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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 159, de 30/11/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2010 IX Legislatura Núm. 159
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 7
celebrada el martes, 30 de noviembre de 2010
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora Defensora del Pueblo en funciones (Cava de Llano y Carrió), acerca del informe sobre "Programación y contenidos de la televisión e Internet: la opinión de los menores sobre la protección de sus derechos". (Número de expediente del Congreso 261/000003 y número de expediente del Senado 781/000003.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Bienvenida una vez más, Defensora, a esta Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Hoy la comparecencia es para dar cuenta de un interesante informe sobre programación y contenidos de la televisión e Internet. Curiosamente, dos puntos en los que quizá lo más interesante es la opinión de los menores sobre la protección de sus derechos. Así es que, doña María Luisa Cava, tiene la palabra.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Cava de Llano y Carrió): Señoras y señores diputados y senadores, la televisión, desde hace ya más de medio siglo, e Internet, desde hace un par de décadas, tienen una penetración constante y de profundidad creciente en nuestras vidas. Los jóvenes de hoy no reconocerían el mundo sin ellos, son instrumentos poderosos y compañeros inevitables en nuestra vida cotidiana, han cambiado nuestro modo de percibir el mundo, han variado el modo de hacer política, de informar y hasta de ver cine, han acercado lo lejano y convertido en próximo lo exótico, han hecho variar nuestros hábitos y nuestro ocio. Son, en definitiva, la televisión e Internet, dos herramientas a la vez simples y accesibles y al mismo tiempo extraordinariamente complejas, cuyos efectos y consecuencias en gran medida dependerán del buen o mal uso que se haga de ellas.


¿Cómo afectan la televisión e Internet a los jóvenes? ¿Cómo perciben su presencia en sus vidas? ¿Saben usarlos? ¿Son conscientes de sus riesgos? ¿Se sienten protegidos? ¿Saben qué hacer si a través de ellos les agreden? ¿Les sirven de ayuda en sus estudios, en su formación, en su vida social o, por el contrario, se la dificultan y entorpecen?

La protección de la juventud y la infancia es un límite expreso que la Constitución impone al ejercicio de los restantes derechos fundamentales y, en particular, a las libertades de expresión, información y comunicación. El Defensor del Pueblo hace tiempo que viene expresando su preocupación por la efectividad de la garantía que nuestro legislador constituyente quiso arbitrar a favor de los menores y ello no solo en su tarea ordinaria de tramitación y resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento que pudieran afectarles, sino también y con especial intensidad a través de la elaboración y publicación de diversos informes monográficos sobre ámbitos concretos en los que la protección de sus derechos fuera particularmente necesaria para compensar su vulnerabilidad. Así, se han tratado pormenorizadamente asuntos como la violencia escolar, la responsabilidad penal de los menores, la seguridad y la prevención de accidentes en las áreas infantiles de recreo, las condiciones de escolarización del alumnado de origen inmigrante, la atención asistencial que se les presta, la situación de los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, etcétera, en una docena de informes monográficos con los que se ha pretendido, desde la neutralidad e independencia de esta institución, dar cuenta de la situación existente en cada uno de esos ámbitos y proponer las medidas necesarias para resolver las deficiencias detectadas y garantizar la efectividad plena de los derechos de los menores.


Son muchas las voces que desde hace tiempo vienen alertando sobre los riesgos a los que pueden verse sometidos los menores, no ya por el abuso, sino por el simple uso de dos medios de comunicación tan presentes en sus vidas como son la televisión e Internet; que si es excesivo el tiempo que pasan delante del televisor o conectados a la red a través del ordenador; que si ese tiempo se le resta al estudio, al juego, a la vida social y familiar; que si esos medios les presentan modos de vida o modelos sociales y de conducta ajenos, irreales, cuando no claramente inapropiados a su edad y formación; que si a través de ellos se fomenta la violencia, etcétera. Esas voces son casi siempre de adultos; padres, educadores, sociólogos, psicólogos informan y opinan sobre un fenómeno del que todos somos testigos y en el que participamos activamente en la medida en que todos somos responsables de la educación de nuestros menores. Y si todos somos responsables, esta institución lo es especialmente, al menos en lo que respecta a su misión de garantizar que los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a los menores y jóvenes sean respetados en todos los ámbitos de su vida, y en particular, y por ello estamos hoy aquí, en el acceso a la programación y a los contenidos que la televisión e Internet les ofrecen. A estos medios dedican buena parte de su tiempo libre, con ellos entretienen su ocio, a través de ellos se relacionan y se informan. El mundo exterior, próximo o lejano, es en buena medida el que esos medios les presentan y tal y como se lo presentan; ideas, valores y conductas se abren paso en su desarrollo a través de estos medios y ejercen una influencia nada desdeñable en el proceso de formación de su personalidad.


La constatación de esta evidencia incuestionable quizá tenga mucho que ver con el incremento progresivo del número de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo en las que se cuestionan la programación y los contenidos de los medios de comunicación en general y de la televisión e Internet en particular, desde el punto de vista de su accesibilidad a los menores y de la ineficacia o ausencia de medios efectivos de control para garantizar a estos la protección de la que son constitucionalmente acreedores. Dar respuesta a la preocupación común que este volumen creciente de quejas representa, cumplir con la misión de defensa y garantía de derechos que a esta institución corresponde y conocer de primera mano el parecer de los menores y jóvenes sobre lo que la televisión e Internet les ofrecen son, en síntesis, las tres razones y al tiempo los tres objetivos por los que se decidió en su momento abordar el trabajo que hoy les presentamos. Como en otras ocasiones, se contó con la colaboración inestimable del Comité Español del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, que articuló, mediante

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la firma el 16 de julio del pasado año 2009, un protocolo anexo al convenio de colaboración que el Defensor del Pueblo y Unicef mantienen desde 1995 y que ya ha dado frutos relevantes, plasmados en la realización de otros trabajos anteriores que sus señorías conocen, como son los estudios relativos al fenómeno de la violencia escolar y el destinado a conocer las condiciones de escolarización de los alumnos de origen inmigrante en el sistema educativo español.


Los trabajos preparatorios de ese estudio, cuya realización práctica se ha llevado a cabo a través del Instituto Mixto Interfacultativo de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia (Iundia), en el que participan la Universidad Autónoma de Madrid y Unicef, se iniciaron de inmediato con la selección de una muestra representativa que se estimó, a partir de los datos censales de centros educativos de alumnos, en 3.000 participantes, para un error muestral de más-menos 3 por ciento, de entre 12 y 18 años, que cursaban estudios de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Con este fin se seleccionaron 300 centros educativos en todo el territorio español, de titularidad pública y privada, que impartieran estas enseñanzas, de los que se designó a 150 como titulares y a otros 150 como suplentes para realizar posibles sustituciones en caso de surgir dificultades para la recogida de datos en alguno de los centros seleccionados. Al propio tiempo se procedió a la elaboración de un cuestionario con un total de 59 preguntas agrupadas en diferentes bloques, que se describen detalladamente en el apartado relativo a las características metodológicas del estudio y que se incluye como anexo al ejemplar que tienen ustedes en sus manos. A través de estas preguntas, que respondieron válidamente 3.219 encuestados, se pretendía el objetivo general de conocer la percepción de los adolescentes sobre el respeto a sus derechos fundamentales en la programación y contenidos que les ofertan las cadenas de televisión, así como los principales riesgos que supone el uso de Internet. Este objetivo general se desglosaba a su vez en una serie de objetivos concretos de carácter y naturaleza variada, destinados a conocer el equipamiento, los hábitos de consumo y la incidencia que en todo lo anterior tienen o pueden tener diversas variables, como el género, la edad, el nivel educativo y el nivel sociocultural. El trabajo de campo se llevó a cabo entre los días 25 de octubre y 30 de noviembre de 2009, dato este que debe tenerse en cuenta para entender las referencias específicas a programas que en la actualidad ya no emiten algunas de las cadenas de televisión que aparecen mencionadas, ya que desde esa fecha las parrillas de programación han sufrido variaciones en el afán permanente de aproximación a las preferencias de los usuarios y en la carrera siempre inacabada de obtener la máxima audiencia para rentabilizar la inversión publicitaria en la que se fundamenta la explotación comercial de la televisión. Por su parte, los datos que se aportan sobre equipamiento, tanto en lo que se refiere a televisión como a Internet, pueden haber perdido actualidad en el año que media entre la fecha de realización del trabajo de campo y el presente, pero son necesarios para la correcta interpretación de los resultados del trabajo realizado.


