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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 66, de 16/06/2009
 


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2009 IX Legislatura Núm. 66
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 4
celebrada el martes, 16 de junio de 2009
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog), para presentar el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2008. (Número de expediente del Congreso 260/000002 y número de expediente del Senado 780/000002.)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la comparecencia del Defensor del Pueblo para rendir el informe correspondiente al año 2008. Damos la bienvenida al alto comisionado de las Cortes Generales para rendir su informe anual en esta Comisión. En primer lugar, hablará el Defensor del Pueblo y a continuación los grupos de menor a mayor para el turno de los grupos parlamentarios.


Señor Defensor, sea bienvenido una vez más. Tiene la palabra.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señora presidenta, señorías, el pasado 25 de mayo, tras haber registrado los correspondientes documentos, se hizo entrega a los presidentes del Congreso y del Senado de los volúmenes del informe en los que se contenía el detalle de los principales elementos de gestión de la institución del Defensor del Pueblo durante el año 2008, así como la memoria presupuestaria correspondiente. Se hizo llegar también a todos los miembros de esta Comisión un informe detallado, con objeto de que pudieran analizar convenientemente su contenido. El día 3 de junio se publicó el informe por el Boletín Oficial de las Cortes Generales, con lo que se facilita el acceso a sus contenidos en el tradicional soporte papel, que, por otra parte, es el mejor. En esta intervención ante la Comisión mixta me limitaré a señalar ante SS.SS. los aspectos que me parecen más importantes, sin pretender agotar los distintos asuntos que configuran el informe. Solo me mueve el propósito de subrayar las pinceladas más relevantes en un panorama que se explica por sí solo. Por otra parte, quizá con ello se facilite la visión global del contenido y el planteamiento -si lo tienen a bien- de cuestiones relacionadas con el mismo.


Siguiendo la estructura del informe, en lo que hace referencia a las cifras estadísticas globales, destaca el incremento tanto del número de expedientes gestionados como del total de personas que han acudido a formular sus quejas ante el Defensor del Pueblo. En el año 2008 se inició la tramitación de 23.899 expedientes de queja, incluidos los de carácter individual, los de carácter colectivo y los de oficio. Esto supone un incremento cercano al 38 por ciento respecto al ejercicio anterior, 2007.
En cuanto a los ciudadanos que acudieron al Defensor, las cifras son aún más categóricas. En conjunto, lo hicieron 92.388 personas; 53.650 más que en el año 2007, debido sobre todo al notable aumento de las quejas colectivas. También aumentaron, aunque de forma más moderada, las quejas individuales, y las quejas de oficio se mantuvieron en una cifra sensiblemente igual a la del año anterior. Estas cifras muestran muy claramente la confirmación de una línea general ascendente en cuanto a la aceptación social de la institución; una línea de tendencia creciente a pesar de los altibajos puntuales que pueden observarse, ya que, en definitiva, las características y el desarrollo de la actividad del Defensor del Pueblo se encuentran ligadas de manera muy estrecha, entre múltiples causas, al funcionamiento de las administraciones públicas y a la percepción o sentimiento que los administrados manifiestan espontáneamente, sobre todo en lo que concierne al respeto de los derechos y libertades fundamentales amparadas por la Constitución.


En cuanto al origen territorial de las quejas, se observa, como en ejercicios anteriores, una aplastante mayoría del 98,5 por ciento que procede del territorio nacional, y tan solo el 1,5 por ciento procede del extranjero. Entre aquellas, siguen predominando las originadas en la Comunidad de Madrid, seguidas en orden decreciente por las quejas recibidas de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña. En las quejas recibidas desde el extranjero, cursadas desde cincuenta países, sobresale el número de las enviadas desde Reino Unido, Argentina, Francia, Marruecos, Colombia y Perú. La gran mayoría de las quejas se formuló directamente ante la institución, pero en torno a un 10 por ciento se recibió por medio de los comisionados parlamentarios autonómicos y de diversas entidades y organismos. En cuanto a su número, destacan las enviadas por el Valedor do Pobo gallego, el Defensor del Pueblo andaluz, el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, el Procurador del Común de Castilla y León y el Síndic de Greuges de Cataluña.


Teniendo en cuenta los sectores supervisados en las distintas administraciones, las quejas muestran el contenido característico de las preocupaciones ciudadanas, sin que ello quiera decir, ni mucho menos, que se trata de un indicador inequívoco de esas preocupaciones al estilo que revelan los sondeos habituales de opinión fiables desde una perspectiva metodológica. Durante el año 2008, las materias más frecuentes sobre las que se han recibido quejas son, por este orden: las que afectan a la Administración económica, que comprenden -entre otros- los ámbitos relacionados con los impuestos, suministro de energía y uso de las telecomunicaciones; a continuación, las materias referidas a la sanidad y a la política social, incluidos los problemas relativos al consumo; la Administración de Justicia y los problemas registrales; el urbanismo, la vivienda y el medio ambiente; la seguridad ciudadana y vial; las materias de Policía e Interior y la Administración penitenciaria; la educación, tanto en lo que afecta a recursos como a contenido de la enseñanza; la inmigración y los problemas que afectan a la situación del personal al servicio de las administraciones públicas. De las quejas formuladas se admitieron a trámite más del 53 por ciento; un porcentaje algo más elevado que en anteriores ejercicios. Los motivos más frecuentes de inadmisión fueron los de carencia de indicios de irregularidad administrativa, falta de actuación administrativa previa o intervención judicial en el mismo asunto. En todos los casos, sin excepción, se proporcionó puntual información al ciudadano sobre las características del caso sobre el que se reclamaba; se le orientó adecuadamente y se le suministró información adicional

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y complementaria que podría serle de utilidad. Por lo que respecta a los distintos tipos de quejas, se observa una proporción más elevada de las admisiones a trámite entre los expedientes de carácter colectivo. En ellos se alcanza más de un 74 por ciento, mientras las quejas de carácter individual apenas sobrepasan el 40 por ciento.


El texto del informe contiene la alusión, debidamente reservada bajo número de referencia, a las quejas de tipo individual en cada uno de los apartados de gestión en que se estudió y tramitó el supuesto correspondiente. Las quejas de tipo colectivo, respaldadas por un número significativo de ciudadanos, y las investigaciones de oficio, aparecen brevemente relacionadas en el informe. Destacan, entre las colectivas con mayor número de peticionarios, la queja formulada por un numeroso grupo de usuarios de la llamada tarifa eléctrica nocturna, denunciando modificaciones perjudiciales en la facturación; la planteada por un elevado número de funcionarios y usuarios de bibliotecas públicas, manifestando su disconformidad con la aplicación de un canon sobre préstamo de libros establecido en la normativa europea; la petición de un número considerable de vecinos de una localidad burgalesa solicitando la mejor atención para un convecino en prisión; el desacuerdo generalizado con la revisión catastral llevada a cabo en un ayuntamiento de Tarragona, y la solicitud de intervención para posibilitar la realización de autopsias en un municipio albaceteño.


Las resoluciones de la institución dirigidas a las administraciones supervisadas fueron 432 en total, de las que 125 eran recomendaciones de carácter general; otras 190 eran sugerencias al caso concreto que se había planteado; 113 eran recordatorios de deberes legales, y tan solo 4 eran simples advertencias, en las que se mostraba alguna circunstancia digna de ser sopesada a la hora de tomar una decisión determinada. Aunque sobre buena parte de esas resoluciones se pronuncian las distintas administraciones en el mismo ejercicio en el que se formulan, a veces lo hacen posteriormente, lo que retrasa las estadísticas definitivas sobre la aceptación o rechazo de las mismas. En 2008 se encontraban pendientes de decisión 53 de las 125 recomendaciones citadas y 88 de las 190 sugerencias formuladas. Las administraciones habían admitido, a 31 de diciembre, 58 recomendaciones y 74 sugerencias, y rechazado 14 y 28 respectivamente, pero dado el elevado número de resoluciones pendientes de comunicar la oportuna decisión, es de esperar que las cifras definitivas de aceptación o rechazo sean muy diferentes. Ya en 2009, a finales del mes de mayo pasado, se registraba una considerable variación: las 58 recomendaciones admitidas habían pasado a ser 86 y las 74 sugerencias admitidas se habían convertido en 110. Las recomendaciones rechazadas pasaron de 14 a 19, y las sugerencias rechazadas, de 28 a 45.
Con ello, las resoluciones pendientes de respuesta habían descendido considerablemente: de las 141 recomendaciones y sugerencias que esperaban respuesta a 31 de diciembre de 2008, se pasó a tan solo 54 respuestas pendientes en el mes de mayo de este año 2009. En total, a día de hoy, puede afirmarse que se han admitido las resoluciones del Defensor en casi un 63 por ciento, porcentaje muy cercano al de los años anteriores.


Por lo que respecta a las resoluciones acerca de las peticiones dirigidas al Defensor para que haga uso de su legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad, en dos ocasiones de las 21 solicitudes recibidas, se decidió presentar el oportuno recurso: una, sobre la disposición adicional sexagésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, por la que se alteraba uno de los requisitos de acceso al cuerpo superior de auditores del Tribunal de Cuentas; y otra, sobre la disposición adicional once de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2008 de la Generalitat valenciana, por la que se establecía el régimen del silencio administrativo en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes.


En el obligado capítulo sobre las administraciones que han incumplido el deber de responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo, se distingue, señorías, entre las verdaderamente entorpecedoras, que no respondieron en absoluto, y las que han retrasado notoriamente su respuesta. Entre las primeras, es preciso destacar la actitud nada colaboradora de los ayuntamientos pontevedreses de A Estrada y A Guarda, así como los de Barreiros (Lugo), Burgos, Cartagena (Murcia), Cercedilla (Madrid), Comares (Málaga), Gordoncillo (León), La Adrada (Ávila), Llanes (Asturias), Puerto de la Cruz y Santa Úrsula (Tenerife), Puerto del Rosario (Las Palmas), y Turís (Valencia).


En cuanto a los retrasos en la respuesta debida al Defensor, destacan determinados requerimientos no respondidos en la Administración General del Estado, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores (Dirección General de Asuntos y Asistencias Consulares), del Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado y Secretaría General de Infraestructuras y Dirección General de Aviación Civil), y Secretaría de Estado de Justicia, del Ministerio de Justicia. En la Administración autonómica, hay que señalar los notables retrasos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concreto la Dirección General del Menor y de la Familia y el Instituto Canario de la Vivienda; la Consejería de Vivienda y Suelo, de la Comunidad Autónoma de Galicia, y la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, de la Comunidad de Madrid. También se produjeron retrasos en la Administración local, como los registrados, entre otros, en los ayuntamientos de Burgos y Ciudad Real y en la Diputación Provincial de Zamora, así como en determinados organismos como el Colegio de Abogados de Badajoz.


Cada uno de los sectores sobre los que el Defensor del Pueblo ha ejercido la supervisión derivada del mandado constitucional podría dar lugar a toda una serie de reflexiones cuyo conjunto puede dar una cierta idea acerca de la situación y del vigor de los derechos fundamentales

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de las personas en España. Pero no se trata en el informe tanto de sacar a relucir los males de la patria cuanto poner de manifiesto las posibles deficiencias que pueden y deben subsanarse en el ámbito de las administraciones públicas, con objeto de mejorar la convivencia y de facilitar el ejercicio de esos derechos fundamentales. Por ello, en vez de considerar los problemas que se plantean a continuación como un memorial de agravios, la panorámica dibujada por el informe es más bien un diagnóstico parcial cuyas características apuntan a la solución antes que a un simple lamento, como podría inducirse del significado de la voz queja que utilizamos de manera recurrente en nuestra tarea.


Señorías, antes de repasar ese conglomerado de quejas recibidas durante 2008, debe tenerse en cuenta la extraordinaria variedad de los asuntos sobre los que versan, los miles de problemas analizados en la institución, su entidad cualitativa y cuantitativa. Por otro lado, debo decir también que la actividad del Defensor del Pueblo tiene unos límites claros implícitos en el alcance de su mandato y en la consecuente dimensión de los recursos disponibles. En algunas ocasiones -más de las que hubiéramos deseado-, se nos achaca que nuestros análisis y propuestas se quedan solo ahí, en el proceso de investigación y en la formulación de alternativas adecuadas y que no damos un paso más; sinceramente, no sé hacia dónde. La competencia para supervisar la actividad de la Administración que la Constitución nos otorga y los medios que se nos asignan nos impiden ir mucho más lejos en nuestra gestión. A veces incluso nos tememos que nuestras indagaciones y nuestras resoluciones se encuentran al límite de la supervisión que se nos encomienda, con el objetivo de hacer más estimulante y eficaz nuestra misión. Un encargo que debe ser encauzado precisamente por la vía que la propia Constitución establece, esto es, dando cuenta a las Cortes Generales, expresión con la que se remata el artículo 54, por el que se crea la institución. Por bajar al terreno de lo concreto, permítanme tan solo un par de ejemplos, aunque podría aducir cientos y cientos de ellos.


Uno, hace unos días en la más importante de las emisoras de radio oficiales se comentó ampliamente la recomendación del informe dirigida a la Dirección General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que esta utilizara un lenguaje menos oscuro y más accesible en sus comunicaciones a los contribuyentes. Como es natural, la recomendación por sí misma y, si se quiere, el aprovechamiento que de ella ha hecho la prensa, en este caso la radiofónica, junto con la dación de cuenta a las Cortes Generales que la entrega del informe supone, agotan las posibilidades de la acción del Defensor del Pueblo. A partir de aquí los propios centros y organismos implicados, o en su caso la acción normativa si se considera conveniente, tienen en sus manos y en su voluntad política los oportunos instrumentos para promover mejoras, suscitar iniciativas legislativas, crear grupos de trabajo o cursar las órdenes correspondientes. Ir más allá por nuestra parte, además de una temeridad organizativa, no pasaría de ser una simple manifestación de ingenuidad o de injerencia institucional en las competencias de otros poderes u organismos.


Otro ejemplo, esta vez concerniente a la Administración de Justicia.
Durante los últimos años hemos venido haciendo hincapié, en estos informes al Parlamento, en los numerosos problemas que aquejan al funcionamiento del Registro Civil, tanto en sus servicios centrales como en los periféricos y en las oficinas consulares. Se han formulado varias recomendaciones y se ha intercambiado multitud de comunicaciones con la Secretaría de Estado de Justicia. Ahora, si se me permite la expresión, la pelota corre por otros campos. La Administración, efectivamente, ha anunciado planes de informatización y una nueva gestión de los medios materiales y humanos dedicados a la tarea del Registro Civil. Tan solo nos queda hacer el seguimiento de esos planes y medidas. Seguiremos en actitud vigilante, pero en ningún caso tenemos instrumentos, más allá de la auctoritas que se deriva de nuestros razonamientos, para hacer ejecutar lo propuesto y para que de una vez por todas se solucionen las disfunciones que durante tanto tiempo han venido perjudicando a los ciudadanos, que tardaban meses y hasta años en realizar los trámites elementales relacionados con su estado civil.


