix energético que tendrá España en el año 2020». Me parece interesante aprovechar ese trabajo, que ha sido muy eficaz, porque se ha hecho con absoluta profesionalidad.

Proponemos que queden como estaban los puntos tres y cuatro, aunque me gustaría hacer un comentario sobre el último, el que hablaba de introducir mejoras en las redes de interconexión eléctrica transfronterizas, porque en eso el Gobierno se ha implicado mucho. Ha sido un tema importante en la presidencia europea, un eje de la política energética. El primer acuerdo que tenemos es del 27 de junio de 2008. En esa fecha se firmó un acuerdo con Francia, que permite la interconexión eléctrica. Evidentemente, tenemos que trabajar en ello y dejar de ser una isla energética.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Senador Palacios, tiene la palabra para manifestar la posición sobre las enmiendas que acaban de debatirse.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Las dos enmiendas que se han presentado a esta moción, la del Grupo de Convergència i Unió y la del Grupo Parlamentario Socialista, se refieren al informe de la Subcomisión de Análisis de la Estrategia Energética Española para los Próximos 25 Años, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Industria, el día 15 de diciembre. Esa subcomisión ha desarrollado sus trabajos durante año y medio, desde mayo de 2009, y el Grupo Parlamentario Popular ha trabajado en ella con absoluta lealtad, para lograr un consenso entre todos de modo que el futuro energético de este país sea más prometedor que el presente. No lo logró, y el informe de la subcomisión se aprobó: el resultado de la votación fue de 21 votos a favor y 17 en contra, entre los que estaban los 16 votos del Partido Popular.

Tal y como lo expuso allá en el Congreso nuestro portavoz, votaron en contra porque el documento final no incluía las aportaciones de los grupos y, más en concreto, las aportaciones del Grupo Parlamentario Popular. Nuestros compañeros del Congreso presentaron entonces un voto particular al documento de la subcomisión, con el que trataron de explicar los motivos por los que, después de haber trabajado durante año y medio y de haber asistido a 60 comparecencias, no se había logrado un acuerdo en temas tan sensibles como el déficit tarifario, el mix energético, el papel que tiene que desempeñar la energía nuclear en el futuro dentro de nuestra generación de energía o el problema de las tarifas eléctricas. Los diputados del Partido Popular entendían que había un conjunto de materias sobre las que era necesario reflexionar más y buscar un consenso, y que lo que había que hacer era no ideologizar estos temas, como se hacía en el documento que se había aprobado. Su pretensión era que la Comisión de Industria devolviese el informe a la subcomisión para que esta, en el plazo de tres meses, lo reformulara, si era posible, para conseguir un documento que considerara todas estas materias. Se quería convertir la energía en algo parecido a lo que en el pasado fue el Pacto de Toledo, para que de la subcomisión saliera un documento que contara con el consenso de todos y que contuviera las materias que todos ellos considerasen que eran importantes. Esta propuesta no fue aceptada, y como mis compañeros en el Congreso entendieron que en el documento final los asuntos que a ellos les preocupaban estaban muy acotados y no se recogían como ellos consideraron que era preciso, es por lo que tuvieron que votar en contra.

En nuestra opinión, ha sido una ocasión perdida, porque dejar fuera al principal partido de la oposición, que muy pronto puede tener las responsabilidades de gobierno, no es bueno en materia de energía. No




Página 5814


se ha logrado redactar un documento en el que se recoja un proyecto que despeje lo que tiene que ser la política energética en el futuro. Por eso, al remitirse estas dos enmiendas a ese informe, que no contó con nuestro voto, no podemos ahora aceptarlas. Es más, en el caso de CiU me parece que es algo imposible, porque lo que está diciendo es que el Senado insta al Gobierno a dar rápido y debido cumplimiento a las conclusiones que apruebe el Pleno del Congreso de los Diputados en relación al informe.

Pues bien, según tengo entendido y según he leído en el Diario de Sesiones de la Comisión de Industria del Congreso del día 15 de diciembre, allí lo que se acordó fue que se aprobaba el informe y que no se elevaba al Pleno del Congreso. Por lo tanto, esto no serviría. De todas formas, nosotros no podemos remitirnos a un documento que ha contado con el voto en contra del Grupo Popular, en este caso en el Congreso de los Diputados.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Denegación.)

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, sento que el Grup Parlamentari Popular no accepti l’esmena que nosaltres hem presentat, que de ben segur tindria més suport del que tindrà la moció que ells presenten. Bé, jo crec que el motiu que al•lega el senador Palacios, que cal aprovar-lo en el ple del Congrés, i que segurament no es farà, doncs jo crec que sí que es farà i en qualsevol cas és un document que en aquests moments ja té un ampli suport parlamentari amb la qual cosa per a nosaltres és un document de treball i és un document important.

És evident que nosaltres compartim alguns dels aspectes de la moció que aquí es presenta. Evidentment no estem d’acord amb la pujada del rebut de la llum per al consumidor de la manera que s’està produint i menys en aquests moments de crisi econòmica tan gran, tan greu, en què tantes famílies estan patint, tantes i tantes empreses estan tancant, tantes d’altres estan a punt de tancar i evidentment la base, l’energia elèctrica, és un denominador importantíssim.

En definitiva, també compartim que necessitem un mix energètic amb una prospectiva 2020 que tingui en compte la situació de crisi, que tinguem en compte la convergència amb Kioto, que tinguem en compte l´autodependència, la seguretat en el subministrament, la competitivitat econòmica i la sostenibilitat mediambiental. Nosaltres portem tota la legislatura demanant aquest mix energètic perquè entenem que és la millor manera d’abordar la problemàtica que tenim en aquests moments. És a dir, a través del mix energètic, entenem que és clau. Però evidentment nosaltres discrepem en la manera de fer-ho. La política energètica és una qüestió estratègica i és una qüestió estratègica de país. I, en definitiva, cal pactes, acords, per obtenir la màxima eficàcia i jo ho dic tant al Partit Popular com també ho dic al Partit Socialista.

Tenim uns problemes greus. El dèficit tarifari n’és un. L’alta dependència energètica exterior n’és l’altre. I cal recordar també al Partit Popular quan va començar aquest dèficit tarifari, quan va començar i que, d’alguna manera, també ara ha de contribuir o hauria de contribuir a resoldre aquesta situació.

També cal recordar al govern que no ho està fent bé. Des del nostre punt de vista, la política energètica no s’està portant bé. No s’aborda aquesta globalitat, anem per parts i per tant les coses no estan sortint bé. Una bona mostra n’és ahir la pregunta que li feia al Ministre en relació a les energies fotovoltaiques, en relació amb aquest nou Decret que, en definitiva, està perjudicant molta gent, molts petits inversors, molts agricultors que en el seu moment van optar per les energies mediambientals com un mitjà, diríem, de poder-se guanyar la vida i que en aquests moments aquest Decret, amb caràcter retroactiu, lesiona moltíssim aquesta situació. Per tant, hi ha problemes amb les fotovoltaiques.

Quant al Decret del carbó, existeix un altre problema amb els gasistes, les nuclears; en definitiva no tenim una política general i cal dir-ho això, i cal dir-ho.

Per tant, dins de tot aquest diríem desgavell energètic d’aquests moments, jo crec que cal un acord polític. El treball fet per la Subcomssió en el Congrés dels Diputats jo crec que és un document bo, de partida, amb unes conclusions importants i que en definitiva el govern també ha de fer els deures en un termini dels 6 mesos i que esperem que compleixi i que a partir d’aquí pugui donar els seus fruits, pugui




Página 5815


anar cap al mix que tots volem, de cara a donar estabilitat al sistema energètic, que tinguem menys dependència de l’exterior i que en definitiva puguem complir amb els compromisos de l’estratègia 2020.

En definitiva, si no abordem una qüestió tan important com és l’energètica amb pactes, amb consens i com a document de treball el de la Subcomissió del Congrés dels Diputats doncs difícilment amb mesures unipartidistes podrem arribar a resoldre aquesta situació tan greu que estem patint.

I, en definitiva, compartint alguns dels problemes que s’estan produint i que en té la responsabilitat el govern nosaltres entenem que cal fer els màxims esforços per poder sortir d’aquesta situació el més aviat possible.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, siento que el Grupo Parlamentario Popular no acepte la enmienda que nosotros hemos presentado, que seguro que tendría mayor apoyo del que tendría la moción que nos presenta. Creo que el motivo que alega el senador Palacios de que hay que aprobarlo en el Pleno del Congreso y que seguramente no se hará, yo creo que sí que se hará. En cualquier caso, es un documento que en estos momentos ya tiene un amplio apoyo parlamentario, con lo cual para nosotros es un documento de trabajo y es un documento importante.

Es evidente que nosotros compartimos algunos de los aspectos de la moción que aquí se presenta. Evidentemente, no estamos de acuerdo con la subida del recibo de la luz en la forma que se está produciendo y menos en estos momentos de crisis tan grave, en los que tantas familias están sufriendo, tantas y tantas empresas están cerrando y tantas otras están a punto de cerrar. La base, la energía eléctrica, es un denominador importantísimo.

En definitiva, también compartimos que necesitamos un mix energético con perspectiva de 2020, que tenga en cuenta la situación de crisis, que tenga en cuenta la convergencia con Kioto, que tenga en cuenta la autodependencia, la seguridad en el suministro, la competitividad económica y la sostenibilidad medioambiental. Nosotros llevamos toda la legislatura pidiendo este mix energético porque entendemos que es la mejor manera de abordar la problemática que tenemos en estos momentos, a través del mix energético, que entendemos que es clave. Pero nosotros discrepamos en la forma de hacerlo. La política energética es una cuestión estratégica, es una cuestión estratégica de país y, en definitiva, necesitamos pactos, acuerdos para obtener la mayor eficacia, y lo digo tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista.

Tenemos unos problemas graves: el déficit tarifario es uno; la alta dependencia energética exterior es otro y debemos recordar también al Partido Popular cuándo empezó este déficit tarifario y que de alguna forma también ahora tendría que contribuir a solucionar esta situación.

También debemos recordar al Gobierno que, desde nuestro punto de vista, en relación con la política energética, no lo está haciendo bien porque no se aborda esta globalidad. Vamos por partes y, por lo tanto, las cosas no están saliendo bien. Una buena muestra fue ayer en la pregunta que le hice al ministro en relación con las energías fotovoltaicas y el nuevo decreto que, en definitiva, está perjudicando a muchas personas, a pequeños inversores, a agricultores que en su momento optaron por las energías medioambientales como un medio para poder ganarse la vida, cuando en este momento este decreto, con carácter retroactivo, está lesionando mucho esta situación. En consecuencia, hay problemas con las fotovoltaicas.

En cuanto al decreto del carbón, existe otro problema con los gasistas, las nucleares; en definitiva, no tenemos una política general y hay que decirlo.

Dentro de todo este barullo energético, en este momento lo que necesitamos es un acuerdo político. El trabajo hecho por la subcomisión en el Congreso de los Diputados creo que es un documento bueno. Es un documento de partida, con unas conclusiones importantes. El Gobierno también tiene que hacer unos deberes en un plazo de seis meses que esperamos que cumpla para, a partir de aquí, pueda dar sus frutos e ir hacia el mix que todos queremos para dar estabilidad al sistema energético, de manera que tengamos menos dependencia del exterior y que, en definitiva, podamos cumplir con los compromisos de la estrategia 2020.

En conclusión, si no abordamos una cuestión tan importante como la energética con pactos, con consenso y como documento de trabajo el de la subcomisión del Congreso de los Diputados, difícilmente con medidas unipartidistas podemos llegar a resolver esta situación tan grave que estamos sufriendo.




Página 5816


Compartiendo algunos de los problemas que se están produciendo, cuya responsabilidad, evidentemente, es del Gobierno, nosotros entendemos que hay que hacer el máximo esfuerzo para poder salir de esta situación cuanto antes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Senador Nuet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor NUET I PUJALS: Gràcies, president, en primer lloc vull dir que és tot un plaer poder parlar català en aquesta cambra, la llengua dels meus pares i la llengua de Catalunya. Que avui, l’estat espanyol, l’estat que és plurinacional, que ha de ser pluricultural i que és plurilingüe dóna un petit pas endavant en aquesta cambra. Ahir vam començar, avui seguim i segur que ens els llibres d’història constarà la data en què el Senat es va adaptar a la realitat del que veritablement és l’Espanya plural.

Bé, la moció que ens presenta el Partit Popular és un veritable embolic. És una moció que té, en teoria, com a objectiu, estar en contra, condemnar la pujada excessiva del rebut de la llum, aquest és el seu objectiu, però com aquell joc de les nines russes, a mesura que anem obrint la moció ens adonem que anuncia una cosa però que dins la moció n’hi ha d’altres i en aquest text tot el que hi ha no és el que sembla i per tant em vull referir concretament al següent. En primer lloc, estem d´acord amb el concepte que és un abús i que no hi ha justificació possible a la pujada abusiva del rebut de la llum. No només la darrera pujada dels darrers temps sinó l’acumulació dels darrers anys que han fet que l´increment del preu de la llum estigui molt per sobre, a prop del 40%, molt per sobre dels increments de l´Índex del Preu al Consum. I, per tant, que la majoria de la població espanyola, els ciutadans i ciutadanes i també les empreses estiguin patint una política incorrecta.

Dit això, possiblement no estarem d’acord, ni molt menys, amb el Partit Popular amb quin és el fons de per què està pujant d’aquesta forma el rebut de la llum. Sota el nostre punt de vista, la privatització i la liberalització en els darrers temps del que són el sector elèctric ens ha portat a un pitjor servei, de menys qualitat, i ens ha portat a un descontrol dels preus d’aquest sector que repercuteixen, he dit abans, sobre ciutadans i ciutadanes. I per tant si estem dient que és una raó d’estat, si estem dient que és un sector estratègic de l’economia espanyola, cal planificació pública i cal intervenció política econòmica sobre un sector, repeteixo, que té una importància estratègica sobre el conjunt de l’economia del país. El problema és la liberalització, el problema és la privatització d’aquest servei.

En segon lloc, la moció, a part d’aquest punt, que seria l’únic amb el que jo estaria d’acord, i amb cap punt de la resta estaria d’acord, introdueix un seguit de punts amb debat molt més amplis i profunds, per exemple, el debat sobre les energies renovables no es pot tocar només com es toca a la moció de rebot sobre la seva incidència en el preu o en el rebut de la llum. El debat de les energies renovables és un debat estratègic en el canvi de model productiu. I, per tant, s’ha de fer d’una forma objectiva, d’una forma global, i no es pot tractar, repeteixo, de rebot en aquesta moció.

En segon lloc, el debat de l’energia nuclear, que també la moció incorpora, el debat de l’energia nuclear tampoc no es pot tractar, ni molt menys, com un debat resultant del preu del rebut de la llum. El debat de l’energia nuclear és un debat també estratègic que s’ha de fer com a model energètic que tenim en aquest país i amb una perspectiva de futur. O, per exemple, l’afirmació que diu que aquests debats s’han de desideologitzar, que vol dir que aquests debats s’han de despolititzar. Senyors i senyores, quina por quan es diu que s’han de despolititzar. Qui ha de controlar, doncs, aquests debats. Les empreses que fan negoci amb l’energia elèctrica? No són els parlaments sobirans els que han d’opinar i els que han de planificar l’economia i també el debat energètic? Per tant, no és un debat que s’hagi de despolititzar. És un debat que s’ha de polititzar de forma profunda en el bon sentit de la paraula que nosaltres entenem, el que vol dir polititzar, i el que vol dir fer un debat polític, de planificació, que posi l’economia al servei de la política i que sigui la representativitat democràtica dels ciutadans la que entomi aquest debat, faci el debat, el planifiqui i el porti endavant.

Dir també que s’apunten debats com les xarxes d´intercomunicació energètica entre diferents països o també el debat del mercat únic elèctric. Imaginin-se vostès, en una moció que vol parlar del rebut de la llum tots els aspectes que estan introduïts, que estan barrejats els uns amb els altres, i que veritablement si aprovéssim aquesta moció avui no sabríem exactament què és el que estem aprovant perquè, lluny de parlar sobre l´increment del rebut de la llum, ens estaríem posicionant sobre debats estratègics que no és la moció ni el lloc adequat per fer-los amb la tranquil•litat i amb la profunditat que es mereixen.




Página 5817


Dir també que nosaltres estem totalment d’acord que l’informe de la Subcomissió del Congrés dels Diputats sobre la planificació energètica en aquest país és un informe de referència. Mirin, és el de menys si s’aprovarà o no s’aprovarà al Congrés dels Diputats. Un any i mig una comissió d’aquestes característiques en el Congrés dels Diputats vol dir que és un pol de referència i per tant és impossible que no es treballi amb aquest informe com a llibre de capçalera. Perquè hem fet el debat, durant un any i mig, per poder fer una planificació a llarg termini. Podem estar d’acord o no amb aspectes determinats d’aquest informe que nosaltres tampoc no el compartim amb la seva totalitat però són treballs realitzats i ha de ser un element de referència.

I acabo. Mirin. El debat veritable, que no es fa en la moció, i que s’insinua de forma matussera i que nosaltres pensem que s’hauria de posar amb força damunt de la taula és que el debat energètic és un dels debats que està en el fons del debat sobre el canvi de model productiu. Quan fem el debat del canvi de model productiu, el tema del debat energètic està al bell mig d’aquest debat. I nosaltres no podem fer el debat del model energètic i de la planificació energètica sense saber com planifiquem el canvi de model productiu. Perquè dins del canvi de model productiu les apostes energètiques són clau de present i de futur. Per exemple, com trenquem l’enorme dependència del nostre país dels combustibles fòssils, que s’estan esgotant i que a més no són fonts energètiques que tinguem dins de l’estat espanyol sinó que han de ser importades. Per tant, trencar amb l’enorme dependència dels combustibles fòssils té una relació directa amb el canvi de model productiu i de forma indirecta té incidència sobre la factura perquè el petroli és escàs, cada vegada ho serà més, i per tant cada vegada haurem de pagar més per una font energètica que està, podríem dir que està en crisi i que podríem dir que té signes evidents d’esgotament i que a partir d’ara mai serà més barates, sempre serà més cara perquè és un recurs que està minvant. I per tant aquest és un debat fonamental que puguem fer.

En segon lloc, hem de planificar l’apagada nuclear. És una necessitat en el nostre país. Per això són tan importants les energies renovables. No és només un concepte lligat al cost, és un concepte lligat al futur energètic. Tindrem menys petroli i les nuclears són un problema. Les energies renovables són el futur. I estic totalment d’acord que la investigació, el desenvolupament és un eix estratègic per anar a millors i a noves energies renovables que contaminin menys i que costin menys a la butxaca dels ciutadans i de les empreses. Per tant aquest és un tema central.

I acabo. El canvi de model energètic aposta o ha d’apostar de forma clara per l’estalvi i l’eficiència. No és possible planificar el creixement econòmic del futur amb uns consums desorbitats d’unes energies contaminants que són escasses i cares. Vol dir que hem de canviar el parany, hem de canviar la planificació i això no es pot fer només des del mercat. No podem deixar en mans del mercat una planificació futura que ens afecta a tots. És una planificació que s’ha de fer des de l’estratègia del públic, des de la idea que és un servei estratègic, que és un sector estratègic i que és una qüestió d’estat i per tant la planificació pública és indispensable. I això la moció del Partit Popular no li arriba ni a la sola de les sabates.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero decir que es un placer poder hablar catalán en esta Cámara, la lengua de mis padres y la lengua de Cataluña. Hoy el Estado español, el Estado que es plurinacional, que debe ser pluricultural y que es plurilingüe, da un pequeño paso hacia adelante en esta Cámara. Ayer empezamos, hoy seguimos y seguro que en los libros de historia constará la fecha en la que el Senado se adaptó a la realidad de la verdadera España plural.

La moción que nos presenta el Partido Popular es un barullo. Está en contra y condena la subida excesiva del recibo de la luz —este es su objetivo—, pero como en el juego de las muñecas rusas, a medida que vamos abriendo la moción nos damos cuenta de que anuncia una cosa pero dentro hay otras. En este texto todo lo que hay no es lo que parece. Por ello voy a referirme concretamente a lo siguiente. En primer lugar, estamos de acuerdo con el concepto de que es un abuso y no hay justificación posible a la subida abusiva del recibo de la luz. No solo la subida de los últimos tiempos, sino la acumulación de los últimos años que ha hecho que el incremento del precio de la luz esté cerca del 40% por encima de los incrementos del IPC. Por ello, la mayoría de la población española, los ciudadanos y ciudadanas y las empresas están sufriendo una política incorrecta.

Dicho esto, posiblemente no vayamos a estar de acuerdo, ni mucho menos, con el Partido Popular en cuál es el fondo de por qué está subiendo de esta manera el recibo de la luz. Desde nuestro punto de vista, la privatización y la liberalización del sector eléctrico en los últimos tiempos nos ha conducido a un




Página 5818


peor servicio, de menor calidad, y a un descontrol de los precios de este sector que repercute, como he dicho antes, en los ciudadanos y ciudadanas. En consecuencia, si estamos diciendo que es una razón de Estado, si estamos diciendo que es un sector estratégico de la economía española, se necesita planificación pública e intervención política y económica sobre un sector que tiene una importancia estratégica clave sobre el conjunto de la economía del país. Por lo tanto, el problema es la liberalización, la privatización de este servicio.

En segundo lugar, la moción, aparte de este punto, que es el único con el que yo estoy de acuerdo, con ningún otro más, introduce una serie de puntos con un alcance mucho más amplio y profundo. Por ejemplo, el debate sobre las energías renovables no se puede abordar solo como se hace en la moción, de rebote sobre su incidencia en el precio o en el recibo de la luz. El debate de las energías renovables resulta estratégico en el cambio de modelo productivo y, por lo tanto, se tiene que hacer de manera objetiva y global, y repito que no se puede tratar de rebote en esta moción.

El debate de la energía nuclear, que también incorpora la moción, tampoco se puede tratar, ni mucho menos, con el debate resultante del precio del recibo de la luz. El debate de la energía nuclear es estratégico y se tiene que hacer como modelo energético que tenemos en este país y con una perspectiva de futuro. Por ejemplo, está la afirmación que dice que estos debates se tienen que desideologizar, despolitizar. Señoras y señores, qué miedo surge cuando se habla de despolitizar esto. ¿Quién tiene que controlar estos debates, las empresas que hacen negocio con la energía eléctrica? ¿No son los Parlamentos soberanos los que tienen que planificar la economía y cambiar el debate energético? Por lo tanto, no es un debate que se tenga de despolitizar, es un debate que se tiene que politizar de manera profunda en el buen sentido de la palabra. Nosotros entendemos lo que quiere decir politizar y hacer un debate político de planificación que ponga la economía al servicio de la política y que sea —repito— la representatividad democrática de los ciudadanos la que escoja este debate, lo lleve a cabo, lo planifique y lo impulse.

Quiero decir también que se apuntan debates como las redes de intercomunicación energética entre distintos países, así como el del mercado único eléctrico. En una moción que quiere hablar del recibo de la luz aparecen todos estos aspectos mezclados entre sí y si hoy aprobamos esta moción no sabremos exactamente qué es lo que estamos aprobando porque, lejos de hablar del incremento del recibo de la luz, nos estamos posicionando sobre debates estratégicos y la moción no es la vía, ni tampoco este es momento ni el lugar adecuado, para abordarlos con la tranquilidad y la profundidad que merecen.

También he de decir que nosotros estamos totalmente de acuerdo con que el informe de la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre que la planificación energética en este país ha de ser considerado un informe de referencia. Lo de menos es si se aprueba o no en el Congreso de los Diputados. Que durante un año y medio esté funcionando una comisión de estas características en el Congreso de los Diputados quiere decir que es un pozo de referencia. Por lo tanto, es imposible que no se trabaje con este informe y se utilice como libro de cabecera, y es que repito que durante un año y medio hemos mantenido un debate para hacer una planificación a largo plazo. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo o no con aspectos determinados de este informe, que tampoco nosotros compartimos en su totalidad, pero este trabajo realizado debe ser un elemento de referencia.

Voy terminando. El debate verdadero que no se aborda en la moción, que tan solo se insinúa de forma rudimentaria y que se debería poner sobre el tapete, es que el tema energético es uno de los aspectos que están en el fondo del debate sobre el cambio de modelo productivo. Cuando acometamos el debate sobre este tema, la cuestión energética va a estar en el centro del debate y no podemos abordar el modelo energético y la planificación energética sin saber cómo planificamos el cambio de modelo productivo, porque dentro de este las apuestas energéticas son claves de presente y de futuro. Por ejemplo, ¿cómo rompemos con la enorme dependencia de nuestro país de los combustibles fósiles, que se están agotando y que además no son fuentes energéticas que tengamos dentro del Estado español sino que han de ser importadas? Hay que romper con esta enorme dependencia de los combustibles fósiles, y esto tiene una relación muy grande con el cambio de modelo productivo y de manera indirecta gran incidencia sobre la factura porque el petróleo es escaso y cada vez lo va a ser más y pagaremos más por una fuente energética que está en crisis y que tiene signos evidentes de agotamiento; desde luego, nunca será más barata, sino más cara, porque es un recurso que está menguando. Este debate fundamental se tiene que abordar.

En segundo lugar, debemos planificar el apagón nuclear. Es una necesidad en nuestro país; por ello son tan importantes las energías renovables. No es solo un concepto ligado al coste, sino también al futuro energético. Si tenemos menos petróleo y las nucleares son un problema, las energías renovables son el futuro. Y estoy totalmente de acuerdo en que la investigación en desarrollo es un eje estratégico




Página 5819


para ir a mejores y nuevas energías renovables que contaminen menos y cuesten menos al bolsillo de los ciudadanos y de las empresas. Este es, por tanto, un tema central.

Y voy terminando. El cambio de modelo energético debe apostar de manera clara por el ahorro y la eficiencia. No es posible planificar el crecimiento económico del futuro con unos consumos desorbitados de unas energías contaminantes que son escasas y caras. Debemos cambiar la planificación y esto no se puede hacer únicamente desde el mercado. No podemos dejar en manos del mercado una planificación futura que nos afecta a todos. Es una planificación que hay que hacer desde la estrategia de lo público, desde la idea de que es un servicio estratégico, un sector estratégico y una cuestión de Estado. Y, por tanto, la planificación pública es indispensable, y a esto la moción del Grupo Parlamentario Popular no le llega ni a la suela del zapato.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Durán.

La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en este turno de portavoces para fijar nuestra posición, que es contraria a la moción presentada, y me gustaría aprovechar para aclarar algunas cosas.

Como ya se ha dicho aquí, la política energética tiene que ser a largo plazo, porque las decisiones que se toman hoy condicionan el futuro y las que se tomaron ayer condicionan lo que está pasando hoy. Por tanto, la situación energética no es que se produzca de un día para otro; está condicionada por decisiones que los sucesivos Gobiernos han ido tomando y que condicionan lo que pasa a continuación. Por ello es necesario llegar a un consenso, es necesario saber qué queremos hacer con la política energética de este país.

Desde luego, ha variado a lo largo de los años y yo creo que hay que reconocer que estos dos Gobiernos del Partido Socialista han intentado definir un nuevo modelo energético con unos objetivos concretos: competitividad, sostenibilidad y garantía de suministro, haciendo, además, un importante esfuerzo en un tema fundamental, como es el ahorro y la eficiencia energética; el fomento de las energías renovables controlado y el desarrollo de infraestructuras y la liberalización real de los mercados energéticos, que hay que decir que tampoco han tenido mucho éxito en cuanto a lo que finalmente le cuesta al usuario la energía.

Las políticas intervencionistas no son en este momento posible. En otras ocasiones hubo otros Gobiernos que las ejercieron, pero, como digo, en este momento no son posibles porque estamos en una Unión Europea que cada vez exige más la liberalización y, por tanto, no vamos a hablar de cosas que no pueden volver a suceder.

Quiero repetir, antes de hablar de algunas otras cosas, que a todos los senadores y senadoras que formamos esta Cámara nos preocupan los consumidores, sobre todo los que están en peor situación, y por ello creo que hay que hacer ese trabajo fundamental de proteger a los que están peor. Pero también hay que ser conscientes de que la energía es un bien que hay que tratar de una forma mesurada, y trabajar en ahorro y eficiencia energética, al igual que en otros momentos se hizo en el ahorro de un bien como el agua, es importante para todos. Y yo creo que en esto también estaremos todos de acuerdo.

Y sí me gustaría hablar de una cosa que sale siempre que tratamos estos temas, y es el déficit de tarifa. ¿Qué es el déficit de tarifa? La diferencia entre la cantidad recaudada de la tarifa impuesta al consumidor y los costes reales que tiene esa tarifa, y ese déficit —como todos ustedes saben— tuvo su origen en el caso energético español en la decisión de un Gobierno, en este caso de un Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, que decidió congelar la factura de la electricidad y beneficiar al consumidor final. Pero con eso no desaparecen los costes, con eso se transfieren: no lo pagan los consumidores, lo pagaremos finalmente como contribuyentes. Ese tipo de decisiones sirvieron en ese momento para muchas cosas, entre otras para cumplir los requisitos de inflación, pero, evidentemente, ese dinero no desapareció y, por tanto, fue el inicio de lo que ahora llamamos el déficit tarifario.

Efectivamente, esa compensación del déficit hay que abordarla en algún momento, está claro que es una decisión responsable y que no se puede seguir incrementando una bolsa que finalmente hay que pagar; por tanto, no podemos crear una nueva burbuja, en este caso esa que explota en algún momento. Las decisiones que se están tomando son las que se deben tomar, pero sí me gusta recordar que cuando un Gobierno, en ese caso del Partido Popular, toma la decisión de inventarse el déficit tarifario, el barril del




Página 5820


petróleo estaba más o menos a 15 dólares; es más, había estudios hechos en aquel momento por el Partido Popular que pronosticaban que en 2012 estaría entre 27 y 30 dólares, y ya ven ustedes a qué precios está ahora mismo.

También me gustaría hacer una reflexión sobre el coste de las energías renovables. Fue una decisión que tomamos y una vez que está tomada nos corresponde a todos hacer una apuesta por las energías renovables, pero, efectivamente, las energías renovables —que tienen un montón de beneficios no solo desde el punto de vista de la independencia energética, sino también desde el punto de vista propiamente social— tienen unos costes y esos costes no se pueden obviar y hay que repercutirlos. Y, como antes me comentaba el senador, o lo repercutimos como consumidores —que entendemos que es lo razonable— o se acaba repercutiendo como contribuyentes, que es otra forma de hacerlo que al final deriva el problema pero no lo soluciona.

Según Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica Española, el problema de las energías renovables surge por los costes. Dice él que invertir en energías renovables es muy costoso, más en el primer período porque hay menos beneficios, pero que hay que tener en cuenta que esos beneficios son finalmente también sociales y que, por tanto, es una inversión que a la larga es muy interesante.

Señorías, para terminar, quiero decir que ya que se ha hecho una subcomisión en el Congreso que ha acercado puntos de vista y que ha puesto sobre la mesa determinadas cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, yo creo que debemos seguir en esa línea, debemos seguir en la línea de intentar que la política energética de este país sea finalmente una política consensuada y que tenga en el tiempo viabilidad, porque, si no, nos encontramos con que determinadas empresas deciden aumentar la potencia en no sé qué sector y finalmente ahora mismo seguramente tenemos potencia instalada sobrante, y mucha.

También me gustaría decir —hoy no se lo he escuchado al senador Palacios y me alegro— que en varias ocasiones se ha dicho que la subida de luz también obedece, entre otras cosas, a que queremos subvencionar otras energías que son más caras. Yo soy alcaldesa de un pueblo minero y no puedo marchar de aquí sin decir que la culpa de la subida de la luz no la tiene el pobre carbón autóctono, que lleva dos años sin quemarse, y que, en todo caso, si los incentivos al carbón van a incidir en la factura será a futuro, porque a fecha de hoy el real decreto de restricciones por garantía del suministro que se aprueba el 29 de septiembre no ha entrado en vigor; por tanto, poco puede influir en esta subida. O sea, vamos a poner las cosas en su justa medida y en todo caso, aunque así fuera, sería en un porcentaje mucho más pequeño que otras cosas, además de que también tiene beneficios sociales porque hay cuencas enteras que también viven de eso.

Señorías, para finalizar, los trabajos desarrollados por la subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años ha sido un paso importante, espero y deseo que sirvan para la definición y rúbrica de un pacto de Estado para la energía y creo que todos compartimos que los objetivos son que el mix de energía primaria a largo plazo sea un marco estable para hacer compatibles todos los retos de la propia política energética y también para poder seguir luchando contra el cambio climático con el mantenimiento de unas tarifas energéticas competitivas. Sin embargo, creo que la moción que hoy traemos aquí, aunque tiene partes positivas, tiene otras que no podemos compartir, porque pensamos que lo razonable es que un Gobierno que ejerce como tal ha de ser responsable y no puede hacer otra cosa más que repercutir unos costes que, como ya les he explicado en mi intervención anterior, son del mercado libre y que, por tanto, no cabe ninguna posibilidad de hacer otra cosa. Solo se puede congelar, como se ha hecho, la parte regulada por el Estado.

Por tanto, y teniendo en cuenta todo ello, nuestro voto va a ser en contra.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, creo que todos coincidimos en que la última subida del recibo de la luz ha batido todos los récords y que se ha tomado en el peor de los momentos posibles, cuando las familias y cuando las pymes están castigadas por una cadena de subidas de precios; cuando se han suprimido ayudas públicas y deducciones fiscales; cuando suben los impuestos y se recortan los salarios. Por eso, yo creo que todos entendemos que es preciso que, tal y como se pide en nuestra moción, de una vez por todas se ponga freno a los incrementos en el recibo de la luz; a subidas del 43% —que es la que hemos sufrido en estos




Página 5821


últimos tres años—; a subidas por encima de la inflación y que, como les decía en mi primera intervención, han sextuplicado de largo el IPC.

Necesitamos una energía lo más barata posible, que esté por debajo de la media de la Unión Europea, y que nos permita ser competitivos, que nuestros costes de producción sean bajos o como mucho similares a los de los países competidores de nuestro entorno. Creo que es algo que, desde este tribuna, tengo la obligación de demandar; una energía con la que podamos afrontar esta crisis, que podamos salir de ella; una energía que ayude a que en este país tengamos crecimiento económico —en este momento tenemos un crecimiento cero— y que podamos tener un crecimiento entre el dos y dos y medio posible, que es el que nos va a permitir poder empezar a crear puestos de trabajo. Y para lograr una energía así, es decir, una energía barata —todo lo contrario de lo que tenemos en estos momentos—, es necesario que este Gobierno abandone su actual política energética, que lo que ha hecho es disparar el déficit tarifario hasta casi los 20 000 millones de euros, porque, como decía la senadora Durán, el déficit tarifario —que ella nos definía— en el año 2004 era de 1499 millones de euros y en estos momentos, al final del 2009, está en torno a los 20 000 millones de euros, cuando este Gobierno se había comprometido a eliminarlo o a disminuirlo. Necesitamos que el precio de la energía no siga subiendo como hasta ahora, que, desde que está el presidente Zapatero, ha subido un 60%, y que se pueda alcanzar entre todos un pacto energético no ideologizado. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés pronuncia palabras que no se perciben.). Sí, señor de Entesa, un pacto en el que se reflexione y se busque el consenso; un pacto en el que no se enfrenten ni contrapongan unas fuentes de energía con otras, porque decía que la energía nuclear está en el fondo de esta moción, pero es que la energía nuclear es una de las fuentes de energía y tiene que estar en el mix energético, porque cuando su costo marginal es de 15 euros megavatio/hora y cuando tenemos energías renovables con un coste de 450 euros megavatio/hora, es lógico que la energía nuclear tenga que estar presente a la hora de elaborar ese pacto energético entre todos, que tiene que ser un pacto que aporte soluciones a medio y largo plazo. Por supuesto, señora Durán, que las decisiones en materia de energía son a largo plazo, y este Gobierno —por cierto, un Gobierno que lleva casi siete años, ya basta por tanto de hablar de Gobiernos anteriores— ha tenido tiempo más que suficiente para resolver los problemas. Sin embargo, las decisiones que están tomando lo que están haciendo es hipotecar a los Gobiernos que vengan después.

Por eso es preciso llegar a ese pacto, y necesitamos alcanzar un mix energético que no tenga unas subvenciones multimillonarias como ocurre en la actualidad, que el usuario está pagando más de 2200 millones de euros al año por las decisiones políticas. ¿Quién tiene que pagar las decisiones políticas? Los que las toman, no los usuarios. Separemos una cosa de la otra. Tenemos que conseguir que en el recibo de la luz no haya subidas de un 43%, como se han producido en estos últimos tres años; tenemos que conseguir que se pueda encontrar financiación, que se pueda proceder a la titulación y se les pueda dar a las compañías el flujo financiero que necesitan. Como les decía, necesitamos un pacto energético que permita sacar del recibo de la luz todos aquellos conceptos ajenos a él: las subvenciones, el déficit de tarifa, la moratoria nuclear, etcétera, y que permita que los usuarios paguen lo que les corresponde para que la energía sea barata y competitiva. Necesitamos un pacto energético que deje de generar déficit de tarifa, y que para ello analice el peso de algunas fuentes renovables cuya curva de aprendizaje no permite tener un precio final competitivo. Es preciso que, de una vez por todas, se deje de gobernar a golpe de real decreto, como se está haciendo con estos últimos Gobiernos, que produce mucho impacto regulatorio y pocos resultados prácticos, como está demostrado —y así se aprecia en la grave situación en la que está el sector energético— y que pone de manifiesto ese Real Decreto de 23 de diciembre pasado y el informe que ha hecho público el Ministerio de Industria.

No es posible que en el asunto de las renovables —y más en concreto en el de las fotovoltaicas— el Gobierno haya sacado hasta cuatro reales decretos desde el año 2007; y no es posible que el Gobierno les fijara unas reglas de juego y, además, les animara a realizar unas inversiones —porque iban a tener una rentabilidad—, para lo cual ellos tuvieron que pedir unos créditos, se tuvieron que endeudar con avales personales, y que ahora, de la noche a la mañana, y por un real decreto ley, de forma unilateral, y con efectos retroactivos, se les estén cambiando las reglas de juego y se les esté condenando a la quiebra a muchas familias y a muchas pequeñas empresas.

Es preciso que en España exista en materia energética certidumbre regulatoria y seguridad jurídica para no ahuyentar a los inversores nacionales y extranjeros. Y es preciso que el Gobierno deje, de una vez por todas, de dar bandazos y que tenga una hoja de ruta —como decía el ministro en la interpelación del pasado mes de junio—. Que las decisiones en materia energética, que es un tema de Estado y un




Página 5822


tema estratégico, sean adoptadas con el principal partido de la oposición, que no se queden en bonitas palabras que se dicen delante de estos micrófonos, como señaló el señor Sebastián, y luego, cuando aprueban un real decreto, como el de diciembre, o cuando se elaboró el informe de la subcomisión, que fue aprobado en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, se deje de lado, no se informe y se margine al Partido Popular. Esto y no otra cosa es lo que pedimos en nuestra moción.

El senador de Entesa decía: ¿Qué es lo que piden? Pues es muy fácil: poner freno al incremento en el recibo de la luz, que resulta excesivo, injustificado e injusto; impulsar un pacto energético que no esté ideologizado; diseñar un mix de generación que incluya todas las fuentes de energía, combinando las energías renovables con otras fuentes que tienen un costo de producción mucho más bajo, que pueden ser encendidas y apagadas en función de la demanda y no en función de la producción que las renovables aporten en cada momento; y reconocer el valor de la energía nuclear para abaratar el costo del recibo de la luz.

Por último, impulsar las mejoras de las redes de interconexión eléctrica transfronterizas para incrementar la seguridad del sistema eléctrico, facilitar el crecimiento de las energías renovables de manera racional, sin que supongan una carga añadida al recibo de la luz, y aprovechar la eficiencia que implica pertenecer a un mercado único.

La señora Durán, en nombre del Grupo Socialista, hablaba de consenso. ¿Qué consenso? Si nosotros, más que ofrecerles sentarnos a negociar, no podemos hacer. Preséntennos un documento, una hoja de ruta y con eso podremos llegar a un acuerdo. Pero, por favor, no hagan como en diciembre pasado, esto es, aprobar ese real decreto sin contar para nada con nosotros.

Ha hablado del carbón nacional. Me parece que así la señora Durán se está poniendo la banda antes del coscorrón, porque no me he referido a ello ni lo voy a hacer.