El trabajo que se les presenta viene precedido, en la línea de lo que les estoy exponiendo, por una breve introducción explicativa de las razones que han llevado a esta institución a promoverlo y realizarlo y de los objetivos y finalidades que con él se perseguían. A continuación, y también a título introductorio, se efectúa una revisión en absoluto exhaustiva, sino puntual y puramente indicativa, de algunos de los numerosísimos estudios realizados en los últimos años relacionando la televisión e Internet con los menores, aunque no sea este en la mayoría de los casos el objetivo principal de los mismos, tal y como sí lo es el trabajo que nos reúne hoy aquí. Tras detallar las características metodológicas del estudio en el que se basa este informe monográfico, se da cuenta separadamente de los resultados obtenidos en cuanto a televisión y en cuanto a Internet. En ambos casos se ofrecen primero los resultados generales respecto a equipamiento y consumo, analizándose a continuación la percepción de los menores y jóvenes televidentes sobre el respeto a sus derechos en la programación televisiva y sobre los riesgos percibidos por ellos en el uso de Internet. A continuación, en cada uno de los correspondientes apartados se ofrecen los resultados convenientemente desagregados en razón de las variables que antes he mencionado, esto es, en función del nivel educativo y edad, en función del género y en función del nivel socioeconómico. En este punto conviene insistir en una consideración que se repite en alguno de los apartados del informe y que no debe perderse de vista. Me refiero a que los resultados del estudio representan la opinión de los menores encuestados y su juicio crítico respecto de la situación en la que ellos consideran encontrarse. Sus opiniones y sus juicios son los que se detallan en el epígrafe de resultados del trabajo que les presento, opiniones y juicios de los que Unicef y el Defensor del Pueblo han querido ser vehículo de expresión, sin incorporar a ellos valoraciones o criterios adicionales de ningún carácter. Los resultados de los que se informa representan, pues, insisto en ello, única y exclusivamente la voz de los menores y en ningún caso la opinión -inexistente, por otra parte, a estos efectos- de Unicef y del Defensor del Pueblo. Lo digo para que quede claro. El análisis de los resultados del trabajo realizado se lleva a cabo en un capítulo final de conclusiones con el que se pretende proporcionar una visión de conjunto de los datos obtenidos y cotejar los resultados, cuando ello es posible, con los aportados por otros trabajos anteriores, a cuyo examen se ha dedicado el primer capítulo del informe. No parece necesario reproducir aquí esas conclusiones, ya que ello obligaría a alargar innecesariamente esta comparecencia, y me limitaré, por tanto, a proporcionarles algunas impresiones generales, para extenderme algo más en las recomendaciones con las que finaliza el trabajo, las cuales, como ustedes verán,

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suponen un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad de las autoridades públicas, de los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual y de Internet, y de las familias y educadores, en la tarea compartida de formar y proteger a nuestros menores.


La presencia de la televisión en la vida de los adolescentes es constante y creciente, como son también las posibilidades y modos de consumo audiovisual con la implantación de la TDT y la oferta variada de canales de pago. A su vez, la presencia cada vez más frecuente de aparatos receptores en diferentes habitaciones, y no únicamente en las estancias comunes de los hogares, propicia un modo de consumo ausente de la presencia y control de los adultos. El consumo televisivo es en general alto (dos horas o más diarias, entre semana) y aún más los fines de semana; y casi la mitad de ese consumo de la población infantil y juvenil se realiza fuera del horario de protección de menores, que, como sus señorías saben, finaliza a las 22:00 horas. Pese a ello, nuestros menores no creen que el tiempo dedicado a la televisión sea tiempo restado a otras actividades, especialmente a estar con la familia o dormir, aunque sí reconocen porcentajes considerables, cercanos a la mitad de la muestra, que disminuye el tiempo que pueden dedicar a la lectura y al estudio o al deporte. Los menores tienen claro cuáles son las cadenas y los programas que les interesan y los que no y basan su decisión en diversos criterios, entre los que ocupan lugares muy poco relevantes el hecho de que sean adecuados para su edad o que esa sea la opción de la familia, y teniendo, en cambio, peso fundamental que la programación les resulte divertida o entretenida. Son, pese a todo, críticos con los programas y emisiones que se les ofertan y perciben o creen percibir en algunos contenidos aspectos contrarios a la igualdad y dignidad personales, aunque mayoritariamente consideran que la televisión es en general un medio respetuoso con los derechos y libertades fundamentales.
Son porcentajes de un tercio o menos de la muestra los que consideran que en algunos programas o emisiones concretas se incluyen contenidos o mensajes discriminatorios; y en el estudio se detallan los programas y cadenas señalados. Hay que insistir, no obstante, en que la mayoría cree que esto no sucede y que en todo caso lo reflejado en el trabajo representa únicamente la opinión de los encuestados en respuesta a preguntas abiertas en las que no se citaban ni programas ni cadenas o emisiones concretas.


Casi la mitad de los encuestados opina, en otro aspecto relevante para su protección, que las cadenas de televisión no respetan el horario de protección de menores establecido en el código de autorregulación y en la legislación vigente, aunque el alcance de la crítica varía en función de la cadena a la que se refiera. En esta línea son bastante críticos en relación con la emisión de contenidos potencialmente nocivos en dicho horario. Más de la mitad de los participantes en la encuesta considera que se emiten contenidos violentos en ese horario o se tratan temas conflictivos que les provocan miedo o angustia. Casi la mitad opina que se incluyen contenidos o imágenes de carácter sexual. Por otro lado, un porcentaje ligeramente superior a un tercio del total de la muestra considera que tampoco se cumplen las obligaciones relativas a la señalización acústica y visual de los contenidos. A ello debe añadirse que, aun siendo una utilidad que la TDT incluye y que está por tanto al alcance de todos, menos del 20 por ciento de los menores manifiesta tener instalado algún tipo de sistema de bloqueo que impida el acceso a algunos canales o programas, lo que revela que el control parental sobre el consumo televisivo es limitado. De hecho, más de un tercio de los encuestados manifiesta carecer absolutamente de este control, no solo en cuanto a bloqueo de canales, sino también en cuanto al visionado general; y los restantes, que dicen tenerlo habitualmente o solo algunas veces, lo circunscriben al tiempo dedicado a ver la televisión y en menor medida a los contenidos visionados y a la franja horaria en que tal visionado se produce. Reclaman, sin embargo, los mayores un mayor control, estando de acuerdo la mayoría de ellos, casi el 55 por ciento, con que los adultos limiten la posibilidad de ver ciertos programas; y aun en un porcentaje mayor, el 68 por ciento, cuando ese control se ejerce en favor de los más pequeños.


Vamos a hablar de Internet. Por lo que respecta a Internet, la situación presenta ciertas similitudes con la ya descrita para la televisión. La mayoría, más del 96 por ciento, es decir, la inmensa mayoría de los encuestados, dispone de uno o más ordenadores en su casa y en el 91 por ciento de los hogares se dispone de conexión a Internet. Los menores y jóvenes se conectan diariamente a Internet y durante varias horas, llegando un 21 por ciento a declarar que lo hace durante tres horas o más. Cerca de la mitad de la muestra realiza esta actividad en su propia habitación y solo un 17 por ciento declara hacerlo desde el salón o cuarto de estar. Además, un cuarto de la muestra dispone de ordenador portátil con conexión a Internet, lo que le permite hacerlo desde cualquier parte. Pese a este modo de consumo, la mayoría de los encuestados, 55,1 por ciento, declara no tener instalado en el ordenador ningún sistema de filtrado o control de acceso a determinados contenidos o servicios y ello a pesar de que una gran mayoría, más del 76 por ciento, declara que están solos cuando navegan por la red; y de los que lo hacen acompañados, solo un exiguo 3,8 por ciento dice conectarse en compañía de su padre o de su madre. El control parental es escaso. Un tercio de los chicos carece absolutamente de él; otro lo tiene solo ocasionalmente, y otro lo tiene habitualmente. Pero cuando el control existe, sea ocasional o habitual, este se orienta a limitar el tiempo dedicado a la actividad en mayor medida que a controlar los contenidos y los accesos y servicios utilizados. Los menores son, sin embargo, conscientes, mayoritariamente, de que el acceso a determinados contenidos supone una amenaza para ellos y también mayoritariamente creen que es aconsejable instalar filtros que impidan el acceso a estos contenidos, lo que no es habitual, como se ha visto. Y en

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relación con ello llama la atención que, si bien casi un 40 por ciento no lo cree así, la mayoría de los menores entiende que los padres y madres tienen suficiente información para ayudar a sus hijos en la utilización de Internet de forma segura.


Los servicios que utilizan de manera más habitual los chicos y chicas cuando navegan por Internet son aquellos que de una u otra manera les permiten establecer relaciones sociales con personas conocidas o con desconocidos. El 45,9 por ciento afirma entrar en redes sociales varias veces al día; el 41,5 por ciento, usar el messenger; el 31,8 por ciento, visitar páginas web; el 24,4 por ciento, descargar archivos y el 22,7 por ciento, usar el correo electrónico. Por el contrario, los servicios menos utilizados dentro de la categoría de mayor frecuencia, varias veces al día, son: ver televisión online, 6,4 por ciento; realizar trabajos escolares, 6,1 por ciento, y acceder a páginas de contenido pornográfico, 4,4 por ciento; violento, 2,5 por ciento; racista, 1,4 por ciento; o sexista, 1,9 por ciento. Resulta importante destacar que, aunque estos servicios son utilizados por un porcentaje bajo de la muestra, no es despreciable el número total de sujetos que hacen uso de los mismos varias veces al día. Más concretamente, por lo que tiene que ver con el uso de páginas web cuyo contenido es nocivo, resulta muy llamativo que haya entre un 4,4 por ciento y un 1,4 por ciento de la muestra que las utiliza de manera muy habitual. No se puede olvidar que estamos hablando de contenidos pornográficos, violentos, racistas y sexistas, con el consiguiente daño que ello puede suponer para el adecuado desarrollo de nuestros ciudadanos más jóvenes. Otro de los riesgos sobre los que parece conveniente alertar, aunque la población adolescente sometida a ellos es en todo caso minoritaria, es el relativo a la posibilidad de citarse o quedar con personas desconocidas con las que se haya contactado únicamente a través de la red. Esta conducta de riesgo afecta al 14 por ciento de la población encuestada, según los propios interesados declaran, disminuyendo notablemente el porcentaje cuando la práctica de esta conducta deja de ser más o menos ocasional para convertirse en habitual.