Entre otros muchos esfuerzos de supervisión, se elaboran las propuestas; se mantiene una relación de colaboración y de estímulo con las administraciones, con los poderes del Estado y con los ciudadanos, incluso se llevan a cabo estudios monográficos especializados; se divulgan en los medios de comunicación, cuya participación y cuyo interés son de agradecer, los problemas y las posibles soluciones, y se da cuenta de todo ello a las Cortes Generales al incluirlos en el informe anual preceptivo, y sobre todo se sigue controlando la efectividad de las sugerencias y recomendaciones admitidas en su caso por las distintas administraciones. Es verdad que todavía podríamos hacer algo más directo o más concreto, verbigracia elaborar planes de ejecución o programas de actuación administrativa o elaborar campañas masivas de sensibilización ciudadana. Ahora bien, estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que debemos respetar, aquí como en las innumerables cuestiones que reclaman nuestra atención, la estructura y las competencias de nuestro Estado de derecho, así como los valores superiores de su ordenamiento jurídico. Por otro lado, la modestia de nuestros recursos nos impediría en cualquier caso una labor plenamente eficaz en esa dirección.


Tras esta breve digresión, que me parecía de todo punto necesaria, permítanme volver a la presentación del informe, cuyo texto ha sido puesto a disposición de SS.SS. Ya me he referido a los aspectos estadísticos generales y toca en este momento aludir a la parte más significativa del mismo, la correspondiente a la sustancia de las quejas y, como consecuencia, la supervisión de los sectores de las administraciones que han sido objeto de las actuaciones más destacables del Defensor durante el ejercicio 2008. Conviene señalar, desde ahora

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mismo, que esta mención selectiva no pretende agotar los asuntos innumerables que integran el informe y que han afectado a los ciudadanos en las complejas relaciones que estos mantienen con la diferentes administraciones públicas.


Aunque la dificultades de la Administración de Justicia vienen planteándose de manera crónica, prácticamente desde los inicios de la actividad del Defensor del Pueblo, puede decirse que en el año 2008 esos problemas han adquirido una destacada notoriedad, en buena parte debido a la huelga de funcionarios de los órganos judiciales en determinadas comunidades autónomas. Después de los paros laborales producidos en la Comunidad de Madrid, se planteó una huelga en comunidades en las que aún no se ha producido la correspondiente transferencia de competencias: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Illes Balears y Asturias, además de las ciudades de Ceuta y Melilla. Las consecuencia de estos paros tuvieron un fiel reflejo en las quejas de los ciudadanos al agravarse los perjuicios y retrasos ocasionados a miles de expedientes en tramitación o pendientes de ser instruidos.


En la jurisdicción penal la situación puede considerarse aún más complicada a consecuencia de diversos factores, particularmente por efecto de una mayor litigiosidad y de determinadas reformas legales, por ejemplo, la nueva tipificación de conductas en los delitos contra la seguridad vial. Por otro lado, los medios de comunicación vienen haciéndose eco con frecuencia de las consecuencias muy negativas, a veces trágicas, derivadas de la incapacidad de algunos órganos judiciales para asumir en condiciones adecuadas la carga de trabajo que se les presenta.
Como es sabido, y esta institución ya ha manifestado desde hace varios años, la reforma y modernización de la organización administrativa de la justicia es una tarea de los poderes públicos que no admite más demora, puesto que la eficacia del conjunto del ordenamiento constitucional y, por ende, la vigencia de los derechos y libertades fundamentales dependen en gran parte de que los jueces y tribunales puedan desarrollar su trabajo bajo una condiciones idóneas. En este sentido, cabe destacar el inicio de dos investigaciones de oficio en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio de Justicia. La primera de ellas, para reunir información suministrada por los responsables de la organización judicial en el ámbito estatal, sobre la situación general de la litispendencia y de la ejecutorias en los juzgados penales. La segunda, para conocer las posibles disfunciones del sistema general de protección a las víctimas de agresiones por parte de sus parejas o ex parejas.


Como se ha dicho muchas veces, es en el orden jurisdiccional penal, por la propia naturaleza de los bienes jurídicos que protege, donde el funcionamiento anormal de los órganos judiciales puede resultar llamativamente perjudicial. Estos son algunos aspectos cuya solución, a juicio del Defensor del Pueblo, merece una atención prioritaria: el exceso de carga de trabajo, la falta de medios materiales, la escasez de personal, la excesiva movilidad de la plantilla de funcionarios, la deficiente formación y experiencia profesional del personal interino, la falta de instrumentos informáticos adecuados a las particuliaridades del proceso penal y la inexistencia de una herramienta informática que conecte las bases de datos de las fiscalías y los juzgados para intercambiar información imprescindible sobre los hechos y las personas incursas en los procedimientos de instrucción o de ejecución. Las cuestiones referidas a las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia son objeto de tratamiento específico en el apartado correspondiente del informe, fruto de las muchas quejas individuales y colectivas presentadas en el año 2008 y anteriores.


El volumen de la población penitenciaria se ha incrementado en 2008, respecto del año anterior, en un 9,67 por ciento, uno de los mayores aumentos registrado en los últimos años. En total, 73.589 personas se encuentran internas en nuestros centros penitenciarios. Por otro lado, continuando con el programa periódico de visitas a estos centros para comprobar su situación general, durante el año 2008 se visitaron los de Jaén, Cuenca, Segovia, Palma de Mallorca, Eivissa, Granada, Ocaña I, Ocaña II, Lanzarote, Las Palmas, Estremera y Puerto III. Uno de los elementos que sigue preocupando con prioridad es el número de fallecimientos de internos en prisión, también en progresión creciente, especialmente por lo que atañe a suicidios. En varias investigaciones el Defensor del Pueblo ha debido poner de manifiesto la necesidad de mejorar la atención psicosocial que puede prestarse desde la Administración penitenciaria para prever y con ello tratar de evitar estas muertes. Dos probables razones que pueden explicar el incremento año tras año de la tasa de suicidios en prisión son la masificación de las cárceles, que implica un endurecimiento de las condiciones de vida, y el insuficiente seguimiento prestado por la Administración a las situaciones de riesgo en las que se encontraban, en buena parte, los fallecidos. Por esta razón se sigue una actuación ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la que se formularon observaciones y consideraciones para su traslado a los servicios de inspección penitenciaria.


Entre los aspectos positivos valorados en el informe de 2008 se encuentra el proceso de consolidación de los denominados módulos de respeto, en los que se encuentran integrados a finales de ese año 5.705 internos en 64 módulos correspondientes a 28 centros penitenciarios. Las visitas realizadas por la institución permiten confirmar la evolución positiva de estas experiencias de convivencia en los centros.


Merece también ser destacada la investigación iniciada en 2008 para actualizar la información disponible sobre el número de personas internas afectadas por algún tipo de discapacidad. Al margen de los aspectos generales, como la elaboración de un censo minucioso con el número y la distribución geográfica de estos internos,

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o la eliminación de las barreras arquitectónicas en los establecimientos, nos hemos interesado especialmente por la culminación del proceso para la emisión de los correspondientes certificados de discapacidad de todos los afectados.


De las quejas sobre seguridad ciudadana, las referidas a las denuncias por supuestas actuaciones indebidas de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destacan por su especial importancia cualitativa.
El primer aspecto que merece reseñarse es la satisfactoria respuesta, en términos generales, que habitualmente ofrecen los responsables de los distintos cuerpos ante estas denuncias y la sistemática reacción del ministerio fiscal para la comprobación de los indicios disponibles en cada caso. A esto hay que añadir, no obstante, que se siguen apreciando actitudes de resistencia en determinadas instancias administrativas, lo que dificulta la transparencia necesaria para ayudar eficazmente a dilucidar hasta el más mínimo rastro de conducta inadecuada por parte de los agentes policiales. Es necesario hacer especial hincapié en la evolución que viene apreciándose en los últimos años en esta materia, con una creciente incidencia de las quejas ante situaciones de abuso o malos tratos atribuidos a los agentes de las policías locales y la preocupación que produce la acumulación de denuncias por los excesos en la actuación de los vigilantes privados de seguridad.


Por lo que hace a la materia de tráfico y seguridad vial, destaca una recomendación contenida en el informe para mejorar los medios de notificación a los ciudadanos de los trámites en los procedimientos sancionadores. La práctica generalizada de acudir a la notificación edictal mediante la publicación en los diarios oficiales, cuando no es posible la inicial notificación domiciliaria, debiera ir acompañada de otras medidas de publicidad que el desarrollo tecnológico permite actualmente, como es la publicación en la propia web de la Dirección General de Tráfico. Esto haría más efectivo el régimen de garantía de los ciudadanos, permitiendo la debida audiencia y defensa en el procedimiento. Esta medida podría recogerse ya en el borrador legislativo de la anunciada modificación de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.


En materia de inmigración y extranjería, muchas de las actuaciones llevadas a cabo en 2008 han puesto de manifiesto la creciente necesidad de ampliar y superar el enfoque económico y laboral para dar la importancia que merece a los aspectos familiares y sociales que afectan a los inmigrantes, bajo la primacía de una perspectiva global de los derechos humanos. Algunos de los problemas habituales tratados en las quejas revelan cierta confusión en el contenido de determinadas decisiones administrativas que tardan en adaptar ciertos aspectos de la normativa europea, por ejemplo, en relación con los derechos de los familiares de ciudadanos comunitarios. Así ha ocurrido con algunas decisiones de prohibición de entrada en territorio nacional, incluso de progenitores de niños españoles o en la tramitación de visados y autorizaciones de regreso.


En relación con la situación de las islas Canarias, en 2008 se visitaron de nuevo las instalaciones dedicadas a la primera asistencia y detención de extranjeros llegados irregularmente por mar desde el continente africano. Y aunque se ha podido apreciar una mejora de dichas instalaciones en Tenerife-Sur, se apreciaron ciertas anomalías en otros centros de la isla de Gran Canaria. En concreto, en el Centro de Internamiento de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, se comprobó in situ cómo algunos internos procedentes de un cayuco llevaban rotulado en sus ropas un número de identificación. El Defensor del Pueblo ya ha manifestado su firme oposición a semejante práctica, dado su carácter atentatorio para la dignidad de las personas y su escasa fiabilidad como medio de identificación personal. En las islas Canarias también se visitaron los dispositivos de emergencia para la acogida de menores extranjeros no acompañados en Arinaga, Gran Canaria, y los centros de acogida de menores extranjeros de El Fondillo y Siete Puertas.
En cuanto al primero de ellos, el de Arinaga, no se considera acorde con la naturaleza de un centro residencial para menores su excesiva distancia al núcleo urbano más próximo y la inexistencia de transporte público.
También se visitaron los centros para menores de Ceuta y Melilla. El ordenamiento jurídico español proporciona, en general, un régimen amplio de protección a los menores de edad. Sin embargo, las autoridades administrativas no se muestran del todo eficaces a la hora de ejecutar ciertos trámites que pueden afectar a los menores extranjeros. Entre las situaciones a las que me refiero, se encuentran las siguientes: la no utilización de los medios técnicos existentes para determinar la edad de los menores, cuando hay dudas al respecto, y con relación a los llegados de forma irregular a las costas españolas; la lentitud en algunas comunidades autónomas para proceder a la declaración de desamparo cuando se trata de menores no acompañados, lo que dificulta el ejercicio de sus derechos cuando el retraso procedimental alcanza al momento de acceso a la mayoría de edad; y, por último, la práctica de considerar la fecha de llegada efectiva al territorio español como la determinante para la validez del visado de reagrupación familiar, cuando el retraso en la tramitación del mismo, a veces es muy considerable, es solo imputable a la ineficaz gestión de la oficina española correspondiente. De acuerdo con una recomendación del Defensor del Pueblo, esta última práctica parece haberse reconocido ya como inapropiada y ahora la fecha de referencia es la del inicio de los trámites para la obtención de ese visado.


La mayoría de las quejas que llegan hasta el Defensor del Pueblo en materia de educación apuntan, de una u otra manera, a la insuficiencia de los recursos económicos dedicados a la realización efectiva del derecho fundamental a la educación. Esa insuficiencia de recursos se explica sencillamente por razones de prioridad en la

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inversión pública y afecta a todos los niveles educativos. En el nivel de educación no universitaria destacan, un año más, asuntos ya tratados en informes anteriores como las deficiencias en algunas instalaciones escolares o la insuficiente cobertura en el primer escalón de educación infantil. Ya se ha insistido en otras ocasiones en la importancia reflejada en la Ley Orgánica de Educación de que las administraciones ofrezcan un número suficiente de plazas educativas para los niños de hasta tres años, para atender la demanda social existente, así como que se garantice en términos reales la gratuidad del segundo ciclo hasta los seis años, con lo que ello supone para el conjunto de las relaciones socioeconómicas familiares. Sigue teniéndose conocimiento, además, de irregularidades en los procesos de admisión de alumnos, especialmente en centros privados sostenidos con fondos públicos, que promueven un desequilibrio injustificado en cuanto a composición del alumnado en comparación con los centros públicos. Por otro lado, la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales sigue siendo en muchos centros insuficiente, un problema permanente que por desgracia sigue sin resolverse de manera adecuada.


En el nivel de la educación superior, el año 2008 ha venido marcado por la aparición de protestas organizadas en el ámbito universitario por el denominado proceso de Bolonia, paradójicamente cuando los plazos para la implantación del mismo ya se están cumpliendo. Al margen de las diversas opiniones sobre las evidentes ventajas, pero también los inconvenientes, de este proceso para la universidad española, es lamentable que las medidas y los planes de adaptación se hayan llevado hasta el momento de una manera tan poco transparente. Tratándose, en sus objetivos, de un proyecto de transformación histórica de la universidad y de las titulaciones universitarias de nuestro país, con todos los efectos sociales, culturales y económicos que esto implica, no es comprensible que las distintas administraciones educativas responsables hayan mantenido una conducta, hacia cierto punto, de opacidad, sin abrir dicho proyecto al debate general, poniendo a disposición de los actores directamente afectados y de toda la sociedad los elementos de información imprescindible con una antelación suficiente.


Las quejas referidas a la Administración sanitaria durante 2008 se han centrado en asuntos ya tratados en anteriores ocasiones, con ligeras variaciones de intensidad según la procedencia geográfica. A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley reguladora de los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y documentación clínica, aparecida el año 2002, las quejas recibidas a este respecto muestran que las previsiones no han alcanzado el grado de cumplimiento que sería deseable. Además, las diferencias en el régimen de ordenación de prestaciones, entre unas administraciones autonómicas y otras, es cada vez más notable. Esas diferencias se aprecian respecto a los siguientes aspectos, entre otros: nuevas terapias y dispensación de medicamentos; calendario de vacunas; salud mental; enfermedades raras o poco frecuentes; diagnóstico genético preimplantatorio y consejo genético; cuidados paliativos y tratamiento del dolor; atención bucodental; cirugía de reasignación de sexo; atención podológica a pacientes diabéticos; terapias contra el tabaco; y ayudas a personas celiacas. Por otro lado, en cuanto a los problemas de retraso para la obtención de la prestación sanitaria, el número de quejas ha descendido, aunque se aprecian importantes diferencias entre los distintos territorios, siempre de acuerdo con las quejas ciudadanas. A este efecto, debe ser señalada la irregular utilización de las llamadas agendas cerradas en varios centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, que perturba el derecho de los pacientes a conocer la fecha en la que serán atendidos. También ha de destacarse la recepción de un significativo número de quejas de usuarios y profesionales, expresando su inquietud por un proceso calificado como de externalización de los servicios sanitarios, cuya progresión podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España, es decir, los de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad. En el año 2008 se han recibido en este sector de la sanidad varias peticiones de profesionales y ciudadanos interesados en la creación de nuevas especialidades médicas, más en concreto, la de medicina de urgencia y la de psiquiatría de la infancia y la adolescencia. A finales de ese año, la información facilitada por el Ministerio de Sanidad indicaba que se pensaba abordar este asunto en el marco de una reforma troncal de las especialidades médicas cuyos trabajos se encuentran pendientes en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.