El senador Alturo, portavoz de Convergència i Unió, decía que sí lo va a aprobar el Pleno del Congreso de los Diputados. Pues bien, tengo aquí el Diario de Sesiones de la comisión del día 15 de diciembre pasado y al final, cuando el presidente anuncia, después de que queda aprobado el informe, que resta un último punto, el tercero, dice así: Para solicitar, en su caso, a la Mesa de la Cámara que el informe de la subcomisión sea sometido a debate por el Pleno del Congreso. No ha habido ninguna petición de ningún grupo para que se haga en esos términos. Si algún grupo lo pide, lo votamos. No hay nadie que lo pida, por tanto, no se vota y no se lleva al Congreso. Por tanto, su enmienda era de imposible cumplimiento.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción que acabamos de debatir del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 116; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LAS MINORÍAS CRISTIANAS EN LOS PAÍSES DE ORIENTE PRÓXIMO Y EN OTROS DE ASIA Y ÁFRICA. (Votación.). (Número de expediente Senado 662/000153.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, faltaba por votar la moción del Grupo Popular defendida por el senador Muñoz-Alonso.

Hay una transaccional firmada por todos los grupos. (El señor Muñoz-Alonso Ledo pide la palabra.)

Senador Muñoz-Alonso, tiene la palabra.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor presidente, creo que sería bueno tener el texto completo y firmado, porque no hemos firmado.

El señor PRESIDENTE: Está repartido, señoría.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.




Página 5823


El señor PRESIDENTE: La transaccional firmada por todos los grupos hace que se apruebe por asentimiento. (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORZAR LAS MEDIDAS Y REFORMAS EN MARCHA PARA CONTRIBUIR A UNA PRONTA RECUPERACIÓN DE LA CONFIANZA EXTERIOR EN NUESTRO SISTEMA FINANCIERO. (Número de expediente Senado 662/000152.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que insta al Gobierno a reforzar las medidas y reformas en marcha para contribuir a una pronta recuperación de la confianza exterior en nuestro sistema financiero.

A esta moción se ha presentado una transaccional firmada por todos los grupos, con la excepción del Grupo Nacionalista. Por tanto, señorías, decaen las enmiendas, excepto la presentada por el Grupo Nacionalista. (Rumores.)

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Hurtado. (Rumores.)

Espere un momento, señoría, a que haya un poco de silencio. (Rumores.)

Señorías, abandonen el hemiciclo o escuchen en silencio. (Rumores.) Señorías, ¡silencio, por favor! (Pausa.)

Cuando quiera, señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

Gracias, señorías.

El objeto de esta moción es muy simple y muy sencillo: trasladar confianza al exterior con relación al esfuerzo colectivo que todos estamos haciendo y a las reformas que estamos abordando en este país.

La mejor aportación de este Parlamento, donde representamos al pueblo español, es que todos hagamos un esfuerzo, primero, por valorar lo que estamos abordando y, luego, por trasladar confianza no solamente a nuestros ciudadanos, sino también a todos los que están poniendo en cuestión nuestra situación económica. En concreto, la confianza que nosotros trasladamos en esta moción es la confianza en nuestro sistema financiero, pues hay importantes razones para confiar en él. Si no las hubiese, sería un optimismo vano; pero —insisto— hay razones importantes, que son las que voy a explicitar en mi intervención.

Es evidente que en la primera fase de esta crisis financiera internacional, la fase denominada crisis bancaria, el comportamiento de nuestra banca, de nuestro sistema, ha sido de fortaleza. Cuando hace más de tres años por primera vez se suspenden los reembolsos en la banca francesa —en un banco francés— por productos de hipotecas estadounidenses, que posteriormente se vio que eran productos tóxicos, se desencadenó una auténtica tormenta financiera a nivel internacional. Nuestra banca soportó especialmente bien este envite por distintas razones; señalaré dos de ellas. Por un lado, porque nuestra banca contaba con un sistema de supervisión y regulación eficaz, mucho más exigente que el de otras economías occidentales y mundiales, donde imperaba la política del hands-off, manos libres, en el que el sistema financiero funciona por sí mismo, sin regla alguna. La experiencia de la crisis financiera que vivimos en la década de los ochenta y la ocurrencia del entonces gobernador Rojo de establecer un sistema procíclico y de lucha contra los excesos que se podían dar en épocas de expansión y de bonanza financiera consiguieron que nuestra banca no contase con activos tóxicos; nuestra banca no pudo comprar subprimes, ya que la supervisión y la regulación no lo permitían. Por otro lado, nuestra banca contaba con activos mucho más seguros, pues era una banca más tradicional, de estilo minorista. Para otras economías la nuestra era una banca casi pasada de moda, justamente lo contrario de lo que hoy se piensa. Hoy, esos países consideran que nuestra banca es el modelo a seguir para evitar la crisis financiera que estamos viviendo en este momento.

Así pues, soportamos muy bien la primera fase de esa crisis denominada bancaria. Incluso nuestros bancos adquirieron bancas extranjeras que se encontraban en situación de insolvencia. Por tanto, lo conseguimos. Sin embargo, lo cierto es que la crisis ha ido a más, ha sido especialmente profunda y a nuestros bancos les faltó liquidez. Por ello, pusimos en marcha importantes mecanismos como la dotación de avales, la compra de activos, además de la liquidez que el Banco Central Europeo ha dado de forma ilimitada a la banca. Sin embargo, la crisis alcanzó a nuestra economía real y supuso también el pinchazo de la burbuja inmobiliaria; pinchazo que ha supuesto que muchos activos de nuestra banca —activos en




Página 5824


el sector de la construcción— se vieran especialmente perjudicados con el tiempo. Nuestra banca también se ha visto perjudicada y con esta crisis profunda que se ha alargado durante más de tres años se ha puesto de manifiesto que debía redimensionarse, pues había una capacidad instalada excesiva en cuanto a sucursales y a personal, con una dimensión inadecuada, ya que no tenía economía de escala, sino una dimensión pequeña que le impedía acceder a los mercados financieros para conseguir liquidez. Por este motivo, hace más de dos años abordamos una importante reforma para ajustar este desequilibrio: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria; fondo que, por cierto, muchos países que lo necesitan todavía no lo han puesto en marcha y que nosotros fuimos pioneros pues lo pusimos en funcionamiento hace más de dos años. Este fondo ha tenido dos intervenciones claramente diferenciadas. Por un lado, redimensionar la banca solvente y posibilitar la integración entre las distintas entidades bancarias, principalmente cajas de ahorros, para que puedan reforzar su estructura de explotación y garantizar su solvencia. Y, por otro, una actuación que ha ido dirigida a salvar aquellas entidades bancarias que no eran viables. Han sido en concreto dos casos que todos conocemos: la Caja de Castilla-La Mancha y Caja Sur. Ha habido una intervención del Banco de España y una posterior adjudicación a otras entidades para su puesta en funcionamiento, garantizándose una nueva dimensión y la solvencia con que no contaban cuando se produjo la intervención por parte del Banco de España; un fondo que hasta este momento ha empleado 10 500 millones de euros, una cifra ínfima en comparación con la que han empleado otros Estados para salvar su banca. Se trata de un fondo que está todavía en funcionamiento y que está aún a disposición para seguir mejorando las nuevas dimensiones, una mayor solvencia y, en definitiva, los ajustes necesarios que han puesto de manifiesto la crisis financiera que estamos viviendo.

También hemos abordado la reforma de la Ley de cajas de ahorros, una reforma muy necesaria. Y es que otro problema que se ha puesto de manifiesto con la crisis ha sido la necesidad de un capital de calidad por parte de las entidades financieras, especialmente por las cajas de ahorro. La Ley de cajas de ahorros trata de posibilitar una capitalización de las cajas, puesto que hasta ahora solo podían acceder a un capital de calidad a través de los beneficios que obtenían, es decir, no había otra posibilidad que no fueran las participaciones, pero, para colmo, los órganos de gobierno no tenían poder de decisión. La reforma de la Ley de cajas de ahorros ha supuesto el apostar por la capitalización de las cajas, una capitalización que va a permitir —insisto en ello— mucha más solvencia, una nueva dimensión y asimismo la profesionalización de las cajas al eliminarse personas, cargos electos de los órganos de gobierno, y al establecerse unos nuevos instrumentos financieros.

Y quiero señalar asimismo el sistema institucional de protección, también denominado de fusiones frías, utilizado en este proceso de integración por muchas entidades bancarias. Hemos pasado de 45 cajas de ahorro a 17 debido en gran medida a fusiones frías y no solo por las integraciones habituales. Y ha habido una modificación que quiero señalar porque es muy importante con vistas a un futuro. Me refiero a la posibilidad de que los activos y pasivos de las cajas de ahorro se puedan gestionar a través de bancos de gestión, una novedad que ya se está llevando a efecto. Y a este respecto quiero hacer mención a la BBK y a Caja Sur; se ha creado BBK Bank Caja Sur con una inyección de capital de 800 millones de euros, lo que está transmitiendo mucha ilusión no solamente en la provincia de Córdoba sino en toda Andalucía, y es que estábamos sufriendo un enorme parón en la liquidez y en la prestación de los bancos a nuestras empresas y a nuestras familias.

Pero hay también otra razón muy importante para creer en nuestro sistema financiero, una razón que hay que decir en voz alta para que se enteren los que no están interesados en que nuestro sistema financiero vaya bien: nosotros hemos sido los que mejor hemos superado los test de estrés, las pruebas de resistencia sobre los bancos y las cajas de ahorro. Nosotros hemos sido los pioneros en Europa en establecer estas pruebas de resistencia, y además hemos sido los que más entidades bancarias hemos sometido para ser examinadas y los que con más detalle hemos presentado información y pruebas sobre ellas. En concreto, tenemos un dato muy significativo, y es que prácticamente la totalidad de estas entidades han superado las pruebas de resistencia, pruebas de resistencia que ponían de manifiesto su capacidad en hipotéticos casos que eran enormemente desfavorables, pues solamente cuatro pequeñas cajas de ahorro no han podido, en las situaciones más excepcionales, superar estas pruebas de resistencia. Pero, insisto, en su conjunto, hemos examinado la totalidad de las cajas de ahorro y la totalidad de entidades bancarias cotizadas, lo que no ha hecho ningún país de Europa. Sin embargo, otros países se han conformado con el mínimo establecido por la Unión Europea de un 50% de su volumen de activos, lo que hubiese significado, trasladándolo a nuestro sistema, que los tres grandes bancos españoles hubiesen sido suficientes para superar las pruebas de resistencia.




Página 5825


Nosotros hemos apostado, en la lucha contra lo que es un clarísimo ataque hacia nuestro sistema financiero y hacia el euro, por mucha mayor transparencia. Estamos incluso no recomendando, sino exigiendo a través del Banco de España que sean las cajas de ahorro —que son las que más se están cuestionando— las que ofrezcan trimestralmente información muy pormenorizada y detallada sobre los préstamos en el sector de la construcción y a promotores de viviendas sobre las garantías que tienen dichos préstamos, sobre los dudosos cobros que tienen contabilizados sobre ellos y, sobre todo, la cobertura que tienen.

Por otra parte, también se le está exigiendo a nuestra banca algo que no está haciendo nadie en Europa: información sobre los préstamos minoristas, préstamos hipotecarios, aportando, incluso, el long-off value como un dato significativo de su nivel de garantía.

Hay que insistir en la transparencia como la mejor solución al ataque que está soportando nuestro sistema financiero. Somos nosotros los que tenemos que trasladar —y es la pretensión y el objetivo de esta moción— confianza en el propio sistema y en las reformas que estamos abordando. No nos quepa la menor duda de que ya en estos momentos esas reformas están dando los resultados esperados y todos los organismos internacionales lo están confirmando así, que vamos por el mejor camino y que, desde luego, el esfuerzo que estamos haciendo es merecedor del reconocimiento de todos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra, para la defensa de su enmienda, el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, presidente.

Moi brevemente, bo día a todos e a todas. A verdade é que dá gusto escoitar intervencións como a que acaba de facer o senador Antonio Hurtado e como seguramente fará a continuación o voceiro do Grupo Parlamentario Popular, o senador Barreiro, aínda que non se compartan boa parte dos argumentos que se dan, pero nótase que saben perfectamente do que falan.

Ben, eu manteño a emenda a esta moción —é unha emenda de supresión, concretamente do punto número 3 do texto inicialmente presentado polo Grupo Parlamentario Socialista— porque eu penso que xa a propia redacción da emenda introduce moitas dúbidas. Eu non sei se o que presenta o Grupo Parlamentario Socialista é unha nova modificación da Lei de caixas, porque se di textualmente a modificación da Lei de caixas de aforro para a posibilidade de obtención de recursos propios e melloras na súa xestión e no seu goberno: isto é o que se di textualmente, pero intúo polo texto da transaccional á que se chegou que abonda co que xa hai, pero aí precisamente é onde nós reafirmamos os nosos argumentos: que do que hai tamén dende o BNG estamos en contra. Estamos en contra porque o que se esconde debaixo de todo isto é unha privatización das caixas de aforro, unha bancalización das caixas de aforro, e é unha eliminación do control que exercen sobre as mesmas sobre todo as Comunidades Autónomas, pero tamén as entidades locais.

Polo tanto, o BNG non pode estar de acordo con iso, non pode estar de acordo con que se perda o control sobre a obra social das caixas, que se perda o control sobre investimentos estratéxicos que as caixas como entidades sociais, como entidades sociais públicas que neste momento aínda son, supoño que non por moito tempo se isto segue por este camiño, aínda ten no seu territorio e no territorio no que se asentan e no que captan unha boa parte dos seus recursos. Como iso, polo menos para o BNG, é o que se esconde detrás non só deste punto, do punto número 3, senón da filosofía da moción que agora estamos debatendo.

O BNG presenta esta emenda porque é certo que se se mantivese nos termos iniciais, os outros dous puntos poderiamos asumilos. Nós non estamos en contra, por suposto, da máxima transparencia de todo o sistema financeiro, incluído as caixas de aforro, que son en torno ao 50% dese sistema financeiro, e non estamos en contra, en principio, da utilización do FROB para redimensionar ese sistema financeiro que algúns gurús, algúns sabios, nos dicían hai dous meses que o problema das caixas era un problema de tamaño, agora reducimos o tamaño e resulta que xa nos están dicindo que agora o problema é de capitalización, xa non é de tamaño, non sei dentro duns meses o que nos dirán, dirannos que hai que ir a unha privatización completa, a unha bancalización das caixas, o cal nós non compartimos e por iso presentamos esta emenda e a manteremos na súa votación. Nada máis.

Moitas grazas.




Página 5826


Gracias, presidente.

Intervendré muy brevemente. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que da gusto escuchar intervenciones como la que acaba de hacer el senador Antonio Hurtado y como seguramente hará a continuación el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Barreiro, pues, aunque no se compartan buena parte de los argumentos que se dan, se nota que saben perfectamente de lo que hablan.

Yo mantengo la enmienda a esta moción. Es una enmienda que solicita la supresión del punto número 3 del texto inicialmente presentado por el Grupo Socialista, porque pienso que la propia redacción de la enmienda introduce muchas dudas. Yo no sé si lo que plantea dicho grupo es una nueva modificación de la Ley de cajas, pues se dice textualmente: «La modificación de la Ley de cajas de ahorro para mejorar las posibilidades de obtención de recursos propios y mejoras en su gestión y gobierno». Es lo que dice textualmente. Pero intuyo, por el texto de la transaccional a la que se llegó, que es suficiente con lo que ya hay, y precisamente es donde nosotros reafirmamos nuestros argumentos, pues en el BNG estamos en contra de lo que ya hay, porque lo que se esconde detrás de todo esto es una privatización y una bancarización de las cajas de ahorro, así como una eliminación del control que ejercen sobre ellas, sobre todo, las comunidades autónomas y también las entidades locales.

Por tanto, el BNG no puede estar de acuerdo con eso, no puede estar de acuerdo en que se pierda el control sobre la obra social de las cajas, sobre las inversiones estratégicas de las cajas como entidades sociales públicas que en este momento todavía —supongo que no por mucho tiempo si esto sigue por este camino— tienen un territorio en el que se asientan, en el que captan una buena parte de sus recursos. Eso es, al menos para el BNG, lo que se esconde detrás no solo de este punto tres sino de toda la filosofía de la moción que ahora estamos debatiendo.

El BNG presenta esta enmienda porque es cierto que si se mantuviese en los términos iniciales podríamos asumir los otros dos puntos; por supuesto, no estamos en contra de la máxima transparencia de todo el sistema financiero, incluidas las cajas de ahorros, que son en torno al 50% de este sistema, y tampoco estamos en contra, en principio, de la utilización para redimensionar este sistema financiero. Algunos sabios decían hace unos meses que el problema de las cajas era un problema de tamaño, pero ahora reducimos el tamaño y nos dicen que el problema es de capitalización. No sé qué nos dirán dentro de unos meses, si vamos a tener que ir a una privatización completa, a una bancarización de las cajas, lo cual no compartimos.Por ello, presentamos esta enmienda, que mantendremos para su votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Hurtado para posicionarse sobre la enmienda que se acaba de defender.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario no va a aceptar esta enmienda. Pero me gustaría intervenir brevemente para trasladar un mensaje al señor Pérez Bouza.

En primer lugar, no se trata de volver a modificar la Ley de cajas de ahorros; si la literalidad induce a esa interpretación es un error; al contrario, se trata de sacar el máximo provecho a esa reforma reciente, que fue aprobada en el mes de julio. Y, en segundo lugar, quiero decirle que esa reforma garantiza la naturaleza de las cajas de ahorros, impide su desnaturalización, porque la posibilidad de su capitalización nunca puede ser superior al 50%; de esta forma, por mucho capital que se quiera conseguir para reforzar su solvencia, nunca tendría ese capital privadopúblico una mayoría suficiente para preservar la naturaleza actual de las cajas, naturaleza que, evidentemente, significa también una prestación social a través de la obra social que la propia ley establece.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

No se acepta por tanto la enmienda.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Tuñón.

El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Gracias, señor presidente.

Voy a compartir el turno con mi compañero, el senador Pere Sampol.




Página 5827


Como muy bien ha manifestado el senador Hurtado, esta moción pide confianza al sistema financiero español, confianza que es absolutamente necesaria porque falta le va a hacer.

En estos momentos el sistema bancario es imprescindible para el funcionamiento de la economía, fundamentalmente de una economía como la nuestra, tan endeudada, lo cual hace mucho más necesario su papel. Hay que recordar que son los mercados financieros internacionales los principales causantes de esta crisis y que los Estados se han endeudado para rescatarlos.

Es verdad que esta crisis puso en valor nuestro sistema financiero en una primera fase en el sentido de que no fue intervenido, pero enseguida se contó con las debilidades del sistema financiero porque las entidades financieras no concedían créditos y no cumplían su papel fundamental. El Gobierno actuó sobre el sector de las cajas en cuanto a las fusiones, tan necesarias seguramente, y en la instauración del FROB, pero está claro que la burbuja inmobiliaria siempre volvía a sembrar dudas. Se hizo el primer test de resistencia, la primera prueba de estrés bancario, de lo que se dedujo que nuestra prima de riesgo bajó, nuestros mercados dieron un respiro; en definitiva, nuestra economía española dio un respiro ante los mercados.

Pero nuevamente se pone en duda la solvencia del sistema financiero español. Es verdad que el Banco de España aboga por realizar nuevas pruebas, por la máxima transparencia, que es lo que va a dar validez para que los mercados, en principio, no sigan dudando de nuestro sistema financiero español, que en estos momentos se está cuestionando. Tenemos por delante cuatro meses muy difíciles para nuestra economía. Tanto el Estado como la banca van a poner, porque vamos a necesitar, 90 000 millones de euros para refinanciar nuestra deuda, de los cuales 27 000 procederán de los bancos españoles. El Banco de España ha anunciado que hay 180 000 millones de euros que se consideran problemáticos, a pesar de que están provisionados en un 33%, y la morosidad en estos momentos del crédito a promotores inmobiliarios ha subido al 11,3%. La duda está en cuántos de estos créditos problemáticos se van a considerar como morosos.

La confianza pasa por la credibilidad, y en estos momentos la credibilidad que tenemos es la que tenemos. Es verdad que hace muy poco tiempo, en este mismo mes de enero, tanto el Banco Santander como el BBVA han pasado por una situación difícil para conseguir dinero en los mercados, y en estos momentos es absolutamente necesario dar la vuelta a esta situación. La solución: inyectar más dinero público, reforzar el capital de las cajas; de hecho, el Banco de España está pensando en una nueva inyección. También es verdad que en estos momentos el Banco Central Europeo está reforzando todos los bancos.

No nos queda más remedio que pedir confianza, estoy de acuerdo, pero también es necesario parar esta sangría de un sistema financiero que siempre hace alarde y ostentación de sus beneficios, de sus sueldos escandalosos, de las jubilaciones millonarias de sus altos cargos, de sus jubilaciones anticipadas a costa del erario público, etcétera. Es verdad que el Banco de España ha adoptado medidas de control y supervisión, no solo con planes de viabilidad, como en estos momentos está exigiendo la Unión Europea cuando se inyecta dinero público, sino también con limitaciones a estos elevados sueldos; es decir, se trata de que el dinero público no se destine a incrementar los sueldos y los beneficios a las entidades financieras.

Naturalmente, siempre va a quedar la duda sobre el tercer punto de esta moción, que se refiere a las cajas. Yo también soy un firme defensor de su carácter público, y creo que esta función social se debe mantener. En mi opinión, es un punto que se debe aclarar, porque una cosa es dar confianza y otra es adoptar medidas que en estos momentos no se consideran necesarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, estic molt satisfet i orgullós de poder sumar-me a aquest dia històric de reconeixement de la realitat pluricultural de l’Estat. És molt emocionant sentir i parlar en la meva llengua materna, el català. Però els he de dir que encara va ser més emocionant ahir escoltar la nostra companya del Partit Nacionalista Basc, Miren Lore, parlant el seu bellíssim èuscar, un autèntic tresor cultural del qual ens hem de sentir orgullosos tots els ciutadans de l’Estat, que tenim l’obligació de preservar-lo i protegir-lo.

Una de les senadores del Partit Popular ahir es va lamentar de no poder entendre amb la mateixa fluïdesa que ho havia fet altres anys anteriors en aquesta cambra. Li diré que, per la meva part, jo avui




Página 5828


m’expressaré amb més fluïdesa del que ho he pogut fer aquests tres anys anteriors, quan estava obligat a traduir mentalment les meves paraules. Perquè han d’entendre que no parlem la nostra llengua materna per caprici, sinó que ho fem perquè hi pensem, hi sentim, hi somniem i hi estimem en tots els àmbits de la nostra vida. I per això, perquè hi volem viure normalment, creiem que tenim dret a expressar-nos en tots els àmbits de la nostra vida. Amb reciprocitat i amb respecte a les minories.

Fa pocs moments, el portaveu del Partit Popular defensava el dret de la minoria cristiana de l’Iraq, i pocs minuts després ha menyspreat el nostre company Iñaki Anasagasti quan s’ha negat a entendre el que deia en èuscar. Respecte a les minories de l’Iraq, menyspreu a la minoria basca, en aquest cas, al Senat.

Anat a la moció que ens ocupa, hem de dir que compartim les inquietuds del senador Pérez Bouza, perquè el fet és que s’ha aprofitat aquesta crisi econòmica perquè alguns oportunistes, amb el suport d’una part dels mitjans de comunicació, han volgut aprofitar el moment de debilitat de les caixes per reclamar-ne la privatització i quedar-se una part d’aquest sucós pastís.

Algunes crítiques de les caixes poden tenir el seu fonament, però d’aquí a reclamar la seva privatització, és com matar mosques a canonades. I, sincerament, no entenem com pot entrar capital privat a les caixes d’estalvis si no perden la seva condició de funció social i no reparteixen dividends als accionistes. La realitat és que si les caixes estan polititzades és per algú les ha polititzades, i aquest algú té nom, llinatges i sigles. Com per exemple, els qui han fet una polèmica pública per veure quin dels seus candidats havia de presidir una determinada caixa; o ha contribuït a la politització aquest candidat, avui president, quan assisteix a actes electorals del seu partit. Per tant, aquí hem de fer una mica d’autocrítica. Però res no justifica prendre una mesura com la que va prendre Margaret Thatcher, en el seu moment, al Regne Unit, que va privatitzar el sistema de caixes. Avui, precisament, quan es revisa tot el sistema financer, una de les solucions que s’han aportat al Regne Unit és tornar a recuperar aquell sistema de caixes. Perquè no únicament acompleixen una funció social en invertir els seus beneficis en serveis socials a la seva pròpia població, sinó que també acompleixen una funció reguladora del sistema.

Igualment, hem de matissar la necessitat de concentració de caixes i concentració bancària. Cada caixa ha de respondre a les necessitats per a les quals va ser creada, i cada caixa pot ser un món diferent. En alguns casos, pot ser necessària la fusió de caixes; en altres, estan bé així com estan. Perquè el que hem d’intentar evitar, també, és que un sistema empresarial, o un sistema financer, ens dugui a unes entitats bancàries tan grans que després la societat no pugui tolerar-ne la caiguda perquè això comporta un risc inassumible per a la societat. Aleshores, en alguns casos, la tendència no hauria de ser a fer més gran, sinó a trossejar, per evitar estar en mans d’aquestes grans corporacions, que precisament en la seva mida basen la seva immunitat, i ens veiem obligats a córrer al seu rescat.

Moltes gràcies, senyor president; moltes gràcies, senyories; i vull felicitar-los una vegada més per aquest pas que ha fet el Senat cap a la realitat democràtica i l’acceptació de la realitat pluricultural de l’Estat.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estoy muy satisfecho y orgulloso de sumarme a este día histórico de reconocimiento de la realidad pluricultural del Estado. Es muy emocionante oír, escuchar y hablar en mi lengua materna, el catalán, pero debo decirles que aún fue más emocionante ayer escuchar a nuestra compañera del Partido Nacionalista Vasco, Miren Lore, hablar en su bellísimo euskera, un auténtico tesoro cultural del que tenemos que sentirnos orgullosos todos los ciudadanos del Estado, que tenemos la obligación de preservarlo y protegerlo.

Una de las senadoras del Grupo Parlamentario Popular en el Senado lamentó ayer no poder entender con la misma fluidez con la que lo había hecho en los años anteriores en esta Cámara. Le diré que, por mi parte, yo hoy me voy a expresar con más fluidez de la que lo he podido hacer en estos tres años anteriores cuando me veía obligado a traducir mentalmente mis palabras, porque deben entender que no hablamos nuestra lengua materna por capricho, sino que lo hacemos porque pensamos, sentimos, soñamos y queremos en esa lengua en todos los ámbitos de nuestra vida. Y por eso, porque queremos vivir normalmente en nuestra lengua, creemos que tenemos derecho a expresarnos en todos los ámbitos de nuestra vida con reciprocidad y con respeto a las minorías.

Hace un momento el portavoz del Grupo Parlamentario Popular defendía el derecho de la minoría cristiana de Iraq y pocos minutos después ha despreciado a nuestro compañero Iñaki Anasagasti cuando




Página 5829


se ha negado a entender lo que decía en euskera. Respeto a las minorías en Iraq, desprecio a la minoría vasca, en este caso en el Senado.

Pasando a la moción que nos ocupa debemos decir que compartimos las inquietudes del senador Pérez Bouza, porque el hecho es que se ha aprovechado esta crisis económica para que algunos oportunistas, con el apoyo de una parte de los medios de comunicación, aprovecharan el momento de debilidad de las cajas para reclamar su privatización y quedarse con una parte de ese jugoso pastel.

Algunas críticas a las cajas pueden tener su fundamento, pero de ahí a reclamar su privatización es como matar moscas a cañonazos. Y sinceramente, no entendemos cómo puede entrar capital privado en las cajas de ahorros si no pierden su condición de función social y no reparten dividendos a los accionistas. La realidad es que si las cajas están privatizadas es porque alguien las ha politizado y ese alguien tiene nombre, apellido y siglas, como, por ejemplo, quienes han hecho una polémica pública para ver quién, entre sus candidatos, debía presidir una determinada caja, o ha contribuido a la politización ese candidato, hoy presidente, cuando asiste a actos electorales de su partido. Por eso, creo que hay que hacer algo de autocrítica. Pero nada justifica tomar una medida como la que tomó Margaret Thatcher en su momento en el Reino Unido, que privatizó el sistema de cajas. Hoy precisamente, cuando se revisa todo el sistema financiero, una de las soluciones que se ha aportado en el Reino Unido es precisamente recuperar aquel sistema de cajas, porque no solo cumplen una función social invirtiendo sus beneficios en servicios sociales a su propia población, sino que también cumplen una función reguladora del sistema.

Igualmente hay que matizar la necesidad de concentración de cajas y de entidades bancarias. Cada caja debe responder a las necesidades por las que fue creada y cada caja puede ser un mundo distinto, en algunos casos puede ser necesaria la fusión de cajas, en otros están bien tal como están, porque lo que tenemos que intentar evitar es que el sistema empresarial o financiero nos lleve a unas entidades bancarias tan grandes que luego la sociedad no pueda tolerar su caída porque eso comportaría un riesgo inasumible para la sociedad. Así pues, en algunos casos la tendencia no debería ser hacerse más grande, sino trocear para evitar estar en manos de estas grandes corporaciones, que precisamente en su tamaño basan su inmunidad y nos vemos obligados a correr a su rescate.

Muchas gracias, señor presidente y señorías. Quiero felicitarnos una vez más por este paso que ha dado el Senado hacia la realidad democrática y la aceptación de la realidad pluricultural del Estado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, presidente.

Comezo esta intervención da quenda de voceiros anunciando que o Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas vai votar distinto nesta moción. Eu, en representación do BNG, votarei en contra, os compañeiros do PNV votarán a favor. Polo tanto, vou expor aquí, nesta tribuna, a posición unicamente do BNG.

O BNG está en contra da moción inicial e está en contra tamén da transacción á que chegaron os distintos grupos excepto o Grupo de Senadores Nacionalistas que, aínda que efectivamente suaviza a posición inicial e aclara, como xa tamén aclarou na súa quenda correspondente o senador Hurtado, ese problema de interpretación do punto número 3 que nós viamos claro que pedía unha nova modificación da Lei de caixas como se non tivésemos bastante coa modificación que se fixo no mes de xullo do pasado ano.

Podemos compartir desa transaccional, como dicía xa na quenda de defensa da emenda, reclamar confianza no sistema financeiro do Estado español, debemos reclamar esa confianza e debemos ter esa confianza, pero todos, incluso os que van votar esta moción, e dígoo dirixíndome ao Partido Popular porque claro, se hai un membro moi cualificado dese partido que di que o Estado español está intervido de facto, supoño que o sistema financeiro tamén entrará dentro dese paquete que forma parte do Estado español. Polo tanto, vostedes, que van aprobar esta moción, sexan consecuentes coas declaracións que fan posteriormente e defendamos o sistema financeiro español como un sistema solvente e sólido porque efectivamente é unha das poucas fortalezas que temos neste momento de crise.

Como dicía antes, podo compartir a autorización do FROB para levar a cabo esa primeira reestruturación que buscaba un redimensionamento das caixas, reducir o número total das mesmas aumentando o seu tamaño, pero como lles dicía antes, isto nolo esixían hai dous meses e agora xa nos esixen outra cousa e, á parte, con moi pouco rigor.

En Galicia se nos dicía que a fusión de Caixanova e Caixa Galicia daría unha caixa cun tamaño moi considerable e que ademais só necesitaría para ser perfectamente solvente 1.200 millóns de euros máis ou menos que os achegaría o FROB. Agora, dous meses despois, xa nos din que non, que non chega,




Página 5830


que temos problemas, que temos riscos, aclárense pero en dous meses un organismo como o Banco de España non pode, se queremos ser un país serio, estar dando estes bandazos, e isto é así e non ten discusión porque son datos absolutamente obxectivos.

Curiosamente, estes son os mesmos que nos convidan a facer outro tipo de reformas con argumentos absolutamente peregrinos e argumentos que non se sosteñen como por exemplo a reforma das pensións. Dinnos que non é solvente o sistema de pensións, dannos unha serie de datos que non se corresponden coa realidade e fannos crer a todos que efectivamente hai que ir con urxencia a esa reforma e dentro duns meses nos dirán outra cousa. Por suposto, e reitero, non compartimos en absoluto a entrada de capital privado nas caixas de aforros porque iso vai supor unha privatización de facto e unha bancalización como xa está supondo naquelas que foron a unha fusión fría.

Tamén me gustaría que o señor Hurtado, que sei que sabe moito de economía, nos puidese aclarar esa dúbida que tamén expresou o senador Sampol de como o capital privado vai entrar nunhas caixas que van seguir tendo ese carácter social e que polo tanto non van repartir dividendos, a ver se nos puidese aclarar isto porque eu a verdade é que non o entendo, dígolle sinceramente que non o entendo.

Por suposto, non podemos permitir ou non podemos compartir esa deslocalización da obra social e ese intento de diminuír o control e as competencias de entidades locais e Comunidades Autónomas nos órganos de dirección das caixas. Porque este ademais é o primeiro envite dese debate que está hoxe xa a pleno rendemento, que é pór en cuestión o Estado autonómico. É xa o primeiro envite, Comunidades Autónomas fóra dos órganos de decisión das caixas, fóra competencia sobre as caixas e a partir de aí virán outras iniciativas do mesmo tipo.

É curioso que en tres anos que levamos de lexislatura e en dous anos que levamos de crise a única ocasión na que se puxeron de acordo despois dunha xuntanza Zapatero e Rajoy foi para modificar a Lei de caixas no mes de xullo e abrir a porta á súa privatización. Para isto estiveron perfectamente de acordo e non lles levou máis de dous ou tres minutos pórse de acordo.

Polo tanto, como hai moitas máis cousas que rexeita o BNG nesta moción, incluso suavizada a través da transaccional, das que compartimos, repito, que votaremos en contra, o PNV votará a favor.

Por último, e remato, a min gustaríame que todos os que durante estes meses nos din que miremos para Alemaña para copiar todo o bo que ten a economía alemá, que ten o Goberno de Alemaña, tamén me gustaría que neste caso se mirase para o sistema de caixas que hai en Alemaña, que non hai 27, non hai 45, hai máis de 400 vinculadas a entidades locais, caixas dun tamaño moi reducido pero dunha solvencia absoluta para a función que teñen asignada, que é actuar en apoio do desenvolvemento económico e social do territorio. Ben, como temos que mirar para Alemaña para todo, miremos tamén para isto que sen dúbida neste caso, si é un bo exemplo.

Finalmente, señor Hurtado, dicía vostede que non hai ningún problema, que non periga a obra social das caixas, que non periga a vinculación co territorio porque en todo caso o capital privado non vai chegar máis alá do 49 %. Todos os que estamos aquí sabemos que quen ten o 49 % nun consello de administración ten o temón e o mando para levar o barco onde queira, entre outras cousas porque ese 49 % sabe perfectamente o que quere, sabe perfectamente onde quere ir e vai actuar unido, en cambio o outro 51 % responde a múltiples intereses e a múltiples organismos que colocan aí ese 51 %, co cal, a min déame o 49 % de calquera consello de administración que non necesito para nada o outro 51 % para levar esa empresa ou, neste caso, esa caixa onde a min máis me interese, e iso sábeo vostede mellor, moito mellor ca min.

Polo tanto, reitero ese voto en contra a esta moción.

Gracias, presidente.

Comienzo esta intervención del turno de portavoces anunciando que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas va a votar distinto en esta moción. Yo, en representación del BNG, votaré en contra, y los compañeros del PNV votarán a favor. Por lo tanto, lo que voy a presentar en esta tribuna es únicamente el posicionamiento del BNG.

El BNG está en contra de la moción inicial y está en contra también de la transacción a la que han llegado los distintos grupos, a excepción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, aunque suaviza la posición inicial y aclara, como también lo ha hecho en su turno correspondiente el senador Hurtado, ese problema de interpretación del punto número tres, que nosotros veíamos muy claro que pedía una nueva modificación de la Ley de cajas, como si no tuviésemos ya bastante con la modificación que se presentó en el mes de julio del pasado año.




Página 5831


Pues bien, podemos compartir esa transaccional, como decía en el turno de defensa de la enmienda, reclamar la confianza en el sistema financiero del Estado español. Debemos reclamar esa confianza, debemos tener esa confianza, pero todos, incluso los que van a votar esta moción, y lo digo dirigiéndome al Partido Popular, porque si hay un miembro bien cualificado de ese partido que dice que el Estado español está intervenido de facto, pues supongo que el sistema financiero también entrará dentro de ese paquete que forma parte del Estado español. Por lo tanto, ustedes, que van a aprobar esta moción, sean consecuentes con las declaraciones que hacen posteriormente. Defendamos el sistema financiero español como un sistema solvente y sólido, porque, efectivamente, es una de las pocas fortalezas que tenemos en este momento de crisis.

Como decía antes, puedo compartir la utilización del FROB para llevar a cabo esa primera reestructuración que buscaba un redimensionamiento de las cajas, reducir el número, aumentar su tamaño. Esto nos lo exigían hace unos meses, ahora se nos exige otra cosa, además con muy poco debate.

En Galicia se nos decía que la fusión de Caixanova y Caixa Galicia daría lugar a una caja con un tamaño muy considerable y que además solo necesitaría, para ser perfectamente solvente, 1200 millones de euros, más o menos, y que lo soportaría el FROB. Pues bien, ahora, dos meses después, ya nos dicen que no, que no llega, que tenemos problemas, que tenemos riesgos. Aclárense. En dos meses un organismo como el Banco de España no puede, si queremos ser un país serio, estar produciendo estos cambios. Esto ha sido así y no tiene discusión porque son datos absolutamente objetivos.

Curiosamente, estos son los mismos que nos invitan a hacer otro tipo de reformas con argumentos absolutamente peregrinos y que no se sostienen, como, por ejemplo, la reforma de las pensiones. Nos dicen que no es solvente el sistema de pensiones, nos dan una serie de datos que no se corresponden con la realidad y nos hacen creer a todos que hay que ir con urgencia a esa reforma, y dentro de unos meses nos dirán otra cosa. Por supuesto, y reitero, nosotros no compartimos en absoluto la entrada de capital privado en las cajas de ahorros, porque eso va a suponer una privatización de facto y una bancarización, como ya lo está suponiendo en aquellas que han ido de cara a una fusión de ese estilo.

También me gustaría que el señor Hurtado, que sé que sabe mucho de economía, nos aclarase esa duda, que también planteó el senador Sampol, de cómo el capital privado va a entrar en unas cajas que van a seguir teniendo ese carácter social y que, por lo tanto, no van a repartir dividendos. A ver si nos aclara esto, porque yo, la verdad, sinceramente se lo digo, no lo entiendo.

Por supuesto, no podemos compartir esa deslocalización de la obra social y ese intento de disminuir el control de las competencias de entidades locales y comunidades autónomas en los órganos de dirección de las cajas. Este es el primer envite de ese debate, poner en cuestión el Estado autonómico cuando está ya a pleno rendimiento. Me refiero a comunidades autónomas, órganos de dirección, competencias sobre las cajas, y a partir de ahí vendrán otras iniciativas del mismo tipo.

Es muy curioso que en tres años que llevamos de legislatura y en dos que llevamos de crisis, la única cosa en que se han puesto de acuerdo Zapatero y Rajoy después de una reunión fue para modificar la Ley de cajas en el mes de julio y abrir así la puerta a su privatización. Para esto estuvieron perfectamente de acuerdo, y no les llevó más de dos o tres minutos.

En consecuencia, como hay muchas más cosas de las que dudamos en la moción, incluso suavizada a través de la transaccional, el BNG votará en contra y el PNV a favor.

Para finalizar, les diré a todos los que durante estos meses nos dicen que miremos a Alemania para copiar lo bueno que tiene la economía alemana y lo moderno de Alemania, que me gustaría también que en este caso se mirase el sistema de cajas que hay en Alemania. No hay veintisiete ni cuarenta y cinco, sino más de cuatrocientas vinculadas a entidades locales. Son cajas de un tamaño muy reducido pero de una solvencia absoluta para la función que tienen asignada, que es actuar en apoyo del desarrollo económico y social de ese territorio. Pues bien, como tenemos que mirar hacia Alemania para todo, miremos también para esto, porque yo les diría que es un buen ejemplo.

Finalmente, señor Hurtado, decía usted que no hay ningún problema, que no está en peligro la obra social de las cajas ni la vinculación con el territorio porque el capital privado en ningún caso va a llegar más allá del 49%. Todos los que estamos aquí sabemos que quien tiene el 49% en la administración tiene el timón y el mando para llevar el barco a donde quiera, entre otras cosas porque ese 49% sabe perfectamente lo que quiere, sabe perfectamente a dónde quiere ir y va a actuar como quiera, mientras que el otro 51% responde a intereses de múltiples organismos que colocan ahí a ese 51%. Por tanto, denme el 49% de cualquier consejo de administración porque no necesitaré para nada el otro 51% para




Página 5832


guiar esa empresa o, en este caso, esa caja hacia donde a mí más me interese. Eso lo sabe usted mucho mejor que yo.