La protección de los datos personales y de la propia imagen también está sometida a riesgos en el uso habitual de Internet por parte de los menores. Si bien un 88,2 por ciento afirma que nunca o casi nunca proporciona datos personales, solamente un 63 por ciento afirma que nunca o casi nunca utiliza su nombre propio como nick en las páginas o servicios que exigen asignarse un nombre de identificación. Esto quiere decir que casi un 12 por ciento proporciona habitualmente datos personales, nombre, dirección, teléfono, edad, etcétera. Y más del 36 por ciento utiliza con mayor o menor frecuencia su nombre propio como nick.
La exhibición de imágenes privadas (fotos, vídeos, etcétera) es otro riesgo habitual del que hay que ser consciente. Cerca de un 30 por ciento de los encuestados dice colgar fotos o vídeos suyos en Internet varias veces al mes y un 19 por ciento, varias veces por semana. Si se tiene en cuenta que Internet permite una difusión automática y prácticamente incontrolada de las imágenes que se cuelgan en la red, resulta preocupante que el 64,5 por ciento de la muestra exhiba esta conducta con mayor o menor frecuencia. Y tan preocupante, además, es el hecho de que un porcentaje superior al 13 por ciento de la población encuestada realice la práctica de colgar vídeos o imágenes de otros sin su autorización.


Por último, cabe hacer referencia al fenómeno de cyberbullying, surgido en los últimos años con la generalización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Ciertamente, la gran mayoría de los encuestados, el 87,5 por ciento, afirma no haber utilizado nunca Internet con el propósito de maltratar o insultar a alguien, burlarse de él o meterle miedo. Y desde el otro punto de vista, otra amplia mayoría, que en este caso alcanza el 88,8 por ciento, dice que nunca le han insultado o amenazado por Internet. Hay, sin embargo, un 12,5 por ciento de la población que dice realizar con frecuencia conductas de acoso hacia otros a través de la red, porcentaje que desciende hasta el 11,1 por ciento cuando el fenómeno se analiza desde la perspectiva de las víctimas, ya que es este el porcentaje de encuestados que declara recibir insultos, amenazas o intimidaciones en las distintas frecuencias por las que se preguntaba en la encuesta. Debe preocuparnos también que hasta un 14,5 por ciento de los encuestados declare haber recibido con alguna frecuencia proposiciones sexuales a través de la red.


Tenemos, pues, señorías, un panorama general en el que los jóvenes y adolescentes aparecen como usuarios habituales e intensos de la televisión e Internet. Intensidad de uso que no juzgan excesiva, aunque bien pudiera parecerlo, y que llevan a cabo cada vez con mayor frecuencia sin la supervisión o el control de los adultos y sin filtros, barreras o límites de acceso a contenidos, programas y servicios, que sean potencialmente perjudiciales para su formación y desarrollo. Ello no obsta para que la mayoría de los encuestados valore como suficiente la protección de que disfruta y el respeto a sus derechos en televisión e Internet. Pero más allá de esta impresión positiva, los propios encuestados detectan carencias y déficits que es necesario atender y que se ponen de manifiesto cuando porcentajes próximos a la mitad de la muestra, y a veces superiores, cuestionan la eficacia de las medidas de garantía de sus derechos, como los horarios de protección o la señalización acústica y visual de advertencia. Consideran inadecuados algunos de los contenidos que les ofertan, reclaman supervisión adulta en mayor medida de la que disponen, o dicen reconocer en esos medios mensajes de contenido discriminatorio por razón de género, origen u orientación sexual, entre otros datos a tener en cuenta.


A dar respuesta a las carencias y déficits de protección que aprecia buena parte de los encuestados y a prever y a corregir la práctica de ciertas conductas de riesgo detectadas es a lo que se dirigen fundamentalmente las recomendaciones con las que cerramos el trabajo que

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hoy les estoy exponiendo. Antes de hacer concretamente referencia a ellas, quisiera insistir en que, al formularlas, la defensoría del pueblo tiene muy presente, muy presente, la amplitud con la que nuestra Constitución reconoce los derechos y libertades de expresión, información, comunicación y creación, así como la prohibición expresa de cualquier tipo de censura previa respecto del ejercicio de estos derechos y libertades fundamentales. No pretende, pues, ninguna de las recomendaciones que a continuación se formulan, y por lo tanto no deben ser interpretadas en tal sentido, establecer o animar al establecimiento de límites al ejercicio de tales derechos por parte de sus titulares, sino animar al ejercicio responsable de los mismos en una doble dirección y con un único objetivo; el objetivo es, obviamente, salvaguardar en el ámbito de la televisión e Internet los derechos de la juventud y la infancia. Y para ello reclamamos, por un lado, un estricto, permanente y sistemático respeto a los límites previstos en las leyes para la protección de este colectivo y su aplicación efectiva en el ejercicio de las libertades fundamentales afectadas. Por otro lado, y dando un paso más, se pretende también con estas recomendaciones, como pretendemos en general con el estudio realizado y con sus conclusiones, favorecer la toma de conciencia y la asunción de deberes conexos e inherentes a la posición de cada cual en la tarea común de proteger a la juventud y la infancia. Se dirigen por tanto estas recomendaciones no solo a las autoridades públicas con competencia en la materia, que han de asegurar el respeto de los límites legales citados, sino también a los responsables de las cadenas de televisión, a quienes deciden la programación y contenidos que se ofertan, a quienes prestan servicios de Internet, a quienes transmiten y comunican, en suma, y por supuesto a las familias, a los responsables directos de los menores y de su educación, cuya tarea de orientación y control es absolutamente fundamental y ha de asumirse como una obligación indeclinable. En todo caso, y como podrán observar inmediatamente, las recomendaciones que aquí incluimos son en buena medida reiteración de ideas, criterios y opiniones ya expresados con anterioridad por voces autorizadas que han estudiado desde diferentes puntos de vista los diversos modos de comunicación audiovisual y los efectos que la misma pueda tener sobre la sociedad en general y más en particular sobre los menores. Son asimismo estas recomendaciones una mera consecuencia de los resultados de este estudio y de las conclusiones que les he expuesto resumidamente. No pretendemos pues aportar ideas o criterios originales o innovadores más allá de lo que suponga el planeamiento del trabajo realizado, sino reiterar y asumir como propio lo que en otras ocasiones y por otras voces se ha dicho. En realidad, bastaría con hacer un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad de las autoridades públicas, de los prestadores del servicio de comunicación, audiovisual y de Internet, y de las familias y educadores, porque, teniendo como guía de conducta esos criterios y no otros, cada cual sabría sin duda a qué atenerse.


El primer grupo de las recomendaciones que efectuamos tiene que ver con una vieja aspiración de esta institución y con la aprobación, cuando estaba realizándose este trabajo, de la Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley 7/2010, de 31 de marzo. La defensora del pueblo viene reclamando desde 1995 en prácticamente todos sus informes anuales la creación de una autoridad audiovisual independiente del Ejecutivo a la que, entre otras funciones posibles, se le encomiende la tarea de garantizar la efectividad de las medidas de protección de juventud e infancia en los medios audiovisuales. Todos somos conscientes de que enjuiciar la programación televisiva, los mensajes publicitarios, por poner algunos ejemplos, y decidir cuáles de ellos son susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores o determinar si esta o aquella escena es o no pornográfica o muestra violencia gratuita resulta una tarea de límites imprecisos a la que debe incorporarse un cierto grado, considerable a veces, de subjetividad. Y la subjetividad no casa bien con la actuación administrativa, casi siempre reglada y más aún si se orienta a la aplicación de límites y restricciones o a la imposición de sanciones si esos límites no han sido respetados. Además, a nadie se le oculta que las relaciones de los poderes públicos y las administraciones con los medios de comunicación, especialmente con los medios de comunicación de alcance y penetración masiva, como son los audiovisuales, tienen unas tensiones y unos equilibrios particulares que se verían alterados con el ejercicio de esas funciones de control, alteración esta que la experiencia propia y ajena en este campo parece desaconsejar. Debe por ello, a juicio de esta institución, encomendarse la tarea de protección a una autoridad independiente, neutral y plenamente autónoma desde el punto de vista funcional, cuyas decisiones, compartidas o no, sean asumidas y acatadas en razón precisamente de las características de quien las adopta, es decir, un ente o institución con autoridad moral e independencia reconocidas socialmente que aplique sus criterios propios para determinar en cada caso si la programación y los contenidos respetan o no la obligada y debida protección de la juventud y de la infancia. En consecuencia, el primer bloque de recomendaciones que se formula se orienta al logro de este objetivo en una doble dirección: por un lado, instando la inmediata puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, ya creado por la todavía reciente Ley General de Comunicación Audiovisual, y procediéndose a la designación de sus miembros y a la redacción y aprobación de su reglamento de régimen interior, para posibilitar su funcionamiento; y por otro, la creación y constitución de autoridades audiovisuales independientes de naturaleza similar al consejo mencionado en los ámbitos territoriales que no dispongan de ellas.