Con relación a las políticas sociales, es necesario aludir a la tramitación de muchas quejas por la notoria lentitud en la aplicación de la llamada Ley de Dependencia. La acumulación de solicitudes de prestación para los niveles de gran dependencia, por ejemplo, cuyo reconocimiento y ordenación debería haber finalizado en el 2008, ha desbordado a las distintas administraciones encargadas de su gestión y no se han podido cumplir las expectativas generadas. Cabe en este punto volver a mencionar las conclusiones de las jornadas de coordinación de los comisionados autonómicos y el Defensor del Pueblo, incluidas en el informe, que tratan sobre los aspectos más necesitados de atención en esta materia.


En la parcela de la Administración laboral, el brusco deterioro de la economía durante el año 2008 ha provocado un estremecedor incremento del número de desempleados y, por tanto, de solicitantes de las correspondientes prestaciones y subsidios relacionados con el desempleo, provocando una afluencia masiva de personas en las oficinas de los servicios públicos correspondientes. En consonancia, se han recibido muchas quejas de los ciudadanos por las largas esperas para presentar sus solicitudes o por la tardanza en percibir la prestación económica correspondiente. Aunque ciertos problemas

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de retraso, en determinadas provincias y territorios con mayor población, ya eran objeto de estudio desde hace años, en el 2008 se inició una investigación general con la colaboración de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal para conocer el plan de medidas previsto para contener la multiplicación de problemas que la masiva afluencia de personas estaba generando. En términos generales, puede decirse que la reacción de las administraciones ha sido positiva, al menos en cuanto a las decisiones para reforzar las plantillas que atienden las 700 oficinas que aproximadamente hay en España. Así, durante la segunda mitad del año, se nombraron 866 nuevos funcionarios interinos para cubrir puestos en dichas oficinas, tras la debida autorización de los departamentos de función pública y de costes de personal y pensiones públicas. También se han adoptado otras medidas de reorganización dentro de las oficinas, dando preferencia a los expedientes de prestación, y está previsto implantar un sistema de gestión telemática de las solicitudes para este mismo año 2009.


Por lo que concierne a los aspectos fiscales y a la actividad económica, las quejas de los ciudadanos en materia de declaración y liquidación de impuestos y tributos son bastante numerosas todos los años, especialmente, con relación a la declaración-liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el año 2008, destacan las peticiones referidas a las inexactitudes detectadas en los borradores de la declaración que elabora la Agencia Tributaria. Ya se ha destacado en ejercicios anteriores el importante avance que supone la prestación de estos borradores para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones, si bien es cierto que no puede descuidarse la calidad ofrecida mediante ese servicio generando perjuicios o cargos indebidos.
Los ciudadanos confían en la precisión de los datos suministrados por la Administración tributaria, y a raíz de las distintas quejas recibidas se constató una información insuficiente sobre las posibles carencias de esos borradores. Afortunadamente la Administración, de acuerdo con el criterio expresado por la institución, ha decidido llamar la atención en sus comunicaciones sobre la necesidad de incluir en los borradores otros datos que solo conoce el declarante.


Otro grupo importante de quejas se corresponde con la disconformidad de muchos ciudadanos respecto a la cuantía e incluso la razón de ser de determinadas tasas, especialmente, en el ámbito municipal. A modo de ejemplo, la incorporación del concepto de reciclaje en el recibo de la tasa por recogida de residuos urbanos, que incrementa en algunos casos muy notablemente su cuantía, genera muchas dudas al no entenderse ajustada a los requisitos legales y a los estudios previos para aprobación de la correspondiente ordenanza municipal.


Con relación a otras cuestiones de actividad económica general, merece ser destacada la investigación de las muchas quejas por las modificaciones en la tarificación del consumo eléctrico, desde que para 2008 se eliminó la tarifa nocturna bonificada a la que en los últimos años se habían acogido muchos usuarios. De nuevo se han detectado carencias en el proceso de información pública a los ciudadanos sobre las medidas de la Administración en aspectos que afectan a su vida cotidiana, más allá de las campañas generales informativas.


Entre las cuestiones que suscitan los distintos tipos de transporte de viajeros, han de destacarse, en relación con el transporte ferroviario, dos investigaciones que ponen de relieve algunas consecuencias menos positivas del necesario desarrollo de la alta velocidad en nuestro país.
La primera de ellas hace referencia a la posible alteración en los trayectos intrarregionales con una menor frecuencia de pasajeros, lo que puede provocar serios perjuicios a la movilidad de los vecinos de determinadas localidades, lo que ha sido objeto de queja desde algunos puntos de la comunidad gallega. La otra investigación está referida a las diferencias tarifarias que muchos ciudadanos usuarios de la alta velocidad entienden que no se ajustan debidamente a las características del servicio prestado.


Por otro lado, señorías, se sigue prestando una sostenida atención a las muchas quejas de los ciudadanos por las deficiencias del acceso a los servicios de telecomunicaciones. Entre otros asuntos, el Defensor del Pueblo se ha interesado durante 2008 por la preparación de una carta de derechos y obligaciones de los servicios de telecomunicaciones y de la sociedad de información. El pasado 30 de mayo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado un real decreto que recoge el contenido de esta carta de derechos y obligaciones, cuyos detalles normativos actuales están siendo estudiados ahora mismo por los servicios de la institución.
Estoy convencido de que a lo largo del presente año podremos valorar el alcance y las repercusiones prácticas de este nuevo instrumento jurídico exigido desde hace tiempo y, sobre todo, podré dar cuenta a SS.SS. en el momento oportuno. En todo caso, conviene insistir una vez más en la necesidad de avanzar decididamente, con el apoyo de todos los poderes públicos, en el proceso de reducción de la llamada brecha tecnológica con un claro doble objetivo: la necesaria consolidación del servicio universal de comunicaciones como derecho individual de todos los ciudadanos y las evidentes ventajas que para el conjunto de la actividad socioeconómica en España puede suponer el mejor aprovechamiento por todas las personas de las capacidades y de la disponibilidad de los nuevos servicios y recursos tecnológicos. En lo que afecta al apartado que el informe dedica a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el urbanismo y la vivienda, resulta sorprendente comprobar, mediante las investigaciones llevadas a cabo en materia de medio ambiente, la disparidad existente entre la creciente preocupación ciudadana por los problemas ambientales y la tranquilidad o lentitud con que algunas administraciones afrontan sus deberes de protección. Una disparidad que también se

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puede observar entre una realidad práctica de protección administrativa insuficiente y el discurso teórico que acompaña a todas decisiones que afectan al territorio, basado en una definición incompleta del concepto de desarrollo sostenible.


En el año 2008 vuelven a destacar las investigaciones en materia de evolución ambiental y los problemas de contaminación acústica, así como los asuntos ligados a la protección de espacios naturales cuyo contenido enlaza en ocasiones con el proyecto de desarrollo urbanístico. Con relación al urbanismo, se han seguido denunciando proyectos de planificación excesivamente desarrollistas que no responden de forma sostenible a la ordenación apropiada tanto de la consolidación y regularización de las zonas urbanas como de los procesos de expansión y desarrollo allí donde pueden ser necesarios. Por otro lado, respecto de la gestión urbanística, las quejas ponen de manifiesto que continúa la lentitud y burocratización de los procesos que, en cualquier caso, no pueden ser achacadas a la imprescindible participación ciudadana. Por último, la gestión de las licencias urbanísticas es también frecuente motivo de queja por la percepción que transmiten los ciudadanos sobre una excesiva discrecionalidad de las administraciones responsables.


Posiblemente el sector de la vivienda es el más castigado por la coyuntura de crisis económica que atraviesa España; un sector en el que esa crisis se manifiesta con especial intensidad en comparación con otros países.
Las quejas ciudadanas durante el año 2008 se repiten por la insuficiente oferta de viviendas de protección pública a las que pueden acceder los ciudadanos en situación más precaria. En ese sentido, conviene tener en cuenta el plan estatal vigente que prevé una mayor inversión a este respecto y esperar a que las medidas también adoptadas por las administraciones autonómicas den resultados que palien la gran dificultad de los ciudadanos para el acceso a una vivienda digna. También se ha recibido un número muy alto de quejas por las disfunciones en la gestión de las ayudas para la emancipación de los jóvenes aprobadas por la Administración estatal y gestionadas en colaboración con las comunidades autónomas. A finales de 2008, de acuerdo con los informes recibidos, se encontraba en vía de solución parte de los problemas detectados, aunque en distinto nivel de eficacia dependiendo de la Administración autonómica concernida. La eficiencia de la actividad administrativa y el sostén básico de lo que se denomina buena administración, esa para la que nuestra Constitución señala los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, depende en gran medida de quienes prestan directamente sus servicios en las administraciones públicas. Sin restar un ápice de importancia a la definición de las líneas de actuación y al impulso organizativo que corre a cargo de los distintos órganos de dirección, lo cierto es que la salud del sistema de gestión administrativa obedece en gran parte a la motivación y a las condiciones de trabajo de los millones de funcionarios y empleados públicos que hoy existen en nuestro país. Se trata, además, del sector de población que, por razones lógicas, conoce mejor el papel que puede desempeñar el Defensor del Pueblo como garante de sus derechos, lo que explica el elevado número de quejas que todos los años se reciben sobre desarreglos o conflictos en el seno de la Función pública.


De manera genérica, como pueden comprobar SS.SS. tan solo con hojear el informe, se han tramitado quejas sobre temas relacionados con las plantillas de personal, con las relaciones de puestos de trabajo y las condiciones laborales, sobre la movilidad y las peticiones de traslado de esos servidores públicos o también el acoso laboral, un fenómeno que, afortunadamente, parece haberse contenido, pero que sigue siendo objeto de una amplia investigación iniciada por la institución en colaboración con todas las administraciones autonómicas. Además, respecto a cada uno de los sectores de actividad y en relación con todos los niveles administrativos, se ha intentado dar solución a los problemas que se venían planteando, dando traslado a los responsables de cada órgano o departamento de las situaciones expuestas y recomendando, cuando se considera preciso, lo más adecuado al derecho del interesado. A modo de ejemplo, continuando con lo expuesto en uno de los puntos anteriores, el conflicto vivido en el contexto de la Administración de Justicia durante 2008 responde en buena parte a lo que el personal de este sector considera unas muy difíciles condiciones de trabajo. La eventualidad incluso de que los titulares de los órganos judiciales puedan llegar a acudir a la huelga como instrumento de reivindicación de su situación laboral, expresa muy claramente la imposibilidad de separar la calidad del servicio administrativo de las circunstancias laborales y personales de quienes los asumen.


Esta misma reflexión vale para los trabajadores de la sanidad o de la educación. Respecto a los primeros, se sigue con mucho interés la implantación de medidas que ayuden a combatir las situaciones de riesgo personal y hasta de violencia que llega a sufrir el personal sanitario, especialmente en el ámbito hospitalario. En cuanto a los segundos, se han seguido con interés los pasos dados para que, en este ámbito concreto y en un futuro próximo, pueda darse cumplimiento a las previsiones del Estatuto básico del empleado público sobre la continuación de la correspondiente mesa sectorial de negociación, como vienen reclamando insistentemente las organizaciones de representantes de estos trabajadores, lo que sin duda beneficiará al propio sector educativo en el nivel no universitario.


Para acabar con este forzosamente breve repaso del contenido del informe, únicamente me resta señalar la importancia y el incremento de las relaciones institucionales del Defensor del Pueblo durante el año 2008.
Esas relaciones, como conocen SS.SS., tienen dos finalidades principales: mantener y reforzar los vínculos con otras entidades defensoriales y acercar la figura del Defensor del Pueblo a la ciudadanía en general.


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Las relaciones con los demás defensores tienen una vertiente interna en la que destacan la cooperación y colaboración con los comisionados autonómicos españoles, cuya máxima expresión son las jornadas de coordinación que cada año celebramos en una sede distinta. El pasado ejercicio de 2008, las jornadas se celebraron en Oviedo y se centraron en los grupos marginados y en las principales cuestiones que su existencia plantea en una sociedad democrática. Pero esas relaciones interdefensoriales también tienen una vertiente internacional que se pone de relieve, sobre todo, en la consolidación de entidades de cooperación tan caracterizadas como la Federación Iberoamericana de Ombudsman, cuyos congreso y asamblea número 13 se celebraron el año pasado en la ciudad mexicana de Mérida, y la Asociación de Ombudsman del Mediterráneo, cuyo segundo encuentro se celebró en Marsella. En este ámbito de las relaciones internacionales, dentro de los esfuerzos por extender la influencia de nuestra institución en el mundo, debe mencionarse, entre otras actividades, la audiencia especial ante la Comisión Legislativa del Senado francés, previa a la discusión del proyecto de ley sometido por el Gobierno de dicho país con el objeto de revisar la Constitución gala e introducir una figura que sustituya al Médiateur actual, denominada Défenseur des Droits, de características parecidas a las del Defensor del Pueblo. El mencionado proyecto de ley quedó finalmente aprobado en la reforma constitucional.


Es evidente que no merece la pena destacar aquí y ahora toda la actividad desarrollada por la institución para acercar su quehacer al sentir de los ciudadanos. La tienen detallada SS.SS. en las hojas finales del informe y no voy a repetirla.


Finalizaré mi intervención mostrando el agradecimiento más sincero a todos mis colaboradores y mi satisfacción por las cotas de eficacia y responsabilidad conseguidas, que se muestran una vez más en la confianza que los mismos ciudadanos siguen teniendo en nuestra labor y que nos reiteran año tras año haciendo llegar sus deseos a nuestra mesa de trabajo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Defensor, por su exposición y por su informe. Abrimos ya el turno de palabra a los grupos parlamentarios.


Tiene la palabra el señor Llamazares por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer en nombre de mi grupo la comparecencia del Defensor del Pueblo y el informe sobre el año 2008, y plantear como primera parte de mi intervención lo relativo a la institución: la convicción de mi grupo de la utilidad de la institución del Defensor del Pueblo pero, al mismo tiempo, la convicción de que nos encontramos ante un punto de inflexión, ante la necesidad de la reforma de la ley y de la defensoría del pueblo en nuestro país. Estamos convencidos de ello porque, en relación con el informe de 2008 del Defensor del Pueblo, se dan algunas paradojas en la redacción del texto: la paradoja en relación con lo cuantitativo y lo cualitativo -de nuevo se recupera un nivel de queja muy importante, equiparable al año 2006 y, en ese sentido, se plantea la necesidad de hacer compatible la extensión con la intensidad de la intervención de la defensoría del pueblo- y, por otra parte, también está pendiente en nuestra opinión hacer compatible la descentralización política en nuestro país con la labor del Defensor del Pueblo, es decir, hacer compatible la existencia de defensores del pueblo en cada una de las comunidades autónomas o en buena parte de las mismas con el Defensor del Pueblo dependiente del Congreso de los Diputados. Por tanto, la superación de esa paradoja cuantitativo-cualitativa y la superación también de la centralización-descentralización nos parece una motivación para la reforma.


