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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 177, de 22/03/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2011 IX Legislatura Núm. 177
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ISABEL POZUELO MEÑO
Sesión núm. 27
celebrada el martes, 22 de marzo de 2011
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Elección de vacantes. Mesa Comisión:

- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión. (Número de expediente del Congreso 041/000036 y números de expedientes del Senado 570/000001 y 571/000001.) ... (Página 2)

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Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez), para informar sobre los siguientes extremos:

- Informe de fiscalización del proceso de reordenación de las empresas estatales del sector de la construcción naval producido durante el período 2000-2006. (Número de expediente del Congreso 251/000078 y número de expediente del Senado 771/000078.) ... (Página 2)

- Informe de fiscalización sobre la gestión y la contratación de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC). (Número de expediente del Congreso 251/000090 y número de expediente del Senado 771/000091.) ... (Página 2)

- Informe de fiscalización de la actividad general del Consorcio de Compensación de Seguros, ejercicio 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000091 y número de expediente del Senado 771/000090.) ...
(Página 2)

Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:

- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente del Congreso 041/000036 y Números de expedientes del Senado 570/000001 y 571/000001.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


Antes de comenzar la misma quiero anunciarles que como bien saben todos ustedes se ha convocado un Pleno extraordinario que comenzará a las doce de la mañana. Por lo tanto, ruego a los portavoces que intenten reducir lo más posible los tiempos de intervención para que podamos concluir al menos la primera parte de la Comisión, que es la presentación y debate sobre los informes que presenta el presidente del Tribunal de Cuentas. En caso de que no podamos concluir el orden del día previsto en la convocatoria de la Comisión del día de hoy, al final de la misma, tal y como teníamos previsto, se hará una reunión de Mesa y portavoces con el fin de buscar una nueva fecha para convocar la Comisión que permita concluir dicho orden del día.


Empezamos por tanto el punto 1º del orden del día, elección de la Vicepresidencia primera de la Comisión. Ha llegado a la Presidencia una comunicación de la que hasta ahora ha sido la vicepresidenta primera, doña Carmen Sanjurjo González, senadora por Asturias, presentando su dimisión de dicho cargo. El Grupo Parlamentario Socialista me ha hecho llegar una propuesta de sustitución y es la correspondiente al senador don Jorge Juan Conde del Campo. Por lo tanto, vamos a proceder a la elección de esa Vicepresidencia ya vacante. El letrado va a dar lectura de los nombres de los miembros de la Comisión para que vayan acercándose a la urna a depositar su voto. (Por el señor letrado se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados y senadores presentes y sustituidos.)

Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo

La señora PRESIDENTA: Han sido emitidos 25 votos, todos ellos a favor de don Jorge Juan Conde del Campo. Le ruego al senador que ocupe su sitio en la Mesa. Aprovecho para agradecerle con todo el cariño y muy sinceramente, en nombre de la Mesa y de toda la Comisión, a doña Carmen Sanjurjo el trabajo que ha realizado en esta Comisión. Muchísimas gracias, Carmen. (Aplausos.)

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NÚÑEZ PÉREZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE REORDENACIÓN DE LAS EMPRESAS ESTATALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL PRODUCIDO DURANTE EL PERÍODO 2000-2006. (Número de expediente del Congreso 251/000078 y Número de expediente del Senado 771/000078.)

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III (CNIC). (Número de expediente del Congreso 251/000090 y Número de expediente del Senado 771/000091.)

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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD GENERAL DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, EJERCICIO 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000091 y Número de expediente del Senado 771/000090.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el punto 2º del orden del día con la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre la fiscalización del proceso de reordenación de las empresas estatales del sector de la construcción naval durante los ejercicios 2000 a 2006.
Bienvenido, presidente, tiene usted la palabra para presentar el informe.
(Pausa.)

Por lo que me indica el presidente, va a hacernos el favor de realizar una presentación conjunta de los tres informes que constituyen el orden del día de la Comisión para poder hacerlo con mayor agilidad durante esta jornada. Por lo tanto, va a presentarnos el informe al que acabo de hacer referencia, junto con los que figuran en los puntos 3.º y 4.º del orden del día, que se refieren a la fiscalización sobre la gestión y la contratación de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), así como a la fiscalización de la actividad general del Consorcio de Compensación de Seguros correspondiente al ejercicio 2006. Ahora sí, tiene usted la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, efectivamente vamos a presentar en una sola intervención estos tres informes, debido a que como consecuencia de un Pleno extraordinario, el tiempo de nuestra estancia aquí no es tan flexible y tan largo como en otras ocasiones. En todo caso, estoy a disposición de los miembros de esta Comisión para responder a cuantas cuestiones estimen oportunas.


El primer informe, sobre el sector de la construcción naval, se aprobó por el pleno del tribunal el 26 de febrero de 2009 y esta fiscalización se hizo a iniciativa del propio tribunal. En el informe se recuerda como la construcción, la reparación y la modernización de los buques de España cuenta con una amplia tradición en el sector público empresarial, en el que la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, S.A., y Astilleros Españoles, S.A. (Bazán y AESA), han sido históricamente los principales protagonistas. Asimismo se rememoran los orígenes de AESA, el grupo empresarial surgido en la década entre 1960 y 1970, tras la concentración de varias empresas de construcción naval y que llegó a convertirse en la mayor empresa nacional de construcción de buques mercantes, entrando en pérdidas hasta desembocar en el proceso de reconversión del sector naval. En España, la reconversión que requería la situación del mercado se retrasó, y cuando se abordó, con una importante reducción productiva y de plantillas, no se alcanzó la competitividad esperada. El informe también recuerda como la aplicación en España de la directiva comunitaria prohibiendo las ayudas estatales no fue inmediata, ya que la Unión Europea autorizó un régimen transitorio especial de ayudas hasta 1992. En el año 2000, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decidió crear Izar, Construcciones Navales, S.A., tras la fusión de Bazán y AESA, previa adquisición por Bazán de diferentes sociedades a SEPI y a AESA que estaban incursas en causas de disolución.


He hecho una brevísima referencia a la historia y paso a exponerles ahora los resultados de la fiscalización de este periodo 2000 a 2006. En el proceso de reordenación del sector iniciado en el año 2000, cabe diferenciar dos fases. En la primera, que se desarrolló a partir del acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio del año 2000 y finalizó en el año 2004, el plan que incluía el acuerdo tenía como objetivos conseguir la rentabilidad económica, la autonomía financiera, la capacidad productiva y la competitividad comercial del grupo empresarial Izar surgido de este proceso. En este plan se contemplaba la integración de las actividades militares y civiles, para lo que se adquirió por Bazán aquellas sociedades de SEPI y AESA antes mencionadas, acordándose también el cambio de denominación de Bazán por el de Izar. Asimismo, en el mencionado Consejo de Ministros, se acordó ampliar el capital de Bazán mediante aportaciones por un total de 1.322 millones de euros, parte de las cuales -por 556 millones de euros- fueron posteriormente consideradas por la Comunidad Europea contrarias al Tratado de la Unión Europea, al igual que determinadas ayudas transferidas a AESA. En el informe se describe, como habrán podido ver sus señorías, la situación económico-financiera alcanzada en cada uno de los ejercicios, constatándose unas pérdidas acumuladas de 478 millones a finales de 2003 y unas pérdidas previstas de 350 millones para los ejercicios siguientes.