En consecuencia, reitero el voto en contra a esta moción.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Moltes gràcies, president.

Senadores, senadors, el senador Hurtado ens porta avui una proposta de moció interessant; interessant perquè al darrere d’aquesta proposta s’està fent un debat que jo crec que, també, repeteixo, té un gran interès. Jo voldria dir-li, i ho sap, que nosaltres hem signat aquesta esmena transaccional, i per tant la votarem, per coherència amb això; i ho fem perquè, com plantejava el senador Bouza, a nosaltres també ens preocupava el tercer punt de la seva moció, que era aquesta modificació de la llei de caixes d’estalvi, que vostè ara ha aclarit que no pretenia fer una nova modificació, sinó que en el fons era recuperar l’anterior, però això a nosaltres ens produïa preocupació.

I també ens en produeix, tenint en compte que és cert, com diu vostè, que en aquests moments hem de reafirmar la confiança en el sistema financer; i és així perquè en aquesta casa, en aquesta cambra, amb una ponència aprovada per unanimitat per aquest ple del Senat, en una ponència de seguiment de la crisi, a l’informe final d’aquesta ponència, el primer punt de proposta de resolució de la crisi plantejava que necessitàvem, per sortir de la crisi econòmica que estem afrontant, un sistema financer absolutament normalitzat. I del primer punt, és a dir, si no som capaços de tenir un sistema financer potent i que actuï de manera normalitzada, no ens en sortirem. No ens en sortirem, no financerament, no ens sortirem de la crisi. És a dir, si el sistema financer no és capaç de tornar a la normalitat... i això que vol dir, la normalitat? Vol dir deixar diners a les empreses que ho necessiten, empreses que demostrin la seva rendibilitat, empreses que demostrin la seva competitivitat, empreses que demostrin que poden tornar aquests préstecs i aquests diners, però és imprescindible que els diners arribin amb normalitat a les empreses, grans, petites i mitjanes, i que arribin a les famílies, perquè puguin estimular el seu consum, etcètera, etcètera. Per tant, és determinant resoldre el sistema financer. I és determinant per a aquesta resolució confiar en ell i aplicar les mesures que resolguin els temes que ens han portat financerament a la situació que ens han portat.

I aquí voldria, també, discrepar una mica del senyor Hurtado i aprofitar aquest debat per introduir un element de preocupació, jo diria que, en aquest sentit, molt personal. Sempre tenim una tendència a dir que el regulador, el Banc d’Espanya, ha actuat adequadament en tot aquest sistema. Jo discrepo en alguns aspectes. És cert que el Banc d’Espanya, per dir-ho així, va intervenir obligant a uns controls superiors a la banca, però hi ha un fet que el Banc d’Espanya no va fer. Un dels problemes que hem tingut que ens ha portat a aquesta situació, i és una cosa molt pròpia de l’Estat espanyol dins d’aquesta crisi financera internacional, és el fet que la banca va deixar molts i molts diners. Es va endeutar molt, és a dir, va deixar molts diners a llarg termini, amb hipoteques, a promocions immobiliàries, diners que no tenia, que els aconseguia amb una gran facilitat del Banc d’Europa, però que els tenia a curt i els deixava a llarg. I aquest és el gran tema que tenim a sobre de la taula. I aquí el Banc d’Espanya, el regulador, sabia que tot això estava passant. Jo entenc, i repeteixo, és una opinió personal, que el Banc d’Espanya havia d’haver actuat en aquell moment, i dir-li a la banca d’aquest país que no podia seguir deixant diners de la manera que els estava deixant, no podia seguir endeutant-se i entrant en risc d’una forma tan clara; sobretot concentrant molt en un sector, que és l’immobiliari, que ens ha portat a la situació en què estem en aquest moment. Per tant, el Banc d’Espanya ha fet bé algunes coses i altres coses no les ha fet bé, i com a regulador, entenc que hagués hagut d’intervenir en el moment que veia que la banca d’aquest país, bancs i caixes, s’estava endeutant excessivament; repeteixo, endeutant-se ells a curt termini per deixar diners a llarg termini, que és una situació complexa que ens ha portat a aquesta situació, a la problemàtica que tenim a nivell bancari.

Hem fet coses. S’ha fet una llei de caixes, s’ha fet un FROP que permet teòricament la capitalització d’aquestes banques; però també, com s’ha plantejat aquest matí, hi ha dubtes. Qui capitalitzarà aquestes caixes? Ho farà la banca? És a dir, les privatitzarem, clarament? Al 50%, però és cert que una privatització del 49% és potentíssima. I la pregunta és: mantindrem la filosofia de les caixes i de la seva obra social? I es deia aquí, abans: acceptaran aquests inversors privats que els seus dividends, una part dels diners que es guanyin, es dediquin a obra social? Tot això són dubtes que queden i, per tant, sense reiterar aquesta confiança en el sistema, sense reiterar aquesta necessitat de resoldre aquesta situació, hi ha




Página 5833


preguntes, per veure: com s’aplica el FROP, fins on arribem? Qui farà aquesta capitalització que sembla que és necessària? Qui la farà? La farà, senzillament, l’Estat, i per tant estarem mirant a una nacionalització de caixes? A mi no em preocupa, eh?. Parlem-ne. La farem privadament? Si es fa privadament, ens carreguem el sistema, i per tant, el tema d’obra social l’oblidem? És molt important tot el factor que feia d’obra social al territori, a les comunitats autònomes. Jo he estat conseller de Cultura del govern de Catalunya, i a mi m’anaven molt bé els mil i escaig milions de les antigues pessetes que em venien de l’obra social de les caixes per fer tasques en l’àmbit de la cultura. Era molt important. Completava adequadament el meu pressupost. Ho tindrem, això? Ho mantindrem? No ho mantindrem? Seria bo que, en tot aquest procés de generar confiança, expliquem amb claredat cap a on anem, com anirà i quins bancs tindrem i quines caixes tindrem.

Jo estic d’acord amb el que deia abans el senyor Bouza: s’ha dit durant molt de temps que les caixes, si no les tinguéssim, les hauríem d’inventar. Les tenim. Potser no hem actuat adequadament, per culpa de qui sigui, de tothom. Però el que és evident és que aquest sistema no ens el podem carregar. Hem d’actuar, hem de generar confiança, per anar a la normalització del sistema financer, element imprescindible per normalitzar l’economia d’aquest país. Però, repeteixo, hi ha dubtes que existeixen i, per dir-ho així: la confiança tota, però hem d’aconseguir, i hem de saber, i volem més informació per saber com es farà aquest procés quan, a més a més, et trobes que, llegint documents d’Internet, diaris confidencials, expliquen que hi ha dubtes sobre si aquesta capitalització de les caixes la farà l’Estat, la faran bancs, si hi haurà una absorció per part de la banca. I tot això, repeteixo, en el fons ens ho hem de qüestionar amb un altre element molt important, també. Molts aspectes d’aquest tema estan entrant al nivell competencial. Ja sé que en aquests moments hi ha un debat sobre que això de les autonomies ens ho hem de replantejar. Bé, si voleu, ho replantegem tot, però això vol dir que ens hem de replantejar una constitució, etcètera, etcètera.

Repeteixo, i tornant al principi una mica en aquests dos minuts que em queden. Confiança, sí, necessitat que els mercats es vegin amb confiança, però també hem d’intentar aprofitar aquesta conjuntura per resoldre les coses. Hem fet mecanismes de resolució, però en l’aplicació d’aquests mecanismes hem de tenir cura de veure com ho fem, i crec que en aquesta cambra seria bo que, de tant en tant, ens expliquéssim, i sabéssim, com aplicarem aquestes normes que ens hem donat, com es diu en català, «a fi de bé», per aconseguir un bé, però que amb això no trenquem una història i un present, un present recent, d’unes estructures de caixes que han estat uns elements determinants en el funcionament d’aquest país.

Res més i moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Senadoras, senadores, el senador Hurtado nos trae una propuesta de moción interesante, porque detrás de esa propuesta se está produciendo un debate que tiene gran interés. Yo le avanzo, y lo sabe, que nosotros hemos firmado esa enmienda transaccional y, por tanto, votaremos a favor por coherencia. Y lo hacemos porque, como planteaba el senador Pérez Bouza, a nosotros también nos preocupaba el tercer punto de su moción, que era esta modificación de la Ley de cajas de ahorros, que usted ahora ha aclarado que no pretendía hacer una nueva modificación, sino que en el fondo era recuperar la anterior, algo que a nosotros nos producía preocupación.

También nos la produce teniendo en cuenta que es cierto, como dice usted, que en estos momentos debemos reafirmar la confianza en el sistema financiero —es así— porque en esta Casa, en esta Cámara, una ponencia aprobada por unanimidad por este Pleno del Senado, una ponencia de seguimiento de la crisis, en su informe final, el primer punto de propuestas de resolución de la crisis planteaba que necesitábamos para salir de la crisis económica a la cual nos enfrentábamos un sistema financiero absolutamente normalizado. Ese es el primer punto, es decir, si no somos capaces de tener un sistema financiero potente y que actúe de forma normalizada no vamos a salir de esta no financieramente, sino que no vamos a salir de la crisis. Es decir, el sistema financiero ha de ser capaz de volver a la normalidad. ¿Y qué quiere decir eso, la normalidad? Quiere decir dejar dinero a aquellas empresas que lo necesitan y que demuestren su rentabilidad, su competitividad y que pueden devolver esos préstamos, ese dinero. Es imprescindible que el dinero llegue con normalidad a las empresas, grandes, pequeñas y medianas, y a las familias para estimular el consumo, etcétera. Por lo tanto, es determinante resolver el sistema financiero, es determinante para esta resolución confiar en él y aplicar las medidas que resuelvan los temas que nos han llevado financieramente a esta situación.




Página 5834


Pero discrepo un poco con el señor Hurtado, y aprovecho este debate para introducir un elemento de preocupación muy personal. Siempre tenemos tendencia a decir que el regulador, el Banco de España, ha actuado adecuadamente en toda esta historia pero yo discrepo, porque aunque el Banco de España intervino obligándonos a controles superiores a la banca, hubo algo que no hizo. Uno de los problemas que hemos tenido y que nos ha llevado a esta situación —y es algo muy propio del Estado español dentro de la crisis financiera internacional— es el hecho de que la banca dejó mucho, mucho dinero, se endeudó mucho; es decir, dejó mucho dinero a largo plazo, mediante hipotecas y promociones inmobiliarias; dinero que no tenía y que conseguía con gran facilidad del Banco Central Europeo, así que disponía de él a corto plazo y lo prestaba a largo plazo. Ese es el gran tema que tenemos sobre la mesa porque aquí el Banco de España, el regulador, sabía que esto estaba sucediendo. A mi entender —y repito que es una opinión personal— el Banco de España debía haber actuado en aquel momento y decirle a la banca de este país que no podía seguir dejando dinero de la forma en que lo estaba haciendo. No podía seguir endeudándose y entrando en riesgo de una forma tan clara, sobre todo al concentrarse tanto en un sector: el inmobiliario, lo cual nos ha llevado a la situación en la que nos hallamos en este momento. Por lo tanto, el Banco de España ha hecho bien algunas cosas y otras no tanto. Entiendo que, como regulador, debería haber intervenido en el momento en que la banca de este país, bancos y cajas, estaban endeudándose excesivamente a corto plazo para dejar dinero a largo plazo, lo cual ha generado una situación compleja que nos ha llevado a la problemática que tenemos a nivel bancario.

Hemos hecho cosas, por ejemplo una Ley de cajas y un FROB que permite teóricamente la capitalización de estas bancas, pero también, como se ha planteado esta mañana, hay dudas. ¿Quién va a capitalizar estas cajas? ¿Lo hará la banca, es decir las privatizaremos claramente al 50%?, aunque lo cierto es que una privatización del 49% es potentísima. La pregunta es: ¿Vamos a mantener la filosofía de las cajas y de su obra social? Y como se ha comentado aquí antes, ¿van a aceptar los inversores privados que sus dividendos, que una parte del dinero que ganan se dedique a obra social? Todo eso genera dudas y, por lo tanto, sin reiterar esa confianza en el sistema ni la necesidad de resolver la situación, surgen preguntas en torno a cómo se aplica el FROB, hasta dónde hemos de llegar, quién va a hacer esta capitalización que parece necesaria. ¿La va a hacer el Estado y por lo tanto estaremos yendo hacia una nacionalización de las cajas? A mí no me preocupa, pero debemos hablarlo. ¿O lo vamos a hacer privadamente, pero entonces nos vamos a cargar el sistema, y por tanto, olvidamos la obra social? Sin duda, en las comunidades autónomas es muy importante un factor como la obra social. Yo he sido consejero de Cultura del Gobierno de Cataluña y me iban muy bien los mil y pico millones de las antiguas pesetas procedentes de la obra social de las cajas para desempeñar labores en el terreno de la cultura. Era muy importante y completaba de forma muy adecuada mi presupuesto. Entonces, ¿lo mantendremos o no? Sería bueno para este proceso de generar confianza explicar con claridad hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer y qué bancos y cajas vamos a tener.

Estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes el señor Pérez Bouza sobre algo que hemos mantenido durante mucho tiempo: que si no tuviéramos las cajas tendríamos que inventarlas. Pero las tenemos. Quizá no hemos actuado adecuadamente por culpa de quien sea, de todo el mundo, pero es evidente que este sistema no nos lo podemos cargar y que tenemos que actuar para generar confianza e ir hacia la normalización del sistema financiero, elemento imprescindible para normalizar la economía de este país. Pero, repito, existen dudas. Por decirlo de alguna forma, confianza, la tenemos toda, sin embargo, queremos información para saber —porque debemos conocerlo— cómo se va a desarrollar este proceso, cuando, además, leyendo documentos de Internet, diarios confidenciales, etcétera, vemos cómo se explica en ellos que hay dudas sobre si es el Estado el que va a hacer esta capitalización de las cajas o si la van a hacer los bancos, o si va a haber una absorción por parte de la banca. Y todo esto, repito, en el fondo nos lo debemos cuestionar junto con otro elemento muy importante. En muchos aspectos estamos entrando en niveles competenciales, y sé que en estos momentos hay un debate sobre esto de las autonomías. Pues bien, si quieren, nos lo replanteamos todo, pero esto quiere decir que debemos replantearnos la Constitución, etcétera.

Reitero —y vuelvo al comienzo de mi intervención en estos dos minutos que me quedan—: confianza, sí —hoy existe la necesidad de que los mercados se vean con confianza—, pero también debemos intentar aprovechar esta coyuntura para resolver las cosas. Hemos desarrollado mecanismos de resolución, pero en la aplicación de estos mecanismos debemos ir con cuidado y creo que aquí, en esta Cámara, sería bueno que de vez en cuando nos explicasen cómo vamos a aplicar estas normas que nos hemos dado y que son parabién, como se dice en catalán, y que no por ello rompamos una historia y un presente




Página 5835


reciente de unas estructuras de cajas que han sido elementos determinantes en el funcionamiento de este país.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Em permetran que, en primer lloc, com han fer altres senadors i senadores en el decurs d’aquesta sessió, manifesti la meva satisfacció per poder emprar el català, la meva llengua materna, llengua pròpia de la comunitat autònoma de Catalunya, a la qual represento aquí, al Senat. Certament, estem vivint moments històrics de cara al reconeixement de la pluralitat cultural i nacional de l’Estat espanyol, d’Espanya.

Senyores i senyors senadors: la crisi que estem vivint, una crisi financera en origen i que ha esdevingut una crisi econòmica global, es caracteritza, en part, per ser una crisi de confiança; una crisi de confiança del consum intern i una crisi de confiança en els sistemes financers. En aquest context, la Unió Europea està avançant en el camí d’una veritable unió econòmica, no només monetària, de la zona euro. Es vol avançar cap a una veritable governació econòmica de la Unió. De fet, aquest és un dels veritables dèficits de la Unió: la incapacitat, després de la creació de l’euro, d’haver avançat cap a aquesta veritable governació, cap a aquesta veritable unió econòmica.

De moment, la Unió Europea ha fet passos endavant, més enllà dels rescats de Grècia i Irlanda, amb la constitució del Fons Europeu d’Estabilitat Financera, el FEEF. L’objectiu d’aquest fons és preservar l’estabilitat, la unitat i la integritat financera de la unió econòmica i monetària. Es tracta d’evitar que les dificultats financeres d’un estat membre puguin posar en perill l’estabilitat financera de la Unió Europea. Més enllà de la possibilitat de disposar immediatament de tots els recursos del fons i de la seva possible ampliació, és important la seva consolidació, a partir del 2013, amb el seu substitut: el Mecanisme Europeu d’Estabilització.

El Mecanisme Europeu d’Estabilització, el MEE, seguirà prestant assistència als estats de la zona euro que ho sol•licitin i complementarà el nou marc de governació econòmica reforçada de la Unió Europea, amb l’aspiració de reduir substancialment la probabilitat de crisis futures mitjançant una supervisió econòmica eficaç i rigorosa centrada en la prevenció.

Quant al sistema financer espanyol, que és el que ens ocupa, tal com ha reconegut reiteradament el Banc d’Espanya, i també s’ha dit al llarg d’aquest debat, ha demostrat un elevat grau de solidesa. Així mateix, s’ha fet un important esforç de reforma del sistema, especialment en el sector de les caixes d’estalvis. S’havia de resoldre l’excés de capacitat i augmentar la massa crítica de les entitats. En aquest moment, com deia, fa dos mesos, el governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, va dir: “s’ha de completar el procés de reestructuració del sistema bancari espanyol”. Fins i tot aquelles entitats que no necessiten ajudes han de reaccionar davant d’un entorn que cada vegada pressiona més a la baixa els beneficis. La digestió de l’ajut immobiliari, l’encariment del finançament extern i intern i el reduït nivell de tipus de bona part de l’actiu, així com una recuperació de l’activitat econòmica, que inevitablement serà gradual, com a conseqüència d’un llarg i desequilibrat cicle expansiu, confirmen un escenari en què, si les entitats no reaccionen ràpidament, ho patiran en el nivell de qualitat dels seus comptes de resultats.

És per tot això que ara cal completar la reestructuració bancària, clarificar l’autèntica situació de bancs i caixes d’estalvis, millorant els tests d’estrès, en línia amb els acords de la reunió d’ahir mateix de l’Ecofin, que es va reunir a Brussel•les.

Gracias, señor presidente.

Me van a permitir que, en primer lugar, como han hecho otros senadores y senadoras en el curso de esta sesión, manifieste mi satisfacción por poder emplear el catalán, mi lengua materna y la lengua propia de la Comunidad Autónoma de Cataluña a la que represento aquí, en el Senado. Ciertamente estamos viviendo momentos históricos de cara al reconocimiento de la pluralidad cultural y nacional del Estado español; de España.

Señoras y señores senadores, la crisis que estamos viviendo —una crisis financiera en origen que ha acabado siendo una crisis financiera y económica global—, se caracteriza en primer lugar por ser una crisis de confianza del consumo interno y una crisis de confianza en los sistemas financieros. En este




Página 5836


contexto, la Unión Europea está avanzando en el camino de una verdadera unión económica, no solo monetaria, de la zona euro, hacia una gobernación económica real de la Unión. De hecho este es uno de los auténticos déficits de la Unión: la incapacidad —tras la creación del euro— de avanzar hacia esa auténtica gobernación, esa auténtica unión económica.

De momento la Unión Europea ha dado pasos adelante, más allá de los rescates de Grecia e Irlanda, con la constitución del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. El objetivo de este fondo es preservar la estabilidad e integridad financiera de la Unión económica y monetaria. Se trata de evitar que las dificultades financieras de un Estado miembro puedan poner en peligro la estabilidad financiera de la Unión Europea. Más allá de la posibilidad de disponer inmediatamente de todos los recursos del fondo y su posible ampliación, es importante su consolidación a partir de 2013 con su sustituto el mecanismo europeo de estabilización.

El mecanismo europeo de estabilización seguirá prestando asistencia a los Estados de la zona euro que lo soliciten y complementará el nuevo marco de gobernación económica reforzada de la Unión Europea, con la aspiración de reducir de forma sustancial la probabilidad de crisis futuras mediante una supervisión económica eficaz y rigurosa centrada en la prevención.

El sistema financiero español, que es el que nos ocupa, tal y como ha reconocido reiteradamente el Banco de España —y también se ha dicho a lo largo de este debate—, ha demostrado un elevado grado de solidez. Asimismo se ha hecho un importante esfuerzo de reforma del sistema, especialmente en el sector de las cajas de ahorros —había que resolver el exceso de capacidad y aumentar la masa crítica de las entidades—. En estos momentos, como decía hace dos meses el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hay que completar el proceso de reestructuración del sistema bancario español; incluso aquellas entidades que no necesiten ayudas deben reaccionar ante un entorno que cada vez presiona más a la baja los beneficios.

La gestión de la ayuda inmobiliaria, el encarecimiento de la financiación interna y externa y reducir el nivel de tipos de gran parte del activo, así como la recuperación de la actividad económica, que inevitablemente va a ser gradual como consecuencia de un gran ciclo expansivo, confirman un escenario en el que si las entidades no reaccionan rápidamente, lo sufrirán en el nivel de calidad de sus cuentas de resultados.

Por todo ello es preciso ahora completar la reestructuración bancaria, clarificar la auténtica situación de bancos y cajas de ahorros mejorando los tests de estrés en línea con los acuerdos de ayer mismo del Ecofin, que se reunió en Bruselas. Es necesario, si es preciso, inyectar más recursos públicos para reforzar la capitalización de algunas entidades, aunque va a haber muchos casos distintos, como reconocía hace unos días el presidente del Gobierno de España, el señor Rodríguez Zapatero. Asimismo, tal y como pide el sector, hay que mejorar la prevención con nuevos criterios de regulación y supervisión, y también es preciso tener capacidad de anticipación —hacen falta nuevas competencias y facultades de intervención temprana—.

Tal y como decía hace unos días el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, a quien acabo de citar hace un momento, España debe culminar el proceso de reestructuración del sistema financiero para que no haya ninguna sombra de duda en cuanto a la solvencia española, en un proceso de reforma que el presidente calificaba de la más ambiciosa de los últimos veinte años. Igualmente, como afirmaba el presidente, y pide también el presidente de la CECA —la Confederación Española de Cajas de Ahorros—, hay que posibilitar la captación de capital privado por parte de las cajas en un porcentaje que, obviamente, no haga perder su condición de públicas, tal y como también ha comentado el senador Hurtado. Con todas estas medidas aseguraremos la restauración de la confianza internacional en nuestra economía, clave para asegurar las bases de la recuperación y del crecimiento.

Por tanto, vamos a votar a favor de la moción del Grupo Socialista, y hemos suscrito la enmienda transaccional.

Señorías, valoramos el consenso alcanzado, un consenso muy amplio —si no absoluto, es lo más necesario—: la unidad en la defensa de la solidez de nuestra economía.

Por los mismos motivos, son totalmente rechazables las declaraciones como las del señor don José María Aznar de hace unos días que decían que la economía española era una economía intervenida. Es una muestra de escasa altura política, que solo refleja el talante de quien la formula.

Muchas gracias.




Página 5837


El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

En primer lugar quiero agradecer la disposición de todos los grupos parlamentarios para lanzar ese mensaje desde aquí, desde el Senado, desde la Cámara territorial, hacia la ciudadanía y hacia los mercados financieros de confianza en nuestro sistema financiero. Creo que todos hemos hecho un esfuerzo —es de agradecer— y yo, como proponente del Grupo Parlamentario Socialista, así lo quiero manifestar.

Tengo que decir en relación con algunas manifestaciones que ha hecho el señor Bouza que, evidentemente, si se reforma la ley de cajas de ahorros es no solamente porque se cree en las cajas de ahorros, sino porque se quieren preservar las cajas de ahorros como entidades bancarias. Si no se creyese en las cajas de ahorros, posiblemente algunos hubiesen estado interesados en que se mantuviesen, porque las pruebas de resistencia, los tests de estrés así lo han puesto de manifiesto: son solventes con muy pocas, poquísimas, excepciones.

Las pruebas de resistencia o tests de estrés se van a hacer desde un ámbito de la Unión Europea previsiblemente para el próximo mes de julio con muchas mayores exigencias y queremos tener nuestras cajas de ahorros preparadas para entonces. Nosotros somos los principales interesados en que las cajas de ahorros no solamente pervivan, sino en que sean fuertes, en que no estén al albur de las crisis financieras presentes y futuras y que puedan estar al mismo nivel que el resto de entidades bancarias. Por eso, porque creemos en las cajas de ahorros, pensamos que es necesaria especialmente en estos momentos su reforma. Y en ese sentido ha habido un amplio consenso —yo diría que casi total— desde el ámbito político, amplísimo desde el ámbito bancario y financiero, con el aplauso de la propia Federación de Cajas de Ahorros por la prontitud y por el alcance de esta reforma, y yo creo que también desde el ámbito internacional se ha visto como una esperanza la respuesta y las conclusiones que puedan dar de sí las reformas de nuestra ley de cajas de ahorro. Creo que estamos totalmente de acuerdo con que hay que mantenerlas, con que hay que mejorarlas, y, desde luego, tienen que mantener su obra social.

Respecto a esto último se ha hecho alguna pregunta: ¿qué va a pasar con la obra social y con las competencias autonómicas? Ahí están. Las competencias son autonómicas, cada comunidad tiene su propia legislación sobre las cajas de ahorros. En esa legislación se establece qué porcentaje de los beneficios está dirigido obligatoriamente a la obra social, y las propias cajas de ahorros serán las que definan —como en estos momentos— qué parte de los beneficios tienen un destino social en sus respectivos territorios. Para nada se cambia eso, muy al contrario, y quien quiera invertir en las cajas de ahorros tiene que tener claro que esa es una condición para poder ser beneficiario de inversión de capital en estas entidades bancarias. Es un condicionante para el inversor, pero, desde luego, no es para nada un condicionante social, muy al contrario, eso lo establecen las respectivas comunidades autónomas a través de sus propias leyes.

Quiero eliminar algunos tópicos de nuestro sistema financiero en este momento en el que parece que todo es negativo a este respecto y además quiero dar una información muy precisa, la información oficial del Banco de España, del Banco Central Europeo, y con esos datos tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad de nuestro sistema financiero. Quiero destacar, por ejemplo, uno de ellos. Nuestro sistema financiero —cajas de ahorros y banca comercial— es el mejor sistema de Europa en cuanto a captación de depósitos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha fidelidad en nuestras entidades financieras y, por otra parte, en relación con los activos y los préstamos que concede, hay un porcentaje muy elevado: alcanzamos más del 50% de cobertura de préstamos con depósitos en nuestras entidades bancarias. La media de la Unión Europea es de un 30% —20 puntos por debajo—. Por ejemplo, un dato muy significativo es que Irlanda no llega al 12% y Francia se queda en un 20%. Somos el sistema financiero de Europa que más nivel de cobertura tiene en sus préstamos con relación a sus depósitos, con una enorme capacidad para adquirir y captar depósitos nuestras entidades bancarias.

Un segundo dato muy significativo es que nuestro sistema financiero es también el líder en Europa y el que más préstamos concede a las empresas. Tenemos que ser conscientes de ello y también de que, a pesar de que ha bajado un 1,4% este último año, es el sistema que más presta a las empresas de toda Europa, cerca de 922.000 millones de euros; el siguiente es Alemania, que se queda en 898 000 millones de euros; después se encuentra Italia, con 882.000 millones de euros; a continuación van Francia, con 832.000 millones de euros, y los Países Bajos, con 342.000 millones de euros. Estos cuatro países




Página 5838


alcanzan el 83% de todos los préstamos a las entidades empresariales. Eso quiere decir que no solamente tenemos un sistema financiero que capta depósitos, sino que sigue haciendo un esfuerzo para financiar a nuestras empresas.

Existe otro dato significativo en relación con los préstamos que se conceden a los hogares: somos el tercer país de Europa; el primer país de Europa, en concreto, es Alemania que presta a los hogares en torno a 1,4 billones de euros.

El segundo es Francia, que presta aproximadamente 1 billón de euros. Pues bien, el tercer país es España, cuyo sistema financiero aporta aproximadamente 885 000 millones de euros a nuestros hogares. Se sigue manteniendo un importante esfuerzo a pesar de que el último dato indica que ha bajado un 0,4% en el último año.

Por consiguiente, tenemos importantes razones para manifestar en alto nuestra confianza, y tenemos importantes razones por poner en valor las razones que estamos abordando y para instar —y en esta moción lo hacemos— al Gobierno a que aproveche al máximo las herramientas y los instrumentos que le ha concedido el Parlamento, instrumentos que no solo son el fondo —del que todavía quedan muchos recursos—, que tiene 9000 millones de capital y 90 000 millones para financiación, es decir, un total de 99 000 millones de euros, de los que se han utilizado en estos momentos 10 500 millones; todavía hay un importante volumen de recursos para el caso de que nuestro sistema financiero necesite un aporte de financiación pública a través de este fondo.

También nos hemos dotado de una herramienta fundamental, como es la reforma de la ley de cajas, que hay que aprovechar al máximo. Aprovechar al máximo significa preservar nuestro sistema de cajas de ahorros, garantizar su supervivencia y, sobre todo, muscular nuestras cajas de ahorro; necesitamos cajas de ahorro fuertes. Estas son un instrumento, yo diría, como un coche. No queremos un coche viejo porque no sirve para nada; queremos un coche que funcione bien, a su velocidad, porque, si no, no sirve como transporte. Lo mismo pasa con las cajas de ahorros: no queremos unas cajas de ahorros obsoletas, dimensionadas erróneamente, que no funcionen, que se caigan —dos de ellas han tenido que ser intervenidas—; queremos unas cajas de ahorro musculadas, fuertes, como ese coche que llega y alcanza una buena velocidad. Para eso hay que repararla, hay que reformarla, labor en la que hemos conseguido un consenso total —yo diría que absoluto—, en esa reforma de la ley de cajas de ahorros, para muscularla, para preservarla y para que nuestra obra social siga revertiendo en el bien de todos los territorios en las que están establecidas.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme una cuestión previa que creo que es oportuna. A lo largo del día ayer y de hoy se ha expresado —y yo respeto esa expresión— el orgullo de la utilización de las distintas lenguas existentes en el Estado español, y a veces se ha dicho que aquellos que con ese mismo orgullo utilizamos la lengua española parece que no manifestamos el mismo nivel de compromiso con nuestra lengua materna, en mi caso, concretamente, con el gallego. Y yo tengo que decir dos cosas: primera, que respeto absolutamente el ejercicio que sus señorías están haciendo de la modificación del Reglamento de esta Cámara, lo respeto desde la total y absoluta discrepancia en relación con esta cuestión. Y quien les dice esto es una persona que ha aprendido a hablar antes en gallego que en castellano y que su forma de expresión habitual es precisamente el gallego. Pero también es una persona que cree que en política la sensibilidad es importante y desde mi punto de vista esta reforma —y es un elemento clave de discrepancia con esta reforma—, y en este momento que vive el país, no es una expresión de sensibilidad en relación con lo que está pasando aquí; no es una expresión de sensibilidad ni desde luego una expresión de prioridad.

Pero yo estoy aquí para hablar de una moción que me parece importante. Empiezo diciendo que estoy satisfecho porque se haya podido alcanzar este acuerdo —todos los grupos hemos hecho un esfuerzo importante en esa dirección—. No oculto esa satisfacción que, en buena medida, procede de que la parte del acuerdo se apoya en la enmienda que ha presentado este grupo.

¿Qué defendemos nosotros? Evidentemente, nosotros defendemos de forma clara la confianza en el sistema financiero, porque un país que no tenga un sistema financiero fuerte se hunde —es la columna




Página 5839


vertebral de cualquier país—, y, por lo tanto, todos tenemos la obligación de hacer los esfuerzos necesarios para que efectivamente esto sea así.

En segundo lugar, ¿en qué apoyábamos nosotros la enmienda que dio pie a la transacción? En algo muy sencillo: en decir al Gobierno que gobierne, en decir al Gobierno, como indica literalmente la enmienda, que utilice en profundidad todos los mecanismos de los que dispone para dotar de esa fortaleza al sistema financiero. Y son mecanismos —hay que decirlo una vez más aquí— que también hemos conseguido entre todos. Hace año y medio este grupo apoyó claramente la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, porque entendíamos —y seguimos entendiendo— que era necesario, aun cuando teníamos discrepancias importantes con respecto a algunos de los elementos que se incluían para su utilización, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el flujo o con la circulación del dinero hacia las economías domésticas y hacia las pequeñas y medianas empresas.

Y claro que defendemos la transparencia a través de los tests de esfuerzo de las entidades financieras, incluso vamos más allá: como hoy recogen algunos medios de comunicación, defendemos que esos tests deben hacerse de forma periódica, reforzando los propios mecanismos para su realización. Y, obviamente, creemos que la ley de cajas aprobada en julio —también con el apoyo de este grupo— proporciona mecanismos suficientes para fortalecer las cajas de ahorros.

Pero, dicho esto, nosotros creemos que el análisis queda cojo en aras de conseguir el elemento central de esta iniciativa, que es la confianza exterior. Lo dice el Grupo Socialista en su iniciativa primera. Da la impresión de que el problema de la confianza exterior es del sistema financiero español, y no es verdad. Yo no puedo estar de acuerdo con esta afirmación.

El sistema financiero español forma parte de la estructura económica del país, por tanto, el sistema financiero español no es ajeno, más bien al contrario, desde mi punto de vista sufre los problemas de confianza exterior que tiene el país. Por consiguiente es necesario analizar a qué obedece esa desconfianza hacia España en nuestro entorno internacional. Y, señorías, hay responsables. Obviamente, desde nuestro punto de vista, esa desconfianza está centrada fundamentalmente en la desconfianza hacia el Gobierno. Algún ejemplo creo que puede contribuir a un mejor entendimiento de esta circunstancia. Miren ustedes, este lunes el Gobierno de España ha colocado a través de una emisión sindicada 6000 millones de euros al tipo del 5,6%, el más caro en los últimos diez años. Pero no es esta la reflexión que quiero trasladarles, sino la siguiente. Señorías, hace justo un año en una subasta similar —en este caso por la vía de subasta, no por la vía de emisión sindicada— se colocaron 5.000 millones de euros con un coste anual inferior al actual en 100 millones de euros. Conclusión: los 6.000 millones de euros del lunes nos van a costar a todos los españoles 1.000 millones de euros más que los 5.000 de hace un año. Por lo tanto, algo grave está pasando aquí, porque tenemos que dedicar 100 millones de euros al año más para pagar los intereses de la colocación del lunes de lo que teníamos que pagar hace un año. Por eso, no nos quedemos solo en la situación del sistema financiero, siendo importante, tenemos que ir más allá. Y por eso nosotros pedimos al Gobierno que gobierne y adopte medidas que realmente contribuyan a eliminar esa desconfianza que está habiendo en el exterior.

Recuerden ustedes, señorías, que el 21 de septiembre, hace tres meses, el señor Rodríguez Zapatero en un viaje a Estados Unidos dijo literalmente que había finalizado la crisis de la deuda en el entorno internacional. Al día siguiente teníamos un debate en esta Cámara y yo le decía que eso no era verdad y me refería a lo que más o menos iba a pasar. Y ha ocurrido. Y es obvio que yo no tengo más información de la que tiene el Gobierno.

Por lo tanto, el Gobierno tiene que gobernar, pero tenemos que ser conscientes de la situación, tenemos que aplicar medidas de disciplina presupuestaria, como venimos diciendo, tenemos que conseguir que todas las administraciones vayan precisamente por esa senda de la disciplina presupuestaria.

Y permítanme que les ponga otro ejemplo que pone de manifiesto —aunque sea en el ámbito más provincial— que esto no es así. Miren ustedes, administración socialista: la Diputación Provincial de Lugo maneja un prepuesto de 92 millones de euros, que nos cuesta a los ciudadanos lucenses 638 000 euros al año. El Gobierno de la Xunta de Galicia tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros y cuesta lo mismo. Esto está pasando estos días y en muchas administraciones. Por lo tanto, por ahí tenemos que ir. Por eso nosotros decimos: reforzar el sistema financiero, sí, pero no habremos conseguido lo que realmente necesita este país si el Gobierno no es capaz de ganarse la confianza exterior. En nuestra opinión —y creemos que los hechos nos avalan— el problema lo define muy bien el historiador económico Robert Fitz-Roy: el problema en España es de incertidumbre del régimen.




Página 5840


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Es un problema de incertidumbre y desconfianza hacia Zapatero. Y eso es lo que tenemos que corregir. Por esa vía, verá como estaremos apuntalando seria y claramente nuestro sistema financiero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, antes de proceder a la votación, tengo que decirles que, una vez que finalicemos esta votación, empezaremos con los proyectos de ley. Debatiremos los vetos y, una vez votados, seguiremos debatiendo las dos leyes, tanto la primera, que tiene vetos, como la segunda, que tiene que ver con lo mismo. El Estatuto de Autonomía de Extremadura se debatirá a partir de las cuatro y media. Y después del Estatuto de Autonomía votaremos las dos leyes.

Señorías, procedemos a la votación de la moción que acabamos de debatir. (El señor Pérez Bouza pide la palabra.)

¿Sí, senador?

El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, presidente.

Por unha cuestión de procedemento.

Penso que antes teriamos que votar a emenda que segue viva porque hai unha transaccional que non foi asinada por todos os grupos, co cal a emenda segue viva.

Gracias, señor presidente.

Por una cuestión de procedimiento.

Pienso que antes tendríamos que votar la enmienda que sigue viva, porque hay una transaccional que no fue firmada por todos los grupos. Por lo tanto, la enmienda sigue viva.

El señor PRESIDENTE: Señoría, hay una enmienda transaccional firmada por todos los grupos, con la excepción del Grupo de senadores Nacionalistas. Ha tenido lugar el debate de la enmienda y no ha sido aceptada; por tanto, no se vota nada. Se vota la transaccional firmada por todos los grupos, con la excepción de los nacionalistas.

Señorías, procedemos a la votación de la enmienda transaccional. (Pausa.)

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 240; en contra, 4; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

— DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Número de expediente Senado 624/000012.) (Número de expediente C.D. 122/000254.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión Constitucional en relación con la proposición de ley orgánica por la que se modifica la ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. (Rumores.)

Para la presentación del dictamen, señorías, tiene la palabra el senador López Carrasco. (Rumores.)

Silencio, señorías. (Rumores.)

Silencio, señorías, o abandonen el hemiciclo.

Tiene la palabra, senador.




Página 5841


El señor LÓPEZ CARRASCO: Señor presidente, señorías.

Si me permite el señor presidente, voy a presentar en esta intervención los dictámenes de la Comisión Constitucional sobre sendas proposiciones de ley de reforma de la Ley Orgánica Electoral General. Estas proposiciones de ley han sido el resultado práctico del informe de la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general, que fue aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso el 30 de junio de 2010. Ambas se tramitan por el procedimiento de urgencia.

La primera de estas proposiciones de ley es la mas extensa, consta de un preámbulo, un artículo único dividido en 63 apartados, destinado cada uno de ellos a la reforma de un artículo específico de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; una disposición adicional única, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Son numerosas e importantes las reformas que se introducen: redefinición de los plazos de actualización del censo electoral; garantías para impedir el empadronamiento fraudulento o de conveniencia; supresión del voto de los residentes ausentes en las elecciones locales y forales, quedando su voto reducido a las elecciones de diputados, senadores, miembros de las asambleas legislativas autonómicas y diputados del Parlamento Europeo; posibilidad de que estos residentes ausentes voten en el consulado, sin perjuicio de emitir su voto por correo; medidas para evitar las incidencias de los poderes públicos en las campañas electorales; prohibición de realizar actos de propaganda electoral antes del inicio legal de la campaña electoral; minoración de algunos gastos electorales; extensión de la prohibición de contratar espacios de publicidad electoral, ya vigente para los medios públicos, a las televisiones privadas; sometimiento de las televisiones privadas a los principios de igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en la programación durante el período electoral; exigencia de avales a los partidos sin represtación parlamentaria para poder presentar candidatura, y medidas contra el transfuguismo en los ayuntamientos, consistentes en el agravamiento de los requisitos de aprobación de la moción de censura contra el alcalde.