Además tenemos la impresión de que nos encontramos ante una institución que se corresponde con el Estado social y democrático de derecho de nuestra Constitución, cuando el funcionamiento de hecho de nuestra sociedad ha modificado ese modelo del Estado social y democrático de derecho. Ese modelo tiene una deriva que luego explicaré, por una parte de Estado social a Estado penal y, por otra parte, una deriva que transforma lo que podríamos denominar la calidad democrática en una, en palabras de Bauman, sociedad o vida de consumo. Esos cambios le plantean al Defensor del Pueblo también algunas otras paradojas: si finalmente es una institución moral o si es un buzón de quejas. Ese aspecto también es importante. En opinión de mi grupo no debe quedarse en ninguna de las dos cosas; es decir, es verdad que en determinadas materias debe plantear una orientación general, es verdad que en otras debe responder inmediatamente a las quejas pero, en nuestra opinión, la solución a los conflictos que he planteado antes respecto a centralización-descentralización o cantidad-calidad, y también a este conflicto entre lo moral y convertirse únicamente en un buzón de quejas, debe ser una actividad que, por ejemplo, ha tenido un paso importante a lo largo no de 2008 sino de 2009 con la investigación en materia de menores.


Ahí hay un trabajo muy importante y en ese caso quería destacar el, llamémosle, procedimiento de la actuación del Defensor del Pueblo en las actuaciones de oficio. Quería destacarlas como actuaciones, en opinión de mi grupo, de futuro que no solamente intentan responder, por una parte, a las quejas sino que, por otra parte, intentan también dar una orientación de fondo al trabajo del Defensor del Pueblo. En ese sentido, tenemos alguna duda respecto a que este incremento de las quejas suponga una mayor aceptación del Defensor del Pueblo. Puede plantearse esa reflexión y podría plantearse una más crítica, que quizás hay dificultades en cuanto a los mecanismos de mediación en nuestro país que contribuyen a conformar al Defensor del Pueblo como una última ratio ante la crisis de los mecanismos de participación y de mediación. Esa cuestión nos parecería a tener en cuenta también, y no solamente tiene que ver

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con el Defensor del Pueblo sino que tiene que ver con nuestras instituciones, con nuestra democracia. En ese sentido, sí serían cuestiones sobre las que en nuestra opinión merecería la pena reflexionar. Respecto a la institución del Defensor del Pueblo, por una parte, las investigaciones de oficio son un camino muy importante de revitalización del Defensor del Pueblo, que no quita el resto de las actividades y, por otra parte, que se hace necesario superar esas paradojas mediante una reforma y relanzamiento del papel del Defensor del Pueblo en nuestro país. Esa como primera cuestión.


La segunda cuestión es la que tiene que ver con la deriva de nuestro Estado social en Estado penal, y yo diría en Estado penal duro donde los sin voz necesitan la investigación de oficio de la defensoría del pueblo, además de otras cosas. Por ejemplo, volvemos a repetir otra vez la situación de nuestras cárceles y aquí nadie se da por aludido o, digamos, los fundamentales no se dan por aludidos. Incremento del 30 por ciento de la población reclusa en los últimos cinco años, en los últimos cinco años. Esa población dobla la tasa de suicidios de la población general, y esa tasa de suicidios tiene una correlación directa con el incremento de masificación de la población reclusa. Miramos para otro lado. Porque el problema sí son las reformas dentro de las cárceles, es el incremento también de plazas, pero la deriva no es esa, la deriva es que configuramos cualquier conflicto en nuestra sociedad, cada vez más, como un conflicto mediático traducible en términos de Código Penal; esa es la cuestión. Y somos una de las sociedades quizá con menor número de conflictos, paradójicamente, con mayor número de reclusos. Eso es un problema y ese problema tiene que ver con esta Cámara, tiene que ver con la deriva penal de esta Cámara. Si la próxima reforma del Código Penal hace que volvamos a incidir en el cumplimiento pleno de las penas en todo tipo de mecanismos de coacción y no hacemos nada en materia de rehabilitación y de reinserción, la plétora carcelaria seguirá y la limitación de derechos de unos ciudadanos también. No muestra, precisamente, una situación sanitaria de la población española, por decirlo de alguna manera.


Dentro de esa situación general, la de los psiquiátricos penitenciarios es algo particular, pero tiene que ver con la confluencia de dos marginaciones, la de la población penitenciaria y la de la población con enfermedad mental. Todo entra en contradicción en los psiquiátricos penitenciarios, que piden a voces una desinstitucionalización, pero una desinstitucionalización que requiere al mismo tiempo una red de salud mental que no tenemos. Ese es un problema también importante que aparece de nuevo en el informe del Defensor del Pueblo y que mi grupo parlamentario quiere destacar. Y en esa deriva penal, por supuesto, no se quedan fuera los centros de menores, que han sido objeto de un informe específico, por el que yo felicito al Defensor del Pueblo. La cuestión ahora es quién se da por aludido en relación con el informe sobre la Ley de Protección del Menor. Los que han elaborado el proyecto de ley no lo hacen, pues consideran que no dejaron abierta ninguna puerta a la dinámica de privatización y que tampoco dejaron ninguna puerta abierta cuando no elaboraron una memoria económica y dificultaron, por tanto, la puesta en marcha de esa ambiciosa Ley del Menor. Tampoco se dan por aludidos quienes utilizaron esa puerta abierta para la privatización a través de las organizaciones sin ánimo de lucro, que ahora son sinónimo de lucro y, por otra parte, nadie se da por aludido con respecto al descontrol, descontrol de esas organizaciones que se han hecho con la protección de menores en nuestro país, otra de las derivas penales, aparte de la deriva de la plétora en las cárceles. Y otra tiene que ver con los centros de internamiento de inmigrantes -me estoy refiriendo a lo que he denominado la deriva penal-, donde hay un problema importante con la preservación de los derechos de los inmigrantes, recluidos y en muchos casos sin derechos con suficientes garantías.


Paso a otro aspecto. El tercer aspecto de mi intervención tiene que ver con el Estado social. En cuanto al Estado penal, antes he comentado su deriva de endurecimiento, pero en el Estado social la deriva es otra. Es la deriva de la privatización, el asistencialismo y la consideración del ciudadano como cliente o como consumidor. Así está ocurriendo y así se refleja en las quejas de los ciudadanos que aparecen en el informe del Defensor del Pueblo, en relación con la gestión del sistema sanitario y su pariente pobre que he dicho antes, la red de salud mental, respecto a la educación, a la que se ha referido el Defensor del Pueblo en cuanto a los recursos y a la aplicación del espacio europeo de Educación, en relación con la lenta aplicación de la Ley de Dependencia, y sus contradicciones, y en relación con servicios públicos, como el de la seguridad, cada vez más privatizado y por tanto con más problemas de garantía de los derechos individuales, o el de la justicia, donde la oficina judicial y los mecanismos de garantía de los derechos de los ciudadanos parecen más que evidentes. Por tanto, el tercer aspecto de nuestra intervención tiene que ver con este Estado social, que en nuestra opinión está debilitándose y además tiene derivas que no garantizan los derechos de los ciudadanos.


En nuestra opinión, en el informe se hace escaso hincapié en un problema que debería motivar una investigación de oficio de la defensoría del pueblo, puesto que cuestiona derechos ciudadanos importantes: el derecho a la participación política, el derecho al medio ambiente y el derecho a la vivienda. Me refiero en concreto al caso de la corrupción urbanística, corrupción también política en nuestro país, una cuestión a investigar por parte del Defensor del Pueblo. Echamos de menos las investigaciones en lo que podemos denominar derechos de tercera generación, los que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones y administraciones, en lo que podríamos denominar también derechos de calidad democrática y de buena administración y, por otra parte, el derecho al medio ambiente, que nos parece que está

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en cuestión en esta materia y que debería ser objeto de un mayor celo por parte de la institución.


Termino refiriéndome a este informe como un informe exhaustivo con respecto a las quejas al Defensor del Pueblo, algo que demuestra que esta institución se encuentra en una encrucijada, una encrucijada que quizá se resuelva en próximos informes y en las investigaciones de oficio del Defensor del Pueblo, una encrucijada a la que me he referido con anterioridad fundamentalmente entre la exhuberancia de las peticiones y quejas por parte de los ciudadanos y la necesidad de una orientación de fondo en la garantía de los derechos de los ciudadanos por parte del Defensor del Pueblo.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el señor Batlle.


El señor BATLLE FARRÁN: Señor Defensor del Pueblo, quiero agradecerle a usted y a todo su equipo la presentación que acaba de hacer del informe anual. Como cada año, el informe del alto comisionado presenta una radiografía clara y contrastada de la situación de los derechos fundamentales y las libertades públicas y del respeto que por parte de la Administración pública se les presta, lo cual nos sirve de guía para insistir firmemente en la rectificación de aquellas conductas que las puedan vulnerar. El Defensor del Pueblo se ha convertido en un referente para los ciudadanos en la garantía de derechos fundamentales, pero también para las administraciones públicas que cada año muestran una mejor disposición para cumplir las recomendaciones y sugerencias del alto comisionado. Este es el camino, el del compromiso y la defensa por parte de las administraciones públicas de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Usted representa, señor Múgica, una institución que en cierta manera cada día más un número determinado de ciudadanos, llega a calificar como una institución que puede ejercer -no digo que lo ejerza pero que podría ejercerlo- un cierto contrapoder, que tiene que radiografiar lo que está pasando -lo hace-, que tiene que certificar el buen funcionamiento de la Administración pública -lo hace en lo que afecta y en lo que no afecta- y que tiene que garantizar el cumplimiento de estos derechos fundamentales, pero no solo para actuar desde la legitimidad procesal, lo cual es indispensable, sino para hacerlo también desde la denuncia política y desde la denuncia argumental, lo cual contrasta con esa función que a veces se ve vulnerada en cuanto a los cumplimientos de los derechos.


De este informe, algunos de cuyos aspectos son recurrentes con informes de años anteriores, es muy destacable el número de quejas que no se admiten a trámite, aproximadamente la mitad. Y si analizamos años los anteriores, es un poco menor que en algunos casos había sido incluso superior a la mitad; lo cual nos plantea una seria duda. ¿No será que llegan a la institución del Defensor del Pueblo un número importantísimo de quejas que deberían dirigirse a los defensores autonómicos? En todo caso, nuestra pregunta es: ¿Existen niveles de coordinación suficientes con las administraciones autonómicas, con las administraciones de los defensores autonómicos, para canalizar estas quejas? A nuestro entender, señor Múgica -no quisiera hacer de esto un caballo de batalla ni que se interpretara mal-, debería limitarse a atender las quejas que provienen de las actuaciones de la Administración General del Estado o de la Administración periférica y, en todo caso, dejar en el ámbito autonómico y trasladar al ámbito autonómico aquellas quejas que son de su estricta competencia, de la competencia exclusiva del ámbito autonómico. Como no podía ser de otra manera -lo hemos ido viendo en los diferentes informes que se nos presentan año tras año-, se ha referido de nuevo a las administraciones que no cumplen con sus obligaciones -ha citado varias-.
¿Cómo se puede corregir esta disfunción?, ¿qué hay que hacer? Es verdad que la Administración cada vez es más sensible a las sugerencias y recomendaciones que se hacen en los diferentes informes y que hace llegar la defensoría, pero no es menos cierto que se va mostrando una cierta patología y una falta de respeto a la legitimidad de la institución que usted representa.


Nos pone de manifiesto los problemas de la Administración de Justicia, que siguen siendo de rabiosa actualidad año tras año, porque año tras año se muestra de una forma cruel el problema que tenemos en las ejecutorias penales pendientes. Esto nos lleva a otra pregunta, ¿se puede convivir con esas decenas de miles de ejecutorias penales pendientes? Llegan a formar parte de nuestra cotidianeidad, ¿lo aceptamos como un gesto cotidiano?, ¿lo aceptamos como algo irremediable, como algo irreversible? A nuestro entender, no debería ser así. ¿En qué han contribuido las mejoras, a el incremento de jueces y fiscales, que ha puesto el Gobierno a disposición de la Administración de Justicia hasta ahora?, ¿en qué se nota, si es que se nota en algo?, ¿qué se debería hacer?, ¿cuáles deberían ser los límites para que la Administración de Justicia llegara a corregir ese defecto crónico que ha llegado a colapsarla o que esté en vías de colapso? Habla también, y con una crudeza alarmante, de lo que ocurre en la Administración penitenciaria, de los problemas de las cárceles, del problema de hacinamiento que recoge en su informe, del incremento de los suicidios y de la falta de atención psicosanitaria de los presos. En una situación en la que el incremento de presos se ha multiplicado o ha crecido alrededor de un 30 por ciento, ¿no cree que sería necesario, que sería imprescindible establecer protocolos psicofísicos de todos los presos para evaluar aquellas condiciones que pudieran ser de riesgo potencial?

La inmigración. ¡Qué decir de la inmigración! El informe de 2008 refleja una situación alarmante. Veremos lo que dice el informe de 2009, con la situación actual, con la crisis económica que estamos viviendo, que se ceba básicamente en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, uno de los cuales es el de la inmigración. Con esto sé que no descubro nada. La apuesta

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decidida por la inmigración legal ordenada tiene que tener en cuenta la capacidad de acogida real, no la vinculada a la especulación ni la vinculada a los movimientos y a los flujos migratorios, ni la vinculada a las mafias explotadoras de esta inmigración. Estamos en una sociedad cada día más cambiante, en una sociedad que envejece más, debido básicamente a las mejoras en los sistemas asistenciales de salud, lo cual pone de manifiesto una serie de deficiencias del sistema, y a pesar de los pesares y a pesar de los recursos -reconozco que los recursos en sanidad pública han crecido muchísimo-, los sistemas se muestran todavía insuficientes respecto, básicamente, a las listas de espera y a la falta de especialidades en enfermedades mentales y en enfermedades raras. Y no solo estamos en una sociedad cambiante no solo por lo que he dicho anteriormente, sino también por la atención ciudadana que merecen cada día más los temas medioambientales. Hay falta de sensibilidad por parte de las administraciones locales respecto a temas de contaminación atmosférica, de contaminación acústica, una habilidad para escurrir el bulto y echar la culpa a la falta de recursos para establecer las mediciones adecuadas, y corregir la poca rigurosidad de algunos informes de impacto ambiental y en materia de aguas y vertidos, y al poco rigor a la hora de aplicar en estos mismos informes de impacto ambiental las garantías que definen o deben definir la Ley del Suelo en cuanto a sostenibilidad y gestión de recursos hídricos.


Podríamos decir bastantes más cosas, pero usted ha hecho un relato exhaustivo, bien desarrollado, metódico, basado y amparado en los datos que se reflejan en el extenso informe que nos ha hecho llegar. Se lo agradecemos y le instamos a seguir por ese mismo camino.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Defensor del Pueblo, quiero saludarle de nuevo en esta segunda ocasión en que nos vemos la cara en esta Comisión.