Esas recomendaciones deben entenderse, claro está, sin perjuicio del derecho que la ley reconoce a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual para aprobar códigos de autorregulación o adherirse a los ya

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aprobados, es decir, códigos en los que se establezcan principios o criterios comunes y asumidos por todos los participantes para la determinación de los contenidos susceptibles de emitir en los horarios de protección de menores. Porque, sin duda alguna, la autorregulación debe ser una pieza fundamental en la tarea de protección de los menores y los códigos de autorregulación, instrumentos idóneos, no para corregir, sino para lo que en este campo es más importante, para prevenir eventuales infracciones. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que los resultados de este trabajo muestran que casi la mitad de los menores encuestados considera que en las emisiones de televisión no se respetan los límites y criterios presentes en el código de autorregulación de contenidos televisivos e infancia, aunque la percepción y por tanto el porcentaje que así lo manifiesta varía considerablemente en función de las diferentes cadenas. Un porcentaje menor, aunque también considerable, 37 por ciento de los alumnos encuestados, opina que se incumple el horario de protección reforzada, emitiéndose contenidos inadecuados en la correspondiente franja horaria. Ello da lugar a que se recomiende que las autoridades audiovisuales y las demás competentes en la materia presten una atención especial al cumplimiento estricto y permanente de los criterios y límites previstos en el código de autorregulación de contenidos televisivos e infancia, ejercitando sus competencias en todos aquellos casos en que se aprecie infracción de los mismos y esta no hubiera sido corregida por los órganos de seguimiento y control del propio código.


Otro de los resultados obtenidos en este trabajo evidencia que un elevado porcentaje de menores ve habitualmente la televisión a partir de las 22:00 horas, cuando ya ha finalizado el horario de protección.
Probablemente, el origen europeo de la norma y la diferencia de hábitos horarios existentes en España y otros países miembros de la Unión Europea tenga mucho que ver con este desfase entre el horario de protección previsto y el horario real en que los menores españoles están ante el televisor. Un primer impulso podría llevar a plantear la ampliación del horario de protección para adecuarlo a la situación detectada. Sin embargo, tal propuesta implicaría una restricción excesiva, tanto para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual como para el conjunto de los consumidores y usuarios de televisión, que verían limitada la oferta de contenidos y la programación. Ello obliga a hacer un llamamiento a la responsabilidad, que corresponde de manera inmediata a las familias y educadores en cuanto a la supervisión del visionado en este horario, y al propio tiempo a recomendar a las autoridades competentes en la materia una especial diligencia en la supervisión y control del cumplimiento de la obligación de inclusión de los correspondientes avisos acústicos y visuales en los contenidos que lo requieran y en la existencia de una codificación digital homologada para la clasificación por edades de los contenidos que faciliten el control parental.


Mención particular merece el hecho de que los menores consideren los programas informativos como una fuente habitual de incumplimiento de la protección que merecen, al afirmar un 44 por ciento de ellos que en tales programas no se efectúa el aviso preceptivo previo, previsto en el vigente código de autorregulación, de que van a emitirse imágenes o escenas violentas o de extrema crudeza. Este dato obliga a recomendar que las autoridades con competencia en materia audiovisual extremen la vigilancia sobre el cumplimiento sistemático del deber de aviso previo en los programas informativos cuando las noticias o informaciones vayan acompañadas de imágenes o escenas inadecuadas o perturbadoras para el público infantil y juvenil. En otro orden de cosas y como ya se ha mencionado, son notorias las carencias en el empleo de las posibilidades de control parental que ofrece la televisión digital, control que reclaman los propios menores encuestados y que, al menos en parte, no se pone en práctica por reconocimiento de las posibilidades existentes por parte de los usuarios. En razón de ello, se recomienda que las autoridades competentes en materia audiovisual, a ser posible en colaboración con las cadenas emisoras, promuevan la realización de campañas formativas e informativas dirigidas a los usuarios y destinadas a dar a conocer y promover el uso de los sistemas de control parental.
Asimismo se recomienda que se valore la posibilidad de imponer a los prestadores de servicios audiovisuales el deber de informar periódicamente a los usuarios mediante breves inserciones a lo largo de la programación, o de cualquier otro modo que se estime conveniente, de los medios de reclamación de que disponen y de las autoridades a las que deben dirigirlas. Como es notorio, lo audiovisual está cotidianamente presente en nuestras vidas y de modo particularmente intenso en la vida de los menores. Los hábitos de consumo y visionado de televisión responden a múltiples factores que con demasiada frecuencia no guardan relación con el interés, los valores intrínsecos y la calidad de los programas y emisiones que se seleccionan. Con toda seguridad, un sentido crítico basado en el conocimiento del lenguaje audiovisual y del valor formativo e informativo que cabe exigir a los medios, así como la toma de conciencia sobre su influencia en el desarrollo de la personalidad y en la formación de la opinión pública, sería el punto de arranque necesario para lograr una demanda selectiva que forzase una oferta adecuada a los gustos y necesidades de un público formado. Esta es la idea que subyace en la recomendación que se formula, tendente a fomentar la educación de los menores en el lenguaje audiovisual, y que se concreta en la petición de que se incluyan en los planes de estudios contenidos curriculares destinados a proporcionar a los alumnos habilidades y conocimientos relativos a los medios de comunicación audiovisuales, para fomentar en ellos el correcto uso de estos medios y el sentido crítico respecto de los contenidos que se les ofertan y la calidad del lenguaje empleado.


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En paralelo con lo anterior, conviene recordar que porcentajes próximos al 50 por ciento de los encuestados consideran que la programación emitida en horario protegido no cumple los fines teóricamente impuestos a la televisión como servicio público, ya que, a juicio de quienes así responden, la programación emitida no ayuda a adquirir conocimientos relacionados con los aprendizajes escolares, no fomenta el respeto por la naturaleza, el aprecio y cuidado del medio ambiente ni los valores de paz, solidaridad, tolerancia y justicia social, ni los de honradez, esfuerzo y disciplina, y sí fomenta los contravalores de éxito fácil y consumismo. Por ello se recomienda a los poderes públicos y a las administraciones titulares directa o indirectamente de servicios de comunicación audiovisual televisiva que, a través de los mandatos, contratos programa o cualesquiera otras fórmulas que utilicen para establecer el marco de estos servicios, fomenten la cooperación con el sistema educativo, favorezcan la adquisición de conocimientos relacionados con los aprendizajes escolares y transmitan valores acordes con la adecuada formación y desarrollo de los menores.


Por último, en lo que se refiere a televisión, se recomienda a las autoridades audiovisuales que se preste una especial atención a la supervisión y control de aquellos aspectos y ámbitos concretos en que los menores detectan déficits de protección de sus derechos en los términos que han quedado reflejados en el estudio. Las recomendaciones en cuanto a Internet, aunque resultan tranquilizadores los resultados obtenidos respecto del uso que los menores hacen de esta herramienta, especialmente en cuanto a acceso a contenidos claramente perjudiciales para su formación y desarrollo, que solo pequeños porcentajes confiesan realizar, lo cierto es que el carácter abierto de esta herramienta, las evidentes dificultades de control sobre su uso, la variedad de los servicios a los que tienen acceso, la innovación permanente de las fórmulas ideadas para proporcionarlos y el anonimato relativo con el que se puede hacer uso de los mismos, obligan a considerar imprescindibles acciones destinadas a prevenir y evitar los riesgos frecuentes a los que los usuarios menores de edad pueden verse sometidos. Se recomienda, en consecuencia, el fomento por parte de las autoridades competentes de acciones de carácter formativo y prácticas orientadas a eliminar la brecha digital existente entre adultos y menores, entre padres e hijos, para que aquellos dispongan de las habilidades y conocimientos necesarios para proporcionar a estos protección efectiva frente a los riesgos derivados del uso de Internet; y asimismo que se promuevan actuaciones orientadas a la identificación de los riesgos concretos asociados a los diferentes servicios que ofrece Internet, mediante listas, catálogos, descripciones o cualquier otro que se considere idóneo para este fin, poniéndolos a disposición de los usuarios mediante fórmulas diversas y de fácil acceso, lo que incluye guías, materiales didácticos, páginas web específicas o portales dedicados a este fin y con información permanentemente actualizada. Se recomienda también en el estudio que se promueva la suscripción de códigos de conducta voluntarios como mecanismo de autorregulación, tal y como prevé expresamente la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y especialmente, por lo que aquí interesa, códigos de conducta específicos para la protección de los menores y en cuya elaboración tengan una participación efectiva, entre otros, los consumidores y usuarios.


Es necesario asimismo, y así se recomienda, que se establezcan procedimientos sencillos y efectivos de alerta y de reclamación ante las autoridades competentes en relación con las conductas o actividades ilícitas que se detecten en la red, y en su momento, una vez suscritos los códigos de conducta antes mencionados, se habiliten mecanismos de reclamación y de resolución de las reclamaciones frente a los incumplimientos de lo previsto en dichos códigos de conducta. Y en paralelo con ello, se recomienda que las autoridades competentes presten especial atención y supervisen el efectivo cumplimiento de las obligaciones que para proveedores y prestadores de servicios en Internet establece el artículo 12 bis de la Ley 34/2002, en la redacción dada a este por la Ley 56/2007, especialmente de información sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la salud en la juventud y en la infancia. Al igual que respecto de la televisión y por similares razones, se recomienda que se promueva en los currículos de las distintas enseñanzas el aprendizaje de prácticas y el uso de herramientas y modos de navegación segura en Internet, en el marco del aprendizaje más amplio del uso de las tecnologías de la información y comunicación, y el fomento de su uso como apoyo a las tareas escolares. Por último, y con carácter general, se recomienda que se promueva y apoye el desarrollo, por parte de la industria del sector, de herramientas y tecnologías adecuadas para la prevención y gestión de riesgos existentes en los servicios de Internet para los menores y, en particular, mediante el desarrollo de técnicas y mecanismos de comprobación de la edad de los usuarios para el acceso a determinados servicios, así como de mecanismos y herramientas de filtrado y control parental previo y posterior a los accesos realizados. Todo lo anterior es necesario, a juicio de la institución del Defensor del Pueblo, en orden a la adecuada protección de menores y jóvenes, pero no es suficiente. Las autoridades públicas y los prestadores de servicios de televisión y de Internet han de afrontar sus responsabilidades y actuar de acuerdo con ellas. Tienen una responsabilidad social muy importante de la que no pueden abdicar, especialmente los prestadores de servicios audiovisuales que deciden la oferta, cuándo se oferta y cómo se oferta su producto a un público que saben que incluye a varios millones de menores.
En este sentido es ilustrativo comprobar en los resultados de este trabajo que las cadenas y programas referidos por los menores son también los que a juicio de estos incumplen con

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mayor frecuencia sus deberes de protección. Tratar de ganar audiencia, señorías, es legítimo, pero no a cualquier precio.


Dicho esto, hay que decir también que la primera línea de protección es la que corresponde establecer a madres y padres, a familias y a educadores, que necesariamente tienen que saber que la televisión e Internet no están pensados ni especialmente ni únicamente para los menores y que por tanto su acceso a estos medios no puede ser ni incondicionado ni ilimitado; y de ahí que la tarea de padres, madres y tutores es irrenunciable porque es imprescindible y fundamental. Por ello, aun siendo un ámbito ajeno al que corresponde a la institución del Defensor del Pueblo, nos hemos permitido dirigir a padres, madres y familias, algunas recomendaciones que no son en último término otra cosa que dictados del sentido común.
Deben las familias tomar conciencia real del tiempo que sus hijos dedican a la televisión e Internet y limitarlo, proponiendo a sus hijos alternativas de ocio. Deben adecuar los horarios de consumo a los apropiados a la edad y, cuando este consumo se produce fuera del horario protegido, las familias deben informarse sobre la programación, para valorar si esta es adecuada para los menores. En la medida de lo posible, es conveniente que los receptores de televisión y los ordenadores estén en zonas comunes del hogar, para evitar el consumo solitario y en todo caso debe fomentarse el uso común y familiar de estos medios. Los padres deben informarse y aplicar los controles parentales disponibles, utilizar filtros y programas de control para el acceso a determinados contenidos de Internet y alertar a los menores sobre los riesgos presentes en estos medios. Todo ello exige interesarse por las nuevas tecnologías, para superar lo que les decía antes, la brecha digital que a menudo existe entre ellos y sus hijos.


Estas y otras medidas elementales son imprescindibles para proteger a los menores en esa primera línea de acción que es el hogar y la familia. Y con este trabajo hemos querido, entre otras cosas, llamar la atención al respecto. También, al presentar este informe aquí, ante sus señorías, además de cumplir con el deber correspondiente, quisiera trasladar a su ánimo y al de los grupos políticos que representan el ruego de que atiendan las recomendaciones que se formulan y que les he resumido.
Nuestros hijos lo agradecerán.


Muchas gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Defensora, señora Cava de Llano, por su exposición de un informe tan interesante. Y pido a los grupos que quieran intervenir, de menor a mayor, que pidan la palabra.
Empezamos por el senador Batlle, de Entesa.


El señor BATLLE FARRÁN: Gracias a la Defensora por el extenso y amplio informe, además detallado, que plantea una serie de cuestiones, yo creo que muy interesantes. Pone de manifiesto el informe y la amplia exposición objeto de su comparecencia el creciente uso del tiempo libre por parte de los jóvenes, e incluso de los adolescentes, de la televisión; no solo de la televisión sino de los medios de comunicación a través de Internet. Y después de su exposición y de haber visto el informe, comprobamos que efectivamente no se cumple una serie de condicionantes que deberían ser de estricto cumplimiento, tanto por parte de los responsables públicos como por parte de los responsables de las diferentes cadenas de televisión en cuanto a programación en horario de protección. Francamente, no tengo por qué dudar de lo que dice el informe, que seguro que está hecho con criterios de seriedad y con criterios de rigor y amplia documentación, y por lo tanto, haciendo hincapié en lo que dice el informe, estamos ante un problema grave, en el que nosotros compartimos con la Defensora que el criterio principal o que el filtro principal debe emerger de la propia familia o del entorno familiar, pero que esto no exime en absoluto a los diferentes servidores públicos, a los diferentes servidores de red, a los diferentes servidores de medios de comunicación en este caso concreto.


Nos hemos mirado atentamente las recomendaciones; las compartimos. Y nos llama especialmente la atención el llamamiento que hace a que debería ya crearse o debería crearse con una cierta urgencia la autoridad audiovisual independiente, pero compartimos también lo que dice de que debería estar dotada de medios y con capacidad legislativa, porque si no, servirá de poco; si solo denunciamos, denunciamos, denunciamos, y al que incumple no le condenamos y no aplicamos sanciones para que se corrijan los defectos que se producen, lógicamente no avanzaremos. Y estamos también ante una situación en la que el control que se debe ejercer por parte de los organismos públicos, privados, de los padres, de los educadores, es algo de difícil seguimiento, por lo que cualquier iniciativa que incida en este proceso, en que se sigan exhaustivamente los contenidos, debe ser aplaudida, yo creo, por la sociedad en general.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Bienvenida, señora Defensora del Pueblo. En primer lugar quiero disculparme por el retraso, pero ya saben ustedes que últimamente los controladores aéreos nos dificultan a todos un poco más nuestras tareas diarias.


He escuchado atentamente su exposición y también en nuestro grupo hemos analizado detenidamente este estudio, que ciertamente es interesantísimo.
Nosotros estamos de acuerdo, así nos encontrará, en cualquier iniciativa o estudio que se haga para la protección de los menores, en este caso centrado en los contenidos de televisión e Internet. Creemos que el trabajo refleja claramente la situación de nuestros menores y de nuestra juventud. En primer lugar, quiero resaltar un aspecto que me ha llamado especialmente la atención: el estudio se centra en una determinada franja de edad, menores que

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ya tienen cierto criterio, y es muy destacable que los propios menores sean perfectamente conscientes de lo que es bueno y de lo que no es bueno, de lo que es adecuado para su edad y de lo que no es adecuado para su edad. Por lo tanto, primera conclusión positiva: tenemos unos menores que saben lo que les conviene y lo que no les conviene. En consecuencia, se ve que las familias les han explicado lo que les conviene y lo que no les conviene, las familias han estado ahí. Otra cuestión es que esos padres y esas madres, quizás en el día a día no están a su lado a ver los contenidos, a ver qué es lo que sus hijos están en aquellos momentos viendo en las televisiones. En esta cuestión voy a entrar posteriormente, porque creo que es interesante que lo tengamos en cuenta, las razones por las cuales los padres no están ahí, con sus hijos, viendo esto. Por lo tanto, yo creo que del estudio tenemos que sacar esa conclusión primera, que es buenísima.


La otra conclusión es que efectivamente gran parte o un gran número de los contenidos a los cuales estos jóvenes están accediendo probablemente no son adecuados, porque quizás están accediendo a esos contenidos en unas horas que no son las adecuadas o también quizá porque en determinados momentos no se está cumpliendo la normativa y los mecanismos de respuesta no están actuando debidamente. Yo creo que en este sentido la legislación puede ser suficiente, mejor, yo creo incluso que es suficiente la legislación que tenemos, porque en la Ley audiovisual recientemente aprobada, y como ha dicho, cuando se estaba estudiando, el estudio estaba en trámite, se tiene en cuenta el interés de los menores y la protección de sus derechos. Esto está claro, por lo tanto, leyes tenemos. De las comunidades autónomas, yo me refiero a Cataluña. Aparte de que el Estatuto de Autonomía de Cataluña otorga competencias en esta materia, la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña de 2005 también contempla esa necesaria y deseable protección para los menores en la televisión, a la que me estoy refiriendo en este caso. Los instrumentos creo que los tenemos. Quizá nos fallan a veces las formas, el control. Y ahí es donde la Administración debería intervenir. Nuestro grupo parlamentario quiere resaltar que en esto tiene que actuar la Administración de todas las comunidades autónomas con competencias y la Administración estatal, está claro, porque también las tiene. Por lo tanto, el panorama que dibuja el estudio traza unos caminos en los que deberíamos actuar. Algunas de las recomendaciones que se apuntan o se recogen en el estudio podríamos incluso compartirlas, siempre y cuando sea en cooperación con las comunidades autónomas.


Por lo que se refiere a Internet, que es el fenómeno más reciente y en el que todo va muy rápido, pues surgen cada vez redes nuevas, nuevos medios a los cuales nuestros menores acceden, quizá la legislación queda por detrás de estas nuevas tecnologías. Analizando el estudio y además documentándonos, he accedido a las conclusiones de unas jornadas que se celebraron en Barcelona hace unos años, el 4 de octubre de 2007, sobre protección de menores y las nuevas tecnologías. Allí se destacaba también un aspecto que creo que debemos tener en cuenta, y es que el menor en Internet es víctima pero en algunos casos también es agresor, lamentablemente. En el estudio también se hace referencia a ello, pero este es un aspecto que tampoco podemos despreciar y en el que deberíamos incidir. En este sentido, la legislación del Estado concreta las conductas delictivas en las que se puede incurrir, pero también tendríamos que ir hacia una armonización internacional de la legislación y también deberíamos insistir en los mecanismos de cooperación policial y judicial. Este es un aspecto importantísimo que también deberíamos tener en cuenta. En los servicios de Internet los proveedores también tienen que colaborar y cooperar en la persecución de esas conductas, cuando nos encontramos aquí con los menores que son víctimas, por ejemplo. También, y a ello se hace referencia en el estudio, las acciones preventivas y formativas dirigidas a los menores, a los padres y a los educadores es un aspecto en el que debemos intervenir e incidir porque es importante y hay que tenerlo en cuenta. No podemos centrarnos solamente en formar a los menores, sino que también tenemos que resolver la brecha digital con los padres. Eso lo recoge también muy bien el informe.


Quizás un aspecto en el cual tenemos alguna limitación legislativa es en la protección de los datos de carácter personal de los menores. La regulación que tenemos no contempla específicamente el supuesto de los menores, y ese es un caso que deberíamos analizar y ver si efectivamente debemos hacer alguna reforma legislativa o ir hacia otro camino. También es importante que la innovación tecnológica proporcione instrumentos que posibiliten la navegación segura de los menores. Las tecnologías no debemos verlas solamente como un peligro sino que también son un aliado para nosotros. Por lo tanto, seguro que se van a encontrar aún más mecanismos que permitan proteger los derechos de nuestros menores cuando accedan a Internet. Hemos hablado en algunas jornadas, por ejemplo en esta a la que anteriormente me refería, de la gestión de la identidad digital. Este puede ser un buen elemento para proteger a nuestros menores, como otras medidas que nos podrían ayudar a utilizar las nuevas tecnologías para evitar los riesgos en los que pueden incurrir nuestros menores. Al inicio de mi intervención he hecho referencia a que los menores eran capaces de discernir lo que era bueno y lo que era malo para ellos cuando accedían a la televisión o a los contenidos digitales, y lo sorprendente es que ellos mismos reclaman más control de sus padres. Por lo tanto, una recomendación que he echado en falta en este estudio es la de promover más políticas para la conciliación laboral y familiar, pues me parece que aquí está una de las claves de la situación.
Lamentablemente, los padres, padres y madres, hoy día disponen de poco tiempo para estar con sus menores; los niños tienen mucho tiempo libre y los padres están muchas horas fuera por sus horarios laborales.
Lamentablemente,

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la mayoría de padres tienen que hacer muchísimas horas, y quizá tendríamos que promover políticas para conciliar la vida familiar y laboral a fin de que los padres pudieran estar con sus hijos, para que pudieran colaborar activamente en el día a día de sus hijos y así controlar los contenidos a los que acceden tanto en la televisión como en Internet.


Voy a hacer una sugerencia. En este trabajo se ha centrado mucho la institución en una franja de edad determinada. Me imagino que ha sido así porque el método utilizado ha sido preguntar a los propios menores qué era lo que estaban viendo en la televisión, qué era lo que pensaban; pero tenemos otra franja que también está accediendo a esos contenidos, que son los niños de muy corta edad, de 2, 3, 4 ó 5 años, que no son inmunes a los contenidos de televisión, pues hoy día son niños digitales todos nuestros niños, de la edad que sean. Por lo tanto, también sería interesante ver si los contenidos que ofrecemos son o no adecuados para esa franja de edades y por ello hago la sugerencia de hacer el estudio en esas edades. En este sentido, por ejemplo, nuestro grupo parlamentario ha presentado una PNL que estudiaremos en la Comisión de Radiotelevisión Española esta semana, que se concreta en fomentar en esas edades la animación infantil de producción propia. ¿Por qué? Porque entendemos que los valores que transmite son los valores de nuestra sociedad. Por lo tanto, creemos que promoverlo es importante para que cuando nuestros menores acceden a esos contenidos vean y reciban en ellos los valores de nuestra sociedad. Por último, hemos echado en falta que en el cuestionario se hubiera preguntado a los menores acerca de una cuestión sobre la que la Defensora y nuestro grupo parlamentario hablamos a menudo, que son los derechos lingüísticos, porque los menores también tienen derechos lingüísticos. Usted sabe que en el Estado español coexisten distintas lenguas y que las lenguas en las que acceden nuestros menores la mayor parte del tiempo no es su idioma materno, y habría sido interesante que se les preguntara también por esta cuestión.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Contreras.


La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señora Defensora del Pueblo en funciones, por este magnífico informe, que una vez más denota el interés que tiene la defensoría por los temas de la infancia y la juventud. Me parece que este es el duodécimo informe monográfico relativo a los menores que nos presenta en esta Comisión, y que hace honor al derecho constitucional de protección que tienen los menores por parte también del Defensor del Pueblo de todos sus derechos y los derechos a estar en contacto con el mundo pero con esta cierta protección, de la que, como se denota en el informe, parece que en muchos casos carecen nuestros niños y nuestros jóvenes. El informe, una vez más, es muy bueno e interesante para los que tenemos, además, hijos en edades comprendidas en aquellas a las que más se hace referencia en este informe, entre 12 y 18 años, que ya son jóvenes más que niños, pero también menores al fin y al cabo. El informe da respuesta a una demanda de la sociedad. Por lo que ha comentado usted sobre la brecha que existe entre los padres, por la facilidad y la velocidad con la que avanzan las nuevas tecnologías y el mundo de la comunicación y porque los jóvenes parecen esponjas a la hora de acceder y de aprender más rápidamente que nosotros, el informe que hoy se nos presenta aquí tiene interés y actualidad.


Coincido en valorar que lo más importante del informe es que el juicio crítico provenga de los propios menores. Los menores son conscientes del mundo en el que les estamos dejando solos. Es llamativa la cifra que dice que el contacto con Internet en solitario en los jóvenes es en su habitación, sin ningún control, con los portátiles que se pueden llevar a cualquier parte, aislados de padres y aislados de amigos, es del 76 por ciento, que es una barbaridad. Es una barbaridad el descontrol que existe de estos jóvenes sobre todo en el mundo de Internet. En cuanto a lo que ha presentado, no voy a repetir los datos, pero a nuestro grupo le ha parecido, como digo, un informe que a lo mejor extrapolando puede dar sentido a lo que en nuestro país en este momento también preocupa, y mucho, que es el fracaso escolar. Hay unas cifras, según encuestas PISA, etcétera, que muestran que nuestros jóvenes no son precisamente los mejor formados. Podemos pensar que les estamos robando su tiempo, porque muchas veces tienen formación a través de la televisión y a través de Internet.
Vienen a utilizar más de tres horas diarias en días laborables estas dos vías, incluso las dos a la vez, porque están viendo la televisión y están navegando en Internet, lo compaginan maravillosamente, y restan eso a tiempo de lectura, de estudio, de deporte, tiempo de relación con los padres y con familiares, con amigos -y eso en días laborables-, tiempo de descanso. Es importante el descanso de nuestros jóvenes, porque el fracaso escolar puede deberse a que no haya descanso, lo que dificulta la capacidad de responder a resultados o a pruebas que realicen en sus centros escolares y educativos. Eso es verdaderamente preocupante. Yo creo que ya que se denuncia y todos más o menos lo conocemos, es el momento de ponernos a hacer algo, no quedarnos en la presentación del informe con un titular más o menos bonito mañana y nada más. Es el momento de hacer efectivas las recomendaciones a las que se hace mención en este informe. Aunque no estemos en momentos boyantes económicamente hablando, es hora de poner en marcha lo que ya prevé la Ley General de Comunicación Audiovisual. Tener una persona que pueda inspeccionar y sancionar es importante, una persona que sea imparcial, que sea nombrada por un consejo de medios audiovisuales, que está previsto ya también en esta ley.


También se denuncia en el informe que se infringen los contenidos en el margen horario hasta las diez de la noche. Los jóvenes son conscientes de que se infringe

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el control de los contenidos, lo sabemos todos y no hacemos nada, podemos seguir sabiéndolo y también podemos asistir un día tras de otro a más fracaso escolar, a más dificultad de conciliación de vida familiar y laboral; podemos asistir a telediarios en los que nos llaman la atención algunas de las noticias de violencia entre jóvenes, de cyberbullying, etcétera, pero si no hacemos nada ni ponemos nada en marcha, de poco valdrá todo esto. (El señor vicepresidente, González Melitón, ocupa la Presidencia.) El panorama es preocupante, pero como está detectado, es el momento de hacer algo. Las campañas informativas funcionan, se ha visto que las campañas informativas para la disminución de los accidentes de tráfico han funcionado, han disminuido en España la mortalidad y el número de accidentes, en el consumo de alcohol, etcétera, todas las campañas de educación vial han concienciado a la población y han servido de algo. A los padres nos tienen que informar más, por parte de la Administración competente, no sé si con campañas informativas. Yo creo que muchos no conocen que existen posibilidades de poner programas de control en los ordenadores de nuestros hijos. Es difícil la conciliación que se hacía antes de la vida laboral y familiar, y es más probable que los hijos, también al haber menor número de hijos en las familias, estén solos, que sean los niños de la llave y estén solos. Para disminuir también la brecha digital que existe, sería conveniente que tuviéramos una mayor información de las posibilidades que tenemos los padres de limitar el acceso a distintos contenidos de nuestros hijos a la Red. En ese sentido es en el que podemos hacer algo y podemos trabajar, y desde aquí solicitaría que se trabajara en ese sentido, que se trabajara, por un lado, en el sentido de que en el horario de programación exista un control para cumplir medidas que vienen ya recogidas en la ley. Porque ¿cómo se puede obligar a grandes cadenas de televisión a controlar sus contenidos en las horas de máximo horario? Eso no solamente se tiene que denunciar sino que hay que cumplirlo. Por otro lado, se debe exigir lo mismo a los prestadores de los servicios de Internet. Además el control parental debe ser adecuado por un conocimiento del mismo.


De nuevo, para finalizar, felicito por el informe a toda la defensoría, por el trabajo espléndido que han hecho, pero pido que no se quede ahí, que las recomendaciones, en las que coincidimos que se extraen de unas conclusiones totalmente evidentes, se pongan en marcha en la medida de lo posible. Y si no es así, seguiremos trabajando y denunciando por el bien de la siguiente generación a la nuestra.


El señor VICEPRESIDENTE (González Melitón): Ahora, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Como siempre, quiero comenzar agradeciendo la presencia de la Defensora del Pueblo en funciones ante esta Comisión, así como el trabajo de la institución que representa y en este caso también de Unicef España, que precede a su presencia aquí. Por mi parte, me honro en exponer la posición de mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista, en relación con un tema tan trascendente como el que hoy nos trae: la protección de la infancia y la juventud frente a los contenidos de televisión y en Internet.


Quiero comenzar alabando la siempre fructífera colaboración entre el Defensor del Pueblo y Unicef. Desde 1995, en que se inicia la colaboración entre el Alto Comisionado y Unicef, España ha sido especialmente valiosa, con ejemplos como el informe monográfico sobre violencia escolar y sus actualizaciones, sobre las condiciones de escolarización en el sistema educativo español de los alumnos inmigrantes, y ahora este sobre los menores ante la televisión e Internet. Solo puedo desear que esta colaboración continúe dando tan brillantes frutos. El riesgo al que se ven expuestos los menores en los medios de comunicación, sobre todo la televisión e Internet, resulta evidente y creciente. La libertad debe ser un principio esencial en este como en tantos otros ámbitos, pero la protección de la infancia y la juventud es un límite a esta libertad, tal y como establecen las normas europeas y las nacionales en este sector. De hecho, es el incremento de quejas ante el Defensor del Pueblo sobre esta materia -buena parte de ello es puesto de manifiesto también en la encuesta que es base del informe que hoy nos ocupa- el que ha dado lugar a este informe que nos ocupa en la sesión de hoy en esta Comisión parlamentaria.


Sin ánimo exhaustivo, podemos citar como riesgos extraídos del informe los contenidos y programación inadecuados, porque no contribuyen a su educación en valores, o directamente peligrosos, a los que acceden los menores, con contenidos discriminatorios para la mujer, para los inmigrantes, para la orientación sexual, para las personas con discapacidad; incluso en horarios protegidos, que incitan a enfermedades relacionadas con la alimentación (anorexia o bulimia) o al consumo de sustancias nocivas para los jóvenes (alcohol, tabaco), ausencia de mecanismos de control eficaces, acceso a Internet en su habitación sin control parental, el denominado cyberbullying o acoso en la Red, colgar fotografías propias o ajenas en la misma, acceso a contenidos nocivos también en Internet. Yo añadiría uno más que, aunque implícito en este informe, no aparece claramente expuesto: el control de los contenidos. En este caso, desde el punto de vista de la protección de los menores es mucho más difícil en Internet que en las televisiones públicas o privadas. El Defensor del Pueblo ha demostrado ser consciente de esta situación desde hace ya tiempo. Sin ánimo exhaustivo, ya en su informe anual de 1997 el Defensor mostró su preocupación por la programación de las televisiones, y en concreto recomendaba la elaboración de un código de protección de los menores en los medios de comunicación así como la creación de un organismo independiente del Gobierno que se encargase, entre otras cosas, de controlar los

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contenidos televisivos, adecuándolos y, en su caso, sancionando a los que afectaran negativamente a la juventud o a la infancia. Eso fue en 1997.
En una entrevista realizada al entonces Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica, éste alertaba contra la emisión de telebasura en horario infantil y sobre el incumplimiento del código de autorregulación de las emisoras privadas de televisión en general. Podemos apreciar una preocupación de la institución sobre el contenido de la programación televisiva y la protección de la infancia y la juventud en sus informes anuales desde finales de los años noventa. Hoy, en 2010, culmina este trabajo por el momento con este informe elaborado por Unicef.


El informe que hoy nos presenta es el fruto de una encuesta de la defensoría, a través de Unicef, que ha llevado a cabo entre más de 3.000 menores. Este es un punto que merece ser destacado antes de entrar a analizar las recomendaciones que se realizan. Es decir, el enfoque de escuchar la voz de los menores en un tema que evidentemente les preocupa nos parece esencial. Sobre la base de esta situación descrita por la encuesta, el informe establece recomendaciones, muchas de las cuales compartimos, en primer lugar, recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes en relación con la televisión. Recomienda este informe crear o completar la creación de autoridades audiovisuales independientes en los ámbitos territoriales correspondientes, incluido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, contemplado en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, con la finalidad, entre otras, de controlar y, en su caso, perseguir la emisión de contenidos inadecuados en horario de protección de menores y extremar la vigilancia del cumplimiento de la obligación de avisar previamente a la emisión de escenas inadecuadas para los menores en los informativos. No tengo que incidir en el compromiso del grupo parlamentario que represento por defender un órgano de este tipo. Lo llevábamos en nuestro programa electoral de 2004 y finalmente lo hemos hecho realidad en la ley mencionada. Hay otra recomendación del informe que quiero destacar y que es la relativa a solicitar a las autoridades audiovisuales que se señalen adecuadamente, mediante señales acústicas, los programas no recomendados para menores fuera del horario de protección. Desde aquí me comprometo a iniciar las acciones correspondientes para impulsar desde este grupo parlamentario esta medida.


En relación con el uso de Internet me quiero centrar en la recomendación del informe relativa a promover actuaciones que permitan a los menores y, en su caso, a sus padres y tutores identificar los riesgos a los que se pueden ver sometidos en la Red. El desconocimiento es el principal riesgo que corremos en este punto. También me resulta especialmente preocupante otro dato que nos aporta el informe que hoy nos ocupa y que es que el 42 por ciento de los menores encuestados, especialmente las niñas, reconoce que tiene amigos que solo conoce a través de Internet. Este hecho supone otro riesgo que no me voy a detener en explicar porque resulta obvio desde todos los puntos de vista. En relación con la televisión y con Internet, nos parece fundamental la recomendación que hace el Alto Comisionado de fomentar la inclusión en los planes de estudio de aspectos relativos a su correcta utilización por parte de los menores. En esto, como en tantas otras cosas, y siendo consciente de las dificultades que plantea la modificación de los planes de estudio, al Grupo Parlamentario Socialista nos parece que la clave está en la educación. Además, en concreto en relación con el peligro que Internet representa para los menores, a lo mejor cabría que el Estado reflexionase sobre una iniciativa reciente del Gobierno de Castilla-La Mancha como es el programa Ventanas Amigas, impulsado por su Defensor del Pueblo, una iniciativa que pretende distribuir de forma extensísima un material didáctico que indudablemente ayudará a padres, docentes y niños a afrontar los problemas de seguridad en la Red y a hacer un correcto uso de la misma. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) En segundo lugar, en cuanto a las recomendaciones dirigidas a los responsables de las televisiones, es evidente que el interlocutor del Defensor del Pueblo son las Cortes Generales y no los operadores audiovisuales. No obstante, tanto la Administración como el Gobierno y las Cámaras parlamentarias pueden y deben ser en este punto intermediarios de gran importancia para impulsar entre las televisiones medidas tales como el cumplimiento de las restricciones por horario que les impone el Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, firmado con el impulso del Gobierno por las principales televisiones y organizaciones representativas de los padres y de los consumidores, y la identificación de los contenidos inadecuados para los menores o el respeto de los horarios protegidos.