En el Senado se presentaron dos propuestas de veto: una, de los senadores Guillot Miravet y Nuet i Pujals, y otra, de los senadores Belda Quintana y Quintero Castañeda. También se presentaron 37 enmiendas al articulado: 6 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, 5 del Grupo Parlamentario Mixto y 26 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. La comisión dictaminó dicha proposición de ley el pasado día 11, de conformidad con el texto recibido del Congreso de los Diputados, tras rechazar las propuestas de veto y las enmiendas presentadas.

La segunda proposición de ley es de extensión más reducida. Se centra en reforzar la regulación actual destinada a evitar que formaciones políticas ilegales o que apoyan la violencia terrorista concurran a los procesos electorales, lo que se consigue cerrando algunos resquicios legales que podían utilizarse en este sentido.

En este caso se presentaron veinte enmiendas al articulado: una del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, 18 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas y una del Grupo Parlamentario Socialista. La comisión dictaminó esta proposición de ley el pasado día 11 y aceptó únicamente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, consistente en añadir una disposición final de modificación del Código penal, aprobando en lo restante el texto recibido del Congreso de los Diputados.

Todo ello es lo que me honro en someter a la aprobación de sus señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos a continuación al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, la propuesta de veto número1, de los señores Guillot y Nuet, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Senador Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Senyor president, señorías, defiendo este veto —que presento en mi nombre y en el del senador don Josep Nuet, de Iniciativa-Verds Esquerra Unida— por dos grandes razones. En primer lugar, porque esta reforma de ley electoral no representa ningún avance en cuanto a la igualdad de electores y partidos políticos en los procesos electorales y no da ningún paso para mejorar la participación de los ciudadanos en la política. En segundo lugar, porque niega el derecho de sufragio municipal a los españoles residentes en el extranjero; dos razones de peso para oponernos a esta proposición de ley.




Página 5842


Lamentamos profundamente que, después de veinticinco años de LOREG, Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y tras haber leído las recomendaciones del Consejo de Estado, solo seamos capaces de discutir un texto que, sin menoscabo de las reformas que realiza en determinados aspectos, no afronta el principal problema de nuestro actual sistema electoral, el de la proporcionalidad y el de garantizar la igualdad de oportunidades, igualdad que el actual sistema no garantiza.

Señorías, un sistema que produce resultados como que con casi un millón de votos solo se obtengan dos diputados y con poco más de 300.000 votos se obtengan seis, ¿no hace pensar?, ¿no convida a reformarlo, modificarlo y revisarlo? Creo que sí. Este es un sistema injusto. Digan lo que digan, los datos son insalvables. Insisto, con un millón de votos se obtienen dos diputados, mientras que con poco más de 300 000 votos se obtienen seis. Y aun aceptando que no tenga que haber una total correspondencia entre el número de votos obtenidos y el número de escaños atribuidos, la pregunta sería la siguiente: ¿Ustedes creen que el actual sistema, que esta reforma no modifica, está orientado hacia un criterio de proporcionalidad, como reclama el Tribunal Constitucional? No. ¿Nuestro sistema tiende a ser proporcional? No. Evidentemente, estas restricciones a la proporcionalidad no están justificadas y resultan del todo discriminatorias. Excepto para los que defienden los beneficios que les comporta el actual sistema, no he escuchado ni leído a nadie que justifique la actual Ley electoral.

Señorías, con la propuesta que hoy discutimos —de no corregirse durante la tramitación en el Senado— se va a perpetuar un sistema injusto en función de la circunscripción en la que se vote o al partido al que se vote.

Realizaré una mera descripción de nuestro sistema electoral. En primer lugar, la Constitución española afirma que la circunscripción electoral es la provincia. La LOREG sitúa en dos escaños el mínimo provincial, más Melilla y Ceuta. En total, 102 escaños, casi el 30% del total del número de diputados, se asignan con independencia de la población. La Constitución marca hasta un máximo de 400 diputados para el Congreso y la LOREG los fija en 350. Entre las fórmulas electorales la elegida es el sistema d’Hondt que, como todo el mundo sabe, es la menos proporcional de las existentes.

Si sumamos todos estos factores, el resultado es un sistema electoral que beneficia a los partidos mayoritarios, favoreciendo que su porcentaje en escaños sea superior al de votos, al igual que beneficia a los partidos cuyo respaldo electoral se circunscribe en un ámbito territorial limitado. Todo ello explica la interesada alianza parlamentaria PSOE-PP-CiU-PNV en la defensa de sus privilegios electorales.

Señorías, en la defensa de este veto no solo estoy reivindicando la igualdad de oportunidades para coaliciones como la de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds —que también—, sino sobre todo la calidad de nuestro sistema democrático. Creemos que el debate de esta proposición de ley es un buen momento para avanzar en representatividad, en pluralidad y en participación. Tenemos una Ley electoral —y esta reforma no lo modifica— que genera un doble efecto, como muy bien indica el Consejo de Estado: por una parte, un efecto mecánico de sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios y de penalización de los minoritarios, y por otra, induce un efecto psicológico que lleva a la progresiva adecuación del comportamiento de los partidos y de los electores a la dinámica representativa generada por el propio sistema electoral. Y dice textualmente el Consejo de Estado: Una vez conocido el elevado coste de la obtención de un escaño en las primeras elecciones, numerosas formaciones políticas sin expectativas de obtener diputados por sí mismas renunciaron a participar en sucesivos comicios y unieron sus fuerzas a otras, al tiempo que los electores orientaban su voto hacia aquellas candidaturas con mayores posibilidades de victoria en detrimento de sus formaciones idealmente preferidas. ¿Es este el objetivo de una Ley electoral? ¿Emplazar al ciudadano a elegir entre utilidad e idealidad? Yo creo que no. Y todo esto porque tenemos un sistema injusto que lo aprueba.

Hoy seguimos perpetuando un sistema bipartidista, sí, un bipartidismo imperfecto pero bipartidismo al fin y al cabo; un sistema con efectos negativos en la calidad de nuestra democracia, insisto en ello. Pondré algunos ejemplos muy recientes y sensibles, como son el mercadeo de cargos y las posibilidades de bloqueo. Nuestra vida democrática no soporta bien las malas costumbres facilitadas por un sistema que advierte a los ciudadanos de la inutilidad de su voto si se empeñan en votar lo que realmente quieren, mientras que tranquiliza a los partidos mayoritarios que, hagan lo que hagan, pueden tener la seguridad de que nunca pagarán una factura muy alta.

Señoras y señores senadores, el tiempo ha demostrado que España es un país gobernable, no por su sistema electoral sino por su madurez democrática. Señorías, la pluralidad no es sinónimo de inestabilidad. Ya no estamos en la transición; muchos de los peligros y problemas que en aquellos momentos veíamos ya se han superado. Ahora hay ya una constancia de cómo podemos gobernarnos y cómo podemos llevar




Página 5843


hacia delante a este país. Después de treinta y tres años de democracia nos merecemos un sistema electoral que tienda a esa fórmula de: una persona, un voto, y eso sí, siempre en igualdad de condiciones, pero con esta proposición de ley no lo garantizamos.

Otro aspecto que no recoge la reforma son propuestas que permitan acercar más las elecciones al ciudadano, lo que también recomienda el Consejo de Estado. España, junto con Portugal, e Italia después de la reforma del 2005, son los tres únicos países europeos con sistemas proporcionales que siguen utilizando las listas cerradas y bloqueadas. En este capítulo ha faltado también ambición para incorporar propuestas como la del voto preferencial, que hubieran representado pasos en la dirección de aproximar nuestro sistema electoral a la ciudadanía. Seguimos haciendo oídos sordos a las críticas que se hacen sobre el exagerado control de los partidos sobre las candidaturas electorales y el nulo margen que tienen los electores en marcar sus preferencias.

El segundo gran argumento de este veto es la negación del sufragio municipal a los residentes en el extranjero. ¿Por qué meterse ahora en este jardín? ¿Dónde se ha visto una reforma electoral que retroceda en derechos electorales?

Quiero en este momento saludar la presencia en la tribuna de una representación de 1 300 000 españoles censados en el extranjero que pueden ver hoy mermado su derecho a poder participar en el sufragio municipal. Bienvenidos al Senado.

¿Y cuál es el argumento que se utiliza? Que la Constitución en su artículo 140 nos dice que los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio. Es decir, que después de treinta y dos años de las primeras elecciones municipales y después de ocho procesos electorales municipales, hoy nos enteramos, a partir de la reforma de esta ley, de que cumplimos la Constitución, de que a los concejales les tienen que elegir los vecinos. Señorías, esto no se aguanta. Yo creo que con la actual normativa, que ya obliga a los españoles residentes en el extranjero a justificar el municipio en el que quieren participar, ya sea por procedencia o arraigo, hay más que suficiente. ¿Por qué modificarlo?

Y no se confundan. Una cosa es regulación, control y transparencia, que todos deseamos, y otra es negar un derecho tan importante como es el del sufragio municipal.

Por otra parte, el ajuste y progresiva extensión del sufragio municipal a ciudadanos de países de la Unión Europea o a los que amparados por tratados bilaterales pueden ejercer su derecho al voto en las municipales, podía hacer que apareciera con mayor crudeza la incoherencia de privar a los españoles residentes en el extranjero de un derecho que los extranjeros pueden ejercer en España.

Nosotros no podemos expulsar del sistema político, vía mecanismos electorales, a una parte de nuestros conciudadanos, por mucho que vivan fuera de nuestras fronteras. Sería un error. Sería un profundo, injusto y ofensivo error para este más de 1.312.646 ciudadanos y ciudadanas españoles que viven en el extranjero.

Señorías, es posible en el marco de la Constitución, respetando sus límites, sin tener que modificarlos, introducir reformas que permitan una mayor proporcionalidad a nuestro sistema electoral. El senador Nuet defenderá las enmiendas que Iniciativa-Verds, Esquerra Unida ha presentado. Lo único que hace falta es voluntad. Una voluntad que, lamentablemente, no encontramos ni en el PSOE, ni en el PP, ni en CiU, ni en el PNV. Cuatro partidos que priorizan sus intereses electorales respecto a lo que puede ser más justo, más democrático, más participativo, más plural y que, por otra parte, creo que después de tantos años clama al cielo. Creo que no es bueno que primen estos intereses electorales. No es bueno para nuestra democracia ni para nuestro sistema electoral. No aporta, sino que resta afección hacia la política.

Lo que el senador Nuet y yo reivindicamos, en nombre de Iniciativa- Verds e Esquerra Unida, es que con la defensa de este voto se dé pleno respeto a la voluntad popular. Con esa intención hemos presentado este veto para el que pido el apoyo de sus señorías y de la Cámara.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 2 tiene la palabra el senador Belda, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Antes de comenzar, quisiera saludar en nombre de Coalición Canaria, a los representantes de la Plataforma contra la privación del derecho de voto de los españoles en el exterior, que hoy nos acompañan, fundamentalmente porque la presentación de este veto por parte de los senadores de Coalición Canaria viene motivada por lo que ellos mismos defienden.




Página 5844


En primer lugar, en Coalición Canaria quisiéramos valorar el trabajo realizado por la subcomisión creada en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados durante casi dos años, que ha desembocado en esta proposición de ley que hoy sometemos a debate y votación en esta Cámara.

Sin embargo, pese a ese trabajo que reconocemos, creemos que se ha dado, como bien decía el senador Guillot anteriormente, un paso atrás en relación con el voto exterior, con el voto de nuestros emigrantes, con el voto de los ciudadanos españoles que se encuentran fuera de España respecto a su participación en las elecciones, que, como decía, es el motivo principal de la enmienda a la totalidad que presentamos en el Congreso y la razón por la que hoy defendemos también nuestro veto en el Senado.

Tal y como dijimos la semana pasada en la Comisión Constitucional, hace más de treinta años se posibilitó que los ciudadanos en el exterior, los llamados electores CERA, pudieran votar en las elecciones locales. Pudieron hacerlo en los años 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007. Es decir, en ocho procesos electorales.

Se dan básicamente dos argumentos para suprimir el derecho de sufragio en esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General mediante el establecimiento del requisito de estar inscritos en el censo de residentes en España.

En primer lugar, se dice que hay que dotar de mayor garantía al voto emitido por los electores en el exterior, en el sentido de que mayoritariamente este voto se ejerce a través del correo y se han dado casos de fraude, y, en segundo lugar, porque se vincula la residencia, es decir, la condición de vecino del municipio, con la posibilidad de elegir a sus concejales; se dice que los ayuntamientos son corporaciones territoriales frente al carácter político del resto de instituciones, que son elegidas periódicamente en elecciones libres por sufragio universal y tienen carácter más político.

Por tanto, según el dictamen del Consejo de Estado hay una dicotomía entre corporaciones territoriales e instituciones políticas, y, tal y como dijimos en comisión, es algo así como decir que en los ayuntamientos o en los cabildos no se hace política.

Frente a estos argumentos, señorías, en relación con los posibles fraudes he de decir que desde hace muchísimos años Coalición Canaria defiende el voto en las urnas para los ciudadanos en el exterior; ya existe esta posibilidad en el articulado de esta reforma pero solo para algunas elecciones, excluyendo a las locales. En consecuencia, en nuestra opinión, habría que generalizar todas las elecciones y referéndums, incluidas las locales, y que mayoritariamente se pudiera ejercer el derecho de sufragio activo mediante urna. Esto daría una mayor transparencia y seguridad al voto de los ciudadanos en el exterior, sin excluir que se siguiera manteniendo el voto por correo para aquellos electores que así lo solicitaran, porque hay mucha variedad de circunstancias que puede darse en cada uno de los países donde viven estos electores.

En relación con el vínculo entre vecinos y sufragio en las elecciones municipales, Coalición Canaria entiende que ese vínculo de tantos electores en el exterior con los municipios de origen sigue existiendo. Muchos emigrantes que tuvieron que marcharse por muy diversas razones, tanto políticas, después de la guerra civil, como económicas, conservan sus propiedades en el municipio donde han ejercido hasta ahora su derecho de sufragio; tienen su familia, pagan sus impuestos, visitan regularmente su pueblo o ciudad, y durante muchísimos años han enviado recursos económicos, fruto de su esfuerzo y trabajo, para mantener a sus familiares que habían quedado en España. Sin embargo, mediante esta reforma se generaliza y se dice que estos electores no tienen vínculos, en definitiva, se pretende hacer pagar a justos por pecadores.

Por otra parte, esta razón del vínculo entre vecino del municipio y la condición de elector para ese municipio quiebra, como ya dijimos en comisión, en el caso de las elecciones a cabildos insulares. En Canarias, ni estatutaria ni geográficamente, existen las provincias; no verán en el Estatuto de Autonomía de Canarias ninguna mención a la provincia. Lo determinante en el archipiélago son las islas y el mar que las une, no la ficción jurídica de unas provincias virtuales. Por eso, en Canarias no existen las diputaciones provinciales, que son entidades locales de elección indirecta, y sí existen los cabildos insulares, que se eligen directamente por sufragio universal.

Señorías, según lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en concreto en su artículo 8.2, los cabildos insulares son simultáneamente órganos de Gobierno, administración y representación de cada isla e instituciones de la comunidad autónoma. Por su parte, el artículo 12.3 dice que los cabildos insulares participarán en el Parlamento a través de la Comisión General de Cabildos Insulares de forma parecida a cómo se establece la participación de las comunidades autónomas en el Senado a través de




Página 5845


la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Igualmente, en el artículo 12.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias se otorga iniciativa legislativa a los cabildos insulares. En Canarias, además del Gobierno y los diputados, los cabildos insulares tienen iniciativa legislativa en el Parlamento de Canarias.

Y en el artículo 23.5 del estatuto de autonomía se dice que los cabildos insulares, en cuanto instituciones de la comunidad autónoma, asumen en cada isla la representación ordinaria del Gobierno y de la Administración autonómica y ejecutan en su nombre cualquier competencia que esta no ejerza directamente a través de los órganos administrativos propios, en los términos que establezca la ley.

Señorías, ni en el dictamen del Consejo de Estado ni en el informe de la Junta Electoral Central se habla para nada de las elecciones a cabildos insulares. No hemos encontrado ni una sola página —y son muchas— en la que se cite a las elecciones a cabildos insulares. Se habla de elecciones locales, pero siempre vinculadas a las municipales; es más, se habla permanentemente de la vecindad en un municipio, pero no se dice nada de la isla. En el dictamen del Consejo de Estado se ignora el artículo 141.4 de la Constitución española y se cita solo el artículo 140 de la Constitución; concretamente, en la página 118 del dictamen del Consejo de Estado podemos ver que este último artículo se refiere exclusivamente a los municipios.

También se ignora el artículo 138.1 de la Constitución española, que habla de la atención a las circunstancias del hecho insular y únicamente se citan las islas al hablar de las circunscripciones al Senado en las provincias insulares. En las elecciones al Senado, como sus señorías saben, la circunscripción en Canarias es la isla, exactamente igual que en las elecciones a cabildos insulares y exactamente igual que en las elecciones al Parlamento de Canarias.

Si los cabildos insulares no son meras corporaciones locales sino también instituciones de la comunidad autónoma, ¿por qué se les aplica la supresión del derecho de sufragio que se está operando con esta ley en las elecciones municipales? Si se argumenta la necesidad de vincular la elección en los municipios con la condición de vecinos de ese municipio para justificar la supresión del voto en las elecciones municipales a los ciudadanos en el exterior, ¿por qué tiene que afectar también a las elecciones insulares? Si un ciudadano residente en España cambia de municipio, no puede votar en el primero sino en el nuevo donde se empadrone. Sin embargo, en Canarias tenemos 88 municipios distribuidos entre las siete islas, y si un ciudadano se cambia de residencia a otro municipio dentro de la misma isla, sigue votando a ese mismo cabildo insular o al Senado o al Parlamento de Canarias por esa isla.

En definitiva, señorías, con esta reforma no solo se están creando ciudadanos de primera y de segunda con la supresión del voto de los ciudadanos en el exterior en las elecciones locales, sino que se está ignorando completamente el hecho insular reconocido por la propia Constitución española. El dictamen del Consejo de Estado, en el que se basa la propuesta de la subcomisión del Congreso, parece que está hecho para alguien para el que solo existe la España continental, para el que solo existe el municipio como corporación local electiva. Desde luego, no está hecho por alguien que sepa que en las islas, al menos en Canarias, la organización territorial es otra, y que la isla tiene su propio Gobierno insular que también es una institución de la comunidad autónoma.

Además de estos argumentos, tal y como ha dicho el señor Guillot en la defensa del veto presentado por él y por el senador Nuet, esta supresión de hecho de este derecho de voto a los ciudadanos en el exterior en las elecciones locales se contraviene con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 40/2006, del Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior, aprobado apenas hace unos años, que establece el derecho de estos ciudadanos en el exterior a ser electores y elegibles en todos y cada uno de los comicios.

Otras consideraciones a la hora de presentar el veto que hemos tenido en cuenta pero que no hemos citado en la justificación se refieren también a la generalización del voto rogado en todas las elecciones. En la proposición de ley se establece con carácter general que los electores en el exterior tienen que pedir la documentación para ejercer su derecho al voto. En la legislación actual eso se establece solo para las elecciones locales, pero ahora el voto rogado se amplía a todo tipo de elecciones, excluyendo las elecciones locales, claro, porque esa posibilidad de sufragio se suprime.

Por lo tanto, y según los datos que se aportan en el informe de la Junta Electoral Central, estimamos que la participación en las próximas elecciones locales va a pasar de una media del 32% del electorado CERA, que participó en las últimas elecciones generales, de 2008, a estar en torno al 5,75% de dicho electorado CERA, que fue la que participó en las últimas elecciones locales con este sistema de voto




Página 5846


rogado. Así pues, este voto rogado no favorece el ejercicio del derecho de sufragio, y vulnera el artículo 68.5 de la Constitución española en relación con el artículo 23.1 también de la Constitución.

Señorías, por todos estos motivos solicitamos el apoyo al veto presentado por Coalición Canaria a esta proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Pestana.

El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, señor presidente por permitirme ahora esta intervención.

Buenas tardes, señorías. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender esta iniciativa legislativa frente a los vetos presentados por los senadores de la Entesa Catalana de Progrés y de Coalición Canaria, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto. Y lo hago por una serie de razones, que son las siguientes. Porque hay un trabajo detrás realizado en la subcomisión del Congreso de los Diputados que ha logrado un amplísimo consenso, que se plasmó en la votación final en dicha Cámara con 340 votos a favor y 8 votos en contra, una amplísima mayoría en una ley muy importante, que es la que marca las reglas del juego de los procesos electorales. Por tanto, creo que el consenso obtenido es una pieza fundamental para después hablar de los vetos que ustedes han presentado.

El Grupo Parlamentario Socialista defiende esta iniciativa legislativa, que se plasmará finalmente, tras su aprobación, en una ley, porque pretende obtener más transparencia en esos procesos electorales, menos fraude, es decir, aquello que a todo buen demócrata le parece evidente que debe ser un elemento fundamental de cualquier proceso electoral. Nosotros hemos visto en muchos territorios —y permítame que haga una ligera referencia a mi comunidad autónoma— momentos muy desagradables en relación con el voto exterior. Hemos visto cómo en juntas electorales se defendían por algunas fuerzas políticas votos remitidos en sobres que no tenían ni siquiera el matasellos de entrada en nuestro país o el matasellos de salida del país de origen. Creo que cualquier demócrata tiene que defender que eso no ocurra en los procesos electorales. En esa línea de mayor transparencia, de menos fraude, va esta nueva regulación. También se pretende una buena regulación de la publicidad en los medios de comunicación para que haya un cierto equilibrio, una cierta igualdad de trato entre las distintas fuerzas políticas y no existan privilegios en relación con ellas. Además, se incorpora algo que las juntas electorales ya habían pedido durante mucho tiempo: que una vez convocados los procesos electorales no hubiera campañas institucionales ni inauguraciones, para que esos elementos no supusieran un distorsión de un proceso electoral limpio que es, al final, lo que todos queremos. Y también se ha regulado mucho mejor el censo electoral con plazos y con recursos, en una línea en mi opinión extraordinaria.

En cuanto a la regulación del voto exterior, aparece por primera vez en nuestro ordenamiento el voto en urna. Yo creo que debemos felicitarnos todos por ello. Y es que va a haber tres días para que los españoles residentes en el exterior puedan votar en urnas en los países donde residen. Ese es un elemento muy interesante, además de una reivindicación histórica de los españoles en el exterior.

En relación con el voto rogado, del que también ha hablando el señor Belda en su intervención, tengo que decir que nosotros consideramos que se trata simplemente de trasladar la misma exigencia que se pide a los españoles. Cuando estamos fuera de nuestra circunscripción, del municipio en el que tenemos que votar, nosotros solicitamos el voto. Por tanto, simplemente se trata de trasladar, como digo, la misma obligación a los residentes en el exterior. Pienso que también es un elemento positivo.

Algo de lo que se ha hablado, y que es negativo según los dos vetos, es de la vinculación del voto en las elecciones locales y del voto a través de la condición de vecino, como se establece en el artículo 140 de la Constitución española. Por cierto, señor Belda, usted no dice que en esta iniciativa también se habla de las elecciones forales, en las que se exige lo mismo que para los cabildos insulares y los consells insulares. Por tanto, creo que ese es asimismo un elemento positivo en nuestro ordenamiento. Veremos después algunos argumentos más.

En relación con el veto interpuesto por el señor Guillot y el señor Nuet, compañeros senadores, tengo que decir que estamos hablando de una iniciativa legislativa que parte de un amplísimo consenso en su origen, al que se añadieron después otras fuerzas políticas no autoras inicialmente de dicha iniciativa. Obviamente, ustedes tienen toda la legitimidad para plantear sus enmiendas y su veto, pero en aquello que no fue objeto de consenso no debemos romper el consenso amplio sobre unas normas como estas, que marcan las reglas del juego de los procesos electorales que queremos tener.




Página 5847


Tras referirme al veto de los senadores de la Entesa, que he citado, y de Coalición Canaria, diré algo en relación con la comisión. En ella Coalición Canaria presenta el veto y, sin embargo, se abstiene en la votación del texto final de la iniciativa. Es un elemento de distorsión, de incoherencia. Y es que si ustedes presentan un veto, no tiene sentido que al final de esa iniciativa ustedes no voten en contra. Por tanto, lo que pediría a Coalición Canaria, con el ánimo de ese consenso, es que retirara el veto, incluso después de haberlo defendido, porque no parece coherente, como digo, que se presente un veto y después se abstenga en el texto final de esta iniciativa legislativa.

Veamos el fundamento de ese veto. Ustedes explicaban en comisión, y hoy también lo han hecho aquí, los argumentos en relación con el voto rogado. Y les hemos trasladado exactamente lo mismo. No aparece, sin embargo, en el fundamento del veto interpuesto, pero sí lo han explicado en esas dos ocasiones. Vuelvo a reiterarles que se trata simplemente de equiparar las mismas condiciones, en el ejercicio del derecho al voto, de los españoles que viven en el territorio nacional con aquellos que están fuera. En la exigencia del voto rogado nos ocurre. Y permítanme que hable de mi experiencia. En los primeros años en los que pude votar estaba en la universidad, fuera de mi isla, por tanto, durante esos cinco años tuve que votar por correo en diversos procesos electorales. Ejercía mi derecho solicitando ese voto y votando. Me imagino que otros compañeros de otras islas harían exactamente lo mismo si se encontraban fuera por sus estudios. Por consiguiente, no hay ningún tratamiento discriminatorio en relación con el voto exterior.

Además, como decía antes, debemos felicitarnos porque esta iniciativa recoja el voto en urna. La primera vez que pude votar en urna fue un momento muy importante en mi vida, porque recordé la cantidad de palmeros que lucharon por traer la democracia a nuestro país, que lucharon también en otros momentos, y que perdieron su vida simplemente por algo que yo estaba haciendo con una naturalidad absoluta. Antes lo había hecho por correo, pero no era exactamente lo mismo. Y es que votar por primera vez en la mesa electoral, en urna, fue un momento inolvidable.Por tanto, la persecución del fraude del que hablábamos es un elemento más que garantiza que vamos a luchar más contra ese problema que se produce en este tipo de elecciones.

La vinculación con la vecindad en las elecciones locales es acorde con el informe del Consejo de Estado, algo evidente. Dicho informe es claro, y lo es también el artículo 140 de la Constitución. Pero es que no nos hemos dado cuenta ahora de ese proceso electoral; esa demanda, es decir, que el voto sea, efectivamente, de los vecinos, se viene reclamando por mucha gente desde hace muchos años. Con ello no se excluye a nadie, ya que también las personas que por razones de trabajo están en el extranjero y que, como decía el senador Belda, tienen una vinculación con una localidad y permanecen algún tiempo en ella, se pueden empadronar en ese municipio y, en consecuencia, podrían ejercer el derecho al voto. Ahora bien, no comparto con usted que por el hecho de tener una propiedad se pueda votar. Eso es recordar el sufragio censitario del siglo XIX, y no estamos en los momentos históricos oportunos para hablar de ese tipo de restricción al derecho de sufragio, que debe ser universal. Por tanto, no se excluye a nadie, tenga o no tenga propiedades; simplemente se exige lo mismo que a los españoles, que es el vínculo de vecindad, algo que parece coherente con el sistema de elecciones.

Y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la tendencia en el mundo democrático en el que nos encontramos, tanto en la Unión Europea como en los países hispanoamericanos, con los que muchos territorios de nuestro país —gallegos, canarios, andaluces, etcétera— tenemos, evidentemente, muchas raíces. La tendencia es al revés, es decir, que, mediante tratamientos de reciprocidad, al igual que nosotros reconocemos a sus nacionales el derecho al voto en nuestro país, los nacionales españoles puedan votar en las elecciones locales de esos países. Eso es lo lógico, porque es el sitio del que tienen un conocimiento mayor de la realidad política municipal, insular, etcétera. Por lo tanto, creo que está justificado. Y esa es la tendencia del derecho constitucional y de los convenios internacionales que nuestro país ha ido firmando para garantizar ese derecho. No tendría sentido que un español pudiera votar en unas elecciones municipales en cualquier país hispanoamericano y también en nuestro país. Eso es un doble derecho al voto en el mismo tipo de elecciones. Por lo tanto, creo que se está haciendo un trabajo muy positivo en materia de convenios para extender ese derecho al voto y que los españoles que no pueden empadronarse en nuestro país puedan votar en aquellos donde realizan su trabajo, lo que tan beneficioso ha sido para el nuestro. En este sentido, permítanme una referencia a Canarias, porque ha sido importantísimo que durante muchísimos años algunas islas, como de la que yo procedo, La Palma, hayan recibido las remesas económicas que provenían de Hispanoamérica, especialmente de Venezuela, algo que fue clave para su




Página 5848


desarrollo económico. Eso no tiene nada que ver con intentar restringir derechos, sino hacer que esos derechos se ejerzan en las mismas condiciones tanto en nuestro país como en el exterior.

Hay algo en lo que me gusta especialmente intervenir. Me refiero a los cabildos insulares, a los que el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, de Coalición Canaria, ha hecho referencia. La cuestión es si no era acorde con la Constitución y con el hecho insular el que no pudieran votar. Uno de los argumentos fundamentales que empleaba es el carácter de instituciones de la comunidad autónoma de los cabildos insulares y que, por lo tanto, no debería vetarse. Pues bien, los cabildos insulares están a punto de cumplir cien años de existencia. Saben que en 1912, mediante una ley, se crean los cabildos insulares, que venían a dar una plasmación razonable al hecho insular después de la demanda de muchísima gente en nuestro territorio. Permítanme también expresar que uno de los artífices de esa ley fue Pedro Pérez Díaz, un palmero letrado del Consejo de Estado, cuyo informe significó que se avanzara en esa iniciativa legislativa que permitió la creación de los cabildos insulares. Por lo tanto, los cabildos insulares nacieron mucho antes que las autonomías y constituyen una entidad local desde su creación, como he dicho, en 1912. Es más, incluso acudiendo al derecho histórico, cabe decir que antes de las Cortes de Cádiz había municipios que tenían ámbito insular en Canarias; por ejemplo, mi isla era un solo municipio y también se denominaba cabildo aunque fuera propiamente un municipio.

Por todo ello, consideramos que en absoluto se desvirtúa que sigan siendo corporaciones los cabildos insulares y entidades locales las islas, y el Parlamento de Canarias así lo reconoce. Señoría, usted ha votado conmigo en el Parlamento de Canarias, siendo diputado autonómico, iniciativas legislativas que venían a reconocer ese carácter de entidades locales. Y hago referencia a las leyes que en relación con los cabildos de las islas de Lanzarote y de La Palma se aprobaron para adaptar su funcionamiento —lo recordará— a la Ley de modernización del Gobierno local. En mi caso, tuve oportunidad de intervenir con respecto a la isla de La Palma, donde se aplica el régimen contenido en una legislación estatal como entidad local. Entendíamos que se trataba de una modernización que era deseable aplicar a los cabildos insulares, e incluso en el Parlamento de Canarias, a través del preámbulo de alguna de esas iniciativas, se dijo que lo que se debió hacer por el legislador estatal era uniformizar, no solo para los cabildos que tuvieran más de 175 000 habitantes, que era el marco automático de la ley, sino para todos los cabildos insulares, porque con las competencias que tenían igualaban a los cabildos insulares.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor PESTANA PADRÓN: Sí, señor presidente.

Es más —y ya termino, señor presidente—, la doctrina, no solo del Consejo Consultivo de Canarias, que he tenido ocasión de consultar, sino también la doctrina científica en Canarias, aclara ese mismo carácter. Los cabildos insulares siguen siendo corporaciones locales. Le cito expresamente a Sarmiento Acosta, que dice: La naturaleza institucional comunitaria no desvirtúa en nada su inderogable carácter local. Esta cita también la recoge el profesor Pérez Camacho en su libro.

Por lo tanto, creo que queda más que justificada la misma aplicación a los cabildos insulares, consells insulares y diputaciones forales para que pueda ser el mismo cuerpo electoral el que pueda ejercer el derecho a voto en esas elecciones.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.

El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, tengo que decir que ni en comisión ni ahora en el Pleno, en el turno en contra en relación con el veto, se nos ha dado una respuesta satisfactoria sobre la supresión del derecho de sufragio para los ciudadanos en el exterior en las elecciones a cabildos insulares.

Me alegro de que haya sido el senador Pestana el interviniente en este turno, aunque de alguna manera ha tenido que justificar con esas piruetas históricas la supresión del derecho a voto en las elecciones a los próximos cabildos insulares a los ciudadanos que están en el exterior. De hecho, la ley se sigue refiriendo a las elecciones de ámbito municipal; en concreto, el artículo 2.3 de la proposición de ley, cuando establece el requisito de estar inscrito en el censo de residentes en España, dice que en las elecciones municipales, incluidas las elecciones a cabildos insulares, consejos insulares, etcétera… Es




Página 5849


decir, se está tratando a las islas como si fueran un solo municipio, con lo cual sencillamente se está ignorando lo que es el hecho insular. .No se justifica, porque también se suprime el derecho de voto de los ciudadanos canarios en el exterior en las elecciones a cabildos insulares. Me gustaría que dentro de los grupos parlamentarios Socialista y Popular se preguntara su opinión a los senadores que a la vez son consejeros o presidentes de algunos de los cabildos insulares de las islas. Pero, claro, si ignoran el hecho insular seguramente también los ignoren o incluso algunos de ellos decidan ausentarse de la votación.

Por otra parte, el argumento principal para la defensa de la supresión del derecho de sufragio activo de los ciudadanos en el exterior en las elecciones municipales es el contenido en el artículo 140 de la Constitución. Como decía el señor Guillot, ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Han descubierto, señorías, que existe el artículo 140 de la Constitución, el mismo artículo, con el mismo contenido, que existía cuando los electores CERA participaron en todas las elecciones locales, municipales, o a cabildos insulares, en el caso de Canarias, en 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007. Si el artículo 140 existía durante todos esos procesos electorales y no había ningún obstáculo para la participación de los electores CERA, ¿por qué se suprime ahora para esos electores el derecho de sufragio?

Desde nuestro punto de vista, pues, no existe justificación alguna basándose en ese artículo de la Constitución, y prueba de ello es el manifiesto que me ha entregado la Plataforma contra la privación del derecho al voto de los españoles en el exterior, una plataforma integrada por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, miembros del Consejo de las Comunidades Andaluzas en el Exterior, de las Comunidades Asturianas en el Exterior, de las Comunidades Extremeñas en el Exterior, del Consejo de Madrileños en el Exterior, del Consejo de Centros Valencianos en el Exterior y de diferentes consejos de residentes españoles en el exterior, mediante el cual se pide que se retire la prohibición del voto en las elecciones municipales a los españoles inscritos en el CERA y que se suprima la instauración del voto rogado en el resto de los comicios. Aquí están sus demandas, y es lo que concuerda con nosotros.

Y en cuanto a la coherencia, de la misma manera que en relación con el veto presentado por los senadores Guillot y Nuet nos vamos a abstener, porque las razones del veto van más allá de las que nosotros argumentamos, y hay algunas con las que no estamos de acuerdo, motivo por el que no podemos votar en contra pero tampoco a favor, también nos vamos a abstener en relación con el proyecto de ley porque, aunque hay algunas cuestiones con las que sí estamos de acuerdo y de las que luego hablaremos, el hecho de que se esté impidiendo el ejercicio del derecho de sufragio a los electores inscritos en el CERA, a los españoles en el exterior, es ya de por sí para nosotros motivo suficiente para votar en contra. Pero como tenemos esos otros argumentos sobre otras cuestiones con las que estamos a favor, nos vamos a abstener en el voto final de la ley y, por supuesto, votaremos a favor de nuestro veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Mur.

El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. A estas horas de la mañana voy a intentar ser breve, pero voy a aprovechar este turno porque luego intervendré en defensa de mis enmiendas.

Señorías, hoy somos noticia en los medios de comunicación por el uso de todas las lenguas del Estado español en esta Cámara, lo cual es sorprendente y supone desconocer la Constitución española y lo que algunos quisiéramos que fuera esta Cámara. Pero seguramente mañana no seremos noticia en esos mismos medios de comunicación por el debate que está teniendo hoy lugar sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, cuando a mi juicio este es un tema clave en el Estado constitucional. Las cosas son así y se ven así.

Aprovecho, pues, este turno sobre los vetos para fijar mi posición global sobre la propuesta que hoy se nos plantea hoy aquí; y después ya defenderé las dos enmiendas que he presentado. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Primero, quiero poner de manifiesto el método utilizado: la urgencia en una proposición de ley tan importante como yo la juzgo, que se publica nada más y nada menos que el día 30 de diciembre —es decir, al final de año, antes de Año Nuevo, seguido de un sábado y un domingo—, y en la que el período de enmiendas en un primer lugar se fija para el día 3, lunes —es decir, sus señorías tienen que dedicar la noche vieja y el Año Nuevo a estudiarse una ley de nada, intrascendente, que puede pasar desapercibida—,




Página 5850


aunque luego se rectifica y se amplía en dos días más para que algunos tengamos un poquito más de tiempo para leerla, por lo que ese plazo termina el día 5 de enero.

La segunda cuestión a la que me tengo que referir es a lo limitado de la reforma. Yo no voy a entrar en los detalles de los vetos, que creo que han quedado perfectamente explicitados aquí, pero tengo que hablar —repito— de lo limitado de esta reforma y de lo mal que se ha aprovechado esta circunstancia. Y es que ha faltado voluntad política o ha sobrado entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular para limitar a sus conveniencias el alcance de la reforma. ¿Por qué lo han hecho así, sabiendo como saben que hay unas demandas insatisfechas durante mucho tiempo en la Ley Electoral General de nuestro país? Seguramente porque creen que les beneficia, simplemente por interés partidista.

A este respecto, algunos que escriben en los medios de comunicación —por ejemplo, en El Mundo del día 12 de enero, don Elviro Aranda, que además de profesor de Derecho Constitucional es diputado del Grupo Socialista— ya nos dan alguna pista. Dice el señor Aranda: Las reformas electorales de momento difícilmente van a cambiar los elementos estructurales del sistema. No lo hacen porque los agentes políticos que han de impulsarlas se sienten conformes con el modelo y la gobernabilidad aún es posible. Si un día los dos grandes partidos se tuvieran que aliar —aliar— para cerrar el paso a reclamaciones nacionalistas que pusieran en peligro la integridad de España, probablemente se empezaría a pensar qué hacer para que la alternancia se pueda dar sin que los intereses generales se pongan en juego.

Esto lo dice un diputado socialista que además es —repito— profesor de Derecho Constitucional, y esta es la clave de lo que estamos haciendo hoy aquí. Esta es la clave: no les interesa, no les conviene, les va bien como les va. Por tanto, este es uno de mis argumentos de protesta.

En tercer lugar, señorías, haré una reflexión sobre la desafección de los ciudadanos con la clase política y con lo que estamos haciendo aquí. A este respecto, como no tengo tiempo, les recomiendo —si les queda algún rato— que se lean ustedes un librito de fácil lectura de Nicolás Sartorius —que creo que todo el mundo sabe quién es—, que se titula Carta abierta a los escépticos sobre los partidos políticos. Léanlo, es interesantísimo. Hay un capítulo dedicado a lo que debería ser precisamente la ley electoral española. Me ahorro todos los comentarios, pero estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Nicolás Sartorius.

Y para terminar, señorías, yo creo que se ha desaprovechado la oportunidad de hablar sobre las listas abiertas, que se ha desaprovechado la oportunidad para que haya una mayor apertura, incluyendo el permitir que en el sistema puedan tener lugar, crecer y desarrollarse nuevas formaciones políticas. Ustedes han hecho una ley que, si ya era cerrada, es más cerrada todavía. Que a nadie se le ocurra en este país nuevas iniciativas de partidos políticos porque lo tiene cada día más difícil, en contra de lo que creo que nos está demandando la ciudadanía. No damos proximidad entre el elector y el electorado. Creo que lo único que se refuerza con esto, señorías, es la partitocracia.

Y me pregunto: en este momento de crisis, en el que todo está en revisión —el sistema financiero, el sistema autonómico, la reforma laboral, las pensiones—, ¿por qué no se revisa también a fondo nuestra ley electoral? Señorías, creo que es una ocasión perdida, pero ya verán ustedes cómo las circunstancias y la presión de los ciudadanos, de los ciudadanos informados y demócratas, nos llevará a que tengamos que acometer una reforma de verdad y no un parche interesado, como en este momento, en la verdadera ley electoral que necesita este país.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.