En primer lugar, quiero comentarle -eso encuentra su causa en un reproche que le hice en su anterior comparecencia- que todavía no soy capaz de encontrar en la página web del Defensor del Pueblo las lenguas cooficiales. Ustedes me aseguraron que sí que se utilizaban las lenguas cooficiales existentes en el Estado español, pero no soy capaz de encontrar en su página web el informe en catalán, en euskera o en gallego que nos remite todos los años. Me dice su adjunta que está. No sé si será por mi incapacidad para el uso de los programas informáticos, pero paradójicamente nos encontramos con que este informe está publicado en francés, en alemán y en otras lenguas. Entre otras cosas, esta proclividad y esta proactividad hacia el uso de lenguas extranjeras quizá se deba a los veintitrés viajes que ha realizado el año anterior la institución que representa. Pero esta es otra circunstancia, que luego comentaremos.


Le agradezco su información. El señor Llamazares y yo mantenemos recurrentemente un debate sobre si estamos convirtiendo nuestra sociedad en una sociedad penal o en una sociedad policial, que es la otra alocución que se suele utilizar. No estoy tan seguro de esa aseveración o sí puedo aceptarla o asumirla...


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): No le oigo bien.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Perdone.


...sí podría asumir el hecho de la circunstancia de que quizás estemos...


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): He oído lo del señor Llamazares, pero a partir de ahí no le he oído.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Decía que el señor Llamazares y yo solemos discutir sobre esta cuestión en diversos debates sobre la convergencia hacia una sociedad penal o caracterizada por un protagonismo excesivo del derecho punitivo, una sociedad de carácter casi policial o cuasi policial. No estoy tan seguro. Usted conoce que el Código Penal actual es un código moderno, del año 1995, que ha sufrido reformas, algunas con amplio consenso social, aprobadas por unanimidad, con relación a patologías criminales que han aflorado espectacularmente ex novo. No sé hasta qué punto cabe hablarse de una sociedad criminal, penal o policial, cuando delitos como el del secuestro que está previsto en el artículo 163 del Código Penal, tienen una pena de privación de libertad de cuatro a seis años, y estamos hablando de un delito grave; delitos como el de amenazas, tiene un reproche penal de uno a cinco años; abuso sexual, artículo 181, tiene reproche penal de uno a tres años; acoso sexual, de cinco a seis meses, no llega ni a un año la pena que se impone por el acoso sexual; prostitución y corrupción de menores, de uno a cuatro años de privación de libertad; pertenecer a bandas organizadas como miembros activos, promotores o dirigentes, de uno a cuatro años. En definitiva no sé si sobre delitos graves, que generan verdadera alarma social en virtud de acontecimientos con los que hemos convivido y constituyen las manifestaciones más sórdidas de nuestra sociedad, estos reproches penales previstos en el Código Penal del año 1995, permiten aseverar no sin matizaciones que vivimos en una sociedad penal, en una sociedad que converge hacia el uso del derecho punitivo para la resolución de sus problemas, en una sociedad policial, o más bien lo que hay que hacer es pensar si las penas o el sentido de las penas -que como sabe el señor Defensor del Pueblo son las de prevención especial, prevención general y retribución- en algunos casos son manifiestamente insuficientes. Es un tema complejo para discutir y una opinión tan ilustre como la suya, la del Defensor

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del Pueblo, siempre es importante y puede realizar aportaciones sobre esta dialéctica con la que convivimos los ciudadanos permanentemente.


El tema de la ubicación de nuevos tipos penales en el Código Penal -le voy a poner un ejemplo casi paradigmático como la violencia de género o doméstica- merita acuerdos por unanimidad en esta Cámara cuando se incorporan o se incrementan las penas para reprimir esta patología social aberrante. En el tema de accidentalidad o siniestralidad en las carreteras y la tipificación de ciertas conductas como delitos, tengo una opinión más renuente y más reservada. Aquí sí me parece un uso abusivo, hay una limitación o relativización del principio de intervención mínima que debe caracterizar ontológicamente el Código Penal. En definitiva nos encontramos con nuevas patologías, con nuevos fenómenos, que crean alarma social, una gran reacción ciudadana o una gran pulsión ciudadana que nos hace pensar en algunos casos, con relación a la pederastia que determinados acontecimientos provoquen aldabonazos en nuestras conciencias, que en ocasiones incluso vivimos con un Código Penal particularmente tolerante en el ámbito punitivo con determinadas conductas. Le estoy planteando una cuestión de naturaleza cuasi metafísica y no es lo que nos convoca hoy a esta reunión, señor Múgica.


Quiero comentarle que el primer dato que nos llama la atención es que vemos que el número de quejas se ha duplicado con relación al número de quejas del año pasado. Cuando usted ha hecho reflexiones cuando ha explicitado o explicado sus informes, parece que uno está oyendo la lectura de la memoria del Banco de Santander, prácticamente, de una forma casi neutra, muy poco proactiva.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Ya me gustaría ser presidente del Banco de Santander. (Risas.)

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: A mí también, pero nos estamos dedicando en este momento usted y yo a otros menesteres. A todos nos gustaría, pero ahora lo que nos toca es esto por lo pronto. Desde esa perspectiva sus reflexiones son muy contables, pero muy proactivas a la búsqueda a veces de soluciones. Es algo sobre lo que le he inquirido más de una vez. Usted tiene a veces un posicionamiento quizás más activo a la búsqueda de las soluciones que a la denuncia o a la mera explicitación de las quejas que se plantean en la institución que representa. En definitiva, me gustaría saber cómo valoraría esta duplicación de las quejas producidas en un año.
Algo está ocurriendo, algún déficit o alguna suerte de atrofia democrática de más o menos entidad se está produciendo para que haya una duplicación de las quejas presentadas, sin contar las quejas presentadas ante sus homónimos en las comunidades autónomas, que plantea esta cuestión -con esto sí que estoy absolutamente de acuerdo con el señor Llamazares- no de coordinación, sino de distribución de competencias entre la institución que representa y las instituciones homónimas que existen no solo ya en las comunidades autónomas, sino incluso en lo síndicos de algunas capitales o ciudades que empiezan a existir.


En mi opinión hay una proliferación quizás excesiva de instituciones de contrapoder de esta naturaleza. No sé si estamos creando una especie de hiperinflación en cuanto a estructuras o instituciones que defienden los derechos de los ciudadanos, a las que hay que añadir las que están llamadas por requerimientos del ordenamiento jurídico ordinario del derecho positivo a la defensa de los mismos, como la Administración de Justicia, la Administración General del Estado o las administraciones de las comunidades autónomas. Empiezan a existir síndicos o defensores de la ciudadanía en ciudades como en Vitoria y en muchas otras. Le expliqué mi opinión en su día y me gustaría saber si la puede compartir o mantiene una posición opuesta a la que yo le glosé en su anterior comparecencia.
Si existen en el ámbito autonómico incluso utilizando las locuciones expresas del Estatuto de Autonomía de Cataluña, instituciones homónimas a la suya, lo que preconiza el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es que sus competencias allí las ejercerán de forma exclusiva; no sé hasta qué punto el ámbito de actuación del Defensor del Pueblo español debería circunscribirse a las quejas relativas a la Administración pública española en su ámbito general, en su ámbito periférico, a ese gran Leviatán, que constituyen las instancias de poder existentes de ámbito estatal en el Estado español. Nos encontramos con órganos constitucionales, entidades gestoras, sociedades públicas, Administración General del Estado, Administración estatutaria, con una proporción de instituciones que en virtud de un cálculo que ha realizado nuestro grupo parlamentario existen 62 instituciones del Estado por cada una autonómica. Desde esa perspectiva no sé hasta qué punto deberían circunscribirse sus competencias al control de las quejas relativas a las estatales, y las autonómicas deberían residenciarse las competencias dirigidas a la Administración autonómica, a la Administración foral en su caso, a las administraciones en definitiva ajenas al Estado, y su consideración territorial en su consideración más amplia. Sería una distribución quizás razonable de poder porque nos encontramos con la paradoja de que muchos ciudadanos vascos acuden a usted, otros ciudadanos que no son vascos acuden al Ararteko y otros acuden al Síndic de Greuges o al Justicia de Aragón. No sé hasta qué punto produce distorsiones en tanto en cuanto no nos consta que existan instrumentos de coordinación que posibiliten respuestas razonablemente similares o análogas con relación a los problemas planteados y que el portavoz de Entesa ha parafraseado o glosado recientemente.


Esta es una cuestión que está pendiente como está pendiente otra reforma, que también nuestro grupo va a preconizar, que es la pertinencia del mantenimiento de su legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad. No tenía dudas hasta que usted accedió -se

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lo digo con todo respeto y además con el cariño que se profesan dos personas que se conocen desde hace muchos años- a la condición del Defensor del Pueblo de que el Defensor del Pueblo, está previsto constitucionalmente, posea legitimación procesal para interponer recurso de inconstitucionalidad. Honestamente le tengo que decir, señor Múgica, que ha hecho un uso -la expresión perversa no me la va a tolerar la presidenta porque parece desproporcionada- inadecuado de su legitimación.
Sigo sin comprender por qué -no me lo ha sabido responder nunca- ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y por qué también se ha permitido otras licencias como declarar inconstitucionales, en virtud de declaraciones puramente valorativas, la reforma estatutaria que aprobó -llamado Plan Ibarretxe- en su día el Parlamento vasco y otras declaraciones que ha hecho que pertenecen a ámbitos manifiestamente ajenos al que usted representa y a la legitimidad para opinar y a la legitimidad incluso para el ejercicio de competencias propias, como son la interposición en vía de legitimación procesal suficiente mediante recursos de inconstitucionalidad.


En todo caso, señor Múgica, no van a ser tan críticas mis reflexiones como las que manifesté en su anterior comparecencia. Le comenté que su anterior comparecencia venía precedida de la última de la anterior legislatura. La última de la anterior legislatura cuando usted compareció aquí fue terriblemente tumultuosa. Yo la leí porque era novicio entonces en esta Comisión -es la única Comisión, señora presidenta, a la que no he pertenecido después de tantos años. He pertenecido a las otras treinta y dos; esta me faltaba por conocer pero ya la voy conociendo mejor-. Leí que en su última comparecencia, que fue la última de la anterior legislatura, el que no pidió su dimisión pidió su repudio, y el que no pidió su repudio pidió la retractación en relación con determinadas declaraciones. Yo no he visto una cosa más tumultuosa que aquella última comparecencia, que fue la última de la anterior legislatura antes de su nombramiento de nuevo. Le tengo que felicitar porque actualmente su posición o presencia pública ya no resulta tan polémica. Se está asentando la institución del Defensor del Pueblo y en este momento sus competencias, sus declaraciones y sus actos se corresponden más con las competencias previstas en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, que con una participación fuera de los ámbitos propios de la institución que representa y que caracterizó su actuación en la legislatura anterior cuando menos.


En cuanto a su informe, realiza reflexiones muy interesantes. La reforma del Registro Civil es algo perentorio; la privación del carácter jurisdiccional o del componente jurisdiccional de este registro es algo que estamos pensando y debatiendo en estos momentos en las Cámaras, como usted sabe, y en concreto en la Ley de Oficina Judicial. Sus reflexiones sobre las disfunciones en la Administración de Justicia me parecen muy atinadas, muy pertinentes, pero uno siempre espera actuaciones más proactivas desde el Defensor del Pueblo para conocer cuáles son las fórmulas de solución. Hay un problema, señor Múgica, y es que en el Estado español por cada 100.000 habitantes hay 10 jueces. La media europea es de 20,8 jueces por cada 100.000 habitantes. Eso ya crea en sí mismo un problema, y hay otros problemas múltiples, que seguramente usted habrá analizado. Se ha hablado aquí de las ejecutorias penales.
Convivimos con 350.000 ejecutorias penales, algunas de las cuales han provocado sucesos verdaderamente sórdidos y catastróficos, como el asesinato de algunas niñas que ahora no vamos a reproducir aquí. Desde esa perspectiva no sé hasta qué punto ustedes también -ya que tienen contactos permanentes o fluidos con el Consejo General del Poder Judicial- están buscando alguna suerte de solución para evitar la convivencia con algo que vulnera el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 14 de la Constitución.
Hay un punto que le aconsejo y recomiendo que valore: el sistema de módulos que utilizaba el Consejo General del Poder Judicial antes para mesurar la productividad de los jueces; por dictar una sentencia atribuía cinco puntos, pero por una ejecutoria un solo punto. Quizás aquí estemos en una de las claves que provocan que haya tantas ejecutorias penales pendientes, y yo se la recomiendo para su interlocución o sus contactos con el Consejo General del Poder Judicial.


En cuanto a los problemas penitenciarios, nos encontramos con una situación realmente catastrófica. Se incrementa la población penitenciaria en un 30 por ciento, como bien se ha dicho, exponencialmente. Vivimos una situación en la que no son ajenos fenómenos como el desempleo, la marginalidad creciente en algunos sectores de la población y el afloramiento de nuevas patologías criminales -sobre la cual se ha sensibilizado a la población y se buscan fórmulas de represión penal legítimas, como en el caso de la violencia doméstica- y otras fenomenologías delictivas. Desde esa perspectiva se incrementa notablemente la población penitenciaria, pero usted lo ha dicho y comparto esta opinión: alguien tiene que asumir responsabilidades que están previstas en la Ley General Penitenciaria. La Ley General Penitenciaria establece en sus artículos 2 y 3 que la Administración penitenciaria es la garante del derecho a la vida, y no sé hasta qué punto se está ejerciendo eficientemente una función de garante del derecho a la vida de los reclusos cuando el índice de suicidios se duplica en el ámbito penitenciario respecto a la población con carácter general. El artículo 15 de la Ley General Penitenciaria -y me vuelvo a dirigir al representante de Entesa- obliga a la Administración penitenciaria a elaborar un protocolo que identifique las características psicofísicas de cada recluso a efectos de prevenir suicidios. No sé si a usted le consta que esto se está haciendo de forma suficiente o de manera suficientemente eficaz cuando menos. Por último -y esto es una quimera, una utopía-, el artículo 19 de la Ley General Penitenciaria confiere como derecho subjetivo

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a los reclusos poseer una celda por cada uno de ellos, otra utopía. El nivel de crecimiento de construcción de prisiones no se compadece en absoluto con el nivel de crecimiento de la criminalidad que provoca penas de privación de libertad.


Para ir acabando, en materia de extranjería sabe el señor Defensor del Pueblo que va a entrar un anteproyecto de ley de extranjería que contiene elementos de regresión respecto a la legislación de extranjería vigente.
Fundamentalmente, se va a realizar lo que usted criticaba -y yo comparto su crítica-: una vinculación desorbitada, exagerada, inestricta del contingente de extranjeros en el Estado español a las necesidades del mercado de trabajo del Estado español, no valorando otras circunstancias, como las familiares, de carácter social, de solidaridad, y una limitación extraordinaria de la posibilidad del reagrupamiento, mediante lo que se considera un fraude, una perversión por el Gobierno del Estado español, que es el reagrupamiento en cadena, de forma que el reagrupamiento se va a limitar solo a los descendientes, a los cónyuges o parejas y excepcionalmente a los ascendientes. También me gustaría, desde la proactividad que nosotros le pedimos a la hora de emitir sus opiniones, que nos hiciera una reflexión sobre estas previsiones que endurecen la posibilidad de introducirse en el Estado español a parte de extranjeros que no tengan un puesto de trabajo concertado en origen, cosa no fácil a pesar de los convenios realizados.