En varios ejercicios de esta fase, Izar incurrió en causa legal de disolución, circunstancia que obligó a sus administradores a tomar medidas para equilibrar su patrimonio. En definitiva, no se obtuvo la pretendida rentabilidad económica ni la situación de autonomía financiera, situación que se vio agravada además por la declaración de la Comisión Europea declarando ilegales ayudas y aportaciones del Estado por un total de 1.343 millones de euros, de los que estaban pendientes de reintegro 1.124, además de otros importes por créditos fiscales e intereses. Como consecuencia de esta situación, Izar constituyó una provisión a finales de 2004 de 1.249 millones de euros que se mantuvo durante los restantes ejercicios fiscalizados.


La segunda fase se inició a partir del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2004, que fue autorizado previamente por la Comisión de la Unión Europea. Las pérdidas del ejercicio de 2004 sumaron 2.600 millones de euros, incluidos los gastos extraordinarios provenientes de ejercicios anteriores en concepto de dotación para hacer frente a las ayudas declaradas improcedentes por la Comunidad Europea y la provisión de un expediente de regulación de empleo.


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Excluidas estas pérdidas extraordinarias, las del ejercicio superaron en 196 millones las máximas previstas. Los deficientes resultados obtenidos tras cuatro años de aplicación del plan obligaron a SEPI a suspender su ejecución y a estudiar otras alternativas, proceso que concluyó con la aprobación en el año 2004 del segundo plan, compatible con la legislación europea, que garantizaba los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de los compromisos empresariales.


En cuanto a la liquidación de Izar, el acuerdo de disolución y liquidación de esta sociedad se adoptó en febrero de 2005, garantizando SEPI los recursos suficientes para su realización. La liquidación de Izar requirió que SEPI realizase aportaciones para compensar pérdidas que alcanzaban al final del periodo fiscalizado el importe de 432 millones de euros. Antes de la disolución, la junta general de Izar acordó la creación de una nueva sociedad, con la denominación definitiva de Navantia, a la que aportó su rama de actividad militar, que se complementaría con la realización de actividades relacionadas con programas de naturaleza civil. Esta sociedad, Navantia, transformó su naturaleza de sociedad limitada en sociedad anónima, ampliando su capital de 250 millones de euros con una prima de emisión de 150. Las pérdidas de Navantia al cierre del periodo fiscalizado eran de 164 millones de euros.


El proceso de enajenación de los activos de los centros de Gijón, Sevilla, Sestao y Manises previsto en el plan de 2004 se llevó a cabo de conformidad con lo establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996 y con lo dispuesto por el Consejo de Ministros que autorizó la enajenación. Se señala, no obstante, en el informe que no consta que la Intervención General de la Administración del Estado emitiera el preceptivo informe de auditoría y que el proceso de selección del asesor habría tenido mayor concurrencia si se hubiera dado mayor publicidad.


Se detiene el informe en este apartado para señalar las condiciones pactadas con el asesor y las liquidaciones que le fueron abonadas, que alcanzaron el importe de 558.000 euros más IVA por los servicios de la primera fase y 412.000 euros por la segunda, indicando que para esta segunda fase se había convenido una retribución de 103.000 euros mensuales, estimándose que la misma duraría un mes y que concluiría con el otorgamiento de las escrituras de venta. Sin embargo, dicho proceso no se concluyó en los plazos previstos, extendiéndose hasta 2008 por lo que se refiere a los astilleros de Manises, lo que originó que se suscribiera un nuevo acuerdo con el asesor del que derivaron sucesivos pagos hasta un total de 700.000 euros. En el informe se destaca también el hecho de que este mismo asesor llevó a cabo la valoración de los centros a entregar, lo que pudo repercutir en la objetividad y transparencia de la operación, al poder estar afectada por el diseño que el propio asesor había programado, como también puso de manifiesto el Consejo Consultivo de Pritavizaciones, que indicó la posibilidad de conflicto de intereses entre ambas actuaciones.


En cuanto a la ejecución y desarrollo del ERE de Izar, previsto en el acuerdo marco de 16 de diciembre de 2004, establecido con las organizaciones sindicales y que afecta a 3.983 trabajadores a la conclusión del periodo fiscalizado, se venía desarrollando como es natural en los términos y condiciones aprobados por la autoridad laboral.
También el ERE del centro de Sestao, que afectó a 229 trabajadores, y el de Manises, que afectaba a 127 empleados al final del periodo fiscalizado, se desarrollaron sin incidencias destacables. Como síntesis económica tengo que decir que, en conjunto, durante el periodo 2000 a 2006 las empresas públicas del sector naval dependientes de SEPI recibieron aportaciones por valor de 2.478 millones de euros y se efectuaron provisiones por un importe total de 1.037 millones para atender los compromisos derivados del ERE de Izar y otros centros.


En el mes de octubre de 2008, adelantando un dato que trasciende el periodo fiscalizado, la Comisión Europea notificó al Gobierno el cierre de los expedientes de infracción abiertos a España en relación con la concesión de diversas ayudas a los astilleros públicos que vulneraban la libre competencia, careciendo de sentido el procedimiento de reintegro previamente abierto por las ayudas otorgadas.


El informe termina con unas recomendaciones, como es costumbre y como es obligatorio, en las que se insiste en la necesidad de que estos procesos de reconversión y privatización se analicen con el debido rigor en todos sus extremos y todas sus circunstancias para tener en cuenta lo que pueda afectar a los mismos a fin de garantizar su eficacia. También se recomienda que los contratos de prestación de servicios de asesoramiento recojan con precisión todas las obligaciones y derechos que pudieran derivarse de los mismos. Esto es todo por lo que atañe al primer punto que hemos empezado a exponer.


El segundo informe que figura en el orden del día se refiere a la gestión y la contratación de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. El informe se aprobó por el pleno del Tribunal de Cuentas el 23 de julio del año 2009. Como saben sus señorías -en todo caso se lo voy a recordar-, la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III es una fundación del sector público estatal constituida en el año 1999 por el Instituto de Salud Carlos III, instituto que tiene la naturaleza de organismo autónomo, adscrito actualmente al Ministerio de Ciencia e Innovación, si bien durante la mayor parte del periodo fiscalizado permaneció adscrito al entonces Ministerio de Sanidad y Consumo.


El principal objetivo y finalidad de la fundación ha consistido desde su creación en el fomento de la investigación en relación con las enfermedades cardiovasculares, así como en su prevención y en la promoción de los avances científicos y sanitarios en dicha área. En el último periodo, su actividad se ha venido canalizando a través del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares

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Carlos III, inaugurado en el mes de febrero de 2006.


Como principales resultados obtenidos en esta fiscalización les puedo reseñar los siguientes. En primer lugar y en relación con la actividad investigadora, en el informe se deja constancia de que la fundación, desde el año 2001 en que comenzó dicha actividad, ha desarrollado un total de cuarenta y cinco proyectos de investigación, de los cuales dieciocho fueron iniciados en los ejercicios fiscalizados. En cuanto a las actividades de carácter docente y formación científica, la fundación ha desarrollado diversos programas de formación predoctoral y posdoctoral con objeto de fomentar el interés en la investigación de los estudiantes y profesionales en sus distintos niveles de formación.


En cuanto a la financiación de la fundación, puedo recordar, de todo lo que dice el informe, como cosa más destacada, que durante el primer ejercicio fiscalizado la fuente de financiación la constituyeron las aportaciones públicas provenientes de transferencias de los Presupuestos Generales del Estado a través de subvenciones nominativas concedidas por el Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación del que depende, como antes hemos dicho, la fundación. Sin embargo, durante el segundo año fiscalizado la fundación obtuvo significativas aportaciones de fondos de origen privado para financiar sus actividades en el marco de una importante iniciativa dirigida a hacer efectiva la colaboración pública-privada en investigación y desarrollo. En este sentido, a finales del ejercicio anterior se había suscrito un acuerdo de colaboración entre el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, un prestigioso investigador español y un conjunto de importantes empresas y fundaciones privadas que constituirían posteriormente la fundación privada denominada Fundación Pro-CNIC, cuyo objetivo fundacional era prestar apoyo económico a la fundación fiscalizada. En la fiscalización se constató que en el primer ejercicio fiscalizado y en menor medida en el segundo, se produjeron desviaciones a la baja entre el presupuesto inicialmente previsto y su posterior ejecución, que alcanzaron al 44 y al 28 por ciento respectivamente y que la fundación justificó principalmente por la demora en la finalización de la construcción del edificio que constituye hoy su sede, lo que incidió negativamente en los planes y proyectos de desarrollo del centro.