En este turno solo quiero manifestar que en el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas vamos a votar en contra de lo dos vetos defendidos durante el debate de esta reforma de la Ley electoral por una cuestión que nosotros sí apoyamos y que estos dos vetos cuestionan, que es la eliminación del derecho al voto de los residentes ausentes en las elecciones municipales. Esa razón es suficiente para que nos expresemos de manera contraria a estos vetos, aunque, efectivamente, hay otras argumentaciones que podemos compartir.

Finalizo ya esta intervención dirigiéndome al senador Guillot con todo cariño y con todo aprecio, pero no puedo aceptar una afirmación que usted ha hecho respecto a mis compañeros del PNV. Usted ha dicho desde la tribuna que el PNV apoyaba esta reforma porque mantenía sus privilegios electorales. Ni el PNV, ni el Bloque Nacionalista Galego, ni Convèrgencia i Unió, ni ninguna fuerza nacionalista, con esta Ley




Página 5851


electoral, tiene ningún tipo de privilegios. Los dos únicos partidos que mantienen privilegios y que están sobrerrepresentados son el Partido Socialista y el Partido Popular. Es cierto que hay organizaciones políticas, como Izquierda Unida, que están infrarrepresentadas y que es una ley profundamente injusta con esta fuerza política, pero no puedo aceptar la afirmación de que el PNV apoya el cambio de esta ley porque así mantiene sus privilegios electorales. El PNV ha dado muestras en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados y en todas las Cámaras en las que tiene representación, de que es una fuerza política seria, que no apoya reformas ni apoya iniciativas únicamente por mantener privilegios, sino porque las considera absolutamente razonables.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. Simplemente quiero anunciar nuestro voto en contra de estos vetos que se han defendido.

Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pestana.

El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, señor presidente.

Intervengo de nuevo no para volver a reiterar los argumentos expresados en mi anterior intervención —que doy prácticamente por reproducidos—, sino para contestar al compañero y amigo Alfredo Belda y decirle que en mi explicación no hay ningún tipo de piruetas históricas. Yo creo que la historia también sirve para fundamentar argumentos y, en este caso, los empleados por mí, creo que han servido para demostrar que los cabildos insulares son una corporación local.

Efectivamente, desde hace muchísimos años se reconoce en la Constitución el hecho insular y en la historia —vuelvo a dar un argumento histórico—, en las Cortes de la República, un diputado palmero, Alonso Pérez Díaz —hermano del que había citado antes, Pedro Pérez Díaz—, se ocupó de defender en los escaños que los cabildos insulares tuvieran la singularidad de que fueran elegidos por los ciudadanos y no fuera una elección indirecta. Eso demuestra que en Canarias siempre ha habido una preocupación para que hubiera elecciones a los cabildos insulares.

En nuestro ordenamiento, especialmente en nuestra Ley Orgánica del Régimen Electoral General, hay elementos que claramente nos señalan que el hecho insular está reconocido, primero por el voto, aunque ya le he dicho que no solo en los consells insulares de Baleares, sino que también en las diputaciones forales hay un voto directo. Además, hay otros argumentos de singularidad como es el tema de que la presidencia se otorga directamente a la lista más votada, cosa que no ocurre en otras corporaciones locales y, obviamente, el propio ámbito del Gobierno insular, que es un reconocimiento a ese mismo hecho.

Hoy, igual que sucedió en el Congreso de los Diputados, va a haber una amplísima mayoría que respalde esta reforma electoral, aunque eso no es garantía de que estemos acertando con la reforma. Pero yo creo que cuando coinciden partidos como Convèrgencia i Unió, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista, autores de la iniciativa —a todos agradezco el apoyo a esta reforma— y también otros grupos políticos que se han adherido, es porque entienden la justificación de esta reforma.

Es una reforma importantísima; no es un parche —como se ha señalado anteriormente desde la tribuna—, sino que es un reforma muy importante que ahonda en la eliminación del fraude electoral, en una mayor transparencia, en alcanzar un proceso electoral mucho más garantista, y es un elemento para felicitarnos por ese amplio consenso. Aquí, en el Senado, hay 4 senadores del Partido Popular y 8 del Partido Socialista; en la misma correspondencia, somos 12 los representantes del pueblo de Canarias en el Senado frente a 2 que van a votar a favor de este veto. Eso también nos indica que la representación del pueblo de Canarias va por otra línea.




Página 5852


Como su señoría no me ha contestado sobre el carácter local del cabildo insular, debo recordarle que el carácter de institución de los cabildos insulares de la comunidad autónoma no aparece en el estatuto de autonomía del año 1982, sino en la reforma del estatuto que se produce en el año 1996, por una la ley orgánica, la Ley 4/1996, que es la primera vez que aparece en el estatuto el carácter de instituciones, pero además de Gobierno insular; no se debe olvidar el carácter de entidad local que también reconoce el propio estatuto.

Para finalizar, vuelvo a recordar que los elementos de esta reforma vinculados a la vecindad siguen teniendo plena validez. La exigencia de la vecindad para las elecciones locales es un elemento muy positivo, y nuestro grupo va a seguir defendiendo, para evitar el fraude, el voto en urna y por la igualdad entre los españoles que viven en el territorio nacional y los españoles que viven en el extranjero, para que tengan la misma obligación de realizar su voto rogado cuando no se está en la circunscripción en la que les corresponde votar. Considero que son elementos muy positivos que no decaen por los argumentos empleados por el representante de Coalición Canaria, que no ha rebatido en ningún caso los empleados por quien les habla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, señorías, como no puede ser de otra manera, el Grupo Popular respalda el gran trabajo que se ha realizado en el Congreso de los Diputados durante casi veinte meses; un trabajo que ha registrado aportaciones no solamente de los grupos parlamentarios allí representados, sino también del Consejo de Estado, de la Junta Electoral Central y numerosa jurisprudencia constitucional.

La reforma contiene muchas novedades. Yo les recomiendo que estén atentos, por ejemplo, al desdoblamiento de las funciones de interventor y apoderado, porque cambia —y bastante—, y a la mejor definición de los plazos de resolución de recursos por la Junta Electoral Central.

Pero, si me lo permiten, las principales novedades afectan al censo electoral, al voto en el extranjero —se ha hablado mucho aquí—, a la publicidad de información electoral en medios de comunicación, a los avales y, finalmente, se aborda, desde un punto de vista muy consecuente, muy positivo y muy audaz, desde el punto de vista del Grupo Popular, la cuestión del transfuguismo.

Señorías, el censo electoral refuerza las garantías para evitar empadronamientos fraudulentos o de conveniencia y, por tanto, anticipa en un mes la definición de censo cerrado para cada elección y excluye la posibilidad de solicitar la rectificación por cambio de residencia de una circunscripción a otra en los dos meses anteriores a la convocatoria electoral y en un año para los residentes en el extranjero.

Voto en el extranjero. Siguiendo indicaciones de la Junta Electoral Central, se permite que los españoles residentes en el extranjero voten en urna durante los tres últimos días de la campaña electoral sin perjuicio —como se ha señalado— de mantener el voto tradicional —como se ha venido haciendo hasta ahora— por correo para los que no pueden desplazarse a votar.

Señorías, publicidad e información electoral en medios de comunicación: muy importante. Se reduce la publicidad y la propaganda electoral para evitar la mala costumbre —si quieren la indeseable incidencia— de los poderes públicos en las campañas electorales. Y, señorías, les voy advirtiendo ya que con esta reforma solamente se contratará publicidad electoral en los quince días estrictos de campaña electoral. Se reduce el límite de gastos a asumir por las candidaturas y, en línea con la Junta Electoral Central y la jurisprudencia del Supremo, se extiende a las televisiones privadas el respeto a los principios de pluralismo político y social.

Me importa destacar mucho la novedad de los avales, porque fue una petición que hicimos desde la ponencia que se formó en tiempos —lo recordarán— para modificar la papeleta del Senado. Atendiendo a la petición de esta Cámara, el Congreso ha resuelto que se exigirán avales: un 1% y un 0,1% respectivamente del censo de la circunscripción para agrupaciones de electores, por un lado, y partidos que no hubieran obtenido representación. Señorías, se trata de acabar de una vez por todas con un fraude de ley totalmente intolerable.

Finalmente, la reforma incluye el muy loable propósito de desactivar el transfuguismo. El transfuguismo, señorías, es un escándalo que nos ha afectado a todos los partidos, todos lo hemos sufrido, y, desde nuestro punto de vista, con pleno respeto a la doctrina del Tribunal Constitucional, el Congreso ha logrado dar con una fórmula que va a evitar que, con su actuación, los tránsfugas puedan modificar la voluntad




Página 5853


popular y cambien Gobiernos municipales. Es una medida de regeneración democrática que entendemos que va a contribuir a eliminar tensiones políticas y sociales y va a favorecer la estabilidad en la vida municipal. La fórmula es que la mayoría exigida en estos casos se va a ver incrementada en el mismo número de concejales que formen o hayan formado parte del grupo municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone en ese momento.

Estas son las grandes novedades, señorías, pero, a pesar de este gran trabajo, estamos examinando ahora mismo dos vetos a la iniciativa del Congreso, que se basan en la supresión del derecho de sufragio municipal en los españoles residentes en el extranjero y la supuesta falta de proporcionalidad entre votos y escaños.

Señorías, con esta reforma se sigue la recomendación del Consejo de Estado y se une la condición de vecino de un municipio para el ejercicio del derecho de sufragio en elecciones municipales, tal y como dispone el artículo 140 de la Constitución, es decir, para votar en elecciones municipales se ha de figurar en el censo de residentes en España. La Constitución dice muy claramente que los concejales son elegidos por los vecinos de los municipios, y la condición de vecino se adquiere —no puede ser de otra manera— mediante la inscripción en el padrón municipal.

La asimilación de la condición de vecino a quienes no residen en el municipio, ni tan siquiera en territorio español, era una asimilación formal y ficticia, según el Consejo de Estado y el Grupo Popular, señorías, no puede estar más de acuerdo con esta afirmación, porque está claro que un español residente en Buenos Aires, en Cartagena de Indias o en Boston no es vecino de San Bartolomé de Tirajana, por mucho que nos empeñemos y por mucho que queramos. Se trata, pues, de eliminar una ficción, teniendo en cuenta que, si el censo de residentes ausentes era determinante, no ya para elegir un concejal, llegaba incluso a determinar toda la composición de una corporación entera. La petición del Consejo de Estado se ha introducido aquí sin eliminar ningún derecho —como aquí se ha dicho—. Se condiciona el ejercicio de ese derecho a estar inscrito en el censo de españoles residentes en España.

Y en cuanto al vigente sistema electoral, creo que ,en general, ha propiciado la formación de Gobiernos estables, ha permitido la alternancia política en la gobernabilidad del país y, además, ha garantizado la presencia de las minorías en las Cámaras. Creo que es comprensible, señorías, que la mayoría de los grupos mayoritarios hayamos optado por el mantenimiento de elementos básicos de nuestro sistema electoral y de los principios más relevantes en los que se asienta. Y con todo el respeto, les diré que las afirmaciones que aquí se han realizado han sido muy poco rigurosas y, además, me parece que no resisten ni un minuto, porque como toda propuesta se nos ofrece que se aumente en 50 escaños el número de diputados. Además, es una propuesta asombrosa, donde las haya, dados los tiempos de austeridad que vivimos. Pero, aún más, vamos a suponer que sí, que, efectivamente, se aumenta esa representación. Pues bien, si extrapolamos los últimos resultados electorales a una Cámara de 400, la represtación de los hoy vetantes les aseguro que no mejoraría sustancialmente.

Y se ha hablado también de restos. Lo mismo ocurre con los restos, exactamente igual, porque todos tenemos restos. Y los grandes partidos también tenemos más restos. Y a la hora de distribuir o aplicar restos, tampoco mejoraría su sistema electoral. Déjenme que les diga, señorías, que no entiendo esta manía que se tiene a la Ley d’Hondt, a la que se pretende sustituir por el sistema del matemático francés Hare, que no se aplica, señorías, ni en Francia, ni en su propio país.

Quiero recordar en este momento —seguro que lo recordarán también conmigo— que el entonces Partido Comunista de España con la Ley d’Hondt llegó a tener 22 diputados en el Congreso, señorías. Resumiendo, las causas de la supuesta infrarrepresentación me da la sensación que son otras, y la primera que se me ocurre, señorías, es la pérdida de votos.

En fin, señor presidente, mientras algunos solo piensan en la proporcionalidad pura, sin importarles nada más, otros preferimos un sistema proporcional que facilite la estabilidad y la gobernabilidad. Por eso nosotros, junto con el resto de la gran mayoría de esta Cámara, vamos a votar en contra de esos dos vetos.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas. (Pausa.)

Señorías, vamos a proceder a la votación del primer veto, de los señores Guillot y Nuet.

Se inicia la votación. (Pausa.)




Página 5854


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; votos a favor, 6; votos en contra, 234, abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos, a continuación, a la votación del segundo veto, de los señores Belda y Quintero.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; votos a favor, 9; votos en contra, 232.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Señorías, rechazados los vetos, pasamos al debate de las enmiendas. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Si lo permiten los que se ausentan, podríamos comenzar la defensa de las enmiendas. Pueden ausentarse si lo desean, pero no defiendan posiciones mientras lo hacen.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Mur.

El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente desde el escaño, dada la hora y la situación nutritiva de nuestros compañeros, para defender las dos enmiendas que he presentado a la primera parte de la modificación de la LOREG, con expediente 624/000012. Podía haber presentado muchas más enmiendas, teniendo en cuenta todo lo que he manifestado durante la toma de posición del conjunto de la ley, pero estas dos son representativas de algunas de estas cuestiones que he puesto de manifiesto. Una de ellas, la discriminación que suponen los requisitos de gastos y subvenciones electorales exigidos a formaciones políticas nuevas y pequeñas de actuación electoral limitada, que no se exigen a los grandes partidos o a los partidos ya instalados, es decir, a los que ya tienen representación en las Cámaras. Por tanto, esto significa cerrar el sistema, y les pongo dos ejemplos. En el apartado 3 del artículo 169 no solamente se exige esto a las federaciones y a las agrupaciones de electores —ya había una exigencia de la firma del 1% de los inscritos en el censo electoral—, sino que, ahora, a los partidos políticos que se quieran presentar, si antes no se habían presentado, se les exige un mínimo de resultados para no necesitar el aval de más firmas. Es decir, que un partido político va a ser considerado igual que una agrupación de electores. A mí me parece que esa exigencia —que no entiendo en el fondo— debería quedar limitada a aquellos partidos que, habiéndose presentado, fueran castigados por contumaces al no haber obtenido la mínima representación, con el fin de que no volvieran a utilizar otra vez las papeletas desequilibrando el gasto y el presupuesto del Estado, gastos que ahora se pretenden eliminar. Pero, ¡hombre!, a los partidos que no se hubieran presentado no les pidamos requisitos que no se piden a aquellos que ya están instalados, porque esta es una manera más de cerrar la puerta a los nuevos partidos.

Y lo mismo digo en cuanto a las subvenciones electorales. Para percibir el máximo de la subvención electoral se exige la presentación en más de un municipio en las elecciones locales. De esta forma estamos perjudicando de alguna manera a las agrupaciones de electores o a aquellos pequeños partidos que se presenten en un único municipio, porque al no presentarse y obtener representación en al menos el 50% de los municipios de más de 10 000 habitantes, etcétera —que es lo que dice la nueva ley—, les estamos imponiendo unas condiciones que no existen para los partidos ya instalados, lo cual frena su acceso y los discrimina. Evidentemente, una ley electoral que empieza con discriminaciones —menores, si ustedes quieren, porque son subsanables por otro sitio— no es un buen comienzo.

Señorías, esta es la defensa de mis enmiendas, para las que pido el voto favorable, aunque sé que es una petición inútil, porque, según los pactos alcanzados, ya ha quedado claro que estas enmiendas no van a servir más que para que quede constancia de ellas en el Diario de Sesiones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Enmiendas de los senadores Belda y Quintero.

Senador Belda, tiene la palabra.




Página 5855


El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.

Nuestras enmiendas son coherentes con el veto que hemos presentado. En concreto, la enmienda número 35 pretende suprimir el apartado 3 del artículo 2 que se introduce en la LOREG, es decir, el requisito de que para votar en las elecciones locales se exige ser vecino del municipio. Esto no tiene sentido en las elecciones a cabildos insulares, porque, como ya expliqué anteriormente, cada isla no es un solo municipio.

En Canarias existen 88 municipios distribuidos por las siete islas, y en cada una de ellas existen, desde los 3 con que cuenta la isla de El Hierro, hasta los 31 de la isla de Tenerife.

En la proposición de ley se excluyen las elecciones locales del artículo 75. Pues bien, con la enmienda número 36 se trata de incluir de nuevo que la posibilidad de voto de los electores no sea solamente para las elecciones locales sino para todas las demás.

En cuanto a la enmienda número 37, es similar a la enmienda a la totalidad con texto alternativo que presentamos en el Congreso de los Diputados, que a su vez es alternativa a la enmienda anterior al artículo 75. Con ella se pretende regular de un modo un poco más exhaustivo y de manera parecida a como lo hacía la proposición de ley del Parlamento gallego el voto en urna de los ciudadanos en el exterior con las demarcaciones y secciones consulares y las funciones de los consulados y de las juntas electorales cuando se celebren elecciones en el exterior, explicándose cómo se regula el voto por correo y las especialidades propias del escrutinio de las mesas electorales ubicadas en el exterior.

Estas son, por tanto, las enmiendas que presentamos desde Coalición Canaria en coherencia con el veto que hemos explicado antes.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Hay un dicho que dice que los últimos serán los primeros. Pues si hacemos del mismo una interpretación libre podríamos decir que los grupos parlamentarios minoritarios alguna vez también podríamos ser mayoritarios. Si ahora mismo se celebrara una votación en esta Cámara —lo digo porque hay pocos senadores en este momento—, incluso quizá podríamos ganarla.

Con respecto a esta ley, nosotros presentamos seis enmiendas, concretamente las que van desde la número 29 hasta la número 34, con las que pretendemos que mejoren algunas cuestiones que consideramos que, o no se han abordado en profundidad, o no quedan suficientemente reguladas para mejorar sustancialmente esta normativa electoral. Concretamente la número 29 introduce algunas condiciones para formar parte del censo de residentes ausentes que darían derecho a participar en determinados procesos electorales, como son los autonómicos o los de ámbito general. Nosotros consideramos que sería necesario introducir ahí una condición que demuestre la vinculación con el territorio y que, por tanto, el censo de residentes ausentes esté formado efectivamente por residentes ausentes y no por quienes no lo son, es decir, por hijos de esos residentes ausentes que en su día tuvieron que abandonar el territorio, en este caso, y por la parte que me toca, de Galicia. Por tanto, ese censo tendría que ser de residentes ausentes stricto sensu.

Las enmiendas números 30 y 32 pretenden mejorar la regulación de determinadas cuestiones relacionadas con las campañas electorales y la propaganda electoral en el extranjero.

Con la enmienda número 31 se pretende que quede claro, regulado y explicitado que la forma de voto prioritaria para nuestros residentes ausentes en elecciones autonómicas y generales va a ser el voto en urna, y solamente en aquellos supuestos en que haya un número de residentes ausentes que no justifique la creación de una mesa electoral o cuando no se den las condiciones adecuadas para constituir una mesa electoral podrá utilizarse el voto por correo que en todo caso debe ser rogado puesto que esta es una condición que nosotros consideramos absolutamente razonable. Lo que no tiene ningún sentido es enviar 500 000 cartas para unas elecciones autonómicas al Parlamento de Galicia puesto que muchas de ellas se devuelven ya que las direcciones no están actualizadas. Por tanto, cuando hablamos de crisis, de ajustes económicos, tenemos que referirnos a todo. En este caso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es enviar esa documentación electoral para que puedan ejercer su derecho al voto a aquellos que realmente estén interesados en ejercerlo, como se hace, por otra parte, con los ciudadanos residentes en el Estado español que quieren votar por correo porque no pueden votar en urna.




Página 5856


Recogiendo una recomendación del Consejo de Estado —aquí se ha citado varias veces— consideramos que la asignación de escaños debería hacerse sobre la base del censo electoral. Parece también bastante razonable que si los residentes ausentes van a poder votar en los procesos autonómicos y en los procesos generales, puedan contar a la hora de distribuir los diputados entre las distintas provincias. Lo que no tiene sentido es que con su voto decidan qué organizaciones políticas tienen representación y, sin embargo, a la hora de distribuir el número de diputados por provincias no cuenten porque se tiene en cuenta la población de hecho que reside dentro del Estado español y no el conjunto de los electores.

Finalmente, en la enmienda número 34 nosotros proponemos un sistema para mejorar la proporcionalidad del actual sistema electoral. Le repito, senadora Vindel, que son ustedes, el Partido Popular, así como el Partido Socialista, los que están sobrerrepresentados con el sistema que tenemos ahora. Si hiciéramos un reparto proporcional puro ustedes tendrían en este momento menos diputados de los que tienen y el Partido Socialista también. Sin embargo, el BNG, por ejemplo, tendría un diputado más de los que tiene. Eso es así. Datos objetivos que no tienen mucha discusión.

Estas son las enmiendas que hemos presentado, para las que pido el apoyo de los grupos. Asimismo, manifiesto con respecto a enmiendas de otros grupos que votaremos en contra de todas ellas.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Nuet.

El señor NUET I PUJALS: Gràcies, president.

Intervendré muy rápidamente para defender y explicar el concepto que hay detrás de las 26 enmiendas que la Entesa ha presentado en su momento. He de anunciar que de estas 26 enmiendas, 20 corresponden a Esquerra Republicana de Catalunya y 6 a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida e Izquierda Unida. De estas 20 de Esquerra Republicana de Catalunya, los compañeros de Esquerra retiran 11, y yo ahora voy a indicar a la Mesa con exactitud cuáles son, para que esas 11 no se sometan ya a votación, manteniéndose solo 9.

Quiero explicar muy rápidamente qué significan las 6 enmiendas vivas que por parte de Iniciativa y de Izquierda Unida vamos a mantener para pasar a su votación.

En primer lugar, analizamos dos conceptos que son los que durante la mañana hemos estado repitiendo, uno más y otro menos. Uno es el tema de que todos los votos valen igual y, por tanto, estamos hablando de la reforma proporcional de la ley electoral, concepto que ha pasado menos apercibido que otro que también está presente, el de que todos los españoles, independientemente de dónde residan, son iguales para votar. Esos son los dos conceptos que, de alguna forma, están en nuestras 6 enmiendas.

En primer lugar, respecto al tema de que todos los españoles son iguales para votar, quiero agradecer también la presencia en la tribuna de la Plataforma contra la privación del derecho de voto de los españoles en el exterior, sobre todo porque son españoles y españolas que vienen de Suiza, de Francia, de Alemania y de otros países muy lejanos y que, por tanto, están defendiendo su derecho a voto hasta el último minuto con su presencia en esta Cámara del Senado que va a aprobar la ley electoral. Por tanto, les agradecemos su presencia y les diré que para nosotros ustedes son españoles y españolas de primera, igual que los que residen en el territorio español, por ello, el hecho de que ustedes residan en el extranjero no debe, en ningún caso, menoscabar su derecho democrático al voto. Además, sabemos que algunos de ustedes son hijos y nietos de personas que emigraron por razones económicas y políticas. Por tanto, creo que es una verdadera injusticia que hoy se les trate de esta forma.

Recientemente, el Estado francés ha aprobado también una reforma parecida en el sentido radicalmente contrario a la que pretendemos aprobar aquí, dando a los residentes franceses en el exterior más prerrogativas y representatividad política. Por tanto, creemos que estamos dando un paso atrás con la aprobación que se nos propone hoy aquí.

En definitiva, ¿qué queremos? No queremos otra cosa que hablar de un derecho basado en el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, así como del derecho a la participación política reconocido en el artículo 23 de aquella, que ha sido consolidado en el artículo 4, apartado 1 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que, de alguna forma, habla de que todos los españoles, independientemente de dónde residan, tienen igual derecho a voto.

Por tanto, ese estatuto fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados por todos los partidos políticos; pensamos que es realmente constitucional, por lo que hoy estamos cometiendo un error importante, y ya hay anuncios públicos sobre la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional,




Página 5857


ya que se infringe la Constitución española en ese aspecto, al privar del voto a ciudadanos españoles que tienen derecho al mismo. Por todo ello, este es un tema importantísimo.

Quiero decir también que en estos momentos hay elementos que no acabamos de entender, por ejemplo, que es un avance el concepto de voto en urna; es cierto, pero ustedes tienen que saber que simplemente dura 3 días mientras que en estos momentos el actual redactado de la ley permitía que en un plazo aproximado de 10 días los españoles residentes en el extranjero pudiesen depositar el voto; por tanto, estamos dando un paso atrás en la cantidad de días habilitados para ejercer el voto porque, sin duda, pasar de 10 a 3 días no es un avance democrático.

Otro ejemplo es el voto rogado, y sin duda damos también un paso atrás porque se va a ejercer el concepto de solicitud y lo veremos en las próximas elecciones cuando observemos el voto real comparado con los votos en comicios anteriores, que va a ejercer un efecto de desinhibición y va a dificultar el voto; por tanto, en un momento en que estamos luchando contra la desafección política, unido a las dificultades que tienen los españoles en el extranjero para organizarse y votar vamos a añadir un nuevo elemento que, sin duda, puede tener efectos de mayor control democrático y mayor transparencia que se podrían haber conseguido con otras fórmulas y no dificultando más el tema.

Nosotros ponemos estas cuestiones sobre la mesa porque pensamos que dificultan el voto, menguan derechos y no estamos de acuerdo con ellas.

Las otras tres enmiendas dicen que todos los votos valen igual. Señorías, entiendo perfectamente a la senadora del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y, ¿saben por qué la entiendo? Porque el Partido Popular tiene en el Congreso de los Diputados seis diputados que no son suyos. ¿Qué significa esto? Que no los ha conseguido con votos sino con un sistema electoral poco transparente en algunos aspectos y, sobre todo, poco proporcional porque seis diputados del Partido Popular hoy estarían sentados en escaños de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya Verds si se modificase y mejorase la proporcionalidad de la actual ley; por tanto, es fácil que a los partidos a los que les caen diputados, repito, no por votos sino por una aplicación complicada del sistema electoral, defiendan ese sistema.

Si seguimos profundizando en esta línea, ¿qué ocurrirá? Pues que si esto se consolida, en el Congreso y en el Senado dentro de unos años, el Partido Popular y el Partido Socialista van a hacer un eco entre ellos mismos porque a menos proporcionalidad menos representatividad, y a menos representatividad menos pluralidad; pues bien, si la idea de algunos partidos es quedarse con todos los escaños sea como sea, independientemente del voto de los españoles y españolas, vayan ustedes llegando a acuerdos como los que van haciendo.

Y esto no lo propone Izquierda Unida ni Iniciativa per Catalunya Verds, fue el Consejo de Estado el que lo propuso el año pasado. La propuesta del Consejo de Estado es aumentar a 400 diputados el Congreso. ¿Por qué propone esa fórmula? Porque no requiere una modificación constitucional. Ahora no estamos hablando de una propuesta que modifique la circunscripción electoral, que es el segundo gran problema de este país. No estamos hablando de la Ley d´Hondt, que es un problema menor; estamos hablando del reparto que se produce en las circunscripciones electorales que son las provincias, porque sumada la provincia a la citada Ley D´Hondt, hace que a una tercera fuerza política de ámbito estatal le sea prácticamente imposible conseguir diputado o diputada en la mayoría de las provincias españolas.

Esta es una realidad lacerante y no lo compare usted con Francia, donde existe un sistema mayoritario, que no es el sistema español, en el que tenemos dos tradiciones electorales totalmente distintas y sistemas de organización de Estado totalmente distintos; por tanto, no tenemos nada que ver con Francia que tiene un sistema, del que desde luego tengo mi opinión, pero, repito no lo voy a comparar con el español. Nosotros tenemos un sistema que necesita más proporcionalidad.

Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo tener más diputados, sino que los votos de los españoles y de las españolas que nos votan tengan representatividad en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, estamos hablando de un millón de votos; nada, un millón de votos es poquísimo, pero es un millón de hombres y de mujeres muy respetable. Es posible que en las próximas elecciones generales no hablemos ya de un millón de votos sino de unos cuantos más y, por tanto, aún va a ser más sangrante la situación de entre uno o dos millones de españoles y de españolas que no están correctamente representados, porque un diputado o una diputada del Partido Popular le cuesta a esos partidos 60 000 votos, y un diputado o una diputada de Izquierda Unida y de Iniciativa cuesta 500 000 votos, y esto no es democracia. Le pueden llamar como quieran, pero no es democracia y de eso es de lo que estamos hablando; repito, no hablamos de que queremos más porque somos más listos y más listas, en absoluto,




Página 5858


sino de que queremos lo que nos corresponde porque tenemos un número de votos respetable. Por tanto, eso es lo que estamos pidiendo.

Quiero manifestar, como he dicho antes, que está avalado por un informe del Consejo de Estado, que precisamente se pronuncia en esa línea, para no llevar a cabo una modificación constitucional —que a nosotros por supuesto no nos asusta— pero que no era el momento en el debate de la ley de saltárnosla por encima, apelando a una futura modificación constitucional. Por tanto, la enmienda que hemos presentado cabe perfectamente dentro de la Constitución, y es un problema de voluntad política que se ejerza.

Por último, señorías, como anteriormente se ha dicho, en ocasiones la democracia cuesta dinero. Es verdad, los que estamos aquí cobramos todos. También podíamos dejar de cobrar todos, y que esta Cámara siguiera funcionando. Alguien se echará las manos a la cabeza, y dirá que no es posible. La democracia hay que pagarla, hay que hacer pedagogía y a los ciudadanos hay que explicarles que hay cosas que cuestan dinero, pero si hay que recortar, por favor, no recortemos la democracia, recortemos otras cosas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, senador.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.

El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a compartir el turno con el senador Tuñón, del Grupo Parlamentario Mixto. Como hemos dicho al principio de la defensa de nuestro veto, Coalición Canaria también valora el trabajo que se ha realizado en estos dos últimos años por parte de la subcomisión del Congreso de los Diputados, en relación con la modificación de la LOREG y, lógicamente, en todos aquellos aspectos que no afectan al voto de los ciudadanos en el exterior. Compartimos, por tanto, gran parte de las modificaciones que se proponen, como son los plazos de actualización del censo electoral; las garantías para impedir empadronamientos fraudulentos; las medidas para evitar las incidencias de los poderes públicos en las campañas electorales, que ya se habían interpretado y desarrollado mediante instrucción de la Junta Electoral Central, y que ahora se incorporan a la ley; la prohibición de realizar actos de propaganda o publicidad electoral antes del inicio legal de la campaña electoral; la minoración de las cantidades de las subvenciones para gastos electorales; la extensión de la prohibición para contratar espacios de publicidad electoral ya vigente para los medios públicos, también para las televisiones privadas; el sometimiento de las televisiones privadas a los mismos principios que las públicas: igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa; la exigencia de los avales a los partidos sin representación parlamentaria, que es una novedad con la cual también estamos de acuerdo, y las medidas contra el transfuguismo en los ayuntamientos. En este último caso, entendemos que se va a impedir una parte de los tránsfugas, pero quedarán sin solucionar otros casos de transfuguismo que no se instrumentalicen a través de mociones de censura sino mediante otra serie de actuaciones.

En definitiva, señorías, con estos asuntos estamos de acuerdo. Valoramos el trabajo de la subcomisión en estos aspectos, pero no así el requisito que se establece en la ley con respecto a los electores, que era de que para las elecciones locales haya que estar inscrito en el censo de residentes en España, que en la práctica supone la supresión del derecho de sufragio para estos electores en este tipo de elecciones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Senador Tuñón.

El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Voy a intervenir brevemente desde el escaño, aunque ya es un poco tarde y todos los argumentos están dados, porque me gustaría sumarme a las voces críticas de esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Creo que se ha dicho todo. También comparto muchas de las cosas que ha dicho el senador Nuet en la última intervención y otros senadores que me han precedido.

Estamos ante una ocasión perdida, lo ha dicho también el senador Mur; estamos viendo las orejas al lobo, pero no hacemos nada; estamos perdiendo credibilidad la clase política; estamos perdiendo representatividad y sobre todo estamos viendo que se cuestiona por qué los grandes partidos nos tienen que representar a todos los españoles. Este tema en estos momentos se visualiza mucho más debido al poco entusiasmo que despiertan estos dos partidos. Esto es así y entiendo que es el origen, y aquí se ha




Página 5859


dicho. Pero la igualdad de voto es el requisito sine qua non de una ley electoral para que esta sea considerada democrática. Si el voto no es igual, la elección no es democrática y en esto también cito a un autor, a Jorge Urdanoz.

Este es un asunto mucho más profundo de lo que parece, porque está afectando a la calidad democrática de las instituciones, y estoy de acuerdo en que la democracia es cara, pero no está perjudicando a dos partidos que en estos momentos se pueden concretar en Izquierda Unida de una forma real, y también UPyD. Hay que dar sentido a un voto diverso y plural porque si no tiene viabilidad este voto útil, ¿cuál es la justicia de este sistema electoral? Esto está avalado. Y cuando la senadora del Grupo Parlamentario Popular desprecia un poco las propuestas que se hacen, le diré que son las propuestas que hace el Consejo de Estado, que no es ningún organismo para despreciar, que yo sepa. Otras veces el Consejo de Estado parece que es la Biblia, pero ahora como no interesa, es ocurrencia. Pero las ocurrencias son reales, señora senadora.

Se puede mejorar el sistema de manera que el voto de cada ciudadano sea equitativo e igualitario. Ya sé que hay dos sistemas, el mayoritario y el proporcional, pero está claro que en estos momentos lo debemos corregir porque lo está demandando la sociedad y es un tema que sale constantemente. Por eso le digo que pasar de 350 a 400 diputados no es ninguna tontería; que reducir de dos a uno el mínimo que se exige para cada provincia, no es ninguna tontería; que aplicar el sistema Hare en vez del sistema d´Hondt, no es ninguna tontería. Creo que son temas que volverán.

Sí quiero decir que esta reforma del sistema electoral considera algunos asuntos que yo creo positivos: la reducción de la publicidad y la propaganda. Queda el control, que es lo más importante; da igual que tengamos cinco días de campaña o tres, porque si no se controlan los gastos electorales, da igual. Y el transfuguismo se ha mejorado.

Para que se den ustedes cuenta de la importancia de este debate, les diré que en este momento estamos 15 senadores en la sala.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Quiero aprovechar este turno de portavoces para saludar, en nombre del BNG, la presencia de los representantes de las asociaciones de emigrantes hoy aquí en este Pleno del Senado. A mí me gusta que estén aquí porque así también podrán escuchar de primera mano los argumentos de todas las fuerzas políticas y no distorsionados, como a veces llegan a sus destinos.

Quiero expresar el máximo respeto y el máximo reconocimiento a los miles de emigrantes gallegos que durante muchos años, y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, tuvieron que emigrar a los cinco continentes en busca de mejores condiciones de vida. Gracias a esa salida fue mucho lo que aportaron al desarrollo de Galicia, al mantenimiento del galeguismo político, del que algunos bebemos y nos sentimos descendientes, y también han contribuido a difundir por casi todos los países de los cinco continentes nuestra cultura, la cultura de Galicia.

Ese reconocimiento expreso que yo quiero hacer aquí no significa que renunciemos desde el BNG a mejorar determinadas cuestiones relacionadas con la participación de los residentes ausentes, de nuestros emigrantes, en definitiva, en los distintos procesos electorales igual que han hecho de una manera o de otra todos los países de nuestro entorno.

En muchos países de nuestro entorno se considera que tener la nacionalidad de un determinado Estado no significa tener la totalidad de los derechos que se le asignan a los ciudadanos que viven en territorio propio, y uno de los derechos que se cuestiona es si deben tener o no en igualdad de condiciones que los ciudadanos que viven en territorio propio el derecho al voto en todos los procesos electorales. Desde el BNG defendemos con absoluta rotundidad, en consonancia con lo que defienden muchos emigrantes gallegos, que en las elecciones municipales no ha lugar a la participación de los residentes ausentes porque no son vecinos de los municipios de nuestro territorio. En Galicia se estaba dando una situación absolutamente clamorosa. Tenemos varios ayuntamientos en Galicia con más residentes ausentes en el censo electoral —varios, no uno ni dos ni tres— que vecinos viviendo en ese municipio, y no es de recibo que el alcalde y los concejales se decidan por el voto de personas que son muy respetables, que nos merecen todos los respetos, pero que llevan muchos años sin vivir en ese municipio, e incluso muchos de ellos, cientos de miles de ellos, nunca han pisado ese territorio. Eso no lo podemos tolerar.




Página 5860


Igual que no podemos tolerar situaciones absolutamente surrealistas y antidemocráticas como que permanecieran en el censo electoral durante muchos años cientos y cientos y cientos de personas fallecidas con absoluta normalidad. Y lo que es peor, votaban con absoluta normalidad y decidían alcaldes y diputados en los procesos electorales. Eso pasaba en Galicia proceso electoral tras proceso electoral. Por eso nosotros defendemos que se vote en urna o que se vote a través de voto rogado y con una identificación de que se está empadronado en el censo electoral y de que se está vivo. No ponemos más condiciones y pensamos que son absolutamente razonables y que mejoran nuestro sistema democrático, porque es absolutamente indefendible que determinadas instituciones democráticas puedan ser elegidas o condicionadas por el voto de ciudadanos que llevaban varios años fallecidos. Estos casos se daban proceso electoral tras proceso electoral.

En consecuencia, nosotros estamos de acuerdo y vamos a votar favorablemente esta reforma de la ley electoral. No es la reforma electoral que haría el BNG, pero en este momento es el acuerdo al que hemos llegado. Por lo tanto, lo votaremos favorablemente. Nosotros introduciríamos algunas otras mejoras reconociendo una vez más todo lo que tengamos que reconocerle a nuestros emigrantes, que es mucho.

Esto también dignifica a los emigrantes. Supongo que ningún emigrante querría escuchar elección tras elección que gracias a un voto absolutamente incontrolable, a un voto que no tenía ninguna garantía democrática, se estaban condicionando resultados electorales. Supongo que a los emigrantes tampoco les gustaría escuchar esto. Ahora van a poder participar en los procesos electorales porque se les va a permitir, y eso es bueno para ustedes, para los emigrantes y también para los residentes en los territorios del Estado español.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, debe terminar.

El señor PÉREZ BOUZA: Termino, presidente.

Señora Vindel, ha hecho usted una mención al transfuguismo. Efectivamente, se ponen algunas condiciones que van a hacer más difícil este extraño arte político. Usted ha dicho que todos lo sufrimos, efectivamente, pero no todos lo amparamos. Ustedes, el Partido Popular, así como el Partido Socialista, sí lo amparan. El BNG, no.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño y muy brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en relación con esta ley.

Nosotros votaremos favorablemente la ley y votaremos en contra de las enmiendas que se han discutido ahora porque entendemos que esta ley parte de una situación de amplio consenso y, en general, nos parece una buena ley.

Es cierto —también se ha dicho aquí por otros grupos— que hay algunos aspectos de la ley que podrían ser mejorados o que podemos estar incluso en desacuerdo con algún artículo total o parcialmente, pero en definitiva le daremos apoyo y la votaremos favorablemente porque nos parece una buena ley.

De todas las mejoras que se han producido, a mí, por mis antecedentes en la política municipal, me parece especialmente importante resaltar las trabas que pone la ley para evitar el transfuguismo. Es decir, en este momento con esta ley facilitamos mucho más la gobernabilidad de los ayuntamientos e impedimos o ponemos más dificultades a las mociones de censura, que lógicamente son democráticas y legítimas.

Aunque quedan cuestiones pendientes, como he dicho, votaremos favorablemente esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Sumelzo.

La señora SUMELZO JORDÁN. Muchas gracias, señor presidente.

Como no hemos hecho uso de nuestro turno en contra, le pido un poquito de flexibilidad, pero intentaré ser breve en mi intervención.




Página 5861


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para manifestar nuestro voto en contra a todas las enmiendas presentadas a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que debatimos esta mañana. No quiero volver a repetir el debate que se ha producido en los vetos a esta ley pero nuestro grupo considera necesario y obligado volver a insistir, sobre todo en el tema del procedimiento de votación de los españoles residentes extranjeros y en el tema del censo de residentes ausentes.

Creemos que el Grupo Parlamentario Socialista ha dejado claro su criterio en el debate que se ha producido con ocasión de los vetos presentados y, además, ha quedado suficientemente fundamentado que el derecho de sufragio en las elecciones municipales, locales y forales ha de ir unido a la condición de vecino de un municipio, tal y como dispone la Constitución española. Queremos dejar claro que con ello no se vulnera ningún derecho de los ciudadanos españoles que residen en el exterior porque se les exige exactamente lo mismo que a los ciudadanos españoles que residen en España.