Finalmente, en cuanto a recomendaciones dirigidas a los padres o tutores de los menores, responsables últimos de la educación de estos, me parece imprescindible destacar un punto en el que también incide el informe.
Todos los estudios, incluido este, destacan el excesivo número de horas que los niños y jóvenes de nuestro país dedican a la televisión o a Internet. Por destacar algún dato, el 50 por ciento de los menores de entre 12 y 18 años ve la televisión más de dos horas en días lectivos, y el 44 por ciento de los menores ve la tele fuera del horario de protección de la infancia y de la juventud. Lo mismo sucede, aunque en menor medida, en Internet: pasa entre una y dos horas al día en días lectivos en torno al 37 por ciento de nuestros menores. Si sumamos ambas cantidades, resulta obvio, como destaca el informe, el excesivo tiempo que nuestros menores dedican a esta tarea, que no permite que se lo dediquen a otras, sobre todo al estudio, a las relaciones sociales o familiares, al deporte o al ocio. Nadie puede sustituir a los padres y tutores en el papel educativo y de limitación de este uso, que podemos calificar de abusivo o inadecuado, y dejar de convertir sobre todo la televisión en un aparcamiento de menores. En esta tarea nadie puede sustituirles, y en hacerles conscientes de ello también tenemos un papel

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fundamental los poderes públicos, un control con el que, por otra parte, el estudio demuestra que existe bastante consenso en los destinatarios del mismo, en los hijos. Debemos demandar de padres y tutores un mayor control no solo de la cantidad de tiempo que sus hijos dedican a la televisión o a Internet, sino también -y lo hacen mucho menos- del contenido de lo que están viendo. Si pensamos en el control de los contenidos, resulta evidente que solo los padres están presentes o pueden recurrir al bloqueo o cambio de canal de aquellos que resultan perjudiciales o inadecuados para sus hijos. En este sentido, cualquier medida impulsada por los poderes públicos que permita disminuir la denominada brecha digital entre padres y menores y contribuya al buen uso de las tecnologías por estos últimos va a contar con el apoyo de mi grupo y de mi partido político.


En definitiva, nos debe preocupar que nuestros menores aprecien, como demuestra el estudio que hoy nos presenta la Defensora del Pueblo en funciones, claramente los riesgos a los que ellos mismos se ven sometidos ante la televisión y el uso de Internet. Así que, si ellos son conscientes, nosotros los adultos debemos tomar nota de ello y sobre todo proceder padres y tutores así como los poderes públicos, cada uno en el ámbito de responsabilidad que nos corresponde, a adoptar las medidas necesarias para erradicar estos riesgos en la medida de lo posible, y en la que no, dotar a los niños y jóvenes de mecanismos para enfrentarse exitosamente con ellos. Solo queremos proporcionar a nuestros menores la más eficaz protección de los derechos de la infancia, también en el ámbito televisivo y de Internet. Este informe nos parece un buen primer paso en esa dirección.


Finalizo felicitando a la Defensora y a su equipo y agradeciendo una vez más el magnífico trabajo que han desarrollado en una cuestión tan compleja.


La señora PRESIDENTA: Terminadas las intervenciones de los grupos, tiene nuevamente la palabra la señora Defensora.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Cava de Llano y Carrió): Voy a intentar responder a todas las manifestaciones y reflexiones que sus señorías han efectuado.


En cuanto al señor Batlle, de Entesa, le diré que efectivamente se ha detectado una situación que nos han puesto de manifiesto los propios menores, lo cual es importantísimo. Teníamos conocimiento de los problemas que pueden entrañar la televisión e Internet vistos desde el punto de vista de los adultos, de los psicólogos, pero no de los menores.
Yo creo que aquí ha estado la clave, poder ver por primera vez qué es lo que nos dicen los menores y por dónde quieren que encaminemos en nuestras actuaciones. Y efectivamente es una vieja reivindicación la puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, no solo de ámbito estatal sino también en el ámbito territorial, que nos parece importantísimo.


La señora Surroca, de Convergència i Unió, ha mostrado una sensibilidad muy importante sobre lo que acabo de decir, que han sido los menores los que nos manifiestan qué es lo adecuado y lo que no, con una loa especial a los menores porque saben muy bien lo que quieren, lo que prefieren, lo que les gusta, lo que está bien y lo que está mal, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Ha hablado de esa brecha digital que nos preocupa.
A mí también me preocupa. Afortunadamente mis hijos ya son mayores, pero hay una brecha digital importante entre padres e hijos. Ha hablado de la Ley Audiovisual de Cataluña del año 2005, ha hablado de la necesidad de ese control parental que tiene que existir, ha hablado de los contenidos no adecuados en franjas horarias no adecuadas, y ha hablado de que hay leyes y efectivamente yo también creo que leyes, haberlas, haylas, lo que hay que hacer entre todos es intentar que esas leyes se cumplan. Ha hablado también de las jornadas que se celebraron en Barcelona en el año 2007 sobre la protección de menores y nuevas tecnologías y hablaba de que en esas jornadas se habló de algo que nosotros también hemos detectado en este estudio, que los menores son víctimas pero también son agresores, afortunadamente en un porcentaje escaso, muy escaso, pero tenemos los datos puestos en el informe. Ha hablado de la necesidad de la armonización internacional y de aunar esfuerzos en cooperación policial.
Pongo de manifiesto que creo que así se está efectuando. Tenemos distintas directivas de la Unión Europea que tienden precisamente a conseguir esa cooperación internacional en esta materia tan importante; por ejemplo, la Directiva de Televisión sin Fronteras, etcétera. Ha hablado de la necesidad de que la Ley de Protección de Datos sea lo más exhaustiva posible en esta materia. Yo animo a sus señorías a que promuevan actuaciones legislativas en este campo. Y usted decía que las nuevas tecnologías no simplemente son un peligro, sino unos aliados.
Efectivamente son unos magníficos aliados, siempre que se utilicen de forma positiva. Ha hablado de la necesidad de promover la conciliación de la vida familiar y laboral. Yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo. Esa generación búnker de la que se habla, que se está creando, esa generación de chicos que se enclaustran en sus cuartos, en sus habitaciones, muchas veces es porque están solos, porque no hay ambiente familiar, porque el padre y la madre están trabajando y no tienen más remedio. Me parece importantísima esa conciliación. Ha hablado de los derechos lingüísticos. Señora Surroca, sepa usted que yo quiero, ayudo, fomento y colaboro en la medida de mis posibilidades a que eso sea así, y la prueba de ello es que las encuestas se han hecho en todas las lenguas propias. Lo estaba buscando para enseñárselo; todas las preguntas efectuadas en la lengua catalana, son cincuenta y nueve preguntas, pero es que cada pregunta tiene quince o veinte subpreguntas más. Insisto en que en el Defensor del Pueblo no solo respetamos,

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sino que fomentamos la lengua catalana, aunque alguna vez no sea bien entendido.


La señora Contreras, del Grupo Parlamentario Popular, ha hecho un juicio crítico sobre la situación de las televisiones y de Internet. Ha hablado también de que son los menores quienes nos han dado las pautas y su visión para que corrijamos los desvíos. Ha hablado de que se infringen los horarios, tema que nos preocupa a todos y en el que algo hay que hacer. Usted decía que si sabemos que el horario infantil es hasta las 22.00 y se infringe, y lo dicen hasta los niños, que se dan cuenta de ello, algo tendremos que hacer los mayores. Pues hagan ustedes por su parte lo que puedan; desde la institución del Defensor del Pueblo les garantizo que también efectuaremos lo que nosotros podamos.


En cuanto al señor Heredia, ha hablado de programaciones y contenidos inadecuados y se habla en el estudio de temas que son contrarios a la situación de la mujer, críticas a los inmigrantes, discapacitados, temas que ponen los pelos de punta pero que están ahí. Ha hablado también de la ausencia de mecanismos de control; ha hablado del cyberbullying, que afortunadamente es escaso pero existe; ha hablado sobre el necesario control de los contenidos, y ha hablado sobre esa preocupación que efectivamente viene demostrando el Defensor del Pueblo desde el año 1997 en lo que se refiere a la creación de esos códigos de protección. Ha hablado también de la telebasura, que preocupaba muchísimo al señor Múgica, que hizo muchas manifestaciones en este sentido. Y en cuanto a las recomendaciones, ha hablado de la necesidad de completar la creación de los mecanismos de control. Ha adquirido usted un compromiso que lo voy a tener muy en cuenta, y que espero que sea no solo el compromiso del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sino de todos los que hemos estado presentes en esta sala: preocuparse de los avisos previos, de las señales acústicas y visuales cuando se trata de contenidos violentos o inapropiados para los menores. Y ha dicho usted una verdad como un templo, que la clave de todo está en la educación, tema que también compartimos totalmente.


Celebro mucho el programa de nuestro querido compañero el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, el programa Ventanas amigas. Me parece que es un paso muy importante dado por una defensoría del pueblo para, de alguna forma, controlar y educar a padres y educadores en el sentido de ver qué es lo que conviene y no conviene a los menores.


Y le ha preocupado a usted, señor Heredia, algo que también nos preocupa mucho a nosotros, esas recomendaciones dirigidas a padres. Desde el Defensor del Pueblo difícilmente podemos recomendar a los padres, podemos recomendar a las administraciones públicas, pero nos hemos tomado la libertad de hacerlo porque el tema de los menores es lo suficientemente serio como para que uno pueda incluso extralimitarse en lo que son sus funciones y competencias. Le ha preocupado a usted el excesivo tiempo que dedican a la televisión y a Internet, la necesidad de control por parte de los padres y la necesidad, yo creo, de educar a los padres no solo en valores, que se les supone, sino en nuevas tecnologías, que también nos hace muchísima falta.


Quiero mostrar mi agradecimiento a Unicef. Creo que se ha hecho un trabajo exhaustivo, un trabajo estupendo, un trabajo que nos va a servir a todos para intentar ayudar a un colectivo tan vulnerable como es el de los menores.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Defensora, por su intervención. Quiero expresarle mi agradecimiento en nombre de todas y todos los miembros de esta Comisión por el magnífico informe que nos ha traído hoy aquí, así como a todo el equipo que ha trabajado en él.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.

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