Por último, algo que siempre le comento, y no considere que es una reflexión que hago ad hominem o para faltarle al respeto de alguna forma ni mucho menos. Esta es mi última reflexión, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Sea breve.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Hemos llegado a un nivel de concierto en el lenguaje semiótico la presidenta y yo que hace que algunos gestos de la presidenta resulten manifiestamente inequívocos para este portavoz.
(Risas.)

Las asociaciones protectoras de los derechos de los animales por enésima vez se han dirigido a usted para denunciar, entre otras cosas, lo que consideran un abuso manifiesto en determinadas prácticas o fiestas que tienen un componente cuasitelúrico pretendidamente en el Estado español, como es la fiesta nacional, la fiesta de los toros. Siempre me comentan que, a pesar de las reiteradas denuncias y quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo, se han encontrado -paradójicamente, porque usted no recurre a la institución del silencio administrativo, que habría que saber si es positivo o negativo en ese caso- con su ominoso silencio. Me gustaría saber si va a tener la deferencia de responder a las quejas en relación con determinados espectáculos de carácter taurino que se realizan por parte de estas organizaciones, que tienen perfecta legitimidad para dirigirse también al Defensor del Pueblo trasladando sus opiniones.


Dicho todo esto, señora presidenta, estoy muy agradecido por sus palabras y sobre todo -de verdad que con esto acabo, señora presidenta- por tener una posición menos politizada en el sentido partidario del término y más ajustada a los requerimientos de una institución, como ha sido calificada, de contrapoder, que es el mero ejercicio de las competencias que prevé la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: En primer lugar, quisiera pedir disculpas por mi retraso en la comparecencia. Estaba ocupada en otras tareas derivadas de mi trabajo parlamentario y, por lo tanto, no he podido llegar al inicio de la intervención del Defensor. Por eso, pido disculpas por el retraso, pero le aseguro que he hecho los deberes, que me he mirado bien el informe y creo que no me he perdido nada de lo que nos ha trasladado.


Quisiera agradecer su comparecencia ante esta Comisión para exponer el informe de 2008. Es un informe exhaustivo que refleja claramente muchos de los males que arrastran nuestras administraciones y que lamentablemente repercuten en los ciudadanos. Queremos agradecerles, a usted y a su equipo, el esfuerzo que año tras año realizan para trasladar todos los datos del informe. Ahora bien, dicho esto y reconociendo la exhaustividad de su trabajo y el esfuerzo que ello comporta, esta portavoz en nombre de Convergència i Unió cree necesario plantear varias cuestiones que le preocupan. Por un lado, la eficacia de la institución.
Esto nos preocupa enormemente y ya lo dijimos también al valorar el informe de 2007. Además, estoy bien segura de que esa es una preocupación y un objetivo que usted y su equipo comparten con nosotros, como es bien lógico. El informe refleja muchos cuadros estadísticos, una gran recopilación numérica, pero en el fondo de todos esos datos y números subyace una pregunta, ¿es realmente efectiva la institución? ¿Todos los expedientes que se tramitan, y que finalizan en recomendaciones, sugerencias recordatorios o advertencias, conllevan una rectificación en la actuación de la Administración que ha recibido esa recomendación, sugerencia, recordatorio o advertencia?, ¿ese toque de atención por parte del Defensor comporta que ese mal proceder de la Administración se rectifique definitivamente por parte de la Administración correspondiente? Me consta, porque así se ha reflejado en este informe anual, que en el ejercicio 2008 se formularon un total de 125 recomendaciones, 190 sugerencias, 113 recordatorios y 4 advertencias, lo que suma 432 resoluciones. Pues bien, esta portavoz se congratula de que en este informe se haya incluido información acerca de las resoluciones también incluidas en años anteriores. Ello es plausible porque nos ayuda a detectar la eficacia de la institución. Además, esta misma portavoz en su intervención anterior, en el informe de 2007, ya reivindicó

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que se incluyeran datos de años anteriores para así poder contrastar y valorar la eficacia pretendida por todos nosotros. Por tanto, reitero que nos alegramos, porque si tenemos una institución del Defensor en la que podemos valorar y contrastar los datos que aparecen reflejados en el informe, es indudable que conseguiremos mejorar también su eficacia y avanzaremos en la garantía de los derechos de los ciudadanos ante la Administración. Ahora bien, lamentablemente no hemos alcanzado la eficacia que todos desearíamos. Sin ir más lejos, esta portavoz ha presentado una batería de preguntas al Gobierno, en relación con las recomendaciones del Defensor de Pueblo derivadas del informe de 2007.
Concretamente, porque si no el trabajo era incansable, me centré en las recomendaciones vinculadas, sobre todo, en la provincia de Girona y, en general en Cataluña, referentes a la Administración del Estado en Cataluña. Así formulé unas diez o quince preguntas acerca de las recomendaciones que se habían efectuado en el informe de 2007.


Pues bien, a día de hoy, después de las respuestas que me han llegado, aún no tengo claro la efectividad de las recomendaciones y si han surgido algún efecto. Por tanto, pienso que sería interesante crear un mecanismo -si es que no disponen ya de él, lo ignoró- que conste ese seguimiento que es necesario sobre las recomendaciones. Debe hacerse un seguimiento exhaustivo después de la conclusión de cada expediente, de cada queja que haya en la institución del Defensor para así poder valorar cuál es el grado de cumplimiento, y poder valorar al final la efectividad de la institución y apuntar las pautas concretas para mejorar esa efectividad.
En ese punto, yo también estoy de acuerdo con la necesidad de abordar una reforma legislativa que afecte a la institución, cuanto antes para adaptar la institución a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias, principalmente las derivadas del nuevo marco autonómico que han dibujado los distintos estatutos de autonomía. El compañero de Izquierda Unida hacía referencia a la descentralización de la institución y mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo. Le avanzo también, por lo que hacía referencia a la efectividad de la institución que el Síndic de Greuges en Catalunya, como seguramente sabe usted, está tramitando una nueva ley que lo regule para adaptarlo al nuevo marco competencial del Estatut. En esa nueva ley también se prevé ese mecanismo de seguimiento al cual yo antes hacía referencia y creo que es de gran interés. Necesitamos una institución eficaz y debemos buscar los instrumentos para conseguirlo.


Hay otra cuestión que preocupa a mi grupo parlamentario, las actuaciones iniciadas de oficio, a las que también se ha referido el compañero de Izquierda Unida, pero yo lo voy a apuntar en otro sentido ya que nos preocupa otra cuestión. No queremos restar, en ningún caso, legitimidad al Defensor para que lleve a cabo esas iniciativas de oficio.
Reivindicamos, por otro lado, que haya criterios transparentes en esas actuaciones. Es preciso que el Defensor actúe con criterios objetivos a la hora de iniciar sus actuaciones de oficio. ¿Por qué razón inicia un expediente en concreto en detrimento de otro? Ahí creo que debería buscarse esa transparencia. Esta pregunta debe poderse responder con un argumento objetivo y creemos que debería establecerse un protocolo de actuación para los casos de oficio y así se aseguraría la transparencia que requiere la institución. Por ejemplo, podría formularle ¿por qué se decidió recurrir el Estatuto de Autonomía de Catalunya y, en cambio, otros que recogen artículos idénticos no han sido recurridos?, ¿con qué criterios se ha actuado? Esa transparencia se conseguiría con un protocolo de actuación previamente establecido, conocido por todos y la ciudadanía sabría los criterios que han guiado al Defensor.


Cambiando de tema, en mi anterior comparecencia también le hablé de las nuevas tecnologías. Me consta el esfuerzo que está haciendo la institución para adaptarse a ellas y prueba de ello lo tenemos en la página web del Defensor. Ahora bien, no es de recibo que la página del Defensor sea accesible en inglés y en francés y, en cambio, no lo sea en las demás lenguas cooficiales del Estado. Al igual que mi compañero del Partido Nacionalista Vasco esta portavoz tampoco ha sido capaz de acceder en otra lengua que no sea el castellano, el inglés o el francés.
Cualquier ciudadano español debe poder tener acceso a la web en su lengua. Por tanto, reitero nuevamente la necesidad de que se adapte la página al catalán, gallego y euskera la página. En su anterior comparecencia, como ya le he dicho, lo reivindiqué. Se me contestó que por cuestiones de presupuesto no era posible. Yo les digo, y ustedes me entenderán, que esta respuesta no me satisface. Por ello, les pido un esfuerzo en la línea de adaptar a las lenguas cooficiales la página web de la institución. Hay otra cuestión importante que es el convenio con el Síndic de Greuges. Me consta que estamos en el mismo punto de partida, igual que en la anterior comparecencia en la que expuso el informe de 2007, y ese convenio en cumplimiento con lo que establece el Estatut de Autonomía de Catalunya está totalmente paralizado. Nosotros le exigimos, le exigimos, que finalmente se cumpla y se lleve a cabo ese convenio en cumplimiento de lo que establece el Estatut.


En último lugar también quiero hacer mención al aumento de las quejas ante la institución del defensor. Por un lado, podíamos hacer una valoración positiva en el sentido de que la gente confía en el Defensor. No sé si va por ahí. Yo me inclino más a pensar que, quizá, ello quiere decir que aumentan las deficiencias en el funcionamiento de la Administración. Por tanto, tenemos que trabajar en la línea que antes le he estado apuntando, en la de la eficiencia de la institución, porque si aumentan las quejas aumentan también las disfunciones en las actuaciones de la Administración. Por tanto, es imprescindible que tengamos una institución del Defensor del Pueblo que sea lo más eficaz posible y, si no, me gustaría que hiciera una mención específica a por qué cree que

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ha aumentado de esta forma tan considerable el número de quejas ante la institución del Defensor.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Tarno.


El señor TARNO BLANCO: Quiero dar las gracias al Defensor del Pueblo y a su equipo por la presentación del informe del año 2008; mi enhorabuena por este importante trabajo.


El informe -ya lo han repetido algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- es exhaustivo, serio, y supone una radiografía del funcionamiento de las administraciones públicas en España, yo diría más bien del funcionamiento anómalo o no correcto de las mismas. Creo que es una herramienta útil para las administraciones públicas, y dudo que alguno de sus miembros haya leído este informe para aprender de sus recomendaciones, aunque debería ser una lectura de obligado cumplimiento para algunos gobernantes y administradores. Siempre que viene usted a esta Comisión se debate sobre el papel del Defensor del Pueblo, y parece evidente que la institución necesita algún retoque. Se trata de una institución absolutamente consolidada en nuestro Estado de derecho, y es una parte de la Administración reconocida por los ciudadanos. Lo que pasa es que cuando escucho a algunos portavoces hablar del papel del Defensor del Pueblo observo una manía persecutoria en el recorte de sus funciones y de su papel; algunos están mucho más preocupados por el recorte de competencias que por conseguir un modelo eficaz en España; están mucho más preocupados por su ombligo que por conseguir un modelo eficiente para los ciudadanos. Parte de ese papel del Defensor del Pueblo lo vienen jugando no solamente las quejas de los ciudadanos, sino las intervenciones de oficio, que creo que son un instrumento válido para conocer realidades en cuanto al funcionamiento de la Administración y la atención al administrado. Estoy de acuerdo en que no estaría mal tener unos elementos mínimos de regulación en cuanto a las intervenciones de oficio y a cómo tienen que funcionar, pero mezclar el papel de las intervenciones de oficio, de su regulación, con la posibilidad o no de que el Defensor del Pueblo recurra al Tribunal Constitucional me parece disparatado. Es evidente que se puede regular -y a lo mejor se debe hacer- el papel de las intervenciones de oficio, cómo se hacen o qué criterios se siguen, pero la potestad del recurso es del Defensor del Pueblo, como dice la ley.


En cuanto al aumento de las quejas uno tiene la sensación de que algunos lo achacan a la institución. Creo que el aumento de las quejas viene determinado por el mal funcionamiento de las administraciones públicas en España; además es un funcionamiento que se viene repitiendo, porque si leemos los últimos informes veremos que los asuntos se repiten año tras año -por eso digo que hay algunos administradores públicos que parece que no leen nunca el informe-, y algunos machaconamente. En esta Comisión hemos visto cómo se repiten en el informe algunas de las recomendaciones y quejas de los ciudadanos, y también intervenciones de algunos portavoces más preocupados de otra cosa que del informe que estamos analizando aquí. Voy a referirme a algunas cuestiones que se vienen repitiendo históricamente, por ejemplo las quejas de la Administración de Justicia. Hemos escuchado hablar del Estado penal; voy a leer un párrafo de su informe que es demoledor. Dice que, a juicio del Defensor del Pueblo, merece una atención prioritaria el exceso de carga de trabajo, la falta de medios materiales, la escasez de personal, la excesiva movilidad de la plantilla de funcionarios, la deficiente formación y experiencia profesional del personal interino, la falta de instrumentos informáticos adecuados a las particularidades del proceso penal, y de manera destacada la imposibilidad de interconexión de las bases de datos judiciales y la inexistencia de una herramienta informática que conecte asimismo las bases de datos de la fiscalía y los juzgados, para intercambiar información imprescindible sobre los hechos y las personas incursas en los procedimientos de instrucción o de ejecución. Parece el manifiesto de la huelga de jueces de hace unos meses o la que está prevista para el mes de junio. Esto es lo realmente preocupante, no si es un Estado penal o no. Parece que hay algunos que no se enteran de lo que está pasando, cuando permanentemente hay iniciativas populares, cuando vemos a miles de ciudadanos recogiendo firmas en la calle para la modificación de determinadas leyes, porque, como ha dicho el señor Olabarría, hay algunos delitos que no están lo suficientemente penados; repito que hay algunos que siguen sin querer enterarse, y parece que no se dan cuenta de la alarma social que producen algunos delitos, y la falta de penas realmente duras para acabar con ellos. El texto de su informe es claro y no ofrece ninguna duda.


Se habla de quejas sobre la Administración tributaria que se vienen repitiendo constantemente. Ahora se han incorporado -porque es una nueva técnica- los borradores del IRPF, pero vienen produciéndose numerosas quejas sobre el mal funcionamiento de este servicio, que contrasta mucho con algunos anuncios de autobombo en televisión, a los que nos tiene acostumbrados el Ministerio de Economía y Hacienda cuando llega este momento. En cuanto a la Administración sanitaria usted dice cosas realmente graves, y que no he escuchado a ningún portavoz; por ejemplo que en España en el año 2009 todavía diga usted que hay que dejar constancia de la existencia de desequilibrios y diferencias territoriales, según se trate de una u otra comunidad autónoma, en aspectos tales como universalidad y gratuidad de la asistencia sanitaria, nuevas terapias, medicamentos, calendario de vacunas, salud mental, etcétera, que diga que en España hay ciudadanos que tienen derecho a un modelo sanitario y otros no, y que la sanidad en España todavía no es universal es realmente grave, y eso nos debería preocupar mucho más que las competencias de

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determinados defensores del pueblo autonómicos o del Defensor del Pueblo que depende de esta institución, del Congreso de los Diputados.