Además, a la hora de valorar esta reforma creemos que debería tenerse en cuenta un dato significativo y es el hecho de que en la mayor parte de los países de nuestro entorno, singularidades al margen, la pauta general ha de ser la reserva del voto en las elecciones locales a los vecinos residentes en la entidad local correspondiente, quedando excluidos aquellos que no residen de manera permanente en el exterior. Señor Belda, esto nos exige la aplicación de un mínimo principio de coherencia al contenido de la reforma: que la condición de vecindad sea exigible a todos los procesos de elecciones locales, como así establece esta proposición contemplando este requisito para las elecciones a las corporaciones locales, consejos insulares, juntas generales y, lógicamente, también para los cabildos. También se aplicará en los procesos de elección indirecta de los órganos de Gobierno de las diputaciones provinciales.

El Consejo de Estado no menciona explícitamente a los cabildos insulares porque en su informe se refiere a las especialidades propias de las elecciones locales, debiéndose entender, como es lógico, que dentro de estas han de agruparse todas aquellas que afecten a las entidades locales sea cual fuera su ámbito territorial, garantizándose así la homogeneidad del voto de los residentes ausentes en toda España con independencia del lugar de su procedencia.

Insisto en que en las elecciones municipales se están eligiendo los representantes políticos encargados de gestionar en esencia los servicios públicos o los servicios a la comunidad, que por definición afectan directamente a los que residen en la entidad local correspondiente. Es decir, el requisito de vecindad efectiva adquiere un significado especial en este tipo de elecciones, en las municipales, en las que la vinculación del vecino con el sufragio está orientada a hacer que este participe en la elección de aquellos representantes que han de tomar las decisiones con trascendencia para quienes efectivamente viven en ese lugar pero que, por el contrario, carecen de auténtica relevancia para los que residen permanentemente lejos de allí.

Señor Bouza, no tenga ninguna duda de que se ha regulado un procedimiento muy garantista. Usted mismo hace unos meses presentó y defendió en esta Cámara una moción en la que pedía depurar el censo electoral de residentes ausentes. Con estas reformas se presenta, además, una importante novedad históricamente reclamada: la de permitir a los españoles que viven en el extranjero que depositen el voto en la urna en el consulado durante los tres últimos días de la campaña, sin perjuicio, eso sí, de que se mantenga el voto por correo para todos aquellos que no puedan desplazarse a votar en la dependencia habilitada al efecto.

Señor Nuet, el Grupo Parlamentario Socialista tiene claro que no se está vulnerando ningún derecho de los españoles que residen en el extranjero. No se vulnera el estatuto de la ciudadanía en el exterior que, les recuerdo, impulsó el Gobierno socialista. Aquí se pide el mismo requisito que a los españoles que residen en España: se les exige que sean vecinos del municipio en el que van a votar; el mismo requisito para los españoles que residen en el exterior que para los que residen en España. Por tanto, tenemos claro que no existe vulneración de derechos.

En cuanto a las enmiendas que se refieren a la mejora de la proporcionalidad del sistema electoral, no entraré en su debate debido a la escasez del tiempo de que dispongo, pero el Grupo Parlamentario Socialista considera que proponen cambios en lo que consideramos uno de los elementos esenciales del sistema electoral vigente. Nuestro grupo parlamentario no puede aceptarlas por un motivo claro: nuestra posición, que ha sido y es clara. En primer lugar, consideramos que nuestro modelo electoral es válido; ha sido y es un instrumento esencial de nuestro sistema político. Y en segundo lugar, entendemos que modificar el sistema electoral vigente requiere un amplio consenso, a ser posible de todas las fuerzas políticas, y ese consenso no existe hoy en las cámaras.




Página 5862


Por lo que se refiere al resto de las enmiendas, tras casi dos años de debate en diferentes instancias parlamentarias, no hemos podido alcanzar acuerdos en determinadas cuestiones, y coincidimos con los grupos parlamentarios que las han presentado en que todo sistema es mejorable, en que todo sistema debe ser sometido a análisis y revisión, y en que debe serlo para evaluar las necesidades de actualización de modo que se puedan corregir las eventuales disfuncionalidades y, desde luego, para adaptar la normativa a la evolución histórica, política y social de un país. Permítanme, pues, que manifieste la disposición de este grupo para propiciar reformas, pero permítanme también que les manifieste que consideramos que deben hacerse con el mayor consenso posible, con el mayor acuerdo posible de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, sobre las enmiendas que se han presentado no existe acuerdo y, por tanto, no consideramos oportuno proponer modificaciones en el sentido que pretenden hacerlo.

Debatimos la reforma de una norma fundamental del Estado democrático; una norma de gran relevancia constitucional: una ley que contiene las reglas fundamentales de la representación política en democracia. Esta ley garantiza la expresión de la soberanía popular, articula un procedimiento del que mana la voluntad mayoritaria del pueblo, permite la alternancia en el poder y da sentido al pluralismo político. En una democracia representativa como la nuestra, la participación de los ciudadanos se ejerce principalmente a través del derecho de voto, cuyas condiciones vienen reguladas por el régimen electoral, que traduce la voluntad en escaños y legitima democráticamente las decisiones de los diversos poderes públicos. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista considera que examinar y debatir propuestas concernientes al régimen electoral supone adentrarse en el corazón de nuestra democracia y en el territorio de los consensos políticos y constitucionales sobre los que esta se asienta.

Y termino ya, porque no quiero extenderme, diciendo que se trata, en definitiva, de una reforma que mejora el sistema electoral vigente; un sistema que durante más de 30 años ha garantizado los tres principios que los socialistas le pedimos a una ley electoral: que sea justa, que recoja la pluralidad mediante un método proporcional, y que permita la formación de mayorías y de gobiernos. Creemos que esta opinión la comparte los demás grupos parlamentarios. No nos cabe duda de que esta garantía ha contribuido decisivamente a la gobernabilidad y a la estabilidad política en España, conformando un régimen democrático cuya solidez y calidad están plenamente consolidadas y reconocidas.

Por todo ello, manifestamos nuestra intención de votar a favor de esta proposición de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, y a efectos de dejar la debida constancia en el Diario de Sesiones, señor presidente: señorías, yo no me invento las cosas. En la propuesta de veto número 1, firmada por los senadores Nuet y Guillot, que consta de cinco páginas, en la segunda página, párrafo quinto, se hace referencia al método del cociente Hare, que es una fórmula de escrutinio de efectos más proporcionales, según se nos dice aquí. El señor Hare era un matemático francés, y yo simplemente he resaltado, señor presidente, señorías, que ni siquiera en Francia se aplica este sistema, de modo que no es que yo esté comparando nada.

Ciñéndome al reglamento y para que no me llame la atención su señoría, inicio el turno de portavoces diciendo que esta ley no suscitó, lamentablemente, la unanimidad en el Congreso de los Diputados, pero sí una gran mayoría. Nosotros aquí, en el Grupo Popular del Senado, pensamos que cuanta más mejor; que cuanta más mayoría suscite, mejor.

Las enmiendas que se han presentado son todas ellas muy respetables, naturalmente, porque son un derecho reglamentario; pero déjenme que les diga algo, señorías: todos —todos— presentamos enmiendas cuando empezamos este trabajo. Por ejemplo, les voy a hablar de dos enmiendas que presentamos nosotros. Una, relativa a la gobernabilidad de los ayuntamientos, en el sentido de que, producidas las elecciones municipales, en los ayuntamientos gobernaría la lista más votada; no se aceptó, no obtuvo la mayoría y el consenso que se requería. Y también presentamos una minoración de gastos mayor de la que viene reflejada en el texto, señorías: en vez de un 15% un 30%. Señor presidente, ninguna de estas dos enmiendas obtuvo los suficientes votos como para que fuera incorporada al dictamen; desistimos de insistir en ellas. Desistimos de insistir en ellas en el último trámite en el Congreso de los Diputados y, como habrán podido comprobar todas sus señorías, también hemos desistido de presentar aquí enmienda alguna. Sé que no puedo pedir a sus señorías el mismo comportamiento que hemos tenido tanto en el último tramo del Congreso de los Diputados como en los dos trámites parlamentarios que hemos llevado




Página 5863


a cabo aquí. No se lo puedo pedir pero, señor presidente, solo me queda lamentarlo y anunciar que, evidentemente, votaremos en contra de las enmiendas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

— DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Número de expediente Senado 624/000013.) (Número de expediente C.D. 122/000255.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Terminado el debate de esta proposición de ley de reforma de la LOREG, pasamos al siguiente debate: dictamen de la Comisión Constitucional, también sobre la LOREG. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

Como ha sido presentado anteriormente como tal, pasamos al debate.

¿Hay debate de totalidad? (Denegaciones.)

Pasamos directamente al debate de enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.

La proposición de ley que ahora nos ocupa lleva el mismo título que la que acabamos de debatir, es bien cierto: proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Pero es igualmente cierto que su gestación, alcance y contenidos son radicalmente distintos. Aquella es fruto del trabajo bien hecho de una subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para examinar las posibles modificaciones del régimen electoral general. Así, en la iniciativa que presentaron varios grupos parlamentarios, entre los que se encontraba el nuestro en aquella Cámara, se atendió un importante elenco de propuestas, a la vez que se tenían en cuenta los informes del Consejo de Estado y de la Junta Electoral Central.

De la que en este momento debatimos no cabe decir precisamente eso. No estamos ante una iniciativa trabajada. Apareció por sorpresa, digamos; sin ninguna negociación previa entre las fuerzas parlamentarias. Nació, en definitiva, de un acuerdo férreo entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios: el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular. Se trata, pues, de una reforma que, desde el inicio mismo de su tramitación parlamentaria, tiene un evidente carácter político. Se sitúa, o hay que encuadrarla, en el marco de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. En la práctica no es más que otra vuelta de tuerca a esta ley; por medio de la modificación de la LOREG, en un principio, pero que después, vía enmiendas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, lo va a ser también por medio de modificaciones de la propia Ley de partidos y del Código Penal. En esta cuestión concreta de las enmiendas que se han incorporado, y principalmente sobre la que presentó el Grupo Socialista y que se aprobó la semana pasada en la comisión con el apoyo del Grupo Popular, tendré ocasión de detenerme posteriormente, en el turno de portavoces.

A la vista está que los nacionalistas vascos hemos presentado 18 de enmiendas a esta proposición de ley; 18 enmiendas que son exactamente las mismas que ya presentamos en su día en el Congreso de los Diputados y que fueron rechazadas; 18 enmiendas que hoy volverán a ser rechazadas, pero que creemos que debemos seguir defendiendo y manteniendo, pese a conocer de antemano la suerte que les espera. Somos coherentes con nuestros principios y posicionamientos, y eso nos hace ser reiterativos a la hora de mostrar una honda preocupación respecto al texto de la iniciativa, desde el punto de vista de las exigencias de un Estado de derecho. Creemos, y así lo decimos, que hay en ella cuestiones de dudoso, e incluso muy dudoso, encaje constitucional; que no pocos de sus contenidos generan inseguridad jurídica, y que contiene demasiadas expresiones que, querámoslo o no, tienen cierto grado de subjetividad.

Son enmiendas de supresión, las 18: de supresión del preámbulo, de supresión del artículo único y de supresión de la disposición final primera, incorporada en el Congreso de los Diputados modificando los apartados 3 y 7 del artículo 11 de la Ley de Partidos Políticos; de supresión, en definitiva, de la totalidad de la proposición. No me detendré en una defensa individualizada de cada una de estas enmiendas, pues todas tienen un común denominador. Pero, si me lo permiten, sí haré especial referencia a la número cuatro, relativa al apartado 4 del artículo 6 de la LOREG, que entendemos que entra en una clara contradicción con el texto constitucional y la jurisprudencia, según las cuales el cargo corresponde a la




Página 5864


persona electa que haya tomado posesión del mismo, y no al partido u organización política que le incluyó en sus listas. Además, resulta imposible compaginar el texto del artículo con el principio de presunción de inocencia, desde el momento en que se exige una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo a personas que no han cometido ningún delito o no han demostrado connivencia con la violencia. Por si esto fuera poco, la Administración electoral asume unas funciones que deberían corresponder, en todo caso, a los tribunales.

Quiero igualmente destacar la enmienda número 5 al apartado 5 del artículo 41, que con su texto permite a las juntas electorales suspender cautelarmente la entrega de las copias del censo a los representantes de las candidaturas, cuando la proclamación haya sido objeto de recurso o se considere que podrían estar incursas en algunas de las circunstancias previstas en el artículo 44.4. Además de atribuir a la Administración electoral decisiones que deberían corresponder, en todo caso, señorías, a los tribunales, no puede silenciarse que la suspensión de la entrega de la copia del censo provocaría condiciones de discriminación para todas aquellas candidaturas que, tras resolverse el recurso, fueran consideradas legales, ya que sería imposible volver a la situación anterior.

Las enmiendas números siete y ocho se derivan de la inseguridad jurídica a la que antes me refería; inseguridad jurídica, en el primer caso, para la candidatura recurrida y para el resto de organizaciones en liza electoral, al preverse un recurso en el artículo 49.5, y por tanto una situación de provisionalidad hasta el mismo momento de la campaña electoral, más allá de la proclamación de candidaturas; inseguridad jurídica absoluta, en el segundo caso, pues ya se habrían celebrado las elecciones. Hay que señalar también que un recurso de una candidatura con efectos suspensivos, como el del artículo 108, podría provocar una alteración de las mayorías elegidas por voluntad popular, pudiéndose producir actos administrativos y procedimientos de elección en las instituciones —elección de alcalde, etcétera— que sería imposible retrotraer a un estado anterior, aún habiéndose obtenido una resolución desestimatoria.

Termino, señorías, mi primera intervención diciendo que, en virtud de la enmienda número 6, apostamos por la supresión del apartado 4 del artículo único, porque la redacción que en él se da al apartado 4 del artículo 44 es un ejemplo palpable de que las expresiones, parámetros y términos utilizados son excesivamente objetivos. Tras establecerse que los partidos políticos, las federaciones o coaliciones de partidos y las agrupaciones electorales no podrán presentar candidaturas que vengan de hecho a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido, se añade que, a estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que lo componen, rigen, representan, administran o integran cada una de las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión. En suma, señorías, se abre un enorme abanico de interpretación, y entrega el futuro de esos partidos, federaciones o coaliciones y agrupaciones a la voluntad política del momento; cuestión esta muy seria, muy grave, en un Estado democrático; dejarlo a la voluntad política del momento.

Señorías, únicamente debo añadir como último apunte que nuestras enmiendas están en la misma línea que la número uno del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, son coincidentes con ella.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Enmienda de Entesa Catalana de Progrés. (Pausa.)

Por cortesía, la vamos a dar por defendida.

Continuamos con el turno en contra. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vallés.

El señor VALLÉS MOLERO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, le ruego a la senadora Miren Lore que le trasmita a Joseba mi deseo de pronta recuperación; sabía que iba a ser el portavoz.

La proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General tiene como fin cerrar las vías que pudieran emplearse para sortear o evadir las consecuencias de la ilegalización de partidos políticos. Se establece en el artículo 6, párrafo cuarto, una vía adicional para el cese de las personas electas en candidaturas presentadas por partidos y otras fuerzas políticas, cuando estas hayan sido declaradas ilegales por sentencia firme con posterioridad a la




Página 5865


elección. Se equiparan causas de inelegibilidad e incompatibilidad y consideración como incompatibles de los electos de partidos ilegalizados. Conforme a la nueva regulación, la persona que se encuentre en esta situación podrá mantenerse en el cargo si formula voluntariamente ante la Administración electoral una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad. Pero si durante su mandato se retracta de esta declaración o actúa en contra de ella, la Administración electoral le notificará su incompatibilidad definitiva. Esta decisión podrá ser recurrida por el afectado ante la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, en los plazos perentorios del artículo 49 de la misma ley.

Esta reforma hace que hechos tan lamentables como los sucedidos tras el asesinato de Isaías Carrasco a manos de ETA hubieran traído como consecuencia la salida del Ayuntamiento de Mondragón de aquellos electos que no condenaron el asesinato y siguieron apoyando la violencia terrorista, porque hubieran incurrido en incompatibilidad sobrevenida con su actuación. Durante demasiados años los consistorios vascos han sido doblemente víctimas de la violencia terrorista. En primer lugar, lo han sido porque las calles y plazas de tantas y tantas poblaciones han sido el escenario dramático de atentados, agresiones y amenazas que han roto la vida o han limitado la libertad de centenares de miles de personas, vecinas y vecinos de esas poblaciones; también de alcaldes y concejales, que desarrollaron su tarea de representación pública en los ayuntamientos. Pero, en segundo lugar, también lo han sido porque, cada vez que en esas poblaciones se ha producido un atentado, una agresión o una amenaza, ha habido corporativos que han mirado hacia otro lado y se han negado a ponerse de parte de sus convecinos golpeados por la violencia terrorista. Y si el asesinato, la amenaza o la agresión rompen la vida de las personas que lo sufren, la indiferencia ante estas agresiones rompe la convivencia de nuestras poblaciones. Lo que más deseamos es que nada de esto sea necesario, que nunca más nadie legitime el uso de la violencia con el indecente argumento de alcanzar no sé qué objetivos políticos; y que, en todo caso, si esto ocurre, nadie mire hacia otro lado.

Es por estos hechos por lo que presentamos esta reforma, con algunas propuestas de carácter instrumental que evitarán en el futuro actuaciones de este tipo en nuestra vida democrática. Es esta una reforma con un claro mensaje: que sepan quienes tienen que saberlo que se van a cegar, a taponar, las vías ambiguas por las que, sin rechazar con contundencia la violencia o sin distanciarse definitivamente de ETA, se pretende buscar un resquicio legal para participar en las elecciones. En la defensa de las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalista hemos oído dudas acerca de la constitucionalidad de esta propuesta de reforma. A nuestro juicio, es ajustada a derecho. Para justificar la violencia no se puede tener derecho ni a ser representado ni a tener representantes en las instituciones. Le ruego a la portavoz del PNV que no tome mis palabras como duda de su defensa de la democracia en contra de toda violencia terrorista.

Por todo lo expuesto, nuestro grupo se posicionará en contra de sus enmiendas y a favor de la reforma de esta ley, no podría ser de otra forma. Que sepan quienes tienen que saberlo que el camino para estar en las instituciones está abierto para que se puedan presentar. Se lo han repetido hasta la saciedad: o votos, o bombas; porque ambas son incompatibles en democracia.

Les agradezco a los partidos el consenso en la presentación de la presente reforma y deseo que sea un elemento más al servicio de la desaparición del terrorismo y la llegada de la tan ansiada y definitiva paz al País Vasco.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, igualmente, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, al igual que hacía el senador Vallés, quiero transmitir a nuestro querido Joseba Zubia mis mejores deseos de pronto restablecimiento.

En desarrollo de este turno en contra, permítanme que les diga que la Ley de Partidos Políticos significó la ilegalización de un partido que no era tal; era la prolongación de la amenaza, la violencia y la coacción de una banda terrorista. Se aprobó para fortalecer nuestro sistema democrático y en el Grupo Popular consideramos que es uno de los más notables ejemplos de compromiso por la defensa y consolidación de nuestro régimen de libertades, al establecer que los partidos políticos debían respetar en su actuación el método democrático para defender sus ideas y sus objetivos. Conllevó, además, la ilegalización de partidos que justificaban la violencia como método y estaban en connivencia o servían de instrumento a organizaciones terroristas para prologar el terror, la intimidación y la extorsión.




Página 5866


Esa ilegalización, señor presidente, señorías, que suscitó muchas dudas en algunas fuerzas políticas, fue respaldada el año pasado por una sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, que dictaminó que la ilegalización de Batasuna era una necesidad social imperiosa para la defensa de los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos en España, pues era un instrumento al servicio de la estrategia de una organización criminal. Por principios, señorías, por una necesidad social imperiosa en defensa del sistema democrático, esto es lo que dijo el Tribunal Europeo.

Por eso la ilegalización de su partido le hizo tanto daño a la banda terrorista: porque perdió su brazo político —uno de sus instrumentos de financiación—; y por eso, desde entonces, ha intentado burlar la ley para conseguir presentarse a las elecciones. Lo ha intentado de todas las maneras posibles: con plataformas electorales, con agrupaciones de electores, mediante partidos registrados o nuevos partidos; y, casi siempre, el Estado de derecho ha descubierto su disfraz. Es cierto que en algunos casos los que legitiman la violencia lograron salvar la aplicación de la ley y volver a las instituciones, pero hoy no nos corresponde preguntarnos por qué lo consiguieron, sino adoptar las medidas para que eso no vuelva a suceder más.

¿Cómo vamos a desaprovechar, señorías, señor presidente, toda la experiencia acumulada en estos nueve años de vigencia de la Ley de Partidos Políticos? Sería una irresponsabilidad. En el Grupo Popular estamos convencidos de que la democracia puede dotarse de instrumentos jurídicos para su defensa; y, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo, la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consideramos conveniente reformar determinados preceptos de la Ley electoral, para evitar que las formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar nuevas vías para concurrir fraudulentamente a las elecciones y obtener nuevamente representación institucional. Por eso proponemos que, además de a las presentadas por las agrupaciones de electores —como hasta ahora—, se amplíe a partidos, federaciones y coaliciones la prohibición de presentar candidaturas que sean de hecho sucesoras o continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado y, por lo tanto, se amplíe lógicamente la legitimación del Gobierno y del Ministerio Fiscal para impugnarlas. Hacemos posible también la impugnación de candidaturas durante la campaña electoral; ampliamos el plazo de presentación de este recurso, y ampliamos también el plazo para que el Tribunal Constitucional resuelva los posibles recursos. Igualmente, el Gobierno y el Ministerio Fiscal podrán, desde la proclamación de electos, solicitar al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la proclamación de los electos pertenecientes a candidaturas contra las que se va a promover un procedimiento o un incidente de ilegalización. Y, sí, señorías, se introduce efectivamente en todas las modalidades de procedimientos electorales una nueva causa de incompatibilidad sobrevenida, que concurrirá en los representantes electos de las candidaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales por sentencia judicial firme, salvo que de modo expreso e indubitado rechacen las causas que motivaron la ilegalización de la formación bajo cuya lista concurrieron.

El objetivo de esta reforma, señorías, es que no se pueda permanecer en las instituciones si no se condena la violencia. Aquellos que justifican la violencia no pueden tener derecho ni a ser representados ni a tener representantes en las instituciones, porque, cuando las ideas se confunden con la violencia, la violencia las contamina y convierte fines y medios en un todo incompatible con nuestra democracia. Con esta propuesta, señorías, la democracia se dotará de nuevos instrumentos legales para que ETA no alcance su objetivo de volver a las instituciones. Ahora le corresponde al Gobierno aplicarlos, y el Partido Popular estará vigilante para que eso se produzca.

Las enmiendas que ha defendido la senadora Leanizbarrutia, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, son como un veto pero por capítulos, porque son vetos parciales, todas ellas enmiendas de supresión, y manifiestan estar absolutamente en contra de la Ley de partidos. En el Grupo Parlamentario Popular, señor presidente, señorías, no estamos en contra de ningún grupo, ni mucho menos; pero creo que se entenderá que, con la defensa cerrada que acabo de hacer de esta propuesta, no podemos, bajo ningún concepto, votar a favor de sus enmiendas. Además, como se ha dado por defendida la enmienda de Entesa Catalana de Progrés, desde esta tribuna la doy por rechazada.

En esta Cámara representamos la soberanía popular a través de nuestras ideas y por medio de la palabra. Debatimos con toda libertad, sin temor a represalias, y entendemos el diálogo, el acuerdo y la discrepancia como valores a defender y nunca a combatir con la violencia ni la intimidación. Así debería ser en todas las instituciones democráticas, pero no podemos olvidar que sigue habiendo ayuntamientos donde el miedo se impone a la libertad, porque algunos utilizan los ayuntamientos para justificar la violencia y la extorsión, y para amenazar al resto de los representantes, ofreciéndolos como diana a los matones.




Página 5867


En esos ayuntamientos hay concejales que se dejan la piel todos los días por defender el bienestar de sus vecinos y el progreso de sus pueblos, pero ven, con escoltas detrás, cómo el ejercicio de la democracia allí tiene un riesgo y tiene un precio que no tendrían que estar pagando. Y, a pesar de ello, lo arriesgan todo por defender con valentía un futuro en libertad en su tierra donde nadie, absolutamente nadie, tenga que verse amenazado por defender unas ideas distintas a las de los demás.

Por ellos, por esos concejales, señorías, en defensa de nuestra democracia, y desde la convicción, les pido el voto a favor de esta importante reforma legislativa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, senadora Vindel.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra la senadora Caballero, por el Grupo Mixto.

La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

He preferido quedarme sin comer y estar ahora aquí para intervenir brevemente y expresar el apoyo explícito de mi partido, Unión del Pueblo Navarro, a esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que llega hoy a esta Cámara, reforma con la que estamos de acuerdo porque, después de la experiencia de casi nueve años de vigencia de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, se ha constatado la necesidad de buscar la manera de que el Estado se blinde ante cualquier táctica engañosa que pueda utilizar, y que ha estado utilizando, el mundo de Batasuna-ETA para estar en las instituciones.

Valoramos también positivamente que sea fruto del acuerdo y del pacto de los dos grandes partidos en la lucha contra el terrorismo. Un consenso que hay que poner en valor porque pone por encima de los intereses partidistas el interés general, y esa es la manera de fortalecer el Estado de derecho, defender la democracia y defender los derechos humanos.

La Ley Orgánica de Partidos Políticos fue una ley de fortalecimiento democrático y uno de los más notables ejemplos de compromiso en defensa y consolidación de nuestro régimen de libertades, pues estableció que los partidos políticos, habiendo sido configurados como una pieza medular en nuestro sistema, debían respetar en su actuación el método democrático para defender sus ideas y objetivos. Esto es lo que dice exactamente el preámbulo de esta ley, pero no significa en ningún caso que se prohíban las ideas ni las ideologías, como algunos se empeñan en denunciar, sino que se debe respetar el método democrático para defenderlas. Por tanto, los que justifican la violencia como método, y son o sirven de instrumento a organizaciones terroristas, deben quedar fuera de nuestro sistema democrático.

A lo largo de los años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Partidos hemos visto cómo los partidos ilegalizados por pertenecer a este entramado terrorista buscaban siempre la manera de burlar la ley y de colarse en las instituciones de todas las formas posibles. Y como suele pasar, y así lo recoge la sabiduría popular, puesta la ley, puesta la trampa. Pues bien, señorías, de esto trata precisamente esta reforma: de que aquellos que no creen en las instituciones, que no creen en la democracia y que justifican la aniquilación de las personas, no puedan volver a poner la trampa y no puedan volver a estar en los ayuntamientos o en los Parlamentos, como así ocurrió en las pasadas elecciones municipales. Y, lo que es más importante, si a pesar de todas estas medidas consiguieran en algún momento acceder a las instituciones, se introduce la causa de incompatibilidad sobrevenida para que no puedan permanecer en ellas si no condenan la violencia o si concurre otra causa de ilegalización.

Por todo esto, señorías, es para mí una satisfacción votar positivamente esta reforma, por higiene democrática, porque muestra la fortaleza de nuestro Estado de derecho y, sobre todo, porque pienso en los cientos de concejales navarros, en los cientos de concejales vascos que han tenido que sentarse en esta legislatura con los representantes de ANV a pesar de ser un partido ilegal. Esto será un alivio para ellos.

La lucha contra el terrorismo es una lucha por la libertad, y hoy podemos decir que todos nosotros seremos un poco más libres.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora senadora.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.




Página 5868


La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes. Señorías, es evidente que no les voy a descubrir nada si les digo que los nacionalistas vascos vamos a votar en contra de la presente proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. El hecho de haber presentado 18 enmiendas de supresión de todo su texto lo deja meridianamente claro. Las razones que nos conducen a tomar tal decisión son sobradamente conocidas. Nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados ya las puso de manifiesto en el debate mismo de toma en consideración de la iniciativa en aquella Cámara, y las ha venido reiterando en los sucesivos debates suscitados durante su tramitación.

Estamos ante una segunda fase de la Ley de Partidos Políticos aprobada en el año 2002. Una ley que contó ya entonces con nuestra total oposición, y a la que ahora se le da una vuelta de tuerca más. La proposición de ley en su redacción originaria, presentada conjuntamente por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, tenía una finalidad y contenido bien concretos: en primer lugar, ampliar a los partidos, federaciones y coaliciones la prohibición de presentar candidaturas que sean sucesoras o continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado. En segundo lugar, posibilitar la impugnación de candidaturas durante la campaña electoral, ampliando para ello el plazo de presentación del recurso hasta el día 44 posterior a la convocatoria de las elecciones, y ampliando también el plazo para que el Tribunal Constitucional resuelva estos recursos, y que será hasta el último día de la campaña. También contempla la posibilidad de que, desde la votación hasta la proclamación de electos, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y el ministerio fiscal, solicite ante la Sede Especial del Tribunal Superior del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la suspensión cautelar de la proclamación de elector pertenecientes a candidaturas presentadas por partidos, federaciones, coaliciones integradas por partidos contra los que vaya a promoverse un procedimiento de ilegalización o un incidente de ejecución de sentencia de ilegalización en los 15 días siguientes.

Y se introduce, además, un nueva causa de incompatibilidad sobrevenida, que concurrirá en los electos de candidaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones de partidos declarados posteriormente ilegales por sentencia judicial firme, salvo que voluntariamente y de modo expreso e indubitado rechacen las causas que dieron lugar a la ilegalización de la formación en la que concurrieron en las elecciones.

Durante la tramitación en el Congreso de los Diputados también se presentaron, vía enmienda, conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, diversas modificaciones en los artículos de la LOREG objeto de la reforma, y se añadió una disposición final primera por la que se modifican los apartados 3 y 7 del artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, a fin de aplicar a los electos por candidaturas presentadas por agrupaciones de electores las medidas contempladas en esta reforma, de manera que para estos miembros de agrupaciones de electores, tanto con anterioridad a su proclamación como electos como en cualquier momento posterior de su mandato, si el Tribunal Supremo declara la vinculación de su agrupación con un partido político ilegalizado, se podrá impedir su proclamación.

En definitiva, señorías, todas ellas son medidas que no generan preocupación —y debemos decirlo— desde el punto de vista de las exigencias de un Estado de derecho. Es más, entendemos que estamos ante un atajo de difícil encaje con lo establecido en la propia Constitución en la medida en que defrauda las garantías materiales y procesales del derecho punitivo, con consecuencias en el terreno de las libertades públicas. Porque, señorías, el apoyo público o el respaldo explícito al terrorismo se encuentran ya, rigurosa y expresamente, regularizados por la legislación penal.

Esta proposición de ley lo que permite es que esas conductas por las que el Código penal contempla la disolución de un partido político puedan tener esa misma sanción, pero siguiendo un procedimiento mucho menos riguroso y con esas garantías materiales y procesales que se precisan en un Estado de derecho.

Lo hemos dicho anteriormente y lo reiteramos: son medidas que crean una evidente inseguridad jurídica y, en no pocas veces, una situación de provisionalidad, cuando no de discriminación, al resultar imposible la vuelta a la situación anterior si una candidatura fuera considerada legal tras resolverse el recurso. Todavía más dudas de constitucionalidad nos genera la figura de la incompatibilidad sobrevenida. Son muchas las cuestiones que nos llevan a mantener esta posición.

¿Solo me queda este tiempo, señor presidente?




Página 5869


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Le quedan estos segundos.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Permítame, por favor, que pueda terminar porque no he controlado bien el tiempo. Enseguida termino.

Tampoco queremos silenciar, entre otras cosas, el uso partidista que se ha hecho de estas normativas para asegurarse el peso de unas determinadas mayorías. Se han trucado las mayorías. Y me remito a la distinta y curiosa aplicación que se hizo de la Ley de Partidos Políticos en las elecciones municipales del año 2007.

Señorías, hay muchísimas cosas que me gustaría compartir con todos ustedes, pero yo creo que, como portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tenemos que ser serios y tener claro que el Estado de derecho se hizo y también se tiene que tener claro el estado de las garantías del ciudadano ante el Estado. Seamos serios pues. Esto es una magnificación de todas las reglas del Código penal vigente. No es ni de lejos algo dirigido a subsanar errores de redacción detectados en la citada norma, como se dice no sin descaro y como toda justificación en la enmienda. Las correcciones, aunque quieren disimularlo, son otra cosa muy bien distinta. En definitiva, se trata de otra manipulación vía enmienda en el Senado y en el último momento, en una tramitación de urgencia, en unos días incluso navideños y con disimulo para que cuele.

Por todo lo indicado, señorías, no tengan ninguna duda de que, desde nuestra posición de defensa de la democracia, nuestro voto será contrario a la proposición de ley, sin que ello esté reñido con nuestro rechazo explícito, implícito, frontal a la violencia y nuestro apoyo al Gobierno en la lucha contra el terrorismo que se da, como siempre lo ha sido, en toda nuestra historia y que nadie puede tachar de ello al Partido Nacionalista Vasco, al cual yo en estos momentos estoy representando, y ha sido una lucha contra el terrorismo leal y sincera, pero, señorías, sin atajos. La ley es la ley, el Código penal es el Código penal, y no se puede intentar utilizar otras vías con unas formas poco normales, sino sin atajos, señorías, y de cara. Nosotros, repito, sin atajos y de cara.

Quiero agradecer a la representante del Partido Popular y también al del Partido Socialista su preocupación por la salud de Joseba, y yo se lo haré constar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Uzquiza.

El señor UZQUIZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la hora es la que es y, aunque no somos muchos, lo que estamos diciendo es importante.

Con esta reforma de la ley electoral que hoy aprobamos pretendemos dar continuidad a la Ley de Partidos Políticos blindando nuestro entramado normativo para defender la democracia del asalto del terrorismo.

Señorías, la eficacia de las medidas policiales y judiciales unido a la colaboración internacional han colocado a la banda en una situación de debilidad extrema. En esta situación, la ilegalizada Batasuna busca su salida, intentando por cualquier procedimiento concurrir a las elecciones para mantener su presencia institucional, y pretende hacerlo con el menor esfuerzo posible, sin condenar abiertamente a ETA, como si no hubiera pasado nada, como si no lleváramos cincuenta años de angustia y de terror, con casi mil asesinatos. Afirmamos rotundamente que así no. Los demócratas somos generosos, pero no somos ni tontos ni tampoco ingenuos, y sabemos de muchos engaños y mentiras durante todos estos años. La ley es la misma para todos y a todos nos ha de obligar por igual.

Por eso, señorías, actuaremos con firmeza, facilitando el camino de este mundo violento hacia las posiciones democráticas, pero les queda un largo camino por recorrer, y lo tienen que transitar ellos solos; se acabó ya el hermano mayor que está detrás de todo. ETA tiene que desaparecer. Han utilizado con imaginación y con descaro todos los procedimientos para sortear la ley con el objetivo de entrar en las instituciones y utilizarlas desde dentro para sus propios fines y amenazar al resto de los partidos democráticos, amenazas que en muchas ocasiones llegaron a la eliminación física del adversario, y han obligado a que el ejercicio de la representación democrática del País Vasco tenga que ser amparado por una legión de escoltas. A esto es a lo que tratamos de poner fin y este es el motivo de esta reforma que ahora debatimos en el Senado.




Página 5870


Por ello, señorías, esta reforma tiene un marcado carácter instrumental, surge para defender y proteger la democracia y los valores democráticos. Entiendo que al ser un instrumento puede haber opiniones discrepantes. Algunos pueden considerar que el instrumento lo llevamos a límite, pero les puedo asegurar que quienes estamos realmente en el límite somos todos los demócratas que llevamos más de cuarenta años soportando esta lacra del terrorismo, y no queremos que se repitan más casos como el ocurrido en Mondragón, que ya ha sido mencionado en este debate, donde la alcaldesa ni condenó el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco ni permitió utilizar los locales municipales. Tuvimos, señorías, que sufrir esa humillación, esta indignidad, y no queremos que vuelva a repetirse. Con esta reforma sabemos que en un caso similar esta alcaldesa perdería su puesto y no tendríamos que soportar —sobre todo, no tendría que soportarlo la familia— que quien así se comporte pueda seguir varios años como número uno del ayuntamiento.

Señorías, si no existiera el terrorismo no habríamos aprobado la ley de partidos ni estaríamos debatiendo esta reforma. De la misma forma, estoy seguro de que cuando ETA acabe todos nos olvidaremos de estas normas porque no serán necesarias. Las posiciones independentistas pueden ser defendidas democráticamente y, de hecho, varios partidos políticos en Euskadi impecablemente democráticos las defienden y no pasa nada, pero lo que no permitimos es que nos las impongan, y menos por la fuerza. Ese es el límite, señorías, que confronten democráticamente sin chantajes ni asesinatos.

Como se ha dicho en repetidas ocasiones, o bombas o votos. Con violencia o con bombas no habrá listas; ambas opciones son del todo incompatibles, y eso lo sabe ETA. También sabe que, por muchos comunicados como últimamente prodiga, el Gobierno no va a modificar su postura y va a seguir combatiendo el terrorismo con todos los instrumentos del Estado de derecho, tal y como estamos viendo estos días tanto en España como en Francia.

Señorías, como señalaba anteriormente, Batasuna tiene un largo camino por recorrer y no hay atajos. Lo saben perfectamente: si quieren ir a las elecciones, o ETA deja definitivamente las armas —lo que, hoy por hoy, no están dispuestos a hacer—, o bien Batasuna rechaza y rompe definitivamente su relación con ETA. El Gobierno estará vigilante y todos los demócratas estaremos atentos, pero esta transición han de hacerla ellos solos y la tienen que hacer ya, porque el tiempo se les acaba definitivamente. Y digo esto a sabiendas de que los demócratas estamos claramente ganando la batalla a los terroristas. Es cuestión de tiempo, señorías, pero somos optimistas porque sabemos que la batalla está ganada. Esta proposición de ley debe ser por tanto un claro mensaje a la izquierda abertzale. Entendemos que el comunicado de la banda terrorista se queda corto y nos ha defraudado; esperábamos más valentía para pasar página. Simplemente, no vamos a aceptar condiciones; ETA tiene que desaparecer.

Finalizo, señorías.

Los demócratas llevamos más de cuatro décadas sufriendo el terrorismo y combatiéndolo juntos. Es cierto que hemos mantenido discrepancias, pero también es verdad que juntos hemos alcanzado acuerdos muy importantes como el Pacto de Ajuria Enea, el Pacto de Navarra y el Pacto de Madrid, por poner algunos ejemplos. Por tanto, al margen de desencuentros coyunturales —como hoy se ha demostrado en esta tribuna—, ahora es más necesario que nunca mantener posiciones unitarias en la lucha contra el terrorismo, pues está constatado que la unidad de los demócratas es la herramienta más eficaz que tenemos para lograr el fin de ETA y de la violencia terrorista.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo con toda brevedad para anunciar que, según se ha transmitido del tenor de la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, el Grupo Parlamentario Popular se reafirma en su intención de votar en contra de las enmiendas. Por otra parte, votaremos favorablemente la iniciativa que hoy nos llega hasta aquí suscrita por el Grupo Socialista y el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. El resumen del resumen, señor presidente, se trata de una reforma, la reforma de las garantías legales, para evitar que una asociación de criminales se introduzca en las instituciones. Ante eso, no tenemos nada más que decir que votaremos a favor.

Gracias.




Página 5871


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Terminado el debate, las dos proposiciones de ley se votarán después del debate del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Se suspende la sesión hasta las cuatro y media.

Eran las dieciséis horas y veinte minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Señorías, buenas tardes. Tomen asiento.

— DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. (Número de expediente Senado 605/000001.) (Número de expediente C.D. 127/000002.)

El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al debate del dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, quiero dar la bienvenida al Senado de España a las autoridades de Extremadura: al presidente de la Junta, al presidente del Parlamento y a las distintas instituciones que representan a la Comunidad de Extremadura. (Fuertes aplausos.)

Gracias, señorías.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre de la Comisión General de las Comunidades Autónomas me cumple el honor de hacer un breve relato sobre la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que tuvo su entrada en esta Cámara el día 27 de diciembre del 2010, siendo publicada ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas expiró el día 10 de enero. Durante dicho plazo se presentó una única enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La comisión eligió una ponencia constituida por los siguientes senadores: señores Monago Terraza y García Ballestero, del Grupo Parlamentario Popular; señor Fuentes Gallardo, señora Fuentes García y señor Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista; señor Bonet i Revés, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; señor Vilajoana i Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; señor Pérez Bouza, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto.