Por lo que se refiere al área de personal y a la estructura organizativa, se resalta en el informe el nombramiento por parte del patronato de la fundación del director general de la fundación y la creación de la figura del director adjunto de la misma. Se señala a este respecto que con este nombramiento quedó solucionado el efecto negativo que sobre la gestión diaria de la función producía la existencia de la modalidad de dirección a distancia y se evitó el riesgo de que se produjeran ineficiencias en la gestión de la fundación, como las observadas y puestas de manifiesto en un anterior informe por el Tribunal de Cuentas en relación con la primera etapa de funcionamiento de la fundación.


Por lo que respecta a la evolución de la plantilla de personal de la fundación cabe señalar que al final del periodo fiscalizado la plantilla real la constituían únicamente ciento cuarenta y dos personas, encontrándose por lo tanto muy lejos de la plantilla máxima prevista de trescientos ochenta profesionales, considerada necesaria para el adecuado desarrollo de sus actividades. En el informe se resalta también que la plantilla real de la fundación al final del periodo fiscalizado se adaptaba en términos generales a lo establecido posteriormente por la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que fija los criterios y principios fundamentales aplicables en el marco del respecto al principio de igualdad.


Haré una breve referencia a los convenios de colaboración porque creo que es interesante señalarlo y recordarlo. La fundación celebró durante el periodo fiscalizado cuarenta y tres convenios de colaboración para el cumplimiento de sus fines, treinta y dos con entidades y organismos públicos y los once restantes con personas físicas y jurídicas sujetas al derecho privado. La práctica totalidad de los convenios de colaboración celebrados por la fundación durante el periodo fiscalizado estaban directamente vinculados o relacionados con la actividad investigadora, científica y docente propia de la fundación; por lo tanto, no hay nada que decir sino todo lo contrario, señalar que en ese sentido la celebración de los convenios de colaboración fue muy positiva y muy adaptada a las necesidades de la fundación.


En el informe se concluye que, en general, la fundación ajustó su actividad contractual razonablemente a los principios de legalidad, publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia. En este sentido se indica que tanto los adjudicados mediante concurso como en la mayor parte de los adjudicados por procedimiento negociado se promovió la concurrencia, estando justificada la falta de concurrencia en los casos en los que no se hubiera promovido. En la fiscalización se observaron diferentes aspectos en el ámbito contractual relativos al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos celebrados por la fundación que, sin duda, eran susceptibles de mejora, como casi todo en este mundo, lo que redundaría en beneficio del cumplimiento de los principios de igualdad, concurrencia, objetividad y transparencia.


En el informe se efectúa -voy terminando, señora presidenta- un seguimiento específico de los contratos de consultoría y asistencia técnica suscritos por la fundación, relativos al desarrollo de la propuesta de investigación de una polipíldora para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. En el análisis efectuado se observaron deficiencias en la justificación del procedimiento de adjudicación del primer contrato y en la motivación de la elección de la empresa adjudicataria, así como en su posterior modificación, si bien en el informe se deja constancia de que el patronato desconocía las circunstancias que en el mismo se exponen.


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En cuanto al segundo contrato, adjudicado a la misma empresa, en este caso por concurso, cuyo objeto era controlar la calidad del proceso de desarrollo y posterior fabricación de la polipíldora, en el informe se pone de manifiesto la discrepancia entre las sucesivas declaraciones del responsable de la entidad adjudicataria, así como el acuerdo alcanzado con la fundación de resolución anticipada del contrato. Por lo que se refiere al acuerdo de colaboración comercial celebrado con el socio industrial, se recoge sucintamente su contenido económico-financiero y el tratamiento a dar a los resultados científicos obtenidos del proyecto, y se anuncia una nueva fiscalización cuando el proyecto haya concluido.


Hay también una serie de recomendaciones en el informe que brevemente les recuerdo. Se resalta la conveniencia de la implantación de una contabilidad de costes, así como contar con una normativa interna que regule los futuros convenios o acuerdos de colaboración y promover la aflicción de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad en su actividad contractual. A este respecto se considera que la fundación debería promover la mayor concreción previa en los pliegos de cláusulas administrativas, los criterios y requisitos de admisión y adjudicación, así como la garantía del carácter secreto de las proposiciones hasta el momento de la licitación pública. Eso es todo lo que de momento puedo decir por lo que se refiere al segundo de los informes.


Pasamos al tercero, que se refiere a la fiscalización de la actividad general del Consorcio de Compensación de Seguros, ejercicio 2006, que fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 23 de julio de 2009. El Consorcio de Compensación de Seguros, como saben sus señorías, es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y se rige principalmente por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo de 29 de octubre de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de su estatuto legal. Cito esta norma porque la fiscalización no ha tenido más remedio, como es lógico, que seguir las normas que en este decreto se establecen porque, repito, a través de ellas se regula el texto refundido de su estatuto.


La fiscalización tuvo por objeto el análisis de la actividad general del consorcio, quedando excluidas de la misma las restantes actividades realizadas por el consorcio, como las relativas, entre otras, a la cobertura de los riesgos de seguros agrarios combinados, la administración de fondos del seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, la liquidación de entidades aseguradoras, etcétera.
Los principales resultados alcanzados en la fiscalización -también expuestos de manera muy breve pero de la forma más clara que puedo- son los siguientes.


En primer lugar, por lo que se refiere a los ingresos procedentes de recargos, tengo que decir que una de las áreas analizadas fue precisamente esta de los recargos obligatorios sobre las pólizas, que son recaudados por las entidades aseguradoras privadas e ingresadas en el consorcio, habiendo alcanzado en el ejercicio fiscalizado el importe de 804 millones de euros. A este respecto, se constató el adecuado funcionamiento del sistema informático implantado y el control a posteriori ejercido por el consorcio, habiéndose comprobado que la recaudación se había realizado de conformidad con lo previsto en la normativa y que las comisiones por gestión de cobro y los intereses por fraccionamiento eran los establecidos en la misma. Igualmente, se consideraron adecuados los sistemas de gestión y de información económico-financiera establecidos en los procedimientos de control implantados sobre las entidades que ingresaban los recargos.


Por lo que se refiere a los ingresos procedentes de las pólizas suscritas directamente por el consorcio en relación con el seguro obligatorio de vehículos, por importe de 40 millones de euros, se constató también que tanto la contratación como la gestión de las pólizas se ajustaba a lo establecido en la normativa y que los procedimientos aplicados y su registro contable eran adecuados. En cuanto a las pólizas contratadas relativas a ciclomotores y motocicletas, el consorcio, a instancia del Consejo de Ministros, flexibilizó el procedimiento de contratación con el fin de fomentar su aseguramiento, no exigiendo la acreditación del rechazo previo por parte de dos entidades aseguradoras como estaba establecido, requisito que fue posteriormente suprimido. El informe señala que, pese a esta mayor flexibilidad, el aseguramiento de tales vehículos no se vio muy incrementado.


En la fiscalización se analizan las indemnizaciones abonadas por el consorcio en el ejercicio fiscalizado, que ascendieron a un total de 347 millones de euros y que correspondían en su práctica totalidad al seguro de riesgos extraordinarios y al seguro obligatorio de vehículos, al actuar el consorcio principalmente como fondo de garantía por siniestros causados por vehículos no asegurados. El importe pagado por estos servicios ascendió a 14 millones en el ejercicio fiscalizado, habiéndose verificado que los importes se correspondían, salvo leves incidencias, con los trabajos efectuados y los baremos retributivos establecidos. En el ejercicio fiscalizado se tramitaron 132.199 solicitudes de indemnización, de las que cabe destacar que 56.584 reclamaciones correspondieron al seguro de vehículos en los que el consorcio actuaba como fondo de garantía y 42.728 a riesgos extraordinarios. En este ejercicio se produjeron 54 casos de grandes siniestralidades, que motivaron la apertura de 28.783 expedientes. Recuerdo a sus señorías que las grandes siniestralidades se refieren a inundaciones, incendios, etcétera.


En relación con la modalidad aplicada en el pago de las indemnizaciones, se resalta en el informe como en un 70 por ciento se siguió el denominado procedimiento normal -así llamado al fijado por el consorcio y aceptado por el solicitante- y en un 15 por ciento el acuerdo transaccional, mientras que por decisión judicial únicamente

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se pagó el 11 por ciento, observándose una disminución de esta modalidad, es decir, de lo contencioso, en el transcurso de los ejercicios, lo que también es digno de destacar.


Gestión de recobros. En cuanto a este aspecto, al que tiene derecho el consorcio cuando haya satisfecho las indemnizaciones y proceda a exigírselas a las entidades aseguradoras o a los responsables de los accidentes en determinadas circunstancias, se observaron deficiencias de control, especialmente en los recobros contra otras entidades aseguradoras, que propiciaron la prescripción de recobros en los expedientes analizados por el importe, al menos, de 592.000 euros, al no haber adoptado las medidas pertinentes las delegaciones territoriales y no disponer la asesoría jurídica de información sobre la apertura de nuevas propuestas de recobro.


No obstante, cabe señalar que la implantación a finales del ejercicio fiscalizado de la denominada agenda del tramitador de recobros ha supuesto una considerable mejora en esta área. Así, al finalizar el ejercicio fiscalizado, el importe de los recobros pendientes ascendía a 250 millones de euros. En el análisis comparativo de este informe con el saldo pendiente al cierre del ejercicio precedente se indica el cobro de recargos por 12 millones, así como la cancelación de recobros pendientes por 115 millones por motivos diferentes al cobro.


En cuanto a la segregación financiera y contable de las operaciones del consorcio, tengo que decir que en el informe de fiscalización se analiza también el procedimiento aplicado para garantizar la preceptiva separación financiera y contable entre las operaciones de la actividad general y las restantes actividades del consorcio, obteniéndose como conclusión que el mismo se considera adecuado. En cuanto al seguimiento de la obligación de aseguramiento de vehículos -creo que este es un tema muy interesante-, el consorcio también lleva a cabo la gestión del fichero informático de vehículos asegurados -denominado por sus iniciales FIVA-, cuya información se facilita a la Dirección General de Tráfico, con lo que se intercambia información a efectos de control de la obligación de aseguramiento de los vehículos. El mantenimiento de este fichero se lleva a cabo a través de un contrato de servicios con una empresa externa que aporta el correspondiente informe mensual. El coste de este servicio fue de 339.000 euros en el ejercicio fiscalizado y el número de consultas efectuadas al fichero se elevó a 768.000. En el anterior informe de fiscalización referido al ejercicio 1997 se puso de manifiesto la falta de seguimiento sobre los vehículos sin seguro y se recomendaba la adopción de las medidas pertinentes en colaboración con la Dirección General de Tráfico a fin de corregir esta situación y fomentar el seguro. En el examen de esta actividad se verificó la existencia de una diferencia significativa con los datos del fichero de vehículos matriculados que gestiona la Dirección General de Tráfico, que se concretaba al final del ejercicio en una diferencia de 1,4 millones de vehículos más registrados por la Dirección General de Tráfico sobre los vehículos asegurados e incluidos en el fichero del consorcio. Es decir, hay más de un millón de vehículos que se van de un sitio a otro sin los correspondientes seguros.


En cuanto a las recomendaciones -y ya termino-, se sugiere al Gobierno que adopte las medidas necesarias con el fin de facilitar el control y el cumplimiento de la obligación de aseguramiento de los vehículos a motor.
Las restantes recomendaciones del informe se refieren a la adopción de medidas para fidelizar la cartera de seguros del consorcio relativa a vehículos de particulares, aun reconociendo el carácter complementario en el sector asegurador del consorcio, como se afirma en sus alegaciones, con el fin de reducir el elevado porcentaje de cancelaciones de pólizas; la propuesta de analizar técnicamente la posibilidad de repercutir en las primas el coste derivado del incremento de los límites de indemnización en el seguro obligatorio sobre vehículos y la mejora de la gestión por parte del consorcio de los recobros de indemnizaciones, incluyendo la adopción de medidas organizativas y la mejora de las aplicaciones informáticas.


Eso es todo, señora presidenta, señorías, muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes para contestar cuantas preguntas u observaciones estimen oportuno hacer, en el bien entendido de que si el tiempo no permite contestarlas con el rigor que siempre se merecen, lo haríamos por escrito en la parte que no pudieran ser atendidas esta mañana, con el objeto de que ustedes puedan incorporarse al Pleno a su debida hora.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente, por su amabilidad y por su esfuerzo en sintetizar la presentación de estos tres informes.


Ruego a sus señorías que intenten hacer ese mismo esfuerzo, limitándose a plantear las cuestiones, preguntas o ampliación de información que requieran del presidente y dejen para la próxima reunión de la Comisión, en el debate y votación de las propuestas de resolución, la intervención más amplia que tengan sobre cada uno de estos temas porque si no será materialmente imposible, ya que son las once y cuarto de la mañana, poder concluir esta primera parte de la Comisión en el día de hoy. Voy a conceder cinco minutos a cada intervención y tendré que ser necesariamente inflexible para poder cumplir mínimamente estos tiempos.


En primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Brevemente, porque vamos fuera de tiempo. En primer lugar, quiero agradecer, en nombre del Grupo Popular, el trabajo realizado por doña Carmen Sanjurjo a lo largo de este año que ha sido vicepresidenta de la Mesa; agradecerle y reconocerle el trabajo y el talante mantenido en la Comisión. En segundo lugar, he de agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas los informes que ha realizado. A mí

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me corresponde el análisis de las cuentas o del proceso de privatización del sector naval entre 2000 y 2006.


El presidente del Tribunal de Cuentas se hacía una pregunta en relación con el informe de la Intervención General del Estado. He de manifestarle que a mí también me preocupó ese tema. Hice una pregunta al Gobierno y me contestó que en relación con el informe interesado que debe emitir la Intervención General de la Administración del Estado se señala que dicho informe no resulta preceptivo en este caso al no tratarse de una privatización y, en consecuencia, SEPI no ha remitido a la Intervención General de la Administración del Estado ningún informe sobre los activos enajenados. Ese será el segundo punto sobre el que volveré en mi intervención, pero el primer punto es la situación -aunque la historia es historia, pero está bien para no cometer los mismos errores- en el año 2000. Salvo que yo esté equivocado, dada la situación de todas las empresas pertenecientes al Estado, vía SEPI, vía AESA, todas, salvo Bazán, estarían en situación de que habría que liquidarlas, cerrarlas automáticamente, salvo que se hiciera alguna actuación que permitiera seguir actuando en España en un sector estratégico como es el sector naval. Siempre ha habido motivos de discusión sobre si era una operación que estaba condenada al fracaso, pero lo que está claro o entiendo que está claro, y por eso le pido confirmación sobre ese extremo, es que la situación de todas las empresas en 2000, al producirse la fusión o la creación del grupo Izar, todas estas empresas, vuelvo a insistir, salvo la empresa nacional Bazán, estaban en situación de cierre, y por tanto tendrían que despedir a sus trabajadores, cerrar sus centros de trabajo, etcétera. Después vamos al proceso de 2004, que yo ya no sé -vuelvo a insistir- si es privatización o liquidación; indudablemente liquidación es. Usted ha apuntado en el informe una cosa que me llamó mucho la atención, y es, primero, que se encargue la valoración o el estudio de la solución junto al encargo de proceder a la venta de los activos o privatización de los mismos. En segundo lugar, aparte de esa coincidencia de ser la misma persona la encargada de esas dos actividades, se sigue un criterio en empresas en procesos de liquidación, y es que no se tiene en cuenta si esas empresas o unidades de trabajo van a continuar la actividad, como parece que era el objetivo que se quería perseguir, cuando sabemos que no es lo mismo valorar una empresa en proceso de liquidación que una empresa en funcionamiento. En tercer lugar, no se tuvieron en cuenta los valores de los terrenos y solares donde se asientan los centros de Gijón, Sestao y Sevilla, porque eran concesiones administrativas, con lo cual deduzco por lo que leo en el informe que el valor que se les asignó era cero, en cambio, no se firman los correspondientes contratos a los adjudicatarios hasta que el Consejo de Ministros autoriza las concesiones administrativas ya que son costas por estar ubicadas en dominio marítimo-terrestre hasta que no se adjudican -vuelvo a repetir- esas concesiones, con lo cual se está ocultando de forma importante un valor, porque indudablemente la concesión tiene un valor económico importante.


Por otra parte, el tribunal reconoce que en cuanto a las ayudas que se declaran ilegales se ha seguido el modelo italiano, francés o alemán, como recoge el Tribunal de Cuentas en la página 12 del informe, con lo cual tampoco entiendo por qué hay esta doble vara de medir. Si se sigue un modelo acreditado anteriormente por la Unión Europea ¿por qué se penaliza en un momento determinado, a partir de 2000, el modelo seguido por España?.


Me surge otra duda: nuevas ampliaciones de capital serían ilegales. Usted hacía referencia a las pérdidas de Navantia en 2005, pero haciendo un seguimiento de la empresa nos encontramos que durante estos años, a pesar de la carga de trabajo y de todos los parabienes que se han dicho sobre el trabajo de la empresa -que no voy a cuestionar-, económicamente estamos otra vez en la situación del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, porque haciendo un seguimiento de las cuentas anuales de Navantia, en este momento, tendríamos unas pérdidas acumuladas cercanas a los 400 millones de euros, con lo que nuevamente estamos en una situación financiera y económica similar. Es verdad que hay una partida de capital no desembolsado que podrá salvar momentáneamente la situación, pero dada la tendencia de los resultados...


La señora PRESIDENTA: Señor Juncal, debe terminar, por favor.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Termino rápidamente, señora presidente, pero lo lamento porque el sector naval es un sector estratégico para España y merece un análisis en profundidad, sobre todo porque, como decía anteriormente, esto es parte historia, parte realidad. Por eso querría saber por parte del presidente si el Tribunal de Cuentas ha abierto algún procedimiento jurisdiccional derivado de las actuaciones o de los datos del informe que se ven a lo largo del proceso de privatización, que vuelvo a decir que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, ha sido disparar -y nunca mejor dicho- con pólvora del rey.
¿Cuánto se ha podido recuperar de ese proceso de privatización? Sería otra de las preguntas, porque mis cifras andan bailando y no lo tengo muy claro. Lo que sí está claro es que en el coste nos vamos prácticamente a los 4.000 millones de euros, entre las aportaciones que ha tenido que hacer SEPI a Izar en disolución y las distintas aportaciones a lo largo de esos años. En la suma nos vamos a 3.900 millones de euros, frente -y ese es el dato que le pregunto, porque me pierdo- a los escasos millones de euros, porque estamos hablando probablemente de 20 ó 25 -vuelvo a insistir en que estoy perdido- los que se han recuperado del proceso de venta de activos realizado en esas circunstancias, que vuelvo a decir que, desde mi punta de vista, ha sido una clara negligencia

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por parte de las personas que lo han llevado a cabo, por las incidencias que he puesto de manifiesto.


Siento haberme pasado del tiempo.


La señora PRESIDENTA: Señor Tuñón, por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: En primer lugar, quiero felicitar y agradecer a la senadora Carmen Sanjurjo su labor como vicepresidenta y agradecer al Tribunal de Cuentas, en este caso a su presidente, que haya sido capaz de explicar en tan poco tiempo tres informes tan diferentes, lo que una vez más demuestra la versatilidad de su presidente y del Tribunal de Cuentas.


Respecto al primero, solo quería decir que probablemente estamos en un proceso que ya ha terminado y que merecería más una valoración política que una valoración en cuanto al informe, porque es verdad que el informe, en sus aspectos procedimentales o legales, es bastante adecuado, se ha ajustado, independientemente de dos matizaciones que considero importantes: que no se haya remitido al IGAE y separar en el proceso de privatización la labor de asesoramiento y de valoración. En cualquier caso, las cifras están ahí y, el Tribunal de Cuentas lo dice, la reconversión se retrasó, y cuando se abordó, no alcanzó la competitividad esperada. Esta es una conclusión importante. Por otra parte, es verdad que habría que esclarecer, y el Tribunal de Cuentas lo ha hecho, el importe de las ayudas recibidas, 2.500 millones -así consta en el periodo 2006- y una provisión de compromisos para satisfacer los ERE de 1.037 millones. Siempre queda la duda de que este proceso haya sido realmente eficaz y se haya hecho con la objetividad que merecía, y fundamentalmente también con las pegas que pone el Tribunal de Cuentas en su primera recomendación a que se hagan dos planes diferentes en el periodo de cuatro años. Por tanto, quedaría la duda.


Respecto al segundo informe relativo a este centro de investigación cardiovascular querría decir que es también importante. El informe habla de infrautilización de las dotaciones tanto en cuanto a la ejecución presupuestaria como al personal, que está muy por debajo. Este tema se ha actualizado y, en principio, las causas que concurrían en este proceso parece que ya no existen. Existe esta infrautilización y, aunque ya sé que no está en el periodo analizado, me gustaría saber si este tema se ha ido corrigiendo.


El informe dice -el presidente no lo ha citado en la exposición- que en el proceso de colaboración público-privada en la fundación entran cinco socios privados en el patronato y emite una valoración en la que existe cierto riesgo en cuanto al control público de esta fundación. ¿Podría decir cuál es la valoración de este riesgo, fundamentalmente, si los objetivos parece que son homogéneos entre el sector público y el sector privado. Me gustaría que hiciera esa valoración.


Respecto al proyecto de la polipíldora, dice que el patronato no conocía este proceso, pero sí el gerente, naturalmente, y la verdad es que el asunto no huele muy bien, fundamentalmente porque es una sociedad que se crea cinco meses antes, se le adjudica directamente, luego se pone en contacto con la empresa que va a desarrollar el proyecto industrial, y se hace por concurso. Una vez que se hace por concurso, una de las bases que se pone es que no tenga colaboración con la empresa, y la tiene. Al final, aparte de las responsabilidades contables o más allá de las contables, que no sé si han llegado, respecto a la fundación, ¿qué medidas ha tomado para que este tema no se vuelva a repetir y cuál sería la posición del gerente que en este caso creo que queda bastante tocada?

Finalmente, en cuanto al Consorcio de Compensación de Seguros, quería hacer una valoración. Agradezco al tribunal la información que suministra porque la verdad es que para algunos es absolutamente novedosa y quería decir que a mí me llama la atención la gestión de los recobros, que es importante no tanto por la cantidad, que sigue siendo importante, ya que se han prescrito 592.000 euros, que tampoco hay que despreciarlo, sino porque quizá sea un procedimiento que ya está un poco viciado, es decir, que sistemáticamente no se toman las medidas en este sentido de anteriores informes en los que ya se había señalado este punto.


Por otra parte, sabiendo que existe esa discrepancia entre el fichero de vehículos asegurados y el fichero de vehículos matriculados en la Dirección General de Tráfico, que se tomen medidas, en este caso no sé por quién, para que esto se subsane porque ya es muy repetitivo.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista y en referencia al primer informe tiene la palabra el señor Carro.


El señor CARRO GARROTE: En primer lugar, quería felicitar al presidente del Tribunal de Cuentas por el informe, porque es muy claro y pone en evidencia lo que han sido estos años de gestión de un sector estratégico como es el sector naval en España. El senador del Partido Popular decía que en el año 2000, en AESA, los astilleros civiles, cada una de las sociedades estaba en una situación de liquidación. Por tanto, algo había que hacer. En el año 2000 estaban así como consecuencia de la gestión de los últimos cuatro años, desde 1996, del Partido Popular. Así estaban y en esa situación se encontraron; lo que pasa es que, tal y como refleja el informe, se apuesta por una primera fase que resulta totalmente un fracaso, pues no se cumple ninguno de los objetivos que se plantean.
Desde mi punto de vista, tiene un objetivo oculto que no se dice ni en el plan ni, por supuesto, en el informe, puesto que no es el lugar. El objetivo oculto es simplemente burlar las normas de libre competencia de la Unión Europea intentando esconder los astilleros civiles detrás del astillero militar, de tal forma que las ayudas públicas, que luego fueron declaradas ilegales por la Unión Europea, pudieran esconderse. El objetivo fue un fracaso y en 2004 hubo que volver a

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poner las cosas en su sitio; hubo que volver a separar los astilleros civiles de los militares y hacer un nuevo plan que diera lugar a un entendimiento pacífico con los criterios de la libre competencia de la Unión Europea y que, independientemente de la situación de pérdidas o ganancias, las pérdidas que puedan existir en la actualidad en el astillero Navantia estén fuera del ámbito de las normas de libre competencia de la Unión Europea, dado que se trata de construcción militar y tienen protección por la soberanía y capacidad de defensa nacional propia del Estado español.


Quisiera hacer una pregunta, porque en el informe se habla de la existencia en 2004 de un ERE. Sin embargo, hubo un ERE muy importante en el año 2000, dentro de la primera fase, que no veo reflejado en el informe, salvo error mío, que supuso la pérdida de 1.600 puestos de trabajo y también debería aparecer en el informe.


Finalmente, el informe es totalmente claro y en sus conclusiones, tras debatir durante muchos años en distintos medios de comunicación en Ferrol con el senador Juncal, que fue alcalde de dicha ciudad en su día por el Partido Popular, sobre esta cuestión de las ayudas, si eran ilegales o no, deja las cosas en su sitio. No hay nada peor que intentar ver un informe desde el punto de vista de la justificación de cosas que estuvieron mal hechas en su momento y ya es hora de llamar a las cosas por su nombre, tal como hace el informe. Hubo los expedientes que hubo -aquí están reflejados-, fueron considerados ilegales por la Comisión Europea, fue devuelta una pequeña parte en relación con uno de los expedientes, pero el resto fueron finalmente retirados o sobreseídos por la Comisión cuando se aplica el plan de 2004 por decisión de la Comisión en el año 2007. En este sentido, felicito también al presidente por las conclusiones. Por ejemplo, en la primera conclusión se dice con toda claridad: La segunda fase se produjo como consecuencia de los resultados negativos obtenidos tras la aplicación del plan anterior y del empeoramiento de la situación financiera del grupo. La conclusión tercera dice: Los resultados de IZAR a partir de su creación en enero de 2001 y hasta que se acordó su liquidación han presentado importantes pérdidas al cierre de todos los ejercicios. Además, en varios periodos de esa fase, IZAR incurrió en causa ilegal de disolución, circunstancia que obligó a sus administradores a tomar medidas para equilibrar su patrimonio. Y en la cuarta y la quinta finalmente se dice: Los deficientes resultados obtenidos tras cuatro años de aplicación del plan inicial obligaron a la SEPI a suspender su ejecución y estudiar otras alternativas, proceso que concluyó con la aprobación en el año 2004 del segundo plan, compatible con la legislación europea, que garantizaba los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de los compromisos empresariales asumidos.
Esta es la mejor conclusión para un informe que estimo muy oportuno.


La señora PRESIDENTA: A continuación, y en referencia al informe sobre el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, voy a darle la palabra a la señora Font.


La señora FONT BONMATÍ: Quiero sumarme también a las palabras de despedida de la vicepresidencia que han manifestado mis compañeros y dar la bienvenida al nuevo vicepresidente. Espero que su labor sea fructífera.


A continuación, quiero agradecerle al presidente del Tribunal de Cuentas su presencia en esta Comisión para hacer la presentación de este informe sobre el Instituto de Salud Carlos III. Es una continuación de otros anteriores sobre la misma fundación y el propio tribunal ya ha anunciado que va a proseguir su control. El informe se ha centrado en el análisis de la gestión de la contratación de la fundación, con especial atención a los contratos suscritos en relación con el proyecto de la polipíldora para tratamientos cardiovasculares a los que luego me referiré.


En primer lugar, ha de señalarse que, de conformidad con los cuadros que se han incorporado en el informe, los convenios de colaboración suscritos durante los dos años en los que se centró la fiscalización supusieron en número el 43 por ciento de los contratos suscritos, mientras que el volumen de recursos canalizados a través de estos convenios multiplicaron por seis el importe de los contratos. Es una cuestión que estimamos relevante, pues en el propio informe se concluye en relación con los contratos que en algunos de ellos no se precisaban el objeto ni las obligaciones que pudieran derivarse de los mismos y que a través de ellos se eludió el cumplimiento de las disposiciones del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas.


En segundo lugar, en cuanto al cumplimiento de los objetivos asumidos por la fundación, aunque en el informe se indica la menor actividad investigadora en algunos ejercicios, es de suponer que en ejercicios posteriores se habrá aplicado en mayor grado el presupuesto de la entidad y que se habrán subsanado los defectos expuestos en el informe en cuanto a la dotación de reservas de los resultados no aplicados a los objetivos fundacionales. Quiero recordar que en el año 2004 solo se aplicó el 52,58 por ciento y en el año 2006 el 58,26, lo que está lejos de lo que señala el reglamento de fundaciones que debe destinarse a la realización de los fines fundacionales, que es al menos el 70 por ciento.


En tercer lugar, por lo que se refiere al incremento que en el periodo analizado registró la participación de la financiación privada, quería preguntarle si cree usted que quedan plenamente salvaguardados los intereses públicos al incorporarse la colaboración privada a la investigación. Desde el Grupo Parlamentario Popular desde luego se considera que la conjunción público-privada puede ser una combinación muy adecuada en el impulso de la actividad investigadora y que la participación de grandes figuras de reconocido prestigio internacional puede ser muy útil para potenciar la marca española en estas áreas de conocimiento universal. En cuanto a la cobertura de

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la plantilla teórica de personal, es de suponer que la ocupación de la nueva sede y el tiempo que ha transcurrido desde el informe hasta ahora hayan permitido incrementar el número de personal efectivo en los términos que las recomendaciones del propio informe señalan en concordancia con la importancia que tiene realmente este centro.


En cuarto lugar, en el análisis que se ha efectuado sobre los contratos se ponen de manifiesto deficiencias en cuanto a la precisión de los criterios y procedimientos de adjudicación, a la vez que se señala la elaboración de unas nuevas instrucciones internas en consonancia con lo establecido en la Ley de contratos del sector público. Es de esperar que hayan contribuido a mejorar esta actividad contractual tan vinculada a la propia actividad de la fundación.


Sin duda, el apartado de mayor interés del informe es el referido a los diferentes contratos de consultoría y asistencia técnica relacionados con la investigación de la polipíldora para tratamientos cardiovasculares y su posterior comercialización. La fundación celebró un primer contrato con la empresa Gendiag, cuyo objetivo era el servicio de consultoría y asistencia en la gestión integral de la fase previa al proyecto; es decir, debía determinar los posibles socios industriales para fabricar y explotar comercialmente el nuevo medicamento en el mercado. El importe de este contrato -curiosamente- fue de 209.156 euros, muy cerca de los 211.000 establecidos por el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, pero al no superarlos no estaban sujetos a lo expuesto en la citada ley. Por esa misma razón el director gerente lo adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia. Nueve meses más tarde este mismo director gerente aprobó un expediente de modificación del contrato que supuso una ampliación de su plazo de vigencia y un incremento de cerca de 42.000 euros que, sumados a los 209.000 anteriores, superaban con creces los 211.000 establecidos por la Ley de contratos de las administraciones públicas. Por tanto, al fraccionar este contrato se obviaron los principios contractuales básicos de concurrencia y publicidad que deben presidir toda contratación que se realice con cargo a los fondos públicos.


Con independencia de todas estas deficiencias observadas en la formalización de estos contratos -no quiero extenderme debido al tiempo- lo verdaderamente significativo son los hechos expuestos en cuanto a las relaciones detectadas sobre los mismos. En este ámbito no queda sino felicitar al Tribunal de Cuentas, que en sus trabajos de fiscalización ya detectó esta posible confusión de intereses entre la empresa adjudicataria y el laboratorio propuesto, circunstancia que, según comunicó el patronato, no se había advertido cuando se formalizaron los dos sucesivos contratos que se le habían adjudicado. Se estima que el trabajo del tribunal ha permitido reordenar las actuaciones practicadas que, según se recoge en el informe, concluyeron con la resolución anticipada de este segundo contrato. Por otra parte, en el propio informe se anuncia una posterior fiscalización en la que se abordará el análisis del cumplimiento de las condiciones convenidas en cuanto al desarrollo y futura comercialización del resultado de la investigación, circunstancia que nos permitirá tener información pertinente para evaluar el desarrollo definitivo del proyecto, así como la implantación de las recomendaciones efectuadas por el tribunal.


En consecuencia -finalizo ya-, en el momento actual no queda sino felicitar al Tribunal de Cuentas en la persona de su presidente por la oportunidad de esta acción fiscalizadora desarrollada, que ha evitado un posible perjuicio para los intereses públicos, lo que a su vez conduce a preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas si por parte del ministerio fiscal se ha solicitado alguna actuación en relación con los hechos descritos en el informe y la contradicción observada entre las manifestaciones efectuadas por la empresa adjudicataria de los mencionados contratos de consultoría y la asistencia técnica y los hechos que se evidenciaron durante la fiscalización. Asimismo, quiero manifestar, como no podía ser de otra manera, que estamos de acuerdo con las recomendaciones que ha efectuado este tribunal.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fidalgo.


El señor FIDALGO AREDA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me sumo a las felicitaciones y agradecimientos que se han expresado anteriormente, pero quiero dar una felicitación y un agradecimiento especial al presidente del Tribunal de Cuentas por la capacidad de síntesis que ha demostrado y por el análisis exhaustivo que transmite el informe, además en un área muy importante para la sociedad española.
Recordemos que I+D+i es una apuesta de los países modernos y una apuesta en estos momentos muy importante de nuestro país. La sociedad española lleva apostando por ello los últimos años, nos ha permitido instalarnos en el noveno puesto mundial en investigación, lo cual es un éxito colectivo, y debemos por supuesto cuidarlo de una manera muy intensa.
Parte de ese éxito se debe a la investigación biomédica, y quiero recordar aquí que disponemos de un importantísimo entramado jurídico, de un importante entramado investigador, incluidas las universidades, los hospitales, etcétera, y también de un entramado empresarial muy potente que le permite sumarse a esta carrera para la investigación. Una carrera, como digo, trascendental en este momento y una de las apuestas claves de nuestro Gobierno y del conjunto del país hacia el futuro en la salida de la crisis, y concretamente en el área de la investigación biomédica, que es el que tratamos. Es un área en el que además se han producido innovaciones muy fuertes en la gestión, como bien se refleja en el informe del tribunal, y ha permitido introducir la colaboración público-privada como una apuesta flexibilizadora e implicadora de la sociedad en su conjunto, pero lógicamente al inicio de todo proceso

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tiene sus problemas de puesta en marcha e incluso conviene mejorarlos constantemente y adecuarlos. En todo caso, es cierto que la sociedad española está plenamente implicada en esta cuestión, en la que, como ya se ha citado aquí, es imprescindible un fuerte liderazgo internacional, porque debemos tener capacidad de llevar al mundo nuestra potencialidad en esta área y, por supuesto, la implicación social que ya he comentado.


Dicho esto, creo que el informe es exhaustivo, y cabe destacar algunas cuestiones que quiero comentar. Desde luego, la actividad de investigación se muestra muy potente sobre todo en la parte final. Quiero recordar que el CNIC fue constituido en el año 1999 y que, coincidiendo con los años de la fiscalización, es cuando realmente empieza a haber una actividad en consonancia con la expansión del propio instituto. Quiero recordar aquí que desde el año 2001 hubo cuarenta y cinco proyectos de investigación, dieciocho iniciados precisamente en 2005 y 2006 y veintisiete de 2001 a 2004, y ahora, por lo que se traduce del informe, estamos a velocidad casi de crucero si logramos además solventar, con las recomendaciones que ha hecho el propio tribunal, algunas deficiencias lógicas de la puesta en marcha de todo este mecanismo. Creemos que se ha cumplido ampliamente el carácter docente, muy importante en el Carlos III y en uno de sus institutos, con los programas Acércate, Cicerón o Invesmir, dirigidos a personas e investigadores concretos. Se ha hablado aquí también de la fuente de financiación, ese paso tan decisivo de la colaboración público-privada. Esta colaboración público-privada permite, además, que cinco de las grandes corporaciones españolas se impliquen directamente en la financiación y en la gestión, y por eso el riesgo que tenemos de peder parcelas de control público, que son perfectamente subsanables, como se establece también en el propio informe. Por otra parte, quiero destacar que se han introducido, y así consta, las diferentes modificaciones por el pleno del patronato a efectos de ir subsanando esas deficiencias que se iban viendo en el propio proceso fiscalizador. En este momento mi grupo puede decir que esta cuestión ha funcionado a plena satisfacción y que es destacable que se hayan hecho cuarenta y tres convenios de colaboración, treinta y dos con OPI y once con privados, es decir, que mantenemos una fuerte implicación y colaboración con los organismos públicos de investigación.


La señora PRESIDENTA: Señor Fidalgo, debe ir terminando, por favor.


El señor FIDALGO FRANCISCO: Termino ya, señora presidenta.


Quiero destacar, finalmente, que es muy importante que, en las conclusiones relativas a la contratación, de 101 proyectos de investigación solo uno, el referido anteriormente y conocido como de polipíldora, demuestra algunas deficiencias, que versan sobre todo en la relación societaria entre dos empresas que debían haber concurrido habiendo declarado previamente esa relación societaria. En ese sentido, como creo que es muy importante, me gustaría que el presidente del Tribunal de Cuentas nos aclarase cuándo fue conocedor el CNIC de esa relación societaria y a través de qué medios. Y, como pregunta genérica, ¿cómo valora globalmente la gestión del CENIC? ¿Cree que ha alcanzado sus objetivos de investigación? ¿El CNIC ha realizado los esfuerzos necesarios a partir de 2005 para adecuar la gestión a los requerimientos efectivos?

Por mi parte, solo me resta reiterarle el agradecimiento. Estoy seguro de que con las recomendaciones podremos llegar a acuerdos que fomenten y mejoren este camino, que ha sido muy importante para la investigación pública y la colaboración público-privada en la investigación sanitaria española.


La señora PRESIDENTA: En relación al cuarto punto del orden del día, sobre el informe de fiscalización del Consorcio de Compensación de Seguros, tiene la palabra el señor Pastor.


El señor PASTOR GONZÁLEZ: En primer lugar, quisiera sumarme a las felicitaciones tanto a la vicepresidenta, que nos abandona, como al nuevo miembro de la Mesa y, en particular, al señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su comparecencia y su capacidad de síntesis así como por el trabajo que viene realizando. Le felicito en su persona a todo el tribunal no solo por este informe sino por el seguimiento que ha realizado de esta entidad a lo largo del tiempo.


El informe que hoy trae a la consideración de esta Comisión es suficientemente ilustrativo de cómo actúa el consorcio en el desarrollo de lo que viene a denominarse su actividad general. Presenta una sistematización adecuada, es fácil de seguir, y de la lectura de sus sucesivos apartados cabe efectuar una clara diferenciación entre los referidos al funcionamiento ordinario de la actividad aseguradora del consorcio, en cuanto al cobro de los recargos correspondientes a la cobertura de los riesgos extraordinarios y del riesgo subsidiario asumido por la entidad o de las primas en las que actúa como asegurador directo, y los apartados referidos al pago de las indemnizaciones o a la gestión de los recobros que pudieran derivarse de las mismas. Por lo que se refiere a la gestión de recargos o de primas, la conclusión que ofrece el informe es que la aplicación informática de la que se ha dotado el consorcio y los controles periódicos que se efectúan sobre su utilización acreditan un correcto funcionamiento y que no se han observado deficiencias significativas. Asimismo, en relación con el aseguramiento directo de vehículos se constata el descenso en el número de seguros sobre ciclomotores en el periodo objeto de fiscalización, lo cual nos muestra que las medidas tomadas para incrementar la cobertura de estos vehículos no ha surtido efecto. Por el contrario, se constata

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el incremento en el número de seguros de coches oficiales, en torno a cuatro mil vehículos en un margen de tres años. A este respecto considero que sería interesante conocer la evolución actual, con el objeto de comprobar si en el actual contexto de crisis y de dificultades financieras por parte de la administración este gasto se ha ido reduciendo o no. Otro de los elementos sobre los que llama la atención este informe es el elevado número de pólizas que son anuladas por impago, más de 36.000, cuestión sobre la que vuelve el tribunal en sus recomendaciones y sobre la que me gustaría saber si el consorcio realiza algún seguimiento.


Con independencia de lo anterior, el informe presenta otra serie de cuestiones en las que la conclusión sobre la gestión de la entidad no es tan favorable y en los que, en nuestra opinión, se suscitan interrogantes y se señalan áreas en las que la gestión ha de mejorar. Una de esas áreas es la que se refiere al pago de indemnizaciones, que en el ejercicio fiscalizado, el montante es de 347 millones de euros, derivados fundamentalmente de la cobertura de riesgos extraordinarios e indemnizaciones provocadas por vehículos sin seguro. A este respecto, el tribunal señala que se ha seguido el procedimiento en cada caso establecido. Parece indicarse que se evita en lo posible el recurso a los tribunales, y aunque siempre es preferible evitar tener que llegar a los tribunales no deja de ser significativo que en un mundo tan singular como el del cobro de indemnizaciones, el indemnizado acepte espontáneamente el importe propuesto inicialmente por el asegurador. En este sentido, nuestro grupo no quisiera llegar a la conclusión de que dicha circunstancia es fruto de la excesiva generosidad de la entidad o del poco rigor en el manejo de los presupuestos públicos. Por otra parte, los gastos generados por los pagos a peritos y letrados superan -según el informe- los 13 millones al año, lo que requiere disponer de un sistema de control por parte del consorcio para garantizar que la actividad es adecuada. Los controles a los que se refiere el tribunal en el informe parecen confirmar la adecuación de las actuaciones practicadas, algo que resulta tranquilizador, si bien siempre queda la duda de si las normas diseñadas suponen una garantía suficiente. Otra de las áreas que suscita preocupación es la gestión de los recobros. Se puede compartir la preocupación y la primacía de atender al pago de las indemnizaciones, pero nos gustaría señalar que el rigor en el gasto público exige no descuidar...


La señora PRESIDENTA: Señor Pastor, debe ir concluyendo porque, además, ya oigo la llamada al Pleno.


El señor PASTOR GONZÁLEZ: Han pasado cuatro minutos y medio, y reducir un informe de cien páginas a cuatro minutos y medio, cuando el resto de los oradores han utilizado en torno a seis, me parece excesivo.


La señora PRESIDENTA: Sí, lo siento pero es que el Pleno está convocado para las doce.


El señor PASTOR GONZÁLEZ: No obstante, me gustaría señalar -por último- que lo que más me llama la atención es el hecho de la diferencia tan grande que existe en el número de vehículos que se constata que no están asegurados. Me gustaría llamar la atención a este respecto y nuestro grupo va a proponer que este informe se remita a la Comisión Parlamentaria de Seguridad Vial, con el objeto de que se tomen medidas sobre asuntos que realmente afectan a la seguridad vial y no, por ejemplo, sobre reducir la velocidad en las autovías, situación que entiendo que es muy lamentable y que debería verse corregida. Lamento que no nos dé más tiempo y que tengamos que haber reducido de esta manera el informe.


La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista, señor Mas.


El señor MAS I ESTELA: Gracias por el informe, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Atendiendo a las características de la jornada parlamentaria de hoy, nuestro grupo quiere dejar constancia de la calidad del informe y dejaremos las propuestas convenientes directamente sin tener ninguna pregunta que hacer al señor presidente.


La señora PRESIDENTA: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, teniendo en cuenta la jornada parlamentaria, únicamente quiero agradecerles a todos los que han intervenido, al señor Juncal, al señor Tuñón, al señor Carro, a la señora Font, al señor Fidalgo y al señor Pastor, todas sus intervenciones y sus palabras de agradecimiento porque efectivamente nos ayudan a seguir trabajando con el entusiasmo que estos asuntos requieren. Permítanme decirles que todas estas preguntas, aparte de las que ya he anotado, las miraremos en el "Diario de Sesiones" y serán contestadas puntuales; todas, una por una.


Termino permitiéndome, señora presidenta, felicitar a la antigua vicepresidenta por su trabajo y agradecérselo, así como felicitar al nuevo. Como es natural, son ejemplo de lo bien que esta Mesa siempre trata al presidente del Tribunal.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente, por su atención especial en el día de hoy.


Ruego a los portavoces que se acerquen un momento para fijar la fecha de la próxima convocatoria. Damos por concluida la Comisión. Se levanta la sesión.


Eran las doce del mediodía.

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