Hay quejas repetidas sobre el funcionamiento de Instituciones Penitenciarias y de los centros de internamiento de extranjeros.
Considero enormemente positivas las visitas que realiza su institución tanto a los centros penitenciarios como a los centros de internamiento; creo que con ellas se está mejorando día a día el funcionamiento de esos espacios de la Administración, y me parece que es una labor enormemente importante. También hay quejas sobre el Registro Civil -lo ha dicho el señor Olabarría-, cuya reforma es imprescindible, pero viene apareciendo informe tras informe; parece que los temas tienen que aparecer multitud de años en los informes para que algunos se den cuenta de que existe un problema. Habla usted de las numerosas quejas, de las dificultades en las oficinas del DNI. Hace poco tiempo vimos cómo a un famoso delincuente le dieron en DNI en un momento, y en cambio hay ciudadanos que tienen que pedir cita previa, esperar días y días, y soportar el retraso. Es muy llamativo, pero sigue repitiéndose. En cuanto a las oficinas consulares en los últimos cinco informes se repiten las mismas quejas, en algunos casos incluso en las mismas oficinas consulares, y en el Ministerio de Asuntos Exteriores siguen sin tomar ningún tipo de decisión. Insiste usted -como han insistido otras instituciones- en el notorio y lento desarrollo de las previsiones de la llamada Ley de Dependencia, que está provocando frustración y enorme dolor a miles de ciudadanos españoles. En definitiva, ha hecho una interesante radiografía de las administraciones públicas en nuestro país, de su mal funcionamiento, de esa parte que no funciona todo lo bien que debería.


Es un informe de lectura obligada, que demuestra la necesidad de la institución. Parece que es evidente que debería adaptarse la institución cada vez más a los tiempos, como todas las instituciones, pero estoy convencido -como todos o casi todos los que estamos aquí- de que sería mucho peor el funcionamiento de las administraciones públicas y los usos de las administraciones públicas si no existiera la institución del Defensor del Pueblo. El papel de la institución es evidente, como su calado en la sociedad. Debe ser que yo vengo de una comunidad autónoma donde el papel del Defensor es importante, y no existen problemas entre el Defensor de mi comunidad autónoma, Andalucía, y el Defensor del Pueblo dependiente de esta institución, y lo que hay es una enorme percepción por parte de los ciudadanos de la importancia que tiene el Defensor.
Tenemos que darle un impulso para no generar frustraciones en los ciudadanos que recurren como última instancia al Defensor del Pueblo. Ese debe ser el objetivo de la reforma, si llega a producirse: intentar evitar esas frustraciones del ciudadano, modernizar la institución si es necesario, y adecuarla al siglo XXI.


Una vez más, muchas gracias por un informe tan exhaustivo. Sería un éxito que muchos representantes institucionales de este país le dedicasen un rato al informe.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Como siempre tengo que comenzar mi intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, agradeciendo el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, así como la presencia de aquel ante la Comisión parlamentaria para presentárnoslo.
Como cada año esta cita nos ilustra más que ninguna otra sobre la situación y la salud de las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas, dónde están los problemas y por dónde tenemos que comenzar para intentar resolverlos. En estas relaciones juega un papel de mediación insustituible el Defensor del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas, reconocidos y garantizados en nuestro texto constitucional. De esta confianza que los ciudadanos tienen en el Alto Comisionado es un ejemplo constante en los últimos años el hecho de que, año tras año, se incrementen el número de quejas formuladas y de quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo. En 2008 más de 92.000 personas han confiado -lo ha dicho usted- en la institución para plantearle sus quejas, lo que supone un incremento del 138,5 por ciento, y se iniciaron casi 24.000 expedientes, lo que -como señala el propio informe- constituye un notable incremento respecto al año anterior, si bien -también hay que señalarlo- es inferior al registrado en 2006.


En la misma línea que el año anterior es necesario destacar la importancia que han adquirido las actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo, si bien en este último año se ha producido un mínimo descenso de las mismas.
Pero el Defensor del Pueblo -ya lo hemos reiterado en alguna ocasión- no solo se erige en referente para los ciudadanos y ciudadanas, sino que en última instancia también cumple un papel insustituible como faro que ha de guiar la actuación de las distintas administraciones públicas. Sus recomendaciones no caen nunca en saco roto, sino que de ellas toman buena nota las administraciones y servidores públicos para mejorar día a día en su actuación.


Por último, desde este punto de vista general de la actividad del Defensor del Pueblo durante 2008, este grupo parlamentario también quiere destacar, como una opción de trabajo que ha hecho a la institución digna de alabanza y continuidad, la atención a lo que podríamos denominar la dinámica de la actividad de la defensoría, es decir, la atención especial que este año el Defensor presta en su informe a la eficacia de sus resoluciones, recomendaciones y sugerencias, y su observancia por los destinatarios de las mismas durante el transcurso del tiempo. La única forma de enfrentarse a un informe tan prolijo como este es tratar de destacar una serie de temas. Esta labor -y pido perdón de antemano por ello- no

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puede ser más que altamente subjetiva, pero también es la única manera de tratar una información tan numerosa y variada como la que hoy nos ha traído el Defensor del Pueblo.


Esta es -sin ánimo exhaustivo ni excluyente- la selección de mi grupo parlamentario. En primer lugar quiero destacar las quejas que se han producido en el ámbito de la sanidad. Coincidimos plenamente con el informe del Defensor del Pueblo cuando alerta de la externalización de los servicios sanitarios, cuya progresión podría llegar a vulnerar los principios básicos de salud en España, es decir, universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad. No veo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero sí he oído en su intervención que le preocupa bastante este tema. Quiero decirle que esa crítica del Defensor tiene un destinatario preferente, que es la Comunidad de Madrid, y esta comunidad está gobernada por el Partido Popular; luego estoy encantado de que al portavoz del Grupo Parlamentario Popular le preocupe cómo se está llevando la gestión de salud en la Comunidad de Madrid. El Grupo Socialista apuesta decididamente por una sanidad pública y universal que sea equiparable en todas las regiones que integran el Estado español, y lo hemos demostrado reiteradamente. No todos pueden decir lo mismo; de hecho no es casualidad que algunos destacados políticos del Partido Popular hayan salido en tromba -en un gesto sin precedentes- a criticar este aspecto concreto del informe del Defensor.


También coincidimos en la honda preocupación que el Defensor muestra sobre los problemas que plantea la aplicación de la Ley de Dependencia.
Pedimos, no, más bien exigimos colaboración de todas las comunidades autónomas competentes, sobre todo del Partido Popular, de Madrid, de la Comunidad Valenciana, para impulsar una ley tan importante como esta, que constituye el cuarto pilar del Estado del bienestar. Por razones obvias nos preocupan también las quejas que se han recibido en el Defensor del Pueblo derivadas de la actual situación de crisis económica. Se han de reducir lo máximo posible los tiempos de espera para recibir la prestación por desempleo, por citar solo un ejemplo. Pero también es necesario poner de relieve, como hace el propio Defensor, el esfuerzo que las distintas administraciones competentes han realizado mediante el reforzamiento por ejemplo de las plantillas de la Administración laboral.


También se ha prestado una especial atención a la situación de la Administración de Justicia, tanto debido a los conflictos laborales que se han producido en las comunidades autónomas que aún no tienen transferidas las competencias en esta materia, como a determinados errores judiciales que han tenido especial trascendencia en los medios de comunicación, y en consecuencia ante la opinión pública. Por eso en 2008 se ha producido una especial conflictividad en este ámbito, que ha tenido su lógica traducción en las quejas ante el Defensor del Pueblo. La justicia en España necesita, es obvio, más recursos, pero sobre todo necesita una mejor gestión de los mismos, una modernización de su forma de organización, incluida la incorporación a la misma de las nuevas tecnologías y métodos de trabajo. En definitiva se trata de conseguir que nuestra Administración de Justicia -todavía en algunos aspectos propia del siglo XIX- se incorpore plenamente al siglo XXI. Los problemas que presenta la Administración de Justicia se han puesto dramáticamente de manifiesto durante el año 2008, pero también quizá por eso se le ha prestado una especial atención a esta problemática desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, eso sí, buscando siempre el deseado consenso entre las distintas fuerzas políticas, necesario para la reforma de temas tan delicados. En este sentido, además de las reformas procesales ya en tramitación parlamentaria, el Gobierno apuesta por mejorar la gestión de los procedimientos judiciales, mediante la aplicación de nuevas herramientas de gestión procesal, por racionalizar el uso de los recursos personales, y especialmente por facilitar la interconexión e intercambio, garantizando la disponibilidad de información necesaria. Para ello resultará imprescindible la informatización de todos los registros, por lo que el esfuerzo presupuestario realizado el pasado año se va a continuar durante el presente 2009. En este sentido se han comprometido para los próximos tres años 600 millones de euros. Lo mismo sucederá con los medios personales destinados a la Administración de Justicia. Con el Partido Socialista se han creado, entre 2005 y 2009, 1.325 nuevas plazas de jueces y fiscales, frente a las 291 de jueces y 237 de fiscales que crearon los gobiernos del Partido Popular. Además el Ministerio de Justicia se ha comprometido a crear en esta legislatura el mismo número que en la pasada.


En tercer lugar me gustaría destacar otro aspecto que recoge el Defensor del Pueblo en su informe, como es el relativo a la seguridad vial. Pero pongamos estos datos en positivo. Si hay un sector en el que la eficacia de la acción del Gobierno de la nación ha sido puesta de manifiesto en los últimos años este ha sido el de la seguridad vial. Constata el Defensor en su informe que se han incrementado las quejas relativas a esta materia, pero también -y no podía ser de otra forma- reconoce la propia institución los avances que en esta materia se han llevado a cabo desde 2004, es decir, desde la llegada al Gobierno del Partido Socialista. La implantación del carné por puntos ha tenido mucho que ver en ello, ha marcado la dirección; vamos por buen camino. Precisamente ahora se está tramitando en esta Cámara una nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial que pretende ajustar el procedimiento sancionador, para que la pérdida de puntos afecte a las conductas que verdaderamente supongan un peligro para la seguridad vial, y para hacer más fácil para el infractor el cumplimiento voluntario de las sanciones que se le hayan impuesto.


Por otro lado, como reconoce el propio Defensor en su informe anual, alguna de las medidas que propugna, especialmente la relativa a la notificación de las denuncias de seguridad vial mediante medios electrónicos y

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telemáticos, ya han sido consideradas en el proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación y vehículos a motor y seguridad vial, que precisamente esta semana termina su andadura inicial por esta Cámara. En definitiva, como han dicho en reiteradas ocasiones el ministro del Interior y el director general de Tráfico, hemos contribuido a hacer descender la cifra de siniestralidad en nuestras carreteras, pero mientras quede una sola víctima por esta causa tendremos que seguir trabajando en esta línea.


En materia educativa denuncia el Defensor la necesidad de dotar de mayor y más fácilmente comprensible proceso de difusión de la implantación del denominado Plan Bolonia, en orden, si no a evitar, sí a mitigar en la medida de lo posible la conflictividad que en la comunidad universitaria ha generado la implantación del espacio europeo de Educación Superior. En este sentido, tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Educación de nuestro país han iniciado campañas informativas específicas sobre este proceso.


Siguen siendo temas prioritarios para la atención del Defensor todo lo relativo a inmigración y asilo. Aquí lo que pedimos es un voto de confianza, está finalizando su paso por esta Cámara la Ley Reguladora del Derecho de Asilo, que pone la primera piedra en nuestro desarrollo nacional en orden a crear un sistema europeo de asilo. Además, como gran novedad, regula junto a este derecho la posibilidad de otorgar una protección subsidiaria cuando no se cumplan los requisitos de asilo o refugio, pero existan razones humanitarias que lo aconsejen. En materia de inmigración a este grupo parlamentario le siguen preocupando los eventuales brotes de racismo y xenofobia que a raíz de la apertura de nuestra sociedad al mundo puedan producirse. En todo caso esperamos la llegada a estas Cortes Generales del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y deberes de los inmigrantes en nuestro país, y apostamos decididamente por su integración en nuestra sociedad.
Coincidimos con el Defensor en la necesidad de prestar especial atención a determinados centros de internamientos como los de Canarias, y a determinados colectivos como son los menores no acompañados en este drama que siempre es la inmigración.


En la mención de estos temas no he tratado -sería imposible- de ser exhaustivo; como siempre en este tipo de intervenciones me he visto forzado a seleccionar una serie de temas que considero importantes. En todo caso, retomando mis palabras iniciales, agradezco de nuevo al Defensor del Pueblo esta radiografía de su labor anual, que hoy nos presenta, y nos permite analizar la situación de la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas, desde el punto de vista, siempre imprescindible, de los derechos fundamentales y las libertades públicas.


La señora PRESIDENTA: Previamente a la intervención del Defensor para contestar a los grupos parlamentarios, vamos a hacer un receso de cinco minutos aproximadamente. (Pausa.)

Señorías, reanudamos la sesión.


Les ruego silencio y, sin más dilación, le doy la palabra al Defensor para responder a los grupos parlamentarios.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señora presidenta, señorías, ante todo agradezco lo bien que han recibido el informe, las críticas y los elogios que han hecho, que sobre todo irán dedicados a los colaboradores del Defensor, a sus adjuntos y asesores, que son los que fundamentalmente han trabajado este informe. Como muchos de los planteamientos que han hecho se solapan, en vez de contestar uno por uno, voy a contestar a todos a la vez, con independencia de que haga algunas cordiales alusiones personales en algún problema, por ejemplo, el problema taurino.


Con relación a la eficacia de la institución, ante todo hay que decir que la eficacia de la institución es grande. Llevo en ella nueve años y reiteradamente, cuando se hacen sondeos sobre la opinión que merecen a la ciudadanía las diversas instituciones del Estado, nos encontramos entre las más apreciadas por la ciudadanía junto a la Corona, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; esa es reiteradamente la respuesta de la ciudadanía en los sondeos, tanto de los del CIS como de otras entidades. Si la consideración que tuviera la ciudadanía sobre la eficacia de la institución fuera menor, naturalmente retrocederíamos en ese ranquin.


En cuanto a si somos una institución moral o un buzón de quejas, nosotros no somos una institución moral o un buzón de quejas, simplemente somos los comisionados de ustedes, de las Cortes Generales, para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, mediante la supervisión de la Administración. Por supuesto, eso es lo que somos, no somos un simple buzón de quejas. Cuando las quejas son atinadas y nos parecen pertinentes, esas quejas abren ya un expediente importante y se recaba documentación y aportación de datos a todas aquellas administraciones públicas a las que nos dirigimos, para terminar en una recomendación.
Respecto a la eficacia, tengo que decir que el promedio es que, de las sugerencias sobre cuestiones personales, el 63 por ciento son aceptadas por la Administración y en las recomendaciones la cifra es de un 82 por ciento, como reza en nuestro informe. Esto quiere decir que la institución no solo es eficaz por la calidad de la misma, por la complacencia con la que su trabajo es observado por los ciudadanos, sino también por el modo de hacer frente a estos maltratos a los ciudadanos.


Hay que tener en cuenta una cuestión que quiero que se distinga. El título I de nuestra Constitución habla de las libertades y derechos fundamentales. En dicho título, como saben ustedes, hay un capítulo cuarto con solo dos artículos, el 53 y el 54, que habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. El artículo 53 trata

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del Poder Judicial y el 54 del Defensor del Pueblo, cosa que existe en muy pocas constituciones. Singularmente, existe en las de los países hermanos, en Iberoamérica, y ahora va a existir en la Constitución francesa, pues esta Constitución ha aprobado una reforma de médiateur a defensor de los ciudadanos siguiendo la tónica española. Ellos mismos dicen que van a aclimatar la fórmula española. Con esto quiero hacer una divagación sobre vizcaínos y guipuzcoanos. Alguna vez nos copia Francia.
Hay un escritor vizcaíno que ha hecho un libro muy hermoso sobre Bilbao, el cual me dedica, a pesar del antidonostiarrismo -dice el escritor vizcaíno-, porque dice que San Sebastián es una ciudad que está en las antípodas de Bilbao, como si estuviéramos en Australia, y que copia a Francia en todo, excepto en el olor a aceite frito. Naturalmente, alguna vez Francia copia también a España y a este Defensor, que es donostiarra.
El artículo 54 significa qué sucede en este sistema tan garantista que tenemos en España. Tengan en cuenta que el sistema garantista es la consecuencia de cuarenta años de dictadura, como el sistema garantista portugués es la consecuencia de cuarenta años de dictadura salazarista en Portugal. El problema es que cuando un ciudadano se considera vulnerado, violado en su derecho, quebrado en su derecho, asiste a los tribunales, al amparo del artículo 53, pero cuando el ciudadano es maltratado por la Administración, ya sea por la Administración autonómica, por la local o por la central, puede acudir y acude al Defensor del Pueblo y lo hace cada vez más. Por eso, cuando las quejas son más, ¿eso significa que los servicios no se mejoran? No, esas quejas significan que los servicios van mejorando, pero no en el grado que quisiéramos. Las quejas son la expresión de la conciencia ciudadana, del crecimiento de la conciencia ciudadana, conciencia que se expresa en la reclamación de derechos y en que se levanta frente al maltrato que esos derechos sufren. Por tanto, yo diría que el crecimiento de las quejas significa crecimiento de la eficacia de la institución y de la propia conciencia ciudadana.


Evidentemente, ha habido un aumento enorme de la población reclusa en los últimos cinco años. Yo me acuerdo que cuando era ministro de Justicia hace veinte años la población reclusa era menos de la mitad de la que hay ahora. Este es un país en el que ha aumentado la inseguridad y el delito y tenemos estas consecuencias; sin embargo, todo ciudadano, aunque esté en la cárcel purgando una pena, tiene sus derechos. Nosotros vamos a visitar las cárceles regularmente. Les comento a ustedes, por ejemplo, las visitas realizadas a centros penitenciarios en 2007 y en 2008 para ver cómo los derechos de los reclusos son garantizados. Hemos visitado Melilla, Puerto de Santa María I, Puerto de Santa María II, Almería, Segovia, Sevilla II, Zuera, El Dueso, A Lama, en Pontevedra, Ourense, Daroca, Cuenca, Segovia, León, Jaén, Ibiza, Palma de Mallorca, Ocaña I, Ocaña II, Lanzarote, Las Palmas, Granada, Puerto de Santa María III y el centro penitenciario Madrid VII, en Estremera. Se trata de visitas que se hacen sin avisar. Nosotros no avisamos nunca cuando vamos, bien sea a centros penitenciarios o a centros de menores, pues, si avisamos, damos ocasión a que rápidamente las cárceles aparezcan como mansiones potemkin, como aquel famoso favorito que visitó la zarina de Rusia, en Crimea, en una situación malísima. Para que la zarina tuviese buena opinión, montaba unos escenarios que ponía delante de las casas mugrientas y harapientas.
Nosotros lo hacemos así. Naturalmente, tenemos problemas en los psiquiátricos penitenciarios y también lo hemos denunciado.


En relación con los centros de menores, realmente hay bastantes centros de menores. Hemos hecho un informe que corresponde a este año, como el señor Olabarría ha dicho, y es un informe en relación con el cual hemos recorrido 27 de los 51 centros penitenciarios que hay en toda España y los de Cataluña con el acuerdo del Síndic de Greuges de Catalunya. Hemos hecho un informe que conocen todos ustedes y que ha salido en los medios de comunicación. Nos hemos encontrado con que hay centros de gestión pública, pero la mayoría de los centros son de gestión privada. Hablo de la gestión, porque la titularidad del centro siempre es pública, pero la gestión unas veces es pública y otra es privada. Lo que yo pido no es que todos los centros tengan una gestión pública, que sería lo mejor, según mi manera de pensar, sino que la gestión privada de los centros sea controlada seriamente por los que tienen la titularidad, que haya un protocolo común para todos los centros -no hay un protocolo común para todos, sino que cada uno tiene su propio protocolo y son distintos- y debe haber igualdad de tratamiento para todos los menores, así como inspecciones periódicas del ministerio público y de la Fiscalía del Menor, algo que se ha prometido por el fiscal general del Estado.


Evidentemente, hay corrupción administrativa, pero no sé si hay corrupción urbanística. El problema es que nosotros no podemos denunciar la corrupción urbanística como tal. Nosotros podemos decir que los planteamientos urbanísticos no responden a la norma, podemos observar esta deficiencia, estos defectos, pero corresponde al ministerio público la inspección de estos espacios urbanísticos, cuyos defectos hemos denunciado nosotros.


Hay muchas quejas que no se admiten a trámite por una sencilla razón, porque se trata de quejas sobre temas privados y nosotros solo trabajamos en el ámbito de lo público, porque son quejas claras en cuanto a fallos administrativos, pero también es claro que esos fallos no existen y no podemos abrir un expediente o porque son quejas objeto de procedimiento judicial y se nos veta trabajar en procedimientos que han sido incoados en el sistema judicial.


Se ha dicho que mi competencia debe estar dedicada exclusivamente a temas de la Administración central. Yo cumplo lealmente el artículo 54 de la Constitución, sobre el ámbito competencial del Defensor del Pueblo, y la norma que rige las relaciones con las comunidades autónomas.


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Tengo que decir que todas las reformas de los estatutos de autonomía que se han presentado y que han sido aprobadas por el Congreso no niegan en absoluto la competencia que el Defensor del Pueblo tiene en las comunidades autónomas, excepto el catalán. Se me dice -y esto arrastra años y años-: ¿por qué ha presentado usted un recurso de inconstitucionalidad? Porque la ley me lo permite y me autoriza a hacerlo. Sobre esa autorización o la legitimación que tengo, es cierto, señor Olabarría, que usted ha leído que hubo expresiones, manifestaciones, opiniones muy duras sobre el recurso que yo presenté, muy duras, incluso de antiguos compañeros míos, pero yo quiero que, además de las manifestaciones que están contenidas en el Boletín Oficial de las Cortes, vaya usted más lejos y vea la votación, en la que por una gran mayoría de los diputados y los senadores de la Comisión rechazaron mi reprobación. Incluso aquellos a los que no les gustó que yo hiciera eso rechazaron mi reprobación por estimar conforme a la Constitución que tenía legitimidad para ello.


Esta institución se hace respetar, a pesar de que haya administraciones de todo tipo, tanto de la Administración central como de la autonómica como de la local, que obstaculizan de alguna forma el trabajo del Defensor del Pueblo. Nosotros tenemos elementos suficientes para sancionar de alguna forma esta obstaculización. ¿Cuál es? La denuncia de las administraciones obstaculizadoras en el informe. Le puedo asegurar, y me llegan de los diarios de todas las provincias de España, que la Administración que ha sido tachada de obstaculizadora responde en el diario de su provincia que no es obstaculizadora y dice que colabora con el Defensor del Pueblo.
Aparte de eso, en el artículo 502 del Código Penal hay una sanción por desobediencia a la autoridad del Estado, entre ellas al Defensor del Pueblo, sancionada con pena de multa y suspensión de funciones y de sueldo entre seis meses y dos años. No hemos hecho uso de ese artículo por una razón muy clara, porque consideramos que hay obstaculización por parte de las administraciones que no proviene de la autoridad política, sino de los administrativos, de la burocracia. En bastantes ocasiones yo llamo al responsable político y le digo: le llamo para no hacer uso de ese artículo del Código Penal por si usted no sabe de qué se trata, y evidentemente no sabe de qué se trata, porque se trata de la burocratización de la Administración que obstaculiza la contestación al Defensor del Pueblo. Pero sabe que tenemos elementos para hacernos respetar.


Evidentemente, hay muchas demoras en la Administración de Justicia.
Nosotros ya dijimos que en algo se había mejorado sustancialmente, sobre todo en la Sala primera del Tribunal Supremo, pero yo tengo confianza en que las conversaciones entre el Ministerio de Justicia y todas las organizaciones de los jueces y magistrados -los jueces de la Francisco de Vitoria; la Profesional de la Magistratura; Jueces para la Democracia- tengan éxito. Confío en que con las enmiendas que se traten sea aprobada dentro de unos pocos días el proyecto de ley presentado sobre la oficina judicial, que es fundamental porque es desde donde se puede dar el impulso o se puede demorar la Administración de Justicia.


Respecto a lo que se nos ha dicho sobre la contaminación, estamos preparando un informe sobre vertidos y aguas contaminadas que presentaremos a la consideración de esta Comisión dentro de unos meses.


Las relaciones con las comunidades autónomas son normalmente buenas. Yo cumplo exactamente el Estatuto de Cataluña. Estoy cumpliendo el Estatuto de Cataluña. Hubo un convenio que no se firmó con el Síndic de Greuges de Catalunya, en el que se había llegado a un acuerdo. Se había marcado fecha. Yo iba a ir a Barcelona a firmar este convenio con el Síndic de Greuges de Cataunya y recibí un telegrama diciéndome que más adelante lo haríamos, que se suspendía. Hasta la fecha. Tengo convenios con bastantes comunidades autónomas. Últimamente, nos hemos desplazado a Murcia para un convenio con el Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Yo cumplo el Estatuto de Cataluña. A todos los ciudadanos de Cataluña que me escriben cuestiones en relación con la Generalitat y que me piden intervención les escribo diciéndoles que no puedo hacerlo porque el Estatuto de Cataluña me lo impide. Y, a su vez, el Síndic de Greuges me envía todas las cuestiones relativas a la Administración central. Cumplo el Estatuto de Cataluña y lo seguiré cumpliendo. Naturalmente, la última palabra respecto a ese estatuto la tiene el Tribunal Constitucional. Por tanto, la no cooperación no será por culpa mía. Vea qué clase de cooperación tengo con todos los defensores del pueblo, tengan el nombre que tengan: Síndic de Greuges; Proveedor de Justicia; Procurador de Derechos. Tenemos con todos unas excelentes relaciones, que no se ven solo en las jornadas anuales -este año serán en Sevilla y el año pasado fueron en Oviedo- sino en las relaciones que tenemos cotidianamente.


En cuanto a que no tenemos en todas las lenguas cooficiales la memoria anual, es verdad. En nuestra web figuran todas las lenguas cooficiales. Y no solo las lenguas cooficiales, sino que es un documento que resume la institución y una oferta para que presenten las quejas y la forma de presentarlas. Lo tenemos en todas las lenguas cooficiales y, teniendo en cuenta la gran población inmigrante que hay en España, está en árabe, en chino y en rumano, y no tenemos en judío porque no hay inmigración judía en España. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos un presupuesto limitado. Si ustedes cuando aprueben el presupuesto del Defensor del Pueblo con sus votos dicen que este presupuesto hay que aumentarlo para publicar la memoria anual en todas las lenguas cooficiales, nosotros estaríamos encantados. ¡Qué más quisiéramos! Daríamos trabajo a traductores. Pero eso ya no depende de mí. Depende de que cuando aprueben ustedes ese presupuesto presenten una enmienda diciendo: Además, esto.
Nosotros estaríamos encantados de hacerlo.


Naturalmente que contestamos a todo. Sobre la Ley de Protección de Animales, cuando viene un señor con

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una queja sobre animales, nosotros nos atenemos a la ley. Naturalmente hay algunas quejas sobre las corridas de toros, y yo soy víctima, como aficionado taurino, de esa cuestión. Mire usted, todos reciben contestación excepto aquellos que aprovechan la queja para insultarme, porque la corrección en el trato siempre debe ser buena. Es un problema legislativo. Ahora si usted insiste en lo taurino le diré que soy muy aficionado a los toros y he recibido críticas importantes, pero en ese caso me considero ciudadano de Azpeitia. ¿Sabe por qué le digo lo de ciudadano de Azpeitia? Yo voy a las fiestas de Azpeitia, donde los toros tienen un extraordinario mercado, por decirlo así. Usted sabe que en Azpeitia todo el mundo habla en euskera y todos los que van a los toros que son muy aficionados, son de Azpeitia, de Azkoitia, de todos los contornos, también de Donosti, hablan en euskera, y hay siempre un pequeño grupo de antitaurinos que empiezan a gritar contra los que vamos a los toros de Azpeitia; y yo en ese momento me siento ciudadano de Azpeitia también, como tantos otros ciudadanos aficionados a los toros.


El modelo sanitario. No nos pidan más que denunciemos deficiencias en el modelo sanitario porque la sanidad se ha transferido a las comunidades autónomas y hay diferentes tratamientos de la sanidad. En principio podemos y debemos decir que la sanidad pública en España es una de las mejores del mundo y que debe mantenerse la sanidad pública. Fíjese usted que el presidente Obama, al que yo admiro, quiere que se haga una sanidad pública en Estados Unidos, cosa de la que carecen. ¿Cuál es el problema? Que a veces se externalizan servicios, que hay preocupaciones por si esta externalización privada de algunos servicios puede llegar al núcleo público de la sanidad. Ahí estamos muy atentos nosotros para que no eso no suceda, pero la sanidad depende de las comunidades autónomas y es a ellas a las que deben dirigirse como se dirigen los demás grupos políticos que están en la oposición.


Me han preguntado si he recibido muchas quejas sobre el aborto. ¿Cómo voy a recibir quejas sobre el aborto si no hay un proyecto de ley? Es un anteproyecto que ni ha sido discutido por el Gobierno. Cuando haya un proyecto y se presente la ley entonces ustedes se podrán quejar a mí, al Defensor del Pueblo, en la forma que entiendan conveniente, como se han quejado de los problemas de Educación para la Ciudadanía una vez convertida en norma; cuando se convierta el aborto en norma, se podrán dirigir a mí, pero ahora evidentemente no hay esas normas. Por tanto sobre el asilo y la inmigración, lo digo como ejemplo, cuando la nueva normativa se apruebe por las Cortes Generales nosotros veremos si no se garantizan suficientemente los derechos humanos y nos dirigiremos a quien proceda para decir: Nosotros, como institución defensora de derechos humanos, como institución independiente, no estamos de acuerdo con esta disposición, si efectivamente no estuviéramos de acuerdo.


Yo creo que prácticamente he respondido a todo. Por tanto, doy las gracias a todos por su colaboración, por su cooperación en el sentido de la crítica. Nosotros queremos crítica sin adjetivo, porque tengo recuerdos del antiguo régimen, que decía: solo permitimos la sana crítica; y hablaba de sana crítica y de sano regionalismo. Yo lo que quiero es crítica, la crítica sin adjetivo, para tratar desde la institución de solventar los problemas y hacer uso de las competencias que tenemos.
Muchas gracias a todos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias en nombre de toda la Comisión, de las señoras y señores diputados y senadores, por su comparecencia una vez más ante esta Cámara.


Se levanta la sesión.


Era la una y diez minutos de la tarde.

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