La ponencia se reunió el día 13 de enero y acordó diferir el examen de la propuesta de reforma y de la enmienda presentada al debate en la comisión. El mismo día 13 se reunió la Comisión General de las Comunidades Autónomas para dictaminar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, siendo aprobado el texto remitido por el Congreso de los Diputados por 47 votos a favor y ninguno en contra. Durante el curso de la sesión, la única enmienda presentada fue retirada. El dictamen de la comisión ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 17 de enero.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

Pasamos al debate de totalidad.

En turno a favor tiene la palabra el senador Fuentes.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero saludar a los representantes de Extremadura, al presidente de la Junta y al presidente del Parlamento, y agradecer de forma especial la presencia en este debate del presidente del Gobierno de España.




Página 5872


Asistimos al último acto para la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura de 1983. Hace veintiocho años la aprobación del antiguo estatuto no contó con el apoyo de la entonces derecha política, pero hoy, afortunadamente para todos, contará con un amplísimo apoyo parlamentario.

Cierto es que el viejo Estatuto de Autonomía ya fue reformado en 1991, en 1994 y en 1999. Sin embargo, hay que reconocer que esta reforma es mucho más amplia y de mayor calado que las anteriores. Se incorporan ahora principios, medidas y procedimientos que los redactores del primitivo estatuto no podían prever, pues o bien no existían como problemas en la sociedad extremeña de entonces, o tal vez no estaban dentro de las prioridades de los proyectos políticos de hace veintiocho años. Por ejemplo, hace veintiocho años el problema de Extremadura no era la inmigración, sino que seguía siendo la emigración de los extremeños. En cuanto a las energías renovables, hace veintiocho años nuestro problema era cómo detener la construcción de una nueva central nuclear en Valdecaballeros, en la cabecera de las grandes presas del Guadiana, así como los problemas medioambientales o la cooperación entre las comunidades autónomas.

Es un estatuto breve, de 91 artículos, que no incluye una carta de derechos fundamentales de los extremeños. Y no es un olvido, es una posición política deliberada. ¿Por qué? Tal vez algunos pretendan que con el paso del tiempo las nuevas generaciones asocien sus derechos fundamentales al hecho de que figuran en los estatutos de autonomía. Por el contrario, nosotros queremos resaltar que los derechos fundamentales están en la Constitución española. Los tenemos y nos amparan no por ser extremeños, sino por ser españoles. Los disfrutamos y nos protegen no porque aparezcan en un estatuto de autonomía, sino porque figuran en la Constitución de 1978.

Otras comunidades autónomas han seguido un camino diferente en este tema. Nuestro más profundo respeto. En Extremadura hemos seguido el camino que he expresado y exigimos el mismo respeto. Nosotros pensamos que la soberanía y el poder constituyente residen de forma exclusiva en el conjunto de los españoles. Defendemos que los derechos fundamentales y los estatutos de autonomía los tenemos porque son reconocidos en la Constitución española de 1978. Sin esta, ni los unos ni los otros existirían.

Esta reforma que hoy debatimos apuesta por la autonomía de los municipios como un factor fundamental para el desarrollo de nuestra región. En este sentido, podíamos calificar al estatuto como municipalista. Con ello, hemos querido superar la contradicción que supone criticar el centralismo y después practicarlo dentro de la propia comunidad autónoma.

Esta reforma incorpora decididamente el concepto de cooperación y colaboración de las comunidades autónomas entre sí y con el Gobierno central como forma de cohesionar España. Porque estamos convencidos de que el objetivo de cohesionar nuestro país no es solo una responsabilidad del Gobierno central, también lo es de las comunidades autónomas. Por lo tanto, colaboración y cooperación entre las propias comunidades autónomas, así como entre estas y el Gobierno central. ¿Para qué? Para conseguir un mejor funcionamiento del Estado autonómico.

En no pocas ocasiones hemos observado cómo a dirigentes autonómicos de cualquier color político se les llena la boca de la palabra España para, a continuación, practicar aquello de lo mío es mío y lo tuyo de los dos. También, en no pocas ocasiones, hemos de reconocer que más que un problema de competencias, el verdadero problema es la ausencia de lealtad constitucional, es decir, invocar la Constitución cuando nos conviene e ignorarla cuando nos interesa.

Por lo que se refiere a los aspectos financieros, la reforma del estatuto pretende tres objetivos: suficiencia de medios, mecanismos de cohesión y participación en las decisiones estatales.

En resumen, consideramos que esta reforma es un ejemplo de cómo puede ser compatible el autogobierno regional y el reforzamiento de las capacidades de la Administración General del Estado; un ejemplo de cómo se puede fortalecer una comunidad autónoma, en este caso Extremadura, sin pretender debilitar a España; un ejemplo de cómo si actuamos con lealtad a la Constitución española la fortaleza de las partes no implica un debilitamiento del conjunto.

En el debate de la comisión algún portavoz nos reprochaba de forma educada y cordial la ausencia de referencias históricas en este texto, un tic contra la historia se nos decía, y se extrañaba todavía más en Extremadura, pues nuestro territorio ya figuraba en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la Constitución de la Primera República Española. Con el mismo respeto y la misma cordialidad quiero expresar que nosotros no negamos la importancia de la historia, lo que defendemos es que más o menos historia no da más o menos derechos políticos. Nosotros no creemos que los fundamentalismos identitarios se basen en elementos religiosos, en la historia muchas veces reinventada, en la lengua o en lo que sea y sean la base para organizar la sociedad.




Página 5873


En este terreno, y por desgracia en muchos otros, soy de los que creen que hoy en España son más necesarios que nunca los viejos y nobles principios de la Ilustración. El ciudadano es el sujeto de los derechos políticos frente a identidades comunitarias o idealizaciones del concepto pueblo o del concepto territorio. La razón frente al fanatismo y no solamente frente al fanatismo religioso, sino frente a los mitos y a la falsificación histórica. La ética pública como común denominador de todos los ciudadanos, más allá de sus creencias religiosas, de su lengua, de su raza o de su sexualidad. Asumir que no hay leyes ni naturales ni divinas por encima de las leyes democráticas y que el pecado puede conducir al pecador al infierno, pero no debe conducirlo a la cárcel.

Señor presidente, en los últimos tiempos —y acabo— han surgido poderosas voces poniendo en cuestión el Estado autonómico. No plantean un debate sobre los defectos del sistema, sobre las disfunciones o sobre los errores de las autonomías, no; cuestionan el modelo en su conjunto. Escuchando estas voces entramos en el túnel del tiempo y desembocamos en 1978, en los debates sobre la Constitución española, y vemos con sorpresa, mejor dicho, vemos sin ninguna sorpresa, que son los mismos que en 1978 estaban contra el Título VIII de la Constitución y por eso no la votaron, y de la mano de quienes en 1978 solamente querían que hubiese tres comunidades autónomas.

Pues bien, hay que decir alto y claro que los españoles debemos sentirnos satisfechos de nuestro Estado autonómico. Debemos decir con orgullo que lo hemos hecho bien. ¿Se han cometido errores? Sí. ¿Hay disfunciones? Sí. ¿Podemos mejorar algunas cosas? Sí. Pero una cosa es mejorarlo para superar errores y disfunciones y otra bien distinta son quienes, como buitres, pretenden transformar en cadáver el Estado de las Autonomías.

Acabo, señor presidente. No hemos redactado este estatuto para dar lecciones ni para ser ejemplo de nadie; no hemos redactado este estatuto con un ojo puesto en Extremadura y otro en los vecinos. Este es el estatuto que hemos querido los extremeños y que si hoy lo aprueba esta Cámara lo habrán querido los españoles en su conjunto a través de sus representantes. Estoy totalmente convencido de que en igualdad de condiciones políticas y económicas en los últimos veintiocho años Extremadura sin autonomía no hubiese conseguido los niveles de bienestar de los que hoy gozamos. Sin Estatuto de Autonomía los extremeños no habríamos vivido la gran transformación de nuestra tierra. Si alguien quiere conocer los beneficios del Estado de las Autonomías, que se dé una vuelta por Extremadura.

Gracias por escuchar, presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Monago.

El señor MONAGO TERRAZA: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de nada, quisiera dar la bienvenida a este Pleno del Senado al presidente del Gobierno extremeño, también al presidente del Parlamento extremeño, a muchos alcaldes que nos acompañan, miembros de las Cortes, extremeños y no extremeños que han tenido a bien venir a este Senado con motivo de la puesta de largo y aprobación definitiva del Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como al presidente del Gobierno de España, al que se lo agradezco en nombre de mi grupo parlamentario.

Me van a permitir que les hable en extremeño, que es el lenguaje de mi tierra. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Realmente me van a entender porque no hacen falta instrumentos para que al final compartamos este idioma. (Rumores.) Está claro que me están entendiendo perfectamente. (Risas.)

Para mí es un honor, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, defender la posición de nuestro partido en relación con la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Ya tuve la oportunidad de hacerlo en el Congreso de los Diputados, también en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y hoy en este plenario. Tengo que decir que, honradamente, a nuestro juicio es un triunfo de la democracia, porque la tinta con la que está escrito el Estatuto de Autonomía de Extremadura es el esfuerzo de la sociedad extremeña a través de sus representantes, de la sociedad civil y del arco parlamentario que representa a los ciudadanos en la Asamblea de Extremadura.

Es, por lo tanto, histórico este consenso. Un consenso que no se logró en el año 1983 pero que ahora ha sido posible porque todos hemos hecho todo lo posible para que así fuera. Este no es el mérito de unos o de otros; esto no es, como se ha dicho en alguna ocasión, que podríamos haber hecho otro estatuto pero nos hemos puesto de acuerdo. Esta era una necesidad porque se requería una mayoría cualificada para traer el estatuto a la Cámara Baja y hoy a la Cámara Alta. Por lo tanto, este estatuto, en extremeño, para que todos me entiendan, tiene padre y tiene madre. O también para que me entiendan, es un hijo




Página 5874


deseado, es un hijo buscado, no es un hijo fruto del descuido ni fruto, al final, de ninguna carambola. (Risas.) Sí, a ustedes les hace gracia porque no están acostumbrados a escuchar el extremeño, pero mis paisanos hoy me están entendiendo perfectamente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

No hubo referéndum para avalar este estatuto porque no había previsión ni obligación de que así fuera. Es verdad que en el futuro en la reforma de este estatuto ya se contempla que haya un referéndum para su modificación. Es un estatuto para nuestra comunidad, hecho a su medida pero también hecho a la medida de España, basado en unos pilares esenciales como son la eficacia, el pragmatismo, la austeridad y la vocación que tienen que tener todas las instituciones públicas de servicio al ciudadano.

Este es un estatuto que huyó del corta y pega de otros estatutos y que tiene sabor propio, que huele a encinar y a dehesa, que huele a necesidades presentes y futuras de nuestra comunidad autónoma.

Otras reformas hablaron de déficit y de carencias imputables al centralismo excitando sentimientos de abierta hostilidad, y no es hora, un día como hoy, de buscar culpables, aunque hayamos tenido y sigamos teniendo déficit de atención, de financiación, de inversiones e incluso, en ocasiones, de falta de respeto.

Muchos extremeños, cientos de miles de extremeños, cogieron el morral y se tuvieron que ir de nuestra tierra a buscar oportunidades en otras tierras. Lo hicieron en el resto de España y lo hicieron en muchos países de la Unión Europea, por lo que perdimos lo mejor en nuestra historia, es decir, nuestra gente. Fueron 750 000 extremeños que tuvieron que dejar una tierra de trabajadores, una tierra de oportunidades, sencillamente porque no encontraron un hueco para poder desarrollar su familia. Este es un gran déficit que se produce en nuestra comunidad autónoma, la despoblación, y a la vez supone un gran reto que tenemos por delante. Nos apena, por lo tanto, lo que pudimos ser y no fuimos por la falta de medios y, en ocasiones también, por exceso de olvido.

Pero el pasado, pasado es, y con este estatuto lo que hacemos es alzar la vista hacia el futuro para buscar vías a fin de que nuestros emigrantes retornen a nuestra tierra, así como vías tendentes a conseguir que haya un trabajo digno para todos. Tratamos también de profundizar en valores y en principios como la igualdad y la libertad, al tiempo que manifestamos nuestro profundo orgullo de sentirnos y de ser extremeños. Este estatuto refuerza y mejora una organización institucional que ayudará a Extremadura a avanzar en su desarrollo político, económico y social desde la lealtad institucional, la cooperación y la solidaridad. Ha de servir como argamasa para reforzar la Constitución española y hacer a la vez más democracia y más sociedad.

Por lo tanto, es una reforma que no debilita al Estado, lo refuerza, y no solamente al Estado sino al resto de las comunidades autónomas. Con esta reforma nunca se ha buscado la polémica, ni en forma ni en contenidos. Es un texto corto y sin pretensiones de ser una constitución. No hemos previsto derechos y deberes que están en el haz de los derechos y deberes recogidos ya en la propia Constitución para todos los españoles. Lo que hemos previsto en este estatuto han sido principios rectores de los poderes públicos extremeños. Además, lo que pretendemos con este estatuto es instar a los poderes públicos, entre otras cosas, a impulsar ese déficit que tenemos de despoblación, es decir, a incrementar nuestra población para poder conseguir el futuro que todos soñamos, algo fundamental en una tierra que en población ha crecido siete veces menos que la media nacional durante el año 2010. Las personas son los cimientos sobre los que sustentar un proyecto de futuro ilusionante para todos los extremeños sin excepción.

Pero, además, hace una apuesta por el municipalismo creando un fondo incondicionado, profundizando en esa necesidad de los municipios de tener una adecuada financiación y declarando también nuestra voluntad de que una competencia sea ejercida realmente por una sola administración. Con este estatuto nosotros también queremos reforzar el papel de la Asamblea de Extremadura como centro del debate político de aquellos representantes del pueblo extremeño. Y pretendemos dignificar la vida pública mejorando la fiscalización del gasto, para que nuestros ciudadanos sepan en qué se gastan los cuartos las personas que les representan en las distintas instituciones de nuestra comunidad autónoma. Y profundizamos en la relación de nuestra comunidad autónoma con las instituciones del Estado y con el resto de las comunidades autónomas con técnicas como los convenios o los acuerdos.

En este estatuto también miramos al exterior, y lo hacemos por razones geográficas y por vínculos culturales. En primer lugar, miramos a Portugal, nuestra querida vecina, pero también a Iberoamérica, con la que nos unen lazos desde hace ya muchos siglos, y a Europa, porque como extremeños nos sentimos españoles y ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea.




Página 5875


Y vamos a ser exigentes con este estatuto en materia financiera porque reconoce una deuda nacional. Reconoce una deuda que tiene un carácter histórico. Reconoce la necesidad de cicatrizar definitivamente ese déficit que se ha producido con nuestra comunidad autónoma, porque dimos a nuestra gente al resto de España y porque necesitamos, como dice la propia Constitución, y exigimos el derecho a converger con la media de las comunidades autónomas.

Pero no todo ha sido un camino de rosas, hay que reconocerlo. Tuvimos algunas discrepancias con motivo de la referencia al agua, pero se solventaron garantizando las necesidades presentes y futuras del agua de Extremadura, que es lo que dice precisamente la legislación administrativa en materia hidráulica; ese principio de prioridad de cuenca que establece el Derecho español. Y tuvimos también algunas discrepancias, pero buscamos siempre el punto de encuentro en interés de los extremeños a la hora de redactar esa disposición que habla de inversiones adicionales por parte del Estado equivalentes al 1% del producto interior bruto de nuestra comunidad autónoma. Llegamos al punto de encuentro en el agua, llegamos al punto de encuentro en ese déficit que señalábamos con inversiones adicionales, y por tanto, creo que al final el esfuerzo ha merecido la pena.

Ha sido, pues —y ya termino—, una legislatura dedicada con mucho esfuerzo, con mucho sigilo, con mucho silencio, con mucha dedicación a arrimar el hombro a favor de un acuerdo, que es este estatuto que hoy traemos al Senado, en silencio para, al final, conseguir que los extremeños se sientan orgullosos de este consenso que lamentablemente no fue posible en 1983.

Y sin embargo este estatuto lleva diecisiete meses de tramitación en las Cortes. Demasiado tiempo a nuestro juicio. Si se hubiera tardado un poquito menos hubiéramos entrado en las previsiones estatutarias de los Presupuestos Generales del Estado previstos para el 2011, señor presidente, pero vamos a tener que esperar un año como consecuencia de la tramitación tan lenta que ha experimentado nuestro estatuto en las Cortes Generales.

Pero hoy no es el final del camino. Este Estatuto de Autonomía de Extremadura no es el final de ningún camino, es una parada para tomar impulso como comunidad autónoma. Sirva, por tanto, de estímulo a los extremeños y a sus dirigentes para que consigamos esas cotas de progreso que nos demandan nuestros paisanos y vecinos.

Agradezco honradamente a su señoría la atención prestada, y también agradezco a los grupos parlamentarios representados en el Senado que este Estatuto vea la luz con un apoyo mayoritario de la Cámara Alta, lo cual es también un motivo de orgullo para mi grupo parlamentario.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.

El señor BELDA QUINTANA: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno, señor líder de la oposición.

En primer lugar, todos los componentes del Grupo Mixto del Senado, y en particular los senadores de Coalición Canaria, queremos dar nuestra bienvenida a esta Cámara a todos los representantes institucionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura encabezados por su presidente. Queremos sumarnos también, en nombre de todos los senadores y formaciones políticas que componen el Grupo Mixto en el Senado, a ese consenso alcanzado entre los dos grandes partidos que posibilita la aprobación de esta reforma, que en realidad es un nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Nos alegramos, por tanto, de que a partir de hoy Extremadura cuente con un Estatuto de los llamados de nueva generación, mucho más exhaustivo que el anterior, con una regulación más detallada de sus competencias que entendemos implicará necesariamente menos contenciosos, menos conflictos entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Estado, a la vez que contempla y plasma soluciones más avanzadas que el estatuto anterior para la búsqueda de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos extremeños, y detalla mucho mejor las peculiaridades de Extremadura y el funcionamiento de sus instituciones para posibilitar un desarrollo institucional, económico y social con una amplia capacidad de autogobierno.

Esperemos que esta tendencia continúe y que consigamos entre todos el consenso necesario para terminar de modificar los estatutos de autonomía cuya reforma aún está pendiente.




Página 5876


Señor presidente, hoy es un gran día en la historia de Extremadura, que desde el Grupo Mixto del Senado compartimos plenamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, señor presidente do Goberno, autoridades do Parlamento de Extremadura e del Goberno de Extremadura.

Todo lo que tenía que decir con respecto al Estatuto de Extremadura ya lo he dicho en la Comisión de Comunidades Autónomas y, por lo tanto, hoy no repetiré los mismos argumentos. Tampoco voy a abrir ninguna polémica con ningún portavoz que me haya precedido en el uso de la palabra, aunque de buena gana le diría que si piensa que con esa gracia sobre el extremeño va usted a ridiculizar o a menospreciar idiomas como el gallego, el catalán o el euskera, se equivoca de plano (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.— Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡No, no!) Usted y los que le ríen las gracias se equivocan de plano. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.— Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor PÉREZ BOUZA: En Extremadura tienen ustedes lengua propia… (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.

El señor PÉREZ BOUZA: … pero no es el extremeño ni es el habla, como dice usted, es a fala y el portugués de Olivenza, esas son lenguas propias de Extremadura o, cuando menos, de una parte de Extremadura.

En todo caso, hoy lo que me toca es felicitar a todos los extremeños y extremeñas por la aprobación de esta norma que regirá el futuro de los ciudadanos de Extremadura los próximos años, y que estoy seguro de que contribuirá a mejorar su calidad de vida y su bienestar.

Por lo tanto, ya me callo, porque hoy no es el día de Galicia (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), no es el día de Euskadi, no es el día de ninguna otra comunidad autónoma, es el día de Extremadura, y por eso, en nombre del PNV y del BNG, le quiero dar la enhorabuena. (Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

Silencio, por favor.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señor líder de la oposición, senadoras, senadores, presidente de la Comunidad extremeña, presidente del Parlamento extremeño, autoridades extremeñas, bienvenidos a esta Casa.

El jueves —y hoy me repetiré—, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en catalán, les dije lo que les voy a decir ahora en castellano. Felicidades. Ustedes han decidido reformar su estatuto, lo han hecho con una mayoría prácticamente total, amplísima en su Parlamento, y creo que esto es positivo en un sentido: ustedes creen que más autogobierno, que más competencias, que una reforma de estatuto que lo hace mejor es mejor para Extremadura y es mejor para sus ciudadanos, y lo compartimos absolutamente. Les felicitamos, les felicité en nombre del Grupo de Convergència i Unió el jueves, y lo hago hoy otra vez.

Pero como entre el jueves y hoy han pasado algunas cosas, me gustaría alargarme un poco más en mi intervención. El presidente de Extremadura dijo el jueves en una magnífica intervención —y repito exactamente lo que está en el Diario de Sesiones, que me parece muy significativo—, usted decía, presidente, que si alguien quiere saber para qué ha servido la España de las autonomías tiene una magnífica oportunidad de comprobarlo viniendo a Extremadura. Si nos preguntáramos si sin autonomías Extremadura podría ser la región que posee el mejor programa de cuidados paliativos de España, la respuesta sería no. Si nos preguntáramos si sin autonomía Extremadura podría estar actualmente por




Página 5877


encima de la media española en cuanto a promoción de la educación secundaria obligatoria, la respuesta sería no —todo esto lo decía usted, señor presidente de Extremadura—. Si nos preguntáramos si sin autonomía Extremadura podría haber frenado la sangría de la inmigración y haber crecido en población, la respuesta también sería no. Y, por último, si nos preguntáramos si sin autonomía Extremadura podría haber crecido en los últimos diez años por encima de la media española en términos de producto interior bruto, la respuesta sería no.

Señor presidente, he utilizado sus palabras en un día en que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por supuesto con absoluto respeto, como hemos tenido cono todos los estatutos que se han planteado en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, va a votar favorablemente y les va a felicitar.

Antes escuchaba al portavoz del Grupo Parlamentario Popular decir que esto no es el final del camino, que quieren llegar más lejos. Creo que esto es muy positivo. Nosotros también lo compartimos. Cataluña quiere tener una autonomía, quiere el máximo nivel de autogobierno posible. Nuestro estatuto fue aprobado, pero fue discutido en el Tribunal Constitucional y fue cuestionado, y entendemos que este no es el final del camino y queremos conseguir al máximo nivel de autogobierno, como ustedes en Extremadura. En estos momentos parece que el debate está en que todos los problemas que tenemos se centran en el Estado autonómico.

Creo que es muy positivo que el presidente de Extremadura nos diga lo que nos dijo el jueves —hoy no lo puede decir, porque usted no interviene, pero lo he querido reproducir en esta sesión—. Reitero mi felicitación por ese esfuerzo que han hecho. Tienen el nivel de autogobierno que ustedes quieren tener. Nos han dicho que quieren ir más lejos. Estaremos a su lado y seguiremos aprobando estas situaciones.

Me gustaría también destacar algunos elementos que me parecen muy significativos y positivos. Ustedes plantean una línea —también el presidente lo comentó el jueves— de voluntad de cooperación con otras autonomías y también con otros países, y plantean una especial relación con Portugal, su vecino.

Además, en el artículo 71 plantean otra cosa que me parece muy novedosa, apoyados por el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Dicen que les gustaría que en la política exterior y en las relaciones bilaterales con Portugal, el Gobierno de Extremadura esté presente. Me parece magnífico. No estamos seguros de que si esto lo hubiésemos puesto en el Estatuto de Cataluña hubiese sido aceptado de la misma forma, y lo digo con tristeza, reconociendo, además, el esfuerzo que han hecho.

Ustedes hacen otra aportación que me parece muy interesante y que vamos a analizar con afecto, porque creo que es una buena propuesta. Plantean que en los próximos siete años haya una inversión extraordinaria del 1% del PIB español en infraestructuras. Es una gran novedad y es la primera vez que las Cortes —el Congreso de los Diputados y el Senado— van a aprobar que el PIB del Estado es regionalizable. Repito, es interesante, es un tema que analizamos y que nos parece muy positivo.

Por todo esto, reitero mi felicitación. Nuestro voto va a ser favorable, y estoy seguro de que van a avanzar con este estatuto.

Hemos de tener claro que el Estado de las autonomías lo ha decidido la Constitución, que la Constitución es clara, y no entendemos cómo en estos momentos hay gente que está cuestionando este sistema que nos hemos dado, que es constitucional y que está demostrando —como ha explicado claramente en su caso— que ha sido positivo para Extremadura, que ha sido positivo para sus ciudadanos y ciudadanas y que, además, lo han escogido ustedes y lo han votado en su Parlamento.

Por tanto, tienen todo nuestro apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bonet.

El señor BONET I REVÉS: (El señor Bonet i Revés comienza su intervención en catalán.)

Señor presidente, señor jefe de la oposición, señor presidente del Senado, aprobamos hoy este nuevo estatuto de autonomía, momento en que arrecia una campaña centralista que pone en cuestión la viabilidad política y económica de la España de las autonomías.

El presidente de Extremadura, señor Fernández Vara —como puede comprobar, su intervención será hoy muy comentada— decía el otro día en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que Extremadura es uno de los éxitos de la España de las autonomías. Relacionó una serie de logros sociales, culturales y económicos que Extremadura, la Extremadura históricamente ejemplo de depauperación y




Página 5878


pobreza, la del viaje de Alfonso XIII en 1922 a Las Hurdes, ha conseguido hoy superar estos atavismos y se encuentra en unos estándares sociales y económicos muy significativos. Y esto ha sido gracias a la autonomía.

Efectivamente, no cabe duda de que treinta años de autonomía han hecho más por Extremadura que siglos de centralismo. Cuando alguien se pregunta si las autonomías son muy caras, cabría preguntarse si a lo largo de la historia no ha sido mucho más caro el centralismo. Espero que los extremeños tengan esto muy claro y rechacen entrar en este estado de excitación centralista que, aprovechándose de la crisis, pretende replantear el sistema autonómico.

Tiene guasa que los promotores de esta campaña neocentralista y que blanden la Constitución, como los fariseos lo hacían con las tablas de la Ley, son personas y corrientes de opinión que rechazaron el Título VIII de la Constitución, que se opusieron a que el artículo 2 reconociera que España está integrada por nacionalidades y regiones y que trataron de que el gallego, el valenciano, el catalán y el euskera no fueran consideradas lenguas tan españolas como el castellano.

Hoy tenemos un ejemplo de este espíritu nacional. Muchos medios de comunicación, tertulianos y políticos cargan contra el hecho de que en el Senado español se usen todas las lenguas españolas. Esto, que debería ser motivo de orgullo, dicen que es un despilfarro. Pero, si en España hay alguien que considera un despilfarro destinar 300 000 euros a que el Senado exprese la pluralidad lingüística española, si alguien cree que España no puede destinar tres diezmillonésimas partes de su producto interior bruto para que uno de los organismos centrales del Estado exprese la pluralidad lingüística congénita y constitucional española es que no quiere la pluralidad, es que no ama la pluralidad, es que no ama a España. (Aplausos.— Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Hoy es un gran día para Extremadura. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor BONET I REVÉS: Pero, señor presidente, permítame —como decía el otro día en la Comisión General de las Comunidades Autónomas— que reclame una parte de este éxito y esta responsabilidad que hemos tenido los partidos, la Generalitat y la sociedad catalana en su conjunto, yo diría que también históricamente, sobre todo en este proceso. Este estatuto forma parte del proceso de reformas que se desencadenó cuando a finales de 2003 se formó en Cataluña un gobierno de las izquierdas catalanas y que luego, en marzo de 2004, culminó con el acceso del PSOE al Gobierno de España. Sin este hecho yo no sé si hoy hablaríamos de una reforma del Estatuto de Extremadura y de otras reformas. Pero precisamente por este hecho, el proceso ha sido contestado y atacado —singularmente el Estatuto de Cataluña— como el buque insignia de las reformas.

No nos duele que el Estatuto de Cataluña haya sido emulado. Lo que sí duele, y lo que efectivamente ha producido heridas en el cuerpo social catalán, es el hecho de que preceptos idénticos, en el estatuto catalán hayan sido motivo de rasgaduras de vestimentas y en otros son complacientemente contemplados.

De todas formas, me alegro de la ambición del Estatuto de Extremadura, de sus relaciones con Portugal, del asunto hidrológico, de la deuda histórica, de la inversión, del Consejo de Justicia, que también sale. Históricamente, los políticos y partidos catalanes no han sido contrarios al acceso a la autonomía de otros territorios. Y esto se puede observar en los Diarios de Sesiones del siglo pasado y del anterior. Sin embargo, los políticos catalanes sí estamos en contra de la uniformización por abajo para que el centralismo continúe mandando. Estoy convencido de que esta ambición extremeña a la que me refería contribuirá a que el Estado vaya aceptando de una vez la pluralidad política, porque en algunos ámbitos, como el de la justicia o el de la gestión tributaria —por no mencionar más—, parece que todavía no se han enterado de la España de las autonomías.

Señorías, con toda probabilidad este será mi último discurso en esta Cámara. Han sido once años en el Senado, muy intensos, en los que se han tramitado los nuevos estatutos, el Senado ha tenido más presencia en los medios de comunicación y se han dado pasos para ser considerado como Casa de las lenguas. Son años en los que he estado en este Senado. Quiero dar las gracias a todos los senadores de todos los grupos, sin excepción —con los que puedo tener, o no, diferencias—, a los letrados, a las taquígrafas y al taquígrafo, a los ujieres, al personal del restaurante, del bar, al servicio médico y, en definitiva, a todas las personas de esta Cámara que durante estos años han hecho que la considere como mi casa.




Página 5879


Además, me despido con una materia tan idónea para esta Cámara como es la aprobación del nuevo estatuto de Extremadura. Esto hace mi despedida más llevadera porque siento hoy como propia la alegría del pueblo extremeño.

Felicidades. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pérez Sáenz. (Rumores.)

Silencio, señorías, silencio.

El señor PÉREZ SÁENZ: Señor presidente del Gobierno de España, miembros del Gobierno, señor presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, representantes de las instituciones extremeñas, señor líder de la oposición, mi intervención será poco polémica. Voy a intentar ser lo más institucional posible. Voy a exponer una teoría, voy a poner un ejemplo y me voy a sentar. (Risas.)

Sé que este es un día de celebración y de fiesta, pero la teoría viene a cuento por algo que se ha comentado y de lo que creo que es necesario hablar porque hoy estamos defendiendo el Estatuto de Autonomía de Extremadura, pero creo que defendiendo ese estatuto todos los grupos estamos defendiendo el Estado autonómico. En este sentido, la defensa del Grupo Parlamentario Socialista de esta teoría descansa precisamente en la defensa del Estado autonómico. Es necesario hacerla sencillamente porque no creo que me invente que existe —voy a decirlo así— una fuerte corriente de opinión que considera que el Estado autonómico es un Estado fallido, es una experiencia fallida.

La teoría que vengo a expresar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista no solo pretende manifestar que el Estado autonómico es un acierto, sino que el error radica en confundir que si existen excesos, si existen cosas negativas no es por culpa del Estado autonómico o del sistema, es culpa del ejercicio del Estado autonómico. De la misma manera, les diré que el ejercicio de la actividad política es un ejercicio digno, y cuando en lugar de argumentar sustituimos los argumentos por descalificaciones del adversario, el problema no es de la actividad política sino del mal ejercicio de esta. La democracia, además de ser un sistema es un valor, y si nosotros no estamos a la altura de ese valor, el problema —si lo hacemos mal— no será de la democracia, será que no apoyamos la calidad democrática. Si en el sistema autonómico se cometen despilfarros y excesos, no es culpa del Estado autonómico, es culpa de quien ejecuta esos principios del Estado autonómico. Esta es la teoría.

Pero ayer, por ejemplo, oí —y tenemos que saberlo— que lo que vamos a votar hoy va precisamente en el camino contrario —y hay que decirlo— de la corriente de opinión. Tenemos que saber lo que vamos a votar, y, por lo tanto, todos los grupos políticos nos vamos a manifestar a favor de Estado autonómico y de su desarrollo.

Lo que no se puede decir, como ayer se dijo, es que autonomía no equivale a responsabilidad. Autonomía equivale a responsabilidad. ¿Cómo se pudo decir ayer, por ejemplo, en esta Cámara —y no voy a señalar a nadie— que la culpa de las deudas autonómicas, de las deudas de las comunidades autónomas la tiene el Gobierno de España? ¡No, hombre! La autonomía es responsabilidad de cada uno, y cada uno tendrá la responsabilidad correspondiente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El ejemplo. El ejemplo es Extremadura. Lo han recogido buena parte de los portavoces que han intervenido esta tarde, que han aludido a las palabras del presidente, don Guillermo Fernández Vara, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Extremadura es el ejemplo. Muchas veces cuando hemos salido fuera de España y nos han hablado de España, de cosas que les gustan de España en el ámbito político, hay dos cosas que hemos recibido, además agradablemente, con satisfacción, incluso, si me pongo un poco pedante, con orgullo: la transición española y el Estado autonómico. A partir de ahora, cuando tenga que poner ejemplos, pondré el de Extremadura, presidente.

Hay muchos que consideran que el Estado autonómico y España, así como el desarrollo del Estado autonómico en España, no tiene ningún mérito, desde el punto de vista económico, sencillamente porque como le ha ido bien en unos años de progreso a España, también les ha ido bien a las comunidades autónomas. Pero no es así, o no es solo así. Hay países muy parecidos a España donde las diferencias entre el norte y el sur —no lo quiero señalar, pero ustedes saben perfectamente a cuáles me puedo referir— se mantienen. En estos años de Estado autonómico han existido diferencias, pero queríamos conseguir un principio y lo hemos logrado —como el presidente de Extremadura manifestaba el otro día—, vamos hacia una convergencia, y la España del norte y la España del sur están más igualadas que nunca.




Página 5880


Termino. En el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Extremadura hay algo que me parece importante —y en algún momento se ha debatido—, es la referencia a la historia o, sencillamente, alejarse de ella. Extremadura se ha acercado, a mi modo de entender, a la teoría del patriotismo constitucional; es decir, lo que quiere Extremadura es afianzar su identidad, fundamentalmente en un hecho clave en España de acuerdo y de consenso, la Constitución. Extremadura no dice que no quiere saber nada de su historia, Extremadura sabe de su historia; lo que dice es que para conformar su comunidad y un sentido —diríamos— de unidad en el futuro, lo que necesita es el acuerdo y el consenso, lo que necesita son los valores que recoge la Constitución. ¿Y qué mejor historia que la que están haciendo ahora? Porque el proyecto actual, con un consenso unánime de las fuerzas políticas y apoyado en la Constitución es la decisión mejor de su historia. Es la parte de toda su historia donde hay extremeños con más libertad y más igualdad que nunca.

Muchas gracias, y felicidades, extremeños. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Monago.

El señor MONAGO TERRAZA: Muchas gracias, señor presidente, con la venia.

Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, el Grupo Parlamentario Popular-Extremadura Unida, para hacer alguna precisión, con todo el cariño del mundo.

Para hablar del Estatuto de Autonomía de Extremadura, primero hay que leerlo y entenderlo, y no espigar para al final hacer algún discurso que ni tiene que ver con lo que se dice en el Estatuto, ni con el espíritu de aquellos que lo hemos redactado, ni con aquello que quieren los propios extremeños. Por lo tanto, yo recomendaría que no se espigaran algunas cuestiones porque esa no es la filosofía del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Dice el señor Pérez Bouza que se siente ofendido o molesto porque yo le he podido ridiculizar. No, señor Pérez Bouza, en Extremadura se habla en extremeño, que es el acento que yo tengo, y a usted le podrá sonar mejor o peor, pero, desde luego, barato sí que es que yo hable en extremeño a todos los senadores, a sus señorías, y a usted mismo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y eso en Extremadura y en extremeño se dice hablar en extremeño. Y si le he ridiculizado, le pido disculpas.

Señor Vilajoana, ha hecho usted una referencia a los tres minutos de intervención del presidente de la Junta de Extremadura en la Comisión General de las Comunidad Autónomas defendiendo el Estatuto de Autonomía de Extremadura, y ha espigado algunos datos para, en el fondo, creo yo, sacar a relucir el sentimiento de agravio entre comunidades autónomas, cosa que no contribuye a hacer España; para decir y repetir —y convertirse en portavoz del presidente extremeño— que si Extremadura está mejor que la media nacional en cuidados paliativos, que si Extremadura está por encima de la media española en promoción de la ESO, que si Extremadura está frenando la sangría de la despoblación, que si Extremadura crece por encima de la media nacional en términos de producto interior bruto. Se le ha olvidado decir que Extremadura tiene 120 000 parados. Se le ha olvidado decir que tiene una tasa de desempleo del 23% (Denegaciones.) Sí, a usted que ha sido el portavoz del presidente de la Junta, permítame que se lo diga. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MONAGO TERRAZA: Se le ha olvidado decir que el 50% de los jóvenes extremeños está en situación de desempleo, siendo la comunidad líder en toda España (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), y que todavía nos queda mucho por hacer, y que lo anterior puede ser verdad, en algún caso con matices, pero queda mucho todavía por hacer y por converger. El problema es que los extremeños queremos converger, y difícilmente podemos converger con las actitudes de algunos grupos que participan en la política española. Porque aquí alguien ha dicho hoy, y me parece especialmente grave, señor Bonet, que no está de acuerdo con que haya que igualarse a los que van por debajo en el ranking del desarrollo. Es decir, usted quiere ir en alta velocidad cuando los demás no tenemos ni trenes de mercancías. Usted quiere ir rápido, rápido, y desprecia sencillamente a pueblos como el extremeño, que le prestaron un cuarto de millón de extremeños para el desarrollo de Cataluña y que no han tenido oportunidades.




Página 5881


(Denegaciones.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MONAGO TERRAZA: Y esa es la realidad; esa es la realidad. Y eso no es lo que dice —no se molesten señorías—... (Rumores.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MONAGO TERRAZA: …, eso no es lo que dice la Constitución española, cuyo espíritu era que se desarrollaran las comunidades autónomas para alcanzar todas, al final, una media de bienestar que igualara el desarrollo de todos los ciudadanos con independencia del territorio donde vivieran. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Eso es lo que dice el espíritu de la letra de la Constitución. Por lo tanto, no me tacharán de nada cuando lo que estoy diciendo es lo que viene en nuestra Carta Magna.

Y nosotros cuando miramos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MONAGO TERRAZA: Y nosotros cuando miramos a Portugal es porque somos vecinos de Portugal, porque hay lazos económicos con Portugal, porque hay lazos culturales con Portugal, porque hay lazos sociales muy estrechos con Portugal, pero no queremos ser ni portugueses, sino seguir siendo extremeños y españoles. Y esa es la diferencia de algunos en su discurso cuando hablan de las relaciones bilaterales con otros países.

Nos sentimos profundamente a gusto en este Estado de las Autonomías siendo extremeños y siendo españoles. Por eso le decía antes que el estatuto de autonomía no es un final de camino, es una parada para coger aire, para revitalizar el texto del 83 desde el consenso, hablando de principios comunes, buscando el punto de encuentros, buscando el arrimar el hombro todos los extremeños para, al final, alcanzar las cotas de bienestar, que estoy convencido de que ustedes, señores del Grupo Parlamentario Socialista, y también ustedes, señores de los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas y Popular, quieren para el pueblo extremeño. Eso es lo que nos une y eso es lo que nos ha motivado hacer el presente texto. Por eso pedimos el 1% del PIB regional en inversiones adicionales para converger, porque haciendo más Extremadura, no les quepa ninguna duda, hacemos también más España. Ese valor añadido del desarrollo de nuestra comunidad se lo queremos ofrecer en forma de crecimiento, en forma de desarrollo, en forma de prosperidad al pueblo español, como estamos haciendo en algunas cuestiones, por ejemplo, en la producción energética con dos reactores nucleares, con multitud de pantanos, con energías renovables, producción eléctrica que va dentro de lo que es el mercado nacional de la energía y que se aporta desde una comunidad autónoma que está al suroeste de la península ibérica y que se llama Extremadura.

Y alguien ha dicho aquí, ha puesto la etiqueta de quién quiere la pluralidad y quién quiere a España. Señor Bonet, usted no puede decir aquí que nosotros no amamos la pluralidad y no amamos a España. Nosotros como extremeños estamos cómodos... (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Silencio.

El señor MONAGO TERRAZA: Nosotros como extremeños estamos cómodos en España y amamos la pluralidad y amamos profundamente a España. Siempre nuestra historia ha sido así y siempre va a seguir siendo así porque ese es el carácter, ese es el sentimiento que tiene el pueblo extremeño, y esa es una grandeza en los tiempos que corren para algunos que probablemente no les guste escuchar estas cosas.

Voy terminando.

Señor Pérez Sáenz —yo le agradezco también el tono, como no podía ser de otra manera—, ha hecho usted una teoría y ha dicho en un momento determinado: los extremeños no quieren saber de su historia. Los extremeños sí queremos saber de nuestra historia, estamos muy orgullosos de nuestra historia, estamos profundamente orgullosos de nuestra historia... (Protestas.)




Página 5882


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (Protestas.)

Silencio, señorías. Está todo en el Diario de Sesiones. (Rumores.)

Señorías, silencio. (Rumores.)

Señorías, silencio. (Rumores.)

Silencio, señorías.

El señor MONAGO TERRAZA: …y de eso que salió por consenso del Parlamento extremeño. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.

El señor MONAGO TERRAZA: Los extremeños estamos orgullosos de nuestra historia. En muchas ocasiones determinados momentos históricos han lastrado nuestro desarrollo, eso nadie lo duda, pero estamos muy orgullosos de nuestra historia.

Y usted tiene una teoría un poco alambicada ¿no? que ha sido difícil de descifrar. Ha dicho que es un acierto el Estado autonómico, estoy totalmente de acuerdo, y habla —sin señalar a nadie— de quienes están a favor del centralismo, de quienes atacan el Estado de las Autonomías, pero no da nombres. Sí, sí, es como la voz de un gran hermano, pero no señala de dónde viene. Yo le voy a explicar la posición del Grupo Parlamentario Popular. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MONAGO TERRAZA: Claro que ha sido un acierto el Estado autonómico, pero eso no quiere decir que no sea algo revisable. Si tenemos que revisar determinadas cuestiones que tienen que ver con la austeridad, habrá que revisar también las cuestiones que tienen que ver con el gasto público, con el déficit público, con la duplicidad, con la eficacia, con la prestación de servicios a los ciudadanos, con la cercanía de los mismos, etcétera. Es decir, esto no es algo inamovible. Esa es mi teoría, y usted estará de acuerdo con mi teoría estando yo de acuerdo con su teoría. Por lo tanto, si alguien está en contra, señálelo, pero no hable sin señalar quién está en contra del Estado autonómico.

¿Cómo va a estar el Grupo Parlamentario Popular en contra del Estado autonómico si tiene sentados en esta Cámara a presidentes de comunidades autónomas y a otros que lo serán pronto en el futuro? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¿Cómo no va a estar de acuerdo con el Estado autonómico? (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MORAGO TERRAZA: Este estatuto posee una virtud y es que con él puede gobernar hasta el 22 de mayo el presidente Vara y, a partir del 22 de mayo, podré gobernar yo también sin ningún problema. (Risas.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Tiene la palabra el presidente del Gobierno. (Rumores.)

Silencio, señorías.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.

Señor presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señor presidente del Parlamento de Extremadura, delegación extremeña, señorías, durante estos últimos años he intervenido en diversas ocasiones ante esta Cámara como presidente del Gobierno para mostrar mi apoyo a las diversas reformas estatutarias aprobadas. Ello me ha dado la oportunidad de ponderar reiteradamente el valor de nuestro modelo territorial de Estado: el modelo autonómico que consagra la Constitución y que ella misma permite actualizar. Un modelo indisolublemente ligado a la prosperidad que ha alcanzado en nuestro país en la etapa democrática, a pesar de los periodos de crisis económica como el que ahora aún vivimos; un modelo que acerca la Administración a los ciudadanos y que, por ello, se ha revelado como el más idóneo para gestionar y desarrollar de un modo equilibrado y solidario las prestaciones propias del Estado social; un modelo también —y ello no es menos importante que lo anterior— que hace posible el reconocimiento de nuestra pluralidad territorial, la expresión de las diversas identidades que integran nuestro marco común de convivencia y que se fundamentan en la Constitución, pluralidad que no nace de la Constitución, sino que la Constitución reconoce y ampara.




Página 5883


Asisto hoy con total naturalidad a una sesión de la Cámara en la que esa pluralidad tiene una nueva manifestación entre nosotros: las lenguas en que muchas de sus señorías se expresan a diario, como tantos ciudadanos, encuentran hoy un nuevo espacio en la Cámara que está llamada por definición a reflejar la pluralidad territorial, lenguas que, como reconoce y establece la Constitución, son todas ellas lenguas españolas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señorías, hoy subo a esta tribuna para constatar una vez más el vigor de nuestro Estado autonómico con motivo de la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, y me sumo al respaldo que por unanimidad le van a dar sus señorías.

Esta es la octava reforma estatutaria que va a ver la luz en el último período de renovación jurídica del modelo autonómico y, como ha ocurrido con cada una de ellas, estamos ante la reafirmación del compromiso de los ciudadanos —hoy de los extremeños— con sus propias instituciones, con las competencias y recursos financieros de las mismas, con los servicios públicos de los que son responsables y con su capacidad de actuar en cooperación con las demás administraciones y de participar por los cauces previstos en las decisiones estatales y europeas. Un compromiso con Extremadura, con su autonomía, que adquiere pleno sentido a la vista de los avances que el ejercicio del autogobierno le ha brindado ya y de las posibilidades de futuro que, sin ninguna duda, abre a esta tierra. Porque gracias a la experiencia de estas últimas décadas, y como dice el propio preámbulo de la reforma, Extremadura ha conseguido ser cercana y reconocible, capaz de defender su presente y de luchar por un porvenir que le pertenece.

Que hoy el sistema educativo extremeño sea capaz de ofrecer a sus ciudadanos un nivel de calidad comparable al de cualquier otra comunidad es una muestra del éxito del modelo autonómico. Que hoy la sanidad en Extremadura ofrezca una atención plena y de gran calidad a todos los extremeños es también un éxito del modelo autonómico. Que hoy en Extremadura existan empresas de innovación o que la comunidad sea líder en desarrollo de energías renovables o en el avance de sistemas informáticos de código abierto, son también consecuencias de la opción por un modelo que ha creído en el desarrollo de Extremadura y en la capacidad de sus ciudadanos de construir su vida en la propia comunidad, dando la vuelta a una historia de emigración. Y este modelo, señorías, sigue siendo eficaz hoy y lo será en el futuro, porque del presente y del futuro habla la reforma estatutaria que hoy aprobamos, cuando fija a las instituciones de la comunidad la responsabilidad democrática de actuar para la recuperación del empleo, para la preservación de la calidad medioambiental y la diversidad de la región, para el ahorro y la eficiencia energética, para la difusión de la cultura o la protección pública frente a la dependencia, objetivos todos ellos a los que se anudan las nuevas competencias y que identifican los principales desafíos a los que se enfrenta cualquier sociedad desarrollada del siglo XXI.

Señorías, el compromiso con la España de las Autonomías entraña por sí mismo un compromiso de lealtad y de cooperación, un compromiso de desarrollo conjunto, de concertación y de solidaridad. Y este compromiso también se hace explícito en el estatuto que hoy aprueba el Senado: se recoge en los principios de lealtad institucional, solidaridad, cooperación y mutua ayuda que presiden el título dedicado a las relaciones institucionales, o en la redacción del precepto —artículo 65— que afirma que la Junta de Extremadura podrá proponer, negociar y formalizar con otros Gobiernos autonómicos convenios para la planificación, gestión y prestación de servicios.

Las comunidades autónomas saben que el momento actual demanda de todas las administraciones, empezando por la Administración General del Estado, a partir de las propias competencias y responsabilidades de cada una de ellas, un esfuerzo conjunto y exigente de gestión de los asuntos públicos con la mayor austeridad y eficiencia posibles. Es una exigencia para todos: para el Estado, para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales. Precisamente desde la Comunidad de Extremadura se han venido impulsando en los últimos tiempos iniciativas de actuación común entre las comunidades autónomas y de estas con el Estado para concluir acuerdos de simplificación y modernización y para hallar formas más eficaces de cooperación horizontal y de participación. Este camino que el estatuto que hoy aprobamos permite abiertamente transitar, tiene un largo alcance potencial entre nosotros a recorrer mediante la concertación y la cooperación.

En definitiva, señorías, el estatuto que hoy aprobamos muestra la vitalidad del modelo autonómico y su capacidad para adaptarse a las necesidades del futuro y para Extremadura, en particular, supone confirmar el compromiso conjunto con el futuro de esta comunidad que deriva sucesivamente de la elaboración y aprobación del proyecto de reforma por la Asamblea de Extremadura y de su aprobación definitiva por estas Cortes Generales en ambas instancias, con un apoyo abrumador del que nos debemos




Página 5884


felicitar, apoyo unánime que, en algún momento del debate, parecía un poco extraño que se produjera. Pero, bueno, es la fuerza de la democracia y del Parlamento.

A todos los que han trabajado de un modo tan constructivo y eficaz por el buen fin de esta reforma, mi agradecimiento y mi felicitación, muy especialmente a los representantes de las instituciones de la comunidad, señor presidente, que están hoy presentes en la Cámara y, sobre todo, mi felicitación a los ciudadanos extremeños por lo que han sido capaces de hacer en estos años en los que han disfrutado de autonomía y de autogobierno.

Mi felicitación y mi compromiso de lealtad y de colaboración desde el Gobierno de España, con la aplicación y desarrollo de su nuevo estatuto de autonomía. Enhorabuena, pues, a Extremadura.

Y, señor Bonet, como he escuchado que es su última intervención después de once años, quiero trasladarle, en nombre del Gobierno, que ha sido un placer trabajar con su señoría y que es usted un demócrata y un caballero.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Llamen a votación.

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 240; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

En consecuencia, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Enhorabuena. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores senadores, puestos en pie.)

Señorías, les recuerdo que tenemos que seguir votando.

— DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.) (Número de expediente Senado 624/000012.) (Número de expediente C.D. 122/000254.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Votamos primero las enmiendas números 1 y 2, del senador Mur, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 3; en contra, 235; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación… (Rumores.)

Señorías, silencio.

Votamos a continuación las enmiendas de la 35 a la 37, de los senadores Belda y Quintero, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 11; en contra, 230; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 31, del Grupo de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)




Página 5885


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 6; en contra, 231; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 29, 30 y 32, del Grupo de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 7; en contra, 231; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 33 y 34, del Grupo de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 2; en contra, 235; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 3, 7 y 12, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 8; en contra, 233; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 13 y 14, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 5; en contra, 236.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 24, 25 y 28, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 6; en contra, 233; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de la proposición de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 235; en contra, 5; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

— DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.) (Número de expediente Senado 624/000013.) (Número de expediente C.D. 122/000255.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a votar la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas, de la 2 a la 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)




Página 5886


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 7; en contra, 234.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 7; en contra, 234.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas aprobadas en comisión y no votadas anteriormente.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 235; en contra, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos ahora el resto de la proposición de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 235; en contra, 6; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

— DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE MARRUECOS AL CONVENIO RELATIVO A LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente Senado 610/000221.) (Número de expediente C.D. 110/000221.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo del orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.

Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

No hay propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender que concedemos la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.

— PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA JURISDICCIÓN OBLIGATORIA PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, HECHO EN VIENA EL 18 DE ABRIL DE 1961. (Número de expediente Senado 610/000222.) (Número de expediente C.D. 110/000222.)

El señor PRESIDENTE: Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, hecho en Viena el 18 de abril de 1961.

Tampoco se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender que concedemos la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.




Página 5887


— PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA JURISDICCIÓN OBLIGATORIA PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES, HECHO EN VIENA EL 24 DE ABRIL DE 1963. (Número de expediente Senado 610/000223.) (Número de expediente C.D. 110/000223.)

El señor PRESIDENTE: Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, hecho en Viena el 24 de abril de 1963.

Tampoco hay propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender que concedemos la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.

— CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (REVISADO), HECHO EN LA VALETTA EL 16 DE ENERO DE 1992. (Número de expediente Senado 610/000224.) (Número de expediente C.D. 110/000226.)

El señor PRESIDENTE: Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado), hecho en La Valetta el 16 de enero de 1992.

Tampoco hay propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender que concedemos la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.

— DENUNCIA DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, HECHO EN LONDRES EL 6 DE MAYO DE 1969 Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 180, DE 5 DE JULIO DE 1975. (Número de expediente Senado 610/000225.) (Número de expediente C.D. 110/000227.)

El señor PRESIDENTE: Denuncia del Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de 1969 y publicado en el Boletín Oficial del Estado número 180, de 5 de julio de 1975.

Tampoco se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender que concedemos la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

— INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA DE LA DEHESA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA. (Número de expediente Senado 543/000009.)

El señor PRESIDENTE: Finalizados los convenios internacionales, pasamos al punto octavo del orden del día: Informes aprobados por las comisiones del Senado.

Informe de la Ponencia de estudio sobre la protección del ecosistema de la dehesa, constituida en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.

Para la presentación del informe, el senador Bella tiene la palabra.

El señor BELLA GALÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, me cabe el honor de haber sido designado para presentar ante el Pleno el informe de la Ponencia de estudio sobre la protección del ecosistema de la dehesa, constituida en el seno de dicha comisión.

La constitución de la ponencia vino motivada por la presentación de dos mociones, una del Grupo Parlamentario Socialista, de fecha 2 de diciembre de 2008 y otra del Grupo Parlamentario Popular, de fecha 9 de diciembre de 2008.




Página 5888


En su sesión celebrada el día 15 de abril de 2009, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca debatió conjuntamente ambas mociones y aprobó por unanimidad una propuesta de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios de la comisión con el siguiente texto. La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca acuerda: Primero, crear una ponencia en la que pueda participar el sector afectado por el ecosistema de la dehesa con la finalidad de elaborar un informe ante las instituciones europeas que contribuya a establecer medidas económicas y medioambientales para la protección del ecosistema de la dehesa. Segundo, impulsar, apoyar y coordinar junto con las comunidades autónomas afectadas, mediante los recursos precisos, la investigación científica y la divulgación de las medidas preventivas orientadas a frenar, proteger y, en su caso, erradicar la enfermedad del decaimiento forestal.

En la sesión de la comisión celebrada el día 25 de junio de 2009 se designó a los miembros de la ponencia de estudio, que quedó conformada con la siguiente composición: José María Batlle Farrán, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Arturo Bagur Mercadal, del Grupo Parlamentario Mixto; don José Manuel Pérez Bouza, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Joan Maria Roig i Grau, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el senador que les habla, Francisco Bella Galán, del Grupo Parlamentario Socialista; don Vicente Llanos Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Maria Teresa del Carmen Camacho Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista; don Matías Conde Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular; y doña Maria Teresa Cobaleda Hernández, del Grupo Parlamentario Popular. La ponencia ha estado presidida por el presidente de la comisión.

La ponencia celebró un total de quince reuniones, desde septiembre de 2009 hasta noviembre de 2010, y en ella han comparecido cuarenta personas. Han informado a la ponencia los consejeros competentes de cada una de las comunidades autónomas con dehesas, diversos portavoces de grupos parlamentarios en las asambleas autonómicas, catedráticos y profesores de universidad expertos en la materia y un amplio elenco de representantes de las distintas asociaciones y organizaciones profesionales del sector, además de los cargos competentes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La contribución de todos ellos ha sido fundamental para los trabajos de la ponencia y así hemos querido hacer constar nuestro agradecimiento en el informe que ha sido aprobado.

Señorías, los trabajos de esta ponencia han constituido una oportunidad única para que todos seamos conscientes del especial valor que aporta este ecosistema natural a la sociedad en su conjunto. La dehesa constituye un ecosistema absolutamente peculiar dentro del ámbito de Europa al ofrecer una altísima biodiversidad y proporcionar un importante acervo de valores medioambientales, culturales y estéticos. El ecosistema de la dehesa debe ser protegido precisamente por estos valores y la sociedad no puede permanecer impasible ante su posible quiebra. A pesar de su enorme valor, los alarmantes signos que evidencian desde hace unos años, el progresivo decaimiento de las dehesas y su consiguiente falta de rentabilidad económica han sido el detonante de la creación de esta ponencia y la justificación de sus trabajos.

Las conclusiones del informe de la ponencia se desarrollan en torno a las siguientes propuestas de actuación. Primero, desarrollar un modelo integral para la gestión, conservación y desarrollo sostenible del ecosistema de la dehesa. Segundo, determinar y evaluar los factores de vulnerabilidad de las dehesas. Tercero, buscar estrategias para las producciones de este ecosistema que contribuyan a su sostenibilidad. Cuarto, crear un modelo socioeconómico para la gestión, el desarrollo y la adaptación de las producciones del ecosistema. Cinco, contar con un marco legal y administrativo capaz de dar respuesta al reto de lograr mantener el equilibrio entre la rentabilidad y la conservación de nuestras dehesas con el suficiente apoyo público que permita atender desde la investigación los retos sanitarios que plantea.

En definitiva, el mensaje que pretende transmitir esta ponencia es el de la responsabilidad; asegurar a la sociedad futura el disfrute integral de un sistema productivo único en el mundo y exclusivo de la península ibérica. Para nosotros la dehesa es hoy nuestra rentabilidad comprometida, al igual que es responsabilidad de todos custodiarla para futuras generaciones, mejorar su estado y propiciarle un futuro esperanzador.

La dehesa es un paradigma de la agricultura sostenible, y si queremos que perdure como ecosistema productivo, que genera beneficios diversos a la sociedad, debemos actuar garantizando también su mantenimiento.

Concluyo sin más expresando, como presidente de la comisión, mi más sincero agradecimiento a todos los portavoces de los grupos parlamentarios por sus contribuciones, y felicitándoles a todos por el trabajo realizado, así como a la letrada de la comisión, que ha tenido un papel muy importante, como




Página 5889


también el resto del personal de la Cámara que nos ha acompañado en las distintas actividades necesarias para el desarrollo de este estudio.

El pasado 23 de noviembre de 2010, tanto la ponencia, como la comisión aprobaron el texto que hoy se somete a este Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo brevemente porque me parecía que debía hacerlo ya que ha sido un placer, y lo digo sinceramente, fijar la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en la aprobación del informe de la ponencia de estudio sobre el ecosistema de la dehesa. Y digo que es un placer porque ha sido especialmente agradable trabajar en su seno.

Señorías, yo soy una especie de animal deltaico —del delta del Ebro catalán— y conocía muy superficialmente la dehesa; la ponencia me ha dado la oportunidad de conocer este territorio tan extraordinario, de una belleza y singularidad especiales.

Estamos hablando, por tanto, de un territorio extraordinario, singular, con un alto valor medioambiental, económico, cultural y social. Creo que la dehesa tiene encanto, tiene duende y personalidad, engancha, pero también tiene problemas que tenemos la obligación de resolver. Permítanme, señorías, que antes de entrar en las propuestas que aportamos agradezca al presidente, el senador Bella, las facilidades, la flexibilidad y el rigor con el que ha dirigido la ponencia. Ha sido un placer.

Asimismo, quiero agradecer la paciencia que el resto de senadoras y senadores, así como la letrada, doña Paloma Martínez, han tenido con este senador.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votará favorablemente el dictamen, con entusiasmo. Estamos convencidos de que es un buen documento que permitirá impulsar políticas dirigidas a la preservación y potenciación de la dehesa. Es cierto que hemos mantenido, y mantenemos, algunas dudas sobre el instrumento jurídico-técnico de apoyo a su conservación. Proponíamos la elaboración de un plan estatal de dehesas, no una ley que coordinase las diferentes actuaciones que se están haciendo, respetando las competencias autonómicas y las leyes sectoriales que se han ido aprobando.

Finalmente se ha optado por señalar que de forma urgente se acuerde entre el Estado y las comunidades autónomas qué instrumento jurídico se ha de aprobar. Ya se decidirá en su momento. En todo caso se han incorporado nuestras propuestas que lógicamente en muchos casos coinciden con las de otros grupos, y sobre todo con los técnicos, científicos, expertos y responsables políticos que han comparecido.

No voy a citar nuestras aportaciones porque en definitiva el presidente de la comisión y de la ponencia lo ha descrito perfectamente, pero estamos satisfechos de haberlas podido hacer.

Acabo, señorías, insistiendo en que creo que se ha hecho un buen trabajo. Ahora es responsabilidad del Gobierno y de las comunidades autónomas impulsar estas conclusiones. En todo caso, estaremos vigilantes para no defraudar a tanta gente que ha hecho grandes aportaciones a este trabajo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.

De los portavoces y de la gente que hemos intervenido en esta comisión de estudio el que con menos propiedad puede hablar de este tema quizá sea yo. Por dos razones: primero, por el desconocimiento inicial de lo que significaba el ecosistema de la dehesa, su esencial aportación a la conservación de la biodiversidad, y la segunda porque, muy a mi pesar, me he perdido un montón de comparecencias, creo que más de la mitad, por un percance —vamos a dejarlo así— que sufrí a finales del año 2009.

Y desde esta perspectiva, me ha parecido importante señalar que después de leer y leer un montón de documentos que dejaron aquí los muchos comparecientes que asistieron a la ponencia y a la comisión, he llegado a una serie de conclusiones que me han hecho ver lo equivocados que estamos en aquellas zonas donde no conocemos en profundidad la dehesa y teníamos el falso concepto —hoy puedo afirmar




Página 5890


rotundamente: falso concepto— de que era un lugar de disfrute personal para ocio, de carácter privado, de gente muy privilegiada —vamos a dejarlo así—.

Y no es cierto, porque en las comparecencias a las que he podido asistir y en el montón de documentos que he tenido la posibilidad de consultar he visto cómo se ha hablado de la seca de la encina, del importante papel dinamizador del hombre como conservador de la dehesa, de la importancia del arbolado, de lo que significan sus collados, sus podas, su regeneración. Hemos asistido —algunas las he contemplado— a apasionadas comparecencias de técnicos hablando de la importancia del arbolado como base fundamental del sistema adehesado; como base de sustento del suelo para evitar la erosión, como base de producción de frutas y bellotas, que después sirven para alimentar al ganado; como base fundamental de la producción de corcho y como gran reservorio del banco de semillas, que es de vital importancia para los pastizales, de los que después también obtienen los frutos de la ganadería extensiva.

Hemos asistido, he asistido —menos de lo que hubiera querido—, a las comparecencias de cargos públicos y políticos defendiendo también de forma apasionada la dehesa como un sistema generador y catalizador de recursos económicos. Y en una zona productiva como es Lleida, centrada, por lo que yo conozco, en frutal con carácter intensivo, no teníamos conciencia —y a partir de ahora voy a predicarlo con todas mis fuerzas y toda mi energía— de la cantidad de recursos, bien de carácter público bien de carácter económico, que se generan en un ecosistema tan importante como la dehesa, sin olvidar —y es algo que me parece trascendental también— la alta aportación de valores sociales.

Se ha defendido y se ha definido con precisión la viabilidad de un sistema que es la expresión más palpable, el ejemplo más claro de la multifuncionalidad, de lo que tantas veces hemos definido como un sistema multifuncional; no hay que buscar nada, simplemente hay que visitar la dehesa para darse cuenta de lo que es la multifuncionalidad, desde las prácticas de regeneración de estrategia global de gestión del sistema, hasta la diversificación del modelo productivo.

En definitiva, los comparecientes, por los documentos, pero, sobre todo, por su presencia en las comisiones que he tenido la oportunidad de seguir en directo, me han contagiado un gran aprecio por este sistema, por la gente que ha luchado y sigue luchando con carácter, con convencimiento y con pasión por defender el sistema. Por lo tanto, mi agradecimiento para todos ellos por sacarme de la ignorancia sobre esta cuestión.

También quiero agradecer —cómo no— a la letrada de la comisión la gran disposición y, sobre todo, el gran trabajo que ha hecho, porque es importantísimo y es esencial recopilar de una forma tan nítida, tan clara y, sobre todo, tan leíble y tan manejable, la cantidad de documentos, aportaciones y conocimientos que se han presentado en esta comisión de estudio.

A todos ustedes, muchas gracias, especialmente a los que participaban en la comisión de forma más directa, por la paciencia que han tenido con este gran desconocedor del sistema y por las aportaciones que han hecho para enriquecer mi conocimiento.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Llanos.

El señor LLANOS VÁZQUEZ: Gracias, presidente.

Señorías, antes de exponer la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre el informe de la Ponencia de estudio sobre la protección del ecosistema de la dehesa, quisiera agradecer en nombre de mi grupo al Foro por la Defensa y Conservación de la Dehesa Encinal por venir al Senado a plantearnos los problemas que tiene la dehesa, entre otros la seca de la encina.

Señorías, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca es consciente del problema que tiene la dehesa en España, Portugal y demás países de la Unión Europea. El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular presentaron sus mociones y el día 15 de abril del 2009 se debatieron ambas, y por unanimidad de todos los grupos se acordó constituir en el Senado una ponencia con la finalidad de elaborar un informe que contribuyera a tomar ante las instituciones europeas medidas económicas y medioambientales para la protección del ecosistema de la dehesa.

El Grupo Parlamentario Socialista quiere agradecer también su presencia a los cuarenta comparecientes, entre ellos, políticos, investigadores y expertos relacionados con la dehesa, que han acudido a nuestras reuniones de trabajo y que han sido fundamentales para poder presentar estas propuestas y conclusiones.




Página 5891


Señorías, podemos entender la seca de la encina como un proceso que comienza cuando el arbolado de la dehesa se debilita por efecto de un mal manejo, causas ambientales, climáticas o simplemente por falta de recursos nutritivos.

Si sumamos los datos aportados, observamos a la seca como una de las enfermedades más dañinas para la dehesa. Las soluciones tienen que comenzar por mirar el sistema de la dehesa como un sistema complejo, único y muy diverso, que precisa de actuaciones directas, inmediatas y coordinadas en la península ibérica.

El ganado constituye la esencia misma del sistema; en las dehesas no existe solo una especie ganadera, sino que además de las ganaderas, también existe la cinegética que convive con distintas especies.

Señorías, la dehesa es un paradigma de la agricultura sostenible y, si queremos que perdure como ecosistema productivo que genera beneficios diversos a la sociedad, fija el CO2 atmosférico, depura el aire, controla los procesos erosivos, aumenta la absorción del agua en el suelo, evita el cambio climático, garantiza el mantenimiento del paisaje, contribuye a fijar la población evitando el despoblamiento por el aprovechamiento de recursos y por la producción de alimentos de mucha calidad, debemos actuar aumentando las ayudas públicas al mantenimiento, protegiendo este ecosistema para futuras generaciones, garantizando una gestión integral y sostenible de este.

La potencialidad de la dehesa es enorme y llega hasta nuestros días después de siglos. Se ha mantenido en el tiempo porque es viable económicamente y ha servido para dar trabajo de forma permanente. Pero si falta la conservación desaparece el monte, desaparece la rentabilidad, la viabilidad económica y la creación de empleo.

Señorías, las dehesas han sido un reflejo de las necesidades y demandas de las sociedades que las explotan. Ahora, la dehesa, sin perder sus rasgos tradicionales a los que siempre deberá su origen, tiene frente a sí el reto de tener que transformarse conforme a las nuevas necesidades que la sociedad actual demanda. Debe compatibilizar la obtención de valores comerciales con valores ambientales mediante el juego del papel que le puede corresponder realizar en la nueva economía de consumo, de servicios ambientales y de ocio. En la caza, tiene un interesante escenario de futuro en términos socioeconómicos, totalmente compatible con su conservación. La renta que genera esta actividad en la dehesa resulta, en muchos casos, un factor decisivo para el propio mantenimiento de este ecosistema.

La dehesa es también la actividad agropecuaria que fija la población rural, de forma que, si somos capaces de conservarla y protegerla, seremos capaces de generar riqueza en el entorno rural; apoyar la dehesa es generar igualdad de oportunidades, contribuir a la vertebración social y territorial. Es necesario, en el campo comercial y de comunicación, una marca de la dehesa que ampare los productos que provienen de ella que tengan evidentemente una protección para que no haya falsificaciones.

Señorías, el futuro de estos ecosistemas pasa por asegurar la coordinación entre las administraciones competentes en materia de dehesas en un proceso en el que, además, deben implicarse los titulares de dehesas y, en general, la sociedad rural. Por eso esta ponencia recomienda que entre el Estado y las comunidades autónomas se alcance un acuerdo marco que permita encontrar fórmulas, tanto jurídicas como técnicas y administrativas, más adecuadas para garantizar la futura viabilidad de la dehesa.

Señorías, deberíamos contemplar una figura mucho más amplia del ecosistema de la dehesa, abordándolo desde un punto de vista mediterráneo y, dada nuestra pertenencia a la Unión Europea, poner énfasis particular en las zonas adehesadas que en nuestro territorio se conservan. Con Portugal sería conveniente adoptar una estrategia ibérica. La dehesa tiene que ver favorecidas sus opciones de acceso a los nuevos recursos públicos de la Unión Europea sobre la base de un principio equitativo. Los costes de los propietarios de las dehesas, por la oferta de beneficios públicos globales, deben ser compensados por los pagos de los beneficiados globales. Debe ser reconocida la condición de espacio único de la dehesa en un momento en el que nuestro país tiene mucho que decir en la Unión Europea sobre la política agraria comunitaria en el horizonte de 2020. Por tanto, es ahora cuando debemos aunar nuestros intereses y esfuerzos para dotar a la dehesa de la protección necesaria que haga viable su futuro.

Señorías, antes de finalizar esta legislatura, y de forma urgente, el apoyo a la conservación de la dehesa deberá contar con un instrumento jurídico-técnico que debe ser adoptado de mutuo acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas, y que se plasmará en una ley específica que sirva de marco coordinador.

Muchas gracias. (Aplausos.)




Página 5892


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Conde.

El señor CONDE VÁZQUEZ: Señor presidente, señoras y señores senadores, en el día de hoy, la ponencia que ha venido desarrollando los trabajos necesarios para la elaboración de un informe que contribuya a la protección y defensa del ecosistema de la dehesa pretende que este Pleno, con su aprobación, dé carta de naturaleza al informe elaborado en el que se recogen las conclusiones y propuestas que desarrollarán el contenido de la moción que el pasado 15 de abril de 2009 aprobó la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca al aceptar el Grupo Popular, como en su caso también hiciera el Grupo Socialista, la transaccional de todos los grupos a su moción presentada solicitando la creación de la referida ponencia.

Pues bien, señorías, el día 25 de junio se constituyó la ponencia y el día 10 de noviembre inició sus trabajos con una primera reunión a la que asistieron los cinco primeros comparecientes. Se han celebrado diez sesiones, han asistido cuarenta comparecientes, que han representado al mundo de la ciencia, la investigación, asociaciones ganaderas e industriales, universidad, sindicatos y representantes de la Administración del Estado y administraciones autonómicas, provinciales y municipales.

No voy a hacer mención nominal de todos ellos porque ya figuran en el informe, pero sí quiero resaltar el interés puesto de manifiesto por los comparecientes en dejarnos constancia de sus conocimientos y experiencias, sus distintas apreciaciones sobre la situación y problemática de la dehesa, así como de las alternativas y posibles soluciones, pero, sobre todo, señorías, quiero resaltar el gran cariño e incluso la pasión que todos han mostrado por la defensa y protección del ecosistema de la dehesa.

Por todo ello, quiero unir mi voz a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y han mostrado su gratitud a todos los comparecientes, en particular y de forma global al Foro Encinal como portavoz de voces autorizadas que vienen haciendo un trabajo encomiable a favor del ecosistema de la dehesa. Les conmino a que continúen con la labor que vienen realizando, porque el camino por recorrer aún es largo.

Cada uno de los comparecientes nos ha dado su visión sobre la razón de ser que justificaba la creación de la ponencia y sobre la definición, defensa y conservación de la dehesa sobre la base de su propia identidad y como catalizadora de recursos económicos y medioambientales. Por esta razón, los distintos grupos políticos hemos tenido conocimiento, entre otras cosas, de que la cantidad de árboles perdidos por la seca supera los 500 000, lo que supone una pérdida anual de productividad de más de un millón de euros y una depreciación media de las explotaciones que supera el 20% del valor inicial; que entre los años sesenta y ochenta ha desaparecido el 10% de la superficie adehesada, contribuyendo a la desaparición de los trabajos tradicionales, lo que provoca el despoblamiento de las zonas de dehesa y la correspondiente pérdida de puestos de trabajo; que la regeneración de la dehesa es fundamental, pues tener en funcionamiento 4 000 000 de hectáreas, algo perfectamente posible, significa unos beneficios netos de 360 millones de euros al año, al mismo tiempo que mantienen de forma estable más de 40 000 puestos de trabajo.

Igualmente, hemos conocido el papel transcendental que la dehesa juega en el cambio climático, en la fijación de CO2 y en la mejora de la biodiversidad, ya que es reservorio donde se unen las actuaciones realizadas por el hombre con el hecho de ser un hábitat de especies amenazadas, como el águila imperial y el buitre negro, y otras en peligro de extinción, como el lince ibérico y la cigüeña negra.

En definitiva, se puede decir que todos los comparecientes concluyen en que la dehesa es un paradigma de sostenibilidad y, si queremos que perdure como ecosistema propio y productivo, que genera beneficios a la sociedad y mejora nuestro medio ambiente, hay que actuar incrementando las ayudas públicas para su mantenimiento, protegiéndolo para el disfrute y desarrollo de futuras generaciones y garantizando su gestión integral sostenible. Señorías, quien contamina paga, pero quien produce mejoras ambientales debe cobrar.

De la misma manera que hemos tenido conocimiento de todas estas cuestiones reseñadas que figuran en el informe, todos debemos coincidir en que se realice su publicación como anexo a las conclusiones y propuestas de resolución, y los distintos grupos también hemos coincidido en la elaboración de las propuestas de resolución que figuran en el informe, pero solamente me voy a detener en tres de ellas.

En primer lugar, mayoritariamente, todos los comparecientes han coincidido en que es necesaria una ley básica específica de la dehesa, que sirva de marco y sea coordinadora e impulsora de los agentes sectoriales y comunidades autónomas, para lo cual se creará un grupo ad hoc a nivel nacional que deberá posibilitar su elaboración en la presente legislatura.




Página 5893


En segundo lugar, es también totalmente imprescindible la visibilidad de la dehesa ante la Unión Europea y su coordinación con Portugal. Tenemos que conseguir que la dehesa sea reconocida como sistema agrario de alto valor natural, que la dehesa sea un ecosistema de la Unión Europea, que se adopten medidas específicas para su protección y también una estrategia ibérica de la dehesa.

Y la tercera gran resolución se centra en que todo esto no sería más que una entelequia si realmente no se dota de los recursos económicos necesarios para que sea viable la defensa y protección del ecosistema de la dehesa.

Señorías, hasta aquí —y de forma resumida— todo lo actuado. Pero es justo reseñar que en todo el trabajo realizado y en la elaboración de la documentación emitida ha jugado un papel de la mayor importancia la señora letrada de la comisión y la ponencia, doña Paloma Martínez, y tanto mi compañera en la ponencia, la senadora doña María Teresa Cobaleda, como este senador quieren hacer público el reconocimiento a sus inquietudes, su trabajo y sus aportaciones, que han dado como fruto la elaboración del informe. Por todo ello, muchas gracias.

Señoras y señores senadores, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca primero, y la ponencia después, han hecho su trabajo. Disponemos de un informe muy importante por ser serio, riguroso, rico en contenido y por estar muy bien avalado por los extraordinarios conocimientos de los señores comparecientes, que va a ser de la mayor trascendencia para futuras generaciones y, sobre todo, para la defensa y protección del ecosistema.

Estoy completamente convencido de que quienes nos precedieron agradecerán el trabajo que hoy presentamos realizado. Viene ahora a mi memoria el recuerdo de unos versos del poeta José Selgas en los que dice: El que guarda tiene algo y pasa las noches en vela, y si se queda dormido, al menor rumor despierta.

Señorías, el Grupo Popular, al que en este momento represento, es consciente del contenido que atesora este informe, y por ello vamos a estar en permanente vigilia y a reaccionar ante el menor rumor de olvido para exigir el cumplimiento del compromiso político, social, económico y medioambiental de las conclusiones y propuestas que contiene. No nos vamos a dormir, y no lo vamos a hacer por el respeto al trabajo realizado; por la ilusión y la prestancia con las que han defendido sus análisis y propuestas todos los comparecientes; por la entrega y la gran disposición de los miembros de la ponencia —que es de agradecer— en límites sostenidos, y, por supuesto, quiero resaltar de forma especial la actuación del presidente—; por la comprensión mostrada y la voluntad de consenso que todos hemos puesto en la obra; y por la ilusión de muchos andaluces, muchos extremeños, muchos castellano-leoneses, muchos castellano−manchegos y de los ciudadanos de otros muchos territorios de España con terrenos de dehesa, que están pendientes de conocer cuál será el resultado de la votación en este Pleno en relación con el trabajo que se presenta.

Y, sobre todo, quiero poner de manifiesto que nos sentimos orgullosos porque con este trabajo vamos a contribuir a la defensa y protección del ecosistema de la dehesa, al medio ambiente de todos los países europeos en cuyos territorios existen dehesas y, cómo no, servirá también para quienes tienen un hálito de esperanza ante la desilusión que hasta ahora está suponiendo la gestión que se lleva a cabo en las dehesas de España y de Portugal.

Mi grupo quiere agradecer profundamente a todos los miembros que han intervenido en la ponencia el trabajo desarrollado, pero fundamentalmente la prestancia que han puesto en buscar un informe de consenso que, en definitiva, es lo que los ciudadanos en estos momentos más necesitan y por lo que mayor apuesta hacen.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Finalizado el turno de portavoces, y tras oír las intervenciones, se entiende que se puede aprobar por asentimiento. (Asentimiento.)

Se aprueba, pues, por asentimiento el informe de la Ponencia de Estudio sobre la protección del ecosistema de la dehesa.




Página 5894


INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

— INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 2010. (Número de expediente Senado 871/000005.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto noveno del orden del día: Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones.

Tiene la palabra el senador Piñeiro.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, como presidente de la Comisión de Peticiones me corresponde elevar al Pleno el informe sobre las actividades de la comisión en el período de sesiones de febrero a junio de 2010. En el curso de la sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2010 la Comisión de Peticiones aprobó el informe correspondiente a las actividades desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre los días 1 de febrero y 30 de junio de 2010. Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado, la Comisión de Peticiones acordó en esa misma sesión elevar a la Presidencia de la Cámara el informe de referencia, en el que se ofrece una relación de las peticiones presentadas, de las decisiones que se adoptaron sobre ellas y de las contestaciones recibidas de las autoridades a que se trasladaron.

Durante el período de sesiones a que se contrae el presente informe, la comisión ha recibido un total de 46 peticiones. Como en informes anteriores, se acompaña la relación nominal de los peticionarios, el número de peticiones y la indicación sumaria de su contenido. Dichas peticiones han dado lugar a los trámites siguientes, cuya totalidad no coincide con la de peticiones presentadas, puesto que una misma petición da lugar, en algunos casos, a dos o más trámites simultáneos o sucesivos y, por otra parte, las peticiones recibidas después de la última reunión de la comisión, previa a las vacaciones parlamentarias, se estudiarán al inicio del primer período de sesiones. Hay un total de 20 archivos —sin perjuicio de dar conocimiento a los peticionarios, si hay en el escrito datos que lo permitan—, por no tener carácter de petición, faltarles las indicaciones indispensables para conocer su objeto, no tener otra finalidad que su conocimiento por la comisión o tratarse de reiteraciones en temas ya resueltos anteriormente por la comisión, sin que se aporte ningún elemento de juicio nuevo.

Los traslados a departamentos ministeriales son los siguientes: a Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2; a Defensa, 1; a Educación, 2; a Interior, 1; a Justicia, 2; a Economía y Hacienda, 1; a Sanidad, Política Social e Igualdad, 2; a Política Territorial y Administración Pública, 1; a Fomento, 2; y a Trabajo e Inmigración, 1.

En cuanto al traslado a otros organismos son: 2 al Ayuntamiento de Madrid; 1 a los ayuntamientos de Barcelona y de Arucas, al Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid y el Parlamento de Canarias; y 2 al Fiscal General del Estado.

Durante el período de tiempo que comprende el presente informe se han recibido respuestas a un buen número de peticiones, que se reseñan, y de las que queda constancia en el acta de la comisión, así como del Pleno.

Dado el número de peticiones que deben trasladarse a otros organismos, la comisión se ha preocupado de su seguimiento, y a dicha efecto se cuenta con expedientes individuales de cada petición, siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el estado de su tramitación.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Piñeiro.

¿Algún portavoz quiere intervenir? (Denegaciones.)

Por tanto, una vez presentado el informe, se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y cuarenta minutos.


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal